La filtración documental más grande y de mayor alcance de la historia empezó una noche con un mensaje anónimo: «Hola. ¿Te interesaría recibir más datos?». Pronto, Bastian Obermayer, periodista de investigación del Süddeutsche Zeitung, y su colega Frederik Obermaier, se dieron cuenta de que estaban ante los datos de miles de empresas offshore, una ventana hacia un mundo paralelo completamente hermético en el que se gestionaban y escondían miles de millones que buscaban el dorado calificativo de «libres de impuestos». Dinero de grandes empresas, de primeros ministros europeos y de varios dictadores, jeques, emires, reyes y amigos de reyes, la mafia, traficantes y capos de la droga, agentes secretos, directivos de la FIFA, aristócratas, futbolistas estrella, famosos y, en resumen, gente con muchas posibilidades.

Este libro es la historia de esta extraordinaria investigación periodística internacional que desvela cómo escondían sus fortunas una pequeña élite de personajes supuestamente incuestionables, pero, como se está revelando, dignos de toda sospecha.

Frederik Obermaier & Bastian Obermayer

Los papeles de Panamá

El club mundial de los evasores de impuestos

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Titivillus 05.08.16

Título original: Panama papers

Frederik Obermaier & Bastian Obermayer, 2016

Traducción: Lara Cortés Fernández & Ana Guelbenzu de San Eustaquio & María José Viejo Pérez & Lidia Álvarez Grifoll

Autores de texto adicional: Mar Cabra & Joaquín Castellón & Daniele Grasso

Editor digital: Titivillus

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PRÓLOGO

por Bastian Obermayer

«Pling».

Hace tres días que mi mujer, nuestros hijos y yo estamos en casa de mis padres, de visita, y desde hace dos días todos están enfermos. Todos menos yo. Son las diez de la noche. Ahora que ya he hecho mimos a cada paciente y he repartido hasta la última taza de té, me siento a la mesa del comedor, abro mi ordenador portátil y coloco a su lado mi smartphone.

Entonces lo oigo. «Pling». Un nuevo mensaje.

[JOHN DOE]: Hola.

Soy John Doe.

¿Te interesaría recibir unos datos? Me gustaría compartirlos[*].

En inglés, «John Doe» significa algo así como «Fulano de Tal». Es una expresión que se usa desde hace siglos en el Reino Unido y también en Canadá y en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando no es posible revelar la identidad de alguna persona en un procedimiento judicial, es habitual referirse a ella como «John Doe». También se llama así a los fallecidos de identidad desconocida cuyos cuerpos aparecen de repente en algún lugar. Desde hace tiempo han surgido, además, grupos de música, series de televisión y productos con este mismo nombre.

Así pues, John Doe es una identidad falsa, de un fulano cualquiera. Un fulano que, por lo que parece, ofrece datos secretos.

Ante semejante oferta, cualquier profesional del periodismo de investigación se activa. Inmediatamente. Los datos secretos siempre son buenos. En los últimos tres años, en el Süddeutsche Zeitung (SZ) hemos conseguido multitud de historias gracias a las filtraciones de datos —o, como se dice en inglés, leaks—: en unas ocasiones se trata de secretos fiscales en el Caribe (asunto Offshore Leaks); en otras, de cuentas suizas ocultas (Swiss Leaks), y en otras, de triquiñuelas tributarias en Luxemburgo (Lux Leaks). El sistema siempre es el mismo: en alguna parte se produce una fuga de una enorme cantidad de información confidencial, que va a parar a las manos de los periodistas. Aunque solo sea por cuestión de estadística, cuando se dispone de un elevado número de datos secretos, la probabilidad de que tras ellos haya historias interesantes es bastante elevada.

Además, en algunos casos nos pasamos semanas o incluso meses buscando una determinada fuente, así que, cuando es la fuente potencial la que acude a nosotros, tenemos que responderle rápidamente. Por lo menos, responderle. Hay pocas cosas que resulten más irritantes que encontrar en Der Spiegel o en Die Zeit una historia que nos hayan ofrecido antes a nosotros.

[OBERMAYER]: ¡Hola! Estoy muy interesado, naturalmente.

Las buenas fuentes —que son muy escasas— se reconocen enseguida. Las malas fuentes suelen estar nerviosas o confundidas y escriben correos electrónicos acordes con ese estado de ánimo. Por supuesto, también hay personas muy alteradas que están al tanto de historias interesantes, pero, en cualquier caso, son la excepción.

Los datos presentan una ventaja: no son presuntuosos ni charlatanes. Tampoco tienen una misión que cumplir ni pretenden manipular. Simplemente, están ahí y pueden comprobarse. Cualquier buen conjunto de datos puede cotejarse con la realidad. Y eso es precisamente lo que debe hacer el periodista antes de ponerse a escribir. En algún momento tendrá que pensar muy bien, además, sobre qué parte de esos datos va a informar.

Esa es la diferencia respecto a WikiLeaks. A menudo, los administradores de esta plataforma de revelación de datos los vuelcan directamente en la red, sin filtrarlos previamente de acuerdo con criterios periodísticos. Esa es la idea que está detrás del sistema. Una idea no del todo mala, dicho sea de paso.

[OBERMAYER]: ¿Cómo puedo acceder a esos datos?

[JOHN DOE]: Estaré encantado de facilitártelos, pero solo si se cumplen algunas condiciones. En primer lugar, tienes que ser consciente de lo peligrosas y sensibles que son algunas de las informaciones que se desprenden de los datos. Si se descubre mi identidad, mi vida correrá peligro. En las últimas semanas he estado pensando cómo podemos organizarlo. Nuestras comunicaciones estarán cifradas. Tú y yo no nos veremos nunca. Lo que al final decidas publicar, es problema tuyo.

Puedo apañármelas con estas condiciones. Es evidente que a todos nos gustaría conocer a nuestras fuentes para clasificarlas, para comprender su motivación. Pero a menudo es mejor para los informantes no mostrarse. En Alemania, los confidentes no cuentan con una protección especialmente adecuada y cualquiera que sepa de la identidad de un informante representa un peligro potencial. También —o sobre todo— cuando quien conoce esa identidad es un periodista.

En fin, esta fuente se comunica de forma clara y concisa. Yo también sé hacerlo. Parece que él o ella tiene algo que quiere ofrecer. Precisamente aquí. A mí:

[OBERMAYER]: De acuerdo. ¿Cómo organizamos la entrega?

Le envío mis datos de contacto para que pueda comunicarse conmigo de forma cifrada.

En la siguiente comunicación, acordamos un modo de entrega. Poco después, me llega una primera muestra por una serie de canales codificados.

Una buena señal: la fuente no me pide dinero. Hace un par de meses se puso en contacto conmigo una persona que aseguraba contar con los registros de unas cuentas bancarias secretas que un partido alemán poseía en el extranjero. El supuesto saldo de esas cuentas: veintiséis millones de dólares. Estuvimos dándole vueltas a aquel asunto durante una semana, recibimos fotografías de mala calidad de una serie de documentos bancarios, mantuvimos absurdas conversaciones telefónicas y, al final, en una de ellas la fuente pidió, repentinamente, que le pagásemos. Hay que tener en cuenta una cosa: básicamente, el Süddeutsche Zeitung no paga por recibir información. Jamás. No solo porque no disponemos de dinero, sino, sobre todo, por una cuestión de principios. De este modo, también nos aseguramos de desmotivar a la gente que pretende colarnos documentos falsos.

Eso sí, hay que estar dispuestos a soportar la idea de leer en otros periódicos las historias que hemos tenido que dejar escapar. Aunque, de todas formas, aquella historia acerca de la cuenta secreta del partido no se publicó ni en Der Spiegel ni en Stern. Se ve que también nuestros compañeros la consideraron falsa, si es que se la llegaron a ofrecer.

«Pling».

Aquí está la muestra: un buen puñado de archivos, en su mayoría en formato PDF. Los abro en el ordenador y los examino, uno por uno. Se trata de escrituras de constitución de empresas, contratos y extractos bancarios. Necesito algo de tiempo para adivinar las posibles conexiones, pero, después de una búsqueda en internet, comprendo a qué se refieren estos documentos. Localización: Argentina. Un fiscal, José María Campagnoli, sostiene que unos sospechosos ejecutivos ayudaron a los Kirchner, esto es, a la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su difunto marido, Néstor Kirchner, a sacar del país unos sesenta y cinco millones de dólares de fondos públicos, a través de un entramado extraordinariamente ramificado de ciento veintitrés sociedades pantalla, todas ellas constituidas por un bufete panameño de abogados denominado Mossack Fonseca, y domiciliadas en su mayoría en Nevada, un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de aquellos cargos se ha probado y Cristina Fernández de Kirchner niega que tales acusaciones sean ciertas.

Lo que hace que este caso sea de actualidad es una causa pendiente en Estados Unidos: el fondo de inversión NML adquirió, bajo la dirección de su fundador, Paul Singer, una cantidad millonaria de deuda pública argentina. Más tarde, el país se declaró en quiebra. La mayoría de los acreedores concedió una quita de la deuda. NML no. Este fondo está interponiendo demandas por todo el mundo para inmovilizar el patrimonio del Estado argentino. Ha llegado incluso a confiscar ante las costas africanas un buque de guerra argentino. Estos barcos, de hecho, se pueden vender por mucho dinero.

En la causa pendiente en Estados Unidos, concretamente en Nevada, lo que se solicita precisamente es que se haga público este entramado de sociedades pantalla. NML quiere que Mossack Fonseca le remita toda la documentación relativa a las ciento veintitrés empresas. Una parte de esa documentación está ahora mismo ante mis ojos, en la pantalla de mi ordenador. Se trata de los papeles que NML lleva años persiguiendo sin éxito. Enseguida lo comprendo: son pagos de cifras millonarias.

De acuerdo con la documentación, seis millones de dólares han ido a parar a una cuenta del Deutsche Bank en Hamburgo. A primera vista, el contrato correspondiente a este movimiento resulta sospechoso: se trata de una comisión en un negocio de juegos de azar.

En otros dos documentos figuran los verdaderos propietarios de dos de las empresas cuyos papeles reclama NML. Si estos documentos se conocieran, el procedimiento judicial daría de repente un enorme salto adelante.

Lo interesante es que todos los documentos parecen proceder del mismo bufete de abogados. Conozco Mossack Fonseca, pero solo como muralla infranqueable. Como agujero negro. Todas las investigaciones que nos han conducido a este bufete han acabado precisamente en él. Mossack Fonseca es uno de los mayores proveedores de sociedades pantalla anónimas y, si por algo se lo conoce, no es precisamente porque seleccione con sumo cuidado a sus clientes. Todo lo contrario.

Hablando en plata: algunos de los tipos más repulsivos de este planeta han utilizado sociedades offshore anónimas de Mossack Fonseca para encubrir sus actividades. En nuestras investigaciones sobre los asuntos Offshore Leaks y Swiss Leaks nos hemos topado, entre otros, con grandes traficantes de drogas condenados por la justicia y con presuntos comerciantes de diamantes de sangre que disimulaban sus negocios a través de las empresas de Mossack Fonseca. Si se busca en internet el nombre de los clientes de este bufete, se encontrará entre ellos el de los cómplices de brutales dictadores y asesinos como Gadafi, El Asad o Mugabe, que trabajan presuntamente con esta compañía panameña de abogados.

Insisto: presuntamente. Porque Mossack Fonseca niega esta colaboración y la lista de sus clientes no es pública. Al menos, no por ahora.

[OBERMAYER]: El material parece interesante. ¿Podría ver algo más?

Pero «John Doe» no responde. ¿Habrá cambiado de idea? ¿O sencillamente estará reflexionando?

Le envío otro mensaje:

[OBERMAYER]: ¿Se trata solo del caso de Argentina?

Cuando, pasados veinte minutos, sigo sin recibir respuesta, cierro el ordenador portátil, guardo el smartphone y me voy a la cama.

A la mañana siguiente —el hospital de enfermos sigue a tope— encuentro la respuesta. Y algo más:

[JOHN DOE]: Te envío más muestras. Algunas están relacionadas con Rusia. Una parte de uno de los archivos PDF es especialmente interesante para los alemanes. Busca por Hans-Joachim… En el sitio del que he sacado estos documentos todavía hay muchos más.

Me gustaría poder examinar inmediatamente los archivos. Sin embargo —y por duro que me resulte—, antes tengo que pasarme por la farmacia y también comprar biscotes, fruta y té. Aparte de mí, no hay nadie que esté en condiciones de salir de casa. La ventaja de la epidemia: tampoco hay nadie que me pida que lo acompañe al bosque, a jugar al fútbol o a pasear. A última hora de la mañana, todas las camas vuelven a estar ocupadas con pacientes somnolientos y yo puedo volver a mi ordenador portátil.

Los nuevos documentos también parecen proceder exclusivamente de los archivos del bufete panameño Mossack Fonseca. Da la impresión de que esta empresa tiene un serio problema.

Una filtración.

Empiezo por examinar un documento de varios cientos de páginas, que quienquiera-que-sea ha titulado Records. Se trata de cientos de folios con transferencias bancarias. Una de ellas destaca entre las demás: parece que el 19 de noviembre de 2013 fueron a parar a la cuenta que un individuo llamado Hans-Joachim K. tenía abierta en la Société Générale Bahamas casi quinientos millones de dólares. En oro[1].

Quinientos millones de dólares. Medio millardo. Una pasta.

Hasta ahora, jamás he oído hablar de Hans-Joachim K., pero al buscar en Google compruebo que se trata de un antiguo directivo de Siemens, prácticamente desconocido en Alemania, que ocupó el cargo de director general de la compañía en Colombia y México. Podría ser una pista. En las delegaciones de Siemens en Iberoamérica hubo durante muchos años cajas B con las que se recompensaba a quienes ayudaban a hacer negocios. Sobre este tema encuentro decenas de artículos, incluso en los medios de comunicación internacionales.

De todas formas, hay algo que me desconcierta: esta increíble suma de dinero llegó a la cuenta del hombre de Siemens en el otoño de 2013. Sin embargo, las cajas B del grupo empresarial en Iberoamérica se descubrieron en 2007-2008 y fueron la causa de que se pusieran en marcha varios procedimientos judiciales, algunos de los cuales aún están pendientes de resolverse. Todo este asunto es, por decirlo de forma prudente, misterioso.

Sin embargo, tampoco se llega así como así a acumular quinientos millones de dólares. ¿De dónde viene ese dinero?

¿Un error de contabilidad?

Antes de que pueda perderme en nuevos detalles, oigo a los niños llamándome. Quieren más galletas saladas y biscotes. Me rindo y cierro el portátil. De todas formas, los quinientos millones no van a desaparecer.

La tarde transcurre entre lecturas de cuentos y preparación de tés y bolsas de agua caliente para los pies.

Hasta la noche no puedo volver a dedicarme al nuevo material. A primera vista se trata, sobre todo, de documentación sobre sociedades pantalla, que en su mayoría parecen estar relacionadas con un único y misterioso propietario: un tal Serguéi Roldugin.

Muchos de los documentos son contratos de cifras millonarias: ocho millones de dólares en un caso, treinta millones en otro, doscientos millones en otro más o incluso ochocientos cincuenta millones, en un cuarto ejemplo. Son operaciones relacionadas con acciones o préstamos. Sin embargo, el apellido Roldugin no me suena de nada.

Hago una búsqueda. Y me estremezco.

Serguéi Roldugin es «el mejor amigo de Vladimir Putin» —así se refiere a él Newsweek—. Y hay motivos de peso para sostenerlo: Roldugin es el padrino de María, la hija mayor del presidente ruso.

Este dato, por sí solo, ya sería suficientemente interesante: los negocios del padrino a través de empresas offshore. Pero leo algo que me deja verdaderamente perplejo: Serguéi Roldugin, quien, según los documentos, maneja millones y millones de dólares estadounidenses, no es ni inversor ni oligarca. Es artista. Un célebre violonchelista, exdirector del Conservatorio de San Petersburgo. Encuentro una entrevista en el New York Times, de septiembre de 2014, en la que Roldugin asegura expresamente que no es un hombre de negocios ni tampoco un millonario.

Si los documentos son ciertos, algo de lo que en estos momentos prácticamente no dudo, esta persona ha mentido. O bien el dinero no es suyo. ¿De quién, entonces? ¿Es Roldugin tan solo un testaferro? Y si lo es, ¿por cuenta de quién?

¿De Vladímir Putin?

Si en estas empresas hubiese dinero de Putin, aunque solo fuese una pequeña parte, la historia saltaría a las portadas de todo el mundo.

Quienquiera que sea la persona que me ha facilitado esta documentación, ha desenmascarado a Roldugin y está inquieta por eso. Probablemente con razón.

[OBERMAYER]: ¿Quién eres?

[JOHN DOE]: Una persona cualquiera. Tan solo un ciudadano preocupado.

Una alusión evidente: en inglés, «ciudadano» se traduce por citizen. El confidente Edward Snowden se refirió a sí mismo como el citizen four —el ciudadano cuatro— cuando contactó con la periodista y directora de producciones audiovisuales Laura Poitras. Desde que huyó de Hong Kong, Snowden reside en Moscú.

[OBERMAYER]: ¿Por qué haces esto?

[JOHN DOE]: Quiero que se informe acerca de este material y que se hagan públicos estos delitos. Esta historia podría ser igual de importante que las revelaciones de Edward Snowden. Pero para eso no basta con que se publique en Alemania. Se necesita un gran socio de lengua inglesa como el New York Times u otro medio del mismo nivel.

El Süddeutsche Zeitung no es el socio natural del New York Times. Pero ya hemos colaborado alguna vez con grandes medios de comunicación de lengua inglesa, como el Guardian, el Washington Post o la BBC, precisamente en los asuntos Offshore Leaks y Lux Leaks. Se lo explico a «John Doe», que parece quedar satisfecho:

[JOHN DOE]: De acuerdo. Entonces tenemos que hablar de qué vía es la más conveniente para enviar una gran cantidad de material. ¿Alguna idea?

¿Me lo pregunta en serio? No tengo ni idea. Nunca me he encontrado con una fuente anónima que quiera mandarme gigabytes y gigabytes de material.

Oigo que en la planta de arriba mi hijo está llorando.

[OBERMAYER]: Tendría que pensarlo. ¿De cuántos datos estaríamos hablando? ¿Cuánto ocupan?

[JOHN DOE]: Más de lo que hayas visto jamás.

Al final no solo ocuparon más de lo que yo hubiese visto jamás. Ocuparon más que cualquier otra filtración que haya manejado nunca cualquier periodista. Aquello fue el comienzo del mayor proyecto de revelación internacional de datos que haya existido jamás. Alrededor de cuatrocientos periodistas de más de ochenta países han acabado encontrando historias entre esos datos. Historias que hablan de sociedades offshore secretas de decenas de jefes de Estado y dictadores. Historias que revelan cómo se ganan miles de millones con el comercio de armas, drogas, diamantes de sangre y otros negocios ilícitos. Historias que explican a los lectores cómo evaden impuestos las clases pudientes y los multimillonarios de este planeta.

Historias que comienzan, todas ellas, en Mossack Fonseca. En esta primera noche.

1. Inicio

[1.]

INICIO

El mejor amigo del presidente ruso. Ejecutivos del entorno de la presidenta argentina y de su difunto marido y antecesor en el cargo. ¿Un misterioso alemán con quinientos millones de dólares? No es un mal comienzo para una investigación.

Unos días después de la primera toma de contacto, y tras una conversación con el jefe de mi sección, Hans Leyendecker, está claro que quien tiene que trabajar sobre este tema es el mismo equipo que ya ha llevado a cabo investigaciones similares: nosotros dos, los «hermanos Obermay/ier», como nos conocen algunos de los compañeros del periódico desde que nuestro redactor jefe, Kurt Kister, empezó a referirse así a nosotros durante una conferencia.

Por lo demás, en los primeros momentos tratamos de evitar que haya demasiada gente al tanto de este proyecto. ¿Quién sabe si los datos son verdaderos? ¿O si será posible comprobarlos? ¿O si de ellos saldrá alguna historia?

Nuestro plan es examinar minuciosamente los documentos y, a continuación, decidir cómo y cuándo publicaremos los datos. Así pues, empezamos a familiarizarnos con los negocios de Putin —a fin de cuentas, en este tiempo hemos encontrado en los datos el nombre de su mejor amigo en relación con hasta tres sociedades offshore—, conseguimos material sobre el procedimiento judicial del fondo de cobertura NML contra Argentina y buscamos información acerca del misterioso exdirectivo de Siemens y sus quinientos millones de dólares estadounidenses en oro. El único problema: nuestra atención se desvía constantemente hacia nuevas empresas, hacia nuevas historias potenciales. No en vano, desde la noche de la primera toma de contacto, el material crece exponencialmente y una y otra vez aparecen nombres sobre los que merecería la pena investigar. Ministros iberoamericanos, aristócratas alemanes, banqueros estadounidenses. En poco tiempo contamos ya con más de cincuenta gigabytes de datos, distribuidos en varios dispositivos USB: varios miles de carpetas digitales. Cada una de ellas tiene un número que corresponde a una determinada sociedad offshore e incluye documentos que Mossack Fonseca parece haber creado específicamente para la empresa en cuestión: escrituras, copias de pasaportes, listas de accionistas y directivos, facturas, correos electrónicos. Un sistema práctico y, sobre todo, manejable. También para nosotros.

Miles de sociedades pantalla. Miles de personas que, aparentemente, tienen un motivo de peso para ocultar sus negocios. Miles de historias potenciales. El unique selling point de las empresas offshore, es decir, el argumento de venta que las diferencia de las demás, es que crean anonimato. Lo que muestran de puertas afuera es un nombre que no dice absolutamente nada y tras el que nadie sabe quién se esconde en realidad.

Evidentemente, existen múltiples motivos para utilizar sociedades offshore. Y, como es lógico, la posesión de una empresa de este tipo no es, en sí misma, punible. Todo depende de lo que se haga con ella. Pero lo cierto es que, en la mayoría de los casos, tras una sociedad offshore anónima alguien oculta algo. Al fisco, a la exmujer, al antiguo socio o a la opinión pública, siempre curiosa. Y ese algo pueden ser propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias, cuadros, participaciones en empresas, acciones o valores de todo tipo.

La experiencia demuestra que a menudo quienes aprovechan el anonimato de las sociedades pantalla son aquellos que realizan negocios basados precisamente en el anonimato. Contrabandistas de armas, tratantes de personas, narcotraficantes y otros delincuentes. Inversores que no quieren dar a conocer su verdadera identidad ni sus verdaderas intenciones. Políticos de primera fila que desean sacar del país su patrimonio, posiblemente porque lo han acumulado de una forma no del todo limpia. Empresas que mueven el dinero destinado a sobornos… La lista podría alargarse con muchos más elementos.

Y ahora estamos aquí, sentados ante datos secretos que posiblemente sacarán a la luz cientos de casos como estos; sentados ante carpetas digitales que ningún periodista ha consultado hasta ahora. Podríamos pasarnos sin problemas semanas y semanas recorriendo la información que contienen. Y no solo porque siempre estemos en busca de la siguiente gran historia, sino porque, sencillamente, no hay un solo detalle que nos parezca insignificante y porque cada empresa que encontramos, cada conversación por correo electrónico que leemos, nos permite conocer más acerca del funcionamiento del bufete Mossack Fonseca. La tentación de analizar en profundidad estos negocios secretos, todo este mecanismo de la ocultación, desde los preparativos hasta la apertura de las cuentas o la disolución, es enorme. Es casi como una adicción. Si no fuera porque los dos tenemos familia, nos pasaríamos cada noche delante del ordenador. Haciendo clic. Clic. Clic.

Pero incluso con un horario laboral no muy organizado, tras un par de semanas conseguimos entender las bases del modelo de negocio. Casi siempre es igual: un intermediario, en concreto un banco, un abogado o un gestor de patrimonio, facilita el contacto con Mossfon, que es como se conoce, de forma abreviada, a Mossack Fonseca. Ese intermediario es el verdadero «cliente» del bufete, el que realiza el pedido del producto, el que se comunica con Mossack Fonseca y el que paga las facturas. En la mayoría de los casos, los productos son sociedades offshore estándares. Mossfon ofrece empresas en unas veinte jurisdicciones diferentes, principalmente las Islas Vírgenes Británicas o Panamá, pero también las Bahamas, las Bermudas, Samoa, Uruguay o Hong Kong, o bien los paraísos fiscales estadounidenses de Nevada, Wyoming y Delaware, así como, desde hace algún tiempo, Florida y los Países Bajos. Otra novedad: el emirato árabe Ras al-Jaima, uno de los siete que integran los Emiratos Árabes Unidos. Las empresas se venden desde alguna de las casi cincuenta oficinas que el bufete tiene distribuidas por todo el mundo o desde la central, situada en el corazón de la ciudad de Panamá, en las plantas superiores de un edificio bajo, con fachada de vidrio, en la que se refleja el símbolo de la capital: la Torre Revolución, conocida también como Torre F&F —por la empresa propietaria— y, más popularmente, como «el Tornillo».

Mossack Fonseca no es el único distribuidor de sociedades pantalla que tiene su central en Panamá. Aquí están también otros grandes bufetes —aunque prácticamente no hay cifras oficiales sobre este discreto sector—, como Morgan y Morgan, probablemente el mayor competidor de Mossfon. No es casualidad que los proveedores de empresas offshore se concentren precisamente en este pequeño Estado iberoamericano, encajado entre Costa Rica y Colombia, justo en el lugar en el que el continente americano se convierte en Iberoamérica.

[ ]

Panamá ha sido siempre un país muy dependiente. Durante mucho tiempo fue una provincia pobre de Colombia, pero en 1903 logró independizarse, en parte porque los banqueros e industriales estadounidenses convencieron a Theodore Roosevelt, por aquel entonces presidente de Estados Unidos, de que debía apoyar a los separatistas panameños. Los grupos de interés norteamericanos albergaban la esperanza de participar en el negocio del canal de Panamá, que estaba en pleno proceso de construcción. Roosevelt envió tropas, ocupó parte del Estado recién proclamado y dejó claro a Colombia que podía dar por perdida su antigua provincia. Había nacido una nación por la gracia de Estados Unidos; de hecho, en la zona de aquel canal en el que se preveía obtener grandes ganancias ondeaba la bandera estadounidense. Miles de soldados norteamericanos velaban por el derecho de control sobre el área en cuestión, que el Gobierno panameño transfirió en 1903 a Estados Unidos y que no fue devuelto a Panamá hasta finales de 1999.

El fundamento del lucrativo negocio de las sociedades pantalla es una ley panameña —la número 32— que entró en vigor el 26 de febrero de 1927 y que garantiza la confidencialidad en todo lo relacionado con el patrimonio, las transferencias bancadas y, especialmente, los dueños de las empresas, además de conceder exención fiscal a las denominadas «sociedades anónimas». Aun cuando este nombre suene misterioso, las sociedades anónimas, como es sabido, no son ni más ni menos que sociedades por acciones. Hasta hoy nada ha cambiado respecto a la confidencialidad en Panamá, con excepción de alguna que otra reforma, más bien cosmética, que ha permitido que al menos se saque al país de ciertas listas negras o grises de Estados que facilitan el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. En cambio, las condiciones del sector de las sociedades offshore se han mantenido prácticamente intactas a lo largo de los años. Y el Estado saca partido de ello: por ejemplo, a través del impuesto sobre las actividades económicas de los bufetes de abogados, del impuesto sobre la renta de los empleados o de las tasas cobradas por la constitución de empresas.

Pero si este negocio es tan interesante también se debe a que, aparte de resultar lucrativo, es muy sencillo. Al vendedor prácticamente no le cuesta nada crear una sociedad pantalla estándar, y los trámites se realizan con agilidad. En apenas un santiamén, el comprador tiene lista su firma, por la que paga tan solo unos cientos de dólares estadounidenses y que podrá disolver rápida y fácilmente en cuanto deje de servirle. Sin que nadie sepa jamás a quién ha pertenecido esa empresa. Ideal para negocios turbios.

Ideal para Siemens, como comprobamos. Porque mientras nos vamos informando sobre los asuntos de Putin, también le seguimos la pista a Hans-Joachim K., el alemán que, por alguna extraña razón, posee quinientos millones de dólares en una cuenta en las Bahamas. Empezamos por rastrear información fuera de los datos recibidos, simplemente porque todavía no disponemos de un programa adecuado para hacer búsquedas sistemáticas en los cincuenta gigabytes. Encontramos el nombre de K. en una demanda contra un antiguo miembro del Consejo de Administración de Siemens. En ella consta que, durante años, K. ha mantenido una contabilidad B con dinero desviado de los canales oficiales de Siemens para disponer de él rápidamente y sin complicaciones. Por ejemplo, para pagar a unos supuestos «asesores». Hans-Joachim K. menciona incluso a una de las empresas relacionadas con ese dinero negro: asegura que se llama «Casa Grande». En un acta de declaración encontramos su nombre completo: Casa Grande Development. Esa es la razón social con la que aparece también en una base de datos de empresas de acceso público. En ella, Mossack Fonseca figura como «agente registrado», esto es, como administrador. Sin embargo, en la base de datos no hay nada que lleve a pensar en una posible relación con Siemens o con K. Como directivas de la empresa, aparecen tres mujeres que, con toda seguridad, jamás han trabajado para Siemens: Francis Pérez, Diva de Donada y Leticia Montoya[1]. Así funciona el sistema de las sociedades offshore: los proveedores de estas empresas (offshore providers), como Mossack Fonseca, se encargan de crear una barrera de protección alrededor de los verdaderos propietarios.

En tal contexto, todo esto significa que Mossack Fonseca está designando como directivas a unas personas que, en realidad, no actúan como tales. Francis Pérez, Diva de Donada y Leticia Montoya son lo que tradicionalmente se ha denominado «hombres —en este caso, mujeres— de paja». Trabajan como directoras fiduciarias para Mossack Fonseca. Su labor consiste en firmar lo que se les ponga por delante. Firman en caso de que el verdadero titular quiera abrir una cuenta bancaria a nombre de su empresa pantalla —como ocurrió con Casa Grande Development y Siemens— o comprar algo en representación de su sociedad: un piso, una casa, un yate. También firman contratos, préstamos por importes millonarios y otros documentos. Esto supone que, de puertas afuera, estas directoras fiduciarias —que en la jerga se conocen como nominees o nominee directors— figuran como representantes oficiales de la empresa, mientras que el verdadero propietario se esconde tras esta fachada[2].

En la mayoría de los casos, el verdadero propietario (o, si es una persona más prudente, su abogado) recibe de los directores fiduciarios un poder que le permite acceder a la correspondiente cuenta bancaria o cámara acorazada. Eso sí, lo habitual es que solo el banco, los directores fiduciarios y Mossack Fonseca estén al tanto de este poder. Un acuerdo secreto, aunque, en principio, totalmente legal, que da a estas empresas su verdadero sentido, lejos de las miradas de fiscales curiosos, inspectores de Hacienda y agentes que persiguen el fraude fiscal.

[ ]

En un documento Excel que encontramos entre los datos, aparece el número de carpeta que se ha asignado a Casa Grande Development. Comprobamos que esa carpeta está entre nuestros archivos. Todo un golpe de suerte, ya que, aunque en la tabla Excel figuran más de doscientas mil empresas de Mossack Fonseca, activas o disueltas, en este momento solo disponemos de los documentos que tienen una numeración inferior a mil.

La carpeta contiene un poder a favor de un antiguo compañero de Hans-Joachim K. en Siemens. Este excolega figura como el verdadero propietario de la empresa. Aun cuando Casa Grande Development repartiera millones de la caja B, celebrara contratos e hiciera negocios, jamás salió a la luz el nombre de aquel antiguo compañero ni tampoco el de K. o Siemens. Las directoras fiduciarias firmaban los documentos y, desde fuera, nadie podía adivinar quién estaba en realidad detrás de ellas. La sociedad era un instrumento perfecto para impulsar negocios de las filiales de Siemens en Iberoamérica, bajo el anonimato y sorteando leyes y trámites oficiales.

Aun cuando alguien se enterara de a quién pertenecían las participaciones sociales de Casa Grande Development, sería incapaz de establecer una conexión con Siemens. En un primer momento solo se emitían lo que se conoce como bearer shares, es decir, acciones anónimas al portador, cuyo nombre, en la mayoría de los casos, no queda registrado. El sistema funciona sencillamente así: la persona que tenga en su poder físicamente, en formato papel, todas las acciones al portador de una empresa se considera dueña de la compañía. Una invitación a todo tipo de negocios en los que no se quiera dejar huella. Con poner dinero sobre la mesa y entregar las acciones al portador, ya está hecha la transacción y la empresa cuenta con un nuevo propietario.

No obstante, quien sienta una necesidad de anonimato aún mayor, puede, si así lo desea, encargar en cualquier momento a Mossack Fonseca que le procure, además de directores fiduciarios, accionistas fiduciarios, es decir, nominee shareholders. Se trata de personas o empresas pantalla que mantienen las acciones casi como fiduciarios. Si, por ejemplo, en el transcurso de una investigación Mossack Fonseca se ve obligado a nombrar a un o a una accionista de una empresa, ello no significará ni mucho menos que esa persona sea el verdadero propietario. El auténtico dueño puede esconderse tras esta segunda barrera de protección.

De ese modo, la empresa adquiere de forma definitiva una estructura completamente fuera del alcance de las miradas ajenas. Los inspectores de Hacienda y los policías, los acreedores y los socios estafados, hasta las mujeres y los hijos, serán incapaces de probar que una empresa con un extravagante nombre inventado pertenece a alguien en concreto. De puertas afuera, en cualquier caso, la compañía es una black box (una caja negra u opaca).

Pero no ocurre lo mismo de puertas adentro. En el interior, en las carpetas digitales que día tras día —y, de nuevo, noche tras noche— examinamos, aparecen miles de correos electrónicos internos escritos por los empleados de Mossack Fonseca. Estos mensajes son la joya de la filtración. En ellos encontramos una y otra vez las referencias decisivas sobre quiénes son los verdaderos propietarios.

Por desgracia, esta estrategia no nos sirvió de mucho en el caso de Hans-Joachim K. Seguimos sin tener ni la más remota idea de si esta persona consiguió los quinientos millones de dólares estadounidenses y, de ser así, cómo lo hizo. Por ahora solo sabemos que dejó Siemens en 2009, como muy tarde.

De todas formas, tendremos este caso muy presente. Cada vez que nos topamos con nuevos datos, buscamos en ellos información sobre empresas encubiertas de Siemens y sobre K. Es como una fiebre. Queremos resolver este enigma.

2. El misterioso amigo de Vladímir Putin

[2.]

EL MISTERIOSO AMIGO DE VLADÍMIR PUTIN

Se trata de una cantidad inimaginable de dinero: eso es prácticamente lo único que entendemos a primera vista, cuando intentamos orientarnos entre las carpetas de las tres sociedades offshore en las que aparece el nombre de Serguéi Roldugin. En ellas hay cientos de documentos, algunos de los cuales describen, a lo largo de numerosísimas páginas, operaciones relacionadas con acciones para cuya comprensión se requieren semanas de estudio. Pero incluso sin esa comprensión es posible interpretar las sumas. Y nos dejan sin palabras. Unos cientos de millones de dólares estadounidenses prestados por aquí y unos miles de millones de rublos prestados por allá, mientras que entre una y otra empresa pantalla fluyen millones de dólares en concepto de «honorarios por asesoría» y, en un plazo de veinticuatro horas —siempre según los documentos—, unos paquetes de acciones valorados en cifras millonarias cambian dos veces de dueño.

En los contratos de las operaciones relativas a las acciones leemos que algunas de ellas corresponden a grandes e importantes empresas rusas. El hecho de que estas empresas aparezcan precisamente aquí no tiene por qué significar nada. O tal vez sí. Casi todos los expertos en cuestiones rusas que mantienen una visión crítica acerca de Putin están convencidos de que, para el día en el que el presidente deje su cargo, se habrá convertido en un multimillonario. Eso, si es que algún día deja ese cargo. Pero ¿dónde está su patrimonio? Los expertos manejan la hipótesis de que el presidente se está haciendo con participaciones sociales de empresas como las mencionadas, entre otras.

Pero si es verdad que Putin posee participaciones de grandes empresas rusas, ¿le gustaría que se supiera? ¿Permitiría que figuraran a su nombre? Seguramente no. Por tanto, necesitaría gente en la que confiar.

¿Gente como Serguéi Roldugin?

Se saben algunas cosas acerca de la relación entre ambos, en parte porque Roldugin, el virtuoso del violonchelo, no es un tipo tímido. Le encanta hablar con periodistas y escritores acerca de Putin. Y, por supuesto, en esas conversaciones el presidente suele salir bien parado. No sería aconsejable para Roldugin que ocurriese lo contrario.

Ambos se conocen desde los años setenta. Roldugin pertenecía al círculo de amigos que Putin frecuentaba en su época de San Petersburgo. Un círculo de amigos a los que, más tarde, el presidente haría muy muy ricos.

Por eso cabe pensar que el Roldugin al cual se hace referencia en la documentación es el mismo que, desde los años noventa, posee unas pequeñas participaciones en un banco privado de San Petersburgo, el Banco Rossiya. En este tiempo, y bajo la protección de Putin, dicha entidad se ha convertido en una de las mayores y más importantes del país. Putin se ha encargado de que ciertas empresas estatales confíen sus fondos a este banco, que pertenece no solo a Roldugin, sino también, y en buena medida, a las personas de confianza del presidente.

La mayoría de estas personas de confianza aparecen, además, en la lista de sancionados que Estados Unidos publicó tras la anexión de Crimea por parte de Putin. En ese listado figura el propio Banco Rossiya, por ser una entidad «del entorno más cercano a Putin», según se explica en la exposición de motivos de la lista. Precisamente una serie de administradores de este banco gestionan también algunas sociedades offshore encargadas a Mossack Fonseca, entre ellas dos de las tres empresas en las que Serguéi Roldugin consta como socio o como propietario. Y esto, dicho sea de paso, lleva a concluir que Mossack Fonseca mantiene negocios con los administradores de una empresa sancionada por Estados Unidos. Semejante osadía puede tener consecuencias muy graves: si las autoridades estadounidenses consideran que se han violado las sanciones impuestas, podrían bloquear el patrimonio de la oficina que el bufete tiene en Estados Unidos, y los dueños y administradores de Mossfon nunca más podrían entrar en el país norteamericano sin temor a ser detenidos. En el peor de los casos, Mossfon podría incluso ver cómo su nombre se añade a la lista de sancionados por parte de Estados Unidos.

La estructura exacta de la red de Roldugin parece ser la siguiente: un representante del Banco Rossiya tiene algún tipo de poder que le permite contactar en nombre de la mayoría de estas empresas con un bufete de abogados con domicilio en Zúrich. Este bufete, por su parte, asesora oficialmente a todas las sociedades offshore de Mossack Fonseca y transmite los deseos de sus clientes finales a Mossfon. La oficina que posee Mossack Fonseca en Ginebra asesora a su vez al bufete de Zúrich. Si la central de Mossack Fonseca en Panamá tiene alguna consulta que hacer, se dirige a su delegación de Ginebra, el personal de Mossfon Ginebra pregunta a los abogados de Zúrich y estos a su vez trasladan la cuestión al Banco Rossiya. Un camino largo, pero práctico: en caso de que el asunto se diese a conocer a grandes rasgos, Mossack Fonseca siempre podría argumentar que, sencillamente, estaba haciendo negocios con un prestigioso bufete suizo. ¡Y cómo no iba a confiar en los suizos! Los correos electrónicos de los últimos años, que vamos leyendo día tras día, lo dejan claro: Mossack Fonseca sabía muy bien que al otro lado del hilo estaba el Banco Rossiya.

Para nosotros, lo fundamental es averiguar si Serguéi Roldugin y los otros hombres de su red actuaban realmente por cuenta propia.

En cualquier caso, en uno de los documentos, Roldugin asegura ser el único y verdadero propietario de al menos una de esas empresas, llamada International Media Overseas S. A. y con domicilio fiscal en Panamá. Así figura en los papeles con los que, en mayo de 2014 —apenas unas semanas después de que Estados Unidos decretase las sanciones contra el Banco Rossiya—, solicitó abrir una cuenta en la sucursal de un banco ruso en Zúrich.

En el formulario que Roldugin cumplimentó en aquella ocasión, aseguró que el patrimonio de la empresa era de unos miles de millones de rublos, que la primera transferencia sería de cinco millones de francos y que a largo plazo preveía recibir ingresos por valor de más de un millón de francos al año. El mismo Roldugin que unos meses después aseguraría al New York Times que no era «un millonario». Que no era un hombre de negocios.

Roldugin explicó también al banco de dónde procedía el dinero de aquella International Media Overseas S. A.: la empresa poseía todas las participaciones sociales de una compañía denominada Med Media Network Limited —lo cual era cierto—. El New York Times también mencionaba a Med Media en el mismo artículo en el que dio la palabra a Roldugin: la empresa, según contaba el periódico, poseía el 20% de las participaciones de una gran compañía rusa del sector de los medios de comunicación, llamada Video International. Eso sí, los reporteros del New York Times no sospechaban que existiese una conexión: que, en realidad, Roldugin era uno de sus propietarios. Al menos, sobre el papel.

Decidimos estudiar con más detalle la lista de propietarios de Video International. Sin embargo, ocurre algo que nos obliga a aplazar esta tarea: encontramos un formulario que el banco suizo mencionado exige cumplimentar a todas las personas que desean abrir una cuenta. Este documento nos resulta más sencillo y muchísimo más interesante. En él se solicita la apertura de una cuenta para una de las empresas de Roldugin. Entre las preguntas planteadas, figura la siguiente: «El propietario de la empresa, ¿es una persona expuesta políticamente (PEP) o una very important person (VIP)?».

Respuesta de Roldugin: «No».

«¿Tiene ese propietario alguna relación con PEP o VIP?».

Nueva respuesta de Roldugin: «No».

La segunda respuesta constituye una mentira flagrante. El mejor amigo del presidente ruso, que, además, es el padrino de su hija, no puede negar de ningún modo que tenga «alguna relación» con un VIP o con una persona expuesta políticamente.

Desde hace un tiempo, los bancos preguntan sistemáticamente por este tipo de relaciones, ya que la experiencia de las últimas décadas ha demostrado que la mayoría de los políticos corruptos no abren cuentas secretas a su nombre, sino a nombre de un familiar o de un amigo en el que confíen. Esto supone para el banco un riesgo importante de convertirse en cómplice de jefes de Estado que se dedican a robar, por lo que, en el contexto de la lucha contra el blanqueo de capitales y la correspondiente política de Know Your Customer (política KYC o Conoce a tu Cliente), las entidades quieren saber más acerca de su público. Por supuesto, al final pueden aceptar como cliente a alguien que sea el mejor amigo de un político. Pero necesitan saberlo de antemano, aun cuando solo sea porque tal vez en el futuro tendrán que explicar por qué lo hicieron.

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Mientras intentamos seguir la pista de Rusia, los datos van acumulándose. Gigabyte a gigabyte.

Transferir semejante cantidad de información no resulta sencillo. Sobre todo cuando, además, se quiere codificarla. A todo eso hay que añadir el problema de que la fuente desea mantener su anonimato, lo que complica el asunto.

Al cabo de unas semanas encontramos una solución incómoda, pero bastante segura. No podemos describirla aquí, por motivos relacionados con la protección de nuestra fuente, pero, en cualquier caso, los datos toman su camino. Lento, pero constante.

Mientras nos afanamos por resolver las cuestiones técnicas, hay una pregunta que nos ronda la cabeza: ¿por qué alguien corre el riesgo de facilitar datos tan sensibles sin recibir nada a cambio?

No hay dinero. Tampoco fama, en el caso de alguien que se mantiene en el anonimato. Lo único que hay es peligro.

[SZ]: ¿Por qué corres este riesgo?

[JOHN DOE]: No puedo explicaros los motivos sin revelar mi

identidad. Pero, en general, tengo la sensación de que debo hacerlo porque puedo hacerlo. Es muy importante. Tenéis delante una cantidad inimaginable de actividades delictivas. Todavía estoy intentando hacerme una idea global de todo.

[SZ]: ¿No tienes miedo?

[JOHN DOE]: Desde luego que sí. Pero intento tomar mis precauciones.

Algunos días nos escribimos —a través de diferentes chats anónimos y codificados— casi cada hora. En la mayoría de los casos, para plantearnos preguntas profesionales: ¿hemos recibido la carpeta XY?, ¿conocemos este o aquel formato de archivos? Pero también hablamos de política, de Angela Merkel y Grecia, de Chávez, Putin, Obama o China. O de los temores de nuestra fuente. Y después, una nueva tanda de gigabytes.

En las primeras semanas no lo sabíamos. Pero aquello iba a continuar. Durante meses. Muchos meses.

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Después de un primer vistazo a los documentos argentinos, decidimos dejarlos de lado. La Fiscalía ha identificado ciento veintitrés empresas que, en principio, fueron creadas por Mossack Fonseca. No podemos trabajar con semejante cantidad de casos. Desde luego, no en estos momentos. Y tal vez después tampoco. Porque, como es natural, por muy interesante que sea este tema, tenemos que centrarnos en encontrar historias importantes sobre Alemania.

Sin embargo, tampoco queremos que estas historias se queden sin publicar o que pasen inadvertidas en los países para los que quizá sean importantes.

Un motivo más para tratar de establecer una amplia cooperación internacional, similar a aquellas en las que trabajamos en los casos Offshore Leaks, Lux Leaks o Swiss Leaks.

De hecho, hace ya tiempo que prometimos a nuestra fuente que íbamos a intentarlo, aunque probablemente el New York Times no se embarque en un primer momento con nosotros en esta travesía.

Llamamos a Gerard Ryle, el director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington D. C., para tratar de despertar su interés por nuestros datos. El ICIJ es una especie de asociación internacional de periodistas de investigación de la que solo se puede ser miembro si se cuenta con las recomendaciones necesarias y se recibe la correspondiente invitación. En la actualidad está formada por unos doscientos compañeros de todo el mundo. Desde 2013, también nosotros somos integrantes de ella. Más concretamente, el ICIJ es un proyecto del Center for Public Integrity (CPI, Centro para la Integridad Pública), una organización estadounidense sin ánimo de lucro que quiere fomentar el periodismo de investigación. El fundador del CPI es Charles Lewis, uno de los periodistas de esta especialidad más importantes en Estados Unidos, que ha cosechado innumerables éxitos en los últimos treinta años. El CPI y el ICIJ se financian con fondos aportados por donantes. Uno de los más destacados es el multimillonario George Soros, de la izquierda liberal.

Desde su creación, en 1997, el ICIJ dirige investigaciones internacionales en equipo sobre el contrabando de tabaco en todo el mundo, el tráfico internacional de cadáveres o los proyectos dudosos del Banco Mundial. El objetivo de este consorcio es que los periodistas compartan información que pueda ser relevante a nivel internacional y conseguir así llegar más lejos. El resultado: se obtienen más y mejores historias, ya que quienes trabajan sobre ellas son especialistas, a menudo los mejores reporteros de investigación de cada país. Por ejemplo, los compañeros del periódico argentino La Nación conocen en profundidad el tema de NML, el fondo de cobertura que ha demandado a Argentina. En internet comprobamos que este periódico lleva años escribiendo sobre el asunto, mientras que nosotros estamos empezando desde cero.

La conversación telefónica con Gerard Ryle va bien. Después de un cuarto de hora, se muestra decidido a poner en marcha un proyecto del ICIJ a partir de nuestro material. Y eso que por teléfono no le damos ningún nombre y solo podemos ofrecerle un prudente esbozo de Mossack Fonseca.

Hay que saber, no obstante, que Gerard Ryle siente debilidad por las sociedades pantalla: cuando en 2011 asumió el cargo de director del ICIJ, traía ya en su equipaje un disco duro con la mayor filtración que había caído jamás en manos de periodistas. Alguien le había facilitado doscientos sesenta gigabytes desde el corazón de dos empresas, Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust Limited. La actividad principal de ambas era —exactamente como en el caso de Mossack Fonseca— vender sociedades pantalla. A partir de estos datos, Gerard Ryle lanzó una primicia mundial. No puede calificarse de otra forma: bajo la palabra clave «Offshore Leaks», casi cien periodistas de unos cincuenta países revelaron, en abril de 2013, cómo los poderosos, los ricos y los malos de este planeta utilizan las empresas offshore para borrar sus huellas y ocultar su patrimonio real. Nosotros participamos en Alemania en nombre del Süddeutsche Zeitung, junto con compañeros y compañeras de la cadena de radiotelevisión Norddeutscher Rundfunk. El modelo de nuestros datos guarda cierto parecido con el del caso Offshore Leaks. Eso sí, en el momento en que llamamos a Ryle disponemos de menos datos, en concreto de unos cincuenta gigabytes. No obstante, tenemos la impresión de que la información acerca de cada empresa es más completa. Y lo más importante: es más actual. En el contexto del asunto Offshore Leaks, publicamos en 2013 noticias a partir de datos que, en el mejor de los casos, eran de 2010. Ahora, sin embargo, contamos con correos electrónicos muy actuales. Al percatarnos de esta particularidad, sentimos un escalofrío. Esto quiere decir que la fuente ha tenido acceso a los datos internos de Mossack Fonseca hasta hace bien poco. Tal vez —o, más bien, probablemente— sigue teniendo acceso a ellos todavía hoy.

Al final de la conversación, Gerard Ryle nos promete que vendrá a Múnich en las próximas semanas para echar un vistazo a los datos.

Casi al mismo tiempo, una noche de ventisca, encontramos algo que hasta este momento hemos pasado por alto: hay documentos de muchísimos intermediarios —es decir, de bancos o asesores patrimoniales— con notas para uso interno. El secretismo con el que actúan los empleados de Mossfon —que utilizan abreviaturas de los nombres de clientes y palabras en clave— ya nos ha hecho pensar que posiblemente tramitan asuntos ilegales[1]. Pero lo que leemos ahora es harina de otro costal. Aquí se está hablando de intermediarios con «grandes cantidades de clientes con cuentas no declaradas» y de un bufete de abogados que dispone de «un departamento específico para el dinero negro», y se asegura que Mossack Fonseca «ofrece soluciones» para las retenciones en origen que se aplican en Europa sobre los intereses bancarios.

Al leer estas frases, nos damos cuenta de que vamos por buen camino. Si conseguimos probar que Mossack Fonseca prestó conscientemente ayuda para la evasión fiscal, el bufete se verá en apuros.

Llegados a este punto, nos preguntamos si alguna vez se ha iniciado un proceso judicial contra Mossack Fonseca por un delito similar.

No encontramos referencias sobre ningún procedimiento contra el bufete. Parece que, por el momento, ha conseguido librarse.

Aproximadamente por esta misma época nos enteramos de algo que hace que nos olvidemos de todo lo demás. Existe un hombre que ha facilitado todos los negocios secretos y que, gracias a ello, ha debido de ganar cantidades multimillonarias. El hombre que fundó el bufete Mossack Fonseca.

Se trata de Jürgen Mossack. Un alemán.

3. Las sombras del pasado

[3.]

LAS SOMBRAS DEL PASADO

Jürgen Mossack no oculta sus orígenes. Todo lo contrario: quien introduzca su nombre en Google, aterrizará rápidamente en un sitio web en el que se presentan miles de abogados con sus diferentes especialidades. En el perfil de Jürgen Mossack aparece el siguiente dato: «Nacido en Fürth (Baviera, Alemania)».

Y, sin embargo, Jürgen Mossack es un completo desconocido en Alemania. En los periódicos del país no se encuentra ni una sola mención a su persona, a pesar de que dirige una de las empresas más sospechosas dentro de uno de los sectores más delicados. Y de que lo hace como ciudadano alemán.

Con él, tenemos la impresión de que la historia se eleva un peldaño. ¿O tal vez dos? Da igual.

[JOHN DOE]: ¿Jürgen Mossack es una persona conocida en Alemania?

[SZ]: No, nadie lo conoce por aquí.

[JOHN DOE]: Probablemente eso cambiará pronto…

Queremos descubrir más cosas acerca del hombre que ocupa el lugar central de nuestra filtración y empezamos a investigar, primero en internet y más tarde en bases de datos de la prensa internacional. Prácticamente sin resultados.

Jürgen Mossack, que tiene en la actualidad algo menos de setenta años, aparece mencionado en algunos lugares, pero en la prensa no existe ningún perfil sobre él, ningún gran reportaje. En internet, aparte del exiguo currículum de la página de abogados ya indicada, lo único que hay son banalidades, como el dato de que Mossack es miembro del Club Rotario de Panamá, de la International Maritime Association (sic) y de diversas asociaciones profesionales en el ámbito del Derecho tributario y materias similares. Encontramos también alguna que otra fotografía que lo muestra en diferentes actos, por ejemplo en un encuentro con el jefe del Ejecutivo y ministro de Hacienda de las Islas Vírgenes Británicas, un país que constituye uno de los principales paraísos fiscales y que, en consecuencia, es aliado natural de Mossack Fonseca.

Jürgen Mossack no parece tener ningún interés en que el público lo conozca. En cualquier caso, no encontramos en nuestros archivos ninguna entrevista a este personaje. Sin embargo, sí que pronuncia conferencias y escribe artículos especializados, en los que se manifiesta rotundamente en contra de emprender reformas de calado en el sector de las offshore.

Decidimos trabajar con un método sistemático y nos hacemos con una copia de su certificado de nacimiento. En ella encontramos la confirmación oficial de que Jürgen Mossack nació en Alemania: vino al mundo el 20 de marzo de 1948, en Fürth, en una institución municipal, exactamente a las 6:25 horas. Su nombre de nacimiento es Jürgen Rolf Dieter Herzog. Su madre era una comerciante llamada Luise Herzog. Su padre, un fabricante de máquinas llamado Erhard Peter Mossack.

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Por lo que parece, durante la posguerra Erhard Mossack cambió su oficio de fabricante de máquinas por el de periodista. De hecho, en 1951 se menciona en Der Spiegel a un periodista deportivo de nombre Erhard Mossack, que había escrito para el periódico 8-Uhr-Nachrichten, de Núremberg, un reportaje sobre un misterioso y enmascarado profesional de la lucha libre al que los espectadores habían endosado el nombre de guerra de «el Estrangulador de Viena». Aquel Erhard Mossack especulaba con la idea de que el Estrangulador de Viena, cuya especialidad era asfixiar a sus rivales atenazándolos por detrás, podía ser, en realidad, el Carnicero de Praga, un checo que en tiempos de la ocupación nazi habría arrastrado «a muchísimos checos a los patíbulos alemanes», aunque ese mismo apodo se aplicó a varias personas. Sea como fuere, el autor del artículo de Der Spiegel llegaba a la conclusión de que Mossack estaba equivocado.

Por lo que parece, aquel mismo Erhard Mossack publicó varios libros, uno de ellos en 1952, bajo el marcial título Die letzten Tage von Nürnberg («Los últimos días de Núremberg»). Esta obra, que puede encontrarse fácilmente en librerías anticuarias, aporta una visión imparcial sobre los últimos días de la guerra en Núremberg, antes de que los aliados tomaran definitivamente la ciudad. A diferencia de lo que cabría pensar por el título, en el libro no se aprecia una orientación específica, un espíritu de revancha o una exaltación de los tiempos del nacionalsocialismo. Más ameno, en cambio, es un librito publicado en 1955, en forma de modesto cuadernillo: Schmuggelgut für Tánger («Mercancía de contrabando para Tánger»). En él, Erhard Mossack explica cómo, en el año 1954, colaboró, en calidad de periodista, con la policía criminal internacional —la central de la Interpol en París— en el descubrimiento de una banda internacional dedicada al contrabando de automóviles, que hizo de las suyas en Europa occidental durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En el texto de la contraportada se asegura: «Con este objetivo, Mossack se desplazó a Francia y España y siguió el rastro de aquellos delincuentes, al principio prácticamente invisibles». Supuestamente, Mossack incluso se trajo de vuelta a Alemania uno de los coches robados, un Mercedes 300.

Entre los datos que se facilitan en Schmuggelgut für Tánger sobre el autor, se incluye su fecha de nacimiento: 16 de abril de 1924. La misma fecha que aparece en el certificado de nacimiento de Jürgen Mossack junto al nombre de Erhard Mossack. Así pues, no hay duda de que se trata del mismo hombre.

En octubre de 1958, tres años después de la publicación de aquella modesta novela, y según consta en el padrón municipal, Erhard Mossack se mudó a Lutzerath, una localidad del estado de Renania-Palatinado. Sin embargo, en julio de 1961 se dio de baja en el padrón de aquel municipio, en el que dejó constancia de que tenía la intención de emigrar —«probablemente a Estados Unidos»—. Así pues, todo indica que Jürgen Mossack pasó los primeros trece años de su vida en Alemania.

Este hecho se confirma gracias a un texto que se publicó a principios de enero de 2012 en la edición local del periódico Frankfurter Rundschau: un perfil de un tal Peter Mossack. El motivo de aquel artículo era que el tal Peter Mossack, gestor de tecnologías de la información y fundador del Club de Leones Justus von Liebig de Darmstadt, había sido nombrado en 2010 cónsul honorario de la República de Panamá, en representación de los estados federados de Hesse, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Sarre y Baden-Württemberg.

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¿Mossack y Panamá? Efectivamente. Peter Mossack no solo lleva el mismo apellido que Jürgen Mossack, sino que también es su hermano pequeño: en el Frankfurter Rundschau explica que la familia se mudó a Panamá cuando él tenía unos seis años. El dato coincide con el que facilitó su padre en el padrón municipal. También cuenta Peter Mossack al periódico que, después de estudiar en Panamá, regresó a Alemania, aunque visita «aproximadamente cada dos años» a su hermano, que tiene un bufete de abogados en Panamá y «está bien relacionado».

¿Por qué salieron los Mossack de Alemania a principios de los años sesenta? Muchos de los que probaron suerte en Iberoamérica después de la guerra trataban de escapar de su propio pasado durante el Tercer Reich. Enviamos algunas preguntas a bases de datos y archivos de Alemania y Estados Unidos y esperamos. A menudo las respuestas tardan semanas e incluso meses en llegar. Por el momento, solo sabemos que Erhard Mossack volvió a Alemania y que en 1993 murió en Aichach, cerca de Múnich.

Lo que es seguro es que Erhard Mossack aterrizó junto con su hijo Jürgen en Panamá a principios de los años sesenta. Un currículum de Jürgen Mossack que encontramos entre nuestros datos nos permite saber que, después de estudiar en el Instituto Pedagógico de Las Cumbres, pasó por la Universidad Santa María La Antigua, de la ciudad de Panamá. En esa época, además, trabajó en un bufete de abogados, Arosemena Noriega & Castro, que hoy en día —rebautizado como Arosemena Noriega & Contreras (ANORCO)— también es conocido en el sector de las sociedades offshore. Parece que a partir de 1970, Mossack se incorporó a esta empresa como pasante y que más tarde, después de superar su examen de fin de estudios en 1973, ejerció en ella el cargo de abogado propiamente dicho. Después trabajó dos años en Londres y, finalmente, abrió su propio bufete en Panamá, en 1977, cuando ni siquiera había cumplido los treinta años de edad.

Comenzó entonces el gran negocio. En aquella época, el país estaba en manos de una junta militar dirigida por el corrupto general Omar Torrijos. Para un bufete de abogados especializado en constitución de empresas, un régimen de este tipo no tiene por qué suponer una traba. Buscamos el nombre de Jürgen Mossack en el Registro de Empresas de Panamá y encontramos en él varios documentos que dan cuenta de su actividad poco después de que creara el bufete. En ellos, su empresa aparece como registered agent, esto es, como «agente registrado» o «agente residente», y Jürgen Mossack figura como directivo de numerosas empresas offshore, lo que probablemente en aquella época significaba que era su director fiduciario.

Cuando, en 1983, el dictador Manuel Noriega tomó el poder, los negocios de la Jürgen Mossack Lawfirm siguieron adelante. Al menos, en las inscripciones del Registro de Empresas no se observa una disminución en el número de constituciones de sociedades. Bajo el régimen de Noriega —que, como se demostraría más adelante, recibía un sobresueldo por parte de varios narcotraficantes—, Panamá se convirtió en el centro bancario del cártel colombiano de Medellín. Precisamente porque allí podía realizar magníficamente sus negocios en secreto.

Al menos uno de los grandes capos del narcotráfico de la época le fue de mucha ayuda a Jürgen Mossack: se trata de Caro Quintero, un mexicano tan sanguinario como hábil para los negocios. En febrero de 1985, Quintero ordenó el asesinato del agente especializado en drogas Enrique «Kiki» Camarena Salazar. Ese fue el momento en el que Estados Unidos comenzó una furibunda búsqueda del narcotraficante. En abril de 1985, Quintero fue detenido en Costa Rica. Apenas unos días antes, un intermediario había creado a través del bufete de Jürgen Mossack una empresa a la que se transfirió el patrimonio de Caro Quintero. Poco después se constituyó otra sociedad más. Esta empresa poseía una mansión en Costa Rica, que posteriormente se confiscó y cuyo usufructo se cedió al Comité Olímpico Nacional del país, si bien formalmente sigue siendo propiedad de aquella empresa pantalla de Quintero en la que Jürgen Mossack consta como director fiduciario.

Cuando, hace unos años, el Comité Olímpico Nacional de Costa Rica solicitó a Mossack Fonseca que le cediera oficial y definitivamente aquella mansión, Jürgen Mossack se negó a hacerlo. Según sus declaraciones, en comparación con Caro Quintero, el legendario señor de la droga Pablo Escobar era «un niño de pecho», por lo que bajo ningún concepto quería «estar entre los que Quintero vaya a visitar después de que salga del presidio»[1].

De hecho, en 2013 Quintero salió en libertad, después de haber pasado casi treinta años en la cárcel. Pero no parece que hasta ahora haya visitado a Jürgen Mossack. Entretanto, Quintero se ha convertido de nuevo en uno de los criminales más buscados del planeta.

El 1 de marzo de 1986, Jürgen Mossack y el abogado panameño Ramón Fonseca fusionaron sus empresas. El bufete Mossack Fonseca, como se lo conoce hoy, sigue existiendo y, treinta años después de su nacimiento, continúa en manos de los dos hombres que le dieron su nombre.

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Quien desee buscar información sobre el compañero de Mossack no tendrá dificultad alguna para encontrarla. Antes al contrario: la cantidad de datos es tal que lo que resulta complicado es asimilarlos. Porque Ramón Fonseca Mora —ese es su nombre completo— no solo es uno de los políticos más importantes de Panamá, sino también un escritor célebre y premiado. En la actualidad, es ministro asesor del presidente panameño, Juan Carlos Varela, y también uno de los vicepresidentes del Partido Panameñista, que ocupa el Gobierno del país[2]. En definitiva: Ramón Fonseca es un hombre muy influyente en este pequeño país.

En la prensa panameña incluso se ha llegado a especular con que el presidente Varela tuvo en su momento la intención de nombrar como ministro de Seguridad Pública (es decir, de Interior) a Fonseca, pero que decidió renunciar a la idea ante las presiones de Estados Unidos. Según estas informaciones, el Gobierno norteamericano dejó claro que vería con muy malos ojos el nombramiento de una persona sospechosa de ayudar al blanqueo de capitales. Da la impresión de que los estadounidenses conocen muy bien los negocios de Mossack Fonseca.

Ramón Fonseca pertenece, aparentemente, a esa categoría de políticos que aman la popularidad y las luces de los focos. Existen innumerables fotografías que lo muestran en actos, sus comentarios aparecen en los periódicos y a menudo publica en Facebook y en Twitter, donde tiene miles de seguidores. Por lo demás, se diría que se trata de alguien que no evita los conflictos: alguna vez ha propuesto a sus opositores políticos, a través de Twitter, resolver una disputa como se supone que hacen los hombres de verdad, a saber, con los puños.

Tal vez su influencia política tenga que ver también con el hecho de que sea un hombre muy rico. Su empresa no ha dejado de crecer con el paso de los años. «Hemos creado un monstruo», aseguró Fonseca en 2008 durante una entrevista en televisión. En realidad, con aquellas palabras solo se refería al tamaño de su empresa, que ya por aquel entonces contaba con varios cientos de empleados en decenas de oficinas distribuidas por todo el mundo[3].

De todas formas, a diferencia de su propietario alemán, ese monstruo sí que ha dejado huellas en la prensa. Sobre todo en los medios de comunicación iberoamericanos, donde Mossack Fonseca ha aparecido vinculado de forma muy directa con un gran número de escándalos de corrupción y blanqueo de capitales. La mayoría de los artículos se refieren a la sospecha del fiscal argentino de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus supuestos socios sacaron del país más de sesenta millones de dólares estadounidenses a través de ciento veintitrés empresas offshore creadas por Mossfon, como ya explicamos en el prólogo. Según el país y el momento de la publicación, puede encontrarse incluso más información sobre sospechas y asuntos extraños. Una y otra vez resuenan también los nombres de los dictadores Bachar el Asad y Muamar el Gadafi, aunque en la mayoría de los casos no se describe de una forma concreta qué relaciones hubo exactamente entre ellos y Mossack Fonseca, bufete que, por otra parte, siempre ha negado de forma rotunda estas informaciones.

El artículo más extenso y preciso sobre Mossfon lo encontramos en el portal de internet de la revista Vice, un medio que, en realidad, es famoso por publicar amenos trabajos sobre cuestiones marginales, por ejemplo acerca de las amistades por correspondencia de los asesinos en serie, la presencia de hachís en Palestina o el consumo de metanfetaminas en Corea del Norte. No obstante, este medio también ha realizado reportajes muy documentados. A principios de diciembre de 2014, Vice sacó a la luz un texto sobre Mossack Fonseca. Se trataba de una diatriba, redactada con furia e ilustrada con abundantes datos; un ajuste de cuentas con el bufete panameño, al que el autor se refería como «Evil LLC». En traducción libre: «El Mal S. L.».

De ahí surgió el título provisional de nuestro trabajo: «El bufete del mal».

Como es lógico, a Mossack Fonseca no le gusta llamar la atención en estos términos. Al estudiar el intercambio de correos electrónicos del año 2012, nos damos cuenta de lo mucho que le molestan los artículos en internet. En esos mensajes, los empleados de Mossfon encargan a una empresa llamada Mercatrade que se ocupe de eso que los expertos denominan «gestión de la reputación online»: el bufete de abogados tenía que quedar libre de sospechas en Google. Quien hiciese una búsqueda sobre «Mossack Fonseca» no debía encontrar referencias negativas entre los primeros resultados.

No obstante, Mercatrade interrumpió a los pocos meses aquella relación profesional y rescindió el contrato. Agotada, la empresa especialista en búsquedas en Google decidió darse por vencida. Aparentemente, no era posible corregir la maltrecha fama de Mossack Fonseca en internet.

Tal vez ocurra con esto lo mismo que con el barniz: cuando una superficie está muy sucia, ni el mejor de los barnices se adhiere a ella.

Quien consulte la página de inicio del sitio web de Mossack Fonseca comprobará que Mossfon cuenta desde hace años con su propio departamento de cumplimiento legal, que, supuestamente, se encarga de garantizar el cumplimiento de todas las leyes y disposiciones nacionales e internacionales.

Esa es la teoría. Pero un caso espectacular, que hemos conseguido reconstruir con exactitud a partir de los datos obtenidos, nos muestra cómo era en la práctica el cumplimiento de la ley por parte de Mossfon.

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El caso afecta al primer ministro islandés Sigmundur Davíó Gunnlaugsson. En 2007 aparecía como accionista de la sociedad pantalla Wintris Inc., en las Islas Vírgenes Británicas, junto con la que después se convertiría en su esposa, Anna Sigurlaug Pálsdóttir, una antropóloga muy reconocida en Islandia. A finales de 2009, justo cuando su carrera política se impulsó, Gunnlaugsson «vendió» a su mujer su mitad de la empresa —mediante contrato oficial— por el precio, claramente simbólico, de un dólar estadounidense. Desde entonces, Anna Sigurlaug Pálsdóttir consta en la documentación de Mossack Fonseca como la única dueña, como directiva y como titular de las participaciones sociales. En la carpeta digital correspondiente a esta empresa, que según el Registro Mercantil de las Islas Vírgenes Británicas aún está en activo, aparece incluso una copia escaneada de su documento de identidad[4].

Sigmundur Davíó Gunnlaugsson no se convirtió en primer ministro hasta mayo de 2013, es decir, mucho tiempo después de la constitución de la empresa, que ocurrió en 2007. No obstante, en aquel año él ya estaba en política y, cuando en enero de 2009, este antiguo alumno de Oxford se convirtió en el líder del Partido Progresista de Islandia, aún poseía participaciones en la compañía Wintris[5].

La historia, por sí misma, ya es bastante interesante: toda Europa está luchando contra la evasión fiscal y las empresas offshore, y resulta que en Islandia el primer ministro mantiene, en secreto, una sociedad de este tipo. «Precisamente Islandia», dan ganas de escribir, porque las empresas offshore influyeron decisivamente en la bancarrota del país. A través de ellas se desviaron préstamos ilegales. De hecho, algunas de las personas implicadas en este negocio acabaron en la cárcel.

Nuestro instinto de periodistas se activa. Todavía no hemos llegado a ningún acuerdo con Gerard Ryle ni con el ICIJ. ¿Qué nos impide publicar inmediatamente la historia sobre el primer ministro islandés?

Ahora mismo este hombre sigue en el poder. ¿Quién sabe si ocupará todavía su cargo dentro de unos meses?

Ahora mismo tenemos la historia en exclusiva. ¿Quién sabe si otro periodista recibirá este mismo soplo?

Sin embargo, como es lógico, este caso nos vendría muy bien para despertar el interés de otros socios europeos en una investigación conjunta en el marco del ICIJ. Trabajar con un equipo internacional nos parece maravilloso. Y si publicamos lo mejor antes de tiempo, nos veremos obligados a renunciar a esta posibilidad.

Al final, el estado en el que se encuentran nuestras investigaciones es lo que nos lleva a decidir que mantendremos en secreto la historia. Todavía no tenemos ni idea de lo que ha hecho Sigmundur Davíó Gunnlaugsson con su empresa pantalla. En los datos solo vemos que abrió una cuenta en la sucursal que el gran banco suizo Credit Suisse posee en Londres, pero no disponemos de información sobre el estado de esa cuenta. Sin duda, esta historia supondría una presión para Gunnlaugsson. Podríamos contar que, a través de un intermediario luxemburgués y mediante un proveedor panameño, un primer ministro europeo se ha hecho con una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas que dispone de una cuenta en la sucursal en Londres de un banco suizo. Esto, por sí solo, suscitaría ya una serie de interesantes preguntas. Pero sería aún mejor que supiésemos qué se esconde exactamente detrás de tales datos. Y en esta investigación nos ayudaría enormemente contar con algún compañero islandés[6].

¿Habla usted islandés? Nosotros tampoco. Eso hace prácticamente imposible buscar información en los medios de Islandia. ¿Quién sabe si en aquel país el asunto de esta empresa se conoce desde hace ya mucho tiempo?

Decidimos no mover por ahora el expediente Gunnlaugsson. En lugar de eso, llamamos al director del ICIJ, Gerard Ryle, para explicarle el caso. O, al menos, para contarle todo lo que se puede contar por teléfono en esta era post-Snowden. El resto se lo comunicamos de forma cifrada. Observamos que Gerard empieza a ponerse nervioso. Un primer ministro actual de Europa: eso le gusta. Y comprende que estamos sintiendo la urgencia de publicar este tema. Porque a él le pasa lo mismo. Está ocurriendo lo que habíamos esperado: Gerard acelera el ritmo. Consultamos nuestras agendas, encontramos tres fechas a mediados de marzo que nos vienen bien a todos y él reserva su vuelo desde Washington.

Pero volvamos ahora al departamento de cumplimiento legal de Mossack Fonseca. El asunto del primer ministro islandés demuestra la seriedad con la que Mossfon se toma la due diligence (diligencia debida). En realidad, la due diligence implica que la empresa debe comprobar si determinadas personas entrañan ciertos riesgos especiales. Uno de esos riesgos se mencionó ya cuando hablamos del amigo de Vladímir Putin, Serguéi Roldugin: si un cliente final pertenece a la categoría de «personas políticamente expuestas» (PEP), es conveniente exigirle pruebas específicas. Por ejemplo, preguntarle de dónde procede exactamente su dinero o cuál es la actividad de la empresa. Lo mismo sucede si alguien, como era el caso de Serguéi Roldugin, mantiene una estrecha relación con una PEP.

Esto es aplicable también, como muy tarde desde mayo de 2013, en el caso de la mujer de Sigmundur Davíó Gunnlaugsson: desde finales de 2009, Anna Sigurlaug Pálsdóttir es la única propietaria de la sociedad pantalla Wintris, pero no hay duda de que mantiene una estrecha relación con una PEP. En concreto, con su marido.

De hecho, esta particularidad llamó la atención del departamento de cumplimiento legal de Mossfon. Este bufete de abogados tiene acceso a cualquier costosa base de datos en la que figuren miles de nombres de PEP o VIP, o bien tienen un estrecho vínculo con este tipo de personas. Los proveedores profesionales de estas bases de datos, como Reuters, por ejemplo, se encargan de mantenerlas y actualizarlas. Fue así como Anna Sigurlaug Pálsdóttir fue descubierta por el departamento de cumplimiento legal de Mossfon durante una inspección rutinaria. En el verano de 2013, un empleado del bufete se puso en contacto por correo electrónico con la empresa luxemburguesa Interconsult, encargada de administrar la sociedad de la esposa del primer ministro: la cliente, aseguró el empleado, tiene categoría de PEP debido a su marido, por lo que se requiere más información para realizar un análisis amplio en materia de diligencia debida. Sin embargo, parece que Interconsult no suministró aquellos datos, ya que poco después se envió un amable recordatorio del primer correo y más tarde otro amable recordatorio, al que siguieron otro y otro más. Pero todos cayeron en saco roto. Parece que un año después del primer mensaje aún no se había hecho nada al respecto.

¿Consta en los correos electrónicos que leemos ahora que los empleados de Mossfon amenazaran a la empresa con poner fin a su relación profesional? ¿Pusieron a sus superiores, incluso a Jürgen Mossack, en copia del mensaje?

No. Todo apunta a que en octubre de 2014 cesaron los amables recordatorios, aunque volvieron a activarse a mediados de 2015. De hecho, en octubre de ese año la esposa del primer ministro de Islandia firmó un formulario en el que explicaba el origen de los recursos con los que contaba la empresa. Marcó con una cruz la casilla correspondiente a «ingresos por herencia/fondo fiduciario» y describió su empresa como una «passive non-financial entity» (entidad no financiera pasiva). Una empleada de Mossfon respondió y explicó que esperaban recibir más documentos «sobre este importante asunto», en concreto una copia del pasaporte y algún certificado que demostrara el lugar de residencia de la propietaria, así como una carta de recomendación de un banco o de cualquier otro socio comercial.

En definitiva, Mossack Fonseca esperó pacientemente durante dos años. No parece que este sea un ejemplo de firmeza en el cumplimiento legal.

Tenemos la impresión de que, mediante este departamento de cumplimiento legal, Mossack Fonseca quiere transmitir una imagen de legalidad, pero sin poner en riesgo seriamente sus negocios. Y esta impresión cada vez será más viva.

Sin embargo, por ahora metemos el caso del primer ministro islandés en el saco de las historias que queremos investigar junto con compañeros locales. En ese saco están también el expediente de Putin y el asunto de Argentina contra el fondo de cobertura NML. Si de nuestros datos surgiera un proyecto internacional, el ICIJ se encargaría de localizar sobre el terreno a periodistas de investigación adecuados. Y si el ICIJ no se embarca en esta aventura, seremos nosotros mismos quienes nos encargaremos de localizarlos.

[ ]

Gunnlaugsson no es el único jefe de Estado cuyos negocios estamos investigando en estos días. Cuando, de forma rutinaria, buscamos en internet historias ya difundidas sobre los datos que seguimos recibiendo, nos topamos con otro ejemplo más. De forma relativamente rápida, encontramos información sobre la sociedad panameña Nicstate Development S. A., una de las empresas pantalla mencionadas en la red. Parece que la dirigía el antiguo presidente de Nicaragua (1997-2002), Amoldo Alemán Lacayo el Gordo, uno de los diez políticos más corruptos de todos los tiempos, según Transparencia Internacional. En concreto, Alemán desvió casi cien millones de dólares de fondos públicos hacia su bolsillo a través de Nicstate y de otras empresas fiduciarias. Eso es, al menos, lo que sostienen los investigadores de la Stolen Asset Recovery Initiative (StAR, Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados), un proyecto conjunto del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuyo objetivo es ayudar a los Estados a recuperar el patrimonio sustraído. Dicho de otro modo: la StAR busca el dinero que los autócratas y dictadores han robado a la gente de su país.

Sin embargo, la Stolen Asset Recovery Initiative se ve obligada a detenerse tan pronto como la justicia del país correspondiente tiene una opinión diferente sobre el mismo asunto. Por ejemplo, en 2003 Alemán fue condenado a veinte años de cárcel por blanqueo de capitales y corrupción, pero en enero de 2009, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua anuló la sentencia. La oposición sospecha que existieron razones de política interna para esta decisión, ya que el sucesor de Alemán, Daniel Ortega, forjó una alianza con el partido del expresidente. De hecho, el mismo día en que se anuló la sentencia, inmediatamente después de que se hiciera público el fallo, se llegó a un importante acuerdo.

En el artículo de Vice ya mencionado, Alemán aparece como una de las personas que cuenta con una autorización económica de la empresa Nicstate, creada en Panamá. Es decir, que es uno de sus usufructuarios. La StAR incluso explica en detalle cómo se desvió el dinero. Según su versión, Nicstate era el corazón de un entramado de desvío de fondos orquestado por las personas de confianza de Alemán, con un tal Byron Jerez al frente. Los documentos que manejamos demuestran la conexión: Byron Rodolfo Jerez Solís no solo tenía acceso a la empresa, sino que hay pruebas de que también podía acceder a la cuenta de Nicstate en el Banco Aliado. Los fondos de aquella cuenta, varios millones de dólares estadounidenses, se distribuían después entre otras empresas o se entregaban a través de cheques, extendidos a nombre de María Fernanda Flores de Alemán. La esposa del expresidente[7].

Por otra parte, la empresa del antiguo presidente de Nicaragua fue encargada y organizada por el Dresdner Bank de Iberoamérica, uno de los socios comerciales de confianza de Mossack Fonseca. En una primera ojeada, descubrimos más de trescientas compañías creadas por este banco alemán.

Rápidamente nos acostumbraremos a encontrarnos una y otra vez con bancos alemanes.

Durante mucho tiempo, los bancos alemanes consiguieron disimular sus negocios con sociedades offshore. Pero al final fueron descubiertos.

Además, antes de lo que nosotros esperábamos.

4. Las mentiras del Commerzbank

[4.]

LAS MENTIRAS DEL COMMERZBANK

A primera hora de la mañana del martes 24 de febrero de 2015, un grupo de policías, fiscales e inspectores de Hacienda aparece a las puertas de la sede del Commerzbank en Francfort. El segundo mayor banco alemán opera desde una de las torres de oficinas más llamativas del distrito bancario de esta ciudad. Las tres columnas del rascacielos se iluminan cada noche de amarillo y se elevan al cielo, como si se tratase de tres dedos índices. Su arquitectura es toda una declaración: en este lugar no hay espacio para la duda, las precauciones o los escrúpulos. Aquí reside el poder. Y, sin embargo, en esta mañana de martes, algunos banqueros se distancian de este mensaje, porque los investigadores del Grupo de Instrucción sobre Delincuencia Organizada y Fraude Fiscal, recién creado, están haciéndose con diversos documentos sobre inversiones de capital secretas, encubiertas.

Hace unos días recibimos una llamada de una persona que estaba al corriente de los hechos. Intentamos obtener más información sobre los antecedentes de esta historia. Lo que descubrimos en nuestras investigaciones es que uno de sus colaboradores es el bufete panameño de abogados Mossack Fonseca.

La investigación se desarrolla a partir de datos bancarios comprados. En un programa de entrevistas en televisión, se habla de un nuevo CD con información fiscal —a pesar de que, en realidad, hace ya tiempo que los CD han cedido terreno a los dispositivos USB ya los discos duros—. Los datos demuestran que la sucursal en Luxemburgo del Commerzbank lleva muchos años constituyendo empresas pantalla para clientes alemanes. De ese modo, evitan pagar impuestos en Alemania y esquivan también la Directiva europea 2003/48/ CE, relativa a la fiscalidad del pago de intereses, que establece que todos los bancos de Luxemburgo y Suiza deben retener en total hasta un 35% del rendimiento de las cuentas no registradas cuyos titulares sean ciudadanos europeos. Así pues, el Commerzbank creaba en Panamá sociedades pantalla para sus clientes, y esas sociedades constaban como supuestas titulares de la cuenta bancaria. Dado que las empresas offshore no son ciudadanos de la Unión Europea, no se les aplicaba la Directiva y el rendimiento obtenido quedaba exento de impuestos.

Cuando, ante semejante registro policial, decidimos profundizar en este caso, descubrimos que una parte de los datos bancarios de Luxemburgo que un confidente ha vendido a los inspectores alemanes está ya incluida en nuestro material: también procede de Mossack Fonseca. La diferencia es que los documentos que manejan los inspectores no son, ni de lejos, tan actuales como los nuestros. Y, sobre todo, que son muchísimo más reducidos en número. Aparentemente, afectan a apenas unos cientos de sociedades offshore. Nosotros, en cambio, disponemos ya de información sobre varios miles.

Sin embargo, como descubriremos más tarde, los inspectores alemanes han pagado un millón de euros por esos cientos de empresas.

¿Cuánto costaría la información acerca de unos miles de sociedades?

Quien ha comprado los datos bancarios de Luxemburgo es Peter Beckhoff, director de la Oficina Financiera de Delitos Fiscales e Inspección Tributaria de Wuppertal. Beckhoff es la persona que ha conseguido CD tras CD y que ha convencido al consejero del estado federado de que debía desbloquear fondos para comprar la información y asumir la correspondiente responsabilidad, a sabiendas de que en el panorama político el viento no soplaba ni mucho menos a su favor. Probablemente no haya nadie en Alemania que haya hecho tanto por la justicia fiscal como Peter Beckhoff, aunque solo sea porque la noticia acerca del descubrimiento de cada nuevo CD con datos tributarios ha provocado un aluvión de autoinculpaciones. Ante el miedo, totalmente justificado, de que su propio nombre estuviera en el próximo CD de datos fiscales, y con la esperanza de librarse del problema mediante un pago adicional, muchísimos ciudadanos han confesado a las autoridades dónde esconden el dinero. Millones y millones de euros para el Estado.

En los paraísos fiscales como Luxemburgo, Peter Beckhoff es una figura temida. Suiza ha llegado incluso a dictar una orden de detención contra él, por indicios de «colaboración con el espionaje económico» y revelación de secreto bancario. Si Peter Beckhoff entra en ese país, puede dar por seguro que será detenido. De hecho, en 2015 numerosos medios de comunicación, entre ellos el Süddeutsche Zeitung, informaron de que los servicios secretos suizos habían intentado asignar a un agente para que lo vigilara. En Alemania, por cierto.

Está claro que muchos periodistas van a informar del registro del Commerzbank. Empezamos a temer que, en las investigaciones sobre el tema de las sociedades pantalla, otros compañeros sigan la pista de Mossfon y, con ella, la de Jürgen Mossack. Y que la competencia decida examinar esta conexión con Alemania. Por eso decidimos adelantarnos.

El 18 de febrero de 2015 escribimos un extensísimo correo electrónico a Mossack Fonseca, con preguntas acerca de su papel como colaborador de la maquinaria de fraude fiscal del Commerzbank. También interrogamos al bufete sobre la larga lista de acusaciones que encontramos en internet, es decir, sobre la supuesta relación de Mossack Fonseca con dictadores como Gadafi, Mugabe o El Asad —cuyos nombres todavía no hemos visto entre nuestros datos—, así como sobre todo aquello que descubrimos a través de la prensa iberoamericana. Tomamos cualquier acusación que encontramos, por vaga que sea, y se la presentamos a Mossack Fonseca. Queremos saber cuál es su reacción.

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Nos responde una señora llamada Ana María Garzón, de Burson-Marsteller, una gran empresa internacional especializada en relaciones públicas para casos de crisis y cuya central se encuentra en Nueva York. Burson-Marsteller es famosa por su coraje ante las campañas negativas y por su disposición para combatir sin miramientos. Se dice que trabajó para la dictadura militar en Argentina, para el tirano rumano Nicolae Ceauçescu o para el Gobierno militar indonesio tras la masacre de Timor Oriental, y que, por encargo del lobby de la industria estadounidense del tabaco, trató de restar importancia a las consecuencias del tabaquismo pasivo y de desacreditar la investigación sobre el cáncer[1].

Burson-Marsteller y Mossack Fonseca: una bonita alianza.

Sea como fuere, Ana María Garzón nos alaba por ejercer un «periodismo responsable» y por acudir previamente a Mossack Fonseca para plantearle las acusaciones que pesan contra el bufete. A continuación, nos envía una respuesta tan vaga y tan general que apenas merece ese nombre: sostiene que, por desgracia, nuestras preguntas muestran claramente que no estamos interesados en elaborar una información objetiva, sino que, en realidad, es NML quien guía nuestros pasos. Un rápido recordatorio: NML es el fondo de cobertura cuyo fundador, Paul Singer, anda a la caza del dinero del Estado argentino y que ha emprendido una acción contra Mossack Fonseca por considerarlo colaborador de dicho Estado. Singer lleva mucho tiempo reclamando en los tribunales que se le permita acceder a esos documentos de Mossfon que, en buena medida, nosotros ya hemos conseguido, por lo que parece.

Decidimos enviar un segundo correo electrónico con preguntas bien detalladas y Garzón nos responde más pormenorizadamente. Niega todas las acusaciones. Además, explica que nadie se ha querellado nunca contra Mossfon, que el bufete cumple la legislación en vigor, que coopera con las autoridades estatales, que considera que la due diligence o diligencia debida es sumamente importante y que solo trabaja con intermediarios de prestigio, como bancos y abogados.

Solicitamos hablar con Jürgen Mossack, pero se nos deniega. Por política empresarial. Es una lástima. Teníamos un par de preguntas para él y, sobre todo, nos habría encantado saber quién es ese hombre que, según parece, lleva décadas ayudando a infractores de muy diversa calaña a borrar sus huellas.

Pero, en principio, para los periodistas especializados en investigación el hecho de que una empresa de comunicación se niegue a comunicarse constituye un buen síntoma. En la mayoría de los casos, significa que la compañía tiene suficientes cosas que esconder. Cuando no hay nada que ocultar, salta a la vista: la empresa accede a un encuentro o a una larga conversación telefónica y explica de forma detallada su versión y su papel. Ocurre a veces que, al final, sencillamente no queda nada que resulte cuestionable o criticable. Algunas historias que, a priori, son interesantes mueren de esta forma. Desde una perspectiva puramente egoísta, solo esta circunstancia es motivo suficiente para que busquemos siempre la comunicación. Nada sería más destructivo para un reportero que el hecho de que ese tipo de explicaciones llegara después de la publicación de su texto. Las consecuencias podrían ser muy variadas: desde la obligación de publicar el desmentido en su medio hasta el deber de responder ante una denuncia por difamación.

En las respuestas de Mossack Fonseca se adivina en cada punto su intención de presentarse como una empresa normal y seria. En esas respuestas también se adivina su deseo de no entrar en detalles.

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Una de las mentiras concretas de la respuesta de Mossfon es la siguiente: Mossack Fonseca —aseguran— nunca trabaja con clientes finales, sino tan solo con intermediarios, como abogados, gestores de patrimonio o bancos[4]. Garzón utiliza el siguiente símil: en esencia, Mossfon es algo así como un mayorista que suministra productos a comercios minoristas. La única diferencia es que, en su caso, los productos son empresas. Y una empresa no es, en sí misma, algo prohibido, algo malo. Son los minoristas los únicos responsables de decidir a quién le venderán después esas empresas y de determinar qué harán con ellas los clientes finales.

Un símil interesante, pero que no se corresponde con la realidad. Tenemos numerosos casos —como el del antiguo hombre de Siemens, Hans-Joachim K.— en los que Mossfon trabaja directamente con clientes finales. Y comprobamos que en muchas circunstancias Mossfon sabe muy bien quién dirige, desde el otro extremo, el destino de las empresas.

Preferimos quedarnos con una metáfora del exinspector de Hacienda estadounidense Keith Prager, quien explicaba que las sociedades pantalla son, para una amplia gama de astutos delincuentes, lo que una furgoneta a la puerta de un banco es para los ladrones comunes: ambas sirven a los delincuentes para darse a la fuga.

El día del registro en el Commerzbank, el título que elegimos para la portada del Süddeutsche Zeitung es: «Nuevo golpe a Luxemburgo». En la página 2 damos cuenta de las acusaciones exactas que pesan contra el banco y su sucursal luxemburguesa, y en la página 3, que nuestro periódico reserva para los reportajes, incluimos un perfil de Mossack Fonseca. A página completa.

No obstante, en este especial sobre Mossack Fonseca no utilizamos casi ninguno de los datos de los que disponemos. Aún no hemos analizado adecuadamente el material y no estamos en condiciones de explotar la información que contiene. Agotar una historia que aún está a medio cocinar no sería una buena idea. Y no solo de cara a organizar un equipo internacional de investigación.

En lugar de centrarnos en estos datos, hablamos de todas las acusaciones que existen contra Fonseca y las combinamos con una información que hasta ahora no se ha publicado en Alemania: Jürgen Mossack nació en este país.

Es una decisión arriesgada.

Para intranquilizar un poco a la empresa, en nuestro texto explicamos muy bien que disponemos de unos ochenta gigabytes de datos internos que hasta ahora apenas se han utilizado. Estamos seguros de que el artículo, pese a estar redactado en alemán, llegará a Panamá.

Entretanto, en los datos de que disponemos encontramos antiguos correos electrónicos de nuestra interlocutora, Ana María Garzón, en los que se habla de las relaciones profesionales entre Mossack Fonseca y Burson-Marsteller. A principios de 2013, el bufete les propuso elaborar un «manual de crisis», por un precio, según vemos, nada barato. Según consta, en caso de crisis Mossfon disfrutaría de un servicio de asesoría las veinticuatro horas del día[3].

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Pero Mossack Fonseca no es la única empresa que desarrolla una comunicación catastrófica en caso de crisis. Otra es el Commerzbank. El día del registro y también el día después, el departamento de relaciones públicas del segundo banco más importante de Alemania intentó colarles a los periodistas la siguiente versión: habían cometido errores, desde luego, pero todo aquello era ya cuestión del pasado. Hacía ya tiempo que habían abandonado todos los negocios dudosos. Aquellos eran —atención— «casos antiguos, de hace diez años y más», y desde 2007 los empleados tenían «prohibida por principio» hasta la «mera transmisión de peticiones de clientes» en relación con sociedades pantalla.

¿Casos antiguos? ¿De verdad?

Volvemos a buscar entre nuestros datos y encontramos sin dificultad empresas y más empresas que el Commerzbank encargó a Mossack Fonseca, para sus clientes alemanes, precisamente en el período comprendido entre 2005 y 2015.

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013[4].

Disponemos de los correos electrónicos de los asesores bancarios, de las escrituras de constitución de las empresas, de los poderes para los clientes, de las autorizaciones para acceder a las cámaras acorazadas y de todos los nombres de las sociedades, desde Badenweiler S. A. hasta Pinguin Holding S. A., pasando por Clandestine Ltd. Sus propietarios, según hemos podido comprobar, son personas pudientes, pero desconocidas para la opinión pública.

Más datos aún: existen incluso sociedades pantalla que recibieron el asesoramiento del Commerzbank y que en la primavera de 2015 aún estaban activas.

¿Casos antiguos?

Si el Commerzbank hubiese sido sincero, habría causado una mejor impresión. En realidad, el banco ya reconoció en el ámbito interno, como muy tarde en el año 2008, que este tipo de negocios suponían un problema y que había que limitarlos. Encontramos incluso correos electrónicos y protocolos de empresa redactados por los empleados, donde explican al personal de Mossfon que, lamentándolo mucho, se ven obligados a renunciar a esas actividades. Sin embargo, la filial de Luxemburgo, el Commerzbank Internacional, no fue tan consecuente. En diciembre de 2014 llegaron las últimas advertencias a los clientes que poseían empresas en Panamá y que se encontraban en una situación fiscal poco clara. El mensaje de entonces fue rotundo: quien no estuviera dispuesto a decir la verdad tendría que buscarse otro banco.

En cualquier caso, no debe extrañarnos este intento de limpieza. Hay que tener en cuenta que en la crisis bancaria de los años 2008 y 2009, el Commerzbank recibió una ayuda de dieciocho mil millones de euros por parte del Estado alemán. El presidente del Consejo de Administración de aquella época, Eric Strutz, aseguró ante el Bundestag —el Parlamento Federal alemán— que «el Commerzbank no tiene nada que ver con ningún delito fiscal y no tolera comportamientos erróneos». No es de recibo disponer de miles de millones de euros del Estado por una parte y, por otra, ayudar a los clientes a defraudar precisamente a ese mismo Estado.

Los bancos son —junto con los bufetes de abogados, los asesores de patrimonio y las empresas de auditoría de cuentas— los principales actores del negocio de las sociedades offshore. Son muy pocos los particulares que recurren directamente a empresas como Mossfon. En la mayoría de los casos, son sus bancos o sus abogados quienes se ocupan de hacerlo: mantienen en marcha la maquinaria de las offshore, asesoran, hacen pedidos, administran. También para clientes que no son honestos con sus impuestos. Para defraudadores fiscales.

Entre los datos encontramos innumerables ejemplos de asesores que, en las reuniones que mantenían en cualquier vestíbulo de hotel o en sus oficinas, hablaban abiertamente a Mossack Fonseca de los problemas fiscales de sus clientes. Se sentían en total confianza para hacerlo.

Además —y sobre todo—, están las grandes entidades financieras que envían dinero a todo el planeta. Hay grandes bancos estadounidenses, aunque también los bancos alemanes son buenos en este negocio. Hace años, el Deutsche Bank fue acusado en este sentido en un informe del Senado de Estados Unidos. Durante años, la empresa publicitó en su página web sus servicios en el ámbito de las offshore: aseguraba, por ejemplo, que Mauricio era un «entorno fiscal neutral». Cuando los medios de comunicación lo denunciaron, aquella referencia desapareció de la web.

No ha sido hasta el último decenio cuando los bancos han dado marcha atrás, muy lentamente y con titubeos, en esta actividad: el peligro de que los descubriesen era demasiado grande, en comparación con las ganancias, más bien modestas, que aportaban tales negocios.

Quienes pretenden maquillar este movimiento asegurando que se trata de una decisión ética son, en la mayoría de los casos, portavoces de los bancos.

Nuestros datos revelan, aunque sea de forma fragmentada, hasta qué punto casi todos los bancos alemanes importantes han estado o siguen estando envueltos en el sistema de las sociedades offshore.

Buscamos por «Deutsche Bank». Obtenemos miles de resultados.

¿Y por «Dresdner Bank»? Lo mismo.

Varios bancos de los estados federados están también presentes en miles de entradas[5].

Por supuesto, no en todos los casos colaboraron con el fraude fiscal. Pero, por lo que vemos, sí que lo hicieron en muchas ocasiones. Incluso los bancos estatales ayudan a sus clientes a defraudar al Estado. Hay que tener cara dura.

El HypoVereinsbank se presentó ante la Fiscalía de Colonia poco después del registro del Commerzbank. «Antes de que vosotros vengáis a mí, iré yo a vosotros», parece que declaró el banco a las autoridades, para pasar después a reconocer que había hecho los mismos negocios que el Commerzbank a través de su antigua sucursal en Luxemburgo. Como resultado de aquella maniobra, el HypoVereinsbank y las autoridades llegaron a un pacto: la entidad bancaria confesaría la comisión de delitos tributarios graves a cambio de una reducción de la pena. El banco pagó a las arcas del Estado más de diez millones de euros[6].

Otros bancos siguieron su ejemplo. Entre ellos, algunos con participación del Estado en su accionariado, como el HSH Nordbank. El trato, en este caso: veintidós millones de euros, como descubrió nuestro compañero Klaus Ott[7].

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Mientras también el Süddeutsche Zeitung informa acerca de los hechos que están ocurriendo en estos momentos en Alemania —el registro policial, las mentiras del Commerzbank y los pactos—, de fondo la montaña de datos va creciendo. De cuando en cuando surgen complicaciones técnicas y a veces nos parece que la transmisión de la información es insoportablemente lenta. Pero sigue progresando.

Ya tenemos cien gigabytes.

Nuestro jefe de sección, Hans Leyendecker, ha adoptado la costumbre de preguntarnos cada dos días si seguimos avanzando. Le hemos contagiado nuestro entusiasmo. Algo nada irrelevante para nosotros y para nuestro proyecto.

En estos días de marzo, el director del ICIJ, Gerard Ryle, viene a Múnich para echar un primer vistazo a los datos. Nos reunimos en nuestra oficina, arriba, en el rascacielos en el que tiene su sede el Süddeutsche Zeitung, y analizamos junto con él, durante un día entero, los datos sobre las sociedades offshore. A Ryle le brilla la mirada. En cuanto le dejamos un par de minutos solo, se dedica a hacer lo que cualquier periodista de investigación haría en primer lugar: buscar nombres que han aparecido ya en algunas de sus investigaciones anteriores. Y encuentra unos cuantos.

Gerard Ryle conoce bastante bien nuestra situación: sabemos que estamos cerca de un tesoro, cavamos por las noches, a primera hora de la mañana, entre horas, y todo lo que encontramos puede ser una historia capaz de conmocionar a un país entero. Pero tardaremos muchísimo en publicar este asunto en los medios: Ryle recibió la filtración de los datos que dieron lugar al tema Offshore Leaks unos tres años antes de que pudiera publicarlo. Confiamos en que en nuestro caso el proceso sea más rápido.

El asunto Offshore Leaks permitió a mucha gente conocer las prácticas empresariales de las sociedades pantalla. Las consecuencias políticas fueron enormes: por un momento, la presión sobre los paraísos fiscales fue tan grande que los Gobiernos de Austria y Luxemburgo se cuestionaron públicamente por vez primera su legislación sobre el secreto bancario. El comisario europeo Algirdas Šemeta dijo por aquel entonces que el Offshore Leaks marcaba el camino de la futura política fiscal.

Para el ICIJ, aquel proyecto supuso un enorme éxito. Por primera vez, todo el mundo conocía a este consorcio. Después llegaron los proyectos Offshore Leaks China, Lux Leaks y, en febrero de 2015, Swiss Leaks, gracias a los datos secretos que proporcionó el confidente francés Hervé Falciani.

Después de pasar dos días en Múnich, Ryle está convencido de que nuestros datos darán lugar a un nuevo proyecto.

Estudiamos los pasos que podríamos seguir a continuación: ¿cómo enviar el material a Washington, donde se encuentra la central del ICIJ en la que trabajan los especialistas en datos?, ¿qué momento sería apropiado para publicarlos?, ¿con qué compañeros deberíamos ponernos en contacto en primer lugar?

Una y otra vez volvemos también a las cuestiones fundamentales sobre las que llevamos semanas debatiendo.

¿Por qué la fuente quiere mantenerse en el anonimato a toda costa?

¿Cuál es la motivación de esta fuente?

Y, por encima de todo: ¿podemos confiar en el material?

No tenemos respuestas completamente definitivas. ¿Cómo podríamos tenerlas? Con lo que sí contamos, en cambio, es con documentos de cientos de páginas que podemos cotejar, dado que se trata de escrituras con información contrastable ante las autoridades. Encontramos decenas de documentos judiciales con los que comparar nuestros papeles, disponemos de material de investigaciones previas y cotejamos la información filtrada con las bases de datos de acceso público.

En todos los casos el resultado es el mismo: los datos coinciden punto por punto.

Uno de los temas sobre los que hablamos pormenorizadamente con Gerard Ryle es el asunto Wintris Inc., la antigua sociedad del primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíó Gunnlaugsson. El mundo casi se ha acostumbrado ya a que los dictadores y los tiranos aparquen su patrimonio en sociedades pantalla, pero… ¿qué pasaría si quien lo hiciese fuera un primer ministro europeo?

Lo que convierte este asunto en un caso aún más delicado es que descubrimos que, desde marzo de 2009, existe una disposición en el Parlamento islandés, la Hagsmunaskráning bingmanna (o Registro de Intereses de los Parlamentarios), que obliga a sus miembros a declarar con qué patrimonio cuentan e indicar si son propietarios de participaciones en empresas. Como nos confirma un portavoz del Parlamento, todo aquel que posea más del 25% de una compañía deberá comunicarlo.

En virtud de esta norma, Gunnlaugsson, parlamentario desde abril de 2009, debería haber informado de la existencia de Wintris Inc. Con apenas unos clics lo confirmamos: no parece haberlo hecho[8].

Un año más tarde, Gunnlaugsson no habría tenido que ocultar su empresa offshore, dado que a finales de 2009 se la vendió a su mujer por el precio de un dólar.

Ryle, jefe del ICIJ, se siente entusiasmado. Sin embargo, se marcha a Estados Unidos sin comprometerse a que su consorcio se embarcará en este proyecto. Quiere reflexionar durante unos días.

5. La guerra de Siria y el papel de Mossack Fonseca

[5.]

LA GUERRA DE SIRIA Y EL PAPEL DE MOSSACK FONSECA

Es inquietante.

Cada vez que consultamos nuestros datos, nos encontramos sistemáticamente con correos electrónicos que se escribieron apenas hace unos días. Es casi como si los estuviésemos leyendo en tiempo real. Como si estuviésemos dentro de este bufete de abogados.

Como si estuviésemos detrás de los empleados de las oficinas de la ciudad de Panamá, cuyos nombres, en este tiempo, se han convertido ya en familiares para nosotros. Como si pudiésemos mirar por encima de sus hombros las pantallas de sus ordenadores.

Eso sí: ellos no nos ven.

Aún más inquietante es comprobar que en algunos de estos correos electrónicos se habla de nosotros. De nosotros, el Süddeutsche Zeitung.

Como ocurre en el correo del 9 de marzo de 2015, en el que un trabajador del bufete reenvía a los empleados de la oficina el artículo —traducido al castellano, de aquella manera, a través de Google Translate— en el que nuestro periódico informa del registro policial en el Commerzbank y del papel que Mossack Fonseca desempeña en este caso. O en el correo del 19 de febrero de 2015, en el que se pregunta si es cierto que Arturo del Tiempo Marqués, narcotraficante condenado, es cliente de Mossfon, y se explica que el día antes han preguntado por él unos periodistas. Esos periodistas somos nosotros.

Así pues, Panamá lee lo que publicamos. Ahora lo sabemos. Pero lo que ellos no saben es que nosotros leemos los correos electrónicos que escriben…

Sentimos un escalofrío cuando encontramos un mensaje en el que el departamento de marketing de Mossack Fonseca advierte de la existencia de «periodistas secretos» de investigación y pide a todos los compañeros de Mossfon que extremen las precauciones.

También accedemos al orden del día de la Mossfon Corporate Strategy Meeting, una reunión estratégica que se celebra en abril de 2015. El punto número dos de ese orden del día es «Mossfon en los medios de comunicación» y el «caso alemán». Es evidente a quién se refieren: a nosotros.

Mossfon parece haber comprendido que los medios tienen una imagen negativa del tipo de negocios que lleva a cabo. Y hay motivos para ello.

[John Doe]: Buenos días.

[SZ]: ¡Hola! ¿Todo bien?

[John Doe]: Por ahora sí. Os estoy transfiriendo nuevos datos.

[SZ]: De acuerdo.

[John Doe]: Creo que entre ellos hay información sobre empresas relacionadas con el dictador sirio, El Asad.

[SZ]: Hemos oído rumores de que Mossfon ha trabajado para la gente de El Asad.

[John Doe]: Parece que los rumores son ciertos.

[SZ]: ¿Tienes nombres concretos de empresas?

[John Doe]: Unos cuantos. Algunas interesantes para empezar: Ramak Ltd., Dorling International Ltd., Cara Corporation, Seadale International Corporation, Hoxim Lane Management Corp., Lorie Limited, Drex Technologies S. A.

La última de estas empresas, Drex Technologies, nos resulta familiar. Apareció ya en el asunto Swiss Leaks. En nuestros datos encontramos ahora Drex Technologies S. A., dentro de una carpeta identificada con el número 537658 —el número asignado en el registro interno de Mossfon—. En ella se incluyen ciento veinticuatro archivos: diversos PDF, correos electrónicos, documentos Word, fotografías.

Esta es la primera huella concreta del dictador sirio Bachar el Asad. Estudiamos con más detenimiento las empresas, buscamos más allá y comprobamos que, efectivamente, parece que Mossack Fonseca ha gestionado todo un entramado de sociedades pantalla cercanas al régimen de este cruel dictador de Siria.

Tan solo una puntualización: naturalmente, El Asad no aparece en los documentos como propietario o directivo. Intente usted crear una cuenta bancaria o una empresa a nombre de Bachar el Asad fuera de Siria y verá como no lo consigue. Para eso, los dictadores, los capos de la mafia y otros delincuentes tienen ya a sus personas de confianza. En inglés se utiliza una palabra muy expresiva para denominar a este tipo de personas: bagmen (los hombres de la bolsa). Con ella se hace referencia a toda esa gente que se encarga de recaudar dinero para el poderoso que está detrás de ellos, así como de administrarlo, de invertirlo y de llevarlo donde se necesite.

Buena parte de los cientos de miles de sirios que en la actualidad abandonan su país lo hacen para huir no ya del «Estado Islámico», sino de El Asad. Y colaboradores como Mossack Fonseca y los bagmen de El Asad se encargan de que al régimen no le falten las divisas. Divisas con las que paga a sus mercenarios, equipa con armas y vehículos a las temidas milicias de los shabiha, consigue gas tóxico y mantiene cárceles en las que se tortura a los prisioneros.

Entre nuestros datos aparece decenas de veces el nombre de Rami Majluf, probablemente el financiero más importante del régimen de El Asad.

Un hombre odiado por la oposición siria. Cuando en 2011 estallaron las protestas, los manifestantes no solo quemaron imágenes de El Asad; también destruyeron oficinas de Syriatel, el gigante de la telefonía. Rami Majluf es el propietario de Syriatel.

Gritaban: «¡Majluf es un ladrón!».

Es probable que Rami Majluf sea el hombre más rico del país. Posee, además de Syriatel, participaciones sociales de varios bancos, cadenas duty free, una compañía aérea y mucho más.

En Siria hace ya tiempo que la gente no se pregunta qué es lo que le pertenece, sino, más bien, qué es lo que no le pertenece.

El New York Times escribió que Majluf es la figura siria que simboliza «cómo las reformas económicas de un socialismo de amiguetes dan lugar a un capitalismo de amiguetes en el que los pobres son más pobres y los ricos bien relacionados son extraordinariamente más ricos».

Rami Majluf, nacido en Damasco en 1969, es primo de Bachar el Asad. De hecho, la tía de Majluf, Anisa, es la viuda del fallecido presidente Hafez el Asad, padre del actual gobernante. De niños, Rami y Bachar eran compañeros de juegos. Hoy los unen estrechos lazos: a un lado, el jefe de Estado; al otro, el hombre de negocios, con dinero y contactos con los que El Asad puede contar en cualquier momento. El Departamento de Estado estadounidense considera a Rami Majluf uno de los «financiadores del régimen», como consta en un telegrama que envió una embajada en 2007 y que se ha publicado a través de WikiLeaks.

Por lo que se sabe hasta ahora, la fortuna de Majluf no tiene que ver tanto con el empeño y el trabajo duro como con la falta de escrúpulos y la brutalidad. «Rami Majluf se ha valido de la intimidación y, a través de sus estrechos contactos con el régimen de El Asad, ha conseguido privilegios ilícitos para sus negocios, a costa de los sirios de a pie», aseguró en el año 2008 Stuart Levey, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos y que —ironías de la historia— posteriormente se incorporó a la plantilla del HSBC. Precisamente el mismo banco que ha hecho negocios con Majluf durante años y años, como permitió descubrir la investigación Swiss Leaks del ICIJ. De todas formas, la relación de Rami Majluf con El Asad no es ningún secreto: este ejecutivo es uno de los principales apoyos del régimen, y, precisamente por eso, a nivel internacional es un proscrito con el que nadie quiere trabajar.

Mossack Fonseca parece tener una visión muy diferente de este caso. El bufete lleva años colaborando con el hombre que, según parece, vive a caballo entre Dubái y Damasco y que, con razón, apenas se deja ver en público cuando está en Siria.

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La empresa más antigua de Majluf entre todas las que encontramos en nuestros datos se llama Ramak Limited y se constituyó en 1996 en las Islas Vírgenes Británicas, cuando Majluf apenas tenía unos veinticinco años. Aquella firma absorbió una compañía siria tras otra, se quitó a los competidores de encima y se hizo cada vez más y más rica. La mano protectora de la familia de El Asad está siempre sobre ella. De este modo, Majluf «se ha beneficiado abusivamente de la corrupción pública del régimen sirio y también la ha sostenido», según las autoridades estadounidenses, que en 2008 lo incluyeron en su lista de sancionados.

Las sanciones son una de las armas más importantes con las que cuenta el Derecho internacional, ya que obligan al Gobierno de un país o a sus élites dominantes a cambiar de actitud, es decir, a dejar de oprimir a su propio pueblo, a cesar las hostilidades frente a otros países o a dejar de cometer actos de terrorismo o genocidio.

Las sanciones se dirigen a donde más duele: el dinero. El principio es relativamente sencillo: la ONU, la UE o países concretos como Estados Unidos intentan determinar qué personas tienen poder e influencia. En el caso de Siria se trata, en primer lugar, de El Asad y de su familia. A continuación, sigue el círculo más íntimo: ministros, personal de los servicios secretos o incluso gente del mundo de las finanzas, como Rami Majluf —que, al mismo tiempo, también forma parte de la familia—. Sus nombres se incluyen en la lista de sanciones para decirle al mundo: «¡Atención! ¡Quien haga negocios con esta gente tendrá problemas!».

Así pues, desde 2008 ningún ciudadano estadounidense puede trabajar con Majluf. Dentro del territorio norteamericano no ha de ocurrir nada que pueda suponer un beneficio para él. Algunos juristas incluso interpretan que las normas relativas a este embargo prohíben hacer negocios con Majluf en dólares americanos. Quien viole estas reglas puede estar seguro de que en su próximo viaje a Estados Unidos tendrá problemas. Los infractores de las sanciones, además, se arriesgan a que se los incluya también en una lista de sancionados, a que se bloquee su patrimonio o a que se confisquen sus filiales en el territorio norteamericano.

Hablando en plata: no hay que mezclarse con personas sancionadas.

En el caso de Mossfon, esta circunstancia es especialmente importante, dado que el bufete dispone de oficinas en Las Vegas, Miami y Wyoming, es decir, en Estados Unidos.

Cualquier ejecutivo en su sano juicio habría cortado todas sus relaciones profesionales con Majluf como muy tarde en 2008. Jürgen Mossack y Ramón Fonseca no lo hicieron. En la documentación empresarial de Mossack Fonseca encontramos el nombre de Majluf incluso después de este año, y también después de mayo de 2011, cuando la Unión Europa decidió seguir el ejemplo de Estados Unidos y decretar sanciones contra el financiador de El Asad, esto es, contra Majluf.

Por otra parte, no hay que perder de vista que, a fin de cuentas, las sociedades pantalla están precisamente para ocultar la identidad de los propietarios de las empresas. La materia prima de la que viven las compañías como Mossack Fonseca es el sigilo, y por él pagan grandes sumas de dinero terroristas, traficantes de armas y dictadores, entre otros.

El camino de las sanciones termina donde empiezan las sociedades pantalla: para los sancionados es relativamente fácil ocultarse tras ellas; en lugar de Rami Majluf, una de sus empresas pantalla se ocupa de sus negocios. Y, en un primer momento, nadie se da cuenta.

Por eso, no resulta extraño que dentro de la ONU o del Departamento del Tesoro estadounidense existan equipos completos de trabajadores que solo tienen una misión: averiguar tras qué empresas se esconden los financiadores de un dictador o de un terrorista. Porque, tan pronto como se descubra, esas empresas podrán incluirse en la lista de sancionados. Como ocurrió con Drex Technologies, la sociedad de Majluf cuya documentación obra ahora en nuestro poder.

Cuatro años después de que Rami Majluf entrara en la lista de sancionados de Estados Unidos, le siguió su sociedad Drex. El Departamento del Tesoro estadounidense argumentó su decisión, de julio de 2012, explicando que Majluf utilizaba aquella compañía para «posibilitar y administrar sus participaciones financieras internacionales». No está claro qué llevó a las autoridades estadounidenses a llegar a esta conclusión. Lo que vemos en nuestros datos es lo siguiente: según la escritura de constitución, Drex Technologies S. A. se creó el 4 de julio de 2000, con domicilio fiscal en las Islas Vírgenes Británicas. En la carpeta de la empresa, el nombre de Rami Majluf aparece por lo menos una docena de veces.

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Pero no solo encontramos a Rami Majluf. También figura su hermano Hafez, coronel y jefe regional de los servicios nacionales de inteligencia de Siria. Según nuestros datos, Hafez Majluf es el único propietario de una sociedad denominada Eagle Trading & Contracting Limited, y durante un tiempo dirigió una prisión de Damasco, tristemente célebre por las torturas que se cometían en ella. Además, los expertos piensan que fue responsable de los ataques con gas contra la ciudad de Guta, en los que, en agosto de 2013, perdieron la vida cientos de personas debido al gas sarín empleado. Desde 2007 su nombre aparece en la lista de sancionados de Estados Unidos y desde 2011, en la de la UE. Sin embargo, mantuvo la propiedad de esta empresa hasta, por lo menos, 2013[1].

También encontramos a otros dos hermanos más: Eyad Majluf, capitán del Ejército sirio y oficial de los servicios secretos, al que la UE incluye en la lista de sancionados por haber participado en ataques contra la población civil, e Ihab Majluf, sancionado por ser vicepresidente de Syriatel y haber proporcionado, supuestamente, dinero al régimen para reprimir manifestaciones. Este último ha tenido de cuando en cuando participaciones en varias empresas. Según los datos, de hecho, fue propietario de Hoxim Lane Management Corp[2].

¿Cómo se puede hacer negocios con esta gente?

Esta misma pregunta, aunque formulada sin hacer tanto hincapié en las cuestiones morales, se la planteó a Mossack Fonseca el periódico suizo Tages-Anzeiger ya en la primavera de 2015. Nuestros compañeros habían seguido la información que habíamos publicado sobre el bufete de abogados a finales de febrero de ese mismo año, en la que se mencionaba también a Rami Majluf. A una pregunta directa sobre este personaje, el periódico obtuvo la siguiente respuesta: «¡Mossack Fonseca NO SABÍA que el señor Majluf o cualquier otro aliado de El Asad hiciese uso o abusase de nuestros servicios de forma indirecta!».

¿Perdón? ¿Que Mossack Fonseca no sabía nada? ¿Así, en letras mayúsculas?

Majluf no solo poseía una empresa de Mossfon, sino también toda una red de sociedades offshore. ¿Y Mossfon no sabía nada de aquello?

Por decirlo de una forma cortés: eso no se corresponde totalmente con la realidad.

Por decirlo de una forma más exacta: eso es mentira.

Existen pruebas de que Rami Majluf figura en los registros de Mossack Fonseca, como muy tarde desde 1998, en calidad de accionista mayoritario de la sociedad offshore Polter Investments, de la que controlaba un 70%. Por tanto, Mossfon sabía, como muy tarde desde 1998, que Majluf era uno de sus clientes. Un intercambio de correos electrónicos en la primavera de 2011 revela hasta qué punto el bufete de Jürgen Mossack debatió internamente sobre aquellos problemas.

El departamento de cumplimiento legal de Mossfon, es decir, la unidad que se encarga de velar por el cumplimiento de todas las directrices y leyes en el funcionamiento diario, se dirige a los socios y administradores para formularles una pregunta: ¿realmente quieren seguir haciendo negocios con Rami Majluf? El hecho de que alguien aparezca en una lista de sancionados es una advertencia que se ha de tomar en serio, por lo que sería conveniente distanciarse de esa persona. ¿O no?

El jurista suizo Christoph Zollinger, que es algo así como un socio del bufete, aunque con menos derechos a intervenir en sus negocios que otros socios de mayor categoría, despeja todas las dudas: «Por mi parte —escribe en un correo electrónico del 17 de febrero de 2011—, se puede mantener a Majluf como cliente, siempre y cuando la oficina londinense del HSBC no plantee objeciones»[3].

Mossack Fonseca debate de puertas adentro sobre el problemático caso personal de Rami Majluf y se plantea incluso que es necesario analizar el caso junto con el HSBC. ¿Y más tarde Mossfon pretende hacernos creer que no sabía nada de que el financiador de El Asad fuese uno de sus clientes?

La realidad es la siguiente: es posible que Mossfon haya estado contribuyendo durante años a que el flujo de dinero hacia Siria no se agotase jamás.

Para Jürgen Mossack —que, según nuestros documentos, participó en la decisión relativa a Majluf[4]—, este hecho puede entrañar consecuencias graves. Al menos, si no nos equivocamos al suponer que, además de la nacionalidad panameña, Jürgen Mossack tiene nacionalidad alemana. En cualquier caso, entre los datos hemos encontrado una copia de su pasaporte alemán, válido hasta 2006. Hasta aquella fecha, siempre había renovado su pasaporte, que poseía desde los años sesenta. ¿Por qué no tendría que haberlo hecho en 2006?

Si no ha renunciado a su nacionalidad alemana, podría lamentarlo: en caso de que un ciudadano alemán incumpla alguna de las sanciones de la UE, se enfrenta a penas de hasta diez años de cárcel. En su respuesta al periódico suizo Tages-Anzeiger, Mossack Fonseca trató de desmentir su supuesto afán por hacer negocios con dictadores, asegurando que Mossfon habría sido bastante idiota si lo hubiese hecho. Atención a la respuesta: «¿Quién puede pensar que Mossack Fonseca se arriesgaría a ayudar a delincuentes, dictadores o autores de blanqueo de capitales y menoscabar así, de forma intencionada, con conocimiento de causa o bien por un mero error, una reputación que se ha labrado cuidadosamente durante más de treinta y siete años?». ¿Quién puede pensar que lo haría, además —Mossfon vuelve a utilizar las letras mayúsculas—, «POR UNOS INTERESES ANUALES DE APENAS UNOS CIENTOS DE DÓLARES»?

Sí: ¿quién puede pensarlo? ¿Quién puede pensar que Mossack Fonseca no solo carece de escrúpulos, sino que, además, y por lo que parece —según su propio razonamiento—, es idiota?

Tal vez sería mejor preguntarse lo siguiente: ¿quién puede imaginarse lo atrevido que es Mossack Fonseca?

A nuestro juicio, este caso no solo demuestra que es posible trazar una línea hasta El Asad. También nos revela cómo actúa Mossack Fonseca.

Esta empresa no tiene ningún escrúpulo a la hora de difundir mentiras y tergiversar los hechos cuando le parece oportuno.

El caso Majluf también pone en evidencia por qué la existencia de sociedades anónimas pantalla supone un problema vital para millones de personas: porque pueden ayudar a los dictadores a burlar las sanciones de la comunidad internacional. Porque pueden ayudar a brutales tiranos a saquear los países que están bajo su control. Y porque permiten esconder el botín en empresas offshore, cuyas cuentas bancarias suelen encontrarse en Suiza o Luxemburgo. En el caso de Rami Majluf, concretamente, en el banco suizo HSBC.

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A la pregunta que el Süddeutsche Zeitung le plantea en febrero de 2015, Mossfon responde que nunca aceptaría como clientes a personas que figurasen en listas de sancionados. En consecuencia, buscamos listas de este tipo publicadas por la ONU, la UE y Estados Unidos. Un directorio de dictadores, terroristas y genocidas. Y de sus empresas. Hay cientos de nombres, con todas las ortografías posibles. Los cotejamos con nuestros datos. Y nos quedamos de piedra.

¿Que Mossfon no hace negocios con ninguna persona que aparezca en listas de sancionados?

¡Venga ya!

Entre sus sociedades pantalla encontramos cómplices de dictadores africanos, capos del narcotráfico de Centroamérica y delincuentes sexuales. Son tantos que enseguida nos sentimos sobrepasados. Elaboramos listas y comparamos la información de los documentos con aquella que facilitan la UE, la ONU y Estados Unidos. A continuación, un extracto:

Bredenkamp, John Arnold.

Este traficante de armas, nacido en Sudáfrica, figuró entre 2009 y 2012 en la lista de sancionados de la UE por sus «fuertes lazos con el Gobierno de Zimbabue». El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo calificó de «cómplice del régimen de Mugabe» y lo sancionó, a él y a veinte de sus empresas, en 2008[5].

Majluf, Eya.

Primo de Bachar el Asad y oficial de los servicios secretos sirios, en mayo de 2011 se lo incluyó en la lista de sancionados de la UE por haber participado en la represión de las protestas.

Majluf, Hafe.

Este coronel y antiguo jefe regional de los servicios nacionales de inteligencia de Siria figura desde mayo de 2011, junto con sus hermanos, en la lista de sancionados de la UE.

Majluf, Iha.

Primo del presidente sirio, Bachar el Asad, fue sancionado por la UE, en mayo de 2011, por «financiar al régimen y contribuir así a reprimir las manifestaciones».

Majluf, Ram.

Supuestamente, el hombre más rico de Siria. Estados Unidos lo sancionó en febrero de 2008 y la UE lo hizo en mayo de 2011.

N’Da Ametchi, Jean-Claud.

En 2011, la UE incluyó a este banquero en su lista de sancionados por su contribución «a la financiación de la administración ilegítima» del entonces presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo[6].

Rautenbach, Muller Conra.

Este empresario y su compañía Ridgepoint Overseas Developments, gestionada por Mossfon, fueron sancionados entre 2008 y 2014 por Estados Unidos, que consideraba que ambos pertenecían al entorno del autócrata de Zimbabue Robert Mugabe. En 2012, la UE suspendió las sanciones que, por su parte, había decretado en 2009[7].

Stjepanovic, Sav.

En febrero de 2015, Estados Unidos decidió sancionar a este ciudadano esloveno por pertenecer a una red internacional de tráfico de esteroides[8].

Ternawski, Anatol.

Este bielorruso figuró en la lista de sancionados de la UE entre 2012 y 2014 por formar parte del entorno de Alexánder Lukashenko, el autócrata de su país[9].

Timchenko, Gennad.

En marzo de 2014, durante la crisis de Crimea, este oligarca de nacionalidad ruso-finlandesa entró en la lista de sancionados estadounidense[10].

Durante años, Mossfon ha suministrado sistemáticamente sociedades pantalla a todas estas personas.

En algunos casos, ni siquiera cuando las empresas o sus socios caían en el punto de mira de las autoridades y se incluían en las listas de sancionados, Mossfon consideraba que hubiese algún motivo de peso para interrumpir sus relaciones empresariales con ellos, como lo demuestran los siguientes ejemplos:

Brodway Commerc.

Las autoridades de Estados Unidos impusieron en 2012 una serie de sanciones contra esta empresa. Entre sus directivos se encontraba la guatemalteca Marllory Dadiana Chacón Rossell, conocida como «la Reina del Sur», quien, según el Departamento del Tesoro estadounidense, había construido una de las mayores redes de narcotráfico de Centroamérica[11].

Drex Technologies S. A.

En 2012, tanto Estados Unidos como la Unión Europea incluyeron a esta empresa, constituida en las Islas Vírgenes Británicas en el año 2000, en su lista de sancionados, dado que pertenecía a Rami Majluf[12].

Kuo Oil Pte. Ltd.

Esta empresa, con domicilio fiscal en Singapur, estuvo sancionada por Estados Unidos entre 2012 y enero de 2016 por haber suministrado a Irán, en 2010 y 2011, cantidades de petróleo por un valor de más de veinticinco millones de dólares y haber violado así el embargo comercial impuesto a aquel país[13].

Ovlas Trading S. A.

En diciembre de 2010, Estados Unidos impuso sanciones a esta empresa por considerar que tras ella estaba Kassim Tajideen, un importante financiador de Hizbulá[14].

Petropars Ltd.

Estados Unidos sancionó a esta empresa entre junio de 2010 y principios de 2016, en el contexto del embargo contra Irán[15].

Timpani Exports Limite.

Esta compañía, con domicilio fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, fue sancionada por Estados Unidos en noviembre de 2008 por pertenecer a John Arnold Bredenkamp, que, como ya se ha mencionado, formaba parte del entorno más próximo al autócrata de Zimbabue Robert Mugabe[16].

Enviamos al ICIJ lo que hemos descubierto. En estos momentos, hablamos casi a diario con su jefe, Gerard Ryle, por teléfono, por chat o por correo electrónico. Él nos hace preguntas y nosotros respondemos. La estructura de los datos, los paraísos fiscales que suelen aparecer con más frecuencia entre nuestros archivos, las nacionalidades de las personas cuyas copias de pasaportes figuran en nuestra documentación… Gerard quiere saberlo todo. Sin embargo, todavía no ha confirmado si él y el ICIJ van a unirse a este proyecto. Por eso, durante cada minuto libre que tenemos a nuestra disposición, seguimos buscando entre los datos y siempre encontramos nuevas historias.

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Si bien la mayoría de las historias son serias —los traficantes de armas y los dictadores son responsables de muchísimas muertes—, otras resultan absurdas: hace tiempo que estamos buscando información sobre la ex primera ministra de Ucrania, Yulia Timoshenko, y sobre su predecesor, Pavlo Lazarenko. Parece que ambos desviaron millones de dólares en los años noventa. Tiempo después, Lazarenko fue condenado a varios años de cárcel por un tribunal suizo, primero, y por un tribunal estadounidense, después, por blanqueo de capitales. Los investigadores estadounidenses se refirieron ya entonces a Yulia Timoshenko como «cómplice no incluida en la querella»[17].

Volvemos a introducir «Lazarenko» en nuestra herramienta de búsqueda y, entre otros documentos, encontramos un fax, firmado por el mismísimo Pavlo Lazarenko. Y no en los años noventa, sino el 21 de abril de 2005.

Lo absurdo de este fax: que Lazarenko sostiene que, hasta hace unas pocas semanas, no estaba al corriente de que fuera dueño de Gateway Marketing Inc., una sociedad pantalla gestionada por Mossack Fonseca. Por eso, solicita todos los documentos relacionados con el caso.

¡Anda, qué sorpresa! ¡Tengo una sociedad pantalla!

Lazarenko envía el fax desde California. Reside allí, en una mansión de dimensiones grotescamente enormes. Hay algunas imágenes de esta propiedad, que dispone de seis piscinas en diferentes niveles[18].

Así pues, una vez más nos encontramos con un jefe de Estado o de Gobierno entre nuestros datos. Después del rastro que apuntaba a El Asad, Putin y los Kirchner, al primer ministro de Islandia y al antiguo presidente nicaragüense Amoldo Alemán el Gordo, ahora le toca el turno a Ucrania.

Con el paso del tiempo, se hace evidente que merece la pena organizar estos casos en una carpeta con un nombre específico: «Jefes de Estado».

[SZ]: Hay un periódico de Suiza que habla de Mossack Fonseca y de la filtración. El autor ha hecho una serie de preguntas a Mossfon.

[John Doe]: ¡No me digas! ¿Y qué ha respondido Mossack Fonseca?

[SZ]: Dice: «Por ahora, no se ha filtrado ni un solo dato desde nuestra organización».

[John Doe]: ¡Ja! ¡Ninguna filtración, dice! Si esto no es una filtración, me pregunto por qué entonces necesito toda mi memoria para almacenar los datos…

¿De dónde obtiene los datos nuestra fuente? Evidentemente, nos encantaría saberlo con toda la precisión posible. Pero no es algo decisivo.

Lo decisivo es que los datos sean ciertos y relevantes para la sociedad. Relevantes lo son, sin duda. Y, después de cruzar varias veces la información, tampoco dudamos de que sean ciertos.

De todas formas, la pesadilla de cualquier periodista de investigación es que alguien le cuele datos falsificados. La idea de que es imposible que alguien falsifique tal cantidad de información no nos tranquiliza del todo. Bastaría con que un solo documento decisivo fuese falso. El proyecto sería entonces objeto de duras críticas, aun cuando el 99% de los datos fueran ciertos.

Hemos cotejado nuestros archivos con documentos judiciales, registros públicos y otras fuentes, y no hemos encontrado nada extraño. Pero hay algo más que nos da seguridad: nos hemos enterado de que, hace algún tiempo, varios inspectores fiscales de Alemania compraron datos de Mossfon. Podríamos buscar una vía indirecta para compararlos con los nuestros.

Descubrimos que, aunque nuestros datos son muchísimo más actuales y numerosos, la información acerca de las sociedades offshore que hemos conseguido, tanto los inspectores como nosotros, no se contradice en ningún punto.

Junto con el jefe del ICIJ, Gerard Ryle, nos planteamos ciertas preguntas, una y otra vez.

¿Quién podría estar interesado en manipularnos?

¿Quién podría intentar tendernos una trampa? ¿Y cómo?

¿Cómo podemos comprobar la fiabilidad de la fuente?

Estas y otras preguntas nos llevan siempre a concluir que lo decisivo no es la fuente, sino el material. Y confiamos en él. En parte porque hemos cruzado ya cientos de datos.

En este sentido, estamos de acuerdo con el jefe del ICIJ, que, entretanto, ha comunicado oficialmente que nuestra información merece que su consorcio organice un proyecto específico sobre este tema.

Comienza la planificación.

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Mientras, seguimos teniendo un problema: hay demasiados datos. Ninguno de los dos es experto en manejar grandes cantidades de información, por mucho que en el pasado hayamos participado en algunos proyectos de similares características. La gran diferencia es que en esta ocasión los datos no aterrizan en un punto cualquiera, sino directamente en nuestra sede. Más o menos nos las arreglamos con las cuestiones de seguridad y almacenamiento: compramos discos duros externos, de 0,5 terabytes, modificamos el emplazamiento de nuestra información, hacemos copias de seguridad y ciframos los lectores de datos.

Sin embargo, hemos llegado a un punto en el que no podemos seguir buscando adecuadamente la información. Ya en las semanas pasadas la búsqueda estaba muy limitada porque era imposible utilizar ninguna herramienta de reconocimiento de textos en los archivos PDF y en las fotografías de contratos. El dispositivo de búsqueda de nuestro PC no detectaba el contenido del texto. Tan solo reconocía los nombres de los archivos y sabía que se trataba de imágenes.

Cuando nuestros ordenadores alcanzan aproximadamente los doscientos gigabytes, se rinden. Unos expertos en tecnologías de la información nos explican que nuestros equipos tienen muy poco de eso que tanto se necesita para hacer búsquedas entre grandes cantidades de información: memoria secundaria, memoria principal y potencia.

Así pues, necesitamos un nuevo ordenador. Y pronto. De hecho, nuestro jefe de sección y los jefes de redacción están de acuerdo en conseguirnos un nuevo y potente portátil. Incluso nos autorizan a pedir ese equipo a través de nuestra estricta central de compras. El problema es que, cuando preguntamos cuánto tardará en llegar a la oficina nuestro portátil especial, el experto calcula que se requerirán entre cuatro y seis semanas. Y eso, si todo va bien. Así pues, en lugar de recurrir a esta vía, compramos el equipo por internet y una semana más tarde lo tenemos ya en nuestro despacho.

Además de algunas características técnicas específicas, el portátil tiene, ante todo, una particularidad: nunca se ha conectado a internet. Su WLAN se encuentra desactivada y en el dispositivo jamás se ha empleado un cable LAN. Es lo que se conoce como air gap.

Una de las múltiples enseñanzas que permitió extraer la filtración de Snowden es que un ordenador solo puede considerarse medianamente a salvo de interceptaciones si nunca se ha conectado a internet, si un air gap —es decir, un espacio de aire, un vacío— lo separa de otros sistemas. Los servicios secretos pueden controlar móviles a distancia incluso cuando están apagados. Entrar en un ordenador conectado a una WLAN es un juego de niños. En cambio, si contamos con un espacio de aire, el agente de los servicios secretos tendría que acceder directamente al PC en cuestión, es decir, al rascacielos en el que se encuentra el Süddeutsche Zeitung, pasando por delante del servicio de seguridad de la entrada.

Cada dos días nos reunimos y reflexionamos sobre cómo proceder a continuación. La actualidad no nos molesta demasiado a la hora de trabajar: uno de nosotros está investigando de forma simultánea un escándalo sobre unos huevos contaminados con salmonela, el otro salta cada dos semanas a temas como la cuestión de la renuncia al espionaje mutuo entre países o el ataque hacker contra el Bundestag. Por lo demás, nuestros compañeros Hans Leyendecker y Klaus Ott nos liberan de trabajo gracias a su capacidad casi inquietante para producir historias. A nadie le llama ya la atención que los «hermanos Obermay/ier» lleven semanas trabajando en un nuevo proyecto secreto.

A estas alturas ya hemos decidido que nos vamos a centrar primero en los aspectos internacionales. Antes de difundir la información por todo el planeta, queremos comprender qué trascendencia puede tener a nivel mundial esta montaña de datos cada vez más alta.

Tras la aprobación del ICIJ, la maquinaria de filtraciones está ya en marcha: Gerard Ryle ha informado a los especialistas en datos, a los reporteros y a los organizadores de su asociación. Será Marina Walker, adjunta a Ryle, la encargada de dirigir este nuevo proyecto. Esta argentina lleva quince años en el mundo del periodismo de investigación y ha recibido ya casi todos los premios que se pueden ganar en esta profesión: el Investigative Reporters and Editors Award, el galardón del Overseas Press Club y el de la Society of Professional Journalists. Pero lo mejor de Marina Walker es que tiene excelentes dotes para la organización. Es perfecta para este proyecto.

Por fin se resolverán las cuestiones pendientes, casi infinitas: ¿qué medios se embarcarán en esta travesía?, ¿cuándo empezaremos a informar a los compañeros en el ámbito internacional?, ¿cuál será el papel concreto del Süddeutsche Zeitung en este proyecto?

Al mismo tiempo, debatimos también acerca de cuestiones de procedimiento: ¿qué tipo de comunicación es la más segura?, ¿cómo transferimos los primeros documentos?, ¿en qué programas podemos confiar? Habrá mucha gente que ha hecho negocios con Mossfon a la que no le gustarán nuestras pesquisas, lo que nos convierte a todos en potenciales objetivos que vigilar.

Hablar de estas cuestiones de forma práctica es para nosotros algo normal. La comunicación cifrada no es nada nuevo. Pero cuando recordamos quién está entre estos datos, siempre nos invade una sensación de malestar.

Hemos descubierto en varias ocasiones la huella de personas que, por lo que parece, han ordenado asesinar a otras. ¿Queremos informar de ello? ¿Queremos estar en el punto de mira de la mafia italiana? ¿O de la mafia rusa?

Ambas organizaciones mantienen vínculos con sociedades pantalla de Mossack Fonseca: un ruso cuyo nombre figura en los documentos fue detenido por tráfico de armas en el contexto de la mafia rusa; un italiano aparece como contable de una rama mafiosa. Todavía no entendemos para qué se utilizan exactamente estas empresas. Pero si la cooperación del ICIJ funciona bien, dispondremos de ayuda: podremos pasarles estas historias a los compañeros de Italia y Rusia.

Son ellos quienes pueden valorar los peligros mucho mejor que nosotros. Por ejemplo, el italiano Leo Sisti, del semanario L’Espresso, lleva más de treinta años descubriendo los tejemanejes delictivos en su país. Fue el primero que escribió acerca de los negocios offshore de Silvio Berlusconi y ha publicado libros sobre las finanzas de Al Qaeda y de la mafia siciliana. Y otro dato importante: todavía está vivo.

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La conexión con El Asad nos ha enganchado. Buscamos más personas del oscuro entorno de este hombre que libra una guerra en la que hasta ahora han muerto ya más de doscientas cincuenta mil personas. Y encontramos algo. Un hombre llamado Suleimán Maruf figura como accionista de algunas de nuestras empresas pantalla. Al igual que en el caso de Rami Majluf, se lo considera un buen amigo de El Asad. Según los medios de comunicación, es el London fixer del dictador sirio, es decir, el intermediario en sus negocios en Londres[19].

Un detalle adicional: compró —según se deduce de los correos electrónicos que publicó WikiLeaks— caros jarrones Ming y artículos de decoración de interiores del diseñador Armani en los distinguidos grandes almacenes londinenses Harrods para la esposa de El Asad, Asma, cuando ella era, desde hacía mucho tiempo, una persona non grata en Europa. En un momento en el que cientos de miles de personas habían perdido ya la vida en la guerra civil de Siria, Asma el Asad se abastecía con productos de Harrods en plena época de rebajas[20].

Diez meses después de que Maruf pasara a formar parte de la lista de sancionados de la UE, el departamento de cumplimiento legal de Mossack Fonseca se puso en contacto con la oficina que Mossfon tenía en Londres. No en vano, Maruf poseía al menos once empresas, de las cuales siete se utilizaban aparentemente para comprar o mantener inmuebles en el Reino Unido. La conclusión del departamento de cumplimiento legal: «Según nuestra valoración de riesgos, cabe considerar que estas empresas son muy arriesgadas». Los empleados de Mossfon buscaron a Maruf en el World Check, una de esas bases de datos en las que se incluye a todas las personas que mantienen vínculos sospechosos con políticos o delincuentes. También buscaron en Google y encontraron los mismos datos que nosotros habíamos localizado: Maruf era el «hombre de El Asad en Londres» y figuraba en las listas de sancionados.

Pese a ello, Suleimán Maruf siguió siendo cliente del bufete incluso en 2015. Sea como fuere, en ocasiones la inactividad de Mossack Fonseca le resulta provechosa: desde 2014 Maruf ya no está en la lista de sancionados. Ante la presión de sus abogados, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico lo sacó de ella «por falta de pruebas sólidas que se puedan presentar ante los tribunales».

Encontramos también una empresa llamada Maxima Middle East Trading Co., que en enero de 2013 decidió abrir, como mínimo, una cuenta en el Syria International Islamic Bank. Cuando Siria llevaba tiempo sumida en una guerra civil, se informó de que el banco habría proporcionado dinero al régimen de El Asad y lo habría ayudado a esquivar las sanciones. Por este motivo, Estados Unidos sancionó a la entidad financiera en 2012. Y, sin embargo, Mossfon ayudó a su cliente a abrir una cuenta en el banco.

La principal duda que nos asalta es la siguiente: ¿por qué la empresa quería abrir una cuenta en este banco?

Estudiamos con más detenimiento la compañía, documento a documento; buscamos en bases de datos; preguntamos a expertos. Descubrimos que Maxima Middle East Trading Co. cuenta con una oficina en la zona franca de Sarja, uno de los siete Emiratos Árabes Unidos. Una conocida puerta giratoria para suministros secretos hacia Siria. De hecho, las autoridades estadounidenses consideran que esta empresa es el centro neurálgico de un complicado entramado de empresas a través del que, mediante documentos falsificados, se facilita gasolina a Siria. En diciembre de 2014 se incluyó Maxima Middle East Trading Co. y a su director por aquel entonces, Ahmad Barqaui, en la lista de sancionados de Estados Unidos[21].

El Departamento del Tesoro estadounidense sospecha que la empresa «ha colaborado con una compañía rusa de petróleo y gas para comprar petróleo destinado a las refinerías de Homs y Damasco que se encuentran bajo el control del Gobierno [sirio]». De esta forma, «ayudó a ejecutar un plan de suministro de combustible para los aviones de Siria», es decir, de suministro del carburante que el régimen sirio necesita para bombardear a su propia población.

En los negocios de Maxima Middle East Trading Co. estaría implicada también una empresa llamada Pangates International Corporation Ltd.

Aparece igualmente entre nuestros datos. En concreto, tres veces.

Pangates se menciona en los documentos en tres ocasiones: una, como compañía en el paraíso fiscal de Niue, una isla del Pacífico Sur; otra, en Samoa, y otra, en las Seychelles. Finalmente, en julio de 2014, Estados Unidos sancionó a esta sociedad, considerando que «pone apoyo material, bienes y servicios a disposición del Gobierno sirio»[22].

Es decir, a disposición de El Asad. Pese a ello, siguió figurando un año más en los registros internos del bufete como sociedad activa. Un año más en el que Mossfon violó, según parece, un embargo estadounidense[23].

6. De la Waffen-SS, pasando por la CIA, hasta Panamá

[6.]

DE LAS WAFFEN-SS, PASANDO POR LA CIA, HASTA PANAMÁ

259 gigabytes, 260 gigabytes, 261 gigabytes.

Con estas dimensiones, nuestro cúmulo de datos es la filtración más grande que haya caído jamás en manos de periodistas. Más que las filtraciones de empresas offshore anteriores.

En comparación, los cables publicados por WikiLeaks ocupaban 1,7 gigabytes. La filtración de Suiza, los documentos de Hervé Falciani: 3,3 gigabytes. Los papeles de Luxemburgo: 4 gigabytes. Las actas de la guerra de Afganistán difundidas por WikiLeaks: 1,4 gigabytes.

Por supuesto, el tamaño de una filtración no es determinante. 260 gigabytes de documentos irrelevantes no dejan de ser documentos irrelevantes. Además, es difícil imaginar qué significan 260 gigabytes. Concretamente, pueden caber casi un millón de correos electrónicos y varios millones de páginas de documentos secretos. Semejante cantidad de información sí es un punto de partida, y el título de «la mayor filtración del mundo» llamará la atención en el momento en que saquemos a la luz los resultados de la investigación.

«¿De verdad queréis hacerlo, realmente queréis llegar a publicar algo?», bromearía ahora nuestro jefe Hans Leyendecker, que ya hacía tiempo que nos tomaba el pelo con que en el fondo nos habíamos despedido del periodismo de verdad y no hacíamos más que sentarnos en nuestros discos duros. Aun así, él fue quien nos permitió llevar a cabo todo esto, y quien defendió «que no hiciéramos nada» en el periódico.

Probablemente, el tamaño de la filtración ayudará a despertar la curiosidad por el proyecto de nuestros compañeros del ICIJ. Cuanto mayor sea la filtración, más probabilidades tiene cada periodista de encontrar buenas historias sobre su propio país. Y cuantos más colegas se unan a la investigación, más historias sacaremos a la luz juntos.

El mundo. Nuestra filtración. El Asad, Putin, Islandia, quinientos millones. Todo es un completo absurdo.

Lo más increíble es que nuestra fuente sigue adelante, no para.

Al día siguiente hablamos por teléfono con el director del ICIJ, Gerard Ryle. Se lo contamos, y le explicamos que los argumentos para nuestros compañeros del ICIJ serán cada vez mejores. Se alegra, pero enseguida deriva la conversación hacia las cuestiones prácticas. El ICIJ enviará dos especialistas en datos a Múnich: la periodista española Mar Cabra, jefa del equipo de datos del ICIJ, y el costarricense Rigoberto Carvajal, el programador jefe. Ambos nos darían una visión crítica de nuestros datos e intentarían entenderlos. Nos explicarían cómo afrontar semejante avalancha de datos, y nos proporcionarían un programa para poder buscar mejor en ellos. Además, se llevarían un disco duro a Washington. Encriptado, por supuesto. Mejor dicho: encriptado y oculto.

Esto funciona así: con programas de cifrado como TrueCrypt o VeraCrypt —según Edward Snowden, como mínimo hasta hace poco llevaban de cabeza a los expertos de la NSA, la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos— se prepara un disco duro externo de manera que a primera vista solo está encriptado. En realidad, además de la unidad visible hay otra en el disco duro, invisible y cifrada. Si el FBI, la aduana o cualquier otro obligara a Rigoberto o Mar a abrir el disco duro y desencriptar una unidad, podrían introducir la contraseña de la unidad visible. Así se entra en el disco duro, pero ahí solo tendremos grabadas un par de carpetas con algunos documentos que parecen secretos e importantes pero en realidad no lo son.

No se puede demostrar ni ver que exista una segunda unidad.

Encriptar un disco duro así no es muy complicado, pero tampoco es lo más fácil para gente como nosotros, que hasta entonces teníamos que esforzarnos para recordar contraseñas de seis caracteres.

Nuestras nuevas contraseñas son más o menos así:

Nvc87sad5chj56586356%&fc8796c_

ndnuc71dehdtg3%$654tz3.

No es broma. De pronto, sin previo aviso, nos hemos convertido en nerds, en geniecillos de la informática.

Por otra parte, ya está bien: no está mal preocuparse un poco por la seguridad. En todo caso, el cifrado del disco duro fue tarea nuestra hasta que Mar y Rigo, a los que conocíamos de la filtración de las empresas offshore, llegaron a Múnich.

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Cuando los dos expertos en datos se ponen en camino, estamos inmersos en una investigación de lo más convencional, visitamos archivos y hojeamos documentos amarillentos. Cuando conseguimos rastrear el camino de Jürgen Mossack a Panamá, ya hemos hecho varias consultas a archivos: queríamos saber si su padre tenía un pasado nacionalsocialista, es decir, si contaba con una motivación especial para irse a Iberoamérica.

Ahora tenemos los primeros resultados de nuestras consultas, y estábamos en lo cierto: Erhard Mossack estuvo en las Waffen-SS. En el Bundesarchiv encontramos su «cartilla de pagas», donde figura que Mossack fue ascendido a Rottenführer, es decir, cabo primero, en septiembre de 1944.

En un expediente de la policía estadounidense descubrimos más datos: Erhard Mossack, nacido el 16 de abril de 1924 en Grube-Erika, en la circunscripción de Hoyerswerda —al norte de Sajonia—, entró con quince años en las Juventudes Hitlerianas, y con dieciocho en las Waffen-SS. Entre las «características especiales» figura una cicatriz en el interior de la parte superior del brazo, «donde se ha eliminado el tatuaje con el grupo sanguíneo», que era un signo casi inequívoco de pertenencia a las SS. Muchos miembros de las SS intentaron deshacerse del tatuaje durante la última época de la guerra y más tarde. Según el expediente, Erhard Mossack cambió en noviembre de 1942 a la división Totenkopf de las SS, con la que combatió en la extinta Checoslovaquia, Finlandia y Noruega. En enero de 1945, pocos días después de ser ascendido a Rottenführer, lo enviaron al frente occidental y en marzo de 1945 fue detenido por las tropas estadounidenses. En diciembre logró huir del campo de prisioneros de guerra francés de Le Havre y logró llegar hasta Alemania.

En 1946 fue detenido en Offenbach, cerca de Francfort del Meno. Un informante del CIC, la contrainteligencia estadounidense, aseguró que Mossack estaba «en posesión de una larga lista de nombres» vinculados a una organización clandestina de la que el propio Mossack era miembro. El CIC consideraba que Mossack estaba «completamente adoctrinado por la ideología nazi. Como suele ocurrir con los líderes de las Juventudes Hitlerianas, sigue viviendo en su mundo de consignas nazis y es un ejemplo destacable de lo que era la juventud alemana con Hitler».

La gran pregunta es: ¿por qué luego un hombre de las Waffen-SS pudo viajar a Estados Unidos?, pues ese era el destino que indicó en su baja del registro en Alemania.

La explicación es que Erhard Mossack había cambiado de bando después de la guerra. Lo descubrimos con una sencilla búsqueda en Google: escribimos «Erhard Mossack» y en algún momento acabamos en una página web donde se publicaban documentos estadounidenses relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos había una lista de nombres de presuntos nazis que habían trabajado para los servicios secretos americanos después de la guerra. Uno de los nombres era Erhard Mossack.

Eso explicaría el permiso de entrada, en caso de que hubiera viajado a Estados Unidos, y no directamente a Panamá. Sea como fuere, es probable que la mano protectora de la CIA encubriera el viaje. Panamá era un lugar más seguro y agradable para los nazis que por distintos motivos ya no eran bien vistos en Estados Unidos, como explica Eric Lichtblau en su libro The Nazis Next Door con varios ejemplos.

El ejemplo de Klaus Barbie ilustra la falta de escrúpulos del servicio secreto estadounidense en su búsqueda de informantes entre los nazis. Klaus Barbie, «el Carnicero de Lyon», vivió en Iberoamérica como «Klaus Altmann», y también pasó un tiempo en Panamá.

Existe un cable de la CIA sobre el trabajo de Erhard Mossack como informante en el que no sale bien parado. Por el contenido parece tratar de agentes cubanos, pero la CIA no está del todo segura de hasta qué punto era de fiar Mossack, o si podía tener problemas con su pasado.

Sin embargo, queda claro que Mossack colaboraba con los servicios secretos. El Bundesnachrichtendienst (BND), el Servicio Federal de Inteligencia, dedicado a la inteligencia exterior de Alemania, respondió a nuestra consulta. Queríamos saber si en su material de archivo había información sobre Erhard Mossack, y la hay. No obstante, el BND no quiso entregárnosla, pues su publicación podría, entre otras cosas, «poner en peligro el bienestar de la República Federal Alemana o de uno de sus estados federados».

De momento, todo muy misterioso.

Por desgracia, aquí se estanca la historia de Mossack. Lo único seguro es que un tal «Peter Erhard Mossack» fue director y presidente de una empresa creada en marzo de 1965 llamada Unión Alemana de Exportación S. A. También había una directora: Luisa Herzog de Mossack, su mujer. Según la documentación, la empresa tuvo alquilado un despacho hasta el año 1970 aproximadamente.

En 1989, Jürgen Mossack, su hijo y rey de las empresas offshore, intenta vender la empresa por veinte mil dólares a un abogado londinense que, curiosamente, quería tener sin falta una empresa creada hacia 1960. La Unión Alemana de Exportación S. A. era diez años demasiado joven, así que la venta no llegó a realizarse.

¿Para qué necesita un abogado londinense en 1989 una empresa offshore creada en 1960? Teóricamente así se puede aparentar, por ejemplo, que una empresa posee una larga trayectoria. Cuando, por ejemplo, alguien quiere participar en concursos públicos, por lo general tiene más opciones si hace tiempo que ejerce en el sector y no solo unos meses. En ese caso, los expertos hablan de empresas vintage, puesto que deben parecer usadas. Como los tejanos. Sin embargo, no conocemos las intenciones de la persona interesada en comprarle la empresa a Mossack.

Dado que el servicio secreto alemán ha levantado un muro, las intenciones y actividades específicas del exmiembro de las Waffen-SS, y más tarde informante de la CIA y con expediente en el BND, siguen ocultas. Lo que sí queda claro es que los Mossack, tanto el padre como el hijo, se regían por un mismo principio: no ser muy quisquilloso al elegir socio.

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A principios de mayo de 2015, los dos expertos en tratamiento de datos del ICIJ Rigoberto Carvajal y Mar Cabra llegan a Múnich. Cuando les contamos la historia de Erhard Mossack quedan fascinados. Los nazis siempre funcionan, y la CIA también. Pero la suma de ambos es fantástica.

Rigo Carvajal y Mar Cabra han alquilado un piso en Múnich, y cuando llegamos nos sentimos como si estuviéramos en la parodia de una película de hackers. Todas las persianas están bajadas, hay portátiles sobre dos mesas, cables esparcidos por todas partes, discos duros externos que parpadean, pantallas que titilan, ordenadores que emiten un zumbido. En medio hay lápices USB, tazas de café y mochilas.

Mar y Rigo esbozan una sonrisa de oreja a oreja. «Bienvenidos al mundo de los datos», dice Mar. Dejamos nuestros portátiles y nos sumergimos en ese singular universo.

Les pasamos el material que tenemos hasta ese momento. Luego, les contamos todo lo que sabemos sobre él: que Mossack Fonseca tiene sus datos muy bien organizados. A cada empresa creada por Mossfon le corresponde un número identificativo. Después se crea una carpeta digital en el sistema con ese número, donde los empleados de Mossfon guardan todo lo relacionado con la empresa: actas fundacionales, copias de las acciones emitidas, registro de los directores y los accionistas, contratos, pasaportes oficiales escaneados y, sobre todo, mensajes de correo electrónico relacionados con la empresa.

Mar, la jefa de datos del ICIJ, tiene el temperamento de como mínimo tres personas. Como una pelota de goma, siempre está en movimiento, sobre todo con los brazos, y habla casi ininterrumpidamente, incluso cuando somos nosotros quienes debemos explicar lo que tenemos. De vez en cuando suelta una carcajada, se disculpa y dice: «¿Por qué no decís nada? ¡Al fin y al cabo estamos aquí por vosotros!». Pero, al mismo tiempo, Mar es muy estructurada. Cada tantos minutos escribe una lista nueva de tareas que hacer, elabora nuevos calendarios, define escenarios con la posible situación en el mejor y el peor de los casos. Tiene la situación controlada, como a todos los colaboradores.

Rigo, el programador, casi siempre está tranquilo y escuchando, pero le brillan los ojos. De vez en cuando hace una pregunta y se puede ver cómo funciona. Su trabajo consiste en procesar los datos de manera que los periodistas puedan trabajar con ellos lo mejor posible. Al final de cada investigación del ICIJ no hay nadie que conozca tan bien los datos como Rigo. Debe comprender cada ramificación para, al final, poder programar a la perfección distintas herramientas que sirvan a todos: una base de datos con todos los documentos secretos, asegurada varias veces, accesible para todos los periodistas que participan en el proyecto en todo el mundo. Un foro seguro en el que se pueda comunicar todo. Y una base de datos solo para los datos estructurales que permitan visualizaciones: tenemos que poder visualizar cada empresa con todas las unidades relacionadas con ella, en especial los accionistas y los intermediarios. Además, en uno o dos clics, esa es la idea de Rigo, todos los periodistas implicados pueden saber si una persona también participa en otras empresas y, de ser así, en cuáles. Y qué otras personas participan a su vez en esas empresas, y así sucesivamente. Rigo es un entusiasta de las representaciones gráficas de complejas redes empresariales.

Todo eso no es nada fácil. En muchos casos en la columna de los propietarios solo aparece «The Bearer» o «El Portador». Eso lo aprendimos al principio de la investigación: si en las empresas offshore aparece una única acción al portador, el propietario de la empresa es la persona que tiene físicamente ese papel en su poder. La ventaja es que es muy fácil comprar y vender empresas sin dejar rastro, junto con todo lo que pertenece a estas, ya sea una mansión en Mallorca o un cargamento de fusiles para un país en guerra. Es imposible determinar a quién pertenece la empresa, esa información a menudo ni siquiera aparece en las carpetas internas de Mossack Fonseca, o solo en uno de los mil documentos que contiene una carpeta.

Así que si realmente queríamos publicar algo, y así se lo prometimos al jefe, teníamos que ser más rápidos y eficaces en la búsqueda.

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Necesitamos un programa como Nuix Investigator. Nuix es una empresa australiana que elabora aplicaciones de tecnología de la información (TI) forenses. Eso significa que sus programas sirven para ordenar y examinar datos caóticos. De hecho, son capaces de descifrar incluso archivos PDF, imágenes y escaneos impenetrables. Teniendo en cuenta los miles de datos así de los que disponemos, Nuix es justo lo que necesitamos. El único problema es que cuesta una fortuna. Suelen trabajar con este programa los servicios secretos, despachos de abogados, policías y agentes anticorrupción. «Ningún otro programa más que Nuix puede procesar con la suficiente rapidez grandes cantidades de datos para respetar los plazos establecidos por la SEC», así se anuncia Nuix en su página web. La SEC es la autoridad estadounidense supervisora del mercado de valores, y por tanto trabaja con miles de datos. Si Nuix puede manejar eso, debería poder procesar nuestros datos.

A pesar de que Nuix es tan caro, el ICIJ y nosotros ya habíamos trabajado con este programa en la filtración de empresas offshore. El jefe del ICIJ, Gerard Ryle, es australiano, y consiguió que la empresa apoyara el trabajo de la asociación de periodistas con varias licencias gratuitas.

Nuix también nos las concede para este proyecto, y recibimos una licencia que Mar y Rigo nos llevan en un lápiz USB. Así que nos sentamos con cierto aire reverente delante de nuestros portátiles nuevos, con 500 gigabytes de espacio de almacenamiento, y dejamos que Mar y Rigo nos expliquen cómo funciona Nuix. Superficialmente es muy fácil: se trata de un campo de búsqueda que se usa como si fuera una búsqueda en Google, una ventana de visualización y una lista de resultados. También se obtiene la ruta del archivo, el entorno y la estructura en árbol. Además, con un clic se pueden exportar todos los resultados de una búsqueda y archivarlos cuando no hay tiempo para valorar la búsqueda.

Una persona que siempre ha trabajado con buscadores gratuitos y luego pasa a Nuix tiene la sensación de pasar de un cochecito infantil a un Fórmula 1.

El principio básico de Nuix es sencillo: el programa carga los ficheros en los que se realiza la búsqueda como «pruebas» y les asigna automáticamente palabras clave o, como dicen los profesionales, los indexan. Con los documentos Word y los mensajes de correo electrónico funciona de forma relativamente fácil. Con los PDF y las fotografías es más difícil, y a estas alturas ya hay cientos de miles de ese tipo de archivos en los datos que hemos recibido, así que Nuix tiene que reconocer primero el texto que aparece en las imágenes. Funciona con un programa de reconocimiento de texto (optical character recognition u OCR). Una vez tratados todos los documentos mediante OCR, el resultado negativo de una búsqueda es realmente un resultado negativo. Solo entonces se puede tener la seguridad relativa de que Angela Merkel no aparece en los datos cuando la búsqueda «Angela Merkel» no da resultados.

Salvo si el nombre aparece en un fax impreso y luego escaneado, o si se ha escrito con una máquina de escribir antigua. En ese caso el programa OCR no encuentra resultados, así que uno nunca tiene la certeza absoluta de que alguien no ha hecho negocios con Mossack Fonseca hasta que no se han examinado todas y cada una de las páginas.

Una vez que Nuix ha creado el índice de nuestros datos y se ha ejecutado el reconocimiento de texto, por primera vez podemos hacer una búsqueda exhaustiva en nuestros documentos: en ese momento 350 gigabytes. Mar y Rigo regresaron a España y Costa Rica, respectivamente, y nosotros volvimos a sentarnos frente al ordenador. ¿Pero qué buscamos? ¿Helmut Kohl? ¿Gerhard Schroder? ¿Uli Hoeness?

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Cuando a finales de 2012 trabajamos con los documentos de la filtración de las empresas offshore, durante varias semanas cuatro personas estuvimos en una sala sin ventanas lanzando palabras de búsqueda desordenadas al sistema. En consecuencia, todos buscamos nombres como Franz Josef Strauss, Klaus Zumwinkel, Joseph Ackermann o incluso Helmut Kohl, y probablemente lo hicimos hasta dos o tres veces cada uno. ¿Cómo sabía uno qué nombres había buscado diez días antes? En un momento dado entendimos que era absurdo y elaboramos listas: los políticos alemanes más destacados, los empresarios más importantes, etcétera.

En esta ocasión seguimos una estrategia desde el principio: así, en todos los momentos libres buscamos nombres que nos interesaban, pero al mismo tiempo elaboramos listas extensas. Sin ellas, eso lo tenemos claro tras la partida de Mar y Rigo, en poco tiempo perderemos la perspectiva y el tiempo. Un tiempo que no nos sobra, teniendo en cuenta la montaña de datos a la que nos enfrentamos.

En el fondo hacemos un inventario de las personalidades públicas de Alemania. Apuntamos en una lista a todos los políticos destacados, empresarios, banqueros, deportistas, personalidades de la vida pública, buscamos a los millonarios, delincuentes y estafadores, e intentamos reunir la mayor cantidad posible de personas relacionadas con algún escándalo. Así, aparecían todos los implicados en el caso de los donativos a la CDU (siglas, en alemán, de la Unión Demócrata Cristiana), en la privatización de la empresa química Leuna en los años noventa, en el caso Barschel —la campaña sucia con la que el político democristiano Uwe Barschel intentó desacreditar a un rival político en 1987— o en otros grandes escándalos o casos de corrupción. Nuestros datos se remontan hasta la década de 1970.

Con estas listas queríamos sumergirnos luego en los datos. Con Nuix funciona de la manera siguiente: se introducen nombres en un documento Excel y se obtiene otro documento con los resultados, clasificados por porcentajes. En el caso de «Gerhard Schroder», por ejemplo, el resultado «Gerhard Schroder» era un 100%, «Gerhard Schrader» un 95%, «Gerd Schroder» un 80% y «Gerarrd Schroem» un 60% o menos. Así, al final hay que recorrer las listas de resultados a mano, resultado por resultado.

Nuestra lista «Caso de donativos a partidos» contenía ciento treinta nombres, mientras que la lista de exagentes de la Stasi y sus supuestos ayudantes era, en cambio, de 94 856 nombres.

Al mismo tiempo seguimos buscando conceptos que nos parecen prometedores porque pueden sacar a la luz correos internos interesantes. Mossack Fonseca suele tener vínculos con delincuentes, y las autoridades cazan delincuentes. ¿Tal vez debíamos buscar «orden de registro»?

En efecto, con «orden de registro» obtuvimos una gran cantidad de resultados. Uno de ellos afectaba a una serie de empresas de las Islas Vírgenes Británicas que, según una organización llamada Libyan Asset Tracing Committee, eran sociedades pantalla que Gadafi y sus ayudantes utilizaron para sacar del país ciento cincuenta millones de dólares. Mossfon niega la acusación, pero los indicios eran lo bastante serios para la Financial Investigation Agency, las autoridades de investigación financiera de las Islas Vírgenes, aunque su reacción no fue precisamente inmediata: el 30 de octubre de 2013 emite una orden de registro para el despacho de Mossack Fonseca.

Lo que casi nunca vemos es algún signo de consternación. Cabe esperar leer frases, por lo menos en los correos internos, como: «Maldita sea, ¿de verdad hemos ayudado durante años a los esbirros de Gadafi a saquear el país?».

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Una pista nueva. Creamos una subcarpeta en la carpeta «Jefes de Estado» y la llamamos «Gadafi». Los nombres de las empresas suenan pintorescos, casi románticos: Wildwood Traders Ltd., Moon Silk Ltd., Sirvent Star Corporation, Bristows Corp., Regency Belle Corporation, Seafire Systems Ltd., Sea Swells, Morning Star Technology Ltd., Pacific Mist Ltd., HC Nominees (BVL) Ltd. y Albion International Group.

Cuando estudiamos con más detenimiento las empresas, encontramos más cartas de las autoridades. De ellas se deduce que los investigadores suponen que las empresas pertenecen a un tal Alí Dabaiba. Este erudito profesor de Geografía fue, con Gadafi, jefe de la Organization for Development of Administrative Center, un gigantesco organismo estatal para la adjudicación de contratas[1].

Este caso tiene especial interés por su actualidad. Necesitamos más información.

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[John Doe]: Esta noche no he podido dormir, no paraba de pensar en cómo iban a reaccionar ciertas personas a estas revelaciones. Es muy probable que algunos clientes de la empresa intenten encontrarme. Y algunos tienen servicios secretos.

[SZ]: Es muy posible. Ve con cuidado.

[John Doe]: Lo intentaré. ¿Vosotros habéis tomado precauciones? Los periodistas implicados tampoco serán muy queridos por los clientes de Mossack Fonseca.

[SZ]: Hacemos lo que podemos.

En realidad, cada semana que pasaba éramos más cautelosos, pues cada vez estaba más claro que los datos tendrían graves consecuencias en todo el mundo. En la redacción solo estábamos al corriente de la investigación las personas que debían conocer el proyecto: el jefe de departamento y el redactor jefe. Para entonces también se había institucionalizado nuestra colaboración con el ICIJ. Mar y Rigo han llevado a cabo un análisis provisional de los datos que les proporcionamos en Múnich. Han hecho una primera prueba para dar con la mejor manera de procesarlos, cómo hacer que los documentos escaneados sean sensibles a las búsquedas, y han creado un foro encriptado. Ahora quedamos cada tantos días con Mar Cabra, Rigo Carvajal, Gerard Ryle y la directora del proyecto, Marina Walker. Hablamos de los datos, los planes, el trabajo, así como de a qué periodistas debíamos consultar en cada país. En Argentina está claro: La Nación. En Inglaterra, el Guardian y la BBC. En Francia, Le Monde y Édouard Perrin, el descubridor de la filtración de Luxemburgo.

Pero también necesitamos periodistas en Rusia, y eso no es tan fácil. No hay tantos compañeros rusos que puedan escribir con libertad, y los que lo hacen corren un gran riesgo: palizas, prisión, su vida.

Lo mismo ocurre con China. Mossack Fonseca tiene unas diez oficinas en el país, lo que significa que cuentan con muchos chinos ricos entre sus clientes. Sin embargo, es imposible convencer a un periodista de China o Hong Kong.

¿Por qué?

A principios de 2014 elaboramos un reportaje con el ICIJ derivado de la filtración de las empresas offshore, una investigación basada en los mismos datos sobre los propietarios chinos de sociedades pantalla. Esta parte la habíamos obviado porque era muy laborioso verificar los nombres chinos. Más tarde descubrimos en los datos de la filtración sobre empresas offshore que la élite del poder chino tenía negocios secretos a lo grande en paraísos fiscales. Dimos con sociedades pantalla de parientes cercanos de políticos destacados. Después aparecieron algunos de los hombres y mujeres más ricos del país, así como directivos de empresas estatales, que estaban implicados en escándalos de corrupción.

Por aquel entonces trabajábamos con el periódico Ming Pao de Hong Kong. Estaba claro que el rotativo corría un gran riesgo, pero nadie adivinó hasta qué punto. Por una parte, la sede estaba en Hong Kong. Por otra, criticar a la élite china es una osadía en esa región, relativamente liberal. El redactor jefe del Ming Pao, Kevin Lau, fue despedido poco antes de la fecha de publicación prevista, y sustituido por un sucesor poco crítico con el régimen. Hubo protestas masivas de la plantilla, pero no dieron fruto. Cuando publicamos nuestras historias, a las pocas horas la mayoría de los informes ya estaban censurados en China. Las páginas web del Süddeutsche Zeitung —donde se habían publicado los resultados más importantes también en chino—, y de otros compañeros del ICIJ ya no eran accesibles.

Lo que es peor: poco después, Kevin Lau fue agredido en plena calle por un desconocido con un cuchillo, de día, de camino al aparcamiento. Recibió seis puñaladas en la espalda y quedó gravemente herido, pero sobrevivió al ataque. Los atacantes huyeron en moto. Más tarde detuvieron a varios miembros de bandas organizadas de la mafia. Eran cómplices dóciles: hombres jóvenes que matarían a periodistas por unos cuantos dólares de Hong Kong. A día de hoy sigue sin aclararse quiénes fueron los instigadores. Los observadores dan por hecho que los atacantes no tenían órdenes de matar a Lau, sino de intimidarlo.

El ICIJ hace que Alexa Olesen se suba al barco de nuestro proyecto. Fue corresponsal en China de la agencia de noticias Associated Press, y colaboró como periodista autónoma en la filtración de las empresas offshore. En esta ocasión también tiene que asesorar sobre asuntos chinos. Pasados unos días, llega la primera buena noticia: ha encontrado en los datos a la nieta de un alto cargo de los cuadros del partido, además de a dos millonarios chinos y una estrella de cine.

En comparación con la dimensión internacional de los datos, nuestros hallazgos en Alemania son ridículos, por así decirlo. Sin embargo, durante esos días damos con otro nombre alemán que merece una investigación.

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A decir verdad, al principio nos topamos con un nombre que no nos dice nada: Claus Mollner.

Sin embargo, el nombre aparece en una serie de documentos bancarios que llegan hasta hace poco tiempo, y dado que «Mollner» suena bastante alemán, lo buscamos en Google. ¿Y si era conocido?

El séptimo resultado es un texto del diario colombiano El Espectador sobre las negociaciones del Estado colombiano con la guerrilla. Si los compañeros de El Espectador están en lo cierto, Claus Mollner es el apodo de un agente alemán que ha negociado con la guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la liberación de rehenes alemanes.

Todo indica por tanto que Claus Mollner es Werner Mauss, el misterioso espía privado. Mauss ayudó como negociador a liberar a algunos rehenes de la guerrilla, devolvió unos recipientes extraviados con una sustancia tóxica, el cadáver robado del multimillonario Friedrich Karl Flick y el tesoro de la catedral de Colonia.

«La institución M»., así lo llaman en la policía criminal. Según el antiguo redactor jefe de Spiegel Stefan Aust, Mauss es «un hombre oscuro en sentido estricto», y al mismo tiempo «un hombre de Estado», así lo describe en 1999 en su libro Agent Mauss. Nuestro jefe de sección, Hans Leyendecker, voló una vez a la selva colombiana para ver en acción a Werner Mauss en la liberación de un rehén italiano del ELN.

Este hombre es una leyenda. Seguimos sus pasos.

7. El agente misterioso

[7.]

EL AGENTE MISTERIOSO

Si el Claus Mollner que habíamos encontrado en nuestros datos era en realidad el espía privado Werner Mauss, se nos avecinaba mucho trabajo: en los datos damos con una factura según la cual, solo en el año 2011, Mollner había pagado a Mossfon 23 725 dólares por el mantenimiento de sus sociedades pantalla.

23 725 dólares, solo de un año.

La mayoría de los clientes tiene unas tarifas anuales inferiores, de cuatro cifras. Claus Mollner, es decir, Werner Mauss, al parecer tiene dos sociedades pantalla[1].

Además, en el extracto de transferencias internas encontramos varias cuentas administradas por Mossfon por encargo de Claus Mollner. También vemos giros de impresionantes importes en dólares realizados solo unas semanas antes.

Si realmente detrás de ese tinglado está Werner Mauss, además de mucho trabajo tenemos una muy buena historia, pues se trata probablemente del mejor espía privado de Alemania, y sin duda el más controvertido. Nacido en 1940 e hijo de un comerciante, su carrera empezó en 1961, cuando abrió su primer despacho de detectives. Antes había trabajado como cuidador de caballos y representante de una empresa de aspiradoras. Al principio solo espiaba a maridos infieles, pero pronto empezó a aceptar encargos de grandes compañías de seguros y a encontrar coches robados. «La policía, más interesada en los autores de los delitos que en el botín, dejaba ver los expedientes a este colaborador de las compañías de seguros», decía Spiegel en 1996. Luego, Mauss les compensaba «con soplos ocasionales procedentes de los bajos fondos».

Las autoridades alemanas responsables de la seguridad también se fijaron en el hábil señor Mauss, así que pronto acabó trabajando para la policía, el servicio de inteligencia alemán, varios departamentos de policía estatales y la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. «Una herramienta multiusos», lo llaman sus admiradores, un «pionero en la lucha contra el crimen», se denomina a sí mismo Mauss, sin rastro de modestia. «En total, gracias a mis servicios se pudo capturar a más de mil seiscientas personas, que se pueda demostrar», llegó a afirmar en una ocasión en una carta al servicio de inteligencia alemán.

Cuando uno busca información sobre Mauss en las hemerotecas llaman la atención dos aspectos: en primer lugar, él se da mucha más importancia de la que le otorgan sus mayores admiradores, y es evidente que eso también influyó en su trabajo. Según una biografía, en 1980 informó al servicio de inteligencia alemán de que la primera ministra india, Indira Gandhi, tenía intención de llevar a cabo en 1981 la primera prueba de una bomba atómica en el país. Sin embargo, la primera detonación de una bomba atómica india se había producido siete años antes[2].

En segundo lugar, los más críticos pronto empezaron a alertar sobre sus métodos. Se escribieron varios libros sobre su manera de trabajar, incluso se creó una comisión de investigación en el estado federado de la Baja Sajonia para ocuparse de Mauss.

Sin embargo, no cabe duda de que cosechó grandes éxitos, y con ellos aumentaron también sus honorarios. Y sus gastos. El Frankfurter Rundschau aseguró que el espía privado Mauss llevaba «un estilo de vida de un lujo notable», y sembró la duda sobre la procedencia de los medios que se lo permitían. A eso se sumaba lo que se decía sobre Mauss, en parte por la espalda pero también sin tapujos. Uno de los instigadores convictos del robo del tesoro de la catedral de Colonia, por ejemplo, contó, según el biógrafo de Mauss, Stefan Aust, que le había entregado al espía más objetos robados de los que él había devuelto en realidad a los prelados de la catedral. Werner Mauss aseguró que aquella acusación carecía «de todo fundamento»: «Si los periodistas preguntan a presos convictos su opinión sobre los investigadores, contestarán al unísono que el agente que los encarceló actuó mal».

En Colombia, las autoridades le reprocharon incluso que tuviera relaciones con la guerrilla, pero él se declaró inocente de todas las acusaciones, un episodio que Mauss ilustra en su página web.

Teníamos motivos suficientes para estudiar a conciencia los documentos de Mossack Fonseca sobre Claus Mollner.

Primero tendríamos que probar que Werner Mauss es la misma persona que el Claus Mollner de nuestros datos. Hay que tener en cuenta que Werner Mauss siempre operaba con infinidad de identidades falsas. Se llamaba «Horst Faber» y «Dr. Lampe», simplemente «Jacques» o, algo más exquisito, «Marlowe». A lo largo de los años asumió, que se sepa, numerosos nombres[3]. Los vecinos de Renania-Palatinado lo conocían como «Richard Nelson», para el departamento de policía de Hesse era «Otto John» y cazaba ladrones de coches, y en su carnet de aviación, por lo menos temporalmente, aparecía el nombre «Herbert Rick»[4]. Con ese nombre se casó también con su segunda esposa.

No obstante, también se hacía llamar Claus o Klaus Mollner. Con ese nombre, Werner Mauss liberó a rehenes en Colombia o dio caza al veneno extraviado de Séveso. El desastre de Séveso, localidad situada al norte de Italia, ocurrió en 1976 cuando un accidente hizo que una fábrica liberase dioxinas. Enfermaron 187 personas. En los trabajos de recogida de escombros se extrajeron 151 toneladas de residuos muy tóxicos que debía eliminar una filial italiana de la empresa alemana Mannesmann. Una expedición debía cruzar la frontera italofrancesa con los barriles tóxicos en 1982, pero se perdieron. Cuarenta y un barriles llenos de material tóxico habían desaparecido de la faz de la Tierra. Para Mannesmann era un asunto peligroso y muy delicado.

Werner Mauss fue contratado y, en circunstancias aún hoy no aclaradas, el departamento de Defensa de la Baja Sajonia le proporcionó un pasaporte con el nombre falso de «Mollner». En efecto, siguió el rastro de los ladrones del veneno hasta Francia y les sonsacó, por un importe desconocido, el supuesto escondite. En mayo de 1983 se encontraron los barriles en un matadero abandonado cerca de la ciudad francesa de Saint-Quentin. Pese a que más adelante surgieron ciertas dudas, no valía la pena atenderlas, pues llevarían demasiado lejos.

En noviembre de 1985, ahora lo vemos en los datos, se registró la empresa Transacta Valores con sede en Panamá. A continuación las participaciones de la empresa se repartieron en acciones anónimas, al portador. Desde fuera no se sabe quién es el titular. Sin embargo, en la documentación se ve que en enero de 2014 las acciones se transfirieron internamente a Claus Mollner.

Sobre todo encontramos un documento donde aparece el pasaporte escaneado de un hombre llamado Claus Mollner. Según sus datos, Mollner nació el 7 de febrero de 1942 en Hagen, el número del pasaporte era el 2103086891, y había sido emitido por la comunidad de Simmern, en Hunsrück. La zona encajaría, pues Werner Mauss vive cerca. La fecha de nacimiento no coincide, pero eso es normal en una identidad falsa.

En la fotografía aparece un señor mayor con camisa y corbata. No hay muchas fotos de Werner Mauss, pero podría ser él, tiene cierto parecido. También podría no serlo.

El propio Hans Leyendecker, que ha conocido a Mauss en persona, no está seguro de si el propietario de Transacta Valores es Werner Mauss.

Luego encontramos en internet un artículo donde se menciona una empresa con el mismo nombre exacto. Es un artículo de portada del Spiegel de 1997, doce páginas sobre alemanes que acumulan su dinero en Liechtenstein. Los autores mencionan, entre otros, a Werner Mauss y su fundación familiar en este principado, Werida. En el reglamento de la fundación, según dice el artículo, se mencionan dos sociedades pantalla: Nolilane N. V., en Curagao, y Transacta Valores S. A., en Panamá.

Sin embargo, si Transacta Valores es la empresa de la fundación familiar de Werner Mauss y se puede probar que nuestro Claus Mollner recibió las acciones de Transacta Valores, la historia encaja. Extraemos de los datos todo lo relacionado con Claus Mollner. Sabemos que valdrá la pena.

En el artículo de Spiegel seguimos leyendo que Transacta Valores es propietaria de dos viviendas en Francfort del Meno. En efecto, en nuestros datos encontramos varias cartas de la administración de fincas de una inmobiliaria de Fráncfort, la invitación a una reunión de propietarios o una liquidación de gastos adicionales.

También encontramos en nuestra filtración la otra empresa offshore que menciona Spiegel: Nolilane, fundada en 1980 en las entonces Antillas Neerlandesas. Vemos que la empresa tenía una cuenta en Dresdner Bank Iberoamérica, en todo caso se habla de una «cuenta Nolilane»[5]. Además, de los documentos se deduce que la finca donde reside Werner Mauss es propiedad de Nolilane, en un lugar llamado Altstrimmig, a unos 135 kilómetros al oeste de Fráncfort.

Altstrimmig, de trescientos cincuenta habitantes, se encuentra en el distrito de Cochem-Zell, próximo a Mittelstrimmig. Cerca hay lugares con nombres como Würrich o Panzweiler. Mucho bosque, muchos aerogeneradores y una conexión a internet inestable. Aquí, en esta provincia de Renania-Palatinado, Werner Mauss compró en 1968 el enorme terreno que hoy pertenece a la empresa Nolilane. Su mansión es como un fortín: con ventanas muy estrechas hacia la calle, plantas delante y la fachada de piedra natural gris. No se ve nada más. El recinto está barrado, con abetos de metros de altura detrás de una valla metálica de color verde oscuro, y encima tres líneas de alambre espinoso. Por si alguien no entiende el mensaje, hay carteles de color amarillo chillón: «Cuidado con los perros. Seguridad garantizada por un sistema de alarma».

Durante mucho tiempo, los vecinos de Mauss pensaron que en la mansión vivía con su mujer un tal Richard Nelson, representante de una empresa estadounidense de acero. También había adquirido la propiedad con ese nombre. Hoy en día, en el registro de la propiedad aparece la empresa Nolilane N. V., con sede en las Antillas Neerlandesas, la misma que figura en nuestros datos. En 2005 se convirtió en Nolilane N. V. Inc., con sede en Panamá[6].

Un sendero pasa junto a la finca del espía privado. También hay vallas, de vez en cuando reforzadas con torres de mampostería. A lo lejos se atisban tejados de color verde turquesa: tras grandes arbustos y árboles, protegido por una valla metálica, se encuentra el picadero cubierto de Wemer Mauss. Según Rhein-Zeitung, «cumple los requisitos para unas Olimpíadas».

Entretanto, nuestra fuente nos había proporcionado una lista de unas 215 000 empresas de Mossfon. En dos de ellas figura un tal Claus Mollner como accionista: son Boreal y Anysberg, dos empresas de Mauss desconocidas hasta entonces.

Ya tenemos cuatro empresas relacionadas con Mauss.

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Enviamos la nueva lista al ICIJ. Por muy importante que fuera para nosotros la investigación sobre Mauss, el ICIJ se ocupa del panorama global, y Mar Cabra, la jefa del equipo de datos, adora las listas porque ayudan a poner orden en el caos de datos. Mar puede ver en qué paraísos fiscales tienen sede las empresas que figuran en nuestros datos y en qué países residen los accionistas. Luego, elabora una lista para cada país, algo que más tarde agradecerán los periodistas de cada sitio. En la investigación de la filtración de Suiza esas listas fueron de gran ayuda. En vez de tener que examinar todos los datos, cada periodista podía concentrarse en los que afectaban a personas de su país.

No en todas partes nuestros compañeros gozan de una situación tan cómoda como la nuestra: de hecho, a estas alturas ya llevamos medio año trabajando en exclusiva en el proyecto. Sabemos por proyectos anteriores que en África e Iberoamérica trabajan colegas que además escriben todos los días para sus periódicos o tienen que producir programas de televisión de actualidad sobre todo tipo de temas. Para ellos esas listas son una ayuda enorme, ofrecen un punto de partida y ahorran semanas de búsqueda.

Una cosa sí está clara: los datos que nuestra fuente anónima nos ha hecho llegar durante meses constituyen el mayor proyecto que ha dirigido jamás el ICIJ. Participan en él periodistas de todos los continentes. La directora del proyecto, Marina Walker, habla por teléfono día a día con un miembro del ICIJ tras otro para mantenerlos al corriente: no son muchos, pues el círculo de personas enteradas no puede ser muy amplio pero sí suficiente para animarlas y sumarlas a la investigación.

El proyecto tiene incluso un nombre: Prometheus, como la nave espacial de la serie Star Trek. El nombre del proyecto del ICIJ lo eligió el especialista en datos Rigo Carvajal, como es tradición, y a Rigo le encanta Star Trek. En el ICIJ, la filtración de Suiza se llamó internamente Enterprise; la filtración de Luxemburgo, Voyager; y el proyecto de investigación sobre los dudosos proyectos del Banco Mundial, Odyssee. Todas son naves espaciales de Star Trek.

Así que ahora toca Prometheus.

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En la documentación sobre las cuatro empresas que hemos atribuido a Claus Mollner, el alias de Werner Mauss, encontramos todo tipo de documentos, contratos de compra y de alquiler, además de al hombre que gestionaba la comunicación de Werner Mauss con Mossack Fonseca, Volker B. El intermediario del agente no es un desconocido: B. fue durante décadas un alto cargo del Dresdner Bank, dirigió la filial en Luxemburgo e incluso se hacía llamar «plenipotenciario» de este banco.

Poco antes de la Navidad de 2005, Volker B. organizó una reunión en Luxemburgo. B. presentó a un empleado alemán de Mossack Fonseca al «propietario último de Nolilane» y a su esposa. La reunión fue bien, según declara el representante del despacho más adelante en una nota. Se entendió bien con el cliente, un hombre «muy prometedor» que merecía «un trato muy especial»[7].

En la nota, el empleado de Mossack Fonseca llamaba con picardía «Werner Mollner» a aquel cliente que merecía «un trato muy especial».

Vaya. ¿Acaso alguien sabía quién era aquel hombre en realidad?

B. aparece en los datos de Mossfon como persona de contacto en doce empresas[8]. Las revisamos todas, una por una, y en todas encontramos una conexión con Mauss, o Mollner, aunque de puertas para fuera se ocultaba con acciones al portador. Las empresas se crearon entre 1980 y 2014. Además de las ya conocidas Nolilane, Transacta Valores, Boreal Management y Anysberg International, identificamos las empresas Bradler International, Corporación de Inversiones Cascabel, Goldborn Overseas, Goodwin Holdings Corp., Nerball Enterprises, Zabo S. A., Baird Resources y Capriccio Management Mauss.

La empresa más joven, Anysberg International Corporation, se creó en Panamá a finales de 2014: según la documentación de Mauss, Claus Mollner fue nombrado único accionista y plenipotenciario. Se identificaba con un carné de identidad para extranjeros con residencia permanente en Panamá. La dirección indicada está en un elegante barrio residencial en medio de la ciudad de Panamá. En un documento, Mauss, alias Mollner, fijaba el importe del capital de su nueva empresa en «más de un millón de dólares».

¿Quién necesita tantas empresas offshore? Además de costar una fortuna, uno puede perder el control. Eso le ocurrió al propio Mauss: en enero de 2007, B. escribió a Mossfon diciendo que su cliente ya no encontraba las acciones al portador de las empresas Zabo S. A. y Boreal Management Corp., y solicitaba que Mossfon les explicara cuál era el procedimiento correcto que debían seguir.

¿Por qué había creado Mauss ese entramado? Sobre todo teniendo en cuenta que también controlaba la fundación Werida en Liechtenstein, mencionada en Spiegel, así como —esto es nuevo— otra fundación en ese mismo país llamada Micuwe, que aparece en los datos durante un tiempo como accionista de las empresas de Mauss Transacta Valores y Nolilane.

Resumimos la situación hasta el momento: un espía alemán contrata a un exbanquero de Luxemburgo para que gestione empresas offshore en Panamá y las Antillas Neerlandesas, y en medio hay una fundación en Liechtenstein, cuyas cuentas se administran en bancos de Panamá, Alemania y las Bahamas.

¿Para qué todo ese despliegue? En un informe interno de Mossack Fonseca hay una explicación: con ese entramado el cliente quiere conseguir principalmente «proteger su fortuna y lograr ventajas fiscales»[9].

Seguro que las autoridades fiscales de Alemania, con las que Mauss ya tenía problemas mientras llevábamos a cabo esta investigación, estarían interesadas en saberlo[10].

Al mismo tiempo, las empresas anónimas y sus cuentas eran ideales para transferir el importe de rescates a rebeldes y mafiosos. Volker B., el hombre del Dresdner Bank, supuestamente explicó a un conocido que estaba moviendo dinero para la liberación de unos rehenes en una misión confidencial[11].

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Una cosa está clara: con los entramados que Mauss mantiene se pueden ocultar extraordinarias sumas de dinero y esconder fortunas. Por algo los servicios secretos están muy involucrados en el mundo de las sociedades pantalla y las empresas offshore. El BND, el servicio secreto alemán, ha utilizado supuestamente a lo largo de los años algunas sociedades pantalla para comprar tecnología armamentística a otros países o simplemente para ocultar su propia actividad. Muchos de los aviones que utilizó la CIA para secuestrar a sospechosos de terrorismo después del 11-S pertenecían a sociedades pantalla. Asimismo, cuando el servicio secreto de Estados Unidos creó en 2004 en la capital de Lituania, Vilna, una cárcel de torturas, compró el edificio a través de una sociedad pantalla estadounidense, que a su vez pertenecía a otra sociedad pantalla panameña. Así pretendían actuar con la máxima discreción posible en su dudosa actividad, y empresas como Mossfon podían ser de gran ayuda.

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Marina Walker, la subdirectora del ICIJ, nos libera de nuestra fiebre Mauss. Se muestra nerviosa: ya estamos a finales de mayo, y los miembros del ICIJ y los medios que ya se han comprometido, como Le Monde, el Guardian, la red de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) o el rotativo suizo SonntagsZeitung, aún no cuentan con una fecha de inicio del proyecto. Queremos publicar en noviembre, así que tenemos que ponernos en marcha. Marina dice que necesitamos organizar una reunión inicial para planificar, comentar, repartir tareas, un encuentro que ayude a los participantes a sopesar el esfuerzo que quieren invertir en el proyecto. Esas jornadas son propias del ICIJ, es una lección que aprendimos con la filtración de las empresas offshore. En aquella ocasión comentábamos todo lo importante por correo electrónico y por teléfono, muchos compañeros de proyecto no se conocían en persona, y por tanto, por decirlo con suavidad, no todos tenían la misma voluntad de compartir información ni la misma confianza mutua.

Desde entonces, todos los grandes proyectos empiezan con unas jornadas: en la filtración de Luxemburgo fueron en Bruselas, y en la de Suiza, en París. Durante todo un día, el ICIJ explica a los periodistas reunidos de qué se trata, comenta el intercambio de resultados de la investigación y expone los plazos de publicación previstos. El encuentro del proyecto Prometheus estaba previsto para mayo, como muy tarde en junio, en Múnich. Pero luego los datos van aumentando cada vez más y comprendemos que si nos reunimos en junio aún no sabremos con absoluta certeza qué tenemos en realidad. Así que lo aplazamos, y lo volvemos a aplazar, y otra vez…

Sin embargo, nuestra fuente no para de suministrar datos.

La solución es convocar dos encuentros. Uno numeroso a finales de verano en Múnich, en el edificio de Süddeutsche Zeitung, y uno más reducido después de las vacaciones de verano para todos los medios que quieran dedicar un gran equipo al caso. Marina propone que el lugar de encuentro sea Washington, donde tiene su sede el ICIJ.

Aceptamos, aunque no es lo ideal para nuestro reducido presupuesto de viajes.

En Washington estará también Julia Stein, del departamento de investigación de la emisora alemana NDR. También es miembro del ICIJ, y una camarada fantástica. Ya colaboramos con ella en la filtración de las empresas offshore, la de Luxemburgo y la de Suiza. A esas alturas, el equipo de Julia ya conoce el proyecto, y cada vez se suman a la investigación más periodistas de la NDR. La emisora WDR también participará, así que Süddeutsche Zeitung crea con ambas un equipo de investigación.

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No obstante, el caso Mauss no nos deja tranquilos. En cada carpeta, fax y correo electrónico que leemos en los documentos de Mauss, nos adentramos más en su laberinto de empresas offshore.

Las autoridades competentes, según declaró Mauss en 1997 a Spiegel, estaban al corriente de su fundación Werida en Liechtenstein y del dinero relacionado con ella. «Por supuesto, se pagan los impuestos derivados de ello», explicó entonces[12].

En efecto, en las dos empresas mencionadas en aquel momento encontramos referencias a una declaración de impuestos. En las otras diez empresas, no[13].

En 1997, los Verdes plantearon una pregunta al Gobierno para esclarecer cómo tributaba Werner Mauss. En la respuesta se dice que un coordinador de confidentes del departamento de policía criminal había intercedido en la agencia tributaria de Coblenza para «garantizar la cobertura básica del matrimonio [Mauss]». Así, sus identidades falsas debían seguir a salvo. El BND, a su vez, también colaboró en la regulación de la situación fiscal de Werner Mauss, «según un acuerdo con las autoridades fiscales competentes del momento […], sus honorarios […] pueden tributar mediante ingresos fijos».

Una tributación aproximada, entonces[14].

Cuando en 2006 las autoridades fiscales anunciaron que sería inspeccionado, Mauss pidió ayuda al vicepresidente del grupo parlamentario de la CDU, Wolfgang Bosbach[15]. Mauss prefería recurrir a la «estimación del modelo de tributación», según una carta del abogado de Mauss citada en la revista Focus. Bosbach lo remitió al consejero de Finanzas del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, Helmut Linssen, que a su vez remitió a Mauss al director de departamento correspondiente.

Linssen no responde a cómo terminó la causa fiscal contra Mauss, amparándose en el secreto fiscal. Mauss, en cambio, explicó a un periodista de Focus que no le estaban haciendo ninguna inspección fiscal. Tan solo tenía «dos empresas». ¿Solo dos empresas[16]?

Preguntado el BND, contesta que el servicio de inteligencia no puede entregar documentos de archivo sobre Mauss «por el bien del Estado». El material sobre Mauss, igual que el que existe sobre Erhard Mossack, pertenece a esos documentos «que, en caso de publicarse, podrían poner en peligro el bienestar de la República Federal Alemana o de uno de sus estados federados».

Suerte que tenemos nuestra propia montaña de datos sobre Mauss, que no para de crecer. Examinarla aún nos llevará semanas.

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Al cabo de unos días encontramos un pasaporte escaneado de Claus Mollner, además del de una tal Michaela Mollner. Por lo visto, su mujer también había recibido documentación falsa. En la fotografía del pasaporte se reconoce a Werner Mauss. Este nuevo hallazgo tenía otro aspecto singular: en el documento aparece como fecha de expedición mayo de 2014, así que el pasaporte caducaría en 2024.

Eso nos plantea un enigma, pues poco antes el Gobierno había contestado a una pregunta de los Verdes diciendo que desde el año 2000 Mauss no había recibido papeles falsos de las autoridades.

Queda el estado federado de Renania-Palatinado, pues ahí se expidió el pasaporte de Mollner. La comisión de control parlamentaria de Renania-Palatinado trató en 2015 el tema «pasaportes reales con nombres falsos». El departamento de Defensa Nacional comunicó a los diputados, según nos han dicho, que había expedido ese tipo de pasaporte a setenta personas, todas ellas colaboradoras del departamento de Defensa del estado de Renania-Palatinado. La policía criminal, también cuestionada, no había expedido ningún pasaporte a Mauss, según nuestra información.

Entonces, Werner Mauss, alias Claus Mollner, ¿colaboró en 2015 con el servicio secreto de Renania-Palatinado? ¿O el Gobierno mintió al contestar la pregunta parlamentaria de los Verdes[17]?

Las actividades offshore de Werner Mauss se convirtieron más tarde en una cuestión de política nacional que agitaría a la élite política de la República.

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A los pocos días de escribir, junto con nuestros compañeros de la NDR, una carta a Werner Mauss en la que por primera vez le comunicábamos los resultados de nuestra investigación, sonó el teléfono del asesor legal de la NDR. El señor Mauss y su abogado solicitaban el aplazamiento de la respuesta a nuestra consulta, pero sobre todo querían hablar. Proponían una reunión.

Una mañana soleada de miércoles nos subimos a un tren con destino a Stuttgart. Allí tiene el despacho el abogado de Mauss, y allí nos esperan el espía privado, el asesor legal de la NDR y nuestros compañeros de esta emisora Jan Strozyk y Julia Stein. No es una reunión normal y corriente. Werner Mauss nos recibe con un firme apretón de manos. Nos tiene algo preparado en una sala de conferencias: varios montones de documentos, DVD y carpetas. Además, en unos cuadernos negros tiene preparada su respuesta por escrito a nuestras preguntas. Sin embargo, antes de entregárnoslas, Mauss quiere darnos una explicación «breve». Lo breve se convirtió en más de una hora, que Mauss pasó elogiándose a sí mismo, «el arma secreta», sus habilidades ocultas, sus éxitos. Habla de tiempos muy remotos, nos enseña fotografías donde aparecen él y su mujer con guerrilleros armados, cuenta cómo se infiltra en bandas de delincuentes y atrae a maleantes, cómo hizo avanzar el proceso de paz en Colombia, además de negociar con Hizbulá. Suena a grandes aventuras, y seguramente lo fueron. «Lucharía contra la muerte y el diablo», dice Mauss. Sin embargo, no quiere concretar qué significa eso. Por motivos de seguridad. Las organizaciones criminales han utilizado a los periodistas para sus propios fines en multitud de ocasiones.

Mauss dice que conoce a nuestra fuente. «Cuarenta años, Düsseldorf, Malta», dice, como si pudiéramos hacer algo con eso. Y que tiene un problema con las drogas. Ya ha tomado medidas contra el tipo.

Interesante.

Luego, nos da un documento de cuarenta y cuatro páginas. Son sus respuestas a nuestras preguntas o las de su abogado. El señor Mauss nunca ha sobornado a policías, tampoco ha defraudado impuestos, y además ha comunicado la existencia de sus empresas a las autoridades fiscales. Baird Resources, Capriccio Management, Bradler International, Nerball Enterprises y Zabo «nunca las utilizó y las disolvió hace tiempo»; además, Nolilane «hasta el momento no tiene ninguna cuenta bancaria en el mundo».

Sin embargo, es mucho más importante el hecho de que, en total, entre 1987 y 1990 «ha liberado sanos y salvos a treinta y siete rehenes». En cuanto al tema de los nombres falsos, en el documento figura que Mauss, en el marco de sus misiones secretas, «como colaborador civil de las autoridades alemanas, así como en relación con autoridades homólogas occidentales y en misiones especiales en todo el mundo a lo largo de más de cincuenta años, ha recibido de las autoridades competentes multitud de documentos de identidad falsos para evitar peligros y poder infiltrarse en organizaciones criminales».

¿También el pasaporte a nombre de «Claus Mollner»?

Mauss se encoge de hombros un instante, mira a su abogado, lo niega.

¿Entonces no tiene ningún pasaporte a nombre de «Claus Mollner»?

Lanza una mirada inquisitoria a su asesor. Sacude la cabeza.

Una vez más: ¿entonces no tiene un pasaporte a nombre de «Claus Mollner» ni lo ha utilizado nunca?

De eso ya hablaríamos más adelante. Primero tenemos que leer con calma las cuarenta y cuatro páginas, dice el abogado, y se va de la sala con Mauss.

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Mauss y su abogado regresan al cabo de un cuarto de hora. Ahora da a entender vagamente que los responsables de ese pasaporte no son las autoridades alemanas, que únicamente le habrían ofrecido «su máximo apoyo». Cuando le volvemos a preguntar, sigue sin aclarar el trasfondo del asunto.

Mauss destaca una vez más que nunca ha defraudado impuestos, que no recuerda haber sido objeto de ninguna investigación y que nunca, a diferencia de lo que se dice, se había producido un registro de su domicilio. Al contrario, siempre había comunicado la existencia de sus sociedades y fundaciones a la agencia tributaria.

¿También de Anysberg International?

«Esa no es mía».

Cuanto más precisas son las preguntas sobre empresas, cuentas y datos, más confusas son las respuestas de Mauss. Habla de una inmobiliaria en la ciudad de Panamá que es de su propiedad, pero de la que solo hace un uso privado. Más tarde, dice que en ocasiones da cobijo ahí a una persona, pero no quiere contar nada más. Y así sucesivamente. Mauss habla de empresas que no le pertenecen, pero tal vez sí de «entidades» y «organizaciones» que tuvieron relación con él. De nuevo, no entra en detalles, por motivos de seguridad.

Le preguntamos qué relación tiene con Volker B., el antiguo plenipotenciario del Dresdner Bank, pues en nuestros datos figura como administrador de todas las empresas de Mollner. Le hemos escrito y llamado, pero no hemos obtenido respuesta.

Mauss dice que lo conoce. «Pero… un momento», rebusca en sus documentos y nos entrega un fax. Mauss dice que es de Volker B. En el encabezamiento aparece «Volker B»., y el número de remitente también coincide con el número de fax de B. que conocemos. La carta dice: «El señor M. no es cliente mío. Solo le aconsejo en cuestiones bancarias técnicas por los lazos de amistad que nos unen». No ha gestionado «ni ahora ni antes» las empresas que mencionamos. Unicamente es miembro de la junta directiva de Nolilane N. V. Inc. De la conversación con Mossfon en Luxemburgo que tuvo lugar en diciembre de 2005, en la cual un empleado de Mossfon anota con ironía el nombre «Werner Mollner», solo tiene un «vago recuerdo», dice B. Por su parte, la conversación trató «de cuestiones bancarias técnicas».

Es evidente que, poco a poco, nuestras preguntas están poniendo nervioso a Mauss. Da un puñetazo sobre la mesa, alza la voz, habla con rabia, pero esquiva los puntos determinantes.

No tiene sentido seguir hablando.

Mauss nos acompaña al ascensor, nos habla de sus encargos supersecretos, insinúa que podríamos acompañarle en alguna ocasión. Sería algo grande. Solo tendríamos que dejar de informar sobre él, de lo contrario no había trato.

Le damos las gracias y rechazamos la oferta. Adiós, señor Mauss, perdón, Mollner.

8. La pista de Nyon

[8.]

LA PISTA HASTA NYON

Mientras investigamos todo lo que podemos las historias individuales, los datos no paran de crecer. 400 gigabytes, 500 gigabytes, 600 gigabytes. Hace tiempo que hemos perdido la perspectiva de las dimensiones de la filtración. Al principio nos ayudaba pensar en a cuántas biblias impresas equivaldría esa cantidad de datos, pero en algún momento lo dejamos. ¿Quién es capaz de imaginar más de un millón de biblias?

El equipo de datos del ICIJ ha creado un foro con varias encriptaciones para la colaboración internacional, el «iHub». La palabra inglesa hub significa «centro de rotación y punto crucial», y la «i» corresponde, como es habitual, a internet. No podrían haber escogido un mejor nombre para el foro, pues durante los meses siguientes realmente sería el centro y el punto crucial de nuestro trabajo. Ahí es donde todos los participantes en el proyecto comparten los resultados de sus investigaciones y comentan cómo proceder. Es una especie de Facebook para periodistas de investigación, con grupos de debate para determinados temas, incluso se puede poner «me gusta» a las entradas de los demás. Solo tenemos acceso a él los empleados del ICIJ y nosotros. Debemos resumir los resultados de nuestra investigación hasta el momento para estimular a los demás periodistas cuando, como muy tarde en la reunión de Washington, también tengan acceso a ellos.

Para entonces ya tenemos fecha para la reunión: a finales de junio volamos a la capital de Estados Unidos. Hasta ese momento queremos ser lo más concretos posible en los grandes casos que ya tenemos, es decir, Rusia, Siria o Islandia. Hay mucho que hacer.

A finales de mayo nos llega un mensaje urgente sobre la investigación: ¡algunos funcionarios de la FIFA han sido detenidos!

La víspera del 65.ª Congreso de la FIFA en Zúrich, los investigadores detienen a seis funcionarios de alto rango de la federación internacional de fútbol en un hotel de lujo. Entre ellos se encuentran dos vicepresidentes de la FIFA: Jeffrey Webb, de las Islas Caimán, y Eugenio Figueredo, de Uruguay.

La detención se produce a instancias de una investigación abierta en Nueva York impulsada por la actual fiscal general estadounidense, Loretta Lynch. Estados Unidos quiere enviar un mensaje inequívoco al mundo.

Y el mundo se queda anonadado. En la apática Europa, también en Alemania, los fiscales y funcionarios han relegado la actividad de la FIFA al mundo paralelo del deporte. Hace años que existen mucho más que rumores sobre torneos comprados, pagos dudosos y funcionarios sobornados. Solo hay que leer el libro FIFA Mafia de nuestro compañero del SZ Thomas Kistner. O ver el documental del periodista de la BBC James Oliver, que colabora en el proyecto Prometheus. Durante los últimos años ha rodado varios reportajes para el prestigioso programa británico de investigación Panorama sobre la FIFA, sus escándalos y la corrupción. Cuando llegó a sus manos una lista secreta de pagos millonarios a una dudosa empresa de marketing deportivo, Oliver descubrió que tres miembros del comité ejecutivo de este organismo deportivo habían aceptado sobornos del expresidente de la FIFA Joao Havelange.

Es de dominio público que en la FIFA se comete una multitud de irregularidades, pero hasta entonces nadie había hecho nada contra esa intolerable situación. Ahora se hace cargo de ello Estados Unidos, que demuestra ante el público que para ellos la FIFA no es intocable. De hecho, la considera una «organización criminal dirigida por estafadores» para que los investigadores puedan aplicar determinadas leyes.

Dentro de la FIFA y la UEFA, la federación europea de fútbol, se crea una oposición al presidente Joseph Blatter, antes de que solo dos días después de la detención sea ratificado en su cargo con 133 votos.

Los investigadores de Nueva York presentan cargos contra catorce personas, entre ellos blanqueo de dinero, estafa y corrupción. Durante un período de veinticuatro años, esos hombres han creado un sistema para enriquecerse «mediante la corrupción en el fútbol internacional». En total, los funcionarios habrían aceptado sobornos por valor de más de ciento cincuenta millones de dólares.

El sistema FIFA.

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Conseguimos las denuncias, pues en Estados Unidos ese tipo de documentos públicos enseguida están disponibles en internet. En efecto, leemos que varias sociedades pantalla han desempeñado un papel importante en el presunto sistema de sobornos de los acusados. Buscamos a los acusados uno por uno en nuestros datos, y hacemos lo mismo con las sociedades pantalla.

Encontramos a tres de los catorce acusados.

El antiguo vicepresidente de la FIFA, el uruguayo Eugenio Figueredo, uno de los seis funcionarios detenidos en Zúrich, aparece relacionado con varias empresas simultáneamente[1].

El empresario argentino de derechos deportivos Hugo Jinkis, uno de los presuntos pagadores de sobornos, aparece con su empresa Cross Trading S. A., que según la acusación contra la FIFA se utilizó para liquidar sospechosos pagos millonarios. Con los sobornos, Jinkis y otras personas querían asegurarse los derechos de televisión en exclusiva de la Copa América y la Copa Centenario para América del Sur[2].

El tercer acusado es Mariano, el hijo de Hugo Jinkis, que aparece como director en la misma empresa offshore que su padre.

Primero estudiamos la carpeta de la empresa Cross Trading S. A. Fue creada en las islas Seychelles, en Niue y en Nevada (Estados Unidos), así que hay tres empresas con el mismo nombre, y por tanto tres carpetas. Sin embargo, en ninguna encontramos contratos con la FIFA. A diferencia de otros propietarios de sociedades pantalla, los Jinkis no operaban con testaferros, lo que significa que no tenían por qué enviar los contratos de posibles negocios —como se denominan en la denuncia a la FIFA— a Mossfon para su firma. No obstante, encontramos contratos con la UEFA, la federación europea de fútbol, con sede en Nyon, que hasta entonces siempre salía curiosamente intacta de todos los escándalos.

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Los contratos tratan de derechos exclusivos de televisión, la UEFA Champions League, la Copa de la UEFA y la Supercopa de la UEFA en Ecuador, y por una cantidad sorprendentemente baja. Los contratos estaban en manos de Mossfon únicamente porque los responsables de la UEFA habían enviado los papeles relativos a esos derechos de televisión a través de Cross Trading S. A. a Niue, donde la empresa estaba registrada. Allí los empleados de Mossack Fonseca abrieron los sobres, escanearon los contratos y se los enviaron por correo electrónico al clan de los Jinkis. A cambio de unos honorarios, se entiende.

Así habían llegado a nuestras manos, porque los empleados de Mossfon habían clasificado los correos electrónicos enviados en las correspondientes carpetas de las empresas.

En ese momento hacemos algo que llevamos tiempo deseando hacer: preguntamos a la UEFA en general si también ha hecho negocios con los catorce acusados del proceso de la FIFA y las empresas vinculadas a ellos, sin mencionar de forma explícita Cross Trading. Solo queríamos saber si la UEFA tenía relación con los Jinkis o con los demás.

La respuesta de la UEFA fue la siguiente: «Según la persona responsable en la UEFA en aquel momento, durante los últimos quince años no han existido relaciones comerciales con las personas o empresas que ustedes mencionan».

Es muy curioso, por expresarlo con suavidad. No habíamos preguntado de forma explícita por Cross Trading, pero era obvio que la UEFA tuvo relaciones comerciales con Hugo Jinkis, pues como director de Cross Trading firmó como mínimo un contrato. Con nombres claros.

Ahora los contratos con Cross Trading ganan interés. Se trata de las tres temporadas de Champions League de 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009, la Copa de la UEFA de 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009, así como la Supercopa de 2007 y 2008.

Según los contratos, la empresa de Hugo y Mariano Jinkis pagó por los derechos de emisión en exclusiva un total de ciento cuarenta mil dólares. Nos parece una cantidad sospechosamente baja, incluso aunque el valor de los derechos del fútbol europeo en Ecuador sea, sin duda, una fracción de lo que pagan los propios canales del Viejo Continente. Porque Ecuador tiene quince millones de habitantes, y seguro que la Champions League con todas sus estrellas mundiales también interesa a los aficionados al fútbol del país.

Encontramos una posible explicación en el texto de la acusación contra la FIFA. Los investigadores de Nueva York creen tener pruebas de que Hugo y Mariano Jinkis han pagado sobornos y «untado» con dinero a altos funcionarios de la FIFA y otras federaciones para conseguir o conservar los derechos de emisión de estos torneos de fútbol, que luego revendían más caros, o eso pretendían, como ocurrió con los derechos de televisión para la Copa América o la Copa Centenario.

Este es un ejemplo concreto del texto de la acusación: en otoño de 2011, los Jinkis invitaron a tres funcionarios de alto rango de Centroamérica a una casa en Uruguay. Supuestamente, allí los tres funcionarios prometieron ayudar a Hugo Jinkis y su hijo a conseguir determinados derechos de marketing en los medios. Al parecer, recibieron un pago a cambio: uno de ellos obtuvo doscientos cincuenta mil dólares aproximadamente, y los otros dos, cien mil por cabeza. Esos cuatrocientos cincuenta mil dólares, según la denuncia, procedían de una cuenta de Cross Trading S. A[3].

Ahora surge la pregunta: ¿también había negocios con la UEFA?

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Descubrimos que los derechos de televisión para Ecuador que la UEFA ha vendido a Cross Trading, la empresa de los Jinkis, acaban al final en manos del grupo audiovisual ecuatoriano Teleamazonas. ¿Cuánto ha pagado Teleamazonas para conseguirlos?

En Ecuador estamos en contacto a través del ICIJ con otros periodistas también dedicados, en condiciones bastante difíciles, por cierto, a la investigación. Así, le explicamos la situación a nuestra colega Mónica Almeida, del periódico ecuatoriano El Universo, y al cabo de unos días tiene todos los números que queríamos, y mucho más.

Pero vayamos paso a paso.

En los documentos de que ya disponemos observamos, por ejemplo, el contrato entre la UEFA y Cross Trading S. A. del 13 de septiembre de 2006, que trata de los derechos de emisión en exclusiva para las temporadas de la Champions League de 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. La UEFA recibió a cambio 111 000 dólares en total. Mónica consigue los contratos que el canal firmó con Cross Trading, donde figura que Teleamazonas pagó exactamente 311 170 dólares por esos derechos a Cross Trading. El triple. A Hugo Jinkis y su hijo Mariano les quedan 200 170 dólares gracias a un solo negocio con la UEFA.

Y aún hay más: el segundo contrato que encontramos es del 23 de marzo de 2007, de nuevo entre la UEFA y Cross Trading S. A., y esta vez hace referencia a los derechos de emisión de la Copa de la UEFA para las temporadas 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009, así como la Supercopa de 2007 y 2008. Cross Trading paga por ellos 28 000 dólares a la UEFA, para luego vender esos mismos derechos, según la documentación de Ecuador, por 126 200 dólares a Teleamazonas. Casi cien mil dólares por la operación a cuatro.

En esencia solo vemos dos explicaciones posibles a la situación: o los cargos decisivos de la UEFA están ocupados por incompetentes que no saben apreciar su propio producto, lo que sería un caso increíble de mala gestión, o Hugo y Mariano Jinkis han tenido el mismo trato con la UEFA que el que figura en la acusación sobre la FIFA: han sobornado a las personas que les han proporcionado los derechos de televisión favorables, que luego han vendido más caros. Y para ello han utilizado el mismo vehículo: Cross Trading S. A.

Eso sería un delito.

Uno de los indicios a favor de la segunda versión es que la UEFA niega en rotundo haber hecho jamás negocios con los Jinkis. Una vez más, para estar seguros en caso de que la UEFA declare que no sabía quién estaba detrás de Cross Trading S. A.: en el contrato, bajo la firma de Jinkis padre, figura «Hugo Jinkis, Director».

Teniendo en cuenta los contratos que nos llegan de Ecuador, el desmentido de la UEFA es aún más absurdo de lo que pensábamos. El canal ecuatoriano ya había adquirido los tres años anteriores los derechos de emisión de la UEFA, y siguiendo el mismo patrón: a través de Cross Trading S. A. Por tanto, Teleamazonas también compró a Hugo y Mariano Jinkis los derechos de la Champions League, la Copa de la UEFA y la Supercopa de la UEFA de las temporadas 2003-2004, 2004-2005 y 2005-2006, por unos cuatrocientos mil dólares. Así que el pacto era de la misma magnitud que el otro contrato de Teleamazonas que tenemos entre manos.

Hay muchos indicios de que este peculiar modelo ya se utilizó en estos años previos: la UEFA vende barato a Cross Trading, que vende caro a Teleamazonas.

Si hacemos un cálculo aproximado, Cross Trading habría vendido entre 2003 y 2009 los derechos de televisión de la UEFA con un sobreprecio de seiscientos mil dólares.

Así, la UEFA tenía presuntos negocios, extremadamente sospechosos y como mínimo muy poco favorables, con los empresarios de derechos deportivos implicados en el proceso contra la FIFA, pero niega con rotundidad su existencia.

Bienvenidos a los bajos fondos del deporte.

9. De pescar y encontrar, y del arte en mayúsculas

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DE PESCAR Y ENCONTRAR, Y DEL ARTE EN MAYÚSCULAS

El tiempo apremia demasiado para seguir rebuscando a mano en la montaña de datos, que a estas alturas supera el terabyte. Sabemos que tiene poco sentido buscar en Nuix personas, conceptos o hechos, pues tendríamos que repetir cada búsqueda individual sin resultados en cuanto volvieran a aumentar los datos. Pero no dejamos de hacerlo. Seguimos sentándonos esa media hora rápida delante del portátil para lanzar la red en nuestro mar de datos, que aumenta cada semana. Nos dedicamos a «pescar». Así lo llaman nuestros camaradas del ICIJ, y nos desean un «happy fishing»…

La gracia es que casi siempre encontramos algo. Cada vez que estamos más de veinte minutos introduciendo palabras clave encontramos alguna pista, algo que parece ilegal, excepcional, divertido o simplemente interesante. Pero no podemos investigarlo en el acto porque nos falta tiempo y cada caso presenta su complejidad. Así que guardamos todo lo que suena bien en una carpeta encriptada en nuestros ordenadores, ponemos nombre a las nuevas subcarpetas y… ahí se queda.

Sin embargo, en algunas ocasiones es tan bueno lo que vemos que enseguida seguimos indagando. Por algún motivo se nos ocurre buscar la palabra painting («cuadro, pintura») —uno casi siempre olvida enseguida qué intuición ha seguido a la hora de «pescar»—, y obtenemos cientos de resultados. Eso no es bueno, no queremos invertir tanto tiempo en buscar casualidades. Pero uno de los primeros resultados remite a un cuadro de Amedeo Modigliani, Hombre sentado con un bastón.

Amedeo Modigliani era un pintor italiano que vivió en París a principios del siglo XX, rodeado de coetáneos como Pablo Picasso y Pierre-Auguste Renoir. Pintó Hombre sentado con un bastón en 1918, según averiguamos con una consulta rápida. Como su nombre indica, representa un hombre con un bastón, y vale muchos millones.

Ya en la vista previa de la interfaz de búsqueda se evidencia que el fichero donde se menciona nuestro cuadro es un documento judicial. Lo recuperamos de los datos y vemos que un francés llamado Philippe Maestracci ha demandado a la Helly Nahmad Gallery de Nueva York por ese cuadro de Modigliani. En pocas palabras: Maestracci reclama el cuadro que, según él, los nazis robaron a su abuelo. La Helly Nahmad Gallery, por su parte, afirma que el cuadro ni es de su propiedad ni lo tenían expuesto en ese momento.

Helly Nahmad es el hijo, muy rico, del todavía más rico Davide Nahmad, que a su vez es descendiente de un multimillonario libanés, con pasaporte italiano y residencia en Mónaco. Helly Nahmad es una cara conocida en el mundo de los guapos y ricos neoyorquinos. Dirige una galería situada cerca de Central Park, especializada en arte impresionista y contemporáneo: la Helly Nahmad Gallery[1].

Nuestros expertos en arte consideran que los Nahmad son los mayores compradores particulares del mercado internacional. Conservan una parte de su patrimonio artístico, que incluye numerosos Picassos, en un almacén bien protegido en Ginebra, un puerto franco.

En la misma carpeta que alberga el documento judicial —la de una empresa offshore llamada International Art Center (IAC)—, encontramos un fax del departamento de gestión de grandes fortunas de un gran banco, de finales de 2011. Solicitan que Mossack Fonseca haga firmar a los directores de International Art Center designados por Mossfon un documento que certifique que el Modigliani Hombre sentado con un bastón pertenece a dicha empresa. En ocasiones la investigación es fácil, pues adjunto hay un comprobante de compra de la casa de subastas Christie’s de 1996 y un papel que parece una especie de certificado de propiedad. Ambos identifican a International Art Center como la propietaria. Según el documento, el cuadro está guardado en el puerto franco de Ginebra, donde también se encuentran las obras de arte de los Nahmad.

Un largo reportaje del Wall Street Journal publicado en octubre de 2014 nos ayuda a entender el asunto. La historia, según la versión del periódico, empieza en 1946 en París con una carta del coleccionista de arte de origen judío Oscar Stettiner dirigida a las autoridades: es la reclamación de sus cuadros, extraviados en Francia durante el Gobierno nacionalsocialista. Stettiner huyó de París en 1939, y tuvo que dejar sus obras de arte. Los nazis colocaron a un gestor en su galería que vendió las obras de arte en cuatro subastas públicas, entre ellas Hombre sentado con un bastón.

En 1947 un funcionario público se puso a verificar la reclamación de Stettiner sobre la devolución del Modigliani. El hombre llegó a la conclusión de que un tal «Van der Klip» había comprado el cuadro en 1944. Anotó la dirección: rue de Courcelles 36, París. Además del Modigliani, el comprador adquirió una alfombra y un cuadro en el que aparecía Stettiner de niño. Oscar Stettiner estuvo a punto de recuperar el cuadro: el inspector encontró a Van der Klip y se reunió con él y con Stettiner en un patio de París, donde la alfombra se encontraba en un cobertizo. Van der Klip se mostró dispuesto a devolvérsela. Pero el Modigliani no estaba allí. Van der Klip aseguró que había vendido el cuadro a un tal monsieur Mariage, de Saint-Pierre, que también asistió a la reunión y explicó que había vendido el cuadro en 1944 por veinticinco mil francos a un oficial estadounidense. Quedó con él en el Café du Rohan, en la Place du Palais Royal, cerca del Louvre. Sin embargo, el inspector no consiguió ni el nombre ni una dirección del supuesto comprador americano. Después de eso, el Modigliani permaneció desaparecido durante casi cincuenta años.

A principios de 1996 volvió a aparecer en la subasta de Christie’s en Londres, en la que fue adquirido por International Art Center según nuestros documentos. La única información que incluía el catálogo sobre su origen era que el cuadro lo había ofrecido para la subasta un comprador anónimo. International Art Center pagó por él 3,2 millones de dólares.

Doce años después, en otoño de 2008, Hombre sentado con un bastón salió de nuevo a la venta, esta vez en Sotheby’s. Su valor se estimaba entonces en entre dieciocho y veinticinco millones de dólares. En el catálogo de la subasta se decía que probablemente el cuadro formaba parte del patrimonio del marchante de arte judío Oscar Stettiner, fallecido en febrero de 1948. Así que era probable que el Modigliani fuera un cuadro robado por los nazis. En Sotheby’s no encontró comprador.

Aquello levantó poco después las sospechas de Mondex, una agencia de detectives canadiense especializada en arte que, desde mediados de la década de 1990, sigue el rastro de obras de arte robadas por los nazis para luego devolverlas a sus legítimos propietarios o sus descendientes. A cambio de una comisión, se entiende. Mondex encontró en Francia al único heredero de Stettiner, el posterior denunciante Philippe Maestracci, y comenzó a buscar el cuadro por encargo suyo, así como pruebas de que Stettiner era el verdadero propietario del Modigliani. En el archivo de la Bienal de Venecia los detectives dieron con una fotografía del cuadro donde se dice que Oscar Stettiner lo prestó a la Bienal en 1930.

Pero ¿dónde estaba el cuadro ahora?

Tras la subasta de 1996, el Modigliani estuvo expuesto en una ocasión en el Museé d’Art Moderne de París y en la Royal Academy of Arts de Londres, y dos veces en la Helly Nahmad Gallery de Nueva York. Maestracci se puso en contacto con Nahmad. A través de su abogado, escribió dos cartas en las que solicitaba una reunión con Nahmad para hablar del Hombre sentado con un bastón y de su deseo de recuperarlo. Maestracci no obtuvo respuesta.

En 2011 Maestracci lleva a juicio a la Helly Nahmad Gallery en Nueva York, y esos son los documentos que vimos en primera instancia en nuestros datos. Ampliamos un poco la búsqueda y comprobamos que el procedimiento aún está pendiente de resolución en instancias más elevadas. Hablamos con el ICIJ, cuya sede está en Washington, a solo unas horas en tren de Nueva York. Tal vez algún compañero tenga tiempo de asistir a la siguiente vista del proceso.

Marina Walker nos informa de que otro periodista, Jake Bernstein, hace tiempo que trabaja en el tema, pues siguió investigando desde que leyó nuestra primera entrada en el foro. Además, Jake ya se ha puesto en contacto con Mondex, la agencia de detectives especializada en arte, así como con los abogados del denunciante.

Seguimos investigando sobre el Modigliani robado por los nazis a través de PACER, que son las siglas de Public Access to Court Electronic Records, una base de datos en internet muy útil. Por unos céntimos por documento, se puede obtener la documentación de casi todos los procedimientos judiciales que estén pendientes o se hayan llevado a cabo en Estados Unidos: el texto de la defensa, el de la acusación, las solicitudes de admisión de pruebas. Prácticamente todo el papeleo que se origina en un proceso.

Buscamos el caso de Philippe Maestracci contra la Helly Nahmad Gallery.

En docenas de páginas leemos cómo el abogado de Maestracci sigue el rastro del cuadro desde Oscar Stettiner y el intermediario designado por los nazis, pasando por John van der Klip, hasta llegar a la Helly Nahmad Gallery. Todo suena concluyente y bien documentado.

Sin embargo, Helly Nahmad afirma por escrito que su galería no ha sido propietaria del Modigliani «en ningún momento». Solo lo tuvo en préstamo en una ocasión para una exposición en su galería. Además, los abogados de Nahmad presentaron al juez un documento de la casa de subastas Christie’s según el cual el cuadro se vendió en 1996 a la sociedad panameña International Art Center, y no a Helly Nahmad Gallery.

Maestracci no puede rebatirlo, y en 2012 retira la demanda.

En 2014 lo intenta de nuevo, mejor dicho, un administrador «de la herencia de Oscar Stettiner» nombrado por el tribunal: esta vez la demanda no es solo contra Helly Nahmad Gallery, sino también contra International Art Gallery, al parecer propietaria del cuadro, además de contra Helly Nahmad y su padre Davide. El representante de IAC y los Nahmad fue el mismo abogado estrella neoyorquino, que aclaró que International Art Center era el único propietario: «Nadie más en el mundo, tampoco los acusados Helly Nahmad Gallery, Helly Nahmad y Davide Nahmad, es propietario del cuadro».

En sentido estrictamente jurídico es cierto, pero de nuestros datos se deduce lo siguiente: International Art Center S. A. fue creada en 1995 por Giuseppe Nahmad, hermano mayor de Davide Nahmad y tío de Helly Nahmad. En 2008 transfirió la mitad de sus acciones de IAC a Davide Nahmad. Además encontramos un documento del 22 de octubre de 2014 firmado por Davide Nahmad en calidad de «único accionista». El mismo Davide Nahmad que, como hemos dicho, en 2015 afirma a través de su abogado ante el Tribunal Supremo del estado de Nueva York que el cuadro solo es propiedad de IAC.

Así, las intrincadas relaciones de propiedad provocan que el heredero del marchante de arte parisino tenga dos causas idénticas contra las partes equivocadas. Los Nahmad se benefician de la opacidad de su entramado offshore.

Nos habría encantado hablar con ambos sobre IAC y el Hombre sentado con un bastón, pero nuestra solicitud sigue sin respuesta al cierre de la redacción de este libro. El abogado neoyorquino que representa ante el tribunal a los Nahmad y a IAC ha explicado en una entrevista que es «irrelevante» a quién pertenece dicha empresa.

De hecho, es cierto: aunque el denunciante consiguiera al final hacer valer sus exigencias contra IAC, podría ser que no llegara a recuperar el cuadro. Ejecutar una sentencia estadounidense contra una sociedad pantalla con sede en Panamá puede ser una tarea ardua. Un abogado con quien hemos comentado largo y tendido los hechos terminó su valoración con un «mucha suerte…».

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Para entonces ya solo quedan unos días para el encuentro en Washington. Los vuelos están reservados, volamos con United Airlines a las 11:40 desde Múnich a la capital estadounidense sin escalas.

El vuelo puede ser un poco delicado, pues nos llevaremos los datos. Ya tenemos más de un terabyte. Tenemos que encriptar de nuevo un disco duro, crear una unidad oculta y grabar los datos.

Ya conocemos el procedimiento, pero hasta entonces han sido otros quienes han cruzado el Atlántico con los discos duros. Esta vez el disco duro estará en nuestro equipaje, y eso no ayuda a relajarse.

¿Y si nos detienen? David Miranda, pareja del confidente de Edward Snowden, Glenn Greenwald, fue detenido por la policía británica en el aeropuerto londinense de Heathrow en pleno auge del caso de la NSA. Los agentes registraron el equipaje. «Me amenazaron todo el tiempo diciendo que acabaría en la cárcel si no colaboraba», dijo Miranda más tarde. Al final les dio las contraseñas de sus discos duros.

¿Y si nos pasa eso a nosotros? ¿Y si las autoridades estadounidenses ya están al corriente de los datos que tenemos, una información que sería de interés para la policía, el servicio secreto y las autoridades tanto fiscales como bursátiles? ¿Unos datos que tal vez contengan asuntos oscuros de Estados Unidos?

¿Tendríamos la sangre fría de dar a la policía estadounidense solo la contraseña externa sin sudar, tartamudear ni dar alguna otra señal de que hay algo más oculto en el disco duro?

En resumidas cuentas: estamos un poco nerviosos.

10. Con la Casa Blanca detrás

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CON LA CASA BLANCA DETRÁS

Aterrizamos a salvo en Washington.

Ahora hay que respirar hondo y mantener la calma, no pensar en los datos que llevamos en la maleta. No pasa nada, nos repetimos, solo somos periodistas normales y corrientes que vienen de Alemania. Cuando nos dirigimos hacia la recogida de equipajes, tenemos un mal presentimiento.

La pesadilla es que alguien de la aduana se interese por el disco duro.

Lo bueno es que ni siquiera podemos revelar los datos. La contraseña del disco duro oculto tiene aproximadamente cuarenta caracteres, y no la llevamos encima a propósito, ni en el ordenador, ni en el móvil, ni en el cuerpo. Solo tenemos la contraseña de la parte del disco duro que hemos llenado con viejas carpetas aburridas para la aduana estadounidense. La contraseña del disco duro oculto se la pasaremos al ICIJ al regresar a Alemania, encriptada.

Pero antes de llegar a los empleados de inmigración, tenemos que esperar. La cola hasta el mostrador de la aduana es interminable. No paramos de ver curvas nuevas de personas que aguardan pacientes. Es un milagro que en el aeropuerto de Washington no haya siempre gente fuera de sí. Techos bajos, miles de viajeros que se van empujando centímetro a centímetro, sudados y exhaustos tras vuelos largos, por todas partes hay adultos nerviosos, niños que lloran, y al final esperan los policías y empleados de aduanas que deciden si todo ha sido en vano.

Esto tiene que ser el infierno para alguien con una ligera tendencia a las fobias. Para alguien que no sabe si lo van a apartar en la aduana para interrogarle sobre la presencia de unos posibles datos robados en el equipaje, tampoco es la situación ideal.

Avanzamos a pasitos cortos. En un momento dado la cola nos separa, un empleado de aduana nos dirige en distintas direcciones. Seguimos sus indicaciones. En los mostradores nos esperan unos señores huraños, con mirada inquisitoria y gestos profesionales con la cabeza. Sin embargo, no nos hacen más preguntas. Recogemos el equipaje, y ya está.

Los datos han llegado casi de forma oficial a Estados Unidos.

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Es última hora de la tarde y vamos directamente al ICIJ, en el centro de Washington. La sede se encuentra en la 17 Noroeste, no muy lejos de la Casa Blanca. En la segunda planta hay puestos de trabajo para unos diez periodistas. Nos sentamos con el director del ICIJ, Gerard Ryle, su segunda de a bordo, Marina Walker, y la jefa de datos, Mar Cabra, y comentamos los últimos detalles para los días siguientes.

En un momento dado, Marina nos sonríe y pregunta: «¿Estáis preparados para mañana, para vuestra exposición?».

Sonreímos, afables.

No habíamos tenido tiempo de pulir la presentación, pues Marina nos avisó una semana antes de que teníamos que presentar el proyecto. En la reunión de preparación de la filtración de Luxemburgo en Bruselas, los empleados del ICIJ se hicieron cargo de la presentación, ayudados de vez en cuando por Édouard Perrin, el compañero que primero vio los datos de la filtración. Invitaron a expertos que nos explicaron los antecedentes fiscales secretos de los grandes grupos empresariales. En la reunión de preparación de la filtración de Suiza ocurrió algo parecido, en gran parte fue el ICIJ quien explicó de qué se trataba: el tesoro que Hervé Falciani, quien denunció las irregularidades del banco ginebrino HSBC, les había hecho llegar. Los dos periodistas de Le Monde, Gérard Davet y Fabrice Lhomme, que lo habían hecho todo, se quedaron sentados y sonrientes en la mesa y contestaron a las preguntas. Y nosotros teníamos que hacer una exposición. En inglés. En Washington.

Estábamos un poco tensos cuando en Múnich creamos las primeras diapositivas de PowerPoint. Los nervios no desaparecieron cuando leímos el mensaje de correo electrónico de Marina Walker: «Bastian y Frederik: por favor, preparad bien la presentación para que sirva de motivación y ayuda para los demás periodistas».

Marina es genial. Es ella quien organiza las colaboraciones internacionales, y no para de dejar claro a los periodistas colaboradores lo importantes que son virtudes como la puntualidad, la precisión y la formalidad. Puede ser muy directa, es evidente.

Pero tiene razón, de momento solo algunos de los cuarenta informadores invitados sabían a grandes rasgos de qué se trataba: una filtración, datos sobre empresas offshore secretas, los primeros recorridos interesantes. Nuestro trabajo es animarlos.

Aprovechamos el mensaje de correo electrónico de Marina para hacer una tercera revisión de la presentación en el avión. Y una cuarta.

Y cuando llegamos al hotel después de la reunión en el ICIJ, otra vez.

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Al día siguiente, después de un desayuno carísimo y un paseo sudoroso a unos sofocantes treinta grados de temperatura, poco antes de las nueve entrábamos en el Salón de la Primera Enmienda —en la decimotercera planta del National Press Building en Washington D. C.—, una sala de conferencias con vistas a la Casa Blanca. Ante nosotros, compañeros de todo el mundo, de Argentina, Inglaterra, Costa Rica, Italia, España, Estados Unidos y otros países. Entre ellos están algunos de los mejores periodistas de investigación del mundo, como James Ball del Guardian, o Jake Bernstein, galardonado unos años antes con el premio Pulitzer, o Uri Blau de Israel, que con sus investigaciones ha solucionado crisis estatales.

Ahora estaban todos sentados a una mesa larga, escuchándonos.

Nuestra táctica es llamar la atención enseguida con las dimensiones de la filtración:

—Es la mayor filtración hasta el momento: los datos ya ocupan 1,5 terabytes, y sigue creciendo.

—Es muy actual: los últimos correos electrónicos son de unos días antes.

—Hay información detallada sobre un cuarto de millón de empresas offshore.

Le pedimos a un compañero de maquetación que nos hiciera un gráfico que relacionara las diferentes filtraciones, es decir, nuestro 1,5 terabytes, los 260 gigabytes de las empresas offshore y las filtraciones de pocos gigabytes (y aun así muy influyentes) de WikiLeaks. De hecho, la imagen en comparación es impresionante, y enseguida se impone el silencio en la sala.

Nos hemos ganado al público. Pasados unos minutos, los nervios han desaparecido y no paramos de hablar. Del supuesto mejor amigo de Putin, del primer ministro islandés, del primo de Bachar el Asad, del misterioso alemán y de los quinientos millones de dólares en oro de la cuenta de Bahamas. Mientras hablamos, ya vemos en los rostros de los presentes que no será necesario convencer a nadie para que se sume al proyecto Prometheus.

Básicamente hablamos desde las nueve de la mañana hasta el mediodía. Explicamos la estructura de los datos, dónde encontrar cada información, la mejor manera de buscar y cuáles son los puntos problemáticos.

A mediodía desarrollamos juntos un plan de acción: cuándo queremos publicar, qué áreas temáticas buscaremos y qué historias abordaremos en grupo. Lo genial es que contamos con la experiencia de nuestro jefe de departamento del SZ en este tipo de colaboración. James Oliver es una de las personas que más conocen la FIFA, los argentinos conocen el tema de Kirchner por dentro y por fuera y, a su vez, el participante islandés puede valorar el caso del primer ministro de su país mucho mejor que nosotros. Sin embargo, aún nos alegran más las reacciones de nuestros camaradas. Ya estábamos convencidos del valor de «nuestra» filtración y de que valía la pena una colaboración internacional, pero es muy distinto oírlo de boca de un galardonado con el premio Pulitzer. Y ver que el Guardian, la BBC y Le Monde muestran el mismo entusiasmo y van a dedicar en el acto equipos al tema también ayuda. Los compañeros de la televisión de la agencia de prensa francesa Premiéres Lignes y la gente de la cadena estadounidense Univision han acudido con cámaras, graban la reunión y nos entrevistan.

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La reunión en Washington cambia nuestra visión del trabajo. Ya no es nuestro pequeño proyecto. Ahora es un proyecto gigantesco y tendremos que procurar no desfallecer, al fin y al cabo estamos en el centro de una investigación que requiere coordinación internacional. Otras publicaciones tal vez habrían abandonado un trabajo así, o en todo caso podrían asumir el personal, el equipo y los costes. Cuando WikiLeaks acudió al Spiegel, se dice que dedicaron treinta personas a examinar los documentos. ¡Treinta personas!

El Süddeutsche Zeitung no está preparado para algo así, de ningún modo. ¿Cómo? En este momento nuestro departamento está formado por cuatro personas, de las cuales se espera básicamente que colaboren en la cobertura informativa de la actualidad.

No tenemos a nadie que conozca bien el periodismo de datos, no hay nadie en el equipo que hable español a la perfección, aunque más de la mitad de los documentos están redactados en esa lengua, y en realidad no tenemos presupuesto para reforzar la plantilla o mejorar el equipo técnico. Lo único que tenemos es la confianza absoluta de nuestro jefe de departamento y el apoyo de nuestro redactor jefe, Wolfgang Krach y Kurt Kister respectivamente. Krach fue periodista de investigación en Spiegel, y no ha perdido la debilidad por los grandes reportajes de investigación.

Salimos en pelotón del National Press Building hacia el restaurante que el ICIJ ha reservado para la cena. Por otra parte, el camino contribuye a incrementar el ambiente festivo, pues pasamos justo por delante de la Casa Blanca. De ahí vamos a Farragut Square y, a continuación, seguimos por la Connecticut Avenue hacia Dupont Circle. Es el barrio que conocemos por series estadounidenses como House of Cards o El ala oeste de la Casa Blanca.

Después de cenar, probamos distintos tipos de cerveza en la terraza de un restaurante agradable y muy tranquilo. No paran de sentarse con nosotros distintos compañeros para saber un poco más sobre las circunstancias de la fuente, como buenos periodistas de investigación. Para entonces ya nos hemos acostumbrado a tener siempre la misma reacción a la pregunta recurrente de si realmente no conocemos a nuestra fuente.

¿De verdad es anónima?

Sonreímos.

Sí, es anónima.

Sonreímos.

Es la verdad.

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El tercer día en Washington es una jornada de trabajo. La máquina del ICIJ está en funcionamiento, la situación está encarrilada, en el fondo solo se trata de dar con las coordenadas exactas: ¿cuáles son los grandes casos?, ¿cuándo los sacaremos a la luz?, ¿qué temas abordamos juntos?

Nos sentamos en círculo en una pequeña sala de reuniones con expertos en periodismo de datos —en la agenda del ICIJ, figura como «geeky data meeting», es decir, una reunión con frikis de los datos—, que analizan cómo filtrar, clasificar y examinar toda esa información con programas especiales. Nosotros permanecemos sentados con una sonrisa amable en el rostro.

Lo único que comprendemos enseguida es que mientras sigamos investigando los datos de la forma convencional, por así decirlo, se nos cierran muchas vías de investigación.

Necesitamos a alguien que sepa manejar de verdad algo así.

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Al margen de la reunión, Christophe Ayad, un colega francés, nos llama aparte. «Mirad, he encontrado a Alaa Mubarak en los datos, el hijo del expresidente de Egipto, Hosni Mubarak», dice. Otro caso relacionado con un presidente. El periodista nos explica que ha encontrado al hijo del autócrata en los documentos de una empresa llamada Pan World Investments Inc.

Seleccionamos la carpeta correspondiente a la empresa en los datos y vamos abriendo los documentos, año tras año. Documento por documento. Nada fuera de lo común, el típico negocio offshore: la escritura de constitución —redactada en 1993 en las Islas Vírgenes Británicas—, facturas y un cambio ocasional del testaferro. Nada más.

Tampoco en 2011, cuando el dictador Hosni Mubarak fue expulsado del poder por su pueblo enfurecido y sus hijos Alaa y Gamal acabaron detenidos. Para los egipcios, ambos son ejemplos paradigmáticos de una élite codiciosa que se enriquece a costa del pueblo y esquilma el Estado. Fueron llevados a juicio. Poco antes de nuestra reunión en Washington se los juzgó juzgados por malversación, y aquí es donde confluyen la realidad y los datos.

Alaa Mubarak, el hijo del dictador, que también había sido juzgado, es desde hace dos décadas propietario —ultimate beneficial owner (o UBO), es decir, el beneficiario real— de Pan World. Eso no lo cambia la Primavera Árabe, la caída de su padre, los procesos judiciales ni los titulares en todo el mundo.

En 2013, cuando las autoridades fiscales de las Islas Vírgenes Británicas solicitaron información sobre Pan World, se produjo un interesante diálogo entre dos departamentos de Mossack Fonseca, el de cumplimiento y el legal, sobre la información que reclamaban las autoridades. Mejor dicho: sobre la falta de información.

Alaa Mubarak tendría que haberse fijado en que la revisión interna debería haber clasificado su empresa, Pan World Investments Inc., entre las de alto riesgo, es decir, high risk. En cambio, en 2012 —un año después de la Primavera Árabe— Mossfon consideró que la sociedad pantalla ofrecía low risk, un riesgo bajo. Ahora la directora del departamento legal advierte que en ningún caso hay que decírselo a las autoridades por escrito, pues sería una confesión de «nuestro grave error en la valoración del riesgo».

Al fin y al cabo, Alaa Mubarak no era una persona expuesta políticamente, escribe una empleada del departamento de cumplimiento legal: Mubarak es una persona sancionada, un proscrito internacional. El hijo del exdictador egipcio fue incluido en la lista de sanciones de la UE «por uso ilegal de dinero público»[1].

Eso debería haber llamado de inmediato la atención de una empresa que ante nuestra consulta de febrero de 2015 —relativa al registro en el Commerzbank— se jactó de «conocer a sus clientes» y, además, de llevar a cabo verificaciones previas de todos sus nuevos clientes, así como «comprobaciones y actualizaciones periódicas de los clientes existentes».

¿Conocer a sus clientes?

Una de las abogadas de Mossfon escribe en agosto de 2013 a sus colegas: «De hecho, no hemos identificado desde un principio al propietario económico (como deberíamos haber hecho)». Mossfon tenía al hijo del dictador en su fichero, disponía incluso de una copia de su pasaporte, pero por lo visto no tenía ni idea de quién era[2].

Mientras aún estamos en el hotel de Washington, damos con una tabla creada por un empleado de Mossfon, una lista de todas las empresas del bufete panameño en las islas Seychelles en las que se detalla si se conoce al propietario autorizado. El resultado es que, de las 14 086 empresas incluidas, Mossfon solo sabía a quién pertenecían en realidad 204.

Es una muestra de incompetencia, y pone de manifiesto la falta de responsabilidad con la que Mossack Fonseca se enfrenta a sus obligaciones. Cualquiera, delincuentes incluidos, podría ser propietario de una de esas empresas. Mossfon les ofrecería sus servicios profesionales sin hacer más preguntas.

11. Cómo se prende la mecha

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CÓMO SE PRENDE LA MECHA

Volamos de regreso de Washington. Cuando aterrizamos en Alemania el 3 de julio de 2015, nuestro correo electrónico está a rebosar, y tres cuartas partes de los mensajes tienen el mismo asunto: «La persona XY ha escrito una nueva entrada en el foro: haga clic aquí». Son notificaciones del foro encriptado que el ICIJ ha creado para la investigación. Es evidente que la reunión en Washington ha motivado a nuestros compañeros, pues durante días van entrando resultados de la investigación. También se debe a que, para entonces, Marina ha reclutado a más participantes y todos han ido alimentando el buscador que tiene acceso a nuestros datos con palabras clave. Ya hay unos setenta periodistas a bordo de la investigación.

Los nuevos resultados son: un candidato a la presidencia uruguaya, un traficante de armas con conexiones con el caso Irán-Contra, un jefe del servicio secreto peruano, un multimillonario ruso, una empresa que aparece en el centro de un complot por asesinato… Todos prometen buenas historias.

Algunos hallazgos nos dejan asombrados: un periodista de Estados Unidos encuentra a Kojo Annan, hijo del ex secretario general de la ONU Kofi Annan. Según los documentos, es propietario de dos sociedades pantalla en las Islas Vírgenes Británicas y de otra en Samoa.

Profundizamos un poco más y vemos un artículo que Kofi Annan escribió en 2013 para el New York Times. El título era al mismo tiempo un llamamiento: «Pongamos fin al saqueo de África». Annan denunciaba que el continente africano estaba siendo explotado, gracias a sociedades pantalla y grupos empresariales anónimos que tienen su sede en provechosos paraísos fiscales. Annan daba un ejemplo: Nigeria.

Exacto.

El copropietario de una de las empresas de Kojo Annan en las Islas Vírgenes Británicas fue, como mínimo hasta 2015, el hijo de un destacado exsenador nigeriano. De los datos no hemos podido deducir para qué fue creada exactamente la sociedad. Consultado por el ICIJ, un asesor de Kojo Annan aclaró que este dirige sus empresas «de conformidad con las leyes y normativas de la jurisdicción correspondiente». En cuanto a las deudas tributarias, se pagarían en los países correspondientes. El fin de las empresas era la regularización de «asuntos familiares y empresariales».

Unos años antes, Kojo Annan estuvo implicado en un asunto controvertido, el escándalo del programa Petróleo por Alimentos en Irak. Kojo trabajaba para una empresa que había obtenido un encargo millonario de las Naciones Unidas (cuyo secretario general era entonces su padre) para supervisar la entrega de productos de asistencia en Irak. Un periódico británico planteó preguntas incómodas por primera vez en 1999. Entonces también se comentaron las modalidades de pago que Kojo Annan usaba para recibir su remuneración. Una comisión presidida por el antiguo jefe del banco emisor estadounidense, Paul Volcker, declaró más tarde que «no había pruebas» de que Annan padre se hubiera enriquecido. Tampoco habían encontrado pruebas de conducta incorrecta por parte de Kojo Annan, aunque no se había mostrado dispuesto a colaborar con la comisión. El asesor de Kojo afirma en una carta que el informe de la comisión deja claro «que no hay pruebas de ninguna índole ni una confirmación de la comisión de que Kojo Annan haya hablado jamás con alguien de Naciones Unidas o haya intentado influir en alguien de la ONU para que concediera contratos a una sociedad a la que él estuviera vinculado».

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Resulta fascinante observar cómo nuestros datos cobran vida sin que nosotros hagamos nada. ¡Pam!, un nuevo resultado. A menudo de noche, por la diferencia horaria entre Estados Unidos y otros países americanos. A esas alturas, durante todo el día hay alguien que rebusca entre los datos, en algún huso horario casi siempre hay algún participante delante del ordenador que escribe nombres nuevos en la interfaz de búsqueda.

Volvemos de almorzar y alguien ha encontrado a otro jefe de Estado o de Gobierno. Cuando los compañeros europeos trabajan en los datos, recibimos resultados nuevos casi en directo, por horas. Algunas pistas son espectaculares:

El presidente de Emiratos Árabes Unidos.

El antiguo primer ministro de Jordania.

La familia de un exdictador sudamericano.

El viceprimer ministro palestino.

También tenemos una pista sobre Nawaz Sharif, el primer ministro de Pakistán. Sharif ya fue dos veces primer ministro de Pakistán en la década de 1990. El Banco Mundial menciona en un informe crítico dos empresas en las Islas Vírgenes Británicas que Sharif podría haber usado para negocios dudosos: Nescoll y Nielson. A través de ellas habría comprado inmuebles de lujo en Londres. Así que el dinero público se convierte en un abrir y cerrar de ojos en una mansión privada. Encontramos las dos empresas en los datos. La propietaria según los documentos, por lo menos hasta 2012, es Mariam Safdar, Sharif de soltera: la hija de Nawaz Sharif[1].

Siempre intentamos documentarnos bien sobre los casos para comprender de qué se trata y si podemos ayudar o debemos participar. Conocemos la estructura de los datos con la mayor exactitud porque hace meses que trabajamos con ellos. A menudo podemos decir cómo sacar más información.

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Durante los últimos días de junio y principios de julio de 2015, nuestro edificio del SZ de Múnich estaba en obras, tiraban paredes y levantaban otras, uniendo despachos y poniendo límites. El proyecto se llama «un solo SZ»: la redacción online del SZ y el diario escrito debían por fin crecer juntos. Hasta entonces las redacciones estaban separadas por hasta diez plantas. Ahora, la redacción de Política del periódico impreso estará en la misma planta que la redacción homónima de la edición virtual del SZ. En el transcurso de las obras, nuestro departamento se muda de la planta 25 a la 24.

A los dos nos da igual en qué planta trabajar. No necesitamos tener contacto directo con la sala de Redacción o con la sección Página Tres. Tal y como afirma nuestro jefe de sección, Hans Leyendecker, cuando quiere hacernos enfadar, al fin y al cabo ya no escribimos.

Con el traslado se impuso que tuviéramos nuestra propia sala para el proyecto. Una «sala de guerra», con archivadores altos en las paredes y pizarras blancas magnéticas. La puerta, que como todas las del edificio es de cristal, está recubierta con un plástico traslúcido. La entrada a nuestro departamento está limitada, ni el servicio de seguridad ni los empleados de la limpieza pueden entrar en la sala. Ni siquiera el redactor jefe.

Es un buen lugar. En realidad el proyecto ha tenido una buena acogida. Nuestra primera acción como departamento es colgar una hoja con el nombre del proyecto en la pared: Prometheus. Luego, escribimos una lista en una de las pizarras blancas. Es la lista de las pistas sobre jefes de Estado y de Gobierno, actuales y anteriores.

Delante, el país; detrás, el cargo.

Pakistán, primer ministro[2].

Islandia, primer ministro[4].

Siria, primo del dictador[4].

Llegamos a una docena. La lista nos motiva todos los días. Así nos da la sensación de que no perdemos del todo la perspectiva de lo que está ocurriendo.

Los jefes de Estado son la parte más destacada de nuestras historias. También hay conocidos proveedores de armas para la CIA, empresas offshore que se ocupan de los negocios con el petróleo del régimen iraní y acaudalados partidarios de candidatos a la presidencia de Estados Unidos.

No siempre está claro si los empleados de Mossfon son conscientes de quién les paga, pero su modelo de negocio acepta que quien sea oculte su rastro con su ayuda.

¿Miembros de la mafia siciliana? Aparecen en los datos. ¿Miembros de la mafia rusa? Están en los datos. ¿Seguidores del cártel mexicano de la droga de Sinaloa? Están. ¿Trabajadores de servicios secretos? También. ¿Estafadores? ¿Delincuentes económicos? ¿Ladrones de bancos? Todos están en los datos.

No pasaría nada de no ser por un pequeño problema: ahora mismo, no podemos buscar en nuestros datos. En este momento, a mediados de junio, nuestros compañeros de todo el mundo tienen acceso a unos centenares de gigabytes del material. Es suficiente para encontrar datos fantásticos, pero aquí ya tenemos 1,7 terabytes. Y nuestro equipo técnico naufraga en ellos.

La causa es que Nuix, el programa que nos ha proporcionado el ICIJ para el análisis, no para de engullir memoria. Los clientes que suelen utilizar Nuix son grandes bufetes o servicios de inteligencia que disponen de ordenadores con una potencia enorme. En eso el dinero sí importa. Nosotros tenemos un portátil de mil quinientos euros que puede afrontar brillantemente las exigencias de cualquier periódico.

Sin embargo, la indexación y el reconocimiento del texto de 1,7 terabytes de información lo superan. En vez de visualizar cuántos documentos quedan, vemos un círculo que da vueltas constantemente, la señal de que el ordenador se ha colgado.

El portátil se cuelga, una y otra vez.

Es una pesadilla.

Deberíamos ir al redactor jefe y decirle que necesitamos un ordenador nuevo. Otra vez. Necesitamos más memoria de trabajo, más procesadores, más terabytes. Más, más, más. El equipo de datos del ICIJ nos aconseja, los expertos de Nuix nos asesoran, y seguimos recogiendo opiniones de especialistas.

También podríamos dejarlo, el ICIJ nos lo ofrece: su equipo de datos indexa todo lo que recibimos, pasa un programa de reconocimiento de texto y lo convierte en sensible a la búsqueda. Pero queremos poder trabajar con los datos también en dos años aquí, in situ. Por eso tenemos que hacerlo nosotros.

Al final nos decidimos por un PC con 64 gigabytes de memoria. Para comparar: un portátil normal tiene cuatro gigabytes, como mucho ocho. Además, encargamos cuatro discos duros, uno de ellos SSD. No sabemos mucho de técnica, pero a estas alturas algo hemos aprendido: tal abreviatura significa que esos discos duros funcionan más rápido de lo normal.

Tenemos que convencer, en varias ocasiones, al personal del departamento de informática y de compras de que no nos hemos equivocado al escribirlo, que pedimos en serio «esa megaestación de trabajo», un ordenador que se usa como servidor en el edificio, pero no para escribir artículos.

Aun así, el redactor jefe quiere tenerlo, de modo que lo llama «PC número dos».

Hasta que llega el nuevo superordenador, nos enfrentamos a una montaña de datos sin poder buscar en ellos de manera razonable. Hay muchos indicios que nos gustaría seguir. Viejas pistas como el hombre de los quinientos millones de Siemens o el mejor amigo de Putin, el violonchelista. Y surgen nuevas pistas a diario.

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El periodista Jake Bernstein, galardonado con el premio Pulitzer y miembro del ICIJ, lleva un buen ritmo para entonces. Ya ha seguido el rastro de la mitad de Oriente Próximo en los datos, como el del primer ministro de Qatar.

Esta vez se trata de Ayad Allaui, hasta 2015 vice primer ministro iraquí.

«Cada vez que escribes en el foro, sale un nuevo jefe de Estado», comenta la vicedirectora del ICIJ, Marina Walker, en el foro.

Jake encuentra el nombre de Allaui en los documentos de dos empresas de las Islas Vírgenes Británicas y dos más en Panamá, que ya han sido disueltas. Encuentra incluso una copia de su pasaporte.

Allaui es hijo de una familia de acaudalados comerciantes chiitas. Originalmente miembro del partido Baaz de Sadam, abandonó Irak en la década de 1970. Se implicó en la oposición en el exilio, al parecer estableció vínculos con la CIA y, antes de la caída de Sadam, saltó a la palestra porque reclutaba a destacados asesores de relaciones públicas y buscaba contacto con políticos y periodistas influyentes en Estados Unidos y Gran Bretaña. Allaui no parecía haber tenido nunca problemas económicos.

Hay un aspecto que resulta especialmente irritante: era copropietario de una de sus sociedades pantalla, ya disuelta, junto con los hijos de un ex primer ministro de Líbano. Es una combinación curiosa, incluso para Oriente Próximo: el antiguo vicepresidente de Irak y los hijos de un expresidente libanés poseen una sociedad pantalla en común. Además, en el momento de su creación, en 2005, Allaui llevaba unos meses desempeñando el cargo de primer ministro interino[5].

Al mismo tiempo, este hallazgo es como un déja-vu. Ya tenemos antiguos jefes de Estado, o incluso en ejercicio, de Jordania, Kuwait, Palestina, Pakistán y Qatar.

Llama la atención ver cuántos jefes de Estado árabes se llevan el dinero al extranjero: en realidad casi todos. En nuestra investigación sobre la filtración de Suiza ya encontramos cuentas suizas de dos reyes, un antiguo ministro de Economía egipcio, así como del cuñado del antiguo dictador tunecino Ben Alí.

Nos cuesta mantener la perspectiva ante esa multitud de emires, autócratas, príncipes y jeques. Muchos gobiernan países asolados por una desigualdad flagrante. Disfrutan de un lujo inimaginable mientras una parte de la población, como mínimo, vive con una mano delante y otra detrás. Algunos países africanos y de Oriente Próximo están siendo saqueados por una élite corrupta.

Durante la Primavera Árabe se encontraron docenas de cuentas y sociedades pantalla de los dictadores árabes creadas en el extranjero, pero eso solo era una ínfima parte de lo que existía en realidad. Hoy en día, el Gobierno libio sigue buscando la fortuna oculta de Muamar el Gadafi. Para la población es un dato amargo: aunque el pueblo consiga derrocar a un gobernante corrupto, apenas consiguen recuperar el dinero público sacado del país.

¿Por qué les resulta tan fácil a los dictadores y sus familias ocultar las fortunas amasadas? Porque pueden utilizar el sistema de las empresas anónimas. En otras palabras: porque gente como Jürgen Mossack y Ramón Fonseca les ayudan a no dejar rastro.

El Banco Mundial y Naciones Unidas ilustraron el problema en 2011 en un informe exhaustivo: sus analistas habían examinado en total doscientos trece casos de corrupción en todo el mundo que acabaron en el juzgado. En ciento cincuenta de ellos estaba implicada como mínimo una sociedad pantalla, a través de la cual se podía ocultar quién era el verdadero propietario de la fortuna. El importe ascendía a 56 400 millones de dólares.

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¡Pam!, el siguiente gran hallazgo.

Deng Jiagui. Un nombre que en el hemisferio occidental no diría nada a nadie, pero es el cuñado del presidente de China, Xi Jinping. Así que se trata de un pariente cercano. Deng Jiagui fue propietario entre 2009 y 2011 de dos empresas offshore: Wealth Ming International Limited y Best Effect Enterprises Limited, ambas con sede en las Islas Vírgenes Británicas[6]. Es una bomba de relojería, pues precisamente su cuñado, el presidente chino, declaró unos años antes su voluntad de acabar con el ansia de lujo. Tanto en los rangos bajos, las «moscas», como en lo más alto del sistema, donde las personas influyentes tienden la mano, los «tigres».

En 2004 Xi Jinping hizo un llamamiento a los cuadros políticos chinos: «¡Atad corto a vuestras parejas, hijos, parientes, amigos y compañeros de trabajo!».

Bueno, tal vez debería hablar con su cuñado.

Sin embargo, el caso es aún más explosivo porque cada vez con más frecuencia se publica que políticos chinos ponían como beneficiarios a familiares cuando querían ocultar los bienes acumulados.

Entre los datos encontramos a más príncipes —así llaman a los parientes cercanos de la élite del poder chino que últimamente no paran de protagonizar titulares negativos—. Unas veces se trata de coches Ferrari o de sus fiestas desenfrenadas; otras, de su conducta arrogante, de accidentes fruto de una borrachera o de abusos. El caso más destacado es el de la hija del antiguo presidente Li Peng, también conocido como «el Carnicero de Tiananmén» porque fue quien, en 1989, dio la orden de aplastar con tanques la protesta en la plaza de la Paz Celestial. La hija de Li Peng, Li Xiaolin, según la documentación, creó en 1994 junto con su marido la empresa Cofic Investment Limited en las Islas Vírgenes Británicas a través de un bufete de abogados de Ginebra[7].

El cuñado del presidente chino y la hija del ex primer ministro, dos pistas más en la lista de jefes de Estado y de Gobierno, pasados o actuales, de nuestra «sala de guerra».

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[John Doe]: Estoy pensando en preparar un plan de emergencia por si tengo que irme de repente… ¿Hay lugares que debería evitar?

[SZ]: Tal vez China. El cuñado del actual presidente y la hija del anterior primer ministro aparecen en los datos.

[John Doe]: ¿De verdad? Vaya, no lo sabía. Pero tampoco tenía intención de acabar en China.

[SZ]: Igualmente.

[John Doe]: Por lo menos no me quedaré encallado en un aeropuerto de Moscú como Snowden. Viajar ahora mismo a Rusia sería muy mala idea, según parece.

¡Pam!

Un periodista de Le Monde escribe que ha encontrado en los datos una lista de cinco páginas creada y reenviada por empleados de Mossack Fonseca en 2010 donde aparecen los verdaderos propietarios de docenas de empresas, llena de nombres rusos.

No son nombres cualesquiera.

Aparece, por ejemplo, un familiar cercano de un oligarca ruso muy destacado.

Aparece el hijo de Serguéi Chemezov, que dirige el grupo armamentístico Rostec y conoce a Vladímir Putin de la época que ambos pasaron juntos en Dresde trabajando para el KGB, y que desde 2014 figura en la lista de sanciones impuestas por Estados Unidos[8].

Aún mejor, aparecen Boris y Arkadi Rotenberg, que gozan de la confianza de Putin y son, probablemente, dos de los contactos más importantes del presidente ruso. Ambos figuran también en la lista de sanciones[9].

Estos nombres nos tuvieron ocupados durante semanas. Pero en Washington creamos un grupo de trabajo especial para Rusia con la BBC, el Guardian, el diario suizo SonntagsZeitung y la organización Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que incluye a periodistas rusos en el equipo, incluso algunos que aún informan desde Rusia. Con ese equipo investigaremos los nuevos y espectaculares nombres que han aparecido.

El reportaje sobre Rusia, eso es seguro, será enorme.

12. Miedo y miedos

[12.]

MIEDO Y MIEDOS

[John Doe]: Otra cosa: necesitaré un preaviso o una especie de notificación unas semanas antes de que se publique todo.

[SZ]: Ningún problema.

[John Doe]: A lo mejor se lo cuento a mi familia poco antes de la publicación. Aún no lo he decidido, podría incrementar el riesgo. Se lo contaré a unos cuantos amigos en los que confío. Solo por si me pasa algo a mí o a alguno de ellos.

[SZ]: Podrías poner en peligro a esas personas.

[John Doe]: Lo sé. En cierto modo están igualmente en peligro. No se lo contaré todo, solo lo que necesiten saber y, en especial, cómo contactar con Süddeutsche Zeitung en el peor de los casos. Por si me pasa algo o desaparezco, quiero que por lo menos haya una persona que entienda de verdad por qué.

[SZ]: De acuerdo.

[John Doe]: Entonces, ¿para cuándo está prevista la publicación?

[SZ]: Para primavera. Ya no llegamos a noviembre, es demasiado grande.

[John Doe]: ¿Primavera? Quién sabe si seguiremos vivos para entonces…

[SZ]: Sí que seguiremos vivos.

[John Doe]: ¿No tenéis miedo? Vosotros como periodistas disparáis contra personas muy poderosas. Vuestros nombres estarán en los créditos y en toda la prensa. No el mío. (Espero).

Esa pregunta nos la hacen cada vez con más frecuencia los colegas implicados en el proyecto: ¿tenemos miedo?

Mientras no lo pensamos, no tenemos miedo. ¿Y si lo pensamos bien? Entonces sí, en cierto modo.

Tal vez no sea directamente miedo, sino más bien una inquietud que no conocíamos antes de nuestros artículos anteriores. ¿Por qué iba uno a tener miedo, cuando, como nosotros, investiga al ADAC —siglas, en alemán, del Automóvil Club de Alemania, que reconoció haber manipulado los datos de las encuestas para la elección del coche del año—, el escándalo del huevo en Baviera —millones de huevos contaminados por dioxinas salieron de más de mil granjas que utilizaron grasas industriales para alimentar a sus gallinas—, a la Iglesia católica o a empresas armamentísticas alemanas? Alemania es un país muy civilizado en cuanto a la coacción de la prensa, por lo menos mientras no escribas sobre neonazis o salafistas violentos. Es muy raro investigar a periodistas, aunque ocurrió en el caso del blog Netzpolitik.org —en el que dos blogueros fueron acusados de traición por filtrar documentos sobre los planes del Gobierno alemán para extender su programa de vigilancia de internet (finalmente, el fiscal general que promovió la acusación fue destituido y esta se paralizó)—, pero no son detenidos, ni reciben palizas, ni son víctimas de secuestros o asesinatos.

Sin embargo, nuestra investigación multiplica por diez todo lo hecho hasta ahora. ¿O quizá por quince? Como siempre, uno de los motivos por los que conviene la colaboración internacional es nuestra seguridad. A estas alturas hay centenares de periodistas que tienen acceso a nuestros datos, así que tendría poco sentido ir a por nosotros. No conseguirían detener la información; al contrario, solo llamarían la atención aún más.

Por otra parte, somos nosotros quienes hemos puesto los datos a disposición del ICIJ y, por tanto, de docenas de medios de todo el mundo. Si quisieran dar un escarmiento a alguien para evitar más colaboraciones periodísticas molestas, en nuestro caso sería un error.

Y por desgracia hemos encontrado información sobre bastantes personas que probablemente no dormirían mal durante días por habernos enviado a unos matones.

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Hemos encontrado tres empresas en las que aparece Serguéi Roldugin, violonchelista y amigo de Vladímir Putin. Además de International Media Overseas, que ya descubrimos al principio de nuestra investigación, tenemos otras dos: Sonnette Overseas Inc. y Raytar Limited. Las tres están a nombre de una persona que en 2014 ya había explicado en una entrevista que no era empresario. Y que no era millonario. Entonces estamos ansiosos por saber a quién se supone que pertenecen.

Las empresas forman parte de un entramado de sociedades pantalla en cuyas ramificaciones están implicadas más personas del entorno de Putin, junto con banqueros y hombres de negocios más bien desconocidos, todos de San Petersburgo casi sin excepción, la ciudad donde empezó el ascenso de Putin.

En la documentación sobre las empresas offshore de Mossack Fonseca se habla de acuerdos con acciones de varias grandes empresas rusas. Y se trata de mucho dinero. Una cantidad increíble.

Muchos expertos, sobre todo occidentales, dan por hecho que el jefe de Estado ruso, cuyos ingresos en 2014 fueron de 7,65 millones de rublos (aproximadamente 117 000 dólares), gestiona acciones en grandes empresas a través de testaferros. El analista ruso Stanislav Belkovski calcula que la fortuna de Putin ya superaba los 40 000 millones en 2007, pero no puede demostrarlo. Circulan muchas valoraciones parecidas de la fortuna de Putin. Solo se diferencian en el punto de si Putin, al final, tiene 10 000, 40 000 o 200 000 millones. De dólares, se entiende.

¿Está Putin detrás? Podría ser.

Nuestro equipo internacional sobre Rusia, formado por un buen puñado de reporteros, revisa empresa por empresa y contrato por contrato la compleja red empresarial alrededor del violonchelista e intercambian durante semanas los resultados de la investigación. En unas semanas, cuando se reúnan todos los participantes en el proyecto en Múnich, queremos hablar sobre nuestros hallazgos. Hemos encontrado documentos singulares: contratos con fechas anteriores, créditos imposibles de devolver jamás, transferencias misteriosas. Sumamos los importes que han llegado a través de las cuentas a las empresas de la red de Roldugin y ya llevamos más de quinientos millones de dólares. Pero aún no hemos terminado, ni mucho menos.

En Rusia puede pasar cualquier cosa desde la caída de la Unión Soviética. ¿Pero que un violonchelista como Roldugin opere con cientos de millones de dólares? Es poco probable.

Tras él tiene que haber personas muy poderosas.

Y así volvemos a la cuestión del miedo.

Cuando la versión rusa de la revista Forbes publicó en 2004 por primera vez una lista de los cien rusos más ricos (algunos aparecen también en nuestros datos), el redactor jefe de la revista fue tiroteado delante del edificio de la redacción al cabo de unas semanas. La periodista rusa Anna Politkóvskaya, que informó extensamente sobre la guerra de Chechenia, fue asesinada en 2006 en la escalera de su casa de Moscú. Hoy en día sigue sin saberse quién fue el instigador del asesinato, pero todo el mundo conoce la fecha en la que se produjo: el 7 de octubre de 2006, el día en que Putin cumplía 54 años.

Ahí está de nuevo, esa inquietud difusa. ¿Pero qué dicen Roman Anin y Roman Shleinov, nuestros compañeros rusos, que forman parte del equipo del ICIJ desde hace unas semanas? Anin trabajó como redactor de deportes en el periódico crítico con el Gobierno Novaya Gazeta, y en unos años se hizo un nombre como uno de los periodistas de investigación más persistentes de Rusia por indagar y denunciar públicamente la corrupción y el nepotismo en el ámbito militar, político y económico. Anin, por ejemplo, hizo públicos los encargos de construcción en Sochi para los Juegos Olímpicos, encargos de los que sacaba provecho la gente de Putin. Sabe que está en peligro y que no hay seguridad posible.

Desde el año 2000 han sido asesinados cuatro periodistas de Novaya Gazeta.

Ahora Anin trabaja para la red OCCRP y otros medios. Últimamente escribe para la agencia de noticias Reuters sobre «camaradas del capitalismo», una serie en torno a la élite corrupta de Rusia. El otro periodista es Roman Shleinov, que en este momento trabaja como periodista de investigación en el diario Vedemosti, un proyecto conjunto del Wall Street Journal, una editorial rusa y el Financial Times. Shleinov, como Roman Anin, también trabaja para OCCRP. Durante los últimos años ha informado mucho sobre los escándalos que acompañaron el ascenso de Putin.

Roman Anin y Roman Shleinov no pueden entrar en nuestro foro, bien protegido, porque para eso se necesita, entre otras cosas, un smartphone. Un programa de móvil forma parte del complejo sistema de cifrado. Por razones de seguridad, ninguno de los dos utiliza el móvil. De hecho, Anin ya encontró una vez un programa espía en su teléfono. Así que intercambiamos los resultados de la investigación solo mediante mensajes de correo electrónico cifrados. La seguridad es lo primero.

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También estamos obligados a ser muy disciplinados con nuestros datos y dispositivos. Todos los discos duros son encriptados y se guardan en una caja fuerte. Una parte la guardamos en la redacción; otra, en un lugar seguro fuera de la oficina. Nuestra sala del proyecto tiene un sistema de seguridad especial y doble. El nuevo ordenador tiene incluso una caja adicional cerrada con llave, que además está encadenada, de manera que no es fácil llevarse el PC de ahí. Todos los tornillos de la caja del ordenador están pintados además con esmalte de uñas brillante.

Correcto: esmalte de uñas brillante; nuestros hijos sentirían envidia si lo supieran, pero nos lo aconsejó un experto en seguridad. Así detectaremos enseguida si alguien intenta acceder a la caja. Sería fácil repintar los tornillos con un esmalte de uñas de color, pero si es brillante se nota.

En todo caso, esas medidas solo afectan a la seguridad de los datos. En caso de duda, el esmalte de uñas brillante no nos servirá si alguien nos visita.

Pero ¿qué nos serviría? No nos sentimos tan en peligro para pensar en chalecos antibalas, pero recomendamos a todos nuestros compañeros que trabajan en Prometheus, hombres y mujeres, que eliminen su dirección del padrón. Cualquiera puede identificarse como periodista en el padrón para preguntar por nuestra dirección, y por lo general la conseguirá.

Lo sabemos porque ya encontramos una vez el nombre y la fotografía de uno de nosotros en una página de neonazis, en una especie de orden de búsqueda. Por no hablar de la insinuación de una posible visita a los Obermaier. Desde entonces su nombre no aparece en el interfono, y su dirección ha sido eliminada de los organismos oficiales para que nadie pueda averiguarla. Se ha convertido en una medida habitual.

Una vez más: vivimos en Alemania, el país ideal para la mayoría de los periodistas de investigación. Para nuestros compañeros del ICIJ de África, Oriente Próximo, Europa del Este o Iberoamérica los resultados de la investigación serían mucho más peligrosos. Y las amenazas, diarias. Un periodista egipcio ya recibió una llamada del servicio secreto durante la publicación de la filtración de Suiza en febrero de 2015. «Pobre de usted si sigue informando sobre estos temas», le dijo el hombre que estaba al otro lado del teléfono. Y a continuación se los enumeró. Nuestro colega entendió la advertencia, y obedeció. Nosotros habríamos hecho lo mismo, no estamos locos.

En aquella ocasión, por lo que entendimos, se trataba de una casa real de Oriente Próximo. En este caso aparecen prácticamente todas las dinastías de Oriente Próximo en los datos, junto con déspotas africanos, oligarcas de Europa del Este, dirigentes iberoamericanos, miembros de activos grupos mafiosos internacionales y otros delincuentes. Algunos de los miembros del equipo Prometheus, que no para de crecer, no podrán informar con libertad, o se meterán en problemas.

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Jadidja Ismailova ni siquiera puede unirse a la investigación, está en una prisión de Azerbaiyán. Trabajamos con ella en 2013 en la filtración de las empresas offshore, investigaba la participación en ellas de miembros de la familia del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev. Entonces Jadidja trabajaba para Radio Free Europe, ahora cerrada, y el proyecto OCCRP, una asociación de periodistas de investigación del sur de Europa, el Cáucaso y Asia Central. Se dedican a lo que los medios locales apenas se atreven ya, la mayoría por miedo a represalias o a la presión económica: investigar, descubrir y publicar.

Según las investigaciones de Jadidja sobre la filtración de empresas offshore, varios miembros de la familia del presidente de Azerbaiyán tenían acciones en sociedades pantalla. Dos de sus hijas, Arzu y Leila, crearon en 2008 tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas. El presidente y su mujer Mehriban —miembro del Parlamento— también adquirieron en 2003 su propia empresa offshore: Rosamund International Ltd.

Quien saca a la luz ese tipo de negocios en Azerbaiyán corre peligro. No por nada Reporteros sin Fronteras ha puesto al país en su clasificación mundial sobre la libertad de prensa en el puesto 163 de 180 en 2016.

Jadidja Ismailova no se dejó amedrentar, pese a que no paraba de recibir amenazas. En 2013 fue detenida brevemente y al año siguiente, cuando regresaba de su viaje por Europa, estuvo retenida durante horas en la aduana del aeropuerto de Bakú. Los empleados querían ver el contenido de su USB, pero ella se negó porque aquella petición carecía de base legal y llamó a la policía. Más tarde declaró que el USB estaba vacío. A Jadidja le importa la ley.

En diciembre de 2014 fue detenida de nuevo. Uno de los cargos era haber inducido a su exnovio al suicidio. Una acusación absurda, según testigos, amigos y otros periodistas. «Jadidja Ismailova es una comunicadora molesta. Su detención encaja a la perfección con los esfuerzos del régimen azerbaiyano para acallar las voces críticas con el Gobierno», explicó Human Rights Watch. «Esta reacción lleva la misma firma que otros intentos de silenciar a los medios libres de Azerbaiyán: Jadidja Ismailova es una de las últimas voces independientes del país», dice Amnistía Internacional.

En el verano de 2015 fue condenada en Bakú a siete años y medio de cárcel. Pasados unos minutos de la sentencia, OCCRP escribió en su página web: «Hoy el Gobierno azerbaiyano ha condenado a Jadidja Ismailova a siete años y seis meses de prisión. Creen que eso hará que dejemos de informar. No es así».

De hecho, Miranda Patrucic, que trabaja junto con Jadidja en OCCRP, también encuentra en nuestros datos a la familia del autócrata azerbaiyano Ilham Aliyev. Jadidja Ismailova tenía razón. No es que lo dudáramos, pero lo que ahora vemos demuestra que entonces ella describió solo la punta del iceberg.

Nuestros documentos demuestran, entre otras cosas, que la esposa de Aliyev y, por irónico que parezca, el ministro de Hacienda de Azerbaiyán, influían a través de una fundación panameña en el conglomerado empresarial más grande del país, Ata Holding. Al grupo pertenecen bancos, empresas de alta tecnología, agencias de viajes, compañías de seguros, no existe casi ningún sector en el que no participe. Los beneficios del grupo pasan a continuación, temporalmente, por un complejo entramado de sociedades británicas y panameñas, además de fundaciones, hasta llegar a dos hijas y un hijo de Aliyev[1].

Además, los compañeros de OCCRP dan con dos empresas, hasta entonces desconocidas, de las hijas de Aliyev. Se llaman Kingsview Development Limited y Exaltation Limited. Esta última fue creada, según la documentación, en enero de 2015 para ocultar un inmueble británico por valor de más de un millón de dólares. El presidente no estará muy contento cuando salga a la luz. Para Mossack Fonseca ese tipo de clientes también podrían ser perjudiciales.

13. Los millones de Siemens

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LOS MILLONES DE SIEMENS

Mientras intentamos seguir todas las pistas de jefes de Estado y no perdemos nada del foro, insistimos en seguir el rastro de Hans-Joachim K., el exdirectivo de Siemens en cuya cuenta de las Bahamas acabaron quinientos millones de dólares en oro en noviembre de 2013. Hemos hecho búsquedas frecuentes en internet de su nombre y las piezas del rompecabezas que faltan, y hemos visto tantas veces las fotografías de ese hombre flaco con escaso pelo y gafas que, poco a poco, nos parece que lo conocemos de verdad. Sabemos que a principios de la década anterior fue director ejecutivo de Siemens en la región de los Andes, y entre 2003 y 2009 de Siemens México. Un pez gordo. También sabemos que en la actualidad trabaja como asesor, hemos visto los vídeos de sus intervenciones públicas y hemos reunido sus datos personales. Pero falta algo.

Repasamos de nuevo las transferencias relacionadas con su cuenta en la filial de la Société Générale en las Bahamas. Es evidente que hemos pasado algo por alto: junto al acuse de recibo de un ingreso de unos cincuenta mil dólares en la primavera de 2013 hay una nota: «Transferencia de Gillard Management». Un nuevo punto de partida.

En efecto, encontramos en nuestros datos una empresa llamada Gillard Management, y el hombre que la encarga a Mossack Fonseca en el verano de 2007 es Hans-Joachim K. Pero en la carpeta de la empresa no solo aparece él, sino además tres antiguos empleados de Siemens, también altos cargos. Los tres, como K., han gestionado dinero negro en Iberoamérica, según se deduce de los documentos judiciales del caso Siemens: son un antiguo directivo de la filial de Siemens en México, un exempleado de la compañía residente en Ecuador y un antiguo director comercial en Siemens Colombia.

¿Cuatro directivos de Siemens implicados en el caso en una misma empresa offshore?

Necesitamos más material de trasfondo. En el texto de la acusación contra Uriel Sharef, el exdirectivo de Siemens, hemos visto que también hay un proceso en curso contra K. Conseguimos los expedientes y revisamos cientos de páginas en las que se describe cómo toda una sección de directivos de Siemens en Iberoamérica han sacado millones de euros de los canales oficiales de la empresa y los han gestionado al margen de las cajas reales, al parecer una práctica habitual hasta hace unos diez años. Esos fondos se utilizaban para llenar una caja B, de la cual disponían con libertad para pagar a «asesores», que luego reenviaban el dinero.

Tres de los cuatro hombres que encontramos ahora en los datos admiten en sus interrogatorios —a veces con precisión y otras de forma vaga— haber transferido dinero de Siemens a través de cuentas de distintos bancos de una empresa offshore a otra y al contrario. En Casa Grande Development, que encontramos hace meses, fueron depositados temporalmente docenas de millones de euros como cajas B de Siemens en Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Como director ejecutivo del «grupo de los Andes», K. decidía entre 2001 y 2003 las actividades en esos cuatro países. Nuestros documentos demuestran cómo se estructuraron de nuevo esas cajas B con la ayuda de Mossack Fonseca, además de cómo se transfirieron de nuevo a Siemens unos treinta y dos millones de dólares tras salir a la luz el escándalo a través del departamento fiduciario de Mossfon.

Muy bien. El que Siemens tuviera una caja B ya no es una sorpresa. Lo raro es que prácticamente no encontramos nada sobre Gillard Management en los expedientes de la investigación sobre el caso K.

¿Con qué fin seguía activa años después de que saliera a la luz el caso Siemens? ¿De dónde procede el dinero? ¿Para qué sirve?

La historia de Gillard Management empieza el 28 de agosto de 2007. Una empleada de Mossfon anota que otro trabajador del bufete «ha tenido una reunión con el señor K. (un antiguo cliente)» ese día y han acordado crear una empresa offshore cuya cuenta bancaria gestionaría Mossack Fonseca. La procedencia del dinero sería «posiblemente Luxemburgo, Alemania o Suiza» y se esperan alrededor de 2,2 millones de dólares.

El secretismo que impera alrededor de Gillard Management resulta impresionante. Tras varios meses con los datos, hemos analizado cientos de empresas. Sin embargo, nunca nos hemos topado con semejante espectáculo conspirativo: los empleados de Siemens casi nunca firman sus mensajes de correo electrónico, y los trabajadores de Mossack Fonseca por lo general utilizan abreviaturas. Hans-Joachim K. es «el señor K»., y sus colegas de Siemens firman como «L. L». o «Señor P.». Además, Mossfon tiene la orden interna de no enviar ningún documento a Hans-Joachim K., todo debe «quedarse en la empresa hasta recibir nuevas instrucciones»[1].

Así, el «señor K». sigue una vieja consigna de los negocios turbios: «Todo lo que está por escrito es venenoso».

Asimismo, había que crear para K. una cuenta de correo electrónico encriptada y anónima «para llevar la comunicación con nosotros». Se hace a través de una empresa que a simple vista parece una compañía de importación y exportación normal y corriente. En realidad pertenece a Mossack Fonseca. En las carpetas digitales de Gillard Management vemos dos cuentas de correo electrónico anónimas desde las que se envían mensajes. Una responde al nombre en clave «Azkaban»; la otra, al de «Bruni». Azkaban es la prisión para magos en el mundo fantástico de Harry Potter. Bruni es, según vemos al estudiar a fondo los expedientes de la investigación, el nombre de la madre de Hans-Joachim K[2].

¿Una cuenta de correo electrónico anónima?

En un informe interno de Mossack Fonseca se encuentra la explicación: «Los clientes querían tratar el tema con la máxima confidencialidad».

Así, había que transferir el dinero a la empresa de reciente creación. Para no dejar rastro, se jugaba por la banda mediante un contrato de administración fiduciaria con Mossack Fonseca.

Por supuesto, Gillard Management necesita una cuenta y, para abrirla, la empresa necesita un «verdadero propietario». La gente de Siemens escoge al hombre ya jubilado de Ecuador, al que suelen llamar L. L. en Mossfon. La cuenta debe abrirse en la filial suiza de un banco privado de Hamburgo, Berenberg, con el que Mossack Fonseca hace algunos años que mantiene buenas relaciones. Aun así, el banco Berenberg requiere una especie de certificado de buena conducta de L. L.

Esa tarea la asume un empleado alemán de Mossack Fonseca, socio director en el departamento de gestión de patrimonio, Mossfon-Asset-Management S. A. (MAMSA). Así que redacta una carta en la que afirma que «el saldo» aportado por L. L. son los «ahorros de toda una vida y la herencia de sus padres».

Es asombroso. El mismo empleado de Mossack Fonseca había afirmado con rotundidad en uno de los primeros mensajes de correo electrónico sobre la creación de Gillard Management que el dinero de la cuenta procedía de otra fuente. Entonces, si la cuenta estaba destinada realmente a «los ahorros de toda una vida y la herencia de sus padres», ¿por qué el dinero de esa cuenta acababa luego en Siemens?

Al parecer, en Mossack Fonseca tenían un concepto singular de la empresa. Un directivo habla del «riesgo significativo» al que se expone Mossfon con esa sociedad y de «transacciones delicadas». De todos modos, tampoco recomienda rechazar a los clientes por eso, sino solicitar unos honorarios más elevados. Al final se deja que sean los socios del bufete quienes decidan si el nuevo cliente, el «señor L. L»., es aceptable, alejándose así del procedimiento habitual. La dirección debe decidir, y así lo hace. Jürgen Mossack vota a favor a título individual en un mensaje de correo electrónico[3].

Tras su creación, la gente de Siemens llena la cuenta del banco Berenberg, según vemos en los datos, con millones de dólares. Incluso abren dos cuentas más, en la filial de la Société Générale en Singapur y en la panameña Financial Pacific. El trasfondo es que, en una reunión celebrada en febrero de 2008 en un centro comercial de la ciudad de Panamá, K. y L. L. explican a su contacto en Mossfon que tienen sus dudas respecto de la cuenta en Suiza. Otra de sus cuentas suizas ha sido bloqueada por las autoridades porque sospechan que está relacionada con el blanqueo de dinero[4].

Sin embargo, en ese momento ya está en marcha la investigación tributaria del caso Siemens iniciada a finales de 2006, y poco a poco se va estrechando el cerco alrededor de Hans-Joachim K. Hace tiempo que los inspectores han descubierto que Siemens había creado una caja B en Iberoamérica, y que K. ha ocupado cargos directivos en la región desde 2006 de forma casi ininterrumpida. Decide presentarse voluntariamente ante la justicia en Alemania. El martes 10 de junio de 2008, Hans-Joachim K. se presenta hacia la una del mediodía en la Fiscalía de Múnich I, en compañía de su abogada. Habla durante casi tres horas con los investigadores.

Ese mismo día, solo unas horas después de la toma de declaración, el contacto alemán de K. en Mossfon envía una circular que transmite una decepción notable: ha recibido «una mala noticia por parte del señor K»., y explica que el dinero de Siemens puede volver a Alemania. Esto significa «que perderemos ese dinero y el cliente Gillard».

Es decir, la noticia no es que resulte evidente que Mossack Fonseca ha ayudado a ocultar millones en dinero negro de Siemens.

La noticia es más bien que ahora existe la posibilidad de repatriar el dinero, y por tanto Mossfon pierde ese negocio.

K. y su asesor de Mossack Fonseca deciden que acuda a Panamá lo antes posible para comentar la manera de proceder durante un almuerzo en el hotel Bristol. El plan es el siguiente: en primer lugar hay que cerrar las tres cuentas de Gillard Management existentes en ese momento. A continuación, el departamento de custodia de Mossfon debe transferir el dinero a Siemens y luego disolver la sociedad Gillard Management[5].

Suena ideal, y en sus declaraciones ante la Fiscalía de Múnich Hans-Joachim K. se muestra convincente, pues en 2012 esta detiene el procedimiento contra él por prevaricación según el párrafo 153a del Código Procesal Penal a cambio de una multa de cuarenta mil euros. La gravedad de la deuda no impide el sobreseimiento. K., como casi todos sus compañeros de Siemens, siempre declaró haber entregado los millones a unos «asesores» para potenciar los negocios, pero desconocía si esos «asesores» luego sobornaron a políticos y otros responsables de la toma de decisiones. K. declara que «no cree que esos importes hayan servido para “repartirlos” entre responsables de contratación».

K. insiste una y otra vez en que siempre se ha esforzado porque el dinero negro volviera a Siemens. De hecho, a finales de 2006, Hans-Joachim K. ya se puso en contacto con el departamento de cumplimiento de Siemens para informar sobre la caja B y preguntar cómo incorporarla en la contabilidad regular. Poco antes, en noviembre de 2006, se habían producido grandes registros en Siemens.

En julio de 2010, Hans-Joachim K. recibió un certificado oficial de Siemens según el cual «todos los importes gestionados por el señor Hans K. y finalmente declarados por él en el marco de las investigaciones internas de la empresa y de la Fiscalía se han transferido a cuentas de Siemens S. A.».

Pero ¿cómo podía saber Siemens cuánto dinero acumulado había de verdad en la caja B? En los interrogatorios policiales, los saldos de las cuentas individuales oscilaban entre los treinta y cinco y los cincuenta y cinco millones de dólares, dependiendo de a quién preguntaran los agentes. La Fiscalía tampoco oculta que no sabe la procedencia de los millones de Siemens que acabaron en la caja B, ni si tras destaparse el escándalo todo volvía a estar de verdad en manos de Siemens. En sus declaraciones K. resaltaba que «nada había acabado en su bolsillo». La Fiscalía sigue —además de muchas otras pistas— sus explicaciones y acepta, en beneficio del inculpado, que «ha facilitado la devolución completa».

Cotejamos esa conclusión con nuestros documentos.

Desde la cuenta principal de Gillard Management en el banco panameño Financial Pacific, que aparece de forma identificable en las actas de las declaraciones de K. redactadas por el departamento de investigación criminal de Baviera, se transfirieron durante el transcurso de la devolución 4,1 millones de dólares a la contabilidad regular de Siemens. El motivo del pago es ambiguo: deudas de «antiguos negocios» de Gillard Management y Siemens. Pero la cuenta no se vacía, quedan en torno a dos millones de dólares. Más tarde, ese importe acaba en una nueva cuenta de Gillard Management en un banco privado del minúsculo estado de Andorra, el Andbank.

Cuando en 2012 quedó interrumpido el proceso contra él —para entonces ya hacía más de tres años que no trabajaba en Siemens y ejercía de asesor independiente—, Hans-Joachim K. hizo que Mossack Fonseca repartiera el dinero. La mayor parte —algo más de dos millones— va a parar a un número de cuenta de UBS en Zúrich, y el receptor es un banquero de UBS. Según el expediente de la investigación, era uno de los «gestores de cuenta» de K. en el banco en el verano de 2010, cuando hizo transferir unos cuarenta millones de euros de otra caja B en el UBS de vuelta a Siemens.

Por poco no se transfieren los dos millones a la cuenta de UBS. El departamento de cumplimiento de Mossack Fonseca se opuso durante días: la información que tenían sobre el receptor era demasiado escasa y no disponían de la copia de su pasaporte, obligatoria internamente. Las directivas internacionales relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero prevén precauciones especiales ante importes sospechosamente elevados. Sin embargo, el asesor de K. acabó con todas las dudas.

Según nuestros documentos, la dirección del bufete fue informada de la transacción por correo electrónico y dio su aprobación. Aun así, una empleada de Mossfon preguntó una vez más: ¿a qué estaba destinado el dinero? Poco después, el asesor de K. se puso en contacto con Mossfon para decirles que había hablado con su contacto, pero no tenía «conocimiento alguno de […] qué iba a hacer el beneficiario con la transferencia». Probablemente el dinero era «para abrir una cuenta nueva» o «para repartirlo».

Visto desde hoy, resulta sorprendente: no hay ninguna referencia a que el dinero fuera a parar de nuevo a Siemens.

También debió de resultar raro entonces que se realizara la transferencia pese a la escasa información que tenían sobre el beneficiario. Sin embargo, los dos millones van a parar a Zúrich, y alrededor de setenta y cinco mil dólares a Mossack Fonseca. En concepto de comisión.

Consultamos en UBS si el banco tiene conocimiento de esos movimientos en la cuenta, si esta realmente pertenece al empleado de UBS y si el caso estaba siendo objeto de una investigación interna. Como cabía esperar, nos informan de que no es posible «por motivos legales y de regulación entrar en clientes o transacciones individuales». Por tanto, UBS no podía confirmar ni desmentir que la cuenta perteneciera al asesor de clientes.

Nos ponemos en contacto con el gestor de cuenta, al que el banco ha despedido. Nos dice amablemente pero con rotundidad que no puede decir nada sobre esas operaciones, salvo que él nunca ha sacado provecho personal de dinero de Siemens.

Eso nos ilumina. ¿Por qué iba un banquero a hacer una transferencia de dinero dudoso precisamente a una cuenta de su propio banco? Pero si el dinero no era para el banquero, ¿para quién era?

¿Para Siemens? Eso lo podíamos descartar. Según K. y Siemens, en 2012 hacía tiempo que había terminado la devolución. Siemens nos confirma de nuevo de forma explícita que después de 2010 solo se devuelve dinero negro que antes estaba bloqueado en Suiza. Las cuentas de Gillard Management no estaban bloqueadas, tampoco en Suiza.

Seguimos sin avanzar.

Sin embargo, lo que vemos es que, cuando el dinero desaparece, en la singular cuenta de UBS aún quedan setenta mil dólares. K. hace una transferencia de veinte mil mediante una instrucción por correo electrónico a sus antiguos colegas de Siemens con la abreviatura L. L.[6] y, en cuanto a los cincuenta mil restantes, su asesor de Mossack Fonseca comenta casi con un guiño que «ya se ha avisado al banco» de que el importe se pagará «en beneficio de un “amigo”»[7].

Ese «amigo» es el propio Hans-Joachim K. Es la transacción que nos llevó al principio hasta Gillard Management, la «transferencia de Gillard Management» en la primavera de 2013.

En una declaración en la Fiscalía de Múnich unos años antes, K. ya explicó que «nunca había sacado dinero privado de las cuentas».

Finalmente nos ponemos en contacto por teléfono con Hans-Joachim K. Dice, y lo podemos probar, que no conoce Gillard Management, aunque ante la Fiscalía había mencionado incluso el número de una de las cuentas de esta empresa. Tampoco sabe nada de esas transferencias. Sin embargo, en 2014 su cuenta de correo electrónico fue hackeada, seguramente habíamos obtenido información falsa de ahí. Más tarde, K. nos envía hasta el número de referencia del caso y comprobamos que es real, aunque nunca se investigó. Y sobre todo: las operaciones que vemos son anteriores a 2014, y los mensajes de correo electrónico de K. proceden de distintas cuentas.

K. no se inmuta ante nuestras preguntas ni ante las insinuaciones sobre la cuenta hackeada que nos muestra, pero cuando finalmente le hablamos de su persona de contacto en Mossfon y sus supuestos cómplices, se acaba la conversación. Cuando le describimos de forma exhaustiva por correo electrónico que nuestra teoría es que repartió el dinero de la caja de Siemens entre dudosos receptores, ya no volvemos a saber nada más de él.

Sin embargo, no solo hay dinero en una cuenta de Gillard Management. También Casa Grande Development, la empresa que se menciona en los expedientes judiciales, tiene un capital. De Casa Grande procede una parte considerable de los treinta y dos millones de dólares que vuelven a Siemens a través de Mossfon, y tras la supuesta devolución completa quedan alrededor de tres cuartos de millón de dólares.

Uno de los antiguos compañeros de K. en Siemens —en Mossfon utilizaba la abreviatura «RPS»— tenía ese importe en el punto de mira. Y RPS muestra una confianza sorprendente con su contacto alemán en Mossfon. Escribe que sus «viejos camaradas» le han dejado un «agujero financiero» de más de medio millón, y que «no reconocen ni un penique», «necesito dinero en efectivo urgentemente».

Al parecer, solicita una transferencia de cuatrocientos veinte mil dólares y pide que sea en concepto de «impuesto sobre bienes inmuebles». Sin embargo, en la cuenta aparece como «servicios de consultoría y administración». Qué raro. Sobre todo porque los siguientes cien mil dólares «los toma prestados». En nuestros documentos sobre Casa Grande no hay apuntado ningún reintegro, lo siguiente son cuarenta y cinco mil dólares, que pide por su «excesivo endeudamiento» y que se describen como «impuesto sobre trasmisiones», y cuarenta mil dólares más, «para compensar el déficit de dinero en efectivo», y así sucesivamente[8].

En total hacemos el seguimiento de unos 2,8 millones de dólares que salen de las cuentas de la antigua caja B de Siemens en teoría cerrada.

Los cincuenta mil dólares de K. van a parar en marzo de 2013 a la cuenta de la Société Générale en las Bahamas, donde, según nuestros documentos, también acaban en noviembre de 2013 los 484 millones de dólares en oro. La cuenta se mantiene activa después, y seguimos viendo entradas y salidas de importes elevados.

En uno de los últimos paquetes de nuestra fuente encontramos una liquidación del departamento de administración de patrimonio de Mossfon con Hans-Joachim K. Según este documento, a finales de 2014 los casi quinientos millones de dólares no están en la cuenta. La transacción es un enigma.

¿Era una errata? ¿Acaso un empleado de Mossfon había hecho clic por descuido en la moneda equivocada? ¿Era una transferencia errónea? ¿O simplemente K. había vuelto a transferir el dinero mucho antes?

A nuestra consulta sobre los quinientos millones, Hans-Joachim K. responde por correo electrónico que «nunca en la vida había visto una situación tan absurda». No nos dice si la cuenta es suya. Más tarde nos confirma por teléfono que sí lo es, además de confirmar otras entradas de dinero que vemos en el mismo documento. No obstante, insiste en que nunca acabaron en la cuenta de las Bahamas semejantes sumas de dinero, y nos vuelve a contar que ha sido víctima de un hacker y que nuestra información es falsa. Le pedimos un extracto de cuenta de los meses en cuestión, y Hans Joachim K. nos dice que pedirá a su banco que se lo envíe. Al cierre de la redacción de este libro no nos habían llegado esos extractos.

Sin embargo, sí nos llega una nueva información espectacular: alguien de dentro de UBS asegura de forma creíble que la transferencia de dos millones al número de cuenta suizo se produjo en el propio banco, y menciona detalles que nosotros no habíamos revelado a esa fuente en nuestra conversación, como la fecha de la transferencia, el importe y el emisor, es decir, Gillard Management. El único dato que difiere es el nombre del titular de la cuenta. ¡La cuenta no pertenece al banquero de UBS, sino al propio Hans-Joachim K.!

¿A pesar de que en las transferencias de Mossfon se mencionaba de forma inequívoca el nombre del empleado del banco como beneficiario? Nuestra fuente en UBS nos cuenta que en el fondo da igual quién figura en el campo del titular de la cuenta; en la mayoría de las transferencias solo se verifica el número de cuenta, pero no el nombre. Preguntamos a expertos y todos nos confirman que en realidad el nombre del titular de la cuenta no es lo esencial, sino el número de cuenta. Según nuestra fuente en UBS, en este caso el número corresponde a una cuenta de Hans-Joachim K.

Si es cierto, habría transferido el resto del dinero negro de Siemens a su cuenta después del sobreseimiento del caso. Los dos millones estaban antes en una cuenta que, según el propio K. había declarado ante la Fiscalía, atesoraba dinero negro.

Le escribimos a K. otro mensaje de correo electrónico en el que le preguntamos con todo detalle sobre los dos millones probablemente desfalcados. No obtenemos respuesta. En otro mensaje de correo electrónico le preguntamos por el número de cuenta en Suiza, pero Hans-Joachim K. ya no reacciona.

14. Ayudantes y cómplices

[14.]

AYUDANTES Y CÓMPLICES

[John Doe]: ¿Qué pasará con Mossack Fonseca cuando todo esto se publique?

[SZ]: Creo que la empresa tendrá problemas. Todo el que pierde tantos datos confidenciales en este negocio de guardar secretos se enfrentará a muchas dificultades. No solo con sus clientes.

[John Doe]: ¿Y Jürgen Mossack y Ramón Fonseca? ¿Realmente acabarán en la cárcel o serán extraditados, o bien intentarán huir y esconderse?

[SZ]: No creo. Panamá tiene sus leyes muy bien adaptadas a ese tipo de negocios, si lo hemos entendido bien. Salvo para la violación de sanciones. Y las autoridades panameñas tendrían que querer perseguirlos a los dos, lo que resulta dudoso.

[John Doe]: Pero Jürgen Mossack es alemán…

[SZ]: Probablemente no podrá viajar mucho. Pero si se queda en Panamá, no tendrá mucho que temer.

[John Doe]: Es triste, pero probablemente tengáis razón. Como periodistas, ¿no os dará rabia que esa gente se salga con la suya?

[SZ]: Claro, pero nuestro trabajo no es aplicar la ley…

Ya es agosto, y la cantidad de datos ha aumentado hasta superar los dos terabytes. En estos meses, solo nosotros dos hemos consultado cientos de empresas y miles de mensajes de correo electrónico. Ahora investigan con nosotros más de cien periodistas en más de cincuenta países. En total, la investigación Prometheus ha abierto y examinado decenas de miles de carpetas de empresas. La imagen de Mossack Fonseca que se deduce de ellas contradice lo que el bufete intenta difundir: después de todo lo que nosotros y nuestros colegas hemos visto, está claro que no es un bufete cualquiera que de vez en cuando tiene la mala suerte inevitable de relacionarse con clientes que presentan conductas ilegales. Más bien se trata de una empresa que de puertas para fuera opera con conceptos que suenan bien, como cumplimiento legal y diligencia debida, pero por dentro no es tan limpia.

Un buen ejemplo de ello es el papel que desempeña Mossack Fonseca en el caso Siemens sobre la caja B en Iberoamérica. En el fondo, el papel de Mossfon es secundario; los impulsores son los directivos de Siemens. No obstante, el bufete, además de ayudar a los directivos a repartir el dinero negro por canales limpios, demuestra lo mucho que le importan sus propios principios, supuestamente férreos: bastante poco.

Cuando durante los últimos años los periodistas se ponían en contacto con Mossack Fonseca, la empresa solía explicar que no tenía contacto con los clientes finales, que no hacía transacciones bancarias para clientes finales y que respetaba «el máximo nivel» de diligencia debida. Además, jamás toleraría acciones ilegales ni las apoyaría.

Cuando leemos esas declaraciones nos quedamos sin palabras, aunque después de todos estos meses deberíamos estar acostumbrados a ese tipo de afirmaciones. Pero la arrogancia con la que el bufete Mossack Fonseca minimiza su negocio no deja de sorprendernos.

Los asesores de Mossfon conocían en persona a los directivos de Siemens, es decir, los clientes finales, y al parecer se reunieron con ellos en Panamá, en un hotel o un centro comercial. Está probado que los asesores de Mossfon han realizado transferencias para individuos y para varias de las sociedades pantalla implicadas. Incluso crearon como «terceras partes» cuentas para el dinero negro de Siemens, las gestionaron y las cerraron de nuevo. En 2012 hicieron transferencias por valor de unos dos millones de dólares a un número de cuenta de UBS, sin tomarse en serio la diligencia debida.

La persona de contacto del directivo de Siemens Hans-Joachim K. en Mossack Fonseca acabó con las objeciones de otro empleado del bufete sobre la implicación de ese cliente en casos de soborno diciendo que esas eran historias pasadas. Los importes millonarios en las empresas de ese exdirectivo de Siemens se alimentaban precisamente de esas historias pasadas.

Solo en este caso, Mossack Fonseca hizo caso omiso de tantas señales de alarma que es casi sospechoso: los implicados eran reacios a proporcionar información suficiente, utilizaban varias cuentas, mostraban una actitud conspirativa, daban explicaciones contradictorias sobre el origen del dinero, incluso estaban bajo sospecha de delitos tributarios. Esas señales de alarma, que los expertos en el blanqueo de dinero siempre destacan, las sabe interpretar cualquiera que tenga una mínima responsabilidad en un banco. Tampoco en Mossack Fonseca pecan de ingenuidad: averiguamos que una de las filiales de Mossfon ofrece incluso seminarios sobre la lucha contra el blanqueo de dinero.

Aun así, los empleados de Mossfon hacen caso omiso de esas señales una y otra vez.

El caso Siemens demuestra el escaso interés que muestra Mossfon por los asuntos más espinosos de las empresas que gestionan. Como mínimo a mediados de 2008 supieron en Mossfon de la controvertida caja de Siemens. Sin embargo, el bufete no dejó a su cliente. Al contrario, es evidente que sus empleados contribuyeron a transferir el dinero de una cuenta a otra: la persona de confianza de K. en Mossfon dio información falsa al banco Berenberg sobre la procedencia del dinero, y los empleados de Mossfon transfirieron ese dinero de cuenta a cuenta y, al final, al propio Hans-Joachim K. y a otro trabajador de Siemens.

Todo eso lo hizo Mossack Fonseca encubriendo a conciencia los detalles comprometidos, mediante palabras clave, abreviaturas e incluso direcciones de correo electrónico anónimas.

Los empleados de Mossfon se comportan con ese tipo de opacidad, y no solo en el caso de Siemens. Encontramos docenas de casos en los que el departamento de gestión de patrimonio de Mossfon proporciona cuentas de correo electrónico anónimas a sus clientes finales, con los que en teoría nunca tiene relación el bufete. Esas cuentas acaban en «@tradedi rect.biz», un servicio de correo electrónico que no conocíamos. En la página web www.tradedirect.biz, la empresa ofrece «global trade and profesional consulting», con la teórica especialización en «international exporting and importing». De hecho, solo existe un enlace que parpadea en la página: «secure email». Si uno hace clic en el enlace, pasa directamente a la página de registro de un servidor de Outlook común. Muy parecido, por cierto, al que tenemos en Süddeutsche Zeitung. Pero ¿a qué sistema se accede desde aquí?

Tras varios pasos más en la investigación de los datos, lo averiguamos: es un servidor de correo electrónico interno de Mossack Fonseca. Una breve investigación más de los datos lo deja claro: Trade Direct International, propietaria del dominio con que acaba la dirección de correo electrónico utilizada por tantos clientes de Mossfon para su comunicación secreta, pertenece al universo de Mossack Fonseca. Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, según nuestros datos, son los titulares de las acciones de Trade Direct International a través de una sociedad pantalla llamada Serena Services LLP, con sede en Gran Bretaña. La página web, que habla de negocios de importación y exportación, parece ser poco más que una fachada[1].

Encontramos correos internos que especifican cómo deben registrarse los clientes. Los mensajes describen las cuentas de clientes creadas con nombres falsos (como «winniepooh@tra dedirect.biz»), los nombres falsos («Winnie Pooh»), los nombres de usuario («winnie») y las contraseñas («win48491»). Podríamos entrar en docenas de cuentas de correo electrónico clandestinas, en teoría. Por supuesto, no lo hacemos, por mucho que nos tiente.

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La elección de las identidades falsas a menudo es extravagante: además de «Winnie Pooh», el osito de la película de dibujos animados de Walt Disney homónima, nos encontramos con «Harry Potter» y «Daniel Radcliffe», el actor, célebre por encarnar al joven mago. Otros alias son «fighter», «panama», «oktoberfest» o incluso «padre», «hija» o «hijo».

Y aún mejor: como en una película mala de espías, los asesores de Mossfon tratan a sus clientes en los correos electrónicos con sus apodos.

«Querido Harry».

«Hola, hijo».

«Hola, padre».

Nuestra frase preferida la encontramos en un mensaje a «Winnie Pooh»: «Le escribo en relación con mi reunión con Harry Potter».

«Harry Potter» es, por cierto, un exitoso abogado estadounidense, igual que «padre», y «Winnie Pooh» corresponde a una directiva. ¿Y «fighter», es decir, «luchador»? Un antiguo campeón del mundo de boxeo…

Los mensajes de correo electrónico de los clientes llegan a través de la conexión con el servidor interno de Mossfon en el caso de los empleados del bufete, pero solo con los nombres falsos, de manera que cada vez tenemos que investigar quién hay detrás de «padre», «Harry Potter» o «Bruni». Llama la atención que los clientes con cuentas de correo electrónico anónimas en la curiosa empresa Trade Direct, de Mossack Fonseca, a menudo dicen tener un problema con dinero no declarado. Sin embargo, lo más interesante es que sus asesores en Mossack Fonseca suelen tener conocimiento de esos problemas…

Veamos unos cuantos ejemplos.

Un cliente escribe porque quiere abonar unos cheques por valor de unos cien mil dólares, pero «sin relación» con él o con su empresa. Cualquier aprendiz de empleado de caja de ahorros haría la siguiente pregunta: ¿para qué lo necesita?

Los asesores de Mossack Fonseca, en cambio, son ingeniosos al darles la mejor solución: una de las propuestas es poner el dinero en una fundación anónima que luego compra las acciones de una empresa, que a su vez hace un donativo a los clientes. O, como aconseja uno de los abogados de Mossfon, se puede crear una empresa offshore y escribir en los estatutos que «la empresa llamada ABC también ejerce su actividad bajo el nombre XYZ y BLA». Así él podría manejar la cuenta bancaria con ese otro nombre.

Un asesor de Mossfon hace una propuesta igual de llamativa a otros dos clientes. El cliente 1 quiere sacar mucho dinero de Estados Unidos al extranjero. El cliente 2 quiere devolver de forma decente su dinero de Singapur a Estados Unidos. La idea de Mossack Fonseca es que los clientes se transfieran el dinero entre sí, de modo que el cliente 2 envíe ochocientos mil dólares de su cuenta en Singapur a una cuenta del cliente 1 en Suiza, mientras que el cliente 1 deposita la misma suma en la cuenta del cliente 2 en Estados Unidos. Así ambos tendrían sus ochocientos mil dólares donde quieren tenerlos. De todos modos, según el hombre de Mossfon, hay que pensar «otro motivo» para la transferencia del cliente 1 al cliente 2 dentro de Estados Unidos. Tal vez una especie de «services agreement», es decir, que el cliente 1 pague unos servicios nunca prestados al cliente 2.

En realidad, Mossfon propone crear una factura falsa. Un encubrimiento de manual.

Los límites de Mossack Fonseca son sorprendentemente bajos. A la clienta del alias «hija» le recomiendan presentar una orden de recomendación para una transferencia a Suiza en Mossfon, pues Mossack Fonseca «es un bufete de abogados, así que no debería dar la impresión ni proponer la idea de que usted saque dinero del país». Así que el bufete ayuda a crear una fachada, y promete que «intentaremos de alguna manera evitar el cumplimiento legal».

¿Perdón? ¿Evitar el cumplimiento legal?

Si estos ejemplos aparecieran de forma aislada, tal vez se podrían explicar como un fallo individual. Pero no son casos aislados. Vemos en muchos lugares que Mossack Fonseca participa en transacciones o consultas sospechosas[2].

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Encontramos, por ejemplo, el caso de un antiguo directivo de Siemens. Es obvio que utilizó Mossack Fonseca para desviar dinero de Suiza a Panamá con discreción. Pocos días después de que a finales de noviembre de 2012 fracasara en el Parlamento alemán la propuesta de convenio fiscal con Suiza, que habría previsto que los defraudadores de impuestos siguieran en el anonimato y salieran impunes, entraron mensajes de correo electrónico en Mossfon en los que se mencionaba su nombre. Un asesor de clientes del banco andorrano Andbank explicó que querían utilizar los servicios de Mossfon como agente fiduciario, es decir, para transferir dinero a alguna parte a través de Mossack Fonseca.

El cliente había amasado una fortuna con negocios en Estados Unidos y Suecia, según se dice en el intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2012. Tenía más de dos millones de euros y prácticamente un millón de francos suizos en varias cuentas suizas. El antiguo directivo de Siemens quería transferir ese dinero, según el correo electrónico, a una cuenta de inversión de Andbank en Panamá. En los documentos encontramos también una copia de su pasaporte válido hasta 2014, además de una carta de recomendación de un administrador de patrimonio de Zúrich en la que se afirma que el exempleado de Siemens es cliente suyo desde 2008 y «una persona seria y respetable».

El dinero pasó en varios tramos de una cuenta, que según la documentación no está a su nombre, sino al de una sociedad pantalla, a una compañía fiduciaria que a su vez lo transfirió al Andbank de Panamá, a manos de otra compañía fiduciaria. Esta es una de las empresas de Mossack Fonseca. Siguiendo las indicaciones del bufete, los millones debían ser transferidos en el acto de su cuenta a la del «cliente final». Hay que tener en cuenta que el nombre del titular de la cuenta no aparece en ningún caso en la transferencia.

Así viajaron en diciembre de 2012 alrededor de tres millones de euros de Suiza a Panamá, sin que desde fuera pudiera saberse el nombre del exempleado de Siemens. No obstante, internamente en Mossack Fonseca se menciona con claridad el receptor final.

¿Por qué esa persona «seria y respetable» dio tantos rodeos para transferir el dinero de una cuenta en Suiza a una cuenta de inversión en Panamá? ¿Por qué eligió una vía tan complicada y cara? Mossack Fonseca facturó por esa sigilosa transferencia de dinero un 0,5% del importe transferido, lo que por un total de unos tres millones de euros son quince mil euros. Quince mil euros por un giro que se podría haber liquidado con una sencilla transferencia, que en muchos bancos es gratuita.

Sin embargo, una transferencia a lo mejor no habría quedado oculta ante las autoridades tributarias, y por tanto tampoco el nombre del exdirectivo de Siemens[3].

El negocio más normal para Mossack Fonseca no es el servicio fiduciario, como el que usó el antiguo directivo de Siemens, sino la venta en masa de sociedades pantalla y fundaciones a intermediarios institucionales. Esos intermediarios hacen llegar las sociedades a sus clientes, los «clientes finales» en la jerga de Mossfon. En esa área mixta del negocio de Mossfon no se trabaja con sumas astronómicas de dinero, ni se conceden direcciones de correo electrónico a nombre de Harry Potter. En esas sociedades ponen su dinero agentes inmobiliarios, dentistas y empresarios normales y corrientes que minimizan su tributación. De hecho, Mossack Fonseca suele saber bien poco sobre esas personas, y en la documentación interna se comprueba incluso que en el caso de miles de empresas offshore ni siquiera conoce quién es el propietario.

Lo que Mossfon sí sabe como mínimo son los motivos por los que los bancos y los administradores de patrimonio necesitan esas sociedades pantalla. Como vendedores, los empleados de Mossfon se reúnen con regularidad con sus clientes, sobre todo los vendedores regionales de sociedades pantalla en países como Suiza, Luxemburgo o Gran Bretaña.

Los empleados de Mossack Fonseca elaboran informes sobre esas conversaciones, y por escrito, en los campos previstos para ello en el sistema informático interno. Los informes de los que disponemos no podrían ser más claros.

Contienen docenas de comentarios sobre bancos cuyos clientes tienen «dinero no declarado» y, por tanto, son «muy sensibles» en cuanto a la confidencialidad. En el caso de un cliente, los asesores apuntan que «sus clientes por lo general quieren ocultar su fortuna a sus exmujeres y a las autoridades tributarias». Y así sucesivamente. Luego, hay algunos informes en los que se especifica abiertamente que el convenio europeo de retenciones en origen que entró en vigor en 2005 potenciará los negocios de este o aquel cliente. El convenio afecta a las cuentas de ciudadanos europeos, pero no a las de empresas panameñas. La introducción de ese impuesto fue para el negocio de empresas como Mossack Fonseca una especie de turbo: solo en Suiza aumentó la proporción de cuentas que estaban en manos de empresas offshore en un diez por ciento. El número de particulares que eran titulares de cuentas descendió en la misma proporción. La sospecha es que mucha gente creó una sociedad pantalla para no aparecer más como titulares de cuentas, y que en cambio figuraran esas empresas anónimas de las que, en caso de duda, no se puede saber a quién pertenecen en realidad.

En las memorias de Mossfon de años recientes existen notas un poco deprimentes sobre bancos que apenas gestionan ya dinero negro y a los cuales, por tanto, no se los puede seguir considerando clientes.

En varios casos hemos observado que los bancos, cuyo papel de cómplices roza la ilegalidad, tampoco fueron rechazados por Mossfon, igual que sus clientes. En cambio, a menudo ponen a su disposición todos sus conocimientos: los empleados de Mossfon explicaban qué paraísos fiscales eran los mejores para cada necesidad, qué entramado prometía la mayor protección y juraban que los datos más sensibles de los auténticos propietarios estaban a salvo con Mossfon. Tenía un centro de datos de última generación, y el cifrado de toda la comunicación cumplía los «estándares internacionales más elevados», afirmó un asesor de Mossfon para tranquilizar a un cliente suizo preocupado por la seguridad de sus datos tras las revelaciones de la filtración de empresas offshore. Mossfon también juró a otros clientes que todos los datos sensibles estaban en buenas manos con Mossack Fonseca y que jamás saldrían de Panamá[4].

Sin embargo, es precisamente lo que ha pasado, y no solo los periodistas tenemos acceso a los datos. Hace tiempo que las autoridades fiscales alemanas, como se ha dicho ya en este libro, compraron tras nuestra revelación documentos por un millón de euros que afecta a unas seiscientas empresas de Mossack Fonseca con presuntos propietarios alemanes. A partir de esos datos, los investigadores indagaron en la primavera de 2015 no solo sobre los ayudantes e intermediarios como el Commerzbank, sino, según nuestra información, también sobre unos cien clientes finales de Mossfon.

Los documentos de los que se incautaron los investigadores en sus registros domiciliarios son, por así decirlo, los equivalentes a las entradas en el sistema interno de Mossfon: unos evidencian la intención de defraudar impuestos, y otros prueban que se han defraudado impuestos.

La prueba de que Mossack Fonseca ha posibilitado que ciudadanos alemanes defrauden impuestos la aportó el Estado.

Algunos bancos alemanes como el Commerzbank o el HSH aceptaron multas elevadas por sus negocios con Mossack Fonseca para detener el proceso contra ellos: diecisiete millones de euros en el caso del Commerzbank, veintidós millones en el del HSH Nordbank. Estos importes son el resultado de pagos de multas y por beneficiarse de ingresos irregulares fruto de negocios ilegales. Cabe suponer que los bancos no habrían aceptado los pagos si no hubieran ayudado a defraudar impuestos.

Precisamente el Commerzbank se mostró al principio muy escéptico respecto a la colaboración con Mossfon: sus empleados estaban muy preocupados por si se descubrían los negocios secretos o por si los testaferros desaparecían con el dinero. Mossack Fonseca explicaba el sistema una y otra vez, y luego proponía una solución especialmente segura: los clientes de los bancos podían ocultar su dinero en una empresa offshore bajo la protección de una fundación anónima. Así los clientes tendrían «la ventaja de contestar con honestidad ante las autoridades fiscales de Alemania a las preguntas mencionadas al principio sobre titularidad de las cuentas, justificación económica y poderes». La traducción es que los clientes podían decir a la agencia tributaria que la cuenta no era suya y que no podían acceder a ella, porque la cuenta proforma de la empresa y la empresa proforma pertenecen a la fundación, que a su vez coloca a los clientes como beneficiarios.

Según la carta en cuestión, el consejo procedía «directamente de nuestro socio fundador, el señor Jürgen Mossack», el jefe alemán de Mossfon[5]. Es cierto que durante los últimos años el bufete ha estado cada vez más en el punto de mira de la Fiscalía por investigaciones en las que están implicadas empresas creadas por Mossfon. En abril de 2008, por ejemplo, llega a la central de Panamá un mensaje de correo electrónico que trasmite cierto pánico de una empleada del bufete en las islas Seychelles. Escribe que el fiscal general de las Seychelles se ha puesto en contacto con ellos, que hay investigaciones en curso contra cuatro de las empresas gestionadas por Mossfon, y que es el sexto caso en solo un mes. Es obvio que la mujer tiene miedo, «qué pasa si los casos acaban en los tribunales», y pregunta «si existe una suerte de exención de responsabilidad que impida que se investigue a los empleados de Mossack».

En realidad, hasta ahora no hemos encontrado ningún caso en el que se haga referencia a Mossfon como cómplice. Al final, la Fiscalía siempre se concentra en el principal sospechoso, es decir, en las personas u organizaciones que buscan que Mossfon los encubra.

Hasta ahora.

Según la información de que disponemos, las autoridades fiscales alemanas están investigando a los responsables del bufete Mossack Fonseca por colaboración en la evasión fiscal. Es decir, investigan a Jürgen Mossack.

Es evidente que los investigadores se preguntan si en el bufete panameño saben más de lo que quieren hacer creer.

Nosotros, en cambio, ya no nos hacemos esa pregunta. Lo sabemos.

Así se viene abajo la línea de defensa central de Mossack Fonseca.

Por supuesto, en el fondo todo el mundo sabe que las empresas offshore a menudo se crean con ese fin. Sin embargo, dado que Mossack Fonseca ha decidido fingir ante nosotros, nosotros debemos destapar el juego. Mossack Fonseca se compara con un comerciante al por mayor que no sabe qué hace el cliente final con sus productos. Sin embargo, en muchos casos el bufete sabe muy bien qué ocurre en esas empresas. Con frecuencia Mossfon conserva los «productos» e incluso lleva una contabilidad de los mismos. En los casos en los que un testaferro de Mossfon «dirige» esas empresas, el bufete tiene una implicación directa en negocios turbios.

En febrero de 2015, Mossfon nos explicó que cualquiera que recibe poderes de una empresa pasa primero una comprobación a través del llamado World Check. Así, los clientes más llamativos no serían aceptados o no recibirían poderes. Vemos en los datos el caso de un alto directivo de una petrolera estatal de América del Sur. El nombre llama la atención del empleado de Mossfon, que le explica al abogado de este directivo que no puede extenderle poderes para la empresa. Sin embargo, sí puede hacerlo con su hijo… simplemente no hay que mencionar que la persona autorizada es el hijo del titular real.

La metáfora del comerciante al por mayor no es cierta, pero Mossfon la defiende una y otra vez. Así el bufete intenta distanciarse de sus clientes finales «éticamente más problemáticos», como llama Jürgen Mossack a ese tipo de clientela en una carta de presión a las autoridades de regulación financiera de las Islas Vírgenes Británicas. También los podría haber llamado delincuentes.

Parece que Jürgen Mossack y su socio van a tener que enfrentarse a ciertos problemas éticos.

15. Reunión secreta frente a los Alpes

[15.]

REUNIÓN SECRETA FRENTE A LOS ALPES

Esta es una tarea de lo más curiosa, quién lo duda ya. Un proyecto como este, con montañas de datos ante nosotros, con los que llevamos ya varios meses trabajando, y todavía no se lo hemos contado a casi ninguno de nuestros compañeros en el Süddeutsche Zeitung. De momento ya nos iba bien, así no tenemos que ir arriba y abajo dando explicaciones de en qué andamos metidos. Pero hoy, este preciso martes del mes de septiembre, nuestro «asunto» se ha vuelto de lo más curioso para todos sin excepción. Decenas de periodistas del mundo entero vienen a conocerlo, todos quieren tener más información del proyecto Prometheus. Así es que esta misma mañana, en el ascensor, nuestros colegas del SZ nos oyen hablar inglés con los de la BBC o incluso ven al equipo de la televisión surcoreana filmar a la entrada de nuestro edificio. Una vez en el interior, hay compañeros nuestros que pasan justo detrás de la india Ritu Sarin por el torno de acceso, mientras que otros, sentados en la terraza de la cafetería, coinciden al sol con Florian Klenk, un compañero austríaco del Falter a quien la inmensa mayoría conoce, aunque solo sea de vista. En dos palabras: tenemos visita, y eso es algo que no puede ocultarse. Si hasta ha venido la nueva directora del Guardian, Katharine Viner, porque quiere informarse ella misma sobre nuestro proyecto.

¿Y qué es lo que les decimos a nuestros colegas en el ascensor, en la cafetería o justo a la entrada, cuando preguntan por el motivo de tanta visita? Pues sí, que se trata de una reunión.

Un encuentro, sí. Muy concurrido, es verdad. Algo así como un congreso.

A veces nos enredamos un poco al terminar de hablar con ellos, y esto es algo que, la verdad, se nos antoja un poco molesto. Tanto secreto, tantas reservas. Pero esa desagradable sensación se nos pasa enseguida; tan pronto como recordamos por qué nos conducimos con tanta reserva: porque hay alguien en algún lugar del mundo que teme por su vida. Nuestra fuente.

Al final, como es lógico, toda la redacción se ha enterado de nuestro encuentro. A algunos de nuestros colegas los ponemos nosotros mismos sobre aviso, pues más adelante van a desempeñar un papel crucial en el proyecto; por ejemplo, a los de Internacional, que tan valiosos serán con sus muchos saberes y sus corresponsales en el mundo entero. Lo que sucede es que no podemos invitar a nadie más a las conversaciones con nuestros compañeros del ICIJ, sencillamente porque no hay espacio suficiente. Hasta ahora, el ICIJ ha embarcado en el proyecto a buena parte de sus medios asociados, porque de lo que se trata es de disponer de periodistas en todos aquellos países en los que esperamos que nuestras relevaciones causen impacto, sean cuales sean. Al principio recibimos cuarenta solicitudes, poco después sesenta, más adelante ochenta y, al final, resulta que son ciento cuatro los periodistas congregados en el SZ para hablar del proyecto.

La sala de la reunión, sin embargo, apenas tiene capacidad para ochenta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Decir a algún colega que no asista? Imposible. La sala se encuentra en el sky lounge del edificio, un amplísimo espacio totalmente acristalado en tres de sus lados y que se extiende por dos plantas. Vistas a las montañas, abajo la ciudad con sus torrecillas y más allá el Allianz Arena, el estadio del TSV 1860 iluminado en azul.

Bajamos las venecianas para poder utilizar bien el proyector digital; y aprovechando que los directores del SZ, Kurt Kister y Wolfgang Krach, están todavía saludando a los invitados, probamos en nuestros móviles la red WLAN. Sí que funciona, de modo que adelante.

Empieza el gran encuentro del ICIJ en la ciudad de Múnich. Dos jornadas prometeicas, sin duda.

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Hans Leyendecker, nuestro jefe de sección, lleva días de un humor excelente, y es que según nos confiesa se siente orgulloso de lo que están haciendo sus «chicos» en el periódico. Y, como es natural, no puede evitar preguntarnos cuándo van a venir por aquí la directora del Guardian y aquel centenar de reputados periodistas que son de lo mejor de la profesión. Pero nosotros, la verdad, estábamos tan ocupados que ni tiempo teníamos de pensar en quién viene. Los días previos a la reunión nos los pasamos revisando al alza la cantidad de zumos de manzana necesarios, pensando en dónde íbamos a repartir los paquetes del almuerzo o instalando un nuevo proyector digital para el equipo de los periodistas sudamericanos. A ello se sumaba que no había mañana que no tuviéramos que ampliar la reserva de mesas en un restaurante bávaro del centro de Múnich al que habíamos prometido llevar a nuestros colegas para que pudieran beber cerveza en grandes jarras acompañada de asado de cerdo y albóndigas. Por último, la víspera del encuentro, nos reunimos con el equipo del ICIJ y fijamos el orden de día para ambas jornadas.

Ahora sí, empieza el congreso. Nosotros hablamos de la filtración (estado actual: 2,4 terabytes, ocho millones de archivos, doscientas mil sociedades pantalla) y de los resultados obtenidos hasta la fecha (treinta y cinco pistas conducentes a jefes de Estado), mientras que nuestros compañeros del ICIJ se encargan de explicar cómo son las plataformas que han creado para la investigación; una explicación esta que va más bien dirigida a los colegas que no estuvieron en nuestra reunión del mes de julio en Washington. A continuación es el turno de los demás compañeros, de periodistas que llevan ya largo tiempo trabajando con nosotros en el proyecto Prometheus. Es impresionante todo lo que han descubierto y todo lo que aún esperan destapar en sus respectivos países. Para entonces colaboran con nosotros alrededor de doscientos periodistas de más de sesenta y cinco países, y no todos publican en el foro sus muchos hallazgos. Cuando llega nuestro turno, presentamos también lo más novedoso de nuestra investigación.

El italiano Leo Sisti nos informa de las ramificaciones de la Mafia; Jake Bernstein, colega del ICIJ, nos cuenta que en este tiempo ha encontrado datos sobre varios marchantes de arte; y Edward Scharfenberg, de Venezuela, nos habla de todos los chavistas que ha encontrado en nuestros documentos, esto es, de los seguidores del desaparecido presidente Hugo Chávez. El colega islandés Jóhannes Kr. Kristjánsson presenta también su investigación: además del primer ministro del país, al que ya habíamos hallado en los datos filtrados al comienzo de nuestras pesquisas, Jóhannes ha encontrado información sobre los propietarios —para entonces ya condenados— de uno de los tres grandes bancos islandeses que quebraron a raíz de la crisis. Esa misma tarde expone sus impresiones el director adjunto del Guardian, Paul Johnson, en una intervención algo más larga que las demás. Su periódico, asegura, ya ha participado en algunos proyectos de envergadura: WikiLeaks, los archivos de Snowden, las filtraciones offshore… «Pero ninguno tenía el alcance de este. Es sencillamente increíble».

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Una vez terminada la presentación de las historias internacionales más relevantes, pasamos a la segunda parte del encuentro: la organización de los grupos de proyectos. Algunos temas —Rusia, la FIFA, el comercio de armas— son demasiado amplios para ser abordados por la redacción de un solo medio. Los grupos, en realidad, ya existen —al menos en ciertos casos—, pero desde luego siempre es mucho mejor hablar personalmente con alguien que enviarle algún correo encriptado o escribir algo en el foro. La comunicación es entonces más fluida, y eso es exactamente lo que sucede en nuestra conversación con los colegas rusos, Roman Anin y Roman Shleinov, incorporados hace unos pocos días a nuestro pequeño grupo de trabajo consagrado a Rusia. Este grupo se ocupa, desde nuestra reunión en Washington, de todos los datos relacionados con Rusia. Y no son pocos precisamente.

Para empezar, cómo no, está el caso de Serguéi Roldugin, violonchelista y por añadidura padrino de la hija mayor de Putin, en cuyo entramado empresarial hemos encontrado hasta ahora más de quinientos millones de dólares. Luego estarían Boris y Arkadi Rotenberg[1], amigos yudocas de Putin (sancionados con posterioridad), juntamente con Igor, primo del presidente ruso, y un multimillonario también ruso llamado Alisher Usmánov. Este último es un oligarca que ha hecho una buena fortuna gracias a la industria armamentística y los medios de comunicación (incluso tuvo un alto porcentaje de Facebook), y que además está entre los grandes accionistas del Arsenal, el famoso club de fútbol londinense. En sus documentos internos, Mossfon llega a considerarlo un cliente de «alto riesgo», lo cual sin embargo no le impide seguir manteniéndolo entre sus representados[2].

La lista de implicados rusos no acaba aquí, ni mucho menos. Ahora bien, si todos estos hombres nos resultan tan interesantes es porque están relacionados con Putin, quien en cambio no tiene ningún empacho en condenar el sistema offshore por considerarlo «antipatriótico». Y desde luego no causa precisamente buena impresión que tantas personas de su círculo parezcan estar en medio de este antipatriótico mundo offshore.

Roman Shleinov nos habla de otro de los casos que está investigando en esos momentos. Se trata de una empresa registrada con el nombre de Earliglow Limited y fundada en 2010 en las Islas Vírgenes Británicas. Entre su documentación ha encontrado un escrito de lo más interesante según el cual Earliglow sería un non direct shareholder, es decir, un accionista indirecto, de una compañía rusa llamada Svyazdorinvest.

Justamente en 2010 Svyazdorinvest se hizo con el contrato para la canalización de fibra óptica entre China y Rusia, que adjudica la empresa estatal rusa Rostec. Coste estimado de la obra: quinientos cincuenta millones de dólares. Es decir, un proyecto monumental.

El director de la estatal Rostec, Serguéi Chemezov, es buen amigo de Putin desde sus tiempos en la KGB y últimamente aparece en las listas de personas sometidas a sanciones por la Unión Europea y Estados Unidos. Tras estudiar en la Academia del Estado Mayor se lo envió a Dresde, junto con Putin, y posteriormente ascendió hasta convertirse en uno de los más importantes intermediarios del jefe del Estado ruso. El padre, valiéndose de la empresa estatal dirigida por él mismo, adjudicó un contrato millonario a una compañía que en parte pertenece a su hijo. Todo esto lo sabemos a través de los documentos filtrados que han llegado a nuestro poder. Y aún hay algo mejor: según nuestros datos, la hija del subdirector de Rostec participa de manera indirecta, a través de Earliglow, en la propia Svyazdorinvest[3].

Por tanto, a la vista de lo aquí expuesto, parece que nos hemos topado con parte de lo que se ha dado en llamar «Rusia S. L»., algo así como un gigantesco autoservicio del que tantísimos se sirven a su antojo y que tan criticado es por los expertos. En otras palabras, puro «autoritarismo cleptocrático», como apunta la profesora Karen Dawisha en su ensayo Putin’s Kleptocracy (2014).

De esta historia nos informa Roman Shleinov en nuestro encuentro de estos días, porque, según nos dice, hasta ahora ni él ni Roman Anin han podido colaborar en el foro, justamente por razones de seguridad.

Para solucionar el asunto decidimos, junto con nuestros compañeros del ICIJ, que es preciso que ambos periodistas reciban en Alemania sendos teléfonos móviles, que única y exclusivamente podrán utilizar en el marco de este proyecto; y en caso de albergar la menor sospecha sobre un posible troyano, deberán destruirlos en el acto. En Rusia es de lo más común que aquellos periodistas que son críticos con Putin sufran robos en sus despachos y domicilios particulares. Además se da por hecho que tanto su lugar de trabajo como el de residencia tienen siempre micrófonos ocultos. Por tanto, para evitar cualquier filtración, nuestros colegas rusos no deben hacer llamadas con sus nuevos móviles.

Nos vamos entonces junto con ellos a comprar los teléfonos. Nos dirigimos a un establecimiento de electrónica situado en las cercanías y pagamos al contado para no dejar huellas.

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A lo largo de la reunión no dejamos de recordar a los participantes que deben ser extremadamente cautos. Basta una frase inapropiada a la persona inadecuada para que el proyecto Prometheus acabe siendo conocido por todos. Mossack Fonseca estaría entonces sobre aviso y, por tanto, también sus clientes; y a partir de ahí tendrían tiempo de sobra para preparar sus estrategias de defensa mientras que nuestras historias todavía están a medio investigar. El proyecto entero estaría en peligro.

Este sería el peor panorama posible.

El mejor es que en la primavera de 2016, cientos de periodistas del mundo entero pongan en internet, el mismo día y a la misma hora, sus artículos sobre la trama del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, y que hasta entonces nadie tenga noticia de esta monumental investigación realizada en equipo.

Entre las cuestiones más debatidas en Múnich se cuentan, como es natural, la fecha exacta de publicación y el nombre del proyecto, es decir, la denominación bajo la que se agruparán todas las revelaciones. A nosotros no se nos ocurre ninguna propuesta que sea satisfactoria para todos. La inmensa mayoría coincide en que deberíamos lanzar conjuntamente las revelaciones un domingo por la tarde, para poder trabajarlas durante el resto de la semana, y coincide también en que una buena fecha sería mediados de marzo o comienzos de abril. Pero para unir a doscientos periodistas de más de sesenta países es preciso sortear muchos obstáculos. En Rusia, por ejemplo, el 7 y 8 de marzo no se publica prensa: se celebra el Día de la Mujer. No hay opción. El día 13 se celebran en Alemania elecciones regionales en tres de sus estados. Algo nada favorable, pues los periódicos estarán llenos de noticias sobre los resultados electorales. La semana del 20 de marzo es Semana Santa, y el 10 de abril tienen lugar las elecciones generales en Perú.

Nada, nada, dejamos la cuestión para más adelante.

Las mismas discrepancias se plantean en lo que al nombre del proyecto se refiere. ¿Debe ser #globalleaks o #offshoreuncovered?, ¿#panamafiles o #theshellgame?, ¿#shadowland o #hiddenmoney? No somos capaces de llegar a ningún acuerdo; al contrario, aún salen a la palestra otras veinte propuestas.

El intercambio de ideas parece no tener fin; pero posiblemente este sea el precio que uno ha de pagar cuando embarca en su proyecto a tantísimos compañeros. La mezcla de periodistas de televisión y de prensa escrita también ocasiona problemas. Los primeros necesitan imágenes para su reportaje y desean grabar cuanto antes todo lo que sea preciso, porque, como ellos mismos dicen, al final siempre resulta que van escasísimos de material. Lo que sucede es que no queremos que en los próximos meses se presenten decenas de cámaras de televisión en el bufete de Mossack Fonseca con la intención de grabar «sin llamar la atención».

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Seguidamente pide la palabra Rita Vásquez, subdirectora de La Prensa, el periódico panameño que informará del caso en el país originario de Mossfon y, como medio asociado, nuestro colaborador en la zona. Y entonces Rita pone en palabras algo que ya muchos pensábamos: que Panamá es un país pequeño y que el ramo offshore está muy a menudo en el punto de mira de los periodistas de investigación. Por eso, dice, basta que un solo equipo de televisión plantee preguntas incómodas para que cunda el nerviosismo en todo el sector, y no únicamente entre los de Mossfon. Además se da la circunstancia de que el ramo offshore está estrechamente ligado a la política, como se ha podido comprobar en el caso de Ramón Fonseca, consejero del mismísimo presidente de Panamá. A los compañeros de televisión no tiene que decirles mucho más. Comparten su visión. Ahora no es el momento de poner nerviosas a las offshore, todavía no.

Cuando Rita Vásquez habla de la industria offshore, todos escuchamos con suma atención. Sabemos que ella conoce el sector mejor que nadie; y no solo por el hecho de vivir en Panamá, centro neurálgico de dicha industria, sino sobre todo porque en otro tiempo dirigió una filial offshore de una compañía panameña asentada en las Islas Vírgenes Británicas. Rita no desea extenderse sobre su pasado, pero sin duda sus experiencias y conocimientos van a permitirnos entender mucho mejor Panamá, ese pequeño país que, pese a sus numerosos cambios legislativos, es el emplazamiento ideal para el bufete de Mossack Fonseca, y dicho sea entre paréntesis, para una larga lista de despachos de abogados que obtienen sus ingresos de empresas offshore.

La verdad es que no nos va a resultar nada fácil ser comprensivos con Panamá; o, para expresarlo mejor, con aquella parte del país que ayuda a esconder dinero a tantos delincuentes, dictadores, empresas corruptas y evasores de impuestos. No dudamos que Panamá haya dejado de ser una «narcocleptocracia», denominación que en su momento hizo célebre el exsenador estadounidense John Kerry a causa de los elevados ingresos generados por el negocio de la droga en Panamá. Con todo, como bien apunta un funcionario norteamericano en unas declaraciones al periodista de investigación Nicholas Shaxson, el país sigue estando «lleno de abogados deshonestos, banqueros deshonestos, vendedores de empresas offshore igualmente deshonestos y compañías tanto o más deshonestas que los anteriores». Algo más objetivo, aunque igualmente crítico, se puede encontrar en un informe estadounidense publicado en marzo de 2014 por el Departamento de Estado. Según este informe, Panamá sigue siendo un «destino atractivo para todo el que quiera blanquear dinero», es decir, ocultar las fortunas obtenidas a través del tráfico de drogas, la corrupción y la evasión de impuestos. «Son muchos los factores que obstaculizan la lucha contra el blanqueo de dinero», continúa el informe, entre los cuales destacan «la existencia de acciones nominativas» y «la falta de colaboración entre organismos gubernamentales», así como «el débil sistema judicial, especialmente vulnerable a la corrupción y el nepotismo». Panamá, por lo demás, figura en la lista negra de paraísos fiscales que hizo pública la Unión Europea en junio de 2015.

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Apenas unos días después de la marcha de nuestros colegas, aparece en Nueva York el presidente panameño, Juan Carlos Varela. Va a pronunciar un discurso importante y nosotros lo vemos a través de internet. Varela se dirige al atril de la sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se toma unos instantes para ordenar sus papeles y comienza su alocución. Dieciséis minutos de discurso. Algo así como una especie de justificación. «Panamá —declara Varela— se compromete a ampliar su cooperación internacional en materia de transparencia fiscal y avanzar hacia el intercambio automático de información en materia tributaria de forma bilateral».

¿Y es precisamente Varela, el líder político entre cuyos ministros se encuentra el magnate de las offshore Ramón Fonseca, quien desea acabar con los paraísos fiscales? Pues, por lo visto, así es. ¿Qué otra cosa puede suponer si no el intercambio automático de información que el fin del paraíso fiscal de Panamá?

¿Acaso estamos escribiendo sobre algo que en el momento de publicar este libro hace tiempo que ha dejado de ser actual? ¿Acaso hemos atacado a un país que está decidido a emprender una profunda reforma de sus estructuras? Nuestros datos, sin embargo, no tratan únicamente de Panamá. Mossfon administra y/o funda empresas también en las Islas Vírgenes Británicas, en las Seychelles y en los estados norteamericanos de Nevada y Wyoming, amén de hacerlo en las Bermudas, en las Bahamas, en la isla de Samoa y en la Anguila británica. Por eso, entre otros muchos interrogantes se nos plantea la cuestión de hasta qué punto son creíbles las afirmaciones de Varela.

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Poco tiempo después comprobamos que no somos los únicos interesados en el discurso de Varela.

[John Doe]: He oído el discurso del presidente panameño ante las Naciones Unidas. ¿Realmente va a hacerlo? ¿Quiere intercambiar información de Panamá con otros países?

[SZ]: Resulta difícil creerlo.

[John Doe]: Entonces Mossack Fonseca tendría problemas, ¿verdad?

[SZ]: Si se llega a hacer, desde luego que sí.

[John Doe]: Pero Ramón Fonseca es el consejero de Varela.

[SZ]: Sí.

[John Doe]: Entonces no sucederá jamás.

Días más tarde, nuestra fuente nos hace llegar una carta que los responsables de Mossack Fonseca han escrito, tras el discurso del presidente Varela, a su red de clientes, esto es, a bancos, bufetes y asesores financieros. Dando por hecho que sus representados están tan sobresaltados como nosotros, aunque por razones bien distintas, Mossfon trata de tranquilizarlos: «Estamos en condiciones de asegurarles», dicen, que en el discurso de Varela ante las Naciones Unidas no se ha «anunciado ninguna modificación de las leyes y normas actuales».

¿Ninguna modificación? ¿Acaso no ha hablado Varela de una mayor transparencia y del intercambio automático de información entre países? Desde luego que sí. Y, sin embargo, Mossack Fonseca confía en que el asunto se resolverá a la manera panameña: este posible «intercambio —escriben— tendrá que ser organizado» de manera que «no sea manipulado para menoscabar la competitividad de unos países a costa de otros».

Conviene recordar que Ramón Fonseca no es solo el consejero más cercano al presidente, sino además el líder del partido en el gobierno. Así es que, si por un lado goza del favor del presidente, por el otro podría llegar a tener la influencia precisa para suavizar leyes impopulares. Naturalmente, solo en aras de la competitividad del país.

En su misiva, Mossack Fonseca asegura seguidamente que el presidente Juan Carlos Varela defenderá en todo momento los «intereses del país».

Los intereses de Panamá. No nos sorprendería que estos, casualmente, acabaran coincidiendo con los intereses privados del ministro Ramón Fonseca. Y de alguna manera así es, pues cuanto más dinero llevan a Panamá bufetes como el de Mossfon, mejor para el país. Al menos hasta hace poco.

16. El bufete del mal

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EL BUFETE DEL MAL

Gracias a la reunión de Múnich conseguimos, entre otras cosas, centrarnos de nuevo en el propio bufete de Mossack Fonseca, en las diversas empresas que alberga bajo su nombre y que nosotros hemos ido descubriendo en los datos.

El único problema es que no se trata de una sola empresa. Son muchísimas. Decenas de empresas.

En el curso de nuestras investigaciones, a menudo nos topamos con compañías bastante singulares para un bufete de abogados que, sin embargo, forman parte del cosmos de Mossfon. Lo que sucede es que no resulta nada fácil probarlo, ya que por lo general sus acciones no están en manos de Mossack Fonseca ni en las de sus socios del despacho, sino de los holdings de Mossfon, los cuales están tan bien camuflados que en un primer vistazo no se los puede asociar con Mossfon. Es todo bastante complicado.

Mossack Fonseca, como bien sabemos, se dedica a ocultar las propiedades de sus clientes, pero no solo eso: lo mismo hace con las suyas propias. Es una estrategia que, objetivamente, tiene una ventaja clarísima, y es que si alguna de sus empresas tuviera problemas legales, Mossfon siempre podría distanciarse de la filial sin sufrir perjuicio alguno. Jack Blum, un exinvestigador del Senado estadounidense, ha descrito muy bien esta táctica, que por cierto no solo emplea Mossfon, sino que también lo aplican muchas otras empresas. El truco, dice Blum en la revista Vice, consiste en hacer que las «compañías estén perfectamente vinculadas en su estructura vertical, y si se da el caso de que un investigador o agente de policía aparezca por allí, entonces se disgregan precipitadamente en una serie de entidades independientes, las cuales declararán no saber nada de nada sobre lo que hacen las demás empresas del entramado, si se les llega a preguntar por ellas. Es algo así como un puzle perfectamente encajado pero que se desmonta pieza a pieza cuando alguien empieza a indagar».

Aun así, sabemos que Mossfon administra por sí solo sus propias empresas, y justamente nosotros disponemos también de todos esos documentos. Ahora solo tenemos que examinar con lupa cada una de sus compañías en busca de pistas que podamos seguir. Lo que sucede es que sus empresas son como las matrioskas rusas: cada vez que destapamos una empresa, en su interior encontramos otra, y dentro de esta otra más, hasta que finalmente encontramos la última muñeca, la más pequeña de todas. La pista que nos lleva a Jürgen Mossack.

El ejemplo más reciente lo tenemos en las propias oficinas de Mossfon en el estado de Nevada. Allí lleva estancada desde hace años una querella interpuesta por Paul Singer, el dueño del fondo de inversión NML Capital, contra el Estado argentino. Singer quiere demostrar que el desaparecido presidente Néstor Kirchner y su mujer, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, habrían sacado del país alrededor de sesenta y cinco millones de dólares, supuestamente con la ayuda de ciento veintitrés empresas offshore creadas por Mossack Fonseca, extremo negado en todo momento por los Kirchner y del que hasta ahora no existe prueba alguna. Si la demanda se interpuso en Nevada es porque los abogados de Singer en Panamá no podrían reclamar judicialmente documentos internos y porque, además, la mayor parte de estas empresas se registraron en el estado de Nevada, y ahí sí que podían reclamar judicialmente que se les revelara el nombre de los propietarios de dichas empresas.

En realidad, la estrategia inicial de Mossack Fonseca consistía precisamente en distanciarse de M. F. Corporate Services (Nevada) Limited. Según manifestó el propio Jürgen Mossack en una declaración bajo juramento realizada el 8 de julio de 2015, Mossack Fonseca y M. F. Nevada eran empresas independientes que no tenían relación de empresa matriz y filial, pero es que además, seguía diciendo el propio Jürgen, Mossack Fonseca no tenía ningún control sobre «los asuntos internos o las operaciones diarias» de Nevada.

Cuando verificamos este punto en nuestros documentos, dimos con varios correos electrónicos que justamente insinuaban lo contrario. Por lo visto, en otoño de 2014, los trabajadores de Mossack Fonseca temían que el despacho de M. F. Nevada pudiera ser registrado por las autoridades, algo de lo que —según estos correos— avisaron sus abogados en Nevada. Y, obviamente, eso sería para ellos un problema monumental, pues a los investigadores no les resultaría nada complicado «encontrar pruebas de que ocultamos algo», escribía uno de los trabajadores de Mossfon. Es decir, de la estrecha conexión entre el bufete panameño Mossack Fonseca y su despacho de Nevada. Por tanto, deciden tramar un plan «para que M. F. Nevada no pueda ser relacionada con Mossfon».

Su estrategia es la siguiente: ellos tienen una sola empleada en las oficinas de Nevada, una tal Patricia A., y esta tendría que comportarse en el día a día «como si no fuera más que una intermediaria», que de hecho es justamente lo que ellos necesitan. Por eso mismo en Panamá se decide que A. reciba un teléfono nuevo, «de modo que no pueda verificarse que esta persona tiene acceso directo a la agenda telefónica de Mossfon». Además, el nuevo terminal —que, según correos posteriores, Patricia A. efectivamente recibió— no debe registrar en su memoria las llamadas salientes.

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El siguiente problema es el sistema interno, al que Patricia A., como los demás empleados, tiene acceso directo. En un principio se piensa en ocultar la propia existencia del sistema a los investigadores; pero visto que algo así es imposible, se decide, tras consensuarlo con un director ejecutivo, cortarle el acceso. Pero tampoco esto parece ser suficiente. Si se efectuara un registro, los investigadores podrían comprobar sin dificultad en el ordenador de Patricia que sí accedía al sistema, porque cada vez que se entra en este la información del usuario queda grabada en unos archivos de registro locales, y por tanto encontrarían también el de Patricia. Se decide, pues, que un tal Francisco se ocupe de «limpiar» todo rastro de acceso directo a su sistema interno de datos «mediante una sesión remota». Pero no solo ha de limpiarse el ordenador, también el despacho tiene que quedar libre de huellas: «Cuando Andrés [un empleado de Mossfon] llegó a Nevada, se puso a limpiarlo todo y luego se trajo todos los documentos a Panamá», se cuenta en uno de los correos.

Hay un término, en el mundo de la Mafia, que designa precisamente a las personas que se encargan de eliminar discretamente todo rastro de la escena de un crimen: son los cleaners. Los limpiadores.

Y a mayor abundamiento, no olvidemos que Jürgen Mossack había hecho una declaración jurada en la que aseguraba que Mossack Fonseca no controlaba los asuntos internos ni las operaciones diarias de M. F. Nevada[1].

Ahora bien, ¿no había declarado también Mossack que no existía entre ambas entidades una relación del tipo empresa matriz-empresa filial? Después de mucho buscar hallamos un impreso de apertura de cuenta bancaria a nombre de M. F. Nevada, y en este formulario es donde vemos la estructura societaria, perfectamente detallada por los empleados de Mossfon: todas las acciones de M. F. Nevada están en manos de una offshore llamada Tornbell Associates, que a su vez está distribuida del modo siguiente: el 45% pertenece a Jürgen Mossack, otro 45% a Ramón Fonseca y el 10% restante al suizo Christoph Zollinger, socio minoritario en el bufete[2].

La negativa a admitir que M. F. Nevada sea una empresa matriz suya es algo característico del modo de proceder de Mossack Fonseca, lo cual nos muestra, por cierto, de qué medios se valen el despacho de abogados panameño y sus responsables para ocultar los hechos.

Al mismo tiempo, Mossfon trata de proteger a sus clientes de otra manera frente al litigante Paul Singer: sencillamente, enviando correos electrónicos al administrador de las empresas afectadas de Mossfon, en los cuales «reiteran» su consejo de no mantener ni una sola acción en esas empresas concretas. En teoría, esas acciones podrían ser embargadas —escriben en Mossfon— si el tribunal finalmente obligara al bufete Mossack Fonseca a entregar toda la información.

Si antes habíamos desenmascarado a M. F. Nevada como empresa del grupo Mossfon, ahora decidimos centrar la búsqueda en las compañías asociadas de Mossfon. Hacemos un listado de las empresas que estamos seguros de que pertenecen a Mossack Fonsenca, y nos salen treinta y siete en total. Pero sospechamos que existen muchas más.

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Por fortuna, Jan Strozyk, nuestro colega de la NDR, encontró un archivo Excel que nos fue de gran ayuda, una especie de «visión panorámica de Mossack Fonseca». Por lo visto, en el bufete tenían la intención de contratar una póliza de seguro que cubriese ciertas medidas de seguridad y por ese motivo ordenaron todo su entramado en un par de tablas. Y ahí es donde aparecían enumeradas todas y cada una de las diversas empresas del despacho panameño. Fecha de realización: 2014.

Es muy probable que entre las condiciones del seguro figurase que Mossfon está obligado a declarar el origen de sus ingresos y las empresas a través de las cuales los obtiene. La ironía del asunto es que, por lo visto, Mossack Fonseca formalizó en ese mismo consorcio asegurador una póliza contra la llamada «delincuencia económica». Nos pusimos a investigar qué entendía la compañía aseguradora por tal concepto, y voilá, hallamos una definición. Se trata de un seguro que protege a las empresas «frente a las consecuencias económicas del fraude (sea de empleados o de terceras partes), el robo (incluidos asalto y allanamiento) [del exterior, a cargo de Mossfon] y la estafa por medios electrónicos. El riesgo incluye los daños “internos” ocasionados por empleados que abusan de la confianza que la compañía ha depositado en ellos, así como también los daños “externos”».

Y no podemos excluir que Mossfon se asegurase justamente frente a lo que sucede en estos momentos: que sus datos internos cayeran en manos de los periodistas.

En cualquier caso, gracias a ese Excel tenemos por primera vez una visión fiable de la empresa. Según los datos que ahí aparecen, Mossack Fonseca tenía en el año fiscal 2013 alrededor de cien sociedades con fines empresariales distintos, amén de algo más de un centenar de compañías asociadas que actuaban como empresas pantalla.

Por encima de las filiales hay, según dicho documento, un total de doce holdings, cuyas estructuras empresariales aparecen claramente presentadas en el archivo Excel. Todos ellos engloban algo más de doscientas empresas.

Mossfon no es un simple despacho de abogados. ¡Es un pulpo con muchos tentáculos!

Pero ¿es realmente esta toda su red de empresas? Quién sabe. En este caso nunca se está seguro de nada. Aun así, hay algo que sí vemos claramente, y es que Mossack Fonseca ofrece servicios adicionales tales como el registro de yates y aviones, asesoramiento legal en materia de propiedad intelectual, gestión de patrimonio, banca de inversiones, administración fiduciaria y hasta alquiler de oficinas virtuales. Otras empresas se encargan de los servicios inmobiliarios, las cuentas bancarias, las líneas telefónicas, los parques móviles de vehículos o los balances. Y, como es natural, los despachos radicados en otros países cuentan también con sus propias empresas. De modo que, si alguna de las muchas entidades descritas sufriera algún contratiempo jurídico —por ejemplo, por el hecho de administrar una compañía a la que se acusa de fraude o de violación de sanciones económicas—, la sede panameña siempre podría mantenerse a distancia respecto a su filial. Es decir, justo la estrategia que describía antes el ex investigador especial Jack Blum.

Este documento nos permitió, además, ver por primera vez a cuánto ascendía el volumen de negocio que supuestamente mueve Mossfon: en 2013, llegaba nada más y nada menos que a 42,6 millones de dólares. Una cifra descomunal, obviamente, que nos da mucho que pensar. Vemos que los costes que lleva aparejada la actividad del bufete panameño no son especialmente elevados. Los directores fiduciarios, por ejemplo, no ganan más que cinco mil dólares anuales; nosotros, en cambio, siempre habíamos dado por hecho que Mossack Fonseca retribuiría mucho mejor aquella labor, dado el riesgo que lleva aparejado.

En el documento puede verse también lo que aporta cada sector de la compañía al volumen de negocio total. No resulta demasiado sorprendente que las empresas que generan la mayor parte del negocio sean justo las que se dedican al negocio principal, esto es, a la creación y administración de empresas offshore. Pero llama la atención que precisamente el trabajo con clientes finales, en cualquiera de las diversas empresas del grupo, aporte un nada desdeñable doce por ciento del total. En 2013, Mossack Fonseca tenía, según los datos de dicho Excel, 588 empleados en total, de los cuales 342 se hallaban en Panamá, 140 en Asia y 40 en las Islas Vírgenes Británicas; pero además disponía de 6 en Colombia, 3 en Samoa, 5 en Luxemburgo y 18 en El Salvador. Podría pensarse que semejante número de empleados implica asimismo unos costes elevadísimos para la compañía, pero lo cierto es que los salarios en El Salvador, Panamá o las Islas Vírgenes Británicas, por citar solo unos ejemplos, están muy por debajo de los europeos.

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En otoño de 2015, Mossfon tenía, según sus propios informes, cerca de cincuenta despachos repartidos por más de treinta países. Alrededor de una treintena de esas oficinas son empresas filiales y el resto «despachos asociados» cuyo estatus legal, en nuestra opinión, no está nada claro, aunque fácilmente podría compararse con el de un franquiciado.

Entre sus doscientas empresas figura una más bien insignificante que casi podría pasar inadvertida: es la compañía que hasta hace poco recibía el nombre de International Outsourcing, pero que se ha convertido en Mossfon Executive. Esta empresa radicada en Panamá tenía contratados en 2013 a unos veinte empleados, entre los cuales hallamos nombres que a estas alturas, después de tantos meses trabajando con los datos de Mossfon, nos resultan bien conocidos. Son los directores fiduciarios, los testaferros, esto es, hombres y mujeres títere, que supuestamente dirigen el destino de «sus» empresas.

Son ellos quienes dan la cara, quienes aparecen siempre en escena, personas a las que incluso se puede encontrar en Google. Son ellos los que aparecen en los medios internacionales cuando firman en nombre de las sociedades offshore, son sus nombres, y no los del verdadero dueño, los que salen en los titulares. Sobre ellos pesa la mayor presión: son el rostro, el nombre de miles de empresas. También el mayor riesgo: sus nombres llegan a las listas de personas sancionadas financieramente, a los autos de procesamiento, a los blogs y artículos periodísticos. Y según nos explican expertos de Panamá, en última instancia pueden llegar a ser imputados como responsables de la actividad de estas empresas pantalla.

No es extraño que no hayan sido contratados directamente por Mossack Fonseca.

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Leticia Montoya es una de las directoras fiduciarias de Mossfon. Ella es quien dirige Casa Grande Development, la empresa que administra la caja B de Siemens en América Latina y de la que se habrían servido el expresidente nicaragüense Amoldo Alemán y todos los suyos para sacar del país millones de dólares. Sin embargo, vemos que no es la única empresa para la que trabaja. Es más, su lista de empresas parece no tener fin: solo en el registro mercantil de Panamá comprobamos que, sumando los actuales y los del pasado, Montoya ha ocupado algo más de veinticinco mil cargos directivos.

Sí, han leído bien: ¡veinticinco mil! Y en esta cifra no están incluidos los cargos que ha ostentado o aún ostenta en empresas pantalla fuera de Panamá. Es muy posible que, considerando estos últimos, el número total sea muchísimo más elevado.

A Leticia Montoya tiene que resultarle bien difícil explicar cómo puede desempeñar diligentemente su tarea en semejante maraña de empresas.

¿Y quién es Leticia Montoya, esta reina no coronada de las empresas pantalla?

Por la fotocopia de su documentación sabemos que nació en la ciudad de Panamá en marzo de 1953, que tiene nacionalidad panameña y que su nombre completo es Leticia Montoya Morán. Sabemos también que carece de estudios superiores, que habla muy poco inglés (según nuestras fuentes), y que vive en un barrio depauperado de las afueras de Panamá. Nada sorprendente, pues aunque Mossack Fonseca gane millones gracias a sus directores fiduciarios, justamente a ellos, que son los más expuestos, no se les permite participar en el negocio; la verdad es que no podemos sino sentir algo de lástima cuando vemos en un memorándum que Leticia Montoya, que trabajaba en la empresa desde octubre de 1981, no ganaba más que cuatrocientos dólares mensuales.

Hagamos cálculos: Mossfon pide a sus clientes unos cuatrocientos cincuenta dólares anuales por proporcionarles directores fiduciarios. En la inmensa mayoría de los casos utiliza tres hombres de paja, lo cual hace un total de ciento cincuenta dólares por cada uno[3]. De manera que si Leticia Montoya fuera directora de, digamos, treinta y dos empresas activas vería completados sus ingresos en una cifra sustancial. Sus ganancias estarían en torno a los cuatro mil ochocientos dólares anuales. Pero resulta que Montoya dirige en realidad bastantes más empresas. Muchísimas más. En un listado del año 2012 aparece mencionada como directora de 3143 empresas pantalla. Por tanto, solo en ese año llegó a embolsarse cerca de medio millón de dólares.

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El sistema de los directores fiduciarios necesita, en esencia, tres formularios para ser efectivo, formularios que, por cierto, tenemos a millares entre los documentos filtrados. Primero el testaferro, o nominee director en el lenguaje offshore, garantiza al verdadero propietario de la empresa que se van a seguir sus directrices y que no se presentará ninguna demanda contra él ni contra su propia compañía (es lo que se conoce como nominee director declaration). El segundo documento es el llamado power of attorney, un poder de representación general que el verdadero propietario (o beneficial owner) entrega al director fiduciario y que convierte a este en director de facto. Y, por último, en un tercer documento —que por norma no se rellena— el director fiduciario presenta su dimisión (resignation letter). El director fiduciario firma su carta de renuncia y se la entrega al propietario real de la compañía, pero sin datar: de este modo el auténtico jefe puede desembarazarse del ficticio cuando lo desee, ya que dispone de una carta con efecto retroactivo. Generalmente el director ficticio queda privado de sus funciones desde el comienzo.

Para facilitar las operaciones cotidianas, Mossack Fonseca suele ordenar a sus directores fiduciarios que estampen su firma en documentos en blanco de toda clase, desde impresos para la apertura de una cuenta bancaria hasta formularios de acciones, en los cuales los clientes solo tienen que añadir el nombre de la empresa. De este modo se agiliza cualquier gestión que se plantee en el futuro, ya que Mossfon Panamá no tiene que requerir la presencia de los directores fiduciarios cada vez que surja un problema.

Y por si esto fuera poco absurdo, en nuestros documentos hemos encontrado también carpetas llenas de hojas en blanco rubricadas por tres personas. Hojas blancas en las que solo aparecen las firmas de tres directores fiduciarios presentadas de diversas maneras. Unas veces rubricadas todas en la parte inferior de la página, otras en el centro y otras incluso en la parte superior. Teóricamente, en estas hojas se puede redactar cualquier documento referente a la empresa. Un contrato de compra, un nuevo poder, la clausura de una compañía…

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El socio principal del bufete, Jürgen Mossack, también asumía cargos directivos en los cuales hacía las veces de testaferro. De hecho se puede encontrar el nombre de «Jurgen Mossack» en alrededor de mil quinientos puestos directivos de empresas pantalla, sea como director fiduciario aún en ejercicio o ya inactivo. Si a ello añadimos nombres tales como «Jurgen Mossack 1», «Jurgen Mossack 7058», «Jurgen Jurgen Mossack» o alguna denominación similar de las que aparecen en el registro mercantil, aún encontramos algunos más[4].

En un correo de 2008 de Mossack Fonseca vemos que él mismo —y su primera mujer— han servido al bufete como directores fiduciarios, pero, según apunta aquel, ya no va a seguir haciéndolo. Ahora deja que sean sus empleados quienes asuman esa tarea. Y cuando cometen algún error, cuando no se puede evitar que alguno de los directores fiduciarios —hombres y mujeres títere a su servicio— sea demandado, entonces es Mossack quien se ocupa de que el caso no llegue a mayores: si alguien quiere demandar a la empresa en la que él ha colocado a sus directores fiduciarios, entonces se encuentra con Mossfon Executive, una de las más de doscientas empresas satélite con que cuenta Mossfon.

¿Cómo era la imagen que empleaba el exinvestigador norteamericano Jack Blum para definir el entramado de Mossack Fonseca? Un puzle. Exacto, eso es: «Un puzle perfectamente encajado pero que se desmonta pieza a pieza cuando alguien empieza a indagar».

Este es el sistema que hace funcionar el universo Mossfon. En este complejo entramado, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca cuentan con empresas propias que ofrecen servicios contables, fiduciarios y legales a los clientes (y hasta fundaciones), de manera que cualquier demanda o investigación que se inicie contra ellos acabará encontrándose siempre con alguna de las empresas filiales de Mossfon. Con todo, no es nada fácil detectar estas filiales, ya que generalmente están en manos de compañías offshore que a su vez pertenecen a una fundación.

Tenemos, por tanto, una estructura organizativa que gira en torno a sociedades pequeñas sin apenas vínculos entre sí. Algo que Jürgen Mossack y Ramón Fonseca aplican a rajatabla a sus negocios privados. Ambos tienen su patrimonio repartido en una enrevesada maraña de empresas que no parecen cumplir ninguna función específica. Una de las compañías de Jürgen Mossack, por ejemplo, tiene varias fincas, otra un ático, una tercera un hangar para sus helicópteros, otra los propios aparatos, otra su plantación de teca, otra su oro y otra más su yate, el Rex Maris, el rey de los mares. No cabe duda de que Jürgen Mossack, hijo del aventurero alemán Erhard Mossack, se ha convertido en un hombre muy rico gracias a su bufete. Un hombre muy rico que siente debilidad por las offshore: hasta para sus coches tiene empresas propias, una para el Mercedes, otra para el Volvo, otra para el Mazda y una última para su Chevrolet Tahoe[5].

Parece que el elemento central en la planificación de su patrimonio privado es una fundación denominada The Mossack Family Foundation. Esta ostenta la propiedad de sus empresas privadas offshore, pero además ingresa todas las ganancias derivadas de las actividades de Mossfon. El beneficiario principal de esta fundación, creada en 1997, es el propio Jürgen Mossack, pero en ella se encuentran también como beneficiarios subsidiarios sus hijos y nietos. Actualmente, Mossack está casado en terceras nupcias, algo que se refleja en su fundación, donde encuentran acomodo algunos de sus nuevos parientes.

The Mossack Family Foundation, como tantas de las fundaciones vendidas por Mossfon, tiene una cuenta reservada en un banco suizo.

Pero es que la familia no solo saca partido de las ganancias de la empresa, sino que además forma parte de ella: dos hijos del primer matrimonio de Mossack, chico y chica, para más detalles, trabajan desde hace años en el despacho de su padre. La hija como asesora al cliente y el hijo como abogado. La primera mujer de Mossack fue durante algún tiempo directora fiduciaria de una empresa pantalla. Dos hijastras de su segundo matrimonio trabajaron —o siguen haciéndolo en la actualidad— en el bufete de Mossfon, y hasta su tercera esposa, cubana de nacimiento, ha trabajado para Mossack Fonseca en calidad de abogada.

A Peter Mossack, hermano de Jürgen y cónsul honorario de Panamá en la ciudad alemana de Darmstadt, se le atribuía también la titularidad de una empresa en los documentos internos de Mossfon. Sin embargo, no se ha podido esclarecer si realmente ha sacado algún provecho. En febrero de 2015 declaró en nuestra presencia que no tenía información alguna sobre las actividades de su hermano[6]. Hasta los dos progenitores de Mossack (su padre, Erhard Mossack, fue miembro de las Waffen-SS y posteriormente informador de la CIA) aparecen en los archivos de Mossfon vinculados a alguna empresa.

La familia. La empresa. Todo es lo mismo.

17. Spirit of Panama

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SPIRIT OF PANAMA

Pensamos en un primer momento que Christoph Zollinger no tenía demasiada importancia en el bufete panameño, pero visto lo que encontramos sobre él, esa sensación era totalmente falsa. El caso es que en un principio consideramos al suizo simplemente como uno más de los socios del despacho, pues habíamos visto que Mossack y Fonseca solicitaban su aprobación cuando en Mossfon se enfrentaban a decisiones difíciles, como por ejemplo si valía la pena mantener o no a un cliente dudoso. Generalmente los tres socios resolvían el asunto a través del correo electrónico, en mensajes breves de una o dos líneas, y así dejaban el tema zanjado.

Pero justo en febrero de 2015 se decreta el registro del Commerzbank, del que nosotros mismos informamos en el SZ, y poco después, hacia finales de abril, el Tages-Anzeiger publica un perfil de lo más detallado sobre la vida y actividades de Christoph Zollinger. Este declara, según recoge fielmente el diario, que se había retirado del despacho de Mossack Fonseca en el año 2011 y que, por otra parte, tampoco era socio del bufete. Interpelado por nuestros compañeros del periódico suizo —diario, por cierto, asociado al SonntagsZeitung, que para entonces ya colaboraba en nuestro proyecto—, Zollinger reitera que no ha sido nunca «socio ni partícipe de MF Panamá», pero es que además no tuvo «nunca firma autorizada» en la empresa y que, por consiguiente, no podía firmar nada, «ni documentos ni cuentas bancarias». A ello añade que «tampoco se le concedió ningún poder de representación» y que no fue «JAMÁS miembro del Consejo de Administración». Y, para concluir, reitera que nunca fue accionista de Mossfon.

Si alguien se atreve a desmentir públicamente algo así, debe de estar diciendo la verdad, aunque solo sea por lo vergonzante que resultaría luego tener que desdecirse. Por eso creemos que, a la luz de lo que ha declarado al Tages-Anzeiger, seguramente Zollinger está diciendo la verdad. De todas formas, para compensar nuestro primer descuido, decidimos volver a examinar a este personaje con algo más de atención, pese a que aún nos queda mucho por analizar y que tenemos todavía infinidad de cabos sueltos que parecen mucho más importantes que el suyo.

Su historia, sin embargo, aventaja a las demás por su gancho periodístico. Pocas de las que hemos encontrado resultan tan atractivas como esta. Veamos: después de estudiar Derecho, Zollinger decide viajar por el mundo, hasta que en 1995 se queda colgado en Panamá y se instala en el país. Al principio trabaja para un proveedor de internet, pero en 1997 pasa a integrarse en el bufete de Mossack Fonseca, en principio en calidad de asistente de los dos socios fundadores. Zollinger no tarda en escalar posiciones dentro de la empresa. En 2004 ya forma parte de la dirección del despacho. Para entonces es ya ciudadano panameño, se ha casado con una mujer del país, y hasta verá como lo nombran «embajador especial del Ministerio de Asuntos Exteriores».

En el año 2010 practica por primera vez el bobsleigh en la pista helada de St. Moritz. Zollinger está tan entusiasmado con aquel nuevo deporte que decide entonces imitar a los protagonistas de Elegidos para el triunfo. En este filme, un equipo jamaicano de bobsleigh consigue, salvando toda clase de obstáculos, ser seleccionado para los Juegos Olímpicos; una historia que en parte está basada en la de la propia selección de Jamaica, que en 1988 logró participar en las Olimpíadas de Calgary. Zollinger se pone en marcha. Crea la Federación Panameña de Bobsleigh, atrae a patrocinadores de la talla de Adidas y BMW, contrata a un entrenador de primera fila, y hasta va a un casting de televisión en busca de atletas que quieran participar en el Spirit of Panama, su equipo de bobsleigh. El país entero se vuelca en el equipo; hasta el presidente panameño cruza los dedos para que aquellos chicos alcancen su objetivo: ser seleccionados para los Juegos Olímpicos de 2014. La historia del exótico equipo suizo-panameño pronto traspasa fronteras. El Spiegel se hace eco de la noticia en su magazine para jóvenes, en el cual publica un reportaje sobre el «sueño en trineo». El equipo pilotado por Zollinger y Eduardo Fonseca, hermano de Ramón, se sitúa entre los primeros puestos, hasta que Christoph se lesiona un pie y quedan eliminados de la competición. Adiós a su sueño.

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Zollinger vuelve a aparecer en nuestro punto de mira cuando descubrimos un escrito en el que se hace referencia a los propietarios de Mossack Fonseca & Co. S. A. En este documento, fechado el 21 de mayo de 2008, se especifica que Christoph Zollinger posee el diez por ciento de las acciones, aunque no se concreta si se trata de títulos directos o indirectos. El noventa por ciento restante queda repartido a partes iguales entre Ramón Fonseca y Jürgen Mossack.

Así es que Zollinger era, en el año 2008, cuando menos accionista indirecto de Mossack Fonseca & Co., un dato importante que, sin embargo, no hizo público en su entrevista del Tages-Anzeiger. Cuando en marzo de 2016 volvimos a consultarle sobre el asunto, siguió dando la misma contestación. No obstante, admitía haberse presentado «coloquialmente como socio de la compañía» y haber firmado sus correos electrónicos «en calidad de tal».

Nos pusimos entonces a revisar algunas de las compañías más importantes de Mossfon, y al poco encontramos datos sobre la participación de Zollinger en algunos de sus holdings, es decir, sociedades financieras que a su vez poseen la mayoría de las acciones de otras empresas:

En Tornbell Associates (propietaria, entre otras, de la sociedad de Mossfonn en el estado de Nevada), Christoph Zollinger tiene, según nuestros documentos, el diez por ciento de las acciones, aunque posiblemente sean indirectas.

En Baysel Invest (propietaria de Mossfon Asset Management, división encargada de la banca privada), Zollinger tiene otro diez por ciento. Consultado sobre este punto, Zollinger confirma haber sido uno de los accionistas, pero añade que «no disponía de información» sobre la compañía.

Panaswiss Foundation posee, según nuestros datos, el diez por ciento de las acciones de M. F. Private Holdings Limited, una de las muchas sociedades de Mossfon. La entidad, de carácter privado, es una de las tres fundaciones panameñas que encontramos asociadas a Zollinger. «Mi fundación —contesta este— era propiedad de otra que estaba en manos de M. F. Private Holdings Limited».

Llegados a este punto, cambiamos de tema y pasamos a los consejos de administración. ¿Participaba Zollinger en alguno de ellos? A los pocos minutos nos contesta enviándonos un documento Word en el que aparecen perfectamente listados todos los cargos directivos que desempeñaba en las diversas empresas del bufete. Ahí vemos que en marzo de 2015, es decir, poco antes de su entrevista con el Tages-Anzeiger, Zollinger dirigía los servicios relativos a administración fiduciaria, banca privada y trusts, así como la sociedad Beechfield Corp. Holding.

Apenas un par de meses después, en mayo de 2015, Zollinger aparece incluso en los folletos de la compañía, en los cuales se lo puede ver, con foto y currículum, en su calidad de miembro del Consejo de Administración de Mossfon y acompañado de Fonseca y Mossack.

No damos crédito. Volvemos a buscar sus declaraciones al Tages-Anzeiger, y ahí está, perfectamente claro: «No he sido JAMÁS miembro del Consejo de Administración».

A principios de marzo de 2016 volvemos a preguntarle por sus cargos directivos en la compañía. Ahora ya no trata de desvincularse del Consejo de Administración, sino que se escuda diciendo que los últimos años se ha mantenido «apartado del Consejo de todas las sociedades mencionadas».

Siguiente punto: en su entrevista con el Tages-Anzeiger (publicada en mayo de 2015) declaró que había salido de Mossfon en el año 2011. Curiosamente, hemos encontrado varios correos suyos —algunos incluso de la primavera de 2015— enviados desde su dirección electrónica en el bufete. Además, en marzo de ese mismo año Zollinger todavía desempeña varios cargos directivos en Mossfon. Según los documentos que obran en nuestro poder, los primeros mensajes en que aparece como directivo se han enviado poco después de finales de febrero de 2015, es decir, cuando el Süddeutsche Zeitung ya había informado por primera vez de los manejos del bufete panameño. Por otro lado, hemos visto correos electrónicos en los que alguien que responde al nombre de Andrea N. firma como «asistente de Ch. Zollinger». Y eso lo hace en julio de 2015. Ese mismo mes, el departamento de personal envía un correo interno en el que proporciona una relación del número de empleados de la compañía; al lado de Mossack Fonseca & Co. S. A. anota «260»; al lado de C. Zollinger, «2».

A esto responde Zollinger que en realidad solamente había dejado su cargo de chief operating officer —es decir, director general— y que en el año 2011 seguía manteniendo una «dirección electrónica de MF» para los proyectos que había «dirigido en MF», pero que hoy ya no utilizaba salvo para «alguna consulta puntual de carácter externo». Apunta asimismo que a partir de 2012 no tuvo ningún empleado a su cargo.

Por otro lado, Zollinger había declarado al Tages-Anzeiger que Mossfon no aconsejaba «nunca a clientes finales», algo que sin embargo él mismo hace habitualmente en su calidad de director y socio partícipe de la división de banca privada, como comprobamos en nuestros documentos.

Consultado sobre todo esto, Zollinger explica que en aquella conversación con el Tages-Anzeiger él hablaba de las «actividades de Mossack Fonseca & Co.». Antes nos había dicho que el Tages-Anzeiger había preguntado «única y exclusivamente» por Mossack Fonseca, pero según nuestras informaciones eso es falso. En cuanto a los clientes finales, Zollinger declara que «Mossfon Trust y Mossfon Asset Management no responden al modelo habitual de bufete de abogados. Ellos proporcionan servicios de asesoría a los clientes, como puede verse en su página web».

Lo que nosotros vemos más bien es una de las típicas artimañas jurídicas del grupo de Mossack Fonseca para desdoblarse en ramas distintas.

Finalmente, en su entrevista con el Tages-Anzeiger, Zolliger declara que una de las razones por las que abandonó el grupo Mossfon es porque no podía «identificarse con un sector de negocio como el offshore», y que no quería verse obligado a «asumir responsabilidades no deseadas por el posible proceder de terceros» implicados en ese ramo.

Visto lo que aparece en los documentos filtrados, no podemos sino concluir que Christoph Zollinger era una de las fuerzas motrices del bufete panameño. Fue justo él quien defendió vehementemente que Mossfon mantuviera entre su clientela a Rami Majluf, el primo y asesor financiero del dirigente sirio Bachar el Asad…, contra el criterio del propio departamento de cumplimiento legal.

A esto, Zollinger responde hoy que se equivocó, que lamenta mucho haber juzgado «erróneamente» el caso.

Justo acabamos de redactar este capítulo cuando nuestra compañera Julia Stein, de la cadena NDR, nos envía un enlace a un vídeo de YouTube. Son unas imágenes promocionales del bufete. En el minuto ocho oímos decir a una voz en off que, en el año 2004, Christoph Zollinger era «socio oficial del grupo Mossfon».

18. El mundo nunca es suficiente

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EL MUNDO NUNCA ES SUFICIENTE

A finales de la década de 1990, Joachim zu Baldernach (nombre ficticio) se encuentra con que ha perdido su empresa. No es que este descendiente de una familia de millonarios haya extraviado la compañía como tal, sino que lo que ha perdido es la acción al portador —y, por tanto, anónima— de las cinco mil participaciones en una compañía pantalla creada a comienzos de esa misma década. Pero esa acción es, en la práctica, la empresa en sí misma. Por lo general, las compañías offshore no tienen despachos ni empleados; es más, en la mayoría de los casos carecen hasta de buzón de correos. Así es que Baldernach, preocupadísimo, envía un fax a las oficinas de Mossack Fonseca en las Bahamas para saber cómo puede hacerse con un título nuevo. El problema es que, en casos como este, Mossfon no tiene forma de saber si el afectado ha vendido, cedido o transferido el título en cuestión a otras personas y, por consiguiente, la empresa misma. Por eso las acciones al portador son tan apreciadas en los círculos menos respetuosos con la ley: porque, al ser anónimas, se puede vender la propia offshore sin dejar rastro.

Pero ¿qué sucedería si Mossack Fonseca expidiera una nueva acción por valor de las cinco mil participaciones mencionadas y de pronto apareciese alguien con el título extraviado? Pues que este individuo sería el propietario de pleno derecho de la offshore. Para evitarlo, Joachim zu Baldernach acaba firmando una letter of indemnity a favor de Mossfon, una especie de exención de responsabilidad, según podemos ver en nuestros documentos. En esta carta, Baldernach confirma formalmente no haber transferido, cedido o colocado por otros medios la acción en cuestión y exonera a Mossfon de toda posible responsabilidad en lo que atañe al nuevo título por ellos suministrado.

Joachim zu Baldernach recibe entonces un nuevo título. Ahora la offshore vuelve a ser suya.

¿Y qué ha impulsado a una persona como Baldernach, descendiente de una de las familias alemanas más acaudaladas, a hacerse con una empresa en las Bahamas, una empresa, por cierto, de la que era accionista desde hacía varios años? ¿La perfecta opacidad de esta clase de empresas, con sus directores fiduciarios y su titularidad anónima y posteriormente hasta con accionistas anónimos? ¿O acaso lo hizo movido por razones fiscales? ¿Trataba quizá de preservar su patrimonio? Al fin y al cabo, en la familia de Baldernach, como en tantas otras, hay muchas disputas, las más de las veces por dinero. ¿O fueron tal vez aspectos prácticos o legales los que pesaron en su decisión[1]?

Se da la circunstancia de que la empresa offshore de Joachim zu Baldernach fue revisada por una consultoría de Ginebra que, por aquel entonces, trataba de recabar apoyo para que se adoptaran unas bases internacionales que permitieran minimizar los impuestos. En aquel tiempo, según nuestros documentos, Baldernach estaba haciendo negocios inmobiliarios en Sudamérica, y es muy posible que su compañía offshore tuviera otra empresa que a su vez fuese propietaria de un yate.

A mediados de la década de 1990, Baldernach abrió, a través de su offshore, una cuenta bancaria en Suiza y, diez años después, otra en Luxemburgo. Dos países bien conocidos por la discreción de sus bancos.

La última actividad de esta offshore en nuestros documentos es la venta de un yate de lujo (formalizada, mediante el oportuno contrato, por los directores fiduciarios). Por lo visto, Joachim zu Baldernach había decidido comprarse un yate más grande, una embarcación que satisficiera todos sus deseos. Y este, a todas luces, estaba en manos de una empresa asentada en otro paraíso fiscal.

Todo estaba perfectamente organizado por una family office profesional, una de esas plataformas eficaces y de confianza para gestionar el elevado patrimonio de acaudalados grupos familiares. ¿Pero acaso es normal que alguien funde empresas offshore hoy en un sitio, mañana en otro y pasado en otro distinto?

En el mundo de los superricos, por descontado que sí.

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A finales del siglo pasado se fue desarrollando un mundo paralelo en el que los uber-rich, como dicen los estadounidenses, los más ricos de entre los ricos, aparcaron su capital en alguna offshore de algún lugar del planeta, como si eso fuera algo perfectamente lógico. En nuestros documentos se cuentan por centenares las familias acaudaladas y bien conocidas en la sociedad que han aparcado parte de sus activos en sociedades pantalla. A su disposición tienen a los gestores patrimoniales de todas las family offices, de los bancos privados más exclusivos y de los departamentos de atención a celebridades de los grandes bancos. Quien pregunte a alguna persona de estos sectores por qué el dinero a menudo acaba casi automáticamente en el entorno offshore se encontrará con la misma respuesta: que en modo alguno se hace con el fin de evadir impuestos o defraudar a Hacienda.

La socióloga danesa Brooke Harrington puede corroborar este punto. No solo conoce bien la materia por haberse formado, a lo largo de dos años, en el exclusivo sector de la administración de patrimonios, sino que además, en esa misma época, vivió en ese exclusivo mundo. Por entonces compartía con sus colegas hoteles caros, cursos de especialización, viajes en avión, y hasta congresos y seminarios. La idea de esta formación específica a largo plazo la había tomado de un legendario investigador de Estados Unidos llamado John van Maanen, que en la década de 1970 se había convertido en policía para poder comprender verdaderamente ese entorno y, de paso, para ganarse la confianza de su interlocutor. Harrington experimentó lo mismo que Van Maanen: cuando el grupo aceptó su presencia, todos bajaron la guardia y dejaron de mostrarse reservados con ella. Sus interlocutores empezaron a responder a sus preguntas sin ninguna cortapisa, y por eso Brooke Harrington es capaz de describir como nadie qué motiva a los gestores de los superricos. Estos, dice Harrington, remuneran a sus administradores harto generosamente con el fin de que los liberen de ciertas obligaciones que «el resto de la humanidad considera inherentes a la vida cotidiana». Entre tales obligaciones se contaría el pago de impuestos y deudas y el acatamiento de sentencias judiciales; pero no serían las únicas. De hecho, una de las tareas del gestor de patrimonios podría ser «la sustracción de la fortuna personal de las garras de los gobiernos» y, de paso, también de las garras de exmujeres, herederos insatisfechos, demandantes exasperados o de algún que otro acreedor.

Offshore, dice Harrington, no solo equivale a evasión de impuestos indeseados; también implica evasión de leyes, normas o deberes no deseados.

Esta es una afirmación que, en democracia, conviene aclarar: son los impuestos, leyes, normas y deberes que los ciudadanos han acordado imponerse a sí mismos y que deberían aplicarse a todos sin excepción.

No obstante, parece que hace tiempo que ha dejado de ser así.

Como apunta el premio Nobel y columnista del New York Times Paul Krugman: «Entre los capitostes de la economía norteamericana, mantener oculta una nutrida porción de su riqueza en empresas offshore posiblemente sea la norma más que la excepción».

A la vista de todo lo que sabemos —y que nosotros llevamos meses comprobando en nuestra filtración—, parece que el mundo entero se conduce de la misma forma. En nuestros datos hemos encontrado superricos en la India y en África, en Australia, Rusia y China; a multimillonarios en Estados Unidos y Europa, en Iberoamérica y Oriente Próximo. Hemos encontrado a más de cincuenta multimillonarios de la lista Forbes del año 2015 (que, como es sabido, selecciona a las quinientas personas más ricas del mundo). Y, en este panorama, Mossack Fonseca no es más que uno de los grandes proveedores de empresas offshore; nos falta mucho más para tener una visión completa del fenómeno.

El economista francés Gabriel Zucman ha calculado qué tanto por ciento de la riqueza mundial se encuentra en paraísos fiscales. Según sus estimaciones ascendería al ocho por ciento, es decir, alrededor de 5900 millones de euros, tres cuartas partes de los cuales no pagan impuestos. Leona Helmsley, la esposa del multimillonario magnate del negocio inmobiliario en Estados Unidos, Harry Helmsley, expresó en una ocasión, con no poco orgullo, su sentir a este respecto: «Los impuestos son para la gente corriente». Idea que indudablemente no compartía el tribunal que a la sazón estaba juzgándola por evadir impuestos y que la condenó a prisión.

Con todo, la evasión fiscal no es más que uno de los múltiples atractivos del sistema offshore. El periodista británico Nicholas Shaxson, experto en la investigación de paraísos fiscales, lo ha resumido magníficamente en su ensayo Las islas del tesoro: los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo: «El mundo offshore es un proyecto de las élites ricas y poderosas con el solo propósito de aprovechar los beneficios de la sociedad sin aportar nada a cambio»[2].

Nicholas Shaxson apunta también que el mundo offshore «ha concentrado la riqueza y poder en los ricos con mayor fuerza que cualquier otro acontecimiento de la historia». En efecto, según datos de Oxfam, el sector más poderoso de la población mundial dispone actualmente de más riqueza que el resto de la humanidad junta. No sorprenderá entonces que en torno a ese uno por ciento se haya desarrollado una industria de rutilantes beneficios cuyo único objetivo es el continuo incremento de su descomunal riqueza. Parte de esta industria la vemos representada en nuestros documentos, en prácticamente todos los países, a través de miles de empresas. Son las family offices, los gestores de patrimonio, los bancos, los asesores de inversiones, los expertos fiscales y, por supuesto, el propio Mossack Fonseca.

Todos al servicio del uno por ciento.

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Un porcentaje.

Ese simple guarismo ha acabado convirtiéndose en un término político que designa al tanto por ciento de las personas más ricas de un país. Y de su reverso ha surgido en Estados Unidos el eslogan de un movimiento político: «Somos el noventa y nueve por ciento». Esta es la consigna que coreaban los seguidores de Occupy Wall Street, la que escribían en cartones y banderas. Su movimiento de resistencia fue uno de los pocos que han clamado contra los abusos y la omnipotencia del capitalismo. En su libro El desmoronamiento, George Packer ha descrito con suma precisión (y de la manera más objetiva posible) el modo en que las élites financieras han conseguido dominar la economía de Estados Unidos, las absurdas consecuencias que esto acarrea al resto de la población y los motivos por los cuales ciudadanos poco proclives al compromiso político se aventuran de pronto entre quienes se manifiestan en la ocupada plaza de Wall Street: sencillamente porque se sienten engañados por «los de arriba».

Por hombres como Sanford I. Weill, el fundador del que fue el mayor banco del mundo, el Citibank. A este banquero de modales aristocráticos se lo considera responsable, en parte, de la crisis de 2008 por sus nefandos acuerdos en el curso del colapso bancario de ese mismo año. Sanford I. Weill ha sido, como es lógico, uno de los personajes más odiados por el movimiento Occupy Wall Street y, faltaría más, cliente de Mossack Fonseca. Por entonces tenía inversiones, a través del bufete panameño, en una empresa pantalla llamada April Fool. Era justo el mismo nombre que Weill (Sandy, para sus íntimos) había puesto a un yate de sesenta metros de eslora como recuerdo de una fecha concreta: el día en que conoció a su mujer, el 1 de abril de 1954[3].

He aquí el mundo del uno por ciento.

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El eslogan del «somos el noventa y nueve por ciento» alía al trabajador cualificado y a la señora de la limpieza, al sin techo y a la conductora de autobús, a la diseñadora gráfica autónoma y al trabajador asalariado, porque a todos ellos los une en buena medida la rabia, la cólera de no poder soportar que la gente corriente tenga que luchar a diario para ganarse el pan en tiempos de crisis mientras que los superricos únicamente piensan en qué nombre van a darle a la compañía offshore que da cobijo a su nuevo yate, su ático o sus acciones de bolsa.

En internet hay una web en la que los del noventa y nueve por ciento dan rienda suelta a su cólera. Una joven, por ejemplo, muestra a cámara el texto que ha escrito en un trozo de papel: «Tengo treinta años, esposo e hijo. En 2006 nos iba bastante bien, me quedé entonces embarazada, pero a causa de una preeclampsia tuve que guardar cama durante cuatro meses. Me despidieron mientras estaba de baja. En 2011 vendimos cuanto teníamos para poder dar de comer a nuestra hija. Desde entonces no he conseguido trabajo. Hasta nos han desalojado de nuestra casa. TENGO MIEDO. SOMOS EL NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO».

Si contamos esto es porque en nuestros documentos no hemos encontrado hasta el momento ni una sola persona que haya sufrido lo mismo que esta mujer. Y no hay que ser adivino para vaticinar, adelantándonos en el tiempo, que no vamos a encontrar ninguna.

Todo entramado offshore se hace cada vez más oneroso, más complicado y más opaco a medida que crece. Pero el principio básico de toda compañía pantalla es que, para que realmente merezca la pena, ha de manejar grandes capitales. Las operaciones financieras en ultramar están sujetas a unas tasas anuales considerables, a lo cual es preciso sumar los honorarios de los abogados que se ocupan de los detalles y puede que hasta una cuenta en Suiza; todo ello, en términos ideales, mantenido durante muchos años. En ocasiones hay que obtener el propio patrimonio allí mismo, por vías alternas, en infinidad de vericuetos.

Así es como lo ve también Mossfon: «la mayor parte» de sus clientes —escribe un empleado del bufete a un alemán interesado en sus servicios— son «lo que se ha dado en llamar high-net-worth individuals», personas que disponen de un capital «superior a los quinientos mil dólares», y seguidamente le advierte de que todas aquellas «organizaciones que exigen confianza y profesionalidad en un grado máximo cuestan por lo general miles de dólares al año».

Para los superricos, ningún problema. Y además resulta que cada vez hay personas más ricas: en el mundo de los gestores patrimoniales, un ultra-high-net-worth individual es aquel que por su posición está en condiciones de invertir, como mínimo, treinta millones de dólares. Hasta ahora existen unos ciento tres mil, y cada año hay más.

Entre ellos se cuentan sin lugar a dudas muchos de los jeques de Oriente Próximo, que han dejado en manos de Mossfon la administración de sus empresas. Una de ellas, Marshdale S. A., se hizo en junio de 2009 con el legendario yate motorizado, de ochenta y siete metros de eslora, de un oligarca ruso, el Ecstasea, por el cual pagó cientos de millones de dólares. A juzgar por lo que hemos visto en los documentos que obran en nuestro poder, en Mossack Fonseca se montó bastante revuelo a nivel interno por esta compra, pues no tenían claro quién era entonces el propietario de Marshdale. Un colega llega a sugerir que «el propietario último de la empresa podría ser su alteza el jeque Abdulá bin Zayid al Nayan, miembro de la familia real de Abu Dabi y ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos»[4].

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¿Y qué hay de los multimillonarios y superricos alemanes?

Pues sí, también aparecen.

Encontramos, por ejemplo, a varios directivos de grandes empresas alemanas que compran empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas porque quieren mantener sus casas de verano en Mallorca o en el Caribe o porque el propietario exige que la venta se haga por esa vía. Uno de ellos nos ha enviado hasta extractos de su declaración de la renta con el fin de demostrarnos que no hay nada raro en sus finanzas. Otro llama por teléfono para anunciarnos que se bajará «los pantalones hasta donde haga falta» porque no tiene nada que ocultar (y acto seguido nos conmina a visitar a su gestor).

Como es lógico, esas maquinaciones tienen, entre otros muchos beneficios, considerables ventajas fiscales. Quien compra vivienda en un país como España tiene que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que actualmente llega hasta el diez por ciento.

Hemos visto también como individuos pertenecientes a las familias más ricas de Alemania invierten en otros continentes a través de Mossack Fonseca o como mantienen parte de su patrimonio —incluidas obras de arte— en sociedades offshore, a veces hasta en la actualidad. Hay entre ellos industriales y príncipes, cerveceros y empresarios, condesas y baronesas, y hasta nobles del más rancio abolengo. Los Habsburgo, los Stauffenberg, los Wittgenstein, los Bismarck, los Thurn und Taxis… Todas estas familias, en una u otra medida, tienen alguna conexión con el despacho de abogados Mossack Fonseca.

Solamente en el registro mercantil de Panamá aparecen tantos nobles alemanes que cualquiera pensaría que se ha trasladado allí el archivo entero de la aristocracia germánica. Y no son ellos los únicos. Cuando en 2013 investigamos el caso para el Süddeutsche Zeitung, encontramos registrada una inquietante profusión de lo más granado de la sociedad alemana: Ferdinand Piech, otros miembros de la familia Porsche, Silvia Quandt y algunas otras celebridades aparecían en calidad de directores de una u otra empresa panameña. Piech y los Porsche nos explicaron que tales empresas eran un entramado sui géneris del que nunca se habían servido y del que tampoco habían obtenido nunca beneficios fiscales. Quandt, sin embargo, no supo explicar por qué aparecía su nombre ligado a esta trama.

En Mossack Fonseca hallamos asimismo una empresa con sede en las Bahamas llamada Longdown Properties, a causa de la cual se vio obligado a dimitir Helmut Linssen, el exministro renano de Finanzas, quien en 2014 abandonó su cargo de tesorero en la CDU tras descubrirse su implicación en la empresa offshore. Esta información se había hallado primero en un CD con datos de evasores fiscales comprado por las autoridades renanas. En 2012 se lo llevó a juicio, pero este quedó sobreseído. Su entramado offshore, en los años relevantes, había costado más dinero que los intereses generados por su patrimonio desviado allí (en la década de 1990 por mediación de un banco de Luxemburgo)[5].

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Nicolas Berggruen, multimillonario y otrora dueño de los grandes almacenes Karstadt, se ha visto envuelto en un nutrido elenco de offshores que, por lo que parece, estaban relacionadas con inversiones en China. Para el rutilante inversor, el mundo offshore es algo bien conocido; también su inversión en Karstadt, entre muchas otras, habría estado ligada a una entidad de un paraíso fiscal, sin contar el desvío de beneficios a un trust de las Islas Vírgenes Británicas. En el momento en que concluimos estas páginas, Nicolas Berggruen no se ha pronunciado aún sobre nuestra investigación. A su padre, el desaparecido coleccionista de arte Heinz Berggruen, tampoco le fue ajeno el mundo offshore: en el registro mercantil de Panamá aparece inscrito como director de dos empresas desmanteladas posteriormente.

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En el mundo paralelo de los ricos y superricos parece de lo más normal que cuentas, acciones, inmuebles, yates y todo lo demás se mantenga en organizaciones offshore repartidas por el mundo entero. La posesión de empresas pantalla es, como ya hemos señalado antes, algo completamente legal. Lo que queda fuera de la legalidad es la ocultación de sus posibles ganancias a las autoridades financieras.

De todas formas no es descabellado pensar que en el mundo real se está implantando un sistema de dos clases de personas en el que unas pagan sus impuestos religiosamente… y las otras, gracias a los medios y recursos a su alcance, pueden decidir por sí mismas cuándo y cuánto pagar en concepto de impuestos, y hasta si los van a pagar siquiera.

Toda democracia se enfrenta a un serio problema cuando se forman en su seno clases separadas a las que apenas hay nada que las mantenga unidas. Es algo que por lo demás puede agravarse si la sociedad tiene la impresión de que a los más acaudalados se les aplican otras normas.

O ninguna.

19. La máquina de explotación

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LA MÁQUINA DE EXPLOTACIÓN

Lo que sucede en África, dice el escritor y corresponsal del Financial Times Tom Burgis, podría explicarse de la manera siguiente: es un continente en el que una máquina invisible saquea sus tierras. Una simple pero potentísima máquina de explotación. Una coalición de dictadores corruptos, consorcios sin escrúpulos y bancos despiadados trabajando de la mano y sin más acicate que su propia codicia.

Mossack Fonseca es una pieza clave en esta maquinaria: gracias a él quedan en la opacidad tales abusos. Nuestros documentos ilustran cómo autócratas y hombres de negocios corruptos se valen de infinidad de empresas pantalla de Mossfon para no dejar huellas y para sacar dinero del país con total impunidad. Mucho, muchísimo dinero.

Will Fitzgibbon, compañero del ICIJ, nos ha escrito lo siguiente tras nuestra reunión sobre el proyecto Prometheus celebrada en Johannesburgo en septiembre de 2015: «A nuestros colegas les llena de esperanza la idea de poder esclarecer, gracias a nuestros documentos, cuando menos algunos de los incontables asuntos turbios que han enlodado a los países africanos desde que alcanza la memoria. Es la primera vez que están en condiciones de mirar entre los bastidores de ciertos escándalos protagonizados por grandes fortunas y jamás esclarecidos».

La reunión de África fue obra del propio ICIJ, pues cuando vinieron a nuestro encuentro en Múnich se dieron cuenta de que no había venido más que un solo africano: el periodista Justin Arenstein, de Sudáfrica. Los demás no tenían dinero suficiente. Precisamente esta carencia fue lo que nos puso sobre aviso respecto a nuestras propias circunstancias, pues si de algo disfrutábamos sobremanera era de unas envidiables condiciones de trabajo. A nosotros no nos amenazan, no nos detienen ni nos matan de un balazo; y además tenemos la fortuna de ser bien remunerados por nuestro trabajo, hasta tal punto que podemos viajar a Washington o a Islandia sin aprietos.

Nuestros socios del ICIJ, acostumbrados a trabajar a menudo junto con sus colegas de África, comprendieron hace tiempo que era preciso disponer también un encuentro en el depauperado continente. Por ese motivo han reunido en Johannesburgo a los investigadores africanos que participan en Prometheus. De la organización del encuentro se ocupa Will Fitzgibbon, pues no en vano coordina en el seno del ICIJ, especialmente en sus grandes proyectos, todo lo relativo a la investigación en el continente africano. Fue él quien comandó, por citar un solo ejemplo, las pesquisas acerca de las dudosas prácticas de la industria minera australiana en tierras africanas.

Will ha alquilado una pensión entera en el centro de Johannesburgo. A finales de septiembre, catorce periodistas de ocho países distintos (Sudáfrica, Estados Unidos, Zimbabue, Namibia, Botsuana, Mali, Senegal y Túnez) tienen a su disposición, durante los dos días del encuentro, toda la casa de huéspedes para ellos solos. Es su «campamento de investigación». Will Fitzgibbon se encarga de presentar el proyecto; como nosotros ya lo hemos hecho en Múnich y Washington, será él quien explique desde el principio las historias más jugosas, los parámetros de nuestra investigación, las representaciones gráficas, las normas de seguridad en nuestras comunicaciones…

Fue una reunión espectacular. Will nos escribió días después, a su regreso a Estados Unidos, que una vez expuesto el proyecto e iniciadas las búsquedas en los archivos a nuestra disposición, se hizo el silencio en la sala. «Un silencio expectante, ávido de emociones». Nuestros colegas, por lo visto, estaban tan enfrascados en su tarea que Will tuvo que saltarse el descanso del café y hasta el del almuerzo porque no querían parar, tal era su necesidad de buscar en los documentos filtrados pistas que condujeran a África.

No mucho después habían llegado ya hasta los primeros indicios. Nuestros colegas se toparon con una retahíla de datos que los condujeron a políticos africanos y a sus familias. «Y las pistas llegaban del continente entero —continúa Will Fitzgibbon—, de Sudán, de Senegal, de Sudáfrica, de Egipto…».

Nosotros, por nuestra parte, también nos entusiasmamos. Deseosos de contar al mundo entero nuestra filtración, teníamos sin embargo el convencimiento de que solo deberían transmitirse las grandes historias. En Alemania, por ejemplo, apenas hallarían eco los casos relativos a África, y lo mismo sucedería a la inversa. Al mismo tiempo nos asaltaba la sensación de que para algunos países africanos estas investigaciones podrían tener más relevancia que para el nuestro. Aquí las empresas pantalla encubren injusticias sociales y más de un delito. En África, sin embargo, los negocios ocultos de los dictadores dejaban en la miseria a toda la población. Algo, por tanto, de dimensiones bien distintas.

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África es rica hasta la extenuación. La mitad de los yacimientos de diamantes se hallan en territorio africano, amén de una cuarta parte de los de oro, el diez por ciento de las reservas de petróleo y el nueve por ciento de las de gas. A todo lo cual hay que añadir su disponibilidad de uranio, minerales y otras muchas materias más. La población, sin embargo, nada saca de todo ello: el dinero sencillamente desaparece en las cuentas de grandes consorcios multinacionales o en los depósitos bancarios de las élites. Según los expertos, cada año salen de África más de 50 000 millones de dólares. ¡Nada más y nada menos que 50 000 millones! Se dice pronto. Por añadidura, a los Estados africanos se les escapan alrededor de 38 000 millones de dólares en ingresos fiscales, ya que las compañías allí establecidas desvían sus beneficios a paraísos fiscales (según constató una investigación de un grupo de expertos dirigida en 2013 por Kofi Annan).

Aun después de la reunión de Johannesburgo, prácticamente no hay día en que nuestros compañeros o nosotros mismos no hallemos algún nuevo indicio sobre África. Unas veces se trata de una sociedad fundada por Mossfon a la que el Gobierno de Gabón acusa de haber defraudado 85 000 millones de dólares en impuestos; otras, de la mujer de un expresidente de Ghana o de un nigeriano que en su momento presidió la OPEP. En los documentos de Mossfon pueden encontrarse infinidad de rastros que conducen a escándalos no resueltos y a casos todavía delicados en África. A continuación presentamos una breve lista que no pretende ser exhaustiva:

Una hermana del controvertido presidente de la República Democrática del Congo. Joseph Kabila es, según datos internos de Mossfon, socia partícipe de Keratsu Holding Limited; por nuestra parte, sabemos que esta compañía tiene participaciones en un sinfín de empresas de Congo Brazzaville[1].

Teodoro Obiang, hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, posee según estos documentos una empresa llamada Ebony Shine International Limited, la cual fue constituida en 2006 en las Islas Vírgenes Británicas. Un informe elaborado por el Senado estadounidense concluyó en 2010 que Obiang se habría servido de ella para comprar un avión privado Gulfstream con fondos estatales presuntamente malversados[2].

Martina Joaquim Chissano, hija del anterior presidente de Mozambique, edesde 2013 accionista de Prima Finance Development Limited, compañía radicada en las Islas Vírgenes Británicas. Entre los datos de Mossfon se ha encontrado incluso su pasaporte, además de archivos que documentan su participación en Prima Finance Group en calidad de directora. Esta última compañía invierte en la extracción de petróleo y gas en Mozambique[3].

Tres directores de la offshore Press Trust Overseas Limited ocuparon, juntamente con una sobrina del anterior presidente de Malaui, Hasting Banda, sendas carteras ministeriales en el curso de su carrera: Aleke Banda, la de Finanzas; Mapopa Chipete, la de Asuntos Exteriores, y, por último, Yusuf Mwawa, la de Ciencia. Al menos esto es lo que se desprende de los documentos hallados en Mossfon. Mwawa fue detenido en 2005 por haber financiado su boda con fondos públicos y condenado posteriormente a cinco años de prisión[4].

Bruno Itoua, exministro de Energía de la República del Congo, antiguo director de la empresa petrolífera estatal SNPC e «hijo honorario» del presidente congoleño Denis Sassou Nguesso, disponía según los datos filtrados de un poder notarial sobre la empresa panameña Grafin Associated S. A.[5].

El ministro de Petróleo de Angola, José Maria Botelho de Vasconcelos, aparece en los datos como beneficiario de la empresa Medea Investments Limited, fundada en septiembre de 2001 en Niue, esto es, cuando Botelho llevaba ya dos años en el cargo[6].

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[John Doe]: ¿Alguna novedad? ¿Se apuntan los periodistas de África?

[SZ]: Sí, unos cuantos.

[John Doe]: ¿Y?

[SZ]: Han encontrado a la hermana de Kabila, al hijo de un dictador, un puñado de escándalos acerca del petróleo y las prospecciones mineras. Y también al hijo de Kofi Annan.

[John Doe]: ¿El hijo de Annan? ¿Es broma?

[SZ]: No.

[John Doe]: Vaya, no tenía ni idea. Qué deprimente.

Los políticos y sus familias: he aquí una parte del problema. La otra son los grandes consorcios chinos y occidentales dispuestos a pagar mordidas, así como empresas de la misma calaña que Mossfon, las cuales se ocupan de que tales pagos no salgan jamás a la luz. Rara vez llegan a conocimiento del público en general. Tomemos por ejemplo el caso de la República Democrática del Congo, el antiguo Zaire, un país pobre asolado por las guerras. Durante treinta y dos años estuvo gobernado por el dictador Mobutu Sese Seko. Tras su derrocamiento, varios grupos rebeldes se disputaron el poder. A este conflicto bélico se lo ha denominado «guerra mundial africana» porque en él se implicaron varios países más del continente en apoyo de uno u otro bando. Hubo que esperar hasta el año 2002 para que se impusiera la paz, aunque todavía hoy sigue encendida la mecha de la discordia.

En 2010 Joseph Kabila, en la jefatura del Estado desde hacía ya quince años, permitió extraer petróleo en el noreste del país a dos empresas concretas, a la sazón desconocidas entre sus competidores, en parte porque habían salido al mercado pocos meses antes, aunque eso sí, registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de Caprikat Limited y Foxwhelp Limited, ambas constituidas por… ¿adivinan quién? ¡Mossfon!

Ahora bien, es de rigor que el Estado obtenga una parte sustanciosa de los ingresos que reporta la extracción de petróleo. Por ejemplo, en Uganda, el país vecino de la República Democrática del Congo, las empresas petrolíferas únicamente pueden quedarse entre el 20 y el 31,5% de sus ingresos; el resto se lo lleva el Estado. Sin embargo a las dos empresas pantalla de Mossfon, Caprikat Limited y Foxwhelp Limited, se les permitió conservar del 55 al 60% de sus ingresos, según informa la web de noticias africana News24. Un acuerdo de lo más inusual. A costa del Estado.

Además, estas empresas habían pagado solamente seis millones de dólares por aquellas lucrativas concesiones, mientras que al parecer algunos de sus competidores habrían ofrecido diez veces más[7].

¿Qué llevó a Kabila a aceptar algo así? El contrato, por la parte de Caprikat y Foxwhelp, fue firmado por Julubuse Zuma, sobrino del presidente sudafricano Jacob Zuma, entonces en el poder, así como por el abogado del propio Julubuse. Apenas unos meses después, el jefe del Estado sudafricano viajó en visita oficial a la República del Congo, donde —según informa News24— en un encuentro privado con Kabila habría abordado la cuestión del petróleo. ¿Casualidad[8]?

Sea como fuere, el acuerdo despertaba tantas dudas que hasta el propio Mossack Fonseca empezó a sospechar.

En los documentos filtrados encontramos un correo electrónico del verano de 2015, en el que una de las empleadas de Mossfon llegaba a la conclusión de que detrás de Caprikat y Foxwhelp había todo un entramado de sociedades y fundaciones en cuya propiedad última, una vez desenmarañada aquella intrincada estructura, aparecía un inversor de dudosa reputación: Dan Gertler[9]. Un multimillonario israelí que se había labrado su fortuna «explotando la República del Congo a costa del pueblo», tal como declaró en un artículo del Guardian de 2012 Jean-Pierre Muteba, director de una ONG focalizada en los efectos de la minería en el Congo. El New York Times lo presentaba en 2015 como un «villano de nuestra época».

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A finales de ese mismo 2015 cogimos un vuelo a Ginebra, la ciudad de las cuentas secretas y hogar de tantos villanos. A pocos kilómetros del aeropuerto, a las orillas del lago Lemán, se levantan en hilera las diversas filiales de aquellos colaboradores offshore que después de tantas búsquedas en nuestros documentos conocíamos a la perfección: bancos, abogados y asesores financieros encargados de ofrecer, Mossfon mediante, empresas pantalla, fundaciones y cuentas numeradas (es decir, aquellas en las que el nombre del titular es sustituido por un número). Desde el paraíso fiscal suizo ayudan a sus clientes a pasar el dinero a otros oasis fiscales. Con discreción absoluta, claro está.

Nos pasamos horas recorriendo las direcciones que aparecían en nuestros datos, observando detenidamente las filiales del Deutsche Bank en Saint-Gervais Les Bergues, o echando un vistazo a las oficinas de Mossfon en la ciudad de Ginebra, sitas en la rue Micheli-du-Crest. A todos aquellos edificios llegan hombres y mujeres elegantemente ataviados, que para nuestro asombro descienden de grandes Mercedes y BMW de alta gama matriculados en cualquier país del mundo, para luego, a menudo echando una discreta mirada en derredor, desaparecer en aquellas pomposas entradas revestidas de mármol.

Turismo para investigadores offshore.

A la caída de la tarde tomamos un tren para Russin, un recoleto enclave a pocos kilómetros de Ginebra. Allí es donde vive Jean Ziegler, ciudadano de la República de Ginebra, sociólogo y profesor emérito (y hasta exdiputado). A nuestra llegada sale a recibirnos en chándal; no ha tenido tiempo de cambiarse. «Teleconferencia con Nueva York», dice a modo de excusa. Y es que el octogenario analista es un hombre muy ocupado. Fue relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación y en la actualidad participa en calidad de relator en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hace años que critica acremente la brecha entre el Primer y el Tercer Mundo. Precisamente uno de sus últimos libros, Destrucción masiva (Península, 2012), trata este asunto. Subtítulo: Geopolítica del hambre.

Es un hombre de verbo sin freno, la voz de los pobres, el azote de los poderosos.

Para las grandes corporaciones transnacionales es el «guerrero de la cruzada contra el neoliberalismo», mientras que él a su vez presenta a la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como los «tres jinetes del apocalipsis del hambre». Los bancos son, en su opinión, «los alcahuetes del sistema capitalista» y su patria, Suiza, «una Disneylandia regentada por bancos y canallas de todo pelaje».

Ziegler apenas puede refrenar sus airadas diatribas contra el capitalismo caníbal, a tal punto que no para de sufrir demandas legales en uno u otro lugar por ofender a este o aquel banquero. Por este motivo su casa está a nombre de su mujer, su coche es de leasing y sus deudas ascienden a varios millones de francos. Pero merecía la pena, sentencia Ziegler. Tiene asimismo un acusadísimo sentido de la justicia, que empieza por las propias palabras. «No empleen el término paraísos fiscales —nos dice—. Tiene reminiscencias demasiado buenas. Es mejor Estados canallas, eso es lo que son».

Ziegler nos ofrece asiento junto a la mesa de roble del comedor, nos sirve una copa de vino tinto, y entonces comienza a charlar. De los Estados canallas…

—Pocas actividades debe de haber —en aras de la evasión fiscal— que no queden bajo el arbitrio de Estados canallas. No hay país en el mundo que gaste tanta energía delictiva por metro cuadrado como las Bahamas o Panamá. Prácticamente todas las transacciones realizadas con dinero sucio —venga el delito de donde venga— se efectúan a través de compañías de negocios financieros, trusts, sociedades y fundaciones registradas en Estados offshore. Y las consecuencias son a todas luces devastadoras. Pensemos por ejemplo en los cientos de miles de muertos anuales…

—¿Cientos de miles de muertos? ¿A qué se refiere?

—Según datos de Naciones Unidas hay en estos momentos treinta y dos guerras «de baja intensidad» repartidas por todo el planeta, esto es, conflictos que provocan menos de diez mil muertos al año. Son las guerras que han estallado en las islas Filipinas, pero también en Darfur, en la República Centroafricana y en muchos otros lugares. Cientos de miles de personas mueren en esos conflictos bélicos todos los años. Y esto es algo que hacen posible los centros offshore, porque a través suyo se efectúan —por citar solo dos ejemplos— las transacciones con armas o diamantes de sangre.

—Los políticos de las Islas Vírgenes Británicas, de las Cook o de las Caimán seguramente dirían que ellos nada pueden hacer para impedir la constitución de empresas pantalla.

—Eso es falso. Lo que llamamos paraísos fiscales y quienes a ellos sirven, es decir, compañías como Mossack Fonseca, son nada más y nada menos que enemigos de la humanidad.

—Hay quien sostiene que muchos países offshore no tienen apenas recursos disponibles, y que los ingresos generados por las empresas pantalla son su último cartucho para salvarse.

—Tonterías. A usted no se le ocurriría decir que se ha puesto a vender heroína en el barrio para compensar sus escasos ingresos, pero que es bien consciente de que eso causará serios daños a sus vecinos.

Ziegler, airado, se desfoga contra las offshore; pasa una hora, dos, tres ya. Al poco abrimos una segunda botella de vino. La conciencia del mundo, como llaman a Ziegler sus admiradores, necesita hablar. Paraísos fiscales, fondos de cobertura, Mossack Fonseca, el hambre en el mundo… Para él, todo forma parte del mismo problema. Todo está relacionado, estrechamente condicionado. Ziegler ve el panorama completo. Lleva demasiado tiempo observando cómo en todo el mundo se negocian acuerdos sucios en beneficio de los ricos, cómo ciertos políticos extienden la mano, expolian sus países y ocultan su dinero negro gracias a la ayuda de proveedores de servicios offshore sitos en las Bahamas, en las islas Caimán o en Panamá.

Ziegler ha visto qué es lo que sucede cuando los autócratas africanos desvían fondos públicos al extranjero en lugar de invertir en escuelas y hospitales. Ha visto como las enfermedades del hambre hinchan el rostro de los niños en África, ha mirado a los ojos vacíos de hombres y mujeres consumidos por el hambre, y por eso sabe bien todo lo que esta puede provocar: consunción, parálisis infantil, muerte…

De repente, nuestras búsquedas informáticas se materializan en algo concreto, entendemos a la perfección la actividad de los proveedores de servicios como Mossfon. Que un país decida sentar las bases jurídicas para su conversión en un paraíso fiscal no es algo meramente privativo del Estado en cuestión. Es más bien un serio problema para el resto del mundo.

A estos Estados canallas, según Ziegler, habría que ponerles límites. Las operaciones de pago con sociedades registradas allí deberían ser reguladas. ¿Y por qué no se ha hecho? Pues porque los gobiernos están bajo presión: bajo la presión de los bancos, de los servicios secretos, de los consorcios internacionales y de los individuos superricos, esa «dictadura a escala global del capital financiero internacional».

Al despedirse, Ziegler nos hace entrega de un ejemplar de su último libro. Se titula, en su edición original, Retournez les fusils! (Éditions du Seuil, 2014). «Con mi más sincera amistad, con solidaridad y respeto», escribe a modo de dedicatoria. Y seguidamente cierra la puerta. Un testimonio natural y distinto, meridianamente claro, en este mundo que, enfrentado al tenebroso mundo de las offshore, hace tiempo que se ha quedado llamativamente silencioso.

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De nuevo en Múnich volvemos a enfrascarnos en los datos. Nos topamos entonces con el caso de un millonario que se ha visto envuelto en África en más de un escándalo. Se trata de Beny Steinmetz, el hombre que hasta hace bien poco era el propietario de la mayor parte de la cadena de grandes almacenes Kardstadt. Steinmetz es uno de los hombres más ricos del mundo, cuya vida transcurre, merced a su avión privado, entre Tel Aviv, Londres, Ginebra y sus muchas empresas de diamantes. A estas alturas puede que quien contemple África con algo de reserva tenga la sensación de que Dan Gertler y Beny Steinmetz se han dividido el continente. El uno acapara por aquí, el otro por allá. En el caso de Steinmetz, la pista de los datos nos lleva a Guinea, uno de los países más pobres del mundo.

En el centro de este Estado africano-occidental, en plena jungla, se encuentra la cordillera del Simandou. Sus picos más altos llevan nombres que parecen impropios para un montículo, tales como Iron Maiden o Metallica. Que a sus montañas se las bautice con nombres de grupos de heavy metal es un fiel reflejo del tesoro que subyace en aquellas colinas: el mineral de hierro.

A finales de la década de 1990, Guinea permitió a la empresa angloaustraliana Rio Tinto extraer mineral de hierro. Se decía que allí estaban los mayores yacimientos del mundo todavía inexplotados. Los derechos mineros tenían un valor extraordinario: se trataba de cientos de millones. Sin embargo, para 2008 las autoridades guineanas habían cambiado de idea y súbitamente decidieron retirar la licencia a Rio Tinto y adjudicársela en su lugar a una empresa que se había enriquecido gracias a los diamantes; es decir, tenía experiencia demostrada en la extracción de mineral, pero nada demasiado importante. Su nombre: Beny Steinmetz Group Resources (BSGR). El caso llamó la atención, y aún despertó más sospechas cuando se supo (por informes de los medios) que la empresa en cuestión no había pagado al Estado guineano los derechos mineros. Por lo visto, solamente se habría mostrado dispuesta a invertir varios millones de dólares en el campo del mineral de hierro.

«La paradoja de la abundancia» o, más crudamente, «la maldición de los recursos»: así es como denominan ciertos economistas políticos al hecho de que justamente en Estados como Guinea, poseedores de grandes yacimientos de petróleo, gas o metales preciosos, imperen el hambre y la corrupción. Los economistas Jeffrey Sachs y Andrew Warner, que investigaron el fenómeno hace años, han comprobado que los Estados ricos en materias primas registran un crecimiento claramente inferior al de aquellos países en donde la riqueza del subsuelo no desempeña un papel tan importante.

Apenas un año después de haber obtenido los derechos mineros, Beny Steinmetz vendió la mitad de su proyecto en el Simandou a la minera brasileña Vale, por nada menos que 2500 millones de dólares, algo inconcebible.

El presupuesto general del Gobierno de Guinea no llegaba entonces más que a los 1200 millones de dólares. Es decir que BSGR, la empresa de Beny Steinmetz, había conseguido duplicar los ingresos anuales del propio Gobierno. Los de un país, no lo olvidemos, en donde la mortalidad infantil es tan elevada que 104 de cada 1000 niños no superan el quinto año de vida. Comparativamente en Alemania, por ejemplo, apenas son 4 de cada mil. Según el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, Guinea está en el puesto 179 en una lista de 187 países. Como decíamos antes: la maldición de los recursos.

Para el Independent fue más bien el «acuerdo más corrupto del siglo». No podía ser de otro modo. Al fin y al cabo, Guinea es, según Transparencia Internacional, uno de los países más corruptos del mundo. El dictador guineano Lansana Conté, que fue quien facilitó los derechos mineros a Steinmetz, llamaba a sus ministros «ladrones».

Y no era broma.

Contaba el propio Conté que si se pegase un tiro a todos los guineanos que han robado algo al Estado, no quedaría ni uno vivo. Y desde luego, en materia de latrocinio, él no se quedaba atrás.

El cleptócrata, sin embargo, murió muy poco después de haber traspasado las preciadas concesiones del Simandou. Hubo entonces un golpe de Estado, luego otro más. Al final se acabaron convocando elecciones, las primeras con ciertas garantías democráticas en la historia del país, en las cuales resultó elegido un hombre llamado Alpha Condé. Este había abandonado el país cuando todavía era gobernado por Francia, estudió Derecho en París y posteriormente fue profesor en la Sorbona.

A su llegada al poder, Alpha Condé prometió convertirse en el Nelson Mandela de Guinea. Una de sus primeras medidas fue justamente la revisión del acuerdo del Simandou, que para entonces ya era conocido, con toda su ignominia, en todos los rincones del país. El millonario sudanés Mo Ibrahim puso el dedo en la llaga en un congreso de economía africana celebrado en Dakar: aquí la cuestión clave era si las autoridades competentes en la materia habían sido unos soberanos imbéciles o unos ladrones. O ambas cosas a la vez.

El nuevo presidente, que contaba entre sus consejeros a personalidades como Tony Blair y George Soros, contrató a abogados y analistas de riesgos estadounidenses para que averiguasen cómo una empresa como la BSGR de Steinmetz, prácticamente sin experiencia en el campo de la extracción de mineral de hierro, se había hecho con el contrato. Y, sobre todo, quién había movido los hilos entre bambalinas.

A los investigadores no les costó demasiado esfuerzo encontrar a un hombre con contactos inusualmente buenos: el francés Frédéric Cilins. Este había visitado a menudo el país, a partir del año 2000, en calidad de invitado oficial, y consigo llevaba siempre regalos para las autoridades: reproductores de MP3, teléfonos móviles y esa clase de cosas. Nada extraordinario en las naciones occidentales, pero sumamente apreciado y difícil de conseguir en uno de los países más pobres del mundo. Y no se quedaba ahí: hasta coches en miniatura adornados con diamantes hacía llegar a las manos adecuadas. Pronto aquel hombre sería conocido como «Papá Noel» entre los iniciados.

En 2012, una comisión de investigación constituida por Alpha Condé llegó a la conclusión de que Frédéric Cilins no era sino un «testaferro secreto» de Beny Steinmetz, pero además encontraron irregularidades en el acuerdo de BSGR sobre el Simandou. Al parecer, Cilins había ofrecido al dictador Lansana Conté —el hombre que adjudicó la explotación a Steinmetz— un reloj de oro y diamantes (cosa que BSGR niega)[10].

BSGR ha reconocido que Frédéric Cilins trabajó para ellos, pero insisten en que no participó en el asunto de la obtención de los derechos mineros sobre el Simandou.

En 2012, las autoridades de Guinea cerraron varios acuerdos concertados por una empresa offshore llamada Pentler Holdings y la propia BSGR con Mamadie Touré, una de las cuatro esposas del dictador Lansana Conté. En uno de estos acuerdos se declara que la empresa Matinda, propiedad de Mamadie Touré, está dispuesta a «hacer cuanto sea preciso para que las autoridades concedan la adjudicación de los mencionados terrenos de explotación a la compañía BSG Resources Guinea». Otro documento habla de los 2,4 millones de dólares que Matinda recibiría por un «contrato de colaboración» con Pentler Holdings. Y, por último, un tercer contrato ponía fin a la colaboración de Touré y Matinda con Pentler, garantizando a Matinda un total de 3,1 millones de dólares, por su participación en las actividades de Guinea[11].

A esto se le podría llamar «contrato de corrupción». ¿O acaso no resulta evidente? Y, por si faltaran pruebas, el hermano de Mamadie Touré se convirtió sin más en el vicepresidente de BSGR Guinea…, y BSGR consiguió la adjudicación del Simandou[12].

Cuando en el año 2012 salieron a la luz algunas informaciones relativas a estos dudosos contratos, Global Witness empezó a prestar atención al asunto. Era ciertamente un caso hecho a su medida, pues no en vano esta ONG había hecho bandera de la lucha contra la corrupción, los paraísos fiscales y la explotación de países enteros; pero es que además contaba con el apoyo del millonario estadounidense George Soros, a la sazón consejero del presidente Alpha Condé. Así pues, los de Global Witness se pusieron a investigar, y al poco ya habían encontrado algunas pistas. Por ejemplo, que BSGR había asegurado en un informe que la mujer del dictador no tenía nada que ver con el acuerdo del Simandou. Global Witness hizo público entonces un vídeo del año 2006, en el cual puede verse a Frédéric Cilins y a varios representantes de BSGR en compañía de Mamadie Touré… justamente en el acto de presentación del proyecto del Simandou. Además, BSGR había asegurado que Mamadie Touré no estaba casada con el presidente Conté. A esto replicó Global Witness publicando una fotocopia del pasaporte de Mamadie Touré, en la cual podía leerse claramente «épouse P. R. G»., es decir, esposa del presidente de la República de Guinea[13].

Más de tres años estuvo Global Witness enfrascada en el caso de BSGR. El hombre tras todo esto es Daniel Balint-Kurti. Empezó escribiendo desde África para el Times y el Independent en calidad de periodista; ahora interroga testigos para Global Witness, busca documentos y pasa revista a registros mercantiles de todo el mundo. ¿Su objetivo? Demostrar que Beny Steinmetz se hizo con la concesión del Simandou por medio de sobornos. BSGR, sin embargo, habla de una «burda campaña de descrédito».

En 2013, BSGR demandó judicialmente a Global Witness, entre otras razones, porque quería conocer las fuentes que manejaba Balint-Kurti. Su demanda fue desestimada.

Nosotros sí queremos hablar con Daniel Balint-Kurti, queremos saber más. De hecho podemos vernos en Múnich, ya que tiene familia en Baviera. Le contamos entonces que estamos muy interesados en el acuerdo del Simandou y en la información que haya obtenido hasta el momento.

Al final, según nos cuenta Balint-Kurti, encontró varias empresas fundadas por Mossack Fonseca o incorporadas a su clientela: las de Pentler Holdings y Matinda, en las Islas Vírgenes Británicas. Pero estas empresas eran como un muro: imposible avanzar más allá. «El caso Simandou no es más que uno de tantos. En casi todas las investigaciones de Global Witness sobre corrupción acabamos topándonos con empresas pantalla aisladas o que forman parte de una red».

Nosotros, sin embargo, podemos acceder por una puerta secreta, y así es como atisbaremos al fin todo lo que se había ocultado hasta el momento en este caso.

La empresa Pentler Holdings, por lo que sabemos, se constituyó en el año 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, y no mucho después cerraba con Mamadie Touré sus primeros contratos. BSGR, sin embargo, declaró no tener nada que ver con Pentler, según Global Witness.

Sin nuestros datos, esta historia terminaría aquí mismo. De las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas tal vez se podría obtener información sobre la identidad de sus directores. No mucho más. Así es que nos ponemos a revisar los documentos de la carpeta de Pentler Holdings, y ahí descubrimos que la empresa se había creado por orden de Onyx Financial Advisors Ltd., empresa sita en Suiza[14]. La compañía Onyx —que conforme a notas internas de Mossfon cambió su nombre por el de Invicta Advisory— era una sociedad «completamente separada e independiente de BSGR». Esta es la versión que transmitieron al Financial Times los representantes de la empresa de Beny Steinmetz en 2013. A nosotros, un portavoz de BSGR nos comunicó a finales de 2015 que «Pentler ni está relacionada con Onyx ni en manos de dicha empresa».

¿Son entonces dos compañías completamente separadas e independientes?

Se da la circunstancia de que, al menos hasta diciembre de 2015, Onyx —la compañía impulsora de Pentler— y BSGR tenían su domicilio comercial en la misma dirección de Londres: el número 5 de Old Park Lane, no lejos del Palacio de Buckingham, donde se repartían la planta baja de un pequeño edificio de ladrillo. En el momento en que escribimos estas líneas, el gerente de Onyx es asimismo uno de los directores de BSGR[15]. Además sabemos que, en junio de 2009, uno de los empleados de Mossfon mantuvo una reunión con alguien de Onyx. En el curso de la conversación sale a relucir que los propietarios de la compañía son una familia francoisraelí que tiene negocios de diamantes, petróleo y venta de obras de arte. Pues bien, resulta que Beny Steinmetz ha nacido en Israel, pero también tiene pasaporte francés.

Por decirlo suavemente, no nos parece que sea algo «completamente independiente»[16].

A ello hemos de añadir que Frédéric Cilins, el presunto testaferro de Steinmetz, fue detenido en Estados Unidos en 2013. Por lo visto, había intentado convencer a Mamadie Touré, la esposa del dictador Lansana Conté (fallecido unos años antes), para que destruyese todos los documentos referentes a Pentler y BSGR. Mientras comía un sándwich de pollo, Frédéric Cilins ofreció dinero a Touré por la destrucción de estos escritos comprometedores. Y es que Frédéric Cilins quería destruir las pruebas decisivas de una de las mayores investigaciones sobre corrupción llevadas a cabo jamás en África. Además, Mamadie Touré, una vez cumplido su cometido, tendría que salir del país; el vuelo, dijo Cilins, corría de su cuenta. Y no solo eso: en caso de que BSGR consiguiera pasar la investigación que en esos momentos estaba realizando la Comisión de Minas de Guinea y conservar los derechos de explotación, Mamadie Touré recibiría cinco millones de dólares. Estaba todo aprobado por el «número 1». Cuando se le preguntó quién era ese número 1, él respondió: «Beny»[17].

Lo que Frédéric Cilins no sabía es que Touré llevaba un micrófono oculto y que estaba grabando la conversación. Había hecho un trato con el FBI. Detenido en Florida el 14 de abril de 2013, Frédéric Cilins se declaró culpable de intento de ocultación de pruebas; pero no reveló nada sobre los instigadores del delito. Al final se lo condenó a dos años de prisión.

En el sumario del proceso aparecen abundantes referencias a un coconspirator 1, es decir, a alguien que habría trabajado con el conspirador principal. Según diversos medios, se trataría de Beny Steinmetz. Para entonces se lo investigaba también en Suiza y Guinea por los acuerdos de los derechos de explotación, porque se sospechaba que podría haber estado implicado en tratos corruptos. Se registraron las oficinas de Onyx y a Steinmetz se lo interrogó en varias ocasiones[18].

En Guinea, el gobierno de Alpha Condé retiró finalmente la concesión del Simandou a la empresa de Beny Steinmetz. En 2014 dijeron haber hallado «pruebas concretas y bien consistentes» de «prácticas corruptas» en la adjudicación de los derechos de explotación. A las investigaciones de las autoridades suizas, estadounidenses y guineanas se sumó también Gran Bretaña, a través de la Oficina de Fraudes Graves. Como ya hemos apuntado antes, los investigadores suizos sospechaban que Steinmetz había estado implicado personalmente en actos corruptos. La compañía Pentler, conforme a sus datos, se habría constituido por indicación expresa de Onyx. Según el sumario del juicio (que nosotros mismos hemos podido examinar), una empleada de Onyx se dedicaba prácticamente en exclusiva a todo lo relativo a la administración de las sociedades y fundaciones de Steinmetz. Por nuestra parte, solo podemos añadir que todo esto encaja perfectamente con lo que hemos visto en nuestros datos[19].

20. Runión secreta en el Komitèrom

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REUNIÓN SECRETA EN EL KOMITÈROM

Estamos en Lillehammer, en lo alto del Lysgådsbakken, la pista olímpica de salto de esquí. Bajo nuestros pies se abre el valle de Gudbrand, sobre el cual puede verse también el lago Mjøsa, el más grande de Noruega, aunque visto desde aquí parece más bien minúsculo. Y ahí mismo, en torno a sus riberas, se levanta Lillehammer, la ciudad en la que se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994. Desde aquí vemos las vías que serpentean por el valle, la estación de ferrocarril a la que hemos llegado el día anterior, y hasta el edificio en el que vivimos, un hotel más bien maltrecho pero bastante acogedor.

El hotel Radisson se levanta sobre la ladera de la montaña, algo más arriba. Aquí es donde se reúnen, del 8 al 11 de octubre de 2015, cerca de novecientos periodistas de más de cien países del mundo, en el marco de la Conferencia Global de Periodismo de Investigación. Se trata de un congreso de carácter bianual que tiene lugar en distintos sitios del mundo. En el programa de esta edición contamos con talleres y seminarios de renombrados periodistas, conferencias de expertos en derecho de la información, ponencias de analistas de datos, de periodistas encubiertos… El proyecto Prometheus no tiene nada que ver con el congreso, pero algunos de nuestros socios internacionales se encuentran aquí y queremos aprovechar la ocasión para hablar personalmente con ellos.

Novecientos periodistas de investigación congregados en el mismo lugar. Cuando se lo contamos a nuestros amigos, casi siempre nos preguntan lo mismo: ¿no es demasiado arriesgado?, ¿no se están exponiendo a un posible atentado? Suponiendo que solo el diez por ciento de ellos se haya granjeado enemigos de consideración por alguna de sus investigaciones, para la policía habría noventa posibles razones de que estalle una bomba en el lugar. Es cierto que entre los asistentes al congreso se encuentran multitud de periodistas supuestamente inofensivos como nosotros, que puede que alguna vez simplemente pongan de los nervios al Servicio Federal de Inteligencia alemán, a los servicios secretos estadounidenses, al Automóvil Club de Alemania (ADAC) o al propio Gobierno de Alemania. Pero muchos otros trabajan en China, en Rusia y Ucrania, en Oriente Próximo y en Estados africanos, y ellos sí que corren peligro de verdad. Algunos de nuestros compañeros se presentan en el congreso disfrazando su identidad, otros adoptan un nombre falso o, al menos, distinto del que utilizan en sus reportajes. A Roman Anin, colaborador nuestro en la historia de Putin, se le pregunta en un coloquio si no tiene miedo.

Anin, encogiéndose de hombros, se limita a contestar: «Si quieren matarme, lo harán».

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Pero si para nosotros este congreso reviste tanto interés no es solo por sus atractivas ponencias, que son de lo mejor que hay, sino porque además sirve de ayuda a nuestro proyecto. En Lillehammer están el director del ICIJ, Gerard Ryle; la directora del proyecto Prometheus, Marina Walker; la jefa de la unidad de datos, Mar Cabra; el programador Rigo Carvajal y el resto de los empleados del ICIJ, entre los que se encuentran, naturalmente, los treinta periodistas que investigan con nosotros en el marco del proyecto Prometheus. Para entonces nuestro foro tiene más de cien grupos y decenas de miles de entradas. Pero siempre es mejor tratar estos asuntos en persona, y para eso estamos en Lillehammer, para hablar cara a cara con nuestros compañeros. A veces nos retiramos a deliberar a la habitación del hotel o a la pequeña Komitérom en donde los jefes del Comité Olímpico Internacional debatieron en 1994 los asuntos más importantes; era, por decirlo de algún modo, la sala de control de los Juegos Olímpicos.

Mucho menos ideal era, en cuanto al mantenimiento del secreto, que nuestros colaboradores en el análisis de los documentos de Mossfon hablasen del proyecto en salas abarrotadas de colegas o que se pusiesen a alardear de «nuestros increíbles datos». Cuando se dan estas situaciones, nosotros cambiamos como sea de tema o miramos silenciosos al vacío hasta que el colega en cuestión se da por enterado.

En Lillehammer presentamos a los analistas de datos del ICIJ una nueva lista de nombres y documentos en la que pueden encontrarse cerca de veinticinco mil notificaciones de transferencias efectuadas por Mossfon en nombre de sus clientes. Mar, la jefa de datos, tiene reacciones encontradas. Por un lado está entusiasmada, ¡vaya cantidad de material!, pero por el otro piensa que nos desborda, que todo esto es muchísimo y encima tan complicado…

Además les contamos que días antes de venir al congreso nos hemos decidido a encargar un nuevo ordenador, el tercero en lo que llevamos de investigación. El segundo, un superordenador de seis mil euros prácticamente nuevecito, ya no era capaz de manejar aquella montaña de datos, que para entonces alcanzaba los 2,5 terabytes. Para nosotros era desquiciante: las búsquedas se demoraban varios minutos, y cuando uno quería acceder al documento encontrado había que esperar otro tanto…, si es que el ordenador no se colgaba. Y sin embargo, todos los expertos consultados previamente nos habían asegurado que este aparato tenía potencia de sobra. Pues bien, no era así.

Cuando solicitamos el segundo ordenador éramos perfectamente conscientes de que en realidad sería mejor contar con un aparato mucho más caro, por ejemplo, con uno de esos de 17 000 euros. Eso era precisamente lo que costaba el modelo que nos había propuesto como solución ideal el especialista en informática al que consultamos en su momento. A nosotros, sin embargo, nos parecía algo tan absurdo como la construcción de una planta para nosotros solos en la sede del Süddeutsche Zeitung, si nos hubiera dado por proponer algo así.

Pero para entonces nuestro proyecto había alcanzado ya proporciones desmesuradas y nada nos servía de ayuda. Estaba claro: no podíamos seguir trabajando así. De modo que comunicamos a la dirección del periódico las malas nuevas, expusimos de la manera más cautelosa el estado actual de las cosas y, con no menos cautela, insinuamos a los directores del diario que era preciso comprar un ordenador más caro, algo de todo punto necesario si queríamos seguir revisando los documentos filtrados en la redacción del Süddeutsche Zeitung. Nuestra nueva propuesta: un megaordenador con 128 gigabytes de memoria central y 8,256 terabytes de memoria adicional repartidos en cincos discos duros SSD, todo lo cual estaría alojado en una torre de servidores. Precio final: 17 484,36 euros.

Y la dirección del periódico aceptó: ¡adelante!

Cuando se lo contamos a Rigoberto Carvajal, el programador del ICIJ se echa las manos a la cabeza:

—¿Diecisiete mil euros? ¿Por un solo ordenador? ¡Estáis como una cabra!

Rigoberto se parte de risa, pero al mismo tiempo se deja llevar por el entusiasmo del profesional: quiere conocer todos los detalles, todas las especificaciones técnicas de este megaordenador.

A nosotros no nos resulta nada fácil trabajar con nuestra nueva computadora, así que cuando surgen problemas nos ponemos en manos de Vanessa Wormer, la periodista de datos que desde septiembre forma parte de nuestro pequeño equipo de trabajo. Es una profesional a la que hemos contratado en Nueva York, donde se ha formado en periodismo de datos, en uno de los prestigiosos cursos de especialización impartidos por la Universidad de Columbia. Ella se encarga de diseñar programas dirigidos a refinar las búsquedas y de la parte estrictamente técnica del proyecto. Desde que tenemos a Vanessa entre nosotros solamente nos ocupamos de la memoria, los discos duros o los formatos de Excel cuando no nos queda otro remedio. Es decir, casi nunca, lo cual es todo un alivio. Y por si fuera poco, Vanessa es una periodista maravillosa que hace que nuestro proyecto vaya viento en popa.

Además, contamos desde hace medio año con un segundo fichaje en nuestras filas: el periodista Mauritius Much. Un freelance que no solo se mete hasta el fondo en cada una de las historias que le asignamos (fundamentalmente del ámbito deportivo), sino que también habla muy bien el español, algo nada desdeñable habida cuenta de que una parte considerable de los correos y documentos filtrados están redactados en ese idioma.

Así es que ahora somos ya cuatro los que trabajamos en el Süddeutsche Zeitung para el proyecto Prometheus.

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A medida que se aproxima la fecha de publicación, somos conscientes de que, si algo necesitamos sobremanera, son traducciones exactas de cada uno de los términos manejados en nuestros documentos. De hecho, algunas de las artimañas de Mossfon solo se pueden entender si se cuenta con una traducción precisa del término en cuestión. Es lo que sucede por ejemplo con uno de nuestros temas favoritos en aquellos días: el nominee beneficial owner, algo así como un apoderado o titular fiduciario. Este es posiblemente el concepto más abstruso que hemos encontrado en el de por sí absurdo mundo de las empresas pantalla, poblado, como bien sabemos, de no pocos absurdos.

En el ramo offshore, por tanto, el propietario efectivo se halla en el último lugar de la cadena de encubrimiento. Si hay hombres de paja que actúan en calidad de directores y más empresas offshore en el accionariado de la compañía, entonces hablamos de beneficial owner o de ultimate beneficial owner, es decir, del dueño efectivo final, aquel a quien pertenece realmente la compañía. A estas alturas, todos los bancos medianamente serios permiten, por ejemplo, abrir cuentas para compañías offshore, pero única y exclusivamente cuando se lo solicita el ultimate beneficial owner. Es con él con quien mantienen tratos comerciales en última instancia, y por ello deben asegurarse de que este cumple todas las garantías debidas. Como decíamos antes, conocer a la persona que se encuentra al final de la cadena offshore es algo esencial en estas empresas.

Para Mossack Fonseca, sin embargo, esta regla elemental en el mundo offshore no tiene tanta importancia. A ellos, por lo visto, les parece una norma como cualquier otra, es decir, adaptable a las circunstancias.

Por eso ofrecen a los clientes especialmente problemáticos la posibilidad de sortear el mecanismo de supervisión de los bancos: ellos proporcionan a alguien que haga las veces de titular fiduciario, y que a todos los efectos aparezca, de cara al exterior, como el dueño real de la compañía, o real ultimate beneficial owner.

Propietarios efectivos fiduciarios, propietarios efectivos finales, propietarios efectivos verdaderamente finales (si es que existe algo así)… Esto parece un trabalenguas, la verdad. Pero hemos de decir que esto no solo es algo completamente absurdo, sino que además está completamente fuera de la legalidad. A esta misma valoración jurídica llega un hombre llamado Ramses Owens, gerente ejecutivo de Mossack Fonseca y hasta hace unos años responsable de la división consagrada a los trusts, cuando un colega de las oficinas de Mossfon en Hong Kong consulta en mayo de 2008 sobre el servicio del titular fiduciario. Ramses Owens responde que «hoy en día» proporcionar esta figura es algo «considerado ilegal»; de hecho, el Código Penal de Panamá prohíbe expresamente en uno de sus artículos nombrar «beneficiarios ocultos» así como mentir sobre «los verdaderos propietarios»[1].

Sin embargo, apenas un año antes, él mismo había ofrecido este servicio a uno de los clientes de Mossfon, presentándoselo como algo «delicado», pero que, como es lógico, Mossack Fonseca mantenía en la «más estricta confidencialidad».

Es más, seis meses después de aquella consulta interna, Ramses Owens ofrece este mismo servicio a una clienta, pese a haberlo definido como algo ilegal. El caso es que, en enero de 2009, esta mujer, de nacionalidad estadounidense, quiere obtener información sobre la cuenta oculta que tiene en el HSBC y que Mossack Fonseca gestionaba en su lugar. A la clienta le aterroriza la idea de que sus datos hayan llegado a manos del banco, pues siempre cabe la posibilidad, sostiene, de que alguno de los empleados de Mossfon se los haya facilitado en un descuido.

Ramses Owens, tratando de calmar las aguas, contesta primero que Mossfon dispone de medios para revertir la situación y que, si lo desea, puede contratar los servicios de un natural person nominee. Se trata, dice, de nombrar a alguien para que actúe como beneficial owner y que sea conocido por el banco como tal, con todos sus datos. El servicio, dada su «delicadeza», tiene un coste elevado, continúa diciendo Ramses Owens. El primer año asciende a treinta mil dólares; el segundo queda reducido a la mitad. De todas formas, es un servicio que debe pasar muchos trámites: «Tenemos que encontrar a la persona fiduciaria natural —explica Ramses Owens— y pagarle por su trabajo. Esta tiene que firmar un sinfín de documentos que nos permitan cubrirnos bien. Luego, es preciso demostrar que su situación económica es lo bastante buena como para manejar estas grandes cantidades. Necesitamos referencias, certificados de residencia y muchos papeles más». En cualquier caso, si la clienta está dispuesta a hacerse con este servicio, debe tener claro desde el principio —advierte Ramses Owens— que se trata de un contrato de servicio de varios años[2].

La clienta, según vemos en nuestros datos, al final aceptó la propuesta de Ramses Owens. Y de hecho pagó alrededor de sesenta mil dólares por tres años de servicio. El hombre que hacía las veces de propietario verdadero para ella es el Porsche de los directores fiduciarios de Mossfon, si se nos permite la expresión; la persona a quienes ellos confiaban los casos más «delicados».

Su nombre es Edmund W. y, para más detalles, es el exsuegro de Ramón Fonseca.

En el bufete panameño, generalmente se contaba con Edmund W. para todos los servicios de natural person nominee pues, como no se cansaban de repetir a sus clientes, era perfecto para la labor encomendada: era un ingeniero lo suficientemente acomodado, de nacionalidad británica pero afincado desde hacía años en Panamá, y muy poco amigo de los viajes. De manera que Edmund W. se convierte sobre el papel en el propietario de la empresa de aquella clienta preocupadísima, y el HSBC recibe efectivamente su pasaporte y su recibo del consumo de electricidad como garantía de que es el propietario final de la empresa, aunque obviamente no lo sea[3].

Todo lo que acabamos de exponer está tan claramente prohibido por la ley que cualquier discusión sobre la materia resultaría, en esencia, ridícula. A ver qué dice Mossfon.

El bufete panameño, sin embargo, no contesta a nuestra consulta sobre los servicios del natural person nominee. Por toda respuesta obtenemos una toma de posición general que no se corresponde para nada con nuestra interpelación.

El ejemplo más reciente de natural person nominee que hemos encontrado en nuestros documentos data de marzo de 2014. Un empleado de Mossfon ofrece este servicio por diez mil dólares anuales, cifra levemente inferior a la del caso antes mencionado pero, desde luego, muy elevada. No es extraño que el cliente, un francés, albergue sus dudas. Según dice, no tiene del todo claro si es realmente posible abrir una cuenta bancaria sin que aparezcan «en modo alguno» sus datos, y por ello desea que se le confirme este punto.

Desde luego que sí, replica el empleado de Mossfon. Se puede seleccionar a alguien que haga las veces de final beneficial owner, es decir, de titular efectivo final. Esta es la persona que va a conocer el banco como titular de la cuenta, sigue diciendo, y a la que la entidad aplicará el procedimiento de diligencia debida, es decir, la obligada y concienzuda supervisión de todo lo relativo al «propietario verdadero» de la compañía[4].

Este es solamente uno de los muchísimos casos de flagrante quebrantamiento de la ley que hemos encontrado en nuestros documentos. Aprovechando nuestra reunión en Lillehammer, preguntamos a nuestros socios y colegas en el proyecto Prometheus si ellos se han encontrado también con vulneraciones tan manifiestas de las leyes vigentes, sea el quebrantamiento de las exigencias de diligencia debida, falsificaciones documentales, colaboración en el blanqueo de dinero o cualquier otra cosa similar. Pues sí: tienen tantísimas historias que contarnos que nosotros, siempre ávidos de nuevos casos todavía sin desvelar, no dejamos escapar ni una sola oportunidad para ponemos al día. El bar del hotel, las dependencias privadas, las calles de la ciudad: cualquier lugar es bueno para nosotros, investigadores e investigadoras del proyecto Prometheus a la escucha de historias no conocidas sobre el imperio Mossfon. Y a todos sin excepción nos impresiona sobremanera la poca sensibilidad, por decirlo suavemente, de Mossack Fonseca hacia la ley y la ética.

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Pocos días después, ya de vuelta en Alemania, recibimos un mensaje de nuestra fuente que nos pone algo nerviosos.

[John Doe]: ¿Listos para recibir más documentos?

[SZ]: ¿En serio?

[John Doe]: Claro que sí.

[SZ]: Vale. ¿Cuántos?

[John Doe]: Esta vez solamente cien gigas, pero aun así muchísimo.

[SZ]: ¡Uf, qué locura!

Más documentos de Mossack Fonseca. Apenas podemos arreglárnoslas con los que nos han llegado hasta ahora, así que cuando llegue este nuevo paquete no tendremos más remedio que dejarlo de lado por el momento. El ordenador nuevo no ha llegado todavía, desgraciadamente, y para colmo de males todavía tenemos dos millones de documentos que no han pasado aún por el programa de reconocimiento de texto que permite su posterior rastreo.

Es muchísimo trabajo, demasiado. Pero aún hay tiempo.

Todavía disponemos de unos meses antes de que la investigación salga a la luz.

21. En las garras del monstruo

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EN LAS GARRAS DEL MONSTRUO

Entre los clientes de Mossack Fonseca hemos encontrado hasta el momento delincuentes o presuntos delincuentes de todas las clases. Capos de la droga, estafadores financieros, mafiosos, contrabandistas de armas, evasores de impuestos, personas sancionadas por algún país y, en suma, timadores de cualquier pelaje.

Pero también tenemos casos fuera de lo común como el de Andrew M., condenado en Estados Unidos, en el año 2009, a ocho años de prisión. Su delito: haber violado a tres niñas rusas, si no a más. El caso es que, según el investigador responsable del caso, el tal Andrew M. no lo había hecho para satisfacer su (desviada) libido, sino por negocios. Se le había ocurrido la idea de organizar, junto con otros sujetos, una red ilegal de prostitución infantil y para ello decidió «probar» a tres niñas. Andrew M. habría sido, por tanto, uno de los socios capitalistas de esta empresa criminal, pero además habría colaborado en el blanqueo de los beneficios generados por dicha «compañía» (que él mismo desvió a una empresa pantalla).

Andrew M. es hoy en día cliente de Mossack Fonseca, con otra de sus compañías pantalla[1].

De los documentos filtrados se desprende, entre otras cosas, que Mossack Fonseca tiene pleno conocimiento de su delito, así como del juicio y la sentencia de cárcel. Y, aun así, sigue manteniéndolo como cliente.

Pero es que la historia no se queda ahí. En 1995 Andrew M., de nacionalidad estadounidense y rusa, encarga a un tercero que constituya para él dos empresas que han de registrarse en las Islas Vírgenes Británicas, operaciones ambas de las que hemos encontrado pruebas en nuestros documentos. La finalidad de estas empresas, sin embargo, no aparece por ninguna parte.

M. es, aparentemente, uno de esos hombres hechos a sí mismos que han llevado una vida de fábula. A los dieciocho años emigró a Estados Unidos en compañía de su padre y poco después, gracias a su extraordinario talento para las matemáticas, fue admitido en la Universidad de Columbia de Nueva York, donde se graduó con honores. En apenas unos pocos años hizo fortuna vendiendo extintores y, posteriormente, coches alemanes; para 2004 su empresa ya estaba valorada en diez millones de dólares. Después, Andrew M. contrajo matrimonio, tuvo tres hijos y vivió en una mansión de Filadelfia el sueño americano.

Ahora bien, tras este marco de ensueño hay una segunda vida, una vida mucho menos glamurosa, que podemos reconstruir gracias a las actas del sumario y a los propios informes de los investigadores del caso. En 2002 aparece en internet una página web llamada www.berenika.org. Sus creadores la presentan como un romantic studio, pero en realidad es una red de prostitución infantil. De hecho, apenas lo disimulan: ya desde el principio, en la propia página de inicio, puede verse a una jovencita desnuda con una rosa en la mano. Por su apariencia diríase que es muy joven. Demasiado joven.

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A las niñas de berenika.org se las trata como mercancías, clasificándolas por altura, peso y tamaño del pecho. Son «jóvenes y frescas», dice la página, y se las puede tener una hora por un precio que va de los ciento cincuenta a los trescientos dólares. La noche entera cuesta quinientos. Para completar su apariencia legal, en la web aseguran que todas las chicas tienen más de dieciocho años. Pero todo aquel que busque menores comprenderá enseguida que ha dado con la página adecuada. A los clientes de berenika.org, una vez formalizada su «compra», se los conduce a un discreto apartamento de Moscú. Y aquí es donde se comete el estupro.

A los investigadores estadounidenses no les cabe duda: Andrew M. ha participado en la financiación de esta red de prostitución infantil. Si ha invertido en este negocio, concluyen, es porque «esperaba lucrarse con las ganancias derivadas de la prostitución de mujeres y jóvenes, de las cuales obtendría una parte». Es más: incluso había traducido la web al inglés para atraer clientes occidentales[2].

A finales de 2003 M. viaja a San Petersburgo y allí recoge a tres chiquillas en un orfanato situado a las afueras de la ciudad. Tienen trece y catorce años. M. promete llevarlas de turismo por la ciudad, pero nada más lejos de la realidad: en lugar de eso acaba forzándolas a mantener relaciones sexuales con él. «Yo le rogué que no me hiciera nada. Era tan joven, tan pequeña —asegura una de las niñas al diario Pravda, citado en el acta sumarial en su edición inglesa—. Me dio varios analgésicos —sigue diciendo— y luego empezó a quitarme el pijama». Otra de las jóvenes declaró —según recoge también dicha acta— que no quería pensar siquiera en aquello, que era mejor olvidar lo que aquel hombre le había hecho.

Hacia esa misma época, Andrew M. constituye una fundación para apoyar a víctimas del terrorismo, sobre todo a niños, dentro de la cual desempeña la presidencia de la sección estadounidense. En la velada de presentación departe con el embajador ruso en Estados Unidos y, en su calidad de benefactor de fiestas de celebridades, hasta se fotografía con la actriz Heather Graham.

Esta es la imagen que da al mundo.

Con todo, la red de berenika.org no pasa desapercibida para los investigadores rusos, que a su vez ponen sobre aviso a sus homólogos estadounidenses dándoles la pista de Andrew M. En julio de 2004 se le confisca el ordenador en el aeropuerto de Filadelfia, a su regreso de un viaje. En el año 2005, sus cuatro cómplices son condenados a prisión en Rusia gracias a las investigaciones conjuntas llevadas a cabo en varios países. M. se les escapa… de momento. Solo tres años después, el FBI consigue descodificar algunos de los archivos encriptados del portátil que se le había confiscado y ahí encuentran correos electrónicos que relacionan claramente a M. con berenika.org. Cuando siguen investigando, se topan con una compañía llamada IFEX Global Ltd., que es precisamente una de las empresas pantalla fundada por Mossack Fonseca, a petición de M., en las Islas Vírgenes Británicas. Los investigadores estadounidenses solicitan información a las autoridades caribeñas acerca del hombre que se oculta tras dicha empresa, y estas a su vez se dirigen a Mossfon solicitando el nombre y la dirección de los directores y accionistas de IFEX. Mossack Fonseca contesta que el propietario de la compañía es un hombre llamado D. G., y que Andrew M. no es más que su director.

Una información manifiestamente falsa. En los documentos internos de Mossfon que obran en nuestro poder se señala claramente a Andrew M. como propietario único de la empresa. Desde 1995.

Mossfon asegura asimismo que no posee ninguna información más relacionada con IFEX.

Y, sin embargo, sabemos que M. le encargó registrar una segunda empresa llamada Maga Global Limited al mismo tiempo que IFEX Global Ltd. Mossack Fonseca guardaba en sus archivos hasta una tarjeta de visita de Maga Global, en la cual aparece Andrew M. como subdirector.

Tras la detención de Andrew M. en Estados Unidos en diciembre de 2008 y la amplia cobertura mediática de la historia del multimillonario y su trama de explotación y abusos sexuales a menores, Mossack Fonseca recibe un nuevo requerimiento de las autoridades financieras de las Islas Vírgenes Británicas. En esta ocasión se le solicitan documentos sobre la diligencia debida, esto es, todos aquellos que demuestren que Mossack Fonseca ha examinado rigurosamente a las personas con quienes mantiene relaciones comerciales.

Mossfon, naturalmente, no tiene algo así, pues no ha revisado lo suficiente a su clientela. Desde hace trece años.

Cuando Andrew M. funda en 1995 sus dos empresas de las Islas Vírgenes Británicas a través del intermediario USA Corporation, ni siquiera tiene que hacerle llegar a Mossfon una fotocopia de su pasaporte.

Para un empresario que se vanagloria de sus estrictas normas internas, aquello no pinta nada bien. Los trabajadores de Mossfon, consecuentemente, empiezan a ponerse nerviosos. Para salir del paso tratan de hacerse al menos con alguna prueba sólida y de ahí que escriban a USA Corporation, el intermediario estadounidense que encargó constituir la empresa IFEX para M. Este contesta que ha intentado en vano obtener las informaciones requeridas del propio M.

¿Cómo van a contactar con él en tan poco tiempo, tal como les piden, si a fin de cuentas está en la cárcel?

Lo único que USA Corporation puede ofrecerles es un justificante de pago del Christiania Bank OG Kreditkasse —un banco noruego en el que la empresa de M. tiene cuenta— y un carné de conducir caducado hace tres años (!). Mossfon se hace con ambos documentos y, en enero de 2009, se los remite a la Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas. De esta forma certifica además que M. es el propietario de IFEX Global[3].

Pocos días después, Andrew M. admite, ante un tribunal de distrito de Pensilvania, haber mantenido relaciones sexuales con tres menores rusas. En realidad ha hecho un trato con la Fiscalía: M. se declara culpable de las violaciones y, a cambio, no se lo acusa de trata de blancas. Finalmente es condenado, en septiembre de 2009, a varios años de prisión. Como eximente se tiene en cuenta que el acusado evite a las menores el mal trago de la declaración en el tribunal, y que haya llegado a un acuerdo extrajudicial con ellas.

Por otro lado, en las actas de un proceso civil interpuesto por las víctimas de M. en Estados Unidos en el año 2009 aparece entre los demandados, además del propio M., una empresa llamada IFEX Global. Según el escrito de acusación, esta empresa habría registrado en su contabilidad, como gastos empresariales, todos los costes derivados de la propia red de prostitución infantil, con el objeto de dar «apariencia de legitimidad» a los beneficios generados por aquella actividad manifiestamente ilegal. Además la página www.berenika.org habría sido «controlada» tanto desde el domicilio particular de M. como desde su negocio, es decir, desde IFEX Global. Incluso se sospechaba que podría haber sobornado a funcionarios rusos para que hicieran la vista gorda con los titulares de berenika.org[4].

Sin embargo, las actas del tribunal se refieren siempre a una compañía llamada IFEX Global Inc. y no a IFEX Global Limited, que es la empresa de Mossfon.

Poco más sabemos del caso. Si se examinaran atentamente todas las actas del proceso se podría obtener información más detallada, pero se da la circunstancia de que, salvo unas cuantas páginas que obran en nuestro poder, el resto se mantiene bien guardado. Como ya sabemos, M. había llegado a un acuerdo extrajudicial con sus víctimas, en el cual se habría fijado la indemnización que recibiría cada una de ellas. Y eso significa que las actas del proceso no se van a hacer públicas.

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Pese a la amplia cobertura mediática que tanto los medios norteamericanos como los rusos dieron al juicio contra el millonario, Mossack Fonseca no parece enterarse de nada. Será en la primavera de 2014, es decir, cinco años después de que se dictase la sentencia, cuando el bufete panameño caiga en la cuenta de que tiene entre sus clientes a un violador convicto. Entre los empleados de Mossfon circulan, a través del correo electrónico, artículos periodísticos sobre M., a quien no dudan en considerar un «cliente de alto riesgo». Aquí la cuestión clave, escriben, es si Mossfon debe informar a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas.

La jefa del departamento de cumplimiento legal aboga por una respuesta negativa; a fin de cuentas, escribe, IFEX Global no ha «incurrido en nada ilegal». Al final la directora ejecutiva decide no dar parte a las autoridades: ella no ve cómo se ha podido aprovechar la empresa de las prácticas pedófilas de M.

Así pues, Mossack Fonseca mantiene entre su clientela a un violador condenado y a su empresa, pese a que según las investigaciones oficiales ambos sustentaban económicamente una asociación criminal que organizaba el abuso sexual a niñas rusas.

Al cierre de esta edición, IFEX Global Limited sigue siendo una empresa activa y de actividad regular.

Andrew M. salió de la cárcel en diciembre de 2015.

Jürgen Mossack ha sostenido en todo momento, a través de sus portavoces, que Mossfon pone todo su empeño en detectar a clientes que hayan incurrido en actuaciones ilegales… siempre que tengan conocimiento de tales actividades, podríamos añadir nosotros.

22. La aristocracia roja

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LA ARISTOCRACIA ROJA

El día 15 de noviembre de 2011 se encuentra un cadáver en el bungaló 1605 del hotel Lucky Holiday, un alojamiento de tres estrellas situado en las colinas de la metrópoli china de Chongquing. El fallecido es identificado enseguida como un hombre de negocios británico llamado Neil Heywood, y no menos rápido se certifica la causa de su muerte: fallo cardíaco por ingestión de alcohol. Se lo incinera sin practicarle la autopsia.

En su familia, sin embargo, Neil Heywood era considerado abstemio. ¿Por qué habría de emborracharse hasta morir alguien que no bebe alcohol? Además, Neil Heywood no era una persona cualquiera; al contrario, formaba parte del círculo íntimo de Bo Xilai y Gu Kailai. Hijo de uno de los Ocho Inmortales, los veteranos de la Revolución china, Bo Xilai es el jefe del Partido Comunista Chino (PCCh) en Chongquing. Su mujer, Gu Kailai, hija de un general, es abogada en activo.

Ambos forman durante años la pareja perfecta de la política china. Bo Xilai es uno de los políticos más apreciados del país. Su carrera parece estar perfectamente encarrilada, siempre en ascenso: algún día Bo Xilai estará al frente de la nación más populosa del mundo. Pero entonces muere Heywood.

Sus amistades políticas y las muchas preguntas abiertas sobre el caso desatan enseguida los rumores sobre los verdaderos motivos de aquella misteriosa muerte. El jefe de la policía de Chongquing, enterado desde el principio de lo que allí se estaba cociendo, pidió que extrajesen muestras de sangre del fallecido antes de su incineración. De esa manera consiguió que un supuesto caso de alcoholismo con resultado de muerte acabase convirtiéndose en el mayor caso criminal de la historia reciente de China. Un drama shakespeariano preñado de amor, poder y dinero, en pleno teatro de la élite china, en el que no cae el telón hasta que se conocen las verdaderas causas de la muerte de Heywood. El amigo británico, al final se sabrá, había sido asesinado a sangre fría.

En otoño de 2011, cuando muere Heywood, todo parece indicar que Bo ingresará al año siguiente en el Comité Permanente del Politburó, el organismo político más poderoso de China. En 2007, Bo había cambiado la cartera del Ministerio de Comercio por la ciudad de Chongquing y desde entonces la metrópoli del Yangtsé se había transformado de tal manera que el país entero elogiaba a aquel político tan emprendedor: sus ciudadanos cantaban canciones del Partido, mantenía engalanadas permanentemente las calles con banderas rojas, rendía homenaje a Mao y hasta prohibía que la televisión regional emitiese propaganda. En otras palabras, Bo Xilai hizo que Chongquing reviviese la época en que el maoísmo verdadero era todavía el gran ideal de China y el capitalismo su mayor enemigo.

Paralelamente, hace de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado su divisa política y aplica las medidas más rigurosas para ponerles freno. La prensa del Partido lo elogiaba como el más feroz guerrero anticorrupción que tenía el país y el mejor impulsor de la economía china con sus novedosas prácticas. Pronto, el «modelo Chongquing» está ya en boca de toda China.

Así es como se ve a Bo Xilai. Sin embargo, ya desde la década de 1990, cuando era alcalde de Dalian, ciudad comercial del noroeste de China, impera en el mundo de los negocios una norma no escrita: quien quiera prosperar en la ciudad ha de pagar su parte a la familia de Bo. Como apuntaba el Spiegel en 2002, Gu Kailai, la mujer del dirigente chino, era «una especie de recaudadora», ella misma recogía la «cuota de entrada».

Neil Heywood es ya entonces su hombre de confianza. Al parecer, se ocupa incluso de que su hijo Bo Guagua pueda estudiar en un selecto colegio privado de Londres y posteriormente en la Universidad de Oxford. Cuando el joven marcha a estudiar a Harvard, lleva una vida de dispendio y ostentación: conduce un Porsche y vive en un lujoso apartamento cuyo alquiler cuesta la cuarta parte del sueldo de su padre.

Heywood lleva una vida acomodada. Es un hombre de mundo, lleva americanas de hilo y conduce un automóvil de bandera con la matrícula 007. De lo único que tiene que ocuparse, por lo visto, es del hijo. Él y sus amigos hacen negocios juntos y ganan dinero a manos llenas, parte del cual va a parar a empresas offshore.

Y entonces Heywood muere en aquellas circunstancias nada claras. Cuando el jefe de policía de Chongquing, a la sazón hombre de confianza y cómplice de Bo Xilai y de su mujer, revela al político lo que ha descubierto, este se niega a creerle y, furioso, le propina una bofetada y amenaza con destituirlo.

El policía entra en pánico y en febrero de 2012 solicita asilo en el consulado de Estados Unidos en Chengdu, a trescientos kilómetros de la ciudad, porque teme por su vida. Su versión de los hechos es la siguiente: la mujer de Bo Xilai habría asesinado a Heywood, primero haciéndole beber como un cosaco y luego echándole veneno en la bebida. El jefe de policía no solo vio denegada su petición de asilo, sino que además fue convocado por las autoridades pocos días después.

Sus declaraciones convulsionan China. Un dirigente político envuelto en un caso de asesinato, en evasión de capitales y sobornos: un auténtico escándalo. El suceso mantuvo al país en vilo durante semanas; el PCCh sufrió la mayor crisis de su historia desde la masacre de la plaza de Tiananmén. Cuanto más se sabía, peor parado quedaba el niño mimado de la política china. El escándalo alcanzó tal magnitud que el Partido terminó censurando en internet todas las búsquedas relacionadas con «Bo Xilai» y «verdad».

Al final, Gu Kailai fue condenada a lo que en China denominan «pena de muerte suspendida», que posteriormente se le conmutó por cadena perpetua. A su marido, Bo Xilai, se le condenó en 2013 a varios años de cárcel por corrupción. Por lo visto, el matrimonio guardaba un terrible secreto por el que Gu estaba dispuesta incluso a matar. De hecho, mató a Heywood porque temía que este se fuese de la lengua.

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La verdad es que nos encanta la idea de que nuestros documentos narren, por así decirlo, una parte de esta historia y que gracias a ellos pueda ser comprendida mucho mejor. Efectivamente, en los datos filtrados vemos que Gu Kailai funda en 2013, junto con un arquitecto francés, la empresa Russell Properties S. A., con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Evidentemente, los propietarios reales deberían quedar ocultos, de ahí que en esta compañía haya solo accionista fiduciario y director fiduciario; una práctica que, en el caso de Gu Kailai, no nos sorprende en absoluto.

Al fin y al cabo, si se hubiera sabido que invertía millones de dólares en el extranjero, y que encima ni siquiera eran suyos, su marido habría visto su carrera política finiquitada en un santiamén. Parte de aquel dinero era de un multimillonario chino que se había hecho rico a la sombra de Bo Xilai. Este había entregado, a Gu y a su socio, 3,2 millones de dólares, que ellos ingresaron en una cuenta de uno de los grandes bancos de Gran Bretaña.

La mujer de Bo Xilai conocía al arquitecto desde la época en que su marido era alcalde de Dalian, donde el francés había emparentado con una prominente familia de la municipalidad y proyectado edificios de fama internacional. En el verano de 2001 ambos compraron, a través de Russell Properties, una casa de ensueño en la Riviera francesa: vistas espléndidas sobre la ciudad de Cannes, cuatrocientos metros cuadrados de vivienda, cuatro mil de terreno, seis dormitorios… En fin, un palacio. Sin duda, fuera del alcance de una mujer cuyo único patrimonio era su enlace con un político chino. Pero es que además en China solo se permite sacar al extranjero un máximo de cincuenta mil dólares anuales en divisas; todo aquel que desee llevarse más debe contar con un permiso especial.

Lo que sucede es que ni Gu ni su empresa, Russell Properties, habían comprado directamente aquella magnífica villa. Fue una empresa pantalla perteneciente a Russell Properties, y que precisamente se llama como la casa, Fontaine St. Georges, la que realizó la transacción. Desde luego, mucho secreto no parece que hubiese.

El problema, sin embargo, viene cuando Gu Kailai decide incorporar a la operación a Neil Heywood, aquel británico amigo de su familia. Este debía hacerse cargo de la administración de la casa y de la búsqueda de inquilinos. Pero Heywood empieza a hacer chantaje a Gu, y ahí es cuando firma su sentencia de muerte.

Apenas dos semanas después de haber envenenado a Heywood en el bungaló del Lucky Holiday, Gu Kailai intentó eliminar cualquier huella suya en el mundo offshore. En los datos que obran en nuestro poder acerca de Russell Properties S. A., clasificados por Mossfon bajo la referencia 6015818, vemos que al arquitecto francés se lo nombra, el día 29 de noviembre de 2011, gerente y accionista de la empresa.

De esta manera se hubiera borrado sin duda todo posible rastro de Gu en la compañía, pero el francés cometió un error a la postre revelador. Como dirección comercial de la empresa había puesto la de una zona de rascacielos situada en las cercanías del Estadio Olímpico de Pekín, que es precisamente donde se encuentran las oficinas del antiguo bufete de Gu Kailai.

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La cúpula del Partido Comunista Chino suele condensar su caracterización del país en una expresión sintética de solo dos palabras, hexie shehui, que traducido a nuestra lengua sería algo así como que la República Popular es una «sociedad armónica».

La realidad, sin embargo, contradice sus buenos designios, como demuestra, entre otros, el caso de Bo Xilai. Las desigualdades en el seno de la sociedad china son cada vez mayores. Según datos del Banco Mundial, actualmente China tiene más de trescientos millones de personas que viven con menos de dos dólares al día. En cambio, el patrimonio acumulado por las cien personas más ricas del país excede con creces, conforme a la revista Forbes, los 450 000 millones de dólares, lo que nos da un promedio de 4500 millones por cabeza.

Ahora bien, no toda esa riqueza se queda en aquella sociedad que el Partido califica de armónica. Bien al contrario: una parte de lo más significativa acaba en paraísos fiscales, en la mayoría de los casos oculta tras la fachada de empresas bien discretas y de los anodinos nombres de sus directores fiduciarios.

En los documentos filtrados encontramos tiempo atrás incluso a Deng Jiaqui, cuñado del presidente chino Xi Jinping. Aquel Xi Jinping que otrora había hecho de la transparencia su mejor bandera[1].

Por lo demás, nos hemos encontrado también con Li Xiaolin, hija del ex primer ministro Li Peng, conocido como «el Carnicero de Pekín» por su infausta represión de las manifestaciones en la plaza de Tiananmén en 1989. Li Xiaolin es en la actualidad una de las mujeres más ricas de China, algo que seguramente jamás habría conseguido sin las conexiones de su padre[2].

Se da la circunstancia de que, en China, ni los políticos ni sus allegados están obligados legalmente a hacer público su patrimonio. De ahí que los ciudadanos chinos únicamente puedan conjeturar a qué cantidades asciende el dinero depositado en empresas offshore y qué cantidad de impuestos se le ha escapado al Estado chino por ese canal. Esta es una de las razones por las que las historias del cuñado del presidente y la hija del ex primer ministro chino son, en potencia, dos bombas de relojería política. Las noticias críticas relativas a políticos codiciosos —y familiares suyos no menos rapaces— que predican austeridad mientras al mismo tiempo se llevan dinero a espuertas son tabú en China; posiblemente porque dañan la ya de por sí delicada cohesión de esta sociedad de contrastes extremos. Según los expertos, solo desde el año 2000 habrían salido de China, por canales no legales, entre uno y cuatro billones de dólares.

Lo poco que hasta ahora se ha publicado es obra de periodistas occidentales. La agencia de noticias Bloomberg fue el primer medio que, en el año 2012, hizo pública información relativa a los orígenes de la fortuna amasada por la familia del presidente Xi Jinping, como, por ejemplo, que algunos de sus parientes más cercanos habrían amasado millones a través del accionariado de algunas empresas y de negocios en el sector inmobiliario. De todas formas, Bloomberg no ha publicado nada que afecte directamente al propio dirigente chino, pero ello no la ha librado de la censura informativa impuesta por China, que rápidamente bloqueó en internet el acceso a estas delicadas informaciones.

Lo mismo nos sucedió a nosotros en el Süddeutsche Zeitung cuando, a comienzos de 2014, publicamos junto con el ICIJ datos referentes a China en el marco de nuestras filtraciones sobre el entorno offshore. A lo largo de unas cuantas horas fue imposible acceder a nuestra página web en China, y paralelamente nuestra cuenta en Weibo, el Twitter chino, desapareció de la red. Algo parecido sufrió también el New York Times cuando informó de que familiares del presidente se habrían hecho con un derecho preferente de compra sobre las acciones de una compañía propiedad de un multimillonario chino, que posteriormente habrían vendido con un beneficio estratosférico. El hombre en la sombra, el que movió los hilos para lograr este acuerdo, fue nada más y nada menos que Deng Jiaqui, el cuñado del presidente chino. Justamente el hombre que aparece en nuestros datos como propietario de tres nuevas empresas offshore de las que hasta ahora no se tenía noticia.

Los negocios offshore de su familia no harán caer a Xi Jinping, pero es muy posible que para él sea de lo más incómodo verse nuevamente en el centro del huracán después de las informaciones publicadas por Bloomberg, de las filtraciones sobre compañías offshore y de los reportajes del New York Times. El Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista Chino, ofrece en este sentido salidas como la siguiente: «No importa quién seas ni lo lejos que hayas llegado: si quiebras la ley, pagarás por ello».

Naturalmente, nosotros no somos tan ingenuos como para creer que esta divisa se aplique de la misma manera a las élites y al pueblo llano. Pero nuestras revelaciones podrían hacer manifiesta esta contradicción una vez más.

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La verdad es que tampoco nos hacemos ilusiones: los medios chinos difícilmente informarán sobre nuestros hallazgos; a fin de cuentas es demasiado peligroso para ellos. Para el Süddeutsche Zeitung y sus asociados, sin embargo, el peligro más temible está más bien en la furia vengadora de la burocracia china: a reporteros del New York Times y de Bloomberg se les ha negado el visado de entrada al país. Este es uno de los motivos por el que nosotros investigamos el asunto desde Alemania, dejando al margen al corresponsal de nuestro diario en China. Él vive en la República Popular, junto con su familia y sus hijos, y tiene intención de quedarse todavía algún tiempo en el país.

Durante los días en que departíamos sobre estas cosas, pasaron otras bastante extrañas. El departamento informático del Süddeutsche Zeitung registró un sinfín de ataques sistemáticos a la página web del diario. ¿Estaría alguien sobrecargando intencionadamente el servidor gracias a este ardid, simplemente para colapsarlo? Semejantes ataques, conocidos como «de denegación de servicio», forman parte del repertorio habitual de los chinos y los servicios secretos rusos.

Tal vez fuera casualidad que los ataques se recrudecieran justo cuando estábamos investigando sobre China y Rusia. Nunca puede uno estar seguro. Pero ¿quién sabe a qué atenerse ya? Hace poco uno de los grandes semanarios de noticias de Alemania vio hackeada su propia red interna, poco antes de que publicaran algo crítico sobre China, porque alguien pretendía borrar el artículo en cuestión.

A nosotros nos gusta pensar que, por más exhaustiva que sea la censura del Estado, a la larga todo lo grande sale a la luz, porque no se puede seguir manteniéndolo bajo la alfombra. La élite china ha desviado tanto dinero a paraísos fiscales que hasta un informe emitido en 2011 por un banco estatal chino dice, sin empacho alguno, que los chinos corruptos utilizan las compañías pantalla como si fueran «bolsos de mano».

Uno de los grandes ofertantes de estos «bolsos» en China es alguien que nos es bien conocido, y desde luego no constituye ninguna sorpresa: el propio Mossack Fonseca.

El bufete panameño tiene en la República Popular China ocho oficinas. En ningún otro país dispone de tantas. Por añadidura, cuenta con una filial en Hong Kong, de modo que son nueve en total las filiales de Mossfon en territorio chino.

¿Tan elevada es la demanda?

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La búsqueda de buenas historias chinas es, de todas formas, mucho más ardua que en la inmensa mayoría de las regiones del mundo. Mossack Fonseca menciona muchos de los nombres chinos por su (equívoca) transliteración fonética, cuando en realidad deberían «transcribirse» a caracteres latinos. El chino estándar utiliza algo más de cuatrocientas sílabas que, para mayor complicación, adoptan entonaciones y combinaciones diversas. De ahí que los caracteres chinos solo sean inequívocos en su versión escrita. A esto debe añadirse que millones de chinos tienen nombres muy parecidos. De hecho, en la República Popular hay más personas llamadas Wang que habitantes en toda Alemania. Todo esto supone que nos lleva infinitamente más tiempo examinar, en todos y cada uno de aquellos casos, si el nombre hallado pertenece realmente a la persona que buscamos. Es preciso además cotejar números de documento de identidad, investigar fechas de nacimiento y localizar direcciones de establecimientos comerciales. No todo puede ser verificado a la perfección, pero si estamos seguros al noventa y nueve por ciento, lo dejamos ahí.

Nuestro compañero Christoph Giesen, periodista de la sección económica, trabaja también en el pequeño equipo del ICIJ dedicado a China, como ya había hecho antes en las filtraciones offshore. Él habla chino, viaja con regularidad al país y conoce bien el terreno. Sin él estaríamos perdidos. Y es que cada día que pasa aparecen más chinos en los datos, tantos que acabarán contándose por millares. He aquí algunos de los casos en que trabaja el grupo de investigación organizado en torno a Christoph Giesen y Alexa Olesen, los especialistas del ICIJ en temas chinos:

Wallace Yu Yinping, cónyuge de la sobrina del gran Deng Xiaoping, líder máximo del país durante cerca de veinte años. En los documentos filtrados aparece como director y accionista único de Galaxia Space Movement, compañía perteneciente a BVI[3].

Lee Shing Put, yerno del actual vice primer ministro y miembro del Politburó Zhang Gaoli. Es accionista de dos compañías offshore: Glory Top Investments Limited y Zennon Capital Management[4].

Zeng Quinghuai, hermano del exvicepresidente chino Zeng Quinghong. Sobre Zeng Quinghong pesan sospechas de corrupción desde hace tiempo. Su hijo pagó hace años más de veinte millones de dólares por una mansión en Sídney; todavía hoy se desconoce dónde obtuvo semejante cantidad de dinero[5].

A los tres citados, es decir, Yu, Lee y Zeng, se los llama en China principitos (en su lengua, taizidang) porque son familiares directos de los principales mandatarios chinos. Políticamente desavenidos, su único lazo de unión es la codicia.

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Algunos principitos se han hecho millonarios en la economía privada, otros son directores de los bancos chinos o capitostes de algún ministerio. Es muy posible que algunos de ellos hayan fundado empresas ocultas para esconder parte de su riqueza; otros, en cambio, tal vez lo hayan hecho para poder invertir en China disimuladamente y que nadie albergue sospecha alguna sobre los verdaderos dueños del negocio. En total hemos hallado en los datos a ocho de estos principitos. Sus familiares eran —o son en la actualidad— miembros del Comité Permanente del Politburó, el máximo órgano de poder en la República Popular China. Todos ellos, es decir, los ocho taizidang, están implicados en negocios offshore.

No obstante, en este tema hay unos cuantos factores que han de quedar claros. En primer lugar, que los llamados principitos son el punto de partida para todo hombre de negocios que desee prosperar en China. Cuando en este país se pagan sobornos, por regla general no es al político mismo a quien se unta. Sería demasiado llamativo, demasiado peligroso. Mucho más seguro es pagar facturas a la cuñada, el hijo o el hermano de los políticos requeridos o financiarles una espléndida vivienda. Como contrapartida, el sobornante puede confiar en verse favorecido con algún lucrativo contrato de obras o con encargos de carácter similar. Quién encaja con quién en semejantes simbiosis es algo difícil de demostrar.

Un ejemplo de este mundo paralelo oculto que suscita interrogantes es el que afecta al empresario Zhang Juping, afincado en Shanghái. Desde 1997 este hombre dirige la empresa Hengdeli, la cual, según su propia descripción, es la «compañía que más relojes de pulsera vende en el mundo entero».

En 2009, Zhang Juping encargó a Mossack Fonseca que fundase en las Islas Vírgenes Británicas una compañía llamada Harvest Sun Trading Limited. Al año siguiente se transfirió la empresa a una mujer que responde al nombre de Li Zidan. El valor de cada título de la empresa, según el registro de accionistas, se había establecido en un solo dólar. La nueva propietaria de la compañía, esa tal Li Zidan, no era conocida por sus dotes para los negocios, sin contar que a sus dieciocho años prácticamente era una chiquilla… pero desde luego fuera de lo común. Li Zidan forma parte, en su versión femenina, del grupo de los principitos. Es la nieta de Jia Qinglin, quien por entonces (y hasta el año 2012) era miembro del Comité Permanente del Politburó y, por su posición en este, número cuatro en el sistema de poder chino. En suma, uno de los hombres más poderosos de China[6].

23. La princesa del gas y el rey del chocolate

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LA PRINCESA DEL GAS Y EL REY DEL CHOCOLATE

El intermediario chipriota no se anda por las ramas: quiere fundar otra empresa offshore con Mossack Fonseca, escribe él mismo en un correo electrónico a comienzos de agosto del año 2014. La compañía pantalla habrá de llamarse Prime Asset Partners Limited y estar radicada en las Islas Vírgenes Británicas. Más claro, imposible.

Hay sin embargo algo distinto en esta ocasión: el cliente y futuro accionista de la compañía, sigue escribiendo el chipriota, es una «persona del mundo de la política» y, por expreso deseo suyo, la empresa «no debe tener relación alguna con sus actividades políticas».

Una imposición de lo más decorosa, todo hay que decirlo.

El cliente del intermediario chipriota es Petró Poroshenko, el presidente en ejercicio de Ucrania, es decir, de un país entonces en guerra.

Poroshenko, en el puesto 55 de nuestra nunca inactiva lista de pistas conducentes a jefes de Estado, es uno de los hombres más ricos del país. Si la lista se ordenase por patrimonios, él estaría en el sexto o en el séptimo lugar.

Hizo fortuna con el chocolate, especialmente con su marca de bombones en el este de Europa, por eso recibe el sobrenombre de Rey del Chocolate. En su imperio empresarial cuenta con varios medios de comunicación, empresas de automoción y de semillas y hasta con un astillero. Poroshenko es conocido por su pragmatismo y por su voluntad de hierro. Entró en la política a finales de la década de 1990, cuando el presidente Leonid Kuchma aún estaba en el poder. Fue uno de los fundadores del Partido de las Regiones, coalición política que más adelante, bajo el gobierno de Víktor Yanukóvich, se convirtió en el receptáculo de todos aquellos que saquearon el país y las empresas estatales en su propio beneficio.

En el año 2004, sin embargo, toma partido a favor de la Revolución Naranja. Cuando cientos de miles de ucranianos toman las calles tras las elecciones presidenciales para protestar por la manipulación de sus resultados a favor de Yanukóvich, solamente hubo un medio de comunicación que informó de las manifestaciones: el canal de televisión de Poroshenko. Finalmente, acatando el clamor del pueblo, se convocan nuevos comicios para la presidencia del país, que en esta ocasión gana Víktor Yúschenko, quien había quedado desfigurado por un intento de envenenamiento. Yúschenko se convierte entonces en presidente de Ucrania; Yulia Timoshenko, en primera ministra; y nuestro rey del chocolate, Petró Poroshenko, en secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa y, posteriormente, hasta en ministro de Asuntos Exteriores y de Economía.

El Maidán —ese movimiento de protesta— reivindicaba, entre otras cosas, que abandonasen la política todos los oligarcas del país. Ellos, los «naranjas», los que querían hablar en nombre de un pueblo de cuarenta y ocho millones de almas, estaban en contra de la élite ucraniana, de gente como Yulia Timoshenko o Petró Poroshenko. Aquel reducido círculo de personas que nadaba en la abundancia mientras que, según datos de Naciones Unidas, el ochenta por ciento de los ucranianos vivía por debajo del umbral de la pobreza. Su exigencia, sin embargo, se perdió en la noche de los tiempos, inatendida. Petró Poroshenko se presentó a las elecciones presidenciales de 2014, que ganó imponiéndose, entre otros candidatos, a Yulia Timoshenko. En su victoria posiblemente fue determinante que aquel oligarca que no se reconocía como tal hubiese prometido, en plena campaña electoral, deshacerse de sus empresas: «Cuando sea presidente de Ucrania —dijo el entonces oligarca-candidato—, mi única preocupación será el bienestar del país y a ella me consagraré en cuerpo y alma».

Grandes palabras. Que se llevó el viento.

Poroshenko se ha hecho aún más rico que en el pasado, mientras que otros oligarcas ucranianos han visto masivamente reducido su patrimonio a raíz de la crisis económica. ¿Por qué tuvo él más suerte que los demás? Pues posiblemente porque en el verano de 2014 Poroshenko cuidó muchísimo su fortuna personal. Llevándosela fuera del país, oculta.

En vez de despedirse de la actividad empresarial, tal como había prometido, Poroshenko dio la bienvenida en las Islas Vírgenes Británicas —gracias a aquel intermediario chipriota del que hablábamos antes— a la empresa Prime Asset Partners Limited, que fundó apenas dos meses después de su victoria electoral. Más adelante, el chipriota intermediante precisaría que aquella compañía estaba llamada a ser la primera de un «holding de empresas ucraniano-chipriotas del grupo Roshen, uno de los mayores productores europeos de golosinas». He aquí el imperio del Rey del Chocolate. Perfectamente oculto, por imposición expresa de su titular, a la supervisión de los ciudadanos. Y así tenía que seguir en el futuro: en algunos mensajes electrónicos puede leerse que la comunicación con Mossack Fonseca debía realizarse a través de un sistema de correo electrónico seguro.

Es muy posible que Poroshenko quisiese agrupar sus empresas en aquel holding offshore para facilitar su venta en el futuro. Y también es muy posible que únicamente quisiese ocultar al pueblo que no cumplía sus promesas[1].

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Si hay algo en este asunto que la población ucraniana consideró mucho más importante, por encima del hecho de que Poroshenko tuviese intención de vender sus empresas, es indudablemente la cuestión de la ética. Y es que el presidente ucraniano hace abrir su compañía pantalla justamente en agosto de 2014. Para entonces, el conflicto ucraniano había alcanzado su punto álgido: justo en esos días, del 10 de agosto al 2 de septiembre, se libra en el sudeste del país la batalla de Ilovaisk. Días enteros, uno tras otro, pasan los cerca de siete mil soldados —la mayoría de los batallones de voluntarios— empantanados en aquella ciudad de quince mil habitantes, mientras tropas prorrusas, apoyadas por fuerzas y tanques rusos, ocupan la ciudad. En vano piden los sitiados ayuda. El ejército, con Poroshenko a la cabeza como comandante en jefe, no envía refuerzos.

Después de tantos días de fuego cruzado, ambas partes firman por fin un acuerdo de armisticio. A las unidades ucranianas se les permitiría abandonar la ciudad cercada, sin sufrir daño alguno, siempre que depusiesen las armas. Inician entonces la retirada los soldados ucranianos, tal como se había pactado, cuando de pronto empiezan a recibir disparos y ataques de mortero. Más de un millar de soldados cayeron aquel cruento día. Para el gobierno ucraniano fue, literalmente, «una masacre».

¿Y qué hace mientras tanto Poroshenko, él que había prometido consagrarse «en cuerpo y alma» al bienestar de su país? Crear una empresa pantalla.

Mientras los soldados ucranianos caen como moscas y el mundo contempla estupefacto aquella increíble masacre, Mossack Fonseca y Poroshenko, mejor dicho, su intermediario chipriota, hablan de las características específicas del holding previsto. Justo un día antes de que termine la batalla de Ilovaisk, el 2 de septiembre de 2014, están todos los papeles listos.

Que la noticia de los negocios offshore de Poroshenko pueda saltar a los rotativos de Ucrania no es nada descabellado. El país ocupa una posición de excepción en el proyecto Prometheus prácticamente sin parangón con el resto de nuestros hallazgos: pocos dirigentes políticos aventajan a los de Ucrania en materia de corrupción y desfalco de un país ya seriamente vapuleado. Aparte del actual primer ministro, Petró Poroshenko, hemos encontrado pistas sobre dos mandatarios anteriores: Pavlo Lazarenko, que aparece como propietario directo de una compañía offshore, y Yulia Timoshenko, implicada indirectamente a través de una empresa en la que habría tenido alguna participación.

Lazarenko era aquel cliente de Mossack Fonseca que, en abril de 2005, envió un correo electrónico en el que decía que apenas unas semanas antes había llegado a su conocimiento que tenía entre sus propiedades la empresa Gateway Marketing Inc., una compañía pantalla fundada por Mossack Fonseca. Además hemos encontrado al alcalde de Odesa, Gennady Trukhanov, como accionista de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas. A ellos se añaden el hijo del ex primer ministro Mikola Azárov y la familia de un antiguo diputado, sancionado financieramente por Estados Unidos y Suiza por haber apoyado al defenestrado expresidente Yanukóvich[2].

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¿Un máximo dirigente de la actualidad y dos exjefes de Gobierno precisamente en el mismo país? Vacilamos un instante… ¿Y no vamos a publicarlo ipso facto en nuestra cabecera? A los pocos minutos estamos frente a los montones de documentos que encajan con nuestras búsquedas sobre Ucrania planteándonos una cuestión bien distinta: ¿vamos a ser capaces de investigar todo esto antes de la primavera, antes de la fecha de publicación de los datos que fijamos en la reunión de Múnich?

Llevamos semanas desgarrados entre dos direcciones contrarias. Aguardamos con impaciencia el momento de la publicación, es cierto; pero a la vez nos acucia la premura: ¡necesitamos más, muchísimo más tiempo! Nos queda tanto por investigar, tanto por escribir. Hay aún tantos cabos sueltos, tantas cuestiones no aclaradas, tantos temas en los que querríamos indagar bien, tantos en los que deberíamos sumergirnos hasta el fondo.

¿Y qué salida nos queda? Solo una: la de la paciencia.

No estamos muy seguros de cuánto nos va a durar la paciencia. Desde que decidimos al alimón con nuestros asociados internacionales publicarlo todo junto en la primavera de 2016, han aparecido decenas de historias más y, por tanto, tenemos aún más trabajo del esperado. Además, vamos con el tiempo pegado a los talones en todo lo relativo a los aspectos técnicos, sin contar con que los datos que tenemos guardados en nuestras oficinas de Múnich no han pasado todavía por el programa de reconocimiento de texto, aunque es verdad que todas las semanas son centenares de miles los reconocidos. La actualización que recibimos de nuestra fuente no está indexada siquiera.

Mientras tanto, cada vez tenemos más claro cuál es el nombre que debería adoptar el nuevo proyecto, una cuestión que aún teníamos pendiente desde nuestro encuentro en Múnich. El nombre será «Papeles de Panamá». El hashtag, #panamapapers. Fue idea del director del ICIJ, Gerard Ryle. Y estaba inspirada en los Papeles del Pentágono, aquellos documentos secretos del Departamento de Defensa estadounidense que el New York Times publicó en 1971. Los Pentagon Papers demostraron que dos presidentes de Estados Unidos, Harry S. Truman y Richard Nixon, habían mentido sobre la guerra de Vietnam. Gracias a la revelación periodística de todos esos documentos, los estadounidenses se enteraron de que aquella guerra, contrariamente a lo que decían Nixon y Truman, había sido planeada mucho tiempo atrás. El supuesto objetivo de la confrontación, salvar la democracia en Vietnam del Sur, resultó ser un simple pretexto.

Entre los muchos absurdos de nuestros datos se encuentran también algunos de los documentos que supuestamente desencadenaron el caso Watergate. Según un testigo, Gilbert Straub habría entregado los cincuenta mil dólares con que se compró el silencio del ladrón introducido en el Watergate. Y a la luz de lo desvelado por nuestros documentos, resulta que la empresa panameña del tal Straub mantuvo tratos comerciales con Mossfon en la década de 1980.

Papeles del Pentágono. Papeles de Panamá. Será cuestión de acostumbrarse, pero suena bien. ¿O acaso hemos dejado de ser medianamente objetivos sobre nuestro mastodóntico proyecto? La verdad es que con su extraordinaria magnitud parece estar a punto de devorarnos. Queda aún tanto por hacer. La presentación online, el logotipo, el lenguaje visual, los primeros gráficos, las ocho páginas de edición especial que sacará el Süddeutsche Zeitung los dos primeros días de nuestra publicación, la preparación de la serie siguiente… Luego están las presentaciones al resto de las secciones del periódico, las reuniones periódicas con el departamento jurídico, conferencias transatlánticas con nuestros colegas del ICIJ, consultas a los compañeros del extranjero. Y a todo ello se añade nuestro propio trabajo, es decir, investigar nuestros casos, revisar los millares de resultados que aparecen en las listas de búsqueda en función de su relevancia, revisar documentos, concertar entrevistas, subir textos a foros internacionales y leer detenidamente los nuevos casos que aparecen ahí…

Vista la ingente tarea que nos aguarda, no hay día que no nos alegremos de que el equipo alemán no solo esté formado por nosotros mismos, sino por compañeros de las cadenas NDR y WDR.

Y a todo esto hay que añadir el libro. Para escribirlo nos repartimos momentáneamente el trabajo de la manera siguiente: uno de nosotros empieza a escribir por la noche, cuando los niños están acostados, y el otro se levanta a las cuatro de la mañana y sigue escribiendo… hasta que poco antes de las siete algo empieza a moverse en la habitación de los niños. A la larga no hay quien lo aguante, bien lo sabemos; pero el final del camino está ya a la vista, y entonces podremos ordenar nuestra vida y dejar atrás esta montaña de datos.

Y, como es natural, el proyecto es a la vez un enorme regalo.

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Cuando revisamos de nuevo toda la información relativa a aquella extraña compañía de Pavlo Lazarenko —de la que supuestamente durante años nada supo—, nos llama la atención que no sea su única empresa offshore. Lo encontramos también relacionado con una empresa denominada Bainfield, en la que aparece como uno de sus accionistas. Pero la compañía más interesante de Lazarenko es una que recibe el nombre de Bassington Ltd., y en la que por lo visto estuvo también implicada Yulia Timoshenko (al mismo tiempo que se veía envuelta en otro caso espectacular acusada de supuesta corrupción y cohecho).

El ascenso de Yulia Timoshenko empieza en el sureste de Ucrania, en Dnipropetrovsk, algo así como una especie de biotopo para dirigentes políticos. En esta ciudad situada a orillas del Dniéper nacieron el exjefe del Estado soviético Leonid Brézhnev, el antiguo primer ministro y presidente ucraniano Leonid Kuchma y, además, el propio Pavlo Lazarenko. A menudo se hablaba de la «mafia de Dnipropetrovsk», y no solo por la extraordinaria concentración de altos dirigentes en aquellas tierras.

Pues bien, en esta ciudad de nombre impronunciable es donde Timoshenko puso la primera piedra de su futuro imperio, cuando el final del socialismo realmente existente estaba ya al alcance de la mano. Allí abre una videoteca en la que se pueden alquilar copias piratas de películas estadounidenses, como Rambo, Pretty Woman, esa clase de filmes, pero, por lo visto, también algo de porno. Timoshenko no tarda en ganar su primer millón con sus pujantes negocios. Cuando finalmente cae la Unión Soviética, aprovecha la circunstancia para introducirse en el negocio del petróleo —«ávida de poder y riqueza», según el Spiegel— y en 1995 se convierte en la presidenta del consorcio Sistemas Unidos de Energía de Ucrania. Aquella joven mujer criada entre edificios prefabricados hace fortuna a la carrera. A finales de 1996 controla ya una sustanciosa parte de la economía ucraniana. Ese año, según informa el Wall Street Journal, no paga más que once mil dólares de impuestos por su consorcio del gas. Consultado sobre este punto, un portavoz de Yulia Timoshenko ha declarado que esa información es «incierta y no demostrada con documento alguno».

Por esa época empiezan a recaer las sospechas sobre ella. En 1995 se la detiene en el aeropuerto de Zaporiyia portando una elevada cantidad de dinero en metálico; pasará varios días en prisión antes de ser puesta de nuevo en libertad. En 2001 pasa cuarenta y dos días encarcelada por contrabando de gas y evasión fiscal. Se la acusa de haber mentido, mientras dirigía el consorcio Sistemas Unidos de Energía de Ucrania, acerca de las importaciones de gas ruso; sin embargo, jamás llegó a ser juzgada. En lo que respecta a este asunto, el mencionado portavoz de Timoshenko manifiesta que los gobiernos de Leonid Kuchma y Víktor Yanukóvich habrían intentado «eliminar física y políticamente a Yulia Timoshenko». Para conseguirlo hacen que las autoridades penales de Ucrania «fabriquen acusaciones falsas cuya única y exclusiva finalidad es el descrédito de Yulia Timoshenko y su aislamiento físico por medio de detenciones ilegales y el encierro en prisión».

Para entonces la compañía de Mossack Fonseca Bassington Limited, en la que según algunas investigaciones habría estado envuelta Timoshenko juntamente con su mentor Pavlo Lazarenko, llevaba ya largo tiempo activa. Lazarenko estaba en el ocaso de su carrera política. Entre 1996 y 1997 fue primer ministro de Ucrania hasta que cayó derribado por los rumores de corrupción y finalmente dimitió. En 1998 se lo detiene cuando viaja a Suiza; motivo: blanqueo de dinero. Además, se lo acusa de haber desfalcado fondos públicos por valor de varios millones de dólares cuando se hallaba en el poder. Lazarenko, no obstante, queda en libertad bajo fianza y sale precipitadamente del país. Apenas un año más tarde, es detenido a su llegada a Estados Unidos y un tribunal con jurado lo juzga en San Francisco. Según la Fiscalía, Lazarenko se habría llevado cientos de millones de dólares, junto a varios cómplices, valiéndose «del fraude, la extorsión, el cohecho y la malversación» de fondos públicos. La «cómplice no imputada» era claramente identificada por los investigadores del caso: se trataba de Yulia Timoshenko.

A su carrera política no le hizo ningún daño. Aquella mujer de cabellos rubios siempre trenzados en torno a la cabeza se convirtió en 2004 en la heroína de la Revolución Naranja, en la Juana de Arco de Ucrania, y poco después en primera ministra del país. La primera vez, de enero a septiembre de 2005, y la segunda, entre diciembre de 2007 y marzo de 2010.

Mientras ella gobernaba el país, Pavlo Lazarenko se hallaba encarcelado en Estados Unidos. En 2004 se le declaró culpable, en sentencia firme, de estafa y blanqueo de dinero. Según esta sentencia, Lazarenko habría introducido en Estados Unidos ciento catorce millones de dólares obtenidos por medios corruptos. A Timoshenko no se la nombró siquiera en el curso del proceso. De su posible participación en negocios sucios ha quedado constancia en algún que otro juicio incoado en Estados Unidos a partir de 2011, y lo mismo sucede con su papel en Bassington Limited, aquella compañía que Mossack Fonseca había fundado en 1996. A este respecto cabe citar la demanda del año 2011 que una empresa de Massachusetts interpuso contra Bassington, ante el tribunal de distrito correspondiente, porque la empresa pantalla todavía le adeudaba dieciocho millones de dólares de un negocio que en su momento hizo con una compañía de Yulia Timoshenko. En la acusación se mantiene que esta empresa pantalla, Bassington, era la compañía matriz del consorcio de Yulia Timoshenko, esto es, de Sistemas Unidos de Energía de Ucrania. A través de Bassington, esta última había corrompido a Lazarenko pagándole la mitad de lo obtenido en sus negocios ilegales como soborno. Bassington, continúa la sentencia, desempeñó un papel «central» en esta trama, porque permitía encubrir la fortuna obtenida por la compañía de Timoshenko y al mismo tiempo mantenía «oculto al sobornante respecto a Lasarenko». Finamente el tribunal de distrito condenó a la demandada Bassington a pagar los 18,3 millones adeudados. A este respecto, un abogado defensor de Timoshenko ha manifestado que su representada y Sistemas Unidos de Energía de Ucrania no habían tenido «nunca relación alguna» con la empresa Bassington Limited. Es más, «ni la señora Timoshenko ni las empresas relacionadas con ella habrían transferido nunca dinero o fondos ilegales a Pavlo Lazarenko o a cualquiera de las empresas relacionadas con él».

Con esto llegamos a la campaña propagandística en torno a la figura de Yulia Timoshenko. Difícilmente encontraremos un político que haya polarizado tanto las opiniones como ella, considerada el ángel mirífico de Ucrania por unos, mientras que otros la ven como una oligarca criminal.

En 2010 perdió las elecciones presidenciales frente a Yanukóvich y poco después se la acusó de prevaricación. Una vez más salió a la palestra el asunto de sus negocios con el gas. Según la acusación, Timoshenko había establecido en su calidad de primera ministra un acuerdo con Putin relativo al gas que, desde su firma en 2009, había causado al país un grave perjuicio económico. Fue considerada culpable y condenada a siete años de cárcel. Sus oponentes celebraron la sentencia como un acto de justicia postrera; sus partidarios, en cambio, no vieron en ella más que la furia vengativa de un régimen injusto.

Visto desde fuera, no resulta nada fácil juzgar la parte propagandística que cada una de las versiones presenta. Con todo, parece indudable que Ucrania tiene un problema de extraordinario calibre con sus representantes políticos, un problema que arrastra desde hace largo tiempo y cuyo último reflejo se encontraría en la cartera de clientes de Mossack Fonseca.

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A Mossack Fonseca no se le escapa en absoluto que el actual presidente de Ucrania está entre su clientela. El intermediario chipriota que contrató en su momento la operación ya le había advertido desde un buen principio de que su cliente tenía «relación con la política»; y el propio personal de Mossfon, poniendo en marcha sus mecanismos habituales de supervisión, lo había constatado igualmente, cerciorándose además, por cuestiones organizativas, de la finalidad de la empresa. Por si fuera poco, los asesores de Mossfon solicitan a ese intermediario más pruebas sobre el origen del dinero y varios documentos adicionales. Finalmente obtienen, entre otras cosas, una especie de informe de conformidad bancaria para Poroshenko realizado por el International Invest Bank. La entidad, ucraniana para más señas, declara que Poroshenko ha mantenido siempre su cuenta bancaria «en condiciones plenamente satisfactorias».

De un examen más atento de esta certificación y de sus conexiones se deriva un dato de no poca importancia: Petró Poroshenko es copropietario del International Invest Bank, es decir, que su propio banco es el que certifica su idoneidad como cliente.

24. Los bancos alemanes

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LOS BANCOS ALEMANES

Ahora vamos a centramos en los bancos alemanes.

Mejor dicho, vamos a centrarnos en los bancos alemanes, más de veinte, que aparecen en los datos, normalmente en contextos problemáticos. En todo el mundo, más de quinientos bancos han utilizado los servicios de Mossack Fonseca. Si observamos los siete bancos alemanes más importantes, veremos que seis de ellos facilitan la creación de empresas offshore o las administran, generalmente a través de filiales en Suiza o en Luxemburgo, o lo hicieron en el pasado. Estas entidades son las siguientes:

Deutsche Bank[1].

Commerzbank[2].

DZ Bank[3].

HypoVereinsbank[4].

Landesbank Baden-Württemberg[5].

BayernLB[6].

Si el Commerzbank no hubiera absorbido el Dresdner Bank en 2009, en los papeles saldrían los siete bancos más importantes.

Por consiguiente, casi todos los grandes bancos alemanes han ayudado a sus clientes sistemáticamente y durante años a crear empresas fantasma en paraísos fiscales.

Hasta principios del año 2015, la mayoría de los bancos alemanes seguramente lo habría negado con vehemencia. Y si se hubiera destapado el asunto, probablemente habrían intentado quitarle importancia, como hizo el Commerzbank a finales de enero de 2015 después de sufrir un registro en su propia sede: dijeron que eran casos antiguos, de diez años antes o incluso más, y que no era tan grave. Ya hemos rebatido esa mentira en nuestro periódico y también lo hacemos en este libro. Además, como ya se ha mencionado, el Commerzbank llegó a un acuerdo con la Fiscalía para no tener que ir a juicio: a cambio, el banco pagó diecisiete millones de euros.

El Commerzbank es el tercer banco que ha tenido que desembolsar elevadas sumas por sus sociedades offshore; antes lo hicieron el HypoVereinsbank (HVB) y el HSD Nordbank, que también cerraron un acuerdo con la Fiscalía y tuvieron que pagar millones de euros.

Esas sanciones se impusieron después de que los investigadores alemanes compraran documentos secretos de Mossack Fonseca a un informador, papeles que demostraban que algunos bancos o sus empleados eran cómplices de fraude fiscal. Esos datos solo suponen una pequeña parte de los que tenemos nosotros y son bastante más antiguos, pero hemos detectado coincidencias. Sabemos que la relación entre los bancos alemanes y Mossack Fonseca ha llevado a la comisión de delitos. Los bancos alemanes no habrían aceptado el pago de millones de euros si hubieran tenido la posibilidad de irse de rositas. Para nosotros, esos pagos son —jurídicamente— un gran consuelo.

Por consiguiente, podemos afirmar que, a través de sus filiales en el extranjero, los bancos alemanes han contribuido activa y sistemáticamente al fraude fiscal. Durante años. Y algunas de sus empresas fantasma siguen activas.

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Sin embargo, este es tan solo uno de los tres pilares en los que se basa el negocio del sector bancario. Además de mediar en la creación de empresas offshore y de administrarlas, más de diez bancos alemanes también ganan dinero administrando cuentas de empresas pantalla anónimas y, en algunos casos, probablemente también de entidades, sin cumplir con las obligaciones prescritas. El tercer pilar es el negocio que hacen al actuar como bancos corresponsales. Se trata de que los grandes bancos facilitan a otras entidades más pequeñas, que carecen de filiales en el extranjero o tienen muy pocas, la posibilidad de transferir dinero de un país a otro. En principio, no hay mucho que objetar, siempre y cuando se cumplan todas las normas.

Sin embargo, según los documentos que nos han llegado, algunos bancos alemanes trabajan como bancos corresponsales para entidades financieras controvertidas, sobre las que recae la sospecha de blanqueo de dinero. Y con eso pasamos rápidamente a otro nivel: a la sospecha de que, en esos casos, los bancos transfieren dinero de los carteles de la droga, de traficantes de armas y de terroristas.

Nunca se había podido demostrar tan ampliamente y con tanto detalle cómo los bancos alemanes perdieron moralmente el norte a finales del siglo pasado. El intercambio de correos electrónicos entre los empleados de Mossack Fonseca y los asesores financieros de los bancos, que recogen conversaciones supuestamente secretas, ilustra de maravilla cómo actuaban a gran escala sin el menor rubor ni sentimientos de culpa. La única preocupación que se observa suele ser siempre la misma: que no los descubran.

El clásico ejemplo para ilustrar la perniciosa alianza entre Mossack Fonseca y algunas entidades financieras alemanas lo ofrece el banco más importante de Alemania, el Deutsche Bank. En otros tiempos fue una de las empresas más valoradas de Alemania, quizá del mundo. Actualmente es un banco que tiene o ha tenido decenas de causas abiertas en todo el mundo por blanqueo de dinero, fraude fiscal y manipulación de los tipos de interés. En los libros de Mossack Fonseca, el grupo aparece como intermediario con un total de once perfiles distintos, entre los que se incluyen el Deutsche Bank de Suiza, el Deutsche Bank de Luxemburgo y el Deutsche Bank S. A., así como sucursales de Jersey, Guernsey, las islas Mauricio, Pekín y Shanghái. En total, el grupo Deutsche Bank ha creado o administrado para sus clientes más de cuatrocientas empresas offshore. En el año 2006, por ejemplo, la filial en Suiza pagó 160 000 dólares solo en concepto de tasas anuales por las empresas offshore, cuyo número alcanzaba las tres cifras[7].

En mayo de 2005, el periodista Stefan Willeke se planteaba en el periódico Die Zeit la pregunta retórica de si no habría que considerar que el Deutsche Bank era una organización criminal.

En Mossack Fonseca consideraban que el Deutsche Bank era un cliente difícil, pero muy importante. Cuando la filial de Luxemburgo inició conversaciones con ellos en el año 2005, los socios del bufete de Jürgen Mossack hicieron todo lo posible para facilitar los trámites. Cuando el Deutsche Bank de Luxemburgo exigió copias de los documentos de identidad de los tres socios antes de empezar a hacer negocios, Jürgen Mossack no solo aceptó, sino que incluso permitió que «excepcionalmente» enviaran una copia de su documento de identidad alemán.

Sin embargo, ese no fue el único privilegio que recibió el Deutsche Bank. Puesto que, como escribió un empleado del bufete panameño, la entidad «tenía problemas, igual que otros bancos alemanes, para dar el nombre de los verdaderos propietarios de las empresas offshore», encontraron una solución especial: emitir acciones al portador en lugar de nominales para las empresas del Deutsche Bank[8]. Aun así, la mayoría de los clientes querían tener la posibilidad de abrir ellos mismos sus cajas de seguridad en Suiza. Y para eso necesitaban poderes. Normalmente, los poderes los firmaban los directores panameños de la empresa offshore y tenía que constar el nombre del cliente final. Por lo visto, eso preocupaba al Deutsche Bank. La solución: Mossack Fonseca envió al Deutsche Bank poderes en blanco, firmados por directores fiduciarios de las empresas pantalla[9]. Una vez en la sede del banco, se rellenaban con el nombre de los verdaderos propietarios y Mossack Fonseca no se enteraba de quién era el destinatario de los poderes. Además, el Deutsche Bank recibió documentos en blanco firmados para poder abrir cuentas bancarias.

Esas dos prácticas contradicen las declaraciones del bufete panameño cuando, en febrero de 2015, aseguró que solo habían enviado documentos en blanco en contadas ocasiones y por motivos de tiempo, y que guardaban «copias íntegras de todos los documentos». Es decir, lo contrario de lo expuesto en el párrafo anterior.

Como ya hemos comentado antes, el Deutsche Bank incluso abrió una página web para promocionar sus servicios: www.dboffshore.com. Pocas semanas después de que apareciera una mención crítica a esta entidad en la información filtrada en el Offshore Leaks, la página desapareció de la red, pero hemos encontrado capturas de pantalla archivadas[10]. En ellas se puede leer que las oficinas de Jersey y Guernsey se abrieron en 1972, la de las islas Caimán en 1983 y la de las islas Mauricio en 1999. Durante un tiempo, incluso se mencionó con orgullo una frase curiosa: «Prestamos servicios financieros offshore desde hace más de treinta años».

Seguramente, los deseos de los clientes que el Deutsche Bank se prestaba a satisfacer no siempre eran ilegales. Aun así, en el transcurso de nuestra investigación —en noviembre de 2015—, la filial suiza del Deutsche Bank pagó una multa de treinta y un millones de dólares a las autoridades de Estados Unidos por haber ayudado a ciudadanos estadounidenses a eludir sus obligaciones fiscales al menos desde el año 2008 hasta el 2013. En un comunicado del Departamento de Justicia norteamericano se afirma que «el Deutsche Bank de Suiza ofrecía multitud de servicios y permitía prácticas que sabía que podían ayudar a los contribuyentes estadounidenses a ocultar patrimonio e ingresos ante el fisco»[11]. Según uno de nuestros informadores, en Alemania también hay un proceso abierto contra la filial del Deutsche Bank en Suiza[12].

Para ilustrar hasta qué punto el Deutsche Bank se sentía obligado a satisfacer los deseos de sus clientes, veamos un ejemplo de mayo de 2014, una época en la que hacía tiempo que el Deutsche Bank tendría que haber cancelado esa actividad: en el marco de unas diligencias rutinarias, el bufete Mossack Fonseca solicita información al Deutsche Bank de Guernsey sobre el propietario real de una empresa offshore activa. La empleada del Deutsche Bank se niega a cooperar y afirma que tiene que consultarlo con el cliente para pedirle su conformidad. Finalmente, el Deutsche Bank se muestra inamovible: el nombre del verdadero propietario es tabú, sobre todo teniendo en cuenta que no se trata únicamente de la empresa, sino que de ella depende una fundación. En vez de darles el nombre, la empleada del Deutsche Bank les comunica en otoño de ese mismo año que el cliente abandonará el bufete Mossack Fonseca[13].

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Podríamos llenar páginas explicando los negocios offshore del Deutsche Bank. En los datos que tenemos, la búsqueda de «Deutsche Bank» ofrece más de quince mil resultados. Sin embargo, aunque esta sea la entidad bancaria más importante y con más escándalos, también hay otras.

En este libro ya hemos hablado detalladamente del Commerzbank, la entidad bancaria que sufrió un registro en febrero de 2015 y que colaboró durante años a defraudar al mismo Estado que en el año 2008 lo rescató con dieciocho mil millones de euros de nuestros impuestos[14]. Casi parece un chiste malo que fuera precisamente esta entidad la que absorbió al Dresdner Bank, uno de los bancos alemanes que tramitó en Luxemburgo la mayoría de sus empresas offshore.

En este caso cabe destacar especialmente una división del Dresdner Bank: el Dresdner Bank Lateinamerika (DBLA), que anteriormente se llamó Deutsch-Südamerikanische Bank. El DBLA fue uno de los primeros bancos que hizo negocios con Jürgen Mossack a finales de la década de 1970, mucho antes de que el abogado se asociara con Ramón Fonseca. En aquella época, el bufete se llamaba «Jürgen Mossack Lawfirm». El Dresdner Bank Lateinamerika aparece registrado como su cliente número diecisiete. Las dos empresas ayudaron a crear sociedades offshore a centenares de clientes, entre los que se encontraban personas de la máxima confianza del presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, llamado el Gordo, así como el controvertido espía alemán Werner Mauss y directivos de Siemens que reestructuraron sus cajas B con ayuda de un asesor del banco. A finales del año 2004, la sociedad suiza UBS compró la cartera de clientes del Dresdner Bank Lateinamerika y la trasladó en gran parte a Hamburgo, donde los asesores continuaron con el negocio en la sección del banco suizo dedicada a Iberoamérica.

¿Absurdo? En absoluto. Los banqueros alemanes podían ayudar tranquilamente a sus clientes iberoamericanos a evadir impuestos en sus países de origen. Esa actividad no está prohibida en Alemania. Markus Meinzer, miembro de la red Tax Justice Network, nos lo explica: «Es una locura. El Gobierno alemán hace ver que lucha contra la evasión fiscal y la realidad es que los bancos alemanes actúan de manera totalmente legal como cómplices de evasores de impuestos de todo el mundo».

Según las leyes alemanas, los banqueros alemanes solo incurren en delito si ofrecen esos servicios a clientes alemanes.

Actualmente corre el rumor de que el UBS no está muy contento con la compra y los riesgos asumidos: ahora ya saben que algunos de sus clientes sudamericanos han amasado durante años verdaderas fortunas de dinero negro.

Al parecer, después de unos años implantando la estrategia de regularización del dinero, el UBS intenta deshacerse de esos clientes o trata de obligarlos a cumplir con sus obligaciones fiscales. Pero, por lo que nos han contado, no siempre resulta fácil[15].

Por cierto, el UBS de Hamburgo tiene una sorprendente cantidad de empresas que recientemente seguían activas en Mossack Fonseca: a finales de 2015, todavía operaban con regularidad más de setenta sociedades offshore[16].

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Entre los grandes clientes alemanes de Mossack Fonseca también había, y sigue habiendo en parte, bancos públicos. Por ejemplo, el Landesbank Baden-Württemberg, el Landesbank Rheinland-Pfalz, el HSH Nordbank y, obviamente, el BayernLB, una entidad salpicada de escándalos.

¿Qué pensarán en un banco público cuando contribuyen a quitarle un pellizco al Estado?

Quizá: «Todos lo hacen, ¿no?».

O tal vez: «¿Se darán cuenta?».

No lo sabemos, pero lo cierto es que el BayernLB, a través de la filial LBLux, y otras entidades bancarias públicas gestionaron la creación de centenares de empresas offshore. En este caso, tampoco parece que tuvieran conciencia de la problemática, al menos hasta que a finales de la última década se divulgó entre la banca que ese negocio podía estallarles en las manos. Pero, incluso entonces, los bancos reaccionaron con titubeos. Después de una reunión con representantes de la filial del BayernLB en Luxemburgo, celebrada en agosto de 2010, los empleados de Mossack Fonseca anotaron, por ejemplo, que el director del departamento de gestión de patrimonios había comentado que tenía «órdenes estrictas» de no seguir ofreciendo «activamente» a los clientes la posibilidad de crear empresas pantalla en Panamá ni en otros paraísos fiscales, pero que, si un cliente lo pedía, había que prestarle ayuda. Y que las empresas offshore que ya existían —en esa época, más de noventa solo en Panamá—, se seguirían gestionando[17].

Poco después empezó la desbandada. En el año 2011, el HSH vendió al Banque de Luxembourg su negocio de operaciones con clientes particulares en Luxemburgo; el BayernLB siguió su ejemplo en 2013 (vendiéndolo también al Banque de Luxembourg), y el LBBW lo vendió en 2011 al Deka-Bank Luxembourg, otra filial de un banco alemán…

Para no alargarnos mucho, solo diremos que también hemos encontrado al HSBC Deutschland relacionado con algunas empresas, así como al DZ Bank y al banco privado BHF-Bank. Incluso entidades tan marginales como el Deutsche Schiffsbank, ahora absorbido por el Commerzbank, aparecen en los datos como administradores, aun que en este caso únicamente como intermediario de una sola empresa offshore[18].

Sin embargo, durante la investigación, el venerable Berenberg Bank de Hamburgo se convirtió en nuestro banco clandestino preferido. Cuando Mossack Fonseca se lo recomendaba a sus clientes, nunca mencionaba que era el banco más antiguo de Alemania o, para ser más exactos, el banco privado más antiguo del país: se fundó en 1590 y en su página web celebró su 425.º aniversario con una especie de concurso con preguntas. Esta entidad, que en su sede principal de Hamburgo incluso atiende en ocasiones a sus clientes con un cocinero particular, vive de la imagen de la tradición, del refinado estilo de la ciudad.

El banco llamó finalmente la atención de los inspectores de Hacienda porque su nombre apareció en las autodenuncias que algunos ciudadanos alemanes hicieron para regularizar su situación fiscal[19]. Según nuestros documentos, la entidad compró empresas offshore para sus clientes a Mossack Fonseca a través de sus sedes en Luxemburgo y Suiza. No muchas, solo un puñado, pero algunas seguían activas en el otoño de 2015[20]. Con todo, lo más interesante en este caso es que el Berenger Bank es uno de los bancos en los que más confía Mossack Fonseca cuando se trata de facilitar cuentas bancarias a empresas offshore.

El segundo pilar de la actividad bancaria.

Al abrir las carpetas en las que Mossack Fonseca archivaba los documentos digitales de clientes especialmente problemáticos, llama la atención que muchos tengan cuentas en las sucursales suizas del Berenberg Bank. En los correos internos del bufete panameño se aprecia que ese banco era uno de sus favoritos. Y en uno de ellos se puede leer que con esa entidad han tenido «las mejores experiencias».

Algunas de esas cuentas, que oficialmente pertenecen a empresas con los habituales nombres inventados, las administraba y las administra directamente Mossack Fonseca. Eso significa que un empleado del bufete panameño puede efectuar transferencias como tercera persona autorizada. Evidentemente, después de consultarlo con el verdadero titular. De todos modos, es imposible precisar si el Berenberg Bank sabía en todos los casos quién era el verdadero propietario.

Y eso es peligroso porque, como afirmaba Lanny Breuer, de la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos, «las empresas fantasma son el vehículo principal para lavar dinero negro y dinero procedente del crimen». Hay muchos ejemplos documentados al respecto: Hizbulá financia sus atentados desde hace tiempo con el contrabando de tabaco que realiza a través de varias empresas fantasma; el tristemente famoso traficante de armas Victor Bouts camuflaba sus negocios mediante una docena de empresas fantasma; se ha demostrado que ese tipo de empresas se utilizaban para sobornar a funcionarios rusos y para eludir las sanciones a Irán, y un largo etcétera.

Esos casos no afectan al Berenger Bank. Sin embargo, al estudiar detalladamente los datos, también encontramos indicios de dinero sucio: por ejemplo, las cuentas en las que se depositaba dinero negro de Siemens[21].

En principio, el negocio de las cuentas para empresas offshore no supondría ningún problema si se siguiera el procedimiento prescrito para identificar a los clientes. Sin embargo, nosotros hemos constatado en varias ocasiones, y no solo en el caso del Deutsche Bank, que los asesores financieros no conocían la identidad del cliente real. Así, entre febrero de 2007 y octubre de 2011 se transfirieron más de sesenta millones de dólares a una cuenta del Deutsche Bank de Hamburgo, a nombre de la empresa pantalla Val de Loire. El nombre de Edmund W., el ya mencionado exsuegro de Ramón Fonseca, aparecía como accionista de la empresa, pero en realidad, según un acuerdo de fideicomiso que encontramos, Val de Loire pertenecía a otra persona. Y, por lo visto, el banco no lo sabía[22]. Sin embargo, los bancos alemanes están obligados desde el año 1993 a identificar a los propietarios reales —y a los beneficiarios— de todas sus cuentas. Si un banco alemán cree que una empresa como Val de Loire incluye datos falsos, debe denunciarlo a las autoridades. Edmund W. trabajaba oficialmente para Mossack Fonseca en calidad de interventor y a cambio recibía un sueldo anual bastante moderado. Eso nos llevó a plantearnos una serie de preguntas que trasladamos al Deutsche Bank: ¿comprobaron los datos de Edmund W.? Si lo hicieron, ¿con qué resultados? ¿Nadie se cuestionó el origen de tantos millones? ¿A nadie se le ocurrió preguntar cómo era posible que Edmund W. recibiera más de sesenta millones de dólares en tan solo cuatro años?

El Deutsche Bank respondió que no podía «facilitar información sobre relaciones comerciales, posibles o reales».

En nuestra investigación constatamos —y ahora no nos referimos únicamente al Deutsche Bank— que los bancos alemanes no eran tan estrictos en la verificación obligatoria de la identidad de sus clientes si el negocio les resultaba rentable. Y, en teoría, detrás de una empresa anónima puede esconderse un político corrupto que saca dinero del país, un dictador sin escrúpulos que paga las armas para su ejército de niños soldado o un grupo terrorista que transfiere el dinero necesario para cometer un atentado.

Un banco que no conoce a sus clientes asume tácitamente esos riesgos.

25. El saqueo de los vikingos de las finanzas

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EL SAQUEO DE LOS VIKINGOS DE LAS FINANZAS

En octubre de 2015, Mar Cabra, coordinadora de la unidad de datos del ICIJ, cuelga un post en el foro de investigación: «Ha llegado el día». Todos los datos que el ICIJ había subido a su servidor, todos los que habíamos recibido hasta entonces, están a nuestra disposición para que podamos hacer búsquedas: 8,2 millones de documentos. Más de dos terabytes.

«Happy digging», nos deseó Mar. ¡Que vaya bien la pesca!

Por fin, por fin, por fin todos los periodistas podemos buscar en todos los datos y no solo en una parte. «Todos los periodistas» significa más de trescientos veinte compañeros de más de setenta países y más de noventa medios de comunicación: la mayor colaboración periodística de todos los tiempos.

En el foro se desata la locura. Cada minuto se postean nuevos hallazgos: un director de cine de fama internacional, un campeón de ajedrez y varios expilotos de Fórmula 1. Pocas horas después, nuestro compañero suizo Titus Plattner escribe en el foro con mucho entusiasmo: «¡Qué diferencia! Solo habíamos encontrado a unos trescientos suizos en los datos y ahora tenemos más de mil, ¡y la mayoría son muy interesantes! El equipo suizo está entusiasmado».

Nosotros también.

Entre los nuevos datos que podemos analizar, los que causan mayor impacto afectan a un país ampliamente representado por su primer ministro: Islandia. Allí trabaja nuestro compañero Jóhannes Kr. Kristjánsson, que al día siguiente escribe: «He pasado toda la noche bebiendo café para concentrarme en la búsqueda». Y añade: «En solo veinte minutos he hecho grandes hallazgos: Bjarni Benediktsson, ministro de Economía y presidente del Partido de la Independencia, y Ólof Nordal, la nueva vicepresidenta del Partido de la Independencia»[1].

Hay que saber que el Partido de la Independencia forma parte del Gobierno islandés y su vicepresidenta ocupa el cargo de ministra de Interior. Ese partido gobierna en coalición con el Partido Progresista, cuyo tesorero también aparece en los datos. Y, evidentemente, también el jefe del partido: el primer ministro.

¡Qué país! ¡Qué situación más absurda!

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Nos encontramos en Reikiavik con nuestro compañero Jóhannes Kr. Kristjánsson, probablemente el periodista de investigación más conocido y premiado de Islandia. Antes trabajaba en la radio pública islandesa, produjo un extraordinario documental sobre las causas de la crisis financiera en su país y también ha realizado reportajes de investigación sobre el consumo de drogas y ha destapado delitos sexuales. Ahora trabaja como freelance y se dedica de lleno al proyecto Prometheus. Su historia creará mucho revuelo en un país en el que la crisis bancaria de 2008 sacudió con fuerza el panorama político.

El nombre de Sigmundur Gunnlaugsson, el primer ministro islandés, ya había aparecido en los inicios de nuestra investigación. Recordémoslo: a través de la sede del banco Landsbanki en Luxemburgo, él y su mujer crearon una empresa en Mossack Fonseca con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Y abrieron una cuenta en el Credit Suisse de Londres a nombre de esa empresa, Wintris Inc. Lo más irónico del caso es que, en enero de 2009, en Islandia entró en vigor una ley que obliga a los parlamentarios a declarar públicamente su patrimonio y sus participaciones en empresas. Gunnlaugsson, miembro del Parlamento desde abril de 2009, tendría que haber declarado la empresa Wintris Inc., pero no lo hizo. A finales de 2009 le «vendió» su parte a su mujer… por un dólar[2].

Volvamos al asunto: el primer ministro islandés aparece en los datos, y también dos de sus ministros. Eso equivale a una tercera parte del Ejecutivo del país. También aparecen altos funcionarios de los dos partidos en el gobierno y decenas de empresarios conocidos. A Jóhannes le cuesta creerlo, pero da la impresión de que medio país está implicado.

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Mientras recorremos en coche el largo camino desde el aeropuerto hasta la capital, Jóhannes nos explica por qué las nuevas revelaciones que ofrecen los datos afectan de manera tan especial a su país. En esta isla volcánica del Atlántico hay ocho familias que mueven los hilos y que mandan en el país desde hace siglos, desde la época en que Islandia vivía exclusivamente de la pesca. Los islandeses llaman a esa camarilla los octopus, porque sus miembros extienden sus tentáculos por todas partes, igual que los pulpos. En los bancos, en las grandes empresas y en los partidos políticos. Esa poderosa élite privatizó prácticamente todo el país a finales de los años noventa. Primero, la flota pesquera; luego, los bancos. Islandia se convirtió en uno de los países más ricos del mundo. Reikiavik se llenó de tiendas de diseño, los restaurantes elegantes eran más caros que en Londres y en todas las esquinas se veían lujosos vehículos todoterreno aparcados. Según un estudio de 2006, los trescientos veinte mil habitantes de Islandia eran las personas más felices del mundo. «Y luego despertaron de golpe», comenta Jóhannes.

El boom y la privatización tuvieron sus sombras: los tres bancos más importantes del país —el Kaupthing, el Glitnir y el Landsbanki— fueron a parar precisamente a manos de los «pulpos» y sus amigos. Los simpatizantes del Partido Progresista se hicieron cargo del Kaupthing, mientras que el Landsbanki fue a parar a los ilustres del Partido de la Independencia, y el Glitnir, al dueño de una gran cadena de supermercados. Los nuevos propietarios dejaron a un lado la prudencia y se excedieron en su codicia. El Gobierno y el Parlamento relajaron las condiciones para conceder créditos hipotecarios y, de repente, se pudieron pedir créditos para cubrir el noventa por ciento del valor de la propiedad inmobiliaria. Se creó una burbuja enorme.

En el año 2008, cuando aparecieron los primeros indicios de que las cosas no podrían seguir así por mucho tiempo y que la cotización de los grandes bancos amenazaba con caer en picado, los «pulpos» todavía dieron un paso más: manipularon el valor de las acciones de las instituciones financieras. El plan era tan simple como fatídico: los bancos concedían créditos a sus accionistas y estos compraban acciones a los bancos. De ese modo, el precio de las acciones se disparaba artificialmente. El valor de los activos de los tres bancos más importantes aumentó de ese modo y llegó a representar ocho veces el PIB de Islandia. ¡Ocho veces!

Fue el principio del final. Cuando los mercados financieros se hundieron después de que Lehman Brothers se declarara en bancarrota, los bancos no pudieron responder ante sus acreedores y quebraron. El Estado tuvo que inyectarles tanto dinero que Islandia estuvo a punto de caer en bancarrota. La población se echó a la calle. Posteriormente condenaron a varios años de prisión a un exsecretario del Ministerio de Economía y a los tres antiguos propietarios del banco Kaupthing: Ólafur Ólafsson, Hreidar Már Sigurdsson y Sigurdur Einarsson.

Jóhannes se echa a reír. «He encontrado a los del Kaupthing en los documentos, pero esos ya están en la cárcel».

Una élite sin escrúpulos arruinó en pocos años uno de los países más ricos del mundo. Así es como lo ve la mayoría. Y mientras los islandeses normales sufrían porque aumentaba el coste de la vida, los sueldos bajaban y la deuda hipotecaria se disparaba, muchos responsables de la crisis tenían su dinero fuera del país desde hacía tiempo.

En Islandia todavía llaman «vikingos de las finanzas» a los especuladores que, llevados por la codicia, calcularon mal y a la vez se enriquecieron. Y los vikingos contaron con la ayuda del Partido de la Independencia y del Partido Progresista, al que pertenece Gunnlaugsson.

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Wintris, la empresa offshore que tenía el primer ministro Sigmundur Gunnlaugsson, abrió su cuenta en la sede londinense del banco Credit Suisse en marzo de 2008, justo antes de la crisis y, por tanto, en una época en la que los vikingos de las finanzas hacía tiempo que presentían el destino al que se dirigía la isla: la insolvencia.

Cuando descubrimos ese dato, revisamos otra vez todos los documentos. Se lo comentamos a Jóhannes. Hablamos con expertos. La gran pregunta era —y sigue siendo— la siguiente: ¿para qué necesitaba el primer ministro de Islandia una empresa en las Islas Vírgenes Británicas y una cuenta en un banco suizo? Y sobre todo: ¿por qué no lo declaró como era preceptivo?

Jóhannes descubrió que Wintris aparecía en la lista de acreedores de los bancos Kaupthing y Landsbanki. Después se enteró de que Wintris también tenía bonos de Glitnir. Tras el colapso del sistema bancario, Wintris reclamó varios millones de euros por los bonos que había comprado a Landsbanki y a Kaupthing[3].

Es posible que Gunnlaugsson y su mujer compraran bonos de los tres bancos antes de la crisis. En ese caso, tendría que haberlo hecho público cuando entró en el Parlamento en 2009[4].

También es posible que Gunnlaugsson —licenciado en Económicas en su país y exalumno de Oxford— y su mujer compraran los bonos después del colapso de los tres bancos, cuando solo valían entre un tres y un cinco por ciento de su valor inicial. Eso significaría que especularon con que la cotización volvería a subir pronto.

Ninguna de las dos posibilidades deja en buen lugar a Gunnlaugsson. Especialmente porque el hecho de poseer esas obligaciones permite observar su compromiso político desde otro prisma.

Veamos los antecedentes. Cuando los ilustres responsables del Landsbanki fueron conscientes de que se les acababa el dinero, recurrieron a un truco para hacerse con divisas. Crearon una filial online y la llamaron Icesave. La filial ofrecía intereses más altos de lo habitual en aquella época para atraer clientes de toda Europa, sobre todo del Reino Unido y de los Países Bajos, aunque también de Alemania. Cuando el Landsbanki quebró, centenares de clientes exigieron la devolución de sus ahorros. Pero el banco no tenía dinero y Europa reclamó que respondiera el Banco Central y, con ello, los ciudadanos del país. El Reino Unido incluso recurrió a la legislación antiterrorista para bloquear las cuentas del Landsbanki, del Banco Central islandés y del Gobierno. Islandia, la preferida de todos hasta hacía poco, se encontró de pronto al mismo nivel que Al Qaeda.

El pánico se desató entre el Gobierno de centroizquierda que llegó al poder en 2009, después de que estallara la crisis, obligado a resolver el caos que habían dejado sus predecesores del Partido de la Independencia y del Partido Progresista. El nuevo Gobierno negoció con el Reino Unido y con los Países Bajos y lograron llegar a un acuerdo: Islandia tendría acceso a nuevos créditos y, a cambio, los clientes neerlandeses y británicos de Icesave recuperarían sus ahorros, garantizados por el Estado islandés. Se esperaba que, de ese modo, Islandia recuperaría su buena fama y no le bloquearían la entrada a la UE.

Sin embargo, esos planes encontraron resistencia entre la población. Los islandeses tendrían que responder con sus impuestos de la aventura de las élites financieras y tardarían años en poder pagar los nuevos créditos. En medio de ese conflicto saltó a la arena política un grupo totalmente desconocido hasta entonces: InDefence of Iceland (En Defensa de Islandia). El grupo recogió firmas en internet contra el acuerdo y envió expertos al Parlamento que se pronunciaron contra el compromiso pactado. InDefence reunía a ciudadanos normales —uno de sus líderes sigue siendo profesor de música— y a altos cargos políticos.

Entre sus portavoces más importantes estaba precisamente Sigmundur Gunnlaugsson, que acababa de ser elegido presidente del Partido Progresista. El hombre que en esos momentos era copropietario de la empresa offshore Wintris y, por tanto, uno de los acreedores que querían recuperar millones de los bancos.

No obstante, por lo que nos han contado en la isla, esa circunstancia también la guardó en secreto mientras formó parte de InDefence[5].

Finalmente se convocaron tres referéndums, y en todos ellos se impuso la postura de InDefence. El acuerdo que había firmado el Gobierno quedó descartado. Esa victoria pública supuso el inicio de una carrera que llevó a Gunnlaugsson al cargo de primer ministro.

InDefence también exigió que todos los acreedores pagaran al Estado un impuesto de estabilidad del treinta y nueve por ciento si querían recuperar sus activos, bloqueados por el Gobierno desde 2008. Sin embargo, en el año 2015, el Gobierno de Gunnlaugsson cerró otro acuerdo con los acreedores: el pago de una «cuota de estabilidad» que, según los expertos, equivalía a la renuncia de más de dos mil millones de euros para el Estado. Los ataques vehementes de sus antiguos compañeros de InDefence no consiguieron que cambiara de opinión.

No estarán muy contentos cuando se enteren de que el trato favorece a la familia del primer ministro: esos más de dos mil millones que el Estado no ingresará en sus cuentas benefician a los acreedores. Y uno de esos acreedores es la empresa offshore Wintris.

Así pues, Gunnlaugsson estuvo en cierto modo a ambos lados de la mesa de negociaciones. Un conflicto de intereses típico que no estaría mal que se diera a conocer.

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En el verano de 2015, Gunnlaugsson se enfrentó a una interesante decisión que debían tomar las autoridades fiscales islandesas: un informador anónimo les había ofrecido un CD con datos fiscales confidenciales de empresas offshore pertenecientes a ciudadanos islandeses. Según nuestra información, todos los datos eran de Mossack Fonseca, aunque mucho más antiguos y menos detallados que los que ahora tenemos en nuestras manos.

La oferta se hizo pública y se discutió en todo el país: ¿había que comprar el CD o no? Lo que los islandeses no sabían era que la empresa que el primer ministro había creado con su esposa aparecía en los datos. La directora de la agencia tributaria islandesa era partidaria de comprar el CD. Esperaba mucho de él, puesto que supuestamente contenía documentos de entre trescientas y quinientas empresas pantalla de ciudadanos islandeses. Bjarni Benediktsson, el ministro de Economía, que también pertenece a una de las célebres y temidas familias de «pulpos», se mostró escéptico al principio. Afirmó que «era impensable darle un maletín lleno de dinero a una persona anónima» a cambio de los datos.

No obstante, al final se impuso el criterio de la directora de la agencia tributaria islandesa. Y compraron los datos por doscientos mil euros. En una entrevista en televisión le preguntaron al ministro de Economía si alguna vez había tenido propiedades en algún paraíso fiscal o había efectuado transacciones a través de ellos. Y él respondió: «No, nunca he tenido propiedades en paraísos fiscales ni nada por el estilo».

Comentamos el caso con Jóhannes en Reikiavik y nuestro compañero señala su portátil: «Ahí tengo sus declaraciones y las recalcaré una y otra vez cuando publiquemos la historia».

Durante la noche de octubre que Jóhannes pasó tomando mucho café mientras navegaba en la base de datos que acababan de subir al servidor, el primer nombre que introdujo en la función de búsqueda fue el de Bjarni Benediktsson. Y lo encontró. En 2006, el ministro de Economía había recibido, junto con otros dos hombres de negocios, plenos poderes para gestionar la empresa Falson & Co., con sede en las Seychelles. En un correo electrónico de su asesor financiero a Mossack Fonseca se puede leer que los propietarios reales de la empresa «son los tres que se mencionan anteriormente»[6].

De acuerdo con la información que tenemos, esa empresa también aparecía en el CD que compraron las autoridades fiscales islandesas.

¿Por eso Bjarni Benediktsson se mostró escéptico al principio[7]?

Cuando Jóhannes Kr. Kristjánsson publique la historia, Benediktsson tendrá que dar explicaciones y, teniendo en cuenta las reglas de la política y que él es precisamente ministro de Economía, no se lo pondrán fácil. Lo mismo ocurrirá con la ministra de Interior que, según Jóhannes, tenía poderes de una empresa llamada Dooley Securities S. A.[8].

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Los papeles de Panamá pondrán al Gobierno en una tesitura que lo obligará a dar explicaciones. Según Jóhannes, «el pueblo islandés ha sufrido mucho desde que estalló la crisis financiera, por eso no mostrarán la más mínima comprensión hacia un primer ministro millonario que utilizó una empresa offshore con su millonaria mujer para comprar deuda bancaria».

Jóhannes se encuentra en una situación absurda: seguramente conseguirá que el primer ministro de su país cese de su cargo y tiene en sus manos la noticia del año desde la primavera de 2015, pero tendrá que esperar hasta que todos la publiquemos en la primavera de 2016. Toda una eternidad.

Además, nuestro compañero sabe que una parte de los datos ya está en manos de la hacienda pública de Islandia, un país muy pequeño en el que casi todos se conocen.

«Casi todos los días me pregunto si se mantendrá la primicia», dice.

Otro de sus problemas, en este caso de otra índole, es que no sabe dónde ni cómo podrá publicar la noticia. Jóhannes es periodista de televisión y en Islandia solo hay tres grandes cadenas. Pero en los datos ha encontrado directivos de esas tres cadenas, así como accionistas y/o parientes cercanos de unos y otros.

A Jóhannes le da mala espina ofrecer la noticia a una de esas tres cadenas. Es absurdo: el impacto de la primicia aumenta a medida que encuentra nuevos datos y, al mismo tiempo, aumenta su preocupación por saber dónde publicarla.

También podría a recurrir a la prensa escrita, por supuesto. Pero el Tabloid TV, famoso por sus atrevidos reportajes de investigación, pasó hace poco a manos de un antiguo político que era miembro del Partido Progresista, con lo cual se vería obligado a informar sobre sus amigos. Y el redactor jefe del periódico líder del país, el Morgunbladid, es David Oddsson, antiguo jefe del Banco Central, lo que lo convierte en corresponsable de la crisis financiera.

Jóhannes se plantea publicar su investigación en una página web propia. Ya ha registrado el nombre de Reikiavik Media y el dominio rme.is.

«El nombre es lo de menos —dice, riendo—. Todos los islandeses entrarán en la página cuando publiquemos la información. Todos querrán leerla».

Los islandeses no serán los únicos.

26. Rastros que se pierden en la nada

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RASTROS QUE SE PIERDEN EN LA NADA

El otoño está a punto de acabar y nuestro nerviosismo va en aumento. Por lo visto, también el de nuestra fuente.

[JOHN DOE]: ¿Sigue en pie el plan de publicarlo en primavera? Todavía falta mucho.

[SZ]: Cierto, pero hay muchos datos. Y si nos precipitamos, corremos más riesgo de cometer errores.

[JOHN DOE]: Sí, claro. Pero no me gusta la idea de esperar tanto tiempo. ¿Y por qué no un poco antes? En febrero.

[SZ]: Solo tenemos una oportunidad. Y no podemos fallar el tiro.

Todas las historias son complicadísimas: Rusia, Islandia, Siemens, los bancos. Y aunque nosotros pudiéramos publicarlas antes… Si lo hiciéramos, dejaríamos a otros en el camino y el impacto no sería el mismo.

[JOHN DOE]: De acuerdo, aunque me gustaría que el proyecto fuera más flexible.

[SZ]: A nosotros también, pero no lo es. Y ya hemos avanzado mucho.

El pequeño equipo del Süddeutsche Zeitung se reúne varias veces a la semana para hablar de los nuevos hallazgos en la «sala de guerra», delante de una pared en la que —en otoño de 2015— hay una lista con más de sesenta pistas que conducen a jefes de Estado y presidentes de Gobierno.

El primer puesto de la lista lo ocupan las pistas que señalan a los dos últimos presidentes de Argentina, el matrimonio formado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En realidad, los documentos sobre el caso en que se vieron envueltos fueron los primeros que estudiamos detalladamente. Ahora ya tenemos los papeles de casi todas las empresas. Pero no hemos encontrado ninguna prueba decisiva de su vinculación con los Kirchner que nos permita, por así decirlo, sorprenderlos con las manos en la masa.

Nuestros compañeros argentinos del diario La Nación estaban entusiasmados ante la perspectiva de airear los negocios secretos de su entonces presidenta. Pero tampoco encontraron pruebas de nada ilegal ni que incriminara a la pareja. Ahora estamos seguros: una gran parte de las ciento veintitrés empresas están relacionadas con el caso argentino solo en la medida en que las empresas internas de Mossack Fonseca que actúan como testaferros son las mismas que gestionan las pocas empresas que probablemente puedan atribuirse a personas de confianza de los Kirchner. Da la impresión de que, al menos en gran parte de estas empresas, se cumple lo que Mossack Fonseca nos respondió en febrero de 2015, es decir, que «no tenían nada que ver con el caso de NML contra Argentina».

Los que montaron el entramado que se oculta detrás de las típicas sociedades pantalla lo hicieron muy bien. Las pistas acaban en empresas anónimas de Suiza y otros lugares.

Estos son los límites de los datos que tenemos: lo que los clientes ocultan a Mossack Fonseca también nos lo ocultan a nosotros. El rastro no nos lleva a los Kirchner, sino a chocar contra una pared negra[1].

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Otra pista muy prometedora, que seguimos desde el principio, señala al expresidente libio Muamar el Gadafi. Nos hemos topado con casi una docena de empresas que, evidentemente, también interesan a los investigadores libios. En una comisión rogatoria se puede leer que del país salieron millones de fondos públicos, incluso en cajas secretas de un hombre de confianza de Gadafi llamado Alí Dabaiba[2].

Poco después de que Muamar el Gadafi derrocara al rey libio en 1969, el profesor de Geografía Alí Dabaiba fue nombrado alcalde de la ciudad portuaria de Misrata. Pronto entró a formar parte del círculo más íntimo del dictador. En Libia, a esa cuadrilla la llamaban los «camaradas del líder». Dabaiba pasó a presidir una gigantesca oficina gubernamental, la ODAC (Oficina para el Desarrollo de Centros Administrativos), que repartió durante años contratos por valor de miles de millones, muchos de los cuales, en opinión de los investigadores libios, fueron a parar a empresas vinculadas a su propia familia. De acuerdo con lo publicado en los medios de comunicación, cuando los auditores examinaron detalladamente los contratos, se toparon con una doble contabilidad. Posteriormente, un consejero de Muamar el Gadafi explicó a los investigadores libios que no tardaron en encontrar anomalías en dicho organismo, pero que no las investigaron a fondo porque el propio Gadafi y sus hijos «estaban implicados en la dirección de la ODAC»[3].

Hasta aquí, todo está claro. Sin embargo, cuando se acercaba el final de Gadafi, Dabaiba cambió de bando. Financió a los rebeldes libios y les suministró millones para que defendieran su ciudad natal, Misrata. De la noche a la mañana, el seguidor de Gadafi se había convertido en amigo de los rebeldes. Y eso complica el asunto.

Actualmente no está claro quién gobierna realmente en Libia. ¿El «Estado Islámico»? ¿El Gobierno elegido, que se ha establecido en Tobruk? ¿O el Gobierno islamista rival que se ha instalado en Trípoli? ¿Y dónde está Dabaiba en medio de ese batiburrillo? ¿Quién quiere juzgarlo y quién quiere evitar que lo juzguen?

Después de la caída de Gadafi, el nuevo Gobierno bloqueó los bienes de doscientos cuarenta antiguos asistentes del dictador, incluidos los de Alí Dabaiba. Durante un tiempo, Libia incluso buscó a Dabaiba a través de la Interpol, pero la orden de busca y captura desapareció de la página web de esta última tan repentinamente como había aparecido[4]. El Gobierno de transición también encargó a sus investigadores la búsqueda de sus posibles bienes: si los encontraban, recibirían un porcentaje como gratificación.

Tenemos más de una docena de carpetas con cientos de archivos digitales sobre empresas pantalla que podrían estar relacionadas con él, y nos preguntamos si la pista decisiva estará en esos datos.

En una ciudad occidental —no podemos ser más precisos— nos reunimos con una persona que quizá pueda ayudarnos. La fuente tiene que permanecer anónima porque su familia sigue viviendo en Libia. Él tiene un trabajo en el extranjero que no levanta sospechas. Poca gente sabe que persigue de forma encubierta el dinero de los Gadafi y de sus aliados, de las personas que saquearon Libia con la bendición de Gadafi y ocultaron el botín en el extranjero.

Nuestro informador nos enseña un gráfico en una hoja DIN-A3: es una maraña de casillas y flechas, dibujadas con decenas de colores. Cada casilla representa una empresa (en total hay más de cien). Las flechas simbolizan vínculos, flujos de dinero o sociedades colectivas. Los colores señalan los países en los que tienen su sede las distintas empresas. Hay que reconocer que es una imagen muy colorida.

«En alguno de estos lugares —nos cuenta— se guardan millones que pertenecen al pueblo libio».

Pero ¿dónde?

Algunas empresas que ocupan el centro de la gráfica aparecen en nuestros datos.

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Después de hablar con nuestro informador, revisamos una a una las carpetas. Buscamos a Gadafi, a sus hijos, a sus más estrechos aliados y a Alí Dabaiba. Sin éxito. Pero en las empresas que los investigadores libios atribuyen a Dabaiba encontramos siempre el nombre de Riad G., un ciudadano británico que fue a la escuela en Libia y a la universidad en Londres. Su página de Facebook demuestra que es amigo del hermano de Alí Dabaiba[5].

Llamamos a nuestro informador, le hablamos de Riad G. y su respuesta es clara: «Creemos que G. es un enviado de Alí Dabaiba». Riad G. tiene que ser una especie de hombre de paja de Dabaiba.

Pero eso solo es una sospecha. Hablamos con la Interpol. Queremos saber por qué buscaban a Dabaiba y por qué el aviso de busca y captura, el llamado red notice, desapareció de la web. Recibimos una respuesta vaga: todos los avisos de busca y captura se han bloqueado debido a la situación actual. Se refiere a la guerra civil. «La información seguirá bloqueada hasta que se efectúen más investigaciones».

Después recibimos un correo de un informador. Nos escribe para decirnos que vayamos a Ginebra: Riad G. está en la ciudad. Alguien lo ha visto en una chocolatería, en la rue de Rive, delante del lago Lemán.

El último vuelo de Múnich a Ginebra acaba de salir. Hablamos con un compañero del periódico suizo SonntagsZeitung que trabaja con nosotros en el proyecto, le contamos el caso y enseguida se ofrece a ayudarnos. A la mañana siguiente se presenta en el hotel Four Seasons. En recepción no saben nada. No hay ningún Riad G. registrado. ¿Y en la chocolatería Auer? Tampoco está allí. ¿Dónde puede estar?

Nuestro colega lo intenta en el Grand Hotel Kempinski, en la milla de oro de la ciudad, delante del lago. Detrás de las fachadas acristaladas con espejos se encuentra la suite más grande de Europa, con más de mil metros cuadrados y cristales antibala en los ventanales. En esa época del año, allí se reúne la aristocracia adinerada del Golfo y del Magreb.

A la recepcionista le cuesta encontrar la habitación del señor G. «¿Con qué habitación quiere que le ponga? Hay cinco a su nombre».

Riad G. está de viaje con su numerosa familia; seguramente, no solo por placer. Nuestro colega se lo juega todo a una carta y lo llama por teléfono. Un informador nos había dado el número. Contesta una voz indecisa. Acento árabe, inglés tosco. La voz quiere saber quién le llama y, sobre todo, de dónde ha sacado el número. Y añade que en esos momentos no puede hablar.

Al cabo de unas horas, Riad G. se comunica otra vez con nuestro colega, pero le da largas para concertar una cita. Dice que al día siguiente tiene que ocuparse de unos asuntos urgentes y que luego quiere pasar un día entero con su familia.

No volverá a llamar ni contestará más llamadas. Se va de Suiza sin que nuestro compañero haya podido entrevistarse con él.

En los datos vemos que la mitad de un hotel de las Highlands escocesas pertenece a una empresa de Riad G. En respuesta a una comisión rogatoria de las autoridades británicas y escocesas, los investigadores libios contestaron que en esa empresa probablemente se ocultaban fondos públicos libios. Según el registro mercantil, la empresa la dirigen dos hombres y, ahora viene lo interesante, ambos recibieron en 2008 contratos millonarios de la ODAC, la oficina gubernamental que dirigía Alí Dabaiba[6].

Sin embargo, las pistas se pierden en ese punto. Descubrimos que se habían abierto diligencias contra ambos empresarios, pero los dos siguen en libertad. ¿Y si Riad G. solo es el intermediario de Dabaiba? Simplemente, no podemos asegurarlo, los datos no nos lo permiten[7].

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Los casos de Gadafi y de los Kirchner no son los únicos que acaban así. Hemos tenido que dejar a un lado otras empresas sospechosas de las que hemos encontrado muchos indicios, pero no los suficientes.

En las carpetas de archivos que tenemos delante de nuestras narices, seguramente se ocultan un montón de pistas que al final conducirían a nombres espectaculares. Pero no encontraremos esas pistas porque los asesores fueron muy cautelosos y no revelaron ningún nombre a Mossack Fonseca.

Es frustrante.

Por suerte, la frustración no es el sentimiento que predomina durante la investigación.

Es cierto que no tenemos ninguna prueba que relacione a Cristina Fernández de Kirchner ni a Néstor Kirchner con una de las ciento veintitrés empresas de Nevada, pero tenemos información sobre su sucesor en el cargo. A principios de diciembre de 2015, Marina Walker nos escribe desde el ICIJ para contarnos que nuestros compañeros del periódico argentino La Nación han encontrado en los papeles el nombre de Mauricio Macri, el nuevo presidente de Argentina, elegido en segunda vuelta. En esos momentos, el político conservador todavía no ha jurado el cargo, y lo apuntamos en la lista de la «sala de guerra». En los datos vemos que Macri creó una empresa en las Bahamas en 1998, con dos personas muy cercanas a él. La sociedad se llamaba Fleg Trading. En aquella época, Macri era el presidente del club de fútbol Boca Juniors y un hombre adinerado. En 2007 ganó las elecciones a la alcaldía de Buenos Aires y, según los datos de Mossack Fonseca, la sociedad Fleg Trading no se desactivó hasta el año 2008. Sin embargo, en los expedientes relativos a la empresa solo hay documentos que demuestran que Macri era uno de los directores. La casilla que debería recoger el nombre de los accionistas está vacía en todos los documentos que tenemos. Antes de que las autoridades de las Bahamas cerraran la empresa, Mossack Fonseca pidió varias veces información sobre el reparto de las participaciones, pero no recibió respuesta.

En 2007, cuando Macri llegó a la alcaldía de Buenos Aires, tuvo que hacer públicas sus cuentas bancarias y sus posibles participaciones en distintas empresas. Sin embargo, según un compañero que ha leído la declaración, no mencionó ninguna sociedad en las Bahamas. El Código Penal de Argentina prevé penas de hasta seis años de prisión por falseamiento de datos.

Ante los resultados de nuestra investigación, un portavoz del presidente argentino declaró que Macri había sido director de Fleg Trading «ocasionalmente» y que esa sociedad formaba parte de la empresa familiar. Y añadió que no la había declarado porque nunca había sido uno de los propietarios.

27. Unidos por el matrimonio, unidos por el dinero

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UNIDOS POR EL MATRIMONIO, UNIDOS POR EL DINERO

No hay muchas fotografías de Vladimir Putin con su familia. La vida privada del presidente ruso es tabú. Y él protege rígidamente la privacidad de sus dos hijas. Por eso nos sorprendió tanto encontrar una fotografía suya en internet, un poco pixelada y en blanco y negro: en ella se ve a un Putin joven y con cara melancólica. La fotografía se la hicieron en 1985 en Leningrado, el nombre de la ciudad de San Petersburgo en la época de la Unión Soviética. Mijáil Gorbachov acababa de ser nombrado secretario general y Putin solo era un insignificante oficial de la KGB. En la imagen, Putin tiene en brazos a su hija María, recién nacida, y a su lado está la que era su mujer en aquella época, Ludmila, que se cuelga de su brazo con cara de felicidad.

Al lado de Ludmila hay un joven con barba y mirada firme. Es Serguéi Roldugin, el padrino de la pequeña María. El violonchelista misterioso. Durante nuestra investigación, lo situamos en el centro de un entramado de empresas offshore anónimas, pero antes tuvimos que levantar todas las capas opacas con que las habían ocultado Mossack Fonseca y el bufete de abogados suizo que ya hemos mencionado en este libro. A través de esa red y con ayuda de varios bancos —también occidentales— y de diversas empresas pantalla, se transfirieron a lo largo de los años casi dos millones de dólares a Panamá y a las Islas Vírgenes Británicas.

Sin embargo, Roldugin declaró al New York Times que él era músico y no tenía millones. Pocos meses después de publicarse ese artículo sobre el rápido enriquecimiento de los amigos de Putin, a través de la cuenta de una empresa de Roldugin se transfirieron varios millones a la sede suiza de un banco ruso sometido a sanciones. Lo más curioso de esta historia es que Roldugin es un músico casi desconocido en Rusia. Allí lo conocen sobre todo por las películas y biografías sobre Putin, en las que aparece como una especie de compinche: el «mejor amigo de Putin», que habla del presidente con admiración.

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Putin y Roldugin se conocieron en la década de 1970, cuando los dos eran jóvenes. En una entrevista, Roldugin dijo que Putin era como un hermano para él. Salían juntos de noche por San Petersburgo, cantaban y se peleaban con otros camorristas. Fue él quien le presentó a Ludmila, la mujer con la que Putin se casaría un tiempo después.

La relación entre los dos hombres se ha mantenido hasta hoy en día, aunque los caminos que han seguido en la vida no podrían ser más diferentes. Putin fue trasladado a la RDA poco después del bautizo de su hija María y allí nació su segunda hija, Katerina. Después de la caída de la Unión Soviética, volvió a San Petersburgo. El hombre de la KGB se convirtió en asesor del alcalde; después, en su representante; posteriormente, fue nombrado director del Servicio Federal de Seguridad (SFS) y, luego, primer ministro. En el año 2000, Putin alcanzó la presidencia del país. Dieciséis años después, gobierna incluso con más poder que entonces.

Roldugin fue nombrado primer chelista del Teatro Mariinski y director del conservatorio de San Petersburgo. Es un músico muy galardonado y se supone que actúa con frecuencia en las veladas que Putin organiza en su casa. También es una de las pocas personas a las que el presidente de Rusia permite hablar con los medios de comunicación sobre su vida privada. Por eso Roldugin pudo explicar en una entrevista algo que la opinión pública desconocía: que el presidente ruso, que tanto presume de eterna juventud, ya era abuelo y sufría una lesión en la espalda.

Padrino de una hija, amigo de la juventud, celestino, apuntador para los redactores de la biografía de Putin, al corriente de su vida privada y un largo etcétera. De todo eso se deduce que, aunque Serguéi Roldugin quizá no sea su «mejor amigo», como mínimo es una de las personas de máxima confianza del presidente ruso.

El caso es que si Putin ha acumulado la fabulosa fortuna que le suponen los expertos, no la tendrá a su nombre. Oficialmente, el dinero pertenecerá a personas que no están bajo los focos de la opinión pública, a intermediarios discretos en los que confía plenamente.

¿Tal vez personas como Serguéi Roldugin?

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El nombre del violonchelista, que todavía no ha contestado a nuestra solicitud de información, aparece en los datos vinculado a cinco empresas offshore. Durante un tiempo al menos, Roldugin fue propietario de tres empresas pantalla: International Media Overseas, Raytar y Sonnette. Y las tres están estrechamente relacionadas con la sociedad Sunbarn y, sobre todo, con Sandalwood Continental Ltd., que desempeña un papel muy misterioso en toda esa red.

Para Mossack Fonseca, el contacto oficial de esas empresas —excepto Raytar— era el bufete suizo que ya hemos mencionado y que tampoco ha respondido a nuestra solicitud de información. Ese bufete es claramente un escudo de protección para la red de Roldugin. Oficialmente actúa como contacto para Mossack Fonseca, pero por lo que hemos visto en los documentos de las distintas empresas offshore, los empleados del Banco Rossiya son los que mueven los hilos. Por ejemplo, el empleado S. estaba autorizado a firmar documentos para la empresa International Media Overseas, y otros trabajadores del banco estaban autorizados para hacer lo mismo con otras empresas de la misma red. El Rossiya tiene su sede central en San Petersburgo y se fundó con dinero del Partido Comunista, aproximadamente en la época en que Putin regresó a la ciudad desde la RFA. Los expertos lo consideran «el banco de Putin» y varios amigos suyos tienen participaciones en la entidad. Entre ellos, Serguéi Roldugin. Durante la crisis de Ucrania, el Gobierno de Estados Unidos lo incluyó en su lista de sanciones para castigar al entorno más íntimo del presidente ruso. Putin reaccionó inmediatamente, ordenó que el Banco Central apoyara al Rossiya y varias compañías energéticas estatales depositaron allí su dinero.

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Así pues, el Banco Rossiya está implicado en la red de empresas vinculadas a Roldugin.

Un intercambio de correos electrónicos de 2009 demuestra el papel que el banco desempeñaba en ese entramado de sociedades. Una abogada de Mossack Fonseca escribió a Jürgen Mossack y a Christoph Zollinger, el socio suizo, para comunicarles que un empleado del Rossiya le había dicho que quería firmar una línea de crédito por valor de ciento tres millones de dólares para la empresa offshore Sandalwood. El dinero llegaría desde un banco de Chipre. Al estudiar a fondo el contrato, de cuarenta y siete folios, vemos que la página en la que deberían constar las garantías del crédito está vacía. En nuestra opinión, eso es muy poco habitual cuando se trata de sumas tan elevadas.

El contrato le parece sospechoso incluso a Jürgen Mossack, que en un correo interno escribe que probablemente se trata de dinero de dudoso origen y que su destino también es dudoso. Y añade que es un asunto «delicado».

Curiosa afirmación.

A pesar de los reparos, no se les denegó la transacción[1]. Mossack Fonseca se limitó a extender una letter of indemnity, una garantía que los eximía de toda responsabilidad. Si finalmente surgían problemas, el responsable sería el cliente y no el bufete. La línea de crédito por ciento tres millones es uno de los procedimientos cuestionables que apreciamos en la red de empresas de Roldugin. En ese entramado de sociedades pantalla también se aprecian flujos de dinero de oligarcas rusos. En el año 2013, varias empresas offshore vinculadas a los hermanos Boris y Arkadi Rotenberg concedieron créditos por casi doscientos millones de dólares a una empresa offshore de la red de Roldugin, y en los documentos no consta claramente la obligación de devolverlos. Poco antes, una empresa de Arkadi Rotenberg recibió la adjudicación del multimillonario proyecto para construir el gasoducto South Stream, que luego se canceló a causa de la crisis con Ucrania. Los hermanos Rotenberg no han contestado a nuestra solicitud de información.

Según nuestros documentos, entre 2009 y 2011 se transfirieron mil millones de dólares a la red de Roldugin. Gran parte de esos millones procedía claramente del Russian Commercial Bank (RCB), con sede en Chipre y que en aquella época era una filial participada al cien por cien por el banco VTB, el cual, a su vez, pertenece mayoritariamente al Estado ruso y, supuestamente, está vinculado al servicio secreto ruso. No obstante, los datos no muestran de dónde sacó el RCB semejantes sumas de dinero. Al ponernos en contacto con el banco, su respuesta fue que no podían dar información sobre clientes ni transacciones, pero que la entidad cumplía las leyes.

Un profesional del sector le explicó a nuestro colega del Guardian que, en la primera década de este siglo, Putin y su círculo más íntimo habían utilizado el RCB como una especie de tarjeta de crédito personal, pero el banco lo niega. En cambio, nuestra fuente afirma lo contrario: «Cuando uno de los elegidos de Putin o su mujer necesitaban dinero para ir de tiendas, comprarse un yate o invertir en cualquier otra cosa, el RCB siempre ponía los recursos a su disposición. Y sin hacer preguntas». Según él, «el RCB era el autoservicio de la élite del poder». Eso explicaría por qué en plena crisis del euro de 2013 el Gobierno ruso se pronunció con tanta vehemencia contra unos recortes que implicaban una reducción de los depósitos bancarios chipriotas, incluidos los del RCB. Posteriormente, el jefe del partido centrista de Chipre declaró lo siguiente en una entrevista radiofónica: «Las más altas instancias rusas nos dieron a entender de manera inequívoca que, si tocábamos el RCB, nos enfrentaríamos a una reacción que aún no habíamos visto nunca». El RCB quedó ampliamente excluido de la regulación.

Los expertos que han analizado los créditos dudosos que aparecen en los datos han detectado condiciones inusuales (intereses casi inexistentes, no queda claro que haya que devolverlos o no se han depositado garantías), indicios claros de que no se trataba tanto de créditos como de regalos. Según David Weber, especialista en finanzas de la Universidad de Maryland, «la base de esas transacciones es aparentemente la evasión de impuestos, el fraude y/u otros chanchullos, con el objetivo final de blanquear dinero».

No obstante, los créditos por cuantías tan elevadas no son el único sistema por el que las empresas de la red de Roldugin consiguen dinero. Por ejemplo, entre mayo y junio de 2010, la empresa Sunbarn recibió sumas millonadas en concepto de «asesoramiento». Teóricamente, la empresa asesoró a otra empresa offshore sobre «inversiones y comercio en Rusia» y por eso le pagaron treinta millones de dólares. Sin embargo, muchos elementos indican que se trataba de ocultar flujos monetarios por motivos radicalmente distintos. De acuerdo con nuestra investigación, la empresa offshore asesorada nunca realizó actividades de «inversión y comercio» en Rusia.

Los expertos en blanqueo de dinero saben que el término «asesoramiento» es un simple pretexto para mover grandes sumas de dinero.

En los inicios de la investigación nos fijamos en otro mecanismo recurrente, al que llamamos «movimientos por penalización económica». Es una forma sencilla y eficaz de transferir dinero de un lugar a otro: una de las empresas offshore de la red se compromete a comprar participaciones de otras sociedades a una empresa offshore con sede en Belice. La empresa de Belice «fracasa», no consigue facilitar las participaciones y se ve obligada a pagar casi ochocientos mil dólares en concepto de «daños y perjuicios». Por tanto, el resultado es un «negocio» claro y una formalidad inequívoca para realizar la transferencia. International Media Overseas, una de las empresas de Roldugin, cerró un negocio muy lucrativo en febrero de 2011: por el precio de un dólar, consiguió todos los derechos sobre un préstamo de doscientos millones de dólares. Según el contrato que encontramos en los papeles de Mossack Fonseca, este préstamo genera un pago de intereses diarios que suponen más de ocho millones de dólares anuales.

En ese mismo contexto también encontramos operaciones sospechosas fechadas con posterioridad. Según los documentos, algunas empresas de la red de Roldugin invirtieron millones en la compra de acciones de empresas rusas y volvieron a venderlas en un plazo muy breve, consiguiendo un beneficio considerable. Cabe la posibilidad de que los compradores fueran unos especuladores geniales, pero algunos casos llamativos nos permiten dudarlo. Un ejemplo: el 5 de junio de 2011, un empleado del Banco Rossiya solicita a Mossack Fonseca la firma de los directores de la empresa Sandalwood para operar con unas acciones. Hasta aquí, el procedimiento es normal: las personas que se mueven en la sombra solicitan la firma de los directores. Sin embargo, según los documentos adjuntos, las operaciones se realizaron en enero de 2011, es decir, cinco meses antes.

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Créditos millonarios sospechosos, operaciones fechadas con posterioridad, honorarios en concepto de asesoramiento y también indemnizaciones por daños y perjuicios. Realmente parece tratarse de un gigantesco sistema lleno de sombras que permite transferir cantidades ingentes de dinero a empresas opacas.

Curiosamente, el que pierde con esas operaciones suele ser el Estado ruso.

No, saquear al Estado ruso no es una buena idea. A no ser que se forme parte del grupo de elegidos que puede permitírselo gracias a sus contactos.

Hace mucho que los expertos occidentales hablan de «cleptocracia» para referirse a la Rusia gobernada por Putin. De hecho, el ascenso político de Vladímir Putin se vio salpicado desde el principio por numerosas acusaciones de corrupción que, con el tiempo, cayeron en el olvido.

Sin embargo, ahora vemos los caminos sinuosos a través de los que se puede llenar con cientos de millones la caja fuerte de una sociedad offshore, y todo con la colaboración de viejos amigos y personas de confianza de Putin.

Para valorar mejor los negocios que hemos descubierto, hablamos con un investigador europeo, una de las personas con más renombre internacional en la persecución del blanqueo de dinero y el fraude. Nos dice que «existen centenares de posibilidades de sacar dinero de un país como Rusia» y añade que las que hemos descubierto se cuentan entre ellas. Asimismo, excluye la posibilidad de que las autoridades no supieran nada. También nos cuenta que la Rosfinmonitoring, la agencia estatal encargada de perseguir el blanqueo de dinero en Rusia, ha estado dirigida desde su fundación por personas de confianza de Putin y que, a diferencia de la mayoría de las europeas, es más un servicio secreto que policial. La Rosfinmonitoring puede leer correos electrónicos, escuchar llamadas telefónicas y acceder a toda la información bancaria de cualquier persona. «No se les escapa nada», afirma el investigador con una mezcla de respeto y envidia.

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El pequeño comando ruso de investigadores de Prometheus, que se creó en nuestra reunión de Washington, se comunica casi a diario a través de mensajes cifrados para hablar sobre los resultados de las pesquisas, sobre créditos misteriosos, contratos sospechosos y los últimos cálculos aproximados en relación con el dinero que ha salido del país.

Luke Harding, nuestro compañero del Guardian, dice que estamos buscando el «Santo Grial del periodismo de investigación». El dinero de Putin. Y eso puede ser muy peligroso, sobre todo para nuestros colegas rusos, Roman Anin y Roman Shleinov. Como suele decirse en su país, trabajar de periodista en Rusia es un suicidio.

¿Qué dirían de los que, además, persiguen el dinero de Putin?

Así pues, con la directora del proyecto del ICIJ, Marina Walker, decidimos organizar una reunión de trabajo en terreno neutral, lejos de los servicios secretos rusos. Queremos hablar con nuestros compañeros rusos sobre todos nuestros hallazgos sin temor a que nos espíen.

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Poco antes de la Navidad de 2015 vamos a Londres. El lugar de encuentro es la sede central del Guardian, en Kings Place, 90 York Way. Subimos a la última planta. Al final de un pasillo muy largo hay una sala que tiene categoría de leyenda entre los periodistas de investigación: «el búnker».

En esa sala sobria, que solo se puede abrir con una llave y una tarjeta especial, el Guardian analizó en su día los documentos secretos sobre las actividades de la NSA que filtró Edward Snowden. Ahora, diez personas trabajan en los datos de Mossack Fonseca que llegaron a Múnich hace unos meses.

Las mesas están muy juntas, la ventana que da al pasillo está precintada y las paredes están llenas de notas adhesivas en las que se han apuntado los descubrimientos que hemos hecho hasta el momento, clasificados por temas: celebridades, empresas de seguridad privadas, jefes de Estado, deportistas y políticos. Mientras analizaban los documentos de Snowden, incluso había dos guardias vigilando la puerta. Entonces todos sabían que los datos estaban en la sede del Guardian. Confiamos en que ahora no lo sepa nadie.

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En el búnker se ha reunido un pequeño grupo: nos acompañan Roman Anin, el compañero ruso, y Luke Harding, que fue expulsado de Rusia después de publicar un artículo en el que especulaba sobre la fortuna de Putin. También están Marina Walker, Gerard Ryle y el premio Pulitzer Jake Bernstein, los tres miembros del ICIJ, además de dos periodistas de la BBC y nuestras compatriotas Julia Stein, de la empresa pública de radio y televisión NDR, y Petra Blum, de la WDR, que trabajan desde hace meses en los datos de Roldugin.

Compartimos la información que hemos descubierto. Por ejemplo, sobre los hermanos Arkadi y Boris Rotenberg[2]. Y del oligarca ruso Gennadi Timchenko, amigo de Putin y, según nuestros datos, socio o apoderado de varias empresas fantasma[3].

Sonreímos con satisfacción al hablar de Dimitri Peskov, el portavoz de Vladimir Putin. Recientemente recibió muchas críticas porque, en su boda con una conocida esquiadora, lució un reloj que valía más de lo que cobra en un año. Después, los blogueros descubrieron que los recién casados habían pasado unas vacaciones en el velero más caro del mundo. ¿Y qué encontramos ahora en los datos? Que su mujer fue propietaria hasta el año 2014 de una empresa fantasma llamada Carina Global Assets. En los documentos hemos encontrado datos relacionados con cuatro ministros rusos y funcionarios de alto nivel, cuatro diputados y dos gobernadores. El hijo de Alexéi Uliukayev, el ministro de Economía, era director de la empresa offshore Ronnieville Limited. El sobrino de Nikolái Patrushev, antiguo director del servicio de seguridad ruso (FSB) y actual presidente del poderoso Consejo de Seguridad, aparece como accionista intermitente de una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Por su parte, el viceministro de Interior Alexander Maganov controlaba una auténtica red de empresas pantalla a través de la empresa offshore Nortwest Management.

Son buenas historias, pero la que más nos interesa es la que afecta al violonchelista Roldugin. Sabemos que consiguió participaciones en Video International a través de empresas offshore. Otras sociedades administradas por las mismas personas del Banco Rossiya —en el que Roldugin tiene participaciones— y del bufete suizo que administran las sociedades de Roldugin, tienen opciones, y negocian con ellas, sobre acciones de la compañía automovilística Lada o del fabricante de camiones y vehículos blindados Kamaz. Esas opciones tienen un regusto amargo: los camiones de Kamaz intervinieron con mucha frecuencia en la guerra contra Ucrania. Los camiones rusos blancos que teóricamente transportaban ayuda humanitaria a la zona oriental de Ucrania eran de la marca Kamaz. En Siria, donde las tropas de tierra rusas apoyan desde hace tiempo al dictador Bachar el Asad, se han visto también camiones de esa marca. Por su parte, Lada suministra vehículos al ejército ruso.

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Es un día gris de diciembre. Mientras discutimos en el búnker del Guardian sobre los vínculos de los propietarios de bancos rusos y hablamos de las personas próximas a Putin y de las que hace tiempo que han roto con él, Roman Anin nos provoca un sobresalto al presentarnos un resultado concreto de su investigación.

El sobresalto es positivo.

Nos levantamos y aplaudimos, con cara de incredulidad.

¿Qué ha ocurrido?

Poco antes, la agencia de noticias Reuters había desvelado que Katerina, la hija pequeña de Putin, se había casado en febrero de 2013. Su boda con Kirill Schamalov, un hombre en la treintena, se celebró con mucho hermetismo. Él es hijo de Nikolái Schamalov, miembro de la legendaria cooperativa Ozero. Putin fundó esa cooperativa en los años noventa con varios amigos que poco antes habían comprado terrenos con dachas a orillas del lago Komsomolski, cerca de San Petersburgo. Lo que empezó siendo una simple asociación de propietarios de dachas se convirtió rápidamente en el prototipo del nepotismo. Así, por ejemplo, Yuri Kovaltchuk, otro miembro de Ozero, es actualmente el director y uno de los principales accionistas del Banco Rossiya, en el que también tiene participaciones Nikolái Schamalov, el padre del hombre con el que se casó la hija de Putin.

A los pocos meses de la boda, el yerno de Putin era mucho más rico: su pequeño porcentaje de participaciones en el gigante petroquímico Tibur había aumentado hasta el veintiuno por ciento.

Sin embargo, a nosotros nos parece aún más interesante el lugar en el que se celebró la boda: la estación de esquí de Igora, a una hora de viaje al norte de San Petersburgo, no muy lejos de la cooperativa Ozero. Allí hay una gran finca a la que los vecinos llaman «la Villa del Presidente», y afirman que Putin va a menudo, pero en el catastro está registrada a otro nombre. La estación de esquí de Igora ocupa los terrenos colindantes.

En febrero de 2013, la famosa pareja de novios llegó en un trineo tirado por tres caballos blancos. A los invitados les regalaron un chal con las letras K & K bordadas, que corresponden a las iniciales del nombre de los novios, Katerina y Kirill.

Se prohibió hacer fotografías y todos los que iban a la estación tenían que dejar el móvil en la entrada, las medidas de seguridad eran muy estrictas. Un empleado de la estación de esquí describió el escenario a un periodista de Reuters: «Había guardias en todas las esquinas y no dejaban entrar a nadie a la fiesta». Los invitados disfrutaron de toda clase de espectáculos: patinaje sobre hielo, una gala visual con luces láser y la réplica de un pueblo ruso con actores y todo tipo de danzas populares.

Roman Anin ha comprobado que la estación de esquí de Igora pertenece actualmente a una empresa rusa en la que Yuri Kovaltchuk —amigo de Putin y socio del Banco Rossiya— y su hijo tienen una participación del veinticinco por ciento. La empresa compró la finca hacia el año 2012. Kovaltchuk es miembro de la cooperativa Ozero y en su estación de esquí se casaron los hijos de otros dos miembros de la cooperativa: la hija de Vladimir Putin y el hijo de Nikolái Schamalov. Solo lo comentamos para demostrar que, diecinueve años después de la creación de Ozero, el grupo sigue estando muy unido.

No obstante, el motivo de nuestra alegría en el búnker del Guardian es otro. La empresa a la que pertenece Igora se llama Ozon S. R. L., y hace tiempo que la encontramos en nuestros datos. A finales del año 2009, Ozon recibió un crédito de casi cinco millones de dólares de Sandalwood, una de las empresas offshore de la red de Roldugin. Dos años después, volvió a registrarse un flujo de dinero similar, de nuevo en forma de crédito. Según nuestros documentos, los créditos no se devolvieron nunca y la empresa Sandalwood se disolvió en el año 2013.

Por tanto, todo indica que a través de la empresa offshore de los propietarios, la estación de esquí en la que se casó la hija de Putin y en la que tiene participaciones un amigo suyo de la cooperativa recibió millones que se habían desviado y ocultado a través de una empresa pantalla de la red. El Banco Rossiya, propiedad de varias personas de confianza de Putin, orquestó toda la operación. Y todo parece indicar que el hombre de paja de esa red de empresas era el mejor amigo de Putin: Serguéi Roldugin, copropietario del Banco Rossiya y padrino de la otra hija de Putin.

Eso significa que la boda de la hija de Vladímir Putin no solo está relacionada con la camarilla del presidente, sino también con la red de empresas pantalla creada alrededor de Serguéi Roldugin.

De ese modo, la investigación que empezó hace meses en Panamá nos conduce finalmente a Igora. A la familia más próxima de Vladímir Putin.

Es inquietante.

28. Estrella, megaestrella

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ESTRELLA, MEGAESTRELLA

Tras la reunión en Londres, todo se vuelve más tranquilo en el foro y entre nosotros. En Navidades y Año Nuevo pasan pocas cosas, aunque no podemos desconectar del todo. Es natural: ¿cómo íbamos a desconectar después de los nuevos descubrimientos? Pero esa extraña calma nos permite volver a revisar casos antiguos. Hace tiempo que hemos superado las siete mil entradas en el foro. Es imposible no perder la visión de conjunto.

Aunque este libro pueda dar otra impresión, entre los clientes de Mossack Fonseca no solo se encuentran personajes turbios. También hay directores y actrices famosas, cantantes sudamericanos idolatrados en sus países, ajedrecistas geniales, propietarios de importantes clubes de fútbol y grandes estrellas de ese deporte.

Aprovechamos la tranquilidad que nos regalan estos días para revisar cientos de hallazgos y leer documentos sobre decenas de ministros, bailarines famosos, la nieta de uno de los artistas más célebres entre los clásicos modernos, espías que hicieron negocios armamentísticos con la RDA y la supuesta amante de un rey europeo.

Hay muchísimas historias por contar.

Sin embargo, por cuestiones legales, solo podemos nombrar a las personas que hayamos investigado suficientemente. Y su número está limitado por nuestro tiempo y nuestras fuerzas; nosotros también tenemos que dormir de vez en cuando.

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A principios de enero de 2016, cuando las vacaciones navideñas todavía no han terminado, nos llega otro caso importante.

Lionel Messi. El mejor futbolista del mundo. Quizá el más grande de la historia.

El nombre de su empresa fantasma panameña es un poco presuntuoso, pero no resulta del todo inapropiado: Mega Star Enterprises. Dirigen la empresa cinco directores fiduciarios desconocidos, pero quien de verdad lleva las riendas, según parece, es la superestrella del fútbol mundial. Así se desprende de un documento de junio de 2013 que descubre un compañero español de Prometheus.

En ese documento, un empleado de un bufete de abogados uruguayo comunica a Mossack Fonseca, el proveedor de empresas offshore, que los beneficiarios últimos de Mega Star Enterprises son Lionel Andrés Messi y su padre, Jorge Horacio Messi.

Llueve sobre mojado. Lionel Messi ya ha tenido problemas graves por la forma de administrar su fortuna. En octubre de 2015, un juez instructor español acusó de fraude fiscal a Messi y a su padre, que es quien lo asesora. La Fiscalía del Estado reclama una multa de 4,1 millones de euros, una cantidad que probablemente no inquietará demasiado al multimillonario Lionel Messi. Pero también reclama una pena de casi dos años de cárcel para el jugador del Barcelona. Ya se ha fijado la fecha del juicio: el 31 de mayo de 2016.

Será interesante ver cómo reaccionan las autoridades españolas ante nuestras informaciones. Un portavoz de la Fiscalía del Estado nos confirmó que la empresa Mega Star Enterprises no aparece en el expediente del caso. Pero la sociedad parece encajar en el cuadro del caso, puesto que a Messi y a su padre se los acusa de haber utilizado empresas pantalla para defraudar impuestos.

Según el escrito de acusación, a partir del año 2005 Messi y su padre habrían vendido derechos de imagen por muy poco dinero a empresas offshore con sede en paraísos fiscales latinoamericanos, como Belice o Uruguay. De ese modo se transfirieron ingresos publicitarios por valor de 10,1 millones de euros a paraísos fiscales y apenas tributaron impuestos. Además, los Messi habrían ocultado datos importantes a Hacienda para disimular la transferencia de dinero al extranjero. De este modo, entre 2007 y 2009 Messi habría defraudado unos 4,1 millones de euros en impuestos.

La empresa Mega Star Enterprises se creó el 8 de febrero de 2012 a través de un proveedor offshore de Panamá y las participaciones se emitieron como acciones anónimas al portador. Los agentes del citado bufete uruguayo actuaron como intermediarios por encargo de Messi. La primera conexión que encontramos con los cargos que incluye la acusación es la siguiente: nueve días después, el mismo bufete de abogados confirma que Lionel Messi es el único propietario de la empresa pantalla Jenbril S. A., en la que se centran los cargos de fraude fiscal. Por tanto, Mega Star y Jenbril, la sociedad mencionada en la acusación, son empresas supervisadas en la sombra por el mismo bufete uruguayo.

El segundo punto de contacto aparece en el verano de 2013, cuando se hacen públicas las diligencias contra Messi. El 12 de junio, la agencia de noticias española EFE informa por primera vez sobre el procedimiento y los medios internacionales se hacen eco de la información. Al día siguiente, los abogados uruguayos de Lionel Messi se comunican por correo electrónico con Mossack Fonseca porque, tal como han comentado por teléfono, quieren cambiar de proveedor offshore para Mega Star Enterprises. En adelante Mossack Fonseca será la encargada de gestionar la empresa pantalla.

Mossack Fonseca exige que se les extienda una exención de responsabilidad: el bufete Mossack Fonseca y los directores fiduciarios quedarán exentos de toda responsabilidad en las «reclamaciones, demandas, acusaciones, querellas, procesos, costas y gastos» que afecten a Mega Star Enterprises. El documento, con fecha del 23 de julio de 2013 y al que hemos tenido acceso, está firmado por Lionel Andrés Messi y Jorge Horacio Messi.

Por lo visto, la empresa de Panamá formaba parte del entramado offshore orquestado por el bufete uruguayo a petición de Lionel Messi. Sin embargo, no es fácil deducir a partir de esos documentos qué papel desempeñaba Mega Star en el entramado societario de los Messi. En un documento se declara, sin mayores precisiones, que el objeto del negocio son las «inversiones». Pero en los datos filtrados hasta ahora no figuran contratos ni negocios concretos. No obstante, según un escrito del 23 de junio de 2013, «Horacio Jorge y Lionel Andrés Messi» se comprometen, en caso de finalizar la relación comercial con el bufete uruguayo, a ayudar a Mossack Fonseca a «revocar todos y cada uno de los plenos poderes que la sociedad haya traspasado a terceros».

Los plenos poderes facultan para realizar toda clase de operaciones, como abrir cuentas o adquirir bienes inmuebles. No obstante, es imposible comprobar a quién pertenece realmente la empresa porque, como ya hemos dicho, las acciones son al portador.

La Fiscalía del Estado española seguramente tendrá mucho interés en saber a quién se otorgaron los poderes y para qué.

Sin embargo, con independencia de lo que se diga en los contratos de Mega Star Enterprises, Lionel Messi no va a cambiar la línea de defensa que ha seguido hasta ahora. La estrategia del delantero del F. C. Barcelona es clara y prácticamente idéntica a la que siguió Franz Beckenbauer en el escándalo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). Según la prensa, Messi declaró lo siguiente ante una juez de instrucción: «No me leía los contratos ni los papeles que firmaba; si lo dice mi papá, firmo con los ojos cerrados». Y también: «Firmo lo que me dice mi papá que firme; ni miro, ni me fijo, ni pregunto».

Con todo, la estrategia no parece haber conseguido el resultado esperado. La Fiscalía del Estado da crédito a la versión de que la iniciativa partió del padre de Messi —y este asume voluntariamente toda la responsabilidad—, pero el Ministerio de Hacienda resolvió que había que acusar al propio Lionel Messi. La representante del Ministerio argumenta que el futbolista debería haber sospechado, por ejemplo, al ver que en los años 2007 a 2009 su declaración de renta resultaba negativa. Según la agencia de noticias AFP, en el auto del juez instructor se considera que existen «indicios razonables de criminalidad respecto a ambos acusados».

En nuestros datos observamos que la propiedad de Mega Star Enterprises cambia de manos el 1 de diciembre de 2015. Las acciones al portador, y por tanto anónimas, que se emitieron anteriormente se canjean por acciones ordinarias a nombre del padre de Lionel Messi. El bufete de abogados uruguayo realiza una última petición: al día siguiente, un representante pide a Mossack Fonseca que confirme que los accionistas de sus empresas no aparecen en el registro comercial de Panamá. En caso de que eso esté previsto por defecto, los abogados piden los documentos necesarios para impedirlo.

En el momento de publicar este libro, Lionel Messi y Horacio Messi no habían respondido a ninguna de las preguntas que les habían dirigido reiteradamente el ICIJ y el Süddeutsche Zeitung.

Las nuevas revelaciones no harán más fácil la comparecencia ante el juez de Lionel Messi, que en enero de 2016 volvió a ser elegido mejor futbolista del mundo.

29. El cuarto hombre y la FIFA

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EL CUARTO HOMBRE Y LA FIFA

Desde fuera, no resulta fácil ver el final de la crisis de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), pese a que la propia FIFA ha proclamado ese final por boca de su nuevo presidente, el suizo Gianni Infantino. Justo después de su elección en el Hallenstadion de Zúrich, Infantino declaró con la elocuencia característica de un presidente de la FIFA: «Restauraremos la imagen y el prestigio de la FIFA, y todo el mundo nos aplaudirá y os aplaudirá a todos vosotros por lo que haremos para el futuro de la FIFA. Tenemos que estar orgullosos de la FIFA. Todo el mundo tiene que estar orgulloso de la FIFA».

Por cierto, la primera palabra de Infantino en el escenario fue: «Uff».

Nosotros pensamos lo mismo: uff.

Y lo hacemos porque el nombre de Gianni Infantino figura en nuestra lista desde mediados de 2015, cuando descubrimos el dudoso negocio de la UEFA con los derechos televisivos para Ecuador. Los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis (padre e hijo) compraron a la UEFA los derechos televisivos de la Liga de Campeones y después los revendieron al canal ecuatoriano Teleamazonas por una cantidad que triplicaba la desembolsada inicialmente.

En opinión de una persona relacionada con los investigadores de la FIFA, un contrato con ese margen de 1:3 es «muy sospechoso». Sobre todo si, como en este caso, ya se habían revendido los derechos anteriormente.

Un experto en derecho deportivo también considera muy cuestionable ese modelo.

Según la Fiscalía de Nueva York, el negocio de los Jinkis funcionaba del siguiente modo: sobornaban a funcionarios de la FIFA para obtener a buen precio unos derechos televisivos que luego revendían a un importe muy superior[1]. Si eso fuera cierto, se estaría repitiendo el mismo modelo. Con la notable diferencia de que no hemos encontrado indicios de soborno en la UEFA.

Cuando descubrimos los contratos entre la UEFA y Cross Trading, no prestamos mucha atención a los agentes de la UEFA que negociaron la venta. En la página de firmas de los dos contratos existentes entre la UEFA y Cross Trading figuran cuatro nombres de funcionarios de la organización como personas autorizadas para firmar. Tres de ellos ya no ocupaban puestos de relevancia en 2015 o habían abandonado la federación.

Pero el cuarto hombre es Gianni Infantino, el actual presidente de la FIFA.

Y eso es un material explosivo.

Pero vayamos paso a paso. El contrato en el que se nombra a Infantino se refiere a los derechos de la Liga de Campeones para Ecuador entre los años 2006 y 2009. El segundo folio del contrato es la página de firmas, y en ella se menciona a tres personas que deben firmar el contrato: Hugo Jinkis por parte de Cross Trading y, por parte de la UEFA, el entonces vicesecretario general de la federación y Gianni Infantino, que aparece como «director de los servicios legales». Lo comprobamos y, efectivamente, Infantino dirigía entonces el departamento jurídico de la UEFA.

Un experto en derecho deportivo nos informa de que las federaciones suelen encargar a su departamento jurídico el estudio de esa clase de contratos. Nuestra tentativa de preguntar a la UEFA si se hizo así en aquella ocasión se ve inicialmente frustrada por la absurda rigidez de la política de prensa de la federación: es un asunto interno de la UEFA, nos dicen. Posteriormente, la UEFA declara que el departamento jurídico siempre examina ese tipo de contratos.

Pero ¿por qué tenía que firmar el director del departamento jurídico un contrato por el que después no estaba obligado a asumir ninguna responsabilidad? La respuesta de la UEFA a esa pregunta fue que Infantino firmó porque todos los contratos los firman dos directores autorizados para hacerlo. Asimismo, un portavoz de la UEFA declaró que las cantidades a las que se refería el contrato eran pequeñas y Cross Trading actuaba como comprador de derechos para Teleamazonas. Según él, la UEFA se desentendía de los contratos que Cross Trading hubiera podido firmar con Teleamazonas. Y añadió que la UEFA solo tenía conocimiento de una oferta superior a ciento once mil dólares.

El caso es que el departamento de Infantino aprobó el negocio con los Jinkis y ayudó a conseguir cientos de miles de dólares a los dos empresarios encausados en el proceso de la FIFA. Y que, cuando Infantino era su secretario general, la UEFA declaró que en ese negocio no había existido ninguna «relación comercial» con Hugo Jinkis. Sin embargo, su nombre aparece perfectamente legible tres centímetros por debajo del de Infantino.

Es un detalle importante: los dos empresarios argentinos no actuaron anónimamente. Cross Trading es una empresa famosa en el sector, una filial de la todavía más famosa Full Play, a la que también se nombra en la acusación de la FIFA. Como director de la sección jurídica de la UEFA, Infantino tenía que saber con quién hacía negocios. Por lo visto, en este caso no fue así: la UEFA ha declarado que no sabían quién estaba detrás de Cross Trading.

Nuestra compañera Catherine Boss, del periódico suizo SonntagsZeitung, quiso preguntarle a Infantino si, en calidad de funcionario de la UEFA, había tenido alguna relación comercial o de otro tipo en el pasado con los empresarios acusados, y nombró entre otros a Hugo Jinkis, Mariano Jinkis y Cross Trading.

La respuesta que nos llegó en nombre de Infantino fue que «en ninguna de sus funciones en la UEFA ha tenido personalmente ni a sabiendas ninguna relación comercial o de otro tipo con ninguna de las personas u organizaciones nombradas». Posteriormente, la FIFA declaró que había dado esa explicación basándose únicamente en la información que le había facilitado la UEFA. Resulta interesante que la frase de Infantino —aunque no la emitiera directamente él— contenga expresiones como «personalmente» o «a sabiendas».

La evolución de este caso nos pareció bastante absurda. Como secretario general de la UEFA, Infantino era una persona importante y su implicación en este asunto resultaba interesante. Al fin y al cabo, era el hombre más importante de la UEFA después de Michel Platini. Luego, a Platini lo suspendieron por unos pagos millonarios sospechosos y tuvo que renunciar a su plan de suceder a Blatter como presidente de la FIFA. Y de repente leemos que la UEFA ha decidido presentar a Infantino como nuevo candidato. De entrada no parecía tener muchas posibilidades de resultar elegido, pero a principios de 2016 empezó a aumentar el número de federaciones nacionales que declaraban que votarían por él en febrero. En una entrevista al periódico Die Welt anterior a la elección, Infantino declaró que contaba con ciento cinco votos seguros de un total de doscientos nueve. Al final obtuvo ciento quince.

De repente, la curiosa historia de la UEFA con Ecuador cobró un interés especial.

Para la federación internacional de fútbol, ese episodio resultaba particularmente desagradable porque con la elección del nuevo presidente esperaba dejar atrás la mayor crisis que había sufrido en sus ciento once años de historia: el escándalo por corrupción de la FIFA.

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El periodista de investigación británico Andrew Jennings y nuestro colega del Süddeutsche Zeitung Thomas Kistner emplean desde hace tiempo el término «mafia» para describir a la FIFA. En los últimos diez años, se han sucedido los escándalos en la organización: sobornos a miembros de la FIFA por parte de la agencia de marketing ISL, elecciones de presidentes sospechosas, posibles sobornos en la adjudicación de los campeonatos del mundo. Después de cada escándalo, Sepp Blatter y sus colegas del comité ejecutivo de la FIFA intentaban que diera la impresión de que las cosas cambiarían. Vistas en retrospectiva, todas estas afirmaciones resultan absurdas.

La Comisión de Ética de la FIFA, constituida según parece por los últimos miembros íntegros de la federación, ha tenido muchísimo trabajo en los últimos meses: no solo ha tenido que suspender a Sepp Blatter, su propio director, sino también a Michel Platini, el director de la UEFA, así como al secretario general de la FIFA, Jérome Valcke, y a toda una serie de funcionarios de alto nivel como Jack Warner, Chuck Blazer, el candidato a la presidencia Chung Mong-Joon o al exvicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo.

La Comisión de Ética de la FIFA se enfrenta a una tarea prácticamente imposible: nada menos que limpiar el fútbol internacional. La credibilidad de la comisión depende de la integridad personal de sus miembros, entre los cuales se cuenta su presidente, el alemán Hans-Joachim Eckert, quien fue durante muchos años juez de lo criminal en el tribunal regional de Múnich. Cabría suponer que los miembros de los dos órganos que conforman la comisión se eligen cuidadosamente y vendrían a ser los guardianes de la ética en la castigada organización internacional. Al parecer, esa suposición es errónea.

En el órgano que preside Eckert encontramos a alguien que está implicado en el caso que investiga la Fiscalía de Nueva York. Se trata de Juan Pedro Damiani, un influyente abogado uruguayo que también es presidente del club de fútbol Peñarol.

Una de las especialidades de Juan Pedro Damiani es justamente la administración de empresas fantasma. Su bufete es uno de los clientes más importantes del proveedor de sociedades offshore Mossack Fonseca y ha asesorado o sigue asesorando a más de cuatrocientas empresas. No parecen las mejores credenciales para examinar la ética de otras personas.

Pero no acaba aquí la cosa: según nuestra documentación, tres de los acusados en el proceso de la FIFA son antiguos clientes de Damiani.

Uno de ellos es el exvicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo, detenido en Suiza a mediados de 2015. Los otros dos son los empresarios argentinos de derechos televisivos Hugo y Mariano Jinkis, que según nuestras investigaciones también trabajaron con la UEFA a través de Cross Trading, su empresa en Mossack Fonseca, y que, según la acusación contra la FIFA, utilizaron empresas fantasma para pagar sobornos[2].

Los dos empresarios utilizaron los servicios de Mossack Fonseca para crear tres empresas pantalla con el nombre de Cross Trading, radicadas en tres oasis fiscales distintos: en la isla caribeña de Niue, en el estado de Nevada (Estados Unidos) y en las Seychelles. Las empresas de Niue y Nevada las administraba el bufete de Juan Pedro Damiani.

Quien se tome la molestia de leer la acusación contra la FIFA se topará una y otra vez con el nombre de Cross Trading. Según ese escrito, se pagaron sobornos a través de cuentas de las empresas Cross Trading. Así, por ejemplo, el 17 de junio de 2013 llegó una transferencia de cinco millones de dólares a una cuenta del banco Hapoalim, de Zúrich, cuyo titular era Cross Trading. Ahora bien, en la acusación no queda claro a cuál de las tres empresas llamadas Cross Trading pertenecía esa cuenta bancaria, y el Departamento de Justicia estadounidense rehusó responder a nuestras preguntas. Al parecer, la transferencia de cinco millones de dólares formaba parte de un plan para pagar sobornos millonarios a los presidentes de algunas federaciones iberoamericanas con el fin de asegurar a los Jinkis y a sus socios los derechos, por ejemplo, de la Copa América.

Los asesores de Mossack Fonseca sabían con quién hacían negocios: un miembro del equipo directivo de Mossfon escribió que los clientes finales eran unos empresarios argentinos con «un concepto especial de la discreción».

Y Juan Pedro Damiani es el hombre que amparó y organizó esa discreción que, por lo visto, los Jinkis necesitaban para hacer negocios con funcionarios de la FIFA. Los papeles de Panamá demuestran la implicación de Damiani desde la creación de la primera Cross Trading, en 1998 en Niue, hasta la fundación de la Cross Trading en Nevada en 2015.

Por tanto, Damiani lleva más de quince años haciendo negocios con personas que, según la acusación contra la FIFA, han sobornado a funcionarios de la federación internacional. ¿Y él se va a encargar de limpiar la FIFA[3]?

¿Se han vuelto locos o así es como funciona la FIFA?

Es posible que Damiani no supiera nada de los supuestos sobornos que se imputan a los Jinkis hasta que se enteró de la investigación iniciada por la Fiscalía de Nueva York. Pero, de ser así, en ese momento tendría que haber hecho pública su vinculación en el caso y debería haber abandonado la Comisión de Ética; sobre todo porque los Jinkis no son su único problema.

Se tiene constancia de que Juan Pablo Damiani trabajó desde 2002 para Eugenio Figueredo, el exvicepresidente de la FIFA detenido. Figueredo, que en aquel tiempo era el presidente de la federación uruguaya de fútbol, está relacionado con una serie de empresas offshore creadas por Mossack Fonseca y administradas en la mayoría de los casos por el bufete de Damiani.

Según nuestra documentación, Damiani organizó en febrero de 2015 una cesión de plenos poderes a la esposa de Figueredo para que pudiera operar en nombre de una de las empresas.

La detención de Eugenio Figueredo en Zúrich, el 27 de mayo de 2015, asusta a Damiani y a Mossack Fonseca. En los correos electrónicos que intercambian al día siguiente se palpa el nerviosismo. Mossack Fonseca ordena la dimisión de sus directores fiduciarios y la anulación de los plenos poderes concedidos a la esposa de Figueredo.

En un correo electrónico interno de junio de 2015, la directora del departamento de cumplimiento legal de Mossack Fonseca demuestra no saber si el dinero empleado en las inversiones inmobiliarias de Figueredo «procede del asunto de la FIFA», y pregunta: «¿Tenemos pruebas en la documentación sobre la sociedad?». En realidad, al ser interrogado después de su extradición a Uruguay, el exfuncionario no solo declaró haber cobrado sobornos —nombró una cantidad aproximada de cincuenta mil dólares al mes—, sino que también explicó cómo había invertido el dinero. Según su declaración, mezcló sus ingresos legales e ilegales y compró sobre todo bienes inmuebles en Uruguay. Según el semanario uruguayo Búsqueda (que tuvo acceso a la documentación del interrogatorio), para ello compró sociedades panameñas del bufete de Juan Pablo Damiani[4].

En respuesta a la consulta de Mossack Fonseca sobre si el dinero de Figueredo podía proceder del «tema de la FIFA», el bufete de Damiani envió una lista de los bienes que Figueredo conservaba en las empresas de Mossack Fonseca que seguían activas: algunos bienes inmuebles en Uruguay[5]. En enero de 2016 declaró ante un tribunal uruguayo que solo había ayudado a crear tres empresas offshore a Figueredo (nosotros vemos siete) y que su bufete jamás le había cobrado honorarios. También declaró que su bufete había entregado toda la información a las autoridades y que nunca había ocultado bienes.

El uruguayo Damiani no puede votar en el órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA sobre su compatriota Figueredo porque, cuando se juzga a una persona, los jueces del mismo país deben abstenerse. Pero tres de sus clientes han sido acusados y sus colegas de la Comisión de Ética de la FIFA tuvieron que votar sobre uno de ellos. ¿Y Juan Pedro Damiani no tiene nada que decir?

Un portavoz de Damiani respondió a las preguntas que le formulamos nosotros y el ICIJ declarando que, a causa de las investigaciones en curso, solo podía facilitarnos una información limitada, pero que Damiani había informado a las autoridades y también a la Comisión de Ética de la FIFA. Un portavoz de la Comisión de Ética de la FIFA nos lo confirmó. Sin embargo, Damiani informó a la comisión sobre su relación comercial con Eugenio Figueredo la noche del 18 de marzo de 2016, es decir, un día después de recibir nuestras preguntas. Al día siguiente, la Comisión de Ética inició una investigación preliminar para aclarar el asunto. Según nuestras informaciones, la relación comercial con Hugo y Mariano Jinkis no se mencionó. El bufete Mossack Fonseca declaró que no tenía indicios de que las empresas gestionadas por Damiani estuvieran implicadas en ningún tipo de irregularidades.

Juan Pedro Damiani, el guardián de la ética, es ahora un caso para sus colegas. Según nos cuentan confidencialmente algunos de ellos, la menor sombra de duda que pueda recaer sobre sus miembros supone un grave problema para la Comisión de Ética.

De cara al exterior, la Comisión de Ética de la FIFA solo tiene sentido si resulta inatacable desde un punto de vista ético. Solo así será capaz de imponer decisiones tan drásticas como la suspensión en diciembre de 2015 de su propio presidente, Sepp Blatter, y del presidente de la UEFA, Michel Platini.

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Aquí se cierra el círculo: el 27 de diciembre de 2007, un tal Michel Platini que, según los documentos que tenemos, reside en Genolier, una pequeña comuna de la Suiza francesa, recibe de Mossack Fonseca plenos poderes permanentes sobre la empresa panameña Balney Enterprises Corp. El banco privado Baring Brothers Sturdza, con sede en Ginebra, tramita los poderes en el momento en que se crea la empresa offshore, por lo que existen desde el principio. Este es el modelo utilizado por muchos bancos para no tener que nombrar a los verdaderos propietarios de una empresa. Por tanto, resulta verosímil que el citado Michel Platini no sea únicamente el apoderado de la empresa, sino también su propietario.

Los datos que tenemos no permiten determinar a quién pertenece realmente Balney Enterprises Corp: todas las acciones son al portador.

No tardamos en comprobar que el Michel Platini que figura en nuestros documentos es el auténtico Michel Platini: la comuna de Genolier está muy cerca de Nyon, que es la sede principal de la UEFA. Michel Platini fue nombrado presidente de la federación europea de fútbol en 2007 y una de sus promesas electorales fue que se trasladaría a vivir cerca de la sede central para poder ocuparse de la gestión diaria de ese organismo. La hermosa región de Genolier, a orillas del lago Lemán, es muy popular entre la gente rica y famosa; allí viven, por ejemplo, Sean Connery y Phil Collins. Y en Genolier vivió y murió el gran sir Peter Ustinov. Ya hace tiempo que el periódico sensacionalista suizo Blick informó de que Platini tenía la intención de instalarse en una urbanización de Genolier llamada «Les terrasses sur Léman». Esa es precisamente la dirección que encontramos en los datos de los poderes.

Sin embargo, los documentos sobre Michel Platini no permiten deducir a qué negocios se dedica la empresa. Al disponer de plenos poderes, Platini no solo no necesita que un director fiduciario firme los contratos, sino que además puede operar en nombre de la empresa sin apenas limitaciones. Por tanto, Platini podría abrir una cuenta, firmar contratos, comprar bienes inmuebles y cualquier otra cosa. Antes hablábamos en presente porque la empresa todavía sigue activa o por lo menos seguía activa al acabar el ejercicio de 2015.

Pero ¿cómo llegó Michel Platini a tener poderes sobre una empresa offshore?

El único indicio concreto que tenemos es un escrito que llega a Mossack Fonseca el 12 de agosto de 2015: una carta del intermediario, el banco privado Baring Brothers Sturdza. El asunto es el siguiente: «Re: Account n.º [número de la cuenta borrado] — BALNEY ENTERPRISES CORP.».

Eso demuestra que la empresa tiene una cuenta. Sabemos incluso el número.

Preguntamos al asesor de Michel Platini y nos responde enseguida: las autoridades suizas estaban al corriente de todas las cuentas y bienes de Platini. Cuando le preguntamos específicamente sobre la cuenta del Baring Brothers Sturdza, el asesor declara que también se había informado de ella a las autoridades y que, por motivos personales, Platini había decidido que su titular fuera una empresa offshore. También afirma que Michel Platini nunca ha utilizado esa cuenta en operaciones vinculadas con intereses de la FIFA o la UEFA.

Insistimos y preguntamos desde cuándo tenían constancia de esa cuenta las autoridades suizas, si Platini puede hacernos llegar un comprobante y si alguna vez ha habido alguna investigación sobre ella.

La respuesta del asesor es que deberíamos formular las preguntas a las autoridades suizas y no a Michel Platini. Sin embargo, y él tenía que saberlo, las autoridades suizas no pueden responder a ese tipo de preguntas.

30. El noventa y nueve por ciento y el futuro de los paraísos fiscales

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EL NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO Y EL FUTURO DE LOS PARAÍSOS FISCALES

Los datos de los servidores del bufete de abogados Mossack Fonseca ocupan más de 2,6 terabytes y muestran el mundo de las empresas offshore con una profusión de detalles, una inmediatez y una actualidad que tiempo atrás eran inimaginables. A lo largo de los meses que llevamos investigando, hemos presenciado casi en directo cómo Mossack Fonseca ofrecía soluciones a medida a casi todos los clientes que tenían algo que ocultar. Siempre se puede encontrar un vacío legal en algún paraíso fiscal: una empresa en las Seychelles, un administrador fiduciario panameño o una fundación en las Bermudas. O una combinación de dos, tres o incluso cuatro de esas piedras angulares. Da la impresión de que en el mundo globalizado apenas hay leyes que no se puedan eludir o atenuar con un par de empresas pantalla.

El escritor y periodista británico Nicholas Shaxson da en el clavo al definir la situación:

Un paraíso fiscal no implica únicamente un lugar, una idea, una manera de resolver asuntos o incluso un arma de la industria financiera. También implica un proceso: una carrera de descenso hacia un lugar en el que las normas, las leyes y los símbolos de la democracia se desmontan pieza a pieza[1].

Los paraísos fiscales ofrecen de manera sistemática un espacio en el que la responsabilidad es casi nula. En las conversaciones al respecto, se oye una y otra vez que, cuando los investigadores descubren una red de empresas pantalla que se extiende por cinco, diez o treinta paraísos fiscales, las autoridades se enfrentan a la misión casi imposible de demostrarlo jurídicamente mediante una cadena de pruebas.

Ese juego del escondite tiene graves consecuencias, y no solo en los casos en los que es evidente que se ocultan actividades criminales: las figuras legales del mundo de las empresas offshore también crean problemas de enormes dimensiones. En el año 2008, un experto de Tax Justice Network explicaba en un dictamen presentado al Comité de Economía y Finanzas de la Cámara Baja británica que «la actual crisis crediticia del sector bancario no se habría desarrollado si no existieran paraísos fiscales».

Como era de esperar, los causantes de la crisis financiera apenas sufrieron las consecuencias. Mientras se invertían millones en el rescate de los bancos y casi todos los responsables se libraban sin ser investigados ni procesados, las víctimas, las personas a las que habían endosado créditos enormes, se quedaban en la estacada, en muchos casos sin trabajo, sin casa y sin perspectivas de volver a vivir sin deudas. En cambio, los que habían puesto a salvo su dinero en una sociedad offshore no tuvieron que preocuparse por nada.

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Existe otra faceta que apenas hemos mencionado en este libro: las artimañas fiscales que utilizan multinacionales como Amazon, Starbucks o Apple. Las empresas offshore son los elementos principales en el ansia insaciable de minimizar el pago de impuestos. Con ello, los países en los que operan y ganan dinero, y también su población, pierden miles de millones de ingresos, como se vio recientemente en el Lux Leaks, los papeles de Luxemburgo. Jean-Claude Junker, presidente de la Comisión Europea, defiende que el procedimiento de ese país, del que fue primer ministro durante muchos años, es legal, pero un estudio de la Comisión Europea rebatió la mentira: en su opinión, la librería online Amazon disfruta de beneficios fiscales ilegales. No obstante, Mossack Fonseca no suele tener ningún papel en este tipo de operaciones y por eso apenas hemos hablado del tema en este libro.

Así pues, es evidente que una cantidad alarmante de agentes del mundo de las finanzas escapa a la influencia de los órganos regulatorios de sus países. Y con ello socavan la idea democrática; las normas de una sociedad, adoptadas y soportadas por todos, pierden todo su significado si no se aplican a los que pueden permitirse eludirlas gracias a su poder y a sus fortunas.

¿Por qué tienen que seguir aceptándolas los demás?

¿Por qué el noventa y nueve por ciento de la población tiene que aceptar que la influencia de los gobiernos sobre el uno por ciento de superricos de la sociedad solo sea teórica? Los trabajadores ven con impotencia cómo el Estado les retiene parte de su nómina. Pero los que cobran dividendos a través de una empresa offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas pueden decidir por su cuenta si declaran esas ganancias en el país en el que viven y que les ofrece protección y una serie de ventajas.

La sensación de que «los de arriba» pueden hacer lo que quieran no es únicamente una sensación en el mundo de las finanzas.

Es la pura realidad.

La socióloga danesa Brooke Harrington, una mujer que se formó durante dos años en la especialidad de la administración de bienes y se sumergió en ese mundo para hacer una especie de estudio de campo, advierte con mucho acierto sobre la «concentración neofeudal de la riqueza». Un pequeño grupo de personas ricas que oculta su dinero elude el pago de impuestos y, además, elude las leyes.

Los miembros de la élite económica internacional crean prácticamente su propio sistema legal. Lo que no se puede hacer en un país determinado se hace en otra jurisdicción. Harrington identifica a los agentes que ayudan y facilitan necesariamente esa evolución: los proveedores de empresas offshore como Mossack Fonseca.

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No obstante, la comunidad financiera internacional solo es uno de los innumerables beneficiarios de la industria offshore. En el mundo de las finanzas, al menos siguen intentando, y consiguiendo en parte, que las actividades se realicen cumpliendo las leyes al pie de la letra. Sin embargo, con nuestros cerca de cuatrocientos compañeros de todo el mundo, hemos encontrado un gran número de criminales que se mueven por el mundo de las empresas offshore. La mafia japonesa, la mafia italiana y la mafia rusa. Carteles de la droga, traficantes de armas y grupos que financian el terrorismo. También presuntos colaboradores de carniceros como Asad y Gadafi. Redes de blanqueo de dinero. Y decenas de casos de corrupción.

Resumiendo, el crimen organizado utiliza las sociedades offshore igual que hacen los defraudadores y los criminales que actúan individualmente, y de ese modo consigue borrar su rastro y encubrir sus crímenes.

Eso también es la pura realidad.

La buena noticia es que esa realidad no es irreversible.

La falta de responsabilidad que existe en los paraísos fiscales se basa en unas leyes que se pueden cambiar.

Los expertos con los que hemos hablado se muestran ampliamente de acuerdo al valorar las medidas pertinentes. En el fondo, se trata ante todo de dos elementos.

El primer gran paso consistiría en un sistema de intercambio automático de información sobre cuentas bancarias que funcionara en todo el mundo. Eso permitiría que las autoridades supieran automáticamente si uno de sus ciudadanos tiene cuentas, por ejemplo, en las Bahamas. Sin embargo, ese intercambio de información es inútil si los titulares de las cuentas son empresas pantalla anónimas, ya que si ese ciudadano se oculta detrás de una empresa pantalla y sus cuentas están a nombre de ella, las autoridades de su país no lo sabrán nunca.

Por este y otros motivos, es necesario crear un registro transparente de empresas a nivel mundial, en el que tendrían que registrarse los nombres de los propietarios reales tanto de empresas como de fundaciones. Como condición indispensable, el falseamiento de la información se perseguiría por ley y se castigaría rigurosamente. Este sería el segundo paso.

Así de sencillo es el mecanismo que anunciaría el fin de los paraísos fiscales.

De ese modo se prohibirían algunos de los servicios que Mossack Fonseca ofrece para ocultar el nombre de los propietarios a los que vende sociedades: accionistas fiduciarios, acciones al portador y, obviamente, los «propietarios reales», que en realidad son testaferros. Los directores fiduciarios serían innecesarios porque se sabría quiénes son los propietarios de las empresas.

Los bufetes como Mossack Fonseca afirman que solo una pequeña parte de los intereses que mueven a sus clientes se debe a una ambición ilegal. Sería interesante ver cuántas sociedades offshore seguirían activas si se conociera el nombre de los propietarios.

Así pues, todo depende de aplicar esos dos pasos de manera consecuente.

Hemos leído muchas veces que los defensores de los paraísos fiscales (generalmente los alaban por lo que ellos llaman «competencia fiscal») afirman que esas reformas no son viables. Y lo cierto es que cabe plantearse la pregunta siguiente: ¿por qué iban a querer aceptarlas los paraísos fiscales?

En su libro La riqueza oculta de las naciones. Investigación sobre los paraísos fiscales, el escritor francés Gabriel Zucman afirma que el intercambio automático de información y el registro de propietarios se podrían aplicar si fuera necesario mediante sanciones y coacciones.

Zucman argumenta que países como Luxemburgo y Suiza cambiarían de actitud si se enfrentaran a medidas drásticas como el boicot comercial. En los países más pequeños, bastaría con la amenaza de sanciones y, en caso de no ser suficiente, con pequeñas etapas intermedias hacia el boicot comercial. Según el autor, «ningún país puede enfrentarse a la voluntad común de Estados Unidos y los grandes países de la Unión Europea».

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Los grupos de presión que defienden el fraude fiscal y la evasión de impuestos camuflan a veces sus intenciones con la supuesta preocupación de que algunos lugares conocidos por esa actividad, como las Islas Vírgenes Británicas, Samoa o las islas Cook, no tendrían futuro si dejaran de ser paraísos fiscales.

John Christensen, miembro de Tax Justice Network, nació en el paraíso fiscal de Jersey y no soporta oír ese argumento. «Tenemos una visión romántica de las islas. Hace unos años, se cerró una gran explotación siderúrgica cerca de Londres y toda una pequeña ciudad se fue al paro. Cualquier neoliberal diría fríamente: “Son cosas que pasan, el mercado es así”. Imaginemos por un momento que esa ciudad fuera la única ciudad de una isla. ¿El caso habría sido más grave? —se pregunta Christensen, sonriendo—. O dicho de otra manera: si los habitantes de esa isla vivieran de desvalijar a los cruceros, ¿también los compadeceríamos? Más bien no. Sin embargo, hace años que esas islas ayudan a saquear sociedades enteras. Quizá habría que decir simplemente que hoy en día es viable abandonar una isla. Y algunas islas tienen tan poco que ofrecer para que vivir en ellas sea soportable que es mejor que se queden deshabitadas».

También hay quien objeta que el cruce automático de datos y un registro mercantil transparente significarían una grave intromisión en la esfera privada de las personas. ¿En serio? En el registro solo constarían los nombres de los propietarios, su fecha de nacimiento, una dirección fiscal y su participación en la empresa. No hace falta nada más. Y si a alguien le parece excesivo, la solución no pasa por crear una empresa offshore.

El secreto fiscal, no lo olvidemos, no se incluye entre los derechos humanos universales. En algunas partes de Escandinavia, como Noruega, los datos fiscales son públicos desde hace años. Y en Suecia no solo hay un registro de valores que indica a quién pertenecen las acciones, bonos y otros títulos, sino también listas por orden alfabético de los ciudadanos que superan determinados ingresos, en las que se especifican sueldos, rendimientos del capital y patrimonio. No obstante, también hay que decir que los suecos y los noruegos no tienen fama de ser personas envidiosas.

A los que se oponen al registro argumentando los costes, el esfuerzo y la burocracia que implicaría, habría que recordarles las sumas multimillonarias que todos los años se eluden al Estado a través de los paraísos fiscales. A la sociedad en general, esa situación le sale muchísimo más cara.

Por otro lado, los que afirman que los propietarios se expondrían a acusaciones públicas, no han entendido que se trata precisamente de suprimir la exención de responsabilidad organizada. El miedo a que una mala gestión y las conductas poco éticas o ilegales se pudieran atribuir a personas concretas no es una excusa legítima para que las empresas mantengan en secreto el nombre de los propietarios reales.

La última objeción con la que nos topamos afirma que los regímenes dictatoriales utilizarían la información de esos registros para perseguir a sus opositores. En teoría, eso es cierto. Sin embargo, demuestra una visión casi ingenua de los regímenes dictatoriales como el de Siria, puesto que los responsables del país saben perfectamente quiénes son sus enemigos políticos y dónde tienen su dinero. Por otro lado, tanto en nuestros datos como en los que se filtraron en el Offshore Leaks y en el escándalo de las cuentas secretas en Suiza, en muy pocos casos aparece patrimonio oculto de opositores. En cambio, hemos descubierto centenares de ejemplos de oficiales corruptos y de aliados de regímenes dictatoriales que ocultan sus millones.

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Por consiguiente, para acabar con las actividades de los paraísos fiscales, tenemos que reformular la pregunta que hemos planteado antes (¿por qué va a tolerarlo la sociedad?) y cambiarla por esta formulación: ¿por qué lo tolera la sociedad?

Para ser aún más precisos: ¿por qué lo toleran los políticos? ¿Por qué las grandes naciones no actúan de manera radical, teniendo en cuenta que no es únicamente una cuestión de justicia, sino que se trata también de delitos escandalosos? La respuesta es simple: porque precisamente las grandes naciones tienen mucho que perder y al final se verían obligadas a amenazarse a sí mismas con sanciones.

Estados Unidos tiene sus propios paraísos fiscales, como Nevada, Wyoming o Delaware. El bufete Mossack Fonseca incluso tiene sucursales en los dos primeros estados. En el año 2007, el entonces senador Barack Obama presentó un proyecto de ley contra el abuso de las offshore, pero aún no ha sido aprobado. En la zona de influencia del Reino Unido se encuentran algunos de los paraísos fiscales más importantes, como los de los territorios británicos de ultramar y las Islas del Canal. Mossack Fonseca ha creado más de cien mil empresas solo en las Islas Vírgenes Británicas.

¿Y Alemania?

A pesar de mostrarse verbalmente muy receptiva a las reformas, Alemania es uno de los países que pone el freno en Europa. Siempre que se intenta exigir más transparencia, ya sea a través de la UE o de otros organismos, los representantes de Alemania intentan impedirlo entre bastidores. Ocho años después de que estallara la crisis financiera mundial, el poder del lobby financiero se mantiene inquebrantable. También hay miles de millones de dinero procedente del extranjero en bancos alemanes y una buena parte seguramente no tributa impuestos.

Esto es así porque los bancos alemanes solo contravienen la ley si el fraude fiscal se comete en el país. Pero la evasión de impuestos en Brasil o en Nueva Zelanda no está sujeta a la legislación alemana.

Además, en Alemania también hay empresas anónimas, puesto que las acciones al portador están permitidas en el país. De ese modo, la propiedad de la empresa recae en las personas que tienen las acciones físicamente en sus manos.

Un registro público de los propietarios y socios reales de todas las empresas sería una novedad también en Alemania. Sin embargo, hace tiempo que se reclama y se discute sobre el tema. Entre los que apoyan públicamente la iniciativa se encuentran las organizaciones Attac, Tax Justice Network y Transparencia Internacional de Alemania. Poco después de que publicáramos el Offshore Leaks en la primavera de 2013, Detlev von Larcher, miembro de Attac, nos lo explicaba con estas palabras: «Tenemos que acabar con las empresas anónimas. Las sociedades pantalla no tienen ninguna función económica y están únicamente al servicio de cleptócratas, evasores fiscales y blanqueadores de dinero. Si Alemania pone freno a las iniciativas, las palabras duras que se pronuncian contra los mercados financieros opacos no son más que pura hipocresía».

Lo más absurdo de todo es que hace tiempo que se decidió crear un registro mercantil con el nombre de los propietarios reales. Así lo acordaron los Estados que participaron en 2013 en la Cumbre del G8, que se celebró en Irlanda del Norte. Pero no han llevado el acuerdo a la práctica. El Reino Unido quiere que se empiece por el continente y que los territorios británicos en ultramar queden excluidos. Otros países declararon que crearían un registro, pero que solo podrían consultarlo las autoridades públicas. Sin embargo, sería importante que también tuvieran acceso investigadores y organizaciones no gubernamentales, personas especialistas en el tema que disponen del tiempo y la tranquilidad necesarias. Hasta ahora, los Estados no han tenido ni una cosa ni la otra.

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Una ofensiva internacional contra los paraísos fiscales supondría una amenaza para el negocio de Mossack Fonseca. No obstante, ese será su menor problema cuando se publiquen los papeles de Panamá.

En los países en los que trabajan algunos de nuestros compañeros del ICIJ, los cuerpos de seguridad se interesarán por el bufete panameño. En Alemania ya lo hacen. Los servicios secretos también tomarán buena nota y se interesarán por los flujos de dinero y las empresas tapadera; después de todo, hemos identificado clientes de países a través de los cuales se financia el terrorismo.

Los investigadores judiciales se llevarán una alegría: por lo que hemos observado, los empleados de Mossack Fonseca actuaban a menudo rozando los límites de la legalidad, a veces incluso los traspasaban o delinquían.

Mossack Fonseca insiste en que el bufete cumplía la diligencia debida, la obligación de comprobar con quién hacía negocios. Tenemos muchos ejemplos que demuestran que se permitían excepciones en cuanto un buen cliente se negaba a dar el nombre del verdadero propietario.

Sin embargo, es evidente que Mossack Fonseca no suponía una excepción al aplicar una política tan laxa en los negocios: un equipo de investigación formado por estadounidenses y australianos escribió en 2012 a unos tres mil setecientos intermediarios de ciento ochenta y dos países para intentar crear una empresa offshore. La mitad de los intermediarios no efectuó la identificación en la forma requerida y casi un tercio no pidió ver ningún documento de identidad. Y eso a pesar de que los investigadores dejaban entrever en las solicitudes que querían tapar casos de corrupción o incluso financiar el terrorismo. Las respuestas fueron de lo más chocante: muchos hicieron caso omiso a propósito de esas señales de aviso. Uno de los supuestos clientes que se presentaron de un modo que permitía despertar sospechas de que pretendía financiar el terrorismo, recibió la siguiente respuesta de un intermediario: «Da la impresión de que desea crear anónimamente una empresa para el Estado, ¿es correcto? Podríamos hacerlo por un recargo de veinticinco dólares. Si solo desea que creemos una sociedad para usted y nada más, no necesitamos ningún documento»[2].

Nuestra visión del tema también ha cambiado, pero no solo por los datos y los delitos que hemos descubierto, sino por historias como las que nos cuenta Daniel Balint-Kurti, de la organización Global Witness. Él investigó negocios secretos en Burundi que, como es habitual, consistían en sacar muchos millones del país. Y nos contó que la gente es tan pobre en ese país que muchas familias comen por turnos: un día los padres y al siguiente los hijos.

Esas personas son las víctimas del sector offshore. Los abogados que en las sedes centrales europeas piensan la manera de conseguir que sus filiales africanas paguen pocos impuestos en sus países gracias a las sociedades offshore, también son responsables de que el Estado no tenga dinero para pagar escuelas, ropa y comida. Según un estudio de la organización Tax Justice Network, el dinero que África pierde a causa de la evasión fiscal equivale al doble del dinero que recibe en ayudas al desarrollo.

Sin embargo, no solo los pobres sufren las consecuencias. El terrorismo, el tráfico de drogas y el comercio ilegal de armas son delitos que nos afectan a todos y que no se pueden controlar por culpa de los sistemas de ocultación que pone en práctica la industria offshore. Sin ir más lejos, la Unión Europea pierde mil millones de euros cada año por culpa del fraude fiscal y la evasión de impuestos.

Los costes del modelo de los paraísos fiscales los soporta la sociedad de los países en los que la recaudación de impuestos se reduce a través de empresas pantalla y los recursos públicos salen del país para ocultarse en el Caribe. Y la población de todos los países cuyos dirigentes malversan fondos y los ocultan en cuentas privadas.

No obstante, nos gustaría acabar mostrando un poco de optimismo: la comunidad internacional actuará. Todos nos cuestionamos que las reformas de la UE, la OCDE o la ONU lleguen muy lejos —probablemente no será el caso—, pero se darán algunos pasos. De eso se ocupará la presión pública, que seguramente aumentará tras la publicación de los papeles de Panamá. Ya observamos ese fenómeno cuando estallaron los escándalos del Offshore Leaks y de los papeles de Luxemburgo.

Pero hay algo más.

Actualmente, ninguna persona que participe en negocios clandestinos y deje un rastro digital está segura. No importa lo que haga ni dónde lo haga. Si alguien compra una empresa pantalla anónima, debería saber que la confidencialidad es una ilusión en la época digital.

Siempre habrá alguien que no quiera seguir presenciando las operaciones que se realizan en su lugar de trabajo. Siempre habrá activistas que encontrarán agujeros de seguridad en los bancos de datos. Siempre habrá especialistas en tecnología que se harán con unos cuantos gigabytes de datos.

Esta filtración de datos no ha sido la primera. Pero probablemente será un principio.

El principio del fin de los paraísos fiscales.

31. El corazón frío del mundo offshore

[31.]

EL CORAZÓN FRÍO DEL MUNDO OFFSHORE

Ciudad de Panamá. Desde lejos, las vistas son impresionantes: decenas de rascacielos, a cual más alto, alineados a orillas del Pacífico. Testigos de una riqueza que procede del gran negocio del dinero oculto. Bienvenidos a Panamá.

El avión está aterrizando y por debajo de nosotros vemos los cargueros llenos de contenedores que esperan delante de la costa para cruzar el canal de Panamá. En el horizonte, la selva y, en medio, el distrito financiero en el que se encuentra la sede principal de Mossack Fonseca, el bufete de abogados del que nos ocupamos desde hace un año. Hemos leído miles de páginas de documentos internos suyos, conocemos a clientes y empleados, sabemos quién no siempre se toma las leyes al pie de la letra y quién suele quedar en minoría con sus reservas. Está claro que el proyecto de los papeles de Panamá, que empezó con nosotros, tendrá más repercusión aquí que en ningún otro sitio. Ahora, pocas semanas antes de que se empiece a publicar la información, nos hemos puesto en camino hacia la boca del lobo. Queremos formarnos una idea de Mossack Fonseca, de sus empleados y del paraíso fiscal panameño, mientras aún nos sea posible hacerlo sin llamar la atención.

Durante el vuelo tenemos la oportunidad de respirar hondo y digerir lo que ha ocurrido. Una fuente anónima se puso en contacto, precisamente con nosotros, para preguntarnos si nos interesaban unos datos, y de ahí surgió el proyecto internacional de investigación más grande hasta la fecha. Actualmente trabajan en él unos cuatrocientos periodistas de ochenta países, hemos encontrado el rastro de decenas de jefes de Estado en los datos, además de pistas que señalan escándalos en casi todos los países del mundo, de la FIFA y su presidente, de la UEFA y su presidente, de organizaciones mafiosas, de Hizbulá y de Al Qaeda, del presidente de Ucrania, del primer ministro de Islandia (que recientemente fue elegido como el «hombre de negocios del año» en su país, junto con el ministro de Economía, que también aparece en los papeles) y también de Vladímir Putin.

Sin embargo, nos alegramos de que pronto salga todo a la luz porque el proyecto nos consume y exige todas nuestras energías. Ayudamos al ICIJ en la organización del proyecto y a periodistas de todo el mundo en sus investigaciones. El equipo de investigación del Süddeutsche Zeitung está formado por siete personas que trabajan única y exclusivamente en los papeles de Panamá: además de nosotros dos, están Vanessa Wormen, experta en periodismo de datos; el periodista freelance Mauritius Much, y tres compañeros más del periódico, Katrin Langhans, Hannes Munzinger y Gianna Niewel. También contamos con la ayuda de un equipo cada día más numeroso que se encarga de definir el formato en que se publicarán las historias en versión digital, online e impresa. El periódico abrirá una página web específica (www.panamapapers.de), un ilustrador trabaja desde hace semanas únicamente en nuestro proyecto, habrá una película del making-of y un largo etcétera. Toda la redacción del Süddeutsche Zeitung está implicada, algunos compañeros de otros departamentos nos ayudan con nuestras historias. Durante las últimas semanas hemos pasado días enteros discutiendo sobre cómo tenían que ser la maquetación, las ilustraciones y los gráficos.

A todo eso hay que añadir las largas conversaciones con el jefe de Redacción y los abogados para decidir a quién podemos mencionar con nombres y apellidos, y a quién no. También hay que discutir en qué puntos habría que suavizar el texto y en qué partes podríamos ser incluso más agresivos. Dormimos poco y los fines de semana apenas tenemos tiempo para estar con nuestras familias. Hace mucho que dejamos de contar la cantidad de cafés y Red Bulls que nos bebemos cada día. Todavía nos queda mucho por hacer, así de simple.

La perspectiva de que se acerca el final nos mantiene motivados, así como la creciente impaciencia por saber cómo saldrá todo. Y por que no se filtre nada antes del día acordado para hacerlo público. Aunque, sinceramente, no contamos con ello: hay mucha gente implicada en el proyecto.

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Una noticia publicada hace unas semanas puso en alerta a todo el equipo del proyecto Prometheus: la policía brasileña había detenido a varios empleados de Mossack Fonseca. Al parecer, estaban implicados en el caso Lava Jato, uno de los mayores escándalos de Iberoamérica, si no el mayor. Esencialmente, se trata de que el partido que gobierna en Brasil y sus aliados se financiaron mediante contratos con sobreprecios entre la petrolera Petrobras, una empresa estatal mixta, y varias constructoras. Se sospecha que varios millones de dólares desaparecieron por canales oscuros. El expresidente Lula da Silva también es sospechoso de haber participado en la trama.

La investigación se había iniciado en 2014, pero no cesaban de aparecer nuevos delitos. Para no perder la visión global del caso, los fiscales brasileños numeraron las distintas etapas de la investigación y les pusieron nombres fáciles de recordar.

En la fase 22 —nombre en clave: Triple X—, pusieron el punto de mira en Mossack Fonseca. Detuvieron a una empleada del bufete, acusada de ocultar documentos a la policía y de destruirlos posteriormente. Se supone que se trataba sobre todo de documentos de diligencia debida, es decir, de los papeles que demuestran que el bufete se toma en serio —en el caso de Mossack Fonseca, más bien muy poco en serio— la verificación de la identidad de sus clientes y que pone mucho cuidado en aceptar únicamente clientes intachables. En una conferencia de prensa reciente, el fiscal brasileño Carlos Fernando dos Santos Lima dijo que, aunque la investigación continuaba en curso, estaba claro que existían pruebas de que Mossack Fonseca era una enorme «red de blanqueo de dinero».

Poco después, Mossack Fonseca emitía un comunicado de prensa en el que remarcaba que todas sus oficinas estaban obligadas a cumplir los estándares máximos en la verificación de la identidad de sus clientes y que trabajaban conforme a las leyes y normativas internacionales. Además, la filial de Mossack Fonseca en Brasil era independiente de Mossack Fonseca & Co. de Panamá. En cualquier caso, añadían, el bufete no tenía nada que ver con el caso Lava Jato. Era la misma canción de siempre: todo está bien, el bufete cumple las leyes y, si algo va mal, la culpa es de las oficinas que no dependen directamente de Mossack Fonseca. Estamos impacientes por ver en qué queda ese argumento cuando se publiquen los resultados de la investigación sobre los papeles de Panamá en más de ochenta países.

Nuestros compañeros de Brasil están muy nerviosos. Tienen miedo de que las detenciones y los registros de la oficina brasileña de Mossack Fonseca estropeen el trabajo que han realizado durante los últimos meses, miedo de que salgan a la luz detalles de la investigación que les ha llevado tanto tiempo, antes de que llegue el día acordado para la publicación en todo el mundo. Marina Walker, directora de proyectos del ICIJ, tiene que ofrecer consuelo y a la vez ser exigente. Asegura que la primicia se mantendrá porque la policía brasileña no tiene tanta información como nosotros, y exige que todos nos ciñamos a la fecha acordada y que nadie se deje llevar por el pánico y se adelante en la publicación de la historia.

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En las últimas semanas, a nosotros también nos han abordado compañeros de otros medios para preguntarnos qué proyecto tenemos entre manos. Y, por supuesto, eso nos inquieta. Por otro lado, es evidente que una cosa así no se puede mantener totalmente en secreto. En el proyecto trabajan centenares de profesionales de todo el mundo y, si cada uno se lo contara aunque solo fuese a otra persona, el resultado sería que casi mil personas estarían al corriente. Además, basta con echar un vistazo al periódico para darse cuenta de que Obermayer y Obermaier llevan meses sin publicar nada.

De todos modos, intentamos mantener la calma. Algunos colegas saben que trabajamos en algo grande, pero no tienen ni idea de lo que se trata. No hace mucho fuimos a una ceremonia y un colega de una revista de actualidad nos comentó con un guiño que debíamos de estar muy estresados esos días. Le contestamos que sí, que nuestros hijos nos tenían muy ocupados: uno acababa de entrar en la guardería y el otro estaba aprendiendo a ir en bicicleta.

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Subimos al avión en Múnich con una temperatura de 5° C y, cuando bajamos en el aeropuerto internacional de Tocumen, estamos a 30° C y con un sesenta por ciento de humedad. Menudo cambio. Es extraño, nunca habíamos estado en Panamá y, aun así, enseguida nos encontramos con viejos conocidos, como el salón regio del aeropuerto de Tocumen, por ejemplo. En esa sala VIP, los empleados de Mossack Fonseca se reunían con clientes importantes que estaban de paso. No será la única vez que nos ocurra: en esos días, veremos cosas que no habíamos visto nunca, nos reuniremos con gente a la que no habíamos visto nunca, pero que conocemos muy bien a partir de los datos que hemos investigado.

Nuestros colegas del periódico La Prensa han puesto un chófer a nuestra disposición para los días que estaremos en Panamá. Es un hombre tranquilo, un auténtico armario. Un chófer particular, eso es nuevo para nosotros. Conduce en hora punta con la paciencia de un santo. Nuestro destino son los rascacielos que se ven a lo lejos, el distrito financiero. Pasamos por barrios de chabolas que demuestran que en Panamá sigue habiendo mucha gente que no tiene suficiente dinero para pagarse tres comidas al día. A menos de un kilómetro de esas pobres barracas se alzan unas fachadas resplandecientes que brillan a la luz del sol con todas las formas y alturas imaginables. La Torre Trump parece un velero gigantesco; otros rascacielos parecen cohetes, antorchas o tetrabriks abollados porque un gigante los ha golpeado con el canto de la mano. Todos los meses se añaden nuevos edificios. Cada vez más altos, cada vez más estrafalarios. Eso también forma parte de Panamá. Hasta ahora, el más llamativo es el Tornillo, la Torre de la Revolución, un rascacielos de 243 metros de altura que parece un tornillo girando sobre su propio eje.

El Tornillo se refleja en la fachada de la sede de Mossack Fonseca, un edificio que parece de otros tiempos: solo tiene tres plantas, está en una calle lateral y en la planta baja hay un consultorio médico. Dos vigilantes observan con desconfianza a los viandantes y nos miran con recelo cuando pasamos en coche por delante, circulando despacio y haciendo fotos discretamente con el móvil. La mujer morena que acaba de aparcar un Toyota en el aparcamiento de la empresa ¿será Leticia Montoya, la reina de las empresas offshore que dirige sobre el papel miles de empresas? En el SUV negro que gira para entrar en el garaje subterráneo, ¿irá el mismísimo Jürgen Mossack? La tentación de bajarnos del coche, dirigirnos al edificio y obligarlos a enfrentarse a lo que hemos descubierto es muy grande.

Pero tenemos que ser pacientes y esperar unos días más. Entonces daremos salida a nuestras críticas, a las cartas con todas nuestras acusaciones. Aunque entonces ya nos habremos ido de Panamá. Por motivos de seguridad.

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Nos dirigimos a la redacción de La Prensa. Está en una zona industrial en el noreste de la ciudad de Panamá, al lado de un gran almacén de materiales de construcción y de un concesionario de coches. Es un periódico a la antigua usanza: las oficinas están en el primer piso y desde allí se ve la imprenta, donde en esos momentos preparan la edición del día siguiente. Huele a tinta por todas partes.

Ese es el reino de Rita Vásquez. La subdirectora de La Prensa nos recibe en su despacho, una pequeña habitación sobria y sin ventanas. Conocemos a Rita desde la reunión en Múnich y es una mujer con un pasado muy especial: tiempo atrás trabajó en el sector de las empresas offshore, en las Islas Vírgenes Británicas, y conoce personalmente a muchos empleados de Mossack Fonseca. Rita convoca a su equipo: Scott Bronstein, que también es su marido; Ereida Prieto-Barreiro, una gran profesional, y Rolando Rodríguez, el mejor periodista de investigación del país, que ya ha destapado unos cuantos escándalos. Nos cuentan sus hallazgos: pistas que conducen a influyentes empresas panameñas, a escándalos sonados de años anteriores y a un expresidente. «Esta historia causará el mismo impacto que una bomba atómica», comenta Scott. Según él, la atención que le prestarán otros medios del país y también extranjeros será semejante a la que despertó la invasión de Estados Unidos en 1989.

Aquel año, todo el mundo miraba hacia Panamá.

El proyecto de los papeles de Panamá sobrepasa las posibilidades de La Prensa. El periódico solo tiene una tirada de cuarenta mil ejemplares y la mayoría de sus lectores son de clase alta, la misma a la que pertenecen los panameños que aparecen en los datos.

Por tanto, no es de extrañar que el proyecto sea top secret. En la redacción, no llegan a diez las personas que están al corriente. En Panamá se conocen todos. Hay como mínimo una empleada de Mossack Fonseca que antes trabajaba en el periódico. Rita y sus compañeros se ven regularmente en barbacoas o en partidos de golf.

Además, Panamá es un país violento. La gente que hace demasiadas preguntas corre peligro. Nuestros colegas investigan ahora a una empresa panameña que está implicada en un escándalo muy sonado, y los datos de Mossack Fonseca arrojan nueva luz al caso. Las autoridades también están implicadas, aunque uno de los investigadores ha desaparecido sin dejar rastro. Se sospecha que está muerto. A otro funcionario implicado lo apuñalaron cuando se dirigía a una entrevista.

Los compañeros de La Prensa también cuentan con que puede ocurrirles lo peor. Por eso han comprado varios chalecos antibala. Cuando empiecen las publicaciones sobre los papeles de Panamá, todos los periodistas involucrados tendrán que ponérselos. Y cuando salgan a la calle, los acompañará un guardaespaldas. El mismo hombre que nos hace de chófer. Rita también se preocupa de nuestra seguridad.

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Nuestro guardaespaldas, que esos días no se separará de nosotros, nos lleva a Altos del Golf. El dictador Manuel Noriega vivía en ese barrio exclusivo. Delante de las casas vemos vehículos todoterreno de lujo y limusinas, hay cámaras de vigilancia en todas las esquinas, y alambre de espino y vallas electrificadas para impedir la entrada de visitas desagradables. Aquí viven, protegidos por guardias, dos expresidentes de Panamá y, supuestamente, Jürgen Mossack, uno de los copropietarios de Mossack Fonseca.

Pero no estamos ahí por eso.

Hemos ido por el espía alemán Werner Mauss, alias Claus Mollner. En el expediente de su empresa offshore encontramos un documento según el cual tiene al menos una casa en esa zona. Noriega, Mossack, Mauss: ¡menuda colección! Queremos averiguar si Mauss vive realmente ahí. Llamamos al timbre en la dirección que ya conocemos. Y nos abren la puerta. Una criada.

No, no conoce al señor Mauss. ¿Y al señor Mollner? ¿Tampoco? ¿Quizá a Herbert Rick? ¿Otto John? Mauss ha trabajado con tantos nombres en las últimas décadas que es fácil hacerse un lío. La mujer nos dice que tampoco. Entra en la casa y oímos voces. Entonces sale un hombre joven en pantalón corto y sin camisa. Parece europeo. Nos dice en español que allí no vive ningún Mauss ni ningún Mollner. No puede ayudarnos. Le preguntamos cómo se llama y quién vive en la casa. No nos contesta[1].

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Esos días son para nosotros un curso intensivo en materia de empresas offshore. Recorremos de punta a punta la ciudad de Panamá, la versión tropical de Manhattan, vamos al casco viejo, al distrito financiero, a la nueva zona de Costa del Este, nos reunimos con asesores del Gobierno, con funcionarios, con expertos en blanqueo de dinero, con antiguos investigadores y con representantes del Colegio de Abogados de Panamá. Prestamos atención a sus argumentos, oímos decir que la afirmación de que su país es un paraíso fiscal es pura palabrería, alimentada por la envidia de otros países y estimulada por Estados Unidos, que lo único que quieren es desviar la atención de sus propios paraísos fiscales en Delaware y Nevada. Nos cuentan con entusiasmo que por fin han borrado a Panamá de la lista negra de la OCDE y discuten los motivos por los que Estados Unidos sigue manteniéndolos en la suya. Los críticos nos explican que es evidente que la riqueza de Panamá también se alimenta de que muchos asesores hacen negocios con todo tipo de clientes sospechosos a sabiendas, con traficantes de drogas, defraudadores y personas que se saltan las sanciones.

A través de esas conversaciones, cada vez vemos más claro que Panamá está muy dividida y hasta qué punto están enrocados los frentes entre los que hacen apología de los paraísos fiscales y los que defienden la transparencia. Pero sobre todo vemos los problemas legales a los que podrían enfrentarse Mossack Fonseca y sus propietarios: años de negocios con clientes sancionados, el hecho de que el bufete no está en condiciones de identificar a los beneficiarios de todas las empresas que administra y su actividad como titular fiduciario.

No dejamos de dar vueltas al tema de los directores fiduciarios: Carlos Barsallo, el presidente del Comité de Ética del Colegio de Abogados panameño, nos cuenta que a los directores fiduciarios se les podría exigir que rindieran cuentas por las posibles infracciones de las empresas que dirigen —al menos sobre el papel— y que, en caso de duda, se les podrían reclamar millones en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

¿Lo tendrán claro los directores fiduciarios que hemos encontrado en los datos de Mossack Fonseca? Personas como Leticia Montoya, la reina de las empresas offshore, que preside más de veinticinco mil sociedades en calidad de directora. Entre ellas se cuentan algunas que administran dinero negro y otras que aparecen en las investigaciones del escándalo de la FIFA. Si Montoya tuviera que comparecer ante los tribunales aunque solo fuera por una esas firmas, sería su ruina. Porque, por lo que sabemos, no gana una fortuna por su trabajo. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué se arriesga? Queremos preguntárselo. Sabemos dónde vive, su dirección aparece en los datos.

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Salimos con nuestro chófer de la deslumbrante ciudad de Panamá. Cruzando el canal, se tardan cuarenta minutos en llegar al interior, a Vacamonte. El viento arrastra bolsas de plástico por las calles, al lado de un quiosco arde la basura, apesta. A ambos lados se alinean casas de una sola planta, algunas son una pura ruina. Los muchachos a los que preguntamos por la dirección nos miran con desconfianza. Empezamos a entender por qué nos vemos obligados a ir a verla allí.

Vacamonte es una zona peligrosa en la que ni siquiera nuestros colegas de La Prensa han estado nunca. Allí vive la reina de las empresas offshore.

Después de media hora dando vueltas, por fin encontramos la casa de Leticia Montoya, un chalé vistoso para esa zona. Hay un coche japonés aparcado debajo de un porche y, al lado, juguetes de niño. Nos abre la puerta un hombre mayor con cara de mal humor. Nos dice que su mujer no está en casa. Y nos pregunta para qué queremos hablar con ella.

Le decimos que queremos preguntarle sobre sus empresas offshore. Queremos saber cómo consigue dirigir miles de sociedades. Y si es consciente de que algunas de esas empresas están envueltas en escándalos.

La conversación es extraña. El marido de Montoya no parece saber muy bien a qué se dedica exactamente su mujer. En un momento dado, saca el móvil y nos dicta su número de teléfono. Nos dice que la llamemos.

Lo hacemos desde el teléfono de la periodista de La Prensa que nos acompaña. Leticia Montoya no se pone al teléfono. Pero ahora tiene registrado nuestro número.

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En el trayecto de vuelta hablamos mucho rato sobre la figura del director fiduciario. Es muy práctica para las personas que tienen algo que ocultar y un gran negocio para empresas como Mossack Fonseca. Pero ¿qué pasa con esos directores? Son la clase explotada del mundo de las offshore, no podemos expresarlo de otra manera.

Poco después suena el teléfono de la periodista de La Prensa. Es Leticia Montoya. Está furiosa y grita al teléfono que por qué el imbécil de su marido nos ha dado su número.

Admite que es directora de miles de empresas.

Pero ¿cómo consigue cumplir con las obligaciones que eso entraña en una maraña de miles de sociedades offshore?

La pregunta la sorprende: no conoce la finalidad de las empresas, ni a quién se vendieron, ni en qué consisten exactamente.

Nos dice que, si queremos más información, nos dirijamos al agente registrador. En este caso, sabemos quién es: Mossack Fonseca.

Leticia Montoya cuelga[2].

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Nuestro próximo objetivo es Ramses Owens. Trabajó de abogado hasta el año 2010 en Mossack Fonseca o, mejor dicho, en Mossack Fonseca Trust, una de las secciones que trabaja directamente con clientes finales. Lo conocemos por cientos de correos electrónicos en los que solía incluir emoticonos y smileys. Por eso le pusimos el mote de Smiley Man. Ramses Owens era el hombre que ofrecía a los clientes del bufete el servicio de nominee beneficial owner o natural person nominee que ya hemos mencionado y les enviaba los documentos correspondientes. Se trata de una persona real que se presenta ante los bancos en lugar del verdadero propietario o haciéndose pasar por este. Todas las medidas contra el blanqueo de dinero llevadas al absurdo. Porque ¿cómo va a comprobar un banco si su cliente es un criminal si cree que examina los datos del cliente, pero en realidad está comprobando los datos de un testaferro y nunca sabrá que detrás de ese hombre de paja se esconde otra persona?

Actualmente, Owens tiene su propio bufete a unos centenares de metros de Mossack Fonseca. Lo abrió con un compañero de estudios, también abogado. Al poco de presentarnos, Owens nos explica que los dos fueron los mejores de su promoción. Por lo visto, la modestia no es su fuerte. Nos conduce por el bufete, nos cuenta maravillas del cocinero que cada día cocina para él y sus compañeros y nos habla de los elevados estándares que se siente obligada a cumplir la empresa. En una mesa de su despacho están a la vista todas las revistas y periódicos que han publicado artículos sobre él.

A Owens le gustan los focos. Accede enseguida a que le hagamos una entrevista y no le supone ningún problema que la grabemos con una cámara. «No tengo nada que ocultar», afirma. Según él, es importante que el sector se muestre abiertamente a los periodistas. Al fin y al cabo, se trata de defender la reputación. Y añade que lo pasó muy mal cuando la revista estadounidense Vice publicó en 2014 un artículo sobre Mossack Fonseca, y sobre él. Está seguro de que fue un montaje de los republicanos judíos.

Se nos escapa una sonrisa. La revista Vice escribió el artículo basándose en rumores, pero nosotros pronto publicaremos pruebas. ¿Qué dirá Owens entonces? ¿Que es una conspiración de la CIA y los masones?

Owens no para de hablar. Alaba los requisitos de identificación a los clientes con la diligencia debida, las leyes de transparencia, las medidas que impiden que personajes turbios utilicen los servicios que ellos ofrecen. Y afirma que no aceptan clientes potenciales si observan que van a utilizar las empresas pantalla para evadir impuestos. Después de todo, añade, los bufetes de abogados que crean empresas pantalla tienen que cumplir las leyes. Y un largo etcétera.

Esas palabras suenan absurdas en boca de alguien como Ramses Owens, a quien hemos visto en nuestros datos implicado en todo tipo de contextos problemáticos. Para colmo, afirma que Mossack Fonseca mantiene los estándares más elevados de integridad y prestigio.

Cambiamos de tema: le decimos que nos gustaría hablar de la figura del nominee beneficial owner, el titular fiduciario, el servicio que ofrecía cuando trabajaba en Mossack Fonseca.

Esperábamos que nos contestara dando rodeos o con un discurso vacío, como suelen hacer los abogados cuando se toca un tema peliagudo.

Sin embargo, Owens nos sorprende con su respuesta: según él, eso es blanqueo de dinero.

Owens afirma que es obligatorio que el titular se identifique, los que no lo hacen y envían a alguien para que se haga pasar por el verdadero propietario actúan al margen de la legalidad. Owens va a buscar un libro que tiene encima de la mesa del despacho. Es el Código Penal de Panamá y nos dice que en él se puede leer que la utilización de titulares fiduciarios está penada con varios años de prisión.

Nos quedamos perplejos.

A pesar de haber pasado más de un año analizando los entresijos de Mossack Fonseca, aún hay cosas que nos dejan boquiabiertos. Lo mejor de todo es que hemos filmado las declaraciones de Owens, las hemos grabado[3].

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En nuestro último trayecto por la ciudad de Panamá, pasamos de nuevo por delante de la casa de Jürgen Mossack, volvemos a cruzar el distrito financiero y circulamos por delante del edificio de Mossack Fonseca. Después nos dirigimos al aeropuerto de Tocumen.

Un último vistazo a Panamá desde el aire. Ya no volveremos.

POST SCRIPTUM

3 de abril de 2016, poco antes de las siete y media de la tarde. Aún falta una media hora para las ocho, el momento en el que se publicarán los papeles de Panamá. A esa hora aparecerán en la página web del Süddeutsche Zeitung los resultados de nuestra investigación. En realidad, las webs con nuestros textos ya están «en directo», esto es, en línea, aunque no de forma oficial. Nuestros compañeros del área digital han programado una costosa página que nos servirá para hacer pruebas en condiciones reales. Como es lógico, no es algo que nos guste especialmente, pero ellos se defienden con profesionalidad de nuestras objeciones: nos aseguran que en la media hora anterior al pistoletazo de salida oficial será imposible encontrar nuestros textos sobre Panamá. Será necesario saber, dicen, que estamos trabajando en este proyecto e introducir la dirección exacta de la página web. En otras palabras, habría que estar buscando específicamente nuestro trabajo. En fin, hacemos pruebas por aquí y por allá, volvemos a revisar las traducciones al inglés y preparamos los primeros tuits para que podamos lanzar todo a las ocho en punto de la tarde.

Hace tiempo que nuestras historias están ya listas para este primer día. Tenemos todos los análisis jurídicos, todas las correcciones, todas las infografías. Los primeros ejemplares de los periódicos están ya impresos y en estos momentos viajan en camiones, rumbo a los lectores.

Todo está listo. Faltan quince minutos.

Huelga decir que todos estamos nerviosos. Llevamos más de un año trabajando en este tema y ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar ahora. ¿Cómo se lo tomarán los demás medios de comunicación? ¿Qué dirá la gente ahí fuera? ¿Nos encontraremos tal vez con la indiferencia? ¿Pasará este tema sin pena ni gloria, como «otra filtración cualquiera»?

De repente, nos llama un compañero: «¡Edward Snowden acaba publicar un tuit sobre nosotros!».

Nos miramos estupefactos. Son las 19:48 horas. ¿Edward Snowden?

Entramos en Twitter. Efectivamente, Snowden ha enviado el siguiente mensaje a sus casi dos millones de seguidores: «Dentro de poco se publicará la mayor filtración de la historia del periodismo de datos. El tema será la corrupción».

Snowden incluye un enlace a la web del Süddeutsche Zeitung, a nuestro texto en inglés acerca de Islandia y las sociedades pantalla del primer ministro, Sigmundur Gunnlaugsson, así como de dos miembros más de su Consejo de Ministros.

Que Snowden difunda nuestra investigación es una buena señal. Poco después, también WikiLeaks nos retuitea. Y, por fin, llegan las ocho de la tarde.

Se desata la locura.

En poco tiempo, #panamapapers se convierte, a través de cientos de miles de tuits, en el tema más destacado de Twitter. En todo el planeta. Al día siguiente, los papeles de Panamá son conocidos en todos los continentes. El tema ocupa las portadas en Tailandia y en Corea del Sur. También en Canadá, Iberoamérica, África y Australia. Y en Europa, desde luego. En Estados Unidos, la historia aparece durante días en las primeras páginas del Washington Post, el Wall Street Journal, el Financial Times y el New York Times, a pesar de que estos medios no han participado en el proyecto. Los principales canales de televisión y emisoras de radio especializados en noticias informan sobre este caso. En todas partes, los papeles de Panamá se convierten en el gran tema del día.

Bob Woodward, uno de los periodistas de investigación más importantes del mundo, el hombre que destapó el escándalo Watergate y que provocó la caída del presidente estadounidense Richard Nixon, califica nuestro proyecto de «un triunfo del periodismo». El New York Times escribe que tal vez esto suponga un cambio para este oficio.

[ ]

Apenas unas semanas después de la revelación, se hace patente que no solo la atención despertada es mucho mayor de lo que habíamos esperado. También lo son las reacciones políticas.

Barack Obama toma posición respecto a los papeles de Panamá y se refiere a la evasión fiscal como un problema acuciante. Los países del G20 reaccionan con un nuevo catálogo de medidas. El Parlamento Europeo incluso pone en marcha una comisión de investigación propia.

Pero también se emprenden numerosas acciones concretas. En varios países se llevan a cabo registros e investigaciones. En Suiza se inspeccionan las oficinas de la UEFA y de su agencia de marketing. En Ginebra se confisca, en el puerto franco, la obra Hombre sentado con un bastón, de Amedeo Modigliani. En El Salvador se realiza un registro en la sede de Mossack Fonseca. También en Perú.

Finalmente, la policía entra también en la central del bufete, situada en Panamá. Los agentes incluso pasan la noche en ella. Durante veintisiete horas, examinan planta por planta y, según parece, recaban multitud de datos. En otro edificio de Mossfon en la capital panameña, los investigadores encuentran más tarde montañas de documentos que han pasado por la trituradora de papel.

En varios países, los papeles de Panamá permiten poner en marcha investigaciones sobre cientos de personas: estafadores, capos del narcotráfico y ciudadanos particulares, además de los propietarios de Mossfon, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca. La autoridad de supervisión bancaria de Nueva York ordena a trece bancos —entre ellos, Deutsche Bank, ABN Amro y Société Générale— que le faciliten toda la información relativa a sus relaciones comerciales con Mossack Fonseca. Al mismo tiempo, varios jefes de Gobierno en activo empiezan a sentirse presionados. En Islandia, Reino Unido, Argentina, Malta y Pakistán.

Pero vayamos por partes.

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En Islandia, los problemas del primer ministro Sigmundur Gunnlaugsson se conocen desde tres semanas antes de la publicación de los papeles de Panamá, gracias a una memorable entrevista que le hacen unos compañeros suecos junto con nuestro colega islandés Jóhannes Kr. Kristjánsson. Después de unas preguntas inofensivas —qué opinión tiene el primer ministro acerca de las sociedades pantalla, la crisis bancaria de Islandia, la moral y la ética en el mundo de las offshore—, llega la sorpresa para el mandatario: «Y en su caso, señor primer ministro, ¿tiene o ha tenido alguna relación con empresas offshore?».

«¿Yo? No…».

Parece que Gunnlaugsson no sabe qué hacer. Pierde el hilo. Empieza a tartamudear.

Sí, responde, ha colaborado con empresas que tenían vínculos con sociedades offshore. Pero siempre ha declarado todo a Hacienda. ¿Qué clase de extraña pregunta es esa?

«Puedo garantizarles que nunca he ocultado ni una sola parte de mi patrimonio».

Le repiten la pregunta: «Es decir, que usted nunca ha tenido ninguna relación con una empresa offshore, ¿verdad?».

«Como ya les he explicado, siempre he declarado mi patrimonio», contesta.

Entonces llega la pregunta decisiva: «¿Qué puede usted decirme acerca de la empresa Wintris?».

Silencio. El primer ministro Gunnlaugsson traga saliva.

«Bueno, si no recuerdo mal, es una empresa que está vinculada a una empresa de cuyo Consejo de Vigilancia yo formaba parte».

Silencio.

«Y había una cuenta bancaria que, como ya le he dicho, declaré a efectos fiscales. Desde el primer momento».

Gunnlaugsson empieza a desconfiar. En ese momento, nuestro compañero islandés, Jóhannes, que hasta entonces se había mantenido en un segundo plano, pasa a la acción.

«¿Por qué no ha declarado nunca sus vínculos con Wintris?».

Poco a poco, Gunnlaugsson pierde los papeles.

«Como ya les he explicado, todo eso aparece en mi declaración de la renta, desde el principio».

«En tal caso —le preguntan—, ¿por qué no ha declarado al Parlamento la existencia de esa empresa?».

El primer ministro responde que se trataba de un «asunto especial».

«¿Es suya esa empresa?».

«Mi mujer vendió una parte de su empresa familiar. Esa empresa pasó a estar entonces bajo el control de un banco, que llegó a ciertos acuerdos. El resultado fue esta sociedad».

«¿Qué participaciones tiene la empresa?».

En ese momento, Gunnlaugsson se levanta. Da por concluida la entrevista y se marcha.

Antes de que se publiquen estas declaraciones, la mujer del primer ministro escribe en Facebook que ella es la única propietaria de la sociedad Wintris. Mientras tanto, su marido concede entrevistas a un periódico y a una emisora de radio. No le sirve de nada.

El 3 de abril, nuestro compañero Jóhannes Kr. Kristjánsson emite la entrevista en televisión. El programa logra una cuota de pantalla de más del cincuenta por ciento y en apenas unas horas recibe miles de visitas en internet. Un presentador habla incluso de la «mayor traición a la confianza de la historia del Parlamento islandés». La misma noche de la emisión empiezan a correr rumores de que Gunnlaugsson va a dimitir. Al día siguiente se producen manifestaciones masivas en el país. Miles de personas se concentran en la plaza del Althing, el Parlamento islandés. Se amontonan contra las verjas que rodean el edificio y las golpean con cascos de ciclista y cacerolas. Arrojan plátanos, latas y rollos de papel higiénico contra la fachada.

Más de veinte mil personas se echan a la calle para exigir la dimisión del primer ministro: una cifra extraordinaria para Islandia, país que solo tiene trescientos treinta mil habitantes. Es como si en Alemania siete millones de personas se manifestaran contra Angela Merkel.

Entonces comienza un espectáculo lamentable. Gunnlaugsson declara que no piensa dimitir. Un día más tarde, asegura que dimitirá y, poco después, lo desmiente. Al final, anuncia que dejará por un tiempo su cargo.

De este modo, Sigmundur Gunnlaugsson se convierte en el primer jefe de Gobierno que tiene que renunciar a su puesto por los datos que nuestra fuente —conocida ya en todo el mundo como «John Doe»— nos había filtrado más de un año antes.

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Muy pronto los compañeros británicos se toparon en sus investigaciones con Blairmore Holdings, un fondo de inversión que Ian Cameron, el padre del actual primer ministro británico, fundó en 1982 en Panamá. A nuestro juicio, este era solo un caso más entre muchos otros. Para nosotros, evidentemente, tenía mucho morbo que justo el padre del hombre que se presenta a sí mismo como el adalid de la lucha contra los paraísos fiscales hubiese creado, precisamente en esos países, estructuras empresariales opacas. Pero ¿se puede pedir explicaciones a un hijo por los actos de su padre? En nuestra opinión: más bien no.

Sin embargo, con lo que no contábamos era con que David Cameron se hubiese beneficiado precisamente de ese mismo fondo y que, por si fuera poco, fuese a optar por una estrategia de comunicación bastante desacertada. El mismo día de la publicación de la filtración global de los papeles de Panamá, Cameron ordenó a una portavoz que declarara lo siguiente: «Este es un asunto privado». Al día siguiente, él mismo tomó la palabra para pronunciar una frase que, en principio, no podía ser más clara: «No tengo ninguna participación social, ninguna empresa pantalla, ningún fondo offshore, ninguna inversión offshore ni nada por el estilo. Creo que con esta descripción he sido muy claro». Ese mismo día, la Oficina del Primer Ministro publicó una declaración por escrito: «Para que no haya lugar a dudas: ni el primer ministro, ni su esposa, ni sus hijos se benefician de ninguna inversión offshore. El primer ministro no posee acciones». Al tercer día, los responsables de comunicación de Cameron insistieron: «No hay ninguna inversión o fondo offshore de los que se vayan a beneficiar en el futuro ni el primer ministro, ni la señora Cameron, ni sus hijos».

Así pues, el primer ministro negó que disfrutara en ese momento o que fuera a disfrutar en lo sucesivo de alguna ganancia personal ligada a negocios offshore. Pero ¿y en el pasado?

A esta pregunta respondió Cameron en una entrevista en la cadena privada de televisión ITV News: «Fuimos titulares de cinco mil participaciones de Blairmore Investment Trust, que vendimos en enero de 2010». El primer ministro confesaba así haberse beneficiado del fondo offshore de su padre. Desde entonces, miles de ciudadanos han salido a las calles de Londres en diversas manifestaciones para reclamar su dimisión.

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Casi al mismo tiempo, miles de personas se manifestaban en Malta, ante la residencia del jefe del Gobierno, para exigir la dimisión de Joseph Muscat, primer ministro socialdemócrata. «Barra!», se podía leer en las pancartas, lo que en maltés significa «¡fuera!», «¡vete!». Muy pronto se empezó a hablar de una «segunda Islandia»: un segundo Estado isleño cuyo Gobierno entra en crisis por los papeles de Panamá.

Aparentemente, dos personas de confianza del primer ministro —el ministro de Energía y Sanidad, Konrad Mizzi, y el jefe del Estado Mayor, Keith Schembri— habían ocultado dinero al fisco de Malta a través de un entramado de empresas en Panamá y de diversos trusts en Nueva Zelanda. Ambos confirmaron que poseían empresas y fondos, pero aseguraron que no sabían que estaban obligados a declararlo ante las autoridades maltesas.

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En Argentina, los papeles de Panamá han puesto contra las cuerdas a Mauricio Macri, presidente desde noviembre de 2015, quien, según nuestros documentos, fue durante un tiempo directivo de la sociedad pantalla Fleg Trading Ltd. También se ha sabido que pocas semanas atrás transfirió las acciones que poseía en una empresa hidroeléctrica a una empresa offshore de su padre. Tres meses después de asumir su nuevo cargo.

Y, por si fuera poco, muchas de sus personas de confianza también figuran en los papeles de Panamá o aparecen vinculadas con empresas offshore en los datos filtrados. Entre ellas se encuentra Néstor Grindetti, exministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambos viajaron juntos en 2013 a Panamá, oficialmente por una cuestión relacionada con un crédito para proyectos urbanísticos. También aparecen las siguientes personas: Daniel Angelici, que, con la ayuda de Macri, consiguió convertirse en presidente del club de fútbol Boca Juniors; Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, nombrado por Macri; Gustavo Arribas, director de los servicios de inteligencia; varios hermanos de Macri y su primo Jorge, intendente del municipio de Vicente López, situado en las proximidades de Buenos Aires.

El periódico Página/12, de orientación izquierdista, lleva a portada una imagen de Macri cabizbajo y este titular: «Panamacri». Entretanto, la Fiscalía argentina dirige una instrucción y un miembro de la oposición presenta una denuncia contra Macri. También las autoridades anticorrupción del país tienen la intención de encargarse de este asunto.

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En Pakistán, mientras tanto, el primer ministro Nawaz Sharif tiene que hacer frente a una dura oleada de críticas desde que se ha conocido que sus hijos poseen sociedades pantalla, además de diversos inmuebles en Londres, valorados en importes millonarios. Cuando, a mediados de abril, Sharif sale de Pakistán para someterse a un tratamiento médico en la capital británica —según la versión oficial—, inmediatamente se desata el rumor de que no regresará al país hasta que no haya concluido la investigación sobre este asunto. La oposición ha llamado a los ciudadanos a manifestarse en masa.

En España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha dimitido después de intentar durante varios días negar su vinculación con los negocios offshore. Una de sus excusas, de hecho, es que la persona que aparece en los papeles de Panamá no sería él, sino alguien que tendría su mismo nombre.

En Dinamarca, los responsables de los tres bancos más importantes —Nordea, Danske Bank y Jyske Bank— han tenido que dar explicaciones ante el Parlamento. En Finlandia, varios partidos y el principal sindicato del país cierran las cuentas que mantenían en Nordea. En Austria y en Holanda, varios directivos de entidades bancarias han presentado su dimisión. En Chile, el jefe de la filial nacional de Transparencia Internacional, que aparecía en los papeles de Panamá en relación con al menos cinco sociedades pantalla, ha renunciado a su cargo.

En la FIFA, Juan Pedro Damiani, miembro fundador de la Comisión de Ética, se ha retirado después de que los papeles de Panamá revelaran que había hecho negocios con tres empleados de la institución contra los que pesan acusaciones por diversos delitos.

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Sin embargo, algunos de los efectos de los papeles de Panamá son desalentadores.

En China, unas horas después de las primeras revelaciones, se censuró el término «papeles de Panamá» y un abogado fue detenido por haber difundido una caricatura, un fotomontaje en el que se veía a dos antiguos dirigentes del Partido Comunista, Jiang Zemin y Deng Xiaoping, junto con el actual, Xi Jinping, vadeando el canal de Panamá.

En Hong Kong, Keung Kwok-yuen, redactor jefe adjunto del periódico Ming Pao, fue despedido apenas unas horas después de la publicación de los papeles de Panamá. El motivo oficial: el periódico tenía que recortar gastos.

Nuestros compañeros periodistas en Panamá tuvieron que elaborar las primeras ediciones sobre este asunto en un lugar secreto. Tenían demasiado miedo de que alguien recurriese a la violencia para impedir que hicieran su trabajo.

En Venezuela, una de nuestras compañeras fue despedida por su periódico, Últimas Noticias, afín al régimen. La periodista había ocultado a su empresa que estaba colaborando en el proyecto de los papeles de Panamá, ante el temor de que el medio alertase a los afectados.

La página web de nuestro socio tunecino, la revista digital Inkyfada, fue objeto de un ataque informático después de que hiciese públicas las conexiones de un antiguo asesor del presidente con diversas sociedades offshore.

En Ecuador, el presidente, Rafael Correa, tuiteó los nombres de los periodistas que habían participado en las investigaciones de este proyecto. El mensaje era claro: quería presionarlos. Pocos días después, se supo que también Correa aparecía en los papeles de Panamá, vinculado a una empresa cuyas actividades no han podido determinarse con exactitud antes del cierre de la edición de este libro.

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Pero la historia cuyos efectos temíamos en mayor medida era la de las filtraciones sobre el mejor amigo de Putin, Serguéi Roldugin. Por motivos de seguridad, esperamos el máximo tiempo posible antes de ponernos en contacto con los afectados. No en vano, uno de ellos era, al fin y al cabo, Vladímir Putin. Y su reacción era imprevisible. Nuestros compañeros rusos temían por sus vidas.

En realidad, cuando, pocos días antes de la publicación, enviamos al portavoz personal de Putin, Dmitri Peskov, una lista de decenas de preguntas, nos invadió una extraña sensación. Aquel Peskov era el mismo cuya mujer aparecía en nuestros datos como propietaria temporal de una empresa fantasma. No pensábamos que fuera a respondernos.

El lunes de Pascua, Peskov compareció ante la prensa rusa. Aseguró que había recibido una serie de «preguntas que tenían un tono de interrogatorio». Sostuvo que formaban parte de un «ataque informativo». Que se estaba intentando «herir desde el sector de la información» a la familia del presidente. Que se hablaba de una multitud de empresas offshore, compañías de las que personalmente Putin no había tenido conocimiento jamás. Peskov especuló con la idea de que tras el «ataque» no solo había periodistas, sino también «representantes de servicios especiales y otras organizaciones».

No todos los días sucede que el portavoz del presidente ruso reaccione públicamente con tanta rabia a las preguntas de los periodistas. O mejor dicho: nunca antes había sucedido.

Las consecuencias para dos de nuestros compañeros rusos fueron enormes: sus fotografías aparecieron en la televisión del país y se les denostó asegurando que eran agentes que estaban haciendo propaganda para Estados Unidos. El redactor jefe del periódico Nowaja Gaseta incluso recibió coacciones para que no publicara la información. Y, a pesar de todo, lo hizo. Ahora pesa sobre él la amenaza de una inspección fiscal. Una represalia típica en Rusia. Nuestro colega ruso Roman Anin nos escribió dos días más tarde: «No nos arrepentimos de nada. Estamos dispuestos a asumir las consecuencias».

Apenas dos semanas después de la publicación, Putin acudió a Línea directa, un programa de televisión que se emite una vez al año y en el que el presidente responde a las preguntas de sus conciudadanos. Aprovechó aquella comparecencia para atacarnos: «¿De dónde proceden estas provocaciones? Sabemos que allí hay empleados de instituciones oficiales estadounidenses. ¿Dónde se publicó por primera vez ese artículo? Ayer le pregunté a Peskov, mi responsable de prensa. En el Süddeutsche Zeitung, me dijo. El Süddeutsche Zeitung pertenece a un grupo de empresas de comunicación que, a su vez, pertenece a un grupo financiero norteamericano: Goldman Sachs».

Esta afirmación es falsa. El Süddeutsche Zeitung no pertenece, ni directa ni indirectamente, a Goldman Sachs. Es, al cien por cien, una filial de la empresa Süddeutscher Verlag, que a su vez pertenece, en un 18,75%, a una familia de editores de Múnich y, en un 81,25%, al grupo mediático Südwestdeutsche Medienholding, que tampoco es propiedad del banco estadounidense de inversiones. El Kremlin acabó disculpándose más adelante por aquella falsedad.

Sin embargo, en medio de semejante barullo, casi pasó desapercibida una importante afirmación: en el programa Línea directa, Putin confesó que los datos de los papeles de Panamá se correspondían con la realidad. «La información es fiel a la realidad», dijo. Unos días más tarde, se negó a conceder una entrevista al Süddeutsche Zeitung.

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Seamos sinceros: jamás tuvimos la esperanza de que tras la publicación sucediese gran cosa. Sí que confiábamos en despertar el interés de nuestros lectores y preveíamos que los políticos de todo el mundo harían declaraciones pomposas para reclamar soluciones. Pero ¿que se produjesen cambios reales, que se diesen pasos serios en la lucha contra el mundo de las offshore? Eso no.

«Panamá es el último gran reducto que sigue permitiendo la ocultación de fondos offshore a las autoridades fiscales y penales», aseguró, apenas unas horas después de que empezáramos a publicar nuestros datos, Ángel Gurría, el presidente de la OCDE, es decir, de la organización de los países industrializados.

Unos días más tarde, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció que pondría fin a las bearer shares o acciones al portador, y que, además, su país colaboraría en el intercambio internacional de datos tributarios y financieros. Hasta entonces, noventa y siete países habían empezado ya a hacerlo, entre ellos las Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Suiza y las Islas del Canal. Panamá es el país número noventa y ocho.

Sea como fuere, estamos convencidos de que lo más eficaz para luchar contra los paraísos fiscales sería crear un registro mundial en el que conste quiénes son los verdaderos propietarios de las sociedades pantalla. Esta medida equivaldría, en palabras de George Osborne, ministro británico de Hacienda, a «golpear con un martillo a todos aquellos que ocultan sus impuestos en rincones oscuros». Sin embargo, nos da la impresión de que lo único que se ha utilizado hasta ahora para combatir los paraísos fiscales no ha sido un martillo precisamente, sino más bien un guante de terciopelo.

El debate que ha abierto el asunto de los papeles de Panamá —y que tardará en apagarse— lo demuestra: otro mundo es posible.

Solo hay que querer construirlo.

BASTIAN OBERMAYER y FREDERIK OBERMAIER

27 de abril de 2016

LOS PARAÍSOS FISCALES CON DIRECCIÓN ESPAÑOLA

por Mar Cabra, Joaquín Castellón y Daniele Grasso

«Quien aparezca ahí [en los papeles de Panamá] tiene que salir de inmediato a justificar por qué está ahí, pero de inmediato. Si no hay explicación, entonces es que no la tiene».

JOSÉ MANUEL SORIA,

ministro de Industria, Energía y Turismo,

que dimitió tras la publicación

de los papeles de Panamá

Madrid fue, de manera sigilosa, uno de los centros neurálgicos de los papeles de Panamá. Hasta aquí llegó el primer disco duro encriptado con los datos que salía de Múnich; desde aquí se han tenido decenas de conversaciones con los autores del libro, Bastian y Frederik, y aquí se ha tomado cualquier decisión relacionada con los 2,6 terabytes de la filtración, ya que Mar Cabra, la jefa del equipo de datos, y Miguel Fiandor, uno de los programadores del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), trabajan desde la capital de España. Los brazos de este departamento clave en el ICIJ se extienden a París, Berlín, San José y Caracas.

Este equipo remoto formado por periodistas e informáticos fue el encargado de analizar los 11,5 millones de documentos obtenidos por el diario Süddeutsche Zeitung y de procesarlos para que más de 370 periodistas pudieran acceder a ellos de manera segura desde internet. No fue fácil. Para empezar, porque el contenido de un tercio de los archivos no podía ser reconocido por ordenadores. El ICIJ tuvo que montar un ejército de más de treinta máquinas virtuales en la nube que se encargó de hacer legibles millones de documentos escaneados por Mossack Fonseca, como, por ejemplo, los certificados de registro de las sociedades.

Se tardó meses en terminar la tarea. Sin embargo, el esperado resultado fue muy goloso para los reporteros, ya que se podían conectar a cualquier hora y desde cualquier lugar a una plataforma similar a un Google privado en donde buscar todos los papeles de la filtración. Blacklight, como se llama la herramienta por el software que usa, engancha. Es como jugar al bingo: uno va metiendo nombres a ver si acierta con alguno. Así, haciendo las búsquedas que nos venían a la cabeza, salieron algunos de los nombres más sonados en España, como Pedro Almodóvar, Bertín Osborne o Lionel Messi.

Pero no todo se dejaba al azar en este proyecto Prometheus (Prometeo), el nombre en código de la investigación hasta la publicación. Aunque ese nombre se escogió por la serie Star Trek, hay muchos paralelismos con la mitología griega. Si el titán heleno entregó el fuego a los hombres, a nosotros nos entregó avances tecnológicos que nos permitieron bucear en segundos, y de manera masiva, en millones de documentos. Por ejemplo, se podía subir una lista entera al sistema con nombres de políticos y en poco tiempo saber si alguno de ellos estaba en los documentos. O, gracias a otra web diferente proporcionada por el ICIJ, se podía ver rápidamente quiénes estaban detrás de las sociedades opacas.

Si bien la tecnología fue clave, en el factor humano residió lo que verdaderamente hizo posible la filtración más grande de la historia del periodismo hasta la fecha. Una de las principales preguntas que se hacía todo el mundo cuando los papeles de Panamá vieron la luz era: ¿cómo se pudo guardar en secreto un tema tan gordo durante tanto tiempo, y más en un sector tan cotilla como el periodístico? La respuesta es sencilla: confianza.

Tradicionalmente, el periodismo de investigación ha sido un asunto de lobos solitarios, periodistas que trabajaban un tema a solas, o como mucho en pareja, y que se llevaban todo el rédito de la exclusiva. Bastian y Frederik acometieron un acto inusual: compartieron ese material preciado que obtuvieron con el ICIJ, que hizo lo mismo con cientos de periodistas. Todos formamos un equipo global en el que existía la sensación de ser parte de algo más grande, de una familia a la que no se podía traicionar.

Al igual que la red social Facebook es clave para estar conectado con amigos y seres queridos, los integrantes de esta familia periodística nos veíamos virtualmente las caras día a día en lo que llamamos el iHub. En esta red social interna, compartir y colaborar, a pesar de la distancia, se hacía más fácil. Y se entraba en un círculo vicioso que generaba adicción: a veces no había nada más que conectarse por la mañana y abrir esta página web para encontrarse varias noticias que se podrían convertir fácilmente en portada del periódico.

Como el día en el que el reportero del ICIJ Marcos García Rey descubrió en los datos el nombre de Lionel Messi. Acababa de empezar 2016 y este español hacía su particular regalo de Reyes al equipo, un par de días antes de la fecha, en el iHub. El post «Leo MESSI» recibió más de 600 visitas y una treintena de reacciones.

«¡¡¡Wow!!!», decían en seguida desde Venezuela.

«OK, ¿así que tengo que cantar gggggoooooooolllllll?», bromeaba un periodista estadounidense.

En los días y semanas siguientes, el intercambio de mensajes y correos cifrados llevaron a verificar que el futbolista del FC Barcelona había adquirido una sociedad en Panamá, Mega Star Enterprises. Los documentos mostraban cómo sus abogados montaron una nueva estructura offshore reactivando la sociedad justo el día después de que se le imputara un fraude contra la Hacienda Pública de 4,1 millones de euros por evasión de impuestos.

Pese a más de cincuenta intentos por teléfono, email y SMS, no fue posible obtener una respuesta del entorno de Messi. El día después de publicar, en cambio, la respuesta fue inmediata y a través de un comunicado: el futbolista amenazaba con una querella. No se desvinculaba de la sociedad panameña revelada, pero aseguraba que era «una compañía totalmente inactiva». Sin embargo, los documentos mostraban que, entre junio de 2013 y hasta como mínimo diciembre de 2015, la sociedad fue usada por Leo Messi y su padre Jorge.

Los periodistas del equipo hicieron todo lo posible por localizar a las personas implicadas en los papeles, escuchar su reacción y plasmarla en la noticia. Las llamadas empezaron seis semanas antes de la publicación. Cuando el secreto guardado durante un año por más de 370 periodistas se desveló el 3 de abril de 2016, las personas mencionadas en los medios no debieron sorprenderse. Aunque quizás no esperaban el revuelo que se montó en ese momento.

Los que sí se quedaron asombrados fueron los espectadores de laSexta y los lectores de El Confidencial, y de los más de 100 medios asociados en esta investigación, que a las ocho de la tarde de ese domingo descubrieron que decenas de nombres conocidos, entre ellos políticos, multimillonarios o celebridades, estaban conectados con paraísos fiscales. Pero, aunque los papeles de Panamá se dieron a conocer al mundo ese día, se podría decir que su verdadero impacto en España se empezó a notar una semana más tarde, el lunes 11 de abril. Porque entre los millones de documentos filtrados aparecía el nombre de un ministro.

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La hora pactada eran las nueve de la mañana. Llevábamos semanas pensando en cómo hacer esa llamada. Ya sabíamos que alguien había advertido al ministro. Alguien le había dicho que su nombre podría estar en los papeles e incluso le habían preguntado en privado sobre ello en el Consejo de Ministros del viernes anterior. Él había asegurado: «Es alguien con mi mismo nombre».

«¿Cuándo vais a sacar al político que empieza por S?», preguntaba un compañero de otro medio unos días antes. Nosotros nos hacíamos los despistados. No sabíamos (y seguimos sin saber) cómo pudo filtrarse que estábamos investigando su nombre. No sabíamos de dónde salía la información. «De un sitio insospechado», es lo máximo que habíamos conseguido rascar.

Ese lunes, 11 de abril, nos llevamos la primera sorpresa. Llamamos a su jefe de prensa y, sobre los tonos de llamada, sobre los típicos piiiii piiiiii, se escuchó un tono de espera con la Sonata Claro de luna de Beethoven. Relajante, aunque no nos sobraba la paciencia.

—Buenos días, le llamamos de laSexta y El Confidencial. Tenemos información de que el ministro Soria está relacionado con una sociedad en Bahamas.

—Ni idea.

—La sociedad estuvo registrada del 92 al 95.

—Que no tengo ni idea. Yo trabajo con él.

—¿Y le podría preguntar? ¿O podríamos hablar con él?

—Cuando llegue se lo preguntamos.

Y hubo que esperar. Estaba en el aeropuerto con su jefe de comunicación. Ese día tenían un acto a las once en Santa Cruz de Tenerife y tenían que coger un vuelo entre las islas. En media hora nos llamaría. Estábamos ansiosos, pero podíamos esperar. Todo el mundo preguntaba: «¿Qué os dice?». Pero podíamos esperar. Lo teníamos todo muy cerrado.

Siete meses antes había aparecido su nombre. Haciendo una búsqueda típica en la plataforma encriptada donde estaban los documentos, una de las muchas que hacíamos al azar, ahí estaba: «José Manuel Soria». Habíamos buscado a todos los parlamentarios de la democracia, a todos los senadores, a todos los ministros… Y de repente teníamos un nombre. Bueno, realmente tres. Estaba el de José Manuel Soria, el de su hermano Luis Alberto Soria y el de un entonces desconocido Tomás Poggio Méndez Fernández de Lugo. Posiblemente, al hallarlo, lo primero que dijimos fue un «No me jodas, ¿en serio?». ¿Lo siguiente? Un «¿Y qué tenemos?». Y teníamos sus firmas. La de Luis Alberto y la de Tomás Poggio.

Esta es la ficha con la que empezamos a trabajar, nuestro primer borrador de la historia. En estas pocas líneas está condensado todo:

José Manuel Soria aparece relacionado con U. K. LINES LIMITED. Sociedad de Bahamas registrada el 23/09/1992 e inactivada el 31/3/1995 (disolución el 6/04/1995 y struck off el 31/12/1996). El intermediario es: CANAL TRUST COMPANY LIMITED (JERSEY). El mismo día en que se registra, el intermediario solicita que se nombren como directores de la compañía a Tomás Poggio y Méndez Fernández de Lugo y a José Manuel Soria. Así se envía y se oficializa ese mismo día. El 10/11/1992 el intermediario solicita un cambio en los nombres de los directores. Solicita que se modifiquen poniendo: Tomás Poggio y Méndez Fernández de Lugo y Luis Alberto Soria y devuelven el documento con el nombramiento que se les envió. El 18/11/1992 se realiza un nuevo nombramiento y se le envía al cliente con fecha de 23/09/1992. El 6/03/1995, los directores Tomás Poggio y Luis Alberto Soria aprueban con sus firmas el plan de disolución de la sociedad. En este plan se incluyen sendos poderes otorgados por las accionistas de la entidad, BIBJ NOMINEES LIMITED y BIBJ MANAGEMENT LIMITED, en favor de WORKINGTON LIMITED para la liquidación y disolución de U. K. LINES LIMITED.

En los papeles parecía todo muy claro. Todo encajaba como un puzle. Consultamos cuatro documentos públicos (que hubo que rebuscar por internet y varios archivos) y en ellos la firma que se atribuía a Luis Alberto Soria era la misma que teníamos nosotros. Incluso se la llevamos a peritos grafológicos para que nos la confirmaran al cien por cien. «O es él o es el mejor imitador que yo he visto en mi vida», nos dijo uno de ellos. Y así empezamos a construir la historia y a ver las más que casuales casualidades.

Tomás Poggio había sido empresario en Canarias, en el sector del plátano. Soria se dedicaba a la exportación hortofrutícola. Según varias fuentes, ambos eran amigos íntimos («Jugaban al golf todos los fines de semanas», nos dijeron). A finales de los ochenta, José Manuel Soria se había hecho cargo de la empresa familiar. La sociedad se llamaba U. K. Lines y además sabíamos que Soria había tenido negocios en el Reino Unido. El propio hijo de Tomás Poggio reconocía en su LinkedIn que estuvo becado en U. K. Lines Ltd. (Londres); también sabíamos que la sociedad se disolvió dos meses antes de su entrada en política y muchos detalles más. Pero aún así había que atarlo todo. Así que, ante la duda, periodismo. Ese era el lema. La llamada era crucial. Y el ministro seguía en el aeropuerto.

En menos de una hora llamamos hasta cinco veces. Incluso nos atendieron en pleno vuelo. Insistimos y fuimos todo lo pesados que se debe ser hasta que surtió efecto: «Todo es falso». Eso nos dijo su jefe de comunicación sin que hubiera más explicaciones. «¿Y podríamos hablar con él?». Sí, pudimos. Y nos dijo: «Desmiento total y rotundamente que tenga absolutamente nada que ver con una sociedad radicada en Panamá u otro paraíso fiscal». Y no, no lo creímos.

Mientras tanto teníamos a un miembro del equipo en la puerta de la empresa de su hermano. Cuando entró, no quiso pararse ni un segundo. Estaba demasiado ocupado ese día, dijo. El asunto no olía bien.

Para las once iba a estar todo listo. Los artículos de El Confidencial, escritos. Los vídeos de laSexta, locutados y montados. La historia estaba preparada. Los nervios, a flor de piel. Y ese día, a las 9.38… detuvieron a Mario Conde.

El expresidente de Banesto estaba acusado de blanqueo de capitales. En la película Spotlight, toda la investigación periodística quedó paralizada por el 11S; aquí, la gomina de Mario Conde nos arrastró a la duda: «¿Seguimos adelante?».

Y seguimos. A las 12:32, Al rojo vivo dio el pistoletazo de salida. «Nuevos datos de los papeles de Panamá. Exclusiva de laSexta, El Confidencial, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo», dijo en directo el presentador Antonio García Ferreras. Ahí comenzó una cadena de reacciones.

El Confidencial y laSexta se convirtieron en el referente informativo del día. Soria era trending topic en Twitter. Contamos la historia con todos los detalles que teníamos. Con nuestras certezas y nuestras dudas. Pedimos una explicación al ministro. Su nombre estaba ahí y queríamos saber por qué.

Tensión, emoción, la web de El Confidencial arrasaba, laSexta se convertía en «lo que había que ver» y en medio de la emisión nos llegó un tuit. Era uno de los cientos que recibíamos durante los programas, pero este tenía algo diferente. Decía: «#papelesPanamá no sé si es el mismo Soria :-)» y daba un enlace a Open Corporates, una web que hace públicos los datos de registros mercantiles de decenas de países y permite ver quién está detrás de las sociedades en una multitud de jurisdicciones diferentes.

Ya lo habíamos buscado antes. Pero habíamos buscado «UK LINES», sin puntos, y por eso no habíamos encontrado nada. Al poner los puntos («U. K.»), ahí estaba «José Manuel Soria López» como secretario. Su nombre, otra vez. Y, junto al suyo, el de su hermano, otra vez. Y, además, en una sociedad que se llamaba igual que la que teníamos en Bahamas pero en el Reino Unido. Había que buscar en el registro.

Un tuit nos había puesto sobre la pista de nuevas sociedades. Era tan raro que incluso pensamos que podía ser una trampa. Venía de un perfil con pseudónimo (@PsoFacto), en cuya descripción decía ser alguien «decepcionado, indignado por PPSOE’s». Su foto, la de una rosa azul oscuro. No sabíamos ni quién era, ni de dónde venía, sólo sabíamos que nos apuntaba al Reino Unido. ¿Sospechoso? Mucho. ¿Parecía real? Totalmente.

Pedir la información al registro oficial costaba una libra. Y nos gastamos tres porque la compramos tres veces para asegurarnos de que todo era cierto, de que nadie nos engañaba, para ver que todo encajaba. Sí, somos así, qué le vamos a hacer. A las tres libras (3,85 euros), y derrochando presupuesto —nótese la ironía—, sumamos la información de Oceanic Lines, otra sociedad británica de la familia Soria que había sido creada después de U. K. Lines.

Por menos de diez libras teníamos: el nombre del ministro como director, su padre como fundador y accionista, y su hermano, que también estaba allí. Y además, el político canario nos convocaba a una rueda de prensa esa misma tarde… en Lanzarote.

El corazón de Timanfaya era un congelador si se compara con las redacciones de El Confidencial y laSexta. Ardían. Teníamos solo un periodista sobre el terreno y le explicamos todo lo que acabábamos de obtener. Él haría las grandes preguntas.

A media tarde, Soria entraba en la sala donde daría la rueda de prensa. Con traje, corbata azul y camisa del mismo color, se posicionó delante de un micrófono de esos plateados de karaoke. De fondo, una cortina que tenía más pasado que futuro. Era de color beige, y seguro que había tenido tiempos mejores. En ese entorno, Soria fue contundente. Se creció tanto que dio «autorización a la fiscalía» para que investigara por qué aparecía su nombre en los papeles de Panamá. Pidió públicamente explicaciones a Panamá (aunque la sociedad estaba en Bahamas) y después, aceptó preguntas. Llámenlo preguntas, llámenlo harakiri.

Nuestros WhatsApp quemaban. Todos enviábamos preguntas al periodista de laSexta que estaba ahí. ¿Por qué pide a Panamá y no a Bahamas? ¿Por qué está la firma de su hermano? ¿Ha hablado con él? ¿Conoce U. K. Lines?

Y ahí el ministro se lanzó a la piscina. «U. K. Lines es una sociedad 100% inglesa. Prestaba asistencia en puerto. Esa era toda la relación que teníamos con esa empresa. Pura y exclusivamente comercial: nunca tuve ningún vínculo ni accionarial, ni de responsabilidad, ni de dirección, ni ningún otro. Eso es rotundamente falso». Y la piscina se quedó sin agua. ¡Estaba negando un registro público!

Desde el plató de Más vale tarde y la redacción de El Confidencial mirábamos el documento del registro de Londres y mirábamos la rueda de prensa. Mirábamos el documento del registro de Londres y mirábamos la rueda de prensa. Volvíamos a mirar el documento del registro de Londres y alucinábamos con la rueda de prensa.

Ya no había vuelta atrás. Al día siguiente publicamos todos los documentos. Las tres libras en papel valían ahora miles. Las pruebas eran irrefutables y venían de un registro público. El ministro negaba lo que los papeles afirmaban. Que tuvo relación con U. K. Lines, que la sociedad la fundó su padre, que estuvo su hermano o que él aparecía como secretario. En apenas cuatro líneas de discurso, el ministro había patinado hasta estamparse contra una pared.

A las 12.30 del martes lo contamos en laSexta y El Confidencial. Y a eso de las 16.00 el ministro anunció una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Estaba convocada a las 18.00. La aplazaron a las 18.30. A las 19.00 no había empezado. Mejor a las 20.00. Y al final, fue a las 20.45. A la misma hora en la que el Real Madrid se jugaba los cuartos de final de la Champions League. Intentó esperar un poco más y hacerlo coincidir con la Nochevieja, pero los periodistas no le dejaron. Contraprogramación pura.

«Me he enterado esta misma mañana de que consto en el registro mercantil de Londres como secretario de U. K. Lines», dijo el ministro. Esa era su explicación. Se le había olvidado casi todo, pero al menos esta vez reconoció que su padre había fundado la sociedad.

Y por si esto fuera poco, la suerte se puso de nuestro lado el miércoles por la mañana. Alguien pudo ir al registro en Londres y buscar los documentos que no estaban digitalizados. Y entre ellos, ahí estaba el primer Santo Grial: el nombramiento que José Manuel Soria desconocía el día anterior, el nombramiento del que se había enterado esa misma mañana y que, lo supimos entonces… llevaba su firma.

El ministro ya no dio más entrevistas.

Eldiario.es esa noche señaló que la sociedad que aparecía como máxima accionista de Oceanic Lines (la otra sociedad británica) estaba en Jersey. Se llamaba Mechanical Trading Limited y tenía el 80 por ciento de Oceanic Lines. Así que todos los ojos fueron hacia esa pequeña isla del Canal. Con unos 100 000 habitantes y 120 kilómetros cuadrados, la noche del miércoles al jueves tuvo a la mitad de los periodistas españoles rebuscando en sus registros.

Ese jueves por la mañana ya casi nos daba igual que el diario El Mundo publicara una segunda firma de Soria en U. K. Lines (en diciembre de 1997 había firmado el acta anual). Ya a nadie le importaba que los accionistas de la sociedad en Bahamas fueran los mismos que los de Reino Unido, ni que ambas sociedades accionistas hubieran estado relacionadas con el banco BBV Privanza («Yo no he sido cliente de BBV Privanza, ni de Canal Trust» había dicho Soria el martes). Ese día, cuando pasaban las once de la mañana, y en medio de una redacción que estaba cogiendo fuerzas para un nuevo día, acabábamos de dejar otras 52 libras en un registro. No lo sabíamos aún, pero esos serían los documentos que lo probarían todo.

El registro de Jersey, considerado el paraíso de los paraísos fiscales, permitía comprar algunos documentos de sus sociedades. Y entre todos los de Mechanical Trading estaba uno con la firma de José Manuel Soria y de Luis Alberto Soria como directores. La historia que revelaba era mejor que una novela. Ese documento fechado en 2002 venía además con el nombre del intermediario Canal Trust. Y recordemos que esta sociedad de Jersey era la propietaria del 80 por ciento de una sociedad familiar de los Soria.

Justo estábamos buceando en las decenas de páginas obtenidas cuando, minutos antes de descubrir este documento clave, el diario El Mundo lo publicó en su Twitter.

Nos quitó la exclusiva. Fueron más rápidos. Chapeau, compañeros. Nosotros pudimos ir con ello apenas unos minutos después.

Ese trocito de papel era la prueba irrefutable de que todo lo que habíamos contado era verdad. Y con su publicación, llegó el silencio. Quienes antes habían defendido a Soria dejaron de hablar de repente (las últimas palabras que habíamos tenido que escuchar habían sido las del ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, que apuntaba a que la investigación venía de «una cacería de partes interesadas»).

El presidente del Gobierno evitó contestar a los medios en el acto que tenía esa tarde en Cuenca. Tampoco habló la vicepresidenta del Gobierno. Por la noche se anunciaba que Soria se ausentaría del Consejo de Ministros del día siguiente. Alea jacta est.

A las nueve en punto de la mañana del viernes 15 ya era oficial. El ministro Soria renunciaba a su cargo y dejaba la política tras veinte años. Lo anunció en un comunicado oficial en el que también había aún alguna que otra imprecisión.

[ ]

La fecha, el día de la semana, la hora. Son detalles que resultaron clave en el intercambio de golpes entre Soria y nuestro equipo. Él, desde la solemnidad de las ruedas de prensa; nosotros, desde la trinchera de dos redacciones. Este cálculo de los tiempos no fue clave solo para nosotros, sino también para quienes tuvieron una sociedad offshore. Cuándo y dónde se creó cada compañía o en qué día se cerró han sido pistas para encontrar qué historia contar.

En julio de 1974, ninguno de los integrantes del equipo de laSexta y El Confidencial que trabajó en los papeles de Panamá había nacido. Ese mes, doña María del Pilar Alfonsa Juana Victoria Luisa Ignacia de Todos los Santos de Borbón y Borbón, más conocida como Pilar de Borbón, cumplía 38 años. Era un momento importante en la historia de su familia y también en la de España. Su hermano, don Juan Carlos de Borbón, asumía la jefatura del Estado de forma interina al haber empeorado de forma dramática el estado de salud de Francisco Franco.

Lo que no está en los libros de historia es que, un mes después de ese evento, doña Pilar fue nombrada directora y presidenta de Delantera Financiera S. A., una sociedad constituida en Panamá en mayo de 1969, unos meses después de que Franco dictara el estado de excepción en toda España. Para que todo quedara en familia, el cargo de tesorero en la sociedad lo ostentaba Luis Gómez Acebo, marido de la hermana del rey.

La coincidencia de fechas no acaba aquí. De hecho, encontrar la segunda fue aún más sencillo, ya que el 2 de junio de 2014 nos sonaba a más de uno en nuestras redacciones. Es la fecha en la que Juan Carlos I anunció su abdicación. Nadie sabía, con excepción quizás de los empleados de Mossack Fonseca, que ese mismo día se disolvía oficialmente Delantera Financiera S. A., la sociedad panameña. Tras cuarenta años, acababa un capítulo de la historia de España con el mensaje televisado del ya casi rey emérito. Y en Panamá acababa una parte de esa misma historia que amenazaba con quedarse para siempre en la oscuridad.

No fue difícil confirmar la vinculación de la hermana del rey Juan Carlos con Delantera Financiera S. A. Su firma, claramente legible, aparecía al final de un documento guardado por Mossack Fonseca. No cabían dudas, y el silencio institucional a nuestras preguntas no hizo más que ratificar lo que aparecía en los papeles. Días después de publicar la historia, doña Pilar emitió un comunicado en el que admitió su conexión con la sociedad, aunque añadió que esta nunca había tenido ingresos «fuera del control de las autoridades fiscales».

Otros casos no estaban tan al alcance de la mano. Nunca habríamos encontrado el nombre del presentador, cantante y estrella de la televisión Bertín Osborne si no hubiera sido por el despiste de un empleado de una asesoría fiscal luxemburguesa. Los archivos del bufete panameño guardaban una cadena de correos electrónicos donde Bertín y su asesor confirmaban haber pagado los 1400 dólares necesarios para reactivar la compañía offshore Artistic Trading S. A. Un archivo adjunto lo demostraba, pero el empleado en cuestión, en vez de descargar el documento y enviarlo desde su cuenta, prefirió presionar «reenviar». Con esta simple acción, el nombre y la dirección de correo electrónico de Bertín Osborne acabaron en la base de datos filtrada.

Su caso se nos había escapado durante diez meses de investigación en los que buceamos entre millones de documentos. Fue un periodista de la sección de Política de El Confidencial quien, durante la primera semana de publicación, introdujo su nombre en el buscador construido por el ICIJ. La sonrisa irónica con la que anunció el hallazgo al equipo difícilmente se nos olvidará.

Ponerse en contacto con el presentador fue tan fácil como escribir al correo que él mismo usaba para manejar los detalles burocráticos de su sociedad. ¿Por qué reactivaba una sociedad un mes después de empezar a trabajar para la televisión pública con el exitoso programa En tu casa o en la mía? Y aún más importante, ¿por qué tenía una sociedad offshore? A Bertín, como explicaría el mismo día en que se publicó la información en todas las radios y televisiones, le vendían sociedades «de dos en dos»: ¿quién se habría resistido? En 1997, cuando se creó la sociedad, vivía en Miami y le perseguían para pedirle que llevara su dinero fuera. Escogió Niue, una minúscula isla del Pacífico Sur donde Mossack Fonseca tenía por aquel entonces el monopolio absoluto. Dejó la sociedad dormida y, cuando la necesitó, la reactivó. La respuesta a nuestra pregunta fue tan sencilla como que tenía que hacer la declaración de la renta, como un ciudadano más, pero con la diferencia de que él optó por hacer su propia «amnistía» para pagar a Hacienda lo que debía desde donde más conviniera.

La ingeniería fiscal del presentador y cantante es un mecanismo perfectamente legal. Y su caso nos apasionó justamente por ser un claro ejemplo de dónde está el verdadero problema de los paraísos fiscales: poseer una sociedad opaca no es ilegal de por sí y es falso afirmar que todo el que haya sido accionista o administrador de una offshore es un evasor fiscal. Sin embargo, se trata de una economía paralela a la que se acoge quien puede, y quien no, que coja un ticket y se vaya a pagar al final de la cola. Este doble sistema tiene un impacto directo sobre la falta de solvencia de las arcas públicas y la creciente desigualdad entre ricos y pobres. Ese es el debate que ponen en relevancia estos papeles: ¿debería seguir el sistema funcionando así?

Lo entendió bien el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La legalidad de las infraestructuras offshore «es precisamente el problema», como señaló en una rueda de prensa dos días después de la publicación de las primeras informaciones. Se está dejando que, quien pueda, añadió, «se aproveche del sistema».

Perdonar a quien ha ocultado su patrimonio dejando de tributar como los demás es una operativa que se ha repetido varias veces en los países europeos en los últimos veinte años. En España, desde la instauración de la Democracia ha ocurrido ya tres veces: en 1984 y en 1991, con el PSOE en el Gobierno, y en 2012 bajo el ejecutivo del Partido Popular.

Según la información que la Agencia Tributaria facilitó a finales de 2015 relativa al ejercicio 2012, de los 91 000 millones de euros regularizados por los contribuyentes que tenían dinero en el extranjero, más de la mitad (47 000 millones) tenía origen en paraísos fiscales. Es decir, uno de cada dos euros provenía de jurisdicciones opacas.

Lo del año 2012 no es baladí, ya que coincide con la última amnistía fiscal. Una amnistía que, cómo no, tiene relación directa con el bufete Mossack Fonseca. La misma Agencia Tributaria admitió a El Confidencial que muchos nombres no le han sorprendido en absoluto, al haber regularizado su situación con el «perdón» del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

Entre ellos figuraban los accionistas de uno de los principales grupos hoteleros españoles, Sol Meliá. Gabriel Escarrer, patriarca de la familia, cuenta con una fortuna de más de 1100 millones de euros, según las estimaciones de la revista Forbes. Desde 1985 mantuvo, a través de Mossack Fonseca, un entramado offshore con cuentas bancarias asociadas. En 2012 lavó su imagen ante Hacienda. Se acogió a la amnistía y todo olvidado, si no hubiese sido por la investigación del ICIJ.

Pero no fue el único hotelero que en el Caribe tenía algo más que alojamientos. Los grupos Martinón y Riu también contactaron con el bufete panameño para organizar sus sociedades e incluso sus inversiones en España.

Todos los representantes de las familias hoteleras admitieron la información publicada. Aunque uno de ellos lo hizo de forma peculiar. Pocos días antes del lanzamiento de la investigación, un periodista del equipo llamó al teléfono personal del despacho de uno de los representantes de estas familias. Reproducimos aquí la conversación literal.

—Buenas tardes, llamo de parte de El Confidencial y laSexta, quería hacerle unas preguntas, ¿tiene un minuto?

—Dígame, pero estoy muy ocupado.

—Tenemos información sobre algunas sociedades radicadas en Panamá y en otros paraísos fiscales que tienen relación con su cadena de hoteles y la fortuna de su familia y…

—Váyase usted a tomar por culo.

El redactor se quedó con el teléfono en la mano. Más tarde, por suerte, recibió una llamada de un portavoz del grupo hotelero para arreglar la situación.

No todas las reacciones fueron tan negativas, pero sí hubo broncas, enfados, reuniones. Como la que tuvo Antonio Hernández Mancha, presidente de Alianza Popular entre 1987 y 1989, con un periodista de laSexta. Aseguraba no haber tenido relación con ninguna sociedad offshore, postura que después defendió en directo en el programa El objetivo, al que acudió por voluntad propia para lavar su imagen, sin mucho éxito. Decía que alguien había suplantado su identidad. No quiso decir quién ante los televidentes, pero sí tenía un nombre en la cabeza: el de Luis Bárcenas, extesorero del PP.

Se lo confesó al reportero de laSexta que fue a escuchar su versión. El dirigente que dio nombre a otros famosos papeles que probarían la existencia de una contabilidad B en el PP se habría querido vengar porque Mancha «lo despidió». Le hizo perder el trabajo. Y es cierto, lo echó del partido, pero no exactamente por vinculación con tramas corruptas. Lo cuenta el periodista David Fernández en su libro Gürtel, la trama. En marzo de 1987, Bárcenas, apasionado del montañismo, organizó una expedición española al Everest. Se encargó de las finanzas de la expedición, de las donaciones, los patrocinios y del sueldo de los sherpas. Recaudó 37 millones de pesetas. Sería la primera expedición española que buscaba pisar la cumbre del Everest (8848 metros) sin el empleo de oxígeno y abriendo una nueva vía.

A su vuelta —con polémica incluida, ya que sólo dos escaladores llegaron a la cima—, Alianza Popular, presidida por Mancha, despidió a Bárcenas, que se quedó en el paro entre octubre de 1987 y enero de 1989. ¿La razón? No, no piensen en nada turbio. Debido a la expedición al Everest, el extesorero había faltado al trabajo tres días sin justificar. Según una primera versión de Mancha, sería suficiente para que veinte años después, en 2007, Bárcenas maquinara para suplantar su identidad en una sociedad offshore.

El caso de Hernández Mancha será memorable no solo por el gran momento televisivo que dejó a la posteridad. También porque llevó a la prensa el nombre de Massoud Zandi, un empresario iraní involucrado en negocios petroleros en Sudán del Sur y con decenas de lazos en los paraísos fiscales.

También hubo confesiones claras y transparentes. Fue el caso de Mar García Vaquero, pareja del líder socialista Felipe González. Según relató su entorno más próximo, cuando era joven le gustaban los barcos deportivos y decidió montar junto a un amigo una empresa que los construyera. Ese negocio hubiese pasado totalmente desapercibido al gran público si hubiese vendido los barcos —lujosas embarcaciones del estilo de las que se utilizan en la America’s Cup— por los cauces habituales.

Nosotros teníamos el nombre de una sociedad y de una cuenta en Suiza asociadas a ella. Fueron las fuentes cercanas a su persona quienes confirmaron que un rico cliente exigió pagar «en B» su barco de cara a la Hacienda española. Para ello se creó una compañía en Niue con la que abrió esa cuenta suiza, aprovechándose de la opacidad del país helvético. Hechas las transacciones, se deshizo el esquema.

La conexión con Suiza, en este y otros casos, es todo menos que casual. Desde un punto de vista periodístico, fue precioso ver cómo la filtración de los papeles de Panamá permitía identificar, más allá de los nombres, el funcionamiento del sistema.

Nombres que salían en otra filtración anterior de paraísos fiscales, Offshore Leaks, volvían a aparecer en los archivos de Mossack Fonseca. Otros clientes que tenían cuentas en Suiza también aparecían en la lista Falciani, que laSexta y El Confidencial habían publicado junto al ICIJ un año antes de la investigación panameña. Además, algunos patrones se repetían: la banca aparecía como gran facilitadora, una intermediaria necesaria.

En total, los papeles de Panamá revelaron que más 500 bancos, junto con sus subsidiarias y oficinas de todo el mundo, ayudaron a constituir cerca de 16 000 sociedades offshore. Entre ellos, el HSBC, UBS o Société Générale o entidades españolas como Santander, Sabadell o BBVA, que vendieron compañías opacas a sus clientes durante años.

Filtración tras filtración, investigación tras investigación, aparecen sociedades relacionadas con la trama Gürtel, deportistas, grandes familias españolas —como los terratenientes Domecq— e incluso narcotraficantes. Son las conexiones más oscuras de un sistema que, sin el trabajo colaborativo entre periodistas de todo el mundo, nunca habría podido salir a la luz.

5 de mayo de 2016

ANEXO

LA REVOLUCIÓN SERÁ DIGITALIZADA

por John Doe[*].

La desigualdad de rentas está definiendo nuestro tiempo. Nos afecta a todos, al mundo entero. El debate sobre su súbita aceleración se ha prolongado durante años, y tanto políticos, académicos como activistas han sido incapaces de parar ese continuo aumento de la desigualdad a pesar de las innumerables charlas, análisis estadísticos, alguna que otra protesta y los ocasionales documentales. Pero la pregunta sigue ahí: ¿por qué? ¿Y por qué ahora?

Los papeles de Panamá ofrecen una respuesta contundente a estas cuestiones: la corrupción masiva y omnipresente en la sociedad. Y no es casualidad que esta respuesta provenga de un despacho de abogados. Mossack Fonseca es mucho más que un engranaje en la maquinaria que maneja la riqueza. Durante décadas, ha utilizado su influencia para redactar y moldear leyes en todo el mundo para favorecer los intereses de criminales. Como ejemplo, en el caso de la isla de Niue el bufete prácticamente montó y desmontó un paraíso fiscal a su antojo. Ramón Fonseca y Jürgen Mossack quieren hacernos creer que constituir sociedades pantalla, llamadas a veces «vehículos con propósitos especiales», es como vender automóviles. Pero los vendedores de coches no redactan leyes. Y el único «propósito especial» de los vehículos que han creado ha sido en demasiadas ocasiones el fraude, y a gran escala.

Las sociedades pantalla están a menudo asociadas con delitos de evasión fiscal, pero los papeles de Panamá indican que, aunque estas compañías no sean ilegales por definición, se utilizan sin ninguna duda para llevar a cabo un gran abanico de delitos que van más allá de la evasión fiscal. Decidí desvelar la información de Mossack Fonseca porque creí que sus fundadores, empleados y clientes debían responder sobre su papel en estos crímenes, de los cuales solo unos pocos han salido a la luz hasta el momento. Tardaremos años, incluso décadas, en conocer la totalidad de las sórdidas operaciones llevadas a cabo por el bufete panameño.

Paralelamente ha surgido un nuevo y esperanzador debate a escala global. Si bien la retórica de antaño omitía cuidadosamente cualquier alusión a las malas prácticas cometidas por las élites, esta vez se ha centrado el foco en lo que de verdad importa.

Y tengo algo que decir al respecto.

Para que quede claro, no trabajo para ningún Gobierno o agencia de inteligencia, ni directa ni indirectamente, ni nunca lo he hecho. Mi punto de vista es completamente personal, igual que fue decisión mía compartir con el Süddeutsche Zeitung y el ICIJ los documentos no por razones políticas, sino porque comprendí por el contenido la magnitud de las injusticias que se describen.

Hasta ahora, el discurso más habitual en los medios se ha centrado en lo que es legal y lo que se permite en este sistema; y lo que se permite es manifiestamente escandaloso y debe cambiar. Sin embargo, no podemos perder de vista otro aspecto clave: el bufete panameño, sus fundadores y sus empleados violaron a sabiendas infinidad de leyes en todo el mundo y de forma repetida. De cara al público alegan ignorancia, pero los documentos demuestran que sí eran conscientes de las ilegalidades que cometían de forma deliberada. Cuando menos, sabemos que el propio Mossack cometió perjurio ante un Tribunal Federal de Nevada (Estados Unidos) y también sabemos que su equipo intentó ocultar las mentiras subyacentes. Todos ellos deberían ser juzgados en consecuencia y sin ningún trato especial.

Cientos de investigaciones judiciales podrían derivarse de los papeles de Panamá si las autoridades pudieran acceder a los documentos y analizarlos. El ICIJ y sus medios asociados han manifestado de manera oportuna que no los entregarán a las autoridades. Yo, sin embargo, estoy dispuesto a cooperar con las autoridades en todo lo que pueda.

Uno tras otro, he visto cómo informadores y activistas tanto norteamericanos como europeos han visto sus vidas catapultadas por las circunstancias en las que se han encontrado tras revelar estos delitos flagrantes. Edward Snowden está sitiado en Moscú, exiliado debido a la decisión del Gobierno de Barack Obama de aplicarle la Ley de Espionaje. Por sus revelaciones sobre la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) merece ser recibido como un héroe y que le otorguen un gran reconocimiento, no el destierro. Se premió con millones de dólares a Bradley Birkenfeld por sus informaciones sobre el banco suizo UBS, y aun así el Departamento de Justicia de Estados Unidos le condenó a la cárcel. Antoine Deltour está siendo juzgado por haber facilitado a periodistas información sobre cómo Luxemburgo concedió secretamente acuerdos fiscales favorables a grandes multinacionales, lo que se tradujo en el robo de miles de millones en impuestos a sus países vecinos. Y hay muchos más ejemplos.

Aquellos informadores bienintencionados que revelen delitos incuestionables, estén infiltrados o no, merecen recibir inmunidad por parte de los gobiernos. Sin duda alguna. Hasta que los gobiernos no dispongan de leyes que protejan a los informadores anónimos, las autoridades deberán depender de sí mismas o de grandes investigaciones periodísticas para tener acceso a documentos.

Así, hago un llamamiento a la Comisión Europea, al Parlamento británico, al Congreso de los Estados Unidos y a todas las naciones para que tomen medidas urgentes no solo para proteger a los delatores, sino también para acabar con el abuso generalizado de los registros mercantiles. En la Unión Europea el registro de cada Estado debería ser de libre acceso, con datos detallados y disponibles para el público con el fin de conocer los accionistas y beneficiarios de todas las empresas. Reino Unido puede estar orgulloso de las iniciativas que ha tomado al respecto, pero todavía tiene que jugar un papel fundamental para acabar con el secretismo financiero de sus territorios de ultramar, que son, sin duda, los puntos calientes de la corrupción institucional a nivel mundial. Y está claro que Estados Unidos ya no puede confiar en sus cincuenta estados para tomar sonadas decisiones sobre los datos societarios. Ya es hora de que el Congreso dé un paso adelante e imponga la transparencia estableciendo unos estándares para el acceso público y la divulgación de esta información.

Una cosa es exaltar las virtudes de la transparencia gubernamental en las cumbres y en las comparecencias y otra aplicarlas de verdad. Es un secreto a voces que en Estados Unidos los diputados dedican la mayor parte de su tiempo a buscar financiación. La evasión fiscal no puede enderezarse si los que han sido elegidos como representantes están pidiendo dinero a las mismas élites que tienen más interés en evadir impuestos que el resto de la población. Estas desagradables prácticas políticas se han convertido en un círculo vicioso que ya no se pueden enmendar. El sistema de financiación de las campañas electorales en Estados Unidos está corrompido y el cambio no puede retrasarse más.

Por supuesto, estos no son ni de lejos los únicos problemas que requieren una solución. Curiosamente, el primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, ha guardado silencio acerca del papel que juega su país a la hora de posibilitar la existencia de la meca de los fraudes financieros, las Islas Cook. En Reino Unido, los conservadores no han tenido pudor alguno al ocultar que usaron compañías offshore para sus propios intereses; asimismo, Jennifer Shasky Calvery, directora de la Red de Vigilancia contra Delitos y Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acaba de anunciar su renuncia al cargo para ir a trabajar para el HSBC, uno de los bancos más importantes del mundo (no sorprende que su sede resida en Londres). Las puertas giratorias en América siguen emitiendo un silbido familiar en medio del ensordecedor silencio de los miles de beneficiarios últimos que todavía están por descubrir y que muy probablemente estarán rezando para que el reemplazo de Shasky Calvery sea igual de apacible. Ante la cobardía política, es tentador ceder al derrotismo y argumentar que el statu quo permanece prácticamente inalterable; y es que los papeles de Panamá son, cuando menos, un síntoma evidente del decadente y enfermizo tejido moral de nuestra sociedad.

La cuestión está por fin encima de la mesa, y sin embargo no es ninguna novedad que los cambios requieren tiempo. A lo largo de los últimos cincuenta años, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de todo el mundo han fracasado estrepitosamente en su intento de poner freno a la multiplicación de paraísos fiscales que ha tenido lugar sobre la faz de la tierra. Aun hoy, Panamá reclama que se le conozca por algo más que por los papeles, pero convenientemente su Gobierno solo ha investigado una de las piezas de su entramado de sociedades offshore.

Han fallado los bancos, las autoridades fiscales y las financieras. Se han tomado decisiones que han salvaguardado a los ricos para centrarse en los ciudadanos de clase media y baja.

Han fallado los tribunales, totalmente desfasados e ineficientes. Los jueces se han conformado demasiado a menudo con los argumentos de los ricos, cuyos abogados —y no solo Mossack Fonseca— están bien entrenados para honrar la letra de la ley pero, a su vez, hacer todo lo posible para profanar su espíritu.

Han fallado los medios de comunicación. Muchas cadenas de noticias son hoy en día caricaturas de lo que fueron. Parece ser que los multimillonarios han tomado el control de los medios como si fuera una afición, poniendo límites a la cobertura de cuestiones importantes que tienen que ver con los más ricos y recortando el presupuesto de los verdaderos periodistas de investigación. El resultado es innegable: a parte del Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y aunque se diga lo contrario, varios de los grandes medios tuvieron acceso a los papeles de Panamá y decidieron no darles cobertura. La triste realidad es que entre las más importantes y competentes cadenas de noticias del mundo no hubo ni una que se interesara en contar esta historia. Incluso WikiLeaks, a quien se contactó en más de una ocasión, no respondió.

Pero, sobre todo, lo que ha fallado ha sido el sistema legal. La gobernabilidad democrática depende de que en todo el sistema haya personas responsables que entiendan y respeten la ley, no de personas que la entienden para aprovecharse de ella. En general, los abogados se han convertido en unos profesionales tan corruptos que resulta imprescindible que se produzca un cambio en ese campo, un cambio que vaya mucho más allá de las propuestas que se han planteado hasta el momento. Para empezar, el término «ética legal», sobre el que se basan los códigos de conducta y las licencias para ejercer, se ha convertido en un oxímoron. Mossack Fonseca no trabajaba aislado del resto del mundo: a pesar de las repetidas sanciones y de las violaciones legales que se han podido documentar, encontró aliados en los mayores bufetes de abogados de prácticamente todos los países. Por si la quebradiza economía de esta industria no fuera prueba suficiente, ahora ya resulta innegable que no puede permitirse que los abogados se regulen los unos a los otros. Sencillamente no funciona. Aquellos que más pueden pagar siempre encuentran a un abogado dispuesto a servir a sus fines, ya sea desde Mossack Fonseca o desde otro bufete del que todavía no sabemos nada. ¿Y el resto de la sociedad?

El impacto colectivo de estos errores ha sido la erosión total de los estándares éticos hasta llegar a un sistema al que todavía llamamos capitalismo y que, sin embargo, es el equivalente a la esclavitud económica. En este sistema —nuestro sistema— los esclavos no son conscientes de su situación ni de quiénes son sus patrones, aquellos que viven en un mundo donde las trabas intangibles están cuidadosamente ocultas en los resquicios de una jerga legal incomprensible. La terrorífica magnitud del perjuicio que causa esta situación al mundo debería hacernos despertar a todos. Pero cuando el que tiene que hacer sonar la alarma es un filtrador anónimo, significa que la situación es aún más preocupante. Indica que los sistemas de control de la democracia han fallado, que la ruptura es sistémica y que una gran inestabilidad podría estar a la vuelta de la esquina. Así que ahora es el momento de actuar de verdad, y la acción empieza por hacer preguntas.

Cualquier historiador podría dar fe de que en tiempos pasados cuestiones relacionadas con impuestos y desequilibrios de poder desembocaron en revoluciones. Por aquel entonces, el poder militar fue necesario para subyugar al pueblo; ahora, sin embargo, recortar el acceso a la información es igual de efectivo, o incluso más, ya que se trata de un acto a menudo invisible. Vivimos en tiempos de almacenamiento digital barato y sin límites, y de conexiones a internet rápidas que trascienden las fronteras nacionales. No parece muy difícil unir los puntos: de principio a fin, comenzando por la distribución global de los medios, la próxima revolución será digitalizada.

Aunque tal vez esa revolución ya haya empezado.

AGRADECIMIENTOS

Antes que nada, quisiéramos expresar nuestra gratitud a nuestra fuente, que nos ha suministrado los 2,6 terabytes de datos internos en los cuales se basa esta investigación y que se arriesga mucho con la difusión de este material. Su valentía ha hecho posible la mayor colaboración periodística internacional hasta la fecha. Sin ella, nunca se habría llegado a saber cómo la élite de Islandia engañó a un país entero, cómo el círculo de amistades de Vladímir Putin ha desviado millones y oculta sus flujos de dinero igual que los traficantes de armas o de drogas, los mafiosos y los servicios secretos, todo ello con la evidente ayuda de Mossack Fonseca.

Deseamos agradecer a la editorial Kiepenheuer & Witsch que haya asumido los riesgos legales que implica la publicación de este libro. ¡Gracias por la confianza! Y gracias al magnífico abogado Sven Krüger, que Kiepenheuer & Witsch ha puesto a nuestra disposición para llevar a cabo este proyecto. Somos conscientes de que no es habitual. Hemos contraído una deuda de gratitud aún mayor con Martin Breitfeld por las innumerables conversaciones telefónicas, sus comentarios de gran ayuda y sus palabras de aliento, y sobre todo por la lectura urgente que ha hecho del manuscrito. Este libro se ha terminado literalmente en el último minuto y habría sido del todo imposible sin su paciencia y su tranquilidad, sobre todo en el esprint final.

Quisiéramos dar las gracias al Süddeutsche Zeitung: sin una redacción tan magnífica habría sido imposible escribir este libro. Estamos especialmente agradecidos a Wolfgang Krach y Kurt Kister, que desde el primer momento apoyaron unas investigaciones que se prolongaron durante meses; a Hans Leyendecker, que siempre nos ha dado ánimos; a Vanessa Wormer, que ha sabido mantener el control sobre los datos; a Mauritius Much, que se ha peleado con cientos de páginas de contratos; y también a Klaus Ott, Bastian Brinkmann, Christoph Giesen, Gianna Niewel, Katrin Langhans, Elena Adam y Hannes Munzinger, así como a los compañeros del archivo, que durante meses han demostrado una gran paciencia ante nuestras peticiones, a veces muy complejas.

También quisiéramos expresar nuestra gratitud hacia nuestros compañeros del ICIJ, a los especialistas en datos Mar Cabra, Matthew Caruana Galizia y Rigoberto Carvajal; y a Gerard Ryle y Marina Walker por su prudente coordinación y porque no perdieron la calma cuando se cambió la fecha de publicación de forma bastante repentina.

Nuestro agradecimiento a los cerca de cuatrocientos periodistas de más de ochenta países sin los que esta investigación nunca habría llegado a ser lo que es. Nos gustaría destacar a Oliver Zihlmann, Titus Plattner y Catherine Boss por sus investigaciones en Suiza; a Roman Anin y Roman Shleinov, que arriesgaron su vida con sus investigaciones en Rusia (que no les falte nunca una mano protectora). Damos las gracias a Jóhannes Kr. Kristjánsson por unas conversaciones que nos ofrecieron una nueva visión de Islandia. Agradecemos a Jake Bernstein, ganador de un Pulitzer, su ayuda en la investigación sobre Modigliani. También quisiéramos dar las gracias a Vlad Lavrov por su ayuda en las cuestiones relativas a Ucrania. Sabemos que corrió un gran peligro llevando a cabo las investigaciones, puesto que en los papeles de Panamá aparece el dueño del Kyiv Post, el propietario del periódico para el que trabaja. Un agradecimiento enorme también para Mónica Almeida, cuyo trabajo en Ecuador ofreció importantes revelaciones sobre el caso de la UEFA. Este libro es asimismo el resultado de una gran producción conjunta de las cadenas alemanas NDR y WDR, que analizaron los papeles de Panamá junto con el Süddeutsche Zeitung. Sin la fantástica colaboración de la redacción habría sido muy difícil llevar a cabo este proyecto en su forma actual.

En este libro han confluido las investigaciones de muchos colegas. Quisiéramos expresar especialmente nuestro agradecimiento a Julia Stein, sin cuyo talento organizativo no se habría podido realizar este proyecto de esta forma; a Jan Strozyk, cuyo instinto ha impulsado muchas investigaciones, especialmente la del caso Siemens; y a Petra Blum, que ha escarbado durante meses en los detalles y los negocios de la red de Roldugin. Gracias también a John Goetz, Toni Kempmann y Reiko Pinkert, que han pasado semanas examinando documentos.

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Agradecemos a nuestras familias la infinita paciencia y comprensión que nos han demostrado. Sabemos lo mucho que les hemos exigido en los últimos meses.

GLOSARIO

Acciones al portador (bearer shares). Son acciones de una sociedad que no se emiten a nombre de una persona, sino simplemente «al portador». El verdadero propietario permanece oculto. Quien tenga físicamente los papeles en sus manos será el propietario oficial de la empresa. Este tipo de acciones permite hacer negocios de manera rápida y sin complicaciones, pero también ofrece todo tipo de posibilidades a los criminales. Con ellas, por ejemplo, el blanqueo de dinero es un juego de niños.

Accionista fiduciario (nominee shareholder). Actúa como si fuera el accionista. Puede tratarse de una persona, pero también de una empresa. En cualquier caso, administra casi fiduciariamente las acciones de una firma. El objetivo de esta figura es el ocultamiento y el engaño.

Agente registrado. En la mayoría de los paraísos fiscales no se puede crear una empresa pantalla directamente, hay que contratar los servicios de un proveedor autorizado, un agente registrado, como Mossack Fonseca, que comprueba que el nombre de la empresa esté disponible, se ocupa del papeleo con las autoridades del lugar y luego se encarga de pagar las tasas anuales. Al final, las señas del agente registrado suelen ser también la dirección oficial de la empresa pantalla. Por eso hay muchas firmas registradas en Panamá que tienen la misma dirección que Mossack Fonseca: Calle 54 Este.

Apoderado o titular fiduciario (nominee beneficial owner). Aparenta ser el beneficiario final (ultimate beneficial owner, UBO). Si, por ejemplo, un banco exige el nombre de un beneficiario final para cumplir con la obligación de verificar su identidad, el propietario de una empresa puede enviar a un titular fiduciario que afirme que la empresa le pertenece. De ese modo, solo se verifica la identidad de este último y el beneficiario final permanece oculto. Este proceso tiene un inconveniente: en muchos lugares supone un acto punible.

Beneficiario efectivo o final (beneficial owner). Es el verdadero propietario de la empresa. En inglés, a menudo lo llaman también ultimate beneficial owner (UBO). Sobre el papel, otra persona puede actuar como accionista fiduciario.

Cliente final. Mossack Fonseca asegura que no hace negocios con clientes finales. Solo celebran contratos con bancos, administradores de bienes y abogados, los llamados «intermediarios». Sin embargo, eso no es del todo cierto. Mossack Fonseca trabaja en muchos casos directamente con clientes finales e incluso realiza operaciones bancarias para ellos.

Director fiduciario (nominee director). En inglés, es la persona a la que se le paga por simular que dirige una empresa determinada. En realidad, los directores fiduciarios solo dirigen la empresa sobre el papel. Las decisiones las toma el propietario real. Si, por ejemplo, hay que firmar contratos, simplemente se los presenta para que los firme.

Garantía de exención de responsabilidad (letter of indemnity). Documento que exime de responsabilidad. Mossack Fonseca solicita que se las extiendan especialmente cuando el bufete no está seguro de que el cliente no realiza negocios ilegales a través de la empresa pantalla. Si finalmente surgen problemas, el cliente respondería ante cualquier demanda de indemnización.

Holding. Empresa que realmente no tiene otro objetivo que el de asociarse con otras empresas. Si un holding tiene su sede en un paraíso fiscal, los beneficios de las filiales se pueden transferir sin mucho esfuerzo para ahorrarse impuestos. Gracias al entramado de la estructura que forma un holding, las relaciones de propiedad pueden ocultarse.

Intermediario. Generalmente, las personas físicas no se dirigen personalmente a los agentes registrados, sino que lo hacen a través de un administrador de bienes o un banco, que actúan por encargo de sus clientes.

Proveedor de empresas offshore. Hay decenas de empresas en todo el mundo que se especializan en vender sociedades pantalla. Ofrecen sociedades nuevas y también sociedades que ya habían sido creadas, generalmente en distintos paraísos fiscales, que incluyen todo tipo de fundaciones. Muchos de esos proveedores son bufetes de abogados. Mossack Fonseca es uno de los más grandes.

Sociedad offshore vintage. Empresa pantalla «de segunda mano». Los proveedores como Mossack Fonseca tienen un catálogo de sociedades pantalla ya creadas para poder venderlas a los clientes que necesitan una empresa offshore y no quieren que se sepa que la acaban de crear.

Sociedad pantalla. Empresa que no tiene ningún empleado en su sede oficial —generalmente la dirección del agente registrado—, sino solo un buzón. Eso provoca la absurda situación de que, en un paraíso fiscal, miles de empresas tengan su sede en un mismo edificio. Un ejemplo: en el 1209 de la calle North Orange, en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware, hay más de doscientas mil empresas.

Titular real o beneficiario efectivo final (real ultimate beneficial owner). En el mundo de las sociedades offshore, es el propietario real de una empresa que se esconde detrás de un hombre de paja o testaferro que afirma ser el beneficiario final. El término se introdujo para diferenciar al beneficiario final real del beneficiario final fiduciario.

Notas

[*] Para proteger a nuestra fuente, en este libro abreviaremos todas aquellas citas de las conversaciones, diferenciadas gráficamente, que puedan poner en peligro al/a la informante, o bien las modificaremos ligeramente aunque sin alterar su contenido. <<

[1] Sobre este asunto —y, especialmente, sobre la reacción de Hans-Joachim K.— véase el capítulo 13. <<

[1] Sobre este asunto —y, especialmente, sobre Leticia Montoya—, véanse los capítulos 16 y 31. <<

[2] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, Mossfon no había respondido a las preguntas que se le habían formulado sobre el tema. <<

[1] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, Mossfon no había respondido a las preguntas que se le habían formulado sobre el tema. <<

[1] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, ni Mossfon ni Jürgen Mossack habían respondido a las preguntas que se les habían formulado sobre el tema. <<

[2] En marzo de 2016, cuando tuvo constancia de las investigaciones que se estaban llevando a cabo para elaborar este libro, Ramón Fonseca anunció que abandonaría temporalmente ambos cargos. <<

[3] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, Ramón Fonseca no había respondido a las preguntas que le habíamos formulado sobre el tema. <<

[4] Consulta: marzo de 2016. <<

[5] Sobre la reacción de Gunnlaugsson, véase el capítulo 26. <<

[6] Sobre este asunto, véase el capítulo 26. <<

[7] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, Amoldo Alemán el Gordo, no había respondido a las preguntas que se le habían formulado sobre el tema. <<

[1] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, Burson-Marsteller no se había pronunciado sobre estas acusaciones. <<

[2] Sobre este tema —y, especialmente, sobre la reacción de Mossfon ante unas preguntas sobre el asunto—, véase el capítulo 14. <<

[3] No está claro si en 2016 Burson-Marsteller sigue asesorando a Mossfon. <<

[4] Sobre este tema —y, especialmente, sobre las declaraciones del Commerzbank—, véase el capítulo 24. <<

[5] Sobre este tema —y, especialmente, sobre las declaraciones de los bancos mencionados—, véase el capítulo 24. <<

[6] Ídem. <<

[7] Ídem. <<

[8] Sobre este tema —y, especialmente, sobre la reacción de Gunnlaugsson—, véase el capítulo 26. <<

[1] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, Hafez Majluf no había respondido a las preguntas que se le habían formulado sobre el tema. <<

[2] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, ni Eyad ni Ihab Majluf habían respondido a las preguntas que se les habían formulado sobre el tema. <<

[3] Sobre este tema —y, especialmente, sobre la reacción de Zollinger—, véase el capítulo 17. Preguntado al respecto, el HSBC se remitió a unas declaraciones previas, en las que aseguraba que «globalmente» observaba «todas las sanciones relevantes». <<

[4] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, Jürgen Mossack no había respondido a las preguntas que le habíamos formulado sobre el tema. <<

[5] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, John Bredenkamp no había respondido a las preguntas que le habíamos formulado sobre el tema. <<

[6] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, Jean-Claude N’Da Ametchi no había respondido a las preguntas que se le habían formulado sobre el tema. <<

[7] El abogado de Muller Conrad Rautenbach asegura que, en la actualidad, su cliente está ya fuera de ambas listas de sancionados y sostiene que la decisión de la UE y Estados Unidos engloba igualmente a las empresas asociadas a Rautenbach. <<

[8] Preguntado sobre este asunto, Savo Stjepanovic respondió que se enteró de aquella sanción del Gobierno estadounidense a través de los medios de comunicación y que ya había solicitado que se le excluyera de la lista. Aseguró, además, que la empresa que gestionaba Mossfon se había constituido para comercializar aplicaciones para móviles de Google Play Store, una actividad empresarial que no pueden realizar las compañías eslovenas. <<

[9] Una portavoz de Anatoli Ternawski ha asegurado que, en su opinión, las sanciones responden a motivos políticos. De acuerdo con sus declaraciones, en la primavera de 2016 su empresa administrada por Mossfon seguía en activo. <<

[10] Un bufete de abogados designado por Gennadi Timchenko explicó que a su cliente «no le consta que él y/o alguna de las empresas mencionadas [en este libro] se encuentre en circunstancias que supongan una violación de las sanciones por parte de un ciudadano estadounidense». Según los abogados de Timchenko, «Mossack Fonseca no parece mantener ninguna relación con Estados Unidos que entrañe una infracción respecto a las sanciones». <<

[11] Marllory Dadiana Chacón Rossell y su abogada no han querido hacer declaraciones sobre este asunto. <<

[12] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, Rami Majluf no había respondido a las preguntas que se le habían formulado sobre Drex Technologies S. A. <<

[13] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, Kuo Oil Pte. Ltd. no había respondido a las preguntas que se le habían formulado sobre el tema. <<

[14] Preguntado por este asunto, un abogado designado por Kassim Tajideen ha declarado que su cliente no es ni miembro ni colaborador de Hizbulá. <<

[15] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, Petropars Ltd. no había respondido a las preguntas que se le habían formulado sobre el tema. <<

[16] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, John Bredenkamp no había respondido a las preguntas que le habíamos formulado sobre el tema. <<

[17] Sobre este tema —y, especialmente, sobre las declaraciones de Yulia Timoshenko—, véase el capítulo 23. <<

[18] Sobre este tema —y, especialmente, sobre la falta de reacción por parte de Pavlo Lazarenko—, véase el capítulo 23. <<

[19] Preguntado sobre este asunto, un bufete de abogados designado por Suleimán Maruf explicó que las sanciones que se habían impuesto en el pasado contra su cliente se basaban «en acusaciones falsas y sin fundamento». <<

[20] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, el bufete de abogados designado por Suleimán Maruf no había respondido a las preguntas que se le habían formulado sobre la actividad que presuntamente desempeñaba su cliente para Asma el Asad. <<

[21] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, ni Maxima Middle East Trading Co. ni Ahmad Barqaui habían respondido a las preguntas que se les habían formulado sobre el tema. <<

[22] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, Pangates International Corporation Ltd. no había respondido a las preguntas que se le habían formulado sobre el tema. <<

[23] En el momento en que se concluyó la edición de este libro, Mossack Fonseca no había respondido a las preguntas que se le habían formulado sobre el tema. <<

[1] Véase capítulo 26. <<

[1] Véase la respuesta de Wemer Mauss y su abogado al final del capítulo 7. <<

[2] El abogado de Wemer Mauss afirmó al respecto que su cliente «no conocía esta supuesta operación de 1981». En su opinión los datos eran falsos. <<

[3] Werner Mauss lo confirmó y destacó que había utilizado muchos otros nombres. <<

[4] Werner Mauss respondió que desde que sufrió un intento de atentado en 1984 tuvo que renunciar «al apoyo logístico» de un avión propio «por motivos de seguridad hasta la actualidad». <<

[5] Werner Mauss declaró que Nolilane no tenía ninguna cuenta. Véase el informe al final del capítulo 7. <<

[6] Werner Mauss declaró que haría cambiar de inmediato los datos falsos que aparecen en el registro de la propiedad. <<

[7] Volker B. explicó que solo tenía un recuerdo «vago» de aquella reunión. Según recordaba, la conversación fue sobre «cuestiones bancarias técnicas». El lector encontrará más información al final del capítulo 7. Mossack Fonseca no contestó a nuestra consulta. <<

[8] Volker B. declaró que Mauss «no había sido cliente suyo». Solo le había ayudado ocasionalmente «por sus lazos de amistad en cuestiones bancarias». Más información al final del capítulo 7. <<

[9] Véase las declaraciones de Mauss al respecto al final del capítulo 7. <<

[10] Mauss declaró no tener conocimiento de que fuera objeto de inspección alguna. <<

[11] A nuestra consulta, Volker B. contestó que no había participado en liberaciones de rehenes. <<

[12] Al ser preguntado, el abogado de Werner Mauss respondió que «todas las fundaciones, empresas y el dinero mencionados en ese artículo de Spiegel constan como es debido desde el principio ante las autoridades fiscales competentes y se han pagado los impuestos correspondientes». Véanse los comentarios de Mauss al respecto al final del capítulo 7. <<

[13] Véanse los comentarios de Mauss al respecto al final del capítulo 7. <<

[14] A la pregunta de si es correcto que los ingresos de Mauss derivados de sus actividades en el BND tributaran mediante «ingresos fijos», el abogado de Werner Mauss contestó que este fue denunciado en otoño de 1986 supuestamente por no haber pagado impuestos. Tras la denuncia estaba el «departamento de desinformación de la Stasi». «En primavera de 1987, el procedimiento fiscal contra el señor Mauss, que ya estaba en marcha, fue rectificado por las autoridades de seguridad competentes. Luego, las autoridades fiscales detuvieron el proceso», afirmó. <<

[15] El abogado de Wemer Mauss aclaró que su cliente no había intentado «en ningún momento influir en las autoridades fiscales». <<

[16] Véase la información sobre las empresas offshore de Mauss al final del capítulo 7. <<

[17] El Gobierno contestó a nuestra consulta que, «por principio», no opinaba sobre las circunstancias personales de individuos. La consejería del Interior de Renania-Palatinado, que también es responsable de la defensa de este estado federado, confirmó que los papeles falsos de Mauss habían sido expedidos por la Administración del municipio de Simmern. Y añadió: «Sin embargo, la consejería del Interior nunca se ocupó ni se ocupa de eso ni tiene ningún tipo de conocimiento propio». <<

[1] Véase la reacción de Figueredo en el capítulo 28. <<

[2] Hugo y Mariano Jinkis no fueron localizados para ser interpelados. <<

[3] Ídem. <<

[1] Al cierre de la redacción de este libro, Helly Nahmad no había contestado a nuestra consulta. <<

[1] Al cierre de la redacción de este libro, Alaa Mubarak no había contestado a nuestras consultas. <<

[2] Véanse las declaraciones de Mossfon sobre el trato de los sancionados en el capítulo 5. <<

[1] Al cierre de la redacción de este libro, ni el primer ministro ni su hija habían contestado a nuestras preguntas. <<

[2] Al cierre de la redacción de este libro, el primer ministro Nawaz Sharif no había contestado a nuestras preguntas. <<

[3] Véase el capítulo 25, sobre todo para consultar la reacción del presidente Gunnlaugsson. <<

[4] Véase el capítulo 5. <<

[5] Al cierre de la redacción de este libro, Ayad Allaui no había contestado a nuestras preguntas. <<

[6] Véase el capítulo 22, sobre todo para consultar la reacción de Deng Jiaqui. <<

[7] Véase el capítulo 22, sobre todo para consultar la reacción de Li Xaolin. <<

[8] Al cierre de la redacción de este libro, Serguéi Chemezov no había dado ninguna respuesta que podamos citar. <<

[9] Al cierre de la redacción de este libro, Boris y Arkadi Rotenberg no habían contestado a nuestras preguntas. <<

[1] Al cierre de la redacción de este libro, Ilham Aliyev y su familia no habían contestado a nuestras preguntas. <<

[1] K. no contesta a nuestras consultas sobre el tema. <<

[2] Ídem. <<

[3] Jürgen Mossack no contestó a la consulta correspondiente. <<

[4] Al consultarles, K. no nos contesta y L. L. niega todas las operaciones mencionadas. <<

[5] K. niega que se produjera esa reunión. <<

[6] Por teléfono, L. L. nos cuenta que nunca ha recibido dinero de Gillard Management. Ni siquiera conoce la empresa. <<

[7] K. niega haber hecho un giro por ese importe. <<

[8] «RPS» no contestó a nuestras consultas. <<

[1] Al cierre de la redacción de este libro, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca no habían contestado a nuestras consultas. <<

[2] Al cierre de la redacción de este libro, Mossfon no había contestado a nuestra consulta sobre los ejemplos presentados. <<

[3] Tras nuestra consulta se puso en contacto con nosotros un abogado que al principio solicitó un amplio plazo para responder. Luego, al cabo de una semana, tan solo dijo que el directivo de Siemens no tenía conocimiento de esas operaciones, para finalmente comunicarnos por escrito que su cliente no podía darnos «información alguna». <<

[4] Mossfon no contestó a nuestra consulta sobre el tema. <<

[5] Al cierre de la redacción de este libro, Jürgen Mossack no había contestado a nuestras preguntas. <<

[1] Al cierre de esta edición, Boris y Arkadi Rotenberg no han respondido a las preguntas planteadas sobre este punto. <<

[2] Un abogado de Usmánov ha declarado que las «sociedades operativas más importantes» de su cliente están registradas en Rusia. Las empresas extranjeras se utilizarían «en términos muy limitados» y «respetando escrupulosamente» la ley. <<

[3] Al cierre de esta edición, Serguéi Chemezov no nos ha proporcionado ninguna respuesta que podamos citar. <<

[1] Al cierre de esta edición, Jürgen Mossack no ha contestado a una pregunta sobre este asunto, como tampoco lo ha hecho el propio bufete. <<

[2] Consultado sobre este asunto, Christoph Zollinger ha negado ser accionista de Tombell Associates. <<

[3] Posteriormente, sin duda recibió muchísimo más. A finales de 2015 encontramos un impreso de dicha época conforme al cual su salario ascendía a 10 800 dólares anuales. Pese al aumento de salario, la desproporción respecto a las ganancias que Mossfon obtenía gracias a su trabajo sigue siendo mayúscula. <<

[4] Al cierre de esta edición, Jürgen Mossack no había respondido a una pregunta sobre esta cuestión. <<

[5] Ídem. <<

[6] Al cierre de esta edición, Peter Mossack no había respondido a más preguntas sobre este punto. <<

[1] Al cierre de esta edición, Baldernach no ha respondido todavía a nuestra consulta sobre este punto. <<

[2] Nicholas Shaxson, Treasure Islands, Londres, Vintage Books, 2012 (trad. cast.: Las islas del tesoro: los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014). <<

[3] Al cierre de esta edición, Sandford I. Weill no ha contestado a nuestra consulta acerca de este asunto. <<

[4] Al cierre de esta edición, Al Zayan no ha respondido a nuestras preguntas. <<

[5] Helmut Linssen ha reconocido que era el dueño de Longdown Properties Corp. (Bahamas) y Longdown Properties Corp. (Panamá). Asegura no conocer Mossack Fonseca. Su socio en estos asuntos era el HSBC Trinkaus. <<

[1] Al cierre de esta edición, la hermana de Kabila no había respondido a una pregunta acerca de esta cuestión. <<

[2] Al cierre de esta edición, Teodoro Obiang no ha contestado a una pregunta sobre este punto. <<

[3] Al cierre de esta edición, no se ha podido localizar a Martina Chissano para cotejar esta información. <<

[4] A Mapopa Chípete, Yusuf Mwawa y la sobrina de Hastings Banda no se les ha podido localizar para confirmar esta información. Aleke Banda ya ha fallecido. <<

[5] Bruno Itoua ha manifestado, a preguntas de Le Monde, que no desea pronunciarse sobre asuntos económicos. <<

[6] Al cierre de esta edición, José María Botelho de Vasconcelos no ha respondido a nuestras preguntas sobre esta cuestión. <<

[7] A preguntas sobre el caso, una agencia de relaciones públicas ha asegurado que Caprikat y Foxwhelp son propiedad al ciento por ciento del grupo Fleurette. Una vez formalizado el contrato, Caprikat y Foxwhelp habrían pagado efectivamente seis millones de dólares a la República Democrática del Congo. A ello sin embargo hubo que sumar dos millones y medio adicionales en concepto de licencia de exploración. Según datos oficiales, en torno al sesenta por ciento de los ingresos del petróleo fueron recaudados por el Estado. <<

[8] Ni Jacob Zuma, ni Julubuse Zuma, ni tampoco Joseph Kabila han respondido, al cierre de esta edición, a una pregunta formulada sobre el asunto. <<

[9] Un portavoz de Caprikat y Foxwhelp ha confirmado que estas empresas pertenecían por completo al grupo Fleurette, un consorcio que a su vez estaba en manos de un «discretionary trust [un fideicomiso discrecional] constituido en beneficio de la familia de Dan Gertler». <<

[10] Consultado sobre la materia, Frédéric Cilins no quiso hacer ninguna declaración. BSGR, por su parte, manifiesta que Cilins «no ha sobornado a nadie relacionado con el acuerdo de BSGR». <<

[11] Un portavoz de BSGR declara, a consultas nuestras, que jamás ha oído hablar de una empresa llamada Matinda. <<

[12] Al cierre de esta edición, BSGR no ha respondido a la pregunta que se le ha formulado sobre esta cuestión. <<

[13] Un portavoz de BSGR manifiesta, a consultas nuestras, que existen «pruebas serias» que demuestran que Touré no era la cuarta esposa de Conté, pero no da más detalles. <<

[14] Un portavoz de BSGR niega este punto. <<

[15] Un portavoz de BSGR nos confirma este punto. <<

[16] Cuando se le consulta sobre este punto, BSGR solamente repite que Onyx es una empresa independiente de BSGR. Cuando escribimos estas líneas, Onyx no ha respondido aún a nuestras consultas. <<

[17] Un portavoz de BSGR declara que Cilins no tenía tratos con BSGR, por el asunto del contrato, ni tampoco con Beny Steinmetz. Al cierre de esta edición, Steinmetz no había contestado a nuestras preguntas. A Mamadie Touré no se la pudo localizar. <<

[18] Un portavoz de BSGR explica que no tiene más información sobre el asunto. <<

[19] Al cierre de esta edición, Onyx no había contestado a nuestras preguntas. <<

[1] Para este tema, véase el capítulo 31, sobre todo en lo que respecta a la reacción de Ramses Owens. <<

[2] Véase la reacción de Ramses Owens en el capítulo 31. <<

[3] Mientras escribimos estas líneas, Edmund W. no ha contestado aún a la pregunta que le planteamos sobre este punto. <<

[4] Al cierre de esta edición, Mossack Fonseca no nos había contestado sobre este punto. <<

[1] A fecha de marzo de 2016. <<

[2] Andrew M. ha declarado, a consultas nuestras, que nunca colaboró en la puesta en marcha de Berenika, que jamás ha invertido en esta web y que nunca ha obtenido ganancias de ella. <<

[3] Andrew M. ha respondido a una pregunta nuestra sobre este tema; pero no quiso pronunciarse públicamente sobre la empresa IFEX Global, pese a que justamente nos respondió desde un correo electrónico que termina en @ifex.us. <<

[4] Andrew M. nos ha comunicado que es «rotunda y absolutamente falso» que haya estado implicado en la red de prostitución de Berenika y que toda esa historia no es más que un «cuento chino» difundido por las autoridades rusas. Estas, según dice, quieren destruir su reputación simplemente porque es crítico con Putin. A continuación subraya que no ha invertido jamás en esa red de prostitución infantil y que nunca ha obtenido ningún provecho económico de ella. Por lo demás, niega explícitamente haber tenido sexo con menores. <<

[1] Al cierre de esta edición, ni Deng Jiaqui ni Xi Jinping habían respondido a nuestras preguntas sobre este asunto. <<

[2] Al cierre de esta edición, Li Xiaolin no había contestado a nuestra pregunta sobre este tema. <<

[3] Al cierre de esta edición, Wallace Ju Jinping no había contestado a nuestra pregunta sobre este tema. <<

[4] Al cierre de esta edición, Lee Shing Put no había contestado a nuestra pregunta sobre este tema. <<

[5] Al cierre de esta edición, Zeng Quinghuai no había contestado a nuestra pregunta sobre este tema. <<

[6] Li Zidan no respondió a la pregunta que le planteamos sobre este punto. En cuanto a Zhang Juping, familiares suyos han manifestado que, cuando cambió de propietarios, la empresa Harvest Sun no tenía ningún valor y que fue algo meramente casual que Zhang se la vendiese a Li Zidan, ya que no mantenían relaciones comerciales. <<

[1] Entre tanto, el asesor de Poroshenko ha manifestado que los precios eran entonces muy malos y que, justamente por ese motivo, el presidente no ha vendido todavía sus empresas; pero que no tenía ninguna intención de ocultar su patrimonio. Por su parte, la Oficina de Prensa de Poroshenko nos comunica, cuando preguntamos sobre el asunto, que la empresa Prime Assets Partners Limited forma «parte del proceso» de transferencia del patrimonio personal de Poroshenko a un trust. Además hace tiempo que el presidente ha puesto en conocimiento del público «todos los datos pertinentes en lo que respecta a su patrimonio, sus gastos y sus ingresos». <<

[2] Al cierre de esta edición, Gennadi Truhanov no había respondido a nuestra consulta sobre este tema; y tampoco lo había hecho el hijo de Mikola Azárov. <<

[1] El Deutsche Bank contestó a nuestras preguntas comunicándonos que «nunca da información sobre relaciones comerciales, ni reales ni potenciales». <<

[2] El Commerzbank respondió que no podía «pronunciarse sobre su relación con clientes potenciales o reales», pero que Commerzbank International S. A. «aplica una estrategia consecuente con la regularización del dinero desde el año 2008». <<

[3] El DZ Bank respondió que «nunca había ofrecido crear empresas pantalla a sus clientes» y que, finalmente, «rompió su relación con los clientes que no demostraron la transparencia fiscal requerida». <<

[4] El HypoVereinsbank contestó que no podía «dar otra información que la de acceso público, especialmente los informes de actividad de UniCredit Luxembourg S. A.». <<

[5] El LBBW nos comunicó que, con motivo de la publicación «de artículos de prensa sobre los negocios de otras entidades con las llamadas sociedades offshore», había examinado detalladamente las actividades realizadas con anterioridad por el Landesbank Rheinland-Pfalz International S. A. (LRI), que fue filial de LBBW entre los años 2008 y 2010. Sin embargo, respecto a la presente investigación, el banco no podía «dar detalles sobre las operaciones». <<

[6] El BayernLB respondió que, «evidentemente», ellos no ofrecían crear sociedades pantalla. Asimismo, puntualizaron que «en estos momentos y a causa del secreto bancario en Luxemburgo» no podían saber si su antigua filial, LBLux, había creado empresas offshore a su nombre. En cualquier caso, habían acordado «analizar de nuevo la situación». <<

[7] La respuesta del Deutsche Bank a nuestras preguntas fue que «nunca da información sobre relaciones comerciales, ni reales ni potenciales». <<

[8] Ídem. <<

[9] Ídem. <<

[10] Según el Deutsche Bank, la página web se rediseñó en 2013 y la nueva página se encuentra en www.db-ci.com. <<

[11] El Deutsche Bank declaró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había acordado con el Deutsche Bank (Suiza) S. A. suspender las actuaciones judiciales. Dicho Departamento aceptó no iniciar acciones penales contra la entidad suiza «en relación con posibles infracciones fiscales de cuentas de ciudadanos estadounidenses no declaradas y gestionadas por el Deutsche Bank (Suiza)». No obstante, «se fijó una multa de treinta y un millones de dólares». <<

[12] El Deutsche Bank manifestó que «nunca da información sobre investigaciones, posibles o reales, en curso». <<

[13] La respuesta del Deutsche Bank a nuestras preguntas fue que «nunca da información sobre relaciones comerciales, ni posibles ni reales». <<

[14] El Commerzbank contestó que «a partir de 2008, el Commerzbank International S. A. ha reestructurado el negocio de manera consecuente y proactiva, y no por presiones reglamentarias externas». <<

[15] La postura oficial del UBS es la siguiente: «El negocio se integra en la delegación alemana del UBS y se somete plenamente a la regulación y las leyes alemanas». <<

[16] Una portavoz del UBS nos comunicó que «por cuestiones legales y regulatorias» no podía «hacer declaraciones sobre personas, empresas ni supuestas relaciones con clientes», pero que la entidad advierte a sus clientes «desde hace tiempo y de manera expresa de que tienen la obligación de regularizar su situación fiscal». <<

[17] El BayernLB respondió que, «evidentemente», ellos no ofrecían crear sociedades pantalla. Asimismo, puntualizaron que «en estos momentos y a causa del secreto bancario en Luxemburgo» no podían saber si su antigua filial, LBLux, había creado empresas offshore a su nombre. En cualquier caso, habían acordado «analizar de nuevo la situación». <<

[18] El BHF-Bank nos contestó que la información que teníamos era «en gran parte incorrecta», pero no podían darnos detalles ateniéndose al «secreto bancario». El DZ Bank nos comunicó que las sociedades de inversión que la entidad tiene actualmente en cartera «cumplen probadamente sus obligaciones fiscales». El Commerzbank no atendió nuestras consultas sobre el Schiffbank, entidad a la que absorbió, y se limitó a comunicarnos que «el objetivo de la entidad Deutsche Schiffbank S. A. era la financiación del transporte marítimo comercial». En el momento de publicar este libro, el HSBC no había respondido a nuestras consultas al respecto. <<

[19] El Berenger Bank contestó que intentaban, «dentro de nuestras posibilidades», que «los clientes cumplan sus obligaciones fiscales». En los últimos años, se ha producido «un cambio significativo» en los ciudadanos, la legislación y los bancos respecto a «ese tema». <<

[20] La respuesta del Berenger Bank a nuestras consultas fue que «la creación y la comercialización de empresas pantalla» nunca había sido un «componente» de su modelo de negocio. Berenger y sus filiales nunca habían «ofrecido ni comercializado empresas pantalla activamente». <<

[21] El Berenger Bank nos comunicó que no podía damos información al respecto «en virtud del secreto bancario y la protección de datos». <<

[22] La respuesta del Deutsche Bank al respecto fue que «nunca da información sobre relaciones comerciales, ni posibles ni reales». <<

[1] Véanse las respuestas de Bjarni Benediktsson y Ólof Nordal en la parte final del capítulo 25. <<

[2] Poco antes de que se publicara este libro, la mujer del aún primer ministro islandés explicó que el banco cometió un error al inscribir a su marido como accionista en 2007 y que la empresa siempre había sido de ella. <<

[3] En el momento de publicar este libro, Gunnlaugsson no había contestado a nuestras preguntas. <<

[4] A favor de esta versión habla el hecho de que la mujer de Gunnlaugsson dijo que no habían invertido más en valores islandeses después de que su marido ocupara un cargo público. Es decir, a principios de 2009. <<

[5] En el momento de publicar este libro, Gunnlaugsson no había contestado a nuestras preguntas. <<

[6] Benediktsson nos confirmó que era uno de los propietarios de la empresa, que había invertido en una propiedad inmueble en Dubái, pero que él había declarado ambas cosas. Su respuesta a la pregunta de por qué había afirmado que nunca había tenido activos en sociedades offshore fue que «no era consciente» de que la empresa estuviera registrada en las Seychelles. <<

[7] Benediktsson declaró que él no se había opuesto a la compra. A nuestro compañero Jóhannes Kristjánsson le explicó que no sabía que su empresa aparecía en los datos. <<

[8] El marido de Ólof Nordal respondió a nuestra solicitud de información y dijo que el Landsbanki había creado la empresa para él, pero que nunca la había utilizado. Ólof Nordal nos comunicó que la empresa se creó antes de que ella entrara en el Parlamento y por eso no la declaró. <<

[1] Poco antes de la publicación de este libro, el presidente Mauricio Macri anunció que Argentina había llegado a un acuerdo con NML y otros «fondos buitre». Con eso, la demanda probablemente deja de ser procedente. <<

[2] En el momento de publicar este libro, Alí Dabaiba no había contestado a nuestras preguntas. <<

[3] Ídem. <<

[4] Ídem. <<

[5] En el momento de publicar este libro, Riad G. no había contestado a nuestras preguntas. <<

[6] En el momento de publicar este libro, los dos hombres de negocios no habían contestado a nuestras preguntas sobre el asunto. Los que explotan el hotel de las Highlands escocesas tampoco han contestado. <<

[7] En el momento de publicar este libro, Riad G. y Alí Dabaiba no habían reaccionado a nuestra solicitud de información. <<

[1] En el momento de publicar este libro, Jürgen Mossack no había contestado a nuestras preguntas. <<

[2] En el momento de publicar este libro, Arkadi y Boris Rotenberg no habían contestado a nuestras preguntas. <<

[3] Un bufete de abogados que trabaja para Gennadi Timchenko declaró —sin mencionar empresas concretas al cierre de la redacción de este libro— que este no tenía conocimiento de ninguna circunstancia que pudiera constituir una infracción de las sanciones impuestas por Estados Unidos. <<

[1] Hasta el momento de publicar este libro fue imposible comunicarse con Hugo y Mariano Jinkis para formularles unas preguntas conjuntamente con el ICIJ. <<

[2] Ídem. <<

[3] En el momento de publicar este libro, Juan Pedro Damiani no había respondido a nuestras preguntas. <<

[4] Juan Pedro Damiani no respondió a nuestras preguntas. <<

[5] Ni Juan Pedro Damiani ni Figueredo o Mossack Fonseca respondieron a nuestras preguntas. <<

[1] Nicholas Shaxson, Treasure Islands, Londres, Vintage Books, 2012 (trad. cast.: Las islas del tesoro: los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014). <<

[2] Michael Findley, Daniel Nielson y Jason Sharman: Global Shell Games. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. <<

[1] Véase el capítulo 7. Wemer Mauss confirmó que tenía una propiedad inmueble en la ciudad de Panamá. Sus declaraciones sobre el uso fueron contradictorias. <<

[2] En el momento de publicar este libro, Leticia Montoya no había contestado a las preguntas que posteriormente le hicimos por escrito. En su lugar, un portavoz de Mossack Fonseca nos envió una declaración de carácter general, según la cual una persona podía ser la directora de varias empresas. Nuestras preguntas detalladas no obtuvieron respuesta. <<

[3] Pocos días después de la entrevista, Ramses Owens respondió a las preguntas que le enviamos por escrito afirmando que él «nunca» había ofrecido el servicio de un nominee beneficial owner (titular fiduciario). Al mostrarle el contenido de un escrito que él mismo había enviado y en el que se hablaba de que Mossack Fonseca proporcionaba el titular fiduciario de una empresa, Owens contestó que debería haber puesto «nominee shareholder» o «shareholder trusteeship» (accionista fiduciario o fideicomiso de las acciones, respectivamente), por lo que se trataba de un error de escritura. En el momento de publicar este libro, no habíamos obtenido respuesta a la pregunta de si estaba seguro de eso, puesto que habíamos encontrado varios documentos iguales. <<

[*] Manifiesto del informador anónimo hecho público en el Süddeutsche Zeitung y en el resto de medios asociados el 6 de mayo de 2016. Disponible en inglés en el siguiente enlace: http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/572c897a5632a39742ed34ef/. <<