El objetivo principal de este libro, nos dice el autor, «no es escribir una historia de la ciencia y la tecnología bajo el franquismo (que también), sino tratar de entender su papel en la constitución del nuevo régimen» a través de sus proyectos de redención de la España salida de la guerra civil. De este estudio surge un panorama distinto al habitual de los años difíciles de la autarquía: un panorama en que la investigación científica y técnica aparece, no como una simple herramienta del poder, sino como «un elemento constituyente que dotó de contenido al régimen».

Lino Camprubí

Los ingenieros de Franco

Ciencia, catolicismo y Guerra Fría en el estado franquista

ePub r1.0

Titivillus 11.12.2020

Título original: Los ingenieros de Franco

Lino Camprubí, 2017

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

A Gustavo Bueno (1924-2016). Abuelo. Maestro. Amigo.

Y a Carmen Sánchez Revilla (1921-2016),

mi fuerte y generosa abuela.

Por manteneros firmes hasta el final y saber iros juntos,

completando dos biografías magistrales.

¡Que, a través de nuestras memorias y vuestras obras,

actuéis entre los vivos largos años!

Prólogo. ¿Cómo leer Los ingenieros de Franco?

Prólogo

¿Cómo leer Los ingenieros de Franco?

EL LIBRO QUE AQUÍ COMIENZA no es principalmente una obra de historia de la ciencia y la tecnología (que también). Es sobre todo una historia política del franquismo que parte de la constatación de que las ciencias y las tecnologías son cada vez más definitorias de la realidad en la que vivimos. La investigación científico-técnica durante este período apenas ha recibido atención más allá de reducidos círculos especializados (y muchas veces para llegar a la conclusión de que no existió esta investigación). En cambio, aquí sostengo que sin tener en cuenta la investigación científico-técnica no se puede llegar a entender la configuración del Estado durante el franquismo, un proceso esencial para la España del final del siglo pasado y principios del presente. La tesis principal de las páginas que siguen es que determinados grupos de ingenieros y científicos fueron participantes activos en las transformaciones políticas y económicas de aquellos años.

El título Los ingenieros de Franco puede interpretarse de dos maneras: los ingenieros que tenía Franco (o el régimen franquista) o los ingenieros que construyeron a Franco (o al régimen franquista); como si dijéramos «los ingenieros de la Torre Eiffel». Tomemos en serio el segundo sentido: ¿qué papel tuvieron los ingenieros y científicos en la construcción política del franquismo?

En el siguiente capítulo explicaré esta pregunta y mis respuestas con más detalle; ahora basta señalar que mi perspectiva se basa en una concepción de la sociedad política apegada al territorio y a sus transformaciones físicas. Esta perspectiva invita a subrayar la heterogeneidad de ese tiempo histórico que llamamos «franquismo», revaluar la importancia del personaje de Franco en su desarrollo, y señalar continuidades con períodos anteriores y posteriores de la historia de España. Esta perspectiva, además, conlleva una metodología: bajar al detalle de cómo los objetos producidos en determinados laboratorios se inscribían en la economía política del régimen, transformándola mediante una reconfiguración del paisaje español. Por tanto, la estructura del libro, aunque tiene algo de cronológica, es ante todo espacial. Va siguiendo los objetos, sus trayectorias, sus efectos y sus concatenaciones y va ampliando el zoom hacia diferentes paisajes y geografías españolas y foráneas.

Esta atención al detalle de los trabajos en marcha produce historias sorprendentes y significativas (algunas espero que apasionantes), a la vez que ofrece perspectivas novedosas e importantes sobre elementos tan centrales al régimen como fueron la ideología nacionalcatólica, la economía autárquica, la industrialización, el totalitarismo, los sindicatos verticales, la colonización agraria, la integración europea, la soberanía territorial, la protección de la naturaleza, la dependencia energética y la descolonización y recolonización del Sáhara Occidental. Aviso que, por las propias premisas y metodología del libro, algunas de sus páginas se adentran en detalles técnicos inevitables, pero he procurado hacerlo siempre con claridad, en román paladino, y sin perder de vista el significado de estos tecnicismos con respecto a la historia que trato de relatar.

Dada su configuración espacial, el libro puede leerse de muchas maneras y escalas ajustadas a distintos tipos de lectores. Quien quiera dar cuenta rápidamente de sus tesis principales y su metodología podrá acudir directamente a la introducción y al epílogo, y tal vez elegir algunas de las introducciones que encabezan cada capítulo. Será un método muy efectivo para estudiantes, profesores o historiadores de la época que necesiten saber qué se dice en Los ingenieros de Franco pero no tengan tiempo o interés suficientes para entrar en los detalles (por supuesto, a estos lectores les interesará también la bibliografía, pero no necesitan que yo se lo recuerde).

Quien, por el contrario, se acerque al libro con más curiosidad por algún caso concreto que urgencia historiográfica, podrá saltarse la introducción y escoger directamente uno o varios de los capítulos que componen el libro. Aquí la cosa va por gustos, preferencias, gremios y experiencias: quien prefiera la playa se asomará al capítulo sobre Gibraltar y quien quiera montaña se adentrará en el cauce del Noguera. El índice de contenidos también servirá para satisfacer curiosidades. Con un poco de suerte, el capítulo o el término elegidos harán crecer la curiosidad por leer el marco general ofrecido en la introducción o en el epílogo. Cada cual sabrá qué disciplinas, regiones, ideas o personas reclaman su atención, así que mi labor de guía en este punto ha de limitarse a una somera descripción del contenido de cada capítulo.

El primer capítulo introduce la perspectiva de Los ingenieros de Franco y ofrece un repaso a los distintos horizontes historiográficos y filosóficos en los que se mueve y a los que remueve o pretende rebasar. Discute los conceptos de redención, autarquía, ingenierismo, ciencia, Guerra Fría y estado. Todos ellos han sido utilizados por los propios actores de este período y por los analistas posteriores en varios sentidos que me obligan a definir el uso que aquí les doy.

El capítulo segundo empieza en uno de los centros de investigación más relevantes durante esta época, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y su red de laboratorios e iglesias. Aplicando la tesis general del libro a la muchas veces comentada relación de los fundadores del CSIC con los fundadores del Opus Dei, le da la vuelta a la interpretación más común: no es que el Opus influenciase al CSIC, sino que el CSIC marcó el contenido y desarrollo del Opus. Dicho más rigurosamente para evitar falsas dicotomías: la gestación y desarrollo del CSIC y el Opus Dei puede entenderse como una coevolución. Esta perspectiva, perseguida a través de la historia arquitectónica de laboratorios, iglesias y poblados de colonización (de Madrid a Badajoz), me permite indagar en un aspecto del franquismo prácticamente inexplorado: las conexiones internas de la ideología nacionalcatólica con la industrialización y la investigación científica. El «concepto cristiano de la autarquía», que apareció como un principio organizador de la economía política española, estaba basado tanto en el control autoritario de las masas como en la confianza en la ciencia y tecnología.

El capítulo que le sigue, el tercero, se interna en la historia del instituto mejor financiado del CSIC a principios de los años cincuenta: el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento (ITCC) dirigido por Eduardo Torroja Miret. Pivotando en torno a un espectacular silo de carbón, el capítulo describe los materiales de trabajo del Instituto (el carbón y el cemento) como partes integrantes de la economía política autárquica. El propio funcionamiento del silo sirve para analizar los componentes de un proyecto de industrialización de la economía política española defendido por poderosos sectores del régimen. El laboratorio del Instituto se concibió como la vanguardia del nuevo paisaje urbano del Madrid industrializado y su objetivo era la industrialización de la totalidad del paisaje español, particularmente mediante casas baratas y presas.

El capítulo cuarto continúa en el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, pero esta vez se centra en la producción, negociación y fracaso final de un proyecto de estándares de construcción para viguetas de hormigón pretensado, una pieza estructural en el programa industrializador de Torroja. Las resistencias por parte de los fabricantes a este proyecto de regulación estatal acabaron con él, pero el proceso sirve para analizar el papel de la técnica en la integración europea y en el paso del Estado corporativo al Estado regulador.

El capítulo quinto se sumerge en los famosos pantanos de Franco, en particular en la transformación del río Noguera Ribagorzana mediante doce saltos de agua. Juan Antonio Suanzes, presidente del Ministerio de Industria y protagonista recurrente de varios capítulos y epígrafes, concebía el Noguera como un enorme generador de kilovatios cuya sistematización requería el control «totalitario» de la economía política. Sin embargo, sus planes totalitarios olvidaban la heterogeneidad de toda sociedad política: se le opusieron ingenieros agrónomos que, en una larga tradición desde el Ministerio de Obras Públicas, veían los pantanos en términos de regadío y buscaban autarquía alimenticia antes que industrial. Agricultura o industria; campo o ciudad. La lucha por los recursos hídricos estaba servida y los argumentos políticos se dirimieron en términos técnicos en las presas del Noguera. Mientras tanto, la propia geología del cauce del Noguera impuso sus límites al proyecto totalitario.

El agua represada se libera recorriendo canales de regadío e inundando campos y cultivos. Siguiendo su curso, el sexto capítulo llega a los arrozales de las marismas del Guadalquivir. Para que germine el arroz hace falta agua, sí, pero también fertilizantes y semillas. Muchas de las semillas eran granos híbridos provenientes de Sueca, en Valencia. Para comprender la relación entre la genética de semillas y la radical transformación del paisaje del Guadalquivir es necesario acudir al puesto del laboratorio de la Estación Arrocera de Sueca en la nueva estructura de organización vertical de la economía política, los sindicatos verticales.

Los campos de arroz de las marismas producían algo más que hidratos: suponían la amenaza de desecación de uno de los nichos ornitológicos más ricos de Europa, Doñana. Las aves migratorias, en su paso desde el norte de Europa hasta África, atraían a expertos y aficionados más allá de las fronteras. Aristócratas, cazadores y ecologistas españoles buscaron alianzas con biólogos extranjeros para preservar Doñana frente a los peligros del desarrollismo. De este modo, José Antonio Valverde y Félix Rodríguez de la Fuente unieron sus fuerzas a las de eminencias como Julian Huxley o Max Nicholson, los herederos del imperio británico que estaban poniendo en marcha instituciones internacionales como la UNESCO o el World Wide Fund. El capítulo séptimo sitúa la creación de la Adena del Rey Juan Carlos en un contexto de lucha entre disciplinas, entre interpretaciones del evolucionismo y entre modelos para la economía política del territorio.

El octavo capítulo profundiza en las relaciones entre territorio, soberanía y ciencia. Con la introducción del submarino nuclear a mediados de los años cincuenta, el estrecho de Gibraltar pasó a ser un frente de vanguardia de la Guerra Fría. Para su vigilancia y defensa eran necesarios vastos conocimientos de las condiciones oceanográficas locales; Estados Unidos, el Reino Unido, la OTAN y España competían y colaboraban para su obtención e interpretación. La famosa disputa sobre Gibraltar, algunos de cuyos episodios más enconados se vivieron durante el franquismo, se entiende en toda su significación en este contexto de oceanografía submarina y guerra nuclear.

Tanto en el franquismo como en todas las sociedades industrializadas del siglo XX, el proteccionismo de la naturaleza patria convivía con el ideal de una naturaleza proveedora de recursos infinitos al servicio de la nación. La energía nuclear se postulaba como la realización de ese ideal. El noveno capítulo trata de la búsqueda de suficiencia energética en España a través de distintos recursos favorecidos por grupos de ingenieros e intereses industriales frente a otros: carbón, hidroelectricidad, nuclear y petróleo. La dependencia de recursos extranjeros desplazó el problema hacia la seguridad energética y los intentos de amortiguar la vulnerabilidad distribuyendo la dependencia a distintos países proveedores. La batalla se libraba también en el plano ideológico, desde la oposición obrera a películas como Las aguas bajan negras y Bombas para la paz. Estas pugnas y sus resultados estaban internamente vinculados a dimensiones internacionales, en especial al dominio de Estados Unidos sobre el mercado mundial de uranio y los efectos de la crisis del petróleo de 1973.

Continuando con la seguridad de los recursos, el capítulo décimo narra una gesta que duró tanto como el régimen de Franco: la de los fosfatos del Sáhara español. El acceso a importante documentación secreta hasta ahora no explorada da una imagen muy distinta a las habituales del proceso de descolonización del Sáhara y su conquista por parte de Marruecos. Los fertilizantes son uno de los recursos clave para la humanidad de los siete mil millones, pero también de los más escasos y más concentrados: ¡Marruecos ostenta aproximadamente el 75 % de las reservas mundiales! La geopolítica de la descolonización y de la ONU va de la mano con la geofísica del fósforo en esta historia de fracasos y traiciones que muestra una vez más que, en política, las soluciones nunca son fáciles y cada decisión puede tener consecuencias imprevisibles.

Cierra el libro un epílogo a modo de reflexión sobre la significación de la ciencia, la tecnología y el capitalismo para la interpretación del pasado reciente español y, por tanto, de nuestro presente.

Todos estos capítulos se pueden leer aisladamente pero aquellos lectores que se animen a leer Los ingenieros de Franco de cabo a rabo verán que sus historias no están aisladas unas de otras: los capítulos comparten una tesis común y están interconectados. Tienen en común que ejercitan la tesis general del libro poniendo a la ciencia y la tecnología en el centro de procesos políticos de la mayor significación y aspirando a enriquecer o cuestionar las versiones disponibles sobre la historia del régimen de Franco. Además, los hilos con que se tejen los diferentes relatos de cada capítulo atraviesan otros capítulos, formando redes de personas, instituciones, materiales, productos, prácticas y sistemas tecnológicos, entretejidos en torno al Nuevo Estado. Cada capítulo ofrece una perspectiva sobre esta urdimbre e invita a analizar el detalle de su funcionamiento en la construcción del franquismo.

1. Ingeniería política: autarquía, Guerra Fría y ciencia

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Ingeniería política: autarquía,

Guerra Fría y ciencia

DURANTE LA INAUGURACIÓN de un pantano en el Ebro en 1952, el general Francisco Franco proclamó: «Nos dolía España por su sequedad, por su miseria, por las necesidades de nuestros pueblos y de nuestras aldeas, y todo ese dolor de España se redime con estas grandes obras hidráulicas nacionales, con este pantano del Ebro y con los demás que en todas las cuencas de nuestros ríos van creándose, embelleciendo su paisaje y creando ese oro líquido que es la base de nuestra independencia. Sí señores, de nuestra independencia, porque no hay independencia política si no hay independencia económica, y no hay independencia económica si no hay bienestar en nuestros hogares»[1].

Este discurso contiene muchos de los asuntos de interés para el libro que el lector tiene en sus manos. Describe a la tecnología nacional como transformadora del paisaje español en un sentido tanto económico como estético. Entiende esta transformación como la redención de la miseria social que asola el territorio y a sus gentes. Finalmente, defiende que esta empresa es de naturaleza política. En parte, mi objetivo se puede entender como una exploración de las fuentes, los contextos y las consecuencias tangibles de los instrumentos retóricos movilizados por el discurso de Franco. Estas fuentes, tal es la tesis de Los ingenieros de Franco, se encuentran en las actividades de aquellos ingenieros militares, civiles y agrónomos que supieron situarse en el corazón de la modernización forzosa del país mediante sus trabajos con el hormigón, el arroz o la hidroelectricidad.

En 1967, quince años después del discurso de Franco, la empresa estadounidense International Minerals and Chemicals (IMC) trataba de persuadir al gobierno español de firmar un contrato para la explotación de los fosfatos del Sáhara Occidental: «Con la realidad de que la mitad de la población de la tierra debe enfrentar el problema de las deficiencias en su régimen de comida, debido a la falta de alimentos, la capacidad de aumentar la producción de productos alimenticios pasa a asumir un significado político semejante a la capacidad de enviar proyectiles a la Luna o de producir armas atómicas. A menos que la explosión actual que se experimenta en la natalidad mundial vaya a sufrir una disminución muy apreciable, el equilibrio político-económico pasará a manos de las naciones que ejerzan un control sobre los factores principales que inciden en la producción de alimentos … España desempeñaría un papel aún muchísimo más grande como potencia en los asuntos políticos internacionales»[2].

También este texto contiene algunas de las claves de la época desarrolladas aquí. IMC ponía a las tecnologías más comúnmente asociadas a la Guerra Fría, los cohetes espaciales y las bombas atómicas, como ejemplo de importancia militar y política internacional. Pero en este texto, la bomba y los cohetes aparecen comparados con la llamada «seguridad alimentaria», uno de los temas que habían sido centrales entre los teóricos de la autarquía española. En 1967 IMC apelaba a ella en el contexto internacional de los fosfatos del Sáhara Occidental, entonces Sáhara español, cuando el mercado mundial de fertilizantes se convirtió en uno de los grandes campos de batalla de los imperios globales que trataban de controlar un planeta superpoblado e interconectado. Numerosas disciplinas se movilizaron en este empeño, como veremos que lo hicieron en relación a los estándares internacionales, la prospección de uranio, la vigilancia del estrecho de Gibraltar, o incluso de la ornitología en Doñana: la España de Franco no podía mantenerse al margen de los nuevos equilibrios geopolíticos ni de los desarrollos científicos y técnicos asociados a ellos.

TECNOLOGÍA EN LA «REDENCIÓN DE ESPAÑA»

Allá por 1898, cuando la guerra hispano-americana tuvo como consecuencia la independencia de Cuba y Filipinas, certificando la extinción de un viejo imperio y el nacimiento de uno nuevo, un grupo de reformistas clamaba por la regeneración de España. Su objetivo declarado era «la redención de España», y era compartido por otros escritores políticos de esta época, conocida como «Restauración». La «redención», originalmente asociada en su sentido político con la reconquista de la Península por reinos cristianos durante la Edad Media, había adquirido con los años un significado secular[3]. Ahora se refería a «pecados» políticos y económicos, a la injusticia y a la pobreza. Según los reformistas, España necesitaba ponerse a la altura de los países de la Europa occidental y ajustarse a su situación geopolítica y económica real.

Simultáneamente, un cambio poderoso estaba operando al son de la industrialización, que avanzaba lentamente con el cambio de siglo. Aprovechando la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial, empresarios industriales y financieros se aliaron con ingenieros militares y sectores de la Administración en un esfuerzo para favorecer las exportaciones y limitar las importaciones tanto en la agricultura como en las manufacturas. En parte como continuación de esta tradición de proteccionismo e intervencionismo, la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) insistió en la industrialización sin transformaciones radicales de las políticas sociales y políticas anteriores. Aunque acarició el fascismo mussoliniano, Primo de Rivera concibió su mandato como una renovación suave del país[4]. A pesar de ciertas vanidades mesiánicas tempranas, absolutamente extinguidas cuando abandonó el poder ante el descontento creciente, la expresión «redención de España» mantuvo su significado secular en este período.

En términos generales, los diferentes gobiernos de la Segunda República (1931-1936) siguieron las políticas económicas de Primo de Rivera en lo relativo a la promoción y protección de la industria. Mientras que desde las líneas oficiales se hablaba de reforma y los partidos anarquistas y comunistas de revolución, la «redención de España» fue recuperando ciertos tonos religiosos entre quienes denunciaban el creciente anticlericalismo.

En 1936 un grupo de oficiales del ejército trató de llevar a cabo un golpe de estado contra el gobierno republicano del Frente Popular. Llamaban a la «Insurrección Nacional» para defender España de lo que consideraban un caos resultante del poder político de los anarquistas, comunistas y socialistas. El golpe fracasó ante la resistencia de importantes sectores del ejército republicano y comenzó una sangrienta Guerra Civil (1936-1939). Pocos meses después, la iglesia Católica española desarrolló su interpretación del conflicto como una «guerra santa», una «cruzada». En abril de 1939, Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), que se había convertido en el jefe y «Generalísimo» del «Ejército Nacional» rebelde, anunció el fin de la guerra. Se confirmó como el Caudillo del país y logró mantenerse en el poder hasta 1975 en lo que se convertiría en una de las más largas dictaduras europeas.

La prolongación del poder de Franco a lo largo de las décadas se debió en gran parte a su capacidad de manejarse entre las diferentes familias políticas y grupos de interés arracimados en el régimen. Ya en 1937, Franco había forzado a los falangistas, de inspiración fascista, a unirse con los tradicionalistas, que eran monárquicos y clericales. Mientras que el primer grupo veía la Guerra Civil como un atajo hacia la revolución fascista, el segundo hablaba de reacción. Franco se las apañó para reconfigurar estas aspiraciones contradictorias mediante el concepto más flexible de redención. La «redención de España», que pronto se convertiría en piedra de toque de la ideología oficial nacionalcatólica, se refería ahora a los «pecados» de la guerra fratricida, los ataques a la Iglesia y el regionalismo secesionista[5]. El papel de redentor con que Franco se invistió sirvió de justificación para la represión militar y el terror político, que en los años inmediatos a la guerra se cobró entre veinticinco mil y cincuenta mil muertes y miles de exiliados interiores y exteriores. El enemigo político sólo podría reincorporarse a la vida civil del país mediante obras redentoras.

Como argumentaré en el curso de este libro, estas obras eran literales e iban ligadas a la reconstrucción material de la posguerra. La «redención de España», por tanto, no perdió los significados más seculares que había ido adquiriendo en las décadas anteriores. La independencia política que se requería para revertir el curso de la historia de España sólo sería posible a través de la independencia económica. El papel histórico del nuevo régimen debía ocurrir al nivel de las máquinas, los técnicos, los trabajadores, las infraestructuras de regadío y los recursos energéticos. El nacionalismo tecnológico se convirtió en una herramienta legitimadora que aglutinó a grupos de intereses muy diversos y permitió a la dictadura sobrevivir a lo largo de los años a pesar de (o, más bien, gracias a) sus contactos crecientes con las democracias occidentales. Es más, el desarrollo técnico fue uno de los pilares de esos contactos internacionales y una fuente de intercambios y alianzas por encima de desavenencias políticas. Lo que justificaba el mandato de Franco era «la redención de España» mediante la industrialización y las obras financiadas por el Estado. En el primer franquismo, el concepto de «redención» adquirió su verdadera fuerza más allá de la propaganda grandilocuente en tanto concepto flexible que permitía a quienes lo empleaban incorporar a las obras públicas a la constelación de aquellas ideas ambiguas anteriores que comenzaban con el prefijo re-: reconquista, regeneración, renovación, reforma, reacción, revolución y reconstrucción.

Las ideas como regeneración o redención no fueron los motores de la historia de España. Más bien, éstas provenían de múltiples prácticas y líneas de fuerza que coexistían en un equilibrio a menudo inestable. Este libro trata de cómo los ingenieros llenaron de contenido la misión histórica redentora que el franquismo se había arrogado, de las maneras en que otorgaron a las ciencias y tecnologías un papel central en la reparación de la historia de España. Por supuesto, estas maneras cambiaron a lo largo de los años: la retórica redentora asociada al nacionalcatolicismo y a la Guerra Civil perdió mucha de su virulencia inicial y las tecnologías asociadas al Nuevo Estado fueron adaptándose a situaciones y necesidades nuevas. Sin embargo, las continuidades fueron mucho más importantes de lo que a menudo se reconoce.

AUTARQUÍA E INGENIERISMO

El franquismo a menudo se divide en dos períodos según una serie de criterios basados en la liberalización económica, y sólo en parte política, a partir de 1959[6]. Los primeros veinte años del franquismo gozan de muy mala prensa hoy día entre historiadores económicos y economistas, y no sin buenas razones. Es el llamado período de la «autarquía», o independencia económica, que se refiere a la vez a un modelo económico aislacionista y a una realidad de exclusión de España de ciertos circuitos comerciales y políticos europeos y mundiales. Es frecuente la simplificación de la historia del franquismo que pretende que los planes liberalizadores y desarrollistas de finales de la década de 1950 supusieron el punto de inflexión de un franquismo negro y pobre a otro simplemente gris y económicamente emergente. Sin embargo, un número creciente de historiadores denuncia que esta caricatura impide apreciar ciertas continuidades importantes entre los dos períodos y además impide apreciar la realidad del llamado «período autárquico».

Del asunto de las continuidades se tratará en otras partes del libro, ahora basta con llamar la atención sobre dos aspectos del período autárquico que subrayan su complejidad y que son fundamentales para la historia que reconstruye Los ingenieros de Franco. En primer lugar, hay que aclarar que la «autarquía» nunca fue una realidad efectiva. Es cierto que tras la derrota del eje las naciones occidentales sometieron al régimen de Franco a un aislamiento político y hasta cierto punto a un bloqueo económico. Pero incluso en los años más duros había importantes actividades comerciales con potencias tan señaladamente antifranquistas como Gran Bretaña. Pocos años después, el anticomunismo de Franco le valió los primeros aliados en Estados Unidos, que en 1947 había lanzado el Plan Marshall para frenar el posible avance soviético por la depauperada Europa y para crear nuevos mercados y zonas de inversión de sus capitales. Como ha quedado grabado en la memoria de quien haya visto Bienvenido, Mister Marshall, España se quedó fuera de este Plan. Sin embargo, Berlanga llegó tarde con su película: el año de su estreno, 1953, vio los acuerdos militares entre España y Estados Unidos, que afianzaban créditos concedidos en condiciones favorables desde 1949 y que reforzaron la posición internacional de Franco, también apoyado por el Vaticano y pronto aceptado en instituciones internacionales como la ONU.

En segundo lugar, aunque la autarquía no fue nunca una realidad plena, sí fue un modelo a la vez económico y político que concebía la autosuficiencia económica como un requisito indispensable de la independencia política nacional. Este modelo no era universalmente compartido y fue perdiendo peso a partir de los cincuenta, y sin embargo fue un ideal que estructuró muchos de los proyectos industrializadores, agrícolas y energéticos que se tratarán en estas páginas.

No aspiro aquí a juzgar el modelo autárquico ni trataré de descalificarlo como delirante o trasnochado para su época. Esta postura tan común se ejerce muchas veces desde premisas de libertad de mercado que se impusieron a nivel internacional y doctrinal con posterioridad al período autárquico. Por un lado, el nacionalismo era un movimiento internacional y el nacionalismo económico era compartido y ejercitado por muchos países del entorno, incluso los más acérrimos capitalistas. Por otro lado, el énfasis en la autosuficiencia se basaba en una concepción de la economía nacional más atenta a sus dimensiones políticas que los análisis disciplinares abstractos que sólo comenzaron a cristalizar en la década de 1940 y posteriores. La crisis económica desatada en 2008 ha vuelto a remover estos debates en todo el mundo: ¿es la ciencia económica un instrumento político o tiene capacidad predictiva y normativa?

Tampoco aspiro a zanjar la cuestión de las consecuencias prácticas del modelo autárquico sobre el crecimiento económico español. El tema ha sido tratado por muchos historiadores especialistas y sus respuestas varían según las escuelas económicas a las que pertenezcan y según hacia donde dirijan sus pesquisas: la agricultura, la industria, la adquisición de tecnologías, la banca, el déficit público, la política monetaria, etc. Es innegable que España pasó a ser un país industrializado ya a finales de 1940 y que la acumulación de capital que permitió el desarrollo posterior había comenzado en 1950. En la década de 1960 las tasas de crecimiento de la economía española eran sólo comparables a las de Japón en el mismo período. Es indudable también que esta acumulación fue posible, entre otras cosas, a costa de un profundo endeudamiento público, carestías en partes clave de la economía nacional y salarios de hambre apoyados por un aparato represor que logró barrer durante años todo movimiento obrero o campesino.

En palabras del historiador Fernando Guirao, «los historiadores de la política económica doméstica bajo el régimen de Franco deben enfrentarse a la evidencia de que, a pesar de una política económica obtusa, España fue parte de la edad de oro del capitalismo europeo … En lugar de limitarse a arremeter una y otra vez contra la masa de medidas obstruccionistas que tuvieron lugar, deberían buscar aquellos elementos que pudieran explicar esta evidencia»[7]. Sin duda, algunas de las transformaciones recogidas en las próximas páginas fueron parte importante de la incorporación de España al club de los países capitalistas europeos.

Pero, como digo, el juicio económico sobre el éxito o el fracaso del franquismo no es mi objetivo. Este libro es una historia política del franquismo que considera a los ingenieros como participantes activos en la configuración del régimen. Lo importante aquí es que el modelo autárquico, que fue en gran parte diseñado por ingenieros, es a su vez lo que explica el enorme poder político que algunos ingenieros adquirieron en el régimen de Franco, porque se asumió que la única manera de alcanzar cierta independencia económica para un país con el tamaño y los recursos de España era la investigación científica y la obtención de productos sintéticos capaces de sustituir materias primas o bienes de importación.

Con razón, algunos historiadores económicos se han referido a la política económica del primer franquismo con el nombre de «ingenierismo»[8]. Estos historiadores, a menudo economistas ellos mismos y educados en la ortodoxia de su propia época, han subrayado mediante estudios de caso detallados que los ingenieros priorizaban los «criterios técnicos» sobre la «racionalidad económica»[9]. Como he insinuado más arriba, me temo que el concepto de «racionalidad económica» no sea tan científico e intemporal como parece suponer[10]. Pero esa no es mi especialidad. Sobre lo que yo quiero llamar la atención es sobre la pluralidad de significados encerrados en la fórmula aparentemente clara de «criterios técnicos». ¿Existen criterios técnicos iguales para todo tiempo y lugar?

El lema «producir, producir y producir», tan repetido por las autoridades franquistas, reflejaría que ésta era la prioridad del ingenierismo. Y, sin embargo, en el momento en que preguntamos «Producir, sí, pero ¿producir qué y producir cómo?», la aparente unidad del «ingenierismo» se rompe en mil pedazos. Porque ahora lo que tenemos son ingenieros diferentes, pertenecientes a cuerpos de ingenieros distintos (militares, de caminos, agrícolas e industriales) y con intereses divergentes esforzados en sacar adelante modelos a veces opuestos para la economía nacional. Por tanto, en lugar de tomar el ingenierismo como el punto de partida capaz de explicar decisiones y comportamientos individuales, parece más prudente analizar el detalle de algunas de estas decisiones y comportamientos y tratar de entender cómo en ellas se entrelazaban las consideraciones científicas, tecnológicas, políticas y económicas. Sólo así seremos capaces de comprender el verdadero alcance de la participación de los cuadros técnicos en el franquismo y, por tanto, de entender la historia del régimen en esta dimensión tan fundamental.

LA GUERRA FRÍA Y LOS IMPERIOS UNIVERSALES

«Él piensa que nosotros pensamos que él cree que nosotros creemos … que él piensa que nosotros creemos que él va a atacar; por tanto piensa que lo haremos primero, de modo que él lo hará; por tanto, debemos hacerlo»[11]. Esta reacción, desencadenada ante el miedo recíproco a un ataque sorpresa y descrita por un estratega nuclear norteamericano en 1958, recoge la ansiedad de la Guerra Fría: un mundo partido en dos en que cada parte estaba dispuesta a defender su forma de vida incluso si ello pasaba por la aniquilación total del adversario. La amenaza de la Destrucción Mutua Asegurada (MAD, en sus siglas en inglés) obligó a las dos grandes potencias a mantener una carrera armamentística y a desarrollar redes de espionaje a nivel planetario que a menudo consistían en sensores medioambientales capaces de registrar cualquier movimiento en las filas enemigas. Cientos de miles de científicos e ingenieros de todo el mundo estaban al servicio directo o indirecto de esta lucha mundial, y disciplinas científicas enteras nacieron al calor de la financiación militar (desde la óptica no linear hasta la teoría de juegos) dedicada a evitar los efectos devastadores de una escalada nuclear. Películas como ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú o La caza del Octubre Rojo han permitido a generaciones posteriores revivir la fragilidad de una paz entre titanes.

Y, sin embargo, la Guerra Fría fue mucho más que dos escorpiones encerrados en una botella esperando a ver quién lanza el primer golpe. Cuando miramos más allá de la Unión Soviética o de Estados Unidos, vemos docenas de conflictos armados que a lo largo de los años sirvieron de escenario de operaciones para una batalla por el control de los territorios y los recursos. Desde Corea a Afganistán, pasando por Taiwán, Argelia, Vietnam, Nicaragua o Rumanía, la guerra no tuvo nada de fría, y se calcula que más de cuarenta millones de personas murieron antes de la caída del bloque soviético en conflictos insertos en un juego global de alianzas, contenciones, conquistas e injerencias[12]. La Guerra Fría fue una lucha entre dos imperios con voluntad de cubrir todo el globo. Pero precisamente por eso, cuando se analizan sus efectos en distintos países con su propia historia e intereses, el resultado es un cuadro mucho más rico en el que los imperios tradicionales, particularmente el inglés y en menor medida el francés (descontadas las intentonas alemana, italiana y japonesa tras caer en la Segunda Guerra Mundial), se estaban desintegrando rápidamente para dar lugar a un nuevo orden mundial en el que cada estado trataba de asegurar su soberanía y dominio sobre líneas de suministro y comercio.

Este panorama geopolítico es clave para entender los planes políticos de los ingenieros de Franco, algunos de los cuales tenían formación militar y detentaban cargos en el Ejército. Varios de los temas tratados en estas páginas, como la vigilancia submarina y la búsqueda de fosfatos, pero también la integración europea o los tratados internacionales de conservación del medioambiente, se entienden mejor en un contexto de hegemonía estadounidense y lucha contra el comunismo soviético (contexto del que no cabe excluir conflictos que precedían a la Guerra Fría, como la descolonización del norte de África o los intereses económico-políticos de Inglaterra y Francia). En varios de los capítulos que siguen, el poder (duro y blando) norteamericano constreñía o servía de recurso a los planes y programas desarrollados por técnicos y políticos españoles[13]. Como veremos, los científicos e ingenieros también fueron activos en la definición y defensa de la soberanía española sobre determinados recursos naturales (uranio, aves migratorias…) y territorios (Gibraltar, Sáhara Occidental…).

La autarquía económica se entendía a menudo como un intento por parte de un estado pequeño como España de romper monopolios sobre materias primas establecidos por los grandes imperios por medio de la violencia expansionista. Igualmente, la progresiva transición hacia una integración más formal en los mercados internacionales acontecía en un contexto geopolítico muy preciso sin el cual se desdibujan las decisiones tomadas en las diferentes capas de la sociedad política española, desde la administración política a la económica y la militar y, por supuesto, la científica.

¿INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL FRANQUISMO?

Más de un lector se habrá asomado a Los ingenieros de Franco con escepticismo o incluso curiosidad maliciosa: ¿cómo se puede escribir un libro entero sobre ciencia y tecnología en el franquismo? Si ese lector ha llegado hasta este punto, tal vez su escepticismo sea ahora asombro incrédulo: ¡un libro sobre investigación en el franquismo que además afirma que sin ella no se puede entender este período de la historia de España que tanta atención ha recibido! A lo largo de los años me he encontrado con muchas personas juiciosas, algunas de las cuales han vivido en aquella época y obtenido sus puestos de catedrático por entonces, que aseguran que bajo el franquismo no hubo ningún tipo de investigación. Es más, es común pensar que la ciencia y la tecnología son ajenas no sólo al franquismo, sino a toda la historia de España, y que sólo con la llegada de la democracia se comienza, con altibajos y frenazos, a entrar plenamente en la «modernidad», entendida entre otras cosas como la era de la razón científicotécnica.

No voy a entrar aquí a valorar el papel de la ciencia y la tecnología en otros períodos de la historia de España, aunque hace ya tiempo que los historiadores desecharon la idea negrolegendaria de España como un yermo intelectual donde sólo arraigaban hidalgos, guerreros y sacerdotes[14]. Para empezar, ¿dónde está escrito que los hidalgos, guerreros y sacerdotes no hayan sido protagonistas de la evolución de las ciencias? Es verdad que el entramado institucional que en los siglos XVII y XVIII dio los Newton, los Leibniz y los Laplace a otros países no existió con la misma potencia en nuestro suelo. Aunque también es cierto que muchas de las características de ese entramado se habían ya establecido en la España imperial del siglo XVI, sin cuyo descubrimiento del nuevo continente es inconcebible la revolución científica[15]. Acercarse a la historia de la ciencia en España con la óptica del «atraso» implica el riesgo de forzarla en el lecho de Procusto del desarrollo «normal», es decir, el desarrollo característico de un puñado de países de Europa del norte cuya historia política y económica es muy distinta a la que caracterizó al imperio español.

En el convulso siglo XIX y el primer tercio del XX, la educación e investigación científica en España pasaron por importantes modificaciones, muchas de las cuales fueron protagonizadas antes por médicos e ingenieros que por profesores universitarios. La Junta de Ampliación de Estudios fue entre otras cosas el resultado de una revalorización de disciplinas como la medicina, las matemáticas o la física. ¿Hasta qué punto es cierto que la Guerra Civil y el régimen de Franco supusieron una ruptura total con esas tradiciones? La respuesta a esta pregunta nos pone ante otra de más alcance: ¿puede un estado moderno sobrevivir sin ningún tipo de investigación y pudo hacerlo el régimen de Franco durante cuarenta años?

La misión redentora con que los vencedores legitimaban su poder en la posguerra justificaba a sus ojos el uso de la violencia para aplastar a los disidentes políticos. El régimen estaba en parte fundado en el terror y la represión que acompañaron a la Guerra Civil y a los años inmediatamente posteriores a ella. Como es sabido, esto tuvo importantes consecuencias sobre maestros, profesores e investigadores. Muchos habían perecido en combate, otros huyeron al exilio, fueron apartados de sus puestos o incluso ejecutados. Se les acusaba de haber servido al «Ejército Rojo», de haberse significado por su apoyo al régimen republicano, o simplemente de no aceptar plenamente la ideología del nuevo régimen. Aquellos científicos e ingenieros que mantuvieron sus puestos tenían que ser cuidadosos para evitar cualquier sospecha de irreligiosidad o desafección al Caudillo. Además, la Guerra Civil había acabado con centros de investigación y recursos y, no menos importante, la ruptura con la República a menudo significó el abandono de programas de investigación, colecciones e instrumentos[16].

Por todo ello, periodistas e historiadores hablan del franquismo como un tiempo de silencio (una expresión sobre la que volveré en la conclusión del libro). Es común decir que los científicos e ingenieros trabajaban bajo el franquismo y subrayar el peso de la censura política e ideológica sobre la investigación en esas condiciones. La asociación común entre ciencia y democracia ha llevado a importantes historiadores a dar por supuesto que la situación política del franquismo era incompatible con la ciencia y la tecnología[17]. Incluso aquellos que admiten la existencia de instituciones y redes de investigación, les niegan cualquier valor académico con el argumento de que se regían por mandatos políticos y, por tanto, sus investigaciones eran más pseudocientíficas que ajustadas a estándares internacionales propiamente científicos[18]. Cuando aparecen anomalías en esta imagen, algunos historiadores replican que los logros de los científicos e ingenieros fueron posibles a pesar del régimen[19]. De este modo, se salva a los científicos e ingenieros de cualquier contaminación franquista e incluso se les presenta como héroes liberales luchando secreta o abiertamente contra los males de una dictadura asfixiante.

Ahora bien, esta literatura se basa en la combinación de, por un lado, un rechazo al período franquista (fácilmente comprensible) y, por otro, una tradición cientificista que identifica verdad científica con bien moral. Y así, la ciencia, si es verdadera, sólo puede ser democrática. Pero esta visión se apoya en nociones de la ciencia acuñadas en el «mundo libre» durante la Guerra Fría para atacar a la Unión Soviética. El famoso código mertoniano y popperiano para la ciencia hacía de la libertad de pensamiento y la publicidad de los resultados factores esenciales para el avance científico.

Sin embargo, a la vez que los ideólogos oficiales norteamericanos bramaban contra la influencia política en la investigación, y acusaban a la Unión Soviética de injerencias imperdonables, el macarthismo perseguía a científicos sospechosos de filocomunismo, los laboratorios del gobierno inauguraban la Gran Ciencia (en la que la libertad de cada científico quedaba sepultada entre millones de dólares y sus obras accesibles sólo a sus colegas técnicos) y el ejército estadounidense se convertía en primera fuente de financiación en disciplinas tan variopintas como la física, las ciencias medioambientales o las ciencias sociales, imponiendo condiciones de financiación y secretismo muy alejados de ningún ideal de ciencia desinteresada y pública. Por supuesto, la financiación se otorgaba a cambio de investigar problemas considerados perentorios para la defensa nacional. Aunque la desconfianza frente al gobierno estadounidense por la guerra del Vietnam alteró esta alianza, la mayor parte de los analistas y el público general consideran que estas disciplinas no dejaron de ser científicas por imperar en ellas el secreto y por estar constreñida y dirigida la libre curiosidad de los científicos.

La mayoría de los historiadores y filósofos de la ciencia hoy día estarían de acuerdo en que los factores considerados «externos» a una ciencia no son distorsionadores, sino fuente de materiales, orientaciones, problemas y contextos[20]. Igualmente, superada la guerra fría, se han escrito historias de la ciencia y la tecnología en la Alemania de Hitler o la Rusia de Stalin que ya no dan por tan evidente la ecuación entre ciencia y democracia parlamentaria.

En el caso español este paso ha sido algo más difícil, probablemente por los orígenes trágicos del régimen y por el peso que tanto en la ideología oficial como en muchos de sus más prominentes investigadores tuvo el catolicismo, a menudo considerado como opuesto a las ciencias modernas[21]. Sin embargo, en los últimos años se han alzado voces que, sin tratar de silenciar la importancia de la situación política, no trazan una línea divisoria entre investigación y dictadura franquista, sino que tratan de entender sus relaciones mutuas. Lo primero y más evidente fue llamar la atención sobre los grandes sistemas tecnológicos construidos en la época, como la aeronáutica o la energía nuclear[22]. Ya en los primeros años del franquismo la inversión en «ciencias aplicadas» al servicio del régimen se multiplicó con respecto a los niveles de antes de la guerra, a menudo en detrimento de la «investigación pura».

En este punto, una tentación común ha sido la de explicar el vínculo entre investigación y dictadura reconociendo que Franco estaba interesado en el desarrollo tecnológico, pero no propiamente científico[23]. Esta misma tentación la sufrieron los historiadores de la Alemania nazi y la Rusia soviética hace dos décadas. Pero lo cierto es que en la segunda mitad del siglo XX la dicotomía entre investigación científica y desarrollo tecnológico no es tan nítida como lo pudo haber sido en etapas anteriores. De hecho, la distinción de técnica y tecnología viene dada porque las tecnologías están ya coimplicadas con las ciencias modernas. Las instituciones estatales de investigación de todo el mundo se volcaron en la resolución de problemas concretos que reunían a científicos y técnicos y para los que avanzar en determinadas disciplinas era absolutamente necesario. Para construir presas o centrales nucleares, había que formar equipos capaces de participar en desarrollos científicos al más alto nivel. En el caso español, como ya se ha indicado, los ingenieros tenían una alta preparación científica que muchas veces los situaba a la vanguardia del país, haciendo aún más borrosa la línea divisoria.

Por tanto, muy recientemente varios historiadores de la ciencia han abandonado la tentación de establecer una dicotomía entre investigación pura y aplicada y se han enfrentado a la pregunta verdaderamente interesante: ¿qué tipo de investigación física, química, biológica o médica se adaptaba a los fines autárquicos del Nuevo Estado y a sus sistemas de financiación e investigación? Esto les permite discernir por qué algunas disciplinas y no otras florecieron en el régimen y qué formas adoptó la investigación en estas disciplinas para conectar con las necesidades político-económicas, qué temas se favorecieron y que tipos de relaciones internacionales fue necesario desarrollar[24].

Pero éste no es un libro de historia de la ciencia y la tecnología, sino de historia política de España a través de la ciencia y la tecnología. Por tanto la cuestión principal no es de qué modo la política franquista influyó en la ciencia y la tecnología sino cuáles fueron las relaciones mutuas entre investigación y franquismo y cuál fue el papel de científicos e ingenieros en la construcción del régimen de Franco. La represión, la ruptura, la censura y los mandatos políticos tuvieron importantes efectos sobre la investigación. Poco después de la muerte de Franco, el médico e intelectual Pedro Laín Entralgo (1908-2001) denunció que en el primer franquismo los puestos universitarios se otorgaban no de acuerdo al mérito científico, sino a afinidades ideológicas. El Estado habría impuesto sus prioridades contra la ciencia. Sin embargo, cabe una interpretación opuesta de esta relación causal: los propios científicos e ingenieros fueron clave en la constitución de esa ideología y de la represión, la ruptura y los mandatos políticos propios de la dictadura.

Este argumento tiene un nivel muy simple que se entiende rápidamente con el mismo ejemplo de Laín: a pesar de su denuncia posterior, en 1941 había defendido que «el otro medio que hay que conquistar es el docente», mediante «primero, una vigilancia estrecha en la concesión de becas y pensiones para los futuros docentes; segundo, una vigilancia y una participación en las oposiciones a cátedras; y tercero, una atención vigilante a las residencias y colegios mayores que van a empezar a funcionar»[25]. Otro ejemplo es el de Antonio Gregorio Rocasolano (1873-1941), catedrático de química que en 1940 fue uno de los principales autores de un libro contra las instituciones educativas y científicas de preguerra y que estuvo a cargo de diseñar los criterios para las purgas ideológicas del «comité de depuración» universitario[26]. Estos ejemplos muestran que la lucha no era entre el Estado y la ciencia, sino entre modos incompatibles de entender la ciencia y la tecnología en relación con la religión y la política.

La incompatibilidad (nunca dicotómica) entre las perspectivas espiritualistas y materialistas sobre la ciencia se fue suavizando con los años, aunque lejos de desaparecer fue tomando otras formas que, incluso hoy día, se deslizan en interpretaciones filosóficas e ideológicas de las ciencias. Ciencias como las biológicas sufrieron presión ideológica durante largas décadas. Todavía a finales de la década de 1960 las discusiones sobre la teoría de la evolución se reservaban a determinadas cátedras y debates localizados, de modo que aquellos científicos que trataran de bautizar a Darwin tenían grandes posibilidades de éxito académico y sociológico. Es el caso del paleontólogo Miguel Crusafont, cuyo prestigio internacional no era incompatible con su defensa del finalismo providencialista basado en teorías como las de Teilhard de Chardin[27]. En 1969 Crusafont pronunció una conferencia en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo y mantuvo allí una fuerte discusión con Gustavo Bueno, catedrático de filosofía en aquella universidad. La discusión continuó a través de una franca correspondencia; en carta al paleontólogo católico, el filósofo ateo explicó su posición en el debate: «El papel que yo me arrogaba allí es el del crítico de las afirmaciones de un científico reputado que, sin duda con una subjetiva buena fe, está tratando de traspasar el prestigio de las evidencias peritas a una Ideología cuyo grado de alienación es tal que ni siquiera quiere reconocerse como Ideología, sino que quiere hacerse pasar como por una ciencia positiva». Y cerraba Bueno (a cuya memoria va dedicado mi libro) con referencia irónica al diálogo cristiano-marxista: «Estrecho, pues, la mano que me tiendes y, sin perjuicio de que seamos enemigos ideológicos “hasta la muerte” —allí nos separaremos: vosotros iréis al cielo, nosotros al infierno— confío en que seamos amigos en todo lo demás»[28].

Ni los años más duros de la represión pueden entenderse como un ataque del Estado contra la Ciencia. Tras la Guerra Civil, había científicos enfrentados «hasta la muerte» con otros científicos (y filósofos, y científicos que hablaban en calidad de filósofos, o de políticos, o de religiosos), y cualquier reconstrucción de la represión tiene que tener en cuenta este componente. Pero hay otro nivel del argumento del papel activo de ingenieros y científicos en el régimen de Franco que es históricamente más profundo porque va más allá de la represión y se centra en la propia constitución, formación y consolidación del Nuevo Estado. Este libro no pierde de vista la importancia de la jerarquía y la autoridad, pero su principal interés es determinar hasta qué punto la historia del propio régimen, más que tomarse como un fondo ya dado en el que se desarrolló la investigación científica y técnica, dependió en aspectos fundamentales de esa misma investigación. La investigación era mucho más que una simple herramienta para el poder político, era constituyente de ese mismo poder en tanto que dotó de contenido al régimen en lo que se refiere al manejo del territorio, de las ciudades, de los recursos, de las personas, de las fronteras, de las alianzas internacionales, etc.

Ésa es la tesis fuerte de Los ingenieros de Franco. No sonará tan descabellada si tenemos en cuenta la importancia central de los ingenieros en la política española durante los siglos XIX y XX[29]. Como en otros países europeos, los pocos cientos de españoles que habían podido costearse y superar la estricta y difícil educación universitaria requerida para obtener el título de ingeniero gozaban de un elevado estatus social y autoridad política. Los ingenieros agrónomos y de caminos, además, eran funcionarios de los respectivos cuerpos de la Administración y se esperaba de ellos que pusieran sus conocimientos y habilidades a disposición de las necesidades inmediatas del Estado, que a menudo ellos mismos debían determinar. Como en otros países, no es sorprendente que los ingenieros se hubieran ganado un papel preponderante en la construcción del estado-nación. Lo que era más excepcional de los ingenieros de Franco era su posición privilegiada en el Nuevo Estado y su misión redentora y autárquica.

Efectivamente, muchos de los científicos e ingenieros que se quedaron en España y mantuvieron sus puestos se beneficiaron ampliamente de las nuevas oportunidades ofrecidas por la situación excepcional. Algunos pasaron a ocupar los puestos abandonados por profesores e investigadores exiliados o caídos en desgracia. Pero las ventajas iban más allá de las carreras personales. José Antonio Valverde, el conocido zoólogo y fundador del Parque de Doñana, explicaba en tono jocoso pero significativo que «entre las ventajas de una dictadura figura la de que para lograr algo no tiene Vd. que convencer a medio Parlamento sino sólo a Tirant lo Blanc»[30]. Como veremos en algunos capítulos, esto es una exageración, pero recoge bien la percepción común a ingenieros y científicos de que el nuevo régimen les ofrecía la ocasión para desarrollar sus proyectos sin los altibajos de la política parlamentaria y por tanto para situar a sus disciplinas en el centro de la política dictatorial, convertirse en «ingenieros políticos», en expresión del ministro de Obras Públicas Alfonso Peña Boeuf (1888-1966), sobre el que volveremos en algunos capítulos de este libro[31].

Las expectativas de estos ingenieros a menudo se veían traicionadas por falta de recursos o por el mayor poder de proyectos alternativos, pero su involucración en producción y defensa los convirtió en personajes clave en la historia del franquismo. La mayoría no eran ministros, sino encargados de proyectos concretos, y su papel como decisores de nivel intermedio es clave para esta historia. Junto con otros administradores, lograron hacer de la investigación en ciertas áreas estratégicas un asunto de estado.

Debo aclarar que escribir la historia política de España desde el punto de vista de sus ingenieros no equivale en absoluto a escribir la historia de ideales tecnocráticos. Los ingenieros y científicos que aparecerán en estas páginas no se pueden considerar tecnócratas políticamente neutros, si es que semejante cosa tuviera algún sentido. Sus proyectos para la economía política implicaban posiciones fuertes referentes a la tradición, la autoridad, el nacionalcatolicismo, la integración total de la economía, la naturaleza española, el lugar de España en Occidente, etc. Estas ideas no se pueden desestimar como «superestructuras» puesto que daban forma a los propios objetos producidos en los laboratorios y dirigidos a transformar el «solar patrio»[32]. Incluso cuando hablaban de «modernización», los ingenieros y científicos removían constelaciones de significados, prácticas y materiales particulares a sus circunstancias políticas y sociales. Los proyectos técnicos de los ingenieros de Franco compartían importantes características con los de sus colegas en otros países; pero, en tanto agentes políticos, su configuración dependía del contexto político general y, lo que es más importante, transformaba ese mismo contexto.

EL ESTADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL TERRITORIO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES

De acuerdo, pues, con que hubiera cierta investigación durante el franquismo, pero ¿no es demasiado decir que ésta fue determinante para su desarrollo y evolución? Para no abusar de la paciencia del lector, debo aclarar que este Los ingenieros de Franco aspira en efecto a contribuir, y a veces modificar, lo que sabemos sobre el nacionalcatolicismo, la industrialización, el totalitarismo, los sindicatos verticales, la concepción de la naturaleza patria, las relaciones de los estados con la energía nuclear, las relaciones del régimen con Estados Unidos y otros países europeos, el conflicto de Gibraltar, el activismo ecologista y la tragedia del Sáhara Occidental, entre otras cosas. Si el libro cumple estas aspiraciones o no, habrá de decidirlo su lectura, pero aquí puedo introducir ya algunos argumentos clave.

En primer lugar, lo que hace del Estado una unidad apropiada para mi análisis es el énfasis que en él ponían los propios ingenieros y científicos. Diseñaron y trabajaron en programas y laboratorios de propiedad estatal orientados hacia las metas prácticas relacionadas con la transformación del territorio nacional y el afianzamiento de la economía política española en un panorama internacional cambiante. El papel activo de los ingenieros respecto al Estado se refería a las relaciones de poder existentes entre los ciudadanos, y los ingenieros desde luego tenían proyectos claros sobre lo que debían hacer los obreros en una fábrica o cada miembro de una familia en un poblado de colonización. Sin embargo una sociedad política, un estado, es más que las relaciones sociales que se dan dentro de él. En primer lugar hace referencia a un territorio, que es la base material sobre la que se asienta la sociedad política. En segundo lugar, y consecuencia directa de lo anterior, el estado se hace con ese territorio frente a otros, se apropia de él y trata de mantener sus límites, de modo que las fronteras y las relaciones internacionales son parte interna de la vida política de toda sociedad. Desde un punto de vista materialista las sociedades políticas implican por tanto no sólo un poder (o tres, según la doctrina atribuida a Montesquieu) para regular relaciones sociales internas, sino un entrecruzamiento siempre plural y a menudo polémico de poderes que se dan en tres ámbitos inseparables —territorial, geopolítico, y sociológico interno[33]—. La apropiación de un territorio está a la base de toda sociedad política, pero no es sólo militar: el estado moderno se plasma en el territorio transformándolo, y mediante estas transformaciones se articulan las relaciones entre los grupos que lo componen[34].

Entre los teóricos de la historia política europea, en parte en la estela de Foucault, se ha hablado del paso del Antiguo Régimen al estado moderno como el paso del gobierno del territorio al gobierno de los cuerpos de los ciudadanos, un paso que se habría completado desde la segunda mitad del siglo XIX con el gobierno de las cosas a través de la tecnología: territorio y ciudadanos fueron convirtiéndose en la materia de proyectos ingenieriles. A lo largo de los siglos XIX y XX, los productos diseñados en laboratorios estatales de todo el mundo han supuesto simultáneamente la encarnación de la política estatal y su realización efectiva[35].

En esto, la España de Franco no fue una excepción. En lo que hace referencia al territorio, en diversos laboratorios se producían objetos destinados explícitamente a transformar el paisaje español. Para que esta expansión por la geografía española fuese posible, los científicos e ingenieros que la promovían a la vez explotaron y desarrollaron los recursos del Estado. Sólo así se entienden las enormes redes de pantanos y canales que se construyeron en aquellos años. Los productos técnicos asumían de este modo un papel político. Pero su capacidad efectiva de transformar España requería de constantes negociaciones y revisiones. Por tanto éste no es un argumento a favor del determinismo tecnológico entendido como la teoría de que toda innovación o importación de una tecnología produce un cambio en la sociedad. Mi objetivo no es discutir qué obstáculos o conductos se encontraba un país económica y tecnológicamente periférico a medida que avanzaba en un supuesto proceso inevitable de desarrollo, sino situar a la ciencia y la tecnología en el centro de la periferia.

En cuanto a las relaciones con otros estados, los científicos e ingenieros adoptaron en importantes ocasiones el papel de diplomáticos extraoficiales. Ellos negociaban estándares comunes de producción, pertenencia a comisiones técnicas internacionales, estrategias de defensa común y acuerdos económico-técnicos con otros países. Ambas dimensiones, la transformación del territorio y las relaciones internacionales, son de hecho inseparables y en los próximos capítulos veremos cómo se entrecruzaban constantemente. Lo importante ahora es señalar que sin estudiarlas la historia política del franquismo queda coja, y que la historia de la ciencia y la tecnología es una herramienta privilegiada para penetrar en ellas.

Por lo tanto, Los ingenieros de Franco es en parte una reacción a aquellas historias sociales y políticas del franquismo que ignoran la historia de la ciencia y la tecnología. El último gran intento de realizar una historia completa del franquismo, un volumen de más de novecientas páginas cuidadosamente preparado por Borja de Riquer, no dedica ninguna atención a la ciencia y la tecnología[36]. Igualmente significativo es que la historia de España en once volúmenes al que pertenece el de Riquer recoja su sección sobre ciencia y tecnología franquistas en el volumen dedicado a la integración española en Europa[37]. La implicación es que la ciencia y la tecnología eran externas al régimen y que su penetración en España fue un síntoma del debilitamiento del mismo. Esta imagen oculta que la ciencia y la tecnología, más que un cuerpo extraño destinado a acabar con el franquismo tras el contagio con países más avanzados económicamente, fue una vía privilegiada para facilitar las alianzas internacionales del franquismo y para establecer sus prioridades a nivel doméstico. En lo que sigue trataré de demostrar que cualquier historia verdaderamente completa del franquismo debe considerar a las ciencias y las tecnologías como componentes internos del régimen.

2. Laboratorios e iglesias: ciencia, industria y nacionalcatolicismo

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Laboratorios e iglesias: ciencia, industria y nacionalcatolicismo

FRANCO SE HIZO LLAMAR «Caudillo por la Gracia de Dios», se invistió de la potestad monárquica de nombrar obispos y en 1953 firmó unos acuerdos con la Santa Sede que, si bien contribuyeron al fin de su aislamiento internacional, reforzaban la alianza entre la Iglesia y el Estado sobre la que el régimen se cimentaba. España era un estado confesional en el que la iglesia Católica monopolizaba poderes políticos importantes, en especial la educación. En los primeros años del franquismo, cualquier maestro de escuela o profesor de educación superior que hubiese faltado a la obligación de acudir a misa semanal hubiera sido considerado sospechoso. La falta de libertad religiosa para cultos no católicos, que suponía el no reconocimiento del culto protestante, centró los más enconados debates con diplomáticos estadounidenses cuando a principios de los cincuenta ambos gobiernos sopesaban un acercamiento mutuo. Aunque hubo varias definiciones teóricas oficiales sobre la relación entre Iglesia y Estado, y aunque tanto a una como otro no convenía una identificación total, lo cierto es que la relación estrechísima que existía entre estas instituciones terminó cristalizando en un concepto que define la ideología del régimen franquista en sus primeras décadas: el nacionalcatolicismo.

Aunque las primeras menciones al término nacionalcatolicismo aparecen a mediados de los años treinta, no se utilizó para referirse al primer franquismo hasta bien entrada la década de 1960 y, a menudo, con connotaciones despectivas[1]. Por tanto, no era una definición oficial del régimen, aunque desde luego recogía una relación especial que se fue fraguando ya durante la Guerra Civil. La tradición anticlerical en España se agudizó con el ascenso de movimientos obreros que consideraban a la Iglesia aliada de los grandes propietarios en el campo y de los patronos industriales en la ciudad. El advenimiento de la Segunda República, enfrentada a la alianza entre el trono y el altar, supuso un recorte de ciertos privilegios a la iglesia Católica, así como la expulsión de los jesuitas. En 1936, el gobierno del Frente Popular, alentado principal pero no exclusivamente por sus sectores anarquistas, toleró y alentó una campaña más amplia de persecución de sacerdotes y quema de conventos que se agudizó con el inicio de la Guerra Civil, cuando se ejecutó a cientos de curas. Importantes sectores de la Iglesia se posicionaron a favor del Alzamiento del 18 de julio y, muy pronto, buscaron consolidar la alianza: en septiembre de 1936 el arzobispo de Salamanca Enrique Pla y Deniel (1876-1968) habló en su carta pastoral «Las dos ciudades» de la guerra como cruzada y el cardenal Isidro Gomá (1869-1940), principal interlocutor del bando nacional en el Vaticano, inició una serie de negociaciones con Franco para establecer los términos de la relación en el seno del Nuevo Estado.

La impronta católica configuró aspectos fundamentales del nuevo régimen. La unificación de tradicionalistas y falangistas supuso la suavización de los elementos nacionalsocialistas y fascistas de estos últimos, cuyo culto al Estado hubo de verse rebajado por la aceptación de las doctrinas cristianas. El sociólogo Juan José Linz y otros han argumentado que esta necesidad de compartir el poder impidió la cristalización de un poder totalitario y obliga a calificar el régimen de Franco de autoritario (se discutirán estos conceptos en otras partes del libro). Lo que me interesa destacar ahora es que estos pactos también afectaron al desarrollo de la iglesia Católica en España. A cambio de protección frente al anticlericalismo, el Nuevo Estado absorbió poco a poco muchas de las instituciones de la Iglesia, en especial las sindicales. Este capítulo trata de demostrar que esta relación mutua fue especialmente importante en las cuestiones relacionadas con la investigación científica y que lo fue a través del ideal industrializador.

El nacionalcatolicismo, definido vagamente como la creencia, anterior al franquismo pero convertida en la norma política del régimen, en la historia y el destino comunes de España y la religión católica, no suele asociarse con la investigación científica y la innovación tecnológica. La imagen que ha transmitido es la de su retórica medievalizante e imperial, y su doctrina sobre las ciencias se ha vinculado más al neotomismo que a las ciencias contemporáneas. Son conocidas, por ejemplo, las restricciones que los líderes eclesiásticos lograron imponer en la educación biológica del primer franquismo a todo lo que tuviera que ver con doctrinas evolucionistas. Por tanto, cuando los historiadores han querido dar cuenta de las numerosas ocasiones en las que las estructuras de educación e investigación franquistas toparon con la Iglesia, han ofrecido dos tipos generales de explicaciones: o bien han dado por supuesto que las relaciones entre ciencia y religión imposibilitaron cualquier tipo de investigación seria en la España de Franco, o bien han creído entender que la retórica católica era una simple cubierta superestructural absolutamente incapaz de afectar a la investigación científica que de hecho se estaba produciendo. De forma similar, los pocos historiadores que han percibido la conexión entre nacionalcatolicismo e industrialización, han tendido a centrarse en la historia de las ideas, y esto les ha llevado a interpretar el catolicismo como un recubrimiento ideológico posterior a ciertos desarrollos propios del capitalismo español[2].

No niego esas funciones ideológicas. La defensa de una ciencia católica era, en parte, un modo de despojar a las ciencias de las asociaciones materialista o krausistas. De poder seguir trabajando sin ser sospechoso de impío. Sin embargo, sostengo que esa «superestructura» tuvo un papel importante en dar forma a las instituciones y prácticas científicas, técnicas e industrializadoras del primer franquismo. No es que el nacionalcatolicismo fuera un «espíritu del tiempo» que lo impregnaba todo, sino que las relaciones entre Iglesia e investigación se construyeron y transformaron en el tiempo mediante conexiones concretas, en particular, conexiones dadas a través de los edificios más emblemáticos de sendas instituciones, respectivamente: los laboratorios y las iglesias. Este capítulo explorará iglesias construidas en laboratorios, laboratorios pertenecientes a la Iglesia, e iglesias que funcionaban como laboratorios. Esto nos llevará a organizaciones como el Opus Dei y el CSIC y a edificios de las ciudades y el campo españoles.

EL OPUS DEI Y EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

El hombre que está de pie en el centro de la imagen 2.1 es José María Escrivá de Balaguer (1902-1975), fundador de la organización católica Opus Dei. El fotógrafo Valentí Claverol tomó esta instantánea en la iglesia de Andorra la Vella el 3 de diciembre de 1937, poco después de que Escrivá y su grupo cruzaran la frontera tras atravesar los Pirineos a pie, una jornada épica que alimenta los mitos fundacionales del Opus Dei y que incluso fue escenario de uno de los milagros más recurrentes en el simbolismo de esta organización: la rosa que se le habría aparecido al fundador en Rialp como señal de la Virgen María de que debía seguir su camino dejando atrás a otros sacerdotes que, como él, eran perseguidos en la España republicana[3]. Escrivá había huido en noviembre de esa violencia anticlerical que reinaba en Madrid tras un año de guerra civil y tenía la intención de volver a entrar en España desde el País Vasco, esta vez al bando nacional.

Las historias oficiales rara vez recogen sin errores u omisiones los nombres de todos los compañeros de viaje de Escrivá, puesto que algunos acabarían por abandonar la organización[4]. Pero éstos se contaban entre los primeros miembros de la organización, fundada en 1928 y que por aquel entonces reunía a poco más de una decena de miembros. Eran todos más jóvenes que el fundador y en los albores de carreras en las ciencias y las letras que se prometían brillantes. Poco después, la mayoría de ellos ingresaron en las nuevas estructuras estatales de investigación y educación científica y técnica establecidas en el Nuevo Estado. Aunque nos encontraremos a algunos de ellos a lo largo del capítulo, una breve presentación ayudará a comprender la significación de este retrato de grupo de 1937.

IMAGEN 2.1. El paso de los Pirineos. Fundación Valentí Claverol.

Empezando por la esquina inferior derecha encontramos a José María Albareda (1902-1966), el mayor del grupo tras Escrivá, doctor en farmacia y química, había disfrutado de ayudas de la Junta de Ampliación de Estudios y recibido una extensa educación en química y ciencias del suelo en Alemania, Suiza e Inglaterra. Pronto se convertiría en uno de los organizadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), fundado en 1939[5]. Sentado a su izquierda posa Miguel Fisac Serna (1913-2006), quien en 1942 obtuvo el título de arquitecto y recibió algunos de los encargos de edificios más importantes del CSIC. A la izquierda de éste vemos a Juan Jiménez Vargas (1913-1997), médico cirujano desde 1935 y que ingresaría en el CSIC como miembro del Instituto Ramón y Cajal desde 1939 a 1942, cuando se trasladó a Barcelona como profesor de fisiología. De pie tras Jiménez Vargas vemos a Tomás Alvira (1902-1992), químico que desde finales de los años veinte se había dedicado a la educación secundaria. Albareda, que compartía con él el título de química y una amistad proveniente de su común juventud en Zaragoza, lo nombraría pocos años después de esta foto profesor en el colegio Ramiro de Maeztu, asociado al CSIC y en el que Alvira pronto asumió funciones directoras[6]. Más a la derecha se yergue Francisco Botella Raduán (1915-1987), quien se tituló en matemáticas en 1940 e inmediatamente se convirtió en profesor de geometría analítica y topología, primero en Barcelona y después en Madrid. Más tarde, llegó a presidir la Real Academia de Matemáticas y a sustituir a Albareda como secretario general del CSIC. A la derecha del Padre encontramos a Pedro Casciaro Ramírez (1915-1995), estudiante de arquitectura que colaboró con Fisac en varios de sus proyectos y que más tarde se doctoraría en ciencias exactas y teología. El último de los integrantes de este grupo, de pie en el extremo superior derecho, es Manuel Sainz de los Terreros (1908-1995), un ingeniero civil que, hasta donde he podido averiguar y por alguna razón que queda por determinar, no mantuvo especiales lazos con el CSIC ni estructuras adyacentes.

¿Qué atrajo a estos prometedores y jóvenes estudiantes o profesionales recién graduados a la organización fundada por Escrivá de Balaguer? Podría ser simplemente que les proporcionaba una red de contactos imprescindible para desarrollar sus carreras una vez que la guerra abrió nuevos nichos para ellos; pero esa situación era para ellos imprevisible al unirse a mediados de 1930, cuando el puñado de miembros de la organización estaba alejado de los centros de poder. Una explicación menos cínica y más apropiada de la atracción hacia Escrivá de estos altamente preparados jóvenes devotos de clase media-alta está en la predicación que el padre Escrivá, hoy santo, hacía de la santidad en el mundo, es decir, a través del trabajo y dentro del matrimonio[7]. En 1934 Escrivá publicó Consideraciones espirituales, el precedente de Camino, la obra tantas veces traducida y publicada que se convirtió en el cuerpo de doctrina del Opus. En aquella primera versión ya se decía que la obra iba dirigida solamente «a determinadas almas, que quieren de veras (1) tener vida interior y (2) sobresalir en su profesión, porque esto es obligación grave»[8].

El fundador tenía claro a qué tipo de personas se dirigía, pero los primeros miembros del Opus fueron algo más que meros receptores pasivos de su mensaje. En los primeros años de la organización ayudaron a profundizar en sus aspectos doctrinales. La publicación de 1934 concitó escasa atención, y desde 1937 Escrivá comenzó a trabajar en una nueva versión que culminó en 1939 en una obra con numerosas e importantes adiciones. Para la redacción final de Camino Escrivá contó con la ayuda e inspiración de sus jóvenes compañeros, en particular de aquellos retratados con él en Andorra. Con ellos discutió aspectos que iban desde el título a la editorial, pero también el contenido. El nuevo texto estaba plagado de menciones a la naturaleza sagrada del estudio y la actividad científica. Máxima 335: «Una hora de estudio, para un apóstol moderno, es una hora de oración»; Máxima 338: «Hoy, con la extensión y la intensidad de la ciencia moderna, es preciso que los apologistas se dividan el trabajo para defender en todos los terrenos científicamente a la Iglesia». Aunque los apologetas del Opus Dei consideran que Camino es el resultado de inspiración sobrenatural, está claro que las musas de Escrivá cruzaron el Pirineo junto con él en 1937[9].

La promesa de perfección cristiana en la vida profesional y el matrimonio iba de la mano con las aspiraciones nacionalistas para la reforma de España, y la restauración de su lugar en la historia universal como valedora de la moral y el catolicismo en una era percibida como dominada por el materialismo, tanto en el mundo capitalista como el comunista. Monseñor Xavier Lauzurica y Torralba, administrador apostólico de Vitoria en 1939, escribió en el prefacio de Camino la siguiente exhortación al lector: «Lector, no descanses; vela siempre y está alerta, porque el enemigo no duerme. Si estas máximas las conviertes en vida propia, serás un imitador perfecto de Jesucristo y un caballero sin tacha. Y con cristos como tú volverá España a la antigua grandeza de sus santos, sabios y héroes». La violencia y la guerra formaban parte de la vida de los primeros miembros del Opus; Albareda tomó la decisión final de unirse a la Obra tras recibir la noticia del asesinato de su padre y uno de sus hermanos por razones políticas, y Fisac se hizo miembro tras presenciar tiroteos en su ciudad natal durante las procesiones de Semana Santa[10]. El Opus Dei les ofrecía una ideología según la cual esforzarse por obtener éxito y reconocimiento profesional era simultáneamente un signo de santidad, de caballerosidad, un trabajo apostólico y una contribución a la redención del pasado anticlerical de España y de su lucha fratricida.

La asociación del catolicismo a profesiones liberales y a la transformación de España no fue exclusiva del Opus Dei. Más bien era una de las piezas centrales del nacionalcatolicismo. Tras cruzar la frontera, Albareda entraba en Burgos al servicio del bando nacional preparando los planes de educación secundaria del Nuevo Estado. Allí trabó amistad con José Ibáñez Martín (1896-1969), historiador que entonces desempeñaba misiones diplomáticas y que había sido un líder importante del partido antirrepublicano Renovación Española y de la CEDA, la coalición de partidos de derechas que obtuvo importante representación parlamentaria en 1933 y 1934[11]. Era también un personaje destacado de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), ligada a la Compañía de Jesús y que acogía a cristianos liberales con ideales democráticos, pero que supo hacerse un hueco importante entre las diversas familias católicas del primer franquismo. Al igual que el Opus Dei, la ACNP también reclutaba a sus acólitos entre las élites culturales y económicas y subrayaba los vínculos entre trabajo y religiosidad[12]. Cuando Ibáñez Martín fue nombrado ministro de Educación en 1939 no olvidó a su amigo Albareda para la constitución del CSIC, lo que otorgó a la organización de Escrivá una vía de entrada institucional para poner en marcha sus proyectos apostólicos para la nación. Esto tuvo importantes beneficios para el Opus Dei, incluyendo los económicos: los honorarios de Fisac como arquitecto del CSIC fueron a parar a la organización y la sostuvieron desde 1942[13]. Y, como veremos, tuvo también efectos en el CSIC. No hay una línea causal del Opus al CSIC ni del CSIC al Opus. Más bien, ambas organizaciones crecieron simultánea e interdependientemente, alimentándose mutuamente a través de una densa red de amistades, contactos, ideas y edificios, a los que se dedica la siguiente sección.

LA CIUDAD DE DIOS Y DE LA CIENCIA

Las conversaciones entre Albareda e Ibáñez Martín en Burgos durante 1938 sobre cómo organizar la educación científica tras la Guerra Civil son bien conocidas. El historiador Antoni Malet ha demostrado que entre los dos «diseñaron un gran plan en el que la investigación científica habría de recibir financiación y adquirir un lugar prominente en la economía política del régimen»[14]. Antes de llevar estas ideas a la práctica debieron derrotar un proyecto alternativo de continuación de las instituciones de investigación de antes de la guerra, en particular de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE), a la que objetaban cuatro aspectos principales: su positivismo (que llevaría aparejado un anticlericalismo), su centralismo geográfico y falta de interacción con universidades de fuera de Madrid, su falta de atención a las ciencias aplicadas y su incapacidad para favorecer el interés nacional. Cuando lograron incorporar la investigación científica al Ministerio de Educación dirigido por Ibáñez Martín, constituyeron el nuevo CSIC en oposición a estas cuatro características que creían detectar en la JAE. Desde entonces hasta el final de su mandato compartido casi treinta años después —Ibáñez Martín como presidente y Albareda como secretario general—, el CSIC se convirtió en un centro privilegiado para la colaboración entre la investigación científica, la industrialización y el Nuevo Estado católico.

La imagen 2.2 es el borrador de un logo para el CSIC preparado en algún momento entre 1940 y 1943. Se basaba en el escudo de armas utilizado durante el franquismo, a su vez formado por símbolos del tradicional escudo de armas de la monarquía española (el águila de san Juan), por simbología falangista (el yugo y las fechas, originario de los Reyes Católicos) y por el lema tradicionalista «Una, Grande y Libre». El uso del escudo para el logo del CSIC señalaba la alianza que se buscaba entre la investigación científica y técnica y las aspiraciones nacionalistas del nuevo régimen, que incluían la restauración del pasado imperial de España o, al menos, de su peso internacional. Pero el elemento más original de la composición era el «árbol de la ciencia» inserto en su centro, el símbolo que sí se convertiría en el logo permanente del CSIC. Este árbol representaba la unidad de las diferentes ramas de la ciencia a partir de la teología. Más que del ideal positivista de la ciencia unificada, la idea de ciencia recogida aquí bebía de la aspiración neotomista a una unidad católica de las ciencias, tradición que quedaba reforzada con el uso del latín para las diferentes disciplinas. Las ramas del conocimiento humano, desde las artes y las ciencias hasta la tecnología (technica) y filosofía, crecían del tronco vigoroso y divino de la teología.

La propaganda oficial del CSIC se refería al bautismo de las ciencias como uno de sus mayores logros: «el árbol de la ciencia está ahora enraizado en el corazón de la patria y señala al cielo, esto es, a Dios y la Verdad»[15]. Este ideal iba acompañado del proyecto de una modernidad cristiana, que Ibáñez Martín esgrimía frente a «la literatura que quería destacar un ficticio antagonismo entre dos Españas: la España de la Teología, la del pensamiento ecuménico, la de la visión cristiana y universal … y [la España de] la política realista de valoración material del solar patrio, de colonización y regadíos, de enriquecimiento y potencia constructiva». «Pero es el caso —continúa Ibáñez Martín—, que cuando se incendiaban los conventos se destruían las Confederaciones Hidrográficas»[16]. Para Ibáñez Martín, estas confederaciones, que se ocupaban de las cuencas de los ríos y de las que nos ocuparemos en otro capítulo, eran más que símbolos del ímpetu para transformar el paisaje español durante la dictadura de Primo de Rivera, también simbolizaban la unidad de España y la modernidad cristiana.

La oposición del CSIC a las instituciones de investigación de preguerra mediante la santificación de las ciencias no era solamente cuestión de palabras, sino que se plasmó en los ladrillos del complejo de instalaciones del CSIC. En los años veinte y treinta, se construyó al norte de Madrid, en un lugar conocido como los Altos del Hipódromo, un conjunto de laboratorios y residencias para los estudiantes e investigadores de la JAE. Desde la concepción del CSIC, se dio por supuesto que se iban a aprovechar estas instalaciones, pero los primeros proyectos sobre cómo hacerlo se empezaron a trazar a principios de 1941. Albareda escribía a Ibáñez Martín en estos términos: «Salía un día de Misa de San Agustín y habían repartido la Hoja Parroquial: “La ciudad de Dios”, y cruzando aquel campo [los Altos del Hipódromo] pensé que la realización de nuestros planes sería construir una verdadera ciudad de Dios». Más adelante en la misma carta, Albareda comparaba este proyecto con los monasterios medievales que preservaron el saber tras sus muros, una alusión que se entiende mejor junto a otras que él mismo hizo sobre el papel que correspondía a la España neutral en tiempos de guerra mundial[17].

IMAGEN 2.2. Archivo de la Residencia de Estudiantes (ARdE), Caja 172/31/2: 1.

Las obras comenzaron en 1942 bajo la dirección del ingeniero industrial Isidoro Zorzano (1902-1943) y los arquitectos Fernández Vallespín y Miguel Fisac. Los tres estaban entre los primeros miembros del Opus Dei (Zorzano suele considerarse el primer miembro de la organización). Zorzano y Vallespín habían diseñado la residencia que Escrivá de Balaguer había fundado para este grupo en 1934 con el nombre DyA (Derecho y Arquitectura, pero también Dios y Audacia). De los tres, Fisac era el único que había cruzado los Pirineos con el fundador en 1937.

Su primera tarea fue edificar una sede nueva para alojar las oficinas centrales del CSIC (imagen 2.3, 1). Diseñaron para él una fachada neoclásica monumental con un friso en el que un bajorrelieve acompañaba al árbol de la ciencia con una inscripción en latín que celebraba a Franco como el portador de una nueva ciencia para un Nuevo Estado. Para la entrada a la «ciudad» desde la calle Serrano (imagen 2.3, 2), Fisac construyó unos enormes pilares inspirados por los de la Universidad de Roma en 1932[18]. El edificio de entrada contenía los institutos relacionados con las especialidades del propio Albareda, ciencias del suelo y farmacia, las cuales requerían instrumentación e instalaciones especializadas[19]. Al norte de este edificio estaban los de matemáticas e historia (2.3, 3) y la iglesia del Espíritu Santo (2.3, 4). Al este, una gran estructura con los institutos de óptica, física y química (2.3, 5). El Archivo Nacional de Historia se erguía frente a ellos cerrando el espacio del campus central del CSIC (2.3, 6). El cierre de este espacio, completado en 1946, era clave para producir la sensación de fortaleza espiritual que el CSIC debía transmitir[20]. Para reforzar esta sensación, los arquitectos urbanizaron el espacio central definido por los edificios (2.3, 7). Hicieron un estanque largo y lo rodearon de jardines y esculturas de deidades griegas. Otros edificios de esta ciudad de Dios y de la ciencia alojaban los institutos de pedagogía, filosofía, geología, el museo de ciencias naturales y un edificio dedicado a instrumentación científica que había sido originalmente edificado por la JAE con financiación del Instituto Rockefeller (2.3, 8).

La iglesia del Espíritu Santo (2.3, 4), que cerraba la fachada por la derecha, se levantaba sobre las ruinas del antiguo auditorio y biblioteca de la JAE. Aunque tenía poco más de diez años, había sufrido importantes daños durante la Guerra Civil. Fisac recibió el encargo de aprovechar los restos del edificio para edificar un templo para el CSIC. «Se quiere que la iglesia sea, en primer término, como supremo símbolo de que toda la empresa investigadora española se inspira en el afán cristiano de servir a Dios, y con Él a la verdad y el bien, y, en segundo lugar, que sea como el hogar espiritual de todos los investigadores españoles y extranjeros que trabajan dentro de este organicismo»[21]. Debía convertirse en «el centro espiritual de este núcleo [urbano] dedicado a la investigación y al estudio». Dadas las carencias de materiales en plena reconstrucción de posguerra, Fisac debía usar lo más posible de la estructura anterior conservando las paredes de ladrillo rojo de la fachada y por tanto se veía obligado a mantener la continuidad estética con la arquitectura de preguerra, de la que era enormemente crítico: «Los criterios estéticos de este edificio [biblioteca y auditorio] eran lo que Le Corbusier llamaba la máquina de habitar, es decir, arquitectura abstracta sin expresión, sin patria»[22]. La cuestión era: ¿cómo podía el Espíritu Santo soplar por estas paredes?

IMAGEN 2.3. Ibáñez Martín, Diez años de servicio a la cultura española, Ministerio de Educación, Madrid, 1949. Números añadidos por el autor.

La solución de Fisac en la imponente iglesia del Espíritu Santo del CSIC de la imagen 2.4 fue reinterpretar la conexión entre planta del edificio y religiosidad a partir de la liturgia católica, es decir, concentrándose en «el punto noble del templo: el altar». Esto lo hizo situando la cúpula del edificio justo sobre el altar de modo que éste recibiera la luz natural. Decía estar recuperando la tradición de la arquitectura románica, que había sido seguida por otros, desde Miguel Ángel a Juan de Herrera. Fisac elevó el altar y dispuso los elementos decorativos de suerte que crearan una sensación de «convergencia» hacia él. La iglesia en general recibió duras críticas por parte de quienes defendían que el nuevo régimen debía nutrirse de una estética barroca y monumental, pero los apoyos a la solución de Fisac se hicieron oír más alto y claramente[23]. La iglesia del CSIC se puso como ejemplo de cómo lo moderno y lo tradicional podían reunirse, y de cómo esto podía extenderse a la nueva ciencia española[24].

IMAGEN 2.4. Ibáñez Martín, ver p. 45, Madrid, 1949.

Como repetían los acuerdos del CSIC con la Academia de Ciencias del Vaticano, la investigación se convertía en vehículo para solventar la «cuestión social» sólo si se dirigía a la aplicación práctica y al territorio estatal[25]. Pero tanto Albareda como Fisac eran conscientes de los posibles conflictos entre la liturgia católica y la sobriedad del laboratorio científico. Para resolverlos, centraron el simbolismo de las pinturas del ábside sobre las ideas de Inteligencia, Poder y Amor que Albareda relacionaba no sólo con la Santísima Trinidad sino con la cooperación armónica (y guiada) entre ciencia, estado y caridad[26]. Este equilibrio recomendaba evitar tanto la parafernalia vulgar de creyentes sin educación como la frialdad de los templos oficiales. Fisac creyó haber sorteado los peligros de «aquellas iglesias excesivamente decoradas que carecen del más básico sentido del buen gusto, así como de los templos-museos donde los feligreses pasean con la curiosidad indiferente de los turistas de la Acrópolis de Atenas»[27].

Pero el equilibrio entre sobriedad y sacralidad era difícil de mantener mucho tiempo. La solución de Albareda para vencer el peligro de la frialdad de los templos oficiales pasaba por la instalación de una «residencia para señoritas» cerca de la iglesia (2.3, 9). Las mujeres investigadoras llenarían la iglesia con su devoción sin caer en la superstición vulgar. Los números crecientes de féminas en las universidades españolas y de investigadoras extranjeras visitantes aconsejaban una residencia, y ésta debía estar separada de la de los varones (2.3, 10). Esta residencia, además, debía tener sus propios pequeños laboratorios de biología, física y química. Las usuarias serían investigadoras, pero también, y en un principio sobre todo, archiveras, bibliotecarias y ayudantes de laboratorio. Sus supervisores serían siempre hombres, porque, a decir de Albareda, «lo femenino directivo puede degenerar fácilmente en feminista». Albareda confiaba en que las mujeres traerían calidez a esta iglesia dedicada al trabajo científico. La capilla podría beneficiarse «de unas cuantas amistades delicadas que eviten la soledad del Santuario, que lleven con flores ofrendas de trabajo y que eviten, al mismo tiempo, con un depurado gusto litúrgico, la invasión de las espontaneidades beateriles, capaces de llenar el templo de objetos improcedentes»[28].

NACIONALCATOLICISMO, INDUSTRIALIZACIÓN Y AUTARQUÍA CRISTIANA

Una de las características principales que diferenciaba al CSIC de Albareda de los organismos que le antecedían, en especial la JAE, era la insistencia en investigación práctica. Para quienes desarrollaron el CSIC, el catolicismo y la doctrina social de la Iglesia estaban indisolublemente unidos al «interés nacional». Aunque diferentes cargos decisores del régimen interpretaban este interés nacional de modos diversos, la visión nacionalcatólica de España era común a casi todos ellos. Pero para entender completamente en qué consistía esta visión conviene analizar conjuntamente las ideas y las acciones de aquellos que de forma más sobresaliente abogaban por la fusión de investigación científica y catolicismo como necesaria para la transformación de la economía política del Nuevo Estado.

Para ello dirigimos la atención al colegio Ramiro de Maeztu (2.3, 11), que compartía con el CSIC la capilla del Espíritu Santo, a Tomás Alvira y a una aspiración común: la redefinición de la patria mediante la modernización nacionalcatólica. La excepción a la norma la constituían el puñado de hijos de diplomáticos extranjeros de confesión protestante y, en especial, los dos príncipes alauitas y la docena de estudiantes marroquíes que les acompañaban, y para los cuales se construyó una residencia de estilo mudéjar (2.3, 12) contigua a la que albergaba al resto de los estudiantes (2.3, 13). Alvira era el tutor personal de los príncipes, a los que se permitía practicar el islam. El resto de los estudiantes del Ramiro de Maeztu recibiría una educación a un tiempo científica, práctica y cristiana, para lo que se construyeron talleres en los que el saber hacer técnico era un deber moral y patriótico[29].

El colegió recibió su nombre «en memoria del escritor distinguido que murió por Dios y por España», Ramiro de Maeztu Whitney (1875-1936), periodista, historiador y filósofo elevado a la condición de mártir del bando nacional tras su asesinato en 1936 por sus captores progubernamentales[30]. En la década de 1930 había promovido la idea de Hispanidad, introducida por Unamuno y recientemente puesta en uso por pensadores católicos en Argentina[31]. Maeztu defendía que los países de habla hispana debían y podían tener mayor participación en la arena internacional y salir de su posición pasiva entre el fuego cruzado del capitalismo norteamericano y la revolución soviética. Para salir de esta situación, de sus crisis económicas y de su decadencia geopolítica, las potencias hispanas debían enarbolar su pasado común a través de la lengua y la fe católica y recobrar los principios morales del imperio católico[32].

Pero la defensa de la hispanidad por parte de Maeztu era también una llamada a la industrialización. Había pasado quince años en Inglaterra y había viajado por Estados Unidos en la década de 1920, hasta convencerse de que para florecer, las naciones debían adoptar el capitalismo enteramente, si bien podían aspirar a reformarlo. En Inglaterra, Maeztu se convirtió en uno de los representantes más activos del «socialismo de gremios», que en parte se inspiraba en el socialismo cristiano decimonónico[33]. Tras su vuelta a España en los años veinte y durante toda la década, Maeztu publicó una serie de artículos sobre «el aspecto reverencial del dinero», dirigida a convencer a los católicos de la religiosidad del trabajo concienzudo y esforzado. El argumento partía críticamente tanto de doctrinas marxistas como de la teoría weberiana de la llamada o vocación para concluir que los católicos debían adoptar la moral productivista de la revolución industrial a la par que transformar el capitalismo en un sistema económico-político acorde con los principios sociales cristianos. Se trataba de inventar un capitalismo cristiano opuesto al capitalismo del laissez faire y afín a la economía gremial o corporativa y al proteccionismo económico[34]. Era, por tanto, una llamada a la autarquía en un momento muy temprano de la aparición internacional de este concepto: en fecha tan significativa como 1933, Maeztu escribía que «hoy se ha desvanecido la ilusión que había puesto el mundo en el ideal librecambista. Los países principales vuelven la mirada a regímenes de autarquía»[35].

En 1931, Maeztu estuvo entre los fundadores de Acción Española, revista cuyo objetivo explícito era promover una «contrarrevolución» monárquica y católica contra la Segunda República[36]. En 1934 aparecieron entre sus páginas los discursos que Maeztu e Ibáñez Martín habían pronunciado en un banquete organizado por la revista en el que el segundo se declaró entusiasta del programa de Acción Española y el primero llamó a una alianza por la defensa de la tradición; una «reacción» que sin embargo esperaba produciría innovaciones en áreas técnicas e intelectuales que traerían más bienes que cualquier revolución social[37].

Como parte de su actividad, Acción Española organizaba charlas sobre temas de cultura general, y a primeros de 1936 se invitó a hablar sobre «determinismo físico y libre albedrío» al físico, ingeniero y sacerdote jesuita José Agustín Pérez del Pulgar y Ramírez de Arellano, (1875-1939), cuya conferencia fue presentada por Maeztu con la asistencia del físico Julio Palacios[38]. Este experto en electromecánica, que estudió geometría con Klein y Hilbert, se había convertido en un símbolo de la recepción en España de la doctrina social de la Iglesia. Prácticamente desde la Fundación del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI), muy vinculado a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), Pérez del Pulgar había sido su director y lo había dedicado a la educación práctica y teórica de trabajadores. El ICAI contaba con talleres y con laboratorios de educación e investigación en ingeniería (aunque el título de ingeniero del ICAI no tuvo reconocimiento oficial hasta la década de 1950). Para preparar estas instalaciones, Pérez del Pulgar había viajado por Estados Unidos y Europa; y la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, más cercana al positivismo comtiano que a la educación católica, elogió los laboratorios del ICAI de electricidad, materiales de construcción, física y química[39].

De 1914 en adelante, Pérez del Pulgar predicó las virtudes de la ciencia católica desde las páginas de Ibérica, revista jesuita y una de las de divulgación científica más leídas en aquel momento[40]. En la década de 1920, Pérez del Pulgar diseñó los primeros borradores de planes nacionales de electricidad y ferrocarril, y su obra principal sobre electrodinámica industrial era reconocida por físicos de prestigio como «la mejor disponible en lengua española»[41]. También era miembro activo de la ACNP y aprovechaba la menor ocasión para vincular sus actividades políticas, económicas, científicas, pedagógicas y religiosas. En el cuadro que colgaba en el ICAI, el padre Pérez del Pulgar aparece retratado como un hombre de fe y de ciencia, con los hábitos de su orden y rodeado de generadores eléctricos y estudiantes, en una escena que completa un crucifijo en la esquina superior izquierda (imagen 2.5).

Su acercamiento a los trabajadores era paternalista y dirigido a limitar su margen de maniobra en la toma de decisiones. En 1930, por ejemplo, Pérez del Pulgar les exhortaba a que abandonasen su individualidad y siguieran el ejemplo de las naciones industrializadas o, en otras palabras, que se convirtieran en una «masa numerosa de hombres disciplinados, fieles, trabajadores, educados en el difícil arte de dejarse dirigir y de ejecutar con exactitud y fidelidad lo que se les encarga»[42]. Con la instauración de la Segunda República y como resultado tanto del anticlericalismo creciente como del resentimiento por la concepción de los trabajadores promovida por Pérez del Pulgar en el ICAI, un grupo de manifestantes quemó los edificios del Instituto. Poco después el gobierno republicano aprobó una orden declarando ilegal a la Compañía de Jesús. Pérez del Pulgar y unos ochenta estudiantes huyeron a Bélgica y retomaron las actividades del ICAI en la Universidad Católica de Lieja. Los críticos con la medida del gobierno republicano la interpretaron como un ataque tanto a las instituciones católicas como al programa social que vinculaba el bienestar de los trabajadores con su educación científica y técnica[43]. En los años posteriores, Acción Española publicó un buen número de artículos apologéticos sobre Pérez del Pulgar y su concepción de la ciencia católica y de la mejora del país mediante la industrialización y la educación de los trabajadores.

Los adalides de Acción Española como Maeztu compartían estas esperanzas de industrialización de la economía política española y concebían que sólo un estado fortalecido podía llevarla a cabo. En 1934 Pérez del Pulgar escribió una carta a Maeztu alabando los esfuerzos de la revista contra un código moral impuesto «por el sufragio de la mayoría, por definición la peor parte de la sociedad»[44]. La involucración de estas ideas con el autoritarismo político era inevitable y se justificaba recalcando la importancia política de los expertos. No es mi intención hacer un inventario de todos los autores que apuntaron estas asociaciones, pero una breve mención a algunos de los más relevantes ayudará a entender la constelación de ideas y prácticas en las que se movían.

José Calvo Sotelo (1893-1936), cuyo asesinato en julio de 1936 se considera decisivo para poner en marcha el levantamiento militar que dio lugar a la Guerra Civil, fue colaborador de Maeztu en Acción Española y figura principal del partido Renovación Española, del que, recordemos, Ibáñez Martín era miembro destacado. Economista y abogado, Calvo Sotelo había sido ministro de Economía bajo Primo de Rivera, posición desde la cual impulsó el corporativismo cristiano, priorizando la eficacia frente a la libertad e invocando un estado fuerte, «totalitario», que interviniese en la economía forzando a los financieros a invertir en capital industrial e instaurando una estructura corporativa que pusiera a los sindicatos de trabajadores bajo el mando de oficiales del Estado[45].

IMAGEN 2.5. P. Pérez del Pulgar, por Elías Salaverría (1930), con permiso del Instituto Católico de Artes e Industrias.

Joaquín Azpiazu (1887-1953) era economista y abogado además de cura jesuita, y tenía especial interés en la doctrina social de la Iglesia. A principios de los años cuarenta desarrolló una doctrina de corporativismo católico como medio por el que un Estado fuerte podía amortiguar las miserias aparejadas al capitalismo y evitar a su vez la rebelión social[46]. Para Azpiazu solamente el estado podía reformular el capitalismo incrustando la caridad cristiana en su seno. Por último, José Pemartín (1888-1956), que era ingeniero y político, y conocido por teorizar sobre el «fascismo católico», promovía políticas paternalistas hacia los trabajadores tales como instituciones sociales y el establecimiento de un salario mínimo, a la par que defendía la propiedad privada y una economía nacional intervencionista[47]. Desde su puesto de director general de Educación Secundaria, que ostentó desde 1938, fomentó ideas sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la construcción del Nuevo Estado afines a las de Albareda en el CSIC.

La defensa de la autarquía católica halló uno de sus puntales doctrinales en el libro de Pérez del Pulgar El concepto cristiano de la autarquía, publicado póstumamente en 1941 a partir de una serie de conferencias ofrecidas en 1938[48]. El argumento partía de que el monopolio por parte de algunos estados de productos básicos convertía a estos últimos en «armas políticas más temibles que un ejército». El texto, rico en referencias a la historia reciente de la ciencia y la tecnología, ofrecía varios ejemplos agrícolas e industriales de cómo la investigación podía poner fin a esos abusos por parte de estados extranjeros en posesión de vastos imperios coloniales. La economía política autárquica de la Alemania nazi, y en especial el famoso ejemplo de la producción de caucho sintético, era uno de sus ejemplos más admirados. «La autarquía política y nacional depende de la autarquía económica», palabras de Pérez del Pulgar muy similares a las que en aquellos tiempos pronunciaban Mussolini o Hitler. Y para un país pequeño como España, la única esperanza para lograr la autarquía económica era la investigación y la educación.

Solamente desde esa independencia económica sería posible construir una economía política católica en la que los valores morales fueran aliados de la alta productividad. A largo plazo, además, las máquinas terminarían de reemplazar la fuerza bruta del trabajo no cualificado y los trabajadores podrían dedicarse sólo a aquellas tareas que requiriesen educación e intelecto y que, por tanto, posibilitasen la realización espiritual. Mientras tanto, claro, los trabajadores debían dejarse guiar por aquellos ya educados y realizados. La ciencia y la tecnología, para Pérez del Pulgar, hacían a la autarquía (entendida como autosuficiencia a la vez política y económica) no solamente posible sino moralmente inexcusable.

Otros ingenieros compartían las ideas de Pérez del Pulgar. Emilio Jimeno Gil, ingeniero industrial y presidente de la Universidad de Barcelona, editó en 1940 un libro en el que colaboraron, entre otros, Ibáñez Martín, Albareda y Antonio Torroja (el hermano mayor de Eduardo), y que estaba repleto de demostraciones de los vínculos entre investigación técnica e independencia política en el marco ideológico de la «redención de España» al que me referí en la introducción[49].

Y Pérez del Pulgar fue uno de los más activos en dotar de significado práctico a la idea de redención. Durante la guerra se le encargó poner en marcha los programas para prisioneros políticos (que se tratan más abajo) y para educación en la Nueva España. Justo antes de su muerte había remodelado el ICAI y sus instalaciones, dedicadas ahora a la investigación para la economía autárquica, especialmente en electrificación de los ferrocarriles y en sucedáneos para el gasoil[50]. Alfonso Peña Boeuf, ministro de Obras Públicas de 1938 a 1945 (véase el capítulo siguiente), escribió el prólogo a El concepto cristiano de la autarquía resaltando que el ideal autárquico debía prestar atención a la agricultura y no solamente a la industria, una distinción sobre la que volveremos más adelante[51].

OPOSICIÓN A LA TRANSFORMACIÓN DEL NACIONALCATOLICISMO

Hasta aquí he presentado la alianza entre catolicismo e investigación científica como algo evidente para todos los implicados, pero no tenía por qué serlo y de hecho se le opuso cierta resistencia desde algunos frentes. En 1937 Franco forzó la unificación de la Falange (por aquel entonces lo más cercano al fascismo en España) y los tradicionalistas católicos en un solo partido, que además sería el único legal mientras duró el régimen: el Movimiento Nacional. A pesar de la unificación, la confrontación entre falangistas y «católicos oficiales» suele citarse como la más enconada entre familias franquistas, y a menudo se toma como su culmen la disputa que en los primeros años del régimen mantuvieron dos autores vinculados a la revista El Escorial, Pedro Laín Entralgo y Rafael Calvo Serer. Laín (1908-2001) era un intelectual que quería reformar la Falange y hacer a ésta conductora del Nuevo Estado por su capacidad de aunar voces disidentes capaces de guiar a España más allá de dogmas religiosos y de resolver «el problema de España», que cifraba en su retraso respecto a lo «moderno»[52]. Calvo Serer (1916-1988) fue miembro de Acción Española en los años de la Segunda República, del Opus Dei desde 1939 y, desde 1947, estuvo muy asociado a la principal revista del CSIC, Arbor, que en aquella época se dedicaba a tratar de establecer una doctrina católica respecto a importantes problemas científicos. Respondió agriamente a las tesis de Laín defendiendo que, aunque España debía ciertamente adoptar y desarrollar nuevas tecnologías para resolver algunos de sus problemas, sólo si las modernas ciencias y tecnologías se «cristianizaban» podrían ponerse al servicio de la nación[53].

A pesar de la importancia de este debate, es corriente señalar el nacionalcatolicismo como único denominador común a las dos partes y, en general, a las familias políticas del primer franquismo que a menudo se enfrentaban en otros terrenos. Por supuesto, las relaciones con la Iglesia y el régimen tuvieron muchas aristas y evoluciones, hasta el punto de que en los sesenta sectores de la Iglesia (no menos heterogénea que el propio régimen) se opusieron a Franco por la vía del «diálogo cristianos y marxistas» o de los secesionismos. Pero no me estoy refiriendo a esas relaciones, sino a la ideología nacionalcatólica en el sentido del «concepto cristiano de la autarquía».

Los vencedores de la Guerra Civil suprimieron toda traza de anticlericalismo en la Falange y, por ejemplo, Laín no ataca la idea de cristianizar la tecnología. Es más, muy pronto miembros significativos de la Falange se sumaron a este proyecto, en particular José Antonio Girón de Velasco (1911-1995), ministro de Trabajo de 1941 a 1956 y considerado uno de los pocos representantes de la Falange estricta después de 1945. Girón defendió la doctrina social de la Iglesia como política de estado, lo que para él significaba la implantación de un sistema de seguridad social, en parte basado en el estado del bienestar británico, así como el establecimiento de «universidades para productores»[54]. La primera de éstas fue la Universidad Laboral de Gijón, cuya dirección Girón encargó a un jesuita y que, como el ICAI de Pérez del Pulgar, comprendía laboratorios y talleres y hacía especial hincapié en la formación ingenieril de los trabajadores. No por casualidad, el arquitecto del edificio, Luis Moya Blanco (1904-1990), situó en su centro una capilla circular monumental que dirigiría la vida profesional y espiritual de los llamados «productores»[55].

Me parece que la oposición a la nueva ciencia y tecnología cristianizada fue más encarnizada por parte de los sectores más tradicionalistas de entre los católicos del régimen, recelosos de cualquier tipo de modernización. Por ejemplo, Albareda reconoció que a la hora de establecer el CSIC tuvo que combatir la desconfianza de grupos que asociaban la investigación científica a la JAE y al materialismo. Algo parecido venía a decir Maeztu cuando diagnosticaba dos tendencias peligrosas en las élites económicas: el sensualismo de quienes no alcanzaban a sentir los aspectos reverenciales, sacros, del dinero y por tanto invertían sus ganancias en sectores no productivos, y los beatos que creían hacer un servicio social dejando sus beneficios a la caridad y a la Iglesia en lugar de invertirlos en proyectos útiles para la nación. Maeztu se dirigía constantemente a este grupo en sus escritos y les advertía de que su instinto piadoso tenía el efecto paradójico y perverso de debilitar la economía nacional y, por tanto, convertirla en sierva de aquellas naciones cuyo capitalismo no estaba matizado por la caridad social católica dirigida por el Estado: «los hombres que no tenemos, pero que hacen falta, son los que consideren la economía como una de las regiones supremas del espíritu»[56]. Por su uso de Weber y su entusiasmo por el capitalismo, Maeztu recibió acusaciones de protestantismo por parte de católicos integristas; se defendió de ellas con los ejemplos del norte de Francia y de Bélgica y atacando el inmovilismo de los reaccionarios: «los tradicionalistas de la vieja cepa son hombres de principios, de dogmas, de postulados intangibles. Los de la nueva somos experimentalistas, que hemos tratado de conciliar el bien de España con el sufragio universal y la democracia, y por no haber podido conseguirlo volvemos ahora los ojos a las ideas de nuestros hermanos mayores»[57].

Esta oposición tradicionalista a engarzar el nacionalcatolicismo con la ideología y la estética de la industrialización se hizo patente en el debate sobre la idoneidad de nuevas formas y materiales para construir iglesias católicas. Tras la inauguración de la ciudad de Dios y de la ciencia en 1946, el éxito de la iglesia del Espíritu Santo confirmó a Fisac como el arquitecto estrella del CSIC y suyos fueron la mayoría de los edificios construidos para este organismo en los años posteriores[58]. Mientras construía estos laboratorios en Madrid y otros lugares, se fue labrando también una reputación como diseñador de iglesias (algunas, como la del Espíritu Santo, asociadas a laboratorios). Pero su fama como uno de los principales introductores de la «nueva arquitectura de iglesias» se estableció plenamente con la construcción en 1953 del Colegio Dominico de las Arcas Reales de Valladolid. En constante contacto con los dominicos que le hicieron el encargo, Fisac diseñó la iglesia sobre la base de una interpretación purificada del catolicismo relacionada con el llamado «movimiento litúrgico»[59]. A partir del concepto de convergencia hacia el altar que ya había avanzado para la iglesia del Espíritu Santo del CSIC, Fisac construyó el edificio «dinámicamente», de modo que todo en él dirigiera la mirada de los fieles hacia el altar: la luz, las paredes, la elevación del suelo, y los demás elementos[60]. Esto se convertiría en la marca de sus iglesias, y a este dinamismo favorecían los materiales más «limpios», como el cristal y el hormigón, que además permitía bóvedas más largas que podían emplearse para construir paredes alargadas, desnudas y convergentes (imagen 2.6).

Esta interpretación de la liturgia no estuvo falta de críticos que reprochaban a Fisac que el uso de estos materiales y formas separaban a la iglesia de las Arcas Reales de la arquitectura tradicional religiosa hasta el punto de confundirse con cualquier otro tipo de edificio moderno, incluyendo los laboratorios. Aun peor: su falta de imaginería la hacía parecer «protestante», como los escritos de Maeztu[61]. En los años previos al concilio Vaticano II la doctrina oficial de la Iglesia referente al arte sacro no estaba claramente establecida, lo cual se prestaba a debates intensos. El Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, al que se dedica el siguiente capítulo, dedicó algún número especial de su revista a este asunto en el que afirmaba que «el desprecio oficial por la moderna concepción de las imágenes y la decoración religiosa en general lleva a llenar las iglesias con arqueología más que con arte»[62]. En este debate sobre la línea «oficial» participaron arquitectos, críticos y miembros prominentes de la iglesia Católica. José Manuel Aguilar, también sacerdote dominico, fue uno de los más activos defensores del «nuevo arte sacro», argumentando como Fisac que lo que diferenciaba el catolicismo de otros credos cristianos era la línea geométrica que unía a Dios con los fieles a través del sacerdote en el milagro eucarístico que tiene lugar en el altar: la convergencia hacia el altar, y no las imágenes, era lo que hacía de un edificio una iglesia propiamente católica y ajustada a la liturgia[63]. Estos argumentos a menudo iban más allá, criticando el abuso de imágenes no solamente como un gasto excesivo contrario a los nuevos intereses sociales de la Iglesia, sino como un subproducto de la ignorancia y una concesión a la superstición[64]. Como en el caso de la iglesia del Espíritu Santo del CSIC, los ingenieros, científicos y arquitectos con una educación de élite consideraban su deber defender las iglesias de lo que calificaban como formas vulgares de religiosidad.

La iglesia de Fisac en Valladolid ganó el Premio Internacional de Arte Sacro en Viena en 1954. Esto contribuyó a aplacar las embestidas de quienes se revelaban contra las «nuevas iglesias», pero aun así el debate continuó durante varios años[65]. Las nuevas iglesias construidas desde 1957 en adelante junto con las viviendas baratas para trabajadores financiadas por el Estado en pleno proceso industrializador de Vitoria constituyeron un punto de inflexión[66]. Fisac y otros muchos arquitectos participaron con planos y edificios. Una vez más se unieron la industrialización y la estética del nacionalcatolicismo. Los historiadores de la arquitectura demasiado a menudo dan por supuesto que la «modernidad» era un resultado necesario frente al que toda oposición estaba destinada a perecer[67]. No es raro encontrar argumentos que añaden a esta visión teleológica que el «progreso» fue posible «a pesar» del régimen de Franco[68]. Por el contrario, las iglesias de Fisac sirven de hilo conductor a un proceso muy debatido y nada evidente en cuya resolución fue decisiva la inserción de laboratorios e iglesias en una ecología industrializadora; sólo así se explica la imposición de la arquitectura sacra moderna en el caso concreto de España. Y, lo que es aún más importante para los propósitos de este libro, esta perspectiva permite resolver uno de los enigmas más acusados de la historia del primer franquismo: la relación entre el nacionalcatolicismo y la industrialización guiada por la investigación científica. Se transformaron mutuamente tanto en lo estético (mediante el disgusto elitista de las imágenes y las decoraciones excesivas) como en lo económico (mediante laboratorios financiados por el Estado, iglesias y ciudades industrializadas).

IMAGEN 2.6. Felipe Morales, Arquitectura religiosa de Miguel Fisac, Librería Europa, Madrid, 1960, p. 12.

En agosto de 1953 el gobierno de España y el Vaticano firmaron un nuevo concordato, un acuerdo importante para romper el relativo aislamiento internacional que había acosado al régimen en sus primeros años. La iglesia Católica y el gobierno del Estado colaboraban en diversos frentes, como la interpretación común a ambos de la Guerra Civil como una cruzada o las ceremonias de consagración de España al Sagrado Sacramento en 1952 y a la Virgen María en 1954[69]. La Iglesia y el Estado se consideraban «unidos pero no confundidos» y desde 1947 en adelante la legitimidad de Franco se recogía en la fórmula «Caudillo de España por la gracia de Dios»[70]. En el discurso de anuncio del concordato, Franco incidió en los esfuerzos económicos realizados por su Administración para construir iglesias nuevas y reconstruir aquellas reducidas a ruinas[71]. La reconstrucción de iglesias era un símbolo particularmente poderoso de la victoria frente al anticlericalismo asociado con la Segunda República y plasmado en la destrucción y quema de iglesias. Los esfuerzos de reconstrucción se llevaron a cabo desde varias agencias estatales, sobre todo la Junta Nacional para la Reconstrucción de Iglesias y el Servicio Nacional de Regiones Devastadas, así como el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Colonización[72].

Como en el caso de Fisac, no fueron pocos los ingenieros, arquitectos y científicos que participaron de este ambiente nacionalcatólico ampliamente compartido y se apoyaron en él para asegurar y legitimar su propio papel y el de sus disciplinas en la economía política española. En 1943 el ICAI recuperó una escultura del Sagrado Corazón que se había perdido en la quema de sus edificios al principio de la Segunda República. La vuelta de la escultura se celebró con una conferencia pública sobre el «papel social del ingeniero». En ella se expusieron ideas sobre la responsabilidad moral de los ingenieros que eran comunes a instituciones no religiosas de la época. Por ejemplo, José Luis Múzquiz, sacerdote católico y director de la Escuela de Ingenieros de Madrid, dedicada a la formación de ingenieros de caminos que trabajarían en su mayoría para el Estado, explicó el modo en que enfocaba las asignaturas de religión que impartía: subrayando la práctica más que el dogma y abundando en la interpretación de la doctrina social de la Iglesia en relación con el trabajo industrial y con el papel de la caridad en la labor cotidiana del ingeniero[73]. Como los jóvenes pioneros del Opus Dei, los expertos podían aspirar a la santidad mundana contribuyendo a la industrialización de la economía política.

LAS IGLESIAS COMO LABORATORIOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN

Pérez del Pulgar regresó de Lieja a España en 1937 para prestar sus servicios a las autoridades del Frente Nacional durante la guerra. Se le encargó diseñar el «programa de redención de presos» por el cual los prisioneros políticos y de guerra podían aspirar a rebajar sus penas a cambio de su fuerza de trabajo, satisfaciéndose así un doble objetivo: promover la reunificación «cristiana» de un país dividido y procurar mano de obra barata para las obras públicas enmarcadas en la reconstrucción de posguerra[74]. Una película corta producida por la Falange decía que aquellos prisioneros que hubieran bombardeado, por ejemplo, un puente, ahora podrían reconstruirlo gracias a este programa y así podrán también aprender a amar a sus redentores: Cristo y el Nuevo Estado. Ser útil a la nación era equivalente a purificarse moralmente. Como símbolo de esta regeneración, un prisionero taciturno con el puño levantado, tras trabajar en el programa colaborando a reconstruir territorio destruido por la guerra, recobraba la sonrisa y abría lentamente el puño en el saludo fascista: «como un tullido que desentumece su mano cerrada, estos hombres abrieron el puño»[75]. La redención de los «enemigos de España» iba de la mano de la redención del paisaje español.

Los ingenieros agrónomos del Instituto Nacional de Colonización (INC) buscaron la misma conjunción de transformaciones personales y espaciales en el paisaje rural español. Desde 1939 a 1971, el INC trasladó a unas 51 000 familias a casas recién construidas a lo largo y ancho del territorio nacional (imagen 2.7). Estas familias trabajarían en tierras irrigadas por el INC, dependiente del Ministerio de Agricultura, y por el Ministerio de Obras Públicas. En la década de 1940, sólo 9886 hectáreas de las 178 577 bajo jurisdicción del INC eran de regadío. A lo largo de 1950, 210 190 hectáreas de 262 161 pasaron a ser de regadío, y para 1965 el INC había alojado ya a 23 653 familias, más de 20 000 de ellas en los llamados pueblos nuevos, cada uno de los cuales contenía de 50 a 250 casas[76]. Ángel Zorrilla Dorronsoro era ingeniero agrónomo, catedrático de economía política en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos de Madrid (donde se formaban todos los ingenieros agrónomos que pasarían a formar parte de los cuerpos estatales) y director del INC de 1939 a 1946. Colaboraba estrechamente con uno de los principales ideólogos del INC, Emilio Gómez Ayau, también ingeniero agrónomo con cargos importantes en la Segunda República y ascendido tras la Guerra Civil a director de la Escuela Especial y fundador del influyente Centro de Estudios Agrosociales. Entre los dos aplicaron y expandieron la doctrina falangista del «suelo», basada a su vez tanto en la tradición regeneracionista como en el catolicismo social agrario, así como en experiencias foráneas. Y los sucesores de Zorrilla, Fernando Montero y Alejandro Torrejón mantuvieron la línea de actividad hasta los recortes de 1959. El regeneracionismo se había convertido en redencionismo, ahora dirigido a aumentar la producción nacional.

IMAGEN 2.7. Alfredo Villanueva Paredes y Jesús Leal Maldonado, Historia y evolución de la colonización agraria en España, vol. 3. La planificación del regadío y los pueblos de colonización, MAP, MAPA, MOPT, Madrid, 1990, p. 108.

Una de las principales preocupaciones de Zorrilla y Gómez Ayau era el tradicional «problema agrario», la miseria endémica que afectaba con particular virulencia a los temporeros. Las soluciones propuestas en las décadas anteriores habían sido de dos tipos: la reforma agraria consistente en la redistribución de propiedad rural, en particular de los grandes latifundios infrautilizados, y la «colonización interna» de áreas sin cultivar y de secano. La última primavera de la Segunda República, en la que los diversos partidos del Frente Popular contemplaban la posibilidad de un período revolucionario, se ensayó la reforma agraria con expropiaciones a grandes terratenientes y distribuciones entre campesinos y jornaleros. El bando nacional paralizó este proceso en seco y tras la Guerra Civil muchos de los propietarios expropiados vieron restituidas sus posesiones: la cruzada contra la revolución exigía primar la solución colonizadora.

Zorrilla y Gómez Ayau insistieron en presentar la colonización interna como una solución apolítica en contraste con las intentonas anarquistas redistribuidoras[77]. Sin embargo, la visión productivista que acompañaba a la colonización interna no era en absoluto políticamente neutra, sino que encarnaba un programa para la economía política española tanto rural como urbana. Rafael Cavestany y de Anduaga (1902-1958), ingeniero agrónomo e ingeniero industrial formado en el ICAI de Pérez del Pulgar y ministro de Agricultura desde 1952, resumió este programa al declarar que «el agua es el único disolvente de esa masificación proletaria campesina», es decir, que la irrigación había de solventar el problema agrario[78]. Pero lo que Zorrilla y Gómez Ayau entendían por «despolitizado» es que el sujeto de la acción política ahora eran expertos como ellos, y no políticos parlamentarios. Entre 1939 y 1975, alrededor de 120 ingenieros agrónomos, 86 arquitectos y 26 ingenieros de caminos prepararon proyectos para el INC[79]. Otro ingeniero agrónomo y miembro activo del INC, Emilio Lamo de Espinosa, se quejaba de que durante la Segunda República los agrónomos habían pasado a un segundo plano en la toma de decisiones económicas y sociales. Por el contrario, los agrónomos del INC eran, por decirlo en palabras de Gómez Ayau, «técnicos colonizadores», responsables de iniciativas que tenían que ver con las poblaciones, la producción, el territorio, el transporte y la planificación económica y regional[80].

Los agrónomos de Franco compartían un programa común. En primer lugar, consideraban la relación entre agricultura e industrialización como la clave de bóveda de la economía del Nuevo Estado (véase el capítulo 4). De esta relación se hizo eco el propio Franco al decir que la industrialización de España debía empezar por la transformación de la economía agraria[81]. La colonización del paisaje rural era imprescindible para la formación del Nuevo Estado, convirtiendo todo el territorio en tierra productiva y procurando simultáneamente sustento para la nación y trabajo para los campesinos una vez que fueran transformados en propietarios colonos. La erradicación del paro estacional del sector agrícola se confiaba a la puesta en cultivo de áreas yermas y, en su momento, a la migración hacia las ciudades de masas campesinas atraídas por la industrialización urbana[82].

En segundo lugar, para que esta estrategia fuese eficaz debía contar con la transformación de los campesinos en colonos competentes, lo que algún historiador ha llamado «la colonización del colono»[83]. Albareda, ligado al INC por su interés en edafología (la ciencia del suelo), sostenía que «transformar el secano en regadío no es sólo un problema de embalses y canales; es una modificación de las relaciones del hombre con la tierra»[84]. Esta modificación requería un riguroso criterio de selección de los colonos y una formación y control adecuados. Según uno de los organizadores del INC, «el éxito de la colonización, es decir, el enraizamiento de los hombres en la tierra, depende tanto de la planta humana como de las condiciones del terreno»[85]. La analogía entre el cultivo de plantas y el cultivo de hombres se extendía a la educación religiosa, como puede apreciarse en la explicación del Programa de Misiones del INC por parte del director de la sección de «Asistencia Cultural» del Instituto: «La labor de la Misión se puede comparar, en términos agrícolas, al desfonde que se realiza como preparación para una plantación de arbolado, y en realidad es esto lo que se efectúa con la iniciación espiritual del nuevo pueblo en las tierras nuevas. Con la Misión se facilita la labor al Sacerdote que se encarga de la asistencia religiosa, ya que no tiene más que seguir y conservar el fervor que la Misión ha impreso a las familias colonizadoras»[86].

El cultivo del alma campesina consistía, en buena doctrina nacionalcatólica, en la obtención de colonos que fueran a la par buenos católicos y productores solventes. La selección de colonos para ocupar nuevas parcelas favorecía en muchas ocasiones a aquellos que ya hubieran acreditado sus habilidades como granjeros, agricultores o propietarios[87]. Y, en contraposición a los obreros industriales de los que hablaba Pérez del Pulgar, el trabajo agrario requería participantes activos capaces de llevar la iniciativa en la reconstitución del agro español. Eso sí, esta iniciativa tenía límites y metas muy precisos y delineados previamente por los administradores del INC, que diseñaron cursos detallados sobre cómo surcar, sembrar e incluso empaquetar la cosecha y que establecieron criterios estrictos sobre la producción que correspondía a cada agricultor según la parcela que se le había asignado[88]. Aunque los varones adultos eran los colonos nominales a los que se asignaban las parcelas, la familia era la unidad colonizadora mínima y cada miembro de ésta tenía también tareas específicas que cumplir, en el caso de las mujeres de importancia económica explícita[89]. Además de los peritos encargados de vigilar y controlar el rendimiento laboral de los colonos y sus familias, el INC también sometía a escrutinio sus preferencias políticas y conductas morales y sociales.

La organización del espacio era fundamental para la obtención de estos nuevos campesinos. El famoso Plan Badajoz era uno de los más ambiciosos planes de colonización interna y fue aprobado en 1952 por un comité interministerial en el que el INC tenía amplia representación. El plan comprendía pantanos, canales de regadío, colonos y pequeñas industrias locales pensadas para la nueva economía política del campo extremeño[90]. Las primeras casas de colonización del INC se diseñaron dispersadas unas de otras, pensando en incrementar la productividad en virtud de la cercanía de cada familia a la tierra asignada. Sin embargo, este modelo fue abandonado ya a finales de los años cuarenta con el argumento de que, en nombre de su «espíritu cristiano», el Estado debía sacrificar la productividad y reunir a los colonos en «asentamientos rurales urbanos», por utilizar las palabras del jefe de arquitectura del INC[91]. Según Ángel Martínez Borque, ingeniero agrónomo formado en Estados Unidos que siguió a Zorrilla en la dirección del INC, la formación del «hombre perfecto para la explotación del campo … sólo se logrará por el fecundo influjo de la ciudad». Esta ciudad rural ideal produciría campesinos que combinasen «una independencia dignificada, un pío temor de Dios y un ferviente patriotismo»[92]. Las ciudades rurales del INC eran laboratorios sociales, lugares privilegiados para experimentar con el trabajo y la vida de las familias que habían de colonizar el nuevo paisaje español.

Gévora del Caudillo nació como una de estas ciudades rurales del Plan Badajoz y, como otros pueblos del INC, recibió el título político de Franco. A sus habitantes se les asignaron 2614 hectáreas, irrigadas en su mayor parte por el recién construido canal de Montijo, que se alimentaba por una presa construida sobre el río Guadiana. Los agrónomos del INC consideraban esta área como «experimental», un espacio donde ensayar posibles modelos, y para ello colaboraron con arquitectos y diseñadores urbanos. El arquitecto encargado del proyecto de Gévora fue Carlos Arniches Moltó (1895-1958), que había sido uno de los dos diseñadores principales de los edificios de la JAE de preguerra y del auditorio que Fisac había remodelado en la iglesia del Espíritu Santo. Se le consideraba parte integrante del régimen segundorrepublicano y se le mantuvo apartado de puestos y encargos oficiales durante toda la década de 1940. El encargo de Gévora en 1954 significaba que los arquitectos podían aspirar a redimirse, igual que los prisioneros, el propio auditorio de Arniches o el paisaje rural español.

Arniches diseñó Gévora con dos objetivos principales: la productividad económica y la organización social. La imagen 2.8 muestra unas cien casas para colonos (2.8, 1) organizadas en seis bloques hexagonales con aproximadamente cuarenta casas para trabajadores temporales (2.8, 2) formando la cola de la estructura de Gévora, en forma de pez. Las casas se agrupaban en torno de una arteria principal que daba lugar a una serie de plazas romboidales (2.8, 3) en cuyos centros se dispusieron fuentes destinadas a facilitar la interacción social. El resto de las calles estaban destinadas a diferentes usos por parte de humanos y animales y la ciudad quedaba limitada en un flanco por un canal tributario del de Montijo y en otro por una carretera que unía Gévora con los terrenos de cultivo y pueblos cercanos. Además, se construyeron dos escuelas, masculina y femenina (2.8, 4), y la plaza central con el ayuntamiento y la iglesia (2. 8, 5).

Como en el resto de los «asentamientos urbanos rurales» del INC, lo que hacía de Gévora del Caudillo una «ciudad» no era su tamaño, sino su planificación urbana, referida a otras ciudades y en la que todos los elementos se habían analizado y rediseñado para cumplir una función específica en el conjunto de todos los demás elementos llamados a racionalizar el paisaje. El diseño de Arniches aprovechaba amplios márgenes para preferencias personales del arquitecto, pero también seguía directrices explícitas que afectaban a todos los pueblos nuevos del INC, como que la planta fuese geométrica y que el diseño de cada calle se hiciese según su función. Las instrucciones para el diseño de las casas de los pueblos se amoldaban al ideal de familia campesina propugnado por el INC tanto en cuestiones higiénicas como en morales: especificaban el tamaño mínimo de la casa según el estatus del habitante al que iba destinada (trabajador temporal, colono, perito técnico, doctor…), el número de habitaciones por familia, la separación de establos y dormitorios, etc[93]. Y los diseños de cada pueblo tenían que tener en cuenta las tareas de las familias que lo habrían de ocupar: por ejemplo, las casas de Gévora estaban pensadas para compartir fachada e instalaciones como los abrevaderos para el ganado y, aunque eran algo más pequeñas que la media del INC, separaban claramente las áreas destinadas al ocio y la vida en familia de las que lo estaban para el ganado y el trabajo. La doctrina del INC era que un ambiente sano y agradable daría como resultado mejores trabajadores.

IMAGEN 2.8. Alfredo Villanueva Paredes y Jesús Leal Maldonado, Historia y evolución de la colonización agraria en España, vol. 3, MAP, MAPA, MOPT, Madrid, 1990, p. 219.

Arniches colocó dos casas flanqueando la fachada de la iglesia de Gévora; una era para el párroco, puesto que la misión moralizante del INC le había hecho proveerse de su propio cuerpo de sacerdotes, doctores y profesores[94]. La otra acogería las actividades de Acción Católica que, como en otros países, se había fundado a principios de siglo respondiendo a la llamada del Vaticano para incrementar la actividad «social» de la Iglesia y que era en gran parte responsable de la organización de la educación y el ocio en las ciudades rurales del INC[95]. Completaban la urbanización de Gévora los almacenes (situados fuera de la estructura geométrica del mapa), locales comerciales, casa del médico, jardines y oficinas de la administración y del sindicato (véase el capítulo 5).

En el contexto de este capítulo, es fundamental señalar que cuando Arniches situó el ayuntamiento y la iglesia frente a frente en la plaza principal también seguía instrucciones generales del INC a sus arquitectos, pues la iglesia se consideraba un edificio oficial y estas ciudades replicaban el modelo tradicional de la plaza mayor o plaza de armas, que había sido la norma en la construcción de ciudades a lo largo del imperio español y se consideraba prueba de su carácter civilizador (de civitas[96]). Estas plazas del INC encarnaban la trabazón nacionalcatólica entre los poderes espiritual y secular: unidos pero no confundidos. La de Gévora era más abierta que la mayoría y menos central en el espacio definido por la planta de la ciudad, y el diseño del edificio mismo de la iglesia se alejaba bastante de estilos rurales tradicionales (imagen 2.9); presumía de una forma original y una iluminación llamativa y su espectacular fachada cumplía las funciones de campanario, entre las que se contaban ser el edificio más alto del pueblo y el primero en divisarse a lo lejos, como hito y señal del núcleo social de la ciudad. De este modo, para Arniches y sus colegas en el INC preservar la estructura mínima establecida por el INC para sus pueblos no era incompatible con la introducción de innovaciones que hubieran sido difíciles de imaginar en zonas previamente habitadas. Las ciudades rurales eran experimentales no sólo en el sentido social, sino también en el estético.

Pero lo que hacía propiamente «moderna» la iglesia de Arniches era su emplazamiento en este espacio nuevo, racionalizado en todos sus elementos con el objetivo de producir nuevos paisajes y personas. Estas iglesias arquitectónicamente innovadoras se extendieron a lo largo y ancho del territorio nacional acompañando a los ingenieros que se esforzaban en transformarlo y plasmar físicamente el vínculo nacionalcatólico entre el cristianismo y la reconfiguración de la economía política española. Martín Brugarola Mas, S. J. (1908-1988), experto en sociología rural e ideólogo del nacionalcatolicismo, fue estrecho colaborador del padre Azpiazu en la revista Fomento social, dedicada a la «sociología y economía moral». En sus páginas escribió sobre la «sociología y teología de la tecnología», así como de la «representación orgánica» propia del franquismo: familia, municipio y sindicato. Para él la «revolución verde» española sería cristiana y social tanto como técnica, la Iglesia debía ser el «alma» del nuevo «organismo social» y la vida local debía «converger» en la eucaristía celebrada en la iglesia local, como las iglesias de Fisac[97].

Para los próceres del INC construir iglesias y reconfigurar paisajes eran dos caras de la misma moneda: la «redención de España». La redención religiosa era parte integrante del plan de Pérez del Pulgar para la reintegración política y social del enemigo político. Igualmente, la «redención de España» por parte de los agrónomos era simultáneamente un proyecto social y económico. «Amamos España porque no nos gusta», había escrito José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange e hijo del dictador; el amor a la patria supone la voluntad de mejorarla[98]. Por tanto, la redención de las tierras de España de su estado improductivo, que se consideraba la causa de los desequilibrios sociales y las afinidades revolucionarias de campesinos y temporeros, exigía una red de proyectos técnicos y ciudades rurales católicas. Las esbeltas torres de las iglesias que identificaban a los pueblos en la distancia eran los nodos de esta red de agua y personas que habría de transformar la geografía española.

IMAGEN 2.9. Alfredo Villanueva Paredes y Jesús Leal Maldonado, Historia y evolución de la colonización agraria en España, vol. 3, MAP, MAPA, MOPT, Madrid, 1990.

El capítulo que aquí acaba empezó con iglesias construidas dentro de laboratorios, siguió analizando ideólogos y líderes políticos que promovieron el desarrollo conjunto de iglesias y laboratorios, y ha terminado con agrónomos y arquitectos que concebían las iglesias como laboratorios sociales y estéticos. Estas involucraciones entre laboratorios e iglesias señalan la ligazón entre nacionalcatolicismo y tecnología y permiten entender el ideal franquista de una ciencia y tecnología cristianas en términos de economía política, es decir, de proyectos para la industrialización, la autarquía, la «cuestión social» y el «interés nacional».

Abundando en la tesis de este libro: en la construcción de este ideal desempeñaron un papel inexcusable ingenieros, científicos y arquitectos que, junto con otras figuras poderosas del régimen, compartían el doble objetivo de preservar la identidad católica española y actualizar su economía política industrializándola, es decir, de redimir las tierras y a las gentes españolas. Al dar forma concreta a estas aspiraciones abstractas, los ingenieros, científicos y arquitectos del franquismo transformaron no solamente la faz de España, sino los significados mismos de patriotismo y de la religiosidad nacionalcatólica.

El relato más extendido sobre el franquismo y sus períodos es que los llamados «tecnócratas» del Opus Dei ganaron peso político en 1957 y dirigieron la modernización y el «milagro económico» españoles aplicando recetas liberales en lo económico, sobre todo recortando el gasto público y abriendo la economía a las instituciones financieras y los mercados internacionales. Sin embargo, los miembros del naciente Opus estuvieron al frente de importantes directrices gubernamentales desde el comienzo del régimen, y no sólo a partir de 1957. Además, su nacionalcatolicismo era compartido con otros grupos de poder y estaba muy alejado del liberalismo económico. Es más, descender a los detalles constructivos del CSIC y de los pueblos nuevos obliga a cuestionar el concepto de tecnocracia, asociado a la neutralidad política a favor de la eficacia técnica. Además, ahora estamos en condiciones de ver el nacionalcatolicismo no como un conjunto de doctrinas más o menos rígidas, sino como una constelación de conceptos y materiales en cuyo desarrollo desempeñaron un papel decisivo determinadas tecnologías y edificios. Como la iglesia del Espíritu Santo del CSIC, estos edificios no eran «reflejos» de un espíritu de la época ni «metáforas» del régimen, eran la realización misma del régimen y determinaban sus características, una mezcla de tradición y novedad que configuraba el paisaje y sus gentes y que servía de modelo para ulteriores transformaciones.

3. Los caballeros del dodecaedro: cemento y diseño en la industrialización de España

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Los caballeros del dodecaedro:

cemento y diseño en la

industrialización de España

DESPUÉS DE LO VISTO en el anterior capítulo, a nadie sorprenderá que el laboratorio construido en 1953 para el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento (ITCC) contara con dos capillas, una interior y otra exterior, y que las dos reflejaran en su estilo arquitectónico la «modernidad» y el «funcionalismo» del resto del edificio. Tampoco sorprenderá que, como veremos, su director, el ingeniero de estructuras mundialmente reconocido (y abuelo de la cantante de Mecano) Eduardo Torroja, defendiera la naturaleza «cristiana» del proyecto industrializador al que el laboratorio servía. El ITCC pertenecía al CSIC, y llegó a convertirse en su Instituto mejor financiado precisamente en los años de la construcción de este laboratorio, conocido como «Costillares» por su estructura exterior (imagen 3.1). ¿Cómo llegó el ITCC a alcanzar esta importancia? Para responder a esta pregunta la manera más segura es centrarse en el edificio mismo de su nuevo laboratorio de 1953.

IMAGEN 3.1. 1. Entrada a Costillares. 2. Silo. 3. Talleres. 4. Salas de secado de hormigón. 5. Fábrica de cemento experimental. 6. Ensayos mecánicos. 7. Oficinas (y capilla). 8. Estudios y biblioteca. 9. Laboratorios de física y química. 10. Restaurante circular e instalaciones deportivas (piscina y pistas de tenis). 11. Delimitación costillar. 12. Espacios abiertos para modelos en escala; F. Arredondo, «Organización de Obra», Informes de la Construcción, 1954.

El edificio principal de Costillares alojaba los laboratorios de física y química, salas para pruebas mecánicas, estudios para cálculo y diseño, oficinas y otras instalaciones, tales como un llamativo restaurante cuyas paredes podían abrirse completamente haciendo visibles la piscina y las pistas de tenis. Un segundo edificio tras el principal albergaba una fábrica experimental para la producción y pruebas de cemento y hormigón, que servía a la vez para explorar nuevas técnicas productivas y para suplir los diferentes proyectos de investigación que se llevaban a cabo en el ITCC. Entre ambos había un espacio vacío destinado a probar elementos constructivos y modelos estructurales a escala reducida. Separado de estos edificios y a la entrada del complejo se erguía majestuoso el silo para almacén del carbón que alimentaba tanto la calefacción del edificio como la fábrica experimental (imagen 3.2). Quien visite el actual Instituto de las Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja todavía quedará impresionado por la vista del silo que le recibe a la entrada con su espectacular figura dodecaédrica. De este silo escribió el propio Torroja en Razón y ser de los tipos estructurales (publicado en 1956 y traducido inmediatamente a varios idiomas) en un pasaje dedicado a las estructuras poliédricas tales como las pirámides egipcias: «Este tipo de estructuras puede construirse fácil y económicamente con placas prefabricadas todas iguales. En estas figuras poliédricas, el juego de luces y líneas de sombra se amoldan exactamente a las aristas trazadas por el proyectista, lo que les presta una limpieza y dureza de contornos típica».

Estos valores estéticos y económicos dominaron la construcción de todo el laboratorio y capturaban un proyecto de industrialización de la economía política y el paisaje españoles. El silo era un icono de ese proyecto que además servía para suministrar energía a Costillares, laboratorio enteramente dirigido a la transformación de España. Por eso, un buen modo de atrapar las diferentes características de este proyecto industrializador es analizar el silo dodecaédrico que lo encarnaba. En primer lugar, es necesario situar los materiales básicos del silo y del laboratorio, el carbón y el cemento, en el contexto de la economía política española y como bases de su transformación. En segundo lugar, la construcción y el funcionamiento del silo sirve para entender los de todo Costillares, que quería ser la vanguardia de la nueva España que estaba siendo construida, de modo que el paisaje urbano de Costillares servía como microcosmos para el paisaje español que el ITCC aspiraba a producir. Por último, otros capítulos analizarán la carrera de algunos de los objetos diseñados en Costillares más allá de sus muros: en instituciones de normalización europeas y en las presas de los ríos hispanos.

IMAGEN 3.2. Bienvenidos a la industria. Eduardo Torroja, Razón y ser de los tipos estructurales, ITCC, Madrid, 1956.

CEMENTO Y CARBÓN PARA LA ESPAÑA AUTÁRQUICA

La historia del ITCC tuvo dos líneas principales que no convergieron hasta 1949. Una de ellas venía de 1934, con la fundación del Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación (ITCE) por parte de un grupo de ingenieros y arquitectos de élite entre los que se contaban Alfonso Peña Boeuf (1888-1966) y Eduardo Torroja Miret (1889-1961[1]). Era una institución privada y sin ánimo de lucro dedicada a investigar y publicar sobre innovaciones técnicas en el campo de la construcción y las obras públicas. La mayoría de los miembros del ITCE ascendieron a puestos de importancia tras la Guerra Civil (el exilio de Sánchez Arcas fue la excepción). Peña Boeuf se unió al bando nacional en 1938 como ministro de Obras Públicas del primer gobierno franquista, cargo que mantuvo a través de varias crisis ministeriales hasta 1945. Torroja ocupó la plaza de profesor en la Escuela de Caminos que Peña Boeuf había dejado libre y en 1940 fue nombrado director del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales, adscrito a la Escuela (véase el capítulo 5). Los dos colegas aprovecharon su nueva situación para dar impulso al ITCE, asociándolo en 1941 a la sección de investigación técnica y aplicada del CSIC de Albareda, el Patronato Juan de la Cierva (PJC). Aunque Albareda mostró ciertos recelos sobre esta asociación con una institución privada, los impulsores del ITCE estaban dispuestos a sacrificar su independencia en aras de una mayor relevancia y en 1945 el ITCE, ahora dirigido por Torroja, pasó a ser uno de los institutos del PJC[2].

La segunda línea tenía que ver precisamente con el PJC, cuya junta directiva podría servir como un quién es quién para este libro, ya que sus 43 miembros iniciales eran ingenieros y científicos muy implicados en la economía política nacional[3]. Aunque había nacido con vocación de servir a la economía y defensa nacionales, en 1942 recibió un fuerte impulso en este sentido con el nombramiento de Juan Antonio Suanzes (1891-1977) como su director[4]. Ministro de Industria de 1938 a 1939 y, de nuevo, de 1944 a 1951, Suanzes es el más claro representante e impulsor del proyecto franquista de industrialización autárquica. En 1941, este ingeniero militar fue fundador y presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), el conocido grupo de empresas estatales que Suanzes modeló en parte en la tradición española militar de proteccionismo económico y en parte en el Istituto per la Riconstruzione Industriale de la Italia fascista[5]. Con vistas a la autosuficiencia de la economía nacional, el plan de Suanzes era dotar al PJC de centros de investigación a escala industrial que pudieran hacer de intermediarios entre los laboratorios del CSIC y las fábricas del INI. Uno de estos centros fue el Instituto del Cemento, creado en 1946 con los fondos obtenidos de un canon del 1 % a las ventas del cemento aprobado tras las presiones de Suanzes a los fabricantes cementeros[6].

Estas dos líneas convergieron en Torroja de un modo que define bien sus relaciones con los fabricantes privados de cemento y su posición en la reorganización político-económica de este sector clave en la reconstrucción posbélica. La Asociación Española de Fabricantes del Cemento se había fundado poco antes de la Guerra Civil para negociar precios mínimos y unificar resultados de investigación. Sus representantes en 1946 eran Julián Rezola (hijo del fundador de Cementos Rezola en Bilbao) y Patricio Palomar Collado (quien volverá a aparecer en el siguiente capítulo). Ambos consideraban que el canon pagado al PJC debía servir para crear un nuevo centro de investigación que tuviera en cuenta a todos los interesados en el sector, pero en especial «a los fabricantes de cemento como el grupo más interesado»[7].

El PJC encargó a varios de sus miembros, entre ellos Torroja, evaluar la propuesta. En su evaluación, consideraron que el canon y el centro no debían servir a los intereses de los fabricantes sino a los de la economía nacional, pues de lo contrario se limitaría a resolver problemas de corto plazo: «los productores por sí mismos, y con más práctica que teoría, tienden a considerar los problemas desde un punto de vista parcial y sin analizar todas las consecuencias»[8]. Torroja había sostenido similares posiciones como presidente de la Delegación del Gobierno en la Industria del Cemento, cargo al que había accedido con su creación en 1941 y desde el que se encargaba de la regulación de la producción, distribución y precios de todo el cemento fabricado en España. Junto con el Sindicato Nacional de la Construcción, la Delegación trataba de maximizar la producción y distribución a nivel nacional.

El puesto de delegado del gobierno dependía directamente de Presidencia del Gobierno y, en consonancia con la nueva organización vertical de los sindicatos, tenía autoridad tanto sobre los fabricantes privados como sobre el Sindicato Nacional de la Construcción. Esta autoridad era a veces más teórica que real, puesto que los fabricantes se distribuían en oligopolios regionales, lo que les otorgaba fuerza en las negociaciones[9]. Y el Sindicato, por su parte, acordaba la distribución con la Delegación y a menudo se oponía a sus medidas[10]. Frente a esta oposición, la orientación estatalista de la Delegación bajo el mando de Torroja se aprecia claramente al constatar que a lo largo de la década de 1940 reservó aproximadamente el 50 % del cemento producido para obras públicas, algo de lo que en una situación de escasez se resentían otros consumidores y los mismos fabricantes[11].

El ITCC surgió del peligro advertido por la comisión evaluadora de construir un laboratorio para el Instituto del Cemento: que los productores «sintieran psicológicamente que era su laboratorio». Ante esta posibilidad, Suanzes decidió aunar el Instituto del Cemento con el ITCE dirigido por Torroja y, aunque oficialmente mantuvo representación de los fabricantes de cemento, de hecho relegó a un segundo plano a este «grupo problemático» (por usar sus propias palabras[12]).

Una vez asegurado el control de los técnicos del Estado, Torroja desechó su oposición a la construcción del laboratorio para el nuevo Instituto surgido de la fusión, según su hijo, con una única última condición: que el nuevo laboratorio no lo diseñara Fisac, como tantos otros del CSIC en aquella época, sino él mismo[13]. Inmediatamente se dispuso a obtener financiación para ello. «He hablado con el Caudillo —explicó Torroja a Suanzes—, le he expuesto la labor hecha en el Instituto, especialmente en lo de la vivienda, y la necesidad en que nos encontramos de ampliar la consignación para poder recoger el fruto del trabajo dándole ya forma industrial … Después de escucharme, en silencio, me ha dicho concretamente que entiende preferible incluir la partida de ocho millones (citada por él explícitamente) en el presupuesto del Estado»[14]. En este mismo año de 1950 Torroja obtuvo una asignación anual del Ministerio de Obras Públicas que igualaba esos ocho millones de pesetas; sumados al canon sobre las ventas del cemento y créditos a bajo interés concedidos por el Crédito para la Reconstrucción Nacional y por el INI de Suanzes durante 1952 y 1954, en los años de construcción de Costillares el ITCC se convirtió en el mejor financiado de los institutos del CSIC[15]. Además, en 1953 la industria del cemento se declaró de «interés nacional» y se estableció la meta de doblar su producción en los años posteriores. Torroja había convertido la construcción de Costillares en un asunto de estado.

La autosuficiencia en la producción de cemento era una meta cuya realización no excluía el hecho de que los fabricantes tuvieran que importar cierta maquinaria para sus fábricas o enviar a sus técnicos a formarse al extranjero. Más urgente era que el ciclo productivo no dependiese de recursos extranjeros, en particular de aquellos necesarios para producir el calor al que se fabricaba el cemento Portland, el más utilizado para morteros y hormigón.

En 1943 Suanzes pronunció su discurso sobre la «minería como base de la industrialización», en el que describió una «trilogía industrializadora» formada por carbón, hierro y electricidad, áreas en las que la economía autárquica debía aspirar a ser independiente[16]. Para ello era imprescindible la investigación, y en 1946 se creó el Instituto del Carbón como parte del Patronato Juan de la Cierva (véase el capítulo 9). Aunque los fondos para un laboratorio a escala industrial de este Instituto se demoraron más de una década, la investigación de sus relaciones con el cemento se llevaba a cabo en el ITCC, cuyo silo dodecaédrico almacenaba el carbón que calentaba el edificio, alimentaba los hornos de secado de hormigón, y se usaba en la fábrica experimental de cemento. El interés en el cemento y el carbón nacionales por parte de ingenieros con puestos de relevancia política como Torroja y Suanzes hizo posible el laboratorio de Costillares como centro de investigación dirigido a la industrialización de la economía española.

EL DODECAEDRO: «RACIONALIZACIÓN» Y DIVISIÓN DEL TRABAJO

Vayamos al detalle de este silo y recordemos las palabras que le dedicó Torroja: «Este tipo de estructuras puede construirse fácil y económicamente con placas prefabricadas todas iguales. En estas figuras poliédricas, el juego de luces y líneas de sombra se amoldan exactamente a las aristas trazadas por el proyectista, lo que les presta una limpieza y dureza de contornos típica». Estas características, racionalización de los materiales y el trabajo a través de un diseño «genial» y estéticamente preciso se reproducían en toda la construcción de Costillares, de la que el silo era alimentador principal a la vez que representante estético. A su vez, Costillares serviría de modelo y motor de las «ciencias de la construcción», una amalgama de cálculo matemático, estadística, física, química y experimentación[17]. Torroja reconocía que la industrialización de la construcción, es decir, «la aplicación de la maquinaria a los procesos de construcción, supone dificultades que no están presentes en otras industrias»; pero, aseguraba, «una técnica muy superior» podía ofrecer soluciones[18]. Entender el silo y Costillares nos permitirá entender en toda su amplitud el proyecto de las ciencias de la construcción.

Con dos pisos de altura, el diámetro de la esfera contenida en el dodecaedro era de 4,70 m, lo que daba una capacidad de 280 m³, suficiente para albergar 190 toneladas de carbón. La forma dodecaédrica optimizaba la razón volumen/superficie casi tanto como la esférica, pero era mucho más barata de fabricar a partir del ensamblaje de doce pentágonos prefabricados.

La imagen 3.3 muestra el funcionamiento interno del silo: los camiones descargaban el carbón a dos contenedores conectados a cubas situadas debajo del silo. Una grúa dispuesta en el techo del silo las elevaba a lo largo de un cilindro que atravesaba el centro del depósito y las descargaba desde arriba. El dodecaedro estaba justo arriba de las calderas, de modo que podía alimentarlas directamente. El aire caliente producido en las calderas calentaba el edificio principal de forma regulada y acorde con sus características termodinámicas y las actividades previstas en cada habitación. Y también circulaba hasta la fábrica experimental, donde servía para producir cemento y hacer pruebas de maximización de energía y de temperatura óptima de secado de cemento.

Al igual que el silo, el resto de Costillares se presentaba como el resultado de un milimétrico plan ideado por diseñadores racionalistas capaces de aunar valores estéticos y funcionales. El diseño y la construcción del laboratorio, destinados a impresionar, se pensaron ya como la primera piedra del proyecto industrializador al que el laboratorio servía. Serviría como modelo y ejemplo de las posibilidades abiertas por la construcción científica e industrializada. El laboratorio mismo era un experimento, y de su éxito o fracaso como edificio dependería en gran parte el de las posteriores investigaciones realizadas en él. Con estos objetivos, los diseñadores (Torroja y los arquitectos Gonzalo Echegaray y Manuel Barbero) y constructores de Costillares publicaron un informe detallado de todo el proceso de cálculo y construcción, incluyendo los fallos e imprevistos[19].

Al igual que el silo, todo el laboratorio estaba hecho de hormigón reforzado con armaduras metálicas, en ambos casos a base de piezas y módulos prefabricados. El cemento constituía para el ITCC tanto su objeto de investigación como su fuente de financiación. Es más, como veremos en el siguiente capítulo, constituía el núcleo de su proyecto industrializador, puesto que él hacía posible la prefabricación, elemento indispensable de la producción en masa y para el control total del proceso productivo y constructivo por parte del ingeniero (imagen 3.4). Y este control era el núcleo del programa de «racionalización» representado por Costillares.

IMAGEN 3.3. Funcionamiento. Eduardo Torroja, Razón y ser de los tipos estructurales, ITCC, Madrid, 1956.

Costillares representaba todo un programa moral, social, económico e incluso religioso. Fue construido en tan sólo dos años de acuerdo con un calendario de trabajo diseñado al detalle en el que cada tarea se asignaba a los trabajadores según sus habilidades. La industrialización de la construcción requería acabar con la figura tradicional del artesano: «Sólo sería posible trayendo a la conciencia del trabajador la idea de que su bienestar depende, al final, de una mayor eficiencia en su trabajo, de hacer el producto más barato, de reservar su trabajo para las partes más racionales de la tarea y no para las mecánicas, y de la mejor calidad del producto final». Como Charles Babbage y otros industriales y teóricos de la división del trabajo del siglo anterior (entre ellos Karl Marx), el argumento suponía que la mecanización del trabajo acabaría siendo beneficiosa para los trabajadores mismos. Torroja, además, y en la estela de los argumentos del padre Pérez del Pulgar analizados en el capítulo precedente, añadía la dimensión nacionalcatólica: era el deber cristiano del Estado, de los ingenieros y de los empresarios, sustituir el trabajo mecánico por máquinas cuando fuera posible o, cuando no lo fuera, instaurar el taylorismo, esto es, «la organización científica del trabajo». Porque sólo el trabajo «racional» abría la vía para la realización espiritual de los hombres. Y porque la mano de obra poco cualificada era social y económicamente desastrosa, en tanto que desincentivaba la industrialización de las empresas[20].

IMAGEN 3.4. Organización del trabajo en el silo. AHT/EC/A/010/001.

Este programa racionalizador tenía sus contradicciones. Porque, hasta tanto el ideal social de la maquinización de los trabajos mecánicos se cumpliese, el resultado real era el de someter el oficio del artesano al del ingeniero: rebajar al artesano a un peón dedicado a ejecutar los designios del ingeniero. Este tipo de «autoridad mecánica» había acompañado al hormigón armado desde los principios del siglo XX, cuando en Estados Unidos el diseño de los edificios pasó a manos de expertos con títulos universitarios[21].

Con vistas a avanzar en el programa de industrialización, Torroja fue miembro activo del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo (INRT) desde sus inicios. Suanzes impulsó el Instituto en 1946 como parte de la transformación del Patronato Juan de la Cierva en una máquina de investigación para la economía autárquica[22]. Estaba dividido en cinco departamentos: organización del trabajo, estandarización, reutilización de residuos, estudios psicotécnicos y productividad. Como presidente de la sección de Construcción, Torroja elaboró y popularizó estudios de costos del trabajo y organización de la producción y la edificación. Quería cambiar el hecho de que «la construcción sigue aún parcialmente en manos de artesanos; no ha incorporado a sus operaciones las ventajas de la organización industrial tan bien desarrolladas en otras ramas de la industria; sus productos —casas, obras públicas— son mucho más caros en términos de días trabajados que otros —telas, coches, radios, etc.»[23].

La organización del trabajo alcanzaba hasta el bienestar de los trabajadores. El ITCC de nuevo quería servir de ejemplo. Para pedir a los trabajadores que abandonaran el interés personal en pos de la productividad del conjunto, debía crearse un ambiente de «feliz camaradería» mediante beneficios generosos, horarios razonables y la organización de actividades conjuntas familiares y deportivas (de ahí las pistas de tenis y la piscina que aparecen en la imagen de Costillares, imagen 3.1). El cálculo de los salarios debía hacerse de acuerdo a las capacidades del trabajador, pero también a sus necesidades familiares y otros factores —esta insistencia produjo algún choque con el CSIC—.[24] Esto sólo podía hacerlo el ingeniero jefe y no los burócratas del Estado, «la causa de muchos de los problemas de España»[25]. Y, sin embargo, sólo mediante el Estado cabía emprender la industrialización de la construcción, como veremos más abajo. Es decir, el ingeniero debía convertirse en organizador y líder al servicio del Estado.

IMAGEN 3.5. Diseño del dodecaedro. AHT/EC/A/010/001.

A estas alturas, pudiera parecer que Torroja había dejado de ser un ingeniero técnico para convertirse en un ingeniero político, y así se ha interpretado algunas veces[26]. Pero mi argumento es que el grupo de ingenieros y científicos de élite de inicios del franquismo de los que trata este libro concebía la economía política como una parte integrante y constitutiva de sus profesiones (lo que llamé «ingeniería política» en el capítulo 1). La industrialización de la construcción requería ver todo el proceso constructivo como un continuo en el que cada pieza (desde las materias primas a los trabajadores) obedecía al plan del diseñador. El diseñador, a su vez, debía combinar el cálculo científico con la genialidad creativa. Al contrario que el proceso ejecutor, el diseño no podía sujetarse a normas precisas y cuantificables, sino que dependía de la experiencia y la adaptación prudente a las condiciones económicas, políticas, geográficas y estéticas de cada edificación.

De nuevo, el silo de carbón servía de ejemplo. Si bien los doce pentágonos que lo formaban fueron prefabricados, su forma peculiar no estaba destinada a ser reproducida sino a llamar la atención por su originalidad (imagen 3.5). Ocurría lo mismo con otros elementos de Costillares. Por ejemplo, Torroja diseñó personalmente cada pieza de mobiliario. En palabras de uno de sus discípulos, Torroja «dejaba volar su imaginación y aparecían cientos de papelitos dibujados con esquemas, bocetos, detalles de sillas, mesas, sillones, estanterías y todo lo que una oficina moderna necesita». Estos productos geniales estaban diseñados para una función y lugar especiales y no para la producción en masa (imagen. 3.6).

«El nacimiento de una estructura compleja —escribió Torroja en Razón y ser— resulta de un proceso creativo y de la combinación de la técnica con el arte, del ingenio con el estudio, de la imaginación con la sensibilidad; este proceso creativo escapa el puro dominio de la lógica y entra en el ámbito secreto de la inspiración». En la división del trabajo preconizada por las «ciencias de la construcción», el lenguaje era frío y cuantificado en la base de la pirámide y se tornaba romántico al discutir el genio que reinaba en su cúspide a cargo de su «racionalización».

GRAN MADRID Y LA INDUSTRIALIZACIÓN

La labor industrializadora de Costillares, como hemos dicho, comenzaba por el edificio mismo. De nuevo, las características del silo nos ayudan a entender este proceso, puesto que éstas se reproducían en el resto del laboratorio y, como una estructura fractal, estaban llamadas a replicarse una vez más por todo el paisaje español. Costillares, alimentado por el silo dodecaédrico, habría de encarnar y, a su vez, alimentar, la nueva España, empezando por el Madrid en vías de industrialización. Por eso mismo, el silo de carbón integraba estéticamente el laboratorio con su entorno urbano en pleno crecimiento. Comprender la imbricación real e intencional del silo en el paisaje urbano del Gran Madrid es el primer paso para entender el lugar de Costillares con respecto a paisajes hispanos más alejados de la capital.

IMAGEN 3.6. En Razón y ser, Torroja explicó sobre esta mesa de función estructural que «los tirantes quedan vistos en la planta alta, a plomo de la mesa central, y pueden engalanarse o distraerse, según quieran, sustentando lámparas o anaqueles. La solución, aparte de su racionalidad y economía, dentro de las condiciones funcionales y estéticas impuestas a esta planta, tiene la ventaja de servir de intrigante y diversión al visitante».

Para la construcción de Costillares, el ITCC adquirió una parcela de unos tres mil metros cuadrados al norte del núcleo de los edificios del CSIC en la calle Serrano. Como ya había ocurrido en el siglo XIX, los laboratorios estaban a la vanguardia del crecimiento de la villa madrileña[27]. Antes de elegir el emplazamiento definitivo, Torroja y su equipo habían rechazado otras posibilidades. Parcelas demasiado pequeñas para su proyecto de construir a escala industrial, demasiado amplias para sus recursos, demasiado cercanas a fábricas industriales, o demasiado alejadas de vías de transporte. Llevar a cabo investigaciones de interés para la industria era una empresa a la vez teórica y experimental, y «lo primero exige espacios a la escala del hombre mientras que lo segundo los necesita a la escala mucho mayor de las máquinas». Por tanto, el nuevo laboratorio necesitaba de un terreno amplio. Finalmente, Torroja y su equipo se decidieron por una parcela de cinco hectáreas en la zona de Chamartín de la Rosa conocida como el Pinar de Chamartín, «entre la futura Avenida del Arroyo del Abroñigal y los edificios que pertenecen a la Marina… en una zona que figura en el Plan recientemente aprobado como dedicada a edificios de investigación y que está entre una zona pública verde y un área privada también verde»[28].

El plan al que se referían los constructores de Costillares, conocido como «Gran Madrid», aspiraba a organizar Madrid y sus alrededores en torno a tres anillos concéntricos con diversas funciones. Era el proyecto estrella de la Junta para la Reconstrucción de Madrid, creada en 1939 y dirigida por Pedro Bidagor con la ayuda de Peña Boeuf. Bidagor (1906-1996) ya había trabajado en la planificación urbanística de Madrid durante la Segunda República, y por tanto, para 1941, pudo tener un plan completo y publicado en las páginas de la revista de la Junta, Gran Madrid.

Tras la Guerra Civil había habido propuestas de castigar a Madrid como un bastión «rojo» y trasladar la capital a algún otro lugar. Finalmente, se decidió mantener la capital en Madrid y convertir a esta ciudad en el símbolo del Nuevo Estado. La «capitalidad y jerarquía» de Madrid pedía ampliaciones[29]. Dos cinturones verdes separarían tres áreas principales: la primera la vieja capital, dedicada a «funciones de naturaleza directiva», y la tercera destinada a industrias pesadas incompatibles con la vida civil pero necesitadas de relación diaria con la ciudad. El área entre estas dos alojaría vecindarios de trabajadores y quince núcleos industriales, incluyendo una zona hacia el norte dedicada a la investigación científica y técnica similar a la que se dedicaba el ITCC. Gran Madrid se topó con una fuerte oposición y pronto hubo de ser reemplazado por un nuevo plan, pero algunas partes referidas a este segundo anillo y la ampliación hacia el norte se implementaron, entre otras cosas por la construcción por parte de Suanzes de algunas importantes plantas industriales para el INI. Para Suanzes, el ritmo de crecimiento del nuevo Madrid lo debían marcar la industria y la investigación para la industria[30].

Los constructores de Costillares tuvieron muy en cuenta el Plan Gran Madrid, según el cual la parcela adquirida limitaría por el este y el norte con dos carreteras privadas, y por el sur, hacia la ciudad, por dos carreteras más, una de las cuales sería una gran avenida desde la que podrían contemplarse los diferentes niveles de la colina del pinar de Chamartín. Torroja y sus dos colaboradores buscaron integrar el laboratorio en este paisaje proyectado: «Los edificios de Costillares se extienden horizontalmente de acuerdo con su función e integrándose en el paisaje. Gran Madrid contempla la creación de un parque alargado, las edificaciones bajas de Costillares y la preservación de la vegetación constituyen su continuación lógica»[31]. Las familias yendo hacia el parque, trabajadores y directores acudiendo a sus fábricas, y los habitantes de las nuevas zonas urbanizadas de Madrid verían Costillares desde diferentes ángulos y distancias (hoy en día el laboratorio está semioculto tras la M-30 y los edificios colindantes).

Costillares tomaría su nombre de la apariencia de una estructura de hiperboloides —una de las formas constructivas que habían dado a Torroja su fama internacional— de hormigón que hacía de pérgola y cercado para un pasillo exterior y la zona de aparcamientos. Esta estructura cumplía «la misión de enmarcar los volúmenes de los edificios y darles solución de continuidad, particularmente cuando se observan desde puntos lejanos». Lo hacía, recordaban los arquitectos del laboratorio, llamando la atención de los viandantes sobre el «genio» creativo del director.

La extensión horizontal de Costillares no solamente respetaba el parque cercano, sino el rechazo del Gran Madrid a «la tendencia americana a los edificios altos anárquicamente dispuestos». En su lugar, la prominencia vertical se reservaba para unos pocos elementos sobresalientes en «lugares que, por su altura, perspectiva, o situación estratégica pueden aspirar a convertirse en hitos que orienten y den carácter a la ciudad»[32]. En Costillares se construyeron tres estructuras de este tipo: la fábrica experimental, un depósito de agua y la chimenea del silo. Para evitar sobrecostes, sólo se dispusieron elementos ornamentales en esos puntos visibles y en la fachada. Por ejemplo, el tanque de agua se cubrió de figuras imitando conchas que recordaban tanto a la famosa catedral de Salamanca (asociada a la fe católica, a la sabiduría y a la ciencia) como al recientemente construido santuario de Aránzazu, un ejemplo controvertido de la nueva construcción de iglesias, de la que hemos hablado en el capítulo anterior y que el ITCC fomentaba en lo posible.

Erguida al lado del dodecaedro, como torre exenta de una iglesia románica, se alzaba majestuosa y llamativa la chimenea del silo, pensada ciertamente como uno de esos hitos para orientar y otorgar un carácter nuevo a la ciudad. Al reclamar la atención del público sobre el silo, la chimenea contribuiría a reforzar el aspecto del laboratorio como un santuario dedicado a la ciencia y la industria. El silo era lo primero que se encontraban los visitantes al laboratorio, entraran en coche o a pie. Estaba pensado para «llamar poderosamente la atención del visitante» y su forma tenía un «valor plástico que cerraba la perspectiva visual desde la carretera de acceso privada»[33]. El silo de carbón, además de alimentar de energía a Costillares, le daba soporte estético.

El diseñador de la iluminación artificial de Costillares subrayó la importancia de la luz para otorgar significado a la arquitectura del edificio. Emplazó las luces de iluminación de la carretera en el interior de la curva buscando resaltar la figura «desconcertante» del dodecaedro (véase la imagen 3.7). Dos baterías de reflectores adosadas a cada uno de los pentágonos del silo visibles desde la entrada resaltaban su forma sobre el fondo de las paredes de los talleres. «De este modo, la luz que posibilita el tráfico en la carretera crea al mismo tiempo una arquitectura visible». La luz reflejada sobre el silo marcaba la entrada al laboratorio y guiaba al visitante a una pequeña plaza de entrada. En la fachada, sólo las ventanas estaban iluminadas, «una técnica propia de paredes austeras que resalta el hecho de que el edificio contiene salas con intensa actividad … por la noche, las salas de estudio adquieren un aspecto de gran vitalidad»[34].

De hecho, «todo el laboratorio ha sido concebido en un estilo sobrio y moderno que ha dado en llamarse funcionalismo». Austeridad, trabajo intenso, vitalidad, modernidad y creatividad eran algunos de los valores promovidos por el nuevo paisaje transformado a través de la construcción de Costillares. Se trataba de un espacio destinado a la investigación con vistas a la industrialización. A la entrada del edificio destacaba el lema de la institución: «Technicae plures, opera unica». Servía de recordatorio de que la unidad de «las ciencias de la construcción» no era disciplinar, pues múltiples técnicas y ciencias se sumaban a un único objetivo industrializador del que Costillares habría de ser el primer ejemplo y principal centro de cálculo, diseño y producción.

Torroja vinculaba la industrialización del paisaje español con proyectos de financiación estatal; en particular las ciencias de la construcción ofrecerían al Estado casas baratas para obreros y embalses de agua asequibles y duraderos. Estos proyectos habrían de asistir a la industrialización de España, las casas acogiendo a trabajadores y las presas produciendo energía. En un capítulo posterior volveré sobre la construcción de presas, pero ahora quiero referirme brevemente a la investigación sobre casas baratas llevada a cabo en Costillares para que se entienda bien la relación con la economía política y el territorio.

La industrialización creciente hacía urgente dar cobijo a los cada vez más numerosos obreros que migraban del campo a las ciudades, la mano de obra barata que hizo posible la transformación de la economía. En la década de 1950 la población de Madrid aumentó de 1,5 a 2,5 millones. Las condiciones de muchos de estos nuevos madrileños eran insoportables. En 1951 había unas 6000 chabolas en las afueras de Madrid, y el número alcanzó las 28 200 en 1955. Dado que cada una de ellas alojaba a una familia entera, el total era demasiado importante como para ser ignorado por un país de unos 27 millones de habitantes. Varios organismos estatales contaban con programas para solventar el problema, ya fuera con inversiones destinadas a abaratar precios y hacerlos más atractivos a empresas privadas o mediante construcciones directas.

IMAGEN 3. 7. Actividad desconcertante. Víctor Oñate, «Iluminación artificial», Informes de la Construcción, 1954.

Torroja aspiraba a que el ITCC contribuyera a estos esfuerzos con recursos teóricos y experimentales. Rebajando los costes de producción, el ITCC haría las casas baratas rentables para los inversores privados y asequibles para el Estado (imagen 3.8). De nuevo, el silo de carbón servía de modelo experimental, esta vez calentando las habitaciones de Costillares mediante un complejo sistema de calefacción que Torroja proponía como el más eficiente para la economía del carbón[35].

IMAGEN 3.8. Torroja explica los trabajos del ITCC a Franco y Suanzes en la inauguración oficial de Costillares (en febrero de 1958). Les acompañaban los ministros de Obras Públicas, Educación Nacional, Vivienda, Turismo e Información, Agricultura y Gobernación, el secretario del Movimiento Nacional, y varios oficiales del CSIC y otras instituciones. En primer plano, un retrete en pruebas para viviendas baratas. AHT/EC/A/010/001.

En 1949 el ITCC organizó un Concurso Internacional de Vivienda. El objetivo era convocar a expertos de todo el mundo para proyectar cincuenta mil viviendas para familias de trabajadores industriales. Aunque participaron otros organismos estatales, la convocatoria no respondía a ningún proyecto concreto, sino al cálculo aproximado de la necesidad de construir ese número de nuevas viviendas baratas anuales. Por tanto, la convocatoria no especificaba el emplazamiento de estas casas, sino que, contemplando que el mínimo agrupamiento tuviera quinientas casas, daba plena libertad de emplazamiento y agrupamiento a los participantes. A éstos se les pedía que ejercieran de algo más que de arquitectos, que participaran en la planificación de la ordenación del territorio español y en la modernización de su economía política: la convocatoria comprendía información en varios idiomas sobre la situación de las minas y canteras españolas, los principales centros industriales, las vías de transporte de interior y marítimas, las condiciones climáticas y las densidades de población de las diferentes regiones y ciudades. También detallaba la supuesta familia media española, compuesta de cinco miembros: dos niños, un hijo en edad de trabajar, el padre de familia que trae el dinero a casa, y la madre, ama de casa, y cuyos presuntos hábitos culinarios se especificaban también.

El concurso se presentaba como un problema teórico. Más que proveer de esas cincuenta mil casas anuales a España, el objetivo de Torroja era promover las ideas y las técnicas necesarias para la industrialización de la construcción. «En otros sectores de la economía, la productividad se ha incrementado como resultado del abandono de viejos e ineficientes sistemas de trabajo y la adopción de nuevas organizaciones, nueva maquinaria y nuevas técnicas: cadenas de producción, racionalización del trabajo y otras». Para que la industria de la construcción adoptase estas innovaciones y pudiera así hacer frente a la creciente demanda, «es necesaria una reorganización de toda la economía nacional». Para ello, se exigía que las propuestas detallaran métodos de prefabricación de elementos, técnicas de construcción y esquemas de racionalización del trabajo. También se pedían propuestas sobre cómo explotar materias primas y materiales nacionales de forma más eficiente[36].

El ITCC recibió 89 propuestas (dos tercios de las cuales provenían de fuera de España) y reunió a representantes de varios organismos en el jurado[37]. Sin embargo, algunos historiadores han tratado de presentar el Concurso como un fracaso, y como la prueba de que Torroja habría sido un genio adelantado a su tiempo y marginado por el régimen. El argumento es que las casas nunca fueron construidas porque el régimen retrógrado de Franco se oponía a la industrialización y a la modernización[38]. Torroja sería un visionario luchando contra un Estado conservador. Y es cierto que en 1952, después de importantes retrasos, el comité designado para evaluar las propuestas decidió que ninguna de ellas merecía el premio del Concurso. Pero no lo es menos que el objetivo de desarrollar nuevas ideas constructivas para la producción de casas baratas en España se cumplió en los límites en los que se había planteado la iniciativa. Más que un científico aislado trabajando «a pesar del régimen», Torroja se nos aparece como un organizador eficaz capaz de reclutar para sus propósitos industrializadores no sólo a diferentes expertos nacionales y extranjeros, sino también a poderosos agentes estatales. No olvidemos que en las mismas fechas en las que el Concurso tenía lugar Torroja se reunía con Franco para conseguir de él la financiación necesaria para Costillares.

Las casas baratas y las presas transformarían el paisaje español, y lo harían con fuentes de energía nacionales (carbón y electricidad) y materiales nacionales (cemento y hierro). El silo de carbón desempeñaba un papel único en la promoción de la transformación de la economía política española. Encarnaba la economía política del primer franquismo a la vez que la transformaba. Como ejemplo y motor de «las ciencias de la construcción», el dodecaedro servía a los ingenieros para convertirse en agentes activos relevantes en la economía política española. Torroja no trabajaba «bajo» el régimen ni «a pesar» de él, sino que, en cierto sentido, utilizaba las estructuras estatales para sus propios proyectos.

El silo dodecaédrico presentaba el ITCC ante sus visitantes y lo representaba en el logo del Instituto. También representó al Estado en 1964 en uno de los sellos de conmemoración de los «25 años de paz». Como hito y recurso activo para Costillares, el silo reunía las características económicas y estéticas que el ITCC quería extender a la nueva España. En 1956, el ITCC organizó una cena en la que solamente se sirvieron costillas, haciendo honor al nuevo edificio. Aquella noche se fundó la Negra Orden del Dodecaedro Blanco. Los invitados de Torroja, entre los cuales estaba Suanzes, elevaron sus copas dodecaédricas y pronunciaron el juramento para convertirse en Caballeros Negros de la Orden. En él, prometían defender el dodecaedro, que encarnaba «los más elevados ideales constructivos de la raza humana» contra el «malvado icosaedro». El juramento rezaba: «De todas las Formas concebibles (e inconcebibles), el dodecaedro es el más adecuado como Símbolo y Emblema de las bellas Artes y abstrusas Ciencias practicadas y defendidas por esta Orden Negra». Escrito sobre papiro y decorado con motivos egipcios por un conocido artista, el lenguaje elitista, progresista y esotérico hacían de este texto fundacional una parodia del simbolismo masón[39].

Aunque por supuesto se trataba tan sólo de un juego, la creación de la Negra Orden del Dodecaedro Blanco era significativa. Para Platón y Kepler, cada uno a su manera, el dodecaedro representaba al universo entero por ser la forma más cercana a la perfección de entre los sólidos regulares. Para Torroja y Suanzes, simbolizaba su propia posición en el centro del Nuevo Estado, una posición que aspiraban a usar para cambiar la faz de España.

4. Punto Azul: Estado regulador, empresa privada e integración económica europea

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Punto Azul: Estado regulador, empresa privada e integración

económica europea

SEGUIMOS CON EDUARDO TORROJA en el Instituto de la Construcción y del Cemento. Una vez que hemos penetrado en el proyecto industrializador que fomentaba y que se ensayó en Costillares, podemos preguntarnos por la conexión entre el laboratorio y el paisaje español más allá de su entorno madrileño. El capítulo anterior terminaba refiriéndose a las casas baratas y el siguiente se dedica a los embalses, los famosos pantanos de Franco. Ambos tipos de construcciones eran clave en el proyecto de industrialización de la construcción promovido por Torroja y sus colaboradores, y ambos requerían reconsiderar desde las «ciencias de la construcción» cuestiones tan diversas como el cálculo de estructuras, la calidad de los materiales o las relaciones entre la empresa pública y la privada. Este capítulo trata de este último tema, el lugar del ITCC en las cambiantes relaciones entre las empresas privadas y las estructuras estatales. Este importante asunto nos llevará al paso del Estado corporativo al Estado regulador y a la integración tecnológica europea.

Para ello, no nos centraremos en construcciones concretas —silos, casas, presas— sino en elementos constructivos, en particular, en un proyecto de regulación de viguetas de hormigón pretensado que se ideó en 1958, se anunció en 1959 y se canceló en 1960. Se trataba de Punto Azul, un logotipo azulado que iría estampado en elementos estructurales de construcción como medio de certificar que cumplían ciertos estándares mínimos de calidad y seguridad. En un primer momento se experimentaría con una norma provisional para viguetas de hormigón pretensado fabricadas en serie, uno de los primeros elementos al que se había aplicado la nueva técnica del pretensado y cuyo uso se había propagado entre los fabricantes españoles, dada la mayor solidez que daba a las estructuras con precios más bajos. Pero el objetivo era más ambicioso: los técnicos del ITCC intervendrían en la transformación del territorio y economía españoles no solamente mediante la construcción directa de obras públicas y privadas y mediante la participación en el control del mercado de cemento, sino también estableciendo normas por las que los fabricantes privados habrían de guiarse.

Estas normas servirían para fomentar la prefabricación, la estandarización y la investigación, es decir, el papel de esa amalgama llamada «ciencias de la construcción» en la constitución del régimen. Los fabricantes resistieron con éxito al proyecto, y la lucha desgastó al ITCC y puso fin a sus días de gloria. En el proceso, sin embargo, se afianzaron los mecanismos que constituirían la intervención estatal mediante la regulación técnica así como las relaciones económicas y técnicas con la naciente Unión Económica Europea.

La historiografía de la ciencia suele situar, con razón, en la Segunda Guerra Mundial la alianza definitiva entre la investigación científica y el estado, sobre todo a través del llamado complejo militar-industrial-universitario[1]. Sin embargo, el uso por parte de los estados de la investigación científica para fijar normas como medio de controlar la industria privada ha recibido mucha menor atención. Según el físico decimonónico James Clerk Maxwell los estándares —en este caso «fundamentales», es decir, los que definen magnitudes o términos con los que las ciencias operan— son «tesoros nacionales» que «el hombre de negocios requiere por mor de la justicia, el hombre de ciencia por mor de la verdad, y al Estado corresponde asegurarse de que nuestras … mediciones se mantengan estables»[2]. Desde los tiempos de Maxwell, parcelas de la realidad cada vez más amplias han sido sometidas al escrutinio de la estandarización; por ello, los procesos de formación de estándares son un terreno muy fértil para el estudio de las relaciones de los ingenieros, el Estado y el interés comercial y también de las relaciones internacionales.

Desde luego, la implicación del Estado en la estandarización no sólo afectó a científicos y tecnólogos, sino a la concepción misma de las funciones del Estado. Los años de la Europa de posguerra vieron el fortalecimiento del Estado como regulador de productos, y no meramente regulador económico. Según Peter Lundgreen, la implicación del Estado, liberal o no, en la regulación de productos estuvo ligada a su creciente papel como consumidor, que justificaba la inversión en instituciones de ensayo y estandarización[3]. Institutos de investigación de todo el mundo aceptaron de buen grado su nuevo papel de proveer a sus industrias nacionales con las herramientas técnicas necesarias para sobrevivir en una situación de competencia económica internacional, puesto que éste no sólo les aseguraba fondos para sus actividades sino que otorgaba relevancia político-económica a los desarrollos de sus disciplinas científicas. La regulación suponía, para científicos e ingenieros, una herramienta especialmente apta para asegurar la relevancia de sus hallazgos fuera del laboratorio.

EL HORMIGÓN PRETENSADO: UN MATERIAL POLÍTICO

Una de las actividades principales del ITCC consistía en ensayar materiales y estructuras para particulares, tanto consumidores como productores. Dependiendo de la prueba requerida, los ensayos eran de carácter matemático (cálculo), físico (mecánica), químico (purezas) o experimental (modelos). Desde principios de los años cincuenta, el número de peticiones para ensayos de este tipo se multiplicó. El volumen era tal que amenazaba con sobrecargar los recursos, limitados, del ITCC[4].

Estos ensayos, sin embargo, constituían uno de los principales puntos de conexión del Instituto con la empresa privada. Permitían al ITCC diseminar sus productos de laboratorio por el paisaje español. Y esto literalmente, puesto que el ITCC ofrecía ensayos in situ de estructuras ya construidas por medio de «laboratorios móviles», furgonetas diseñadas para llevar los métodos y el equipamiento del ITCC a todo el territorio nacional (imagen 4.1). Las pruebas de estos laboratorios comprendían estudios esclerométricos (miden la uniformidad del hormigón), ultrasónicos, radiográficos, de deformaciones, acústicos y otros. No había por tanto que suspender los ensayos, sino armonizarlos con los programas de más largo alcance del ITCC, en especial la industrialización de la construcción. El modo de lograr esta armonía y de explotar una oportunidad única de incidir en la empresa privada era la sistematización de los ensayos[5]. Para ello, Torroja concibió Punto Azul.

Los promotores del proyecto aseguraban que «Punto Azul era una solución técnica basada en consideraciones técnicas para desempeñar una función de investigación técnica para la industria con el menor esfuerzo e inversión posible»[6]. Pero de hecho Punto Azul estaba estrechamente vinculado al proyecto político-económico de industrialización de la construcción que abanderaban los directivos del ITCC. En efecto, Punto Azul, como certificado de mínimos de calidad para productos fabricados en serie, era un modo de promocionar el uso del hormigón pretensado, la prefabricación y la estandarización, todo ello guiado por las «ciencias de la construcción»[7].

«El hormigón pretensado demanda industrialización», a decir de Torroja[8]. El uso del hormigón pretensado no se popularizó hasta la década de 1940. Mientras que el hormigón armado había sido de uso común en la primera mitad del siglo XX, el hormigón pretensado fue prácticamente desconocido hasta 1928, cuando el ingeniero francés Eugène Freyssinet volvió a su estudio y determinó varias características necesarias para su correcto funcionamiento —en especial la calidad del hormigón y la capacidad tensora del acero, ambas superiores a las habituales—.[9] Al igual que el hormigón armado, el pretensado utilizaba el acero para dotar de mayor resistencia y durabilidad a los elementos de hormigón, de modo que pudieran utilizarse como elementos estructurales en diversas construcciones.

IMAGEN 4.1. Laboratorio móvil. AHT/NA/040/001.

Pero mientras que el hormigón armado resultaba de la adición del hormigón a moldes de acero ya en la obra y laboriosos encofrados de madera que exigían mano de obra muy especializada, el hormigón pretensado combinaba hormigón y acero antes de recibir cargas externas en un proceso más complejo que normalmente requería trabajo en el taller (imagen 4.2): se tensaban finos cables de acero y se colocaban en un molde; se rellenaba el molde con hormigón, al cual se fijaba el acero mediante anclajes u otros dispositivos; y, finalmente, se relajaba la tensión de los cables de modo que la pieza en su totalidad sufría precompresión.

Esta técnica neutralizaba tracciones y fuerzas tensoras una vez que la pieza estructural quedaba colocada, de modo que el resultado era un elemento duradero capaz de resistir cargas y presiones elevadas incluso para largas distancias entre puntos de apoyo (luces). La adherencia del hormigón a los cables de acero transformaba los dos materiales en una única pieza; creaban, en palabras de Torroja, un nuevo material, constituyendo, así, «la más fina y compleja de las invenciones actuales en materiales de la construcción»[10].

Hormigón pretensado y prefabricación

Una de las razones por las que el hormigón pretensado merecía la alabanza de Torroja en Razón y ser era que favorecía la prefabricación: «El pretensado y la prefabricación se han impulsado mutuamente». Dado que el material exigía el trabajo en taller, era posible producir elementos pretensados en condiciones totalmente controladas. Esto no solamente permitía un uso más controlado de los materiales y un trabajo más disciplinado y organizado, sino que, además, abría la posibilidad a la producción en masa de dichos elementos. Es decir, y según lo que vimos en el capítulo anterior, el hormigón pretensado favorecía la racionalización del trabajo respetando el genio creativo del ingeniero, que podía diseñar edificios originales con elementos idénticos, siempre y cuando fuera capaz de «salirse de lo clásico y lo tradicional con su ingenio e inventiva».

IMAGEN 4.2. El hormigón pretensado: un cable de acero se tensa, se añade el hormigón y se destensa tras asegurar la adherencia, de modo que toda la pieza se comprime.

Hormigón pretensado y estandarización

La prefabricación, y muy especialmente la producción en masa, no sólo permitía, sino que implicaba, la estandarización. La producción en masa exigía estándares de diseño, en los que la forma de la pieza ha de darse especificada para asegurar su compatibilidad funcional con otras piezas (por ejemplo, el tamaño de las viguetas repercute en el de las edificaciones). Este proceso había ya tenido lugar en diversas líneas de producción industrializadas, tales como cables para telégrafos o partes de coches producidas en una cadena de montaje. Entre las ventajas de este modo de producción estaba la de asegurar la demanda antes de invertir en equipos para producir en serie; según Torroja, «sólo mediante la normalización pueden obtenerse todas las ventajas de la industrialización»[11].

Más acuciantes que los estándares de diseño eran los estándares de rendimientos mínimos, que no definen la forma de las piezas sino sus características funcionales mínimas. En el caso del hormigón pretensado, éstos incluyen no sólo la pieza final sino sus componentes, tales como el cemento, el agua o el acero. La urgencia de estos estándares venía dada porque el uso del hormigón pretensado se había expandido muy rápidamente tras el vencimiento de las patentes de Freyssinet en la Europa de los años cuarenta (durante la guerra, Alemania permitió la violación de estas patentes dada su carestía de acero), ávida de materiales para su reconstrucción[12]. Pero esta expansión estuvo acompañada de falta de experiencia, de condiciones de uso, de recomendaciones, de especificaciones o de instrucciones. La estandarización del pretensado era la vía para salir de la «dispersión existente en el producto», en palabras de técnicos del ITCC.

Hormigón pretensado e investigación científica

Además, el hormigón pretensado era el material idóneo para el desarrollo y expansión de las ciencias de la construcción: «Con el pretensado, la Construcción se separa claramente de ese carácter crudo que solía diferenciarla de otras técnicas» (Razón y ser). Para no romper el acero o el hormigón en el proceso de pretensado, se requerían cálculos complejos y operaciones precisas, lo que acercaba esta técnica al campo en el que Torroja mismo labró su reputación científica: las rupturas estructurales del hormigón. Con la ocasión significativa de su nombramiento como miembro de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1944, Torroja pronunció un discurso titulado «Unificación de teorías de tensión y deformación de hormigón armado en una solución probabilística para la teoría de la ruptura»[13].

El principal colaborador de Torroja en el proyecto de Punto Azul era Alfredo Páez, miembro del ITCC especializado en el comportamiento del hormigón pretensado. En la década de los cincuenta, Torroja y Páez colaboraron para establecer cálculos sobre elementos estructurales de este material[14]. El problema principal al que se enfrentaban, establecer un coeficiente de seguridad que determinara las cargas máximas de un elemento de pretensado, estaba estrechamente unido a la adopción de estándares de rendimiento mínimo. Páez mostró que la teoría clásica de la elasticidad no era suficiente para analizar el comportamiento del acero y el hormigón tras el pretensado, dado que, entre otras cosas, había que incluir la variable «tiempo», causante de la fatiga estructural, no sólo para las presiones finales en la obra sino también para las ejercidas en el taller[15]. Tanto para él como para Torroja este incremento de variables suponía un doble espaldarazo para el ingeniero, pues además de dotar a su labor de mayor complejidad técnica le daba más libertad en el cálculo, y por tanto en el diseño. Se comprende que desde la perspectiva de estos dos ingenieros el hormigón pretensado era clave para dotar a la construcción de estatuto científico o, dicho de otro modo, para dar a sus investigaciones científicas relevancia político-económica en España.

La norma provisional

Estas tres características propias del hormigón pretensado —su compatibilidad con la prefabricación y, en particular, a la producción en masa, las oportunidades que ofrecía a la estandarización y su vinculación con el proyecto de las ciencias de la construcción— hacían de este material el candidato más apropiado para el impulso de la industrialización de la construcción que se pretendía con Punto Azul. Torroja proponía el hormigón pretensado como material más eficiente y económico para todas aquellas estructuras que requiriesen evitar la fractura o ser impermeables, como presas, acueductos, viaductos, tanques de presión, depósitos, etc. El pretensado resistía mejor que el hormigón armado la fatiga producida por vibraciones de grandes máquinas, incluidos trenes. Las estructuras laminares, aquellas por las que Torroja era conocido, también podían sacar partido al material. Pero para que esta expansión se produjese, el pretensado debía primero superar las dificultades que se le presentaban en sus usos más comunes, y Punto Azul sería clave para ello.

Para poner en marcha el servicio, lo primero que había que hacer era definir los estándares de mínimos. Dado que, en España, el uso del nuevo material había prendido especialmente en las viguetas, los técnicos del ITCC (en colaboración con la Asociación Española de Hormigón Pretensado, AEHP) prepararon una norma provisional para viguetas de hormigón pretensado. La norma contenía indicaciones sobre el número de técnicos por fábrica (asunto importante sobre el que volveremos en el último aparatado), sobre la definición de tipos de viguetas, la calidad y rendimiento mínimo de los materiales empleados (por ejemplo, tipos y pureza química del acero y cómo tratarlo, o del hormigón y sus componentes, como el agua y el cemento), las características de los elementos (diámetro del cable de acero y tamaño de las viguetas según carga; cálculos de resistencia de acuerdo a la variable tiempo, a la estructura y las funciones de ésta), y sobre la fabricación y uso en obra (moldes, anclajes, transporte de los materiales, almacenamiento). Por último, la norma también especificaba qué tipos de ensayos se requerían para cada tipo de vigueta[16]. Punto Azul serviría para echar a andar esta norma provisional y ayudar a ajustarla hasta establecer una definitiva.

EL ESTADO REGULADOR: CÓMO CONTROLAR A LA INDUSTRIA PRIVADA

Como vimos en el capítulo anterior, Torroja ostentaba puestos de responsabilidad oficial que le otorgaban poder de decisión en la producción y distribución del cemento, material indispensable para la reconstrucción de posguerra. Por ejemplo, desde su posición de delegado del gobierno para la Industria del Cemento negociaba asignaciones y precios de consumo tanto con los sindicatos verticales como con las asociaciones de empresas privadas. Recordemos que Torroja consideraba que la investigación propia de «las ciencias de la construcción» exigía una amplitud de miras que la convertía en responsabilidad del Estado y que a finales de los años cuarenta había forcejeado con la Asociación Española de Fabricantes del Cemento por el control del laboratorio que habría de construirse con el canon del 1 % impuesto sobre las ventas del cemento.

Desde principios de los años cincuenta, la fuerza de las cementeras y la relajación del control férreo de la producción y la distribución hacían perder influencia a la incidencia por parte del Estado en la producción privada de cemento[17]. Para Torroja, establecer normas parecía un modo de controlar indirectamente la producción desde el ITCC. Complementariamente a la popularización de las «ciencias de la construcción» mediante publicaciones y a la realización de proyectos propios para la industria pública y privada, establecer estándares de peso legal suponía un paso clave para la implementación de la investigación científica y técnica del ITCC en España.

Torroja confiaba en que la industria aceptase voluntariamente esta regulación, y los fabricantes de elementos de hormigón pretensado parecían tener razones para ello.

En 1959, había en España más de doscientas fábricas de viguetas de hormigón pretensado. Aunque muchas tenían laboratorios para ensayos propios, no todas podían costearse equipamientos ni personal cualificado para hacer estos ensayos fiables; es más, no tenían referente con el que comparar sus productos. Además, estos pequeños fabricantes se veían amenazados por la creciente competencia proveniente del aluminio y por el desprestigio del pretensado provocado por los accidentes.

Torroja había fundado en 1949 la Asociación Española de Hormigón Pretensado (AEHP), adjunta al ITCC. La AEHP reunía a técnicos con fabricantes y usuarios, incluidos representantes del Sindicato Vertical del Vidrio y la Cerámica y del Gremio de Hormigón Prefabricado[18]. A mediados de los cincuenta, la AEHP solicitó al ITCC un servicio para ensayar y certificar sus productos de hormigón pretensado, en especial las viguetas de hormigón pretensado, a la espera de que se preparara una norma para su fabricación y uso. Para responder a esta solicitud había que preparar unas normas provisionales: la AEHP estableció una comisión encargada de las instrucciones para la fabricación de viguetas y otra para su uso y el ITCC se encargó de su unificación y de la redacción final de la norma provisional. Para que ésta tuviese efecto, debía establecerse algún modo de certificar que se había seguido, con objeto de que quien ignorase los nuevos estándares quedase excluido del mercado.

A este fin, Torroja presentó Punto Azul en una reunión de la AEHP en 1959, como servicio para certificar los elementos fabricados en serie que habían seguido la norma[19]. En abril de 1960 se aprobaron los estatutos de Punto Azul en una reunión a la que acudieron unos setenta fabricantes, la Oficina de la Propiedad Industrial aprobó el logotipo y en mayo se publicitó a los fabricantes de viguetas[20]. Pronto, las viguetas de un fabricante de Orense quedaron adornadas con el primer sello azul[21]. Pese a todos estos esfuerzos, Punto Azul no sobrevivió el invierno.

A menudo en la historia reciente del capitalismo industrial, los grupos profesionales que han presionado para la implantación de reglas numéricas objetivas lo han hecho como defensa ante una situación de debilidad; mientras tanto, grupos que no necesitaban este tipo de protección han sido más reacios a adoptar estándares numéricos[22]. En nuestro caso, los pequeños fabricantes de elementos estructurales de hormigón pretensado, ante la competencia de otros materiales y el descrédito del suyo, accedieron a someterse a los estándares que proponía el ITCC; sin embargo, fabricantes mayores, de establecido prestigio y mercado, se opusieron con fuerza a la nueva norma.

Los conflictos venían de atrás. Cuando en 1948 el ITCC propuso una norma para el cemento Portland ajustada a otras europeas, los fabricantes, liderados por Federico Ynzenga Griñán (?-1952, director de Cementos Portland, S. A., y presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Cemento) y por Patricio Palomar Collado (1898-1980, ingeniero industrial que compaginaba su trabajo en la empresa privada con una cátedra en la Escuela Industrial de Barcelona), se opusieron con argumentos contundentes: «la norma será buena para países desarrollados con libertad de comercio, aunque incluso para esos países afecta a demasiados tipos de cemento. Pero en España sería desastrosa para el futuro del cemento Portland. Si el cemento Portland se interviene fuertemente y el resto no, habrá una explosión de pastas más o menos efectivas que reclamarán el nombre de “cemento”»[23].

Jaime Nadal, impulsor de aquella norma (y que, años después, sería sucesor de Torroja al frente del ITCC tras el fallecimiento de éste), lamentaba que «el mayor error de la técnica nacional fue no cambiar las Instrucciones … no aceptar los ensayos y control de la producción. Cuando mencionábamos el asunto, siempre encontrábamos indiferencia … oposición, o retrasos sutiles»[24].

Estos mismos fabricantes del cemento y sus derivados que habían presentado batalla a la norma para el cemento Portland volvieron al combate respecto al hormigón pretensado. La norma provisional preparada por la AEHP era, desde su punto de vista, demasiado estricta, de modo que los fabricantes españoles perderían competitividad frente a los internacionales. No es que los fabricantes rechazasen cualquier norma, sino que ésta fuera impuesta por técnicos del Estado y no de la industria[25]. Palomar era autor de varios libros en los que se adscribía al concepto cristiano de la autarquía expuesto por Pérez del Pulgar y del que hablamos en el capítulo 2. En ellos, sin embargo, defendía que las fábricas privadas de Barcelona y Madrid habían introducido una economía autárquica mucho antes de que fuese política oficial. Siendo él mismo catedrático de universidad, argumentaba que las cementeras tenían ya en 1943 muchos más expertos que los laboratorios del Estado (35 ingenieros industriales, 7 ingenieros de minas, 3 ingenieros civiles, y 12 doctores y 9 licenciados en química, entre otros muchos técnicos[26]).

No se trataba por tanto negar la necesidad de estándares, sino de determinar quién los debía preparar y cómo debían imponerse. Para preparar una norma más adecuada que la propuesta por Nadal, a su punto de vista, Palomar e Ynzenga, junto con otros fabricantes, fundaron la Asociación Técnica para los Derivados del Cemento (ATDC). Cuando años más tarde se lanzó Punto Azul, la ATDC se opuso al servicio frontalmente, alegando que, por su implantación, el ITCC se excedería en sus funciones, pues confundiría su labor con la publicidad comercial para determinadas firmas. Punto Azul debería limitarse a actuar como consultor para pequeños y medianos productores, perdiendo el poder regulador que implica la extensión de certificados[27].

Los promotores de Punto Azul se defendieron: «Punto Azul no tiene interés comercial directo, dado que simplemente refleja resultados objetivos de carácter técnico omitiendo los aspectos sujetos a opinión, tales como las estadísticas económicas y otros»[28]. Los fabricantes opositores no admitían los estándares técnicos del ITCC, por lo que rechazaban esta pretensión de objetividad. Palomar ya no rechazaba la norma en nombre de la autarquía, sino que discutía las ventajas e inconvenientes de una posible incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (algo que no ocurrió hasta 1986) desde el punto de vista de la competitividad del cemento fabricado en España. La ATDC presentó su propia norma para elementos de pretensado y su propia estampa distintiva para certificar su cumplimiento.

Cuando Torroja comprendió que los fabricantes no iban a aceptar la norma tan fácilmente, intentó buscar la solución al conflicto en la fuerza del Estado. Desde el punto de vista de Torroja, se había demostrado que las empresas privadas se centraban demasiado en el interés particular e inmediato, prefiriendo soluciones torpes, perezosas y egoístas al consejo experto de los investigadores. Sólo el control del Estado tenía la independencia, el tiempo y el dinero necesarios para impedir que la actitud suicida de los productores les hiciera quedarse atrás con respecto a otros países. «Francia ha sido capaz de hacer lo que ha hecho porque el Estado consideró el problema interesante, a pesar de la oposición y pesimismo de bastantes industriales y técnicos … El Estado necesita impulsar y dirigir la especialización, al menos en los primeros momentos de su desarrollo»[29].

Para forzar la intervención estatal, Torroja y Nadal contactaron con varios organismos oficiales, como el Ministerio de Industria y el Ministerio de la Vivienda[30]. Sin embargo, no fueron siquiera recibidos. Estos Ministerios no consideraban al ITCC como un organismo de regulación y refirieron el asunto al Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo.

El INRT, del que hablamos en el capítulo anterior, había creado una comisión de estandarización para absorber a la Asociación Española de Normalización, creada en 1924, entre otros por el ingeniero industrial Martín Balzola Menchaca (?-1949), presidente de una de las mayores manufactureras de hierros de España y profesor de la Escuela Especial de Ingeniería Industrial de Bilbao. Balzola se dedicó a traducir los estándares publicados por el Deutsches Institut für Normung (DIN[31]). Tras la guerra estuvo presente en las primeras reuniones sobre cómo incluir a los países neutrales en la proyectada International Standards Organization (ISO), en la que representó a España desde 1946 extraoficialmente, puesto que la admisión oficial no tuvo lugar hasta 1951[32].

Balzola estaba convencido de que la normalización era el único modo de hacer a los ingenieros relevantes en la economía política española[33]. En 1946 fue nombrado director de la Comisión de Normalización del INRT. Dentro de esa Comisión, nombró a Torroja director de la Sección de la Construcción. Pero Ynzenga y Palomar eran también miembros de esa Sección y debían dar el visto bueno a cualquier norma. Con Punto Azul, Torroja había tratado de atajar la complejidad burocrática de la UNE e imponer el criterio de los ingenieros civiles del ITCC sobre el de los ingenieros industriales que trabajaban para empresas privadas. La oposición era tanto económica como gremial. Los ingenieros de Franco, como veremos en capítulos posteriores, no formaban un único cuerpo cohesionado.

Antes de ordenar la definitiva cancelación de Punto Azul, el Patronato Juan de la Cierva suprimió una de sus características medulares, la capacidad de certificar series de productos, con el argumento de que «el Instituto, en sus servicios de ayuda técnica, tiene que limitarse a certificar que una pieza determinada satisface las condiciones técnicas que el Instituto especifique; cualquier otra intervención, tales como las implicadas en Punto Azul, competiría con otras oficinas de la Administración y no sería adecuada a la naturaleza de los institutos del Patronato»[34].

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EUROPEA

Antes de abandonar nosotros también Punto Azul, analicemos un último aspecto del mismo bastante elocuente acerca del papel de los ingenieros en la economía política del régimen: las relaciones internacionales. El alcance de Punto Azul no era sólo nacional: «Este servicio, preparado de acuerdo a las especificaciones y sistemas usados en otros países, establece las bases para un intercambio internacional de carácter técnico, siguiendo el espíritu actualmente dominante en el mundo occidental y, en particular, en Europa»[35]. Para sus impulsores, la industrialización que Punto Azul promovía significaba acercar la construcción española a las nuevas tendencias que se desarrollaban en otros países, especialmente europeos. Veremos que la relación con estos países por parte de los ingenieros del ITCC no era de mera recepción pasiva, sino de una implicación activa que permite conectarla con procesos de integración española en Europa dados a escalas más ambiciosas.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos promovió una reconstrucción que afianzara los lazos económicos y tecnológicos entre los diferentes países europeos. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) se estableció en 1951 y la Comunidad Económica Europea en 1957. El aislamiento político de España no siempre significaba un aislamiento económico, y a España se la trataba de hecho como a un miembro de la CECA[36]. La integración económica de España con otros países europeos quedó patente con su ingreso como miembro asociado en la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) en 1956, pero venía ya siendo ensayada desde finales de la década de los cuarenta para preservar los resultados de importantes acuerdos bilaterales, especialmente a raíz de la participación española en los primeros acuerdos de comercio europeos para agricultura, el Green Pool de la primera mitad de los años cincuenta[37].

Se suele vincular el inicio de la integración económica de España en Europa al informe de la OECE de 1959, muy crítico con la política económica del régimen, así como al Plan de Estabilización de la misma época; éste también se considera el punto de inflexión clave para las políticas científicas y técnicas del régimen[38]. Sin embargo, la estrategia española de ignorar el aislamiento por parte de organizaciones políticas y centrarse en las económicas era anterior a esa fecha, y afectaba también a la integración técnica; por ejemplo, favoreciendo el ingreso en las incipientes organizaciones de estandarización. Así, España no ingresó en la ONU hasta 1955, y sin embargo formaba parte de la ISO desde 1951 (y Balzola asistía a las reuniones desde su fundación en 1946).

Los historiadores reconocen que diferentes familias políticas dentro del franquismo percibían de modo diverso estos procesos de integración[39]. Sin embargo, han dejado generalmente de lado el papel de los ingenieros, particularmente en lo referido a la «integración tecnológica europea»[40]. Ésta afectaba de modo inmediato al sector de la construcción, un sector además que no estaba sujeto al secretismo tanto como otros[41]. Por supuesto, las organizaciones internacionales de estandarización servían a muy distintos intereses y sus resultados no siempre eran armónicos. Muchas de las creadas en Francia surgieron en el territorio ocupado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial[42]. Terminada ésta, tales organizaciones, algunas dedicadas a la construcción, se preservaron con vistas a asegurar el liderazgo francés en la reconstrucción europea como respuesta a la creciente producción alemana[43].

Otras organizaciones internacionales surgieron ya acabada la guerra, incluidas las dedicadas al hormigón: la Fédération Internationale de la Précontrainte (FIP) y el Comité Européen du Béton (CEB; hoy, ambas están fundidas en la FIB) fundadas en 1951 y 1953, respectivamente. La primera se fundó bajo la presidencia de Eugène Freyssinet, arropado por la francesa Association Scientifique de la Précontrainte con la intención de reunir a industriales y técnicos[44]. La segunda apareció bajo los auspicios del constructor francés Balency-Béarn con ánimo de unificar la investigación y aplicaciones referentes al hormigón armado. Los historiadores Jupp Grote y Bernard Marrey sí han enfocado la historia del hormigón pretensado desde la perspectiva de las relaciones europeas, con importantes resultados relativos al uso y desarrollo del pretensado en la Segunda Guerra Mundial[45]. Pero su análisis se detiene en 1945 y no contempla el papel de los países de Europa del sur. Sin embargo, los ingenieros en torno al ITCC tuvieron un papel central y activo en el período de posguerra.

Para Torroja, promover las «ciencias de la construcción» en España exigía participar en los avances que ocurrían en otros países. La buena reputación internacional de Torroja le servía para estrechar los vínculos de la construcción española con el exterior. Así, Torroja fue el único delegado español en la reunión de 1948 de la International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), de la que fue nombrado asesor técnico en 1951. En 1954, año en el que Torroja recibió el primero de cuatro doctorados honoris causa en universidades de fuera de España, la IABSE celebró su congreso en el recién estrenado Costillares, el cual mereció las alabanzas de los asistentes por estar «diseñado de acuerdo a los más modernos estándares»[46].

La actividad internacional de Torroja incluyó al ITCC en numerosas ocasiones, como, por ejemplo, la organización en 1950 de una reunión en Moscú del Consejo Internacional de la Edificación y la soviética Academia de la Construcción y la Edificación, una gestión que fue descrita por el ITCC como una mediación entre el Este y el Oeste. Y, coincidiendo con la construcción del laboratorio Costillares en 1953, el ITCC publicó un número especial sobre más de treinta laboratorios de investigación de la construcción de todo el mundo[47]. Torroja animó activamente a la constitución de nuevas organizaciones internacionales, especialmente con colegas europeos, como el International Meeting of Laboratories of Research on Materials o la International Association for Shell Structures, cuya reunión fundacional se celebró en 1959 en Costillares, por ser, entre otras cosas gracias a los modelos que en ella se construían, «una institución única en el mundo para la investigación en nuevas estructuras, especialmente laminares»[48].

Tanto Torroja como Alfredo Páez estuvieron vinculados a la FIP y al CEB desde sus inicios. Torroja fue miembro fundador de ambas, vicepresidente del CEB y, tras varios años en la vicepresidencia de la FIP, sustituyó a Freyssinet en su presidencia en 1958, cuando el idioma español se convirtió, junto con el francés, el inglés y el alemán, en una de las lenguas oficiales de la Federación, que tenía miembros de cuarenta y dos países. Poco después, Páez ocupó la vicepresidencia de la FIP[49]. Desde sendos puestos, ambos dedicaron sus esfuerzos en el exterior a promover la estandarización mediante la creación de normas comunes para los diferentes países. El hormigón pretensado se estaba convirtiendo en un material importante para la inmensa labor de reconstrucción en diversos países de Europa, cuando la escasez de otros materiales, como el hierro, impulsaba el uso de elementos estructurales de materiales nuevos. Pero esta rápida expansión implicaba, al igual que en España, todas las incertidumbres propias de la falta de experiencia. La búsqueda de criterios para elaborar normas fiables era generalizada. Por tanto, en 1955 la FIP acogió la propuesta del ingeniero belga André Paduart para unificar las normas de los diversos países y le encomendó un informe sobre las diversas normas nacionales existentes. Para tal efecto, la FIP le asignó dos ayudantes, uno de ellos Páez[50].

Paralelamente, Páez presentó en los sucesivos congresos de la FIP sus trabajos sobre la necesidad de establecer un coeficiente de seguridad nuevo para el pretensado, dada la insuficiencia de las teorías válidas para otros materiales. De este modo, logró que su propuesta de cálculo para el nuevo coeficiente, o «momento (flector) tope», fuera adoptada por el CEB, cuya instrucción para el hormigón armado fue seguida por la FIP en la elaboración de la suya para el pretensado[51]. El CEB también adoptó, en su reunión de Madrid de 1956, la «parábola de Madrid», o curva nomográfica, desarrollada por Torroja con base en ensayos realizados con modelos en Costillares, para representar la distribución de los esfuerzos en las zonas de compresión[52].

En consecuencia, partes de la norma provisional elaborada por el ITCC y que estaba previsto que Punto Azul ensayara fueron adoptadas en sucesivas versiones provisionales de la norma internacional elaboradas por la FIP y por la definitiva de 1970. Punto Azul era un modo de conectar la construcción nacional a estos desarrollos internacionales. Se concebía como el primer paso para un proceso de estandarización de la construcción europea en el que España tendría un papel activo. La expresión más ambiciosa de este proyecto fue el Agrément, una iniciativa del Centre Scientifique et Technique du Bâtiment realizado con vistas a la armonización de las diferentes técnicas constructivas existentes en Europa y sobre el que Italia y el Benelux habían mostrado interés. Punto Azul pondría a España a la cabeza de este programa de integración técnica europea[53]. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de los directivos del ITCC, esta actividad internacional legitimaba el proyecto doméstico de industrialización de la construcción.

Cuando Punto Azul se topó con la resistencia de los fabricantes, sus promotores buscaron la legitimidad internacional: «No sería lógico ni justo que al preparar las normas nacionales se olvidaran esos éxitos internacionales, que llenan de orgullo a la técnica nacional y a nuestros prestigiosos especialistas»[54]. Sin embargo, esto sólo sirvió para que la ATDC repitiese que la norma propuesta por el ITCC servía para otros países europeos, pero era demasiado estricta para España, que carecía de acero y de cemento de calidad suficientes. Por otro lado, también en las organizaciones internacionales había importantes diferencias entre los constructores y productores y los ingenieros investigadores[55]. Como en el caso del Estado regulador, no se discutía la necesidad de mayor integración, sino quién estuviese a cargo del proceso.

El fracaso de Punto Azul marcó el principio del fin de los días de gloria del ITCC. Aunque ha seguido siendo un centro de referencia desde entonces, su época dorada acabó en la década de los sesenta, al principio de la cual falleció el profesor Torroja. En su conocido «testamento», Torroja culpaba a «los de arriba» de incomprensiones y faltas de apoyo que le impidieron a él y a sus colaboradores desarrollar todos sus proyectos e iniciativas[56]. Seguramente, Punto Azul era una de las frustraciones que el profesor tenía en mente. Sin embargo, la insistencia de Punto Azul en la regulación y su significación en el contexto de la integración tecnológica europea no fueron ni mucho menos desechadas, sino que eran procesos ya en marcha. Por lo que se luchaba era por el control y dirección de estos procesos. La Europa prosaica del cemento y la normalización industrial marchaba subterránea, a la vez oculta y apoyada por cantos más grandilocuentes a la «Europa sublime»[57].

La breve historia de Punto Azul corresponde con la flexión política en el régimen de Franco ocurrida entre los años 1957-1960. Es común encontrarse con la simplificación de esos años como la entrada en el poder de unos tecnócratas del Opus Dei que se ocuparon de liberalizar la economía y hacer así posible el «milagro español». Como ya se advirtió en la introducción y en el capítulo 2, este libro quiere llamar la atención sobre las continuidades entre el llamado primer franquismo y la época posterior. Tanto el paso del control corporativista de la producción por parte del Estado (tema al que vuelve el capítulo 6) a la intervención estatal mediante la regulación, como el paso de la autarquía a la integración económica con otros países fueron graduales. Y, más importante si cabe, no fueron procesos lineales, sino resultado de diversos procesos y de las acciones de quienes luchaban por su control.

5. «Paco el Rana»: la sistematización del Noguera Ribagorzana y los límites del totalitarismo

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«Paco el Rana»: la sistematización

del Noguera Ribagorzana y los

límites del totalitarismo

EN LA MAÑANA DEL 17 DE JUNIO DE 1953, Franco observaba a Ramón Iglesias y Navarrí, obispo de Urgell, bendecir las turbinas de Llesp en el río Noguera Ribagorzana (imagen 5.1). Les rodeaba un grupo de ingenieros, políticos e ingenieros políticos, satisfechos del reconocimiento de las autoridades. La imagen de Franco inaugurando pantanos se asocia todavía hoy con el régimen. Entre 1940 y 1967, se construyeron en España unos trescientos embalses para usos tanto agrícolas como industriales. Saltando de un «queda inaugurado este pantano» al siguiente, Franco recibió el apodo popular de «Paco el Rana».

Más allá de la chanza, ¿qué nos dicen los pantanos de Franco y de su régimen? ¿Quién los construyó y con qué objetivos? ¿Se lograron estos objetivos? Como en el resto del libro, este capítulo va a tratar de responder a algunas de estas preguntas tirando de los diferentes hilos de un caso especialmente rico y significativo. El río Noguera Ribagorzana nace a 2500 metros en las montañas pirenaicas y baja por riscos escarpados separando Huesca de Lérida hasta encontrarse, 130 kilómetros después, con las aguas del Segre, a su vez afluente del Ebro (imagen 5.2). En los quince años entre 1946 y 1961, una compañía estatal instaló doce centrales eléctricas en el río, transformando para siempre el paisaje pirenaico y la economía de la región.

Como anuncié en capítulos anteriores, la construcción de presas no respondía a una obsesión del Generalísimo, sino a los proyectos político-económicos de algunos de los ingenieros activos en la construcción del régimen. En el caso del Noguera Ribagorzana se trataba de nuevo de, entre otros, Suanzes y Torroja. Los deshielos y las lluvias de primavera atrajeron a este río a varias compañías de producción eléctrica, algunas de las cuales se había estrenado en la cuenca adyacente del Noguera Pallaresa en los años veinte y treinta y, para principios de los cuarenta, habían adquirido derechos para el aprovechamiento de las aguas del Ribagorzana e incluso desarrollado planes para las primeras obras[1]. Pero Suanzes echó el ojo al río. Si pudiera aprovechar toda su energía potencial para, conectándolo con la central térmica de Escatrón, alimentar las necesidades del Instituto Nacional de Industria en Barcelona, conseguiría la autarquía que anhelaba para el INI, que a su vez consideraba pieza clave en la promoción de una economía nacional autosuficiente[2]. Aunque la empresa privada habría de ser el principal consumidor de energía eléctrica en España, Suanzes aspiraba a que el INI utilizase un 5 % del total, y por tanto buscaba producir la misma cantidad y así no depender de intereses privados.

Así enfocada, la «sistematización» de toda la cuenca del Ribagorzana requería su control total. Tanto en un sentido científico-técnico de conocimiento y manejo de las condiciones hidrológicas y geológicas como en el sentido político-jurídico de monopolio del poder y los derechos de aprovechamiento eléctrico del río. Por tanto, y en palabras del propio Suanzes, este control debía ser «totalitario», suponía la «acción totalitaria del Estado sobre la totalidad de la economía»[3]. Y sin embargo, como veremos en este capítulo, ambos aspectos del control totalitario del sistema, el técnico y el político, toparon con importantes limitaciones.

IMAGEN 5.1. «Paco el Rana» y el obispo de Urgell acompañados por expertos en la inauguración de una de las primeras centrales del Noguera Ribagorzana en 1953. Fuente: ENHER: n. 7034.

NOGUERA RIBAGORZANA: EL PLAN

En 1931, el ingeniero de caminos Victoriano Muñoz Oms (1900-2000) fundó una empresa privada para extraer carbón en la cuenca del Noguera con un grupo que describía como «los pioneros románticos que descubrieron el mundo industrial del Pirineo ilerdense»[4]. En 1935, el gobierno catalán le encargó preparar un plan oficial para el aprovechamiento de la energía eléctrica de la región. El plan contemplaba la colaboración con tres empresas privadas para la construcción de embalses en el Noguera. Tras la Guerra Civil, sin embargo, Muñoz sondeó a Suanzes como un posible y poderoso nuevo aliado. En algún momento de 1942, Suanzes inició una ronda de negociaciones con las empresas que habían adquirido derechos sobre el río[5]. El objetivo era el control total del río para poder proceder a su regulación integral y sistemática, que en los cálculos más optimistas se decía que podía suministrar el 20 % de la demanda española[6].

IMAGEN 5.2. El río Noguera Ribagorzana. Victoriano Muñoz Oms, «Estudio y sistematización de los recursos hidroeléctricos de la cuenca del Noguera Ribagorzana y plan de ordenación de trabajo» (15 de febrero de 1950). ENHER.

El argumento era técnico, pero sus implicaciones inmediatamente políticas: la sistematización sólo sería posible si una sola mano redactaba y ejecutaba el plan, y ninguna de las privadas tenía capacidad suficiente para llevar a cabo la empresa. Además, las empresas privadas, por definición, primarían el beneficio sobre la producción, desperdiciando un recurso único e indispensable. La transformación del Noguera debía depender de la Administración del Estado. Suanzes logró convencer a Franco de la necesidad de fundar ENHER, la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, encargada en 1946 de transformar el río. Torroja fue nombrado presidente y Muñoz director ejecutivo (imagen 5.3).

El encargo de ENHER era un proyecto de ensueño para los ingenieros, que hablaban de un río «virgen» y comparaban su empresa con la Tennessee Valley Authority, encargada de la sistematización de una cuenca intacta[7]. En otras palabras, el control «totalitario» de Suanzes era para ellos una oportunidad para realizar sus proyectos de tornar el territorio español en productivo. En 1950, Muñoz completó un proyecto detallado de la sistematización de la cuenca con la vista puesta en usar «cada gota de agua y cada metro de desnivel» para «extraer toda la energía posible de la naturaleza»[8]. Las centrales debían coordinarse de modo que la producción alcanzara sus picos en las horas punta de consumo eléctrico en las industrias de Barcelona.

IMAGEN 5.3. El control de la cuenca. En primer plano, alrededor de una maqueta de la cuenca, están de izquierda a derecha Torroja, Carmen Polo y su esposo Franco, Muñoz y Suanzes. Fuente: ENHER: n. 7037.

El giro de una turbina depende del volumen de agua y de la energía cinética de ésta. La energía cinética, a su vez, resulta de la energía potencial del agua conforme desciende de la toma de la presa y se acelera hacia la turbina. Y la energía potencial gravitatoria del agua se incrementa con la altura. Por tanto, la diferencia de altura entre la toma de agua en la presa y la de la turbina bajo ella determina la cantidad de energía que la turbina puede transformar en energía eléctrica. En consecuencia, para que las turbinas del Noguera funcionasen a pleno rendimiento en las horas punta, el proyecto debía asegurar que el volumen de cada embalse fuera suficiente para descargar desde todas las presas a la vez. Muñoz y su equipo debían concebir el río como una unidad, como una máquina coordinada[9].

Muñoz proyectó la creación de trece centrales eléctricas (imagen 5.4; dos de las catorce centrales eran alternativas una a la otra). Algunas de ellas aprovechaban saltos naturales en los lagos de cabecera, pero la mayoría requerían construir presas para elevar la altura del agua y hacerla ganar energía o incluso desviar el agua mediante canales. A mitad de camino río abajo, las aguas del Ribagorzana se desviarían a la cuenca del Noguera Pallaresa, lo que según Muñoz permitiría ganar cien metros de desnivel (imagen 5.4, 1). La producción anual habría de ser de 1341,8 millones kWh.

El proyecto incluía otros elementos necesarios para la transformación total de la cuenca, tales como nuevas carreteras y una red eléctrica que conectara el Ribagorzana con Escatrón y las ciudades de Lérida y Barcelona. De acuerdo con los planes autárquicos del INI, ENHER tendría su propia planta cementera para hacer la construcción más eficiente (imagen 5.4, 2). La principal localidad de la zona, Pont de Suert, habría de ser remodelada para que pudiera alojar a trabajadores de la construcción (que llegaron a ser más de ocho mil) y a sus familias, así como al parque eléctrico central (imagen 5.4, 3).[10]

IMAGEN 5.4. Transformación total. Los puntos rojos y los números añadidos por el autor representan centrales eléctricas proyectadas. Fuente: Victoriano Muñoz Oms, «Estudio y sistematización de los recursos hidroeléctricos de la cuenca del Noguera Ribagorzana y plan de ordenación de trabajo» (15 de febrero de 1950), ENHER.

La producción del río no podía depender de la meteorología. La regulación había de tener en cuenta cambios estacionales y anuales. El Ribagorzana se nutre del deshielo en primavera. Por tanto, para mantener un caudal mínimo todo el año, los ingenieros de ENHER calcularon las variaciones de la cantidad de agua en los diferentes meses de un año medio y diseñaron el tamaño de los diferentes embalses y presas en consonancia. Además, había que asegurar que siempre hubiera suficiente agua reservada para hacer frente a la demanda de un año especialmente seco. Sin embargo, mientras que las diferencias relativas de caudal entre cada mes se mantienen prácticamente constantes en una región concreta, no hay ley alguna que se aplique a las diferencias interanuales de pluviometría absoluta. Y dejar este asunto a la estadística resultaba demasiado costoso. Por tanto, los ingenieros calcularon la capacidad de las reservas reguladoras interanuales de acuerdo con el año más seco registrado[11].

Algunos de los lagos de cabecera se designaron como reservas reguladoras. Pero la más importante reserva reguladora sería el embalse proyectado para Escales (imagen 5.4, 4). Poco después de él, una presa más pequeña retendría agua para regulación diaria. Desde allí, el agua se transferiría al Noguera Pallaresa y también sería enviada en cantidades controladas a lo largo de un canal de 23,5 km (20 km de los cuales bajo tierra). Y el resto iría a la siguiente presa del Ribagorzana, Montrevey (imagen 5.4, 5). Finalmente, Canelles (imagen 5.4, 6) y Santa Ana (imagen 5.4, 7) también actuarían como embalses reguladores.

LOS LÍMITES DEL TOTALITARISMO (1): AGRICULTURA CONTRA ELECTRICIDAD

Pero el plan tenía un fallo: el control total del río resultó ser imposible. Como suele ocurrir cuando hablamos de agua, había muchos intereses en juego, y los ingenieros de ENHER no los habían tenido en cuenta. Pronto se alzaron varias voces contra el plan. Algunas de las empresas hidroeléctricas que habían perdido los derechos de aprovechamiento iniciaron recursos para aumentar las compensaciones. Pero la oposición más fuerte vino por intereses agrícolas. En las regiones al sur del río en Lérida y Aragón existía una larga tradición de asociaciones de regantes desde que los primeros canales fueran construidos en el siglo XIII. Las más potentes asociaciones se quejaron de que el plan de ENHER no tenía en cuenta los derechos de los regantes. Lo que más les afectaría sería el trasvase al Pallaresa, que destruiría la agricultura de la región regada por la cuenca del Ribagorzana[12]. Estas protestas ascendentes, de abajo arriba en la sociedad política de la época, tal vez hubiesen caído en saco roto si no hubiera sido por el apoyo que recibieron de los Ministerios de Obras Públicas y Agricultura.

IMAGEN 5.5. Planes alternativos: agricultura y electricidad. Fuente: «Plano de conjunto del canal de Aragón y Cataluña, 1955», AGA (04)115, Caja 25/17923.

Es la historia de dos autarquías enfrentadas. Para el INI, la industrialización estaba llamada a «redimir» la economía española. Para ello, la industria pesada debía tener prioridad sobre las necesidades inmediatas. Durante las décadas de 1940 y 1950, a medida que las necesidades básicas de la posguerra se iban cubriendo, esta perspectiva ganó terreno (véase el capítulo 2), pero no sin oposición. En particular, los ingenieros agrónomos consideraban que la independencia de la economía nacional dependía de asegurar el alimento de la población[13]. Cada uno de estos proyectos político-económicos suponía un modo incompatible de ver el río: como una planta de producción eléctrica perfectamente coordinada o como una reserva para regadío.

La postura agraria era sostenida por la Confederación Hidrográfica del Ebro, que tenía planes de expansión para el canal de Aragón y Cataluña (imagen 5.5). Muñoz, temiendo una «lucha delicada entre irrigación y generación de energía», consideraba que el proyecto de la Confederación inflaba las necesidades de agua de modo poco realista para aprovecharse de las obras que tenía que emprender y sufragar ENHER[14]. Sin embargo, lo cierto es que estos planes agrícolas precedían a la entrada de ENHER en la zona. En 1939, unas semanas después del fin de la Guerra Civil, el ministro de Obras Públicas Alfonso Peña Boeuf (a quien hemos encontrado ya en páginas anteriores) aprobó un plan parcial para regadíos que contaba de pleno con un embalse en Santa Ana y que consignaba la ampliación del canal de Aragón y Cataluña como prioritario[15].

En 1941, Peña Boeuf publicó el Plan completo para el Ministerio. Comprendía carreteras, comunicaciones, puertos y obras hidráulicas (las vías férreas fueron sumándose en los años posteriores). La sección de obras hidráulicas contemplaba doblar las hectáreas de regadío, algo que se llevó a cabo en la década de 1940[16].

Pero los planes agrícolas venían incluso de más atrás. Peña Boeuf, siendo él mismo constructor de presas, se sirvió extensamente del Plan Hidrológico Nacional de 1933. Y el autor de aquel Plan, el ingeniero civil Manuel Lorenzo Pardo, bebía a su vez de la tradición regeneracionista que había subrayado la importancia de los regadíos para la renovación de la economía española desde finales del XIX[17]. En lo que se refiere a regadíos, la diferencia más significativa entre el Plan de 1933 y el de 1941 es que el de 1933 se podía permitir hacer más referencias a las exportaciones, aunque el proteccionismo económico estructuraba ya muchas de sus partes[18].

Pero ambos planes compartían la idea de que mejorar la economía española equivalía a transformar su árido solar hispano. Y, lo que es de singular importancia para este capítulo, ninguno de ellos tenía entre sus objetivos la generación de energía eléctrica, que hasta la llegada del INI se consideraba ámbito de la empresa privada. Para Peña Boeuf, el problema urgente era visible desde el aire, sobrevolando España «se puede observar una masa marrón salpicada de líneas verdes señalando los valles. Es un paisaje desolador, ¡muy diferente del panorama sonriente que se disfruta desde el cielo en el resto de Europa!»[19]. Para quienes veían la producción de hidroelectricidad como problema prioritario, en cambio, el paisaje español conformaba un panorama de ventajas inigualables, pues su orografía montañosa ofrecía numerosas posibilidades de aprovechamiento.

Uno de los principales intereses de Lorenzo Pardo había sido el Ebro y sus afluentes, como el Noguera Ribagorzana. El Plan de 1939 otorgaba al Ministerio de Obras Públicas los derechos sobre las aguas a la altura de Santa Ana (el número 7 en la imagen 5.4). Proyectaba la construcción de una sola gran presa para todo el río que se conectaría a un nuevo canal y nutriría los viejos canales tras su ampliación. En negociaciones con ENHER, el Ministerio de Obras Públicas propuso financiar este proyecto, pero solamente si no había trasvase de aguas al Noguera Pallaresa, lo que hubiera supuesto el vaciamiento de toda la mitad sur de la cuenca (y de los canales de regadío).

El Instituto Nacional de Colonización (INC), dependiente del Ministerio de Agricultura, se alió con el Ministerio de Obras Públicas. Como vimos en el capítulo 2, el INC abogaba por la «colonización interna» mediante el regadío y la construcción de «ciudades rurales». La Delegación del Ebro del INC era de las más activas, y entre 1944 y 1961 fundó alrededor de cuarenta pueblos nuevos. A finales de los años cuarenta, centraba su actividad en el canal de Aragón y Cataluña[20]. Las aguas del Noguera eran indispensables para estos proyectos y, junto con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura logró parar el proyecto de trasvase. Los técnicos de ENHER se vieron obligados a revisar el proyecto. El nuevo plan estimaba una producción media anual de 1255,6 millones kWh, una reducción de 86,2 millones de kWh (un 6,5 %) respecto al proyecto original y un duro golpe para los planes de Suanzes para el INI[21].

Una vez decidido que las aguas del Ribagorzana se quedarían en su cuenca, todavía cabían proyectos alternativos dependiendo de los objetivos. Para maximizar la producción de las turbinas, ENHER debía retener el agua en las presas hasta que alcanzara la altura requerida. Según el director del INC, las estimaciones de ENHER no tenían en cuenta las necesidades del regadío. Dado que tres canales debían regar más de cien mil hectáreas y suministrar el agua necesaria para Lérida, el INC estimaba que el Noguera debía proveer entre 569 y 816 hm³ por año. Los cálculos de Muñoz eran de 958 hm³/año, de los cuales 240 hm³ se reservarían para usos agrícolas y el resto lo podría usar ENHER según su criterio. Para el INC, sólo cabían dos opciones, o se construía una nueva reserva en Montrevey (a lo cual ENHER no estaba dispuesto por su excesivo coste; número 5 en imagen 5.4) o se ampliaba la capacidad de Canelles y se vertía agua de acuerdo con las necesidades de la agricultura y no de la producción eléctrica[22].

Los técnicos del INC fueron más allá en sus críticas: acusaron al INI de traicionar las necesidades de la nación y fijarse sólo en las suyas propias. Una reserva mayor en Montrevey podría servir a cuencas adyacentes y aumentar la producción total de energía independientemente de a quién correspondieran los derechos de aprovechamiento. El INI debería sacrificar su independencia y su plan de control total por el bien del conjunto de la región y de la nación[23].

Por tanto, ENHER se veía presionado para construir presas más grandes a la vez que soltar más agua sin tener en cuenta su propia conveniencia de regulación. Para empeorar más las cosas, el año 1948-1949 fue el doble de seco que el año más seco hasta entonces registrado, lo que forzaba a la revisión de los cálculos de reserva interanual, que recordemos se hacían de acuerdo al año más seco registrado. Muñoz presentó los nuevos datos y ajustó los diseños a ellos. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas volvió a atacar, alegando que tanto los datos como la metodología de cálculo estaban sesgados y volvían a ignorar las necesidades agrícolas.

¿Cómo pudo entrar la disputa político-económica en cálculos que en principio parecen objetivos y cuantificables? En primer lugar, los datos de pluviometría dependían de una única estación instalada en la cuenca de 1912 a 1943. Desde 1943, el INI había instalado algún medidor más a lo largo del río y el Ministerio de Obras Públicas había hecho lo propio en Santa Ana, donde planeaba construir su pantano. Curiosamente, los datos hidrológicos de ambos organismos diferían. El Ministerio de Obras Públicas decía que los resultados de ENHER eran demasiado optimistas respecto a la realidad hidrológica de la cuenca[24].

En segundo lugar, el Ministerio de Obras Públicas rechazaba la metodología de Muñoz, en concreto, su uso de la ley inductiva que señalaba que no podía haber dos años muy secos consecutivos (en virtud de que algo así no había ocurrido hasta la fecha). Si se diera el caso, ENHER podía apoyarse en la central térmica de Escatrón. Pero no había nada equivalente para el regadío, de modo que una sequía prolongada sería devastadora para la región. Incluso aceptando que las probabilidades de dos años muy secos consecutivos fueran muy bajas, ¿cómo definir el concepto de «mínimo caudal de agua necesario»? El INC entró en la disputa citando los métodos de Enrique Becerril, un reconocido constructor de presas de regadío. Su principal trabajo sobre reservas interanuales, publicado en 1946, establecía un concepto de «garantía» definido en función de las necesidades agrícolas. Uno de sus ejemplos era el Ribagorzana. Adaptado para el año 1948-1949, el cálculo siguiendo este método exigía un volumen de agua mucho mayor que el recogido en el plan de ENHER[25].

La disputa siguió en informes y contrainformes a lo largo de la década de 1950. En su núcleo estaba la competencia de dos proyectos para la economía política, uno que presentaba la agricultura como la base de la industrialización y otro que veía la industrialización como la solución a todos los problemas agrícolas. A pesar de este cariz fundamentalmente político-económico, la lucha se libraba en los términos técnicos de la pluviometría y la probabilidad, en que cada parte cuestionaba los datos, los métodos y los supuestos del contrario, poniendo en duda la objetividad de los técnicos. Finalmente, ambas partes llegaron a acuerdos que limitaban las aspiraciones del ENHER del control total de la cuenca. En 1946 se había inaugurado la primera central hidroeléctrica del Noguera, pensada para proveer de energía el resto de las obras. La segunda se inauguró en 1951, dos más en 1952, y una quinta en 1953. En 1956, todas las centrales desde Escales río arriba estaban completas[26]. Sin embargo, un nuevo obstáculo esperaba río abajo: la estructura de las montañas.

LOS LÍMITES DEL TOTALITARISMO (2): MODELOS REDUCIDOS Y TERRITORIO

Una vez más, vamos tras los pasos de Eduardo Torroja. Torroja fue reconocido internacionalmente, además de por sus estructuras laminares de hormigón, por su empleo de modelos físicos[27]. Los modelos físicos de estructuras conocieron su apogeo en la década de 1930, y Torroja utilizó modelos de escala reducida ya en 1933 para la construcción del mercado de Algeciras. Para él, los modelos resolvían la tensión entre teoría y utilidad práctica. En ese sentido, eran epítome de las «ciencias de la construcción» con las que Torroja definía su actividad profesional. El papel de los experimentos no era en ellas ornamental ni servía principalmente para falsar teorías, como hubiera dicho el filósofo Karl Popper. Más bien, los experimentos dotaban de soporte material a las teorías elásticas y de equilibrio en tanto que aplicadas a estructuras o directamente servían de sustitutos a una teoría fallida. La independencia de la ingeniería estructural respecto de la mecánica elástica quedaba patente; los modelos, a decir de Torroja, «pueden acercarse a la realidad mucho más que la teoría»[28].

Por supuesto, no es que la física avance a golpe de teorías ni que las disciplinas de investigación pura prescindan de los modelos[29]. Pero el uso de modelos físicos servía a Torroja para subrayar que los fines constructivos imponían a las ciencias de la construcción unos ritmos propios que impedían reducirla a física aplicada. Las carencias de la teoría elástica para el diseño de estructuras, en cualquier caso, no se hicieron apremiantes hasta bien entrado el siglo XX, con la expansión del uso del hormigón armado. Mientras las cúpulas de piedra habían de fiar su resistencia a su propio peso y su estabilidad a grandes muros o contrafuertes, las cubiertas de hierro y de hormigón armado podían ser mucho más ligeras y, como consecuencia, más amplias. Su estabilidad ya no dependía sólo de la compresión, sino de la tracción ofrecida por el refuerzo metálico. Calcular los momentos flectores de una viga simple no es difícil desde la teoría elástica, pero los cálculos se hacían demasiado complejos cuando se trataba de cúpulas o incluso láminas. Aunque hoy en día los ordenadores facilitan muchos de estos cálculos, en la década de 1930 los modelos físicos reducidos permitían ensayar las condiciones de ruptura de una estructura determinada. Fue en esa misma década cuando el análisis dimensional se desarrolló de la mano de los teoremas de similitud desarrollados por el físico Edgar Buckingham y que permitían escalar ciertas propiedades del modelo manteniendo otras.

En España, los estudios de análisis dimensional por parte de ingenieros como Torroja precedieron a los de los físicos, como Julio Palacios[30]. Además de para el mercado de Algeciras, Torroja empleó modelos reducidos para comprobar las pérgolas hormigonadas del Hipódromo de la Zarzuela (1935), que construyó junto al arquitecto Carlos Arniches (quien recordemos, sería años después «redimido» de sus filias republicanas por el diseño de Gévora del Caudillo) y de la doble cúpula del Frontón Recoletos (1935; imagen 5.6) que construyó junto a Secundino Zuanzo[31].

El frontón Recoletos sufrió los bombardeos franquistas sobre Madrid de 1937 y, ya terminada la Guerra Civil, sucumbió, incapaz de soportar su propio peso con su mermada estructura. Como parte de la reconstrucción de la capital del Nuevo Estado, Torroja, junto con un equipo de ayudantes, siguió el agónico proceso de derrumbe del edificio mediante una batería de aparatos de medida y, haciendo de la necesidad virtud, publicó un extenso estudio sobre el comportamiento de ruptura del frontón en los anales de la Real Academia de las Ciencias Exactas en 1942[32]. Esta publicación terminó de decidir su incorporación a la Academia, convirtiéndose en 1944 en su sexto miembro proveniente del clan Torroja. De este modo, las «ciencias de la construcción» se colaban en el templo del saber español al calor de la posguerra, los aparatos de precisión y el estudio sistemático del comportamiento de estructuras.

IMAGEN 5.6. Esquema de las cargas para la prueba del modelo de la doble cúpula para el frontón Recoletos, Torroja, «Estudio de ruptura del frontón Recoletos», Real Academia de Ciencias Exactas, Madrid, 1942.

Como aldabonazo a esta institucionalización de las ciencias de la construcción, fue precisamente en aquel año de 1944 cuando Torroja inauguró el nuevo edificio del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales (LCEM). El LCEM, establecido en 1898 y vinculado a la Escuela de Ingenieros de Canales, Caminos y Puentes de Madrid, había estado más ligado a la enseñanza y los ensayos que a la investigación, actividad que no incorporó entre sus objetivos hasta 1926. En 1940, el Ministerio de Obras Públicas, dirigido por Peña Boeuf, nombró a Torroja director del LCEM. Torroja decidió separar los laboratorios de enseñanza de los de investigación y dedicar un nuevo edificio a estos últimos. El nuevo edifico del LCEM era diseño del propio Torroja y se construyó en las inmediaciones del observatorio astronómico en el madrileño parque del Retiro junto con otros laboratorios del Ministerio de Obras Públicas.

A la hora de dibujar los planos para este laboratorio, Torroja incorporó un nuevo departamento a los de ensayos mecánicos y de materiales que había compuesto hasta la fecha el LCEM: el de modelos reducidos (imagen 5.7). Éstos, que solían hacerse de escala 1/10 (a veces incluso 1/1), requerían mucho espacio, gatos hidráulicos, grúas y otros mecanismos de carga controlada, aparatos de medida de las fuerzas actuantes en el modelo (detectores de deformación, extensómetros, clinómetros, aparatos fotoelásticos), y suelos móviles y aislados del resto del edificio para evitar vibraciones que pudiesen alterar la precisión de las medidas. La precisión era clave: cualquier error se multiplicaría al escalar del modelo a la estructura final. La principal sala dedicada a modelos tenía tres pisos de altura, una longitud de 14 m y una anchura de 7,5 m[33]. El visitante del laboratorio tenía la impresión de estar a pie de obra, lo que viene a reforzar una idea sobre la que volveremos más abajo: los modelos físicos no se relacionaban con la obra final mediante la idea de «representación», sino por vínculos mucho más concretos y fisicalistas.

Pronto los modelos reducidos se convirtieron en la especialidad del LCEM. El director del departamento de modelos, Carlos Benito, que sustituiría a Torroja como director del LCEM al fallecer éste en 1961, atendía encargos nacionales y extranjeros para modelar todo tipo de estructuras, en especial cubiertas laminares. Además de estos trabajos prácticos, el departamento de modelos se dedicaba a la investigación teórica, tanto sobre elasticidad y ruptura como sobre la propia metodología modeladora. Para ello, Torroja y Benito estrecharon colaboraciones con los mayores expertos modelistas, incluyendo el italiano Guido Oberti y el portugués Serafim Laginha. Como vimos en el capítulo anterior, en la historia del hormigón los centros de innovación y producción a veces se encontraban en periferias económicas.

Aunque la era de los modelos físicos se inauguró en Estados Unidos (con la presa Hoover) y ganó gran impulso durante la Segunda Guerra Mundial (especialmente en el campo de la aeronáutica, pero también en análisis estructurales de búnkeres y hangares), en la posguerra los mayores avances estuvieron relacionados con las grandes presas del sur de Europa[34]. Las presas tradicionales, de gravedad, trabajaban deteniendo el empuje del agua por su propio peso. Las de arco, en cambio, funcionaban más bien como una cúpula vertical, repartiendo el peso del agua hacia las paredes de la cerrada. Esto permitía ahorrar mucho material respecto a las de gravedad, aunque a menudo planteaba los mismos problemas de cálculo que apuntamos para las bóvedas de hormigón armado. En Estados Unidos se utilizaba el método «trial-load» para su cálculo, que consideraba fuerzas verticales, como en las presas de gravedad, las combinaba con vectores horizontales, y desarrollaba cálculos para encontrar la solución más resistente. Pero este método, además de resultar a menudo en presas casi tan gruesas como las de gravedad, requería un número de ingenieros que hubiera sido prohibitivo en las condiciones de la posguerra europea[35].

IMAGEN 5.7. Plano del nuevo laboratorio del LCEM, planta principal. LCEM (ed.), Cincuentenario del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de la Construcción, LCEM, Madrid, 1948.

Ya podemos volver al Noguera Ribagorzana: a principios de la década de 1950 Torroja y Benito modelaron una de estas presas de arco para el estrecho de Canelles. Para Torroja, el diseño de Canelles era una oportunidad de demostrar cuán fructíferos podían llegar a ser los vínculos de la ingeniería con la economía política nacional o, más concretamente, para poner a las «ciencias de la construcción» en el centro del Nuevo Estado y, simultáneamente, apoyarse en las obras públicas para afianzar el papel del LCEM en el desarrollo de su disciplina.

Para este doble objetivo, la presa misma tenía que ser experimental, demostrando un nuevo modo de construir que aunara eficiencia económica y maestría técnica (Guido Oberti y otros expertos actuaron como consultores[36]). Con sus 149 m de altura había de ser de las mayores de Europa, pero lo que la haría única sería la novedosa metodología de su diseño, una combinación de modelos a escala reducida y el método «trial-load» en la que el modelo, y no el diseñador, decidiría la forma y características de la presa[37]. Partiendo de un modelo inicial se ensayaron 23 en los que se iban introduciendo sucesivas modificaciones en términos de resistencia del material, momentos flectores, grosor en diferentes puntos, etc. Los primeros modelos se ensayaron hasta la ruptura[38].

Como se dijo más arriba, mantener las escalas era clave para hacer relevante el modelo. En materiales elásticos como el hormigón, una de las magnitudes más difíciles de escalar es la variable «tiempo». El tiempo de secado y enfriamiento, los tiempos de carga, y la duración de una determinada fuerza actuante son determinantes para establecer las propiedades elásticas de una estructura y su límite elástico, es decir, el momento en que su comportamiento se hace plástico, produciéndose deformaciones permanentes o rupturas (imagen 5.8). El material elegido y producido al efecto, litargel, escalaba las propiedades resistentes del hormigón que se iba a emplear en Canelles[39]. El agua con que se ensayaban los modelos se vertía escalando los tiempos en que se llenaría el embalse de Canelles. Las paredes de la garganta también estaban modeladas. Cada una de estas operaciones requería cálculos y diseños muy especializados y habilidades constructivas e instrumentales muy precisas, así como abundante personal, tiempo, espacio y dinero.

Por fin, la presa se completó en 1956 (imagen 5.9), y su relación superficie/volumen, una de las más óptimas hasta la fecha en presas de ese tipo, permitieron a Torroja presentarla como una innovación tecnológica[40]. Sin embargo, las paredes de la cuenca del Ribagorzana impidieron que Torroja ganara fama como constructor de presas y que ENHER lograra sus objetivos de sistematización del río en el plazo previsto: ¡el embalse perdía agua por una de las laderas hacia la cual el arco de la presa la empujaba[41]!

El proceso de sellar las pérdidas llevó quince años y demostró que, aunque los modelos de Torroja y Benito habían tenido en cuenta las características geológicas del embalse de Canelles y habían escalado las propiedades elásticas de las paredes, también habían supuesto la homogeneidad de la roca sin prestar suficiente atención a fracturas, simas y estratos[42]. En España, al igual que en el ámbito internacional, tales estudios no se hicieron comunes hasta finales de la década de 1950[43].

IMAGEN 5.8. Escala de tiempos entre el modelo (ε’M) y la estructura final (ε’R) para comparar límites elásticos. Carlos Benito, Comprobación experimental de cubiertas laminares, por medio de modelos reducidos. Normas de Ensayo del Laboratorio Central, 97. Laboratorio Central de Ensayo de Materiales, Madrid, 1959.

El plan de Suanzes para la transformación total y sistemática del Noguera Ribagorzana era explícitamente totalitario. Y abarcar todos los aspectos desde un solo puesto de mando es, según múltiples autores, la definición misma del fascismo, precisamente en lo que tiene de totalitarismo[44]. Sin embargo, como hemos visto, el totalitarismo de Suanzes chocaba con múltiples obstáculos y otros poderes existentes dentro de la sociedad política de la época lo neutralizaban hasta hacerlo imposible. El totalitarismo era una aspiración de Suanzes y otros, pero no sirve como categoría historiográfica para ensamblar un relato sólido del Ribagorzana ni del franquismo.

IMAGEN 5.9. Canelles, ENHER (ed.), XXV aniversario, ENHER, Barcelona, 1972.

Los fuertes intereses relacionados con la agricultura de la zona libraron una batalla que se libró en gran parte en términos técnicos, tanto jurídicos como, como hemos visto aquí, hidráulicos. El proyecto de autarquía basado en la producción agrícola irrigada por el agua retenida en las presas (algo sobre lo que vuelve el siguiente capítulo) convivía con el proyecto autárquico de generación de energía para la producción industrial. La competencia por los recursos, entre ellos el agua, estaba servida.

Tampoco era total el control del paso de los modelos de laboratorio y proyectos del gabinete al territorio. Tradicionalmente, el papel de los modelos físicos se ha cifrado en su capacidad de «representar la realidad»[45]. Sin embargo, los modelos son tan reales como la presa a la que modelan, y su función va mucho más allá de la representación; tiene que ver con la intervención y la transformación[46]. Lo que permite a los modelos ser relevantes para la estructura final no son sólo las analogías y similitudes, sino la circulación de materiales, conocimientos, grupos de trabajo y técnicas constructivas del laboratorio al lugar de construcción. Los modelos físicos reducidos se convertían así en verdaderos mediadores entre el de laboratorio y el territorio español, objetivo último de la propuesta industrializadora de Torroja. Pero esta mediación estaba sujeta a imprevistos que impidieron al Noguera Ribagorzana convertirse en la máquina orgánica que se había proyectado.

6. El arroz del Guadalquivir: genética y sindicatos verticales

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El arroz del Guadalquivir: genética y sindicatos verticales

DURANTE LA GUERRA CIVIL los principales cultivos de arroz quedaron en zona republicana. En un esfuerzo por aumentar las fuentes de hidratos de carbono para mantener a las tropas nacionales, el general Queipo de Llano encargó al terrateniente olivarero Rafael Beca, de familia tradicionalista, convertir la marisma del Guadalquivir en un gigantesco cultivo de arroz[1]. En pocos años, Beca satisfizo con creces el encargo y hoy en día la marisma es la tercera zona en producción de toda Europa. Diversos autores han señalado los modos en los que el incipiente Estado franquista colaboró con Beca en esta tarea: expropiando tierras, construyendo canales con la mano de obra barata de presos políticos y de guerra, trasladando a expertos colonos valencianos a la zona, erigiendo poblados de colonización y estableciendo cotos arroceros[2]. Sin embargo, un componente esencial ha pasado desapercibido: las semillas.

En 1936 Beca mandó un equipo experto a conseguir semillas de arroz italianas. Tres años después, sin embargo, las semillas que se plantaban en Sevilla provenían de Valencia. Se trataba de granos de variedades en muchos casos nuevas obtenidas por hibridación en el laboratorio de genética de la Estación Arrocera de Sueca (EAS) y distribuidas a través de una compleja red de sindicatos verticales. La historia de la genética previa a la biología molecular está estrechamente relacionada con la agricultura y, más en concreto, con estructuras estatales de producción agrícola[3]. En el caso español esto ocurrió de un modo muy específico: aunque la EAS había comenzado a investigar y producir híbridos antes de la Guerra Civil y ya tenía contacto con asociaciones arroceras, fue su imbricación en las nuevas estructuras verticales del Estado corporativo lo que le permitió plantearse como horizonte la selección genealógica y la cosecha nacional.

Seguir a los granos híbridos de la EAS en su ruta hacia el Guadalquivir demuestra la necesidad que tiene todo aquel que quiera entender el Estado franquista de atender al papel de los científicos e ingenieros en su construcción. El lugar central del laboratorio de Sueca en la nueva economía autárquica materializó y desarrolló la política corporativa característica del Nuevo Estado franquista.

«EL ARROZ DE LA VICTORIA»

En 1933 se creó en Valencia la Federación Sindical de Agricultores Arroceros. Se trataba de una unión entre productores para evitar las guerras de precios y establecer sistemas de ayuda mutua. Los organizadores, liderados por Ramón Rodríguez-Roda, veían esto como un paso hacia una economía intermedia entre el laissez faire y el intervencionismo comunista, como una reforma del capitalismo desde abajo[4]. En 1939, en parte siguiendo los planes dejados por Ramiro Ledesma Ramos para el Servicio Nacional del Trigo, el nuevo gobierno comandado por Franco estableció sindicatos verticales para regular el ciclo productivo a nivel nacional[5]. Rodríguez-Roda organizó un acto en el que entregó a Franco un arca grabada con los motivos del bando nacional que contenía lo que llamó «el arroz de la victoria» (imagen 6.1). Un arroz, a decir de Rodríguez-Roda, recogido bajo las bombas enemigas para gloria de la patria. Esto fue posible, concluía Rodríguez-Roda, gracias al esfuerzo de la Federación, que debía considerarse precedente del incipiente sistema corporativo de organización vertical[6].

Sin embargo, esta reconstrucción teleológica de la historia de la Federación obviaba tres novedades esenciales a la nueva estructura corporativa. En primer lugar, el nuevo sistema sindical era nacional. Por ejemplo, al integrarse en el nuevo sistema la Federación añadió a su nombre «de España» (FSAAE) y a su jurisdicción áreas más allá de Valencia, como Tarragona, Castellón o los nuevos productores de Sevilla. En segundo lugar, el nuevo sistema no trataba de organizar la producción capitalista desde abajo, sino de arriba abajo. El problema ya no era cómo combatir los bajos precios debido a la sobreproducción, sino cómo producir lo suficiente para mantener a una población hambrienta en una economía posbélica de racionamiento, mercado negro y difícil acceso a fertilizantes. En tercer lugar, la nueva estructura trataba de integrar el ciclo productivo completo: el trabajo, el capital y los precios de distribución. La FSAAE se vio integrada en una estructura compleja de organización vertical jerárquica y en coordinación horizontal con estructuras similares para otras ramas productivas (aunque esta coordinación fuera en ocasiones polémica o meramente teórica[7]).

La FSAAE hubo de coordinarse con una federación similar de industriales procesadores del arroz y ambas se vieron integradas en el Sindicato Nacional del Arroz, que incluía a los trabajadores y que a su vez dependía de la Delegación Sindical del Arroz del Sindicato Nacional de Cereales. La Delegación Sindical del Arroz organizaba la producción nacional en coordinación con la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, encargada de los racionamientos. Ambas contaban con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INIA), creado en 1940 y en el que se integró la EAS. El capital y el trabajo, la producción y el procesamiento, la distribución y los precios, estaban integrados en una estructura vertical estatal de la cual también formaba parte la asistencia técnica.

IMAGEN 6.1. «El arroz de la victoria». Francisco Ramón Rodríguez-Roda, Una cosecha de arroz. Ilustraciones especiales de Genaro Lahuerta y Pedro de Valencia, FSAAE, Valencia, 1940.

Dentro de esta estructura, la FSAAE adquiría funciones totalmente nuevas. La FSAAE era la encargada de comprar la cosecha a los productores a un precio estipulado por el Sindicato Nacional del Arroz por medio de los sindicatos locales y de asegurarse de que la producción no se derivaba al lucrativo mercado negro. La FSAAE proveía de fertilizantes y créditos sin intereses a los productores y de asistencia educativa, médica y religiosa a los trabajadores. Para este capítulo, lo importante es que entre las nuevas tareas de la FSAAE estaba la venta de semillas a los productores[8].

Por tanto, los agricultores dependían de la FSAAE mucho más que en el pasado y, dado que ésta dependía a su vez de la Delegación, en estrecho contacto con la EAS, se abrían nuevas posibilidades para la distribución de las semillas producidas en el laboratorio. Como representante del INIA en la estructura vertical, la EAS tenía la última palabra ante la FSAAE en lo relativo a la calidad del producto. Retomando el hilo del capítulo 4, la posición de la EAS en el sindicato daba una nueva dimensión a su poder de normalización y estandarización. En palabras del director de la EAS desde 1935, el ingeniero agrónomo Álvaro de Ansorena y Sáenz de Jubera, la integración vertical «del ciclo productivo completo y sus actividades, desde el cultivo a la distribución a los consumidores», confería a su cargo de director una nueva «posición de asesor de la FSAAE. Por tanto, el centro de investigación, su labor técnica, y sus recursos para la investigación y la distribución de información pertenece al Sindicato, contribuye al Sindicato … y provee a los agricultores con las mejores semillas y fertilizantes posibles»[9].

La propia carrera de De Ansorena ayuda a entender el papel de la EAS en el Estado corporativo. Nacido en Madrid en 1904 (posiblemente 1905), De Ansorena se graduó como ingeniero agrónomo en 1930, lo que significa que cursó el nuevo plan de estudios de 1924 que subrayaba la profundidad científica y los cursos en economía política[10]. En 1933, De Ansorena llegó a agrónomo de tercera clase del Cuerpo, formado por unos trescientos agrónomos en 1940 y a la cúspide de cuyo escalafón llegaría unos años más tarde. También en 1933 fue nombrado director de una estación secundaria de naranjas en Murcia y de allí fue a Sueca como director de la EAS en 1935. Durante 1937 y 1938, De Ansorena se vio forzado por el gobierno republicano a renunciar a su puesto, al que volvió con atribuciones redobladas tras el triunfo franquista: desde mediados de la década de 1940 ostentaba a la vez los cargos de delegado sindical del Arroz y el encargado del arroz para la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. Por tanto, él determinaba los precios a los que se compraban y vendían las diferentes variedades de arroz, una posición que le permitía privilegiar los granos que consideraba más apropiados para la producción nacional, sujeta así a un nuevo grado de estandarización[11].

Aunque estos dos puestos confirmaban a De Ansorena como principal representante de la Administración en el sector del arroz, ya en 1945 anunció en Siembra un tiempo en el que la intervención del Estado ya no sería necesaria para la producción de arroz[12]. Mientras tanto, sin embargo, sacaría todo el partido a esta intervención para promocionar su propia carrera como ingeniero político y, de manera menos cínica, el papel de su investigación en genética para la economía política de la nueva España. En 1947 De Ansorena dejó ambos cargos, aunque no el de director de la EAS, para convertirse en asesor técnico del Ministerio de Agricultura, uno de los puestos de mayor influencia sobre la estructura corporativa, que completaría tres años después al ser nombrado delegado nacional del Servicio Nacional del Trigo[13]. Como he indicado en otras ocasiones a lo largo de este libro, sería desajustado decir que De Ansorena trabajaba bajo el franquismo o a pesar de él. Más bien, en cierto modo era él quien movilizaba los recursos del Nuevo Estado para sus propios planes y proyectos tanto profesionales como para la nación.

Aunque pudiera parecer que esta carrera es más propia de un burócrata que de un científico, para De Ansorena ambas actividades se complementaban mutuamente. De Ansorena y su equipo en la EAS publicaron la mitad de los 41 libros y artículos sobre arroz que aparecieron en España entre 1939 y 1954, y todos los que de entre ellos trataban sobre genética arrocera[14]. En 1954, como una suerte de legado científico coincidiendo con su retiro de la EAS, De Ansorena publicó un número especial de Anales del INIA sobre las variedades de arroz en España, escrito en colaboración con otros tres investigadores de la estación[15]. Este volumen de doscientas páginas contenía, tras un repaso a la bibliografía relevante, una historia de las variedades de arroz cultivadas en España desde el siglo XIX, dedicando el apartado más largo a las variedades importadas por la EAS y, sobre todo, a las obtenidas por la EAS por hibridación y selección genealógica desde finales de la década de 1920. Como colofón, describía las actividades de mejora del arroz llevadas a cabo en la EAS en 1952. La obra era básicamente una clasificación botánica que tenía en cuenta la capacidad de germinación, la resistencia a las plagas o al pandeo, la longitud del grano de acuerdo con las preferencias de los consumidores, y las fechas de germinación y posibilidades de coordinación de la cosecha. Todos estos caracteres estaban directamente vinculados a la producción agrícola. De este modo la economía política entraba de lleno en la investigación botánica y genética.

Era su calidad de experto científico la que investía a De Ansorena de autoridad sobre los productores sindicados y, por tanto, sobre el territorio español. Entre 1945 y 1953, el personal de la EAS incluía dos ingenieros agrónomos, al menos un perito, un licenciado en química, al menos dos ayudantes de laboratorio, un capataz y cuadrillas temporeras para las plantaciones[16]. Pero el verdadero poder de la EAS surgía de su nueva situación en la cumbre de la jerarquía corporativa, que permitía a De Ansorena convertir su disciplina en inmediatamente relevante para la economía política franquista. Las siguientes secciones profundizan en la relación entre ciencia genética y estructura corporativa para desgranar sus efectos reales sobre el territorio.

VARIEDADES DE EXPERTOS

Los contactos entre la EAS y los agricultores no eran nuevos y, sin embargo, nunca había existido una relación jerárquica, ya que los agricultores siempre se habían reivindicado ellos mismos como expertos. La cientificidad que otorgaba autoridad a la EAS hubo de construirse con los años y sólo se realizó plenamente con su inserción en el nuevo entramado sindical. Para explicar esto brevemente hemos de remontarnos a la creación de la EAS en 1913, que respondió tanto a una reclamación de los agricultores valencianos como a una política gubernamental de creación de estaciones experimentales. Entre 1910 y 1917, el número de estaciones agrícolas ascendió de 35 a 77[17].

En la dirección de cada estación se encontraba al menos un ingeniero agrónomo, disciplina introducida en la universidad española en 1855. Mientras la educación de los peritos agrícolas estaba más apegada a la práctica diaria, la de los ingenieros agrónomos combinaba el dominio de las ciencias de la época con el conocimiento de la economía política española. Emilio Gómez Ayau, uno de los protagonistas del capítulo 2 de este libro, fue el director de la Escuela Técnica de Ingenieros Agrónomos durante los años cuarenta y reforzó la presencia de asuntos sociales y económico-políticos en los planes de estudio. Hasta bien entrada la década de 1950, además, la carrera de ingeniero agrónomo estaba, como la de ingeniero de caminos, fuertemente vinculada a la Administración del Estado. Los nuevos licenciados pasaban a formar parte del escalafón del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, creado en 1879[18]. De estas filas surgieron muchos políticos, parlamentarios y ministros a lo largo del siglo XX.

Aunque la EAS abrió sus puertas en 1913, hasta 1922 no recibió fondos suficientes para desarrollar sus actividades. Ese mismo año entró como director el ingeniero agrónomo Rafael Font de Mora y Lloréns (1893-1978), quien hubo de organizar los laboratorios y campos de experimentación. Aunque se había graduado recientemente, había sido director durante dos años de la granja experimental de cítricos de Burjassot, también en Valencia. En 1925 obtuvo una beca del Ministerio de Fomento para pasar unos meses en Italia con Novalli Novelli, jefe de la Estación Experimental de Vercelli, catapultada a la fama pocos años después por Silvana Mangano en la película Arroz amargo[19].

Allí no sólo aprendió técnicas de manipulación genética del arroz, sino también modelos de organización del trabajo agrícola, de la producción y de la distribución de semillas. A su vuelta de Italia preparó el laboratorio de Sueca para una visita del rey Alfonso XIII con degustación de paella incluida y para análisis químicos de fitopatologías, estudios macro y microscópicos de semillas y plantas, e instaló parcelas para la mejora y selección de variedades[20]. Pero su trabajo iba «más allá del laboratorio», por decirlo en sus propias palabras: asesoraba a los agricultores en cuestiones técnicas y organizativas, de modo que fue uno de los promotores de las cámaras de comercio de Sueca y Amposta, a su vez germen del que brotó la FSAAE[21]. Estos vínculos con los productores hicieron a la EAS relevante en la producción de arroz, al menos al nivel local.

Font de Mora introdujo en España la técnica innovadora de hibridación de arroz, hasta entonces bloqueada porque se pensaba que el arroz se reproducía por cleistogamia, es decir, autopolinizándose sin abrir la flor y por tanto sin dar lugar al intercambio de polen ni a la manipulación con las técnicas del momento. Además, la enorme variedad natural del arroz hacía que los agricultores fueran mucho más lentos a la hora de desarrollar nuevas variedades mejoradas que sus colegas especializados en otros cereales (en particular el trigo). Sin embargo, varias investigaciones demostraron que la mayoría de las variedades más comunes del sur de Europa, aunque se reproducían por autopolinización, abrían la flor antes de que ésta se produjese. Esto permitía la manipulación del polen. A finales de los años veinte comenzaron a establecerse los primeros resultados y las técnicas de mejora de arroz se extendieron por las estaciones agrícolas del mundo en la década siguiente[22].

En 1952, José María Carrasco García, perito agrícola recién jubilado de la EAS, publicó un libro dirigido a investigadores, productores de semillas comerciales y agricultores, en el que explicaba cómo funcionaba la polinización artificial del arroz (imagen 6.2[23]). Con ayuda de la teoría celular y de las leyes probabilísticas mendelianas, Carrasco explicaba que la hibridación permitía cruzar variedades de distintas características para obtener la deseada. Por ejemplo, dada una variedad de tallo corto AA (resistente al pandeo por su propio peso) pero con un ciclo de reproducción demasiado largo BB, ambos caracteres dominantes, y otra variedad de tallo demasiado largo aa pero con un ciclo de reproducción más corto bb (que repercute en una mayor productividad). Suponiendo que ambas sean homocigotas (y para ello solía requerirse selección genealógica, que explicaré más abajo) se pueden cruzar artificialmente (AABB x aabb) y seleccionar los descendientes generación tras generación hasta lograr una variedad estable de tallo y ciclo cortos. La primera generación (F1) mostrará fenotípicamente los caracteres dominantes (tallo corto y ciclo de reproducción largo). La segunda (F2), idealmente compuesta de unas cien plantas, estará formada de acuerdo con las leyes de Mendel por plantas con los siguientes fenotipos AB, Ab, aB y ab aproximadamente en razón 9:3:3:1. Pero el genotipo de aquellas plantas con el fenotipo deseado será o bien homocigoto (AAbb) o bien heterocigoto (Aabb). Cruzando y recruzando este grupo y seleccionando las que muestren el fenotipo buscado se podía aspirar a obtener una variedad relativamente estable al cabo de unas pocas generaciones.

IMAGEN 6.2. Obtención de variedades de arroz. Con unas pinzas se extraen los órganos masculinos de la planta elegida para ser «madre», después se cortan las anteras de otra planta, que contienen el polen. Éste se utiliza para fertilizar a la primera. Fuente: José María Carrasco García, Compendio arrocero, Guerri, Valencia, 1952, p. 100.

«En manos de un genetista hábil o de un agricultor sobresaliente», concluía Carrasco, esta técnica tenía éxito en el 60 % de las hibridaciones. Como vemos, la distinción entre el genetista universitario y el agricultor especializado no era excesiva. De hecho, esta técnica de hibridación se popularizó muy pronto entre los agricultores privados, hasta el punto de que no estaba claro qué distinguía a éstos de los científicos de la EAS[24].

Sin embargo, desde 1927 en adelante, los agrónomos de la EAS comenzaron a presumir de practicar un tipo de selección que sí les distinguía de los agricultores. En contraposición a la selección en masa, la selección genealógica era reivindicada por entonces como la forma verdaderamente científica de obtener nuevas líneas puras, variedades homogéneas y totalmente estables[25]. Tras seleccionar una sola planta madre con las características deseadas, se plantaba a los descendientes (F1) que mostraran ese mismo fenotipo y las semillas que producían (F2) se estudiaban para poder detectar las más prometedoras en futuras generaciones. Cuando se llegaba a F4 se había obtenido una variedad prácticamente estable (aunque había que expurgar las plantas que revertían a fenotipos anteriores). La diferencia principal consistía en que se derivaba toda la variedad de un mismo grano. Pero ¿por qué no podían hacer esto mismo los agricultores? De hecho, lo que permitió a los agrónomos de la EAS usar este método a una escala difícil de alcanzar por los demás fue su posición central en la nueva estructura sindical tras la Guerra Civil.

UN GRANO, UNA NACIÓN

En 1936, De Ansorena encargó una ampliación de la EAS que añadía una planta al edificio consagrada casi por entero al laboratorio de genética, y la hibridación combinada con la selección genealógica se convirtió en la tarea principal de su equipo[26]. Tras la Guerra Civil, la inserción de la EAS en el Sindicato ofreció nuevas posibilidades de selección que distinguían los granos producidos por los genetistas de aquellos de los agricultores privados. La posición de la EAS en el Nuevo Estado corporativo convertía esta posibilidad teórica en una realidad práctica, como puede apreciarse en la figura con que De Ansorena acompañaba su explicación de cómo funcionaba la EAS en su libro legado de 1954 (imagen 6.3): la planta (F1, «madre») surgida de un grano obtenido por hibridación o selección individual germina por autopolinización produciendo la siguiente generación, que se hace crecer en parcelas de la EAS. Se seleccionan diferentes grupos de modo que la generación F4 ya crece en un campo de 320 metros cuadrados perteneciente a la EAS. La siguiente generación requiere 4 hectáreas, las cuales, y aquí está la clave, las proporcionan propietarios pertenecientes a la FSAAE. Las 24 toneladas producidas se someten a una «segunda multiplicación» también en terrenos de agricultores sindicados. En teoría, F7 podría ocupar 65 000 hectáreas de cultivo y producir 375 000 toneladas de grano homogéneo listo para ser procesado y consumido. La estructura de reproducción del arroz se había hecho coincidir con la de distribución entre los agricultores. En palabras de De Ansorena: «Podemos ver que, partiendo de un solo grano y descontando el tiempo empleado en su selección y pruebas, toda la cosecha nacional puede derivar de él en solamente cinco años».

IMAGEN 6.3. La cosecha nacional procedente de un solo grano: la reproducción del arroz y la estructura corporativa se hicieron coincidir. Álvaro de Ansorena y Sáenz de Jubera, «Las variedades de arroz cultivadas en España y los trabajos de la Estación Arrocera de Sueca hasta el año 1952», Anales del INIA, vol. III, n.º 2, Madrid, 1954.

Este nivel de estandarización y homogeneización absoluta no era necesariamente el objetivo de De Ansorena, y el grano que encabeza esta pirámide productiva no es de ninguna variedad específica. Entre 1935 y 1952, cuando el servicio de distribución se paralizó en virtud de las nuevas medidas liberalizadoras, la EAS desarrolló doscientas nuevas variedades[27]. En ese tiempo, la distribución de semillas por parte de la EAS pasó de 740 123 kg en 1940 a 1 692 155 kg en 1942, 2 531 945 kg en 1946 y más de 3 millones al año desde 1948 en adelante[28]. La gráfica demuestra la nueva posibilidad de producción científica, genealógica, de una nueva variedad, abierta por la estructura productiva de los sindicatos verticales y capaz de dotar a éstos de influencia sobre las prácticas reales de los agricultores. La materialización más asombrosa de esta nueva posibilidad la ofreció la variedad híbrida Colusa x Nano, obtenida por la EAS en 1936 y distribuida once años después. Por su impresionante productividad (7000 kg/ha, cuando la media era de 4000) y por la promoción que de ella hizo De Ansorena aprovechando su posición jerárquica, en 1951 esta variedad representaba el 75 % del total de la producción nacional[29]. Colusa x Nano era tanto un objeto tecnocientífico, un producto de laboratorio, cuanto una mercancía transformadora de la economía política y el territorio españoles.

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS MARISMAS

Por supuesto, y como quedó claro en el anterior capítulo, los proyectos científico-técnicos encontraban obstáculos y límites a cada paso. El propio De Ansorena hubo de reconocer que la mayoría de las variedades desarrolladas por la EAS eran recibidas por la FSAAE con indiferencia y terminaban por no ser adoptadas. De Ansorena culpaba de ello al supuesto conservadurismo de los agricultores y a su ignorancia de los peligros que acarreaban nuevas plagas. Pero de hecho los agricultores tenían buenas razones para no invertir su dinero en variedades nuevas e inciertas e iguales para todos (y por tanto sujetas a las mismas plagas), y más aún cuando temían que la cosecha pudiera diezmarse por falta de agua o fertilizantes (sobre las dificultades de acceso a los fertilizantes volveré en el capítulo posterior dedicado al Sáhara Occidental). A veces, simplemente, las preferencias de los agricultores diferían de las de los investigadores. Por ejemplo, pese a la confianza de De Ansorena en que sus híbridos monopolizarían y estandarizarían la producción nacional, en 1947 un arrocero valenciano colono en Sevilla creó una nueva variedad a partir de una italiana a la que puso su apellido, Girona. Tras la liberalización de 1952, esta variedad llegó a cubrir la mitad de la cosecha del Guadalquivir hasta el punto de que la EAS tuvo que certificarla en 1958[30]. A veces el sentido de la flecha vertical del poder político ligado al territorio podía invertirse.

Pero estas limitaciones no deben impedirnos reconocer los efectos reales de las nuevas estructuras en el paisaje español y en las relaciones de poder entre sus gentes. La autarquía, por mucho que fuera un proyecto más que una realidad, supuso una realimentación entre el laboratorio y el territorio que llevó a una estandarización de productos y prácticas difícilmente concebible de otro modo. El paisaje actual de las marismas del Guadalquivir sería irreconocible para un visitante de 1936.

En 1940, De Ansorena viajó a Sevilla para investigar qué semillas eran las más convenientes para las condiciones de sus suelos y sus aguas[31]. Un año después la integración vertical del ciclo de producción y distribución era todavía ineficiente, como lo prueba la protesta de Beca de que la Federación no había enviado las semillas prometidas. Cuando De Ansorena respondió que se habían enviado ya había transcurrido un mes desde la temporada de siembra[32]. Sin embargo, muy pronto el papel de las semillas de la EAS comenzó a notarse en las marismas: en 1940 la Federación distribuyó 128 030 kg en Sevilla; en 1942, 317 500 kg; en 1946, 420 554 kg; y en 1948, 601 619 kg[33]. Esto permitió a De Ansorena declarar orgulloso en 1945 que, «gracias a la adopción gradual de semillas de la EAS, la cosecha sevillana ha aumentado de los 5 millones de kilos recogidos en 1939 a los 12 millones en 1944»[34].

El papel de la EAS en la distribución de semillas decreció a partir de la liberalización de 1952. Sin embargo, su presencia en el paisaje marismeño permaneció a través de las variedades multiplicadas durante generaciones y en los mismos campos arroceros, que seguían aumentando año tras año sobre la base establecida en la década de 1940. Tras una primera etapa de distribución de propiedades entre colonos, a partir de los años setenta, y como consecuencia de la tecnificación y el aumento de los costes laborales, se produjo una concentración de la producción en unas pocas empresas, entre ellas la más famosa HERBA S. A. También las variedades de arroz han cambiado, y en la mayoría de los casos el bomba ha dado paso a variedades alargadas índicas. El marco político-económico ya no es el de la autarquía, sino el de nuevas regulaciones europeas, a menudo restrictivas respecto a las cantidades máximas que producir[35].

A pesar de estos cambios, que uno de los mayores humedales de Europa pasase a ser el mayor productor de arroz español es un proceso que tiene uno de sus orígenes en la imbricación de investigación genética y Estado corporativo en el primer franquismo. Si en 1939 se dedicaban 2450 hectáreas al cultivo de arroz en el Guadalquivir, en 1951 eran ya 6670; en 1960, 15 577; en 1975, 22 726, y en 1998 se llegó a un máximo de 38 000 hectáreas.

El objetivo de este capítulo no ha sido determinar el éxito o el fracaso de la política autárquica en la agricultura del primer franquismo, un tema tratado por muchos otros autores[36]. Más bien he tratado de mostrar las relaciones entre poder y territorio a través de la naturaleza específica de la relación entre la ciencia genética y las instituciones estatales en la organización vertical de la economía política franquista. Esto permite profundizar tanto en las transformaciones efectivas producidas en el paisaje, como en la coevolución de investigación científico-técnica y el poder político en el primer franquismo.

Los continuismos y las rupturas con el período anterior se aprecian bien en la historia de la FSAAE. Mientras que en sus orígenes esta Federación trataba, de modo algo inmodesto, reformar el capitalismo desde abajo, tras la Guerra Civil la revolución de la economía política habría de hacerse de arriba abajo[37]. El puesto de la EAS en el nuevo entramado permitía a un ingeniero político como De Ansorena conectar resultados tangibles de su disciplina científica con las estructuras productivas: las semillas obtenidas por hibridación genética y selección genealógica. La escala modesta de la EAS no resta la originalidad de sus resultados técnicos ni, lo que nos interesa aquí, su papel en la transformación del territorio español. Y esto, insisto, para bien o para mal. Sin duda el arroz del Guadalquivir ha sido y es una fuente de riqueza en la región. Pero, como veremos en el próximo capítulo, también ha supuesto una de las más potentes amenazas para la supervivencia del humedal situado a escasos kilómetros río abajo: Doñana.

7. Doñana: aristócratas, cazadores y administradores coloniales

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Doñana: aristócratas, cazadores

y administradores coloniales

EL INICIO DEL FIN DEL REINADO de Juan Carlos I fue la foto de 2012 en la que posaba junto a un elefante abatido en Botsuana. Rota la cadera y mermada la popularidad, el monarca hubo de pedir unas lastimosas disculpas ante lo que muchos veían como un despilfarro insoportable en tiempos de crisis, lo que acarreó multitud de acusaciones de corrupción económica y moral. No pocas de esas críticas fijaban su atención en la caza del elefante, una práctica de resonancias coloniales aparentemente incompatible con un mínimo «respeto a la naturaleza». De hecho, en reunión del 21 de junio de ese mismo año, los socios de Adena, la rama española del World Wide Fund (WWF), eliminaron el cargo de presidente honorífico que ostentaba Su Majestad, una manera elegante de deshacerse de quien se había convertido en símbolo antitético de todo lo que se espera de una asociación ecologista.

Pero lo que había cambiado en 2012 no era su presidente honorífico, sino la propia Adena y los valores ecologistas que encarnaba: don Juan Carlos había sido presidente de Adena precisamente por cazador. Y lo había sido antes incluso de ser rey, desde la fundación de esta asociación en 1969, el mismo año que fue nombrado príncipe de España por las Cortes siguiendo la Ley de Sucesión impulsada por Franco en 1947. Adena se constituyó en primer lugar para salvar Doñana, con la cual Juan Carlos tenía un vínculo primeramente cinegético. En 1953, a la tierna edad de quince años, lo encontramos junto al hijo de Morenés cazando en la parcela de éste en el coto de Doñana[1]. Otro de los propietarios, Mauricio Suárez, se entretenía cobrándose linces (un plato típico onubense era el lince con tomate), a la vez que fomentaba los estudios ornitológicos y la conservación de Doñana. El gusto cinegético de estos aristócratas les convirtió en aliados de un grupo heterogéneo e internacional, algunos vinculados al CSIC y otros al WWF, esforzado en la conservación del Coto. La fundación de Adena fue en gran medida obra de todos lo representado en la foto de Botsuana: aristócratas, cazadores y administradores coloniales.

Este capítulo narra la apasionante historia de Doñana y aspira a responder a la pregunta de qué tipo de relaciones tenían que establecer los científicos en la España franquista para llevar a cabo sus proyectos. Para escribirlo, he tenido que renunciar a la tentación, producida por la singularidad de un paisaje cerca del cual me he criado, de considerar la conservación de Doñana como un fin incuestionable y evidente por sí mismo. El biólogo Francisco Bernis, uno de los hacedores de la protección de Doñana, recordaba su primera visita en 1952: «Creo que aquel día me asomé por primera vez a la Naturaleza con mayúscula»[2]. Doñana constituye uno de los paisajes más llamativos del sur de España. Su relativo aislamiento histórico y su riqueza faunística han hecho que dentro y fuera de nuestras fronteras se hable de Doñana como el «último paraje salvaje europeo».

Sin embargo, no se trataba de conservar la Naturaleza con mayúscula, sino un rincón muy concreto de la península Ibérica en circunstancias históricas muy precisas. En 1954, los entonces tres propietarios del coto de Doñana invitaron a Franco a cazar allí y, con ayuda de Bernis, redactaron una carta por la cual pedían al general una moratoria en los proyectos estatales de plantación de eucaliptos en la zona, que amenazaban con transformar drásticamente el paisaje local. La carta, que al menos en parte logró el objetivo propuesto, no invocaba a la Naturaleza con mayúscula, sino que hablaba de conservación del «paraíso cinegético y zoológico de Europa»[3].

Preguntemos, como lo han hecho algunos conservacionistas, ¿por qué Doñana y no otros parajes naturales españoles aún más ricos en biodiversidad[4]?

LA CONEXIÓN INGLESA: LA AFRICANIZACIÓN DE DOÑANA

En España, como en otros países, el conservacionismo había crecido al calor del auge del nacionalismo a finales del siglo XIX[5]. Pero este enfoque ya no bastaba en un contexto de Guerra Fría y descolonización en el que Estados Unidos adquiría nuevas responsabilidades como imperio triunfante. Ahora la conservación se fomentaba a nivel internacional como parte de una promesa de prosperidad general por parte del capitalismo norteamericano al resto del mundo y como respuesta a los pavores invocados por la amenaza constante de hecatombe militar a nivel planetario[6]. La ecología se consolidaba como ciencia y trataba de ir más allá del ecosistema local hacia una escala global interconectada que vino en llamarse «el medio ambiente» (con artículo definido masculino singular[7]). Y los imperios anteriormente existentes trataban de decir la última palabra en la organización de los recursos mundiales para la nueva era en ciernes. Gran Bretaña fue determinante en la creación y configuración de instituciones clave del nuevo orden mundial tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su hijuela la UNESCO, dedicada a la Educación, la Ciencia y la Cultura[8]. Éste era uno de los contextos internacionales de Doñana.

El primer director general de la UNESCO, el biólogo inglés de familia de científicos y escritores egregios Julian Huxley, esperaba que la UNESCO continuase la labor civilizadora iniciada por el imperio británico[9]. Su visión eugenésica y progresista otorgaba al recreo en la naturaleza un valor cultural y moralizante además de económico. Probablemente inspirado por su experiencia como gerente de zoológico, Huxley sostenía que las ciencias y tecnologías de la era nuclear ponían al hombre a cargo de guiar la evolución e incluso los cambios geológicos. Para Inglaterra, promovió esa visión como fundador del think tank londinense Political and Economic Planning[10]. En el África en vías de descolonización, la preocupación de Huxley y su entorno era evitar el desmoche de las instituciones conservacionistas que el imperio había ido implantando en las primeras décadas del siglo XX, las más de las veces como instrumentos para impedir el acceso de los nativos a la gran fauna que permitía a los ingleses practicar el que todavía era el sport por excelencia: la caza[11].

La preocupación por los efectos de la descolonización sobre la fauna africana fue una de las razones que llevaron a la creación del World Wildlife Fund (WWF) en 1961 y a los posteriores acuerdos de esta institución con líderes poscoloniales de la talla del general Mobutu[12] En 1948 Huxley auspició desde la UNESCO la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en oposición a otros programas de la ONU de corte más utilitarista que hablaban de recursos naturales solamente en términos de su aprovechamiento económico[13]. Uno de los encargados por Huxley para organizar la UICN fue uno de los cofundadores y principal ideólogo del grupo Political and Economic Planning, el historiador, autor de varios libros populares de ornitología y alto administrativo de la corona, Max Nicholson.

Irlandés de padres ingleses, Nicholson había fundado el British Trust for Ornithology y trabajaba desde 1943 en el British Nature Conservancy, desde donde había organizado la reordenación de los parques naturales en el Reino Unido con vistas a la compatibilidad entre investigación científica, aprovechamiento económico y recreo. A medida que la UICN se perfilaba como una institución científica de referencia en el estudio de problemas ecológicos globales, una segunda razón que motivó la creación del WWF fue la necesidad de dotar a la UICN de medios económicos.

IMAGEN 7.1. Huxley y Nicholson en Doñana en 1966. Banco de imágenes de EDBCSIC.

Huxley y Nicholson se encontraron en Doñana en 1957 para formar parte de una expedición ornitológica con tintes botánicos (envío de ejemplares a los jardines de Kew), ecológicos (estudio de distribución y ecosistemas) y etológicos (estudio de conductas nidificadoras y cantoras[14]). Allí se reunieron con otros ingleses procedentes de la honorable estirpe de los gentlemen naturalistas y destacados en sus respectivas carreras militares, artísticas o empresariales. A todos los había reunido allí Guy Mountfort, un rico publicista y autor del libro superventas Field Guide to the Birds of Britain and Europe, que había publicado en 1954 junto con otros dos miembros integrantes de la expedición: el americano Roger T. Peterson, entre los mejores pintores de aves del momento, y el ornitólogo inglés Phil Hollom, experto en distribución geográfica de especies. Mountfort ya había organizado dos expediciones previas más pequeñas en 1952 y 1956 y, entre otras personas, al menos a una de ellas acudieron las siguientes figuras relevantes de esta historia: el vizconde Alanbrooke, principal asesor militar de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial y gran aficionado a la caza y el cine; Eric Hosking, el más conocido profesional de la fotografía de aves de la época; y James Ferguson-Lees, joven ornitólogo y asistente de Nicholson en la edición de la revista del British Trust for Ornithology, British Birds[15].

IMAGEN 7.2. Miembros integrantes de la expedición de 1957. Estación Biológica de Doñana. Banco de imágenes de EDB-CSIC.

La expedición de 1957 llevó a Nicholson a afirmar años más tarde que «el reto de Doñana contribuyó más que cualquier otro factor a la fundación del World Wildlife Fund en 1961»[16]. La tesis ha sido varias veces defendida desde España, aunque si tenemos en cuenta que las relaciones personales entre los expedicionarios interesados en Doñana se fraguaron en tradiciones y contextos distintos a las marismas pierde toda la fuerza de su sentido. Será más ajustado decir que Doñana fue uno de los nudos de un tejido mucho más amplio. En cualquier caso, lo cierto es que varios de los expedicionarios de 1957 fueron los principales impulsores del WWF y que la protección de Doñana fue el proyecto al que esta institución destinó más fondos en su primera década.

En su historia del WWF, Alexis Schwarzenbach subraya el origen colonial del Fondo y llama la atención sobre la «sorpresa» de que el proyecto económicamente más importante en los primeros años de una organización creada para frenar una temida hecatombe africana fueran las marismas de Doñana[17]. Pero la sorpresa se disipa cuando nos damos cuenta de que los ingleses del WWF miraban a Doñana como un puente entre Europa y África, cuando no como una extensión de África misma. En lo primero desempeñaba un papel fundamental la migración de las aves que, como en Gibraltar, cruzaban de un continente a otro con el cambio de estaciones. En lo segundo influía la tradición. Mountfort y el resto habían leído sobre Doñana en los libros de compatriotas suyos que visitaron el Coto en el siglo XIX y describieron Andalucía como «más africana que África»[18].

Esta africanización romántica era por lo demás interesada, pues lo cierto es que Doñana ofrecía claras ventajas sobre los convulsos países africanos en pleno proceso de descolonización, entre ellas los vínculos con los científicos y aficionados locales. Mountfort organizó la expedición por invitación de uno de los propietarios de las tres fincas en las que estaba dividido el Coto, Mauricio González-Gordon. Este rico heredero de una de las mayores bodegas jerezanas era hijo de madre inglesa y padre español, y por tanto bilingüe y capaz de mediar entre estilos y expectativas diferentes, como lo atestiguan sus traducciones de libros de ornitología ingleses. Gran aficionado a la caza y a la ornitología, en 1952 invitó a Bernis a realizar en su finca el primer proyecto de anillamiento de aves en Doñana. Para ello contaron con la colaboración del entonces joven y prometedor biólogo José Antonio Valverde, ya bregado en la exploración colonial española del Sáhara Occidental, sobre la que versaron sus primeros escritos sobre ecología de aves. En 1954, el mismo año que Gordon invitó a Franco a cazar al Coto, los tres participaron en la fundación de la Sociedad Española de Ornitología, desde sus inicios coordinada con el British Ornithologist Union, mucho más firmemente establecida[19].

Las ambigüedades de la africanización de Doñana aparecieron en años posteriores, cuando González-Gordon, Bernis y Valverde, que habían formado parte de la expedición de 1957 en calidad de expertos locales, se resintieron por lo que consideraban la ocultación sistemática por parte de los ingleses de la labor de los españoles, recordando por ejemplo que la primera relación de las aves de Doñana fue la escrita en 1852 por Antonio Machado y Núñez, abuelo del poeta. Según Valverde, cuando él y Bernis preguntaron por qué no se citaban sus propios importantes estudios de anillamiento de 1953, Mountfort respondió que «fue por no quitarle salvajismo al Coto»[20].

El mismo interés por subrayar el salvajismo del Coto llevó a Mountfort a titular su libro en la tradición del Wild Spain de Chapman y Buck (Wild Spain se llamó también la película que preparó Alanbrooke a partir de sus grabaciones en la expedición de 1957 y que se estrenó en presencia de González-Gordon y del entonces todavía embajador español en Gran Bretaña, Miguel Primo de Rivera[21]). En 1957 Mountfort publicó Portrait of a Wilderness. «Cuando vi por primera vez el coto, era ciertamente un lugar inalterado» escribió en la edición española del libro[22]. Pero tanto él como Nicholson sabían que «en contraste con la opinión común de que Doñana representa un área virgen poco influida por el hombre, la realidad es que estamos tratando con ecosistemas … profundamente modificados por actividades humanas desde la Antigüedad»[23]. Por ejemplo, los guardas del Coto prestaron a la expedición sus vastos conocimientos fraguados durante siglos de manejo dirigido de la fauna y de la flora[24]. Sin embargo, los ingleses consideraban que para fomentar la conservación de Doñana era mejor obviar su historia y crear, en sus propias palabras, una «mística» que, como veremos más adelante, resultó esconder algunos peligros para sus propios objetivos[25].

LA CONEXIÓN FRANCESA Y NORTEUROPEA: AVES MIGRATORIAS

Pero había otros contextos internacionales clave en la historia de Doñana. Uno de ellos ha pasado sistemáticamente desapercibido: la estación biológica de la Camarga. Uno de los protagonistas es otro de los no ingleses que formó parte de la llamada «expedición de los ingleses», el suizo Luc Hoffmann (1923-2016). Hoffmann era heredero de Hoffmann-La Roche, una de las mayores industrias químicas suizas, y dedicaba su tiempo y rentas al conocimiento y protección de aves migratorias. En 1947 compró una parte de las marismas de la Camarga, en la desembocadura del Ródano, e instaló allí la estación ornitológica Tour du Valat. La Camarga tenía estatuto de reserva y estaba a cargo de la Société d’Acclimatation francesa, que en aquellos años trataba de ocultar su raigambre colonial cambiando su nombre por el de Société Nationale de Protection de la Nature e ingresando como miembro institucional de la UICN. Desde unos años atrás, La Société venía editando un boletín dedicado a defender la protección de aquel santuario ornitológico frente al cultivo de arroz en la zona y la desecación proyectada para ello. Con un argumento que se tornaría importante en Doñana, la rama francesa de la UICN insistía en que el problema no era solo francés sino europeo, dada la importancia de la región para diversas especies de aves migratorias[26].

En 1953, Hoffmann unió fuerzas con Mountfort, por entonces afincado en Francia, y con Nicholson, que actuaba en representación de la UICN. Diseñaron un plan de protección de la Camarga consistente en la creación de una sociedad de donantes y un acuerdo con el Centre National de la Recherche Scientifique y la Estación Biológica Tour du Valat dirigida por Hoffmann[27]. La fórmula de Reserva Biológica respondía a la tradición del conservacionismo suizo en la que se insertaba Hoffmann y que suele asociarse al nombre de Paul Sarassin y a los primeros años de la UICN: los parques suizos no eran zonas de recreo, sino áreas cerradas al público y dedicadas a la investigación científica, en particular ecológica[28]. En esta línea, los científicos que trabajaban en la Camarga hablaban del turismo como una invasión semejante a la del arroz y deseaban limitar en lo posible las visitas a la Reserva restringiéndolas a los estudios científicos ornitológicos[29].

Gracias a este acuerdo, Tour du Valat supuso un cambio de perspectiva en el proteccionismo de las aves, pues fue de las primeras instancias en las que la protección no se dedicó a especies sino al hábitat en las que éstas se reproducían y alimentaban. Esto hizo que la Reserva adquiriese rápido prestigio internacional y se constituyera en modelo de protección de humedales.

Las marismas de Doñana y las de la Camarga tenían mucho en común, incluida la amenaza que para ambas suponían los cultivos arroceros. Hoffmann y Nicholson decidieron sacar partido de estas semejanzas para exportar el éxito de Tour du Valat a Doñana. Las costumbres migratorias de las aves les permitían incluso ir más allá de semejanzas y señalar conexiones: los primeros estudios de anillamientos de flamencos por parte de Hoffmann señalaban que una parte de los flamencos franceses pasaban temporadas en el Guadalquivir[30].

Pronto decidieron profundizar en estas conexiones. Enterado de los anillamientos de Valverde, de quien conocía sus trabajos de ecología de vertebrados en el Sáhara, Hoffmann le invitó a pasar una temporada en la Camarga en el año 1954. Tras la expedición de 1957 el proyecto de hacer una reserva biológica como la de Tour du Valat se consolidó, y Nicholson también invitó a Valverde a conocer durante unos meses la Nature Conservancy[31].

Con el objetivo de llamar la atención sobre Doñana apoyados en el prestigio de la Camarga, Nicholson, Hoffmann y Valverde concertaron publicar en la revista British Birds una serie de artículos ilustrados por fotografías de Hosking y dedicados a comparar ambas marismas. El primero de los artículos, escrito por los expedicionarios Nicholson, Ferguson-Lees y Hollom, subrayaba las similitudes ecológicas de las dos marismas y los peligros que acechaban a sus frágiles ecosistemas. En el segundo, Hoffmann daba cuenta de la ecología de la Camarga. El tercero, escrito por Valverde y traducido por Nicholson al inglés, hacía lo propio con Doñana[32]. Una versión reducida de este artículo había servido a Nicholson unos meses antes para redactar uno de los capítulos del libro de Mountfort sobre Doñana[33]. Estos artículos se acompañaron de una serie de estudios que relacionaban los incrementos de salinidad en Doñana con perturbaciones del comportamiento nidificador de los flamencos del Ródano[34]. Si los datos se confirmaban y si esta salinización se podía achacar a un origen antropológico, en particular a los diques construidos para los cultivos de arroz, la situación merecería ser considerada de emergencia por los aficionados a la observación de aves.

Esta estrategia bibliográfica era el primer paso de una campaña recaudatoria que desde el principio se concibió a escala internacional. Para ello Valverde contó con la ayuda de Peter Scott, uno de los pintores de fauna salvaje más cotizados del momento, incipiente estrella televisiva en el Reino Unido como presentador de programas de fauna salvaje y gran aficionado a la caza de aves anátidas, para las que había instalado un zoológico en el sur de Inglaterra. Según cuenta Valverde en sus memorias, Scott le invitó a presentar en dos importantes congresos el argumento de que los patos y ánades del norte de Europa necesitaban el cuartel de invierno de Doñana. Sin embargo, no fue hasta la creación del WWF en 1961 cuando se pudo dar forma creíble al proyecto de conservación de Doñana. Scott, la cabeza más visible del Fondo, declaraba contento una década más tarde que el WWF se había especializado en la protección de humedales, el hábitat de las especies que él mismo prefería[35].

Scott, junto con Nicholson, Hoffmann y otros pocos colaboradores, impulsaron el WWF con la intención explícita de recaudar dinero de empresarios y aristócratas acaudalados y amantes de los animales, y Doñana figuraba entre sus primeros proyectos. Siguiendo el modelo de la Camarga, se trataba de comprar tierras de González-Gordon y otros propietarios y, mediante un acuerdo con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC), establecer una reserva biológica.

El contacto con el CSIC se estableció por la relación personal de Valverde con su secretario general, Albareda. Como ya hemos visto en otros capítulos, Albareda era además uno de los primeros y más activos miembros del Opus Dei, y absolutamente opuesto a las ideas evolucionistas de Valverde y los ecólogos ingleses y suizos. Pero esto no impidió la colaboración. Según Valverde, «pocos debieron de sufrir el dilema entre ciencia y obediencia tan agudamente como don José María Albareda»[36]. En el camino del acuerdo se interpusieron múltiples obstáculos económicos, burocráticos y jurídicos que han sido suficientemente estudiados, pero por fin pudo cerrarse y en 1965 el WWF aportó 22 millones de pesetas y 18 el CSIC para la compra de unas 6700 hectáreas en Doñana en las que el CSIC declaró una Estación Biológica dirigida por Valverde. Posteriores compras en los próximos años hicieron a Doñana la principal destinataria de los fondos del WWF, aunque a mediados de 1970 la aportación del gobierno español ya superaba a la del WWF.

El dinero del WWF provenía en su mayor parte de aportaciones individuales. Los llamamientos a estas aportaciones dependían en parte de la organización a nivel internacional, pero sobre todo de sus filiales nacionales, y para Doñana fueron especialmente relevantes los donantes ingleses y suizos, lo cual no es de extrañar dada la procedencia de los expedicionarios y creadores del WWF. Más sorprendente a primera vista pueden parecer las abultadas contribuciones holandesas, danesas y suecas[37]. Sin embargo, una vez más las costumbres migratorias de las aves ayudan a solucionar el misterio. En 1966, una campaña del WWF-Suecia de recaudación de fondos para adquirir nuevos terrenos en las marismas hablaba de la «hibernación de nuestras aves de paso» y dos años después el WWF-Holanda hablaba de «nuestras aves migratorias holandesas»[38].

IMAGEN 7.3. Valverde ante la placa conmemorativa de la Estación Biológica de Doñana. Banco de imágenes EDB-CSIC.

CONSERVACIONISMO Y MANEJO DEL TERRITORIO

En 1969, cuatro años después de la creación de la Reserva Biológica de Doñana, el decreto que declaraba a Doñana Parque Nacional lo ofrecía «en beneficio del pueblo español y como generosa aportación de España al Año Internacional de la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos» (Decreto 2412/1969). El Año Internacional era una iniciativa auspiciada por la UICN con colaboración del WWF y del International Biological Program (IBP), sobre el que volveré más abajo. Ese mismo año de 1969 Hoffmann, Valverde y Félix Rodríguez de la Fuente, entre otros, habían lanzado Adena, la rama española del WWF dedicada en un principio a encauzar las crecientes aportaciones individuales que se hacían desde dentro de España a la Reserva y que fueron clave en el establecimiento de los primeros laboratorios en Doñana[39]. Desde esta nueva posición política, apoyada por la presidencia del entonces príncipe Juan Carlos y a través de reuniones personales con Franco y sus ministros, los creadores de Adena habían instado a la creación del Parque como medida necesaria para defender la Reserva de intereses más poderosos, en especial de quienes desde el Ministerio de Agricultura y el de Obras Públicas presionaban para extender el cultivo del arroz ganando terreno a las marismas o para construir carreteras que conectasen mejor el turismo, la agricultura y la industria onubenses. Recordemos que el llamado «Polo (Químico) de Promoción y Desarrollo de Huelva» se había aprobado en 1964, entre otras cosas, para albergar plantas de procesamiento de fertilizantes agrícolas, sobre los que volveremos en un capítulo posterior. La creación del Parque lo ponía bajo la tutela del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), establecido en 1970 dentro del cuerpo de ingenieros forestales y dependiente del Ministerio de Agricultura[40].

Se esperaba que el ICONA estuviese mejor posicionado que el CSIC para defender los intereses del Parque frente a los planes desarrollistas. La figura jurídica del Parque Nacional fue en efecto útil en los años plagados de incertidumbres que siguieron y que han sido estudiados en diversos lugares. Aquí sólo quiero señalar que en las polémicas sobre el desarrollo de las marismas que siguieron en las décadas de 1970 y 1980 cada parte aportaba sus propios datos y resultados desde diversas disciplinas científicas. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura insistía en que sus estudios hidrológicos y los de la Food and Agriculture Organization (FAO, ONU) demostraban la independencia freática de Doñana respecto de su entorno. Aunque esto resultó ser falso, la incertidumbre en aquellos años era real y los propios estudios de la UICN realizados en los años cincuenta y sesenta habían desvinculado la salinización de Doñana de la construcción de diques[41].

Esta misma incertidumbre acompañó a la polémica sobre pesticidas, pues la Federación Sindical de Agricultores Arroceros insistía en que no afectaban a las aguas del Parque[42]. Tras la publicación diez años atrás del libro de Rachel Carson, Silent Spring, los pesticidas se habían convertido en la bestia negra del ecologismo activista, y en especial de los protectores de aves. En 1973 y años posteriores, los picos excepcionales de mortandad de aves en Doñana se achacaban por unos a los pesticidas y por otros a sequías y otros factores. La posición del WWF al respecto era ambigua, entre otras cosas porque su primer y más importante donante corporativo era la empresa petroquímica Shell, que por entonces trataba de hacerse con una parte significativa del mercado mundial de pesticidas. Para agravar aún más la situación, la empresa familiar de Hoffmann fue responsable en 1976 del mayor accidente contaminante provocado por pesticidas en el norte de Italia, lo cual estuvo a punto de costar al suizo el puesto de vicepresidente del WWF[43]. En 1973 el WWF publicó un estudio realizado in situ por toxicólogos holandeses que, aunque admitía que había restos de DDT y otros pesticidas en el organismo de ciertas aves y sus huevos, concluía que los pesticidas eran una amenaza menor para el Coto, y mucho menos apremiante que la caza furtiva o el turismo[44].

En estos debates sobre las marismas y sus recursos, los factores económicos eran fundamentales, y la necesidad de aliviar la pobreza de un área tradicionalmente deprimida se consideraba urgente. Por ello, tanto el ICONA y Adena misma admitían a mediados de 1970 que el desarrollo de la zona era «necesario» y confiaban en que la figura jurídica del Parque Nacional permitiera retrasar y suavizar algunos de los proyectos de modo que fuesen compatibles con la preservación de Doñana[45]. La desaceleración consiguiente a la crisis económica de 1973 y la creciente importancia del turismo fueron claves en cambiar la tendencia y dotar de fuerza real al Parque, pero para ello hubo de resolverse primero un conflicto interno entre dos modos de entender el conservacionismo.

La creación del Parque Natural introdujo sus propios problemas, que han sido achacados por los propios implicados y por los historiadores a la bicefalia entre la Estación y el ICONA y las consiguientes luchas entre biólogos e ingenieros forestales, a menudo interpretadas como el enfrentamiento entre el interés por la naturaleza de los biólogos frente a los residuos productivistas de los forestales. Sin embargo, se trataba también de un enfrentamiento entre dos modos de entender la conservación. Tanto Valverde como su discípulo y sustituto a partir de 1974, Javier Castroviejo, veían en Doñana una oportunidad para catapultar la ecología española a las primeras filas internacionales mediante la producción de estudios doctorales, la invitación a investigadores extranjeros y la organización de congresos[46]. Según Valverde, «los fines principales de la Estación son: desarrollo de investigación, conservación de la naturaleza y divulgación científica, por este orden de importancia»[47]. Por ello, los ingenieros forestales acusaban a los biólogos de tratar a Doñana como su cortijo, impidiendo o dificultando tanto las tareas del ICONA como las visitas de curiosos y poniendo en peligro la fauna y la flora con tal de avanzar en sus estudios universitarios. A estas críticas se unían los propietarios, los guardas y los cazadores locales, que aseguraban que el mantenimiento tradicional del Coto era necesario para su preservación.

Se trataba por tanto de dos modelos de conservación no del todo compatibles, el científico y el recreativo. Lo que quiero resaltar en lo que queda de esta sección es que la resolución de esta disputa vino en parte dictada por un cambio en el equilibrio de alianzas a favor del ICONA y que este cambio era a la vez un reflejo de y una contribución a la evolución de las ideas conservacionistas imperantes en el WWF.

Desde las expediciones de los años cincuenta hasta mediados de los años setenta, los biólogos de la Estación habían sido los interlocutores únicos del WWF. Se recordará que Hoffmann y Nicholson favorecieron la creación de la Estación según el modelo de Tour du Valat orientado a la investigación científica. Sin embargo, a finales de la década de 1970 Nicholson aseguraba que «retrospectivamente, el énfasis en la importancia científica de Doñana no reconoció que … la salvación de una región tan extensa y parcelada depende de abrir partes de la misma y de sus tesoros naturales a las visitas a gran escala bajo la supervisión adecuada que asegure que las comunidades ecológicas no reciben daño mientras el área contribuye su parte a la economía de una de las regiones más pobres de España»[48]. Según Nicholson, ni Valverde ni Castroviejo captaron «la parte Parque Nacional del mensaje», la referida a los visitantes.

En 1976, Hoffmann explicó a Nicholson que el WWF había empezado a dialogar con José Lara, director del ICONA, la autoridad legal del Parque y cuyos oficiales sí tenían interés en organizar la recepción de visitas[49]. Poco después, Nicholson, nombrado por el WWF «árbitro» entre las diferentes partes en disputa, redactó un «Master Plan» dirigido a guiar al ICONA en la transformación de Doñana en un centro de recepción de visitas masivas[50].

El interés de Hoffmann y Nicholson en fomentar el turismo de naturaleza no era totalmente nuevo, ya que en 1966 el International Biological Program había enviado a Herbert Axell, principal ayudante de Nicholson en el Nature Conservancy, para asesorar sobre la creación de lagunas, la construcción de observatorios y senderos, y la gestión de visitantes[51]. Aunque la ambigüedad hacia el turismo seguía siendo común entre los conservacionistas, en la pugna entre modelos de investigación y de recreo para parques naturales la hegemonía estadounidense favorecía el modelo recreativo[52]. Aún más importante, nuevas concepciones de la conservación y la ecología favorecían el énfasis en productividad económica. Como principal responsable del área de conservación del IBP, la mayor preocupación de Nicholson en aquellos años era la de hacer compatible el bienestar económico a escala planetaria con la conservación. En crítica explícita a los postulados originales del WWF, basados en especies concretas, Nicholson defendía ahora que la conservación sólo funcionaría si era capaz de ir a la raíz de los problemas: «desarrollo, energía y crecimiento de la población»[53].

El nuevo enfoque de Nicholson iba acompañado de una concepción integral de la ecología en la que la cuestión central era la «capacidad de carga» del planeta en su conjunto y de una región en particular teniendo en cuenta la productividad primaria y secundaria: las entradas de agua y minerales y la escala de la cadena trófica empezando por los vegetales. La crítica organizativa a los biólogos de la Estación se convertía así en una crítica científica. La Estación había realizado estudios interesantes sobre determinadas especies e importantes censos de aves, estos últimos con ayuda de técnicos de Tour du Valat[54]. Pero, de acuerdo con Nicholson, los programas de investigación de la Estación habían despreciado el estudio integral del ecosistema, que comprendía el agua y los suelos, a favor de intereses más parciales sobre comunidades tróficas, el tema predilecto de Valverde y continuado por Castroviejo[55]. Valverde figura como miembro del IBP y, desde 1970, del comité ejecutivo de la UICN. Sin embargo, su intento de incorporar la Estación como centro internacional del IBP fracasó. Aunque esto pudo deberse a falta de fondos, lo cierto es que el programa de investigación que presentó se fijaba sólo en «productividad secundaria»[56]. Aunque Valverde ajustó su propuesta al vocabulario del IBP, Nicholson denunció en varias ocasiones que en la Estación no se desarrollaron trabajos ecológicos del tipo que interesaban al IBP integrando estudios de suelos, del régimen de agua y de productividad biológica vegetal[57].

El fomento de turismo en Doñana tenía una larga historia que iba desde el folclore de la romería del Rocío hasta la construcción de pisos de veraneo en las playas de Matalascañas, uno de los grandes peligros para la conservación de Doñana[58]. El turismo que promovía Nicholson era un tipo entre otros posibles: el de naturaleza. Cuando el ICONA aceptó el «Master Plan» y acondicionó el Parque para la recepción de visitantes, el WWF lanzó una campaña masiva internacional de fomento del turismo de naturaleza en Doñana[59]. Durante años, donantes del WWF que querían visitar el Parque habían protestado por las carencias de la Estación en la recepción de visitantes, y la campaña de promoción se dirigió especialmente a este grupo[60].

La opción recreativa de Nicholson estaba pensada como una alternativa económica al desarrollo agroindustrial y al turismo de playa. El argumento económico ya había sido esgrimido por Huxley en la promoción de parques naturales en África con la que comenzábamos este artículo. Igual que entonces, el público en el que pensaba Nicholson para Doñana eran los naturalistas aficionados británicos. En un llamamiento a donantes británicos para Doñana en 1963, Nicholson aseguraba que «el 100 % del terreno estará en España, pero no sería raro que el 30 o el 40 % de los visitantes sean británicos». Continuaba su argumento con una crítica al papel del turista inglés en el sur de España como origen de la especulación económica y la destrucción de la fauna y sus hábitats para concluir: «Trajimos esto con nuestros dispendios económicos en España: sólo contribuyendo con nuestro dinero podemos evitar el desastre para la fauna de España»[61].

Según cuenta el propio Valverde, en las negociaciones para cerrar un acuerdo entre el CSIC y el WWF a mediados de los años sesenta, él fue el autor de las cartas que se intercambiaron dos de los interesados al máximo nivel, Franco y el príncipe Bernardo de Holanda, presidente del WWF. La anécdota ilustra bien la tesis de este libro: el papel activo que los científicos asumieron en la vida política del régimen, en este caso en el ámbito de la política internacional.

Sin embargo, admitir esto no autoriza a afirmar algo así como que «la ciencia fue un determinante importante en las políticas del franquismo», sencillamente porque la Ciencia en mayúscula, como la Naturaleza en mayúscula, no existe por ningún lado. Lo que existen son las ciencias, en plural. Y en el caso de Doñana, el mismo territorio se conceptualizaba de modo diferente desde distintas disciplinas, por ejemplo desde la ecología y desde la ingeniería forestal, o desde la ornitología y la edafología.

Incluso dentro de cada ciencia, no podemos hablar (como se ha hecho norma extrapolando el vocabulario del historiador Thomas Kuhn) de una «comunidad científica» unificada que luego entrase (o no) en relación con la sociedad. La ecología del Nicholson del «Master Plan» era, en sus conclusiones sobre Doñana, más afín a las propuestas de los forestales que a las de otros ecólogos como Valverde. Y lo mismo hemos visto con respecto a los informes geológicos o químicos con los que los impulsores de diferentes proyectos para el Bajo Guadalquivir se atacaban mutuamente. Como en el caso de la pluviometría del Noguera Ribagorzana, las disputas político-económicas se dirimían en los términos técnicos de diversas disciplinas científicas.

Por último, la historia de Doñana profundiza en las involucraciones entre investigación científica y tecnológica, territorio y economía política que están en el núcleo de este libro. Pero lo hace recordando que en la configuración del territorio de una sociedad política determinada (en este caso el régimen franquista) siempre tienen efecto los planes desarrollados desde otros estados (por ejemplo, los de los administradores ingleses).

Este juego se hace aún más evidente cuando hablamos de recursos que traspasan varios estados, en nuestro caso la fauna migratoria. Los tratados internacionales de protección de fauna y de aves plantean, desde sus orígenes decimonónicos y africanos, la paradoja de que declarar protegida a una especie migratoria significa en cierta medida sujetarla a las leyes nacionales, y por tanto apropiársela para la soberanía nacional. A su vez, el único modo de hacer la protección efectiva es establecer acuerdos con otros países soberanos relevantes[62]. Como veremos en los capítulos que siguen, la soberanía española sobre recursos y territorios clave dependió en muchas ocasiones de las actividades de científicos e ingenieros, a menudo muy lejos del laboratorio.

8. Gibraltar: oceanografía militar, soberanía y las bases americanas

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Gibraltar: oceanografía militar, soberanía y las bases americanas

DESDE HACE ALGUNOS AÑOS, con la llegada del verano el peñón de Gibraltar vuelve a ocupar portadas y pantallas. La disputa por su soberanía enfrenta a España y el Reino Unido desde 1704, pero lo hace por oleadas entre las que se intercalan largos períodos de connivencias, cesiones mutuas y acuerdos de compromiso. El público crítico suele argumentar que las etapas duras de reclamaciones mutuas son cortinas de humo que los respectivos gobiernos utilizan para desviar la atención de asuntos más importantes y fomentar el sentimiento patriótico. El «¡Gibraltar, español!» que entonó la prensa en los años cincuenta y sesenta del franquismo cumplió desde luego esas funciones. Sin embargo, reducir aquella escalada que degeneró en el cierre de la verja en 1969 a las maneras totalitarias del régimen equivale a negar toda significancia real a Gibraltar. Pero cuando reducimos el estatus histórico y geopolítico de Gibraltar al de mera obsesión o excusa, corremos el riesgo de pasar por alto aspectos necesarios para la reconstrucción histórica de la propia disputa. No entenderíamos, sin ir más lejos, qué intereses han llevado a Gran Bretaña a mantener su soberanía sobre lo que para ellos es «La Roca» por antonomasia.

Este capítulo sitúa la importancia del peñón de Gibraltar en la evolución de su significado estratégico durante la Guerra Fría. La tesis fuerte es que la necesidad de la Marina estadounidense de controlar la entrada de submarinos soviéticos en el Atlántico convirtió al estrecho de Gibraltar en un punto de paso decisivo para importantes acontecimientos geopolíticos y científicos a escala global. A su vez, esto determinó dos transformaciones mutuamente involucradas: la de la vigilancia marítima en el Estrecho con respecto a años anteriores y la de la disputa por la soberanía del Peñón.

Para desarrollar este argumento, introduciré los principales problemas técnicos y científicos suscitados por la exigencia militar de vigilancia submarina en el Estrecho y analizaré de qué modo los militares del régimen aprovecharon esta circunstancia para afianzar la alianza con Estados Unidos en los pactos de 1953 y para incluir a España en las misiones de investigación científica del Año Geofísico Internacional y de la OTAN. La importancia geoestratégica de Gibraltar es la de ser un paso que conecta dos océanos, pero un paso lo suficientemente estrecho como para permitir su cierre desde tierra firme. Los estudios científicos desarrollados con este fin durante la Guerra Fría otorgaron una nueva doble función al Mediterráneo, como factor y canon de los modelos de circulación oceánica global[1]. De acuerdo con la naturaleza transnacional de los programas oceanográficos en Gibraltar, las fuentes de archivo que he utilizado son, además de los españoles Ministerio de Asuntos Exteriores y Archivo Central de la Armada, los archivos de la OTAN, el estadounidense NARA, el Archivo Nacional del Reino Unido y diversas fuentes primarias francesas.

LA VIGILANCIA SUBMARINA DEL ESTRECHO

Desde su conquista a principios del siglo XVIII, la Marina Real británica convirtió el Peñón en una base militar. Esta pequeña pero elevada península era un puerto privilegiado para proteger la propia flota y controlar el paso de las ajenas, lo cual fue vital para un imperio británico con renovado esplendor a principios del siglo XX, cuando la apertura del canal de Suez y una nueva era de comercio global facilitada por el petróleo convirtieron al Estrecho en uno de los pasos más transitados del mundo[2].

La introducción de los submarinos en la Primera Guerra Mundial añadió una tercera dimensión a la vigilancia del Estrecho: las profundidades submarinas. Y el papel aún mayor de la guerra submarina en la Segunda Guerra Mundial cambió para siempre el significado geoestratégico de Gibraltar. Como reflejaba la famosa película Das Boot «El submarino», los submarinos alemanes habían de cruzar el Estrecho para apoyar la campaña norafricana y el bloqueo de la base británica de Malta. Por su parte los Aliados hicieron del Peñón su centro de operaciones para el norte de África, lo cual convirtió a su puerto en objetivo prioritario de hombres rana italianos que a menudo maniobraban con la connivencia de las autoridades franquistas[3].

Con vistas a ganar esa guerra submarina, las marinas de las naciones en pugna se interesaron por la topografía e hidrografía del Estrecho, cuyas aguas turbulentas y fuertes corrientes habían supuesto un enigma a los investigadores marinos durante décadas. Las primeras teorías de que las aguas profundas no eran estáticas sino que se desplazaban por corrientes tan fuertes o más como las de superficie surgieron en el siglo XVIII precisamente en Gibraltar, para dar cuenta del equilibrio hídrico a pesar de la fuerte corriente de superficie del Atlántico al Mediterráneo, que ni siquiera la elevada tasa de evaporación del Mediterráneo podía compensar[4]. Aunque los aparatos de medida todavía no permitían medir corrientes marinas profundas, a principios del siglo XX la escuela escandinava de geofísica introdujo métodos indirectos para dar cuenta de la circulación en sistemas dinámicos como la atmósfera o el océano. En concreto, los diagramas de Temperatura-Salinidad permitían identificar masas de agua y calcular su origen y dirección con base en magnitudes medibles: temperatura, salinidad y profundidad. Albert Defant (1884-1974) y otros oceanógrafos físicos radicados en Berlín aplicaron los métodos de la escuela escandinava a la circulación del Atlántico Norte, y en la década de 1920 señalaron la existencia de una corriente mediterránea (cálida y muy salina) que penetraba en el Atlántico a profundidad media.

Pocos años después, el oceanógrafo británico George Deacon (1906-1984) completó el primer modelo de convección oceánica global identificando los polos como el lugar donde se sumergían las aguas atlánticas, que volverían a aparecer en el ecuador llevadas por corrientes profundas[5]. En 1942, The Oceans, llamado a convertirse en el manual por excelencia de la ulterior generación de oceanógrafos físicos, explicaba las dinámicas en el Estrecho en relación con la circulación global, en particular con las corrientes intermedias atlánticas. Pero también indagaba en cuestiones más locales, como el efecto sobre las corrientes de las elevaciones del suelo y las mareas o la localización exacta de la termoclina, la franja de separación entre la masa de agua atlántica superficial y la profunda mediterránea[6].

De modo crucial para esta historia, ésas eran exactamente las preguntas que interesaban para la guerra antisubmarina. Mientras que los hidrófonos, sistemas de escucha «pasivos» (pero que requerían importantes transformaciones de ondas acuáticas en otras formas de energía) dominaron la Primera Guerra Mundial, el sonar activo y su famoso «ping» se desarrollaron en el período de entreguerras y se convirtieron en esenciales para mapear los fondos marinos y detectar submarinos enemigos[7]. El tiempo que la señal acústica emitida por el sonar tardaba en regresar a los medidores servía para mensurar la distancia y posición de un submarino incluso si éste permanecía sumergido y silencioso, con los motores apagados[8]. Pero las ondas sonoras varían su velocidad y trayectoria dependiendo de la temperatura, salinidad y presión (profundidad), de suerte que cambios bruscos en estos factores producen capas de sombra bajo las que un capitán experto podía esconderse. Por ello, conocer la hidrología precisa del Estrecho, particularmente la posición relativa de la termoclina, era imprescindible para la defensa antisubmarina.

El problema atrajo la atención de varios países. España poseía casi toda la franja norte del Estrecho, y en el sur controlaba los enclaves de Ceuta y Melilla y el Protectorado de Marruecos. El Instituto Español de Oceanografía (IEO), creado en 1914 por Odón de Buen (1863-1945), había explorado las corrientes y orografía de Gibraltar con vistas a la pesca e infraestructuras[9]. Odón de Buen hubo de exiliarse durante la Guerra Civil, y con él varios de sus familiares y colaboradores en el IEO[10]. Con ello se cerró una etapa dorada de la oceanografía española, pero sería erróneo suponer que la disciplina quedó desterrada de España. El IEO tomó un nuevo rumbo al ser transferido al Ministerio de Marina y los asuntos militares, que hasta entonces habían tenido una importancia secundaria, pasaron al primer plano[11]. Las relaciones con la Alemania nazi eran aún buenas y los dos países firmaron acuerdos para la construcción de submarinos en España y de intercambio limitado de información oceanográfica[12]. Como parte de estos acuerdos, el joven físico del IEO Nicanor Menéndez García (1904-1980), viajó a Berlín para estudiar con Defant y su grupo durante 1942 y 1943. En 1945, se convirtió en el primer director de un nuevo departamento de oceanografía física en el IEO[13].

Entre 1947 y 1951, Menéndez organizó un programa de investigación sobre las corrientes de Gibraltar y el mar de Alborán que dio lugar a las primeras publicaciones de sus discípulos, en particular la aplicación de las ecuaciones dinámicas escandinavas al Estrecho por parte de María Luisa González Sabariegos (¿-?) y los trabajos sobre propagación del sonido del geofísico Edmundo Seco Serrano (¿1964[14]). Aunque ambos trabajos eran de gran utilidad para la defensa antisubmarina, los de Seco afrentaban explícitamente el problema del sonar y las capas de sombra, ofreciendo tablas para la corrección de la velocidad de las ondas sonoras en relación con la temperatura[15].

Los estudios del IEO adolecían de graves carencias de equipamiento, y la empobrecida Marina española necesitaba colaboradores externos. En 1949 llegaron las primeras ofertas estadounidenses de colaboración en asuntos navales. La propuesta iba dirigida a frenar a posibles competidores en la transferencia de industria pesada a España, pero sobre todo respondía a las voces que pedían un mayor entendimiento con la dictadura de Franco contra el enemigo común: el comunismo soviético[16].

A medida que las negociaciones sobre un posible acuerdo militar avanzaban, las autoridades españolas ganaron confianza sobre su posición internacional y, sobre todo, sobre su papel en el Estrecho. En verano de 1951, siguiendo unas declaraciones de Franco en las que manifestaba la obsolescencia del Peñón como base militar en la era de los bombardeos aéreos, la prensa del régimen lanzó una campaña reclamando la soberanía de Gibraltar[17]. Y el 16 de julio el almirante estadounidense Forrest Sherman afianzó la posición de España al admitir, en una importante reunión con Franco, la importancia de Gibraltar para la defensa antisubmarina[18]. El general José Díaz de Villegas, siguiendo los escritos publicados por Luis Carrero Blanco bajo el pseudónimo «Hispanus», añadió que por razones territoriales, «el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán constituyen, pues, un corredor puesto bajo nuestra inmediata vigilancia»[19]. Como se ve, las nuevas exigencias de la Guerra Fría otorgaban un nuevo significado al Estrecho en el tablero internacional, y por lo tanto a la cuestión de la soberanía del Peñón.

Desde el punto de vista británico, estas tesis eran inaceptables, y la Marina Real puso todos los medios posibles para persuadir a Estados Unidos de que sólo manteniendo su soberanía sobre el Peñón se podía asegurar el control del Estrecho a favor del bloque capitalista[20]. El argumento era que Gibraltar funcionaba en coordinación con Malta y Chipre, las otras bases británicas en el Mediterráneo, como parte de una nueva red de vigilancia al servicio de la recién creada OTAN. Esta estrategia pasaba por hacer de Gibraltar una base militar de la OTAN: en 1952 se instituyó la Comandancia de Gibraltar (COMGIBMED) bajo el mando del comandante en jefe del Mediterráneo, basado en Malta. Pero la inclusión de Gibraltar en la OTAN aseguraría la soberanía británica siempre y cuando España quedara excluida de la Alianza, y, como es sabido, Gran Bretaña fue firme opositora de cualquier negociación respecto a la entrada de la España de Franco en la OTAN[21]. La Guerra Fría otorgó un nuevo estatus al Peñón, y ambos países en disputa querían participar de él. La investigación oceanográfica se convirtió pronto en una herramienta para esta participación.

SUBMARINOS NUCLEARES Y LOS ACUERDOS DE 1953

A pesar de los esfuerzos británicos por impedirlo, el papel de España en la estrategia defensiva estadounidense fue en aumento. Tras el desarrollo de la bomba nuclear por la Unión Soviética en 1949, Estados Unidos veía la península Ibérica como una plataforma de defensa de la retaguardia europea en caso de un ataque aéreo: demasiado lejos para ser golpeada en un primer envite pero lo suficientemente cerca como para poder lanzar la respuesta[22]. Por tanto, el pacto hispanoamericano de 1953 se centraba en bases aéreas (hasta el punto de que la insuficiencia en otras áreas militares y económicas fue pronto objeto de crítica[23]).

En esta fase del acuerdo, la única base marina para submarinos era Rota, que por su cercanía a Gibraltar suponía una importante amenaza al predominio británico en la zona. Pero incluso mientras el acuerdo se negociaba, Estados Unidos estaba reconsiderando su estrategia aérea. En 1952 se filtró un informe soviético sobre investigación en submarinos capaces de lanzar misiles nucleares[24]. Y dos años después la Marina estadounidense lanzó el Nautilus, el primer submarino propulsado por un reactor nuclear, una tecnología que los soviéticos no tardaron en desarrollar y que aumentaba espectacularmente la autonomía y velocidad de los submarinos. La prospectiva de submarinos nucleares armados con cabezas nucleares, realizada en 1960 con la inauguración del Polaris, hizo a la Guerra Fría descender de los cielos al fondo de los océanos, y la Marina estadounidense pasó a financiar proyectos multimillonarios de investigación oceanográfica con vistas a librar la guerra submarina[25].

Gibraltar pasó de retaguardia a vanguardia de la Guerra Fría. En los años subsiguientes se fueron añadiendo una serie de adendas a los pactos hispanoamericanos que reconfiguraban el papel de España en «la defensa de Occidente» en términos de vigilancia submarina y base de operaciones de la Marina estadounidense: en el Atlántico, Rota acogería submarinos Polaris desde 1962 y, en el Mediterráneo, Cartagena daría cobijo a la Sexta Flota[26]. En palabras de Carrero Blanco, que además de presidente del gobierno era almirante de la Armada, Gibraltar se había convertido en «el punto geográfico más estratégico de España». Y añadía: «Felizmente, el criterio que ha presidido la modernización de nuestras Fuerzas navales, como consecuencia de los Acuerdos de Ayuda Mutua con los Estados Unidos, de 1953, ha sido el de convertir nuestra anticuada y desvalorizada Fuerza naval en una eficiente Fuerza antisubmarina»[27].

Para que la Marina española pudiera desarrollar su función de defensa antisubmarina había que determinar con mayor precisión las peculiaridades acústicas del estrecho de Gibraltar. La Marina estadounidense ofreció experiencia, formación, equipamiento y, no menos importante, apoyo para la inserción de la oceanografía española en programas de investigación internacionales, en particular el Año Geofísico International (AGI), que tuvo lugar durante 1957 y 1958. El AGI fue un esfuerzo sin precedentes para la cooperación en un mundo dividido, un triunfo para el internacionalismo científico que integró tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética y sus respectivos aliados. Sin embargo, esta retórica era las más de las veces una tapadera bajo la cual los diferentes países participantes perseguían sus propios intereses nacionales, tanto económicos como militares, recogiendo información sobre los recursos de enemigos y aliados y midiendo cuidadosamente qué tipo de datos convenía compartir. Durante la Guerra Fría, las ciencias geofísicas eran un medio de control y vigilancia[28].

Los primeros planes para investigaciones oceanográficas en el AGI se limitaban a determinar el papel que la subsunción en los polos tenía para la circulación atlántica[29]. Para ello, el británico Deacon, mencionado más arriba, estableció un programa conjunto con el norteamericano Henry Stommel (1920-1992), sobre quien volveré más adelante[30]. No se hacía ninguna mención a Gibraltar. Sin embargo, Menéndez propuso incluirlo en una reunión preparatoria en Bruselas en 1955 con un sencillo argumento: el intercambio de aguas a través del Estrecho era un factor que había que tener en cuenta en la circulación oceánica[31]. No por casualidad, Menéndez publicó ese mismo año un extenso artículo sobre ese tema centrado en los resultados de los diagramas Temperatura-Salinidad que demostraban la presencia de aguas mediterráneas en el Atlántico Norte[32]. Efectivamente, la Comisión Oceanográfica del AGI constituyó un subcomité para Gibraltar con el fin de determinar los límites de la masa de agua salina introducida en el Atlántico por corrientes profundas. El Estrecho entraba así en una nueva era en el que el principal problema militar, la termoclina, quedaba conectado a las teorías de dinámica global que Deacon y Stommel estaban desarrollando.

Como presidente del subcomité se nombró a Henri Lacombe (1913-2000), quien en ese mismo año de 1955 había fundado la primera cátedra de oceanografía del Museo Nacional de Historia Natural francés. Lacombe había forjado su reputación en detección sonora submarina durante la Segunda Guerra Mundial y lideró después varias expediciones oceanográficas francesas al Mediterráneo occidental. Para Francia, todavía en posesión de sus colonias norafricanas y uno de los cuatro países con costa atlántica y mediterránea, también tenía interés en entender y controlar un área que sería clave para unir sus flotas[33].

En 1956, en la reunión del AGI en Barcelona, Lacombe presentó un plan de investigación que comprendía navíos franceses y españoles. Al año siguiente Francia habilitó dos de los tres barcos que contemplaba el plan. Los oceanógrafos españoles tardaron más en sumarse, por la dificultad de conseguir las divisas para adquirir el material necesario para cumplir con su parte. Esto les forzó a explicitar los argumentos geoestratégicos militares para persuadir al gobierno de la importancia de estudiar el Estrecho y sus «simas inexploradas y cuyo conocimiento y situación ofrecen el mayor interés, particularmente por lo que se refiere a la navegación submarina»[34]. El almirante en jefe explicaba al Ministerio de Asuntos Exteriores que la colaboración con el AGI «concernía investigaciones científicas sobre corrientes profundas en el Estrecho … que guardan alto interés militar, tanto para la navegación submarina como para la defensa antisubmarina»[35].

Cuando el dinero llegó por fin en la primavera de 1958, el IEO compró potentes sonares alemanes y británicos y otros aparatos de investigación, y Menéndez y Serrano se unieron a los barcos franceses a bordo del Segura para colocar 280 boyas para medir corrientes y recoger datos de salinidad y temperatura a diferentes profundidades[36]. Los resultados de las investigaciones indicaban que la corriente mediterránea era menos caudalosa y más variable que lo supuesto en The Oceans, y que la termoclina era también variable y sólo podría entenderse y predecirse a través de la investigación del efecto de las mareas en las diferentes estaciones del año y de las llamadas ondas internas. Como veremos más adelante, Lacombe desarrolló sobre esta base el programa de investigación de la OTAN en Gibraltar[37].

Pero antes de abandonar el AGI, conviene aclarar que los oceanógrafos franceses y españoles no estaban solos en el Estrecho. Buques de investigación norteamericanos e ingleses encargados de estudiar la dinámica del Atlántico Norte también recopilaron datos allí. A pesar de su común participación en el AGI, las Marinas española y británica, lejos de colaborar, se pusieron importantes impedimentos mutuos: el almirantazgo español rechazó la presencia de observadores británicos en la expedición hispano-francesa y el británico negó el permiso a un observador español para subir a bordo del Discovery II mientras investigaba corrientes profundas[38]. En respuesta, España rechazó la petición del navío de usar el puerto de Cádiz y montar líneas de estaciones hidrológicas desde allí al norte de África[39]. La retórica internacionalista no acabó con la disputa de la soberanía.

OTAN: GEOPOLÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Desde 1959 en adelante, la OTAN desarrolló un programa de investigación ambicioso centrado en aquellos cuellos de botella oceánicos que permitiría la detección de submarinos soviéticos[40]. Mientras que la investigación básica era compartida entre los países miembros, la implementación de tecnologías defensivas se consideraba el terreno propio de cada estado. En esta sección veremos que España, a pesar de no ser miembro de la OTAN, estuvo implicada en ambos ámbitos.

Por lo que hace a la investigación básica en Gibraltar, la OTAN puso el Proyecto Gibraltar I a cargo de Lacombe, quien diseñó la investigación en explícita continuación de los trabajos del AGI y con el objetivo de resolver el problema del efecto de las mareas y las ondas internas en la variabilidad de la termoclina[41]. Entre 1960 y 1964 varias expediciones lideradas por el francés Calypso, que el comandante Jaques Cousteau haría mundialmente famoso pocos años más tarde, estudiaron ese problema[42]. La continuidad con el AGI se extendía a la participación española en un programa de una organización de la que no era parte pero que necesitaba poder contar con los puertos españoles en el Estrecho y que podía beneficiarse de sus oceanógrafos[43]. De hecho, la oceanografía española de los siguientes veinte años se desarrolló al calor de los proyectos de la OTAN[44]. Como parte de estas investigaciones, Menéndez publicó nuevos datos sobre temperatura y salinidad y Seco falleció prematuramente antes de completar su tesis doctoral sobre el efecto de las ondas internas en la propagación del sonido en el Estrecho, tema que relacionaba explícitamente con la defensa antisubmarina[45].

La relación entre investigación e intereses militares se hizo más explícita en 1964, cuando el Proyecto Gibraltar pasó a manos del Centro de Investigación de Guerra Antisubmarina de la OTAN, sito en el puerto italiano de La Spezia. El objetivo era obtener información sobre circulación interoceánica al servicio de «investigación de alta prioridad coordinada entre acústica, oceanografía y de operaciones»[46]. Estas investigaciones atrajeron la atención de oceanógrafos de todo el mundo, y en particular la de Henry Stommel, que había desarrollado su modelo de circulación global durante el AGI. Stommel admitía la preeminencia del Atlántico en la convección global, pero suponía que las corrientes que volvían al ecuador lo hacían en una dirección este-oeste que permitía dar cuenta de la recurrencia energética del ciclo. En este modelo, las aguas mediterráneas cumplían la doble función de factor —y las aguas mediterráneas en el Atlántico, fácilmente identificables, servían a Stommel de «marcador» para seguir la trayectoria de las masas de agua hacia el norte— y como modelo —la cuenca mediterránea presenta convección a una escala mucho más reducida que la atlántica y por tanto Stommel pudo emprender la «medición» de la convección—.[47] Cuando entre 1980 y 1985 la OTAN lanzó el Experimento Gibraltar, esta doble función del Mediterráneo, que más tarde quedó plasmada en los libros de texto, ya estaba afianzada[48].

Por lo que se refiere a la implantación tecnológica, en 1958 Estados Unidos e Inglaterra constituyeron el Grupo de Estudio de la Defensa Antisubmarina de Gibraltar como grupo bilateral al margen de otros miembros de la OTAN. Un año antes la Unión Soviética había inaugurado una base de submarinos nucleares en Albania y la descolonización de los países norteafricanos ponía en riesgo el dominio occidental de la región. Los estrategas estadounidenses y británicos coincidían en la necesidad de vigilancia submarina en el Estrecho pero diferían en el método[49]. La Marina estadounidense estaba instalando líneas de hidrófonos por todo el mundo como parte de su programa ultrasecreto Sound Surveillance System y aspiraba a montar una barrera acústica que cruzase el Estrecho de norte a sur[50]. Como complemento, querían instalar un sistema también fijo pero de sonar activo llamado «Colossus», que era puramente experimental y que se probaría en el Estrecho, dado que «las características hidrológicas de Gibraltar ofrecían ejemplos de cualquier situación que pudiera encontrarse en otros lugares»[51]. Como para Stommel años más tarde, el Estrecho aparecía como modelo de otras cuencas.

Los británicos, en cambio, se oponían a este sistema, precisamente porque obligaba a replantear la soberanía del Peñón y el papel de España en la vigilancia del Estrecho. Frente a «la filosofía americana de vigilancia global», proponían perfeccionar el uso de sonar activo desde barcos y helicópteros que evitara los costes de instalar barreras fijas[52]. Estos costes no eran sólo económicos. El sistema norteamericano hacía imprescindible la colaboración española al menos para la instalación del extremo sur de la barrera acústica en Ceuta[53]. Para los británicos, un sistema que dependiese de este modo de España suponía una amenaza directa a su propia posición en el Estrecho. Sin embargo, ante las deficiencias técnicas de su propuesta y la determinación estadounidense a continuar con la instalación fija incluso sin el apoyo de Gran Bretaña, los oficiales británicos hubieron de admitir este sistema para evitar que el extremo norte se instalase en Tarifa en lugar de en Gibraltar, lo que les hubiera dejado fuera de la vigilancia del Estrecho y habría comprometido su argumento de soberanía sobre el Peñón[54].

IMAGEN 8.1. Sistema experimental Colossus. Ross, Twenty Years of Research at the SACLANT.

Entre los años 1963 y 1965, Colossus estuvo en fase de experimentación. Esto forzó a las armadas española y británica a colaborar en una serie de investigaciones y ejercicios conjuntos[55]. La nueva situación animó a las autoridades españolas a proponer una soberanía española sobre el Peñón acompañada de una cesión por parte de España a la OTAN para que Estados Unidos y el Reino Unido mantuvieran allí su base militar[56]. La propuesta fue rechazada por el Reino Unido, a la vez que un nuevo gobierno laborista adoptaba una línea más dura con el régimen franquista, cancelando los ejercicios conjuntos y la venta de unas fragatas que tenía contratadas con España (en su lugar, la España de Franco retomó los ejercicios y las compras con la Francia de Charles de Gaulle, nuevo potencial socio en Europa y que a su vez había debilitado sus vínculos con la OTAN considerablemente[57]). Algunos oficiales británicos trataron de convencer a su gobierno de la necesidad de colaborar con España en materia oceanográfica y de defensa antisubmarina, pero la cancelación de Colossus por parte de Estados Unidos en 1965 restó fuerza a sus argumentos[58].

En 1965 España pidió el ingreso de Gibraltar en el Comité de Descolonización de la ONU. Sucesivos agravamientos de la crisis acabaron con el cierre de la verja en 1969. Aunque volvió a abrirse en 1985, los reavivamientos de los últimos años demuestran que el conflicto está lejos de solucionarse. La cuestión de las aguas territoriales sigue estando en el centro de la polémica. En 1968, los servicios de inteligencia españoles llamaban la atención sobre la llegada al Peñón de seiscientas boyas de defensa antisubmarina que, de ser colocadas, dificultarían el tráfico en Algeciras[59]. En la misma época, España se quejaba de las posibles consecuencias sobre la pesca de la flota de submarinos nucleares[60]. En la polémica de los bloques de hormigón del verano del 2013, los argumentos económicos y ecológicos evitaron a ambas partes referirse a los problemas geoestratégicos, que persisten tras la caída de la URSS y la entrada de España en la OTAN[61].

La importancia de la soberanía sobre el Peñón tomó nuevas fuerzas y significados por el alcance geopolítico y geofísico de la vigilancia submarina durante la Guerra Fría. La inclusión de la España de Franco en el bloque de países capitalistas tuvo lugar también al nivel de la investigación científica, a menudo impulsada por necesidades defensivas. Oceanógrafos y marinos hacían las veces de diplomáticos. La disputa sobre la soberanía de Gibraltar, que precedía con mucho a la Guerra Fría, se reconfiguró en el marco de las nuevas exigencias para la defensa antisubmarina del Estrecho. A su vez, las investigaciones oceanográficas necesarias transformaron el Mediterráneo occidental en factor y canon de los modelos de circulación oceánica.

9. Soberanía y energía: carbón, petróleo y nuclear

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Soberanía y energía: carbón,

petróleo y nuclear

¿TRATÓ FRANCO DE CONSEGUIR la bomba atómica? Esta pregunta es de las que más interés suscita al hablar de ciencia y franquismo, y ha dado lugar a diversas especulaciones sobre planes secretos, conspiraciones y escenarios contrafácticos. Y, sin embargo, tal vez no sea la pregunta más relevante para entender el papel de la energía nuclear en la historia reciente de España.

Tras las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, la soberanía de todos los países pasó a estar indisolublemente ligada a la nueva y terrible bomba, y todos los gobernantes, también los españoles, sopesaron sus posibilidades para conseguirla[1]. Sin duda, ésta fue una de las razones detrás de la creación en 1948 de una junta secreta para el desarrollo de la energía nuclear en España. Pero a medida que avanzaba la década de 1950 las posibilidades de desarrollar una bomba se veían más lejanas y tal vez menos perentorias conforme se iba asumiendo que la defensa de España en caso de guerra atómica dependería de la alianza con Estados Unidos. En esas circunstancias, el problema que se hizo verdaderamente acuciante era el de si España podía aspirar a la independencia energética y en qué condiciones.

Con los años, la autarquía, la Guerra Fría y la transición política convirtieron a España en uno de los principales productores de energía nuclear de su tiempo. Paradójicamente, este resultado distaba mucho de ser ideal para uno de los principales promotores de la energía nuclear en España, el físico e ingeniero militar José María Otero Navascués. Como veremos, Navascués veía en la energía nuclear la última posibilidad para lograr una España independiente de recursos extranjeros, principalmente del petróleo. El argumento es ya habitual a estas alturas del libro: sólo así podría lograrse la soberanía política. Para ello, la prioridad era encontrar y explorar uranio en España (y sus colonias, como veremos en el próximo capítulo). Sin embargo, la potencia industrial y diplomática de Estados Unidos frustró esta posibilidad mediante una hábil táctica que también funcionó con distintos grados de éxito en otros países con diferentes circunstancias políticas y económicas.

El proyecto de Otero era alternativo al que Suanzes estaba desarrollando para el carbón, que a su vez fue también parcialmente derrotado por la competencia de materias primas importadas, en este caso el petróleo. A lo largo del siglo XX, y en especial del franquismo, la dependencia energética del exterior no hizo más que crecer, alcanzando un 85 % en 1975 y subiendo hasta el 90 % en años posteriores. Por tanto, el énfasis fue desplazándose de la independencia a la seguridad, es decir, al interés por la producción propia se sumó el intento de rebajar la vulnerabilidad energética ampliando el número de países de los que se importaba el crudo o el gas. Este capítulo abre con una breve historia del carbón en el CSIC y en el INI para después dar paso al papel del petróleo importado y finalmente centrarse en el uranio en el concierto internacional. Se trata de situar las materias primas energéticas en contextos tanto técnicos como geopolíticos. Se trata también de subrayar las luchas entre los ingenieros del régimen por hacer valer sus respectivos proyectos dentro del paraguas común de la autosuficiencia energética. La clave de esta lucha eran alianzas con otros grupos, como los empresarios y la oposición política.

EL CARBÓN EN LA «TRILOGÍA INDUSTRIALIZADORA»

En 1948 el director José Luis Sáenz de Heredia estrenó la película Las aguas bajan negras. En el cartel, un minero y un agricultor luchan por el control del campo y de la aldea. Se trata de una lucha a pico y azada por el alma de España, representada en el cartel y la película por la actriz Charito Granados. Aunque se dice «inspirada en la novela de Palacio Valdés, La aldea perdida», el desarrollo, el desenlace y la moraleja son diametralmente opuestos a los de la novela de 1903. Valdés imaginó una aldea cualquiera en un monte asturiano al que, unos años después de la primera guerra carlista, llegaban unos inversores con la propuesta de extraer carbón de la mina. Ante la pasividad del sacerdote local, unos políticos corruptos desoyen los consejos de los tradicionalistas de preservar las costumbres y el paisaje y malvenden el territorio en nombre de un progreso mal entendido, que no es sino corrupción moral y retroceso social. El juego de palabras era claro: la aldea perdida, alejada del mundanal ruido, pasa a perderse para siempre por la destrucción moral y física que conlleva la industrialización.

La versión cinematográfica de 1948 mantenía el mismo escenario: en Asturias, pasados veinte años de la primera guerra carlista, aparece el dilema entre tradición rural e industrialización. Llegan unos industriales urbanos con la propuesta de traer el progreso a la ciudad y los tradicionalistas oponen violenta resistencia en nombre de la pureza moral, indisolublemente unida a la pureza del paisaje: «Las aguas del Nalón bajan ya negras por el carbón, ¡qué importa que bajen rojas con mi sangre por defenderlo!». Pero esta vez, a diferencia del original de Valdés, el párroco local interviene y logra convencer a políticos y aristócratas tradicionalistas de la necesidad de abrir las puertas de la aldea a la minería del carbón. Y lo hace en nombre del «progreso industrial». Pero un discurso cuidado hasta el detalle revela que el cura no está pensando en un progreso abstracto, general, ni global, sino en el progreso industrial de España. El párroco establecía una analogía entre el sacrificio de Asturias en Covadonga por la España cristiana frente a los sarracenos con el sacrificio de la belleza prístina de sus paisajes en favor de una España industrializada. Porque (y aquí oímos los ecos del Concepto cristiano de la autarquía que ha aparecido en capítulos anteriores) sin industrialización no puede un país aspirar a mantenerse políticamente independiente. Sin independencia energética, no hay soberanía.

Las aguas bajan negras abundaba en las tesis nacionalcatólicas que influyentes ingenieros del régimen defendían por aquellas fechas a la hora de elaborar planes de producción y aprovechamiento de energía. El director Sáenz de Heredia, discípulo de Buñuel y primo de José Antonio Primo de Rivera, era por entonces uno de los directores estrella del franquismo: Franco lo eligió ni más ni menos para pasar al cine su propia novela Raza (tanto en su versión antiliberal de 1941 como en su versión anticomunista de 1950[2]). No es de extrañar por tanto que su interpretación de la novela de Valdés recogiera puntos de vista oficiales sobre el carbón asturiano, que en esos momentos tenía en Juan Antonio Suanzes uno de sus principales impulsores.

Recordemos que Suanzes consideraba el carbón como parte de la «trilogía industrializadora», junto con el hierro y la electricidad. El capítulo 5 demostró que la potenciación de la hidroelectricidad se enmarcaba en un plan de autarquía industrializadora que, sin embargo, encontró oposición por parte de ingenieros con visiones alternativas sobre la economía política española. Esta oposición no frenó el desarrollo hidroeléctrico, pero sí la ejecución del plan original que Suanzes había presentado como total y «totalitario». Algo parecido le pasó con el carbón, aunque el papel de éste en el conjunto de la economía política española sufrió una evolución completamente diferente al de la hidroelectricidad.

Alrededor de 1930, el 25 % del carbón que se utilizaba en España era importado. Por entonces la dependencia energética española no era muy acusada, teniendo en cuenta que aproximadamente un cuarto de la energía consumida era de origen orgánico (leña, tracción animal, biomasa…). La cantidad de carbón importado se redujo drásticamente con el inicio de la Guerra Civil, en parte por la dificultad de adquirir carbón en el extranjero, pero también por el descenso de las actividades de los tres consumidores principales: los trenes y la marina mercante (que hasta entonces absorbían el 30 % de la producción), las industrias del hierro y el acero (10 %) y la producción de cemento (5 %). Pero la demanda de energía se recuperó rápidamente, un 7,8 % anual, lo que dio lugar a cifras tan sorprendentes como que de 1950 a 1970 la potencia añadida a la red eléctrica aumentó en un 10 % anual[3]. En el sector del carbón la recuperación fue igualmente rápida: en 1937 el uso de carbón en el bando nacional había alcanzado el 75 % respecto a 1935 y, poco después, las necesidades de transporte, industrias del metal y construcción dispararon la demanda[4].

Entre 1945 y 1955, la producción de carbón destinado a la manufactura de cemento se multiplicó por dos. Durante la Segunda Guerra Mundial y en los años inmediatamente posteriores, las dificultades para obtener otras fuentes de energía favorecían el uso del carbón. El régimen culpaba a la «pertinaz sequía» de los continuos cortes eléctricos que se hicieron comunes entre 1943 y 1948, y el mercado internacional de combustibles durante la Segunda Guerra Mundial era caro e inestable. En España (pero también en otros países) era la época del gasógeno y otros sucedáneos del petróleo. Con unas importaciones prohibitivas, la industrialización dependía del carbón nacional. Mientras que en los años veinte y treinta las medidas habían sido proteccionistas frente a la competencia extranjera y de mantenimiento de precios mínimos, ahora el objetivo era aumentar la producción evitando que los precios se dispararan. La mano de obra barata y controlada por el aparato represor permitiría a las empresas extractoras mantener un margen de beneficios[5]. Pero el productivismo se topaba con la mediocre calidad del carbón: la única solución era la investigación.

Por eso no es sorprendente que en 1941, tras el Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación, el segundo laboratorio preexistente al Patronato Juan de la Cierva (PJC) que se integró en el Patronato fuera el Instituto Nacional del Combustible. El profesor de ingeniería de minas Vicente Gómez de Aranda, que había fundado el Instituto en Zaragoza a principios de la década de 1930, comenzó a colaborar con el CSIC inmediatamente tras la creación del Consejo, en particular, con los profesores de química de Madrid Agustín Martín y Antonio Rius Miró (1890-1973). Rius era catedrático de química técnica en la Universidad de Madrid y fue el primer director del Instituto Rocasolano de Física y Química perteneciente al CSIC —más tarde se convertiría en vicepresidente del CSIC—. Por cierto, que este Instituto tomaba su nombre de Antonio de Gregorio Rocasolano (1873-1941), profesor de la Universidad de Zaragoza que colaboró con Gómez hasta su muerte en el Instituto del Carbón y al que encontramos en el capítulo 1 poniendo las bases de las depuraciones científicas tras la Guerra Civil.

Junto con Gómez y Suanzes, Rius promovió la creación del Instituto Nacional del Carbón como centro colaborador del Instituto Nacional del Combustible dentro del PJC. El nuevo INCAR se fundó en 1946 en la ciudad de Oviedo. Su razón de ser era precisamente la proximidad a las minas de carbón asturianas, a las que se refería Las aguas bajan negras y que definirían el paisaje y la economía de la región en las próximas décadas.

El químico y profesor de ingeniería de minas Francisco Pintado Fe (1914-1971) fue nombrado primer director del INCAR. En 1948, poco después de su nombramiento, visitó minas y centros de investigación en varios países europeos con el fin del propósito de definir los medios y los fines de la nueva institución[6]. La primera conclusión que enarboló a su vuelta fue que para ser realmente efectivo el INCAR debía contar con una planta de producción industrial propia, particularmente dedicada a la producción del coque y la investigación de su uso en altos hornos, imprescindibles para la industria pesada. Si el INCAR quería ser relevante para la industria nacional, habría de ser capaz de cubrir el espacio intermedio entre la investigación de laboratorio y la producción en masa, puesto que sólo así obtendría resultados válidos para escalas industriales[7].

El razonamiento, que ya conocemos por las disputas en torno al Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, tiene por corolario que sólo el Estado tenía los recursos y la perspectiva necesarios para invertir en una planta de estas características, dado que los productores privados no estarían dispuestos a desarrollar investigación a una escala industrial[8]. El objetivo de mejorar la producción en masa de coque, además, enlazaba con otros planes estatales, en particular con la Compañía Nacional del Metal, dependiente del INI y sita también en Oviedo (y recordemos que el hierro era uno de los tres pilares de los que habló Suanzes[9]).

Inmediatamente Suanzes comenzó a buscar financiación para la planta industrial del INCAR. Sin embargo, una vez más sus planes se torcieron. Desde Hacienda respondían que era imposible obtener las divisas necesarias para adquirir la maquinaria necesaria en el extranjero. Suanzes emprendió una batalla más, una que duró más de una década de negociaciones con diferentes organismos para obtener financiación y permisos[10]. Para paliar los problemas de financiación, Suanzes logró que se aplicara un canon sobre las ventas del carbón cuya recaudación iba dirigida al INCAR. Esto suponía un privilegio dentro del Patronato que el INCAR sólo compartía con el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento y (muy significativamente cuando nos acordamos de la «trilogía industrializadora») el Instituto del Acero. Además, el INI destinó un crédito sin intereses a favor del INCAR por valor de cuarenta millones de pesetas[11].

Sin embargo, cuando la construcción de la planta industrial del INCAR comenzó en 1959, el papel del carbón en el conjunto de la economía política española no era ya el de la década anterior. Incluso Gran Bretaña estaba sustituyendo el carbón por petróleo, que estaba disponible a precios cada vez más baratos en mercados internacionales que ya no estaban cerrados para España. Mientras que en 1950, el carbón proveía el 67 % de la demanda de energía en España, en 1955 sólo cubría el 56 % y en 1959 el 49 %. De este total, menos del 5 % era importado (la mayoría de Estados Unidos, aunque había variaciones según los tipos de carbón), y los productores nacionales se aseguraron de imponer nuevos impuestos al carbón extranjero[12]. Las medidas proteccionistas no evitaron que la hidroelectricidad y el petróleo siguieran ganando terreno, de modo que en 1965 el carbón representaba el 38 % de la energía total consumida y el petróleo un 44 % (la hidroelectricidad un 19 %).

Joaquín Planell Riera (1891-1969), estrecho colaborador de Suanzes y sucesor suyo como ministro de Industria entre 1951 y 1962, se sumó a las medidas proteccionistas, como la potenciación del consumo. También ingeniero militar, Planell ostentaba la vicepresidencia del INI, dentro del cual dirigía el Consejo Técnico para el Combustible y la Empresa Nacional Calvo Sotelo (ENCASO), especializada en combustibles líquidos y lubricantes. El INI construyó centrales térmicas de carbón para ENCASO (y la de Escatrón en coordinación con ENHER[13]). Y en 1955, Planell lanzó un decreto liberalizando los precios del carbón y otro haciendo su uso obligatorio para la calefacción de todos los edificios de propiedad o financiación estatal. Como recordará el lector, el silo de carbón de Costillares se había adelantado en dos años a ese requisito, que se hacía más difícil de justificar en términos exclusivamente monetarios conforme pasaban los años.

La situación era tal que en 1967 el INI acordó con los productores privados de Asturias entrar en el sector directamente mediante la nueva empresa del INI, HUNOSA, que rescató el sector mediante importantes inyecciones de capital. Suanzes seguía defendiendo el carbón como materia prima de «interés nacional», pero el contenido de ese interés había variado fundamentalmente, de ser un pilar industrializador insustituible había pasado a ser un recurso que, frente a otros disponibles, no ofrecía otra ventaja que la de ser nacional. Pronto, la crisis del petróleo demostraría que esa ventaja no era poca cosa.

PETRÓLEO FRENTE A CARBÓN

A pesar de los esfuerzos de Suanzes, Planell y los productores, en 1973 el carbón representaba sólo el 18 % de la producción de energía eléctrica. Gran parte de la competencia provenía de la hidroelectricidad: la producción pasó de 3366 GWh en 1935 y 5076 en 1950 a 15 488 en 1960 y 29.5324 en 1973 (y desde mediados de los años cincuenta, gran parte de la inversión en turbinas y generadores provenía de la ayuda financiera norteamericana[14]). Aun así, el peso relativo del agua en la generación de energía eléctrica fue de un 84 % en 1960 a un más proporcionado 39 % en 1973. Descontando el 18 % del carbón y el pequeño porcentaje de nuclear por aquella época, el resto de la potencia eléctrica instalada provenía del petróleo. Para el total de la energía consumida la proporción era aún mayor: de un 8 % del total en 1935 y un 17 % en 1953, el petróleo suministraba un 68 % de la energía total consumida en España en 1974[15]. Esto representaba más del 90 % de las importaciones de energía al país, y aproximadamente la cuarta parte del costo total de las importaciones. Aún más grave, como veremos, los proveedores eran extremadamente limitados.

Como vimos en la historia del ENHER, la industria privada y el INI se disputaron el terreno de la hidroelectricidad y las privadas obtuvieron una gran victoria cuando el ingeniero y presidente de Hidroeléctrica Española, José María de Oriol y Urquijo (1905-1985), logró apoyos suficientes para que Franco aceptara que las privadas se encargaran de la red eléctrica a través de UNESA (lo hicieron citando planes de Pérez del Pulgar[16]). El poder de UNESA era tal que a ella le correspondió elaborar el primer Plan Nacional de Electricidad. Al poco de acabarse quedó obsoleto por la escalada de precios del petróleo de 1973. El petróleo era insustituible para el transporte por tierra, mar y aire. Pero la hidroelectricidad, la nuclear y el carbón se potenciaron para todo lo demás.

Esta dependencia había sido de reciente creación. En 1927 el gobierno de Primo de Rivera declaró el monopolio estatal sobre las importaciones y refinería de petróleo, cediendo su gestión a CAMPSA, una empresa con importante participación bancaria. Sin embargo, algunos de estos bancos pronto crearon CEPSA como proveedor de CAMPSA. En 1930 CEPSA inauguró en las Canarias la que sería la única refinería española hasta 1951, cuando inauguró otra en Ceuta sujeta a parecidos beneficios fiscales; en 1967 abriría otra en Algeciras, consolidando así su papel en el lucrativo negocio del bunkering, el suministro a los barcos que cruzan el Estrecho y por el que compite Gibraltar[17].

La procedencia de las importaciones fue variando con el tiempo. Durante la Guerra Civil, el bando republicano obtenía la mayoría del crudo de la Rusia soviética, pero sufrió el bloqueo de las democracias parlamentarias, cuya «neutralidad benévola» se convirtió en ocasiones en un claro apoyo al bando nacional, como en el caso de la Texaco y sus ventas a precios de costo[18]. Durante la Segunda Guerra Mundial, las afinidades del nuevo régimen con el eje cambiaron las tornas y llevaron a Estados Unidos a establecer algunos períodos de bloqueo en los que las llamadas «7 hermanas» suspendieron las ventas de gasolina a España (por temor de que fuera a parar a manos italianas o alemanas). Desde 1946 a 1959, las importaciones de CAMPSA crecieron a un 15 % anual[19]. En 1946 España importaba el 50 % del petróleo de las refinerías de la Royal-Dutch Shell, en la colonia holandesa en las Antillas, el 43 % de Venezuela y sólo un 6 % de Estados Unidos. En la década de 1950 otros proveedores irrumpieron con fuerza, particularmente de los países árabes, de modo que en 1960 la dependencia española de la recién fundada OPEP superaba el 80 %.[20]

Como respuesta (fallida) a los bloqueos durante la Segunda Guerra Mundial, Suanzes y Planell crearon ENCASO en 1944. Pronto empezaría a recibir nada menos que el 40 % de la inversión total del INI, en su mayoría destinada a obtener combustible de pizarras bituminosas, primero con tecnología alemana y luego norteamericana. Cuando la primera fábrica española se abrió en 1957, la última americana experimental había cerrado el año anterior, en 1956, ante la realidad del petróleo barato[21]. De modo que en 1961 la española hubo de ser reconvertida en la refinería de Puertollano, que estaba convenientemente situada para las pizarras, ¡pero no tanto para los puertos marítimos donde se recibe el petróleo!

ENCASO también se dedicaba a la prospección de petróleo. Tras vencer políticamente el monopolio de CAMPSA, el INI obtuvo licencia para buscar oro negro en 1952. Para ello buscó ayuda nacional e internacional[22]. En 1958, esta vez frente a los planes del INI, una nueva liberalización tuvo lugar y se permitió a compañías extranjeras prospectar en el Sáhara Occidental (los efectos de esta búsqueda se recogen en el siguiente capítulo[23]). Por otro lado, a mediados de los años sesenta, CEPSA estableció acuerdos con compañías estadounidenses para prospectar en Guinea Ecuatorial (todavía española) y en el exterior (Irán). Y en 1965 el INI creó Hispanoil para prospectar en el extranjero, aunque se limitó a intentonas sin resultado en Kuwait.

A pesar de estos esfuerzos, el grueso del petróleo siguió importándose y dada la dependencia (recordemos: el 68 % del total de la energía consumida en 1974), la crisis del petróleo golpeó a la economía española con dureza. Sin embargo, la fragilidad política del régimen en sus últimos años, que hacía difícil plantar cara a los intereses de las petroleras, y la inversión realizada en centrales térmicas con fueloil, crearon una inercia difícil de parar: a pesar de los altos precios, las plantas de fueloil pasaron de usar seis millones de toneladas equivalentes de petróleo en 1973 a diez millones en 1976[24]. El petróleo llegó a suponer el 75 % del total del déficit de la balanza comercial. Solamente en la década de 1980 empezó a equilibrarse el peso del petróleo en la economía española por la vuelta del carbón y el boom de la nuclear. En 1980 se comenzó a implementar el Plan Acelerado del Carbón, que subvencionaba las centrales térmicas alimentadas con carbón. Las centrales térmicas pasaron a usar sólo un 7,5 % de fueloil y en 1986 el carbón alcanzó un 45 % de la producción eléctrica total. El objetivo seguía siendo fomentar el carbón nacional, pero sobre todo rebajar la dependencia del petróleo, de suerte que importar carbón no era incompatible con esta meta y aproximadamente el 20 % del utilizado se empezó a comprar fuera (en Estados Unidos, Sudáfrica y Polonia[25]).

La historia del carbón en España está ligada al movimiento obrero, y en la España de Franco a la oposición comunista. El movimiento obrero del XIX cristalizó en torno al carbón (las minas, los ferrocarriles y los hornos). En Inglaterra, Francia o Alemania, la huelga general significaba el poder de los obreros de paralizar la economía nacional obstruyendo el paso del carbón[26]. También en España el movimiento obrero era minero (sin dejar de recordar la importancia del campo y sus jornaleros). En 1934 las fuerzas republicanas, comandadas entre otros por el general Franco, sofocaron violentamente una huelga general revolucionaria que en la cuenca minera asturiana había aglutinado a un ejército de trabajadores armados con dinamita y dispuestos a derrocar al régimen burgués parlamentario que protegía a sus explotadores y había permitido la entrada de la CEDA en el gobierno. De Émile Zola a Aida Lafuente, las minas aunaban la miseria y negritud de las profundidades con la esperanza de lo que germina bajo tierra.

La Guerra Civil (con toda su dialéctica entre guerra y revolución: entre comunistas y anarquistas) y la represión de posguerra acabaron con el movimiento obrero en España. Cuando éste volvió a resurgir, lo hizo en torno al carbón. Lo que empezaron siendo reivindicaciones salariales y de reducción de la jornada laboral más o menos aisladas, fueron adquiriendo mayor fuerza, y en 1957 los paros adquirieron forma organizada y obtuvieron éxitos parciales (la Ley de Convenios Colectivos se aprobó en 1958), proceso que culminó en la primera gran huelga minera de 1962, a la que pronto se sumaron otros sectores y regiones industrializadas y que, aunque duramente reprimida, obligó al gobierno a negociar. Parecería que la sustitución del carbón por el petróleo barato proporcionaba al régimen una herramienta para rebajar el poder de los mineros (aunque cerrar las minas tampoco hubiera sido compatible con mantener la «paz social» de las cuencas). Y sin embargo esta sustitución no pudo completarse, pues el carbón nacional volvió a consolidarse como alternativa a un volátil mercado internacional de petróleo.

URANIO ESPAÑOL, PACTOS SECRETOS Y HEGEMONÍA ESTADOUNIDENSE

La misma conexión entre soberanía y energía acompañó a la historia de la energía nuclear en España. En la segunda mitad del siglo XX, la energía nuclear fue poco a poco sumándose como alternativa viable al carbón, al petróleo y a la hidroelectricidad. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, uranio significaba bomba atómica. Pero muy pronto la posibilidad de utilizar la energía liberada al romper átomos de uranio para producir trabajo físico abrió nuevas posibilidades a quienes lograran hacerse con el mineral y con los reactores para aprovecharlo.

Cuando la Unión Soviética probó con éxito la bomba atómica en 1949, quedó claro que para tener voz en el concierto internacional era necesario desarrollarla, y muchos países se esforzaron en ello. Entre nosotros, fueron Inglaterra y Francia quienes la consiguieron. Gran Bretaña en 1952, sin ayuda estadounidense pero con su benevolencia. El camino de Francia hasta la prueba de Argelia en 1960 fue más arduo, y no hubiera sido posible sin el acceso a minas de uranio que le proporcionaron sus colonias africanas. Hay que recordar que durante la Guerra Fría más de la mitad del uranio provenía (y aún hoy proviene) de países como Namibia y Níger[27].

Otros países europeos se enfrentaban con dificultades aún mayores. Alemania e Italia tenían prohibido cualquier contacto con la física nuclear. Aunque España no tenía esa restricción, carecía de medios económicos y de tradición en física nuclear. Pero el régimen de Franco tenía alguna baza a su favor. Desde antes de la Guerra Civil se sabía que en el territorio español había torio y, en 1941, el ingeniero de minas Antonio Carbonell halló una mina bastante rica de uranio en Albarrana, Córdoba. En 1945, demostrado el poder del mineral radiactivo, el régimen de Franco decretó el monopolio estatal sobre el uranio y varios ingenieros militares y de minas y físicos empezaron a idear posibilidades de extracción y aprovechamiento[28].

En 1948 se fundó secretamente la Junta de Investigaciones Atómicas que reunía a varios de estos expertos con puestos de responsabilidad política con el objetivo de determinar qué pasos eran necesarios para que España pudiera acceder a la energía nuclear, fuera para fines bélicos o pacíficos. En este grupo destacaban el estrecho colaborador de Carrero Blanco e ingeniero militar general Juan Vigón, el ingeniero y físico Esteban Terradas, que ya hemos encontrado en algún otro capítulo, y el físico José María Otero Navascués (1907-1983). Otero, de extensa formación internacional y dominio de varios idiomas, pronto asumió la responsabilidad de desarrollar la energía nuclear en España. En 1946 fundó el Instituto Nacional de Óptica Daza de Valdés, que en ese mismo año adquirió el primer microscopio electrónico de España y para cuyo laboratorio diseñó Miguel Fisac en 1948 uno de los edificios más singulares de cuantos forman el complejo del CSIC en Madrid.

El primer paso era establecer relaciones internacionales, y los contactos de Otero fueron importantes para ello. En Alemania, físicos como Werner Heisenberg o Karl Wirtz, que habían participado en el programa nuclear nazi y en su país tenían prohibido dedicarse a la investigación en este ámbito, pasaron temporadas en España como profesores invitados[29]. Las colaboraciones iban más allá de la física de partículas a la transferencia de tecnología, y a principios de los años cincuenta la Junta desarrolló una planta de tratamiento metalúrgico del uranio con tecnología alemana.

Pero los contactos más fructíferos fueron con Italia. En 1948 Carrero Blanco invitó a España a un enviado del Centro Informazioni Studi ed Esperienze. Los cálculos de Carbonell y otros situaban a España (erróneamente) como quinto país en reservas mundiales de uranio, y Otero utilizó estas estimaciones para firmar un acuerdo secreto con los italianos. A cambio de media tonelada de uranio de Albarrana, Italia proporcionaría formación a geofísicos y físicos españoles y asistencia técnica en la prospección de uranio y en el funcionamiento de reactores atómicos como parte de un programa secreto que se estaba llevando a cabo en Milán. Éste fue el primer paso en la formación científica y técnica de un grupo que pronto formaría el germen de la comunidad de físicos nucleares españoles y entre los que se encontraba María Vigón, hija del general. Además, la Junta se hizo con los primeros contadores Geiger-Müller, que pronto pasaron a fabricarse en laboratorios del Ejército. A cambio, Otero viajó a Italia con doscientos kilogramos de nitrato de uranilo en valija diplomática, menos de lo acordado y esperado[30].

En 1951 la Junta de Investigaciones Atómicas abandonó el secreto y se refundó como Junta de Energía Nuclear (JEN), dirigida por Otero y centrada en la obtención de energía nuclear para usos pacíficos. El uranio de Córdoba resultó ser de menor calidad y mucho más escaso de lo esperado, de modo que la colaboración con Italia pronto perdió intensidad. Pero Otero inició contactos con otros países, por ejemplo Francia. Pronto, el socio español más fructífero en asuntos nucleares pasó a ser Estados Unidos. En aquel momento se pensaba que las reservas mundiales de uranio eran escasas, y la Agencia Atómica Estadounidense tenía mucho interés en conocer y participar en los esfuerzos prospectivos de países amigos. En el caso de España, además, esta política coincidía con una nueva etapa de relaciones bilaterales entre ambos países. En 1953 el Servicio Geológico Estadounidense envió un equipo de geofísicos para localizar uranio en España[31].

La actitud estadounidense respondía a un cambio de estrategia internacional en los asuntos concernientes a la energía nuclear. Ante la erupción de contactos secretos o discretos entre países de todo el mundo que evidenciaban la existencia de un mercado negro mundial de uranio, los estrategas estadounidenses decidieron abandonar la política de secretismo y aislamiento en temas nucleares: el único modo de cortar relaciones bilaterales ajenas a su control y de adquirir información sobre los recursos y capacidades nucleares de los distintos países era colaborar con aquellas naciones que no estuvieran en la órbita soviética y que quisieran desarrollar energía nuclear para fines pacíficos. Con este objetivo, el presidente Dwight D. Eisenhower pronunció en 1953 su discurso «Átomos para la paz».

El programa americano Átomos para la Paz comenzó a funcionar realmente con la conferencia de Ginebra de 1955: se firmaron acuerdos bilaterales con más de quince países en los que los estadounidenses entregaban reactores llave en mano a precios baratos a cambio del compromiso del país receptor de perseguir únicamente usos pacíficos y a no comerciar con uranio sin el conocimiento de la Agencia estadounidense.

En un contexto en el que las prospecciones internacionales habían acabado con la escasez del uranio y comenzaban a dar paso a la superabundancia, esta estrategia aseguraba astutamente la continuidad del monopolio yanqui, puesto que los reactores de la Westinghouse y la General Electric funcionaban con uranio enriquecido y la tecnología de enriquecimiento era entonces exclusiva de Estados Unidos y la URSS[32]. Los acuerdos bilaterales firmados a partir de 1955 comprendían no solamente los reactores, sino la cantidad de uranio enriquecido necesaria para su funcionamiento y cláusulas muy estrictas respecto a la utilización del plutonio de residuo: más que de una venta de uranio, se trataba de un alquiler, dado que el país receptor debía devolver los residuos a Estados Unidos una vez agotados. En ocasiones el país receptor exportaba uranio natural que Estados Unidos devolvía enriquecido, creando una dependencia manufacturera de importancia tanto económica como militar.

Diferentes países reaccionaron de formas distintas a la estrategia hegemónica estadounidense[33]. Para huir de esta situación de dependencia implícita en Átomos para la Paz, Francia no firmó ningún acuerdo bilateral con Estados Unidos, sino que siguió desarrollando su propia tecnología de reactores de grafito que utilizaban uranio natural y se consideraban un símbolo nacional[34]. Esto es lo que le permitió en 1960 probar con éxito su primera bomba en el Sáhara argelino. Italia, por el contrario, abandonó sus investigaciones sobre reactores en Milán y cedió ante la nueva situación.

El caso de España es intermedio y muy revelador. Otero Navascués se congratuló del acuerdo bilateral firmado en 1957, que permitió instalar en 1958 el primer reactor experimental en los terrenos de la JEN en Madrid (pronto siguieron Bilbao y Barcelona, con capital privado y apoyo de la JEN) y en 1964 la primera central nuclear conectada a la red eléctrica, la de Zorita en Guadalajara. La inversión para esta última correspondió (con muy buenas condiciones) a las privadas que formaban parte de la UNESA comandada por Oriol. Pero la JEN por su parte mantenía la «batalla por el combustible español»: las prospecciones habían continuado y en 1958 la JEN inauguró una fábrica de combustible de uranio natural en Andújar, Jaén. Otero razonaba explícitamente su recelo de la nueva dependencia del uranio enriquecido y mantenía el proyecto de instalar un reactor de uranio natural que constituyese un primer paso hacia la ansiada independencia energética[35].

Para obtener un reactor con capacidad de producción industrial, Otero recurrió al país vecino, líder en tecnología de reactores alimentados con uranio natural, y con el que España estaba reforzando relaciones en ámbitos comerciales y militares. La Comisión de Energía Atómica francesa estaba dispuesta a romper el monopolio estadounidense y establecer un mercado mundial de uranio natural. Para ello, fomentar la tecnología de sus reactores de grafito era un paso importante, y España fue el primer país comprador de lo que se esperaba pudiera ser una larga lista.

Sin embargo, fue también el último. En 1963 los dos países firmaron el acuerdo para instalar Vandellós I, de tecnología francesa[36]. Fue la tercera central nuclear con capacidad productiva construida en España. Sin embargo, para cuando entró en funcionamiento, un consorcio anglo-holandés había instalado una central de gas de enriquecimiento, rompiendo el monopolio estadounidense[37]. La propia Francia estaba abandonando su diseño y pasándose al uranio enriquecido, para lo que hacía valer su posición en el Euratom con vistas a promover la construcción de otra planta similar que les permitiese pasar a usar centrales más eficientes sin depender de Estados Unidos. Las privadas españolas no estaban dispuestas a correr con los gastos de la intentona de Otero, cuyo sueño de utilizar uranio nacional parecía cada vez más lejano (hoy, algunas de las antiguas minas de la JEN están siendo recuperadas por empresas de capital foráneo con tecnologías que tal vez permitan la extracción rentable[38]).

En 1973 cinco centrales nucleares españolas aportaban a la red eléctrica 6545 GWH, poco más del 5 % del consumo total. Pero la crisis del petróleo, unida a una campaña agresiva de Estados Unidos para dar salida a sus productos nucleares, hicieron que UNESA y el gobierno acordaran importantes incrementos. Frente al petróleo, los promotores de la nuclear pasaron a enarbolar la bandera de la autosuficiencia (pese a las protestas de Otero de que el combustible seguía viniendo de fuera). Entre 1971 y 1976 se comenzó la construcción de siete nuevas centrales: España se convirtió en el mayor importador de tecnología nuclear norteamericana. Entre 1980 y 1986, cinco nuevos reactores se conectaron a la red con una potencia total de 4500 MW. Lamentablemente, los planes habían sobreestimado la demanda e infravalorado el coste, de modo que todo el sector cayó en sobreproducción y deuda[39].

ENERGÍA NUCLEAR: CORNUCOPIA Y APOCALIPSIS

La energía nuclear llegó a proporcionar el 20 % de la electricidad consumida en España, pero lo hizo en un clima adverso económica e ideológicamente. Las deudas contraídas y la necesidad de rescatar al sector llevaron a la nacionalización de la red eléctrica en 1983, cuando se estatalizó el 51 % (pocos años después de la entrada en la CEE inició las privatizaciones). Ese mismo año el gobierno socialista declaró una moratoria sobre la energía nuclear (aunque la construcción prosiguió en aquellas centrales cuya construcción estaba en marcha). Aunque las razones fueron varias y complejas, la creciente oposición nuclear era palpable en la opinión pública. En 1981 la banda terrorista ETA asesinó sucesivamente a los dos ingenieros jefe del proyecto de Lemóniz y logró paralizar su construcción. También otros grupos políticos (por ejemplo el Partido Comunista en sus alianzas con el activismo ecologista) quisieron rentabilizar el rechazo a esta energía y la asociación de ella con el régimen de Franco. La nuclear había polarizado visiones apocalípticas y redentoras en todo el mundo desde sus inicios. En España, estas visiones tomaron su forma política en un contexto en el que estaba en juego la definición de las estructuras político-económicas del país.

Desde su descubrimiento a principios de siglo XX, las propiedades radiactivas de determinados elementos adquirieron un cariz casi mágico en la imaginación popular. Pocas décadas después, el descubrimiento de los isótopos, derivaciones radiactivas de determinados elementos pesados, prometió posibilidades nuevas de control de la materia con aplicaciones inmediatas. Entre éstas, las médicas fueron las más tempranas, tanto para diagnósticos de varias enfermedades como para tratamiento de determinados cánceres. Otra posibilidad que comenzó a entreverse era la de liberar energía facilitando reacciones en cadena capaces de romper los núcleos atómicos de elementos pesados. En carrera frente a proyectos de investigación similares existentes en varios países, en 1934 Enrico Fermi y su grupo lograron las primeras reacciones en cadena artificiales bombardeando los recién descubiertos neutrones contra átomos de uranio. El descubrimiento fue confirmado poco después por físicos alemanes, a tan sólo un año del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Con el comienzo de la contienda, la promesa de liberar enormes cantidades de energía rompiendo unos pocos átomos ocupó a las grandes potencias en liza.

Estados Unidos se adelantó gracias a su famoso Proyecto Manhattan, que reunía a físicos, ingenieros, técnicos y militares y que instituyó una nueva manera de hacer ciencia en el siglo XX, inseparable de inmensos sistemas tecnológicos. Seguramente el lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki no fue decisivo para ganar una guerra en la que destruir ciudades y aniquilar poblaciones civiles enteras se había convertido en norma para las dos partes. El objetivo era anunciar al mundo que un nuevo poder había nacido al calor del arma más terrible imaginable. El imperio emergente de la guerra, Estados Unidos, anunciaba su predominio mundial estableciendo la asociación entre energía nuclear y aniquilación[40]. Con la Guerra Fría y la obtención soviética de la bomba por antonomasia, la posibilidad de una hecatombe nuclear se convirtió en la principal preocupación tanto de los estrategas de ambos imperios como de filósofos, escritores y el público en general. Películas como Teléfono rojo de Stanley Kubrick o El juego de la guerra de Peter Watkins, ambas aparecidas poco después de la Crisis de los misiles de 1962, recogieron y afianzaron la asociación de energía nuclear con aniquilación tecnológica. Hoy en día la película de Peter Galison y Rob Moss Containment (2015) advierte de algunos problemas irreversibles referidos al almacenamiento de residuos.

Pero el éxito técnico de la bomba atómica también reanimó las esperanzas suscitadas por el control de la materia a nivel atómico. Muchas veces, este entusiasmo estaba favorecido por los estados interesados en poder obtener la bomba atómica pero que consideraban más prudente presentar sus intenciones como puramente pacíficas. El propio programa norteamericano Átomos para la Paz, como hemos visto más arriba, promovía el uso pacífico de la energía atómica como instrumento de control geopolítico. Este programa fue acompañado de una intensa propaganda para consumo doméstico e internacional. El corto de animación A is for Atom, producido por General Electric, y otras películas, suavizaban los peligros de la energía nuclear y subrayaban sus posibilidades infinitas como fuente inagotable de energía.

El entusiasmo por la nuclear era común a los dos bloques enfrentados en la Guerra Fría. En la Unión Soviética, donde Lenin había definido el comunismo como la suma de sóviets y electrificación, la energía nuclear parecía anunciar la realización de la idea del Marx de la Crítica del programa de Gotha y del diamat de Engels de que la Naturaleza era una suerte de fuente inagotable de recursos para la realización del Hombre. La idea mítica de la Naturaleza como una cornucopia al servicio del Hombre, tan arraigada en la ontoteología judeocristiana, depositó sobre el uranio esperanzas de triunfo del espíritu sobre la materia física, de producción sin penurias, de conquista espacial y de inmortalidad.

Ambas ideas, la cornucópica y la apocalíptica, tuvieron su realización en proyectos militares, médicos, agrícolas e ingenieriles. Incluso se confiaba en controlar la meteorología a base de bombazos. La promesa de una energía ilimitada (descontando el nada desdeñable asunto de los residuos) en plena crisis del petróleo se veía como una respuesta a los agoreros de Los límites del crecimiento, publicado en 1972. Simultáneamente, estrategas de uno y otro lado del muro calculaban cuántos y cómo podrían sobrevivir a una hecatombe nuclear. Muchos de estos cálculos fueron recogidos por el activismo ecologista, que cuajó en muchos países como oposición a la energía atómica. La misma idea del medioambiente global como interconectado y frágil debe mucho a la percepción, posibilitada por la energía nuclear, del planeta Tierra como una esfera que los hombres podían destruir o mejorar[41].

También en la España franquista la literatura y el cine reflejaron las inquietudes de la era atómica. La ambivalencia entre ambas perspectivas quedó recogida en la película dirigida por Antonio Román, Bombas para la paz. Estrenada en 1959, el título hacía clara referencia al programa de Átomos para la Paz de 1955. En ella, un científico loco representado por Fernando Fernán Gómez detiene la guerra nuclear mundial lanzando una bomba que libera una sustancia pacificadora y que hace unir fuerzas a los mandatorios de los principales países, en particular el norteamericano y el soviético. Bombas para la paz pone al espectador frente a las contradicciones, cómicas por absurdas, de los equilibrios de poder en las Naciones Unidas, organización en la que España había entrado muy recientemente, y de la escalada nuclear asociada a la guerra de contención. Pero en ella, la idea de la bomba, que amenaza al mundo con su destrucción, se convierte también en su salvadora.

En 1966 un avión bombardero estadounidense y el que le suministraba gasolina a diez mil metros de altura chocaron. Dos bombas acabaron en terrenos de la localidad de Palomares, Almería, y otra en aguas próximas[42]. La polarización de interpretaciones tomó forma política en España. El famoso baño en Palomares del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, y el embajador norteamericano, para probar que la radiación no entrañaba riesgos para la salud de la población local no hubiera sido necesario si el peligro de contaminación radiactiva no hubiera tenido ya una amplia difusión en España. La energía nuclear, que había supuesto para Otero la posibilidad de la autosuficiencia energética, se convirtió para los opositores al régimen en símbolo de la pérdida de soberanía que acarreaba aceptar la protección del imperio[43].

Los ingenieros de Franco estaban de acuerdo en vincular la independencia energética a la soberanía política o (de modo más realista) buscar modos de evitar que la dependencia se tradujese en vulnerabilidad. Pero diferían respecto a qué recurso energético era el más indicado para lograr la ansiada independencia. La encrucijada era común en la época del petróleo barato pero controlado por unas pocas empresas y países. Las naciones europeas, huérfanas de recursos, dependían de materias primas importadas. Tuberías de hierro cruzaban el Telón de Acero cargadas de gas soviético para alimentar las industrias alemanas; y Francia, donde la energía nuclear llegó a representar el 75 % del total consumido, dependía de importaciones de uranio de sus antiguas colonias. En este contexto, las tecnologías de reacción nuclear, los oleoductos y los gaseoductos, se convirtieron en una continuación de la política por otros medios[44].

Las pugnas políticas sobre la idoneidad de unos recursos sobre otros iban más allá de la Administración del Estado y llegaban hasta los empresarios, usuarios y trabajadores. La defensa del carbón aunó al socialismo de izquierdas del Partido Comunista con el socialismo de derechas del presidente del INI contra los criterios «puramente economicistas» de quienes abogaban por dejar morir las minas a favor del petróleo[45]. La entrada en la Comunidad Económica Europea puso fin a este acuerdo, y el INI hubo de ajustarse a las nuevas directrices europeas que limitaban las subvenciones y la producción. En 1991, el filósofo Gustavo Bueno dirigió un «discurso a los mineros asturianos» como cierre de una gran manifestación organizada en Oviedo por los sindicatos SOMA-UGT y CC. OO. Los mineros rechazaban los planes del INI de ceder a las directrices europeas y reducir producción y plantilla en nombre de la rentabilidad, la competitividad y la productividad, es decir, de la racionalidad económica. Frente a los cálculos del INI, Bueno sostuvo que «el carbón, en general, como la energía, en general, no es que no deban, es que no pueden ser tratados en términos exclusivamente económicos. El carbón, como el petróleo, está inserto en un sistema industrial, social, en una cultura dada a un nivel histórico determinado y no puede separarse de ningún modo de ese sistema»[46]. La energía no es la base económica sobre la que se soportan las estructuras de la sociedad política. Tanto Gramsci como Bueno han opuesto a la metáfora arquitectónica utilizada por Marx la metáfora orgánica según la cual la base económica de una sociedad política es como el esqueleto, y por tanto va creciendo y transformándose con el resto del organismo y depende esencialmente de él para su metabolismo. Las tecnologías de producción e importación, constituidas social e históricamente, ponen a la capa basal en conexión metabólica con otros poderes de la sociedad política[47].

La energía nuclear, por su parte, quedó asociada al capital privado y a los pactos del franquismo con Estados Unidos. Para distintos grupos antifranquistas atacar a la nuclear era atacar al franquismo. Esta asociación permite detectar dos distorsiones retrospectivas sobre la interpretación de la historia del franquismo que son interesantes para este libro. La primera es que la autoproclamada derecha liberal que en España defiende hoy la nuclear a menudo obvia que en España, como en todos los demás países, la energía nuclear hubiera sido imposible sin grandes esfuerzos por parte del aparato estatal, desde asegurar el uranio hasta invertir en la adquisición de los reactores y la formación de los ingenieros.

La segunda es que la idea tan extendida de que el franquismo y la ciencia eran incompatibles hace muy difícil de interpretar el hecho de que la España de Franco fuese una potencia en términos de instalación de centrales, que por mucho que viniesen llave en mano requerían y fomentaban un entramado industrial y técnico en aumento. Hace unos años, un catedrático de universidad que se había destacado por su activismo ecologista antinuclear en las décadas de 1970 y 1980, afirmaba su desprecio al franquismo asegurando que la investigación científica y técnica en España durante el franquismo era (permítaseme la cita literal) «una mierda pinchá en un palo». Si hace cuatro décadas este ecologista destacado condenaba al franquismo por su entrega al progreso industrial imperialista y capitalista, hoy lo hace por no haber estado a la altura del progreso científico y técnico de su tiempo. Tal es el poder de la Historia.

10. El Sáhara Occidental: geofísica y mercado mundial de fosfatos

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El Sáhara Occidental: geofísica y

mercado mundial de fosfatos

HE AQUÍ UNA PARADOJA. Mientras que ni un solo país reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, la mayoría contabilizan las reservas de fosfato del Sáhara Occidental como marroquíes[1]. Y esto no es cualquier cosa. Marruecos es el mayor exportador de fosfatos del mundo y su producción se acerca a la de Estados Unidos y China. Y, lo que es más importante, cuenta con el 75 % de las reservas mundiales. Si un país contara con esa proporción de petróleo, ¡nos llevaríamos las manos a la cabeza! Y no es que el fosfato sea mucho menos importante que el petróleo para el mantenimiento de nuestra civilización: sin él, la producción de alimentos no podría mantenerse a ritmos siquiera próximos a los que actualmente mantienen una población mundial de siete mil millones de habitantes.

Si bien las reservas del Sáhara Occidental no añaden más del 10 % al total marroquí, su control es necesario para mantener este importante monopolio. La paradoja del párrafo anterior expresa la contradicción entre legalidad internacional y soberanía de los recursos naturales. El Sáhara Occidental, antiguo Sáhara español, es la última colonia africana, y como tal figura en la lista de territorios sin autogobierno. Y a pesar de la falta de reconocimiento oficial de la soberanía marroquí, de acuerdo con el subsecretario general para Asuntos Legales de la ONU, Marruecos puede explotar los recursos del Sáhara siempre y cuando los beneficios vayan a parar a los habitantes del territorio. El problema es quién cuenta como habitante de un territorio cuya población saharaui está en el exilio en campos argelinos de Tinduf. Al margen de estas disputas, Marruecos es el propietario de facto del territorio y sus recursos. Incluso los mapas actuales reflejan esta ambigüedad: Google Earth divide ambos territorios con una línea continua mientras que Google Maps emplea la línea discontinua que suele usar para dividir provincias.

En las páginas que siguen, trataremos de resolver la paradoja históricamente, mediante un análisis centrado en los fosfatos que ilumine las alianzas geopolíticas que están detrás de este escenario. Los fosfatos son un componente importante de mucha de la bibliografía existente sobre el Sáhara Occidental. Algunos autores los consideran como la causa principal de la invasión marroquí y otros subrayan más bien razones de tipo «político»[2]. Sin embargo, según la perspectiva de este libro (y que ha subrayado el historiador Mark Drury para el caso del Sáhara), la dicotomía entre las explicaciones económicas y las políticas se debe a que la política marroquí se abstrae de su base territorial, que está relacionada con la apropiación de recursos[3]. Más bien, la soberanía y los recursos han estado muy ligados al proceso de descolonización norteafricana.

Por tanto, la pregunta histórica con sentido es por qué el fosfato del Sáhara Occidental se convirtió en un problema político de primera magnitud para los países involucrados en los trágicos acontecimientos del Sáhara Occidental. Para ello, este capítulo atiende por vez primera a la geopolítica específica del mercado de fosfatos durante la Guerra Fría, prestando atención a las tecnologías de producción de fosfatos y la división del trabajo global que éstas afianzaban.

Hay tres estadios sucesivos e interconectados en la transformación de rocas que contienen mineral de fosfatos hasta el fertilizante que se pone a la venta: exploración y estimación de reservas, extracción y transporte, y refinado y venta. En el Sáhara Occidental, la geopolítica atravesaba cada uno de estos estadios, desde los pactos secretos entre empresas de prospección hasta el sabotaje de los medios de transporte. El resultado fue la transformación del territorio saharaui, de una tierra desértica habitada por grupos nómadas a una inmensa planta de producción militarizada. Una empresa tecnológica y política en la que la geofísica, los aparatos de investigación y la maquinaria industrial se unieron como componentes centrales en las disputas de soberanía.

Antes de continuar, hay dos argumentos relevantes concernientes a las fuentes. El primero es que, como en otros capítulos, la naturaleza transnacional del mercado mundial de fosfatos ha requerido utilizar archivos de varios países. El segundo es que el secreto ha sido la norma en muchas de las negociaciones, acuerdos y presiones, y muchos de los documentos empleados se airean aquí por primera vez. La actual legislación española para acceder a archivos de Exteriores no facilita las cosas[4]. Pero las restricciones mismas son relevantes históricamente. El archivo del Instituto Geológico y Minero Español (IGME) tiene un fondo sobre el Sáhara impresionante y, sin embargo, no está anunciado en ningún sitio —yo lo encontré gracias a la ayuda de la entonces bibliotecaria del IGME— y ningún historiador lo ha utilizado hasta ahora. El fondo sobre el Sáhara está clasificado como «restringido», como lo estuvieron en el franquismo todas las noticias referentes al Sáhara español desde 1965 hasta 1975. Tras la anexión por Marruecos, parece que las autoridades españolas no querían compartir la multitud de documentos sobre prospecciones geofísicas de agua, minerales y petróleo. Igual que con los fosfatos, el acceso a los documentos es también cuestión de geopolítica de recursos.

MAPAS Y AUTARQUÍA

El Sáhara Occidental había sido español desde finales del siglo XIX, pero la presencia española se había limitado a unos cuantos puestos militares a lo largo de la costa. Al final de la Guerra Civil, la carestía de recursos básicos impuesta por la Segunda Guerra Mundial y la aspiración de una economía autosuficiente en materias primas hizo prioritaria la exploración de los territorios africanos. La Dirección General de Marruecos y Colonias, que dependía directamente del ministro de Presidencia, Luis Carrero Blanco, fundó el Instituto de Estudios Africanos (IdEA), que desde 1941 a 1947 financió expediciones botánicas, antropológicas y geológicas al Sáhara, a Guinea y a Fernando Poo[5]. Recordemos que José Antonio Valverde inició sus estudios ecológicos con expediciones al Sáhara por estos años.

El director de estos programas era el general Díaz de Villegas, a quien ya encontramos en el capítulo dedicado a Gibraltar, y que enfatizaba la importancia de estas expediciones para la búsqueda de recursos subterráneos, como petróleo, carbón, hierro y agua. Entre 1941 y 1955 tuvieron lugar más de veinte expediciones geológicas. El geólogo Manuel Alía Medina (1917-2012) asistió a dos de ellas y en 1943 dedicó su tesis doctoral a un análisis geológico de la zona norte del Sáhara español, la región de Seguia el Hamra, el canal rojo, que tomaba su nombre de los ríos desecados durante la desertificación que rasgaban el paisaje[6]. Estas zanjas naturales permitieron a Alía observar y tomar muestras de fósiles en los estratos más allá de la hammada, la dura capa de sílex oscuro que cubre aquellos suelos. Los paralelismos de lo observado con las regiones ricas en fosfatos de Marruecos y Argelia animaron a Alía a mandar al IGME algunas muestras para su análisis químico, que indicó que había presencia de fosfatos[7].

Alía se reunió con Franco en octubre de 1947, y éste le encargó preparar un plan de exploraciones para el INI[8]. El IGME pertenecía entonces al Ministerio de Industria controlado, como el INI, por un personaje que a estas alturas del libro ya es familiar al lector, Suanzes. Una de las principales preocupaciones de Suanzes era la falta de fertilizantes: Francia mantenía un monopolio sobre los fosfatos del norte de África y se negaba a vender fosfato manufacturado a la España de Franco[9].

Como modo de paliar esta situación, el INI lanzó un programa de exploración que se prolongó más de una década. Siguiendo la idea (equivocada) prevalente entonces de que los fosfatos se acumulaban por sedimentos marinos dejados en tierra durante períodos de inundación, los geólogos del INI se centraron en la zona entre la meseta de Izic y la costa (imagen, 10, 1).[10] Pero la calidad de los fosfatos encontrados no era la esperada y a mediados de los años cincuenta Francia ya vendía fertilizantes a una España que se había afianzado en la situación internacional. En 1957 Suanzes recomendó a Carrero frenar las exploraciones, «excepto que intereses superiores» recomendaran continuarlas[11]. Como veremos, estos intereses superiores se referían a la soberanía española sobre el territorio.

IMAGEN 10.1. Mapa del Sáhara.

En sus colaboraciones con el INI, Alía aprendió mucho sobre la geología de la región. Como primer director del Servicio Geológico y Minero de Marruecos y Colonias, presentó el primer mapa geológico del Sáhara Occidental en la XIX Conferencia Geológica Internacional, en Argelia, un congreso cuyas actas denotan un interés creciente por la génesis de los fosfatos a nivel global (imagen 10.2). Este interés no tenía que ver solamente con la agricultura, sino con la energía atómica. Alía confirmó que los fosfatos del Sáhara tenían suficientes componentes radiactivos como para poder obtener uranio del superfosfato[12].

IMAGEN 10.2. Manuel Alía Medina, Bosquejo geológico del Sáhara español, Instituto de Estudios Africanos, Madrid, 1952.

En 1953 Alía fue nombrado geólogo jefe de la Junta de Energía Nuclear, a cuya historia me referí en el capítulo anterior. Entre 1954 y 1957, el IdEA y la JEN encargaron mapas fotoaéreos al ejército y financiaron cuatro prospecciones radioactivas en la zona[13]. En 1957, tras polemizar sobre el origen sedimentario de los fosfatos del Sáhara, los geólogos de la JEN decidieron priorizar las prospecciones en la Península[14].

Pero eso no significó que los esfuerzos hubieran sido en vano. En 1958 Alía completó una versión del mapa con atención a las zonas con emisiones radiactivas[15]. Y, como se apuntó en el capítulo anterior, ese mismo año se aprobó una nueva ley que permitía a empresas extranjeras realizar prospecciones de petróleo[16]. El gobierno dividió el territorio del Sáhara en zonas y repartió los derechos de exploración entre unas veinte empresas, a las que facilitó los mapas existentes[17]. La llegada de cientos de ingenieros, geofísicos y maquinaria cambió el aspecto del territorio y supuso la primera amenaza a la vida nómada y la fauna de la zona. La población de El Aaiún, un enclave militar fundado en 1940 como capital administrativa de la colonia, creció de dos mil a diez mil habitantes[18]. Trajeron consigo nuevas técnicas y aparatos de exploración, que transformaron el territorio a través de magnetómetros, escintilómetros y medidores eléctricos[19]. Aunque sus hallazgos fueron más bien pobres y las prospectoras de petróleo pronto perdieron interés, esta transformación del Sáhara a los términos de las ciencias geofísicas demostraría su importancia cuando la soberanía de la región fue puesta en entredicho.

SOBERANÍA Y RECURSOS

Tras años de intensas luchas, Marruecos obtuvo su independencia de los protectorados francés y español en 1956. Mohammed V, el nuevo monarca marroquí, presentó casi inmediatamente sus reivindicaciones para un Gran Marruecos, un área que comprendería desde el oeste de Argelia al norte de Mali, Mauritania y el Sáhara Occidental (imagen 10.1) y que habría estado bajo la influencia de los sultanes marroquíes. También armó a grupos promarroquíes en el Sáhara, que fueron derrotados en una operación conjunta franco-española. En 1960, Mauritania también se independizó de Francia y reivindicó para sí el Sáhara Occidental sobre la base antropológica del trasiego de la población nómada, que constantemente cruzaba las fronteras, trazadas con compás sobre un mapa alejado de las realidades del desierto. Por último, en 1960, la Asamblea General de la ONU aprobó sus planes para la descolonización e incluyó al Sáhara en su lista de territorios sin autogobierno a la espera de autodeterminación, considerando a España la potencia administradora de este proceso, pese a la maniobra algo tardía del régimen de otorgar al Sáhara español un nuevo estatus de provincia[20].

IMAGEN 10.3. Carrero Blanco con Ríos y otros ingenieros de ENMINSA. IGME.

En vista del debilitamiento de la posición española, los recursos del Sáhara ofrecían la oportunidad de anclar la soberanía a los recursos. Suanzes ya había argumentado que convertir al territorio en productivo era un deber para el estado Español, además de un medio para ganar la voluntad de la población nativa y una justificación de la soberanía española de cara a la llamada comunidad internacional[21]. Franco mismo declaró la intención de reinvertir parte de cualquier beneficio posible en el territorio[22].

Tras recopilar todos los datos disponibles, en 1962 Carrero ordenó al INI recuperar su programa de prospecciones[23]. La Empresa Nacional Minera del Sáhara (ENMINSA) se creó como parte del INI (imagen 10.3[24]). Los geólogos de ENMINSA tenían a su disposición los datos producidos por las compañías petroleras, y su interés se centró en dos capas de sílex oscuro y duro entre las que parecían encontrarse los estratos en los cuales Alía había hallado fosfatos veinte años antes, en lo que se consideraba una antigua costa paleozoica[25]. Y recientes descubrimientos sobre la génesis de fosfatos indicaban que se producían con la elevación de sedimentos concentrados en el fondo oceánico por convección hacia aguas poco profundas durante períodos geológicos prolongados[26]. Siguiendo la costa paleozoica hacia estratos más antiguos se podrían encontrar fosfatos de mayor calidad.

Para ello, ENMINSA contrató al Institut Français du Petrole (IFP), de propiedad estatal y que había colaborado en la prospección petrolera del área del Izic y tenía experiencia en prospección de fosfatos en Marruecos y Argelia[27]. Los técnicos del IFP sugirieron adquirir un medidor Widco-Logger, combinando mediciones eléctricas con un detector de rayos gamma que permitirían detectar los diferentes elementos presentes en cada estrato horadando pozos, y por tanto correlacionar los estratos de las áreas conocidas con los nuevos conforme se avanzaba por la costa paleozoica. Unido a análisis micropaleontológicos llevados a cabo por el IGME, ENMINSA podía ahora buscar fosfatos bajo la hammada (imagen 10.4[28]).

Siguiendo los estratos cada vez más ricos, los técnicos de ENMINSA perforaron un pozo en Bu-Craa, una región identificada por un árbol solitario que los grupos nómadas tomaban como referencia geográfica. Y dieron con una veta relativamente superficial y de calidad sorprendente. El año siguiente se dedicó a proseguir con las exploraciones y diseñar y emplear métodos geoestadísticos para producir estimaciones de reservas[29]. En 1964, ENMINSA declaró que bajo el árbol de Bu-Craa había enterradas mil seiscientos millones de toneladas de fosfatos de una calidad media del 68 % con vetas de hasta un 80 %, muy por encima que la mayoría de las minas[30]. Era uno de los depósitos más ricos y voluminosos del mundo, y las consecuencias de su descubrimiento ya no eran de la incumbencia exclusiva de los geofísicos: la creciente necesidad de fertilizantes en todo el mundo puso a la geología en el ojo de un huracán geopolítico.

IMAGEN 10.4. ENMINSA, Cubicación y evaluación, 3. Correlaciones de los niveles del Paleoceno [1965], SEPI, Caja 3776, código 419825 [A].

MERCADOS POSCOLONIALES: CARTELIZACIÓN Y SABOTAJE

Los fosfatos de Bu-Craa llegaron en un momento de rápidos cambios en el mercado mundial de fertilizantes. Era la Época Dorada del capitalismo, el Plan de los Siete Años de Nikita Jrushchov, y los inicios de la revolución verde, y la demanda se había disparado. Entre 1954 y 1964, la producción anual de fertilizantes se dobló de 18 a 36,5 millones de toneladas, y se esperaba que volviera a doblarse en los próximos diez años para satisfacer la creciente demanda. En 1964, el culmen del boom del fosfato, la producción subió un 14 %.[31] Los primeros efectos de la revolución verde y la ayuda al desarrollo, enmarcadas ambas en la Guerra Fría, fueron en parte responsables, pero no directamente: el 75 % de las importaciones mundiales continuaban yendo a Europa, sobre todo a Francia en el oeste y en Polonia en el este. Desde allí, el fosfato se procesaba y se exportaba a otras áreas en la forma de ácido fosfórico[32].

En el lado de la oferta, la producción seguía en manos de unos pocos. Los dos más importantes productores, Estados Unidos y la Unión Soviética, consumían casi todo lo que producían, aunque algunas empresas manufactureras norteamericanas estaban empezando a competir en el mercado mundial de fosfato procesado. La producción que nutría el mercado europeo venía del norte de África. Ya entonces Marruecos era el principal exportador mundial, y su economía dependía cada vez más de estas ventas, que representaban el 24 % del total de sus exportaciones. La Office Chérifien des Phosphates (OCP), la compañía estatal propietaria de las minas marroquíes, tenía más empleados que cualquier otra empresa en el país[33].

Otros productores en la región no podían competir en términos de reservas: Egipto, Túnez, Argelia, Senegal y Togo. Las últimas cuatro habían sido colonias francesas hasta muy recientemente y, junto con Marruecos, habían pertenecido a la OCP o al Comptoir des Phosphates de l’Afrique du Nord, una agencia francesa creada en la década de 1920 para poner la comercialización de fosfatos crudos al servicio de la metrópolis. Tras la independencia, sin embargo, estos países nacionalizaron la producción y comenzaron a vender a Francia y otros países mediante acuerdos bilaterales[34]. En 1961 el Comptoir se había disuelto y la OCP había pasado a ser francesa. Los franceses respondieron organizando la Union Phosphatier Africaine (UPA), que sin embargo no incluía al productor más importante, Marruecos[35]. Aunque Francia logró retener cierto poder financiero y técnico sobre la OCP marroquí, los administradores franceses protestaban de que en el mercado poscolonial «reinaba la anarquía»: lo que querían decir es que ya no mandaban ellos[36].

En este mercado anárquico y competitivo marcado por la división del trabajo entre los productores de fosfato crudo y los fabricantes de fertilizante, la mina de Bu-Craa comportaba retos y oportunidades para todos los interesados. Los oficiales de distintos países empezaron a tomar posiciones y así comenzó un juego de equilibrios alrededor de las tecnologías mineras, los cálculos de reserva y las líneas de transporte hacia las refinerías y los mercados. El recurso del que se esperaba que reforzase la soberanía española podía convertirse en una seria amenaza para ella.

Los ingenieros a cargo de ENMINSA entendieron inmediatamente que la mina de Bu-Craa excedía las necesidades españolas y entrevieron la ocasión de entrar en el lucrativo mercado mundial de fosfatos. Sus esperanzas de que los precios cada vez más elevados del fosfato solucionaran los problemas políticos y económicos del Sáhara eran explícitos[37]. Ya en 1963, ENMINSA producía mensualmente informes internos con información muy detallada sobre el mercado mundial de fosfatos y ricos en consideraciones geopolíticas. La conclusión del director ejecutivo de ENMINSA, el ingeniero de minas José María Ríos, era que no convenía tratar de entrar en el mercado en solitario, sino a través de un consorcio internacional que incluyese fabricantes estadounidenses y franceses.

En 1965, ENMINSA preparó un voluminoso dossier sobre la nueva mina, explayándose sobre los aspectos técnicos de los cálculos de reserva, y lo mandó a varios países y empresas junto con invitaciones para iniciar negociaciones. Mientras tanto, el acceso al territorio y a la mina estaba protegido y restringido, y la tensión entre qué conocimientos podían compartirse y cuáles no fue constante en los años venideros.

Argelia fue de los primeros países en reaccionar al anuncio del descubrimiento. Inmediatamente después de la independencia argelina en 1962 (recordemos que Francia había probado su primera bomba en el Sáhara argelino dos años antes), las ambiciones de Hasán II de un Gran Marruecos habían llevado a una guerra corta con Marruecos por el control de Tinduf. Los fosfatos del Bu-Craa permitían a los diplomáticos argelinos imaginar un estado amigo, libre y rico en el Sáhara Occidental, y éstos tomaron la iniciativa presionando a la ONU para que se celebrase un referéndum saharaui. En 1965, la ONU emitió una petición formal a España para que iniciase el proceso de descolonización.

Los oficiales marroquíes veían en Bu-Craa y sus reservas de alta calidad una amenaza a su preponderancia sobre el mercado europeo. Igualmente importante, el rey Hasán II sabía que un consorcio internacional le dejaría sin ninguna posibilidad sobre el territorio[38]. Por tanto, las reivindicaciones de Marruecos sobre el Sáhara subieron de tono, y lo mismo hicieron las de Mauritania en respuesta. Marruecos quiso espantar a los posibles candidatos al acuerdo dejando claro que consideraría ilegítimo cualquier acuerdo internacional con España en relación a Bu-Craa, y en 1965 el ministro marroquí de Exteriores viajó a Estados Unidos para frustrar cualquier acuerdo[39].

Al año siguiente se nombró presidente de la OCP al anterior embajador en Washington, Ali Benjelloun, quien cortó contactos con Francia y se acercó a Estados Unidos con vistas a obstaculizar cualquier negociación con España. Como resultado de estas negociaciones, Occidental Petroleum acordó construir una planta de refinería en Marruecos, lo cual abría la posibilidad de romper el monopolio europeo del ácido fosfórico francés. Pero no todos en Marruecos coincidían en dejar a Francia descolgada del acuerdo diplomático: en 1967 Benjelloun fue sustituido al frente de la OCP por Mohammed Karim Lamrani, cuya estrategia era mantenerse equidistante a los intereses norteamericanos y franceses para poder adoptar una postura independiente y fuerte respecto a los propios fosfatos y a los del Sáhara[40].

Bu-Craa también suponía una amenaza inesperada para Francia. Como productor de fosfato crudo a través de la Compagnie Financière pour l’Outre Mer (COFIMER), un gigante paraestatal que participaba en las compañías de fosfato de Togo y Senegal, el gobierno francés veía la nueva mina como una competidora. Pero en tanto consumidora, una alianza con España en la mina del Sáhara permitiría a Francia ganar parte de su control sobre el fosfato norteafricano. Además, quedar fuera de un posible pacto hispanoamericano pondría en peligro su posición de dominio en el mercado Europeo[41].

Y el objetivo de las empresas estadounidenses era precisamente entrar en ese mercado. Occidental Petroleum trató de conciliar a España y Marruecos para fundar una nueva colaboración frente al monopolio parisino. El argumento de Occidental era que un acuerdo así «vincularía los intereses de Marruecos y España, evitando así cualquier confrontación político-diplomática a cerca de las reclamaciones de Marruecos sobre el Sáhara español»[42].

Pero ni Marruecos ni España estaban dispuestos a emprender esa colaboración. La estrategia española era aprovechar el conflicto entre Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental, mantener buenas relaciones económicas con ambos países, y asegurar a Marruecos que la producción del Bu-Craa se enviaría a mercados no europeos y por tanto no entraría en competencia directa con los fosfatos marroquíes. Este último argumento fue la razón por la que los contactos con la COFIMER francesa se interrumpieron en 1966. A pesar de varias visitas del presidente de COFIMER a España para reunirse con miembros del gobierno, Carrero ordenó a ENMINSA continuar negociaciones exclusivamente con empresas norteamericanas[43].

Para Carrero, aliarse con los intereses estadounidenses tenía dos ventajas principales. Por un lado, confiaba en que sirviese para desviar el fosfato marroquí del mercado europeo hacia el continente americano y el Pacífico. Por otro, creía que así se afianzaría la alianza militar hispanoamericana iniciada en 1953 y que Estados Unidos prestaría apoyo a España en caso de una agresión marroquí o de nacionalizaciones por parte de un futuro estado Saharaui independiente. En consecuencia, las negociaciones comerciales revestían gran importancia para el futuro de la soberanía sobre el Sáhara Occidental y sus recursos: el ministro de Industria López-Bravo pidió al comité negociador de ENMINSA «que tengan presente que ese futuro depende en grado sumo, precisamente, del éxito de las actuaciones y gestiones que [la comisión negociadora] lleve a cabo»[44].

Como quedó demostrado en las negociaciones entre ENMINSA y las empresas norteamericanas, los supuestos de los que partía Carrero resultaron ser demasiado optimistas. En primer lugar, la mayoría de las empresas que mostraron interés por la mina del Bu-Craa buscaban precisamente competir con Marruecos en el mercado europeo salvando el inconveniente de los altos costos de transporte transatlántico[45]. La voluminosa roca de fosfato requería grandes contenedores, de modo que la proximidad geográfica era clave para mantener o destruir monopolios regionales. El objetivo explícito de las fosfateras norteamericanas era constituir un mercado verdaderamente global que rompiese «mercados naturales» (por usar sus palabras), para lo que necesitaban convertirse en productores de fosfato crudo en la región más rica del mundo[46].

En segundo lugar, los gobernantes españoles pronto se dieron cuenta de que las grandes empresas norteamericanas, muchas de las cuales eran petroleras que estaban intentando hacerse un hueco en el mercado de fertilizantes, no garantizaban ningún apoyo político mientras pudieran pactar con quienes amenazaban la soberanía española sobre el Sáhara[47]. Con estos escollos, que iban surgiendo en las negociaciones, las opciones fueron excluyéndose hasta que a mediados de 1967 la única empresa candidata era el gigante de fabricación de fertilizantes International Minerals and Chemicals (IMC), radicada en Florida, con quien ENMINSA inició una discusión detallada sobre la inversión de cada parte teniendo en cuenta lo gastado hasta entonces en prospección por ENMINSA y el conocimiento del mercado de fosfatos por la IMC, la cantidad de un impuesto especial cuya recaudación revertiría sobre la región, y a quién correspondería la toma de decisiones técnicas. Sin embargo, a finales de año IMC retiró todas sus ofertas alegando que los precios se habían estancado[48].

Como suele ocurrir cuando se trata de recursos naturales, la controversia que siguió se centró en los métodos de cálculo. Incluso hoy en día no hay acuerdo sobre las reservas existentes en el mundo de fosfato, y algunos creen que el límite de este mineral utilizable para nuestros propósitos se alcanzará en quince años mientras que otros alargan el margen hasta trescientos años[49]. En 1967, ambas partes apelaban a los datos geofísicos para defender sus predicciones. Los técnicos de ENMINSA presentaron sus resultados en una conferencia sobre fertilizantes de Bangkok y encargó a la IFP analizar los orígenes de las concentraciones de fosfato en África del norte tomando en consideración los recientes desarrollos de la tectónica de placas[50]. Su argumento era que la demanda seguía creciendo, con China y Brasil como nuevos grandes consumidores, y que las minas productivas y viables seguirían siendo pocas. Por tanto, sugerían que los precios bajos eran artificiales y respondían a una estrategia de Marruecos para impedir el pacto ENMINSA-IMC. Prácticamente, añadían los técnicos, era una forma de sabotaje[51].

No fue el único sabotaje que sufrieron las minas. Como vimos al hablar del carbón, para participar en un mercado es tan importante tener la capacidad de interrumpir el flujo de materiales y bienes como de producirlos y transportarlos[52]. En el caso de Bu-Craa, el punto de paso más vulnerable era la línea que unía la mina con el puerto de El Aaiún. Entre 1966 y 1967, ENMINSA comenzó los trabajos de infraestructuras, incluyendo alojamientos para los trabajadores, una planta de tratamiento, naves de almacenaje, y un muelle de 3,5 km de largo en el puerto de El Aaiún, preparado para cargar de seis a diez millones de toneladas al año. Entre la mina y el puerto, se había proyectado una cinta transportadora de cien kilómetros de largo. La cinta era la más larga del mundo con bastante diferencia, y sus diseñadores la presentaban como una proeza tecnológica. Pero esta novedad permitía a sus detractores subrayar los riesgos que comportaba.

El desacuerdo se daba en el seno mismo de ENMINSA, donde dos ingenieros militares especializados en prevención de sabotaje diferían en sus evaluaciones de la cinta[53]. Pero el debate en torno a la vulnerabilidad de la cinta hizo vulnerable el resto del proyecto, y en 1966 la IMC forzó una moratoria en la construcción de la cinta mientras continuasen las negociaciones. Cuando éstas se cancelaron a finales de 1967, los ingenieros de ENMINSA se lamentaron del retraso en la construcción de la cinta (y, por tanto, en la producción), de casi dos años. Para Ríos, la estrategia de IMC había consistido en sabotear la producción retrasándola lo más posible[54]. A principios de 1968, ENMINSA encargó a la alemana Krupp retomar la construcción de la cinta, que quedó instalada en 1971. Como veremos en la siguiente sección, la cinta sufrió su primer sabotaje literal en 1974, en un escenario cada vez más tenso en torno al fosfato, su producción y su circulación, su superabundancia y su escasez.

TECNOLOGÍAS PARA LA ESCASEZ

La interrupción de las negociaciones confirmó las dificultades de sacar los fosfatos del Sáhara al mercado mundial sin la ayuda de Marruecos. Pero era mucho lo invertido y muy altas las expectativas de réditos económicos y políticos. En 1966 el gobierno español accedió oficialmente a realizar un referéndum de autodeterminación pero, argumentando que los saharauis no estaban preparados para él, confiaba en ganar algo de tiempo para ganarse la voluntad de la población mediante el desarrollo económico[55]. A principios de 1968 ENMINSA pasó a llamarse Fosbucraa y Ríos fue sustituido por otro ingeniero de minas, Alfonso Álvarez Miranda (1915-2013), quien tenía el encargo de encontrar una solución a la comercialización.

Álvarez dejó claro desde el principio que su objetivo era evitar una guerra de precios que España, recién llegada al mercado de fertilizantes, estaba abocada a perder. Para ello había que entrar en el mercado de la mano de productores ya establecidos, cuyo interés era evitar la competencia del recién llegado. Es decir, había llegado al cargo para negociar con Marruecos. Un representante de COFIMER se postuló como mediador entre España y Marruecos con el proyecto explícito de refundar el Comptoir unificando productores norteafricanos con consumidores europeos contra los intereses norteamericanos. Pero para Álvarez esto no servía más que a los intereses franceses, mientras que España debía unir sus fuerzas con Marruecos y Estados Unidos y colaborar tanto en la producción de fosfato crudo como en la de fertilizantes procesados, una industria que estaba tomando fuerza en España. La necesidad de un acuerdo de este tipo quedó patente cuando en 1973 un grupo de empresas norteamericanas creó junto con la OCP el Instituto Mundial de Fosfatos. La institución, que habría de dedicarse a negociar contratos entre productores y consumidores y fijó su sede en París, excluía a España e Israel por petición de Marruecos. Urgía evitar el aislamiento, para lo que Álvarez retomó las negociaciones con IMC y obtuvo permiso del gobierno para establecer contactos directos con su homólogo marroquí, Lamrani, que tenía su propio interés en tender puentes[56].

Hasán II se enfrentaba a una oposición creciente y sufrió dos intentos de golpe de estado en 1971 y 1972. Sólo tenía dos maneras de ganar legitimidad: reflotar una economía basada en el fosfato y realizar sus exigencias respecto al Sáhara Occidental. Él y su gobierno veían ambas cosas como inseparables, como lo muestra la afirmación pública de Lamrani de que solamente Marruecos tenía derecho a vender el fosfato de Bu-Craa porque sólo Marruecos podía reivindicar la soberanía del territorio[57]. Esta involucración de fosfatos y soberanía hizo que Lamrani sumara a su cargo de presidente de la OCP los de ministro de Finanzas en 1971, primer ministro para Asuntos Económicos poco después y presidente del banco estatal en 1972. Una de sus principales preocupaciones era que el fosfato de Bu-Craa no saliese al mercado y obligase a Marruecos a bajar precios y reducir ingresos.

Álvarez y Lamrani tuvieron la primera de una serie de reuniones secretas en marzo de 1972. Lamrani llegó a ofrecer olvidar las reivindicaciones de soberanía a cambio del 49 % de participación en Fosbucraa. Pero el gobierno español temía que semejante pacto perjudicaría la imagen de España ante los saharauis de cara al referéndum. En su lugar, Álvarez ofreció acuerdos secretos anuales para determinar la cantidad de fosfato que cada país podía vender, a qué clientes y a qué precios mínimos.

Esto permitió a España vender su primera partida a una empresa japonesa en 1972, y en 1973 Fosbucraa ya exportaba más de medio millón de toneladas. El acuerdo, además, permitió a Marruecos presionar a otros productores para subir el precio del fosfato crudo casi cuatro veces entre 1973 y 1975[58]. Pero la situación no podía durar mucho. Lamrani dejó claro que si Fosbucraa mantenía su plan de producir seis millones de toneladas al año para 1975 y doce en la década siguiente, la competencia sería demasiado fuerte para Marruecos, lo que desestabilizaría su economía y obligaría a recuperar la cuestión de la soberanía[59].

Mientras tanto, la presión internacional para que España convocase el referéndum prometido crecía y la estabilidad del Sáhara Occidental empeoraba. El activismo saharaui había ido en aumento, y en 1973 se fundó el Frente Polisario con el objetivo de reclamar la autodeterminación por la vía armada. Conscientes del poder que acarreaba controlar las infraestructuras mineras, los trabajadores de la mina formaban los grupos más activos en el Frente[60]. Éstos conocían la vulnerabilidad de la cinta, y en 1974 el Polisario quemó catorce kilómetros, demostrando su capacidad de interrumpir la circulación del fosfato[61].

Viendo que el Polisario podía acabar con su estrategia económica para ganar el referéndum, el gobierno español decidió no prolongar más la espera y comenzó a hacer los preparativos para celebrar el plebiscito en 1975. Los saharauis censados podrían elegir entre convertirse en estado independiente, seguir siendo provincia española o anexionarse a Marruecos. Hasán II temía un resultado desfavorable y decidió tomar el territorio a base de fuerza y diplomacia, estrategia que culminó en la famosa Marcha Verde, a la que mandó a trescientos cincuenta mil de sus súbditos a la frontera con el Sáhara Occidental.

El apoyo argelino al Polisario, que implicaba indirectamente un apoyo soviético, y la creciente fuerza de los socialistas en la oposición marroquí, hicieron que los estrategas estadounidenses temiesen la «sovietización» de la región. En una conversación con el presidente Gerald Ford, el secretario de Estado Henry Kissinger resumió la posición norteamericana de forma muy simple: «Si él [Hasán II] no lo consigue [el Sáhara], está acabado; debemos trabajar para asegurar que lo consigue»[62].

Para facilitar un proceso pacífico, España debía aceptar esta posición, y para Estados Unidos no fue difícil presionar al régimen, con Franco moribundo y una gran incertidumbre acerca del futuro político del país. Cuando el entonces príncipe Juan Carlos viajó al Sáhara a asegurar a las tropas que España no cedería un milímetro en la colonia, Ford y Kissinger ya habían acordado con él que España no presentaría resistencia[63]. El 14 de noviembre de 1975, una semana después de que la espectacular marcha alcanzara su destino y una semana antes de la muerte de Franco, España, Marruecos y Mauritania firmaron un acuerdo secreto en Madrid por el cual España cedía unilateralmente sus poderes de potencia administradora a los otros dos países. Por supuesto, el pacto de Madrid contemplaba importantes acuerdos referidos a los recursos, sobre todo a la pesca y a la minería de fosfatos: el 65 % de Bu-Craa se vendió a la OCP mientras que el INI retuvo el 35 % restante y conservó la presidencia para Álvarez, así como un cupo anual de fosfato crudo[64].

En la larga guerra que el Polisario y Marruecos libraron en los años siguientes, el papel del fosfato fue central. Primero, porque permitió a Marruecos mantener buenas relaciones con los dos grandes imperios, convirtiéndose en el mayor socio comercial de la Unión Soviética en África y recibiendo un quinto de toda la ayuda al desarrollo que Estados Unidos destinaba a África. Mucha de esta ayuda era directamente en armamento para luchar contra el Polisario, que a su vez se armaba con material soviético a través de Argelia[65].

Segundo, porque el Polisario hizo de sus ataques a la cinta transportadora la pieza central de su estrategia militar. Por la guerra, la producción se paró desde 1976 a mediados de la década de 1980, y cuando Marruecos retomó la mina hubo de utilizar camiones escoltados en lugar de la cinta. Sin embargo, esta situación no era necesariamente un problema para la OCP, cuya principal preocupación había sido desactivar a su competidor del sur y, por tanto, frenar la entrada en el mercado de los fosfatos de Bu-Craa. La producción de escasez es una estrategia básica en los mercados mundiales y permitió a la OCP seguir subiendo los precios[66].

Por último, Marruecos también basó su estrategia en el control de la mina. A medida que el Polisario ganaba fuerza, las fuerzas marroquíes abandonaron la mayor parte del territorio y se centraron en conservar el llamado «triángulo útil», un área comprendida entre El Aaiún, Smara y la mina de Bu-Craa. Hasán II escribió en 1978 que «no invadimos el Sáhara por sus fosfatos, sino para construir nuevas ciudades y carreteras»[67]. Y, sin embargo, el territorio pronto se transformó en un campo militar atravesado por muros de arena, piedras y alambre de espino erigidos para proteger el fosfato.

En 1991, al fin de la Guerra Fría, los dos contendientes firmaron una tregua por la que Marruecos se comprometió a celebrar un referéndum que ha sabido posponer hasta el presente[68]. Cuando la Misión de la Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO, en sus siglas en francés) trata de imponer sanciones a Marruecos por su dejación, un buen número de países con intereses en el fosfato crudo se oponen, en particular Estados Unidos y Francia[69]. En palabras del diplomático y antiguo vicepresidente de MINURSO, Frank Ruddy, entrevistado en una película producida por Javier Bardem, «la ONU no tiene ninguna autoridad. No puede exigir a nadie que haga nada. Reúnen a gente y se sientan y se encuentran… y acuerdan no hacer nada. Y así es básicamente como la ONU funciona. Es una enorme maquinaria política. No tiene nada que ver con el bien y el mal»[70].

No tendrá nada que ver con el bien y el mal, pero sí con el fosfato. Volviendo a la paradoja con la que abría este capítulo, los mismos países que no reconocen la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, sin embargo firman acuerdos con Marruecos para adquirir sus fosfatos. Dado que el precio del fosfato se multiplicó por cuatro en 2008 y sigue subiendo, a medida que las necesidades de fertilizantes aumentan y el fosfato comienza a escasear, su control sigue siendo central para la monarquía alauita[71]. Pero la lucha por este recurso aún no ha terminado, y el último ataque a la cinta transportadora tuvo lugar en 2007.

Este capítulo ha puesto los fosfatos en el centro de la tragedia del Sáhara Occidental. Una vez más, una parte fundamental de nuestra historia reciente, la de cómo una «provincia» española se convirtió en la última colonia africana tras su conquista por otro país africano, se explica de forma más completa cuando tenemos en cuenta a los ingenieros y científicos, sus cálculos, sus tecnologías, sus contactos y sus aspiraciones.

Aunque la importancia de los fosfatos en el Sáhara español es conocida, su papel sólo se aprecia en toda su extensión cuando se tienen en cuenta los aspectos técnicos de cada uno de los tres estadios necesarios para la transformación de fosfato crudo en fertilizante. Sólo entonces emergen los contadores de exploración geofísica, las infraestructuras de transporte y las negociaciones secretas para evitar una guerra de precios. Las ciencias geofísicas, imprescindibles para hallar y explotar un recurso imprescindible en un mundo cada vez más poblado, dependían más y más de aparatos y tecnologías[72]. Por ello, estas tecnologías se convertían en medios técnicos de librar batallas políticas en la era de la descolonización, la Guerra Fría y la preparación hacia una España sin Franco. Una historia geopolítica centrada en los recursos es, necesariamente, una historia de la tecnología y de los ingenieros.

Y los científicos e ingenieros de Franco (Alía Medina, Ríos o Álvarez) eran ingenieros políticos. Operaban en una sociedad política con necesidades básicas, luchas internas y constantes relaciones con otros estados. La división mundial del trabajo en el ciclo de producción de fosfatos hacía que la suerte de productores y consumidores se dirimiese mediante diplomacia internacional, conducida algunas veces en los fríos términos de la génesis de minerales, el cálculo de reservas y las inversiones financieras, y algunas otras mediante el sabotaje y la acción militar.

La economía política mundial de fertilizantes era un tablero complejo en el que cualquier decisión imprudente podía desatar guerras y derribar reinos. Igual que los recursos naturales son piezas centrales de muchas disputas en torno a la soberanía territorial, la soberanía sobre los recursos mismos es también fuente de conflictos. En 1974, la Asamblea General de la ONU adoptó el Nuevo Orden Económico Internacional, que se veía como el paso final para el reconocimiento formal de la plena soberanía de aquellos estados en proceso de descolonización sobre los recursos hallados en sus territorios. Esto obligó a las antiguas potencias coloniales a replantear su control de los recursos africanos en términos de desarrollo y cooperación[73].

Poco después de la declaración de la ONU, Kissinger, sugería a Donald Rumsfeld y al presidente Ford que sería más efectivo neutralizarla no con argumentos teóricos (como estaba haciendo Alan Greenspan), sino con políticas concretas referidas a materias primas particulares y a medidas de desarrollo: «La clave del mundo presente es usar la economía para construir una estructura política mundial»[74].

Esta inseparabilidad de economía y política, que hemos encontrado en prácticamente todos los capítulos de este libro, fue clave para el abandono del Sáhara español. La mina de Bu-Craa, como Gibraltar o Costillares, era uno de los campos de batalla científica, tecnológica e industrial, por la economía nacional y mundial.

Epílogo. Lo que este libro hace y lo que deja de hacer

Epílogo

Lo que este libro hace y lo que deja de hacer

EN 1954, LA NEGRA ORDEN del Dodecaedro Blanco se enfrentaba en tenaz batalla contra las fuerzas oscuras del icosaedro. Sus miembros defendían el glorioso sólido regular en nombre de una estética racional, eficiencia económica y diseño creativo para el Nuevo Estado. Se agruparon en torno al silo de Costillares y sus doce pentágonos de cemento prefabricado para promover una economía nacional comandada por la investigación científica y técnica. Fijar la atención sobre el silo y su cemento, los fosfatos y la cinta transportadora, o los hidrófonos del estrecho de Gibraltar, nos ha ofrecido un modo nuevo de penetrar en la historia política, económica y ambiental del franquismo, un período que sigue levantando tempestades en la España actual.

El objetivo principal de Los ingenieros de Franco no es escribir una historia de la ciencia y la tecnología bajo el franquismo (que también), sino tratar de entender el papel de diversas ciencias y tecnologías en la constitución del nuevo régimen y la transformación de España en términos de territorio y de relaciones internacionales. Las conclusiones obtenidas sobre el nacionalcatolicismo y sobre los sindicatos verticales, o sobre los pactos hispanoamericanos y la fundación del Parque de Doñana, demuestran que la historia de los estados contemporáneos no puede nunca entenderse por completo sin prestar atención a la urdimbre técnica que atraviesa nuestro mundo actual.

Eso sí, este libro ha tratado los objetos técnicos y las discusiones científicas no como datos previamente accesibles y cristalizados, sino como procesos en marcha en los que las investigaciones concretas se entremezclan con los proyectos político-económicos que ingenieros y científicos trataban de hacer valer en competencia entre diversas disciplinas a la hora de interpretar y transformar la realidad, y la dirección y trayectoria del régimen franquista.

Estas páginas han escudriñado al detalle objetos técnicos como las semillas híbridas de arroz o las viguetas de hormigón pretensado, el carbón y el uranio enriquecido, los planos de una iglesia y los mapas de corrientes y mareas, las estimaciones de reservas de minerales y los cálculos pluviométricos. El resultado es un retrato del franquismo apegado a las transformaciones materiales, inevitablemente ensambladas con aquellas estructuras sociales e ideológicas que suelen recibir más atención en los relatos al uso. Por supuesto, fijarse en ciertos objetos supone necesariamente ignorar otros, y a los análisis de este libro se podrían y deberían añadir nuevas historias que, sin duda, obligarían a matizar algunas de las tesis defendidas a lo largo del mismo. La selección no ha sido ciega: me ha permitido entrar a fondo en la historia de episodios y componentes clave en la formación y desarrollo del franquismo. Pero sin duda caben selecciones alternativas y queda mucho trabajo por hacer para entender la transformación de España durante la Guerra Fría.

Los ingenieros de Franco habrá cumplido con creces su objetivo si contribuye a sustituir la idea simplista de que «bajo el franquismo no hubo ciencia» por análisis serios de la coevolución de la investigación científico-técnica y la construcción del Estado. La pregunta no puede seguir siendo si hubo o no ciencia en el franquismo, sino qué tipo de investigación se practicaba y cuál fue su relación con otros aspectos de la historia del período. A pesar de la represión que siguió a la Guerra Civil, de los procesos de depuración y de la censura que afectaron a importantes áreas del pensamiento y las ciencias (por ejemplo, evolutivas), algunos de los ingenieros y científicos que se quedaron alcanzaron cotas de poder inimaginables bajo el parlamentarismo y que les permitieron desarrollar (o tratar de desarrollar) proyectos a escala nacional mediante el énfasis en la redención, la autarquía, la soberanía y la autoridad.

Los ingenieros de Franco buscaban redimir a España de la guerra fratricida, la pobreza y la descomposición de su unidad territorial. Los vencedores de la Guerra Civil se veían a sí mismos como artífices de una restauración católica con la obligación y autoridad morales de reprimir a los insubordinados, disciplinar a la población y ensamblar un Nuevo Estado. Espero haber demostrado que los industriales, los ideólogos católicos, los ingenieros agrícolas y los ingenieros civiles que construyeron la teoría y la práctica del nacionalcatolicismo articularon una forma productivista de catolicismo. Parafraseando la conocida fórmula de Karl Marx sobre los aires romanos de los revolucionarios franceses, podríamos decir que los ingenieros de Franco se disfrazaron de cruzados o de Reyes Católicos.

Pero esto era mucho más que un traje superestructural: se hacía visible en laboratorios, iglesias y ciudades, dando forma a las estructuras metabólicas mediante las que la sociedad política producía y consumía sus energías. Y, como un esqueleto crece gracias a los órganos y tejidos a los que sustenta, así estas ideologías y medios productivos fueron transformándose conjuntamente a medida que pasaban los años por el franquismo. Entre quienes han defendido esta metáfora orgánica frente a la arquitectónica para entender la dicotomía base-superestructura está el teórico e histórico líder comunista Antonio Gramsci. Para Gramsci, una guerra civil es el límite catastrófico de una lucha por la hegemonía de grupos enfrentados en el seno de un estado. Siguiendo su estela, el historiador Luciano Canfora define la guerra civil como la lucha de dos legitimidades y observa que la «pregunta de las preguntas» que se plantea es «¿cómo encontrar la salida política de una guerra civil?»[1]. Aunque el resultado se decida militarmente, el César victorioso no puede hacer reposar su poder solamente en la violencia, para mantener su victoria debe producir consenso y consentimiento. Este consenso hegemónico corresponde crearlo a los intelectuales, concepto que Gramsci redefine para abarcar no sólo a los escritores y artistas, sino a los organizadores de la sociedad industrial. Lo que aquí defiendo es que los ingenieros tuvieron un papel central en construir una nueva hegemonía cultural para el bloque histórico establecido en España por la Guerra Civil[2].

Los ingenieros del primer franquismo buscaban inscribir la redención en el paisaje español y restaurar una moralidad ideal pasada a través de la racionalización del territorio. Más que subsumir la racionalidad técnica a un irracional tradicionalismo, lo que hicieron fue dibujar sus propias interpretaciones de la racionalidad técnica en un cambiante contexto político, económico e internacional. Para ello abrazaron la idea de la autarquía y la transformaron desde dentro y en la práctica. No es que la ciencia y la tecnología fueran autárquicas, sino que la idea misma de autarquía se conformó en términos técnicos y científicos, y que por tanto variaban según se aproximaran los problemas desde una disciplina u otra.

La búsqueda de la autarquía, entendida ampliamente como la aspiración a la suficiencia económica de sectores clave, ha sido central en casi todos los países industrializados, desde Suecia hasta Estados Unidos. Incluso en casos tan contraintuitivos como la Gran Bretaña de después de la Segunda Guerra Mundial desempeñó una importante función, y lo hizo definida en términos científicos y técnicos, productivos[3]. En la España de Franco, la Guerra Civil ofreció a diversos sectores de entre los grupos vencedores la oportunidad de subvertir estructuras previamente existentes en una nueva ecología de sindicatos verticales, iglesias y materias primas que pivotaban en torno a proyectos autárquicos en competencia mutua.

Conviene insistir en algo que este libro no hace y que he adelantado en varias ocasiones: este libro no puede dar pie a un titular periodístico del tipo «la ciencia influyó en la política de Franco». Porque no hay tal cosa como «la ciencia»: por mucho que nos hayamos acostumbrado a hablar de «la comunidad científica» es falso que ésta exista, ni ahora ni en el pretérito, como un bloque con unidad de criterio en asuntos políticos e ideológicos… ¡ni siquiera en asuntos teóricos! Su invocación es meramente ideológica. Las luchas dentro de cada ciencia son a menudo encarnizadas. Pero sobre todo, y como hemos visto a lo largo de estas páginas, las diferencias de escala y de criterio que mantienen distintas ciencias entre sí son totales. Los productos técnicos encarnaban proyectos políticos y sociales a menudo opuestos entre sí, como el sistema de presas del Ribagorzana, el tipo de conservacionismo ideal para Doñana y el sistema de vigilancia del Estrecho. El «ingenierismo» como categoría abstracta no tiene sentido, puesto que no hay una única «racionalidad técnica». El ingenierismo llevaba siempre adjetivos, inseparables de sus realizaciones en determinados cuerpos de ingenieros o en determinados sistemas tecnológicos.

Tampoco se trata de que el régimen, como algo monolítico y preexistente a su propia historia, se impusiera a los ciudadanos mediante proyectos científicos y técnicos en sí mismos políticamente neutros. La imagen de un estado y una sociedad civil que existen separadamente y luego entran en contrato o en conflicto no permite entender las relaciones de la Administración con el resto de la sociedad política. Porque en una sociedad política hay muchos más que tres poderes y la Administración de un estado la componen partes de su sociedad civil a menudo enfrentadas a otras partes. Más bien, determinados productos técnicos permitieron a ciertos científicos e ingenieros convertirse en actores relevantes en la transformación del estado, de su territorio, en relación estrecha con otros países. Así fue desarrollándose el régimen, tomando forma.

A medida que se alejaba la Guerra Civil y los problemas más acuciantes de la reconstrucción posbélica daban paso a otros nuevos, y a medida también que cambiaba la situación internacional en un clima de Guerra Fría, descolonización e integración europea, los proyectos científicos y técnicos para la economía nacional fueron también mudando, y nuevos actores se sumaban a la pugna por la definición de la identidad de España. La inclusión de España en el capitalismo europeo y en el bloque occidental contra el comunismo hizo caducar los proyectos autárquicos. La economía del país se fue integrando en círculos más amplios mediante estándares internacionales, redes de protección medioambiental, organizaciones militares y rutas de comercio mundial.

La llegada al gobierno de los llamados tecnócratas en 1957 y el desarrollismo de las décadas de 1960 y 1970, no supusieron sin embargo una ruptura con las tendencias anteriores, sino el favorecimiento de determinadas trayectorias frente a otras. Los tecnócratas no eran, como parece implicar el término, seres apolíticos que aplicaron la racionalidad técnica. Ellos mismos rechazaban el término, y a estas alturas del libro debería estar claro que «racionalidad» se dice de muchas maneras[4]. Más bien hicieron de puente entre la ideología industrializadora nacionalcatólica y la ideología del fin de las ideologías, impulsada en un contexto de Guerra Fría por la CIA, el Congreso por la Libertad de la Cultura y la revista Minerva[5]. El ejemplo más claro de las continuidades entre el ingenierismo nacionalcatólico y la tecnocracia lo ofrece el ministro de Obras Públicas Gonzalo Fernández de la Mora. Fernández de la Mora justificaba al Estado por sus obras, y afirmó en El fin de las ideologías que lo que buscaban los españoles eran comodidades materiales[6]. Un pacto de obediencia a cambio de tener acceso a bienes de consumo. La ideas iban cambiando acompasadas con las transformaciones productivas. Pero la importancia de los ingenieros se mantuvo. En las nuevas circunstancias desarrollistas, lo hemos visto, algunos de estos científicos e ingenieros fueron clave en la redefinición de la soberanía nacional sobre recursos y territorios concretos.

En Los ingenieros de Franco he querido entender los diferentes modos en que diversos grupos en el franquismo dotaron de contenido al régimen en lo concerniente a la economía política, el manejo del territorio y su defensa. Ingenieros, científicos y técnicos han sido sus principales protagonistas. Y, aunque han aparecido otras voces, faltan otras muchas más. De nuevo, no ha sido mi intención ofrecer una radiografía exhaustiva del franquismo; no creo que eso sea posible y a lo largo del libro he citado algunos de los otros trabajos que pueden ayudar a aproximarse al período desde otras perspectivas. Mi objetivo ha sido el de restituir a los expertos al lugar que de hecho tenían en este período y cuyo olvido amenaza con distorsionar las reconstrucciones históricas.

Escribir la historia de la sociedad política franquista desde el punto de vista del territorio, de su defensa y transformaciones, exige reconocer la importancia de la ciencia y la tecnología en la configuración del régimen franquista. En los últimos diez años me he encontrado con gente inteligente e informada que considera esta idea políticamente sospechosa o, al menos, peligrosa. Me parece que esto es resultado de suponer que las producciones científicas y técnicas tienen necesariamente, o al menos por defecto, un valor axiológico positivo. La confianza en la ciencia es una reliquia del positivismo que, aunque tuvo su funcionalismo en ciertas etapas históricas, se sometió a profundas críticas tras las dos guerras mundiales: la razón científica podía, desbridada, anunciar los mayores sufrimientos. Pero grandes sectores de la opinión pública y publicada prefieren acogerse esperanzados a la tríada medieval de lo verdadero, lo bueno y lo bello y fingir que estas tres cosas van siempre de la mano. Para quienes la Ciencia, con mayúscula, encapsula todos los progresos a los que puede aspirar la Humanidad, también en mayúscula, la mayor crítica que se puede hacer al franquismo es que careció de tradición y política investigadora. La historiografía de la ciencia en el franquismo se ha visto en parte afectada por este prejuicio, avivado desde luego por el hecho de la represión y censura que sufrieron las universidades, publicaciones y determinadas disciplinas.

Lo cierto es que, para bien o para mal, las ciencias y las tecnologías son partes constitutivas del mundo en el que vivimos. Y los ingenieros de Franco trataron de hacerlas partes centrales de la economía política española. Pero ni siquiera cuando admitamos sus éxitos, que fueron mucho más parciales de lo que ellos habrían deseado, estaremos con ello avalando sus proyectos, puesto que en un juicio de esas características (juicio que no corresponderá al historiador más que a cualquier ciudadano) ya tendrían que tenerse en cuenta nuestros propios valores económicos, sociales o ecológicos, que desbordan a cualquiera de las ciencias particulares. Más bien, lo que se nos abre es una oportunidad para reflexionar sobre esos valores y contravalores y sobre su historicidad.

Otra cosa que no hace este libro (o si lo hace ha debido ser a escondidas de la voluntad de su autor) es tratar al franquismo como un bloque homogéneo. Al escribir un libro sobre esta época, es fácil caer en la tentación de generalizar conclusiones. Pero lo cierto es que la sociedad política a lo largo de los casi cuarenta años del régimen fue tan variopinta como las ciencias y las tecnologías que se practicaban en ella. Incluso si restringimos el análisis a la Administración del Estado y a los oficiales y técnicos que la componían, la pluralidad de actores, intereses e ideologías fue notable. Aún más: las discontinuidades no sólo eran sincrónicas. A lo largo del tiempo las correlaciones de fuerzas fueron mutando hasta el punto de que se hace difícil hablar del mismo régimen en 1942 que en el 1973. Las continuidades y rupturas a nivel político, además, no tienen por qué corresponderse con las dadas a otras escalas, por ejemplo económicas o tecnológicas.

Esto último es fundamental. Escribir historia a la escala de los materiales, las obras y los recursos permite percibir continuidades que subyacen a rupturas de pretendida espectacularidad dadas a la escala de la alta política. Por ejemplo, queda clara la continuidad (no exenta de novedades) de los planes de obras hidráulicas en España desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la actual democracia, pasando por la Segunda República y el franquismo. La importancia de estas continuidades materiales se hace más evidente cuando miramos más allá de las posibles periodizaciones internas del franquismo, hacia la transición democrática.

La supervivencia de la base material del franquismo debe ser objeto de consideración no sólo política, sino historiográfica. Los historiadores no describen el pasado, sencillamente porque por definición no tienen acceso a él: ya no está presente. Los elementos que sí tienen a mano los historiadores son los que pululan por nuestro mundo actual y cuya explicación nos remite a las acciones de quienes nos precedieron. Los documentos firmados, los templos construidos, los paisajes irreconocibles…, todo de lo que se nutre este libro forma parte de nuestra realidad presente, testigos de un tiempo que ahora nos toca explicar y que tuvo influencia directa sobre el nuestro. Sobre esas reliquias se construye el relato histórico[7].

Y mi generación (o la generación de jóvenes dirigentes que hoy se hacen hueco en los partidos políticos, emergentes o establecidos), tiene ya una relación distinta con la dictadura franquista. No la vivió directamente, sino que está mediada por los relatos (históricos y orales) de la «generación de la Transición» que sí que vivió el franquismo y, lo que es más importante para mi argumento, fue la encargada de transformar la sociedad política franquista en la que nosotros hemos recibido.

Porque quien hace historia es quien primero la narra. El proceso y el resultado de la Transición marcó profundamente algunos de los lugares comunes de la historiografía encargada de ensamblar una narrativa coherente acerca del régimen anterior y que sirviera de cimiento al nuevo. El peligro es claro: en no pocas ocasiones el resultado final del cambio se tomó como destino al que teleológicamente se habrían dirigido todas las fuerzas opositoras a Franco.

Tomemos por ejemplo la democracia parlamentaria. Prácticamente toda la oposición al franquismo reclamaba más libertades, aunque raras veces en la forma de la representación parlamentaria. Véase el Partido Comunista de España, pilar de la oposición obrera y universitaria, o las aguerridas asociaciones vecinales, que exigían participación más directa. Pero en los años de la Transición, el PCE abrazó el eurocomunismo y sustituyó el marxismo-leninismo por la democracia. Entre las elecciones de 1977 y las de 1983, tanto el PCE como las asociaciones fueron desmanteladas con la ayuda inestimable de un PSOE domesticado por los intereses norteamericanos y alemanes. El problema surgió cuando, una vez instaurada la democracia partitocrática parlamentaria coronada y capitalista, la historiografía vino a presentarla como una evolución inevitable del posfranquismo, incluso como el ideal al que las izquierdas habrían tendido desde siempre, Segunda República incluida. ¡Imaginen las risas en el Frente Popular!

No es cierto el aforismo de que la Historia sirve para no caer siempre en los mismos errores. Su principal función antropológica y política, para lo que ha servido y sirve, es para justificar las acciones e ideas del presente. Pero tenemos la obligación y la necesidad de abandonar el esquema teleológico y, en lugar de dar por supuesto nuestro presente como un resultado natural, preguntarnos por las circunstancias históricas concretas que lo hicieron triunfar sobre otros posibles, o al menos considerados posibles en el momento en que se cerraron como vías históricas.

Todo régimen político que nace en oposición a uno anterior tiende a presentarse como la restauración de una supuesta edad de oro primigenia que el enemigo habría hecho sucumbir[8]. En la Segunda República la monarquía borbónica era para muchos sinónimo de una restauración reaccionaria cuyos valores se habían al fin subvertido irreversiblemente. El franquismo se configuró como la negación de los valores encarnados por la Segunda República y, reconstruyendo la Guerra Civil como una recuperación de un pasado glorioso, negó identificar ninguna realización propia con bases cimentadas anteriormente. La restauración borbónica democrática de 1978 proyectó una idea de España en la que los españoles, al «darse una Constitución», aparecían como causa de sí mismos dispuestos a recuperar una senda prometedora mediante la superación de un régimen que pasó a considerarse como la negación de la política misma, como una época oscura y de tinieblas. Un erial, una nada.

Pero nada sale de la nada, y la propia idea de «transición» (no revolución ni ruptura) recogía la necesidad de los Padres de la Patria de modificar un cauce ya existente, necesidad de la que tenían plena conciencia las partes implicadas, para bien y para mal. Santiago Carrillo (1915-2012), uno de los líderes más reconocidos de la oposición exiliada durante el largo mandato de Franco, lamentaba que el dictador hubiera muerto en la cama y como jefe del Estado en vez de depuesto por el pueblo enardecido. Comentando la imagen de la última aparición pública de Franco el 1 de octubre de 1975 con el entonces príncipe Juan Carlos a su lado, Carrillo señaló, no sin amarga ironía, que «estábamos todavía buscando un punto de entrada en la democracia, sin saber que lo teníamos ahí delante y que la última persona imaginable lo había colocado: el mismo Franco»[9].

Como es sabido, el propio Franco se jactaba de estas continuidades, condensadas en su frase de que el futuro de España tras su muerte estaba «atado y bien atado». En 1971, el general Vernon Walters, que había sido clave en las relaciones hispanoamericanas desde mediados de los años cincuenta, fue enviado por Nixon para hablar con Franco del futuro de la política española. Franco le pudo asegurar que no habría grandes cambios a su muerte. La razón que dio no fue la represión ni el terror, sino el acomodamiento de las clases medias al coche y al piso[10]. En buena doctrina de la Guerra Fría, el crecimiento económico era la mejor barrera contra el comunismo y el más firme aliado de los poderes establecidos. Sin necesidad de establecer una rígida línea causal entre capitalismo y democracia parlamentaria, está claro que es imposible disociarlas[11]. Suponer al modo idealista que la «conciencia» antecede al «ser social» oculta las continuidades entre el tándem desarrollismo-Guerra Fría y el régimen de gobierno votado en 1978.

Por supuesto no todo fue como Franco había imaginado: con la democracia llegaron las largamente soñadas libertades de expresión y de organización política. La oposición ideológica de las generaciones de la Transición con respecto a las franquistas no debe hacernos olvidar que las semillas de algunas de las ideas liberadoras se esparcieron en las décadas anteriores, y a menudo de modo involuntario. Por ejemplo, cuando Albareda pensaba en la Residencia de Señoritas del CSIC contra lo «feminista» (capítulo 2), no podía imaginar que la paulatina inserción de las mujeres en los centros de investigación y, sobre todo, de trabajo, establecía las condiciones para el (lento) desmoronamiento de las ideologías misóginas de la sociedad de la época.

Pero recordar las continuidades sirve para refrenar la exageración de la ruptura. En la última década, alejados los miedos de la Transición, muchos creen oportuno afrontar las rupturas que en su momento no pareció prudente efectuar. Se habla de segunda Transición y la posibilidad de modificar la Constitución de 1978 en un sentido u otro es más real que nunca antes. En lo concerniente a la interpretación del pasado, esta nueva etapa la abrió la llamada Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 para fomentar «el conocimiento de nuestra historia y la memoria democrática».

Y para que triunfe la memoria democrática debe destruirse la memoria visible del franquismo. Salvando las distancias, el proceso es parecido a la damnatio memoriae que los sucesores de Nerón practicaban con sus estatuas e insignias. El efecto más visible de la ley fue la retirada, tan lenta que aún prosigue, de «símbolos» del franquismo, tales como nombres de calles y estatuas ecuestres. Lo interesante para este epílogo es la reducción de la idea de «símbolo» a las exaltaciones explícitas de Franco o sus ministros, que abunda en el sesgo políticoformal de la historiografía sobre el franquismo. Porque quien haya leído este libro atentamente reconocerá como símbolos del franquismo la presa de Canelles, la central de Vandellós II o los arrozales del Guadalquivir. Que en 2011 se quitara el apellido del Caudillo al nombre de la ciudad rural Gévora no excluye que su planta urbana fuera un símbolo del pretendido paisaje nacional redimido y racionalizado.

Como ocurre con todo símbolo, las interpretaciones de estos sistemas tecnológicos son múltiples y están sujetas a cambio, como cambian también los objetos que simbolizan, por ejemplo la industrialización o la economía política españolas. Por tanto, bien puede ser que estos productos técnicos y sistemas tecnológicos hayan hoy adquirido nuevos significados, pero sería engañoso no reparar en las continuidades que ellos representan a pesar de los cambios importantísimos en sectores del entorno social, político y económico del que forman parte activa. La transformación de España durante la Guerra Fría puso, para bien y para mal, las bases de la España actual.

De nuevo: para bien y para mal. Hoy día es más fácil apreciar los costes de la modernización y la industrialización. Los desarrollos científicos, médicos y técnicos han permitido un crecimiento económico y demográfico impresionante durante todo el siglo XX, así como el establecimiento de sociedades afluentes localizadas. Pero los costes ecológicos y humanitarios han sido altos, de manera que la búsqueda actual de modos de crecimiento más sostenibles no puede cerrar los ojos al modo en que las economías políticas de las sociedades industrializadas se han centrado en torno a la modernización y la producción. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría hoy celebrar las impresionantes reforestaciones durante el franquismo sin recordar que mucho de lo que se plantó fue el abrasivo eucalipto. Y no podemos mencionar los éxitos del cultivo en el Guadalquivir sin recordar que los avances del arrozal dañaron Doñana irreversiblemente.

Como cualquier lector de Dickens sabe, la industrialización siempre ha ido acompañada de nuevos modos de violencia, ya sea el colonialismo exterior o el hambre y la represión en el interior[12]. La industrialización de España, rápida y forzada, no fue ningún camino de rosas, sino que se nutrió de condiciones de pobreza extrema en el campo y el extrarradio de las grandes ciudades. La autoproclamada misión redentora del franquismo tomó la forma prosaica de viguetas de hormigón y estudios de mareas marinas. Pero, por volver al texto de Marx referido más arriba, «por muy antiheroica que sea la sociedad burguesa, sin embargo se necesitaron para instaurarla heroísmo, sacrificio, terror, guerra civil y guerras nacionales»[13].

Y ésta es una de las claves para entender el embrollo historiográfico que supone la interpretación del lugar de la ciencia y la tecnología en el franquismo: a lo largo de los años, diversos procesos internos y externos consolidaron a España como un país capitalista comparable a los de su entorno, con una clase media mayoritariamente dispuesta a aceptar limitaciones políticas a cambio de capacidad consumidora y con una industria productiva que requería de cuerpos técnicos y científicos en números mucho mayores a los de la España agraria de la primera mitad del siglo XX. Desde una perspectiva marxista, el franquismo hizo las veces de acumulación forzosa del capital originario que pasó a invertirse en maquinaria y otros medios de producción propiamente capitalistas. Sin embargo, esto se convirtió en una paradoja insoluble cuando la historiografía dejó de ser marxista, que fue cuando en el terreno político el marxismo dio paso a la socialdemocracia. La maquinaria teleológica hubo de ponerse de nuevo en marcha para ocultar los continuismos en el modelo económico nacional.

En los años sesenta y setenta, la crítica marxista atacaba al franquismo por ser, «como todos los fascismos», quinta columna del capitalismo. Cuando el Partido Comunista perdió fuerza frente a la socialdemocracia abanderada de la Transición, la nueva historiografía llamada de izquierdas (pero de una izquierda parlamentaria y capitalista) no podía aceptar la tesis de la acumulación originaria. Esto hubiera supuesto admitir un pecado original insoportable. La historiografía llamada de derechas (pero de una derecha liberal en lo económico) tampoco podía aceptar el papel de un estado intervencionista. Desde los rincones más diversos del espectro político, el franquismo comenzó a reconstruirse como un obstáculo para el capitalismo. Se escribieron en aquellos años de transición (y desde entonces) historias imprescindibles y definitivas (y sin las cuales este libro no hubiera sido posible), pero también fraguó el relato simplista de que no pudo haber tecnología ni investigación en un régimen esencialmente reaccionario.

Lo que urge ahora es entender el proceso contrario, el papel de la investigación científica y tecnológica en la transformación de la economía política española y de sus relaciones internacionales durante la Guerra Fría. Porque, pese a los feligreses de la Ciencia con mayúscula, no hay que olvidar que en el siglo XX una grandísima parte de la inversión en ciencia y tecnología en todos los países, desde Estados Unidos a Francia o Japón, ha estado directamente relacionada con el desarrollo industrial y militar.

Por retomar la anécdota que recogía en el capítulo dedicado a la energía, la paradoja histórica que se produce cuando se identifican investigación científica y progreso moral es capaz de hacer negar a un antiguo ecologista antinuclear los avances franquistas en ese campo, que era precisamente contra lo que se enfrentaba en su juventud activista. Más bien, lo que la sociedad democrática tiene que afrontar es, por seguir con el ejemplo, que durante la Transición España fue de hecho una potencia en energía nuclear (a un coste que todavía pagamos hoy), y que lo fue como parte de un diseño estadounidense para asegurar un mercado potente y un cambio político tranquilo.

Recuperar los vínculos entre ingeniería, ciencia y franquismo invita a considerar el papel de los expertos, del conocimiento científico y de los sistemas tecnológicos en las sociedades contemporáneas. Las democracias homologadas contemporáneas no son el resultado espontáneo y natural del progreso histórico. Más bien aparecieron en un momento muy concreto de la historia y se mantienen mediante mecanismos de estabilidad que van desde el petróleo hasta los medios de comunicación. En ellas, además, las decisiones concernientes a proyectos «técnicos» se toman las más de las veces en foros muy alejados de los debates parlamentarios.

Desde esta perspectiva, es necesario dar cuenta de la formación y el lugar del franquismo en el mundo occidental, conectando su economía política y sistema defensivo a las de otros estados del entorno y al de la sociedad española actual. A su vez, esto exige profundizar en el pasado de las democracias contemporáneas y en el lugar actual de las ciencias y tecnologías en ellas.

Dar voz a los ingenieros y científicos de la época supone darle la vuelta al velo del «tiempo de silencio» con el que a menudo se trata de cubrir cuarenta años de régimen. La fórmula, tomada de la novela de Luis Martín-Santos publicada en 1962, pronto se convirtió en un modo rápido de referirse a la censura y represión culturales, y en particular científicas, de la larga dictadura. Pero aunque muchos fueron relegados al silencio, esta imagen sitúa a aquellos científicos e ingenieros que trabajaron en la España franquista en una especie de «limbo» (la metáfora es de uno de los protagonistas de este libro, el ecólogo José Antonio Valverde, reflexionando sobre la historiografía actual de la época que le tocó vivir[14]). Un limbo que condena al silencio retrospectivo a las generaciones artífices de la transformación de España durante la Guerra Fría.

Sin embargo, el protagonista de la novela de Martín-Santos hablaba del tiempo de silencio en el sentido de Karl Jaspers, refiriéndose a la futilidad del discurso en la era de la bomba atómica y su destrucción radiactiva y silenciosa[15]. En la era nuclear, parece pensar Pedro, la tecnología se ha adueñado de la palabra, de la política, haciéndola irrelevante.

Pedro (y Jaspers) olvidaba con esto algo fundamental: que las tecnologías no funcionan al margen de la palabra ni de los objetivos políticos. Aún más, la involucración de las tecnologías y las ciencias de la era nuclear con las relaciones de poder ha sido y es clave para la formación y el mantenimiento del estado como unidad política. Mediante productos concretos la sociedad política, el estado, se instala e inscribe en el territorio, lo transforma y lo preserva como suyo. En una época de crisis financieras mundiales y de pavores ecológicos planetarios, el significado de objetos y paisajes singulares pasa fácilmente desapercibido. Pero ésos son los mimbres con los que se construyen nuestras organizaciones sociales y económicas.

Agradecimientos

Agradecimientos

SI PLATÓN AGRADECÍA A LOS DIOSES haber nacido hombre libre en la Atenas de Sócrates, bien podría yo reconocer aquí la larga serie de condiciones que han hecho posible este libro. Pero hay que cortar por algún sitio. Comencé la investigación en 2006, y multitud de personas e instituciones me han ayudado a completar la travesía con sus argumentos, distracciones, amistad, preguntas, dinero, súplicas, invitaciones, correcciones, chivatazos, objeciones, comida, exhortaciones, discusiones, enfados, bibliografía, parresia, paciencia e ideas. He presentado partes de este trabajo en muchas charlas y conferencias por todo el mundo. ¡Un agradecimiento proporcionado exigiría otro libro! Cometeré la injusticia de citar solamente los inexcusables con la esperanza de que los ausentes sepan cobrarse mis deudas:

INSTITUCIONES

—Departamento de Historia de la Universidad de California, Los Ángeles (2006-2011).

—CEHIC de la Universidad Autónoma de Cataluña y TEUS del Consejo de Investigación Europeo (2012-2014). Y los Proyectos MEC HAR-2014-57776-P y AGAUR 2014, SGR 1410, «La física en la construcción de Europa».

—Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, Berlín.

—Los archivos citados en la página correspondiente (y sus archiveros).

EDITORIALES

Versiones previas de algunas partes de este libro han aparecido en varios lugares, en particular, Lino Camprubí, Engineers and the Making of the Francoist Regime (The Mit Press, Cambridge, Mass., 2014). También en Historical Studies on the Natural Sciences, Technology and Culture, Palgrave MacMillan, El Catoblepas, Empiria, Ediciones del Serbal, Ayer, The Guardian, Endeavour, UAB y Arbor.

COAUTORES:

Con Simone Turchetti y Mathew Adamson he escrito alguna cosa sobre uranio en Europa que me ha servido de mucho. Con Samuel Robertson, el germen del capítulo dedicado a Gibraltar: Sam Robinson, «A Gateway to Ocean Circulation: Surveillance and Sovereignty at Gibraltar», Historical Studies in the Natural Sciences, 46, 4 (2016).

LECTORES DE LA ÚLTIMA VERSIÓN

Además de Raquel Reguera y el resto del magnífico equipo de Crítica encabezado por Carmen Esteban, leyeron partes del manuscrito final y ofrecieron sabios consejos Javier Pérez Jara, Javier Porcel, Víctor Martínez Patón y Carmen Bueno (mi querida y portentosa madre).

Bibliografía

Bibliografía

La bibliografía que aparece aquí ha sido citada de modo abreviado en las notas de texto. En cambio, los artículos de periódicos diarios y documentos de archivo que aparecen en las notas de texto no han sido reproducidos en la bibliografía. Los archivos aparecen en el texto con estas abreviaturas:

ACA: | Archivo Central de la Armada, Madrid.
AD: | Archives Diplomatiques, La Courneuve, París.
AGA: | Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
AHT: | Archivo del Instituto E. Torroja de las Ciencias de la Construcción, Madrid.
ANRU: | Archivo Nacional del Reino Unido, Londres.
ARdE: | Archivo de la Residencia de Estudiantes, Madrid.
EBD: | Estación Biológica de Doñana, Sevilla.
ENHER:    | Fondo Histórico de Endesa: archivo fotográfico digital, Barcelona.
IGME: | Instituto Geológico y Minero Español, Fondo Sáhara, Madrid.
LCME: | Laboratorio Central de Ensayo de Materiales, Madrid.
MAE: | Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.
OTAN: | Organización del Tratado del Atlántico Norte, Bruselas.
NARA: | National Archive and Records Administration, Washington, D. C.
NP: | Nicholson Papers, Houston, Texas.
SEPI: | Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Archivo Histórico del INI), Madrid.

Pensando en la posible utilidad para los lectores, he dividido la bibliografía utilizada en fuentes primarias (escritas o utilizadas por los protagonistas de esta historia) y fuentes secundarias (escritas por analistas de la historia o de algunos de los problemas involucrados). La distinción entre actores (emic) y analistas (etic) no es dicotómica y en más de una ocasión la decisión de a qué grupo adscribir una referencia concreta ha sido más pragmática que rigurosa.

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Notas

[1] Citado en Agustín del Río Cisneros (1964), Pensamiento político de Franco, pp. 122-123. <<

[2] IMC, «Preparado especialmente para el gobierno español», 1967: 29. SEPI, Caja 3776, código 419821, Carpeta 15 (II). <<

[3] Antonio Luis Carrión (1868), La redención de España: loa original y en verso, Málaga, s. n. <<

[4] Ramón Tamames (2005), Ni Mussolini ni Franco: la dictadura de Primo de Rivera y su tiempo, p. 122. <<

[5] Nota editorial (1935), «Al empezar a redimirnos», Gracia y Justicia, p. 3; Enrique Pla y Deniel (1936), «Las dos ciudades», carta pastoral. <<

[6] Nigel Townson (ed.) (2010), Spain Transformed: The Late Franco Dictatorship. <<

[7] Fernando Guirao (1998), Spain and the Reconstruction of Western Europe. <<

[8] Carlos Velasco Murviedro (1984), «El “ingenierismo” como directriz básica de la política económica durante la autarquía (1936-1959)», Información Comercial Española, 606, pp. 97-106. <<

[9] Luis Eduardo Pires Jiménez (2003), Regulación industrial y atraso económico en la dictadura de Franco. <<

[10] Mary S. Morgan, «Economics», en Theodore M. Porter y Dorothy Ross (eds.) (2003), pp. 275-305. <<

[11] T. C. Schelling (1958), «The Reciprocal Fear of a Surprise Attack». <<

[12] Heonik Kwon (2010), The other Cold War. <<

[13] Sobre el soft power aplicado a las relaciones Estados Unidos-España: Francisco Javier Rodríguez Jiménez (2010), ¿Antídoto contra el americanismo?, American Studies en España, 1945-1969. <<

[14] Por citar autores a salvo de posibles sospechas de españolismo: Jorge Cañizares-Esguerra (2006), Nature, Empire and Nation; Antonio BarreraOsorio (2007), Experiencing Nature. Sobre la leyenda negra en la historiografía, puede verse Iván Vélez (2014), La leyenda negra. <<

[15] Lino Camprubí (2010), «Viaje alrededor del Imperio: rutas oceánicas, la esfera y los orígenes atlánticos de la revolución científica», p. 1. <<

[16] Jaume Claret Miranda (2006), El atroz desmoche: la destrucción de la universidad española por el franquismo. <<

[17] Luis E. Otero Carvajal (ed.) (2006), La destrucción de la ciencia en España. <<

[18] Luis Sanz Menéndez (1997), Estado, ciencia y tecnología en España, 1939-1997. <<

[19] María Jesús Santesmases (2001), Entre Cajal y Ochoa. <<

[20] Gustavo Bueno (1991-1993), Teoría del cierre categorial. <<

[21] José Manuel Sánchez Ron (1999), Cincel, martillo y piedra. <<

[22] Antoni Roca i Rosell y José Manuel Sánchez Ron (1990), Esteban Terradas (1883-1950): ciencia y técnica en la España contemporánea; Ana Romero de Pablos y José Manuel Sánchez Ron (2001), Energía nuclear en España. <<

[23] Santiago López García (1994), «El saber tecnológico en la política industrial del primer franquismo». <<

[24] Aitor Anduaga Egaña (2009), Geofísica, economía y sociedad en la España contemporánea; María Jesús Santesmases (2011), «Screening antibiotics: industrial research by CEPA and Merck in 1950s»: 407-427; Xavier Roqué, «España en el CERN (1961-1969), o el fracaso de la física autárquica», en Néstor Herran y Xavier Roqué (eds.) (2012), La física en la dictadura. <<

[25] Pedro Laín Entralgo, Proyecto Filosofía en español: http://www.filosofia.org/ave/001/a412.htm. <<

[26] Antonio de Gregorio Rocasolano et al. (1940), Una poderosa fuerza secreta. <<

[27] Hochadel (2013), Paleoanthropology in the periphery. <<

[28] Gustavo Bueno a Miguel Crusafont, Oviedo, 25 marzo 1969 (agradezco a Carlos Acosta Rizo el envío de esta carta digitalizada en el Archivo Crusafont). <<

[29] Marc Ferri Ramírez (2015), El ejército de la paz. <<

[30] José A. Valverde (2004), Memorias de un biólogo heterodoxo, vol. 4, p. 50. <<

[31] Alfonso Peña Boeuf (1954), Memorias de un ingeniero político. <<

[32] Eduardo Hernández-Pacheco (1952), El solar en la historia hispana. <<

[33] Gustavo Bueno (1991), Primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Como tendremos ocasión de ver a lo largo del libro, estos poderes además tienen componentes ascendentes y descendentes, por lo que Gustavo Bueno distingue dieciocho poderes en toda sociedad política, Gustavo Bueno (2004), Panfleto contra la democracia realmente existente. <<

[34] Sara B. Pritchard (2011), Confluence: the Nature of Technology and the Remaking of the Rhône. <<

[35] Tiago Saraiva (2016), Fascist Pigs. Technoscientific Organisms and the History of Fascism. <<

[36] Borja de Riquer y Permanyer (2010), La dictadura de Franco. <<

[37] Sánchez Ron, «La europeización científica de España», en Josep Fontana y Ramón Villares (eds.) (2008), Historia de España, vol. 11: 298-535. <<

[1] José Pemartín (1937), Qué es «lo Nuevo». Consideraciones sobre el momento español presente; Álvarez Bolado (1976), El experimento del nacional-catolicismo, 1939-1975. <<

[2] Alfonso Botti (2008), Cielo y dinero; Alejandro Quiroga Fernández de Soto (2006), Los orígenes del nacionalcatolicismo. <<

[3] Andrés Vázquez de Prada (1983), El fundador del Opus Dei, pp. 125-226. <<

[4] Peter Berglar (1994), Life and Work of its Founder, Josemaría Escrivá; Gondrand (1982), Au pas de Dieu. <<

[5] Adolfo Castillo y Mariano Tomeo (1971), Albareda fue así: semilla y surco; Antoni Malet (2009), «José María Albareda (1902-1966) and the Formation of the Spanish Consejo Superior de Investigaciones Científicas», pp. 307-332. <<

[6] Antonio Vázquez (1997), Tomás Alvira: una pasión por la familia, un maestro de la educación. <<

[7] Enrique Gutiérrez Ríos (1970), José María Albareda, pp. 79-82. <<

[8] Escrivá de Balaguer (2004), Camino. Edición crítico-histórica preparada por Pedro Rodríguez, p. 44. <<

[9] Sin ofrecer ejemplos concretos, Joan Estruch apunta a esta influencia en Saints and Schemers: Opus Dei and Its Paradoxes (1995). <<

[10] Alberto Moncada (1987), Historia oral del Opus Dei. <<

[11] CSIC (1970), José Ibáñez Martín (Homenaje a su memoria). <<

[12] Chiaki Watanabe (2003), Confesionalidad católica y militancia política: la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y la Juventud Católica Española, 1923-1936. <<

[13] Gonzalo Pasamar, «Oligarquías y clientelas en el mundo de la investigación científica: el Consejo Superior en la universidad de posguerra», en Juan José Carreras y Miguel Ángel Ruiz (eds.) (1991), La universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), pp. 305-339. <<

[14] Antoni Malet, «Las primeras décadas del CSIC: investigación y ciencia para el franquismo», en Ana Romero de Pablos y María Jesús Santesmases (eds.) (2008), Cien años de política científica en España, pp. 211-256. <<

[15] CSIC (1940), Memoria de la Secretaría General. <<

[16] Ibáñez Martín, «Discurso Sr. Ministro en Pamplona, 3 septiembre 1944», ARdE, Documento 172/33/4, p. 1. <<

[17] De José María Albareda a José Ibáñez Martín, «Sobre las obras del Consejo» (Madrid, Ap. 4, 1941), ARdE, Documento 172/31/4, p. 3. <<

[18] Eva Rodríguez Romero, «Un siglo de arquitectura a través del CSIC: la arquitectura institucional del CSIC en Madrid», en Miguel Cabañas Bravo (ed.) (2001), El arte español del siglo XX. Su perspectiva al final del milenio, pp. 43-67. <<

[19] Instituto de Edafolofía, Ecología y Fisiología Vegetal, «Proyecto Instalación Instituto de Edafología», AGA (05) 014.002, Caja 31/5373. <<

[20] Ramón Vicente Díaz del Campo y Martín Mantero (2004), «El conjunto del CSIC en Madrid (1939-1949). La creación de la ciudad de Dios y la Ciencia», en Memoria y modernidad. <<

[21] Miguel Fisac (1949), «La iglesia del Espíritu Santo en la calle de Serrano», p. 10. <<

[22] Miguel Fisac, «Memoria. Proyecto de adaptación de Auditorium para Capilla del Espíritu Santo» (Madrid, noviembre de 1942), p. 1 (AGA) (05) 014.002, Caja 31/5371. <<

[23] García Cuéllar (2007), La obra artística de Fisac, Adsuara y Stolz en la Iglesia del Espíritu Santo, pp. 209-274. <<

[24] Camón Aznar (1946), «Un conjunto monumental», ABC, 12 de noviembre de 1946. <<

[25] José María Albareda (1956), «El Papa y el desarrollo científico», Actualidad española, 1 de marzo de 1956. <<

[26] José María Albareda (1951), Consideraciones sobre la investigación científica, pp. 405 y 440. <<

[27] Fisac, «Memoria», p. 4. <<

[28] José María Albareda, «Razones para la Residencia de Auxiliares de Biblioteca» (sin fecha), ARdE, Documento 172/36/1, p. 1. Sobre el papel de la mujer en el CSIC puede verse Fernández Vargas Santesmases (2002), Ciencia y tecnología en el CSIC: una visión de género. <<

[29] Tomás Alvira Alvira (1992), El «Ramiro de Maeztu». Pedagogía viva: 105-107; Olga Roig López (2002), «La institución educativa española desde la postguerra hasta la transición. Iglesia y tecnología», ofrece una lectura interesante aunque no menciona el Ramiro de Maeztu. <<

[30] CSIC (ed.) (1946), Instituto Nacional de Enseñanza Media Ramiro de Maeztu; José Luis Villacañas (2002), Ramiro de Maeztu y el ideal de la burguesía en España; Pedro Carlos González Cuevas (2003), Maeztu: biografía de una nacionalista español. <<

[31] http://www.filosofia.org/ave/002/b033.htm. <<

[32] Ramiro de Maeztu Whitney, «La defensa de la hispanidad» [1932], en Ramiro de Maeztu (1974), Defensa de la hispanidad. <<

[33] Ramiro de Maeztu Whitney (1916), Authority, Liberty and Function in the Light of the War; Rafael Santervás (1987), La etapa inglesa de Ramiro de Maeztu. <<

[34] Ramiro de Maeztu Whitney (1957), El sentido reverencial del dinero. <<

[35] Ramiro de Maeztu Whitney, «Los caballeros de la Hispanidad» [1933], en Ramiro de Maeztu (1974) Defensa de la hispanidad, p. 879. <<

[36] Raúl Morodo Leoncio (1980), Acción Española: orígenes ideológicos del franquismo; Pedro Carlos González Cuevas (1998), Acción Española: teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936). <<

[37] Acción Española, 8, 46 (febrero de 1934). <<

[38] El físico Julio Palacios asistió a la charla, José Luis Vázquez Dodero (1936), «El pensamiento en Acción Española», Acción Española: 384. Hay una foto de baja calidad en la que aparece Maeztu presentando a Pérez del Pulgar en Nicolás González Ruiz (1960), Genio y figura del Padre Pulgar, semblanza biográfica, p. 97. <<

[39] Rafael María Sanz de Diego (2009), S. J., ICAI: 1908-2008, lo que fuimos, lo que somos. <<

[40] Néstor Herran (2012), «Science to the Glory of God. The Popular Science Magazine Ibérica and its Coverage of Radioactivity, 1914-1936», Science & Education, pp. 335-353; Manuel García Doncel y Antoni RocaRosell (2007), Observatorio del Ebro: un siglo de historia, 1904-2004. <<

[41] Esteban Terradas (1921), «Reseña», Ibérica (1929); Pérez del Pulgar, El problema ferroviario y la nacionalización de la energía eléctrica. <<

[42] Editorial note (1930), «Imposición de la medalla de oro del Trabajo al P. José A. Pérez del Pulgar, S. J.», Ibérica, pp. 2-4. <<

[43] ICAI (2007), Recuerdos inolvidables, 1931-1932. <<

[44] Citado en González Ruiz (1960), pp. 48-50. <<

[45] José Calvo Sotelo (1935), El capitalismo contemporáneo y su evolución, pp. 21-22; José Calvo Sotelo (1933), «Principios informadores de un programa de Gobierno», en Acción Española, pp. 666-668. <<

[46] Joaquín Azpiazu (1939), El Estado católico (líneas de un ideal); Joaquín Azpiazu (1941), Moral profesional económica. <<

[47] José Pemartín (1938), ¿Qué es lo nuevo? <<

[48] J. A. Pérez del Pulgar (1941), El concepto cristiano de la autarquía. <<

[49] Emilio Jimeno Gil (ed.) (1940), Problemas técnicos de importancia económica en la nueva organización de España. <<

[50] Eusebio Gil, S. J. (ed.) (1993), La Universidad Pontificia Comillas. Cien años de historia. <<

[51] En 1940 Peña Boeuf dio un santo patrón a los ingenieros españoles: Santo Domingo de la Calzada, cuya vida quedó reinterpretada en Joaquín de Entrambasaguas (1940), Santo Domingo de la Calzada: el ingeniero del cielo. <<

[52] Pedro Laín Entralgo (2006), España como problema. <<

[53] Rafael Calvo Serer (1949), España, sin problema. <<

[54] José Antonio Girón (1948), «La justicia social en el nuevo Estado español, y la colaboración de los sacerdotes para su implantación». <<

[55] Antonio Capitel (1982), La arquitectura de Luis Moya Blanco. <<

[56] Ramiro de Maeztu Whitney, «¿Sometimiento de lo económico?» [1926], en Maeztu, El sentido reverencial del dinero, pp. 33-37. <<

[57] Ramiro de Maeztu Whitney (1959), «Carta abierta sobre el tradicionalismo» [1933], en Ramiro de Maeztu, El nuevo tradicionalismo y la revolución social, pp. 15-20. <<

[58] A menudo sus diseños incluían el mobiliario: María Paz Aguiló Alonso (2006), «Espacios interiores y mobiliario de Miguel Fisac para el CSIC», pp. 57-64. <<

[59] Esteban Fernández Cobián (2005), El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea. <<

[60] Miguel Fisac (1960), «Teologado de San Pedro Mártir de los PP. Dominicos en Madrid». <<

[61] José María Valverde (1959), Cartas a un cura escéptico en materia de arte moderno; Francisco Pérez Gutiérrez (1961), La indignidad en el arte sagrado; Arsenio Fernández Arenas (1963), O. P., Iglesias nuevas en España. <<

[62] «Monográfico sobre iglesias» (1957), Informes de la Construcción, 87. <<

[63] José Manuel Aguilar (1963), «Coloquios sobre iglesias», Arquitectura, 37. <<

[64] Juan Plazaola Artola (1958), «El arte religioso y el diablo», Revista Nacional de Arquitectura; Miguel Fisac (1959), «Problemas de la arquitectura religiosa actual», Arquitectura. <<

[65] Víctor de la Serna (1955), «Gloria y escándalo de la nueva arquitectura», ABC. <<

[66] «Las nuevas parroquias de Vitoria. Sesión crítica de Arquitectura», Revista Nacional de Arquitectura, 196 (1958), p. 19. <<

[67] Ramón Vicente Díaz del Campo Martín Mantero, «Iglesia y modernidad. Miguel Fisac y la nueva arquitectura en España», en Cabañas et al., Arte, poder y sociedad en la España de los siglos XV a XX, pp. 673-686. <<

[68] Un interesante debate al respecto: Tomás Llorens, Helio Piñón, Carlos Sambricio, Ignacio Solà-Morales (1979), «Polémica: A propósito de la arquitectura del franquismo», Arquitectura Bis, pp. 25-29. <<

[69] Francisco Franco Bahamonde (1955), Discursos y mensajes del Jefe de Estado, 1951-1954. <<

[70] Francisco Javier García Conde (1952), Contribución a la doctrina del caudillaje. <<

[71] Recogido en Movimiento Nacional (ed.) (1963), Iglesia, Estado y Movimiento Nacional. <<

[72] Joaquim M. Puigvert i Solà, «(Re)Construir esglésies en temps de nacionalcatolicisme», en Jordi Font Agulló (ed.) (2007), Història i memòria. <<

[73] José Luis Múzquiz (1947), «La enseñanza religiosa en la Escuela de Caminos», Revista de Obras Públicas, pp. 161-163. <<

[74] José Agustín Pérez del Pulgar, S. J. (1939), La solución que España da al problema de sus presos políticos; Gonzalo Acosta Bono (2004), El canal de los presos (1940-1962). <<

[75] http://www.filosofia.org/his/1940musa.htm. <<

[76] Francisco Javier Monclús y José Luis Oyón (1988), Historia y evolución de la colonización agraria en España. <<

[77] Emilio Gómez Ayau (1978), «De la reforma agraria a la política de colonización (1933-1957)», Agricultura y Sociedad, pp. 87-121; Nicolás Ortega Cantero (1979), Política agraria y dominación del espacio; Carlos Barciela López y Joaquín Melgarejo Moreno (eds.) (2000), El agua en la historia de España. <<

[78] Rafael Cavestany y de Anduaga (1958), Una política agraria, discursos. <<

[79] Alfredo Villanueva Paredes y Jesús Leal Maldonado (1990), Historia y evolución de la colonización agraria en España. <<

[80] Emilio Gómez Ayau (1952), «Actualidad de la política de colonización», Instituto Nacional de Colonización. Estudios. <<

[81] Franco Bahamonde (1955), pp. 137-144. <<

[82] Rafael Cavestany y de Anduaga (1955), «Menos agricultores y mejor agricultura», Revista de Estudios Agrosociales, pp. 7-34. <<

[83] Cristóbal Gómez Benito (1995), Políticos, burócratas y expertos. <<

[84] Albareda (1951), p. 282. <<

[85] J. Tudela de la Orden (1966), «El hombre y la tierra», Instituto Nacional de Colonización, Estudios. El subrayado es mío. <<

[86] INC, «Orden circular que reglamenta las misiones espirituales en los poblados rurales a cargo del Instituto», Circular n.º 247 (23 de septiembre de 1949). <<

[87] Antonio Reguera Rodríguez (1986), Transformación del espacio y política de colonización. <<

[88] Emilio Gómez Ayau (1945), «Tutela, posesión y propiedad», INC. Estudios, p. 21. <<

[89] Teresa Gallego Méndez (1983), Mujer, Falange y franquismo. <<

[90] Pilar Monreal y Fernando Pérez del Olmo, «La zona regable de Montijo (Badajoz)», en Carlos Giménez y Luciano Sánchez (eds.) (1994), Unidad y diversidad en la colonización agraria, pp. 41-165. <<

[91] José Tamés Alarcón (1947), «Disposición de la vivienda en los nuevos regadíos», Revista de Colonización. Suplemento de Agricultura, 18-24. <<

[92] Ángel Martínez Borque (1945), «El hombre y la colonización», Estudios, 19-20. <<

[93] Emilio Gómez Ayau (1941), «Importancia del coste de la vivienda rural», Estudios. <<

[94] RP V M. Sordo (1950), «La preocupación religiosa del INC», Colonización. <<

[95] Con la «desfasticización» de finales de la Segunda Guerra Mundial, líderes de Acción Católica como Martín Artajo, educado en el ICAI, fueron sustituyendo a falangistas en el gobierno, Javier Tussell (1984), Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957. <<

[96] Pedro Insua (2012), Hermes católico. Ante los bicentenarios de las naciones americanas. <<

[97] Martín Brugarola (1954), Sociología rural católica; (1956) La revolución verde; (1963) Familia municipio sindicato; (1964) Sociología y teología de la técnica. Con Azpiazu y Javier Conde, Brugarola fue uno de los teóricos de la llamada «democracia orgánica». <<

[98] José Antonio Primo de Rivera (1935), «Discurso sobre la revolución española»; el lema se repetiría, entre otros lugares, en el primer editorial de la revista Escorial. <<

[1] Otros miembros destacados fueron Modesto López Otero (1885-1962), Manuel Sánchez Arcas (1897-1970) y José María Aguirre Gonzalo (1897-1988). <<

[2] Albareda, «Hay institutos del Consejo que requieren una modificación rápida y decisiva», julio de 1939, ARdE, Caja 172/19/1. <<

[3] Casi todos los miembros de las primeras Juntas Directivas desfilan por estas páginas: Rafael Benjumea (conde de Guadalhorce, presidente honorífico), Esteban Terradas (presidente), Manuel Soto Redondo (vicepresidente), Manuel Lora Tamayo (secretario), Alfonso Peña Boeuf, José María Torroja Miret, Pedro Muguruza Otaño, Juan Antonio Suanzes Fernández, Francisco Planell Riera, Eduardo Torroja, José Sirvent Dargent y Joaquín Planell Riera. <<

[4] Santiago López García (1994), El saber tecnológico en la política industrial del primer franquismo, p. 173. Eduardo Barrera y Elena San Román, «Juan Antonio Suanzes, adalid de la industrialización», en Antonio Gómez Mendoza (ed.) (2000), De mitos y milagros: el Instituto Nacional de Autarquía (1941-1963). <<

[5] Pablo Martín Aceña y Francisco Comín (1991), INI: 50 años de industrialización en España; Elena San Román (1999), Ejército e industria: el nacimiento del INI. <<

[6] Presidencia del Gobierno, «Orden de 14 de marzo de 1946», Boletín Oficial del Estado, 76 (17 de marzo de 1946), p. 2070. <<

[7] Patricio Palomar Collado (1940), La industria del cemento en España; Carta de Félix González al Patronato Juan de la Cierva, «Dictamen de la Comisión» (17 de junio de 1946), p. 10, AGA (05) 004.000, Caja 31/13380, Carpeta «N. 2-08. CTE cemento, dictamen». <<

[8] J. M. Fernández Ladreda, Emilio Jimeno, Eduardo Torroja, Arsenio Jiménez, «Informe de la Ponencia sobre el Dictamen presentado, al Consejo Técnico-Asesor Permanente, por la Comisión Técnica Especializada del Cemento», p. 9, AGA, idem. <<

[9] Ana Isabel Rosado Cubero (1997), «La organización industrial del sector cementero español, 1942-1996». <<

[10] Lamberto de los Santos, «Nota sobre la orden de 28 de junio de 1942 relativa al régimen de producción y venta de cemento» (Madrid, 27 julio, 1942), AGA (06) 021.002, Caja 34/6035, Carpeta «Sector cementos, 1942/1945». <<

[11] Sindicato de la Construcción, Secretaría técnica, «Ante-estudio sobre la producción y consumo actual del cemento Portland en España y posibilidades de ampliación II (mapas y gráficos)», Madrid, 1944, AGA (06) 021.002, Caja 34/6071, Carpeta «Consejo técnico asesor 3, 1945». <<

[12] Juan Antonio Suanzes a Manuel Lora Tamayo (17 de febrero de 1953), «Sucesor de P. Novo», SEPI, 07330, Caja 118. <<

[13] José Antonio Torroja, Entrevista personal con el autor (25 de junio de 2010). <<

[14] Eduardo Torroja a Antonio Suanzes, 1950-1951. SEPI, 0000024888. <<

[15] CSIC, Memorias del patronato, 1951-1952. <<

[16] Citado en Aceña y Comín (1991). <<

[17] Las primeras menciones a las «ciencias de la construcción» que he encontrado provienen de Italia a principios del siglo XX (E. Almansi, 1901, Introduzione alla scienza delle costruzioni). Para los orígenes institucionales de la conexión entre la ingeniería y la ciencia en el siglo XIX: (1992), Antoine Picon, L’invention de l’ingénieur moderne: l’École des Ponts et Chaussées 1747-1851. El sintagma «ciencias de la construcción» quedó finalmente plasmado en el nombre del ITCC en la década de 1980, cuando se cambió por el de Instituto Eduardo Torroja de las Ciencias de la Construcción. <<

[18] Eduardo Torroja (1959), «Las actividades del Instituto de la Construcción y del Cemento», Informes de la Construcción, pp. 1-18. <<

[19] Se trata de una serie de artículos publicados en 1954 (y reproducidos en 1999) en la revista del ITCC Informes de la Construcción, bajo la rúbrica «Costillares es así». <<

[20] Eduardo Torroja (1951), «Las actividades del Instituto de la Construcción y del Cemento», Informes de la Construcción, pp. 1-18. <<

[21] Amy Slaton (2001), Reinforced Concrete and the Modernization of American Building, 1900-1930. <<

[22] «Acuerdo de 19 de junio de 1946 de la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno del Patronato Juan de la Cierva, designando los miembros del Consejo de Administración» (junio de 1946) y Juan Antonio Suanzes a Luis Carrero Blanco (Madrid, 26 de julio de 1955), ambos en AGA (05) 004.000, Caja 31/13388, «Instituto de Racionalización, Memorias 1945-1968». José Luis Herrero Castro (1983), La introducción de la Organización Científica del Trabajo en la España de los años 40 y 50: 359-571. <<

[23] Torroja (1951), pp. 1-18. <<

[24] «Torroja a Antonio Suanzes» (16 de julio de 1956), SEPI, 0000024889. <<

[25] Eduardo Torroja, «A los que colaborasteis conmigo» (1961), AHT/ET/A/007/034. <<

[26] Antonio Torroja, prólogo a Fernández Ordóñez y Navarro-Vera (1999), Eduardo Torroja, ingeniero. <<

[27] Antonio Lafuente y Tiago Saraiva (2004), «The Urban Scale of Science and the Enlargement of Madrid (1851-1936)», Social Studies of Science, pp. 531-569. <<

[28] Torroja a PJC, «Solicitud para adquirir un solar donde instalar los edificios» (26 de mayo de 1950), AHT/EC/A/010/001-6. <<

[29] Fernando de Terán (1992), Madrid; Marcello Caprarella (1999), Madrid durante el franquismo. <<

[30] Carlos Sambricio (ed.) (2003), Plan Bidagor 1941-1946; Plan de ordenación urbana de Madrid. <<

[31] Gonzalo Echegaray y Manuel Barero, «Composición arquitectónica», Informes de la Construcción, 1954. <<

[32] Sambricio (2003). p. 31. <<

[33] Jaime Nadal (1954), «El Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento», Informes de la Construcción. <<

[34] Víctor Oñate (1954), «Iluminación artificial», Informes de la Construcción. <<

[35] Torroja (1943), «La calefacción a distancia de la Ciudad Universitaria de Madrid», Revista de Obras Públicas, pp. 535-542. <<

[36] ITCC (ed.), «Bases del concurso internacional, 1949», ITCC, Madrid, 1949. <<

[37] Jaime Nadal, «Acta de la sesión celebrada el día 23 de noviembre de 1951», AHT, Viviendas Baratas, Caja 5. <<

[38] Carlos Sambricio (ed.) (2003), Un siglo de vivienda social (1903-2003), vol. 1. <<

[39] Negra Orden del Dodecaedro Blanco, «Negra Orden del Dodecaedro Blanco» (1956), AHT/INST/APL/053. <<

[1] José Manuel Sánchez Ron (2007), El poder de la ciencia. <<

[2] Citado en Simon Schaffer, «Accurate Measurement Is an English Science», en M. Norton Wise (ed.) (1995), The Values of Precision, pp. 135-172. <<

[3] Peter Lundgreen (1986), Standardization, Testing, Regulation: Studies in the History of the Science-Bases Regulatory State. <<

[4] Por ejemplo, entre 1958 y 1960 los técnicos del ITCC ensayaron seiscientas vigas de hormigón enviadas por un solo fabricante, Echegaray Comba, «Certificado» (22 de noviembre de 1960), AHT/N/A/040/001. <<

[5] El ITCC incorporó los métodos estadísticos para sus ensayos sistemáticos y Torroja fue pionero en la aplicación de la probabilidad a los análisis de seguridad del hormigón: Henry Cowan (1978), Science and Building: Structural and Environmental Design in the Nineteenth and Twentieth Centuries. <<

[6] «Nota referente a los ensayos a que dará lugar la supresión de Punto Azul», 23 de octubre de 1960: 1, AHT/N/A/043/001. <<

[7] Asier Santas, «Una norma española, una arquitectura internacional», en J. M. Pozo e I. López Trueba (eds.) (2004), Modelos alemanes e italianos para España en los años de posguerra; María José Casinello (1997), «Concurso de viviendas experimentales, 1956: normalización, industria y arquitectura», en La vivienda experimental. Concurso de Viviendas Experimentales de 1956. <<

[8] Torroja (1958), «El hormigón pretensado y sus campos específicos de aplicación», en Últimos Avances Técnicos en Estructuras de Hormigón Pretensado, pp. 1-33. <<

[9] Franco Levi (1951), Fluage, Plasticité, Précontrainte. <<

[10] Torroja, «El hormigón pretensado». Torroja cita a D. J. M. Zafra, uno de los introductores del hormigón armado en España y predecesor de Torroja en la universidad: «El acero da fibra a las piedras y el hormigón da masa al hierro». Aunque Zafra aplicaba su frase al hormigón armado, Torroja la consideraba más ajustada al pretensado. Hay que señalar aquí que el «hormigón pretensado» se refería, y aún lo hace, a dos técnicas diferentes: el pretensado estricto, más afín a la prefabricación en taller, y el postensado, para el cual los cables se tensaba una vez vertido el hormigón al molde en la obra. <<

[11] Torroja, «El hormigón pretensado». <<

[12] Jupp Grote y Bernard Marrey (2003), Freyssinet, La précontrainte et l’Europe. <<

[13] Torroja (1944), Discurso, leído en el acto de su recepción. <<

[14] Alfredo Páez y Torroja (1951), Nuevo método de cálculo del hormigón pretensado; Alfredo Páez y Eduardo Torroja, «Set and Reinforced Concrete», en M. Reiner (ed.) (1954), Building Materials: their elasticity and inelasticity, pp. 290-361. <<

[15] Páez, «Esfuerzos cortantes después de la figuración» en FIP (ed.) (1958), Third Congress of the FIP, pp. 66-79. <<

[16] AEHP (1959) «Propuesta de normas para la fabricación y colocación de viguetas de hormigón pretensado», Ultimas noticias técnicas en estructuras de hormigón pretensado. <<

[17] Rosado Cubero (1997). <<

[18] José A. Martino (Gremio de Prefabricados de Hormigón), «Carta a Jaime Nadal (ITCC)», 28 de octubre de 1960, AHT/N/A/043/001. <<

[19] ITCC (ed.) (1959), Hormigón pretensado. III Asamblea General de la Asociación Española del Hormigón Pretensado (Madrid: Instituto de la Construcción y del Cemento). <<

[20] AEHP, «Servicio de Comprobación de Elementos de Construcción “Punto Azul”, Estatutos», 27 de abril de 1960, AHT/N/A/040/001. <<

[21] «ITCC a Viguetas García», 27 de septiembre de 1960, AHT/N/A/041/001. <<

[22] Theodore M. Porter (1995), Trust in Numbers: the Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. <<

[23] Federico Ynzenga, «Carta de Cementos Portland al IC: Nota de reparos al proyecto de nuevo Pliego de Condiciones», 1948, AHT/OI/A/002/098. <<

[24] Jaime Nadal (1959), «Servicios del Instituto, en relación con las condiciones técnicas de la construcción en el momento actual», Informes de la Construcción. <<

[25] Patricio Palomar Collado (1959), «La industria del cemento ante el Mercado Común». <<

[26] Patricio Palomar Collado (1943), La industria española del cemento, ejemplo de la evolutiva autarquía e intervención de los ingenieros industriales en su consecución. <<

[27] F. Vilagut Guitart (ingeniero director, Asociación Técnica de Derivados del Cemento) a Jaime Nadal, «Distintivo ATDC para viguetas de hormigón pretensado» (1960), AHT/N/A/043/001. <<

[28] ITCC a la Junta Permanente del Patronato Juan de la Cierva, 1960, AHT/N/A/043/001. <<

[29] Torroja, «El hormigón pretensado». <<

[30] Torroja a los ministros de Vivienda y Presidencia, «Sobre el Punto Azul» (julio de 1960), AHT/N/A/043/001. <<

[31] Martín Balzola Menchaca y J. Ajuriaguerra (1935), DIN: normas fundamentales; Walter Zimmermann (1947), Introducción a la normalización. <<

[32] Martín Balzola Menchaca, «Resumen de conferencias días 16 y 17» (17 diciembre de 1945), AGA (05) 004.000, Caja 31/13380: «Comisiones técnicas especializadas en cemento y en racionalización, 1945», Carpeta «N 2-07. Comisión Técnica Especializada de Racionalización; varios»; Manuel Lora Tamayo a Holding Törnebohm, «Propone al ingeniero D. Martín Balzola como representante español» (25 de febrero de 1946), AGA (05) 004.000, Caja 31/13380, Carpeta, «N 2-07. Comisión Técnica Especializada de Racionalización; varios». <<

[33] Martín Balzola Menchaca (1945), Esquema de organización del Estado y del Movimiento; Martín Balzola Menchaca (1947), El ingeniero industrial en la economía española. <<

[34] «Nota referente a los ensayos…», 23 de octubre de 1960, AHT/N/A/043/001. <<

[35] «Borrador informativo con relación al Punto Azul y que se preparó para el Excmo. Ministro de la Vivienda», 1960, AHT/N/A/043/001. <<

[36] Fernando Guirao (1998), Spain and the Reconstruction of Western Europe. <<

[37] Guirao (1995), «Spain and the Green Pool». <<

[38] Luis Sanz Menéndez (1997), Estado, ciencia y tecnología en España: 1939-1997. <<

[39] Julio Crespo MacLennan (2000), Spain and the Process of European Integration, 1957-1985. <<

[40] Thomas J. Misa y Johan Schot (2005), «Inventing Europe: Technology and the Hidden Integration of Europe», en History and Technology, pp. 1-19. <<

[41] Félix González, «D. Félix González escribe a D. Ynzenga, Presidente de la Agrupación de Fabricantes de Cemento» (octubre de 1948), AHT/OI/A/001/076. <<

[42] Jay Tate, «National Varieties of Standardization», en Peter A. Hall y David Soskice (eds.) (2001), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. <<

[43] Dominique Barjot, Rémi Baudouï y Danièle Voldman, «Vues d’ensemble», en Dominique Barjot, Rémi Baudouï y Danièle Voldman (1997), Les reconstructions en Europe (1945-1949). <<

[44] AEHP (1951) «Conclusiones del congreso internacional del hormigón pretensado celebrado en Gante», Últimos avances técnicos en hormigón pretensado. <<

[45] Grote y Marrey (2003). <<

[46] Bruno Thürliman, «Torroja visto desde el extranjero», en Emilio Alarcón et al. (eds.) (2000), De la construcción a la ciencia. Ayer y hoy de Eduardo Torroja. <<

[47] ITCC (1953), «Laboratorios de Investigación», Informes de la Construcción. <<

[48] Heinz Isler, «Eduardo Torroja and the IASS, the International Association for Shell Structures», en Franco Levi, M. A. Chiorino y Bertolini Cestari (eds.) (2003), Eduardo Torroja: from the Philosophy of Structures to the Art and Science of Building. <<

[49] Piñero (1959), «Informe sobre la IV Asamblea General de la Asociación Española de Hormigón Pretensado», Últimas noticias técnicas en estructuras de hormigón pretensado. <<

[50] André Paduart, «Bases d’un règlement international concernant le béton précontraint», en FIP (ed.) (1958), Third Congres of the FIP, Berlin 1958, Papers. <<

[51] Franco Levi, «The Work of Eduardo Torroja: a “Milestone” in the Evolution of the Art of Building», en Franco Levi, M. A. Chiorino y Bertolini Cestari (eds.) (2003), Eduardo Torroja: from the Philosophy of Structures to the Art and Science of Building. <<

[52] Alfredo Páez, «Presentation», en FIP (ed.) (1953) First Congress of the FIP, London 1953, Papers. <<

[53] «Informe que sobre las actividades del ITCC se presenta al pleno del Patronato Juan de la Cierva», pp. 7-8 (1960), AHT/N/A/043/001. En 1960 se fundó la Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction (UEAtc), que mediante el Euroagrément concede hoy en día Documentos de Idoneidad Técnica. <<

[54] Piñero, «Informe sobre la IV Asamblea». <<

[55] La ATDC era miembro del Bureau Internátional du Betón Manufacturé (actualmente, CEMBUREAU), pero no de la FIP, demostrando así las diferencias entre organizaciones internacionales dominadas por industriales y las dominadas por técnicos. <<

[56] Torroja, «A los que colaborasteis conmigo», 1961, AHT/ET/A/007/ 035. <<

[57] Gustavo Bueno (1999), España frente a Europa. <<

[1] Varios de estos planes están en AGA (04)53, Caja 25/17343. <<

[2] INI, «Bosquejo de plan de aprovechamiento integral del río Noguera Ribagorzana y sus afluentes» (23 de junio de 1944), SEPI, Caja 1202 (Estudios, informes y proyectos técnicos 1943-1946), Carpeta 15, E. 3393: 3. <<

[3] Antonio Gómez Mendoza y Elena San Román (1997), «Competition between Private and Public Enterprise in Spain, 1939-1959: an Alternative View», Business and Economic History, pp. 696-708. <<

[4] Victoriano Muñoz Oms, «Conferencia sobre ENHER» (4 de diciembre de 1961). <<

[5] Antonio Gómez Mendoza (2007), Electra y el Estado, pp. 139-182, 334-344 y 368-371. <<

[6] INI, «Bosquejo», pp. 7-8. <<

[7] Llorenç Sànchez i Vilanova (1991), L’aventura hidroelèctrica de la Ribagorçana. <<

[8] Victoriano Muñoz Oms, entrevista en TVE (8 de julio de 1959). <<

[9] Victoriano Muñoz Oms, «Estudio y sistematización de los recursos hidroeléctricos de la cuenca del Noguera Ribaorzana y plan de ordenación de trabajo» (15 de febrero de 1950), AGA (04)11, Caja 25/17924. <<

[10] Llorenç Sànchez i Vilanova (1998), L’Alta Ribagorça: estudi i anàlisi histórica, p. 467. <<

[11] Victoriano Muñoz Oms, «Estudio», pp. 23-27 y 41-43. <<

[12] Carta de varios firmantes al Ministerio de Agricultura (17 de julio de 1951), AGA (04)115, Caja 25/17923. <<

[13] José Luis Leal, Joaquín Leguina, José Manuel Naredo y Luis Tarrafeta (1986), La agricultura en el desarrollo capitalista español, 1940-1970. <<

[14] Victoriano Muñoz Oms, «Alegaciones que presenta ENHER en el expediente incoado para la aprobación del “Estudio y sistematización del Ribagorzana”» (15 de febrero de 1951), AGA (04)115, Caja 25/17923, pp. 46-47. <<

[15] Alfonso Peña Boeuf (1939), El futuro plan de Obras Públicas del Estado español, p. 20. <<

[16] MOPU (ed.) (1986), Estadística sobre embalses y producción de energía hidroeléctrica en 1984 y años anteriores. <<

[17] Erik Swyngedouw (2015), Liquid Power. <<

[18] Joaquín Melgarejo Moreno, «De la política hidráulica a la planificación hidrológica. Un siglo de intervención del estado», en Carlos Barciela López y Joaquín Melgarejo Moreno (eds.) (2000), El agua en la historia de España, pp. 273-309. <<

[19] Alfonso Peña Boeuf (1954), Memorias de un ingeniero político, p. 235. <<

[20] Francisco Javier Monclús y José Luis Oyón (1988), Historia y evolución de la colonización agraria en España, vol. 1, p. 422. <<

[21] Francisco Fernández Fritschi, «Informe del Ingeniero Director Adjunto» (13 de septiembre de 1950), en don Juan Reguart Monreal, «Certifico» (1960), AGA (04)115, Caja 25/17923, p. 14. <<

[22] Alejandro Torrejón Montero (INC) al Ministerio de Agricultura, «Informe referente al “Estudio comparativo de las soluciones del aprovechamiento del Noguera Ribagorzana”» (9 de julio de 1955) AGA (04)115, Caja 25/17923. <<

[23] Francisco Fernández Fritschi, «Informe del Ingeniero Director Adjunto» (23 de abril de 1953), en don Juan Reguart Monreal, «Certifico» (1960), AGA (04)115, Caja 25/17923, p. 14. <<

[24] Muñoz, «Alegaciones», pp. 5-11. <<

[25] Enrique Becerril (1959), La regulación de los ríos (premio «Alfonso el Sabio», 1946), pp. 61-113. <<

[26] ENHER (ed.) (1972), XXV aniversario. <<

[27] Cowan (1978). <<

[28] Torroja (1942), «Estudio de ruptura del frontón Recoletos». <<

[29] M. Norton Wise (2012), «La ciencia como relato (histórico)», El Catoblepas, p. 1 <<

[30] Julio Palacios (1953), Análisis dimensional. <<

[31] Lilia Maure Rubio (2004), Secundino Zuazo y Eduardo Torroja: frontón Recoletos, Madrid 1935. <<

[32] Torroja (1942). <<

[33] LCEM (ed.) (1948), Cincuentenario del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de la Construcción. <<

[34] M. Rocha y Serafim Laginha (1959), «Rupture Studies on Arch Dams by Means of Models». Water Power; Guido Oberti (1956), Desarrollo de los ensayos sobre modelos reducidos de grandes presas de hormigón; Joaquín Díez-Cascón Sagrado y Francisco Bueno Hernández, «Las presas de fábrica a lo largo del siglo XX» en Francisco Bueno Hernández (ed.) (2002), I Congreso Nacional de Historia de las Presas, vol. 1, pp. 333-354. <<

[35] Esta explicación del mayor desarrollo de los modelos reducidos para presas en Europa ha sido avanzada en Tiago Saraiva, «The Dam as a Laboratory» (sin publicar). <<

[36] Fernando Sáenz Ridruejo, «Evolución de las bóvedas españolas. La década prodigiosa: recuerdos personales», en Francisco Bueno Hernández (coord.) (2002), I Congreso Nacional de Historia de las Presas, vol. 1, pp. 51-69. <<

[37] Miguel Aguiló (2002), La enjundia de las presas españolas. <<

[38] Carlos Benito (1958), Ensayo Expediente Núm. 13 354, LCEM. <<

[39] Carlos Benito y Manuel Díaz de Rabago, «El laboratorio y las grandes presas», en Comité español de grandes presas (ed.) (1976), Grandes presas, pp. 359-376. <<

[40] José Antonio Baztán y M. A. Toledo Municio, «Presas de hormigón y mampostería», en Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ed.) (2008), Las presas en España, pp. 223-244. <<

[41] G. Millete y A. Álvarez, «Impermeabilización del macizo kárstico de Canelles», Revista de Obras Públicas (julio de 1973); Clemente Sáenz et al., «Ámbito geológico de la presa», en Comité español de grandes presas (ed.) (1976), Grandes presas. Experiencias españolas en su proyecto y construcción MOP, Madrid, 1976, pp. 89-130. <<

[42] Agustín Martín, «Extracto del informe geológico sobre la presa y embalse de Escales», y Clemente Sáenz, «Conclusiones del informe geológico sobre la presa y embalse de Escales», en Victoriano Muñoz Oms, «Estudio y sistematización». <<

[43] Joseph Talobre (1957), Mécanique des roches. <<

[44] Jean-Pierre Faye (1972), Théorie du récit: introduction aux langages totalitaires; Robert O. Paxton, «Comparisons and Definitions», en R. J. B. Bosworth (ed.) (2009), The Oxford Handbook of Fascism, pp. 547-565. <<

[45] Walter G. Vincenti (1990), What Engineers Know and How They Know It. <<

[46] Gustavo Bueno (1991-1992), Teoría del cierre categorial, 5 vols.; Ian Hacking (1996), Representar e intervenir. <<

[1] ABC, Edición andaluza (24 de noviembre de 1936), p. 7. <<

[2] Florencio Zoido Naranjo (1973), Isla Mínima. Aspectos geográficos-agrarios del arrozal sevillano; Gonzalo Acosta et al. (2004); José González Arteaga (2005), El arroz en las marismas del Guadalquivir: evolución y problemática actual. <<

[3] Christophe Bonneuil (2006), «Mendelism, Plant Breeding and Experimental Cultures», pp. 281-308 <<

[4] Vicente de Sebastián (1936), Normas para una política económica nacional. <<

[5] Carlos Barciela (1981), La financiación del Servicio Nacional de Trigo, 1931-1971. <<

[6] Francisco Ramón Rodríguez-Roda (1940), Una cosecha de arroz. <<

[7] Miguel Á. Aparicio (1980), El sindicalismo vertical y la formación del estado franquista. <<

[8] FSAAE (1966), Memoria de la Federación Sindical de Agricultores Arroceros de España (1933-1965). <<

[9] A. García Romero (1945), «Entrevista a Álvaro de Ansorena, La Estación Arrocera de Sueca (Valencia)», Siembra, año I. <<

[10] José del Cañizo y Gómez (1961), Cien promociones de Ingenieros agrónomos, 1891-1960, p. 82. <<

[11] «Decreto del 22 de enero de 1944», Boletín Oficial del Estado, n.º 38 (7 de febrero de 1944), p. 1079. <<

[12] García Romero (1945). <<

[13] «Personal ingenieros agrónomos» en AGA (11)1.15, Caja 61/09065. Esta información biográfica ha sido extraída de decretos oficiales y fuentes de archivo como la citada que no es necesario detallar aquí. Sin embargo, es de notar que el hecho de que no haya prácticamente ningún dato sobre De Ansorena publicado indica la importancia de dirigir la atención hacia decisores intermedios situados en un segundo plano respecto de la alta política o la opinión pública. <<

[14] José del Cañizo y Gómez (1957), Bibliografía agronómica española: 1855-1955, pp. 284-289. <<

[15] Álvaro de Ansorena y Sáenz de Jubera (1954), «Las variedades de arroz cultivadas en España». <<

[16] Relación de destinos por disciplina en AGA (11)1.15, Caja 61/09066. <<

[17] Jordi Cartañà (2005), Agronomía e ingenieros agrónomos en la España del siglo XIX. <<

[18] Juan Velarde, «La participación de los ingenieros agrónomos en el conocimiento de la economía española», en Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (ed.) (2008), 150 aniversario de la Escuela de ingenieros agrónomos; Pan-Montojo (2005), Apostolado, profesión y tecnología. <<

[19] Real Orden Núm. 135, Gaceta de Madrid, n.º 172 (20 de junio de 1928), p. 1619. <<

[20] «El Príncipe de Asturias en Valencia», La Época, año 72, n.º26 667 (13 de junio de 1925), p. 1. <<

[21] Rafael Font de Mora y Lloréns (1939), El arroz: su cultivo, molinería y comercio. <<

[22] Harro Maat (2001), Science Cultivating Practice: A History of Agricultural Science in the Netherlands and its Colonies, 1863-1986. <<

[23] José María Carrasco García (1952), Compendio arrocero. <<

[24] La especialización de la genética produjo situaciones parecidas en otros países: Deborah Fitzgerald, «Farmers Deskilled: Hybrid Corn and Farmer’s Work». <<

[25] Nils Roll-Hansen, «The Genotype Theory of Wilhelm Johannsen and Its Relation to Plant Breeding and the Study of Evolution»; Jean, Gayon, y Doris T. Zallen (1998), «The Role of the Vilmorin Company in the Promotion and Diffusion of the Experimental Science of Heredity in France, 1840-1920». <<

[26] «Proyecto de reforma de la Estación Arrocera de Sueca», AGA (11) 1.7, Caja 61/03823. <<

[27] De Ansorena (1954), «Las variedades de arroz cultivadas en España». <<

[28] FSAAE (1966). <<

[29] G. López Campos, G. Ballesteros, J. Castells, y J. A. Batalla (1971), Variedades de arroz cultivadas en España. <<

[30] Zoido (1973), p. 58. <<

[31] Álvaro de Ansorena y Sáenz de Jubera, «El cultivo de arroz en Sevilla». <<

[32] Carta de Rafael Beca Mateos al ministro de Agricultura (29 de marzo de 1941) y carta de Álvaro de Ansorena al director general de Agricultura (8 de abril de 1941), AGA (11)1.03, Caja 61/01718. <<

[33] Sindicato Arrocero de Sevilla (1959), Memoria del Sindicato Arrocero de Sevilla. <<

[34] García Romero (1945). <<

[35] Arteaga, El arroz en las marismas del Guadalquivir. <<

[36] José M. Sumpsi Viñas (1997), «La modernización de la agricultura y el desarrollo económico»; Carlos Barciela (ed.) (2003), Autarquía y mercado negro: el fracaso económico del primer franquismo, 1939-1959. <<

[37] Shlomo Ben-Ami (1983), La dictadura de Primo de Rivera; Gustavo Bueno (2008), El mito de la derecha. <<

[1] C. Morenés y Mariátegui (2005), Historia del Coto de Doñana, 1865-1985. <<

[2] J. Fernández y R. Pradas Regel (2000), Historia de los parques nacionales españoles. <<

[3] A. Duque (2004), El mito de Doñana. <<

[4] Jesus Garzón Heydt utilizó este argumento en más de una ocasión para atraer la atención internacional sobre Monfragüe. WWF, Urgent plea for help (25 de noviembre de 1977), NP, c. 82. <<

[5] Santos Casado (2010), Naturaleza patria. <<

[6] Jacob D. Hamblin (2013), Arming Mother Nature. <<

[7] Lino Camprubí (2016), «The Invention of the Global Environment», pp. 243-251. <<

[8] Mark Mazower (2008), No Enchanted Palace. <<

[9] G. Sluga (2010), «UNESCO and the (One) World of Julian Huxley», pp. 393-418. <<

[10] R. S. Deese (2010), «The New Ecology of Power: Julian and Aldous Huxley in the Cold War Era», pp. 279-300. <<

[11] B. Gissibl, S. Höhler y P. Kupper (eds.) (2012), Civilizing Nature. <<

[12] A. Schwarzenbach (2011), Saving the World’s Wildlife. <<

[13] A. K. Wöbse (2010), «The world after all was one’: The International Environmental Network of UNESCO and IUPN, 1945-1950», pp. 331-348. <<

[14] Julian Huxley (1973), Memories II, pp. 181-184. <<

[15] Nicholson, 1957, «1957 Spanish Expedition», NP, c. 79. <<

[16] Nicholson, M., 1977(?), «Coto de Doñana. The Present State of Play», NP, c. 87. <<

[17] Schwarzenbach (2011), pp. 95-98. <<

[18] A. Chapman y W. Buck (1986), Wild Spain: Records of Sport with Rifle, Rod and Gun, Natural History and Exploration, p. 1. <<

[19] Fernández, J. (2004), 50 años en defensa de las aves, 1954-2004. <<

[20] José Antonio Valverde (2004), Memorias de un biólogo heterodoxo, Tomo IV. <<

[21] Mountfort a Nicholson, 9 de enero de 1958, NP. <<

[22] G. Mountfort (1994), Retrato de una tierra salvaje. <<

[23] Nicholson, «Coto de Doñana. The present state of play», borrador sin fecha, NP, c. 87. <<

[24] B. García González-Gordon (2000), Una vida en Doñana: hechos, recuerdos y anécdotas de Antonio Chico, Guarda Mayor. <<

[25] Nicholson a J. Castroviejo, 9 de marzo de 1977, NP, c. 82. <<

[26] A. K. Wöbse (2012), «Framing the Heritage of Mankind: National Parks on the International Agenda», pp. 140-156. <<

[27] C. Bressou (1954), «Actes de la Réserve de Camargue n.º 27: 1950-1953», pp. 3-16. <<

[28] P. Kupper (2009), «Science and the National Parks: A Transatlantic Perspective on the Interwar Years», pp. 58-81. <<

[29] G. Tallon (1954), «La reserve naturelle de Camargue et le tourisme», pp. 111-117. <<

[30] L. Hoffmann (1962), «Station de Baguage de Camargue», pp. 34-77. <<

[31] Valverde (2004), p. 38. <<

[32] L. Hoffmann (1958), «An Ecological Sketch of the Camargue», British Birds, pp. 321-350; M. Nicholson, J. Ferguson-Lees y P. Hollom (1957), «The Camargue and the Coto Donana», British Birds, pp. 497-519; J. A. Valverde (1958), «An Ecological Sketch of the Coto Donana», British Birds, pp. 1-23. <<

[33] Nicholson a Valverde, agosto de 1957, NP, c. 79. <<

[34] Nicholson a Nylon, 14 de septiembre de 1957, NP, c. 80. <<

[35] Schwarzenbach (2011), p. 98. <<

[36] José Antonio Valverde (2003), Memorias de un biólogo heterodoxo. <<

[37] Nicholson, «Draft», 25 de marzo de 1963, NP, c. 86. <<

[38] «Traducción libre de Moción en la 2 Cámara del Parlamento Sueco n. 306», Estocolmo, 25 de enero de 1966 y folleto «Hinojos, een veilige vluchthaven voor vogelvrijen», 1968, EBD, Hinojos-Aristrain, 1968-1970. <<

[39] Carta de Antonio Valverde a Luc Hoffmann (24 de abril de 1968) EBD, Adena; J. A. Valverde, «Informe de actividades 1969», Sevilla, 15 de enero de 1970. EBD, Comité Directivo, resúmenes actividades 1963-1972. <<

[40] A. García Álvarez (2010), Historia del Cuerpo de Ingenieros de Montes. <<

[41] S. H. Beaver to Fergusson-Lees (31 de octubre de 1957), NP, c. 80; Nicholson, «Doñana. History of a struggle», borrador (3 de marzo de 1978), NP, c. 85. <<

[42] Federación de Arroceros a Ministerio de Agricultura (sin fecha), NP, c. 83. <<

[43] Schwarzenbach (2011), pp. 145-141. <<

[44] A. J. W. Hoorn, y D. J. Boerwinkel (1973), A Study on the Possible Side-Effects on the Fauna of the Coto-Donana in South-West Spain. <<

[45] Adena (1968), «Problemática del Parque Nacional de Doñana» (sin fecha). <<

[46] «Anteproyecto para el establecimiento de la Reserva y Estación Biológica de Doñana» (1963), EBD; J. M. Valverde a M. Lora Tamayo (13 de abril de 1970), EBD, Hinojos-Aristrain, 1968-1970. <<

[47] J. A. Valverde (1966), «Resumen de actividades 1965-1966». <<

[48] Nicholson, «The Rescue of Doñana», borrador (sin fecha), NP, c. 89. Y Nicholson, «Doñana. History of a struggle», borrador (3 de marzo de 1978), NP, c. 85. <<

[49] Hoffmann a Nicholson (3 de junio de 1976), NP, c. 82. <<

[50] Nicholson, «Master Plan. Draft» (7 de marzo de 1977), NP, c. 87 y c. 84. <<

[51] H. Axell, «Report on the Coto Doñana Biological Reserve, 18th March-12 May 1966», EBD, Comité Directivo, resúmenes de actividades 1963-1972. <<

[52] P. Sutter (2012), «The Trouble with “America’s National Parks”», pp. 23-29. <<

[53] Schwarzenbach (2011), p. 164. <<

[54] J. A. Valverde, «Informe sobre actividades en 1966» e «Informe de actividades de 1971», resúmenes de actividades 1963-1972. <<

[55] J. A. Valverde a CSIC (1965), «Cuestionario laboratorios científicos en España»; J. A. Valverde, «Informe actividades 1970» e «Informe de actividades 1971 y 1972», resúmenes de actividades 1963-1972. <<

[56] J. A. Valverde (1966), «Propuesta para incluir a la EBD como Estación Internacional de Campo para el Programa Biológico Internacional», resúmenes de actividades 1963-1972. <<

[57] Nicholson a J. Castroviejo (9 de marzo de 1977), NP, c. 82; Nicholson, «Doñana. History of a struggle», borrador (3 de marzo de 1978), NP, c. 85; Nicholson, M., 1977(?), «Coto de Doñana. The Present State of Play», NP, c. 87. <<

[58] J. F. Ojeda Rivera (1985), «Organización del territorio en Doñana y su entorno próximo», pp. 636-653. <<

[59] Arthur Norman a José Luis Álvarez (4 diciembre de 1981), NP, c. 83; WWF, «Promotion of specialist group visits to Doñana National Park» (diciembre de 1981), NP, c. 92. <<

[60] Por ejemplo, Crawford H. Greenwalt a Castroviejo (12 de junio de 1978), NP, c. 82. <<

[61] Nicholson, «Draft» (25 de marzo de 1963), NP, c. 86. <<

[62] R. Adam (2014), Elephant Treaties, the colonial legacy of the biodiversity crisis. <<

[1] Evelyn Brown et al. (2009), Ocean Circulation, pp. 203-208. <<

[2] Robert Holland (2012), Blue-Water Empire; Scott C. Truver (1980), The Strait of Gibraltar and the Mediterranean, pp. 39-70. <<

[3] John J. Abbatiello (2006), Anti-Submarine Warfare in WWI; Lawrence Peterson (2007), U-Boats in the Mediterranean. <<

[4] Margaret Deacon (1971), Scientists and the Sea, 1650-1900, pp. 315-316. <<

[5] Eric L. Mills (2009), The Fluid Envelope of our Planet: How the Study of Ocean Currents became a Science. <<

[6] H. U. Sverdrup, Martin W. Johnson y Richard H. Fleming (1942), The Oceans. <<

[7] Sabine Hölher (2003), «A Sound Survey: The Technological Perception of Ocean Depth, 1850-1930». <<

[8] Willem D. Hackmann (1986), «Sonar Research and Naval Warfare 1914-1954: A Case Study of a Twentieth-Century Establishment Science», pp. 83-110; Owen R. Cote (2000), The Third Battle. <<

[9] Estas investigaciones formaban parte de la participación española en el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, promovido por el príncipe Alberto de Mónaco: Helen Rozwadowski (2004), The Sea Knows No Boundaires: A Century of Marine Science under ICES; Juan Pérez-Rubín (2011), Centenario del Centro Oceanográfico de Málaga, pp. 19-87. <<

[10] Gregorio Parrilla-Barrera (2005), «Odón de Buen. Forerunner of Spanish Oceanography», pp. 128-135; Agustí Nieto-Galan (2012), «A Republican Natural History in Spain around 1900: Odón de Buen (1863-1945) and his Audiences», pp. 159-189. <<

[11] Aitor Anduaga (2013), «Towards a New Space of Practices and Knowledge: the Militarization of Meteorology of Francoist Spain», pp. 31-59. <<

[12] Albert Presas (2005), «Spain in 1952 as seen by a German warship builder». <<

[13] Expediente personal del jefe del Departamento de Oceanografía Física, Nicanor Menéndez García, ACA, Carpeta Nicanor Menéndez García. <<

[14] IEO (1949), «Campañas del “Xauen” en 1947 y 1948 en el mar de Alborán y en el estrecho de Gibraltar»: número monográfico. Instituto Español de Oceanografía (ed.) (1989), El Instituto Español de Oceanografía: 18 y 68. En las décadas de 1950 y 1960, el 20 % de los investigadores que publicaban en el IEO eran mujeres: Pérez-Rubín y Enrique Wulff Barreiro (2006), «The Pioneering Women in the Spanish Marine and Freshwater Scientific Research Effort (1939-1969)», pp. 1097-1107. <<

[15] Edmundo Seco Serrano (1952), «Velocidad vertical de propagación del sonido en el Mar de Alborán. Aplicaciones a la corrección de eco-sondas», pp. 18-20. <<

[16] Manuel Espinosa Rodríguez (1992), Aventuras y desventuras de un oficial de Marina, p. 487. <<

[17] Entrevista al general Franco, Daily Mail (30 de mayo de 1951); Dennis S. Morris y Robert H. Haigh (1992), Britain, Spain and Gibraltar, 1945-1990. <<

[18] Ángel Viñas (2003), En las garras del águila, p. 112. <<

[19] José Díaz de Villegas (1952), Nueva geografía militar de España, países y mares limítrofes, p. 673; José Díaz de Villegas (1963), El estrecho de Gibraltar. <<

[20] Carta del embajador británico en Madrid al ministro de Asuntos Exteriores (28 de abril de 1952), ANRU, FO 371/102020. <<

[21] Ángel Liberal Fernández (2009), Gibraltar: base militar, p. 302. <<

[22] Antonio Marquina Barrio (1986), España en la política de seguridad occidental, 1939-1986, pp. 375-398; Wilhelm Agrell (2006), «Silent Allies and Hostile Neutrals», pp. 141-163. <<

[23] Alberto Martín Artajo (1958), «Un lustro de los convenios hispanoamericanos», pp. 5-18. <<

[24] Gary Weir y Walter Boyne (2003), Rising Tide, p. 23. <<

[25] Gary E. Weir (2001), An Ocean in Common: American Naval Officers, Scientists, and the Ocean Environment. <<

[26] John R. Dabrowski (1996), «The United States, NATO and the Spanish Bases, 1949-1989»; Viñas (2003), pp. 352 y ss.; Robert E. Harkavy (2007), Strategic Basing and the Great Powers, 1200-2000: 97. <<

[27] Luis Carrero Blanco (1964), España y el mar, pp. 239, 569. Una confirmación desde un punto de vista menos entusiasta: Manuel Ramírez Gabarrús (1983), El arma submarina española, pp. 190-197. <<

[28] Christy Collis y Klaus Dodds (2008), «Assault on the Unknown: the Historical and Political Geographies of the International Geophysical Year (1957-8)», pp. 555-573; Simone Turchetti y Peder Roberts (2014), The Surveillance Imperative. <<

[29] Las dudas sobre la existencia de circulación profunda persistieron hasta los años sesenta: Jacob D. Hamblin (2008), Poison in the Well, pp. 127-158. <<

[30] Sam Robinson (2015), Between the Devil and the Deep Blue Sea; Walter Sullivan (1961), Assault on the Unknown, pp. 350-354. <<

[31] Carta de Enrique Bertrán de Lis (embajada española en Bélgica) al ministro de Asuntos Exteriores, «Sobre el Año Geofísico Internacional» (19 de septiembre de 1955), MAE, Bruselas, Leg. R. 4429, Exp. 56. <<

[32] Nicanor Menéndez (1955), «El Estrecho de Gibraltar. Clave de la oceanografía de sus mares adyacentes. I y II». <<

[33] Jean Bourgoin (2001), «Henri Lacombe (33), 1913-2000. In Memoriam». <<

[34] Carta del ministro de Marina al Ministro de Hacienda (5 de octubre de 1956) y carta del director del IEO al ministro de Marina (5 de octubre de 1956), ACA, Año Geofísico Internacional, IEO. <<

[35] Carta del almirante jefe del E. M. de la Armada al subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, «Investigaciones Oceanográficas en el Estrecho de Gibraltar en colaboración con Francia en su aspecto militar» (12 de mayo de 1958), MAE, Madrid, Leg. R. 5334, Exp. 20. <<

[36] Embajada de Francia en España, «Note Verbale au Ministere des Affaires Étrangères» (16 de junio de 1958), MAE, Madrid, Leg. R. 5334, Exp. 20. <<

[37] Nicanor Menéndez (1957), «Memorandum sur l’étude de la circulation à travers les droits», pp. 68-71; Henri Lacombe (1960), «Note sur le régime du détroit de Gibraltar», pp. 806-813; Henri Lacombe (1961), «Contribution à l’étude du régime du détroit de Gibraltar. I. Étude dynamique», pp. 73-107; Henri Lacombe y C. Richez (1961), «Contribution à l’étude du régime du détroit de Gibraltar. II. Étude hydrologique», pp. 276-291. <<

[38] Carta de la embajada británica en Madrid al Ministerio de Asuntos Exteriores, «Note n.º 286» (28 de octubre de 1958), Madrid, y Carta de la embajada británica en Madrid al Ministerio de Asuntos Exteriores, «Note. n.º 331» (20 de noviembre de 1958), MAE, Leg. R. 5543, Exp. 52. <<

[39] Carta del almirante jefe del E. M. de la Armada al subsecretario de Asuntos Exteriores, «Trabajos del buque oceanográfico inglés Discovery II en aguas del Estrecho de Gibraltar», Madrid (28 de noviembre de 1958), MAE, Leg. 5543, Exp. 52. <<

[40] Simone Turchetti, «Sword, Shields and Buoys». <<

[41] Henri Lacombe, «Nato and Oceanography. Statement by Professor Lacombe», OTAN, Annex H to AC/141-R/6, p. 3. <<

[42] NATO (1962), Projet Gibraltar; résultats des observations océanographiques effectuées en mai et juin 1961 dans la région du Détroit de Gibraltar; George Peluchon y Jean René Donguy (1962), «Traveaux océanographiques del “Originy” dans le Détroit de Gibraltar»: 473-483; G. Boyum (1963) «Hydrology and Currents in the Area West of Gibraltar. “Helland Hansen”»; NATO (1965) Oceoanographic Subcommitte, Technical Report 20: 1416; Jean Martin (1964) «Experiences de GEK vertical dans le Détroit de Gibraltar»: 377-392; NATO (1967) Facts about the NATO Science Committee. <<

[43] Henri Lacombe (1965), «Courants de densité dans le Détroit de Gibraltar», pp. 38-44. <<

[44] IEO (ed.), El Instituto Español de Oceanografía, pp. 69, 76. <<

[45] Nicanor Menéndez (1964), «Campagne dans le détroit de Gibraltar. Résultats hydrologiques obtenus à bord du naviere océanographique espagnol Xauen en juin 1961», pp. 565-590; De Rubín (2011), p. 108. <<

[46] Donald Ross (1980), Twenty Years of Research at the SACLANT ASW Research Center, 1959-1979. <<

[47] Henry Stommel y A. B. Arons (1959), «On the abyssal circulation of the world ocean-II. An idealized model of the circulation pattern an amplitude in oceanic basins», pp. 217-233; Henry Stommel, Arthur Voorhis y Douglas Webb (1971), «Submarine Clouds in the Deep Ocean: Surface Cooling during late Winter in the Northwestern Mediterranean Sea Causes large Masses of Water to Sink to Great Depths», pp. 716-722. <<

[48] Thomas H. Kinder y Harry L. Bryden (1987), «The 1985-1986 Gibraltar Experiment: Data Collection and Preliminary Results», pp. 786-787 y 793-794. <<

[49] Sam Robinson (2014), «Stormy Seas: Anglo-American negotiations on ocean surveillance». <<

[50] E. C. Whitman (2005), «SOSUS-The “Secret Weapon” of Undersea Surveillance»; Gary E. Weir (2006), «The American Sound Surveillance System: Using the Ocean to Hunt Soviet Submarines, 1950-1961»; Naomi Oreskes (2000), «“Laissez-tomber”: Military Patronage and Women’s Work in Mid-20th-Century Oceanography», pp. 373-392. <<

[51] Director of Operational Research, «Future Policy for an Operational Installation» (29 de abril de 1959), ANRU, ADM 1/29275. <<

[52] Civil Lord of the Admiralty, «Straits of Gibraltar A/S Defence» (17 de agosto de 1961), ANRU, ADM 1/29275. <<

[53] Memo from NATO Headquarters, Allied Forces Mediterranean, Malta (23 de abril de 1963), Appendix IV, ANRU, ADM 1/29275. <<

[54] Director of Undersurface Warfare, «Note» (6 de febrero de 1963), ANRU, ADM 1/29275. <<

[55] Carta de George Labouchere (embajador británico en Madrid) a Edward E. Tomkins (Foreign Office), «Attached report» (25 de enero de 1963), ANRU, FO 371/169501; Carta de L. E. Bennet (Admiralty) a C. T. McDonnell (ministro de Defensa), «Cooperation between Royal Navy and Spanish Navy» (marzo de 1963), ANRU, FO 371/169501. <<

[56] Fernando María Castiella (ministro de Asuntos Exteriores), «Borrador de la introducción del Libro Rojo»: 48 (abril de 1965), ACA, Leg. 69 Rel. 1 n15/19. <<

[57] Carlo De Risio (1972), «Ritorno alla politica delle alleanze tradizionali?», p. 5. <<

[58] Carta de A. R. Axton (ministro de Defensa) al Foreign Office (21 de mayo de 1965), ANRU, CO 926/2061. <<

[59] Carta de Adolfo Baturone (almirante jefe del Estado Mayor de la Armada) al ministro de Marina (16 de febrero de 1968), Madrid, ACA, Leg. 70. Rel. 1. 15/19. 4. <<

[60] Carta del ministro de Marina al ministro de Exteriores (25 de junio de 1968), Madrid, ACA, Leg. 70. Rel 1. 15/19. 4. <<

[61] Sam Robinson y Lino Camprubí (2013), «Ocean Science, Gibraltar, and Geopolitics-then and now». <<

[1] José Ignacio Martín Artajo (1946), La energía atómica: sus características y su aplicación para ﬁnes militares. <<

[2] Raúl Angulo (2005), «Dos versiones de Raza», p. 14. <<

[3] Antonio Gómez Mendoza, Carles Sudrià y Javier Pueyo (2007) Electra y el Estado, vol. I, p. 285. <<

[4] Coll Martín y Sudrià i Triay (1987), El carbón en España 1770-1961, una historia económica, pp. 555-556. <<

[5] Faustino Miguélez (1977), La lucha de los mineros asturianos bajo el franquismo. <<

[6] Francisco Pintado Fe (1951), El carbón: algunos aspectos de los estudios sobre su origen, propiedades, preparación y utilización. <<

[7] Instituto del Carbón, «Aparato para el ensayo de carbonización de las hullas. Memoria» (diciembre de 1948), Oviedo, AGA (05) 004.000, Caja 31/13460. <<

[8] De Agustín Martín y Antonio Rius a Suanzes (8 de abril de 1952), AGA (05) 004.000, Caja 31/13460. <<

[9] Instituto del Carbón, «Plantas piloto experimentales de tipo industrial a instalar en el Instituto Nacional del Carbón» (sin fecha), AGA (05) 004.000, Caja 31/13460. <<

[10] De Suanzes a Carrero, «Propuesta de concesión de crédito por importe de cuarenta millones de pesetas al Patronato “Juan de la Cierva” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a favor del Instituto Nacional del Carbón» (21 de julio de 1953), Madrid, AGA (05) 004.000, Caja 31/13461. <<

[11] Lora Tamayo a Suanzes, «Propuesta de aprobación de gasto de 24 477 828,35 para la construcción e instalación de las Plantas piloto de tipo industrial en el Instituto Nacional del Carbón» (23 de febrero de 1954), Madrid, AGA (05) 004.000, Caja 31/13459. <<

[12] Coll y Sudrià (1987), pp. 563 y 593. <<

[13] Gómez Mendoza (2007), pp. 59-99. <<

[14] Sudrià (1987), UNESA (ed.) (2005), El sector eléctrico a través de UNESA, p. 84. <<

[15] UNESA (ed.) (2005), p. 84. <<

[16] Antonio Gómez Mendoza (2008), Los caminos de la luz en España: cables, hierros, ingenieros y políticos, p. 65. <<

[17] Concepción Pérez Hernández (2010), «La internacionalización de CEPSA en la España del monopolio», pp. 89-119. <<

[18] Moradiellos (1990), Neutralidad benévola. <<

[19] Carles Sudrià (2001), «La economía española bajo el primer franquismo: la energía». <<

[20] Muñoz y Rubio, «La dependencia energética exterior de España 1900-2010». <<

[21] Elena San Román y Carles Sudrià (1996), «Autarquía e ingenierismo: la Empresa Nacional “Calvo Sotelo” y la producción de lubricantes sintéticos», pp. 1499-1530. <<

[22] Alfonso Ballester (1989), Buscando petróleo. <<

[23] Aitor Anduaga (2009), «Autarchy, Ideology, and Technology Transfer in the Spanish Oil Industry, 1939-1960», pp. 172-200. <<

[24] UNESA (ed.) (2005), pp. 90-110. <<

[25] Muñoz y Rubio, «La dependencia energética exterior de España 1900-2010». <<

[26] Timothy Mitchell (2011), Carbon Democracy. <<

[27] Gabrielle Hecht (2012), Being Nuclear. <<

[28] Instituto Geológico y Minero de España (ed.) (1946), Memorias del Instituto. <<

[29] Albert Presas (2005), «Science on the Periphery: the Spanish Reception of Nuclear Energy: An Attempt at Modernity?», pp. 197-218. <<

[30] Romero de Pablos y Sánchez-Ron (2001). <<

[31] Otero Navascués, «Desarrollo histórico de la minería del uranio desde 1945», Energía Nuclear, 13 (1960), pp. 92-99; del director general del JEN al presidente del JEN (20 de octubre de 1956), Caja 71/8814, AGA. <<

[32] El elemento básico para las reacciones nucleares es el uranio mal llamado «natural». Digo mal llamado porque, cuando llega al reactor nuclear, el mineral está tan procesado y purificado que se parece muy poco a cualquier roca que pueda encontrarse en las minas de vetas más puras. Pero cuando ese uranio se transforma en su isótopo U-235, el llamado uranio enriquecido, la energía de las reacciones aumenta con relación al material utilizado. <<

[33] Matthew Adamson, Lino Camprubí y Simone Turchetti (2014), «From the Ground Up: Uranium Surveillance and Atomic Energy in Western Europe», pp. 23-44. <<

[34] Gabrielle Hecht (2009), The Radiance of France: Nuclear Power and National Identity after War World II. <<

[35] Otero Navascués (1958), «Necesidades españolas de elementos combustibles», pp. 18-34. <<

[36] Ana Romero de Pablos (2012), «Energía nuclear e industria en la España de mediados del siglo XX. Zorita, Santa María de Garoña y Vandellós I», pp. 45-64. <<

[37] Nuclear Energy Agency (ed.) (2006), The Red Book Retrospective. <<

[38] Esmarie Swanepoel (2015), «Berkeley to optimise Spanish Uranium Project». <<

[39] Joseba de la Torre y María del Mar Rubio-Varas (2015), «Nuclear Power for a Dictatorship: State and Business involement in the Spanish Atomic Program, 1950-1985», pp. 385-411. <<

[40] Michael Gordin (2007), Five Days in August. <<

[41] Jacob C. Hamblin (2013). <<

[42] Rafael Moreno (2015), La historia secreta de Palomares. <<

[43] Viñas (2003), pp. 376 y ss. <<

[44] En España, a partir de los años noventa el gas natural y las renovables han ampliado el espectro de posibilidades: José Luis Díaz Fernández (2014), «Los hidrocarburos en España: cincuenta años de historia», pp. 103-115. <<

[45] Para los tipos de socialismos y de derechas, Bueno (2003), El mito de la izquierda; Bueno (2007), El mito de la derecha. <<

[46] http://www.fgbueno.es/hem/1991g30.htm. <<

[47] Camprubí (2015), «McYihad: petróleo, islamismo y democracia». <<

[1] Carlos Muñoz Cabezón (1989), «The Bu-Craa Phosphate Deposit, Western Sahara, Morocco», pp. 176-183; Carlotta B. Chernoff y G. J. Orris (2002), Data Set of World Phosphate Mines, p. 209 en parte A y p. 197 en parte B. US Geological Survey (enero de 2013). <<

[2] Ejemplos de las dos perspectivas en Tony Hodges (1983), Western Sahara; Virginia Thompson y Richard Adloff (1980), The Western Saharans; Stephen Zunes y Jacob Mundy (2010), Western Sahara; Jerome B. Weiner (1979), «The Green March in Historical Perspective», pp. 20-33. Un reciente y completo estudio de la descolonización del Sáhara español que sirve de complemento al presente puede encontrarse en Rodríguez (2015), Agonía, traición, huida. <<

[3] Mark Drury (2013), «Global Futures and Government Towns: Phosphates and the Production of Western Sahara as a Space of Contention», pp. 101-124; Gustavo Bueno (2004), Panfleto contra la democracia realmente existente. <<

[4] Antonio Niño y Carlos Sanz (2012), «Los archivos, la intimidad de las personas y los secretos de Estado», pp. 309-342. <<

[5] Emilio Guinea (1945), España y el desierto; Julio Caro Baroja (1955), Estudios saharianos; José Antonio Valverde (2004), Memorias de un biólogo heterodoxo, vol. 3. <<

[6] Manuel Alía Medina (1945), Características morfológicas y geológicas de la zona septentrional del Sáhara español; Francisco Hernández-Pacheco (1976), «Discurso de contestación». <<

[7] IGME, «Informe sobre unas muestras de fosfatos» (24 de octubre de 1947), SEPI, exp. 107. <<

[8] Manuel Alía Medina y José de la Viña y Villa, «Memoria de la investigación de fosfatos en el Sáhara español» (26 de febrero de 1948), Madrid, SEPI, Altos Cargos, Joaquín Planell, E-2225. <<

[9] Carlos Barciela et al. (2005), «Sector agrario y pesca»: 245-355; David A. Messenger (2005), «Rival Faces of France: Refugees, Would-be Allies, and Economic Warfare in Spain, 1942-1944», pp. 25-46; Carta de Suanzes a Planell (26 de julio de 1950), SEPI, E-107. <<

[10] Anduaga Egaña (2009), pp. 296-300. <<

[11] De José Sirvent a Suanzes, «Explotación de fosfatos en el Sahara español» (22 de marzo de 1956); de Suanzes a Carrero Blanco (26 de octubre de 1956), Madrid; de Carrero a Suanzes, «Explotación de fosfatos en el Sahara español» (16 de diciembre de 1958), Madrid; y de Suanzes a Carrero, «Fosfatos del Sahara» (febrero de 1959), Madrid, todos en SEPI, en E-280. <<

[12] Charles F. Davidson y D. Atkin (1953), «On the occurrence of uranium in Phosphate rock», pp. 13-31; Manuel Alía Medina, «Informe sobre la posible conveniencia de investigar el beneficio de uranio en la fabricación de los superfosfatos» (23 de mayo de 1954) y Alía, «Resultados de una prospección efectuada en las zonas septentrionales del Sáhara español» (5 de mayo de 1954), ambos en AGA (13)4. 13, Caja 71/8814. <<

[13] Alía a José María Otero Navascués, «Nota sobre la existencia de mineral radiactivo en el Sahara meridional español», AGA, Londres (1 de mayo de 1955), (13) 4. 13, Caja 71/8814; Alía y Félix Cañanda Guerrero, «Avance de informe de las zonas radiactivas costeras del Sahara meridional español» (junio de 1956), Madrid, AGA (13)4. 13, Caja 71/ 8794. <<

[14] Demetrio Santana, «Informe sobre la visita efectuada al Sahara con objeto de visitar la zona del Tercat durante los días 20 al 29 de marzo» (7 de junio de 1957), IGME, doc. 268. <<

[15] De la Viña y Muñoz, «Mapa geológico del Sahara español y zonas limítrofes» (1958), Madrid, IGME, mapa 2675. Alía fue el autor años después del mapa tectónico del Sahara para la UNESCO, Alía, «El origen tectónico de las sebjas del Sáhara español» (7 de julio de 1956), AGA, (13) 4.13: Caja 71/ 8794; Alía, «Red geodésica del Sáhara español», 1961, IGME, docs. 7440-7460. <<

[16] Anduaga (2009), pp. 172-200. <<

[17] D. Boyd, «Informe preliminar de la investigación aérea radiactiva llevada a cabo por Hunting Geophysics LTD. en el Sahara español. Marzoabril de 1959» (1959), y Ronald R. Hartman, «Informe geofísico de la investigación aeromagnética del Sahara español para la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas» (1959), IGME, docs. 4103-4199. <<

[18] Rosa Ortega Canadell (1962), Provincias africanas españolas, p. 221; Valverde (2004), p. 127. <<

[19] Rufino Gea Javaloy, «Prospección geofísica aérea de la Provincia del Sahara, año 1962, para el Servicio Minero y Geológico de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas», 3 vols. (febrero de 1964), Madrid, IGME, 4118; Gea, «Estado actual de nuestros conocimientos sobre las anomalías aeroradiactivas del Sahara» (junio de 1965), Madrid, IGME, 2664. Sobre el paso a la geofísica, Naomi Oreskes y Ronald E. Doel (2003), «The Physics and Chemistry of the Earth», pp. 538-557. <<

[20] Fernando Hernández Pacheco y José María Cordero Torres (1962), El Sahara español, pp. 143-160. <<

[21] De Suanzes a Carrero, «Constitución por el Instituto Nacional de Industria de una Empresa Nacional para la explotación de los yacimientos de fosfato del Sahara español» (c. 1967), p. 6, SEPI, E-107. <<

[22] José María Ríos García (1989) ¡¡Sahara!! ¡¡Sahara!!, p. 280. <<

[23] Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, «Nota sobre fosfatos en Ríos de Oro» (17 de abril de 1959), IGME, doc. 2783; INI, «Inversiones previstas para 1962 en la cuenca de fosfatos del Sahara» (enero de 1962), SEPI, E-280. <<

[24] Carrero a Suanzes (6 de junio de 1962), SEPI, E-280; ENMINSA (1963), Memoria 1962: Anexo. <<

[25] ENMINSA (1966) Descubrimiento, cubicación y evaluación del yacimiento de fosfato de Bu-Craa. <<

[26] José María Ríos (1970), Yacimientos y criaderos de fosfatos y su génesis: J1-J18. <<

[27] La concesionaria fue Champlin Oil & Refining Co. Sobre ENMINSAIFP puede verse Comisión Gestora de Fosfatos del Sahara, «Resumen mensual de trabajos», abril y julio 1962, IGME, docs. 2813 y 2819. <<

[28] ENMINSA, «Resumen mensual de trabajos, enero 1963», IGME doc. 2831. <<

[29] ENMINSA (1966). <<

[30] IFP, «Etudes géologiques concernant les couches à phosphates du Sahara espagnol» (julio de 1963), IGME, doc. 2807. <<

[31] ENMINSA, «Resumen mensual de trabajos, diciembre 1964», pp. 6378, IGME, doc. 2878. <<

[32] A. E. Cascino, «Futuro de la industria del mineral fosfatado en Florida» (original en The World of NPKS, mayo de 1967), p. 4, SEPI, Caja 3776, código 419825 (A). <<

[33] ENMINSA, «Resumen mensual de trabajos» (marzo de 1964), IGME, 2857. <<

[34] ENMINSA (1965), Industria de fertilizantes fosfatados en España, p. 157. <<

[35] Directeur des Intérêts Économiques a Ministre des Affaires Étrangères (26 de junio de 1965), AD, 424. <<

[36] Sephos a Fosbucraa, «Aide-memoire» (26 de febrero de 1970), París, SEPI, Archivo de Altos Cargos. Claudio Boada. Caja 3697, n. 44. <<

[37] Ríos, «Pasado, presente y futuro de las actividades de ENMINSA» (5 de abril de 1964), IGME, doc. 2797. <<

[38] Editorial (1965), «Le Maroc vat-il-perdre la richesse que constitute le phosphate de la Séquiat al-Hamra?», Al-Alam (10 de diciembre de 1965). <<

[39] Embajador francés en Marruecos al ministro de Asuntos Exteriores francés (22 de diciembre de 1965), AD, 424. <<

[40] Asistente comercial del embajador francés en Marruecos a ministro de Asuntos Exteriores francés (25 de marzo de 1968), AD, 424. <<

[41] Direction des Affaires Politiques du Afrique de Nord, «Note. Phosphate d’El Aïoun», AD, 424. <<

[42] Occidental Petroleum, «Note on the Sahara» (1966), SEPI, Caja 3776, código 419825 (A). <<

[43] Dirección de Asuntos Económicos (Francia) a Director de North Africa (25 de marzo de 1966), AD, 424. Ríos a Sirvent (20 de diciembre de 1965) y Carrero a Sirvent (14 de enero de 1966), en SEPI, Caja 3776, código 419825 (A); Sirvent a Carrero (24 de enero de 1966), Madrid, SEPI, Caja 3766, código 419822. Las negociaciones de entrada en la CEE eran importante trasfondo: «Spain picks US Firms only for possible stake in Sahara phosphate», Oilgram News Service (11 de marzo de 1966), p. 4. <<

[44] Comisión Negociadora, «Sesión del día 23 Febrero 1966. Acta 1» (febrero de 1966): 6-7, Madrid, SEPI, Caja 3766, código 419822. <<

[45] A. E. Cascino (IMC, vicepresidente), «Futuro de la industria»; Occidental Petroleum, «Note on the Sahara» (1966), SEPI, Caja 3776, código 419825 (A). <<

[46] IMC, «Preparado especialmente para el gobierno español» (1967): 29. SEPI, Caja 3776, código 419821, Carpeta 15 (II): 5. <<

[47] De Corral a López-Bravo (22 de marzo de 1966), SEPI, Caja 3776, código 419825 (A). <<

[48] Nelson C. White a Corral (24 de noviembre de 1967), SEPI, Caja 3766, código 419822. <<

[49] Dana Cordell (2010), The Story of Phosphorus: appendix A. Y Global Phosphorus Research Initiative, «GPRI Statement on Global Phosphorus Scarcity». <<

[50] Ríos (1989): 170; Ríos (1970): P1-P3. <<

[51] ENMINSA, «Nota sobre las posibilidades de mercado de fosfato en los momentos actuales» (1 de diciembre de 1967): 5, SEPI, Caja 3776, código 419825 (A); y asistente comercial del embajador francés en Marruecos a ministro de Exteriores francés (22 de mayo de 1967), AD, 424. <<

[52] Mitchell (2011). <<

[53] Comisión Negociadora, «Sesión del día 13 mayo, 1967. Acta 36» (mayo de 1967), SEPI, Caja 3766, código 419822; Boada a Letona, «Nota informativa sobre instalaciones de transporte» (22 de junio de 1970) e INI, «Tercera reunión (Carrero, López de Letona, López-Bravo, general Alegría, Álvarez de Miranda)» (19 de junio de 1971), ambos en SEPI, Archivo de Altos Cargos. Claudio Boada. Caja 3698, n. 45. <<

[54] Ríos (1989), pp. 156-158 y 172; Carlos Muñoz Cabezón (1994), «La verdadera historia de los fosfatos del Bucraa». <<

[55] Comisión Negociadora, «Sesión del día 23 Febrero 1966», p. 7. <<

[56] SEPI, Archivo de Altos Cargos. Claudio Boada. Caja 3697, n. 44. <<

[57] «Press Interview by Mohammed Karim-Lamrani, Director General of OCP» (1970). <<

[58] Neuman (US emb., Rabat), «Justice Department Anti-Trust Action: Outcome of Visit by David Coldsweig» (17 de julio de 1975), NARA: 1975RABAT03465_b. <<

[59] SEPI, Archivo de Altos Cargos. Claudio Boada, Caja 3697, n. 44. <<

[60] Maurice Barbier (1982), Le conflit du Sahara Occidental, p. 26. <<

[61] Fosbucraa, «Acta 28 octubre 1974», SEPI, sig. 3129.3, n. 5383. <<

[62] Bent Scowcroft (1975), «Memorandum of conversation. White House». <<

[63] Wells Stabler (Embajada de EE. UU., Madrid), «Spanish-Moroccan Negotiations on the Sahara. Conversation with Solis» (25 de octubre de 1975), NARA: 1975MADRID07471_b, NARA; Stabler, «Spanish Sahara» (7 de noviembre de 1975), NARA: 1975MADRID07794_b. <<

[64] «Cooperación con Marruecos», en «Objetivos del viaje a Marruecos», SEPI, Archivo de Altos Cargos. Antoñanzas. Caja: 4257, n. 159; Neuman, «Sahara: economic aspects» (19 de octubre de 1975), NARA: 1975RABAT05218_b. <<

[65] Yahia H. Zoubir (1987), «Soviet Policy toward the Western Sahara Conflict», pp. 17-32; Stephen Zunes (1987), «Nationalism and Non-Alignment: The Non-Ideology of the Polisario», pp. 33-46; Yahia H. Zoubir (1990) «The Western Sahara Conflict», pp. 224-243; Anthony G. Pazzanita (1994) «Morocco versus Polisario», pp. 265-278; Leo Kamil (1987), Fueling the Fire; Martha Wenger (1982), «Reagan Stakes Morocco in Sahara Struggle», pp. 22-26; Phillip C. Naylor (1987), «Spain and France and the Decolonization of Western Sahara», pp. 7-16. <<

[66] Stabler, «Algeria seen as unwilling to provoke war with Morocco» (24 de diciembre de 1975), NARA: 1975MADRID09028_b; Mitchell (2011), p. 39. <<

[67] Hasán II (1978), The Challenge, p. 163. <<

[68] Erik Jensen (2005), Western Sahara: Anatomy, capítulos 5-7. <<

[69] Colum Lynch (2013), «Susan Rice gets the Morocco block»; Philippe Bolopion (2010), «Sahara occidental: la France contre les droites de l’homme». <<

[70] Documental, Los hijos de las nubes (2012); William J. Durch (1993), «Building on Sand: UN Peacekeeping in the Western Sahara». <<

[71] World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), 23 de marzo de 2011. <<

[72] Evaristo Álvarez Muñoz (2011) «El cierre categorial e historia interna de la ciencia a propósito de la gnoseología de la tectónica de placas», pp. 1-18. <<

[73] Hecht (2012), pp. 79-82. <<

[74] Scowcroft (1975), «Memorandum of conversation». <<

[1] Gramsci (1932-1935), Cuaderno 10, p. 202; Canfora (2000), Julio César. Un dictador democrático. <<

[2] Camprubí, «Engineering as Cultural Hegemony: What a Gramscian Interpretation of Francoism Teaches About Gramsci». <<

[3] David Edgerton (2005), The Warfare State. <<

[4] Laureano López Rodó (1990), Memorias, vol. 1, p. 89; Gonzálo Fernández de la Mora, «El tren perdido» [1968], en Gonzalo Fernández de la Mora (1977), El estado de obras, pp. 210-213. <<

[5] http://www.filosofia.org/mon/cul/clc.htm y Rodríguez, Delgado y Cull (2015), US Public Diplomacy and Democratization in Spain. <<

[6] González Cuevas, La razón conservadora. Gonzalo Fernández de la Mora, una biografía político-intelectual. <<

[7] Bueno (1978), «Reliquias y relatos»; Moradiellos (2001), Las caras de Clío. <<

[8] Javier Pérez Jara (2014), La filosofía de Bertrand Russell. <<

[9] Santiago Carrillo (1994), Memorias, p. 614. <<

[10] Tamames (2005), pp. 434-436. <<

[11] Canfora (2004), La democracia: historia de una ideología. <<

[12] Mike Davis (2001), Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World. <<

[13] Karl Marx (1852), El 18 brumario de Luis Bonaparte. <<

[14] José A. Valverde (2003), Memorias de un biólogo heterodoxo, vol. 2, p. 196. <<

[15] Gustavo Bueno (1996), «La filosofía en España en un tiempo de silencio», pp. 55-72, 291. <<