Oriol March

Es periodista de la sección de Política de NacióDigital desde septiembre de 2016 y se encarga de cubrir la información relacionada con el Govern, el PDeCAT y Junts per Catalunya. Anteriormente, formó parte del equipo fundacional del diario ARA, donde trabajó durante seis años. Es autor de dos libros: Què pensa Josep Maria Vila d’Abadal (Dèria Editors, 2012) y Per què sí a la independència? (Deu i Onze, 2013).

Oriol March

Los entresijos del ‘procés’

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Los entresijos del ‘procés’

ISBN: 978-84-9097-426-1

E-ISBN: 978-84-9097-446-9

DEPÓSITO LEGAL: M-5.088-2018

IBIC: jp/jph/1dsej

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

A Ferran, Joan, Sara y Roger,

porque el viaje es la recompensa.

A los de casa,

que siempre están.

A Mariona,

por la paciencia y todo lo que vendrá.

CAPÍTULO 1

27 DÍAS

“Perdóname, perdóname, perdóname. No lo he conseguido parar”. Las palabras de Miquel Iceta resonaron en el despacho de Carles Puigdemont. Era 26 de octubre de 2017. La Plaça Sant Jaume de Barcelona se vaciaba a medida que avanzaba la noche y Catalunya se dirigía hacia la declaración de independencia. Ya no había marcha atrás.

Aquel jueves fue, probablemente, el día más impredecible desde que empezó el proceso catalán en el año 2012. Puigdemont lo vivió preocupado, con las emociones a flor de piel, abatido en algunos momentos, especialmente cuando sus propios compañeros del Govern y de grupo parlamentario le afearon —alguno de ellos de forma vehemente, inédita tratándose de un presidente de la Generalitat— que quisiera convocar elecciones para el 20 de diciembre. Pero ir a nuevos comicios constituía ya una propuesta descartada, un pensamiento arrojado a la papelera de la historia.

La versión que defienden en el Palau de la Generalitat es que no se dieron suficientes garantías sobre la retirada del artículo 155 de la Constitución y que, por lo tanto, se debía ser fiel al mandato de las urnas del 27 de septiembre del 2015 y del referéndum del 1 de octubre del 2017 (1-O). El “terreno desconocido”, aquella a la que Artur Mas aludía cuando el soberanismo pasó de la calle a las instituciones, empezaba a ser palpable.

Fue en este contexto que Iceta llegó al despacho presidencial cabizbajo, cansado y consciente de que sus gestiones con el PP y el PSOE habían caído en saco roto. Ni pudo, ni le dejaron. El líder del PSC, gato viejo en política y doctorado en negociaciones de alta sensibilidad, sabía que no había conseguido frenar la intervención de la autonomía que se cocía en el Senado y que se iba a materializar desde la Moncloa. “Llegó al despacho de Puigdemont arrastrando los pies”, relatan fuentes presentes a aquella hora en las dependencias gubernamentales.

Ambos líderes políticos sabían cómo acabaría la historia al cabo de tan solo unas horas: el Parlament declararía la independencia de forma más simbólica que efectiva —no hubo ni tan siquiera retirada de banderas en la cámara catalana, ni en los edificios públicos— y en Madrid se llevaría a cabo la aplicación fulminante del 155. Una aplicación que conllevaría la convocatoria forzada de elecciones para el 21 de diciembre y el cese del Govern como medidas estrella. Situaciones excepcionales, medidas excepcionales.

La charla crepuscular entre Puigdemont e Iceta, que no se alargó mucho tiempo, ejemplifica el carrusel de reuniones, emociones, cambios de posición y giros de guion que se produjeron en Catalunya entre los días 1 y 27 de octubre. Esos 27 días han cambiado el presente y el futuro del país. Los catalanes, en el terreno de las sensaciones, difícilmente habrán vivido un periodo tan intenso en la historia reciente, con decisiones políticas y ciudadanas altamente trascendentes. Entre la votación del día 1, que estuvo marcada por la violencia policial ejercida por las fuerzas del orden estatales, y la declaración simbólica de la independencia se produjeron reuniones, manifestaciones, una huelga general, encarcelamientos de líderes civiles (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart), dimisiones en el Govern, enfrentamientos abiertos dentro del independentismo por la gestión del mandato del 1-O y presiones empresariales al más alto nivel para frenar la escalada de tensión entre la Generalitat y la Moncloa.

Como acostumbra a pasar en episodios que marcan época, los pequeños detalles fueron decisivos. Por ejemplo, la decisión de Puigdemont y de su núcleo reducido de seguir adelante con el referéndum a las doce de la mañana del día 1 de octubre, pese a las cargas policiales contra votantes y responsables de los colegios electorales. “Existió la posibilidad real de frenar todo el operativo, pero la gente estaba dispuesta a defender las urnas, y eso es lo que hicieron”, sostiene un buen conocedor de lo que sucedió en el Palau en las primeras horas del referéndum. Dirigentes del PDeCAT —entre los cuales estaba su coordinadora general, Marta Pascal— le llegaron a enviar whatsapps a Puigdemont aquella misma mañana para que frenara la votación, pero no sirvieron de nada.

Otro ejemplo que relata un alto cargo parlamentario y que Marta Rovira, secretaria general de ERC y portavoz parlamentaria de Junts pel Sí, se atrevió a denunciar en público: Puigdemont fue alertado de la amenaza de “violencia extrema” por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad destinados en Catalunya ante la posibilidad de la declaración de la independencia. No solo el día 26 de octubre, un día antes de que se votara la proposición de Junts pel Sí y la CUP que daba paso a la creación del nuevo Estado catalán, sino también el día 10 de octubre, cuando el president trasladó al Parlament los resultados de la votación. Unos resultados, según el recuento de la Generalitat, que fueron abrumadoramente favorables a la independencia —con un 90% de síes—.

“Estando en su despacho en el Parlament, poco antes de empezar el debate sobre el 1-O, alertó de un baño de sangre que había sido advertido por los altos mandos de los Mossos”, relata uno de los conocedores de la situación. El encargado de hacer esta advertencia fue el mayor del cuerpo catalán, Josep Lluís Trapero, artífice de la desarticulación de la célula yihadista que atentó en Barcelona y en Cambrils y a quien el Gobierno español, en virtud del artículo 155, degradó a tareas administrativas. Y, según el relato de varios de los implicados, a finales de septiembre Trapero se había reunido —por separado y conjuntamente— con Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras para advertirles de que el Estado estaba “dispuesto a todo” para frenar el 1-O. “Les dijo que las cargas policiales que se vieron en esa jornada eran muy probables”, mantiene uno de los conocedores de la situación. El mayor de los Mossos, antes de citarse con los dos principales dirigentes del Govern, había mantenido reuniones con Diego Pérez de los Cobos, encargado de liderar las fuerzas de seguridad establecidas en Catalunya por orden del Gobierno español.

En la reunión de la junta de seguridad del 28 de septiembre, dos días antes del referéndum, no se presentaron ni Ángel Gozalo, jefe de la séptima zona de la Guardia Civil, ni Sebastián Trapote, comisario jefe superior de la Policía Nacional. “Delegaron en Pérez de los Cobos”, mantiene uno de los presentes en la cita, celebrada en el Palau de Pedralbes. Un alto responsable de la Conselleria d’Interior resume: “Los mandos de los Mossos sabían que [las fuerzas estatales] iban a cargar de la manera que lo hicieron. No estaban sorprendidos”.

Por lo tanto, según el relato de varios altos cargos que vivieron la situación en primera persona, la seria advertencia de “violencia extrema” asociada a la fase culminante del reto independentista y a la respuesta policial por parte del Estado ya había llegado antes del referéndum. Fue uno de los motivos por los cuales Puigdemont dejó en suspenso la declaración del Estado catalán y optó por abrir un nuevo periodo de negociación con Rajoy, a poder ser con la intervención de instituciones internacionales.

Un alto responsable de la Conselleria d’Interior y conocedor del operativo de seguridad que protegió a la cámara catalana el 10 de octubre arroja luz sobre lo que se vivió entre bastidores. “Si lo recordáis, aquel día no se permitió a la ciudadanía manifestarse delante del Parlament. Se prefirió que lo hicieran en el Passeig Lluís Companys, delante del Arc de Triomf, donde se instalaron las pantallas gigantes cortesía de las entidades soberanistas. De modo que se dejaron totalmente limpias las calles que permiten acceder al recinto del Parc de la Ciutadella”. ¿Por qué fue así? “Por motivos de seguridad. En el caso de que Puigdemont hubiera declarado la independencia con todos los efectos, teníamos información fidedigna de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hubieran entrado por la puerta del Parlament para detenerle”, sostiene este alto cargo de una de las conselleries clave del Govern.

¿Qué orden tenían los Mossos ante esta situación? “No enfrentarse ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil”, mantiene esta fuente. “Bajo ningún concepto nos podíamos permitir un enfrentamiento entre policías”, resume. Desde finales de septiembre, concretamente desde el día 22, el Ministerio del Interior había puesto en marcha un amplio despliegue de agentes en Catalunya con el fin último —como se vio el 1 de octubre— de detener físicamente la votación que se organizó con la ingeniería del Govern y la colaboración de la sociedad civil independentista, liderada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

La movilización de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el día 10 de octubre en los aledaños del Parlament —quizás pensando en el escenario de una declaración unilateral de independencia (DUI) completa, sin la suspensión anunciada por el president— fue un hecho. Furgones de los cuerpos de seguridad fueron vistos pasando cerca de manifestantes que se concentraban alrededor de la Plaça Tetuán de Barcelona. “Y estos agentes eran los que debían dirigirse hasta la Ciutadella en caso de consumar la independencia”, sostienen en la Conselleria d’Interior.

El plan, según detalló Interviú, contaba con alrededor de 300 policías y guardias civiles que iban a entrar por “tierra, mar y subsuelo” al Parlament con el objetivo de detener a Puigdemont. El president, por cierto, en los últimos meses de mandato incrementó la seguridad sumando a los escoltas habituales a miembros del Grup Especial d’Intervenció (GEI), el cuerpo de elite de la policía catalana.

La hoja de ruta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado —que el Gobierno siempre ha situado en el plano teórico— planeaba que una dotación de agentes entrara en la cámara catalana por el subsuelo en caso de que el Ejecutivo catalán se atrincherara en el edificio. Más de un periodista, como Marcos Lamelas, de El Confidencial, especuló —medio en serio, medio en broma— ese día con una entrada policial a través del tejado de vidrio del edificio legislativo catalán. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, admitió a principios de 2018 que el Ejército estaba preparado para intervenir. También alguna vez lo había alertado de ello el president en privado ante un núcleo reducido de interlocutores.

Nunca se llegará a saber qué hubiera pasado porque Puigdemont contemporizó respecto a la DUI. No lo hizo, precisamente, con el respaldo íntegro del independentismo. De hecho, según relata Antoni Castellà, diputado de Junts pel Sí y ahora integrante del grupo parlamentario de ERC representando a Demòcrates de Catalunya —partido heredero de la tradición de Unió Democràtica de Catalunya, desaparecido a raíz de los 22,5 millones de euros de deuda acumulados durante el liderazgo de Josep A. Duran i Lleida—, hubo allegados al president que conocieron la suspensión a través de la CUP. “Yo fui uno de ellos, por ejemplo”, relata Castellà, que mantuvo —y mantiene— interlocución fluida con el president y con el vicepresident Oriol Junqueras debido a su puesto como jefe de un partido, aunque pequeño, integrado dentro de Junts pel Sí.

Los recelos en el independentismo se acrecentaron en el momento en que Puigdemont departió de forma amable y visible con Mas después de la sesión parlamentaria. Sectores de ERC y de la CUP sostuvieron que el expresident estaba “frenando” la declaración de independencia y que presionaba para la convocatoria de elecciones. El ya exlíder del PDeCAT, las siglas que surgieron de la refundación de Convergència, estuvo en la Generalitat la noche anterior a los hechos, y los máximos dirigentes del partido —incluida su coordinadora general, Marta Pascal— también formaron parte de las conversaciones.

Se les atribuía, con razón, la voluntad de forzar al president para que pusiera las urnas en clave autonómica, aunque lo negaban en público. Mas, Pascal y Santi Vila fueron los tres principales dirigentes de la formación nacionalista que presionó a Puigdemont para que convocara elecciones. “Con él nunca puedes conseguir el diez, así que ya fue un éxito que suspendiera la declaración”, sostienen en las plantas nobles del PDeCAT. Parte de la redacción del discurso en el que dejaba en suspenso la independencia corrió a cargo de Jordi Sànchez, presidente de la ANC, según una fuente cercana al líder independentista. Sànchez fue el encargado de escribir la frase exacta con la que la República se situaba temporalmente en el limbo.

El mejor resumen de la jornada del 10 de octubre —la primera en que Puigdemont habló abiertamente de “violencia extrema” y de “baño de sangre” después de las llamadas de los altos mandos de los Mossos— lo supo hacer Quim Arrufat, portavoz del secretariado nacional de la CUP: “El president nos dijo que no tocaba declarar la República y que aparecieron mediadores internacionales”. Y lo hizo sabiendo que con ello tensaba la relación con los anticapitalistas y con ERC. De hecho, aquella tarde se registró un enfado monumental de Marta Rovira, que incluso amenazó con dejar la portavocía de Junts pel Sí por el modo en que se había gestado la suspensión de la declaración de independencia. El relato oficial indicó aquella tarde de octubre que las miradas ya estaban puestas en Bruselas y en los despachos de la Comisión Europea.

Europa, cartas y Urkullu

Desde la Generalitat, ya en tiempos de Jordi Pujol, se ha recalcado el componente europeísta del catalanismo político. Es por ello que las apelaciones a la Unión Europea, siempre infructuosas en cuanto a resultados, han sido constantes desde que empezó el proceso. La escalada de tensión nacida el 1 de octubre no pasó desapercibida en los despachos de la Europa oficial, para los cuales la pulsión independentista no había pasado de “asunto interno” a lo largo de los años, y hubo advertencias públicas y privadas a Puigdemont. Un embajador establecido en Madrid representando a un país “muy relevante” advirtió a un miembro del Govern que, pese al impacto de las cargas policiales del 1-O, la Generalitat no estaba “legitimada” para emprender vías unilaterales.

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, pidió al president no dar ningún paso que fuera “irreversible” para el diálogo. La advertencia pesó en la decisión del dirigente del PDeCAT de dejar sin efecto la declaración de la independencia promulgada a los nueve días del referéndum. Un referéndum, por cierto, que el Govern siempre situó como “vinculante” para diferenciarlo de la consulta del 9-N del 2014, que sumó 2,3 millones de participantes pese a que su resultado no suponía un mandato jurídico para el Ejecutivo.

A mediados de octubre se habló, también, de una oferta de mediación internacional. Sectores del independentismo llamaron a la puerta, por ejemplo, del ex primer ministro británico David Cameron, que permitió un referéndum legal y acordado en Escocia que terminó con victoria del remain. También se especuló con la posibilidad de conversaciones amparadas por Suiza, según avanzó su televisión pública, pero no se llegó a más. “En el fondo nunca hubo nada concreto, como reconoció Puigdemont en privado a finales de octubre”, sostiene un alto dirigente del PDeCAT. “No se había ligado ningún reconocimiento internacional”, mantiene otro miembro de la cúpula nacionalista, crítico con la tarea de Raül Romeva como conseller d’Exteriors.

Desde el Palau de la Generalitat siempre se tuvo la sensación de que el aparato diplomático del Estado se esforzó con ahínco para frenar cualquier negociación que pusiera España y Catalunya al mismo nivel. “Ellos [la Moncloa] no deseaban estar en plano de igualdad, y es precisamente por ello que muchos de nosotros presionamos a Puigdemont para que declarara la independencia y Catalunya negociara con Rajoy de tú a tú, ya dentro del marco internacional”, destaca un alto dirigente parlamentario. El problema es que en los despachos comunitarios siempre se avaló la respuesta judicial de Rajoy, sin entrar a valorar el fondo de la cuestión.

La Europa oficial, más allá de avisos sobre la violencia policial del 1-O, no medió, y solo hay que repasar los discursos de Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani y el propio Tusk en Oviedo, donde recibieron el Premio Princesa de Asturias, para ver hasta qué grado estaban —y, por el momento, están— del lado del Gobierno español en todo este asunto. El presidente de la Comisión Europea, en un parlamento muy aplaudido, señaló que Europa sería “más pobre” sin España, y se mostró emocionado por la cantidad de rojigualdas que lucían en la ciudad asturiana aquel 20 de octubre. Tajani, italiano y cercano a la maquinaria del PP español, insistió en que “cambiar fronteras puede llevar a los infiernos”.

Tusk, que proviene de una minoría étnica polaca y tiene un pasado activista en su currículum, fue el más ponderado y apeló al diálogo. Un diálogo, por cierto, que entre la Generalitat y la Moncloa tan solo se pudo llevar a cabo a través de interlocutores españoles. Su protagonista fue el lehendakari Íñigo Urkullu, que se vació a la hora de encontrar una salida dialogada al laberinto creado antes y después del 1-O. Las ofertas se sucedieron entre llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos. Spoiler: el máximo representante vasco, como Iceta, no pudo convencer a ninguna de las dos partes. Y eso que mantuvo contactos frecuentes con todos los interlocutores.

Urkullu llegó a la lehendakaritza en diciembre del 2012. Puso fin a la etapa del PSE con un programa nacionalista moderado y alejado del “plan Ibarretxe”, a quien sus propios compañeros de partido acabaron defenestrando. Hábil en los despachos, con buena entrada en la Moncloa y en la Casa Real, el jefe del Gobierno vasco es el clásico perfil de líder territorial apreciado en Madrid: pactista, con un partido —el PNV— decisivo en el Congreso y sin voluntad firme de llevar a cabo la independencia de su región.

No se puede desligar la influencia de Urkullu de las respuestas que envió Puigdemont a sendos requerimientos de la Moncloa para determinar si el Parlament había declarado el Estado catalán en la sesión parlamentaria del 10 de octubre. El president, sometido a gran presión por los sectores más apresurados del independentismo, optó por abanderar el diálogo pese a saber que la Moncloa no quería hablar en base a los resultados del 1-O y que Rajoy descartaba sin parpadear la posibilidad de acordar un referéndum. El interlocutor principal de Urkullu, aparte del propio Puigdemont, era Santi Vila, conseller d’Empresa i Coneixement.

Las cartas del president fueron revisadas una vez tras otra por su equipo, por los dirigentes clave de Junts pel Sí —una coalición formada por la antigua CDC, ahora PDeCAT, ERC, independientes y partidos más pequeños como Demòcrates de Catalunya y Moviment d’Esquerres (MES), escisión socialista— y por el llamado Estado Mayor del proceso. Es importante retener este último grupo formado por Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, consellers clave del Govern, dirigentes del PDeCAT y ERC, ex primeras filas de ambos partidos y los líderes civiles de ANC y Òmnium Cultural.

Su relevancia en el proceso hasta el referéndum, el mismo día de la votación y en la gestión de los resultados, fue decisiva. Hasta el punto de que tenían más información los integrantes de este comité de acción política, ya bajo la lupa judicial del Tribunal Supremo, que miembros del Govern. Una circunstancia que motivó discusiones al más alto nivel de consellers con Puigdemont y que, en algunos casos, terminaron con los discrepantes fuera de la mesa del Consell Executiu.

La influencia de Urkullu se puede leer entre líneas en las cartas del president dirigidas a la Moncloa. En la primera, enviada pocos minutos antes de que terminara el plazo fijado por Rajoy, se establecía un periodo de negociación de dos meses que no fue atendido por la Moncloa. También reclamaba una reunión formal entre el president de la Generalitat y el presidente del Gobierno, que fue descartada. De hecho, no ha habido cita formal entre ambos dirigentes desde el pasado 11 de enero de 2017, cuando el máximo representante de las instituciones catalanas se desplazó a Madrid para almorzar con su homólogo estatal.

Las discrepancias sobre el referéndum fueron insalvables: mientras Puigdemont era partidario de poner urnas y permitir a los catalanes votar sobre la independencia, Rajoy ni lo consideraba porque se trataba de un “chantaje”. “Y ya no se movieron de aquí”, resuelven en el Palau de la Generalitat. Aunque los partidos defensores del Estado catalán insistieron en la vía pactada a través del Pacte Nacional pel Referéndum —encabezado por un exdirigente del PSC como Joan Ignasi Elena—, no hubo ni un atisbo de brecha en el aparato estatal. Solo Podemos es favorable a una consulta pactada y legal. Llegado el caso, en ella optarían por pedir el “no” sin complejos.

El móvil de Urkullu funcionó a pleno rendimiento durante la segunda quincena de octubre. Recibía mensajes de la Moncloa y de la Generalitat. Dos instituciones, por cierto, que, pese a la mala relación institucional, no dejaron de hablarse por tres vías distintas: el diálogo sectorial —entre consellers y ministros de cada área—, las conversaciones entre los jefes de gabinete de Carles Puigdemont y Mariano Rajoy —Josep Rius y Jorge Moragas, respectivamente— y por las intercesiones de un conseller heterodoxo, Santi Vila, bien conectado con Madrid y con una agenda nada menospreciable en las esferas del poder empresarial.

El lehendakari, según varias fuentes consultadas, recibió meses antes del referéndum la visita de cuatro líderes del mundo económico barcelonés —Emilio Cuatrecasas, Joaquim Coello, Marian Puig y Juan José López Burniol— para pedirle que mediara en el embrollo. Estos cuatro representantes del establishment tuvieron anteriormente una cita con Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor, que es quien les abrió las puertas de la agenda de Urkullu. Coello, Puig y López Burniol no cejaron en su empeño de frenar la declaración de independencia y mantuvieron reuniones con Puigdemont y Junqueras hasta la mañana del 27 de octubre. Sin conseguir, eso sí, su objetivo: la República se proclamó y el 155 se abrió paso después de aprobarse sin apuros en el Senado gracias a PP, PSOE y Ciudadanos.

El presidente vasco, discreto, contaba con la ayuda —también discreta— de los diputados del PNV en el Congreso para convencer al PP de que retirara el artículo 155 si Puigdemont anunciaba elecciones catalanas para finales de año. La respuesta que recibió el lehendakari fue que la “maquinaria” —es decir, la tramitación en el Senado— ya estaba demasiado avanzada y que no se podía dar marcha atrás. Vila rememora así este episodio: “Hubo unos cuantos que hicimos lo que tocaba. Hablamos con todo el mundo, pero al final se impusieron los extremos”.

Puigdemont, viendo que no tenía suficientes garantías para evitar que la intervención de la autonomía se cerniera sobre la Generalitat, optó por no salir públicamente a anunciar la convocatoria electoral. Y eso que la noche anterior, prácticamente de madrugada, esa era la opción que salía ganando en los acalorados debates que vivieron el Estado Mayor del procés y todo el espectro independentista. De hecho, según varias fuentes, el president llegó a comunicar por correo electrónico a Urkullu que estaba dispuesto a anunciar elecciones autonómicas. No sería este, precisamente, el desenlace.

“En el fondo, lo que pasó es que uno [Rajoy] no quiso poner por escrito que levantaría el 155 si se convocaban elecciones, mientras que el otro [Puigdemont] no era partidario de enviar el decreto a la Moncloa”, resume un dirigente presente en las horas decisivas. Aquella semana fue dura para el lehendakari: el lunes pidió una reunión con Rajoy en la Moncloa, pero no le fue concedida. Los empresarios presionaron a Jorge Moragas para obtener un gesto, pero la respuesta fue siempre negativa por parte de la sombra del presidente español.

Urkullu sí que se reunió con Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, el martes 24 de octubre. Pero el dirigente socialista le dejó claro que resolver el dilema catalán era una cuestión que debía resolver el Ejecutivo del PP. Sánchez, por cierto, también mantuvo contacto esos días con Marta Pascal, con quien intercambió teléfonos en la manifestación contra los atentados yihadistas de Barcelona celebrada el sábado 26 de agosto. Pascal, por orden de Puigdemont, también se arremangó para tener un canal de comunicación con Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, de cara a la asamblea a favor del referéndum que organizó la formación morada en Zaragoza el 24 de septiembre. Una colaboración excepcional, teniendo en cuenta que la formación morada y el PDeCAT no tienen una relación precisamente fluida.

En la negociación multilateral abierta entre la Generalitat y la Moncloa participaron, según rememora Santi Vila, todos los actores imaginables: la Iglesia catalana y española, los principales partidos del país, dirigentes empresariales, el poder financiero, las entidades del soberanismo civil y algún representante diplomático de manera extremadamente discreta. Pero faltó el componente más importante: que Rajoy y Puigdemont hablaran. Según la versión más extendida entre la decena de dirigentes consultados, los presidentes nunca llegaron a dialogar directamente.

Cambios en el frente, giros de guion

La última legislatura fue particularmente agitada para los miembros del Consell Executiu. En 2016 hubo dos grandes debates que pusieron a prueba la mayoría independentista formada por CDC —a partir de julio de ese año, PDeCAT—, ERC y la CUP. El primero se produjo cuando los anticapitalistas, que ya se cobraron la cabeza de Artur Mas después de las elecciones del 27-S, se negaron a permitir el trámite parlamentario de los primeros presupuestos elaborados por Oriol Junqueras.

¿Qué hizo Puigdemont? Con el no de la CUP aún caliente, anunció que se iba a someter a una cuestión de confianza para seguir adelante con la legislatura después de reunir a sus colaboradores y al grupo parlamentario de Junts pel Sí. Fue un movimiento inesperado, posiblemente el primer golpe de timón genuino y autónomo del president. El segundo llegó, precisamente, cuando abrió negociaciones con la CUP para superar la cuestión de confianza que él mismo había situado en la agenda política.

Si se empieza por el final, la historia es sencilla: los partidos independentistas acordaron llevar a cabo un referéndum para superar el embrollo del resultado de las elecciones —donde las fuerzas partidarias de la independencia se quedaron a 2,2 puntos del 50% de los votos— y para validar de nuevo el proceso en las urnas. “La resolución de la demanda catalana se hará de la siguiente manera: referéndum o referéndum”, dijo Puigdemont en el Parlament el 28 de septiembre de 2016. Pero esta frase entraña mucho más: contiene un debate interno que, en cierto modo, ejemplifica por qué la política catalana entró en la fase más convulsa de su historia reciente cuando se puso en marcha todo el operativo de la votación del 1-O.

En verano del 2016, justo después de las elecciones al Congreso de los Diputados que acabarían llevando de nuevo a Rajoy a la Moncloa, el president intensificó sus contactos con la CUP para ver en qué términos se podía salvar la legislatura. Los anticapitalistas, junto con Demòcrates de Catalunya, fueron los primeros en poner encima de la mesa lo que se conocía con las siglas de RUI: referéndum unilateral de independencia. En cenas privadas, según relatan conocedores de la situación, Puigdemont planteaba abiertamente la idea y ya imaginaba cómo debía ser la arquitectura de la votación e, incluso, cómo había que diseñar la campaña institucional. El RUI se coló oficialmente en la agenda política cuando la ANC lo apadrinó y lo incluyó en su hoja de ruta, y marcó la política catalana hasta la misma mañana del 1 de octubre.

Por lo tanto, hubo doce meses en los que el independentismo debatió la mejor manera de llevar a cabo la consulta, que en un inicio se quiso pactada y después pasó al plano unilateral. Puigdemont, cortejando a Ada Colau y a sus “comunes”, puso en marcha el llamado Pacte Nacional pel Referèndum, que terminó su trabajo en mayo del 2017 cuando constató la negativa —por otro lado, previsible— de la Moncloa a negociar.

El president se desplazó hasta Madrid para reivindicar, junto con Junqueras y el conseller de Exteriors, Raül Romeva, un acuerdo con el Estado que permitiera a los catalanes ejercer el llamado “derecho a decidir”. En la sala donde hablaron, cedida por el Ayuntamiento de Madrid liderado por Manuela Carmena, no se registró la presencia de ningún alto dirigente de la Administración. La negativa y el silencio, en el mejor de los casos, fueron las respuestas de Rajoy y su entorno al referéndum pactado. El Govern, que ya se lo temía, puso en marcha la maquinaria de la votación sin contar con el beneplácito de Madrid y desoyendo las advertencias del Tribunal Constitucional, una de las constantes de la legislatura.

La compra de las urnas, por ejemplo, fue el primer foco de tensión que se vivió en Palau a principios de año. ¿Quién debía comprarlas? ¿El departamento de Governació, liderado por Meritxell Borràs (PDeCAT), o el de Vicepresidencia, comandado por Junqueras? Finalmente se llegó al acuerdo, en mayo, de que fuera Governació, del que dependía en esos momentos la competencia sobre procesos electorales, el que iniciara la licitación de las urnas. Una licitación, por cierto, que desembocó en un concurso desierto para asombro de un buen número de consellers. La cuestión se resolvió de un modo que, de momento, ningún dirigente ha explicitado: las urnas aparecieron en el momento justo y, según las informaciones de los periodistas Laia Vicens y Xavi Tedó, autores del libro Operació Urnes, hubo un particular que pagó 100.000 euros por ellas. La distribución quedó en manos de ciudadanos particulares. Algunos de ellos, por cierto, las guardaron en bosques, en capillas o en casas particulares. Los servicios de inteligencia del Estado no fueron capaces de encontrarlas. Quizás porque se compró más de un lote, según varias fuentes conocedoras del procedimiento.

Hubo momentos en los que el Govern no fue capaz de encontrar la unidad necesaria para avanzar sin turbulencias hacia el 1 de octubre. Las tensiones internas, manifestadas por consellers como Jordi Jané (Interior), Meritxell Ruiz (Ensenyament) y Santi Vila (Cultura), entre otros, hicieron evidente que la sala del Consell Executiu no era una balsa de aceite. Puigdemont y Junqueras, cuya relación se deterioró mucho en la recta final de la legislatura, se conjuraron en abril para firmar un documento de compromiso con el referéndum. En la foto de aquel día aparecen dirigentes —Jané, Ruiz, Vila, Neus Munté (Presidència), Jordi Baiget (Empresa), Joan Vidal de Ciurana (secretario del Govern)— que no llegaron al final del camino.

El consenso del Govern se fue agrietando hasta que se rompió en dos fases. Primero saltó Baiget, que dudó en público de la celebración del referéndum, y poco después el president prescindió de otros cuatro miembros del Ejecutivo (Munté, Ruiz, Jané y Vidal) que discrepaban —en mayor o menor medida— de cómo estaba planteada la hoja de ruta. Puidgemont los sustituyó por dirigentes fieles que ya sabían a lo que iban: a plantear un pulso inédito al Estado a través de un referéndum considerado ilegal por las instituciones españolas. Y fue en ese momento cuando, de verdad, el Govern se puso a trabajar en el referéndum. Ya no había alternativa, ya no había excusa, ya no había dudas —aparentes— en el seno de la Generalitat: todo estaba dispuesto para el choque con el Estado. De hecho, cuando Puigdemont se reunió con los nuevos miembros de su Ejecutivo, les pidió “fidelidad” y “compromiso” hasta el final. Con todas las consecuencias.

Transitando por la cornisa

Unas consecuencias que han derivado, como se ha comprobado en los últimos meses, en prisión preventiva o exilio en Bélgica. Este escenario aún no estaba encima de la mesa, oficialmente, en la reunión semanal que mantuvo el Ejecutivo el 24 de octubre. La amenaza del 155 ya era evidente —Rajoy se encargó de explicitar, el sábado anterior, qué medidas tomaría una vez este mecanismo constitucional fuera aprobado por el Senado— y en el Govern las aguas bajaban revueltas.

Encima de la mesa, dos escenarios: convocatoria electoral o levantamiento de la suspensión de la declaración de independencia fijada el 10 de octubre. Las consecuencias económicas de la inestabilidad política, con todas las empresas catalanas cotizantes en el Ibex 35 (a excepción de Grífols) trasladando su sede para evitar males mayores, aparecieron en la cita de los consellers. Santi Vila, que acabó dimitiendo al cabo de 48 horas tras una reunión cordial en el Parlament con Puigdemont, hizo una defensa política clara sobre la necesidad de convocar elecciones catalanas para salir del atolladero. Clara Ponsatí, relevo de Ruiz en Ensenyament, emitió un juicio diametralmente opuesto: había que aplicar la independencia con todos los efectos.

Fuentes presentes en la cita señalan que Jordi Turull (PDeCAT), conseller de Presidència, optó por la vía Ponsatí, mientras que Carles Mundó (ERC), titular de Justícia, abrió la puerta a la convocatoria de elecciones. Mundó hacía semanas que se había desvinculado de las reuniones restringidas del Estado Mayor del procés, en las cuales fue sustituido por Meritxell Serret —titular de Agricultura, también republicana—, y después de los comicios del 21 de diciembre optó por dejar la política.

Romeva, a quien Mas y Junqueras fueron a buscar para que liderara la candidatura de Junts pel Sí en 2015 y que asumió una cartera relevante —Exteriores— después de las elecciones, rechazó promover otra votación en clave autonómica. Pero en esta legislatura la última palabra no la tenía en exclusiva el Govern, sino que había que esperar el veredicto del Estado Mayor del proceso. Y fue en este órgano de coordinación donde los debates se recrudecieron. Hasta el punto, según varias fuentes consultadas, que el mismo 25 de octubre por la noche Puigdemont puso sobre la mesa una opción de impacto: que Junqueras asumiera la presidencia y fuera él quien llevara a cabo la declaración de independencia.

El vicepresident no lo descartó de inicio, pero acabó rechazándolo. El motivo era razonable: para asumir el máximo cargo del país debía haberse sometido a la investidura, y en ningún caso tenía garantizados los diputados necesarios (68) para convertirse en president. La jornada nocturna del 25, de hecho, fue una montaña rusa que presagiaba el final de infarto que se viviría en las siguientes horas. Puigdemont mantuvo contactos con la CUP, socio de legislatura y con quien se siente más cómodo que con algunos compañeros de partido —la afirmación ha hecho fortuna durante estos últimos meses—, y le trasladó la posibilidad de un adelanto electoral, pero los anticapitalistas no compraron. Su reacción fue rotunda: en una asamblea con militantes, diputados de la formación deslizaron sin tapujos que el Govern se preparaba para convocar elecciones. Empezaba así un pulso público del independentismo en el que las percepciones, los tuits, las tensiones larvadas durante la fase decisiva del referéndum y las acusaciones cruzadas de alta traición pasaron a copar todo el protagonismo.

Por el Palau de la Generalitat desfilaron el 25 de octubre Mas, miembros del Estado Mayor del procés como Xavier Vendrell (exconseller de ERC), Oriol Soler (editor y pieza clave en el engranaje comunicativo del 1-O), entidades del independentismo civil, Ferran Mascarell (delegado del Govern en Madrid) y hasta el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en su momento líder parlamentario de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y uno de los que también advirtieron del uso de la “violencia extrema” estatal en caso de DUI.

La reunión, según varias fuentes consultadas, empezó a las siete de la tarde y se alargó hasta que los periódicos en papel habían cerrado sus ediciones. No fue una cita agradable, y en ella ya se pudo escuchar —por boca de Vendrell, por ejemplo— que había que prepararse para un “escenario con víctimas”. En esencia, el gran dilema que Puigdemont tenía encima de la mesa era el siguiente: cómo desplegar la República, su compromiso posterior al 1 de octubre, sin poner en riesgo la integridad de la ciudadanía y sin perder en todo momento el carácter pacífico del que siempre ha presumido el soberanismo desde el 2012, cuando arrancó todo.

Quizá por ello, el dirigente del PDeCAT llevaba días rumiando el viraje hacia la convocatoria de elecciones. Lo había planteado en reuniones muy reducidas, en presencia de miembros de su partido y también ante alcaldes de confianza que le visitaban en Palau. No faltaban miembros de su entorno que se lo desaconsejaban, también dentro de su círculo político más íntimo. ERC “respetaba” pero “no compartía” la decisión, como explicaron horas después los republicanos. A pesar del giro de guion, el máximo dirigente no quería firmar el decreto de convocatoria sin más, sino que esperaba que el Estado cumpliera con cuatro exigencias: la retirada del artículo 155 —en ese momento ya se estaba tramitando en el Senado, donde el president rehusó explicarse—; la liberación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, recluidos en prisión preventiva en Soto del Real por orden de la Audiencia Nacional; la retirada de todos los agentes desplazados a Catalunya de forma extraordinaria para impedir el referéndum y, teóricamente, “garantizar la seguridad” de los días clave del proceso; y la limitación de la Fiscalía General del Estado, encarnada en ese momento por el fallecido José Manuel Maza, que ya redactaba una querella por sedición y rebelión contra los miembros del Govern y de la mesa del Parlament ante la inminencia de una declaración de independencia.

Uno de los protagonistas entre bambalinas fue Santi Vila. Se puso en contacto con dirigentes del PSOE y del PP, especialmente con Ana Pastor, presidenta del Congreso, y con Rafael Catalá, ministro de Justicia. Ambos habían sido altos cargos en Fomento y el dirigente catalán había ocupado la cartera homónima del Govern en su misma etapa, así que guardan buena relación personal y política. “Hice todo lo que debía, hablé con quien tenía que hablar y todo estaba dispuesto para ir a elecciones a última hora”, rememora Vila, actualmente apartado de primera fila después de verter críticas contra sus compañeros del Govern y de una fugaz apuesta como candidato del PDeCAT a la Generalitat. Acabó dimitiendo el 26 de octubre, por la noche, cuando la DUI era irremediable.

Puigdemont también quiso contactar en persona con al menos tres dirigentes destacados del PSC: Miquel Iceta, Nuria Marín —alcaldesa del Hospitalet de Llobregat y bien conectada con la cúpula del PSOE— y José Montilla, expresident de la Generalitat y senador por designación autonómica desde el 2011. Iceta intentó hacer de puente para conseguir que una eventual convocatoria electoral desactivara los resortes del 155, pero no se salió con la suya. Las palabras “perdóname, perdóname, perdóname” fueron pronunciadas después de constatar que la actuación del Estado ya no tenía marcha atrás.

Una de las opciones que le fueron planteadas a Puigdemont, por cierto, fue que la intervención de la autonomía recibiera la luz verde del Senado gracias a los votos del PP, PSOE y Ciudadanos, pero que el Consejo de Ministros no hiciera uso de ella. Iceta y Marín, por ejemplo, plantearon —e incluso redactaron— una enmienda socialista en este sentido que se acabó descartando.

Lo curioso del caso es que la convocatoria de elecciones estuvo muy cerca de concretarse a las tres de la madrugada del 26 de octubre. Fue la hora a la que acabó la cita del Estado Mayor en Palau y, según varios de los presentes, hubo quien le sugirió a Puigdemont que se firmara ahí mismo el decreto. Una versión de los hechos apunta a Junqueras como la persona que instó al president a firmar la convocatoria. Y no falta quien señala a Vila —partidario enérgico de ir a nuevos comicios— como el encargado de posponer la signatura hasta la mañana posterior. “Estas cosas no se pueden hacer a las tres de la mañana”, dijo, según fuentes consultadas. Quizá ahora se arrepienta.

De la no-comparecencia al Parlament

El argumentario exhibido por Puigdemont para convocar elecciones se basaba en que “aún estaba a tiempo” de ser él quien citara a los catalanes a las urnas antes de que lo hiciera Rajoy a través del artículo 155, y que no quería convertirse en el president que trajera “muertos a las calles”. Estas mismas palabras exactas fueron las que trasladó a los atónitos diputados de Junts pel Sí la mañana del 26 de octubre, quizás la jornada más frenética que Catalunya ha vivido en los últimos años. Los parlamentarios se levantaron con un mensaje del presidente de grupo, Lluís Corominas, político convergente de larga trayectoria, a las 7:12 de la mañana. Se les convocaba a las 10.30 en el Palau de la Generalitat a través de un grupo de Whatsapp llamado “Urgent-important”, reservado para cuestiones verdaderamente relevantes.

Poco después, a las ocho, recibieron otro mensaje en el que se les ordenaba entrar en el edificio gubernamental por la puerta de la calle Sant Sever para así evitar sospechas. La reunión con Puigdemont se celebró en el Auditorio de Palau, una sala amplia con butacas de color rojo, reservada tradicionalmente para actos públicos. Corominas llevaba consigo un rostro pensativo, tirando a triste, mientras que Marta Rovira —secretaria general de ERC y portavoz del grupo parlamentario de Junts pel Sí— tenía los ojos llorosos. Antes de que empezara la reunión, se llevó aparte a la veintena de diputados republicanos para hacerles saber que habían intentado frenar la convocatoria electoral.

En la mesa principal, codo con codo, Puigdemont y Junqueras presidían la reunión, en la cual también participaron los miembros del Govern. “Poca gente sabía de verdad lo que se cocía”, sostiene un diputado veterano. La cara desencajada del máximo dirigente del país y las expresiones graves de los consellers —Clara Ponsatí era de las más afectadas— indicaban que la ocasión era excepcional. Meses después, estos detalles permanecen en la mente de buena parte de los presentes.

El discurso que desplegó el president, en resumen, fue el siguiente: habrá “sangre” en las calles y quizás “muertos” debido a la estrategia del Estado de “crear tumultos” de los cuales culparía, una vez provocados, a la izquierda independentista representada por la CUP y su organización juvenil, Arran. Puigdemont, muy tocado, desgranó que le habían dicho —no concretó quién— “a ciencia cierta” que “vendrían tanques”. Quiso asumir que le consideraran un cobarde por no haber desplegado el mandato del 1-O e insistió en que en ningún caso podía cargar en su conciencia con el peso de la existencia de víctimas en la calle.

Una de las intervenciones más duras corrió a cargo de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. “Y, ¿cómo queda el resto?”, preguntó. Se refería a si el acuerdo al que se había llegado con la Moncloa incorporaba la retirada de las causas judiciales que afectaban a la mesa de la cámara catalana. “Solo hemos hablado de la retirada del 155”, asumió Puigdemont. Forcadell no se dio por satisfecha: “Como mínimo, ya que hemos llegado hasta aquí, proclamemos la independencia y luego se disuelve el Parlament [para convocar elecciones]”. “No, este no es el acuerdo”, insistió el president, que vio cómo diputados de su propio partido se le giraban en contra.

Ante la dureza de algunas de las intervenciones por la negativa a declarar la República, el líder independentista se vio obligado a presentar con crudeza la situación: “Para que se entienda: no tenemos nada. No tenemos estructuras de Estado, no tenemos a los Mossos, no tenemos ningún fondo económico, no tenemos ningún mediador internacional”, resumió. Acto seguido intervino la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que tampoco fue precisamente amable con Puigdemont.

Sobre la reacción de Junqueras, todos los consultados coinciden en destacar una frase: “Yo y mi partido respetamos la decisión del president”. Algunas de las versiones consultadas añaden: “Pero no la compartimos”. Se enervó, eso sí, después de alguna intervención moderadamente crítica con ERC como la que expuso Irene Rigau, ex consellera d’Ensenyament e inhabilitada por el 9-N.

Poco después de la cita en la Generalitat, la cúpula republicana se reunió para acordar qué saldría del Govern en caso de que se concretara la convocatoria electoral. Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso de ERC y tuitero hiperactivo, publicó lo siguiente: “155 monedas de plata”. Los sectores más acelerados del independentismo no escatimaron acusaciones de “traidor” al president.

Santi Vila lo veía distinto. “No sufráis. Tendremos la independencia, pero no así”, les decía a los diputados más afectados. Hubo alguno que lanzó auténticas diatribas contra el posicionamiento de Puigdemont. “Nos ha traicionado”, exclamaban en privado. Aquella mañana hubo lágrimas, tensión y un profundo sentimiento de trascendencia en la atmósfera de la Generalitat. Una vez terminada la reunión, el president tenía previsto hacer una comparecencia a la una del mediodía para anunciar a la ciudadanía la convocatoria de elecciones el 20 de diciembre.

Una de las escenas que se vivieron entre los pasillos del Palau de la Generalitat fue relevante: Josep Rull y Jordi Turull, dos de los principales consellers del PDeCAT en el Govern, se acercaron a Puigdemont después de la reunión de los diputados para decirle: “No nos puedes hacer eso”. Se referían a la marcha atrás inesperada. Turull valoró publicar un tuit crítico, pero lo descartó. Las llamadas y mensajes volaban entre la cúpula del partido. Pascal tuvo que volver al edifico gubernamental después de que la llamara Mas para avisarla de que Puigdemont había vuelto a cambiar de criterio y que la declaración de independencia volvía a ser el escenario más probable.

Los periodistas recibieron un comunicado en el que se anunciaba el aplazamiento del discurso del president hasta las dos de la tarde. Finalmente Puigdemont apareció a las cinco, pero con un discurso completamente distinto del de la mañana: no tenía suficientes “garantías” para organizar unos comicios autonómicos. “No he obtenido una respuesta responsable por parte del PP”, recalca el president. Ningún conseller de ERC acudió a escuchar en persona al president.

Entre la reunión con los diputados de la mañana y la comparecencia de la tarde existieron llamadas entre el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Rius, y el de Mariano Rajoy, Jorge Moragas. No fructificaron. El president interpretó que sus cuatro exigencias —retirar el 155, liberar a Sànchez y Cuixart, embridar al fiscal Maza y retirar el despliegue policial extraordinario en Catalunya— no se cumplían. Pese a que dirigentes del PSC y del PSOE quisieron interceder para dejar claro que la intervención de la autonomía pasaría el trámite en el Senado pero no se aplicaría, el máximo dirigente catalán no lo vio claro. Y se dirigió con su guardia pretoriana hacia el Parlament, donde estaba previsto que empezara un pleno a las seis de la tarde para validar el mandato del 1-O.

El president prefirió no intervenir y dejó que los grupos parlamentarios debatieran mientras él escuchaba. Entre bastidores, estuvo sobre la mesa que Puigdemont cesara a todo el Govern para salvarlo de las consecuencias legales de la proclamación y para provocar, de facto, nuevas elecciones, pero se acabó descartando. No fue un pleno agradable: en el futuro más inmediato ya aparecía la declaración de independencia. Junts pel Sí y la CUP aprovecharon parte de la noche para perfilar la propuesta de resolución que equivalía al inicio —simbólico— del Estado catalán.

Se trataba de un texto que se registró en el Parlament pasadas las once de la mañana del 27 de octubre y que bebía de un documento que los miembros del Govern y de la mayoría parlamentaria ya habían firmado 17 días antes —sin que se publicara en ningún boletín oficial—, cuando se decidió la suspensión formal de la declaración de independencia. El texto se aprobó a través del voto secreto y se llamó uno por uno a los diputados. Los representantes de PSC, PP y Ciudadanos ya no estaban en el hemiciclo en señal de protesta.

Después de la declaración, la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, suspendió el pleno. Abrazos en los pasillos. “¡Lo hemos conseguido!”, clamaron los centenares de alcaldes que, vara en mano, siguieron la proclamación simbólica de la independencia. Todos ellos se reunieron delante del despacho de Puigdemont, en las escaleras nobles del Parlament, para escuchar los discursos del president y de Junqueras. “Ahora toca defenderla”, señaló el máximo dirigente del país en relación con la República.

No hubo ningún gesto simbólico de retirada de banderas españolas, pero sí entusiasmo. Y también una percepción general de haber entrado —ahora sí— en una dimensión desconocida de consecuencias imprevisibles. A la misma hora, en el Senado, Rajoy recibió el aval para llevar a cabo todas las medidas amparadas por el 155.

Puigdemont y los consellers se reunieron esa misma tarde en el Palau de la Generalitat. Se tomó un acuerdo solidario: no desplegar el nuevo marco republicano —ya redactado, con 41 decretos ley incluidos— para evitar la respuesta del Estado. Poco después, en la Moncloa, el presidente del Gobierno español anunció el cese de todos los miembros del Ejecutivo catalán y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. El centro de gravedad de la política estaba a punto de desplazarse a Bruselas, a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo y a las prisiones de Estremera y Alcalá-Meco. El choque institucional, largamente anunciado, había llegado a su máxima expresión. Así fue tras 27 días que nunca se borrarán de la historia del país.

CAPÍTULO 2

EN BUSCA DEL ENCAJE LEGAL

“Carles Puigdemont es un hombre tozudo. Es posible que sin él no hubiéramos llegado hasta aquí. Para lo malo, pero también para lo bueno”. El diagnóstico es de un alto dirigente del PDeCAT que ha vivido la legislatura desde una posición privilegiada. Sin el carácter de Puigdemont, es muy posible que el referéndum no hubiera sido introducido en la hoja de ruta de un independentismo que, después de las elecciones del 27 de septiembre del 2015, buscaba cómo concretar su programa de desconexión sin haber sobrepasado en las urnas el 50% de los votos.

Puigdemont, pese a la oposición de buena parte de su partido, apostó todas las fichas al referéndum. Lo hizo sabiendo que, en algunos departamentos de la Generalitat, se respondió negativamente a los cuestionarios que Presidència había repartido para evaluar hasta qué punto la administración estaba preparada para una consulta vinculante. Contó con aliados —la CUP, Demòcrates de Catalunya, la ANC y Òmnium Cultural—, pero en última instancia fue él quien tomó la decisión. Había que volver al referéndum, una fórmula que también permitía seducir al espacio de los “comunes” de Ada Colau.

El camino para encontrar el encaje legal a la consulta fue tortuoso. A las reticencias de parte de las conselleries se sumaron los impedimentos generados por la actitud de bloqueo del Estado, que en ningún momento quiso dialogar. En el momento de apostar por la votación unilateral, constatado el fracaso del referéndum pactado, emergieron todas las dudas y todos los conflictos larvados: cinco miembros del Govern acabaron saltando del barco porque no querían participar de una estrategia que no les complacía y que les podía acarrear consecuencias judiciales.

“No podemos olvidar que la improvisación ha sido uno de los denominadores comunes de la legislatura, y algunos no lo veíamos claro”, mantiene un alto cargo consultado. Pese a ello, Puigdemont siguió adelante. No fue sencillo: preservar la unidad era practicar un equilibrismo constante, pero el contexto le obligaba a no caer. “Y hay algo muy relevante: nadie quería ser el primero en bajar del barco”, mantiene un miembro de la cúpula del PDeCAT. La pugna soterrada entre la antigua Convergència y ERC fue una constante de la legislatura pasada, con cruces de declaraciones —siempre en privado— que acabaron desembocando en un enfrentamiento público por la investidura del president después de las elecciones del 21-D, convocadas por Mariano Rajoy.

Buena parte de aquellas tensiones privadas se hicieron fuertes durante los meses previos al 1-O. ERC interpreta que el partido, con Oriol Junqueras al frente, hizo de todo para estar al lado de Puigdemont. “Si no, el PDeCAT lo hubiera dejado solo”, observan en la sala de máquinas republicana. Una decena de fuentes consultadas ratifican que hubo reuniones secretas de los consellers de la antigua Convergència en las que se pactó pedir al president que reformulara la estrategia y que dejara de confiar más en el Estado Mayor del proceso, un sanedrín externo que definía los pasos hacia el 1-O, que en su entorno gubernamental.

Este Estado Mayor, creado en abril, manejaba mucha más información que los miembros del Consell Executiu. El sanedrín tuvo los detalles de la ley del referéndum antes que los consellers y fue decisivo en la aprobación de la ley de transitoriedad —que no debía entrar en vigor hasta después de la votación— en el Parlament, pese a la opinión contraria de parte del independentismo. Sus reuniones no eran siempre agradables: al president no le gustaba que Junqueras “se limitara a resumir las posiciones de todo el mundo” y se le podía notar el malestar en la cara.

La relación entre los dos líderes ha sido peculiar, propia de dos personas que saben que se necesitan pese a conocer de primera mano que sus respectivos partidos se están jugando la hegemonía dentro del soberanismo. Llegaron juntos al referéndum pese a las acusaciones que hacía el PDeCAT sobre Junqueras —“no está haciendo nada del operativo”— y las quejas de ERC sobre los nacionalistas, a quienes no veían del todo implicados en el 1-O ni en la independencia.

El proceso hasta la votación estuvo protagonizado por informes, crisis de gobierno, acusaciones cruzadas de deslealtad, reuniones intempestivas, presiones de la CUP para acelerar, avisos del Tribunal Constitucional y una sensación de no acabar de controlar el relato. Lo resume un alto cargo: “Hasta el 1-O había un plan, y fuimos trampeando. El problema es que nadie contaba con que la cosa saldría más o menos bien. Aquí fue donde nos perdimos”. Sobre el papel, eso sí, el camino hasta el referéndum estaba trazado. Multitud de altos cargos estuvieron implicados en él.

Los arquitectos

Carles Viver Pi-Sunyer es un hombre cartesiano, metódico, disciplinado. Conoce los entresijos de las leyes del Estado —fue vicepresidente del Tribunal Constitucional— y en los últimos años se ha dedicado, desde su despacho en el Palau de la Generalitat, a dibujar sobre el papel cómo debe ser una Catalunya independiente. Su salto a primera fila se produjo cuando Artur Mas le nombró presidente del llamado Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), un órgano creado en 2013 que tenía como objetivo redactar un libro blanco sobre el tránsito hacia el Estado catalán. La mano de Viver Pi-Sunyer se puede apreciar en las dos leyes más importantes de la legislatura pasada: la del referéndum y la de transitoriedad jurídica. Se aprobaron los días 6 y 7 de septiembre tras dos sesiones extenuantes en el Parlament, pero su origen se encuentra años atrás. El procés ha tenido un alto grado de improvisación, pero nunca se ha querido apartar de un precepto fundamental fijado en 2012: el principio de legalidad.

“Todo lo que hagamos se ajustará a la legalidad”, sostenía Mas en el momento del giro soberanista, en el último trimestre del 2012. “Iremos de la ley a la ley”, han repetido hasta la saciedad altos cargos del independentismo todos estos años. La primera prueba concreta de ello se pudo observar en los meses previos a la consulta del 9-N del 2014. El Parlament puso en marcha la maquinaria para aprobar una ley de consultas populares no referendarias que fue tumbada a los pocos días por el Tribunal Constitucional (TC). El binomio formado por la cámara catalana y el TC ha sido inseparable en todos estos años, siguiendo siempre este esquema: aprobación de una ley en el Parlament, recurso inmediato del Gobierno español, admisión a trámite del recurso por parte del TC y suspensión de la nueva norma.

Una de las obsesiones de la Generalitat, aun sabiendo que la Moncloa y el TC no dejarían pasar ni una, ha sido la de concretar el encaje legal del procés en numerosos informes, algunos públicos y otros que nunca han visto la luz. El CATN, por ejemplo, fue el encargado de construir el marco normativo del 9-N, pero también de fijar los cauces de una transición hacia el Estado catalán teniendo en cuenta, incluso, el escenario de choque con el Estado español. Este consejo asesor fue finalmente tumbado por el TC y, para la legislatura pasada, ya con Carles Puigdemont en el Palau de la Generalitat, se puso en marcha un nuevo mecanismo para planificar el marco legal de la desconexión.

Pi-Sunyer, al frente del Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA), debía sumar sus esfuerzos con la Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern, liderada por el catedrático Josep Maria Reniu y dependiente del departamento de Vicepresidència de Oriol Junqueras. El nuevo organigrama de la transición nacional implicó la creación de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern, comandada por Víctor Cullell, un joven valor del PDeCAT que terminó la legislatura como secretario del Ejecutivo de Puigdemont. La cuarta pata gubernamental de la desconexión la formaba una comisión interdepartamental entre Presidència y Vicepresidència, que internamente se conocía como CIDA, siglas que corresponden a la Comissió Interdepartamental de Desenvolupament de l’Autogovern.

Estos son los nombres de cada organismo y también las personas que lo lideraban. ¿En qué se concretó exactamente su trabajo? Viver Pi-Sunyer, por ejemplo, era el encargado de ir conselleria por conselleria a fiscalizar qué avances había en las estructuras de Estado previstas en la hoja de ruta gubernamental. Esta tarea se empezó a llevar a cabo semanas después de la toma de posesión de Puigdemont como president, y continuó a lo largo de toda la legislatura. El procedimiento habitual era que el exvicepresidente del TC se reuniera con el número dos de cada departamento —o con asesores especiales— para pasar revista a todos los avances y hacer recomendaciones específicas.

Uno de los aspectos clave que se trataban en estas reuniones era el protocolo de seguridad para las dos semanas posteriores a la independencia, según fuentes conocedoras de las conversaciones. “No tiene que haber ningún vacío legal”, resaltaban, de forma especialmente discreta, los responsables de tejer la desconexión. De puertas para adentro, en el Govern se fijaba en 20.000 millones de euros la provisión económica necesaria para hacer frente al primer año del Estado catalán, aunque la cifra podía crecer en caso de choque con el Gobierno español. Los planes se elaboraban discretamente, pero algunos líderes de opinión los conocían. De vez en cuando se les citaba en la Generalitat con el compromiso, eso sí, de mantener el off the record.

Si se explicaron los planes a un grupo muy selecto de periodistas es porque el Ejecutivo de Puigdemont quería responder a una pregunta que sobrevolaba el bloque independentista: ¿estará todo preparado cuando llegue el momento? La seguridad, las fronteras y el abastecimiento energético eran algunas de las prioridades que fijaba el CATN en los informes, y es por ello que el Govern les dio máximo prioridad. En el caso de la creación de un ejército, por ejemplo, se contemplaban dos alternativas: poner en marcha una guardia nacional o ampliar las competencias de los Mossos d’Esquadra. Buena parte de las decisiones incluidas en el llamado Llibre Blanc de la Transició Nacional estaban condicionadas no solo a la actitud del Estado, sino también al debate sobre una hipotética constitución catalana, un texto que debía especificar los mimbres de una Catalunya independiente.

La llamada de Puigdemont

Mientras Viver Pi-Sunyer coordinaba la desconexión, en abril del 2016, recibió una llamada de Puigdemont. El resultado electoral de los comicios celebrados siete meses antes había otorgado a los independentistas una victoria amplia en escaños sin llegar al 50% de los votos, y el president quería saber qué mecanismos podía poner en marcha el Govern para validar de nuevo en las urnas los pasos hacia la independencia. Así que se puso en contacto con el exvicepresidente del TC para elaborar un informe sobre la celebración de un hipotético referéndum. El encargo se mantuvo en privado hasta que el propio Pi-Sunyer lo detalló en una comparecencia parlamentaria el 14 de diciembre del 2016. La primera y la última que dio explicaciones durante la legislatura.

Puigdemont, en esencia, quería saber si una votación sobre la independencia que fuera más allá de los términos del 9-N —una consulta sin valor jurídico— podría tener encaje legal dentro de la Constitución. En una cena privada en mayo del 2016, coincidiendo con un viaje a Bruselas, el primero de su mandato, el president puso encima de la mesa una posibilidad: que el Gobierno español propusiera una reforma constitucional para resolver el conflicto territorial y que, en caso de que en Catalunya ganara el no, se pusiera en marcha una negociación sobre la independencia. Desde que el llamado referéndum unilateral de independencia (RUI) se puso en circulación, Puigdemont lo recibió con los brazos abiertos. No todos dentro del PDeCAT pensaban lo mismo.

Cuando la CUP tumbó los primeros presupuestos elaborados por Oriol Junqueras, vicepresidente económico y líder de ERC, el president decidió someterse a una cuestión de confianza. Para superarla tuvo que negociar con los anticapitalistas, que ya habían mostrado públicamente su preferencia por el RUI. A lo largo del verano del 2016, mientras el país estaba pendiente de la repetición de las elecciones generales que encumbraron de nuevo a Mariano Rajoy, los informes sobre el referéndum ya paseaban por los despachos de Presidència. El nuevo giro en la hoja de ruta era la posibilidad de Puigdemont para dejar su huella en la legislatura y, de paso, dilucidar las mayorías en Catalunya sobre la independencia. Así se lo aconsejó, de hecho, un núcleo reducido de asesores.

El primer escollo que se encontró el president llegó por parte de su predecesor, Artur Mas. El líder del PDeCAT, ese mismo mes de julio, trasladó a Puigdemont que la propuesta de referéndum vinculante —en el Palau de la Generalitat siempre se optó por este adjetivo y se intentó aparcar el término unilateral— era inviable. “¿Qué sentido tiene volver a repetir el 9-N?”, se preguntaba un amplio sector de dirigentes veteranos de la antigua Convergència, entre quienes estaba Francesc Homs, en aquel momento jefe de filas del PDeCAT en el Congreso de los Diputados y uno de los principales lugartenientes de Mas en el Govern y en el partido.

Pese a las dudas de su partido, Puigdemont quiso seguir adelante y plantear respuestas documentadas a todas las objeciones que se le planteaban. Encargó nuevos informes a Viver Pi-Sunyer y a Josep Maria Reniu. Todo el operativo se llevó a cabo con mucha discreción, y los responsables de la desconexión se apresuraron a hablar con los departamentos más sensibles para la celebración del referéndum. Se trataba, por ejemplo, de Governació e Interior, ambos en manos del PDeCAT, y ambos en manos de consellers (Meritxell Borràs y Jordi Jané) que pusieron objeciones a la apuesta por la consulta vinculante en reuniones internas del Ejecutivo.

Uno de los puntos clave de los informes elaborados por Viver Pi-Sunyer y Reniu se basaba en la protección de los funcionarios: la Generalitat no quería poner en riesgo a los trabajadores públicos que colaboraran con la maquinaria de la votación. Los arquitectos de la desconexión se citaron directamente con los secretarios generales de cada conselleria para resolver dudas, y así se fue tejiendo la apuesta por el referéndum. El visto bueno definitivo se consiguió en la reunión del Govern del 20 de septiembre del 2016, una semana antes de la cuestión de confianza. Unos días antes, en una reunión en el Palau de la Generalitat, Puigdemont dejó claro a las diputadas Anna Gabriel y Mireia Boya, de la CUP, que si dependía exclusivamente de él, podían considerar hecha la apuesta por la consulta vinculante.

“La resolución de la demanda catalana se hará de la siguiente manera: referéndum o referéndum”, proclamó el president en sede parlamentaria el 28 de septiembre. En su discurso, aprovechó para encargar oficialmente al vicepresidente Junqueras y al conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, el grueso de la parte técnica de la votación. Una de las versiones que circularon en las semanas siguientes sobre el encargo defendía que los interesados, Junqueras y Romeva, se enteraron en ese mismo instante de las tareas asignadas.

En el seno de la antigua Convergència se celebró que el líder de ERC y el conseller d’Exteriors fueran los encargados de llevar a cabo la maquinaria del referéndum. “Ya era hora de que pringaran. Algunos ponemos las imputaciones y otros se llevan los votos”, se podía escuchar esos días en los pasillos del Parlament. En aquel momento ya se esperaba el juicio por el 9-N, que implicaba a Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. Los cuatro acabaron siendo inhabilitados y el Tribunal de Cuentas ya ha procedido a embargar sus propiedades por el coste de la consulta de 2014.

La hoja de ruta hacia la votación anunciada por Puigdemont se puso en marcha en el debate de política general que se celebró al cabo de una semana en el Parlament. El president impulsó la creación del Pacte Nacional pel Referéndum, al mando del cual se situó una comisión ejecutiva liderada por Joan Ignasi Elena, exdirigente del PSC ahora situado en el bando soberanista. La primera reunión se celebró el 23 de diciembre del 2016 en el Parlament a última hora de la tarde para contar con la presencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, abanderada de la consulta legal y acordada, a quien el independentismo intenta seducir —sin éxito— desde hace tiempo.

Elena y el resto de responsables del Pacte se pusieron manos a la obra para recabar firmas a favor del referéndum pactado con el Estado. El problema, previsible, era que en la Moncloa nadie quería hablar del tema. Puigdemont le planteó la reclamación a Rajoy en un almuerzo en Madrid el 11 de enero de 2017, la última reunión oficial que han mantenido los dos dirigentes, pero se encontró a un presidente español cerrado en banda. “Ni quiero, ni puedo”, le dijo en este encuentro. Rajoy, a lo largo de todos estos meses, ha considerado que el diálogo ofrecido por Puigdemont para abordar el referéndum no ha sido más que un “chantaje”. Lo cierto es que el president le puso encima de la mesa otras demandas (45, concretamente) de las cuales solo los accesos viarios y ferroviarios al Port de Barcelona se han desbloqueado. Y, de momento, parcialmente.

Es en este contexto que el Pacte Nacional pel Referèndum intentó conseguir un cambio de opinión en Catalunya —donde la idea de la consulta vinculante se dio por descartada después de las elecciones plebiscitarias del 2015, tildándola en ocasiones de “pantalla pasada”— y en España, donde solo Podemos compraba la idea. Elena no fue capaz de reunirse con ningún representante de la Moncloa ni del PP cuando se desplazó al Congreso de los Diputados. Por Sant Jordi, el Pacte organizó una recogida de firmas multitudinaria y, a finales de mayo del 2017, convocó a todas las entidades que lo formaban a un acto simbólico en el Palau de Congressos de Catalunya.

Allí, los responsables del Pacte Nacional pel Referèndum entregaron las firmas al Govern, para que el capital conseguido sirviera para hacer recapacitar a los representantes políticos españoles. Al cabo de pocos días, Puigdemont, Junqueras y Romeva se desplazaron a Madrid —en enero ya se habían explicado en Bruselas— para dar una conferencia que supuso el last call de la Generalitat antes de emprender la vía unilateral. “El referéndum es democráticamente inviolable”, dijo aquel 22 de mayo Puigdemont desde una sala cedida por el Ayuntamiento de Madrid en Cibeles. Si Rajoy no quería pactar los términos de una consulta, sostuvo el president, tarde o temprano debería sentarse a hablar de las bases de la transición hacia un hipotético Estado catalán.

Todos los avisos fueron soslayados por el presidente del Gobierno español, escudado en la Constitución y en las acciones judiciales para frenar el proceso. En aquel momento, Rajoy ya sabía que los principales dirigentes del Govern habían firmado (el 21 de abril) un compromiso para “organizar, convocar y celebrar” un referéndum, en el marco legal que fuera, pero confiaba en que no se atreverían a culminar el desafío. Lo cierto es que, en el momento en que Puigdemont, Junqueras y Romeva fueron a Madrid, los principales dirigentes independentistas ya tenían claro que el camino unilateral para celebrar la consulta vinculante estaba a punto de empezar. Todos los actores, de hecho, acordaron en privado que la vía pactada caducaría cuando acabara el mes de mayo del 2017.

Es en este contexto en el que hay que enmarcar la prisa que se dio el Govern para poner fecha y pregunta a la votación después del enésimo portazo de la Moncloa al derecho a decidir. Puigdemont trató personalmente el contenido de la consulta con los dirigentes de la CUP, algunos de los cuales —es el caso de Quim Arrufat, exdiputado anticapitalista y portavoz del secretariado nacional— conocían la pregunta más de un mes antes de que se hiciera pública.

Un acto solemne en el Palau de la Generalitat organizado el 9 de junio sirvió para consumar el planteamiento del referéndum: “¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado independiente en forma de República?”. La fecha, 1 de octubre, entraba dentro del pacto que sellaron meses atrás los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, según el cual la votación se debía celebrar la segunda quincena del mes de septiembre. El día 1 de octubre era domingo, así que cuadraba con el calendario votado en el Parlament. Ya solo quedaban los dos aspectos más difíciles de la votación: dotarla de un marco legal adecuado y llevarla a cabo.

‘Como siempre’, pero no del todo

Con la pregunta fijada y los trámites administrativos a punto para acometer la fase final del referéndum, podía parecer que el camino ya era cuesta abajo. Pero no fue así, ni mucho menos. La fase de concreciones sobre el referéndum se vio enturbiada por las dudas expresadas en público por parte de Jordi Baiget, conseller d’Empresa i Coneixement, en el diario El Punt Avui. Era el 3 de julio del 2017 y, al día siguiente, los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP habían reservado el auditorio del Parlament para explicar los detalles de la ley del referéndum, que se estaba cocinando desde hacía meses y cuyo contenido se guardaba bajo llave.

Baiget dijo que “probablemente” la votación no se podría llevar a cabo, un posicionamiento que dentro del PDeCAT no era ni mucho menos minoritario, pero que nadie se había atrevido a verbalizar, y su ataque de sinceridad le costó el puesto. Puigdemont lo citó aquella misma noche y le comunicó que prescindía de sus servicios. “Una decisión desproporcionada”, se quejaba amargamente aquella misma noche la dirección del partido, que pocas horas antes había cerrado filas con el ya exconseller.

El nombre de Baiget no era uno cualquiera. Mas lo tenía como uno de sus principales colaboradores en su etapa como presidente y, de hecho, diseñaron juntos las (nonatas) elecciones que el expresident planeaba convocar antes de dar un paso atrás (como le pedía la CUP) y confiar en Puigdemont para dar salida al mandato del 27 de septiembre del 2015. Hombre de larga trayectoria convergente, pragmático, más técnico que político, Baiget se convirtió fugazmente en protagonista. El acto en el auditorio del Parlament para dar a conocer la norma del referéndum y la cita posterior programada en el Teatre Nacional de Catalunya (alquilado por Junts pel Sí) para proyectar garantías de la votación ante la sociedad catalana le apartaron rápidamente del foco.

Aquel 4 de julio fue un día especialmente movido. A las 9:30, en el Palau de la Generalitat, Santi Vila, hasta aquel momento conseller de Cultura, tomaba posesión como titular de Empresa i Coneixement en sustitución de Baiget. Y, a las 12:30, la plana mayor del soberanismo se daba cita en el auditorio del Parlament para conocer todos los detalles de la ley del referéndum. “Esta norma representa la respuesta democrática a la frustración generada a raíz del último intento promovido por una mayoría muy amplia de esta cámara para garantizar al pueblo de Catalunya el pleno reconocimiento, la representación y la participación en la vida política, social, económica y cultural del Estado español sin ningún tipo de discriminación”, sostiene el preámbulo.

La ley defiende que la consulta vinculante viene motivada por la confluencia entre “la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional” del pueblo catalán, “solo interrumpida a lo largo de los siglos por la fuerza de las armas”. El derecho a la autodeterminación, mantienen los impulsores de la norma (los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP), se enmarca en la legislación y jurisprudencia internacionales y en los principios de “soberanía popular y respeto a los derechos humanos”.

Esta última parte es muy relevante a la hora de entender el encaje que el Govern y sus socios pretendían encontrar a la ley del referéndum. Según relataba en su momento uno de los consellers con más experiencia política del Ejecutivo, Josep Rull, la clave para sumar respaldos internacionales era agotar las vías del “derecho interno” —la Constitución— para luego enmarcar la consulta vinculante en los tratados internacionales firmados por España. Es en este contexto en el que hay que situar las menciones que se hacen de los pactos sobre Derechos Civiles Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas en diciembre de 1966 y que fueron ratificados por España en 1977. Concretamente, fueron publicados en el BOE el 30 de abril de ese año, como se encarga de recordar el primer párrafo de la ley del referéndum.

“La Constitución española de 1978 determina, en el artículo 96, que los tratados internacionales ratificados por España forman parte de su ordenamiento interno, y en el artículo 10.2 establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades públicas se interpretarán de acuerdo con los tratados internacionales aplicables en esta materia”, recuerda la ley. ¿Por qué esta cita? El artículo 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia “establecen entre sus propósitos fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de autodeterminación de los pueblos”. En resumen: el derecho a la autodeterminación está recogido en la Carta de las Naciones Unidas y el Estado español, en el momento en que la firma y la enmarca dentro de su ordenamiento legal vigente, lo reconoce.

Este es el principal argumento del soberanismo para encajar la consulta dentro de la legalidad, aunque la interpretación del sistema político español sea diametralmente opuesta. Lo que más escándalo generó en los partidos de la oposición fue el artículo 3.2: “Esta ley establece un régimen jurídico excepcional destinado a regular y a garantizar el referéndum de autodeterminación de Catalunya. Prevalece jerárquicamente por encima de todas las normas que puedan entrar en conflicto con ella, en tanto que regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Catalunya”. Ciudadanos, PSC y PP interpretaron que este precepto “se cargaba” el Estatut, aprobado en referéndum en 2006 y recortado por el Constitucional en 2010.

Los encargados de exponer los detalles de la norma fueron Jordi Turull, Marta Rovira, Jordi Orobitg y Lluís Corominas, por parte de Junts pel Sí; y Benet Salellas, Anna Gabriel, Gabriela Serra y Joan Garriga, por parte de la CUP. En un primer momento, la ley del referéndum era el séptimo apartado de la llamada ley de transitoriedad jurídica, pero finalmente se acabaron presentando por separado. Los responsables del procés entendieron que era mejor una norma específica en la medida en que sería más homologable a nivel internacional; mientras que la ley de transitoriedad, que fija, como se detalla más adelante, los primeros pasos del Estado catalán, debía entrar en vigor solamente en caso de victoria del sí.

Una victoria, por cierto, que ya se tenía en cuenta en el cuerpo jurídico de la ley del referéndum: “Si en el recuento de votos válidamente emitidos hay más de afirmativos que de negativos, el resultado implica la independencia de Catalunya. A tal efecto, el Parlament, dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por parte de la Sindicatura Electoral [organismo de nueva creación que vela por la organización del 1-O], celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Catalunya, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente”. A pelota pasada, dirigentes del PDeCAT han criticado la inclusión de esta cláusula: “Nos ponía la soga en el cuello y nos obligó a improvisar”.

Este artículo, el 4.4 de la norma, tuvo una importancia determinante más adelante, entre el 1 y el 27 de octubre, cuando el Parlament formalizó la declaración de independencia sin llegar a desplegar sus efectos. El debate, durante estos 27 días, se basó en si “aplicar la ley” (la del referéndum) o convocar elecciones autonómicas. Pero para llegar a esta disyuntiva aún quedaban meses, y el independentismo pasó aquel mes de julio intentando proyectar garantías sobre una votación que despertaba muchas dudas.

Y si las despertaba era porque, pese a haber hecho público el texto de la ley, había inconcreciones encima de la mesa. ¿Cómo se iba a hacer el censo? ¿Quién era el encargado de convocar la votación? ¿Cómo se conseguiría que los Mossos d’Esquadra y las instancias judiciales acataran la norma catalana, que entraba directamente en conflicto con el ordenamiento jurídico estatal? ¿Habría un régimen sancionador para aquellos funcionarios o alcaldes que se negaran a colaborar con la arquitectura del 1-O? ¿Qué personal se pondría a las órdenes de la Sindicatura Electoral? ¿Se fijaría un mínimo de participación? Son solo algunas de las cuestiones que sobrevolaron el acto que se celebró en el Teatre Nacional de Catalunya pocas horas después de que se desvelase el contenido de la ley del referéndum. Lo organizó el grupo parlamentario de Junts pel Sí, cuyos diputados se sentaron en el escenario para escuchar como sus jefes de filas, Jordi Turull y Marta Rovira, explicaban algunos detalles sobre el funcionamiento de la votación. Aclarecieron, por ejemplo, que cada catalán en edad de votar recibiría una “tarjeta censal” en su casa, como en todas las convocatorias electorales previas.

El mensaje que se quería proyectar es que se votaría “como siempre”. Una fórmula, pese a su contundencia, que iba acompañada de salvedades: esta vez habría una Sindicatura Electoral en vez de una Junta Electoral Central, y había que tener en cuenta que el Estado “combatiría” la organización del referéndum. La presencia de observadores internacionales también constituía una novedad. La Generalitat y los partidos se activaron a partir del segundo semestre del año para recabar apoyos parlamentarios en varios países europeos —es el caso de Dinamarca, por ejemplo, donde Puigdemont viajó como president a finales de agosto— y para conseguir que se desplazara una misión internacional de observación para el 1-O.

A falta de más concreciones, Puigdemont y Junqueras cerraron el acto del Teatre Nacional con discursos más políticos que técnicos. “Los dos aspectos clave del referéndum son la participación y el resultado. Esto depende de la gente y no del Estado”, recalcaba el president. “España está obligada a amparar la votación”, insistió el vicepresident, que denunció las acciones de las “cloacas del Estado” para frenar el proceso. Por aquel entonces, el diputado y académico Germà Bel, hábil polemista, ya vaticinaba que la Moncloa haría “terrorismo electoral” para frenar el 1-O.

La primera amenaza que tuvo que sortear la ley del referéndum y la recta final hacia la votación no vino, precisamente, de Madrid. Una crisis de gobierno de grandes dimensiones se cernía sobre la Generalitat.

Turbulencias, salidas y recambios

Con la norma del 1-O recién presentada, el PDeCAT celebró un consejo nacional extraordinario para conmemorar su primer año de vida. Era el 8 de julio y, en la reunión de la dirección previa al acto público celebrado en el auditorio de la Illa Diagonal de Barcelona, los dirigentes del partido quisieron cerrar filas y pedir unidad después del abrupto adiós del conseller Jordi Baiget. A nadie se le pasó por alto que aquel día hubo una ausencia destacada: Neus Munté, consellera de la Presidència, portavoz del Govern y vicepresidenta del PDeCAT, que no se presentó a la celebración.

El día antes, según varios dirigentes consultados, Munté se había mostrado muy crítica con el rumbo del proceso hacia el referéndum. “Entró en una espiral de negatividad” en una reunión con la plana mayor del PDeCAT —Artur Mas, Marta Pascal y David Bonvehí—, sostienen los conocedores de la situación, que amenazaba con deteriorar aún más su relación con Puigdemont. Una relación, por cierto, que quedó muy dañada cuando no fue informada de la reunión que mantuvo el president con Rajoy en la Moncloa el 11 de enero de 2017 y que ella, como portavoz del Govern, se encargó de desmentir. El problema llegó cuando a la mañana siguiente tuvo que almorzar con la portada de La Vanguardia recopilando los detalles de una cita que ella había negado.

Munté no era la única que veía con dudas la manera en la que Puigdemont estaba gestionando la recta final hacia el 1-O. Los consellers Jordi Jané (Interior), Meritxell Ruiz (Ensenyament) y Joan Vidal de Ciurana (ex jefe de gabinete de Mas y secretario del Ejecutivo desde inicios de 2016) también cuestionaban la estrategia. Incluso llegan a abordar la situación en una reunión a la que también acudieron Marta Pascal y el conseller Santi Vila. “De ahí sale la convicción de plantear un pulso al president”, recalca un buen conocedor de la situación. Una de las versiones del encuentro insiste en que Vila le fue a contar a Puigdemont las intenciones de sus compañeros de gabinete. El resto ya es historia: el líder independentista decidió prescindir de Munté, Ruiz, Jané y Vidal de Ciurana después de una semana frenética de contactos en el Parlament. Y Vila, de paso, acabó jurando fidelidad (al menos momentáneamente) al president.

Aquella crisis de Govern tuvo un componente inédito: fue el diario El País, a través de crónicas firmadas desde Madrid por el periodista Javier Casqueiro, quien avanzó con días de antelación los movimientos de piezas que haría Puigdemont. Los clavó prácticamente todos, teniendo en cuenta que acertó en la incorporación de Jordi Turull (por entonces presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí) y de Joaquim Forn (hombre fuerte del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona) al Ejecutivo. Sectores del Ejecutivo mantienen que Munté fue la fuente que cantó los cambios.

El president acabó de cerrar las modificaciones en una cena en Palau con Mas y Pascal el jueves 13 de julio. Se quedó a dormir en la Casa dels Canonges, la residencia oficial del president de la Generalitat, y a primera hora de la mañana se reunió con Junqueras para acabar de concretar las incorporaciones en el Govern. Turull se quedó con el departamento de Presidencia que dejó Munté; Forn relevó a Jordi Jané, cuyo entorno matiza que había pactado su salida con Puidgemont semanas atrás; y Clara Ponsatí, catedrática en Escocia, asumía la plaza en Ensenyament que dejó libre Meritxell Ruiz. Para la plaza de secretario del Govern, la persona escogida fue Víctor Cullell, uno de los arquitectos de la desconexión, que relevó a Joan Vidal de Ciurana. El ex jefe de gabinete de Mas mantenía una mala relación con Puigdemont, que le acusaba de poner trabas a procesos administrativos relacionados con el 1-O.

El PDeCAT no se tomó muy bien los cambios, aunque participó activamente en ellos. “Tenemos a un presidente con esquerranitis”, decía un alto cargo del partido justo después de que los nuevos consellers tomaran posesión en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Al partido de Mas y Pascal no le gustó nada que Puigdemont no cesara a ningún conseller de ERC. Hasta el último momento se especuló con la salida de algún dirigente republicano —el nombre de Toni Comín, titular de Salut, llegó a estar encima de la mesa—, pero finalmente se desestimó.

Los republicanos aprovecharon que se cocía la crisis de Govern para avanzar, a media semana, que pedirían las competencias para comprar las urnas del referéndum. Así lo anunciaron el 12 de julio, un miércoles, Junqueras y Romeva en los pasillos del Parlament. Y lo cierto es que los cambios en el Ejecutivo no se limitaron tan solo a los nombres: también se optó por rediseñar el núcleo reducido del Govern que se encargaría de liderar el 1-O. Se creó un nuevo órgano colegiado con la presencia de Puigdemont, su vicepresidente, Josep Maria Jové (número dos de Junqueras) y el nuevo secretario del Ejecutivo, Víctor Cullell. Jové, detenido el 20 de septiembre por la Guardia Civil, es reconocido como el cerebro institucional del referéndum por todas las fuentes.

Ahora sí, la Generalitat podía emprender sin fisuras aparentes la hoja de ruta destinada a votar el 1-O. La proposición de ley del referéndum se registró en el Parlament el 31 de julio, justo antes de las vacaciones. La norma de transitoriedad se dejó para finales del mes siguiente. Aún no estaba estipulado, eso sí, en qué momento se iban a aprobar en la cámara catalana.

El encaje de la transición

La ley de transitoriedad lleva el sello personal de Carles Viver Pi-Sunyer, el presidente del Institut d’Estudis Autonòmics (IEA) a quien Puigdemont encargó personalmente los informes necesarios para el encaje legal del referéndum. En la campaña electoral del 2016, Viver Pi-Sunyer fue el encargado de explicar la hoja de ruta de Junts pel Sí, que incluía la aprobación de la norma transicional y una declaración de independencia. En ese momento, el cuerpo jurídico de la desconexión ya estaba definido, pero Junts pel Sí y la CUP lo trabajaron hasta el 28 de agosto del 2017.

Los encargados de presentar el texto fueron Lluís Corominas y Jordi Orobitg, por parte del grupo mayoritario de la cámara, y Benet Salellas y Gabriela Serra por parte de la CUP. Primero se hizo una presentación pública, sin toda la información, y después un briefing para periodistas en la sala de grupos de la cámara catalana. “Una vez proclamada la independencia de Catalunya, es imprescindible dar forma jurídica, de modo transitorio, a los elementos constitutivos básicos para que inmediatamente pueda empezar a funcionar con la máxima eficacia y, al mismo tiempo, hace falta regular el tránsito del ordenamiento jurídico vigente al que debe ir creando la República [catalana], garantizando que la transición se hará de forma ordenada y gradual y con plena seguridad jurídica; asegurando, en suma, que desde el inicio el nuevo Estado estará sometido al Derecho; que en todo momento será un Estado de derecho”, resume el preámbulo.

El primer artículo es taxativo: “Catalunya se constituye en una República de derecho, democrática y social”. Esta frase ya la conocía el gran público desde el 29 de diciembre del 2016, cuando Junts pel Sí y la CUP informaron del articulado de la norma para demostrar ante el independentismo que el Govern y el Parlament estaban avanzando en la desconexión. La norma tiene siete apartados, que van desde la sucesión de ordenamientos jurídicos hasta el proceso constituyente, pasando por las atribuciones de la presidencia de la Generalitat y el futuro régimen lingüístico.

Uno de los preceptos más observados fue el número nueve. Punto uno: “La atribución de la nacionalidad catalana no exige la renuncia de la nacionalidad española ni de cualquier otra”. Punto dos: “El Govern promoverá, en el tiempo más breve posible, negociaciones con el Estado español para celebrar un tratado en materia de nacionalidad”. Uno de los argumentos que se utilizan con más ahínco desde el flanco constitucionalista es que la independencia conllevará la retirada inmediata de la nacionalidad española y europea, de modo que este artículo pretendía disipar dudas.

Pasó lo mismo con el apartado 24, sobre derechos lingüísticos: “Todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas y a ejercer el derecho de opción en relación con las leguas catalana, occitana y castellana”. “La novedad es que no hay novedad”, resumió de forma lacónica Orobitg, diputado de Junts pel Sí y dirigente de ERC, en la presentación de la norma.

El régimen jurídico estipulado en la ley de transitoriedad incluye la creación de un Tribunal Suprem de Catalunya, que sería la reconversión del actual Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Se dividiría en las mismas salas que el actual Tribunal Supremo español, excepto la sala militar, que desaparecería, así como se crearía la Sala Superior de Garantías. Esta última asumiría las tareas del Tribunal Constitucional como amparo de derechos fundamentales. En todo caso, protegería todos los derechos reconocidos en la ley y en los tratados explicitados, no solo los que protege actualmente el alto tribunal español, que son una minoría. El derecho a la vivienda, por ejemplo, podría ser que fuera exigible legalmente a los tribunales.

Como órganos de gobierno del poder judicial, la norma incluye la creación de dos. Por un lado, la sala de gobierno del Tribunal Supremo, que vendría a ser el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) catalán, que actúa como gobierno de los jueces, que resolverá los destinos de este colectivo, y, a diferencia del CGPJ, estaría formado exclusivamente por jueces. Por otra parte, pondría en marcha la comisión mixta, un espacio para garantizar los “medios materiales” y toda una serie de otras funciones, y estaría formado la mitad por miembros de la sala de gobierno del TS y la otra mitad por miembros del departamento de Justicia. Sea como sea, se permitiría trabajar con igual retribuciones y plazas a los magistrados que actualmente lo hacen en Catalunya, si lo desearan, como en el resto de funcionarios de la administración catalana.

En todo caso, varios elementos quedaban completamente abiertos. Ya sea porque se deberían tratar a fondo durante el proceso constituyente para dejarlos fijados en la futura Constitución catalana o porque dependerían de negociaciones políticas (entre grupos o con el Estado español) o concreciones del Govern a través de decretos. Es el caso de la ley electoral bajo la cual se harían las elecciones constituyentes (que según la hoja de ruta debían celebrarse en marzo de 2018) o los plazos con los cuales la Agència Tributària de Catalunya pasaría a recaudar todos los impuestos de los contribuyentes.

La CUP dejó su impronta en el título octavo, que regula el proceso constituyente, es decir, todos los procedimientos que van desde la proclamación de la independencia hasta la aprobación de una constitución catalana. Tiene tres fases: participación ciudadana, asamblea constituyente y ratificación del texto vía referéndum. En la primera, se crea un Consell Assessor específico por parte del Govern y un Fòrum Social Constituent que recoge los debates que mantengan la sociedad civil y los partidos políticos. En la segunda, el presidente de la República —jefe de estado— disuelve el Parlament y convoca elecciones constituyentes. Los 135 diputados escogidos en las urnas tienen el encargo de definir todos los detalles de la carta magna catalana, que debe tener el apoyo de 3/5 partes de la cámara. El último paso: que la ciudadanía ratifique el texto en un referéndum.

El trabajo legal ya estaba encaminado. Ahora solo quedaba aprobarlo. Para hacerlo se requeriría una auténtica maratón parlamentaria.

Luz verde por agotamiento

En paralelo a las leyes de desconexión, Junts pel Sí y la CUP pusieron en marcha una reforma del reglamento del Parlament que tenía la intención de agilizar al máximo los trámites para aprobar el marco legal de la independencia. Las modificaciones fueron combatidas con esmero por parte de los partidos de la oposición —especialmente PP y Ciudadanos—, que veían cuestionados sus derechos y que llegaron a calificar de “golpe democrático” el nuevo reglamento. Se aprobó a finales de julio después de un debate muy tenso que ya presagiaba qué pasaría a principios de septiembre.

El día 6 empezó el espectáculo. Marta Rovira, portavoz parlamentaria de Junts pel Sí, pidió la palabra nada más empezar el pleno, a las 10:16 de la mañana. Estaba programado que primero se celebrara la sesión de control al president Carles Puigdemont, como es preceptivo cada vez que se reúne el Parlament, pero Junts pel Sí y la CUP pactaron debatir sin más dilación la ley del referéndum. Rovira invocó el artículo 81.3, que dice lo siguiente: “El orden del día del pleno puede ser alterado si este lo acuerda, a propuesta del presidente [del Parlament] o a petición de dos grupos parlamentarios [en este caso, los dos que formaban la mayoría independentista] o de una quinta parte de los miembros de la cámara”. PSC, PP y Ciudadanos se organizaron para impedir que esta vía fuera válida para aprobar una norma tan importante como la que debía regir el 1-O.

A partir de aquí, el caos más absoluto. Reuniones de la junta de portavoces. Reuniones de la mesa del Parlament muy tensas de puertas para adentro. “Rayando el insulto”, recuerdan los que vivieron la situación. Peticiones de reconsideración cada vez que se reunía el pleno. Discusiones acaloradas entre diputados, sonrisas congeladas y aplausos irónicos. Reclamación de dictámenes al Consell de Garanties Estatutàries, un órgano que hace las veces —con muchas menos atribuciones y sin carácter vinculante— de Tribunal Constitucional en clave catalana. Si el pleno de los días 6 y 7 de septiembre hubiera sido un partido de fútbol, el tiempo efectivo de juego habría sido prácticamente nulo.

La pelota estuvo más escondida que en el terreno de juego. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, un tanto superada por los acontecimientos y por la presión a la que fue sometida por parte de la oposición, se vio obligada a convocar cuatro veces reuniones de la mesa de la cámara (su órgano rector) para dilucidar las peticiones de reconsideración que llegaron de Ciudadanos, PP y PSC. Una frase de Forcadell hizo fortuna, por las veces que la repitió: “Senyor Carrizosa, per què em demana la paraula?”. Se refería al portavoz parlamentario del partido naranja, Carlos Carrizosa, que se dedicó a poner todas las trabas reglamentarias posibles al debate. El independentismo acusó a la oposición de estar aplicando el filibusterismo para impedir el encaje legal del referéndum.

“Están actuando como una mayoría absolutista, pisoteando los derechos del resto de diputados y situando a este Parlament fuera de la legalidad”, decía Inés Arrimadas, jefa de la oposición. “No permitiremos que una elite que ha alimentado el discurso del odio rompa el país que hemos construido entre todos”, recalcaba Xavier García Albiol, líder del PP en Catalunya. Los dos intentaron sacar rédito a un hecho muy relevante que sucedía entre bambalinas: el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona, habían advertido por escrito que el procedimiento escogido para aprobar las leyes de desconexión podía incurrir en un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. Los servicios legales de la cámara llevaban meses observando con preocupación cómo se forzaban las leyes para seguir adelante con el proceso, así que en aquel pleno quisieron dejar clara su posición.

Según explicaron en ese momento fuentes del PSC y Catalunya Sí que es Pot (CSQP), las peticiones de los grupos no solo se centraron en el contenido de la ley —Ciudadanos, los socialistas y el PP rechazaron tramitar el texto inicialmente por este motivo, al considerar que desobedecía al TC— o en la vía utilizada para votar la proposición en un solo día, sino que también alegaron que los procedimientos no fueron los adecuados. El secretario general del Parlament, por ejemplo, no puso su firma en el acuerdo para admitir la ley.

De acuerdo con los partidos de la oposición, este hecho debería haber provocado que el trámite se declarara nulo y, por tanto, no se pudiera debatir el texto en el pleno. Sin embargo, los dirigentes de Junts pel Sí aseguraron que la admisión a trámite fue asumida por la coalición y, por ello, reclamaron que se mantuviera la tramitación: “La responsabilidad política es de los grupos y de la mesa”, resaltaron. De hecho, según el artículo 112 del reglamento, al que hicieron referencia los independentistas, “la mesa del Parlamento, tras acordar la admisión a trámite de los proyectos o proposiciones de ley, dispone que se publiquen”, sin citar en ningún momento al secretario general u otro personal de la cámara.

A este hecho, la oposición replicó que, si la mesa tomaba la decisión unilateral de publicar el texto, esta debía hacerlo en una reunión de todos los miembros y que no podía ser una decisión de tan solo los cuatro representantes de Junts pel Sí, a pesar de disponer de mayoría (4 de 7). Este órgano, argumentaron, es colegiado y requiere de la reunión de todos sus miembros, pero Forcadell insistió en que la publicación es automática, según el reglamento, sin necesidad de un acuerdo explícito de toda la mesa, una vez se decide tramitar un texto. Forcadell apuntó en privado que se evitó pedir la firma del secretario general, Xavier Muro, para protegerlo de posibles actuaciones posteriores del TC. No se quería que cargos no políticos sufrieran consecuencias legales.

La jornada discurrió más en los pasillos que en el hemiciclo, que se vaciaba a los cinco minutos de llenarse debido a las peticiones de reconsideración. “No creo que lo de hoy sea un buen ejemplo para la ciudadanía”, señalaba Santi Vila, conseller d’Empresa i Coneixement, en uno de los intervalos que vivió el pleno. “De puertas para adentro, todo fue desagradable. Muy desagradable”, señala un miembro de la mesa del Parlament que ahora está enjuiciado por los trámites de la declaración de independencia. La temperatura en la cámara fue subiendo hasta que, resuelto el embrollo procedimental, se pudo dar inicio al debate sobre el contenido de la ley. Los grupos de la oposición, al contrario de lo que ha denunciado el Gobierno español a lo largo de los últimos meses, sí que pudieron hacer enmiendas a la norma. El periodo de tiempo, eso sí, fue excepcionalmente corto: tan solo un par de horas, en virtud de la reforma del reglamento.

“No hemos encontrado otra manera de hacer valer la voluntad de la mayoría”, sostuvo Anna Gabriel, diputada de la CUP. Lluís Corominas, presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, reveló que PSC y Catalunya Sí que es Pot —sin citarlos explícitamente— se habían abierto a permitir una tramitación normal de la ley del referéndum, siguiendo todos los pasos y descartando la versión abreviada, si se hacía en noviembre. “¿Por qué no lo decís ahora?”, les retó. Miquel Iceta, primer secretario de los socialistas catalanes, quiso jugar un papel menos agresivo verbalmente que sus compañeros de Ciudadanos o el PP, pero acabó abandonando el pleno a la hora de la votación, como ellos. Al cabo de los meses, su partido también acabó apoyando el cese del Govern y la convocatoria de elecciones para el 21-D a través del artículo 155.

Àngels Martínez, diputada de CSQP a propuesta de Podemos, retiró ella sola las banderas españolas que los diputados populares habían dispuesto en sus escaños. Una pequeña dosis de surrealismo para cerrar (o al menos lo parecía) el debate parlamentario. El resultado final, con 83 diputados en el hemiciclo, fue 72 votos a favor de Junts pel Sí y la CUP y 11 abstenciones de CSQP.

La jornada siguió adelante, como no podía ser de otra forma. Si el Govern tenía prisa por aprobar la ley del referéndum es por dos motivos: porque temía que la Moncloa activara algún tipo de mecanismo legal para frenar el pleno y porque daba por hecho que la norma sería recorrida en tiempo récord al TC. La argucia que puso en marcha el Ejecutivo de Carles Puigdemont se basó en la publicación de la ley del 1-O en una edición digital del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) para que, una vez blanco sobre negro en un documento de la administración —y aún no suspendido por el TC—, se pudiera firmar el decreto de convocatoria del referéndum.

Se había especulado mucho sobre quién estamparía su rúbrica en el documento. ¿Solamente Puigdemont, como responsable final del operativo? ¿El president y Junqueras, como muestra de colaboración hasta las últimas consecuencias, incluso las penales? Finalmente fueron todos los miembros del Govern los que sellaron su compromiso con el referéndum. Pasadas las once de la noche, los dirigentes del Ejecutivo fueron desfilando hacia la sala 4 de la cámara y allí rubricaron (Puigdemont lo hizo con un bolígrafo de la ONCE) el decreto de convocatoria y el decreto de normas complementarias, que desplegaba los principales detalles de la votación del 1-O.

El auditorio del Parlament fue el siguiente escenario: Puigdemont, Junqueras, los consellers y la plana mayor del soberanismo celebraron allí la aprobación de la ley y la firma de la convocatoria. “Defenderemos hasta el final el derecho a decidir de los catalanes”, proclamó el president, que añadió: “Ahora es la hora de la ciudadanía”. Estaba previsto que el vicepresident también interviniera, pero los aplausos a Puigdemont se lo impidieron. En el ambiente del auditorio de la cámara catalana, aparte del agotamiento —en el bar se había esfumado el pan y las provisiones de frutos secos y chocolatinas se acercaban a su fin— y de la trascendencia del momento, también se podía palpar una pregunta: ¿y ahora qué?

De momento, lo más urgente era aprobar los nombres de las cinco personas que debían formar parte de la Sindicatura Electoral: Jordi Matas Dalmases, Tània Verge, Marta Alsina, Josep Pagès y Marc Marsal. Sus nombres recibieron el visto bueno del hemiciclo ya de madrugada. El Parlament cerró sus puertas pasadas las dos de la madrugada. Afuera llovía, mientras que en la mayoría de ayuntamientos del país ya se había recibido, a través del portal electrónico de la Generalitat, la documentación necesaria para adherirse al operativo del referéndum. La respuesta del Estado estaba a punto de llegar y tenía dos pilares: el político (“El 1-O no se hará”, prometió por enésima vez Rajoy) y el judicial, edificado en una querella de la Fiscalía General del Estado contra todo el Govern por malversación de fondos, desobediencia y prevaricación. Quedaba mucho partido por delante.

El colofón de la transitoriedad

La Moncloa reaccionó con inusual furia verbal a la jornada del 6 de septiembre. Aquella misma tarde compareció la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que no se dejó nada en el tintero: “El pleno [para aprobar la ley del referéndum] ha sido una vergüenza democrática. Las actuaciones del independentismo se acercan más a los regímenes totalitarios que a los democráticos. Ha sido un atropello a los catalanes y a la democracia, y una patada a la decencia política”. Rajoy siguió todo el debate parlamentario desde la Moncloa y mantuvo contacto directo con el rey Felipe VI. Por supuesto, a ninguno de los dos les gustó lo que se vivió en el hemiciclo catalán. Tampoco les gustaría todo lo que estaba por llegar.

La comisión de secretarios y subsecretarios de Estado se citó para abordar la situación, y se acordó recurrir todo lo acontecido en el Parlament. ¿Con qué fórmula? Un incidente de ejecución de sentencia a raíz de las cuatro advertencias que el TC ya había enviado a la Generalitat y a la mesa de la cámara en relación con los pasos previos relacionados con el procés. “Bajo el mandato de Forcadell ha muerto la democracia”, proclamó Sáenz de Santamaría. La presidenta del Parlament y los miembros de la mayoría soberanista en el órgano rector de la cámara acabarían declarando ante el Tribunal Supremo después de la declaración de la independencia y Forcadell acabaría durmiendo una noche en Alcalá Meco, de donde saldría bajo fianza (150.000 euros) a la mañana siguiente.

El 7 de septiembre, mientras tanto, la presidenta del Parlament volvería a sufrir una jornada maratoniana. Junts pel Sí y la CUP decidieron volver a imponer su mayoría para tramitar la ley de transitoriedad jurídica por la vía exprés, como hicieron el día anterior con la del referéndum. Sectores del PDeCAT intentaron hasta el último momento frenar el debate de la norma, e incluso hubo consellers que desaconsejaron impulsar la ley que regiría en Catalunya en caso de victoria del sí a la independencia.

El debate —alejado de los focos— que se vivió a primera hora de la mañana en el Parlament no era más que la réplica de lo que el independentismo ya abordó a principios de agosto en reuniones discretas. La CUP y ERC querían aprobar la norma de transitoriedad antes del referéndum “para que quedaran claras la consecuencias del referéndum”. “Se trataba de dar credibilidad a la votación. Los partidarios del no sabían perfectamente qué pasaría en caso de vencer el 1-O, pero los del sí no lo tenían claro”, sostiene uno de los negociadores consultados. El PDeCAT no lo veía bien, porque consideraba que una cosa era el referéndum y otra muy distinta el ordenamiento legal que se desplegaría en caso de victoria de la República. “De qué sirve aprobar un texto que ni siquiera sabemos si va a entrar en vigor”, recalcaban los neoconvergentes críticos.

Al final, la determinación de Puigdemont fue definitiva. Decidió ir a fondo en el choque con el Estado y dar luz verde a la tramitación de la ley de transitoriedad. La jornada parlamentaria discurrió por los mismos derroteros que el día anterior: reuniones de la mesa, peticiones de reconsideración, dardos de la oposición, escaños vacíos en el momento de la votación y la sensación de haber cruzado —de nuevo— una puerta hacia lo desconocido. No fue hasta pasadas las doce de la noche que la norma superó todos los trámites y fue aprobada con el voto de los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP. En ese momento, Joan Coscubiela, diputado de CSQP, ya había sido considerado uno de los iconos de la jornada. Por Ciudadanos, PP y PSC, especialmente.

El ex secretario general de CCOO en Catalunya fue muy duro con Junts pel Sí y la CUP durante el debate parlamentario: “Cuando se pisan los derechos de cualquier grupo, se pisan los derechos de todos los ciudadanos de Catalunya. No se dan cuenta de la gravedad de lo que están haciendo, están cogiéndole el gusto al autoritarismo”. Los representantes liberales, populares y socialistas, tradicionales rivales parlamentarios de Coscubiela, respondieron con un estruendoso aplauso. La política, ya se sabe, crea extraños compañeros de viaje.

El independentismo, ajeno a la respuesta jurídica del Estado, seguía adelante. “Ningún tribunal suspenderá la democracia”, dijo Puigdemont en TV3, justo después de que el TC se reuniera para dejar suspendido el referéndum. La amenaza latente de las querellas anunciadas por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, formaba parte del guion.

Un miembro del Govern sostenía, aquella misma noche, que la consigna era clara: “Vamos a desobedecer. Esta vez sí”. Por la cabeza de más de uno aparecía la sombra de la prisión.

El referéndum ya no tenía marcha atrás.

Capítulo 3

Las urnas que persistieron

La historia del 1-O es de aquellas que nunca se acabará de contar del todo. Siempre faltará un testimonio, la voz de alguien que participó en el operativo de la manera más discreta posible, el gesto de quien defendió las urnas sin pedir nada a cambio, el ciudadano que se acercó al colegio electoral en el momento en que vio las cargas policiales, el alto dirigente político que tenía encomendadas unas misiones que no podía contar ni a sus compañeros.

La historia del 1-O es, en cierto modo, un milagro para el independentismo: hubo urnas, hubo votantes y hubo un mandato político. No rotundo, no definitivo, quizás no suficiente para declarar la independencia y llevarla a cabo hasta las últimas consecuencias, pero si un capital incalculable para aquellos que habían empezado el proceso en 2012.

El referéndum es también el relato de unas cargas policiales que ya se investigan en decenas de juzgados de Catalunya y que acompañarán para siempre las imágenes de la jornada. La represión de la Guardia Civil y la Policía Nacional estuvo cerca de provocar la suspensión de la votación. No fue así porque, en una reunión a las doce del mediodía en el Palau de la Generalitat, el Estado Mayor del proceso decidió seguir adelante. No todos lo veían igual, pero dirigentes como Marta Rovira (secretaria general de ERC), Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural) y Oriol Soler (jefe del aparato comunicativo del sanedrín) se posicionaron a favor de seguir con el plan. Un miembro de la cúpula del PDeCAT, a primera hora, le había enviado un whatsapp a Carles Puigdemont: “Hay que suspender”. Pero el president, en última instancia, optó por seguir adelante.

El 1-O fue posible porque, según una decena de sus impulsores, se puso en marcha una estrategia de círculos concéntricos en los que solo Puigdemont y el vicepresident Oriol Junqueras manejaban buena parte de la información. El equipo de Junqueras en la Conselleria d’Economia lideraba el grueso gubernamental del operativo, con Josep Maria Jové al frente, pero buena parte de la estrategia estaba externalizada. Las urnas llegaron porque un particular las compró en China previo pago de 100.000 euros, aunque había dos remesas más —una de ellas encargada en Francia— por si fallaba todo. Una posibilidad que siempre sobrevoló el ambiente y las reuniones en las que, a partir de julio, se intensificaron los preparativos.

En cierto modo, el referéndum que se vio el 1 de octubre no era el plan A, ni siquiera el plan B. Fue la suma del camino fijado por el Govern y por el Estado Mayor, de la participación de la sociedad civil y la implicación de buena parte de la ciudadanía, que se lanzó a los colegios electorales para defender las urnas incluso en los peores momentos de la represión policial. Pocos en el Ejecutivo contaban con una reacción así. De hecho, no faltaba quien daba por descontado que el referéndum no se llegaría a celebrar. Había motivos, por supuesto, para para sustentar esta tesis

Las semanas previas a la votación registraron una enorme tensión política que tenía ramificaciones en todas las áreas de la administración. La más relevante era la que afectaba a los Mossos d’Esquadra. La Prefectura del cuerpo, según relatan fuentes de la Conselleria d’Interior comandada por Joaquim Forn, “dejó de tener contacto” con los responsables políticos del departamento después de la aprobación de las leyes de desconexión a principios de septiembre. Toda interlocución pasaba por el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que fue quien advirtió a Puigdemont y a Junqueras (por separado y conjuntamente) de que el Estado haría todo lo que estuviera en sus manos (incluso el uso de la fuerza) para impedir la votación del 1-O.

Las órdenes dadas a la policía catalana en las semanas previas al 1-O por parte de la Generalitat eran claras: cumplir las resoluciones judiciales (es decir, impedir el referéndum), pero sin poner en riesgo la seguridad pública ni la convivencia. Todo el operativo estaba comandado por Diego Pérez de los Cobos, alto mando del ministerio del Interior que desde mediados de septiembre era el encargado de dar órdenes a los Mossos, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Las acciones para frenar el 1-O fueron el preludio de la intervención de la autonomía que se aplicó el 27 de octubre, una vez aprobado en el Senado el despliegue del artículo 155 de la Constitución.

La votación es también un relato clandestino, un juego del gato y el ratón promovido por la Generalitat para llevar a cabo el referéndum pese a la oposición del Estado. Un grupo de operarios, por ejemplo, entró a piezas una antena de recepción de datos en el Palau de la Generalitat gracias a la cual se recibieron las comunicaciones por parte de cada mesa electoral. Se hizo así debido a la enorme presión a la que fue sometido el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), que en circunstancias normales habría monitorizado la jornada.

La historia del 1-O, en definitiva, es el relato de un día que duró —y durará— años.

Reuniones de última hora

“No os vayáis, que os queremos enseñar una cosa”. El anuncio lo pronunció el conseller de la Presidència, Jordi Turull, el 29 de septiembre del 2017. La rueda de prensa que ofrecieron él, el vicepresidente Oriol Junqueras y el conseller d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, estaba llegando a su fin. Un centenar de periodistas aguardaban en el Centro Internacional de Prensa habilitado por Mediapro —cada uno de ellos debía pagar diez euros diarios para poder entrar— ante la gran expectativa que generaba el referéndum del 1-O. Al cabo de unos minutos, los tres miembros del Govern salieron de una sala adjunta con una urna en la mano. Una urna como las miles que se utilizarían la mañana del domingo en una votación que cambiaría la historia del país. El Estado había sido incapaz de encontrarlas debido a un entramado de cooperación ciudadana que supo organizarse para salvaguardarlas.

5.313.564 catalanes fueron llamados votar el 1-O. El Govern dispuso 2.315 colegios electorales, con 5.249 mesas distribuidas por el país. El operativo estaba formado por 7.125 personas repartidas por todas las veguerías, la distribución territorial que divide el territorio catalán en siete zonas: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Catalunya Central y Alt Pirineu i l’Aran. Las cifras facilitadas por Junqueras, Romeva y Turull pretendían dar credibilidad a una votación que se impulsó con la mayoría de elementos en contra: un Estado obsesionado con encontrar las urnas (la inteligencia española estaba convencida que vendrían de los países del este), las papeletas y los sobres, y un Govern que hasta el último minuto no supo si funcionaría todo el dispositivo. En cierto modo, el 1-O tuvo tintes de milagro. El vicepresidente Junqueras llegó a decir que había sido obra del Espíritu Santo. Ironía, sí, pero fundamentada hasta cierto punto.

El día anterior a su celebración, el 30 de septiembre, había dudas sobre si se podría ofrecer un recuento acreditado. Según varias fuentes consultadas, se celebró una reunión en Girona encabezada por Carles Puigdemont, miembros del Govern y dirigentes de los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP en las que se abordaron cuestiones de última hora. “En aquel momento no quedaba claro que se pudieran publicar datos de participación y resultados el mismo día de la votación”, recuerda uno de los implicados.

Prácticamente en paralelo a aquella cita en Girona, muy restringida, el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, salía exultante en televisión para anunciar que se había asestado un golpe prácticamente definitivo a la maquinaria del 1-O bloqueando un presunto plan para el voto telemático. Tres vehículos sin rotular de la Guardia Civil se personaron en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat para bloquear y suspender los servicios informáticos que pudieran servir de apoyo para la consulta vinculante. Llevaban consigo una orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Pese al cerco al que fue sometido el Govern (incautación de millones de papeletas y sobres, caza desesperada de las urnas, carteles de propaganda requisados y detenciones en la cúpula del departamento de Economía, encargado de impulsar el 1-O), el Estado vio como Puigdemont y los suyos tenían sorpresas guardadas en el cajón para que la ciudadanía pudiera ejercer el llamado dret a decidir. En una comparecencia pocos minutos antes de que abrieran los 2.315 colegios electorales, alrededor de las ocho de la mañana, el Ejecutivo catalán anunció que se ponía en marcha un censo universal que permitiría votar en cualquier punto del país.

Hacía semanas que la Generalitat era consciente de los planes de la Moncloa para frenar el referéndum. “La votación no se va a producir”, repetía insistentemente el presidente Mariano Rajoy. Su guardia pretoriana, en encuentros privados con la prensa, dejaba claro que “no habría urnas”, utilizando para ello los métodos que fueran necesarios. En este contexto hay que enmarcar la llamada Operación Copérnico, que hizo desembarcar en Catalunya unos 10.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a partir del 22 de septiembre.

Pese a que el independentismo mantenía en público que España no se podía permitir el uso de la fuerza para impedir el referéndum, la realidad les acabó desmintiendo. “Sabíamos que actuarían en el área metropolitana, pero no con esta violencia desmedida”, recuerda un alto cargo. Sin embargo, el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, informó (por separado y en una reunión conjunta) a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras de que el Estado frenaría “por las buenas o por las malas” la votación. Así se lo habían transmitido los mandos de las fuerzas del Estado en reuniones previas al 1-O, según fuentes del departamento consultadas.

El balance, según las cifras de la Generalitat, se acercó al millar de heridos. La represión policial se centró especialmente en colegios electorales de Barcelona y en las mesas en las cuales debían votar los principales dirigentes del país. Desde primerísima hora quedó claro que el Gobierno español estaba dispuesto a todo para evitar que se votara: un grupo de agentes de la Guardia Civil actuó con fuerza evidente en Sant Julià de Ramis, donde estaba prevista la aparición de Puigdemont, y no les importó tener que romper a golpes el vidrio de una entrada para buscar las urnas. “Si no nos dices donde están, abriremos las puertas con tu cabeza”, le dijo un agente a una responsable del colegio electoral, según testigos recogidos por el Govern.

Un alto responsable de la Conselleria d’Interior remarca que los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil no avisaron de las cargas. En una reunión de la Junta de Seguridad celebrada el viernes anterior al 1-O se pactó que, en caso de que fuera necesario, los Mossos (que habían recibido el mandato judicial de impedir el referéndum) pedirían ayuda a estos dos cuerpos estatales. Sin embargo, la Benemérita y la policía española acabaron actuando sin comunicación previa. “Los mandos de los Mossos no estaban para nada sorprendidos por las cargas”, mantiene un alto cargo consultado. En los pasillos del departamento de Interior no faltaba quien, en los días previos a la votación, daba por hecho que habría este tipo de actuación.

Las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado buscaban las urnas durante el 1-O porque, básicamente, no habían sido capaces de encontrarlas antes. No supieron ver que, ya en el mes de marzo, se puso en marcha una operación para hacerlas llegar a Catalunya. Y que esta operación no tenía por qué llevar el sello exclusivo del Govern. Una organización ciudadana, jerarquizada y piramidal, fue la responsable que se pudiera votar en —casi— todo el territorio catalán.

De la China a Marsella

“Ni un solo euro de dinero público se destinó al 1-O”. Son palabras de Santi Vila, el conseller d’Empresa i Coneixement que dimitió el día antes de la declaración de independencia, en la Audiencia Nacional. Las pronunció el día 2 de noviembre ante la juez Carmen Lamela, la encargada de enviar a prisión a medio Govern por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. La revelación de Vila confirma las informaciones que los periodistas Laia Vicens y Xavi Tedó, ambos miembros de la sección de Política del diario ARA, explican en el libro Operació Urnes (Columna, 2017).

Según el relato de Vicens y Tedó, un ciudadano llamado Lluís —el nombre, por supuesto, es ficticio— fue el encargado de comprar las 10.000 urnas necesarias. Le costaron 100.000 euros, que abonó en junio de su bolsillo a través de una empresa francesa para despistar a las autoridades españolas. A finales de marzo del 2017 se empezó a informar sobre dónde adquirirlas y se acabó decantando por la empresa Smart Dragon Ballot Expert, con sede en la ciudad china de Guangzhou. Muy pocas personas conocían la operación: sobraban dedos de las manos para contarlas. Según otras fuentes consultadas, se compraron dos lotes más de urnas, uno de ellos en Francia, mientras que el tercero no fue precisado en las reuniones del Estado Mayor del proceso. “Se trabajaba con círculos concéntricos de información”, sostiene un alto dirigente implicado.

En el precinto de los receptáculos, el responsable de la compra mandó grabar la fecha “1-OCT-2017” antes de que Puigdemont anunciara solemnemente la fecha “1 de octubre” y el contenido “¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de República?” del referéndum en un acto en el Palau de la Generalitat acompañado de todo el Govern y de la mayoría parlamentaria formada por Junts pel Sí y la CUP. Las urnas se transportaron en tres contenedores de grandes dimensiones y se desplazaron más de 9.000 kilómetros desde la China hasta llegar al puerto de Marsella, en Francia, para burlar los controles de las autoridades portuarias del Estado.

El recorrido completo, según detallan Vicens y Tedó, fue el siguiente: Vietnam, Singapur, Sri Lanka, el cuerno de África, el Canal de Suez, paso entre las islas de Córsega y Cerdeña, ya en el Mediterráneo, y llegada a Marsella. En la ciudad portuaria del sur de Francia, los responsables de la operación tuvieron que responder sobre el contenido del envío. Dijeron que querían hacer el castillo de plástico más grande del mundo para homenajear una colla castellera, una de las principales tradiciones culturales catalanas. La explicación coló y se pudo empezar a mover la mercancía desde el puerto hasta un almacén en la zona del Riberal, en la llamada Catalunya Norte.

Allí llegaron las urnas el 7 de agosto, transportadas por una empresa subcontratada por la misma compañía china que las fabricó en plástico, siguiendo el mismo modelo de las que se iban a utilizar en el referéndum del Kurdistán del 25 de septiembre. En ese momento, el Govern era plenamente consciente de que los receptáculos ya estaban en un lugar más o menos seguro. Puigdemont se lo comunicó a un grupo reducido de personas durante una cena en Madrid: “Ya tenemos las urnas”. El trabajo se centró, a partir de agosto, en llevarlas hasta Catalunya.

Se designaron ocho coordinadores para otros tantos almacenes situados en Barcelona y en las comarcas del Baix Llobregat, el Bages, el Baix Camp, L’Empordà, Osona, el Segrià y el Pirineu. Estos ocho almacenes acabarían sirviendo para nutrir 40 locales de dimensiones más reducidas y gestionados por una cantidad mayor de coordinadores locales, encargados de llevar las urnas a los colegios electorales. Antes de la Diada del Onze de Setembre, las 6.500 urnas necesarias para todo el operativo ya habían cruzado la frontera francesa, mientras que otras 3.500 se encontraban en otro almacén y esperaban pacientes para cubrir los imprevistos que acabarían llegando.

Uno de los problemas a los que se enfrentaban los responsables clandestinos del referéndum (militantes activos del independentismo alejados de primera fila pero bien conectados, afiliados de ERC, PDeCAT y CUP, ciudadanos movilizados y con voluntad de colaboración discreta) fue el atentado yihadista de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto, que obligó a reforzar la seguridad policial en la frontera. Las circunstancias obligaron a parar por unos días el traslado de las urnas, pero para el 11 de septiembre la situación ya estaba solucionada.

No fue sencillo acometer toda la operación sin levantar sospechas. Era habitual apagar los móviles antes de entrar en Francia, para desactivar la geolocalización en caso de seguimiento por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y también en los momentos en los que se hablaba en voz alta sobre el transporte del material. Un transporte, por cierto, que se hacía por separado: por un lado las urnas y, por el otro, los precintos de color rojo con la fecha del referéndum inscrita.

El operativo territorial, a grandes rasgos, fue comandado por el aparato de ERC, aunque participaron miembros de todos los partidos. Se llegaron a registrar circunstancias impensables: padres y madres de familia que custodiaban urnas sin que nadie en casa lo supiera; receptáculos que se guardaron en árboles de bosques de Osona sin que se reparara en ellos; capillas de municipios de la comarca del Maresme que resguardaron el material; impresores que se esforzaron clandestinamente para cubrir todas las necesidades relacionadas con las papeletas; y reuniones clandestinas —móviles siempre fuera de la sala— con gente que hasta ese momento no se conocía y que acabó desplegando un operativo insólito y horizontal.

Los responsables de toda la maquinaria observaron con temor e impaciencia cómo el Estado se movilizaba para frenar el 1-O. Rajoy había repetido por activa y por pasiva —y así se lo había transmitido a Ciudadanos, al PSOE y a buena parte de los dirigentes internacionales que le preguntaban por la cuestión— que el referéndum no se celebraría. Que el Gobierno español sería capaz de evitar las imágenes de gente votando que tanto escocieron el 9 de noviembre del 2014 y que le valieron críticas desde los sectores más españolistas por la “desaparición” del Estado en Catalunya durante aquella jornada. En cierto modo, el presidente del Gobierno español no se podía permitir el coste político de que hubiera urnas en los colegios electorales el primer día de octubre, pero debía calibrar con mucho esmero el modo de impedirlo.

Material en el punto de mira

La Moncloa contaba con un aliado muy útil en su cruzada para detener el operativo del referéndum. Se trata de Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, encargado de liderar la causa abierta contra Santiago Vidal, el exsenador de ERC que en conferencias por el territorio catalán se dedicó a revelar aspectos relacionados con los preparativos de la independencia. Decía, por ejemplo, que la Generalitat ya disponía —ilegalmente— de los datos fiscales de todos los catalanes, e hizo público que la administración conocía perfectamente qué pensaban sobre el proceso los jueces destinados en Catalunya. Afirmaciones que fueron recogidas por el diario El País y que acabarían con un terremoto político y la consiguiente dimisión de Vidal.

A raíz de una denuncia del partido ultra VOX y de un particular, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona empezó a investigar las revelaciones. Las primeras pesquisas llevaron a la imputación de Carles Viver Pi-Sunyer, expresidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), director de l’Institut d’Estudis Autonòmics (IEA) y principal arquitecto de la desconexión; y también de Lluís Salvadó, secretario d’Hisenda de la Generalitat y hombre de la máxima confianza de Junqueras. Vidal y Pi-Sunyer se declararon como investigados el 13 de febrero de 2018 en Barcelona.

Fuentes de la defensa indican que la causa del juzgado de instrucción número 13 sirve como cajón de sastre para llevar a cabo una causa general contra el referéndum. En este contexto hay que enmarcar las operaciones policiales que se llevaron a cabo desde principios de septiembre para frenar la creación y distribución de sobres, papeletas y propaganda (institucional y de los partidos) del 1-O. La primera empresa en recibir una visita de la Guardia Civil fue Indugraf, una imprenta de Constantí (Tarragona), el 8 de septiembre. No encontraron nada. En aquel momento, la ley del referéndum ya estaba vigente tras su convulsa aprobación en el Parlament y se había convocado oficialmente el referéndum, fulminantemente suspendido por el Tribunal Constitucional.

Los intereses del Estado se dirigieron, después de su paso por Indugraf, por el semanario El Vallenc, editado en Valls (también en la provincia de Tarragona). Se sospechaba que allí se estaba imprimiendo el material necesario para el 1-O, ya fueran papeletas, material para las mesas o bien listas con el censo electoral. El registro de la Guardia Civil a El Vallenc supuso el inicio de las movilizaciones ciudadanas espontáneas, que en este caso despidieron a los agentes con cánticos irónicos: “Dónde están las papeletas, las papeletas dónde están?”. Incluso el Passi-ho bé de la Trinca, grupo satírico de mucho éxito en Catalunya hace ya unas décadas, sirvió para amenizar el registro de Valls. La canción se acabó convirtiendo en un pequeño himno en el camino hacia la votación cada vez que se marchaban los agentes tras finalizar una operación.

Las acciones policiales continuaron a buen ritmo a mediados de septiembre. El día 15 la Guardia Civil entró en cinco imprentas de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona y Sant Feliu de Llobregat en las que se resguardaba propaganda del referéndum. Ese mismo día, agentes del cuerpo se personaron en los medios de comunicación que habían publicado la campaña institucional de la votación, que presentaba dos vías de tren bajo el lema: “Vas néixer amb la capacitat de decidir. Hi renunciaràs?” (“Naciste con la capacidad de decidir. ¿Renunciarás a ella?”).

El Govern distribuyó personalmente en un lápiz de memoria USB el contenido de la campaña a los medios que decidieron publicarla pese a que el referéndum ya estaba suspendido por el TC. Una orden de la magistrada Mercedes Armas, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), emplazó la Guardia Civil a identificar todos los medios que habían publicado los anuncios: El Punt Avui (único periódico en papel que se hizo eco de la campaña), NacióDigital, El Nacional, VilaWeb, Racó Català y Llibertat.cat. Los principales diarios catalanes (La Vanguardia, El Periódico y ARA) decidieron quedarse al margen. En el caso de este último medio, la cuestión provocó tensión entre la redacción, la dirección y la propiedad, que veía en riesgo el futuro del periódico si se publicaban anuncios de una votación suspendida por el Constitucional.

A la misma hora que agentes de la Guardia Civil entraban en los medios de comunicación (en algunos casos, como en NacióDigital, se llegó a identificar a redactores), Rajoy hacía un mitin en Barcelona en el que avanzaba medidas más duras contra el independentismo si se consumaba el desafío del referéndum. “Nos van a obligar a llegar allí donde no queremos llegar”, sostuvo el presidente del Gobierno español desde el Hotel Eurostars Grand Marina. La sombra del artículo 155 y del cese de todo el Govern ya sobrevolaba el ambiente.

Mientras la Moncloa perfilaba su estrategia para frenar el 1-O y diseñaba las medidas contra sus responsables, la Guardia Civil seguía con su trabajo. El 17 de septiembre requisó 1,3 millones de carteles y dípticos del referéndum en Montcada i Reixac, en el área metropolitana de Barcelona, y dos días más tarde asestó un golpe muy serio al operativo: se incautaron 45.000 notificaciones censales que iban dirigidas a las personas que, por sorteo, habían sido designadas como encargadas de las mesas electorales. La operación se llevó a cabo en una oficina de Unipost en Terrassa y contó, de nuevo, con la movilización ciudadana espontánea mientras los agentes llevaban a cabo el registro.

Las órdenes del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, enmarcadas dentro de una operación llamada Anubis (el dios de la muerte en la mitología egipcia), sirvieron también para requisar 10 millones de papeletas en Bigues i Riells (municipio de la comarca del Vallès Oriental a 47 kilómetros de Barcelona) y para incautar 2,5 millones más en Igualada el 28 de septiembre, a solo 3 días de la votación. Los contratiempos obligaron a imprimir más material y a recoger algunas reservas que quedaban en los almacenes franceses, cerca de la localidad de Elna. Un enclave de alto valor simbólico, ya que fue protagonista en el exilio de miles y miles de catalanes que huían del horror de la Guerra Civil cuando el franquismo ya era imparable.

En ese momento, pasado el ecuador de septiembre, el camino hacia el referéndum ya había sufrido un impacto especialmente relevante: la detención de 15 personas en el marco de 41 registros ordenados, cómo no, por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Era el 20 de septiembre y Barcelona entró en ebullición desde el mismo momento en que los agentes se dirigieron a la sede del departamento de Economía, en Rambla Catalunya, para revisar los despachos de sus principales dirigentes, entre los cuales la guardia pretoriana de Junqueras.

Los detenidos, en concreto, fueron: el secretario general de la Vicepresidència y de la Conselleria d’Economia i Hisenda, Josep Maria Jové; el secretario d’Hisenda, Lluís Salvadó; David Franco, del área de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) adscrito al departament de Treball; David Palancas, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) adscrito a la Conselleria de Presidència; Josuè Sallent, director de estrategia e innovación del CTTI; Xavier Puig, jefe del Área TIC del departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència; Joan Manel Gómez, del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT); Francesc Sutrias, director de Patrimoni de la secretaria d’Hisenda; Joan Ignasi Sànchez, asesor del departament de Governació; Natàlia Garriga, directora de servicios de Vicepresidència, Economia i Hisenda; Josep Masoliver, de la Fundació PuntCat; Mercè Martínez, responsable de proyectos territoriales de Vicepresidència; y Rosa Maria Rodríguez Curto, directora general de servicio de T-Systems. Todos ellos fueron puestos en libertad gradualmente en las siguientes 72 horas.

Las movilizaciones ciudadanas en las puertas del departamento de economía se alargaron desde antes de las nueve de la mañana hasta las cuatro de la madrugada, mientras la Guardia Civil acometió el registro. No pudieron salir hasta que los Mossos d’Esquadra, previa carga contra los manifestantes, se lo facilitaron. Una tensión inédita se cernía sobre la jornada del referéndum, marcada también por los desencuentros entre la policía autonómica y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Fueron ellos quien, siguiendo las órdenes del ministerio del Interior y con el beneplácito de la Moncloa, aplicaron la represión policial para evitar que el 1-O se celebrara con normalidad.

Sin tregua

Puigdemont empezó la jornada del uno de octubre cuando pasaban 30 minutos de las doce de la noche. Se acercó a la Escola Verd, donde estudian sus dos hijas, para conocer sobre el terreno las actividades que estaba organizando el centro educativo antes de que, a las nueve de la mañana, se abriera oficialmente la votación. A lo largo del país, los llamados Comitès de Defensa del Referèndum (CDR) y las organizaciones escolares de padres y madres se pusieron en marcha para que en la gran mayoría de centros de votación del país se protegieran las urnas ante la amenaza de violencia del Estado y ante la posibilidad de que los cuerpos de seguridad (especialmente los Mossos d’Esquadra, que tenían encomendada esta misión por parte de la justicia) precintaran los colegios.

Meses antes de la votación, en los primeros meses de 2017, se sucedieron las reuniones entre los responsables de los Mossos con Puigdemont, su entorno y el entonces conseller d’Interior, Jordi Jané, que en julio fue relevado por Joaquim Forn. En estas reuniones se esbozó el protocolo de actuación para el referéndum, según relata un alto responsable: “El cuerpo policial autonómico, si recibe una orden del TSJC, debe cumplirla. No tiene margen para no hacerlo. Ahora bien: ante una gran congregación de gente delante de un colegio electoral, puede levantar acta, decidir no actuar y aducir motivos de seguridad pública”. En líneas generales, esa fue la tónica general de la jornada por parte de los Mossos. La orden explícita era impedir la votación sin alterar el orden público. Cerraron más colegios que las fuerzas estatales, pero lo hicieron de modo distinto.

Como han acreditado centenares de vídeos y fotografías, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía no actuaron precisamente de la misma forma. Todo lo contrario. Lo ejemplifica la manera como entró La Benemérita en el colegio electoral en el que debía votar Puigdemont. A través de las cámaras de todo el mundo, agolpadas para conseguir la imagen del president ante la urna, se pudo ver la contundencia de la acción policial: vidrios rotos, trato verbalmente vejatorio dirigido a los responsables de las mesas y golpes a los concentrados que intentaban salvaguardar las urnas y el acceso al recinto.

El independentismo era consciente de que el Estado no se quedaría de brazos cruzados. En una conversación privada que mantuvo Jordi Sànchez, presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) el 27 de septiembre, durante la presentación de la llamada Taula per la Democracia (organismo que suma entidades y sindicatos en rechazo a la represión contra el referéndum), se constató que los altos dirigentes del proceso sufrían por la actitud de la Guardia Civil y la Policía Nacional. “Tememos que actúen con contundencia en el área metropolitana. Es donde vive más gente y donde más daño pueden hacer”, sostenía Sànchez, preocupado. Tanto era el temor que el mismo presidente de la ANC, en una rueda de prensa el día anterior a la votación, defendió que un millón de votos serían un éxito. Fueron, al final, 2,28 millones.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció el 22 de septiembre un despliegue excepcional de alrededor de 10.000 agentes en Catalunya en el marco de la llamada Operación Copérnico. Hacía tan solo dos días que los guardias civiles que habían registrado la sede de la Conselleria d’Economia en busca de pruebas sobre el referéndum habían tenido problemas para salir del edificio ante la movilización ciudadana (autora del destrozo de tres coches de la Benemérita), así que Zoido y la Moncloa ya tenían motivos para aprobar un desembarco pensado, según sus impulsores, para “garantizar la legalidad”.

Su función, como se comprobó nueve días después del despliegue (alentado en algunos cuarteles al grito de “A por ellos”), era impedir físicamente la votación. Llevar a cabo este objetivo acabó generando un millar de heridos, según los datos de la Conselleria de Salut de la Generalitat. Unas cifras que fueron menospreciadas, negadas y criticadas por buena parte del sistema político español, que acusó a la administración catalana de haberlas exagerado.

La Generalitat, como repitió durante todo el 1-O, se basaba en los datos del departamento de Salut y en los vídeos que los votantes habían ido colgando en las redes sociales. Así fue como se conocieron al instante, por ejemplo, los asaltos policiales los institutos Ramon Llull y Jaume Balmes de Barcelona, donde se actuó con especial saña, y en otros enclaves de la ciudad como el Casal Orlandai del barrio de Sarrià, o en la Vall d’Hebron. “Las fuerzas y cuerpos de seguridad han actuado de forma proporcional y proporcionada. No ha habido referéndum”, decía a mediodía la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Las actuaciones “proporcionales” y “proporcionadas” habían arrojado miles de imágenes de heridos por la violencia policial que volaron a través de la red. En la calle Diputació, una de las arterias horizontales más céntricas de Barcelona, se pudo ver un desfile de antidisturbios que se dirigía a un instituto para frenar la votación. La estupefacción y el miedo recorrieron rápidamente la capital catalana, aunque en ningún momento faltó gente para defender los colegios. El operativo policial “perseguiría a España” para siempre, declaró a los medios Puigdemont desde Sant Julià de Ramis.

Balas de goma —prohibidas por el Parlament— disparadas a menos de quince metros que acabaron con la pérdida de un ojo de un joven, Roger Español, que ha interpuesto ya una demanda contra los responsables del operativo. Policías utilizando las porras de arriba hacia abajo contra gente mayor. Cargas con gases lacrimógenos en Aiguaviva, un pequeño municipio de Girona. Especial contundencia en Sant Joan de Vilatorrada, pueblo de un concejal de Cultura que se hizo días atrás una foto con nariz de payaso al lado de un agente de la Guardia Civil. Organización de barricadas en l’Escola Industrial de Barcelona, el colegio electoral más grande de Barcelona, donde la policía no llegó a actuar. Cargas con fuerza en Lleida mientras se atendía a un ciudadano que había sufrido un ataque cardíaco a media mañana. Imágenes, en definitiva, que ya forman parte de la historia del país.

Diego Pérez de los Cobos, número tres del ministerio del Interior y al mando de todos los cuerpos de seguridad en las fechas del referéndum, quiso justificar a mediados de enero que la actuación policial se debía a que los agentes habían sido recibidos con violencia en los colegios electorales. También sostuvo que la prioridad, a medida que pasaba el día, pasó a ser la protección de los edificios de la administración del Estado en Catalunya en vez de abortar la votación.

Ante todas estas circunstancias, en el Palau de la Generalitat hubo una reunión hacia las doce de la mañana que congregó a los principales responsables del referéndum. ¿Había que seguir adelante con la votación, pese a la violencia policial y los problemas informáticos que estaba sufriendo el sistema de censo universal en determinados colegios electorales? ¿O era mejor suspender todo el operativo y denunciar a través de los medios y de todas las instituciones posibles la actuación del Estado para impedir el 1-O? Tras un debate intenso, se decidió seguir adelante con Marta Rovira (secretaria general de ERC), Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural) y Oriol Soler (jefe del aparato comunicativo del sanedrín) como principales voces a favor de continuar. Pronto se vio que la violencia policial disminuiría, siguiendo órdenes del ministerio.

“En la Moncloa se dieron cuenta que se habían pasado tres pueblos”, resume gráficamente un responsable gubernamental. Hubo consellers que intentaron hablar directamente con mandos de la Guardia Civil para frenar las hostilidades, pero no hubo suerte. “El coste internacional les estaba empezando a pasar factura”, sostiene un fontanero de Palau, que cita el tuit que escribió Charles Michel, primer ministro belga, a las 12.41 de la mañana: “La violencia nunca puede ser la respuesta”. Otros líderes políticos como la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, o el jefe de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, también fueron críticos con el despliegue policial. La Europa oficial, que siempre ha considerado el desafío catalán como un asunto interno y que ha dado su respaldo a Rajoy en la estrategia judicial, se mantenía en silencio. Un embajador muy relevante se puso en contacto con un miembro del Govern para alertar de que la Generalitat no debía utilizar las imágenes de violencia policial para justificar acciones unilaterales posteriores.

Mientras tanto, en la inmensa mayoría de colegios electorales de Catalunya, la jornada de votación seguía adelante. En tan solo 13 municipios no se pudo registrar ningún voto, y los cálculos del Govern sostienen que hubo 700.000 personas que no pudieron participar con normalidad por la acción represiva del Estado. La movilización total del 1-O, según los responsables de la Generalitat, se acercó a los tres millones: los 2,28 que pudieron votar y los 700.000 que se quedaron sin participar.

En una comparecencia en el Senado, el ministro de Interior, José Ignacio Zoido, cuantificó en 87 millones de euros el coste del despliegue extraordinario de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Catalunya, que se acabó a finales de año. Los agentes tuvieron tiempo para quejarse del menú navideño en los barcos donde se alojaban. El juzgado número siete de Barcelona y una decena más en todo el territorio ya investigan las cargas del 1-O. Según Zoido, no hay que descartar una actuación similar “si están en peligro los derechos de todos”.

Objetivos políticos

El patrón que siguieron las actuaciones de los agentes permite concluir, sin margen de error, que estuvieron pensadas para dar un mensaje. Un mensaje a aquellos políticos que, de un modo u otro, habían participado en el engranaje del referéndum. La contundencia de la Guardia Civil dentro y fuera del polideportivo de Sant Julià de Ramis (Girona) donde debía votar Puigdemont le obligó a emitir su voto en Cornellà de Ter, a unos kilómetros de su domicilio.

La decisión se tomó por dos motivos: para garantizar a la ciudadanía que el sistema de censo universal anunciado a primera hora de la mañana funcionaba, y para probar que el president de la Generalitat votaba en un marco de cierta normalidad. Cierta y no absoluta porque el equipo de seguridad del president tuvo que hacer maniobras para despistar a la policía española, tal como relatan fuentes conocedores de la escena.

Desde hacía ya unas semanas, Puigdemont iba acompañado de miembros de los GEI (Grup Especial d’Intervenció, el equivalente a los GEO estatales), que se habían sumado a su escolta habitual. Es por ello que en el 1-O la comitiva presidencial estaba formada por 4 coches, una cifra de ayuda en el caso (como fue este) de requerir una maniobra de despiste. Un helicóptero de la policía española seguía los pasos de Puigdemont, que se dirigió con sus escoltas hasta debajo del Pont dels Vinyers, cerca de Sarrià de Ter (Girona). Allí se hizo, durante diez minutos, el cambio de coche que permitió a Puigdemont ejercer su derecho al voto en Cornellà de Ter.

“Sin los GEI no hubiera sido posible”, destaca un ex alto cargo de Presidència que siguió al detalle la jornada. El Grup Especial d’Intervenció no tiene más de una cuarentena de miembros, que deben pasar una serie de pruebas de alta exigencia para entrar en el cuerpo. La primera pregunta que se les hace a los aspirantes es sencilla: “¿Le gusta la acción?”. Si responden afirmativamente, quedan descartados: deben tener más cabeza que músculo. “Están preparados para todas las circunstancias, incluso el combate cuerpo a cuerpo, pero no destacan especialmente por su corpulencia”, detallan en la Conselleria de l’Interior.

Los escoltas de Puigdemont también le acompañaron a Sant Julià de Ramis, donde debería haber votado de no haber mediado la violencia policial, y allí fue donde hizo la primera valoración política del día. “La indignación ante esta nueva ola de represión enloquecida contra gente pacíficamente concentrada es una respuesta lógica a estas horas, pero la respuesta definitiva, serena y pacífica, la daremos a lo largo del día de hoy, volviendo a hacer cola allí donde no nos dejaban votar. Con paciencia. Teniendo en cuenta que hay problemas de lentitud, pero que los iremos superando porque al final del día seamos muchísimos los que hayamos ejercido el derecho a votar que nos es negado de forma permanente […]. Porras contra urnas. Violencia contra civismo. Por este camino [los responsables del Gobierno español] avanzan hacia una vergüenza que les acompañará siempre”, sostuvo el president.

También se dirigió a l’Escola Verd, donde estudian sus hijas y donde había pasado a saludar de madrugada. Allí la policía intervino con dureza, como también hizo en l’Escola Nostra Llar de Sabadell, donde tenía que votar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la segunda autoridad del país. El uso de porras en esta ciudad fue especialmente contundente, aunque los agentes españoles vivieron escenas complicadas: un grupo de ciudadanos superior en número les obligó a retroceder cuando avanzaban por una calle más ben estrecha. El vídeo es de los más icónicos de la jornada del 1-O, que ha llegado a las pantallas gracias a documentales de TV3 y de Mediapro. La productora de Jaume Roures medita, incluso, emitirlo fuera del Estado.

Forcadell, finalmente, pudo votar en la escuela Joanot Alisanda en el tercer intento. También tuvo que cambiar de colegio el vicepresident Oriol Junqueras en Sant Vicenç dels Horts, su municipio, porque su escuela habitual tenía las cerraduras siliconadas. “Hay que defender la democracia”, sostuvo Junqueras cerca de las 10.30 de la mañana. Poco antes, Joaquim Forn, titular de Interior, se había convertido en el primer miembro del Govern que había podido votar a la primera en el lugar donde lo hace habitualmente.

Romeva, conseller d’Exteriors, y Turull, de Presidència, abandonaron momentáneamente el cuartel general del Govern en Barcelona para moverse hacia Sant Cugat del Vallès y Parets del Vallès, respectivamente, y ejercer su derecho a voto. Clara Ponsatí, de Ensenyament, pudo votar sin complicaciones, pero tuvo que lidiar con la actuación policial que hubo en su departamento. Los agentes le acabaron robando el iPad personal.

A las once de la mañana, el Govern hizo público que el 76% de los colegios electorales había abierto con normalidad. El porcentaje subió hasta el 96% a las 12.30, cuando las actuaciones policiales empezaban a ir de bajada. No se libró de ellas el colegio Infant Jesús de Barcelona, donde participó el expresident Artur Mas, ni la localidad de Sant Carles de la Ràpita.

¿Por qué este municipio del Ebro vivió en sus carnes la violencia policial? Lluís Salvadó, secretario d’Hisenda y hombre de confianza de Junqueras, nació allí. Salvadó fue detenido el 20 de noviembre junto con otras 14 personas en el marco de las investigaciones del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, y ya estaba imputado a raíz de las revelaciones del exsenador de su partido Santi Vidal. Según varias fuentes conocedoras del operativo, Salvadó, diputado en esta nueva legislatura por Tarragona, se reunió con los responsables territoriales de la arquitectura del referéndum en los días previos. Los coordinadores locales, por cierto, conocieron la puesta en marcha del censo universal tan solo unas horas antes que se hiciera público.

Este mecanismo permitió al Govern que la participación aumentara, pese a las cargas policiales y a problemas informáticos que arreciaron durante las primeras horas. La Generalitat tuvo que generar hasta 21.000 contraseñas para las mesas electorales debido a los ataques de hackers presuntamente a las órdenes de los servicios de inteligencia españoles. La situación recordó al 9-N, cuando servicios de la administración quedaron bloqueados ante los ataques informáticos.

El núcleo duro del Ejecutivo y del Estado Mayor del proceso siguieron el 1-O desde del Palau de la Generalitat, desde el que se desplazaban Junqueras, Romeva y Turull para atender a los medios cada vez que era necesario. Lo hicieron para informar de los porcentajes de participación, pero también para denunciar a ojos de Europa la actuación policial.

“El artículo 7 de los Tratados sostiene que no se puede utilizar violencia militar contra la población civil”, sostuvo Romeva, conseller d’Exteriors, que avanzó contactos con la Unión Europea para proceder a sancionar a España por las cargas policiales. “Se está poniendo en riesgo la imagen de Europa como garante de los derechos humanos”, resumió el dirigente. Rafael Ribó, Síndic de Greuges de la Generalitat, también anunció que llevaría a las instituciones comunitarias las escenas de represión.

Mientras esto pasaba en el centro de prensa internacional de Mediapro, en la Plaça Sant Jaume escrutaban al milímetro los datos que iban llegando. Según un alto responsable gubernamental, en la semana previa al 9-N llegó al Palau de la Generalitat el material necesario para instalar una antena a través de la cual recibir las comunicaciones de las mesas electorales. El día anterior a la votación, agentes de la Guardia Civil precintaron una sala en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), teóricamente destinada a recoger datos de la votación, aunque varias fuentes indican que no era más que un señuelo.

La actividad real se estaba cociendo en Palau, con Puigdemont, Junqueras y el Estado Mayor del proceso al frente de las operaciones. Incluso se pudo ver, según testigos presenciales, al president seguir el detalle de la jornada enchufado a un ordenador protegido por medidas de seguridad inéditas. Uno de los artífices del desarrollo informático de la jornada fue Jordi Puigneró, secretario de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat. En semanas anteriores al 1-O se le pidió que pusiera en marcha un mecanismo para votar a través de un aplicativo móvil, pero se descartó por falta de tiempo. El riesgo de fracaso, resuelve un alto responsable, era demasiado alto.

Hacia la declaración de independencia

Los planes del Govern para llevar a cabo el referéndum no fueron, precisamente, una balsa de aceite. En paralelo a la compra de urnas por parte de un ciudadano, que desembolsó de su bolsillo 100.000 euros, el Ejecutivo puso en marcha un concurso público que acabó desierto. En reuniones privadas de coordinación en el Palau de la Generalitat, este aspecto generó controversias. “No puede ser que os planteéis hacer el referéndum con urnas de cartón”, dijo Anna Gabriel, diputada de la CUP, en una cita en la que Puigdemont sugirió esta opción. Junqueras se ofreció para que su departamento las comprara de forma directa, pero no se llegó a un acuerdo político. La realidad es que, mientras se producía este debate, las urnas ya estaban encargadas.

“A cada problema encontramos una solución”, sonríe uno de los conocedores de toda la arquitectura. El día 1 de octubre llegó y el balance que se hacía en el Palau de la Generalitat era positivo, pese a las imágenes de las cargas policiales y la consumación de un choque con el Estado que hacía entrar el proceso en una fase completamente desconocida. El resultado final arrojó un 90% de los votos a favor de la independencia (2.044.038) y un 7,83% en contra (177.547). La participación final fue, según los resultados oficiales, de 2.286.217 catalanes.

¿Estuvo encima de la mesa la posibilidad de proclamar la independencia esa misma noche? “No, rotundamente no”, resumen al menos diez personas presentes en Palau aquella noche. El artículo 4.4 de la ley del referéndum estipulaba que esta decisión solo se podía llevar a cabo dos días después de trasladar los resultados oficiales al Parlament, así que no había margen para tomar decisiones efectivas a las pocas horas del cierre de los colegios electorales.

Puigdemont compareció pasadas las diez de la noche, y lo hizo acompañado de todo el Govern desde la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, lugar reservado para las ocasiones solemnes. “Los ciudadanos de Catalunya nos hemos ganado el derecho a tener un estado independiente que se constituya en forma de República. En consecuencia, el Ejecutivo que presido trasladará en los próximos días al Parlament de Catalunya, sede y expresión de la soberanía de nuestro pueblo, los resultados de la jornada de hoy para que actúe de acuerdo con lo previsto en la ley del referéndum”, señaló.

El mensaje institucional suponía redoblar el desafío al Estado. Mariano Rajoy, desde el Palacio de la Moncloa, fue explícito solo unas horas antes: “Puedo decirles que hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Catalunya”. En TV3, a la hora de presentar las noticias de las nueve de la noche, combinaron las palabras del presidente del Gobierno español con la de los ciudadanos votando en las urnas que el Estado había sido incapaz de encontrar. “Hemos asistido a una mera escenificación”, adujo antes de justificar las cargas policiales: “Hemos hecho lo que teníamos que hacer, actuando con la ley y solo con la ley”.

Rajoy aprovechó, una vez más, para ofrecer diálogo dentro de la Constitución. “No voy a cerrar ninguna puerta”, dijo en una comparecencia (como la de Puigdemont) sin preguntas de los periodistas. Aprovechó para anunciar que se reuniría con los líderes de todos los partidos y para avanzar que comparecería en el Congreso de los Diputados para explicar los siguientes pasos en Catalunya. Sobre sus intenciones futuras fue críptico, pero visto con perspectiva se puede entender que lanzaba un aviso a navegantes en relación con el 155: “Se ha demostrado que nuestro Estado democrático tiene recursos para defenderse de un ataque tan serio como el que se intentó perpetrar con este referéndum ilegal. Renuncien [la Generalitat] a dar nuevos pasos en un camino que no conduce a ninguna parte”.

Pero Puigdemont, una vez escuchadas estas palabras, dejó claro que su prioridad era la de cumplir la ley del referéndum (ya suspendida por el TC), en la que se deja claro que hay que proceder a la declaración de la independencia en el caso de que en el 1-O hubiera más votos afirmativos que negativos. El president, a última hora de la noche, citó a sus consellers para la mañana siguiente. Los acontecimientos obligaban a una reunión extraordinaria del Govern.

Paralelamente, la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural seguían la noche electoral en la Plaça Catalunya ante centenares de personas congregadas. “Os emplazamos a seguir la consigna de la Taula per la Democràcia de hacer un paro nacional, una huelga general”, pronunció Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, hacia las diez de la noche del 1-O. “Hoy empieza todo”, señaló Cuixart, en prisión desde el 16 de octubre por un presunto delito de sedición.

Jordi Sànchez, presidente de la ANC y encarcelado en Soto del Real desde la misma fecha, pidió “compromiso” al Govern para tirar adelante el mandato de los dos millones de votos independentistas. A partir de aquella misma noche, la estrategia que se había cocido de puertas para adentro en el Estado Mayor del proceso tomaba forma. Se había conseguido votar, pese a las dificultades evidentes por la represión policial y las actuaciones previas del Estado para desbaratar el operativo, y ahora la partitura estaba en manos de la calle. La movilización permanente, un concepto moldeado específicamente para llevar a cabo el referéndum y defender su resultado, tendría su primer ejemplo de largo alcance en la huelga general del 3 de octubre.

Antes, eso sí, el Govern debía reunirse en el Palau de la Generalitat para fijar la estrategia. La ley del referéndum establecía que había que dar traslado al Parlament de los resultados del 1-O, pero no determinaba el plazo exacto para hacerlo. Puigdemont, en una comparecencia después de la cita con sus consellers, fue especialmente duro con el operativo policial destinado a frenar la votación y exigió con rotundidad que fueran retirados los guardias civiles y los policías nacionales desplazados a Catalunya en el marco de la Operación Copérnico.

El primer acuerdo al que llegó el Ejecutivo fue, de hecho, la creación de una comisión especial de investigación para recoger toda la información sobre la represión policial. “Queremos acompañar y reconocer las víctimas de la brutalidad policial”, destacó el presidente, que indicó que se tomarían “todas las acciones legales” para “depurar las responsabilidades de los agentes, mandos y responsables que han ordenado las operaciones”. “Hay que velar porque se utilicen los mismos recursos que se han utilizado para buscar urnas y papeletas”, sostuvo. La comisión especial, por cierto, fue recurrida por el Gobierno español y suspendida por el Tribunal Constitucional.

En esta comisión, sobre el papel, debía haber expertos y miembros del Gobierno, que se personó en la causa por la violencia policial. “No se puede volver a repetir, no puede quedar impune. Es la jornada más grave en cuarenta años”, apuntó Puigdemont, que criticó el “enorme coste” del desplazamiento de los agentes a Catalunya. La cantidad total fue de 87 millones de euros, según los datos que el ministro Zoido dio ante los miembros del Senado.

Entre Europa y el Rey

El president tenía claro que las imágenes de las cargas policiales habían causado un gran impacto en los medios de comunicación internacionales. Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español, se veía obligado a responder día sí, día también, sobre la cuestión en todas las entrevistas que concedió. Para incredulidad de algunos entrevistadores (incluidos los de la BBC), Dastis cualificó de fake news algunas imágenes, y dudó de la veracidad de buena parte de los testigos.

Puigdemont se refirió explicítamente el dos de octubre a la apertura de un periodo de mediación internacional para solucionar el pleito abierto en la política estatal y en la calle. “Es evidente que la Unión Europea tiene que apadrinarla [la mediación], y debe dejar de mirar hacia otro lado”, expresó el presidente de la Generalitat. “La carta de derechos fundamentales [de la Unión Europea] dice que no se pueden violar”, resolvió. Puigdemont insistió en todo momento en que la cuestión catalana ya era un asunto europeo, no doméstico. “Nos hemos ganado el derecho a ser escuchados”, recordó. Con el paso de los días se vio que la respuesta no sería positiva para sus intereses.

El president observó como, pocos minutos después de su comparecencia, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ponía de su lado. “Rajoy debe frenar esta deriva represora”, manifestó desde la Galeria Gótica del Ayuntamiento. La alcaldesa, que llegó al cargo después de una trayectoria destacada como activista contra los abusos hipotecarios, mantuvo un perfil más bien bajo en la organización del referéndum. Desde el primer momento acató la suspensión del TC y se negó a ceder locales para permitir la votación en Barcelona, pero al cabo de unos días llegó a un acuerdo con la Generalitat para que el 1-O tuviera visos de normalidad. Su posición, situada entre los partidarios de la declaración de independencia y el 155, le ha valido críticas por equidistante.

Solo tuvo protagonismo público el 16 de septiembre en un acto en el consistorio. “Esto no va de independencia sí o no, va de defender las libertades”, señaló Colau ante unos 700 alcaldes llegados de todos los rincones de Catalunya. La grandísima mayoría de ellos ya sabían, desde hacía tres días, que la Fiscalía les estaba investigando por haberse puesto al servicio de la Generalitat a la hora de permitir el referéndum.

“Estamos aquí para denunciar que cientos de alcaldes, solo por querer votar, están amenazados con ser detenidos. Es una vergüenza que el Estado sea incapaz de escuchar el pueblo de Catalunya, que sea incapaz de dialogar, que intimide a alcaldes y medios de comunicación, que ordene quitar carteles y que persiga imprentas”, se quejó Colau. Evitó cruzar, eso sí, la Plaça Sant Jaume para desplazarse hasta el Palau de la Generalitat, donde Puigdemont también recibió a los ediles.

El president envió un mensaje directo a las instituciones del Estado: “Que no subestimen la fuerza del pueblo de Catalunya”. Quince días más tarde, las espadas estaban más en alto que nunca. El soberanismo había culminado su apuesta por el referéndum y el Estado, incapaz de evitar que más de dos millones de personas se acercaran a las urnas, debatía qué hacer. Y encontró en el rey Felipe VI su principal ariete.

El 3 de octubre, coincidiendo con la jornada de huelga general que paralizó la actividad económica de Catalunya, Felipe VI tomó la decisión de comparecer públicamente para referirse a la situación política. Era la primera vez en su mandato que hablaba más allá de los actos protocolarios y de los mensajes de Navidad, y escogió muy bien sus palabras. Según las fuentes consultadas, barajó la posibilidad de comparecer vestido de militar, como su padre el 23-D, pero la reina Letizia tuvo un papel fundamental para impedirlo. Hubiera sido un gesto demasiado expeditivo.

“Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Catalunya, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía […] Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Catalunya. Han quebrantado los principios democráticos de todo estado de derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando, desgraciadamente, a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada”, arrancó el monarca, con semblante grave.

“Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del estado de derecho y el autogobierno de Catalunya, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”, recalcó a mitad de su discurso. La intervención a través del artículo 155, que ya se estaba diseñando en los pasillos de la Moncloa, recibía así el aval tácito de Felipe VI. Varios consellers intercambiaron mensajes de preocupación: aquello iba en serio.

Las palabras del monarca, celebradas con entusiasmo por el constitucionalismo, supusieron así otro punto de no retorno de la crisis catalana. Puigdemont, que ya se encontraba inmerso en su laberinto sobre cómo proceder a la declaración de la independencia en el Parlament mientras su partido y el soberanismo moderado le pedían elecciones, quiso comparecer al día siguiente desde el Palau de la Generalitat para enviarle un mensaje efectivo: “Así no, majestad”. Detrás de él lucía una puerta abierta: en lenguaje no verbal, el Govern quería seguir ofreciendo diálogo. Las puertas de la Moncloa y, por supuesto, las de la Zarzuela, estaban cerradas a cal y canto.

El epicentro del proceso pasó a partir de entonces de las urnas a los tribunales, con escenas puntuales en el Parlament y el Senado. La movilización permanente que había permitido la celebración del referéndum sería rápidamente combatida por la justicia. Con el respaldo, por supuesto, de todas las instituciones del Estado. El 1-O no quedaría impune.

Capítulo 4

Movilización permanente

A Jordi Sànchez, presidente de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), le sonó el teléfono a las nueve de la mañana. Las redes sociales hervían con una operación policial contra los responsables del referéndum y centenares de ciudadanos se empezaban a desplazar hacia la sede del departamento de Economia, en la confluencia entre la Rambla Catalunya y la Gran Via de Barcelona. “Esto ha empezado de manera espontánea, y nosotros nos apuntamos”, le dijo Sànchez a su interlocutor, un alto responsable del procés. Aquel 20 de septiembre lo cambió todo.

A primera hora había poca información. Se hablaba de registros en Economia, fundamental en la arquitectura del referéndum, pero la Guardia Civil también llamaba a la puerta de conselleries como Exteriors (de quien dependía el área de participación ciudadana y el contacto con las delegaciones internacionales previstas para el 1-O), Governació y Presidència. La movilización se desbordó en el momento en que se hicieron públicas las detenciones de altos cargos relacionados con la consulta. Fue entonces cuando Rambla Catalunya empezó a quedarse pequeña.

La sensación general, dentro del Estado Mayor del proceso, era que había llegado el día. El día en que se daría el pistoletazo de salida a la movilización permanente, un término largamente teorizado por el soberanismo pero que aún no había sido necesario poner en práctica. Estaba en boca de la CUP, pero también de Artur Mas, que lo llegó a desplegar en una comida en la Cambra de Comerç de Barcelona delante de un público poco entregado a la causa. Las operaciones policiales del 20-S, ordenadas por el juzgado de instrucción número 13 de la capital catalana, iban a ser el detonador de la fase definitiva del referéndum.

A medida que iban pasando las horas, el cruce entre la Gran Via y Rambla Catalunya se convirtió en el reflejo, a pequeña escala y con mucha más intensidad, de las manifestaciones de los Onze de Setembre celebrados desde 2012. Desde los edificios situados a dos manzanas se podía escuchar nítidamente el cántico más emblemático de la jornada: “Els carrers seran sempre nostres” (Las calles serán siempre nuestras). Entre el público se podía encontrar de todo: estudiantes que habían dejado las clases para protestar contra la operación policial; mujeres y hombres de negocios que no se lo querían perder; manifestantes independentistas habituales que hacían turnos para no perder la posición; y los principales representantes de las entidades del soberanismo civil e institucional. Nadie, absolutamente nadie, se lo quería perder.

A media mañana, según relata un alto responsable, Jordi Sànchez y su homólogo en Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, fueron llamados a una reunión del Estado Mayor del proceso para evaluar el desarrollo de la jornada y el impacto del operativo policial en los preparativos del referéndum. Sànchez y Cuixart, antes de partir a la cita —donde les esperaban el president Carles Puigdemont y el vicepresident Oriol Junqueras—, se reunieron con diputados que había repartidos ante las puertas de Economia, como era el caso de Antoni Castellà y Lluís Llach, para consensuar la estrategia.

La decisión que se tomó entonces fue que “de momento” no saliera nadie de la Conselleria, en referencia a los agentes de la Guardia Civil que patrullaban por los despachos. En aquel momento ya se conocía que Josep Maria Jové, encargado del referéndum y número dos de Junqueras, había sido detenido, y también que se le había practicado un registro en casa. “Sabíamos que algo pasaría desde la noche anterior. Los Mossos que vigilan de la puerta [del departamento de Economia] nos habían alertado de presencia policial española”, remarca, meses después, un alto cargo gubernamental. El Ejecutivo de Puigdemont constató en ese preciso instante que el referéndum corría peligro, porque se estaba acechando a sus responsables. No solo a Jové, de perfil concienzudamente discreto, sino también a Lluís Salvadó, secretari d’Hisenda y también muy cercano a Junqueras. El cerco al vicepresident se iba estrechando.

El líder de ERC, a mediodía, se acercó a la Rambla Catalunya para saludar a los manifestantes. “Solo el pueblo salva al pueblo”, repitió. En ese momento, la consigna era la de “bloquear” el departamento de Economia a través de la resistencia pacífica. “La mejor manera de protestar era no dejarlos salir, al menos momentáneamente”, reflexiona uno los responsables políticos de la movilización. El paso de las horas no disminuyó el caudal de manifestantes: cuando se acercó la hora de salida del trabajo, el céntrico cruce de Barcelona volvió a rugir.

La acción, por momentos, se desplazó a la sede de la CUP. Furgones de la Policía Nacional estacionaron delante del cuartel general de los anticapitalistas, socios del Govern y abiertamente partidarios de la desobediencia para convocar el referéndum, celebrarlo y aplicar el resultado. Se esperaba un registro en cualquier momento, pero los agentes no llegaron a entrar. “Tampoco hubieran encontrado nada: si había material sensible en ese edificio, ya hacía horas que se había sacado de allí”, ironiza un alto dirigente soberanista.

La CUP interpretó que aquel movimiento de furgonetas policiales solo tenía un objetivo: “provocar”. Los agentes se encontraron una militancia anticapitalista con actitud de resistencia pacífica. La diputada Mireia Vehí llegó a coger un megáfono para avisar, con una sonrisa en la boca, de que entre los manifestantes que protegían la sede podría haber infiltrados, y que en caso de conato de violencia se los debía aislar. Uno de los que se acercó a las oficinas de la CUP fue Xavier Trias, exalcalde de Barcelona e histórico líder convergente. Le flanqueaban Alfred Bosch, de ERC, y dos dirigentes de Demòcrates de Catalunya.

Del megáfono a la sedición

Las horas pasaban como un rayo delante de la sede de Economía. Junqueras fue a visitar a su equipo mientras se producía el registro, y en un primer momento los agentes no le dejaron saludarles. Se vivieron escenas de cierta tensión, pero finalmente el vicepresidente pudo hablar con su gente (Salvadó y Josep Maria Jové, su número dos) antes de que se los llevaran a prisión. El despacho de Jové, por cierto, quedó completamente revuelto después del paso de la Guardia Civil, aunque los materiales más preciados los encontraron en su casa: un informe titulado EnfoCATs, con parte de la estrategia del referéndum detallada, y una libreta Moleskine con anotaciones manuscritas que revelaba detalles jugosos para las fuerzas del orden estatales.

Mientras tanto, en Rambla Catalunya los manifestantes desconocían el contenido del informe y de la libreta del número dos de Economia. De hecho, es muy probable que una minoría de ellos supiera qué cara hacía Jové, el encargado de la arquitectura institucional del referéndum y pieza clave en todo el engranaje, y cuál era su función exacta como arquitecto institucional del referéndum. La ciudadanía congregada en el centro de Barcelona, que en los mejores momentos de la concentración sumó 40.000 personas y se extendía casi hasta la Ronda Universidad (la calle donde nace la Plaça Catalunya), estaba centrada en los cánticos y en demostrar capacidad de movilización ante los agentes de la Guardia Civil apostados en la puerta de la sede de Economia. Tres 4x4 de la Benemérita, cuando el día se apagaba, yacían destrozados y llenos de pegatinas reivindicativas. Incluso se acomodó alguna estelada en las ventanas laterales.

Los principales representantes del independentismo se turnaron encima de un escenario improvisado para dirigirse al público. “Ni un pas enrere! (Ni un paso atrás)”, clamaba la gente mientras la Guardia Civil tenía prácticamente listo el registro. Salir les daba miedo: había miles de congregados y el escenario era completamente imprevisible. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart iban arriba y abajo hablando con los responsables del registro y, por teléfono, mantenían línea directa con el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, que estaba sometido a una enorme presión. ¿Debía el cuerpo de policía catalán intervenir para facilitar a los agentes del instituto armado salir sin problemas del edificio de Economia? ¿O era mejor calibrar la situación durante unas horas más, a la espera de si la manifestación bajaba de temperatura?

Mientras tanto, Cuixart y Sànchez tomaron una decisión: había que ir a dormir para preparar mejor una acampada-manifestación programada para el día siguiente en el Arc de Triomf de la capital catalana, justo delante del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). “¡Estaremos allí hasta que liberen a los prisioneros!”, exclamaron los dos máximos dirigentes del independentismo civil. Pidieron permiso a los agentes de la Guardia Civil para subir a los coches, irrecuperablemente dañados, para dirigirse a la masa con un megáfono de color rojo.

Los manifestantes se tomaron mal que Sànchez y Cuixart los mandaran para casa. “Aquesta nit la passareu aquí!” (Esta noche la pasaréis aquí), les decían a los agentes desde la concentración. Los presidentes de Òmnium y la ANC entraban y salían constantemente del edificio de Economia para hablar con los responsables del registro e intentar trazar una estrategia conjunta que supusiera el mínimo conflicto posible. El servicio de seguridad de la manifestación, a cargo de las entidades (ha sido así en todas las manifestaciones del Onze de Setembre desde 2012, sin ningún tipo de incidencia), se disolvió pasadas las doce de la noche.

A partir de aquella hora fueron llegando furgones de los antidisturbios de los Mossos. Avisaron hasta tres veces que iban a cargar para despejar la puerta de entrada y permitir la salida de los agentes de la Guardia Civil. En aquel momento, cuando ya eran más de las dos, el número de manifestantes se había reducido ostensiblemente. A partir de las cuatro, los responsables del registro —alguno de ellos visiblemente molesto, como fue el caso de la secretaria judicial, que propuso salir por un teatro adyacente a la Gran Via de Barcelona— pudieron dejar atrás alrededor de veinte horas frenéticas. Los coches, inservibles, tuvieron que ser remolcados.

Al día siguiente, Sànchez y Cuixart siguieron adelante con el plan de movilizaciones el día siguiente delante del TSJC. Hasta la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se acercó al Arc de Triomf para dirigirse a los manifestantes. Forcadell, que dejó el cargo con la nueva legislatura, siempre se sintió más a gusto en las calles que en las instituciones, debido a su pasado como activista, y su verbo encendido de esos días se explicaba también por la amistad personal que mantenía —y mantiene— con algunos de los quince detenidos del 20 de septiembre.

Al Estado no le gustaron nada las manifestaciones en Rambla Catalunya. Consideraba que habían sido una especie de agresión contra la autoridad (la Guardia Civil) con el beneplácito de los Mossos, un cuerpo que estaba bajo la lupa debido al debate que había sobre su papel en el referéndum y en la presunta implantación de su resultado. Así que, el día 22, la Fiscalía de la Audiencia Nacional interpuso una querella contra las manifestaciones que ponía a Jordi Sànchez y a Jordi Cuixart en el disparadero. Más tarde, una tercera persona acabó siendo vinculada a los hechos. Era Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos. Su futuro judicial se empezaba a enturbiar.

Los dos primeros, según la querella, eran los responsables de impulsar el referéndum a través de “la fuerza de la intimidación”. Su voluntad, según el ministerio público, fue impedir la “aplicación” de la ley con movilizaciones “tumultuarias”, un adjetivo que es necesario para invocar el delito de sedición. La magistrada Carmen Lamela, basándose en el escrito de Fiscalía, envió a Sànchez y a Cuixart a la prisión de Soto del Real el 16 de octubre. “Nunca utilizaron el control que tenían para desconvocar o diluir una concentración que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes investigadores cumplir las órdenes del juez”, mantiene el auto de Lamela, que aduce también un presunto riesgo de fuga para privarlos de libertad.

La magistrada recoge proclamas de Cuixart en las que apela a que “nadie” se vaya a casa, pero obvia que un rato más tarde, megáfono en mano y acompañado de Sànchez, daba por disuelta la manifestación e instaba a los congregados a “descansar” para participar en la movilización del día siguiente, delante del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La defensa ya ha aportado los vídeos donde se prueban estos hechos, pero no han servido para que el Tribunal Supremo, donde se instruye ahora la causa, los deje en libertad. Su encarcelamiento provocó un gran impacto en el independentismo justo en el momento en que Puigdemont deshojaba la margarita entre el avance electoral y la proclamación de la independencia.

Según Lamela, el objetivo último del 20 de septiembre era conseguir la celebración del referéndum “y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, siendo conscientes de que desarrollaban una actuación” al margen de la ley, “impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto” y, en particular, la Constitución. Miles de catalanes salieron a la calle al día siguiente del encarcelamiento de los Jordis en la Diagonal del Barcelona sosteniendo velas. Sin tener en cuenta, seguramente, el caos que generarían al cabo de unas horas: la cera se apoderó del asfalto y se tuvo que cortar la avenida entre la Plaça Francesc Macià y el Passeig de Gràcia. Los grupos municipales constitucionalistas afearon a la alcaldesa Ada Colau que no hubiera previsto un dispositivo específico para hacer frente a la situación.

Por aquel entonces, Trapero ya sabía que se había librado, al menos momentáneamente, de entrar en prisión. El mayor de los Mossos, que ganó una gran popularidad en Catalunya gracias a la rápida respuesta policial contra la célula yihadista que atentó en Barcelona y en Cambrils el 17 de agosto, está en libertad con medidas cautelares y, a raíz del artículo 155, fue cesado de su cargo. Ahora se encarga de tareas administrativas en la sede central del cuerpo, y se llegó a especular con su inclusión en la lista de Carles Puigdemont a las elecciones del 21-D, aunque su entorno lo ha negado siempre.

A Trapero, según la Audiencia Nacional, también se le imputaba un delito de sedición. Los agentes de la Guardia Civil pidieron ayuda en varias ocasiones a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, desplazada a Rambla Catalunya desde primera hora de la mañana, pero hasta las 14.30 no se presentó un responsable de la unidad de control de masas. En una de esas peticiones se trasladó a Laplana la necesidad de proteger los tres coches que habían quedado fuera y que ya estaban rodeados. Se le dijo que los coches tenían “armas largas” y que si los manifestantes accedían a los vehículos “podría incrementarse la amenaza de forma muy importante”. La intendente respondió, según el guardia, que no podía hacer nada y que su intención era “mantener la situación”.

La versión de la Conselleria de l’Interior, meses después, no ha variado: se controló la concentración sin poner en riesgo la seguridad pública. “Se actuó con criterio de proporcionalidad. La prioridad es que no hubiera incidentes, que las personas concentradas no se hicieran daño y que se velara por su seguridad. ¿Se habría podido parar? Lo dudo, lo dudo mucho”, rememora un alto responsable del departamento. Según la visión de la Generalitat, el Estado habría querido que los antidisturbios cargaran contra los manifestantes desde del principio, pero no se hizo así. Solo se actuó de este modo en el momento en que había mucha menos gente y ya era muy tarde. “Es más: difícilmente los servicios de inteligencia del Estado habrían catalogado como peligrosa una manifestación como esta”, sostienen en Interior.

Trapero, por cierto, llevaba miembros del Grup Especial d’Intervenció (los GEO catalanes, que también acompañaban a Puigdemont desde las semanas previas al referéndum) en su escolta. Eran los dos únicos altos cargos de la Generalitat que disponían de este nivel de seguridad. El mayor de los Mossos había detectado personalmente que agentes españoles de paisano le seguían tras el verano, así que se incrementó su protección.

El artículo 155 lo cesó cuando Sànchez y Cuixart ya llevaban 11 días durmiendo en Soto del Real. Con el paso de los meses, ambos dirigentes civiles han hecho marcha atrás ante el Supremo para salir de prisión. El presidente de la ANC acató por escrito la Constitución y dejó claro que cederá su escaño en el Parlament si su grupo, Junts per Catalunya (la lista de Puigdemont) se embarca de nuevo en la vía unilateral, mientras que el máximo dirigente de Òmnium Cultural quiso hacer constar que el único referéndum válido llegaría en caso de ser pactado con el Estado. Unas versiones distintas de las que defendían en las reuniones más restringidas de los estrategas del proceso.

El Estado Mayor

Entre finales de abril y principios de mayo, Puigdemont y Junqueras llegaron a la conclusión que había que crear un mecanismo de coordinación para llevar a cabo el referéndum. Hacía pocos días que el Govern en pleno había firmado un documento de compromiso con la votación en un acto solemne en Palau que tenía como intención cerrar las discrepancias internas y exhibir unidad. Pero no era suficiente: se necesitaba una estrategia conjunta alejada de los focos que trabajara todos los aspectos del referéndum.

Cada vez que se sopesaba algún fichaje para el llamado Estado Mayor, se le hacía saber al interesado que, si se filtraba su existencia a los medios, sería literalmente desterrado de la iniciativa. Las novedades más llamativas del sanedrín, que tomaba decisiones más relevantes que el propio Govern (así lo rememoran varios consellers, dolidos con la estrategia de Puigdemont y con la falta de información de la que disponían), eran Xavier Vendrell, David Madí, Oriol Soler y Xavier Vinyals.

Vendrell, una de las figuras más destacadas de ERC durante la primera década del siglo, se dedica ahora al mundo de la empresa. Tuvo, por ejemplo, un papel destacado a la hora de advertir a Puigdemont sobre el uso de “violencia extrema” del Estado ante la declaración de independencia, y también jugó un papel (como se consigna en el siguiente capítulo) a la hora de trasladar por carretera a varios consellers que se fueron a Bélgica tras la proclamación de la República. Tuvo una experiencia breve como titular de Governació en 2006, hasta que Pasqual Maragall expulsó a ERC del Ejecutivo tripartito por las desavenencias en el referéndum sobre el Estatut: los republicanos pedían el no, mientras que el PSC era partidario del sí.

Madí es un viejo conocido de la política catalana. Fue el principal estratega de Artur Mas en los años que CiU estuvo en la oposición, y le llevó a ganar las tres elecciones que disputó: 2003, 2006 y 2010. En las dos primeras, pese a vencer en las urnas, se quedó en la oposición ante la mayoría que sumaba el gobierno tripartito formado por PSC, ERC e ICV. En 2010 ganó de manera holgada (62 diputados de 135), pero vio como Madí, de familia acaudalada, se marchaba de la política. Empezó a trabajar para empresas como Deloitte y Endesa, que progresivamente han ido prescindiendo de sus servicios. Aparecía poco por las reuniones (fuentes consultadas señalan haberlo visto tan solo una vez), pero ejercía una influencia notable.

Soler es, probablemente, el menos conocido de los tres. Tiene una larga trayectoria en el mundo editorial y fue la mente pensante detrás del lanzamiento del diario ARA, un periódico catalán nacido el 2010 de tendencia soberanista y con alma renovadora. Su buen conocimiento de los entresijos del independentismo le valieron un papel muy discreto —pero destacado— en las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP del 2015, que terminaron con Mas dando un “paso al lado” en favor de Puigdemont ante el veto de los anticapitalistas. Sobre sus espaldas recayó la estrategia de comunicación del Estado Mayor, y tenía potestad para decidir qué se filtraba y qué no en relación con el proceso.

“Lo tenía todo en la cabeza”, sostiene uno de los miembros del sanedrín consultados. “Es extraño que la justicia no haya ido contra él”, recalca otro de los dirigentes que conoce los contenidos de las reuniones. Soler fue el encargado de reunirse con Julian Assange, fundador de Wikileaks, en la embajada londinense de Ecuador el 9 de noviembre de 2017, según reveló El País. Un fotógrafo del diario de Prisa, casualmente, pasaba por delante de la oficina diplomática justo en el momento en que el editor se dirigía a la reunión con Assange. El activista sueco, durante los meses de septiembre y octubre, centró casi toda su actividad en redes sociales a hacer campaña a favor del referéndum.

Soler, Vendrell y Madí asesoraban a Puigdemont y a Junqueras en un órgano de coordinación secreto que incluía de inicio a dirigentes del PDeCAT (Artur Mas y Marta Pascal), de ERC (Marta Rovira), diputados de Junts pel Sí (Lluís Llach) y a los presidentes de ANC y Òmnium (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart). La CUP, de inicio, quedó fuera. De hecho, su ausencia fue una de las claves para que se fundara el Estado Mayor. Los anticapitalistas eran informados en reuniones con Puigdemont, pero no participaban de la toma de decisiones.

Según una decena de fuentes consultadas, el sanedrín tenía tres niveles de funcionamiento: el político, el estratégico y el comunicativo. En este último, por ejemplo, participaban altos cargos de Presidència y de Vicepresidencia de perfil técnico, mientras que en los dos primeros primaban los políticos y los fichajes externos. Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes y cónsul honorario de Letonia en Catalunya, era una pieza clave de la estrategia. Fue cesado en su cargo diplomático por, presuntamente, colgar una estelada en el edificio de la oficina consular.

Vinyals, según varias fuentes consultadas, era uno de los principales asesores en materia de seguridad (también telefónica) y estaba al tanto de todas las decisiones. Según fuentes del PDeCAT consultadas, su trabajo estaba “monitorizado” por David Madí, que hasta el final fue partidario de la declaración de la independencia y contrario a la convocatoria de elecciones, según la cúpula nacionalista. Madí también tuvo un papel entre bastidores después de los comicios del 21-D: se llegó a reunir con Puigdemont en Bruselas.

El Estado Mayor es fundamental para entender el rumbo que llevó el proceso desde la primavera hasta la declaración de la independencia. En él se debatió, por ejemplo, la mejor manera de comprar las urnas (hubo quien sugirió comprarlas de golpe en Colombia a través de una empresa creada expresamente para este propósito), así como también la estrategia de movilización permanente.

En cierto modo, había dos corrientes de opinión sobre cómo afrontar el choque con el Estado. Había un bando partidario de impulsar sí o sí el referéndum a través de la presión en la calle para forzar al máximo la máquina y llevar la votación hasta las últimas consecuencias, mientras que otros preferían ahondar en el conflicto con el Gobierno español para, al final, acabar convocando nuevas elecciones autonómicas ante la presunta imposibilidad de celebrar el 1-O.

Esta división de opiniones se puso de manifiesto en dos ocasiones muy significativas. La primera se produjo en el entorno del 20 de septiembre, con las imágenes de la movilización en Rambla Catalunya aún en la retina de todo el independentismo. El operativo de la votación había quedado tocado por los registros de la Guardia Civil y las incautaciones que se estaban llevando a cabo por todo el territorio catalán, y así lo admitía, preocupado, el vicepresidente Oriol Junqueras. “Las actuaciones policiales alteran el referéndum”, resumió aquellos días.

Un sector del Estado Mayor prefería pasar página e ir directamente a nuevas elecciones, a las cuales se intentaría dotar de cierto contenido plebiscitario. En esta tesitura se encontraba, entre otros, Jordi Sànchez, presidente de la ANC. Jordi Cuixart, su homólogo en Òmnium, tenía una opinión diametralmente distinta. Cuixart fue respaldado en sus opiniones por Marta Rovira, secretaria general de ERC. Al final se llegó a un acuerdo tácito: si había que suspender el referéndum, lo mejor era esperar al 1-O. Hacerlo antes, sostuvieron, no beneficiaba a nadie.

Y fue precisamente durante la jornada del referéndum cuando se produjo el segundo debate relevante sobre la idoneidad de seguir adelante con la votación. Puigdemont constató en primera persona los estragos de la actuación policial para frenar el 1-O, y fueron varios los consellers que recorrieron municipios en su coche oficial para tener conocimiento de la situación. Santi Vila, titular de Empresa y encuadrado dentro del sector moderado del Govern, trató incluso de hablar con mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, pero sus intentos quedaron en nada.

La mañana del referéndum, hacia las doce del mediodía, el sanedrín se reunió en el Palau de la Generalitat para decidir qué hacer. Una gran mayoría de los dirigentes se posicionaron a favor de frenar la votación a causa de la dureza de las cargas policiales, y ya se hablaba de una probable convocatoria electoral, avalada explícitamente por Jordi Sànchez y que contaba con adeptos dentro del Govern. Marta Rovira, Oriol Soler y Jordi Cuixart, según las fuentes consultadas, fueron los tres principales actores que apostaron por seguir adelante con el plan.

“A lo largo de todos estos años, en los diseños de la desconexión del Estado, siempre hemos hablado de tres cosas indispensables: autonomía financiera para sobrevivir a la transición; un cuerpo de Mossos alineado con la estrategia del Govern; y gente dispuesta a resistirlo todo. Resulta que, al final, solo teníamos esto último, que era lo más complicado”, resume un alto dirigente gubernamental implicado en todo el operativo.

En esencia, el gran debate soterrado dentro del independentismo se ha basado todos estos años en una disyuntiva: acelerar a fondo para buscar el choque definitivo que provocara una reacción internacional y un referéndum pactado, o mejor ir forzando la máquina gradualmente sin llegar a la ruptura definitiva. Los apoyos políticos a cada una de las opciones no obedecen estrictamente a las siglas de los partidos, porque es cierto que en cada formación política catalana ha habido —y hay— opiniones para todos los gustos.

La CUP, por supuesto, es la única que ha hecho bandera de la desobediencia sin ningún tipo de complejos. Dos de sus disputadas (Anna Gabriel y Mireia Boya) sí estuvieron en reuniones de lo que se conoce en informes judiciales como “comité estratégico del referéndum”, en las que participaban dirigentes del Estado Mayor y representantes de partidos y entidades, aunque había más dirigentes que conocían los pasos de Puigdemont. Quim Arrufat, exportavoz del secretariado nacional, y Benet Salellas, diputado por Girona y con una excelente relación con el president, estaban al tanto de los movimientos. Hasta el punto de que Arrufat conocía el contenido de la pregunta del 1-O al menos cuarenta días antes que se hiciera pública.

En ERC, el partido de Junqueras, se han pasado buena parte de la legislatura pasada señalando que las cosas habrían ido más rápidas si ellos se hubieran encargado desde el principio de los aspectos nucleares del referéndum. El líder republicano se ofreció personalmente a comprar las urnas desde su departamento ante lo que interpretaba como inacción de la Conselleria de Governació (en manos del PDeCAT), pero finalmente se optó por la vía de la externalización.

Había voces dentro de ERC, por ejemplo, que no acababan de comprar la vía estrictamente unilateral. En los días en los que el Govern se debatía entre aplicar el resultado del 1-O y convocar nuevas elecciones, hubo voces republicanas —es el caso de Carles Mundó, exconseller de Justícia— que apostaban por esta segunda vía. Junqueras negó siempre haber apostado por nuevos comicios en todas las reuniones en las que participó, aunque una decena de fuentes consultadas indican que cuando se reunía con empresarios “pedía explícitamente que se presionara a Puigdemont para que las convocara”. “Siempre fue difícil saber qué pensaba el vicepresident, porque en las reuniones de Govern no era explícito”, mantiene un conseller consultado. Dirigentes presentes en citas del Estado Mayor sostienen que “se limitaba a hacer un resumen de todas las intervenciones”, hecho que “enervaba ostensiblemente” al president.

Puigdemont y su número dos han tenido una relación pendular a lo largo de los últimos años. Tenían instaurada una reunión privada cada martes después de la cita del Consell Executiu en la que desgranaban la estrategia, y hubo etapas en las que se mantenían cercanos y coincidentes en la estrategia. No faltaron momentos de tensión, como por ejemplo cuando Junqueras se reunió con Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, sin informar a Puigdemont. En ningún momento, eso sí, rompieron de manera definitiva. Solo hubo un momento de amenaza explícita de los republicanos: si el president no concretaba la declaración de la independencia, ellos saldrían del Govern inmediatamente. “La desconfianza, en ese punto, ya era irremediable”, intercede en este punto un dirigente de la antigua Convergència. Un partido donde, por cierto, en los primeros compases de legislatura se tenía a los republicanos como “enemigos”.

La experiencia de gobierno de coalición generó un cansancio generalizado que conllevó que los dos partidos fueran separados a las elecciones del 21 de diciembre. Junqueras ordenó a los suyos evitar cualquier debate interno sobre una candidatura conjunta, mientras que el PDeCAT —y luego Junts per Catalunya, la marca con la que se presentó la antigua Convergència a las elecciones— presionó sin éxito para ir todos juntos. “¿Los consellers están compartiendo celda en Estremera y no pueden compartir lista electoral?”, se preguntaban los altos mandos del PDeCAT después de leer una carta de Junqueras en el diario ARA en la que señalaba dos cosas: que no habría lista unitaria y que Marta Rovira debía ser su sucesora.

En la antigua Convergència, como en los últimos dos años, las turbulencias han estado a la orden del día. Un amplio sector encabezado por Mas, Marta Pascal y Santi Vila pedía explícitamente a Puigdemont que frenara la declaración de independencia y convocara elecciones, mientras que los más leales al president preferían ir a por todas. El exalcalde de Girona es un líder político atípico, más anárquico que sus antecesores en el cargo, con más instinto que razonamiento. Y estas características le hacían ingobernable para un partido, el PDeCAT, sumido en su propia desazón.

Un informe comprometido

Mientras el Estado Mayor y los partidos definían las estrategias y debatían la mejor manera de llegar al referéndum —o de descartarlo para ir a elecciones—, los altos cargos de la Conselleria d’Economia trabajaban para tener preparados todos los escenarios. Así consta en el informe EnfoCATs: Reenfocant el procés d’independència per a un resultat exitós, encontrado en casa de Josep Maria Jové, número dos de Junqueras, durante los registros policiales del 20 de septiembre.

Según esta hoja de ruta, que no está fechada, la declaración unilateral de independencia “generará un conflicto que, bien gestionado”, puede llevar a un estado propio. “El Estado español no reconocerá el derecho a hacer un referéndum, pero si lo ve todo perdido, lo hará hacer para que lo perdamos”, sostienen los autores del texto.

Estas frases casan bien con el debate soterrado que ha mantenido el independentismo a lo largo de todos estos años. Todos los partidos, sin excepción, han defendido que la mejor de las vías para solucionar el conflicto político es la consulta pactada. A finales de 2016 se puso en marcha el Pacte Nacional pel Referèndum, que recabó apoyos para la consulta acordada, y Puigdemont y Junqueras fueron a Madrid para defender personalmente esta vía sin que les recibiera nadie del Gobierno. En las fechas inmediatamente anteriores al 1-O, el president declaró públicamente que frenaría todo el operativo si Mariano Rajoy decidiera sentarse en la mesa de negociación.

En cierto modo, amplios sectores del independentismo (dentro y fuera del Govern) sostenían que el referéndum unilateral serviría para “forzar una negociación” con el Estado que, eventualmente, podría terminar con una votación pactada y amparada por Europa. “Catalunya se ha ganado el derecho a tener una relación bilateral con España”, sostenía Puigdemont a finales de 2016 en una reunión con empresarios en S’Agaró (Girona). Rajoy ya se negó al pacto fiscal que le proponía Artur Mas (un modelo de financiación al estilo vasco y navarro), así que la demanda de referéndum era considerada como el siguiente paso lógico en la cadena de reivindicaciones.

Pero la reacción de Europa no llegó, ni tampoco se ablandó el Gobierno español. El informe EnfoCATs sugería generar un “conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que fuerce al Estado a aceptar la negociación de la separación o un referéndum forzado”. “En el momento en que haya una clara determinación ciudadana a darle apoyo [al conflicto] y a implicarse activamente y con complicidad internacional, se ha de comenzar de una manera conservadora, incrementando paulatinamente el grado de conflictividad según la respuesta del Estado, bajo el liderazgo y coordinación de todos los actores implicados”, destaca el informe encontrado en el domicilio de Jové.

El texto mantiene que los “jefes políticos y policiales” de los Mossos están “totalmente involucrados” en el proceso, aunque se trata de una afirmación que genera dudas. Según altos responsables de la Conselleria d’Interior, los mandos policiales “dejaron de tener contacto” con los dirigentes políticos del departamento después de la aprobación de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, es decir, desde los días 6 y 7 de septiembre de 2017.

A partir de esas fechas, la Prefectura de los Mossos decidió desmarcarse de las actuaciones. Dejaron de contestar a requerimientos enviados por la dirección política de la Conselleria. Todo recayó a partir de ese momento en el mayor Josep Lluís Trapero, que despachaba directamente con el conseller Joaquim Forn. Y lo hizo, según fuentes del departamento, con mucho “escepticismo”. El departamento, de hecho, mantiene que no tuvo “nada que ver” en el operativo del 1-O: lo único que se pidió fue cumplir la orden de la Fiscalía —evitar la celebración del referéndum— de forma “congruente” y sin incurrir en el uso de la fuerza.

Lo cierto es que el papel de la policía catalana era (y es) fundamental en la hoja de ruta hacia la independencia, especialmente cuando se entra en el escenario de conflicto institucional. El documento EnfoCATs traza cuatro escenarios posteriores a una declaración de la independencia. El primero, y más improbable, es que se produjera la proclamación y que España la aceptara de modo que tan solo hubiera que negociar los plazos y los contenidos de la desconexión.

El número dos es más complejo porque incluye una “reacción violenta” del Estado. En este escenario podía generar dos situaciones: que los independentistas se vean derrotados, o que “resistan”. En este caso, “se generaría más conflicto” y “habría que poner en marcha el plan de desconexión forzosa, obligando a un referéndum acordado”. La “desconexión forzosa” tenía un problema evidente, según confesó Puigdemont la mañana del 26 de octubre, cuando todo estaba dispuesto para relegar la DUI y convocar elecciones: las estructuras de estado, anunciadas durante toda la legislatura, en público y en privado, no estaban preparadas.

El tercer escenario del documento habla de la “asfixia económica y judicial” del Estado, acelerada en septiembre, y también conlleva “más conflicto” junto a (de nuevo) la “desconexión forzosa”. El cuarto conllevaría una “oferta de negociación” de la Moncloa para que el independentismo retirara la proclamación de la República. Todas las conjeturas, eso sí, debían llevar al mismo objetivo: la creación del Estado catalán.

Y para ello era indispensable una reacción de la calle basada en la movilización permanente. Y aquí es donde hay que enmarcar la huelga general del 3 de octubre.

La huelga del 3-O

Los responsables de la ANC y Òmnium Cultural marcaron el camino la misma noche del 1 de octubre: con los resultados de la votación en la mano, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart anunciaron un “paro de país” para el día 3 que, en la práctica, constituía una huelga general como protesta por la represión policial y judicial del Estado para frenar el referéndum.

Lo cierto es que este escenario estaba previsto desde hacía semanas. El 21 de septiembre, por ejemplo, se reunieron varios de los actores implicados en la protesta para definir la manera de llevarla a cabo. Dos sindicatos, Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), presentaron preavisos a mediados de mes para promover la huelga general, pero era conscientes de que había que sumar más apoyos a la movilización.

La ANC y Òmnium fueron de los primeros en sumarse, igual que ERC, mientras que en el PDeCAT había más reticencias. “Primero que pase el referéndum, luego ya veremos el tipo de protesta que se deba poner en marcha”, sostenían esos días los dirigentes del partido de Puigdemont y Mas. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, tampoco lo veían nada claro y acabaron desmarcándose. “No tiene cobertura legal y se trata de una figura jurídica inexistente, sin convocatoria formal de huelga, y que priva a los trabajadores de la posibilidad de exigir sus derechos”, recalcaron ambas organizaciones estatales en un comunicado conjunto.

La posición de los dos sindicatos en relación con el proceso nunca ha sido entusiasta. Las federaciones catalanas de CCOO y UGT participaron en la creación de la llamada Taula de la Democràcia, un grupo de entidades creado para hacer frente a las acciones del Estado contra el derecho a decidir, pero desde los mandos sindicales estatales la posición era mucho más dura.

“Las declaraciones del president Puigdemont en la noche del 1 de octubre no dejaron lugar a dudas de que la única estrategia política que contempla el Govern es la declaración unilateral de independencia. Siendo esto así, UGT y CCOO decimos claramente que no avalamos esa posición ni esa estrategia política”, señalaron los sindicatos dirigidos en ese momento por Josep Maria Álvarez e Ignacio Fernández Toxo.

La huelga, ciertamente, tenía un componente peculiar: el Ejecutivo catalán le daba pleno apoyo, como se encargó de dejar claro Puigdemont en una comparecencia pública el día anterior. El paro de la economía catalana ya había sido defendido por Oriol Junqueras cuando aún no estaba en el Govern, en 2013, durante una conferencia en Bruselas. “Si hemos sacado a dos millones de personas a la calle, ¿por qué no podemos parar la economía catalana durante una semana?”, se preguntaba el por aquel entonces socio parlamentario de CiU.

Se refería a una acción destinada a protestar contra la negativa del Estado a permitir la consulta del 9-N del 2014, y no obtuvo mucho apoyo político. Desde las filas convergentes se consideró que medidas de este tipo suponían un “tiro en el pie”. Mas se mantuvo en silencio, y tuvo que aguantar las críticas de la oposición. Unas críticas, por cierto, que no hicieron mella en Junqueras: el vicepresident señaló que el contenido de su conferencia estaba pactado “con quien había que pactarlo” y que el mundo debía saber que Catalunya “defendería sus derechos democráticos”.

El PDeCAT no veía con entusiasmo que el proceso se dirigiera hacia un paro de país, en boca de todos desde antes del 1-O. Según un argumentario enviado a sus dirigentes, el soberanismo “debía ser consciente de que se requería responsabilidad por parte de todos para no avanzar escenarios y concentrarse en las tareas asignadas”. “La ciudadanía necesita mensajes claros y ahora es el momento en que debemos hablar del referéndum. El resto de posibilidades o escenarios no hacen más que distraer a la ciudadanía, que ahora mismo espera de sus representantes públicos firmeza en defensa de la democracia, responsabilidad ante el compromiso de ejercerla y determinación para aplicar el resultado que surja”, concluía.

Cuatro años más tarde, pese a las reticencias de la antigua Convergència, la mayoría del soberanismo institucional se había movido hacia posiciones cercanas a la huelga general descrita por Junqueras en 2013. Todos los partidos independentistas secundaron la movilización del 3-O, que contó con acciones en buena parte de los municipios catalanes. En Barcelona, la mañana estuvo centrada en la Plaça Universitat, mientras que por la tarde el Passeig de Gràcia se llenó con 800.000 manifestantes, según la Guàrdia Urbana.

El hecho de que la huelga tuviera el respaldo explícito del Govern hizo que el seguimiento fuera prácticamente del 100% en los servicios centrales de las conselleries. En la sanidad, el porcentaje de apoyo a la movilización llegó al 75%, mientras que fue “masivo” en educación y también “muy mayoritario” en el global de la administración, según detalló la consellera de Treball, Afers Socials i Famíies, Dolors Bassa (ERC). El consumo energético se redujo un 11,5% respecto a una jornada normal.

Patronales de la pequeña y mediana empresa como Pimec y Cecot también se sumaron a la huelga. Un 54% de las compañías asociadas a Pimec secundaron la movilización, que tuvo un seguimiento desigual en el sector servicios. En el centro de Barcelona, por ejemplo, la mayoría de establecimientos decidieron cerrar las puertas. Mercabarna, el principal espacio de distribución de alimentos de la capital catalana, no funcionó ese día, y tampoco lo hicieron los estibadores.

Los cortes de carreteras se elevaron a 24, algunos de ellos tan relevantes como el de la C-32, que conecta la comarca del Maresme con Barcelona, y tramos de la AP-7, una de las principales arterias del país. Estos cortes fueron la antesala de los que vivieron otras vías e infraestructuras ferroviarias (como la estación de Sants) en el segundo paro de país, celebrado el 8 de noviembre para protestar contra el encarcelamiento de medio Govern.

En aquella ocasión ya funcionaban a pleno rendimiento los llamados comités de defensa del referéndum (CDR), reconvertidos después del 1-O en los comités de defensa de la República. Su origen, según un alto representante del soberanismo, se remite a los días previos a la votación. La ANC vivió un intenso debate interno sobre qué hacer en caso de que no se pudiera ejercer el voto en los colegios electorales, y la conclusión fue que se debían hacer colas ante los institutos para demostrar que el Estado estaba vetando el referéndum.

Las instrucciones que envió la Assemblea a sus asociados reclamaban la formación de grandes filas como “acto de protesta”, y dejaban claro que no habría “votaciones alternativas” fuera de los colegios electorales. “No estamos haciendo un show, no estamos haciendo una manifestación: estamos ejerciendo la soberanía popular y estamos ayudando la Generalitat a hacer el referéndum. Las imágenes que proyectamos deben ser de máximo respeto por la institución y por el procedimiento referendario. En ningún caso está autorizado utilizar las urnas y el material electoral fuera del recinto oficial. Si no conseguimos entrar, nos quedamos en la puerta haciendo cola. No organizamos una votación alternativa”, recalcaba el documento.

En muchas secciones locales de la ANC, las instrucciones supusieron una decepción. Se sucedieron las llamadas a cargos municipales de partidos políticos afiliados a la entidad para protestar y para tejer una estrategia alternativa. Uno de los que se implicó, por ejemplo, fue Antonio Baños, periodista y jefe de filas de la CUP en las elecciones catalanas del 2015. “Ante el desastre que suponían las instrucciones de la Assemblea, se pusieron en marcha los CDR. Surgió de modo espontáneo, cuando faltaban pocos días para el 1-O”, sostiene uno de los implicados.

Estos comités están ahora en el punto de mira de la justicia porque, en cierto modo, fueron los responsables de organizar la resistencia en los colegios electorales. Se pusieron en marcha infinidad de grupos de Whatsapp, Telegram y Signal que sirvieron para coordinarse y, el mismo día del referéndum, para difundir vídeos e información de las actuaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

En el mitin final de la campaña del 1-O, celebrado ante miles de personas el viernes anterior al referéndum, solo la CUP y Demòcrates de Catalunya, partido nacido de la escisión de Unió, llamaron a ocupar los colegios electorales. Aquel día había poca gente en las escuelas, pero al día siguiente, sábado, prácticamente no se cabía en ninguna de ellas. Los Mossos tenían la orden de precintar, pero ante una gran aglomeración de gente prefirieron no actuar. Estas eran las órdenes que habían recibido de la comandancia de la policía catalana. Más gente en los colegios, menos posibilidades de precinto, más posibilidades de votar. O al menos este era el razonamiento que se quiso enviar a la ciudadanía en las horas previas, pese a que Puigdemont y Junqueras ya habían sido advertidos por el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, de la alta probabilidad de cargas policiales para frenar la votación.

La movilización permanente, que fue clave entre finales de septiembre y la declaración de independencia del 27 de octubre, se sustituyó por una campaña electoral al uso. Unas semanas antes de que empezara oficialmente, el soberanismo decidió volver a las calles para protestar contra el encarcelamiento de ocho miembros del Govern (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Meritxell Borràs) por orden de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.

La ANC y Òmnium Cultural, descabezadas desde la entrada en prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, situaron la manifestación entre la Sagrada Família y la zona del Port Olímpic, inédita en movilizaciones de este tipo. El protagonismo lo tuvieron los familiares de los presos en vez de los líderes políticos del país. En la ruta hacia el 21-D, 45.000 personas llenaron el centro de Bruselas para acompañar a los dirigentes exiliados, con Puigdemont a la cabeza.

El independentismo, eso sí, ya había perdido en ese momento el monopolio de la calle. Los constitucionalistas, viendo que la apuesta por la República era un hecho y que el conflicto político subía de temperatura, también activaron sus resortes.

Sacudida constitucionalista

A lo largo de todos estos años, los partidos contrarios a la independencia han visto como cada 11 de septiembre se convertía en una fiesta en las calles. En 2012 el Passeig de Gràcia fue escenario de la salida del armario masiva de los partidarios del Estado catalán, mientras que en 2013 una cadena humana unió el país de norte a sur. En 2014 la Gran Via y la Diagonal se llenaron para reivindicar la consulta del 9-N, mientras que en 2015 la movilización de la Diada se convirtió en un acto de campaña en plena recta final hacia las elecciones plebiscitarias del 27-S. Al año siguiente la temperatura había bajado un poco; no estaba clara la hoja de ruta, y los partidos debatían sobre la necesidad de reintroducir el referéndum en la estrategia; mientras que en 2017 el centro de Barcelona reivindicó el 1-O a tres semanas de su celebración.

El unionismo, hasta ese momento, solo podía sacar pecho de alguna movilización del 12 de octubre o del Día de la Constitución con decenas de miles de personas en las calles. Pero en los aledaños de la Hispanidad del 2017 todo fue distinto. Los contrarios a la independencia habían observado de cerca como el referéndum, de un modo u otro, se había llevado a cabo, y que los partidarios de la República estaban ganando el relato de la calle.

En las movilizaciones ciudadanas posteriores al 1-O hubo concentraciones delante de las dependencias de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, especialmente en la Via Laietana de Barcelona. En muchos pueblos catalanes se protestó delante de los alojamientos donde residían los agentes desplazados a Catalunya por la votación, generando imágenes de tensión que derivaron en gritos de “Que nos dejen actuar” por parte de policías nacionales y guardias civiles. Xavier García Albiol, jefe de filas del PP en el país, les visitó en Calella para animarlos sin tapujos.

El independentismo, ciertamente, ha crecido exponencialmente en la última década, pero nunca ha superado el 50% en unas elecciones. “Sabemos que somos muchos, que somos mayoría, pero también sabemos que no somos suficientes para imponer nuestro plan”, relata a pelota pasada un alto responsable del Govern. Este argumento fue enarbolado por los partidos constitucionalistas para responder en las calles: era la hora, decían, de la llamada “mayoría silenciosa”.

El primer asalto tuvo lugar el 8 de octubre, un domingo en el que las calles de Barcelona se llenaron como nunca de rojigualdas. La estrella invitada fue Mario Vargas Llosa, peruano y ganador del Premio Nobel de Literatura, que cargó contra el nacionalismo en un escenario plagado de rojigualdas montado a las puertas del Parc de la Ciutadella, cerca del Parlament. Los organizadores situaron la participación en más de un millón de personas, pero la Guàrdia Urbana los rebajó a 450.000.

Dirigentes del PP y de Ciudadanos se volcaron en dar apoyo logístico a la marcha, impulsada por Sociedad Civil Catalana (SCC). Se trata de una entidad nacida el 23 de abril del 2014, en los meses previos a la consulta del 9-N, para combatir la creciente movilización independentista. En los últimos días de 2017, Jorge Moragas, ex jefe de gabinete plenipotenciario de Mariano Rajoy en la Moncloa, reconoció en una entrevista publicada en el diario El Mundo que se implicó en el nacimiento de SCC. Su vicepresidenta, Míriam Tey, es su cuñada.

El segundo acto de la movilización constitucionalista se llevó a cabo el 29 de octubre, dos días después de la declaración de independencia y de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. De aquella marcha quedará la foto que se hizo Miquel Iceta, primer secretario del PSC, con los principales dirigentes de PP y Ciudadanos, incluidos Xavier García Albiol e Inés Arrimadas. La imagen sugería la creación de una especie de Junts pel No, en contraposición al Junts pel Sí que se impuso en las elecciones plebiscitarias del 2015.

Aquella foto no pasó factura interna a Iceta, alineado sin complejos dentro del constitucionalismo, aunque de puertas para afuera le costó una montaña de críticas. La principal: que hubiera puesto el PSC “al servicio” de partidos como PP y Ciudadanos, teóricamente alejados en cuanto a programa económico y distanciados en términos históricos si se repasa la trayectoria de dirigentes socialistas catalanes como Pasqual Maragall, Narcís Serra y Raimon Obiols, por citar solo tres ejemplos. El PSC interpretó las elecciones como una oportunidad para recuperar el poder ostentado la década pasada, pero esta vez de la mano de populares y liberales en vez de ERC y ICV, como ocurrió en la etapa del tripartito.

De hecho, en círculos unionistas se consideraba que Rajoy prefería a Iceta como presidente en caso de victoria de los partidarios del no a la independencia en las elecciones del 21-D. Los resultados, eso sí, dibujaron un panorama en el que Ciudadanos arrasó y dejó unas pocas migajas para el resto de constitucionalistas.

Un bloque, por cierto, que no fue capaz de ganar las elecciones aun estando en prisión o fuera del país buena parte de la cúpula independentista. A partir del 30 de octubre, los principales responsables del procés cambiaron el Palau de la Generalitat por la prisión de Estremera o una estancia (forzada por las circunstancias) en Bruselas.

Capítulo 5

Entre Bruselas y Estremera

Jaume Alonso-Cuevillas recibió por sorpresa la llamada de un alto cargo de la Generalitat. “Estás dispuesto a aceptar la defensa del Govern?”, le preguntaron. Era el 7 de septiembre de 2017 y José Manuel Maza, Fiscal General del Estado, había anunciado una querella contra todo el Govern por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por el decreto de convocatoria del referéndum del 1-O. Cuatro días más tarde, en pleno Onze de Setembre, Alonso-Cuevillas recibió un mensaje: “¿Puedes venir mañana a la reunión del Govern?”. El abogado, por supuesto, dijo que sí.

El 12 de septiembre, a mediodía, el exdecano del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) llegó al Palau de la Generalitat. Le estaban esperando todos los miembros del Ejecutivo catalán sentados en la sala Tàpies, donde se reúnen semanalmente los consellers y el president para discutir la acción de gobierno. Alonso-Cuevillas les explicó cómo veía él la querella, las posibles líneas de defensa y las implicaciones que podía tener hasta que Carles Puigdemont, de forma espontánea, exclamó: “¡Contratado!”. Su trabajo acababa de empezar.

Lo primero que hizo el abogado, según relata él mismo, fue hablar con el conseller de Justícia, Carles Mundó (ERC), también profesional del mundo del derecho. “Este tipo de defensa debe llevarlo un equipo”, le dijo Alonso-Cuevillas a Mundó. El miembro del Govern le avanzó que los republicanos siempre trabajan con el penalista Andreu van den Eynde, un abogado de su máxima confianza, y que en este caso también esperaban contar con su colaboración. Se fraguaba así un equipo de dos personas destinado a defender a los miembros de un Govern que, dos meses más tarde, estaría dividido entre la prisión de Estremera y el refugio de Bruselas.

No se entendería lo que pasó a partir de finales de octubre y principios de noviembre sin concretar lo que se vivió el 27 de octubre. Por la mañana, el Govern se reunió en el Parlament para analizar la inminente declaración de independencia (más simbólica que efectiva) y para otorgar a Josep Rull las competencias de Empresa i Coneixement que dejó huérfanas la noche anterior Santi Vila con su dimisión. Vila, del sector moderado del Ejecutivo, se había implicado a fondo en la búsqueda del diálogo entre la Generalitat y la Moncloa, pero no se salió con la suya. Ni él, ni los empresarios que apadrinaron los contactos ni el lehendakari Íñigo Urkullu, que desde antes del verano ya se había querido implicar en una salida pactada al conflicto catalán.

En la cita de los consellers del 27 de octubre por la mañana, celebrada en una sala muy discreta del Parlament, ya se podía palpar la trascendencia del momento. El día anterior había sido extremadamente tenso, con Puigdemont retirando a última hora la convocatoria de elecciones anticipadas para evitar la aplicación del artículo 155, y la resaca se podía notar en los gestos de los miembros del Govern. “En aquel momento sabíamos que no había marcha atrás. No quedaba otra salida que proclamar”, sostiene uno de ellos. “La amenaza de la justicia española era evidente. Sabíamos que el Fiscal presentaría una querella por sedición y rebelión; él mismo se había jactado de ello en los medios”, mantiene otro de los consultados. La prisión era un horizonte plausible.

El pleno del Parlament discurrió entre nervios. Junts pel Sí y la CUP hicieron pública una propuesta de resolución que incluía la declaración de la independencia que ya habían firmado los diputados y los miembros del Govern el 10 de octubre fuera del hemiciclo, en el Auditori de la cámara catalana. Una firma, por cierto, que se produjo después de que Puigdemont suspendiera, precisamente, la proclamación de la República para abrir un periodo de diálogo con el Estado. Ese 10 de octubre un ministro envió un mensaje a Santi Vila: “Esto no ayuda nada. Si estáis diciendo que no lo haréis [la independencia] pero escenificáis que lo hacéis, los que quieren acusaros de hacerlo ya tienen suficiente”. Vila le recomendó a su interlocutor que no hiciera caso al gesto y le emplazó a no dar categoría a una firma simbólica de un documento que no entró en vigor.

El texto, en el que colaboraron una decena de catedráticos, juristas y colaboradores habituales en medios soberanistas, sirvió de base para la propuesta de resolución parlamentaria con la que ser quería dar salida, 27 días después, al mandato del referéndum. El documento se registró oficialmente más tarde de lo previsto, con todo el mundo esperando a que se iniciara el pleno, y se acabó votando de manera secreta para evitar consecuencias penales para los diputados. En aquel momento ya no quedaba ningún representante de PSC, PP y Ciudadanos en el hemiciclo. La ruptura era un hecho.

Al salir de sus escaños, los representantes independentistas se encontraron con centenares de alcaldes exclamando “llibertat, llibertat!”, en referencia a los encarcelados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Carme Forcadell, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont se dirigieron al público congregado desde las puertas de los despachos del Govern en el Parlament. De la escenografía del acto se encargó Lluís Llach, diputado de Junts pel Sí y uno de los más destacados cantautores de Catalunya. La República estaba proclamada, pero esto solo era el principio. También fue su final.

Reunión para frenar

El Govern no podía alegar desconocimiento sobre las medidas que iban a caer sobre él. Por dos motivos: mientras se proclamaba la independencia en el Parlament, el Senado era escenario de la aprobación del 155, que iba a comportar el cese de todos los consellers; y, por otra parte, porque en los meses previos a la consumación del referéndum había dirigentes del Govern que conocían de primera mano la batería de medidas que iba a promover el Estado para frenar el desafío.

Uno de ellos era Jordi Jané, titular de Interior hasta el mes de julio de 2017. Diputado de CiU en Madrid, miembro de la mesa del Congreso, había hablado de manera informal con José Manuel Maza y con miembros del Consejo General de Política Judicial (CGPJ) sobre las consecuencias judiciales del proceso. “Irán a fondo”, le transmitió Jané a Puigdemont durante la primavera. En aquel momento, según fuentes gubernamentales, el president intentaba tranquilizar a sus consellers asegurando que había un fondo millonario que cubriría las responsabilidades patrimoniales derivadas de procesos judiciales. “Nos decían que no tuviéramos miedo de nada”, sostiene uno de los consultados. Jané acabó dejando el Govern porque estaba convencido que la cosa acabaría mal. Sabía de primera mano que el Estado no se quedaría de brazos cruzados.

Los consellers eran plenamente conscientes del riesgo de prisión una vez que se había declarado la independencia. Esta y otras cuestiones se debatieron en una reunión que el Govern celebró en el Palau de la Generalitat durante la tarde-noche del 27 de octubre. Una de las decisiones que se tomó fue la de congelar los 41 decretos pensados para desplegar la ley de transitoriedad jurídica, que no se debía activar hasta que el sí se impusiera en el referéndum.

Los textos estaban preparados por los departamentos de la Generalitat y habían contado con la participación de Carles Viver Pi-Sunyer y Josep Maria Reniu, los principales arquitectos de la desconexión nombrados por Puigdemont y Junqueras. La lista fue encontrada por los investigadores de la Guardia Civil en el ordenador de Lluís Salvadó, uno de los dirigentes más cercanos a Junqueras en la Conselleria d’Economia, e iba desde aspectos nucleares, como la creación de un banco central, hasta otros más accesorios, como la puesta en marcha de un insituto de medicina legal y toxicología.

Los estrategas del procés, sobre el papel, lo tenían todo aparentemente preparado. Entre los decretos se cuenta uno que debía poner en marcha el equivalente catalán de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Había 30 documentos sectoriales y 11 de generales, según un informe que consta en el sumario que gestiona el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona y que, en esencia, investiga todo lo relacionado con el referéndum con la percha legal de las revelaciones del exsenador Santiago Vidal (ERC) sobre el proceso.

Los textos desarrollados por los arquitectos de la desconexión también contemplaban el despliegue de la Agència Tributària de Catalunya, acelerada durante el mandato de Junqueras, y ponían énfasis en el desarrollo del servicio exterior de la Generalitat. Ninguno de ellos, eso sí, acabó viendo la luz. La decisión “solidaria” y “colegiada” que se tomó la noche del 27 de octubre fue frenar la puesta en marcha de la República. Las amenazas de “violencia extrema” del Estado, que podían llegar a conllevar la intervención del Ejército (así lo denunció en público Marta Rovira, secretaria general de ERC, sin concretar de dónde llegaba la información) pesaron a la hora de poner el freno de mano, pero también tuvo su peso el hecho que las estructuras de estado “no estaban preparadas”, como admiten ahora altos cargos gubernamentales. Puigdemont también lo advirtió a puerta cerrada en la mañana del 26 de octubre para justificar una convocatoria de elecciones anticipadas que no se acabaría llevando a cabo.

“Técnicamente es imposible una desconexión que no sea acordada”, sostiene un responsable consultado. En determinadas conselleries, desde hacía meses, se desconfiaba de la puesta en marcha de la República porque no se veían “avances concretos” en materias nucleares como la financiación, la seguridad y el reconocimiento internacional. Lo relata así un miembro del Govern: “El gran trabajo de los 41 decretos sirve para darse cuenta de que el proceso debe ser negociado”. El mensaje que los responsables políticos del Ejecutivo daban era el siguiente: “Ya negociaremos más adelante. Ahora sigamos y ya adaptaremos las cosas en un margen de dos años”.

De hecho, en el Estado Mayor del proceso hubo quien puso sobre la mesa el ejemplo de Eslovenia, especialmente en materia de seguridad fronterera. Uno de sus integrantes explicó que, durante un tiempo, había garitas de la policía eslovena y de la yugoslava apenas separadas por unos kilómetros. El departamento de Interior, cuyo titular, Joaquim Forn, participó activamente del núcleo político a medida que se debía concretar la declaración de la independencia, puso algunas objeciones e insistió en que, dentro de su ámbito competencial, había cuestiones que necesitaban sí o sí de un acuerdo con el Estado para una transición ordenada.

La cita del Govern de la tarde-noche del 27 de octubre no fue más que la constatación de que la Generalitat no estaba preparada, a nivel administrativo, para gestionar los primeros compases de la República. Mientras afuera de las paredes de Palau la ANC y Òmnium habían montado un concierto para celebrar la proclamación, los principales responsables del procés decidían a puerta cerrada que la hoja de ruta había llegado a su fin. Mariano Rajoy ya había comparecido para anunciar el cese del Govern y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. El proceso estaba cerca de una nueva fase decisiva.

“En aquella reunión se llegó a plantear la idea de resistir en el Palau de la Generalitat hasta que las fuerzas del orden se vieran obligadas a desalojarlo, pero nadie estaba dispuesto”, sostiene un conocedor de la cita. En algunas conselleries, la mayoría de ellas en manos de ERC, se había puesto sobre la mesa la posibilidad de que los altos cargos cesados se aferraran a sus despachos hasta que llegara la policía —ya fueran los Mossos d’Esquadra o la Guardia Civil— y los expulsaran, pero esta opción nunca se acabó concretando.

En cierto modo, tal como sostiene Santi Vila, que dejó el Govern la noche anterior a la proclamación, el 155 “se acató” de inmediato y no se dieron tan siquiera instrucciones de “resistencia pacífica” a los ciudadanos que rodeaban el Palau de la Generalitat. No hubo ninguna declaración pública, aquella noche del 27 de octubre, ni se dio tampoco ninguna instrucción sobre cómo proceder. El indicador más relevante de lo que iba a ocurrir llevaba días presente en varias conselleries: los cargos de designación política y los eventuales hacían las cajas del traslado y algunos de ellos se dedicaban a enviar currículums. La sensación general en la administración era de fin de ciclo, y aún hoy hay quien, incluso dentro del PDeCAT, critica a Puigdemont que aquella noche no se pronunciara.

Al menos una decena de fuentes consultadas discrepan sobre el alcance de las decisiones que se tomaron en las últimas horas del 27 de octubre. El desenlace es conocido: medio Govern se fue a Bruselas y el resto se quedó en Catalunya. A estos últimos les quedaban tan solo unos días de libertad.

Rumbo a Bélgica, vía Francia

El lunes 30 de octubre todo estaba dispuesto en la sede del PDeCAT para que se reuniera la ejecutiva del partido. Se preveía que Puigdemont apareciera. Una nube de cámaras estaba, simultáneamente, dispuesta delante del Palau de la Generalitat. Se preveía que Puigdemont apareciera. Pero el president ya no se encontraba en Catalunya.

En un inicio, según trasladó a un grupo reducido de periodistas Oriol Soler, jefe del aparato comunicativo del Estado Mayor del procés, Puigdemont debía llegar a la Plaça Sant Jaume hacia las nueve de la mañana. Responsables gubernamentales habían deslizado, desde del día de la declaración de la independencia, que los Mossos que custodian la entrada de Palau le dejarían pasar sin oposición pese a que, oficialmente, ya no ostentaba cargo alguno debido a la aplicación del artículo 155.

Lo cierto, si se sigue la cronología de los hechos, es que el lunes por la mañana hacía alrededor de 48 horas que no se había producido ninguna aparición pública de Puigdemont. El president pasó la noche del 27 al 28 de octubre en Perpiñán, en el sur de Francia, y mantuvo en esa zona una reunión con sus colaboradores. También paseó por Girona con su mujer, Marcela Topor, con quien se le vio almorzando en la céntrica Plaça del Vi de su ciudad.

Momentos antes había grabado un mensaje institucional a las puertas de la delegación de la Generalitat en Girona, en la cual no hizo ninguna mención a la República proclamada horas antes. Puigdemont, eso sí, no se daba por cesado. “Solo lo puede hacer el Parlament”, dijo, e hizo una llamada a la “oposición democrática” al 155. Apenas le acompañó un miembro de su equipo de prensa habitual, que también había sido cesado en virtud de la intervención de la autonomía. Ese mismo día también hubo una reunión del Estado Mayor en una masia en el Empordà, convocada tan solo unas horas antes.

El relato que aporta el abogado Jaume Alonso-Cuevillas es que el domingo 29 por la mañana comió con el president en su casa de Sant Julià de Ramis (Girona), para preparar los siguientes pasos de su defensa, teniendo en cuenta que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ya tenía redactada la querella por sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. Ahora bien: ¿en qué momento exacto se decide que un grupo de consellers se irán a Bruselas mientras que el resto se quedará en Catalunya?

Según un alto responsable gubernamental consultado, el rumbo al exilio se toma “a altas horas de la madrugada” del viernes 27 de octubre. Incluso en aquel momento se decide qué miembros del Estado Mayor (es el caso de Xavier Vendrell, exdirigente de ERC y exconseller efímero durante el tripartito) se encargarán de conducir los vehículos que trasladan a los consellers primero hasta Perpiñán para coger luego, desde Marsella, un vuelo hasta Bruselas. En ese momento ya se había decretado un apagón tecnológico total: se registraron casos de jefes de gabinete que no encontraban a los consellers con los que habían compartido legislatura. “Algunos están fuera del país desde la noche del 27”, mantiene un alto dirigente soberanista. Lluís Llach, diputado de Junts pel Sí y miembro del Estado Mayor, también durmió esa noche en Perpiñán. “Les entró el temor de ser detenidos, por eso se van”, resume pragmáticamente un integrante de la cúpula del PDeCAT.

En el entorno de Oriol Junqueras, en cambio, se sostiene que tienen la primera información de que Puigdemont se va a Bruselas el domingo 29 por la noche. “El acuerdo al que se llega el día de la proclamación de la independencia es que todos vayamos a nuestras conselleries y que asumamos lo que venga”, sostienen fuentes republicanas. Al menos esta es la versión que dio el líder de ERC a sus más allegados a principios de noviembre, cuando ya preveía entrar en prisión junto con los dirigentes que decidieron quedarse en Barcelona. No faltan cargos afines a Junqueras que se refieren al jefe del Ejecutivo como Fuigdemont, un juego de palabras que une el apellido del president con el verbo catalán que se usa para describir una huida.

Pese a la versión de Junqueras, hay dirigentes independentistas de alto rango que el domingo 29 por la mañana ya saben que Puigdemont se va. Incluso hay algunos que tienen la certeza (sin aportar datos de ello) de que el president ya está en territorio extranjero. El periodista Pedro Águeda señala en Eldiario.es que la operación para llevar al president a Bruselas requirió cuatro Mossos d’Esquadra, entre los cuales uno de sus escoltas, que ya está siendo investigado por la división de asuntos internos de la policía catalana.

Según esta versión, un cabo de los Mossos que estaba al mando de la seguridad del president lo vio por última vez ese domingo entre la una y las dos de la tarde. Los investigadores sospechan que Puigdemont salió de su casa oculto en el vehículo de su mujer, mientras que luego subió a un coche oficial de la marca Skoda y que después fue a encontrarse con dos agentes que le esperaban en un todoterreno. Un coche, por cierto, que no llevaba documentación, así que el mosso conductor le pidió a un compañero que se la acercara a la primera área de servicio que hay en Francia, ya pasada la frontera de La Jonquera, hacia las 23.20 de la noche. La duda, aún no resuelta, es si el jefe de escoltas conocía los planes del policía que viaja hasta la capital europea. El alto mando, en su declaración a la división de asuntos internos, se apresuró a negarlo.

En cuanto el jefe de escoltas tuvo constancia de que pasaba algo extraño, llamó a los agentes que vigilaban la casa de Puigdemont en Sant Julià de Ramis para determinar si estaba allí. Llamaron al timbre y les respondió su esposa, Marcela Topor: “El president está bien, pero no está en casa”. Todos los agentes que velaban por la seguridad del líder independentista fueron relevados.

Lo cierto es que la primera noticia de la llegada del exalcalde de Girona a la capital europea estalla a mediodía del lunes 30 de octubre, y es entonces cuando comienza a circular la idea de un exilio prolongado. Algunas de las versiones consultadas indican que había un grupo de comunicación, posiblemente por la aplicación Signal, en el que se habló sobre la compra de billetes y el papeleo de la estancia. Otras incluso sostienen que el equipo de Presidència llegó a llamar a una empresa situada en el Camp de Tarragona para sondear la posibilidad de irse del país por mar, con lanchas rápidas que pudieran cubrir en el menor tiempo posible el trayecto hasta Marsella.

Solo un conseller, Josep Rull, compareció en su despacho a las nueve de la mañana, aunque su aparición fue breve: los Mossos (cuyo director general, Pere Soler, había dimitido la misma noche que se puso en marcha el 155) tenían órdenes de dejar a los consellers el tiempo justo en su despacho para vaciarlo. Los miembros del Govern, por cierto, ya no tenían escolta oficial desde el sábado 28 de octubre. El cese del cargo anunciado por Rajoy no dejaba nada al azar.

La marcha de Puigdemont impactó con dureza en las reuniones de las direcciones del PDeCAT y de ERC. El desconcierto era palpable entre los dirigentes de la antigua Convergència. Marta Pascal, su coordinadora general, dio inicio a la reunión dando por sentado que Puigdemont aparecería en algún momento. El semblante de Artur Mas, en aquel momento aún presidente de la formación heredera de Convergència, era muy serio. Nadie se equivocaría a la hora de afirmar que las actuaciones políticas y la manera de razonar de ambos líderes son diametralmente opuestas.

En la ejecutiva republicana los ánimos no eran mucho mejores. Según testigos de la cita, Carme Forcadell, presidenta del Parlament y por lo tanto segunda autoridad del país, rompió a llorar en cuanto supo que Puigdemont había abandonado el país. “¡Cómo nos puede haber hecho esto!”, exclamaba Forcadell, que tan solo unos días antes había preguntado explícitamente al president sobre el futuro judicial de todos los encausados judiciales del procés.

La estupefacción era generalizada en el soberanismo. Nadie sabía nada. Teléfonos apagados, consellers a quiénes se situaba en Barcelona que ya estaban durmiendo en el Hotel Chambord de Bruselas, periodistas comprando billetes para la capital belga mientras intentaban determinar qué estaba pasando. Al día siguiente, 31 de octubre, estaba prevista una rueda de prensa de Puigdemont y los consellers (de cuyos movimientos se encargaba el equipo de los eurodiputados del PDeCAT y ERC) en el Residence Palace de la Comisión Europea, pero finalmente se movió de emplazamiento porque el Gobierno belga puso trabas. Desde el primer momento se constató una sensación imperante de improvisación y de caos: no había un servicio de prensa organizado, y los detalles sobre el periplo de los consellers se dieron con cuentagotas.

Hubo que que esperar a la entrada de los miembros del Govern para constatar la alineación definitiva de dirigentes que se habían desplazado hasta Bruselas. Acompañaron a Puigdemont los siguientes consellers: Joaquim Forn (Interior), Meritxell Borràs (Governació), Lluís Puig (Cultura), Clara Ponsatí (Ensenyament), Toni Comín (Salut), Dolors Bassa (Treball, Afers Socials i Famílies), Meritxell Serret (Agricultura). Cuatro mujeres, tres hombres. Cuatro del PDeCAT, tres de ERC.

Puigdemont aprovechó los medios congregados en el Press Club de Bruselas, una entidad privada, para atribuir a Rajoy un “plan violento” para frenar la independencia, y le desafió a aceptar un “plebiscito” en las urnas. En aquel momento ya estaban convocadas las elecciones del 21 de diciembre, en las que confluían dos dinámicas: el grado de apoyo y rechazo del 155 y el nivel de aceptación de la hoja de ruta independentista aplicada hasta entonces. Al salir de la sala, los asesores del president recibieron una reprimenda de medios como El País por no haber hecho ninguna respuesta en castellano. Se permitió preguntar solo a Euronews, a Sky News, a la BBC, a TV3 y a una televisión pública belga. Respuestas, por tanto, en inglés, francés y catalán.

Empezaba entonces una estancia en Bruselas marcada por el secretismo, la obsesión por la seguridad y la confección de una campaña electoral a distancia.

Vida en Bélgica

Para el primer día, el president y los consellers se movían en tres taxis de color negro. Rápidamente hubo bajas en la delegación: Meritxell Borràs, Dolors Bassa y Joaquim Forn (cuyas hijas, por cierto, desconocían que se había ido a Bruselas hasta que ya estaba fuera) decidieron volver por razones personales. La Audiencia Nacional les había citado a todos el jueves 2 de noviembre para declarar sobre los delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos de los que les acusaba la Fiscalía General del Estado.

Los consellers que volvieron lo hicieron con el último vuelo desde Bruselas, el que sale pasadas las nueve de la noche, y llegaron a Barcelona con el tiempo justo para marcharse hacia Madrid, donde debían comparecer ante la justicia al cabo de unas horas. En la capital belga se quedaron, pues, Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín y Meritxell Serret. El president y cuatro miembros del Govern: dos a propuesta del PDeCAT, dos a propuesta de ERC. Dos mujeres y dos hombres. Les esperaba un periodo extraño, marcado por un exilio que no habían contemplado hasta que tocó irse, y que les distanciaría de sus familias durante un tiempo indeterminado. No todos lo llevarían bien.

Puig, por ejemplo, sufrió un derrumbe anímico a los pocos días. Puigdemont intentaba promover unidad de acción entre los consellers de Bruselas y los que quedaban en España, pero al cabo de muy poco fueron ocho los dirigentes gubernamentales que entraron en prisión por orden de la juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional.

En aquel momento, el president ya había contratado a Paul Bekaert, con el que se reunió en la localidad flamenca de Tielt, a una hora de Bruselas. Bekaert cuenta, según la defensa de Puigdemont, con un gran prestigio en Bélgica: fue decano del colegio de abogados de Lovaina y su trayectoria, según relata Jaume Alonso-Cuevillas, va mucho más allá de haber luchado legalmente para evitar la extradición de miembros de ETA. A Alsonso-Cuevillas le hicieron consultas previas sobre la posibilidad de defenderse desde Bélgica, pero no participó en la decisión política de irse al exilio.

Si se escoge este país es, fundamentalmente, porque es la capital europea y porque supone una oportunidad para internacionalizar el conflicto. Holanda y el Reino Unido llegaron a estar encima de la mesa, pero finalmente se optó por Bélgica sin tener todas las garantías de que un procedimiento judicial abierto allí no les condujera a prisión como al resto del Govern. “No teníamos ninguna seguridad: al final, tu caso va a parar a un tribunal que puede interpretar las cosas de una manera u otra”, admite el abogado catalán de Puigdemont.

El president mantuvo reuniones con eurodiputados del PDeCAT y ERC (Ramon Tremosa, Josep Maria Terricabras y Jordi Solé) en la sede de la Alianza Libre Europea, relativamente cercana al Parlameto Europeo. Una de sus obsesiones era (y sigue siendo) su seguridad: su vivienda habitual, un apartamento en Lovaina, sigue manteniéndose en secreto para casi todo el mundo. Le acompaña un miembro de los Mossos a título personal.

Uno de los privilegiados que conoce todos los movimientos del president es el empresario Josep Maria Matamala, que le acompaña permanentemente. Se le pudo ver, por ejemplo, en el viaje que hizo el líder independentista a Copenhague el 23 de enero para participar en un debate en la capital danesa. Matamala, según varias versiones de la marcha hacia Bruselas, participó en la organización del viaje. Se le conoce como Jami y es un histórico dirigente CDC en las comarcas de Girona. Tiene 60 años y milita en el partido, ahora extinto, desde 1977.

Matamala fue regidor de CiU en Girona entre 1987 y 1995, y conoció a Puigdemont después de que el president criticara abiertamente y por escrito a Josep Arnau, candidato de los nacionalistas a la alcaldía de la ciudad en 1991. Se vieron para tratar las discrepancias y, finalmente, se convirtieron en buenos amigos. Matamala es, de hecho, el principal confidente del president, que le mandó una carta para hacerle saber que se iría a Bruselas.

No se conoce el contenido de esta carta, cuya existencia reveló La Vanguardia. Sí que se conocen sus consecuencias: el amigo de Puigdemont dejó temporalmente su carrera como empresario —fundó la firma Incatis, encargada de organizar ferias y eventos, entre los cuales el Firatast y el Fórum Gastronòmic de Girona— para ayudarlo en todo lo que fuera necesario. Una de las primeras fotos filtradas del líder independentista en Bruselas le situaban tomando café con su amigo. Puigdemont estaba convencido, ya por aquel entonces, de que no solo le seguía la prensa: también lo hacían los servicios de inteligencia españoles. Su seguridad pasó a ser una de las principales obsesiones del president en Bélgica.

Por eso reaccionó airadamente cuando se publicó, al mismo tiempo en El País y en el diario ARA, que pasaba algunos fines de semana en Sint-Pauwels, en Flandes, una localidad cercana a la frontera con holanda y con apenas 4.000 habitantes. La casa se la dejaba un empresario belga, Walter Verbraeken, vinculado al partido independentista flamenco N-VA, y tenía un valor de mercado de 895.000 euros, según el anuncio de la inmobiliaria. Verbraeken forma parte del círculo más íntimo de Bart de Wever, alcalde de Amberes, que al mismo tiempo es el líder de N-VA.

No han faltado voces, a lo largo de esta etapa en Bélgica, que han situado este partido como uno de los apoyos logísticos del llamado Govern a l’exili. El PDeCAT ha brindado apoyo a las familias: “Les ayudamos en todo lo que podemos”, sostienen en el partido. Cinco fuentes consultadas resaltan, aparte, que un dirigente de la formación —se resisten a dar su nombre— ha proporcionado cerca de 100.000 euros a Puigdemont para hacer frente a los gastos generados en Bélgica.

En un primer momento, todos los consellers vivían en el mismo bloque de apartamentos, pero con el paso del tiempo se fueron dispersando. La agenda, por supuesto, se iba volviendo cada vez menos intensa, o al menos mucho menos intensa de lo que era en Catalunya. Los actos públicos eran contados, y marcados por las visitas de dirigentes políticos catalanes: centenares de alcaldes les fueron a ver el 7 de noviembre, una semana después de marcharse del país, y un mes más tarde protagonizaron una manifestación de 45.000 personas en el centro de Bruselas.

Puigdemont aprovechó el descenso de la actividad para leer más, escuchar música, ver películas —El caso Fritz Bauer es su favorita— y escribir cartas a sus compañeros encarcelados en Estremera. Algunas de ellas, por cierto, no obtuvieron retorno: sospecha que no llegaron adecuadamente. Cada martes, como marca la tradición en Catalunya, todos los consellers se reunían para despachar asuntos pendientes y dar la sensación de coordinación en el exilio. También cenaban juntos con regularidad y, después de comer, podían escuchar música durante largo rato. Las visitas de dirigentes políticos (las cúpulas del PDeCAT y ERC, en esencia) fueron una constante durante la precampaña.

Una precampaña, por cierto, en la que los consellers desplazados a Bélgica tuvieron que hacer frente a la justicia. Pesaba una orden internacional de detención contra ellos y le correspondía al país centroeuropeo ejecutarla. O más bien lo contrario.

El edificio más grande de Europa

El rey Leopoldo quería que el Palacio de Justicia belga fuera el edificio más grande de Europa. Está inacabado y sometido recurrentemente a reformas, pero tiene unos metros cuadrados más que la Basílica de San Pedro del Vaticano. Este fue el escenario en el que declararon Puigdemont y los cuatro consellers el 17 de noviembre. Fue la fecha que fijó el juez de instrucción belga después de tomar declaración a los cinco dirigentes catalanes después de que se entregaran el 5 de noviembre, momento en que se los dejó en libertad con medidas cautelares.

Cada día antes de las 9 de a mañana debían enviar un correo electrónico a la policía señalando dónde iban a pasar la jornada. Si había cambios, se tenían que comunicar. Existía, aparte, un discreto control policial. En un primer momento se especuló con la posibilidad de pedir asilo político, pero no se estudió a fondo, según relata el defensor del president, Jaume Alonso-Cuevillas. El hecho de que los miembros del Govern quedaran en libertad supuso el primer revés para la justicia española, que había cursado una orden de detención internacional por los delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.

“Los dos primeros delitos se excluyen entre ellos. Lo sustantivo, en estos tipos penales, es que haya un alzamiento, y aquí no ha habido nada de ello. En el caso de la sedición se trata de un alzamiento tumultuario para impedir el cumplimiento de una resolución judicial o bien que una autoridad pueda llevar a cabo sus obligaciones. No los hay, y por lo tanto no existe sedición. En el caso de la rebelión, debe haber alzamiento violento por una serie de finalidades, entre las cuales proclamar la independencia de una parte del territorio. No hay por donde cogerlo”, sostiene Alonso-Cuevillas.

Cuando la Audiencia Nacional pidió la extradición de los consellers, la juez Lamela marcó la casilla de los delitos asociados a la corrupción. En 2015, la malversación de fondos públicos sufrió un cambio en la tipificación. Se puede cometer de dos maneras: apropiación (coger dinero público y desviarlo hasta determinados bolsillos) y administración desleal. “¿Cuando tu sigues el mandato de una mayoría parlamentaria, con quien estás siendo desleal? Será ilegal, pero no desleal”, mantiene el abogado defensor.

Lamela, cuando envió el formulario normalizado en el que constan los 32 delitos por los cuales una extradición es automática, marcó el delito de corrupción. “Si la malversación fuera por apropiación, sería así. Pero hace trampa”, mantiene Alonso-Cuevillas. Este es uno de los argumentos que se desgranaron en la primera vista del 17 de noviembre en el Palacio de Justicia Belga. Se trató de un trámite corto y que solo sirvió para emplazar a los consellers a comparecer de nuevo el 4 de diciembre, cuando se tomaría una decisión definitiva.

Según la defensa, hubo una serie de cuestiones que “impactaron” de forma rotunda en los interlocutores belgas. Por ejemplo, fue observado con estupefacción el hecho de que los consellers tuvieran tan solo 48 horas (con un día festivo de por medio) para preparar la defensa ante la Audiencia Nacional por delitos de rebelión y sedición, siempre según la versión de Alonso-Cuevillas, así como también la circunstancia de que la aplicación del 155 les hubiera quitado el aforamiento y, por lo tanto, empezaran a ser juzgados por la Audiencia Nacional.

La segunda vista en el Palacio de Justicia se celebró el 4 de diciembre, pocas horas antes de que arrancara la campaña electoral, pero el desenlace definitivo no se conoció hasta diez días más tarde. “No hay causa”, se pudo leer en un escueto comunicado de la Fiscalía belga. En aquel momento, el magistrado Pablo Llarena, del Tribunal Supremo y encargado de la causa general relacionada con el proceso catalán, ya había retirado la orden europea de detención. La percepción en la defensa de Puigdemont es que este movimiento se produjo porque sabían que iban a perder el caso. El president y los consellers quedaban en libertad, pero no podían desplazarse hasta Catalunya sin ser detenidos de inmediato.

De este modo, los cinco dirigentes participaron en la campaña electoral desde Bélgica. En el caso de Puigdemont, sus apariciones en los mítines de Junts per Catalunya fueron constantes a través de viceoconferencia. Comín también tuvo su cuota de protagonismo en la de ERC, como Meritxell Serret, que ejerció de jefa de cartel de los republicanos por Lleida.

Todos ellos tuvieron que pasar las fiestas navideñas en su guarida belga. La gran mayoría las pasó con sus familias. La mujer y las hijas de Puigdemont viajaron hasta Bruselas para estar con el president después de semanas sin verlo. Todos ellos reflexionaron sobre el camino que les esperaba: esperar 20 años a que prescribieran los delitos, o intentar un retorno más o menos pactado con el Estado gracias a los resultados del 21-D, que arrojaron de nuevo una mayoría independentista en escaños en el Parlament. En aquel momento Comín y Clara Ponsatí ya se encontraban explorando un futuro académico en Bélgica.

Según varias fuentes consultadas del entorno de Puigdemont y de Junts per Catalunya, durante la campaña electoral se produjeron contactos muy discretos entre la defensa y la Fiscalía para abordar un hipotético retorno durante la campaña o inmediatamente después. El president y el equipo de campaña de Junts per Catalunya sopesaron un viaje relámpago para participar en el mitin final de forma presencial o para ir a votar en directo el 21-D, pero se acabó descartando. Un nutrido grupo de diputados se desplazó a Bruselas para seguir la noche electoral con él.

Por aquel entonces, en prisión preventiva seguían cuatro personas relacionadas con el procés: Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Los tres últimos ya eran diputados electos la noche de las elecciones. Su futuro judicial era especialmente incierto.

De la Audiencia Nacional a prisión

Josep Rull es un hombre tranquilo, de los más conciliadores que había en el anterior Govern. “Su principal virtud y su principal defecto es que es buena persona”, resume su entorno. No falta quien, dentro del PDeCAT, lo llama “el Poeta”, por su tendencia a los discursos más emocionales que racionales. Admira a Robert Kennedy y a Francesc Macià, el primer presidente de la Generalitat republicana. Su sueño siempre ha sido formar parte del Govern que llevara a Catalunya a la independencia, pero no contaba con que cumplirlo le llevaría a prisión. Ni mucho menos el trato que se le dispensaría una vez privado de libertad.

El 2 de noviembre por la tarde llegó al centro penitenciario de Navalcarnero, a 34 kilómetros de la Audiencia Nacional, después de un trayecto en una furgona policial durante el cual se le quitaron las gafas y se le pusieron grillotes por detrás. No llevaba cinturón de seguridad. El primer funcionario de prisiones que se cruzó con él le dispensó una bienvenida dura: “Vas a estar tanto tiempo aquí que te vas a saber la interlocutoria [de la juez Lamela] de memoria”. Otro funcionario reparó en que Rull llevaba un colgante con una cruz. Le hizo notar que no entendía como un “buen cristiano” podía ser independentista, y se centró luego en constatar la gran presencia —según él— de musulmanes en Catalunya. “Os ayudaremos a liberaros de ellos”, le dijo este funcionario.

La recepción no podía ser más traumática. Hacía tan solo unas horas que se había decretado prisión preventiva para ocho miembros del Govern (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Meritxell Borràs) y todos ellos estaban viviendo escenas inéditas en su trayectoria. Durante la vista, la juez Lamela había “estado mirando el móvil” constantemente, según el relato de fuentes presenciales en la Audiencia Nacional.

“Parece evidente que [enviándolos a prisión] se quería enviar un mensaje político”, sostiene Jaume-Alonso Cuevillas, encargado en un inicio de la defensa de todos los consellers del PDeCAT. Los miembros del Govern llegaron a Madrid la noche anterior en coche. Durmieron en un hotel de las afueras por motivos de seguridad y a la mañana siguiente, a primera hora, se desplazaron a la Audiencia Nacional.

En aquel momento, la defensa disponía de informaciones contradictorias. La gran duda era si la Fiscalía pediría prisión preventiva. Un sector del PP pedía mano dura, apremiado por Ciudadanos (que le estaba desbordando por la derecha en este y otros asuntos), mientras que otras voces dentro de los populares sostenían que no querían hacer “mártires” de la causa soberanista. Las dudas se resolvieron muy rápido. “Desde el minuto uno supimos que el ministerio público pediría prisión: en la primera intervención dejaron claro que se posicionarían a favor de medidas cautelares”, sostiene Alonso-Cuevillas.

Solo Santi Vila, que dimitió la noche anterior a la declaración de independencia, respondió a las preguntas de la Fiscalía. Lo hizo asesorado por Pau Molins, abogado de la infanta Cristina y próximo a Miquel Roca, con quien Vila se puso en contacto nada más conocer la querella de Maza. “Salí en defensa de mis compañeros: dije que no se había gastado ni un euro en el 1-O”, sostiene meses después. “Contesté con honestidad y plenamente consciente de las respuestas. Dije lo mismo en público y en privado”, mantiene. Sin embargo, amplios sectores del soberanismo le señalaron porque fue el único que eludió la prisión con una fianza de 50.000 euros. La cual, por cierto, algún pez gordo del PP se ofreció a buscar maneras de pagar.

Sus compañeros de gabinete no corrieron el mismo destino. Hacia las tres de la tarde del 2 de noviembre, uno detrás de otro fueron entrando al despacho de la juez para conocer las medidas cautelares. No hubo lugar a dudas y se cumplió el peor de los escenarios para la defensa: prisión privisional sin fianza para todos, menos para Vila. Además, la juez aplicó inicialmente un criterio de dispersión que recordaba a los tiempos de la lucha policial y judicial contra ETA.

Según el primer reparto, Jordi Turull y Raül Romeva debían ir al centro penitenciario de Valdemoro. En Navalcarnero se quedaba solo Josep Rull. Carles Mundó y Santi Vila fueron desplazados hasta Aranjuez, mientras que Oriol Junqueras y Joaquim Forn fueron conducidos hasta Estremera. Meritxell Borràs y Dolors Bassa, las únicas mujeres del grupo, partieron hacia Alcalá Meco. La prisión de Soto del Real, donde están recluidos Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, no podía asumir (según Instituciones Penitenciarias) la llegada de nueve presos preventivos más.

El mismo organismo fue el encargado, horas después, de agrupar a los encarcelados. Borràs y Bassa se quedaron en Alcalá Meco, mientras que los hombres acompañaron a Junqueras y Forn a Estremera, donde se establecieron por un periodo indefinido. El vicepresident pasó a compartir celda con Mundó en el módulo siete, mientras que el conseller de Interior tuvo como compañero a Raül Romeva en una habitación del módulo 3, destinado a personas que están en prisión por primera vez.

Rull y Turull (antaño rivales políticos dentro de la antigua Convergència en el pulso por el liderazgo de las siglas) compartieron espacio en el módulo 4. Lo primero que recuerdan es el alivio que les supuso tener ducha dentro de la celda. Una de las primeras decisiones que tomaron fue la de comprar una televisión en el economato. Se engancharon a la serie Rex, aquella en la que un perro policía resuelve casos abiertos, y también a La que se avecina, una ficción de enredos en una escalera de vecinos. Se conocían al dedillo las horas de emisión de estas dos series, buena parte de sus diálogos y también la parrilla de telediarios de cada cadena.

Los programas de actualidad como Las mañanas de Cuatro y Al Rojo Vivo, de La Sexta, también formaban parte de su menú mediático. A través de ellos, por ejemplo, se enteraron de que su abogado había presentado un recurso ante la Audiencia Nacional según el cual se podía interpretar que habían acatado explícitamente el 155 y que habían renunciado a sus objetivos políticos. Aquel mismo día se les pudo ver contando manualmente los caracteres para hacer tuits contextualizando la información. Cada día tenían cinco minutos para llamar, pero aquel día excedieron el límite (a cuenta del tiempo previsto para el día siguiente) para esclarecer en sus perfiles sociales, gestionados por personas de su confianza, los términos del recurso. Con el tiempo, Rull, Turull y Forn cambiaron de defensa e incorporaron a Jordi Pina como abogado.

Pina es uno de los penalistas más conocidos de Barcelona. Se ha encargado de tareas tan distintas como la defensa de Jordi Montull, uno de los saqueadores confesos del Palau de la Música, y de Irene Rigau, exconsellera d’Ensenyament, inhabilitada por la consulta del 9-N. También lleva las tareas legales relacionadas con Jordi Sànchez, expresidente de la ANC y ahora presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya desde una celda de Soto del Real.

Los días entre rejas

Rull, Turull, Romeva, Mundó, Borràs y Bassa dejaron las prisiones de Estremera y Alcalá Meco el 4 de diciembre, pocas horas antes que empezara la campaña electoral. En ese momento, la causa por rebelión y sedición ya estaba en manos del magistrado Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, el mismo que había instruido desde el principio el caso de la mesa del Parlament. Esta pieza concluyó provisionalmente con prisión eludible con fianza para la presidenta Carme Forcadell y con libertad bajo fianza del resto de miembros del órgano parlamentario.

Las defensas de los consellers eran relativamente optimistas sobre una eventual puesta en libertad de sus clientes, pero hubo dos de ellos (Junqueras y Forn) que se quedaron en prisión. “Despedirnos fue el momento más duro que recordamos”, mantienen al unísono sus antiguos compañeros en Estremera. Hubo lágrimas, abrazos y promesas de hacer todo lo que estuviera en sus manos para conseguir la libertad del vicepresident y del conseller d’Interior.

Un conseller, por cierto, que fue el único que no tuvo ningún tipo de problema con la comida que se dispensaba en el centro penitenciario madrileño. “Quim debe de estar hecho de otra pasta, porque se lo comía todo”, recordaba Rull nada más salir de la prisión. Aún tenía frescos otros detalles, como por ejemplo conversaciones con otros reclusos que habían cometido delitos de sangre. Uno de ellos, por cierto, relacionado con un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.

Durante su estancia les fue difícil olvidar el traslado hasta los centros penitenciarios. En la furgona que llevaba a dirigentes de ERC se les puso a todo volumen el himno de España. A dos de ellos les hicieron desnudar en la entrada a prisión. Es un procedimiento legal, pero solo se aplica (según remarca la defensa) en casos relacionados con el tráfico de drogas, que el recluso pudiera llevar escondidas en algún orificio, o si se sospecha que el nuevo interno tuviera el encargo de hacer daño a un futuro compañero de módulo.

A Carles Mundó, conseller de Justícia, le apretaron tan fuerte las manillas que presentó heridas durante los días siguientes. Él, abogado de profesión, era uno de los que tenía más claro que al partir hacia la Audiencia Nacional acabaría en prisión. Con su mujer tomó la decisión de no ser visitado por sus tres hijos, de entre 9 y 3 años. No quería que sufrieran.

Jordi Turull también era consciente de que podía acabar encarcelado, especialmente a partir del discurso del rey Felipe VI del 3 de octubre. Tenía redactada una carta dirigida a su mujer para el momento en que pasara. La gran mayoría de miembros del Govern publicaron tuits cuando ya viajaban hacia las prisiones de Madrid, señal de que buena parte de ellos estaban preparados.

Uno de las novedades de su nueva vida en prisión era vivir sin móvil. “Casi se nos olvida como se envía un whatsapp”, reconocía Turull, con sentido del humor, a las pocas horas de salir de prisión. Acostumbrados a las agendas apretadas y a las llamadas constantes, el paso por Estremera les sirvió para una dieta desintoxicadora de teléfono móvil.

Las corbatas y los trajes desaparecieron de su vestuario. La marca Quechua, especializada en ropa para excursiones distribuida por Decathlon, pasó a ser la preferida de muchos consellers, un detalle que no pasó desapercibido por las visitas que recibían. Una de las personas que se dirigió a Estremera, Lluís Recoder (exalcalde de Sant Cugat del Vallès, exconseller con Artur Mas y ahora en el sector privado), se exclamó cuando vio a Rull: “¿Qué haces en chándal?”. Los 32 días en prisión cambiaron la perspectiva a más de uno.

Junqueras, por ejemplo, se centró en leer, en escribir y en jugar al ajedrez. Le daba clases a reclusos: solo uno de ellos, colombiano, le ponía en aprietos. El fútbol y el baloncesto también centraban su parte de tiempo libre, ocho horas, fuera de la celda. En el patio se encontraba con compañeros de módulo asesinos, pederastas o violadores. Los miembros del Govern eran conscientes de ello porque los reclusos no tenían reparos en contarlo tal cual, sin anestesia. Una banda de colombianos, aún no se sabe muy bien por qué, les protegía. A los hijos de Junqueras, pequeños, les comunicaron a los quince días del ingreso que su padre estaba encarcelado.

Mucho de los prisioneros les preguntaban directamente qué habían hecho para estar en prisión si no habían cometido ningún delito violento o de sangre. Mundó tenía cola delante de su celda: como abogado, consiguió beneficios para algunos reclusos que así se lo pidieron. El conseller de Justícia, con ganas de digerir el paso por Estremera, decidió dejar la política poco después de las elecciones, cuando su nombre sonaba con fuerza para convertirse en el nuevo presidente del Parlament.

La altura de Mundó era fundamental para el turno del baloncesto, deporte que también practicaba Romeva como recluso. El conseller d’Exteriors era el miembro del Govern más deportista con diferencia: en el momento de ser escogido como jefe de filas de Junts pel Sí, en julio de 2015, se estaba preparando para una travesía a nado de 25 kilómetros en la Costa Brava.

Meritxell Borràs, en Alcalá Meco, también hizo sus pinitos en el deporte de la canasta. Sufrió, eso sí, un percance que la obligó a guardar reposo: un esguince de tobillo. Junto con Dolors Bassa, su paso por prisión no fue nada amable: debían compartir toalla (había una para cada dos reclusas) y Bassa aún recuerda los estragos de las pulgas que había en la cama. Al salir de prisión, andando cerca de su casa, cayó de bruces y le tuvieron que dar puntos en la cara.

Junqueras y Forn fueron los únicos dirigentes gubernamentales que tuvieron que pasar la Navidad en prisión. En ese momento ya sabían que el independentismo había ganado las elecciones convocadas por Mariano Rajoy, pero no tenían nada claro que pudieran asistir al Parlament como diputados electos. Jordi Sànchez, número dos por Barcelona de Junts per Catalunya, sufrió represalias en Soto del Real por haber grabado un mensaje de campaña emitido en el mitin central de su candidatura, en el Pavelló de la Vall d’Hebron de Barcelona.

A Sànchez se le prohibió, después de aquello, hablar con el equipo de campaña de Junts per Catalunya. Se le registró la celda en busca de un teléfono móvil, y ni tan solo se podía comunicar con su familia. “Están perdiendo el norte”, recalcó su abogado, Jordi Pina, en declaraciones a los medios de comunicación. Junts per Catalunya pidió que Forn y el expresidente de la ANC salieran de la cárcel para participar en la campaña electoral, pero les fue prohibido. Sí que pudieron formar parte de la sesión constitutiva del nuevo Parlament desde prisión a través de la delegación de voto, que no fue recurrida por el Gobierno español como se preveía en primera instancia. Sànchez era uno de los nombres que sonaba para sustituir a Puigdemont en caso que el president no pudiera repetir por su situación en Bruselas.

El paso de más de medio Govern por la prisión ha dejado un poso profundo. Solo Rull y Turull se mostraban abiertamente partidarios de seguir en el futuro Ejecutivo. Mundó se ha retirado de la política, igual que Forn (ambos han renunciado a su acta de diputado), mientras que Bassa y Borràs dibujan su futuro lejos de los focos. Todos ellos deben ir con cuidado en sus declaraciones públicas: si hay indicios de reiteración delictiva pueden volver a entrar en la cárcel. Incluso rehúyen su participación en manifestaciones soberanistas por consejo de sus abogados.

Esta amenaza latente fue, precisamente, uno de los motivos que llevaron a Carme Forcadell a no repetir como presidenta del Parlament en la legislatura que arrancó con el 21-D.

¿Hacia un juicio masivo?

Una semana después del ingreso en prisión de los miembros del Govern, el Tribunal Supremo fue el escenario de la declaración de los miembros de la mesa de la cámara catalana por la declaración de la independencia. Solo uno, Joan Josep Nuet (de Catalunya Sí que es Pot), quedó libre sin fianza. Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó y Anna Simó quedaron en libertad gracias al pago de 25.000 euros. A Forcadell se le decretó prisión eludible con una fianza de 150.000 euros, que fue pagada gracias a la llamada “caixa de solidaritat” impulsada por la ANC y Òmnium.

Corominas, Barrufet y Simó han dejado la política, y se han desmarcado de la vía unilateral que marcó la anterior legislatura. Guinó sigue siendo diputado en el Parlament, esta vez por Junts per Catalunya, mientras que Forcadell ocupa un escaño sin rango desde el pasado 17 de enero. “El nuevo momento político requiere una figura nueva y libre de procesos judiciales”, dijo en la rueda de prensa para comunicar que no seguiría como presidenta de la cámara. Un cargo que ahora recae en Roger Torrent, valor emergente de ERC.

Los afectados por la judicialización de la política se cuentan por centenares. La causa por sedición y rebelión pasó a manos del Supremo durante el mes de noviembre, y ahora es el magistrado Llarena el que se encarga de investigar los hechos relacionados con la declaración de la independencia. Al mismo tiempo existen querellas todavía en manos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que afectan a los consellers y a la mesa del Parlament, en este último caso por haber permitido el debate de las conclusiones de la comisión parlamentaria sobre el proceso constituyente en julio de 2016.

“Hay que entender una cosa: no todo lo que es ilegal es delito”, sostiene Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Puigdemont, sentado en su despacho de la zona alta de Barcelona. Cree que a los miembros del Govern y de la mesa del Parlament no se les puede acusar de desobediencia, como consta en la querella del TSJC, porque las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) recibidas a lo largo de la anterior legislatura no pueden considerarse resoluciones judiciales.

Según él, “todo el mundo ha desobedecido al TC”. “Incluso el Supremo”, remacha. Hay un conflicto de competencias, explican desde la defensa, desde que se inició el proceso en la Audiencia Nacional: el órgano competente para enjuiciar a los miembros del Govern debería ser el TSJC, pero como se les despojó del aforamiento con la aplicación del 155, que les cesaba en el cargo, todo se movió hacia la Audiencia Nacional. “Y el Supremo [donde está ahora el caso] tampoco es el órgano competente”, mantiene Alonso-Cuevillas.

Llarena y Lamela, los jueces que de momento han instruido las causas, no tienen el mismo criterio. El primero permitió la salida de prisión previo pago de fianza a seis consellers, mientras que la segunda les envió sin miramientos a Estremera. “La interlocutoria de Llarena está mejor vestida jurídicamente, pero no podemos decir que las cosas hayan ido a mejor. Para mí, hemos ido a peor. Parte de que el Govern pretendía la independencia y que, por lo tanto, es evidente que querían utilizar la violencia. Esto es muy perverso”, resalta el abogado.

El magistrado del Supremo fue el encargado de retirar la orden internacional de detención contra Puigdemont, y también responsable de no atender la demanda de la Fiscalía de volverla a activar cuando Puigdemont se dirigió hacia Dinamarca para participar en un debate universitario a mediados de enero. Su argumento, en resumidas cuentas, fue que el president quería ser detenido para facilitar su investidura y que, por lo tanto, era mejor no hacerlo. Una argumentación que dejó boquiabierta la defensa por la utilización de “motivos políticos” en el auto.

En las manos de Llarena está la libertad de Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los tres, de un modo u otro, han renunciado a la vía unilateral y han acatado el ordenamiento constitucional para salir de la cárcel. Forn, incluso, ha dejado a un lado su acta como diputado para facilitar su defensa y recuperar la libertad. Ninguno de ellos lo ha conseguido. La estrategia judicial ha tenido un fuerte impacto en el independentismo, que ahora sabe de primera mano que el Estado no dará marcha atrás.

Esto también lo saben los centenares de alcaldes que están en el punto de mira de la justicia a raíz de su colaboración en el referéndum (se podrían enfrentar a ocho años de cárcel si se les imputa malversación), y los ciudadanos investigados por presuntos delitos de odio contra la Guardia Civil. Sin olvidar las consecuencias del procedimiento abierto por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Según fuentes de la defensa, hay dos fiscales del Supremo que están trabajando codo con codo con este juzgado para escarbar en los preparativos del referéndum y en la creación de las estructuras de estado.

¿Cómo puede acabar la causa? ¿Con un macrojuicio en el Tribunal Supremo? Algunas voces judiciales señalan que el juicio podría empezar a finales de 2018, pero Alonso-Cuevillas mantiene que se podría alargar hasta 2020. “Lo más lógico sería que hubiera un macrojuicio, pero en Catalunya”, sostiene el abogado de Puigdemont. Si, según el juez, los diferentes actores del independentismo estaban involucrados en una especie de “organización criminal”, lo más normal sería unificarlo todo. Sabiendo, eso sí, que una causa de grandes dimensiones en Madrid sería “inmanejable”, porque dificultaría las tareas de la defensa, establecida en Barcelona.

Los últimos en recibir notificaciones judiciales conforme están siendo investigados han sido Marta Pascal (coordinadora general del PDeCAT), Artur Mas (expresidente del partido y expresidente de la Generalitat), Marta Rovira (secretaria general de ERC y diputada en el Parlament), Mireia Boya (exdiputada de la CUP) y Anna Gabriel (compañera de escaño de Boya). Se les investiga por haber participado en lo que el Supremo llama “comité estratégico del referéndum”.

Todo el entramado de movilización permanente, sumado a la inacción del Estado a la hora de entablar un diálogo con el Palau de la Generalitat, ha mutado en un embrollo judicial que ya está teniendo consecuencias políticas, penales y humanas en una decena de dirigentes. No solo los que están o han estado en prisión, sino también aquellos que decidieron marcharse a Bélgica para mantener encendida —defienden— la llama del “Govern legítim”.

Las elecciones del 21-D, lejos de suponer una solución, han sido un capítulo más del enfrentamiento. Ni Puigdemont, cesado por el 155 y vencedor de los comicios en el flanco independentista, ha querido dar marcha atrás, y tampoco lo ha hecho una Fiscalía que mantiene las querellas y no tiene intención de retirarlas. El choque de legitimidades es un hecho, aunque solo los más pesimistas habrían dicho, a la hora de empezar el proceso, que en noviembre de 2017 la mayoría del Govern estaría encerrado y que el resto penaría por Bruselas.

La señal más evidente de que las causas judiciales no concluirán en breve lo traza el registro que la Guardia Civil llevó a cabo el 24 de enero en las sedes de la Assemblea y de Òmnium. Se llevaron copias de los correos electrónicos de sus presidentes, los encarcelados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Pasó el mismo día en que el Gobierno español decidió cerrar hasta nuevo aviso la delegación de la Generalitat en la capital belga para impedir que se reunieran allí Puigdemont y el nuevo president del Parlament, Roger Torrent, para abordar el debate de investidura.

La legislatura nacida del 21-D volverá a tener la excepcionalidad como norma.

Capítulo 6

Presiones y fugas

“No tengo nada que hablar con vosotros”. Así despidió Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, a un reducido grupo de empresarios que se reunieron con él en las horas previas a la declaración simbólica de la independencia en el Parlament. Era el fin de una serie de maniobras discretas y sutiles que representantes del establishment catalán habían puesto en marcha para evitar la proclamación de la República, propiciar la convocatoria de elecciones autonómicas y frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El diálogo entre Junqueras y sus interlocutores no fue agradable. Entre los cuales estaban Joaquim Coello y Marian Puig, destacados miembros del empresariado catalán, muy bien conectados y en diálogo permanente con el lehendakari Íñigo Urkullu en las semanas previas. Los visitantes, que pretendían frenar la declaración cuando todo estaba dispuesto en el Parlament y en el Senado se contaban las horas para validar la intervención de la autonomía, hicieron ver al vicepresident que el país (Catalunya) “sufriría” si se consumaba el desafío al Estado.

“A vosotros el país no os importa nada”, les replicó el líder de ERC, que parecía tener bien ensayados los argumentos. Les afeó que no levantaran la voz cuando la Generalitat, en buena parte por las exigencias del Gobierno español, se vio obligada a hacer recortes presupuestarios que impactaron en los servicios sociales y en la ciudadanía. “¿Dónde estabais en ese momento?” les inquirió Junqueras, visiblemente molesto. Fue en ese instante cuando les invitó a salir del despacho. Ya no había nada más que hablar.

Coello, Puig y sus acompañantes, entre los cuales se encontraba el notario Juan José López Burniol, vicepresidente de la Fundación Bancaria La Caixa y alto responsable del Círculo de Economía, habían tenido antes una reunión con otro dirigente catalán: Carles Puigdemont. El president les tuvo esperando alrededor de una hora, pero les acabó recibiendo. Le transmitieron que el plan de llevar la independencia al Parlament era una “locura” y que estaban convencidos de lograr parar el 155 pese a no tener ningún indicio de enternecimiento en la postura de Mariano Rajoy. “Después de lo que pasó ayer [la marcha atrás en la convocatoria de elecciones, cuando ya estaba todo preparado], tenéis que convencer a Junqueras”, les dijo Puigdemont. El vicepresident, como comprobaron después, a duras penas les escuchó.

Ambas escenas resumen una parte relevante de lo ocurrido en Catalunya entre el 1 y el 27 de octubre. Un mes durante el cual el mundo económico vivió al límite, pegado a las decisiones políticas que llegaban de Madrid y de Barcelona, pendiente de los detalles y los matices de las declaraciones de Puigdemont y de Rajoy. Los movimientos del empresariado catalán, de hecho, se remontan a antes del verano. La perspectiva del referéndum del 1 de octubre y del consiguiente choque institucional amenazaban con alterar las reglas de juego en todo el Estado.

“Los contactos fueron al más alto nivel. Todo el mundo estaba implicado”, remarca Santi Vila, exconseller d’Empresa i Coneixement y que tuvo un papel fundamental en las conversaciones entre la Generalitat y la Moncloa a través del lehendakari Íñigo Urkullu. Él mismo enumera los actores que participaron en los contactos: “Varios ministros, Pedro Sánchez [secretario general del PSOE], algún dirigente de Ciudadanos, Urkullu, la Iglesia catalana y la española, y todo el poder financiero del país”.

Los grandes empresarios catalanes mantenían, eso sí, una posición de wait and see antes del 1-O. Después del referéndum, marcado por la represión policial y la voluntad posterior del Govern de aplicar el resultado, el establishment se puso verdaderamente en marcha. Vila recuerda que mantuvo contactos con decenas de altos directivos que le transmitían un mensaje inequívoco: “Hay que convocar elecciones de manera inmediata”. El Ejecutivo de Puigdemont, según el punto de vista de las élites económicas, debía disolverse porque la legislatura ya no daba más de sí.

El president recibió en su despacho a empresarios soberanistas (Carles Colomer y Felip Massot, entre otros) que le dejaron claro que era el momento de poner el freno. “Basta. Te pedimos por favor que convoques elecciones”, le imploraban. Puigdemont les escuchaba atentamente, y en muchos de los momentos que transcurrieron entre el 1 y el 27 de octubre les compraba el relato. De hecho, al menos una decena de dirigentes que hablaron en privado con el president sostienen que estaba absolutamente decidido a convocar comicios autonómicos, especialmente a partir del lunes 23 de octubre, cuando lo trasladó a su entorno político más reducido.

Un alto dirigente del PDeCAT sostiene que se le veía “sereno”, pese a la gravedad de las circunstancias. Las advertencias que le llegaban del establishment eran duras: “Nos vamos hacia el abismo”. “Puedo ser un patriota, pero no quiero que hagáis el imbécil”, le llegó a espetar un empresario encuadrado en el bloque soberanista. Una cosa era estar a favor del derecho a decidir y del referéndum, pero otra muy distinta era abonar la independencia unilateral. Una vía que, como se acabó de comprobar el 3 de octubre, iba a combatirse desde todas las instituciones del Estado. Incluida la monarquía.

El vuelco del 3-O

Dos días más tarde del referéndum, coincidiendo con el final de la huelga general convocada por el independentismo para protestar contra las cargas policiales del 1-O, Felipe VI quiso dirigirse a la ciudadanía. Una fuente conocedora de los entresijos del discurso mantiene que se barajó la posibilidad de que lo pronunciara vestido de militar, aunque la presión ejercida por la reina Letizia fue decisiva para descartarlo. El contenido del mensaje ya fue suficientemente duro como para reforzarlo con simbología militar.

“El detonante de la fuga de empresas es el discurso de Felipe VI. El día 1 de octubre es muy impactante dede el punto de vista emocional pero, en función de como lo hubiéramos gestionado, no se habrían precipitado las cosas. Cuando se verbaliza seriamente la declaración de la independencia, cuando el rey [con su parlamento] la reconoce como un hecho muy grave, empieza la desbandada”, diagnostica Vila, que vivió esos días pegado al móvil hablando con el president, con ministros (Íñigo Méndez de Vigo y Rafael Catalá, entre otros), la presidenta del Congreso (Ana Pastor), el lehendakari Urkullu y dirigentes del mundo empresarial.

Vila no era el único que tenía el teléfono al rojo vivo. Artur Mas, expresidente de la Generalitat, seguía (y sigue) manteniendo un contacto privilegiado con los poderes económicos catalanes. “Mas es la persona mejor informada del país”, traza con ironía uno de los consellers que le acompañó durante toda su trayectoria. No debe extrañar, pues, que los principales dirigentes del establishment, Isidre Fainé (Gas Natural), Jordi Gual (Caixabank), Salvador Alemany (Abertis), Josep Oliu (Banc Sabadell) y Albert Martínez Lamarca (Agbar), entre otros, le llamaran y se reunieran con él en los días decisivos de octubre. Fainé, por su parte, se reunió también con Junqueras y, en las semanas decisivas de octubre, también mantuvo contacto directo con la Zarzuela.

Otra dirigente que recibió llamadas y peticiones de reunión por parte del alto empresariado catalán fue Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT. “La contactaba todo el mundo para que propiciara la convocatoria de elecciones, para convencer a Puigdemont de que declarar la independencia era un error”, sostiene su entorno. La coordinadora general, desde que llegó al cargo en julio de 2016, puso en marcha una ronda de contactos para darse a conocer entre el establishment. La máxima dirigente de la antigua Convergència no dejaba de ser una recién llegada (pese a haber liderado las juventudes de la formación) a la alta política barcelonesa, así que tuvo que arremangarse para ganar presencia en un mundo selecto e intrincado.

“Uno de los problemas es que las grandes empresas nunca nos tomaron en serio del todo. Contemporizan, y envían mensajes que son malinterpretados por el Govern. Somos muy críticos con los políticos, pero las empresas, los consejos de administración y los directivos deben hacer autocrítica”, mantiene Santi Vila, ya fuera del cargo y alejado de la política. Su futuro, desde el mes de enero, pasa por la dirección general de Aigües de Banyoles.

Para Vila, el problema es que el empresariado asumió el reto soberanista como una fase más del catalanismo político, que “va tensando y al final, cuando la cosa está madura, extiende la mano y capitaliza lo que puede”. En este caso la dinámica fue distinta, porque por primera vez no se aplica el manual negociador del peix al cove (apoyo político en Madrid a cambio de más competencias y financiación) que popularizó Jordi Pujol mientras fue president de la Generalitat. “Esto, al empresariado, le desconcierta profundísimamente. Nadie se lo cree, porque en el fondo es increíble”, mantiene el exconseller, figura heterodoxa dentro del soberanismo y que desde su declaración ante la Audiencia Nacional es tildado de “traidor” por amplias capas del movimiento. Él fue el único miembro del Govern que respondió las preguntas de la Fiscalía por consejo de su abogado, del mismo bufete que llevó las tareas legales de la infanta Cristina.

En cierto modo, según recalcan Vila y al menos cinco de los implicados en la negociación de octubre, existía la percepción dentro del mundo empresarial de que no se acabaría culminando el desafío. “Haced lo que tengáis que hacer, a ver si Rajoy se mueve de una vez”, les decían a los responsables de la Generalitat dirigentes empresariales en comidas y cenas restringidas. Y esto, según Vila, distorsionó la perspectiva que tenía Puigdemont y su Govern: “Cuando decían en público que las empresas no se irían, seguramente no lo hacían de manera infundada”.

En todo caso, como se comprobó con la cascada de empresas relevantes que se fueron de Catalunya, el establishment rumiaba desde hacía meses los movimientos que se harían en caso de celebrarse el referéndum y de perspectiva real, plausible, de declaración de independencia. En tan solo unos días, seis de las siete empresas del Íbex-35 de matriz catalana abandonaron el país: Caixabank, Banc Sabadell, Abertis, Cellnex, Gas Natural y la inmobiliaria Colonial. “Aquello fue bestial”, recuerda un alto dirigente parlamentario bien conectado con el mundo de la empresa.

“La presión de aquellos días fue muy fuerte. Inaudita, diría”, sostiene la misma fuente. El soberanismo había basado buena parte de su relato en tranquilizar a la ciudadanía sobre los costes del proceso, y en el momento en que el conflicto se hizo palpable (cuando se pasó de la fase declarativa a la acción concreta), las principales empresas del país decidieron irse. La rapidez con la que lo hicieron sugiere, según el aparato gubernamental, que la decisión estaba tomada desde antes. En otras palabras: si el 1-O se producía y se percibía que el Govern pretendería aplicar el mandato salido de las urnas, lo mejor era proteger los activos y huir de la inestabilidad.

En la semana posterior al referéndum, según varias fuentes consultadas, los contactos llegaron al más alto nivel. El vicepresident Junqueras, que, como conseller de Economia, era el encargado de interlocutar con la gran banca, recibió a Josep Oliu (presidente del Banco Sabadell) en su despacho pocas horas antes de que el gigante financiero hiciera público el cambio de sede. Oliu, después de hablar con el líder de ERC, se desplazó hasta el Palau de la Generalitat para citarse con Puigdemont, con quien le une una buena relación personal pese a la distancia política que les separa. El president estuvo sometido a una “gran presión” que le llegaba, también, de la patronal Foment del Treball para frenar el rumbo hacia la independencia. La sensación de abandono por parte de las grandes empresas cundió en el Estado Mayor del independentismo.

Caixabank, con 379.112 millones de euros en activos y más de 37.000 empleados, movió su sede social hacia Valencia. El grupo tiene el 80% del negocio en España, pero solo el 18% se centra en Catalunya. Su presidente, Jordi Gual, se puso en contacto con Puigdemont, Mas y Pascal, como mínimo. El traslado de la entidad fue especialmente simbólico: es la empresa más emblemática del país y su peso en la economía es indudable. De hecho, su número de trabajadores es el mayor en Catalunya dentro del sector privado: solo la Generalitat emplea a más gente que La Caixa.

Gas Natural, con Isidre Fainé (durante años al mando de la primera entidad financiera del país) al frente, optó por irse a Madrid. La capital de España también recibió con las puertas abiertas a Abertis y Agbar en los días posteriores al referéndum. Esta última compañía es la única que se ha posicionado a favor de volver a Catalunya en un futuro, según expresó su consejero delegado, Albert Martínez Lamarca, en un discurso ante la Cambra de Comerç de Barcelona.

Solo una empresa decidió quedarse: Grífols. La compañía de hemoderivados, con una fuerte presencia internacional, se quedó principalmente por un motivo, según sus interlocutores en la Generalitat: no tenía un “riesgo reputacional” respecto a sus mercados. En el caso de las entidades financieras, los accionistas estaban nerviosos, o al menos así lo consideraban de puertas para adentro en el Palau de la Generalitat.

Entre De Guindos y Mas-Colell

El Gobierno español vio, en medio de la incertidumbre, una oportunidad para promover la marcha de empresas de Catalunya. La mano de Luis de Guindos, ministro de Economía, fue la encargada de diseñar un decreto para que las compañías que así lo quisieron lo tuvieran sensiblemente más fácil para cambiar de sede. Y, mientras tanto, el exconseller Andreu Mas-Colell, catedrático de Harvard y voz muy respetada dentro del soberanismo, movía los hilos para frenar la declaración de independencia.

Mas-Colell, con su aspecto de genio despistado, estuvo al mando de la Conselleria d’Economia cinco años, coincidiendo con la etapa de Mas como president de la Generalitat. Tuvo que hacer frente a un periodo muy complicado para las finanzas catalanas, que llevó a los recortes presupuestarios avalados por CiU y el PP en el Parlament. Enemistado con el ministro Cristóbal Montoro por el reparto del déficit autonómico y por el funcionamiento del fondo de liquidez autonómica (FLA), el catedrático de Harvard representaba el giro soberanista de un sector liberal más amante, de entrada, del orden que de la aventura.

El exconseller d’Economia tiende a racionalizar todos los procesos que hay detrás del rumbo independentista. Cuando la CUP ponía todas las trabas del mundo a Artur Mas para que repitiera como president de la Generalitat, Mas-Colell empezó a trazar diagramas siguiendo la teoría de juegos y llegó a la conclusión, meses antes de que sucediera, de que Mas tendría que dar un paso al lado. En pleno debate sobre la investidura de Carles Puigdemont después de las elecciones del 21-D, fue el primero en defender que se formara un gobierno técnico para redefinir el plan soberanista y, de paso, recuperar las instituciones tras la aplicación del 155.

Con esta manera de ser, era evidente que en algún momento Mas-Colell se debía implicar en la resolución del conflicto abierto el 1-O. Según varias fuentes consultadas, el exconseller promovió encuentros entre representantes empresariales (entre los cuales Salvador Alemany, presidente de Abertis) y altos dirigentes del soberanismo. El objetivo de estas citas, que en algún caso fueron cenas muy reducidas, era inequívoco: conseguir que Puigdemont descartara la declaración de la independencia ante la voluntad, cada vez más concreta, de aplicar el 155 por parte del Gobierno español. “Se lo tenéis que quitar de la cabeza”, decían los miembros del establishment a sus interlocutores. El objetivo es que lo trasladaran sin ambages al president.

Al menos cinco conocedores de las reuniones de aquellos días hablan también del papel de David Madí, uno de los consejeros áulicos de Mas. Pese a dejar la política a finales de 2010, Madí se ha mantenido directamente implicado en todas las grandes decisiones del proceso. El exdirigente de CDC ha estado trabajando durante los últimos años para empresas como Deloitte, Endesa, Telefónica y Applus, y se le atribuye un papel fundamental en el ungimiento como president de Puigdemont. Fue uno de los que puso en circulación el nombre del exalcalde de Girona cuando la CUP vetaba a Mas y este se negaba a dar un paso atrás. No lo dio, de hecho, hasta el último minuto.

Madí es el clásico personaje dado a la intriga, siempre en boca de todos pero cuya firma nunca se puede identificar de forma concreta en los avances del proceso. Su peso en las empresas para las que trabajaba, Endesa y Deloitte, ha ido decreciendo a medida que se ha concretado la hoja de ruta del soberanismo, pero sigue manteniendo una buena posición económica. Su familia forma parte de la alta burguesía barcelonesa y su abuelo fue el creador de la loción Floïd, adquirida después por una multinacional a cambio de una suma despampanante de dinero.

Pese a las gestiones de Mas-Colell y Madí para atemperar los ánimos y conducir el país hacia nuevas elecciones, desde la Moncloa se pretendía aprovechar la inestabilidad política en Catalunya para facilitar la fuga de empresas, que se contaban por miles a mediados de octubre. De Guindos fue el encargado de comparecer después de una reunión del consejo de ministros del 6 de octubre para anunciar la medida: las compañías ya no necesitaban pasar por la junta de accionistas para cambiar la sede social. El caudal de la fuga subió al instante.

“Este cambio se ha hecho a petición de grupos empresariales”, mantuvo De Guindos. Un alto responsable de la Generalitat que trató aquellos días con Puigdemont y representantes del poder económico intenta resumir así la situación: “Hubo empresas, grandes empresas, que se hicieron perdonar el hecho de haber flirteado tanto con el proceso. Hicieron un movimiento pendular para dejar claro que a ellos, a españoles, no les ganaba nadie. Existe un componente de sobreactuación”. La fuente se resiste a dar nombres, pero se refiere, muy probablemente, a Caixabank.

De hecho, fue muy comentado en los círculos del Govern el anuncio que la entitad financiera presidida por Jordi Gual emitió en los primeros minutos de 2018. Bajo el eslógan “Comprometidos”, Caixabank quiso enumerar buena parte de las comunidades autónomas para alejar su marca de la crisis política y de su origen inequívocamente catalán. “Quizás no hacía falta ser tan impúdico”, mantiene un alto responsable de la Generalitat, con una sonrisa maliciosa en los labios.

La puesta en marcha del decreto de Guindos, según fuentes empresariales, se debió a un “problema de pérdida de confianza” de las entidades financieras y de una cantidad cada vez mayor (siempre según esta versión) de retirada de activos. “El problema de la reforma impulsada por la Moncloa es que anima a la inestabilidad”, mantiene Santi Vila. La situación, ciertamente, era grave debido a la tensión política, motivada por el rumbo independentista, y la incapacidad del Estado de establecer un mínimo canal de diálogo para resolver la situación; así que las empresas casaron el argumento de la incertidumbre económica con la necesidad política de Rajoy. El PP, desde que empezó el proceso, se ha centrado en trazar un panorama económico apocalíptico para las finanzas catalanas en caso de independencia, y la fuga de empresas les brindó el marco adecuado para dar por probadas todas sus tesis.

Según De Guindos, el coste total del procés ha sido de cinco mil millones de euros por su impacto en todos los sectores del PIB. El problema principal se lo encontró la Generalitat cuando vio que las empresas se iban y que la herida no se iba a cerrar fácilmente. La Conselleria d’Empresa i Coneixement se puso manos a la obra para hablar con los principales directivos de las empresas. Aparte de las dinámicas de las compañías, el Govern se encontró con otro problema: la sombra de un boicot a los productos catalanes motivada por sectores españolistas.

“Nos encontramos con perfiles del estilo Federico Jiménez Losantos que activaron en las redes dinámicas de boicot”, recuerda Vila. Por su despacho pasó una empresa con matriz alemana que, por el hecho de tener tiendas en España y sede social en Catalunya, salía en una web en la que se la señalaba con el dedo. A finales de octubre, esta compañía ya había sufrido retrocesos en la facturación cercanas al 25%. “No tuvimos tiempo de implementar una respuesta”, mantiene el exconseller. Puigdemont lo observaba todo con preocupación, y al mismo tiempo estaba molesto porque tenía la percepción de que los empresarios solo se centraban en hacer retroceder a la Generalitat sin presionar simultáneamente a la Moncloa para que abandonara el bloqueo.

A más de un alto directivo, el president le había afeado que mantuvieran este doble rasero. “Sois muy duros con nosotros, pero en Madrid no lo sois tanto”, les comentaba desde su despacho en el Palau de la Generalitat. Desde allí, por cierto, se veía con buenos ojos una acción inédita hasta ese momento: una llamada a la retirada de dinero masiva de las entidades financieras que habían decidido trasladar su sede fuera de Catalunya.

155 euros

La situación económica sombría dio un nuevo giro cuando la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural llamaron a la ciudadanía a retirar dinero en efectivo de las cinco principales entidades financieras que operan en Catalunya. A nadie se le escapaba que era una medida centrada en hacer entrar el miedo en el cuerpo a Caixabank y al Banc Sabadell, que habían sido de las primeras en anunciar que trasladaban su sede ante la inestabilidad generada por el referéndum y por la posibilidad real que el Parlament declarase la independencia.

Se da la circunstancia, aparte, de que las dos entidades acordaron buena parte de los movimientos para mover su sede social. Isidre Fainé, que es presidente de la Fundación La Caixa aparte de liderar Gas Natural, diseñó junto a Josep Oliu, máximo dirigente del Sabadell, los pasos a seguir. Fainé es una de las personas con más influencia en Catalunya, de modo que quiso conocer en persona la opinión de Junqueras en una reunión que se celebró en la sede de la emblemática caja de ahorros catalana. La conclusión que sacó es que el escenario más probable era el de la proclamación de la República y, por lo tanto, movió hilos para trasladar las sedes. Aparte de contactar con la Zarzuela, también lo hizo con el ministro Luis de Guindos.

La idea de la retirada de depósitos llevaba, según varias fuentes consultadas, semanas encima de la mesa del Estado Mayor del proceso. Su principal valedor era Oriol Soler, responsable de toda la estrategia de comunicación de la fase decisiva del referéndum y uno de los que conocía al dedillo todos los entresijos. “La sensación que tenemos es que hasta el 1-O el rumbo estaba perfectamente definido. El problema llegó después, porque dimos sensación de improvisación. Esto me da que pensar que, a lo mejor, nadie fue capaz de imaginar que el referéndum se celebraría del modo que se hizo”, mantiene uno de los integrantes del sanedrín.

La acción de retirada de dinero en efectivo se llevó a cabo cuatro días después del encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los máximos dirigentes de la ANC y Òmnium Cultural. “No lo olvides: ¡es tu dinero!”, tuiteaba el perfil de la Crida per la Democràcia, donde también se podía leer explícitamente que había que expresar “rechazo” por el traslado de Caixabank (a Valencia) y el Banco Sabadell (a Alicante) en los días previos.

Un corriente del Estado Mayor (Oriol Soler, Xavier Vendrell y el sector más cercano a Òmnium) era explícitamente partidario de llevar el conflicto al terreno económico. El argumento más escuchado esos días era diáfano: “Europa no va a intervenir hasta que suba la prima de riesgo”. Seguido de otro que era recurrente: “Catalunya no tiene la fuerza necesaria para ser independiente, pero sí para hacer entrar España en fallida”. No todos eran tan entusiastas de esta estrategia, como se podía palpar en las filas del PDeCAT.

Santi Vila, que en aquel momento estaba inmerso en las conversaciones con varias empresas grandes que habían notado un retroceso por la inestabilidad política, fue el único miembro del Govern que se atrevió a criticar la acción. Perjudicar la economía, dijo, “siempre es un autogol”. “¿Cómo puede ser que hagamos una campaña para autolesionarnos? Si tú pones en riesgo la liquidez de La Caixa y el Sabadell, te haces daño a ti mismo”, sostuvo meses después.

Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, y el expresident Artur Mas pensaban exactamente lo mismo. Pero finalmente el sector más resolutivo del independentismo convenció a Puigdemont para llevar a cabo la retirada de depósitos. La aplicación inminente del artículo 155 hizo que los participantes en la acción sacaran 155 euros de los cajeros catalanes.

El seguimiento no fue tan masivo como el de otras movilizaciones. Quizás influyó el hecho de que la ANC no secundara de forma entusiasta la planificación de la retirada de dépositos. De hecho, la Assemblea la frenó momentáneamente durante unos días, pero finalmente la acabó promoviendo. Varias fuentes consultadas indican que Agustí Alcoberro y Marcel Mauri, representantes de la ANC y Òmnium Cultural en el Estado Mayor después el encarcelamiento de Sànchez y Cuixart, no siempre tenían versiones coincidentes en las reuniones privadas.

“Tienen una mala relación. Yo mismo he escuchado cómo discrepaban y discutían a puerta cerrada”, mantienen fuentes conocedoras de estos encuentros. No se trata de una cuestión exclusivamente personal: las dos entidades han discrepado en asuntos de estrategia y, en algunos puntos, Òmnium ha acusado a la ANC (en privado) de “hacer el juego” al PDeCAT y a su sector de poder en el Govern. Hay que tener en cuenta que Sànchez, ante las dificultades que ensombrecían las perspectivas del 1-O, era partidario de convocar elecciones.

Tampoco sentó bien en Òmnium que el presidente de la Assemblea, en las horas previas a la votación, sostuviera que un millón de votos ya serían un éxito. “Es su versión, no la nuestra”, matizaron rápidamente desde la entidad cultural. Sànchez mantiene una buena relación con David Madí, exdirigente influente de Convergència, y con Artur Mas. Con el expresident se reunía periódicamente en su despacho del Palau Robert de Barcelona (en la tercera planta del edifico, con excelentes vistas hacia la confluencia de Passeig de Gràcia con Diagonal) y, finalmente, se convirtió en el número dos de Puigdemont en las elecciones del 21-D.

La retirada de activos bancarios se hizo cuando ya se contaban por miles las empresas que habían iniciado los trámites para salir de Catalunya a raíz de las circunstancias políticas. Las entidades bancarias eran las que más habían sufrido. Según reconocieron ante varios inversores, Caixabank y Sabadell habían registrado pérdidas de activos por valor de 9.000 millones de euros; 6.000 en el caso de la entidad de Jordi Gual y unos 3.000 en lo que hacía referencia al banco presidido por Oliu, según datos de mediados de octubre de 2017.

En una nota emitida un mes después, el 16 de noviembre, la agencia de rating Moody’s se encargaba de señalar que Caixabank y el Sabadell seguían a la crisis catalana debido a su exposición en Catalunya. Moody’s explicó que la primera entidad bancaria del país sufrió una “modesta” salida de depósitos, según la propia compañía, que se detuvo cuando cambió de sede, mientras que en el segundo caso la pérdida de activos, que sucedió a principios de octubre, fue “limitada” y también fue interrumpida con el traslado a Alicante.

La agencia de rating subrayó que, como la probabilidad para una secesión de Catalunya era baja, no se observaba un “impacto material inminente” para los bancos españoles, a pesar de que todos ellos estaban (y están) en cierta medida expuestos en el país por el tamaño y la riqueza de la región. Sin embargo, la retirada de dinero del 20 de octubre, que el soberanismo quería masiva y con un impacto más o menos inmediato, acabó con un regusto tirando a amargo para sus impulsores.

El papel del Círculo y la visión de Junqueras

Juan José Brugera fue escogido presidente del Círculo de Economía a finales de 2016. Recogía el testigo del respetado académico Antón Costas. “El Parlament y el Gobierno de España deben abrir el debate y la búsqueda de alternativas que puedan satisfacer a una parte mayoritaria de la sociedad”, decía Brugera, presidente de la inmobiliaria Colonial, en el programa de su candidatura. Le acompañaban dirigentes destacados como la exministra Cristina Garmendia, Jaume Guardiola (consejero delegado del Banc Sabadell), Jordi Gual (presidente de Caixabank) y el notario Juan José López Burniol. Uno de los que, por cierto, se implicó directamente en el diálogo interpuesto entre Carles Puigdemont, Íñigo Urkullu y Mariano Rajoy para evitar la declaración de independencia.

El Círculo de Economía es un lobby influente en Catalunya. Emite notas de opinión que son escrutadas por unos dirigentes políticos que participan gustosamente en las jornadas que celebra anualmente la entidad en Sitges. La actitud que Brugera mantuvo respecto a Puigdemont en la cita de mayo de 2017 levantó mucha, muchísima, polvareda. “Le dieron por amortizado. Ni le hicieron caso. No recuerdo un desplante igual”, sostiene un alto dirigente del PDeCAT presente en la sala principal de las jornadas del Círculo.

El “desplante” se materializó de la siguiente manera: Puigdemont desgranó un discurso sobre la cuarta revolución industrial y el papel creciente de la digitalización en la economía que dejó prácticamente de lado el proceso. Acostumbra a ser preceptivo que, después de la intervención del president (siempre encargado de abrir las jornadas del Círculo), los asistentes envíen preguntas para que las responda en directo. En este caso, solo hubo una. Y no cualquiera.

De hecho, era más bien una reflexión. “President, en Catalunya no se dan las condiciones equitativas para un referéndum porque el Govern no es neutral y los medios de comunicación catalanes hace años que adoctrinan contra España y ocultan las graves consecuencias”, decía una cuestión que, en contra del procedimiento habitual, no fue identificada con nombre y apellidos. En aquel momento se sospechó que había sido formulada por Carlos Cuatrecasas y Enrique Corominas. El primero es presidente de la Fundación del Círculo de Economía, mientras que el segundo ocupó la presidencia del Real Club Náutico de Barcelona.

La dureza de la pregunta sentó fatal en el entorno del president, que también tuvo que escuchar cómo Brugera le encomiaba a ir al Congreso de los Diputados, tal como le pedía el Gobierno español, para defender allí su propuesta política. El presidente del Círculo apeló al diálogo, la palabra favorita de los partidarios de la tercera vía, cuyo significado se ha ido volviendo más inane con el paso de los meses, pero dejó claro que la Generalitat debía ir más allá del “referéndum sí o no”.

Una posición que contrastaba con reuniones anteriores del Círculo, como la del 2013, cuando Josep Piqué (en aquel momento al frente del lobby) habló de una consulta “legal y pactada” sobre Catalunya, o bien la del año siguiente, cuando Antón Costas defendió una votación “legal, pactada y bien informada” sobre el futuro del país. El derecho a decidir, con el paso del tiempo y con el enconamiento gradual del conflicto político, ha ido desapareciendo de la primera fila argumental del Círculo, contrario a la unilateralidad y partidario de las medidas que ha ido tomando Mariano Rajoy para frenar el proceso. Rajoy ha cerrado desde 2012 todas las reuniones organizadas anualmente por la entidad en Sitges.

La implicación del Círculo en los días decisivos de octubre se explica con la reunión que su líder Brugera mantuvo en la delegación del Govern en Girona con Puigdemont el sábado 7 de octubre. “Los propios ciudadanos, con su pánico bancario de los últimos días, retirando dinero, cambiando de cuenta o de entidad, refleja que se han creído que la DUI era posible y se han adelantado a analistas e inversores y han puesto sobre la mesa las consecuencias. Los mercados vendrán después”, alertó el presidente de Colonial, según reveló al cabo de unas horas en exclusiva La Vanguardia, periódico muy bien conectado con el establishment.

Brugera utilizó un lenguaje contundente delante del president: “La DUI [declaración unilateral de independencia] sería una bomba para la economía catalana”. Puigdemont andaba esos días preocupado: las principales empresas del país estaban cambiando de sede a marchas forzadas y el sector más directo del independentismo le urgía a proclamar la República en el Parlament para aplicar el resultado del referéndum. El president admitió ante Brugera, que acudió acompañado del secretario general del Círculo, Jordi Alberich, que la situación era de “extrema gravedad”.

También lo consideraba así el vicepresident Oriol Junqueras, que, como conseller d’Economia, tenía un trato preferencial con las principales entidades financieras catalanas. En las horas decisivas de octubre se reunió con Isidre Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa y de Gas Natural, y con Josep Oliu, máximo responsable del Sabadell. Ha existido un gran debate (y una gran incógnita) sobre qué mensaje trasladaba Junqueras, líder de ERC, a sus interlocutores.

Según varias fuentes políticas y empresariales consultadas, Junqueras defendía en privado la celebración de elecciones anticipadas. En una reunión que mantuvo con Antoni Fernández Teixidó, sempiterno diputado de CiU encargado de asuntos económicos y presupuestarios, el vicepresident le planteó que la mejor vía para dar salida al problema abierto el 1-O era ir de nuevo a las urnas, pero esta vez a través de comicios autonómicos.

Corroboran esta versión al menos dos personas que hablaron con Junqueras en la manifestación que recorrió la Diagonal de Barcelona el 17 de octubre en solidaridad con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que fueron encarcelados unas horas antes por la Audiencia Nacional acusados de un delito de sedición. Según la versión de un alto responsable del Govern, Junqueras se había puesto en contacto con empresarios para hacerles llegar esta petición concreta: “A ver si convencéis a Puigdemont, que está desbocado”. El entorno del vicepresident nunca ha validado esta versión de los hechos, aunque al menos siete dirigentes consultados la avalan.

De hecho, tal como explican las fuentes consultadas, hubo empresarios que se pusieron en contacto con algunos miembros del Govern partidarios de convocar nuevos comicios utilizando las siguientes palabras: “Acabo de hablar con Junqueras y dice que os ayudará, que está con vosotros”. En un momento determinado, cuando el debate era especialmente enconado en la Generalitat, hubo un grupo reducido de dirigentes del PDeCAT (Mas, Pascal y Vila, entre otros) que le preguntaron a Puigdemont qué es lo que realmente quería, y le pidieron que respondiera con el corazón en la mano.

“Elecciones”, les admitió el president. Y es en ese momento cuando se activó definitivamente la vía de Urkullu, cuando se redoblaron las presiones empresariales y cuando se intentó evitar (sin éxito) la aplicación del 155. En el fondo, como resume un alto dirigente de la antigua Convergència, el desenlace se puede resumir así: “Uno no quiso enviar por escrito el decreto de convocatoria de los comicios a Madrid, y el otro no se comprometió negro sobre blanco a retirar el 155”.

Las advertencias sobre las consecuencias económicas del procés y sobre posibles fugas empresariales, eso sí, llevaban años sobre la mesa. Solo hay que remontarse a finales de 2015 para comprobarlo.

‘Bon vent y banca nova’

La campaña electoral del 27-S de ese año fue excepcional. Los partidos independentistas la habían planteado como un plebiscito sobre la independencia y, ante la previsión de un resultado abultado a favor de la secesión, el establishment activó sus resortes. La banca tenía encuestas previas en las que los partidarios de la desconexión superaban el 50% de los votos, así que no había tiempo que perder. Según documentó el periodista Albert Martín Vidal en el suplemento Emprenem del diario ARA, se activó una estrategia al más alto nivel que culminó con la redacción de un comunicado hecho público el 18 de septiembre del 2015 y firmado por la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

El comunicado, eso sí, no era la primera opción. En la operación ideada por la Moncloa y los sectores más restringidos del poder financiero, la prioridad se basaba en conseguir una foto conjunta del poder económico catalán que explicitara el rechazo a la independencia. En esta composición se esperaba la participación de Oliu, Fainé, José Crehueras (Planeta), Ángel Simón (Agbar) y Salvador Gabarró, en ese momento al frente de Gas Natural. La idea se acabó descartando porque era demasiado explícita, así que se puso en marcha un plan B: un comunicado conjunto de Caixabank y el Banc Sabadell. Tampoco fructificó: hubiera tenido un fuerte impacto en ambas entidades. La primera lo descartó, la segunda no quiso hacerlo sola.

El comunicado final, firmado por la AEB y la CECA, tuvo dos principales artífices: Ana Patricia Botín, al mando del Santander desde la muerte de su padre, e Isidre Fainé. El texto decía que, en caso de “ruptura unilateral del marco constitucional vigente”, los bancos con presencia en Catalunya “obligarían a las entidades a reconsiderar su estrategia de implantación”. La bomba cayó a media campaña y obligó a Junts pel Sí (coalición integrada por CDC, ERC y varios independientes soberanistas de renombre) a ajustar su estrategia para dar seguridad a los votantes. De hecho, los estrategas de campaña detectaron que el comunicado había hecho daño, como también lo provocó las advertencias del Gobierno español y los partidos constitucionalistas en referencia al futuro de las pensiones en un Estado catalán.

En público, eso sí, la respuesta del independentismo fue desafiante. “En una Catalunya independiente queremos un sistema bancario solvente, transparente, dispuesto a dejar dinero a quien lo necesita y no a los especuladores. Hoy [las entidades] han pagado un favor muy importante que debían al Estado español, que les ha dado 60.000 millones de euros que son nuestros”, exclamó Carme Forcadell, número dos de Junts pel Sí y futura presidenta del Parlament, en un mitin en Manresa acompañada de Mas y de Junqueras, cuatro y cinco de la lista, respectivamente.

El expresident quiso dejar claro que “la decisión del pueblo de Catalunya” pasaba por encima de estos poderes. “Hacen todo lo posible para que la gente se asuste y no haga lo que toca hacer. Han removido cielo y tierra para obtener pronunciamientos de líderes políticos. Han influido en el poder financiero, y han conseguido que digan que nos vamos a quedar sin dinero, sin liquidez y sin euro. Mueven todos los poderes posibles porque esta candidatura [Junts pel Sí] les tiene preocupados. Porque saben que el día 27 [de septiembre del 2015], si esta lista gana claramente, Europa y el mundo tomarán nota inmediatamente”, profirió Mas.

“La lectura que se hará es que, con una sonrisa en los labios, los catalanes han decidido emprender el camino hacia la libertad, en el marco de la Unión Europea y del euro […] Ante todas estas presiones, ante los poderes que se alinean, tenemos una gran oportunidad: demostrar que la voz del pueblo de Catalunya y su decisión valen mucho más que todos los poderes que se movilizan en Madrid. ¡Esto solo depende de nosotros!”, prosiguió el entonces president.

El problema de hemeroteca para Mas es que, al día siguiente, en el mitin central de campaña de Junts pel Sí, hizo una predicción: “Claro que [los bancos] no se irán. Se quedarán”. Incluso llegó a afirmar que las entidades se iban a “pelear” para mantenerse en territorio catalán. “Carme, tranquila, ninguno de ellos se irá porque el país representa el 20% del mercado español”, señaló Mas, dirigiéndose a Forcadell. Raül Romeva, que ejercía como cabeza de lista, llegó incluso más allá: “Los bancos han dicho que si Catalunya es independiente se irán. ¡Que se vayan! Los de las hipotecas abusivas, las preferentes y los desahucios, ¡que se vayan! Bon vent i banca nova!”

Esta expresión es la adaptación de una frase hecha en catalán “Bon vent i barca nova” que se utiliza para despedir a alguien cuya compañía no es grata. Fue repetida por el soberanismo en la recta final de la campaña, que culminó con una victoria rotunda de Junts pel Sí (62 diputados) sin llegar a la mayoría absoluta. Las entidades financieras no tuvieron que irse de Catalunya porque la declaración de independencia no se planteó después del 27-S: la coalición de Mas y Junqueras estaba en plena pugna con la CUP por la investidura del primero, así que no se tomó ninguna medida práctica (solo alguna de declarativa) para construir el Estado catalán. Tampoco se había conseguido el 50% de votos favorables a esta opción, como aparecía en las encuestas encargadas por el poder financiero.

En el momento en que la independencia (o al menos su declaración) se volvió real, una amenaza palpable para los poderes financieros, las entidades dieron el paso para irse de Catalunya. No se puede decir, según varias fuentes consultadas, que los órganos del Govern desconocieran esta posibilidad. No solo por el comunicado del 2015, sino también por los movimientos que el mundo de las finanzas tejían con ayuda de la Moncloa y de la Zarzuela.

No es casualidad, por ejemplo, que circule una versión según la cual el rey Felipe VI llamó a los responsables de SEAT para trasladar la fábrica de Martorell. Ningún portavoz la confirma, pero el presidente del comité de empresa de la compañía en Catalunya, Matías Carnero, denunció “presiones políticas y monárquicas” para irse del país. SEAT no es una entidad financiera, cierto, pero su fábrica en Martorell tiene un alto valor simbólico.

También se puede decir, en cierto modo, que los poderes económicos también sabían de primera mano que el rumbo independentista no era un farol. El 24 de julio de 2015, Mas cenó en un domicilio privado con varios representantes del establishment. Entre ellos estaba Ana Patricia Botín, junto al presidente de Planeta, José Crehueras, y Jaume Giró, hombre de la máxima confianza de Isidre Fainé en el grupo La Caixa. María Teresa Samaranch acudió a la cita, así como también Marian Puig, en aquel momento al frente del lobby Barcelona Global y que, a finales de 2017, fue uno de los que más se implicó en conseguir frenar la independencia al lado de Joaquim Coello, Juan José López Burniol y Emilio Cuatrecasas.

La cena de Mas con los representantes del mundo económico sirvió para que les dejara claro un concepto: “Madrid no nos ha dejado más camino que este”. Las intervenciones más duras contra la hoja de ruta fueron las de Crehueras y Samaranch, según recoge el periodista Francesc-Marc Álvaro, conocedor privilegiado del entorno del expresident, en el libro Per què hem guanyat (Editorial Comanegra, 2015). Los roces políticos durante aquella cena, dos años y tres meses más tarde, se acabaron concretando: las principales empresas del país se fueron de Catalunya.

El ya fallecido José Manuel Lara Bosch, mandamás de Planeta, fue siempre el más duro en público a la hora de posicionarse en contra del rumbo independentista. Justo cuando arrancó el proceso, dijo sin tapujos que se llevaría sus empresas del país. Incluso llegó a ofrecer a Josep A. Duran i Lleida, líder de Unió, financiarle una campaña electoral en solitario si rompía con CDC y plantaba cara a Mas en las urnas. Duran no quiso y su futuro político acabó de forma funesta: con solo 60.000 votos en las elecciones españolas del 2015, las últimas en las que los democristianos concurrieran antes de una desaparición provocada por una deuda de 22,5 millones con los bancos. Algunos de ellos, precisamente, los que se fueron de Catalunya después del 1-O.

Panorama después de la batalla

La convocatoria de elecciones para el 21-D y las fiestas navideñas pusieron un poco de freno a la actividad política relacionada con Catalunya. Fue el momento de hacer balance del impacto real de la crisis en la economía. Con los datos de diciembre, 2.800 empresas habían iniciado el trámite para irse del país, pero tan solo un 12% (unas 332) lo habían completado. Un 56% de las que cambiaron de territorio lo hicieron en dirección hacia Madrid, según los datos del Colegio de Registradores, mientras que el 11% se fueron a Aragón. El 9% se desplazó a la Comunidad Valenciana, un 6% a las Baleares y un 5% a Andalucía.

La desaceleración en la cantidad de empresas que se iban era un hecho. Si el 19 de octubre, el día antes de la acción de retirada masiva de los bancos y tres días después del encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, hubo 268 compañías que empezaron el papeleo para mudarse, a principios de diciembre la cifra era solo de 18. En octubre hubo 96 empresas que finalizaron el traslado de sede, mientras que en octubre de 2016 fueron 61, según los datos en posesión del departamento d’Economia de la Generalitat. En noviembre la diferencia creció con rotundidad, después de pasar los 43 traslados del 2016 a los 236 de 2017. En resumidas cuentas, entre octubre y noviembre de hace dos años se fueron de Catalunya 104 empresas y en 2017 lo hicieron más del triple, 332.

Un informe de la consultora Reputations Institute, más allá de la huida de empresas, intentó cuantificar algo que es complicado de saber a ciencia cierta: el coste económico de la crisis catalana partiendo de las percepciones. La conclusión es que podría llegar a los 12.000 millones de euros para el Estado, si se tiene en cuenta la posible caída de un 15% en los visitantes y del 2% en inversión directa. Cuatro de cada diez directivos europeos consideraron, según este estudio, que Barcelona había perdido atractivo inversor, y la intención de visitar Catalunya había caído 5,2 puntos.

La capital catalana ha experimentado a lo largo de los últimos años un crecimiento turístico espectacular. Cada ejercicio ha batido los récords establecidos aunque en 2017, con los atentados yihadistas, la tendencia amenazó con truncarse. La muerte de 15 personas en Barcelona por el atropello en la Rambla, promovido por una célula nacida en Ripoll (a unos 110 kilómetros de la ciudad) y con cuartel general en Alcanar (a 179 kilómetros), impactó con dureza en la ciudad del mismo modo que lo ha hecho en París, Bruselas y Londres.

Los hoteles de la capital perdieron un 18% de facturación en el último trimestre de 2017, según los datos de la patronal del sector. “Hemos vivido tres meses fatídicos”, se quejó Jordi Clos, a finales e enero. Se refería a los atentados, a la huelga en el aeropuerto del Prat y a los hechos políticos de octubre. En concreto, la facturación de los hoteles cayó cerca del 15% en octubre y en noviembre y llegó a bajar hasta el 25% en diciembre, un mes en el que se suelen conseguir buenas cifras de ocupación. Todo ello impactó también en el empleo, teniendo en cuenta que no se renovaron 2.000 contratos, según el representante de los hoteleros, lo que supone un 8% del volumen de contrataciones del sector. Pese a todo, los hoteles de Barcelona cerraron el 2017 con un incremento global del 6% en la facturación.

Si el turismo es una de las patas en las que se basa la economía catalana, otra de las relevantes es la inversión extranjera, ámbito en el que se han registrado récords en los últimos años. Catalunya se ha convertido en un territorio donde empresas como Amazon, Ikea y Lidl han decidido instalar centros asociados a su negocio. En la jornada de reflexión de las elecciones del 21-D, el ministerio de Economía hizo público que la inversión en el país había caído un 75%, aunque los datos fueron rebatidos por una serie de economistas catalanes con Xavier Sala-i-Martín a la cabeza.

¿Y qué pasó con los resultados de los bancos que decidieron marcharse de Catalunya después del referéndum? Caixabank logró en 2017 1.684 millones de euros de beneficio, su máximo histórico y un repunte del 61% respecto al año anterior. El Banco Sabadell se apuntó unas ganancias de 801,5 millones, un 12,8% más después del cambio de sede. Las salidas moderadas de clientes y el nivel de preocupación creciente nos llevó a movernos”, reconoció Gonzalo Gortázar, consejero delegado de la primera entidad catalana. “Estamos obligados a garantizar a todos los clientes, accionistas y empleados la seguridad jurídica y la continuidad del negocio”, reflexionó Jordi Gual, su presidente. En la presentación de resultados del Sabadell, su máximo dirigente, Oliu, recalcó que la entidad se había recuperado “totalmente” de la fuga de depósitos. De hecho, se situaron en 1.200 millones por encima de las cifras previas al 1-O. La incertidumbre económica, pese al optimismo de los grandes bancos, seguía cerniéndose sobre el poder financiero, que observaba cómo la Caixa d’Enginyers, una cooperativa de crédito que no se ha opuesto a la independencia, ganaba 17.000 clientes en 2017.

La gran pregunta que vendrá en los próximos meses es si alguna de las grandes corporaciones que ha decidido irse del país acabará volviendo. Agbar es la única que ha dicho en público que lo estudiaría, y está al tanto de todos los escenarios políticos posibles. De hecho, tiene contratada una consultora que les indica las probabilidades de que suceda cada uno de ellos. Según la dirección del PDeCAT, el retorno del Sabadell es “improbable” en estos momentos por el “enfado monumental” que trae encima Josep Oliu con los responsables políticos del procés.

El poder económico ha visto con preocupación el peso de la CUP, un partido netamente anticapitalista, en el rumbo independentista. Partidaria de subir impuestos a las rentas altas, de no pagar la deuda bancaria “ilegítima” y de poner límites a las prácticas del sector financiero, la CUP fue determinante en la pasada legislatura (con 10 diputados tenía capacidad para bloquear decisiones relevantes) y pretende seguir siéndolo después de las elecciones, pese a la pérdida de seis representantes y de decenas de miles de votos.

El establishment también ha observado, en los últimos años, que el espacio de la vieja CiU se resquebrajaba. Convergència asumió tesis netamente independentistas a partir de 2012, y el PDeCAT, su heredero, nació sin renunciar en ningún caso a la vía unilateral. Unió ya no existe, de ella nació Demòcrates de Catalunya —partidarios de la República catalana— y Units per Avançar, que han acabado haciendo coalición con el PSC.

Los socialistas de Miquel Iceta son los que más se acercaron al poder económico en la campaña electoral y, de hecho, eran la opción preferida por el establishment. Su resultado fue malo, muy por debajo de las expectativas: 17 diputados. Si el proceso desconcierta a las clases empresariales dirigentes es porque, en el fondo, va de abajo a arriba, y porque ha hecho de la incertidumbre una forma genuina de supervivencia. Y ya se sabe que los sobresaltos son malos para las élites. Básicamente porque pierden el control sobre el rumbo de los acontecimientos.

Capítulo 7

Futuro tras el 21-D

El hotel Husa President Park de Bruselas se convirtió, en los meses de enero y febrero de 2018, en uno de los destinos obligados de la clase política catalana. Carles Puigdemont, ganador de las elecciones del 21-D en el terreno independentista, recibía allí a los negociadores de ERC para tratar temas demasiado delicados para solucionarlos por Skype. Y su investidura, así como la formación del futuro Govern, eran las prioridades de todos. Pese a ello, el desacuerdo era evidente a principios de febrero. El bloqueo se perpetuaba en Bélgica y en el Parlament. La mayoría existente en la cámara catalana, al menos momentáneamente, era incapaz de llegar a un pacto global que aunara la elección de un president, el diseño del ejecutivo y la plasmación de una nueva hoja de ruta adaptada a las circunstancias surgidas del otoño y del 21-D.

El problema de fondo era sencillo, pero relevante: ¿debía Puigdemont tener un rol ejecutivo o tan solo un papel simbólico en la nueva legislatura salida de las elecciones del 21-D? Junts per Catalunya, la candidatura del president, estaba convencida de lo primero, y apretaba a ERC para que así fuera. Puigdemont puso encima de la mesa, el fin de semana del 3 y el 4 de febrero, un esquema de restitución basado en cuatro pasos: declaración simbólica de rehabilitación del Govern cesado por el 155; reforma de la ley de Presidencia para permitir una investidura a distancia; entronización del líder independentista al frente del Consell de la República en Bruselas a través de un organismo llamado Assemblea de Càrrecs Electes, una plataforma que une 4.000 cargos locales catalanes y que aún no está ni constituida; y una investidura real en el Parlament. En caso de que el reglamento no lo permitiera o se pusiera en riesgo penal a la mesa de la cámara, se buscaría un candidato alternativo.

ERC veía las cosas distintas y no tenía reparos en decirlo públicamente, a diferencia de negociaciones anteriores. Con Oriol Junqueras, su líder, en prisión desde el 2 de noviembre de 2017, los republicanos querían insuflar un poso de calma a la legislatura y moderar los planes de Puigdemont. Su esquema pasaba por un reconocimiento simbólico del president y la constitución de un Govern “efectivo” en Catalunya que levantara la aplicación del 155 y recuperara las instituciones intervenidas por la Moncloa. ERC estaba harta de que, durante la primera semana de febrero, hubiera cada dos por tres filtraciones en los medios sobre la inminencia de un acuerdo para hacer a Puigdemont president de nuevo. “No sabemos a qué juega Junts per Catalunya, pero no están actuando con lealtad”, susurraba un dirigente del partido de Junqueras a media semana. El choque de estrategias era un hecho.

Así se demostró un viernes por la tarde, el día 9 de febrero, cuando una asesora del grupo parlamentario de Puigdemont se dirigió discretamente al registro de la cámara para entrar una proposición de ley que debía permitir la investidura a distancia del president. Junts per Catalunya lo hizo en solitario para presionar a ERC, que le veía muy poco recorrido a la propuesta. Ambas formaciones, en ese momento, habían sido incapaces de encontrar un acuerdo para presentar una declaración simbólica sobre la restitución del Govern y de rechazo al 155. “No solo no tienen ganas de investir a Puigdemont. Quieren enterrar la República”, defendía en privado un alto dirigente cercano al president, refiriéndose a ERC.

“Somos los únicos que siempre nos sentamos a la mesa de negociación. Ellos llevan el freno de mano y no se atreven a decirlo. Están asustados y parece que quieren convertir la derrota de partido en la derrota del país”, sostenía la misma fuente, visiblemente molesta. El resultado electoral, en cierto modo, fue una sorpresa: la lista de Puigdemont, diseñada a tan solo un mes y medio del 21-D, se impuso por dos escaños y 12.000 votos a ERC, que iba disparada en las encuestas. Ciudadanos se llevó un primer puesto estéril, mientras que el PSC y el PP obtuvieron un mal resultado y cualquier mayoría constitucionalista se fue al traste.

Pese al mal ambiente reinante entre Junts per Catalunya y ERC, ambos partidos estaban condenados a entenderse si no querían ir a unas nuevas elecciones en las que se pondría en riesgo una mayoría en escaños (70, sumando los 4 de la CUP) obtenida en circunstancias adversas, con presos políticos y dirigentes en el extranjero. Los republicanos, a través de su secretaria general, Marta Rovira, pedían “rigor” y “lealtad” a sus socios, y les exigían un acuerdo global: reconocimiento simbólico para Puigdemont en Bruselas, Govern efectivo desde Barcelona, diseño paritario del ejecutivo y entendimiento en el programa que debían desplegar los nuevos consellers para “hacer República”.

Rovira, desde el encarcelamiento de Junqueras, había asumido el peso de la maquinaria de ERC. Pese a desaparecer en público durante buena parte de la negociación, la dirigente republicana tenía contacto constante con Puigdemont a través del teléfono y de Skype. También visitaba con regularidad a Junqueras en la cárcel de Estremera, gracias a su condición de abogada. Aunque en entornos del partido se la situaba como futura vicepresidenta del Govern, todo dependía de su declaración ante el juez del Tribunal Supremo de mediados de febrero. Su papel en el referéndum fue clave, así como en la declaración de la independencia, de modo que no faltaban dirigentes de ERC que observaban con temor la posibilidad de medidas cautelares que la llevaran a la cárcel. Supondría otro mazazo para el procés y, previsiblemente, generaría de nuevo movilizaciones en la calle.

La ofensiva judicial del Estado planeaba sobre el horizonte de cualquier negociación. La privación de libertad, desde que la Audiencia Nacional trasladara en octubre a prisión al presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, era un horizonte más real que nunca. La investidura de Puigdemont, que podía acarrear consecuencias penales para los máximos dirigentes del Parlament, fue el primer escollo en el que influyó el peso de las actuaciones del Supremo, que había mantenido encarcelados a Sànchez y a Joaquim Forn, conseller de Interior, pese a haber renunciado explícitamente a la vía unilateral. El juez Pablo Llarena, en varias interlocutorias, puso de relieve la ideología soberanista de los presos para mantenerlos encerrados.

El futuro de Puigdemont, pues, estaba fuertemente comprometido. Más que nunca. Desde el punto de vista político (falta de acuerdo entre Junts per Cataluya y ERC, enfrentados más allá de su investidura) y judicial, con la imposibilidad de volver al país sin ser encarcelado. Las dificultades del president hicieron aflorar con fuerza cuatro planes B: Elsa Artadi, Jordi Turull, Jordi Sànchez y Marc Solsona, este último desconocido para el gran público.

Artadi fue su jefa de campaña y mano derecha en su etapa como presidente, mientras que Sànchez ejerció como número dos por Barcelona de Junts per Catalunya en la campaña electoral pese a estar preso en Soto del Real. Turull, veterano del PdeCAT y en libertad provisional desde el 4 de febrero, era uno de los nombres más probables para asumir el cargo si finalmente Puigdemont tiraba la toalla. Solsona, alcalde de Mollerussa (Lleida) y diputado, emergía como una solución salida del mundo local, al estilo de lo que pasó con el president en 2016, cuando dejó a toda prisa Girona para ir al Palau de la Generalitat.

ERC no quería entrometerse en la maraña de nombres que iban surgiendo. Oficialmente, no tenían más candidato que el líder de Junts per Catalunya, aunque varios de los negociadores republicanos tenían ganas de proponer a Junqueras como aspirante a la presidencia en el momento en el que Puigdemont constatara que no podría serlo. “Tenemos una única estrategia: que él mismo se vaya quedando solo”, resumían fuentes del partido. Lo cierto es que, de puertas para adentro, los apoyos al president se iban deshilachando. Dentro del PDECat e incluso dentro de su plataforma electoral, Junts per Catalunya.

Hasta el 30 de enero, las discrepancias se desarrollaron con cierta discreción. A partir de entonces, se hicieron evidentes. Otra legislatura excepcional con un inicio excepcional.

Cinco llamadas de Torrent

Pasaban unos minutos de las ocho de la mañana cuando Roger Torrent, el nuevo presidente del Parlament, cogió el teléfono. Se puso en contacto cinco veces con Carles Puigdemont. No obtuvo respuesta. Le siguió llamando hasta que no tenía más margen para comparecer en público a explicar su decisión. Suspendió el pleno de investidura previsto para las tres de la tarde del 30 de enero porque, dijo, quería que el debate y el nombramiento del futuro president de la Generalitat tuvieran “todas las garantías”. En tan solo unas horas, el independentismo pasaba de intentar trampear de nuevo las dificultades a entrar en una espiral pública (e inédita) de reproches.

El entorno de Puigdemont salió en tromba. “El pleno se puede realizar con todas las garantías. Hay candidato y hay fórmula”, decían los miembros de Junts per Catalunya, la candidatura del president en el exilio. Se vivieron escenas de tensión: una diputada de la formación, Aurora Madaula, tuvo malas palabras en privado con trabajadores de ERC en la cámara catalana. Dirigentes cercanos a Puigdemont deslizaban que tan solo había un problema: “No le quieren investir y están buscando excusas”. Excusas como, por ejemplo, que el candidato a la reelección no había querido coger el teléfono cuando le llamó Torrent a primera hora de la mañana.

“¿Qué se piensan, que es como hablar con un familiar? Para ponerse en contacto con él hay que seguir un protocolo de seguridad. No puede descolgar un número desconocido”, resaltaban en los pasillos dirigentes del entorno más próximo al líder de Junts per Catalunya, obsesionado con la seguridad y que utiliza la aplicación Signal para las llamadas de voz. La unidad, un valor que el soberanismo siempre había intentado preservar en público pese a las pugnas soterradas, se rompía en mil pedazos. La investidura de Puigdemont, que había superado contra pronóstico a ERC en las elecciones del 21 de diciembre, puso las costuras de todos los actores a prueba. La ilusión de la unidad de acción mágica estaba resquebrajada.

O, mejor dicho, la supresión del debate hizo emerger tres elementos: la pugna por la hegemonía entre el espacio de la antigua Convergència y ERC; la discrepancias internas durante los 22 meses de Govern conjunto; y las divergencias evidentes sobre el rumbo que debía tomar Catalunya durante el mes de octubre de 2017, cuando el país se debatió entra la convocatoria electoral o la declaración de la independencia. En el fondo, la pregunta (de compleja respuesta) era esta: ¿hasta qué punto el mandato del 1-O y del 21-D permitía desplegar la República, ahuyentar el artículo 155 y facilitar que los presos políticos catalanes salieran de prisión?

Todo ello subyacía en el mal ambiente que se palpaba en el Parlament el 30 de enero. Era como si, de repente, hubiera caído el velo que escondía las discrepancias estratégicas y los pulsos personales que habitan desde hace años en el independentismo. La suspensión de la investidura generó escenas curiosas: cierre de filas de la CUP con Puigdemont, porque los anticapitalistas querían desobedecer las medidas cautelares del Tribunal Constitucional (TC) contra el debate; ver a ERC hablando de “garantías legales”, un término que siempre criticaron antes del referéndum cuando lo defendían los “comunes” de Ada Colau; y Junts per Catalunya apostando por una vía que podía comprometer el futuro judicial de sus diputados en libertad provisional.

El problema de la investidura era doble. La candidatura de Puigdemont quería que ERC garantizara su voto al candidato sin conocer al detalle el plan de gobierno para los siguientes cuatro años ni la fórmula con la que el Parlament sortearía el TC; y los republicanos solo estaban dispuestos a poner en riesgo jurídico a sus diputados y al nuevo presidente de la cámara si disponían de una hoja de ruta gubernamental definida y una vía clara para investir a Puigdemont. Roger Torrent ya había tenido que soportar como un dirigente del PP, después de una rueda de prensa, le advertía de consecuencias jurídicas y le recordaba que tenía dos hijos.

Sí existía un principio de acuerdo (definitivo, según Junts per Catalunya; a medias, según ERC) entre los dos partidos y la CUP para salir de la sesión parlamentaria con un president de la Generalitat y la perspectiva de formar gobierno en los próximos días. No se firmó.

El principal punto de acuerdo era la puesta en marcha del proceso constituyente, ya dispuesto en la ley de transitoriedad jurídica y que implica la creación de una “Assemblea Constituent provisional” integrada por todos los diputados en el Parlament y cargos del mundo municipal. El fin de los conciertos educativos a las escuelas que segregan por sexo —una de las prioridades de la CUP— estaba incluido dentro del documento, así como también el retorno a la gestión pública de la empresa Aigües Ter-Llobregat, la mayor privatización de la historia de la Generalitat, que ha desembocado en recursos y contrarrecursos en sede judicial desde su adjudicación.

El principio de acuerdo, que habla explícitamente de “materializar la República”, también contempla la puesta en marcha de un plan de choque contra la violencia machista, la reforma de la ley del Govern para promover la paridad, la internacionalización del proceso, medidas contra la corrupción y la recuperación de los impuestos sobre el cambio climático, suspendidos por el TC. La CUP hizo público el documento el mediodía del 2 de febrero, tres días después del aplazamiento de la investidura. Un aplazamiento, por cierto, que sentó muy mal a los ciudadanos movilizados ante el Parlament para celebrar el (frustrado) retorno de Puigdemont al máximo cargo del país.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) había congregado a centenares de sus fieles ante las puertas del Parc de la Ciutadella, sitiado de nuevo por los cuerpos policiales, pero se desmarcó de la movilización en el momento en que un grupo de manifestantes sobrepasó el cordón de seguridad y se plantó a las puertas del Parlament. Muchos de ellos formaban parte de los llamados comités de defensa del referéndum (CDR), que trabajan para plantear una hoja de ruta alternativa a la de ANC y Òmnium Cultural. Dos entidades que tienen menos peso desde la aplicación del 155 y el 21-D.

La semana reservaba una nueva bomba informativa. La aplicación Signal es muy segura, pero nada puede hacer cuando un cámara de Telecinco te graba leyendo mensajes en directo.

La pantalla de Comín

El conseller de Salut, Toni Comín, había acudido a un acto del partido flamenco N-VA en sustitución de Puigdemont, que a esa hora ya tenía preparado un mensaje sobre la investidura difundido momentos después a través de las redes sociales. Comín, uno de los principales confidentes del president en Bélgica, bajó del estrado donde se dirigió a los militantes de la N-VA y vio que en su teléfono tenía una cadena de mensajes del líder de Junts per Catalunya.

“Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí”. “El plan de Moncloa triunfa”. “Volvemos a vivir los últimos días de la Catalunya republicana”. “Supongo que tienes claro que esto se ha acabado”. Son algunas de las frases que le envió Puigdemont a su conseller la noche del 30 de enero. El president estaba tocado, muy tocado, después que Roger Torrent suspendiera la investidura. No lo podía entender: consideraba que, como ganador de las elecciones en el flanco independentista, tenía todo el derecho a intentar volver al cargo pese a las trabas del Gobierno español y las medidas cautelares del Constitucional.

El entorno presidencial argumentaba que, después del revés del Consejo de Estado, que se opuso al recurso del Gobierno español a la candidatura de Puigdemont, y de la larguísima deliberación en el TC sobre la cuestión, valía la pena intentarlo. El plan, según las fuentes consultadas, era registrar un texto en el Parlament con el discurso de investidura del líder de Junts per Catalunya, que la mesa lo admitiera a trámite y que un miembro del órgano rector (posiblemente el secretario primero, Eugeni Campdepadrós, de la misma candidatura que el president) lo leyera en el hemiciclo. Las alternativas había que buscarlas porque se había tomado la decisión, avalada por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, de no intentar volver a Catalunya por el riesgo de prisión.

El Constitucional, básicamente, había torpedeado la investidura a distancia. La reacción de Puigdemont fue recurrir al TC y dirigirse al Tribunal Supremo para presentarles sus derechos como diputado, pero ninguno de los dos le hizo caso. El president, aparte, decidió enviar una carta a Torrent, nuevo en el cargo y figura emergente en ERC, para pedirle amparo. El movimiento no gustó al presidente del Parlament ni a los republicanos, que se enteraron por la prensa de la misiva. Del mismo modo que, al día siguiente, Junts per Catalunya decía haberse enterado de la suspensión del pleno a través de los medios.

La desconfianza era la sensación más extendida entre ambas formaciones, y los mensajes captados por las cámaras del programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco inferían una moral de derrota en Puigdemont que inmediatamente disparó todas las alarmas. ¿Daba la investidura por perdida? ¿Empezaba a contemplar un plan B, como sugerían en privado el PDeCAT y también miembros de su candidatura? La publicación en la prensa belga del alquiler de una residencia en Waterloo, a 20 kilómetros de Bruselas, daba pistas sobre una estancia larga en Bélgica.

Y eso que, en un momento previo a la investidura fallida (el fin de semana anterior), dirigentes de Junts per Catalunya especulaban con un retorno por sorpresa. Puigdemont alimentó los rumores con una foto colgada en Instagram de los aledaños del Parlament, donde los policías revisaban cloacas y maleteros —incluso el del taxi que trasladaba a Xavier Domènech, jefe de filas de Catalunya en Comú Podem— para ver si el president se quería colar de imprevisto en el edificio.

La escena, pese a los rumores de última hora, no llegó a ocurrir. Los mensajes a Comín, que anunció una querella contra Telecinco por haberse entrometido en su intimidad y por revelar comunicaciones privadas, complicaban aún más la investidura. Es por ello que la reunión que mantuvieron los diputados de Junts per Catalunya en el Parlament el 31 de enero, un día después del debate fallido, se convirtió en el escenario del debate sobre los próximos pasos. Para algunos fue una “batalla campal”, mientras que para otros se convirtió en un intercambio “sincero” de pareceres.

Nadie cuestionó la legitimidad de Puigdemont, sobre quien giró en exclusiva toda la campaña electoral, pero sí que crecían las voces sobre la necesidad de abordar un plan B. El primer nombre que aparecía en las mentes de los dirigentes de Junts per Catalunya y del PDeCAT (integrado dentro de la candidatura) era el de Jordi Sànchez, expresidente de la ANC y número dos de la lista, pese a estar en prisión desde el 16 de octubre. “Proponerlo pone al Estado contra las cuerdas: no se pueden negar a dejarlo salir para el debate de investidura”, señalaban los partidarios de abordar esta vía. Entre los cuales, por cierto, estaban Artur Mas y Marta Pascal, de la antigua Convergència.

El otro nombre más repetido era el de Jordi Turull, conseller de la Presidència y encarcelado junto a medio Govern entre el 2 de noviembre y el 4 de diciembre. El problema de Turull, como el de Sànchez, es que está en la causa del Supremo y le puede pasar que sea inhabilitado más temprano que tarde y que, si es condenado, entre a prisión a partir del juicio. En todo caso, un sector de Junts per Catalunya sostenía que, en caso de valorar una alternativa a Puigdemont, debía ser alguien con una causa abierta relacionada con el proceso. “Si encarcelan a alguien, que es probable, deben encarcelarlo como president de la Generalitat”, relataba en privado un alto dirigente de la formación. La imagen internacional del máximo dirigente del país siendo llevado entre rejas, mantenían los partidarios de Sànchez y Turull, sería potente.

Otros dirigentes aparecían en el horizonte, como Elsa Artadi, jefa de campaña de Puigdemont y su mano derecha en los tiempos de Palau, así como el de Eduard Pujol, portavoz adjunto de Junts per Catalunya en el Parlament y exdirector de la emisora líder en Catalunya, RAC1. Marc Solsona, alcalde de Mollerussa y dirigente con experiencia en el Parlament y en el Congreso de los Diputados, era bien visto por sectores de la formación. Estos últimos tres nombres no tienen ninguna causa judicial abierta por el proceso, pero Artadi fue incluida a finales de enero en un listado de 32 personas a quienes la Guardia Civil considera de interés para la investigación sobre el referéndum y la declaración de independencia.

El debate soterrado crecía a medida que el panorama se complicaba para Puigdemont. Dirigentes del entorno de la antigua Convergència (la periodista Pilar Rahola y David Madí, consejero áulico de Artur Mas) se habían desplazado hasta Bruselas para convencer al dirigente independentista de que desistiera en un intento de volver a ser investido.

Simbolismo y gobierno en marcha

Las dificultades para una restitución “efectiva” (como la exigía ERC) se iban acumulando y llegó un momento en el que se planteó una vía imaginativa: celebrar una votación simbólica sobre el president antes de un debate de investidura real, con un candidato que pudiera tomar posesión físicamente en el Palau de la Generalitat y que pudiera formar un Govern a través del cual cerrar la etapa de la intervención de la autonomía. Hubo una fase, a finales de enero, en la que Puigdemont, tocado, se abría a una restauración sin efectos jurídicos en el cargo.

Era uno de los escenarios encima de la mesa que permitía reconocer al líder de Junts per Catalunya como president “legítimo” del país sin poner en riesgo la mesa del Parlament, a quien el TC había advertido de consecuencias penales en caso de llevar a cabo la investidura a distancia. “Lo que él quiere es ser votado, que haya un pronunciamiento de la cámara”, resumían miembros de su entorno, aunque también los había que eran partidarios de repetir las elecciones. Una opción de riesgo, porque unos comicios siempre son imprevisibles y se desconocía el efecto en las urnas de la tensión existente en el independentismo.

Paralelamente al debate sobre la investidura, la lista presidencial y ERC debatían en privado la formación del futuro Ejecutivo sin saber cuál sería el futuro de Puigdemont. A finales de enero había un acuerdo total sobre el reparto de conselleries, que sería del 50% en número y presupuesto. A los dos partidos les separaron tan solo dos escaños y 12.000 votos en las elecciones del 21-D, así que la distribución debía de ser más favorable a los republicanos que a principios de 2016, cuando el reparto fue de 58%-42% tras los comicios del 27-S.

En los primeros diseños del futuro Ejecutivo se puso sobre la mesa la creación de un nuevo departamento de Política Digital y otro de Universidades, ámbito que en las dos últimas legislatura ha colgado de Economia (con Andreu Mas-Colell) y de Empresa i Coneixement (con Jordi Baiget y Santi Vila en la última legislatura). Interior fue una de las disputas, así como también la poderosa Conselleria de Presidència: ERC entendía, en una fase de la negociación, que le debía pertenecer, así como la portavocía del Ejecutivo.

El papel del departamento de Exteriores también suscitó debate. Se creó en 2016 para enfatizar la apuesta por la internacionalización del proceso y para dar acomodo al fichaje estrella de Junts pel Sí, Raül Romeva, pero su trabajo no había servido para conseguir reconocimientos públicos a la independencia de Catalunya. Teniendo en cuenta que una de las medidas incluidas en el 155 era la supresión de las delegaciones catalanas en el exterior (excepto la de Bruselas), en Junts per Catalunya dudaban de su continuidad. De hecho, la formación de Puigdemont había propuesto eliminar el departamento e incluir sus competencias en Presidència.

En todo caso, el esquema de restitución completa hacía semanas que había quedado muy tocado. Carles Mundó (Justícia), Dolors Bassa (Treball, Afers Socials i Famílies), Meritxell Borràs (Governació) y Joaquim Forn (Interior) no querían repetir como consellers. Mundó dejó el acta de diputado y volvió al mundo privado como abogado; Bassa siguió como diputada de ERC; Borràs no participó en las listas de Junts per Catalunya y se ha alejado de primera fila; y Forn, encarcelado en Estremera, anunció su intención de abandonar la vida pública para ser liberado. De momento, el juez Pablo Llarena se opone a sacarlo de la prisión con argumentos más políticos que jurídicos.

Solo tres de los dirigentes del anterior Govern, Jordi Turull (Presidència), Josep Rull (Territori) y Raül Romeva (Exteriors), tenían intención de seguir en el Consell Executiu, cuya composición se preveía mucho más paritaria que el anterior. Una de las dudas existentes a finales de enero era qué futuro le esperaba a Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, a quien Puigdemont le propuso convertirse en jefa del grupo del PDeCAT en el Senado. Entro los nombres que más sonaban para entrar a formar parte del Govern eran los de Marc Solsona, Miquel Buch (expresidente de la Associació Catalana de Municipis, ACM) y Albert Batet, que no escondía en privado que tenía un pacto con el president para entrar en el Consell Executiu.

La ofensiva jurídica del Estado tuvo efectos en el independentismo, que se vio obligado a calcular de nuevo la estrategia. Esta ofensiva empezó por la Moncloa, poniendo en marcha toda la maquinaria para frenar la investidura a distancia de Puigdemont y anunciando un veto a cualquier reconocimiento simbólico parlamentario del president. La República no dejaba de ser el objetivo, pero las circunstancias la convertían en inaplicable en el corto plazo. En un contexto de “represión” (según denunciaban los partidarios del sí), el debate sobre cómo llegar al estado catalán dejaba solo dos caminos: volver al escenario del 1-O, con resistencia pacífica en las calles y desobediencia institucional, o pensar en una estrategia a largo plazo desde del Govern.

El sistema político e institucional español ha dejado claro que no frenará el esquema de judicialización. Se da por hecho que habrá líderes independentistas inhabilitados en marzo de 2018, meses antes de que se celebre el juicio en el Supremo sobre el 1-O y la declaración del 27 de octubre. El juez, de hecho, ha citado nuevos dirigentes como investigados para el mes de febrero: Marta Rovira (ERC), Mireia Boya y Anna Gabriel (CUP), y Marta Pascal y Artur Mas (PDeCAT).

El expresident de la Generalitat, por cierto, fue uno de los protagonistas de los días posteriores a las elecciones. El 9 de enero convocó una rueda de prensa para anunciar que dejaba la presidencia del partido, aunque la fecha escogida en un inicio no era esta. Según varias fuentes del partido, el anuncio debía hacerse el 2 de noviembre, en un desayuno informativo presentado por José Antich, exdirector de La Vanguardia y promotor del diario digital El Nacional, que mantiene un notable influjo sobre algunas de las grandes decisiones sobre el procés.

Mas dejó el cargo cuando faltaba tan solo una semana para que se hiciera pública la sentencia sobre el caso Palau de la Música. La juez acabó dictaminando que CDC, partido del que fue secretario general y presidente hasta su disolución, se había financiado irregularmente a través de la institución cultural saqueada por Fèlix Millet y Jordi Montull, condenados a penas de prisión inferiores a nueve años. Daniel Osàcar, extesorero de CDC, recibió un castigo de cuatro años y cinco meses de cárcel. Osàcar fue secretario personal de Mas cuando este fue designado sucesor por Jordi Pujol, y una vez imputado aún se le podía ver con su utilitario entrando y saliendo de la sede de la formación en la calle Còrsega de Barcelona.

Mas no aludió al desenlace del caso Palau en su despedida, aunque sí que quiso dejar claro que la nueva etapa abierta el 21-D requería “nuevos liderazgos”. No quería ser una piedra en el camino de Junts per Catalunya, la candidatura que Puigdemont montó para las elecciones y que el PDeCAT acabó integrando. El expresident, a sus 62 años, se fue lanzando un aviso a las dos formaciones: “No hay espacio para discrepancias”. Una contundencia pública inusitada en él, siempre comedido en los mensajes que enviaba públicamente a los dirigentes de su entorno. No ha dejado, eso sí, de influir: en privado ha defendido que Jordi Sànchez sea la alternativa a Puigdemont.

El adiós de Mas, en el fondo, fue otra de las consecuencias de unos comicios excepcionales. Por el resultado, por las tensiones en la gestión posterior y por la manera en que se convocaron.

‘Ilegítimas’, pero con participación independentista

Cinco horas después de la declaración de la independencia en el Parlament, Mariano Rajoy compareció ante los medios desde el Palacio de la Moncloa. Un ramillete de medidas pesaban bajo su brazo. El artículo 155 ya había sido validado por el Senado con los votos del PP, del PSOE y de Ciudadanos, así que ya podía proceder a cesar todo el Govern. Con lo que pocos contaban es que aprovecharía para convocar elecciones catalanas, y que lo haría para tan pronto: el 21 de diciembre.

Era la primera vez que un presidente del Gobierno español disolvía el Parlament y convocaba a las urnas a todos los catalanes. En las semanas anteriores, la presión hacia Rajoy había sido fuerte, muy fuerte. Desde dentro, desde fuera, desde el sistema político y desde los medios conservadores que se editan en Madrid. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, le urgía convocar elecciones “democráticas” en Catalunya lo más pronto posible, pero en el PP catalán le rogaban que se esperara unos meses para ver como evolucionaba el panorama político después de la aplicación del 155. Quizás presionado por Europa, quizás espoleado por su entorno para resolver cuanto antes la crisis política abierta desde el 1 de octubre, el dirigente gallego optó por celebrar elecciones el 21-D, un jueves. Hacía décadas que no se votaba en día laborable.

El independentismo tenía el adelanto electoral vía Moncloa encima de la mesa desde hacía semanas. De hecho, cuando el president Carles Puigdemont valoró seriamente convocar comicios adelantados lo hizo porque sabía que, en aplicación del 155, perdería la competencia específica para fijar elecciones. En las tres primeras semanas de octubre existió un debate soterrado en el bloque del sí acerca de la idoneidad de concurrir a unos comicios convocados por Rajoy. Los términos de la discusión se pueden resumir en dos posiciones: ir a las urnas a pesar del carácter “ilegítimo” de la convocatoria (acompañada del cese de todos los miembros del Govern) o boicotear el 21-D a riesgo de entregar el Parlament entero a los partidos constitucionalistas.

El debate, una vez Rajoy fijó la fecha, se alargó poco, poquísmo. El PDeCAT y ERC, los dos principales partidos del independentismo, pusieron rápidamente en marcha las maquinarias electorales para confeccionar las listas y empezar la campaña. Quien tuvo más dudas fue la CUP, que toma sus decisiones de forma asamblearia y siempre después de un proceso de discusión territorial. Los anticapitalistas pusieron cuatro escenarios encima de la mesa: no presentarse con ninguna fórmula; no acudir a los comicios pero apoyar a una hipotética lista unitaria civil; crear un frente de izquierdas catalán sin ERC, que ya había manifestado su voluntad de ir sola; y, por último, que la CUP se presentara de forma autónoma. Esta fue la opción preferida por la militancia.

Más debate habría en los entornos de Puigdemont y el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, sobre la mejor fórmula para ir a las elecciones. Para el president de la Generalitat, el escenario idóneo era una candidatura conjunta, debido a que a lo largo de los últimos 22 meses el PDeCAT y ERC habían compartido Govern y grupo parlamentario. Junqueras no pensaba lo mismo, ni mucho menos. Antes de ingresar en la prisión de Estremera, dio órdenes al partido para evitar a toda costa que los republicanos volvieran a unirse en coalición con la antigua Convergència. En una carta enviada al diario ARA, Junqueras señala incluso sucesora: Marta Rovira, secretaria general del partido y ahora presidenta del grupo parlamentario republicano.

Rovira, de hecho, pasó a ser la mujer fuerte de ERC cuando su líder fue enviado a prisión por la juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, el 2 de noviembre. Se encargó de comandar la estrategia electoral, de ponerse al frente de los actos y de negociar con Puigdemont (viajes a Bruselas incluidos) los términos en los que el independentismo se presentaría a las elecciones. Eran conversaciones que debían solucionarse rápido, porque el plazo para presentar candidaturas se agotaba el 17 de noviembre. Una cosa quedó clara en los primeros compases: solo el PDeCAT apostaba por lo que llamaban “gran lista de país” con el president al frente. Se trataba de una propuesta que la coordinadora general del partido, Marta Pascal, lanza el 3 de noviembre, justo el día después del encarcelamiento de medio Govern, y que en teoría también abría la puerta a la CUP y a los “comunes” de Ada Colau. Pero nadie la acabó comprando.

El precedente de Junts pel Sí

Para entender el marco negociador del 21-D hay que echar la vista atrás. Concretamente al 7 de agosto del 2014. Fue el día en que Artur Mas, entonces president de la Generalitat, se reunió con Junqueras, por aquel momento socio de la extinta CiU en el Parlament, para abordar los preparativos de la consulta prevista para el 9-N de ese año. Según varias fuentes consultadas, el encuentro supuso la primera vez que Mas le propuso al líder de ERC convocar “elecciones plebiscitarias” con lista conjunta del independentismo debido a las dificultades de encaje legal que tenía el 9-N. La versión de Mas era la siguiente: como el Tribunal Constitucional (TC) va a prohibir la consulta, convoquemos elecciones, presentémonos juntos (las perspectivas electorales de la antigua Convergència no eran muy halagüeñas) y sigamos avanzando en el proceso.

Junqueras no accedió. Al cabo de unos meses, Mas firmó el decreto de convocatoria del 9-N, pero justo en el momento en que el TC lo prohibió, ordenó paralizar todos los preparativos. Después de tres cumbres de todo el soberanismo (CDC, Unió, ERC, ICV-EUiA y la CUP), el expresident puso encima de la mesa un “proceso de participación” no vinculante que acabó siendo un éxito: 2,35 millones de votantes, mayoría abrumadora a favor del sí y un capital político de valor incalculable. La jugada le había salido redonda.

El problema vino después, a la hora de abordar el siguiente paso. En una conferencia en el Auditori del Fòrum de Barcelona, Mas insistió en avanzar de nuevo las elecciones y concurrir a ellas con una lista unitaria del independentismo. “Puedo ser el primero, o puedo ser el último”, dijo aquel día de noviembre. Junqueras seguía sin comprar: en una conferencia de respuesta (a la que acudió el expresident, por cierto, en primera fila) dejó claro que prefería la “unidad de todos” a la de “unos cuantos”, y que apostaba por las listas separadas. El rifirrafe entre los dos líderes se alargó hasta principios de enero, cuando alcanzaron un acuerdo para convocar elecciones para el 27 de septiembre. Eso sí: sin candidatura unitaria. Firmaron, incluso, un pacto privado en el que dejaron clara esta última cláusula.

El terreno de juego volvería a cambiar de forma abrupta a medida que se acercaba el verano. Las tensiones dentro de CiU se volvían cada vez más insoportables y la histórica federación se partió en dos. Unió, el socio pequeño de la formación, hizo una consulta interna a la militancia para decidir qué programa nacional llevar al 27-S, y la cúpula de Josep A. Duran i Lleida se impuso con una mayoría exigua que no llegaba ni al 50%. A partir de aquí, sucedieron dos cosas: CDC proclamó el fin de la relación con los democristianos y, a su vez, la mitad del partido de Duran se iba para fundar otra formación, Demòcrates de Catalunya. La Unió duranista, por cierto, ya no existe: murió ahogada en unas deudas que alcanzaban los 22,5 millones de euros.

Este es el contexto en el que Mas se sintió fuerte de nuevo para presionar en dirección a la lista unitaria. En una (nueva) conferencia en Molins de Rei, pidió al independentismo civil que se pusiera al frente de una lista electoral. Sentados en primera fila había buena parte de los dirigentes de la antigua Convergència, algunos de los cuales no tenían ni idea de los planes del expresident. Ni las entidades, Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Associació de Municipis per la Independència (AMI), veían al principio con buenos ojos la propuesta, como tampoco lo hizo ERC. Sectores de la CUP y de las entidades pusieron encima de la mesa la posibilidad de una candidatura completamente cívica, sin políticos, pero esto no gustaba a Mas.

A mediados de julio del 2015, el expresident convocó a todos los actores de la negociación al Palau de la Generalitat. Poco antes de entrar, uno de los negociadores era diáfano: “De aquí no salimos con un acuerdo para ir juntos. Es imposible”. Estaba equivocado: a última hora, con alrededor de cincuenta periodistas haciendo guardia, se anunció un principio de acuerdo. CDC y ERC irían juntas a las elecciones, con Mas y Junqueras dentro de la lista (número 4 y número 5 por Barcelona) pero con protagonismo en primeras posiciones para dirigentes del independentismo civil.

¿Por qué Mas se salió con la suya cuando tenía todos los factores (y actores) hipotéticamente en contra? En el entorno de ERC siempre respondieron, en privado, que el expresident “amenazó” con no convocar los comicios plebiscitarios en caso que no hubiera lista unitaria. Una lista, por cierto, que estaría encabezada por Raül Romeva, exeurodiputado de ICV y desde hacía unos meses responsable de la campaña Ara és l’hora, destinada a ampliar la base social del soberanismo. Para los números dos y tres por Barcelona se escogieron los perfiles de Carme Forcadell, primera presidenta de la ANC y con mucho tirón en la calle, y Muriel Casals, máxima dirigente de Òmnium Cultural y exponente de la llamada “revolución de las sonrisas”.

La candidatura, presentada a finales de julio y bautizada como Junts pel Sí, enarboró un lema que pretendía movilizar como nunca el electorado: “El vot de la teva vida”. La candidatura obtuvo 62 diputados, a 6 de la mayoría absoluta, y 1,6 millones de sufragios. Un resultado bueno, pero por debajo de las expectativas. El principal problema para la coalición era que pasaba a depender de los 10 diputados de la CUP, que rápidamente marcaron perfil para evitar la investidura de Mas (que a pesar de ser el número 4 de la lista se postulaba como candidato a la presidencia) en el Parlament. A estas alturas todo el mundo conoce el desenlace: el expresident renunció y puso encima de la mesa el nombre del entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont.

La génesis de Junts per Catalunya

El precedente de la negociación agotadora del 2015 pesó, y mucho, a la hora de abordar el escenario electoral del 21-D. En este contexto hay que enmarcar la carta de Junqueras, publicada el mismo día de su ingreso en prisión, en la que señaló a Rovira como sucesora y pide a su partido evitar cualquier debate sobre fórmulas electorales. El PDeCAT, en cambio, quería una lista unitaria por una serie de motivos: era la única manera de tener a Puigdemont como candidato (meses antes dijo a su partido que no quería liderar las siglas en las siguientes elecciones), permitía maquillar unas perspectivas pobres según todas las encuestas, y pretendía dar imagen de partido central que abre las puertas al resto de formaciones en un momento excepcional para Catalunya.

En el preciso instante en el que Marta Pascal, coordinadora general del partido, puso encima de la mesa la “gran lista de país”, los dirigentes del PDeCAT conocían de primera mano que el president no quería ser candidato. “Ya nos ha dicho que no”, sostenían fuentes de la dirección. Pero todo cambió abruptamente —Puigdemont no es cartesiano como Mas, se guía más bien por impulsos— cuando se emitió una entrevista concedida a una televisión francófona de Bélgica. “Estoy dispuesto a ser candidato”, resolvió. Pero no a cualquier precio.

Una semana más tarde, el 10 de noviembre, Pascal, Mas, David Bonvehí (coordinador de organización del PDeCAT) y Ferran Bel (diputado del partido en el Congreso y miembro de la dirección) cogieron un vuelo a Bruselas. Puigdemont tenía en mente ser jefe de filas de una agrupación electoral, una fórmula al margen de los partidos que requiere al menos 55.000 firmas para presentarse, pero los dirigentes de su formación no estaban dispuestos a renunciar a las siglas, a las subvenciones económicas ni al grupo parlamentario.

Una de las versiones que explican la historia de la reunión en Bruselas entre el president y la cúpula del PDeCAT atribuye a Puigdemont estas palabras: “Si nos presentamos con las siglas del partido y yo no soy candidato, el resultado será malo. Si vamos a las elecciones con el PDeCAT conmigo de número uno, podemos empatar con ERC. Pero si hacemos un proyecto que vaya más allá de las siglas, ganaremos estas elecciones”. Según los dirigentes del partido, lo que se hizo en Bélgica fue quitarle de la cabeza al president la idea de la agrupación de electores (una fórmula inédita que hubiera condenado la nueva CDC a la irrelevancia parlamentaria) y pactar una vía que fuera beneficiosa para todas las partes.

Según las mismas fuentes, se llegó a otro acuerdo: Junts per Catalunya, la marca que lideraría Puigdemont y que contaría con el respaldo técnico, logístico y económico del PDeCAT, no se convertiría en una nueva formación política. Este dato es relevante en la medida en que el nacimiento de estas últimas siglas fue agitado y quebró la relación entre las familias que las componen. Según el entorno de Pascal, la candidatura de Puigdemont (y su eventual éxito electoral, como se comprobó el 21-D) se podría convertir en una plataforma para que las corrientes del PDeCAT enfrentadas con la dirección aprovecharan para echar un pulso. Estas tensiones internas se notaron, siempre lejos de los focos, durante la campaña.

En las reuniones del fin de semana del 11 y 12 de noviembre se tomó otro acuerdo: ningún miembro de la dirección formaría parte de las listas. De este modo, ni Pascal, ni Bonvehí, ni Neus Munté (ahora del PDeCAT y exconsellera de la Presidència) estarían en la candidatura. De confeccionar la lista se encargó personalmente Puigdemont con cuatro responsables de su máxima confianza. Se trata de Elsa Artadi, directora general de Coordinació Interdepartamental y con despacho en la Generalitat; Josep Rius, jefe de gabinete del president; Albert Batet, diputado y alcalde de Valls; y Jaume Clotet, director general de Comunicació del Govern.

Fueron ellos los que, en una habitación de hotel en Bruselas, tejieron las listas. Se buscaron fichajes mediáticos como el de Anna Tarrés, exseleccionadora española de natación sincronizada, o el de Eduard Pujol, que en el momento de recibir la oferta era director de RAC1, la radio líder de audiencia en Catalunya. Por supuesto, en puestos de salida se situaron cuatro consellers del Govern: Clara Ponsatí (en el exilio junto a Puigdemont), Joaquim Forn (preso en Estremera) y Jordi Turull y Josep Rull, que compartieron celda en el mismo centro penitenciario hasta el 4 de diciembre. Salieron y, a la mañana siguiente, se incorporaron a la campaña.

Para las listas territoriales se buscaron perfiles independientes. Es el caso de Girona, donde se situó de jefa de cartel a Gemma Geis, profesora universitaria en la misma ciudad. En Tarragona se optó por Eusebi Campdepadrós, que fue candidato de ERC en las elecciones europeas del 2014, mientras que en Lleida se escogió a Josep Maria Forné, que ya había ocupado esta responsabilidad con Junts pel Sí.

Los autores de la lista recuerdan una escena que delata la importancia que le daba Puigdemont a la lista de Girona, demarcación por la cual fue diputado durante dos legislaturas. “Estaba tan emocionado que empezó a poner nombres y más nombres, hasta que le tuvimos que recordar que solo se podían incluir a 17 personas”, sostiene su entorno. La certeza absoluta de que Puigdemont se presentaría llegó el 13 de noviembre, y hasta el 17 había tiempo para enviar la candidatura a la Junta Electoral Central. “No podíamos hacer el ridículo de enviarla tarde, después de todo lo que habíamos pasado”, recalca uno de los dirigentes implicados.

El PDeCAT había otorgado a Puigdemont plenos poderes para confeccionar la lista, aunque observaba con recelo la actitud “cerrada” del entorno presidencial. “Lo tienen secuestrado”, decían aquellos días los mismos miembros de la dirección que, en público, celebraban que el líder independentista hubiera tomado la decisión de ser candidato pese a llevar meses y meses negándose a ello. En la candidatura por Barcelona, de hecho, hay poca representación del partido más allá de los prisioneros, exprisioneros o exiliados. La situación se repitió después de las elecciones, cuando se escogieron los dirigentes del grupo parlamentario.

Existió durante toda la campaña, de hecho, una suerte de pulso entre Junts per Catalunya y el las siglas herederas de la antigua Convergència. No fue público, ni mucho menos, pero se percibía en el ambiente. Artur Mas y Marta Pascal no tomaron la palabra en ningún mitin de gran formato: se les reservó una ruta territorial en actos más bien reducidos. Pascal llegó a negarse a ir al mitin de Vic, su ciudad, porque el equipo de campaña (el entorno de Puigdemont) le vetó hablar, según fuentes del partido.

Los fontaneros del PDeCAT, siempre en privado, insistían durante la campaña en que eran ellos los que sostenían la arquitectura electoral. “Nosotros llevamos la agenda de los candidatos territoriales, los que llamamos a los militantes para que vayan a los mítines, los que llenamos los actos sectoriales”, recalcaban. La war room, donde se cocía la estrategia y los mensajes del día, iba a cargo de la directora de campaña, Elsa Artadi, y el propio Puigdemont. El president aparecía en las reuniones y en los actos de campaña por videoconferencia.

De hecho, tenía una sala en Bélgica con un croma de color verde desde donde aparecía en los mítines. A través de un auricular podía escuchar la reacción del público y por una pantalla podía ver los aplausos y quién había venido a verle actuar. Su mujer, Marcela Topor, apareció en dos actos de campaña: en el de Barcelona, el acto central, y en Girona, su ciudad. Las intervenciones de Puigdemont fueron decisivas para imponerse a ERC.

Un pulso inaplazable

Estas elecciones tenían, por lo menos, tres batallas: quién se llevaba la victoria global, qué grado de apoyo y de rechazo tenía la aplicación del artículo 155 en las urnas, y quién gozaba de más votos dentro del flanco independentista. El procés esconde, también, una dura pugna entre el espacio de la antigua Convergència y ERC para dilucidar cuál de los dos es el partido central del catalanismo, ahora instalado mayoritariamente en posiciones soberanistas. Y el hecho de ir en listas separadas permitía saber, de una vez por todas, quién tenía más votos.

Empezando por el final, la pugna se resolvió a favor de Junts per Catalunya. Y lo hizo contra pronóstico, con un candidato en el exilio y cuando prácticamente ninguna encuesta lo había previsto. Según fuentes de la dirección del PDeCAT, en los trackings internos de mediados del año 2017 el mejor resultado que aparecía en ellos les daba 22 diputados. Con la fórmula nueva, con una marca distinta y con el president encabezando el cartel, llegaron a los 34. ERC obtuvo 32, aunque solo 12.000 votos menos.

Los republicanos, en cierto modo, daban por hecha la victoria. Existían encuestas internas que les daban más de 40 diputados, superando ámpliamente a Ciudadanos, el partido que finalmente se llevaría la victoria en votos (alrededor de 1,1 millones) y escaños (36). ERC puso a Oriol Junqueras de candidato pero, estando en prisión, apenas pudo enviar un mensaje de voz en el mitin central. Los republicanos, en un primer momento, auparon a Marta Rovira, secretaria general, como voz cantante de la campaña. Mujer acostumbrada a los focos, fiel lugarteniente de Junqueras y con apoyos en toda la estructura del partido, irrumpió en el escenario preelectoral con una revelación de impacto: el Estado amenazó con “sangre y muertos” para frenar la independencia.

Son palabras que no distan de lo que Puigdemont comentó a sus principales colaboradores a mediados de octubre, pero que aún nadie se había atrevido a hacer públicas. “El ejército estaba a punto para actuar”, recalcó Rovira en una entrevista en RAC1. De esta manera respondía la dirigente republicana a por qué la Generalitat no desplegó la declaración de la independencia: “El Govern no estaba dispuesto a asumir un escenario con muertos en la calle”.

Estas declaraciones la llevaron a recibir numerosas críticas, especialmente del flanco constitucionalista. Rovira fue la encargada de protagonizar la precampaña de ERC, que se diseño entre la sede central, Bruselas (el conseller Toni Comín estaba en la capital comunitaria junto con Puigdemont y formó parte de las listas republicanas, como su compañera de gabinete Meritxell Serret, número uno por Lleida) y Estremera, donde está preso Junqueras. De ese mismo centro penitenciario salieron el día 4 de diciembre Carles Mundó y Raül Romeva, que a partir de las horas siguientes tuvieron un enorme protagonismo en la ruta hacia el 21-D.

Mundó reapareció en un mitin en Vic, su ciudad, a la cual se dirigió nada más salir de Estremera. El conseller de Justícia era uno de los principales activos de ERC y, como titular de su departamento, puede presumir de haber sido el artíficie del cierre de la prisión Model de Barcelona. Su nombre llegó incluso a sonar como president del Parlament en la nueva legislatura, aunque él siempre lo atribuyó a filtraciones interesadas de Junts per Catalunya. En enero de 2018 decidió dejar la política y volver a su trabajo como abogado en el sector privado.

En todo caso, el nombre de Mundó fue protagonista en el arranque de campaña de ERC. No solo porque apareció a las pocas horas de salir de prisión, sino porque se convirtió en el primer dirigente republicano (y primer miembro del Govern) en poner en duda la principal propuesta electoral de la candidatura del president: que Puigdemont volvería a Catalunya en caso de ganar las elecciones. “Deberían proponer un candidato alternativo”, sugirió el conseller de Justicia en una entrevista en NacióDigital. La polémica ya estaba servida.

El president fue rápido en contestar: “Mi prioridad es restituir el Govern legítimo”. Este argumento, repetido hasta la saciedad en campaña, implicaba que un buen resultado de Junts per Catalunya, ERC y la CUP (pero especialmente de la lista de Puigdemont) era lo único que podía garantizar el retorno de todos los consellers cesados por el 155 al Palau de la Generalitat. La coalición encabezada por el president lo resumía con una frase sencilla y directa: “Si quieres que el president vuelva, tienes que votar al president”. Y así lo dejaron claro durante tres semanas.

Una de las primeras decisiones que tomó la war room de Junts per Catalunya fue ordenar a todos sus candidatos que evitaran el choque directo con ERC. “Ni nos conviene, ni nos conllevará beneficios”, destacaban en la sala de máquinas de la candidatura de Puigdemont. “Si quieren entrar en una lógica autonomista para conseguir la presidencia de la Generalitat, adelante, pero nosotros no vamos a entrar”, recalcaba a mediados de diciembre uno de los principales estrategas. La directora de campaña, Elsa Artadi, lo repitió en casi todos los mítines en los que participó: “De president ya tenemos uno, y se llama Puigdemont”.

Este fue el marco en el que los antiguos convergentes y ERC pugnaron por la hegemonía independentista en las elecciones del 21-D. Los republicanos partían con ventaja ante el declive del espacio representado por el PDeCAT a raíz del procés y de los casos de corrupción de la antigua CDC, pero el factor Puigdemont les puso a la defensiva. En este sentido hay que entender la inclusión de Carme Forcadell, presidenta del Parlament, en el número cuatro de la lista por Barcelona.

Forcadell sufrió mucho toda la legislatura anterior. Su trayectoria resume como pocas el tránsito del independentismo de las calles a las instituciones. Fue escogida presidenta de la cámara en noviembre del 2015, y a partir de entonces supo que la vida le cambiaría para siempre. Poco se podía imaginar, en aquella mañana de marzo del 2012 que ayudó a fundar la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que terminaría durmiendo en prisión por haber permitido el trámite parlamentario de la declaración de la independencia.

En los mítines de campaña, Forcadell optó por un perfil bajo, alejado de las grandes soflamas a las cuales tenía acostumbrado el independentismo. “President, posi les urnes!”, exclamó el 11 de septiembre del 2014, cuando quedaban tan solo dos meses para la consulta del 9-N. Era un mensaje dirigido a Artur Mas, y llegaba en plenas dudas sobre si la Generalitat mantendría el pulso con el Estado y pondría las urnas tal y como se habría comprometido. En la ruta hacia el 21-D, en cambio, la presidenta del Parlament se alejó de las grandes proclamas.

También lo hizo Raül Romeva, conseller de Exteriors, uno de los fichajes estrella de ERC para esta campaña. Su paso por prisión le marcó especialmente, así como también a Dolors Bassa, titular de Treball, Afers Socials i Famílies. A los pocos días de salir, Bassa (candidata por Girona) tuvo una caída que le obligó a llevar puntos en la cara.

En esencia, los principales dirigentes de ERC se encontraban en medio de un dilema: ¿cómo atacar a un rival con el que has gobernado durante 22 meses y con el que muy probablemente deberás pactar después de las elecciones? En la sala de máquinas republicana se dejaba constancia de que Puigdemont “no podría volver” y que estaba “engañando” a la ciudadanía con su promesa de retomar físicamente las riendas del Palau de la Generalitat, pero no lo podían verbalizar con toda la crudeza.

“¡No está contando cómo lo va a hacer!”, exclamaban en la fontanería de la campaña republicana. Estos comentarios de desconfianza no se pueden desligar de la relación que han mantenido el PDeCAT y ERC durante la legislatura. No hay que olvidar una frase que pronunció un alto dirigente de la antigua Convergència durante los primeros compases de la anterior legislatura: “Ellos son el enemigo a batir durante los próximos años”.

De momento, la lucha la gana el espacio político surgido de la antigua Convergència. La euforia se apoderó la noche del 21-D del cuartel electoral de Junts per Catalunya, en el Hotel Catalonia Eixample 1864, y se pudo constatar en los gestos de los miembros de la candidatura. Elsa Artadi, directora de campaña y de carácter hasta ese momento comedido, alzaba los brazos sin parar. En la Estació del Nord, sede de ERC para el recuento, el ambiente se enrareció en los primeros compases de la noche. Los números que salían de las primeras 100 mesas escrutadas les relegaban a la tercera posición.

“¿Qué más tiene que pasar para que les ganemos?”, se preguntaban los dirigentes republicanos, que veían cómo Puigdemont se alzaba con la victoria independentista pese a quedar a dos escaños de Ciudadanos. El triunfo de Junts per Catalunya se edificó en unos resultados excepcionales en la Catalunya interior, con victorias holgadas en ciudades como Girona, Vic, Olot, Manresa y otros bastiones de tendencia soberanista. ERC creció en el área metropolitana, haciéndose un hueco en poblaciones donde el independentismo rara vez había obtenido resultados notables, pero vio menguado su crecimiento precisamente allí donde Puigdemont arrasó.

Al final, el componente emocional de la campaña presidencial acabó marcando la diferencia. Aunque la promesa electoral de que el Govern cesado por el 155 volviera intacto a Palau (como si fueran a decaer todas las querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado y tramitadas por la Audiencia Nacional, primero, y por el Tribunal Supremo, después) fuera difícil de cumplir, la ciudadanía decidió reforzar a Puigdemont. Aunque en escaños y votos la principal triunfadora fuera Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos.

Ciudadanos arrasa al PP

El partido naranja se presentó por primera vez en 2006, con un jovencísimo Albert Rivera como candidato. Poco se podían imaginar que, once años más tarde, estarían celebrando una (estéril) victoria en Catalunya. Arrimadas había conseguido ganar los comicios del 21-D, pero era perfectamente consciente que no pisaría el Palau de la Generalitat y que tampoco podría situar a nadie de su partido al frente del Parlament. El independentismo, pese a la caída de la CUP (cuatro diputados, seis menos que en 2015), había mantenido su mayoría gracias a la obtención del 47,5% de los votos con una participación histórica.

De nada habían servido las apelaciones a la llamada “mayoría silenciosa”, porque con un 79,04% de los censados catalanes acudiendo a las urnas, los partidarios de la República habían conseguido retener el control del Parlament y estaban en disposición de formar un nuevo Ejecutivo. Rivera achacó la imposibilidad de gobernar a la ley electoral y a los malos resultados del PP y del PSC, con los cuales aspiraban a sumar para formar un tripartito constitucionalista. El auge de Ciudadanos fue, paradójicamente, lo que impidió a estos tres partidos llegar a la Generalitat.

Los liberales, entusiastas defensores del artículo 155 y del encarcelamiento de los dirigentes independentistas, fueron especialmente hábiles a la hora de congregar el voto útil partidario de la unidad de España. Se gastaron (según las cifras oficiales), 2,1 millones de euros en campaña, más que ninguna otra formación, y consiguieron llenar los mítines como nunca. En Girona, enclave independentista por excelencia y ciudad de Puigdemont, congregaron a 1.400 personas en la sala grande del Palau de Congressos. Inédito.

La candidata Arrimadas, efectiva en los debates, en parte gracias a su tendencia a interrumpir a los otros contendientes, se expuso a pocos riesgos. Anuló, por ejemplo, una rueda de prensa prevista en la Agència Catalana de Notícies (ACN), y redujo al máximo su exposición a la prensa. Que era un caballo ganador lo entendió perfectamente el periódico ABC, que le dedicó una entrevista a toda portada en la jornada de reflexión. Fue el preludio de una victoria que se concentró especialmente en el área metropolitana de Barcelona y también en Tarragona.

Hay un dato muy revelador que permite entender el resultado excepcional del partido naranja: de las 23 ciudades más pobladas de Catalunya, Ciudadanos se impuso en 20. Solamente Girona, Sant Cugat y Manresa escaparon a la marea de los de Arrimadas. Los liberales ganaron en la ciudad de Barcelona, en L’Hospitalet de Llobregat (33% de voto), Castelldefels (35%), Sabadell (28%) y Terrassa (29%). En municipios del área metropolitana de Tarragona se registraron porcentajes muy holgados para los liberales, como el 47% obtenido en Vila-seca o el 43% de Salou. Motivos de sobre para celebrar la victoria en la Plaza de España de Barcelona, con todos los dirigentes estatales del partido y gritos de “¡presidenta, presidenta!” para Arrimadas. Luis Garicano, responsable de la política económica del partido, fue el más vitaminado en la fase de cánticos.

Hubo resultados simbólicos, como la victoria en Sant Vicenç dels Horts, municipio de la comarca del Baix Llobregat donde Junqueras fue alcalde hasta finales de 2015. O el triunfo en Badalona, donde gobernó durante cuatro años Xavier García Albiol, candidato del PP. Albiol fue el gran perdedor de la noche, con tres escaños, aunque el recuento definitivo, contando el voto exterior, le permitió sumar un diputado por Tarragona.

El candidato de Rajoy en Catalunya no solo vio cómo Ciudadanos se disparaba sin que él pudiera hacer nada, sino que quedó por detrás de los “radicales” de la CUP, como le gusta llamarlos. Albiol consiguió el 4,24% de los votos, perdiendo así el grupo parlamentario, y pasará a la irrelevancia parlamentaria durante esta legislatura. Es probable que la dirección estatal del PP aborde su relevo más temprano que tarde. El resultado es pésimo también en términos económicos: la pérdida de grupo propio merma los ingresos del partido y le puede abocar a un expediente de regulación de empleo para cuadrar las cuentas.

Tampoco le salieron los números al PSC de Miquel Iceta, que se vendía como presidenciable durante la campaña y consiguió ganar tan solo un escaño. Se trataba de la segunda experiencia del líder socialista como jefe de cartel, y para esta ocasión tejió una alianza con Units per Avançar, plataforma formada por exdirigentes de Unió como Ramon Espadaler. Conseller de muy joven de Jordi Pujol y luego con Artur Mas, y secretario general del partido de Duran hasta que desapareció, Espadaler ocupó el número tres por Barcelona de la lista de Iceta.

Es posible que las perspectivas del PSC se vieran afectadas por una propuesta del candidato que marcó parte de la campaña: los indultos a políticos independentistas enjuiciados por el procés. Desde Ciudadanos y el PP se le echaron encima, mientras que los partidarios de la República cargaron contra él. “Para que haya un indulto tiene que haber una condena, y nosotros no estamos condenados”, sostuvo Jordi Turull, conseller de la Presidència y número cuatro de Junts per Catalunya por Barcelona, cuando se le preguntó por la iniciativa socialista.

No ayudó la presencia de Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo y exministro del PSOE, que pidió “desinfectar” las “heridas” de la sociedad catalana. Iceta no lo tuvo fácil para hacerse un hueco en el catalanismo moderado al que apelaba debido al respaldo sin fisuras de los de Pedro Sánchez al artículo 155 de la Constitución. La reforma federal de la Carta Magna, siempre en boca de los dirigentes socialistas pese a la falta de apoyos que suscita en el Congreso, tampoco tuvo espacio en una campaña que se le hizo larga a Iceta.

En parte fue así porque el equipo de Puigdemont se empleó a fondo para criticarlo. Las encuestas internas de Junts per Catalunya detectaron que se disputaban alrededor de 300.000 votantes con el PSC, y la partida se decantó hacia los primeros. El president elevó el tono contra los socialistas, alertó en todo momento de un Govern “formado por el tripartito del 155” y acusó a Iceta de querer “blanquear” la intervención de la autonomía. El sueño del dirigente del PSC de ser presidente de la Generalitat (se atribuye a Rajoy una preferencia por él en caso de que el constitucionalismo hubiera sumado) se desmoronó la noche del 21 de diciembre.

También se desmoronó el papel decisivo que aspiraba a tener Catalunya En Comú Podem después de las elecciones. La candidatura encabezada por Xavier Domènech obtuvo tan solo 8 diputados y fracasó en su intento de liderar un bloque situado entre el artículo 155 y la declaración unilateral de independencia. Domènech había sido capaz de ganar las dos últimas elecciones generales en Catalunya con doce escaños, superando con comodidad a ERC, pero en la lógica parlamentaria catalana quedó ahogado entre independentistas y constitucionalistas.

La gestión del resultado

El 21-D dejó un panorama muy similar, en cuanto a bloques, al que ya trazaron las elecciones plebiscitarias del 27-S del 2015: una mayoría sólida del independentismo (70 escaños) con una participación altísima, cercana al 80%. Sin embargo, el desenlace no sirvió a los partidarios de la República para llegar al anhelado 50% de los votos, con el cual, sostienen, se podría apelar con más fuerza a las instancias internacionales. Unas instancias, por cierto, que no han movido ni un dedo después de los comicios para forzar Rajoy a negociar.

El presidente español sigue enrocado en su posición: a Puigdemont solo le queda entregarse a la justicia y someterse al juicio del Tribunal Supremo. El máximo dirigente catalán, desde Bruselas, ha visto cómo su promesa electoral de volver si ganaba las elecciones (la foto finish situaba a Arrimadas como vencedora, pero él era el más votado dentro del independentismo) se iba desvaneciendo a medida que pasaban las semanas.

¿Se ha terminado el proceso independentista? La respuesta es un no, si se aprecian los datos del 21 de diciembre. Hay un 47,5% de personas que, en dos convocatorias electorales consecutivas, han expresado su deseo de convertir Catalunya en un Estado dentro de la Unión Europea. La aplicación del 155, la intervención financiera total de la Generalitat y la represión policial del 1-O no les ha hecho cambiar de opinión. Mientras un porcentaje tan alto —sin llegar a ser hegemónico— de la ciudadanía se mantenga en estas posiciones, el pulso no decaerá.

Otra cosa es la estrategia que siga el futuro Govern, que difícilmente estará presidido (al menos físicamente) por Puigdemont. Hay partidarios de contemporizar la hoja de ruta, gobernar, exhibir buena gestión y seguir denunciando las oportunidades que se le escapan a Catalunya debido al centralismo del gobierno de Madrid, en manos del PP y con el apoyo parlamentario de Ciudadanos para los presupuestos y las principales medidas en el Congreso.

La vía de desplegar la República con contundencia, pese a las amenazas de violencia estatal como la del 1-O, no forma parte del pensamiento de la primera fila del independentismo. El proceso ha llegado a un cruce de caminos y debe decidir qué quiere ser de mayor: cómo ampliar la base, cómo convencer a las áreas metropolitanas de Barcelona y de Tarragona y qué estilo gubernamental es el mejor para mantener abierto el pulso con el Estado.

En Madrid la reflexión también es (o debería ser) obligada. ¿Se puede permitir el PP tener solo 4 diputados en el Parlament y menos votos que la CUP? ¿Se puede permitir el PP gobernar España con dos millones de catalanes en contra? ¿Se puede permitir el PP mantener una actitud cerrada al diálogo pese a las repetidas peticiones del soberanismo? ¿Se puede permitir el PSOE seguir apoyando sin contrapartida alguna los planes de Rajoy? ¿Se puede permitir Ciudadanos basar toda su estrategia para gobernar el Estado en la mano dura contra Catalunya? ¿Se puede permitir Podemos seguir siendo el único partido estatal que defiende el referéndum? ¿Se puede permitir España la existencia de presos por razones políticas en la Europa del siglo XXI?

Las preguntas son complejas. Las respuestas, aún más.

El proceso no ha acabado.

Tampoco sus entresijos.