A Carolina, mi compañera en estos años y en aquellos;

y a Saul Landau, mi amigo, mentor y conciencia política

«Y sobre las plumas carnívoras volaba encima del mundo el cóndor, rey asesino».

Pablo Neruda, CANTO GENERAL

«Al interior de cada uno reside el potencial de la bestia».

José «Pepe» Zalaquett

Capítulo 1

LA REPRESIÓN CRUZA LAS FRONTERAS

Los setenta fue una década en que la represión en masa comenzó a cruzar fronteras. Dictaduras militares dominaban gran parte de Sudamérica, resultando en masivas violaciones a los derechos humanos. Era un periodo de guerra total para erradicar a las organizaciones democráticas, socialistas y a menudo marxistas que confluyeron en un movimiento internacional a favor de cambios sociales radicales. Los militares y sus adherentes civiles en la derecha definieron como enemigos a sus compatriotas que participaban en estos partidos y organizaciones políticas de izquierda. Pero debido a que el movimiento se había tornado internacional, las dictaduras consideraron, cada vez más, a los jóvenes de otros países como enemigos. Los extranjeros fueron catalogados de «subversivos», «terroristas» y «extremistas» que debían ser temidos, perseguidos, encarcelados y, en muchos casos, torturados y asesinados. Las fronteras nacionales ya no tenían importancia, y el refugio, el estatus migratorio y las leyes mismas no ofrecían protección alguna.

La xenofobia política no era para nada un fenómeno nuevo en América Latina, especialmente ante la emergencia del fervor revolucionario desencadenado por la Revolución cubana. Pero la detención masiva de extranjeros eso sí era algo nuevo. Los organismos policiales y de inteligencia que operaban al interior de los demás países; la coordinación y el intercambio de inteligencia entre países, cubriendo la mayor parte de Sudamérica; los ilegales y secretos traslados de prisioneros hacia sus países de origen para ser torturados y eventualmente asesinados; acuerdos y alianzas internacionales para hacer todo lo anterior de manera sistemática y eficiente: todo eso jamás había ocurrido antes en la historia de América Latina. Y llegó a tener un nombre: la Operación Cóndor. El Plan Cóndor no fue el único mecanismo de represión transnacional en este periodo, pero fue lejos el más sangriento. Y sus equipos actuaron mucho más allá de las fronteras de sus países miembros para lanzar asesinatos y otras operaciones, como en Estados Unidos, México y Europa.

Los militares concibieron este brutal sistema como la respuesta internacional a una amenaza internacional. Sin embargo, como un irónico giro de la historia, las atrocidades cometidas por las dictaduras del Cono Sur generaron, a su vez, un enorme movimiento internacional de derechos humanos que a la larga se convertiría en un importante catalizador para llevar a cientos de militares ante la justicia. Los crímenes internacionales engendraron investigaciones internacionales fuera del control militar. Hasta el gobierno de Estados Unidos, alguna vez el más acérrimo aliado de los regímenes militares de derecha, desplegó el FBI para investigar, con éxito, al servicio de inteligencia chileno por un crimen cometido en Washington D.C.

De hecho, la campaña en contra de supuestos enemigos extranjeros surgió primero en Chile, luego del derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende en septiembre de 1973. En los días y semanas que siguieron al golpe, los militares demonizaron a los «extremistas extranjeros» y comenzaron a detener a cientos de exiliados de otros países de la región que ya se encontraban bajo bota militar. Más de ochocientos extranjeros fueron encarcelados en improvisados campos de concentración como el Estadio Nacional en Santiago. La mayoría era de países vecinos que eventualmente se integraron a la alianza Cóndor; cuarenta y nueve extranjeros serían ejecutados o desaparecerían. Así empezó una primera coordinación de las fuerzas de represión. Chile invitó a agentes de inteligencia de algunos de esos países, en particular de Brasil, Uruguay y Argentina, para llevar a cabo los interrogatorios de los prisioneros que eran buscados en sus países. Según el testimonio de un mayor de ejercito chileno que presto servicio en la «Sección de Extranjería» del Estadio Nacional, las salas de interrogación «estaban equipadas con parrilla, elementos para colgar a las personas y torturar».¹

Era un ensayo de la nueva era que se avecinaba, de la intensa coordinación represiva transfronteriza en esos países.

A comienzos de 1974, las fuerzas policiales y de seguridad sostuvieron una primera reunión en Buenos Aires para conversar sobre la cooperación en contra de la «subversión», resultando en unas 120 víctimas «pre-Cóndor» en los meses siguientes, de las cuales sobrevivieron más de la mitad (71).

La actividad transfronteriza se expandió ampliamente con la firma oficial del acuerdo de Operación Cóndor en Santiago en noviembre de 1975. Este acuerdo abrió la puerta a lo que se convertiría en la más notoria, y lejos la más letal, forma de cooperación. Con las acciones conjuntas de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, a los que se unieron después Brasil, Perú y Ecuador, el número de secuestros, muertes y desapariciones más que cuadriplicó. El grueso de esos crímenes tuvo como blanco a extranjeros en Argentina, donde se ubicó la base de operaciones de Cóndor gran parte del tiempo. La gran mayoría de estos prisioneros fueron asesinados, muchos luego de su traslado a sus países de origen.

Los intentos de asesinato fuera de los países miembros eran de variada índole: Chile se asoció con mercenarios terroristas de derecha italianos y cubanos para llevar a cabo atentados en Estados Unidos, México e Italia. Argentina, Chile y Uruguay implementaron planes homicidas en países europeos utilizando equipos Cóndor conocidos como «Teseo», pero también realizaron operaciones unilaterales o bilaterales. Grandes operaciones tuvieron como objetivo multimillonarias cuentas en dólares en bancos internacionales, además de personas. Las secuelas continuaron incluso hasta después de la vuelta a la democracia. En el año 1995 exagentes Cóndor de Chile y Uruguay colaboraron en un asesinato para encubrir otro crimen.²

Cada una de las 654 víctimas de las operaciones documentadas en estas páginas es una historia humana, de jóvenes vidas extinguidas, la mayoría de las veces mientras asumían riesgos extraordinarios para resistirse a regímenes militares. La mayoría continuó su trabajo político clandestino con plena conciencia de las torturas y muerte que probablemente les esperaba de ser capturados. Habían comenzado a formar familias, a tener hijos, y habían abandonado prometedoras carreras para continuar su lucha en contra de los militares porque, desde su perspectiva, era un mandato histórico lograr un mejor mundo para las generaciones futuras.

Algunos creían en la lucha armada y se resistían con bombas y fusiles, y algunos se inspiraron en la fe religiosa, muchos de ellos practicando la no-violencia. Muchos simplemente estaban tratando de llevar vidas normales cuando cayeron en manos militares. Sobrevivió menos de la tercera parte.

Este libro es el resultado de una exhaustiva revisión y extensa ampliación, con nuevos capítulos, de la primera edición. Constituye un esfuerzo por presentar una narrativa de investigación definitiva sobre este periodo de singular represión internacional: los años del Cóndor. Cubre desde aproximadamente el golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973 hasta el retorno a un gobierno constitucional en Argentina en 1983. Se sustenta en buena medida en nuevas fuentes nunca antes disponibles. Las monumentales investigaciones judiciales de la Operación Cóndor en Argentina y Chile terminaron en condenas y sentencias de prisión para docenas de militares. Lograron reunir los testimonios y evidencia de fuentes militares que por primera vez rompieron el pacto de silencio, el «omertá», similar al código de la mafia italiana. Los expedientes de esos casos acumulan decenas de miles de hojas de evidencia, y ahora se puede acceder a ellos. Adicionalmente, en 2019 el gobierno de Estados Unidos completó la más grande desclasificación de informes de inteligencia de la CIA y el FBI sobre la región que se haya realizado. Dos oficiales de inteligencia de Estados Unidos —Frederick W. Latrash, de la CIA, y Robert Scherrer, del FBI— encarnan la íntima relación de Estados Unidos con los agentes y servicios operativos del sistema Cóndor. Los agentes Cóndor consideraban a sus contrapartes estadounidenses como colegas y aliados de confianza y compartían detalles operativos secretos con ellos. Los nuevos documentos en muchos casos revelan los nombres de las fuentes militares de Uruguay, Paraguay y Argentina que les contaron a los norteamericanos por primera vez sobre Cóndor. Este amplio tesoro de información ofrece una ventana inédita hacia el interior de los sistemas militares, donde soldados y oficiales revelan, aunque renuentes, cómo sus campañas transnacionales fueron organizadas y llevadas a cabo.

En las páginas de este libro se encuentran las siguientes revelaciones, entre muchas otras:

• Los organismos de inteligencia de Estados Unidos sostuvieron detalladas interacciones de inteligencia con los organismos y agentes responsables de los crímenes de Operación Cóndor mientras estaban en marcha, incluyendo la lectura de informes de interrogatorios a prisioneros bajo tortura. Esta relación puede ser correctamente calificada de complicidad, de acuerdo a toda la evidencia disponible; sin embargo esta investigación concluye que ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos participó en la creación de Operación Cóndor ni en la identificación de sus blancos o la realización de sus operaciones. No obstante, las autoridades estadounidenses fueron informadas en gran detalle sobre los planes de Cóndor, incluyendo los nombres y la ubicación de sus blancos en Europa. En dos nuevos capítulos de este libro se explora cómo Estados Unidos alertó a los servicios de seguridad europeos para prevenir los asesinatos que Cóndor planificaba en ese continente, pero no reaccionó ante la información de inteligencia que poseía y que podría —y debía— haber evitado el asesinato de Orlando Letelier en el corazón de Washington D.C. (capítulos 10, 11).

• Por primera vez se pueden documentar los múltiples atentados de asesinato llevados a cabo en Europa, Estados Unidos, México y otros lugares fuera de los países miembros de Cóndor (unilateral, «Teseo», y uso de agentes civiles). Se lanzaron 21 operaciones contra 45 blancos, con un saldo de cinco muertos y dos heridos (capítulos 8, 10, 11, 13, 14,15, Anexo).

• Sabemos ahora que los servicios de inteligencia de EE.UU. y el Departamento de Estado tenían evidencia convincente, desde al menos abril de 1978, de que el presidente de facto chileno Augusto Pinochet había ordenado ese asesinato en Washington y orquestó el encubrimiento del crimen frente a la justicia estadounidense. Sin embargo, ni el presidente Carter ni el presidente Reagan permitieron que se hiciera pública esa información ni la usaron de manera reservada, aun cuando podría haber acelerado el retorno a la democracia en Chile (capítulo 16).

• Por primera vez podemos describir la estructura, actividades, personal, y dirección física del «Comando Central de Cóndor», la sede operativa en Buenos Aires que llevó a cabo la gran mayoría de los secuestros y asesinatos transnacionales y el entrenamiento y ejecución de las operaciones europeas (capítulos 12, 13).

• Conocemos los detalles de las operaciones transnacionales para rastrear y confiscar altas sumas de dinero para el enriquecimiento de los servicios de inteligencia, obteniendo casi cien millones de dólares desde las cuentas bancarias de las organizaciones de resistencia (PVP, Montoneros, Partido Comunista chileno) en Europa y otras partes (capítulos 12, 14, 15).

• Finalmente, y tal vez la dimensión humana más valiosa de las nuevas investigaciones: hoy es posible compilar una lista precisa y exhaustiva de las víctimas de Operación Cóndor y las campañas transnacionales relacionadas. La tragedia y la injusticia acumulada para esas víctimas constituyen la brújula moral de este libro (Anexo).

Una elite opositora

En una clara mañana de septiembre de 1976, Orlando Letelier, un influyente exembajador chileno en Estados Unidos, yacía moribundo y mutilado en Sheridan Circle, en la Embassy Row de Washington, después de que una bomba a control remoto hiciera volar en pedazos el automóvil en que viajaba. Apenas unos meses antes, en Argentina, escuadrones militares habían secuestrado y ejecutado a un expresidente de Bolivia y a dos de los líderes políticos más prominentes de Uruguay. Importantes líderes guerrilleros de Chile y Uruguay, que vivían en la clandestinidad en Argentina, también habían sido localizados y asesinados. Activistas argentinos que trataban de volver a su país desde México fueron capturados en Brasil. Adversarios de las dictaduras latinoamericanas cayeron en Bolivia, Paraguay y Perú, todos viviendo como extranjeros en esos países. En las capitales europeas y de México desembarcaban escuadrones de asesinos con listas de exiliados latinoamericanos a los que debían eliminar. En otra de estas conspiraciones el blanco elegido fue un congresista estadounidense.

En un lapso de pocos años, una lista extraordinaria de líderes políticos y militares de los países del extremo sur de América perdieron sus vidas o fueron blanco de intentos de asesinato. Murieron como víctimas de la Operación Cóndor una elite opositora, las personas con más influencia internacional, los líderes con la mayor capacidad para desestabilizar a los regímenes militares, los adversarios considerados como los más peligrosos. Fueron, sin embargo, solo una pequeña parte de los miles y miles de asesinatos cometidos por los regímenes militares como parte de la represión dentro de sus fronteras y en contra de sus propios ciudadanos. En esa breve pero terrible década de 1973 a 1983, los gobiernos militares sudamericanos —según los conteos más rigurosos— mataron e hicieron desaparecer entre veinte mil y veintiséis mil personas. (Algunos sostienen que los números son mucho más altos, pero sin embargo no pueden ser comprobados con evidencia concreta.) De los sobrevivientes, casi cien mil sufrieron la tortura y prisión, y cerca de medio millón fueron condenados a largos años de exilio forzado.³

Los gobiernos proclamaban que sus enemigos eran «terroristas». Aunque algunos de ellos se ajustaban a esa descripción, las víctimas más prominentes eran respetados líderes militares y civiles que intentaban recuperar la democracia y el estado de derecho. La vasta mayoría eran hombres y mujeres jóvenes, comprometidos en movimientos que buscaban enfrentar la injusticia económica y social. Sus muertes constituyen el «daño colateral» y aún indeterminado que provocó en este hemisferio la Guerra Fría.

La tragedia política de esta historia es que los jefes militares que llevaron a cabo estos asesinatos y crímenes en masa acudieron a los Estados Unidos por asistencia técnica y liderazgo estratégico, transformándose en su aliado. Lo que políticamente constituye una tragedia es que Estados Unidos no actuase para promover y fortalecer la democracia, sino para alentar y justificar su derrocamiento. Aún más trágicos fueron los casos en que agentes de ese país mantuvieron relaciones de enlace con quienes cometieron asesinatos políticos y crímenes masivos.

No son acusaciones que puedan hacerse a la ligera. La historia no es simple o unidimensional. Muchos funcionarios estadounidenses descubrieron los derechos humanos como un objetivo político durante esos años, y hay ejemplos —que serán documentados en este libro— de acciones para prevenir asesinatos internacionales. Sin embargo, diplomáticos, personal de inteligencia y militares norteamericanos estuvieron tan íntimamente asociados con las instituciones militares represoras que hicieron poco o nada para desalentar los crímenes acerca de los cuales estaban informando a Washington.

Hay pruebas de que los mensajes a favor de los derechos humanos y la democracia fueron opacados por los sonoros llamados a detener el comunismo a toda costa. En el mejor de los casos, las señales aparecían mezcladas. En el peor, eran cínicas y ambiguas. Los militares en el poder parecen haber comprendido, con razón, que sus métodos no encontrarían oposición de parte de Estados Unidos (incluso después de que, en 1977, el gobierno de Jimmy Carter hiciera de los derechos humanos una prioridad de su administración, los asesinatos masivos continuaron en Argentina). Este libro relata algunas de las historias de esos años de terror desde el punto de vista de los actores ocultos en los gobiernos militares y sus aliados internacionales, incluido Estados Unidos, y de los grupos radicales revolucionarios que eran sus adversarios.

El 11 de septiembre de 1973, la Fuerza Aérea bombardeó La Moneda, el palacio presidencial chileno, símbolo de la democracia más duradera del continente. El golpe militar fue cálidamente recibido por el gobierno estadounidense. La historia oficial, sustentada por las pruebas disponibles, muestra que Estados Unidos no participó operativa y directamente en el golpe; sin embargo, el mismo tipo de documentación oficial evidencia que, solo tres años antes, ese país sí tomó el liderazgo en la organización de un levantamiento militar en Chile. Aquella tentativa, fracasada, terminó en el asesinato del general René Schneider, el comandante en jefe del Ejército chileno. La conspiración de 1970 y el golpe militar de 1973 tenían el mismo objetivo: la neutralización de Salvador Allende, un político socialista que había sido elegido presidente en unas elecciones democráticas impecables.

Allí donde la CIA falló, Pinochet tuvo éxito. En pocas horas una sólida fuerza militar aplastó la revolución, popular pero vacilante, de Allende, quien prefirió el suicidio antes que rendirse, luego de que el palacio de gobierno fuera bombardeado.

Es una coincidencia que el 11 de septiembre sumara aún más infamia con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en 2001. Pero la coincidencia no es insignificante. Tras el primer 11 de septiembre, todo cambió en América Latina. El golpe de Estado no fue solo otro golpe militar, de los que hubo docenas en las décadas anteriores. Fue el principio de una guerra total, justificada como una «guerra contra el terrorismo», cuyo principal objetivo eran las fuerzas políticas a las que Pinochet y sus aliados percibían como infecciones que llevaban a sus países el cáncer foráneo de la revolución comunista.

La victoria en Chile fue solo el primer paso. Allí la resistencia duró poco. Varios miles de partidarios de Allende, entre ellos más de ochocientos extranjeros, fueron amontonados en improvisados campos de concentración, como el Estadio Nacional de Santiago. Se ejecutó sumariamente a más de mil personas, entre ellas a cuarenta y ocho extranjeros. Los militares chilenos iniciaron para América Latina una nueva táctica de desaparecimiento forzoso: enterraban en tumbas secretas o lanzaban al mar los cuerpos de los prisioneros ejecutados mientras negaban a las familias de los prisioneros que alguna vez hubieran estado bajo custodia.

Rápidamente, el objetivo principal pasó a ser la erradicación en el conjunto de América Latina de todo rastro de movimientos políticos afines a Allende. En algunas reuniones, los representantes de Pinochet llegaron a hablar de la erradicación mundial de sus enemigos ideológicos. Se trataba de una guerra que requería nuevas tácticas, nuevas organizaciones y acuerdos secretos sin precedentes entre países del Cono Sur con largas historias de rivalidad y animosidad mutua.

América Latina vivía una especie de efecto dominó a la inversa. País tras país cuyo sistema democrático había dado espacio a la ideología de izquierda fue cayendo bajo el dominio militar, después de lo cual era sometido a una inclemente limpieza política.

Debido a que el enemigo tenía alcance internacional, Chile y sus vecinos idearon un esquema internacional para vencerlo. Luego de algunas iniciativas preliminares, Pinochet convocó a una alianza formal y secreta a los gobiernos militares de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina, a la que luego se sumaron Ecuador y Perú. La idea era que los servicios de seguridad unieran fuerzas para localizar a «terroristas» de todas las nacionalidades, donde fuera que estuvieran. Esta iniciativa fue bautizada como «Operación Cóndor», por la majestuosa ave de rapiña que figura en el escudo nacional de Chile.

Era predecible que la alianza persiguiera, como objetivo principal, a los grupos guerrilleros militarizados que proliferaron en la región durante los años sesenta y en la primera mitad de los setenta. Preparándose para emprender una guerra de guerrillas contra los regímenes militares, estos grupos también habían organizado una alianza internacional. Sin embargo, desde el primer momento, la estrategia del Cóndor se amplió para incluir la erradicación de todos los rivales, incluyendo a los jefes militares y líderes políticos decididos a restablecer un gobierno constitucional.

Entre las estrategias de Pinochet se contemplaba una nueva y audaz gran idea: el asesinato internacional fuera de las fronteras de la región, y eso fue lo que condujo a la tragedia a Washington D.C.

Hacía tiempo que las distintas policías se habían organizado en la Interpol, que a menudo facilitaba un efectivo intercambio de información y acción en la búsqueda de criminales internacionales, pero el Cóndor implicaba un gigantesco paso adelante en la coordinación policial y el intercambio de inteligencia. Donde la Interpol aseguraba garantías internacionales y procesos de extradición, el Cóndor tenía computadores, bancos de datos y secuestros transfronterizos. El Cóndor era operativo, y en América Latina (y donde fuere) la palabra operación implicaba el asesinato.

Al principio, las actividades del Cóndor se limitaron a los países de América Latina. Cada país miembro permitía que los organismos de inteligencia de las otras naciones operaran dentro de sus fronteras, capturando exiliados, interrogándolos, torturándolos y volviendo con ellos a su país de origen. Sus operaciones contra objetivos internacionales estaban entremezcladas con, y a menudo eran indistinguibles de, la represión masiva a los oponentes locales de cada gobierno militar. A mediados de 1976, coincidiendo con el establecimiento de la dictadura militar en Argentina, Pinochet y dos de sus aliados del Cóndor decidieron expandir las operaciones más allá de las fronteras del continente. Chile, Argentina y Uruguay crearon equipos multinacionales, seleccionaron sus objetivos y comenzaron un entrenamiento operativo en instalaciones militares argentinas.

¿Qué es lo que Estados Unidos sabía sobre el Cóndor y qué hizo al respecto? Durante décadas, la verdadera dimensión de su conocimiento y de sus contactos con aquellas operaciones fue cuidadosamente mantenida en secreto.⁴ Ahora se puede saber mucho más. Los nuevos documentos desclasificados del gobierno estadounidense abundan en revelaciones acerca de los vínculos de Estados Unidos con la Operación Cóndor. Los nuevos documentos, junto con entrevistas a varios de los agentes directamente involucrados, demuestran que el Departamento de Estado y los organismos de inteligencia tenían detalles de una precisión sorprendente acerca del funcionamiento y la planificación del Cóndor, aunque no aportan evidencias de participación en los crímenes. Los documentos y las entrevistas también muestran que ciertos funcionarios dieron información errónea en declaraciones públicas para minimizar lo que sabían acerca de los planes de asesinato. La evidencia sugiere que lo hicieron para distraer la atención acerca de la posibilidad de que ellos hubieran podido prevenir el más notorio acto de terrorismo del Cóndor, el asesinato de Orlando Letelier en Washington.

El asesinato de Letelier fue considerado el peor acto de terrorismo internacional cometido sobre suelo estadounidense hasta el 11 de septiembre de 2001. Los paralelos, además, son inevitables: las agencias de inteligencia norteamericanas poseían abundante información acerca de la organización terrorista islámica Al Qaeda en los meses previos al ataque que destruyó las dos torres del World Trade Center de Nueva York. Si estos organismos hubieran atado cabos usando la abundante información recibida, ¿podrían haber detectado y quizá evitado el peor acto de terrorismo internacional en suelo estadounidense?

El mismo patrón de abundancia de información y de fracaso en la conexión de las pistas está presente en ambos casos, y con resultados igualmente trágicos, aunque la magnitud de las tragedias sea de muy diversa proporción. Existe otra enorme diferencia: en el caso de los actos terroristas llevados a cabo por la Operación Cóndor, el perpetrador era un estrecho aliado de Estados Unidos, no un enemigo. Y la información acerca de los siguientes ataques se obtenía de fuentes en los organismos de inteligencia amigos que los estaban planeando.

La evidencia ahora disponible muestra que la CIA sabía de la existencia del Cóndor a poco más de tres meses de su creación. Hacía tiempo que la agencia alentaba la idea de una mayor coordinación entre las fuerzas militares de la región, especialmente en el área de inteligencia y comunicaciones. Cuando la nueva organización se discutió en los primeros cables norteamericanos no fue vista con alarma, sino como una reacción lógica ante la coordinación internacional de grupos armados de izquierda. El Cóndor fue visto como una comprensible y hasta laudable actualización de las capacidades de inteligencia de los respectivos países.

¿Se extendió esta aprobación a todos los métodos del Cóndor, incluyendo las desapariciones, los secuestros y los asesinatos transfronterizos? Pues, ciertamente, tener conocimiento de los métodos no es lo mismo que aprobarlos. En verdad, no hay ninguna prueba que sugiera que algún organismo o agente estadounidense conociera o apoyara un asesinato en su territorio. Pero tampoco la hay de que los organismos estadounidenses, en contacto con sus contrapartes de América Latina, hayan manifestado una clara oposición a tales tácticas en la lucha contra el comunismo. Por el contrario, los jefes militares sabían que la propia CIA había utilizado esos métodos: sin duda Pinochet y sus oficiales tenían conocimiento de que la agencia norteamericana había provisto de armas a los complotados de derecha que habían asesinado al jefe del Ejército de Chile en 1970, y que les había pagado con treinta y cinco mil dólares para asegurar su silencio después de que la conspiración golpista fracasara.

En esta investigación queda claro lo siguiente: los organismos de inteligencia estadounidenses tenían fuentes excelentes dentro de la Operación Cóndor y monitoreaban muy de cerca sus avances. Informes tempranos hablaban de un posible vínculo del Cóndor con los asesinatos en Argentina de un expresidente boliviano y dos prominentes líderes políticos de Uruguay. Refugiados políticos provenientes de Chile, Bolivia y Uruguay eran detenidos en Argentina. La primera señal de preocupación llegó desde la Oficina de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, que pidió a los embajadores en la región que informaran acerca de alguna prueba de la coordinación de las fuerzas de seguridad.

A fines de julio de 1976, nuevos informes transformaron esa preocupación en un plan de acción. La CIA supo que el Cóndor estaba llevando sus operaciones a Europa e informó a los más altos funcionarios para América Latina del Departamento de Estado que los militares sudamericanos planeaban «pasar a la acción» fuera del continente. Los informes mencionaban a Portugal y Francia como lugares para esas operaciones. Los cuadros ya se estaban entrenando en Argentina.

Cercar a los subversivos en sus propios países era una cosa; planear asesinatos en capitales europeas era otra. Los funcionarios del Departamento de Estado reaccionaron con el tipo de sentido común que la mayoría de las personas hubiera aplicado para manejar una situación semejante: algo había que hacer para detener esa locura. Los funcionarios elaboraron un cable urgente y ultrasecreto. Firmado por el secretario de Estado Henry Kissinger, ordenaba a los embajadores norteamericanos en Chile, Argentina y Uruguay contactarse con representantes del más alto nivel de los respectivos gobiernos para dejar en claro que Estados Unidos conocía los planes y se oponía a ellos. El lenguaje era diplomático, salpicado de reafirmaciones de que Estados Unidos compartía el objetivo de los gobiernos de derrotar el terrorismo y la subversión, pero el mensaje que los embajadores debían transmitir no daba lugar a error: sabemos lo que están planeando; no lo hagan. El cable de Kissinger insistía en que los embajadores debían actuar con urgencia y rápidamente; el primer párrafo decía: «Asesinatos planeados y dirigidos por los gobiernos dentro y fuera del territorio de los miembros del Cóndor tienen consecuencias extremadamente graves que tenemos que enfrentar con rapidez y sin rodeos».

¿Qué ocurrió después? Las semanas pasaron y ninguno de los embajadores envió la advertencia. Finalmente, Kissinger ordenó dejar sin efecto lo que había sido una instrucción de suma urgencia. Pocos días más tarde, el 21 de septiembre, una bomba a control remoto explotó debajo del asiento del conductor de un automóvil que rodeaba el Sheridan Circle, en la avenida Massachusetts de la capital estadounidense, a pocos metros de la embajada chilena. Orlando Letelier era el más destacado y eficaz oponente del general Pinochet en Estados Unidos. Había sido ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa en el gobierno de la Unidad Popular, y su embajador en Estados Unidos. Sus contactos e influencia en Washington y en las capitales de Europa, adonde viajaba con frecuencia, eran únicos. Letelier había tenido participación en dos recientes reveses para Pinochet: la legislación aprobada en el Congreso de Estados Unidos que convertía el respeto por los derechos humanos en condición para recibir ayuda de ese país, y la cancelación de importantes inversiones holandesas en Chile.

Con sus piernas cercenadas por la explosión, Letelier murió en forma casi instantánea. Una joven estadounidense, Ronni Moffitt, salió tambaleante del auto socorrida por su esposo, Michael Moffitt, que iba en el asiento trasero. Una esquirla había cercenado su arteria carótida y murió ahogada en su propia sangre antes de que llegara la ambulancia. Su esposo sobrevivió, aturdido y gritando que la DINA, la policía secreta de Pinochet, era la culpable.

La posterior investigación del FBI confirmó que Moffitt estaba en lo cierto. También descubrió pruebas documentales de que los agentes chilenos que habían llevado a cabo el asesinato utilizaron el aparato del Cóndor para obtener los pasaportes falsos y las visas para viajar clandestinamente a Estados Unidos.

¿Pinochet habría detenido el asesinato que se planeaba cometer en Washington si el embajador de Estados Unidos le hubiera informado que su país había descubierto la Operación Cóndor y sus planes de asesinatos internacionales? La pregunta mortificó a un funcionario del Departamento de Estado, Hewson Ryan, quien habló sobre lo que Estados Unidos sabía acerca del Cóndor en un testimonio privado entregado poco antes de su muerte en 1991:

Si hubo relación directa o no, lo desconozco. Desconozco si hubiéramos podido prevenir esto de haber intervenido. Pero no lo hicimos. Fuimos extremadamente reticentes a la posibilidad de tomar una fuerte y decidida postura pública al respecto, y aun una postura privada en ciertos casos, como fue el caso en el asesinato del chileno. [Énfasis agregado]

Existen otras pruebas aún más llamativas de que los organismos de inteligencia estadounidenses tenían información que podría haber sido utilizada para evitar ese acto de terrorismo en su territorio. Sabemos ahora que estuvieron en marcha no una sino por lo menos una veintena de misiones del Cóndor en Europa y Estados Unidos durante estos años. Los informes de inteligencia recientemente desclasificados muestran que, sorprendentemente, casi todas fueron detectadas previamente por la inteligencia norteamericana. Los blancos fueron chilenos, uruguayos y argentinos, tanto militantes y líderes de organizaciones políticas como activistas en las campañas de derechos humanos.i

También fueron detectadas algunas fases de la operación contra Orlando Letelier. En ese caso, el embajador estadounidense en Paraguay, George Landau, se puso en alerta cuando unos funcionarios paraguayos le pidieron visas para los pasaportes falsos de dos agentes de seguridad chilenos. Landau sospechó y alertó a la CIA en Washington. El diplomático no sabía que había descubierto un plan de asesinato en progreso, pero su acción puso en alerta a su gobierno de que los agentes de seguridad de Chile estaban planeando algo en Estados Unidos. La acción del embajador Landau (quien hizo copias de las fotos de los pasaportes, uno de los cuales era del asesino) terminó implicando a Chile, a Paraguay y al aparato del Cóndor en la muerte de Letelier, y permitió que el FBI resolviera el caso.

Es razonable presumir, por tanto, que los funcionarios estadounidenses se dieron cuenta de las posibles conexiones entre las informaciones que circulaban y el asesinato, una vez ocurrido. Hewson Ryan es de los pocos funcionarios de gobierno que reconocieron la posibilidad de que una grave falla de inteligencia derivó en la tragedia del asesinato de Letelier. Esta es una de las historias de los años del Cóndor que aquí se investiga a fondo.

La frustrada oportunidad de prevenir un acto de terror y muerte en las calles de Washington palidece detrás de la todavía más profunda tragedia en América Latina y del más profundo fracaso de Estados Unidos en ese periodo. La pregunta histórica es la siguiente: ¿cuántos de los miles de asesinatos cometidos por Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil podrían haberse evitado si Estados Unidos hubiera tomado, como sugería Hewson Ryan, «una postura pública decidida al respecto, y aun una postura privada» contra el asesinato, la tortura y las desapariciones que sus aliados estaban llevando a cabo?

Capítulo 2

REUNIÓN EN SANTIAGO

A propuesta de Chile, se iba a eliminar a gente en cualquier parte del mundo, gente que estaba haciendo daño al país, gente como Letelier.

—Agente de inteligencia que asistió a la

fundación de la Operación Cóndor

Que estas naciones enfrentan una amenaza terrorista coordinada a nivel regional es un hecho, no es ficción. [...] La manera más racional de enfrentar un enemigo coordinado a nivel regional es organizarse del mismo modo. Estados Unidos hace tiempo que urge a estos países a aumentar su cooperación en seguridad. Ahora que lo están haciendo, nuestra reacción no debería ser de oprobio.

—Ernest Siracusa, embajador de Estados Unidos en Uruguay, cable a Washington,

20 de julio de 1976

La reunión para crear el sistema Cóndor se realizó en una de las mansiones de degradada elegancia que pueblan la avenida más ancha de Santiago, la Alameda. El edificio albergaba a la Academia de Guerra, donde los oficiales en servicio adquirían capacitación avanzada en conducción y, más recientemente, en inteligencia. Ocurrió a finales de noviembre de 1975, una época agradable durante la cual los días son cálidos y brillantes en la primavera del hemisferio sur. Durante casi una semana, coroneles, mayores y capitanes de seis países se reunieron cada mañana bajo el techo arqueado de lo que podría haber sido una formal sala de banquetes. Todos eran oficiales de inteligencia, hombres cuyo trabajo era ahora derrotar lo que denominaban indistintamente subversión, terrorismo o comunismo internacional.

Las fuerzas militares que se encontraban allí reunidas dominaban las vidas de más de dos tercios de la población de América del Sur. El área geográfica bajo su imperio era apenas un poco más pequeña que la superficie continental de Estados Unidos y abarcaba la totalidad del Cono Sur de América: cuatro mil kilómetros de costa del océano Pacífico en Chile, llegando hasta el estrecho de Magallanes y el cabo de Hornos, luego hacia el este por las costas del Atlántico de Argentina y Uruguay, y hacia el norte casi seis mil quinientos kilómetros para cubrir las alturas de los Andes de Bolivia, las llanuras de Paraguay y las vastas ciudades y extensiones de la Amazonia en Brasil.

Los hombres allí reunidos veían a Estados Unidos como su líder en el escenario mundial de la Guerra Fría, pero apenas siete meses antes habían quedado perplejos cuando ese país permitió que su aliado, el gobierno militar de Vietnam del Sur, cayera derrotado en una guerra de guerrillas, una guerra de rebeldes marginales que terminaron imponiéndose a un ejército tradicional. Para los oficiales congregados, resultaba todo muy ominoso, demasiado parecido a su propia situación interna. Sus enemigos eran bandas de jóvenes izquierdistas que habían tomado las armas por la causa de la revolución, inspirados por Marx y el Che Guevara y entregados a la consigna de crear «uno, dos, tres, muchos Vietnam» en América Latina.

Para entonces la inteligencia militar sabía que los grupos más peligrosos se habían reunido en una campaña internacional que combinaba ataques armados y diplomacia, con bases en toda América Latina y redes de apoyo en Europa. Los informes secretos de inteligencia de aquellos meses muestran también su obsesión con la amenaza no violenta que los militares consideraban aún más peligrosa: los políticos que hacían lobby en Europa y en Estados Unidos contra los gobiernos militares con el estandarte de la democracia y los derechos humanos.

Bajo lo que se percibía como una «guerra final contra el marxismo», se reunieron en Chile los jefes y altos oficiales de inteligencia de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay. El general Augusto Pinochet —alzándose firmemente como el cabecilla de los jefes militares de la región— fue el anfitrión y se encargó de todos los gastos de la reunión. Se presentó allí nada menos que un plan para golpear definitivamente a estos enemigos en cualquier lugar del mundo.

Pinochet había tomado el poder dos años antes, en un feroz asalto militar que dio por tierra con el creciente impulso de cambio radical en América Latina. La experiencia chilena de revolución en democracia y su líder, el presidente Salvador Allende, murieron el mismo día, el 11 de septiembre de 1973. Con violencia y brutalidad nunca vistas en América del Sur, Pinochet diezmó a la dirigencia de izquierda más grande y mejor organizada de la región. Los días y semanas que siguieron al golpe, con arrestos masivos, campos de concentración y ejecuciones sumarias; luego se concentró en la más ardua tarea de rastrear a los grupos clandestinos de oposición. Para ello creó una fuerza de inteligencia que respondía solo ante él: la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Hacia fines de 1975, las nuevas tácticas le habían reportado una victoria casi total dentro de Chile, y tanto Pinochet como Manuel Contreras, el jefe de inteligencia, volvieron su atención hacia el extranjero.

Lo más probable es que Pinochet fuera quien se dirigió a la asamblea de jefes de inteligencia reunida esa agradable mañana del martes 26 de noviembre de 1975, durante la sesión de apertura de noventa minutos programada como «Saludos ceremoniales».¹ Luego, la «Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional» fue convocada por el jefe de la DINA, el coronel Manuel Contreras.

El relato de lo que sucedió en esa reunión secreta se basa en el testimonio de dos de los participantes y en dos documentos entregados a los asistentes. Uno de ellos es el programa de la reunión y la agenda; el otro, la resolución final, con las firmas de los cabezas de las delegaciones foráneas que se unían a la nueva organización. Otros documentos y fuentes de la CIA y el FBI proveen detalles adicionales.²

Contreras explicó del siguiente modo el fundamento de su plan:

La subversión [afirmó]... no reconoce fronteras ni países, y la infiltración penetra todos los niveles de la vida nacional.

La subversión ha desarrollado una estructura de liderazgo que es intercontinental, continental, regional y subregional. A manera de ejemplo podemos citar la Conferencia Tricontinental de La Habana, la Junta Coordinadora Revolucionaria para el Sur [JCR], etc., todo ello amenizado con toda suerte de comités de solidaridad,congresos,tribunales,encuentros, festivales, conferencias, etc.

En cambio, los países que están siendo agredidos política, económica y militarmente (desde adentro y fuera de sus fronteras) están combatiendo solos o cuando más con entendimientos bilaterales o simples «acuerdos de caballeros».

La cooperación informal del pasado ya no era suficiente para combatir esa «guerra psicopolítica», argumentó Contreras, una referencia aparente a los intentos de coordinacion anterior entre los mismos países. Hacía falta, en cambio, «una coordinación eficaz que permita un intercambio oportuno de informaciones y experiencias, además de cierto grado de conocimiento personal entre los jefes responsables de la seguridad».

Contreras esbozó su propuesta en tres fases. La primera, relativamente inocua, está descrita en detalle en los documentos: llamaba a la creación de un Centro Coordinador en Chile para reunir, intercambiar y comunicar información acerca de personas y organizaciones vinculadas con la «subversión». El centro sería «algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión».

El sistema tendría lo que por entonces era «la última tecnología comunicacional: Télex, criptografía, teléfonos con inversores de voz, y correos». En el documento final, elevado a la aprobación de los presidentes de cada país, hay una apenas velada referencia a la ansiada interacción con la CIA y el FBI:

Recomendamos la utilización de los medios de enlaces ajenos a los países del sistema, especialmente extracontinentales, para obtener antecedentes sobre la subversión [Énfasis agregado].

Contreras diría luego, públicamente, que tanto la CIA como el FBI sabían acerca de este banco de datos de inteligencia, que aportaron información y la tomaron de él.³

Las fases 2 y 3 de la nueva organización eran «operaciones», actividades tan secretas que la propia palabra aparece solo en los informes de inteligencia sobre el Cóndor de la CIA y el FBI. En el mundo de la inteligencia, la distinción entre información y operaciones separa a los hombres de los muchachos. Las operaciones implican planificación y ejecución de acciones que avanzan directamente sobre el objetivo militar o político que el organismo intenta alcanzar. A veces, las acciones están diseñadas para reunir inteligencia y proveer al brazo del organismo que se ocupa de la obtención y análisis de información, pero la mayoría de las veces las operaciones están formuladas para atacar, incapacitar o impedir de algún modo la posibilidad de acción del enemigo. Estas incluyen diseminación de propaganda (propaganda «negra», es decir, el uso de mentiras, también conocida como «desinformación», para desacreditar o confundir al enemigo), seguimiento y localización de objetivos enemigos, y misiones encubiertas para capturarlos y retenerlos.

El pináculo de las operaciones de inteligencia es el asesinato, a veces llamado en el ambiente como «trabajo húmedo». En el lenguaje de la seguridad de mediados de los años setenta, «operaciones» era la palabra utilizada para secuestros, interrogatorios bajo tortura y asesinatos.

Las operaciones de la Fase 2 se limitaban a acciones contra objetivos dentro de los seis países miembros. La propuesta del coronel Contreras respondía a una necesidad obvia: los activistas de todas las líneas políticas se movían de país en país a medida que se imponían los golpes militares; muchos eran refugiados bajo protección oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Decenas de miles de refugiados habían llegado a Argentina, el único país que aún tenía un gobierno democrático. Mientras no quebrantaran las leyes de la nación donde habían buscado refugio, los exiliados eran protegidos por la norma jurídica internacional, al menos en teoría. El plan de Contreras —crear un mecanismo para que los servicios de inteligencia pudieran conducir operaciones en cualquiera de estos países— restó todo sentido a esa protección.

El modelo para la Fase 2 era la exitosa operación conjunta que acababa de completarse entre Chile, Argentina y Paraguay en los meses anteriores a la reunión de noviembre. Paraguay había capturado a dos izquierdistas, un chileno y un argentino, que habían llegado desde Argentina; era su primera parada en una misión que los iba a llevar por varios países latinoamericanos para reclutar grupos de izquierda para la nueva Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR). Agentes chilenos y argentinos llegaron a Asunción para interrogar a los dos hombres. Después de tres meses de interrogatorios compartidos, Paraguay autorizó a Chile a transportar al prisionero chileno a un centro clandestino de interrogación en Chile; allí fue retenido otros cuatro meses y luego desapareció; el FBI compartió y distribuyó la información procedente de estos arrestos en Paraguay, sabiendo que esta había sido obtenida bajo tortura. La operación es uno de los varios ejemplos documentados de colaboración directa de Estados Unidos en acciones de la fuerza conjunta de seguridad.

El nuevo sistema formalizaría y mejoraría dicha colaboración, que ya habia empezado a funcionar con la participacion de varios países. Los servicios de inteligencia podrían intercambiar información que les permitiría a todos mantener el rastro de los movimientos de sus objetivos en otro país. Uno o los dos países se harían cargo de la persecución y la captura; todos los interesados participarían en el interrogatorio. Los informes surgidos en estos interrogatorios se compartirían y, a pedido, un izquierdista capturado sería transportado a su país de origen para seguir el interrogatorio y finalmente ser ejecutado.

La tortura era parte inevitable e integral del proceso de interrogatorio en todos los países. Bajo este sistema, los prisioneros en países vecinos podrían ser interrogados simultáneamente gracias a rápidos intercambios de preguntas y datos entre los interrogadores. Los documentos capturados en las redadas debían ser copiados e intercambiados para el análisis de los países respectivos.

En cuanto a la tercera fase, lo que Contreras tenía en mente sorprendió incluso a algunos de los curtidos veteranos de inteligencia que conformaban este grupo. Las operaciones de la Fase 3 incluían seguimientos y asesinatos fuera de América Latina. El coronel José Fons, jefe de la delegación de Uruguay, recordaba la reunión en una entrevista concedida veintiséis años más tarde:

A propuesta de Chile, se iba a eliminar a gente en cualquier parte del mundo, gente que estaba haciendo daño al país, gente como Letelier. Hacer eso requería mucha preparación; fue una operación bien hecha. Chile tenía los medios y la decisión de operar. Repito: los medios y la decisión de operar.⁴

Sin embargo, la decisión para entrar en la Fase 3 se dejó para una segunda reunión. Los cinco jefes de inteligenciai respaldaron la propuesta de Chile y firmaron el documento final, fechado el 28 de noviembre. Una delegación de Brasil asistió como observadora, pero no se unió formalmente a la alianza sino en 1976. Tras consultar con sus respectivos gobiernos, todos debían ratificar el acuerdo dentro de sesenta días.

La nueva entidad necesitaba un nombre. Un coronel de la fuerza aérea uruguaya, el segundo en jerarquía de la delegación, hizo una sugerencia que fue incorporada en el documento final.

El presente organismo se denominará CÓNDOR, aprobado por unanimidad, conforme a la moción presentada por la delegación de Uruguay en homenaje al país sede.⁵

El asesinato de Letelier no ocurriría sino hasta dentro de diez meses, pero ocupaba el primer lugar en la mente del coronel Fons cuando este volvió a pensar en la reunión del Cóndor. Letelier, sindicado como un demócrata peligroso antes que un terrorista violento, un hombre que trabajaba contra Pinochet no en secreto sino en los corredores públicos del poder en Estados Unidos y en Europa, era la víctima más emblemática. Su asesinato se convertiría en el acto más notorio en el que se involucró la alianza forjada en la reunión de noviembre de 1975. El oficial uruguayo que describió la asamblea pudo haber elegido de una sorprendente lista de ejemplos similares, previos o posteriores a la reunión, de ataques contra enemigos de todos los países representados, incluyendo el suyo. Todos se ajustaban a los parámetros internacionales establecidos en la propuesta de Chile para las operaciones de las fases 2 y 3: los objetivos eran enemigos violentos y no violentos que residían fuera de sus países en el momento de ser atacados.

El alto perfil de ciertas víctimas del Cóndor queda demostrado en las figuras de un expresidente, un jefe militar disidente y líderes políticos moderados con impecables credenciales democráticas. Algunas de las víctimas, de haber vivido, habrían estado a la cabeza de las listas de potenciales mandatarios cuando sus países volvieran a la democracia. Pero también se daban muchos casos de perfil más bajo: de los argentinos, uruguayos, chilenos, paraguayos y bolivianos secuestrados fuera de sus propios países en el periodo 1974-1980; algunos eran marxistas revolucionarios que planeaban abiertamente una guerra de guerrillas, otros solo trataban de vivir en paz.

Todos coinciden con el patrón de «operaciones» de las fases 2 y 3 discutido en la reunión de Santiago sobre inteligencia interamericana. Aunque algunas de las muertes llevadas a cabo por los servicios de inteligencia ocurrieron antes de la reunión, las operaciones del Cóndor, tanto de la Fase 2 como de la Fase 3, alcanzaron su punto más álgido en el periodo posterior al golpe militar en Argentina, en marzo de 1976.

Un último caso debe destacarse. A fines de julio de 1976, un agente de la CIA en Montevideo supo que un oficial uruguayo había estado hablando en una fiesta de matar al congresista estadounidense Edward Koch. El congresista había enojado al gobierno militar al presentar una reforma que suspendería la ayuda militar estadounidense a Uruguay. El director de la CIA, George Bush, llamó personalmente al diputado Koch para advertirle que habían puesto precio a su cabeza. El golpe no sería ejecutado por Uruguay sino por la DINA chilena, un detalle que delata el modus operandi de la Fase 3.

Las implicaciones eran ineludibles: con el tiempo los agentes de inteligencia norteamericanos tenían conocimiento de algunos de los planes de asesinato de la nueva organización. Vemos en adelante el cómo y cuándo la CIA y luego el FBI se informaron de Operación Cóndor. Como será evidente en el curso de este libro, aún más información acerca de la misión que resultó en el asesinato de Letelier estuvo en manos de esos agentes. Examinaremos en detalle las acciones y omisiones por las cuales no se evitó tal acto de terrorismo internacional en el corazón de la capital de Estados Unidos.

Los documentos escritos en la reunión de Santiago se referían al Sistema Cóndor o la Organización Cóndor. Documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno hacen referencia al Plan Cóndor, o simplemente al «Plan de Informaciones en el Exterior». Mantuvieron la fachada, aun en los documentos secretos, de que se trataba simplemente de un banco de datos, un intercambio de información y un sistema de comunicación. Pero los informes de inteligencia estadounidenses se referían casi siempre a la «Operación Cóndor», capturando más precisamente la naturaleza agresiva y activista de la organización.

La reunión de Santiago y la creación de la Operación Cóndor constituyen un acontecimiento central en uno de los periodos más oscuros de la historia de América Latina, desde 1973 hasta 1980, cuando países que se habían destacado por sus virtudes democráticas y civilizadas se sumergieron en el terrorismo, la guerra clandestina y los sistemas represivos como nunca los habían vivido. Los años del Cóndor acabaron con más de un siglo de imperio de la ley y democracia virtualmente ininterrumpida en Chile y Uruguay. Argentina y Brasil habían sido más irregulares, entrando y saliendo de gobiernos autoritarios, pero ambas eran sociedades modernas con economías importantes. A Argentina se la consideraba el país más europeizado de América Latina, y su elegante capital, Buenos Aires, era comparada con París por su arquitectura y sus amplias avenidas; esa misma Argentina sofisticada que tendía a considerar a sus vecinos como menos cultos, menos europeos, durante los años del Cóndor acumuló un saldo de asesinatos masivos que llegó a más de diez mil personas.

Hasta fines de los años sesenta y setenta, «revolución» normalmente connotaba la imposición militar de un gobernante para reemplazar a otro. Los opositores eran arrestados y maltratados, torturados y a veces asesinados. No se trata de minimizar la gravedad de los crímenes de épocas anteriores, pero las prácticas de los años del Cóndor se diferencian en varios órdenes de magnitud, en tanto los arrestos masivos, los centros clandestinos de detención, los campos de concentración y el uso de métodos de exterminio y cremación solo son comparables con las peores prácticas del régimen nazi.

La Operación Cóndor en sí misma fue responsable de una relativamente pequeña proporción del total de muertes y violencia, pero representa la peor y última desviación del estado de derecho y la sociedad civilizada. En efecto, las más altas autoridades de varios países acordaron cooperar en el emprendimiento del terrorismo de Estado; esto es, no solo no protegieron los derechos humanos de sus propios ciudadanos, sino que conspiraron para violar las normas internacionales de recaudo: el derecho de asilo, la protección a los refugiados, el habeas corpus y los cuidadosamente elaborados procedimientos de extradición de quienes enfrentan cargos por crímenes cometidos en un país y son arrestados en otro.

Como un tratado secreto, el Cóndor elevó los crímenes contra los derechos humanos al más alto nivel de política de Estado, bajo el control directo de mandatarios y ministros. Y su existencia como instrumento oficial de seis naciones impide que estos regímenes expliquen sus crímenes contra los derechos humanos como actos aislados de funcionarios alterados o agentes corruptos.

La historia de los años del Cóndor estaría incompleta, sin embargo, si se la contara solo como una letanía de violaciones a los derechos humanos. Requiere también una reseña objetiva y realista del marxismo revolucionario. Vistos ahora, los movimientos que agitaron la retórica incendiaria y las armas reales contra gobiernos que denunciaban como burgueses y corruptos pueden parecer predestinados a la derrota, pero en esa época no resultaba así de claro. Tanto la derecha (desde el anticomunismo radical de los partidos de derecha tradicionales, basados en la propiedad de la tierra y los negocios, hasta los movimientos moderadamente liberales cuyas prioridades eran la democracia y la reforma social) como la izquierda (movimientos populares como el peronismo, las diversas tendencias comunistas, socialdemócratas y socialistas) se tomaron muy en serio el desafío que representaba la «extrema» izquierda. Los revolucionarios, inspirados en el ejemplo de Cuba y de Ernesto «Che» Guevara, estaban convencidos de que iban ganando —durante un tiempo— y de que sus «focos» de guerrilla clandestina serían los catalizadores de levantamientos nacionales, y quizá hasta uno continental, en nombre del socialismo.

En Uruguay, el Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros contaba en algún momento con cinco mil miembros organizados en células urbanas y se había ganado una reputación de alcance mundial al ser descritos como un conjunto de románticos revolucionarios al modo de Robin Hood. El propio Che Guevara parecía seguir vivo aun después de ser capturado y ejecutado por soldados bolivianos con apoyo de agentes de la CIA. Argentina tenía varios grupos radicales surgidos de la izquierda tradicional y del movimiento peronista. Para 1974, el agrupamiento peronista Montoneros había asesinado a un expresidente, el general Pedro Eugenio Aramburu, y los secuestros de empresarios con millonarios rescates en dólares eran habituales.

En Chile, el radicalismo de izquierda se encontraba mayormente en el nivel de una retórica recalentada. La violencia solía limitarse a arrojar piedras contra los grupos juveniles de derecha. Con todo, el primer año del gobierno de Allende un grupo extremista, la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), asesinó a un exministro de gobierno, Edmundo Pérez Zujovic.

Paraguay era una eterna caldera conspirativa. El marxismo jugaba un pequeño papel en la conspiración contra la dictadura de Alfredo Stroessner, cuyo Partido Colorado había estado en el poder durante veinte años. Los jóvenes paraguayos que estudiaban en la vecina Argentina, sin embargo, se estaban uniendo a los grupos marxistas revolucionarios, y un bien organizado pero fallido intento para matar a Stroessner con un coche bomba se produjo en 1974.

Era una época de gran violencia y de gran idealismo; los grupos más radicales de izquierda y de derecha rechazaban la democracia como solución a los problemas más acuciantes de la sociedad. Por entonces Estados Unidos exhibía una actitud profundamente contradictoria con su tradición histórica y sus valores más profundos. Absorbido por la competencia geopolítica con la Unión Soviética, EE.UU. ya no podia ser considerado un aliado de la fuerzas comprometidas con la democrácia.

En 1970, y hasta que asumiera el presidente Jimmy Carter en 1977, Estados Unidos había cambiado de bando. En Chile, la democracia había llevado al poder a un marxista, Allende, que proclamaba que crearía una única y pacífica «vía chilena al socialismo», un resultado inaceptable para Estados Unidos. Bajo el liderazgo de Henry Kissinger, primero como consejero de seguridad nacional de Richard Nixon y luego como secretario de Estado, ese país envió a las fuerzas de extrema derecha una señal inequívoca de que la democracia podía ser sacrificada en la causa de la lucha ideológica. Tácticas operacionales criminales, incluyendo el asesinato, no solo eran aceptables, sino que serían apoyadas con armas y dinero.

Un memo interno de la CIA lo planteó en términos descarnados:

El 16 de septiembre de 1970, el director [de la CIA] [Richard] Helms informó a un grupo de agentes que el 15 de septiembre el presidente Nixon había decidido que un régimen de Allende no era aceptable para Estados Unidos. El presidente le pidió a la agencia que evitara la llegada de Allende al poder o lo depusiera, y autorizaba hasta diez millones de dólares para este propósito. [...] Se estableció una fuerza especial para llevar a cabo su orden, y el 18 de septiembre de 1970 se discutieron planes preliminares con el doctor Kissinger.⁶

A los extremistas de las fuerzas militares, como Manuel Contreras y otros que luego fueron ubicados en cargos de las fuerzas de seguridad, Kissinger y la CIA les enviaron un mensaje todavía más peligroso que tendría su eco en las operaciones del Cóndor. La CIA coincidía con y apoyaba los planes elaborados por conspiradores militares para secuestrar al más alto comandante de las Fuerzas Armadas chilenas, acción considerada «un paso esencial en cualquier plan de golpe». El oficial, el general René Schneider, fue herido de muerte durante la operación. El crimen de Schneider, según la CIA, era su excesiva devoción por la democracia: «Schneider era un fuerte defensor de la Constitución chilena y un obstáculo importante para los militares que buscaban llevar a cabo un golpe que evitara la asunción de Allende».⁷

De acuerdo con documentos desclasificados, a las dos de la mañana del día del secuestro la CIA suministró tres ametralladoras a uno de los grupos complotados. No obstante, insistió siempre en que las armas no fueron usadas y que un grupo diferente mató a Schneider. Al segundo grupo también le había prometido armas y dinero, que no llegaron a entregarse según la CIA. Sin embargo, la diferencia entre los dos grupos parece insustancial, ya que la agencia estadounidense nunca abandonó la idea de secuestrar al jefe militar y estaba suministrando apoyo a los complotados el mismo día en que ello sucedió.

Estados Unidos dio así su respaldo operativo a actos de terrorismo como apoyo a la causa del anticomunismo. Estaba bien deponer a un líder moderado que se había convertido en un «obstáculo» para la eliminación de lo que se consideraba una amenaza comunista. Ese mensaje solo podía verse reforzado cuando la CIA envió, unas semanas más tarde, 35 mil dólares a uno de los secuestradores que había logrado escapar. El argumento: «para mantener el contacto en secreto, la buena voluntad del grupo, y por razones humanitarias».⁸

El mensaje de Estados Unidos sobre las tácticas operativas aceptables fue recibido directamente por algunos de quienes más tarde las utilizaron en los años del Cóndor. Entre los miembros del grupo que conspiró para secuestrar a Schneider estaba el exestudiante de la Escuela Naval Enrique Arancibia Clavel. En 1974, Arancibia sería el vínculo operativo de la DINA con la inteligencia argentina y organizó el asesinato de otro comandante que se había convertido en un obstáculo, el general Carlos Prats González, antecesor de Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile.

En mis entrevistas con oficiales de los países del Cóndor aparecía una y otra vez la misma frase: «Estados Unidos era nuestro líder».

En la actualidad, los países del Cono Sur siguen lidiando con los sucesos de esos años. Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia han disfrutado de al menos varias décadas libres del mandato militar, pero el gobierno constitucional y el imperio de la ley están, sin excepción, bajo la sombra de los crímenes militares del pasado, la sombra de la impunidad.

Hasta años recientes, los responsables de miles de ejecuciones y desapariciones, del uso sistemático de la tortura que afectó a otras decenas de miles, y de los asesinatos internacionales que constituyeron el núcleo del sistema Cóndor, han podido evadir la justicia. Los gobiernos civiles entrantes aceptaron leyes de amnistía como precio por el retiro de los militares del poder, y esas leyes —que protegen o protegían a los militares de ser acusados o hasta cuestionados— se han utilizado para impedir hasta la más leve investigación judicial de los crímenes. Ningún funcionario de ningún país, ningún jefe militar, juez ni jefe de gobierno ha tenido la autoridad suficiente para exigir que los responsables digan lo que saben acerca de los crímenes contra los derechos humanos del pasado.

Como consecuencia, la primera y la más grave víctima de la violación a los derechos humanos ha sido la verdad. En ausencia de investigaciones oficiales creíbles, a cargo de autoridades competentes respaldadas por la legitimidad democrática, el registro histórico de esos años ha sido un asunto de preferencia política. Las familias de las víctimas y sus aliados entre las organizaciones políticas y de derechos humanos hicieron lo que pudieron para investigar sobre la base de los testimonios de los afectados, pero sus conclusiones están sujetas a la fácil negación de los acusados y de quienes están en el otro lado de la vertiente política. Las llamadas «comisiones de la verdad» han llevado a cabo admirables investigaciones para aclarar el estatus legal de miles de desaparecidos, pero en muchos casos se les impidió dar los nombres de los responsables.

Oficiales que alguna vez fueron señores de la tortura y de los campos de exterminio han ascendido de rango o pasado a retiro, según los requerimientos de edad y de carrera, con honores y los beneficios completos de su rango. Pinochet fue alabado en el extranjero como un líder fuerte, responsable del «modelo Pinochet» que llevó orden y prosperidad económica a su país. Entre sus fanaticos: el presidente autoritario de Rusia, Vladimir Putin. Alevosos acuerdos internacionales ilegales como la Operación Cóndor han sido tapados por el secreto y la negación oficial.

El limbo legal e histórico en el que fueron sumergidos los años del Cóndor también afectó a Estados Unidos, que, tras ganar la Guerra Fría y contemplar la capitulación pacífica de su rival soviético, se otorgó a sí mismo una especie de amnistía de facto aún más amplia que la que disfrutaban sus aliados latinoamericanos: ninguna «comisión de la verdad» ni algún otro tipo de investigación oficial se estableció para indagar el daño colateral humano de las muchas guerras que apoyaba el gobierno de Estados Unidos en América Latina y en otros lugares.

Sin embargo, a pesar de la montaña de obstáculos legales, la búsqueda de justicia nunca cesó. Por más de dos décadas, investigadores, periodistas, activistas políticos, defensores de los derechos humanos y unos pocos jueces indomables han trabajado sin descanso para reunir los hechos en cuanto la información estuvo disponible, y para aprovechar las oportunidades de avance judicial a medida que aparecían. Los éxitos en esta búsqueda de justicia estaban siendo escasos. Y entonces, en octubre de 1998, repentinamente todo cambió. Las circunstancias, el trabajo arduo y la suerte conspiraron para poner a un dictador bajo arresto en Londres.

Capítulo 3

CONTRA LOS MOLINOS DE VIENTO

Este tribunal advierte sobre el futuro, digo y repito una vez más, advierte sobre el futuro a los dictadores y los tiranos que se disfrazan de Estado, que si [...] degradan la santidad del hombre en sus propios países, actúan arriesgadamente, pues afrontan la ley internacional de la humanidad.

—Sir Hartley Shawcross, principal

fiscal inglés en Nüremberg, 1945

La impunidad de Pinochet nunca ha estado lejos de la mente de Joan Garcés. Desde el 11 de septiembre de 1973, cuando, siendo un joven asesor con ideales socialistas, fue forzado a evacuar el palacio de La Moneda antes de los ataques aéreos que lo envolvieron en llamas. Esa idea ha sido la pasión de este hombre tranquilo.

Ese 11 de septiembre truncó el sueño de muchos que, como Garcés, anhelaban construir una sociedad más justa mediante el advenimiento del socialismo en democracia, no a través de una revolución violenta. Garcés había llegado de España pocos años antes para escribir sobre la política chilena para su tesis de doctorado en La Sorbona. Terminó quedándose en Chile y, con solo veintiséis años, llegó a ser uno de los más cercanos confidentes políticos de Salvador Allende. Ese último día, Allende le ordenó abandonar el sitiado palacio presidencial porque, le dijo, «alguien tiene que contar lo que ocurrió aquí y solo tú puedes hacerlo».

«Fui testigo de una gran esperanza colectiva y nacional, expresada de manera democráticamente impecable. Y también fui testigo de la tragedia humana y social en la que tres años después Chile se vio sumergido. Mis mejores amigos entregaron la vida defendiendo su compromiso con la libertad y la dignidad de su pueblo. Eso no se olvida», dice, al recordar su experiencia.¹

Tras el golpe militar, Garcés volvió a España para seguir su carrera de leyes, escribir y enseñar. Publicó un libro acerca de la fallida pero noble experiencia de la «vía chilena al socialismo», uno de los primeros relatos desde adentro del caótico manejo político de los tres años de Allende en el poder. Garcés se proponía demostrar que Allende estaba comprometido con el respeto a la ley y a la Constitución.

Democracia intachable. Estado de derecho. Dedicación al servicio de los pobres, como en ningún otro país antes o después. Aquellos eran los valores que Garcés se llevó de Chile. Sin embargo, la región comenzó a hundirse en un pantano de dictaduras, poder militar arbitrario y violaciones de los derechos individuales, con los que los jefes militares como Pinochet parecían estar a sus anchas. Los años pasaron y finalmente los gobiernos militares debieron rendirse al dominio de la Constitución, pero, a pesar de sus ímpetus democráticos, los nuevos líderes políticos eligieron no juzgar los crímenes del pasado. El precio de la paz con una todavía poderosa fuerza militar fue la protección para aquellos que habían cometido crímenes inenarrables. La impunidad, aceptada por los gobiernos democráticos, fue la norma en Chile y en el resto de los países del Cóndor.

Junto con su exitosa práctica como abogado comercial en Madrid, Garcés se convirtió en uno de los más respetados pioneros en el campo emergente de la legislación sobre derechos humanos. Un día, en la primavera boreal de 1996, leyendo el periódico en el puente aéreo Barcelona-Madrid después de una reunión de negocios, Garcés reparó en un breve artículo que volvería a situar a Chile, y la persecución de Pinochet, en el centro de su vida. Un juzgado criminal de Madrid había iniciado el procesamiento de los antiguos miembros de la Junta Militar de Argentina por crímenes cometidos dos décadas antes.

«Como se podrá imaginar, en cuestión de segundos hice la extrapolación», afirma Garcés, quien apenas aterrizó en Madrid se dedicó a averiguar acerca del caso. Este había comenzado con una pregunta hipotética, discutida por un grupo de fiscales hispanos reunidos en la Asociación de Fiscales Progresistas: si Argentina no podía procesar a sus generales por crímenes contra los derechos humanos, ¿tendría España jurisdicción para hacerlo? Los fiscales concluyeron que la ley española, combinada con antecedentes del derecho internacional que se remitían a los juicios a los nazis en Nüremberg, permitía llevar esos cargos a España en la medida en que se tratara de crímenes internacionales como el genocidio, la tortura o el terrorismo.

Los fiscales resolvieron probar la teoría llevando un caso a la corte, sin actuar como fiscales sino en carácter privado, como lo permite la ley española. El 28 de marzo de 1996, a pocos días del vigésimo aniversario del golpe que llevó a los militares argentinos al poder, el secretario general de la asociación, Carlos Castresana, redactó y presentó una denuncia acusando a los miembros de la junta argentina de genocidio y terrorismo contra diez víctimas de nacionalidad española. El caso había sido asignado a un juzgado especial de Madrid, la Audiencia Nacional, y al juez de instrucción Baltasar Garzón. Garzón tenía buena relación con la prensa y se había ganado una reputación de luchador implacable contra los traficantes de drogas y los abusos policiales sobre los separatistas vascos de ETA, un grupo que solía utilizar tácticas terroristas.

Garcés fue a hablar con Castresana. «Mire usted, le dije, en base de las mismas fundamentaciones jurídicas de competencia española hay otros delitos en el país de al lado que también podían ser investigados.» Castresana mostró interés. Manifestó que consideraba a Pinochet en la misma categoria que los generales argentinos. Garcés se ofreció a brindarle material. Tenía en su poder el informe recién publicado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como «Informe Rettig», que contenía la más completa investigación oficial acerca de la situación de los derechos humanos durante la dictadura militar chilena, y que se había elaborado durante el primer año del retorno a la democracia, en 1990.

Usando los datos provistos por el informe, la Asociación de Fiscales Progresistas —representada esta vez por su presidente, Miguel Miravet— presentó una segunda acusación formal, el 4 de julio, mencionando a Pinochet y los demás miembros de la Junta Militar chilena como presuntos autores de crímenes contra la humanidad en Chile, incluyendo torturas, secuestros y desapariciones.² Se aludía a siete víctimas, todos ciudadanos españoles o de descendencia española.

En una presentación personal separada, meticulosamente detallada, Garcés vinculó los casos de Argentina y Chile de un modo que luego se demostró fundamental. Acusaba a los líderes de ambos países de haber cometido juntos crímenes contra los derechos humanos, como participantes de una conspiración internacional y criminal. Se refería a Operación Cóndor, poco conocida en 1996.

Garcés escribió:

Las personas citadas en el hecho que precede se concertaron con las de igual rango en la Junta Militar de Argentina para coordinar y multiplicar la amplitud de las acciones de idénticos delitos de terrorismo, asesinatos, detenciones ilegales, torturas, secuestros de menores y desapariciones. [...] La concertación para delinquir siguió un patrón común, utilizando los aquí querellados para cometer sus crímenes a funcionarios públicos bajo su mando (jerárquicamente subordinados, organizados, obedientes y no deliberantes), cuyas actividades terroristas eran financiadas desde los Presupuestos del Estado, y entre cuyas víctimas figuran españoles y, también, decenas de miles de ciudadanos de diferentes países, asesinados, secuestrados o «detenidos-desaparecidos» en acciones cometidas en una pluralidad de Estados de América y Europa. La concertación para delinquir entre los aquí querellados y los integrantes de la Junta Militar de Argentina (Juzgado Central N 5, 108/1996) recibió el nombre de OPERACIÓN CÓNDOR.³

Como prueba, Garcés citaba el único documento válido conocido hasta entonces, un cable del FBI que aparece en el libro que Saul Landau y yo publicamos en 1980 sobre el asesinato de Orlando Letelier. El cable era un informe de inteligencia escrito por el hombre del FBI en Argentina, Robert Scherrer, una semana después del atentado:

«Operación Cóndor» es el nombre en código de la recopilación, intercambio y almacenamiento de datos de inteligencia [militar] sobre personas [calificadas de adversarios políticos], recientemente establecida entre los servicios que a ella cooperan con el fin de eliminar a [sus adversarios políticos] en estos países. Además, la Operación Cóndor lleva a cabo operaciones conjuntas contra sus blancos en los países miembros [...]. Chile es el centro de la Operación Cóndor, que incluye también a Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Brasil también ha aceptado en principio aportar información a la Operación Cóndor.

Una tercera y más secreta fase de la Operación Cóndor consiste en formar equipos especiales de los países miembros para que viajen por todo el mundo, por países no miembros de aquella, para llevar a la práctica las sanciones, [que incluyen] asesinatos, contra [adversarios políticos] de los países miembros de la Operación Cóndor. Un ejemplo, si un [adversario político] o un apoyo de la [organización política adversa] es localizado en Europa, un equipo especial de la Operación Cóndor es enviado a localizar y vigilar el blanco. Cuando ha culminado la localización y vigilancia, un segundo equipo de Operación Cóndor es enviado a llevar a cabo la sanción efectiva contra el blanco. En teoría, un país proveería de documentación falsa al equipo de asesinos, formado por personas de un país distinto. El asesinato de Letelier puede haber sido obra de una tercera fase de Operación Cóndor.⁴

Ambas presentaciones contenían el argumento de la impunidad: en Chile no había habido «ni una sola investigación judicial» contra los jefes militares a pesar de los esfuerzos de los familiares de las víctimas por llevar esos cargos a los tribunales nacionales.⁵ Por el contrario, en 1978 los militares habían decretado una autoamnistía para prevenir acciones judiciales. Hacia fines de julio de 1996, las salas Quinta y Sexta de la Audiencia Nacional de España habían ratificado la legitimidad de los casos criminales, permitiendo a los jueces de instrucción examinar las pruebas para el procesamiento formal de los oficiales acusados de Chile y Argentina.⁶ La iniciativa no tenía precedentes. Ni los crímenes ni los supuestos criminales ni las víctimas se encontraban en territorio español en el momento de los acontecimientos. Sin embargo, una vez despejadas todas las cuestiones legales, la decisión judicial de aceptar los casos se basaba en un sencillo principio de derecho internacional: que los crímenes verdaderamente aberrantes, los que alcanzan el nivel de crímenes contra la humanidad, como aquellos grabados para siempre en la conciencia humana por las atrocidades nazis de la Segunda Guerra Mundial, son cuestiones de jurisdicción internacional. En otras palabras, si el Estado en donde se cometieron no es capaz o no tiene la voluntad de llevar esos crímenes y criminales ante la justicia, cualquier otro Estado está habilitado para hacerlo.

Se trata de un principio mantenido en desuso durante las tensas décadas de la Guerra Fría, en las cuales el anticomunismo ocupó el lugar de la lucha contra el nazismo alemán. Pero en España, ese verano de 1996, unos pocos abogados con suficiente determinación, junto a varios jueces arriesgados, lo revivieron y fortalecieron.⁷

Las acciones de Garcés y los jueces españoles pasaron casi inadvertidas para la prensa internacional durante esos meses. Pero las presentaciones pusieron en marcha procedimientos que estaban destinados a cambiar el curso de la legislación sobre derechos humanos. Además, las investigaciones judiciales resultantes condujeron directa e indirectamente a la divulgación de una gran cantidad de documentación nueva sobre las actividades de los organismos secretos de seguridad y sus aliados en los seis países del Cóndor.

Pocos meses después de presentar el caso, Garcés voló a Washington y llamó a su viejo amigo Saul Landau, quien pertenecía al Instituto de Estudios Políticos, un think tank de moderada orientación de izquierda con un papel protagónico en la batalla contra Pinochet. Fundado por dos exfuncionarios de la Casa Blanca del ala más idealista de la presidencia de John F. Kennedy, el instituto estuvo en primera fila en la batalla política e intelectual de los años sesenta contra la guerra de Vietnam. En la década siguiente fue evolucionando hasta convertirse en un centro de oposición a las alianzas del gobierno estadounidense con dictaduras latinoamericanas como la de Pinochet.

Por invitación de Landau, Orlando Letelier había llegado al instituto poco después de su liberación de un campo chileno de prisioneros a fines de 1974, y lo utilizaba como base de operaciones para sus actividades de lobby ante líderes políticos de Estados Unidos y Europa. Letelier se dirigía a su trabajo en las oficinas del instituto en Dupont Circle el día que fue asesinado. Luego su viuda, Isabel Margarita Morel, siguió sus pasos como miembro del instituto, y con Landau montó una incansable campaña para impulsar la investigación en Estados Unidos del asesinato de su marido.

En Washington, Garcés le pidió a Landau que organizara un encuentro donde se reunieran las personas que más sabían del caso Letelier y de la Operación Cóndor. Quería sumar el apoyo de los fiscales y de los agentes del FBI, ahora retirados, a cargo de las indagaciones en torno al asesinato del político chileno. Esa investigación había generado un enorme cuerpo de información sobre las actividades de los militares pinochetistas, y fue la que condujo a la denuncia pública de la Operación Cóndor. Y lo más importante: los archivos secretos llevados por los principales organismos norteamericanos —el Departamento de Justicia y el FBI, la CIA y el Departamento de Estado— contenían el registro sin duda más completo de las actividades internas del gobierno de Pinochet y sus relaciones con Estados Unidos.

Asimismo, la investigación del caso Letelier del Departamento de Justicia había conducido al único procesamiento internacional exitoso en relación con los crímenes cometidos por la dictadura chilena. Pero se trató de un éxito limitado: la condena y encarcelación de dos exiliados cubanos que habían asistido a los agentes chilenos en el asesinato. El coronel Manuel Contreras y otros oficiales de la DINA fueron acusados, pero Chile se negó a extraditarlos. En 1990, Pinochet concluyó sus diecisiete años de dictadura, aunque siguió siendo comandante en jefe del Ejército. Por primera vez, los tribunales chilenos iniciaron una investigación independiente del asesinato de Letelier y, en 1995, el jefe de la DINA, Contreras, y su asistente, el coronel Pedro Espinoza, resultaron condenados. Ambos cumplían su sentencia en prisiones militares especiales cuando Garcés llegó a Washington.

El ex fiscal adjunto E. Lawrence Barcella, uno de los dos fiscales principales en el caso, facilitó la reunión en sus oficinas de la avenida Pennsylvania, a solo tres cuadras de la Casa Blanca. Carter Cornick, agente del FBI e investigador principal en el caso Letelier, también asistió, junto conmigo y con Saul Landau, ya que habíamos investigado el rol de la Operación Cóndor en el asesinato de Letelier. Garcés presentó su plan y la situación actual a partir de la acusación en España. El objetivo, dijo, era lograr una acusación formal de la corte española y conseguir una orden de arresto que tendría el efecto de evitar que Pinochet viajara libremente por el extranjero. Y actos de justicia tan importantes como cualquier posible castigo a los culpables serían encontrar la verdad y documentarla en una corte internacional creíble, y enviar un mensaje acerca del fin de la impunidad a los exgobernantes autoritarios.

Esgrimiendo las disposiciones del Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT, por su sigla en inglés), un acuerdo firmado por España y Estados Unidos, el juez español Manuel García-Castellón había presentado una extensa y audaz solicitud —o «cartas rogatorias»— de acceso a los secretos estadounidenses sobre Chile y Pinochet, ambas cuestiones de una urticante sensibilidad histórica. Garcés sabía que la petición de cooperación languidecería sin pena ni gloria a menos que pudiera neutralizar la prevista oposición de aquellos en el gobierno de Estados Unidos que pensaban que era mejor enterrar en la oscuridad los embarazosos secretos acerca del apoyo de su país a Pinochet. Las cartas rogatorias pedían ver todos los documentos en los archivos de Estados Unidos sobre Pinochet, su policía secreta y la Operación Cóndor; en especial los archivos operativos de la CIA, que nunca habían sido abiertos.⁸ La CIA sabía que atesoraba valiosa información de su relación con la DINA, pero nadie contaba con la posibilidad de consultar libremente una información potencialmente tan comprometedora.

La conclusión evidente era que Garcés necesitaba que el gobierno norteamericano enviara una señal, en lo posible desde la mismísima oficina del Presidente, de que Estados Unidos veía la investigación al menos con amistosa neutralidad. Aunque escépticos, Barcella y Cornick prometieron su ayuda.

La respuesta de Estados Unidos al pedido de cooperación avanzó a ritmo de caracol. Ningún documento que no hubiera estado disponible anteriormente fue provisto a España. No se desclasificaron nuevos documentos, y la idea de la ayuda de la CIA apenas alcanzó el nivel de hipotética posibilidad. No obstante, en el hipersensitivo mundo del derecho internacional y la diplomacia, se enviaron y recibieron señales. No se hizo ni se dijo nada para desincentivar el quijotesco caso español: esta abstención del desánimo era una señal positiva en sí misma.

Pero, mientras la solicitud del MLAT descansara en el Departamento de Justicia, la posición ante la petición de desclasificación sería un simple «no»: no se desclasificaba nada por solicitud judicial, en tanto establecería un peligroso antecedente y un número indeterminado de investigaciones en otros países acerca de qué información podrían contener los archivos estadounidenses.⁹ Tras un poco de presión del congresista John Conyers, un funcionario del Departamento de Justicia prometió públicamente que Estados Unidos cooperaría «tanto como lo permitiera la ley».¹⁰ Barcella fue autorizado a ir a España para testificar. Y en enero de 1998, García-Castellón envió una comisión rogatoria a Washington y recibió la completa cooperación del Departamento de Justicia. El juez pudo obtener el testimonio de los demás investigadores del caso Letelier.

Por más de dos años, Garcés construyó un caso contra Pinochet de volumen y contundencia abrumadores. Organizó una gigantesca operación legal pro bono en varios continentes, que permitió a las víctimas del régimen de Pinochet sumarse a la demanda donde fuera que estuvieran. Abogados voluntarios en España, Washington y Santiago extendieron la lista de querellantes desde siete ciudadanos de doble nacionalidad, española y chilena, a más de tres mil casos documentados de tortura, ejecuciones y desapariciones. Los familiares de las víctimas se sumaron como organización: todos los integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se registraron en la corte con representación legal a cargo del equipo de voluntarios de Garcés. Los familiares de dos ciudadanos norteamericanos que habían sido asesinados en Chile, Charles Horman y Frank Teruggi, ag regaron sus nombres a la lista de querellantes.

Las presentaciones judiciales, que a menudo se podían leer como un relato de episodios históricos, alcanzaron cientos de páginas. Allí se describían hechos como la «Caravana de la Muerte», en la que los agentes de Pinochet viajaron de ciudad en ciudad ordenando ejecuciones sumarias para limpiar las cárceles de prisioneros políticos. Una extensa sección, basada en los testimonios de docenas de prisioneros sobrevivientes, detalla el uso sistemático de torturas.

La prensa española y latinoamericana cubrieron el desarrollo de los acontecimientos con algún detalle. Pero en Estados Unidos los diarios presentaban una visión más suave del anciano dictador. Pinochet iba a retirarse en marzo de 1998, después de casi veinticinco años como comandante en jefe del Ejército chileno. Mientras se preparaba para ingresar al panteón de los grandes dictadores del siglo XX, los redactores reflejaban en Chile su propia ambivalencia emocional en relación con el más poderoso de todos sus líderes: «El hombre fuerte de Chile se va como un héroe. Se desestima el lado más oscuro del régimen de Pinochet», titulaba el Toronto Star. El Washington Post no definió su postura ante Pinochet: «¿Padre de la patria o sangriento asesino? El exdictador se retira del Ejército y Chile se divide frente a su legado».¹¹

El Pinochet con aspecto de abuelo de 1998 había reemplazado la amenazante imagen del dictador de 1973 con capa gris y anteojos oscuros. Se preparaba para convertirse en un respetado expresidente de Chile y anciano estadista.

Sin embargo, una pequeña nota aparecida en el Financial Times de Londres resultaría profética. El artículo decía que Pinochet, enojado porque España permitía que el caso criminal en su contra avanzara, había ordenado que se cerrara la delegación militar de Chile en Madrid. Instalada durante el régimen de Franco, se usaba para negociar aprovisionamientos y armas con intermediarios europeos, y había funcionado como atajo principal para eludir los embargos de armas de Estados Unidos contra Chile por violación de los derechos humanos. Londres pasaría a ser la nueva sede de la oficina en Europa, elegida, según el artículo, porque el general Pinochet había sido un «frecuente aunque discreto» visitante de la ciudad.¹²

En septiembre de 1998, Pinochet llegó a Londres en la que sería su ominosa visita final. Él y su esposa, Lucía, se hospedaron en el Park Lane Intercontinental Hotel. Pasaron algunas horas de agradable conversación tomando el té en la casa de la antigua amiga de Pinochet, Margaret Thatcher. Su amistad no se basaba solamente en la compartida dedicación a revertir los avances políticos de la izquierda. Thatcher también estaba agradecida por el apoyo militar de Pinochet en la guerra de las Malvinas en 1982, durante la cual Chile fue el único país de América Latina que se opuso al intento argentino de ocupar las islas que constituyen la última colonia británica en América del Sur. Ni una sola palabra de crítica por las violaciones a los derechos humanos salió jamás de la boca de Thatcher.

Era la primera vez que Pinochet viajaba como civil. A pesar de que era senador, su viaje fue absolutamente privado; no contaba con ninguna misión oficial o autorización del gobierno. Su retiro del Ejército el 11 de marzo de ese año 1998 no había sido tranquilo. Celebrado por sus pares militares con desfiles y discursos como el hombre que había salvado Chile, enfrentó también el repudio de miles de manifestantes, que debieron ser contenidos por la policía antimotines.

Pinochet no había dejado el menor resquicio por el que pudiera ponerse en riesgo la impunidad legal que gozaba desde 1973. En 1978, pasados los peores años de represión, el gobierno militar aprobó el Decreto Ley n° 2.191, que aseguraba la amnistía a cualquier responsable (autores, cómplices, encubridores) de crímenes políticos ocurridos desde el golpe de Estado.¹³ La ley se había elaborado para sustraer de la justicia las investigaciones sobre acciones militares durante el periodo en que se habían producido más muertes y desapariciones, y ese fue su efecto inmediato. A ella se sumó la inmunidad parlamentaria. Pinochet había ordenado reescribir la Constitución de 1980 para asegurarse el cargo de senador vitalicio en tanto ex jefe de Estado, y pocas horas después de su discurso de despedida ante sus animadas tropas, juró como senador. Así, estaba protegido contra cualquier procesamiento de manera permanente e insalvable, pues pasaba de jefe de Estado —su cargo hasta 1990— a comandante en jefe del Ejército, hasta 1998, y a la inmunidad de por vida en tanto senador.

A los pocos días de la llegada del exdictador a Londres, Amnistía Internacional organizaba protestas en la capital inglesa a la vez que alertaba a sus oficinas del resto de Europa sobre la presencia de Pinochet.

Joan Garcés, enterado por la prensa chilena de la presencia del dictador en Inglaterra, tuvo otra idea. Se habían producido avances alentadores en los dos casos españoles. El 15 de septiembre, el juez García-Castellón había emitido una resolución reafirmando la jurisdicción de su juzgado para investigar los crímenes, un paso preliminar para la acusación. Garcés también sumó a Pinochet al caso argentino paralelo en el juzgado de instrucción de Baltasar Garzón, basándose en la participación del chileno en la Operación Cóndor. En marzo, Garcés había presentado una queja criminal en el caso de Garzón con detalles del Plan Cóndor, acusando a Pinochet de crímenes contra ciudadanos chilenos que habían desaparecido en Argentina. La petición no solo agregaba a Pinochet y la Operación Cóndor en el juicio del juez Garzón; contenía también un pedido concreto de detención para el militar.¹⁴ Emulando los argumentos de la presentación hecha por Garcés en 1996, Garzón ahora podía identificar al exdictador chileno como partícipe de la conspiración criminal del Cóndor y, por lo tanto, como potencial acusado en la instrucción del caso argentino. A medida que ambos juzgados se aproximaban a la etapa de acusación, tenían ahora un objetivo común: Pinochet.

El razonamiento de Garcés era el siguiente: el gobierno británico no actuaría por sí mismo en contra de Pinochet, pero podía estar dispuesto a cooperar en los casos españoles. Gran Bretaña y España eran firmantes de un tratado de extradición que había tornado ese procedimiento casi tan sencillo entre países de Europa como entre los estados de Estados Unidos. Casi al mismo tiempo que Pinochet tomaba el té en casa de Margaret Thatcher, Garcés elaboraba en Madrid una justificación legal para que España solicitara a las autoridades británicas que interrogaran al militar. La solicitud, que citaba el compromiso de cooperación internacional de la Convención Europea contra el Terrorismo, fue librada por los dos jueces a cargo de los casos argentino y chileno. Telegramas urgentes transmitieron la carta rogatoria a Scotland Yard —a través de Interpol— el jueves 15 de octubre. Las peticiones de ambos jueces eran idénticas; la del juez Garzón llegó primero y se le otorgó prioridad.

Al mismo tiempo, la prensa revelaba que Pinochet se había internado en un anónimo hospital de Londres para una cirugía simple de hernia de disco.¹⁵ La carta rogatoria pedía que «se tome declaración en persona a Augusto Pinochet Ugarte en cuanto se reponga de su intervención quirúrgica y mientras tanto se adopten las medidas necesarias para asegurar que no abandone el Reino Unido antes de que haya sido practicada la diligencia que se pide».¹⁶ Cuando la solicitud se hizo pública, Garzón comentó que no se trataba de extraditar a Pinochet, sino de hacerle llegar una serie de preguntas escritas.

El 16 de octubre de 1998 comenzó como un viernes normal en la Audiencia Nacional de Madrid, el apacible preludio de un relajado fin de semana. Joan Garcés llegó bien entrada la mañana y pasó más de una hora con el juez Garzón discutiendo el caso. No habían transcurrido ni veinticuatro horas desde que la petición de interrogatorio se había transmitido a Londres y no se esperaban avances hasta la semana siguiente. Garzón miraba su reloj; tenía planes de conducir con su esposa hasta Jaén, en Andalucía, para presenciar una corrida de toros. Garcés le deseó al juez un buen fin de semana y partió cerca de las dos de la tarde.

Apenas unos minutos después, un fax de Scotland Yard llegaba al escritorio del juez Garzón. El mensaje daba cuenta de la recepción de su solicitud para interrogar a Pinochet, pero también incluía una advertencia y una especie de consejo gratuito. Scotland Yard había localizado el hospital donde se atendía Pinochet, The London Clinic. Alertaba tambien de que el exdictador estaba bien como para recibir el alta, al punto de que se estaba alistando un avión para llevarlo de vuelta a Chile a primera hora de la mañana siguiente. «No podemos asegurar que el senador permanecerá aquí durante estos procedimientos. Es libre de irse cuando lo desee», decía el fax, y agregaba: «Solo podemos detenerlo si usted emite una orden de arresto».¹⁷

Una orden de arresto incluiría una petición de extradición a España para el enjuiciamiento de Pinochet. Garzón estaba ante un dilema: si dictaba la orden, esta, para ser ejecutada, debía llegar a Londres antes de que Pinochet partiera; el tiempo apremiaba y tenía que decidir en pocos minutos lo que iba a hacer, sin posibilidad de consultar con nadie, porque el juez García-Castellón ya se había marchado de su oficina.

Ninguno de los casos tenía aún una acusación formal, pero sí suficientes pruebas, por lo que la medida quedaba a criterio del juez. No se trataba de un caso criminal ordinario. Garzón reclamaba jurisdicción sobre Pinochet basándose en que los crímenes de los que se lo acusaba eran contra la humanidad, no solo contra las sociedades donde se habían cometido.

Pero Garzón sabía que las posibilidades de éxito eran magras. Pinochet había sido jefe de Estado, un estatus que otorga cierta protección bajo las leyes internacionales. No era ciudadano español. Los crímenes en cuestión no habían ocurrido ni en Gran Bretaña ni en España. La decisión de ordenar el arresto de Pinochet sería sometida a un escrutinio internacional como pocos jueces llegan a experimentar en sus vidas. Para justificar sus acciones, Garzón debía apoyarse en fundamentos legales que flotaban en áreas apenas definidas del derecho internacional. En caso de éxito, sentaría precedentes de amplio impacto; una decisión equivocada lo expondría al ridículo y hasta pondría en riesgo su carrera.

La prudencia dictaba ignorar el fax de última hora y dejar que el destino siguiera su curso durante el fin de semana. En cambio, Garzón volvió a mirar su reloj, abrió la caja fuerte donde se guardaban los archivos del caso y se sentó a escribir las 720 palabras que estaban a punto de cambiar la historia. La petición de arresto era concisa y algo desprolija, producto inevitable del apuro:

Auto por el que se decreta la prisión provisional incondicional de AUGUSTO PINOCHET y se cursa orden de captura internacional contra el mismo.

Hechos. Único.- De lo actuado se desprende que en Chile, desde septiembre de 1973, y al igual que en la República Argentina a partir de 1976, se produce toda una serie de acontecimientos y actividades delictivas cometidas bajo el manto de la más feroz represión ideológica contra los ciudadanos y residentes de estos países. Para el desarrollo de las mismas se siguen planes y consignas preestablecidas desde las estructuras de poder, que tienen como fin la eliminación física, la desaparición, secuestro, previa la práctica generalizada de torturas de miles de personas, tal como se relata en el «Informe Rettig».

En el ámbito internacional se constata una coordinación que recibirá el nombre de «Operación Cóndor», en el que intervendrán diferentes países, entre ellos Chile y Argentina, y que tiene por objeto coordinar la acción represiva entre ellos.

En este sentido, Augusto Pinochet Ugarte, a la sazón Jefe de las Fuerzas Armadas y del Estado chileno, desarrolla actividades delictivas en coordinación con las autoridades militares de Argentina entre los años 1976-1983 (periodo al que se extiende la investigación en esta Causa) impartiendo órdenes para la eliminación física de personas, torturas y secuestro y desaparición de otras de Chile y de diferentes nacionalidades y en distintos países a través de las actuaciones de los Servicios Secretos (DINA) y dentro del precitado «Plan Cóndor».

No bastaría con estas imputaciones generales. Garzón sabía que tenía que incluir casos concretos y rápidamente extrajo detalles de la presentación de Garcés sobre la Operación Cóndor realizada en marzo de 1998. Garcés declaraba en la petición que había al menos setenta y nueve casos de crímenes cometidos por el Cóndor, y mencionaba a una víctima prominente, Edgardo Enríquez Espinosa, desaparecido el 10 de abril de 1976. Aquel era un nombre que seguramente Pinochet iba a reconocer. Enríquez era el máximo líder internacional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Su captura en Argentina fue la culminación de una serie de operaciones del Cóndor contra el MIR llevadas a cabo en Paraguay, Francia, Argentina y Chile. En el apuro, Garzón escribió erróneamente que Enríquez había sido secuestrado en Chile y transportado a Argentina, cuando en realidad Enríquez fue capturado y asesinado en Argentina (ver capítulo 9).

Las justificaciones legales eran tan importantes como los hechos. Prometiendo ampliar en una presentación posterior, Garzón declaró que los hechos presentados constituían crímenes de genocidio y terrorismo bajo la ley española según el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España, que establecía que «la jurisdicción española era competente». Por lo tanto, él procedía a acusar a Pinochet por los crímenes de genocidio y terrorismo, y a emitir una solicitud de arresto y extradición.

Garzón imprimió la orden y le dio una copia al único miembro del personal que todavía permanecía en la oficina, con instrucciones de faxearla inmediatamente a la Interpol de Madrid, que la transmitiría a su par en Londres.

Minutos antes de las once de la noche, el sargento David Jones de Scotland Yard llegó a la London Clinic con un detective, un policía uniformado y una intérprete. De acuerdo con la costumbre inglesa, ninguno de los policías iba armado. En el piso octavo, frente a la habitación privada de Pinochet, un capitán de Ejército chileno estaba a cargo de la guardia.

—Deben irse enseguida —dijo Jones.

—No puedo dejar a mi general —respondió en español el capitán—. Soy un oficial chileno y solo recibo órdenes de mis superiores.

—Pueden irse por las buenas o por las malas —dijo Jones a través de la intérprete.

Uno de los guardias chilenos se llevó una mano al bolsillo. Hubo un momento de tensión, que se distendió cuando quedó claro que el guardia no hacía sino sacar un teléfono móvil. Luego los guardias consintieron en que se los condujera fuera del edificio. Una enfermera entró en la habitación de Pinochet para despertarlo y ayudarlo a sentarse en su cama. Los oficiales de Scotland Yard esperaron un respetuoso cuarto de hora y luego entraron. Pinochet estaba despierto y visiblemente enojado. «Escuche lo que el sargento le va a decir», dijo la intérprete, y a continuación ella misma tradujo la orden de arresto «por el asesinato de ciudadanos españoles en Chile, bajo la jurisdicción del gobierno de España».

El sargento Jones leyó los derechos de defensa y le recomendó permanecer en silencio, sin embargo, Pinochet comenzó a escupir, iracundo: «¡Soy un jefe de Estado, soy un diplomático, no soy un criminal o un terrorista!». Lo dijo con indignación y sorpresa aparentemente genuinas. De pronto, pareció entender todo:

—Ya sé quién está detrás de esto —le gruñó a la intérprete—: ese comunista de Garcés.¹⁸

El arresto fue el primer acto de un drama legal que se extendería por dieciséis meses, con avances y retrocesos en ambos lados. Durante todo este periodo, el principio legal de jurisdicción universal para los crímenes contra la humanidad permaneció intacto, a pesar del eventual retorno de Pinochet a Chile despues de casi un año y medio de detención.

El drama de aquellos dieciocho meses afectó profundamente el proceso político en Chile, y no necesariamente para bien. El gobierno de Chile, a pesar de su espíritu democrático, se encontró enseguida en la delicada postura de proteger al dictador retirado. En el momento en que Pinochet fue arrestado, gobernaba Chile la misma coalición de partidos de izquierda y de centro que tanto había luchado contra el dictador. Sin embargo, la captura de su viejo enemigo trajo consternación, no sonrisas.

Dos fuentes de la Cancilleria agregaron un detalle inédito hasta ahora: el canciller chileno José Miguel Insulza reaccionó ágilmente para darle cobertura diplomática a Pinochet. Como el exdictador no había viajado a Londres con ninguna misión gubernamental o diplomática, el canciller ordenó redactar un decreto oficial para otorgarle una «misión de Estado». El decreto llevaba una fecha anterior a su viaje e incluyó un nuevo pasaporte diplomático, que le fue enviado secretamente a Londres en la valija diplomática.¹⁹

En Londres, el embajador de Chile se puso enseguida del lado de Pinochet y, pocas horas más tarde, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle protestó diciendo que se había violado la «inmunidad diplomática» del senador vitalicio.

Los esfuerzos por blindar a Pinochet con una cobertura oficial fueron en vano, y profundamente vergonzosos. El reclamo fue rápidamente desestimado por Gran Bretaña, que señaló que tal inmunidad era un privilegio reservado a diplomáticos acreditados y a miembros de gobiernos en visita oficial, no a cualquiera que portara un pasaporte diplomático. Ante aquel escenario, el gobierno chileno adujo un argumento con el que los juicios de Nüremberg se habían propuesto acabar: mientras los supuestos crímenes se hubieran cometido en Chile, solo este país en tanto soberano tenía el derecho de juzgar a Pinochet.

La credibilidad chilena respecto de su compromiso de llevar a Pinochet ante su propia justicia era escasa, considerando que Pinochet en los últimos años había recurrido en dos oportunidades a la amenaza de un golpe de Estado para forzar al gobierno a desistir en sus blandos esfuerzos de llevar a juicio a sus subordinados. La posición de Chile, decían sus líderes, era que España no tenía derecho de juzgar a Pinochet, y que este debía serle entregado para permitir que el sistema legal chileno siguiera su curso.

La manera en que Gran Bretaña resolvió finalmente el caso no alcanzó a ser salomónica, pero sí reflejó un intento por preservar los principios internacionales de derechos humanos y a la vez atender los deseos de Chile de enfrentar el problema Pinochet en casa. Inicialmente la corte británica concedió la extradición. Luego, en marzo de 2001, esta declaró que Pinochet tenía sus capacidades mentales y físicas disminuidas, un tecnicismo que muchos consideraron un arreglo apenas velado, que fue gestionado con el gobierno chileno y que le permitió retornar a su país.

La detencion de Pinochet tambien enfrentó a Estados Unidos con una situación de profunda ambivalencia. Lo que prevaleció al final, sin embargo, fue la decision de apoyar a Chile en la búsqueda de la verdad respecto de los crímenes del pasado. El gobierno del presidente Clinton y el Partido Demócrata se sintieron herederos de las políticas sobre derechos humanos del presidente Carter, quien había luchado por deshacer la alianza tras la cual los dictadores de América Latina, durante los años de la Guerra Fría, enmascararon sus atrocidades.

La secretaria de Estado, Madeleine Albright, fijó una posición que evitaba criticar las acciones en Londres y España, mientras básicamente apoyaba la decisión del gobierno de Chile.

Estados Unidos está comprometido con los principios de responsabilidad y justicia, como lo demuestra nuestro fuerte apoyo al Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra en la ex Yugoslavia y en Ruanda; también está primero entre los países que trabajan por ver a los responsables de esos tipos de crímenes llevados ante la justicia [...]. Al mismo tiempo, Estados Unidos está manifiesta y firmemente comprometido con la democracia y el gobierno de la ley en Chile. Creemos que los ciudadanos de un Estado democrático como Chile están lidiando con un problema muy difícil: cómo equilibrar la necesidad de justicia con los requerimientos de reconciliación. Considero que debería otorgárseles un significativo respeto a sus conclusiones.²⁰

La posición de Estados Unidos se definió a fines de noviembre en una maratónica reunión en la enorme oficina de Albright, en el séptimo piso del Departamento de Estado. Estaban presentes veinticinco funcionarios, que representaban todas las áreas del ministerio. Las primeras dificultades legales en Londres habían dejado en claro que no habría una resolución rápida y que Pinochet podía permanecer bajo custodia indefinidamente. No se expresó ninguna simpatía por Pinochet en esa sala, pero la propuesta de que Estados Unidos debía decir algo en apoyo de la petición de extradición española surgió y se descartó con rapidez. Casi tan rápido como se acordó que el «respeto» (deference) por la democracia chilena sería la piedra angular de la política de Estados Unidos sobre el caso Pinochet.

La discusión llevó a una acción que complacería tanto al gobierno chileno como a aquellos que favorecían un riguroso procesamiento del exdictador. La corte de España, por iniciativa de Joan Garcés, había pedido el acceso a documentos clasificados de Estados Unidos. Chile también favorecía la apertura completa de la información sobre acciones estadounidenses en su territorio durante el gobierno de Allende y la dictadura militar. Allí había una elegante posición intermedia. La divulgación de documentos evitaría los inconvenientes de tomar postura a favor o en contra de la extradición, y a la vez constituía un paso inequívoco en dirección de una revelación histórica, amén de que brindaría pruebas que podrían ser utilizadas en contra de Pinochet y otros acusados en cualquier proceso, fuese en España, en Londres, en Chile o en cualquier otro lugar.²¹

El 1 de diciembre, en respuesta a la pregunta de un periodista, un vocero del Departamento de Estado anunció con total sencillez: «Debido al interés en este caso, la Administración lleva a cabo una revisión de documentos en su poder que pueden arrojar luz sobre los abusos contra los derechos humanos durante la era Pinochet. Vamos a desclasificar y a hacer pública tanta información como sea posible respetando las leyes de Estados Unidos y la seguridad nacional». La acción ignoró limpiamente la persistente oposición de todos los organismos gubernamentales estadounidenses a desclasificar nuevos documentos en respuesta a la petición de España bajo el MLAT.

El tono informal del anuncio parecía desmentir la importancia de esa decisión, por la cual el presidente Clinton —por recomendación de la secretaria de Estado Albright y el consejero de seguridad nacional Samuel «Sandy» Berger— emitió una orden ejecutiva pidiendo una divulgación sin precedentes de la mayoría de los documentos secretos vinculados con Chile, incluyendo archivos sobre las operaciones golpistas de la CIA para evitar que Allende asumiera el poder en 1970, y acciones de apoyo material a la exitosa campaña derechista para orquestar su derrocamiento militar en 1973.

Los primeros cinco mil ochocientos documentos fueron desclasificados y dados a conocer en junio de 1999. En conjunto, se abrieron aproximadamente sesenta mil páginas de archivos secretos norteamericanos sobre Chile. En septiembre de 2002 se divulgó una colección más reducida de documentos del Departamento de Estado sobre Argentina. El 12 de abril de 2019, otra gran desclasificación se entregó al público, enfocada en Argentina, pero incluyendo importante documentación de la CIA, del FBI, de Archivo Nacional (NARA) y el Pentágono.

Cuando Joan Garcés comenzó su persecución legal a Pinochet, no se atrevía a soñar con el arresto y el juicio, pero pensaba que tenía una buena oportunidad de llegar a la verdad. Sería un acto de justicia, estimaba, averiguar lo que les había ocurrido a tantas víctimas de los años del Cóndor; se descorrería el velo de impunidad y lo reemplazaría el nítido cristal de la revelación pública.

Pero sus expectativas habían sido demasiado modestas. Las pesquisas de Garcés y docenas de otros abogados, jueces e investigadores se anotaron un triunfo mucho más allá de la acción legal concreta.

Aun cuando Pinochet pudo regresar a Chile, para euforia de sus partidarios, ya no poseía ningún poder real. Políticamente era mercancía dañada, con su impunidad hecha trizas. De hecho, pocos meses después el cerco legal internacional se amplió para incluir a otros exdictadores. Se abrieron nuevos procesamientos basados en el caso Pinochet en Roma, Francia, Suiza y Bélgica. Jueces chilenos y argentinos, ignorando las leyes de amnistía, establecieron nuevos casos, imponiendo el desfile de cientos de oficiales que se presentaron como testigos o como acusados. Pinochet fue despojado de su inmunidad diplomática y finalmente renunció a su cargo de senador. El persistente goteo de la verdad, una vez liberada, produjo una corriente de información nueva. De las entrañas de las organizaciones de la policía secreta se extrajeron documentos que llegaron a engrosar el arduo pero reconfortante trabajo detectivesco de quienes querían reunir las piezas del rompecabezas. Es esa nueva información la que finalmente ha permitido que se pueda contar la historia completa de aquellos años.

Estos acontecimientos trascendentales para el derecho internacional tuvieron como objetivo común los crímenes de la conspiración Cóndor, que a la sazón se ubicó en la cima del terrorismo de Estado anticomunista en América Latina. Bajo esta concepción, la Operación Cóndor se había concebido como el siguiente paso en la lógica de los gobiernos que habían llegado al poder con el propósito de luchar contra la amenaza real y percibida del comunismo revolucionario. Es a esos días de la revolución que debemos retornar para comprender esta historia.

Capítulo 4

REVOLUCIÓN DURANTE LA

CONTRARREVOLUCIÓN

Lo que ha motivado que últimamente se intensifique la colaboración entre los funcionarios de seguridad de América del Sur es el miedo a que se unan los grupos guerrilleros esparcidos en la región.

—Memorándum de la CIA

A la estrategia internacional del imperialismo corresponde la estrategia continental de los revolucionarios.

—Declaración fundacional de la Junta

Coordinadora Revolucionaria (JCR)

Es preciso comprender, en este punto del relato, un hecho particular sobre Latinoamérica: la revolución social radical constituía una posibilidad tangible para millones de personas, lo cual confería a la vida diaria un tinte de esperanza o temor, según las circunstancias e ideas políticas de cada individuo. Las masas se volcaban a las calles para apoyar u oponerse al cambio, a menudo unidas no por la ideología sino por el apoyo a algún hombre fuerte de corte populista. En muchos países del continente, además, lo que subterráneamente impulsaba los levantamientos callejeros era la realidad aún más violenta de la contrarrevolución militar.

Eran tiempos en que en Chile, por ejemplo, medio millón de personas (de una población de diez millones) podía colmar la Alameda, la principal avenida de Santiago, a lo largo de más de un kilómetro y medio, para escuchar las arengas del presidente Allende. En Argentina, una muchedumbre de más de un millón de personas presionaba por el regreso del eterno dictador populista Juan Domingo Perón. Cuando se concretó su retorno desde España, durante una concentración de bienvenida, los peronistas de izquierda y de derecha, armados, se trenzaron en una batalla campal con docenas de víctimas como resultado. En Bolivia, las «asambleas populares», compuestas por mineros y campesinos, desplazaron al parlamento boliviano durante el breve mandato del general Juan José Torres, de inclinación izquierdista. El gobierno militar de Perú también desafiaba los estereotipos al proclamar políticas de distribución progresiva del ingreso y de redistribución progresiva de la tierra, para luego recurrir a la Unión Soviética en busca de equipamiento y asistencia militar. Estas experiencias demostraron que ni siquiera las fuerzas militares de la región eran inmunes al contagio de ideas radicales.

La revolución era vista como una posibilidad. Y para quienes creían en la teoría marxista de la historia, inevitable. En algunos casos ya era una realidad concreta. En Cuba, Fidel Castro y su pequeño ejército guerrillero había obtenido la victoria derrocando a un dictador corrupto y precipitando la reforma agraria, las expropiaciones y un idealismo desenfrenado. La revolución era una posibilidad para el futuro inmediato. Ernesto «Che» Guevara tenía la idea de que un «foco guerrillero» —un pequeño grupo de combatientes atrincherados en las montañas— podría provocar una serie de levantamientos en las clases bajas y medias que se extenderían por todo el país, y luego por todo el continente. La revolución se propagaría sin obstáculos, valiéndose de la demostración por el ejemplo, de la ideología, de la organización casa por casa, fábrica por fábrica y, sobre todo, de lo que llamaban «la lucha armada».

Decenas de miles de jóvenes latinoamericanos se convirtieron en militantes de esta lucha armada. Adoptando el noble título de «revolucionarios», se esforzaron por estar a la altura del desafío lanzado por el Che, su fallecido héroe con aires de Cristo, quien había asegurado que «el primer deber de un revolucionario es hacer la revolución». El movimiento Tupamaros de Uruguay fue el más exitoso: llevaron la guerra clandestina a las ciudades por medio de audaces incursiones armadas, y secuestraron y asesinaron a un consejero de seguridad estadounidense, Dan Mitrione, acusado de enseñar técnicas de tortura. En todo el continente diversos grupos —los más grandes se encontraban en Chile, Uruguay y Argentina— traducían el llamado a las armas del Che a nuevas técnicas adaptadas tanto a las vías urbanas como a los caminos de montaña.

En este contexto, el golpe militar llevado a cabo por Pinochet en Chile resultó devastador para quienes propugnaban la revolución, aunque todavía no estaba dicha la última palabra. Irónicamente, para la mayoría de los grupos revolucionarios radicales, el derrocamiento de Salvador Allende tenía un aspecto positivo. La violencia del golpe de Estado que acabó con la «vía pacífica hacia el socialismo» había legitimado el camino opuesto, demostrando, en opinión de los revolucionarios, que ellos estaban en lo cierto, esto es, que la verdadera revolución triunfaría no de manera gradual, con elecciones y reformas sociales, sino por la fuerza de las armas.¹

Pero lo verdaderamente irónico de la victoria de Pinochet no concluía ahí. Sus soldados barrieron a decenas de miles de trabajadores de las fábricas, así como a campesinos y miembros de partidos de izquirda, cuyo radicalismo consistía en votar y ejercer un activismo público en apoyo a la revolución democrática de Allende. Al comienzo, la represión apenas se ocupó de los líderes revolucionarios que pregonaban la lucha armada; estos ya habían pasado a la segura clandestinidad antes del golpe.

Los grupos revolucionarios se alistaron para la batalla en Chile. Con bases organizativas de larga data en Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia, grupos de ideología similar asumieron el golpe de Pinochet como un mandato para llevar por primera vez la revolución armada sudamericana a una escala internacional.

En Chile, el grupo en cuestión era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Sus líderes habían surgido de los movimientos estudiantiles de la década del sesenta y habían logrado importantes bases de apoyo en algunos sindicatos y en las barriadas pobres de Santiago. Se veían a sí mismos como vanguardistas y defendían el modelo de Lenin de revolución socialista liderada por el partido, lo que significaba que, después de la revolución, una «dictadura del proletariado» se haría cargo del país. Un sobrino del presidente Allende, Andrés Pascal, era una de las más altas jerarquías del MIR y de los críticos más ruidosos del gobierno de su tío, al que tildaba de tímido y reformista.

El MIR nunca realizó acciones armadas mientras Allende fue presidente. Sin embargo, en los meses que precedieron al golpe se embarcaron en una agresiva estrategia militar cuyo eje consistía en organizar la resistencia al golpe que se estaba gestando dentro de las Fuerzas Armadas. El MIR había acopiado arsenales de armas ligeras y se había entrenado militarmente en las montañas que rodean Santiago. El jefe de su comité central, Miguel Enríquez, había apelado públicamente a los soldados para que se rebelaran: «Los suboficiales, los soldados y la policía deberían desobedecer las órdenes impartidas por los oficiales que participen de un golpe, y en dicho caso [de que se produzca el golpe] toda forma de lucha será legítima», dijo en julio de 1973.²

No se trataba de una estrategia de guerrilla tradicional para derrotar a las Fuerzas Armadas, sino de una para socavarlas. Comentaba Andrés Pascal Allende:

El trabajo militar, la parte militar de la organización, la llamamos ‘la fuerza central’, que era casi como una escuela, tenía algunos armamentos, no sé. Era más propaganda. Y el trabajo militar principal era dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, era trabajo político hacia las Fuerzas Armadas, de tratar de reclutar, de ganar gente antigolpista dentro de las Fuerzas Armadas.³

De hecho, los contactos del MIR dentro de las Fuerzas Armadas aportaron información de inteligencia confiable sobre el golpe que se avecinaba, por lo que se preparó un plan de contingencia: tropas amigas les permitirían entrar en los arsenales del Ejército y distribuir armas entre los leales como acción preventiva contra la conspiración de los oficiales golpistas.

Desde la perspectiva de la dirigencia militar chilena, no se podía concebir una acción más hostil y peligrosa que el intento del MIR de escindir el Ejército desde adentro. Ningún grupo político había intentado jamás infiltrarse en las Fuerzas Armadas. Para el cuerpo de oficiales, desde ambos bandos de la conspiración golpista, tal escisión significaba el inicio de una guerra civil y el fantasma de militares asesinados a manos de militares.

Precisamente con el fin de evitar ese escenario el general Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército y partidario de Allende, renunció a su cargo. Presionado por sus compañeros de armas, se hizo a un lado siendo consciente de que, en nombre de la unidad militar, había eliminado el último obstáculo para un golpe.

Y eso fue lo que sucedió. Al renunciar Prats, asumió Augusto Pinochet, de modo que las Fuerzas Armadas permanecieron unidas y eliminaron con brutalidad a los soldados y oficiales que estaban dispuestos a tomar las armas contra sus compañeros para defender el gobierno de Allende. Pinochet se incorporó tarde a la conspiración golpista, según la mayoría de los testimonios, pero una vez a cargo transformó lo que se consideraba un «golpe blando» —el derrocamiento de un gobierno civil para instaurar otro— en un proyecto histórico único, que consistía en eliminar de raíz toda posibilidad de que hubiera otro Allende en el futuro.⁴

Sería imposible exagerar el clima de terror impuesto en Chile por los militares después del 11 de septiembre de 1973. Pinochet no hizo ningún intento de ocultar la brutalidad de la contrarrevolución que lideraba. Si bien no encontró, prácticamente, resistencia armada, dado que el MIR había decidido replegarse con vistas a sostener una lucha más prolongada, el Ejército ocupó las ciudades a punta de ametralladora. Durante días fue frecuente ver cadáveres tirados en las calles o flotando en el río Mapocho. Después de ocupar todo el espacio refrigerado disponible, los empleados de la morgue capitalina comenzaron a depositar los cuerpos en los corredores del edificio, por los que circulaban los familiares para identificar a sus parientes desaparecidos.

Cada noche, durante meses, podía oírse el tableteo de las ametralladoras durante el toque de queda, que se extendía desde el atardecer hasta el amanecer. Las calles de la capital estaban plagadas de barricadas fortificadas, tanto de la policía como del Ejército, en las que se parapetaban las tropas armadas con ametralladoras. Los microbuses, tomados y ocupados por soldados, recorrían los suburbios de la ciudad a toda velocidad, deteniéndose para asaltar viviendas, con frecuencia a raíz de llamadas de vecinos que declaraban que extranjeros sospechosos o «subversivos de barba» se alojaban allí. (La policía, alertada por los vecinos, asaltó dos veces el domicilio del autor, ubicado en Ñuñoa; allí se alojaba en una casa alquilada junto con tres ciudadanos chilenos, un estadounidense, un canadiense y un colombiano. Uno de los chilenos, un estudiante de posgrado de economía que provenía de una familia de clase trabajadora, fue arrestado cuando volvía a la institución donde estudiaba para recoger unos libros. Los soldados lo liberaron pasada la medianoche, dejándolo a ocho kilómetros de la casa durante el toque de queda, cuando las patrullas que circulaban por la calle tenían permiso para disparar a matar. Avanzó sigilosamente, de casa en casa, durante horas, para finalmente trepar la cerca de nuestro hogar y golpear la puerta justo antes del amanecer.)

En las primeras semanas, decenas de miles de personas fueron capturadas en redadas y hacinadas en estadios; luego las trasladaban a campos de concentración improvisados. Una de las tácticas favoritas de las tropas era rodear y asaltar poblaciones enteras de clase obrera y trabajadora que se consideraban bastiones de sentimiento allendista. Hacia diciembre, la población retenida en campos de concentración se elevaba a dieciocho mil prisioneros.⁵

Pero a pesar de todo el horror que implicaban, las ejecuciones, los cuerpos abandonados, los campos de concentración y los arrestos masivos representaban solo la cara visible de la represión. En buena parte la atmósfera de terror era generada por la incertidumbre respecto de las acciones militares que se desarrollaban en las sombras. Se tenía conciencia de que se asesinaba, pero nadie sabía en qué magnitud. Muchos de los detenidos no aparecieron en los campos de detención, y sus cuerpos tampoco se encontraron en morgues ni en ríos. Con el correr de los años aparecieron restos en fosas comunes de cementerios, en pozos y en minas abandonadas. Así fue como se ubicaron más de doscientos cuerpos, cantidad que de todos modos no coincidía con los miles de nombres incluidos en las listas de desaparecidos.

Sin embargo, muchos de los enemigos más acérrimos de Pinochet habían escapado del país para organizar la resistencia en el extranjero, y los que permanecieron en Chile se dedicaron a armar redes clandestinas de resistencia. Para detener a quienes estaban en la clandestinidad haría falta una capacidad de inteligencia mejorada y operaciones sistemáticas en todo el país; derrotar a la subversión en el extranjero sería aún más difícil: suponía una lucha continua en territorio internacional. Pinochet comenzó a desarrollar la estrategia internacional a largo plazo casi inmediatamente después del 11 de septiembre. Según un informe de la CIA fechado el 3 de octubre, una de sus primeras medidas fue recurrir a las administraciones gubernamentales que pensaban como él: «Las Fuerzas Armadas aparentemente creen que la izquierda se está reagrupando para llevar a cabo actividades de sabotaje y guerrilla. Se ha solicitado a varios gobiernos amigos material y entrenamiento en temas de contrainsurgencia».⁶ Brasil y Estados Unidos fueron los primeros en ayudar a Chile a reconfigurar sus Fuerzas Armadas para las nuevas tareas.⁷

Existe una disputa continua sobre ciertas acciones puntuales realizadas por agentes estadounidenses para promover y apoyar el golpe de 1973. El registro de documentos desclasificados es voluminoso, pero todavía incompleto. El «Informe Hinchey» sobre el papel de la CIA, y que fue dado a conocer durante el año 2000, llega a una conclusión cuidadosamente cauta, aunque no por ello menos desconcertante:

Aunque la CIA no instigó el golpe que puso fin al gobierno de Allende el 11 de septiembre de 1973, estaba al tanto de la conspiración del Ejército, tenía una relación de larga data con algunos de los conspiradores, que le brindaban información de inteligencia, y, como no desalentó el derrocamiento y ya había intentado incitar a un golpe en 1970, es probable que haya dado la impresión de condonarlo.⁸

La postura oficial de la CIA traza una línea poco clara entre la instigación (que niega) y el apoyo (que no descarta antes del golpe y admite después).⁹ Los registros documentales sobre el último punto son fragmentarios y, en el mejor de los casos, no concluyentes en cuanto al grado e importancia del apoyo prestado.

A falta de una investigación creíble, los documentos dados a conocer hasta el momento han estado sujetos a la razonable suposición de que han sido cuidadosamente editados para ocultar la verdad sobre la participación de Estados Unidos. Con todo, los documentos actuales deberían estudiarse primero en términos de su contenido explícito, y no simplemente ser descartados como mentiras cuando contradicen las sospechas sobre el accionar de Estados Unidos.

Desde esta perspectiva, existe un fascinante intercambio de cables entre el jefe de la misión en Santiago y su superior en la oficina central de la CIA, el jefe de la División para el Hemisferio Occidental. El asunto es el posible golpe contra el gobierno de Allende, quien había cumplido un año en el cargo; los funcionarios de la CIA debaten acerca de cómo deberían influir sobre las Fuerzas Armadas chilenas. El contexto es el fallido intento de la CIA de instigar un golpe un año antes.

12 de noviembre de 1971, del jefe de la misión en Santiago a la central de la CIA:

Nos damos cuenta de que el objetivo final del programa [borrado], una solución militar al problema de Chile, debe ser estipulado dentro de pautas cuidadosamente establecidas. (...)

Debería existir una gran probabilidad de éxito para nuestra intervención a favor de un golpe. (...)

Por lo tanto, limitamos nuestras conversaciones sobre la mecánica de un golpe a las fuentes reclutadas y somos discretos a la hora de hablar con el resto de los funcionarios militares. (...)

Teniendo en cuenta todas las precauciones y limitaciones mencionadas anteriormente, concebimos que nuestra misión [borrado] es trabajar consciente y deliberadamente para la concreción de un golpe.

En este punto del intercambio surge claramente que el jefe de la misión de la CIA en Santiago, que ha sido identificado como Ray Warren, cree que su objetivo es provocar un golpe, y que el debate gira alrededor del «cómo». El siguiente cable en la serie es todavía más explícito y contradice la noción que tenía el jefe de la misión sobre su trabajo.

1 de diciembre de 1971, de la oficina central de la CIA al jefe de la misión en Santiago:

Esperamos que los siguientes comentarios expliquen y definan los límites de las [borrado] operaciones, y que asimismo constituyan pautas prácticas y aceptables para el futuro. (...)

Dado que no contamos con la aprobación de [borrado] para participar en la planificación de ningún golpe, no podemos aceptar la conclusión a la que llega [en su cable] de que la misión de [borrado] es «trabajar consciente y deliberadamente para la concreción de un golpe». Tampoco estamos en posición de autorizarlo a «comentar abiertamente sobre la mecánica de un golpe» con los comandantes más importantes, porque las repercusiones de ello representan lo mismo.

Por otra parte, vigilar e informar sobre las actividades, sucesos y actitudes referidas a las Fuerzas Armadas chilenas tiene cada vez más importancia. (...)

Por supuesto, en este caso, la división entre el hecho de «simplemente escuchar» y «discutir abiertamente sobre la mecánica de un golpe» es relativamente poco definida; a la larga, esto queda a criterio y buen juicio de cada agente.

Lo esencial (...) es que no tenemos autoridad para afirmar, o incluso implicar, que [borrado] favorece un golpe como solución a la encrucijada chilena.

En suma, limítese a ser testigo del desarrollo de la historia, sin influir en su curso.¹⁰

El golpe se concretó veintidós meses más tarde, dándole múltiples ocasiones a Estados Unidos de cambiar libremente la dirección de su política en relación con él, apoyándolo y no apoyándolo sucesivamente. Pero debe dejarse sentado que los documentos disponibles no sugieren que esa oscilación haya ocurrido realmente. Mientras no haya más pruebas, es válida la conclusión del Informe Hinchey, es decir, que Estados Unidos trabajó para socavar el gobierno democráticamente elegido de Allende y que deseaba con fervor que fuera derrocado, sin embargo no tuvo participación directa en el golpe militar en sí.

Lo que aquí nos interesa es examinar las alianzas que se formaron alrededor del golpe que le asestó Pinochet a la izquierda en América Latina, y cómo influyó Estados Unidos en el régimen de Pinochet después de que este asumiera el poder, en particular en el apoyo, entrenamiento y obtención de información de inteligencia de los organismos de seguridad que tuvieron mayor responsabilidad en los magnicidios de la Operación Cóndor, así como en otras violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

El Informe Hinchey, a pesar de su tono predominantemente exculpatorio, señala una intensa actividad por parte de organismos estadounidenses para ayudar al régimen de Pinochet a prepararse para el desafío de seguridad que enfrentaría.

La CIA apoyó activamente a la Junta Militar después del derrocamiento de Allende. (...)

Muchos oficiales de Pinochet participaron en abusos extendidos y sistemáticos de los derechos humanos después de la destitución de Allende. Algunos eran contactos o agentes de la CIA o de las fuerzas armadas estadounidenses. La IC [Comunidad de Inteligencia]i se atenía a las pautas vigentes en aquel momento sobre la denuncia de dichos abusos y reprendía a sus agentes chilenos por tal comportamiento.

Enlace con los servicios de seguridad chilenos. La CIA tenía una vinculación con los servicios de seguridad de Chile con el fin primordial de ayudar a reunir información de inteligencia sobre objetivos externos. La CIA ofrecía esta asistencia contribuyendo a la organización interna y al entrenamiento para combatir la subversión y el terrorismo provenientes del exterior, no para combatir a los opositores internos del gobierno. [Énfasis agregado]¹¹

«La subversión y el terrorismo provenientes del exterior» constituían precisamente la principal amenaza a largo plazo, según la visión de los asesores de Pinochet. El centro neurálgico de operaciones, donde se planificaba el nuevo aparato de inteligencia, estaba instalado en la Academia de Guerra, ubicada en la Alameda, la principal arteria de Santiago. En 1973 los conspiradores se habían reunido allí, y después del golpe el lugar siguió funcionando como sede de un comité asesor para aquellos oficiales que defendían la implementación de los métodos más duros en la lucha que consideraban como una guerra mundial contra el comunismo.12 El oficial designado por Pinochet para llevar a cabo esta tarea fue el teniente coronel Manuel Contreras Sepúlveda, un líder recio, popular entre sus tropas, con reputación de católico devoto y algo de intelectual. Los funcionarios estadounidenses de inteligencia en Chile ya se habían fijado en él, y lo consideraban como uno de los mejores y más brillantes.¹³ Contreras bautizó al nuevo organismo como Dirección de Inteligencia Nacional, para distinguirlo de los otros organismos de inteligencia que ya existían dentro de cada rama de las Fuerzas Armadas. Con el tiempo, sería mundialmente conocida como la DINA, por sus siglas.

La JCR

El golpe del 11 de septiembre también sirvió para alentar la entrada en acción de los grupos revolucionarios más radicales.

Cientos de partidarios de Allende que evitaron el arresto huyeron del país, en muchos casos cruzando a pie la cordillera de los Andes para llegar a Argentina; en otros, atravesando el desierto de Atacama, al norte del país, para alcanzar Perú. En Argentina regía un gobierno civil que sería relativamente breve. Los militares, que permanecían en el poder prácticamente desde el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1956, habían autorizado elecciones a principios de 1973, de las que resultó triunfador un testaferro de Perón, Héctor Cámpora. Aquel volvió de su largo exilio en España e hizo a un lado a Cámpora sin disimulo. Con 78 años y una salud frágil, ganó las nuevas elecciones de manera aplastante y asumió el poder justo un mes después del golpe en Chile.

Perón, que era odiado por los sectores más conservadores de las Fuerzas Armadas, logró equilibrar las facciones de extrema izquierda y de extrema derecha de su propio Partido Justicialista. Entre sus maniobras más astutas se cuenta haber alentado abiertamente la actividad armada entre sus aliados de izquierda —a quienes se refería con afecto como «los muchachos»—, haber dejado bien clara su simpatía por Allende y haber restablecido las relaciones diplomáticas con Cuba, quebrando el embargo alentado por Estados Unidos. Con la vuelta al populismo de la mano de Perón, Argentina se convirtió en un refugio seguro para perseguidos políticos y organizaciones revolucionarias. A medida que las dictaduras militares ponían fin a la actividad política en un país tras otro, bolivianos, uruguayos, paraguayos, brasileños y ahora chilenos se trasladaban para aprovechar la embriagadora libertad que se gozaba en Argentina.

Los revolucionarios radicales que habían convertido ese país en su hogar habían pasado los primeros años de la década del setenta en Chile, bajo la protección de Allende. La mayoría de los principales líderes lograron escapar en las semanas previas al golpe. Entre los veteranos más involucrados estaban los Tupamaros de Uruguay y los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia. Este grupo había heredado el espíritu revolucionario del mismo Che Guevara, quien había participado de una guerra de guerrillas en las montañas bolivianas hasta ser capturado y ejecutado en 1967 (a manos de tropas de contrainsurgencia acompañadas por instructores de la CIA). En Uruguay, miles de tupamaros fueron detenidos, pero cientos más lograron huir y preparaban la contraofensiva desde el exterior.

En Argentina fueron recibidos por el grupo más formidable de todos, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y su brazo político, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Mario Roberto Santucho, contador de profesión, había conducido el grupo durante más de una década, desde sus orígenes como un conjunto de facciones trotskistas enemistadas entre sí hasta convertirlo en un partido disciplinado e ideológicamente monolítico. El ERP, habiéndose desarrollado como una organización clandestina bajo mando militar, no dudaba a la hora de traducir su violenta retórica en actividad armada. Sus miembros habían realizado una serie de asaltos y secuestros que condujeron a la proscripción del grupo en 1972. Con cerca de cinco mil militantes repartidos en células asentadas en numerosas ciudades argentinas, el PRT/ ERP era rico y estaba bien organizado, y con ganas de que estallara la revolución.

Los líderes del ERP tomaron el golpe en Chile como una confirmación de sus convicciones: América Latina estaba embarcada en un viaje sin retorno hacia la revolución. «El buró político pasaba por uno de sus mejores momentos», dice Luis Mattini, uno de los pocos líderes máximos del ERP que aún vive, al describir los sucesos de la década:

Había un auge de masas en Argentina. Decidimos poner todos los esfuerzos necesarios para ayudar a Chile. Actos de solidaridad en Argentina, pero sobre todo preparación militar para el MIR y ayuda material. En definitiva, el golpe no sería un retroceso, sino más bien la superación de un escollo; pensábamos que los chilenos se alzarían en armas y, teniendo en cuenta la politización y el encuadramiento socialistas de ese pueblo, sería más bien imparable.¹⁴

Los grupos revolucionarios estaban listos para avanzar con una estrategia común para derrotar a las dictaduras militares. A principios de noviembre, Santucho convocó a representantes de los cuatro grupos a una reunión secreta en una de las casas de seguridad del ERP en Buenos Aires. Se trataba de una cumbre revolucionaria entre el ERP, el MIR, los Tupamaros-MLN y el ELN boliviano.

Los líderes se conocían bien: ya se habían encontrado en varias ocasiones para debatir sobre una organización revolucionaria unificada, concebida originalmente por Santucho y por el líder del MIR, Miguel Enríquez. Los cabecillas del MIR, del ERP y de Tupamaros comenzaron con las reuniones en octubre de 1972, en Chile, y los bolivianos se unieron en encuentros posteriores en Argentina, en junio de 1973. Cada organización había estado enviando a sus cuadros para que recibieran entrenamiento ideológico y militar en campos ubicados en la espesura de los Andes, concretamente en el Cajón del Maipo, ubicado cerca de la capital chilena. En agosto, un mes antes del golpe militar, las cuatro organizaciones habían aprobado una alianza formal, conocida como la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR).¹⁵

Ahora que la vía pacífica al socialismo pregonada por Allende ya no era un estorbo, había llegado el momento de que la JCR pusiera en práctica su estrategia. Los hombres que formaron parte de esos encuentros lideraban una revolución continental concebida a lo grande. Mario Roberto Santucho representaba al ERP, secundado por Luis Mattini, Domingo Menna y Enrique Gorriarán Merlo. El líder del MIR, Miguel Enríquez, dirigió los encuentros en Chile, pero en Argentina lo representaba su hermano Edgardo, junto con Andrés Pascal Allende, Nelson Gutiérrez y el jefe militar Alberto Villabela. Por Tupamaros asistieron Efraín Luis Martínez Platero y William Whitelaw. Bolivia estaba representada por dos hombres de brillante reputación revolucionaria: Osvaldo «Chato» Peredo, hermano sobreviviente de varios combatientes que lucharon junto al Che en Bolivia, y el mayor Rubén Sánchez Valdivia, que había combatido por el otro bando como oficial del Ejército boliviano y que, durante el breve gobierno revolucionario del general Juan José Torres, decidió unirse ideológicamente al enemigo; ahora ejercía como asistente de Torres en el exilio en Argentina.¹⁶

La JCR no era una simple alianza, ni tampoco una fusión de grupos dispersos. Enríquez proponía que ningún movimiento revolucionario en ningún país se subordinase a otro: cada grupo combatiría según su propio cronograma y con sus propios métodos. Mientras Allende permaneció en el poder, por ejemplo, el MIR no desafió al gobierno con actos armados; un principio que después del golpe perdió toda relevancia. Cada organización determinaría dónde y cómo encarar la lucha armada, pero en conjunto crearían una infraestructura, un aparato de alcance internacional que brindaría apoyo mutuo en cuestiones logísticas, financieras y militares.

Según este concepto desarrollado por Enríquez y Santucho, la JCR representaba para América Latina lo que la Tercera y la Cuarta Internacionales habían representado para el movimiento socialista mundial surgido de la Revolución rusa. Así como la Tercera Internacional fue el instrumento del Partido Comunista para defender la revolución soviética, y la Cuarta Internacional materializó en numerosos países la idea de León Trotski de una revolución permanente, la JCR sería la Quinta Internacional, la revolución que abarcaba a toda América Latina. Su corazón estaba más cerca de Trotsky que de Stalin, en tanto desafiaba implícitamente un principio fundamental del movimiento comunista internacional liderado por la Unión Soviética: la idea de que la revolución debía consolidarse «en un país», es decir Rusia, antes de extenderse al resto del mundo.¹⁷

Esta nueva organización representaría la concreción de la visión estratégica del Che Guevara. En 1966, justo antes de que abandonara Cuba para abrazar la causa revolucionaria en África y el resto de América Latina, el Che había declarado en La Habana, ante un auditorio de revolucionarios que provenían de todo el mundo, que los grupos armados del continente deberían unirse para «formar algo así como Juntas de Coordinación para hacer más difícil la tarea represiva del imperialismo yanqui y facilitar la propia causa».

La declaración del Che fue citada en el extenso manifiesto titulado «A los pueblos de América Latina», que enunciaba los objetivos y estrategias de la JCR. Según dicho manifiesto, la JCR respondería al llamado del Che a las armas para «llevar adelante una guerra revolucionaria, prolongada, sangrienta, que convertiría al continente latinoamericano en el segundo o tercer Vietnam del mundo».

La encendida retórica marxista pertenece a otra época, pero es una lectura obligada para comprender los acontecimientos que se sucedieron durante los años de la Operación Cóndor. Según esta concepción de la revolución, las derrotas en Chile y demás países mostraban la futilidad de las estrategias «reformistas», como fueron la recientemente fallida Unidad Popular de Salvador Allende en Chile y el por entonces peligroso populismo de Perón en Argentina. La izquierda se hallaba en una encrucijada. Solo una estrategia conduciría a la victoria final: una guerra de guerrillas que abarcara todo el continente, y ya había sido puesta en marcha por la Junta Coordinadora. He aquí algunos párrafos:

Nos une la comprensión de que no hay otra estrategia viable en América Latina que la estrategia de guerra revolucionaria. Que esa guerra revolucionaria es un complejo proceso de lucha de masas, armado y no armado, pacífico y violento, donde todas las formas de lucha se desarrollan armónicamente convergiendo en torno al eje de la lucha armada.

... El carácter continental de la lucha está signado en lo fundamental por la presencia de un enemigo común. El imperialismo norteamericano desarrolla una estrategia internacional para detener la Revolución Socialista en Latinoamérica. No es casual la imposición de regímenes fascistas en los países donde el movimiento de masas en ascenso amenaza la estabilidad del poder de las oligarquías. A la estrategia internacional del imperialismo corresponde la estrategia continental de los revolucionarios.

... El camino por transitar en esta lucha no es corto... Por eso nuestra guerra revolucionaria es de desgaste del enemigo en sus primeras fases, hasta formar un ejército popular que supere en fuerza a las del enemigo. Este proceso es paulatino, pero es paradójicamente la senda más corta, y menos costosa, para alcanzar los objetivos estratégicos de las clases postergadas.

PUEBLO LATINOAMERICANO: A LAS ARMAS

Vivimos momentos decisivos de nuestra historia. En esa conciencia, el MLN Tupamaros, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, llaman a los trabajadores explotados latinoamericanos, a la clase obrera, los campesinos pobres, los pobres de la ciudad, los estudiantes e intelectuales, los cristianos revolucionarios, y a todos aquellos elementos provenientes de las clases explotadoras dispuestos a colaborar con la justa causa popular, a tomar con decisión las armas, a incorporarse activamente a la lucha revolucionaria antiimperialista y por el socialismo que ya se está librando en nuestro continente bajo la bandera y el ejemplo del Comandante Guevara.¹⁸

La audacia de tal declaración —proclamar una guerra revolucionaria en el mismo momento en que la contrarrevolución avalada por Estados Unidos estaba en su apogeo— es asombrosa. En la práctica no se alcanzó ninguno de los objetivos de la JCR, pero sería erróneo rebajar el llamado a las armas a la categoría de vana retórica grandilocuente. Por el contrario, los gobiernos militares tomaron tan en serio a la JCR que esta se convirtió en el principal objetivo de la Operación Cóndor. Existen documentos militares secretos donde se analiza la «amenaza» de la JCR y que muestran que el interés de los militares en la organización no era simplemente cuestión de propaganda. Tambien los primeros informes de la CIA sobre la creación de la Operación Cóndor ponen mucho énfasis en la «amenaza» internacional de la JCR. Estos informes secretos dejan absolutamente en claro que los uniformados creían que la información sobre la JCR era veraz y actuaban en consecuencia. Y también es verdad que los propagandistas militares aprovecharon el fantasma de la JCR para teñir la oposición no violenta a sus gobiernos con las tácticas violentas de los grupos guerrilleros. La subsiguiente «guerra contra el terrorismo» se vio acompañada, no por casualidad, de una serie de magnicidios de líderes democráticos con escasa o nula vinculación con los radicales que operaban desde la JCR.

Décadas más tarde, los fundadores sobrevivientes de la alianza harían énfasis en la relativa ineficacia de la organización. René Valenzuela, un chileno que fue jefe operativo de la JCR en Europa, confiesa:

Cuando anunciamos la JCR, fue como un campanazo. Ellos [los gobiernos militares] pensaron que era mucho más grande de lo que era en realidad, y reaccionaron con suma rapidez, con fuerza devastadora. Nosotros estábamos en pañales, llenos de problemas, y nunca tuvimos verdadera oportunidad de hacer lo que nos proponíamos.¹⁹

Pero estas sombrías reflexiones surgen al mirar atrás. Desde la perspectiva de finales de 1973, la JCR bullía de energía y optimismo revolucionarios. «Nos imaginábamos como un embrión de Vietnam en toda América Latina», comenta Luis Mattini; «Pensábamos llevar la idea de la JCR a Brasil, Perú, México, Caracas. Creíamos que la revolución estaba por desatarse en toda Latinoamérica».

Si bien ya se había alcanzado el acuerdo sobre la JCR antes del golpe militar chileno, la reunion plenaria en Buenos Aires fue el comienzo de la acción concreta. Argentina se habia convertido en el cuartel general de la organización, junto con su centro de operaciones de apoyo y propaganda en París. Había mucho por hacer. Tal como lo describen los participantes, la reunión dio como resultado una estrategia y un ambicioso cronograma que debía cumplirse en los meses siguientes. La prioridad inmediata era apoyar al MIR en Chile. Los grupos urgieron al movimiento a lanzar un contraataque militar lo más pronto posible. La JCR prestaría apoyo material, en forma de dinero y armas, para despertar la solidaridad hacia Chile y realizar propaganda contra la dictadura de Pinochet.

La estrategia militar global de la JCR era un reflejo de las opiniones fuertemente militaristas del líder del ERP, Roberto Santucho. Los miembros coordinarían la oportunidad y la ubicación de las ofensivas para lograr el máximo apoyo mutuo. El ERP sería el primero. Se entrenó una banda de guerrillas, armada y lista para lanzar una guerra de guerrillas en las montañas de la provincia de Tucumán, al noroeste del país. El MIR y el ELN boliviano abrirían ofensivas de apoyo en las fronteras cercanas: Chile en el sur, cerca de Neuquén y Temuco, y Bolivia en la provincia de Tarija, al norte. Tupamaros, obedeciendo las directivas de sus líderes presos en Uruguay, debía atacar por medio de una contraofensiva que estaba planeada para el 1 de mayo de 1974. Con guerras declarándose casi en simultáneo en cuatro países, se creía, los militares se enfrentarían a una rebelión interna y se replegarían para terminar por caer.

Para los Tupamaros y el ELN, la primera tarea era reorganizarse en sus respectivos países y preparar a sus militantes para la lucha armada. Ambos grupos habían sido diezmados por las campañas militares de los últimos dos años, y en sus redes de militantes reinaba la desorganización. Para reconectar las células y movilizarlas requerían de un sistema de comunicaciones seguro, con mensajeros, códigos y «berretines» (escondites camuflados para personas, armas y mensajes), esto es, la infraestructura básica de la guerra urbana clandestina. Se necesitaban documentos falsificados de primera calidad y fachadas de negocios creíbles para manejar las transacciones financieras y crear puestos de trabajo que sirvieran de coartadas; también hacía falta alquilar o comprar cientos de casas y departamentos seguros para vivir y realizar las operaciones.

Estos objetivos tan ambiciosos demandaban ingentes cantidades de dinero y armas. La JCR aportaría ambos. El ERP, que ya era el grupo más acaudalado, estaba perpetrando una serie de secuestros y se comprometió a destinar la mayor parte del dinero de los rescates a los proyectos de la JCR, cuyo presupuesto excedería los veinte millones de dólares.

Pero la tarea más difícil era adquirir y almacenar las armas. En los años previos al narcotráfico no había un mercado internacional de armas a gran escala en América del Sur, y enviar el armamento a la región meridional del continente significaba atravesar grandes distancias y ser vulnerables a la vigilancia militar. El MIR tenía un recurso práctico que le enorgullecía aportar a la JCR: una fábrica de armas. Un equipo de ingenieros y obreros metalúrgicos había copiado meticulosamente el diseño de la metralleta sueca Karl Gustav, armamento reglamentario de Carabineros, la policía chilena. Con capacidad de fuego automático, esta arma empleaba balas de 9 mm en cargadores de treinta disparos que se podían conseguir con relativa facilidad. Los técnicos del MIR también habían desarrollado las especificaciones de fabricación de las granadas de mano, de un lanzagranadas y de un mortero ligero. La fábrica clandestina había comenzado a producir en Chile, pero tuvo que ser desmantelada debido al golpe que se avecinaba; por lo tanto, los técnicos del MIR trasladaron las operaciones a Argentina y esperaban contar con el primer lote de armas a principios de 1974. Fue una obra colosal, admite el uruguayo Efraín Martínez Platero.

«Pensamos desarrollar una gran, una enorme red de infraestructura para todos los países, para Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay. Es allí donde fueron todos los millones de dólares de la JCR: compramos aviones, camiones. Una estructura capaz de darnos la posibilidad de penetrar en cada uno de esos países, de manera que si lo quisiéramos podríamos trasladar armas, dinero, gente, entrando y saliendo a voluntad».

Las relaciones públicas eran parte indispensable de cualquier movimiento popular, incluso de uno clandestino como la JCR. Sus miembros decidieron hacer una declaración pública sobre el llamado de la organización a las armas en los siguientes meses. La voluminosa revista Che Guevara: Junta de Coordinación Revolucionaria (de la que se publicaron tres números en español, inglés y otros idiomas, y que tenía entre 48 y 76 páginas) ofició como vocera internacional de la JCR.

Pero, antes de darse a conocer, la nueva organización necesitaba informar a sus amigos y potenciales aliados. Sobre todo, tal y como los obispos que peregrinan a Roma para someterse a la autoridad del papa, los líderes de la JCR querían ofrendar la idea a los pies de Fidel Castro. Inmediatamente después de la reunión en Buenos Aires, Martínez Platero fue designado «representante internacional» de la JCR, y en esa calidad iría primero a Cuba y luego a Europa.

Era la elección lógica. Los Tupamaros se habían convertido en tema de conversación cotidiana en Europa, y eran universalmente respetados en los círculos de izquierda como revolucionarios no sectarios al mejor estilo de Robin Hood. Al arribar a Cuba, Martínez Platero supo hacer los contactos adecuados. Primeramente le explicó en qué consistía la JCR a Manuel Piñeiro, el famoso «Barbarroja», jefe del Departamento de las Américas del Ministerio del Interior, cuyo nombre era sinónimo del apoyo de Cuba a los grupos revolucionarios de Latinoamérica. Piñeiro había organizado cursos de entrenamiento militar para cientos de tupamaros que habían viajado a Cuba desde Chile justo antes del golpe. Algunos de ellos accedían a un curso para oficiales de elite. Martínez Platero inspeccionó las tropas durante los cursos y realizó el «trabajo voluntario» en los cañaverales que se esperaba de todos los visitantes, sin importar la clase. A pesar de todo, pasaron semanas antes de que se le concediera una audiencia con Fidel, la que se concretó pocos días antes de su partida programada para Europa, a fines de octubre.

Martínez Platero invocó la memoria del Che como inspiración de la Junta Coordinadora, pero Fidel la tomó con desdén: si bien estaba lejos de oponerse al empleo de la lucha armada para imponer la revolución, consideraba que la estrategia de la JCR era impracticable, incluso frívola. Además, despreciaba al trotskista ERP.

«Si quisiera premiarte, sería como dirigente de los Tupamaros, jamás como representante de la JCR», cita Martínez Platero a Fidel. «Chico, no andes con los trotskistas. Es una pérdida de tiempo». Asimismo, le previno que una ofensiva militar en Uruguay en ese momento sería desastrosa y que bien podría conducir a la ejecución de los líderes detenidos. Le aconsejó, en cambio, como estrategia, fortalecerse mientras se establecían coaliciones amplias con los partidos políticos. Los militantes tupamaros recibirían apoyo y entrenamiento, pero Fidel se negó a considerar la propuesta de que Cuba se convirtiera en el centro operativo y de entrenamiento para la JCR.²⁰

Poco después de que Martínez Platero abandonara Cuba, llegó otro representante de la JCR, Luis Mattini, del ERP. Su misión principal era informar a Fidel sobre el plan, que llevaría a cabo su movimiento, de lanzar una campaña en las montañas de Tucumán. En una reunión que duró toda la noche, el 5 de enero de 1974, Fidel se dedicó a recordar los viejos tiempos, cuando él mismo recurrió a la táctica de guerrillas rurales en su batalla contra el dictador cubano Fulgencio Batista. Pero se rehusó a considerar la idea de brindarles entrenamiento y ayuda militar a los guerrilleros argentinos: el gobierno de Perón había establecido lucrativas relaciones comerciales con Cuba, que incluían una línea de crédito a largo plazo de más de mil millones de dólares.

Fidel criticó nuevamente la creación de la JCR, con un matiz político aún más acentuado. «Cité al Che sobre la necesidad de coordinar las fuerzas revolucionarias», recuerda Mattini. «Fidel dijo: ‘Tienes razón, hay que coordinar. La unidad es buena. Pero hay que hacerlo en secreto. No hay que hacerlo en público’». Ya un veterano de las luchas intestinas del comunismo mundial, Fidel veía a la JCR como un desafío a los partidos comunistas tradicionales, prosoviéticos, de los cuatro países donde esta operaba. «Nuestro razonamiento era totalmente opuesto al de Fidel», concluye Mattini. «Nosotros queríamos que la JCR se diera a conocer para lograr que otras organizaciones se nos unieran en una revolución armada conjunta». Los comunistas de la vieja escuela, empantanados en el «reformismo», serían dejados de lado por el avance de la revolución, conducida por la JCR.

En poco tiempo, los otros pilares del plan de la JCR estuvieron en su lugar. El 6 de diciembre de 1973, Victor Samuelson, el joven y atildado gerente general de la filial argentina de la Exxon Corporation, paseaba cerca de la piscina en el club privado de la compañía en las afueras de Buenos Aires. Detrás de él, una voz gruñó: «No des un paso más. El lugar está rodeado». Una docena de soldados del ERP había tomado el control del club. Abordaron a Samuelson y lo empujaron dentro de un automóvil; durante los días que siguieron lo mantuvieron oculto en un foso que había sido utilizado para el cambio de aceite a vehículos. Cuando comenzaron las negociaciones del rescate, se lo trasladó a una casa de seguridad más cómoda; allí Samuelson jugaba al ajedrez con sus captores, ganándoles rutinariamente todas las partidas.

El secuestro se había convertido en algo alarmantemente común en Argentina. Tan común que los funcionarios de la Exxon negociaron directamente con el ERP, sin dar parte a la Seguridad Federal argentina, una fuerza de turbia reputación y de cuyos oficiales se sabía que habían llevado a cabo ellos mismos algunos lucrativos secuestros. Los líderes del ERP esperaban obtener unos cuatro millones de dólares. Al principio, la negociación fue conducida por Tupamaros. Cuando la Exxon se plantó en una oferta de escasos dos millones de dólares, Roberto Santucho le pasó el trabajo a uno de sus adláteres más duros, Enrique Gorriarán Merlo. Pasaron los meses. En marzo, Exxon hizo una «oferta final» de diez millones de dólares, a la que Santucho respondió: «Está bien, aceptemos, no podemos retener aquí a este gringo para siempre». Recordando el episodio en su celda en Argentina, Gorriarán dice que pensaba que él podría obtener más. «Les dije: ‘Catorce millones de dólares o les mandamos las orejas’», aunque, según funcionarios de la Exxon, la amenaza fue más mortífera. Gorriarán se reunió con el negociador de la Exxon en un café, a fines de febrero, y le entregó un ultimátum, que más tarde fue puesto por escrito, diciendo que Samuelson sería ejecutado en setenta y dos horas si no se cumplía con la exigencia para su liberación. Exxon aceptó y se comunicó con el negociador del ERP tan solo una hora antes de la medianoche en que se realizaría la ejecución.

El pago del rescate, catorce millones doscientos mil dólares, se envió por avión desde Nueva York, en fajos de billetes de cien dispuestos en seis maletas. Exxon aceptó pagar alimentos y ropa para distribuir entre los pobres de un suburbio de Buenos Aires, lo que explica la suma un tanto extraña del rescate. Dicha cantidad fue por lejos el mayor rescate que obtuvo el ERP, comparado con la media docena de secuestros que había llevado a cabo en años anteriores.²¹

Además de Samuelson, el ERP secuestró a otros dos hombres de negocios extranjeros con el fin de recaudar dinero para la JCR, según Gorriarán Merlo. Firestone pagó tres millones de dólares por la liberación de sus ejecutivos, y Swissair, tres millones ochocientos mil dólares. Durante los primeros meses de 1974, la guerra revolucionaria había sumado a sus arcas más de veinte millones de dólares.²² No faltaba dinero para las luchas que venían—la CIA, basándose en informes de interrogación de las fuerzas de seguridad, estimaba los ingresos de la JCR en los años 1974-1976 en mas de treinta millones de dólares.²³

A fines de enero de 1974 se declaró en Argentina la ofensiva militar de la fuerza guerrillera del ERP. Una fuerza de ochenta hombres, a la orden del comandante militar del ERP, Gorriarán Merlo, se lanzó una madrugada a un ataque frontal contra la base del ejército en Azul, una guarnición blindada ubicada en la provincia de Buenos Aires. Armados con lanzagranadas antitanque y rifles automáticos, atravesaron la entrada principal de la base montados en camiones, en los que pensaban transportar las armas y municiones que robarían del arsenal. Los guerrilleros asesinaron al comandante de la guarnición y capturaron al segundo al mando, para finalmente retirarse bajo intenso fuego después de siete horas de batalla en la que perdieron a cuatro hombres y no pudieron llevarse ningún arma. La batalla de Azul fue un fracaso desde el punto de vista de su objetivo militar, y los líderes del ERP criticaron la manera en que Gorriarán la había dirigido, pero en términos de propaganda constituyó un gran éxito. Fue lo más cerca de una guerra convencional que estuvo una fuerza de guerrilleros en Argentina.²⁴

Había llegado el momento de anunciar al mundo la creación de la nueva alianza revolucionaria. Buenos Aires era la base principal, donde contaban con varias casas de seguridad para las reuniones de las cuatro organizaciones. En Europa, las operaciones de enlace, solidaridad y propaganda se organizaron desde sedes en Lisboa y París. Desde la capital portuguesa, se dio a conocer una declaracion conjunta de las cuatro orgnizaciones, el 13 de febrero, dando cuenta de la Junta como la expresión del principio de «Che» Guevara de que «no hay otra estrategia viable en América Latina que la estrategia de guerra revolucionaria». En Buenos Aires, el ERP aprovechó la batalla de Azul para anunciar la creación de la Junta Coordinadora. En la mañana del 14 de febrero, un pequeño autobús, del tipo que se utiliza para realizar paseos turísticos por Buenos Aires, recogió a seis periodistas que esperaban en ubicaciones preestablecidas y los condujo a un restaurante con salón de baile a unos pocos kilómetros de la ciudad, en Villa Bosch. Gorriarán Merlo, un hombre de poco más de treinta años, de músculos firmes y calva incipiente, se dirigió a los periodistas flanqueado por enmascarados con armas, con un telón de fondo cubierto con carteles del Che Guevara y del general José de San Martín.

Gorriarán declaró que el ataque de Azul era el comienzo de una ofensiva contra el Ejército y acusó al presidente Perón de «reformista burgués». En respuesta al ataque del ERP, Perón había hecho aprobar nuevas y draconianas leyes antiterroristas que dotaban al Ejército de un poder mucho mayor. Otros grupos de izquierda en Argentina habían denunciado que el ataque era una provocación que afectaría negativamente su legítima actividad; ellos se inclinaban por darle a Perón —recién electo, pues finalmente había desplazado a los militares— una oportunidad de probar su independencia. Pero para el ERP no había cabida para la tregua. «Creemos que detener o aminorar la lucha contra el ejército opresor le daría a este oportunidad de reorganizarse y de encarar una ofensiva», respondió Gorriarán Merlo, que a continuación distribuyó un panfleto de seis páginas con el manifiesto de la JCR, «A los pueblos de América Latina». Sin embargo, las noticias sobre la conferencia de prensa clandestina, incluyendo un artículo de más de mil palabras en una página interior del New York Times, apenas mencionaron la formación del frente guerrillero internacional.²⁵ Como veremos más adelante, las fuerzas de seguridad no pasaron por alto la nueva actividad guerrera, que creó casi de inmnediato un incentivo para que las dictaduras establecieran sus propios aparatos de coordinacion.ii

Las organizaciones pertenecientes a la JCR se embarcaron en un periodo de intensos preparativos para la siguiente ofensiva. El dinero del rescate de los tres secuestros permitiría a los guerrilleros conseguir todo lo que necesitaran sin importar el precio. El efectivo era tanto que planteaba problemas logísticos y financieros. Por lo pronto, había que convertirlo a monedas locales. En un momento dado, después de la entrega del rescate de Samuelson, los agentes del ERP enviaban todos los días una maleta llena de dólares a su contacto en el mercado negro de cambio, en el hotel Liberty de Buenos Aires, y la recibían de vuelta con pesos argentinos, chilenos, y otras monedas.²⁶

Las fuentes difieren un tanto sobre cómo se distribuyó el dinero. El MIR, el ELN y los Tupamaros percibieron dos millones de dólares cada uno, según Martínez Platero, líder de este último grupo. Pero Luis Mattini recuerda que la cifra fue de un millón para cada uno. Un cable de Estados Unidos, basado en informes de inteligencia, cita un «comunicado del ERP donde se establece que había cedido cinco millones de dólares a sus organizaciones hermanas dentro de la JCR. El dinero provenía del pago del rescate del secuestro perpetrado por el ERP de un ejecutivo de la compañía estadounidense Exxon. De acuerdo con una fuente que por lo general es confiable, la parte del MIR fue de tres millones de dólares».²⁷

Los grupos guerrilleros tomaron la iniciativa militar en Argentina. Un grupo de treinta combatientes del ERP, bien pertrechados, se infiltraron en las montañas de la provincia de Tucumán y levantaron campamento. El 29 de mayo bajaron y coparon el pequeño pueblo de Acheral, donde arengaron a los pobladores y colgaron carteles, después de pasar todo el día, y partieron durante la noche sin encontrar la menor resistencia. Esa misma jornada, otro comando del ERP atacó un batallón de comunicaciones del Ejército en la ciudad de Rosario, a cientos de kilómetros de Tucumán; también pusieron una bomba en el cuartel de policía.

Las unidades del ERP se dieron cuenta de que era muy provechoso captar combatientes entre las decenas de miles de jóvenes que se habían quedado sin empleo en Tucumán a causa de la desastrosa situación de la economía, que dependía de la caña de azúcar. Otras operaciones militares de alto perfil aseguraron al ERP un lugar en las primeras planas de los diarios. Durante un tiempo, su actividad pareció un desafío superior a lo que el Ejército argentino, minado por la corrupción, podía enfrentar. En agosto, durante un audaz ataque que demostró su capacidad de moverse por el país con entera libertad, setenta guerrilleros se trasladaron desde Tucumán en un autobús alquilado y participaron de un exitoso asalto a la fábrica de municiones castrense en Villa María, provincia de Córdoba. Pero otro grupo de guerrilleros fue capturado cuando marchaba a pie hacia su escondite, después de la incursión; dieciséis resultaron muertos en lo que, en palabras de quienes escaparon, fue una masacre después de la rendición.²⁸

A pesar de las bajas, la «Compañía del Monte» del ERP parecía seguir el esquema de la exitosa ofensiva de Castro en Sierra Maestra, que condujo a la caída de la dictadura de Batista. La topografía tucumana presenta selvas espesas y montañas elevadas, por lo que es ideal para establecer «zonas liberadas» inexpugnables, lo que sería el siguiente paso según las predicciones de Santucho. También el progreso era evidente entre las otras organizaciones de la JCR. En Chile se había establecido una infraestructura segura para el MIR en la clandestinidad, y se estaban poniendo a punto los planes para lanzar una campaña militar en menos de un año. La JCR también apoyaba la reorganización del ELN en Bolivia, y el ERP estaba ayudando a un grupo novato de revolucionarios paraguayos. En apariencia, la revolución durante la contrarrevolución estaba en marcha.

Capítulo 5

AGENTES EN ARGENTINA

Entonces la CIA nos prometió ayuda. Hablé con Vernon Walters, y nos envió ocho agentes de la CIA, de alto nivel, para organizar cursos, o seminarios, aquí en Chile, que duraron hasta mediados de agosto del 74.

Nosotros eliminamos a los terroristas de Chile, sacándolos fuera del país, deteniéndolos en Chile, juzgándolos, con lo cual se produjeron muy pocas bajas comparado con otros países (...). [En] Chile hubo 3000 muertos.

—Entrevista con Manuel Contreras,

junio de 2002

Fue... sé que me van a criticar bastante por esto... pero fue un pedido patriótico, si se quiere, y lo hice.

—Michael Vernon Townley, explicando por

qué accedió a asesinar al general Carlos Prats

Para quien intentaba retomar su vida normal en Chile, había un motivo para respirar con más tranquilidad durante las primeras semanas de 1974. Era verano, una época que muchos pensaban aprovechar para descansar en la playa, intentando dejar atrás los traumas de los últimos meses, creyendo que lo peor ya había pasado. Por las noches ya no se escuchaban disparos; la prensa ya no desbordaba con informes sobre «extremistas» asesinados mientras «trataban de escapar», justificación común de las ejecuciones sumarias. Según todas las apariencias, muchas menos personas estaban siendo asesinadas.

El Estadio Nacional ya no se usaba como centro de detención y se estaba refaccionando para el próximo campeonato de fútbol. Los dieciocho mil prisioneros aún en custodia estaban siendo distribuidos en campos de concentración de más bajo perfil, en pueblos semivacíos desparramados por el desierto nortino y en la zona austral chilena, como fueron los recintos ubicados en Chacabuco, Pisagua, Melinka e Isla Riesco.i La Iglesia católica se había unido a otros grupos religiosos para crear el primer organismo de derechos humanos, el Comité Pro Paz, y sus informes internos documentaban detalladamente los arrestos, las desapariciones, las ejecuciones y la población carcelaria. Estos informes, actualizados mes a mes, mostraban una notable disminución del número de muertos, hasta llegar a un solo desaparecido en febrero.¹ Muchos vieron motivos para confiar en que la ola de violencia hubiese terminado.

Los optimistas, sin embargo, se dejaron engañar por la calma. En el mundo subterráneo de los militares ya se habían tomado las primeras medidas que desembocarían en una violencia todavía más atroz. Manuel Contreras y su equipo de la Academia de Guerra habían finalizado la planificación de la nueva organización de inteligencia y la Junta ordenó que estuviese operativa dentro de los primeros días de 1974. La creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fue un secreto muy bien guardado:

llegó a publicarse un decreto oficial, en junio de ese año, pero este ocultaba los verdaderos poderes de la Dirección en disposiciones secretas. El personal militar de Estados Unidos estacionado en Chile, sin embargo, estaba al tanto de todo. El agregado militar remitió a Washington un análisis biográfico completo sobre Contreras, en el que se documentaba su promoción a coronel y su designación al mando de la DINA, ocurrida el 24 de febrero de 1974.²

Desde el comienzo, la inteligencia militar estadounidense en sus informes describió a la DINA como una fuerza de seguridad sui generis, extremadamente poderosa, única en su especie y un tipo de organización nunca antes vista por los militares chilenos. Si bien su director solo ostentaba el rango de coronel, la DINA estaba al margen de la cadena de mando y era un poder en sí misma. Un oficial naval norteamericano informó sobre una conversación con un oficial chileno nervioso y preocupado: «La DINA, contrariamente a los planes originales (...) depende directamente del presidente de la Junta, el general Pinochet. Cuando el [oficial] preguntó el porqué, la fuente contestó: ‘Ese es un punto demasiado delicado para discutirlo, incluso con usted’». La DINA estaba desplazando a las unidades regulares de inteligencia militar, según el funcionario, y, peor aún, sus agentes se identificaban como miembros de la inteligencia del Ejército o de la Marina cuando realizaban detenciones y allanamientos: «El personal de los organismos que prestaban servicios de inteligencia y del Centro de Contrainteligencia de las Fuerzas Armadas (CECIFA) se refiere a la DINA como ‘el monstruo’».

Otra fuente de preocupación eran los métodos de tortura que aplicaban:

Otro gran problema de la DINA es su sistema de interrogación. La fuente reveló que sus técnicas parecen tomadas directamente de la Inquisición española, y con frecuencia causan daños físicos visibles al interrogado. El CECIFA y los demás organismos de inteligencia están molestos a raíz de esto, pues básicamente piensan que hoy en día no existe justificación para recurrir a técnicas tan primitivas. La fuente añadió que las interrogaciones que realizan el CECIFA y los otros servicios de inteligencia se hacen en presencia de un médico calificado, para asegurarse de no causar un daño físico o mental permanente al sujeto que está siendo interrogado.

Contreras fue investido con el poder de comandar oficiales y soldados de cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas, y de contratar civiles para cubrir las filas en expansión de la DINA. Los mejores y más prometedores oficiales jóvenes, algunos de los cuales habían estudiado con Contreras cuando este era profesor de inteligencia en la Academia de Guerra, competían por ser elegidos.

En la DINA estaban eximidos de usar uniforme y podían llevar el pelo largo. Trabajar para la Dirección significaba horarios de trabajo extensos, irregulares, pero también adrenalina, mujeres, automóviles, dinero. Y, en algunos casos, viajes al exterior.

Los oficiales de inteligencia militar de Estados Unidos consideraban que la DINA estaba a la par de los aparatos represores de los nazis y de los soviéticos, y a la hora de describirla se referían a ella como una «Gestapo moderna» o bien una «organización al estilo KGB».³

En febrero de 1974 ya se le atribuía un poder casi absoluto. «A ningún juez en ningún juzgado, a ningún ministro del gobierno se le ocurriría objetar si la DINA determina que ahora el asunto está en sus manos». Tal fue el informe al Pentágono del agregado aeronáutico. Su fuente había declarado que «en Chile el poder emana de tres fuentes: Pinochet, Dios y la DINA».

Pinochet y Contreras asumieron los papeles del padre que domina y la madre que lo sabe todo, con el poder de dispensar tanto lo bueno como lo malo dentro de la nueva familia totalitaria chilena. Pinochet era una figura pública distante e inflexible que se proyectaba a sí mismo como la encarnación de la Patria. Contreras trabajaba tras bambalinas; el estrecho lazo que lo unía con el general le confería el control sobre la vida y la muerte en el país. En el trato con sus pares se percibía en Contreras un exterior agradable, una suavidad casi femenina. Un funcionario estadounidense de inteligencia que se había reunido frecuentemente con él durante los años setenta lo describió así: «Contreras es educado, de modales suaves. Cuando uno habla con él parece gentil y encantador. No silba ni ladra órdenes a sus subalternos. No es el típico oficial chileno, que en general exhibe los modales de un militar prusiano. Da toda la impresión de ser un hombre razonable y gusta de la conversación inteligente».⁴ Sus amigos y subordinados se refieren a él como «Mamo», derivado de Manuel. En cuanto a su aspecto físico, tampoco era muy imponente: desde joven fue un oficial regordete, con casi ochenta y cinco kilos de peso distribuidos en un metro setenta y dos de altura. Su rostro, suave y redondeado, había ido perdiendo firmeza a medida que envejecía.

En sus épocas de joven oficial era conocido por ser un ferviente católico, un beato que bordeaba la mojigatería. Durante un desplazamiento en el sur de Chile organizó misas especiales en la base para sus soldados, a las que acudían también civiles de la comunidad vecina. Otro militar estadounidense, amigo personal de Contreras, realizó maniobras con él a fines de la década del sesenta y quedó profundamente impresionado por su competencia en el mando y por el lazo que establecía con sus hombres. Su fuerza residía en su capacidad de pensar estratégicamente, de ver el todo en una situación táctica determinada. Las soluciones que brindaba tendían a adoptar la forma de sistemas y planes en vez de arreglos precarios e inmediatistas. Tenía la mente de un ingeniero: la ingeniería era de hecho su especialidad como militar, y fue el único estudio formal que realizó en Estados Unidos del cual se tenga conocimiento.

Este oficial tan bien conceptuado fue el arquitecto de un sistema de inteligencia único, que estaba por desatar una ola de asesinatos en masa. No ha sido posible establecer dónde recibió Contreras su entrenamiento en inteligencia, aparte de los cursos regulares de la Academia de Guerra. Robert Scherrer, funcionario del FBI que lo conoció en profundidad, llegó a la conclusión de que debió haber sido entrenado en Brasil. No hay ninguna duda de que Contreras y la DINA tenían estrechas relaciones operativas con el servicio de inteligencia brasileño, el SNI; existen documentos estadounidenses que confirman que funcionarios de inteligencia de Brasil viajaron a Chile para interrogar prisioneros después del golpe, y que oficiales chilenos fueron enviados a Brasil para recibir entrenamiento en inteligencia.⁵ Además, los métodos de tortura chilenos eran similares a los que se utilizaban en Brasil.

Años más tarde, Contreras se mostraría orgulloso de hablar sobre la inspiración y la esencia de la DINA, así como de su eficacia. Tal como él lo describe, Chile tenía una capacidad inadecuada para reunir información de inteligencia en el momento del golpe. Cada rama de las Fuerzas Armadas contaba con su propio organismo «institucional» de inteligencia, entrenado principalmente para reunir información sobre posibles acciones militares de otros países, como Perú o Argentina, con los que Chile había mantenido conflictos intermitentes durante al menos un siglo. Con respecto a la inteligencia de corte político —consistente en vigilar a los enemigos políticos de cualquier gobierno que estuviera en el poder—, había estado a cargo de la Policía de Investigaciones, rama de la policía civil que se ocupaba del trabajo detectivesco. El jefe de la policía política durante el gobierno de Allende, Eduardo «Coco» Paredes, era socialista y fue ejecutado por los militares ni bien se realizó el golpe.

El flamante gobierno militar había finalizado la tarea relativamente sencilla de capturar a los sospechosos conocidos, que se ocultaban asustados en sus domicilios, pero no estaba preparado para el arduo trabajo de eliminar de raíz al fiero enemigo en el exilio u oculto en Chile. «Yo tuve dos misiones», declaró Contreras en una entrevista exclusiva, donde detalla que:ii

La primera era proporcionar inteligencia nacional, cosa que no se había hecho en Chile hasta el año 1973. Proporcionaría inteligencia nacional al gobierno. Esto es, considerando que se buscaba información en cuatro campos de acción, vale decir, el interno, el externo, el militar y el económico. Esa fue la primera misión. La segunda misión que tuvo la DINA estaba basada en el estado de sitio. Entonces se nos ordenaba reprimir la subversión y el terrorismo que existía en Chile en aquella época. (...) Entonces se ordenó hacer eso y cumplimos con eso, y Chile fue el primer país en el mundo que logró eliminar el terrorismo en su territorio. (...) Nosotros eliminamos a los terroristas de Chile, sacándolos fuera del país, deteniéndolos en Chile, juzgándolos, con lo cual se produjeron muy pocas bajas comparado con otros países que aún tenían el terrorismo. Incluso dentro de la misma América Latina, tenemos en Perú más de doscientos mil muertos, en El Salvador más de doscientos mil muertos, en Argentina treinta mil, y en Chile hubo tres mil. Sin embargo, eso no ha sido considerado hasta el día de hoy por naciones extranjeras, desgraciadamente no se convencen.

La confesión de Contreras sobre el número de víctimas es llamativa, y exacta. En el marco de su extraño cálculo moral sobre los asesinatos en masa, tres mil muertes como resultado de la guerra contra el terrorismo es no solo una cifra justificable sino un argumento para avalar la relativa moderación de sus métodos. Contreras exagera el número de muertos en Perú⁶ y El Salvador, pero el que da sobre Chile está próximo a los 3216 muertos documentados por la investigación oficial chilena sobre derechos humanos. La cifra de Argentina refleja el elevado número sostenido por algunos grupos de derechos humanos.

La noción de inteligencia nacional de Contreras no solo apuntaba a la represión de la izquierda, sino al control total de cada aspecto del gobierno y de la vida social en Chile. Reprimir el «terrorismo» dentro y fuera del país era solo una de las múltiples tareas pendientes; hacer inteligencia nacional significaba que sus agentes debían penetrar y controlar la misma burocracia del gobierno, con especial énfasis en la economía. También debía vigilar al Ejército, para detectar oficiales potencialmente desleales, ejemplo típico de contrainteligencia. Lo que aparentemente Contreras tenía pensado era combinar en un inmenso organismo el trabajo detectivesco interno del FBI, la capacidad para la contrainteligencia del Pentágono y las habilidades para el espionaje internacional de la CIA.⁷

Contreras sabía que necesitaba ayuda. En marzo de 1974 viajó a Estados Unidos para obtenerla. Esa visita quedó documentada en fuentes chilenas y documentos estadounidenses. Tiene relación con el entrenamiento brindado en Chile por esta y el apoyo material, que nunca fueron admitidos por Estados Unidos, si bien referencias generales incluidas en documentos claves confirman que la CIA entrenó a la DINA. Es importante considerar el contexto durante el cual se realizó el entrenamiento: cuando los instructores llegaban a Chile, la DINA lanzó su primer ataque masivo a la oposición en la clandestinidad e inauguró su principal centro de operaciones para tortura e interrogatorio, un complejo amurallado conocido como Villa Grimaldi. Durante junio, julio y agosto, agentes de la DINA —por lo general en camionetas con cubierta de lona en la parte trasera— capturaron a cientos de personas, cerca del diez por ciento de las cuales simplemente «desapareció», una realidad sombría que familiares y correligionarios tardaron meses en comprender. Durante aquellos primeros meses de entrenamiento por parte de la CIA, se multiplicó el número de desaparecidos: 17 en junio, 46 en julio, 49 en agosto, 40 en septiembre. Casi todos eran sospechosos de militar en el MIR.

Los instructores de la CIA abandonaron Chile en agosto. Unas semanas más tarde, la DINA cometió en Argentina su primer asesinato internacional: la víctima fue el rival y predecesor de Pinochet, el general Carlos Prats.

Así, pues, la historia del entrenamiento de la CIA debe ser desentrañada con cuidado. Comienza con las palabras de Contreras:

El año 74, en el mes de marzo, el Presidente [Pinochet] me envió a Estados Unidos. (...) Me entrevisté con [el subdirector de la CIA] Vernon Walters sobre cómo realizar inteligencia nacional. Nosotros estábamos recién organizando la misión de inteligencia nacional, de la cual no existían antecedentes en Chile. Solamente se conocía inteligencia institucional [militar]. Entonces la CIA nos prometió ayuda. Entonces el Presidente me envió a Estados Unidos para ver a quienes nos ayudarían. Hablé con Vernon Walters, y nos envió ocho agentes de la CIA, de alto nivel, para organizar cursos, o seminarios, aquí en Chile, que duraron hasta mediados de agosto del 74. En estos cursos o seminarios se instruyó a los oficiales y suboficiales sobre todas las medidas que debían tomarse y todas las instrucciones que debían llevarse a cabo para poder conformar lo que se llama inteligencia nacional.⁸ Ellos solamente actuaron en la parte teórica. No llegamos a la parte de práctica. O sea, ellos no participaron en nada.

Bueno, llegó agosto del 74 y el jefe de esta delegación, junto con el jefe de la misióniii de la CIA, que mantenía contacto permanente con nosotros, solicitaron quedarse aquí en Chile, a cargo de puestos dentro de la DINA. A lo que yo me opuse, y el Presidente me dijo: «Por ningún motivo». Entonces yo me opuse y le dije [al jefe de la delegación]: «No, tiene que volver a su país».

El jefe de la delegación, que era enviado por Vernon Walters, se molestó bastante y me dijo que íbamos a tener consecuencias, a raíz de que no aceptábamos [este arreglo].

No se puede considerar que efectivamente haya ocurrido lo que relata Contreras solo sobre la base de su palabra.⁹ Él ha usado con astucia su relación con la CIA para comprometer a Estados Unidos, responsabilizando a ese organismo de algunos de los crímenes que se atribuyeron a la DINA, incluido el asesinato de Orlando Letelier. En este caso, sin embargo, existe un significativo volumen de pruebas que confirman los dichos de Contreras sobre el entrenamiento que le brindó la CIA a la DINA.

El adiestramiento a cargo de la CIA es un hecho establecido por diversas fuentes oficiales. El Informe Hinchey, en un párrafo citado ya en el capítulo 4, hace referencia a este entrenamiento por parte de la CIA «para combatir la subversión y el terrorismo provenientes del exterior, no para combatir a los opositores del gobierno dentro del país». Un informe secreto de 1979 del Comité de Relaciones Exteriores del Senado corrobora directamente algunos elementos del relato de Contreras.

Poco después de que se creara la DINA, el director Contreras vino a Estados Unidos en busca de ayuda. Según la CIA, Estados Unidos dejó bien en claro ante Contreras que no se facilitaría ningún apoyo o entrenamiento que pudiera utilizarse para la represión interna. Lo que sí hicieron los funcionarios del organismo fue describirle los fundamentos de la organización y gestión de inteligencia.¹⁰

Los documentos desclasificados de la CIA no hacen ninguna mención a los detalles del entrenamiento ni a la declaración de Contreras de que ocho instructores de la central de inteligencia habían pasado varios meses en Chile. Respecto a este hecho crucial, los dichos de Contreras son corroborados por su jefe de operaciones, el coronel Pedro Espinoza. Al ser citado a declarar en 2000, Espinoza dijo que él organizó una escuela de inteligencia basada en parte «en cursos dictados por instructores de la CIA en Santiago».¹¹ Mis entrevistas con otros dos exagentes de la DINA de menor jerarquía aportan otras pruebas. Uno reveló que asistió a conferencias dictadas por estadounidenses que él supuso pertenecían a la CIA. Las sesiones se realizaron en el regimiento de Contreras, Tejas Verdes, que era el lugar donde la DINA se entrenaba. El otro agente aseguró haber visto manuales de procedimientos y de instrucción de inteligencia de la CIA. Dijo que, antes de enterarse del papel de Estados Unidos, «yo pensaba que Contreras era algo así como un genio por haber montado un aparato tan grande y tan complicado en tan poco tiempo».¹²

Existen pruebas adicionales sobre la estrecha relación que la CIA mantenía con Contreras en ese tiempo, entre ellas que este recibiera dinero de la agencia estadounidense. El servicio ordenó una «averiguación encubierta de antecedentes» sobre el coronel el 20 de mayo de 1974, durante la época en que Contreras alega que los instructores de la CIA se encontraban en Chile. Una averiguación de antecedentes es un procedimiento de seguridad complejo que implica no solo acopiar datos sobre un individuo, sino solicitar información sobre él a todas las misiones de la CIA: es un prerrequisito de la Agencia para establecer una relación estrecha, en muchos casos pagada, con una fuente. Según el Informe Hinchey, Contreras recibió por lo menos un pago de la CIA, a mediados de 1975, por un monto no revelado. (El mismo documento que sacó a la luz la averiguación de antecedentes dice que los archivos de seguridad de la CIA sobre Contreras fueron destruidos en 1991, lo que constituye un acto de suma arrogancia por parte del organismo para evitar futuras y embarazosas revelaciones sobre su relación de trabajo con el chileno).¹³

Un rival en Argentina

La dimensión internacional y geopolítica nunca estaba lejos del pensamiento de Pinochet. Aprovechando la calma en su país, comenzó a ocuparse de la creciente campaña de oposición internacional, especialmente de los exiliados agrupados en Argentina. Pinochet, en un instructivo obtenido por el autor, ordenó a su Cancillería poner el cuerpo diplomático y las embajadas de Chile al servicio de la nueva campaña, que sería supervisada por la DINA, para monitorear la actividad internacional de la oposición. El instructivo, fechado el 29 de diciembre de 1973, especificó que «dos funcionarios de carrera de ese ministerio, y de probada confianza, pasen en comisión de servicio» a la DINA. Diplomáticos en Buenos Aires, Mendoza y otros lugares comenzaron a enviar informes periódicamente sobre las actividades de los exiliados. Un memorándum remitido a «todas las embajadas y consulados en el exterior» ordenó a las misiones diplomáticas «redoblar su actividad y vigilancia» sobre lo que denominó «una campaña activa de desprestigio en contra de la junta de gobierno». Se les instruyó enviar informes «sistemáticamente» con información sobre la «creación de comités de solidaridad y ayuda, sus directivas, sedes y actividades». El instructivo continúa:

Precisar hasta donde sea posible las actividades que desplieguen los chilenos de tendencia marxista en el extranjero, especialmente de los exdirigentes y personalidades del régimen de la Unidad Popular. En lo posible indicar sus lugares de trabajo y domicilios (direcciones y teléfonos).¹⁴

El embajador chileno en Argentina, René Rojas, contestó entusiasta:¹⁵

De conformidad con lo conversado con US [ministro Carvajal], y con otras altas autoridades de Gobierno, he dedicado especial atención a la acción que esta Embajada y sus consulados dependientes pueden desarrollar para contrarrestar la acción subversiva contra Chile organizada en este país por elementos chilenos y argentinos partidarios del derrocado régimen de la Unidad Popular.

Rojas dijo que había convocado a una reunión urgente de los agregados militares y los cónsules generales en las principales ciudades argentinas: Mendoza, Río Gallegos, Bariloche y Buenos Aires. Se les instruyó entregar un «panorama actualizado de las actividades contra nuestro gobierno, elemento esencial para neutralizarlas». Con esto Pinochet amplió la mirada del régimen para detectar amenazas más allá de las fronteras chilenas.

Ninguna amenaza internacional se podía comparar con el principal rival militar de Pinochet, su predecesor, el general Carlos Prats, quien se había exiliado voluntariamente y vivía en Buenos Aires. La renuncia de Prats a la Comandancia en Jefe en agosto de 1973 había preservado la unidad de las Fuerzas Armadas y eliminado el último obstáculo en el plan de los conspiradores para derrocar a Allende. Poco después del golpe, Prats aceptó una oferta de apoyo y protección del presidente argentino Juan Domingo Perón, y él y su esposa Sofía se instalaron en un cómodo apartamento, solventado por sus anfitriones, en el elegante barrio de Palermo. Recibía frecuentes visitas de oficiales tanto argentinos como chilenos. El discreto exgeneral no hacía comentarios en público, pero ante sus visitantes no ocultaba su disgusto por el carácter brutal y antidemocrático del régimen de Pinochet. Tenía frecuentes y amistosas charlas con el agregado militar chileno en Argentina, quien informaba sobre sus actividades al SIM, el servicio de inteligencia militar. La correspondencia de Prats con oficiales en Chile también era voluminosa y sincera. Se comportaba como un militar orgulloso que había servido a su país durante su permanencia en el cargo, y que no tenía nada que temer u ocultar ahora que estaba retirado.

Prats comenzó a escribir sus memorias como hombre de armas, las que pretendían ser una apología de la subordinación militar a la Constitución, principio rector desarrollado por su asesinado predecesor, el general René Schneider, y últimamente repudiado por Pinochet. Se había llevado al exilio sus papeles privados y los utilizó para armar una reconstrucción día por día de los sucesos ocurridos dentro de las Fuerzas Armadas que condujeron al golpe. Prats escribía todos los días hasta bien entrada la madrugada, aun cuando trabajaba regularmente para una firma de importación-exportación con el fin de mantener a su familia. Para el 20 de septiembre de 1974 había finalizado el manuscrito, de más de cien mil palabras, y ese mismo día redactó a mano un prólogo de quince páginas, titulado «Carta a mis conciudadanos». Junto con sus memorias, esta carta no vería la luz durante más de una década.¹⁶

Siento el deber de divulgar «mi testimonio».

Porque el destino me colocó inexorablemente en el trance histórico de participar en acontecimientos trascendentales. (...)

Porque tuve la oportunidad de conocer secretos de Estado que no han salido a la luz y que la Historia de Chile debe recoger.

Porque fui testigo de actitudes nobles de personajes de alto nivel (...) desaparecido [s] prematuramente del mundo terrenal; así como [fui testigo] de actitudes indignas de otros, también de elevada posición, que éstos con angustia quisieran ocultar para siempre.

El complot para asesinar a Prats comenzó a desplegarse en junio y julio de 1974 aproximadamente, cuando Prats se quedó sin la protección del presidente Perón, fallecido el 1 de julio y reemplazado por su ineficiente viuda Isabelita (María Estela Martínez) y una camarilla de peronistas, en su mayoría de derecha.

Este relato del crimen se basa en nueva información obtenida por la jueza de instrucción argentina María Servini de Cubría y por su personal, así como en la confesión nunca antes publicada del asesino estadounidense Michael Vernon Townley, quien trabajó para la DINA.

Townley, capturado por el FBI en 1978 por su participación en el asesinato de Letelier, ha aportado cientos de horas de testimonios para otras investigaciones en Europa y América Latina. Ha sido vinculado con el asesinato de Prats desde hace largo tiempo —los sellos en su pasaporte lo ubican en Buenos Aires en el momento del crimen—, pero él siempre se había negado a hablar sobre su papel. Un acuerdo con el fiscal a cambio de su testimonio completo sobre el caso Letelier parecía mantenerlo al margen de cuestionamientos acerca de asesinatos fuera de Estados Unidos. Luego, en 1999, durante una declaración secreta ante un juzgado federal de Alexandria, Virginia, en presencia de la jueza Servini de Cubría, Townley finalmente describió en detalle lo que sucedió durante esos días de finales de septiembre de 1974.

Nacido en Waterloo, Iowa, Townley era un niño cuando se trasladó a Chile a raíz del nombramiento de su padre como gerente general de la Ford Motor Company. Siendo un veinteañero participó de la lucha contra el gobierno de Allende, y llamó la atención de la CIA por primera vez en 1970. En esa ocasión la Agencia realizó una averiguación de antecedentes encubierta, tal como haría más tarde con su futuro jefe, el coronel Contreras. Townley quería combatir el comunismo mundial como agente de la CIA, pero esta sostiene que nunca pasó de aspirante y que la Agencia desdeñaba sus acercamientos.¹⁷ Después de sus fallidos intentos de trabajar para la CIA, en junio de 1974 Townley se dirigió a la DINA para concretar su ambición de ser agente encubierto.

Por esa misma época, otro agente comenzó a operar en Buenos Aires. Enrique Arancibia Clavel era la oveja negra de una de las familias militares más prominentes de Chile. Había ingresado a la Escuela Naval, pero fue forzado a abandonarla a causa de su homosexualidad. Tanto Arancibia como Townley eran veteranos de las violentas bandas que perpetraban actos terroristas menores y algunos delitos de mayor envergadura contra el gobierno de Allende. Townley había entrado por la fuerza en un estudio de televisión en 1972 y asesinado a un guardia. Arancibia, apodado «el dinamitero», lideraba un grupo de jóvenes de la alta sociedad que hizo estallar unas cuantas bombas. Pertenecía al ala extremista del grupo que secuestró y asesinó al jefe del Ejército René Schneider en 1970, y se unió a aquellos que huyeron del país para radicarse en Argentina. Ahora, en 1974, tanto Arancibia como Townley aspiraban a ser admitidos en una nueva banda, la DINA. El asesinato de Prats sería su prueba de fuego.

En algún momento de mediados de 1974, según Townley, Pinochet mencionó el asunto Prats en una reunión con jefes de la DINA. Sabía que aquel estaba escribiendo sus memorias y que había hecho caso omiso de las advertencias para que desistiera de la empresa. Describió a Prats como «un hombre peligroso para Chile». Y estas palabras de Pinochet eran todo lo que Contreras necesitaba oír. Así, encomendó la operación de eliminar a Prats al teniente coronel Pedro Espinoza y al Departamento Exterior de la DINA. El jefe operacional para la misión era el mayor Raúl Iturriaga Neumann.

El primer plan resultó costoso y muy mal preparado. Según las pruebas que reunió Servini de Cubría durante su investigación,¹⁸ Iturriaga viajó a Buenos Aires a fines de julio con una maleta llena de efectivo para contratar a los asesinos y coordinar la operación con el servicio de inteligencia argentino, la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE). Enrique Arancibia era el hombre de avanzada de la DINA, y como tal distribuyó veinte mil dólares a los supuestos asesinos, entre los que se contaba Juan Martín Ciga Correa, líder del grupo fascista Milicia y participante en las acciones terroristas de la llamada Triple A —la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), que había comenzado a operar después de la muerte de Perón—. Los complotados eran un grupo un tanto ingobernable, con miembros militares, civiles y del gobierno, que se quedaron con el dinero de la DINA pero no ejecutaron el asesinato. Townley apuntó en testimonios posteriores que «los argentinos no tuvieron las agallas de matarlo».¹⁹

Los asesinos, actuando con impunidad en un país que iba cayendo en la anarquía, aparentemente dejaron que sus planes se filtraran en círculos militares y de extrema derecha y, a mediados de agosto de 1974, los servicios de inteligencia de Francia y Alemania del Este ya tenían información exacta sobre la conspiración.

En Berlín oriental, el exiliado líder del Partido Socialista de Chile, Carlos Altamirano, recibió la visita de Markus Wolf, jefe de la división internacional del servicio de inteligencia de Alemania Oriental, la STASI. Altamirano conocía bien a Wolf y le debía la vida. Tras el golpe en Chile obtuvo la ayuda de la STASI para evadir las redadas con que se buscaba a los líderes de la oposición: él era una de las figuras más buscadas y más odiadas por los militares, especialmente porque su partido era el que estaba organizando la resistencia al golpe dentro de las Fuerzas Armadas. Wolf dirigía las operaciones de la STASI en Chile durante el gobierno de Allende; hablaba fluidamente castellano y organizó un sistema de compartimientos falsos para automóviles con el fin de pasar a fugitivos como Altamirano a Argentina.²⁰

En agosto de 1974, Wolf estaba haciendo diligencias para salvar a otro chileno. Le dijo a Altamirano que tenía información fidedigna sobre un plan de la DINA para aniquilar a Prats en Buenos Aires. El asesinato era inminente. «Van a matar a Prats, podría ser cuestión de horas —le dijo, según Altamirano—. Tienes que sacarlo de Argentina». Acto seguido, Altamirano llamó a un amigo en Buenos Aires, quien personalmente llevó el mensaje sobre la amenaza a Prats. Este respondió que era absolutamente consciente de que su vida estaba en peligro, pero se negó a abandonar el país hasta no tener un pasaporte chileno. Era una cuestión de honor militar: Prats y su esposa tenían pasaportes diplomáticos oficiales, pero el ex comandante en jefe se negó a usarlos inapropiadamente para un viaje estrictamente personal. El formulario para tramitar el documento había estado languideciendo en los vericuetos de la burocracia chilena desde hacía meses.

Altamirano también recibió información de parte de la inteligencia francesa con una advertencia similar, que añadía que otro exiliado chileno, Orlando Letelier, también corría peligro. Letelier acababa de llegar a Caracas tras ser liberado después de un año en el campo de concentración de la isla Dawson, donde el régimen militar retenía a los prisioneros de alto rango del gobierno de Allende.

A medida que transcurrían los días, Altamirano y Wolf pusieron en marcha un plan para rescatar a Prats. Wolf consiguió una perfecta falsificación de un pasaporte chileno a nombre de Prats y reunió suficiente dinero para que este y su esposa viajasen con comodidad y se establecieran en otro país. «Tiene que dejar de ser un insensato», protestaba Wolf. Altamirano convocó a un joven miembro del Partido Socialista, Waldo Fortín, que tenía los documentos en regla para moverse con libertad por América Latina, y le instruyó para que abordase inmediatamente un avión con destino a Caracas y Buenos Aires. «Iba a ofrecerle a Prats todo el apoyo posible para lograr que se fuera a Europa, que se tomara un avión a París o adonde se le antojara. Estaba dispuesto a ofrecerle dinero si lo precisaba», señaló Fortín en una entrevista. En Caracas haría la misma oferta de ayuda a Orlando Letelier, quien unos meses más tarde se mudaría a Washington.

En tanto, en la central de la DINA en Chile, consciente de que los asesinos contratados por Arancibia no iban a cumplir, Contreras pasó al plan B: Michael Townley. Cuando este finalmente confesó su participación, veinticinco años más tarde, dijo que el jefe de Operaciones de la DINA, Pedro Espinoza, fue quien le adjudicó la tarea, pero se rehusó a llamarla una «orden»: «Yo diría más bien que me engatusaron [...], me engañaron, me embaucaron (...) [a]l final dije está bien, lo voy a intentar».

En junio de 1974, cuando Pedro Espinoza comenzó el proceso de reclutamiento, Townley trabajaba como mecánico automotriz en Santiago. Conocía a Espinoza superficialmente, de la lucha contra Allende. Hablaron, bebieron juntos, y Espinoza lo contrató para algunos trabajos menores de electrónica para la DINA. Luego mencionó el tema de Prats y deslizó la posibilidad de que Townley trabajara a tiempo completo para la organización. El norteamericano picó el anzuelo:

No puedo precisarle cuándo se produjo esta conversación sobre el peligro que representaba Prats (...) sin preguntar, sin sugerir, sin nada intermedio entre eso y «¿te parece que podrías?», «¿lo harías?», «¿cuándo?». Y tampoco puedo precisar los puntos de transición ni nada parecido. Pero, obviamente, trataba de conocerme, me invitaba a su casa, venía a cenar a la mía, me traía algunos equipos, equipos baratos de radio, «¿me lo podrías arreglar, podrías echarle una mirada a esto, a ver qué tiene?», como si fueran favores personales, y de pronto: «¿Sabes?, podría crearse aquí una organización, tú podrías hacer esto de manera permanente para ellos». Era una situación que se volvió un «sí».

Espinoza derivó a Townley al Departamento Exterior para los detalles. Iturriaga Neumann le facilitó dos trozos de explosivo C4, un «plástico» que parecía arcilla y que era uno de los preferidos de asesinos y terroristas en la década del setenta. Con ellos y un transmisor de radioaficionado, detonadores con mecha y lo que él llamaba «una cosa que zumbaba un tono», armó una bomba a control remoto.

Townley voló a Buenos Aires a principios de septiembre con su esposa, Mariana Inés Callejas. El mecanismo de la bomba estaba oculto en una radio portátil. Alegando que no podía ubicar a Prats, regresó a Santiago. Iturriaga los mandó de vuelta para que volvieran a intentarlo, pero esta vez los acompañó. Él llevó a Townley y su esposa hasta el departamento de Prats en la calle Malabia, a una cuadra de avenida del Libertador, importante vía que cruza el barrio de Palermo.

Townley y su esposa vigilaron el departamento y el viernes siguiente por la noche divisaron a Prats dirigiéndose al garaje subterráneo del edificio. Townley esperó hasta cerca de las nueve y media de la noche, cuando el portero del edificio abrió la puerta de la cochera y la dejó abierta por unos minutos, momento que aquel aprovechó para deslizarse dentro del garaje con la bomba en una mochila. Pronto se dio cuenta de que había cometido un grave error: tenía encima su pasaporte y sus documentos. Los ocultó dentro de un caño que servía de reja, localizó el automóvil de Prats, se deslizó bajo la carrocería y ató la bomba a un eje que soportaba la transmisión, casi en el medio del automóvil. Luego ajustó cuidadosamente el dispositivo que conectaba las baterías al detonador. Armada, la bomba estaba lista para ser detonada con una señal de radio del transmisor modificado. Cuando terminó, la puerta estaba cerrada y Townley tuvo que pasar casi toda la noche escondido en el garaje.

El domingo 29 de septiembre, Prats y su mujer pasaron la tarde y la noche con el exembajador chileno en Argentina Ramón Huidobro. Poco antes de la medianoche, la pareja volvió a su casa doblando por Libertador a una cuadra de su departamento. Cuando Prats giró a la izquierda para conducir los últimos treinta metros hasta la entrada del garaje de su edificio, pasó junto a un Renault estacionado en la esquina, con las luces apagadas. Dentro del Renault había un hombre y una mujer.

Townley y Mariana Callejas habían estado esperando durante horas. Él vio que Prats no estaba solo, sin embargo pensó que era ahora o nunca. «El auto apareció, se adelantó, aminoró la velocidad en el cruce y luego avanzó para entrar en el garaje. Todo lo que pude ver fue la parte trasera. Recuerde que era casi medianoche. Creo que la iluminación en la calle era mala», testificó Townley.

Mariana tenía el detonador. «Estoy sentado al volante, ella del otro lado. Está sobre su falda. Lo toma y dice qué hago (...) lo está tanteando, lo está toqueteando, no sé. Ni siquiera estaba encendido».

El auto de Prats se había estacionado y detenido. El hombre que se atrevía a desafiar a Pinochet escribiendo la verdadera historia del golpe descendió para abrir la puerta del garaje, justo cuando Townley le quitaba el detonador a su esposa, lo encendía rápidamente y presionaba el botón. Casi un kilo de explosivo incineró el automóvil con tal fuerza que el techo fue encontrado en el tejado de un edificio cercano. Carlos Prats González y Sofía Cuthbert de Prats fallecieron en cuestión de segundos.

Michael Townley y Mariana Callejas volvieron al hotel Victoria, en la céntrica calle Florida, y por la mañana tomaron un vuelo a Montevideo, desde donde volvieron a Chile ese mismo día. También ese día llegó a Santiago Enrique Arancibia, quien se alojó en casa de su madre. Una amiga de la familia testificó que estaba hablando por teléfono con la madre de Arancibia, comentando el asesinato, cuando escuchó en el fondo los gritos del agente: «¡Así mueren los traidores!».

En Caracas, Walter Fortín, el joven del Partido Socialista, se levantó temprano y tomó el primer avión a Buenos Aires. Llevaba consigo dinero, el pasaporte falso y una oferta para reubicar en Europa a la familia Prats. Solo al llegar a Buenos Aires se enteró de la noticia: el asesinato había ocurrido tan solo horas antes. Llegó demasiado tarde.

La noticia del asesinato aclaró brutalmente las dudas de Guillermo Osorio, funcionario de la embajada chilena que había intentado ayudar a Prats a obtener su pasaporte. La petición del documento había estado trabada durante meses, y ahora Osorio y otros funcionarios consulares sabían que no era una simple cuestión burocrática. Un mensaje de un oficial militar del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, recibido el día del asesinato, liquidó el asunto con una gélida frase: «Inconveniente otorgar pasaporte a personas indicadas». Pocos días después del hecho, en una conversación con su hermano Renato, Osorio dijo que sabía que la orden tenía como propósito impedir que Prats y su esposa abandonaran Argentina. Cuando su hermano le preguntó quién creía que era el responsable de la muerte, Osorio respondió: «La mano de Pinochet es muy larga».²¹

Guillermo Osorio estaba en camino de convertirse en el hombre que sabía demasiado. Destinado en Chile nuevamente en 1976, era el encargado de procesar documentos oficiales falsos para la DINA, incluyendo los pasaportes que se utilizaron en el complot para asesinar a Orlando Letelier en Washington. En octubre de 1977, a medida que los investigadores del FBI cerraban el cerco alrededor de Chile, Osorio apareció muerto de un tiro en su hogar. Su hermano Renato suplicó a la embajada de Estados Unidos que investigara el caso, que en su opinión era un asesinato disfrazado de suicidio.²²

Años despues en democracia, los investigadores argentinos reunieron un cuerpo voluminoso de pruebas sobre la conspiración para asesinar a Prats, pruebas que vinculaban a oficiales militares y de la policía en Argentina y Chile y a terroristas civiles de ambos países. Townley, en su largamente postergada confesión, argumentó que nunca tuvo contacto con conspiradores argentinos mientras realizó su tarea, pero los investigadores piensan que está ocultando lo que sabe sobre dichos contactos.Entre las pruebas de la participación argentina mencionadas por los investigadores se incluye: múltiples amenazas de muerte por teléfono dirigidas a Prats, evacuación de policías de la calle donde este residía, escasa iluminación en las calles cercanas al domicilio del militar durante las horas previas al asesinato, el hecho de que Townley y su esposa pudieron estar estacionados durante horas, esperando el auto de Prats, sin temor de ser detectados, y la presencia de agentes de la DINA en Buenos Aires, incluyendo a Iturriaga, el capitán José Zara y Arancibia Clavel.²³

Asimismo, Townley mencionó específicamente la participación de la SIDE y del grupo Milicia en conversaciones con otras personas, entre las que se contaba el agente del FBI Robert Scherrer. Un exterrorista italiano, amigo de Townley, dijo que este le contó que la operación contra Prats no podría haberse realizado sin el consentimiento de Argentina.²⁴

Townley y Arancibia Clavel recibieron una recompensa por su trabajo. Ambos fueron promovidos de colaboradores ocasionales a empleados de tiempo completo de la DINA. Contreras adquirió una moderna casa en las colinas de uno de los mejores barrios de Santiago, y se la entregó a Townley y su familia. El norteamericano seguiría ocupándose de trabajos electrónicos y de radio, al mismo tiempo que se le encargarían más asesinatos.

Arancibia Clavel volvió a Buenos Aires a la semana y comenzó su nueva carrera como enlace clandestino de la DINA con los grupos operativos civiles y militares que usaron el nombre de la Triple A —que cada vez estaban más activos en su guerra encubierta contra los izquierdistas—. El 10 de octubre envió su primer informe, formado principalmente por recortes de diarios que hablaban sobre la crisis en Argentina. Arancibia, que había adoptado el nombre de Luis Felipe Alemparte Díaz, mantenía archivos detallados de su correspondencia con sus superiores en Santiago; guardaba las cartas y los informes en cajas en su oficina, en la sucursal bonaerense del Banco del Estado chileno, que era su trabajo de fachada. Este descuidado proceder resultaría una bendición para los investigadores.

En su correspondencia, Arancibia Clavel no se explayaba sobre Prats, pero claramente estaba muy involucrado. En un mensaje del 6 de diciembre comenta que ha estado en contacto con Martín Ciga, que trabajaba como jefe de seguridad en la Universidad de Buenos Aires y que posteriormente fue acusado de participar en el asesinato de Prats. Luego agrega: «Se dice que el grupo que eliminó a Prats tiene una lista de ocho chilenos más, entre los que se cuenta [el exembajador Ramón] Huidobro».²⁵ Huidobro, el amigo de Prats con quien había cenado la noche de su muerte, huyó de Argentina después de recibir amenazas de muerte.

El jefe de Arancibia Clavel en la DINA enviaba instrucciones siempre firmadas con el nombre «Luis Gutiérrez», seudónimo utilizado por Iturriaga, pero también por quienquiera que estuviese a cargo de los elementos operativos del Departamento Exterior. Le exigía que fuera cuidadoso al establecer contactos: «Establecer contactos es de sumo interés, pero tome las precauciones del caso para no levantar ni la más mínima sospecha y para no comprometerse». Dos semanas más tarde, instruyó a Arancibia para que investigase un panfleto del MIR, que presumiblemente había sido impreso en Argentina, y le comunicó a su agente que la DINA estaba expandiendo sus operaciones en aquel país y enviando a un nuevo agente:

El coronel Juan Barría ha sido designado como delegado de la inteligencia nacional en Baires, ocupando el puesto de consejero en nuestra embajada. Este oficial se encargará de los contactos oficiales con la embajada y servicios de inteligencia. Particularmente es 1 intercambio de funcionarios en ese sentido ya que aquí se encuentra un miembro de la SIDE en la embajada argentina en contacto con nosotros. El coronel Barría es nuestro representante oficial y tú eres un jefe de información clandestino.²⁶

Tales arreglos serían formalizados y expandidos en un futuro cercano. La operación Prats fue ejecutada debido a muchos de los mismos agentes y vínculos internacionales que se fortalecerían con el establecimiento del Plan Cóndor un año más tarde. Los informes de Arancibia Clavel mostraban el creciente interés por la coordinación con otros organismos de inteligencia. «Existe la idea de formar una comunidad informativa anticomunista a nivel continental, con militares uruguayos y argentinos que tendrían interés de tomar contacto con los chilenos», escribió en su memorándum número 2, ya en octubre de 1974.²⁷

De hecho, la preocupación respecto de la amenaza internacional de las fuerzas de izquierda ya había llevado al primer intento serio de coordinación de las fuerzas de seguridad en una campaña antisubversiva multilateral. La iniciativa, descrita como «una reunión internacional para el estudio e intercambio de antecedentes sobre grupos subversivos», fue lanzada por Argentina a nivel de las fuerzas policiales nacionales de la región. La policía reaccionaba a las versiones de inteligencia sobre una reunión de dirigentes de la JCR en Mendoza en enero, y a informes de prensa desde Lisboa y Buenos Aires que anunciaban formalmente la alianza revolucionaria.²⁸

Al informar posteriormente a funcionarios de la embajada estadounidense, el comisario de la Policía Federal Argentina, Luis Margaride, dijo que en esa reunión el dirigente del ERP «Santucho fue elegido para asumir el papel que jugó anteriormente Che Guevara»:

Margaride se refirió a la conferencia de terroristas en enero de 1974 a la que asistió Santucho y afirmó que la reunión incluía a terroristas de todos los países latinoamericanos. Dijo que en febrero de 1974 se realizó una conferencia de los jefes policiales de los países de América Latina. El tema de la conferencia era cómo combatir a los terroristas.

La reunión entre el 27 de febrero y el 4 de marzo organizada por la Policía Federal Argentina incluyó a representantes de Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Brasil no participó porque el encuentro tuvo lugar durante el carnaval de Río. Sin embargo, la policía brasileña había estado en contacto reciente con Argentina respecto de intercambiar información sobre la subversión.²⁹

La iniciativa era claramente de policía a policía, y el nivel de participación por parte de los servicios de inteligencia militar no está claro. La policía, no así los militares, tenía una tradición de cooperación legaliv contra criminales internacionales a través de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal). Pero había estrictas restricciones legales e Interpol no se podía involucrar en casos de delitos políticos. Un documento obtenido por el autor en archivos chilenos confirma la realización de este encuentro. También revela que la DINA chilena, a comienzos de 1974 y aún en la etapa de organización y entrenamiento, participó en la delegación chilena, pero en un segundo plano. Una carta del general Ernesto Baeza, director de la Policía de Investigaciones, solicitando autorización de la Junta Militar para financiar el viaje de una semana, señala:³⁰

Como es de conocimiento de US, el Jefe de la Policia Federal Argentina, General de Brigada, señor Miguel Ángel Iñíguez ha invitado al Jefe de la Policia de Chile a una reunión internacional para estudio e intercambio de antecedentes sobre grupos subversivos que operan en el continente. Considerando la magnitud e importancia que dicho encuentro reviste para nuestro país, esta Superioridad solicita la autorización correspondiente de la Honorable Junta de Gobierno para recurrir al evento mencionado, al cual ya han comprometido su participación delegaciones de otros países.

La delegación estará presidida por el suscrito e integrada por el Asesor Jurídico don René Navarro Verdugo y por el Coronel de la Fuerza Aerea don Mario Jahn Barrera de DINA.

El coronel Jahn, a quien conoceremos más adelante, era en ese momento el número dos de DINA, el vicedirector y jefe de la «Subdirección Exterior».

Más detalles sobre la reunión secreta salieron en una revista peronista de izquierda, El Auténtico, que publicó en 1975 lo que afirmó que fuera «una versión taquigráfica» del encuentro. El relato de la revista pasó inadvertido durante muchos años, hasta que el periodista Roger Rodríguez lo desenterró en un archivo. Según la revista, asistieron además de los representantes de Argentina, Bolivia y Chile, el uruguayo Víctor Castiglioni, jefe de la unidad de inteligencia de la policía, y un agente de seguridad u oficial policial boliviano no identificado. Según el relato, Baeza, identificado solo como «representante de Chile, General X de Carabineros»,v planteó una agresiva y detallada propuesta:³¹

La Delegación de Chile somete a consideración de ustedes las siguientes ponencias:

Primera Ponencia, acreditar en cada embajada un Agregado de Seguridad, que pueda ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía (...) cuyas funciones básicas serían la coordinación con la Policía o el encargado de Seguridad de cada país o los varios organismos locales...

Segunda Ponencia, en forma similar a lo que tiene Interpol en París, tener también nosotros una Central de Informaciones, donde podamos requerir datos de individuos que son marxistas...

Tercera Ponencia, intercambios programados e imprevistos de personas: que nosotros podamos venir, ir a Bolivia y Bolivia pueda ir a Chile, y que podamos venir a la Argentina nuevamente (...) que podamos llegar directamente con toda confianza a cualquiera de los organismos de Seguridad de cualquiera de los países, y exponer a qué venimos, que no necesitemos previamente una invitación formal...

Cuarta Ponencia, la necesidad de establecer un canal de comunicación. (...) A manera de ejemplo sugiero dos canales, uno formal que podría ser el Agregado de Seguridad, y uno directo entre los Servicios de Seguridad, para lo cual podríamos ocupar la red ENTEL de teléfonos con el sistema de inversores...

Quinta Ponencia, la necesidad de establecer un intercambio de becas para entrenamiento en el trabajo sin necesidad de cursos...

El boliviano no identificado quería ir más allá. Debían impedir que viajaran los refugiados de izquierda dentro de Argentina: «La ponencia que vamos a hacer al gobierno nacional es la fijación del lugar de residencia de los asilados, así como también la vigilancia semanal de estos».

El representante argentino fue el comisario Alberto Villar, el número dos en la Policía Federal. Dijo que no habría problema si Chile y Bolivia querían desplegar agentes de seguridad a zonas fronterizas críticas como Mendoza y Salta. Villar será una de las figuras principales en la campaña antisubversiva que se iba intensificando después de la muerte de Perón pocos meses más tarde. Desde la policía, Villar organizaba escuadrones de la muerte contra personas de izquierda bajo el alero de la AAA, también conocida como la Triple A. Villar era amigo y fuente de Robert Scherrer, el hombre de la FBI en el Cono Sur y lo mantenía bien informado sobre sus actividades.vi

Un informe de la CIA de mayo de 1976 contrastó esa incipiente cooperación con la coordinación mucho más intensiva de Operación Cóndor, ya en plena actividad. Según la CIA:³²

A comienzos de 1974, las fuerzas de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas en contra de blancos subversivos. [seis líneas tachadas] Desde entonces [dos líneas tachadas] los argentinos han realizado operaciones antisubversivas conjuntas con los chilenos y uruguayos. Sin embargo, hasta hace poco, no había evidencia de que esta cooperación fuera extensiva o muy efectiva.

Se desconoce cuánto de las propuestas de los jefes de policía fueron finalmente implementadas. Pero hubo creciente cooperación entre las fuerzas de seguridad, partiendo gradualmente en los meses que siguieron la reunión, para luego agarrar más vuelo después de la muerte de Perón en junio de 1974. De hecho, el primer caso documentado de un traslado de un prisionero de Argentina a Uruguay ocurrió el 24 de febrero, tres días antes de comenzar la reunión. El militante MLN-Tupamaros Antonio Viana Acosta, viviendo en el exilio en Argentina, fue detenido en su casa en Buenos Aires en una operación conjunta de las policías de Argentina y Uruguay. Su traslado a Uruguay fue en vuelo comercial, junto con otros miembros de su familia. Al llegar a su país fue inmediatamente apresado por policías uruguayas. Viana, que fue brutalmente torturado en ambos países, reconoció a sus captores y nombró, entre otros, a los comisarios Víctor Castiglioni y Hugo Campos Hermida de la policía uruguaya, y al general Iñíguez y al comisario Alberto Villar, de la argentina. Quedó preso en Uruguay hasta 1981.

Después del asesinato del general Carlos Prats y de su esposa en Buenos Aires, Chile ejecutó otra operación en Buenos Aires. En noviembre de 1974, el exiliado chileno William Beausire fue secuestrado en el aeropuerto Ezeiza de la capital argentina y trasladado de regreso a Chile. Beausire no tenía militancia política, pero era hermano de una de las personas más buscadas por la DINA: Mary Anne Beausire, compañera de Andrés Pascal Allende.

Beausire, cuyo padre era británico, fue visto por numerosos testigos en los centros de la DINA, incluyendo Villa Grimaldi. Michael Townley, el autor del asesinato del matrimonio Prats, supo de la operación para secuestrar a Beausire y después bromeó al respecto con sus custodios del FBI en Washington.³³

En acciones conjuntas entre Argentina y Uruguay en 1974 fueron detenidas más de treinta personas, muchas del MLN-Tupamaros o simples refugiados. Estas acciones se tornaron más intensas entre septiembre de 1974 y abril de 1975. Doce uruguayos, la mayoría de ellos refugiados tupamaros, fueron secuestrados y asesinados en Argentina.³⁴

La antesala de cóndor

Funcionarios de las embajadas de Estados Unidos comenzaron a escuchar acerca de reuniones periódicas de las fuerzas de inteligencia y de seguridad de los cinco países de la región, incluyendo en ocasiones a Brasil. Se los conocía como «el grupo coordinador», cuyas reuniones más importantes se llevaron a cabo en Campo de Mayo, base del Ejército ubicada en Buenos Aires.³⁵

La CIA también estaba siguiendo la evolución de los acontecimientos en el asesinato de Prats, y observando la intensificación de la coordinación. Un informe de la CIA citaba a «círculos oficiales del gobierno argentino» que atribuían el asesinato al «trabajo de los chilenos». Otra fuente de la CIA había visitado al general Prats unos días antes y narró una de las llamadas telefónicas de amenaza.

Quien llamaba advirtió a Prats sobre un grupo que se estaba preparando para asesinarlo, y agregó que él mismo estaba en contra. Según Prats, esta persona le sugirió que convocase a una conferencia de prensa para denunciar la amenaza (...) y que realizara ese viaje a Brasil, como tenía planeado. Prats respondió [borrado] que él no había contemplado semejante viaje, sino que lo había mencionado como pretexto ante el cónsul chileno, general Álvaro Droguett, para obtener el pasaporte.

El documento sugería un motivo: «Prats había casi completado sus memorias, en las que condenaba en duros términos a muchos políticos y militares que estaban en contra de la Unidad Popular».³⁶

La CIA también encuadró el asesinato de Prats en el contexto de la Operación Cóndor, que pronto sería implementada, de acuerdo con el Informe Hinchey de 2000:³⁷

«Conocimiento de la Operación Cóndor». Al año del golpe, la CIA y otros organismos del gobierno estadounidense eran conscientes de la cooperación bilateral entre los servicios de inteligencia de la región para rastrear las actividades de, y al menos en algunos casos asesinar a, opositores políticos. Esto constituye el antecedente de la Operación Cóndor (...) puesta en marcha en 1975.

El asesinato de Prats fue la primera incursión de Chile en el terreno internacional. Tuvo éxito, a pesar de que ahora sabemos que hubo importantes filtraciones de inteligencia, con toda probabilidad resultado de la mala coordinación con los argentinos. Son dignas de notar las diferencias en el accionar de los diversos servicios de inteligencia que captaron esas filtraciones: los servicios de Francia y de Alemania Oriental llevaron a cabo de inmediato acciones para prevenir el asesinato; la CIA, al enterarse del plan, pudo haber acordado sin ninguna dificultad una muestra discreta pero visible de interés y apoyo hacia Prats por parte de Estados Unidos: un almuerzo o tal vez una visita del agregado militar de la embajada. Pero nada de eso sucedió.

El año 1974 fue la antesala de la coordinación trasnacional, de baja intensidad. Las futuras operaciones improvisarían y mejorarían el modelo. En el siguiente año la iniciativa antisubversiva pasa de las policías a la inteligencia militar.

Capítulo 6

MISIÓN EN PARAGUAY

Según información brindada por el sujeto durante varias sesiones de interrogación conducidas por la Policía de la Capital en Asunción, este admitió ser miembro de la Junta Coordinadora y estar actuando como mensajero de dicho grupo... El FBI ha abierto una investigación en Estados Unidos...

—Robert Scherrer, agente de enlace del FBI, al informar a la policía chilena sobre la captura de un agente de la JCR

Para la izquierda y sus aliados democráticos, 1975 sería un año para reagruparse y encarar la contraofensiva. Prominentes chilenos de ideología moderada estaban estableciendo sus bases de operación en Estados Unidos y Europa. El líder socialista Orlando Letelier había llegado a Washington; Carlos Altamirano estaba en París y en Berlín Oriental; el democratacristiano Bernardo Leighton, en Roma, y Gabriel Valdés, también democratacristiano y antaño canciller, en Nueva York. Su estrategia era organizar una coalición internacional de países democráticos para aislar a las dictaduras latinoamericanas. Los líderes políticos de Uruguay, Bolivia y Paraguay seguían trasladándose a Argentina, aun después del asesinato de Prats, para aprovechar la cercanía con sus países de origen y la acogida del gobierno peronista.

Las organizaciones de izquierda revolucionaria, ahora coordinadas bajo el paraguas de la JCR, comenzaron a vislumbrar en el horizonte la concreción de su sueño de victoria militar, los «múltiples Vietnam», como a Roberto Santucho le gustaba proclamar. En apariencia, en Argentina estaban teniendo éxito. La «Compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez», grupo guerrillero del ERP en las montañas de la provincia de Tucumán, lanzaba ataques relámpago que descolocaban las torpes tácticas contraofensivas del gobierno. El grupo de ataque de los guerrilleros nunca superaba los noventa combatientes, incluyendo a diez mujeres. Hacia enero las unidades del ERP operaban en casi un tercio de la provincia.¹

Los otros grupos pertenecientes a la JCR enviaban algunos soldados a Tucumán para foguearse en las artes del combate. De los diez soldados enviados por el MIR chileno, cuatro murieron en acción.² La importada fábrica de armamentos del MIR entró en producción en Argentina gracias a los planos, herramientas y técnicos traídos desde Chile: en abril, los combatientes en Tucumán recibieron las primeras metralletas de 9 mm —bautizadas «JCR Uno»— y ya estaban en condiciones de armar cuatro mil armas más: se habían fabricado las partes y esperaban el montaje final. Se ingresaron de contrabando a Tucumán dos radiotransmisores, y así quedó completa la visión de Roberto Santucho de una zona liberada al estilo de Vietnam desde la que se expandiría la revolución.

El diario que editaba el PRT/ERP, El Combatiente, se armaba en una imprenta completamente equipada que funcionaba en las cámaras abovedadas de un túnel —otra escena tomada del libreto del Vietcong—. Tucumán era solo el principio, escribió Santucho en tono triunfal. «Vivimos una situación de auge de masas hacia el socialismo en todos los países latinoamericanos. Esta ola revolucionaria tiene base para varios años porque se asienta en la crisis económica del capitalismo. Si encuentra un cauce adecuado, depende del papel de la vanguardia revolucionaria para construir partidos, las fuerzas militares y políticas de masas; dentro de esta perspectiva, comprendemos la verdadera importancia de la JCR, su carácter estratégico y el papel de las zonas liberadas, cuya concreción como posibilidad comienza a vislumbrarse».³

Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos por darle un carácter de conflagración continental, la guerra revolucionaria que Santucho y los demás líderes de la Junta Coordinadora Revolucionaria esperaban desatar en América Latina no pasó de una serie de sucesos menores (de hecho, en su corta historia la JCR como tal nunca se autoadjudicó ninguna acción militar).‘Voluntarismo’ es el término del léxico de los revolucionarios para definir el error de un líder que se deja cegar por el optimismo de la victoria y no ve la realidad en el terreno. El deseo, la pura voluntad de provocar la revolución se convierten en la base de toda acción y decisión. Al proclamar el éxito de su novata guerra de guerrillas, Santucho seguía la máxima del Che Guevara, que decía que la simple presencia de un pequeño foco inflamaría la acción revolucionaria en una zona mucho más extensa ni bien la gente se enterara de su existencia. En otras palabras, publicitar el éxito es tan importante como el éxito mismo.

Sin embargo, la realidad que enfrentaban los revolucionarios a mediados de 1975 era dura. A más de un año de la creación de la JCR, el accionar de la guerrilla en el ámbito internacional seguía siendo esporádico. Se gastaban cientos de miles, quizá millones, de dólares en mantener la infraestructura revolucionaria en los cuatro países miembros. Cuando la lucha en Tucumán estuvo en marcha, la estrategia de la JCR requería que se abrieran frentes simultáneos en otras partes. «La idea era que Argentina no fuera el único frente de batalla; también debía haber acciones armadas en Chile y en Uruguay, incluso en Bolivia», declara Luis Alemany, por entonces jefe militar de los Tupamaros. Pero no todo salía de acuerdo con lo planeado.

Alemany, desde su base en Argentina, había preparado unidades de tupamaros para lanzar una ambiciosa contraofensiva programada para el 1 de mayo de 1974, contraofensiva que incluiría una ola de secuestros y la irrupción en una prisión, con aviones y transporte marítimo incluidos, para liberar a la cúpula del grupo.⁴ Pero la policía uruguaya descubrió los escondites y se enteró de los planes antes de que la operación pudiera comenzar, de manera que fue necesario abortarla. Desilusionados por el fracaso, los líderes se separaron en facciones a fines de 1974. El grupo Nuevo Tiempo, liderado por Alemany, se pronunció por renunciar por completo a la lucha militar. El otro grupo, Tendencia Proletaria, siguió con la idea de la lucha armada y quedó con la dirección del partido, pero en la práctica se fusionó con el ERP. El movimiento Tupamaros dejó de existir como fuerza militar efectiva. Además, estaban infiltrados. La casa de seguridad donde se realizó su último y acalorado encuentro tenía micrófonos ocultos y los agentes argentinos recibieron transcripciones de los debates que precedieron a la ruptura.⁵

El MIR chileno, por lo tanto, era el grupo de mayor capacidad militar junto con Argentina. Santucho se sentía especialmente irritado a causa de lo que para él era una cautela peligrosamente excesiva, que bordeaba la cobardía, por parte de los chilenos. Tanto en encuentros como en intercambios epistolares, Santucho lisonjeaba, criticaba, pero el MIR continuaba posponiendo la contraofensiva planeada contra el régimen de Pinochet.⁶ En Chile, más bien era la DINA la que había tomado la ofensiva. En octubre de 1974, un grupo de presuntos militantes del MIR que habían sido torturados condujo a un comando de la DINA al escondite de Miguel Enríquez, y el líder mirista cayó muerto durante una furiosa balacera.

En Bolivia, el ELN se había reorganizado, a instancias de sus camaradas de la JCR, para formar el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia (PRT-B). El apoyo logístico de la JCR los ayudó a reinfiltrarse con éxito para sentar las bases de la organización en los sindicatos mineros, movimientos campesinos y otros remanentes de los seguidores del expresidente Juan José Torres. Una protesta masiva en la provincia de Cochabamba, que contó con el apoyo de guerrilleros armados, tuvo corta vida y sirvió para poner sobre aviso al presidente de facto Hugo Banzer de que estaba enfrentando una amenaza de corte internacional. Su canciller y el jefe del Ejército se acercaron al embajador de Estados Unidos para solicitarle informes de inteligencia sobre la actividad terrorista más allá de las fronteras de Bolivia.⁷ La petición fue acogida por Washington.

Hasta en el apacible Paraguay, donde se daba por sentado que la dictadura de Stroessner había aniquilado cualquier tipo de resistencia explícita tras veinte años en el poder, se había producido una incipiente actividad armada. Un grupo ecléctico de exmiembros disconformes del Partido Colorado, estudiantes radicales y marxistas entrenados en Argentina se embarcaron en un plan para asesinar a Stroessner con un coche bomba. El grupo tenía lazos con el ERP y Montoneros, pero no era un socio formal de la JCR. Los miembros más jóvenes del grupo habían recibido instrucción del ERP mientras estudiaban en la Universidad de La Plata, en Argentina. En diversas entrevistas, dos miembros que lograron sobrevivir confirmaron la ayuda de argentinos y revelaron que la bomba destinada a atentar contra Stroessner fue ingresada a Paraguay por el líder del grupo, Agustín Goiburú. Según fuentes de inteligencia, técnicos del ERP armaron el artefacto. Dos veces colocaron la bomba en una camioneta estacionada en la ruta que solía recorrer Stroessner, y en las dos ocasiones la bomba no detonó. Finalmente, en noviembre de 1974, un militante en un acto de increíble torpeza intentó comprar otra carga fresca de explosivos a un oficial de marina. Fue detenido y torturado por la policía de seguridad del dictador, y tras intensos interrogatorios los condujo a la casa de seguridad del grupo, con el consiguiente arresto de docenas de personas. Un informe de la CIA sobre este complot observa que «a pesar del estúpido error que condujo al arresto masivo, el plan de hacer explotar el automóvil de Stroessner fue el más sofisticado de los numerosos intentos de derrocar al presidente desde que subió al poder hace veinte años».⁸

En Tucumán, incluso mientras Santucho proclamaba la victoria, la campaña militar estaba perdiendo empuje. En febrero de 1975 el Ejército argentino desbancó a la Policía Federal, que era cruel pero ineficaz, y lanzó un contraataque concertado que se dio en llamar Operación Independencia. En abril, poco después de que el periódico del ERP, El Combatiente, pregonara que la JCR estaba fabricando su propia metralleta, la «JCR Uno», los militares asaltaron una de las fábricas de armas, instalada en un sótano del barrio de Caseros, en Buenos Aires. Luego, a fines de junio, desviaron un batallón del ERP pobremente armado en Manchalá, Tucumán. Finalmente, poco tiempo después, el Ejército se trasladó a la capital de esa provincia con el fin de diezmar las estructuras de apoyo no combatientes del ERP, que habían operado con entera libertad por más de un año. Durante el resto de ese año el Ejército mantuvo al ala guerrillera del ERP a la defensiva. Según palabras de un observador, los que habían preparado la emboscada se convirtieron en los emboscados, y la campaña guerrillera «se había empantanado como todos los focos rurales [guerrilleros] de la historia argentina».⁹

Estaba claro que la campaña de Tucumán, con su evanescente «zona liberada», no sobreviviría mucho más mientras estuviera aislada. Se necesitaba más solidaridad internacional de la que se había recibido hasta entonces. Si la JCR iba a probar alguna vez su valor estratégico como fuerza regional, este era el momento. La JCR había establecido su red internacional casi con exclusividad en Europa, con oficinas y organizaciones de apoyo en París, Lisboa, Roma y Bonn. Los partidos socialdemócratas europeos habían recibido a principios de 1974 al emisario de la Junta, el tupamaro Efraín Martínez Platero, con respeto y solidaridad, pero rechazaron de plano la petición de apoyo para la estrategia de guerra de guerrillas de la JCR. El entusiasmo europeo y la ayuda financiera se limitaban a la solidaridad con los refugiados, los exiliados políticos y las demás víctimas de los crecientes atropellos a los derechos humanos. La estrategia guerrillera tenía enorme eco entre numerosos grupos europeos de extrema izquierda, pero la JCR trataba de mantenerse a distancia de ellos para no espantar el apoyo, más importante, de los socialdemócratas. Los líderes de la JCR que han sobrevivido —Pascal, Mattini, Martínez Platero— insisten al unísono que no se mantenían lazos operativos con los múltiples grupos radicales europeos, como la Fracción del Ejército Rojo alemana (o banda Baader-Meinhof), aunque no era infrecuente que se establecieran relaciones de amistad personales. Europa representaba una retaguardia de apoyo financiero y de propaganda, decían, pero el accionar militar se mantenía fuera del acuerdo.

La red de la JCR en su base principal, América Latina, no estaba tan bien desarrollada. Se había producido un fenómeno curioso, derivado de contar con millones de dólares que provenían de las arcas de guerra del ERP: la JCR se convirtió en una especie de organización revolucionaria financiera, una cripto-Fundación Rockefeller de la izquierda radical marxista, que escuchaba propuestas y repartía dinero. El líder del ERP, Luis Mattini, ha dicho: «Teníamos muchísimo dinero. Nos venían a pedir grupos de todas partes. Dábamos diez mil dólares aquí, cuarenta mil dólares allá. Si estaban planeando iniciar una lucha armada, con toda probabilidad les íbamos a dar el dinero». Una vez, un grupo de revolucionarios que estaba de visita fue invitado a los cursos de entrenamiento militar en las escuelas clandestinas del ERP. La cantidad más grande que se entregó fue de 150 mil dólares a un grupo izquierdista que se estaba organizando en Portugal para aprovechar la situación del país, una breve revolución auspiciada por los militares. Jaime Bateman, líder de las guerrillas colombianas M-19, el grupo armado de izquierda más activo fuera del Cono Sur, mandó un emisario a Buenos Aires en 1974 para planear la estrategia regional y para discutir la posibilidad de unirse como miembro formal de la JCR.¹⁰ Era momento de que la JCR se tomara seriamente la creación de la «Internacional Latinoamericana» que estaba contemplada en la carta de la organización.

La misión de expansión empezó en mayo de 1975. La Comisión Ejecutiva de la JCR decidió enviar dos emisarios con el propósito de difundir el mensaje de revolución continental a otros países de América Latina; la primera escala fue Paraguay. El viaje pretendía impulsar la estrategia revolucionaria, pero el resultado fue el opuesto. Fue detectado casi de inmediato y dio curso a la primera acción de mayor envergadura de las fuerzas de seguridad de Chile, Argentina y Paraguay. Se puede ver con claridad la relación entre la colaboración multinacional en el caso de los dos emisarios de la JCR en Paraguay y la creación formal, seis meses más tarde, de la Operación Cóndor.

La misión a Paraguay se había planificado a principios de mayo. Edgardo Enríquez había asumido la conducción del MIR después de que su hermano fuera asesinado en el ataque llevado a cabo por la DINA en octubre del año anterior. Edgardo, un hombre oscuro y desgarbado, había estado dividiendo su tiempo entre Cuba, Francia y Argentina desde que abandonó Chile en forma clandestina en febrero de 1974. Ahora, en mayo, acababa de llegar a Buenos Aires desde París; venía con ideas renovadoras y estaba decidido a volver a Chile, donde el MIR finalmente lanzaría la tan postergada ofensiva militar. En una reunión de la Comisión Ejecutiva de la JCR¹¹ propuso el envío inmediato de una misión de expansión fuera del Cono Sur, con una primera escala en Paraguay.

Para realizar este viaje la Comisión seleccionó a dos figuras de segundo plano en la JCR: Amílcar Santucho, hermano mayor de Roberto, y Jorge Fuentes, factótum del MIR en Buenos Aires desde principios de 1974. Ambos estaban a cargo de la organización y los fondos de la JCR. La tarea principal de Fuentes dentro del MIR era asegurarse de que el dinero fluyera continuamente a través de la frontera hacia Chile, para que el movimiento pudiera cubrir todas sus necesidades.

Amílcar Santucho, un hombre de más de cincuenta años, con cinco hijos crecidos, no daba el perfil de revolucionario clandestino. Era un reconocido y exitoso abogado penalista, afiliado desde hacía muchos años al Partido Comunista Argentino. El mayor de los hermanos Santucho (ocho varones y dos mujeres, cuatro de los cuales eran activistas de izquierda), Amílcar se unió a su hermano Roberto en 1973 para trabajar a tiempo completo en el PRT/ERP después de admitir, según su hermano Julio, que «políticamente Robi había madurado mucho» y que su organización prometía alcanzar exitosamente la revolución.

«Del viaje de Amílcar y Fuentes recuerdo exactamente los objetivos», ha relatado Luis Mattini. «Fue una incursión, y un viaje informativo para realizar un chequeo sobre el grado de voluntad de los revolucionarios latinoamericanos. Algo así como un tanteo. Después deberían rendir un informe y salir nuevamente, ya para concretar alianzas o incorporaciones [a la JCR]».¹²

Según dos fuentes, una de las tareas era explorar la factibilidad de trasladar la central de la JCR a otro país latinoamericano. Lima y Caracas eran parte del itinerario.¹³ En la capital peruana debían entregar cinco mil dólares en efectivo al Ejército Popular de Perú, el que años después sería rebautizado como Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en honor al héroe indígena, y que en 1996 sitiaría espectacularmente la embajada japonesa en Lima. En Colombia, además de continuar en contacto con el M-19 de Bateman, los enviados se entrevistarían con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La noche anterior a su partida con Santucho, Fuentes se encontró para tomar un trago de despedida con sus compañeros más cercanos dentro del MIR, Edgardo Enríquez y René Valenzuela. A un observador que presenciara la escena en el bar le hubieran parecido tres oficinistas bien vestidos, reunidos para tomar cerveza y contar chistes después del trabajo. Fuentes había abandonado el aspecto de estudiante radical y sociable que tenía en Chile, donde era ampliamente conocido como «El Trosko», apodo que se ganó por su ruidosa oposición a la influencia trotskista dentro del MIR. Había sido presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, uno de los centros de alumnos más importantes del país. Hijo de un sargento del Ejército, era resuelto y emprendedor, y uno de los muchos jóvenes de clase media baja que supo aprovechar las oportunidades de estudio y progreso que una década de gobiernos progresistas en Chile había puesto a su alcance. Después del golpe había escapado a Cuba vía Perú, y en la isla los expertos de Castro lo entrenaron en actividades clandestinas y modificaron su apariencia. Una dentadura postiza transformó su reconocible sonrisa, mientras que los característicos anteojos negros de carey fueron reemplazados por lentes de contacto.

Valenzuela intentó convencer a Fuentes de que no fuera a Paraguay en autobús. «Le dije:‘¿Por qué no te tomas un avión? Eres un profesional, un sociólogo. Alguien de tu categoría no viajaría en bus. Viajaría en avión’». Pero Fuentes no era una persona que tomara sus decisiones sobre la base del estatus, y la atención que prestaba a las cuestiones de seguridad era mínima, como mucho. Prefería viajar en compañía de un camarada. Por lo tanto, al día siguiente, viernes 16 de mayo, temprano por la mañana, se subió al autobús expreso Buenos Aires-Asunción junto con Santucho para un viaje de casi dieciocho horas. Los dos hombres portaban pasaportes falsos y, violando otra de las normas de la actividad, se sentaron juntos. Cuando el autobús llegó a un punto a treinta y cinco kilómetros al sur de Asunción, abordó el pequeño ferry en que se cruza el río Paraguay hasta el puerto de Itá Enramada, en la otra orilla, donde la policía fronteriza paraguaya controla los pasaportes.

No se sabe cómo fue alertada la policía, pero esta subió al autobús con la clara misión de arrestar al revolucionario de más edad, Amílcar Santucho, quien fue bajado del transporte y puesto en custodia de inmediato. Fuentes, quien aparentemente pasó inadvertido, pudo seguir viaje hasta Asunción. La inteligencia de Estados Unidos mostró un vivo interés en el accionar policial: existe un relato detallado —pero un tanto dudoso— en un cable de la embajada estadounidense en Buenos Aires, presumiblemente basado en fuentes de inteligencia paraguayas y argentinas:

Un ciudadano paraguayo notó el extraño comportamiento de Santucho en el cruce de la frontera, donde parecía que estaba haciendo señas a un contacto con un ejemplar doblado del diario del ERP. La policía paraguaya fue puesta sobre aviso cuando el autobús entró en territorio paraguayo. (...) También llevaba una valija de doble fondo con documentos del ERP e información para contactar a otros izquierdistas en varios países de América Latina. Santucho y su compañero chileno del MIR, Jorge Isaac Fuentes, se encontraban, evidentemente, en tránsito en Paraguay hacia una reunión en Perú de la Junta Coordinador[a] Revolucionaria (JCR).¹⁴

Es difícil creer que Santucho hiciera un gesto tan insensato como exhibir un diario revolucionario mientras realizaba una misión secreta. Las fuentes de inteligencia de la embajada bien pudieron haber inventado ese detalle para ocultar el hecho de que Santucho estuviera bajo vigilancia. Otras fuentes confirman que este tenía documentos de la JCR en el doble fondo de su maleta, y otra fuente que habló con Santucho dijo que también llevaba una gran cantidad de efectivo.¹⁵

Al llegar a Asunción, Fuentes siguió en libertad solo lo suficiente para registrarse en un hotel y mandar una tarjeta postal. Al día siguiente, el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital —la policía de seguridad paraguaya— lo arrestó en el hotel España, ubicado en pleno centro de Asunción.¹⁶

Desde el punto de vista de los servicios de inteligencia, la captura de Santucho y Fuentes fue una bonanza de información. Entre los documentos que llevaban había libretas de direcciones y listas de contactos de la JCR. Casi todos los documentos estaban apenas protegidos por el más endeble de los códigos. En sus memorias tenían grabados los nombres, cargos y seudónimos de cientos de activistas clandestinos, aunque los procedimientos de compartimentación aseguraban que supieran muy poco sobre la ubicación física de cada cual. Habían asistido a las reuniones más secretas del PRT/ERP, el MIR y la JCR, y Santucho había sido el encargado oficial de redactar las actas. Conocían planes, estrategias, infraestructura, transferencias financieras, y una plétora de detalles sobre operaciones guerrilleras pasadas. La policía de seguridad paraguaya pronto se dio cuenta de que estos dos hombres podrían brindar una película casi completa de la actividad de la JCR en el Cono Sur. También estaban al tanto de los detalles de la estructura de la JCR en media docena de países europeos, y de la infraestructura solidaria que se estaba organizando a lo largo y ancho de América Latina, Europa y Estados Unidos.¹⁷

Se trataba de información de interés vital para todas las fuerzas de seguridad e inteligencia que operaban en América del Sur. Tradicionalmente cautos a la hora de compartir información, ahora los organismos de inteligencia comenzaron a trabajar conjuntamente de manera nunca vista. El manejo del caso Fuentes-Santucho creó el molde con el cual seis meses después se daría forma a la Operación Cóndor.

Uno de los primeros en beneficiarse de esta riqueza informativa fue el FBI. El hombre del buró en América del Sur era Robert Scherrer, que ostentaba el título oficial de agregado legal de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. De hecho, Scherrer era una especie de estación de inteligencia unipersonal cuyas fuentes en todo el Cono Sur eran la envidia de la CIA y de la inteligencia militar norteamericana. Pelirrojo, nacido en Brooklyn, de ascendencia germano-irlandesa, su misión oficial incluía hacer de enlace con la policía de Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, además de Argentina. Hablaba un español casi perfecto, e incluso dominaba la jerga policial. Había tenido casi seis años para armar su red de fuentes y contactos en dichos países, y le había prestado especial atención a Paraguay, un país estancado que bien podría definirse como un «páramo cultural». El autor conversó con Scherrer durante largas horas antes de su muerte en 1995; reconoció que había recogido mucha información en sus múltiples viajes a Paraguay en misiones de inteligencia.

Scherrer conocía al general Benito Guanes, jefe del G2, el departamento de inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas paraguayas. También se tuteaba con Pastor Coronel, jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DIPC), que era quien retenía a Fuentes y a Santucho en la sede del organismo en el centro de Asunción. Lo más probable es que uno de los dos le haya facilitado información a Scherrer sobre la captura de los dos revolucionarios. Para la primera semana de junio el agente norteamericano ya había recibido información sobre lo que Fuentes y Santucho estaban confesando bajo tortura. Valiéndose de esta información completaba informes, escribía cartas y comenzaba una investigación para seguir los posibles vínculos de la JCR en Estados Unidos. Su cable a la central del FBI en Washington, entregado al autor al amparo de la FOIA (Ley de Libertad de Información), tiene fecha 6 de junio.

El funcionario del FBI dio un significativo paso adelante en sus funciones y así surgió —en el grado en que la documentación probatoria se ha dado a conocer— el primer caso documentado de participación oficial de Estados Unidos en las operaciones multinacionales contra la JCR. Scherrer envió una carta a su principal fuente policial en Chile, el general Ernesto Baeza, contándole sobre los arrestos de los miembros de la JCR. Pero fueron los agentes de la DINA, no de la Policía de Investigación del General Baeza, los que llegaron a Asunción para participar en los interrogatorios a Fuentes y Santucho. En las semanas siguientes también participarían oficiales militares de inteligencia de Argentina y de Uruguay.

Pero antes de continuar con esa historia, que culminaría con la creación formal de la Operación Cóndor a fines de ese año, debemos seguir el derrotero de la investigación que el FBI realizó sobre la JCR, que en este punto toma un desvío hacia Estados Unidos.

La carta de Scherrer dirigida al oficial de policía chileno fue finalmente entregada a los investigadores oficiales de derechos humanos reunidos en la Comisión Rettig, quienes la archivaron en la sección «reservada» o secreta. El autor fue autorizado a leer y copiar la carta, que se reproduce a continuación:

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Buenos Aires, Argentina

Oficina del Agregado de Asuntos Legales

6 de junio de 1975

MI CARTA # 3

General Ernesto Baeza Michaelsen

Director General de Investigaciones

Dirección General de Investigaciones Santiago de Chile

Atención: Inspector Jaime Vásquez Alcaíno

Asunto: Jorge Isaac Fuentes (a) Auriel Nodarse Ledesma

De mi mayor consideración:

Me he enterado que el sujeto citado es ciudadano chileno y miembro del MIR. El fue detenido el día 17 de mayo de

1975 en Asunción, Paraguay luego de entrar al país ilegalmente de Argentina portando un pasaporte Costarricense, número 142302/74 bajo la identidad de Auriel Nodarse Ledesma. El sujeto fue acompañado por Amílcar Santucho, hermano del máximo líder de ERP, Mario Roberto Santucho.

Según información suministrada por el sujeto durante varios interrogatorios por parte de la policía de la capital de Asunción, él admitió que es miembro de la Junta Coordinadora y estuvo actuando como correo para dicha agrupación.

En su libro de direcciones, el sujeto tenía las siguientes anotaciones de individuos y direcciones en los EE.UU.:

1. Margaret Sun

C/O Maria Blandao

440 West End Ave. Apt. 16E

New York, New York 10024

2. Sonia Bacicalupe

8024 Rothington Road

Dallas, Texas 75227

3. Calle Padre Colón # 256

Río Piedras, Puerto Rico.

Se informó que Bacicalupe es la hermana del sujeto. El FBI inició una investigación en los Estados Unidos concerniente a las personas y direcciones mencionadas arriba. Le informaré los resultados de la misma tan pronto los tenga en mi poder.

Aprovecho esta ocasión para saludarle muy atentamente,

Robert W. Scherrer

Agregado de Asuntos Legales

El informe de Scherrer a la central del FBI está escrito en un lenguaje similar y confirma la investigación de Estados Unidos. En este documento queda patente la relacion de cooperación entre la policia paraguaya y el FBI:¹⁸

Coronel solicitó que el buró llevara a cabo una investigación adecuada sobre los individuos mencionados arriba [Sun, Brandao y Bacicalupe] y/o las direcciones para identificar plenamente a los individuos y evaluar si tienen conexiones con organizaciones subversivas en Estados Unidos. Coronel puso a disposición un voluminoso material confiscado en varias maletas con fondo falso que llevaban Santucho y el sujeto [Fuentes] cuando ingresaron a Paraguay.

En un artículo del periodista Tim Weiner publicado en el New York Times, que sería el primero en sacar a la luz la existencia de la carta de Scherrer, se cita al FBI diciendo que la investigación «es de rutina, una forma de cooperación tradicional». Al periodista se le informa que el FBI no pudo contactar a las personas que se menciona en la carta, lo cual no es verdad.¹⁹ No mucho después del informe de Scherrer, la hermana de Fuentes, Sonia Fuentes Bacicalupe, estaba dando clases a niños de primaria en la escuela católica St. Phillips, ubicada en un suburbio de Dallas, Texas, cuando un sacerdote entró en el aula para comunicarle que un agente del FBI la buscaba. El agente quería saber cuándo había visto a su hermano Jorge por última vez, y si él en algún momento había vivido con ella en Estados Unidos. Sonia contestó que no lo había visto desde que ella abandonó Chile, varios años antes del golpe. El agente no le contó sobre el arresto de Jorge en Paraguay; pasarían varios meses antes de que ella conociera el destino de su hermano.²⁰

Scherrer habló sobre Fuentes y Santucho en diversas entrevistas que mantuvo con el autor en el contexto del papel de la Operación Cóndor en el asesinato de Orlando Letelier. Él mismo fue quien mencionó los arrestos de los agentes de la JCR en Paraguay como ejemplo de la coordinación de inteligencia internacional contra el terrorismo, que luego se formalizaría en la Operación Cóndor. En una de las entrevistas detalló la brutalidad de la policía paraguaya y cómo aplicaba la tortura, pero no reveló que él estaba al tanto del interrogatorio ni que había compartido la información con su contraparte chilena, el general Baeza.

Scherrer afirmó que consideraba el intercambio de información con la policía de la región como parte de su trabajo, como colaboración en la persecución de «terroristas» y, según él, Fuentes y Santucho encajaban en esta categoría. «Debían ser capturados, pero para ser juzgados, no asesinados», agregó. Los gobiernos militares de la región veían a Estados Unidos como un «refugio de terroristas» bajo el disfraz de activismo por los derechos humanos, y Scherrer señaló que en 1975 los gobiernos propusieron formalmente que el FBI «intercambiase de manera más abierta la información con ellos» sobre la actividad en Estados Unidos de quienes consideraban terroristas.²¹

Durante una entrevista realizada en 1979, Scherrer procuró vincular los arrestos en Paraguay con un famoso incidente terrorista ocurrido en París unas semanas más tarde. Dijo que la enorme cantidad de información extraída de Fuentes y Santucho había dado una pista importante que ayudó a rastrear a uno de los terroristas internacionales más célebres de la época, Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como Carlos, o Carlos «el Chacal», activista venezolano con residencia en Europa.

Según Scherrer, la policía paraguaya encontró una referencia a un «Carlos» en la libreta de direcciones de Santucho, junto con una dirección o número de teléfono en París. Pensaron que se trataba de una pista del paradero del hermano de Santucho, Roberto, cuya «chapa» dentro del ERP era Carlos, y le pasaron el dato al servicio de seguridad francés, la DST. Pero el 27 de junio, cuarenta días después de los arrestos en Paraguay, tres agentes de la DST y un informante golpearon a la puerta de un apartamento en París donde habitaba Ilich Ramírez, que se hacía pasar por un estudiante que convivía con su novia. Después de hacerlos entrar, Carlos sacó su arma y disparó a los cuatro, para luego escapar. Según Scherrer, «estaban buscando a Roberto Santucho, que usaba el alias ‘Carlos’. Los agentes [franceses] fueron al apartamento a buscar a Roberto, pero en su lugar se toparon con el verdadero Carlos, el Chacal. Este tenía un arsenal y un grupo de guardaespaldas. Se abrieron paso a balazos y asesinaron a los agentes».

Las fuentes de inteligencia francesas cuentan una versión distinta de la historia de Scherrer. En un documento se menciona que un informante los condujo al apartamento y que intentaron interrogar a Carlos, no arrestarlo, pero este entró en pánico y comenzó a disparar no bien se dio cuenta de que los franceses conocían sus conexiones con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). El Chacal permaneció en libertad durante más de veinte años, cometiendo actos terroristas cada vez más salvajes, incluyendo el secuestro de los ministros del petróleo de la OPEP ese mismo año y de un avión de Air France que finalizó con un asalto espectacular —y sangriento— por parte de un comando israelí en el aeropuerto de Entebbe, Uganda. Alguna vez se vanaglorió de ser el responsable de la muerte de ochenta y tres personas.

¿Acaso el descubrimiento del famoso Carlos fue resultado de la pista enviada desde América del Sur? A pesar de las diferencias con la versión francesa, la historia de Scherrer ha sido corroborada de manera independiente. En primer lugar, el jefe del DIPC, Pastor Coronel, escribió sobre la conexión con Carlos en documentos secretos encontrados en el Archivo de Paraguay. Coronel estaba en posición de saberlo, pues se hallaba a cargo del interrogatorio de Fuentes y Santucho y más de una vez se adjudicó el mérito de haber conducido a la policía francesa a la puerta de Carlos. En un trabajo preparado para presentar en un encuentro de servicios de inteligencia, en 1976, y en otros dos documentos, Coronel informa sobre la captura de Santucho y Fuentes, a quienes describe como «líderes de alto rango de la Junta Coordinadora Revolucionaria [JCR]»:

La documentación que se les secuestra demuestra que su estada en el Paraguay estaba vinculada a la organización del terrorismo y a los grupos de base. Más adelante, se trasladarían a otros países americanos, hasta llegar a París. En París tienen fijada una dirección para un contacto. Ponemos en conocimiento de las autoridades francesas dicha dirección. Policías franceses allanan, y mueren dos oficiales en manos del famoso terrorista Carlos. La internacionalidad de la subversión tiene así un nuevo punto de certificación.²²

Otros documentos del Archivo de Paraguay muestran que Pastor Coronel siguió la investigación sobre Carlos. Poco después de los arrestos, solicitó y recibió una foto del terrorista de parte del jefe de la SIDE argentina, Otto Paladino.²³ De Venezuela proviene información adicional, en tanto la policía de ese país tenía el mayor interés en su conciudadano: el servicio de inteligencia venezolano, la DISIP, también se adjudicaba el mérito del asalto al apartamento del Chacal. «Sabíamos que [Carlos] estaba en Francia y se lo comunicamos a la policía francesa», dijo Orlando García, en aquel entonces comisario general de la DISIP. No ha podido establecerse si la información venezolana provenía de los arrestos paraguayos o no tuvo ninguna relación.²⁴

En marzo de 2001 pude comunicarme personalmente sobre este tema con Carlos, quien cumple sentencia de cadena perpetua en París por ese tiroteo. La explicación más obvia sobre la referencia a Carlos en la agenda de Santucho era que existía una relación entre el extremista venezolano y el ERP o la JCR. Informes posteriores de la CIA y la DIA aseveran dicha relación, que también es tomada por cierta por otros organismos de inteligencia sudamericanos. En un intercambio epistolar vía fax, Carlos admitió desde la prisión de La Santé una relación entre su organización, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y el ERP. En la carta manuscrita también dice: «Mi contacto con los camaradas del MIR [en Medio Oriente] era de naturaleza social». Relata que el apartamento donde se produjo el tiroteo era la vivienda de «dos estudiantes universitarios de Venezuela» y que no tenía teléfono. «No conozco personalmente a los señores Amílcar Santucho, Mario Roberto Santucho, o Jorge Isaac Fuentes Alarcón, si bien nuestros camaradas sí conocían al ERP en París.»²⁵

Los dos detenidos de la JCR fueron recluidos en la misma prisión que el presidente Stroessner utilizó durante muchos años para atormentar a sus adversarios políticos. Los sobrevivientes la llamaban «El sepulcro de los vivos». Interrogatorios y sesiones de tortura se llevaron a cabo en un edificio pegado a la central del DIPC, el Departamento de Investigaciones de la Policía, ubicado sobre Presidente Franco, una calle angosta, de gran actividad, a pocas cuadras del Parlamento paraguayo. El jefe de la unidad era Pastor Coronel, quien ocupaba una gran oficina con vista a la calle en el segundo piso, enmarcada por cinco grandes ventanales de estilo colonial francés que había conocido tiempos de esplendor. Las oficinas de los demás investigadores se encontraban en el primer piso.

Los prisioneros eran de fácil acceso a sus interrogadores. Las celdas estaban al fondo, en lo que alguna vez había sido un edificio aparte y que se había unido toscamente al edificio central a través de puertas estrechas que atravesaron las paredes y de rampas que salvaban las diferencias de nivel entre los pisos. El espacio destinado a la prisión provocaba un efecto extraño, que causaba desorientación: las paredes terminaban antes de llegar al techo, había columnas abandonadas de construcciones previas que servían de apoyo a nada y escaleras que terminaban en paredes de ladrillo. No había ventanas al exterior. Las puertas de las celdas estaban cubiertas con planchas de hierro que tenían una pequeña ranura como única abertura. Solo había un baño, en la planta baja, pero no se les permitía a los presos utilizarlo: debían hacer sus necesidades en un tarro vacío de leche Nido.

Las celdas habían estado repletas por meses antes de la llegada de Fuentes y Santucho. Seis meses antes, en noviembre de 1974, el DIPC había hecho una redada y capturado a cientos de sospechosos de estar conectados con el grupo liderado por Agustín Goiburú que había intentado asesinar al presidente Stroessner con el coche bomba. No había espacio en las celdas para la totalidad de presos que allí se encontraban. Muchos pasaban los días sentados en las escaleras y dormían sobre el piso de hormigón de los corredores. Sin embargo, a su llegada solo quedaban unas docenas, supuestamente los activistas más involucrados en el complot.

La tortura en las cárceles paraguayas era rutinaria, pero con escasa metodología científica. Coronel y sus hombres usaban un látigo corto, áspero, llamado tejuruguai, confeccionado con cable grueso y piezas de metal envueltas en cuero. Grilletes de acero inmovilizaban de pies y manos a los prisioneros en sus celdas, a veces durante días enteros. Junto con estos métodos, que apenas habían cambiado desde las mazmorras típicas del medioevo europeo, la policía incorporó las técnicas latinoamericanas más modernas de la picana eléctrica y la inmersión en agua, a veces en combinación.

Hay una rutina narrada por los prisioneros que bien puede ser algo que solo sucedía en Paraguay. Cuando se había quebrado a un prisionero, y estaba listo para confesar, Pastor Coronel disponía una sesión de interrogación en sus espaciosas oficinas con vista a la calle. Se invitaba a estas sesiones secretas a oficiales de alto rango del gobierno de Stroessner, así como a agregados militares extranjeros. Se traía al prisionero, en ocasiones con los ojos vendados, y se lo hacía parar o sentar cerca del escritorio de Coronel. Los mozos, vestidos de traje oscuro, circulaban sirviendo café y entremeses al grupo de oficiales invitados, que se sentaban en semicírculo alrededor del reo. Un prisionero que fue sometido a esta rutina la describió como un tribunal, con preguntas no solo de Pastor Coronel y sus hombres, sino también de los invitados. Varios de los prisioneros entrevistados por el autor aseguraron reconocer, a partir de las preguntas y los acentos, visitantes de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Un prisionero incluso llegó a afirmar que el mismo Stroessner había estado presente durante su interrogatorio.²⁶

Santucho, que sobrevivió, describió una sesión en la oficina de Pastor Coronel poco después de su llegada, con preguntas realizadas por argentinos. «El interrogatorio se hizo en la oficina del jefe de investigaciones. Fue durante este interrogatorio cuando me dieron electricidad en los oídos. Había varios argentinos, no sé si policías o militares. De alguna manera me dio la impresión de que eran parte del personal de la embajada argentina en Paraguay.» Según Santucho, en sesiones posteriores fue interrogado por hombres que, concluyó, eran militares chilenos, argentinos y uruguayos.²⁷

Entre los documentos hallados en el Archivo de Paraguay se encontraron cinco páginas de preguntas detalladas formuladas a Santucho. Más de la mitad de las sesenta preguntas se referían a la Junta Coordinadora o al ERP y a su supuesta relación con activistas paraguayos. Este primer cuestionario refleja una escasa inteligencia sobre las operaciones de la JCR, y parece más una exploración desordenada que un interrogatorio sistemático. Pero eso cambió con rapidez.

Interrogatorio coordinado

Con la captura de Fuentes y Santucho, un nuevo sistema de coordinación internacional comenzaría a operar con rapidez y eficiencia. La información extraída de las interrogaciones era transmitida de forma expedita a Chile y Argentina, y sus servicios de inteligencia proporcionaban nueva información para que se hicieran preguntas más detalladas. El cuestionario viró de Paraguay a las actividades clandestinas en Buenos Aires y Santiago. Documentos que parecen ser notas tomadas por los interrogadores muestran cómo trataban que los dos prisioneros los ayudaran a ubicar importantes objetivos en Buenos Aires. Hay notas y un mapa hecho a mano que hacen mención al «lugar de encuentro de la Junta» —en referencia a la JCR— y a una «escuela militar del ERP» en las afueras de Buenos Aires. En una «declaración de interrogación» firmada, Pastor Coronel hace preguntas que se basan en un íntimo conocimiento de las actividades clandestinas del MIR en Chile. Los intercambios son prueba fehaciente de que Coronel estaba interrogando a Fuentes para beneficio de la DINA en Chile, y que estaba mandando y recibiendo información para avanzar en el interrogatorio.²⁸ A Fuentes se le pregunta —pero él solo da unos cuantos detalles— sobre los métodos para enviar correspondencia desde y hacia Chile, y sobre los planes para infiltrar armas en ese país.

De forma inmediata, la DINA comenzó a utilizar esa información para realizar arrestos en Chile. Una serie de preguntas se relaciona con el número de teléfono de una persona residente en Santiago y que, al parecer, hizo de contacto de emergencia con «Benjamín», chapa de Andrés Pascal, líder del MIR por entonces. Aquella persona, nombrada en documentos encontrados posteriormente en Paraguay, era la periodista Marcia Scantlebury. El 3 de junio de ese año, agentes de la DINA la detuvieron en su casa, para luego trasladarla a Villa Grimaldi, donde fue interrogada y torturada durante meses. Scantlebury, en un testimonio posterior, dijo que el agente Marcelo Moren Brito la interrogó mientras hablaba por teléfono, entregando sus respuestas para una sesión de interrogación que se realizaba en Paraguay.²⁹

Otro conjunto de documentos describe la participación del oficial de inteligencia argentino mayor José Osvaldo Riveiro, quien se convertiría en un agente importante en las actividades de la Operación Cóndor. Una carta manuscrita, con fecha 23 de junio y dirigida a «Benito» (el jefe de inteligencia militar, coronel Benito Guanes), está firmada por «Osvaldo». Los dos oficiales, claramente, acababan de finalizar una conversación telefónica: «No bien hable contigo me dedico a satisfacer tus requerimientos». La carta se extiende por cinco páginas y está acompañada de cinco documentos para ser utilizados durante el interrogatorio.

Se adjunta una fotografía de Rubén Sánchez Valdivia, exmilitar boliviano y uno de los fundadores de la JCR, junto con la solicitud de que Fuentes sea interrogado sobre el paradero y las actividades de ese activista.³⁰ En la carta, Osvaldo enfatiza que el interrogatorio «es muy importante, porque ya casi lo tenemos ubicado».

El objetivo principal de Osvaldo, tal como surge de otros documentos, era el líder máximo del MIR en Argentina, Edgardo Enríquez, cuya presencia en el país seguramente se había detectado debido a estos interrogatorios: Fuentes y Santucho estaban al tanto de la reciente llegada de Enríquez desde Europa. La información que se obtuvo a partir de la tortura de Fuentes y Santucho puso en marcha una cacería masiva de los líderes del MIR, que mantendría ocupados a los servicios de inteligencia chilenos, argentinos y de otros países durante más de un año. En breve retomaremos este tema y nos volveremos a encontrar con «Osvaldo». Por ahora el hilo de la historia vuelve al coronel Manuel Contreras, a la central de la DINA, y a Santiago.

Capítulo 7

EL SISTEMA CÓNDOR

Iremos hasta Australia, si es necesario, para agarrar a nuestros enemigos.

—Coronel Manuel Contreras, citado por la CIA

Un secreto terrible entre las organizaciones revolucionarias clandestinas de la época, algo de lo que casi nunca se hablaba, era que la tortura, aplicada metódica y universalmente como lo hacían la DINA y otras fuerzas de seguridad, transformaba a casi todas las personas en títeres sollozantes, quebrados y sometidos al control del interrogador-titiritero. La humillación era total. Atadas al armazón metálico de una cama, desnudas y abiertas de brazos y piernas, recibiendo electricidad en las partes más íntimas y sensibles del cuerpo, las víctimas perdían todo control físico. Los esfínteres cedían, los músculos se atenazaban en espasmos. Todo el cuerpo se estremecía y se sacudía en oleadas de violentas convulsiones. Entre los métodos de rutina se contaban la horca, las inmersiones, golpizas con asfixia, violaciones y simulacros de ejecución. Algunos prisioneros eran atropellados por camiones. El hedor, los gritos, el sonido de huesos que se rompían y la excreción de todo tipo de efluentes humanos conformaban un cuadro de horror genuino.

Resistir no significaba permanecer en silencio, sino demorar lo más posible en revelar la información que llevaría a los agentes a los escondites de los camaradas. Los militantes eran entrenados —instruidos es un término más exacto, ya que el entrenamiento era imposible en el estricto sentido de la palabra— para contar diversas historias y utilizar otros subterfugios y así abstenerse de confesar por veinticuatro horas. Pasado ese periodo, se asumía que cada prisionero soltaría al menos algo de información.

Hablar por efecto de la tortura no se consideraba necesariamente una traición, pero para la víctima la vergüenza de haber «confesado» era una de las cicatrices más humillantes. No solo sufría por la culpa de haber sobrevivido; la información entregada podría conducir a la muerte de sus compañeros y amigos.

El aparato de la muerte tenía en cada país características propias. Los métodos de la DINA eran selectivos. La tortura no se usaba esencialmente como castigo, sino como una herramienta. Un sistema tan cruel tenía un cierto trasfondo de racionalidad, aunque no del todo. Los cautivos que tenían una posición de liderazgo o estaban relacionados de alguna manera con el brazo militar del MIR —conocido como «la Fuerza Central»— eran condenados a una muerte y desaparición casi seguras. Muchos otros fallecieron a causa de una excesiva tortura; otros, por razones desconocidas. Tal vez el noventa por ciento de los detenidos en Chile por la DINA haya sobrevivido. El sistema quitaba o perdonaba la vida a su antojo. Durante el primer año de la DINA, es decir en 1974, esta estructura de tortura y ejecuciones secretas costó la vida de 421 personas; no se sabe a ciencia cierta el número de personas que secuestró y retuvo durante ese mismo periodo, pero los investigadores estiman que ronda las cuatro mil. Estos números de detenciones y desaparecimientos se multiplicarán en los siguientes dos años.¹

El aparato operativo de la DINA funcionaba a toda marcha. Su base era Villa Grimaldi, un complejo amurallado que durante la Unidad Popular había sido un club nocturno. El proceso era sistemático: los agentes primero detenían a los sospechosos de tener algún vínculo con la oposición clandestina. Se forzaba a los detenidos a confesar nombres y direcciones, y luego estas personas eran a su vez detenidas. Con el tiempo los agentes de seguridad llegaron a penetrar las capas más íntimas del MIR y del Partido Socialista, los blancos principales en esa época.

El sistema tuvo éxito. En septiembre de 1974, la DINA localizó la vivienda del líder del MIR, Miguel Enríquez. Cuando un escuadrón estrechó el cerco alrededor de la casa, Enríquez y varios de sus lugartenientes tomaron sus armas y, luchando, lograron salir por la parte trasera hacia una ruta de escape previamente acordada. Sin embargo, una granada explotó cerca de la compañera de Enríquez, Carmen Castillo, embarazada de seis meses, dejándola inconsciente. Enríquez la llevó en brazos al interior de la casa, la recostó detrás de un mueble pesado e intentó llegar nuevamente a la ruta de escape. Al cruzar el patio abierto, agentes de la DINA ubicados en los techos aledaños lo abatieron con una cerrada descarga de ametralladoras. Enríquez murió, pero Castillo, gravemente herida, fue capturada dentro de la casa y logró sobrevivir.²

El ataque fue ampliamente publicitado. Enríquez había sido una figura importante en la política chilena durante una década, y era una de las personas más famosas y conspicuas del país. La batalla campal se utilizó como prueba de que Chile aún se enfrentaba a la «amenaza terrorista», un año después del golpe. Pero, en realidad, desde el 11 de septiembre de 1973 no se había producido una sola confrontación armada iniciada por el MIR o algún otro grupo opositor. La DINA también se infiltró y desbarató la jerarquía del Partido Socialista en la clandestinidad. Chile estaba en calma. Informes de la CIA y de la DIA enviados a Washington referían las victorias de la DINA en cables que destilaban respeto por la eficacia de sus operaciones.

Contreras, sin embargo, no estaba listo para cantar victoria. La ausencia de violencia extremista en Chile solo significaba que el enemigo —MIR, el Partido Socialista y el Partido Comunista— se había sumido aún más en la clandestinidad. Los informes de Argentina y de otros países mostraban una fuerte organización opositora fuera de las fronteras del país. Contreras siguió expandiendo el Departamento Exterior de la DINA para enfrentar la amenaza internacional. Y ahora contaba con creciente colaboración de los otros servicios de seguridad.

Contreras había ordenado a su número dos, el coronel Mario Jahn, acompañar al jefe policial general Ernesto Baeza a la reunión de coordinación antisubversiva en Buenos Aires de marzo de 1974. Contreras claramente no se sentía satisfecho. Describió el esfuerzo de cooperación como algo poco más que un «acuerdo de caballeros,» con magros resultados para Chile. La operación Fuentes-Santucho en mayo de 1975 catapultó esta cooperación a un nivel totalmente nuevo, y reflejó el tipo de operaciones de colaboración internacional a nivel de los servicios de inteligencia que Contreras buscaba institucionalizar en la región. No era el único que perseguía esta meta, pero sí fue el primero en actuar para concretarla.

Consulta con la CIA

Volvía a ser hora de consultar con Washington. Tal como sucedió en los comienzos de la DINA, este nuevo proyecto de Contreras coincidió con otra serie de entrevistas con la CIA. A principios de enero de 1975, Contreras voló a Washington con dos oficiales claves, el jefe de operaciones Pedro Espinoza y el capitán Christoph Willeke, del Departamento Exterior, ambos con participación en el asesinato de Prats, ejecutado en septiembre del año anterior. Todos viajaron con sus esposas, según el relato que Espinoza proporcionó a un juez de instrucción chileno. El trayecto incluía una reunión con otras escuelas de inteligencia de América Latina. Según Espinoza, el grupo partió de Washington el 12 de enero.³

La CIA, en sucesivas desclasificaciones de documentos y ante peticiones específicas del autor amparadas por la FOIA, nunca admitió un encuentro con Contreras y sus hombres en enero de 1975. Un documento de dicha organización, sin embargo, brinda pruebas de que la reunión efectivamente se realizó. En apariencia, consistió en una discusión sobre los puntos por tratar en una próxima reunión con el general Vernon Walters, subdirector de Inteligencia Central (DDCI) y el mismo funcionario que, según Contreras, había organizado la capacitación que la CIA ofreciera a la DINA el año anterior. Con fecha 5 de enero, el documento es un memorándum del jefe de Operaciones para América Latina sobre «posibles temas de conversación [con Contreras]».

El coronel Contreras fue el único oficial de alta jerarquía que se mostró en desacuerdo con cualquier tipo de flexibilización de las rígidas prácticas de seguridad implementadas en la actualidad. (...) Teniendo en mente lo anterior, el DDCI podría intentar ejercer algún tipo de influencia persuasiva [en Contreras] para liberalizar aquellas prácticas relacionadas con los derechos humanos que no tengan un efecto notable sobre el control que ejerce la Junta sobre los elementos subversivos. Debe hacerse notar que [Contreras] recientemente informó [al jefe de la misión de la CIA] que el MIR, ciertos extremistas de izquierda del Partido Socialista, y otros grupos menores de extremistas de izquierda fueron completamente aplastados durante la campaña contraterrorista del gobierno. El gobierno de Chile se concentrará ahora en el Partido Comunista de Chile. [Contreras ha expresado] que la situación de seguridad en Chile es mucho menos grave de lo que era.⁴

El Informe Hinchey, tal vez basado en los mismos documentos de la CIA, describe la relación ambivalente con Contreras de manera más cruda: «Ya en abril de 1975, los informes de inteligencia mostraban que Contreras era el principal obstáculo para la ejecución de una política de derechos humanos razonable por parte de la Junta, pero un comité interagencias instruyó a la CIA a que mantuviera su relación con él». Ahora, la CIA da un gran paso adelante: «En mayo y junio de 1975, ciertos elementos dentro de la CIA recomendaron establecer una relación remunerada con Contreras para obtener datos de inteligencia en base a su posición inigualable de acceso a Pinochet». El Informe Hinchey continúa diciendo que la petición fue rechazada en un principio, debido a la notoriedad de la DINA en las violaciones a los derechos humanos. «Sin embargo, dados los problemas de comunicación y el retraso de este intercambio, se llegó a realizar un pago a Contreras.» A juzgar por arreglos similares en otras partes de América Latina, el pago habría sido de entre cinco mil y diez mil dólares, y tenía la intención de ser el primero de una serie de remuneraciones mensuales.⁵ De hecho, en junio de 1975 se registra un depósito de seis mil dólares en una cuenta a nombre de Contreras en el Banco Riggs de Washington D.C.

En julio y agosto, poco después de la época en que Contreras fue incluido en la nómina de pagos de la CIA, el coronel voló a Washington nuevamente para encontrarse con Walters. Tenemos mucha más información sobre estos viajes,y sobre la relevancia directa del segundo, ocurrido a finales de agosto, con el nacimiento de la Operación Cóndor. La CIA y Walters han admitido que ese último viaje se concretó, y es la única confesión sobre un encuentro con Contreras. Era una visita difícil de ocultar, por lo demás, dado que gracias a la intervención del Departamento de Estado Contreras también se reunió con varios congresistas, incluyendo al representante de la Cámara Baja, Donald Fraser, y al senador Frank Church —ambos muy críticos del gobierno militar—, en un intento de persuadirlos para que cambiasen de postura.

El viaje, según el propio relato de Contreras, surgió de una petición oficial de Pinochet al embajador de Estados Unidos para que Contreras fuera recibido en Washington por oficiales de alta jerarquía, de manera que este pudiera transmitir «la postura oficial de Chile sobre el tema de los derechos humanos ante el secretario Kissinger». La información de contexto era que Chile había prohibido la entrada al país de una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y se intentaría expulsar al país como miembro durante la siguiente Asamblea General de la ONU en septiembre. El hecho de que la cabeza visible de la policía secreta chilena fuera el portavoz de Pinochet en el tema de derechos humanos incluso a la CIA le parecía una idea descabellada. Un cable de este organismo advierte que la visita sería «contraproducente» si se filtraba que Contreras estaba en Washington.⁶

Pero en las oficinas centrales de la CIA la bienvenida fue efusiva. El 25 de agosto, en el cuartel central de la organización, Walters presidió un almuerzo formal en honor de Contreras, y luego ambos se reunieron en privado durante cuarenta y cinco minutos. Un memorándum desclasificado sobre la conversación solo dice que Walters «aprovechó la oportunidad de expresar su preocupación por la situación de los derechos humanos en Chile».⁷

Contreras, más tarde, hizo una acusación sorprendente y de dudosa credibilidad: dijo que durante aquella reunión Walters le había sugerido que sobornara a congresistas estadounidenses. «Vernon Walters nos propuso que hiciéramos lobby con senadores norteamericanos para evitar que siguieran molestando a Chile en el campo internacional», fue lo que declaró ante una periodista de un diario chileno. Añadió que Walters había sugerido que contactase a cinco senadores,sin especificar nombres,de ambos partidos:«Cinco senadores a los cuales se les pagarían dos millones de dólares al año y ellos actuarían a favor de Chile». Contreras dijo que consideraría la idea a su regreso a Chile, pero esta nunca llegó a buen puerto. ⁸

El jefe de la DINA aportó más detalles sobre el viaje a Washington en respuesta a las preguntas que le formuló este autor. Dijo que llevaba «información» para respaldar su mensaje de que «nosotros estábamos en una guerra subversiva contra el terrorismo, y [para desmentir] lo que se le había comunicado, en que poco menos que en Chile se estaba matando a toda la gente». Según él, Walters era su intermediario con Kissinger: «Me reuní con Vernon Walters. Él se reunió con Kissinger sobre la información que yo llevaba [y] sobre el tipo de apoyo que necesitábamos para evitar este problema. Kissinger nos apoyó. Nos apoyó en evitar que Chile fuera expulsado de Naciones Unidas».⁹

¿Qué información llevó consigo Contreras que era tan importante como para llevarlo ante el número dos de la CIA, y fue tan persuasiva que llegó hasta Henry Kissinger? No figura nada en el informe desclasificado. Lo más probable es que no haya sido una descripción de la resistencia de izquierda dentro de Chile, ya que la propia inteligencia de la CIA, basada en la información que aportó Contreras, estimaba que la amenaza era «mucho menos grave».

Otras evidencias sugieren que Contreras fue a Washington a discutir formas de enfrentar la nueva y poderosa amenaza internacional que representaba la JCR. Tenemos conocimiento de la bonanza informativa por la que pasaban la DINA y otras fuerzas de seguridad con la captura de los mensajeros de la JCR Fuentes y Santucho. La inteligencia desplegada durante los meses de interrogatorio a los dos hombres brindó una imagen de la estrategia de la JCR y de sus límites como amenaza guerrillera.

Si tomamos los documentos de la CIA al pie de la letra, tiene sentido creer que la estrategia de Contreras para aumentar su capacidad de actuación internacional haya sido muy bien recibida. Varios documentos citados con anterioridad hacen énfasis en que fue en la escala internacional donde la CIA estuvo más dispuesta a colaborar con la DINA.¹⁰

Existe otra prueba directa de que Contreras había elaborado su propuesta de coordinación internacional y lo tenía consigo durante su visita a Washington. El jefe de la DINA voló directamente desde Washington a Caracas. Contreras y otro oficial de la DINA llegaron a la capital venezolana el 27 de agosto, dos días después de su almuerzo con Walters. Según Contreras, fue este quien sugirió el viaje.¹¹ Rafael Rivas Vásquez, jefe del aparato de inteligencia venezolano, la DISIP, recibió a Contreras en el aeropuerto y lo invitó a cenar con el comisario general del organismo, Orlando García. Allí, conversando con funcionarios de inteligencia venezolanos, presentó en detalle los planes que más tarde se conocerían con el nombre de Operación Cóndor.

Tenemos el relato de los venezolanos: «Entonces, al día siguiente, tuvimos una reunión que dedicamos enteramente a discutir la posibilidad de un intercambio de servicios», testificaría más adelante Rivas Vásquez, quien señaló además que Contreras se jactaba de tener un gran poder y grandes recursos a su disposición, y que «estaba construyendo este plan magnificente para tener un servicio enorme y poderoso que le brindara información, información de todo el mundo».

Durante una entrevista, el comisario García dijo que Contreras presentó un plan para una organización que permitiría a los países participantes rastrear a sus enemigos de izquierda en cada uno de los demás países.

«Vino a pedir nuestra colaboración, que uniéramos nuestros servicios en colaboración [con la DINA]. (...) Contreras pretendía que capturáramos exiliados chilenos [en Venezuela] y que los entregásemos a Chile sin tecnicismos legales. Quería que solo los pusiéramos en un avión; Chile se haría cargo del pasaje».

García recordó también: «Dijo:‘Tenemos que eliminar a los enemigos’. Yo sabía que eliminar quería decir una sola cosa, sabíamos que aquellos que capturáramos serían torturados y asesinados».

Contreras no se refería a una cooperación en abstracto. Pensaba hacerle a Venezuela promesas concretas y tenía asimismo peticiones específicas.

El papel venezolano era clave pues muchos de los líderes más prominentes de Chile en el exilio se habían instalado en Caracas. Contreras hizo una petición formal a la DISIP para que esta le informara sobre «las actividades de todos los exiliados chilenos que vivían en aquella época en Venezuela», incluyendo información sobre los vuelos en caso de que viajaran. A cambio, Contreras entregó a la DISIP importantes datos de inteligencia sobre la JCR, que había obtenido a partir de los interrogatorios a Fuentes y Santucho. El punto más importante era que la JCR estaba planeando mudar su centro de operaciones de Buenos Aires a Caracas.

Asimismo, Contreras describió cómo operaría esta nueva organización internacional de seguridad. «Explicó que la DINA se estaba expandiendo como servicio de inteligencia, que tendrían agentes extranjeros en las embajadas; que ellos (...) ya estaban entrenando a los terceros secretarios en las embajadas chilenas, les estaban dando un curso básico de inteligencia para que pudieran servir como agentes de contacto en el exterior», continuó Rivas Vásquez. Si Venezuela se hacía miembro, la DINA asignaría a uno de sus oficiales como enlace en su embajada en Caracas. Contreras le dio a la DISIP un conjunto de «códigos y claves» para las comunicaciones por télex del nuevo organismo. «Habló sobre computadoras, lo cual nos llamó la atención porque nosotros todavía usábamos kárdex y tarjetas», declaró García. Contreras ha dicho que sus reuniones en Venezuela solo eran una parada en su itinerario de «venta» de su plan a otros servicios de inteligencia. En ese marco se los invitó, con todos los gastos pagados, a una reunión en Santiago para planificar el nuevo sistema.

Los agentes venozolanos no pudieron aceptar la invitación y Venezuela quedó afuera del plan de Contreras. El presidente Carlos Andrés Pérez vetó cualquier participación de parte de sus servicios de seguridad. Pérez, uno de los pocos jefes de Estado elegidos democráticamente en el continente por aquellos tiempos, era un ferviente anticomunista, pero un oponente igualmente acérrimo de la acción devastadora de Pinochet contra los partidos chilenos en el exilio y, especialmente, contra la democracia chilena. Bajo el alero del presidente Pérez, Venezuela se había convertido en el país más seguro para centenares de refugiados políticos.¹²

De vuelta en Chile, Contreras avanzó en los primeros días de septiembre en el plan para crear ese organismo internacional de seguridad. Necesitaba la aprobación de Pinochet para entrar en una alianza operacional a gran escala, que contemplaría operaciones de inteligencia, búsqueda, captura y asesinato en otros países. La idea requería obligatoriamente la participación de otros ministerios del gobierno, en particular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Era un proyecto ambicioso y sumamente caro.

Sería lógico suponer que Contreras presentara el proyecto personalmente en una de sus frecuentes reuniones con Pinochet. No tenemos acceso a lo conversado ahí, pero sí una ventana a través de una fuente cercana a Pinochet en los momentos del nacimiento de la Operación Cóndor. La fuente presenció una reunión en las oficinas del presidente durante la cual se discutió el tema de las operaciones internacionales de la DINA. Este colaborador, quien reveló los pormenores del encuentro a condición de que su nombre no se diera a conocer, afirmó que durante la reunión el coronel de la Fuerza Aérea Mario Jahn, subdirector de la DINA, informaba a Pinochet sobre los planes de Manuel Contreras de expandir la ofensiva a nivel internacional, en el contexto de la creciente fuerza de los opositores en Europa, Estados Unidos y América Latina.

Según la fuente, Jahn era el encargado del proyecto, por designación de Contreras. En palabras de esta fuente, un civil de alto rango en el régimen:

[Jahn] era el hombre de la internacionalización de Contreras. Encabezaba una reunión en uno de los comedores presidenciales cuando dijo: «Este es el momento de moverse, de avanzar, de llevar la lucha a nivel mundial». Estaba pidiendo más dinero [para la DINA]. Y dijo que los estadounidenses estaban prestando ayuda a través de Brasil.

Pinochet no dijo mucho, pero parecía estar cediéndole la palabra al coronel Jahn para que este convenciera a la fuente y a los otros oficiales de la necesidad de este proyecto internacional. Esta fuente, un acérrimo defensor de Pinochet que alguna vez había moderado las reuniones informativas con el presidente que se realizaban a diario por la mañana, tomaba con cautela los planes de la DINA y quería averiguar más sobre ellos. Dijo que le comentaron que la CIA proveía el entrenamiento a través de Brasil, y que este país era el «conducto» mediante el cual los agentes de la DINA se familiarizaban con las técnicas de tortura e interrogación.

La fuente agregó que la expansión internacional de la DINA, la que solo más tarde se conoció como Operación Cóndor, era un paso importante en la lucha por el poder que se libraba alrededor de Pinochet. Muchos de los consejeros más cercanos del presidente, tanto civiles como militares, recomendaban que se levantara el estado de sitio y se empezara a reconstruir el sistema político como una «democracia protegida» y anticomunista.¹³ Contreras se oponía, a pesar de que la resistencia interna había sido desmantelada; la amenaza internacional era su argumento para convencer a Pinochet de expandir aún más el poder del propio coronel.

«Aquellos que estábamos más cerca de Pinochet considerábamos que Contreras era un peligro para el presidente. Su influencia resultaba dañina para la causa que apoyábamos, que era la reconstrucción del país», ha dicho la fuente. Del otro lado estaban los militares del ala dura y poderosos grupos de civiles de extrema derecha que se oponían a cualquier concesión para flexibilizar la rígida seguridad impuesta en el país. Después de Pinochet, reconocían a Contreras como su líder, y esperaban que lo sucediera como presidente cuando llegase el momento. Este grupo fue el que prevaleció, a juzgar por los eventos que ocurrieron posteriormente. Los últimos meses de 1975 y todo 1976 resultarían ser los periodos de represión más intensa de la DINA, un periodo en que prácticamente eliminó el liderazgo clandestino tanto del MIR como de los partidos Socialista y Comunista. En el extranjero, los objetivos se encontraban en los centros de oposición en el exilio en Argentina, Europa y los Estados Unidos.

La fuente, que todavía siente un gran afecto por Pinochet, pero lo considera una figura fracasada y en cierto modo trágica, llegó a la conclusión, dice, de que Contreras comprometió a Pinochet en los asesinatos internacionales para consolidar su posición de privilegio ante él. De hecho, fue por esa época que el coronel Contreras desplazó a este funcionario que informaba al presidente todas las mañanas y se posicionó como la primera persona a quien Pinochet recibía cada día, durante el trayecto de media hora desde su residencia hasta la casa de gobierno.¹⁴

La Operación Toucan: la confirmación de que

un famoso documento, supuestamente sobre la Operación

Cóndor, fue en realidad una falsificación

Esta carta de Contreras a Pinochet apareció por primera vez en el diario El Sol de México, en febrero de 1977, con fecha del 16 de septiembre de 1975. Parecía una perfecta confirmación del sistema internacional que, después de esa fecha, había cometido atentados en varios países, todos mencionados en la misiva.

Con la firma de Contreras, formato y sello de la DINA, el texto dice lo siguiente:

Del Sr. Director de Inteligencia Nacional

Al Excmo. Sr. Presidente de la República

En atención a lo convenido con V.E., especifico las razones por las que considero indispensable solicitar una partida adicional de 600 mil dólares en el presupuesto de esta Dirección para el año en curso.

1. Aumento del personal de la DINA adscripto a las misiones diplomáticas de Chile. En total diez personas: 2 en Perú, 2 en Brasil, 2 en Argentina, 1 en Venezuela, 1 en Costa Rica, 1 en Bélgica y 1 en Italia,

2. Gastos adicionales para la neutralización de los principales adversarios de la Junta de Gobierno en el exterior, especialmente en México, Argentina, Costa Rica, EE.UU.,Francia, e Italia. ...

Durante décadas este documento circuló por el mundo como la prueba perfecta de la existencia de Operación Cóndor y de la autoría de Pinochet y la DINA en los asesinatos internacionales, especialmente el crimen en Washington que terminó con la vida de Orlando Letelier y Ronni Moffitt. Ha sido introducido como evidencia en varios juicios, aunque algunos jueces lo trataron con cautela porque no era posible confirmar su autenticidad.

He escrito bastante sobre lo que denominé como «el documento dudoso», desde que conseguí una copia en 1979, como parte de mi investigación del Caso Letelier. Lo cité, con esa advertencia, en las primeras ediciones de este libro. Sin embargo, fue un error. Supe la verdad cuando me llegó el libro del exarchivista de la KGB Vasili Mitrokhin, quien reveló la «Operación Toucan» como una táctica para desacreditar al régimen de Pinochet. La operación, aprobada por el presidente Andropov, produjo la «falsa carta [que fue] exitosa en su divulgación de las operaciones extranjeras de la DINA en contra de exiliados chilenos», de las cuales la más reciente fue el asesinato de Letelier.i Cooperación agradecida

Mientras Manuel Contreras sentaba las bases de la ambiciosa nueva organización junto con Pinochet, se beneficiaba del éxito de su primera colaboración con otros países.

El 23 de septiembre, al principal centro operativo de la DINA, Villa Grimaldi, arribaron tres eufóricos oficiales desde Paraguay. Traían con ellos a un prisionero muy importante: Jorge Fuentes. «Sin problemas», informó el capitán Miguel Krassnoff. «Le dimos las pastillas y lo dormimos. Llegó tranquilito». Los otros oficiales que participaron en el traslado eran el comandante Marcelo Moren Brito y el civil Osvaldo Pincetti Gac, conocido como «el Mago», que tenía por tarea inyectar tranquilizantes a los prisioneros. Krassnofftambién había traído un regalo para una joven secretaria de la Dirección, Luz Arce, exmilitante socialista convertida en colaboradora de la DINA después de quebrarse en la tortura. Arce presenció la entrega de Fuentes, según ha declarado en una entrevista con el autor.¹⁵

Fuentes llegó en muy malas condiciones a Villa Grimaldi, según Luz Arce y otra docena de prisioneros que lo vieron allí y que sobrevivieron. Tenía el cuerpo lleno de sarna y se estaba muriendo de hambre. «Villa Grimaldi era un hotel de cinco estrellas comparado con Paraguay», prosigue Arce. El prisionero fue higienizado y se le dio medicación, pero luego fue recluido en una pequeña estructura de madera sin ventanas en el patio, posiblemente para evitar que contagiara a los demás con sarna. Los prisioneros se referían a esa estructura como «la perrera del Trosko». Durante los primeros días que Fuentes pasó dentro de esa caja, otros prisioneros lo escucharon gritar que su nombre era Jorge Fuentes y que había sido detenido en Paraguay y llevado a Chile.

Los interrogatorios y la tortura que habían comenzado en Paraguay siguieron en Villa Grimaldi: Fuentes todavía tenía mucho que aportar al conocimiento de las fuerzas de seguridad sobre la JCR y el MIR.¹⁶ Se lo mantuvo en ese lugar hasta enero de 1976 cuando desapareció.

Dos días después de la llegada de Fuentes a Chile, el coronel Contreras agradeció por escrito a sus colegas en Paraguay. Dirigiéndose a Pastor Coronel, expresó «los más sinceros agradecimientos por la cooperación prestada para facilitar las gestiones relativas a la Misión que debió cumplir mi personal en la hermana República del Paraguay, y estoy cierto que esta mutua cooperación continuará en forma siempre creciente para el logro de los objetivos comunes coincidentes de ambos Servicios».

No se trataba de una promesa hueca. La detención de Fuentes y Santucho había brindado una oportunidad única de coordinar interrogatorios entre Paraguay, Argentina y Chile. La otra pieza clave fue el consentimiento de Paraguay para transferir a Fuentes a Chile. En efecto, el intercambio de información, la cooperación en el nivel operativo, junto con la posibilidad de traslado de prisioneros, eran los ingredientes que conformaban este nuevo grado de cercanía entre las fuerzas de seguridad. Y lo que Contreras tenía en mente era institucionalizar este modelo en una organización formal.

Durante los primeros días de noviembre dio el siguiente paso. El subdirector y jefe del Departamento Exterior de la DINA, coronel Mario Jahn, designado por Contreras para hacerse cargo del proyecto, llegó a Asunción. Traía una invitación formal de Contreras para el jefe de la policía paraguaya, general Francisco Brítez, para asistir a una «reunión estrictamente secreta» en Santiago, que se extendería desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre. La DINA se haría cargo de todos los gastos.¹⁷ El memorándum de Brítez sobre la visita de Jahn, la carta de Contreras y un programa de diez páginas para el «Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional» aparecieron en el Archivo de Paraguay, y fueron la primera prueba directa generada por las mismas fuerzas de seguridad acerca de la existencia y los propósitos del Cóndor. El coronel Jahn continuó lo que sería un intenso viaje de cinco días a cinco países, entregando las invitaciones secretas a los futuros países que integrarían el plan Cóndor: Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay.

Las operaciones conjuntas iniciadas con la captura de Fuentes y Santucho se estaban intensificando. En el capítulo anterior mencionamos al agente de inteligencia argentino «Osvaldo», que había participado en los interrogatorios a ambos izquierdistas en Paraguay. En una carta de su puño y letra dirigida al jefe de inteligencia militar de Paraguay sugiere algunas preguntas. Durante los meses que siguieron, Osvaldo se convirtió en el hombre de avanzada argentino en una operación conjunta de Chile y Argentina, que tenía como objetivo encontrar y eliminar al resto de los líderes de la JCR en este último país.

La verdadera identidad de Osvaldo era José Osvaldo Riveiro, teniente coronel asignado al Batallón de Inteligencia 601, la principal unidad operativa del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Para sus operaciones clandestinas se hacía llamar «Jorge Osvaldo Rawson».¹⁸

Para los fines de nuestra investigación, el operativo de Osvaldo contra la JCR tiene un valor especial: es el único caso en que tenemos la verdadera correspondencia de un agente de la DINA,lo cual nos brinda una crónica casi diaria de los informes de inteligencia y las detenciones derivadas de ellos. Los documentos que cuentan esta historia son aquellos que se confiscaron a uno de los principales agentes de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel. Como vimos en el capítulo anterior, Arancibia se había establecido como agente clandestino de la DINA en Buenos Aires luego del asesinato del general Prats, espiando a los exiliados chilenos y mandando periódicamente informes por escrito a la oficina central de la DINA en Santiago.

Arancibia Clavel comenzó a enviar encendidos informes sobre su nueva fuente. «La mejor información que se ha obtenido sobre esta organización guerrillera [JCR] fue entregada [por] el número dos del SIE, teniente coronel Jorge Osvaldo Rawson». De pronto, los informes de Arancibia están colmados de detalles sobre las reuniones de la JCR en Suiza y Francia, así como de nombres de los intermediarios de la JCR en París, con sus direcciones.ii

Rawson había viajado frecuentemente entre Asunción, Santiago y Buenos Aires para participar del interrogatorio de Fuentes y Santucho. Su relación con la DINA se hizo, por tanto, más estrecha, y esta empezó a financiar sus traslados. Cuando Rawson se enteró de que el «Trosko» Fuentes había sido llevado a Chile, no dejó de perseguir a Arancibia Clavel para que compartiera con él los informes de la DINA sobre los interrogatorios, en especial cualquier detalle sobre las actividades de la JCR en Argentina.¹⁹ Desde Santiago, la DINA hizo responsable a Arancibia por todos los contactos con Rawson, designándolo agente de contacto con este para intercambiar información de inteligencia y de tipo operativo. Rawson trabajaba desde el sector más clandestino de la inteligencia del Ejército, por lo que todos los contactos debían ser secretos y compartimentados; los oficiales de la DINA destinados en la embajada de Chile tenían instrucciones de no tener ningún contacto con Rawson.²⁰

Uno de los motivos para recurrir a este tipo de espionaje cruzado era la extraña situación política que se vivía en Argentina. Militares como Rawson, de hecho, realizaban operaciones clandestinas dentro de sus propias instituciones. El débil gobierno constitucional de la viuda de Perón, Isabelita, había encomendado la tarea de reprimir a los revolucionarios, a la Policía Federal y a un escuadrón paramilitar conocido como la Triple A. El Ejército estaba combatiendo a la guerrilla en Tucumán, pero a su brazo de inteligencia no se le permitía un papel operativo en el resto del país. Pandillas de matones pagados por el Ministerio de Seguridad Social atravesaban la ciudad en autos oficiales (el Ford Falcon se convirtió en su temido sello); intelectuales de izquierda, activistas religiosos y líderes sindicales disidentes fueron incluidos en listas de la muerte, y los secuestros y asesinatos se sucedían por docenas. La campaña del gobierno inspiraba terror, pero tuvo escaso impacto en los grupos clandestinos bien organizados como el ERP y Montoneros.

A fines de 1975, el país veía concretarse el peor de los escenarios: una intensa campaña de guerrilla en las montañas de Tucumán, acciones armadas aisladas del ERP y Montoneros en todo el país que no encontraban oposición, y, en representación del gobierno peronista, un escuadrón de la muerte sanguinario pero ineficaz que llevaba adelante una campaña para detectar figuras públicas identificadas con la izquierda. Algunos periódicos reclamaban abiertamente que los militares se hicieran cargo de reponer el orden.

El golpe militar no sobrevendría sino seis meses más tarde, pero a comienzos de octubre, después de un ataque montonero a una instalación militar en la provincia de Formosa, el gobierno capituló ante las Fuerzas Armadas, que exigían hacerse cargo de la lucha contra los subversivos en todo el país. El decreto n° 2770 invistió a los militares con un poder casi ilimitado y, en retrospectiva, su lenguaje draconiano puede interpretarse como una carta blanca para los asesinatos en masa que se producirían. El decreto facultaba a las Fuerzas Armadas para «ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio nacional».

Y si alguien tuviera alguna duda sobre el nuevo mandato, el comandante en jefe del Ejército, general Jorge Videla, la aclaró en un discurso durante un encuentro de líderes militares latinoamericanos que se realizó pocas semanas después en Montevideo: «Si es preciso, en Argentina deberán morir todas las personas que sean necesarias para lograr la paz del país».²¹

En lo que respecta a inteligencia, este nuevo poder tenía una trascendencia monumental. Significaba que todas las operaciones de inteligencia contra objetivos políticos y guerrilleros se centralizarían en el Ejército, cuyas fuerzas de seguridad podrían operar en todo el país. El Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), para el que trabajaba Rawson, encargó la tarea antisubversiva al Batallón de Inteligencia 601. Se creó dentro del batallón una estructura secreta de operaciones y de inteligencia, el «centro de reunión de información» encargado de coordinar todas las demás unidades de inteligencia, ahora en calidad de subordinadas.²² Esto incluía a la Policía Federal y a la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), que había tenido participación en el asesinato de Prats. La SIDE había sido concebida como una especie de CIA controlada por el gobierno civil, pero se la creía muy vulnerable a la influencia política; incluso se sospechaba que estaba infiltrada por la izquierda.

Ahora, por primera vez, los militares argentinos tenían el poder operativo en sus manos, al igual que la DINA en Chile, y podrían lanzar una ofensiva concertada contra la izquierda, sumida en la clandestinidad. Y por primera vez se estaba concretando la deseada coordinación operativa a través de las fronteras.

Malloco

En Chile, a mediados de octubre, la DINA golpeó de nuevo con fuerza al MIR. Justo después de la medianoche del 16 de octubre, un escuadrón de la DINA atacó una pequeña parcela cerca del pueblo de Malloco, a pocos kilómetros al oeste de Santiago. Un sospechoso que había sido capturado los condujo al escondite de Andrés Pascal, donde se encontraba reunido con los líderes más prominentes del MIR en la clandestinidad. Se desató una sangrienta balacera y el jefe militar del MIR, Dagoberto Pérez, cayó acribillado cuando intentaba demorar con ametralladoras y granadas a los atacantes en la entrada principal. Andrés Pascal y otros cinco líderes escaparon por la parte trasera de la casa, internándose a pie en el campo. Para cubrir su retirada incendiaron un galpón donde guardaban las armas, produciéndose una gran explosión.

Los miristas en fuga, uno de ellos herido de gravedad, se apropiaron de un automóvil y lograron llegar a Santiago, pero su red de casas de seguridad estaba tan comprometida que no se atrevieron a utilizarla. Entonces se dirigieron al domicilio de un sacerdote católico, quien se avino a esconderlos y dispuso el tratamiento médico necesario. En un momento dado, Pascal, con un rifle de asalto AK-47 en su mochila, su compañera, Mary Anne Beausire, y el sacerdote estadounidense se subieron a una motocicleta y se dirigieron a un escondite en el monasterio trapense ubicado en Lo Barnechea. Días después, Pascal y Beausire lograron introducirse en la embajada de Costa Rica, donde se les concedió asilo.²³

El asalto a Malloco hirió casi de muerte las operaciones del MIR dentro de Chile. Por segunda vez dejaban acéfalo al movimiento. Ahora, por añadidura, habían perdido gran parte de su arsenal, y la red de operaciones clandestinas tan cuidadosamente organizada quedaba descalabrada. Los documentos y la correspondencia requisados en la parcela de Malloco le permitieron a la DINA incrementar su ya extenso conocimiento sobre el MIR y sus conexiones internacionales con la JCR. En una carta, por ejemplo, se hacía referencia a una entrega realizada al MIR de un millón de dólares desde las arcas de la JCR, alimentadas por los rescates de los sequestros. Otro documento revelaba detalles de la contraofensiva que tenían planeada el MIR y la JCR, bautizada por la DINA, no sin un dejo de ironía, «Operación Boomerang».²⁴ Un mapa del Cono Sur, supuestamente hallado durante el asalto a Malloco, mostraba ofensivas guerrilleras partiendo de Argentina hacia Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. La propaganda de la DINA exageraba sin duda la amenaza, proclamando que había planes para asesinar a Pinochet y que un ejército de mil doscientos guerrilleros había invadido el país desde el sur. Estas acusaciones no tenían fundamento. Sin embargo, las ofensivas ilustradas en el mapa requisado coinciden casi exactamente con aquellas que estaban planeando las organizaciones que pertenecían a la JCR.²⁵ El asalto a Malloco también puso en evidencia la cooperación cada vez más cercana entre Chile y las fuerzas de seguridad argentinas. Un comunicado de la DINA decía que el plan había sido descubierto y desmantelado «en una operación de prevención coordinada con las autoridades de inteligencia argentinas».²⁶

Una tarde en Villa Grimaldi

Una digresión a título personal. Cuando aparecieron en los diarios las fotografías de Andrés Pascal y su compañera, comprendí mejor un episodio terrorífico que me había ocurrido algunos meses antes. En abril de 1975, dos autos de la DINA atestados de agentes llegaron a mi domicilio en Lo Barnechea, al este de Santiago. Allí vivía con Carolina Kenrick, quien es ahora mi esposa, y con otra pareja. Al principio, los agentes se hicieron pasar por policías que investigaban un accidente de automóvil en el que un niño habría sido lastimado. Muy pronto se hizo evidente que nos estaban deteniendo, y los agentes, con rifles automáticos, comenzaron a revisar la casa. Nos mostraron fotografías de dos hombres y dos mujeres, una de las cuales tenía un gran parecido con Emma, la otra mujer que vivía en la casa. Seis meses después, tras el asalto en Malloco, vi la misma fotografía en el periódico: era Mary Anne Beausire, la compañera fugitiva de Pascal. Primero, los agentes se llevaron a Emma en un automóvil, luego me subieron a mí, al otro hombre de la casa y a Carolina en una camioneta con cubierta de lona. Nos taparon los párpados con cinta adhesiva, pero yo noté que si miraba hacia abajo podía distinguir algo. Intenté deducir hacia dónde íbamos. Supe que bajábamos hacia Santiago, pero luego tomamos otro camino ascendente hacia las montañas. La camioneta se detuvo y alguien golpeó una puerta de metal. Nos introdujeron en un gran complejo, mientras yo registraba cada detalle que podía ver por debajo de la cinta adhesiva: el camino de acceso empedrado, la angosta canaleta de desagüe, los escalones en la entrada de un edificio con galería y columnas. Tiempo después pude confirmar que se trataba de Villa Grimaldi.

Era una tarde de domingo y habíamos estado bajo custodia casi todo el día. Carolina y yo fuimos interrogados por separado; a ella le preguntaron si yo era un «buen americano», si estaba a favor de los anticomunistas en la guerra de Vietna, que acababa de terminar con la victoria del Vietcong. En cuanto a mí, solo me hicieron preguntas superficiales sobre por qué estaba en Chile. Para entonces los agentes habían confirmado que ninguno de nosotros era quien estaban buscando. Emma, muy parecida físicamente a Mary Anne Beausire, tenía consigo una identificación que la acreditaba como empleada de Odeplan, la Oficina de Planificación Nacional del gobierno. «Deben comprender por qué tenemos que hacer esto», nos dijo el oficial a cargo de mi interrogatorio. «Hay terroristas marxistas en todo el país, y estamos tratando de capturarlos para proteger a personas como ustedes, los norteamericanos». Los agentes nos volvieron a cargar a todos en la camioneta, con los ojos todavía cubiertos con cinta adhesiva, y nos dejaron cerca de nuestra casa. Durante los días siguientes pasaron varias veces en automóvil frente a la casa, y en ocasiones nos hacían preguntas triviales con fingida cordialidad. Posteriormente pude concluir que nuestros captores eran miembros de la brigada Halcón de la DINA, la principal unidad de persecución del MIR, a cargo del capitán Miguel Krassnoff.

Tuvimos suerte. A lo mejor, mi pasaporte estadounidense fue de ayuda. Desde el golpe de Estado, era la cuarta vez que me detenían, y fui a informar de ello al consulado; en esa ocasión fui recibido por un vicecónsul, John Hall, quien escuchaba sin mucho interés; me dijo que si quería podía elevar una protesta formal, pero que debía comprender que eso irritaría al gobierno y que probablemente me expulsarían del país. Más tarde, durante mi investigación para el libro sobre el asesinato de Letelier, descubrí que John Hall era en realidad un agente encubierto de la CIA.

Campaña en Argentina

Ahora, la acción se traslada nuevamente a Argentina. Dos semanas después del asalto en Malloco, el agente Osvaldo Rawson, quien trabajaba en estrecha colaboración con Arancibia Clavel, cerraba el cerco en torno al aparato del MIR en Buenos Aires. Arancibia mandó sus informes a Chile diciendo que ya habían comenzado las redadas de ciudadanos chilenos.iii Le solicitó a la DINA que enviase fotos del nuevo líder del MIR, Edgardo Enríquez, para facilitarle la búsqueda.²⁷

Enríquez, justamente, estaba en Buenos Aires. El desastre de Malloco lo convirtió en el oficial de mayor rango, y como resultado de ello apuraba sus planes de regreso a Chile para reconstruir sus tropas guerrilleras. Uno de sus lugartenientes, el ingeniero químico Jean Yves Claudet Fernández, chileno con pasaporte francés, de treinta y seis años, operaba como mensajero internacional del MIR. Pocos días después del asalto en Malloco, Enríquez lo mandó a París con mensajes codificados sobre la delicadísima situación de seguridad por la que atravesaba el grupo en Chile. En París Claudet se reunió con el representante del MIR/JCR René «Gato» Valenzuela.

«Mandé a Claudet de vuelta con cartas y dinero. Estaba apurado por volver a Buenos Aires, aunque yo le había dicho que podía esperar», relató Valenzuela en una entrevista.

Claudet llegó a Buenos Aires el 31 de octubre por la mañana. Se registró en el hotel Liberty, en las calles Corrientes y Florida.iv Pero su encuentro con Enríquez nunca se concretó: había caído en una trampa tendida por Osvaldo Rawson. Claudet firmó el libro de huéspedes, llevó sus maletas con el dinero y documentos a su habitación y al día siguiente desapareció sin dejar rastro.²⁸

Rawson comunicó su éxito a Arancibia Clavel, quien a su vez lo transmitió de inmediato a sus superiores en la DINA: ²⁹

Me encontré con Rawson, que me comentó lo siguiente:

Durante el último procedimiento fue capturado un mensajero de la JCR, aparentemente un francés de apellido Claudet. Entre sus pertenencias se encontraron noventa y siete microfilmes con las últimas instrucciones [de la JCR] desde París. Después de interrogar al mencionado Claudet, solo pudieron establecer que era un mensajero de la JCR. Solo pudieron obtener fotografías.

Claudet ya no existe.

Enríquez, quien alguna vez compartió departamento con Claudet, esquivó el operativo policial. Aparentemente Claudet pudo resistir la tortura, o bien no tenía la información que conduciría a Rawson hasta Enríquez. Pero había más malas noticias para la DINA: se había producido una grave falla de seguridad. Los documentos capturados, según Arancibia Clavel, revelaban que en la central de la JCR en París «estaban informados de su traslado [de Fuentes] desde Paraguay a Santiago e incluso menciona a la agencia o a un miembro de la misma que habría informado». Durante semanas, la búsqueda de Enríquez siguió sin descanso, siempre de acuerdo con los informes de Arancibia, pero el líder del MIR se les había escapado.

Las operaciones chileno-argentinas continuaron en otro plano. El blanco era el gran grupo de exiliados chilenos llegados a Buenos Aires, Mendoza y otras ciudades en busca de refugio luego del golpe militar en Chile. Hubo algunos arrestos de chilenos en Argentina después de la primera reunión a comienzos de 1974 que estableció la coordinación policial y de seguridad —alrededor de veinte—. Ahora, las operaciones bilaterales en contra de exiliados, tanto activistas políticos como aquellos sin vínculos militantes, adquirieron una dinámica mucho más intensa. La socialista Catalina Palma Herrera compartía departamento en Buenos Aires con otros exiliados chilenos. El 25 de noviembre, la Policía Federal allanó el departamento, los detuvo a todos y los llevó a interrogar al recinto policial en calle Moreno, donde vieron a otros ocho chilenos. Palma dijo haber sido torturada y violada durante su interrogatorio, que giró en torno al tema de las armas y dinero supuestamente en manos de grupos de exiliados.

Cuando supo, años más tarde, de la existencia de la Operación Cóndor, Palma y algunos de los demás detenidos se convencieron de que habían sido víctimas de una de las primeras operaciones conjuntas del Cóndor en Argentina. Sus captores les habían dicho que le estaban haciendo «un favor a Pinochet», dijo Palma. Ella obtuvo un documento de los archivos de la Cancillería que demuestra que los servicios de inteligencia chilena la estaban siguiendo. Otra detenida, Alicia Gariazzo, señaló que oficiales argentinos le mostraron su pasaporte chileno, que ella había entregado al consulado chileno solo días antes. Gran parte de estos exiliados se conocían entre sí debido a su militancia en el Partido Socialista. Además, testificó Palma, «cuando fuimos trasladados como detenidos al recinto carcelario de Villa Devoto, había más chilenos detenidos, brasileros, paraguayos, bolivianos, y uruguayos».v

El Plan Cóndor, la coordinacion intensiva que aún no tenía nombre, ya estaba en marcha.

Reunión de fundación

Se acercaba la fecha del gran evento organizado por la DINA, el «Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional». Las invitaciones se habían cursado en octubre: las había entregado personalmente el coronel Jahn en visitas oficiales a las entidades de inteligencia de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La DINA solventaría los gastos de los máximos representantes de las organizaciones de inteligencia de la región, para reunirlos en Santiago y formalizar la realización de operaciones conjuntas que se había estado llevando a cabo desde mayo con los organismos paraguayos y argentinos. Arancibia hizo lobby para que Rawson fuera invitado, pero no fue posible. La delegación argentina estaría encabezada por la SIDE, que confirmó su asistencia a lo que se describía como «el cóctel del 26».³⁰

Los invitados, un grupo de por lo menos quince altos oficiales de inteligencia, se juntaron en Santiago el 26 de noviembre. Manuel Contreras les dio la bienvenida en el gran salón de la Academia de Guerra, donde dos años antes había creado la nueva fuerza de inteligencia de Chile. Contreras, basándonos en lo que sabemos sobre sus acercamientos a Venezuela y Paraguay, concebía esta reunión como un encuentro de oficiales al mando o de sus representantes del más alto nivel de cada país. Los contingentes también incluían a comandantes de policía con responsabilidad sobre actividades de inteligencia y antiterrorismo; así, cada delegación estaba conformada por al menos tres representantes de alto nivel, seguidos de oficiales de menor rango. En un mundo soterrado, de competencia y sospecha mutua, la reunión en Santiago representaba un acontecimiento único y sin precedentes, una cumbre histórica. A diferencia de la reunión anterior en Buenos Aires para fomentar la cooperación policial y de seguridad, este encuentro se enfocó casi exclusivamente en operaciones militares y de inteligencia. La policía quedó claramente en un rol subordinado y sujeto a las órdenes de la máxima autoridad militar.

Antes de seguir, quiero dejar registrados los nombres de quienes se sabe que participaron en la reunión que concibió la Operación Cóndor, o que de alguna manera estuvieron asociados con las operaciones subsiguientes.

El jefe de la delegación argentina era el capitán de navíovi Jorge Demetrio Casas, segundo de la SIDE y jefe de operaciones internacionales del organismo. Casas se convertiría en jefe de inteligencia naval cuando fue ascendido a contralmirante en 1977. Se lo acusó de delitos contra los derechos humanos, pero se benefició de las leyes argentinas de obediencia debida y de punto final.

Representando a Paraguay, la delegación de oficiales de policía y militares estaba encabezada por el coronel Benito Guanes Serrano, jefe del G-2, el departamento de inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. El jefe de policía Francisco Brítez había declinado la invitación que le había llevado el coronel Jahn a principios de octubre.

Uruguay había creado un comando de inteligencia combinado —el Servicio de Inteligencia de Defensa (SID)—, del que participaban todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Fueron enviados dos subdirectores, en representación del Ejército y de la Fuerza Aérea. El coronel del Ejército José Fons encabezaba la delegación; más adelante, se le negó el ingreso a Estados Unidos debido a un informe de la CIA que lo vinculaba con una amenaza de muerte al congresista Ed Koch al año siguiente (ver capítulo 13).

El presidente de Bolivia, Hugo Banzer, envió a su oficial de menor rango, el mayor Carlos Mena Burgos, del Servicio de Inteligencia del Estado (SIE). El nombre de Mena aparece en un informe realizado por investigadores europeos de derechos humanos, donde se lo acusa de torturador.³¹

Brasil, según informes de inteligencia de Estados Unidos y de la fuente que estaba presente, mandó una delegación en calidad de observadora. Sus nombres se conocieron en el año 2008 a partir de investigaciones periodísticas: el coronel Flávio de Marco y el mayor Thaumaturgo Sotero Vaz.³² Lo otro que se sabe es que el receptor original de la invitación era, según el coronel Jahn, el director del SNI, João Batista Figueiredo, quien pocos años más tarde se convertiría en presidente de Brasil.

Manuel Contreras actuó como anfitrión del encuentro.³³

Fue una reunión optimista. Los hechos más destacados eran los ataques recientes contra la JCR y contra otros adversarios, a quienes siempre se referían bajo la etiqueta de «terroristas» o «subversivos». Cada país, comenzando por Chile, disponía de una hora y media para informar sobre «su organización de inteligencia, la situación presente de la subversión y cómo se la está combatiendo».³⁴ Los documentos disponibles nos permiten reconstruir el tipo de información de inteligencia que las organizaciones estaban compartiendo en la época. Estos documentos, incluyendo un informe de la CIA con fecha 26 de noviembre, esto es, el primer día del encuentro, nos dan una imagen contemporánea de cómo los servicios de inteligencia percibían a sus enemigos en el momento de lanzar la Operación Cóndor para combatirlos en territorio internacional.

Los documentos confirman que las fuerzas de seguridad tenían amplia y completa información sobre la estrategia militar de la JCR, proveniente de fuentes con las que ya estamos familiarizados: los interrogatorios a Fuentes y Santucho, los 97 microfilmes que se le encontraron al mensajero Claudet y el asalto de la DINA a la cúpula del MIR en Malloco. La inteligencia también llegó a la CIA. Un cable secreto de cuatro páginas enviado desde la embajada en Santiago resume la información que tenía la agencia estadounidense:

En julio de 1975, la JCR ideó un plan para una gran operación de guerrilla dirigida a Argentina, Chile y Bolivia, en el que la participación del MIR comenzaría en noviembre-diciembre de 1975 con el asesinato de cuatro personalidades de jerarquía dentro del gobierno, cuyas identidades se mencionan en código.³⁵

El conocimiento que tenía Argentina sobre la JCR surge de un informe de diez páginas con fecha 28 de octubre de 1975, un mes antes de la reunión sobre la Operación Cóndor. La estrategia de la guerra revolucionaria marxista de la JCR se ha tornado «cada vez más importante» entre otros grupos de izquierda en América Latina, según el informe, que enumera otros once países, incluyendo Estados Unidos, cuyas organizaciones de militantes «han buscado contactar a esta organización revolucionaria continental».³⁶

En el Archivo de Paraguay se encontró un extenso informe de fines de 1975, del cual ocho páginas se destinan a describir las acciones más recientes de la JCR, y en especial su red en Europa. Los informes argentino y paraguayo coinciden en asociar a todas las organizaciones de guerrilla aliadas bajo la JCR con organismos de solidaridad y derechos humanos en Europa y otras regiones. Se describe la «defensa de los derechos humanos» llevada adelante por dos organizaciones, el Tribunal Russell, que operaba desde Bélgica, y el Comision Internacional de Juristas en París, como fachada para la JCR.³⁷

Los informes de inteligencia, sin excepción, hacen escasos esfuerzos por distinguir entre las fuerzas guerrilleras armadas de las organizaciones miembros de la JCR y sus aliados entre organismos políticos, solidarios, e incluso entre aquellos relacionados con la Iglesia. Contreras marcó así el tono en el programa de trabajo sobre la Operación Cóndor:

La Subversión, ha desarrollado Mandos Intercontinentales, Continentales, Regionales y Subregionales, centralizados para coordinar las acciones disociadoras. A manera de ejemplo podemos citar la Conferencia Tricontinental de La Habana, la Junta Coordinadora Revolucionaria para el Sur, etc., todo ello amenizado con toda suerte de comités de solidaridad, congresos, tribunales, encuentros, festivales, conferencias y demás.³⁸

Aun cuando la subversión pancontinental de la JCR y de sus miembros se describía como la principal amenaza, los documentos de inteligencia también revelaban las recientes y devastadoras derrotas que habían sufrido las organizaciones de izquierda. Un documento de la CIA, enviado a Washington el día de inauguración del encuentro, da cuenta de la situación del MIR después del asalto de Malloco:

[El] MIR calcula que diez a quince por ciento de su base total de militantes duros ha sobrevivido intacta en Chile. Calcula que novecientos militantes de todos los niveles han sido asesinados, detenidos, o bien han desaparecido.

[borrado] informó [...] lo que queda de la cúpula del partido espera reestructurar la organización en Argentina, con ayuda de la Junta Coordinadora Revolucionaria.

[borrado] opinan que el MIR ha sido efectivamente eliminado dentro de Chile. Sostienen que, a pesar del coraje de sus líderes y de sus dichos sobre replegarse para reorganizarse y formar un Comando Nacional de Resistencia Unida en Chile, el hecho es que el MIR no tiene una cúpula con las credenciales suficientes para mantener y atraer el apoyo necesario para continuar.³⁹

Los uruguayos también se estaban concentrando ahora en los enemigos internacionales. Un cable de la embajada estadounidense cita un comunicado de inteligencia sobre el éxito del nuevo Comando Conjunto al aplastar dos intentos de infiltración por parte de los Tupamaros, en mayo de 1974 y junio de 1975. Y continúa:

Este embrión de organización sediciosa (...) es una advertencia sobre la actividad incansable de la conspiración marxista-leninista, que recurre a todo tipo de organismos internacionales con pretensión de seriedad para engañar a los que no están bien informados. Estos organismos internacionales han escogido cuidadosamente sus títulos: Tribunal, Amnistía, Comisión, etc.

Tal era la base de información compartida sobre la cual se edificó la Operación Cóndor. La conclusión era que, en el ámbito interno, las organizaciones de izquierda habían sido diezmadas en cada país salvo en Argentina, donde los militares recién ahora estaban lanzando una vasta ofensiva en todo el país. La principal preocupación de los servicios de seguridad se trasladaba más allá de sus fronteras y se centraba particularmente en la JCR, que funcionaba clandestinamente en Argentina y de manera abierta en Europa. Cada país, además, tenía su lista de blancos en el exterior, fueran individuos o grupos políticos mucho más alla de la JCR. Derrotar esta amenaza de ámbito mundial era una tarea compleja y multinacional. Significaba vigilar organizaciones reconocidas y clandestinas, a extremistas marxistas y a moderados pro democracia, a grupos políticos, a grupos religiosos y a grupos de derechos humanos. Todo ello en América Latina por el momento, y eventualmente en Europa y Estados Unidos.

Este desafío era algo que el coronel Contreras disfrutaba muchísimo. Su solución era drástica, y la describió sin ambages. A un interlocutor de la CIA le dijo después: «Iremos hasta Australia, si es necesario, para agarrar a nuestros enemigos».⁴⁰ Y ante los jefes de seguridad reunidos, en un discurso parafraseado por el representante uruguayo, afirmó:

A propuesta de Chile, se iba a eliminar a gente en cualquier parte del mundo, gente que estaba haciendo daño al país, gente como Letelier.⁴¹

¿Qué papel jugó el general Pinochet en esta reunión histórica? A lo menos, parece probable que haya aparecido para saludar a los delegados en la sesión de apertura. El coronel Jahn se refirió años después al rol de Pinochet, pero fue evasivo. «No recuerdo quién presidió la conferencia...», declaró ante el juez Juan Guzmán en octubre de 2003. «Es posible que haya sido el general Pinochet o uno de los miembros de la Junta, debido a la importancia que querían darle a esta reunión».

Jahn estuvo directamente involucrado en la fase de organización de la conferencia y de la Operación Cóndor, y probablemente conocía mucho más de lo que reveló en su vaga respuesta al ministro. Fue Jahn quien se reunió con Pinochet en septiembre para conversar sobre un aumento presupuestario para las actividades internacionales de la DINA, y después entregó personalmente la invitación de Chile a cada uno de los jefes de inteligencia para que asistieran a la reunión. Dejó la DINA alrededor de esa época y nunca fue procesado en relación a la Operación Cóndor.

El primer día del evento concluyó con una cena de gala en la que Contreras fue el anfitrión. La fiesta se realizó en las instalaciones de la DINA en la pequeña ciudad de Melipilla, a unos cincuenta kilómetros al poniente de Santiago, no lejos del lugar donde se habían enfrentado la DINA y el MIR. El whisky circulaba libremente. Una oficial de la DINA estuvo a cargo de conseguir atractivas jóvenes chilenas para entretener a los oficiales, mientras que otro agente se dedicaba a tomar fotos de los festejos.⁴²

El viernes por la noche se había logrado el consenso. Los jefes de las cinco delegaciones firmaron el acta final. El delegado uruguayo propuso y se acordó llamar al nuevo sistema «Cóndor» en honor del ave presente en el escudo nacional del país anfitrión.

El rasgo de la Operación Cóndor más explícitamente descrito en los documentos fundacionales,⁴³ y reconocido por Contreras en diversas entrevistas, fue la creación de un banco de datos centralizado al que todos los países miembros contribuirían con información de inteligencia. Dicho banco de datos estaría localizado en el Centro de Coordinación del cuartel central de la DINA en Santiago, en calle Belgrado 11. Estaba diseñado para centralizar en un único lugar la mejor información de cada país, y de países fuera del sistema, sobre «personas (...), organizaciones y otras actividades, directa o indirectamente conectadas con la subversión». El modelo que Contreras tenía en mente era el sistema de comunicación policial internacional del FBI, sin la formalidad de las acusaciones, órdenes judiciales, extradiciones o cualquier otro tipo de control judicial. El director de inteligencia esperaba que el FBI y la CIA participaran de este banco de datos. Declaró ante un tribunal, durante un testimonio poco conocido, que el funcionario del FBI Robert Scherrer «mantenía permanente contacto [con el representante de la Operación Cóndor en Buenos Aires] y recibía la información que requería, referida a antecedentes que en numerosas oportunidades solicitó... También la CIA conocía la Organización Cóndor, y en muchas oportunidades colaboró con informaciones al respecto», relató.vii 44

En América del Sur, a mediados de la década del setenta, las computadoras prácticamente no existían, y la promesa de Contreras de contar con un banco de datos computarizado era en sí un significativo avance. En estaciones de policía y destacamentos militares se tipeaban los informes de inteligencia y se copiaban con papel de calco, y para obtener referencias cruzadas se requerían laboriosos sistemas de tarjetas y ficheros con mecanismos de clasificación mecánicos.

El agregado legal Scherrer, del FBI, dijo que se había enterado de que la CIA le facilitó a la DINA sistemas computarizados y capacitación que presumiblemente se habrían utilizado para el banco de datos del plan Cóndor.⁴⁵ Un organigrama incluido en la agenda de Cóndor que muestra el «sistema de coordinación» indica que el centro de información se organizaría en cuatro divisiones: banco de datos, antecedentes policiales, microfilms y computadoras.

Los servicios de inteligencia se comunicarían por télex y a través de una red de radio de alcance continental, infraestructura que también fue provista por Estados Unidos. El sistema de télex fue bautizado «Condortel», nombre que aparece en varios documentos. Las organizaciones miembros se llamaban por su número: Cóndor uno (Argentina), Cóndor dos (Bolivia), Cóndor tres (Chile), Cóndor cuatro (Paraguay) y Cóndor cinco (Uruguay). Más tarde Brasil, Ecuador y Perú se unieron a la red como Cóndor seis, siete y ocho, respectivamente.⁴⁶

En un primer momento los mensajes vía télex se transmitían en un código primitivo, que consistía en una simple sustitución de letras.viii Más adelante se instaló un sistema de encriptación automática en todas las terminales de télex del sistema Condortel. Un agente de seguridad boliviano, citado por el autor Gerardo Irusta, reveló la existencia de los equipos y aseveró que los dispositivos fueron provistos por la CIA.⁴⁷ El agente Juan Carlos Fortún explicó: «El Jefe de nuestro Departamento, por lo general un oficial de enlace del Ejército, tenía en su poder y bajo llave una máquina especial que servía para codificar y decodificar los mensajes que se enviaban y recibían a todos y cada uno de esos países».

El sistema de télex fue el método más usado para la comunicación entre organismos. Los usuarios podían establecer una conexión abierta, que les permitía enviarse mensajes en tiempo real —algo similar a las aplicaciones de chat contemporáneas—. Contreras financió la instalación de una terminal para uso del teniente coronel Osvaldo Rawson en Buenos Aires, una de las varias indicaciones de que este bien pudo haber operado como un agente pagado por Contreras, con independencia de su trabajo en su propio servicio de inteligencia, el Batallón 601.

Por otra parte, las comunicaciones dentro del marco de la Operación Cóndor también hacían uso de una poderosa red de radio militar, cedida por el Ejército estadounidense, cuyo transmisor central estaba en la zona del Canal de Panamá. El general paraguayo Alejandro Fretes Dávalos reveló el uso del sistema durante una conversación con el embajador norteamericano Robert White en 1978, según un cable desclasificado de White. Un oficial de inteligencia militar estadounidense destinado a América Latina confirmó la existencia de la red durante una entrevista. El Ejército norteamericano instalaba transmisores en los países donde se desempeñaban sus instructores militares, por lo general en bases regionales. El oficial comentó que un uso común que se le daba a este sistema de radio era permitir que los oficiales latinoamericanos que estudiaban en la Escuela de las Américas, en la zona del Canal, se comunicaran con sus colegas y familiares por asuntos personales: así se ahorraban las llamadas de larga distancia.

En América Latina los oficiales accedían, por lo tanto, libremente a los transmisores, y este funcionario reconoció que los servicios de inteligencia tenían acceso al sistema y que, con códigos simples, se podría haber usado como infraestructura para un sistema de comunicaciones de alcance continental.⁴⁸

A medida que los subversivos y sus aliados se trasladaban de país en país, cada servicio debía cargar en el sistema la información sobre su paradero y sus actividades. El acuerdo, por ejemplo, especificaba que debía establecerse «el contacto muy rápido o inmediato cuando se expulse del país un individuo(a) o viaje un sospechoso, para alertar a los Servicios de Inteligencia». Cada país contribuía y cada país recibía información por medio del sistema de comunicaciones.

Por otra parte, el sistema requería que los miembros usaran sus enlaces con organismos «ajenos a los países del Sistema, especialmente extracontinentales, para obtener antecedentes sobre la Subversión». Esta disposición, la 5i, incluida en el acuerdo, pretendía incrementar notablemente la base de datos del Cóndor con material provisto por servicios afines en Estados Unidos y Europa. Se desconoce el alcance total de ese intercambio de información, pero mi investigación ha desenterrado ejemplos específicos de intercambios en los que participan el FBI, la CIA , la DST francesa y el Bundesnachtrichtendienst (BND), de Alemania Occidental.

La Operación Cóndor, sin embargo, no era un mero intercambio de información. Tal vez el rasgo más original haya sido el establecimiento de relaciones personales estrechas entre los oficiales de mayor rango, cuyos organismos antes se consideraban unos a otros como objetivos de contrainteligencia más que como colaboradores. Parte del plan de Contreras era celebrar frecuentes reuniones y realizar visitas personales. El segundo cónclave se programó para el siguiente junio, coincidente con la Conferencia de Ejércitos de América patrocinada por Estados Unidos que se realizaría en Santiago. Los documentos fundacionales también hablan de efectuar encuentros bilaterales, y en el Archivo de Paraguay se han encontrado pruebas de cuatro de ellos, donde se trataron cuestiones de planificación de inteligencia e intercambio de información.

El núcleo del sistema era que cada país facultaba a todos los miembros a destinar agentes en sus territorios, con permiso para actuar concretamente en ellos. Hasta la llegada del plan Cóndor, la presencia militar de un país en otro se limitaba a los agregados militares asignados a las embajadas (sin embargo, se ha podido constatar la presencia de operativos policiales y militares de Uruguay en Argentina a partir de febrero de 1974. Ver capítulo 5). Y también se recurría al espionaje encubierto. El propio Contreras comenzó a destinar oficiales de la DINA de forma encubierta en cada país, usando la fachada diplomática después de julio de 1974, con el fin de captar oficiales afines del país anfitrión para que vigilaran a los exiliados chilenos.⁴⁹ La Operación Cóndor brindaba una capacidad operativa mucho mayor que antes y contaba además con la bendición oficial. El acuerdo Cóndor, en su sección 5g, señala: «recomendamos la habilitación en las Embajadas de nuestros países la presencia de personal de Inteligencia Nacional o similares para enlaces directos y personales, plenamente acreditados ante los Servicios». En otras palabras, cada uno de los servicios que formaban parte del Cóndor tendría, con base permanente, al menos un oficial de inteligencia de cada uno de los otros países, trabajando codo a codo con el personal local. Contreras adoptó esa idea de la CIA, que tenía personal instalado dentro del servicio de inteligencia venezolano (sin embargo, en una entrevista Contreras insistió en que había rechazado la petición de Vernon Walters, quien pretendía colocar funcionarios de la CIA dentro de la DINA).

Por otra parte, según los documentos de la Operación Cóndor, cada país tenía el derecho y la obligación de ceder «personal técnico» para trabajar en el Centro de Coordinación de inteligencia, y de utilizar la base de datos ubicada en Chile. Este personal gozaba de inmunidad diplomática.

El sistema, entonces, consistía en una compleja infraestructura multilateral de inteligencia, con comando central en Chile (al principio) y sucursales en cada país. Estos elementos —información, comunicaciones, envío de personal operativo— representaban una enorme capacidad potencial para desplegar actividades en el nivel internacional; y nadie debía tener falsas expectativas respecto del uso que se pensaba hacer de esta capacidad. Contreras lo dejó en claro en su discurso inaugural: el Cóndor se crearía para capturar e interrogar a sus enemigos de izquierda que aún pululaban por América Latina, y para «eliminar» a los que vivían como exiliados en otras partes del mundo. Estas acciones de seguimiento, captura y eliminación eran las fases operativas sobre las que los documentos fundacionales daban pocos detalles. Los detalles de estas fases más violentas se conocerían a medida que fueron ejecutándose, y a medida que los organismos de inteligencia de Estados Unidos los fueron captando. En diciembre de 1975 no consta que la CIA tuviera conocimiento de la nueva organización. Pasarían seis meses más para que Estados Unidos se enterara de los planes para la Fase 3, misiones a Europa.

Por el momento, la firma de la versión final del Acta de Clausura del Primer Encuentro Interamericano de Inteligencia Nacional concluía el trabajo de los delegados de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Las deliberaciones finalizaron un día antes de lo planeado, por lo que tenían ante sí un fin de semana de vida social: cena y juego en los casinos de la turística ciudad costera de Viña del Mar, y cabalgatas por la tarde en la base militar de Quillota, en las llanuras costeras cercanas.

Los delegados volvieron a sus países habiéndose embarcado en el emprendimiento de una hybris colosal. La alianza del Cóndor nació del instinto agresivo de líderes militares que se veían enfrentando un conflicto de alcance internacional. Usaban la frase «Tercera Guerra Mundial» sin ironía ni connotación alguna. Más que para una guerra irregular con el fin de extinguir levantamientos guerrilleros a medida que se iban desatando, el eje del Cono Sur estaba equipado para proyectar su poderío hacia el extranjero, para generar «capacidad extraterritorial». Las fuerzas ahora unidas para preservar el vagamente definido concepto de «estilo de vida occidental» estaban preparadas para llegar incluso a las capitales europeas y norteamericanas con el fin de arrancar de raíz las células subversivas que sus gobiernos, reblandecidos por la democracia, no se atrevían a extirpar.

Capítulo 8

«ESTE VIEJO NO QUIERE MORIR»

Contreras se consideraba (...) un «capo» del movimiento antimarxista.

—Michael Townley

Había una razón por la cual las ideas de Manuel Contreras sobre las operaciones internacionales estaban tan bien desarrolladas y eran tan convincentes para sus compañeros comandantes de inteligencia: cuando los cinco organismos firmaron el acuerdo que dio origen a la Operación Cóndor, el Departamento Exterior de la DINA ya se encontraba en pie y funcionando, y tenía casi un año de experiencia en operaciones en terreno tanto en América Latina como en Europa. La nueva organización serviría de paraguas a las numerosas operaciones de Chile que ya se encontraban en marcha.

El asesinato de Prats en Buenos Aires —concretado a pesar de las complicaciones iniciales, filtraciones de inteligencia, desperdicio de dinero y una combinación poco feliz de actores militares y civiles— había marcado el estreno del equipo internacional de Contreras. Los agentes de la DINA empleados en este asesinato seguían trabajando juntos y continuarían llevando a cabo operaciones similares durante los años siguientes. El Departamento Exterior de la DINA se expandiría y ganaría experiencia en docenas de excursiones a los países miembros de Plan Cóndor, especialmente Argentina, además de los mencionados viajes a Europa y a Estados Unidos. Tal vez nunca se conocerá el alcance total de esas operaciones: un agente se jactaba de haber viajado a Europa en ochenta y cuatro oportunidades.

Mucho de lo que sabemos tiene su origen en las fuentes que prestaron declaraciones en los juicios, en especial del chileno-norteamericano Michael Townley, quien sin duda estuvo en el centro de un considerable número de las operaciones exteriores de la DINA y participó en una larga serie de asesinatos e intentos de asesinato. Sin embargo, Townley fue solo uno de muchos agentes. En los últimos años algunos militares —en su mayoría subalternos— han empezado a romper el silencio confesando los detalles de su servicio en la DINA y el conocimiento que tenían sobre sus crímenes. Sin embargo, ninguno de los oficiales superiores del organismo represor ha hablado con franqueza, y Townley mismo argumentó que tenía solo una vaga noción de su papel en la alianza de los países. Si los detalles que estos militares y Townley suministraron son apenas la punta del iceberg, sus testimonios demuestran que ese iceberg, las operaciones de la DINA en el extranjero, era entonces realmente enorme.

«Contreras se consideraba una figura central o un ‘capo’ del movimiento antimarxista y de los grupos diseminados por toda Europa y Estados Unidos», testificó Townley ante un juez italiano. «Una de las cosas que Contreras más deseaba era crear una alianza —puede que el término suene un tanto fantástico— de varios movimientos y grupos en los que sabía podría confiar y obviamente manipular a su antojo».¹

Contreras estaba construyendo un aparato internacional con varias cabezas y numerosos brazos. La idea de operar internacionalmente fue parte de su plan desde el comienzo. La DINA se estructuró en sus primeras semanas con dos divisiones operativas: la Subdirección Interior y la Subdirección Exterior (más conocida como el Departamento Exterior), encargadas de reprimir la subversión dentro y fuera de Chile. El trabajo sucio de las detenciones, interrogatorios, torturas y asesinatos era realizado por unidades o brigadas con nombres como Halcón, Tucán y Águila, compuesta cada una por una docena de militares y algunos civiles, dirigidos por oficiales.

La Subdirección Exterior, liderada por el coronel Jahn durante el primer año, funcionó desde la sede de la DINA en calle Belgrado 11, con un equipo de analistas que elaboraban informes sobre actividades enemigas fuera de Chile. Con el nombre Departamento Exterior, el equipo continuó activo hasta el final de la dictadura militar en 1990, con la sucesora de la DINA, la Central Nacional de Informaciones, CNI. Trabajó estrechamente con la cancillería chilena, que de hecho debió subordinarse a los objetivos internacionales de la DINA. Esta relación de subordinación se hizo evidente en una carta de Pinochet al canciller Ismael Huerta en diciembre de 1973, y en otras comunicaciones. En un oficio secreto canalizado a través de la DINA, Pinochet ordenó al ministro Huerta designar a dos funcionarios de carrera de confianza para trabajar directamente con la DINA. Contreras, en sus frecuentes comunicaciones con la cancillería, transmitía solicitudes que eran en realidad órdenes apenas disfrazadas, exigiendo un detallado trabajo de inteligencia sobre la lealtad de todos los funcionarios de carrera en ella. Al mismo tiempo, las embajadas y consulados de Chile debían informar sobre las actividades de los exiliados y de cualquier persona vinculada a acciones antimilitares en sus países.²

Estas tareas de inteligencia y contrainteligencia produjeron un abundante flujo de información desde Buenos Aires y Mendoza, donde cientos de exiliados habían buscado refugio luego del golpe. Pero había una unidad aún más secreta adentro del Departamento Exterior, hecho confirmado por las investigaciones judiciales: el Departamento Exterior Operativo, cuyas funciones eran llevar a cabo detenciones internacionales, interrogatorios y asesinatos, pero que han sido negadas por Contreras y todos los oficiales de la DINA.³

Hay evidencia en los testimonios de que esta unidad operativa era conocida como la Brigada Purén, los nombres de cuyos principales agentes se repetirán regularmente cuando relatemos la represión extraterritorial chilena: el capitán José Octavio Zara Holger, el mayor Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, el capitán Christoph Willeke Floel, el capitán Armando Fernández Larios, y Michael Townley y su esposa, Mariana Callejas. Según la mejor reconstrucción de la estructura de la DINA, realizada por detectives chilenos para investigaciones judiciales posteriores, las divisiones de operaciones y de inteligencia se reportaron al coronel Jahn hasta fines de 1975, y luego al nuevo director de operaciones de la DINA, el teniente coronel Pedro Espinoza Bravo. Subordinado a Jahn y después a Espinoza estaba un oficial superior, el teniente coronel Arturo Ureta Sire, como jefe del Departamento Exterior.⁴

Complementando esta estructura, el Departamento Exterior había creado una red de civiles reclutados de grupos terroristas de derecha en Europa y Estados Unidos; esta red ya estaba funcionando, disponible para trabajos de espionaje, propaganda, asesinatos y todo tipo de maniobras sucias. La red no militar de la DINA era informal y podía responder con gran flexibilidad a las instrucciones de Contreras: compensaba su falta de profesionalismo y trayectoria institucional con improvisación, fanatismo y energía. Hasta qué punto estos agentes se integraron en las misiones multilaterales del Plan Cóndor, no se pudo constatar. Pero se sabe que algunos de los operativos circulaban por Argentina, además de sus misiones para Chile en Europa, Estados Unidos, Perú y México.

El mismo general Pinochet había tenido una participación directa en el reclutamiento de esta red. Al derrocar a Allende se convirtió en un héroe para las redes de extremistas fascistas que subsistían aun después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Uno de los más famosos, el príncipe Junio Valerio Borghese, que había sido oficial de marina durante el régimen fascista de Mussolini, peregrinó a Chile en mayo de 1974 para rendir homenaje a Pinochet y prometerle su ayuda. Los seguidores de Borghese habían formado organizaciones clandestinas y eran los autores de algunos de los actos de terrorismo más impresionantes de la época en Italia, entre los que se incluye el robo a un banco en Milán en 1969 que dejó un saldo de dieciséis muertos. La estrategia general era provocar caos y un golpe militar que llevara a Borghese al poder. La posibilidad de llevar a cabo el golpe nunca se concretó, por lo que un avejentado príncipe tenía cada vez más razones para admirar a Pinochet, que había materializado en Chile la clase de toma de poder anticomunista que a él le fuera esquiva en Italia.

La reunión con Pinochet consolidó una relación que se extendería a los seguidores de Borghese, quien viajó a Chile con su teniente más joven, Stefano Delle Chiaie, líder del grupo neofascista Avanguardia Nazionale (Vanguardia Nacional) y que planeó y organizó el cruento asalto al banco milanés. Delle Chiaie se había ganado el apodo de «Terrorista Negro». Al reconocer que podría resultarle muy valioso para sus planes en Europa, Manuel Contreras lo incorporó de inmediato a la DINA, donde se le conoció con el alias «Alfa».⁵

El otro grupo de extremistas estaba formado por exiliados cubanos que, a una década del fracaso de la invasión a Bahía de Cochinos promovida por la CIA, recurrían cada vez más a tácticas terroristas para derrocar a Fidel Castro. Un pequeño grupo, formado por Guillermo Novo, José Dionisio Suárez y Orlando Bosch (nombres que pronto serían de infausta memoria), también peregrinó a Santiago en diciembre de 1974. La DINA reclutó igualmente a algunos de los extremistas chilenos con probados antecedentes terroristas, como Jaime Melgoza, que había participado en el asesinato del general Schneider y que fue liberado de la cárcel después del golpe militar.

A partir de esos contactos, Contreras pudo crear un equipo provisorio para realizar operaciones tanto en Estados Unidos como en Europa, red que activó a principios de 1975.

El Departamento Exterior de Jahn en Santiago recibió inteligencia del exterior, que fue procesada en informes analíticos y transformada en planes de acción. Uno de esos informes se preservó porque la DINA lo distribuyó, según el denominado «Plan C», al Ministerio de Relaciones Exteriores como un «Boletín Especial de Inteligencia», con fecha 16 de febrero de 1975. El informe se centra en dirigentes en el exilio en Italia, Venezuela y Estados Unidos:⁶

Relevantes figuras de la política nacional del régimen pasado actuando del exterior y en coordinación con marxistas radicados en Chile han abierto diversos frentes operacionales conducentes al aislamiento de Chile como objetivo primario.

Roma, Caracas y Washington D.C. son los más significativos siendo este último la base de operaciones de RADOMIRO TOMIC, quien encabeza un poderoso grupo de chilenos que trabajan en organismos internacionales. Proporcionándoles asesoría para denigrar a Chile.

Tomic, el candidato presidencial de la Democracia Cristiana en 1970, era investigador invitado del Instituto Smithsonian en Washington. El informe señaló sus conexiones con la Iglesia católica, la prensa, los sindicatos y dos poderosas figuras políticas estadounidenses, David Rockefeller y el senador Ted Kennedy. Gabriel Valdés, amigo cercano de Tomic y camarada democratacristiano, trabajaba para las Naciones Unidas en Nueva York. Orlando Letelier había vivido en Caracas desde su salida de prisión en Chile y se había mudado recientemente a Washington D.C., y Roma era el lugar de exilio de Bernardo Leighton, también democratacristiano. Estaba a punto de realizarse una gran reunión de exdirigentes de la Unidad Popular en la Ciudad de México. Estos líderes del establishment político chileno, y no la izquierda radical, eran percibidos claramente como una importante amenaza al gobierno militar.

Todos ellos fueron blancos de asesinato de los recientemente creados equipos internacionales de Pinochet.

Townley fue enviado a Miami el mismo mes; otros oficiales del Departamento Exterior, a Europa. Su misión: vigilar a los exiliados chilenos que viajaban por el mundo para organizar la resistencia y que intentaban convencer a los gobiernos democráticos de que repudiasen a Pinochet.

Townley llegó a Miami con su esposa, Mariana, y con veinticinco mil dólares en una bolsa junto a una lista de posibles colaboradores que le había suministrado la DINA. Una de las organizaciones que había enviado una delegación a Chile, el Movimiento Nacionalista Cubano, asignó a un joven que alguna vez había sido vendedor de autos usados para que trabajara con Townley en su misión, a la que denominó «Operación Temporada de Caza». Su nombre era Virgilio Paz.

La nueva estrategia internacional de la DINA coincidía perfectamente con la del movimiento cubano, cuyos líderes describían como la «guerra por los caminos del mundo entero». El lema aludía a una campaña terrorista en contra de las instituciones castristas situadas fuera de Cuba: sus seguidores en Estados Unidos, puestos diplomáticos y aerolíneas cubanas. (El ataque más despiadado de este grupo, planeado y organizado por Orlando Bosch, fue una bomba que explotó a bordo de un avión de Air Cubana que se dirigía de Caracas a La Habana, matando a setenta y tres personas entre pasajeros y tripulación.)

Townley a México

En Miami Townley reunió todo lo necesario para fabricar una bomba a control remoto, similar a la que había empleado en Argentina para asesinar a Prats. Paz compró un rifle de gran potencia con mira telescópica. La orden para Townley era que viajara con Paz y Mariana a Ciudad de México para atacar a exiliados políticos reunidos allí. Recién había concluido una reunión de la Comisión Internacional de Investigación sobre los Crímenes de la Junta Militar en Chile. Habían participado Carlos Altamirano, el blanco principal, quien viajó desde Alemania Oriental, y el socialista Clodomiro Almeyda, ambos exministros de Allende, junto con el líder comunista Volodia Teitelboim. Orlando Letelier llegó desde Washington. En Ciudad de México vivía la viuda de Allende, Hortensia Bussi, y su hija Isabel. También se encontraban allí el exministro de Economía Pedro Vuskovic y el exembajador Hugo Vigorena. Uno de los centros de reunión de los exiliados se llamaba la Casa de Chile, otro posible objetivo para un ataque con bomba.

Townley testificaría posteriormente que tenía una lista, y su tarea era asesinar a tantos de los líderes principales como le fuera posible. Pero la realidad fue que los potenciales asesinos nunca se acercaron lo suficiente a los blancos. Después de mucha demora, manejando una van American Traveler alquilada en Florida con destino a la capital mexicana, lograron fabricar una bomba con explosivos plásticos C4. Llegaron a Ciudad de México a mediados de marzo. La reunión ya había terminado, pero hicieron vigilancia para ubicar a los que todavía se encontraban en la ciudad o vivían en ella. Descartaron la idea de colocar una bomba en la Casa de Chile —un hostal donde alojaban jóvenes chilenos pero ninguna figura de importancia—. Pasaron casi un mes en la ciudad sin poder localizar algún blanco de ataque factible. Van al cine, según Townley, para estudiar las técnicas de inteligencia de la película The Day of the Jackal. Pero la misión termina en nada. El equipo volvió a Miami en la misma camioneta.⁷

Townley presentó un informe sobre la fallida misión a Raúl Iturriaga, su jefe en el Departamento Exterior de la DINA, quien le ordenó volver a Chile para luego continuar persiguiendo a Altamirano por Europa. La prioridad fue siempre Altamirano. «Contreras guardaba un rencor personal hacia Altamirano. No sé por qué», recordaba Townley.⁸

Al arribar a Frankfurt en julio, Townley, Mariana Callejas y Virgilio Paz se unieron a otros equipos del Departamento Exterior que habían estado ejecutando misiones similares en las capitales europeas. Uno de los grupos lo lideraba el mayor Christoph Willeke, que hablaba alemán y era el segundo de Iturriaga. Su principal misión en ese momento era seguir a un destacado democratacristiano que estaba recorriendo las capitales europeas, el exsenador Patricio Aylwin.

Townley y Willeke también estaban construyendo la red antimarxista de Contreras. Willeke estableció enlace con el servicio de inteligencia de Alemania Occidental, el BND, un contacto que según Townley habían facilitado los líderes de una comunidad alemana criptonazi instalada en Chile y conocida como Colonia Dignidad. El BND y la DINA intercambiaron listas de presuntos agentes del MIR y la JCR en Europa, poniendo especial énfasis en aquellos que podían estar trabajando con los terroristas alemanes de la banda Baader-Meinhof. Townley estableció asimismo contacto con dos grupos derechistas no identificados de Alemania para que se incorporasen a la red de Contreras.

Al mismo tiempo, otro equipo de la DINA se encontraba trabajando en París, y entre sus integrantes estaban el teniente coronel Pedro Espinoza y el teniente Armando Fernández Larios, quien luego participará en el asesinato de Letelier. El grupo viajó también a Madrid, Alemania y Roma. Algunas de las misiones comprendían venta de armamento y operaciones de propaganda, además de espionaje y vigilancia de disidentes.

Había una suerte de contienda espía versus espía. Por lo menos tres organismos de inteligencia europeos (los de Francia y las dos Alemanias) sabían de la presencia de agentes de la DINA en Europa. La STASI de Alemania Oriental obtuvo con antelación información precisa sobre los planes para asesinar al general Prats en 1974 y posteriormente a Carlos Altamirano. Aparentemente varios intentos de asesinar a Altamirano se frustraron por la rápida acción del servicio de inteligencia francés, la DST. En dos ocasiones, agentes de la DST pusieron a Altamirano bajo protección especial las veinticuatro horas durante su estadía en París, y le informaron que habían detectado a grupos de asesinos. En otra oportunidad, miembros de la DST detuvieron a tres agentes de la DINA en el aeropuerto de Orly y les negaron la entrada a Francia. Altamirano había trasladado su residencia de Berlín Oriental a París, donde compró un elegante departamento. Este traslado significaba una disminución de la protección y el asesoramiento de sus amigos en el servicio de inteligencia comunista. Como por ese entonces viajaba de forma constante, solía cambiar sus planes a último momento y rara vez permanecía en el mismo hotel o vivienda dos noches seguidas.⁹

Amenazas en Estados Unidos

Mientras tanto, otra acción de la DINA fue detectada en agosto en Estados Unidos. En Nueva York y Washington D.C., el FBI se movilizó para impedir un atentado en contra de dos prominentes exiliados chilenos, Gabriel Valdés y Radomiro Tomic. Valdés, subsecretario general del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para la región de América Latina y el Caribe, supo de la amenaza durante un viaje a Caracas, y apenas regresó a Nueva York se dirigió a las oficinas del FBI, el 12 de agosto. Allí informó que le habían advertido que un conocido extremista de derecha, Jaime Melgoza, uno de los hombres que mató al general René Schneider en 1970, iba en camino a Estados Unidos con la misión de asesinarlo a él en Nueva York y a Tomic en Washington. Melgoza había sido encarcelado por la muerte de Schneider, pero liberado poco después del golpe militar y operaba como una suerte de agente freelance para la DINA. En reacción a una evidente y seria amenaza, el agente del FBI en Nueva York inmediatamente envió un mensaje por télex —a las 2:30 de la mañana el 13 de agosto— a la oficina central en Washington con instrucciones de contactar a Tomic en su hogar en la avenida Catedral.

En cuestión de horas, el FBI notificó a la unidad de inteligencia de la Policía Metropolitana, al Servicio Secreto (porque Tomic era un exembajador y por lo tanto gozaba de esa protección), al Departamento de Estado y a la CIA. Con todas las protecciones aseguradas, el FBI chequeó con el Servicio de Inmigración si había registros de que Melgoza hubiese ingresado al país, y el Departamento de Estado revisó las solicitudes de visa en la embajada en Santiago, pero no encontró nada. Si Melgoza había efectivamente viajado a Estados Unidos en misión de la DINA, probablemente no utilizaría su propio pasaporte. Informes posteriores indicaron que en 1976 Melgoza trabajaba con la oficina de la DINA en Madrid.

El atentado fue prevenido. Además de las acciones tomadas por el FBI para proteger a Valdés y Tomic, otras autoridades dieron aviso al embajador de Chile ante Naciones Unidas e informaron al secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, el superior de Valdés. Tomic, quien recién había terminado una asignación en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, dejó Washington algunas semanas después de recibir la amenaza y se mudó a Europa.

La advertencia tuvo origen en el empresario chileno Orlando Sáenz, cercano al gobierno de Pinochet pero con amistades también en la Democracia Cristiana. Según Sáenz, la información provino de una joven amiga de Andrés Melgoza, hermano de Jaime. Ella señaló que Andrés le había contado de la misión de asesinato de su hermano y ella transmitió la información a Sáenz con la intención de evitar el atentado. Sáenz le informó a Valdés sobre la amenaza en Caracas a través de un amigo mutuo, Enrique Iglesias, director ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, con sede en Santiago.

Nunca se ha logrado comprobar si la información del atentado fue una filtración deliberada para intimidar a Tomic y Valdés o si Melgoza realmente puso en marcha un plan de asesinato. Tomic y Valdés eran blancos evidentes: ambos representaban la amplia facción izquierdista dentro del Partido Demócrata Cristiano y se habían opuesto al golpe; los dos podían convertirse en potenciales y principales candidatos a la presidencia si se restauraban las elecciones en Chile. Además, como comentó el embajador de Estados Unidos David Popper en un memorándum sobre la amenaza, «en Chile se cree que Valdés ha cooperado activamente con exiliados chilenos de izquierda en el ejercicio de sus funciones en Naciones Unidas».¹⁰

Blanco en Roma

En Europa, Michael Townley esperaba frustrado nuevas instrucciones. El estadounidense llamó a la oficina central de la DINA y pidió hablar con «Luis Gutiérrez», el alias de Iturriaga, quien incorporó un nuevo nombre a la lista negra de Townley: Bernardo Leighton, el patriarca democratacristiano que estaba trabajando en Roma para forjar una alianza contra Pinochet entre su partido y las fuerzas de Allende en el exilio.

Iturriaga dio detalladas instrucciones de lo que se debía hacer en una carta que envió con un piloto de Lan Chile. Ordenaba a Townley dirigirse a Roma y ponerse en contacto con el colaborador italiano más importante de la DINA, Stefano Delle Chiaie. Las instrucciones de Iturriaga eran «muy claras y precisas», afirmó Townley en un testimonio posterior: tenía que conseguir el apoyo de la organización de Delle Chiaie para asesinar a Leighton.

Delle Chiaie se encontraba entre los «más buscados» en las listas de la policía italiana por su presunta participación en una serie de atentados terroristas; no obstante, operaba abiertamente desde un cómodo departamento en la romana Via Sartoria que era el punto de reunión de los miembros de Avanguardia Nazionale. La DINA le había suministrado un pasaporte falso con el nombre de Alfredo di Stefano. Delle Chiaie recibió a Townley, Callejas y Paz en su departamento, donde también lo habían visitado recientemente otros miembros del equipo de la DINA.¹¹

Stefano Delle Chiaie tenía un aspecto físico robusto, con una frente ancha y un poblado bigote negro que servía de marco a unos ojos claros y sin brillo. Al igual que Contreras, se imponía por presencia y despertaba la admiración de Townley. Cenaron. Delle Chiaie estaba lleno de ideas y listo para la acción: contaba con los hombres, la experiencia y la determinación para devolverle a Pinochet algo de lo que había invertido en los grupos fascistas italianos. Durante la cena en su departamento le dio algunos consejos a Townley, como que se olvidase de los exiliados como Altamirano, pues estaban muy bien protegidos y las operaciones eran de alto riesgo. Leighton era un blanco mejor y más fácil. El veterano estadista democratacristiano, muy respetado en todo el mundo, había sido Ministro del Interior de Chile y se movía con soltura en la Internacional Demócrata Cristiana, que era el partido en el poder en Italia y Alemania. No solo estaba tratando de reunir a los chilenos que se opusieran a Pinochet, sino que trabajaba arduamente para crear consenso entre los democratacristianos y los socialdemócratas europeos para que se plantaran en contra de las dictaduras militares en Latinoamérica.

Mucho más efectiva que la eliminación de un personaje temido como el izquierdista Altamirano, la muerte de una figura venerada como Leighton infundiría terror en lo más profundo de la psique de los exiliados dondequiera que se encontrasen, despejando cualquier duda no solo del poder internacional de la DINA, sino de su absoluta crueldad. Leighton vivía en Roma con su esposa, Anita Fresno, sin seguridad a la vista. Un exlíder sindical chileno que vivía en Frankfurt lo había espiado por cuenta de la DINA y había facilitado su domicilio e información sobre sus actividades. Tras varias reuniones, Delle Chiaie informó a Townley que Avanguardia Nazionale proporcionaría los hombres y las armas para llevar a cabo el asesinato.

Townley obtuvo el visto bueno de Iturriaga y dio luz verde a Alfa. Delle Chiaie organizó la operación con su camarada Pier Luigi Concutelli, quien efectuaría los disparos. Otro miembro del grupo, Guilio Crescenzi, encargado de encontrar el arma, consiguió una pistola Beretta de 9 mm.

Unos días después, el 6 de octubre, Concutelli esperaba en la tranquila Via Aurelia, cerca del Vaticano, donde tenían su departamento los Leighton. Pasadas las ocho de la noche, Bernardo y Anita descendieron de un taxi colectivo y comenzaron a caminar tomados del brazo: habían salido a hacer algunas compras. Concutelli cruzó la calle, pasó a la pareja en dirección contraria, sacó el revólver y le disparó a Leighton, apuntando a la cabeza. Una segunda bala le dio de costado a Anita Fresno, atravesándole el pecho y alojándose en su columna vertebral. El asesino miró a sus víctimas desplomarse en la vereda y salió corriendo sin efectuar más disparos. El matrimonio sobrevivió. Leighton se recuperó rápido, de forma milagrosa sin secuelas físicas, de la bala que le había atravesado el cráneo para salir por encima de la oreja izquierda; Anita Fresno no pudo volver a caminar debido a la herida en la columna. Townley, más tarde, les reprocharía a los italianos no haber usado una pistola de calibre veintidós, el arma más adecuada para blancos cercanos.¹²

Pensando que habían liquidado a los Leighton, Townley y los italianos celebraron con una cena en el departamento de Delle Chiaie. Luego se dirigieron al norte para reunirse con otros agentes de la DINA en Frankfurt y recibir más felicitaciones, aunque estas se vieron empañadas por la noticia de que la pareja había sobrevivido.¹³ Aun así, los disparos tuvieron el efecto deseado: Leighton, a pesar de haberse recuperado, nunca más volvió a participar en política, y los exiliados comprendieron que ni siquiera Europa era un lugar seguro para ellos.

El flagrante intento de asesinato estuvo sin esclarecerse por más de una década. Cuando Townley fue arrestado en relación con el caso Letelier, sus documentos de viaje evidenciaron también que había tenido participación en él. No obstante, la identidad de los asesinos no se revelaría sino hasta que un juez justiciero, el italiano Giovanni Salvi, tomó el caso en la década del ochenta y comenzó una tenaz investigación que se extendería por diez años.¹⁴

Durante la investigación de Salvi, uno de los miembros del grupo de Delle Chiaie, Vincenzo Vinciguerra, vinculó los asesinatos con Pinochet:

La orden vino directamente de Pinochet. [...] Me refiero a lo que sé personalmente. La orden fue dada directamente por el general Pinochet, quien más tarde lamentó que siguieran con vida. «Lástima, este viejo no quiere morir», fue el comentario de Pinochet al referirse al episodio cuando se reunió con Delle Chiaie tiempo después. Eliminar a determinados líderes políticos opositores fue únicamente decisión de la junta militar chilena, y de Pinochet en particular.¹⁵

La compensación por hacer el trabajo sucio de la DINA no fue especialmente generosa. Al cubano Paz se le permitió dar detalles secretos del ataque a sus camaradas en Miami, quienes emitieron un comunicado de prensa atribuyéndose la acción. La DINA pagó cinco mil dólares a los italianos, suma que se describió como un préstamo que nunca se devolvió. Pero el principal beneficio, según la lógica de los terroristas de extrema derecha, era la relación con Pinochet y la impronta de prestigio que les confería.

Pinochet no tuvo miedo de expresar abiertamente su gratitud a los aliados terroristas. Unas semanas después del ataque a los Leighton, el 20 de noviembre de 1975, moría el dictador español Francisco Franco tras treinta y seis años en el poder. Pinochet voló a Madrid para rendir el último homenaje a quien fuera su héroe anticomunista y figura modelo. Lo acompañaron las fuerzas de la DINA: Contreras se apropió de un avión y lo destinó a los oficiales más importantes de la Dirección, entre los que se incluía prácticamente todo el Departamento Exterior. El grupo ascendía a por lo menos cincuenta personas, casi tantas como la totalidad de los demás funcionarios del gobierno.

Contreras se encargó de que Delle Chiaie fuera a Madrid, acompañado de varios de sus camaradas de Avanguardia Nazionale. A poco de perpetrado el atentado a Leighton, un acto terrorista que había estado en primera plana de los periódicos europeos durante semanas, se le concedió a Delle Chiaie una audiencia privada con Pinochet en la habitación de su hotel. En la ocasión Contreras le entregó los cinco mil dólares acordados como pago.¹⁶

Según un miembro de la comitiva de Pinochet, Contreras hizo arreglos para que este se reuniera también con otras personas consideradas «patriotas»: terroristas croatas y extremistas de otras partes del mundo. El funcionario dijo haber tenido que mostrarse más hábil que Contreras para impedir que se llevase a cabo una de esas reuniones en el salón de un hotel, delante de los fotógrafos.¹⁷

A modo de represalia, más tarde ese mismo día, durante una ronda de tragos en el hotel, un oficial de la DINA tomó al funcionario del brazo y le puso un revólver en la cabeza. «Cuando me dé la orden, mi coronel —dijo, dirigiéndose a Contreras—. Lo envolvemos en una manta y nos deshacemos de él sin dejar rastros». Era uno de los juegos habituales de los miembros de la DINA.

Cuando el majestuoso funeral terminó, Pinochet, Contreras y sus oficiales retornaron a Chile, dos días antes de la reunión del 26 de noviembre con los jefes de inteligencia, convocada para crear la Operación Cóndor. Delle Chiaie, otros dos italianos de su grupo y Paz llegaron casi en el mismo momento a Chile, donde se desempeñaron como una célula operativa de la DINA.

Townley lamentó que sus numerosas misiones le exigieran tanto trabajo. «Era una época de mucha actividad, mental y física, con solo algunos días o semanas sin actividad. Cuando regresé a Chile en 1975, a fines de año, me encontraba en condiciones físicas muy, muy deterioradas y extraordinariamente cansado, y pesaba alrededor de cuarenta kilos menos de lo que peso ahora».¹⁸

Con la puesta en marcha de la Operación Cóndor serían dos las redes en funcionamiento para derrocar a los enemigos del gobierno militar. Las áreas de operaciones eran Estados Unidos, Europa y América Latina. Durante los primeros meses de 1976, la atención se concentró en el nuevo aparato de la Operación Cóndor y en una campaña coordinada contra aquellos considerados enemigos que aún residían en América Latina.

Capítulo 9

MUERTE EN ARGENTINA

Yo soy el único que converso con todos [...] Converso con los comunistas, con los Tupamaros. Converso con todas las fuerzas, y a mí me respetan.

—Zelmar Michelini,

senador uruguayo exiliado

El asesinato de [Juan José] Torres fue una acción coordinada entre las dictaduras argentina y boliviana en el marco de Cóndor.

—Juicio Cóndor en Argentina,

citando un cable de Condortel

Es muy probable que el acuerdo para establecer la Operación Cóndor se haya celebrado a espaldas del conflictivo gobierno de Isabel Perón en Argentina. A fines de 1975 y principios de 1976, el régimen civil estaba al borde de desintegrarse y cedía cada vez más autonomía a los militares. La creación de la alianza del Cóndor fue uno de los primeros pasos en la estrategia militar para asestar de una vez por todas un golpe mortal al terrorismo y el caos político en que, según los militares, el peronismo había sumido a Argentina. Siguiendo el mapa de acciones futuras, Argentina iba a ser el primer y mayor ruedo para las operaciones multinacionales de Cóndor.

En marzo de 1976, la conspiración golpista era casi un secreto a voces. El agregado legal Robert Scherrer fue invitado a una reunión con el secretario general del Alto Mando del Ejército, el 14 de marzo, y después informó al embajador que «el ejército argentino derrocaría a la presidenta Estela Perón entre el 17 y 18 de marzo de 1976. Luego de esta destitución, los militares argentinos desean una estrecha colaboración con Estados Unidos...».

Al día siguiente el embajador Robert Hill se reunió con el almirante Emilio Massera, jefe de la Armada. Empleando términos condicionales, Massera comunicó al embajador que el golpe estaba por llegar. «Dijo que no era ningún secreto que los militares tal vez tendrían que llenar el vacío político en un futuro muy cercano», informó Hill en un cable a Washington. La elección entre la intervención y «el caos total que llevaba a la destrucción del Estado argentino» era muy clara para los militares, y se fundaba tanto en la incompetencia de la Presidenta como en la amenaza «terrorista». Sin embargo, Massera hizo hincapié en que el golpe no sería cruento. Según lo informado por Hill, el almirante prometió que «de darse la intervención militar, ésta no seguirá la modalidad elegida por Pinochet para la toma de poder en Chile. Por el contrario, dijo [Massera] que tratarán de proceder dentro del marco de la ley, con el debido respeto por los derechos humanos». Massera solicitó colaboración a Hill para contratar a una firma de relaciones públicas con sede en Washington con el fin de perfilar la imagen de moderación del gobierno militar en Estados Unidos.¹

La reunión se llevó a cabo un martes. Exactamente una semana después, el coronel del Ejército estadounidense Lloyd Gracey, instructor en inteligencia militar, estaba por salir de su oficina en el Cuartel General del Ejército en Campo de Mayo cuando un oficial argentino a quien consideraba una de sus fuentes fidedignas entró en su oficina, cerró la puerta y le dijo: «Lloyd, esta noche habrá un golpe contra Isabelita». Según Gracey, se le transmitió esta información anticipada para que Estados Unidos pudiera expresar sus objeciones, en caso de tenerlas. El equipo del país —embajador, consejero político, jefes de la CIA y DIA— se reunió e informó a Washington. No hubo reservas morales ni políticas. En doce horas, el 24 de marzo, el golpe era una realidad. Estados Unidos reconoció al gobierno militar en forma inmediata.

Cumpliendo con lo prometido por Massera, el golpe evitó el modelo de Pinochet, por lo menos en su cara pública. No hubo bombardeos ni fusilamientos en masa ni cuerpos en las calles ese día. Se lo describió como una toma de poder total, eficaz y hermética de todos los centros de poder; y a juzgar por lo que salió a la luz, se realizó prácticamente sin derramamiento de sangre. Un resumen objetivo de inteligencia sobre el golpe enviado a todas las embajadas en América Latina el día siguiente indicaba la actitud tomada por Estados Unidos:²

Los intereses de Estados Unidos no se ven amenazados por el actual gobierno militar. Los tres Comandantes de las Fuerzas Armadas se destacan por su actitud anticomunista y a favor de Estados Unidos. (...) La postura de la Junta de favorecer el capital extranjero minimizará los problemas de inversión. (...) Los derechos humanos son un terreno en el que las acciones del nuevo gobierno probablemente ofrezcan dificultades desde el punto de vista de Estados Unidos. Varios miles de presuntos subversivos ya están detenidos por el estado de sitio declarado en noviembre de 1974, y dicha cifra se incrementará a medida que las fuerzas de seguridad intensifiquen sus esfuerzos contra los terroristas. El trato que los militares vienen dando a estas personas desde los últimos años no podría considerarse correcto y probablemente comprenda serias violaciones a los derechos humanos en el futuro.

El mundo no vio la toma del poder en Argentina desde una perspectiva puramente anticomunista, tal como ocurrió con el golpe de Pinochet. El gobierno peronista era vilipendiado en todas partes y no contaba con defensores consecuentes, ni de derecha ni de izquierda, fuera del país. A diferencia de los defensores del experimento socialista de Allende en Chile, a la izquierda argentina le desagradaba el gobierno casi tanto como los militares. El ERP, y en menor medida los Montoneros, tenía como objetivo derrocar al gobierno peronista e instalar su propia alternativa radical.

Los nuevos líderes militares, en una Junta compuesta por los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, se definieron como moderados renuentes, en especial el comandante en jefe del Ejército, Jorge Videla, un hombre aparentemente inofensivo y desgarbado, cuyo semblante de espantajo contrastaba notablemente con la imagen siniestra de capa oscura y anteojos opacos adoptada por Pinochet al tomar el poder.

Los enemigos «terroristas» de los militares, cuya erradicación fue el motivo del golpe, tampoco contaban con mucho apoyo, ni dentro ni fuera del país. La historia podría haber sido diferente si los guerrilleros argentinos hubieran limitado sus actividades a atentados contra instalaciones militares, incursiones propagandísticas y la campaña del monte en Tucumán, haciéndose eco de la lucha del Che Guevara y Fidel Castro. Pero tanto el ERP como Montoneros habían consentido los peores instintos de sus miembros extremistas, llevando a cabo una larga sucesión de secuestros y asesinatos, a menudo de personas que no tenían conexión con los militares y ninguna ideología en particular. Varios asesinatos que fueron muy publicitados simbolizaban la crueldad mayúscula de la que los guerrilleros eran capaces: Santucho, jefe del ERP, ordenó a sus hombres ejecutar a militares en las calles hasta llegar a la misma cantidad de miembros del ERP que habían sido asesinados por los militares después de una batalla, esto es, dieciséis personas. Un pelotón del ERP disparó a un capitán de Ejército que cruzaba la calle con su hija de tres años, matando no solo al soldado sino también a la niña. Si bien Santucho lamentó la muerte de la menor, el comandante guerrillero responsable de los asesinatos no recibió castigo alguno.

Los Montoneros habían secuestrado y ejecutado a un expresidente, el general Pedro Eugenio Aramburu, y, en un hecho memorable, asesinaron a un general del Ejército con una bomba instalada por una muchacha que se había infiltrado en la residencia del general haciéndose amiga de su hija. También los extranjeros fueron elegidos como blanco, por lo general para secuestrarlos y pedir rescate, como en el caso del secuestro de Victor Samuelson, de la Exxon, por parte del ERP. Dos funcionarios del Servicio Exterior de Estados Unidos en la capital de la provincia de Córdoba recibieron disparos –uno de ellos con resultado de muerte–, en distintos intentos de secuestro por parte de Montoneros y comandos del ERP. Se descubrieron asimismo diversas conspiraciones en contra de oficiales del grupo consultivo militar estadounidense, una de las cuales se atribuyó a la JCR. En la embajada de Estados Unidos, la identificación de los guerrilleros izquierdistas como enemigos no era solo ideológico sino también a título personal.³

De este modo, el nuevo gobierno militar no fue recibido como una cruzada anticomunista sino como una intervención legítima para restaurar el orden y detener la violencia. Directores de periódicos respetados y moderados como Robert Cox, del Buenos Aires Herald, y Jacobo Timerman, de La Opinión, aprobaron la toma de poder en sus columnas editoriales, aun cuando advertían sobre el abuso en temas de derechos humanos. Los partidos políticos, con excepción del Partido Justicialista, se alinearon para refrendar el golpe. Ni siquiera se opuso el Partido Comunista.

La nueva Junta adoptó el poco intimidatorio título de «Proceso de Reorganización Nacional» para denominar su iniciativa. Aun antes de contratar a los creadores de imagen en Washington, los militares parecían haber ganado la primera batalla de las relaciones públicas.

Asesinatos y desaparecimientos: Argentina y Chile

1973-1991 (Casos verificados)

La realidad subyacente era absolutamente otra, pero durante las primeras semanas permaneció en secreto y pasó inadvertida. Detrás de los rostros afables de los nuevos gobernantes se ocultaba una dictadura mucho peor, y de mayor magnitud en términos de violencia, que el experimento de erradicación anticomunista de Pinochet. De hecho, en octubre de 1975 los militares habían asumido el pleno control de todo el sistema de seguridad antisubversivo, desplazando a la llamada Triple A y subordinando a la Policía Federal (PFA) y SIDE a las órdenes de los jefes militares. Un sistema clandestino de inteligencia, operaciones de detención y prisiones secretas había empezado a funcionar a escala nacional. La nueva alianza Cóndor era solo una pieza en la estrategia global. Prácticamente sin conocimiento público, unidades militares habían secuestrado y hecho desaparecer a 645 personas entre octubre de 1975 y el golpe militar de marzo. Después del golpe, las desapariciones y muertes se dispararon, a razón de doce personas por día en forma constante durante lo que quedaba de 1976.

Era como si la realidad de la represión fuera inversamente proporcional a su publicidad. El año anterior, 1975, había habido muchas menos víctimas, pero se describió como el año de mayor violencia en la historia de Argentina, con amplia cobertura noticiosa de la guerra en Tucumán, batallas entre la policía, los militares y los grupos guerrilleros, y las actividades de la Triple A, escuadrones de la muerte respaldados por los peronistas de derecha y ligados a la policía argentina.

A medida que los militares afianzaban su dominio a fines de 1975 y apartaban a los escuadrones de la muerte, el número de víctimas, que de por sí ya era elevado, seguía aumentando. De los cientos de personas detenidas y llevadas a prisiones secretas todos los meses, casi todas eran ejecutadas (según cálculos de un exagente de inteligencia del Ejército en una entrevista con el autor, el 85 por ciento), y sus cuerpos eliminados en secreto.

Tal vez el cambio más significativo fue la nueva organización de recolección de inteligencia y las operaciones de inteligencia. Según documentos militares fechados en octubre de 1975, el Ejército centralizó toda la información de inteligencia antisubversiva proveniente de las unidades militares y policiales. Informes semanales, basados en documentos confiscados y en los interrogatorios a miles de detenidos en todo el país, eran canalizados hacia el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Ahí eran analizados y transformados en inteligencia operativa, o lo que los militares describían como la «fase ejecutiva de inteligencia y los consiguientes procedimientos policiales o acciones militares».⁴

«Es por eso que llamamos al Batallón 601 el corazón de la represión», comenta la investigadora judicial argentina Melisa Slatman.

Al principio no hubo demasiadas protestas por los arrestos, y los familiares albergaban esperanzas de que los detenidos reaparecerían con vida en calidad de prisioneros sancionados bajo las leyes de seguridad nacional. Pero esas esperanzas estaban equivocadas. La mayoría de los prisioneros se mantuvo fuera de la institucionalidad legal, en prisiones secretas especializadas según las organizaciones perseguidas por los militares: el Campo de Mayo del Ejército mantuvo a miembros capturados del PRTERP; la Escuela de Mecánica de la Armada tuvo como blanco a los Montoneros; y el creciente número de extranjeros detenidos era llevado a un inmueble conocido como Automotores Orletti, operado por la SIDE, que era la contraparte argentina de la Operación Cóndor y alguna vez fue el servicio de inteligencia de los gobiernos civiles, pero ahora estaba bajo control del Ejército y subordinado al Batallón 601. Miles de detenidos ingresaron al sistema de prisiones secretas; muy pocos sobrevivieron, especialmente en 1976.

El sistema de asesinatos y su vasto alcance es descrito en un documento secreto y revelador del agente de la DINA Arancibia Clavel, uno de los operativos de Cóndor en Argentina. Su enlace en Batallón 601 le dio acceso a los archivos de inteligencia, y Arancibia reportaba a Santiago. Su informe⁵ describe un sistema de doble registro de prisioneros legales y ejecuciones clandestinas: «El Ejército está atacando a la subversión ‘por derecha y por izquierda’. Es decir, algunos pescados pasan al Poder Ejecutivo [sancionados según la ley] y el resto son RIP. En esta semana, el SIE [Batallón 601] eliminó a 25 elementos delincuentes subversivos, todos ‘por izquierda’». El mismo lenguaje se emplea en un documento de inteligencia de Estados Unidos que examina los comienzos de la represión: «‘Operaciones por izquierda’ en la jerga del oficio significa todo lo que sea extralegal. Se llama ‘de ultraizquierda’ a una operación autorizada o llevada a cabo (o ambas cosas) por un comandante de unidad subalterno sin permiso o conocimiento de sus superiores».⁶

No se contaría oficialmente el número total de víctimas hasta años después, e incluso para entonces se disputaban las cifras reales.⁷ La CONADEP, según su cálculo actualizado en 2019, documentó 9164 desapariciones y muertes.i El agente chileno Arancibia Clavel informó que existía un conteo secreto en el Batallón de Inteligencia 601 que arrojaba un número mucho mayor. Al anotar que recibió información directamente del Batallón de Inteligencia 601, Arancibia notificó a sus superiores en Chile: «Desde 1975 hasta la fecha, llevan registradas 22.000 personas entre muertos y desaparecidos [julio de 1978]». Esta cifra, más del doble del número de víctimas identificadas con nombre por CONADEP, nunca ha sido confirmada a través de evidencia adicional, por ejemplo, con nuevos nombres agregados al listado de esta.

En 1976 la opinión pública no percibía esta realidad que los militares y sus elaborados sistemas operativos permitían mantener oculta. Los militares argentinos evitaron actuar con el alto perfil con que lo hicieron los chilenos; allí no hubo redadas ni estadios o campos de concentración visibles, con decenas de miles de prisioneros. Una minoría quedó «a disposición del Poder Ejecutivo», siendo judicial y públicamente reconocida. Solo unos pocos de estos prisioneros «públicos» terminaron desaparecidos.

Así, el velado sistema represivo logró engañar incluso a la embajada de Estados Unidos: un cable que la sede diplomática envió tres semanas después del golpe informaba que el número de prisioneros reconocidos había aumentado de mil quinientos antes del golpe a alrededor de tres mil después. «Hay consenso en que los arrestos hasta la fecha, con algunas excepciones, se realizaron dentro del marco legal», decía el cable. Se habían cometido veinticinco asesinatos siguiendo la modalidad del escuadrón de la muerte, con los cuerpos arrojados a zanjas, pero este acto se atribuyó a «policías fuera de servicio que actuaron sin el conocimiento o autorización de los oficiales del Ejército».⁸

Políticos argentinos moderados, como el líder del Partido Radical Ricardo Balbín, compartían este análisis optimista —pero falso— semanas después del golpe. La verdad era que se estaba exterminando a miles de personas y que el violento aparato represivo no hacía sino intensificarse. Solo a mediados de mayo se reveló la aterradora realidad: la imagen moderada de los líderes del golpe era una cruel farsa.

Para la embajada norteamericana, ese despertar vendría tras un puñado de impresionantes ataques a blancos internacionales. Ahora sabemos que esos asesinatos eran parte de la Operación Cóndor.

La caza a Edgardo Enríquez

El sistema de coordinación internacional estaba instalado, pero había sido activado en contra de solo unos pocos blancos, como en el caso de los arrestos en Paraguay, el asesinato de Claudet Fernández y la detención de uruguayos y de refugiados chilenos en Argentina a fines del año anterior, realizados como «un favor» a Pinochet, como hemos visto. Ahora, tras el golpe militar, Argentina abrió las compuertas y se convirtió en el teatro de operaciones para lo que fue lejos el periodo más intenso de represión internacional jamás visto en América Latina.

Chile fue designado como la «sede» o «centro» de Cóndor, pero después del 24 de marzo de 1976, el foco operativo se trasladó a Argentina. Agentes uruguayos habían estado operando en Argentina por algún tiempo, y ahora los chilenos también comenzaron a entrar y salir de Argentina regularmente en misiones operativas. Los agentes de Bolivia y Paraguay también fueron activos, pero a una escala algo menor. El punto de contacto para los vínculos, la coordinación y la ayuda logística era un inmueble en la calle Billinghurst, donde la oficina central del Sistema Cóndor era encabezada por el teniente coronel de Ejército Juan Nieto Moreno, jefe de contrainteligencia de la SIDE, propietaria de este edificio.⁹ Cada país tenía objetivos específicos. El blanco de Chile era la infraestructura del MIR y Edgardo Enríquez; Uruguay perseguía a un amplio espectro de opositores; Bolivia consideraba que su principal amenaza era un carismático general que vivía en Buenos Aires y era aliado del ELN; Paraguay quería utilizar Cóndor para neutralizar a los disidentes del Partido Colorado. Y Argentina, por supuesto, tenía al PRT-ERP y a los Montoneros en la mira. Muchos, aunque no todos, de esos enemigos identificados se relacionaban con la JCR, cuya existencia Chile había esgrimido como la principal justificación para crear la Alianza Cóndor.

El Batallón de Inteligencia 601 y la DINA pusieron rápidamente en marcha una operación conjunta para arrancar de raíz las operaciones de la JCR en Argentina. Como guía, tenían los productos de inteligencia obtenidos en las primeras operaciones. Como vimos, en mayo de 1975, los mensajeros de la JCR Jorge Fuentes y Amílcar Santucho habían sido apresados en Paraguay. Posteriormente, Jean Yves Claudet cayó en una trampa —preparada por el agente del Batallón 601 Osvaldo Rawson— cuando llegaba a Argentina con documentos microfilmados de la JCR y una valija llena de dinero. Los microfilms fueron entregados a la DINA en Santiago, donde fueron procesados y analizados en el Departamento Exterior, según testimonios. Estos documentos confirmaban que Enríquez seguía operando dentro de Buenos Aires. Una carta secreta de la DINA de fines de diciembre, solo tres semanas después de la reunión para fundar la Operación Cóndor, identifica a Enríquez y a otros miristas y pide que se los capture, agregando que «estaríamos interesados en su traslado a Chile».¹⁰

Solo días después del 24 de marzo, el Batallón 601 y la DINA tuvieron un golpe de suerte en su búsqueda de Enríquez y Roberto Santucho, aprovechando una imprudencia de este último. A pesar de que los militares dominaban la ciudad, Santucho decidió seguir adelante con una gran reunión secreta de todo el comité central del PRT-ERP, más miembros de la comisión ejecutiva de la JCR, entre los que se incluía a Enríquez. Por lo menos cincuenta personas se reunieron durante dos días —el 28 y 29 de marzo— en una casa con el nombre «La Pastoril», ubicada en el barrio de Moreno, en las afueras de Buenos Aires.

Un punto importante en la agenda era el análisis del reciente golpe. Santucho y Enríquez eran grandes amigos y por lo general coincidían en las estrategias políticas, pero estaban totalmente en desacuerdo en cuanto a la interpretación de la coyuntura. Enríquez, quien presentaba un informe sobre la JCR, recomendaba una retirada estratégica, siguiendo el ejemplo del MIR después del golpe en Chile. Santucho, por el contrario, consideraba el golpe como una oportunidad. La mañana del segundo día pronunció un discurso a los revolucionarios ahí reunidos en el que planteó una estrategia de ofensivas aceleradas contra los militares. El golpe, expresó, «anula en forma definitiva toda solución electoral y democrática posible y marca el comienzo de un proceso de guerra civil abierta». Era, proclamaba, «un salto cualitativo en el desarrollo de nuestra lucha revolucionaria».¹¹

En realidad, era un salto de una obstinación y arrogancia tan descomunales que el disparate no tardó en evidenciarse. El grupo levantó la sesión para almorzar y dormir la siesta, que era una tradición en las reuniones del comité central, sin importar cuán clandestinas fueran. Así, en el momento en que los líderes dormían se desató una balacera en el jardín amurallado de la casa. Alertada por un vecino sobre «movimientos raros», una unidad militar compuesta por solo trece hombres intentó allanar la vivienda, al parecer desconociendo que en su interior se había congregado una fuerza guerrillera superior. Los guardias del ERP, armados con fusiles FAL, pudieron defenderse sin inconvenientes de los atacantes, mientras la mayoría de los líderes huía a los barrios vecinos. Enríquez y Santucho, por ser los más importantes, estuvieron entre los primeros en salir de la casa, pero pronto llegaron los refuerzos del Ejército y rodearon la zona.

Enríquez describió la escena de acción en una carta codificada a sus compañeros de la JCR, que llegó después a su esposa:¹²

«Punto Nro. 2: Día lunes 29 de marzo cayó cana en reunión primos en localidad de Moreno donde estaba yo presente. Tiroteo fue inmediato y muy intenso. Junto a gran mayoría compañeros presentes, logré salir protegido por grupo de contención del E.R.P. que mantuvo a raya a la cana con los F.A.L.. Una vez fuera de la casa nos separamos en grupos.

Por diversos contratiempos mi grupo (éramos cuatro) atrajo a los helicópteros, lo que nos obligó a escondernos en maizal a la espera de la noche para eludir cerco del ejército tendido a los veinte minutos del tiroteo. Helicópteros nos buscaron febrilmente en maizal durante ocho horas (utilizando potentes reflectores en la noche). Permanecimos inmóviles y salimos del maizal cuando oscureció, eludiendo los reflectores y agazapándonos en la hierba cada vez que llegaban encima nuestro. No nos vieron y logramos salir de la zona del cerco. Para ello tuvimos que caminar durante dos noches (unos 70 kms) y dormir de día. Todo a través de plena pampa y sin probar agua ni comida. Llegamos a Buenos Aires al tercer día, el miércoles en la madrugada. ...Estoy vivo, coño, e ileso (a lo más un poco molido). Que nadie se inquiete».¹³

Pero el costo fue grande. Doce cuadros guerrilleros resultaron muertos. Algunos de ellos fueron apresados vivos y entregaron información antes de ser asesinados; uno de ellos era el jefe de inteligencia del ERP. La red clandestina de los guerrilleros corría peligro.

Enríquez logró alcanzar la casa donde se había estado quedando, la del dirigente del ERP Luis Mattini. «Llegó a mi casa agitado, lastimado pero contento, muy contento porque decía que era su ‘Ñancahuazú’ (el nombre del grupo guerrillero de Ernesto Guevara en Bolivia); era como si hubiese sido su bautizo de fuego,» decía Mattini, quien también escapó ileso del allanamiento. Decidieron que la casa ya no era segura, y desde allí Enríquez partió a la casa de una amiga brasileña, Regina Marcondes. Ella y su compañero, Emir Sader, ambos brasileños, habían sido exiliados en Chile durante la Unidad Popular y habían llegado a ser militantes de confianza del MIR. En su hogar, en calle La Pampa 2971, Enríquez pudo descansar por algunos días. Tanto así que Marcondes invitó a dos amigos, la pareja argentino-chilena compuesta por Emilio De Ipola y Olga Gloria Rojas, para cenar la noche del 6 de abril. Enríquez fue presentado como «Javier», uno de sus seudónimos.

Sin embargo, los militares estaban nuevamente tras sus pasos. Emilio y Olga se fueron pasada la medianoche, y la Policía Federal los estaba esperando en su departamento. Los detuvieron y llevaron a la sede de la Policía Federal, donde fueron interrogados bajo tortura sobre el hombre que conocieron como «Javier», a quien los interrogadores también llamaban «Simón». Los interrogaron sobre la JCR, Marcondes y Sader. De Ipola, argentino, dijo que no supo hasta años después que «Javier» era en realidad el famoso dirigente chileno Edgardo Enríquez.

Enríquez y Marcondes pudieron eludir la vigilancia en la casa de calle La Pampa, de acuerdo a los comentarios que le hizo un soldado a De Ipola durante el interrogatorio. Ambos prisioneros desaparecieron. En los días que siguieron, Enríquez sostuvo al menos tres reuniones, o «puntos», con sus contactos en la JCR en lugares públicos. Sin embargo, el 10 de abril no llegó al «punto» con Luis Mattini. Tampoco apareció para el «punto» alternativo el día siguiente. Mattini temió lo peor.

Enríquez y Marcondes habían sido capturados. Las circunstancias de su detención son poco claras porque no hubo testigos. Dentro de los servicios de inteligencia y seguridad, sin embargo, la captura de Edgardo Enríquez fue una gran noticia. Se informó como un hecho cierto, aunque por muchos años no estuvo claro si había sido asesinado en Argentina o llevado a Chile. El servicio de inteligencia argentino informó a la DINA en Chile sobre la detención empleando Condortel, el nuevo sistema de télex de la Operación Cóndor. En el complejo Villa Grimaldi de la DINA, Luz Arce, la exmirista devenida en colaboradora, quien se desempeñaba como asistente de uno de los oficiales, abrió una carpeta en su bandeja de correspondencia y descubrió un cable secreto. Era el télex de la inteligencia argentina que decía «vía Cóndor» e informaba que Enríquez estaba detenido y se lo ponía a disposición de Chile. Cerró rápidamente la carpeta y se la entregó a su jefe. Otra colaboradora que trabajaba en el mismo lugar relató que la DINA despachó una unidad operativa a Buenos Aires para retirar a Edgardo Enríquez, pero descubrió al llegar que Enríquez ya estaba muerto.

La inteligencia estadounidense, tanto en Buenos Aires como en Santiago, seguía de cerca la captura de Enríquez, usando fuentes militares de ambos países que estaban al tanto de lo occurido. Desde la DINA le comentaron a un agente de la CIA que cuando Enríquez fue apresado, se estaba preparando para entrar clandestinamente en Chile con ayuda del ERP; su intención era asumir el liderazgo del MIR, que se había dividido en dos facciones. Cables de la CIA y de la embajada citaban a una «fuente inobjetable de la Armada chilena», quien el 7 de mayo les informó que Enríquez estaba muerto.

Pero había informaciones aparentemente creíbles –secretas, por cierto– de que Argentina había entregado a Enríquez vivo a los chilenos. Un prisionero en Campo de Mayo, del Ejército, afirmó haberlo visto en el lugar. En nombre de las familias de Enríquez y Marcondes, funcionarios de gobierno franceses y brasileños indagaron en el gobierno argentino, y todos recibieron la misma respuesta: Argentina los había entregado a Chile. Un informe posterior de la CIA lo declaraba como un hecho comprobado: «El líder izquierdista chileno Edgardo Enríquez, quien fuera arrestado por las fuerzas de seguridad argentinas el 10 de abril, fue posteriormente entregado a los chilenos y ahora está muerto».¹⁴

Hoy se puede confirmar que las versiones sobre el traslado de Enríquez eran erróneas, pero fueron suficientes para convencer a la Comisión Nacional de Reconciliación y Verdad de Chile, que declaró en 1991 que Enríquez y Marcondes habían sido trasladados a Chile mediante el sistema Cóndor y fueron ejecutados en ese país.¹⁵ Y en 1998, cuando el juez español Baltasar Garzón buscaba un caso que encarnara la metodología empleada por la Operación Cóndor para sustentar su solicitud de extradición del general Augusto Pinochet desde Londres, optó por la captura de Enríquez.

Ahora sabemos más acerca de lo que realmente sucedió y se puede confirmar que Enríquez murió en Argentina. Tarde en la noche del 10 de abril, un hombre no identificado fue trasladado, mortalmente herido, a un hospital de Buenos Aires, falleciendo poco después. Había recibido dos disparos. Informes policiales describieron un intenso tiroteo en el cual el hombre recibió los disparos mortales. A solicitud de la familia de Enríquez, en 2004 el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense investigó el caso y pudo confirmar a través de huellas dactilares que el hombre no identificado era, de hecho, Edgardo Enríquez Espinoza. El Juicio Cóndor en Argentina concluyó en 2015 que la versión del tiroteo fue probablemente una fachada asociada al «contexto de Terrorismo de Estado» y que «el asesinato de Enríquez fue ejecutado bajo el marco de Cóndor». Nunca fue hallado el cuerpo de Marcondes.¹⁶

Un informe de la Policía Federal Argentina resumió el esfuerzo de dieciocho meses de Chile y Argentina, dieciocho meses para capturar a Enríquez:

«Tras un año y medio de investigación, por fin, en abril del corriente año, se comienzan a realizar procedimientos simultáneos en ambos países. Dando como resultado en Argentina, la caída del hombre más importante del M.I.R., luego de la muerte de Miguel Enríquez en Chile, cayendo además sus principales colaboradores».

El autor de este informe comentó que la muerte de Enríquez fue un triple éxito: un fuerte golpe al MIR, a la JCR y al gobierno cubano, que había sido incapaz de proteger a «un hombre clave» de la lucha revolucionaria latinoamericana.¹⁷

Los refugiados

A medida que se perseguía a los grupos armados, como el MIR, el MLN y otros integrantes de la JCR en las semanas posteriores al golpe argentino, quedaba al descubierto una verdad terrible: los guerrilleros clandestinos no eran los únicos, ni siquiera los principales, blancos de la Operación Cóndor.

Además de los activistas que realmente participaban en organizaciones clandestinas, miles de refugiados políticos provenientes de países vecinos vivían en Argentina al momento del golpe. Muchos de ellos estaban inscritos en la lista del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuya oficina central funcionaba en instalaciones de la Iglesia católica. El ACNUR calculó que había diez mil refugiados, de los cuales ocho mil eran chilenos y la mayoría de los restantes, uruguayos. En un informe confidencial a la embajada de Estados Unidos después del golpe, un funcionario del ACNUR aseguró que «aproximadamente mil de los chilenos y trescientas a cuatrocientas personas provenientes de los países restantes podrían considerarse amenazados por las fuerzas de seguridad o extremistas derechistas, tanto de Argentina como de su país de origen». Fuerzas de seguridad combinadas de chilenos, uruguayos y argentinos allanaron la oficina de la Iglesia y se llevaron dos mil registros del ACNUR que estaban archivados allí. Dos días después, veintitrés refugiados chilenos y un uruguayo, cuyos domicilios aparecían en los archivos robados, fueron arrestados, torturados e interrogados por oficiales de sus respectivos países. El grupo fue liberado al poco tiempo.¹⁸

Los chilenos asociados con el MIR y los uruguayos vinculados con los Tupamaros u otras facciones eran los que corrían más peligro. Antes del golpe se procuró evacuar rápidamente a aquellos que se encontraban en mayor riesgo. Edgardo Enríquez había dado la orden de abandonar la mayoría de las operaciones del MIR en Argentina. Su segundo, Patricio Biedma, había logrado embarcar a las esposas e hijos de militantes operativos de la organización en vuelos fuera del país antes del golpe. Con la desaparición de Enríquez, Biedma quedó a cargo del MIR y de sus tareas con la JCR. La esposa de Biedma, Luz Lagarrigue, dijo que obtuvo ayuda de un funcionario en la embajada de Cuba para lograr salir de manera segura. Los cubanos eran parte de una red informal que incluía a destacados funcionarios y líderes políticos democráticos de las embajadas de México y Suecia, y que suministraba dinero, pasajes aéreos y protección en viaje para los casos más apremiantes. Luego, la conexión cubana tendría un trágico enlace.

Zelmar Michelini y los uruguayos

A principios de mayo de 1976, un destacamento argentino de la Operación Cóndor lanzó una importante operación en nombre de sus socios uruguayos. Los primeros blancos no fueron los guerrilleros activos sino los tupamaros de la facción Nuevo Tiempo, que habían abandonado la lucha armada y estaban cultivando una relación política con líderes civiles exiliados. Uno de los más perseguidos era el exlíder tupamaro Efraín Martínez Platero, quien por poco no fue capturado y logró escapar en forma espeluznante de Argentina. Martínez Platero era uno de los fundadores de la JCR y su emisario ante Fidel Castro y Europa: alguna vez había sido el tupamaro con mayor grado en Argentina, pero llevaba casi un año inactivo. Como la idea de la JCR de una guerra revolucionaria no había sido recibida de manera entusiasta en Cuba, retornó desilusionado a Argentina en 1974 y pronto renunció a la dirección de la coordinadora.

Al momento del golpe vivía en un barrio de clase obrera en Buenos Aires y trabajaba en forma irregular. Tenía dos hijos pequeños y su mujer estaba embarazada de nueve meses. Planeaba salir del país, pero tenía pensado esperar hasta que naciera el bebé. Un día, a inicios del mes de mayo, cuando regresaba a su departamento, dio media vuelta justo cuando estaba por entrar, siguiendo los instintos de supervivencia que tanto había desarrollado en una década de vida clandestina. Luego supo que agentes de seguridad lo esperaban en su departamento y que ya habían secuestrado a su hermano.

Por un golpe de suerte, su esposa e hijos estaban visitando la casa de su padre en Mar del Plata. Martínez Platero los recogió inmediatamente y los llevó a Buenos Aires para tratar de encontrar la forma de salir del país. Al llegar a una ciudad bajo total control militar, temieron incluso ir a un hotel; tenían poco dinero y documentos dudosos, y Martínez Platero estaba en la lista de los más buscados. El primer día en Buenos Aires, su mujer entró en trabajo de parto y dio a luz en condiciones de urgencia en una clínica a cargo de unas monjas. Las monjas, aterrorizadas, dejaron nuevamente a la familia en la calle horas después del parto.

Con un recién nacido, una esposa débil después de un alumbramiento y dos niños pequeños, Martínez fue en busca de un hombre que podría ayudarlo. El senador Zelmar Michelini había sido uno de los líderes políticos más influyentes de Uruguay cuando los militares cerraron el Parlamento en 1973. Exiliado, vivía en el un tanto venido a menos hotel Liberty, en calles Florida y Corrientes. Desde el golpe, pasaba la mayor parte de su tiempo entrevistándose con personas que necesitaban ayuda, a menudo instalado en un escritorio que se encontraba en el vestíbulo del hotel. En algunas ocasiones había una fila de personas esperando verlo. Michelini le suministró a Martínez Platero un contacto en la embajada de México que le ayudaría a conseguir documentos de salida y pasajes aéreos. Y con ese leve barniz de protección diplomática, la familia consiguió una habitación en un hotel cercano y esperó.

El 15 de mayo, Michelini recibió a una persona que le comunicó la desaparición de otro veterano tupamaro. William Whitelaw, su mujer Rosario Barredo y sus tres pequeños hijos habían sido secuestrados hacía dos días desde su departamento en Buenos Aires. La noticia afectó profundamente a Michelini. Whitelaw, al igual que Martínez Platero, era uno de los fundadores de la JCR. Junto con otros formó Nuevo Tiempo, un grupo escindido que había abandonado las tácticas guerrilleras para forjar alianzas con fuerzas políticas centristas. Y, lo que era aún más importante, Whitelaw era la principal vía que tenía Michelini para comunicarse con los Tupamaros en Argentina. Desde el golpe, Whitelaw y Michelini habían estado trabajando en forma coordinada para sacar personas del país. El secuestro de Whitelaw se había producido dentro de veinticuatro horas de la fallida operación para apresar a Martínez Platero.

Zelmar Michelini no reparaba en el peligro que personalmente podría correr, y es probable que se hubiera burlado ante la idea de que el gobierno uruguayo lo viese como un blanco. Padre de diez hijos, apuesto y dueño de un carisma político que recordaba a Kennedy, era uno de los dos o tres nombres que se mencionaban como posibles presidentes si retornaba la democracia en Uruguay. De hecho, formaba parte de una minuciosa maniobra política que comprendía una posible y rápida transición a nuevas elecciones. Junto con otros dos importantes líderes uruguayos —el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz, y el excandidato presidencial Wilson Ferreira Aldunate—, estaba en conversaciones con un representante del gobierno militar, el ministro de Economía Alejandro Vegh Villegas, quien se había encontrado con ellos por separado en Buenos Aires.

Michelini era un conciliador, una vía de comunicación entre un amplio espectro de actores políticos, incluidos aquellos que se habían alzado en armas. Su hija afirmó que por ese entonces él decía: «Yo soy el único que conversa con todos. Converso con Wilson, converso con los comunistas, con los Tupamaros, converso con todas las fuerzas, y a mí me respetan».¹⁹ Ferreira y Michelini también habían estado intercambiando cartas y llamadas telefónicas con congresistas estadounidenses para organizar una visita a Washington en la que se daría testimonio sobre las condiciones en Uruguay.²⁰

No obstante, su prioridad era ayudar a que personas como Martínez Platero y sus familias salieran del país sin percances. Se esforzaba poco por ocultar su relación con nuevos o antiguos tupamaros como Whitelaw, y oficiaba de intermediario para obtener pequeñas sumas de dinero, pasajes aéreos y documentos de la red diplomática. Sus actividades personales concordaban con su condición de destacado aunque poco afluente exiliado político: trabajaba como periodista de tiempo completo para el periódico La Opinión, escribiendo columnas sobre temas internacionales.

Vivía sin pagar alojamiento en el hotel Liberty gracias a su amistad con el propietario, Benjamín Taub. Sin embargo, había un lado siniestro del hotel y su dueño. Taub administraba un negocio legítimo de cambio de divisas, ubicado al frente del hotel, pero que era una pantalla para realizar actividades ilegales y de tráfico de dinero mucho mayores. El hotel Liberty era un punto de escala favorito de visitantes izquierdistas atraídos por sus moderados precios y ubicación céntrica. Solo seis meses antes, el mensajero de la JCR Jean Yves Claudet se había alojado en el hotel al llegar de París con mensajes y efectivo, y había sido secuestrado y asesinado.

Taub, el propietario, parecía sobrevivir realizando negocios a ambos lados de la línea divisoria ideológica. Un exagente de inteligencia argentino informó que oficiales de la Policía Federal empleaban a Taub para lavar grandes sumas de dinero ilegal que robaban a delincuentes y prisioneros políticos. Y como se describe en el capítulo 4, a principios de 1974 la JCR le encomendó la riesgosa aunque rentable tarea de administrar los catorce millones de dólares obtenidos en el rescate de Victor Samuelson, gerente de Exxon, sin lugar a dudas una de sus transacciones de mayor envergadura.²¹

Michelini y Gutiérrez Ruiz eran, de hecho, los siguientes objetivos en las operaciones coordinadas entre argentinos y uruguayos para detener a líderes de la oposición uruguaya. Informes de inteligencia de Estados Unidos señalaron después que se debió a sus presuntos vínculos con la izquierda, especialmente con el MLN Tuparamos. «Las autoridades argentinas consideraron que Michelini estaba trabajando con la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) en Argentina, orquestando una campaña propagandística en contra de Uruguay», dice el cable secreto de la embajada de Montevideo. Gutiérrez Ruiz era «pro-cubano» y también había colaborado con el MLN.

El 18 de mayo a las cinco y media de la mañana, tres Ford Falcon sin patente se detuvieron en la puerta del hotel. Hombres armados se apostaron en torno al área de la recepción. Sin dar muestras de apuro, se comunicaban en voz alta entre ellos y por radio con el cuartel general. Un grupo tomó el ascensor para dirigirse a la habitación 75, donde dormían Michelini y dos de sus hijos. «Vinimos a buscarte. Te llegó la hora», dijo uno de los hombres mientras entraban por la fuerza a la habitación.

Una escena similar había tenido lugar tres horas antes en el departamento donde vivía con su familia el expresidente de la Cámara de Diputados uruguaya, Héctor Gutiérrez Ruiz. En los dos casos se llevaron por la fuerza a los hombres. Durante dos días, familiares y amigos que se encontraban en lugares tan distantes como Boston y Washington trataron de contactarse con el gobierno argentino para salvar a Gutiérrez y Michelini. La policía no solo se negó a recibir la denuncia, sino que no acudió al hotel para inspeccionar el lugar del delito, plagado de huellas dactilares y otras pruebas. Un ministro intentó deslindar culpas comentando en privado a dos corresponsales extranjeros que era una «operación uruguaya».

Dos días después, un patrullero de la Policía Federal recibió por radio la orden de investigar un automóvil que estaba estacionado debajo de un puente. El policía encontró un Ford Torino con los cuerpos de cuatro personas que habían sido ejecutadas a balazos en la cabeza y el cuello. Se los identificó como Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez, William Whitelaw y su esposa, Rosario Barredo. Los tres hijos de la pareja —Gabriela, de cuatro años, y los mellizos Máximo y Victoria, de uno— estuvieron desaparecidos durante dos semanas y luego aparecieron en una comisaría, donde fueron rescatados por sus abuelos. Gabriela pudo contar lo que había sucedido: «¿Sabés, abuela, que yo vi cuando mataban a mamá?».²²

También fueron detrás de Wilson Ferreira, pero este logró escapar por poco. Horas después del secuestro de Michelini y Gutiérrez, soldados llegaron a un departamento en Suipacha y Sarmiento donde Ferreira había vivido anteriormente con su familia. Después allanaron su residencia real, pero no lo encontraron, ya que había pasado gran parte de la noche yendo de bar en bar con su esposa, cambiando de ubicación cada veinte minutos. Su joven hijo Raúl hizo arreglos para que sus padres pudieran ocultarse en la casa de un funcionario de Naciones Unidas. Luego de varios días, el embajador austriaco, Peter Muller, recogió a Ferreira y el 26 de mayo fue escoltado a un vuelo de Air France que lo llevó a un lugar seguro en Europa y a su segundo exilio en Inglaterra.

La otra víctima que tenía por objetivo la redada, Efraín Martínez Platero, se encontraba bajo protección de la embajada de México y después la de Suecia, y pudo finalmente ser evacuado de Argentina junto con su familia. El dirigente comunista uruguayo, el médico Manuel Liberoff, también fue capturado en las redadas. Liberoff, miembro del Frente Amplio, fue secuestrado el 19 de mayo y desapareció. Las perspectivas de las prometedoras negociaciones con los militares uruguayos quedaron, evidentemente, nulas.²³

La coordinación militar entre Uruguay y Argentina en estos asesinatos sería eventualmente documentada de manera judicial. Por mi parte, en una investigación relativamente breve en el año 2000, pude encontrar dos fuentes con lo que parecía información de primera mano sobre quiénes dieron las órdenes en Uruguay y quiénes llevaron a cabo las ejecuciones en Argentina. La primera fuente era Hugo Campos Hermida, el antiguo jefe de la unidad de inteligencia de la policía uruguaya. Sus agresivas y exitosas campañas contra los Tupamaros en 1972 le valieron la acusación de liderar un escuadrón de la muerte policial y de cometer múltiples delitos contra los derechos humanos. Campos se encontraba en una posición privilegiada para conocer los pormenores de las operaciones represivas, incluso después de que su unidad policial fuera reemplazada por una organización de inteligencia del Ejército aún más agresiva. Hablé con él durante tres horas en octubre de 2001 y me expresó su voluntad de declarar sobre los asesinatos ante un tribunal uruguayo. A poco más de un mes de la entrevista, sin embargo, Campos falleció debido a complicaciones tras una operación quirúrgica para tratarse un cáncer de pulmón.

Campos dijo que un mayor del Ejército uruguayo le proporcionó un relato directo de las operaciones que condujeron a los asesinatos de Michelini y Gutiérrez; señaló que las órdenes vinieron del comandante en Jefe del Ejército uruguayo, el general Gregorio Álvarez. En un principio, el plan era secuestrar a los dos líderes políticos con la ayuda de agentes de seguridad argentinos y llevarlos de vuelta a Uruguay. Luego Álvarez cambió de opinión y envió a un oficial de enlace para solicitar a los argentinos que los ultimasen en Argentina.

Campos Hermida dijo que los militares pensaban que Michelini y Gutiérrez estaban brindando «apoyo» a los Tupamaros en Argentina, y agregó que el equipo uruguayo en Buenos Aires también estaba relacionado con el secuestro y asesinato unas semanas después de dos hombres de la embajada cubana que eran los «contactos» de Michelini con Cuba.²⁴ Campos Hermida negó haber participado personalmente en alguna de estas operaciones (su relato, sin embargo, debe considerarse interesado, ya que él enfrentó acusaciones en un tribunal argentino por participar en otras operaciones uruguayas en ese país, no relacionadas con los asesinatos de Michelini y Gutiérrez). Campos dijo que podría identificar tanto al oficial que participó en el secuestro como al encargado de transmitir la orden de matar a Michelini y Gutiérrez; y declaró estar dispuesto a testificar en una investigación judicial, pues deseaba limpiar su nombre y consideraba que los asesinatos eran una «monstruosidad».²⁵

La otra fuente, que en ese entonces trabajaba para el Batallón de Inteligencia 601, ofreció un relato que coincide con varias de las circunstancias del caso Michelini. Esta persona manifestó que estaba tomando unas copas e intercambiando anécdotas de guerra con un oficial de la Policía Federal, el subcomisario Miguel Ángel Trimarchi, quien trataba de impresionarlo con la rapidez con que cumplía órdenes. Trimarchi contó que había recogido a cuatro personas y las había conducido hasta un estacionamiento cerrado de la jefatura de la Policía Federal. Si bien no dio información sobre el lugar donde los recogió, se supone que fue en otros recintos de detención. El subcomisario entró en el edificio para preguntar qué debía hacer con los cuatro prisioneros. La fuente aseguró que recordaba a Trimarchi diciendo: «Me dijeron que debía matarlos, así que salí del edificio, subí al auto y aparté a uno de ellos a empujones —e hizo el ademán con el codo—. Les disparé a los cuatro».

Otro detalle en este relato coincide con lo que sabemos acerca de los asesinatos de Michelini y los demás. Según la fuente, Trimarchi también se aseguró de que se descubrieran los restos enviando a un patrullero al sitio donde había dejado el auto con los cadáveres. Cuando el oficial de policía arribó al lugar, se comunicó por radio con Trimarchi diciendo que no veía cuatro cuerpos sino dos, a lo que este último contestó: «Mirá en el baúl [el maletero], que encontrarás dos más».²⁶ Trimarchi también comentó a la fuente que había participado en el secuestro de «la pareja» del departamento, y que esta acababa de celebrar un cumpleaños cuando llegó la policía. El relato es intrigante, pero debe permanecer como pista no confirmada hasta que se pueda establecer que las cuatro personas que supuestamente asesinó Trimarchi eran los uruguayos. La fuente de este relato dijo estar dispuesta a testificar sobre este y otros delitos de los que tiene conocimento.

Lo que se buscaba con estos brutales asesinatos era infundir terror y conmocionar a la gran comunidad uruguaya en Buenos Aires. De hecho, aunque pocos se dieron cuenta, la redada de izquierdistas uruguayos había comenzado a días del golpe argentino, y comprendía operaciones en Bolivia y Uruguay además de Argentina. Comprendían no solo a Tupamaros y moderados como Michelini y Gutiérrez, sino también a miembros de una nueva organización, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y su brazo armado, más conocida como el OPR-33. De raíces anarcosindicalistas, el PVP se había visto ensombrecido por los Tupamaros en Uruguay, pero el exilio en Argentina hizo que ganara miembros, dinero y audacia. El grupo, financiado por un rescate de diez millones de dólares que habían obtenido tras el exitoso secuestro de un empresario, estaba a punto de lanzar una ofensiva importante para restablecer la oposición de los guerrilleros en Uruguay cuando sobrevino el golpe. Unos días después, tres activistas del PVP intentaron ingresar a Uruguay por el norte manejando una van y fueron apresados en la frontera. A los pocos días comenzaron los arrestos en Argentina, con claros indicios de que las acciones estaban siendo coordinadas gracias a la inteligencia obtenida por las fuerzas de seguridad en Uruguay. Una veintena de activistas del PVP fue apresada en redadas en las semanas siguientes, y entre ellos se incluían varios líderes que estaban viviendo en la clandestinidad. Margarita Michelini, la hija de Zelmar, que era miembro del PVP, fue arrestada a principios de julio. Posteriormente los sobrevivientes informaron que una unidad integrada por al menos cinco oficiales uruguayos operó por semanas en Argentina, participando en interrogatorios y supervisando las operaciones de secuestros llevadas a cabo por comandos argentinos. No cabían dudas de que las acciones conjuntas de uruguayos y argentinos habían penetrado la red de casas de seguridad donde se refugiaba la organización clandestina, y estaban secuestrando personas casi a voluntad.

Los bolivianos

La izquierda boliviana también tenía su centro de operaciones en Argentina, en su caso en torno al expresidente de Bolivia, el general Juan José Torres. Torres había llevado la revolución a Bolivia durante su breve gobierno de diez meses en 1971, encauzando una numerosa coalición de mineros radicales, campesinos y oficiales progresistas en un intento por acabar con la dominación de terratenientes y compañías mineras. La experiencia de localizar y apresar al Che Guevara y su fuerza guerrillera en 1967 había radicalizado a algunos de los militares que rodeaban a Torres. Los oficiales contaban que permanecieron toda la noche debatiendo intensamente sobre temas políticos con los guerrilleros capturados, sabiendo que varios, entre ellos Guevara, serían ejecutados al día siguiente. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el de los guerrilleros de Guevara, fue derrotado militarmente, pero sobrevivió como símbolo perdurable de una posible victoria revolucionaria en el futuro. El gobierno de Torres fue derrocado por el militar derechista Hugo Banzer, el presidente hasta 1978. Exiliado primero en Chile, donde conoció a Salvador Allende, y luego en Argentina, el general Torres era la única figura aglutinante en torno de la cual podía organizarse la oposición boliviana.

Hombre de baja estatura y complexión robusta cuyos rasgos indígenas favorecían la lealtad de la mayoritaria población aimara, Torres, con su voz suave y modales delicados, era sin embargo un autoritario que no creía que el sistema democrático tradicional pudiese solucionar los problemas de Bolivia. Se estaba organizando en dos niveles: lideraba una coalición pública de grupos opositores llamada Alianza Laborista de Izquierda Nacional (ALIN), y al mismo tiempo trabajaba clandestinamente para producir un levantamiento armado entre mineros y campesinos. En su estrategia clandestina trabajaba estrechamente con el restablecido ELN y con la JCR. El objetivo final era desencadenar un golpe militar para hacerlo retornar al poder.

Su principal asesor político y militar era el mayor Rubén Sánchez, quien había estado a su servicio durante su gobierno y lo había acompañado a Chile. Sánchez había participado en la fundación de la JCR en calidad de representante del ELN. Como era uno de los pocos hombres con instrucción militar formal, se lo valoraba como instructor en los campos de la JCR establecidos en Chile y Argentina. Al igual que Torres, Sánchez no tenía mucha paciencia para las sutilezas ideológicas y los matices de la teoría marxista que tanto estimulaban a los aspirantes a guerrilleros, con los que se enzarzaba en enconados debates. Un recluta argentino recuerda que Sánchez los inducía a que pasasen más tiempo aprendiendo a leer mapas y menos formulando grandes estrategias.

Los bolivianos se contaban entre los más exitosos a la hora de ejecutar la parte que les correspondía del grandioso plan de la JCR para desatar una guerra revolucionaria continental. A mediados de 1975, el ELN se había restablecido en Bolivia como el brazo armado de una nueva organización, el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia (PRT-B), en alusión al brazo político del ERP de Argentina, el PRT. El mayor Sánchez condujo a un pequeño grupo de líderes guerrilleros de vuelta a Bolivia con el objetivo de preparar el retorno del general Torres. «En ese momento todos estábamos a favor de llegar al poder a través de la acción armada», dijo Sánchez en una entrevista concedida en 1996.

Su grupo de líderes era de carácter internacional: lo acompañaban el veterano revolucionario argentino Luis Stamponi y el uruguayo Enrique Lucas, militante del MLN. Desde Chile, después de pasar por entrenamiento en Cuba, habían llegado durante 1975 cuatro chilenos, algunos del Partido Socialista, cuya ala «Elenista» siempre había simpatizado con la lucha del vecino país: Arnoldo Meyer López, Ramón Molinet, Fermín Montes y Julio del Tránsito Valladares. Todos se incorporaron al trabajo clandestino del PRT-B/ELN en La Paz o en Cochabamba. Según la estrategia de la JCR, acordada en una reunión celebrada en mayo de 1975, la ofensiva guerrillera boliviana estaba calculada para coincidir con la campaña militar argentina, que ya se encontraba en curso, en las montañas de la provincia de Tucumán. Se suponía que la largamente planificada ofensiva del MIR en el sur de Chile comenzaría más tarde ese mismo año. Para mayo de 1976, la campaña argentina estaba derrotada y el plan chileno había quedado en nada. Sin embargo, la campaña boliviana organizada por Sánchez cobraba fuerza entre los mineros y campesinos de la provincia de Cochabamba.

Sánchez y su grupo contaban con ciento cincuenta hombres armados y habían organizado un grupo mayor de mineros rudos y comprometidos con la causa, dispuestos a luchar con una arma letal que combinaba antiguos métodos incaicos con tecnología moderna: cartuchos de dinamita propulsados con hondas. Trabajaba con Sánchez en Cochabamba el exsecretario de Torres, Pedro Silvetti. Torres recibió noticias de que muy pronto llegaría el momento propicio de retornar a Bolivia para conducir el levantamiento. El sindicato minero amenazaba con una huelga general en contra de la dictadura militar y a favor de un aumento de más del 200 por ciento en los salarios para compensar la galopante inflación. Torres también se había reunido en secreto con militares bolivianos retirados, en un intento por echar las bases para un golpe militar en respuesta al levantamiento que se estaba planeando en Cochabamba. Según lo investigado por el periodista Martín Sivak, el general había tomado la decisión de volver a Bolivia al momento del golpe en Argentina. Envió una carta secreta a Sánchez diciendo que tenía planeado sacar a su familia de Argentina y llevarla a Venezuela. Posteriormente pensaba viajar a Perú y entrar clandestinamente a Bolivia cruzando la frontera desértica y montañosa —y escasamente custodiada— de la provincia peruana de Tacna. Una vez en Bolivia, usaría la red de seguridad e inteligencia del ELN para establecer un cuartel clandestino en el complejo minero Siglo XX de Cochabamba, donde contaría con la protección del poderoso sindicato minero.

Según Sivak, a fines de mayo Torres debatió la situación con un camarada boliviano, quien luego lo citó diciendo: «Me insisten que están bien organizados en las minas; yo quiero entrar de alguna manera».²⁷

Pero no iba a ser posible. La acción combinada de las fuerzas de seguridad bolivianas y argentinas habían detectado la infiltración de guerrilleros y ya puesto en marcha las operaciones que llevarían a su derrota y finalmente a la muerte de Torres. Los enlaces operativos de Bolivia con la Operación Cóndor se encuentran excepcionalmente documentados. El autor boliviano Gerardo Irusta tuvo acceso a un archivo con telegramas y télex codificados y decodificados, algunos de los cuales estaban rotulados como «Sistema Cóndor». Uno de los télex, con fecha 3 de mayo de 1976, se enviaba desde Bolivia a Chile e informaba al servicio chileno que el coronel Carlos Mena Burgos había sido designado jefe del Servicio de Inteligencia del Estado (SIE). El ascenso de Mena era importante para el nuevo sistema Cóndor, ya que en noviembre de 1975, como número dos del SIE, había sido el representante de Bolivia en la reunión fundacional del Cóndor en Santiago.²⁸

La primera semana de abril, fuerzas de seguridad allanaron el escondite en Oruro, Bolivia, del líder JCR/Tupamaro Enrique Lucas, cuyo nombre de combate era «Guilli», y que vivía allí con su compañera argentina, Graciela Rutila Artés, y la pequeña hija de ambos, Carla. Se llevaron a las mujeres, pero Lucas no estaba: había partido varias horas antes hacia Cochabamba para trabajar en los preparativos del levantamiento de los mineros con Sánchez y otros líderes, entre ellos el representante argentino de la JCR Luis Stamponi. Un agente boliviano entrevistado por Irusta dijo que la captura de Rutila era un paso importante en la operación. «Es verdad que Graciela Rutila fue duramente torturada porque estábamos tratando (...) de localizar el paradero de Guilli y así lograr que cayese toda la red urbana del ELN. Ese era nuestro objetivo.»²⁹

No se sabe la cantidad de información que suministró Rutila durante el interrogatorio, pero documentos norteamericanos dejan claro que el gobierno boliviano estaba convencido de estar siendo atacado por fuerzas comunistas internacionalmente organizadas. El ministro del Interior de Banzer, coronel Juan Pereda Asbún, se reunió en dos oportunidades a principios de mayo con el embajador de Estados Unidos, William P. Stedman, y solicitó su ayuda. Señaló que el servicio de inteligencia argentino había informado al gobierno que «cincuenta guerrilleros armados se están preparando para penetrar en Bolivia». En un cable secreto con fecha 11 de mayo, Stedman informa: «El ministro Pereda dijo que sin el más mínimo conocimiento de la prensa local, las autoridades bolivianas han descubierto varios documentos subversivos, desarticularon casas de seguridad y detuvieron elementos subversivos, considerados precursores de un ataque cada vez mayor a Bolivia inspirado desde afuera por el comunismo» (En cables posteriores, Stedman especifica que los bolivianos creían que la JCR, con bases de operaciones en América Latina y Europa, era el origen de la amenaza internacional). Pereda solicitó mayor información del servicio de inteligencia de Estados Unidos y el embajador Stedman sugirió que Washington aprobase dicha petición. «Creo que la petición del ministro de brindarle un mayor flujo de información sobre el comunismo en todo el mundo redundará en nuestro beneficio. En mi opinión, sería muy provechoso si alguno de nuestros especialistas en comunismo internacional visitase Bolivia para tener una conversación con el ministro».³⁰

Unos días antes del encuentro de Pereda y el embajador Stedman en La Paz, un grupo armado disparó y mató en París al embajador de Bolivia en Francia, el general Joaquín Zenteno. Este había sido aliado de Banzer en el derrocamiento del régimen izquierdista de Torres, pero en los años subsiguientes se había convertido en su principal rival por el poder. Banzer se había deshecho de él como jefe del Ejército asignándole la embajada en París como una especie de exilio dorado. Un grupo que dijo denominarse «Brigada Internacional Che Guevara» se adjudicó el ataque, argumentando que el asesinato había sido en represalia por el papel que desempeñó Zenteno en la captura y muerte del Che Guevara.ii La CIA concluyó al respecto que la JCR había llevado a cabo el asesinato.

El enemigo más peligroso de Banzer vivía en Buenos Aires, y el 1 de junio la ola de asesinatos internacionales golpeó de nuevo en esa ciudad. Juan José Torres se despidió de su esposa esa mañana y se dirigió con un amigo a su oficina. Los dos hombres se separaron en una esquina céntrica. Torres nunca llegó a su despacho, ni a una cita que había concertado con un político argentino. Al día siguiente, el cuerpo del expresidente fue encontrado bajo un puente en un camino rural, a ciento veinte kilómetros de Buenos Aires. Había recibido un disparo en la cabeza y dos en el cuello, y aún conservaba una venda sobre los ojos.

El gobierno argentino negó tener conocimiento sobre el crimen, al igual que el gobierno boliviano. El ministro de Economía argentino, José Alfredo Martínez de Hoz, se comunicó con el embajador Robert Hill y le aseguró que el gobierno era inocente y que «consideraba que el asesinato era obra de extremistas izquierdistas que actuaban ‘por su cuenta’» para que la culpa recayera sobre el gobierno militar. No era la primera ni la última vez que se recurriría a esta «teoría del mártir» para deslindar responsabilidades por los asesinatos internacionales característicos de la Operación Cóndor.³¹ En la embajada ninguna explicación sonaba lógica. El agregado legal Robert Scherrer obtuvo rápidamente información acerca de que el asesinato de Torres formaba parte de la nueva fase de cooperación entre las fuerzas de seguridad de los gobiernos militares. El optimismo inicial de los diplomáticos respecto de un gobierno militar moderado se hizo añicos ante la sangrienta realidad, que dejaba al descubierto una represión cada vez más dura y los asesinatos de cuatro figuras prominentes: Michelini, Gutiérrez y Torres, que habían buscado protección en Argentina, y Enríquez, que vivía en la clandestinidad.

Al informar a Washington el día que se confirmó la muerte de Torres, Hill escribió que la embajada se reservaría la opinión en espera de mayor información sobre los crímenes, y concluyó: «No obstante, no cabe duda de que en toda Argentina y en el exterior se asumirá que el asesinato fue obra de las fuerzas de seguridad del gobierno argentino, actuando en forma oficial o cuando menos como el ‘escuadrón de la muerte’ semioficial que cuenta con la aprobación tácita del gobierno. Al haber ocurrido tan poco tiempo después de los asesinatos de los exiliados uruguayos Michelini y Gutiérrez, se considerará el indicio de una campaña para eliminar a líderes izquierdistas exiliados en Argentina y probablemente intimidar a todas las comunidades de exiliados que se encuentren aquí».³²

En Bolivia, se estaba desmantelando el equipo internacional de Torres. El «eleno» socialista chileno Julio del Tránsito Valladares fue detenido en julio en La Paz y llevado a la prisión Panóptico, donde descubrió que los tres compañeros chilenos desplegados en Bolivia ya habían sido capturados. Siguiendo la clásica práctica de Cóndor, los cuatro fueron trasladados a Chile y entregados a la DINA. Fueron vistos en el recinto de Cuatro Álamos en Santiago. Meyer, Montes y Molinet fueron eventualmente expulsados al exilio. Valladares fue visto en aquel recinto en noviembre de 1976 y luego desapareció. Silvetti, el exsecretario de Torres; Lucas, el tupamaro, y Stamponi fueron capturados en las semanas que siguieron. Bolivia informó a Uruguay sobre la detención de Lucas a través de un cable Condortel.³³

Lentamente, los que leían la información de inteligencia más secreta sobre América Latina —en las embajadas, la CIA, la DIA, el FBI y el Departamento de Estado— empezaban a tomar conciencia de un caudal de pruebas sólidas que pronto se convertiría en un tsunami: las fuerzas de seguridad del Cono Sur estaban operando libremente afuera de sus fronteras, principalmente en Argentina. Se estaban cometiendo violaciones a los derechos humanos en una escala sin precedentes en América Latina, y existían señales de que los otros gobiernos militares del Cono Sur estaban colaborando para eliminar a sus respectivos adversarios.

Las agencias de inteligencia norteamericanas se empeñaron en contestar la pregunta: ¿hasta qué punto existía coordinación oficial entre las fuerzas de seguridad en las acciones contra extranjeros y refugiados en sus países? Y si estas acciones trasnacionales se limitaban solo a las fronteras de América Latina.

Capítulo 10

LUZ VERDE, LUZ ROJA

Mi evaluación es que usted es una víctima de los grupos de izquierda del mundo entero, y que su mayor pecado ha sido derribar un gobierno que se estaba volviendo comunista. (...) En Estados Unidos, como usted sabe, simpatizamos con lo que está tratando de hacer aquí.

—Henry Kissinger al general Pinochet

El Sr. Warren agregó que, debido a que la sede de la operación de la Junta estaba en París, se puede esperar que Cóndor también operaría desde esa ciudad. Los servicios de seguridad franceses han sido alertados.

—Acta de reunión CIA-Departamento de Estado

En junio de 1976, en plena ofensiva subterránea de Chile, Uruguay, Bolivia y Argentina contra sus enemigos, el secretario de Estado Henry Kissinger llegaba de visita oficial a Santiago. En su agenda figuraban un discurso sobre los derechos humanos y un encuentro con el general Augusto Pinochet.

Henry Kissinger no se convirtió en uno de los hombres más poderosos del mundo por defender los derechos humanos. Sin embargo, fue durante su periodo como secretario de Estado que el concepto de derechos humanos se introdujo en el léxico de la política exterior de Estados Unidos. Bajo la dirección de Kissinger, el tema de derechos humanos se manejó por dos vías separadas, y a menudo contradictorias, llevando a un abismo de ambigüedad moral y maniqueísmo pocas veces visto en la historia de la política internacional de Estados Unidos.

Fue Kissinger, como asesor de Seguridad Nacional, quien en 1970 presidió el Comité de los Cuarenta, el cuerpo secreto de altas autoridades encargado de revisar y aprobar el programa de acciones encubiertas para subvertir las elecciones democráticas en Chile y organizar un golpe militar que evitara la asunción del candidato socialista Salvador Allende. En la Casa Blanca, la CIA reportaba exclusivamente a Kissinger sus acciones más extremas, algunas tan secretas que hasta fueron ocultadas a los otros miembros del Comité de los Cuarenta, e incluso al embajador en Chile Edward Korry. Así fue, por ejemplo, el suministro de ametralladoras a los grupos que planearon el secuestro del general René Schneider, jefe del Ejército chileno, quien se oponía al golpe. Cuando uno de los grupos arruinó el secuestro y asesinó al general, Kissinger y la CIA ofrecieron versiones contradictorias acerca del papel de Estados Unidos. Kissinger sostuvo que había ordenado detener la operación antes del secuestro, pero la CIA insistió en que nunca había recibido tal orden de abortarla. Un tribunal chileno condenó a los jefes de ambos grupos y determinó que habían trabajado juntos para conspirar a favor del golpe, incluyendo el intento de secuestro de Schneider.¹

Los diversos planes para derrocar a Allende se llamaban «Track I» y «Track II», dependiendo del nivel de secreto y el grado de actividad criminal. Esta dualidad, con sus elementos anexos de confusión, ofuscación y ocultamiento, seguiría caracterizando las acciones de Kissinger durante los años siguientes. Cuando, al derrocar a Allende en 1973, el general Pinochet finalmente logró el objetivo político que Estados Unidos se había propuesto, Kissinger y la CIA se vieron personalmente comprometidos con el éxito de los militares chilenos. Como secretario de Estado después de septiembre de 1973, Kissinger envió señales a sus subordinados de que la defensa de los derechos humanos tenía ahora una baja prioridad, y desalentó informes provenientes de Santiago sobre los abusos de Pinochet. Cuando el nuevo embajador en Santiago, David Popper, informó a Washington que había iniciado una discusión sobre derechos humanos en una reunión de alto nivel, Kissinger garabateó en un cable: «Díganle a Popper que deje de dar conferencias sobre ciencia política».²

Los funcionarios en la embajada en Santiago y en Washington aprendieron rápidamente lo peligroso que era elevar noticias negativas sobre Pinochet al secretario de Estado. En una oportunidad, dos funcionarios políticos de la embajada escribieron una descripción de las calles vacías de Santiago durante la celebración del segundo aniversario del golpe: el informe fue eliminado de los cables enviados a Washington. Otra vez, el testimonio personal de un funcionario sobre un campo de concentración tuvo el mismo destino. Los empleados del Departamento de Estado aprendieron a usar indirectas y subterfugios para escribir acerca de Chile, según un importante funcionario. Otro empleado del Departamento de Estado que se desempeñaba en Chile sintetizó la política de Kissinger hacia Pinochet en tres palabras: «Defender, defender, defender».

Sin embargo, también Henry Kissinger tuvo que enfrentar la creciente presión internacional en el tema de los derechos humanos. Durante su audiencia de confirmación como secretario de Estado del presidente Nixon, enmarcó los derechos humanos como un valor subordinado a objetivos estratégicos: «En nuestras relaciones bilaterales seguiremos una política pragmática de grados. Si la violación a los derechos humanos no es tan grave que no podamos convivir con ella, trataremos de resolver lo que sea posible con el país en cuestión, con el fin de aumentar nuestra influencia. Si la violación es tan ofensiva que no podemos vivir con ella, evitaremos tratar con ese país».³

Kissinger hizo una distinción entre el «totalitarismo agresivo» —las naciones comunistas y sus aliados— y los gobiernos que intentaban resistir el comunismo.

Chile y Argentina, bajo gobiernos militares anticomunistas, estaban claramente en la categoría de los regímenes con los cuales Estados Unidos podía «convivir», porque estaban comprometidos en una lucha superior cuyo objetivo último, según la visión de Kissinger, era la preservación de la libertad.

Con todo, hacia principios de 1976, la consigna del tipo «nada veo, nada oigo, nada digo» de Kissinger hacia Pinochet se había tornado insostenible ante la condena internacional a Chile y la creciente indignación al interior de Estados Unidos por los abusos de los nuevos gobiernos militares del Cono Sur. Senadores como Ted Kennedy y Alan Cranston, y diputados como Don Fraser, de Minnesota;Tom Harkin, de Iowa, y Edward Koch, de Nueva York, estaban haciendo en el Congreso lo que el Poder Ejecutivo se negaba a hacer: usar la ayuda económica y militar estadounidense como medio de presión a los represores. La presión del Congreso retenía la venta de una flota de aviones de guerra F-5E que Pinochet había ordenado como parte del apertrechamiento militar contra su vecino del norte, Perú, que amenazaba con reabrir una disputa territorial de cien años atrás.

Kissinger tenía en mente los derechos humanos mientras se preparaba para una visita a Sudamérica, una región a la que, en privado, consideraba culturalmente irrelevante y económicamente insignificante. Los países latinoamericanos ameritaban su atención solo en la planificación estratégica de la lucha contra la Unión Soviética. Pinochet había hecho un servicio enorme, según la visión de Kissinger, al detener el avance del movimiento de Allende, democrático, pero procomunista, antes de que pudiera convertirse en un modelo de solución no capitalista para los problemas sociales en la región. Ahora, Pinochet necesitaba la ayuda de Kissinger. Este había estado trabajando arduamente en formular una estrategia hacia Chile. Según un miembro del equipo, Kissinger convocó a los especialistas del país, dedicando horas extraordinarias los sábados por la mañana a tratar el problema de Chile. Siempre pragmático, había encontrado la manera de usar el tema de los derechos humanos como una herramienta para lograr su objetivo, que era mejorar la imagen de Pinochet y a la vez abrir el camino a la venta de los aviones al país.⁴

El motivo de la visita de Kissinger a Chile era la reunión anual de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Por su iniciativa, Estados Unidos y sus aliados habían hecho lobby para que el prestigioso encuentro se realizara en Santiago, como una manera de elevar el perfil de Pinochet entre los pocos gobiernos no militares que aún quedaban en el norte del continente, América Central y México.

La reunión de la OEA se realizó en el inmenso centro de conferencias que había construido el gobierno de Allende para el encuentro mundial de 1972 de la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) y que ahora era la sede del gobierno: como el día del golpe Pinochet había bombardeado La Moneda, el palacio presidencial de Chile, tomó posesión del edificio y lo rebautizó con el nombre de un héroe militar del siglo XIX, Diego Portales.

A su arribo a la oficina de Pinochet en el piso veintidós la tarde del martes 8 de junio, Kissinger alabó el «bello edificio». Pinochet comenzó diciendo que estaba «agradecido» de que Kissinger hubiera venido a la conferencia. El relato de lo que se dijo en ese encuentro se mantuvo en secreto por más de veinte años, hasta que una transcripción fue finalmente desclasificada en 1998.⁵ Los siguientes extractos pertenecen a ese documento:

Secretario: Me siento honrado. Me conmovió la recepción popular cuando llegué. Siento una profunda amistad hacia Chile.

Pinochet:Éste es un país de gente afectuosa,que ama la libertad. Por eso no aceptaron el comunismo cuando los comunistas intentaron controlar el país.

Secretario: (...) En Estados Unidos, como usted sabe, simpatizamos con lo que está tratando de hacer aquí. Creo que el gobierno anterior se dirigía al comunismo. Le deseamos lo mejor para su gobierno.

Al mismo tiempo, enfrentamos importantes problemas internos, en todas las ramas de gobierno, especialmente en el Congreso, pero también en el Poder Ejecutivo, por la cuestión de los derechos humanos. Como usted sabe, el Congreso se encuentra debatiendo futuras restricciones para la ayuda a Chile. Aunque nosotros nos oponemos (...).

Voy a hablar sobre derechos humanos esta tarde en la Asamblea General. Postergué mi intervención hasta poder hablar con usted. Quería que comprendiera mi posición.

Queremos negociar mediante la persuasión moral y no a través de sanciones legales. Por esta razón es que nos oponemos a la Enmienda Kennedy.i

En mi intervención consideraré los derechos humanos en términos generales y en el contexto mundial. Me referiré en dos párrafos al informe sobre Chile de la Comisión de la OEA para los Derechos Humanos. Diré que la cuestión de los derechos humanos afecta las relaciones entre Estados Unidos y Chile. Esto es en parte el resultado de las acciones del Congreso. Diré también que espero que usted se ocupe de remover rápidamente estos obstáculos.

Llamaré la atención sobre el informe de Cuba y la hipocresía de algunos que advierten sobre los derechos humanos como medio de intervención en los gobiernos.

No puedo hacer menos sin provocar una reacción en Estados Unidos que conduciría a más restricciones legislativas.

El discurso no está dirigido a Chile. Quería decírselo. Mi evaluación es que usted es una víctima de los grupos de izquierda del mundo entero, y que su mayor pecado ha sido derribar un gobierno que se estaba volviendo comunista. (...)

Sería de gran ayuda si nos permitiera conocer las medidas que está tomando en el campo de los derechos humanos. Nada de lo que decimos pretende socavar a su gobierno. Quiero que triunfe y que conserve la posibilidad de ayuda.

Si fracasa la Enmienda Kennedy —no sé si tenía intervenido mi teléfono, pero si lo hizo me habrá escuchado dar las instrucciones a Washington para hacer un esfuerzo supremo para lograrlo—, enviaremos los F-5E tal como acordamos.

Pinochet: Estamos retornando a la institucionalización paso a paso. Pero somos atacados permanentemente por los democratacristianos. Su voz se hace escuchar en Washington. No [con] la gente del Pentágono, pero sí tienen llegada en el Congreso. Gabriel Valdés [un excanciller democratacristiano que vivía en Nueva York] tiene acceso. También Letelier.

Secretario: No he visto a un democratacristiano en años.

Pinochet: También [Radomiro] Tomic, y otros que no recuerdo. Letelier tiene acceso al Congreso. Sabemos que están proporcionando información falsa. (...)

[Pinochet menciona a Perú]

Pinochet: En el área de los derechos humanos estamos progresando de a poco. Ya hemos bajado a los cuatrocientos [prisioneros]. Hemos liberado más (...).

Secretario: Si pudiera agrupar las liberaciones, y en vez de 20 por semana, tener un programa más amplio de liberaciones, eso sería mejor para el impacto psicológico de las liberaciones. (...)

Mi intervención de esta tarde y nuestra posición están pensadas para permitirnos decir al Congreso que estamos hablando con el gobierno chileno y que, por lo tanto, el Congreso no necesita intervenir.

Queremos que se vea algún resultado que no le resulte demasiado complicado. Pero, como amigo, debo decirle que usted enfrenta una complicación en Estados Unidos, donde debemos ser capaces de mostrar resultados aquí en Chile o seremos vencidos. (...)

Pinochet: Nosotros los seguimos. Usted es el líder. Pero tienen un sistema que castiga a sus amigos.

Secretario: Tiene razón en lo que dice. Son tiempos extraños en Estados Unidos.

Pinochet de nuevo se refirió al candente conflicto con su vecino del norte, al que Chile le había arrebatado enormes franjas de territorio rico en minerales en el siglo XIX. Perú ahora recibía ayuda y armamento avanzado de parte de la Unión Soviética. Las armas que Kissinger se esforzaba por obtener para Pinochet pretendían contrapesar el temido rearme. Pinochet fue más allá: sondeó si Kissinger consentiría a que Chile lanzara un ataque militar preventivo en contra de Perú. Kissinger dejó en claro que, a no ser que hubiese fuerzas cubanas en Perú, Estados Unidos no apoyaría acciones agresivas de parte de Chile.ii

Kissinger terminó el encuentro tratando de obtener de Pinochet más liberaciones de prisioneros y reformas constitucionales.

Pinochet evitó la cuestión diciendo que no podía hacer nada durante la reunión de la OEA porque parecería que actuaba bajo presión. «Podremos hacerlo en treinta días», agregó.

Kissinger fue casi directamente desde la oficina de Pinochet al sombrío salón donde pronunció su discurso a la Asamblea General de la OEA. Fue el primer pronunciamiento formal de Kissinger en relación con los derechos humanos, y estuvo en la primera plana del New York Times y otros diarios. Fue una declaración pública vigorosa que se estimó que elevaba significativamente la importancia del tema en la diplomacia estadounidense.

«Una de las cuestiones más relevantes de nuestro tiempo, que reclama acciones concertadas de todas las personas y naciones responsables, es la necesidad de proteger y extender los derechos fundamentales de la humanidad», dijo Kissinger, y propuso que la OEA diera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un presupuesto mayor y más autoridad para investigar los abusos. La Comisión había presentado un informe de 191 páginas sobre persistentes abusos en Chile, documentando cuidadosamente cientos de casos de arrestos masivos, tortura y desapariciones.

Luego Kissinger manifestó lo que sonó como una dura evaluación de las relaciones con Chile. «En Estados Unidos ha cundido la preocupación en el Poder Ejecutivo, la prensa y el Congreso, el que ha dado el paso extraordinario de imponer límites estatutarios específicos a la ayuda militar y económica de Estados Unidos a Chile. La situación de los derechos humanos (...) ha

Secretario: No es tan fácil. Nosotros sabremos quién es el agresor. Si ustedes no son el agresor, entonces tendrán apoyo... Un lado puede orquestar un incidente. Pero generalmente sabemos quién es el agresor...

Secretario: Si hay tropas cubanas involucradas en un ataque peruano, entonces el problema es fácil. No permitiremos una fuerza militar cubana, de cinco mil cubanos, en Perú... Esto cambiaría la situación, y entonces la cuestión es fácil. No permitiremos otra aventura militar cubana. Una guerra entre Perú

y Chile sería una cuestión compleja, pero una guerra entre Cuba y Chile u otros, eso no nos dejaría indiferentes. menoscabado nuestras relaciones con Chile, y continuará haciéndolo. Deseamos que esta relación sea cercana y todos los amigos de Chile esperan que los obstáculos surgidos por las condiciones señaladas en el informe sean removidos muy pronto».⁶ Chile y Cuba fueron los únicos países explícitamente mencionados en términos críticos en el discurso de Kissinger.

Fue una fuerte declaración, especialmente viniendo de Kissinger. Sin embargo, su discurso público perdió valor ante sus manifestaciones privadas de amistad, admiración y apoyo en su reunión con Pinochet. No hizo nada por disipar la paranoia de Pinochet frente a sus enemigos, como Orlando Letelier y Gabriel Valdés, quienes vivían en los Estado Unidos, y Radomiro Tomic, en Roma.

Kissinger podría haber comentado que consideraba a Letelier una figura respetada con quien se había reunido varias veces. Un comentario como ese habría sido señal de aprecio —y tal vez habría otorgado algún grado de protección crucial, mirado en trágica retrospectiva—.

El encuentro privado de Kissinger con Pinochet representaba la vía de luz verde, seguida por la luz roja de la advertencia sobre los derechos humanos. Quizá solo en la mente de Kissinger estas vías contradictorias podían reconciliarse para conformar una política efectiva.

El comentario de Pinochet a su círculo íntimo tras el encuentro demuestra que las indicaciones de Kissinger sobre los derechos humanos no le habían producido un gran impacto. «Pidió mucho, pero ofreció poco», fue la paráfrasis de la reacción del general según un asistente que lo escuchó. Para Pinochet lo más importante era que Kissinger hubiera ido a Santiago. Su presencia, señaló el general, era una importante contribución a su imagen.

La CIA no tardó en emitir, en un informe secreto que circuló en Washington, una halagüeña declaración acerca de lo «gratificado» que estaba el gobierno de Pinochet, y de la «muy requerida respetabilidad» que había obtenido de la reunión de la OEA en Santiago.⁷ La reunión también brindó la ocasión para que Pinochet y sus aliados reforzaran lo que la CIA describió como un «bloque antimarxista» emergente.

Si la intención de Kissinger había sido disuadir a Pinochet del recurso a los asesinatos y secuestros que había caracterizado su régimen hasta junio de 1976, los acontecimientos que siguieron a la reunión de la OEA y se sucedieron en los meses siguientes mostraron que ocurrió exactamente lo contrario.

«Segunda Conferencia del Sistema Cóndor»

El jefe de la DINA, Manuel Contreras, se encontraba en un periodo de intensa actividad. La DINA estaba a cargo de la seguridad del cónclave de la OEA, una reunión que lo llevó a mantener contacto regular con los agentes de inteligencia de Estados Unidos. Con el MIR y los socialistas claramente derrotados, Contreras había redirigido a sus agentes contra el Partido Comunista, que por entonces mantenía una estrategia no violenta. Mientras Pinochet le aseguraba a Kissinger que estaba liberando prisioneros, Contreras acumulaba secretamente cientos de nuevos prisioneros del Partido Comunista capturados en los baluartes del partido en la zona minera del norte y en Santiago. Entre los más de doscientos capturados en la última redada de mayo, el más importante fue el jefe del partido en el interior del país, Víctor Díaz. En los siguientes seis meses, desaparecieron noventa líderes comunistas. Con ello, la DINA logró desmantelar la cúpula directiva del partido tres veces, dejando como única opción el traslado de su liderazgo al extranjero. Como veremos más adelante, la campaña en contra del Partido Comunista fue aún más secreta y letal que los esfuerzos anteriores. Fue tan secreta que Contreras estableció un nuevo centro de interrogación y de exterminio —conocido como Cuartel Simón Bolívar— cuya existencia no fue descubierta sino hasta casi cuarenta años después.⁸

Contreras ya estaba desplazando su atención más allá de las fronteras de Chile, pues los enemigos más dañinos estaban ahora fuera del país. El Departamento Exterior de la DINA coordinaba lo que llamaba «capacidad extraterritorial» en dos entidades operativas: el nuevo sistema Cóndor acordado en el encuentro fundacional de noviembre, y la red de terroristas italianos y cubanos anticastristas. Como se ha visto, los agentes operativos italianos y cubanos ya habían llevado a cabo misiones en México, Italia y en otras partes de Europa. Adicionalmente, una unidad italiana dirigida por Stefano Delle Chiaie estaba realizando una misión de espionaje en Perú, bajo la dirección del agente de la DINA Christoph Willeke.⁹

A comienzos de 1976, el Departamento Exterior reclutó a un nuevo agente cubano, Rolando Otero, quien había arribado a Santiago huyendo del FBI por ataques con bombas en Miami. La DINA le dio algo de dinero y lo envió a Costa Rica con una misión: asesinar a Andrés Pascal y a su compañera, Mary Anne Beausire. El hermano de ella, William Beausire, había sido secuestrado en 1974 en Argentina y trasladado a Villa Grimaldi como parte de la intensa búsqueda de Pascal. Pero la pareja mirista había escapado tras el ataque de la DINA a su cuartel general en Malloco en octubre de 1975. El embajador de Costa Rica en Chile les había asegurado asilo y se les había otorgado un salvoconducto para salir de Chile y viajar a ese país. La misión de Otero era seguirlos y matarlos, con la ayuda de otros cubanos que llegarían desde Miami.¹⁰

Pero el plan falló. En realidad, Otero era un doble agente: trabajaba tanto para la policía de seguridad de Venezuela, la DISIP, como para la DINA. En lugar de ir directamente a Costa Rica, voló a Caracas e informó acerca del plan a la DISIP. El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, alertó rápidamente al mandatario costarricense, Daniel Oduber Quirós, quien ordenó la protección de Pascal y Beausire mientras los dos cubanos que llegaban desde Miami eran arrestados en la frontera. Otero, a pesar de las advertencias de los jefes de la DISIP, volvió a Santiago, donde fue arrastrado hasta una prisión de la DINA para luego ser entregado a Robert Scherrer, del FBI.¹¹

El Sistema Cóndor, en cambio, estaba avanzando a pasos seguros. De acuerdo con lo establecido en el «Acta de Clausura» del encuentro fundacional, Contreras convocó a los jefes de los servicios de seguridad y sus respectivos equipos de los seis países miembros para un segundo encuentro, otra vez en Santiago. La reunión de la «Segunda Conferencia del Sistema Cóndor» se llevó a cabo durante tres días, del lunes 31 de mayo al 2 de junio. La secretaria de la DINA Luz Arce ayudó en los preparativos. Relató que un gran grupo de oficiales de la DINA asistió —ella pudo mencionar a once de ellos, incluyendo a Contreras, su jefe de Operaciones, Pedro Espinoza, y el jefe del Departamento Exterior, el teniente coronel Arturo Ureta Sire—. La ceremonia inaugural se realizó en una gran sala de reuniones en el cuartel general de la calle Belgrado 11. Allí ella pudo identificar las nacionalidades de los participantes de Brasil, Argentina y Uruguay. El contingente argentino incluía al entusiasta «Rawson», el teniente coronel José Osvaldo Riveiro, del Batallón de Inteligencia 601, quien había sido tan útil en las acciones de la Operación Cóndor contra el MIR.¹² El general Amauri E. Prantl, jefe de Servicio de Información de Defensa, encabezó la delegación uruguaya, acompañado por el mayor José Nino Gavazzo, ya un veterano con más de dos años de experiencia en operaciones en territorio argentino.¹³

Desde la clausura del encuentro fundacional en los primeros días de diciembre, los países miembros estaban ensayando los nuevos sistemas de intercambio de inteligencia y de operaciones conjuntas de detención. Todas las primeras acciones se llevaron a cabo en países miembros de Cóndor. La incipiente alianza Cóndor jugaba un importante papel. El banco de datos computacional operaba en Santiago, y el sistema de comunicaciones Condortel era usado para intercambiar información, notificar sobre la ubicación de sospechosos, y solicitar detenciones. Las operaciones conjuntas estaban barriendo con los dirigentes y la infraestructura de la JCR en Chile, Bolivia y Argentina. Las operaciones se dirigían mucho más allá de la JCR, haciendo posible las detenciones de centenares de refugiados políticos en Argentina, especialmente chilenos y uruguayos, muchos de ellos recluidos en las prisiones de Villa Devoto y Olmos. Como hemos visto, otros grupos no relacionados con la JCR cayeron en el círculo de represión internacional dentro de los seis países. Se ha podido documentar la acción de Operación Cóndor en contra de 146 personas desde su creación hasta finales de mayo.

En la reunión, las fuerzas de seguridad se encontraron con una oportunidad radicalmente nueva luego del golpe en Argentina. Lo que se sabe de las decisiones tomadas en esa reunión secreta proviene de la CIA, cuyos agentes y fuentes penetraron el cónclave y permitieron a la agencia informar a Washington sobre los planes de Cóndor de escalar significativamente sus actividades internacionales.

La CIA descubre los planes de Cóndor

La CIA estaba bien posicionada para poder recabar información sobre la Operación Cóndor. Tenía una relación amistosa de enlace con todas las fuerzas de seguridad que la integraban, y que incluía compartir inteligencia, pagos en efectivo a algunos agentes, entrenamiento y asistencia técnica. A fines de junio de 1976 la agencia supo que al menos tres de los países Cóndor estaban planificando asesinatos internacionales en Europa y tal vez en otros sitios. Fue un descubrimiento que el gobierno de Estados Unidos ocultó del público durante los siguientes veintitrés años. Sin embargo, al interior del gobierno, la revelación sobre los planes de Cóndor motivó una profunda revisión sobre la política estadounidense hacia las dictaduras, y, al menos por un tiempo, cambió los cálculos sobre con cuánta brutalidad en la violación a los derechos humanos podía «convivir» Henry Kissinger.

Cuándo la CIA hizo ese descubrimiento y cuánta información obtuvo sobre Cóndor, fue uno de los secretos mejor guardado del gobierno de Estados Unidos. Algo de esa información de la CIA fue desclasificada junto con los documentos sobre Chile, liberados en 1999-2000. Sin embargo, el verdadero alcance y el momento del descubrimiento fueron finalmente revelados en abril de 2019, con la nueva —y tal vez la más completa—desclasificación de documentos secretos sobre Argentina. La pregunta acerca de cuándo y cuánto supo Estados Unidos sobre los planes de asesinato internacional es importantísima en el contexto del atentado en contra de Orlando Letelier en Washington. ¿Supieron lo suficiente como para haber prevenido el homicidio en Washington D.C.?

Sigamos la huella, paso a paso, del descubrimiento de la CIA. La Agencia obtuvo las primeras informaciones sobre Operación Cóndor en marzo de 1976, probablemente relacionado con el golpe militar de ese mes. Según el informe, el coronel chileno Manuel Contreras «había iniciado un programa de cooperación entre los servicios de inteligencia» que iba más allá de la colaboración previa que comenzó un año antes. (No hay evidencia documental de que la CIA haya tenido conocimiento en su momento sobre la reunión fundacional de los países de Cóndor en noviembre de 1975. Robert Scherrer supo de ella gracias a su investigación sobre el asesinato de Letelier y la describió al autor en entrevistas realizadas en 1979).

Pronto quedó claro que la represión desatada en Argentina tenía una dimensión internacional. Hubo, como relatamos anteriormente, una sucesión de muertes de importantes líderes exiliados en Argentina: Edgardo Enríquez del MIR chileno, los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, y el expresidente de Bolivia Juan José Torres. Docenas, tal vez cientos, de refugiados políticos habían sido aprehendidos. La pregunta obvia era si Argentina actuaba en coordinación con los otros gobiernos militares de la región.

Fue el embajador en Argentina, Robert Hill, el primero en dar la alarma. Informó en detalle acerca de la captura de Edgardo Enríquez y las muertes de los políticos uruguayos. Hill concluyó que las esperanzas de un «gobierno moderado de Videla» se habían esfumado, y que hacía falta una acción decisiva por parte de Estados Unidos. El 25 de mayo, con la autorización de Kissinger, presentó una démarche (una advertencia diplomática) al gobierno militar «acerca del empeoramiento de la situación de los derechos humanos». Mencionó los asesinatos de los dirigentes políticos uruguayos «y de docenas de otras personas».¹⁴

Kissinger prestó mucha atención, mientras preparaba su visita a Chile para su reunión con Pinochet y el discurso ante la OEA. En un cable marcado como «inmediato», dirigido a todas las embajadas en el Cono Sur, instruyó a los embajadores ponerlo al día con celeridad sobre la situación. El cable comenzó así:¹⁵

1. El reciente y pronunciado aumento en el número de asesinatos de personalidades extranjeras exiliadas o asilados políticos en o desde sus países es un tema de preocupación para el Departamento...

2. Se solicitan sus comentarios respecto de los siguientes puntos:

a) ¿Cree que las muertes en el extranjero de refugiados o asilados políticos de su país podrían haber sido organizadas por su gobierno anfitrión a través de vínculos institucionales con organizaciones gubernamentales o de otro tipo, en el país donde ocurrieron esas muertes?

b) ¿Tiene evidencia que corrobore o niegue las aseveraciones de que existen arreglos internacionales entre gobiernos para llevar a cabo asesinatos o ejecuciones?

c) ¿Tiene alguna evidencia de arreglos entre los gobiernos de la región para devolver a asilados políticos a sus países de origen en contra de su voluntad?

Kissinger ordenó a las embajadas responderle antes del 7 de junio, el día que partía a Santiago. El primer informe llegó a las pocas horas, y consistió en un claro esfuerzo por bajarle el perfil a la idea de alguna coordinación internacional. El memorándum venía del jefe de su propio Buró de Inteligencia e Investigación (INR), Harold Saunders, quien fue directo al grano, arrojando dudas en el mismo título:¹⁶

«Asesinatos en Argentina — No Hay Conspiración

Intergubernamental»

Saunders comentó que los asesinatos de Torres, Michelini y Gutiérrez ciertamente instalaban la duda sobre la cooperación entre los países. Estos son rumores inevitables, escribió:

Sin embargo, no existe evidencia alguna de tal conspiración. Las fuerzas de seguridad del Cono Sur indudablemente coordinan sus esfuerzos antisubversivos en cuanto a intercambiar información... La cooperación de este tipo es lógica...

Hay evidencia irrefutable respecto de que los terroristas se mueven por las fronteras del Cono Sur; y terroristas basados en Bolivia (ELN), Uruguay (Tupamaros), Chile (MIR), y Argentina (ERP) se han asociado formalmente, aunque con poca efectividad, en una Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR). [Sin embargo] no hay pruebas para sostener la teoría de que los gobiernos del Cono Sur están cooperando en algún tipo de internacional del crimen [«Asesinato, S.A.»] dedicada a eliminar a exiliados políticos de izquierda residentes en alguno de sus países.

Estas muertes podrían ser el trabajo de «escuadrones de matones de derecha», dijo, agregando que el presidente Videla «probablemente no apoya o fomenta lo que está sucediendo».

Por su parte, las respuestas de las embajadas en Santiago y Buenos Aires reforzaron la preocupación expresada en la directiva de Kissinger. «Creemos que estos arreglos son posibles y que también es posible que agentes chilenos hayan estado involucrados en asesinatos en el extranjero, posiblemente en cooperación con los respectivos gobiernos», respondió Santiago. Buenos Aires indicó que cerca de 1400 refugiados «podrían considerarse en peligro por parte de las fuerzas de seguridad o extremistas de derecha».¹⁷

«En resumen, creemos que es posible, pero no se ha comprobado, que los gobiernos en la región (o más bien, elementos en su interior) pudieran estar cooperando para eliminar a ciertos refugiados políticos prominentes...

Sabemos que hay una creciente preocupación, y en algunos casos, pánico, entre los grupos de refugiados que viven aquí debido a las muertes de Michelini, Gutiérrez y Torres y los rumores de la desaparición de otros refugiados».

Kissinger recibió estos preocupantes, mas inconclusos, informes y presumiblemente los utilizó para preparar sus comentarios para las reuniones privadas y discursos públicos en Santiago. Nada lo disuadió de entregar un mensaje sobre derechos humanos a los dictadores que fuera más una luz verde que una roja.

Un tercer actor —las organizaciones y activistas que intentaban defender los derechos humanos en América Latina— observaba los mismos hechos en Argentina y afirmaba lo evidente: que existía una coordinación transfronteriza. El congresista demócrata Edward Koch, quien más tarde se convirtió en alcalde de Nueva York, se dirigió al Departamento de Estado en una carta confidencial: «Se argumenta que estos asesinatos [de Michelini y Gutiérrez] indican que elementos militares de Argentina están cooperando con las dictaduras militares de Chile y Uruguay para eliminar a exiliados conflictivos».¹⁸ Luego de los atentados a Prats y Leighton, Amnistía Internacional y grupos de izquierda y de exiliados habían expresado semejantes denuncias en los medios.

Una cosa es constatar los crímenes y las víctimas y apuntar a los probables sospechosos y su modus operandi, pero es muy distinto contar con datos reales que confirmaran que se estaba ante una coordinación transnacional nunca antes vista en América Latina. Ese tipo de evidencia surgió al interior del gobierno de Estados Unidos durante la última semana de junio de 1976, y el flujo de nuevas informaciones continuó durante julio.

La inteligencia está contenida en una serie de informes de la CIA, que he extractado para demostrar la progresión de este conocimiento:¹⁹

Cable de Información de Inteligencia, CIA, 25 de junio de 1976: Asunto: Reunión de servicios de inteligencia ...

Entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 1976 se realizó una reunión en Santiago entre representantes de los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. También asistieron observadores de Brasil. El grupo se reunió para discutir el intercambio de inteligencia en la región, y el principal tema iba a ser las operaciones antiterroristas. No obstante, el tema abarcado en la reunión fue mucho más amplio que el mero intercambio de información sobre terrorismo y subversión. El tema básico fue la cooperación de largo alcance entre los servicios de inteligencia de los países partícipes.

Informe de la situación semanal, CIA, 29 de junio de 1976: Acuerdo de servicios de inteligencia latinoamericanos para cooperar en contra del terrorismo y la subversión.

El sistema establecido para implementar esta cooperación se conocerá como «Operación Cóndor». (De acuerdo con otro oficial latinoamericano, la reunión a comienzos de junio no fue la primera del acuerdo Cóndor, sino que parte de una serie de conferencias que se han llevado a cabo en los últimos meses).

Cóndor establecerá un banco de datos computarizado central en Santiago, que contendrá las fichas biográficas y expedientes de cada uno de los registros de inteligencia. El servicio brasileño, que asistió a la reunión como observador, acordó sumarse a Cóndor como miembro pleno y también proveer equipos de comunicaciones para «Condortel», la red de comunicaciones que se establecerá para facilitar el intercambio de información.

El servicio uruguayo, en un acuerdo separado según los objetivos de Cóndor, accedió a cooperar con los servicios de inteligencia argentino y chileno para realizar operaciones en París en contra de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) y otros terroristas ubicados en esa ciudad...

Resumen semanal, CIA, 2 de julio de 1976:

Estos servicios de seguridad ya están coordinando operaciones contra blancos en Argentina. En mayo, hombres armados atacaron las oficinas de la Comisión Católica Argentina de Inmigración y robaron registros con información sobre miles de refugiados e inmigrantes. (...) Dos días más tarde, veinticuatro refugiados uruguayos y chilenos, muchos de los cuales figuraban en los archivos de la Comisión, fueron secuestrados y torturados durante varias horas. Algunos de los refugiados dijeron más tarde que sus interrogadores eran oficiales de seguridad de Chile y Uruguay (...)

No está claro cuánta de esta información secreta de la CIA llegó a los embajadores y sus equipos. El FBI ciertamente estaba informado. Las anotaciones en el «Cable de Información de Inteligencia» y otros que siguieron demuestran que fueron compartidos con la División de Inteligencia del FBI dentro de veinticuatro horas de ser elaborados. El Buró de Inteligencia e Investigación (INR) del Departamento de Estado preparó un resumen de la nueva inteligencia sobre la reunión Cóndor, pero enmarcó la nueva información de manera engañosa. El Informe 526 del Buró, con fecha 19 de julio de 1976 y titulado «Prácticas de Seguridad en el Cono Sur», fue enviado como cable a todas las embajadas de Estados Unidos en América Latina y en Francia, Portugal, Suecia, Italia y Noruega, los países europeos que estaban acogiendo la mayor cantidad de exiliados. Describe los asesinatos de Michelini, Gutiérrez, Torres y Enríquez y las detenciones de exiliados. El informe se basa claramente en la información de la CIA que hemos reseñado aquí, inclusive las decisiones de la reunión en Santiago y el plan de Chile, Uruguay y Argentina para operar en París. Pero le baja el perfil a las conclusiones de la CIA sobre la cooperación en seguridad. La evidencia para lo que llama «especulación acerca de la existencia de un complot intergubernamental para asesinatos» es «escasa», dice el informe. La cooperación intergubernamental, afirma, se limita al intercambio de inteligencia y algo de entrenamiento. «La evidencia de que la cooperación entre las fuerzas de seguridad se extiende hacia algún tipo de ‘Asesinato, S.A.’ no es, sin embargo, concluyente», asegura el informe.²⁰

Esta caracterización desdeñosa de la información de la CIA no era compartida por quienes tenían acceso a los informes originales de la CIA, particularmente Harry Shlaudeman, el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos recién designado por Kissinger. Era un veterano de las campañas anticomunistas de Estados Unidos en América Latina. Shlaudeman había sido el número dos de la embajada en Chile durante el complot de Track I y Track II en contra de Allende en 1970. Diplomático de carrera, dentro del Departamento de Estado tenía la reputación de ser frío y rudo, y de mantener estrechos vínculos con la CIA.

Se podría esperar que Shlaudeman desestimara la seriedad de los informes de la CIA sobre Cóndor. Al contrario, actuó con urgencia. En nombre de Kissinger, Shlaudeman inició las consultas a los embajadores con el tema de los asesinatos y la persecución de los refugiados. Ahora, a la luz de los nuevos informes de la CIA, enviaba una tercera consulta, solicitando a los embajadores de los países del Cono Sur más información y opiniones sobre la coordinación de la seguridad, la gravedad de la «amenaza subversiva» y los derechos humanos.²¹

Los embajadores ofrecieron sus puntos de vista a través de largos y a veces apasionados cables. Leyendo esos cables décadas más tarde, aún se puede palpar la profunda ambivalencia de estos diplomáticos de carrera. La política exterior de Estados Unidos los obligaba a apoyar a dictadores cuyos métodos resultaban profundamente contradictorios con la democracia y los valores morales estadounidenses, y estos funcionarios hacían esfuerzos por combinar la lealtad a esa política con una ética básica, de sentido común. El debate obligaba a cada embajador a considerar no solo su país anfitrión, sino también buscar tendencias a nivel regional. Por otro lado, el diálogo de los diplomáticos se llevaba a cabo dentro de un sistema que sometía las pruebas de una conspiración criminal de los gobiernos al más estricto de los escrutinios, pero aceptaba sin mayor discusión los descargos de los gobiernos militares y la profesión de buenas intenciones.

Sin embargo, la insistencia de Shlaudeman en que las embajadas intercambiaran opiniones sobre la coordinación de seguridad hizo asomar las pruebas donde todos pudieran verlas. Al tomar conocimiento de las declaraciones enviadas por los otros, les resultó cada vez más difícil a los embajadores hacer la vista gorda. Por ejemplo, la embajada en Buenos Aires apenas pudo disimular su desdén por la excesivamente cauta apreciación de INR acerca de las «escasas» pruebas. Puede ser cierto que la existencia de una conspiración para eliminar exiliados no se haya confirmado, decía el cable, pero «debe enfatizarse, sin embargo, que los gobiernos locales tienen el motivo y la oportunidad para hacerla, y sería igualmente erróneo concluir que tal conspiración es improbable».

Concebir la Operación Cóndor como limitada a sus relativamente inocuas actividades de intercambio de inteligencia subestima el grado de cooperación, señalaba el cable. De hecho, continuaba, oficiales de seguridad de Chile y Uruguay habían estado operando en Argentina desde el golpe, y «parecían estar actuando como asesores de las fuerzas argentinas en relación a ciudadanos de sus propios países supuestamente involucrados en la subversión». El informe citó a una fuente en el Ejército que dijo que un oficial de inteligencia uruguayoiii «ha estado en Buenos Aires durante las últimas semanas cooperando con las fuerzas de seguridad argentinas en acciones anti-terroristas». Otra fuente habló de similar actividad de parte de Chile, «lo cual deja en evidencia el amplio intercambio de personal y activa cooperación entre Chile y Argentina en asuntos de seguridad». El cable continuó:²²

Consideramos que las pruebas se inclinan notablemente en favor de la conclusión de que personal de seguridad chileno y uruguayo está colaborando en operaciones de las fuerzas argentinas de seguridad (...). Sin duda, los gobiernos regionales han reconocido y respondido con la misma moneda a la «internacionalización» del esfuerzo terrorista-subversivo, representado en el Cono Sur por la JCR.

Otro embajador, al contrario, sostenía que Estados Unidos debería acompañar la nueva iniciativa, no criticarla. Desde Montevideo, el embajador Siracusa argumentó que el «enfoque cada vez más coordinado sobre el terrorismo» era una respuesta lógica a la amenaza internacional que enfrentaban estos regímenes, y que Estados Unidos no debería verlo con hostilidad.²³

Que esas naciones enfrentan una amenaza terrorista coordinada y regional es un hecho, no es ficción. El ERP, el MIR, el ELN, el MLN-Tupamaros, y posiblemente otros, han regionalizado sus operaciones a través de la JCR. Su coordinación no es sólo regional, sino que ahora también es intercontinental. La manera más racional de enfrentar a un enemigo coordinado a nivel regional es organizarse del mismo modo. Estados Unidos hace tiempo que urge a estos países a aumentar su cooperación en seguridad. Ahora que lo están haciendo, nuestra reacción no debería ser de oprobio. Debemos condenar los métodos aberrantes, pero no podemos condenar su respuesta coordinada a amenazas percibidas comunes, o podríamos vernos efectivamente marginados de esta parte del mundo. [Énfasis agregado]

Fue un argumento que se repetiría como un eco durante los siguientes meses: Estos son nuestros amigos; están enfrentados a una campaña terrorista internacional, compartimos sus objetivos, aunque no sus métodos de lucha contra el terrorismo, y si expresamos nuestros escrúpulos en voz alta corremos el riesgo de ofenderlos y perder eficacia al querer orientar los acontecimientos de la región.

Métodos y listas de objetivos de Cóndor

Si quedaba alguna duda sobre la naturaleza de Operación Cóndor y sus planes, debería haber sido plenamente disipada con un nuevo conjunto de informes de la CIA a fines de julio. Una vez más, no sabemos con certeza cuán extensivamente fueron compartidos los informes de inteligencia sobre Operación Cóndor. Pero al examinar estos documentos, no queda duda de que la información de la CIA llegó a los más altos asesores de Henry Kissinger, incluyendo a Shlaudeman y su equipo en ARA, sus contrapartes en la División de América Latina (LAD) de la CIA y el subdirector de la CIA, Vernon Walters. La agencia estadounidense compartió la inteligencia en bruto con la División de Inteligencia del FBI, que supervisaba las actividades en el extranjero de los agregados legales, incluyendo a Robert Scherrer en Buenos Aires. No está claro si Scherrer los leyó. Otro agregado legal del FBI, Joe Leo, en Caracas, recibió al menos uno de esos informes de la CIA, como lo demuestra el timbre en ese documento. Se podría suponer que los embajadores en cada país tenían acceso a todos los informes emanados de la oficina de la CIA en su país, aunque se han visto muchas excepciones a esa presunción.

Los nuevos informes fueron estudiados detenidamente en reuniones en las semanas que siguieron, cuando se hizo evidente que la información sobre Operación Cóndor no era meramente «preocupante», sino un hecho mayúsculo que requería ser enfrentado con acción.

Los miembros de Cóndor sostuvieron otra reunión de planificación el 2 de julio, esta vez en Buenos Aires, donde se había establecido una nueva estructura para una Base de Avanzada (Forward Command). Los planes para las operaciones en Europa se estaban intensificando, reportó la CIA. El objetivo: asesinatos de objetivos específicos cuyos nombres se incluyeron en el informe. A continuación, extractos con nueva información, con los énfasis en negritas:²⁴

Cable de Información de Inteligencia, CIA, 21 de julio de 1976. Asunto: Cóndor... Misión Principal de los Equipos «Cóndor» enviados a Francia.

Uno de los temas que se discutieron en la reunión de «Cóndor» en Buenos Aires el 2 de julio de 1976 fue cómo se estaban montando las operaciones en Francia en contra de organizaciones terroristas. La principal misión de los equipos que se están enviando para operar en Francia como parte de Operación Cóndor será eliminar a dirigentes terroristas de alto nivel. El esfuerzo de los equipos para recabar inteligencia será primordialmente táctico, con el objetivo de ubicar la residencia de los dirigentes terroristas.

Cable de Información de Inteligencia, CIA, 23 de julio de 1976, Asunto: Comentarios de un alto oficial [palabra tachada] boliviano sobre el Programa «Cóndor».

El 18 de julio de 1976, un alto oficial boliviano del servicio [tachado, probablemente «de inteligencia»] comentó en privado que cree que el programa «Cóndor» está desarrollando una organización efectiva y podrá operar en contra de las fuerzas de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR)....

El oficial [palabra tachada] boliviano dijo que se están organizando equipos especialmente entrenados para «ir detrás» de blancos de la JCR en Francia y después se perseguirán otros blancos similares en otros países. Actualmente, Argentina, Chile y Uruguay son los únicos países involucrados en preparar equipos, ya que estos países ya tienen gente desplegada en Francia que pueden sumarse a esos equipos. El oficial boliviano dijo que a Bolivia no se le ha asignado un rol activo en este proyecto.

Cable de Información de Inteligencia, CIA, 28 de julio de 1976. Asunto: Estructura y Planes Operacionales de «Cóndor» ... Selección de blancos para los equipos «Cóndor» que operarán en Europa.

Cóndor se dividirá administrativamente en dos grandes divisiones: «Condortel», que verá los aspectos de comunicaciones, y «Condoreje», que se encargará de las actividades operativas. Cada uno de los seis países Cóndor enviará dos oficiales a Buenos Aires para hacerse cargo de la Base de Avanzada y Coordinación. Esto es distinto a la Oficina Central de Archivos de Cóndor, que estará ubicada en Santiago.

Chile, Argentina y Uruguay, los países Cóndor que operarán en Europa, ahora están considerando los posibles blancos. Chile tiene muchos objetivos en Europa. Terroristas como Hugo Cores Pérez, dirigente de la Organización Popular Revolucionaria-33 [palabra tachada] será incluido definitivamente en la lista uruguaya. Los uruguayos también están considerando blancos que no son terroristas, como el político de oposición Wilson Ferreira Aldunate, si viaja alguna vez a Europa.iv Algunos líderes de Amnistía Internacional podrían ser seleccionados para la lista. [Dos líneas tachadas. Tal vez sea una discusión sobre blancos argentinos o bien los nombres de los blancos de Amnistía]

Una vez que los objetivos de Cóndor se hayan definido, será la misión de los representantes de Cóndor enviados a París producir la inteligencia sobre dónde reside ese blanco específico. Esta inteligencia será [tachado: enviada] a la Base de Avanzada y Coordinación en Buenos Aires, y serán despachados oficiales desde esa unidad.

Los oficiales de la CIA y del Departamento de Estado tenían plena conciencia a esas alturas de que la organización Cóndor estaba coordinando la captura, interrogatorio y asesinato de cientos de exiliados que vivían en los países miembros de Cóndor. Ese era un problema de derechos humanos que ya les parecía familiar. Pero esto se trataba de algo radicalmente diferente: los servicios de inteligencia latinoamericanos estaban planeando asesinatos de terroristas, líderes políticos y otras personas en Europa, en países que eran estrechos aliados de Estados Unidos. Los oficiales comenzaron a discutir tomar acciones. La CIA reaccionó primero, preocupada de sus propios intereses. El funcionario a cargo era Raymond Warren, un veterano de las acciones encubiertas estadounidenses en contra de la izquierda —había sido jefe de la oficina de la CIA en Chile entre 1971 y 1974, durante los planes para derrocar a Salvador Allende—.²⁵

(Texto completo, énfasis agregado:)

CIA, 24 de julio de 1976.

Memorándum para: Subdirector de Inteligencia Central

De: Raymond A. Warren, Jefe, División América Latina...

Asunto: Operación Cóndor...

1. En los últimos meses, los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil y Paraguay se han embarcado en un nuevo concepto de cooperación regional en contra del terrorismo, que incluye montar operaciones ofensivas fuera de sus propios países en contra de dirigentes terroristas latinoamericanos. Se le ha designado el nombre de código «Cóndor» a estos esfuerzos de cooperación. Ahora, los servicios de inteligencia de Chile, Argentina y Uruguay están organizando equipos especialmente entrenados para operar [en Francia y otros países de Europa.] El propósito de estos equipos es liquidar a dirigentes terroristas latinoamericanos claves.

2. Los planes de estos países de emprender acciones ofensivas fuera de sus propias jurisdicciones plantea nuevos problemas para la Agencia. [aproximadamente quince palabras tachadas] Pero más importante, suscita la pregunta sobre qué acciones podría efectivamente tomar la Agencia para impedir actividades ilegales de este tipo. Además, se deben tomar todas las precauciones necesarias para asegurar que la agencia no sea acusada equivocadamente de formar parte de este tipo de actividad.

Algunos días después, el viernes, 30 de julio, aún mientras nuevos informes seguían llegando casi diariamente, Warren, de la CIA, abordó el tema de estos «alarmantes hechos» en una reunión con ARA, la oficina del Departamento de Estado sobre América Latina.²⁶

Departamento de Estado, 3 de agosto de 1976, Memorándum para el Registro.

Asunto: ARA-CIA Reunión Semanal – 30 de julio de 1976

Participantes: ARA- Sr. Shlaudeman, Sr. Luers, Emb. Ryan; CIA – Sr. Warren [dos palabras tachadas], INR/DDC James R. Gardner.

Sr. Warren presentó a [Sr. Lauder], quien asumirá como segundo jefe de la División.

«Operación Cóndor»

El Sr. Warren habló sobre el crecimiento de esta organización de los servicios de seguridad de países del Cono Sur, y el alarmante desarrollo de su enfoque operativo. La organización —originalmente diseñada como un sistema de comunicaciones y banco de datos para facilitar la defensa en contra de la guerrillera Junta Coordinadora Revolucionaria— emerge ahora con un papel mucho más activo, que incluye específicamente identificar, localizar y «golpear» [hitting, asesinar, en la jerga de la CIA] a los líderes de la guerrilla. Era una reacción comprensible ante el alcance cada vez más extranacional, extremo y efectivo de las actividades de la Junta [JCR].v

Razonable o no, sin duda complicaría las relaciones de la CIA con los servicios de seguridad involucrados; sus solicitudes de información sobre individuos, por ejemplo, tendrían que ser abordados por la agencia con mucho más cuidado que antes. El documento luego reveló una decisión de acción impactante:

El Sr. Warren agregó que, debido a que la sede de la operación de la Junta estaba en París, se puede esperar que Cóndor también operaría desde esa ciudad. Los servicios de seguridad franceses han sido alertados.

Firma: James R. Gardner INR/DDC/OP

Los funcionarios del Departamento de Estado estaban atónitos. El secretario adjunto de Shlaudeman, William Luers, quien se había desempeñado en la Unión Soviética y se enorgullecía de sus impecables credenciales anticomunistas, dijo en una entrevista que abandonó la reunión abatido. Combatir las guerrillas terroristas en América del Sur era parte de la lucha estratégica contra la Unión Soviética, y él la apoyaba. Pero enviar escuadrones de asesinos a otros países, especialmente a Francia, un aliado en la OTAN, superaba todo límite. El otro secretario adjunto de Shlaudeman, Hewson Ryan, había sido poco antes el más decidido opositor dentro del Departamento de Estado a los esfuerzos del Congreso por suspender la ayuda militar a Uruguay. En audiencias ante el Congreso, había hecho una enérgica defensa del gobierno militar, asegurando a los congresistas que no había pruebas de que los militares estuvieran vinculados a las muertes de Michelini y Gutiérrez. Ahora Ryan sabía que había sido engañado, y que él había inducido a engaño al Congreso.

En vista del análisis de la CIA, Shlaudeman inevitablemente debió abordar el tema de la Operación Cóndor con Henry Kissinger, y recomendar acciones. Shlaudeman era un hombre de acción que raramente compartía sus emociones, aun después de muchos años. Él y su equipo estuvieron de acuerdo en que debían reaccionar con urgencia ante la nueva información. Tal vez Kissinger debía informar al presidente Ford como parte de su informe diario sobre asuntos de seguridad nacional.

Un veterano agente de la CIA, Sam Halpern, que a comienzos de los setenta se desempeñó como asistente del director de la Agencia, Richard Helms, examinó los informes a petición del autor. «Este tipo de informe se habría destacado enseguida», dijo.

«Tendría que haber llegado directamente al Presidente [en un documento conocido como PDB, Resumen diario para el Presidente], particularmente por la cuestión de Europa Occidental. Querría decir que tendrías que haber asumido que lo harían [cometer asesinatos] en Estados Unidos también. Se trata de acción directa en contra de los intereses estadounidenses. Si no lo hicieron [llegar al Presidente], algo andaba mal en el sistema», dijo.

El contexto estrategico

El proceso que llevó a las fatales decisiones de Kissinger respecto de la Operación Cóndor en las semanas previas al asesinato de Letelier en Washington comenzó con una revisión estratégica. Shlaudeman ya había iniciado el «Informe de Tendencias» sobre los gobiernos militares en el Cono Sur a partir de los cuestionarios formulados a las embajadas mencionados anteriormente. En los días posteriores a los informes de la CIA sobre Cóndor, incluyó estas nuevas y chocantes informaciones sobre la planificación de asesinatos en Europa en el documento más largo, que fue redactado por Luers. Trabajaron todo el fin de semana y entregaron el informe a Kissinger el martes 3 de agosto. El título lo había tomado prestado del canciller uruguayo Juan Carlos Blanco, citado en el informe, quien decía que los gobiernos del Cono Sur estaban inmersos en una Tercera Guerra Mundial en contra del terrorismo de izquierda. Shlaudeman presentó el tema en términos geopolíticos, de manera aséptica, evitando las dimensiones morales y de derechos humanos que sabía harían irritar a Kissinger.²⁷

(Extractos)

3 de agosto de 1976

Para: El Secretario

De: ARA – Harry W. Shlaudeman

ARA Informe Mensual: La «Tercera Guerra Mundial» y Sud América

Los regímenes militares del Cono Sur de Sud América se ven asediados:

--por un lado por el marxismo internacional y sus exponentes terroristas; y

--por otro, por la hostilidad de las incomprensivas democracias industriales, engañadas por la propaganda marxista.

En respuesta, se están uniendo en lo que bien podría ser un bloque político con alguna cohesión. Pero, más significativamente, están uniendo sus fuerzas para erradicar a la «subversión», una palabra que abarca cada vez más a la disidencia no violenta de la izquierda y la centroizquierda. Las fuerzas de seguridad del Cono Sur:

--ahora están coordinando de cerca sus actividades de inteligencia;

--operan en los territorios de los otros países en la persecución de «subversivos»;

--han establecido la Operación Cóndor para encontrar y matar a terroristas del «Comité Coordinador Revolucionario» [sic] en sus propios países y en Europa.

--Brasil está cooperando sin participar en las operaciones de asesinato.

...Algunos hablan de la «Tercera Guerra Mundial», con los países del Cono Sur representando los últimos baluartes de la civilización cristiana.

Shlaudeman enfatizó que en esta guerra los enemigos estaban tan vagamente definidos que podían incluir «a casi cualquiera que se opusiera a la política de gobierno». El problema se agrava cuando la policía persigue a estos disidentes hasta países extranjeros donde han buscado refugio, escribió, citando los casos de los uruguayos asesinados en Argentina, tal vez como «un favor» a Uruguay. La expresión «Tercera Guerra Mundial», que escuchó primero del canciller Blanco, es significativa como conceptualización de la campaña antiterrorista porque «justifica duras y arrolladoras medidas ‘de guerra’ ... Enfatiza el aspecto internacional ..., así justificando el ejercicio del poder más allá de las fronteras nacionales».

El informe de Shlaudeman deja los aspectos de derechos humanos a una fría distancia; es deliberadamente objetivo, evitando cualquier manifestación de alarma o emoción. En cambio, presenta la alianza Cóndor como un reto a la influencia estadounidense en la región. Refleja un cuidadoso análisis de costo-beneficio. A escala mundial —que denomina «el principal escenario Este-Oeste»—, Estados Unidos sería un «beneficiario casual» de la formación de un bloque de derecha en tanto se trataría de un aliado seguro contra los soviéticos y los cubanos. Pero advierte que sería un error descansar en la complacencia.

Debemos esperar una serie de problemas crecientes.Ya tenemos algunos. Internacionalmente, los generales de América Latina parecen ser nuestros muchachos. Nos identificamos especialmente con Chile. Eso no puede traer nada bueno. Los europeos, ciertamente, odian a Pinochet y compañía con una pasión que también nos salpica.

Los abusos de derechos humanos, como sabe, están creando cada vez más problemas de conciencia, derecho y diplomacia.

Shlaudeman puntualizó los problemas: el estatus de Chile como «oveja negra» está dañando a su economía; un bloque de países de derecha podría ser un obstáculo para una alianza «natural» entre Estados Unidos y Brasil; los países democráticos del norte podrían empezar a enemistarse con los dictadores del sur. Pero el problema más grave, dice, es el peligro de la expansión del terrorismo.

En el horizonte existe la posibilidad de graves complicaciones a escala mundial. Esto es especulativo, pero ya no resulta ridículo. Parece que la Junta Coordinadora Revolucionaria ahora tiene su cuartel general en París, además de una actividad considerable en otras capitales europeas. Como los terroristas han sido expulsados de Argentina, su concentración en Europa (y posiblemente en Estados Unidos) aumentará.

Los regímenes de América del Sur saben esto. Están planeando sus propias operaciones contraterroristas en Europa. Argentina, Chile y Uruguay están a la cabeza; Brasil actúa con cautela, pero provee algo de apoyo técnico.

El próximo paso de los terroristas podría ser un ataque de alcance internacional a las embajadas y los intereses de los seis regímenes odiados. La OLP ha mostrado el camino. [Subrayado en el original]

En respuesta a este grave problema, recomendó Shlaudeman, Estados Unidos debería seguir ejerciendo una «influencia que favorezca la moderación», y al tiempo expresar su apoyo y comprensión a los regímenes militares. El Departamento de Estado debiera tener una estrategia equilibrada para, por un lado, persuadir a los regímenes de América del Sur de que la idea de la «Tercera Guerra Mundial» era exagerada y peligrosa, y de que no debían temer un retorno gradual a la democracia, y por otro lado, seguir defendiéndolos de las críticas de los congresistas estadounidenses y ayudándolos a demostrar la existencia de la amenaza terrorista que enfrentan.

Respecto de los derechos humanos, Shlaudeman solo dijo que el discurso del secretario Kissinger en Santiago había delimitado la política a seguir: un enfoque multilateral a través de la OEA para evitar acusaciones de intervencionismo estadounidense, y paralelamente lanzar ataques contra los comunistas violadores de derechos humanos «para dejar en claro que los regímenes autoritarios de derecha no tienen el monopolio de los abusos».

El documento que Shlaudeman preparó para Kissinger es una declaración elocuente de una estrategia sutil pero, en última instancia, contraproducente.Intenta acomodar los derechos humanos en el estrecho margen definido por Kissinger en cuanto a opciones disponibles para la política de Estados Unidos en la región.

El objetivo de preservar la alianza anticomunista prevalece a cualquier acción tendiente a detener los cada vez más evidentes crímenes de lesa humanidad de los regímenes militares. Provocado por la alarmante información sobre los planes militares de asesinato en Europa, el documento concluye con recomendaciones políticas que resultan anémicas en comparación. En ese sentido, emula cuidadosamente las acciones de Kissinger en Santiago casi dos meses antes: se enciende una luz roja para detener los abusos de los derechos humanos, pero a la vez se enciende una luz verde de aliento y defensa de la guerra de los militares en contra de sus adversarios.

De todas maneras, este informe estratégico servía de base para que Kissinger adoptara acciones más directas para enfrentar el desafío específico de la Operación Cóndor. La CIA ya había dado el primer paso: había alertado a los servicios de seguridad franceses de que se estaban planificando misiones de asesinatos, y que ya había algunos agentes de Cóndor en París. El siguiente paso evidente sería que Estados Unidos confrontara a las dictaduras directamente, algo que requeriría la aprobación de Kissinger. El mismo día en que Shlaudeman presentó su informe a Kissinger —el 3 de agosto—, él y Luers convocaron a una reunión en el séptimo piso del Departamento de Estado para diseñar una estrategia.

La documentación sobre los siguientes pasos demuestra un claro sentido de urgencia, como veremos más adelante. Pero ni los oficiales de la CIA ni los del Departamento de Estado con mayor acceso a los informes más secretos sobre Cóndor se dieron cuenta de que la amenaza más inmediata se dirigía a Estados Unidos mismo. Mientras los oficiales deliberaban sobre qué acciones tomar o no tomar, Chile ya había puesto en marcha una operación, utilizando los recursos y métodos de Cóndor.

El 17 de julio, un cable Condortel informó a Paraguay sobre la inminente llegada a Asunción de dos agentes chilenos con una solicitud de apoyo. El blanco no estaba en Europa: sería un asesinato en el corazón de Washington D.C.

Capítulo 11

LETELIER: UN ASESINATO QUE

PUDO HABERSE EVITADO

Los asesinatos planeados y dirigidos por los gobiernos dentro y fuera del territorio de los miembros de la Operación Cóndor tienen consecuencias extremadamente graves que tenemos que enfrentar con rapidez y sin rodeos.

Cable de Kissinger, un mes antes

del asesinato de Letelier

Puede simplemente instruir a los embajadores a que no tomen ninguna acción más...

Orden de Kissinger, un día antes del asesinato

Hemos sido negligentes... Sabíamos con bastante anticipación que los gobiernos de los países del Cono Sur estaban planeando algunos asesinatos en el extranjero durante el verano [boreal] de 1976, o que al menos estaban hablando de ello.

Reflexión del secretario adjunto Hewson Ryan

Manuel Contreras, jefe de inteligencia de Pinochet, puso en marcha el plan para asesinar a Orlando Letelier a fines de junio de 1976, más o menos tres semanas después de que Kissinger conversara con Pinochet sobre el tema de los derechos humanos. Era lógico presumir que Contreras estaba ejecutando una orden directa del presidente Pinochet para matar a un hombre que era, tal vez, el más efectivo de sus adversarios. (De hecho, la CIA tenía evidencia de la «directa participación» de Pinochet a mediados de1978, pero mantuvo esa explosiva información en secreto hasta diez años después de la muerte del exdictador. Presentaremos esa nueva evidencia en el capítulo 15).

El hecho de que Pinochet tenía a Letelier muy presente en junio de 1976 es evidente a partir de la transcripción de su encuentro con Kissinger. «Letelier tiene acceso al Congreso. Sabemos que ellos [Letelier y Gabriel Valdés] están proporcionando información falsa», se quejaba Pinochet. El Presidente se preocupaba, con razón, de que la influencia de Letelier en Washington fuera un factor importante en la inminente decisión de recortar la ayuda militar a Chile.

La influencia de Letelier estaba bien fundamentada: era un veterano con más de una década de experiencia en los más altos círculos de poder de Washington. Durante la década del sesenta había trabajado como economista en el Banco Interamericano de Desarrollo, y cuando Allende asumió el poder, Letelier, militante del Partido Socialista, fue el candidato natural para el cargo de embajador en Estados Unidos. Su misión allí tenía un alto perfil —una de sus principales tareas fue negociar la compensación para las compañías estadounidenses cuyas minas de cobre habían sido expropiadas—.

En 1972, Allende convocó a Letelier de vuelta a Chile para nombrarlo canciller. Al momento del golpe era ministro de Defensa, esto es, el jefe civil inmediatamente por encima de Pinochet. Arrestado el mismo día 11 de septiembre, Letelier, junto con otros prisioneros de alto rango, fue llevado a un campo de prisioneros ubicado en la árida isla Dawson, en el estrecho de Magallanes, uno de los lugares habitados más australes del planeta. Kissinger fue una de las personalidades internacionales que usó su influencia para que Letelier fuera liberado en septiembre de 1974. Y Kissinger estuvo también entre quienes le facilitaron su integración en los círculos de influencia cuando Letelier retornó a Washington para comenzar su nueva vida como líder en el exilio y lobbista internacional en contra de Pinochet.

«Lo conocía. Me caía bien en lo personal (...). Y lo vi, creo que dos o tres veces, cuando estaba en Washington como exiliado», dijo el ex secretario de Estado en una entrevista inédita hasta ahora.¹

Previsiblemente, con quienes Letelier tenía mayor llegada era con los congresistas liberales, como los senadores Frank Church, George McGovern, Edward Kennedy y Hubert Humphrey. Había trabajado mucho para aportar pruebas y argumentos coherentes en favor del recorte de la ayuda militar a Chile, conocido como la Enmienda Kennedy. Cuando esta se aprobó el 16 de junio, Letelier ya se había embarcado en otra misión contra Pinochet: había viajado a Holanda, y después de las reuniones que mantuvo se anunció la cancelación de importantes inversiones holandesas en Chile.

La Cancillería chilena había estado monitoreando las actividades de Letelier en el exilio y reportando sus hallazgos a la DINA. El embajador de Chile ante Naciones Unidas, Ismael Huerta, informó que Letelier y el economista Ricardo Lagosi habían asistido a la Asamblea General del organismo a fines de 1975 y estaban conduciendo abiertamente un lobby sobre el tema de derechos humanos.

Huerta concluyó con recomendaciones: «Se sugiere elevar estos antecedentes a los organismos pertinentes a nivel nacional (DINA)». En otra comunicación, el embajador de Chile en Holanda informó que Letelier se encontraba en ese país para asistir a una celebración del movimiento sindical chileno y que había hecho «un llamado ... a la adhesión de los portuarios y transportistas holandeses al boicot de Chile».²

La furia de Pinochet se avivó aún más por los errados informes de inteligencia que aseveraban que Letelier estaba confabulado con otros exiliados para establecer un gobierno en el exilio. La conspiración era inexistente, pero indudablemente hacia mediados de 1976 Letelier se había posicionado como una figura poderosa y unificadora de la política chilena. Era uno de los pocos líderes, en especial desde el atentado a Bernardo Leighton en Roma el año anterior, capaz de zanjar las diferencias políticas entre los izquierdistas partidarios de Allende y los centristas democratacristianos, quienes habían apoyado el golpe, pero que ahora se oponían a Pinochet. En la lista de posibles presidentes de un Chile posdictadura, Letelier estaba entre los más jóvenes, los más inteligentes y los que tenían mayor convocatoria.

El último sábado de junio, el jefe de Operaciones de la DINA, el coronel Pedro Espinoza, convocó a Michael Townley a un encuentro matutino en un camino poco transitado en las afueras de Santiago. Allí le ordenó que se preparase para otra misión, esta vez en Washington.

—¿Eliminación? —preguntó Townley.

—Sí.

A Townley le tocaría trabajar con el capitán Armando Fernández Larios, un joven pero veterano oficial. Las operaciones importantes en que había participado Fernández Larios desde el golpe formaban parte de una larga lista de las acciones más sangrientas de la represión. Había ingresado al Palacio de La Moneda inmediatamente después de que este fuera tomado, el 11 de septiembre de 1973, para reunir información de inteligencia. Había sido parte de la «Caravana de la Muerte», el grupo de oficiales que viajó a cinco ciudades de provincia después del golpe para ejecutar prisioneros. Asignado a la DINA desde su creación, con tareas en el Departamento Exterior, estuvo en Buenos Aires en los preparativos para el asesinato de Prats en 1974. Y durante 1975 y 1976 fue miembro de los equipos que operaban en Europa. En los últimos meses, trabajaba en el recinto más secreto de la DINA, el centro de eliminación Simón Bolívar, como ayudante del jefe del cuartel.

(Contreras, de nuevo en la cúspide de una gran operación internacional, viajó una vez más a Washington a principios de julio para entrevistarse con la CIA. Sus conversaciones con el subdirector Walters son secretas, aunque el norteamericano confirmó los encuentros.³)

El asesinato sería una operación de «bandera falsa», en la cual los agentes ingresarían a Estados Unidos utilizando pasaportes falsos de otro país. Fernández Larios viajó inmediatamente a Buenos Aires portando pasaportes argentinos falsificados en Chile. Se contactó con la SIDE, el servicio de inteligencia afiliado a Cóndor en Argentina. Hacía falta que la SIDE consiguiera validación oficial y visas para entrar en Estados Unidos. Pero esta, por razones desconocidas, se vio obligada a declinar la petición de su contraparte. Fernández regresó a Chile e informó a Espinoza que tendrían que buscar otra manera. La alternativa era Paraguay, también miembro de Cóndor.

En Santiago, Espinoza le informó a Townley que su objetivo en Washington sería el excanciller Orlando Letelier, y que debía recurrir a exiliados cubanos que ya habían participado en otras misiones internacionales de la DINA, algunos de los cuales habían trabajado en Chile. Fernández Larios y Townley volarían a Paraguay, con escala en Buenos Aires, para obtener pasaportes paraguayos con nombres falsos y visas para Estados Unidos. Fue Espinoza quien informó a Townley de la existencia de la Operación Cóndor. Paraguay era miembro de la nueva organización, y los documentos falsos serían una buena forma de corroborar su cooperación, agregó. El contacto sería el coronel Benito Guanes, jefe de inteligencia militar y jefe de la delegación paraguaya en la reunión fundacional de la Operación Cóndor.⁴

El 17 de julio, la oficina de Guanes recibió un télex encriptado por el sistema Condortel.⁵ Decía:

A: German (d-2)

De: Guillermo (subdirector de inteligencia exterior) número de serie v/500 x-s gh171950julio76

De: Chile

Texto: Avisar que mañana, 18 o 19 de julio, llegará al país procedente de Buenos Aires Alejandro Rivadeneira con acompañante. El número de vuelo será enviado desde Cóndor Uno. Apreciaría su ayuda para la realización de la misión de acuerdo con la solicitud realizada por la persona mencionada.

Rivadeneira era uno de los nombres falsos que usaba Fernández. Cóndor Uno era el código de Cóndor para la SIDE argentina. Guanes después le contó al FBI que el uso de primera persona en el télex indicaba una solicitud personal de Contreras. Cuando Townley y Fernández llegaron a Asunción, tal como estaba previsto, Guanes dispuso que se les entregaran pasaportes paraguayos falsos con los nombres de Juan Williams y Alejandro Romeral. También, como había sido solicitado, funcionarios paraguayos presentaron los documentos ante la embajada de Estados Unidos, donde se estampó la correspondiente visa de turista que permitiría a los dos hombres ingresar al país. Pero surgió algo imprevisto: otro funcionario paraguayo, ansioso por congraciarse, informó al embajador George Landau que los pasaportes eran falsos y que los dos hombres eran, en realidad, agentes chilenos en una misión secreta en Washington. Landau decidió actuar con mayor precaución: informó a la CIA. Su mensaje del 27 de julio inició el flujo de información sobre la misión que terminaría con el asesinato de Letelier.

Dos flujos de inteligencia

Recordemos, como vimos en el capítulo anterior, que la CIA ya había traído a colación el tema de las operaciones secretas para «liquidar» adversarios de Chile y de los otros países del Cono Sur en sus informes sobre la Operación Cóndor. Un documento con fecha 21 de julio señalaba que Paraguay formaba parte de la misión de Cóndor en París, y cuya «principal misión ... sería eliminar a dirigentes terroristas de alto nivel». El informe de la CIA del 28 de julio afirmaba que Chile tenía «muchos blancos» de asesinatos como parte de la misión Cóndor. En efecto, ahora existían dos flujos de información, que serán denominados aquí como «Flujo Cóndor», la revelación de la CIA de los planes de la alianza Cóndor de asesinar exiliados en Europa; y el «Flujo Paraguay», el descubrimiento por parte del embajador Landau de que ya había comenzado una misión secreta de la DINA y que pronto estaría en camino a Washington. La información proveniente de Paraguay fue transmitida a través del sistema especial de comunicaciones secretas «Canal Roger» y entregada en Washington a las mismas personas de los equipos encargados de asuntos latinoamericanos, liderados por Harry Shlaudeman, del ARA (Departamento de Estado), y Raymond Warren, de la División de América Latina de la CIA, respectivamente.

Con respecto al Flujo Cóndor, como acabamos de ver, los funcionarios encargados de asuntos latinoamericanos se reunieron el 30 de julio para tratar los sorprendentes acontecimientos ligados a la Operación Cóndor. La CIA reveló que esta ya no se limitaba al mero intercambio de información, sino que proyectaba «golpear» (asesinar) a adversarios en el extranjero, concretamente objetivos en París y Lisboa. Shlaudeman, el jefe de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, transmitió esta información a Henry Kissinger el 3 de agosto, en un largo memorándum sobre estrategia, donde enfatizaba que los objetivos de la Operación Cóndor incluían no solo a guerrilleros violentos, sino también a exiliados políticos pacíficos.

Dos días más tarde, el jueves 5 de agosto, Shlaudeman recibió un mensaje a través del Canal Roger con la leyenda: «Sólo para ser visto por el subsecretario Shlaudeman, de parte del embajador Landau». Era la información del Flujo Paraguay. El cable de Asunción decía: «Quisiera llamar su atención sobre el siguiente asunto, el cual, según mi opinión, presenta aspectos problemáticos». Landau detalla las visas concedidas a los oficiales chilenos que estaban utilizando pasaportes paraguayos falsos. Dice que un funcionario paraguayo le había asegurado que la misión chilena estaba siendo coordinada con la CIA, y que los oficiales se reunirían con el subdirector Vernon Walters en Washington. Sin embargo, Landau tenía sus sospechas, y mandó a hacer fotocopias de las visas y los pasaportes, incluyendo las fotografías de los portadores. Luego contrastó la historia con la CIA y se enteró —por boca de su director, George Bush— de que Walters no tenía nada que ver con la misión chilena.⁶

Shlaudeman respondió al término de ese mismo día: «Si aún hay tiempo, y si todavía se puede cancelar este disparatado plan, usted está autorizado a contactarse nuevamente con Pappalardo [funcionario paraguayo que había tramitado las visas] para tratar por todos los medios de persuadir a los chilenos de que no viajen, repito, de que no viajen».

Las fotocopias de los pasaportes y de las visas se enviaron por valija diplomática a la CIA, que las reenvió al Departamento de Estado. Shlaudeman emitió una alerta al Servicio de Inmigración y Naturalización para detener a los portadores de los pasaportes en la frontera en caso de que intentaran ingresar al país. Unos días después, las visas fueron oficialmente revocadas.

Mientras tanto, la CIA seguía produciendo inteligencia nueva, demostrando que había penetrado profundamente el funcionamiento de la organización Cóndor. A continuación, algunos extractos que destacan esos nuevos detalles:⁷

Cable de Información de Inteligencia, CIA, 5 de agosto de 1976, Asunto: Nuevos acontecimientos respecto de los planes e intenciones de «Cóndor»

En Uruguay, el comandante en jefe del Ejército, general Julio C. Vadora, es el único oficial de categoría superior en el gobierno de Uruguay que sabe que uno de los planes de los países Cóndor que operará en Europa es eliminar a ciertos individuos...

La fuente [identificada como la «misma fuente», como fue citado en un informe anterior señalado antes, lo cual indica que esta era boliviana] tiene la opinión de que Chile, por ejemplo, Juan Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de ... DINA, el hombre que concibió todo el concepto Cóndor y ha sido el catalizador de su creación, coordinará los detalles y listas de blancos con el presidente chileno Augusto Pinochet.

Equipos de Cóndor compuestos por miembros de varios países Cóndor montarán acciones operativas en Europa. Serán equipos mixtos. Además, habrá una sola lista de blancos Cóndor, no listas separadas por cada país. [dos palabras tachadas] fuente no sabe cómo se resolverán las diferencias de opinión sobre blancos específicos. Aunque Brasil firmó formalmente el acuerdo Cóndor en Santiago, el país no ha acordado aún participar en actividades Cóndor en Europa, sino que limitará su contribución, por ahora, a la provisión de equipos de comunicación para Condortel ...

En el futuro cercano se ofrecerá un curso de entrenamiento en Buenos Aires para los oficiales del «Condoreje» que serán desplegados a Europa y para algunos otros oficiales de Cóndor que serán asignados a la oficina de Cóndor en Buenos Aires...

Comentario: Oficiales de [seis palabras tachadas] Argentina y Chile serán los instructores del curso en Buenos Aires.

Acción «inmediata»

Sobre la base de estas informaciones una persona razonable podría construir un simple y perturbador silogismo: los países bajo el ala del Cóndor planean asesinar a líderes en el exilio. Hay pruebas concretas de que piensan enviar equipos de agentes a París y Lisboa en misiones conjuntas de asesinato. El Flujo Cóndor de información así confluía con el Flujo Paraguay: informes de que Paraguay y Chile, ambos reconocidos miembros de la Operación Cóndor, estaban cooperando para enviar un equipo de agentes a Washington. Conclusión: existe por lo menos un alto riesgo de que la misión chilena a través de Paraguay a Washington podría ser parte de Cóndor, o sea, podría tener como objetivo un asesinato en contra de un adversario en el exilio. Habría que tomar recaudos urgentes para prevenir la posibilidad de un acto terrorista en la capital de Estados Unidos.

Desconocemos, a partir del registro documental, si los funcionarios vincularon ambos flujos. Sí sabemos que había consenso en la CIA y el Departamento de Estado de que se tenía que tomar acción urgente para impedir los asesinatos planificados en Europa. No hubo similar urgencia, sin embargo, en relación a la inteligencia sobre los agentes chilenos que iban camino a Washington desde Paraguay.

Shlaudeman y su secretario adjunto William Luers sabían que cualquier medida efectiva tendría que provenir «del séptimo piso»: el conjunto de oficinas que ocupaban Kissinger y sus asistentes de mayor jerarquía, en especial el subsecretario de Asuntos Políticos Philip Habib. Habib era conocido por saber imponerse a los dictadores extranjeros. Como embajador en Corea del Sur un par de años antes, había intervenido agresivamente ante la dictadura militar de ese país para salvar la vida del líder disidente Kim Dae Jung.ii Shlaudeman y Luers compartían una doble preocupación: por una parte temían que su secretario de Estado rechazara cualquier medida que oliera remotamente a «esa cantilena de los derechos humanos», frase despectiva que Kissinger había usado más de una vez para sacarse de encima informes de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos.

En segundo lugar, ya con un tinte más ominoso, justo por debajo de la superficie acechaba la sospecha, nunca explicitada por escrito, de que la CIA tenía un vivo interés en el Cóndor, que iba más allá de reunir información. De hecho, resguardaba la información respectiva clasificándola con la «palabra clave» —el nivel de secreto más alto, y la enviaba fragmentada al Departamento de Estado—. Nadie creía verdaderamente que la CIA estuviese involucrada en los planes de asesinato, pero había alentado crímenes similares en el pasado y habría sido ingenuo descartar la posibilidad. Menos de un año antes, el Senado de Estados Unidos había confeccionado un informe sobre la participación de la CIA en planes de asesinato en Cuba, África y, muy importante, en Chile.⁸ Una queja frecuente —pero siempre offthe record— de exfuncionarios del Departamento de Estado era que «la CIA tiene su propia política para América Latina», independiente de la del Departamento.

En este clima de desconfianza interna, procedieron las deliberaciones que se habían iniciado con la reunión del 3 de agosto. Según Shlaudeman, casi todas las negociaciones se realizaron en persona y por teléfono entre la Oficina de Asuntos Latinoamericanos y los ayudantes de Kissinger en el séptimo piso.⁹ La idea básica era simple y evidente: el gobierno de Estados Unidos diría a cada uno de los gobiernos que formaban parte del Cóndor que estaba al tanto de los planes de asesinato y que Estados Unidos se oponía inequívocamente a ellos. En lenguaje diplomático, una acción de advertencia oficial como la descrita se denomina démarche.

El quid del problema estaba en la manera de hacer la advertencia: qué tan enfática debía ser, a quién se dirigiría y, lo que más preocupaba a Kissinger, qué señal se daría para indicar que Estados Unidos simpatizaba con el objetivo de combatir el terrorismo, aun cuando estuviese reprendiendo a los países para que modificasen sus métodos. Las acciones se debían adecuar a la táctica de luz verde-luz roja de Kissinger expuesta por él en sus reuniones en Santiago y Shlaudeman en su memorándum sobre la «Tercera Guerra Mundial».

El proceso tomó dos semanas y múltiples borradores. Luers se encargó de la redacción, tal como lo hizo con el primer informe extenso de Shlaudeman para Kissinger sobre la Operación Cóndor. El subsecretario Habib era el hombre de enlace con Kissinger en el séptimo piso. También era intermediario ante la CIA, que también tenía que aprobar la medida.

El 11 de agosto, el borrador estaba listo para ser presentado a la CIA. Dos documentos recientemente desclasificados arrojan nueva luz sobre el proceso y el eventual acuerdo. Hewson Ryan, secretario adjunto de Shlaudeman, convocó a una reunión con sus contrapartes de la División de América Latina de la CIA (DC/LAD). Ahora tenemos la versión de la CIA de esa reunión. A continuación, algunos extractos de dos documentos:¹⁰

Memorándum para el Registro, 13 de agosto de 1976

Asunto: Reunión en el Departamento de Estado para discutir la «Operación CÓNDOR»

...Ryan abrió la reunión [del 11 de agosto, 10:30 horas] declarando que las implicancias de «CÓNDOR» en el ámbito de los derechos humanos habían alcanzado un punto que requería de alguna acción de parte del gobierno de Estados Unidos. DC/LAD dijo que la agencia quería ayudar lo más que pudiera al Departamento en ese sentido; [dos líneas tachadas] el Sr. Ryan dijo que comprendía nuestro problema y que creía que nuestros intereses habían sido protegidos en sus representaciones propuestas hacia ciertos países de «CÓNDOR» respecto del problema de los asesinatos. El Sr. Ryan entonces leyó el borrador del telegrama EXDIS a Buenos Aires, Montevideo y Santiago que se proponía. Esencialmente, el telegrama delineó brevemente los objetivos de «CÓNDOR». No puso problemas respecto de los planes de «CÓNDOR» para recabar y coordinar información sobre terroristas y planes y actividades terroristas en los países del Cono Sur. Sí expresó seria preocupación respecto de los presuntos planes de asesinatos de «CÓNDOR». Enfatizó que esta preocupación fuera manifestada a los más altos niveles de los países anfitriones, enfatizando que cualquier asesinato violaría las normas de civilización y, si se conociera, generaría reacciones adversas profundas en todo el mundo hacia los países involucrados...

El representante de la CIA, cuya identidad se oculta, sugirió varios cambios y agregados al borrador propuesto, a los cuales Ryan accedió. El oficial de la CIA reportó los resultados de la reunión a su jefe, Raymond Warren, quien a su vez reportó al número dos de la CIA, el general Vernon Walters.

Memorándum para: Subdirector de Inteligencia Central, 17 de agosto de 1976

De: Raymond A. Warren, Jefe, División América Latina

Asunto: Potenciales Ramificaciones Políticas y de Seguridad de «Operación Cóndor»

1. «Operación Cóndor» ha sido tema en correspondencia previa enviada a usted y otros altos oficiales de la Agencia; también ha generado una correspondencia considerable [tres palabras tachadas] en meses recientes y ha [una palabra tachada] suscitado discusiones con altos oficiales del Departamento de Estado respecto de qué acción podría tomar el gobierno de Estados Unidos para intentar asegurar que no se violen los derechos humanos por parte de los países involucrados en «Cóndor». Se adjuntan los más significativos de los mencionados documentos para su revisión. ... [tres líneas tachadas]

2. La información inicial sobre «Cóndor», el nombre en código que se le otorgó al programa de cooperación entre los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que comenzó en abril de 1976, indicaba que lo central del programa sería el intercambio de inteligencia y que el blanco de este esfuerzo sería la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR)...

3. [Existen informes más recientes] que indican que los esfuerzos de los servicios de seguridad de los países del Cono Sur para emprender un enfoque regional para responder a la amenaza terrorista regional, es decir, «Cóndor», iría mucho más allá del intercambio de información —e incluye planes para asesinar a ciertos líderes de la JCR en [París y Lisboa] [Diez líneas tachadas]

4. En un intento por prevenir las potenciales ramificaciones políticas para la Agencia, si los países «Cóndor» proceden con el aspecto europeo de sus planes, hemos tomado la siguiente acción. Apenas supimos del posible [plan de asesinatos, alertamos al servicio de seguridad francésiii][tres líneas tachadas] Adicionalmente, sostuvimos conversaciones con altas autoridades del Departamento de Estado respecto de los pasos que se podrían tomar para disuadir a los países Sudamericanos de continuar con su curso de acción. Por consiguiente, se ha llegado a un acuerdo sobre el texto de un mensaje EXDIS del Departamento de Estado a los Embajadores de EE.UU. en Buenos Aires, Santiago y Montevideo, instruyendo que aborden a las más altas autoridades de sus países anfitriones para expresar la grave preocupación del gobierno de EE.UU. respecto de los presuntos planes de asesinato enmarcados en «Operación Cóndor». Los países anfitriones serían informados, sin embargo, que EE.UU. no tiene problemas con los planes de «Cóndor» de recabar y coordinar información en el Cono Sur.[tres líneas tachadas] 5. El enfoque del Departamento de Estado descrito arriba bien podría producir un impacto adverso en la seguridad de [cinco líneas tachadas] En todo caso, es nuestra opinión que las potenciales repercusiones deben ser aceptadas para poder contrarrestar los aspectos negativos de «Cóndor».

Firma:

Raymond A. Warren

Con el beneplácito de la CIA y alentados por Habib, Shlaudeman, Ryan y Luers, Kissinger aprobó el texto final al día siguiente. El cable —que conocemos como la «démarche»— se despachó a través del Canal Roger a los embajadores en Buenos Aires, Montevideo, Santiago, La Paz, Brasilia y Asunción, con la indicación de tomar acción «inmediata»:¹¹

202192

23 DE AGOSTO DE 1976

SECRETO

[DE] EL SECRETARIO

[A] INMEDIATA BUENOS AIRES, MONTEVIDEO, SANTIAGO,

LA PAZ, BRASILIA, ASUNCION

CANAL ROGER

ASUNTO: OPERACIÓN CÓNDOR

1. USTEDES ESTÁN AL TANTO DE UNA SERIE DE INFORMES [DE LA CIA] SOBRE LA «OPERACIÓN CÓNDOR». LA COORDINACIÓN PARA OBTENER INFORMACIÓN DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA ES PROBABLEMENTE COMPRENSIBLE. SIN EMBARGO, LOS ASESINATOS PLANEADOS Y DIRIGIDOS POR LOS GOBIERNOS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO DE LOS MIEMBROS DEL CÓNDOR TIENEN CONSECUENCIAS EXTREMADAMENTE GRAVES QUE TENEMOS QUE ENFRENTAR CON RAPIDEZ Y SIN RODEOS.

2. (...)

3. PARA BUENOS AIRES, MONTEVIDEO Y SANTIAGO: DEBERÁN ENTREVISTARSE LO MÁS PRONTO POSIBLE CON EL FUNCIONARIO ADECUADO DE MÁS ALTO RANGO —DE PREFERENCIA EL JEFE DE ESTADO— PARA ELEVAR UNA PROTESTA FORMAL [DÉMARCHE] SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

A. EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS ESTÁ AL TANTO, A TRAVÉS DE DIVERSAS FUENTES, ENTRE LAS QUE SE CUENTAN FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES DE ALTO RANGO, DE QUE EXISTE UN CIERTO GRADO DE INTERCAMBIO Y COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE CIERTOS PAÍSES DEL CONO SUR SOBRE LAS ACTIVIDADES SUBVERSIVAS QUE SE DESARROLLAN EN LA REGIÓN. ESTO NOS PARECE DE UTILIDAD.

B. NO OBSTANTE, TAMBIÉN EXISTEN RUMORES DE QUE ESTA COOPERACIÓN PODRÍA EXTENDERSE MÁS ALLÁ DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, PARA INCLUIR PLANES DE ASESINATO DE SUBVERSIVOS, POLÍTICOS Y DESTACADAS FIGURAS TANTO DENTRO DE LAS FRONTERAS NACIONALES DE CIERTOS PAÍSES DEL CONO SUR COMO EN EL EXTRANJERO.

C. SI BIEN NO PODEMOS CORROBORAR LOS RUMORES DE ASESINATO, NOS SENTIMOS IMPELIDOS A LLAMAR SU ATENCIÓN SOBRE NUESTRA PROFUNDA PREOCUPACIÓN. SI ESTOS RUMORES LLEGARAN A TENER ALGO DE VERDAD, CREARÍAN UN PROBLEMA SUMAMENTE GRAVE DE ÍNDOLE MORAL Y POLÍTICA.

D. ACTIVIDADES CONTRATERRORISTAS DE ESTA NATURALEZA EXACERBARÍAN AÚN MÁS LA CRÍTICA PÚBLICA MUNDIAL A LOS GOBIERNOS INVOLUCRADOS.

E. ESTAMOS ELEVANDO PROTESTAS SIMILARES EN CIERTAS OTRAS CAPITALES (SIN ESPECIFICAR).

El mensaje esencial de esta démarche era inequívoco. Se trataba de una orden directa del secretario de Estado, con instrucciones detalladas para actuar de inmediato. Además, el cable tuvo el efecto de transformar la información de inteligencia sobre la Operación Cóndor en una conclusión oficial —es decir, información sobre la que se debían tomar medidas—. Ante los embajadores, la existencia de «asesinatos planeados y dirigidos por los gobiernos» se presentaba como un hecho que había sido confirmado tan objetivamente como es posible en el turbio mundo del espionaje. Ya se habían producido asesinatos de líderes importantes unas semanas antes en Argentina (Michelini, Gutiérrez, Torres, Enríquez). Docenas, tal vez centenares de exiliados de países del sistema Cóndor habían sido encarcelados.

El mensaje incluía órdenes específicas a los embajadores de los países que se sabía estaban planificando las operaciones en Europa. Al embajador en Chile se le dijo que considerara un «acercamiento paralelo» por parte del jefe de la oficina de la CIA a la DINA, además de confrontar a Pinochet. El embajador ante Argentina fue instruido a «hacer referencia específica a los aproximadamente treinta uruguayos que han desaparecido y sobre lo cual hemos presentado nuestra protesta ante el embajador Arnaldo Musich en Washington». Al embajador en Uruguay se le dijo que confrontara al general Vadora en lugar del presidente en ejercicio. A los embajadores en Bolivia, Paraguay y Brasil no se les requería entregar la démarche, ya que no se pensaba que sus gobiernos anfitriones estuvieran involucrados en los planes en Europa.

El lenguaje sugerido a los embajadores era claro, aunque amortizado por las fórmulas diplomáticas. En vez de acusar directamente a los gobiernos, los embajadores deberían informarles de que Estados Unidos estaba al tanto de los «rumores», y que estos eran fuente de preocupación. El mensaje era inequívoco: si nada sucedía, si no se cometía ningún asesinato, los rumores solo serían eso. Pero si los rumores «llegaran a tener algo de verdad», entonces los gobiernos estaban advertidos de las consecuencias políticas y morales que sobrevendrían. Estados Unidos no estaba amenazando con venganza o sanciones, solo los estaba previniendo de que esos asesinatos empeorarían la ya deteriorada reputación de los gobiernos militares en la escena mundial. La amenaza más grave sería silenciosa, pero inconfundible: han sido descubiertos; el gobierno de Estados Unidos, incluyendo la gente que trata con ustedes dentro de la CIA, se opone a lo que están haciendo. Queremos que se detengan.

En una nota posterior a Kissinger, Shlaudeman explicó el propósito en un lenguaje más simple: 12

Lo que estamos tratando de impedir es una serie de homicidios internacionales que podrían provocar serio daño al estatus y reputación internacionales de los países involucrados.

«No tomen ninguna acción más»

La orden de que los embajadores tomaran acción para prevenir la amenaza de asesinatos internacionales era inequívoca. Pero al final, nunca se le prendió realmente la luz roja a las dictaduras. La démarche nunca fue entregada a Chile ni a ninguno de los países que estaban planificando asesinatos. El complot para asesinar a Orlando Letelier siguió su marcha sin obstáculos. Este libro argumenta que Pinochet y Contreras hubiesen abortado la operación en contra de Letelier si el embajador estadounidense en Chile hubiese entregado la advertencia de Kissinger. Exploraremos cómo se llegó a ese trágico fracaso.

No fue que los tres embajadores de Estados Unidos no hubieran tomado en serio la orden del secretario de Estado. Los embajadores en Uruguay y Chile respondieron con cables secretos vía el Canal Roger a Washington que estuvieron en el escritorio de Shlaudeman antes del mediodía del día siguiente, 24 de agosto. Ambos solicitaban orientación respecto de cómo entregar el mensaje más efectivamente, y ambos plantearon la pregunta de cuán urgente era la amenaza de los posibles planes Cóndor. Ernest V. Siracusa, el embajador ante Uruguay, tenía la reputación de redactar cables interminables, pero cuidadosamente razonados. Expresó su preocupación de que los oficiales militares tal vez no tomarían en serio una acusación tan directa, atribuida a «rumores», pero también planteó su temor de que abordar el tema de planes secretos de asesinatos lo podría exponer a un peligro personal. Hizo sugerencias específicas respecto de incluir al canciller —Blanco—, además del general Vadora, el comandante militar de más rango. Y recomendó combinar la protesta diplomática al interior del país con mensajes formales en Washington a los embajadores de los seis países Cóndor. Dijo que esperaba que se pudiera aplazar la acción «pendiente de una mayor clarificación», y concluyó: «Esperaré una respuesta a este mensaje antes de proceder ... Como nuestra más reciente información es que los planes para las ‘operaciones’ Cóndor están suspendidas a la espera de la clarificación de la actitud de Brasil, parece que tenemos tiempo para las consultas sobre tan grave asunto».¹³

De hecho, mientras se redactaba la démarche, un cable de inteligencia de la CIA había llegado informando que Brasil no estaba participando en las operaciones en Europa —algo que Shlaudeman ya sabía—, pero agregaba un nuevo detalle: «Los países Cóndor ahora han decidido suspender sus planes para operar en Europa y realizar un curso de entrenamiento en Buenos Aires para aquellos oficiales de Condoreje que iban a operar en Europa, hasta que Brasil decida si participará con los demás en operaciones centradas en Francia».¹⁴ Esta información ya había sido incorporada en la preparación de la démarche, que dejaba en claro que Brasil no recibiría la advertencia.

El embajador David Popper también tenía sus reservas mientras preparaba su respuesta a Washington. Era un profesional entre profesionales. Al ser nombrado embajador en Chile solo tres meses después del golpe, se había hecho cargo de uno de los destinos más difíciles del cuerpo diplomático estadounidense. Por una parte, tenía que lidiar con la convicción de los líderes políticos chilenos de que Estados Unidos había traicionado a los partidos democráticos para favorecer a los militares de derecha. Con los militares, por otra parte, el desafío de Popper era cumplir con el mandato de Kissinger de apoyar y defender, transmitiendo a la vez el mensaje de que los derechos humanos también eran una prioridad para Estados Unidos. Y dirigía una embajada que a veces se mostraba profundamente dividida. Por un lado estaban los halcones de la Guerra Fría entre los militares y funcionarios de la CIA, que pregonaban una reverencia incondicional a Pinochet por haber asestado un golpe mortal al comunismo en América Latina. Por el otro, los diplomáticos del Servicio Exterior, más liberales, que se mantenían en contacto con la organización de derechos humanos de la Iglesia católica y estaban horrorizados por el rechazo de Pinochet a la democracia y las atrocidades que cometía su policía secreta. Popper consentía que se suscitaran furiosos debates en su embajada. Esta atmósfera de apertura le valió el respeto casi incondicional de cada funcionario que trabajó para él.iv

Para Popper, la llegada del cable de Kissinger representaba un dilema de proporciones colosales. Por tratarse de una comunicación enviada por el Canal Roger, fue recibida por los equipos de radiotelegrafía de la CIA, más seguros, que estaban bajo control del personal de esta en los pisos superiores de la embajada, y fue el propio jefe de la misión de la CIA, Stewart D. Burton, quien se la entregó personalmente a Popper. En un gesto típico de su estilo abierto de liderazgo, el embajador convocó a sus dos funcionarios políticos de mayor rango, el jefe adjunto de la misión Thomas Boyatt y el consejero político Charles Stout. Lo que sigue se basa en una entrevista de Boyatt con el autor.

Los tres leyeron el cable, concentrándose en el párrafo especialmente dedicado a su embajada. «Para Santiago: conversar [con el jefe de la misión de la CIA] la posibilidad de que este realice un acercamiento paralelo». La sugerencia tenía sentido: si Cóndor estaba operando impulsado por la DINA, entonces una manera de detener los asesinatos era que el jefe de la CIA en Chile, Burton, hablase directamente con Contreras.

Pero el dilema para Popper era si debía confrontar directamente a Pinochet o no. Relata Boyatt: «Según recuerdo, el jefe de la misión de la CIA, el embajador, yo mismo y Charlie [Stout] estudiamos esto y dijimos:‘Y ahora qué diablos hacemos’».

Según Boyatt, la pregunta obvia —hasta qué punto la CIA ya sabía sobre esto y desde cuándo— no se formuló durante la reunión. Burton no dijo mucho durante esta y Boyatt supuso que el embajador ya había conversado con él sobre los informes de inteligencia de la CIA. Popper mantenía firmes las riendas de su embajada e insistía en estar al tanto de lo que la CIA se enteraba a partir de sus contactos con Contreras. Prosigue Boyatt:

Allí estaba el embajador, que acababa de recibir una orden. La pregunta: ¿lo que el Departamento de Estado nos está ordenando es la mejor manera de manejar este problema? Básicamente nos sentamos y discutimos sobre esto. Se tejieron muchos argumentos. Los dos principales eran: si cumplimos la orden, ya nos podemos olvidar del canal de comunicación entre el embajador y Pinochet. Eso se va a acabar. Van a poner al embajador en el congelador, así que no vamos a poder tocar los otros doscientos cincuenta puntos que el Departamento de Estado quiere que tratemos con los principales funcionarios del gobierno. Sería como quemar al embajador.

El verdadero problema —no incluimos esto en el cable— era que si íbamos a ver a Pinochet, nunca sabríamos si él iba a llamar realmente a Contreras para transmitirle el mensaje. Tal vez solo lo ignore. Tal vez nunca converse con Contreras. Por lo tanto, si queríamos que el mensaje llegara a la DINA, teníamos que llevarlo directamente a la DINA. Y el embajador no era la persona indicada para ello. La persona indicada para ello era su contraparte, el jefe de la misión de la CIA.

Popper puso fin a la reunión. Redactó un cable con rapidez y lo hizo enviar vía Canal Roger antes de almuerzo.¹⁵ Recomendaba que se lo eximiese de encontrarse con Pinochet.

Santiago 8210

Asunto: Operación Cóndor. Ref. Depto. de Estado 209192. 24 de agosto de 1976

Sec Estado Wash DC Inmediato

1. Aun cuando valoro la importancia del objetivo buscado en documento de referencia, dudo seriamente que abordarlo con el Presidente Pinochet sea la mejor manera de alcanzarlo.

2. Opino que, dada la sensibilidad de Pinochet con respecto a la presión por parte del gobierno de Estados Unidos, podría considerar un insulto cualquier insinuación de que él podría estar vinculado a dichos complots de asesinato. (...) Es muy posible, incluso probable, que Pinochet desconozca totalmente la Operación Cóndor, en especial sus aspectos más cuestionables.

3. [Con Burton] hemos acordado que la instrucción será mejor lograda si él transmite el mensaje directamente al coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA. Lo puede hacer en el contexto de haber escuchado un rumor que no puede creer, pero que si se corrobora sería desastroso para los perpetradores...

Popper concluyó el mensaje con una oración que, después del hecho, puede interpretarse como una trágica ironía:

4. He notado que las instrucciones tienen carácter de urgente. ¿Acaso el departamento tiene algún indicio de que se vaya a cometer algún asesinato en el futuro inmediato? La única información que tenemos es un informe de Uruguayv no verificado por otras fuentes.

5. Por favor indíquennos cómo proceder. Popper

La conclusión de Popper, de que Pinochet posiblemente no estuviera al tanto de la Operación Cóndor, resultaría equivocada. Como hemos visto anteriormente, la CIA recibió inteligencia de su fuente boliviana señalando que se creía que Contreras y Pinochet estaban planeando asesinatos en conjunto.

Tanto Popper como Siracusa esquivaron tomar acción inmediata y devolvieron la decisión a Henry Kissinger. Fue una decisión que tardaría mucho en llegar.

Los cables de Siracusa y Popper hacían referencia explícita al cable de démarche de Kissinger, de forma idéntica: «Asunto: Operación Cóndor. Ref. Depto. de Estado 209192». No han aparecido documentos similares provenientes de la embajada estadounidense en Argentina, el tercer país que se sabe estaba involucrado en los planes de asesinato en Europa. Si hubo alguna respuesta, esta no ha sido desclasificada.

Otros embajadores también reaccionaron de inmediato. William P. Stedman respondió vía Canal Roger el 26 de agosto. No se sospechaba que Bolivia tuviera alguna participación en los asesinatos de Cóndor en el extranjero, por lo que el mensaje del embajador fue muy diferente, más de acuerdo con la política de Kissinger de dar luz verde. En su cable, Kissinger lo autorizó a proponer intercambios de información sobre terrorismo. Stedman había estado esperando desde hacía semanas la autorización para brindar al gobierno boliviano datos de inteligencia sobre terrorismo internacional obtenidos por Estados Unidos; Bolivia se sentía particularmente vulnerable, dado que los militares bolivianos habían ejecutado al héroe guerrillero Ernesto Che Guevara. Ahora Stedman estaba en posición de informar que ya se había reunido con dos oficiales de alto rango.¹⁶

«Ambos [nombres borrados] estaban complacidos por la favorable respuesta de Estados Unidos y esperan ansiosamente realizar un fructífero intercambio de información. [Uno de los oficiales] advirtió que los servicios de inteligencia de varios países están cooperando más estrechamente de lo que había sucedido hasta ahora. Sin embargo, el GOB (Gobierno de Bolivia) aún desea realizar un intercambio de información más productivo con el gobierno de Estados Unidos».

La embajada en Argentina también mandó un cable sobre intercambio de inteligencia, sin hacer referencia al cable de Kissinger. «Estamos preparados para realizar intercambios periódicos de información con el GOA (Gobierno de Argentina), ya sea de tipo general o sobre las actividades comunistas y terroristas en el hemisferio y en otras regiones, siempre que al GOA le interese», decía el mensaje del embajador Robert Hill.

La oferta de inteligencia estadounidense sobre los enemigos de los gobiernos militares muestra una vez más la naturaleza dual de la política de este país: mientras advertía a los gobiernos de que no asesinaran a sus enemigos, les ofrecía información para ayudar en la lucha antisubversiva. Una cláusula de exención de responsabilidad al pie del cable enviado por Kissinger demuestra que esta contradicción no pudo haber pasado inadvertida:

Deben asegurarse, por supuesto, de que ningún organismo del gobierno de Estados Unidos participe de ninguna manera en el intercambio de datos o información sobre subversivos con el país anfitrión. Aun en aquellos países donde proponemos ampliar el intercambio de información, es vital que de ninguna manera señalemos a algún individuo que pudiera ser candidato a ser asesinado.

En Asunción, Paraguay, el embajador George Landau también cumplió con las instrucciones de inmediato. A pesar de que el gobierno de Stroessner no había sido señalado en los informes de la CIA como parte del complot para cometer asesinatos fuera del continente en el marco de la Operación Cóndor, Landau pensaba que su trabajo era preventivo. «Nuestro enfoque era avisar que estábamos al tanto de lo que sucedía y que nos queríamos asegurar de que Paraguay no se involucrara», comentó en una entrevista.

Stroessner recibió a Landau a solas en su oficina, temprano por la mañana, como casi siempre. Escuchó al embajador hablar sobre la Operación Cóndor, pero no respondió y luego cambió de tema. Unas semanas antes, Landau había manejado la delicada situación de los oficiales chilenos que solicitaban visas de Estados Unidos con documentos falsos; sin embargo, dijo en una entrevista, cuando el cable sobre la démarche llegó a su oficina, no relacionó el episodio de los pasaportes con el cable sobre Operación Cóndor.¹⁷

Brasil también reaccionó, con un cable el 16 de septiembre por el Canal Roger, refiriéndose al cable 209192 de Kissinger. El Ejército de Estados Unidos quería invitar al alto oficial de inteligencia, el brigadier general Antonio da Silva Campos, jefe del Centro de Inteligencia del Ejercito (CIE), a una gira por Estados Unidos, escribió el embajador John Crimmins. «No es buena idea», dijo:¹⁸

«En vista de nuestra actual preocupación sobre ‘Operación Cóndor’, nos inquieta particularmente el hecho de invitar en estos momentos al director de una agencia de inteligencia importante que podría verse involucrada extensivamente en la persecución transnacional coordinada de opositores políticos. El hecho de la visita, que no podría mantenerse en secreto, podría dar una señal equivocada a los líderes de los servicios de inteligencia de Brasil u otros países del Cono Sur en cuanto a la firmeza de la oposición estadounidense a ciertos aspectos de Cóndor».

Claramente, los embajadores actuaban en línea con las instrucciones de Kissinger. Es inconcebible que un embajador trabajando para el Departamento de Estado a cargo de Kissinger hubiera pasado por alto una orden directa del secretario de Estado. Es la opinión unánime y categórica de cada funcionario del servicio exterior con quien me entrevisté.¹⁹ Sin embargo, hasta donde podemos establecer, durante los veintisiete días que transcurrieron entre el cable de Kissinger y el asesinato de Orlando Letelier en Washington, las instrucciones de Kissinger de advertir a Chile, Uruguay y Argentina —países que se sabía planeaban asesinatos en el extranjero— no fueron cumplidas. En el caso de Chile y Uruguay, los embajadores quedaron a la espera de la decisión de Kissinger acerca de sus pedidos de clarificación.

El viernes 27 de agosto, Shlaudeman y Luers sostuvieron su reunión semanal con sus contrapartes de la CIA para tratar temas de inteligencia respecto de América Latina. El informe desclasificado de esa reunión, fechado el 30 de agosto, es casi ilegible debido a las líneas tachadas: solo pueden leerse sesenta y ocho palabras de las veinticinco líneas referentes a la Operación Cóndor. Una de las escasas frases nítidas es de Shlaudeman: «No vamos a elevar una queja formal ante Pinochet porque sería inútil, pero sí haríamos una presentación ante el gobierno chileno».²⁰

El mensaje respalda la recomendación del embajador Popper de evitar un encuentro con Pinochet, ya que este lo consideraría un insulto. La referencia a una «presentación ante el gobierno chileno» es ambigua. En todo caso, no hay registro de alguna decisión enviada a Santiago en respuesta a la solicitud de Popper, que pedía instrucciones sobre cómo proceder. Boyatt, el segundo jefe de la misión diplomática, al revisar este documento, afirma recordar claramente que en la embajada en Santiago no se recibió ningún mensaje aprobando el curso de acción alternativo de Popper:

Acá dice que Shlaudeman ha decidido, al 30 de agosto, no enfrentar a Pinochet. ¿Así que cuál es el gran secreto?

¿Por qué no se nos podía autorizar a actuar el día siguiente? Y no tengo la respuesta... Pero me parece que haber ido a ver a Contreras el 1 de septiembre hubiera marcado la diferencia. O al menos podría haberlo hecho.

El mismo día, en otro «memorándum de decisión», Shlaudeman propuso unas alternativas a Kissinger para responder a las sugerencias del embajador Siracusa en Uruguay. Estaba de acuerdo —y se lo recomendó a Kissinger— con aprobar la sugerencia de aquel de presentar la démarche tanto al jefe de Ejército Vadora como al canciller Blanco, junto con representarla, simultáneamente, ante el embajador uruguayo en Washington. Le pidió al secretario de Estado indicar su decisión al respecto marcando con sus iniciales una de las dos alternativas:

Aprobar __________ Rechazar __________

Y le pidió también autorizar el envío de un telegrama adjunto a Siracusa para informarle de la decisión.

Sin embargo, pasaron otras tres semanas, sin que los embajadores de Chile y Uruguay recibieran una decisión de parte de Kissinger. No faltaron oportunidades para entregar la démarche. El embajador Siracusa se reunió el 14 de septiembre con el general Aparicio Méndez, a quien la Junta acababa de nombrar Presidente. Siracusa trató el tema de los derechos humanos dentro del contexto de la reciente legislación aprobada en Estados Unidos sobre el recorte de la ayuda militar a Uruguay, pero no mencionó nada que pudiera ser interpretado como una advertencia respecto de los asesinatos. Por su parte, el embajador Robert Hill había logrado finalmente su primera audiencia con el máximo líder militar y presidente de la Junta argentina, el general Jorge Videla. La reunión se fijó para el 21 de septiembre.²¹

La urgencia, en palabras del secretario adjunto Shlaudeman, «de impedir ... una serie de homicidios internacionales», parece haberse evaporado. Kissinger estaba de viaje en África. Desde Lusaka envió finalmente su decisión a Shlaudeman respecto a las interrogantes de Siracusa y Popper. Con base en documentos desclasificados por el Departamento de Estado recién en 2015, ahora sabemos lo que sucedió: ²²

En telegrama 27128 desde Lusaka, 16 de septiembre de 1976, Kissinger informó al Departamento que había declinado aprobar el mensaje propuesto para Montevideo de ordenar a Siracusa entregar la démarche sobre Operación Cóndor; el telegrama también indica que Kissinger «instruyó que no se tomara ninguna acción más sobre este asunto».

Shlaudeman recibió el telegrama en Costa Rica y rápidamente ordenó a su segundo, William Luers, comunicar la decisión de Kissinger a todos los embajadores de los países Cóndor:²³

20 septiembre de 1976

PARA LUERS – OFICINA DE ASUNTOS LATINOAMERICANOS – DE SHLAUDEMAN

ASUNTO: OPERACIÓN CÓNDOR

A MENOS QUE EXISTA ALGUNA COMPLICACIÓN QUE IGNORO, NO PARECE HABER MOTIVO PARA ESPERAR MI REGRESO. PUEDES SIMPLEMENTE INSTRUIR A LOS EMBAJADORES A QUE NO TOMEN NINGUNA ACCIÓN MÁS, SEÑALÁNDOLES QUE YA HAN TRANSCURRIDO ALGUNAS SEMANAS SIN NINGÚN INFORME QUE INDIQUE ALGUNA INTENCIÓN DE ACTIVAR EL PLAN CÓNDOR. [Énfasis agregado]

Asesinato en la avenida de las embajadas

Fue un día desafortunado para afirmar que la Operación Cóndor no estaba activa. El agente de la DINA Michael Townley llevaba casi dos semanas en Estados Unidos organizando su grupo de accion. El equipo de inteligencia había llegado y ya se había ido. El teniente Armando Fernández Larios, acompañado por otra agente de la DINA con el nombre falso de Liliana Walker, había vigilado a Letelier en Washington durante varios días. La tarea de Walker era intentar atraer a Letelier a un encuentro amoroso.vi Aparentemente ella logró hablar con el excanciller y ver el auto que usaba para ir a su oficina. Fernández y Walker juntaron los datos y entregaron su informe de vigilancia a Townley cuando se cruzaron con él en el aeropuerto Kennedy el día 10 de septiembre. Ahora Townley tenía toda la información que necesitaba: la dirección de Letelier, la descripción de su automóvil, sus rutinas y el trayecto que seguía diariamente para llegar a su oficina en el Institute for Policy Studies cerca de Dupont Circle en Washington.

Fernández y Townley habían comenzado la misión juntos, haciendo uso de los recursos de documentación del Sistema Cóndor. Pero el sistema funcionó solo a medias. Primero SIDE en Argentina rehusó ayudar con los documentos falsos, y luego el viaje a Paraguay para conseguir los pasaportes y las visas para entrar en Estados Unidos había despertado las sospechas de los «gringos». Para Townley, la incompetencia de los paraguayos había arruinado el plan de recurrir al Sistema Cóndor para cubrir los rastros de la operación. Al final, viajaron por separado a Estados Unidos con pasaportes oficiales chilenos con nombres falsos que los identificaban como empleados del gobierno. Su modus operandi seguía los reglamentos de Cóndor de trabajar en dos equipos independientes: Fernández encabezó el equipo de vigilancia y a Townley le tocó ejecutar el asesinato mismo. El riesgo era mayor, pero Townley pensaba endorsarles el trabajo sucio del asesinato a los cubanos.

Virgilio Paz había trabajado con Townley en México y más tarde en Europa, el año anterior, persiguiendo infructuosamente al líder socialista Carlos Altamirano, entre otras tareas. Había estado en Roma antes del intento de asesinato en contra de Bernardo Leighton y llevado a cabo misiones de espionaje para la DINA en diversos países. Paz era un hombre operativo y trabajaba bajo las órdenes de Guillermo Novo, jefe del Movimiento Nacionalista Cubano (MNC), división Norte. Ambos formaban parte de la gran comunidad de exiliados cubanos que vivían en North Bergen y Union City, en New Jersey. El odio hacia Fidel Castro que sentían los miembros del MNC los había llevado a adoptar métodos terroristas en Estados Unidos y a hacer causa común con Pinochet.²⁴ Tanto Paz como Novo habían pasado temporadas en Chile, más recientemente en el mes de junio, cuando recibieron entrenamiento de la DINA y consolidaron su relación con el grupo de fugitivos italianos de extrema derecha que entonces se ocultaba en este país. Entre otras cosas, Townley le había enseñado a Paz cómo construir bombas de control remoto. Paz y Novo aceptaron esta misión de asesinato de la DINA.

Era pasada la medianoche cuando Paz y Townley estacionaron frente a una casa en Union City. Novo y otro cubano, Dionisio Suárez, esperaban allí con los insumos necesarios: mecha detonadora y un trozo del tamaño de un puño de un explosivo con aspecto de masilla conocido como C-4. También contaban con algo de TNT. Paz traía el beeper que Townley le había ayudado a modificar en su taller en Santiago.

El sábado 18 de septiembre, Paz, Suárez y Townley se reunieron en el cuarto de un modesto motel al noreste de Washington para armar la bomba dentro de un molde de cocina de aluminio. Tarde en la noche, atravesaron la ciudad hasta el acomodado suburbio donde vivía Letelier. Ya habían recorrido la zona para verificar la dirección y otros detalles que figuraban en el informe de vigilancia de Fernández Larios. El Chevy Chevelle de Letelier estaba estacionado delante de su casa en una apacible calle sin salida, tal como esperaban. Esa jornada los chilenos celebraban el día de la independencia, y Orlando Letelier y su esposa, Isabel Margarita Morel, habían asistido a una fiesta junto con otros miembros de la gran comunidad de compatriotas que vivía en el área de Washington, y habían vuelto a su hogar cerca de las once de la noche.

Townley bajó del auto a una cuadra de distancia. Los cubanos habían insistido en que él, como agente de la DINA, tuviera participación directa en el asesinato. Caminó por la calle, se desplazó rápidamente hacia la entrada para automóviles frente a la casa, y se deslizó debajo del automóvil de Letelier. Usando cinta negra de electricista, colocó la bomba bajo el asiento del conductor, con el explosivo conformado de tal manera que dirigiera su fuerza hacia arriba. Era una tarea que conocía y Townley logró cumplirla con destreza.

Unas horas más tarde, cuando amaneció, Townley tomó un vuelo temprano a Newark y pasó parte de ese día con Linda, su hermana, quien vivía en Tarrytown, al norte de la ciudad de Nueva York. De ahí voló a Miami, donde vivía su padre.

El martes 21 de septiembre por la mañana, Letelier se dirigía por la avenida Massachusetts hacia su oficina, cerca de Dupont Circle. Viajaban con él Michael Moffitt y su esposa desde hacía cuatro meses, Ronni. Ambos trabajaban en el Instituto de Estudios Políticos: Michael como economista, ayudando a Letelier en la preparación de proyectos, y Ronni como encargada de recaudar fondos para varios proyectos del Instituto —no era la secretaria de Letelier, como se ha publicado erróneamente muchas veces—.vii Vivían cerca y ese día le pidieron que los transportase, pues su automóvil estaba averiado.

Al llegar el auto de Letelier a Sheridan Circle, en un tramo conocido como Embassy Row, pasaron la residencia oficial del embajador chileno, la misma casa donde Letelier había vivido con su esposa y sus cuatro hijos. Un sedán Volvo con dos hombres a bordo lo siguió varios vehículos más atrás. Uno de los hombres presionó el botón del beeper convertido por Townley en detonador. La bomba explosionó con tal fuerza que se escuchó a kilómetros de distancia. Letelier murió casi de inmediato, sus dos piernas cercenadas de su cuerpo.

Una esquirla metálica se hundió en el cuello de Ronni Moffitt, quien iba en el asiento de copiloto, y le cortó la arteria carótida y la tráquea; se ahogó en su propia sangre. Michael Moffitt, quien viajaba en el asiento trasero, protegido de la fuerza de la explosión, sufrió algunos cortes pero sobrevivió.

Los asesinos Suárez y Paz escaparon sin que nadie los detectara. Michael Townley escuchó la noticia en Miami y voló a Chile al día siguiente, después de visitar a sus padres y comprar regalos para sus hijos.

El estallido de la bomba en Sheridan Circle en 1976 fue el más atroz acto de terrorismo perpetrado por un gobierno extranjero que alguna vez se haya cometido en la capital de Estados Unidos. El crimen se vio agravado por el hecho de que fue organizado y ejecutado no por un enemigo de Estados Unidos, sino por un gobierno que era un firme aliado y por una fuerza de seguridad entrenada y relacionada estrechamente con el Ejército estadounidense y con la CIA.

En conversaciones de pasillo al interior del Departamento de Estado, pocos funcionarios tenían dudas sobre la participación chilena en el crimen. Miembros de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos pusieron en palabras la presunción más obvia de que la DINA chilena era el más probable culpable. Un funcionario recuerda que alguien entró intempestivamente en su oficina exclamando: «¡La DINA mató a Letelier!». La tarea de preparar un comunicado de prensa para el Departamento de Estado recayó en el subdirector William Luers. La declaración no hizo mención alguna a la DINA o a Chile como sospechosos.

«Nosotros conectamos a Cóndor con el asesinato, pero no sabíamos quién lo perpetró», relató Luers años después.

El secretario adjunto Luers llamó al embajador Popper en Santiago, y esa tarde, este escribió sus reflexiones sobre la tragedia en un cable vía el Canal Roger dirigido al secretario de Estado. Recordó los atentados internacionales anteriores en contra de adversarios de Pinochet, como el general Carlos Prats y Bernardo Leighton. Y continuó con un franco análisis:²⁵

4. Basándose en la evidente motivación, la sospecha recaerá primero que nada en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) del gobierno de Chile. Letelier era un opositor político a la Junta de primera línea. Era políticamente activo en el exilio. Silenciarlo tendería a inhibir a otros exiliados de hablar, escribir o conspirar en contra de la Junta.

5. Pero nunca hemos tenido ningún indicio de que la DINA estuviera operativa de alguna manera en territorio estadounidense, y para nosotros es difícil de creer que hasta sus líderes algo fanáticos se expondrían a las consecuencias de ser implicados en un acto terrorista en Washington...

6. Otra posibilidad es que la DINA u otra fuente del gobierno chileno pudiera haber incentivado esta acción por parte de grupos derechistas ubicados fuera de Chile. Se nos pasa por la mente la posible cooperación de las autoridades de gobierno en seguridad del Cono Sur para eliminar a sus enemigos en el extranjero. Esperamos que nuestros esfuerzos de inteligencia en otras capitales puedan hacerle seguimiento a cualquier indicio de que los servicios de inteligencia de los gobiernos del Cono Sur se estén organizando para actos de terrorismo fuera de la región.

El embajador Popper claramente se hacía eco de sus recientes comunicaciones sobre las operaciones de Cóndor en Europa. Solo habían pasado veinticuatro horas desde que recibió la notificación de que no debía tomar «ninguna acción más» —de desistir de implementar la orden de Kissinger para confrontar al gobierno chileno sobre la amenaza de Cóndor—.

El otro flujo de inteligencia reciente sobre los pasaportes paraguayos también fue recordado de inmediato en los niveles más altos de la CIA. Su director, George Bush, le comentó a un asistente que recordaba las comunicaciones sobre los pasaportes paraguayos. El asistente revisó el asunto y en un memorándum dirigido a Bush escribió:

Secreto. 23 [Sept] 76

Para: DCI [Director de Inteligencia Central, George Bush]

Asunto: Dos oficiales de Ejército chileno usando pasaportes paraguayos

Usted tiene una excelente memoria, y recordó los esfuerzos del Emb. Landau para lograr que el Gral. Walters hiciera algo sobre la emisión de pasaportes oficiales paraguayos para dos oficiales del ejército chileno que vendrían a hacer una investigación en EE.UU. sobre supuestas maniobras financieras cometidas por Allende en Estados Unidos ... Todo el asunto fue puesto en manos del [Departamento de] Estado, que a su vez informó al FBI a principios de agosto. Además, después del asesinato de Letelier, hablamos con el adjunto de Shlaudeman, Bill Luers, para que se revisara el caso... [palabra tachada] especula que, si el gob. chileno realmente ordenó asesinar a Letelier, es probable que haya contratado a matones cubanos para concretarlo.

[nota manuscrita:] (Se adjuntan todos los cables relacionados de la CIA)viii

El tema de Cóndor también estaba fresco en la mente de Shlaudeman. Se reunió con el jefe de la División de América Latina de la CIA, Raymond Warren, quien había sido su contraparte en la redacción de la démarche sobre Cóndor. El 25 de septiembre, Shlaudeman informó a Habib, quien también protagonizó las conversaciones sobre la démarche:²⁶

Memorándum informativo Asunto: Operación Cóndor

Mi contraparte en la CIA [Warren] me comunica que todos los informes que tenemos sobre el tema han sido entregados al FBI. La Agencia también ha respondido solicitudes del Buró de rastrear a varios posibles sospechosos chilenos.

Mi amigo también me dice que los servicios de seguridad de los países participantes de la Operación Cóndor ahora saben que sabemos sobre la operación propuesta en París.

El FBI «descubre» la Operación Cóndor

Ninguno de estos intercambios secretos fue conocido públicamente o por la prensa. La palabra «Cóndor» no aparecería vinculada a planes de asesinato del Cono Sur sino hasta dos años después, cuando una versión algo confusa del plan Cóndor fue filtrada al diario Washington Star. Los amigos y colegas de las dos víctimas fueron muy escépticos de que un gobierno estadounidense republicano, tan indeleblemente asociado a las dictaduras anticomunistas en Sudamérica, buscaría evidencia que vinculara a su aliado, el gobierno de Pinochet, con un asesinato terrorista.

De hecho, filtraciones a los medios atribuidas a la CIA sostenían que terroristas de izquierda habían cometido el asesinato para desacreditar al gobierno de Pinochet y convertir a Letelier en un mártir. Esta «teoría del mártir» fue recogida por algunas crónicas periodísticas, y se atribuyó a la CIA y a funcionarios anónimos de gobierno. Un artículo de Newsweek relataba la noticia falsa de que «el FBI y la Agencia Central de Inteligencia prácticamente han descartado la idea de que el señor Letelier haya sido asesinado por agentes de la Junta Militar chilena (...) los funcionarios de inteligencia dijeron que una investigación paralela se estaba concentrando en la posibilidad de que el señor Letelier haya sido eliminado por extremistas chilenos de izquierda, como medio de perjudicar las relaciones entre Estados Unidos y la Junta Militar».²⁷

Aún se desconoce quiénes iniciaron estas pistas engañosas —un temprano ejemplo del fenómeno de fake news para engañar a la opinión pública—, pero dan la clara impresión de que se podría estar ante un acto de encubrimiento. Evidentemente, quienes hayan sido responsables, ya sea dentro del gobierno estadounidense o en los círculos políticos de derecha, intentaban desacreditar a la izquierda y proteger a Pinochet.

Sin embargo no tuvieron la capacidad de desviar el impulso investigativo que el FBI había emprendido. A los pocos minutos de la explosión el 21 de septiembre, el FBI tomó control de la escena del crimen y rápidamente armó un equipo de más de cien agentes, dirigidos por el agente especial Carter Cornick, quien hablaba español, y un joven fiscal del Departamento de Justicia, Eugene Propper. El caso fue designado con el código «Chilbom» y asignado el número de expediente 185-789. Literalmente desde el primer día, las pistas provenientes de sus fuentes apuntaban a la participación de exiliados cubanos, probablemente trabajando para Chile.

En una semana lograron un gran descubrimiento, que permitió establecer un vínculo sólido, pero aún no confirmado, con Operación Cóndor. Robert Scherrer, el agregado legal del FBI en Buenos Aires, había sido designado como principal investigador del asesinato e inmediatamente comenzó a indagar entre sus abundantes contactos de inteligencia. Scherrer le contó al autor sobre su investigación en una serie de entrevistas. Dijo que invitó a almorzar a uno de sus mejores contactos en la inteligencia militar. La fuente, cuya identidad fue revelada en documentos del FBI desclasificados en 2019, era un médico militar y oficial de Ejército en retiro, Arturo Horacio Poire, quien había sido una de las fuentes más útiles de Scherrer en Buenos Aires. En 1976 Poire trabajaba como agente civil de inteligencia en el Batallón 601 y había sido asignado a la SIDE. Scherrer lo conocía desde 1970 y desde entonces Poire le había proporcionado información consistentemente confiable. El día del almuerzo, el 28 de septiembre, Poire le contó a Scherrer primero sobre una exitosa operación conjunta entre la SIDE y la inteligencia militar uruguaya que había culminado recién el día anterior. Luego Scherrer le preguntó a su fuente si tenía alguna información sobre el asesinato en Washington D.C.

Poire comenzó a desahogarse con información sobre Operación Cóndor. Reaccionó con frustración, no a la pregunta de Scherrer, sino a causa de la temeraria acción de los chilenos al llevar a cabo un asesinato en la capital de Estados Unidos. El asesinato de Letelier, dijo, había sido «una descabellada operación Cóndor» perpetrada por la DINA. Tenía información fidedigna porque, según informó a Scherrer, el coronel Alberto Valín, el director del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino (SIE), se encontraba en Santiago justamente la semana en que se cometió el asesinato, para realizar consultas al jefe de la DINA, Manuel Contreras, acerca de su colaboración en la Operación Cóndor. Según el agente, los servicios de seguridad de Argentina estaban preocupados porque un asesinato de alto perfil en la capital de Estados Unidos podría estropear otras operaciones en marcha en Argentina y en el extranjero.

«Cóndor fue una buena operación,» dijo Poire, según relató Scherrer. «Esos lunáticos en Santiago van a arruinar todo. Nos dañará tremendamente».

Scherrer dijo que había oído hablar anteriormente de formas de cooperación entre los países del Cono Sur, como compartir información de inteligencia, bancos de datos y otras iniciativas, pero nada parecido a esto. Compartir inteligencia es solo la Fase 1, respondió Poire, y procedió a revelar en detalle lo que, según Scherrer, eran las primeras informaciones recibidas en el FBI sobre los planes de asesinato a escala internacional de la Operación Cóndor. Scherrer envió la información en un cable secreto al FBI el mismo día: (Texto completo desclasificado, 2019)²⁸

Cable Prioridad

De Buenos Aires (109-2) (109-9)

Para Director

Brasilia Priority

Madrid Priority

París Priority

Secreto

Asuntos Políticos Extranjeros – Argentina; IS Argentina Asuntos Políticos Extranjeros – Chile; IS Chile

El 28 de septiembre de 1976, una fuente confidencial en el extranjero, vinculada al Servicio de Inteligencia Argentino, entregó la siguiente información:

Operación Cóndor es el nombre código para la colección, intercambio y almacenamiento de inteligencia relativa a los denominados «izquierdistas», comunistas y marxistas que fue recientemente establecida a través de la colaboración entre los servicios de inteligencia de Sud América para eliminar las actividades marxistas terroristas en la región.

Adicionalmente, «Operación Cóndor» involucra operaciones conjuntas en contra de blancos terroristas en los países miembros de la «Operación Cóndor». Chile es el centro de «Operación Cóndor», y además de Chile, sus miembros incluyen a Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Brasil también ha aceptado tentativamente proveer inteligencia para la «Operación Cóndor». Los miembros de la «Operación Cóndor» que han demostrado el mayor entusiasmo a la fecha han sido Argentina, Uruguay y Chile. Estos últimos tres países han participado en operaciones conjuntas, principalmente en Argentina. En la semana del 20 de septiembre, 1976, el director del servicio de inteligencia del Ejército argentino [Col. Alberto Valín] ix viajó a Santiago, Chile, para consultar con su contraparte chilena respecto de «Operación Cóndor».

Una tercera y sumamente secreta fase de la «Operación Cóndor» implica formar equipos especiales con miembros de los países participantes, que viajarán a cualquier parte del mundo a países no miembros para sancionar, llegando hasta el asesinato, a terroristas o a aquellos que brinden apoyo a organizaciones terroristas provenientes de los países miembros de la «Operación Cóndor». Por ejemplo, si un terrorista o alguien que apoye una organización terrorista proveniente de un país miembro de la «Operación Cóndor» es ubicado en un país europeo, se envía un equipo especial «Cóndor» para localizar y vigilar al objetivo. Cuando esto se haya cumplido, un segundo equipo «Cóndor» se envía para ejecutar concretamente la sanción [asesinato] a ese objetivo. Los equipos especiales obtienen documentación falsa que es emitida por países que participan de la «operación cóndor», y pueden estar compuestos exclusivamente por individuos de un solo país miembro de la «Operación Cóndor» o bien por un equipo mixto de varias naciones de la «operación cóndor». Dos países europeos que son expresamente mencionados para llevar a cabo posibles operaciones dentro del marco de la fase tres de la «Operación Cóndor» son Francia y Portugal.

Se ha organizado un equipo especial en Argentina compuesto del Servicio de Inteligencia del Ejército argentino y la Secretaría de Inteligencia del Estado, que está siendo preparado para posibles futuras acciones bajo la tercera fase de «Operación Cóndor».

Cabe destacar que no se ha generado ninguna información que indique que alguna sanción prevista en la fase tres de la «Operación Cóndor» haya sido planificada para llevarse a cabo en Estados Unidos; sin embargo, no está fuera del reino de lo imposible que el reciente asesinato de Orlando Letelier en Washington haya sido perpetrado dentro del marco de la fase tres de la «Operación Cóndor». Como se menciona anteriormente, se ha dado especial énfasis a las acciones de la tercera fase de «Operación Cóndor» en Europa, específicamente en Francia y Portugal. Esta oficina se mantendrá alerta respecto de cualquier información que indique que el asesinato de Letelier pudiera formar parte de una acción de «Operación Cóndor».

Clasificado por 5931 XGDS – 2 indefinido

Administrativo – la fuente es el Dr. Arturo Horacio Poire, miembro del equipo especial argentino que posiblemente participe en la tercera fase de «Operación Cóndor».

La información sobre Cóndor era prácticamente idéntica a aquella recabada por la CIA en los meses previos al asesinato de Letelier: el banco de datos de inteligencia, el liderazgo de Chile, las operaciones conjuntas dentro de los países Cóndor, los equipos paralelos que separaban las funciones de vigilancia y «sanción» (asesinato), y las misiones secretas que se preparaban en Francia y Portugal. Sin embargo, Scherrer reportó esta información a la sede del FBI como si fuera totalmente nueva. En entrevistas del autor para el libro Assassination on Embassy Row, Scherrer insistió en que no tenía mayor información sobre Cóndor y, hasta donde él sabía, nadie en el gobierno de Estados Unidos conocía los planes de asesinato internacional de Cóndor antes del 21 de septiembre, el día del homicidio de Letelier. Insistió en que la CIA sabía de Cóndor solo como una organización relativamente inocua de intercambio de inteligencia sobre subversivos.

Sin embargo, nuevos documentos demuestran no solo que la CIA sabía todo sobre Cóndor tres meses antes del asesinato de Letelier, sino que informes sobre esta operación se habían enviado a la División de Inteligencia del FBI, unidad a la cual pertenecía Scherrer. Volveremos más adelante sobre la interrogante acerca de quién sabía qué y cuándo.

Lo que era inmediatamente importante sobre el informe de Scherrer en ese momento fue que ayudó a colocar el foco de la incipiente investigación en la Operación Cóndor y la DINA. Este era un caso internacional con graves implicancias de contrainteligencia y seguridad nacional; un posible acto terrorista perpetrado por un gobierno extranjero, probablemente ejecutado por una agencia de inteligencia extranjera con la posible ayuda de otros actores. Eso era territorio de la CIA.

El Departamento de Justicia se dio cuenta rápidamente de que un primer paso indispensable era asegurar la cooperación de la CIA en la investigación. Con ese propósito, una alta autoridad de esta entidad se reunió con el director de la CIA, George Bush, el 4 de octubre para solicitar ayuda. La revelación de Scherrer sobre Operación Cóndor fue un tema principal. A Bush se le informó que «el asesinato fue ejecutado de manera profesional (...) y bien pudo haber sido planeado por la DINA, o haber sido una operación CÓNDOR». Sobre la base de esta información, Bush aprobó la participación de la CIA en la investigación, como parte de sus «actividades de contrainteligencia en el extranjero».²⁹

Inmediatamente, la CIA entregó información de inteligencia que apuntaba a Pinochet en persona. En un «cable de información de inteligencia» del 6 de octubre, un funcionario en terreno, probablemente en Chile, informó que «[fuente tachada] cree que el gobierno chileno está directamente implicado en la muerte de Letelier y calcula que las investigaciones del incidente van a llegar a la misma conclusión. [La fuente] ha recalcado algunos comentarios emitidos por el presidente chileno, Augusto Pinochet Ugarte, quien había hecho comentarios en el sentido de que las críticas de Letelier al gobierno chileno eran ‘inaceptables’».³⁰

De hecho, el FBI ya había reunido una enorme cantidad de inteligencia de la CIA sobre Operación Cóndor. Mucha de esa información había sido entregada al FBI alrededor del tiempo en que fue descubierta por la CIA. El 5 de octubre, el supervisor de Scherrer en la División de Inteligencia, Roger Gastonguay, solicitó una búsqueda en los archivos del FBI de todos los registros relacionados a «Operación Cóndor». La búsqueda arrojó al menos veintitrés «Cables de Información de Inteligencia» de la CIA y otros documentos de junio, julio, agosto y septiembre de 1976 que revelaban el descubrimiento de Operación Cóndor por parte de la agencia estadounidense. Puedo reproducir esos documentos en este capítulo y el anterior porque todos ellos fueron desclasificados en abril de 2019. La mayoría de los informes de la CIA sobre Operación Cóndor están contenidos en carpetas desclasificadas por el FBI y todos tienen marcas que demuestran que fueron recibidos por la División de Inteligencia del FBI dentro de veinticuatro horas de su redacción por parte de la CIA.

Con la nueva atención del FBI y las interrogantes sobre Operación Cóndor, las altas autoridades del Departamento de Estado debieron enfrentar la potencialmente vergonzosa realidad de que Henry Kissinger había emitido una orden para intentar detener Operación Cóndor, pero que esa orden no había sido cumplida, y que el propio Kissinger la había revocado solo días antes de la muerte de Letelier.

También estaba el asunto del pedido del embajador Popper, quien solicitó orientación sobre cómo proceder en cuanto a confrontar al gobierno de Pinochet, una solicitud hecha el 24 de agosto y aún pendiente. Había un desastre y era necesario limpiarlo. Así que el 2 de octubre, sin referirse a la revocación de su orden, Kissinger reactivó su instrucción de entregar la démarche con respecto a Chile. Se debe recordar que el cable del secretario de Estado sobre la démarche fue enviado el 23 de agosto y que el embajador Popper respondió de inmediato, solicitando autorización para evitar encontrarse con Pinochet y dirigirse directamente a Manuel Contreras. Durante más de un mes, como hemos visto, Popper no obtuvo ninguna respuesta al respecto. Sí recibió la decisión de Kissinger del 20 de septiembre de no tomar «ninguna acción más». Como si esa decisión no hubiese existido, el 2 de octubre Shlaudeman respondió súbitamente vía Canal Roger a la pregunta de Popper de seis semanas antes:³¹

4 Oct 76

Redactado por ARA: H. W. Shlaudeman

De: Secretario de Estado Wash DC

Para: Embajada de Estados Unidos en Santiago Inmediato

Estado 246107

Canal Roger

Asunto: OPERACIÓN CÓNDOR

REFERENCIA: A) DEPARTAMENTO DE ESTADO 209192 [la «démarche» fechada el 23 de agosto] B) SANTIAGO 8210 [fecha 24 de agosto]

Estamos de acuerdo en que nuestro objetivo puede cumplirse de la mejor forma a través de un encuentro [del jefe de misión de la CIA] con Contreras y que el tema no, repito, no debería ser tocado con Pinochet. [El jefe de la misión de la CIA] recibirá instrucciones para que consulte con usted sobre la forma y la ocasión de este encuentro.

Kissingerx

La reunión con Contreras se realizó al día siguiente en Santiago. Shlaudeman informó a Kissinger algunos días después «sobre cómo se abordó al coronel Contreras, de acuerdo a sus instrucciones». Dijo que Contreras, como era esperable, negó haber tenido algo que ver con asesinatos. Shlaudeman adjuntó un memo de esa conversación con Contreras: (extractos)³²

Memorándum del Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Inter-Americanos (Shlaudeman) al Secretario de Estado Kissinger

Washington, 8 de octubre de 1976

Operación Cóndor

Adjunto:

1. [Oficial de la CIA]xi se reunió con Juan Manuel Contreras, de la DINA... y un asistente para conversar sobre Operación Cóndor.

2. [Ellos le transmitieron que el gobierno de Estados Unidos] está muy preocupado por información que ha recibido de varias fuentes sobre la formación de Operación Cóndor por parte de la DINA y sus contrapartes en el Cono Sur y Brasil. [El oficial de la CIA dijo] que de acuerdo a información fidedigna, la Operación Cóndor consistía de dos elementos: el intercambio de inteligencia sobre extremistas y la planificación de acciones ejecutivas — asesinatos— en contra de extremistas en Europa y en otras partes del extranjero. [El gobierno de Estados Unidos] está extremadamente preocupado de este último aspecto. Contreras dijo que sabía de nuestra preocupación.

3. Contreras dijo que nuestra información está distorsionada. La Operación Cóndor sí existe y tiene su sede en Santiago, pero su único propósito es el intercambio de inteligencia...

4. Contreras negó que Cóndor estuviera siquiera pensando en implementar acciones operativas, a pesar de que los extremistas están planificando y llevando a cabo tales acciones todo el tiempo ...

5. Contreras afirmó que la DINA tiene solo dos oficiales en el extranjero: un oficial de enlace en Brasil y otro en Argentina, y negó tener a otros oficiales en Europa o Washington. Según Contreras, el coronel Mario Jahn, exsubdirector de la DINA, volvió a la Fuerza Aérea antes de ser designado a Washington. Llegó en enero de 1976 para formar parte de la Junta Interamericana de Defensa.

La respuesta de Contreras fue predecible, y hubo un evidente tono cínico por ambos lados. Shlaudeman sin duda tenía claro que estaba actuando en una farsa al ejecutar una orden que sabía ya había sido cancelada por Kissinger. El oficial de la CIA sabía que estaba conversando con el principal sospechoso en el reciente asesinato en Washington. Y Contreras ya sabía que Estados Unidos conocía los detalles sobre los planes de Cóndor y ofreció una versión para encubrirlos que fue, de hecho, adoptada por algunas autoridades estadounidenses —que Cóndor solo se dedicaba al intercambio de inteligencia—. Y, finalmente, no hay indicio alguno en el registro documental de que en esa reunión se mencionara alguna vez a Orlando Letelier o Ronni Moffitt.

Un crimen resuelto pero no prevenido

Les tomó solo dieciocho meses a los investigadores del FBI recabar la evidencia que resolvió el crimen. Como hemos visto, mucha evidencia relevante ya estaba en los archivos del FBI y la CIA. La investigación tomó vuelo cuando comenzaron a centrarse en las fotos de los pasaportes paraguayos de los agentes de la DINA Townley y Fernández Larios; es decir, el segundo flujo de información (el Flujo Paraguay) que el embajador George Landau había mandado a la CIA y al Departamento de Estado varias semanas antes del asesinato.

El desenlace ocurrió en marzo de 1978. Los agentes del FBI Carter Cornick y Robert Scherrer, junto con el fiscal adjunto Eugene Propper, quien había dirigido la investigación, llegaron a Chile para depositar el caso del asesinato a los pies de Pinochet. Llevaron las dos copias de las fotos de los pasaportes paraguayos y presentaron exhortos oficiales al gobierno chileno, exigiendo entrevistar a los dos hombres en las fotos, que solo sabían era agentes militares chilenos con los nombres falsos de Juan Williams y Alejandro Romeral. Estas fotos habían sido filtradas a la prensa en Washington D.C. y publicadas en El Mercurio, el principal diario chileno. En solo horas Townley ya había sido identificado y poco después también lo fue Fernández Larios. Bajo enorme presión de un grupo significativo de los principales generales y simpatizantes civiles, Pinochet aceptó entregar a Townley al FBI. Este viajó bajo su custodia a Washington y pronto comenzó a contar todo lo que sabía, como un testigo colaborador, sobre la misión para matar a Letelier.

Luego siguieron los procesamientos, en los que se acusó a tres oficiales de la DINA —Contreras, Espinoza y Fernández Larios— y a tres exiliados cubanos como cómplices de asesinato. Los documentos de procesamiento (indictments), espectacularmente, identificaron a un organismo del gobierno militar chileno como el responsable de haber cometido un acto de terrorismo internacional en la capital de Estados Unidos, cuyo gobierno había sido el más ferviente defensor de Pinochet. Chile se negó a extraditar a los tres oficiales, lo cual deterioró las relaciones diplomáticas.

Esa historia está contada en otra parte. La investigación sobre la muerte de Letelier está descrita con todos los detalles disponibles en ese tiempo en mi libro, escrito con Saul Landau y publicado en 1980, Asesinato en Washington. En un capítulo, abordamos el descubrimiento de la Operación Cóndor por parte del FBI y su relación con el asesinato de Letelier. Pero el libro contiene un error: basándonos en nuestras fuentes en el FBI y en el Departamento de Justicia, afirmamos que el gobierno de Estados Unidos no sabía nada sobre los planes de asesinato de Operación Cóndor sino hasta después de la muerte de Letelier, cuando Robert Scherrer envió su cable del 28 de septiembre.

Fuimos engañados. Ahora sabemos, como se ha demostrado abundantemente en este libro, que eso no era cierto. Los informes de la CIA y especialmente las instrucciones de Kissinger sobre la démarche demuestran no solo conocimiento previo, sino también un alto grado de preocupación sobre las intenciones homicidas de Cóndor. Estos documentos fueron mantenidos en secreto durante décadas, hasta que fueron desclasificados por orden del presidente Clinton en 1999, y un registro más completo aún fue revelado en 2019. Esos documentos forman la base de las revelaciones de este libro.

El foco aquí es la revelación de la oportunidad perdida para impedir las muertes de Orlando Letelier y Ronni Moffitt. Como hemos documentado, las autoridades de gobierno de Estados Unidos sabían no solo que Chile estaba involucrado en la Operación Cóndor, sino también que intentaba enviar agentes de la DINA con pasaportes falsos al territorio estadounidense alrededor del periodo de los asesinatos en Washington. No se puede saber con certeza si Pinochet y Contreras hubiesen cancelado la operación si el embajador Popper los hubiera confrontado antes de que se llevara a cabo, como ordenaba el cable sobre la démarche. Eso se conoce como «contrafáctico».

Pero hay poca duda de que la revelación pública de la orden de démarche de Kissinger y el fracaso en cumplirla sino hasta después del asesinato habría suscitado interrogantes extremadamente embarazosas. Y por eso fue encubierta durante tanto tiempo. Las acciones que tomó el equipo de Kissinger en los días posteriores al crimen son evidencia de que estaban conscientes de su responsabilidad en un fallo desastroso y por consiguiente tomaron medidas para encubrirlo. Ese encubrimiento duró veintisiete años. Fue aparentemente orquestado por el Departamento de Estado, cuyo líder, Henry Kissinger, y sus principales encargados de América Latina eran los implicados más directos en ese fracaso. Ese encubrimiento fue secundado incluso por oficiales del FBI y del Departamento de Justicia, quienes conocían toda la historia sobre la Operación Cóndor y no la revelaron —o no se les permitió hacerlo— en el momento en que mayor atención pública tuvo el caso a comienzos de los ochenta.

En 2001 el autor preguntó al exsubsecretario Shlaudeman sobre estos hechos, revelados en los documentos desclasificados. En la correspondencia, Shlaudeman tilda de «especulativo» el argumento presentado en estas páginas. Pero agrega: «Sencillamente no recuerdo el asunto Cóndor y no tengo idea qué fue lo que retrasó el telegrama enviado a Popper. (...) Por mi parte, no tengo dudas de que, démarche o no démarche, los agentes de Contreras hubieran seguido adelante y hubieran asesinado a Letelier». Shlaudeman se rehusó a extenderse sobre las razones para llegar a dicha conclusión.

Otros funcionarios sí recordaron y se mostraron afectados por haber perdido la oportunidad de actuar. Charles Bertram Dickens, miembro de la CIA, se había desempeñado como jefe de misión en Paraguay hasta 1973. En años subsiguientes se encontraba trabajando en el cuartel central de la Agencia en Langley, Virginia, y comentó el tráfico de cables referidos a la Operación Cóndor y a los pasaportes paraguayos con el funcionario del FBI Robert Scherrer. Según este último, Dickens dijo que había prestado atención al tráfico de telegramas desde semanas antes del asesinato y que estaba «consternado por la forma en que se estaban manejando los telegramas». La CIA debió haber hecho algo, pero no lo hizo. «Deberíamos haber llamado la atención de los chilenos, deberíamos haber dicho: ‘Oiga, si le pasa algo a cualquiera [con conexiones] en Chile, los vamos a responsabilizar a ustedes’».³³

Otro funcionario estadounidense también se refirió a las devastadoras consecuencias de la estropeada démarche de la Operación Cóndor. Se trata de Hewson Ryan, secretario adjunto de Shlaudeman, quien estuvo presente en las reuniones sobre la Operación Cóndor y participó en las decisiones que condujeron a la démarche. Habló del episodio como parte de una entrevista de historia oral del Departamento de Estado en 1988, pocos años antes de morir. Hizo este comentario:³⁴

«Creo que, en algunos aspectos, hemos sido negligentes. Conozco un caso, que nunca llegó a la opinión pública, que ilustra que sabíamos con bastante anticipación que los gobiernos de los países del Cono Sur estaban planeando algunos asesinatos en el extranjero durante el verano [boreal] de 1976, o que al menos estaban hablando de ello. Yo me desempeñaba como secretario adjunto e intenté que el séptimo piso autorizara un cable con instrucciones para nuestros embajadores, para que se dirigieran a los jefes de Estado, o al funcionario de mayor jerarquía dentro de cada gobierno, para hacerles saber que estábamos al tanto de dichas conversaciones y para advertirles que era una violación de los derechos básicos de toda sociedad civilizada. Desafortunadamente, el cable nunca fue enviadoxii y cerca de un mes después el exembajador chileno Letelier era asesinado en las calles de Washington. Si hubo relación directa o no, lo desconozco. Desconozco si hubiéramos podido prevenir esto de haber intervenido. Pero no lo hicimos.

Fuimos extremadamente reticentes ante la posibilidad de tomar una fuerte y decidida postura pública al respecto, y aun una postura privada en ciertos casos, como en el asesinato del chileno».

Robert Scherrer también expresó su consternación por no haber tomado medidas basadas en la información de inteligencia de las agencias estadounidenses. En una intervención sobre el caso en 1989, señaló: «Lamento que el FBI no haya hecho nada, pero nadie nos dijo... Lo podrían haber hecho... Deberían haberlo hecho... Fue pura incompetencia». Extendió sus disculpas a los familiares de las víctimas, quienes estaban presentes en su audiencia.³⁵

Aunque los documentos que demuestran conocimiento previo de Estados Unidos sobre la Operación Cóndor se están haciendo públicos recién ahora, siempre estuvieron disponibles para el FBI y para los fiscales en el Departamento de Justicia, quienes condujeron la investigación que llevó a los procesamientos en 1978. Todos esos oficiales tenían plena autorización para ver material clasificado relevante al caso. Esos funcionarios —tal vez obligados a proteger secretos aún clasificados— también siguieron ocultando los hechos sobre el descubrimiento de Cóndor por parte de la CIA, y la decisión estratégica de Kissinger de cancelar la démarche. El fiscal Propper escribió su propio libro sobre el caso, Labyrinth (con Taylor Branch), publicado en 1982. En él, minimiza el rol de Cóndor en el asesinato y presenta una versión no solo incompleta sino engañosa de la información sobre Cóndor en manos de las autoridades estadounidenses antes del asesinato. En su libro, Propper da la impresión de que la CIA ignoraba aquellos planes de asesinato: «La misión de la CIA en Buenos Aires había informado previamente algo similar sobre la Operación Cóndor como una operación de inteligencia. Pero la CIA no había mencionado asesinatos». (Esto, como se mencionó más arriba, coincidía con la versión inocua sugerida por Manuel Contreras en su conversación con el oficial de la CIA en octubre de 1976: básicamente que la Operación Cóndor solo era para intercambiar inteligencia).

En una entrevista con el autor, Propper dijo que no podía hablar sobre lo que sabía de las acciones de la CIA. Pero su desestimación de la importancia de Cóndor fue enfática:

No podemos entregar material clasificado, ni siquiera en mi libro. Si lo hiciera, terminaría en prisión. Scherrer supo [sobre Operación Cóndor] y tendió a confirmar lo que ya sabíamos —que las dictaduras de derecha en el Cono Sur eliminan a personas—. Por lo tanto, era irrelevante. Saber sobre Cóndor amplió el rango de nuestra investigación,en lugar de ayudar a delimitarla.Así que la información sobre Cóndor no fue de ninguna ayuda.

No quiero cuestionar los destacados logros de Propper en investigar la muerte de Letelier y establecer la responsabilidad del gobierno militar chileno en el crimen. Pero debo ser explícito al señalar la falsedad de sus escritos respecto de su conocimiento de Cóndor. De hecho, Propper había sido plenamente informado sobre los informes de la CIA acerca de Cóndor. Sabía que no era cierto cuando escribió que la CIA solo supo del intercambio de inteligencia de Cóndor, y que no estaba en conocimiento de sus planes de asesinatos internacionales antes de la muerte de Letelier. Tuvo acceso ya en 1978 a todos los documentos de la CIA citados en este libro.

La evidencia irrefutable de esto está contenida en un documento desclasificado de la CIA del 22 de agosto de 1978, titulado «Material de Lectura Clasificado sobre ‘Cóndor’ para el embajador Landau y el Sr. Propper». Uno de los documentos proporcionados a Propper fue un memo de tres páginas, «Una breve mirada a ‘Operación Cóndor’». Esto es lo que la CIA le dijo a Propper en agosto de 1978:³⁶

1. El tema básico de la reunión [de los miembros de Cóndor a comienzos de junio de 1976] fue la cooperación de largo alcance entre los servicios de países participantes, pero [que] iba mucho más allá del intercambio de información ...

2. Para julio de 1976, la Agencia [CIA] estaba recibiendo información de que los países Cóndor planeaban participar en «acción ejecutiva» fuera del territorio de los países miembros en contra de los líderes de grupos terroristas que vivían en el extranjero. Esto último incluía a miembros de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR). ...

Es cierto, la información de la CIA seguía siendo clasificada, así que Propper estaba impedido de hablar sobre ella públicamente. No obstante, al negar la relevancia de la información sobre Cóndor para su investigación, y plantear en su libro una versión incorrecta como si fuera un hecho, Propper se hizo parte del esfuerzo de evitar hacer público los embarazosos detalles sobre el conocimiento previo que tenían la CIA y el Departamento de Estado sobre los planes de asesinatos internacionales antes del homicidio de Letelier en Washington. En efecto, participó en un encubrimiento, gracias a lo cual durante décadas el gobierno de Estados Unidos no tuvo que enfrentar el tema sobre su conocimiento previo de la Operación Cóndor. Nunca tuvo que abordar en serio la pregunta acerca de si podría haber utilizado ese conocimiento en su poder para prevenir el asesinato de Letelier y Moffitt.

Capítulo 12

KISSINGER Y EL «PROBLEMA TERRORISTA»

EN ARGENTINA

[El canciller] Guzzetti viajó a Estados Unidos con la total certeza de que lo recibiría una serie de advertencias firmes, enérgicas y directas sobre las prácticas de su Gob. en relación con los derechos humanos. En cambio, ha regresado jubiloso, convencido de que no existe ningún problema de fondo con Estados Unidos por esta cuestión.

Embajador Hill en un cable

donde critica a Kissinger

Cada vez se oye más y más sobre la «Operación Cóndor» en el Cono Sur. Oficiales que hasta el momento no habían abierto la boca han comenzado a hablar sin disimulo sobre el tema. Uno de los comentarios favoritos sobre alguno de sus colegas es que «está fuera del país porque está volando como un cóndor».

Informe de la agencia de

inteligencia de defensa (DIA)

Constituye un error suponer una conspiración nefasta en el Departamento de Estado para alentar a las dictaduras a cometer violaciones a los derechos humanos, y que la multitud de telegramas en el sentido contrario era una especie de alambicada invención. En realidad, ambos tipos de mensajes eran auténticos, tanto los que daban vía libre a los abusos (la luz verde) como los que intentaban ponerle freno (la luz roja). Aquellos que creen, por ideología o por cinismo, que no hubo esfuerzos sinceros por parte de diplomáticos norteamericanos para alentar el respeto por los derechos humanos durante esta época en que reinó el terror, lo hacen desafiando los numerosos y evidentes registros que hoy tenemos a nuestra disposición. Una condena tan simple extravía el sentido profundo de la historia, con un significado mucho más perturbador para la actual política de Estados Unidos en lo referente a las guerras contemporáneas contra el terrorismo. Pues si hay una conclusión clara de la actitud estadounidense durante los años del Cóndor, es esta: los dictadores no captan los dobles mensajes morales sobre derechos humanos con la sutileza que espera el emisor, sin importar qué tan cuidadosamente se haya armado el mensaje. Este se interpretará como un confuso pero unidimensional respaldo a las tácticas brutales que ya han comenzado a implementar nuestros poco sutiles aliados.

En ocasiones, la luz roja proviene de un organismo y la luz verde de otro, tal como sucedía a veces con el Departamento de Estado y la CIA. En otras es un funcionario quien da vía libre a la vez que otro intenta poner freno, tal como ocurria con los distintos embajadores en los países miembros de la Operación Cóndor: con Siracusa y Stedman en Montevideo y en La Paz, que tendían a dar luz verde a los dictadores, mientras que Landau y Hill en Paraguay y Argentina intentaban encender la luz roja.

En demasiadas ocasiones, el visto bueno y la condena conviven en el mismo documento, o provienen del mismo funcionario. Un ejemplo es el telegrama sobre Cóndor enviado un mes antes del asesinato de Letelier. A pesar de que intentaba frenar los planes de asesinato en Europa que se sabía ya estaban en marcha, desplegaba un gran esfuerzo para enfatizar la comprensión y el respaldo de Estados Unidos a los objetivos de la lucha antiterrorista. De la misma manera, el informe del embajador David Popper desde Chile combinaba críticas a las violaciones a los derechos humanos con la condena a la extrema izquierda. Pero Popper se estremecía ante la idea de confrontar a Pinochet con una clara advertencia sobre la Operación Cóndor. En vez de tomar medidas decisivas, buscó la manera de lograr un compromiso que no ofendiera al general. En Washington, los funcionarios titubearon sobre nimiedades y, finalmente, perdieron la oportunidad de frenar Cóndor.

Hay una manera simple de ver este doble estándar moral respecto de Cóndor y la represión en general por parte de altas autoridades estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos estaba seriamente preocupado por las actividades de asesinatos de Cóndor en Europa e intentó detenerlas; la coordinación de este al interior de los países miembros, incluso los asesinatos y la tortura, se consideraba generalmente necesaria para poner freno al terrorismo de izquierda. Se observaba mientras sucedía, se analizaba y era objeto de detallados informes de inteligencia, pero pocas voces oficiales de Estados Unidos verbalizaron su rechazo.

Sería ingenuo suponer que el gobierno de Estados Unidos tenía el poder por sí solo de impedir que los gobiernos militares del Cóndor asesinasen y torturasen a sus ciudadanos en su propio territorio, aun si ello hubiera sido un inequívoco objetivo político. De la misma manera, el hecho de no haber enviado un claro mensaje a Chile no fue la causa del acto terrorista que se perpetró en suelo norteamericano. Pero ciertamente era responsabilidad de los funcionarios estadounidenses intentar detener o limitar la matanza sistemática que se estaba practicando, cuando se tuvo la oportunidad. En este capítulo, nuestra investigación revelará casos en que sucedió exactamente lo contrario. En el primero, el secretario de Estado Kissinger directamente boicoteó los esfuerzos en favor de los derechos humanos de su embajador en Argentina. En el segundo, un grupo de organismos de inteligencia de Estados Unidos trató un centro de tortura del sistema Cóndor no como una afrenta criminal, sino como una mina de la cual extraer información de inteligencia sobre Cuba.

Las aprensiones de un embajador

El embajador Robert Hill no tenía grandes probabilidades de transformarse en un paladín de los derechos humanos. Por matrimonio, pasó a formar parte de la increíblemente rica familia de W.R. Grace, cuyas vastas inversiones y desenfadadas manipulaciones del poder político en América Latina la habían convertido en el estereotipo del imperialismo yanqui para los latinoamericanos. Activista y militante republicano, se había desempeñado como congresista y trabajado en diversos puestos políticos en los Departamentos de Estado y Defensa para los gobiernos de Nixon y Ford. Como embajador en España, era conocido por ser un inveterado defensor del «Generalísimo» Franco.

Sin embargo, en 1976, a medida que Argentina se hundía en la violencia, la reacción del embajador Hill no respondía a su ideología anticomunista o sus instintos proinversionistas, sino a la mera indignación moral ante las pruebas cada vez más numerosas de los asesinatos en masa. Cuando se produjo el golpe militar en marzo, Hill ya había mantenido conversaciones con los líderes golpistas y se había sentido alentado por las promesas de que el nuevo gobierno no cometería las atrocidades de Pinochet. De hecho, durante las primeras semanas pareció ser así, y los esporádicos asesinatos eran imputados a escuadrones de la muerte que no estaban bajo el control de la Junta Militar. En consonancia con la política oficial de Estados Unidos, Hill apoyó los objetivos militares de restaurar el orden y derrotar al «terrorismo de izquierda».

Sin embargo, ni los observadores de derechos humanos ni la inteligencia de Estados Unidos eran conscientes de que los militares, durante los meses previos al golpe, habían reorganizado su sistema de inteligencia a nivel nacional y ya habían comenzado un programa de exterminio secreto de cientos de presuntos enemigos (ver capítulo 9). Y pasarían varios meses antes de que se descubriera la magnitud de los asesinatos en masa. Así las cosas, los acontecimientos que hicieron añicos la ilusión de una Junta Militar «moderada» en Argentina fueron otros: los asesinatos de los líderes uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, seguidos por el del expresidente de Bolivia Juan José Torres, crímenes que hoy sabemos estaban vinculados a la Operación Cóndor.

Hill telegrafió al Departamento de Estado a fines de mayo, diciendo: «ha llegado el momento de una démarche al más alto nivel». Con ello quería llamar la atención sobre el agravamiento de la represión. Fue autorizado a pedir una reunión urgente con el nuevo canciller, el almirante César Guzzetti, en la que le transmitió un enérgico mensaje de preocupación de su gobierno. Los asesinos de Michelini, Gutiérrez y otros, dijo Hill, «parecen moverse con impunidad, y la opinión generalizada es que están vinculados con las fuerzas de seguridad argentinas. Sea o no cierto, su actividad continua solo puede dañar al GOA y consternar a los amigos de Argentina en el exterior».¹

Los asesinatos siguieron aumentando, a pesar de las airadas exhortaciones de Hill. En un encuentro posterior con Guzzetti, el embajador tuvo la leve sospecha de que su encendida defensa de los derechos humanos podría estar siendo minada por un mensaje diferente, enviado desde Washington aun antes de que él pronunciara una palabra. En la reunión del 17 de septiembre, Hill mencionó el asesinato de un grupo de sacerdotes, ocurrido algunas semanas antes, y el descubrimiento de una pila de cuerpos de presuntos guerrilleros en la localidad de Pilar, al norte de Buenos Aires. Pero el canciller Guzzetti pareció descartar las preocupaciones de Hill, según el cable que este enviara a Washington:²

El ministro de relaciones exteriores dijo que el GOA [gobierno de Argentina] ha estado un tanto sorprendido por las indicaciones de tan profunda preocupación por parte del USG [gobierno de Estados Unidos] respecto de la situación de los derechos humanos en Argentina. Cuando se entrevistó con el sec. de estado Kissinger en Santiago, éste había dicho que «esperaba que el gob. Argentino pudiera controlar el problema del terrorismo tan pronto como fuera posible». Guzzetti agregó que informó de esto al presidente Videla y al gabinete, y que ellos tenían la impresión de que la mayor preocupación del USG no eran los derechos humanos sino que el GOA «terminase con esto tan pronto como fuera posible».

Hill dijo que él intentó explicar que el secretario Kissinger seguramente no había querido promover la insensibilidad hacia los derechos humanos, y que «asesinar sacerdotes y tirar cuarenta y siete cuerpos a la calle en un día no podría justificarse como una manera rápida de vencer el terrorismo. (...) lo que el USG esperaba era que el GOA pudiera vencer pronto al terrorismo, sí. Pero respetando la ley, hasta donde fuera posible. Yo añadí que cualquier otro significado que pudiera derivarse de los comentarios del Secretario era, estaba seguro, una mala interpretación».

El embajador tenía la esperanza de haber aclarado los puntos que pensaba que Guzzetti había malinterpretado de su conversación con Kissinger en Santiago. Pronto habría otra oportunidad de hacer llegar el mensaje. Guzzetti comentó que viajaría a Washington en octubre y Hill contribuyó a organizarle una serie de encuentros con funcionarios de alto nivel, incluyendo reuniones separadas con Kissinger y el vicepresidente Nelson Rockefeller. El tema de los derechos humanos estaría entre los más importantes puntos de discusión.

Sin embargo, cuando Guzzetti volvió de Washington, Hill se enteró de que no había sucedido nada de lo esperado. Lejos de parecer aleccionado, el almirante Guzzetti estaba «eufórico» y, cuando se encontró con Hill, lo saludó con un efusivo y poco frecuente abrazo. Las reuniones habían sido un rotundo éxito y Guzzetti ya le había enviado un entusiasta informe al presidente Videla. Apenas había recibido críticas sobre los derechos humanos; en cambio, la actitud imperante era de «consenso (...) para poner fin al problema del terrorismo tan pronto como sea posible». Y según él, Rockefeller le dijo: «Terminen rápido con el problema del terrorismo. (...) Estados Unidos quiere una Argentina fuerte y quiere cooperar con el GOA».

De Kissinger comentó: «El Secretario había reiterado los consejos que le había dado en Santiago, había enfatizado que Argentina debía ‘tener cuidado’, y agregado que si se pusiera punto final al problema del terrorismo para diciembre o enero, él pensaba que se podrían evitar problemas graves en Estados Unidos». Esta recepción tan entusiasta «había superado todas sus expectativas». Guzzetti «valoró que los altos funcionarios de nuestro gobierno ‘comprendan el problema argentino y nos apoyen durante este difícil trance’».

El embajador Hill despachó un informe sobre estas conversaciones el 19 de octubre, en un extenso telegrama en el que apenas puede contener su enojo:

Guzzetti viajó a Estados Unidos con la total certeza de que lo recibiría una serie de advertencias firmes, enérgicas, directas, sobre las prácticas de su gob.

En relación con los derechos humanos. En cambio, ha regresado jubiloso, convencido de que no existe ningún problema de fondo con Estados Unidos por esta cuestión. Basándose en lo que sin duda Guzzetti ha informado al GOA, éste ahora seguramente cree que, si tiene algún problema con Estados Unidos referido a los derechos humanos, se limita a ciertos miembros del Congreso y a lo que considera como minorías tendenciosas y/o mal informadas dentro de la opinión pública. Mientras esta convicción siga vigente, sería ilusorio e ineficaz que esta embajada eleve quejas formales ante el GOA sobre violaciones a los derechos humanos. Hill.³

El iracundo telegrama de Hill es un ejemplo insólito de un embajador que se atreve a criticar al secretario de Estado Kissinger en una comunicación oficial, y su atrevimiento no pasó inadvertido en Washington. El subsecretario Shlaudeman llevó el asunto ante Kissinger a las pocas horas. «Bob Hill ha dejado constancia oficial de su preocupación por los derechos humanos en una amarga queja sobre nuestro supuesto fracaso a la hora de transmitirle al ministro Guzzetti nuestra intensa preocupación sobre la violencia de la extrema derecha en Argentina», escribió a Kissinger. «Propongo contestarle para dejar constancia».

Kissinger aprobó la respuesta de Shlaudeman a Hill, que comienza así:

Al igual que en otras circunstancias en las que sin duda usted se habrá visto durante su carrera diplomática, Guzzetti escuchó sólo lo que quería escuchar. Se le transmitió en detalle la indignada reacción de la opinión pública al conocerse los informes sobre abusos por parte de las fuerzas de seguridad. (...) La interpretación de Guzzetti corre estrictamente por cuenta de él.⁴

La aclaración de Shlaudeman, sin embargo, hacía referencia explícita solamente a su propio encuentro con Guzzetti. Su telegrama no cuestiona la versión del argentino sobre los comentarios atribuidos a Kissinger y a Rockefeller. Shlaudeman parecía estar lavándose las manos.i

«En cualquier caso, usted y nosotros lo hemos hecho lo mejor que pudimos. Dadas las circunstancias, concuerdo en que los argentinos tendrán que tomar sus propias decisiones y que en este punto no tendría sentido transmitirles mayores exhortaciones ni peroratas generalizadas».

La futilidad de las exhortaciones del embajador no podría haber sido más evidente a medida que las atrocidades cometidas por los militares argentinos aumentaban a fines de 1976. El Departamento de Estado, bajo la égida de Kissinger, estaba dando luz roja y luz verde al mismo tiempo, y la luz verde provenía de un alto funcionario, el mismo Kissinger. Hill describe un encuentro «desalentador» con el presidente Videla varias semanas antes, en el que el presidente argentino recalcó el carácter de subordinados de los funcionarios de la embajada. Videla repitió la versión de Guzzetti sobre la amistosa visita a Kissinger y la contrastó con la actitud insistente del diplomático en el tema de la represión. Y añadió, según Hill, que «él tenía la impresión de que los altos funcionarios del USG comprendían la situación que enfrenta su gobierno, pero los burócratas de menor rango no».

Si quedaba alguna duda acerca de la verdadera opinión de Kissinger sobre la guerra contra el terrorismo que se libraba en Argentina, se despejó luego de que el secretario de Estado dejara su cargo y fuera cálidamente recibido por la Junta durante una visita privada en 1978. Según un telegrama enviado por el nuevo embajador, Raúl Castro, Kissinger se reunió a solas con Videla para ofrecerle sugerencias con vistas a mejorar las relaciones con el gobierno del presidente Jimmy Carter, quien había puesto un énfasis sin precedentes en los derechos humanos. En encuentros abiertos con argentinos destacados, Kissinger alabó generosamente al gobierno de Videla. «Opinó [que] el GOA había hecho una labor excelente de limpieza de las fuerzas terroristas. Pero también advirtió que los métodos utilizados para combatir al terrorismo no debían perpetuarse».

Efectivamente, los líderes militares argentinos habían seguido la receta de Kissinger para una rápida e intensiva victoria en la guerra contra el terrorismo. El gobierno se había movido a toda velocidad. Roberto Santucho y la cúpula del ERP fueron aniquilados en un ataque en julio. Hacia fines de 1976, el ERP había sido eliminado como fuerza guerrillera, y los Montoneros, aunque menos golpeados, estaban huyendo del país. Más de cuatro mil personas habían desaparecido en la red militar de centros clandestinos de tortura. Otras mil fueron asesinadas en operativos militares que dejaron tras de sí los restos, por lo que los cuerpos pudieron ser identificados. Sin embargo, y de modo nada sorprendente, los militares argentinos ignoraron el consejo de Kissinger de cambiar sus «métodos» una vez que hubieran ganado la guerra. Los asesinatos en masa continuaron en secreto durante 1977 y 1978, arrojando 3870 desapariciones más, según las conservadoras cifras de la Comisión Sábato, y las desapariciones no cesaron hasta que los militares dejaron el poder en 1983.

La Central de Reunión de Información

La ofensiva coordinada de la Operación Cóndor contra los grupos izquierdistas extranjeros que todavía permanecían en Argentina alcanzó su máxima intensidad en el periodo comprendido entre junio y octubre de 1976. Las operaciones militares para recabar inteligencia a nivel nacional e internacional se habían centralizado en la denominada «Central de Reunión de Información» del Batallón de Inteligencia 601 de la Segunda Jefatura del Estado Mayor General del Ejército. La información extraída de los interrogatorios a detenidos en todo el país y de Cóndor era enviada inmediatamente a analistas en esta Central en Buenos Aires. Desde ahí se distribuía a las cinco unidades operativas —los Grupos de Tarea 1 a 5, de acuerdo a las organizaciones «subversivas» que perseguían—. Las unidades más importantes, el GT-1 y el GT-2, iban tras el ERP y Montoneros, ubicadas en el Batallón 601 y en la sede de Seguridad Federal, respectivamente. Otras dos unidades operadas por la Marina y la Aeronáutica, el GT-3 y el GT-4, se repartían la persecución de las demás «organizaciones politico-militar» (OPM).

La Operación Cóndor funcionó desde el quinto grupo, el GT-5, bajo el mando del jefe de contrainteligencia de la SIDE, el teniente coronel Juan Ramón Nieto Moreno. La existencia del GT-5 fue descubierta hace apenas unos años por investigadores del juicio Cóndor en Argentina.⁵

Había un quinto equipo que se dedicaba a la parte externa de la subversión —Tupamaros, MIR chileno, etc.— con lugar físico en la SIDE.

Sobre este último, se pudo establecer que su objetivo era la investigación y detección de miembros relacionados con la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR y las conexiones de las organizaciones político-militares (OPM) nacionales con el exterior. Es decir, el enfoque estaba puesto en las relaciones internacionales).

La Central de Reunión y los GT que la integraban, además de la labor de reunión de información (investigación), procedían a la ejecución de operaciones (detenciones).

Además de llevar a cabo las operaciones argentinas en contra de extranjeros, el GT-5 se convirtió en la sede física de los representantes de otros países Cóndor. La Secretaría de Inteligencia del Estado había sido el organismo de enlace oficial de Argentina con Cóndor desde sus inicios y había representado a Argentina en todas las reuniones. El jefe de la SIDE era el general Otto Paladino, íntimo amigo del coronel Contreras. En fecha no determinada después del golpe militar en Argentina, el cuartel central de Cóndor se trasladó desde Santiago a Buenos Aires, y Paladino reemplazó a Contreras como director de la alianza Cóndor. La nueva sede, llamada Base de Avanzada y Coordinación (Forward Command and Coordination Office), se instaló, como ya mencionamos, en un edificio de la SIDE en calle Billinghurst 2457-2465, cerca de avenida Las Heras. El inmueble de tres pisos del barrio San Telmo lucía solido y respetable hacia la calle, con dos balcones en la segunda planta y una amplia entrada de auto cerrada con cortina metálica. Adentro había espacio para estacionar una docena de vehículos bajo un techo-galpón fabricado en metal. El espacio se extendía ciento cincuenta metros hasta la calle paralela, cuya dirección era Sánchez de Bustamante 2496.⁶ La base de la SIDE incluía las oficinas de los tenientes coroneles Nieto Moreno, de contrainteligencia, y Rubén Visuara, jefe de la unidad operativa OT-1.

Los delegados de Chile y Uruguay para las operaciones de Cóndor en Argentina —Christoph Willeke y José Nino Gavazzo, respectivamente— tenían allí sus oficinas. La inteligencia que llegaba a la sede, incluyendo la información y las solicitudes transmitidas por Condortel, era procesada y convertida en órdenes de allanamiento y secuestros. Unidades operativas, que a menudo integraban agentes extranjeros, eran despachadas a las calles para ejecutar tales órdenes.ii

En este álgido periodo, la mayoría de los detenidos en el marco de Cóndor era trasladada a un insulso edificio con una gran puerta de metal en calle Venancio Flores 3500, en el muy de clase media barrio de Floresta. Un desgastado cartel que rezaba AUTOMOTORES S.A. era un recordatorio de las épocas en que allí funcionaba un taller de reparación de automóviles. La SIDE había ocupado el edificio en mayo para convertirlo en un centro clandestino de detención. Era el lugar de interrogatorios más importante de las fuerzas de inteligencia extranjeras que trabajaban en Argentina como socias de la Operación Cóndor.

Se ha conocido universalmente como Automotores Orlettiiii en los círculos de derechos humanos y judiciales, aunque el apellido del antiguo dueño del taller era Cortel. Para la SIDE, el centro se llamaba «El Jardín»; lo dirigía un empleado civil con antecedentes criminales, Aníbal Gordon, y el personal consistía en un escuadrón de civiles y militares conocido como «la banda de Gordon» o «la pandilla». Su denominación oficial era OT-18 (Operaciones Tácticas 18 o 1.8), y formaba parte de la OT-1, bajo el mando del teniente coronel Visuara. Orletti (o «El Jardín») además se distinguía por otro aspecto: de los cientos de prisioneros que fueron interrogados allí, solo sobrevivieron unos pocos.

Las fuerzas de seguridad que utilizaban este centro mantenían a los prisioneros en el primer piso, en los espacios donde antaño solía cambiarse el aceite y revisarse el motor de los automóviles. Todavía quedaban en el lugar algunas carrocerías viejas. Las torturas y los interrogatorios se realizaban en las salas de la planta alta, donde Gordon y los interrogadores militares tenían sus oficinas. Durante el día, desde sus hediondas celdas y desde los cuartos de interrogación, los prisioneros podían oír el sonido de una campana y a niños jugando: al otro lado de los muros había una escuela primaria.

Cóndor informa a la CIA

Orletti como centro clandestino de detención de las víctimas de la Operación Cóndor es el escenario de nuestra primera historia. En abril, como hemos visto, un comando conjunto de chilenos y argentinos golpeó fuerte a la JCR y al MIR. Capturó a Edgardo Enríquez, líder emblemático de este último y su representante en la JCR, y a varios chilenos que colaboraban con él en Argentina (ver capítulo 9). Su sucesor en ambas organizaciones fue una persona de perfil mucho más bajo. De treinta y un años de edad, Patricio Biedma había sido la mano derecha de Enríquez en Argentina y representaba al MIR en el politburó de la JCR cuando Enríquez estaba fuera del país. En la clandestinidad su identidad de militante era Nico. Estuvo presente, junto a Enríquez, en la reunión del PRT-ERP del 28 y 29 de marzo, y logró escapar cuando el recinto fue allanado. Cuando cayó Enríquez, se dio cuenta de que el trabajo político del MIR y la JCR ya no era viable en Argentina. Entre sus funciones principales desde ese momento estuvo la de organizar la huida de los miembros del MIR que aún permanecían en este país.

Nacido en Argentina, aunque pasó casi toda su vida en Chile, Biedma estaba a cargo del movimiento de dinero y mensajes desde y hacia Chile. Agotadas las arcas de guerra de la JCR, los militantes clandestinos chilenos, uruguayos, e incluso los argentinos de la JCR, tenían serios problemas de dinero. Y este era clave para obtener los pasajes aéreos, las visas y los documentos falsos para escapar del cerco cada vez más estrecho de la ofensiva militar y la cada vez más efectiva Operación Cóndor. Biedma y algunos de los uruguayos recurrieron a los cubanos en busca de ayuda.

Gran parte de lo que sabemos sobre los acontecimientos siguientes proviene de informes detallados sobre los cubanos, elaborados por agentes de la CIA y el FBI, particularmente Scherrer en Buenos Aires. Fuentes ubicadas en altas esferas del aparato de inteligencia argentino, incluyendo al coronel Valín y otros ya mencionados en estas páginas, estaban entregando información casi simultánea sobre las detenciones e interrogatorios a prisioneros de Cóndor.

Como era de esperar, espiar a la misión cubana en Argentina fue una de las tareas prioritarias asignada tanto a la CIA como al FBI. En este caso, el espionaje de la CIA ofreció una ventana única para observar las operaciones secretas de Operación Cóndor y sus brutales actividades en Automotores Orletti.

La embajada en Argentina era una de las pocas misiones diplomáticas de Cuba en América Latina. El presidente Perón, desafiando a Estados Unidos, había restablecido relaciones diplomáticas con la isla en 1973 y firmado un lucrativo acuerdo comercial que incluía una línea de crédito por mil doscientos millones de dólares a los cubanos. Debido a esta relación mutuamente beneficiosa, Fidel Castro había dado la espalda a los emisarios del ERP que solicitaron su ayuda para la campaña guerrillera en Tucumán. Pero ahora la situación era distinta.

A mediados de 1976, los cubanos estaban frente a un dilema: necesitaban mantener las relaciones comerciales con Argentina, aun cuando sus camaradas ideológicos del MIR y Tupamaros estaban siendo aniquilados. De acuerdo con varias fuentes de izquierda, los cubanos comenzaron a brindar ayuda financiera clandestina para organizar lo que de hecho era una vía de escape para los guerrilleros y sus familias. Biedma era uno de los intermediarios a través de los cuales los cubanos entregaron cantidades de dinero relativamente grandes para apoyar su trabajo.⁷

La CIA, citando a fuentes de inteligencia argentinas, afirmó que el apoyo iba más allá de prestar ayuda en las huidas. Múltiples informes cuentan la historia.⁸

A fines de julio, las agencias de inteligencia argentinas lanzaron una campaña de vigilancia de alta prioridad en contra de la embajada cubana. Su objetivo era confirmar los vínculos entre funcionarios de la embajada y miembros del ERP y Montoneros. Una joven mujer militante del ERP fue detenida el 1 de agosto mientras salía de la embajada y llevada a Orletti. Los agentes descubrieron una gran cantidad de dinero argentino en su poder, y ella confesó, bajo tortura, que los cubanos le habían entregado los fondos para el ERP. Por esos mismos días era detenido Patricio Biedma en un allanamiento no relacionado. Cuando sus captores descubrieron su identidad, pudieron vincularlo con el MIR y la JCR. Ya existía un expediente de inteligencia detallado y preciso sobre él, basado en las confesiones de Jorge Fuentes, quien, como hemos visto, fue detenido en Paraguay el año anterior en una de las primeras operaciones de inteligencia coordinadas entre los miembros de Cóndor. Los agentes lo trasladaron rápidamente a Orletti para ser interrogado.

Tal como pocos de los que ingresaban a Orletti salían vivos, pocos pudieron resistir los métodos sistemáticos de tortura que allí se aplicaban bajo la dirección de Aníbal Gordon, cuyo trabajo sucio para los militares había incluido organizar los escuadrones de la muerte conocidos como la Triple A. Biedma entregó una confesión detallada sobre sus contactos con los cubanos, su rol en la JCR y el estado actual de la organización del MIR en Argentina. Al 13 de agosto, solo unos días después de ser trasladado a Orletti, la CIA ya tenía un informe de primera mano sobre lo que Biedma había dicho. Fue tratado como otra bonanza de inteligencia, tal como fueron los interrogatorios de Fuentes y Amílcar Santucho a mediados de 1975. El principal interés de la CIA era Cuba, considerado un enemigo geopolítico de Estados Unidos, y su presunto apoyo financiero a la JCR.

Biedma confesó a sus torturadores que su contacto en la embajada era Ángel Gustavo Brugués Pérez, el primer secretario. Se reunía semanalmente en cafés con Brugués y su esposa boliviana, María Esther Saleme Antelo. Durante los últimos dos meses, Brugués le había pasado la suma de setenta y cinco mil dólares, que habían llegado de Cuba por valija diplomática. El dinero era para apoyar el trabajo del MIR y la JCR. (Ya el año anterior, los contactos en la embajada cubana existían. La esposa de Biedma, Luz Lagarrigue, informó al autor que un funcionario de la embajada que conocía como Ángel le había dado fondos para salir de Argentina con sus tres hijos en mayo de 1975⁹). Brugués era un nombre conocido para la CIA. Lo identificaron como un oficial del servicio de inteligencia cubano DGI, especializado en Bolivia. Luego de la muerte de Ernesto «Che» Guevara en 1967, que puso fin a la fracasada campaña revolucionaria en Bolivia, Brugués lideró las operaciones cubanas de apoyo para revivir la fuerza militar del Che, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que eventualmente llegó a ser miembro fundador de la JCR.

El MIR, el ERP y la JCR estaban desorganizados desde la muerte de Edgardo Enríquez y Mario Santucho. Biedma dijo que solo unos diez militantes del MIR seguían activos en Argentina, y algunos estaban trabajando principalmente para el ERP. (Los nombres que mencionó en los interrogatorios fueron utilizados posteriormente para rastrear casos no resueltos de personas desaparecidas.)

Trabajando con la información de Biedma, la SIDE asignó a Aníbal Gordon la tarea de lanzar un ataque directo al personal diplomático cubano. Organizó un equipo operativo de civiles y militares para una emboscada, y estacionó un vehículo camuflado como ambulancia cerca de la embajada.

Era el 9 de agosto. Dos cubanos que trabajaban de conductores y guardaespaldas en la embajada se dirigían a tomar el bus. Musculosos y de aspecto cuidado, Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena, de veintidós y veintiséis años respectivamente, se parecían, por edad y entrenamiento, a los infantes de marina que podían verse en la embajada estadounidense. Eran parte de un equipo de diez elementos de seguridad especialmente entrenados para proteger al embajador Emilio Aragonés, quien ya había pasado por un intento de secuestro, y a otros diplomáticos cubanos. También hacían diligencias y tareas de mensajería, según un miembro de la misión diplomática cubana.

Como era su día libre, Cejas y Galañena pensaban comprar regalos para llevar a Cuba, por lo tanto andaban desarmados. Un destacamento de hombres armados cerró ambos lados de la calle por la que caminaban los cubanos. No dispararon un solo tiro: claramente tenían órdenes de entregar a los cubanos vivos.¹⁰ Gordon, el jefe del operativo los metió en la ambulancia. Fueron llevados a Orletti, donde los interrogaron oficiales argentinos y chilenos. Después de varios días de tortura, fueron ejecutados y sus cuerpos puestos en barriles de combustible de doscientos litros (55 galones) para su posterior eliminación.

Los agentes de inteligencia argentina del Batallón 601 estaban ansiosos por compartir los resultados de las sesiones de tortura con sus contactos en la CIA y el FBI. Robert Scherrer identificó a sus fuentes como el coronel Alberto Valín, comandante del Batallón 601, y el mayor Juan Lucero, también de esa unidad de inteligencia. Ellos entregaron a Scherrer un informe escrito de la inteligencia del ejército sobre el secuestro, que señalaba que operativos tanto del SIE (Batallón 601) como de la SIDE habían realizado el secuestro. Las torturas a Cejas y Galañena tuvieron como resultado no solo la confirmación de que los cubanos apoyaban económicamente a grupos de izquierda, sino también los nombres de los oficiales de inteligencia cubanos (DGI) que trabajaban encubiertos en la embajada bajo la apariencia de diplomáticos. Scherrer se percató de que las fuerzas de seguridad intentaron encubrir el secuestro y asesinato obligando a los dos hombres a firmar cartas antes de ser ejecutados, diciendo que estaban desertando; luego enviaron las cartas a la agencia Associated Press. Scherrer también refutó la afirmación de CORU, un grupo terrorista cubano anticastrista con sede en Miami, que declaró haber llevado a cabo los secuestros. Citando la información de Valín, Scherrer escribió:¹¹

Es aparente que CORU no tuvo nada que ver con el secuestro y ejecución de Cejas y Galañena. CORU aspiraba a capitalizar el secuestro... y probablemente apostó a que sus cuerpos aparecerían eventualmente en Buenos Aires, lo cual le permitiría adjudicarse las ejecuciones.

Los informes de Scherrer no mencionan a Biedma, pero entregan escabrosos detalles sobre el destino de los dos cubanos.

Después de que fueran asesinados Cejas y Galañena, metieron sus cuerpos en un barril con cemento y los tiraron al río Luján, cerca de Puente Colorado en San Fernando, provincia de Buenos Aires. La ubicación desde donde fueron lanzados los cuerpos ha sido utilizada ...por SIDE... anteriormente para deshacerse de cuerpos. Los cadáveres de Cejas y Galañena fueron recuperados el 14 de octubre de 1976, o en fecha cercana, por miembros del Departamento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Fernando y buzos de la Prefectura Marítima Nacional ... Es dudoso que sean identificados.

Habían transcurrido dos meses desde que los dos hombres fueran asesinados y sus cuerpos se descompusieran. Scherrer señaló que «varios otros cuerpos, aparentemente de víctimas de operaciones de SIDE» fueron recuperados desde el canal al mismo tiempo. El funcionario del FBI conversó sobre el caso con el autor en una entrevista, y una breve relación acerca de estas muertes fue publicada en mi libro de 1980, Asesinato en Washington. Este relato, basándose en la entrevista con él, ofreció la primera información sobre lo sucedido a los dos cubanos, incluyendo la fecha y ubicación aproximada, y en última instancia llevó al hallazgo de sus restos en un sitio eriazo tres décadas después. La información más importante era precisa, aunque algunos de los detalles no lo eran: por ejemplo, los restos de los cubanos no estaban entre los cuerpos recuperados del canal, sino que fueron enterrados por separado en un sitio descampado cercano; y fueron encontrados en dos tambores, no en uno. Sin embargo Scherrer estaba revelando datos de sus fuentes militares que confirmaban los asesinatos y desmentían la versión falsa de los argentinos, que aseguraba que los cubanos habían desertado.iv

En la entrevista, Scherrer también afirmó que el agente de la DINA Michael Townley se encontraba en Buenos Aires. Igualmente, se sabe de la presencia en Buenos Aires de cubanos anticastristas de la red de la DINA, entre ellos Guillermo Novo, quien había participado en el asesinato de Orlando Letelier. Novo, integrante de CORU, alardeaba sobre sus contactos con escuadrones de la muerte de la Triple A, pero Scherrer no creía que hubiera realmente cumplido algún papel en el secuestro. Townley, según su pasaporte con el nombre falso de Kenneth Enyart, había viajado desde Santiago algunos días después de la captura de los cubanos. Scherrer sugirió que Townley, quien manejaba los contactos de la DINA con cubanos anticastristas, habría tenido la tarea de participar en el interrogatorio de los cubanos en Orletti.¹²

El secuestro de dos miembros de una misión diplomática generó una crisis en las relaciones entre Cuba y Argentina. Por un lado, los cubanos sabían que los habían descubierto in fraganti entregando dinero a los grupos izquierdistas más militantes. El gobierno argentino, por otro lado, solo tenía una débil coartada para encubrir su responsabilidad en un crimen que transgredía las normas más básicas de protección diplomática. Los embajadores fueron llamados a consulta y recibieron severas pero diplomáticas reprimendas, tanto en La Habana como en Buenos Aires. Cuba suspendió uno de sus más importantes convenios comerciales con Argentina, un contrato para la compra de mil ochocientos automóviles fabricados en plantas de ensamblaje en Argentina para Chrysler, General Motors, Fiat y Ford. Los informes de inteligencia también afirman que Cuba accedió a suspender su financiamiento a los grupos de izquierda. Sin embargo, la protesta pública fue mínima por ambas partes, y las tirantes relaciones entre los dos países continuaron como antes.

Hubo otro testigo directo de estos sórdidos hechos al interior de las salas de tortura en Automotores Orletti. José Luis Bertazzo, de veinte años, era un funcionario de bajo rango en las oficinas de la automotora Renault en Buenos Aires. No estaba afiliado ni activo en ninguna organización política, pero como la mayoría de los jóvenes argentinos, tenía amigos que sí participaban en grupos clandestinos. Cualquiera que haya sido la razón, Bertazzo fue detenido en su lugar de trabajo el 23 de agosto y trasladado de inmediato a Automotores Orletti. Se transformaría en uno de los pocos sobrevivientes de la experiencia Orletti, uno con una memoria sobresaliente que le permitió describir, con detalles sin precedentes, las operaciones internacionales relacionadas a Cóndor que sucedían al interior del centro de tortura durante el ajetreado periodo desde su detención hasta su sorpresiva liberación el 9 de octubre. Ha relatado su historia muchas veces, al principio de manera anónima a organismos de derechos humanos, y luego en conmovedores testimonios públicos y entrevistas.

Bertazzo declaró que cuando fue llevado a Orletti, sus captores comenzaron a golpearlo y amenazarlo; primero identificándose como miembros del ERP y después cambiando la versión a que eran de la Triple A.¹³ Lo desnudaron, luego amarraron juntos sus pies a la altura de los tobillos y lo adosaron a un elevador mecánico, que lo dejó suspendido cabeza abajo sobre un gran barril de agua salada. Lo bajaron hasta sumergirlo hasta el estómago en el agua, y luego lo golpearon en la espalda para obligarlo a expulsar el aire de sus pulmones. Era una tortura que después supo tenía nombre: el submarino.

Lo sacaron del barril y comenzaron a interrogarlo con preguntas aparentemente arbitrarias sobre cuáles eran sus conexiones con el ERP, si era judío y quiénes eran sus amigos en la universidad. Las torturas se prolongaron durante horas, alternando el submarino con sesiones de aplicación de electricidad mientras colgaba de un muro. En algún momento en que estaba sumergido en el agua, Bertazzo perdió la conciencia. Cuando recobró el conocimiento, los agentes le estaban golpeando el pecho, como en un masaje cardiaco. Uno de ellos dijo: «Déjalo que se muera». Pero otro respondió: «No, a lo mejor no tiene nada que ver».

Después de un rato, le permitieron vestirse y lo llevaron a una pequeña oficina, donde un hombre que se hizo llamar «el coronel» le dijo que se sacara la venda porque quería verle los ojos. Más adelante pudo reconocer al hombre como Aníbal Gordon. Siguió otra larga sesión de tortura que incluyó el submarino, patadas y golpes con un látigo, pero esta vez sin electricidad. De nuevo perdió la conciencia. En otra visita a la oficina de Gordon, dijo, vio una foto de Adolf Hitler en la pared. En una de las sesiones, fue interrogado junto a su amigo de la Renault, Guillermo Daniel Binstock, quien colgaba de una soga. Binstock, activista estudiantil, había sido detenido algunos días antes que Bertazzo y había entregado a sus interrogadores el nombre de su amigo.

Después de los interrogatorios, Bertazzo fue llevado inconsciente a una sala pequeña en el segundo piso, que se convertiría en su celda. Lo tiraron en uno de varios colchones en la pieza. Cuando despertó, miró a través de una pequeña rendija que se produjo entre la venda y el costado de su nariz. Vio a un hombre joven con barba que le sonreía. Le dijo que su nombre era Patricio Biedma y que llevaba más de veinte días en el lugar, desde su secuestro a fines de julio. Pudieron conversar libremente durante las largas horas y días de cautiverio, especialmente los fines de semana, cuando no había interrogatorios. Podían escuchar la llegada de los guardias para vigilarlos y entonces se colocaban las vendas y guardaban silencio.

Biedma le contó a Bertazzo sobre su captura. Dijo que tenía documentos falsos, pero no pudo resistir la tortura. A sus interrogadores les confesó su nombre verdadero y sobre sus actividades como dirigente de importancia en el MIR y como representante en la JCR. Biedma le contó que dos diplomáticos cubanos estuvieron en Orletti, pero que ya se los habían llevado. Dijo que había sido interrogado junto a ellos y escuchó cómo eran torturados salvajemente durante varios días, y que ellos le suplicaban a su interrogador diciendo «Caballero, Caballero».

Pasaron semanas y la actividad al interior de Orletti se intensificó. Varios militantes del ERP argentino fueron trasladados en avión directamente desde La Paz —Efraín Villa, Graciela Rutila Artés y su pequeña hija Carla—. Comenzaron a llegar grupos de cuatro o cinco uruguayos a la vez, llenando las celdas contiguas. Bertazzo intentó grabarse sus nombres en la medida de sus posibilidades. Escuchó las voces de niños entre ellos. Eran del grupo PVP —el Partido Por la Victoria del Pueblo, cuya existencia Bertazzo desconocía—. Vio a más de una docena de prisioneros que pudo identificar más adelante en su testimonio.

A mediados de septiembre, otro mirista fue llevado a su celda. Bertazzo solo conoció su chapa política, Mauro. Había sido detenido en un allanamiento a una casa de seguridad de la JCR en agosto y posteriormente trasladado a Orletti. Con el arribo de un segundo militante operativo de la JCR, los interrogatorios se intensificaron. Bertazzo dijo que agentes de la DINA llegaron a participar en los interrogatorios a Biedma y a Mauro. Biedma le dijo que los agentes chilenos no utilizaron la tortura, sino que solo estaban «para chequear información».

Los acontecimientos al interior de Orletti correspondían a dos áreas de alta prioridad en la recolección de inteligencia de la CIA —Cuba y la alianza de la JCR—. Casi en el acto la misión de la CIA en Buenos Aires se enteró de esta potencial mina de oro informativa. La misión había seguido de cerca a la JCR, la que consideraba una creciente amenaza. Un cable de mayo expresaba preocupación sobre la prolongada resistencia de la alianza guerrillera en Argentina y su capacidad de organizar efectivas operaciones de propaganda en Europa contra los gobiernos militares. El cable decía que los documentos de la JCR capturados en Paraguay, Bolivia y Argentina indicaban que «la Junta [Coordinadora Revolucionaria] ha alcanzado un estado y una capacidad operativas que exceden los intentos pasados de los revolucionarios latinoamericanos de crear una organización terrorista intrahemisférica».¹⁴

Nuevamente, a pocos días de la llegada de Mauro a Orletti, las fuentes militares de la CIA brindaron un completo informe sobre los interrogatorios a Biedma. El informe en terreno de la Dirección de Operaciones de la CIA ofrece una rara oportunidad para vislumbrar el conocimiento íntimo que tenía la CIA sobre las fuerzas de seguridad argentinas y sus operaciones de represión más secretas. El documento tiene fecha 22 de septiembre de 1976, cuando los dos chilenos todavía estaban vivos y sujetos a interrogación por agentes argentinos y chilenos. El texto revelaba el nombre verdadero de Mauro:¹⁵

SECRETO

Argentina-Cuba: ¿apoya Castro la subversión local?

Dos subversivos de izquierda en manos de las autoridades argentinas han detallado lo que según ellos es apoyo cubano al terrorismo en Argentina.

Las fuerzas de seguridad argentinas capturaron el mes pasado a Patricio Biedma y a Mario Espinosa [sic], chilenos que durante algún tiempo trabajaron para la causa terrorista en Argentina. Biedma dice que es el líder en Argentina del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile (MIR) y el delegado de ese grupo ante la JCR, Junta Coordinadora Revolucionaria, coalición informal de organizaciones terroristas regionales. Espinosa [sic] también aduce haber pertenecido al MIR y, más recientemente, haber combatido para el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) argentino.

Biedma declara haberse encontrado con frecuencia con un funcionario de la embajada cubana en Buenos Aires, quien «de forma regular» financia a la JCR, al ERP y a los Montoneros. [Una línea tachada] Biedma afirma que La Habana también ha canalizado recursos al ERP y a los Montoneros a través de un mensajero enviado a Buenos Aires a través de una intrincada ruta.v

Espinosa [sic] coincide con la aseveración de que la embajada de Cuba financia a los izquierdistas argentinos y agrega que él mismo recibió entrenamiento en Cuba y luego se introdujo en el ERP a través de un contacto cubano en Argentina.

El documento, obtenido primero por el autor, revela la verdadera identidad de Mario René Espinoza Barahona. El autor, para confirmar si Espinoza era «Mauro», envió el informe de la CIA a Bertazzo, quien pidió ver una foto de este. Gracias a eso, pudo identificar a Espinoza como el hombre con quien compartió celda en el centro de tortura Orletti.

Bertazzo pasó cuarenta y cinco días en Orletti antes de que sus captores concluyeran que no tenía nada que ver con ninguna organización de izquierda. Lo sacaron vendado y abandonaron en una calle principal. Es inexplicable que permitieran sobrevivir a un testigo presencial de sus atrocidades; solo se puede decir que fue extremadamente raro. Bertazzo vio y recordó nombres y características de más de una docena de prisioneros que estuvieron junto a él. Fue un vínculo extrañamente íntimo. En sus últimas conversaciones, cuando estaba a punto de ser liberado, Biedma y Mauro le expresaron su confianza de que ellos también serían liberados y expulsados hacia Brasil, o tal vez devueltos a Chile. Buscaron cualquier atisbo de optimismo y lo cultivaron entre ellos. Habiendo sobrevivido tanto, desearon vida al otro. Debieron ayudarse mutuamente para recuperarse de los espasmos, la náusea y la locura provocados por la tortura.

Bertazzo describió cómo prisioneros comenzaron a comer del suelo, se arrastraban de manos y rodillas y hacían ruidos no humanos. Los que mantenían la mente intacta cultivaron en lo posible el contacto con otros. Conversaban, inventaban temáticas triviales, en parte para evitar conocer información incriminatoria sobre los demás, pero principalmente para transportar sus mentes a otro lugar, cualquier lugar lejos de los sonidos y olores de su prisión. El joven José Luis Bertazzo, confundido y sin poder comprender la crueldad que le infligían, recordó la sonrisa de Biedma como un momento de humanidad y amistad, un gesto de ternura en momentos de mayor dolor. Sin conocer su propio destino, Bertazzo de alguna manera pudo enfocarse en los nombres y fechas e historias individuales de las personas que no tenía ninguna razón para conocer, salvo la creciente conciencia respecto de que recordar lo que él sabía era importante.

En los relatos de la CIA y los informes de Scherrer, no hay señales de empatía ni indignación moral por los ultrajes que estaban describiendo. Se refieren a las víctimas como terroristas, y su calvario es registrado en términos relativamente asépticos, a través del cual la información extraída de los «interrogatorios extremos» era ganancia neta para los miembros de Cóndor y para Estados Unidos, porque podría usarse en contra de un enemigo común cuya derrota militar estaba prácticamente asegurada.

Es un pobre consuelo el hecho de que los informes de la CIA, elaborados solo días después de la llegada de Mauro a Orletti, eventualmente permitieron a su familia, después de décadas de incertidumbre, saber algo de sus últimas horas y confirmar su verdadera identidad. Biedma, cuyo relato más detallado se preserva en los informes de la CIA sobre su interrogatorio, también nombra a otros compañeros, involuntariamente entregando así, en algunos casos, los rastros postreros de sus existencias. Eran los últimos combatientes del MIR en Argentina y todos habían recibido entrenamiento en Cuba antes de viajar a Argentina. Sus nombres son aquellos que ocuparon en sus actividades clandestinas, los nombres políticos o chapas, pero hoy, en la mayoría de los casos, se pueden confirmar sus verdaderas identidades. Además de Mauro, Biedma nombró a Ricardo, que probablemente sea Lorenzo Homero Tobarvi; Pablo, probablemente Miguel Orellana; César (cuya identidad no ha podido ser confirmada) y Claudia, cuyo nombre verdadero Biedma dijo que era Cecilia Hjarles [sic], militante del MIR con base en Neuquén.¹⁶

Al final, solo Bertazzo sobrevivió para contar lo sucedido en las entrañas de la base más cruel de Cóndor. Hasta donde se sabe, ninguno de los miristas logró salir de Argentina con vida, ni se han encontrado sus cuerpos. Bertazzo nombró, o de alguna manera describió, a cuarenta y un personas que supo estuvieron en Orletti, incluyendo a un niño pequeño que fue adoptado por uno de los hombres de Gordon, Eduardo Ruffo. Tres de las mujeres estaban embarazadas. Todas desaparecieron. Los restos de los cubanos fueron descubiertos en 2012 y 2013 en un descampado cercano al Aeródromo Internacional de San Fernando, Provincia de Buenos Aires. En total fueron halladas doce víctimas del SIDE en los sitios de eliminación de San Fernando, ocho de ellos en el canal y cuatro en el sitio eriazo. Todos parecen haber sido introducidos en grandes barriles y sus cuerpos dispuestos de la misma manera. Siete de los cuerpos pertenecían a personas que Bertazzo afirmó habían estado en Orletti. ¹⁷

SID/OCOA de Uruguay

Tal como la DINA de Chile y el Batallón 601 de Argentina, Uruguay también reorganizó su sistema de inteligencia militar en unidades operativas que llevaron a cabo actividades de Cóndor en el extranjero. En 1974, el Servicio de Información de Defensa (SID), organismo de larga data, fue puesto bajo el control de la Junta de Comandantes en Jefe. El comandante del SID, general Amauri E. Prantl, creó el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), una oscura unidad que no aparece en ningún organigrama militar. El OCOA operaba dentro y fuera de Uruguay y estaba compuesto por agentes militares, policiales y civiles. Coordinaba sus acciones de Cóndor en Argentina con la SIDE y, al igual que el Departamento Exterior de la DINA chilena, destinó a un representante permanente ante Cóndor en las oficinas de aquella.

Los dos principales oficiales operativos a cargo de las operaciones de Cóndor, según investigaciones oficiales en Uruguay y documentos estadounidenses, fueron el coronel José Alberto Fons, subdirector, y el mayor José Nino Gavazzo, jefe de operaciones. Fons fue el delegado del SID ante la reunión fundacional de la Operación Cóndor en Santiago en noviembre de 1975. Gavazzo, a su vez, fue asignado a Argentina al menos en abril de 1976, donde vivió continuamente hasta octubre de ese año, regresando a Montevideo solo durante los fines de semana para visitar a su familia. La inteligencia estadounidense informó sobre su presencia poco después de su llegada a Argentina y lo citó como evidencia de coordinación internacional.¹⁸

Otros oficiales que operaron en Argentina en este intenso periodo fueron Manuel Cordero, Juan Rodríguez Buratti, Ricardo Arab y Jorge «Pajarito» Silveira. El comisario policial Hugo Campos Hermida fue identificado por algunos sobrevivientes como agente desplegado en Argentina, pero aparentemente fue considerado un rival del OCOA, controlado por el Ejército. Un oficial uruguayo testificó que Cóndor buscaba poner orden en las operaciones internacionales al desplazar a Campos Hermida y sus ya establecidos contactos con Argentina y Paraguay.¹⁹

Las operaciones uruguayas en Argentina dieron como resultado la mayor cantidad de desaparecidos debido a la Operación Cóndor. De hecho, desaparecieron y fueron asesinados más uruguayos en Argentina (por lo menos 163 personas) que en Uruguay mismo como resultado de los operativos de seguridad de la policía. Otros 131 uruguayos fueron detenidos en Argentina pero luego liberados.

Uruguay queda a corta distancia en transbordador por el Río de la Plata hasta Buenos Aires, una ciudad llena de potenciales objetivos para el SID/OCOA. Dentro de la gran comunidad uruguaya en Buenos Aires, se podía identificar a tres grupos de exiliados políticamente activos. Destacados líderes políticos, como los senadores Zelmar Michelini, Wilson Ferreira Aldunate, Enrique Erro y el presidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, trabajaban por el retorno a la democracia. Un segundo grupo, los Tupamaros, profundamente divididos, prácticamente habían interrumpido su actividad guerrillera. Los asesinatos de Michelini y Gutiérrez, y del líder tupamaro William Whitelaw en mayo, dispersaron a estos dos grupos hacia el exilio. La JCR había sido virtualmente liquidada en Argentina sin haber emprendido ninguna acción militar que involucrara las cuatro organizaciones que la integraban. Pero restaba un tercer grupo grande, más reciente, de raíces anarcosindicalistas, conocido como el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

El PVP, creado en 1975 de varios grupos en el exilio, era menos conocido en Argentina y se mantenía más profundamente oculto. Estaba mejor organizado que los Tupamaros y nadaba en dinero. Uno de sus componentes, el aparato armado denominado OPR-33, había secuestrado exitosamente en 1974 a un próspero hombre de negocios argentino, Federico Hart, en un operativo de bajo perfil que rindió un rescate neto de diez millones de dólares.²⁰ El PVP buscaba reemplazar al adormecido movimiento Tupamaros mediante una audaz campaña de operativos propagandísticos y armados dentro de Uruguay. Para las fuerzas de seguridad uruguayas y sus colegas argentinos, el PVP era un objetivo tentador, tanto por sus planes subversivos como por el multimillonario botín que se podría confiscar y que se hallaba, supuestamente, en una casa de seguridad del PVP en Buenos Aires.

Los operativos contra el PVP se sucedían sin descanso en el curso de 1976, incluyendo olas de secuestros en Buenos Aires entre marzo y noviembre. Gavazzo y Cordero dirigían las operaciones desde las oficinas del GT-5 en la SIDE y encarcelaron a casi todos sus capturados en Orletti. Cordero a menudo era el interrogador. Estaba «obsesionado» con identificar a la cúpula y completar un organigrama del PVP. Algunos sobrevivientes han dicho que llenaba nombres en un gran organigrama que llamaba la «sábana». En la primera ola de detenciones, una veintena de militantes uruguayos fueron hacinados en pequeños cuartos del primer piso del centro de detención. Entre ellos estaba Margarita, la hija de Zelmar Michelini, y dos de los líderes más importantes del PVP, León Duarte y Gerardo Gatti. Una de las mujeres, Sara Méndez, fue secuestrada con su bebé de veinte días, Simón. Otras dos mujeres se encontraban con un embarazo avanzado. Los prisioneros fueron interrogados por el mayor Gavazzo, quien hacía pocos esfuerzos por ocultar su identidad y hablaba abiertamente con los cautivos, e incluso a veces les permitía sacarse la venda que les cubría los ojos.

El dinero del rescate era el principal objetivo de los interrogatorios. La historia de este episodio la narró con dramáticos detalles un sobreviviente, Washington Pérez, quien era vendedor de periódicos. Pérez fue obligado a entrar y salir de Orletti para hacer contacto con los miembros de la organización clandestina. Su misión era persuadir al PVP en la clandestinidad para que entregaran lo que quedara del dinero a cambio de la vida de los líderes máximos Gatti y Duarte. Pudo sacar una fotografía de Gatti para demostrar que estaba con vida. La intervención de Pérez fracasó y los dos dirigentes, quienes según testigos fueron salvajemente torturados, desaparecieron.

Gavazzo, no obstante, dispuso el traslado en avión de un grupo de veinticuatro cautivos de vuelta a Montevideo, en la acción conocida como «el primer vuelo», ahorrándoles así la muerte que encontraban casi todos los prisioneros que pasaban por Orletti. Su plan era montar en Uruguay una «invasión» de guerrilleros y luego anunciar su captura. Pretendía utilizar el incidente para magnificar la continua amenaza de violencia izquierdista, en vista de la legislación sobre derechos humanos cada vez más extensa que aprobaba el Congreso de Estados Unidos y que apuntaba al recorte de la ayuda militar. La embajada estadounidense informó que el incidente del traslado constituía una «clara demostración de la cooperación de las autoridades del GOA y el GOU [los gobiernos de Argentina y Uruguay] en estas cuestiones y, presumiblemente, en una coartada para justificar la aparición aquí de personas desaparecidas en Argentina».²¹

En septiembre, comandos argentinos y uruguayos lanzaron una segunda campaña para liquidar lo que quedaba de la dirección de PVP. Entre los prisioneros se contaba prácticamente todo el aparato militar, la OPR-33, entre ellos Alberto Mechoso, quien había participado en el secuestro de Hart. Al menos veintinueve adultos y ocho niños fueron detenidos en los allanamientos. Los testigos ubican a diecinueve en Orletti, otros fueron vistos en distintos centros de tortura. Algunas de las mujeres e hijos fueron llevados a Uruguay y liberados. Pero la gran mayoría de este segundo grupo de cautivos del PVP pasó a engrosar las filas de los desaparecidos.²² Gavazzo logró confiscar la mayor parte del dinero del rescate de Hart en manos del PVP/OPR-33. De los diez millones, «Cordero se había quedado con nueve», según documentos militares uruguayos²³ (esto podría ser una exageración. Fuentes que militaron en el PVP dijeron que solo quedaban dos millones al ser incautados).

Documentos de la época provenientes de la embajada y de la CIA muestran que la inteligencia estadounidense se enteró poco tiempo después del golpe en Argentina que un grupo de oficiales de inteligencia uruguayos se había instalado en Buenos Aires y lanzado un operativo de captura dirigido a líderes en el exilio. La presencia de este equipo uruguayo fue uno de los argumentos presentados en los informes de la embajada que, desde un principio, dieron pie para sospechar que los gobiernos militares estaban coordinando sus actividades de seguridad a través de las fronteras. El telegrama de Kissinger del 23 de agosto ordenando la démarche para detener los asesinatos planificados por la Operación Cóndor cita la desaparición de treinta uruguayos capturados en las primeras redadas, en junio y julio.

Justo antes y después del crimen de Letelier en Washington, los organismos de inteligencia de Estados Unidos informaron sobre un aumento de las actividades del Cóndor en el Cono Sur. Un informe de la DIA desde Buenos Aires refleja el asombro por el reciente éxito del aparato de coordinación antisubversiva en Argentina. La fuente hizo una evidente alusión a la eficiencia de los nuevos procedimientos de la Central de Reunión de Información:²⁴

Gran parte del éxito reciente en la batalla contra la subversión se puede atribuir a los mejorados procedimientos y organización de la inteligencia.

[líneas tachadas] cuando la policía recibe la información de inteligencia la transmite rápidamente al ejército, la marina y la fuerza aérea y viceversa. [palabras tachadas.] Describe la velocidad a la que esto sucede diciendo que la información «literalmente vuela» de un centro a otro. Entonces se monta el operativo, a veces en cuestión de horas, para aprovechar el dato antes de que los terroristas tengan tiempo de reaccionar.

La información sobre las operaciones de Cóndor también volaba a los escritorios de los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos. La fuente de Robert Scherrer al interior de Operación Cóndor, Horacio Poire, le informó sobre la segunda campaña del comando conjunto en contra del PVP/OPR-33 uruguayo. El 27 de septiembre se realizó un gran operativo contra uruguayos, y Scherrer transmitió la información a la DIA al día siguiente. El cable de la DIA, con fecha 28 de septiembre, demuestra que los oficiales de Estados Unidos se estaban enterando dentro de veinticuatro horas sobre las acciones de la Operación Cóndor:²⁵

Durante el periodo comprendido entre el 24 y el 27 de septiembre de 1976, miembros de la Secretaría Argentina de Informaciones del Estado (SIDE), operando junto con oficiales del servicio uruguayo de inteligencia militar, realizaron un operativo en Buenos Aires contra la organización terrorista uruguaya, el OPR-33. Como resultado de este accionar conjunto, los oficiales de la SIDE han declarado que toda la infraestructura del OPR-33 en Argentina ha sido desmantelada. Durante la operación se incautó una gran cantidad de moneda estadounidense.

Cada vez se oye más y más sobre la «Operación Cóndor» en el Cono Sur. Oficiales que hasta el momento no habían abierto la boca han comenzado a hablar sin disimulo sobre el tema. Uno de los comentarios favoritos sobre alguno de sus colegas es que «está fuera del país porque está volando como un cóndor».

Pero el PVP/OPR-33 no estaba totalmente derrotado.Dos miembros de la dirección quedaron con vida: Hugo Cores, su líder más importante, y Mauricio Gatti, cofundador del movimiento, cuyo pequeño hijo Simón fue robado en la última ofensiva. Cores ya había logrado salir de Argentina y se había instalado en París. Gatti también huyó a Francia y a finales de 1976 estaban montando una ofensiva propagandística en contra de la dictadura basada en la denuncia de masivas violaciones de los derechos humanos. Allí se encontraron con un inmenso y creciente grupo de uruguayos, chilenos y argentinos de todas las tendencias, tanto democráticas como revolucionarias, unidas con el único propósito de canalizar el repudio en todo Europa contra las dictaduras.

Fue hacia Europa donde se dirigieron las siguientes operaciones de Cóndor.

Capítulo 13

TESEO

Tras el asesinato de Orlando Letelier en Washington, autoridades estadounidenses dudaron de su presunción de que otros países no cometerían asesinatos en Estados Unidos.

Carta de la CIA

Me parece que suscita la importante pregunta moral de si nosotros, habiendo sabido de un plan para llevar a cabo un intento de asesinato, no estaríamos de alguna manera contaminados por este conocimiento, convirtiéndonos en al menos colaboradores pasivos.

Un embajador estadounidense al conocer la identidad de blancos de Cóndor en Europa

Teseo fue un famoso guerrero en la mitología griega. Luchó para defender Atenas, y su padre, Egeo, era el rey. Pero la especialidad de Teseo era andar por el mundo persiguiendo y matando a los malvados. En el istmo de Corinto asesinó a Sinis, conocido como el «doblador de pino» porque mataba a sus víctimas desgarrándolas mientras se encontraban amarradas a dos árboles de pino. El villano Procrustes obligaba a sus huéspedes a acostarse en una cama de hierro a la que debían obligatoriamente ajustarse, ya fuera cortándoles los pies en caso de que fueran demasiado altos, o estirando sus cuerpos si, por el contrario, eran de baja estatura. En la búsqueda de justicia y la protección de su patria, Teseo eliminó a Procrustes en algún lugar de África. Y mandó a muchos otros a un destino similar.

Así que en la mente de los oficiales del sistema Cóndor, resultaba muy adecuado denominar como Operación Teseo su más ambicioso plan: rastrear y asesinar a los enemigos en Europa o en cualquier parte del mundo donde estuvieran. Se desconoce quién sugirió el nombre, pero es fácil imaginar que fue atractivo para esos militares «justicieros», muchos de ellos formados en una educación católica tradicional, hombres que consideraban su deber sagrado deshacerse de los terroristas marxistas y sus simpatizantes en el mundo, en defensa de los valores y estilo de vida cristiano-occidentales.

Podemos suponer que los oficiales de Cóndor no captaron lo irónico del hecho de que algunos de los perseguidos por Teseo el griego eran torturadores cuyos métodos se asemejaban bastante a aquellos de los propios militares latinoamericanos —la parrilla, encadenar a un prisionero a un catre metálico para aplicar electricidad con mayor efectividad, o el pau de arara y otras formas de colgamiento que a menudo terminaban quebrando o desgarrando las extremidades del cuerpo—.

Durante el año 1977, la CIA se enteró de cada vez más detalles sobre las operaciones europeas en curso, incluyendo su «nombre en clave», Teseo. Los informes de la CIA trataron las disputas internas entre los miembros de Cóndor y reclamos sobre su inefectividad, junto con elogios por sus éxitos. Describen no solo las misiones de Cóndor y Teseo, sino también una serie de operaciones unilaterales para asesinar a líderes en el exilio fuera de Sudamérica.

Por cierto, parte de la información de la CIA es lo que se llama «inteligencia en bruto» que, a la larga, demuestra inconsistencias, lo cual indica que sus fuentes estaban mal informadas o traspasaban información incorrecta. No obstante, casi todo lo que sabemos sobre los planes de asesinato en Europa proviene de documentos recientemente desclasificados de la CIA y otras agencias.

Al revisar la documentación disponible, y tras un análisis crítico y cuidadoso, es posible armar un panorama fiable y prácticamente completo de los planes de Cóndor para llevar a cabo acciones fuera de las fronteras de sus respectivos países, incluyendo el hecho de que su rol en el asesinato de Orlando Letelier fue más indirecto de lo que se ha sabido hasta ahora. También es posible aclarar las circunstancias del proyecto Cóndor de mayor envergadura. Los capítulos 10 y 11 contaron la historia de cómo la inteligencia estadounidense descubrió Operación Cóndor y la manera en la que ese descubrimiento afectó la investigación sobre el asesinato de Letelier. Este capítulo y el siguiente describirán las múltiples operaciones internacionales de asesinatos en Europa y en otras partes, algunas de las cuales se revelan ahora por primera vez.

Planes para el terror en Francia

Para 1976, los militares en Chile, Argentina y Uruguay habían logrado tomar el poder de manera exitosa y eliminar a la oposición interna, pero aún estaban sometidos a un fuerte ataque desde el extranjero. Sus adversarios eran dirigentes políticos exiliados o guerrilleros que lideraban una efectiva campaña internacional de rechazo a las dictaduras del Cono Sur. Sus aliados eran las recientemente vigorosas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, junto con organismos ligados a las Iglesias protestante y católica, además de un gran número de grupos de solidaridad abiertamente políticos. Su bandera de lucha era la denuncia de la tortura y el nuevo fenómeno de la «desaparición,» y el apoyo para las cantidades masivas de refugiados que llegaban a Europa, México, Venezuela y, en menor grado, Estados Unidos. Los exiliados en muchos casos pertenecían a partidos políticos y organizaciones que estaban profundamente divididos en sus países de origen respecto del tema de lograr cambios por la vía pacífica o la lucha armada. Pero en París, Roma, Berlín, Ciudad de México y Washington D.C. (solo por señalar las principales ciudades), se vivía mucho más unidad que división en torno al común objetivo de defender a las víctimas de la represión y derrocar las dictaduras. Hasta la JCR, desde su sede en París, había reenfocado sus esfuerzos públicos en la propaganda y la solidaridad en vez de la lucha armada.

Teseo —la Fase 3 de la Operación Cóndor— fue concebida como un clásico ejercicio de terrorismo internacional. La idea era llevar a cabo espectaculares asesinatos en capitales extranjeras, usando bombas u otros medios, tomando como blancos a prominentes individuos cuyas muertes podrían atraer la máxima publicidad. El mensaje de terror estaba claro: nadie que trabajara en contra de la ambiciosa misión de las dictaduras de reconstruir América Latina como un baluarte de la cultura cristiana anticomunista estaría seguro, no importando en qué parte del mundo se encontrara. Fue la respuesta a una amenaza percibida que había subyugado, al menos durante algunos años, las rivalidades y peleas del pasado para avanzar hacia la formación de un «bloque» sudamericano. La emergente alianza contaba con una fachada diplomática para responder a las crecientes críticas, incluso por parte de Estados Unidos, por las violaciones a los derechos humanos, y una operación clandestina para matar a enemigos extranjeros selectos e instaurar el terror entre todos los exiliados.

Para mediados de 1976, las instalaciones de la SIDE en Buenos Aires se habían convertido en el centro de las operaciones conjuntas de Cóndor, que ya había detenido a centenares de extranjeros en los seis países miembros. Para las operaciones europeas, aprobadas en la reunión de fines de mayo, se creó una Base de Avanzada separada, también dentro de las instalaciones de la SIDE, pero cuyas actividades fueron compartimentadas para que solo los partícipes directos estuvieran al tanto. Chile, Uruguay y Argentina tenían dos oficiales representantes cada uno (lo más probable es que hayan sido los mismos oficiales que ya estaban a cargo de las actividades de la Fase 2 de Cóndor). A fines de septiembre de 1976, estaba a punto de comenzar un curso de entrenamiento para Teseo, y los oficiales de Cóndor redactaron el reglamento formal sobre cada aspecto de las operaciones europeas.

La CIA obtuvo el texto completo en agosto de 1977. El cable de la Agencia, que contiene el reglamento, lo presenta con este comentario: «No se sabe si el documento descrito más abajo, con fecha septiembre de 1976, sigue vigente o si ya está obsoleto». A continuación, algunos extractos relevantes:¹

«Reglamento Teseo, Base de Operaciones»

«I. Misión:

Planificación general para la ejecución de las operaciones que se llevarán a cabo.

1. Determinar los objetivos de acuerdo con las solicitudes entregadas por las partes interesadas, dando la prioridad y oportunidad según sea adecuado.

...

II. Personal:

El personal que forma parte de la Operación Teseo será compuesto por lo siguiente:

1. Base de Operaciones: con sede en Cóndor 1 (Argentina), compuesta de representantes permanentes de cada servicio que participa.

2. Equipos de Inteligencia...

3. Equipos Operativos...

4. Equipos de Reserva: integrado por personal de los países participantes.

Con excepción de los representantes permanentes ante la Base de Operaciones, el personal que integre los equipos de Inteligencia, Operaciones y Reserva acudirá a la Base solo si la Base así lo requiere.

El número mínimo de personas proveídas por cada servicio representado será, cuando sea posible, de cuatro individuos, con la inclusión eventual de una mujer. Cada país debe tener un equipo similar de reserva listo para cubrir cualquier situación imprevista que pueda surgir.

III. Finanzas:

Los fondos para la Operación Teseo serán administrados por la Base de Operaciones, que determinará cómo serán utilizados. En ese respecto, se establece lo siguiente:

1. La administración de los gastos incurridos por la Base de Operaciones será responsabilidad del país sede [Argentina].

2. Se establecerá un fondo común de $10.000, donados por cada país miembro con el propósito de compensar los gastos operacionales. Este fondo será repuesto en partes iguales al finalizar cada operación durante un periodo que no excederá los 15 días.

3. Se establece una cuota mensual de $200 a partir del 30 de septiembre de 1976, pagable mensualmente por cada uno de los servicios participantes antes del día 30 de cada mes, con el objetivo de cubrir los gastos operativos y de mantención de la Base de Operaciones.

4. Los gastos operacionales en el extranjero se estiman en $3.500 por persona durante 10 días, con unos $1.000 adicionales al inicio y por una sola vez para gastos en vestimenta. ...

IV. Medios

Los medios necesarios para el desarrollo de las operaciones serán provistos por la Base de Operaciones. En el caso de que esta no pudiera hacerlo, se solicitará a los servicios de los miembros participantes que pongan esos medios a disposición de la Base. Si los servicios no pueden reunir aquellos medios, se obtendrán los fondos requeridos para comprarlos de parte de cada uno de los servicios en partes iguales. Estos medios podrían incluir:

A. Armas y municiones

B. Explosivos y accesorios

C. Documentación

D. Vestimenta y otra ropa

E. Equipos electrónicos

F. Equipos de comunicaciones

G. Misceláneos

V. Sistema de Trabajo:

1. Los equipos de trabajo serán compuestos por miembros de uno o más servicios y de acuerdo con su experiencia, calificaciones particulares y las características del objetivo.

2. El sistema de trabajo según los blancos respectivos es el siguiente:

Selección de blanco y la oportunidad: Esto es responsabilidad de la Base de Operaciones. Identificación del blanco:

Esto es responsabilidad del Equipo de Inteligencia, que deberá identificarlo, ubicarlo, vigilarlo, comunicarse con la Base de Operaciones y retirar a todos (menos el que hará contacto con el Equipo Operativo), y luego retirar a la persona de contacto una vez que el Equipo Operativo haya identificado el blanco.

Ejecución del blanco: Esto es responsabilidad del Equipo Operativo, que (A) interceptará al blanco, (B) ejecutará la operación, y (C) escapará. Con la excepción de los líderes de equipo, los integrantes de los equipos de Inteligencia y Operativo no deben conocerse entre sí por razones de seguridad y operativas. VI. Comunicaciones y Enlace:

1. El sistema de comunicaciones CONDORTEL será la red que la Base de Operaciones utilizará para sus comunicaciones con cada servicio participante.

2. Las comunicaciones del extranjero serán telefónicas o por cable en un idioma previamente acordado.

3. Gastos ...

4. Cualquier enlace necesario entre los países participantes para la provisión de documentación y otro material será por vía de valija diplomática o a través de delegados escogidos, quienes adoptarán las máximas medidas de seguridad para cubrir tal contacto.

VII. Entrenamiento de equipos:

La programación del entrenamiento para los equipos de Inteligencia y Operativos es responsabilidad de la Base de Operaciones, que solicitará, de acuerdo a la capacidad de cada servicio participante, que este provea instructores, fondos y las instalaciones necesarias. Transporte...

VIII. Compartimentación de la Operación Teseo:

El conocimiento de la «Operación Teseo» dentro de los servicios participantes debe limitarse al mínimo número de personas posibles y cubierto por las más estrictas medidas de seguridad.

IX. Reglamento Interno:

La Base de Operaciones será gobernada por el siguiente reglamento interno:

Horario de trabajo: desde las 0930 a las 1230 horas y desde las 1430 a las 1930 horas.

Cuando esté en curso alguna operación, se establecerá diariamente un turno nocturno de oficiales de entre cada representación. El alojamiento, viático y transporte serán responsabilidad de la Base de Operaciones, con apoyo del país sede (Argentina).

Selección de blancos: Cada representante presentará su blanco escogido a modo de propuesta. La selección final de un blanco será por votación de mayoría simple. En caso de que surjan discrepancias, se redactará un acta de las deliberaciones, que será firmada por los representantes respectivos y enviada a los servicios correspondientes para su conocimiento.

Se han preparado cinco copias de este reglamento interno, correspondiendo una copia para cada país presente y una copia para los otros dos países ausentes (en la redacción del reglamento)».

Este es un extraordinario y terrorífico documento que delinea el «plan» del Plan Cóndor en su faceta más atroz y temeraria. Su atención a los detalles organizacionales, al punto de establecer horarios para una jornada laboral de ocho horas, pide comparación con los documentos alemanes para la «Solución Final» citados por Hannah Arendt cuando introdujo el concepto de «banalidad del mal». Adolf Eichmann, quien diseñó e implementó el plan de asesinatos masivos y es el objeto del libro de Arendt,² afirmó en su defensa frente al tribunal en Jerusalén que no estaba haciendo el mal, sino que solo siguiendo órdenes y tratando de ser un funcionario eficiente. De igual manera, los oficiales de Cóndor utilizaron el anodino lenguaje de gestión militar para, en efecto, distanciarse del dilema moral de planificar asesinatos.

Otras fuentes ahora disponibles ofrecen detalles del Plan Teseo y de su Base de Operaciones en Buenos Aires. La red de comunicaciones «Condortel», junto con el banco de datos computarizado, seguía funcionando en Santiago. Pero «Condoreje», que incluía el Plan Teseo, tenía como base «Cóndor 1» —la Base de Avanzada y Coordinación en las instalaciones de la SIDE en calle Billinghurst en Buenos Aires—.³

La ultrasecreta y compartimentada «Base de Operaciones» para Teseo, descrita en el texto del reglamento, estaba alojada en las mismas instalaciones y bajo el mando del teniente coronel Rubén Visuara, jefe del Departamento de Operaciones Tácticas 1 (OT-1) de la SIDE, quien trabajó estrechamente con el teniente coronel Juan Ramón Nieto Moreno, el jefe de contrainteligencia. Otros detalles los entregó Visuara al periodista argentino Jorge Boimvaser, quien lo entrevistó para su libro Los sospechosos de siempre, publicado en 2001. Visuara le relató a Boimvaser que la operación en Europa (sin revelar su nombre código Teseo) debió funcionar desde Buenos Aires en lugar de en terreno, es decir, en París, por temor a que el servicio de inteligencia francés DST y la CIA pudieran detectarla allí.

Dudas y retrasos

El reglamento claramente indica en varias partes que no todos los países miembros de Cóndor participarían de las operaciones Teseo. El último párrafo señala que tres países miembros —presumiblemente Chile, Argentina y Uruguay— estuvieron presentes en la reunión para redactar y aprobar el reglamento. Dos países estuvieron ausentes de esta reunión, pero se les entregaron copias. La documentación disponible indica que se trataría de Paraguay y Bolivia, que se sumaron inicialmente a los planes en Europa pero no participaron en las operaciones mismas. Otros documentos reflejan los vaivenes de su postura respecto de las acciones en Europa. Brasil fue el más firme en su resistencia a las operaciones europeas, y parece haber impuesto un veto temporal a su ejecución.

Un análisis del Departamento de Estado, basado en infor

mes de inteligencia de la CIA, titulado «El Cono Sur de Suda

mérica – ¿Un Bloque en Formación?» lo plantea de esta manera:⁴

Cóndor parece haber suscitado el apoyo inicialmente entusiasta solo de Chile, Uruguay y Argentina. Siendo los tres países los más preocupados sobre las actividades de exiliados en Europa Occidental, fueron los únicos participantes de Cóndor que se sabe implementaron los planes para las operaciones en Europa Occidental. Brasil específicamente rechazó cualquier participación en actividades europeas y, junto con Bolivia y Paraguay, puso paños fríos a Cóndor.

Bolivia tenía poco interés en las operaciones europeas porque los exiliados que consideraba más peligrosos se encontraban en Perú. Declinó sumarse a Teseo «debido a la reacción internacional adversa que podría resultar si algunas de las actividades violentas eran rastreadas hasta los países Cóndor».⁵

Paraguay, a pesar de la considerable presión de Argentina, su principal aliado regional, también declinó ofrecimientos de entrenamiento y financiamiento para tomar parte en los planes de asesinato en Europa. Según la CIA, el presidente Stroessner siguió los consejos de sus asesores de seguridad y decidió:⁶

«Que Paraguay continuaría asistiendo a los demás países proveyendo información a sus servicios respectivos sobre grupos subversivos, pero Paraguay no deberá integrar ninguna unidad que emplee tácticas del hampa en contra de sus blancos y opere fuera de sus fronteras». Stroessner también dijo que «no quería que se realizara ninguna reunión de Cóndor en Paraguay donde se pudieran discutir asuntos relacionados con ‘Teseo’, porque pensaba que ‘Teseo’ no traería nada más que problemas a los servicios y los países involucrados».

Argentina culpó a Estados Unidos por la reticencia paraguaya. «Argentina acusó a Paraguay de temer la reacción estadounidense a ‘Teseo’ en caso de que la membrecía de Paraguay fuera descubierta», continuó el cable. Eso era probablemente cierto: el embajador estadounidense George Landau había entregado la démarche de Kissinger personalmente a Stroessner, advirtiéndole explícitamente que no se involucrara en las operaciones europeas.

Brasil, sin embargo, era un obstáculo más serio y su negativa en algún momento amenazó con echar abajo todo el plan europeo. Los funcionarios estadounidenses supieron de la oposición de Brasil a Teseo ya en julio de 1976. La CIA informó en agosto de ese año que la decisión brasileña había provocado la suspensión de los planes europeos de Cóndor. (Como vimos en el capítulo 11, la información sobre la «suspensión» de las operaciones de Cóndor jugó un papel en la decisión de Kissinger de revocar la orden de que los embajadores estadounidenses entregaran una fuerte advertencia sobre Cóndor —la démarche— a los países miembros a mediados de septiembre de 1976).

Los detalles de la oposición brasileña son relatados en posteriores informes de la CIA. En la reunión del 29 de mayo al 3 de junio en la cual se concibió la operación Teseo, el representante de Brasil accedió a pasar de observador a miembro pleno de la organización Cóndor. Después, informó la CIA, «Brasil adoptó una postura muy agresiva e intentó usurpar el liderazgo, algo que no cayó bien entre los demás miembros».⁷ Luego siguió una confrontación. Un informe de la CIA en la época, con fecha 12 de agosto de 1976, se tituló «Decisión de países Cóndor de suspender planes para acciones operativas en Europa hasta que Brasil decida si participará». Era insólito que la operación completa, incluyendo los cursos de entrenamiento programados, se suspendieran a causa de Brasil.

Pero Brasil no era cualquier miembro. Su gobierno militar tenía el estatus de haber sido el primero en derrocar a un gobierno de izquierda, en 1964, y sus servicios de seguridad fueron los mentores e instructores de los demás organismos de inteligencia militar en la medida en que, uno a uno, siguieron el ejemplo de Brasil de reemplazar a gobiernos civiles con regímenes militares anticomunistas. Brasil había sido una gran fuente de inspiración, inteligencia y apoyo material para la toma de poder de Pinochet en Chile, según muchos testimonios. En un sentido real, era la «figura paterna» del emergente bloque político del Cono Sur y un gran promotor de la coordinación de inteligencia entre los servicios de seguridad. No obstante, fueron Chile y Argentina —y no aquel— los que transformaron la idea Cóndor en una realidad, y en cierto sentido fueron esos países los que le arrebataron las riendas del liderazgo.

Otro factor crítico fue la rivalidad histórica entre Argentina y Brasil, los dos países más grandes y ricos de la región. Esa rivalidad se había replegado a un segundo plano ante el resplandor de los éxitos anticomunistas, pero en agosto y septiembre de 1976, resurgió nuevamente. Por lo tanto, recayó en Argentina la tarea de hacer lo necesario para salvar la iniciativa Cóndor. A mediados de septiembre, según informes combinados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), la CIA y el FBI, el Ejército argentino envió a su más alto oficial de inteligencia, el coronel Alberto Valín, a reunirse con sus contrapartes, primero en Brasilia y luego en Santiago. El coronel Valín era el jefe del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, conocido como el SIE, sobre el cual se ha escrito bastante en este libro. Valín era el alto oficial encargado de las estructuras represivas, que coordinaba a todas las unidades de inteligencia en Argentina, organizadas en la Central de Reunión de Información, cuya unidad GT-5 manejaba las operaciones argentinas de Cóndor.i

Valín viajó a Brasilia el 17 de septiembre, según el informe de la DIA. El viaje fue exitoso. Brasil depuso su oposición a los planes Cóndor que conocemos como Teseo. El 24 de septiembre, la inteligencia estadounidense pudo reportar que «la Operación Cóndor sigue adelante». Brasil dijo que continuaría proveyendo equipos de comunicaciones a los miembros de Cóndor, pero «participará solo en la fase latinoamericana».⁸

Después de Brasilia, el oficial llegó a Chile el 20 de septiembre, según el agregado legal del FBI Robert Scherrer, para consultar con el coronel Manuel Contreras «respecto de la Operación Cóndor». En ese viaje, indudablemente habría informado a Contreras que Brasil ya no se oponía a la operación Teseo. Es más, Scherrer ubica a Valín en Santiago el 21 de septiembre, el día en que la DINA chilena mató a Letelier en Washington —un asesinato descrito por uno de los agentes operativos de Valín como «una descabellada operación Cóndor» en una conversación con Scherrer días después—.

Las operaciones Teseo

Con la resolución de la disputa interna, Chile, Argentina y Uruguay procedieron rápidamente a pasar desde la planificación a la ejecución de Teseo. Los tres países redactaron y aprobaron el reglamento Teseo y convocaron al menos a dos docenas de oficiales, soldados y civiles a Buenos Aires para participar en un curso de entrenamiento de dos meses. Experimentados oficiales de Chile y Argentina organizaron los cursos y sirvieron como instructores. A diferencia de los secuestros y ejecuciones que ya se habían hecho rutina en los países Cóndor, los nuevos asesinatos tendrían lugar en territorio hostil —en Francia y en otras partes de Europa, un ambiente controlado por organismos de inteligencia bien financiados y altamente capacitados, como la DST de Francia, el Bundesnachtrichtungsdienst (BND) de Alemania, el MI6 de Gran Bretaña y, por supuesto, la presencia global de la CIA—. La experiencia de estos organismos databa de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas de seguridad de América Latina tenían una mínima experiencia en operaciones fuera de sus propias fronteras (con la excepción de sus recientes actividades Cóndor en los países de los otros miembros). Aparte de espionaje de bajo riesgo y actividades de vigilancia, los servicios casi no tenían experiencia en operaciones clandestinas fuera de América Latina. Era indispensable el entrenamiento en el ejercicio de operaciones clandestinas. El programa mismo del curso no ha sido revelado, pero habría incluido entrenamiento en armas de fuego y explosivos, fabricación de bombas, caracterización, comunicaciones secretas, elusión de la vigilancia, vigilancia sin ser detectado, uso de identidades falsas y elaboración y memorización de una pantalla o historia falsa.

La CIA tenía fuentes que le estaban informando sobre el entrenamiento mientras este se llevaba a cabo. Un cable de fines de noviembre, tan censurado que revela solo tres líneas de contenido y su título, afirma: «El curso de entrenamiento para oficiales de Cóndor se está realizando ahora en Buenos Aires y deberá concluir a comienzos de diciembre de 1976». El informe también incluye una alusión a las visitas de oficiales militares argentinos a otros países Cóndor. Es probable que las dos páginas y media que están tachadas contengan detalles del curso, el número de oficiales que participaron y antecedentes sobre los blancos deseados.

Es importante recordar el contexto de los otros planos de nuestra investigación, particularmente las discusiones y acciones del equipo de Henry Kissinger respecto de la seriedad de la amenaza Cóndor y la incipiente investigación del FBI del asesinato de Orlando Letelier en Washington:

--23 de agosto: Kissinger envía la démarche, ordenando a los embajadores advertir a los tres países Cóndor que se sabía que estaban planificando las operaciones europeas.

--16-20 de septiembre: Kissinger revoca la orden antes de que ninguno de los embajadores entregara la démarche —probablemente porque sabía que la reticencia de Brasil había provocado la suspensión de las operaciones europeas—.

--21 de septiembre: Orlando Letelier y Ronni Moffitt son asesinados por una bomba colocada por un equipo combinado de agentes de la DINA y exiliados cubanos.

--23 de septiembre: Luego de las reuniones de Valín en Brasilia y Santiago, Brasil depuso su oposición a la operación Teseo.

--Durante este periodo, los equipos dedicados a América Latina en la CIA y el Departamento de Estado informan que se ha pasado inteligencia sobre los planes de Cóndor en Europa al servicio de inteligencia francés.

--Adicionalmente, según la CIA, los servicios de inteligencia de Cóndor tienen conocimiento de que esta y la inteligencia francesa saben de sus operaciones transfronterizas.⁹

Todos estos hechos han sido relatados en capítulos anteriores, pero son repasados aquí dentro del nuevo contexto de las operaciones Teseo después del asesinato de Letelier.

Para plantearlo de la manera más clara posible: los tres líderes Cóndor —Chile, Argentina y Uruguay— lanzaron la operación Teseo inmediatamente después del revuelo internacional sobre la muerte de Letelier, sabiendo que la CIA y el Departamento de Estado sabían del plan Teseo, y luego de revertir la fuerte resistencia por parte de Brasil.

Los primeros equipos de asesinato aterrizaron en Europa alrededor del 1 de diciembre. Un informe da cuenta de que estos tenían la intención de «llevar a cabo operaciones durante aproximadamente un mes».¹⁰ Hubo dos operaciones paralelas en curso más o menos al mismo tiempo. La misión que denominaré «Teseo (JCR)» apuntó a dos operativos chilenos de la JCR; la otra misión, iniciada alrededor del mismo periodo, «Teseo (Cores)», buscó asesinar a tres figuras de la oposición uruguaya. Las autoridades estadounidenses sabían que estas operaciones estaban a punto de comenzar. Ninguna tuvo éxito.

El agregado legal del FBI Robert Scherrer, como ya hemos visto, supo de su fuente argentina sobre los planes en general y acerca de las actividades de entrenamiento en Buenos Aires. Reportó, por ejemplo, que los equipos Cóndor estaban conformados por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército argentino (SIE-Batallón de Inteligencia 601) y de la SIDE, e incluía a uruguayos y chilenos. Agregó que su fuente, el doctor Horacio Poire, era miembro de un equipo especial argentino que se estaba preparando para una acción Cóndor. Un informe de la DIA basado en información de Scherrer afirmaba que «están estructurados de forma muy similar a un comando de fuerzas especiales estadounidense, ya que cuentan con un médico, un experto en demoliciones, etc. Supuestamente se están preparando para actuar en la Fase 3».

Scherrer informó que los equipos de asesinatos podrían estar integrados por varias nacionalidades o un solo país miembro de Cóndor. Un documento de la CIA citado en el capítulo 10 señaló que Pinochet estaba involucrado en la planificación de Cóndor y que Chile tenía «muchos» blancos en consideración para las misiones europeas de Teseo.¹¹

Teseo (JCR)

Mucho de lo que sabemos sobre la operación dirigida por Chile proviene de la confesión de Michael Townley. Townley se quejó de que sus jefes le habían asegurado que lo dejarían sumergido por un tiempo, hasta que el escándalo por el asesinato de Letelier pasara al olvido. No obstante, en noviembre, el jefe de Operaciones de la DINA, coronel Pedro Espinoza, el mismo oficial que le ordenó asesinar a Letelier, le informó que sería enviado a París para ejecutar otra misión. En una carta manuscrita que luego obtuvo un tribunal chileno, Townley describió la misión como «una operación que teníamos que llevar a cabo en París junto con los argentinos y la red Cóndor». Según él, los blancos eran René «Gato» Valenzuela, el líder del MIR que dirigía la oficina de la JCR en París, y su compañera, Silvia Hernández, hija de un destacado periodista chileno.¹²

Como líder del MIR, Valenzuela nunca había optado por un alto perfil durante el gobierno de Allende, cuando las manifestaciones, los discursos y el debate público estaban a la orden del día. No obstante, a partir del golpe había demostrado su eficacia invaluable como agente clandestino, en tanto se ocupaba de las tareas diarias que se requerían para mantener funcionando la organización. Si bien rara vez tomaba decisiones estratégicas, era el que realizaba el peligroso trabajo en las calles, dirigiendo la red de mensajeros para que entregasen los mensajes y documentos en las casas de seguridad, y reuniéndose con militantes para transmitirles las estrategias y los planes de los líderes e impartir instrucciones operativas. Sus particulares rasgos faciales le habían ganado el apodo de «Gato», y tenía el cuidado de cambiar a menudo de apariencia.

En muchos casos, los sobrevivientes de torturas de la DINA denunciaron que habían sido interrogados incesantemente sobre el paradero de Valenzuela. Pero siempre logró eludir la captura. Había trabajado en Argentina con Jorge Fuentes y Patricio Biedma en la incipiente JCR, bajo la dirección de Edgardo Enríquez. Después del arresto de Fuentes en Paraguay a mediados de 1975, Valenzuela se trasladó a París para dirigir la sede de la JCR y del MIR allí. Tras haber vivido en la clandestinidad durante dos años en los países más peligrosos de América Latina, consideraba París un refugio seguro. Aun así, rehuía los eventos públicos y trataba de no llamar la atención, llevando una vida tranquila con Silvia, con quien se casaría. Desde la capital gala manejaba la circulación de dinero, personas, inteligencia y documentos, a partir de la creciente red de ayuda europea de la JCR a las personas que se encontraban en la clandestinidad en Chile y Argentina. Era muy meticuloso con la confidencialidad y mantenía todos sus documentos en código, tomando como base métodos soviéticos que había aprendido del servicio de inteligencia de Alemania Oriental.

A fines de 1976 su trabajo en París había pasado a ser de control de daños, por cuanto las fuerzas coordinadas de seguridad habían destruido sistemáticamente los últimos vestigios de la red del MIR y la JCR en Argentina. Sus responsabilidades incluían tomar testimonio a los sobrevivientes que comenzaban a llegar a Europa después de haber estado, muchos de ellos, en prisiones de la DINA. Se partía del supuesto de que pocos habrían resistido la tortura, y su tarea consistía en evaluar la información que habían entregado, para calcular el daño y la parte de la diezmada red clandestina, de haberla, que podría reactivarse.

El tercer blanco principal de la operación, según Townley y varios documentos, era el terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez, el célebre Carlos, o Carlos el Chacal. Según el criterio de Manuel Contreras, quien la ideó, la misión internacional de Cóndor era librar al mundo de todo tipo de terroristas como este, a quienes los gobiernos europeos no podían o no estaban dispuestos a capturar. Al prestar testimonio ante un tribunal italiano, Townley describió una persecución «intensa» a Carlos y afirmó que la idea de Contreras era perseguir también a grupos izquierdistas radicales en Europa, entre los que se incluían el grupo alemán Baader-Meinhof, el IRA irlandés y la ETA de los vascos en España. Un informe estadounidense confirma lo dicho por Townley:¹³

Acto seguido, Cóndor planeó una operación que tenía como objetivo asesinar a tres conocidos izquierdistas europeos, uno de los cuales era el famoso terrorista Carlos.

Un posible escenario para la operación era que Carlos se hubiese instalado en Lisboa, la otra ciudad mencionada por Scherrer y en los documentos de la CIA. Otro informe indica que se le buscó durante varios meses, tal vez como parte de otra operación Teseo:¹⁴

[Una fuente describió] una unidad «Teseo» compuesta por un argentino, un chileno y un uruguayo que fue enviada a Francia a comienzos de 1977 en busca de Ilich Ramírez Sánchez, el terrorista internacional conocido como «Carlos».

Townley señala que su misión comenzó en diciembre. También nombró a los miembros de su equipo, que incluía a su esposa y a otros dos agentes del Departamento Exterior de la DINA —Christoph Willeke e Ingrid Olderock—, pero no conoció la identidad de los dos oficiales argentinos y dos agentes uruguayos.

Townley y los otros miembros de su unidad habían llegado a Frankfurt y estaban esperando la luz verde para continuar a París y llevar a cabo la ejecución. Según el modus operandi de Teseo, un equipo de inteligencia distinto estaría trabajando en la capital francesa en la localización de las futuras víctimas para luego transmitir esa inteligencia al equipo ejecutor —la unidad en que participaba Townley—. Pero antes de salir de Frankfurt la unidad recibió la orden de abortar la misión. Hubo «filtraciones» por parte de los argentinos y la operación quedó comprometida, según Townley.¹⁵ Las razones y las circunstancias de este fracaso y el de otras operaciones Teseo serán exploradas más adelante.

No obstante, la DINA persistió. Envió a Townley a Madrid para unirse a otros socios internacionales, los terroristas italianos liderados por Stefano Delle Chiaie —el mismo grupo que había atentado en contra del dirigente chileno Bernardo Leighton en Roma en 1975—. Esta vez el objetivo era tratar nuevamente de asesinar a Carlos Altamirano. El dirigente socialista ahora vivía en París, pero estaba por viajar a Madrid para asistir a una reunión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Una vez más, la acción quedó sin ejecutarse. «Debido a que esto habría sido una misión suicida, no lo hicimos», reconoció Townley en una declaración manuscrita con el nombre de «Historia de Actuación en DINA». Townley dice haber localizado a Altamirano y hasta haberse tropezado con él en la sala de embarque del aeropuerto Barajas. La misión en Madrid parece haber involucrado solo a la DINA y sus socios italianos, y corría por separado del equipo conjunto Teseo.ii

Teseo (Cores)

La otra misión en París apuntó a los adversarios uruguayos. Un equipo conjunto de argentinos y uruguayos llegó a la ciudad en la primera semana de diciembre. La CIA lo monitoreaba de cerca y a los pocos días notificó sobre los detalles de la misión. Un informe de la Agencia del 7 de diciembre afirmó que había tres blancos, pero solo uno de ellos identificado. Se trataba de Hugo Cores, el principal dirigente del PVP/OPR-33, cuya organización había sido prácticamente aniquilada en Argentina en los meses anteriores.¹⁶

Cores era dirigente sindical y una de las figuras revolucionarias más prominentes que surgieron después del golpe de Estado en Uruguay en 1973. Su grupo clandestino, la Organización Popular Revolucionaria «33 Orientales», u OPR-33, se reagrupó para continuar la lucha revolucionaria en Buenos Aires. En 1975 se sumó a otros tres dirigentes, los hermanos Mauricio y Gerardo Gatti y León Duarte, para fundar el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Con el debilitamiento del MLN-Tuparamos, el PVP rápidamente recogió la bandera revolucionaria. El OPR-33 de Cores había acumulado un enorme botín de guerra de diez millones de dólares a raíz del secuestro en 1974 del empresario argentino Federico Hart. El dinero fue utilizado para financiar las operaciones clandestinas del nuevo PVP, que contaba con alrededor de trescientos militantes activos. La meta era fomentar una «insurrección popular» en contra del régimen cívico-militar de Uruguay. Sin embargo, la estrategia tenía más que ver con propaganda que con lucha armada. «Nunca derramamos sangre en ninguna operación», enfatizó Cores en una entrevista. Incluso el secuestro de Federico Hart fue «gentil» y de tan bajo perfil que la víctima no denunció el delito después de pagar el rescate, señaló. A comienzos de 1976, el PVP lanzó un asalto relámpago a cinco hoteles costeros en Punta del Este, causando daños pero no heridos.

Cores consideraba a su partido clandestino como un rival de la debilitada y fraccionada organización Tupamaros, pero asumió un rol activo en las discusiones políticas en Argentina para conformar un movimiento de resistencia unitario. Era particularmente cercano al exiliado senador de izquierda Enrique Erro. El círculo de líderes de la resistencia que se formó en Argentina incluía a los senadores Zelmar Michelini, Er ro y Wilson Ferreira, además de los dirigentes del MLN-Tupamaros que habían abandonado la lucha armada, como Efraín Martínez Platero, y Cores, miembro del aún militante PVP. El régimen uruguayo percibió a esta informal coalición como su mayor amenaza; sin excepción, cada uno de sus miembros fue blanco de operaciones Cóndor en Argentina o en Europa.

Cores fue detenido en abril de 1975 durante una etapa aún relativamente menos letal de la represión transnacional en Argentina. Fue interrogado por el mayor José Nino Gavazzo, quien ya era el representante militar uruguayo más relevante desplegado en Argentina. No obstante, la detención de Cores fue pública y su caso tramitado dentro del sistema judicial, lo cual constituyó una protección frente a la desaparición y ejecución. Fue liberado a los siete meses y expulsado al exilio en Francia. De este modo evadió la implacable campaña de las fuerzas conjuntas argentinas y uruguayas, dirigida por Gavazzo, en contra del PVP al año siguiente, descrita en el capítulo anterior.

Cores llegó a París justo cuando la ciudad se estaba convirtiendo en el centro de un nuevo y poderoso movimiento de derechos humanos, sostenido por cientos de izquierdistas de América Latina exiliados y sus simpatizantes europeos. Cores inmediatamente continuó el trabajo político de revivir el PVP, pero el concepto de una insurrección popular armada pasó a un segundo plano, siendo subsumido por la estrategia mucho más poderosa de denunciar violaciones a los derechos humanos.

«Nos encontramos con algo nuevo: el vigor del movimiento solidario desde el punto de vista de los derechos humanos», dijo Cores. «Eso de los derechos humanos lo aprendimos ahí, con las ONG francesas, con los abogados...».¹⁷

La esposa de Cores, Mariela Salaberry, también militante del PVP, se le sumó. Un amigo hizo arreglos para que vivieran en un departamento en el elegante distrito Montparnasse en el centro de París. El departamento era propiedad de una modelo sueca que se encontraba fuera del país. Para Salaberry, recién llegado de las austeras condiciones en Argentina, vivir en un departamento lleno de luz en uno de los barrios más pintorescos era como «el paraíso».

La gran catedral de Notre Dame no quedaba lejos y fue el escenario de la primera acción pública de Cores para llamar la atención sobre lo que sucedía en Sudamérica. Él y Salaberry unieron fuerzas con un grupo de jóvenes activistas parisinos. Pintaron un enorme lienzo de tela con la frase «Uruguay, halte à la torture!» («¡Uruguay, alto a la tortura!»). Los integrantes franceses del grupo lo ingresaron de manera oculta a una de las torres de la catedral y lo colgaron en una de las fachadas más famosas del mundo.

Luego de su llegada, el abogado y activista de derechos humanos argentino Leandro Despouy, quien había ayudado a negociar su liberación de la cárcel, logró que Cores fuera invitado al Tribunal Russell, que había convenido en Roma en enero de 1976 para continuar sus indagaciones sobre las violaciones a los derechos humanos en Sudamérica. La primera sesión se había enfocado en el golpe militar chileno; la segunda, en enero, lo hizo en los continuos abusos en Argentina. La toma de su declaración tenía por objeto conocer los detalles de su secuestro y encarcelamiento en Argentina, pero Cores tenía otra idea: estaba decidido a prestar testimonio como militante político y no a mostrarse como una víctima. Ofreció los detalles básicos de su arresto y luego, ingeniosamente, desvió el testimonio hacia Uruguay y después a un terreno aún poco familiar: el fenómeno de la coordinación internacional de las fuerzas de seguridad. Él había visto a sus interrogadores uruguayos y los podía identificar; lo habían interrogado sobre Uruguay, no sobre Argentina. Su experiencia durante su detención era prueba de que los militares uruguayos estaban trabajando al interior del país vecino. Un amigo, Juan Ángel Urruzola, citado en la biografía definitiva de Cores escrita por Ivonne Trías, observó la escena con asombro. «Lo dejaron hablar pensando que como dirigente sindical iba a denunciar la situación de Argentina, pero él terminó denunciando la cosa regional y habló de la coordinación represiva antes que se conociera el plan Cóndor».¹⁸

Cores mantuvo contacto con dirigentes del PVP en Argentina a través de llamadas telefónicas ocasionales. Mientras estuvo en Roma habló por última vez con Gerardo Gatti. A lo largo del año, las devastadoras noticias sobre las detenciones de sus compañeros del PVP en Argentina llegaron a París. Para fines de septiembre, casi toda la dirigencia había sido capturada. Más de la mitad de los militantes que habían asistido a su congreso fundacional estaban presos o muertos, de acuerdo a la última evaluación del partido. Mauricio Gatti, el único alto dirigente que evitó la captura, logró huir a Argentina y se sumó a Cores en París. Se esforzaron por comprender los errores de la estrategia del PVP y concluyeron que la decisión de tratar de construir un movimiento popular basándose en cuadros militantes, casi todos clandestinos, los aisló y derrotó.¹⁹

Hugo Cores en París estaba en la lista de blancos de Uruguay desde el momento de la reunión de Cóndor que estableció el plan Teseo en junio, y aparece por primera vez en los informes de la CIA sobre Cóndor a fines de julio. Los informes sobre el progreso de los cursos de entrenamiento de Teseo en noviembre y diciembre se refirieron específicamente a la preparación de equipos que persiguieran a «terroristas uruguayos» en París. Según el plan operativo de Teseo descrito más arriba, un primer equipo vigilaría a los objetivos, ubicaría su lugar de residencia y describiría sus rutinas que proveyeran oportunidades de vulnerabilidad para atentar en su contra. Un segundo equipo llegaría a París para recibir esta información de inteligencia y llevar a cabo el asesinato.

Un informe de la CIA el 7 de diciembre describió así lo que ocurrió:²⁰

A comienzos de diciembre de 1976, un equipo conjunto de

Cóndor de [uruguayos] y argentinos regresaron a Argentina

[desde París], donde intentaron operar en contra de tres terro

ristas uruguayos [incluyendo al miembro de la OPR-33 Hugo

Cores Pérez.] Un día antes de que el equipo Cóndor localiza

ra su casa, [Cores] repentinamente abandonó su residencia. El

equipo Cóndor está convencido de que hubo una filtración de

información sobre su plan operativo a los terroristas, que a su vez alertaron a [Cores].iii

La explicación de la CIA para el fracaso de la operación es cuestionable, al menos en la medida en que afirma que la inteligencia sobre la inminente operación llegó a Cores y le permitió huir. Mariela Salaberry dice que no hubo tal advertencia. Se fueron del departamento de Montparnasse cuando regresó la modelo sueca, y en diciembre, en el momento de la operación Teseo, vivían en un departamento más pequeño cerca de Porte de la Villette. En mi encuentro con Cores, y en múltiples entrevistas después de regresar a Uruguay, el dirigente del PVP nunca indicó haber pensado que era un blanco de Cóndor en París o que haya recibido una advertencia de inteligencia alguna vez. De haberla recibido, tomando en cuenta su rol público en el Tribunal Russell en la denuncia de la coordinación entre las fuerzas de seguridad, sin duda lo habría revelado.

También fue abortado otro plan de asesinato que posiblemente haya sido parte de la misma misión del Cóndor. Casi simultáneamente a la operación en París, Scotland Yard se contactó con el senador uruguayo Wilson Ferreira en Londres. Ferreira había sobrevivido a la batida en que habían asesinado a sus colegas Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez en Argentina; había testificado en junio ante el Congreso en Washington y luego se había ido a Londres para comenzar un exilio que duraría años. Los agentes de Scotland Yard le informaron que habían detectado un complot para asesinarlo y le brindaron protección.

Los documentos estadounidenses también señalan que el aparato Teseo había apuntado a líderes de Amnistía Internacional y de otras organizaciones de derechos humanos que enfocaban su trabajo en Sudamérica. No mencionan nombres. Sin embargo, Edy Kaufman, uno de los dirigentes de Amnistía Internacional más vinculados a las investigaciones en Uruguay y Argentina, me contó que recibió una advertencia de un oficial chileno de que había sido «nombrado en el Plan Cóndor».²¹ Nuevamente, nadie sufrió daños.

Volveremos para explorar exhaustivamente los afortunados fracasos de Cóndor. Pero primero, examinemos el tercer esfuerzo de asesinato de la Fase 3 de Cóndor reportado por la CIA durante 1976.

«Vayan tras el diputado Koch»

La CIA había descubierto otro complot ligado a Operación Cóndor. En este caso, la víctima escogida era un destacado político estadounidense: el congresista demócrata Edward Koch, que pronto se convertiría en alcalde de Nueva York.

Koch formaba parte de un pequeño grupo de diputados que en 1976 comenzó a concentrarse arduamente en las violaciones a los derechos humanos en el Cono Sur. Había ingresado al Congreso como un liberal extravagante entre un grupo cada vez mayor de liberales izquierdistas elegidos en reacción al escándalo Watergate. Como parte de su agenda política buscaba una manera de dejar su impronta en el tema de derechos humanos. Mientras que un gran porcentaje de la atención que dedicaba el Congreso en este tema iba dirigida a Chile, Koch y el diputado por Minnesota Donald Fraser querían atraerla hacia Uruguay, por la gran cantidad de personas que se encontraban en prisión y los muchos casos documentados de tortura. En junio se convocaron audiencias de investigación. Las sesiones comenzaron con la dramática aparición del senador uruguayo Wilson Ferreira, quien había logrado escapar de Argentina después de los asesinatos de sus colegas parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez. Las audiencias continuaron durante todo el verano boreal, acumulando nuevas evidencias sobre hechos represivos por parte del gobierno de Uruguay. Koch empleó las pruebas para redactar un proyecto de ley mediante el cual se cortase de inmediato toda ayuda militar a ese país. El monto en cuestión —unos tres millones de dólares— era uno de los más bajos en América Latina, lo que convenía a los planes de Koch de ganar una importante batalla simbólica sin provocar la avasalladora oposición de la administración republicana. Su estrategia estuvo bien pensada y su enmienda se convirtió en ley el 1 de octubre, reforzada por el atroz asesinato cometido a Letelier una semana antes.

Mientras Koch preparaba su enmienda, la CIA en Montevideo recogió informes de que los militares uruguayos estaban furiosos porque el congresista había puesto sus ojos en ellos. A fines de julio, el jefe de la misión de la CIA en Montevideo, Frederick Latrash, se enteró de que dos oficiales de inteligencia uruguayos habían hablado de matar a Koch como represalia, utilizando la red de Cóndor. Latrash informó sobre la amenaza a la oficina central de la CIA, advirtiendo que no la tomaran en serio pues los oficiales estaban en un cóctel y habían bebido en exceso.

La CIA no hizo nada. Latrash, violando los procedimientos básicos de la cadena de mando, tampoco comunicó la información a su superior, el embajador Ernest Siracusa. La indiferencia ante un posible atentado en contra de un congresista estadounidense fue aún más insólita si se toma en cuenta lo que el equipo de la CIA sobre América Latina estaba haciendo en julio de 1976. Como se expuso en el capítulo 10, en ese periodo la CIA descubrió los planes Teseo de Cóndor para asesinatos en Europa. Los documentos, siete de los cuales están citados en ese lapso, de junio a julio, demuestran una suerte de examen de conciencia por parte del equipo de la CIA que los leía. Esto incluía la preocupación señalada por el jefe de América Latina, Raymond Warren, respecto de «qué acciones la Agencia podría efectivamente tomar para impedir actividades ilegales de este tipo».²²

Siracusa, desconociendo la amenaza contra Koch, se encontraba en Washington en medio de una campaña del Departamento de Estado para rechazar la enmienda antes de que se transformase en ley. Argumentó que Uruguay estaba siendo atacada injustamente por su situación de derechos humanos, e insistió en que «no había evidencia» de que las fuerzas de seguridad del gobierno estuviesen involucradas en los recientes asesinatos de uruguayos en Argentina.²³ En agosto realizó un viaje especial a Nueva York para convencer a Koch de que se equivocaba sobre Uruguay. Tras dos horas con él, y suponiendo haber realizado algún avance, lo instó a que fuera a Montevideo como su invitado y viera por sí mismo la situación. Siracusa narró el asunto al ser entrevistado para un proyecto de historia oral: «Me preguntó si yo pensaba que él estaría seguro. Respondí que tan seguro como yo, ya que estaría a su lado todo el tiempo, si así lo deseaba, y mis guardias lo protegerían como me protegían a mí».²⁴ Koch dijo haber contemplado hacer el viaje, pero que no encontró tiempo para realizarlo, pues preparaba su siguiente movida política: dejar el Congreso para postularse a alcalde de Nueva York.

Cuando lo entrevisté en 2002, se consideraba un hombre afortunado de no haber viajado a Uruguay. El asesinato de Letelier en septiembre cambió radicalmente la actitud de la CIA frente a la Operación Cóndor. La amenaza a Koch, aunque había sido dos meses antes, de repente se convirtió en prioridad. El documento clave, desclasificado recién en 2019, muestra la decisión tardía de la Agencia de tomar acción. Es un memorándum dirigido a altos funcionarios del FBI, el Departamento de Estado y el Servicio Secreto, el organismo encargado de la protección de autoridades de gobierno, incluyendo al presidente y miembros del Congreso. Su cauto lenguaje le bajó el perfil a la seriedad de la amenaza, pero su sentido de urgencia es inconfundible.²⁵

Agencia Central de Inteligencia

27 de septiembre de 1976

MEMORÁNDUM PARA:

Director

Buró Federal de Investigaciones, att: División de Inteligencia

Sr. Harry W. Shlaudeman, Subsecretario de Estado para Asuntos Inter-americanos

Director, Servicio Secreto de Estados Unidos

DE: William W. Wells, subdirector de operaciones [CIA]

ASUNTO: Molestia de [uruguayos] con congresista estadounidense

[cuatro líneas tachadas] posterior al asesinato del exembajador Orlando Letelier, la revisión del archivo arrojó una pieza de información altamente especulativa y fragmentaria, que no había sido difundida fuera de la CIA al momento de ser recibida debido a su ambigüedad y la manera en que fue obtenida. La muerte de Letelier y la reciente publicidad dada al congresista Edward Koch y su patrocinio de una enmienda al proyecto de ley de Asistencia Militar Extranjera nos ha llevado a reevaluar esta información. Aunque la información sigue siendo altamente especulativa, es la opinión de la Agencia que, debido a los acontecimientos anteriores, esta información puede tener relevancia respecto de otra información disponible a los destinatarios o vínculos con algún aspecto de la actual investigación, y debe otorgarse acceso a los destinatarios. La información se detalla en el párrafo 2 que sigue.

2. Durante un encuentro social a fines de julio de 1976, un oficial del servicio de seguridad [uruguayo] le contó [a Frederick Latrash] sobre [breve tacha] la extrema molestia de los militares [uruguayos] con el congresista de Estados Unidos Edward I. Koch, autor de una enmienda para restringir la ayuda militar estadounidense a [Uruguay.] En esta conversación, y luego de beber un par de tragos,el oficial de seguridad comentó que «tal vez [Chile] tendría que enviar a alguien a Estados Unidos para ir tras el diputado Koch». [Latrash creyó] que los comentarios del oficial de seguridad no eran más que bravuconería, inducido por el alcohol que había consumido.

3. No se ha obtenido ninguna información desde julio que cambie la evaluación anterior. Sin embargo, el servicio uruguayo es partícipe, junto con los servicios de seguridad de Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, en «Operación Cóndor», un acuerdo de cooperación diseñado para contrarrestar el terrorismo y la subversión en América Latina. Una faceta de este acuerdo supuestamente incluye planes para enviar equipos de asesinos a Europa para liquidar a líderes terroristas de alto nivel y, posiblemente, algunas figuras políticas de oposición. Hasta el momento, no ha habido información que indique que «Operación Cóndor» apunte a algún ciudadano estadounidense o que se contemple alguna acción dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. Sin embargo, las circunstancias en torno a la muerte, el 21 de septiembre, de Orlando Letelier, el exembajador chileno ante Estados Unidos, en Washington D.C., presentan la posibilidad de que algunos de los servicios «Cóndor» podrían haber decidido ahora emprender acciones ofensivas en EE.UU. [Énfasis agregado]

El memorándum señaló que documentos que contenían información de antecedentes sobre Cóndor ya habían sido distribuidos al FBI y al Departamento de Estado. Una nota manuscrita en la parte superior del memorándum señala: «Obtenida autorización de la CIA para entregar al congresista Koch».

Algunos días después, Koch recibió una llamada del director de la CIA, George Bush, excolega y todavía amigo del Congreso. Koch tomó la llamada en su oficina del Congreso en Nueva York. Recuerda a Bush diciéndole que su enmienda para suspender toda ayuda a Uruguay había sido el origen de una amenaza. Según él, Bush afirmó que un militar uruguayo había hablado de mandar las fuerzas de seguridad de otro país; «creo que dijo Chile».²⁶ Koch también recibió una llamada de un agente del FBI con una advertencia similar.

Como era de esperar, el congresista reaccionó con preocupación y algo de temor. Su enmienda se había transformado en ley el 1 de octubre, poniendo fin a toda ayuda y venta militar a Uruguay en el año fiscal de 1977. Se preguntaba si debía contar con protección. Bush dijo que la CIA no se encargaba de buscar guardaespaldas. Koch también recibió la visita tranquilizadora del subsecretario de Asuntos Interamericanos, Harry Shlaudeman. En entrevista con el autor, Shlaudeman confirmó que Chile era el país que, según la amenaza, sería el encargado de asesinar a Koch. En una carta al fiscal general Edward Levi, con fecha 19 de octubre —el mismo día de la visita del FBI—, Koch de nuevo solicitó protección y sugirió otras acciones:

«Adicionalmente, ¿no sería razonable advertir al gobierno uruguayo de que sería responsabilizado en caso de un atentado en contra mío o de mi equipo?».

A esas alturas, Ernest Siracusa, el embajador ante Uruguay y el funcionario más indicado para entregar tal advertencia, aún no sabía nada sobre la amenaza al congresista porque su jefe de la CIA había retenido la información sobre el incidente cuando este ocurrió. Además, Koch sugería una advertencia a Uruguay que era, en efecto, igual a la démarche que ordenó Henry Kissinger para todos los países Cóndor en el mes de agosto, y que canceló días antes del asesinato de Letelier. Vale recordar el rol de Siracusa en esa decisión. Este dijo que era reticente a entregar la démarche de Kissinger basado en débiles «rumores», y propuso que cualquier acción fuera postergada «pendiente de una mayor clarificación».

«Aguardaré respuesta a este mensaje antes de proceder», escribió en el cable del 24 de agosto de 1976 citado más arriba. Y concluyó: «Como nuestra información más reciente indica que los planes de las ‘operaciones’ Cóndor están suspendidos pendiente la clarificación de la posición de Brasil, parece haber tiempo para seguir consultando sobre este grave asunto».²⁷ Como se describe más arriba, cuando Kissinger canceló la démarche, fue en reacción a la solicitud de Siracusa de instrucciones (ver capítulo 10, pp. 60 y 66).

En consecuencia, cuando Siracusa finalmente fue informado sobre el asunto Koch, estaba furioso. Sintió que había sido engañado, tanto acerca de Koch como sobre la idea de que la Operación Cóndor estaba congelada. Su enojo inicial rápidamente se transformó en expresión de una indignación moral rara vez vista entre las autoridades de gobierno de la época. Se convirtió en uno de los pocos funcionarios estadounidenses en plantear el tema de la posible complicidad de su país en las operaciones transnacionales de Cóndor. Al desentrañar el episodio Koch, se pueden observar y comprender muchos de los hilos hasta entonces desperdigados de la historia sobre la interacción del gobierno de Estados Unidos con Operación Cóndor.

La investigación de Siracusa

Las noticias llegaron al embajador Siracusa a través de un telegrama del Departamento de Estado la primera semana de diciembre, en seguimiento a la sugerencia del congresista Koch de advertir a Uruguay. El telegrama 292202 informó al diplomático de la amenaza en julio, citando la carta de Koch al fiscal general Levi. Siracusa recibió dos instrucciones específicas:²⁸

Se solicita a la embajada evaluar la seriedad de la amenaza. Al respecto, sería de ayuda saber la identidad y cargo del oficial militar citado. Además, se solicita la recomendación de la embajada respecto de la manera como podemos llevar este incidente a la atención del gobierno de Uruguay si amerita tal acción.

Siracusa no tardó en hacer sus tareas. Convocó a su oficina al jefe de la oficina de la CIA, Frederick Latrash, y exigió ser informado plenamente de la situación. A la tarde del día siguiente, Siracusa envió el resultado de su investigación. El tono de su largo informe, el cable Montevideo 4652 vía el Canal Roger, es profesional pero oculta apenas su enfado. «Antes de recibir el telegrama de referencia [Depto. de Estado 292202], no había escuchado absolutamente nada respecto de una amenaza en contra del congresista Koch», comenzó. El cable finalizó en una nota más fuerte:²⁹

Quiero concluir este mensaje declarando que estoy consternado de que pudiera haber un intercambio de comunicación informando y evaluando un tema tan potencialmente explosivo, y hasta trágico, respecto de una amenaza a un congresista americano, la integridad de esta misión y las relaciones entre EE.UU. y Uruguay, sin que el embajador tuviera siquiera conocimiento de ello hasta recibir el mensaje de referencia. Pretendo retomar este tema en una comunicación separada.

El objeto de su ira era Frederick Latrash, cuyo nombre fue tachado en documentos claves, pero cuyo papel fue descrito por varias fuentes. «Fue un momento muy incómodo para Siracusa», recuerda el subjefe de misión James Haahr. Se había puesto al embajador en una situación insostenible, en que aparecía invitando a un destacado estadounidense a visitar un país cuya fuerza militar tenía intenciones explícitas de asesinarlo.

El cable 4652 de Siracusa, guardado en secreto hasta 2015, por primera vez revela la historia completa, una historia que no solo es bochornosa para el embajador, sino que también devela las íntimas relaciones entre operativos de Cóndor y autoridades estadounidenses, en que los asesinatos internacionales son tema de conversación en los cócteles.iv Resulta que Latrash, a quien el embajador le ordenó revelarle los detalles, cumplió un papel personal en el incidente. Esto es lo que sucedió, basado en el informe de Siracusa contenido en su cable de mil setecientas palabras. Se complementa con otros detalles obtenidos de entrevistas con aquellos directamente involucrados:

El 23 de julio de 1976, hubo una fiesta en Montevideo, organizada por el grupo militar de Estados Unidos. Era una despedida en honor al coronel de Ejército Raúl Garibay, el agregado de defensa, quien había sido trasladado a otro destino. Asistieron todos los más altos oficiales del ejército uruguayo, incluyendo el comandante en jefe, general Julio Vadora, así como oficiales del Servicio de Inteligencia de la Defensa (SID), entre ellos el equipo uruguayo en Cóndor. Durante la velada, el mayor José Nino Gavazzo sostuvo una intensa conversación con su amigo Latrash, el jefe de la oficina de la CIA. Exiliados uruguayos como el senador Wilson Ferreira habían prestado testimonio hacía poco ante el Congreso de Estados Unidos sobre los abusos, lo cual derivó en que el diputado Koch propusiera una enmienda, prohibiendo ventas militares a Uruguay. Latrash tenía pleno conocimiento de la participación de Gavazzo en el secuestro de adversarios políticos en Argentina. La Operación Cóndor era un tema familiar para ambos. Gavazzo señaló que los militares uruguayos estaban «extremadamente irritados» con que Koch hubiera apuntado a Uruguay para criticar la situación de derechos humanos, y le dijo a Latrash que su superior, el coronel José Fons, de SID, había comentado recientemente, «después de un par de tragos», que «tal vez Uruguay tenga que enviar a alguien a Estados Unidos ‘tras él’». Gavazzo dijo que descartó el comentario, considerándolo «solo palabras al viento» en ese momento. Sin embargo, agregó que si el Congreso efectivamente aprobaba la enmienda, «la inclusión de Koch en la

Patricia Derian en una reunión celebrada en marzo de 1977. Andersen obtuvo de Derian un memorándum sobre dicha conversación y lo describe brevemente en su libro, p. 228.

lista de blancos de Cóndor podría ser considerada seriamente por parte de los miembros de Cóndor».

Latrash admitió a Siracusa que había enviado su informe sobre la conversación a la sede de la CIA a través de un canal reservado aún más secreto que el Canal Roger, ocultándolo así al embajador. Dijo que no tomó la amenaza en serio en ese momento, y que más tarde era aún más improbable que los superiores uruguayos aprobaran tales planes en vista del asesinato de Letelier en Washington. Por otra parte, dijo Latrash, si los militares uruguayos realmente «decidieran seguir adelante con tal cosa, encomendarían la operación ‘a solo una persona, el mayor Gavazzo’, y su modus operandi sería enviarlo a Estados Unidos por varios meses para desarrollar el ‘plan operativo’».

El hecho de que la amenaza haya provenido del coronel Fons y transmitida a través del mayor Gavazzo fue otra campana de alerta para el embajador. Recientemente, el 4 de noviembre, había sido informado de la designación de ambos oficiales a puestos en Estados Unidos –Fons como vicepresidente de la Junta Interamericana de Defensa y Gavazzo como agregado militar adjunto en la embajada uruguaya—. Ambas destinaciones fueron un regalo de parte de sus superiores —los generales Amauri Prantl, de SID, y Vadora, el comandante en jefe— para premiar a los oficiales que habían jugado un papel preponderante en la exitosa lucha antiterrorista. Latrash le aseguró al embajador Siracusa que él y otros oficiales estadounidenses habían sostenido «conversaciones exhaustivas» con Fons respecto de las destinaciones y la posible conexión con Operación Cóndor. Estas conversaciones entre militares estadounidenses y oficiales de la CIA con operativos uruguayos de Cóndor parecen haber ocurrido a mediados de noviembre, de nuevo sin informar al embajador. Ahora, en los primeros días de diciembre, Latrash le aseguró al embajador que la destinación de los dos oficiales vinculados a Cóndor era una «coincidencia», y que «ni Fons ni Gavazzo serán asignados a Washington con una misión de Cóndor».

Siracusa manifestó que se consideraba plenamente informado y preparado para sugerir un plan de acción a Shlaudeman en Washington. Dijo que aceptaba que el comentario de Fons sobre Koch no debía considerarse una «amenaza real» dado su contexto, y que incluso, si lo fuera, conversaciones más recientes con Fons habían reducido la probabilidad de cualquier misión de Cóndor en Estados Unidos a «prácticamente cero», ya que, en el caso de que sucediera, este sería responsabilizado por ello. Siracusa también recomendó no enviar una démarche para notificar al gobierno de que sería responsabilizado si algo le pasaba a Koch. Explicó que tal representación sería «extremadamente ofensiva» y «cuestionaría gratuitamente la integridad» del gobierno uruguayo porque la presunta amenaza era «un comentario hecho luego de algunos tragos meses atrás por un conocido suelto de lengua» —refiriéndose a Fons—.

Por otra parte, Siracusa agregó que las destinaciones de Fons y Gavazzo a puestos en Washington deberían ser canceladas de todas maneras. «No veo, repito, no veo cómo podemos en conciencia permitir que se realicen estas designaciones, por más mínima o inexistente que sea la amenaza». «Coincidencia o no, escribió, la identidad de los oficiales y el modus operandi de la operación Cóndor calzan ‘precisamente’ con la designación de Fons y Gavazzo a Washington».

Fons y Gavazzo entonces pagaron el precio —aunque uno pequeño— de la amenaza. Los dos nombramientos en Washington requerían el consentimiento del gobierno estadounidense. En un memorándum al subsecretario Philip Habib, Shlaudeman explicó la amenaza contra Koch y señaló a Fons y Gavazzo como los autores. «Gavazzo es al parecer un tipo peligroso», advirtió, desaconsejando el plácet a los nombramientos. «El solo hecho de la amenaza contra Koch es para mí motivo suficiente». Habib estuvo de acuerdo y se les negaron las visas a ambos oficiales. No obstante, la única razón pública que se dio en el momento fue que Fons y Gavazzo podían ser sujetos de «publicidad desagradable» debido a su relación con las acusaciones de violación de los derechos humanos en Uruguay. Pero en realidad, se debió a la amenaza a Koch y el hecho de que tanto uno como el otro eran operativos de Cóndor.³⁰

Siempre en su rol de perfecto profesional, Siracusa terminó su largo informe reiterando su irritación con el hecho de que Latrash no le hubiese informado sobre la amenaza en su momento, pero dijo que retomaría ese asunto en una comunicación aparte, como vimos en transcripción de cable Montevideo 4652. De hecho, a las pocas semanas, informó a la CIA que había perdido confianza en Latrash e insistió en que fuera removido de la embajada en Uruguay.

Latrash era un veterano de las campañas anticomunistas en América Latina. Sirvió en Chile previo al golpe militar en 1973 y luego fue destinado a Bolivia antes de convertirse en el jefe de la oficina en Uruguay a fines de 1975. El año 2001 el autor sustuvo una larga conversación telefónica con el coronel Fons en Montevideo acerca de su relación con Latrash. Dijo que consideraba a este su amigo. Bebían juntos, se contaban historias de guerra y en algunas oportunidades Latrash le daba dinero a cambio de información. «Lo traté como un familiar más», afirmó. «Le conté sobre el intercambio de inteligencia, pero no mencioné la palabra Cóndor. Después me aserruchó el piso. Fue el causante de que yo no pudiera ir como vicepresidente de la Junta Interamericana de Defensa. Así me pagó de vuelta».

Fons fue evasivo sobre el asunto Koch. Claramente consideraba a Latrash y a la CIA como aliados cercanos en la campaña antisubversiva uruguaya, pero habían cambiado. «Estados Unidos nos entrenó durante treinta años para luchar en contra de los comunistas. Los comunistas eran los malos. Luego llega una nueva administración [refiriéndose al presidente Jimmy Carter] y dice que los comunistas son los buenos».

No le pasó nada indebido a Koch, por supuesto. Él no supo nada sobre la Operación Cóndor hasta muchos años después, cuando fue informado por el autor y accedió a solicitar documentos claves a través de la ley de acceso a información pública. Cuando se enteró de que lo sucedido no fue una mera amenaza aislada, sino parte de una intricada alianza entre seis países, se rio.

«¿Así que soy el único otro [en Estados Unidos] además de Letelier?»

«Sí».

«¡Ja! Tengo suerte».

Las dudas morales de Siracusa

El caso de Koch fue único. Aun a diplomáticos veteranos, agentes de la CIA y militares, los golpeó muy de cerca. En consecuencia, la amenaza a Koch fue exhaustivamente explorada e investigada al interior del gobierno de Estados Unidos, y los documentos desclasificados relativos arrojan luces sin precedentes sobre las deliberaciones internas en torno a Cóndor, de una manera que en otros casos que involucran a líderes extranjeros no ha ocurrido. El caso de Koch obligó a poner atención sobre las ramificaciones morales, y no solo políticas, de la estrecha relación de enlace entre oficiales estadounidenses como Latrash con agentes de seguridad latinoamericanos que se sabía estaban involucrados en Operación Cóndor.

El embajador Siracusa, tal vez el más ardiente defensor de la guerra antiterrorista uruguaya, fue quien expresó más enfáticamente esas aprensiones morales. En el periodo inmediato luego de la resolución del asunto Koch, Siracusa supo de otro hecho impactante. Leyó el informe de la CIA sobre la misión Teseo enviada a París para asesinar a Hugo Cores y otros dos uruguayos. De acuerdo a lo que le aseguraba la Agencia, supuso que Cóndor no estaba armando operaciones fuera de América Latina. «Tenía la impresión de que la Organización Cóndor había resuelto tiempo atrás no emprender ‘operaciones’ por ahora, aunque seguiría cumpliendo su misión de coordinación y cooperación en inteligencia y seguridad entre sus varios miembros», escribió en un cable el 10 de diciembre. Claramente «ese no es el caso», protestó. De hecho, ahora sabía que la misma semana que había estado lidiando con la duda sobre qué tan duramente protestar ante el gobierno uruguayo sobre la amenaza a Koch, un equipo argentino de Teseo viajó a París en una misión para asesinar a un conocido exiliado y dos uruguayos más. Que haya fracasado por culpa de una filtración de inteligencia, fue un frío consuelo. Ya no era posible para las autoridades estadounidenses argumentar que Cóndor no continuaría llevando a cabo operaciones, incluso posibles atentados homicidas en Estados Unidos, escribió.

La CIA sabía desde julio que la nueva organización Cóndor había puesto a Hugo Cores, Wilson Ferreira y otros, incluyendo a dirigentes de Amnistía Internacional, en su lista de potenciales blancos de asesinato. Siracusa supo de esos informes, pero se le dijo que Cóndor había suspendido tales operaciones. La suspensión fue probablemente la razón de por qué Henry Kissinger había cancelado la démarche, como hemos visto. Pero Siracusa no había leído los informes de la CIA que decían que la suspensión de Cóndor había sido levantada por Brasil, y que el entrenamiento para las misiones en París se había realizado en octubre y noviembre.

En realidad —Siracusa ahora se daba cuenta—, Estados Unidos supo por adelantado de los planes, blancos y plazos de Cóndor, pero solo observó. Eso molestó la consciencia del embajador. Y expuso sus escrúpulos en un apasionado, aunque algo disperso, escrito a sus superiores en Washington:³¹

... [El conocimiento sobre los planes Cóndor] me parece que suscita la importante pregunta moral de si nosotros, habiendo sabido de un plan para llevar a cabo un intento de homicidio, no estaríamos de alguna manera contaminados por este conocimiento, convirtiéndonos en al menos colaboradores pasivos. Solo anoche leí un artículo de prensa de España que acusa a la CIA de responsabilidad compartida por el asesinato del primer ministro español hace un par de años sobre la base de que supo del complot y no lo advirtió. Yo no sé quién es Cores, salvo que es otro ser humano, pero ¿qué pasaría si el nombre mencionado fuera Wilson Ferreira u otra persona hacia la cual hubiera una simpatía más amplia? ¿Eso cambiaría nuestra actitud? Y como desconocemos los nombres de las otras dos personas, podría ser que una fuera él, a pesar de que [nos dijeron que] Ferreira fue removido de la lista de blancos de Cóndor. Pero la fuente de la información sobre su «remoción» es el mismo coronel Fons, de quien se dice que tiene la lengua suelta, como he reportado, y quien le ha dicho a otros aquí que Wilson Ferreira es hombre muerto de todas maneras. Su razonamiento, me dicen, es que otros enemigos lo alcanzarán, así que Cóndor no necesita hacerlo.

3. Comprendo la gran dificultad de los tipos de problemas planteados aquí, sobre la delimitación entre la obligación moral [menos de una línea tachada] No sé exactamente dónde debe estar la línea, pero confieso que me molesta ser poseedor de tal información. También me preocupa que nuestro habitual oficial de enlace sobre este tema aquí (y supongo que en otras embajadas cercanas también) plantea la pregunta de si nos convertimos en colaboradores pasivos si solicitamos y obtenemos esa información, pero nos mantenemos en silencio mientras se llevan a cabo las «operaciones». También tengo conciencia del hecho de que la reciente publicidad a presuntos complots de asesinatos de la CIA ha llevado a claras instrucciones de parte del Ejecutivo y el Congreso de que esto no deba ocurrir de nuevo. ¿Cómo se relaciona el problema que planteo aquí con esas instrucciones? ¿Son las operaciones de inteligencia de Cóndor aquí consistentes con ellas?

4. Tal vez ayudaría saber, si es posible, lo que piensa la comunidad de inteligencia en Washington respecto de Cóndor. Siempre he tenido una sensación medio irreal sobre todo ello, tal vez reforzada ahora por el conocimiento que tengo sobre la fuente de nuestra información y sus peculiares características.v

¿Cuál era la realidad de Cóndor y cuál la moralidad del estrecho vínculo entre algunos de sus oficiales y agentes de la CIA y militares estadounidenses? Siracusa abordaba preguntas que merodeaban en los círculos políticos estadounidenses desde que Operación Cóndor fue descubierta por la CIA a comienzos de 1976. Pero las preguntas fueron respondidas dentro del marco del realismo en política exterior de Henry Kissinger, la Luz Roja-Luz Verde. El equilibrio de costos y beneficios entre apoyar cruzadas anticomunistas y derechos humanos se había inclinado generalmente hacia el lado de un apoyo vigoroso a las cruzadas y una relativamente tibia crítica a los abusos. No había duda sobre la cruda realidad de las centenares de muertes, desapariciones, torturas y detenciones que ocurrían al interior de los países Cóndor como resultado de la coordinada represión transnacional. Es llamativo, entonces, que para las autoridades de Estados Unidos, la preocupación estuviera centrada en las operaciones fuera de América Latina —en palabras de un memorándum de la CIA, «acciones ofensivas fuera de su propia jurisdicción»—. Si Estados Unidos tomó alguna acción efectiva en contra de Cóndor, fue la de incentivar a los servicios de seguridad europeos a frustrar las operaciones en sus territorios —al menos es lo que se puede deducir del registro desclasificado disponible ahora—. Aquellas acciones consistieron en traspasar a los servicios de inteligencia europeos la información que la CIA y otras agencias estadounidenses habían obtenido sobre las operaciones Teseo de la organización Cóndor.

Una y otra vez, autoridades de Estados Unidos hicieron saber a países Cóndor que su gobierno estaba en conocimiento de los planes para los asesinatos europeos, pero esas advertencias directas tuvieron poco efecto y llegaron demasiado tarde para prevenir el crimen de Letelier en Washington, como hemos visto.

Pero ya sea como hayan ocurrido, los esfuerzos fueron completamente exitosos en hacer fracasar Teseo en Europa. De hecho, ninguno de los blancos considerados sufrió daño, a pesar de que había equipos Cóndor persiguiéndolos activamente. No obstante, los tres principales países Cóndor —Chile, Uruguay y Argentina— persistieron en su intención de llevar a cabo misiones de asesinatos en Europa, al menos hasta fines de 1977. La CIA supo de esos atentados e informó sobre ellos también, algunos operaciones bilaterales o incluso unilaterales. Ningún exiliado en Europa fue muerto o herido.

Las filtraciones

Justo cuando se cumplió un año desde la puesta en marcha de Cóndor, tanto la inteligencia estadounidense como los regímenes involucrados se hacían las mismas preguntas sobre la efectividad y los planes futuros de la Alianza. A mediados de diciembre, los miembros de Cóndor se reunieron para evaluar su primer año de funcionamiento, en la tercera de las reuniones plenarias del sistema Cóndor llamadas «Conferencias». La primera fue la conferencia fundacional en noviembre de 1975 y la segunda, aquella realizada entre el 29 de mayo y 1 de junio de 1976 —cuando se aprobaron los planes para las operaciones Teseo en Europa—.

También se llevaron a cabo otras reuniones bilaterales y multilaterales, como se señaló en capítulos anteriores. El 13 de diciembre, pocos días después de las dos fracasadas misiones Teseo en París, los seis miembros convocados en Buenos Aires se reunieron en la tercera conferencia del Sistema Cóndor «para revisar actividades pasadas y discutir planes». La presidió Otto Paladino, quien había recibido críticas por las filtraciones y pronto sería reemplazado. Al menos cuatro cables de la CIA informaron sobre varios aspectos de la reunión. El análisis de los documentos permite establecer que su principal fuente en el encuentro era un oficial paraguayo, el comandante Rubén Sosa.

Las críticas a las evidentes transgresiones a la seguridad fueron un punto importante de la agenda y se enfocaron en Argentina. Esta asumió la responsabilidad por la fallida operación en Europa, según el relato de Sosa. El oficial de la CIA que escribió el informe trataba de determinar si los países Cóndor planeaban operaciones «ya sea en Estados Unidos o Europa». Fue en ese contexto que la fuente de la CIA comentó sobre la filtración de inteligencia que llevó al fracaso de las operaciones en Francia:³²

[Sosa] advirtió, sin embargo, que se había fortalecido la seguridad en el Centro de Operaciones en Buenos Aires y se había aumentado la compartimentación luego de que los representantes descubrieran en septiembre de 1976 que el servicio de inteligencia francés sabía de la existencia de Operación Cóndor y de algunos de sus objetivos.

Esta transgresión a la seguridad produjo una reacción sumamente grave en Argentina, ocasionando el despido del entonces director de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), quien fue reemplazado por el General Carlos Enrique Laidlaw, el actual director. Agregó que el incidente anterior hizo que los representantes de Cóndor se dieran cuenta de que los demás servicios de inteligencia probablemente estuvieran al corriente de su organización y, por lo tanto, había que actuar en consecuencia, es decir, con máxima cautela. [una palabra tachada] Comentario: El general Otto Paladino era el exdirector de SIDE. Ningún informe previo indica que su reemplazo fuera una medida disciplinaria.

El general Paladino, amigo cercano del jefe de la DINA Manuel Contreras, había reemplazado a este como jefe titular de la Operación Cóndor en algún momento de 1976 —los registros de inteligencia varían en la fecha—, probablemente poco después del golpe militar en Argentina, cuando la mayor parte de las operaciones de Cóndor se trasladaron a ese país. La operación en París había sido controvertida —Contreras y Paladino la promovieron; Brasil lideró la oposición a ella, con Bolivia y Paraguay en última instancia tomando partido con Brasil—. Teseo siguió adelante con solo tres de los seis miembros Cóndor. Ahora su fracaso había provocado el segundo remezón en su liderazgo en menos de un año.

La CIA también reportó que el general Carlos Enrique Laidlaw, el sucesor de Paladino como jefe de SIDE, fue escogido como «nuevo jefe de Operación Cóndor». Los países miembros también decidieron en la reunión de diciembre «rotar anualmente el liderazgo de Operación Cóndor» entre ellos. El puesto más alto se había tornado una «formalidad». El jefe de Cóndor estaba encargado de asuntos administrativos y presidió las reuniones como «moderador».³³

Sin duda, la seguridad operativa fue un punto débil de Cóndor, especialmente respecto de las misiones en Europa. Abundaban las filtraciones, en particular a la CIA pero también al FBI. Nuevos documentos revelan que Robert Scherrer, del FBI, obtuvo su información sobre las operaciones planificadas para Francia y Portugal de una fuente en el equipo argentino de Teseo, Horacio Poire. Michael Townley atribuyó a una transgresión a la seguridad por parte de los argentinos el fracaso de la operación en diciembre en contra de los dirigentes de la JCR. La otra operación Teseo que tuvo como blanco a Hugo Cores también falló, y la fuente de la CIA atribuyó el fracaso a una filtración a Cores —algo que la esposa de Cores niega rotundamente—.

La mejor razón documentada de los fracasos en Europa fue que la CIA utilizó su inteligencia sobre Cóndor para ayudar a detener los planes en Europa. Como se demuestra más arriba, esta tenía varias fuentes internas que le describieron los planes y actividades de Cóndor. Ya en agosto de 1976, la agencia estadounidense alertó al servicio de inteligencia francés sobre la existencia de Cóndor y sus planes para asesinar a exiliados sudamericanos en París. Se traspasó una información similar sobre Cóndor también al servicio de inteligencia portugués, de acuerdo a una investigación separada de un comité del Senado de Estados Unidos.

El informe sobre el episodio señala:³⁴

«El complot fue frustrado (...) La CIA alertó a los gobiernos de los países donde era probable que ocurrieran los asesinatos —Francia y Portugal—, que a su vez advirtió a los posibles blancos (la CIA conocía solo la identidad de Carlos) y llamó a representantes de los países Cóndor para advertirles de abortar la acción. Lo hicieron luego de negar en un principio que lo habían planificado».

De hecho, todos los asesinatos fueron evitados, pero no se puede dar por confirmada la idea de que los dos países alertaron a los blancos. Desafortunadamente, Francia y Portugal nunca han revelado nada sobre sus acciones. No está claro cómo actuaron los franceses y otras agencias sobre la base de la información que les entregó la CIA. La noción de que los «blancos» fueron alertados debería ser posible de confirmar al conversar con aquellos cuyas identidades se conocían. Hablé con tres blancos de Cóndor: Cores (y su esposa), René Valenzuela e Ilich Ramírez Sánchez («Carlos»). Ninguno dijo haber recibido alguna advertencia de parte de las autoridades francesas o portuguesas. En cambio, en un caso probablemente relacionado con el atentado a Cores, el senador Wilson Ferreira, que vivía en Londres, sí fue advertido por Scotland Yard de un atentado en curso y le fue brindada protección.³⁵

Y los servicios de inteligencia de Cóndor sabían que sus pares europeos habían sido informados. Después del asesinato de Letelier, en al menos dos ocasiones oficiales de la CIA confrontaron a representantes de Cóndor —de Chile (Manuel Contreras) y Uruguay (José Fons)— advirtiéndoles que Estados Unidos tenía conocimiento de sus planes. Los miembros de Cóndor se enteraron en octubre, si no antes, de que los franceses estaban al tanto de sus propósitos en París. Un informe de la CIA en noviembre señala que representantes de Chile y Argentina en Cóndor estaban en contacto con sus contrapartes francesas respecto de limitar sus acciones.³⁶

Luego de supuestamente enterarse de que los franceses sabían de los planes de Cóndor para operar en Francia, oficiales de seguridad de Argentina y/o Chile informaron a sus contrapartes francesas de que Cóndor funcionaría en Europa, pero no en Francia.

Cualquiera que haya sido la verdad respecto de estos contactos, Cóndor sí operó en Francia. Chile, Argentina y Uruguay despacharon al menos dos misiones de asesinato Teseo a París en la primera semana de diciembre, solo una semana después del informe. Se sabe que no tuvieron éxito. Al parecer las agencias de inteligencia francesas detectaron las operaciones mientras se llevaban a cabo, y tomaron acciones para detenerlas, probablemente contactando a las agencias de seguridad de Cóndor directamente. Se desconoce cómo sucedió exactamente.

Dilema para la CIA

El gobierno de Estados Unidos nunca reclamó algún crédito por lo que parece haber sido una exitosa acción encubierta y de inteligencia. Tampoco ha asumido su responsabilidad por sus fallas —no haber actuado sobre la base de la información de Cóndor que tenía antes del asesinato de Letelier—. Harry Shlaudeman dijo que la démarche buscaba prevenir «una serie de asesinatos internacionales». Esas muertes —en Europa, según los informes de inteligencia que manejaba Shlaudeman— fueron efectivamente evitadas. Esa fue una historia de éxito. Sin embargo, hubo una excepción colosal que tal vez explique por qué el gobierno de Estados Unidos ha ocultado lo que hizo por tanto tiempo, en lugar de revelar sus logros. La excepción fue el asesinato de Letelier, que, visto en retrospectiva, claramente pudo haber sido prevenido y no lo fue. Fue un fracaso de inteligencia tan enorme que obliteró el indudable éxito de los meses siguientes, al evitar las operaciones Teseo en Europa. En otras palabras, para que la CIA y autoridades estadounidenses como Harry Shlaudeman revelaran sus logros, tendrían también que reconocer su fracaso en prevenir el asesinato de Letelier y de una ciudadana estadounidense en las calles de la capital de Estados Unidos. También tendrían que responder por la parte de Luz Verde de la ecuación: el conocimiento, apoyo y consentimiento a las torturas, ejecuciones y desapariciones de otras víctimas a manos de las fuerzas de seguridad de cada país. Así que en lugar de proclamar su existosa pero manchada gestión en Europa, el gobierno de Estados Unidos mantuvo el secreto de su conocimiento previo de Cóndor durante décadas, incluso llegando a negar que la CIA estuviera al corriente de los planes internacionales de Cóndor antes del asesinato de Letelier y tratando de presentar el homicidio como algo no relacionado con Cóndor.

El volumen y detalles de la información que manejaba la CIA continuaron creciendo mientras terminaba el año 1976 y la alianza Cóndor avanzaba hacia sus últimos dos años de existencia.

EL ENIGMA DE SCHERRER

El descubrimiento de la Operación Cóndor por parte de Robert Scherrer una semana después del asesinato de Letelier plantea un enigma irresuelto. En múltiples entrevistas para mi libro sobre este asesinato, publicado en 1980, Scherrer insistió en que la CIA no sabía nada sobre Cóndor antes del atentado, salvo como un esquema para intercambiar inteligencia. Parecía hablar de buena fe y yo le creí. La realidad era, sin embargo, que había al menos veinticuatro informes de la CIA en los archivos del FBI sobre los planes de asesinatos internacionales de Cóndor en Europa. No obstante, en entrevistas con el autor antes de morir, Scherrer insistió en que su cable sobre Operación Cóndor fue el primero en revelar los planes de asesinato fuera de América Latina, específicamente en Francia y Portugal.

Planteé el tema del conocimiento sobre Cóndor de la CIA versus el FBI en una entrevista el 17 de agosto de 1979. The Washington Post había publicado una columna de Jack Anderson con una versión filtrada de un informe del Comité de Inteligencia del Senado que mencionaba a la Operación Cóndor el 2 de agosto. Decía que la CIA había alertado a los servicios de inteligencia de Portugal y Francia sobre los planes de Cóndor y esos servicios habían enviado advertencias a las agencias Cóndor. Scherrer estaba preocupado de que la acción de la CIA, realizada sin informar al FBI, hubiera puesto a su fuente en peligro. «Porque él está allá afuera, ya sabes, desnudo en la calle», me dijo. Su fuente, que ahora sabemos se trataba de Poire, era una de las tres o cuatro personas que sabían de los planes en Portugal y Francia a los que se refería Scherrer en su cable. Esta fuente podría haber sido identificada fácilmente cuando la CIA alertó a los servicios franceses y portugueses, dijo.

Scherrer estaba convencido de que la CIA supo de los planes en Francia y Portugal a través de su cable del 28 de septiembre. Dijo que su fuente después reclamó que había sido expuesto y temía estar en peligro. «Podrían haber provocado la muerte de mi fuente. Afortunadamente, no fue así».

Pero Scherrer parecía tener dos opiniones respecto de si la CIA tenía su propia información: «[La CIA] les traspasó in- formación [a las agencias de Francia y Portugal] sin contarnos —deberían haber chequeado con nosotros—. O tenían información independiente. Si tenían información independiente, dudo de que la hubiesen ocultado de nosotros. Y francamente, he visto todo lo que han sacado al respecto [Cóndor], y nunca vi nada parecido. Si es verdad que usaron mi informe, que así sea».

«Tiendo a pensar que fue lo último [que usaron el informe de Scherrer], que decidieron que simplemente no podían arriesgar la posibilidad de que algo sucediera en esos países, e iban a tener que difundir ... Así que [tendrían que haber] tomado el toro por las astas y dicho, vamos a tener que hacerlo, no vamos a consultar con nadie, tenemos información independiente, o —dudo un poco sobre lo segundo— si la tenían, deberían haberla compartido con nosotros.Creo que lo habrían hecho respecto de Letelier, salvo que fuera algo que no tenía nada que ver con Letelier».

Cuando realicé la entrevista en 1979, yo no tenía idea de la extensión del conocimiento que poseeía la CIA sobre Cóndor, así que no pude hacer mucho más que especular con él respecto de lo que podría haber sucedido. Para que la CIA haya alertado a los portugueses, le dije, «estaban o violando las reglas sobre la difusión de información de otra agencia o tenían información independiente».

«Una cosa u otra», coincidió Scherrer.

Capítulo 14

ASESINATOS FRACASADOS

El asesinato de Orlando Letelier, el exembajador chileno ante Estados Unidos, había demostrado a los países Cóndor que los asesinatos políticos de extremistas en el extranjero tenían efectos perjudiciales definitivos sobre los países Cóndor.

Cable de inteligencia de la CIA, 1977¹

SIDE preparó una operación, que después fue suspendida, para asesinar a líderes montoneros en Europa. Aníbal Gordon era la persona que participaría directa y personalmente en la operación ... A fines de agosto de 1977, SIDE preparaba operaciones en contra de dirigentes montoneros en Francia e Italia.

Cable de inteligencia de la CIA,

septiembre 1977²

La reunión de cuatro días de los miembros de Cóndor finalizó el 16 de diciembre. Una de esas noches, el jefe de SIDE Otto Paladino ofreció una gran y ruidosa fiesta para los oficiales de inteligencia reunidos allí. La ocasión fue su propio retiro como jefe de SIDE y reemplazo como director de Cóndor. Era una fiesta de despedida para él y otros oficiales y civiles de las unidades que perseguían a extranjeros en Argentina. Reunidos en una sala estaban los equipos operativos y de inteligencia que componían la Operación Cóndor. Varios oficiales presentes describieron la fiesta en testimonios secretos a un tribunal militar en 1977.

La fiesta fue organizada por Aníbal Gordon, el comandante civil de Automotores Orletti, donde funcionaba la unidad Operaciones Tácticas (OT) 18. Estuvieron presentes los oficiales militares que trabajaban bajo las órdenes de Paladino. Eran los hombres y unidades más estrechamente vinculados a Cóndor: el teniente coronel Juan Ramón Nieto Moreno, jefe de contrainteligencia y del Grupo de Trabajo (GT) 5 de la Central de Reunión, a cargo de identificar blancos de Cóndor en conjunto con representantes de los países de Cóndor; el teniente coronel Rubén Víctor Visuara, jefe de Operaciones Tácticas 1, una de cuyas unidades operativas era OT 18, y el capitán Marcelo Alberto Calmon, jefe de OT 18 y el superior militar directo de Gordon. Los oficiales uruguayos y chilenos que representaron a sus países en Cóndor también formaron parte del grupo. Los oficiales que describieron la fiesta no los nombraron, pero probablemente eran los representantes de Cóndor cuyos nombres ya conocemos: los mayores José Nino Gavazzo, de Uruguay, y Christoph Willeke, de Chile. También asistieron oficiales de la Policía Federal asignados al GT 5.

La fiesta tuvo lugar en un restaurante de parrilladas al lado del río, que era uno de los locales favoritos de los servicios de seguridad. Su nombre era apropiado: «Los Años Locos». A los agentes les gustaba juntarse en ese lugar tarde en la noche para tomar y compartir historias de guerra luego de llevar a cabo los secuestros y las ejecuciones, las operaciones más sucias de la guerra sucia. Una fuente consultada para este libro, Leandro Sánchez Reisse, quien trabajó como agente financiero civil para el Batallón 601, dijo que asistía a menudo al local para tomar whisky con los agentes. Algunas noches dijo haber visto a agentes bebiendo en el restaurante con manchas de sangre en sus ropas.³

La fiesta fue el último encuentro para muchos de los agentes que estaban siendo destinados a otras bases. El grupo OT 18 de Gordon había sido desmantelado. La unidad cultivó una reputación de ser una pandilla de mafiosos que buscaban enriquecerse y eran mal vistos por la jerarquía castrense. Además, a comienzos de noviembre el ERP se enteró de la ubicación de Automotores Orletti. Dos prisioneros de la organización que estuvieron en el lugar, José Ramón Morales y Graciela Luisa Vidaillac, lograron un espeluznante escape en medio de un tiroteo. El 3 de noviembre de 1976, mientras dormía la guardia, Vidaillac desató sus amarras, liberó a su esposo de su celda y agarró un fusil FAL. Lograron escapar por la escalera de la parte delantera del inmueble, pasando por el puesto de guardia y forzando la puerta que daba a la calle.

Mientras corrían fuera del inmueble, vieron el letrero que decía «Automotores S.A.». Sobre el letrero estaban las palabras «Cortell, Cortell, Cortell», que recordaron equivocadamente como «Orletti». Su descripción del lugar llevó finalmente a su identificación como centro clandestino de tortura. Con su ubicación descubierta, Orletti, «El Jardín», ya no podía seguir utilizándose para mantener a los detenidos. El efecto inmediato fue la decisión del Ejército de cerrar Orletti y disolver el OT 18 de Gordon. La huida se sumó a la lista de fracasos operativos y de inteligencia del comando de Paladino.⁴ Este fue reasignado al Estado Mayor del Ejército, considerado generalmente la última destinación sin futuro para un alto oficial caído en desgracia. No obstante, Aníbal Gordon y algunos de sus hombres continuaron activos en el Ejército, con nuevas destinaciones en nuevas bases.

Los prisioneros que se encontraban en Orletti en el periodo octubre-noviembre, al momento del escape, fueron trasladados a otro sitio cuya ubicación se desconoce. Ninguno sobrevivió. Incluía a un grupo grande de uruguayos del PVP. Orletti albergaba a varios prisioneros transferidos recientemente desde Bolivia, ya que el equipo de Cóndor había comenzado hacía poco otra operación conjunta con ese país. A excepción de los dos fugitivos, todos los prisioneros de este último grupo en Orletti —bolivianos, uruguayos y argentinos— desaparecieron.⁵

La reunión de diciembre inauguró una nueva etapa de cambios para Operación Cóndor. A pesar de sus reveses, las operaciones de las fases 2 y 3 continuaron en 1977. La Fase 1, el banco de datos de inteligencia basado en los computadores chilenos, continuó su vigoroso intercambio. Sin embargo, Cóndor se había tornado una organización dividida y algo contenciosa. La indignación internacional por el asesinato de Letelier, junto con el fiasco de las primeras operaciones Teseo en Europa, llevó a dudas y diferencias estratégicas que a la larga causarían que la gran visión global de Cóndor se desvaneciera. No obstante, se llevaron a cabo grandes operaciones de la Fase 2, con más de cien traslados de prisioneros entre los países miembros. Otros dos países, Ecuador y Perú, se integrarían a la alianza Cóndor. Además, los países lograron un acuerdo en la reunión de diciembre para lanzar una ambiciosa operación de guerra psicológica para desacreditar a las organizaciones de derechos humanos, especialmente aquellas administradas por la Iglesia católica.

Cóndor comenzaba su juego final, y la CIA observaba de cerca.

Operación en París

A fines de 1976 y durante todo 1977, la CIA estaba monitoreando los acontecimientos usando sus muchas y bien colocadas fuentes al interior de Cóndor. Los informes de inteligencia eran abundantes, pero algunos contenían información contradictoria que debe ser cuidadosamente analizada para aclarar el panorama. Además, hubo una importante operación Teseo que no fue informada en los documentos de la CIA desclasificados a la fecha. Sobre esa misión contamos con un relato atribuido directamente al teniente coronel Rubén Víctor Visuara, uno de los altos oficiales del Ejército argentino identificado más arriba. Como hemos visto, Visuara fue asignado a SIDE como comandante de las unidades operativas con base en calle Billinghurst. En la década del noventa, sintiendo un remordimiento tardío por las muertes de la guerra sucia, el oficial habló anónimamente con un periodista, y contó la historia detallada de un «Operativo Cóndor» en el que un comando conjunto de agentes argentinos, chilenos y uruguayos llegó a París con la misión de matar a tres prominentes exiliados. Los blancos eran Isabel Allende Bussi, hija de Salvador Allende, Rodolfo Mattarollo, dirigente político del PRT-ERP de Argentina, y el senador uruguayo Enrique Erro. Todos jugaban un papel relevante en la creciente campaña de derechos humanos en Europa en contra de las dictaduras sudamericanas.

Visuara reveló la operación al periodista Jorge Boimvaser, quien escribió sobre ella en su libro Los sospechosos de siempre, publicado en 2001. Sin embargo, el relato atrajo poca atención en ese momento. Sobre su fuente anónima, Boimvaser solo indicó que la operación en París, realizada por un «comando conjunto» de Argentina, Chile y Uruguay, «ahora sale a luz merced a la confesión de uno de los integrantes del comando conjunto».⁶

Un colega, el autor Martín Andersen, me dio a conocer el capítulo de Boimvaser sobre Cóndor en 2019, a la luz de las nuevas desclasificaciones. Estaba francamente atónito de descubrir que la misión descrita por Boimvaser coincidía casi exactamente con la estructura y procedimientos operativos revelados por la CIA sobre las misiones Teseo de la Operación Cóndor. Me contacté con Boimvaser y le compartí esos documentos de la CIA, que reflejan con tanta precisión los detalles operativos secretos sobre los cuales él había escrito más de veinte años antes de su desclasificación.

Boimvaser dijo estar contento de conocer la nueva evidencia que respaldaba su relato. Señaló que la versión no fue tomada en serio en su momento. «La gente dijo en ese momento que era una fábula», agregó. El capítulo de Boimvaser, leído junto con los nuevos documentos de la CIA, agrega un episodio relevante y creíble a lo que ya sabemos sobre la Operación Cóndor. Aun así, los detalles en el capítulo deben ser verificados con otros hechos conocidos a través de otras vías, y las discrepancias, particularmente respecto de la fecha, deben ser resueltas.

Boimvaser dijo que conoció a Visuara mientras reporteaba sobre el atentado terrorista en 1994 al centro comunitario judío conocido como AMIA, en el que murieron ochenta y cinco personas. Ya retirado del Ejército, Visuara tenía una empresa de seguridad en Buenos Aires. Tenía poco que decir sobre el crimen en la AMIA, pero luego de un almuerzo y varias copas de vino, comenzó a hablar de su trabajo pasado en las campañas antisubversivas. Dijo sentirse orgulloso de los triunfos militares en los setenta, pero que sentía remordimiento por toda la sangre derramada.

Como se estableció a partir de otras fuentes ya citadas, el teniente coronel Visuara era el jefe de Operaciones Tácticas 1 de SIDE, trabajaba desde la base en calle Billinghurst y estaba a cargo de la unidad operativa más directamente vinculada a Operación Cóndor, la OT 18 de Gordon y Automotores Orletti. También trabajó directamente con el jefe de contrainteligencia, el teniente coronel Juan Nieto Moreno, cuyos vínculos con Cóndor también han sido firmemente establecidos. En otras palabras, Visuara era una fuente primaria sobre Operación Cóndor y estaba en situación de poseer información de primera mano, desde el interior, sobre sus operaciones militares.

Boimvaser aclaró que ahora podía revelar el nombre de su fuente por primera vez porque Visuara había muerto y su promesa de confidencialidad quedaba sin efecto. Aquí está la historia según se la contó a Boimvaser, con atención particular a los detalles que la identifican con la descripción de Teseo hecha por la CIA:

Visuara, la fuente de Boimvaser, dijo que el general Paladino, de SIDE, recibió una orden del general Videla, jefe de la Junta Militar, para contactar a Manuel Contreras de la DINA respecto de un proyecto secreto especial. El capítulo de Boimvaser señala la fecha como inicios de junio de 1977, pero Paladino ya no estaba en SIDE para entonces. Otra evidencia indica que la misión habría ocurrido probablemente a fines de noviembre o en diciembre de 1976, al mismo tiempo, aproximadamente, de las otras operaciones Teseo.i La orden fue seguida por un cable y una llamada telefónica en la cual Paladino y Contreras acordaron que Chile enviaría un equipo especial a Buenos Aires a dirigir cursos de entrenamiento. Uruguay también envió a media docena de agentes para participar en la operación. Aníbal Gordon y su notorio equipo de OT 18, ya bajo el mando de Visuara, serían asignados a un rol operativo clave, como ejecutores. El oficial de contacto para los equipos y el consiguiente entrenamiento era el teniente coronel Juan Nieto Moreno. Visuara le dijo a Boimvaser que la acción era parte del «llamado Grupo Cóndor» que ya había sido creado. Según el texto, «[l]os tres países habían dado nacimiento tiempo atrás al llamado ‘Grupo Cóndor’». Todos esos detalles se alinean con la información de la CIA.

El objetivo estratégico era sofocar la cada vez más exitosa campaña en Europa para desacreditar a los gobiernos militares. Los tres países Cóndor estaban preocupados porque los exiliados estaban ganando la batalla propagandística en Europa. Escogieron a tres personalidades exiliadas como blancos, cuyas muertes serían espectaculares y servirían de escarmiento para otros activistas.

Isabel Allende Bussi, la joven hija del fallecido presidente chileno, era una figura emblemática en el movimiento de derechos humanos. Hoy es senadora del Partido Socialista y fue la primera mujer electa por sus pares para presidir el Senado chileno —el mismo cargo que ocupaba su padre cuando se postuló exitosamente a la presidencia en 1970—. En una entrevista, ella dijo que en 1976-1977 vivía en el exilio en México con su madre, Hortensia Bussi, la viuda de Allende. Con poco más de treinta años, Isabel viajaba frecuentemente a Europa por trabajo político y de solidaridad. Cuando iba a París, a menudo se juntaba con el dirigente socialista Carlos Altamirano, quien se había trasladado a la capital francesa desde Berlín Oriental. Altamirano y su esposa Paulina vivían en un clásico departamento antiguo en el VI distrito de la orilla izquierda del río Sena, no lejos de los hermosos Jardines de Luxemburgo. Altamirano también era un blanco permanente de las operaciones chilenas en Europa, como hemos visto. Pero los exiliados chilenos no tenían conocimiento de eso, y mucho menos pensaron que podrían correr peligro en París, dijo Allende.

«Había que responder, respondíamos, pero la verdad que nunca mencionamos lo que después, con la reconstrucción más histórica, lo que han logrado hacer, por ejemplo, con el tema de la Operación Cóndor. En ese momento uno ni siquiera sabía ni estaba en su registro ni pensaba en algo así. Con Carlos Altamirano salíamos a caminar, asi es que no habían muchas medidas de seguridad. Salíamos con don Carlos, porque era un gran caminante, por decirlo así. Me acuerdo que fuimos por los parques, por los Jardines de Luxembourgo, lo que sea, y caminábamos por mucho rato. Íbamos a su casa, conversábamos con Paulina, íbamos a tomar un café».

Otros amigos también la hospedaron durante sus viajes a París, incluyendo al escritor francés Régis Debray; Carmen Castillo, la compañera del dirigente del MIR Miguel Enríquez, muerto en un enfrentamiento con la DINA; Carlos Lazo, expresidente del Banco del Estado durante el gobierno de su padre, y Guillermo «Willy» Oddó, guitarrista de Quilapayún, uno de los conjuntos folclóricos de protesta chilenos más conocidos. Todos participaban de la lucha en contra del régimen de Pinochet. Allende dijo que ella y su madre se presentaron ante el Tribunal Russell en Bélgica y prestaron testimonio sobre los abusos en Chile. También pasó tiempo con la comunidad de exiliados en Roma.⁷

Los militares argentinos tenían su ojo puesto en Rodolfo Mattarollo, militante del ERP y abogado que poseía un talento especial para diseñar métodos efectivos para llamar la atención sobre las atrocidades de las dictaduras. Era el dirigente principal de dos organizaciones de derechos humanos creadas por exiliados de izquierda: la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) y el Centro Argentino de Información y Solidaridad (CAIS). Los representantes del ERP y Montoneros trabajaban juntos en estas organizaciones y compartían una oficina en Avenue de Choisy. Mattarollo también participaba en la Comisión Internacional de Juristas, una importante organización internacional de derechos humanos con sede en París. Un informe del gobierno argentino, entregado a la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, denunciaba a Mattarollo en la misma línea junto con los «asesinos» montoneros Jaime Firmenich y Fernando Vaca Narvaja, señalando que formaban parte de una «pandilla [...] que actúa libremente en Europa, quienes alimentan las campañas de difamación que realizan diarios de París, Madrid, Estocolmo, Bonn y de otras ciudades europeas en contra de nuestro país».⁸

La víctima intencionada de los uruguayos era Erro, el exsenador, quien se había radicalizado en el exilio y, al igual que Michelini, había trabajado para crear un frente común con los Tupamaros y otros grupos antimilitares. Las tres figuras eran conocidas en los círculos intelectuales de París y gozaban de la protección del gobierno francés, a pesar de ser presidido por el conservador Valéry Giscard d’Estaing. Informes de inteligencia argentinos vincularon a dos de los tres —Mattarollo y Erro— a las actividades de propaganda de la JCR en Europa.

La operación para matar a los tres exiliados, como lo detalla Boimvaser en su libro, coincide con los procedimientos operativos descritos en los documentos de la CIA que hemos visto:

--El centro de comando operativo se ubicaba en la base de SIDE en Buenos Aires.

--Se realizaron cursos de entrenamiento, con instructores chilenos y argentinos. Visuara le contó a Boimvaser que los cursos tuvieron lugar en la base de calle Billinghurst. Participaron dos agentes de cada uno de los tres países.

--Uruguay estaba corto de dinero para la operación, así que Chile cubrió la diferencia y pagó la mayor parte de los pasajes aéreos y hoteles.

--El servicio argentino estaba a cargo de producir pasaportes falsos para la misión.

--SIDE proveyó las armas: pistolas de 9 mm y calibre 22 con munición expansiva para maximizar el daño físico a la víctima.

--El armamento y los equipos, así como los mensajes más secretos, eran despachados desde Argentina vía valija diplomática a la embajada en París.

--Se crearon dos equipos separados: uno para hacer vigilancia y el segundo para llevar a cabo los asesinatos mismos.

Cada uno de estos detalles operativos del libro de Boimvaser coincide con las descripciones en varios documentos de la CIA, particularmente en el extenso documento «Reglamento Teseo, Base de Operaciones», cuyo texto se reproduce en las páginas 381-385.⁹

La operación en París, como está descrita en el libro, fue diseñada para maximizar el efecto terrorista. El plan establecía que cada una de las tres víctimas fuera asesinada dentro de una hora después de la anterior. El plan para estos ataques simultáneos dependía de la precisión de las operaciones de inteligencia y vigilancia, que concluyeron que las víctimas seguían rutinas diarias regulares y ninguna tomaba algún tipo de precaución de seguridad. El equipo de inteligencia había hecho su trabajo en terreno en París. «Cada uno de los tres servicios actuantes disponía de un relevamiento pormenorizado de direcciones particulares, domicilios políticos, itinerarios habituales, horarios de rutina y demás datos de inteligencia de su víctima», señala el texto de Boimvaser.

El equipo de inteligencia se fue de París, dejando a un agente como enlace con los ejecutores. Miembros del «equipo operativo» —los asesinos— llegaron en vuelos distintos, todos desde ubicaciones diferentes en Europa o América, a lo largo de dos días, convergiendo en el aeropuerto internacional Charles de Gaulle. Alojaron en distintos hoteles y pensiones, pero se juntaron en reuniones secretas para coordinar los detalles finales de los planes. Realizaron tareas de reconocimiento de los lugares donde se harían las ejecuciones. Visuara entregó un intrigante detalle sobre el equipo chileno:¹⁰

El responsable del grupo chileno sostuvo en una conversación informal con el resto de los agentes que informaba al general Contreras de cada detalle de la operación. Reconoció que Contreras, a su vez, pondría en conocimiento, personalmente, al general Pinochet de todo lo que ocurría.

Esta afirmación se hace eco de un informe de la CIA de agosto de 1976, citado en el capítulo 11, respecto de que Contreras «coordinará los detalles y listas de blancos» con Pinochet.¹¹

Evitar la detección de la CIA y el servicio de seguridad francés DST era una preocupación constante. Según la fuente de Boimvaser, el general Contreras comentó que no le preocupaba que la CIA supiera sobre la represión masiva dentro de Chile, «pero para un operativo en el exterior las cosas eran diferentes. [...] Pinochet temía que la CIA notificara a la DST francesa acerca del plan en suelo galo». Por lo tanto, el plan era que los equipos pasaran el menor tiempo posible en Francia y minimizaran sus huellas allí. Se les prohibió a los agentes contactar a sus familias o llamar a sus países de origen. Se les ordenó a los equipos uruguayos y chilenos no tener ningún contacto con las misiones diplomáticas de sus respectivos países en París. Los jefes de Cóndor no querían que la inteligencia francesa detectara la presencia de una gran operación clandestina que involucrara a agentes de tres países tratando de realizar un triple asesinato.

En una movida diseñada para aislar a los militares en caso de que algo saliera mal, los argentinos pusieron al agente civil Aníbal Gordon a cargo del equipo de asesinato. Él llevó a varios integrantes de su antiguo equipo Orletti/OT 18, todos civiles, incluyendo a César Enciso, el yerno de Paladino. (El relato no dice nada sobre las identidades de los chilenos y uruguayos en la misión.) Gordon fue designado para recoger las armas y otros materiales que debían llegar por valija diplomática. El paquete llegó a la embajada argentina un día después de que se reuniera el equipo. Fue marcado cuidadosamente para que solo lo manipulara el embajador, Tomás de Anchorena, quien había sido instruido por sus superiores en la cancillería de esperar ese paquete y entregarlo fuera de la embajada a cierta persona que lo contactaría.

Esa era la traba. El embajador Anchorena era dirigente del Partido Radical y un comprometido simpatizante de las campañas militares para derrotar la amenaza dual de la subversión izquierdista y el populismo peronista. Pero también era un político independiente. Insistió en abrir el paquete ante de permitir que saliera de la embajada. Cuando vio que contenía armas, se negó a entregarlo. Se negó también a cumplir las órdenes de Buenos Aires de pasar el armamento al hombre que esperaba fuera de la embajada, que el relato identifica como Aníbal Gordon.

Ese parece ser el fin de la misión de asesinato en París. Gordon se vio obligado a informar a los equipos operativos que la misión de Cóndor se abortaba.

Esta versión de la misión de asesinato de Cóndor en París es única, en cuanto contiene una plétora de nuevos detalles sobre una efectiva operación en terreno y porque su fuente, recientemente revelada por su autor Jorge Boimvaser como el oficial argentino Visuara, estuvo a cargo de la unidad de ejecución del plan. Dado que muchos de los detalles sobre cómo se condujo la operación coinciden con la descripción de Teseo hecha por la CIA, encuentro prácticamente imposible dudar de su veracidad. Entre los nuevos hechos, el relato da los nombres de las tres víctimas planeadas. Ningún documento estadounidense menciona a Isabel Allende, Rodolfo Mattarollo o Enrique Erro como posibles blancos de Operación Cóndor. Sin embargo, un informe de la CIA que nombra al dirigente uruguayo Hugo Cores como un blanco de la misión en París iniciada a comienzos de diciembre señala que los otros dos objetivos no son identificados. Otra nueva revelación significativa es la identificación de Aníbal Gordon. Hasta ahora no se sabía que el infame Gordon, conocido por su brutalidad en la base de Automotores Orletti, había dirigido misiones internacionales de Cóndor. Nuevos documentos de la CIA agregarán más datos a esa importante revelación.

Como se menciona más arriba, la fecha de junio o julio de 1977 para la operación señalada en el capítulo de Boimvaser no es plausible, porque el general Paladino ya no estaba al mando de SIDE. Por lo tanto, debemos considerar la posibilidad de que la misión tuviera lugar antes, probablemente en diciembre de 1976, en la época de las operaciones Teseo descritas por Michael Townley y los informes de la CIA. También es posible que la misión de Townley formara parte, en realidad, de la descrita por Visuara. O, si Visuara simplemente recordó mal el rol de Paladino, es posible asociar la de París con otras misiones de asesinatos de Cóndor u operaciones unilaterales argentinas en 1977 que aparecen solo en documentos de la CIA recientemente desclasificados.

En este contexto, volvamos sobre la pregunta pendiente de por qué fracasaron las operaciones Teseo. Vale recordar que, según los documentos estadounidenses ya citados, la CIA informó a la inteligencia francesa de que los tres países Cóndor planeaban el asesinato de líderes en el exilio en París. Las fuentes estadounidenses afirman que Francia impidió los atentados al alertar a los blancos, así como confrontando directamente a los servicios de seguridad de Cóndor. Michael Townley, en su testimonio, atribuye los fracasos a los errores de seguridad cometidos por los equipos argentinos. La versión de Boimvaser, basada en Visuara, tiende a sustentar la versión de Townley, al apuntar al descubrimiento de las armas por parte del embajador Anchorena. Boimvaser escribe lo siguiente:

Después de una larga y nerviosa espera, Aníbal Gordon no tuvo más remedio que comunicar al resto de los «cóndores» el percance. Como es de rigor, no hubo reproches de nadie. Aníbal Gordon intentó disculparse en nombre de la sección argentina del «Grupo Cóndor»: la SIDE había actuado correctamente —aseguró—, solo el imprevisto embajador arruinó los planes con su obstinada negativa a actuar soslayando los códigos imperantes en la diplomacia de las naciones.

En otras palabras, el equipo argentino asumió la responsabilidad del fracaso. Por otra parte la versión no apoya la idea de que las víctimas fueron advertidas. Las tres víctimas intencionadas —Allende, Mattarollo y Erro— «jamás supieron que [...] sus vidas estuvieron al filo del abismo», escribe Boimvaser. El capítulo no arroja luces sobre si la inteligencia francesa contactó a alguno de los países Cóndor para detener los atentados. No obstante, la acción de Anchorena, al negarse a entregar el paquete de armas sin abrir, es consistente con la idea de que podría haber recibido una advertencia de parte del servicio de inteligencia francés.

Cambios estructurales

El rol operativo clave de Gordon en una operación internacional de asesinato nos ofrece una ventana para observar la gran reestructuración de las agencias de seguridad de Argentina a fines de 1976 y 1977. Gordon fue removido de Orletti y se disolvió el OT 18, pero él no fue desactivado. Continuó asumiendo importantes tareas en la campaña militar antisubversiva hasta el fin del gobierno militar en 1983. Él y sus hombres fueron descubiertos robando dinero confiscado de grupos de izquierda capturados, e incluso secuestrando a personas para cobrar rescate, aunque no tuvieran nada que ver con la «subversión». Los altos mandos del Ejército lo consideraron un abuso, pero no tomaron medidas para detener las actividades criminales «freelance» de Gordon y su «pandilla».

Tenía la protección del general Paladino, quien lo había contratado como agente civil para hacer el trabajo sucio de la SIDE antes del golpe militar. Durante el caótico periodo peronista, a Gordon se le encomendó organizar un escuadrón de secuestro y asesinato, uno de los más sangrientos que haya operado bajo el nombre paraguas de la Triple A. En ese proceso, reunió a una docena de civiles, muchos de ellos delincuentes comunes, dispuestos a llevar a cabo las torturas y ejecuciones ordenadas por los militares y ansiosos de recibir su parte de los abundantes botines de guerra que se acumulaban en el camino. Uno de ellos era César Enciso, quien estaba casado con la hija de Paladino. Gordon mismo había pasado un tiempo en la prisión de Devoto por un delito menor, y había conocido a algunos de los presos políticos de izquierda recluidos ahí. Después del golpe, Paladino lo puso a cargo de OT 18 y la gran operación relacionada a Cóndor con sede en El Jardín —más conocido como Automotores Orletti—. Los oficiales de ejército encargados de supervisar a Gordon y su pandilla, incluyendo al teniente coronel Visuara, se quejaron frecuentemente de las actividades «ilegales» que acompañaron las tareas aprobadas de tortura y asesinato en el plan antisubversivo militar. Hay al menos una docena de documentos del FBI y la CIA que reflejan esta preocupación y describen las medidas adoptadas para controlar los «abusos». Pero no se hizo nada respecto de Gordon. El autor Carlos Juvenal describió el estatus de intocable de Gordon en su libro Los buenos muchachos:¹²

Paladino, pese a sus jinetas, mostraba un respeto casi reverencial hacia Gordon, que había ganado prestigio en muchos operativos antiguerrilleros. «Gordon no tiene enemigos», fue el eslogan de la época. «Los que tenía están todos muertos», era la explicación. Solía ir adelante en los operativos, participó en muchos tiroteos y no tenía reparo alguno en asesinar al que fuera.

Incluso cuando Paladino fue ascendido al cargo sin poder real en el Estado Mayor de Ejército, Gordon parece haber sido promovido a un puesto aún más atractivo como asesino internacional. La misión en París descrita por Boimvaser fue solo una de al menos dos misiones internacionales asignadas a Gordon. Todo fue parte de la reorganización de las actividades represivas en torno a Operación Cóndor, descrita en los nuevos documentos de la CIA.

Varios factores parecen estar en juego en estos cambios. La operación de OT 18 de Gordon estaba implicada en robos; su base, el Jardín-Orletti, fue descubierta y su ubicación, conocida por el ERP. En consecuencia, debieron cambiar la principal sede de las operaciones de la Fase 2 de Cóndor en contra de chilenos, uruguayos y otros extranjeros. La reestructuración fue introducida por el Batallón 601 del Ejército, que incluía la organización paraguas que centralizaba las actividades represivas de inteligencia, la Central de Reunión de Inteligencia (CRI). Los documentos de la CIA utilizan el nombre en inglés «National Intelligence Center (NIC)» para referirse a la Central de Reunión.ii Los informes de la CIA describen la creación de una «Sección Internacional» adjunta al Grupo 5 de NIC/CRI (llamado GT-5 en otros documentos) como la unidad encargada de eliminar a la JCR. En efecto, la nueva sección absorbió algunas de las funciones Cóndor de SIDE.¹³

La «Sección Internacional» fue creada el 1 de septiembre de 1976 dentro del National Intelligence Center (NIC) argentino. La Sección participaría en la investigación, identificación y destrucción de elementos subversivos argentinos con vínculos con organizaciones subversivas internacionales, como la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR).

Hasta entonces, la SIDE dirigía todas las operaciones en contra de la JCR y sus organizaciones integrantes. Era la sede de la Base de Avanzada para Cóndor y la base de operaciones para miembros en Argentina, cuya gran mayoría de operaciones de la Fase 2 de Cóndor ocurrieron en 1976. El nuevo esquema separó las operaciones al interior de Argentina de las operaciones internacionales.

Las actividades de la sección se limitarían a Argentina, ya que la sección carecía de los medios para llevar a cabo tareas de inteligencia en otros países. Además, si se pasaba a la esfera internacional, la sección asumiría actividades paralelas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Específicamente, la Sección Internacional también se hizo cargo de todas las operaciones en contra de chilenos en Argentina —«tales operaciones en contra de chilenos en Argentina antes eran realizadas por SIDE» —. El hombre encargado de organizar la nueva sección era un mayor de ejército en retiro afiliado al Batallón de Inteligencia 601.

Un informe de la CIA de noviembre —alrededor del tiempo en que fue disuelto el OT 18 de Gordon debido a sus actividades corruptas— cita los esfuerzos del ejército para evitar tales abusos:¹⁴

De acuerdo a una reciente orden del primer cuerpo [del ejército], toda operación realizada dentro de la zona del Cuerpo debe ser investigada inmediatamente después para determinar si alguno de los partícipes estuvo involucrado en actividades ilegales, como robos, durante el transcurso de la operación.

Con el cierre de Orletti luego del escape de prisioneros el 3 de noviembre, y la eliminación física de todos los prisioneros restantes (todos ellos bolivianos y uruguayos, según la información disponible), la SIDE fue removida completamente de la misión de rastrear a extranjeros en Argentina. Los documentos estadounidenses parecen indicar que el papel de SIDE se reorientó casi totalmente a las operaciones internacionales en Europa, que parecen haber sido una alta prioridad para los servicios chilenos, argentinos y uruguayos.

Pero como hemos visto, esas primeras operaciones se estropearon de una manera u otra. Los documentos de la CIA reflejan una robusta discusión sobre reconsideraciones, dudas y abierta oposición. Hay una letanía de reclamos expresados a oficiales de la CIA más que dispuestos a escucharlos:

• La estructura de equipos multinacionales de asesinato es engorrosa y vulnerable a filtraciones. «Los problemas son demasiado grandes y demasiadas personas saben sobre Cóndor como para hacerlo efectivo».

• Países con mayores recursos financieros y más personal en el extranjero no están ayudando a los países con menos recursos, como se acordó. «Los países con más recursos están principalmente interesados en trabajar en contra de sus propios terroristas y a menudo ignoran aquellos que son de interés de otros países».

• El asesinato de Letelier en Washington le trajo problemas a Teseo. «El asesinato de Orlando Letelier [...] había demostrado a los países Cóndor que las ejecuciones políticas de extremistas en el extranjero definitivamente conllevaban efectos perjudiciales a los países Cóndor. [...] A Chile le sucedió [con] las medidas de represalia de EE.UU. con la acusación de que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) era responsable del asesinato de Letelier». La fuente paraguaya que hizo este comentario a la CIA agregó que «la DINA le aseguró a Paraguay que no había tenido nada que ver con el asesinato». Este era un comentario particularmente significativo, ya que Chile había conseguido la ayuda de Paraguay, como socio en Cóndor, en la entrega de pasaportes falsos para la misión de la DINA en Estados Unidos. La fuente descartó futuras operaciones Cóndor en Estados Unidos, ya que los países querían resguardar sus relaciónes con EE.UU.

• Brasil, Paraguay y Bolivia estaban cada vez más cautos sobre las posibles repercusiones debido a las operaciones europeas, y en particular «debido a los actos llevados a cabo en cooperación con la notoria agencia de seguridad chilena DINA».

Como resultado, las fuentes de la CIA hablaron de cancelar los asesinatos en el extranjero. «Para fines de 1976, todos los planes de asesinatos fueron supuestamente suspendidos, y Cóndor había sido relegado a un ejercicio de recolección de información», según un análisis. (Nótese que INR tiende a bajarle el perfil al peligro.) Si la decisión de desistir de los asesinatos internacionales fue realmente tomada, muy pronto fue revertida, abriendo la puerta a operaciones unilaterales. Un informe de enero de 1977 indicó que se habían impuesto algunas limitaciones. Las actividades de Operación Cóndor fuera de los países Cóndor se restringirían a la vigilancia de extremistas en el extranjero, pero no se autorizó matarlos «a través de una operación Cóndor conjunta». Sin embargo, no habría problemas con las misiones de asesinato unilaterales. «Cada organización de seguridad integrante de Operación Cóndor es libre de tomar las acciones que estime apropiadas cuando se determine la ubicación de un elemento extremista de su país respectivo». En algunos casos, dice el documento, el país Cóndor podría solicitar al servicio de seguridad del país donde está ubicado el blanco que lleve a cabo el asesinato».¹⁵

En resumen, los equipos conjuntos de Cóndor se limitarían a la vigilancia; los asesinatos en el extranjero eran asunto de cada país si quería actuar unilateralmente. No es claro hasta qué punto fuera válida esta supuesta limitación, ya que otros documentos hablan de continuas operaciones por lo menos hacia finales de 1977.

Operaciones unilaterales

A pesar de las reticencias, Chile, Uruguay y Argentina continuaron respaldando entusiastamente los secuestros y asesinatos en la region durante 1977, y se lanzaron nuevas operaciones en el extranjero. Se menciona a Teseo como aún operativa en un documento de la CIA de octubre de 1977, en el que informa que Argentina presionaba a Paraguay para unirse a sus misiones de asesinato. El tema de Teseo sería discutido en la reunión plenaria de Cóndor en diciembre de 1977, le dijo la fuente paraguaya a la CIA. Ese mismo documento informa que «una unidad ‘Teseo’ compuesta de un argentino, un chileno y un uruguayo [...] fue enviada a Francia a comienzos de 1977 en busca de Ilich Ramírez Sánchez, el terrorista internacional conocido como ‘Carlos’».¹⁶

No obstante estos informes parcializados, parece evidente que las operaciones internacionales sobre las cuales hay información específica disponible fueron ejecutadas unilateralmente. Los nuevos documentos de la CIA con información sobre las operaciones de asesinato internacional en 1977 arrojan luz sobre nuevas estructuras y blancos.

Las fuerzas de seguridad argentinas cambiaron su foco desde el debilitado ERP a los peronistas montoneros, que para entonces representaban una amenaza mucho mayor. La campaña antiterrorista desde el golpe militar le había hecho poco daño a la organización Montoneros, que contaba con un botín de millones de dólares. Gran parte de ese dinero —obtenido a través de múltiples secuestros de empresarios— fue depositado en los bancos europeos. Desde mediados de 1976 los Montoneros aportaban mensualmente recursos financieros para las actividades de la JCR y del ERP, a pesar de no existir una membresía formal en la JCR. Montoneros había logrado sacar del país a sus principales dirigentes, incluyendo el secretario general Mario Firmenich, Rodolfo Galimberti y Fernando Vaca Narvaja, y se encontraba construyendo una robusta organización con exiliados en Europa y México, donde residía Galimberti.

En la estructura de NIC/CRI, las acciones en contra de los Montoneros a partir del golpe fueron asignadas al Grupo 2 (GT 2), con sede en la Policía Federal. Pero en 1977 hubo una creciente preocupación sobre la penetración de los Montoneros al interior de la policía. Adicionalmente, la Armada había asumido un rol más activo en contra de esta organización. Su servicio de inteligencia operó desde el complejo de la Escuela Mecánica de la Armada, conocida como ESMA, que albergaba un gran centro de detención e interrogatorio. En febrero de 1977, según informes de la CIA, la Armada asumió el protagonismo al iniciar una serie de operaciones internacionales en contra de blancos montoneros y bienes financieros en Europa. La campaña tomó vuelo luego de que Montoneros intentara infructuosamente asesinar al jefe militar Jorge Videla en octubre de 1976, colocando una bomba en una platea en la base del Ejército de Campo de Mayo. La bomba explotó, pero nadie resultó herido. Por esa misma época el secretario general de los Montoneros, Mario Firmenich, logró salir de Argentina y en marzo las fuerzas de seguridad ya sabían que se encontraba en España.

Lograron un gran golpe cuando agentes de la Armada capturaron a un alto comandante montonero, Ricardo René Haidar, cuyo nombre de guerra era Pablo Ventura. Haidar, de Santa Fe, era uno de los fundadores originales del movimiento y había participado en un buen número de acciones militares desde 1969. De acuerdo a la CIA, también era el secretario nacional de finanzas y responsable de manejar las cuentas bancarias con el multimillonario botín de guerra que Montoneros había acumulado con el secuestro de empresarios. Estaba encargado, además, de mantener el enlace con los socios internacionales de la organización.

Tras ser torturado, Haidar comenzó a entregar información crítica sobre las finanzas. La organización estaba forrada en dinero y lo gastaba generosamente para apoyar las operaciones clandestinas propias y los subsidios al ERP y la JCR. A fines de 1976, los desembolsos para las actividades de los Montoneros alcanzaron los $127 mil mensuales, según la CIA.

La mayor parte del dinero se usó en casas de seguridad, vehículos y logística. El principal interés de los militares argentinos era tener acceso al dinero en las cuentas europeas. Por lo tanto, la captura de Haidar se convirtió en una operación internacional. Una unidad de inteligencia militar lo llevó a Europa en algún momento de febrero. Según la CIA,¹⁷

Haidar entregó información detallada sobre la estructura financiera de los Montoneros, incluyendo la ubicación de sus principales reservas financieras en cuentas bancarias en España y Suiza, a las que Haidar tenía acceso directo utilizando su chapa «Pablo Ventura». Basándose en la información y asistencia de Haidar, las fuerzas de seguridad pudieron retirar catorce millones de dólares desde una cuenta bancaria en Madrid, España, y cincuenta millones de dólares estadounidenses, más certificados de acciones desde un banco en Ginebra, Suiza. Haidar les dijo a las autoridades que la mayoría de las operaciones de Montoneros habían sido financiadas principalmente por los intereses generados por esas dos cuentas europeas.

De regreso en Argentina, Haidar condujo a los militares a cuentas y barretines en Córdoba y Mendoza que contenían otros diecisiete millones. Casi ochenta y cinco millones fueron confiscados de cuentas de los Montoneros, y la CIA concluyó que a partir de febrero de 1977, el botín de guerra se había prácticamente evaporado.

De ese enorme tesoro en manos de los militares, según la CIA, se perdieron dos millones, y que el supuesto robo «estaba siendo investigado». La corrupción y ahora la seguridad interna fueron problemas persistentes mientras el alto mando militar se ajustaba al nuevo blanco de los Montoneros en el país y en el extranjero.

Alrededor de esa época, el máximo oficial de inteligencia del Ejército, el general Carlos Alberto Martínez, ordenó al Batallón de Inteligencia 601 reestructurar la unidad asignada a perseguir a los Montoneros —el GT 2, según la distribución original de blancos de la Central de Reunión—. El GT 2, o «Grupo Dos», en el lenguaje de la CIA, se ubicaba dentro de la sección de inteligencia de la Policía Federal. No fue particularmente efectiva durante 1976 y los Montoneros se mantuvieron fuertes. Además, se sospechaba que había montoneros infiltrados al interior de la Policía Federal. La CIA informó sobre la creación de una nueva gran unidad GT 2 al interior de la División de Seguridad de la Policía Federal. Al igual que antes, la unidad incluyó a miembros de las otras ramas militares y se le autorizó reunir inteligencia, así como llevar a cabo operaciones. Pero de acuerdo a este nuevo esquema, debía permanecer segregada de las otras unidades policiales para mejorar la seguridad. La nueva unidad GT 2 fue transferida desde las oficinas de la Policía Federal en la calle Moreno a otro inmueble grande, ubicado en la intersección de la calle Cochabamba con Paseo Colón. Las nuevas dependencias habían sido remodeladas para recluir a prisioneros y efectuar interrogatorios. La CIA dijo que se mantuvo tan secreto que no se le dio ningún nombre ni se incluyó en los organigramas policiales. Un cable de inteligencia de la CIA del 21 de abril de 1977 cita al agregado legal, sin duda Robert Scherrer, para dar más luces sobre estos cambios:¹⁸

Comentario del agregado legal: Según contactos dentro del Batallón de Inteligencia 601 del ejército argentino, la creación de esta nueva unidad fue en buena medida el resultado de las penetraciones subversivas, particularmente de los Montoneros, que se descubren constantemente al interior de la Seguridad Federal [división de la Policía], siendo el último incidente el descubrimiento de tres infiltrados montoneros entre los agentes de la Seguridad Federal hace tres semanas [...] La nueva unidad, supuestamente, permitirá efectivamente que las operaciones de la Seguridad Federal en contra de los Montoneros se mantengan separadas del resto de sus actividades, para así lograr que estas operaciones sean más seguras y efectivas.

El siguiente paso fue planificar y lanzar múltiples misiones de asesinato en el extranjero. En abril, el fortalecido GT-2 fue autorizado a realizar operaciones internacionales y se formó un equipo especial. El Batallón 601 del Ejército y la Armada asumieron un rol más relevante en las nuevas operaciones. La inteligencia naval había tomado el liderazgo en la exitosa y lucrativa operación Haidar en febrero, que incluyó viajes encubiertos a Ginebra y Madrid. La Armada también asumió un rol prominente en la nueva unidad internacional. El jefe de inteligencia Martínez dio el vamos para que el GT-2 reuniera a un equipo de asesinos para operar en el extranjero. Su misión era matar a los dos máximos dirigentes de los Montoneros, Mario Firmenich y Rodolfo Galimberti, y a otros líderes no identificados del ERP en Europa. El informe de la CIA, con fecha 27 de mayo de 1977, es la única fuente conocida que se refiere a esta hasta ahora desconocida operación. Otros documentos de esta aluden en términos generales a las misiones de Operación Cóndor en este periodo, pero no está claro hasta qué punto las unidades argentinas tenían vínculos formales con Cóndor, o si contaban, por ejemplo, con equipos de vigilancia a cargo de agentes de otros países Cóndor.

La misión para matar a Firmenich era la más avanzada. Según la CIA, el GT-2 utilizó a un detenido montonero para intentar que Firmenich saliera de su escondite en España. El detenido le transmitió un mensaje, instándolo a asistir a una reunión en Madrid con otros líderes de izquierda.¹⁹

Sin embargo, Firmenich evidentemente sospechó que era una trampa y no se apareció. Los agentes de seguridad argentinos consideran que es altamente posible que Firmenich haya huido subsecuentemente a Libia.

Otros planes seguían activos, notablemente para que se enviara una misión a México para matar a Galimberti, quien manejaba las actividades de los Montoneros en el exilio en ese país. El equipo para estas misiones fue descrito como compuesto por «especialistas en operaciones de asesinato y secuestro e incluía a personal de la Armada, Ejército y SIDE argentinos», así como la Policía Federal, «pero es dominado por la Armada». iii

El documento de la CIA que describe esta misión señala explícitamente lo que documentos previos habían solo insinuado, y es que existía un contacto directo entre los servicios de seguridad de América Latina y Europa. Dice que los argentinos enviaron solicitudes a España, Italia y Francia buscando «autorización para llevar a cabo las operaciones en sus países respectivos».iv

Las solicitudes, sin embargo, fueron rechazadas tajantemente por las autoridades de Francia e Italia, donde se cree reside la mayoría de los subversivos argentinos claves. Las autoridades españolas, aunque alguna vez fueron receptivas ante las operaciones argentinas en España, se han tornado menos cooperativas, debido principalmente a problemas políticos internos.

Debido a esta renuencia, el jefe de inteligencia Martínez ordenó suspender las operaciones europeas, con la condición de que esas solicitudes serían retomadas más adelante. Pasaron tres meses y, efectivamente, se iniciaron nuevas operaciones. Al igual que la operación en mayo, los blancos fueron dirigentes montoneros que vivían en Europa. En este caso, sin embargo, la CIA identifica al líder del equipo: es el notorio Aníbal Gordon, de SIDE, y su grupo de agentes civiles. Dos extractos de un documento más largo revelan esta nueva misión europea:²⁰

SIDE preparó una operación, que después fue suspendida, para asesinar a líderes montoneros en Europa. Aníbal «Gordon» fue la persona que debía participar directa y personalmente en la operación. [...] (Comentario [4 líneas tachadas] A fines de agosto de 1977, SIDE preparaba operaciones en contra de dirigentes montoneros en Francia e Italia).

La revelación de la CIA de que Gordon dirigía operaciones de asesinato en el exterior es evidencia importante que vincula a varias de las operaciones internacionales de Cóndor, Teseo y otras descritas aquí. Gordon y su «pandilla» trabajaron como funcionarios civiles de inteligencia para SIDE desde comienzos de los años setenta. Gordon ha sido identificado como uno de los principales operativos en los escuadrones de la muerte Triple A creada por los militares y civiles de derecha durante el gobierno de Perón. Luego transitó sin sobresaltos hacia un puesto clave en SIDE, en el consolidado sistema de represión establecido bajo el Primer Cuerpo del Ejército y su Batallón de Inteligencia 601. Y fue una figura clave en el nuevo aparato Cóndor. Durante 1976, Gordon y su grupo trabajaron en el GT-5 de SIDE, asignados a la tarea de reprimir a grupos políticos extranjeros, especialmente aquellos en la JCR, pero también al Partido por la Victoria del Pueblo uruguayo. Su tareas eran operativas —llevar a cabo secuestros, interrogatorios bajo tortura y, en última instancia, la desaparición de prisioneros según las instrucciones de los servicios de inteligencia chilenos, uruguayos y de otros países Cóndor que trabajaban en Argentina—. Su pandilla también trabajó por su cuenta, a menudo con el consentimiento de sus superiores. En algunos casos, robaron parte del dinero confiscado de grupos de izquierda; en otros, secuestraron a personas adineradas sin vínculos con la izquierda y exigieron rescate. Todo esto ha sido descrito en capítulos anteriores.

Luego de la destitución de Paladino y el cierre de Orletti, hubo discusión en el alto mando militar respecto de tomar acciones más drásticas en contra de los robos y secuestros no relacionados con la misión central de los militares de eliminar a grupos subversivos.

Sin embargo, Gordon no fue tocado. De hecho, aun cuando su unidad, conocida como OT 18, fue disuelta, a él, Enciso y otros de su equipo se les asignaron nuevas tareas, para las que operaban desde otra sede arrendada por SIDE en calle Bacacay 3570, en la misma cuadra de la antigua base Orletti. La evidencia demuestra que la misión era convertirse en el sicario internacional de Argentina.

Los nuevos documentos, en conjunto con las revelaciones atribuidas al teniente coronel Visuara por el autor Jorge Boimvaser, forman un tapiz de las múltiples misiones en el extranjero lideradas por Gordon. De las que conocemos, algunas fueron claramente operaciones de comando conjunto bajo el paraguas Cóndor/Teseo —la operación en contra de Isabel Allende, Rodolfo Mattarollo y Enrique Erro calza con esa descripción—. Las misiones en mayo y agosto de 1977 para matar a Mario Firmenich y otros dirigentes de Montoneros y el ERP en Francia, Italia y España parecen haber sido operaciones unilaterales argentinas para la SIDE bajo el mando directo del máximo jefe de inteligencia, el general Carlos Alberto Martínez.

Este aspecto de la sangrienta carrera de Gordon era desconocido hasta ahora. Existe una pieza de evidencia que indica que sus tareas ya tenían una dimensión internacional antes de dejar su base en Automotores Orletti en noviembre de 1976. Registros telefónicos hallados después del cierre de la base revelan múltiples llamadas internacionales impagas a España y Francia, así como a Chile y otros países Cóndor.

La CIA descubrió el rol de Gordon en misiones internacionales de asesinato en conexión con otro crimen: el secuestro y muerte del embajador argentino ante Venezuela en 1977. El embajador, Héctor Hidalgo Solá, desapareció el 1 de julio de 1977 luego de regresar a Buenos Aires para asistir al matrimonio de su hija. Hidalgo Solá era miembro del Partido Radical y, al igual que el embajador ante Francia Tomás de Anchorena, un estrecho colaborador del gobierno militar. Pero poco antes de su desaparición, había atraído la atención tras formular declaraciones respecto de un pronto regreso a un gobierno civil, en el cual él y otras figuras leales a los militares esperaban asumir altos cargos. Era conocido por su cercanía con un dirigente sindical peronista en el exilio, Casildo Herreras, a quien había invitado a la embajada en Caracas. Aunque se puede suponer que estas acciones habrían enfurecido a los más duros entre los militares, también se sabía de su estrecha amistad con el general Suárez Mason, comandante del Primer Cuerpo del Ejército.

Durante mucho tiempo, la Armada ha sido responsabilizada por la desaparición de Hidalgo Solá. El comandante naval, almirante Emilio Massera, estaba concentrado en una furibunda campaña para posicionarse como futuro presidente luego de que se acabara el gobierno militar. La participación de Massera en el crimen se ha convertido en creencia popular, nunca comprobada ni tampoco refutada. Esto, hasta la desclasificación de documentos de la CIA en abril de 2019. Los documentos ofrecen una versión muy distinta, basándose en fuentes de la CIA y el FBI. Según estas fuentes, Aníbal Gordon, de la SIDE, y su mano derecha, César Alejandro Enciso, y otros miembros de su pandilla, secuestraron a Hidalgo Solá en una operación independiente, con el fin de obtener un lucrativo rescate para sí. La CIA pareció aceptar la idea de que no estaba involucrada la comandancia militar. El documento de la CIA —el mismo que nos ofreció una ventana sobre el rol de Gordon como sicario internacional— se titula «El secuestro y asesinato del embajador argentino ante Venezuela por parte de un grupo asociado a la Secretaría de Estado de Argentina (SIDE) sin conocimiento o autorización de SIDE» («Kidnapping and assassination of Argentine Ambassador to Venezuela by a group associated with Argentine State Secretariat (SIDE) without SIDE knowledge or authorization»).²¹

La idea de que Gordon estaba trabajando para sí mismo debe ser considerada con escepticismo, dado lo que se sabe ahora sobre su estatus en la SIDE. El agregado legal Robert Scherrer es citado en el mismo documento de la CIA, sugiriendo que la Secretaría de Inteligencia tenía razones para querer detener a Hidalgo Solá. Una «fuente de inteligencia argentina» informó a Scherrer que el embajador Hidalgo Solá había expedido personalmente pasaportes a conocidos «terroristas» que usaban identidades falsas. Los activistas utilizaron los pasaportes para ingresar a Argentina, donde fueron detenidos, y se reveló que habían estado recientemente en Cuba. La fuente dijo que la inteligencia argentina no estaba involucrada en el secuestro, pero agregó que «tenía una fuerte sensación de que el motivo del secuestro del embajador se conectaba aparentemente con su evidente complicidad en la entrega de documentación falsa a terroristas argentinos».

Gordon y su pandilla disfrutaban de una protección especial entre los militares, a pesar de que se sabía que realizaban secuestros por su cuenta para cobrar rescate. Una de esas operaciones recientes involucraba el secuestro de la pequeña hija de un ciudadano estadounidense, señala el informe del agregado legal. Pero no se hizo nada para detener esas actividades:

Cabe destacar que Aníbal [Gordon] y su grupo llevaron a cabo numerosas y extremadamente sensibles operaciones negras en contra de blancos terroristas, y el conocimiento respectivo de estas operaciones sería extremadamente vergonzoso para el gobierno militar en ejercicio. No hay duda de que Aníbal e integrantes individuales de su grupo estarían en alguna medida protegidos de cargos criminales si fueran arrestados por autoridades policiales argentinas para asegurar que no revelaran información bochornosa sobre sus operaciones pasadas.

Gordon administraba el trabajo oficialmente autorizado para SIDE, así como sus operaciones personales de secuestro, desde la base en calle Bacacay 3570. El documento entrega un detalle que podría apuntar a que Rubén Visuara, jefe de la unidad de Operaciones Tácticas 1 de SIDE, continuaba supervisando a Gordon. Revela que Hidalgo Solá fue recluido en la casa de calle Bacacay arrendada por SIDE. El informe continúa:

Un coronel de Ejército que trabaja para SIDE es el contacto entre SIDE y «Gordon», y se reúne con este en su casa. Durante el tiempo en que Hidalgo Solá se encontraba en la casa, fue mantenido encapuchado para que, si el coronel llegaba, no reconociera a Hidalgo Solá y pensara que el hombre encapuchado era un subversivo capturado por el grupo de «Gordon».

La existencia de este nuevo centro de detención en Bacacay fue revelada por primera vez en 2019 gracias al documento de la CIA. El juez federal Daniel Rafecas investigó la propiedad, confirmando por testimonios de varios sobrevivientes que el lugar había funcionado en paralelo con «el Jardin» (Orletti), y puede haber recibido los últimos prisioneros de este centro después de su clausura en noviembre de 1976. Entre los prisioneros de Bacacay 3570 (cuya direccion actual es Bacacay 3558) se contaba una ciudadana estadounidense, Carmen Naveiro, cuya detencion en mayo de 1976 despertó la urgente atencion de la embajada norteamericana.²²

Fin de juego

No existen más referencias en los documentos estadounidenses respecto de misiones de Operación Cóndor fuera de Sudamérica después de 1977. Ya en esta etapa final Cóndor parece haber dejado de lado sus misiones multilaterales con comandos conjuntos, probablemente debido a los persistentes problemas de seguridad citados por la CIA. Las misiones unilaterales de Argentina son al parecer las únicas operaciones en este periodo, hasta donde se sabe.

Los equipos de inteligencia de Cóndor que integraban a otros países miembros podrían haber continuado operando en apoyo a las operaciones unilaterales de asesinato, pero tal actividad es mencionada en los documentos solo en términos generales. Los pormenores de otras operaciones en Europa descritas en este capítulo son escasos, pero está claro que las misiones fueron unilaterales y dirigidas exclusivamente en contra de blancos argentinos. Además, al año siguiente, Argentina continuaba su búsqueda de Mario Firmenich y otros dirigentes montoneros en el exterior, siempre sin éxito.

Es importante calificar estos hallazgos: lo que sabemos sobre las operaciones europeas se basa casi exclusivamente en fuentes de inteligencia de Estados Unidos. Las investigaciones judiciales oficiales en Argentina y Chile no han generado prácticamente ninguna información sobre las misiones en Europa y Estados Unidos, más allá de la encontrada en los documentos estadounidenses. Por lo tanto, debe recalcarse que no sabemos cuánto desconocemos. (Veremos las operaciónes contra Montoneros en Perú y México en el próximo capítulo).

Podrían haber existido otras misiones planificadas o iniciadas. Ciertamente hubo actividad de inteligencia y vigilancia que no se ha especificado; y conversaciones respecto de establecer una base de Cóndor en Miami, así como evidencia de que continuaban las actividades de inteligencia desde bases en distintas ciudades europeas.²³ Pero lo que sí sabemos con certeza es que ningún dirigente latinoamericano en el exilio que fue blanco de asesinato en Europa murió como resultado de Operación Cóndor o de operaciones unilaterales de las dictaduras.

Como hemos visto, no fue por falta de esfuerzo. Podemos presentar por primera vez un conteo final de las operaciones fuera de los países miembros de Cóndor, basado en la nueva información recogida para este libro. En resumen, hubo veintiún operaciones de asesinatos internacionales dirigidas en contra de cuarenta y cinco blancos. Algunos de los líderes de izquierda fueron objetivos de más de una operación. Cinco de las victimas murieron (Letelier, Moffitt, Stoulman, Haidar y Gianotti) y dos resultaron heridos (Leighton y Anita Fresno, su esposa). Todas las demás planificaciones de atentados fueron abortadas cuando ya estaban en marcha o canceladas después de la etapa de planificación (ver Anexo para el listado de operaciones, con sus respectivos blancos y resultados).

Capítulo 15

TRAS LAS FRONTERAS:AÑOS FINALES

Puedo indicar que creo que todos en la guardia nos encariñamos con él. Participaba en actividades con nosotros, como el ping-pong y el baby fútbol. Hablamos mucho, nos contaba sus cosas y desarrollamos una especie de amistad. Para mí el caso de Jaccard me marcó, ya que en mi opinión no había razón para matarlo y además me había encariñado con él.

Guardia en el centro de exterminio

«Cuartel Simón Bolívar» de la DINA

El servicio de inteligencia militar (601) de Argentina contactó a su par brasileño para realizar una operación en Río y así apresar a dos montoneros que llegaban de México. Los brasileños le concedieron permiso y un equipo especial de argentinos voló a Río.

Oficial de seguridad de estados unidos

Paulina y Alexei se enamoraron muy jóvenes en Concepción. Ella aún estaba en el liceo y Alexei comenzaba sus estudios de economía en la Universidad de Concepción. Era una pareja llamativamente atractiva, inseparable y políticamente activa. A sus dieciséis años, Paulina era presidenta de la federación de estudiantes de su colegio,y ya una figura en ascenso en la Juventud Socialista.Alexei llegó a la militancia comunista como muchas personas adoptan su religión: era una indiscutida tradición familiar. Su padre, profesor de inglés y asiduo lector de la historia rusa, había emigrado desde Suiza siendo un niño, y absorbió la política en el entorno sindical de las industrias del carbón y naviera en la zona de Lota-Schwager-Concepción. Nombró a su hijo Alexei Vladimir en honor a los rusos revolucionarios que admiraba.

Pero la política no era la preocupación central de Alexei, ni siquiera ante la embriagadora energía del gobierno de la Unidad Popular en los setenta. Para complementar los ingresos familiares, había comenzado un pequeño negocio agrícola. Le gustaba trabajar con sus manos y era un hábil carpintero.

A Paulina Veloso le gustaba comentar lo atractivo que era. «Mucha gente en Concepción nos ubicaba como pareja, porque además era un hombre muy buen mozo y muy visible. Era alto, un metro ochenta y tres, rasgos finos, piel clara; en fin, un joven de gran atractivo físico». No mencionó que su propia belleza juvenil también atraía las miradas de los demás.

Alexei hablaba con todo el mundo, le gustaba la gente y les simpatizaba a quienes lo conocieron. En 1977 sería el blanco de una de las operaciones transfronterizas más grandes de Cóndor, que involucró a dos países europeos y tres países miembros Cóndor, dieciséis víctimas fatales y un centro de detención tan secreto que fue descubierto recién en 2005. Cuando algunos de los guardias de esa prisión chilena prestaron declaración, dijeron que se encariñaron con Alexei Jaccard, e incluso uno señaló, años más tarde, que se sintió triste cuando supo que había sido ejecutado.

Alexei fue uno de los miles de militantes comunistas arrestados y recluidos en campos de detención en los días y semanas posteriores al golpe. Fue liberado a fines de diciembre de 1973 y decidió irse de Chile. La ciudadanía suiza de su padre le permitió obtener un pasaporte de ese país. Viajó primero a Argentina, y en septiembre de 1974, se trasladó a Lausana, en las orillas del lago Lemán. Paulina lo siguió hasta allí cuando cumplió los dieciocho años, y se casaron en enero de 1976. Él continuó sus estudios de economía en la universidad, y ambos participaron en actividades de solidaridad para ayudar a otros refugiados sudamericanos a instalarse en Suiza.

Alexei nunca ocupó un puesto dirigente en el Partido Comunista, ni en Chile ni ante el creciente número de exiliados. Pero como militante, se sometía a la disciplina partidaria y participó en las organizaciones del partido en el exilio. Fue una sorpresa, entonces, cuando, a mediados de 1976, cortó vínculos completamente con el partido local, diciéndoles a sus compañeros que no podía asistir a las reuniones porque se sentía enfermo. Era una falsa excusa que fue muy criticada en su núcleo partidario. Alexei le confidenció a Paulina que la dirección del partido, con sede en Moscú, lo había contactado secretamente. Lo habían pedido como voluntario para una importante misión que requería que pareciera públicamente alejado de los comunistas. Un integrante del Buró Político y exministro en el gobierno de Allende, Américo Zorrilla, viajó desde Moscú para reunirse con él. Otro comunista chileno, que solo conocía como «Sasha», llegó desde París para las reuniones, le comentó a Paulina. Hubo reuniones periódicas en un departamento en Ginebra, arrendado especialmente para servir de casa de seguridad. No le contó todos los detalles a su esposa, pero le dijo que el partido quería que viajara a Argentina y Chile, utilizando su pasaporte suizo, como parte de una intrincada operación clandestina para apoyar al Partido Comunista en Chile. Él accedió.¹

Un Partido Comunista en crisis

La dirección clandestina del partido en Chile había sufrido una serie de grandes golpes y estaba bajo enorme presión a fines de 1976. El máximo dirigente en Chile, Víctor Díaz, y tres estructuras directivas consecutivas habían sido descubiertas y destruidas en campañas de la DINA efectuadas en mayo, agosto y diciembre de ese año. La situación era tan grave que después de la caída de la tercera estructura en diciembre, no quedaban nuevos dirigentes para el relevo. El flujo de dinero desde el partido en el exilio, con base en Moscú, se había prácticamente paralizado porque ya no había ningún medio seguro para transferirlo, usualmente dólares estadounidenses, desde Europa a sus destinatarios en Chile.

Noventa militantes comunistas fueron detenidos y «desaparecieron» en ese periodo. Cientos de militantes de base fueron capturados y torturados para extraerles información. Se acababa el dinero, y el sistema de casas de seguridad, financiamiento y comunicaciones había sido penetrado una y otra vez. Se presumía que las estructuras que quedaban estaban seriamente comprometidas. Se constituyó una débil dirección partidaria ad hoc, pero la responsabilidad de reconstruir las estructuras del partido y restablecer los canales de financiamiento y comunicaciones recayó sobre la sección exterior del partido en Europa.

Esa era la crucial tarea para la que el joven Alexei Jaccard había sido reclutado en un papel clave. Era un plan ambicioso, desarrollado por la «dirección externa» en Moscú, adonde había llegado recientemente el secretario general del partido, Luis Corvalán, luego de haber sido liberado de prisión en Chile y canjeado por un disidente soviético. Bajo el liderazgo de Corvalán, el partido había seguido un consistente camino de resistencia no violenta, en continuidad con su papel en el periodo de Allende, en que abogó por negociaciones y acuerdos con la opositora Democracia Cristiana. La represión de la DINA hacia los comunistas en 1974 y 1975 había sido mucho menos intensa que aquella desatada en contra del MIR y el Partido Socialista, y las actividades partidarias se habían centrado en apoyar al otrora poderoso movimiento sindical, cuyo liderazgo había sido diezmado con ejecuciones y detenciones masivas desde el golpe. La estrategia del partido fue de mantener un bajo perfil; su dirección se acomodó a una estable y poco amenazante existencia clandestina.

Jaccard fue reclutado para asumir el papel de agente secreto en una importante operación del partido lanzada desde Europa para establecer una base en Argentina que apoyara las debilitadas estructuras partidarias al interior de Chile. Con la relativa protección que ofrecía su pasaporte suizo, se pensó que Alexei podría atravesar la frontera ida y vuelta a Chile de forma segura. Sería un agente en terreno, un «correo», un enlace que conectaría la nueva base en Argentina con la nueva dirección en Chile.

El líder de la operación era Ricardo Ramírez, uno de los integrantes más experimentados del partido. Había sido jefe de su aparato de inteligencia y llevaba dos años en el trabajo clandestino en Chile. A comienzos de 1976 el partido le ordenó salir de Chile al exilio en Hungría y pasó gran parte del año preparándose para su nueva misión en Argentina. Su lugarteniente era Héctor Velásquez, también exiliado en Hungría. Ambos ya se encontraban en Buenos Aires.

La nueva base reforzada en Argentina debía mantenerse estrictamente compartimentada de las actividades del exilio chileno en ese país. Ramírez y Velásquez viajaban con pasaportes húngaros con identidades falsas. Los hombres tenían dos objetivos: reinstalar una dirección superior compuesta por experimentados militantes comunistas provenientes de Europa. Otros cuatro dirigentes del partido, miembros del comité central, llegarían después. La idea era que la nueva dirección operara en Argentina y en Chile, transmitiendo instrucciones —y más significativamente, fondos— al partido en Chile.² También debían implementar el plan del partido de restaurar el flujo de dinero una vez que la dirección en Europa hubiese resuelto los detalles.

La misión financiera era mucho más compleja que el proyecto de reconstruir la dirección del partido, y requería de la colaboración de personas que no formaban parte del aparato partidario. La figura clave de esta misión era un próspero banquero y financista chileno, Jacobo Stoulman, de cuarenta y tres años. Stoulman había trabajado para el Banco Israelita en Chile, había vivido en Israel durante varios años, y tenía parientes cercanos en Nueva York. Aparentemente desinteresado en la política, Stoulman incursionó en el mercado negro del dólar durante el gobierno de Allende, y después del golpe se hizo un lugar en el circuito de las finanzas internacionales. Con varios socios chilenos, fundó Cambios Andes, un negocio de inversiones y cambio de divisas con sucursales en Santiago y Buenos Aires. Entre sus amigos en la comunidad judía había hombres de negocios que apoyaron el golpe militar en Chile y participaron en el régimen de Pinochet, pero también tenía amigos que simpatizaban con el gobierno de la Unidad Popular. En este segundo grupo estaba un excolega del Banco Israelita, Jacobo «Yasha» Rosenblum, militante del Partido Comunista y exiliado en París.i

El problema del partido a fines de 1976 no era la falta de financiamiento, sino el desmoronamiento de los canales para ingresar dinero a Chile. La fuente de los fondos no era un misterio. Se trataba de dinero recaudado por el partido en el exilio entre sus adinerados simpatizantes en Europa y los países socialistas, principalmente en la Unión Soviética y Alemania Oriental. Enviar los fondos vía valija diplomática o mensajero personal ya no era factible. Zorrilla elaboró un plan para abrir un canal nuevo y seguro para trasladar grandes cantidades de dólares desde Europa a Chile. Para ello reclutó a Rosenblum, quien le contó que conocía a la persona perfecta para ayudar a instalar y operar la red financiera, su viejo amigo Jacobo Stoulman.David Canales,miembro del equipo de Zorrilla, atestiguó sobre esta operación muchos años después:

Yasha incorporó a Jacobo Stoulman en este esquema, con posterioridad al golpe de Estado, aprovechando el hecho de que Stoulman tenía una sólida y real cobertura como operador financiero, además de tener un patrimonio propio y relaciones bancarias a toda prueba. Le había conocido en el Banco Israelita antes del gobierno de Allende y a Yasha le cautivó la personalidad fuerte, el carácter independiente y emprendedor de Stoulman, unido a su espíritu probadamente solidario y progresista. En la etapa de preparación de este mecanismo, Jacobo Stoulman se entrevistó personalmente y a solas con Yasha en noviembre de 1976, fecha en que Stoulman viajó a Europa, pasando por Suiza.

Stoulman aceptó. En esa reunión en Ginebra, Rosenblum y él crearon un sistema de transferencias financieras que sería seguro y legal. Para Stoulman, era una propuesta potencialmente lucrativa, para la cual contaba con las conexiones necesarias en el mundo financiero. Según Canales, no violaba leyes ni regulaciones bancarias —era perfectamente legal, salvo, por supuesto, la última fase de traspasar el dinero a un perseguido partido clandestino que luchaba en contra de la dictadura en Chile—.

Abrieron cuentas en bancos internacionales en Europa para recibir el dinero, que sería transferido a cuentas controladas por Stoulman en Argentina. Según registros judiciales, las instituciones financieras involucradas en la nueva red incluían al Banque pour l’Industrie et le Commerce en Ginebra, Israel Discount Bank y Bank Julius Baer de Nueva York, y sucursales de Cambios Andes en Chile y Argentina, además de otros bancos no identificados en Luxemburgo y Argentina. La parte más complicada era la etapa final: traspasar el dinero en dólares a Chile y cambiarlo a la divisa local. Luego,la empresa de Stoulman tendría que desembolsar fondos periódicamente a operativos clandestinos del partido, lejos el aspecto más peligroso y riesgoso de la operación, que se tornaba aún más precaria por el debilitado estado de la estructura partidaria en Chile.

Canales declaró que una parte del sistema ya estaba operativa a fines de 1976 y se estaban acumulando fondos en Argentina. Pero la represión dirigida a la dirección del PC había roto los vínculos con la estructura interior del partido, y el dinero no podía enviarse de manera segura desde Argentina hacia Chile usando el último dispositivo de la red. No obstante, el dinero continuaba llegando a las cuentas en Argentina, resultando en abultados balances. Canales describió el problema del dinero en una entrevista:³

Desde mayo de 1976, a raíz de la debacle de la dirección clandestina del PC, el flujo de ayuda en dinero desde el exterior a Chile se detuvo, al menos en su forma regular. En esa época, como todos los años, desde 1974 en adelante, el PC hizo una campaña financiera y reunió en esa oportunidad entre la emigración una suma cercana a los quinientos mil dólares, que debieron fluir en fraccionadas partidas a Chile, aunque esto no fue posible [de] materializar. Por otro lado, los comunistas chilenos recibimos, a título de solidaridad, un monto similar de dos o tres partidos homólogos en ese periodo. La suma de todo estuvo en condiciones de ser entregada fraccionadamente a nuestra gente en Chile a partir de la última parte de 1976. De modo que a principios de 1977 comenzamos a depositar en bancos comerciales en Argentina estas sumas de dinero a disposición de distintas personas que se prestaron para ese flujo. Una de esas personas era Jacobo Stoulman.

Con Ricardo Ramírez recientemente instalado en Buenos Aires, Zorrilla dio la orden de enviar a Alexei Jaccard a su misión en Buenos Aires y Santiago con la información necesaria e instrucciones para restaurar el flujo de dinero. Canales declara:

Puesto en marcha el proyecto, para montar el dispositivo final hacía falta incorporar a una persona distinta, que no fuese conocida ni ligada al aparato de seguridad ni a las finanzas comunistas. El destinado para ello fue Alexei Jaccard Siegler, joven comunista oriundo de Concepción... Era un hombre joven lleno de energía y confianza en su propia fuerza de carácter, en su habilidad para sortear los riesgos del trabajo político.

Jaccard, en reuniones con Rosenblum y otros cuadros operativos enviados desde Moscú, recibió instrucción básica en actividades clandestinas. Debía viajar con su nombre verdadero, usando su pasaporte suizo. Reemplazó sus jeans y poleras de estudiante por trajes acordes a un joven, próspero empresario, y recortó su descuidada barba de antaño.

Aunque su madre y hermana vivían temporalmente en Argentina, tratando de juntar dinero y documentación para exiliarse en Europa, Alexei fue instruido de no tomar contacto con ellas.

Su misión, según Canales y otras fuentes, era juntarse en Buenos Aires con Ricardo Ramírez y, en Santiago, con Jacobo Stoulman. No conocía personalmente a ninguno de los dos y ellos tampoco sabían de la existencia de uno y otro. Alexei llevaba la información detallada que necesitaban los dos hombres para trabajar juntos. Se le dijo que ese sería el primero de una serie de viajes regulares que haría a futuro:

Alexei no era un correo que transportara dinero, en lo absoluto. En ese terreno se comprende el valor de Jacobo Stoulman, que estaba en condiciones de hacer encajes de divisas de Chile a Argentina y viceversa. La tarea de Alexei implicaba dar a conocer a Jacobo la frecuencia, los montos y destinatarios de las remesas que se le iban a depositar en Argentina.

El 14 de mayo de 1977 se despidió de Paulina. Para su reunión con Ramírez, Jaccard llevó consigo la ansiosamente esperada información sobre el nuevo esquema de financiamiento y la manera en que funcionaría. También portaba una buena cantidad de dinero en efectivo, alrededor de veinte mil dólares, para sus gastos de viaje y otros propósitos. Una parte estaba asignada a la operación de Ramírez y otra debía llevarse a Chile.ii Lo único que le dijo a Paulina fue que su misión lo llevaría a Buenos Aires y a Chile, y que tenía pasaje de regreso para el 26 de mayo. Viajó de noche desde Milán a Buenos Aires y arribó a la capital argentina temprano en la mañana del domingo 15 de mayo.

Penetración del Cóndor

La DINA y el Batallón 601 de Argentina, coordinando sus acciones en Operación Cóndor, parecen haber detectado la operación del Partido Comunista prácticamente desde su nacimiento. En 1977, ambas agencias se estaban enfocando en Europa y en las actividades de financiamiento y de propaganda antidictadura levantadas por grupos de exiliados en ese continente. Como se vio en el capítulo anterior, más o menos en esa época, Argentina llevaba a cabo una operación para confiscar sesenta millones de dólares de cuentas bancarias de Montoneros en Ginebra y otras ciudades. La DINA había asignado a uno de sus altos oficiales del Departamento Exterior, el capitán Raúl Iturriaga Neumann, para que tomara un curso de posgrado en finanzas y economía, y a fines de 1976 fue ascendido para encabezar la Dirección Económica de la DINA —una unidad del mismo rango que el Departamento Exterior—.

Tratando de comprender la debacle años después, Canales conjetura que la DINA obtuvo sus primeras pistas sobre los planes financieros del partido a partir de los interrogatorios a los decenas de comunistas detenidos en mayo de 1976, que incluían a varias personas involucradas en la distribución de los fondos. Además, especula que la DINA estaba rastreando los pasos del círculo de empresarios judíos que se sospechaba simpatizaron o habían tenido vínculos con el gobierno de Allende —y esa investigación habría dado la pista de Stoulman—.

En Buenos Aires, el Batallón 601 (que también contaba con una unidad de investigaciones financieras) pudo vigilar con facilidad las actividades del aún legal Partido Comunista de Argentina y sus contactos con los comunistas chilenos que trabajaban en la ciudad. Tanto Ramírez como Héctor Velásquez se estaban quedando en casas de militantes comunistas argentinos, y su llegada y movimientos habrían constituido una importante información de inteligencia para traspasar a sus contrapartes chilenas.

Hay una intrigante pieza de evidencia citada en el juicio Cóndor en Chile que apunta a la temprana penetración de los planes comunistas: cuando Jacobo Stoulman viajó a Ginebra y París para reunirse con Yasha Rosenblum el 18 de noviembre de 1976, Iturriaga Neumann, el hombre de investigaciones financieras de DINA, iba en el mismo vuelo.⁴

En Buenos Aires, el equipo de Cóndor se preparaba. El capitán Christoph Willeke era en ese momento el representante y enlace de Chile en la sede de Cóndor en calle Billinghurst. Otro agente de la DINA, Enrique Arancibia, también realizaba tareas de Cóndor. Y, de acuerdo a los acontecimientos que siguieron, queda claro que la DINA había despachado a un equipo especial de por lo menos tres agentes, que ya estaba en terreno en Buenos Aires.

Cuando Alexei Jaccard aterrizó en Buenos Aires el 15 de mayo, ya había agentes de la DINA y del Batallón 601 posicionados para desbaratar la operación del Partido Comunista y obligar a los detenidos a conducirlos hasta el dinero.

Acción encubierta

A su llegada a la capital argentina, Alexei se registró en el hotel Bristol, en el centro de la ciudad. Se estaba embarcando en una operación extremadamente peligrosa en terreno —dictaduras en Argentina y Chile— que no podía ser más hostil. Su entrenamiento básico en actividades encubiertas le habría otorgado algunas de las herramientas y técnicas para operar con seguridad y cumplir sus tareas sin ser detectado. Entregar un maletín lleno de dinero habría sido una de las acciones menos complicadas. Su misión incluía reuniones clandestinas en dos países, para lo cual debía memorizar los horarios preestablecidos de estas, los «santo y señas» de reconocimiento y las señales de seguridad. Transmitiría y recibiría información detallada, como códigos bancarios, números de cuentas, listas de nombres, horarios de entregas, así como decisiones e instrucciones de los dirigentes del partido en Moscú. Informaciones como esas no podían ser memorizadas, así que se debían escribir en código y llevarse ocultas en alguna cosa, como un paquete de cigarrillos o el taco de un zapato.

Una vez en Buenos Aires, trataría de cumplir las tácticas básicas. Ya fuera parte de la instrucción de la CIA, de la inteligencia militar o de la KGB, había un menú estandarizado de métodos y prácticas clandestinos: técnicas de contrachequeo, señas de reconocimiento y de seguridad y un relato (una historia que encubriría la acción clandestina) plausible —y tal vez de varias capas— que justificara sus viajes. En ese sentido Jaccard era un aficionado, sin experiencia en el trabajo clandestino. Pero podía estar seguro de que el hombre que conocería en Buenos Aires era un profesional de las acciones encubiertas. Ricardo Ramírez, de cuarenta años, había encabezado la unidad de inteligencia del partido de manera clandestina durante dos años en Chile. Estando en el exilio en Hungría y la Unión Soviética, sin duda recibió instrucción más avanzada en espionaje y trabajo encubierto de parte de algunos de los mejores agentes que podían ofrecer los países del bloque soviético.

La historia de Jaccard era sólida y tenía la ventaja de ser mayormente verdadera. Era un empresario que iba a visitar a su anciano padre en Chile. También tenía otros parientes en Argentina. Al llegar ese día domingo, se contactó de inmediato con su hermana Tatiana. Parecía ser algo natural, a pesar de que transgredía las instrucciones en seguridad que había recibido. Un exiliado chileno, Fedor Castillo, le sirvió de ayudista para guiarlo por esa desconocida ciudad.

Jaccard y Castillo tomaron el tren en la estación Palermo para viajar hasta el suburbio de San Miguel, donde su madre, Julieta, y su hermana Tatiana con su esposo Samuel Valenzuela se alojaban en casa de un amigo. No tenían idea de que Alexei se encontraba en la ciudad. Le contaron que en pocos días más viajarían a Francia. Alexei les había estado ayudando a obtener financiamiento para el viaje de parte de una organización para refugiados con la que había trabajado en Suiza. Bromearon respecto a que estaba «vestido de rico». Llevaba puesto un elegante traje azul de tres piezas. Fue ambiguo acerca de por qué estaba en Argentina, y solo les comentó que continuaría viaje a Chile para visitar a su padre.

Cenaron en familia y se quedó a dormir esa noche. No quería preocupar a su madre, pero le dijo a su cuñado que estaba nervioso respecto de su seguridad y que pensaba que había sido seguido desde su llegada al aeropuerto. En otra transgresión a las normas de seguridad, le contó que estaba en una misión para el Partido Comunista, pero no entregó detalles.⁵

Jaccard pasó gran parte del día siguiente haciendo cosas que no atrajeran sospechas. Almorzó con Valenzuela y Castillo y luego fue al cine. Después le pidió a Castillo que lo llevara a un barrio lejano de calles angostas y lo esperara en un parque. Jaccard regresó dos horas más tarde, diciendo que se había reunido con miembros del Partido Comunista de Argentina. Le dijo que viajaría a Chile, así que ya no necesitaría de su ayuda en Buenos Aires.

Sin embargo, aún estaba pendiente su reunión más importante, con Ricardo Ramírez. Como los comunistas argentinos estaban ayudando a Ramírez, es posible que la reunión de Jaccard con miembros de ese partido haya sido para transmitirle los detalles del «punto» con Ramírez —el lugar y la hora, las señas que identificarían a Ramírez y la señal de seguridad que ocuparía para indicar que estaba bien acercarse a él—.

Desde su llegada dos semanas antes, Ricardo Ramírez se estaba quedando en la casa de un militante del partido de Argentina, Marcos Leder. Su segundo, Héctor Velásquez, llevaba cinco meses en el país y tenía un trabajo en una fábrica de zapatos administrada por otro comunista argentino. El 16 o 17 de agosto, ambos fueron detenidos en circunstancias aún desconocidas. Lo que se sabe es que en algún momento pasada la medianoche del 17 de mayo, varios hombres arrastraron a Ramírez, apenas consciente, hasta la casa de Leder. Los hombres dijeron que Ramírez estaba borracho y lo estaban regresando a casa. Pero cuando ingresaron, quedó claro que eran agentes de seguridad, y tres de ellos parecían ser chilenos. Detuvieron a Marcos Leder y a su hijo Mauricio y se los llevaron consigo. La trabajadora doméstica, la única sobreviviente de ese allanamiento, testificó que tres de los hombres hablaban con el distintivo acento chileno que era «igual al de Ramírez».⁶

Los dominós habían comenzado a caer. Sin saber de la detención de Ramírez, Jaccard llegó al lugar de encuentro, un kiosco de diarios cerca del teatro Ópera en la calle Corrientes. Se acercó a un hombre que leía la revista Readers Digest en español frente al teatro —ese era el santo y seña acordado—. El hombre sostenía la revista en su mano izquierda, la señal de que era seguro hacer contacto. Pero era una trampa. El hombre con la revista era un agente. Ramírez había sido capturado y los agentes extrajeron esos detalles de él o de otros detenidos bajo tortura. Apenas Jaccard pronunció las palabras acordadas para establecer contacto, otros agentes lo rodearon y lo detuvieron. Lo trasladaron a un centro de interrogatorio, donde comenzaron días de torturas.⁷

Durante las siguientes veinticuatro horas, la Policía Federal allanó los hogares de otros tres comunistas argentinos, Mario Clar, su hijo Sergio y Rodolfo Sánchez, en cuya casa se estaba quedando Héctor Velásquez (este también desapareció en circunstancias desconocidas).iii El 20 de mayo, fuerzas de seguridad secuestraron a siete miembros en la sede del Partido Comunista argentino en avenida Callao. Tres fueron liberados posteriormente, pero los otros cuatro desaparecieron: se trataba de Luis Cervera Novo, Ricardo Isidro Gómez, Carmen Candelaria Román y Juan Cesáreo Arano. La dirección de la sede era de conocimiento público, porque el Partido Comunista argentino seguía siendo legal. Todos los comunistas argentinos participaban en organizaciones de solidaridad en apoyo a los exiliados chilenos, ayudando con hospedaje y otras cosas. Se desconoce cuánto sabían, si es que sabían algo, sobre la operación financiera encabezada por Ramírez y Velásquez.

Casi todos los comunistas argentinos asesinados en la guerra sucia fueron víctimas de la Operación Cóndor —fueron blancos de la represión no por sus propias actividades políticas, sino que por su relación con izquierdistas extranjeros—.

Con la captura de tres chilenos y doce argentinos, la Operación Cóndor se trasladó al otro lado de la cordillera de los Andes, a Chile.

Cuartel Simón Bolívar

La campaña de la DINA para destruir al Partido Comunista era dirigida desde una nueva base secreta ubicada en la acomodada comuna de La Reina, en Santiago. El cuartel Simón Bolívar era una propiedad de unos dos mil quinientos metros cuadrados que el coronel Contreras había comprado para hospedar a su unidad de guardia personal cuando en 1975 mudó a su familia a una gran casa a menos de un kilómetro de distancia, en avenida Príncipe de Gales. El cuartel contaba con una casa de un piso y un pequeño gimnasio y camarines adyacentes a él. Quedaba un palto de lo que quizá alguna vez fue una plantación. Altos muros en ambos costados lo separaban de un colegio básico privado a un lado y casas al otro. La dirección era calle Simón Bolívar 8630, paralela a Príncipe de Gales, ambas largas y elegantes avenidas que trepan suavemente hacia la precordillera de los Andes en el sector oriente de la capital.

A mediados de 1976, la operación en contra del Partido Comunista era la principal actividad de la DINA, y Contreras ordenó que la unidad a cargo de ella, la Brigada Delfín, se mudara desde Villa Grimaldi a Simón Bolívar. La brigada se llevó con ella al prisionero más importante en su poder, el dirigente del partido Víctor Díaz. El nuevo cuartel recibió un continuo flujo de dirigentes comunistas, capturados en sucesivos allanamientos y operativos en julio, agosto y diciembre de ese año. A diferencia de lo que ocurrió en Villa Grimaldi, ninguna persona interrogada y torturada en Simón Bolívar salió con vida. Los guardias y oficiales que fueron persuadidos a prestar testimonio en investigaciones judiciales revelaron su existencia en 2005. Lo describieron como un lugar de extremo salvajismo y perversión. Una agente mujer admitió que era su tarea ejecutar a prisioneros a través del suministro de inyecciones; dijo que a menudo vio cinco o seis «paquetes» —cuerpos envueltos en sacos atados a pesados rieles— en la cancha de baby fútbol afuera de la casa principal.iv

El comandante a cargo, el capitán Juan Morales, testificó que regularmente observaba las sesiones de tortura que se realizaban en los camarines detrás del gimnasio donde los soldados almorzaban y jugaban ping pong. Morales y varios otros dijeron que luego de la llegada de la Brigada Delfín, el cuartel se convirtió en un «centro de exterminio», por orden de Contreras y Pinochet.⁸

Alexei Jaccard, Ricardo Ramírez y Héctor Velásquez llegaron a Simón Bolívar alrededor de una semana después de su captura en Buenos Aires. Tres suboficiales que servían de guardias no les sabían los nombres a Ramírez y Velásquez, pero se refirieron a ellos como «los húngaros», porque eran comunistas exiliados en Hungría y tenían pasaportes de ese país. Tenían recuerdos más nítidos del alto y delgado hombre de finos rasgos que eventualmente identificaron en fotos como Jaccard.⁹

Agentes de Delfín trasladaron a Alexei en la maleta de un auto desde Mendoza. Los guardias dijeron que había sido torturado severamente en Argentina, y eran tan graves las quemaduras en sus glúteos —quemados con planchas eléctricas— que debió recibir tratamiento médico. Aún mientras sanaba de esas heridas, era sometido a otras torturas por oficiales de Delfín, dirigidos por el capitán de Ejército Germán Barriga y el capitán Ricardo Lawrence, oficial de Carabineros agregado a la DINA. La trágica pero inexorable realidad es que el interrogatorio bajo sistemáticas torturas casi siempre funciona, y los prisioneros cuentan lo que saben. En este caso, Ramírez, Velásquez y Jaccard poseían la información que podía conducir a la DINA al tesoro del Partido Comunista.

Ramírez conocía las identidades de los hombres a cargo de la distribución del dinero en Chile —eran Ruiter Enrique Correa, dirigente sindical y militante comunista por más de treinta años, y Hernán Soto Gálvez, quien antes del golpe había trabajado con Américo Zorrilla en la administración financiera del partido—. Desde el golpe, Correa operaba como «buzón» para recibir y entregar dinero a la estructura clandestina desde su kiosco de diarios en Alameda con Amunátegui, en el centro de Santiago y a una cuadra del bombardeado Palacio de La Moneda. Jaccard también tenía la información previamente acordada —señas de reconocimiento y de seguridad— para tomar contacto directo en Santiago con Jacobo Stoulman, el único hombre con acceso a las cuentas bancarias internacionales del partido.

Correa fue el primero en caer. El 27 de mayo, dejó a su esposa a cargo del kiosco y le dijo que se iba a almorzar. Dos días más tarde, su maltrecho cuerpo fue sacado del río Mapocho y enviado a la morgue, donde su familia pudo identificarlo algunos días después. Correa le había asegurado a su familia que se había desligado del partido después del golpe, pero también le advirtió a su hijo que si alguna vez caía preso, «era hombre muerto».¹⁰

Jacobo Stoulman

A esas alturas, el objetivo de la DINA era el dinero, no los militantes del partido. Ya había requisado los veinte mil dólares de Jaccard y un monto similar de Ramírez, pero sabían que el verdadero premio estaba en las cuentas bancarias internacionales, y que, para llegar a ellas, necesitaban a Jacobo Stoulman. No se sabe cómo Stoulman comenzó a caer bajo el radar de la DINA —tal vez por su vinculación con judíos pro-Allende—, pero como sea que haya sucedido, a mediados de mayo, la DINA lo tenía fijamente en la mira como su principal blanco. Aun así, la Brigada Delfín decidió no detenerlo en Chile.

Stoulman había sido informado que Jaccard —o más bien, el enlace del partido enviado desde Europa— llegaría en cierta fecha, y le entregaron las señas de seguridad para el encuentro. Se preocupó cuando el contacto no apareció, pero no supo de las detenciones en Buenos Aires ni del secuestro de Correa en Chile. v Por lo que se sabe, Stoulman no le contó a sus socios en Cambios Andes ni a miembros de su familia que estaba montando canales de financiamiento para el Partido Comunista.¹¹ Pero en esos últimos días, mostró señales de nerviosismo.

Habían sucedido acontecimientos extraños.

Dos hombres habían llegado por separado, uno y luego el otro, al local cambiario en calle Agustinas para retirar dinero. Stoulman le entregó el dinero al primer hombre, pero cuando el segundo solicitó lo mismo, y se le informó que alguien ya lo había retirado, le dijo a Stoulman «que había firmado su sentencia de muerte». Miembros de la familia especularon después que la segunda persona tal vez era Correa y que la primera, alguien de la DINA fingiendo ser él.¹²

Los empleados notaron que la oficina estaba bajo vigilancia y que alguien les tomaba fotos al lugar y al propio Stoulman desde un hotel al otro lado de la calle. Este dijo que sabía de la vigilancia. Le comentó a su socio Enrique Chamorro que tenía que viajar a Buenos Aires y quería asegurarse de que estaría seguro. Chamorro lo convenció de consultar con amigos en el Ejército para chequear que no estuviera en problemas. Stoulman y Chamorro se reunieron con el general Luis Danús, quien estaba casado con una sobrina de Chamorro. Danús los tranquilizó, según este. «Él me respondió que me quedara tranquilo y que si no había sido detenido Jacobo era porque no lo andaban buscando».¹³

El 29 de mayo, Stoulman y su esposa, Matilde Pessa, tomaron un vuelo a Buenos Aires. Stoulman adujo varias razones para hacer ese viaje: motivos personales, que debía reunirse con alguien de Aerolíneas Israelíes o que portaba una carta de presentación para el cónsul israelí en Buenos Aires para hablar sobre un negocio de importación de armamento israelí a Chile.¹⁴ Su esposa armó una cita para cenar con otra pareja de chilenos que también planeaban estar en Buenos Aires en esas fechas. Dejaron a sus tres hijas adolescentes, Alejandra, Sara y Jenny, al cuidado de su abuela.

Cuando el vuelo de Braniffaterrizó en el aeropuerto Ezeiza, el avión tomó una pista lateral en vez de dirigirse hacia la puerta de desembarque. A los pasajeros se les pidió descender con sus documentos en mano. Un hombre que caminaba detrás de Stoulman y su esposa notó a un grupo de hombres de civil que observaban la fila de pasajeros. «Ahí están,» dijo uno de ellos, apuntando al matrimonio. Sin causar ninguna conmoción, les pidieron a los Stoulman ingresar a un vehículo y partieron con ellos.

Por cierto, el viaje estaba directamente relacionado con los asuntos bancarios con el Partido Comunista. Según David Canales, Stoulman iba a Buenos Aires en un inútil intento por salvar la nueva red y rescatar el dinero depositado en Cambios Andes. Canales, uno de los dirigentes comunistas que participaron en la planificación, entrevistó a los sobrevivientes posteriormente para tratar de reconstruir lo sucedido:¹⁵

Lo que realmente lo impulsó [a viajar] fue saber que la DINA y sus cómplices argentinos intervinieron en esos días Cambios Andes e incautaron sus fondos en Buenos Aires. Montaron un aparataje de control desembozado y amenazaron a sus socios comerciales, que le quitaron su apoyo. En esas circunstancias, viajó a Buenos Aires a intentar recuperar su propio dinero invertido allí y el dinero que los comunistas chilenos depositamos en sus cuentas en Argentina en 1977, que él hizo aparecer como depósitos de diferentes clientes de su rubro habitual. Así lo capturaron.

Stoulman parece haber caído en una trampa montada por fuerzas coordinadas argentinas y chilenas. Los movimientos de la pareja a partir de ese momento fueron orquestados por los agentes que los tenían cautivos. Stoulman y su esposa no llegaron al hotel donde tenían reserva ni a la cena con sus amigos. Sus socios y familiares en Santiago mantuvieron la esperanza de que se tratara de un secuestro por rescate. Un miembro de la familia llamó a uno de los inversionistas de Stoulman que vivía en Buenos Aires, Gabriel Seferian, y le pidió buscar al matrimonio en otro hotel, el Winston Palace. Seferian encontró sus nombres en los registros del hotel, pero el empleado de recepción dijo que ya habían partido a Montevideo. (Winston Palace era en realidad una fachada para el Batallón 601, cuya sede se ubicaba en la intersección de calles Callao y Viamonte. Había sido utilizado para recluir a otros detenidos de Cóndor, pero eso se supo muchos años después.)

El gobierno suizo y organizaciones judías estadounidenses hicieron grandes esfuerzos para investigar las desapariciones. Para no dejar rastros, los agentes de inteligencia argentinos y chilenos fingieron la partida de Jaccard y de la pareja Stoulman desde Argentina por medio de manifiestos de la compañía aérea, registros fraguados en el hotel y documentos de inmigración falsos. Los documentos falsos «demostraban» que Jaccard había viajado a Chile pocos días después de ser arrestado y luego partido desde Santiago a Uruguay. Otros registros fraudulentos también pretendían demostrar que el matrimonio Stoulman había arribado a Montevideo.¹⁶

En las semanas que siguieron, más de una docena de cheques y órdenes de pago, con la firma verdadera de Stoulman, llegaron a Cambios Andes. Cada uno era por el monto máximo de retiro autorizado: cinco mil dólares. Algunos de los cheques fueron objetados, pero el banco de la compañía en Nueva York pagó al menos treinta mil dólares con la esperanza de que Stoulman fuera liberado.¹⁷ Amigos y socios con credenciales pro-Pinochet hicieron algunas averiguaciones; la empresa contrató a dos abogados con buenas conexiones para viajar a Argentina. Uno de ellos, Ambrosio Rodríguez —a quien diez años más tarde Pinochet nombraría como procurador general de la República—, contactó a uno de los hombres de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia, quien consultó con sus fuentes en el Batallón 601. Estas, a su vez, le informaron que los Stoulman «fueron entregados a funcionarios DINA».¹⁸

Nunca se ha podido confirmar si los Stoulman pasaron por Montevideo o no. Pero la información de Arancibia era correcta. La pareja fue trasladada a Chile y asesinada allí. Probablemente fueron mantenidos en el cuartel Simón Bolívar, aunque ningún militar dispuesto a prestar testimonio recuerda haberlos visto en el lugar.

La última víctima de la campaña de Delfín fue Hernán Soto Gálvez, también integrante del equipo de finanzas del partido. En los primeros días de junio fue al aeropuerto a recoger a alguien que llegaba desde Buenos Aires, pero le dijo a su familia que sospechaba de algo. No obstante, siguió adelante con la reunión secreta previamente arreglada, para la cual el santo y seña era una botella de vino Gato Blanco. De camino a la reunión el 7 de junio, fue secuestrado por dos hombres en un vehículo.¹⁹

La sombría evidencia del destino final de los Stoulman y de Ramírez emergió décadas después. En 2001, en el transcurso de una investigación judicial, se ordenaron excavaciones en una mina abandonada en Cuesta Barriga en busca de restos humanos. En 2015, con el uso de exámenes de ADN, se identificaron entre los restos a Jacobo Stoulman, su esposa Matilde Pessa y Ricardo Ramírez. En total fueron dieciséis las personas asesinadas en la operación para confiscar el dinero del Partido Comunista: nueve en Argentina y siete en Chile. Fue tal vez la operación Cóndor más grande de la DINA y la única dedicada al Partido Comunista.

Según David Canales, todos los fondos del partido manejados por Stoulman —al menos un millón de dólares— fueron requisados de cuentas de Cambios Andes, junto con otros montos elevados, aunque indeterminados, que fueron retirados desde cuentas a nombre de clientes que habían invertido dinero en la empresa de Stoulman.

Nunca se encontró rastro de Alexei Jaccard, aunque fue el prisionero sobre el cual los guardias tenían más recuerdos detallados. Uno de ellos, Eduardo Oyarce, identificó a Jaccard y a Héctor Velásquez en fotos. El guardia Guillermo Ferrán también reconoció a Jaccard en una foto, diciendo que era la persona que fue detenida con veinte mil dólares y con planes de reunirse con comunistas en Chile. Ferrán relató que Jaccard y Velásquez estaban en la misma celda y crearon un juego de ajedrez con papel, para pasar el tiempo. Agregó que Jaccard permaneció ahí durante más de un mes y todos lo conocían. Incluso que usó sus habilidades de carpintero para construir una cabaña más cómoda para los guardias. Con él, los guardias hallaron momentos de humanidad, y hasta de cariño, en un lugar dominado por la crueldad y la muerte:²⁰

Puedo indicar que creo que todos en la guardia nos encariñamos con él. Participaba en actividades con nosotros, como el ping-pong y el baby fútbol. Conversamos varias veces con él, de hecho cuando estaba construyendo la cabaña para la guardia, nosotros teníamos que vigilarlo y ahí hablamos mucho, nos contaba sus cosas y desarrollamos una especie de amistad. Para mí el caso de Jaccard me marcó, ya que en mi opinión no había razón para matarlo y además me había encariñado con él.

A tanto llegó la confianza que teníamos con él, que nos mostró la foto que tenía de su novia, que usualmente mantenía oculta. Siempre nos decía que quería volver a verla y que la echaba de menos, y decía que menos mal que había venido él, porque si hubiera venido ella, le hubiera pasado lo mismo. Recuerdo que varias veces se quebró cuando hablaba de ella.

Una mañana Ferrán llegó a su trabajo y Jaccard ya no estaba. Otro guardia dijo que el equipo Delfín lo había asesinado con el gas sarín con el que Townley había experimentado en el cuartel.

La búsqueda de la verdad

Durante muchos años, el Partido Comunista guardó silencio respecto de lo sucedido. En la época, un funcionario del partido solo informó a Paulina Veloso que la operación había salido mal y que Alexei estaba desaparecido. Le pidieron decir que Alexei había viajado a Chile por motivos personales y no comentar nada respecto de lo que ella sabía sobre su misión para el partido. Recién en los noventa supo por periodistas que reporteaban sobre el caso que la desaparición de Stoulman era parte de la misma operación. Demoró años en establecer la verdad. La DINA había difundido una versión falsa de que Stoulman estaba involucrado con el financista judío argentino David Graiver, quien había sido acusado del lavado de decenas de millones de dólares para los Montoneros. Miriam, la hermana de Stoulman, les repitió esa historia a las tres hijas de los Stoulman-Pessa y a otros.

Veloso quería saber lo que realmente había pasado y que se supiera la verdadera historia: que Alexei se encontraba en una misión política y que su participación era una de las luchas históricas de la resistencia. Conversó con David Canales y este le comenzó a contar toda la historia sobre el frustrado esfuerzo del partido por crear una red de financiamiento. Canales prestó declaración cuatro veces en el juicio Cóndor, y compartió nuevos detalles sobre la operación con este autor.

«Fue necesario describir qué hacíamos en tanto se nos perseguía, nos cazaban y nos aniquilaban», dijo.²¹ Mantener el secreto, explicó, reforzaría la narrativa falsa de la dictadura, asumida en cierta medida hasta por los investigadores judiciales, de «que la actividad de los luchadores antifascistas era oscura, secreta, porque sus fines eran horribles, antihumanos, terroríficos, inconfesables». Se convenció de que las acciones de quienes perecieron debían ser plenamente transparentadas. «En cuanto a mí —agregó—, fui educado en la escuela en que los objetivos y medios de los luchadores por la democracia y el socialismo son legítimos, abiertos y deben ser difundidos al mundo entero». Paulina Veloso fue la intermediadora para reunir a las familias de las víctimas con el propósito de presentar una querella criminal en 2000, que se convirtió en parte clave del juicio Cóndor.

Con esta transparencia de parte de las víctimas, los secretos más oscuros que se mantienen son aquellos guardados por los militares, que protegen su culposo conocimiento de sus atroces crímenes y cómo lucraron con ellos. Los oficiales militares que impartieron las órdenes y diseñaron las operaciones de Cóndor se han negado a hablar de manera abierta sobre los planes y resultados de sus acciones. Nunca se ha revelado cómo los socios Cóndor lograron penetrar los planes comunistas y actuar para anularlos mientras se desarrollaban.

Por lo tanto, debe decirse que el trabajo transnacional de las fuerzas de seguridad militares nuevamente asestó una seria derrota a una gran fuerza de resistencia pacífica antidictatorial.vi En lo que fue tal vez la mayor operación Cóndor que se haya emprendido, las fuerzas conjuntas de seguridad utilizaron el espectro completo de sus métodos y fases: el intercambio de inteligencia, equipos multinacionales para la vigilancia, detención e interrogatorio y el traslado transfronterizo de las víctimas. Argentina y Chile fueron los principales actores, pero Uruguay también jugó un papel al fabricar los registros de vuelo fraudulentos de Jaccard y los Stoulman, lo cual permitió encubrir la operación y desviar la atención desde Chile y Argentina. Si en efecto la penetración ocurrió en Europa (presencia de Iturriaga Neumann en el vuelo donde viajaba Stoulman), constituiría evidencia de que la Fase 3 de Cóndor también pudo haber sido puesta en marcha.

La acción coordinada fácilmente penetró y destruyó la cuidadosamente planificada y compleja misión del Partido Comunista para reconstruir su dirección interna y restaurar el flujo financiero. Una operación multinacional de tal complejidad y ambición no estaba por sobre las capacidades organizacionales del partido, especialmente si podía contar con la ayuda y enormes recursos de la Unión Soviética y de los países del Bloque Socialista. Pero la operación clandestina del partido no podía igualar las capacidades operativas y de inteligencia de los socios Cóndor. A fin de cuentas, requería de un nivel de precisión, experticia y disciplina que los militantes comunistas involucrados no pudieron alcanzar. Los mejores cuadros operativos del partido se enfrentaron a un adversario Cóndor que ya tenía vasta experiencia al cabo de su segundo año de intensa coordinación y se encontraba en su punto más álgido de efectividad.

Operaciones 1977-1981

La «guerra sucia» de Cóndor continuó con brutal intensidad en los países miembros, especialmente durante 1977 y 1978. En esos últimos años, las fuerzas de seguridad secuestraron en acciones coordinadas a doscientas cincuenta personas, de las cuales 161 fueron muertas. Los traslados transfronterizos se intensificaron. En esas operaciones, sesenta y nueve personas traspasaron fronteras ilegalmente: a Argentina (31), Chile (7, incluyendo a las cinco personas señaladas más arriba), Paraguay (15) y Uruguay (14). La Fase 3 de las operaciones de Cóndor fuera de Sudamérica también continuó hasta el final; hubo acciones en contra de objetivos en Europa y México, casi todos militantes montoneros o del ERP argentinos. Tres de ellos fueron asesinados.vii

Bajo el alero del nuevo presidente de Estados Unidos, el demócrata Jimmy Carter, la inteligencia de ese país vigiló las actividades de Cóndor fuera de America Latina, y la existencia de la organización criminal se filtró a la prensa de Estados Unidos en julio de 1978.²² La investigación del asesinato de Letelier fue clave para revelar la Operación Cóndor. Para comienzos de 1978, los investigadores del FBI habían reunido suficiente evidencia de que la DINA chilena era la responsable del atentado en Washington y viajaron a Chile a confrontar al gobierno de Pinochet. En anticipación, un grupo de generales y civiles en altos puestos del régimen presionaron a Pinochet para que disolviera la DINA, forzara al general Contreras al retiro y creara un nuevo organismo de seguridad, la Central Nacional de Informaciones (CNI). La represión continuó con este nuevo organismo, pero la desaparición de personas como táctica fue prácticamente eliminada. Chile, país fundador e inspirador de la Operación Cóndor, fue virtualmente marginado de las acciones coordinadas al finalizar 1978.

No obstante, Cóndor se amplió a dos países miembros en sus últimos años. Chile promovió la invitación a Ecuador para unirse a la alianza como «Cóndor 7» en enero de 1978 y ofreció entrenamiento en inteligencia, y Argentina montó el sistema de comunicaciones Condortel de ese país. Perú siguió como el miembro «Cóndor 8» un mes después.²³ No se ha comprobado la responsabilidad de Ecuador en ningún asesinato Cóndor. No fue el caso de Perú.

Hubo una inexplicable pausa en la coordinación transnacional en 1979. Se llevó a cabo una sola identificable acción Cóndor durante ese año. Luego, en 1980 resurgió la actividad transfronteriza de Argentina, con treinta y un víctimas ese año, notablemente con la cooperación del nuevo integrante, Perú, como veremos más adelante, y la continua coordinación bilateral con Uruguay. Es escasa la información respecto de otros casos durante este último periodo, y podría tratarse de instancias de cooperación bilateral y no del uso del desgastado sistema Cóndor.

El antaño sólido bloque antimarxista de seis países claramente se desmoronaba a fines de 1977. Brasil dejó de participar en las reuniones Cóndor, según informes de la CIA. Chile y Argentina estaban inmersos en una disputa fronteriza relacionada a rutas terrestres y oceánicas en la punta más austral del continente, y Chile había transformado a sus agentes Cóndor en Argentina —particularmente a Enrique Arancibia Clavel y el mayor Christoph Willeke— desde aliados en la represión transnacional a espías de Argentina en su propio territorio. Willeke dejó el país a mediados de 1977 y Arancibia fue arrestado por espionaje en noviembre de 1978.

Sin embargo, la red de comunicaciones Condortel se encontraba en pleno funcionamiento sin la etiqueta de Cóndor. El nombre Cóndor aparece en un último documento de inteligencia con fecha 13 de abril de 1981 en un informe del jefe de inteligencia de la policía paraguaya, Pastor Coronel, respecto de que el grupo MOPOCO buscaba mejorar sus medidas de seguridad «ante la posibilidad de que sean detectados y tomados por las fuerzas argentinas dentro de la Operación Cóndor».²⁴

Aquí se exponen con cierto detalle algunos de los ejemplos más notorios, entre los muchos que podrían enumerarse de los últimos años de la alianza Cóndor, donde los adversarios de un régimen miembro del Cóndor fueron apresados fuera de sus países.

Paraguay

Paraguay siguió tratando de localizar a los enemigos de sus vecinos que vivían dentro de sus fronteras, y recíprocamente recibió ayuda para apresar a los dos enemigos más importantes de Stroessner que operaban en Argentina. Uno de los casos se encuentra documentado en detalle en el Archivo de Paraguay. El 28 de marzo de 1977, la policía de la capital detuvo a tres argentinos y dos uruguayos como sospechosos de realizar actividades subversivas en contra de sus países de origen. El grupo intentaba obtener documentos falsos para enviarlos a Argentina y así ayudar a que un gran número de montoneros y fugitivos del PVP uruguayos escapasen a Europa. El jefe de Cóndor en Paraguay, el coronel Benito Guanes, informó a sus pares argentino y uruguayo, y un grupo de oficiales viajó a Asunción para participar en el interrogatorio de los detenidos: los uruguayos Gustavo Inzaurralde, el máximo dirigente del PVP en la región, y Nelson Rodolfo Santana Scotto, y los montoneros argentinos José Luis Nell, Dora Marta Landi y Alejandro José Logoluso.

Posteriormente, el 16 de mayo, los dos oficiales argentinos de la SIDE volvieron con un avión y se llevaron a los cinco prisioneros a Argentina, donde desaparecieron.²⁵

Los traslados del Cóndor también se realizaron en dirección contraria. En febrero de 1977, a pedido de Paraguay, agentes argentinos secuestraron al líder exiliado Agustín Goiburú, del principal grupo de oposición MOPOCO. Goiburú, un exaliado de Stroessner, había planeado y organizado el fallido intento de asesinato del dictador paraguayo en 1974. Goiburú vivía en la ciudad argentina de Paraná Entre Rios, donde ejercía la medicina. Los documentos del Archivo de Paraguay afirman que fue entregado a agentes de la policía de inteligencia paraguaya en la frontera, y desapareció.²⁶ Otro destacado exiliado paraguayo, Epifanio Mendes Fleitas, también fue arrestado en Argentina, pero fue liberado con vida unos meses después.

En sus conversaciones con diplomáticos estadounidenses y agentes de la CIA, los oficiales de inteligencia paraguayos, y Stroessner mismo, describían a Paraguay como un miembro relativamente renuente de Cóndor, que había rechazado reiteradas presiones por parte de Argentina de unirse a Teseo, por ejemplo. Sin embargo, la evidencia demuestra que Paraguay era un entusiasta colaborador de sus países vecinos en la represión, permitiendo que siete personas detenidas en su territorio fueran regresadas a la fuerza a sus países de origen. A cambio, los otros miembros Cóndor detuvieron a treinta y cinco opositores paraguayos, de los cuales veintiuno fueron asesinados en esos países o después de haber sido entregados a Paraguay.²⁷

Un general paraguayo estuvo dispuesto a hablar con franqueza en una entrevista con el autor sobre la eficacia de Cóndor. «Había habido cierta cooperación antes, de alguna u otra forma», dijo el general retirado Alejandro Fretes Dávalos, quien fue jefe del Estado Mayor General paraguayo durante los años de Cóndor. «La diferencia era que esto [Cóndor] funcionaba. Tuvo mucho éxito. Eliminó rápidamente la subversión internacional. De lo contrario, tal vez hubiéramos tenido gobiernos comunistas en todos nuestros países».

Perú

Perú se había deshecho de su líder militar con inclinaciones de izquierda y en 1980 se unió a las dictaduras de derecha como el miembro más nuevo de Cóndor. El general Francisco Morales Bermúdez había comenzado desde antes a cooperar con sus socios, todos dictadores militares como él. En abril de 1977, el Servicio de Inteligencia Peruano (SIEP) secuestró al exmilitante montonero Carlos Maguid, quien vivía en Lima. La acción se realizó en cooperación con un equipo de seguridad argentino, que se encontraba en la capital peruana. Este mató a Maguid durante los interrogatorios y su cuerpo desapareció.²⁸

Los argentinos le devolvieron el favor a Morales Bermúdez con una extraña operación que solo es posible concebir entre dictaduras. En mayo de 1978, varias semanas después de la incorporación oficial de Perú al club Cóndor, el líder militar peruano buscó legitimar su régimen con un orquestado voto para una asamblea constituyente. Posiblemente como una suerte de seguro en contra de una oposición visible, Morales detuvo a un grupo de trece prominentes izquierdistas, entre ellos miembros del Congreso, oficiales militares en retiro leales al gobierno anterior y periodistas de oposición. El grupo fue trasladado en un avión militar peruano, cruzando la frontera hacia Jujuy, Argentina. Luego de permanecer en calidad de incomunicados durante varias semanas, fueron expulsados al exilio en varios países, gracias a la intervención de ACNUR.²⁹

Una tercera y más sangrienta operación se llevó a cabo en junio de 1980. Un equipo del Batallón 601 viajó a Perú en busca de un grupo de montoneros que residían allí. Una vez más, oficiales estadounidenses en Buenos Aires recibieron información detallada sobre la operación. El nuevo embajador de Estados Unidos en Lima era uno de los hombres que más sabía de Cóndor: Harry Shlaudeman, quien había sido jefe de la sección Latinoamérica en 1976. Los agentes llevaron con ellos a un colaborador montonero para que identificara a los sospechosos, tres de los cuales fueron apresados en sus hogares en una operación conjunta con las fuerzas de seguridad peruanas. El colaborador, que trató de hacer fracasar la operación, y uno de los prisioneros fueron torturados y asesinados en Perú, y los otros dos, llevados a Bolivia con la intención de trasladarlos a Argentina. «Una vez en Argentina, serán interrogados y desaparecerán para siempre», informó un oficial estadounidense.

Pero la operación terminó filtrándose a la prensa peruana y el gobierno tuvo que reconocer las detenciones y «expulsiones» a Bolivia. Las embajadas de Estados Unidos en Perú, Bolivia y Argentina, como también Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se involucraron de inmediato en el asunto. Algunos de los apresados habían estado hacía poco en Europa y uno de ellos era la conocida activista de los derechos humanos Noemí Gianotti de Molfino, una de las fundadoras del grupo «Madres de Plaza de Mayo». Con toda la publicidad sobre la operación y la certeza de que algunos de los prisioneros se encontraban en Bolivia, los funcionarios estadounidenses esperaban que «la atención de los medios les serviría como una medida de protección constante». El escándalo todavía se respiraba en el ambiente a mediados de julio cuando el embajador en Argentina, Raúl Castro, se reunió con el comandante del Ejército argentino, Leopoldo Galtieri. Según lo informado a Washington, el diplomático insistió tanto con el tema que en un momento Galtieri hizo un ademán y dijo: «Basta ya». La presión estadounidense fue un esfuerzo vano.

A pesar de la presión y la publicidad, el Batallón 601 avanzó en lo que parecía un plan de gran alcance, que incluía el traslado secreto de Noemí Gianotti a Madrid. A juzgar por las operaciones internacionales del Batallón 601 en el pasado reciente, el objetivo debe haber sido valerse de la mujer, una importante montonera, para atrapar a otros de sus compañeros exiliados en Europa. Lo más probable es que el blanco de la operación fuese Mario Firmenich, contra quien se habían lanzado por lo menos tres operaciones de asesinato en Europa bajo el alero de Cóndor. Cualquiera haya sido su finalidad, el resultado fue la muerte de Gianotti. Su cuerpo fue descubierto el 21 de julio en un departamento en Madrid alquilado días antes por dos hombres a nombre de otro de los montoneros cautivos en Perú, Julio César Ramírez.

Nunca se hallaron los demás cuerpos. Tanto Perú como Argentina fueron duramente criticados en la prensa local y europea, y Perú se vio en una situación muy embarazosa tras su incursión en Cóndor, que, al igual que con el asesinato de Letelier, tuvo un costo diplomático. Perú canceló la invitación al presidente Videla para que asistiese a las ceremonias de investidura del nuevo presidente de Perú, Fernando Belaúnde Terry. El episodio causó asombro entre los diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que no entendían por qué el gobierno militar seguía respaldando operaciones internacionales aparentemente contraproducentes.³⁰ Después del escándalo sobre el caso levantado en la relativamente libre prensa peruana, no hubo más evidencia de que Perú siguiera participando en Cóndor.

Uruguay-Argentina

El movimiento Montoneros y su líder habían sido los blancos principales de las continuas ofensivas argentinas desde 1977. En el capítulo anterior vimos las modificaciones en las estructuras de las fuerzas de seguridad para apoyar las ofensivas en contra de los Montoneros y las varias operaciones lanzadas en Europa.

La campaña en contra de los Montoneros condujo a una de las operaciones coordinadas más grandes del periodo Cóndor. Consistió en operaciones conjuntas en Uruguay y Argentina en contra de Montoneros y de una organización uruguaya relativamente pequeña conocida como GAU —Grupos de Acción Unificadora—. Estas operaciones representaron el auge más significativo de la represión transfronteriza en un solo mes —diciembre de 1977— y resultaron en el secuestro de más de 50 personas, de las cuales solo 23 sobrevivieron, incluyendo ocho niños. La operación coordinada, denominada «Operativo Montoneros», fue llevada a cabo por unidades de inteligencia naval en ambos lados de la frontera. Un rasgo distintivo de esta gran operación fue la escasa participación de las unidades del Ejercito que habían realizado la mayoría de las operaciones transfronterizas en el pasado: el Batallón 601 y SID-OCOA.

GAU era uno de los grupos más moderados entre las organizaciones de resistencia de izquierda.viii Lo fundó el dirigente sindical Héctor Rodríguez en 1971 con la idea, como lo sugiere el nombre, de fomentar la unidad entre las diversas facciones de izquierda en Uruguay. Rodríguez fue un actor principal en la formación del Frente Amplio, que obtuvo buenos resultados en las elecciones presidenciales de 1971, en las que triunfó quien pronto se convertiría en dictador, Juan Bordaberry. Después del golpe de Bordaberry y los militares en 1973, militantes de GAU crearon una estructura clandestina en Uruguay con apoyo de militantes exiliados en Argentina.

El aparato Cóndor en Argentina prestó poca atención a GAU hasta mediados de 1977, coincidiendo con que la organización Montoneros se convertía en el principal blanco internacional. Se desató toda la fuerza represiva en contra de GAU luego de una serie de hechos que llevaron a los servicios de inteligencia argentinos a concluir que esta organización había creado una alianza operativa con los Montoneros. Esa conclusión se refleja en documentos argentinos hallados en los archivos militares de Uruguay. (No obstante, investigaciones posteriores determinaron que esa alianza nunca existió).

Las primeras detenciones en junio y julio de 1977 en Argentina fueron fortuitas. Unidades policiales que buscaban a izquierdistas paraguayos en las afueras de Buenos Aires recibieron una pista de que había otros «subversivos extranjeros» en el barrio. Los agentes de inteligencia, provenientes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PPBA), detuvieron a tres uruguayos y descubrieron la existencia de una estructura de GAU en Argentina, la Regional Buenos Aires. Un informe de 41 hojas de la PPBA encontrado en archivos militares uruguayos, titulado Operativo Contrasubversivo GAU, ofrece escalofriantes detalles de la campaña en los meses siguientes. En casa de Fernando Martínez Santoro los agentes encontraron abundantes documentos sobre los miembros y planes del Regional, todo lo cual fue prontamente traspasado a las fuerzas uruguayas. A fines de octubre, Martínez ya no era necesario para la investigación, por lo que la PPBA comentó fríamente que se le podría eliminar:³¹

«Tras lo investigado, queda pues pendiente la detención del [otro sospechoso], sugiriéndose para con el causante [Luis Martínez Santoro] una D.F. por no considerársele de interés para la prosecución de la investigación».

D.F. significaba «disposición final» —la muerte y la desaparición, de acuerdo a la investigación uruguaya—. El documento es uno de los pocos ejemplos del uso de lenguaje explícito respecto de decisiones para asesinar a prisioneros y deshacerse de sus cuerpos.

Con la investigación ya en curso en Buenos Aires, otra detención fortuita aparentemente confirmó el supuesto vínculo con los Montoneros. Tratando de cruzar hacia Uruguay con documentos falsos y varias armas, el dirigente montonero Óscar De Gregorio fue capturado por personal naval en el terminal del ferry en Colonia, Uruguay, el 16 de noviembre. Fue entregado a la unidad naval FUSNA (Fusileros Navales) en Montevideo para ser interrogado, y FUSNA inmediatamente contactó a sus contrapartes navales en Argentina, con sede en la ESMA, con quienes la inteligencia naval uruguaya (S2) había intercambiado visitas, información y equipos. En pocos días, dos oficiales de la unidad de elite ESMA, identificada como Grupo de Tarea 3.3/2, llegaron a la base de FUSNA, trayendo consigo un colaborador montonero.³²

El arresto de De Gregorio intensificó la campaña en contra de GAU en ambos países. El dirigente tenía en su poder el nombre y la dirección de una mujer en Montevideo cuyo hermano era un militante confirmado de GAU. Al allanar su casa, los agentes descubrieron importante documentación sobre la estructura clandestina de GAU dentro de Uruguay y sus actividades en Buenos Aires. Parte de esa información ya estaba en manos de los argentinos, pero lo nuevo era la evidencia de un vínculo Montoneros-GAU. Según FUSNA, esa información elevaría de manera significativa la prioridad de GAU como blanco para la inteligencia naval argentina, debido a que «ya no se trataba de un movimiento menor de uruguayos, ahora estaban directamente relacionados con Montoneros».³³

Con De Gregorio bajo interrogatorio y torturas, los agentes argentinos y uruguayos fueron tras un pequeño grupo de activistas montoneros con sede en Montevideo. Al menos once militantes fueron capturados en la capital y en la ciudad costera de Lagomar. Dos fueron muertos de inmediato en enfrentamientos, y un tercero fue herido. Un montonero que estaba llegando al aeropuerto Carrasco, Carlos Valladares, mordió una cápsula de cianuro al ser enfrentado por agentes, matándose mientras gritaba: «Un Montonero no se entrega; Vivan los Montoneros; Muerte a los Milicos». De Gregorio y cuatro de los prisioneros fueron trasladados a Argentina y mantenidos en la ESMA. De Gregorio murió a consecuencia de las torturas en un hospital naval, pero los demás eventualmente sobrevivieron y fueron liberados.³⁴

Por su parte, los agentes de FUSNA, armados ahora con nueva inteligencia, procedieron a detener a veinticinco miembros de la organización GAU al interior de Uruguay. Fueron sometidos a juicios militares y muchos pasaron años en prisión, pero todos sobrevivieron.

La acción se trasladó a Buenos Aires. Los exiliados de GAU en Buenos Aires habían trabajado silenciosamente para construir alianzas en el espíritu del Frente Amplio. Formaban parte de un círculo que incluía a los prominentes políticos uruguayos Zelmar Michelini y Enrique Erro, al líder comunista Manuel LiberoffPeisajovich y a varios grupos de izquierda, todos informalmente alineados bajo un paraguas llamado Unión Artiguista de Liberación (UAL). Otros grupos en la UAL eran las Agrupaciones de Militantes Socialistas (AMS), el Partido Comunista Revolucionario (PCR), y la facción Nuevo Tiempo del MLN-Tupamaros, que había abandonado la lucha armada. Como se describió en el capítulo 9, una acción temprana de Cóndor secuestró y asesinó a Michelini, Peisajovich y a varios miembros de MLN-T Nuevo Tiempo. Erro había sido arrestado en 1975 y ya estaba en el exilio en Europa. Pero estas letales campañas de Cóndor habían dejado sin tocar a los otros elementos de la UAL.

Eso cambió radicalmente luego de la detención de De Gregorio y el descubrimiento de un presunto vínculo con Montoneros. A fines de diciembre, en los días previos y posteriores a la Navidad de 1977, agentes uruguayos y argentinos, incluyendo a una unidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PPBA III), se dejaron caer en los hogares de seis parejas uruguayas, todas con hijos pequeños o, en un caso, con un bebé a punto de nacer. En los días siguientes, un total de veintiséis uruguayos, algunos con sus cónyuges argentinas, fueron detenidos sobre la base de información elaborada por FUSNA y sus contrapartes argentinas de inteligencia naval. Al preparar los allanamientos, tres oficiales de FUSNA, incluyendo al jefe de inteligencia naval, capitán de Navío Jorge Troccoli, volaron a Buenos Aires el 20 de diciembre. Muchos de los uruguayos secuestrados fueron vistos en centros de detención clandestinos conocidos como Quilmes, Banfield y COT Martínez.

La mayoría eran miembros de GAU (14), junto con militantes de varios grupos que componían UAL-MLN-T (6), PCR (4), AMS (1), más una persona sin afiliación. Mientras en Uruguay todos los militantes detenidos como parte de la misma operación sobrevivieron, en Argentina, sin excepción, las fuerzas de seguridad ejecutaron e hicieron desaparecer a la totalidad de los prisioneros uruguayos. Una mujer, Yolanda Casco, militante del MLN-T, tenía ocho meses de embarazo al momento de su secuestro y dio a luz en el centro de detención. Su bebé, Carlos D’Elia Casco, sobrevivió pero recuperó su verdadera identidad recién en 1995. Los otros cinco niños, de entre dos meses y dos años de edad, fueron devueltos a sus abuelos poco después de los secuestros.³⁵

México, Brasil

En enero de 1978, una unidad del Batallón 601 de Argentina lanzó una intrincada operación para desbaratar la base de los Montoneros en México encabezada por Rodolfo Galimberti. Un dirigente montonero capturado en Argentina, Tulio Valenzuela, fingió ser un colaborador y fue trasladado a México junto con un equipo de agentes. En lugar de identificar a sus compañeros para que fueran asesinados, Valenzuela encontró una manera de liberarse y ofreció una conferencia de prensa denunciando el plan. El equipo argentino, aunque ya se había instalado en México, abandonó la operación y regresó a su país.³⁶ Galimberti y los cuatro militantes nombrados como blancos de la operación formaban parte de un plan de contraofensiva de Mario Firmenich para el reingreso de unidades montoneras en Argentina con el objetivo de lanzar operaciones de propaganda y, eventualmente, militares.

Las operaciones en contra de los Montoneros en el extranjero llegaron a su punto más álgido durante 1980 en sucesivas acciones conjuntas con Perú, Brasil y Uruguay. Si bien Brasil había mantenido una relación de cierta distancia con Cóndor, en 1980 su fuerza de seguridad entró en acción para ayudar a Argentina a sofocar el intento de contraofensiva guerrillera de Firmenich. El líder montonero, desde su base clandestina en España, había reclutado a un grupo de jóvenes exiliados para instruirlos en los países árabes y organizarlos como «Tropas Especiales de Infantería» (TEI). Reunidos en los países del Cono Sur a principios de 1980, trataron de introducirse clandestinamente en Argentina para renovar la lucha contra los militares.

Pero el Batallón 601 se había infiltrado en la operación y contaba con informantes y colaboradores. Los agentes supieron que dos de los máximos líderes de Montoneros estaban por viajar desde México a Río de Janeiro. Uno de ellos era Horacio Campiglia, comandante de operaciones de las TEI. Un oficial de seguridad estadounidense supo toda la historia a través de su fuente en el Batallón 601:³⁷

«El servicio de inteligencia militar (601) de Argentina contactó a su par brasileño para realizar una operación en Río y así apresar a dos montoneros que llegaban de México. Los brasileños le concedieron permiso y un equipo especial de argentinos voló a Río bajo las órdenes del teniente coronel Román a bordo de un C130 de la Fuerza Aérea Argentina. Los dos montoneros (...) fueron apresados con vida y llevados a Argentina a bordo del C130».

Luego, al igual que con los casos Jaccard y Stoulman, los agentes del 601 dejaron pistas falsas en Río para que se creyera que los montoneros se habían registrado y después ido de un hotel, y más tarde abandonado Brasil en un vuelo comercial. La verdad era que se los habían llevado a una de las prisiones secretas en la base militar de Campo de Mayo, en Buenos Aires. Otro montonero fue apresado por esa misma fecha en la ciudad de Uruguayana, en el sur de Brasil, y entregado a Argentina. En un breve lapso prácticamente toda la fuerza contraofensiva fue capturada. Casi todos desaparecieron.

Brasil y Argentina llevaban años montando operaciones especiales de vigilancia en su frontera común para detectar el regreso a Brasil de posibles revolucionarios brasileños, y controlar los movimientos de argentinos por la frontera. Un informe del FBI señala que los dos países alcanzaron ese acuerdo fronterizo a comienzos de 1976, y resultó en un número indeterminado de personas capturadas y asesinadas en su frontera ese año. En 1980, al menos otros cuatro argentinos fueron interceptados allí y desaparecieron.³⁸

Brasil también le había permitido a Argentina realizar operaciones en noviembre de 1978 en busca de su perenne blanco, el dirigente del PVP Hugo Cores, quien se había mudado desde Francia a Brasil y dirigía los esfuerzos clandestinos para retornar a Uruguay. Dos militantes del PVP, Lilian Celiberti y su compañero Universindo Rodríguez Díaz, fueron secuestrados en su hogar en Porto Alegre con sus dos hijos. La unidad militar estaba compuesta por agentes de seguridad uruguayos y brasileños. Luego de un día de interrogatorios y torturas en la sede del DOPS, sus captores los trasladaron hacia Uruguay, donde quedaron bajo custodia de agentes del SID uruguayo en Montevideo. Los agentes uruguayos querían montar una ratonera para capturar a Cores, quien vivía en São Paulo, y Lilian Celiberti fingió colaborar con el plan. Les dijo que se había planificado una importante reunión en su casa en Porto Alegre y Cores seguramente asistiría. Los agentes uruguayos entonces regresaron a esa ciudad brasileña con Celiberti para ocupar su departamento y esperar a que el dirigente llegara en la fecha indicada.

Pero Cores había diseñado su propia trampa. Alertado por la red de seguridad del PVP en Porto Alegre de que Celiberti y Rodríguez habían sido secuestrados, Cores se movió rápido para tratar de salvarlos. Llamó a un periodista brasileño, Luis Claudio Cunha, de la revista Veja, y le dijo que la pareja estaba prisionera en su propio departamento. Cunha, quien se encontraba en la ciudad por trabajo, encontró el departamento en la calle Botafogo y golpeó la puerta. Los agentes brasileños y uruguayos retuvieron con sus armas al periodista y a su fotógrafo, pero luego los liberaron al cerciorarse de sus identidades. La operación había fracasado. Por esos días de noviembre, Brasil había celebrado sus primeras, relativamente libres elecciones parlamentarias, nacionales y estaduales, y la oposición estaba ganando por un estrecho margen. Los militares seguían en el poder, pero la apertura hizo imposible permitir que una operación dentro de Brasil a beneficio de Uruguay dañara a un par de periodistas brasileños. Aun así, constituyó un acto de extraordinaria valentía el hecho de que Cunha y su fotógrafo se introdujeran, literalmente, en medio de un acto de terrorismo de Estado internacional.³⁹

Los humillados agentes regresaron a su prisionera a Uruguay, donde montaron un débil encubrimiento, asegurando que Celiberti y Rodríguez fueron atrapados en la frontera tratando de ingresar armas a Uruguay. Los niños pronto fueron entregados a su abuela; Celiberti y Rodríguez fueron encarcelados durante dos años y luego liberados. Hugo Cores había escapado de nuevo. El hombre más buscado de los militares uruguayos murió por causas naturales en 2007 luego de jugar un prominente rol en el retorno a la democracia en su país, y servir como secretario político del presidente Tabaré Vásquez, cuya coalición, el Frente Amplio, era el mismo movimiento de izquierda que los militares intentaron marginar del poder con su golpe de 1973.

Capítulo 16

LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA Y DE LA

RESPONSABILIDAD DE ESTADOS UNIDOS

Este es un ejemplo flagrante de la participación directa de un jefe de Estado en un acto de terrorismo de Estado, uno que es particularmente alarmante, tanto porque ocurrió en nuestra capital como porque su gobierno es generalmente considerado amistoso.

Secretario de Estado George Shultz en un

informe secreto sobre el general Pinochet

Existe una profunda ironía histórica en las dos encarnaciones del Cóndor. El que alguna vez fue el principal destructor de las protecciones internacionales, ahora, décadas después, era el catalizador de una nueva era para el derecho internacional.

El autor

Los años del Cóndor demuestran que los crímenes no resueltos del pasado no se quedan en el pasado. El Plan Cóndor ha vuelto, como un absceso inflamado y doloroso, para fustigar la vejez de quienes lo concibieron y lo implementaron.

El éxito incuestionable del Cóndor resultó ser efímero. Una década después, ninguno de los gobiernos militares seguía en el poder. La secreta campaña de los regímenes del Cóndor para eliminar a sus adversarios democráticos y a guerrilleros terminó siendo reemplazada por otro tipo de gestión, aquella que busca que esos líderes militares sean procesados por la justicia. Esta vez se trataba de una campaña llevada a cabo a la luz del día y en el ámbito del derecho internacional.

La búsqueda de justicia, que comenzó cuando aún se estaban cometiendo los crímenes, continuaría y cobraría fuerza durante más de dos décadas. Al principio fue un proceso lento y tedioso que durante largos años pareció predestinado al olvido por la persistente influencia militar, los contratiempos legales y la indiferencia nacional. Pero al redactar estas líneas, las causas judiciales por violación a los derechos humanos han avanzado a pasos agigantados, produciendo cientos de requerimientos de extradición, de procesamientos y encarcelamientos de oficiales que habían disfrutado de años de impunidad al amparo de los tribunales de justicia.

Los crímenes de la Operación Cóndor han servido de catalizador para una contundente persecución penal internacional que, emulando la esfera de actividad de esta, comprende tres continentes. Las actividades transfronterizas de Cóndor representan, en número de víctimas, solo una parte menor de las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas por los gobiernos militares, pero esa alianza adquirió una trascendencia única, tanto en un sentido simbólico como judicial, en el esfuerzo por llevar a líderes militares ante la justicia.

La naturaleza internacional de los crímenes extendió las jurisdicciones que podían encausar a los hechores. Si bien los jerarcas militares se cubrieron las espaldas con leyes de amnistía y protección negociadas con sus sucesores civiles, Cóndor presentó un problema particular. Como los gobiernos militares no reconocían la existencia de operaciones internacionales, las leyes de amnistía se redactaron considerando únicamente abusos a los derechos humanos cometidos dentro de sus propias fronteras. A modo de ejemplo, se puede citar el asesinato de Letelier, que fue explícitamente excluido de la ley de amnistía de Chile promulgada en 1978. Fue así que, en muchos casos, las operaciones de Cóndor dejaron a los jefes militares expuestos a acusaciones en terceros países por delitos que se encontraban protegidos por las leyes de amnistía solo en sus propios territorios.

Las operaciones de Cóndor dejaron asimismo un tendal de potenciales testigos y pruebas en varios países de América Latina, Europa y Norteamérica. Si bien los países de Cóndor eliminaban en forma bastante sistemática las pruebas que comprometían sus propias actividades militares, no eran tan eficientes a la hora de proteger a sus socios, especialmente una vez que la alianza fue disuelta y volvieron a reinar los gobiernos civiles. Las pruebas tenían menos importancia en el país donde eran encontradas que para los implicados en la actividad delictiva, y por ello varios investigadores pudieron descubrir abundante material incriminatorio y, en algunos casos, escondites de documentos.

Siendo una empresa de inteligencia masiva, que involucraba a servicios de inteligencia de por lo menos ocho países, Cóndor fue de inmediato objeto de crucial interés para la CIA y la inteligencia militar estadounidense, y, como tal, también generó una larga estela de documentos en el gobierno de Estados Unidos. Si bien este no trató de recopilar información sobre abusos a los derechos humanos en forma sistemática, ni opuso regularmente obstáculos a quienes los cometían (por lo menos antes del gobierno de Carter), los informes de inteligencia sobre la alianza Cóndor eran de alta prioridad, puesto que resultaban pertinentes no solo para la política estadounidense sino también para los objetivos globales de contrainteligencia y vínculos militares, y estaban protegidos con el más alto nivel de clasificación secreta con «palabras clave».

Obviamente, Cóndor no fue el único factor desencadenante de los avances en materia de investigaciones de violación a los derechos humanos. Mi labor aquí, no obstante, es completar el relato de los años del Cóndor, mostrando de qué manera los crímenes internacionales perpetrados por gobiernos militares dieron paso a una campaña cada vez más fructífera para documentar los delitos del pasado ante tribunales de justicia y presentar cargos contra sus responsables.

Ningún paso resultó fácil a la hora de buscar pruebas para que finalmente se hiciera justicia. Aun así, el primer paso fue gigantesco. La investigación del FBI sobre el asesinato de Letelier en Washington no solo derivó en procesamientos, sino que permitió que se recopilara y finalmente se desclasificara un cúmulo de pruebas sobre el organismo de inteligencia secreto del gobierno de Pinochet y las actividades de represión transnacional en cada uno de los seis países miembros. Tales pruebas, contenidas en miles de páginas de transcripciones de juicios y documentos probatorios —de tal envergadura que podrían medirse en metros—, pusieron en evidencia por primera vez y en forma detallada la existencia del aparato secreto de represión en Chile. Fueron esas evidencias, en particular el trabajo de investigación del hombre del FBI en Buenos Aires, Robert Scherrer, las que revelaron la existencia de la Operación Cóndor. No obstante, y como se describe en el capítulo 11, ahora sabemos que las pruebas se seleccionaron cuidadosamente para ocultar detalles críticos de la inteligencia estadounidense sobre Cóndor.

Chile mantuvo un muro de silencio sobre sus propios crímenes militares mientras Pinochet permaneció en el poder, rechazando la extradición de sus funcionarios acusados en Estados Unidos.

Argentina fue el primer país que intentó llevar a cabo investigaciones y juicios en serio. Los altos oficiales de la Junta fueron destituidos tras la frustrada invasión de las islas Malvinas en abril de 1982: las mismas Fuerzas Armadas que habían emprendido una incesante guerra «antiterrorista» contra sus propios conciudadanos fueron derrotadas en forma aplastante cuando Gran Bretaña respondió a la fanfarronada con un contraataque. Miles de efectivos argentinos mal equipados y peor dirigidos fueron capturados casi sin ofrecer resistencia, y al menos mil soldados murieron. El presidente de la Junta, Leopoldo Galtieri, presentó su dimisión luego de semejante humillación nacional. El nuevo jerarca militar, general Reynaldo Benito Bignone, se vio obligado a impulsar el restablecimiento del gobierno civil.

De inmediato se llevó a cabo una campaña, a la que los militares se resistieron con ferocidad, para perseguir los delitos cometidos durante lo que todos ahora denominaban la Guerra Sucia. El nuevo presidente electo, Raúl Alfonsín, quien había sido un valiente activista opositor durante el gobierno militar, creó una comisión —liderada por el escritor Ernesto Sábato— para investigar el destino de los desaparecidos. La Comisión Sábato llevó a cabo una rápida investigación y en menos de un año entregó su informe, titulado Nunca más. Completado hasta el año 2019 con casos de presuntos desaparecidos, incluyó más de once mil nombres de desaparecidos y asesinados, una cantidad que constituye el piso o número mínimo documentado de víctimas de la red de prisiones secretas y centros de exterminio del régimen.

La tarea de identificar y juzgar a los autores de los crímenes se dejó a los tribunales. El gobierno de Alfonsín hizo aprobar leyes que anulaban la autoamnistía promulgada por el gobierno militar justo antes de dejar el poder. Los juicios públicos a los miembros de las juntas se extendieron de abril a diciembre de 1985 y finalizaron con la condena de los cinco principales jefes militares, incluyendo al expresidente de facto Jorge Videla y el jefe de la Armada, Emilio Massera, cuyas sentencias iban desde cinco años en prisión hasta cadena perpetua. Los juicios provocaron la furia de otros oficiales, quienes con razón consideraron que podrían ser los próximos en enfrentar al tribunal. De hecho, en los meses que siguieron se prepararon por lo menos mil setecientos procesamientos más.

Durante los años siguientes, el curso del país se vio enturbiado por algunos conflictos no resueltos, entre ellos cuatro rebeliones armadas de unidades militares conocidas como «carapintadas» por aparecer con el rostro untado de pintura de camuflaje. Alfonsín se vio obligado a recular respecto de los procesamientos a militares de rangos inferiores y acordó fijar una fecha límite —un «punto final»— tras la cual no se podrían presentar más cargos contra los militares por atrocidades a los derechos humanos. Finalmente, en 1989, luego de un sangriento levantamiento militar, el sucesor de Alfonsín, el peronista Carlos Menem, compró la paz con los militares, al otorgar un indulto presidencial a Videla y a los otros miembros de la Junta.i

Los persecutores

Los crímenes de esta época, al haber apuntado a prominentes figuras internacionales, en especial líderes militares y políticos democráticos, captaron extraordinariamente la atención de abogados defensores de los derechos humanos, jueces activistas y tenaces periodistas investigativos. En medio de la agitación por los juicios y los indultos, una periodista chilena, Mónica González, llegó a Buenos Aires en busca de información sobre el más famoso caso de asesinato no esclarecido: el atentado con autobomba en 1974 del predecesor de Pinochet, el general Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert. Ya se había realizado una somera investigación judicial, pero había sido sofocada por jueces promilitares.

Consultando con el reportero argentino Horacio Verbitsky, que conocia bien los tribunales, González cambió de pista. «Si quiere encontrar algo», le dijo Verbitsky, «busque el juicio por espionaje a Enrique Arancibia Clavel, de cuando lo arrestaron en 1978. Solo consiga esos expedientes».

Ese nombre le resultaba familiar. Arancibia Clavel era un conocido civil de derecha que había escapado de Chile en 1970, después de verse involucrado en atentados terroristas en el periodo de las elecciones presidenciales. Luego del golpe, había conseguido un puesto en la sucursal del Banco del Estado chileno en Buenos Aires. Su arresto por espionaje en 1978 suscitó una breve pero intensa publicidad durante un periodo de tensión en el que tanto Chile como Argentina movilizaron sus fuerzas en un cuasi enfrentamiento militar por un territorio en disputa en la parte más austral del continente, el canal Beagle. Pero cuando la crisis se aplacó —gracias a la intervención de la diplomacia vaticana, que condujo a una mediación papal—, retiraron los cargos y Arancibia reinició lo que parecía una vida tranquila como dueño de un restaurante bonaerense.

Verbitsky hacía gestiones con un contacto en la corte, lo que allanó el camino para obtener el permiso de inspeccionar los archivos del caso Arancibia. González insistía con el juez del caso, Ramón Montoya, llegando a su casa temprano para hablar con el. Finalmente el juez ordenó a su secretario Juan A. Piaggio le mostrara a la periodista el lugar donde estaban archivados los documentos, los cuales le permitió leer pero no sacar copias.

El archivo era un mar de desorden. Los estantes estaban llenos de carpetas anilladas con rótulos viejísimos, dispuestas sin orden alguno, y el piso, prácticamente cubierto de cajas con expedientes olvidados hacía tiempo. Parecía que no se hubiera limpiado la sala en años. El secretario ubicó tres cajas cerradas que decían «Causa 949, Enrique Arancibia Clavel y otros...», y dejó a González a solas.¹ La periodista levantó la tapa de una de las cajas y unos papeles sueltos se desparramaron por el piso. Una de las primeras cosas que le llamó la atención fue una pequeña pila de documentos de identidad chilenos. Reconoció algunos nombres que correspondían a presos políticos que habían desaparecido. En otras cajas descubrió más de dos mil páginas de correspondencia: cartas originales recibidas desde Santiago y copias de cartas de Buenos Aires a Santiago. La correspondencia comenzaba en octubre de 1974, días después del asesinato de Prats, y estaba ordenada cronológicamente hasta finalizar con el arresto de Arancibia Clavel en noviembre de 1978.

Tomar notas llevaría mucho tiempo. González sacó su grabadora y pasó el resto del día leyendo los documentos palabra por palabra. Volvió al día siguiente y continuó grabando. El material la tenía atónita: hasta ese momento ningún periodista o investigador de temas de derechos humanos había tenido acceso a algo parecido. Lejos de ser un simple empleado bancario, Arancibia Clavel se había desempeñado como agente de la DINA en Buenos Aires por casi cuatro años. Las cartas contenían instrucciones diarias de sus superiores en Santiago e informes de inteligencia que él enviaba a la DINA. Encontró nombres en clave y numerosos alias, referencias a operaciones en Chile, Argentina y Europa, y largas listas de personas que habían sido secuestradas en ambos países. Sacó a escondidas algunos documentos originales.

Una vez en Chile, aún bajo la dictadura de Pinochet, transcribió el material y lo entregó a la organización de derechos humanos de la Iglesia católica, la Vicaría de la Solidaridad, que lo presentó como nueva evidencia para impedir que los tribunales cerraran las investigaciones sobre cientos de personas desaparecidas. El reportaje más importante de González, publicado en la revista Análisis y posteriormente en el diario La Nación, revelaba nuevos detalles de una de las operaciones de desinformación de la DINA, conocida en el momento como el «caso de los 119»ii que, con los nuevos documentos, adquiría su nombre de código de la DINA: «Operación Colombo».

Colombo, organizada por el Departamento Exterior de la DINA en 1975, tenía como objetivo crear una pantalla para explicar las desapariciones en Chile. En julio de ese año, dos desconocidas publicaciones, una de Buenos Aires y otra de la ciudad brasileña de Curitiba, publicaron listas de 119 chilenos de los que se informaba que habían muerto en actividades guerrilleras o en luchas internas entre grupos izquierdistas. Otros artículos incluían fotos de cadáveres encontrados en Argentina con leyendas que afirmaban que eran miembros del MIR. (Si bien los documentos de identidad hallados en los cuerpos eran chilenos, los cuerpos no lo eran. Pertenecían a argentinos víctimas del escuadrón de la muerte conocido como la Triple A.) Los artículos fueron suministrados por un igualmente oscuro servicio de noticias argentino y recogidos por la prensa pinochetista de Chile. El periódico La Segunda, de la empresa de Agustín Edwards, tituló: «Exterminados como ratones».

Salvo en cuatro casos, los nombres que aparecían en los artículos pertenecían a desaparecidos cuyos casos había presentado la Iglesia católica chilena en un recurso de amparo colectivo a principios de 1975. Las listas publicadas en Buenos Aires y Brasil reprodujeron hasta los errores ortográficos que tenía el texto de ese recurso de amparo.

Los documentos de Arancibia Clavel comprobaban que el agente de la DINA había encargado la publicación de las listas y los artículos falsos, y que los oficiales del Departamento Exterior habían suministrado los documentos de identidad para que fueran colocados en el lugar donde se encontraron los cuerpos. La Operación Colombo fue fundamentalmente una maniobra de desinformación que debería considerarse uno de los precedentes de la Operación Cóndor, que llegó a tener una robusta unidad de «guerra pscológica» con actividades similares. Arancibia Clavel y otros chilenos que tomaron parte en ella participaron después en Cóndor. Fue un operativo que de ningún modo pudo llevarse a cabo sin la anuencia de las fuerzas de seguridad de Argentina y probablemente también de Brasil, de acuerdo a lo que hoy sabemos sobre la colaboración que ya existía entre los países. ²

Los documentos de Arancibia suministran información interna y exclusiva sobre toda clase de actividades de las fuerzas de seguridad desde 1974 a 1978, y constituyen un mapa de ruta virtual de las operaciones conjuntas entre Chile, Argentina y Paraguay que llevaron a formalizar la Operación Cóndor. Por años, solo estuvieron al alcance del público a través de las transcripciones de algunos documentos entregados a la Vicaría. No obstante, a principios de la década del noventa, al enterarse de la existencia de dichos documentos, el juez romano Giovanni Salvi viajó a Buenos Aires y obtuvo una copia completa del tribunal para usarla como prueba en la investigación que realizaba sobre el intento de asesinato en contra de Bernardo Leighton. En 2001, el juez argentino permitió al autor fotocopiar un juego completo de los documentos para esta investigación, la única copia disponible fuera de los archivos judiciales.iii

Bolivia, Uruguay y Brasil volvieron a tener gobiernos democráticos en 1984 y 1985. En 1989, en un golpe incruento, el Ejército de Paraguay se deshizo sin miramientos del general Stroessner y convocó a elecciones. Pinochet también estaba emprendiendo la retirada. En 1988 convocó a un plebiscito con el objetivo de extender su mandato por ocho años más, pero el pueblo chileno respondió con un «no» rotundo. El general trató de detener el recuento de votos para revertir el resultado, pero sus propios compañeros de la Junta se negaron a secundar lo que sería otro golpe militar para prolongar la dictadura.³ Perder significaba que se celebrarían elecciones libres en diciembre de 1989, y así ocurrió: la victoria del democratacristiano Patricio Aylwin, respaldado por una coalición de partidos entre los que se incluía el Partido Socialista de Allende, sería contundente.

Finalmente, todos los países de Cóndor se habían librado de la larga pesadilla militar, aunque ninguno había logrado enfrentar el legado de su pasado. Al igual que Argentina, Uruguay había intentado brevemente investigar los crímenes de la Junta Militar en una comisión parlamentaria, pero esos esfuerzos se vieron malogrados por una hermética ley de amnistía, ratificada por el voto mayoritario en un plebiscito nacional. A diferencia de los otros países, la amnistía de Uruguay, llamada «ley de caducidad», prevenía durante años incluso la posibilidad de llevar a cabo investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos.

Archivo del terror

Paraguay fue el escenario de un descubrimiento importantísimo por parte de uno de los persecutores más obstinados.

Martín Almada devino en héroe de los derechos humanos por accidente. Ferviente activista del Partido Colorado, era maestro y tenía un futuro brillante. Había estudiado en la Universidad de La Plata en Argentina, y fue el primer paraguayo en obtener un doctorado en ciencias de la educación. Retornó a Paraguay en 1974 con las expectativas, bien fundadas, de que podría progresar en el pequeño mundo de la política de su país. Dirigía la sección local del gremio del magisterio y podía conceder pequeños favores a través del control que tenía de un proyecto financiado por el Estado para brindar viviendas subsidiadas a los maestros. Ya lo habían llamado para asesorar al gobierno en temas educativos, y se hablaba de un posible cargo en el Ministerio de Educación.

A fines de 1974, su vida y la de su esposa, Celestina Pérez, cambiaron para siempre. Almada y su mujer dirigían una pequeña escuela privada en la ciudad de San Lorenzo, en las afueras de Asunción. El 24 de noviembre, un escuadrón de la policía entró en su casa y lo arrestó; lo llevaron hasta la oficina del jefe de inteligencia de la policía, Pastor Coronel, donde fue torturado e interrogado. Coronel había descubierto una conspiración para atentar con un coche bomba contra el presidente Stroessner, y entre los jóvenes conjurados algunos habían estudiado en la Universidad de La Plata en la misma época que Almada. El grupo, el Ejército Paraguayo Revolucionario, había recibido capacitación y ayuda del ERP. Agustín Goiburú, el líder de MOPOCO —una escisión del Partido Colorado—, y el archienemigo de Stroessner, había conseguido los explosivos a través de contactos con la JCR (o Montoneros, según otra versión) y los había introducido él mismo en Paraguay.⁴

Según los conjurados, Almada era completamente inocente. Uno de ellos dijo que lo habían conocido en La Plata pero decidieron no abordarlo porque recibía una beca del Estado y era considerado un colorado leal. «Fue culpa nuestra que lo arrestaran», dijo Dimas Piris da Motta, quien era el enlace del grupo entre Argentina y Paraguay. Pero la inocencia no servía de protección en las prisiones de Stroessner. Almada fue salvajemente torturado durante semanas. En cierto momento lo llevaron en presencia de Coronel y un grupo grande de oficiales, incluyendo extranjeros, a los que describiría años después como un «tribunal Cóndor».

Durante una de las sesiones de tortura, la policía llamó a su esposa, Celestina. Le hicieron preguntas a Martín y colocaron el teléfono de modo que Celestina pudiese oír los quejidos de su marido. Unos días después, Celestina sufrió un colapso y falleció de un ataque al corazón. La tortura de Almada y su tragedia personal convirtieron al maestro de escuela en un perseguidor implacable de los líderes militares de los países del Cóndor. Lo que había experimentado le proporcionaba una visión única del funcionamiento interno de la Operación Cóndor. Había estado en la misma prisión que los mensajeros de la JCR Jorge Fuentes y Amílcar Santucho, y supo de buena fuente la forma en que ambos fueron interrogados por oficiales argentinos y chilenos, y sobre el traslado de Fuentes para que desapareciera en Chile.⁵

En 1978, tras casi cuatro años en prisión, Almada fue liberado y se exilió primero en Panamá y luego en París, donde consiguió trabajo en la UNESCO como especialista en educación. Decidido a documentar lo que le había ocurrido, y en especial a descubrir la manera en que había fallecido su esposa, comenzó a investigar al personal y las estructuras de las Fuerzas Armadas y de la policía de Stroessner. Cuando este fue derrocado en 1989, Almada fue uno de los primeros exiliados en volver a su país, donde hizo más intensiva su búsqueda de información.⁶

A diferencia de otros países del Cóndor, no hubo amnistías ni leyes especiales que protegieran a los militares. Stroessner huyó a Brasil y se le sumaron algunos de sus seguidores. Los torturadores más conocidos —entre ellos Pastor Coronel, el jefe de la policía, el general Francisco Alcibíades Brítez, y el jefe de inteligencia, general Benito Guanes, quien había sido el representante de Paraguay en Cóndor— fueron enjuiciados y enviados a prisión. Pero Almada quería conocer la verdad aún más de lo que deseaba el castigo de sus victimarios. Haciendo uso de la disposición de habeas data de la recién aprobada Constitución, presentó una petición en tribunales solicitando todos los documentos públicos acerca de su arresto y encarcelamiento, como también los de la muerte de su esposa. El habeas data es similar a la Ley de Libertad de Información y Ley de Privacidad (FOIA) de la legislación estadounidense: establece que todo ciudadano paraguayo puede tener acceso a cualquier documento público sobre su persona. La primera vez que se usó esa disposición fue en la petición de Almada. Y en manos de un juez receptivo, era una herramienta poderosa.

Almada presentó su solicitud ante un magistrado del tribunal de primera instancia en lo penal, José Agustín Fernández, quien envió una orden judicial a la policía paraguaya en diciembre de 1992. La policía respondió que los archivos que contenían los documentos sobre el arresto y encarcelamiento de Almada habían sido destruidos cuando se produjo el golpe contra Stroessner. Pero el profesor conocía bien su país y no se desanimó. Entre la vasta red de personas comprometidas por haber trabajado para Stroessner había unos cuantos que ahora se disputaban puestos junto a los nuevos ocupantes del poder, y allí había muchas cuentas por saldar. Almada dio a conocer a la prensa lo que sabía. Un destacado activista de los derechos humanos y diputado del Partido Liberal, Francisco de Vargas, también se involucró en la búsqueda. En pocos días ya tenían algunas pistas sólidas. Una amiga de De Vargas llevó a su pareja, un expolicía, a entrevistarse con el diputado. El expolicía sabía dónde habían escondido algunos documentos después del golpe: en un recóndito edificio de la policía en las afueras de Asunción, un emplazamiento situado en el pueblo de Lambaré y llamado Departamento de Producción. Como retribución, el hombre tenía en mente un empleo para uno de sus hijos, y De Vargas se mostró dispuesto a ayudarlo.

La mujer también fue a ver a Almada y le dio un mapa esbozado a mano. El mapa indicaba en qué edificio se encontraban los documentos. Almada quedó en visitar las dependencias con el juez Fernández, y puso sobre aviso a un grupo de periodistas y camarógrafos. El grupo se dirigió en caravana hasta el cuartel policial, adonde llegaron a las diez y media de la mañana del 22 de diciembre de 1992. De Vargas iba detrás de ellos, nervioso ante la posibilidad de que no se encontrara nada.

Con la prensa apiñada detrás, el juez Fernández se enfrentó al oficial a cargo de las instalaciones, quien, como solía ocurrir en Sudamérica en esa época, no acostumbraba acatar órdenes de alguien que no fuera un superior militar. «Yo soy el juez. En este momento estoy investido de la autoridad que me faculta la Constitución y le ordeno que me deje entrar —dijo Fernández—. Yo soy la garantía de que nadie lo va a lastimar».⁷

Una vez adentro, Almada siguió el mapa hasta llegar a un cuarto en un segundo piso, en el fondo del complejo de edificios. La puerta tenía un enorme candado. Fernández ordenó que alguien buscase una palanca; rompieron la cerradura y abrieron a empujones, obstaculizados por el peso de algo que se apilaba detrás de la puerta. Lo que encontraron los dejó atónitos. Era una oficina de tamaño mediano casi desprovista de muebles. Toda superficie horizontal estaba cubierta de pilas de papeles. Había cientos de carpetas anilladas, volúmenes encuadernados y ordenados cronológicamente con informes de interrogatorios, cajas con cintas de vigilancia y fotografías, cuadernos de bitácora que registraban la llegada y partida de miles de prisioneros, pilas de correspondencia con las fuerzas de seguridad de Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil y Estados Unidos, y resúmenes de los antecedentes penales de miles de prisioneros paraguayos y extranjeros —en orden alfabético y con fotografías y huellas dactilares—, muchos de los cuales figuraban en la lista de desaparecidos. Almada encontró su «prontuario», y también informes de interrogatorios y muchos otros documentos sobre su caso.

Siguiendo otras sugerencias, los investigadores desenterraron en el patio más cajas con documentos. Entre los hallazgos se encontraban los restos amarillentos y mohosos de cientos de documentos de identidad pertenecientes a prisioneros políticos que habían sido ejecutados. El archivo era tan enorme que tuvo que ser transportado en camiones prestados hasta el edificio del Palacio de Justicia, donde se encontraba la oficina del juez Fernández.iv

En ese momento la prensa bautizó la colección de documentos como «El Archivo del Terror», nombre que prendió de inmediato y con el que se la conoce hasta el presente. Los periodistas calcularon que los documentos pesaban entre tres y cuatro toneladas. Al microfilmarse años después, se contabilizaron 593 mil páginas. Rápidamente se pudo establecer que los papeles representaban casi la totalidad de los registros del Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DIPC), que dirigía Pastor Coronel. Provenían del cuartel general y la cárcel del DIPC de Coronel, ubicados en una calle céntrica a pocas cuadras del Parlamento. Era la misma cárcel donde Jorge Fuentes y Amílcar Santucho estuvieron detenidos y fueron interrogados en 1975: sus casos se encuentran registrados en docenas de documentos. Varios telegramas e informes de inteligencia de 1976 a 1977 tenían rótulos que indicaban que debían distribuirse al «Cóndor». Los investigadores incluso encontraron la invitación original de Manuel Contreras para que Paraguay asistiera a la fundación de Cóndor, además de la única copia que se ha hallado de la agenda de temas que se tratarían. Muchos de los más importantes intercambios de prisioneros y otras operaciones de la Fase 2 del Cóndor están documentados en docenas de memorandos y cartas que se intercambiaban los países miembros.⁸

El descubrimiento de Almadav —el Archivo del Terror— es por lejos la mayor recopilación de documentos secretos de las fuerzas de seguridad de los países de Cóndor. Junto con el archivo de Arancibia Clavel y la información sobre Chile y Argentina que el gobierno de Clinton ordenó desclasificar, el archivo es uno de los elementos fundamentales del esqueleto documental de este libro. Se completó en la presente edición con otras desclasificaciones hasta el año 2019, y con la documentación probatoria de los casos judiciales sobre Operación Condor en Chile y Argentina, que se describen en adelante. Todos estos documentos han permitido al fin escribir una historia virtualmente completa de los años de Cóndor.

Prensa y tribunales

Además de las colecciones de documentos, empezaron a realizarse rigurosas pesquisas de periodistas de investigación como Roger Rodríguez y Samuel Blixen en Uruguay, Jair Krischske y Luis Claudio Cunha en Brasil, Stella Calloni en Argentina, y en Chile Jorge Escalante y Mónica González, entre otros investigadores en cada uno de estos países. Sentaron las bases de una inédita serie de victorias judiciales en el ámbito de los derechos humanos. Los trabajos investigativos del autor, a partir de 1980, también aportaron a esta serie de procesos judiciales.

La primera fue en Roma. El juez de instrucción Giovanni Salvi había estado trabajando desde principios de la década del ochenta en el intento de asesinato de Bernardo Leighton y su esposa. Entre las primeras pistas se encontraba un artículo escrito por el autor en 1979, basado en fuentes de la DINA, y que revelaba por primera vez que esta había albergado a un grupo de terroristas italianos, uno de los cuales era identificado como Stefano Delle Chiaie, quien había dirigido el atentado a Leighton.⁹ A lo largo de una década, el juez Salvi procesó en tres ocasiones a Delle Chiaie y a los sospechosos chilenos. Fue la primera investigación judicial de la red europea de la DINA y logró que varios de los camaradas derechistas de Delle Chiaie testificaran. El juez también viajó a Chile y Argentina. En Chile entrevistó a más de una docena de funcionarios de la DINA, y en Buenos Aires fue el único juez que logró ingresar en el cuartel general de la SIDE y salir con una copia completa de los documentos de Arancibia Clavel.¹⁰ El primer juicio a Delle Chiaie fue prematuro —no se contó con el testimonio directo de Michael Townley— y el acusado resultó absuelto. Finalmente, Salvi llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para que Townley pudiese testificar. Durante varios días de declaraciones secretas en 1992 y 1993, y por testimonio personal en Roma en 1995, Townley identificó a Delle Chiaie y a los otros conspiradores ante la corte por primera vez. En junio de 1995, el tribunal romano condenó en ausencia a Manuel Contreras y al agente operativo del Departamento Exterior de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann, y los sentenció a veinte y dieciocho años de cárcel, respectivamente.

Chile rechazó la petición italiana de extradición, como lo había hecho con peticiones anteriores de Estados Unidos en el caso Letelier. Pero, con un gobierno civil en Chile, la situación cambiaría rápidamente.

Tras intensas negociaciones, Estados Unidos acordó retirar sus peticiones de extradición, que databan de 1978, y los tribunales chilenos entablaron las primeras acciones judiciales serias por el caso en Chile. El asesinato de Letelier fue la única excepción explícita a la ley de amnistía impuesta por Pinochet en 1978. El juicio, a cargo del juez Adolfo Bañados, se basaba principalmente en las pruebas obtenidas por el FBI, el testimonio de Townley y nuevas pruebas conseguidas en Italia. En respuesta a un exhorto —una petición de cooperación—, el juez Salvi suministró el voluminoso conjunto de testimonios y pruebas documentales que había acumulado. El juicio en Chile duró cuatro años y finalizó con una espectacular audiencia pública en mayo de 1995, donde se condenó a Contreras y a Pedro Espinoza. El ruido de sables de ocasiones anteriores, ordenado por el todavía comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Augusto Pinochet, para impedir que los civiles actuasen contra los militares, no se oyó esta vez. El antiguo superior les daba la espalda a sus colaboradores. Tras unas dramáticas jornadas parapetándose en bases militares,Contreras se entregó y comenzó a cumplir una condena de siete años en una prisión especial. Espinoza fue encerrado en el mismo lugar, la nueva cárcel de Punta Peuco, para cumplir su condena de seis años. El sitio era cómodo pero no ocultaba la realidad: por primera vez, dos de los colaboradores más cercanos de Pinochet estaban purgando sus crímenes tras las rejas.

Si bien los procesamientos por los casos Leighton y Letelier fueron grandes remezones que abrían grietas en las fortalezas de la impunidad militar, el verdadero desplazamiento de placas tectónicas de la justicia internacional se produjo con el arresto del general (r) Augusto Pinochet en octubre de 1998 en Londres, acontecimiento que se registra en detalle en el capítulo 3. Aunque Pinochet pudo eludir toda responsabilidad personal alegando edad avanzada y «demencia senil», a la causa española pronto siguieron otras enérgicas acusaciones, primero en Europa y por último en Chile y Argentina.

Jueces en París y Roma realizaron investigaciones de casos cuidadosamente seleccionados de víctimas de doble nacionalidad, aquellas que contaban con pasaportes franceses o italianos además de tener ciudadanía latinoamericana. El juez francés Roger Le Loire centró su investigación, abierta a menos de tres semanas del arresto de Pinochet, en la desaparición de Jean Yves Claudet Fernández, una de las primeras víctimas de Cóndor y parte de la serie de secuestros que comenzó en Paraguay e incluyó la captura del líder del MIR Edgardo Enríquez en Argentina. Le Loire, trabajando codo a codo con los abogados acusadores William Bourdon y Sophie Thonon, que representaban a las familias de las víctimas, expidió órdenes de arresto internacionales para Pinochet y otros diecisiete oficiales chilenos y argentinos, entre los que se incluía al agente del Batallón 601 Jorge Osvaldo Riveiro, el «coronel Osvaldo Rawson» de los documentos de Arancibia Clavel. El juez aportó a la investigación su vasta experiencia en acusaciones por espionaje y terrorismo, habiendo estado a cargo del interrogatorio a Ilich Ramírez Sánchez (el famoso «Carlos»), después de que fuera apresado en Sudán en 1994. En mayo de 2001, Le Loire envió notificación a Henry Kissinger, que se encontraba en París por una reunión, para que prestase declaración sobre lo que sabía de Cóndor. Kissinger se negó, aunque durante un tiempo se vio obligado a restringir sus viajes internacionales para evitar otras citaciones.vi

La Operación Cóndor también fue el eje del caso italiano. El juez federal de instrucción Giancarlo Capaldo abrió la causa a pedido del Ministerio de Justicia unos meses después del arresto de Pinochet en Londres. Se le solicitó que investigase pruebas de delitos cometidos por Pinochet contra italianos, pero pronto amplió la investigación para incluir a los principales jefes y personal de las fuerzas de seguridad de Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. De hecho, la nueva causa era la continuación de los juicios por el atentado de Bernardo Leighton que tenía a cargo el juez Salvi —cuya oficina se encontraba en el mismo tribunal—, y todas las pruebas que este con tanto trabajo había recogido le fueron entregadas a Capaldo.

Tres operaciones de la Fase 2 de Cóndor estaban involucradas en la investigación de Roma: la acción uruguayo-argentina contra líderes del grupo guerrillero uruguayo Partido por la Victoria del Pueblo en Buenos Aires en 1976; los interrogatorios paraguayo-argentino-uruguayos en 1977 de un grupo de uruguayos y argentinos capturados en Asunción y transportados en avión a Argentina; y la operación argentino-brasileña en 1980 para capturar a miembros del grupo Montoneros que trataban de ingresar clandestinamente en Argentina (descripciones de estos casos en el capítulo 15).vii La causa fue presentada en nombre de once víctimas, todas de ascendencia italiana, luego ampliada a cuarenta y tres (la lista de víctimas puede verse en el Epílogo).

Aun antes de que Pinochet fuera devuelto a Chile en marzo de 2000, los tribunales en ambos lados de la cordillera de los Andes empezaron a actuar con inusitado vigor, resucitando viejas causas y buscando algún resquicio legal en las leyes de amnistía. La investigación en Argentina por el asesinato de Prats, a cargo de una jueza políticamente perspicaz, María Servini de Cubría, amplió su campo de acción y cruzó la cordillera por primera vez. Servini de Cubría solicitó a Chile la extradición de Contreras y Espinoza, y luego incorporó al agente del Departamento Exterior de la DINA Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, y al oficial José Zara Holger. Asimismo, incluyó a Pinochet en la lista de sospechosos y pidió su extradición como testigo material. Arancibia Clavel, quien había estado en prisión acusado del homicidio de Prats desde 1996, fue declarado culpable a fines de 2001 y condenado a cadena perpetua.

Los tribunales de Chile, que hasta ese momento habían ignorado el asesinato de Prats, se vieron obligados a considerarlo con mayor atención. En diciembre de 2002, la Corte Suprema chilena dictaminó el mérito de la petición de extradición de Servini. No obstante, en lugar de extraditarlos, ordenó que los cinco acusados fueran juzgados en Chile, añadiendo que no podrían recurrir ni a la protección de la ley de amnistía de Pinochet ni a la prescripción del delito. Contreras e Iturriaga fueron encarcelados en forma inmediata.

A mediados de 2003, la amnistía en Chile prácticamente carecía de sentido. La Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (FASIC), una organización de derechos humanos ecuménica, contabilizaba 247 acusaciones en curso por violación a los derechos humanos y en su sitio en Internet llevaba un registro diario de los oficiales presos. Casi a modo de declaración de victoria, la organización anunció:

Desde la perspectiva de FASIC, el periodo 2000-2003 es el más fructífero de los últimos veinte años. Nunca se ha logrado saber más acerca de la verdad que ahora, nunca hubo más procesados que ahora, y nunca se estuvo en presencia de condiciones más propicias para avanzar en la obtención de justicia en los procesos por violaciones a los derechos humanos.¹¹

Era solo el inicio.

En Argentina se preparaba una causa de aún mayor envergadura: su objetivo era investigar los delitos de la Operación Cóndor en virtud de las leyes del crimen organizado y procesar a los autores por integrar una asociación criminal. La causa, a cargo inicialmente del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, era sin lugar a dudas la investigación judicial más exhaustiva sobre crímenes cometidos por los militares que alguna vez se haya intentado realizar en América Latina. Los acusados eran los principales jefes militares y oficiales de inteligencia de cinco de los seis países de Cóndor (Brasil fue la única excepción).¹² La lista de víctimas, que en un principio eran cinco, llegó a incluir a más de cien personas que desaparecieron en operaciones Cóndor en Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.¹³ Los cargos iban más allá de la letanía de crímenes contra la humanidad —tortura, desapariciones e incluían violaciones al derecho de asilo, a leyes de extradición y a las soberanías nacionales—. Además de la ley argentina —sujeta a las leyes de «punto final» que limitan los procesamientos por crímenes cometidos durante la «guerra sucia»—, la causa del Cóndor sentó jurisdicción para los acusados en todos los países, alegando los principios de Nuremberg y otros precedentes internacionales que crearon jurisdicción universal para las causas de derechos humanos.

En su conceptualización del caso, el juez establece la historia de la creación de la Operación Cóndor describiendo el arresto de Jorge Fuentes y Amílcar Santucho en Paraguay en 1975, y cómo la colaboración de los tres países puede probarse por medio de documentos que conducen a la reunión en Santiago donde se congregaron las fuerzas de seguridad para formar la nueva organización. Para ello el juez Canicoba Corral citó como fuente un artículo del autor publicado en el diario La Nación de Buenos Aires en agosto de 1999.¹⁴ La causa continuó ampliándose y a fines de 2002 se incorporaron los asesinatos de Michelini y Gutiérrez, que por más de una década habían permanecido casi en el olvido tanto en Uruguay como en Argentina.

En agosto de 2001, Canicoba Corral elevó una petición oficial al Departamento de Justicia de Estados Unidos, de acuerdo con el Tratado de Asistencia Mutua Legal con ese país, para que Henry Kissinger brindase testimonio sobre la Operación Cóndor. (La respuesta del exsecretario de Estado se analiza más adelante.)¹⁵

Puesto que la causa Cóndor apuntó a todos los principales jerarcas militares y se pidió su extradición, estos ya no se atrevieron a emprender viajes y se han visto forzados a permanecer en sus propios países. Ninguno de los acusados podía viajar al exterior sin temer una orden de arresto internacional. La causa tuvo también un poderoso e incómodo efecto en el vecino Uruguay, único país que no había abierto investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos. El juez Canicoba Corral exigió la extradición de cuatro oficiales uruguayos que habían trabajado en Argentina en las operaciones de Cóndor con base en el centro de detención de Automotores Orletti, pero Uruguay se negó incluso a brindar información.¹⁶ Además del caso Michelini-Gutiérrez, el mayor número de víctimas correspondió a los miembros del Partido por la Victoria del Pueblo que habían sido secuestrados a mediados de 1976 en Argentina. A fines de 2002, un juez uruguayo finalmente permitió que se abriera una investigación criminal sobre los asesinatos de Michelini y Gutiérrez. Otros países europeos (Alemania, Bélgica y Suiza) iniciaron pesquisas sobre asesinatos de sus ciudadanos en los países del Cóndor.

En su momento, la cantidad de órdenes de detención internacionales expedidas para los oficiales de los países de Cóndor ya había superado las doscientas. Tanto oficiales retirados como los más jóvenes y de menor rango implicados en negocios lucrativos corrían peligro cada vez que viajaban al exterior. En una importante continuación del precedente sentado con Pinochet, en junio de 2003 un tribunal mexicano extraditó al exoficial de la Armada argentina Ricardo Cavallo para que enfrentara acusaciones de genocidio y terrorismo ante la corte del juez Baltasar Garzón en España. A Cavallo, que administraba un pequeño negocio en México antes de ser arrestado el año 2000, se lo identificó como un tristemente célebre torturador conocido como «Serpico» en el campo ESMA de la Armada en Argentina. El procedimiento legal para ese caso fue el mismo que había utilizado por primera vez Garzón en el arresto de Pinochet en Londres, con la diferencia que Cavallo fue entregado a España. Se convirtió en el primer caso en la legislación sobre derechos humanos en que una persona arrestada en un país era extraditada a otro país por crímenes que había cometido en un tercero.¹⁷

Cóndor, en su nueva encarnación como blanco central de investigaciones judiciales en múltiples países, era ahora el vehículo que destruiría la paz y prosperidad que los jefes militares esperaban para el ocaso de sus vidas. Oficiales de Uruguay, donde la impunidad aún reinaba en forma descarada, se vieron impedidos de viajar a Argentina y, por consiguiente, quedaron incomunicados con su socio más activo en materia de relaciones comerciales, culturales y familiares. Se hizo difícil mantener la cuenta de cuáles oficiales habían sido acusados en qué países y quién se encontraba en la cárcel o bajo arresto domiciliario; y a medida que las causas pasaban de meras investigaciones a acusaciones formales, un número cada vez mayor de oficiales terminaban en la cárcel. Esos resultados implican cierto grado de justicia, aunque imperfecta.

Desde una perspectiva más amplia, existe una profunda ironía histórica en las dos encarnaciones de Cóndor. El que alguna vez fue el principal destructor de las protecciones internacionales, ahora, décadas después, era el catalizador de una nueva era para el derecho internacional. Como resultado de los precedentes que sentó el caso Pinochet en España, a los que siguieron procesamientos de gran repercusión en otros países, la protección de los derechos humanos se vio sumamente fortalecida y, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, los tribunales comenzaron a aplicar, en casos selectos, el concepto de la jurisdicción universal como último recurso para procesar a los represores más poderosos, aquellos que gozaban de impunidad en sus propios países. De la misma forma que Cóndor fue creado para responder a la dimensión internacional de sus adversarios, reflejado especialmente en la JCR, sus actividades internacionales lo hicieron vulnerable a una estrategia legal multinacional para perseguir a sus líderes y agentes.

Complicidad

Los españoles tienen un dicho que concuerda con lo que les ocurrió a los líderes militares que crearon el Cóndor: «Cría cuervos, y te sacarán los ojos». La CIA también tiene un término para designar esta situación: blowback, ‘efecto boomerang’, esto es, las consecuencias no buscadas de las políticas ilegales de gobierno que se mantienen en secreto. En Estados Unidos, esa época es historia no asimilada. Solo en este país, cuyos diplomáticos, agentes de inteligencia y militares estuvieron tan íntimamente ligados a los dictadores y sus subordinados operativos se ha mantenido un silencio judicial sobre los crímenes cometidos durante los años del Cóndor. Ni siquiera en el caso de los asesinatos en Chile de dos ciudadanos estadounidenses, Charles Horman y Frank Teruggi, se han iniciado procesos criminales.

La investigación por el asesinato de Letelier fue la excepción, pero solo a medias. Por un corto tiempo, después del arresto de Pinochet en Londres, el Departamento de Justicia adoptó un nuevo y enérgico enfoque para resolver los elementos del caso Letelier que aún quedaban pendientes. Se hablaba de que Pinochet sería acusado de haber dado la orden de asesinar al excanciller, pero al final, pareció que la investigación permanecía abierta más como pretexto para mantener encubiertas las pruebas que podrían contestar las preguntas que aún rodean el caso —como las que se plantean en este libro— que como un genuino esfuerzo por acusar a otros partícipes del complot.

Resultó que todo este tiempo Estados Unidos contaba con un arma potencialmente devastadora y que nunca utilizó en contra de Pinochet. Habiendo ayudado a consolidar a este en el poder y defender su régimen, incluso en medio de abusos a los derechos humanos, el gobierno estadounidense constantemente rehuyó perseguir a Pinochet de manera directa, aun durante el gobierno de Carter. La desclasificación de documentos en 2015, a pedido del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, reveló una bomba de inteligencia oculta durante ya treinta y siete años: en abril de 1978 la CIA concluyó, basándose en múltiples fuentes de inteligencia en Chile, que el general Pinochet había ordenado personalmente el asesinato de Letelier en Washington y supervisó el encubrimiento frente a Estados Unidos. Los documentos demuestran que la sobrevivencia de Pinochet en el poder podría haberse visto amenazada si Estados Unidos en su momento hubiese hecho públicas las conclusiones de la CIA. En cambio, altas autoridades estadounidenses decidieron mantener la información en secreto y limitar sus acusaciones a la evidencia que el FBI había descubierto y que vinculaba a altos oficiales de la DINA con el crimen.

«Hubiera tenido un impacto catastrófico sobre Pinochet», afirmó el entonces embajador chileno ante Estados Unidos Juan Gabriel Valdés, en una entrevista para la revista Newsweek. «Estados Unidos podría haber cambiado la historia simplemente acusando al hombre culpable de un crimen en su capital, algo al que tenía pleno derecho, y el poder, para hacer».

La evidencia provenía de «informantes extremadamente sensibles», según un cable que resume los informes de inteligencia para las autoridades del Departamento de Estado. El director de la DINA, Manuel Contreras, les confidenció a múltiples personas que Pinochet le había ordenado asesinar a Letelier, y esos confidentes compartieron la información con la CIA. El agente del FBI Carter Cornick reconoció que él sabía de las conclusiones de la CIA en 1978 cuando el Buró preparaba los autos de procesamientos para el juicio. Las fuentes de la CIA jamás podrían comparecer en el tribunal, dijo, así que procesar a Pinochet probablemente no sería factible.

Revelarlo públicamente, sin embargo, era algo totalmente distinto. No sería la primera vez que Estados Unidos usara información incriminatoria para desacreditar a algún líder extranjero que quería debilitar. Pero esa no era una opción con un aliado como Pinochet.

«Los intereses de Estados Unidos, de acuerdo con [el Departamento de] Estado», dijo Cornick, «eran que Chile era un país no-comunista en América Latina y por lo tanto no ameritaba mayores acciones punitivas en su contra».

En un memorándum al presidente Ronald Reagan nueve años más tarde, el secretario de Estado George Shultz explicó las consecuencias que tendría para la política estadounidense:¹⁸

No está claro si podemos o queremos considerar procesar a Pinochet, aun si tuviéramos más fuentes públicas de evidencia. No obstante, este es un ejemplo flagrante de la participación directa de un jefe de Estado en un acto de terrorismo de Estado, uno que es particularmente alarmante, tanto porque ocurrió en nuestra capital como porque su gobierno es generalmente considerado amistoso... Lo que sabemos del papel de Pinochet en estos asesinatos es de la mayor gravedad y da más ímpetu a la necesidad de trabajar hacia una plena democratización en Chile.

Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos apoyó fuertemente el regreso a un gobierno civil en Chile. Pero la información que poseía sobre la responsabilidad de Pinochet, y que podría haber acortado la duración de su régimen, nunca fue utilizada. Este se mantuvo en el poder por otros doce años; 592 víctimas adicionales de su dictadura fueron asesinadas en ese lapso. Pinochet murió en su lecho en 2006, cuando aún estaba bajo investigación por crímenes de derechos humanos y de corrupción, sin jamás haber sido condenado. El titular de mi artículo en Newsweek fue al grano:

«Una bomba sobre la culpabilidad de Pinochet arrojada demasiado tarde» viii

He tratado de establecer la línea de base histórica de la verdad —por lo menos de lo que se encuentra documentado— sobre la relación del gobierno estadounidense con los militares responsables de estos masivos crímenes internacionales. He tratado asimismo de equilibrar mi crítica sobre la complicidad de Estados Unidos con el respeto hacia los muchos funcionarios que trataron de ser fieles a sus principios mientras se implementaban políticas de profunda ambigüedad moral.

El asesinato de Letelier en Washington tuvo un efecto boomerang. Lo ordenó un aliado cercano, un dictador al que Estados Unidos había ayudado a encumbrar, mantenerse y defenderse en el poder. Lo planeó un oficial de inteligencia que había estado en la planilla de pagos de la CIA y que viajaba con frecuencia para realizar consultas con oficiales de este organismo en Washington. Lo llevó a cabo la DINA, una organización de seguridad recién formada, que contaba con personal capacitado en Chile por un equipo de la CIA. Fue detectado en sus etapas operativas iniciales, no por el espionaje profesional sino por la relación de compadrazgo entre agentes de la CIA y aquellos que planeaban los delitos.

Aun así, un país aliado pudo llevar a cabo este impresionante acto de terrorismo internacional en suelo norteamericano sin obstáculo alguno. Una de las principales conclusiones a las que arriba este libro es que los funcionarios estadounidenses sabían lo suficiente como para evitar el asesinato, que hicieron un esfuerzo ínfimo y viciado para impedirlo, y que encubrieron su fracaso después de que Letelier y una ciudadana norteamericana fueran asesinados. Las evidencias y el raciocinio de esta conclusión están plenamente desplegados en los capítulos 10 y 11.

Aquí podemos agregar una coda de Henry Kissinger. Este es el marco de su respuesta oficial al juez Canicoba Corral cuando se le solicitó que brindase testimonio. La carta que envió el Departamento de Estado, en nombre de Kissinger, es la declaración más definitiva que el gobierno de Estados Unidos haya hecho con respecto a su relación con Cóndor. Algunos pasajes:

En primer lugar, las fuerzas de seguridad y militares de Argentina cometieron crímenes extremadamente graves en nombre de la Operación Cóndor de 1976 a 1983. La pregunta es si Estados Unidos estaba en conocimiento de tales crímenes, y por ende, está dirigida al conocimiento y acciones del Dr. Kissinger mientras se desempeñaba como secretario de Estado. En respuesta a esta pregunta, es por lo tanto importante manifestar clara y firmemente que Estados Unidos no tuvo complicidad en Cóndor, ni en los últimos meses del Dr. Kissinger como secretario de Estado en 1976 ni durante los últimos años de más intensa actividad. Los 26.000 documentos [sic] del Proyecto Chile de Desclasificación a los que el público tiene libre acceso y los 4.700 del Proyecto Argentina de Desclasificación recién dados a conocer avalan este hecho y manifiestan claramente que el gobierno de Estados Unidos se oponía a las actividades de la Operación Cóndor.

El Dr. Kissinger entró en conocimiento de la existencia de la Operación Cóndor en 1976. Como se observa en el archivo documental, durante ese año denunció públicamente en la Asamblea General de la OEA las violaciones contra los derechos humanos como método para suprimir el terrorismo y, el 23 de agosto de 1976, dio instrucciones a los embajadores estadounidenses en la región para que dejaran en claro a los más altos oficiales del gobierno la «profunda preocupación» de Estados Unidos acerca de los rumores de planes coordinados de asesinatos, haciendo hincapié en que «si estos rumores tenían una pizca de verdad, generarían un problema político y moral sumamente grave». [Énfasis agregado]

En el marco del estilo de los desmentidos del gobierno de Estados Unidos, este califica con precisión. «Clara y firmemente» son palabras fuertes, pero la negación de complicidad con Cóndor se limita solo a los «últimos meses» de 1976 y de ahí en adelante. Ese periodo abarca la época en que los países del Cóndor acordaron implementar los planes de asesinato de la Fase 3 (junio de 1976, poco después de que Kissinger pronunciara su discurso en la reunión de la OEA), pero excluye el periodo de gestación de Cóndor en 1974-1975, su fundación en la reunión en Santiago y los primeros meses de intensa actividad de la Fase 2, en que la coordinación represiva cobraba más de doscientas cincuenta víctimas internacionales. Durante ese lapso, hubo frecuentes contactos entre el cerebro de Cóndor, Manuel Contreras, y la CIA, incluyendo por lo menos cinco viajes a Washington (marzo de 1974; enero, julio y agosto de 1975, y julio de 1976), además de que la CIA le efectuó un pago de cinco mil dólares a Contreras. También existen pruebas directas y actuales de que la CIA y el FBI tuvieron acceso a interrogatorios bajo tortura realizados por agentes de Cóndor. Tan íntima fue la relación que los informantes de la CIA —altos oficiales de los aparatos de seguridad— confidenciaron las identidades de los blancos antes de lanzarse las operaciones de asesinato en Europa. Vale la pena señalar los reparos de conciencia de un embajador:

Me parece que suscita la importante pregunta moral de si nosotros, habiendo sabido de un plan para llevar a cabo un intento de homicidio, no estaríamos de alguna manera contaminados por este conocimiento, convirtiéndonos en al menos colaboradores pasivos.ix

Mi razonamiento, que se basa en documentos desclasificados, es que la CIA y otros organismos alentaron y avalaron la integración de las fuerzas de seguridad de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Esta actividad no fue criticada, sino recibida con agrado en Washington, ya que se consideraba la respuesta necesaria al «terrorismo internacional», en especial a la JCR, cuyas verdaderas capacidades son exageradas fuera de toda proporción en muchos informes. Estados Unidos mantuvo relaciones de enlace con las fuerzas de seguridad integradas de Cóndor, brindó instrucción y apoyo material al banco de datos y al sistema de comunicaciones, y recibió y difundió inteligencia generada por los secuestros y torturas de algunas de estas operaciones. Es muy probable que Contreras haya informado a sus contactos de la CIA, incluyendo al jefe de la misión en Santiago y al subdirector, Vernon Walters, sobre los planes que tenía antes de convocar a la reunión en Santiago, y que la CIA fuera puesta inmediatamente en conocimiento de la formación de Cóndor (aunque no existe un documento desclasificado en ese sentido). Pude determinar, basándome en el relato de uno de los oficiales de inteligencia presentes, que los asesinatos internacionales fueron debatidos en esa reunión. El intercambio de inteligencia y los traslados de prisioneros entre países (fases 1 y 2) comenzaron inmediatamente, y no hay indicios de que Estados Unidos se haya «opuesto» a esas actividades. Cooperación, contacto, aquiescencia y hasta complicidad son palabras que parecen describir con exactitud la relación que existía antes de los últimos meses de 1976 entre Estados Unidos y Cóndor.

No obstante, Estados Unidos pasó de tener una actitud de respaldo a una de oposición cuando en junio los agentes norteamericanos se enteraron de los planes de operaciones de la Fase 3, llamadas «Teseo», fuera de América Latina. A las dudas estadounidenses contribuyeron los asesinatos, por la misma época en Argentina, de los destacados líderes exiliados Juan José Torres, de Bolivia, y Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, de Uruguay. Estados Unidos no estaba dispuesto a avalar, ni siquiera por aquiescencia, el asesinato de líderes democráticos no violentos, como tampoco a tolerar una ola de asesinatos terroristas en Europa.

Fueron estas actividades y planes de Cóndor los que causaron revuelo en el Departamento de Estado cuando funcionarios de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos se enteraron de ellos a través de informes de la CIA. El cable de Kissinger enviado el 23 de agosto, conocido como démarche, era realmente una orden que expresaba la fuerte oposición estadounidense a los asesinatos de Cóndor fuera de la región. Aun así, sus instrucciones no se cumplieron. Después de un mes de vacilaciones, Kissinger se aferró a los informes que señalaban una suspensión de las operaciones por la temporal oposición de Brasil, y dejó sin efecto la démarche.

He entrevistado a las principales autoridades de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos que manejaban los temas de Cóndor para Kissinger. William Luers dice recordar haber estado muy preocupado sobre Cóndor y haber presionado personalmente para tratar de detenerlo. Harry Shlaudeman, el jefe de Asuntos Latinoamericanos en aquel entonces, y quien aparece en cientos de páginas en los documentos sobre la Operación Cóndor,ahora dice no haberle concedido gran importancia a la alianza, y no recuerda mucho sobre la démarche. Shlaudeman afirmó que la advertencia de Kissinger, aun si hubiera llegado a destino, no habría disuadido a Pinochet y Contreras de cometer los asesinatos en Washington. Nadie conoce la respuesta a esta situación hipotética, pero, a mi juicio, tal suposición va en contra del sentido común. Contreras y Pinochet eran aliados de Estados Unidos, no enemigos. Dirigían una organización terrorista, pero consideraban que Washington compartía sus objetivos estratégicos: derrotar al comunismo en el mundo. En eso tenían razón, pero estaban terriblemente equivocados si creían que el gobierno de Estados Unidos iba a permitir el asesinato de un exembajador exiliado en su capital. Me resulta imposible creer que Pinochet no habría abortado la operación en Washington si el embajador estadounidense le hubiera dicho muy claramente que conocía los planes de asesinato de Teseo en Europa y que Estados Unidos se oponía oficialmente a dichas actividades.

Por supuesto, la prueba más contundente es lo que realmente ocurrió. Cuando la CIA le comunicó a Francia la operación que estaba planeada para París, esta actuó: la inteligencia francesa encaró a las fuerzas de seguridad de los tres países involucrados (Chile, Argentina y Uruguay), y ellas inmediatamente cancelaron los planes. Lo mismo ocurrió con los planes Cóndor para asesinar a dirigentes, guerrilleros, líderes de derechos humanos y figuras políticas democráticas en Italia y Portugal, además de Francia. No contamos con los detalles, pero el hecho es que prácticamente todas las operaciones de asesinato de Cóndor iniciadas o planificadas en Europa fueron evitadas, como se documenta en los capítulos 13 y 14. Trágicamente, la única operación internacional que logró su objetivo de asesinar a su blanco fue la realizada en contra de Letelier en Washington.

La ambigua señal de oposición de Kissinger a Cóndor debe observarse a la luz de otra serie de sucesos que pude documentar. Al mismo tiempo que el secretario de Estado redactaba la advertencia sobre Cóndor, el canciller argentino afirmaba que Kissinger le había dicho, no una sino dos veces, que Argentina debía intensificar su guerra contra el terrorismo. Aunque en un tono un poco menos agresivo, Bolivia, Uruguay y Chile habían recibido mensajes similares. En última instancia, las luces rojas de oposición a las atrocidades siempre fueron más tenues que las verdes que incitaban a la guerra contra la amenaza comunista.

Especialmente durante el periodo de Kissinger al timón, los gobiernos militares no solo les dieron a entender, sino que les comunicaron en forma explícita en reuniones secretas, que la política de derechos humanos era únicamente pública y táctica, y que Estados Unidos simpatizaba con regímenes que habían derrocado democracias y estaban asesinando a sus propios ciudadanos.

* * *

No creo que Estados Unidos haya tenido la intención de alentar los asesinatos en masa o las misiones terroristas internacionales que llevaron a cabo sus aliados militares en América del Sur durante los años del Cóndor. Sin embargo, carga con una profunda responsabilidad moral y política. He intentado equilibrar mi condena a la complicidad y debilidad moral estadounidense con la clara conclusión, fundada en los hechos, de que la Operación Cóndor —que fue solo la más intensa de una serie de experimentos de represión transnacional— fue una creación de los regímenes militares, no de Estados Unidos. No obstante, es un frío consuelo moral, como algunas autoridades han relatado en este libro, que Estados Unidos, aunque no creó el aparato para asesinar a cientos de personas fuera de sus fronteras, no hiciera nada para detenerlo.

Creo que hubo funcionarios que tomaron decisiones valientes para atenuar la violencia en algunos casos y para salvar vidas en otros. No obstante, las políticas globales respecto de los derechos humanos estaban tan llenas de precauciones y ambigüedad que carecieron de sentido para líderes militares como Pinochet, Videla y otros. Finalmente el resultado fue el mismo. «Usted es nuestro líder», le dijo Pinochet a Kissinger el mismo mes en que el general chileno dio luz verde para que se cometiera un asesinato en Washington. Esperando que Estados Unidos los guiara, los gobernantes militares encontraron el respaldo inequívoco y la justificación pública para su guerra contra el comunismo y el terrorismo. Y por consiguiente continuaron esa guerra en la forma que les pareció más eficaz.

Lo que ocurrió durante los años de Cóndor fue la cristalización de la primera alianza internacional de carácter oficial para combatir el terrorismo. Como tal, ofrece un modelo de obstáculos y tragedias que deberían comprenderse y examinarse con honestidad si los estadounidenses queremos evitar ser cómplices en violaciones similares a los derechos humanos en futuras alianzas y campañas antiterroristas. La lección de la Operación Cóndor, y en general de la masiva represión transnacional contra conciudadanos, la encontramos en la forma en que Estados Unidos ejerce el liderazgo de los países que reúne en su coalición contra el terrorismo. Los ecos del pasado persisten en la actual batalla contra el terrorismo de ISIS, Al Qaeda y otras fuerzas violentas en este siglo: la recolección masiva de información por medios electrónicos, las alianzas militares con países como Arabia Saudita y otros regímenes autoritarios, el uso de información obtenida en centros de tortura dirigidos por nuestros aliados, y hasta asesinatos a través de las fronteras. A eso hay que agregarle el secreto, las exigencias gubernamentales de lealtad dirigidas a los ciudadanos y funcionarios estadounidenses y el desmantelamiento de los mecanismos de responsabilidad. Y también sumar las buenas intenciones, el lenguaje de altos estándares morales y la voluntad implacable de imponerse en una lucha mundial en la que el lugar de Estados Unidos en el mundo pareciera estar en juego. Los ecos son inconfundibles para cualquiera que se detenga a escuchar.

Todos estos elementos estaban presentes en la alianza estadounidense con los países miembros de Cóndor en su guerra contra el terrorismo. Nos alineamos con nuestros aliados ideológicos y geopolíticos. Dividimos el mundo en aquellos que están con nosotros y aquellos que están con los terroristas. Terminamos íntimamente abrazados con los genocidas que manejaban campos de tortura, sitios de exterminio, vertederos de cadáveres, y quienes, en última instancia, llevaron sus operaciones terroristas a nuestras propias calles.

Sin embargo, la historia de los años de Cóndor no es una historia que estemos condenados a repetir.

Epílogo

LOS CONDENADOS Y SUS VÍCTIMAS

La sentencia es la primera dictada por crímenes de lesa humanidad en el marco de una organización ilícita transnacional dedicada al intercambio de información de inteligencia ilegal y a la persecución, secuestro, repatriación forzada, tortura y homicidio y/o desaparición de disidentes políticos en el Cono Sur.

Sentencia dictada en el tribunal

federal argentino, 27 de mayo de 2016

La lista de militares procesados y condenados por crímenes asociados a la Operación Cóndor y a la represión transfronteriza crecía con cada década. Sin embargo, el hombre que simbolizó para el mundo las atrocidades de los «años del Cóndor», el dictador retirado Augusto Pinochet, nunca cumplió un día entre rejas.

No fue por falta de esfuerzo de quienes perseguían la justicia.

A media mañana del 4 de enero de 2005, un representante del ministro Juan Guzmán Tapia y dos policías ingresaron a los terrenos amurallados que rodeaban la propiedad del exdictador en la costa del Pacífico. La visita duró solo cinco minutos. El oficial leyó en voz alta la orden del juez Guzmán para que Augusto Pinochet

fuera puesto bajo arresto domiciliario por los cargos de secuestro y homicidio agravado por haber dirigido la Operación Cóndor.

Desde ese momento, e incluso después de una orden judicial posterior que le otorgó fianza, Pinochet fue sometido a la jurisdicción del tribunal. Era probable que se realizaran más apelaciones como parte del complejo sistema judicial chileno, pero nunca antes las acusaciones criminales en contra de Pinochet habían avanzado tanto.

Pinochet había eludido la persecución penal anteriormente, sobre la base de su avanzada edad y supuesta fragilidad mental —primero en Londres, donde enfrentó cargos desde España, y luego en otra causa que el juez Guzmán llevaba paralelamente al caso de la Operación Cóndor—. Esta vez un juicio parecía inevitable, y con ello se abriría finalmente la oportunidad para poner a prueba, en el crisol oficial de la justicia chilena, toda la evidencia reunida durante largos años por tantos investigadores.

El juez Guzmán inició la investigación sobre Cóndor —oficialmente la Causa 2182-98 «Operación Cóndor»— en enero de 1998. De los muchos casos de derechos humanos, fue el más impactante de todos, especialmente cuando llevó al procesamiento de Pinochet mismo y a su detención, aunque breve, siete años después. Sería tal vez el último caso de derechos humanos que el apasionado juez investigaría antes de su jubilación. A la edad de sesenta y tres años, el enérgico ministro Guzmán habría preferido ser designado a la Corte Suprema antes de pasar a retiro, pero su incansable búsqueda en un caso de derechos humanos tras otro lo había tornado demasiado controvertido.

Fue Guzmán quien en 1999 pronunció la doctrina legal que resultó en el desmoronamiento de la protección que ofrecía la amnistía creada por Pinochet para quienes implementaron su política sistemática de tortura y desaparición en el periodo 1973-1978. Fue él quien razonó que la desaparición —la captura y presunto homicidio de un disidente cuyo cuerpo nunca se recuperó— constituía en realidad un «delito en ejecución permanente» de secuestro calificado, y por lo tanto no era cubierto por la ley de amnistía. La Corte Suprema avaló esa doctrina.

Para fines de 2004, Guzmán y otros jueces utilizaron esa doctrina para procesar a ciento sesenta civiles y militares en 365 causas distintas. Era el «desfile militar» por los tribunales que los simpatizantes de Pinochet comenzaron a denunciar poco después del regreso de Pinochet de Londres, donde pasó diecisiete meses con arresto domiciliario. Hasta la investigación de la Operación Cóndor, sin embargo, esa doctrina nunca se había utilizado con éxito en contra de Pinochet.

En sus comienzos, la indagación de Guzmán sobre Operación Cóndor excluyó a Pinochet; solo se enfocó en el jefe de la DINA, Manuel Contreras, su director de operaciones, Pedro Espinoza, y el exjefe del Departamento Exterior, Christoph Willeke. El caso se construyó en torno a las víctimas más conocidas de la Operación Cóndor, incluyendo a los dirigentes del MIR y de la JCR Edgardo Enríquez, Jorge Fuentes, Jean Yves Claudet Fernández y otros cuyas historias se han relatado en este libro. (El juez Guzmán solicitó un ejemplar de Los años del Cóndor apenas estuvo disponible la primera edición en inglés. En enero y abril de 2004, entrevistó al autor varias veces respecto de las conclusiones de la investigación periodística.)

Luego, en mayo, en vez de acogerse a retiro, como le había comentado a algunos colegas, intensificó su investigación y procesó al propio Pinochet. Su primer paso fue solicitar al tribunal de alzada quitarle el fuero, o inmunidad penal, como ex jefe de Estado. Guzmán detalló las acusaciones en un largo escrito judicial a fines de mayo. Afirmó que Pinochet debía ser desaforado para que pudiera ser procesado por haber creado la «conspiración criminal» que constituía Operación Cóndor, y que comprendía los crímenes de secuestro agravado y tortura.

Guzmán argumentó que tenía evidencia de que:

Todas las víctimas de la llamada «Operación Cóndor» fueron detenidas ilegalmente en el extranjero, secuestradas en el marco de una vasta operación de coordinación internacional de los servicios secretos de las dictaduras militares del Cono Sur prevalecientes a la época de los hechos, planificada sobre la base de acuerdos expresos y secretos adoptados por esos regímenes y a iniciativa de la dictadura encabezada por el querellado.

Dijo que era «imposible» que las reuniones de las fuerzas de seguridad de la región, los acuerdos secretos de alto nivel y la coordinación en las operaciones de secuestro y asesinato se hubiesen realizado sin la autorización de Pinochet.

La Corte de Apelaciones aprobó la solicitud de Guzmán. La Corte Suprema, por nueve votos contra ocho, confirmó el desafuero. Guzmán inmediatamente ordenó exámenes médicos y psiquiátricos para Pinochet, quien estaba a meses de cumplir ochenta y nueve años. En un caso anterior que había alcanzado un punto similar, relacionado con los crímenes de la Caravana de la Muerte semanas después del golpe, los cargos en contra de Pinochet fueron descartados debido a su estado de salud. Sus abogados confiaban en que lo mismo ocurriría esta vez.

Sin embargo, a comienzos de diciembre, Guzmán revisó los exámenes y resolvió que Pinochet estaba en condiciones de ser sometido a juicio. El máximo tribunal, de nuevo por estrecha votación, confirmó la resolución del ministro. ¿Qué había sucedido desde la decisión de la corte dos años antes? Pinochet había decidido dar una entrevista de despedida a un canal televisivo en español de Miami conocido por sus posturas políticas conservadoras. En esa entrevista de noviembre de 2003 con la periodista María Elvira Salazar,¹ el general se jactó con elocuencia de su carrera, su éxito en derrotar a sus enemigos de izquierda y su convicción de que no había hecho nada malo.

«Todo lo que hice, lo haría de nuevo. Todo estaba pensado», dijo Pinochet. No tenía por qué pedir perdón. Si alguien debía pedir perdón, eran los marxistas.

«Yo me considero un ángel. Pero reflexionando y meditando, soy bueno», concluyó.

Fue un acto de extraordinaria soberbia y que impactó decisivamente sobre los tribunales. La entrevista fue incluida como evidencia, permitiendo a Guzmán sostener:

«De la lectura de las piezas anteriormente mencionadas y de la observación del tribunal al interrogarlo, se puede apreciar, sin lugar a dudas, su perfecto discernimiento al discriminar claramente entre lo importante y lo fútil; lo principal y lo accesorio; entre lo bueno y lo malo y, por último, entre lo que lo incrimina y no lo incrimina».

El procesamiento, con fecha 13 de diciembre de 2003, fue adjuntado a la evaluación de los exámenes médicos. Pinochet fue acusado de la desaparición de diez personas capturadas a través de la Operación Cóndor, entre ellas los casos documentados aquí de Jorge Fuentes y Alexei Jaccard.i La detención y acusación formal en contra de Pinochet se produjo después de la Navidad.

Casi tan devastador para Pinochet, ciertamente en cuanto a su reputación ante sus seguidores, fueron las revelaciones de un comité del Senado estadounidense que lo vinculó a una investigación por lavado de dinero en el banco Riggs en Washington D.C. El banco le había permitido depositar grandes sumas de dinero utilizando nombres falsos y le había ayudado a transferir fondos desde Londres durante su detención, obstaculizando así los esfuerzos de la justicia española por confiscar sus bienes. Registros de depósitos y otros documentos revelaron que Pinochet había depositado al menos ocho millones de dólares en el banco Riggs, claramente mucho más de lo que podría haber ahorrado con su salario de general de Ejército.

El origen de la fortuna de Pinochet no tenía explicación al momento de escribir este libro, pero algunos de los documentos presentados por Pinochet al banco indican que recibió millones de dólares en transferencias desde el Ministerio de Defensa de Chile.

Un juez fue asignado para examinar el caso y resolver una posible acusación penal. En sus primeras etapas, el juez determinó que Pinochet no había declarado esos ingresos en su declaración de renta y era probable que enfrentara cargos de evasión tributaria. En otro acontecimiento que rompió todo precedente, el banco Riggs acordó pagar nueve millones de dólares de sus propios fondos a las familias de las víctimas de la dictadura.

De esta manera Pinochet perdió la imagen que siempre había sostenido entre sus seguidores: que su gobierno no incurrió en actos de corrupción, cualquiera fuera su actuación en derechos humanos. Para quienes estaban dispuestos a mirar para otro lado respecto de los crímenes de derechos humanos, esta exposición pública de que aparentemente había lucrado de manera ilícita de su presidencia fue el golpe más duro de todos.

Mientras tanto, otras investigaciones seguían avanzando. Manuel Contreras fue condenado y sentenciado a doce años de prisión en un caso que involucraba al alto mando de la DINA bajo la doctrina del secuestro en ejecución permanente. Los otros oficiales, Miguel Krassnoff, Fernando Laureani, Marcelo Moren Brito y Gerardo Godoy, también fueron condenados y recibieron sentencias similares. Este caso, que marcó un hito, era la desaparición del militante del MIR Miguel Ángel Sandoval. Fue la primera vez que se levantó la amnistía y se condenó y encarceló a oficiales militares. Los cuatro se pusieron a disposición del tribunal para comenzar a cumplir sus sentencias el 28 de enero de 2005. Pero Manuel Contreras se negó a entregarse tranquilamente. Denunció al alto mando del Ejército por no protegerlo y sacó una pistola cuando detectives de la Policía de Investigaciones fueron a su casa a detenerlo. En un momento gritó: «¡Soy un general! ¡Traidores!»

Cuando finalmente fue sacado a la fuerza de su casa, la policía lo llevó a cumplir su condena en el Penal Cordillera, una prisión a los pies de los Andes, en el sector oriente de Santiago y a corta distancia de uno de los centros de tortura más notorios de la DINA, Villa Grimaldi, hoy convertido en un parque y sitio de memoria para conmemorar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Fue la segunda vez que Contreras se vio confinado a un lugar de detención. Las sentencias penales por su responsabilidad en otros crímenes se fueron sumando en una rápida sucesión, con lo cual Contreras permaneció detenido hasta su muerte en 2015.

En una serie de entrevistas antes de su arresto, el crecientemente amargado Contreras apuntó a su antiguo jefe, Pinochet, quien permanentemente sostuvo que todo abuso cometido durante su gobierno fue responsabilidad de sus subordinados, sin su conocimiento ni autorización. Contreras declaró que Pinochet debería haber aceptado su responsabilidad por lo ocurrido durante su gobierno, «como corresponde a su rango de general y su posición como Presidente de la República».

«Me decepciona que no lo haya hecho», dijo Contreras en una entrevista con la agencia de noticias Reuters. «Habría sido lógico que lo hiciera. Un militar siempre debe contar con su honor, con su dignidad, y mantenerlos para siempre».

Con el alto mando de la DINA en prisión y Pinochet enfrentando una investigación judicial, parecía ser que la corriente en Chile había cambiado definitivamente. Primero los tribunales, con el relevo gradual de su personal y su cautelosa adopción de nuevas doctrinas legales —como la tesis del secuestro permanente y la aceptación de normas del derecho internacional—, habían cambiado radicalmente su jurisprudencia.

El gobierno chileno, bajo la presidencia del socialista Ricardo Lagos, se mantuvo fuera de las causas judiciales pero contribuyó al renovado clima a través de cuidadosas negociaciones con el nuevo alto mando militar. Lagos creó una comisión liderada por monseñor Sergio Valech para elaborar un informe oficial sobre prisión política y tortura. Publicado en mayo de 2004, el informe registró meticulosamente alrededor de treinta y seis mil entrevistas con sobrevivientes de la prisión política. El informe Valech certificó que 27.255 personas que ofrecieron su testimonio, muchas de ellas ya de avanzada edad, habían sufrido la tortura, y pudieron acceder a una modesta reparación gubernamental —un monto mensual de aproximadamente trescientos dólares—.

El Ejército, bajo el liderazgo de una nueva generación de oficiales, dio señales de que estaba preparado para abandonar su negación de las violaciones de derechos humanos de antaño. En un discurso pronunciado días antes de la difusión del Informe Valech, el comandante en jefe Juan Emilio Cheyre admitió por primera vez que el Ejército como institución había sido responsable de los abusos en el pasado, y que los crímenes de derechos humanos no podían ser explicados como «excesos» individuales de subordinados que actuaron por su cuenta. Tampoco la tortura y las ejecuciones podían justificarse por las circunstancias geopolíticas de la Guerra Fría, dijo.

Su condena fue categórica:

Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener una justificación ética.

Cheyre no llegó tan lejos como para concluir lo que muchos estimaban era el paso lógico: que bajo Pinochet, las muertes, torturas y desapariciones eran explícitas políticas de Estado y esas políticas fueron implementadas como doctrina militar a lo largo de la cadena de mando del Ejército.

No obstante, las declaraciones de Cheyre indicaron que el Ejército había, de hecho, abandonado sus esfuerzos pasados de negar, minimizar y justificar las acciones de sus oficiales y soldados. Luego de estas afirmaciones, no cabría duda de que los militares ya no defenderían a su antiguo comandante en jefe, como lo habían hecho en el pasado, incluso con amenazas de intervención militar. Cuando llegó el momento de arrestar a Contreras, el Ejército no solo no acudió en su auxilio, sino que participó en el esfuerzo por persuadir a Contreras de que depusiera su resistencia y comenzara a cumplir condena.

En los demás países que participaron en la Operación Cóndor hubo avances significativos. En Argentina, el presidente Néstor Kirchner declaró que tenía la intención de anular la legislación que sus predecesores utilizaron para exonerar a los exlíderes militares y limitar las investigaciones judiciales. Cientos de casos continuaron avanzando en los tribunales.

Uruguay eligió al presidente de izquierda Tabaré Vásquez, quien reunió en una misma coalición a muchos de los mismos partidos de centro e izquierda de la época previa al golpe militar en ese país. La coalición incluyó al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Era improbable que el gobierno de Vásquez pudiera evadir la «ley de caducidad» que prevenía sobre sancionar crímenes de derechos humanos. Sin embargo, se comprometió a abrir nuevas y vigorosas investigaciones acerca de los crímenes del pasado para llegar a la verdad de lo ocurrido durante la dictadura.

¿Por qué, en última instancia, es importante juzgar a los dictadores y sus colaboradores? ¿Por qué nos debe interesar lo que sucede en los últimos años de vida de hombres otrora poderosos, quienes ahora están cada vez más frágiles y no presentan una amenaza para nadie? Es un asunto que debe ser explorado.

Por lo que se sabe, Pinochet y los otros dictadores no aplicaron corriente a nadie ellos mismos. Tampoco lo hicieron los más altos oficiales militares o civiles de los varios gobiernos. No sostuvieron la cabeza de los prisioneros bajo agua para torturarlos con la técnica conocida en América Latina como «submarino», y más recientemente como «waterboarding», utilizado por la CIA. No amarraron trozos de rieles de tren a los cuerpos de los prisioneros antes de tirarlos desde helicópteros o aeronaves para que se hundieran en el mar. No atravesaron fronteras para transportar a los aterrorizados detenidos de Cóndor de vuelta a «casa» para ser torturados y ejecutados en sus países de origen.

No obstante, como quedó consignado por el juez Guzmán en el expediente, y después por el juez Mario Carroza, la alianza militar internacional que fue la Operación Cóndor solo podía ser producto de una planificación y autorización al más alto nivel de gobierno, y necesariamente involucraba a los propios jefes de Estado respectivos. Cóndor ofrece la evidencia más sólida de que los asesinatos fueron acciones de una institución gubernamental y no puede ser explicado como los excesos o abusos de militares individuales a los que «se les pasó la mano». Un militar en posición de subordinación no habría podido autorizar ni organizar una alianza internacional que coordinara a las fuerzas de seguridad de ocho países.

Entre los dictadores, Pinochet gozaba de una importancia única. Sin su autoría, la alianza Cóndor nunca habría existido. Para gran parte del mundo, especialmente en los países autoritarios, Pinochet fue celebrado por hacer retroceder la amenaza del comunismo. Con el claro respaldo de Estados Unidos, el país que lo ayudó a consolidarse en el poder y apoyó decididamente su dura ofensiva en contra de sus adversarios, Pinochet ocupaba una posición privilegiada para unir a sus vecinos en lo que llamaron «La Tercera Guerra Mundial» para salvar la cultura cristiana occidental.

Lideró el primer gobierno militar que introdujo sistemas masivos de asesinatos, desapariciones, campos de prisioneros y tortura creados para eliminar por generaciones los movimientos políticos radicales que —desde su punto de vista— la democracia había permitido florecer (incluso la represión durante la dictadura de Brasil, que ya llevaba nueve años cuando Pinochet asumió el poder, fue de mucho menor escala que el sistema chileno, tanto en cantidad como en la efectividad totalitaria). Chile bajo Pinochet dio inicio a una década de represión transnacional en masa nunca antes vista en America Latina: encarceló a más de 800 extranjeros en los días inmediatamente posteriores al golpe, matando a casi cincuenta. El éxito anticomunista de Pinochet lo convirtió en héroe internacional de la derecha y legitimó sus métodos extremos. Y Argentina, que enfrentó una resistencia guerrillera mucho más intensa que Chile, utilizó el sistema pinochetista como modelo para su propio aparato represor. Argentina se empeñó en «mejorar» el modelo de Pinochet al depender casi exclusivamente de centros de detención y desaparición clandestinos para evitar la publicidad negativa que este atrajo en los primeros meses de su régimen. Aún hoy, el número sustancialmente mayor de víctimas en Argentina provoca mucho menos indignación internacional que los 3216 muertos y desaparecidos de Pinochet.

Sin embargo, Pinochet se fue a la tumba sin nunca enfrentar una condena judicial por sus crímenes, falleciendo silenciosamente de problemas cardiacos el 10 de diciembre de 2006. En cambio, el general Manuel Contreras, el brigadier Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga, Christoph Willeke y otras figuras claves de la Operación Cóndor nunca más vieron los exteriores de una cárcel, aunque fueron confinados en condiciones relativamente confortables en una instalación para militares construida especialmente para lo que luego se convertiría en la última parada de un flujo constante de condenados por causas de derechos humanos. Cuando Contreras murió en 2015, él y Espinoza eran parte de un grupo de 662 agentes militares y civiles que habían sido juzgados y sentenciados por crímenes de derechos humanos. Las investigaciones judiciales continuaron en relación a otras 711 personas que habían participado en el aparato represivo de Chile.ii En Argentina, al año 2018, 867 agentes de Estado habían sido condenados y otros setecientos estaban siendo procesados.

A diferencia de Chile, los líderes de la Junta en Argentina fueron juzgados públicamente. Los otros dos coarquitectos de la Operación Cóndor, el general Jorge Videla de Argentina y el presidente de Uruguay Juan María Bordaberry, fueron condenados por crímenes de derechos humanos y encarcelados. El general Videla murió en prisión en 2013. Bordaberry, quien fue sentenciado a treinta años por homicidio y secuestro, falleció estando bajo arresto domiciliario.

Hay razones correctas y razones equivocadas para sentir satisfacción con estos juicios y encarcelamientos. La razón equivocada es la retribución política —es decir, la venganza— por los crímenes, la crueldad y la derrota política que los dictadores infligieron a los movimientos progresistas en cada uno de esos países.

La razón correcta para aplaudir los difícilmente logrados veredictos de los ahora democráticos sistemas judiciales es para desacreditar, de una vez por todas, la justificación de las sistemáticas políticas estatales de represión, tortura y asesinatos masivos. Los juicios y sus veredictos son las decisiones ponderadas de la sociedad en su conjunto, que se expresan a través de la voz más autorizada disponible en democracia: lo que se hizo estuvo mal y nunca más se debe repetir. En el caso de Chile, significa el repudio máximo de la gran idea de Pinochet: que la amenaza percibida del comunismo era razón suficiente para justificar la tortura, el asesinato y el despiadado uso del poder militar para imponer un modelo económico y político radical de derecha sobre una nación que alguna vez fue libre.

Un legado de temor

El terror avalado por la represión transfronteriza dejó un legado de temor en toda una generación de políticos exiliados, durante y despues de los años de Cóndor. Perseguidos por los fantasmas de los ataques criminales contra líderes como Letelier, Michelini, Gutiérrez, Torres, Prats, Leighton, y hasta Goiburú en Paraguay, muchos se sintieron obligados a cuidarse dondequiera que se encontrasen. Al fallecer otras relevantes figuras democráticas y militares, en especial cuando las circunstancias no eran del todo claras, siempre surgía la posibilidad de asesinato, aun si no se podía demostrar una relación manifiesta con la acción militar o con la Operación Cóndor. Fallecieron tantos opositores destacados —civiles y militares— por causas naturales o anormales que hubo que formular interrogantes e investigar. Fue el caso de tres brasileños considerados como alternativa a los militares: el expresidente João Goulart murió a los 58 años de un ataque al corazón en su casa en Argentina, donde se encontraba exiliado, en diciembre de 1976;² el expresidente Juscelino Kubitschek falleció en un accidente automovilístico unos meses antes, y el «eterno candidato» presidencial Carlos Laserda murió en forma repentina ese mismo año.

En Chile, dos oficiales de alto rango del Ejército, conocidos por sus discrepancias con el general Pinochet, murieron en circunstancias misteriosas. Y un expresidente, Eduardo Frei Montalva, falleció tras una operación rutinaria en una clínica de Santiago que se sabía estaba bajo control militar. Frei apoyó inicialmente la toma de posesión de Pinochet, pero había empezado a conducir los esfuerzos de la oposición. Al salir a la luz el esquema de la conspiración Cóndor, era lógico ver las muertes de estos líderes como parte de un patrón similar.

De hecho, décadas después un asesinato relacionado con la investigación del caso Frei fue ciertamente atribuible a los remanentes de la coordinación entre Uruguay y Chile. Los restos mortales del químico chileno Eugenio Berríos —el hombre que trabajó con Michael Townley en la fabricación de gas sarín para el uso de la DINA en asesinatos— fueron hallados en una playa cerca de Montevideo en abril de 1995. Más de un año después del retorno a la democracia en Chile, agentes de inteligencia militar chilena sacaron a Berríos secretamente hacia Uruguay para evitar que declarara ante la justicia. Se sospechaba el uso del sarín en las muertes tanto de Frei como de Orlando Letelier. Agentes uruguayos, que trabajaban para el mismo organismo que anteriormente había llevado a cabo cientos de secuestros como miembro de Operación Cóndor, lo tuvieron bajo su custodia; primero a modo de protección, después para impedir su huida, y finalmente, para silenciarlo en forma definitiva.³

Al final, la «Operación Cóndor» se ha convertido en una especie de síntesis de todo el ámbito del terror de Estado, tanto dentro como fuera de las fronteras de las dictaduras militares de los años setenta. Puede que haya sido una exageración atribuir «decenas de miles de muertos» a Cóndor, como han hecho algunas publicaciones.iii La alianza Cóndor fue responsable de menos del 3 por ciento del fenómeno de las muertes y desapariciones masivas del periodo. Pero hay una verdad subyacente: el sistema Cóndor simbolizaba la ubicuidad, la crueldad y la impunidad de las dictaduras que ejercían un alcance y control casi universal en Sudamérica. Y lo hicieron con la aprobación tácita y a menudo explícita del país más poderoso del mundo, Estados Unidos.

Nos importan los acontecimientos de esos «años del Cóndor», incluso décadas después, porque Pinochet y sus aliados presidieron el lado más oscuro de la era más oscura de Sudamérica. La palabra final de la historia sobre Pinochet y ese periodo debe ser inequívoca; el veredicto de la historia no puede ser una lánguida discusión sobre los pros y los contras de la dictadura versus sus reformas económicas, como si los crímenes en contra de la humanidad pudieran colocarse en una misma balanza junto con estadísticas de desarrollo económico, para ver cuál gana. Al contrario. El veredicto final debe provenir del consenso de la sociedad, empezando con el más alto mecanismo que tiene para resolver sobre los hechos y la moralidad: los tribunales. Aun cuando sea imperfecto ese sistema, tiene la facultad de establecer lo que es verdadero y factual, bajo el estado de derecho, y de triturar para siempre los mantos de la impunidad y privilegio que han reclamado las instituciones militares.

CONDENAS POR CRÍMENES DE LA OPERACIÓN CÓNDOR

EN LOS JUICIOS EN ARGENTINA, CHILE Y ITALIA

ARGENTINA

Sentencia del juicio «Operación Cóndor»

Una corte federal argentina (Tribunal Oral en lo Criminal Correccional Federal Nº 1), en los casos rol 1504, 1951, 2054 y 1976, concluyó sus deliberaciones el 27 de mayo de 2016 condenando a quince agentes de seguridad. Al emitir su veredicto, el tribunal destacó el carácter histórico del juicio: «La sentencia es la primera dictada por crímenes de lesa humanidad en el marco de una organización ilícita transnacional, dedicada al intercambio de información de inteligencia ilegal y a la persecución, secuestro, repatriación forzada, tortura y homicidio y/o desaparición de disidentes políticos en el Cono Sur».

Los jueces de la última etapa oral del juicio, que se extendió durante diecisiete años, fueron Óscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg y Pablo Gustavo Laufer. El fiscal general Pablo Ouviña jugó un rol clave en las últimas etapas, transformando las decenas de miles de páginas de evidencia en un alegato oral, que presentó a lo largo de tres meses en 2015. Resaltó la importancia de los documentos para construir el caso en contra de los agentes de las dictaduras: «Tenés que bucear entre testimonios y miles y miles de documentos, miles y miles de papeles y cada papel tiene una mancha específica de sangre, de sangre latinoamericana».

Las 106 víctimas cuyos secuestros fueron atribuidos, gracias a la evidencia, a Cóndor, eran ciudadanos de seis países: Argentina (16), Bolivia (8), Chile (20), Paraguay (11), Perú (1) y Uruguay (50). El proceso hizo referencia a víctimas cuyos casos estaban siendo vistos en otros juicios de derechos humanos, con evidencia probatoria que a veces se traslapaba con esos otros casos. Esto se dio particularmente en relación a sesenta y cinco víctimas atribuidas a agentes argentinos y uruguayos que trabajaban en Automotores Orletti. Además, la corte reveló que al menos 348 casos adicionales seguían bajo investigación con el rol 13445/99.

La fiscalía documentó meticulosamente la jerarquía y estructura de las fuerzas armadas argentinas y sus agencias de inteligencia, zona por zona en todo el país. Para los crímenes de derechos humanos cometidos en esas jurisdicciones, el tribunal argumentó que los líderes militares a lo largo de toda la cadena de mando eran culpables de asociación ilícita, cuando se les podía vincular a cualquier parte de los crímenes.

Todos los acusados habían servido en el Ejército argentino, con excepción de un oficial naval, un agente civil de inteligencia y el oficial uruguayo Manuel Cordero, destinado a la sede de Cóndor en Buenos Aires. El caso, la causa rol 1504, fue abierto en 1999 por el juez Rodolfo Canicoba Corral en contra del exdictador Jorge Videla. Al momento de la sentencia, la lista original de acusados se redujo considerablemente debido a la muerte de Videla y otros. Aún así, un agente de la dictadura, Reynaldo Benito Bignone, seguía vivo y fue sentenciado a veinte años de prisión.

Los agentes condenados y sus sentencias son los siguientes:

1. Santiago Omar Riveros: 25 años de prisión

2. Miguel Ángel Furci (agente civil): 25 años

3. Reynaldo Benito Bignone: 20 años

4. Eduardo Samuel De Lío: 12 años

5. Humberto José Román Lobaiza: 18 años

6. Enrique Braulio Olea: 13 años

7. Luis Sadi Pepa: 12 años

8. Rodolfo Emilio Feroglio: 20 años

9. Carlos Caggiano Tedesco: 12 años

10. Antonio Vañek (Naval): 13 años

11. Eugenio Guañabens Perelló: 13 años

12. Felipe Jorge Alespeiti: 12 años

13. Manuel Cordero Piacentini (uruguayo): 25 años

14. Néstor Horacio Falcón: 12 años

15. Federico Antonio Minicucci: 8 años

16. Dos agentes fueron absueltos.

Fuentes: https://www.cij.gov.ar/nota-21519-Lesa-humanidad--se-conocer--este-viernes-la-sentencia-en-el-juicio-oral-por-el--Plan-C-ndor--.html

https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Procu-Lesa-Op-C%C3%B3ndor-Final.pdf

Perfil de Ouviña: Página 12, 30 de agosto de 2015.

Nota: El pdf impreso de la sentencia, con fecha 9 de agosto de 2016, es de más de cinco mil páginas. El expediente —que contiene los testimonios y evidencia— se compone de otras decenas de miles de páginas adicionales.

Víctimas del juicio «Operación Cóndor» Argentina

El fiscal Ouviña definió los casos de víctimas incluidas en el veredicto: «En particular, se trata de casos de privación ilegal de la libertad agravada, perpetrada total o parcialmente en el territorio argentino por funcionarios públicos —civiles, militares y/o miembros de las fuerzas de seguridad— de cualquiera de los Estados del Cono Sur integrantes del Plan Cóndor».

En las últimas páginas de la sentencia, la corte destacó los casos que mejor ejemplificaban el funcionamiento de la coordinación Cóndor: (JCA pág. 5096).

«Recordemos algunos de los casos más

paradigmáticos que cayeron bajo las garras del Cóndor: Agustín Goiburú, Federico Tatter, María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, Inzaurralde-Landi, Logoluso-Nell y Santana Scotto, los niños Julién-Grisonas, Edgardo Enríquez Espinosa, los hermanos Claudio y Lila Epelbaum, el matrimonio Grinspon-Logares, Norberto Armando Habegger, Horacio Campigliay Mónica Pinus de Binstock, Graciela Rutila Artés y los uruguayos integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo».

Argentinos/as (16)

1. Campiglia, Horacio Domingo

2. Corinaldesi De Stamponi, Mafalda

3. Epelbaum Slotopolsky, Claudio

4. Epelbaum Slotopolsky, Lila

5. García Iruretagoyena Cassinelli De Gelman, María Claudia

6. González De La Vega, Óscar Hugo

7. Grinspon Pavon De Logares, Sofía

8. Habegger, Norberto Armando

9. Landi Gil, Marta Dora

10. Lara Torrez, Jaime Rafael

11. Logares Manfrini, Claudio Ernesto

12. Logoluso Di Martino, Alejandro José

13. Pinus De Binstock, Mónica Susana

14. Rutila Artés, Graciela

15. Stamponi Corinaldesi, Luis Faustino

16. Villa Isola, Efraín Fernando

Bolivianos (8)

1. Choque Cabrera, Fausto

2. Jordan Vercellone, Juan Carlos

3. Oviedo Morales, Eduardo

4. Rojas Caballero, Máximo

5. Sáenz Bernal, Reinaldo Lázaro

6. Suárez Balladares, Erasmo

7. Vargas Orozco, Johnny

8. Villavicencio Calderón, Jorge Hernán

Chilenos/as (20)

1. Appel De La Cruz, José Luis

2. Athanasiu Jara, Ángel

3. Athanasiu Laschan, Pablo Germán

4. Carreño Araya, Cristina Magdalena

5. De La Maza Asquet, José Luis

6. Delard Cabezas, Carmen Angélica

7. Delard Cabezas, Gloria Ximena

8. Elgueta Díaz, Luis Enrique

9. Enríquez Espinosa, Edgardo

10. Espinoza González, Luis Alejandro

11. Ferrara, Rafael Antonio

12. Hernández Zaspe, Juan Humberto

13. Jaccard Siegler, Alexei Vladimir

14. Laschan Mellado, Frida Elena

15. Magnet Ferrero, María Cecilia

16. Muñoz Velázquez, Luis Gonzalo

17. Orellana Castro, Miguel Iván

18. Rojas Campos, Carlos Patricio

19. Tamayo Martínez, Manuel Jesús

20. Zaragoza Olivares, Luis Arnaldo

Paraguayos (11)

1. Benítez Gómez, Florencio

2. Carrillo Rodríguez, Fausto Augusto

3. Filartiga Martínez, Juan Alberto

4. Goiburu Jiménez, Agustín

5. Maidana, Antonio

6. Medina Ledesma, Óscar Eladio

7. Penayo Ferreyra, Juan José

8. Roa Espinosa, Emilio

9. Rodas, Néstor

10. Tatter Morinigo, Federico Jorge

11. Vera Báez, Cástulo

Peruano (1)

1. Seminario Preciado, Carlos Alberto

Uruguayos/as (50)

1. Alfaro Vásquez, Daniel Pedro

2. Arnone Hernández, Armando Bernardo

3. Artigas Nilo De Moyano, María Asunción

4. Bentin Maidana, Félix Manuel

5. Betancourt Garín, Walner Ademir

6. Borelli Cattaneo, Raúl Edgardo

7. Bosco Muñoz, Alfredo Fernando

8. Burgueño Pereyra De Vattino, Ada Margaret

9. Cabezudo Pérez, Carlos Federico

10. Cabrera Prates, Ary

11. Candia Correa, Francisco Edgardo

12. Carretero Cárdenas, Casimira María Del Rosario

13. Chizzola Cano, Eduardo Efraín

14. Cram González, Washington

15. D’elia Pallares, Julio César

16. Dossetti Techeira, Edmundo Sabino

17. Duarte Luján, León Gualberto

18. Errandonea Salvia, Juan Pablo

19. Gándara Castroman, Elba Lucía

20. García Ramos De Dossetti, Ileana Sara María

21. Hernández Hobbas, Beatriz Lourdes

22. Hernández Hobbas; Washington Fernando

23. Hobbas Bellusci de Hernández, Lourdes

24. Inzaurralde Melgar, Gustavo Edison

25. Islas Gatti De Zaffaroni, María Emilia

26. Julién-Grisonas, Anatole Boris (niño sobreviviente)

27. Julién-Grisonas, Victoria Eva (niña sobreviviente)

28. Lerena Costa de Corchs, Elena Paulina

29. Lezama González, Rafael Laudelino

30. Luppi Mazzone, Mary Norma

31. Machado, Modesto Humberto

32. Mechoso Méndez, Alberto Cecilio

33. Méndez Donadio, José Hugo

34. Moreno Malugani, Miguel Ángel

35. Moyano Santander, Alfredo

36. Nell Granda, José Luis

37. Prieto Gonzalez, Rubén

38. Queiro Uzal, Washington Domingo

39. Recagno Ibarburu, Juan Pablo

40. Río Casas, Miguel Ángel

41. Rodríguez Liberto, Félix Antonio

42. Rodríguez Mercader, Carlos Alfredo

43. Santana Escotto, Nelson Rodolfo

44. Severo Barretto, Ary Héctor

45. Silveira Gramont, María Rosa

46. Soba Fernández, Adalberto Waldemar

47. Tejera Llovet, Raúl Néstor

48. Trías Hernández, Cecilia Susana

49. Urtasun Terra, José Luis

50. Zaffaroni Castilla, Jorge Roberto

Fuente: Lista confeccionada en 2019 por la Oficina del Fiscal General.

El autor agregó tres nombres a la lista de los «casos más paradigmáticos» (Habegger y los niños Julién-Grisonas), y a Miguel Orellana, todos acreditados como víctimas Cóndor en el juicio.

CHILE

Víctimas y condenas en la Causa 2182-1998 «OPERACIÓN CÓNDOR»

El 21 de septiembre de 2018, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó a veinte exmiembros de la DINA por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio calificado de víctimas de la acción coordinada de servicios de inteligencia sudamericanos conocida como Operación Cóndor. El ministro absolvió por falta de acreditación de participación en los hechos a otros treinta y dos exagentes de la DINA.

Víctimas

Las doce víctimas correspondían a muchos de los casos emblemáticos documentados en este libro:

1. Jorge Fuentes Alarcón, MIR, secuestrado en Paraguay, mayo de 1975, con Amílcar Santucho (ERP, trasladado a Chile).

2. Julio del Tránsito Valladares Caroca, detenido en Bolivia, julio de 1976, trasladado a Chile.

3. Juan Humberto Hernández Zazpe.

4. Manuel Jesús Tamayo Martínez y

5. Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, socialistas, detenidos en Mendoza, Argentina, abril de 1976, trasladados a Chile.

6. Alexei Vladimir Jaccard Siegler.

7. Héctor Heraldo Velásquez Mardones y

8. Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, comunistas, secuestrados en Buenos Aires, mayo de 1976, trasladados a Chile.

9. Jacobo Stoulman Bortnik y su esposa Matilde Pessa Mois, sin afiliación política, secuestrados en el aeropuerto Ezeiza, Argentina, mayo de 1976, trasladados a Chile.

10. Hernán Soto Gálvez y

11. Ruiter Enrique Correa Arce, comunistas, secuestrados y ejecutados en Santiago como parte de la operación JaccardStoulman.

Condenados

Los oficiales y soldados condenados por los asesinatos y secuestros incluían a los más reconocidos integrantes del Departamento Exterior de la DINA y de otras unidades, como aquellos asignados al centro de tortura Villa Grimaldi y el centro de exterminio en calle Simón Bolívar, descubierto en años más recientes.

Oficiales:

1. Christoph Georg Willeke Floel, sentenciado en todos los casos, 17 años

2. Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, sentenciado en todos los casos, 17 años

3. Pedro Octavio Espinoza Bravo: caso Valladares, secuestro Mendoza, casos Jaccard-Stoulman/Pessa, 15 años

4. Juan Hernán Morales Salgado: casos Jaccard-Stoulman/Pessa, 15 años

5. Miguel KrassnoffMartchenko: casos Jaccard-Stoulman/Pessa, 5 años

6. Miguel René Riveros Valderrama: casos Jaccard-Stoulman/

Pessa, 15 años

7. Jorge Marcelo Escobar Fuentes: casos Jaccard-Stoulman/Pessa, 15 años

8. Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda: casos Jaccard-Stoulman/Pessa, 15 años

9. Gladys de las Mercedes Calderón Carreño: casos Jaccard-Stoulman/Pessa, 10 años

10. Gerardo Ernesto Godoy García: caso Fuentes, 5 años

11. Orlando José Manzo Durán: caso Valladares, 5 años

12. Ciro Ernesto Torré Sáez: caso Valladares, 5 años

13. Carlos José Leonardo López Tapia: secuestro Mendoza, 10 años

Soldados:

1. José Alfonso Ojeda Obando: casos Jaccard-Stoulman/Pessa, 7

años

2. Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme: casos Jaccard-Stoulman/

Pessa, 7 años

3. Héctor Raúl Valdebenito Araya: casos Jaccard-Stoulman/Pessa, 7 años

4. Jerónimo del Carmen Neira Méndez: caso Fuentes, pena remitida

5. Hermón Helec Alfaro Mundaca: caso Fuentes, pena remitida

6. Juan Ángel Urbina Cáceres: caso Fuentes, pena remitida

7. Manuel Rivas Díaz: caso Fuentes, pena remitida

Absueltos:

El ministro Carroza absolvió por falta de acreditación de participación en los hechos a otros treinta y dos exagentes de la DINA. Entre ellos estaba Guillermo Jesús Ferrán, quien ofreció un emotivo y detallado testimonio sobre la «especie de amistad» que desarrolló con Alexei Jaccard.

Fuente: Extracto parcial y ampliado a partir del Resumen para la Prensa, Corte de Apelaciones de Santiago, 21 de septiembre de 2018.

ITALIA

En 2019, una corte de apelaciones italiana, la Primera Corte d’Assise, condenó a veinticuatro militares y civiles de países Cóndor, la mayoría en ausencia, por el secuestro y homicidio de cuarenta y tres personas en Sudamérica. Los líderes sudamericanos más conocidos eran Francisco Morales Bermúdez, el dictador peruano que unió a su país a la alianza Cóndor; Juan Carlos Blanco, el canciller uruguayo citado en documentos secretos comparando el combate a la izquierda como una «Tercera Guerra Mundial»; Pedro Espinoza Bravo, el director de operaciones de la DINA; Jorge Néstor Fernández Troccoli, oficial naval de Uruguay, y José Ricardo Arab Fernández y José Horacio «Nino» Gavazzo Pereira, representantes de Uruguay en la sede de Cóndor en Argentina. Todos fueron condenados a presidio perpetuo, pero solo Troccoli está bajo custodia en Italia.

De las víctimas, treinta y nueve fueron secuestradas en operaciones del tipo Cóndor. De ellas, veintiséis eran uruguayos capturados en Argentina en una detención masiva de militantes del MLN-T, GAU y PCR en el transcurso de tres semanas a partir del 21 de diciembre de 1977.

Como todos los crímenes ocurrieron fuera de Italia, los fiscales del caso se basaron en el principio de «jurisdicción universal» —también conocido como el «Precedente de Nuremberg»— para establecer el derecho de Italia de llevarlos a juicio. Veintitrés de las víctimas tenían ciudadanía italiana, además de sus nacionalidades sudamericanas. La investigación también se inició en 1999. El juez principal Giancarlo Capaldo, quien lideró la fase investigativa, asumió el rol de fiscal en la fase del juicio que llevó al veredicto.

Fuente: Francesca Lessa, «Rome Court of Appeals Condemns 24 to Life Imprisonment for Murders during Operation Condor», Impakter.com, 15 de julio de 2019

Víctimas juicio Italia, con militancia y fecha de detención:

Uruguayos (33) secuestrados en Argentina:

1. Daniel Álvaro BanfiBaranzano (MLN-T, 9/13/74, «AAA»)

2. Gerardo Francisco Gatti Antuña (PVP 6/9/76)

3. Armando Bernardo Arnone Hernández (PVP, 10/1/76)

4. Edmundo Sabino Dossetti Techeira (GAU, 12/21/77)

5. Ileana Sara María García Ramos de Dosetti (GAU, 12/21/77)

6. Yolanda Iris Casco Ghelpi de D’Elia (GAU, 12/22/77)

7. Julio César D’Elia Pallares (GAU, 12/22/77)

8. Raúl Edgardo Borrelli Cattaneo (GAU, 12/22/77)

9. Raúl Gambaro Núñez (GAU, 12/27/77)

10. María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni (PVP, 9/27/76).

11. Juan Pablo Recagno Ibarburu (PVP 10/2/76)

12. Andrés Humberto Bellizzi Bellizzi (ROE, 4/19/77)

13. Héctor Orlando Giordano Cortazzo (PCR 6/7-11/78)

14. Alberto Corchs Laviña (GAU 12/21/77)

15. Elena Paulina Lerena Costa de Corchs (GAU 12/21/77)

16. Alfredo Fernando Bosco Muñoz (GAU 12/21/77)

17. Guillermo Manuel Sobrino Berardi UAL, AMS, 12/22/77)

18. Gustavo Alejandro Goycochea Camacho (UAL 12/23/77)

19. Graciela Noemi Basualdo Noguera de Goycochea (GAU 12/23/77)

20. María Antonia Castro Huerga de Martínez (GAU 12/23/77)

21. José Mario Martínez Suárez (GAU 12/23/77)

22. Aída Celia Sanz Fernández (MLN 12/23/77)

23. Elsa Haydee Fernández Lanzani de Sanz (s/m 12/23/77)

24. Atalivas Castillo Lima (MLN Tend prole 12/23/77)

25. Miguel Ángel Río Casas (MLN, 26/12/77)

26. Eduardo Gallo Castro (MLN, 26/12/77)

27. Gustavo Raúl Arce Viera (GAU 12/27/77)

28. Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura Gularte (PCR 12/30/77)

29. Carolina Barrientos Sagastibelza de Carneiro (argentina-uruguaya) (PCR 12/30/77)

30. Carlos Federico Cabezudo Pérez (PCR 12/30/77)

31. María Asunción Artigas Nilo de Moyano (MLN-T 12/30/77)

32. Alfredo Moyano Santander (argentino-uruguayo) (MLN-T 12/30/77)

33. Célica Élida Gómez Rosano (PCR 1/3/78)

Argentinos (6)

1. Luis Stamponi (ERP 9/28/76), secuestrado en Bolivia

2. Mafalda Corinaldesi (madre de Stamponi 11/19/76), secuestrada en Argentina

3. Lorenzo Ismael Viñas Gigli (Montonero 5/26/80), secuestrado en Brasil

4. Horacio Domingo Campiglia (Montonero 3/12/80, secuestrado en Brasil)

5. Alejandro José Logoluso Di Martino (Montonero 3/29/77), secuestrado en Paraguay

6. Dora Marta Landi (Montonero 3/29/77), secuestrada en Paraguay

Chilenos (4) (no son casos Cóndor)

1. Juan Bosco Maino Canales (MAPU 5/26/76)

2. Juan José Montiglio Murúa (PS-GAP 9/11/73)

3. Jaime Patricio Donato Avendaño (PC, 5/5/76, Calle Conferencia)

4. Omar Venturelli Leonelli (sacerdote, 9/25/73)

Fuente: 24 marzo.it.

Siglas: PVP: Partido para la Victoria del Pueblo; GAU: Grupos de Acción Unificadora; ROE: Resistencia Obrero Estudiantil; PC, PCR: Partido Comunista,

PC Revolucionario; MLN-T: Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros; ERP: Ejército Revolucionario del Pueblo; MAPU: Movimiento de Acción

Popular Unitaria; PS-GAP: Partido Socialista-Grupo de Amigos del Presidente.

Anexo

NOMBRES CONFIRMADOS DE LAS VÍCTIMAS Y BLANCOS DE LAS OPERACIONES CÓNDOR Y DE REPRESIÓN TRANSFRONTERIZA

Desaparecidos y muertos

Uruguay (164)

Arcos Latorre, Ariel*. Alfaro Vázquez, Daniel Pedro. Anglet De León, Beatriz Alicia. Arce Viera, Gustavo Raúl. Arocena Da Silva, Marcos Bacilio. Arocena Linn, Ignacio. Artigas Nilo De Moyano, María Asunción. BanfiBaranzano, Daniel Alvaro. Barboza Irrázabal, José Luis. Barredo Longo, Rosario Del Carmen. Barrios Fernández, Washington Javier. Basualdo Noguera De Goycoechea, Graciela Noemi. Bellizzi Bellizzi, Andrés Humberto. Benaroyo Pencu, Mónica Cristina*. Bentancour Garín, Walner Ademir. Bentancour Roth, Rutilio Dardo. Borelli Cattaneo, Raúl Edgardo. Bosco Muñoz, Alfredo Fernando. Brum Cornelius, Héctor Daniel. Burgueño Pereira, Ada Margaret. Cabezudo Pérez, Carlos Federico. Cabrera Prates, Ary. Cacciavillani Caligari, Hugo Enrique. Caitano Malgor, José Enrique. Callaba Piriz, José Pedro. Camiou Minoli, María Mercedes. Camuyrano Bottini, Mario. Candia Correa, Francisco Edgardo. Cantero Freire, Edison Óscar. Carbajal Verdugo, Angel. Carneiro Da Fontoura, Juvelino Andrés. Carretero Cárdenas, Casimira María Del Rosario. Casco GhelfiDe D’elía, Yolanda Iris. Castillo Lima, Atalivas. Castro Huerga De Martínez, María Antonia. Ceballos (Zeballos) Rodríguez, Luis Michel. Cendan Almada, Juan Angel*. Chegenian Rodríguez, Segundo. Chizzola Cano, Eduardo Efraín. Corbo Aguirregaray De Brum, María De Los Ángeles. Corchs Laviña, Alberto. Cram González, Washington. Cruz Bonfiglio, Mario Jorge. D’elía Pallares, Julio César. Da Silveira Chiappino De Chegenian, Graciela Teresa. De Gouveia Gallo De Michelena, Graciela Susana. De León Scanzani, Juan Alberto (Scanziani?). Del Fabro De Bernardis, Eduardo. Dergan, Jorge Natalio. Díaz De Cardenas, Fernando Rafael Santiago. Dossetti Techeira, Edmundo Sabino. Duarte Luján, León Gualberto. Elgart, Aldeber. Errandonea Salvia, Juan Pablo. Estefanell Guidali, Graciela Marta Epifania. Armone Hernández, Armando Bernardo. Feldman Palatnik, Raúl Yankel. Fernández Amarillo, Juan Guillermo. Fernández Fernández, Julio César*. Fernández Lanzani De Sanz, Elsa Haydée. Ferrara De Nogueira, Adriana. Fontela Alonso, Alberto Mariano*. Gadea Galán, Nelsa Zulema*. Gallo Castro, Eduardo. Gámbaro Núñez, Raúl. Gandara Castroman De Velázquez, Elba Lucía. García Calcagno, Germán Nelson. García Hernández, Amaral. García Larrosa, Floreal. García Ramos De Dossetti,Ileana Sara María. Gatti Antuña, Gerardo Francisco. Gelpi Cáceres, Leonardo Germán. Giordano Cortazzo, Héctor Orlando. Gomensoro Josman, Hugo Ernesto. Gómez Rosano, Célica Elida. Gonçalves Busconi, Jorge Felisberto. González Fernández, Nelson Wilfredo. González Miguez, Eduardo Edison «Juaquín». González Rodríguez, Ángel Eduardo. Goycoechea Camacho, Gustavo Alejandro María. Guaz Porley, Carlos Gabriel. Gutiérrez Ruíz, Héctor. Hernández De García, Mirta (Mirtha) Yolanda. Hernández Hobbas, Beatriz Lourdes. Hernández Hobbas, Washington Fernando. Hernández Machado, Carlos Julian. Hernández Machado, Carlos Julián (Aka «El Hippie»). Hobbas Bellusci De Hernández, Lourdes. Humberto Machado, Modesto. Ibarbia Corasi De Insausti, María Angélica. Insausti Tironi, Juan Carlos. Inzaurralde Melgar, Gustavo Edison. Iribarne Garay Kléber, Silvia. Islas Gatti De Zaffaroni, María Emilia. Jabif Gonda, Guillermo Rivera. Juárez Beliz, Telba Petronila. Julien Cáceres, Mario Roger. Latrónica Damonte, Luis Enrique. Lerena Costa De Corchs, Elena Paulina. Lezama González, Rafael Laudelino. López López Arazati, Ramón*. Lucas López, Enrique Joaquín. Luppi Mazzone, Mary Norma. Maidana Bentín, Félix Manuel. Maidanick (Maidanik) Potasnik, Diana Riva. Martínez Horminoguez, Jorge Hugo. Martínez Santoro, Luis Fernando. Martínez Suarez, José Mario. Materos Alvarez, Walter Rivera*. Mazzuchi Frantchez, Winston César. Mechoso Méndez, Alberto Cecilio. Melo Cuesta, Nebio Ariel. Méndez Donadio, José Hugo. Méndez, Margarito. Mester (Master) Allen (Alln), Diego Miguel. MicheffJatra, Juan Micho. Michelena Bastarrica, José Enrique. Michelini Guarch, Zelmar Raúl. Morales Itza, Emilio Rolando . Morales Von Pieverling, Juan Miguel. Moreno Malugani, Miguel Ángel. Nogueira Rodríguez, Alejandro. O´Neil Velázquez, Heber Eduardo. Ogues, Ángel. Olivera Cancela, Raúl Pedro. Pagardoy Saquierres, Enrique Julio*. Pedreira Brum, Jorge. Liberoff, Manuel. Peluá Pereira, José Luis. Pelúa Pereira, Martín Isabelino. Pereira Gasagoite De Pelúa, Reneé (madre). Pistone Altieri, Máximo Augusto. Povaschuk Galeazzo, Juan Antonio*. Prieto González, Rubén. Queiro Uzal, Washington Domingo. Quinteros, Elena. Quiroga Gabarret De Camuyrano, Marta. Raggio Odizzio, Laura Martha. Raina González, Carlos Alberto. Rando Ferreira, Francisco. Recagno Ibarburu, Juan Pablo. Reyes Sedarri De Barrios, Silvia Ivonne. Río Casas, Miguel Ángel. Rodríguez De Bessio, Blanca Margarita. Rodríguez Liberto, Félix Antonio. Rodríguez Mercader, Carlos Alfredo. Rodríguez Molinari, Julio César. Rodríguez Rodríguez, Julio César. Santana Escotto (Scotto), Nelson Rodolfo. Sanz Fernández, Aída Celia. Scopise (Scopice) Rijo, Norma Mary. Serra Silveira, Helio Hermógenes. Severo Barreto, Ary Héctor. Severo Barreto, Carlos Baldomiro. Severo Barreto, Marta Beatriz. Silveira Gramont, María Rosa. Soba Fernández, Adalberto Waldemar. Sobrino Berardi, Guillermo Manuel. Tejera Llovet, Raúl Néstor. Trías Hernández, Cecilia Susana. Trinidad Espinosa, Líver Eduardo. Urtasún Terra, José Luis. Whitelaw Blanco, William Alem. Zaffaroni Castilla, Jorge Roberto.

Argentina (89)

Adler Zulueta,Carlos Rodolfo*.Adur,Jorge Oscar.Alonso Blanco, Mirta Mónica. Antonio Fuerichs De Ferre, Miriam. Arano Basterra, Juan Cesáreo. Astelarra Bonomi, Santiago Pedro. Badell Badell, Esteban Benito. Barrientos Sagastibelza De Carneiro, Carolina. Barry Ronald, Juan Alejandro. Benassi De Franco, María Catalina. Benítez Rey, Angel Servando. Benítez Rey, Jorge Oscar. Biedma Schadewaldt, Patricio Antonio «Nico». Binstock Feuer, Guillermo Daniel. Bugallo Celuzi, Oscar Héctor*. Cabilla Avalos Goycoolea, Verónica María. Campiglia, Horacio Domingo. Cano, Juan Carlos Francisco. Carrizo, Juan Manuel (Aka Francisco). Cervera Novo, Luis Justo. Clark Glaser, Mario César. Clark, Sergio Andrés. Clementi De Cancere, María Rosa. Cocensa, Susana. Corinaldesi Tarresi De Stamponi, Mafalda. De Braicovich, Irma. De Gregorio Marconi, Oscar Rubén. Delaporte Feldman De Yrurtia, Alicia Raquel. Díaz Agüero, Beatriz Elena*. Edison (Edinson) Alvares, Rolando Romano. Epelbaum Slotopolsky, Claudio. Epelbaum Slotopolsky, Lila. Ercilia Guangiroli, Lia María. Escabosa, Eduardo Gonzalo. Fernández, Clara Haydee. Ferre Cardozo, Ernesto Emilio. Frías Alberga, Federico Guillermo. García Iruretagoyena Cassinelli De Gelman, María Claudia. García Kieffer, Manuel Eduardo. García Pérez, Angel Horacio. Garzón Morillo, Benjamín*. Gelman Schubaroff, Marcelo Ariel. Genoud Unia, Julio César. Gianotti De Molfino, Noemi. Goldemberg (Goldenberg) Fernández, Liliana Inés. Gómez Feans, Ricardo Isidro. Gonzáles De La Vega, Oscar Hugo. Grinspon Pavón De Logares, Mónica Sofía. Grisonas Andrijauskaite, Victoria Lucía (Mirta, «La Gringa»). Habegger, Norberto Arando. Haidar, René Ricardo. Hlaczik De Poblete, Claudia Victoria. Konoba Krul, Teodoro*. Lacorte, Miguel Angel*. Landi Gil, Marta Dora. Leder Barg, Mauricio. Leder Maier, Marcos. Lejderman Konujowska, Bernardo Mario*. Libenson Druk De Zucker, Marta Elina. Logares Manfrini, Claudio Ernesto. Logoluso Di Martino, Alejandro José. Luque Schurman, José*. Maguid Mas, Carlos Alberto. Mata Freixas De Barry, Susana Beatriz. Milberg Szuldman, Raúl. Montenegro Roque, Orlando. Mora, María Rosa. Moyano Santander, Alfredo. Nell Granda, José Luis. Pinus De Binstock, Mónica Susana (Aka Lucía). Potenza Ferreyra, José Agustín. Rallis Ganghas, Sofía. Ramírez Olmos, Julio César. Raverta, María Inés. Rodríguez (Rodrígues) Torres, Oscar Jesús. Rodríguez De Quiroga, María Nicasia. Rodríguez Suárez De Carbajal, Matilde Adela. Rojas Flecha, Oscar Luis. Román De Iglesias, Carmen Candelaria. Romero Rivera, Laura Gladis. Rutila Artés, Graciela. Sánchez Cabot, Rodolfo. Stamponi Corinaldesi, Luis Faustino. Tamburini, Guillermo Alfredo. Valladares Dupuis, Carlos Augusto. Villa Isola, Efraín Fernando. Viñas, Lorenzo Ismael. Zucker López, Ricardo Marcos.

Chile (66)

Acosta Velasco, María Eliana. Aedo Cifuentes, Juan Hugo. Aguirre Huguera, Lino. Appel De La Cruz, José Luis. Athanasiú Jara, Miguel Ángel. Beausire Alonso, Guillermo Roberto. Campos Cifuentes, José Alejandro. Carreño Araya, Cristina Magdalena. Carvajal Vargas, Ricardo Lancelot. Claudet Fernández, Jean Ives. Cordano López, Humberto. Correa Arce, Ruiter Enrique. Cristi Melero, Roberto. Cuthbert Chiarleoni, Sofía Ester. De La Maza Asquet, José Luis. Delard Cabezas, Carmen Angélica. Delard Cabezas, Gloria Ximena. Díaz Parada, Sergio. Elgueta Díaz, Luis Enrique. Enríquez Espinosa, Edgardo. Espinoza Barahona, Mario René (Aka «Mauro» «Álvarez Marinello»). Espinoza González, Luis Alfredo (Alejandro). Franchini Aburto, Enzo (Enrique) Gregorio. Fuentes Alarcón, Jorge Isaac. Garrido López, Joaquín. Gonzáles Gonzáles, Ramiro Carlos*. Hernández Zazpe, Juan Humberto. Hueravilo Saavedra, Oscar Lautaro. Jaccard Siegler, Alexei Vladimir. Klein Pipper, Georges*. Laschan Mellado, Frida Elena. Leal Sanhueza, Heriberto Del Carmen (Aka Miguel Angel Nazzaro Pontoni). Letelier Del Solar, Marcos Orlando. Llancaleo Calfuquen, Leandro José. Magnet Ferrero, María Cecilia. Medina Medina, Gaspar. Montenegro Godoy, Sergio Eduardo. Muñoz Velázquez, Luis Gonzalo. Oliva Troncoso, Víctor Eduardo. Orellana Castro, Miguel Iván Humbert (Aka «Pablo D» «Pablo Laponzi Rocha»). Oyarzun Brañas, Alcibiades. Oyarzún Manzo, Oscar Orlando. Pessa Mois, Matilde. Poblete Roa, José Liborio. Prats González, Carlos. Quinchavil Suárez, Luis. Ramírez Herrera, Ricardo Ignacio. Riveros Saavedra, Juan Luis. Rojas Campos, Carlos Patricio. Ropert Contreras, Enrique Andrés Mar*. Saavedra Inostroza, Guido Arturo. Sagaute Herrera, Jorge. San Martin Zúñiga, Juan Carlos. Soria Espinoza, Carmelo Luis. Soto Gálvez, Hernán. Stewart Pizarro Ruiz, Juan Carlos. Stoulman Bortnik, Jacobo. Tamayo Martínez, Manuel Jesús. Tobar Aviles, Lorenzo Homero (Aka Ricardo Salvatore Cerretto Torcell). Valladares Caroca, Julio De Tránsito. Vega Ceballos, Luis Guillermo. Velásquez Mardones, Héctor Heraldo. Venegas Illanes, Rachel Elizabeth. Venturelli Leonelli, Omar Roberto*. Vercelotti Muñoz, Jorge Angel (Aka Jorge Machuca, «Marcos»). Woodward Iriberri, Michael Roy*.

Paraguay (21)

Barreto, Gerónimo. Aguirre, María Rosa. Santos Nuñez, Rosa Isabel. Villagra Cano, Américo Mario Esteban. Ocampo (Ocampos) Alonso, Claudio Melquiades (Aka «Juan A»). Ledesma Medina, Oscar Eladio. Almada Villalba, Carlos Alberto. Barreto Dávalos, Ricardo. Tatter Morinigo, Federico Jorge. Penayo Ferreyra (Velázquez), Juan José. Vera Báez, Cástulo. Goiburu Jiménez (Giménez), Agustín. Gadea Hernández, Liborio. Román, Julio Agustín. Filartiga Martínez, Juan Alberto. Samaniego Villamayor, Ignacio. Fariña, Mario. Jara Torres, Anuncio. Ramírez Medina, Mario. Maidana Campos, Antonio. Roa Espinoza, Emilio.

Bolivia (17)

Busch Morales, Luis*. Choque Cabrera, Fausto. Jordán Vercellone, Juan Carlos. Lara Torrez, Jaime Rafael. Morales Oviedo, Eduardo. Quiroz Opazo, José Domingo. Quispe Choque, Donato*. Ríos Dalenz, Jorge*. Rojas Caballero, Máximo. Saavedra González, Enrique Antonio*. Såeenz Bernal, Reinaldo Lazaro. Silvetti, Pedro. Soto Quiroga, Jorge Ignacio*. Suárez Balladares, Erasmo. Torres González, Juan José. Vargas Orozco, Johnny. Villavicencio Calderón, Jorge Hernán.

Brasil (10)

Basso, Alberto. De Almeida Luiz, Carlos*. De Mattos Santos, Wannio José*. De Souza Khol, Nelson*. Do Lago Faria, Luiz Renato. Marcondes Pintos, María Regina. Pires Cerveira, Joaquim. Quintiliano Cardoso, Tulio Roberto*. Rita Pereda, João Batista. Tenorio Cerqueira, Junior Francisco.

Perú (1)

Seminario Preciado, Carlos Alberto.

Otros Países (20)

Alsina Hurtos, Juan*. Avalos Castañeda, María del Rosario*. Blanco Castillo, Juan Andrés*. Campos Carrillo, Felipe Porfirio*. Cejas Arias, Jesús. Filipazzi Rossini, Rafaela Giuliana. Galañena Hernández, Crescencio Nicómedes. García Franco, Jose Felix*. Hamame Samur, David*. Horman Lazar, Charles Edmund*. Maza Carvajal, Enrique Antonio*. Moffitt, Ronni Karpen. Pesle de Menil, Etienne Marie Louis*. Ponce Pacheco, Sócrates*. Rimler Tibor, Andras*. Teodorovic Sertic, Nenad*. Teruggi Bombatch, Frank Randall*. Torres Villalva, Jimmy Freddy*. Tran Huynh, Que Phuong*. Traubmann Riegelhaupt, Ernesto*.

Sobrevivientes

Uruguay (134)

Abreu, Julio. Acuña Aggero (Accera), Abel Ramón. Altuna Facal, Raúl Luis. Altuna Fernández, Elsa Zulma. Alvarez, Rosa. Anzalone Cantoni, Laura Haydeé. Anzalone, Ernesto. Artigas Diyorio, Circe Bernadette. Azarola Saint, Juan Ignacio. Barboza Sánchez, Beatriz Victoria. Bellusci de Etchart, Zelmira. Benavidez Bellusci, Nancy. Bereau Sánchez, Ana María. Bermúdez de Viegas, Beatriz. Cadenas Ravela, Alicia Raquel. Calero, Cristina. Caligari de Cacciavillani, Nidia. Campbell Martínez, Adolfo Ricardo. Cappi de Mezquida, Ivonne. Carballo (Carvallo) Vespaciano de González, Carmen Clotilde. Cardozo (Cardoso) de Rodríguez, Martha (Marta) Irene. Carlevaro Bottero de Rocco, Emilia María. Carpanessi Nadal, Roque Mario. Carvallo Vespaciano, Carmen. Casariego (Cesariego), Camilo. Casariego (Cesariego), Francesca. Castellonese Techera, Beatriz Inés. Celiberti, Lilian. Corchs Lerena (hijo). Cores Pérez, Hugo Andrés. Correa, Andrés Alberto. Cultelli Chiribao, Andrés Félix. Datena Arias, Luis Miguel. De Felippe Madariaga, Leda Cecilia. De Negri Puga, Mario Nino. Dean Bermúdez, Eduardo. D’Elia Casco, Carlos (De Luccia, Carlos Rodolfo). Díaz Berdayes, José Félix. Dossetti García, Soledad. Ducassco (Ducassou) de Leguizamo, Clarive. Echave, Rita. Echenique San Pedro, Antonio Rozas. Echenique San Pedro, Edén Mario. Echenique San Pedro, Mario Isidoro. Eiras, María Luisa. Erro, Enrique. Etchart, Roberto. Falero Ferari, Orlinda Brenda. Farias Lebdouschka, Pablo León. Favier (Fabier) Rattin de Carpanessi. Fernández de Callaba, Griselda. Ferreira, Luis. Ferreira, Wilson. Fontes Mora, Eriberto Ariel. Gayoso Jauregui, Cecilia Irene. Gil Iribarne, Ricardo. Gonnet (Gonet) Maino de Quiroga, Sonia Magdalena. González Cardozo, Jorge Raúl. González Petraglia, Fernando. Goycoechea Basualdo, Nicolás. Griot Abondet (Avondet), Aníbal. Hernández Hobbas, Andrea Viviana. Illarzen, Alberto. Iparraguirre Almeida, Juan Carlos. Julien Grisonas (Larrabeiti), Anatole Boris. Julien Grisonas (Larrabeiti), Victoria Eva. Laguna, María Elena. Lanne Fernández, Ubal. Leguizamo, Jacinto. Lenur Pereira Próspero de Parodi, Susy. Lockhart Santellán de Campbell, Martha. Lombardi Montero de Ruckz, Marina Rosa. López Burgos, Sergio. López, César Dante. Maceiro, Asilú Sonia. Martínez Addiego, María del Carmen. Martínez Platero, Efraín Luis. Mechoso, Alberto José. Mechoso, Beatriz Elizabeth. Méndez Lompodio, Sara Rita. Mezquida, Nelson. Michelini Delle Piane, María Margarita. Moreno, Rivera. Mosca, Alejandro. Muñoz Barbachan, José Luis. Noboa Aldeoca, Jorge. Nogueira Pauillier, Raquel. Nores Montedónico, Alvaro. Nores Montedónico, María del Pilar. Olivera Colzani, María Cristina. Parola Langhain, María Emilia. Peralta, Francisco Javier. Pere Bardier, Juan Carlos. Pérez Carrozo, Jorge Washington. Pérez Lutz, Elizabeth. Pérez Rossini, Washington. Petrides, Marta. Pilo Yáñez, Justo. Pineyro Parodi, Juan Carlos. Quadros (Cuadros) Herrera, Ana Inés. Quiroga Ale de Giménez, Iris Noemi. Rama Molla, María Elba. Rodríguez Coronel, Carlos Antonio. Rodríguez Díaz, Universindo. Rodríguez Larreta Martínez, Enrique (hijo). Rodríguez Larreta Piera, Enrique (padre). Rodríguez Martínez, Washington. Romero, Nicasio. Saavedra Duarte, Julio César. Sabini Fernández, Luis Ernesto. Salvo Sánchez, Ana María. Santander de Moyano, Enriqueta. Schroeder Barredo, Gabriela María Lucía. Schroeder Orozco, Gustavo María. Soba Laguna, Leonardo. Soba Laguna, Sandro Alberto. Soba Laguna, Tania Elizabeth. Soliño Platero, María Mónica. Soto Loureiro, Ariel Rogelio. Tadey Henestroza, Graciela. Tejera Llovet, María Isabel. Vallarino, María del Rosario. Vázquez de Anzalone, Rita Álida. Vázquez Santos, Erlina María. Velázquez Rosano, Juan Enrique. Viana Acosta, Antonio Clorindo. Whitelaw Barredo, María Victoria Micaela. Whitelaw Barredo, Máximo Fernando Agustín. Wilkins, Hugo María. Zaffaroni Islas, Julien. Zahn Freire, Edelweiss. Zina Figueredo, Gastón. Tres personas desconocidos.

Argentina (53)

Artes Company, Carla Graciela (Carla Rutila). Barry Mata, Alejandrina. Bertazzo, José Luis. Bidegain, Oscar. Brancoy, Jorge. Cabrera De Franco, Lidia Esther. De Ipola, Emilio Rafael. Domínguez, Juan Carlos. Dri, Jaime Feliciano. Estrella Ávila Borges, Miguel Angel. Fernández Rodríguez, Marina (María) Angelica. Firmenich, Mario. Franco Cabrera, S/D. Franco Cabrera, S/D. Galimberti, Rodolfo. Gallo Sanz, Carmen (Fernández, María De Las Mercedes). Gelman García, María Macarena (Ana). Gelman, Nora Eva. Herrera Regio (Cubas Quiroga), María Elvira. Herrera Regio (Cubas Quiroga), María Paula. Herrera Regio (Cubas Quiroga), María Virginia. Herreras, Casildo. Kaufman, Edy. Lamotta, Miguel. Logares Grinspon, Paula Eva. Lubián Peláez, Víctor Hugo. Mattarollo, Rodolfo. Mendizábal La Fuente, Horacio (Aka Hernán O Vasco). Milesi De Pisarello, María Del Huerto. Milesi Pisarello, María Luisa (Laura). Moyano Artigas, María Victoria (Veronica Leticia; Penna Mauriño, María Victoria). Nombres desconocidos (6 personas) Obregón Cano, Carlos. Odasso Biancucci, Raquel. Olivera, Luisa. Perdia, Raúl (Roberto Cirio, Aka Pelado O Carlos, Comandante). Pisarello, Rolando Ramón. Prado, Miguel A. Prat, Sergio Rubén. Quiroga De Cubas, Rosario Evangelina. Quiroga Rodríguez, Marcela. Quiroga Rodríguez, Sergio. Rallis, Mariana. Riqueló, Simón Antonio (Parodi, Aníbal Armando). Santucho, Amílcar. Vaca Narvaja, Fernando (Aka Nicolás). Valenzuela, Tulio. Velando Mango, Julián Luis. Islas, Mariana (Furci, Daniela Romina). Seis blancos de Cóndor sin identificar.

Chile (42)

Almeyda, Clodomiro. Acosta Badell, Esteban. Acosta Badell, Paula. Allende Bussi, Isabel. Altamirano, Carlos. Athanasiú Laschan, Pablo Germán. Barraza Cautivo de Dergan, Ana Luisa. Beausire Alonso, Mary Anne. Benado Rejovitzky, Ernesto. Borraza, Ana Luisa. Bustos Ramírez, Juan José. Elgueta Díaz, Irma Ruth. Espinoza Machiavello, M. Angel. Fresno Ovalle, Ana María. Gariazzo Gavilán, Guillermina Alicia. Giglia de Felippi, Ledda. Hernández, Silvia. Leighton Guzmán, Bernardo. Letelier Sotomayor, Sergio Enrique. Lucero Marinello, Mónica María Inés. Meyer López, Arnoldo Osvaldo. Molinet, Ramón. Montes, Fermín. Muñoz Martínez, Sergio Edgardo. Muñoz Salas, Mario Goliat. Palma, Catalina. Pascal Allende, Andrés. Pizarro Hofer, Roberto Guillermo. Poblete Hlaczik, Claudia Victoria (hija). Quinteros Celis, Sergio. Rojas, Gloria. Rubio Farías, Gertrudis Elizabeth. Salinas Álvarez, Gabriel Alfonso. Scantlebury, Marcia. Teitelboim, Volodia. Tomic, Radomiro. Valdés, Gabriel. Valenzuela Soto, Jorge. Valenzuela, René. Vigorena Ramírez, Hugo. Vuskovic, Pedro. Zavala, Gimena.

Paraguay (14)

Meilinger de Sannemann, Gladys. Brañas Gadea, Carlos Guillermo. Campos Ruiz Díaz, Daniel. Méndez Vall, Epifanio. Méndez Fleitas, Epifanio. Guzmán Rolon Centurion, Domingo. Cabrera Maíz, Esteban. Franco Benegas, Eduardo Sotero. Franco Torres, Eduardo. Stumpfs, Nercio Anastacio. Barreiro Peña, Carlos Emilio. Ferreira, Osvaldo Heraclio. León Samaniego de Corvalán, Nilda. Giménez Gamara, Remigio.

Perú (13)

Alvarado Bravo, José Luis. Aspaza Ordóñez, Justiniano Rómulo. Baella Tuesta, Alfonso. Blanco Galdos, Hugo. Díaz Chávez, Ricardo. Diez Canseco Cisneros, Javier. Faura Gay, Guillermo. Larco, José Arce. Larrain, Humberto Damonte. Ledesma Izquieta, Genaro. Letts Colmenares, Ricardo. Napuri Schapiro, Ricardo. Pacho Quispe, Valentín.

Otros Países (10)

Koch, Edward. Moffitt, Michael. Ramírez Sánchez, Ilich («Carlos el Chacal»). Serantes, Mary. Whitecross, Cristina. Whitecross, Richard. Cuatro personas desconocidas, todos blancos de la Operación Teseo.

Bolivia (1)

Heredia, Nila

Brasil (1)

Pothe, José Francisco

Fuente: John Dinges, Base de datos de la represión transfronteriza de los países miembros de Operación Cóndor.

CRITERIOS PARA CALIFICAR UN CASO DE REPRESIÓN TRANSFRONTERIZA

Para ser calificada como víctima o blanco de la represión transfronteriza llevada a cabo por los países miembros de la Operación Cóndor entre 1973 y 1983, un caso debe cumplir con dos o más de los siguientes criterios:

En todos los casos se trata de una víctima de detención, secuestro, desaparición o ejecución, o de una persona perseguida en una operación represiva.

Por parte de la víctima

• Activista extranjero: Una persona que fue o es activista política en su país de origen, pero que reside en otro país.

• Asociación: Una persona asociada con una víctima calificada, por ejemplo, por relación familiar, de empleo, o vecindad, y que sea detenida a causa de la misma operación represiva.

• Actividad política en su país de residencia (sin que esa actividad sea exclusivamente y de larga data en organizaciones del país de residencia).

• Solidaridad internacional: Participación en actividades internacionales de oposición a las dictaduras.

• Exiliado: Persona que salió de su país de origen por temor o por razones políticas; persona con estatus de refugiada.

Por parte de la acción del Estado

• Traslado de una víctima de un país a otro.

• Traslado de agentes de Estado de un país a otro en relación a una operación represiva.

• Presencia de agentes represivos de Estado en otro país al momento de la detención, interrogatorio o traslado de una persona de la misma nacionalidad que los agentes.

• Detención de extranjero, siempre que el caso cumpla con otro criterio que indica la participación de otro país.

• Estatus de buscado: evidencia de que la persona es buscada en su país de origen por su actividad política.

• Informes de inteligencia: Evidencia de informes o comunicaciones entre países con respecto a una persona, por ejemplo Condortel o cables entre embajadas.

Otros criterios

Extranjeros ejecutados en Chile en las semanas después del golpe de Estado en Chile. Los cuarenta y nueve casos forman una categoría particular, por lo tanto se les indica con un asterisco en la lista. Fueron ejecutados en el marco de una razia contra «extremistas extranjeros» en que el nuevo gobierno militar detuvo a más de ochocientas personas por su supuesta ideología de izquierda. Las víctimas, en la inmensa mayoría de las detenciones y de las ejecuciones, fueron exiliados políticos de los países que después formarían la Operación Cóndor. Consta además la presencia de agentes militares de Brasil, Uruguay y Bolivia en los lugares de detención e interrogación.

Mención en documentos de terceros países, por ejemplo documentos desclasificados de Estados Unidos.

Informes de derechos humanos con conclusión de la participación de actores de un Estado otro que el país de origen, que se indican, por ejemplo, con la frase «secuestro en el marco de la Operación Cóndor.»

Otras evidencias circunstanciales que pueden crear una presunción fundada de la coordinación internacional.

Tabla 3

MILITANCIA VICTIMAS 1973-1983

Resumen: La represión llevada a cabo por la Operación Cóndor tuvo como objetivo una amplia gama de adversarios a las dictaduras. El mayor objetivo de la represión coordinada fue, con mucho, el MLN-Tupamaros. La Junta Coordinadora Revolucionaria, de la que formaba parte el MLN-T, representó el 25 por ciento del total de víctimas. Montoneros, un aliado cercano que proporcionó fondos a la JCR, tuvo el 10 por ciento de las víctimas. Los grupos uruguayos fueron un foco importante. De hecho la represion internacional cobró más víctimas uruguayas afuera del país que adentro.

País donde fue cometido el delito (lugar de detención, secuestro, muerte, atentado)

Fuente: John Dinges, Base de datos de la represión transfronteriza de los países miembros de Operación Cóndor, 2021.

* Miembro JCR

Siglas: Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR); Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T); Partido de Trabajadores Revolucionarios-Ejercito Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP); Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR); Ejército de Liberación Nacional (ELN); Partidos Comunista Argentino, Uruguayo, Paraguayo, Chileno (PCA, PCU, PCP, PCCh); Partido Comunista Revolucionario (PCR); Partido Para la Victoria del Pueblo (PVP); Grupos de Acción Unificadora (GAU); Partido Socialista Chileno (PSCh); Partido Demócrata Cristiano (PDC).

* Países que eventualmente formaron parte de la Operación Cóndor.

Nota: Los exiliados de las dictaduras latinoamericanas se juntaron en Chile con miles de personas de otros países latinoamericanos, de Europa y de Estados Unidos que simpatizaron con el experimento socialista de Allende. Se han constatado indicios de intercambio de inteligencia y otras coordinaciones por parte de los países de futuros miembros de Cóndor, incluyendo la presencia en los centros de detención de interrogadores de Argentina, Brasil y Uruguay.

Fuente: Detenidos y liberados: Manuel Contreras, La verdad histórica: El ejército guerillero. Las listas de Contreras no incluyen los detenidos que fueron asesinados. Los datos de los muertos/desaparecidos provienen de las listas CNRR.

Reconocimiento de las fuentes y de las personas que hicieron posible este libro

Este libro es en gran parte historia de un mundo secreto. Abarca de un modo general el periodo 1973-1983, del golpe militar chileno hasta la caída del gobierno militar argentino. Gobernaban las dictaduras militares en la mayor parte de América del Sur. He intentado hablar con los principales actores —oficiales de las fuerzas de seguridad, líderes de los grupos armados de izquierda y funcionarios estadounidenses—, quienes en su momento se esforzaron por mantener sus actividades en secreto. Están muertos muchos de los que estuvieron involucrados directamente, en particular entre los que se oponían a los gobiernos militares. Muchos otros, entre los militares e incluso entre los exfuncionarios de Estados Unidos, siguieron ocultando lo que hicieron. Pero ningún grupo fue impermeable y pude entrevistar u obtener testimonio de más de doscientas personas que participaron en los sucesos de aquel periodo. La segunda fuente más importante de nueva información confiable es la gran cantidad de documentos secretos de la época que han sido descubiertos, confiscados u oficialmente desclasificados en años recientes.

He tratado de reunir esos documentos y entrevistas para lograr una base sólida y confiable para la reconstrucción de acontecimientos que alguna vez fueron secretos. En las entrevistas pude refrescar los recuerdos de los entrevistados con los documentos de la época —en muchos casos documentos que ellos mismos habían firmado. Pero más importante aún es que estos documentos proveyeron un soporte fáctico que ya no puede ser alterado por recuerdos erróneos o interesadamente parciales. Cuando se presentó un conflicto entre los documentos y los recuerdos, por lo general otorgué mayor autoridad a los primeros, habida cuenta de que habían transcurrido más de cuatro décadas de los hechos.

De las colecciones de documentos, cuatro fueron utilizadas de forma más amplia. Por orden ejecutiva el gobierno de Estados Unidos desclasificó cerca de veinticuatro mil documentos sobre Chile y once mil sobre Argentina del periodo de los gobiernos militares; entre los de Argentina hay una significativa cantidad que se refiere a hechos ocurridos en Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Las desclasificaciones continuaron hasta el año 2019, con la entrega de más de siete mil documentos para finalizar el «Proyecto Argentino». Un inmenso archivo de la policía secreta de Paraguay fue descubierto en ese país en 1992 y se conserva en Asunción. Por otra parte, obtuve copias de la correspondencia secreta entre el servicio chileno de inteligencia, la DINA, y su agente encubierto en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, la que suma alrededor de dos mil cuatrocientas páginas. Además, invocando la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA) pedí y recibí cerca de dos mil páginas de archivos desclasificados de organismos estadounidenses. Finalmente, los gobiernos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, después de largos años de renuencia, han empezado a abrir sus archivos del mismo periodo. Con esa apertura, se hizo posible las investigaciones de los tribunales de Chile y Argentina, que aportaron una riqueza de testimonios y documentación, incluso desde adentro de las instituciones militares.

Es necesario aclarar algo sobre la condición de «secretos» de los documentos de inteligencia. Estos suelen tener un aura especial, porque pueden proveer una visión desde adentro de los hechos o revelar acciones hasta entonces desconocidas; pero no por ser secretos están inmunizados contra la imprecisión, y son fácticos en la misma medida que las fuentes y la información de que dependen. Siempre que fue posible, por lo tanto, procuré confirmar de manera independiente lo descrito en los documentos de inteligencia. El hecho de que hayan sido mantenidos en secreto durante todos estos años, sin embargo, nos dice algo importante: es muy improbable que los responsables estuvieran manipulando hechos o preparando mentiras para engañar al público, ya que nunca contemplaron que el público podría verlos. Lo que hacían los autores era intercambiar entre ellos y con departamentos de inteligencia aliados su mejor información acerca de acontecimientos que estaban en desarrollo. Los documentos constituyen entonces guías fiables de lo que los agentes de inteligencia y sus superiores percibían en el momento como una versión precisa de los hechos.

Los documentos secretos demuestran,por ejemplo,que los servicios de inteligencia militar estaban preocupados por una alianza de grupos armados de izquierda llamada JCR (Junta Coordinadora Revolucionaria), y la percepción de esta amenaza fue un factor importante en la creación de la alianza de los propios militares: la Operación Cóndor y las iniciativas anteriores de coordinación represiva. En realidad, la capacidad militar de los grupos de izquierda nunca presentó una amenaza seria para los dictadores y, vista ahora, la descripción de esa amenaza parece exagerada. Pero es innegable que los servicios militares otorgaron alta credibilidad a la información que estaban intercambiando en secreto.

Me he preocupado al máximo de transparentar mis fuentes para que el lector pueda evaluar la solidez de la narrativa que presento. Identifico la documentación y las fuentes humanas en notas detalladas. Evito en lo posible el uso de fuentes anónimas. En cuanto a la transcripción textual de una conversación, se basa en el testimonio de al menos una de las partes intervinientes. Las notas de documentación y explicación de fuentes se encuentran en la sección al final del libro. En algunos casos he incluido notas a pie de página cuando se trata de hechos o explicaciones relevantes, pero que no son centrales a la línea narrativa.

En el desarrollo de esta investigación me reuní con una amplia comunidad de periodistas, abogados, jueces y defensores de los derechos humanos que han estado trabajando, durante todos estos años, para que se haga justicia y prevalezca la verdad sobre los terribles sucesos de aquellos años en los países del extremo sur de América. Aprendí de todos ellos y en muchos casos me ayudaron de manera directa. Vaya mi agradecimiento y admiración para Joan Garcés, quien ideó la estrategia legal internacional que condujo al arresto del general Pinochet en Londres, y que sentó un precedente para importantes avances en la jurisprudencia internacional relativa a los derechos humanos. Ese triunfo se construyó sobre el trabajo fundamental del juez Giovanni Salvi, de la corte federal de Roma, y de los exfiscales adjuntos estadounidenses E. Lawrence Barcella y Eugene Propper, y sus colegas del FBI, los agentes especiales Carter Cornick y Robert Scherrer, quienes —empezando ya en los años de plena dictadura— fueron los primeros en investigar judicialmente los asesinatos internacionales documentados en este libro.

Para la presente versión del libro, que representa importantes avances en la investigación, quiero reconocer el trabajo tanto jurídico como periodístico y académico de quienes han contribuido, en los años más recientes, a destapar los secretos de la Operación Cóndor. En particular aprecio las investigaciones de Francesca Lessa, Patrice McSherry, Roger Rodríguez, Carlos Osorio, Luis Claudio Cunha, Jair Krischke, Roberto Simon, Melisa Slatman, Jorge Escalante y Sandro Gaete. He aprendido de todos ellos, y he tratado de tomar en cuenta sus ideas analíticas y de incluir sus adiciones al registro de hechos. Pascale Bonnefoy ha contribuido de muchísimas maneras: como investigadora en la primera edición, traductora de la nueva edición, y como colaboradora, colega y amiga durante todo el proceso.

También agradezco los aportes y la generosidad de los fiscales Giancarlo Capaldo, de la corte federal de Roma; Roger Le Loire, de la corte criminal de Francia, y Pablo Ouviña de la Justicia Federal argentina, ademas de Óscar Aguirre, secretario judicial del juez Rodolfo Canicoba Corral, todos los cuales sostenían pioneros procesamientos por violaciones a los derechos humanos centrados en los crímenes de la Operación Cóndor. En Chile, los jueces Juan Guzmán y Mario Carroza, entre otros, han realizado un singular trabajo para superar el clima hostil en el ámbito judicial posdictatorial respecto de los procesamientos por violaciones a los derechos humanos que, si alguna vez fueron escasos, llegaron a convertirse en noticia cotidiana.

Muchos de los abogados y fiscales que trabajaron tras bambalinas en estos casos paradigmáticos fueron extraordinariamente generosos al ayudarme. Mi agradecimiento a Anabel Alcaide, Carlos Zamorano, Sophie Thonon, William Bourdon, Hernán Quezada, Alejandro González, Cristina Mihura y Giulia Barrera.

Por la tarea de registrar y desentrañar miles de documentos utilizados en mi investigación, y por una multitud de otros trabajos indispensables durante los años dedicados a este libro, quiero agradecer a mis hábiles investigadores Stacie Jonas, Kate Lasso, Nicholas Udugama, Francisco Rivera, Karla Polito, Vicente Cancino, Antonia Fonck y Julie Whelan Capell. Tomás Dinges hizo el indispensable chequeo de datos y una despojada mirada editorial. El Archivo Nacional de Seguridad o National Security Archive, del que soy investigador adjunto, apoyó mi búsqueda documental y mis solicitudes amparadas por la FOIA. Agradezco al director Tom Blanton y a los analistas Peter Kornbluh y Carlos Osorio, quienes participaron en la búsqueda de pruebas documentales que resultaron claves para este libro. El trabajo de Kornbluh, The Pinochet Files, forma parte del canon de libros investigativos sobre la dictadura de Chile y de la Operación Cóndor.

La Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia apoyó mi proyecto con generosas licencias académicas, pero más que nada con un ambiente de excelencia profesional y de fomento al mejor periodismo de investigación. Agradezco a las instituciones que contribuyeron con sustento financiero y personal: a la Fundación Ford, y el apoyo de Alexander Wilde, Augusto Varas, Martín Abregú y Javier Ciurlizza; al Fund for Constitutional Government, y el apoyo de Conrad Martin; al Freedom Forum Pacific Coast Center, y a la Fundación Sam Rubin.

Para esta nueva edicion en español fue indispensable el apoyo de los editores Aldo Perán y Melanie Jösch de Penguin Random House. Muchos otros amigos y colegas en Estados Unidos y en los países donde realicé el grueso de mi investigación ayudaron en cientos de formas, pero más que nada brindaron una comunidad de amistad e interés durante mis viajes a sus respectivos países. Agradezco a Stella Calloni, Miriam Lewin, Alejandro Inchaurregui, Horacio Verbitsky, Luis D’Andrea Mohr, Jorge Boimvaser, María Seoane, Arnol Kremer, Víctor Gariboldi, Carlos Libenson, Claudio Jacquelin, Walter Goobar y Daniel Santoro en Argentina; a Alfredo Boccia, Martín Almada, Rosa Palau, Julia Fernández Albertini, Carlos Mojoli y Aldo Zocolillo, en Paraguay; a Manuel Flores, Roger Rodríguez, Raúl Roncinni, Daniel Gianelli, Danilo Arbilla, Raúl Olivera, Rafael Michelini, Mariela Salaberry, Ana Laura Lissardi, Alfonso Lessa y Luis Nieto, en Uruguay; a María Luisa Ortiz y Soledad Díaz, del Museo de la Memoria, Patricia Verdugo, Javier Rebolledo, María Olivia Monckeberg, Mónica González, Pedro Matta, Manuel Cabieses, Andrea Palet, Gerardo García-Huidobro, Catherine Kenrick y John O’Leary, en Chile; y en Estados Unidos, a Elizabeth Farnsworth, Martin Edwin Andersen, Franklin «Tex» Harris, Dale Van Atta, Paz Cohen, Brad Eidahl, Don Bohning, JeffStein y Sarah Anderson.

Finalmente quiero agradecer a muchas otras personas que aceptaron ser entrevistadas y que se esforzaron por ayudarme a reconstruir la verdad sobre hechos de sus vidas y actividades ya muy lejanas en el tiempo. Muchas son mencionadas como fuentes en este libro. Más allá de proveer información sobre los casos de sus seres queridos, varias personas, mayoritariamente mujeres, han hecho un esfuerzo notable y generoso en cuanto a su tiempo y a la facilitación de contactos para avanzar en mi investigación. En ese sentido, agradezco especialmente a Paulina Veloso de Jaccard, Mariela Salaberry de Cores, Jacqueline Claudet, María de la Luz Lagarrigue de Biedma, Luzmila Ortiz de Fuentes, Sonia Fuentes y Ximena Andrade. Espero que el relato final les parezca una valiosa justificación por el tiempo que me dedicaron. En cuanto a aquellos que no coinciden con mi versión en detalles más o menos importantes, o encuentran que difiere de algunas interpretaciones políticas largamente sostenidas acerca de los sucesos de aquellos años, solo puedo pedirles que evalúen las evidencias que he traído al registro histórico y las juzguen con mente abierta. He hecho mis mayores esfuerzos para evitar errores y lamento si quedaron algunos.

Mi familia fue un ancla en este largo y a veces arduo emprendimiento. Carolina, mi esposa, vivió «los años del Cóndor» conmigo en Chile, y nuestro hijo Tomás nació allí. Sebastián y Camila entraron en la juventud mientras este libro era concebido y escrito. Ellos son mi mayor bendición, y su amor me ha dado inspiración y alegría. Ellos han procurado siempre comprender mi obsesión por establecer la verdad, para que la búsqueda de justicia siga avanzando sin importar el tiempo que nos lleve.

La amistad y mentoría de Saul Landau cambió mi vida. Nos juntamos para escribir Assassination on Embassy Row, y con ello me embarcó en la ruta de la investigación y escritura que continúa hasta hoy, con este libro. Él fue el persecutor original de la justicia, una búsqueda que solo cesó con su fallecimiento en 2015.Auténtico hombre de izquierda, Saul no solo fue un patriota, sino uno de los más potentes y efectivos críticos de la doctrina de seguridad nacional, que tanto daño ha hecho a nuestros países. Por eso la dedicatoria a él, a quien considero mi conciencia política, junto con la de Carolina, para lo que es de muchas maneras un nuevo libro.

John Dinges, 2021

En @condoryears, <www.johndinges.com> y <archivoschile.org> se pueden encontrar otros hallazgos de la investigación sobre los años del Cóndor, incluyendo documentos originales e índices documentales.

Bibliografía selectiva

Todas las afirmaciones fácticas de este libro se basan en pruebas, cuyas fuentes se revelan y explican de la forma más completa posible en las notas, para que otros investigadores puedan confirmar mis conclusiones y replicarlas en investigaciones posteriores. Esta bibliografía es una lista de los informes más importantes, de los fondos documentales desclasificados, de los archivos judiciales, de los libros y de otras fuentes documentales utilizadas para establecer un relato factual verificable de la Operación Cóndor y de la represión transfronteriza. Además de más de doscientas entrevistas, estas son las fuentes primarias utilizadas en esta investigación. En ningún caso este libro cita o se basa en literatura secundaria, como otros libros o artículos, cuando se trata de cuestiones de hecho, a menos que los autores de esos relatos proporcionen fuentes verificables que puedan ser comprobadas.

Informes del Congreso

• «Covert Action in Chile 1963-1973: StaffReport of the Select Committee To Study Governmental Operations With Respect to Intelligence Activities» (Actividades encubiertas en Chile 1963-1973: Informe al Comité Especial del Congreso y el Senado para el Estudio de Operaciones Gubernamentales en torno a Actividades de Inteligencia), Senado de Estados Unidos, 18 de diciembre de 1975. (Church, Covert Action in Chile, 1975).

• «CIA Activities in Chile» (Actividades de la CIA en Chile), Informe de la CIA al representante Maurice D. Hinchey (demócrata por el estado de Nueva York) y al Comité Especial sobre Actividades de Inteligencia, no clasificado, 18 de septiembre de 2000. (Informe Hinchey 2000).

• «Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders: Interim Report of the (Senate) Select Committee on Intelligence Activities» (Presuntas conspiraciones para asesinar a líderes extranjeros: informe provisional del Comité Especial (del Senado) sobre Actividades de Inteligencia), noviembre de 1975. (Informe Church sobre Asesinatos 1975).

• «Senate Foreign Relations Committee, Activities of Certain Foreign Intelligence Agencies in the United States» (Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Actividades de Ciertos Organismos de Inteligencia Extranjeros en Estados Unidos), 18 de enero de 1979, obtenido por el autor en el año 2000 y desclasificado en el marco del Proyecto Argentina en 2019. El informe fue escrito por personal del consejero Michael Glennon para un subcomité presidido por el senador George McGovern. (Informe McGovern 1979).

Documentos desclasificados

• Proyecto Argentina de desclasificación. Una primera colección de aproximadamente cuatro mil documentos del Departamento de Estado fue puesta a disposición del público en septiembre de 2002 de acuerdo con una orden, fechada dos años antes, de la secretaria de Estado Madeleine Albright, y ejecutada por el gobierno del presidente George W. Bush. Otras entregas de documentos del Departamento de Estado, la CIA, el FBI y el Departamento de Defensa fueron acordadas por el gobierno del presidente Barack Obama y el presidente Donald Trump en 2016, 2017 y —la entrega más significativa y completa— en abril de 2019. (Proyecto Argentina).

• Proyecto Chile de desclasificación. En el año 2000, en respuesta a una orden ejecutiva del presidente Clinton, el gobierno de Estados Unidos liberó veinticuatro mil documentos hasta entonces secretos, incluyendo dieciocho mil del Departamento de Estado, dos mil doscientos de la CIA, y el resto del Pentágono y otros organismos gubernamentales. Otras entregas de documentos se llevaron a cabo en 2015 y 2016. (Colección Chile).

• State Department Virtual Reading Room. Repositorio de las colecciones más importantes de documentos estadounidenses desclasificados en los últimos años, incluidas las colecciones entregadas por el Departamento de Estado, la CIA, el FBI y el Departamento de Defensa relacionadas con el periodo de los años Cóndor. El repositorio es completo y con capacidad de búsqueda al 100 por ciento. < https://foia.state.gov/Search/Search.aspx>

• Archivo de Arancibia. Documentos confiscados a Enrique Arancibia Clavel por las autoridades argentinas en 1978 y archivados en la Corte Federal de Buenos Aires. Están identificados por fecha, número de carpeta y de documento, asignados por la Corte: IA, IB, II, III, IV and V. Cada carpeta contiene unas trescientas páginas en orden cronológico inverso. Copia del autor accesible en National Security Archive. (Archivo Arancibia).

• Foreign Relations of the United States (FRUS), Departamento de Estado. Varios volúmenes de documentos desclasificados en los últimos años con su contexto histórico: FRUS vol. E–16, Chile, 1969-1973; FRUS 1969-1976 Volume XXI Chile 19691973; FRUS Vol. E-11 part 2 South America 73-1976; FRUS 1977-1980 Vol. 24 South America.

• Documentos militares argentinos desclasificados como parte de los juicios a los jefes de la Junta en la década de 1980: Roberto Viola, Anexo 1 (Inteligencia) A la Directiva del Comandante General del Ejército N 404/75 (Lucha contra la subversión), 28 de octubre de 1975; Jorge Videla, A la Directiva del Comandante General de Ejército N 404/75 (Lucha contra la subversión), 28 de octubre de 1975; y Apéndice 1 (Síntesis de su origen y evolución. Doctrina-OPM-PRT-ERP y JCR) al Anexo 1 (Inteligencia) A la Directiva del Comandante General del Ejército N 404/75 (Lucha contra la subversión), 28 de octubre de 1975. Estos documentos están archivados en las oficinas del CELS en Buenos Aires.

• Archivo de Paraguay. Una habitación llena de documentos de las unidades de la policía de inteligencia paraguaya, descubierta por un juez paraguayo en 1992 y puesta a disposición del público. La colección, conocida en Paraguay como «el Archivo del Terror», tiene aproximadamente seiscientas mil páginas y está albergada en el octavo piso del Palacio de Justicia en Asunción. Las referencias incluyen el título del documento (si está disponible), fecha y número de microfilm. A la fecha, no existe un catálogo consistente de los documentos. El autor posee copias de aproximadamente tres mil páginas de documentos seleccionados del archivo. (Archivo Paraguay).

• Documentos obtenidos por el autor al amparo de la FOIA. Documentos del gobierno de Estados Unidos obtenidos en respuesta a solicitudes del autor de acuerdo con la Ley de Libertad de Información (FOIA).

• Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Muchos documentos del archivo fueron destruidos por colaboradores del gobierno militar en los primeros años de gobierno constitucional después de 1990. Sin embargo, un funcionario del ministerio seleccionó una compilación de documentos para salvarlos de las llamas. Los documentos mostraron la colaboración de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores con la DINA y la Operación Cóndor. Entre ellos el Acta de Clausura de la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional, con fecha del 28 de noviembre de 1975. Los 355 documentos salvados fueron entregados a CODEPU, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, una organización privada de derechos humanos. Ahora forman parte del Archivo del Museo de la Memoria, colección 31. (Archivo RREE).

• Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional. Santiago, 29 de octubre de 1975 (Archivo Paraguay 22:0155-0165).

• National Security Archive, Gelman Library, George Washington University. La NSA ha compilado una serie de «Briefing Books» sobre la Operación Cóndor, basados sobre una selección de documentos norteamericanos desclasificados. Véase: <https://nsarchive.gwu.edu/>

Informes sobre derechos humanos

• Argentina: Nunca más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba, 1984.

• Chile: Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de violencia política, Santiago, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996. Actualizado 2011.

• Chile: Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, tomos 1, 2, 3, Santiago, 1996. Tambien conocido come Informe Rettig. El informe se presentó por primera vez en 1991, y la lista de víctimas ha sido actualizada en otras comisiones.

• Chile: Archivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, accesible en: <museodelamemoria.cl> (Archivo MMDH)

• Uruguay:Raúl Olivera,El contexto represivo,PIT/CNT,circa 2000. El documento electrónico incluye setenta y cinco páginas de cronología con vínculos a las transcripciones de casi cien testimonios.

• Uruguay: Uruguay nunca más: Informe sobre la violación a los derechos humanos 1972-1985, Serpaj-Uruguay, 1989.

• Uruguay: Investigación Histórica Sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay (1983-1985), Universidad de la República 2008, actualizado en 2015. (Investigación Histórica Uruguay)

• Paraguay: Informe Final, Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, 2008.

Investigaciones judiciales

• Caso español contra Pinochet. Procesamiento, 12 de diciembre de 1998. Sumario terrorismo y genocidio, «Operativo Cóndor», Juzgado Central de Instrucción Número Cinco, Audiencia Nacional, Madrid. El documento, de 239 páginas, incluye una síntesis de la prueba principal.

• Investigación Leighton. Testimonios ante el juez Giovanni Salvi en la investigación del caso Leighton, Tribunale di Roma. Se incluyen: Stefano Delle Chiaie, Vincenzo Vinciguerra, Aldo Stefano Tisei, Christoph Willeke, Mariana Callejas Honores, Alejandra Damiani, Marcia Alejandra Merino Vega, Luz Arce Sandoval, Ingrid Felicitas Olderock Bernhard, WolffH. Von Arnswaldt, Enrique Arancibia Clavel, Marcia Merino, Mario Ernesto Jahn Barbera, Carlos Labarca.

• Investigación Prats. Autos de procesamiento:Introducción y pruebas, 26 de junio de 2001. «Procesamiento: introducción y evidencia» contra oficiales chilenos y argentinos por el homicidio de Carlos Prats, producido en el caso investigado por la jueza María Servini de Cubría. El documento de treinta y cinco mil palabras resume el testimonio de testigos entrevistados por la jueza.

• Investigación Prats. Autos de sentencia, 27 de noviembre de 2000. Documento de sesenta y tres mil palabras que contiene más pruebas.

• Investigación Letelier. Declaración de Contreras a la Corte Suprema de Chile en su defensa contra la extradición a Estados Unidos, 1979. Transcripción sin fecha en poder del autor.

• Investigación del asesinato Letelier-Moffit, Washington D.C. Transcripción del juicio oral desarrollado entre enero y febrero de 1979, testimonios de testigos ante el Gran Jurado, evidencia y pruebas enviadas a Chile para apoyar el pedido de extradición, informes de Michael Townley y docenas de otras fuentes (FBI «302»). El «Paquete de extradición» enumera 157 de tales declaraciones y otras pruebas.

• Michael Vernon Townley. Testimonio en el caso Prats, 9 de noviembre de 1999, Alexandria, Virginia, en sesión cerrada ante la jueza argentina María Servini de Cubría y el funcionario del Departamento de Justicia John Beasley.

• Michael Vernon Townley. Testimonio en el caso Leighton ante el juez italiano Giovanni Salvi, Alexandria, Virginia, 24 de noviembre de 1992, 24-25 de febrero de 1993, y 9 de julio de 1993.

• Juicio Cóndor Argentina (JCA): Sentencia en las causas 1504, Videla, Jorge y otros, 1951 Lobaiza, Humberto, y otros, 2504 Falcón, Néstor y otros, 1976 Furci, Miguel, Tribunal Oral en Lo Criminal 1, Buenos Aires, 9 de agosto de 2016, 5219 páginas.

• Juicio Cóndor Chile (JCC): Sentencia, rol. 2182-98, «Episodio Operación Cóndor», 909 páginas, Corte de Apelaciones de Santiago, dictada en septiembre de 2018. El autor dispone también de una copia del «expediente» —el archivo oficial del caso—, de más de veintitrés mil páginas en pdf.

• Alegato del MPF en Plan Cóndor, por el fiscal Pablo Ouviña. «Alegato JCA».

• Sumario «Comando de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, Córdoba, LETRA 4I7/ No 0035/CDE 1/ Año 1977»EJERCITO ARGENTINO/ Archivo Judicial del Consejo Supremo de las FFAA carpeta 10720/ expediente 80739. Investigación interna de extorsión y otros crímenes por personas asociadas a OT 18 (Orletti). Citado en JCA Sentencia.

• El Batallón de Inteligencia 601, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Programa Verdad y Justicia, Argentina 2015. Un informe sobre la estructura y funcionamiento de las operaciones de inteligencia relacionadas a la represión nacional internacional basado en las evidencias del Juicio Cóndor en Argentina.

• «Caso Goiburú y otros vs. Paraguay», 22 de septiembre de 2006, Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Historia oral

• The Association for Diplomatic Studies and Training, Foreign Affairs Oral History Project (Proyecto de Historia Oral sobre Asuntos Exteriores). Los testimonios consultados incluyen a: Harry Shlaudeman, Hewson Ryan, Ernest Siracusa, Thomas Boyatt, George Landau, William D. Rogers, William P. Stedman y Robert W. Zimmermann.

Libros

Almada, Martín, Paraguay: la cárcel olvidada, el país exiliado, Asunción, Imprenta Salesiana, 1993.

Andersen, Martin Edwin, Dossier Secreto: Argentina’s Desaparecidos and the Myth of the «Dirty War», Boulder, Colorado, Westview, 1993. Dosier secreto, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

Andrew, Christopher y Vasili Mitrokhin, The World Was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World, Basic Books 2005.

Armony, Ariel C., Argentina, The United States, and the Anti- Communist Crusade in Central America, 1977-1984, Athens, Ohio, Ohio University Press, 1997. La Argentina, los Estados Unidos y la cruzada anticomunista en América Central, 1977-1984, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1999.

Blixen, Samuel, El vientre del Cóndor. Del Archivo del Terror al caso Berríos, Montevideo, Brecha, 1994. Boccia Paz, Alfredo, Myriam Angélica González y Rosa Palau Aguilar, Es mi informe: los archivos secretos de la policía de Stroessner, Asunción, CDE, 1994.

Boccia Paz, Alfredo, Miguel H. López, Antonio V. Pecci y Gloria Giménez Guanes, En los sótanos de los generales: los documentos ocultos del operativo Cóndor, Asunción, Expolibro/Servilibro, 2002.

Boimvaser, Jorge D., Los sospechosos de siempre: historia del espionaje en la Argentina, Espejo de La Argentina, 2001.

Bonnefoy, Pascale, Terrorismo de Estadio: prisioneros de guerra en un campo de deportes, Santiago, Editorial Latinoamericana, 2016 Brum, Pablo, Patria para Nadie: Los Tupamaros de Uruguay, 1962-1973, 2014, disponible en Amazon.

Calloni, Stella, Los años del lobo: Operación Cóndor, Buenos Aires, Ediciones Continente, 1999.

Calloni, Stella, Operación Cóndor. Pacto Criminal, Fondo Cultural del ALBA, 2006.

Calloni, Stella, CIPDH, et al. Operación Cóndor: 40 años después, Baltasar Garzón Real (coordinador). Redactores: Stella Calloni, Agustín Algaze, Mauro Arlando. Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) UNESCO, 2016.

Castañeda, Jorge G., Utopia Unarmed: The Latin American Left After the Cold War, Nueva York, Knopf, 1993.

Cunha, Luis Claudio, Operación Cóndor: El Secuestro de los uruguayos, SERPAJ, Montevideo, 2017.

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Dutrenit, Silvia, et al. El Uruguay del exilio: gente, circunstancias, escenarios, Ediciones Trilce, 2006.

Enrique Foch Díaz, João Goulart: el crimen perfecto, Montevideo, Arca, 2001.

Hersh, Seymour, The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House, Nueva York, Summit, 1983.

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Lessa, Alfonso, Los Tupamaros y el fracaso de la vía armada en el Uruguay del siglo XX, Montevideo, Fin de Siglo, 2002.

Lessa, Francesca, Operation Condor on Trial: Justice for Transnational Human Rights Crimes in South America, Journal of Latin American Studies, Cambridge University Press, 2018. [La autora publicará su nuevo libro, The Condor Trials, en 2022, con análisis de los juicios en Argentina, Chile e Italia.] Lewis, Paul H., Guerrillas and Generals: The «Dirty War» in Argentina, Westport, Connecticut, Praeger, 2002.

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Mariano, Nilson Cezar, Operación Cóndor: terrorismo de estado en el Cono Sur, Buenos Aires, Lohlé-Lumen, 1998.

Martorell, Francisco, Operación Cóndor: el vuelo de la muerte, Santiago de Chile, LOM, 1999.

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Trías, Ivonne, Hugo Cores: pasión y rebeldía en la izquierda uruguaya, Trilce, 2008.

1. La represión cruza las fronteras

1 Interrogadores extranjeros: Declaración judicial de Sergio Fernández Carranza en el proceso Jose Wannio de Mattos Santos, 179-2011, 7 de julio de 2012.

2 En el Anexo se encuentra un detallado recuento estadístico de los crímenes, las víctimas y los lugares del crimen, basado en los datos compilados por el autor.

3 Véase el capítulo 9 para más detalles sobre el número de muertes y desapariciones.

4 El primer relato completo sobre la investigación de EE.UU. del caso está en mi libro Asesinato en Washington, escrito en colaboración con Saul Landau y publicado en 1980, con nuevas ediciones en 1990 y 2014.

Reflexión del secretario adjunto Hewson Ryan * Se refiere a personas ejecutadas en Chile luego del golpe de Estado de septiembre de 1973.

2. Reunión en Santiago

1 Testimonio del general Mario Jahn. En: Juicio en la Corte de Apelaciones de Santiago 2182-98 «Operacion Condor», f. 2375-2379. Jahn dijo que participó solo en la primera sesión: «Es posible que haya sido presidida por el general Pinochet o por alguno de los miembros de la junta, dada la importancia que se quería otorgar a esta conferencia».

2 Documentos y fuentes: Documentos fundacionales de la Operación Cóndor. El primero, encontrado en el Archivo de Paraguay, es una agenda de la reunión de once páginas, aparentemente distribuida por anticipado a los participantes: Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, Secreto, Santiago, 29 de octubre de 1975. Archivo de Paraguay 22:0155-0165, en adelante Agenda del Cóndor. El segundo es el documento de cierre de la reunión: Acta de Clausura de la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional, 28 de noviembre de 1975, en adelante Acta del Cóndor. Este documento fue encontrado en el Ministerio de Asuntos Exteriores chileno y entregado al diario La Nación, que escribió por primera vez sobre el mismo el 16 de junio de 1999. Gracias al editor Ascanio Cavallo por proveer copias del mismo al autor. Ademas, se encuentra abundante informacion adicional en los procesos judiciales, principalmente en Chile (caso 2182-98 «Operación Cóndor») y Argentina (causa Operación Cóndor, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº. 7). En adelante se refiere a los juicios, respectivamente, como JCC, «Juicio Cóndor Chile», y JCA, «Juicio Cóndor Argentina».

3 La CIA aportó información: Declaración de Contreras a la Corte Suprema de Chile en su defensa contra la extradición a Estados Unidos por cargos en el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, transcripción sin fechar, alrededor de 1979, en poder del autor.

4 Operaciones propuestas por Chile: Entrevista telefónica con el coronel retirado José Fons, octubre de 2001.

5 El nombre de la Operación Cóndor: Acta del Cóndor. Sugerencia del coronel de la Fuerza Aérea: entrevista con Fons. Informes posteriores de la CIA y el FBI afirman que el gobierno militar de Brasil envió una delegación que permaneció con el estatus de observadora. Por eso sus representantes no aparecen en el documento final.

6 Helms informaba: CIA, «Orden especial del Presidente para Chile», 15 de julio de 1975 (Chile Declassification Project). Unos veinticuatro mil documentos sobre Chile fueron desclasificados por orden ejecutiva del presidente Clinton, 1999-2000, en adelante Proyecto Chile.

7 Asesinato de Schneider: «Actividades de la CIA en Chile», informe de la CIA para el diputado Maurice D. Hinchey (demócrata por el estado de Nueva York) y para el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado, versión no clasificada, 18 de septiembre de 2000. La sección dedicada a Schneider se atiene principalmente, a veces con citas literales, al memorándum de la CIA del 15 de julio de 1975 citado más arriba.

8 Pago de la CIA a los secuestradores: Informe Hinchey, p. 11.

3. Contra los molinos de viento

1 Último día en La Moneda: Entrevista por correo electrónico con Garcés.

2 Presentación judicial de Miravet: Los cargos apuntaban a todos los que sirvieron en la Junta entre 1973 y 1978: general de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, almirante José Toribio Merino Castro, general de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh Guzmán, general de Carabineros César Mendoza Durán, general de la Fuerza Aérea Fernando Matthei Aubel, y general de Carabineros Rodolfo Stange Öelckers.

3 Garcés menciona la Operación Cóndor: documento judicial presentado el 5 de julio de 1996 por Joan Garcés.

4 Cable sobre la Operación Cóndor: John Dinges y Saul Landau, Assassina- tion on Embassy Row (Nueva York, Pantheon, 1980), pp. 238-39. El autor obtuvo una transcripción literal, leída por Scherrer por telefono, en 1979. El cable de tres páginas fue desclasificado parcialmente en 1981 y recien en 2019 revelado en su totalidad.

5 Ni una sola investigación: Presentación de Miravet, 1 de julio de 1996.

6 Jueces de instrucción: En la mayoría de los sistemas judiciales de Europa y América del Sur, las investigaciones judiciales dirigidas al procesamiento son conducidas por un juez de instrucción que supervisa la recolección de pruebas y las evalúa de acuerdo con la decisión final de procesar al acusado o desechar los cargos. El fiscal representa al Estado y tiene mucho menos poder. En los dos casos españoles, por ejemplo, los fiscales intentaron en varias oportunidades evitar que los procedimientos avanzaran, lo que no fue aceptado por los jueces de instrucción Garzón y García-Castellón.

7 Jurisdicción universal: Ver Nigel S. Rodley, «Breaking the Cycle of Impunity for Gross Violations of Human Rights: The Pinochet Case in Perspective» (Romper el círculo de impunidad de las violaciones graves a los derechos humanos: el caso Pinochet en perspectiva), Nordic Journal of International Law 69:11-26, 2000, para un informe de la ruta legal que conecta el principio de Nuremberg con la acusación de Pinochet. Acerca de los procedimientos y las leyes españolas alrededor del caso Pinochet, ver Richard J.Wilson,«Prosecuting Pinochet:International Crimes in Spanish Domestic Law» (El procesamiento de Pinochet: los crímenes internacionales en la ley española), Human Rights Quarterly 21, pp. 927-979, 1999. La corte española estableció las bases de la legislación de ese país para su reclamo de competencia en una petición de 1997 enviada al Departamento de Justicia de EE.UU.:«Después de que esos graves hechos fueron llevados ante la Corte, el 29 de julio de 1996, se decidió que existe jurisdicción española sobre los acusados para las acusaciones del querellante y para esta Corte para conducir una completa investigación de los hechos alegados en las demandas criminales. Los artículos 65.1. (e), 88, 21.1 y 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial confieren a la Justicia nacional jurisdicción y competencia para investigar y juzgar crímenes de genocidio o terrorismo cometidos por españoles o no españoles fuera del territorio de España, así como cualquier otro delito que de acuerdo con los tratados o convenciones internacionales debería ser enjuiciado en España».

8 Cartas rogatorias: Documentos judiciales de carácter confidencial en poder del autor.

9 No se desclasifica: Morten Halperin, funcionario de la era Clinton en el Consejo de Seguridad Nacional, describió la reticencia del Departamento de Justicia en una conversación durante una reunión de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en Washington, 6 de septiembre de 2001. Varios funcionarios y exfuncionarios describieron el «cambio de roles».

10 Promesa pública: The New York Times, 27 de junio de 1997. El breve artículo fue uno de los raros informes aparecidos en la prensa estadounidense acerca del caso en marcha en España.

11 Titulares sobre Pinochet: «El hombre fuerte...», Toronto Star, 6 de noviembre de 1997; «¿Padre de la patria...?», Washington Post, 8 de diciembre de 1997.

12 Visitante discreto: Financial Times (Londres), 19 de noviembre de 1997, «Pinochet planea oficinas de armas en el Reino Unido».

13 Ley de amnistía: Su principal efecto fue permitir que los juzgados militares y civiles desestimaran cientos de casos contra personal militar acusado de crímenes contra los derechos humanos. La ley tenía una única excepción: el asesinato de Orlando Letelier. También amnistiaba a varios cientos de izquierdistas que habían sido sentenciados y encarcelados por tribunales militares, y que inmediatamente fueron expulsados al exilio.

14 Garzón agrega a Pinochet: Queja criminal, 30 de marzo de 1998, presentada por Joan Garcés en calidad de abogado de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

15 Rumores: «Pinochet en una clínica de Londres», The Independent, 12 de octubre de 1998.

16 Las medidas que sean necesarias: Petición conjunta elevada por los jueces Garzón y García-Castellón, fechada el 13 de octubre de 1998.

17 Fax desde Londres: Las acciones y reflexiones de Garzón se describen en Pilar Urbano,Garzón, el hombre que veía amanecer, Madrid, 2000, pp. 515-19.

18 «Ese comunista de Garcés». Entrevista con la intérprete. Pinochet dijo el nombre «Garcés», pero ella pensaba que se refería al juez Garzón y así transcribió sus dichos. Después se corrigió cuando supo que había otra persona, Joan Garcés, a quien era mucho más probable que conociera Pinochet y acusara de comunista.

19 Backdated documents. Entrevistas con dos fuentes que trabajaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el momento. Según una de ellas, la funcionaria encargada del «Libro de Decretos» aprovechó un espacio en él (dejado intencionalmente para este tipo de acciones) para falsear fechas [poner fecha antes], haciendo aparecer que la misión oficial de Pinochet venía de antes de su llegada a Londres.

20 Los Estados Unidos del lado de Chile...: Washington Post, 6 de diciembre de 1998, citando la declaración de Albright de unos días antes. La alusión a los procesamientos de yugoslavos y ruandeses ilustraba la línea de demarcación correspondiente a «la justicia del vencedor» que EE.UU. esperaba preservar: los procesamientos de funcionarios de esos países en tribunales internacionales por crímenes atroces se contaban entre los importantes avances en la jurisprudencia de derechos humanos. Pero estaban mucho más cerca de los límites de «la justicia del vencedor» en tanto el gobierno de Yugoslavia no era un aliado de EE.UU. en la Guerra Fría, y el gobierno acusado de Ruanda estaba del lado de los perdedores de una guerra civil. En junio de 1999, el Departamento de Estado volvió a manifestar su posición con un guiño a los procesamientos británicos, que habían reafirmado la extradición de Pinochet. «Estamos comprometidos con los principios de responsabilidad y justicia y condenamos fuertemente los abusos del régimen de Pinochet cuando estaba en el poder. Respetamos el proceso judicial británico, que está en vigencia. También creemos que, siendo consistentes con el principio de responsabilidad, es importante apoyar a los países como Chile que durante un prolongado periodo han hecho esfuerzos importantes para fortalecer la democracia y promover la reconciliación y el imperio de la ley». Informe del Departamento de Estado, 13 de junio de 1999.

21 Reunión maratónica: Morten Halperin, del personal del Consejo de Seguridad Nacional, suministró un relato de la reunión, en la que él estuvo presente.

4. Revolución durante la contrarrevolución

1 Demostró que estaban en lo cierto: Castro apoyaba firmemente el movimiento de Allende –había pasado varias semanas en Chile en 1971–, pero lo consideraba una excepción y no flaqueaba en su compromiso con la lucha armada. En 1970, durante una ceremonia en honor de Lenin en La Habana, declaró: «Cuba nunca ha negado, ni negará, apoyo al movimiento revolucionario. [...] Aquellos revolucionarios como el Che, dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias, dispuestos a luchar hasta la muerte, siempre podrán contar con la ayuda de Cuba». Ver State 48656, 16 de marzo de 1973, documento entregado al autor en respuesta a una petición al amparo de la FOIA, en lo sucesivo: Documentos obtenidos por Dinges al amparo de la FOIA.

2 «Los suboficiales»: Discurso de Enríquez en el Teatro Caupolicán, 12 de julio de 1973; citado por Mónica González, La conjura: los mil y un día del golpe, Santiago, Ediciones B, 2000, p. 203.

3 «La fuerza central»: Entrevista con Andrés Pascal, 22 de junio de 2000.

4 Pinochet se incorporó tarde: es la hipótesis de M. González en La conjura, op. cit., un libro exhaustivamente documentado, basado en entrevistas a oficiales que participaron de la conspiración golpista mucho antes de que Pinochet tomara parte en ella.

5 Población de los campos de concentración:Informe confidencial (mimeografiado) del Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI), núm. 778, alrededor de 1975, «Servicios de inteligencia del gobierno militar». Según fechas mencionadas, el documento parece haber sido preparado no más tarde de principios de 1975.

6 Entrenamiento en contrasublevación: CIA DO [Directorate of Operations, Dirección de Operaciones], Western Hemisphere Brief, 3 de octubre de 1973 (Proyecto Chile).

7 Entrenamiento brasileño: CIA DI [Directorate of Intelligence, Dirección de Inteligencia], 6 de septiembre de 1974 (Proyecto Chile): «Se sabe que los servicios de seguridad han estado enviando oficiales a Brasil para recibir entrenamiento en inteligencia y que oficiales brasileños han ido a Chile en calidad de asesores durante los primeros meses de gobierno de la Junta». La inteligencia militar de Brasil ha estado prestando ayuda a su contraparte de Chile «en sus esfuerzos por derrocar a Allende», según un funcionario de inteligencia de Estados Unidos apostado en la región.

8 «Aunque la CIA no instigó...»: Informe Hinchey, p. 5.

9 Apoyo de Estados Unidos antes del golpe: Covert Action in Chile 19631973: StaffReport of the Select Committee To Study Governmental Operations With Respect to Intelligence Activities (Actividades encubiertas en Chile 1963-1973: Informe al Personal del Comité Especial para la Investigación de las Operaciones Gubernamentales referidas a Actividades de Inteligencia), Senado de EE.UU., 18 de diciembre de 1975 (en lo sucesivo Informe Church). Este informe contiene otros detalles referidos a este periodo, incluyendo una compilación de «listas de arrestos», presumiblemente de izquierdistas que serían capturados en caso de un golpe:

«Simultáneamente la Central y la Misión discutían el uso de redes de inteligencia y el operativo de engaño. En noviembre, la Misión sugirió que el objetivo último del programa de penetración militar era un golpe. La Central, como respuesta, rechazó dicha hipótesis, advirtiendo que la CIA no tenía la aprobación del Comité de los Cuarenta para involucrarse en un golpe. Sin embargo, la Central reconoció la dificultad de trazar una línea clara entre el hecho de vigilar una conspiración golpista y participar en ella. Asimismo, admitió que el deseo del gobierno de Estados Unidos de estar en contacto de manera clandestina con los militares conspiradores, sin importar la razón, bien podría dar lugar a que ellos esperen apoyo de Estados Unidos para sus planes futuros.

Durante el periodo 1970-73, la Misión reunió la información operativa de inteligencia que sería necesaria en caso de un golpe: listas de arrestos, instalaciones civiles vitales, personal que necesitaría protección, instalaciones gubernamentales críticas que habría que controlar, y planes de contingencia del gobierno que se deberían implementar en caso de levantamiento militar. Según la CIA, se reunió dicha información solo para ser utilizada en caso de que, en el futuro, la Central pudiera solicitarla, y nunca se entregó a las fuerzas armadas chilenas».

10 Debate de la CIA sobre el apoyo al golpe: CIA DO, documentos con fecha 3 de noviembre de 1971, 9 de noviembre de 1971, 12 de noviembre de 1971 y 1 de diciembre de 1971 (Proyecto Chile): brindan una rara y fascinante oportunidad de adentrarse en el proceso de planificación de las actividades encubiertas de la CIA. Los dos últimos están citados en el texto.

11 Actividad de la CIA: Informe Hinchey, pp. 2, 5. El carácter exculpatorio del informe no se relaciona directamente con el punto que se quiere demostrar aquí, pero debería ser tomado en cuenta para tener una idea más completa. La primera oración continúa así: «[...] pero no ayudó a Pinochet a asumir la Presidencia. En realidad, numerosos funcionarios de la CIA compartían las profundas reservas de Estados Unidos respecto de la idea fija de Pinochet de alcanzar el poder». El Informe Church plantea lo mismo: «Después del golpe, la CIA restableció el enlace con las fuerzas de seguridad y de inteligencia del gobierno chileno, relación que había sido interrumpida durante el mandato de Allende. Dentro de la CIA se escucharon objeciones que argumentaban que un enlace con dichas organizaciones dejaría a la Agencia en una posición vulnerable, en la que se la podría acusar de contribuir a la represión política; los funcionarios admitían que, si bien casi la totalidad del apoyo de la CIA a las diversas fuerzas chilenas se enfocaría a controlar la subversión proveniente del exterior, dicho apoyo también podría adaptarse para controlar la subversión interna».

12 Academia de Guerra: La conjura, pp. 409-410, 431-433. Mónica González describe la composición del grupo de planificación dentro de la Academia de Guerra basándose en entrevistas a fuentes militares en Chile, muchas de las cuales ella nombra en su libro. Varios oficiales jóvenes que estudiaban en la Academia, incluidos Raúl Wenderoth, Raúl Iturriaga Neumann y Armando Fernández Larios, se convertirían en los principales subalternos de Contreras en las operaciones en el extranjero de la DINA que alcanzaron su plenitud durante la Operación Cóndor.

13 Lo mejor de lo mejor: Entrevista con el coronel retirado Lloyd Gracey, quien prestó servicios en el grupo militar de la embajada de EE.UU.

14 «Mejores momentos [...]»: Luis Mattini, correo electrónico del 27 de marzo de 2002.

15 Entrenamiento de la JCR y primeros encuentros: Entrevistas con Andrés Pascal y el líder tupamaro Luis Efraín Martínez Platero, octubre de 2001. Los instructores militares solían ser tupamaros que habían adquirido experiencia en terreno durante los años de actividad guerrillera urbana en Uruguay.

16 Creación de la JCR: Entrevistas con Andrés Pascal, Enrique Gorriarán Merlo, Luis Efraín Martínez Platero y Luis Mattini (cuyo verdadero nombre es Arnol Kremer). Se ha escrito muy poco sobre la JCR, incluso en ámbitos académicos. El sociólogo argentino Horacio Vennera, que prepara su tesis de doctorado sobre la historia de la JCR, aportó un ejemplar del primer número de la revista de la JCR, Che Guevara: Junta de Coordinación Revolucionaria. Una rareza. Todos los hombres que allí figuran participaron en alguno o en todos los primeros encuentros fundacionales. Los recuerdos no coinciden respecto de lo que se decidió en cada reunión, pero existe consenso de que la JCR se formó antes del golpe chileno y de que sesionaba regularmente (dos fuentes mencionan que llegaron a reunirse cada quince días).

17 Papel de la JCR en el continente: Entrevistas con Gorriarán, Mattini y Pascal. Mattini y Gorriarán describieron las bases ideológicas de la organización y su papel de Latinoamericana, o «Quinta», Internacional. Ver también Luis Mattini, Hombres y mujeres del PRT-ERP: la pasión militan- te, Buenos Aires, Editorial de la Campana, 1990, p. 159. Mattini dijo en una entrevista que Santucho nunca utilizó la frase «Quinta Internacional» en referencia a la JCR, pero que consideraba que podía reemplazar en América Latina a la Tercera y a la Cuarta Internacionales, en extremo centralizadas.

18 Declaración de la JCR: Publicada en el periódico clandestino El Tupama- ro: órgano del Movimiento de Liberación Nacional, marzo de 1974. El primer número de Che Guevara: Junta de Coordinación Revolucionaria apareció en noviembre de 1974, y volvió a publicar la declaración y el llamado a las armas de la JCR.

19 «Estábamos en pañales»: Entrevista con René Valenzuela.

20 Declaraciones de Castro: Entrevista con Martínez Platero, octubre de 2001.

21 Secuestro de Samuelson: Exxon realizó un informe interno completo de las negociaciones del secuestro, Ver Wall Street Journal, 2 de diciembre de 1983. Otros detalles de las negociaciones, incluyendo las partidas de ajedrez, se extrajeron de entrevistas con los líderes del ERP que participaron, Luis Mattini y Enrique Gorriarán Merlo. Exxon evitó tratar con la policía argentina, ver cable desclasificado, Buenos Aires 1949, y el memorándum del agregado legal Robert Scherrer del 15 de marzo de 1976 (documentos obtenidos por Dinges al amparo de la FOIA).

22 Secuestros y montos de los rescates: Entrevista con Gorriarán Merlo. El ejecutivo de la Firestone era John Thompson, secuestrado en julio de 1973, justo después de la reunión en Buenos Aires en la que se crea la JCR. El ERP había sacado un provecho mínimo de dos secuestros anteriores, el de Oberdan Sallustro de la FIAT (que fue asesinado durante un tiroteo entre la policía y el ERP en marzo de 1972, antes de que se pudiera pagar el rescate) y el de Stanley Silvestre, cónsul británico en Buenos Aires, secuestrado y liberado en mayo de 1971.

23 Ingresos de la JCR: CIA, «Terrorist Links in Latin America: Post Mortum on the JCR», 29 de junio de 1979, Proyecto Argentina 2019.

24 Ataque en Azul: Foreign Broadcast Information Service, 20 de enero de 1974. Ver también Mattini, pp. 255, 274; Paul H. Lewis, Guerrillas and Ge- nerals:The «Dirty War» in Argentina (Guerrillas y generales: la «guerra sucia» en Argentina), Praeger, 2002, p. 92. Mattini dice que Gorriarán recibió críticas dentro del ERP por la manera en que condujo la retirada y fue destituido como comandante militar.

25 Conferencia de prensa clandestina:Entrevista con Mattini y dos periodistas que estuvieron presentes, el representante del Buenos Aires Herald, Andrew Graham Yool, y el corresponsal del New York Times, Jonathan Kandel. New York Times, 15 de febrero de 1974. En dicha conferencia de prensa hablaron otros dos guerrilleros del ERP, Domingo Menna y Juan Manuel Carrizo, a cargo de la propaganda y la logística, respectivamente.

26 Cambio de dinero: Gorriarán Merlo identificó a la persona que cambiaba el dinero como el dueño del hotel Liberty, Benjamín Taub. El hijo de Taub, Guillermo Luis Taub, quien además fue arrestado con cargos de tráfico de dinero, confirmó el manejo realizado con el rescate de Samuelson durante una entrevista concedida a la periodista Miriam Lewin que es parte de una investigación que esta realizó en conjunto con el autor.

27 Los millones de la JCR: Entrevistas con Mattini, Martínez Platero y Pascal Allende. Varios documentos estadounidenses mencionan el arcón de guerra de la JCR, sobre todo el State 128058 y Santiago 1965, 25 de mayo de 1976 (documentos obtenidos por Dinges al amparo de la FOIA). El desembolso causó al menos una disputa de importancia. El MIR necesitaba dinero con suma urgencia, y la tarea de ingresar el efectivo de contrabando a Chile recayó en los líderes tupamaros William Whitelaw y Lucas Mansilla (cuyo nombre de guerra era «Marcelo»). Los uruguayos, con una década de experiencia en actividades clandestinas, dominaban el arte de cruzar fronteras de contrabando para pasar hombres y dinero. Gorriarán Merlo dijo que se envió un millón de dólares, pero nunca llegó. La disputa sobre el efectivo perdido sigue siendo, hasta el día de hoy, un punto ríspido entre los sobrevivientes del MIR y de Tupamaros. La historia que aceptan los tupamaros es que Marcelo gastó el dinero en armas y demás infraestructura en Argentina. Era imposible llevar una contabilidad rigurosa, dadas las enormes sumas que la guerrilla hacía circular clandestinamente.

28 Campaña de Tucumán: Martin Edwin Andersen, Dossier secreto: Argentina’s Desaparecidos and the Myth of the «Dirty War» (Dossier secreto: los desaparecidos de Argentina y el mito de la «guerra sucia»), Westview, 1993, pp. 127-130; y Lewis, op. cit., pp. 98-100.

5. Agentes en Argentina

1 Disminución del número de muertes: Informes contemporáneos mimeografiados de la Vicaría de la Solidaridad (dependiente de la Iglesia católica, sucesora del Comité Pro Paz), junto con listados de muertos y desaparecidos aportados por la oficina de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile, versión actualizada a 1996.

2 Análisis biográfico completo sobre Contreras: Informe biográfico del Departamento de Defensa, 15 de mayo de 1974 (Proyecto Chile). El informe dice que Contreras hablaba inglés con la suficiente fluidez para, en 1968, actuar como traductor e intérprete. Pasó un año en Estados Unidos, entre septiembre de 1966 y septiembre de 1967, cuando asistió a un curso de ingeniería del Ejército en Fort Belvoir, Virginia. No existe ningún registro de que haya asistido a la Escuela de las Américas, un colegio militar estadounidense dedicado a entrenar oficiales latinoamericanos, muchos de los cuales fueron posteriormente acusados de flagrantes abusos a los derechos humanos.

3 Informes del agregado de defensa: DIA 6 817 0041 74, 5 de febrero de 1974 (hace referencia a la KGB); 6 817 0044 74, 8 de febrero de 1974 (referencia a «Pinochet, Dios y la DINA»); y 6 817 0094 75 del 15 de abril de 1974 (rivalidad entre los servicios y referencia a la Gestapo) (Proyecto Chile).

4 Descripción del funcionario de inteligencia: Entrevistas en 1979 con Robert Scherrer, agregado legal del FBI para el Cono Sur.

5 Relación con Brasil: Documento de la CIA con fecha 6 de septiembre de 1974 (Proyecto Chile).

6 Violencia en Perú: La Comisión de Verdad y Reconciliación concluyó, en un informe de 2003, que después de 1980 se había asesinado a cerca de cuarenta mil personas por motivos políticos, más de la mitad víctimas del grupo guerrillero Sendero Luminoso, de corte maoísta. Perú es el único caso en América Latina en que los militares mataron a menos personas que los grupos guerrilleros que estaban buscando.

7 Noción de inteligencia nacional: Entrevistas con oficiales de inteligencia de Estados Unidos familiarizados con las operaciones de inteligencia sudamericanas.

8 Entrevista con Contreras para este libro: junio de 2002.

9 La CIA había establecido un arreglo similar en Venezuela. El servicio de inteligencia de ese país, comandado por agentes entrenados por la CIA, muchos de ellos cubanos, prácticamente se había convertido en una filial de la Central, según mis entrevistas a Orlando García, de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), y a Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela en aquel momento. Ambos confirmaron que al menos un funcionario de la Central trabajaba a tiempo completo y tenía tareas operativas en las oficinas del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas en Caracas, equivalente venezolano de la CIA.

La CIA también facilitó entrenamiento antisubversivo en Paraguay, de acuerdo con un documento del Archivo de Paraguay, una carta del 22 de noviembre de 1977 del inspector general Antonio Cardozo al comisionado Alfonso Lovera Cañete. Un «experto de la CIA» estaba dando una conferencia sobre «identificación de los documentos falsos que utilizan los grupos subversivos», según la carta.

10 Informe del Senado: «Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Actividades de ciertos organismos de inteligencia extranjeros en los Estados Unidos», 18 de enero de 1979 (fecha del borrador). La copia en posesión del autor proviene del periodista investigativo Dale Van Atta, quien realizó una serie de informes sobre el tema en la columna de Jack Anderson. Ver Washington Post, 2 de agosto de 1979, «Six South American Regimes Run Hit-Man Rings in Foreign Lands».

11 Corroborado por Espinoza: Declaración en Chile ante el juez Juan Guzmán, alrededor del año 2000.

12 Exagentes de la DINA: Ambos solicitaron permanecer en el anonimato. Uno era suboficial del Ejército;el otro,civil.Pude confirmar independientemente su relación con la DINA. Ver también González, La conjura, pp. 431-433, para un relato sobre la creación de la DINA.

13 La CIA destruyó registros: CIA, «Solicitud de averiguación de antecedentes sobre Juan Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo y otros», memorándum del 21 de mayo de 1991 (Proyecto Chile). Pago a Contreras: Informe Hinchey, p. 17.

14 Orden de Pinochet: Archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio DINA 0601, al Sec. Ministro de Relaciones Exteriores, 29 de diciembre de 1973, firmado por Pinochet. Otro documento firmado por Manuel Contreras, jefe de DINA, tambien hace referencia a los dos oficiales requeridos por servicio en DINA, DINA 1630/35 a Ministro de Relaciones Vicealmirante Patricio Carvajal Prado, 3 de octubre de 1974. Instrucciones a las embajadas y consulados: Circular Confidencial Oficio n. 5, 18 de diciembre de 1973, firmado por Juan José Fernández, Director de Relaciones Internacionales.

15 Nota del embajador Rojas, Archivos del Museo de la Memoria, colección «CODEPU», doc 000261, 15 de enero de 1974.

16 El libro de Prats: Carlos Prats González, Memorias: testimonio de un soldado, Santiago, Pehuén, 1985. Otros detalles: entrevista en 1979 con la hija de Prats, María Angélica.

17 Acercamientos de Townley a la CIA: La CIA envió a un funcionario para que se reuniese con Townley, realizó una averiguación de antecedentes y lo aprobó el 23 de diciembre de 1970 como «apoyo operativo». Memorándum de la CIA, 4 de enero de 1971 (Proyecto Chile). Ver en Assassina- tion on Embassy Row, pp. 100-104, un relato detallado de los contactos de Townley con la CIA. En un momento dado, la CIA intentó ponerse en contacto con él, pero no tuvo éxito.

18 Primer complot para asesinar a Prats: Entre las pruebas se cuentan docenas de testimonios cuyas transcripciones forman parte de la investigación que realizó Servini de Cubría. Un documento central que resume gran parte de las pruebas relevantes es el procesamiento del 26 de junio de 2001 en el que se menciona a Contreras, Espinoza, Raúl Iturriaga Neumann, Jorge Iturriaga Neumann (hermano de Raúl y empresario) y el brigadier José Octavio Zara Holger, segundo de Raúl Iturriaga. «Pruebas reunidas» está enumerado del 1 al 82, y «Elementos de juicio», 1-33. Las pruebas relacionadas con el primer complot se encuentran en las secciones 34 (pago de veinte mil dólares), 75 (papel y antecedentes de Arancibia), 76 (las fuentes de la DINA brindan información al FBI sobre la participación de Arancibia y Townley), y «Elementos de prueba», 28.

19 Conspiradores argentinos: La SIDE cobró fama en 1976 por su trabajo de secuestro y tortura en el centro de interrogatorio Cóndor, conocido como «Automotores Orletti». El líder del grupo era Aníbal Gordon (ver más adelante). Un informe mecanografiado de inteligencia incorporado como prueba dice que un argentino, Luis Alfredo Zarattini, «Freddy», era el intermediario entre Townley, Arancibia y los terroristas que estos contrataron en Argentina. «Freddy fue el que contactó a Arancibia con Aníbal Gordon a través de uno de los integrantes de aquel grupo. [...] Este grupo sería el que se habría quedado con un dinero dado por los chilenos para que hicieran el atentado a Prats, pero no lo hicieron y se guardaron el dinero, de ahí la rabia de Townley». Documento en poder del autor.

20 Inteligencia de la STASI: Markus Wolf, con Anne McElvoy, Man Without a Face: The Autobiography of Communism’s Greatest Spymaster, Nueva York, Times Books, 1997, pp. 309-314. Dice Wolf que el sistema utilizaba escondites que funcionaban «de manera muy similar a la que permitía a los fugitivos de la RDA esconderse en los autos para cruzar el muro [de Berlín]».

21 Pasaportes de los Prats: Ver Servini de Cubría, Procesamiento, Prueba N 68, testimonio de Renato Osorio. Otro funcionario consular, Eugenio Mujica (Prueba N 48) testificó que viajó a Chile en un intento personal de conseguir los pasaportes. Agregó que se le dijo solo tres días antes del asesinato que había una orden del subsecretario Claudio Collados Núñez que decía que «esos pasaportes no se iban a emitir». En marzo de 2003 se abrió finalmente la investigación sobre el asesinato de Prats y el mensaje de Collados al consulado apareció en los archivos del Ministerio.

22 Muerte de Osorio: Memorándum de Robert Service, «El caso Letelier. La muerte de Guillermo Osorio», 17 de marzo de 1978 (Proyecto Chile).

23 Conclusión del investigador sobre Townley:Entrevista con un funcionario oficial directamente involucrado en la investigación de Servini de Cubría.

24 Consentimiento de Argentina: Testimonio de Vincenzo Vinciguerra ante el juez Salvi, marzo de 1993, p. 12.

25 Ocho chilenos: Archivo de Arancibia, 6 de diciembre de 1974, IB/392. Los documentos confiscados a Arancibia Clavel se identificarán por fecha y número de documento asignado por el juzgado federal de Buenos Aires. Están ordenados en carpetas denominadas IA, IB, II, III, IV y V, cada una de las cuales contiene cerca de trescientas páginas de documentos dispuestos en orden cronológico inverso.

26 Jefe de información clandestina: Archivo de Arancibia, Luis Gutiérrez, alrededor de noviembre de 1974, II/220.

27 Comunidad de información anticomunista: Archivo de Arancibia, memorándum N 2, 10 de octubre de 1974, IB/406-407.

28 Reunión de la JCR: Hubo en realidad dos reuniones en Mendoza, de acuerdo con un informe de inteligencia uruguayo compartido con Chile y Argentina. A la reunión en enero asistieron Santucho; Patricio Biedma, del MIR; Andrés Cultelli, del MLN Tupamaros, y Rubén Sánchez, del ELN de Bolivia. La segunda reunión en febrero en el balneario Lahuem amplió el grupo de revolucionarios para incluir a representantes de los Montoneros y de varios grupos brasileños. Documento de la División de Ejército III elaborado por el mayor Manuel Cordero, Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Investigación Histórica, MLN-T Cronología documental, SIPDH).

29 Reunión policial: DOS, Memorándum de Conversación, reunión con comisario Margaride, 4 de marzo de 1975 (Proyecto Argentina 2002). Dos documentos de la CIA describen esta reunión. CIA National Intelligence Daily, Top Secret, 23 de junio de 1976 (Colección Chile) confirma la presencia de Paraguay; y CIA, «Meeting of Intelligence Services of Argentina, [ ] and arrangement for future cooperation among these services,» 25 de junio de 1976 (Proyecto Argentina 2019, carpeta «FBI Operación Cóndor» 307319/1. Ambos documentos describen la recientemente descubierta Operación Cóndor. La reunión de 1974 se menciona al final como un antecedente relevante respecto de cooperación anterior. Margaride afirma que Brasil no asistió porque la reunión tuvo lugar durante el carnaval.

30 Carta del general Ernesto Baeza al ministro del interior [gen. Raúl Benavides],25 de febrero de 1974. Obtenido en el Archivo Nacional de la Administración del Estado, ARNAD, Chile. Mis agradecimientos a Brad Eidahl por señalar este documento.

31 El Auténtico, diciembre 10, 1975, p. 4. Agradezco al periodista Roger Rodríguez, quien obtuvo una copia desde el Centro de Documentación e Investigaciones de la Cultura de Izquierdas en Argentina.

32 CIA National Intelligence Daily, y Latin American Trends: StaffNotes «Counterterrorism in South America» (Antiterrorismo en América del Sur), ambos documentos con fecha de 23 de junio de 1976.

33 El secuestro de Beausire. Un resumen de la evidencia del caso se encuentra disponible en http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-B/ bea-alo.htm. Townley habló sobre los detalles del secuestro con el agente del FBI Robert Scherrer, quien transmitió sus comentarios al autor y Saul Landau durante entrevistas para el libro Assassination on Embassy Row.

34 Los uruguayos asesinados en este periodo, con las fechas de detención: BanfiBaranzano, Daniel Alvaro, 13.09.74; Jabif Gonda, Guillermo Rivera, 13.09.74; Latronica Damonte, Luis Enrique, 13.09.74; Corbo Aguirregaray de Brum, María de los Ángeles, 8.11.74; Estefanell Guidali, Graciela Marta Epifania, 8.11.74; Hernández de García, Mirta Yolanda, 8.11.74; Brum Cornelius, Héctor Daniel, 8.11.74; Abdala Dergan, Jorge Luis Natalio, 28.11.74; Feldman Palatnik, Raúl Yankel, 24.12.74; Barboza Irrazabal, José Luis, 17.03.75; Rodríguez Molinari, Julio César, 31.03.75; González Miguez, Eduardo Edison, 31.03.75. El periodista de investigación Roger Rodríguez ha escrito extensamente sobre los secuestros y asesinatos uruguayos previo a la creación formal de la Operación Cóndor en documentos publicados online, entre ellos: Sid-Ocoa trajo y fusiló a los «5 de Soca», 1975: La Coordinacion Criminal6/2/2017; y URUGUAY/ La coordinación criminal que el Estado ampara. Disponible en: http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/06/05/uruguay -la-coordinacion-criminal-que-el-estado-ampara-primera-parte/.

35 Acción coordinada: CIA, 23 de junio de 1976; entrevista con un funcionario de seguridad de la embajada que actuaba de enlace con la policía y los militares.

36 Inteligencia sobre el asesinato de Prats: «Bendiciones de Pinochet»: DIA 6 804 0461 74, 30 de septiembre de 1974 (Proyecto Chile). Fuentes de la CIA sobre Prats: CIA DO, 25 de octubre de 1974 (Proyecto Chile). 30 Precursor de la Operación Cóndor: Informe Hinchey, 18 de septiembre de 2000, p. 6.

37 Hinchey Report: U.S. Congress, CIA Activities in Chile, September 18, 2000, report prepared at request of Rep. Maurice D. Hinchey, Dem. NY.

Misión en Paraguay

1 Campaña de Tucumán: Lewis, op. cit., pp. 100, 105 y ss. para ver el tema del control del territorio; María Seoane, Todo o nada: la historia secreta y la his- toria pública del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho, Buenos Aires, Planeta, 1991, p. 264, para ver el número de combatientes. Existe una controversia sobre si el ERP realmente controlaba territorio en Tucumán. Ver Andersen, p. 129 y ss., donde dice que el ERP sobreestimaba su propio éxito. Citando a un veterano: «Ya estamos hablando de zonas liberadas cuando acabamos de empezar a pelear».

2 Combatientes del MIR en Tucumán: Entrevista con Pascal. Entre las víctimas del MIR se contaban un chileno conocido como «Sargento Dago» y un sueco, Svante Grande.

3 Zonas liberadas:El Combatiente, 30 de julio de 1975, citado en Seoane, p. 269.

4 Planes de los Tupamaros: Entrevista con Luis Alemany, Luis Nieto y Kimal Amir.

5 Penetración dentro de los Tupamaros: Alfonso Lessa, escritor uruguayo, obtuvo fragmentos de las transcripciones. Cf. Alfonso Lessa,Los Tupamaros y el fracaso de la vía armada en el Uruguay del siglo XX, Montevideo, Fin de Siglo, 2002.

6 Postergación por parte del MIR: Entrevista con Mattini. Este dijo que Fidel Castro también había urgido al MIR a comenzar más rápidamente las acciones militares. Cf. Mattini, p. 378.

7 Intercambios de inteligencia en Bolivia: La Paz, 3657, 11 de mayo de 1976 (documentos obtenidos por Dinges al amparo de la FOIA).

8 Complot en Paraguay: Entrevistas con los participantes Gladys Meilinger de Sannemann y Dimas Piris da Motta, y con Luis Alberto Wagner. Informe de la CIA, 4 de diciembre de 1974, StaffNotes, Latin American Trends (documentos obtenidos por Dinges al amparo de la FOIA).

9 La campaña pierde empuje: Seoane, p. 265. El relato más detallado sobre la campaña de Tucumán es el de Andersen, pp. 128-134, y las notas que citan documentos internos del Ejército sobre la fortaleza de la guerrilla y las operaciones del Ejército.

10 Donaciones con fines revolucionarios: Entrevistas con Mattini, y cf. Seoane, p. 380. Mattini dice que gran parte del dinero se desperdició: «El Buró Político, en particular Santucho, actuaba con una magnanimidad que a veces rayaba en la ingenuidad, y en algunos casos se volcaron esfuerzos y recursos sobre gente que no estuvo a la altura de sus responsabilidades». Interés del M-19 en la JCR: Francisco Martorell, Operación Cóndor: el vuelo de la muerte, Santiago, LOM, 1999, p. 77. Martorell no menciona la fuente de su información, si bien nombra a Álvaro Fayad como representante del M-19.

11 Comisión Ejecutiva de la JCR:Formada por Enríquez,del MIR;Roberto Santucho, del ERP; el exmayor de Ejército boliviano Rubén Sánchez, y un elenco variable de líderes tupamaros que estaban profundamente divididos, incluyendo a William Whitelaw.

12 Objetivos del viaje: Entrevista con Mattini vía correo electrónico.

13 Traslado de la JCR: Entrevistas con Martín Hernández, exmilitante del MIR, que mencionó a Perú, y con Kimal Amir, líder tupamaro, quien dijo que la JCR estaba considerando trasladarse a Caracas.

14 Versión de Estados Unidos del arresto: Buenos Aires 7936, 21 de octubre de 1977. Ver también Asunción 4318, 20 de octubre de 1977, y State 256523, 26 de octubre de 1977 (documentos obtenidos por Dinges al amparo de la FOIA).

15 Llevar efectivo: El activista paraguayo de derechos humanos Francisco de Vargas ayudó a la liberación de Santucho en 1979 y lo acompañó hasta que tomó su vuelo a Suiza, donde viviría en libertad. Luis Mattini, en una entrevista vía correo electrónico, dijo que el dinero probablemente rondaba los cinco mil dólares y que estaba destinado a la organización peruana con la que tenían planeado encontrarse.

16 Arresto de Fuentes: Registro del arresto de Fuentes: Documento 16:11171118 (Archivo de Paraguay).

17 Papel de Amílcar Santucho y Jorge Fuentes: sobre el primero, ver las entrevistas con Mattini y Gorriarán Merlo; sobre el segundo, las entrevistas con Andrés Pascal y René Valenzuela.

18 Carta de Scherrer dirigida a Baeza: El autor vio la carta y la copió textualmente en julio de 2000. Después de tomar conocimiento de la existencia de la carta en el Archivo Rettig, el FBI entregó una copia en respuesta a una solicitud al amparo de la FOIA del periodista del New York Times Tim Weiner. La carta sin tachaduras y el informe de Scherrer al FBI fueron incluidos en la colección Argentina 2019, documento FBI 1356237-0 - 105-BE-1268.

19 Artículo sobre Scherrer en el New York Times: «El FBI ayudó a Chile a buscar izquierdistas, según archivos», por Tim Weiner, New York Times, 10 de febrero de 1999. Los funcionarios del FBI que aceptaron hablar, a condición de permanecer en el anonimato, dijeron que los documentos mostraban una manera de cooperación rutinaria que siempre se había mantenido entre el FBI y numerosos organismos extranjeros de seguridad del Estado. «Sería negligente de nuestra parte no investigar a esta gente», habría dicho un funcionario del FBI.

20 Sonia Fuentes: Entrevista. La dirección en Puerto Rico hoy en día alberga una oficina del Departamento de Educación y los vecinos no recuerdan nada sobre los ocupantes de la casa en 1975. Diversas fuentes, entre las que se cuentan tanto veteranos de la JCR como documentos de inteligencia, confirman que la JCR tenía representantes en Nueva York, pero no pude establecer si había alguna conexión entre ellos y las dos mujeres que aparecían listadas como viviendo en Nueva York.

21 Scherrer y el intercambio de información: Entrevista, 29 de octubre de 1979. Scherrer relató que la propuesta surgió durante la Conferencia de Ejércitos Americanos en Montevideo, en octubre de 1975. A la reunión asistió una delegación de oficiales de alto rango del Ejército de Estados Unidos, con el comandante del Comando Sur, general Dennis P. McAuliffe, a la cabeza.

22 Asalto a Carlos el Chacal: Coronel incluyó el relato sobre el asalto en París y su conexión con los arrestos en Paraguay en por lo menos tres informes que se encontraron en el Archivo de Paraguay. El más antiguo tiene su nombre manuscrito en la parte superior y está fechado «junio de 1976». Los documentos que contienen la descripción son los siguientes: «Síntesis del proceso de la subversión que se ha pretendido desatar en el país», junio de 1976, con la siguiente anotación «De: Pastor Coronel, jefe del Dpto. de investigación de la Policía-Asunción, Paraguay», p. 6; un segundo documento con idénticos términos se intitula: «IV Conferencia Bilateral de Inteligencia entre los Ejércitos de Paraguay y Brasil,» microficha 78:16741686 (sin fecha, pero se menciona en otros documentos que este encuentro se celebró en mayo de 1976); una tercera referencia es un documento sin fecha: «Actividades subversivas dentro del país» (78:1649-1668, p. 13). Referencias internas ubican este documento en 1977. En cada caso, la narración sobre el asalto a Carlos es idéntica (Archivo de Paraguay).

23 Fotografía de Carlos: Documentos de la DIPC, 28 de agosto de 1975 (21: 1560), y 21 de abril de 1976 (21: 1531) (Archivo de Paraguay).

24 Versión de la DISIP del asalto a Carlos: Entrevista con Orlando García. Este dijo que la información, que estaba en poder de su jefe, el número uno de la DISIP, Rafael Rivas Vásquez, provenía de una fuente de una organización extremista argelina. Rivas Vásquez estaba orgulloso de su papel y consideraba el «Asunto Carlos, Caracas, París, y Londres, 1975» entre sus «experiencias destacables» de inteligencia, según una copia de su curriculum vitae de 1996 entregada por el periodista Don Bohning. Se menciona en su obituario, publicado en el Miami Herald el 27 de noviembre de 2000.

25 Comunicación de Carlos: Carta manuscrita, La Santé, 3 de marzo de 2001, enviada a través de su abogada Isabelle Coutant Peyre (con quien se casaría). Se identifica como Ilich Ramírez Sánchez, Ecrou 274630, Q.I.3, y firma la carta como «Carlos».. [...] Relata que «El palestino Joel Al Ardja era responsable dentro del FPLP del Área de América del Sur (salvo Brasil); se convirtió en mártir en Entebbe en julio de 1976». Le pedí cualquier información sobre el intento de asesinato de principios de 1975 contra el agregado militar chileno en Beirut, coronel Alfredo Canales, a lo que respondió que el ataque y otros tres asesinatos ejecutados en París en 1974, 1975, 1976, «fueron obra de comandos revolucionarios internacionalistas. Solo puedo revelar la identidad de los tres miembros del comando de Beirut: ‘El Hajj Mohmoud’ [...]; Ahmed ‘Abdallah’ Farhan [...]; y ‘Mujahed’ [también conocido como] ‘Agop Agopian’». Un documento secreto de la Dirección de Operaciones de la CIA del 3 de abril de 1975 transmite un informe de la DINA sobre la actividad del FPLP en Santiago y, según dicho informe, en marzo de 1975 la DINA arrestó a dos personas que estaban «reclutando chilenos de ascendencia árabe para trabajar para el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) con el fin de perpetrar actos terroristas». El último nombre de uno de los reclutadores mencionados en el documento, Al Arja, coincide, con una variación ortográfica, con el nombre citado por Carlos (Proyecto Chile).

26 Prisión e interrogatorios en la DIPC: El autor visitó la cárcel en octubre de 2001. Entre los exprisioneros que describieron sus experiencias están Martín Almada, Gladys Meilinger de Sannemann y Luis Alberto Wagner.

27 Entrevista con Santucho: Poco después de su liberación, Santucho dio una entrevista en Estocolmo que fue publicada en noviembre de 1979 en una ignota revista política llamada Denuncia. Dio una entrevista más detallada y confidencial a Amnistía Internacional en Londres en la misma época, pero las numerosas solicitudes que presentaron el autor y la familia Santucho ante Amnistía para obtener ese documento histórico de carácter único no dieron fruto.

28 Declaración de Fuentes ante Pastor Coronel: Documentos DIPC 28 1020- 21, 14 de julio de 1975, y 46: 1551, 3 de julio de 1975 (Archivo de Paraguay). La mujer mencionada por Fuentes, «Marcia», era una conocida periodista de la época en Chile sin conexión pública con el MIR. A Fuentes también se le pregunta si un prominente político del Partido Demócrata Cristiano, Belisario Velasco, era «el enlace entre el MIR y el [Partido] Demócrata Cristiano», lo cual él niega.

29 Testimonio de Scantlebury en Chile. Juicio Condor, fojas 1810 ff.

30 Carta y materiales de Osvaldo: Documentos 46:1558-59, 1520-21, y 46:1532 (la carta original está escrita con tinta roja); 46:1535-37 (carta de «David» desde México sobre el arresto de Fuentes, con fecha 12 de junio de 1975); 24:1754-57 (preguntas manuscritas); 46: 1537 (pregunta y fotografía de Rubén Sánchez) (Archivo de Paraguay).

7. El sistema Cóndor

1 Proporción de muertes: Para estudiar la actividad específica de la DINA, el investigador chileno Pedro Alejandro Matta, él mismo víctima de la tortura, compiló registros diarios extraordinariamente completos de los prisioneros detenidos, desaparecidos o asesinados en otras circunstancias, así como de los sobrevivientes de los principales centros de tortura de la DINA, incluyendo el más importante, Villa Grimaldi. Pedro Alejandro Matta, «Cuartel Terranova: el palacio de la risa», manuscrito inédito, 1998.

2 Muerte de Enríquez: Entrevista con la madre de Castillo, Mónica Echeverría.

3 Viaje a Washington en enero: Testimonio de varios oficiales chilenos, incluyendo a Espinoza, ante el juez Juan Guzmán, 2000. En: Juicio Cóndor Chile.

4 Memorándum dirigido a Walters: Documento de la CIA, 4 de enero de 1975 (Proyecto Chile). El nombre de Contreras se menciona en el texto sin expurgar solo una vez. He agregado su nombre entre corchetes donde, por el contexto, sospecho que podría aparecer en el texto redactado:

5 Pago a Contreras: Manuel Noriega, quien, como jefe de la inteligencia panameña en la década del setenta ocupaba una posición similar a la de Contreras, recibió pagos mensuales de la CIA por un total de ciento sesenta mil dólares, más una cantidad equivalente del Ejército de EE.UU. Es justo suponer, teniendo en cuenta la relativa importancia de Chile, que Contreras haya recibido pagos de importe al menos equiparable. Ver John Dinges, Our Man in Panama, Random House, Times Books, 1991, p. ix.

6 Cable de la CIA sobre la visita de Contreras: Secreto, 10 de julio de 1975 (Proyecto Chile). «Contreras puede lograr muy poco, si es que puede lograr algo, si se pone a explicar los problemas, preocupaciones, etc. referidos a los derechos humanos a los altos oficiales de Estados Unidos, dada la visión distorsionada que la cúpula chilena tiene de su situación. [...] Esta visita planeada, desde nuestro punto de vista, no tiene justificación, y aun si se tratara de publicidad, podría ser contraproducente. Por otra parte, [nombre tachado] admite el valor de mantener buenas relaciones con el Presidente Pinochet, a quien no se le debería hacer creer que estamos rechazando sus esfuerzos para comunicarse con nosotros». Si bien el nombre de la persona que emitió estos juicios fue eliminado,Contreras dijo en una entrevista que el viaje había sido solicitado por el embajador Popper.

7 Memorándum sobre el almuerzo con Contreras: Documento de la CIA, sin fecha, pero que incluye la fecha del almuerzo. Otro memorándum de la CIA, «Meeting with State Department and Justice Department Officials Regarding Letelier Case» (Encuentro con funcionarios del Departamento de Estado y de Justicia en relación con el caso Letelier), del 22 de agosto de 1978, hace referencia a un «resumen de las visitas de Contreras a Estados Unidos» que fue entregado al fiscal del caso Letelier, Eugene Propper (Proyecto Chile).

8 Senadores estadounidenses: Entrevista a Contreras de la periodista Lilian Olivares, La Segunda, 25 de septiembre de 2000. Contreras también contó que Walters había dispuesto el envío «clandestino» de dos mil misiles antiaéreos LAW, cuya venta a Chile había prohibido el Congreso; y, en La Tercera, 21 de septiembre de 2000, se refirió a la propuesta de sobornar a senadores de EE.UU.

9 Información de Contreras para Kissinger: Entrevista a Contreras realizada por el periodista Amaro Gómez-Pablos con preguntas enviadas por el autor. Walters transmitió a la Casa Blanca un mensaje similar pocas semanas antes, en un memorándum dirigido al consejero de seguridad nacional del presidente Ford, el general Brent Scowcroft. Y en un documento del 25 de julio de 1975, Walters actúa de intermediario ante la Casa Blanca con otro mensaje de Pinochet. Escribe: «Pinochet, esencialmente, quiere lo siguiente: 1. Que se comprenda la decisión chilena de no recibir a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por considerar que su postura adolece de un alto grado de prejuicio. 2. Que Estados Unidos asegure su apoyo en contra de cualquier intento de expulsar a Chile de Naciones Unidas y, de ser necesario, que garantice su veto. 3. Los chilenos saben que no pueden recibir ayuda directa a causa de la oposición del Congreso. [Me] pregunto si existe alguna posibilidad de obtenerla indirectamente vía España, Taiwán, Brasil o la República de Corea. (Firmado) Vernon A. Walters, Teniente General, Estados Unidos, Subdirector» (Proyecto Chile).

10 Ayuda internacional a la DINA: El punto se aclara repetidamente en el Informe Church, el Informe Hinchey y el informe del Senado sobre organismos de inteligencia extranjeros, op. cit.

11 Sugerencia de Walters: Entrevista a Contreras realizada por el periodista Amaro Gómez-Pablos.

12 Visita a Caracas: Entrevistas con Orlando García y Carlos Andrés Pérez. Testimonio de Rivas Vásquez y Orlando García ante el Gran Jurado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, 29 de junio de 1978. Inteligencia sobre el traslado de la JCR a Caracas: entrevista en 1979 con Robert Scherrer. Dos exlíderes de la JCR confirmaron que se estaba contemplando el traslado a Caracas.

13 Los consejeros de Pinochet opuestos a Contreras: La fuente mencionó al general Sergio Covarrubias, a la ministra de Justicia Mónica Madariaga, al consejero ideológico Jaime Guzmán, al coronel René Escairuiga, al coronel Patricio Ewing (amigo cercano del asesinado general Carlos Prats). Cf. Dinges y Landau, p. 329, para un relato de oficiales y funcionarios civiles que presionaban a Pinochet para que cooperase con EE.UU. en la investigación del caso Letelier, en oposición a Contreras.

14 Ambiciones presidenciales de Contreras: Nuevamente el modelo brasileño fue un factor en este razonamiento. El líder de la SIE, João Baptista Figueiredo, tuvo una gran influencia en el gobierno militar de Brasil cuando este comenzaba su segunda década, y finalmente llegaría a la presidencia. Varias fuentes en el grupo de partidarios civiles de Contreras comentaron en sendas entrevistas sobre sus expectativas de que sucediera a Pinochet.

15 Traslado de Fuentes a Chile: Hay abundante documentación sobre este hecho. La policía paraguaya completó el papeleo burocrático para mostrar que ya no era su responsabilidad. Su ficha, encontrada en el Archivo de Paraguay, tiene esta anotación al final: «Por orden superior, fue puesto en libertad el 23 de septiembre y expulsado por Aeropuerto Presidente Stroessner». El testimonio de Luz Arce a la justicia chilena está resumido en la sentencia p. 307 ff.

16 Fuentes permaneció en Villa Grimaldi hasta enero: Cuando fue visto por última vez por otros prisioneros estaba de buen ánimo y se le había dado ropa limpia para su supuesta liberación. El 12 de enero se lo llevaron de Villa Grimaldi y desapareció. Un informe erróneo que circuló entre los grupos de derechos humanos decía que había sido asesinado con una inyección del virus de la rabia. La historia se basa en el testimonio de Luz Arce, colaboradora de la DINA. Cuando fue interrogada con más detalle por el autor, Arce corrigió su relato, admitiendo que la persona inyectada con el virus de la rabia no pudo haber sido Fuentes porque ella escuchó la historia antes de abandonar Villa Grimaldi en diciembre de 1975, y en aquel momento Fuentes todavía vivía, según numerosos testigos.

17 Invitación de la DINA extendida a Paraguay: Carta de agradecimiento de Contreras: 25 de septiembre de 1975, 22:0152; invitación al jefe de la Policía Brítez, octubre de 1975, 22:0153; memorándum de Brítez sobre su encuentro con Jahn, 6 de noviembre de 1975, 22:0154; puntos por tratar durante el encuentro, 29 de octubre de 1975, sin número de microficha en el documento en posesión del autor. La carta de agradecimiento y la invitación se extendieron en elegante papel con membrete personal de Contreras, y tienen su firma original (Archivo de Paraguay).

18 Identidad de Osvaldo: El teniente coronel José Osvaldo Riveiro prestó testimonio ante la jueza federal María Servini de Cubría el 17 de junio de 2001, ocasión en que confirmó su rango militar y su puesto en el Batallón 601 durante 1975 y 1976. Negó ser «Rawson», pero el tribunal concluyó que había quedado establecido que él y Jorge Osvaldo Riveiro Rawson, personaje nombrado en numerosas ocasiones en los papeles de Arancibia, eran la misma persona. El nombre también aparece escrito con b, Ribeiro, en documentos secundarios. La forma Riveiro es la utilizada en el testimonio ante el tribunal, que aparece firmado con esa grafía. Los documentos de Arancibia incluyen una servilleta de papel de un restaurante en Buenos Aires, Queen Bess, con un nombre escrito, «Jorge Osvaldo Riveiro Rawson», y la fecha es 15 de agosto de 1975. Documento II/184-185 (Archivo de Arancibia). Lo notable es que el restaurante Queen Bess se menciona en otro documento que obtuvo el autor como el lugar que utilizaba Michael Townley para intercambiar mensajes con sus contactos en Buenos Aires.

19 Peticiones de Rawson: Archivo de Arancibia, 10 de octubre de 1975, Ia/ 184.

20 Contactos con Rawson: Archivo de Arancibia, 3 de octubre de 1975, II/ 172; 23 de diciembre de 1975, II/165.

21 Declaración de Videla: La Opinión, 10 de octubre de 1975 (en Seoane, op. cit.).

22 Coordinación de inteligencia: Roberto Viola, Anexo 1 (Inteligencia) «Directiva del Comandante General del Ejército No 404/75 (Lucha Contra la Subversión)», 28 de octubre de 1975, p. 10, donde se designa al Batallón de Inteligencia 601 como «centro de reunión» de las demás unidades de inteligencia; y Jorge Videla, «Directiva del Comandante General de Ejército No 404/75 (Lucha contra la Subversión)», 28 de octubre de 1975, p. 2. En este caso se refieren a la SIDE como un «elemento bajo control operativo» del Ejército. Ver también James Blystone, «Organigrama del ‘601’», anexado a un memorándum del 6 de febrero de 1980 (Proyecto Argentina).

23 Asalto a Malloco: Entrevistas con Pascal, Beausire y otro mirista que estaba presente, Martín Hernández. Manuel Contreras describió el asalto detalladamente ante un juez de instrucción chileno el 2 de enero de 1976. Documento en posesión del autor.

24 Plan Boomerang: La DINA dio a conocer algunos detalles del supuesto plan, pero lo acomodó para hacerlo parecer un complot para asesinar a Pinochet y a otros funcionarios del gobierno. La cúpula del MIR niega que alguna vez haya existido un plan llamado «Boomerang», y ha sido difícil determinar qué parte del plan fue real y qué parte propaganda de la DINA. Algunos líderes del MIR, como Andrés Pascal, restaron importancia al plan, pero un informe contemporáneo de inteligencia que se encontró en el Archivo de Arancibia muestra que las fuerzas de seguridad argentinas y chilenas lo tomaron en serio. Es improbable que los organismos de inteligencia estuvieran intercambiando propaganda falsa en informes secretos. Ver «Material de intercambio y solicitud de información», Buenos Aires, 18 de agosto de 1976, De: L.F.A./ A: A.D.F. Baires (Archivo de Arancibia: este documento solamente se pudo encontrar en la transcripción de González). Ver también Ia/103, 23 de julio de 1976, que hace referencia a este informe. Arancibia también transmitió, poco antes en 1975, un plan del MIR, ERP, ELN y los Tupamaros para realizar una ofensiva contra Bolivia conocida como «Operativo Altiplano». Archivo de Arancibia, 14 de febrero de 1975,IB/345-346. El informe describe una «cumbre» de líderes guerrilleros en la provincia de Salta del 15 al 18 de septiembre de 1973.

25 Mapa secuestrado: El Mercurio publicó una fotografía el 11 de noviembre de 1975.

26 Coordinación con Argentina: El Mercurio, 11 de noviembre de 1975. Un documento de Arancibia del 18 de agosto de 1976 (transcrito por Mónica González) describe dos operaciones conjuntas realizadas entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, en las que participaron la DINA y el Ejército y la Fuerza Aérea de Argentina en el Paso de Lonquimay, en la región fronteriza sur.

27 Redadas: Documento del Archivo de Arancibia, 31 de octubre de 1975, IB/177-178.

28 Desaparición de Claudet: El hecho se está investigando en Francia. En diciembre de 2001, el juez de instrucción Roger Le Loire solicitó la extradición del coronel (r) José Osvaldo Riveiro para responder a los cargos referidos a la desaparición de Claudet. Riveiro estuvo brevemente detenido en Argentina. Pero la búsqueda de Claudet que llevó adelante Rawson (Riveiro) tiene una vuelta de tuerca. Según excamaradas, Claudet tenía una novia en Buenos Aires. La mujer que los presentó simpatizaba con el MIR y, según documentos judiciales argentinos, trabajaba en el hotel Liberty. En 2002, cuando el caso fue reflotado a causa de la petición de extradición del juez Le Loire, una periodista argentina intentó entrevistar a la novia. Para su sorpresa, se encontró con que Riveiro estaba viviendo con la que había sido la novia de Claudet veintiséis años atrás. La relación induce a sospechar que la mujer pudo haber sido una doble agente en 1975, que además se infiltró con éxito en la estructura del MIR/JCR en Buenos Aires.

29 Télex sobre la captura de Claudet: Existen tres documentos en el Archivo de Arancibia sobre la captura: el memorándum (IA/168-170), un borrador de telegrama (Ib/171), ambos con fecha 17 de noviembre, y el telegrama sin fechar, tal como fue enviado desde la embajada (IB/172). La transcripción fue tomada del borrador, por ser más claro.

30 La fiesta del 26: Documentos del Archivo de Arancibia, Memorándum 74-J, 21 de noviembre de 1975, IA/165-167.

31 Carlos Mena: Documentos del Tribunal Russell, 1976, p. 327. Según Martín Sivak –Asesinato de Juan José Torres, p. 105–, Mena estaba en Buenos Aires algunos días antes del magnicidio del expresidente Torres.

32 Nombres de los brasileños, Luis Claudio Cunha, Operação Condor – O Se- qüestro dos Uruguaios: uma reportagem dos tempos da ditadura, ed. L&PM, 2008.

33 Nombres de los presentes en las reuniones sobre Cóndor: Casas, Mena, Fons, Guanes y Contreras se encuentran listados como signatarios de la versión final del «Acta de Clausura» (documento en posesión del autor). Fons, en una entrevista telefónica, dijo que había al menos quince oficiales presentes, incluyendo al anónimo oficial de la Fuerza Aérea uruguaya.

34 Informe de Chile: El programa de trabajo del proyecto Cóndor señalaba que el informe debía presentarse en la mañana del 26 de noviembre de 1975 («Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional»: Archivo de Paraguay 22:0155-22:0165). Arancibia relata que dicho informe fue enviado al agente Rawson del Batallón 601, en el Memorándum 78-J, del 11 de diciembre de 1975 (Archivo de Arancibia).

35 Inteligencia de Estados Unidos sobre el plan de la JCR: Santiago 1965, 11 de marzo de 1976 (documentos obtenidos por Dinges al amparo de la FOIA). Otros documentos de inteligencia de EE.UU. se refieren explícitamente a información obtenida a partir de «interrogatorios recientes» (por entonces los agentes estadounidenses comprendían que eso incluía torturas salvajes).

36 Informe de Argentina: Apéndice 1 (Síntesis de su origen y evolución. Doctrina, OPM PRT-ERP y JCR) al Anexo 1 (Inteligencia) a la Directiva del Comandante General del Ejército núm. 404/75 (Lucha contra la subversión), con fecha 28 de octubre de 1975. Este y otros documentos de inteligencia se obtuvieron de fuentes militares durante los juicios realizados en Argentina en 1986 y se encuentran archivados en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El informe cita a Enríquez comparando la JCR con la estrategia «Zimmerwald» de Lenin en tiempos de la Revolución rusa. Hablé con tres personas que habían participado de la reunión: Andrés Pascal, Enrique Gorriarán Merlo y Luis Efraín Martínez Platero. Sus recuerdos sobre las decisiones que se tomaron coinciden con la información contenida en el informe de inteligencia.

37 Informes de Paraguay: «Informe N 64», 20 de octubre de 1975, 21:15781581; e «Informe N 65», 22 de octubre de 1975, 21:1558-1559, ambos firmados por Guanes (Archivo de Paraguay). El documento del 22 de octubre hace referencia a la información que fuera recibida del «Asistente de Seguridad de la embajada estadounidense en nuestro país, McWade». Informe intitulado «Séptima Conferencia Bilateral de Inteligencia Paraguay-Argentina: Exposición a Cargo de la Delegación del Ejército Paraguayo, Año 1975» (referencias internas ubican el documento en fecha posterior a julio de 1975), 46:1344-1377 (Archivo de Paraguay).

38 Liderazgo intercontinental: Agenda del Cóndor, op. cit.

39 Evaluación del MIR por parte de la CIA: CIA (sin título), Dirección de Operaciones, 26 de noviembre de 1975 (Proyecto Chile).

40 Ir hasta Australia:Informe del Senado sobre organismos de inteligencia del extranjero, op. cit., p. 15.

41 Eliminar enemigos: Entrevista con el coronel (r) José Fons, octubre de 2001.

42 Fiesta: Contreras mencionó el lugar donde se celebró el festejo en una entrevista. Las instalaciones de la DINA se conocían como Cuartel Malloco, sin relación con la parcela de Malloco donde se libró la batalla entre el MIR y la DINA. La periodista chilena Mónica González entrevistó a un oficial presente en el festejo, quien le contó los detalles sobre las jóvenes y le enseñó fotos de aquella noche.

43 Organización de la Operación Cóndor: Nuestro conocimiento de la estructura y de las operaciones del proyecto Cóndor, tal como fueron consensuadas en la reunión y ampliadas en dos reuniones posteriores en 1976, se debe construir a partir de varias fuentes, entre las que se incluyen la Agenda y el Acta del proyecto Cóndor, op. cit.; la descripción del funcionario del FBI Robert Scherrer, cuyos informes y entrevistas con el autor aportaron la primera descripción en 1979, y documentos recientemente desclasificados de la CIA, la DIA y el Departamento de Estado. 44 Participación de la CIA y del FBI: Declaración de Contreras ante la Corte Suprema de Chile, 1979.

45 Computadoras: Dos exfuncionarios de la CIA destinados largos años en América Latina dijeron en entrevistas separadas que ese soporte era típico de operaciones con las que estaban familiarizados, y que una compañía externa contratada por la CIA lo habría prestado.

46 Numeración Cóndor: Documentacion del FBI en Caso Letelier, telex 17 de julio de 1976 «Cóndor uno» y mensaje de télex «De Cóndor 1 a Cóndor 4» (Argentina a Paraguay, por el contexto). Documento 4 de abril de 1976 (Archivo de Paraguay 132:2129); documento de la CIA del 14 de febrero de 1978 (Proyecto Chile) sobre la incorporación de Ecuador; y el documento chileno «Secreto» del 14 de abril de 1978, carta del coronel Jerónimo Pantoja, jefe de la CNI (organización que sucedió a la DINA en 1977) al subsecretario de Relaciones Exteriores sobre la incorporación de Perú a Cóndor. Para Uruguay y Bolivia, telegramas en posesion del autor.

47 Encriptadoras: Ver Gerardo Irusta, Espionaje y servicios secretos en Bolivia, La Paz, Todo Arte Servicio Gráfico, 1995, p. 301. La fuente de Irusta, el funcionario del Ministerio del Interior Juan Carlos Fortún, aportó copias de télex codificados y decodificados del sistema Condortel.Fortún aseveró que su jefe le dijo que «era una máquina especialmente fabricada para el ‘Sistema Cóndor’ por el Departamento Logístico de la Central de Inteligencia Americana (CIA)».

48 Sistema de radio: Asunción 4451 (citado en State 205779, 20 de octubre de 1978) (Proyecto Chile). El coronel (r) Lloyd Gracey, quien sirvió en el grupo estadounidense de entrenamiento militar en Argentina, confirmó la existencia del sistema de radio y el uso que le daban los oficiales. No sabía que se había utilizado para las comunicaciones de la Operación Cóndor, pero afirmó que el Ejército estadounidense permitía a los usuarios transmitir en código.

49 Agregados militares: Carta de Contreras al canciller chileno, 3 de octubre de 1974, documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en posesión del autor.

8. «Este viejo no quiere morir»

1 Alianza: Testimonio de Townley a Salvi, 24 de noviembre de 1992, pp. 36, 42.

2 Oficio DINA Dpto 1 secreto Nø 0601, 29 de diciembre de 1973, firmado por Pinochet. Archivos RREE.

3 La existencia de un ala operativa dentro del Departamento Exterior es mencionada en el testimonio de la secretaria de la DINA Ana María Rubio en el juicio Cóndor en Chile, fojas 12280.

4 PDI, «Informe Policial Nº 1000», 10 de julio de 2010,disponible en: Juicio Condor Chile, fojas 12276 y siguiente.

5 Contacto de Pinochet con fascistas italianos: Testimonio de Stefano Delle Chiaie, Tribunal de Apelación de Roma, 5 de diciembre de 1995, al juez Salvi; testimonio de Vincenzo Vinciguerra, 5 de diciembre de 1995, Tribunal de Apelación de Roma. «El príncipe Borghese, en sus contactos internacionales para reunirse, entrevistarse y visitar a Pinochet logró contactar a Delle Chiaie [con Chile]. [...] Cuando [Delle Chiaie] viajó a Chile, participó en reuniones del más alto nivel en la DINA», p. 12.

6 DINA, Informe secreto 2296/110, Santiago, 16 de febrero de 1975, Archivos RREE, firmado por Mario Jahn, coronel, director subrogante de DINA.

7 Misión en México: Townley describía la estadía en México con mucho detalle en las entrevistas con el FBI. Su versión se encuentra en los libros Labyrinth, pp. 241-247, y Assassination on Embassy Row, 152-155. Documentación aduanera obtenida por el FBI indica la fecha 15 de marzo cuando Townley y su grupo cruzara la frontera hacia México.

8 Resentimiento contra Altamirano: Testimonio de Townley al juez Salvi, 24 de noviembre de 1992, p. 26.

9 Departamento Exterior de la DINA y misiones en Europa: Testimonio de Townley a Salvi, 24 de noviembre de 1992 y julio de 1993. Testimonio de Carlos Labarca, un chofer de la DINA, a la jueza Servini de Cubría. Entrevista del autor a Carlos Altamirano, diciembre de 2001.

10 Amenaza a Valdés y Tomic: Télex del FBI con fechas 12, 13 y 18 de agosto de 1975; FBI LHM (Letterhead Memorandum) 2 de diciembre de 1975; Memorándum para el Registro (Memorandum for the Files), embajador David Popper, 22 de agosto de 1975 (Proyecto Chile). Melgoza fue identifacado como informante de Carlos Labarca, agente de la DINA, en ficha Colonia Dignidad, citando a Chile-America 52-53, 1979, p. 121.

11 Instrucciones para Townley: Testimonio de Townley a Salvi, julio de 1993; y en el momento de la sentencia, 25 de septiembre de 1995. Delle Chiaie en la nómina, pasaporte: testimonios de Carlos Labarca y Townley a Salvi.

12 Reproche: Testimonio de Vinciguerra a Salvi. Townley reconoció haber preferido dicha arma, pero dijo no recordar su conversación con Vinciguerra.

13 Celebración en Francfort: Testimonio frente a la jueza Servini de Wolf von Arnswaldt, empleado de Lan Chile y colaborador de la DINA, que vivía en Francfort.

14 Juicio de 1995: Townley prestó declaración el 19 de mayo de 1995.

15 Pinochet dio la orden: Testimonio de Vinciguerra a Salvi, p. 21. Otros detalles de las operaciones de Townley en Europa están en su testimonio al juez Salvi, 24 de noviembre de 1993 y 9 de julio de 1994. Remitirse también a Dinges y Landau, pp. 160-161.

16 Pago de cinco mil dólares: Declaración del juez Salvi en la prueba de Servini, basada en su entrevista con Vinciguerra, quien estuvo presente en la reunión con Pinochet.

17 Reunión de Pinochet con los terroristas: Entrevista con uno de los asesores civiles de Pinochet. Townley, en declaraciones a investigadores estadounidenses, fue el primero en brindar información sobre la reunión de Pinochet con Delle Chiaie en Madrid. Contreras la confirmó en un testimonio que dio en Chile en 1997.

18 Lamento de Townley: Testimonio de Townley a Salvi.

9. Muerte en Argentina

1 Visita de Massera: Buenos Aires 1751, 16 de marzo de 1976, documento que forma parte de una recopilación de aproximadamente cuatro mil documentos del Departamento de Estado publicados en septiembre de 2002, por orden de la secretaria de Estado Madeleine Albright en 2000; en adelante Proyecto Argentina. Argentina finalmente contrató a la firma de relaciones públicas Burston y Marsteller.

2 Informes del golpe: Resumen del Legat, 14 de marzo de 1976, FBI 33004374, Colección Argentina 2019; State 72468, 25 de marzo de 1976 (Proyecto Argentina); entrevista con Gracey.

3 Funcionarios estadounidenses atacados: El cónsul honorario John Egan fue asesinado por Montoneros y el funcionario de la Agencia de Información Estadounidense (USIA) Alfred Laun fue herido por un comando del ERP. El agregado militar, coronel Samuel Stapleton, fue evacuado tras repetidas amenazas de muerte. En agosto de 1976, el Batallón 601 capturó documentos y a agentes del ERP, quienes admitieron bajo tortura estar profundamente infiltrados en la base del Ejército donde se encontraba el cuartel central del grupo militar estadounidense, y haber elegido como blanco al teniente coronel Lloyd Gracey, oficial a cargo de la instrucción en inteligencia. Buenos Aires 5082, 4 de agosto de 1976, «Targeting of and Collection of Information by ERP on USMILGP Members» (Selección del objetivo y recopilación de información sobre los miembros del Grupo Militar Estadounidense por parte del ERP). (Documentos obtenidos por Dinges al amparo del Acta de Libertad de Información, FOIA).

4 Documento militar sobre la centralización de inteligencia: DIRECTIVA DEL COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO NRO 404/75 (Lucha contra la subversión), Comando General Ejército (EMGE—Jef II-Inteligencia, Buenos Aires, 281700 Oct 75), «Apéndice 1 (Síntesis de su origen y evolución. Doctrina- OPM PRT-ERP y JCR) al Anexo 1 (Inteligencia), pp 10-11.

5 Total del Batallón 601: Documento del Archivo de Arancibia V/238, julio 1978, parte de un documento más extenso que contiene listas de personas secuestradas en 1975.

6 Arancibia habla de los métodos por derecha y por izquierda: Utiliza los términos «por derecha y por izquierda» en dos documentos, con fecha 11 de diciembre de 1975, IA/159, y 7 de julio de 1978, V/238 (Archivo de Arancibia). Documento de inteligencia estadounidense: William H. Hallman, Memorandum: «Nuts and Bolts of the Government’s Repression of Terrorism-Subversion» (Aspectos básicos de la represión del gobierno a la subversión terrorista), 7 de agosto de 1979 (Proyecto Argentina).

7 Lista de personas asesinadas y desaparecidas: CONADEP, también conocida como Comisión Sábato. Se publicaron importantes hallazgos en el libro Nunca más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba, 1984. La base de datos de CONADEP, actualizada hasta 2019, se consiguió del Ministerio de Justicia argentino.

8 Consenso sobre los arrestos: Buenos Aires 2528, 16 de abril de 1976; Buenos Aires 2288, 6 de abril de 1976 (Proyecto Argentina). Los informes de prensa emitidos durante el mes posterior al golpe daban cuenta de violencia esporádica y algunas muertes.

9 El testimonio de Christoph Willeke en la investigación judicial en Chile, fojas 13158-13165, describe las operaciones en Argentina con más detalles que en cualquier otra parte. En septiembre de 1976, Willeke fue designado representante chileno en Cóndor y afirma que Argentina se había convertido en el centro de las operaciones del sistema Cóndor.

10 Carta de la DINA: Luis Gutiérrez a L.F. Alemparte, 23 de diciembre de 1975 (Documento II/165 del Archivo de Arancibia). La carta nombra, además de Enríquez, a Fernando Alarcón Ovando, a «Daniel» (la chapa de Claudet, que ya estaba muerto) y a Ruy Mauro Marini, el segundo del MIR, que se suponía viajaría a Argentina para encontrarse con Enríquez. Revelado y análisis de microfilm: testimonio de Marcia Merino en el Juicio Cóndor en Chile.

11 Discurso de Santucho: Mattini, op. cit.

12 Un informe detallado de la reunión y el allanamiento fue compilado por una unidad militar de inteligencia: «Informe especial mensual de inteligencia Nº 4/76, Asunto: Detección de la reunión del comité central del PRT-ERP.» El documento fue presentado en el juicio en Argentina.

13 Carta de Enríquez entregada por su esposa Greta Weinman como parte de su testimonio en el juicio Cóndor en Argentina, Sentencia pp. 1879-80.

14 Informe de la CIA sobre Enríquez: National Intelligence Daily (Informe diario del Servicio de Inteligencia Nacional), 23 de junio de 1973, Dirección de Inteligencia (Proyecto Chile).

15 Captura de Enríquez: Se describe la reunión en Mattini, pp. 446-453. Cables sobre la muerte de Enríquez: Santiago 4325, 7 de mayo de 1976; Buenos Aires 3047, 7 de mayo de 1976, y Dirección de Operaciones de la CIA, «Sec Sit Per DINA», 20 de mayo de 1976 (Proyectos Chile y Argentina, documentos obtenidos por Dinges al amparo del FOIA). Informe CNVR, vol. 2, p. 596. Télex de Operación Cóndor: entrevista con Luz Arce. Se resumen las pruebas de la presencia de Enríquez en Chile en el informe CNVR y se expresan en mayor detalle en una demanda de la familia de Enríquez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 28 de octubre de 1998. Ver también Juicio Cóndor en Argentina, Sentencia 1888 siguiente para testimonios al respecto de Emilio de Ipola y Luis Mattini (Arnold Kramer).

16 Tanto en la investigación judicial en Chile sobre Operación Cóndor como en el juicio en Argentina, se presentó evidencia y conclusiones sobre la muerte de Edgardo Enríquez y Regina Marcondes. La evidencia chilena sobre la identificación por huellas dactilares está en fojas 11555-011972. El juicio en Argentina contiene el relato más completo de lo que sucedió desde el allanamiento a la reunión PRT-ERP el 29 de marzo hasta la muerte de Enríquez, en alegato oral del fiscal Pedro Ouviña el 14 de octubre de 2015.

17 Informe resumen de la Policía Federal Argentina, 15 de septiembre de 1976, sin título, por el comisario inspector Alberto Baldomero Obreggu u Obregón del Departamento de Asuntos Extranjeros de la P.F.A., citado en el Juicio Cóndor de Argentina, Sentencia 1909-10. El oficial afirmó que el primer éxito fue la detención en Venezuela de un mirista, Ernesto Carmona Ulloa, lo cual permitió a Argentina «detectar la forma de comunicación entre responsables del M.I.R. exterior y M.I.R. interior, poniendo sobre aviso de esta circunstancia al gobierno chileno».

18 Informe de ACNUR: Buenos Aires 3766, 7 de junio de 1976 (Archivo de Argentina); Buenos Aires 3960, 15 de junio de 1976.

19 Conversaciones sobre transición uruguaya: Vegh Villegas reveló las conversaciones al prestar declaración el 25 de octubre de 1985 ante la Comisión Investigadora sobre Secuestro y Asesinato Perpetrados Contra los exlegisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, citado en la revista uruguaya Postdata, 17 de mayo de 1996. La declaración de Michelini a su hija Margarita fue extraída de la misma revista.

20 Visita planeada a Estados Unidos: Mencionada en La Opinión en los relatos sobre la muerte de Michelini. Ver también Buenos Aires 2425, Montevideo 1165 y State 82853, todos de 1975 (Proyecto Argentina).

21 Tráfico de dinero de Taub: Ver el capítulo 4, nota 54, relacionada con las transacciones con el ERP. Para las operaciones con la Policía Federal, la fuente es la entrevista con Leandro Sánchez Reisse. Según documentos judiciales, Taub también empleaba a diversos oficiales de la policía en sus negocios de cambio.

22 Asesinato de Michelini y otros: Los testimonios de testigos, entre los que se incluye una declaración atribuida a Gabriela, relacionados con intentos fallidos de extraditar en 1987 a oficiales sospechosos de ordenar y llevar a cabo los asesinatos, se encuentran compilados en los registros del tribunal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (Buenos Aires).

23 El secuestro de Liberoffy la huida de Ferreira: Investigación Histórica III, pp. 236 y 151. Su hijo, Juan Raúl Ferreira, relata la historia del escape de su padre en el tríptico «El Exilio y la CNT en los Años de Cóndor (Cuaderno del Instituto Cuesta Duarte, sin fecha).

24 Papel de Uruguay en los asesinatos: Según Campos, el oficial de enlace, un mayor que era «ahijado» de Álvarez, transmitió el mensaje directamente al general Videla. Otra fuente, el excoronel Fons, ha dicho que el servicio de inteligencia uruguayo, SID, sabía que Michelini estaba ayudando a los Tupamaros a salir de Argentina.

25 Campos Hermida deseaba limpiar su nombre: Entrevistado en su oficina en Montevideo el 12 de octubre de 2001; el 24 de noviembre falleció tras una operación de cáncer de pulmón.

26 Participación de Trimarchi: La otra fuente es Leandro Sánchez Reisse, un empleado civil del Batallón de Inteligencia 601 entre 1976 y 1980. Dijo no saber sobre la relación entre los asesinatos que le describió Trimarchi y la muerte de Michelini, hasta que le señalé las similitudes entre su relato y los hechos del caso, en especial los detalles sobre el auto, la llamada por radio y los cuerpos en el maletero. Hay un detalle que no concuerda: según el informe de la policía, fueron tres los cuerpos encontrados en el maletero y no dos como Sánchez Reisse recuerda que dijo Trimarchi. Sánchez Reisse posteriormente trabajó como informante del FBI y la DEA y en 1987 testificó ante la Comisión del Senado estadounidense sobre Relaciones Exteriores, subcomisión sobre Terrorismo, Narcóticos y Operaciones Internacionales. Dijo que su actividad en el Batallón 601 no implicaba violencia, si bien conocía a varios entre el personal militar y policial que llevaban a cabo las operaciones. Estuvo preso varios años por participar en un secuestro con fines de extorsión, pero un tribunal federal argentino lo exoneró en 2003.

27 Organización militar y política de Torres: Entrevista con Rubén Sánchez en 1996 por Martín Sivak, quien suministró una transcripción al autor. Sivak advierte que otros bolivianos cuestionaron la afirmación de Sánchez de que Torres tenía planeado ingresar a Bolivia en forma clandestina. No obstante, como principal asesor de Torres y jefe de sus operaciones en Bolivia, Sánchez habría estado directamente informado de estos planes clandestinos. Otros relatos avalan la teoría de que Sánchez estaba conspirando contra Banzer. Ver Irusta, pp. 327-332. Cita de un colega, Sivak, 26: «Me insisten que están bien organizados en las minas; yo quiero entrar de alguna manera», Martín Sivak,El asesinato de Juan José Torres, Serpaj-Argentina, 1997.

28 Ascenso de Mena: Irusta, p. 337. Sivak, p. 105, dice que Mena estaba en Buenos Aires cuando Torres fue asesinado.

29 Tortura de Rutila. Irusta, p. 346.

30 Cables de Stedman: La Paz 3254, 9 de mayo de 1976, y La Paz 3657, 11 de mayo de 1976 (Documento obtenido al amparo del FOIA). En un cable anterior, La Paz 2779, 7 de abril de 1976, Stedman informó sobre una serie de allanamientos en escondites del ELN en La Paz y Cochabamba, incluyendo uno el 2 de abril, día en que Graciela Rutila y su hija fueron apresadas (Documento obtenido al amparo del FOIA).

31 Teorías sobre el asesinato de Torres: Declaración de Martínez de Hoz en Buenos Aires 3664, 3 de junio de 1976 (Documento obtenido al amparo del FOIA). La CIA en un principio describió el asesinato de Torres como un «ojo por ojo» por la muerte de Zenteno en París. Informe del Senado sobre Actividades de Organismos de Inteligencia Extranjeros, op. cit. El autor y otros investigadores se inclinan a pensar que tanto Zenteno como Torres fueron asesinados por la misma razón: para eliminarlos como rivales de Banzer. Cf. Sivak, pp. 131-158; James M. Malloy y Eduardo Gamarra, Revolución y reacción: Bolivia, 1964-1985, New Brunswick, 1988, p. 95.

32 Cable de Hill sobre los asesinatos: Buenos Aires 3664, «Se encontró el cuerpo del ex Presidente boliviano Torres», 3 de junio de 1976 (Proyecto Argentina).

33 Las detenciones de Torres y el grupo de «elenos» fueron investigadas exhaustivamente en el Juicio Cóndor en Argentina, que confirmó el vínculo entre Torres y el ELN y concluyó: «El asesinato de Torres fue una acción coordinada entre las dictaduras argentina y boliviana en el marco de Cóndor». Se cita el cable Condortel como evidencia. Sentencia de Juicio Cóndor en Argentina.

10. Luz verde, luz roja

1 Disputa CIA-Kissinger: «Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders: Interim Report of the (Senate) Select Committee on Intelligence Activities» (Presuntas conspiraciones para asesinar a líderes extranjeros: informe provisional del Comité Especial (del Senado) sobre Actividades de Inteligencia), 225-227. Kissinger dijo en una entrevista con Elizabeth Farnsworth (The News Hour, cadena PBS): «Para nosotros y para la Casa Blanca la cuestión terminó el 15 de octubre». La CIA señala una serie de documentos posteriores a esa fecha en los cuales los preparativos del golpe continúan con ayuda de la CIA, incluyendo el envío de ametralladoras a uno de los grupos pocas horas antes de que un segundo grupo llevara a cabo el fatal secuestro. Los jefes de ambos grupos, el general Camilo Valenzuela y el general (r) Roberto Viaux, fueron condenados por una corte militar chilena que determinó que habían trabajado juntos en la preparación del golpe. Más aún, un arma que se encontró en el lugar del secuestro era del mismo tipo que las provistas a los complotados, aunque los investigadores del comité dijeron que no podían determinar si era una de las armas entregadas por la CIA. La CIA recuperó las tres armas y las tiró al mar, imposibilitando la investigación más allá de lo que dijeron sus propios oficiales. Ver Seymour Hersh, The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House, Nueva York, Summit, 1983, p. 293.

2 «Díganle a Popper»: The New York Times, 27 de septiembre de 1974.

3 Política pragmática: Kissinger citado en Lars Schoultz, Human Rights and U.S. Policy toward Latin America (Derechos humanos y política norteamericana hacia América Latina), Princeton, Princeton University Press, 1981, p. 110.

4 Reuniones de los sábados: Entre los funcionarios del Departamento de Estado convocados a esas reuniones estaba Robert Driscoll. Entrevistas con Driscoll y Rudy Fimbres, quien también trabajaba en el ARA.

5 Encuentro Kissinger-Pinochet: La transcripción fue desclasificada en respuesta a una solicitud de la escritora Lucy Komisar. Memorándum de la conversación, 8 de junio de 1976, documento 0000579F (Archivos de Chile). También estaba en el encuentro William D. Rogers, secretario asistente de Asuntos Interamericanos. Pinochet estaba acompañado por el canciller Patricio Carvajal, el embajador en EE.UU. Manuel Trucco, y Ricardo Claro, un prominente hombre de negocios chileno que aparece regularmente como mediador entre EE.UU.y Chile en cuestiones delicadas. Desempeñó un papel similar en 1978 cuando EE.UU. presionaba a Chile para que entregara al agente de la DINA Michael Townley, vinculado con el asesinato de Letelier.

6 Discurso de Kissinger: Boletín del Departamento de Estado 75 (5 de julio de 1976), p. 4.

7 Declaración halagüeña: CIA Latin Trends, 28 de junio de 1976 (Proyecto Chile).

8 Tras los comunistas: Amnistía Internacional denunció los arrestos de 185 personas en Antofagasta el 17 y el 18 mayo. El autor escribió en The Was- hington Post (7 de agosto de 1976, «Un dilema para Estados Unidos: los chilenos desaparecen») que ciento treinta personas habían sido arrestadas en abril y mayo, una cantidad que no incluía los arrestos de Antofagasta.

9 Papel ítalo-cubano en la Operación Cóndor: Delle Chiaie estaba en Chile en la época de la fundación de la Operación Cóndor, y también en la segunda reunión en junio. Los italianos y los cubanos trabajaron muy cerca de Michael Townley y Enrique Arancibia, y condujeron misiones para Argentina. La DINA envió a Delle Chiaie clandestinamente a Perú para espiar su desarrollo militar, lo cual está bien documentado en los Archivo de Arancibia y en el testimonio de Willeke en el Juicio Cóndor en Chile, fojas 13162.

10 Complot para asesinar a Pascal Allende: Entrevistas con Rolando Otero, Orlando García y el presidente Carlos Andrés Pérez.

11 Otero y la DISIP: Otero suministró a la DISIP una gran cantidad de información de inteligencia sobre operaciones chilenas, incluyendo la advertencia de que la DINA intentaba establecer una base de operaciones en Florida utilizando a exiliados cubanos para conducir operaciones contra exiliados chilenos que vivían en EE.UU. Esta instalación en EE.UU. podría haber sido la «base Cóndor» que la CIA sabía que la alianza Cóndor estaba tratando de establecer, según el informe al Senado «Actividades de ciertos organismos de inteligencia extranjeros». Otero volvió a Chile, donde descubrieron su doble juego, lo detuvieron y torturaron. El agregado legal del FBI en Argentina, Robert Scherrer, supo que Otero había sido capturado, y en una negociación personal con Contreras logró su expulsión bajo custodia del FBI. Otero fue encarcelado en EE.UU. y en 1978 suministró información que condujo al arresto del asesino de Letelier, Michael Townley.

12 Reunión en Santiago de la Operación Cóndor: CIA IIC, June 25, 1976, «Meeting of Intelligence Services» (Proyecto Argentina 2019,FBI 1356431 OC folder). Entrevista con Luz Arce. Arancibia, en un informe del 3 de junio de 1976 (Ia/111), escribe: «Mantuve una reunión con Osvaldo Rawson, quien me informó que el SIE aceptó tener una línea directa con nuestra oficina, tal como lo ofreció Mamo [Contreras] en su oportunidad. Necesitan saber qué tipo de máquina de télex se usaría. Rawson y dos técnicos del servicio irían a Chile después del 10, cuando se termine la Conferencia de Cancilleres de la OEA».

13 Prantl y Gavazzo: Legajo Personal de José Nino Gavazzo Pereira, con anotaciones de su superior, el gen. Amauri E. Prantl, director del Servicio de Información de Defensa, 30 de noviembre de 1976. Refiere a la reunión del 31 de mayo como la «2a Conferencia del Sistema Cóndor.» El documento fue introducido como evidencia en el juicio en Italia. Agradezco a Francesca Lessa por compartir el documento.

14 La démarche de Hill: Buenos Aires 3462, 25 de mayo, 1976 (Proyecto Argentina). «Se cita. Solicito autorización para decirle [al ministro argentino de Relaciones Exteriores] lo siguiente, comillas: Estados Unidos simpatiza mucho con las políticas moderadas anunciadas por el Presidente Videla y espera ayudar a Argentina en su proceso de reconstrucción y reconciliación nacional. Entendemos que Argentina está envuelta en una lucha total contra la subversión. Existen, sin embargo, algunas normas que los gobiernos empeñados en el imperio de la ley nunca deben dejar de lado. El respeto por los derechos humanos es una de ellas. Las persistentes actividades de escuadrones de la muerte del estilo de la Triple A, que recientemente asesinaron a Michelini, Gutiérrez Ruiz y a docenas de otras personas, y han secuestrado a un miembro de la Comisión Fulbright, la señorita Elida Messina, están dañando la habitualmente buena imagen del GOA [gobierno de Argentina] en el exterior. Estos grupos parecen operar con impunidad y se cree que están conectados con las fuerzas argentinas de seguridad. Ya sea que lo estén o no, sus operaciones continuas sólo pueden afectar al propio GOA y causar consternación entre los amigos de Argentina en el exterior. Fin de la cita, cierre de comillas». State 129048, misma fecha, incluye la autorización del Departamento de Estado para la démarche (Proyecto Argentina).

15 La instrucción de Kissinger a los embajadores: State 137156, «Immediate Action, Possible International Implications of Violent Deaths of Political Figures Abroad» (Acción inmediata, Posibles implicaciones internacionales de las muertes violentas de figuras políticas en el extranjero), 4 de junio de 1976 (Proyecto Argentina). El código de hora en el cable es el 4 de junio a las 0010 GMT, lo cual podría indicar que el cable fue despachado a las 20.10 horas la noche anterior.

16 Informe de INR: Memorándum, a la Secretaría, de INR-Harold H. Saunders, «Murders in Argentina–No Intergovernmental Conspiracy» («Asesinatos en Argentina: no hay conspiración intergubernamental», 4 de junio de 1976 (Proyecto Argentina).

17 Respuesta a consulta sobre conspiración: Santiago 5434, 7 de junio de 1976, y Buenos Aires 3766, 7 de junio de 1976 (Proyecto Chile y documentos obtenidos por Dinges al amparo de la FOIA). State 141275, 10 de junio de 1976, es un informe que reseña las respuestas de varias embajadas y está dirigido a la delegación de EE.UU., incluyendo al secretario de Estado Kissinger, preparado en Santiago para la reunión de la OEA (Proyecto Argentina).

18 Carta de Koch: State 136607, 3 de junio de 1976 (Proyecto Chile 1999).

19 Inteligencia de la CIA sobre la reunión del Cóndor: CIA, National Intelligence Daily, 23 de junio de 1976, S. America Anti-Refugee Action (Proyecto Chile). Este informe no menciona la reunión de los países, sino que dice: «Las organizaciones de seguridad de varios países sudamericanos podrían estar cooperando en acciones en contra de refugiados políticos en Argentina». Cita como ejemplos los asesinatos de Michelini, Gutiérrez, Torres y Enríquez. CIA Intelligence Information Cable, 25 de junio de 1976,‘Meeting of intelligence Services (Desclasificación Argentina 2019). Es la primera mención del Cóndor en documentos de EE.UU. Las palabras subrayadas fueron tachadas en esta versión, pero aparecen en otros documentos de la CIA señalados aquí; CIA Weekly Situation Report on International Terrorism, 29 de junio de 1976 Agreement of Latin American Intelligence Services (Desclasificación Argentina 2019). CIA, Reseña semanal, 2 de julio de 1976 (Proyecto Chile).

20 INR Report 526, 19 de julio de 1976, enviado como cable a la misión diplomática el 20 de julio de 1976 como State 178852. En su escepticismo sobre la cooperación, el informe se hace eco de un memorándum anterior del director de INR, Howard Saunders, a Kissinger, el 4 de junio de 1976, que se ha citado anteriormente y que no se basó en la nueva información de la CIA sobre las reuniones y planes de Cóndor.

21 Solicitud de Shlaudeman a los embajadores: State 171456, 10 de julio de 1976, «Trends in the Southern Cone» (Proyecto Chile y documentos obtenidos por el autor al amparo de la FOIA). El papel de Shlaudeman en Chile: Mientras Kissinger estaba en Chile en junio, Shlaudeman fue llamado a una audiencia del Senado de confirmación en su nuevo puesto. Fue interrogado acerca de su conocimiento del papel del gobierno de EE.UU. en las conspiraciones golpistas. En un testimonio secreto, Shlaudeman admitió que había hecho declaraciones engañosas para encubrir la participación estadounidense. Comité de Relaciones Exteriores del Senado, alrededor de junio de 1976, sin fecha, transcripción sin publicar, «Declaración del Honorable Harry W. Shlaudeman, nominado para ser subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos».

22 Cable de Argentina: Buenos Aires 4844, 23 de julio de 1976, «South America Southern Cone Security Practices» (América del Sur Cono Sur Prácticas de Seguridad). (Desclasificación Proyecto Argentina 2017).

23 Cable de la embajada uruguaya: Montevideo 2702, 20 de julio de 1976. (Documentos obtenidos por el autor al amparo de la FOIA).

24 Tres cables de Información de Inteligencia de la CIA, fechas 21, 23 y 28 de julio de 1976 (Proyecto Argentina 2019, carpeta del FBI «Operation Condor» en compilado pdf 307319).

25 CIA, 24 de julio de 1976. Memorándum para el subdirector de la CIA, Operación Cóndor (Desclasificación Argentina 2019, carpeta CIA C02218144).

26 Departamento de Estado, 3 de agosto de 1976, ARA-CIA Reunión semanal, «Operación Cóndor» (Proyecto Chile 1999, Proyecto Argentina 2019, C06278228, que incluyó los últimos dos párrafos que habían sido tachados en la desclasificación anterior).

27 ARA Informe Mensual, 3 de agosto de 1976 (Proyecto Argentina 2001).

11. Letelier: un asesinato que pudo haberse evitado

1 Kissinger y Letelier: Entrevista de Kissinger con Elizabeth Farnsworth, para The News Hour con Jim Lehrer, canal PBS, febrero de 2001. La cita es de una parte que no salió al aire.

2 Letelier en la ONU, documento de RREE encontrado en archivo CODEPU, 11 de diciembre de 1975. Letelier en Holanda, documento RREE- CODEPU, 2 de marzo de 1976.

3 Visita de Contreras a Washington: Contreras se reunió con exagentes de la CIA que lo ayudaron a comprar armas y equipo de vigilancia de alta tecnología, violando la prohibición del Congreso. Walters confirmó la visita durante un testimonio ante el Congreso en 1981. Ver «U.S. Economic Sanctions Against Chile» (Sanciones económicas de Estados Unidos a Chile), Subcomité del Congreso de Política Económica y Comercio Internacionales y Subcomité de Asuntos Interamericanos, Comité de Asuntos Exteriores, 10 de marzo de 1981, pp. 55-56. La información sobre las compras está en Saul Landau y John Dinges, «The Chilean Connection» (La conexión chilena), The Nation, 28 de noviembre de 1981. Una factura por armamento, firmada «Renato Sepúlveda», ubica a Contreras en Washington el 8 de julio de 1976.

4 Conocimiento de Townley sobre la Operación Cóndor: El «Memorándum para dejar constancia» de la CIA («Memorandum for the Record»), del 23 de agosto de 1978, es el registro de la Agencia sobre el encuentro con el fiscal del caso Letelier, Eugene Propper, quien estaba buscando información de la CIA sobre la Operación Cóndor: «El señor Propper explicó que Townley conoce la Operación Cóndor y la ha traído a colación en conexión con la emisión de los pasaportes paraguayos». El Informe del Senado, 18 de enero 1979, sobre organismos de inteligencia del extranjero, op. cit., y que está basado en documentos y testimonio de la CIA, indica que los oficiales de la DINA en Paraguay «podrían haber estado operando bajo el paraguas» de la Operación Cóndor.

5 Telegrama de Cóndor Uno: El texto en inglés figura como Prueba 114, incluido dentro del material de prueba enviado a Chile en 1979 como parte del trámite de extradición. El FBI obtuvo una copia del telegrama de Guanes en 1978.

6 Landau se dirige a Shlaudeman: Asunción 3233, 5 de agosto de 1976. Shlaudeman a Landau, misma fecha: State 194941 (Proyecto Chile). El funcionario paraguayo Conrado Pappalardo también le informó a Landau que la petición de cooperación a Paraguay se realizó a través de un llamado telefónico del general Pinochet al presidente Stroessner. Investigadores estadounidenses recibieron posteriormente el telegrama de Cóndor Uno solicitando cooperación y, después de entrevistar a Pappalardo, llegaron a la conclusión de que esa llamada nunca existió. Ver Asunción 3276, 6 de agosto de 1976 (Proyecto Chile).

7 Nuevos acontecimientos: Cable de Información de Inteligencia de la CIA, 5 de agosto de 1976, (Desclasificación Argentina 2019, carpeta FBI, Operación Cóndor, 307319).

8 Planes de asesinato: «Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders: Interim Report of the (Senate) Select Committee on Intelligence Activities» (Presuntas conspiraciones para asesinar a líderes extranjeros: informe provisional del Comité Especial del Senado sobre Actividades de Inteligencia), noviembre de 1975.

9 Llamadas telefónicas: Relato de Shlaudeman en el marco de un proyecto de historia oral. The Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project (Proyecto de Historia Oral sobre Asuntos Exteriores de la Association for Diplomatic Studies and Training); entrevista de William E. Knight, 24 de mayo de 1993.

10 Documentos de la CIA sobre acciones relativas a Cóndor: Memorándum para el registro, 13 de agosto de 1976; Memorándum para: Subdirector de Inteligencia Central, 17 de agosto de 1976 (Desclasificación Argentina 2019, en la carpeta CIA expediente EB-2016-00069, y en documento compilado en el pdf 154999948). Para mayor claridad y exhaustividad, en el segundo documento agregué información subrayada tomada de otros documentos de la CIA citados previamente.

11 Démarche de la Operación Cóndor: Departamento de Estado 209192, «Operación Cóndor», 23 de agosto de 1976 (Proyecto Chile).

12 Serie de asesinatos internacionales: Foreign Relations of the United States, 1969-1976, Vol. E-11, Parte 2, Documentos sobre Sudamérica, 19731976, p. 654.

13 Cable de Siracusa: Montevideo 3123, 24 de agosto de 1976, documento encontrado en Foreign Relations of the United States, 1969-1976, Vol E-11, parte 2, Documentos sobre Sudamérica 1973-1976. De ahora en adelante, FRUS SA E-11.

14 Suspensión: Cable de Información de Inteligencia de la CIA, 12 de agosto de 1976, «Decisión de países Cóndor de suspender planes de acción en Europa hasta que Brasil decida su participación» (Desclasificación Argentina 2019, Carpeta FBI, Operación Cóndor, documentos compilados en 307316). La información sobre Brasil y la suspensión fueron incluidas en el Resumen de la Tarde del INR, 13 de agosto de 1976, «Suspensión de Planes ‘Cóndor’» (Departamento de Estado, Proyecto Chile 1999).

15 Encuentro en Santiago: Entrevista con Thomas Boyatt. Telegrama de Popper, fechado 24 de agosto de 1976, con el número de identificación «Santiago 8210», en respuesta a «State 209192», denominación del telegrama de Kissinger. Los números se convierten en guías indispensables para seguir la cadena de documentos sobre la Operación Cóndor y el asesinato de Letelier en las semanas siguientes. El cable también fue publicado, con menos tachas, en FRUS Vol. E-11, parte 2, documento 242.

16 Respuesta de Bolivia: Stedman transmitió la petición de Bolivia de información de inteligencia en La Paz 3657, «High level Bolivian Concern about World-wide communist advances and implications for the Southern Cone of South America» (Preocupación en las altas esferas bolivianas por los avances del comunismo en el mundo y sus consecuencias en el Cono Sur de Sudamérica), 11 de mayo de 1976 (obtenido por Dinges al amparo de la FOIA). «El ministro [del Interior, coronel Juan Pereda] señaló que él y el entonces Presidente [Hugo Banzer] esperan que Washington aporte un análisis global desde el punto de vista de Estados Unidos sobre el accionar y los planes del comunismo mundial, con base en nuestra información de inteligencia. El ministro también espera que Bolivia pueda recibir un mayor flujo de información sobre los planes y operaciones del comunismo mundial».Stedman recomendó que [el Departamento de] Estado proveyese dicha información «de la Oficina de Investigación e Inteligencia (INR) u otras agencias dentro de la comunidad de organismos de inteligencia de Estados Unidos». La respuesta de Stedman a la autorización de Kissinger es La Paz 6758, 26 de agosto de 1976 (Proyecto Chile).

17 Acercamiento a Stroessner: Entrevista del autor con George W. Landau, 26 de septiembre de 2001. Landau fue designado embajador en Chile a fines de 1977 y estuvo a cargo de las arduas negociaciones que terminaron en la expulsión del agente de la DINA Michael Townley, cuyo testimonio llevó a la acusación de Contreras, Espinoza, Fernández Larios y cinco exiliados cubanos acusados de colaborar con Townley en el asesinato de Letelier. Sobre el episodio de los pasaportes, comentó: «Debo decir que ni el Departamento ni yo teníamos la menor sospecha de que este episodio estuviera conectado con el asesinato de Letelier. Porque de otro modo no me hubieran mandado a Chile, no hubiera tenido mucho sentido que me mandaran a Chile. Ellos no sabían y yo no sabía. Esto fue lo interesante del asunto. Fue una gran sorpresa para nosotros».

18 Respuesta de Brasil: FRUS, Vol E-11, parte 2, documento 137, Brasilia 8010, 16 de septiembre de 1976.

19 Acciones de las embajadas ante las instrucciones de Kissinger: Entrevistas del autor con el DCM Maxwell Chaplin y el asesor político Wayne Smith para Argentina, y el DCM James C. Haahr para Montevideo.

20 Memorándum 30 de agosto de 1976, Asunto: ARA/CIA Reunión Semanal, 27 de agosto de 1976 (Proyecto Chile 1999, con frase clave sobre la démarche para el gobierno chileno agregado en FRUS, Vol. E-11, Parte 2, documento 242, nota.)

21 Reunión de Siracusa con Méndez: Montevideo 3451, 15 de septiembre de 1976, «Meeting with President Aparicio Méndez» (Reunión con el presidente Aparicio Méndez) (Documento obtenido por J. Dinges al amparo de la FOIA). Reunión de Hill con Videla: Buenos Aires 6276, 24 de septiembre de 1976, «Ambassador Discusses U.S.-Argentine Relations with President Videla» (El embajador conversa sobre las relaciones EE.UU.-Argentina con el presidente Videla).

22 FRUS SA Vol. E-11, parte 2, nota que acompaña documento 245. Este tomo de FRUS se publicó en 2015.

23 Telegrama San José 4526, FRUS Vol E-11, Parte 2, Documento 245

24 Terrorismo de exiliados cubanos: Para una lista de actividades terroristas a cargo del MNC, Omega 7, Zero, CORU y otros grupos cubanos que estaban activos en aquella época, ver Dinges y Landau, pp. 240 y 252n.

25 Cable de Popper: Santiago 9212, 21 de septiembre de 1976, Asunto: Asesinato de Orlando Letelier. (Proyecto Chile 1999).

26 Conexión con la Operación Cóndor después del asesinato: Memorándum informativo, de Shlaudeman para Habib, «Operación Cóndor», 25 de septiembre de 1976 (Proyecto Chile y entrega al amparo de la FOIA a la escritora Lucy Komisar, conteniendo material borrado en los documentos liberados para el Proyecto Chile). En términos sencillos, el memorándum dice que la CIA ya había entregado material sobre la Operación Cóndor al FBI cuando se confeccionaron los informes originales de esta. No debería interpretarse esto como que la CIA estaba llamando la atención sobre la Operación Cóndor y su posible relevancia después del asesinato. Sin importar la información que haya distribuido la Agencia antes del asesinato, los funcionarios del FBI a cargo del caso dijeron que se enteraron de la existencia de Cóndor por el informe de Scherrer, no por ella.

27 Artículos sobre la teoría de mártir: Ver Dinges y Landau, pp. 243-244. Entre los artículos que proponen esta teoría se incluyen los del Washington Post, del 1 de noviembre; Newsweek, del 11 de octubre, y New York Times, del 12 de octubre. La teoría del mártir fue sugerida en un telegrama del Departamento de Estado dirigido al secretario Kissinger, de viaje en el extranjero, narrando un encuentro con el embajador chileno Manuel Trucco. Departamento de Estado 234417, «Exdis for the Secretary through Habib from ARA- Luers», 22 de septiembre de 1976.

28 Conocimiento de Scherrer sobre Cóndor: FBI, Cable sobre Operación Cóndor, sin título, 28 de septiembre de 1976 (Desclasificación Argentina 2019, desclasificación completa,FBI, carpeta Operación Cóndor 1356431, varias copias). El cable de Scherrer sobre Cóndor fue publicado por primera vez con una cantidad significativa de tachas en el libro de Dinges y Landau, Assassination on Embassy Row, 1980, pp. 238-239. Scherrer leyó el cable a Dinges por teléfono, aparentemente con autorización de sus superiores del FBI. Fue desclasificado parcialmente en 1981.

29 Acciones de Bush y la CIA: memorándum de la CIA, «Contacts with Justice Department Officials Concerning Letelier Murder» (Contactos con funcionarios del Departamento de Justicia sobre el asesinato de Letelier), 12 de octubre de 1976 (Proyecto Chile).

30 La CIA apunta a Pinochet: Telegrama 314/02794-76 de la Dirección de Operaciones de la CIA, del 6 de octubre de 1976 (Proyecto Chile). Este documento fue entregado a la familia Letelier en 1980, pero todas las referencias a las fuentes que mencionan a Pinochet y la participación de Chile en el asesinato están borradas.

31 Reinstauración de la démarche: Departamento de Estado 246107, 4 de octubre de 1976 (Proyecto Chile 1999).La referencia numérica en el cable es importante: Departamento de Estado 209192 es la orden de Kissinger para implementar la démarche el 23 de agosto, y Santiago 8210 es la petición de instrucciones por parte de Popper del 24 de agosto.

32 Reunión de la CIA con Contreras: FRUS, Vol. E-11, parte 2, documento 249.

33 Consternación de Dickens: Entrevista con Robert Scherrer, 1989. Dickens falleció a fines de la década del ochenta.

34 Comentario de Hewson Ryan: Proyecto de Historia Oral sobre Asuntos Exteriores de la Association for Diplomatic Studies and Training, entrevista hecha por Richard Nethercut, 27 de abril de 1988. Los comentarios de Ryan fueron descubiertos en 2001 por Carlos Osorio, analista de National Security Archive, y es uno de varias valiosas contribuciones a este libro.

35 Adela Gooch, «Ex Agent vows Justice in Letelier case», Washington Post, 26 de septiembre de 1989.

36 Documentos informativos para Propper: Colección Chile, desclasificados en julio de 2000. Entrevista con Propper, 7 de septiembre de 1979.

12. Kissinger y el «problema terrorista» en Argentina

1 Démarche de Hill: Buenos Aires 3462, 25 de mayo de 1976, «Request for Instructions» (Solicitud de instrucciones) State 129048, 25 de mayo de 1976, «Proposed Démarche on Human Rights» (Démarche propuesta en relación con los derechos humanos) (Proyecto Argentina).

2 Guzzetti descarta preocupaciones: Buenos Aires 6130, 20 de septiembre de 1976, «Other aspects of September 17 Conversation with Foreign Minister» (Otros aspectos de la conversación del 17 de septiembre con el canciller) (Proyecto Argentina). La conversación de Kissinger con Guzzetti en Santiago fue revelada por Martin Edwin Andersen, «Kissinger and the Dirty War» (Kissinger y la guerra sucia), en The Nation, 31 de octubre de 1987. El artículo de Andersen se basaba en un memorándum de la secretaria adjunta de Derechos Humanos Patricia Derian, quien escuchó la historia de boca de Hill durante una visita a Argentina en marzo de 1977. En respuesta al artículo de Andersen, William Rogers, socio cercano de Kissinger que ocupó el cargo de subsecretario de Asuntos Latinoamericanos antes de Shlaudeman, pone en duda la historia al señalar –erróneamente– que Hill nunca informó al Departamento de Estado acerca de sus temores sobre la conversación entre Guzzetti y Kissinger. En una carta a Kissinger enviada a The Nation, Rogers escribe: «Hill nunca nos dijo, durante el último semestre de 1976, mientras se ocupaba de los derechos humanos con tanta pasión, que habías confundido a Guzzetti, o que la Junta estaba bajo una impresión peligrosamente equivocada respecto de tu actitud».

3 Guzzetti eufórico: «Foreign Minister Guzzetti euphoric over visit to United States» (El canciller Guzzetti eufórico por su visita a Estados Unidos), Buenos Aires 6871, 19 de octubre de 1976 (Proyecto Argentina).

4 Respuesta de Shlaudeman: State 262786, 22 de octubre de 1976, «Guzzetti’s Visit to the U.S.» (Visita de Guzzetti a Estados Unidos) (Proyecto Argentina). Este intercambio tiene un aspecto interesante. Encontré otra versión del mismo cable con diferente párrafo final. La versión alternativa, entregada a un tribunal argentino en respuesta a una petición al amparo del Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) (Tratado de Asistencia Legal Mutua), instruye a Hill para que siga elevando quejas formales. «Seguiremos trabajando aquí con los representantes de Argentina, tal como esperamos que usted haga allá, para lograr que entiendan que el USG toma con la mayor seriedad los compromisos internacionales de Argentina de proteger y promover los derechos humanos fundamentales». Sobre la opinión de Kissinger, esta versión apunta que Hill debería sugerirle a Guzzetti que leyera un reciente discurso de Kissinger sobre derechos humanos ante el Synagogue Council of America. No se conoce la explicación de la existencia de dos versiones tan radicalmente diferentes.

5 Central de Reunión: El Batallón de Inteligencia 601, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015, pp. 24-25 y AJC Sentencia 1035-1037. El estudio fue compilado sobre la base de los testimonios de oficiales militares. Sus resultados fueron incorporados al Juicio Cóndor en Argentina.

6 El gobierno vendió esta propiedad de SIDE en 2017 por 9,4 millones de dólares. Ver Luciana Bertoia, «Licencia para Liquidar: Venta interna de armas y venta de edificios en la AFI de Macri». Cohete a la Luna, 26 de enero de 2020.

7 Apoyo de la embajada cubana: Los funcionarios cubanos que fueron consultados por el autor niegan que la embajada haya dado alguna clase de apoyo a grupos guerrilleros. Distintas fuentes con información directa señalaron que no existe duda sobre dicho apoyo. Entre estas se puede mencionar a exactivistas tupamaros y del ERP que, en aquella época, estaban en Argentina; ellos dejaron en claro que el apoyo no era para actividades guerrilleras sino para ayudar a escapar a los militantes. Las fuentes de izquierda confirmaron la información de las fuentes de inteligencia. La esposa de Biedma dijo que «Ángel», un funcionario de la embajada cubana, la ayudó a irse de Argentina con sus hijos poco después de que el hogar familiar fuera allanado por un escuadrón de la Triple A en mayo de 1975.

8 El secuestro de Biedma y los cubanos: El relato más completa de la CIA está en: CIA IIC, «Antecedentes sobre la desaparición en agosto de 1976 de dos cubanos de seguridad de la embajada» («Background on the August 1976 disappearance of two Cuban Embassy security men», 27 de julio de 1985 (Proyecto Argentina 2019, NARA 54739.) Al menos diez documentos de la CIA informan del secuestro. El primero es CIA IIC, «Detención de Patricio Biedma por las fuerzas de seguridad argentinas» («Detention by the Argentine Security Forces of Patricio Biedma,» 13 de agosto de 1976 (Proyecto Argentina 2019, NARA 54739). Otros informes de la CIA utilizados aquí: Informe de Situación Semanal (Weekly Situation Report), 17 de agosto de 1976; «Desaparición de dos oficiales de la embajada cubana en Buenos Aires» («Disappearance of Two Cuban Embassy Officials in Buenos Aires»), 26 de agosto de 1976 (un memorándum especial para el subdirector de operaciones de la CIA); Informe de Situación Semanal (Weekly Situation Report), 31 de agosto de 1976; y «Apuntes de personal, tendencias latinoamericanas» («StaffNotes, Latin American Trends»), 22 de septiembre de 1976. Todos estos documentos están en Proyecto Argentina 2019, carpetas CIA 071, CIA 073, NARA 54739.

9 El contacto de Biedma en la embajada de Cuba y la entrega de dinero: CIA IIC, 13 de agosto de 1976. Luz Lagarrigue, la esposa de Biedma, dijo en un intercambio de emails que Jorge Fuentes le presentó a «Ángel».

10 El relato cubano del secuestro es de una entrevista con Carlos Alzugaray, cónsul cubano en Argentina al momento de los arrestos.

11 Los informes de Scherrer: Asuntos Políticos Extranjeros - Argentina (Foreign Political Matters—Argentina) 3 de septiembre de 1976; Prioridad Ciudad de México (Mexico City Priority), Orestes Ruiz Hernández, Intento de secuestro de cónsul cubano, Mérida, México, 3 de septiembre de 1976; y Asuntos Políticos Extranjeros - Argentina (Foreign Political Matters –Argentina)... Cuba, 10 de octubre de 1976.

12 DINA y los cubanos anticastristas: Entrevista en agosto de 1979 con Robert Scherrer. Este reveló parte de lo que sabía sobre el secuestro en una entrevista con el autor en 1979, incluyendo la ubicación en el río Luján donde habían sido lanzados los cuerpos. Ver Asesinato en Washington (Assas- sination on Embassy Row), p. 197. El investigador cubano José Luis Méndez, quien consultó con el autor en 2004, atribuye el hallazgo de los cuerpos en un sitio cercano en 2012 y 2013 a esa información. El viaje de Townley a Buenos Aires el 12 de agosto es confirmado por su pasaporte con el alias de Kenneth Enyart. Townley también atendía otras cuestiones relacionadas con Cuba. Se iba a encontrar con Enrique Arancibia Clavel para coordinar un secuestro extorsivo con el fin de obtener dinero para el líder anticastrista Guillermo Novo y su grupo, el Movimiento Nacionalista Cubano, que lo ayudaría el mes siguiente en el asesinato de Letelier en Washington.

13 El relato de Bertazzo proviene de su testimonio resumido en el Juicio Cóndor en Argentina, fs 3860-3889, y correspondencia por correo electrónico con el autor.

14 Cable de la CIA sobre la JCR: Western Hemispher Brief (Informe sobre el Hemisferio Occidental) CI-WHB 76-097, junio de 1976 (la fecha se obtuvo a partir de una referencia en un cable sobre el asesinato en París del embajador boliviano Joaquín Zenteno «el mes pasado») (Obtenido por Dinges al amparo de la FOIA).

15 Informe de la CIA sobre Biedma: CIA, Dirección de Operaciones, «Argentina-Cuba: Castro Support for Local Subversion?» (Argentina- Cuba: ¿apoyo de Castro al terrorismo local?), 22 de septiembre de 1976 (Obtenido por Dinges al amparo de la FOIA).

16 Los nombres señalados por Biedma están en CIA IIC, 13 de agosto de 1976.

17 Además de los nombrados en el texto, Bertazzo proporcionó nombres o información sobre Manuela Santucho, la hermana de Mario Santucho, Marcelo Gelman, María Claudia Iruretugoyena, Ubaldo González, Ricardo Gayá (un infiltrado del ERP en la Policía Federal), su hermano gemelo Gustavo Gayá, Ana María del Carmen Pérez, y grupos de uruguayos del PVP que estimó en un total de unos quince, que formaron parte del llamado «segundo vuelo».Pudo nombrar a dos de ellos a partir de fotos: Washington Cram González y Prieto González. Los doce cuerpos encontrados en barriles de combustible son: Pérez, Gelman, los hermanos Gayá, Dardo Zelarrayán, los dos cubanos Cejas y Galañena (todos presos de Orletti), Mercedes Rosa Verón Britos, Alberto Mechoso, María Rosa Clementi de Cancere, Ricardo Manuel González, y un cuerpo aún no identificado.

18 Mayor uruguayo: Buenos Aires 4378, fechado 2 de julio de 1976. Este documento dice que algunos refugiados secuestrados, después de ser liberados, dijeron que «reconocieron y podrían nombrar a oficiales de seguridad uruguayos (plural) que participan activamente en operaciones conjuntas en Buenos Aires» (Proyecto Argentina). El documento Buenos Aires 4844, del 23 de julio de 1976, cita una «fuente del Ejército argentino que se refiere a un mayor del Ejército uruguayo asignado al servicio de inteligencia militar de Uruguay ‘que está en Buenos Aires desde hace algunas semanas, cooperando con las fuerzas de seguridad argentinas en operativos antiterroristas’» (Obtenido por Dinges al amparo de la FOIA). Por ende, según estos documentos, EE.UU. tenía información y también conocía las identidades de los oficiales uruguayos que operaban en Argentina cuando se produjo la seguidilla de asesinatos y secuestros.

19 Equipo uruguayo del SID: AJC sentencia, 4868-4884. Gavazzo y Cordero fueron vistos por numerosos testigos y no negaron su participación en las operaciones argentinas. Silveira y Campos Hermida, comisario de policía asignado en aquel entonces a operativos de estupefacientes, negaron haber estado en Argentina. Campos Hermida fue identificado por dos prisioneros, Washington Pérez y María del Carmen Martínez, y fue el único acusado que testificó ante la comisión parlamentaria en 1985. Presentó pruebas de su coartada, que lo ubicaba en Uruguay y en EE.UU. durante parte del tiempo que supuestamente había pasado en Argentina. En una larga entrevista con el autor, describió las operaciones en Argentina con gran detalle y dijo que había obtenido esa información a través de un oficial del Ejército que le señaló haber usado la identidad de Campos Hermida para interrogar prisioneros en Orletti. El fiscal general en el Juicio Cóndor en Argentina, Pablo Ouviña, citó el testimonio del capitán uruguayo Gilberto Vásquez, quien aseveró que Cóndor desplazó las operaciones internacionales de Campos Hermida. Por su parte, la versión de Campos Hermida, si bien es claramente interesada, tiene numerosas e importantísimas pistas concretas para realizar una investigación judicial seria sobre las actividades uruguayas en Argentina en el contexto de la Operación Cóndor. Agregó en la entrevista que estaba dispuesto a colaborar si esa investigación judicial se realizaba, pero eso no sucedió en Uruguay sino hasta después de su muerte, en noviembre de 2001.

20 PVP: Entrevistas con Hugo Cores, uno de los fundadores del PVP, quien confirmó el secuestro y el valor del rescate. La víctima fue un empresario argentino, Federico Hart. El rescate se pagó silenciosamente en 1974, sin la participación de la policía y sin mucha publicidad. Las actividades y la organización del PVP/OPR-33 fueron detalladas en una publicación militar que tiene la extensión de un libro: «El proceso político: las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental», sin fecha (se obtuvo la copia desde un organismo de derechos humanos).

21 Clara demostración de la cooperación: Montevideo 4161, 1 de noviembre de 1976.

22 Uruguayos desaparecidos: Los numerosos testimonios de los sobrevivientes de las actividades uruguayas en Argentina, dentro del marco de la Operación Cóndor, han sido compilados en un resumen de pruebas elegantemente documentado, «El contexto represivo», que fue reunido por Raúl Oliveira, de PIT/CNT. El documento electrónico consta de una cronología de setenta y cinco páginas, con pasajes de los testimonios claves e hipervínculos a la transcripción de los testimonios de más de cien testigos. En 1976 desaparecieron, en total, cuarenta y seis uruguayos en Argentina. Los que fueron vistos en Automotores Orletti, con su fecha de captura, son: 9/6/76, Gatti Antuña, Gerardo Francisco 15/6/76, Méndez Donadio, José Hugo 15/6/76, Rodríguez Rodríguez, Julio ?/6/76, Candia, Francisco Edgardo 13/7/76, Duarte Luján, León Gualberto 26/8/76, Cruz Bonfiglio, Mario Jorge 3/9/76, Betancourt Garin, Walner Ademir 23/9/76, Morales von Pieverling, Juan Miguel 23/9/76, Kleim Lledó de Morales, Josefina Modesta 26/9/76,Julien Cáceres,Mario Roger 26/9/76,Grisonas de Julien, Victoria 26/9/76, Mechoso Méndez, Alberto Cecilio 26/9/76, Soba, Adalberto Waldemar 26/9/76, Tejera Llovet, Raúl 26/9/76, Errandonea Salvia, Juan Pablo 27/9/76, Islas Gatti de Zaffaroni, María Emilia 27/9/76, Zaffaroni Castilla, Jorge Roberto 28/9/76, Trías Hernández, Cecilia Susana 28/9/76, Cram González, Washington 30/9/76, Prieto González, Rubén 1/10/76, Lezama González, Rafael 1/10/76, Moreno Malugani, Miguel Ángel 1/10/76, Rodríguez Mercader, Carlos 1/10/76, Recagno Ibarburu, Juan Pablo 1/10/76, Carretero Cárdenas, Casimira María del Rosario. La lista fue compilada por la investigadora en derechos humanos Anabel Alcaide, de la Liga Argentina para la Protección de los Derechos Humanos, basándose en datos de casos individuales de la CONADEP y la PIT/ CNT.

23 Gavazzo recuperó nueve millones de dólares: SDHPR, Equipo de Investigación Histórica, Cronología de Hechos Represivos hacia el Partido por la Victoria del Pueblo (P.V.P.) (FAU, O.P.R. «33», ROE, FER, F.R.T.), actualizado en 2011, citando documento del Ministerio de Defensa Nacional, Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa (SID/OCOA) en custodia en la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, Junta de Comandantes en Jefe, Servicio de Información de las Fuerzas Armadas, Departamento I, Sección Microfilmación Rollos 1847_0393.

24 Cable de la DIA: IR 8 804 030076, 22 de septiembre de 1976. Este documento en posesión del autor fue entregado al juez de investigación italiano Giancarlo Capaldo durante una visita a Estados Unidos en 2001. No fue incluido en ninguna de las recopilaciones de documentos desclasificados.

25 Informe de la DIA sobre la Operación Cóndor: IR 6 804 0334 76, 1 de octubre de 1976, Buenos Aires (Proyecto Chile). El informe, basado en el teletipo de Scherrer, tiene la siguiente anotación: «Fecha de información: 28 de septiembre de 1976.» El informe de Scherrer, con fecha 28 de septiembre, identifica al «Dr. Poire» como la fuente. Como es el mismo día del informe de Scherrer dando cuenta de su descubrimiento de Operación Cóndor y su descripción de sus tres fases, probablemente obtuvo la información sobre la campaña en contra del PVP/ OPR-33 en la misma reunión con Poire. Teletipo Buenos Aires al director del FBI director, 28 de septiembre de 1976 (Proyecto Argentina 2019, carpeta FBI 1358532, documento 109-BE-2 Sección 19). Otros cables que informan sobre el secuestro de ciudadanos uruguayos en Argentina y la subsiguiente reaparición de algunos de ellos en Uruguay son los siguientes: Buenos Aires 5661, del 30 de agosto de 1976; Montevideo 4161, del 1 de noviembre de 1976; State 267364, del 29 de octubre de 1976; Montevideo 4136, del 29 de octubre de 1976; Buenos Aires 7203, del 2 de noviembre de 1976; Montevideo 4143, del 30 de octubre de 1976; Buenos Aires 6884, del 19 de octubre de 1976; y State 213081, del 27 de agosto de 1976 (Proyecto Argentina y Dinges al amparo de la FOIA).

13. Teseo

1 Reglamento Teseo: CIA, Informe de Información de Inteligencia, «Texto del acuerdo entre países Cóndor que regula sus blancos subversivos» («Text of the Agreement by Condor Countries regulating their Subversive Targets»), 16 de agosto de 1977. (Proyecto Argentina 2019, Carpeta CIA 000071; este documento también está en la carpeta FBI 1356431 Operación Cóndor). La reproducción de este documento solo existe en inglés, traducido de la versión original en español. La CIA no proveyó el texto original en español. Por lo tanto, la versión en español que presentamos aquí es una traducción del inglés, y podría diferir en algunas palabras, pero nada sustancial respecto del original en español.

2 Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, Viking, 1963.

3 Ubicación de sede de Cóndor: Existen varias fuentes que, en su conjunto, apuntan a la dirección de la SIDE, calle Billinghurst 2457, como la sede de Cóndor, incluyendo Teseo. El alegato del Juicio Cóndor en Argentina (pp. 328-332) ubica la unidad OT 1 de SIDE, liderada por Visuara, en esa misma dirección. Boimvaser, según la versión de Visuara, dice que tanto Visuara como el teniente coronel Nieto Moreno sostuvieron reuniones de Cóndor allí. El informe de la CIA da una ubicación un poco más difusa: «El Centro de Operaciones ‘Teseo’» está dentro del inmueble en Buenos Aires que hospeda al Batallón de Inteligencia 601 de la Secretaría de Inteligencia (SIDE)». En realidad, el Batallón de Inteligencia 601 quedaba en una base militar en otra parte de Buenos Aires, pero la unidad a cargo de Operación Cóndor y la persecución de extranjeros, el GT5 de la Central de Reunión de Información, encabezado por el teniente coronel Nieto Moreno, estaba dentro del inmueble del SIDE. Ver CIA IIC, «Persistente presión para persuadir a Paraguay de cambiar su decisión de no unirse a ‘Teseo’, una unidad operativa de Cóndor» («Continued Pressure to Persuade Paraguay to change its Decision not to Join ‘Teseo’, a Condor Action Unit»), 7 de octubre de 1977 (Proyecto Argentina 2019, carpeta CIA 000070).

4 Freno a Cóndor: Departamento de Estado, Informe INR 864, «El Cono Sur de Sudamérica – ¿un bloque en formación?» («South America’s Southern Cone – Bloc in Formation?»), 6 de octubre de 1977 (Proyecto Argentina 2017, documento C06315131).

5 Reticencia boliviana: CIA IIC, «Acuerdo de países Cóndor en mayo de 1976 para crear una unidad para operar en contra de izquierdistas en Francia» («Agreement of Condor countries in May 1976 to form a unit to operate against leftists in France»), 16 de febrero de 1977 (Proyecto Argentina 2019, carpeta CIA 000073, también en la carpeta Operación Cóndor del FBI 1356431). Este es el primer documento desclasificado que menciona a Teseo.

6 Reticencia de Paraguay: CIA IIC, «Persistente presión para persuadir a Paraguay de cambiar su decisión de no unirse a ‘Teseo’, una unidad operativa de Cóndor» («Continued Pressure to Persuade Paraguay to change its Decision not to Join ‘Teseo’, a Condor Action Unit»), 7 de octubre de 1977 (Proyecto Argentina 2019, carpeta CIA 000070).

7 Resistencia brasileña a Cóndor: CIA IIC, «Retiro de observadores brasileños de organización Cóndor» («Withdrawal of Brazilian observers from Condor organization»), 28 de diciembre de 1977 (Proyectp Argentina 2019, carpeta CIA 000066).

8 Acuerdo de Brasil: INR Resumen de la tarde, «Operación Cóndor sigue adelante» («Operation Condor Goes Forward»), 24 de septiembre de 1976 (Colección Chile).

9 El contexto: DOS, «ARA-CIA Weekly Meeting», Memorándum para el registro, 3 de agosto de 1976 (Proyecto Argentina 2019); DOS, «Operación Cóndor», 25 de septiembre de 1976.

10 Sobre el mes: CIA IIC, «Acuerdo de países Cóndor en mayo de 1976 para crear una unidad para operar en contra de izquierdistas en Francia» («Agreement of Condor countries in May 1976 to form a unit to operate against leftists in France»), 16 de febrero de 1977 (Proyecto Argentina 2019, carpetas FBI y CIA 000073.

11 Composición de equipos: Cable de Scherrer, 28 de septiembre de 1976, op. cit. Los «muchos» blancos de Chile, CIA ICC 28 de julio de 1976, op. cit.

12 René Valenzuela: Valenzuela permaneció activo en Europa tras la disolución de la JCR. En 1992 fue arrestado en España, acusado de participar en actividades del grupo terrorista vasco ETA. Ver Jorge G. Castañeda, Utopia Unarmed: The Latin American Left After the Cold War, Knopf, 1993, p. 67.

13 El relato de Townley también debe relacionarse con sus declaraciones en varios documentos. Remitirse al testimonio de Townley al juez Giovanni Salvi, 9 de julio de 1993, p. 98 (sobre Valenzuela); Testimonio a Salvi, 24 de noviembre de 1992, p. 65 (transcripción del italiano): «Cuando estaba en Europa, no solo me encargaba de Leighton y de Alfredo. En un determinado momento, buscaba a Carlos con la misma intensidad con la que ustedes llevaban a cabo su investigación. Siempre intentábamos descubrir qué estaban preparando las Brigadas Rojas, cuáles eran las actividades de la banda Baader-Meinhof, qué estaba haciendo el IRA en Irlanda o qué tramaba la ETA en España. Gracias a todos estos grupos, junto a la facción revolucionaria de la izquierda, MIR, descubrimos el contrabando de armas en cajas de embalaje para aparatos eléctricos de Siemens Electric que salían desde Hamburgo. Había unos Scorpion M-66 que venían desde Checoslovaquia, y también motores, muchísimos motores».

14 Misión a comienzos de 1977: CIA IIC, «Persistente presión para persuadir a Paraguay de cambiar su decisión de no unirse a ‘Teseo’, una unidad operativa de Cóndor» («Continued Pressure to Persuade Paraguay to change its Decision not to Join ‘Teseo’, a Condor Action Unit»), 7 de octubre de 1977 (Proyecto Argentina 2019, carpeta CIA 000070).

15 Misión de París: Declaración jurada manuscrita de Townley ante un tribunal chileno, marzo de 1978, documento en poder del autor.

16 Tres blancos uruguayos: CIA IIC, 7 de diciembre de 1976, «Primer intento de Cóndor de operar en contra de terroristas» («First Attempt of Condor to Operate Against Terrorists») (Proyecto Argentina 2019, FBI, carpeta 1356431 «Operación Cóndor», documento 307319/19).

17 Derechos humanos en París: Entrevista con Cores por Eugenia Allier, Montevideo 2003, citado en Silvia Dutrenit, Uruguay en el Exilio, capítulo VIII, «Milonga de Andar Lejos»: Los Que Fueron a Francia, por Eugenia Allier y Denis Merklen. Cores trabajó estrechamente con los abogados de derechos humanos Jean-Louis Weil y Louis Joinet en Francia.

18 Ivonne Trías, Hugo Cores: Pasión y rebeldía en la izquierda uruguaya (Trilce 2008), pág. 195. Trías ofrece un rico retrato de la vida de Cores en París, basado en entrevistas con Mariela Salaberry y amigos y compañeros políticos de Cores.

19 Autocrítica: Entrevista del autor con Hugo Cores, Montevideo, octubre de 2001. La conversación con Gerardo Gatti es mencionada en Trías, p. 195.

20 Intento de asesinato de Cores: CIA IIC, 7 de diciembre de 1976, «Primer intento de Cóndor de operar en contra de terroristas» («First Attempt of Condor to Operate Against Terrorists»), op. cit. Otros dos documentos mencionan a Cores con su nombre: Montevideo 4755, «Operaciones Cóndor», 10 de diciembre de 1976 (FRUS, Vol. E-11 parte 2, documento 367); y CIA IIC, «Estructura y Planes Operativos de Cóndor; ... Selección de Blancos para Equipos ‘Cóndor’ que operarán en Europa» («Structure and Operational Plans of Condor; ... Selection of Targets for «Condor» Teams that will operate in Europe»), 28 de julio de 1976 (Proyecto Argentina 2019, carpeta FBI 1356431 «Operación Cóndor»).

21 Amenaza a Wilson Ferreira: Correspondencia con su hijo, Juan Raúl Ferreira. Su padre falleció en los años ochenta. Siracusa también menciona a Ferreira como un blanco, citando a Fons. Dirigente de Amnistía Internacional: Email de Kaufman al autor, 29 de mayo de 2019. Kaufman dijo que se le informó de la amenaza en 1980 por parte de Enrique Bernstein, una alta autoridad de la Cancillería chilena.

22 Preocupación de la CIA en julio: memo de la CIA, Warren, 24 de julio de 1976, op cit.

23 Siracusa defiende a los militares uruguayos: Montevideo 3095, 20 de agosto de 1976, refuta párrafo por párrafo un estudio de la situación de derechos humanos en Uruguay de la Washington Office on Latin America (WOLA). Al rebatir uno de los cargos del WOLA, se contradijo con su propio cable, en el que había afirmado que «las autoridades argentinas consideraban que Michelini estaba trabajando con la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) en Argentina para instrumentar la campaña de propaganda en contra de Uruguay», Montevideo 2238, 18 de junio de 1976. (Documento obtenido por Carlos Osorio al amparo de la FOIA).

24 Siracusa y Koch: Proyecto de Historia Oral sobre Asuntos Exteriores de la Association for Diplomatic Studies and Training, entrevista con Siracusa de Hank Zivetz, junio de 1989.

25 Amenaza a Koch: Memorándum de la CIA, «Irritación de [ ] militares con congresista estadounidense», 27 de septiembre de 1976 (Proyecto Argentina 2019, en carpeta FBI 1356431 Operación Cóndor, documento 1356431-0 - 109-HQ-C12-227 Serial 1464). La información entre corchetes está contenida en otros documentos.

26 Llamada de Bush a Koch: Entrevistas con Edward Koch y su asistente en el Congreso, Charles Flynn. Ninguno recuerda la fecha de la llamada, salvo que fue posterior al asesinato de Letelier. La llamada del FBI a Koch se realizó el 19 de octubre, según documentos entregados a Koch.

27 Cable de Siracusa: Montevideo 3123, 24 de agosto de 1976, documento encontrado en Foreign Relations of the United States, 1969-1976, SA E-11, part 2, Documents on South America 1973-1976. En adelante FRUS SA E-11.

28 Telegrama a Siracusa: Departamento de Estado 292202, 1 de diciembre de 1976 (FRUS SA E-11, parte 2, documento 364.

29 Informe de un enojado Siracusa: Montevideo 4652, 2 de diciembre de 1976, «Amenaza en contra del congresista Koch» («Threat Against congressman Koch»). El telegrama en referencia es Departamento de Estado 292202, 1 de diciembre de 1976 (en FRUS SA E-11, parte 2, documentos 364, 365).

30 Shlaudeman impide los nombramientos: Memorándum a Philip Habib, 13 de diciembre de 1976 (Solicitud de Koch al amparo de FOIA). Habib aprobó la cancelación de las visas el 17 de diciembre y reafirmó la acción en un «Memorándum para la Acción» más detallado, con fecha 31 de diciembre (FRUS SA E-11, documento 369). En ese documento, los fundamentos para negar la visa se refieren a una sección de la ley federal sobre inmigración que prohíbe el ingreso a personas que se cree podrían poner en peligro el bienestar o la seguridad de Estados Unidos.

31 Dudas morales: Cable de Siracusa, Montevideo 4755, 10 de diciembre de 1976. En el primer párrafo, cita del Cable de Información de Inteligencia de la CIA, «Primer intento de operar en contra de terroristas [en París], 7 de diciembre de 1976, op. cit.

32 CIA IIC, «Comments by a Paraguayan Security Official on Operation Condor,» 18 de abril de 1977 (Proyecto Argentina 2019, NARA 54739). Se han publicado varias versiones de este documento con distintas redacciones. El apellido de Sosa fue revelado debido a un aparente error de redacción en la primera versión desclasificada en 2000 como parte del proyecto Chile.

33 Sucesor de Paladino: CIA, IIC, «Comments ... on Operation Condor», 2 de febrero de 1977 (Proyecto Argentina).

34 Alerta a Francia, Portugal: «Senate Foreign Relations Committee,Activities of Certain Foreign Intelligence Agencies in the United States», 18 de enero de 1979 (Proyecto Argentina 2019).

35 Wilson Ferreira: Entrevista con su hijo Raúl Ferreira.

36 INR Afternoon Summary «Condor Activities Continue,» 11 de noviembre de 1976, DOS (Colleccion Chile)

14. Asesinatos fracasados

1 CIA IIC, «Actividades de la Operación Cóndor fuera de países Cóndor» («Activities of Operation Condor outside Condor countries»), 25 de enero de 1977 (Proyecto Argentina 2019, FBI Carpeta Operación Cóndor).

2 CIA IIC, «Secuestro y asesinato de embajador argentino» («Kidnapping and assassination of Argentine ambassador»), 8 de septiembre de 1977 (Proyecto Argentina 2019, Carpeta CIA 000066).

3 Fiesta del Cóndor: Testimonio del capitán Eduardo Rodolfo Cabanillas, 17 de noviembre de 1977, y otros oficiales ante una corte marcial. SUMARIO «Comando de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, Córdoba, LETRA 4I7/ No 0035/CDE 1/ Año 1977»- EJÉRCITO ARGENTINO/ Archivo Judicial del Consejo Supremo de las FFAA carpeta 10720/ expediente 80739. El tribunal militar estaba investigando secuestros supuestamente perpetrados por el equipo del Grupo de Tareas 18 de Orletti, bajo la dirección del oficial y jefe del destacamento civil Aníbal Gordon. Se identificó a otros miembros del grupo de Gordon en la fiesta, incluyendo a Cabanillas, el subjefe de OT 18; el mayor Alberto A. Hubert, del comando de Córdoba y el principal acusado en el secuestro;y el agente de OT 18 Eduardo Ruffo. El caso es importante, ya que demuestra que algunas entidades del Ejército argentino trataban de tener ciertos aspectos de la guerra sucia bajo control, al menos en la medida en que se estaban investigando secuestros que no pretendían eliminar subversivos sino extorsionar para el beneficio personal de los oficiales involucrados. El sumario no menciona a Cóndor. Gordon y su grupo habían participado en estos secuestros apolíticos, y los militares hicieron saber que esas actividades ilegales fueron la razón del despido del jefe de Gordon, el general Paladino. La otra razón de la destitución de Paladino, la comprometida Operación Cóndor, permaneció en secreto hasta su revelación en el documento de la CIA citado aquí.

4 Disolución de OT 18: JCA Sentencia, 1077-1079, basado en la declaración de Graciela Vidaillac. Ella dijo que su marido trató de lanzar un ataque del ERP a Orletti en los días siguientes para liberar a prisioneros, pero decidió que tal ataque no era factible.

5 Prisioneros bolivianos: Entre ellos se encontraban Graciela Rutila Artés, Efraín Villa y Luis Stamponi. La bebé de Graciela Rutila, Carla, también fue trasladada a Argentina, donde fue adoptada por uno de los miembros del Grupo de Tareas de Orletti, Eduardo Alfredo Ruffo.

6 Jorge Boimvaser, Los sospechosos de siempre: Historia del espionaje en la Argen- tina, Buenos Aires, Planeta, 2001 (ver pp. 161-165). Entrevistas e intercambios de emails con el autor, 2019.

7 Entrevista con Isabel Allende Bussi, 8 de septiembre de 2019.

8 Informe de «derechos humanos» del gobierno: Titulado «Argentina y sus Derechos Humanos», el informe trilingüe constituye una denuncia de las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que preparaba una visita a Argentina. Reproducido en el Informe de Inteligencia DIA, «Argentina se prepara para visita de CIDH de la OEA» («Argentina Prepares for OAS Human Rights Commission Visit»), 25 de enero de 1979, p. 107 (Proyecto Argentina 2019, Carpeta DOD, DIA).

9 Detalles operativos: CIA, Informe de Información de Inteligencia, «Texto del acuerdo entre países Cóndor que regula sus blancos subversivos» («Text of the Agreement by Condor Countries regulating their Subversive Targets»), 16 de agosto de 1977.

10 Boimvaser, p. 163.

11 Cable de Información de Inteligencia de la CIA, 5 de agosto de 1976 (Proyecto Argentina 2019, Carpeta CIA «Operación Cóndor»).

12 Juvenal, p. 144, copia digital en Scribd.

13 Sección Internacional: CIA IIC, «Responsabilidad de la «Sección Internacional’ del Centro Nacional de Inteligencia en operaciones en contra de chilenos...» («Responsibility of the ‘International Desk’ of the National Intelligence Center for Operations against Chileans...»), 6 de octubre de 1976 (Proyecto Argentina 2019, NARA 54739). Ver también: CIA IIC «Creación de una ‘Sección Internacional’ en el Centro Nacional de Inteligencia» («Creation of an ‘International Desk’ of the National Intelligence Center»), 23 de septiembre de 1976 (Proyecto Argentina 2019, FBI, Carpeta Operación Cóndor), para el nombre y responsabilidad del mayor Rojas.

14 Investigaciones del Ejército: CIA IIC, «El rol del Centro Nacional de Inteligencia dentro de la campaña antisubversiva» («The role of the National Intelligence Center within the countersubversive campaign»), 19 de noviembre de 1976 (Proyecto Argentina 2019, NARA 54739). Este documento también establece que NIC es lo mismo que la Central de Reunión de Inteligencia (CRI), descrita en detalle en los capítulos 9 y 10. La CIA describe cinco «grupos» de NIC que son idénticos a los cinco «Grupos de Tarea» de la CRI, de los cuales el Grupo 5 (o GT 5) tenía la misión de destruir a la JCR. Este documento establece que la Sección Internacional está agregada al GT 5.

15 Problemas de Cóndor: CIA IIC, «Primer intento de Cóndor de operar en contra de terroristas» («First Attempt of Condor to Operate against terrorists»), 7 de diciembre de 1976 (Filtraciones); CIA IIC, «Comentarios sobre Operación Cóndor» («Comments on Operation Condor»), 10 de enero de 1977 (recursos financieros); CIA IIC, «Actividades de Operación Cóndor fuera de Países Cóndor» («Activities of Operation Condor outside Condor Countries»), 25 de enero de 1977 (Presiones por Letelier, asesinatos unilaterales); INR, «Bloque del Cono Sur de Sudamérica en Formación» («South America’s Southern Cone—Bloc in Formation»), 6 de octubre de 1977, (Reservaciones sobre DINA y operaciones suspendidas) (todos los documentos en Proyecto Argentina 2017-19).

16 Operaciones en 1977: CIA IIC, Continua presión argentina..., 7 de octubre de 1977 (Proyecto Argentina 2019, CIA 070).

17 Captura de Haidar: CIA IIC «Confiscación de varios millones de dólares» («Confiscation of Several million dollars»), 31 de marzo de 1977 (Proyecto Argentina 2019, NARA 54739); CIA IIC, «Detención y ejecución programada de otro Montonero» («Apprehension and scheduled killing of another Montonero»), 27 de mayo de 1983 (Proyecto Argentina 2019, CIA 000066); CIA «Documento de Trabajo: Historia de los Montoneros en Argentina desde marzo de 1970 a comienzos de abril de 1977» («Working Paper: History of the Montoneros in Argentina from March 1970 to early April 1977»), 27 de mayo de 1977 (Proyecto Argentina 2019, CIA 000071). El informe de la CIA de 1983 discute la cooperación de Haidar en 1977 para obtener los bienes de los Montoneros e informes posteriores respecto de que había sido detenido de nuevo el 10 de mayo de 1983 y que planeaban matarlo montando un incidente falso. La fuente del FBI Arturo Poire que enumera «subversivos» activos dice que Haidar estaba «activo en Brasil» desde mediados de 1978 (Ver DOS Buenos Aires 5483, 18 de julio de 1978 (Proyecto Argentina 2019, FBI 1356329). Conadep registra la desaparición de Haidar en Brasil entre el 18 y el 20 de diciembre de 1982.

18 Nueva unidad en contra de Montoneros: CIA IIC, «Creación de nueva unidad dentro de Seguridad de la Policía Federal» («Creation of new Unit within Federal Police Security»), 21 de abril de 1977 (Proyecto Argentina 2019, NARA 54739), en archivos del FBI. El documento nombra a muchos de los oficiales involucrados, incluyendo al teniente coronel Cabrera (FNU), asesor del Batallón 601, y al jefe de Policía Óscar José González, a cargo de la unidad.

19 Equipo internacional del GT-2: CIA «Historia de los Montoneros,» op. cit.; CIA IIC, «Planes de oficiales de seguridad argentinos para asesinar a dirigentes subversivos en el exterior si es factible» («Plans of Argentine Security officials to kill subversive leaders abroad if feasible)», 27 de mayo de 1977 (Proyecto Argentina CIA 000066).

20 Operación SIDE, agosto 1977: CIA IIC, 8 de septiembre de 1977, «Secuestro y asesinato del embajador argentino ante Venezuela por un grupo asociado a la Secretaría de Estado Argentina (SIDE) sin conocimiento u autorización de SIDE» («Kidnapping and assassination of Argentine Ambassador to Venezuela by a group associated with Argentine State Secretariat (SIDE) without SIDE knowledge or authorization») (Proyecto Argentina 2019, CIA 000066). Casi la mitad de este informe de seis hojas de la CIA se atribuye al agregado legal, que en ese momento era Robert Scherrer. El documento se refiere a la nueva base de Gordon en calle Bacacay como «Bacabay», un evidente error de ortografía. Otros documentos argentinos confirman que Gordon operaba desde una casa en calle Bacacay.

21 CIA IIC, 8 de septiembre de 1977 (Proyecto Argentina 2019, CIA 000066).

22 Bacacay 3570: Oficio del Juez Daniel Rafecas, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 3, Sec. 6, 11 de junio de 2020. Rafecas confirmó la existencia de tres sitios de la misma calle utilizados por SIDE, en Bacacay 4232, Bacacay 3245 y Bacacay 3570. Otras evidencias de la investigación judicial indican que Bacacay 4232 y 3570 entraron en funciones como centros de detención y tortura aun antes de Orletti. La casa de 3570 era antigua y rudimentaria, con múltiples cuartos chicos, y un sótano, un elemento de construcción poco usual en los barrios residenciales de Buenos Aires y que es un detalle importante que permitió al juez identificar la casa actual a partir de las descripciones de los testigos.

23 Bases en Miami y Europa: En su testimonio ante un tribunal italiano, Michael Townley se refiere a esta actividad en múltiples países. Ver también el informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, «Actividades de algunas agencias de inteligencia extranjeras en Estados Unidos» («Activities of Certain Foreign Intelligence Agencies in the United States)», 18 de enero de 1979 (op. cit), y varios otros documentos de la CIA.

15. Tras las fronteras: años finales

1 Jaccard en Chile y Suiza: Entrevistas con el autor y testimonios (JCC) de Paulina Veloso.

2 Misión de Jaccard: Entrevistas por email y testimonios (JCC) de David Canales. Canales dijo que la nueva dirección incluiría a Ramírez, además de dos miembros del comité central,Óscar Riquelme y Julio Campos, con el apoyo de «dirigentes de alta calificación en el trabajo clandestino», entre ellos Héctor Velásquez.

3 Entrevista por email con Canales y declaración al ministro Carroza. Otro dirigente del partido, Carlos Toro, en su testimonio, JCC fojas 884, dijo que a diciembre de 1976 se había acumulado «alrededor de US$1 millón», pero que no podía enviarse a Chile debido a la detención de los dirigentes del partido.

4 La presencia de Iturriaga en el vuelo de Stoulman se revela, sin citar fuentes, en el artículo de Iván Cabezas, «La pregunta de un millón de dólares», La Nación Domingo, 29 de septiembre de 1996 (JCC fojas 13686). En su declaración ante la justicia, Iturriaga admitió haber viajado hasta el aeropuerto Orly en París para continuar hacia Ginebra, pero fue impreciso respecto de la fecha de ese viaje. Dijo que estaba en una misión para vigilar una reunión de ACNUR sobre Chile en Ginebra. Tal reunión efectivamente tuvo lugar en marzo de 1977 y la situación de Chile y Argentina ocupó parte importante de la agenda.

5 Visita a la familia: testimonios de Fedor Castillo, Tatiana Jaccard y Rodrigo Muñoz Larrahona (quien arrendaba la casa en San Miguel), JCC.

6 Detención de los Leder: Informe PDI 2524, JCC fojas 4848 y siguientes.

7 Detención de Jaccard: Testimonio del suboficial de ejército chileno Guillermo Jesús Ferrán, guardia en el cuartel Simón Bolívar, basado en conversaciones con Jaccard, en JCC.

8 Declaración de Morales, 9 de septiembre de 2015, JCC.

9 Descripción de Simón Bolívar: La existencia del cuartel fue revelada en 2005 luego de que detectives chilenos ubicaran a Jorgelino Vergara, un civil que trabajó como sirviente, o «mozo», para el coronel Contreras desde los catorce años de edad. Vergara, conocido como «el mocito», trabajó primero en la casa de Contreras y después fue enviado a Simón Bolívar para hacer mandados, servir café a los oficiales y ocasionalmente llevarles comida a los prisioneros. El mejor relato sobre el cuartel Simón Bolívar está contenido en el libro de Javier Rebolledo, La danza de los cuervos: El «mocito» y el destino final de los detenidos desaparecidos, Ceibo, 2012. Luego de que Vergara identificara a muchos de los oficiales y soldados en Simón Bolívar, estos fueron citados individualmente para que entregaran información y, en muchos casos, para ser acusados de crímenes. Los soldados que sirvieron de guardias, quienes argumentaron que obedecían órdenes, ofrecieron los testimonios más sinceros. Para describir el cuartel, ocupé especialmente las declaraciones de Guillermo Jesús Ferrán, Héctor Raúl Valdebenito y Jorge Segundo Pichunman Curiqueo.

10 Testimonio del hijo de Correa, Enrique Heriberto Correa, Sentencia JCC p. 85.

11 Preocupación de Stoulman: Entrevistas con David Canales, 2020, basado en la reconstrucción de los hechos realizada por el Partido Comunista sobre la base de los relatos de las personas involucradas.

12 El relato sobre las extrañas visitas es parte de la declaración de Alejandra Stoulman, la hija menor. JCC fojas 552. El testimonio del guardia Guillermo Ferrán incluye una historia posiblemente relacionada. Él dice que el agente de la DINA Jorge Escobar se hizo pasar por Alexei Jaccard en una operación para retirar un maletín de dinero. Señaló que la misión había sido al parecer exitosa, y que Contreras y otros oficiales se quedaron con el dinero. Declaración de Ferrán, 19 de agosto de 2015, JCC.

13 Declaración de Enrique Chamorro, 2 de julio de 2015. JCC fojas 17904. Consultado por la Policía de Investigaciones, el general Danús dijo que no recordaba haberse reunido con Stoulman.

14 Muchos de los detalles sobre los últimos días de Stoulman aparecieron en el reportaje de Iván Cabezas, «La pregunta de un millón de dólares», La Nación Domingo, 29 de septiembre de 1996. El reportaje se basó en extensas entrevistas con la familia Stoulman, los socios de su negocio y dirigentes del partido, particularmente Carlos Toro. El artículo fue introducido como evidencia en el Juicio Cóndor y mucha de la información contenida en él fue confirmada en las declaraciones judiciales. La noción de que Stoulman estaba involucrado en un negocio de armas proviene de la entrevista realizada por Cabezas a su hermano, Juan Tomás Stoulman. Ver también: Cabezas y Juan Pablo Moreno, «La última gran operación de la DINA», publicado en Archivo Chile (Centro de Estudios Miguel Enríquez, 1998.

15 Entrevistas con Canales.

16 Interés de Estados Unidos: La desaparición de Stoulman fue el tema de casi dos docenas de cables del Departamento de Estado de EE.UU., pero no existen documentos que indiquen que las agencias de inteligencia estadounidenses investigaran activamente el caso. Uno de los cables más informativos es Buenos Aires 8399, 9 de noviembre de 1977, que da cuenta de la información reunida por el rabino Mort Rosenthal, de Nueva York, quien viajó a Argentina el mes anterior. Los documentos de EE.UU. no relacionan a Stoulman con el Partido Comunista chileno o Jaccard, que es mencionado solo en dos cables en 1979, luego de que Paulina Veloso visitara la embajada estadounidense en Santiago buscando ayuda.

17 Hotel Winston Palace: Uno de los misterios del caso es cómo la familia supo orientar a Seferian hacia ese hotel. El hecho de que haya sido un miembro de la familia quien lo hizo proviene del testimonio de José Chapochnik, cuya esposa era hermana de Matilde Pessa (JCC fojas 3184). Chapochnik declaró: «Según antecedentes que obtuvo la familia, los Stoulman habrían pernoctado en ese hotel de fachada, la noche del 29 al 30 de mayo de 1977». Seferian le contó a la periodista Lisa Pastoriza que obtuvo la información en una llamada de Isaac Pessa, el marido de Miriam Stoulman, hermana de Jacobo y socia en el negocio. Chapochnik también se refirió a los pagos, diciendo que recibieron diecisiete cheques.

18 Entregados a DINA: Correspondencia de Arancibia,III/ 98, 17 de julio de 1977.

19 Secuestro de Soto: JCC Sentencia, p. 97.

20 Declaración de Eduardo Oyarce, 9 de febrero de 2006, 9 de febrero de 2007 y 12 de agosto de 2015, JCC; declaración de Guillermo Ferrán, 13 y 19 de agosto de 2015, JCC.

21 Entrevistas con Paulina Veloso, 2019-2020, y con David Canales (por email), 2020. También, declaración de Canales ante el ministro Mario Carroza Espinoza, 27 de julio de 2015, JCC, fojas 17.913-17.925. Canales redactó una declaración de doce páginas basándose en su experiencia personal en 1977 y su investigación posterior, a partir de documentación judicial y entrevistas con militantes comunistas y otros involucrados. Ver también la declaración de Carlos Fuchslocher Cárcamo, 6 de abril de 2010, JCC, fojas 11889 y siguiente.

22 Washington Star, 13 de julio de 1978, artículo de Jeremiah O’Leary, «Paraguay vinculado a plan contra Letelier: FBI descubre secreto contubernio policial de 4 naciones» («Paraguay Linked to Letelier Plot: FBI Uncovers 4-Nation Secret Police Cabal»). Aunque incompleto y sin mencionar el nombre Cóndor, este artículo fue la primera revelación pública sobre la existencia de Operación Cóndor.

23 Ecuador se incorpora al Cóndor: CIA DO, 14 de febrero de 1978 (Proyecto Chile), informa que Ecuador se unió a Cóndor en enero de 1978, instaló el equipo de comunicaciones Condortel y recibió becas para enviar a sus oficiales a que se capacitasen en la escuela de inteligencia chilena. Participación de Perú: Central Nacional de Informaciones chilena N 201755, 14 de abril de 1978, secreto, al subsecretario de Relaciones Exteriores (Documentos Codepu, Archivo del Museo de la Memoria). El memorándum informa que el director peruano de inteligencia llamó al director de la CNI para informarle que Perú consentía la presencia de un representante chileno de Cóndor en Perú.

24 Último documento sobre Cóndor: Informe sobre el grupo exiliado MOPOCO (Movimiento Popular Colorado), de Pastor Coronel a Francisco Brítez, 13 de abril de 1981, sin números de microfilm (Archivo de Paraguay).

25 Arrestos en Paraguay de argentinos y uruguayos: Documentos del Archivo de Paraguay, todos con membrete «Policía de la Capital, Departamento de Investigaciones», 29 de marzo de 1977, 9 de abril de 1977, 16 de mayo de 1977,23 de mayo de 1977 e «Informe de interrogación de Nelson Rodolfo Santana Scotto», sin fecha. Ver también informe de inteligencia sobre grupos OPR33 y PVP, DPA 402 5/23/81, 21 1776 (Archivo de Paraguay). Los oficiales que llegaron a Asunción para participar del interrogatorio fueron José Montenegro y Alejandro Stada, de la SIDE de Argentina, y el mayor Carlos Calgagno, del SID de Uruguay. Un documento detalla los nombres de los oficiales argentinos y paraguayos involucrados en la transferencia, el piloto del avión y el número de la patente de avión. El caso se explaya ampliamente en el JCA, que lo relaciona con información de inteligencia obtenida en Argentina casi un año antes. Ver JCA Sentencia p. 1524, citando análisis de Carlos Osorio del National Security Archive.

26 Desaparición de Goiburú: Existen muchos documentos sobre el seguimiento, investigación y arresto de Goiburú en el Archivo de Paraguay. La mayoría puede encontrarse en la carpeta 1051, «Caso Goiburú». La embajada estadounidense seguía el caso de cerca. Ver Asunción 4376, 25 de octubre de 1977, y Estado 127171, 18 de mayo de 1978 (Documento obtenido por J. Dinges al amparo de FOIA). Ver también Gladys Meilinger de Sannemann, Paraguay y la Operación Cóndor en los Archivos del Terror, Asunción, 1993, p. 99; y Alfredo Boccia Paz et al., En los sótanos de los gene- rales: los documentos ocultos del Operativo Cóndor, Asunción, 2002, pp. 17-31, para un relato documentado sobre la captura de Goiburú. Información aún más amplia se encuentra el la investigación del JCA Sentencia, p. 2296 y ss.

27 Víctimas y traslados de Paraguay: Base de datos Cóndor, John Dinges.

28 Maguid: CIPDH, p. 130, citando informes de prensa y dos documentos desclasificados de la embajada de EE.UU. en Perú, 18 y 22 de julio de 1977.

29 Perú 13: Declaraciones de las víctimas de secuestro Javier Diez Canseco, Memoria Abierta, 2002, citado en CIPDH, p. 130; y Ricardo César Napuri Schapiro, en JCA Sentencia. Los nombres de los 13: Ricardo César Napuri Schapiro, José Luís Alvarado Bravo, Justiniano Aspaza Ordóñez, Alfonso Baella Tuesta, Hugo Blanco Galdos, Humberto Damonte Larrain, Ricardo Díaz Chávez, Javier Diez Canseco Cisneros, Genaro Ledesma Izquieta, Ricardo Letts Colmenares, Valentín Pacho Quispe, José Arce Larco, Guillermo Faura Gay.

30 Operación en Perú contra Montoneros: Además de Gianotti y Ramírez, las víctimas incluían a Federico Frias Alberga, detenido en Argentina y trasladado para identificar a los Montoneros en Perú, y a María Inés Raverta, cuyo compañero era Mario Montoto, el secretario y mano derecha de Firmenich. En la recopilación que conforma el Proyecto Argentina hay más de una docena de documentos estadounidenses sobre el incidente en Perú. Según estos, fue uno de los pocos casos en que diplomáticos estadounidenses trataron de usar su influencia, aunque un poco tarde y en vano, para salvar a las víctimas de continuas violaciones a los derechos humanos. Entre los documentos que utilicé para reconstruir el incidente se incluyen: Memorándum, Townsend Friedman, 18 de agosto de 1980; Memorándum, Townsend Friedman, 19 de agosto de 1980, «El caso de los Montoneros desaparecidos»; Memorándum, Townsend Friedman, 21 de agosto de 1980, sin asunto (informe sobre misiones en el exterior para asesinar a Firmenich); Memorándum, James Blystone, «Reunión con el servicio de inteligencia argentino» 19 de junio; Lima 6226, 11 de julio de 1980, «El caso de los Montoneros desaparecidos»; Informe INR, 25 de junio de 1980, «Intento al parecer frustrado de repatriación de Montoneros»; Ginebra 10812, 8 de agosto de 1980, «Cuerpo de exiliado argentino encontrado en Madrid»; Buenos Aires 5962, 24 de julio de 1980, «Ciudadanos argentinos desaparecidos en Perú» (Reunión de Castro con Galtieri); Lima 5932, 3 de julio de 1980, «Amnistía Internacional alega que tres personas fueron asesinadas en Perú»; Lima 5570, 20 de junio de 1980, «GOP explica las deportaciones de Montoneros, continúa la crítica» (Proyecto Argentina). Mayores detalles en el archivo 1048 de la CONADEP, Noemí Esther Gianotti de Molfino. Hay amplia cobertura del caso en el JCA.

31 Equipo de Investigación Histórica, Operativos Contra los Grupos de Acción Unificadora (GAU), Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, actualizado 2015, p. 8, citando el informe del PPBA, «Operativo Contrasubversivo GAU». Los otros detenidos de GAU fueron Graciela Susana De Gouveia Gallo de Michelena y su pareja, José Enrique Michelena Bastarrica. Solo un militante de GAU fue detenido y desaparecido en 1976.

32 La coordinación entre la Marina uruguaya y argentina se describe en «Informe del Comando General de la Armada (uruguaya)», 26 de septiembre de 2005, Anexo 2, «Organización y funcionamiento del cuerpo de Fusileros Navales y en particular de la 2a sección de su Estado Mayor (inteligencia, S-2)», y Anexo 3, «Vínculos entre la Armada Nacional y la Armada Argentina», en Investigación Histórica, Tomo IV, pp. 97-99.

33 Vínculo Montoneros-GAU: «Informe del Comando General de la Armada», op. cit. Anexo 5, «Relación cronológica de las detenciones efectuadas fines de 1977 en Uruguay y Argentina. Al contrario, el fiscal argentino Pablo Ouviña, basándose en informes de interrogatorios a De Gregorio en Uruguay, concluyó que no existían hechos comprobados de la supuesta relación operativa. Alegato del MPF en Plan Cóndor, p. 697.

34 Montoneros (todos de nacionalidad argentina) detenidos en Uruguay 1416 diciembre, 1977: Dri, Jaime Feliciano (escapado); Quiroga de Cubas, Rosario Evangelina (liberada); Milesi de Pisarello, María del Huerto (liberada); Odasso Biancucci, Raquel (liberada); Olivera, Luisa (liberada); Pisarello, Rolando Ramón (liberado); Estrella Ávila Borges, Miguel Ángel (liberado); Brancoy, Jorge (liberado); Mata Freixas de Barry, Susana Beatriz (muerta); Valladares Dupuis, Carlos Augusto (suicidio); Edison (Edinson) Álvares, Rolando Romano (muerto); Rodríguez Torres, Oscar Jesús (muerto). Niñas, todas liberadas: Barry Mata, Alejandrina; Milesi Pisarello, María Luisa (Laura?); Herrera Regio/Cubas Quiroga, María Paula; Herrera Regio/Cubas Quiroga, María Elvira; Herrera Regio/Cubas Quiroga, María Virginia. Fuentes: Investigación Histórica, Tomo III; Prisao de montoneros—Uruguai, Informe, Ejercito de Brasil, 5 de maio de 1978, documento del Acervo do Movimento de Justica e Dereitos Humanos, que reproduce la cita de Valladares.

35 Allanamientos en Argentina: Además de las fuentes ya citadas, la documentación del JCA contiene información detallada sobre las detenciones y de las unidades militares que las llevaron a cabo. Ver Pablo Ouviña, Alegato, op. cit., pp. 691-739. Uno de los testigos presenciales de las detenciones sostuvo que más tarde reconoció a Aníbal Gordon como partícipe.

Lo que sigue es la lista de los GAU-MLN-T et al., secuestrados y desaparecidos en Argentina 21 diciembre 1977-3 enero 1978, según John Dinges, Base de Datos de la Represión Transfronteriza:

Lerena Costa de Corchs, Elena Paulina, Uruguaya, 12/21/77, GAU;

Bosco Muñoz, Alfredo Fernando, Uruguayo, 12/21/77, GAU;

Corchs Laviña, Alberto, Uruguayo, 12/21/77, GAU;

Dossetti Techeira, Edmundo Sabino, Uruguayo, 12/21/77, GAU; García Ramos de Dossetti, Ileana Sara María, Uruguaya, 12/21/77, GAU;

Casco Ghelfide D’Elía, Yolanda Iris, Uruguaya, 12/22/77, GAU, embarazada;

Borelli Cattaneo, Raúl Edgardo, Uruguayo, 12/22/77, GAU;

D’Elía Pallares, Julio César, Uruguayo, 12/22/77, GAU;

Sobrino Berardi, Guillermo Manuel, Uruguayo, 12/22/77, AMS;

Basualdo Noguera de Goycoechea, Graciela Noemi, Uruguaya, 12/23/77, GAU;

Castro Huerga de Martínez, María Antonia, Uruguaya, 12/23/77, GAU;

Fernández Lanzani de Sanz, Elsa Haydée, Uruguaya, 12/23/77, sin militancia;

Sanz Fernández, Aída Celia, Uruguaya, 12/23/77, MLN-T TP;

Castillo Lima, Atalivas, Uruguayo, 12/23/77, MLN-T TP; Goycoechea Camacho, Gustavo Alejandro María, Uruguayo, 12/23/77, GAU;

Martínez Suárez, José Mario, Uruguayo, 12/23/77, GAU;

Río Casas, Miguel Ángel, Uruguayo, 12/25/77, MLN-T TP;

Gallo Castro, Eduardo, Uruguayo, 12/25/77, MLN-T TP;

Arce Viera, Gustavo Raúl, Uruguayo, 12/27/77, GAU;

Gámbaro Núñez, Raúl, Uruguayo, 12/27/77, GAU;

Moyano Santander, Alfredo, Argentino, 12/30/77, MLN-T TP;

Barrientos Sagastibelza de Carneiro, Carolina, Argentina, 12/30/77, PCR;

Artigas Nilo de Moyano, María Asunción, Uruguaya, 12/30/77, MLN-T TP;

Cabezudo Pérez, Carlos Federico, Uruguayo, 12/30/77, PCR; Carneiro Da Fontoura, Juvelino Andrés, Uruguayo, 12/30/77, PCR;

Gómez Rosano, Célica Elida, Uruguaya, 1/3/78, PCR; Niños:

D’Elia Casco, Carlos, Uruguayo, 12/22/77, nacido en lugar de , detención;

Gallo Sanz, Carmen, Argentina-Uruguaya, 12/23/77; Moyano Artigas, María Victoria (Verónica Leticia), Argentina-Urugua- , ya, 12/30/77;

Corchs Lerena, (hijo), Uruguayo, 12/21/77;

Dossetti García, Soledad, Uruguaya, 12/21/77;

Goycoechea Basualdo, Nicolás, Uruguayo, 12/23/77.

36 Operación en México: CIA IIC, 27 de mayo de 1977, op. cit.; y transcripción de la declaración de prensa de Tulio Valenzuela, 18 de enero de 1977, incluida en documento 0000A3CB, (Proyecto Argentina 2000). Según Valenzuela, los blancos de la operación, además de Galimberti, eran: Raúl Perdia, Fernando Vaca Narvaja, Horacio Mendizábal, Ricardo Obregon Cano, y Oscar Bidegain.

37 Captura de Campiglia: Embajada de EE.UU., Buenos Aires, Memorándum, Oficial de Seguridad Regional James Blystone, 7 de abril de 1980; embajada de EE.UU., Buenos Aires, Memorándum, funcionario político Townsend Friedman, 21 de agosto de 1980 (Proyecto Argentina). El otro líder capturado con Campiglia en Río era Mónica Susana Pinus de Binstock. Lorenzo Ismael Viñas fue apresado en Uruguayana, cerca del límite sur. Los miembros de TEI capturados en otros lugares y desaparecidos en la misma operación fueron Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Jorge Óscar Benítez, Ángel Servando Benítez, Lía María Ercilia Guangiroli,Ángel Carbajal, Matilde Adela Rodríguez de Carbajal, Raúl Milberg, Ernesto Emilio Ferré Cardozo, Miriam Antonia Fuerichs de Ferré, Marta Elina Libenson,Ángel Horacio García Pérez y Ricardo Marcos Zucker.

38 Vigilancia fronteriza Brasil-Argentina: El colega de Robert Scherrer, Calvin Clegg, agregado legal en Caracas con competencias para Brasil, informó sobre el acuerdo fronterizo en el Memorándum para el Archivo 80-64, 17 de mayo de 1976 (Proyecto Argentina 2019,FBI).Identifica a su fuente como el mayor Hugo De Queiroz Silva del SNI. Tal vez sea significativo que el acuerdo Brasil-Argentina es previo al ingreso de Brasil a Operación Cóndor un mes después. Otro memorándum, «Actividad fronteriza Brasil-Argentina» («Brazilian-Argentine Border Activity»), del 26 de julio de 1976, también tiene como fuente a Queiroz. El acuerdo parece ser bilateral, uno de varios ejemplos de acuerdos y operaciones entre regímenes militares en paralelo a Operación Cóndor, pero no necesariamente parte de la alianza formal. Los nombres de las personas capturadas en operaciones fronterizas en 1980 son: Lorenzo Ismael Viñas, parte de la contraofensiva de los Montoneros; Jorge Óscar Adur, Eduardo Gonzalo Escabosa y Liliana Inés Goldenberg Fernández, todos relacionados al movimiento Montoneros.

39 El artículo de Cunha concitó una amplia atención en Brasil así como internacionalmente, y se le atribuye, con toda justicia, el hecho de haber salvado las vidas de la pareja y sus hijos. Cunha dedicó años de investigación al caso y aportó enormemente al registro escrito sobre Operación Cóndor. Escribió un libro sobre el caso, de amplia difusión, titulado Operación Cón- dor: El secuestro de los uruguayos, 2017.

16. La búsqueda de justicia y de la responsabilidad de Estados Unidos

1 Caso Arancibia: Entrevistas con González y Verbitsky. El caso se identifica, según los documentos del juzgado, como «Causa número 949,‘Arancibia Clavel y otros por infracción arts. 223 y 224 bis del Código Penal’ que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5, Secretaría Número 9».

2 Operación Colombo: Mónica González, La Nación, 5 de julio de 1990, «Descubiertos los archivos de la DINA en Buenos Aires». Las actividades de guerra psicológica de Cóndor tenían como blanco especial la Iglesia católica. Ver CIA, Counterterrorism in the Southern Cone, 9 de mayo de 1977 (Proyecto Argentina 2019, CIA 000070), and CIA IIC, Activities of the Condor Organization, 3 de febrero de 1977 (Proyecto Argentina 2019, carpeta FBI).

3 Plebiscito chileno: La inteligencia estadounidense obtuvo informes de primera mano sobre los planes del golpe y las drásticas medidas del comandante de la Fuerza Aérea Fernando Matthei para obligarlo a retroceder. DIA, Secreto, Chile; Plan de Contingencia del Gobierno, 4 de octubre de 1988, y DIA, Reunión de la Junta Chilena la Noche del Plebiscito, 1 de enero de 1989 (Proyecto Chile). Ver Peter Kornbluh, The Pinochet File, The New Press, 2003, pp. 426-432, para obtener información más detallada, basada en documentos de EE.UU.

4 Complot contra Stroessner: Entrevistas con los sobrevivientes Dimas Piris da Motta y Luis Alberto Wagner. El grupo de Piris da Motta y Wagner se llamaba en algunos documentos de inteligencia como Ejército Popular Revolucionario). Goiburú era el líder del MOPOCO, el Movimiento Popular Colorado. Goiburú y Piris da Motta se mencionan en un informe de inteligencia sobre el complot presentado en una reunión de las fuerzas de seguridad de Brasil y Paraguay celebrada del 3 al 6 de mayo de 1976. Ver «IV Conferencia bilateral de inteligencia entre los ejércitos de Paraguay y Brasil», sin fecha 78/1674-86 (Archivo de Paraguay). El caso se describe en Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, Tomo 8, 2008, pp. 306-309.

5 Arresto de Almada: Entrevista con Martín Almada, 7 de septiembre de 2001.

6 Búsqueda de Almada: En Panamá, Almada escribió un libro sobre su experiencia en prisión, el que fue actualizado en 1993 con un relato del descubrimiento del archivo: Martín Almada, Paraguay: la cárcel olvidada, el país exiliado, Panamá, 1978; Asunción, 1993.

7 Escena en Lambaré: Entrevistas con Martín Almada, Francisco de Vargas y José Agustín Fernández.

8 Archivo de Paraguay: Hay tres libros que hacen el primer uso de los documentos y merecen ser mencionados: Alfredo Boccia Paz, Myrian Angélica González y Rosa Palau Aguilar, Es mi informe: los archivos secretos de la policía de Stroessner, Asunción-CDE, 1994; Stella Calloni, Los años del lobo: Opera- ción Cóndor, Buenos Aires, 1999, y Alfredo Boccia Paz, Miguel H. López, Antonio V. Pecci y Gloria Giménez Guanes, En los sótanos de los generales: los documentos ocultos del Operativo Cóndor, Asunción, 2002.

9 Italianos en Chile: Ver John Dinges, «Los asesinos a sueldo a escala mundial de Chile», La Nación, 2 de junio de 1979; y John Dinges, «Anatomia di un’Anonima omicidi», La Repubblica, 25 de mayo de 1979.

10 Salvi en la sede de la SIDE: Entrevista con Salvi, enero de 2001. Dijo que un tribunal federal había devuelto los documentos a la SIDE. Posteriormente fueron puestos otra vez bajo custodia del tribunal federal de Argentina.

11 Declaración de julio de 2003, FASIC, texto con fecha 26 de julio de 2003, extraído del sitio www.fasic.org.

12 Acusados al inicio de la causa 1504 Cóndor en Argentina (títulos antes de su retiro): Argentinos: Jorge Rafael Videla, teniente general, expresidente y miembro de la Junta Militar; Carlos Guillermo Suárez Mason, general, excomandante del Primer Cuerpo Militar; Eduardo Albano Harguindeguy, general, exministro del Interior. Chilenos: Augusto Pinochet Ugarte, general, miembro de la Junta Militar, presidente; Manuel Contreras, general, jefe de la DINA; Pedro Espinoza, coronel, DINA. Paraguayos: Alfredo Stroessner, general de División, presidente de la República; Francisco Brítez, general, jefe de Policía; Pastor Coronel Milcíades, jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital; Benito Guanes, coronel, jefe del Servicio de Inteligencia Militar. Uruguayos: Julio Vadora, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Guillermo Ramírez, coronel; José Nino Gavazzo, mayor; Manuel Cordero, mayor; Enrique Martínez, mayor; Jorge Silveira, capitán; Hugo Campos Hermida, comisario. Boliviano: Hugo Banzer, presidente. Todos murieron, con excepción del uruguayo Cordero, que fue condenado en 2016.

13 Ver Epílogo para lista actualizada acreditadas en JCA de víctimas de la coordinacion Cóndor.

14 Relato sobre el Cóndor: Expediente judicial de JCA del 11 de abril de 2001, referido a John Dinges, «Los archivos de Cóndor», La Nación (Argentina), 8 de agosto de 1999.

15 Interrogatorio de Kissinger: El juez Le Loire fue el primero en pedir que Kissinger testificara voluntariamente. Kissinger lo rechazó de plano. La solicitud de Canicoba Corral contaba con la autorización del acuerdo MLAT y logró la única respuesta oficial. Jueces en Brasil y Chile también han solicitado interrogar a Kissinger, aunque en vano. Kissinger canceló un viaje a Brasil para evitar la posibilidad de recibir una orden de comparecencia mientras se encontrase en ese país.

16 Uruguayos buscados: Los oficiales son José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y el oficial de policía Hugo Campos Hermida. Campos Hermida falleció de cáncer en 2001, unas semanas después de comentarle al autor que deseaba brindar testimonio sobre las misiones argentinas, de las que dijo saber pero no haber participado.

17 Militares que se encontraban viajando por el mundo: Le Loire, por citar un ejemplo, expidió órdenes de detención internacionales para ciento cincuenta oficiales que deseaba interrogar. Otro oficial argentino, Jorge Olivera, fue arrestado en agosto de 2000 y detenido por corto tiempo hasta que llegase su extradición para enfrentar cargos ante el tribunal de Le Loire en París.

18 Pinochet ordenó el asesinato: Departamento de Estado 020964, Caso Letelier, 22 de enero de 1987; Memorándum CIA, «Rol de Pinochet en el Asesinato de Letelier y Posterior Encubrimiento» («Pinochet’s Role in the Letelier Assassination and Subsequent Coverup»), 1 de mayo de 1987; Memorándum para el Presidente, de [Secretario de Estado] George Shultz, «Pinochet y los Asesinatos de Letelier-Moffitt:Implicancias para la Política de EE.UU.» («Pinochet and the Letelier-Moffitt Murders:Implications for U.S. Policy»), 6 de octubre de 1987. Todos los documentos provienen de la Colección Chile desclasificada en 2016.

Epílogo: los condenados y sus víctimas

1 Después Salazar expresó remordimientos de que la entrevista hubiera creado problemas legales para Pinochet. Recalcó que en realidad el expresidente era incoherente a ratos y que la entrevista debió ser fuertemente editada. La presentadora ingresó al mundo político en 2018, postulando al Congreso como candidata republicana. Fue derrotada por la demócrata Donna Shalala, pero volvió a presentarse en 2020, y ganó.

2 Investigación de Goulart: Ver Enrique Foch Díaz, João Goulart: el crimen perfecto, Montevideo, Arca, 2001. Al contar con nueva información sobre la Operación Cóndor, el Congreso brasileño emprendió en 2000 una investigación sobre la muerte de Goulart.

3 Investigación Berríos: Pascale Bonnefoy, Cazar al cazador. Detectives tras criminales de lesa humanidad. Santiago, Debate, 2018, pp. 360-384. Los restos de Berríos, encontrados en 1995, fueron identificados en 2002.

i Ver Anexo para un listado de «Misiones Teseo, Cóndor y unilaterales fuera de Sudamérica».

i Los nombres de los jefes de las delegaciones que asistieron a la reunión del Cóndor se conocen solo a través de este documento. Ellos son, según aparecen: «Jorge Casas, capitán de navío, jefe de delegación, Argentina; Carlos Mena, mayor de Ejército, jefe de delegación, Bolivia; Manuel Contreras Sepúlveda, coronel de Ejército, director de Inteligencia Nacional, Chile; José A. Fons, coronel de Ejército, jefe de delegación, Uruguay; Benito Guanes Serrano, coronel de Ejército, jefe del Segundo Departamento, Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Paraguay». La delegación brasileña, por su parte, estaba compuesta por el coronel Flávio de Marco y el mayor Thaumaturgo Sotero Vaz, de acuerdo a las fuentes brasileñas a las que tuvo acceso el investigador Luis Claudio Cunha.

i La IC (Intelligence Community) es un grupo de agencias de Estados Unidos, como el Departamento de Estado, la Oficina de Inteligencia de Defensa (DIA), la Agencia Nacional de Seguridad, el FBI y la CIA, que ejercen en conjunto las tareas de inteligencia del gobierno.

ii Las agencias de inteligencia estadounidenses explícitamente vincularon las nuevas iniciativas de coordinación con las noticias recientes sobre la formación de la JCR. «Es el temor de que grupos guerrilleros individuales a lo largo de Sudamérica se unan lo que ha motivado la reciente intensificación de la cooperación entre las fuerzas de seguridad del Cono Sur». INR, «Terrorismo en Sudamérica», 9 de agosto de 1976.

i Según el seguimiento del Comité Pro Paz, el número de prisioneros dentro de los campos de concentración abiertamente reconocidos bajó a diez mil en marzo y a siete mil para septiembre de 1974. Por otra parte, cerca de cinco mil refugiados políticos, en su mayoría latinoamericanos que habían solicitado asilo en embajadas y organismos internacionales, obtuvieron autorización para dejar el país bajo la protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

ii La entrevista, realizada en junio de 2002, estuvo a cargo del periodista Amaro Gómez-Pablos, quien formuló las preguntas sobre la Operación Cóndor y la CIA que aportó este autor.

iii En aquel entonces, el jefe de la misión era Stewart D. Burton. En una entrevista, Contreras identifica a Burton como el funcionario de la CIA con quien solía tratar. La Tercera, 21 de septiembre de 2000.

iv La tradición de coordinación policial se remonta a los primeros años del siglo XX. Los seis países que más tarde formarían la Operación Cóndor se reunieron en Buenos Aires del 20 al 29 de febrero de 1920 en la Conferencia Internacional Sudamericana de Policía, convocada para coordinar las acciones contra los «subversivos» inspirados por la reciente Revolución rusa (1918) y el auge de los movimientos sindicalistas anarquistas. Los países acordaron permitir el intercambio de información sobre sospechosos, incluidos los registros de huellas dactilares, una tecnología relativamente nueva en ese momento, y el movimiento de agentes de policía a través de las fronteras. Sin embargo, la reunión y los acuerdos no fueron secretos, y la coordinación internacional fue aplaudida en artículos del periódico conservador El Mercurio de Chile. Raymond Craib, The Cry of the Renegade: Politics and Poetry in Interwar Chile (Oxford, 2016), pp 35-36; y Roberto Hernández Ponce, Jule Salazar González, De la policía secreta a la policía científica (Santiago, 1994: sección de imprenta, Policía de Investigaciones de Chile).

v Chile tiene dos fuerzas policiales: un cuerpo dedicado al orden y la seguridad, Carabineros, y otro especializado en la investigación de delitos, la Policía de Investigaciones, entonces dirigido por Baeza.

vi Scherrer desbarató, en sus informes al embajador, a la AAA como fuerza independiente. En una carta al autor Martin E. Andersen en 1987, la describió así: «La Triple A fue la creación de José López Rega y miembros de su Ministerio de Bienestar. Muchas de las fuerzas de seguridad de Argentina, incluyendo la policía y los militares, utilizaron la organización Triple A como autora de numerosos atentados terroristas de la derecha. No existía una organización Triple A formal, y los ataques terroristas de la derecha adjudicados a la Triple A fueron realizados por un amplio segmento de la policía, militares y ciertos elementos del gobierno peronista, específicamente López Rega».

i Documento de la KGB: Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin, The World Was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World (Basic Books 2005), pp 87-88. John Dinges, «Cuando la KGB Espió a la DINA», The Clinic, octubre de 2007, pp. 18-19; «Documento dudoso», Columbia Journalism Review, enero-febrero de 2000. La carta apareció por primera vez en México en 1977, cuando el exsenador chileno Hugo Miranda la entregó a la prensa sin informar su origen. La conseguí por aquella época. La carta reapareció más tarde, en dudosas circunstancias, aduciéndose erróneamente que había sido encontrada en el Archivo de Paraguay. El personal de ese archivo sostiene que esta carta nunca fue parte de esa oficina. Martín Almada, quien se refería al documento con frecuencia en sus discursos, confirmó en una entrevista con el autor que él lo obtuvo de un periodista mexicano. El FBI rechazó utilizarla como prueba en el caso Letelier porque su origen no se pudo rastrear hasta la DINA. El juez Giovanni Salvi, que llevó el juicio sobre el atentado en Roma contra Bernardo Leighton, le reveló al autor que se abstuvo de usarla en su caso por motivos similares. Contreras ante un tribunal chileno denunció la carta como un «montaje». Ver oficio del archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha 28 de marzo de 1977, en el cual Contreras provee un detallado análisis forense de la carta, la que define como «una adulteración y absolutamente falsa». El ministro de Relaciones Exteriores Patricio Carvajal ordenó enviar esa información de refutación a todas las embajadas en América Latina, Europa y Estados Unidos.

ii En dos informes, del 21 y 27 de agosto, Arancibia brinda una avalancha de detalles. Algunos extractos: 21 de agosto, Memorándum 57-G: «El Hotel Roma fue comprado por los Tupamaros (Junta Coordinadora Revolucionaria)». Siguen los nombres de los involucrados. «La JCR usa a la compañía Atlantic de transporte por ferry que une Buenos Aires con Colonia todas las semanas como correo». Siguen los nombres de los contactos. «El complot contra Chile descubierto en junio de 1975 fue coordinado desde Suiza por la JCR después de las reuniones en París». Siguen los nombres de los contactos en París, incluyendo un número de casilla postal. «El próximo despacho incluirá más información sobre la Junta Coordinadora. La semana entrante me contactaré con el mayor Washington Perdomo Díaz, del Cuarto Cuerpo de Ingenieros de Colonia, Uruguay, quien está a cargo de la ‘represión de los Tupamaros’, junto con el jefe de policía José Do Campo, de Colonia, Uruguay. La idea es coordinar información sobre la Junta Coordinadora e intercambiar información en general. Todos estos contactos son clandestinos». 27 de agosto, Memorándum 57-G: «Junta Coordinadora Revolucionaria: La mejor información que se ha obtenido sobre esta organización guerrillera fue entregada al coronel Podestá, agregado militar [argentino] en Paraguay, por el número dos del SIE, teniente coronel Jorge Osvaldo Rawson.Este oficial viajará a Santiago invitado por el DINE [Departamento de Inteligencia del Ejército de Chile]. «Irá con su esposa. Viajará directamente desde Asunción a Santiago. [...]» [Sigue una descripción de las operaciones de la JCR en Francia, Bélgica, Italia, Portugal, España y Suiza]. «El teniente coronel Osvaldo Rawson, quien se encontrará en Santiago desde el 2 de septiembre, ha ofrecido [entregarnos] la lista completa de Inmigraciones de Argentina, donde figuran todos los chilenos ingresados a dicho país desde el 11 de septiembre. Este oficial tiene la idea de formar un centro de coordinación de inteligencia entre Chile-Argentina-Uruguay y Paraguay» (Archivo de Arancibia).

iii Otro chileno, Víctor Eduardo Oliva Troncoso, militante del MIR exiliado que vivía en Bahía Blanca, Argentina, fue secuestrado el 2 de julio y posteriormente ejecutado. Detectives de la Policía de Investigaciones concluyeron que fue «secuestrado por particulares que colaboraban con los agentes de seguridad chilenos». Juicio Cóndor Chile, Informe de la PDI n° 2822, f 2232.

iv El dueño del hotel Liberty, Benjamín Taub, había cambiado millones de dólares para el ERP, incluyendo la mayor parte de los 14,2 millones de dólares pagados como rescate del ejecutivo de la Exxon Victor Samuelson, a principios de 1974, tal como se describe en los capítulos 4 y 9.

v Catalina Palma prestó testimonio en la investigación judicial de Operación Cóndor en Chile, JCC, fojas 8560. Los chilenos que fueron detenidos con ella o que ella vio eran Sergio Muñoz Martínez (PS); Sergio Letelier Sotomayor; Ximena Zavala; Gabriel Salinas Álvarez; Gertrudis Elizabeth Rubio Darias; Juan José Bustos Ramírez; Ernesto Benado Rejovitsky; Miguel Ángel Espinoza Machiavello; Roberto Pizarro Hofer, y Guillermina Alicia Gariazzo Gavilán. Todos fueron eventualmente liberados y expulsados de Argentina.

vi Capitán de navío equivale en rango a coronel de Ejército.

vii Debe notarse a estas alturas, si no es evidente ya, que en sus declaraciones públicas, Contreras deliberadamente vincula a la CIA y otras instituciones de EE.UU. con las acciones represivas de los gobiernos militares. Es difícil estimar cuánto de lo que dice es cierto. La CIA tiene poca credibilidad para negar su colaboración y ayuda a los servicios de seguridad. Claramente, Robert Scherrer reconoció el intercambio de información con las fuerzas policiales en países Cóndor. Y documentos desclasificados en 2019 incluyen los nombres de más de veinte fuentes en la policía y fuerzas armadas argentinas, muchas de las cuales trabajaron directamente en unidades de Operación Cóndor. Los ejemplos incluyen al coronel Alberto Valín, jefe del Batallón de Inteligencia 601, Carlos Vicente Marcote, comisario mayor de la Policía Federal y director general de Operaciones e Inteligencia, y Otto Paladino, jefe de SIDE. Una de sus fuentes más importantes en SIDE era un médico civil, Horacio Arturo Poire, quien le contó a Scherrer que había participado en al menos una misión de asesinato de Cóndor a París.

viii En uno de los documentos, Contreras propone como ejemplo el mensaje «Viajaré mañana». Mensaje original: Viajaré mañana/Mensaje codificado: NXDBD TCADJ DJD.

i El total que muestra la CONADEP se considera el más fidedigno en lo que se refiere a número mínimo de desaparecidos y ejecutados, ya que se basa en la lista real de personas, con nombres, apellidos y fechas, cuya desaparición fue informada a la Comisión. Al incorporarse nuevos casos después de 1983, el total ascendió a 9164 (ver tabla p. 224). En el conteo de CONADEP, existe un nombre y apellido, y en la mayoría de los casos incluye la fecha y lugar de detención. Muy diferente es el método que arroja la muy publicitada cifra de treinta mil desaparecidos. Esa cifra redonda se basa en extrapolaciones hechas a principios de 1980 por activistas de derechos humanos, pero no en evidencia factual. Ver entrevista en ABC Internacional, España, 12 de agosto de 2016, con Graciela Fernández Meijide, miembro de la comisión para los desaparecidos: «La cifra de 30.000 desaparecidos en Argentina fue un invento de los exiliados en España». Disponible en: <https://www.abc.es/internacional/ abci-fernandez-meijide-cifra-30000-desaparecidos-invento-exiliados-espana-201603241737_noticia.html> Sin duda, la cantidad de veintidós mil informada por Arancibia Clavel a la DINA aporta nuevas e importantes pruebas para sustentar afirmaciones de que el número real podría ser más elevado que la cifra entregada por la CONADEP, aunque menor que el cálculo estimado de treinta mil. Sin embargo, no existen nombres y apellidos correspondientes ni ha aparecido otro tipo de corroboración en las múltiples décadas desde el fin el gobierno militar. Por lo tanto, la cifra de veintidós mil no debe considerarse verificada, según los estándares de rigor aplicados en este libro.

ii Esta persona brindó información precisa, que luego fue confirmada por la policía francesa, sobre el revólver que se empleó para asesinar a Zenteno. La misma arma se usó en otro intento de asesinato en octubre de 1975, esta vez del agregado militar español en París, que representaba al gobierno fascista de Franco. El grupo también se adjudicó el asesinato del agregado militar uruguayo, coronel Ramón Trabal, en diciembre de 1974. La policía francesa nunca resolvió ninguno de estos casos; jamás se aportaron pruebas para descubrir si los asesinatos en París los habían perpetrado terroristas de izquierda o de derecha.

i La Enmienda Kennedy, para cortar futura ayuda militar a Chile, fue aprobada el 16 de junio. No obstante, se autorizó la entrega de ayuda ya aprobada y en marcha.

ii Se inició una prolongada discusión acerca del tema: Pinochet: ¿Cómo ve Estados Unidos el problema entre Chile y Perú? Secretario: (tras una pausa) No nos agradaría ver un conflicto. Mucho depende de quién lo inicie. Pinochet: La cuestión en realidad es cómo prevenir que se inicie. Secretario: El pueblo americano preguntará quién está invadiendo a quién. Pinochet: Pero usted sabe lo que está pasando aquí. Lo ve en sus satélites. Secretario: Bueno, puedo asegurarle que, si usted toma Lima, tendrá muy poco apoyo estadounidense. Pinochet: Ya lo hicimos una vez, hace cien años. Sería difícil ahora, en vista del actual equilibrio de fuerzas. Secretario: Si Perú ataca, será un asunto grave por ser un país armado con equipamiento soviético. Sería algo muy serio. Claramente nos opondríamos a nivel diplomático. Pero todo depende, más allá de eso. No es fácil generar apoyo para la acción militar estadounidense por estos días. Pinochet: ¿Debemos luchar con nuestro propio armamento?... Asumiendo lo peor, es decir, que Chile es el agresor. Perú se defiende y luego nos ataca. ¿Qué ocurriría?

iii El Juicio Cóndor en Argentina logró confirmar que se trataba del oficial uruguayo mayor José Nino Gavazzo, del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID).

iv Wilson Ferreira ya se encontraba en Europa. De acuerdo a su hijo Juan Raúl Ferreira, luego de huir de Argentina en abril, su padre se había instalado en Londres.

v Cabe destacar que la descripción que hace la CIA de la JCR como «cada vez más efectiva», en el contexto de justificar la ofensiva de Cóndor en contra de ella, es una clara exageración a la luz de la virtual eliminación de sus dirigentes en Argentina. Otros documentos de la CIA ofrecen una estimación más realista de sus disminuidas capacidades, que a esas alturas se limitaban a la propaganda y a actividades de solidaridad en Europa. Ver el informe de INR del Departamento de Estado, «Vínculos Terroristas en América Latina: Post Mortem sobre la JCR», 29 de julio de 1979, que relata las derrotas de la JCR en 1976 y la describe, para 1978, como un «Tigre de Papel».

i Ricardo Lagos llegó a ser elegido presidente en democracia, de 2000 a 2006.

ii En 1973, las fuerzas coreanas de seguridad, la KCIA, habían secuestrado al líder disidente Kim Dae Jung. El jefe de la misión de la CIA de la embajada, Donald Gregg, confirmó rápidamente que Kim estaba en manos de la KCIA y que corría peligro de ser ejecutado. Habib actuó de inmediato, ordenando a sus funcionarios que se contactaran con cada funcionario coreano relevante, y él personalmente se reunió con el Primer Ministro para darle un mensaje inequívoco: «Si Kim no aparece vivo, ustedes estarán en graves problemas». Kim se salvó. Había sido encadenado a bloques de concreto y era llevado en un barco mar adentro cuando llegó el aviso de que su asesinato debía abortarse. Kim se convirtió en el arquitecto del retorno de Corea a la democracia y ejerció como Presidente entre 1998 y 2003. Ver Donald A. Ranard, «Kim Dae Jung’s Close Call», The Washington Post, 23 de febrero de 2003.

iii El autor ha agregado la información en corchetes y subrayada basándose en otros documentos desclasificados. Este importante detalle, que la CIA alertó a Francia sobre Cóndor, viene del Memorándum para el Registro del 3 de agosto de 1976, ARA-CIA Reunión Semanal del 30 de julio de 1976, citado en el capítulo 10.

iv El autor también debe reconocer una deuda de respeto y gratitud. En febrero de 1977, Popper y Boyatt intervinieron para impedir que el régimen de Pinochet ejecutase un decreto de expulsión de Chile contra el autor. El oficial político Charles R. Stout acompañó al autor a la sede de la Policía de Investigaciones para garantizar su seguridad. Posteriormente llegó a mi conocimiento, a través de funcionarios chilenos, que la expulsión fue ordenada por Contreras a causa de mis escritos sobre la DINA, gran parte de los cuales, en aquel momento, estaban sin firma o firmados con seudónimo. Que la embajada haya intervenido para rescatar a un corresponsal freelance y que una orden de Contreras haya sido contradicha eran, ambos, signos precoces de que el poder de Contreras se estaba debilitando.

v El «informe de Uruguay» podría tratarse de una referencia al informe de inteligencia de la CIA del 28 de julio, citado más arriba, respecto de que Uruguay había identificado como probables objetivos de asesinato al dirigente de la OPR-33 Hugo Cores y al líder político Wilson Ferreira. El informe también señaló que Chile había identificado a «muchos» blancos de asesinato para Cóndor en Europa.

vi Walker fue identificada finalmente en 1990 por el diario La Época como Mónica Lagos, una prostituta y empleada civil de la DINA. La embajada de Estados Unidos obtuvo un relato sobre su carrera en la DINA en un largo texto escrito a máquina y firmado por Mónica Lagos Ledesma en 1988. En el documento, Lagos señala que era amante del jefe de Operaciones de la DINA, Pedro Espinoza. El relato describe su viaje a Washington como Liliana Walker y afirma que conoció personalmente a Letelier, habló con él y pudo informar a la DINA la marca de su vehículo y las rutas que tomaba para llegar al trabajo, y hasta sobre sus problemas matrimoniales. También describió otra operación de la DINA durante la visita de Kissinger a Chile en junio de 1976 para la reunión de la OEA, en la que ayudó a organizar una fiesta para los delegados, con la esperanza de involucrar a Kissinger y a otros funcionarios en alguna situación comprometedora. Su rol era llevar a un grupo de prostitutas y vedettes relacionadas con la DINA y ponerlas a disposición de los invitados. Sin embargo, Kissinger no fue a la fiesta. El largo testimonio fue desclasificado por el Departamento de Estado en 2015 entre cientos de otros documentos liberados y entregados a la presidenta Michelle Bachelet. El documento fue incorporado como evidencia en la investigación judicial sobre el asesinato de Ronni Moffitt, causa rol 910-2011.

vii Ronni Moffitt ha sido identificada erróneamente como la secretaria de Letelier en muchos artículos de prensa a lo largo de los años, aparentemente una presunción basada en su género y lugar de empleo. Es importante aclarar que ella no trabajaba para Letelier de ninguna manera directa, sino que estaba en el auto ese trágico día solo porque andaba con su esposo, Michael, quien sí era asistente de Letelier.

viii Esta importante comunicación ha sido pasada por alto porque está erróneamente fechada el 23 de agosto de 1976. La fecha correcta se deduce del texto. La nota hace referencia a un artículo «del New York Times de hoy», con fecha del 23 de septiembre, dos días después del asesinato. CIA, Asunto: «Dos oficiales del Ejército chileno usando pasaportes paraguayos» (Proyecto Chile, 2000).

ix El coronel Valín también fue una de las fuentes de Scherrer y es identificado como tal en varios documentos. Scherrer lo describe consistentemente como el «director del Servicio de Inteligencia del Ejército argentino», al que también se refiere con sus iniciales en inglés AAIS o su equivalente en español, «SIE» (Servicio de Inteligencia del Ejército). Los documentos militares argentinos señalan el cargo del coronel Valín como Jefe del Batallón de Inteligencia 601 del Primer Cuerpo del Ejército —otra designación del mismo Servicio de Inteligencia del Ejército. Por consiguiente, al escribir que el «director del Servicio de Inteligencia del Ejército argentino viajó a Santiago, Chile para consultar con sus contrapartes chilenas», Scherrer se refiere claramente al coronel Valín. El Batallon/SIE incluía la Central de Reunión de Inteligencia, que estructuraba muchas de las actividades de Cóndor en Argentina, como consta en esta investigación. Valín era la contraparte argentina del coronel Contreras de la DINA, con área de responsabilidad y rango similares en la lucha antisubversiva. Fuentes: Uno de varios documentos de Scherrer que identifica a Valín de esta manera es FBI 1392544-0-105BE-1348-7, con fecha 3 de septiembre de 1976 (Proyecto Argentina 2019). La descripción del cargo de Valín en documentos argentinos se encuentra en el estudio «El Batallón de Inteligencia 601» (Ministerio de Justicia de Argentina, Programa de Verdad y Justicia, 2015), accesible en infojus.gob.ar. Otro detalle de relevancia: existen también recibos de pasajes aéreos encontrados en los documentos de Arancibia que establecen que otros tres oficiales de la inteligencia argentina estuvieron en Santiago en septiembre, incluyendo a Osvaldo Riveiro, alias Osvaldo Rawson, del Batallón 601, conocido agente de la Operación Cóndor (Arancibia II/122-123).

x En un tácito reconocimiento del tal vez inoportuno momento de esta respuesta, Shlaudeman adjuntó una nota dirigida al oficial a cargo de la distribución de las comunicaciones: «Tengo autoridad desde arriba sobre esto. Agradecería que no apareciera ninguna aprobación [la identidad de los oficiales que habían aprobado el texto] y que la distribución se limite a S, P, M, usted y yo». S era Kissinger,; P era Habib,; M, la administración de archivos.

xi El jefe de la sede de la CIA en Chile en octubre de 1976 era Comer Wiley Gilstrap, Jr. Había llegado en agosto, reemplazando a Stewart D. Burton.

xii Recordando los hechos doce años después, Ryan se equivoca en este detalle, pero en lo demás describe con precisión la secuencia de acontecimientos. En realidad el cable de Kissinger fue enviado, pero las instrucciones que contenía no fueron llevadas a cabo. Ryan fue removido de su puesto alrededor del 1 de septiembre de 1976.

i Cuando se le menciona el episodio en una entrevista de historia oral realizada en 1993, Shlaudeman comenta sobre la controversia desatada acerca de la política de derechos humanos: «Realmente tocamos fondo cuando era subsecretario, o estábamos a punto, en el caso de Argentina, donde la guerra sucia estaba en pleno auge. Bob Hill, que era entonces embajador en Buenos Aires, un republicano muy conservador —en absoluto liberal ni nada parecido—, empezó a mandar informes muy acertados sobre lo que estaba sucediendo, esta matanza de civiles inocentes, civiles supuestamente inocentes, sobre esta perversa guerra que estaban peleando, una guerra clandestina. De hecho, en un momento dado me mandó un telegrama por un canal privado diciendo que el canciller, a su regreso de una visita a Washington, se congratuló ante él porque Kissinger no había mencionado el tema de los derechos humanos. Yo no sé, no presencié la entrevista». Proyecto de Historia Oral sobre Asuntos Exteriores de la Association for Diplomatic Studies and Training, entrevista de William E. Knight, 24 de mayo de 1993.

ii El fiscal jefe para los juicios Cóndor en Argentina, Pablo Ouviña, dijo en una entrevista que no pudo concluir que las operaciones del GT-5 y Cóndor se ubicaban en calle Billinghurst, aunque su investigación sí estableció que el inmueble en esa dirección fue la base de OT-1, bajo el mando del teniente coronel Visuara. Mi propia investigación pudo establecer que Cóndor operaba desde Billinghurst, sobre la base de dos fuentes no utilizadas en la investigación judicial: el testimonio del representante chileno, Christoph Willeke, y las entrevistas con el coronel Rubén Visuara realizadas por el periodista Jorge Boimvaser en los noventa. En su libro Los sospechosos de siempre (2001), Boimvaser escribe: «Las reuniones con los agentes chilenos y uruguayos se efectuaron en la base de la SIDE sobre la calle Billinghurst, próxima a la avenida Las Heras» (p. 161). Boimvaser, en una entrevista con el autor, dijo que su fuente de esta información fue Visuara, quien falleció en 2011.

iii Como el nombre Orletti se utiliza tan extensivamente en otros escritos y documentos judiciales, continuaré ese uso común para referirme a ese centro de detención clandestina.

iv El gobierno cubano encargó una extensa investigación del crimen en 2004 al académico cubano José Luis Méndez. Su libro, en autoría con Pedro Etcheverry Vázquez, Más allá del dolor (Acercándonos Ediciones, 2016), y resultado de una década de investigación en Argentina y Chile, constituye la versión definitiva de la exitosa búsqueda de los cuerpos.Méndez concluye que luego de ser asesinados, los cubanos fueron transportados junto con otras diez víctimas de SIDE en barriles de petróleo al canal San Fernando (una ramificación del río Luján) la noche del 13 al 14 de octubre de 1976. Los agentes arrojaron ocho de los doce barriles al canal, pero se dieron cuenta de que estaban siendo observados. Un trabajador de la Prefectura Naval de San Fernando caminaba por el canal y se percató de la presencia de un camión y una ambulancia cerca de un puente, y de hombres que estaban arrojando grandes objetos al canal.Informó de lo que había visto a la sede de la Prefectura, que quedaba cerca. Mientras tanto, los agentes interrumpieron la operación y se llevaron los restantes cuatro barriles, incluidos aquellos que contenían los restos de Cejas y Galañena, para enterrarlos en un sitio eriazo que servía de vertedero cerca del aeropuerto de San Fernando, a unos dos kilómetros de distancia. Los ocho barriles arrojados en el canal fueron recuperados más tarde ese día por bomberos y buzos despachados por la Prefectura Naval. La versión de Méndez está prolijamente documentada, pero no aborda las afirmaciones de la CIA y el FBI de que los cubanos estaban entregando ayuda económica al MIR, la JCR y el ERP.

v Esta ruta del dinero cubano se describe con más detalle en CIA IIC, 13 de agosto de 1976, que cita el interrogatorio a Biedma: El mensajero «transportó el dinero [una o dos palabras tachadas] a Praga o Moscú, y luego a un país de Europa Occidental, generalmente Francia, Dinamarca o Suecia, para continuar después a Argentina».

vi Tobar, que utilizó el nombre «Ricardo» en el MIR, era medio hermano del famoso guerrillero chileno Elmo Catalán Avilés, quien había luchado con Che Guevara en Bolivia. Según una investigación de la periodista Pascale Bonnefoy, Espinoza y Tobar ayudaron a sacar a Jorge «Trosko» Fuentes fuera de Chile en octubre de 1973 por el norte del país, cruzando a pie la frontera hacia Perú. En esa tarea también participó otro mirista nortino, Jorge Vercelotti. Todos ellos siguieron viaje a Cuba antes de ingresar clandestinamente a Argentina para continuar la lucha revolucionaria. Todos fueron asesinados. Fuentes fue detenido en Paraguay en mayo de 1975 y desapareció luego de su traslado a Chile, como ya se ha visto. Vercelotti y un paraguayo también militante del MIR, Claudio Ocampo Alonso, fueron asesinados en marzo de 1976 cerca de Buenos Aires y sus cuerpos, al parecer, identificados. Homero Tobar desapareció en Argentina en 1976 sin dejar rastro. Ver «Los tres de Arica», The Clinic, 11 de septiembre de 2013.

i Valín no es identificado con nombre en los informes estadounidenses, pero es mi conclusión, basada en la evidencia disponible, que él era el oficial al que se referían en los documentos. En el capítulo 11, presenté evidencia irrefutable de que Scherrer se refería a Valín en su cable «Chilbom» del 28 de septiembre de 1976, dando cuenta del viaje del oficial el 20 de septiembre a reunirse con el coronel de la DINA, Manuel Contreras. Los informes de la DIA que se referencian más arriba son IR 68040309, 22 de septiembre de 1976, e IR 68040334, 1 de octubre de 1976, ambos del teniente coronel John Bohach. Bohach vincula el viaje del oficial de inteligencia a Santiago el 20 de septiembre con el viaje a Brasil el 17 de septiembre, que describe como «similar». En última instancia, esta importante identificación del coronel Valín actuando en esta coyuntura crítica se basa en mi análisis de múltiples documentos en mi poder que lo corroboran. Ver también CIA IIC, Further Developments in the Plans and Intentions of Operation Condor, 22 de noviembre de 1976 (Proyecto Argentina 2019, FBI 307319-13), que también se refiere a oficiales argentinos que viajaron a otros países Cóndor en este periodo.

ii La agente de la DINA Ingrid Olderock, ciudadana chileno-alemana, confirma la versión de Townley. Afirmó que había participado en misiones «para la ubicación de personas chilenas y que fueran activistas, a las cuales debían asesinar». Mencionó Francia, Italia y España como países de las operaciones. Nombró a cinco personas de la DINA que formaban parte, además de Townley: el coronel Pedro Espinoza, los capitanes Armando Fernández Larios y Ricardo Lawrence, la agente civil Irma Guarechi Salmeron y el sargento de Carabineros José Cuevas. «Declaración Extrajudicial de Ingrid Felicitas Olderock Bernhard», 4 de abril 1991.

iii Debido a que algunos de los detalles claves en el documento de la CIA están tachados, debe leerse junto con el documento Montevideo 4577, del 10 de diciembre de 1976, que lo cita y completa los detalles que faltan. Esos detalles están subrayados. Aquí se reproduce parte de ese documento del embajador ante Uruguay Ernest Siracusa; volveremos a ese documento más adelante en este capítulo por su relevancia a una tercera operación de la Fase 3 de Cóndor enfocada en el congresista estadounidense Edward Koch. «[El cable de la CIA] informa sobre el fracaso de un esfuerzo conjunto de fuerzas uruguayas y argentinas para «operar en contra» de tres «terroristas» uruguayos en París. De los tres, el único cuyo nombre se menciona es un miembro de la OPR-33, Hugo Cores Pérez. Se dice que la misión falló debido a la repentina desaparición de Cores un día antes de que el equipo lo ubicara en su residencia en París».

iv El autor supo por primera vez de la amenaza al diputado Koch por el libro Dossier Secreto, del periodista Martín Edwin Andersen, 1993, op. cit. Siracusa mencionó el incidente con la subsecretaria de Derechos Humanos de EE.UU.

v Esta es una clara referencia al coronel Fons, a quien Siracusa identifica como la principal fuente de la información estadounidense sobre Cóndor. Como se vio más arriba, el propio Fons, en entrevista con el autor, confirmó que lo había sido, agregando que reveló la existencia de Cóndor, aunque no su nombre, al agente Latrash.

i Como ya hemos visto, Paladino había sido removido como jefe de SIDE y director de Cóndor a mediados de diciembre de 1976, así que no pudo haber supervisado la misión Cóndor a París a mediados de 1977. En nuestra entrevista, Boimvaser relacionó el periodo de la operación en la capital francesa con otro hecho cuya fecha aproximada se conoce. Visuara le aseguró a Boimvaser que él mismo ordenó la disolución de la unidad de Gordon, una decisión que «ocurrió después de la frustrada operación en París». Sabemos de otras fuentes que el grupo de Gordon fue disuelto antes del 16 de diciembre, la fecha de la fiesta en el restaurant Los Años Locos.

ii El uso del término por parte de la CIA se presta a equivocaciones. Existía en Argentina un «Centro de Inteligencia Nacional» —traducción de «National Intelligence Center»—, pero se encargaba de análisis estratégico y no tenía capacidades operativas. La detallada descripción de la CIA acerca de las funciones operativas de lo que llama NIC deja en claro que se refiere a la Central de Reunión de Inteligencia (CRI). Para resolver esta ambigüedad, utilizaré el término NIC/CRI en referencia al «National Intelligence Center» mencionado en los documentos de la CIA.

iii El informe de la CIA describe una táctica de dos equipos similar a la utilizada por Cóndor, con la separación de las operaciones de inteligencia y asesinato: «El ‘Grupo Dos’ está apoyando las operaciones propuestas en contra de subversivos en el exterior a través de la entrega de información y otra ayuda. El ‘Grupo Dos’ incluye a personal de la Armada, el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, la Policía Federal y la SIDE. El equipo que implementaría efectivamente las operaciones se compone de personal de todas estas entidades, pero es dominado por la Armada. (Comentario: el grupo mencionado más arriba probablemente se refiere al Grupo 2 del Centro Nacional de Inteligencia)».

iv Los servicios de inteligencia europeos no han aportado prácticamente nada al corpus de información pública sobre Cóndor y las misiones de asesinato en Europa relacionadas. Lo que estos servicios supieron y los contactos que establecieron con los países miembros de Cóndor es un intrigante tema que se ha comprendido solo superficialmente. Los contactos parecen haber sido más extensivos de lo que se sabía antes, como se demuestra aquí. Un documento de la CIA de 1978 describe un reporte no confirmado de reuniones oficiales en septiembre de 1977 entre los servicios europeos con el «Secretariado» de Cóndor en Argentina, en las que los primeros discutieron establecer una organización antisubversiva similar en Europa. Ver CIA IIC, «Visita de representantes de los servicios de inteligencia de Alemania Occidental, Francia y Gran Bretaña a Argentina para discutir métodos para establecer una organización antisubversiva similar a ‘Cóndor’» («Visit of representatives of West German, French and British intelligence services to Argentina to discuss methods for establishment of an anti-subversive organization similar to ‘Condor’»), 7 de abril de 1978 (Proyecto Argentina 2019, NARA 52970, en documento 32735950).

i Otra conexión de Stoulman con el partido era a través de su socio en Cambios Andes, León Dobry. El primo de este, Enrique Dobry, era militante comunista y había trabajado en el gobierno de Allende antes de exiliarse en Colombia. León Dobry y Stoulman ayudaron a transferir dinero a Enrique, proveniente de la venta de su casa en Chile, a través de bancos suizos y estadounidenses. Enrique Dobry declaró en su testimonio que consideraba a su primo León y a Stoulman como «operadores del sistema» de transferencias financieras internacionales. Testimonios en el juicio Cóndor en Chile (JCC) de Enrique y León Dobry.

ii La suma de veinte mil dólares se menciona en varios relatos, incluyendo los de los guardias que conversaron con Jaccard en el cuartel Simón Bolívar en Chile. Esta cantidad de dinero excede con creces lo que necesitaría para gastos de viaje, y sería un monto insignificante para apoyar al partido en Chile. Uno de los comunistas chilenos sobrevivientes que trabajaban en Buenos Aires, Jorge Álvarez, arrendó un departamento de cuatro habitaciones para Ramírez y declaró que esperaba que este le entregara dinero, en dólares estadounidenses, para cubrir un año de arriendo y pagar su salario. Sobre la base de estos antecedentes, considero que es probable que Jaccard haya estado llevando dinero para gastos de Ramírez. En su testimonio (JCC fojas 555),Álvarez declaró que Ramírez debía entregar el equivalente a tres millones de pesos chilenos que, al momento de su testimonio, equivalían a unos seis mil dólares. La entrega debía realizarse el 16 de mayo, un día después de la llegada de Jaccard.

iii Los registros judiciales señalan como fecha de la detención de Jaccard el 16 de mayo, pero no hay testigos del arresto. Considero que el 17 de mayo es la fecha más probable. Ramírez fue visto en custodia de agentes chilenos alrededor de las dos de la madrugada el 17 de mayo, y fue su detención la que permitió que los agentes argentinos y de la DINA pudieran montar la trampa para Jaccard en la reunión que debía tener con Ramírez. Fedor Castillo, ayudista de Jaccard, atestiguó que estuvo con Jaccard durante al menos un día y medio, partiendo con la visita a su madre y hermana. Según la cronología señalada por él, Jaccard se encontraba aún en libertad hasta al menos el mediodía del martes 17 de mayo.

iv El conocido capitán de la DINA Armando Fernández Larios formaba parte del equipo en el cuartel. Los guardias declararon que Fernández participó en orgías de crueldad, bajo efecto de las drogas, matando prisioneros con un corvo. Michael Townley también fue reconocido en el lugar por los guardias que atestiguaron. Varios de ellos recordaron nítidamente que Townley llevó gas sarín en un pequeño frasco para probarlo como sustancia letal. Según estos relatos, Townley roció el veneno en el rostro de dos detenidos peruanos sospechosos de espionaje. Los prisioneros, que nunca han sido identificados, murieron de inmediato, pero Townley gritó que tal vez algo de sarín le había salpicado encima. La «enfermera» del recinto, Gladys Calderón Carreño, cuyas tareas incluían ejecutar a prisioneros con inyecciones letales, trató a Townley, quien no sufrió daños.

v El jefe del equipo era Carlos Fuchslocher, un veterano activista clandestino que se encontraba en Santiago participando en la abortada operación, pero que logró evitar la detección. En su testimonio, dijo que se comunicó regularmente con la dupla Ramírez-Velásquez en Buenos Aires a través de un agente encubierto de Alemania Oriental en Santiago que conocía con el nombre de Eugen. Al momento de enterarse del secuestro de Ramírez, dijo, ya era demasiado tarde para alertar a Correa y Soto. Fuchslocher señaló que no supo sobre el rol de Stoulman debido a la compartimentación. Testimonio de Fuchslocher en JCC, 16 de abril de 2010, fojas 11889 y siguientes.

vi Es tal vez irónico el hecho de que Cóndor haya asestado un golpe tan demoledor al partido político chileno que constituía la más fuerte oposición, desde la izquierda, a las tácticas de lucha armada promovidas por el MIR y algunos sectores socialistas. Cuando el partido logró remontar la debacle de 1976-1977, la política de resistencia no violenta fue abandonada con la creación en 1983 del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esta organización político-militar realizó una serie de acciones armadas, incluyendo la fallida, pero espectacular, emboscada para matar al general Pinochet en 1986. El hijo de Víctor Díaz, también llamado Víctor, que era un niño cuando su padre fue secuestrado, se unió al FPMR y participó en el atentado a Pinochet.

vii Jacobo Stoulman, Naomi Gianotti y Ricardo Haidar. Stoulman estaba bajo vigilancia en Europa; Gianotti fue trasladada a Madrid y asesinada allí; Haidar fue trasladado a Europa, y luego devuelto a Argentina y posteriormente asesinado.

viii Aunque adhería a una ideología marxista, GAU no abogaba por la lucha armada y participó en un solo acto de violencia: la muerte, en octubre de 1973, de uno de sus miembros al explosionar una bomba que supuestamente construía. Los militares concluyeron que la organización tenía un «aparato militar» y encarceló a Rodríguez y a docenas de militantes. Equipo de Investigación Histórica, Operativos Contra los Grupos de Acción Unificadora (GAU), Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, actualizado 2015.

i Menem también indultó a otros 277 oficiales condenados por delitos contra los derechos humanos, mala conducta en la guerra de las Malvinas y participación en levantamientos militares.

ii El autor viajó a Buenos Aires en agosto de 1975 portando las pruebas documentales de la inventiva. Junto con el corresponsal Rudolf Rauch, publicó un reportaje en la revista Time el 18 de agosto de 1975, destapando la farsa de desinformación ante el público internacional. El artículo resumía el acuerdo: «Una relación de trabajo bien serviría a los intereses de la DINA y la Triple A. La DINA tiene una larga lista de nombres para los que necesita cuerpos y la Triple A tiene cuerpos que necesitan un nombre». Amplié el relato en una serie que consta de dos partes en National Catholic Reporter, 3 y 10 de octubre de 1975.

iii La colección de más de dos mil quinientas páginas fue donada al National Security Archive en Washington D.C. y a la Universidad Alberto Hurtado en Chile.

iv El archivo completo se encuentra en el octavo piso del Palacio de Justicia en Asunción, y su mantenimiento está a cargo de un pequeño grupo de funcionarios especializados que actúan bajo la supervisión de la Corte Suprema paraguaya. Su nombre oficial es Centro de Documentación para la Defensa de los Derechos Humanos, y lo dirigen Luis María Benítez Riera y Rosa Palau Aguilar. El autor tomó contacto con el Archivo en 1999 y, junto con el analista del National Security Archive Carlos Osorio, concibió un proyecto para catalogar, microfilmar y digitalizar toda la colección. El proyecto, en colaboración con la Universidad Católica de Paraguay, recibió fondos de AID y se inició en 2001. Gran parte de la colección digital está guardada en el National Security Archive, en Washington. En algunas publicaciones se refiere al archivo paraguayo como «los archivos del terror».

v Martín Almada recibió en 2002 «el Nobel alternativo», el premio Right Livelihood, «... por su inquebrantable coraje y sus constantes esfuerzos por desenmascarar y pedir cuentas a los torturadores, y por encausar el país en un nuevo rumbo de democracia, respeto por los derechos humanos y desarrollo sostenible». Almada ha viajado por todas partes estos últimos años y prestado declaración en todas las principales investigaciones del Cóndor, incluyendo las de España, Italia, Francia y Argentina descritas en este capítulo y en el capítulo 3. El comité organizador del premio afirmó que «los ‘Archivos del Terror’ han demostrado ser la más importante colección de documentos sobre terrorismo de Estado alguna vez recuperados. Es importante no solo para Paraguay sino para toda América Latina, y sin lugar a dudas para el mundo entero».

vi Víctimas del caso París: George Klein, detenido el 11 de septiembre de 1973, Chile; Alfonso Chanfreau, 3 de julio de 1974, Chile; Etienne Pesle, 19 de septiembre de 1973, Temuco, Chile; Jean Yves Claudet Fernández, 1 de noviembre de 1975, Buenos Aires; Marcel René Amiel, 9 de febrero de 1977, Mendoza, Argentina.

vii El autor fue citado por los jueces Le Loire y Capaldo para declarar sobre sus investigaciones acerca de la Operación Condor.

viii John Dinges, «A Bombshell on Pinochet’s Guilt, Delivered Too Late», Newsweek, 22 de octubre de 2015. Las citas de Valdés y Cornick también provienen de este artículo.

ix Embajador Ernest Siracusa. Ver capítulo 13 respecto de todo el contexto en torno al conocimiento de Estados Unidos sobre blancos Cóndor.

i La lista de víctimas eventualmente aumentó a catorce y formó la base del juicio Cóndor que culminó en 2016. Ver al final del Epílogo la lista de víctimas de los tres juicios Cóndor: en Chile, Argentina e Italia.

ii Lista compilada por el Ministerio de Justicia de Chile. http://pdh.minjusticia. gob.cl/wp-content/uploads/2015/12/lista-HISTORICA-2015-1373-procesados-acusados-condenados-1.pdf Las estadísticas de Argentina de 2018 se pueden ver en: https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/juicios-en-numeros-867-condenados-115-absueltos-y-mas-de-la-mitad-de-los-detenidos-con-prision-domiciliaria/.

iii Un ejemplo notable de este tipo de exageración es el libro de fotografías de João Pina,Cóndor (Blume, 2014), que afirma sin fuentes ni pruebas que «el Plan Cóndor ... había cobrado unas 60.000 vidas». El libro de Pina, cuyas fotografías son un testimonio por demás apasionante de la época, no es el único ejemplo en el que la totalidad de los crímenes contra los derechos humanos del periodo se confunden con la Operación Cóndor.

Edición en formato digital: mayo de 2021

© 2021, Dinges, John

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Diseño de la cubierta: Random House Mondadori, S.A.

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ISBN: 9789566042501

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