La aparición de las memorias de Margaret Thatcher ha sido uno de los acontecimientos editoriales más esperados de los últimos años. Ahora, este libro nos permite comprobar que la expectación estaba más que justificada.

Los años de Downing Street es, por encima de todo, un brillante retrato de primera mano de los hechos y personas de los años de Margaret Thatcher en el poder. Sus crónicas de los primeros —y muy críticos— momentos de su acceso al cargo, las tres victorias electorales, la guerra de las Malvinas, la huelga de los mineros, la bomba de Brighton, la huelga de hambre de los terroristas del IRA, el asunto Westland, sus enfrentamientos con determinados ministros faltos del suficiente ánimo o mal aconsejados, son de una demoledora precisión. Sus juicios sobre las personas con quienes va tratando —estadistas de talla internacional o miembros de su propio Gabinete— son siempre de una franqueza absoluta y sin miramientos. No escatima el elogio cuando lo considera merecido; pero, en caso contrario, sus críticas son devastadoras.

El libro concluye con el emocionante relato, casi novelístico, de sus últimos días en el poder.

Pero Los años de Downing Street es tanto una sucesión de acontecimientos como una serie de perfiles de personajes. No ha habido en nuestra época ningún primer ministro británico que se propusiera cambiar el Reino Unido y su lugar en el mundo, de un modo tan radical como Margaret Thatcher. Su gobierno, según nos dice, consistía en la aplicación de una filosofía, no en la puesta en práctica de un programa administrativo. La autora expone, con fuerza y convicción, tanto la base de sus creencias, como el modo en que supo convertirlas en hechos concretos.

Otros aspectos interesantes del libro son las observaciones de la autora sobre la diplomacia («las dos tentaciones del estadista, gemelas y opuestas, son la prepotencia y la timidez»), la moral política («lo moralmente correcto suele resultar políticamente oportuno») y su estilo y tono propios («una vez que adopto determinada línea de pensamiento, no resulta nada fácil detenerme»). En este libro, quedan reveladas con toda intensidad —y, a veces, inconscientemente— las ideas y la personalidad de la autora. La impresión resultante es, como dijo un comentarista, la de un buque de guerra navegando a toda máquina. Su perfeccionismo, su pasión por el cambio, su tenacidad y su asombrosa determinación son evidentes en cada capítulo de este libro.

Margaret Thatcher

Los años de Downing Street

ePub r1.4

Titivillus 02.09.15

Título original: The Downing Street years

Margaret Thatcher, 1993

Traducción: Editorial

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

A mi marido y a mi familia

sin cuyo amor y

aliento nunca

habría sido Primera Ministra.

Y a todos los que trabajaron

en el Nº 10 de Downing Street y

en Chequers, sea cual fuera su cargo,

porque su inquebrantable apoyo fue crucial

en esos años de desafío.

Agradecimientos

Fueron muchas las personas que, de una u otra manera, colaboraron conmigo en la preparación de este libro. A algunas no puedo nombrarlas porque siguen siendo miembros de la Administración pública; a otros, puedo y los menciono. Pero hay alguien a quien debo un agradecimiento especial.

A los funcionarios del Gobierno que preparan el terreno para las reuniones cumbre se les conoce como sherpas, por los guías del Himalaya que ayudan a quienes escalan el Everest. Mi sherpa imprescindible en la empresa de redactar este libro ha sido Robin Harris. Robin se ha sumido en los documentos oficiales, estudiándolos en profundidad, para investigar, confirmar o desafiar mi memoria; fue un guía de paso seguro a través de la borrasca de hechos e interpretaciones; hizo posible que la expedición alcanzara su destino por la ruta más directa, en buen orden e incluso con cierta elegancia. Sin sus consejos y ayuda en cada una de las etapas, dudo mucho que hubiéramos alcanzado la cumbre.

No estábamos solos en el trayecto. John O’Sullivan se nos acercaba a veces esquiando, apuntalaba argumentos, pulía la prosa y le daba un empujón al relato. Sin él, escribir este libro hubiera llevado mucho más tiempo, y el resultado habría tal vez sido más engorroso de leer.

Otro miembro decisivo del equipo fue Chris Collins, nuestro investigador. Con absoluta dedicación, fue meticuloso y perseverante, y sumó a estas cualidades su inapreciable objetividad de historiador académico. Debbie Fletcher mecanografió —y volvió una y otra vez a mecanografiar— con impresionante eficacia e inalterable buen humor el farragoso manuscrito. Tessa Gaisman aportó su sentido común y su buen gusto, tan especial, para la selección de las fotografías. Carolyn Selman nos ayudó a ordenar adecuadamente los comunicados y recortes de prensa. Me siento inmensamente agradecida a todos los miembros del equipo que colaboró en mis memorias. Nuestro trabajo conjunto fue, para citar una frase que aparece más adelante en este volumen, «tenso pero divertido».

Uno de los aspectos más agradables de la redacción de unas memorias es revivir los viejos tiempos junto a buenos amigos. Pude escribir sobre los recuerdos y reflexiones de muchos de los que, de una manera u otra, se vieron involucrados en la historia que he narrado. Quisiera expresar mi especial agradecimiento a Cynthia Crawford, sir Charles Powell, sir Alan Walters y John Whittingdale MP (Member of Parliament), pues la ayuda de todos ellos me resultó inapreciable. También gocé del privilegio del consejo, en temas específicos, del profesor Tim Congdon, Andrew Dunlop, lord Griffiths of Fforestfach, George Guise, Rt. Hon. (Right Honourable) Archie Hamilton MP, sir John Hoskyns, sir Bernard Ingham, la doctora Sheila Lawlor, John Mills, Rt. Hon. sir Peter Morrison, Ferdinand Mount, lord Parkinson of Carnforth, Caroline Ryder, Stephen Sherbourne, sir Kenneth Stowe, lady Wakeham y lord Wolfson of Sunningdale.

Hurgando entre documentos oficiales, los encontré fascinantes pero limitados. Incluso su extrema sequedad me reafirmó en la idea de lo importante que era escribir este libro. Hay situaciones que es necesario haberlas vivido para poder contarlas. Pero dicho esto, yo, que nunca llevé un diario, me hubiera sentido perdida sin ellos. Estoy, por lo tanto, muy agradecida a sir Robin Butler y personal de la oficina del Gabinete por la amabilidad y eficiencia con que pusieron a mi disposición los documentos de mi administración.

Mis editores, Harper Collins, actuaron como es de esperar en un editor, permitiendo que el autor reúna su material, pero exigiéndole un ritmo y el cumplimiento de los plazos fijados. Eddie Bell fue una severa y tranquilizadora fuente de consejos prácticos. Stuart Proffitt trabajó con tenacidad en la eliminación de términos propios de la jerga política, para que el texto resultara claro. A ambos les estoy muy agradecida.

Finalmente me gustaría expresar mi agradecimiento a Julian Seymour que está al frente de mi despacho: sin él y los miembros de mi equipo esta historia no habría podido contarse.

MARGARET THATCHER

Junio de 1993

NOTA DEL EDITOR ESPAÑOL:

En este texto, las abreviaturas y siglas se mantienen en inglés cuando no existe traducción normalizada u oficial al español (TUC, Trades Union Congress, Congreso Nacional de los Sindicatos británicos), o cuando el uso las ha impuesto (EFTA, European Free Trade Association). En los restantes casos, las siglas se hacen corresponder con la denominación española (ZEM, Zona de Exclusión Marítima; OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, etc.). En las últimas páginas hay una lista de abreviaturas que puede ayudar al lector.

[Ver, también, la nota sobre el Gabinete ministerial británico.]

Introducción

«Síes, 311. Noes, 310». Incluso antes de que los escrutadores anunciaran las cifras, los de los escaños de la oposición sabíamos que el Gobierno laborista de Jim Callaghan había perdido su moción de confianza y tendría que convocar unas elecciones generales. Cuando los cuatro escrutadores regresan para leer el total de los votos recogidos en las antecámaras, los diputados pueden ver qué partido ha ganado de acuerdo con la posición que aquellos adoptan respecto al presidente del Parlamento. En esta ocasión los dos conservadores se encaminaron hacia la izquierda del presidente en el espacio que solían ocupar los whips (látigos, o miembros encargados de hacer observar las consignas del partido) gubernamentales. Hubo un gran estallido de aplausos y risas en los escaños conservadores y nuestros partidarios en las galerías de espectadores gritaron su júbilo nada protocolario. Denis, que observaba los resultados desde la tribuna de la oposición en el hemiciclo de la Cámara, gritó «¡hurra!» y fue debidamente amonestado por uno de los ujieres. En medio del alboroto, sin embargo, se oía el estentóreo tono de oficial de la guardia de Spenser Le Marchant, el diputado conservador por High Peak de 6 pies 6 pulgadas, famoso por su consumo de champán, anunciando el resultado a grandes voces: la primera derrota de este calibre para un gobierno británico desde hacía más de cincuenta años.

Ya sabíamos con anterioridad que los resultados estarían muy reñidos, pero no nos habíamos imaginado hasta qué punto mientras entrábamos y salíamos de las antecámaras. Yo busqué las caras inesperadas que podrían inclinar la balanza. Los whips laboristas se habían esforzado por reunir el puñado de diputados independientes cuyos votos podrían proporcionarles la victoria. Al final, todo dependió de la decisión de un huidizo diputado irlandés, Frank Maguire, que efectivamente acudió al palacio de Westminster, dando esperanzas a los ministros laboristas. La espera antes de que se anunciaran los resultados se llenó de rumores y contrarrumores que atravesaban la Cámara. Parecía interminable. Nuestro whip principal me informó discretamente de su propia previsión. Yo no dije nada y procuré mantenerme inescrutable, seguramente sin éxito. Algunos de los diputados de los escaños laboristas, al enterarse de la llegada del señor Maguire, empezaron a sonreírse en anticipación de su victoria. Pero el señor Maguire había acudido sólo para abstenerse. Y el 28 de marzo de 1979 el Gobierno laborista de James Callaghan, el último Gobierno laborista hasta la fecha, y quizás el último en la Historia, perdió el poder.

Las exequias fueron breves y casi formales. El señor Callaghan informó a la Cámara de que expondría los resultados al país y que se disolvería el Parlamento una vez que se hubieran resuelto los asuntos más esenciales. Respondiendo en nombre de la oposición, dije que colaboraríamos para garantizar una disolución del Parlamento cuanto antes. Los diputados se sintieron invadidos por una ligera sensación de decepción después de toda la emoción. Todos nos dábamos cuenta de que la Cámara de los Comunes por el momento ya no era el centro de los acontecimientos. Las grandes cuestiones de poder y principio se resolverían en otro lugar. Yo me levanté para abandonar la Cámara, y Willie Whitelaw, que con frecuencia podía percibir mi estado de ánimo incluso antes de que yo misma me diera cuenta de cómo era, me rodeó los hombros con el brazo en señal de ánimo.

La reunión del Gabinete en la Sombra (Gobierno que la oposición constituiría de estar en el poder) fue rápida y práctica. Nuestra principal preocupación era impedir que el Gobierno laborista se marcara ningún tanto parlamentario. En especial, nos parecía que de ninguna manera debía haber un balance presupuestario, cualesquiera que fueran los limitados cambios tributarios que hicieran falta para mantener equilibradas las finanzas públicas. Decidimos que una vez que estuviéramos en el poder respetaríamos la promesa del Gobierno laborista de aumentar las pensiones en las cantidades anunciadas por el primer ministro en el debate de confianza. Y decidimos presionar en favor de que se celebraran las elecciones el 26 de abril, la primera fecha posible, sabiendo que los laboristas querrían alargar su agenda con la esperanza de recuperar la moral de su partido. (Al final tuvimos que conformarnos con el 3 de mayo). Después, habiendo concluido nuestros asuntos, celebramos la victoria con una copa y dimos la reunión por terminada.

En el coche, de vuelta a mi casa de Flood Street, Chelsea, con Denis, reflexioné sobre la batalla venidera. Íbamos a tener que luchar, por supuesto, pero salvo que hubiera accidentes, era una lucha que debíamos ganar. La derrota del Gobierno en el debate de confianza simbolizaba una derrota más amplia para la izquierda. Había perdido la confianza de los ciudadanos, además de la del Parlamento. El «invierno del descontento», las diferencias ideológicas dentro del Gobierno, su incapacidad para controlar a sus aliados en el movimiento sindical, una sensación intangible de que en todas partes a los socialistas se les habían acabado las ideas: todo esto creaba un ambiente fin de siécle para la inminente campaña electoral.

El Partido Conservador, por el contrario, había empleado su período en la oposición para la elaboración de un nuevo enfoque de la revitalización de la economía y la nación británicas. No sólo habíamos desarrollado un programa de gobierno completo; también habíamos seguido un aprendizaje en publicidad, aprendiendo a exponer una cuestión compleja y sofisticada con un lenguaje directo, claro y sencillo. Finalmente, habíamos estado defendiendo esa cuestión durante casi cuatro años, con lo cual nuestro orden del día, con suerte, daría una impresión de sentido común familiar a la gente, antes que la de un proyecto loco y radical. En todos estos terrenos yo sentía una seguridad razonable.

Las perspectivas después de una victoria electoral eran otro cantar. Gran Bretaña en 1979 era una nación que había sufrido una buena paliza, con derrotas cada vez más severas a lo largo de los cien años anteriores.

Ninguna teoría de Gobierno ha gozado de una puesta a prueba más justa ni de una experimentación más prolongada en un país democrático que el socialismo democrático en Gran Bretaña. Y sin embargo, resultó ser un fracaso lamentable en todos los aspectos. Lejos de invertir el lento declive relativo de Gran Bretaña respecto de sus principales competidores industriales, lo aceleró. Nos fuimos quedando cada vez más a la zaga, hasta que en 1979 todos nos conocían como «el enfermo de Europa». El empeoramiento relativo de nuestra posición económica se vio disimulado por la creciente opulencia de Occidente en su totalidad. Nosotros, entre otros, no íbamos a dejar de beneficiarnos de la duradera expansión económica del mundo occidental de la posguerra encabezado por los Estados Unidos. Pero aunque nunca hubiéramos estado tan bien, otros —como Alemania, Francia, Italia, Dinamarca— estaban cada vez mejor. Y conforme fueron pasando inexorablemente los años setenta, empezamos a fracasar en términos absolutos además de relativos. Las inyecciones de demanda monetaria, que en los años cincuenta habían provocado una subida de la producción real y una caída del desempleo antes de impulsar una modesta subida de precios, ahora se convertían directamente en altos niveles de inflación sin causar el menor efecto en la producción y el desempleo. Las subvenciones estatales y la dirección de las inversiones generaron industrias cada vez más ineficaces e intereses del capital cada vez más bajos. Se abusaba de las leyes que habían concedido inmunidad protectora a los sindicatos a principios de siglo, utilizándolas para proteger prácticas restrictivas y sobreempleo, para apuntalar huelgas y coaccionar a los trabajadores para que se afiliaran a los sindicatos y participaran en huelgas en contra de sus convicciones. Las ayudas sociales, distribuidas con poca o ninguna consideración de sus consecuencias, fomentaron la ilegalidad, facilitaron el desmoronamiento de las familias y reemplazaron los incentivos para el trabajo y la autosuficiencia por una perversa incitación a la holgazanería y la estafa. La ilusión final —que la intervención del Estado fomentaría la armonía y la solidaridad social o, en lenguaje conservador, «una nación»— se vino abajo en el «invierno del descontento» cuando los muertos se quedaron sin enterrar, los piquetes de los huelguistas no permitían el paso a los hospitales a pacientes gravemente enfermos, y el ánimo social prevalente era de envidia descarnada y hostilidad sin motivos. Curar la enfermedad británica con el socialismo era como intentar curar la leucemia con sanguijuelas.

Se necesitaba otro enfoque, y por razones internacionales, además de las domésticas. La debilitada posición económica de Gran Bretaña significaba que su papel internacional inevitablemente también se vería limitado y coartado. Nuestra vivencia más dolorosa de las circunstancias apuradas del país había sido el fracaso de la expedición de Suez en 1956. Este fue el resultado de nuestra debilidad política y económica antes que un fracaso militar, dado que el Gobierno retiró unas fuerzas victoriosas de la zona del Canal en respuesta a un «asedio a la libra esterlina» fomentado por el Gobierno de los Estados Unidos. Cualesquiera que fueran los detalles de esta derrota, penetró en el alma británica y distorsionó nuestra perspectiva del lugar de Gran Bretaña en el mundo.

Desarrollamos lo que podría denominarse como el «síndrome de Suez»: habiendo exagerado anteriormente nuestra fuerza, ahora exagerábamos nuestra impotencia. A éxitos militares y diplomáticos como la guerra en Borneo —que mantuvo la independencia de antiguas colonias británicas frente a la subversión indonesia, contribuyó a derrocar al dictador antioccidental Sukarno y de esta manera modificó a largo plazo el equilibrio del poder en Asia en nuestro favor— se les rechazó por insignificantes o se les hizo caso omiso. Las derrotas que en realidad eran el resultado de juicios erróneos, como la retirada del Golfo en 1970, eran consideradas como las consecuencias inevitables del declive británico. Y se echaba mano alegremente de empresas dignas de opereta bufa, como la invasión de Anguila llevada a cabo por Harold Wilson en marzo de 1969 (por una vez, «acción policial» parece el término adecuado) para ilustrar la realidad del disminuido poder británico. La verdad —que Gran Bretaña era una potencia media, con una influencia inusual gracias a su distinción histórica, su experta diplomacia y sus versátiles fuerzas militares, pero enormemente debilitada por su declive económico— parecía demasiado complicada para que la entendieran personas sofisticadas. Estaban empeñadas en considerarse a sí mismas como mucho más débiles y despreciables de lo que en realidad eran y rechazaban cualquier consuelo en sentido contrario.

Esto se volvió más peligroso a finales de los setenta debido a que Estados Unidos sufría una crisis moral parecida, como consecuencia de su fracaso en Vietnam. De hecho, puede que el «síndrome de Vietnam» tuviera efectos aún más debilitadores que los de su equivalente en Suez, ya que encarnaba la convicción de que afortunadamente Estados Unidos era incapaz de realizar una intervención extranjera, dado que era casi seguro que una intervención de esta índole iría en detrimento de la moralidad, los pobres de la tierra o las corrientes revolucionarias de la Historia. Maniatados por esta coacción psicológica, y por un Congreso también muy influido por ella, dos presidentes fueron testigos de cómo la Unión Soviética y sus vicarios ampliaban su poder y su influencia en Afganistán, el Sur de África y América Central, por medio de la subversión y la invasión militar. En Europa, una Unión Soviética cada vez más segura de sí misma instalaba misiles ofensivos en sus satélites orientales, fortaleciendo a sus fuerzas convencionales hasta alcanzar niveles muy superiores a los de sus equivalentes en la OTAN. También estaba formando una Marina que le proporcionaría un alcance global.

Una teoría, adoptada tras la caída del comunismo para justificar la política de palomas en la Guerra Fría, mantiene que, dado que la Unión Soviética era comparativamente débil a finales de los ochenta, tras casi una década de reactivación económica y militar de Occidente, sin duda suponía una falsa amenaza a finales de los setenta. Sin entrar en lo absurdo de anteponer un efecto a su causa, la historia de la Unión Soviética desde 1917 hasta hace muy poco tiempo rebate este argumento. La Unión Soviética fue una potencia que deliberadamente se impuso un retraso económico por razones políticas e ideológicas, pero compensándolo con la concentración de recursos en su sector militar y aprovechando el poder que esto le reportaba para obtener más recursos por la fuerza o por una amenaza de fuerza. Arrancaba créditos subvencionados a un Occidente ansioso de paz en épocas de «deshielo» y arrebataba territorios por medio de la subversión y la conquista en períodos de «enfriamiento». Hacia finales de los setenta, Estados Unidos, Gran Bretaña y nuestros aliados europeos se enfrentaban a una Unión Soviética en esta segunda fase agresiva. No estábamos en forma para resistirlo, ni psicológicamente, ni de manera militar o económica.

Desde un punto de vista global, estos tres desafíos —declive económico a largo plazo, los efectos debilitadores del socialismo y la creciente amenaza soviética— suponían una herencia intimidatoria para un nuevo primer ministro. Quizás debía haberme sentido más acobardada de lo que de hecho me sentía mientras volvíamos a Flood Street. Puede que si hubiera podido prever la gran montaña rusa de acontecimientos de los próximos once años, descrita en este volumen, hubiera sentido una mayor aprensión. Perversamente, sin embargo, la emoción que me invadía era de regocijo ante el desafío. Habíamos pensado, hablado, escrito, debatido todas estas cuestiones, y ahora, si todo iba bien en las próximas semanas, por fin tendríamos la oportunidad de vérnoslas con ellas.

Parte de este regocijo provenía del hecho de que hubiera conocido un amplio espectro de mis compatriotas en mis cuatro años como líder de la oposición. Eran mucho mejores de lo que daban a entender las estadísticas: más enérgicos, más independientes, más inquietos ante el declive del país y más preparados que muchos de mis compañeros parlamentarios a la hora de apoyar medidas dolorosas para invertir ese declive. Suscitaríamos más odio, pensaba yo, si renegábamos de nuestras promesas de conservadurismo radical con un giro de 180 grados que si seguíamos resueltamente hacia adelante a través de cualquier ataque que los socialistas lanzaran contra nosotros. Percibía, como aparentemente también había percibido Jim Callaghan en el curso de la campaña, que se había producido un cambio de marea en la sensibilidad política del pueblo británico. Habían renunciado al socialismo —el experimento de treinta años había fracasado claramente— y estaban dispuestos a probar otra cosa. Ese cambio de marea era nuestro mandato.

Y existía otro factor más personal. En una célebre observación, Chatham[1] dijo: «Sé que puedo salvar este país y que nadie más puede». Hubiera resultado presuntuoso por mi parte compararme con Chatham. Pero, para ser sincera, debo reconocer que mi regocijo provenía de una convicción interna parecida.

Mi origen y mi experiencia no eran los de un primer ministro conservador tradicional. Tenía menos posibilidades de depender de una deferencia automática, pero quizás también me sintiera menos intimidada por los riesgos del cambio. Mis compañeros más veteranos, que habían alcanzado su madurez política en la crisis de los treinta, tenían una visión más resignada y pesimista de nuestras posibilidades políticas. Puede que estuvieran demasiado dispuestos a aceptar al Partido Laborista y a los sindicalistas como intérpretes auténticos de los deseos de los ciudadanos. Yo no sentía que necesitara un intérprete para dirigirme a gente que hablara el mismo idioma que yo. Y percibía como una verdadera ventaja el que hubiéramos vivido el mismo tipo de vida[2]. Me parecía que las experiencias que había vivido me habían equipado curiosamente bien para la lucha que me esperaba.

Había crecido en un hogar que no era ni pobre ni acomodado. Teníamos que economizar todos los días a fin de poder disfrutar de algún que otro lujo. En ocasiones se cita el hecho de que mi padre fuera tendero como la base de mi filosofía económica. Así fue —y es— pero su filosofía original comprendía más que simplemente asegurarse de que los ingresos superaran ligeramente a los gastos al final de la semana. Mi padre era un hombre tanto práctico como teórico. Le gustaba relacionar el progreso de nuestra tienda con el complejo romance del comercio internacional, que recurría a gente de todo el mundo para garantizar que una familia de Grantham pudiera tener en su mesa arroz de la India, café de Kenya, azúcar de las Indias Occidentales y especias procedentes de cinco continentes. Antes de haber leído una sola línea de los grandes economistas liberales, sabía por las cuentas de mi padre que el mercado libre era como un enorme y sensible sistema nervioso, que respondía a sucesos y señales en todo el mundo para abastecer a las siempre cambiantes necesidades de los habitantes de diferentes países, de diferentes clases sociales, de religiones distintas, con una especie de benigna indiferencia a su condición. Los gobiernos actuaban sobre un volumen mucho más reducido de información consciente y, por el contrario, eran también «fuerzas ciegas» que andaban dando traspiés en la oscuridad y obstaculizando las operaciones de los mercados, más que mejorándolas. La historia económica de Gran Bretaña en los siguientes cuarenta años confirmó y amplió casi cada punto de la economía práctica de mi padre. De hecho, había sido equipada a una edad temprana con el enfoque mental y los instrumentos de análisis idóneos para reconstruir una economía devastada por el socialismo estatal.

Mi vida, como la de la mayoría de las personas del planeta, se vio transformada por la Segunda Guerra Mundial. En mi caso, debido a que en el transcurso de la guerra estaba en el colegio y posteriormente en la universidad, la transformación fue de índole más bien intelectual que física. Del fracaso de los intentos de apaciguamiento concluí que la agresión debe ser siempre firmemente resistida. ¿Pero, cómo? La victoria final de los aliados me persuadió de que las naciones deben cooperar en defensa de las normas internacionales acordadas si quieren resistir grandes males o conseguir grandes beneficios. Esto es un mero tópico, sin embargo, si los líderes políticos carecen de valor y clarividencia, o —lo que es igualmente importante— si las naciones carecen de fuertes lazos de lealtad común. Las naciones débiles no podrían haber resistido ante Hitler de manera eficaz: de hecho, aquellas naciones que eran débiles no le hicieron frente. Así que de la Segunda Guerra Mundial extraje una lección que distaba mucho de la hostilidad hacia la nación-estado manifestada por algunos estadistas europeos de la posguerra. Mi punto de vista era —y es— que sólo será posible construir un internacionalismo eficaz si lo hacen naciones fuertes que pueden recurrir a la lealtad de sus ciudadanos para defender y hacer respetar las normas civilizadas de conducta internacional. Un internacionalismo que procure suplantar a la nación-estado, sin embargo, pronto se irá a pique ante la realidad de que muy pocas personas están dispuestas a llevar a cabo sacrificios auténticos por él. Por lo tanto, es probable que degenere hasta convertirse en una fórmula para debates interminables y muchas lamentaciones.

Sostenía estas conclusiones de manera muy vacilante al terminar la guerra. Pero se convirtieron en convicciones firmes en los cuarenta y los cincuenta cuando, ante la amenaza soviética, instituciones como la OTAN, que representaban a la cooperación internacional entre naciones-estado fuertes, demostraron ser mucho más eficaces a la hora de resistir esa amenaza que organismos como las Naciones Unidas, que encarnaban un internacionalismo superficialmente más ambicioso, pero, en la realidad, más débil. Mi preocupación en 1979 era que la resistencia de la OTAN ante la última amenaza soviética resultaba mucho menos adecuada de lo que me hubiera gustado, precisamente debido a que la moral nacional en la mayoría de los países miembros de la OTAN, incluida Gran Bretaña, estaba muy hundida. Para resistir ante la Unión Soviética de manera eficaz, primero sería necesario recuperar nuestra propia confianza en nosotros mismos (y, claro está, nuestra potencia militar).

Recordaba un hundimiento de la moral nacional similar durante mis primeros días en la política activa como miembro de los Conservadores Jóvenes, luchando contra el gobierno laborista de 1945-1951. Parece ser que aún queda cierta nostalgia por el período de austeridad. Esto es, en mi opinión, una manera de regodearse en sacrificios de terceros, siempre más llevaderos que el verdadero sacrificio propio. Visto desde lejos, ya sea por un caballero socialista en Whitehall o por un conservador de pura cepa, el socialismo posee una cierta nobleza: sacrificio igual, reparto justo, todos esforzándose juntos. Visto desde abajo, se veía muy diferente. De alguna manera, en un reparto justo las partes siempre acaban siendo pequeñas. Después, alguien tiene que velar por la igualdad; otro tiene que controlar que esta igualdad no dé como resultado mercados negros o favoritismos ocultos; y un tercero tiene que vigilar a los dos primeros para asegurarse de que los administradores de la igualdad no se lleven más de la parte que les corresponda. Todo esto genera un ambiente de envidia y chismorreo. Nadie que haya experimentado la austeridad, que recuerde el Spam[3] y la ropa utilitaria, podría confundir las pequeñas envidias, los reinos de Taifas, la insolidaridad y la simple acritud de aquellos años con idealismo e igualdad. Incluso el desmantelamiento parcial del estado de las libretas de racionamiento a principios de los cincuenta supuso un enorme alivio psicológico para la mayoría.

Recuerdo en especial el ambiente político de aquellos años. Aunque el replanteamiento conservador asociado a Rab Butler y el Departamento Conservador de Investigación tuvieron su importancia a la hora de revitalizar las pretensiones intelectuales del Partido Conservador, se estaba produciendo un replanteamiento algo más robusto y elemental en la base del partido. Nuestra inspiración no era tanto la Carta Industrial de Rab Butler como libros al estilo de la sátira antisocialista de Colm Brogan Our New Masters (Nuestros Nuevos Amos), que se burlaba despiadada y brillantemente de las pretensiones de los socialistas, y el convincente Road to Serfdom (Camino de la servidumbre) de Hayek, dedicado a «los socialistas de todos los partidos». Estos libros no sólo proporcionaban argumentos analíticos vigorosos y claros contra el socialismo, demostrando cómo sus teorías económicas estaban relacionadas con las deprimentes escaseces de nuestras vidas cotidianas de aquellos tiempos, sino que también, gracias a su maravillosa burla de los disparates de los socialistas, nos daban la sensación de que el otro lado simplemente no acabaría ganando. Este es un sentimiento vital en política; erradica derrotas del pasado y construye futuras victorias. A mí me dejó una huella permanente en mi propia personalidad política, convirtiéndome en una optimista a largo plazo en favor de la libre empresa y la libertad, y ayudándome a soportar los desoladores años de supremacía socialista de los sesenta y los setenta.

Fui elegida diputada a la Cámara de los Comunes en representación de Finchley y posteriormente ocupé un cargo en los gobiernos de Harold Macmillan, Alec Douglas-Home y Ted Heath. Disfruté de los primeros años de mi carrera ministerial: fue una educación absorbente tanto en las maneras de Whitehall como en los tecnicismos de la política de pensiones. Pero no podía evitar observar una curiosa discrepancia en el comportamiento de mis compañeros. Lo que decían y lo que hacían parecía existir en dos compartimentos separados. No es que engañaran conscientemente a nadie; de hecho, eran notablemente honrados. Pero aunque manejaban a la perfección el lenguaje de la libre empresa, el antisocialismo y el interés nacional, encaraban los asuntos gubernamentales sobre supuestos muy diferentes respecto al papel del Estado dentro del país y de la nación-estado en el extranjero. Su retórica se inspiraba en ideas generales que les parecían deseables, como la libertad; sus acciones se veían limitadas por ideas generales que consideraban inevitables, como la igualdad.

Al principio, en mi calidad de joven ministra sin experiencia, no tuve más remedio que aceptarlo. Cuando pasamos a la oposición tras las derrotas de 1964 y 1966, me uní a Ted Heath en el replanteamiento de una política de partido que parecía presagiar gran parte de lo que posteriormente acabaríamos llamando thatcherismo. El «Hombre de Selsdon» ganó las elecciones de 1970 con un radical manifiesto conservador[4]. Pero la conversión del partido a su propia filosofía resultó ser tan sólo epidérmica. Tras dos años de lucha en un intento por poner en práctica esta filosofía, el Gobierno de Heath efectuó un giro igual de radical y adoptó un programa de corporativismo, intervención y reflación. Yo tenía mis dudas, pero como ministra primeriza me dediqué fundamentalmente a las principales controversias de mi propio departamento (Educación) y dejé que mis compañeros más experimentados siguieran adelante con sus propias responsabilidades. Sin embargo, esto iba en contra de mis instintos. Quizás debido a esta misma inquietud, observé antes que la mayoría que las mismas políticas adoptadas como concesiones a la realidad también eran las menos exitosas. La política salarial, además de limitar la libertad de las personas, invariablemente suponía el preludio de una explosión salarial. Y ésta era una de muchas. Casi todas las políticas pregonadas por hombres «prácticos» sobre bases «pragmáticas» resultaban finalmente ser muy poco prácticas. Y, sin embargo, esto nunca parecía hacer ninguna mella en su entusiasmo. De hecho, Ted Heath respondió a la derrota de su Gobierno en el tema de la política salarial en las primeras elecciones de 1974 con una propuesta para un plan de gobierno intervencionista aún más ambicioso en las segundas elecciones.

Mientras yo reflexionaba sobre este misterio, Keith Joseph hizo un comentario que me dejó una viva impresión. «Me he vuelto conservador sólo recientemente», dijo, lo que significaba que en sus primeros veinte años en la política, muchos de ellos en la cumbre, había sido una especie de fabiano moderado. Reconocí tanto lo acertado del comentario de Keith como el hecho de que mi caso era sutilmente diferente: yo siempre había sido conservadora por instinto, pero no había logrado desarrollar este instinto dentro un marco coherente de ideas ni en una serie de políticas prácticas para el Gobierno. Y cuanto mayor fuera la rapidez con la que se deshacían las ilusiones de los hombres prácticos ante la embestida de la realidad, más necesario era empezar a desarrollar este marco. Keith y yo creamos el Centro de Estudios Políticos precisamente con este fin.

Con Keith había visto cada vez más claramente que aquello que parecía ser una discusión técnica acerca de la relación entre la reserva de dinero y el índice de precios, en realidad iba directamente al núcleo de la cuestión de cuál debía ser el papel del Gobierno en una sociedad libre. Era tarea del Gobierno establecer un marco de estabilidad —ya fuera estabilidad constitucional, el cumplimiento de la ley, o la estabilidad económica proporcionada por una moneda solvente— dentro del cual las familias y los negocios individuales fueran libres de perseguir sus propios sueños y ambiciones. Teníamos que dejar de decirle a la gente cómo debían ser sus ambiciones y cuál era la manera exacta de hacerlas realidad. Eso dependía de ellos. Las conclusiones a las que llegué encajaban perfectamente con aquellas que mis propios instintos y mi experiencia me señalaban. Pero era consciente de que, por desgracia, muy pocos de mis compañeros del Gabinete en la Sombra y de la Cámara de los Comunes compartían este punto de vista. Sabía que iba a tener que andar con cuidado para convencerles de lo que era necesario y por qué.

Con frecuencia, los años de la oposición habían sido frustrantes, pero al menos me habían dado la oportunidad de comprobar que nuestra política de gobierno reflejaba mis prioridades, y había sido elaborada con suficiente detalle. Habíamos trazado las líneas generales de nuestra política en The Right Approach (El enfoque correcto) en 1976 y The Right Approach to Economy (El enfoque correcto de la economía) al año siguiente. Habíamos acariciado la idea de otros documentos similares, pero al final habíamos optado por los discursos para exponer nuestras propuestas políticas. Detrás de los pronunciamientos públicos había años de trabajo intenso por parte de los grupos políticos, normalmente encabezados por el portavoz principal del Gabinete en la Sombra, cuyas conclusiones eran presentadas ante el Comité Consultivo del Jefe del Partido, tal y como se denominaba formalmente el Gabinete en la Sombra, y en el que se debatían, modificaban, rechazaban o aprobaban las propuestas políticas.

Había tres puntos a los cuales yo había vuelto una y otra vez a lo largo de este período. En primer lugar, todo lo que deseábamos llevar a cabo tenía que encajar con la estrategia global para invertir el declive económico de Gran Bretaña, porque sin poner fin a ese declive no había esperanzas de éxito para los demás objetivos. Esto llevaba al segundo punto: todas las políticas debían ser cuidadosamente presupuestadas y si no se adaptaban a nuestros planes de gasto público, no podían ser aprobadas. Geoffrey Howe y su talentoso equipo de Tesorería en la Sombra revisaron todo en gran detalle a fin de garantizar el cumplimiento de este objetivo. Finalmente, teníamos que subrayar continuamente que, por muy difícil que fuera el camino y por mucho que tardáramos en alcanzar nuestra meta, teníamos la intención de realizar un profundo cambio de dirección. Representábamos un nuevo comienzo, no más de lo mismo.

Yo le pedía al Partido Conservador que tuviera fe en la libertad y en los mercados libres, en un gobierno limitado y una fuerte defensa nacional; sabía que podríamos mantener unido al partido en torno a este programa para la campaña electoral. Pero en los días oscuros que precederían a cualquier éxito palpable yo me vería obligada a luchar para asegurar que esta vez el Gobierno conservador mantuviera la calma. Si fracasábamos, nunca se nos volvería a brindar otra oportunidad.

Estuve absorta en estas reflexiones camino de casa; al llegar hicimos una pequeña celebración familiar y finalmente nos retiramos a descansar. Mi último pensamiento fue: la suerte está echada. Habíamos llevado a cabo todos los preparativos necesarios para las elecciones y para gobernar posteriormente. Si el esfuerzo honrado era la piedra de toque, no fracasaríamos. Al final, sin embargo, el hombre propone y Dios dispone. Puede que mereciéramos el éxito, pero no estaba bajo nuestro control. Perversamente, resultaba un pensamiento reconfortante. Dormí bien.

CAPÍTULO I

La llegada a la tienda

Primeros días y primeras decisiones

A PALACIO

En la madrugada del viernes, 4 de mayo, ya sabíamos que habíamos ganado, pero sólo en la tarde de ese mismo día conseguimos la clara mayoría de escaños que necesitábamos: 44, como después pudimos comprobar. El Partido Conservador formaría el próximo Gobierno.

Me acompañaban muchos amigos en las largas horas de espera de resultados en la sede central del Partido Conservador. Sin embargo, recuerdo una curiosa sensación de soledad, además de los nervios por lo que iba a suceder, cuando recibí la llamada telefónica que me convocaba a Palacio. Estaba preocupada por no equivocarme en los detalles de procedimiento y protocolo; es asombroso cómo en ocasiones realmente importantes la mente suele fijarse en cosas que a la fría luz del día parecen insignificantes. Pero no se me quitaban de la cabeza los rumores de episodios embarazosos cuando un primer ministro se iba y otro lo reemplazaba: la salida de Ted Heath del Número 10 era un perfecto ejemplo de ello. No pude evitar apiadarme de James Callaghan, que poco antes había admitido nuestra victoria en un breve discurso tan digno como generoso. Cualesquiera que fueran nuestras desavenencias pasadas y futuras, lo consideraba un patriota preocupado por los intereses de Gran Bretaña, y cuyos mayores disgustos se los había provocado su propio partido.

En torno a las tres menos cuarto de la tarde me llamaron a Palacio. Salí de la sede central, atravesando una multitud de partidarios, para coger el coche que nos llevaría a Denis y a mí en mi último viaje como líder de la oposición.

La mayoría de los primeros ministros suelen acudir a la audiencia en que se recibe autorización de la Reina para formar gobierno solamente una vez en su vida. La autorización inicial sigue siendo válida cuando un primer ministro electo gana las elecciones por segunda vez consecutiva, de modo que nunca tuve que renovarla en los años que ocupé mi cargo en el Gobierno. Todas las audiencias con la Reina son estrictamente confidenciales, esta reserva es vital para el funcionamiento del Gobierno y de la Constitución. Yo celebraría estas audiencias con Su Majestad una vez por semana, normalmente los martes, cuando ella se encontraba en Londres, y en ocasiones en otros lugares, cuando la familia real se desplazaba a Windsor o a Balmoral.

Quizás me esté permitido aclarar dos puntos en lo tocante a estas reuniones. Quien imagine que eran una mera formalidad, o que se limitaban a un intercambio de cumplidos sociales, está muy equivocado: no son tensas, pero sí eficaces, y Su Majestad manifiesta una formidable comprensión de temas de actualidad, además de una amplísima experiencia. Y a pesar de que la prensa no se resistiera a la tentación de sugerir que había disputas entre Palacio y Downing Street, especialmente en lo que a temas de la Commonwealth se refiere, siempre me pareció absolutamente correcta la actitud de la Reina hacia la labor del Gobierno.

Claro está que, teniendo en cuenta las circunstancias, era muy apetitoso inventar historias sobre supuestos choques entre «dos mujeres poderosas». En general, se escribieron más tonterías sobre el «factor femenino» durante mi época de jefe del Gobierno que sobre casi cualquier otra cosa. Siempre se me preguntaba cómo me sentía siendo una primera ministra de sexo femenino. Y yo siempre contestaba: «No lo sé: nunca he probado la otra posibilidad».

Tras la audiencia, sir Philip Moore, secretario de la Reina, me llevó a su despacho por lo que se conoce como «las escaleras del primer ministro». Allí encontré esperándome a mi nuevo secretario privado principal, Ken Stowe, listo para acompañarme a Downing Street. Ken había acudido a Palacio con el primer ministro saliente, James Callaghan, hacía escasamente una hora. Los funcionarios ya conocían bastante bien nuestra política, porque siempre examinan a fondo el manifiesto de la oposición, con vistas a una precipitada preparación del programa legislativo de una nueva Administración. Naturalmente, como pronto descubrí, algunos altos funcionarios necesitarían algo más que una concienzuda lectura de nuestro manifiesto y unos cuantos discursos para comprender realmente los cambios que teníamos la firme intención de implantar. Además, lleva su tiempo establecer relaciones con subalternos que vayan más allá del nivel formal de respeto para convertirse en relaciones de confianza. Pero la enorme profesionalidad de los funcionarios británicos, que permite que los gobiernos entren y salgan con el mínimo trastorno y la máxima eficacia, es algo de lo que otros países con sistemas diferentes tienen mucho que envidiar.

Denis y yo abandonamos Buckingham Palace en el coche del primer ministro; mi coche anterior ya había pasado al señor Callaghan. Al salir por las puertas de Palacio, Denis observó que esta vez los guardias me saludaban. En aquellos días inocentes, antes de que las medidas de seguridad se hicieran mucho más férreas por temor al terrorismo, había multitud de personas queriendo darme la enhorabuena, turistas, periodistas y equipos de televisión esperándonos en Downing Street. La muchedumbre ocupaba toda la calle y se extendía hasta Whitehall. Denis y yo salimos del coche y avanzamos hacia ellos. Esto me dio oportunidad de repasar mentalmente lo que iba a decir en la puerta del Número 10.

Cuando nos volvimos hacia las cámaras y los periodistas, la ovación fue tan ensordecedora que nadie en la calle pudo oírme hablar. Afortunadamente, los micrófonos que me habían puesto delante recogieron mis palabras y las retransmitieron por radio y televisión.

Cité una famosa oración atribuida a San Francisco de Asís, que empieza diciendo: «Allí donde haya discordia, llevemos armonía». Posteriormente, esta elección mía daría lugar a mucho sarcasmo, pero con frecuencia se olvida el resto de la cita. San Francisco pedía algo más que paz; la oración sigue diciendo: «Donde haya error, llevemos la verdad. Donde haya dudas, llevemos la fe. Y donde haya desesperación, llevemos la esperanza». Las fuerzas del error, la duda y la desesperación estaban tan firmemente atrincheradas en la sociedad británica, como el «invierno del descontento» había demostrado tan nítidamente, que no sería posible vencerlas sin alguna medida de discordia.

DOWNING STREET, 10

Dentro del Número 10 todo el personal se había reunido para darnos la bienvenida. Estoy segura de que en los días en los que aún no había televisión existía una buena razón práctica para esta ceremonia, ya que todas las personas que trabajan en el edificio tienen que ser capaces de identificar en persona al primer ministro, tanto por razones de seguridad como para el buen funcionamiento de los muchos y variados servicios que allí se proporcionan. También es cierto que dentro del Número 10 reina un ambiente casi familiar. El número de empleados es relativamente reducido: un total de setenta u ochenta, aunque debido al sistema de turnos no todos están allí al mismo tiempo. Esta cifra incluye a los que trabajan en el despacho privado, incluyendo a los auxiliares administrativos gracias a los cuales el Número 10 siempre está en condiciones de funcionar las veinticuatro horas del día; la oficina de prensa, donde siempre hay alguien de guardia; las chicas «de la sala del jardín», encargadas de secretariado y papeleos; el «archivo confidencial», donde se clasifica y archiva la enorme acumulación de documentos; la sección parlamentaria que se ocupa de cuestiones, declaraciones y debates parlamentarios; la sección de correspondencia, donde se reciben entre cuatro y siete mil cartas cada semana; las secciones encargadas de asuntos eclesiásticos y honores; la Oficina Política y la Unidad Política[5]; y los mensajeros y otros empleados que proveen a toda esta gran familia de té, café y —sobre todo— información relativa al mundo exterior. Supone un logro extraordinario y requiere gente enormemente cualificada y responsable, sobre todo si se comparan los recursos relativamente limitados y el modesto entorno del Número 10 con, por ejemplo, la Casa Blanca, con sus 400 empleados, o la Cancillería alemana, con 500.

Los secretarios privados del primer ministro, encabezados por el secretario privado principal, son esenciales para el funcionamiento eficaz del Gobierno. Constituyen el más importante canal de comunicación entre el primer ministro y el resto de Whitehall, y tienen una fuerte carga de responsabilidad. Tuve la suerte de contar con una sucesión de excelentes secretarios privados principales a lo largo de los años. Otros secretarios privados, especializados en economía o asuntos exteriores, también adquirieron rápidamente el discernimiento, la pericia y la familiaridad con mi manera de pensar que me permitirían confiar en ellos. Bernard Ingham, mi secretario de prensa, que se incorporó cinco meses después de que yo entrara a ocupar mi cargo de primera ministra, era otro miembro indispensable del equipo. Se me informó de que políticamente Bernard simpatizaba con los laboristas, y no con los conservadores, pero cuando nos conocimos por vez primera le tomé mucha simpatía a este nativo del Yorkshire, duro, brusco y con sentido del humor. La virtud más destacada de Bernard era su integridad total. Era un hombre honrado, y esperaba la misma honradez de todos los demás. Jamás me falló.

En el Número 10 las jornadas de trabajo son largas. Esto nunca me importó. Era tan intensa la tarea de ser primera ministra que dormir me parecía un lujo. De todos modos, llevaba tiempo entrenándome para no dormir más que unas cuatro horas por noche. Con frecuencia la oficina privada también seguía trabajando hasta las once de la noche. Éramos tan pocos que no había posibilidad de delegar trabajo en nadie. Este tipo de ambiente contribuye a crear un equipo extraordinariamente alegre, además de formidablemente eficaz. La gente está sometida a una gran presión, por lo que no hay tiempo para trivialidades. Todo el esfuerzo tiene que ir dirigido a completar el trabajo. Con frecuencia el resultado es el respeto mutuo y las relaciones amistosas. Esta característica del Número 10 determina no sólo la actitud entre los empleados, sino también la que tienen hacia el primer ministro para quien todos trabajan, directa o indirectamente. Puede que las ovaciones y los aplausos a la llegada de un nuevo primer ministro sean una formalidad tradicional. Pero las lágrimas y la pena cuando se marcha un primer ministro saliente suelen ser auténticas.

Naturalmente, yo ya había visitado el Número 10 en mi época de secretaria de Educación en el gobierno de Ted Heath, entre 1970 y 1974, e incluso antes, como secretaria parlamentaria del ministro de Pensiones en los gobiernos de Harold Macmillan y Alec Douglas-Home. Con lo cual sabía que la casa es mucho más grande de lo que parece vista desde fuera, porque de hecho comprende dos casas, una situada detrás de la otra, conectadas por pasillos, con un ala suplementaria que une los dos edificios. Pero aunque ya conocía las salas de recepción y las del Gabinete, el resto del edificio me era bastante desconocido.

LA VIDA EN LA TIENDA

El Número 10 es más que una oficina: también hace las veces de residencia familiar del primer ministro. Nunca tuve la menor duda de que cuando los Callaghan se hubieran ido yo me instalaría en el pequeño apartamento del primer ministro, en la planta más alta del edificio. Era lo más práctico y encajaba con mi gusto por las jornadas largas de trabajo. Como solíamos decir, si nos remitimos a mi infancia en Grantham, me gustaba vivir en la trastienda. No me fue posible mudarme de la casa de Flood Street, en la que mi familia y yo habíamos vivido durante los diez últimos años, hasta la primera semana de junio. Pero a partir de entonces, y hasta noviembre de 1990, Downing Street y Chequers (casa de campo oficial del primer ministro) fueron los núcleos gemelos de mi vida personal y profesional.

El piso del Número 10 se convirtió rápidamente en un lugar donde refugiarme del resto del mundo, aunque en ocasiones allí también se trataron muchos asuntos oficiales. Se encontraba en la parte más alta del edificio, prácticamente junto a las vigas del techo. Pero esto constituía una ventaja, ya que las escaleras me proporcionaban casi mi único ejercicio físico. Había muchos armarios y un trastero en el que ir arrumbándolo todo hasta que se encontrara un lugar más permanente y donde podíamos guardar libros y papeles cuando esperábamos alguna visita.

Denis y yo decidimos que no queríamos ninguna ayuda doméstica interna. Ninguna ama de llaves habría podido adaptarse a nuestros horarios irregulares. Cuando no tenía otros compromisos, me subía al piso para una comida rápida consistente en una ensalada o un huevo escalfado sobre una tostada con Bovril. Pero normalmente eran las diez o las once de la noche cuando llegaba a la cocina y hacía algo —conocíamos todas las posibles variantes de platos hechos con huevos y queso, y siempre había algo que picar en la nevera—, mientras Denis me preparaba una copa.

Siempre teníamos el congelador bien abastecido y cuando apareció el microondas hizo verdaderos milagros en momentos en los que necesitábamos comidas repentinas, porque teníamos que trabajar hasta altas horas de la noche para preparar un discurso, una declaración o una toma de decisiones para la campaña de las Malvinas o el ataque libio, o alguna resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. En estas ocasiones empleábamos el pequeño comedor del piso, que se encontraba junto a la cocina, de dimensiones aún más reducidas; los secretarios de la Oficina Política, no financiados por el contribuyente, siempre echaban una mano.

No por estar desempeñando el cargo de primera ministra podía olvidar que también era diputada por Finchley, ni se trataba de algo que habría querido olvidar. Mis consultas mensuales en el distrito y la correspondencia que se manejaba desde dentro del Número 10, a cargo de mi secretaria, Joy Robilliard (que había sido secretaria de Airey Neave hasta la muerte de éste), me mantenían en contacto directo con las preocupaciones de la gente. Siempre tuve la ventaja de contar con un agente de distrito de primera y con un presidente de circunscripción muy dispuesto a prestarme su apoyo, lo cual, como sabe todo diputado, es muy de agradecer. También conservé mis propios intereses especiales, los que había despertado en mí el trabajo en la circunscripción; así, por ejemplo, mi apoyo al North London Hospice.

Nunca hubiera podido ser primera ministra durante más de once años si no hubiera tenido a Denis a mi lado. Siempre ha tenido una personalidad fuerte, con ideas muy concretas acerca de lo que se debía y no se debía hacer. Era una fuente de sabios consejos y comentarios perspicaces. Y, muy sensatamente, los reservaba para mí, antes que para el mundo exterior, negándose siempre a conceder entrevistas. Jamás tuvo secretario ni asesor de relaciones públicas, sino que contestaba él mismo entre treinta y cincuenta cartas semanales. Con la aparición de la sección de cartas llamada «Dear Bill» («Querido Bill») en Private Eye, parecía que se había convertido en el corresponsal favorito de medio país.

Denis compartía mi fascinación por la política —así fue, claro está, como nos conocimos—, pero también tenía sus propias aficiones, entre ellas el deporte, una de las más importantes. Le apasionaba el rugby, hasta el punto de haber actuado como árbitro. También dedicaba mucho tiempo a las obras de caridad y era miembro activo de la Fundación de Ayuda al Deporte y de los lord’s Taverners. Denis dio muchas conferencias acerca de sus temas (no políticos) preferidos. La que para mí representa el mejor resumen de su personalidad y sus convicciones hablaba del deporte y la ética, y cabe destacar en ella las siguientes frases:

El deseo de ganar nace en la mayoría de nosotros. La voluntad de ganar es una cuestión de entrenamiento. La manera en que se gana es una cuestión de honor.

Aunque Denis sentía un gran interés por todo lo militar, y por su propio gusto habría permanecido en el ejército al terminar la Segunda Guerra Mundial, la inesperada muerte de su padre lo dejó sin otra opción que reincorporarse al negocio familiar, una empresa de pinturas y productos químicos. Me alegro de que lo hiciera. Porque su experiencia industrial me resultaba inestimable. No sólo conocía el lado científico (algo que teníamos en común), también era un experto en contabilidad y gestión. Nada pasaba inadvertido a su ojo profesional: podía ver y presentir los problemas antes que cualquier otra persona. Su conocimiento de la industria petrolífera también me proporcionó un asesoramiento experto e inmediato, cuando en 1979 el mundo sufrió la segunda subida repentina de los precios del petróleo. De hecho, gracias a él y a nuestros numerosos amigos, nunca perdí el contacto con la industria y el comercio.

Ser primera ministra es una labor solitaria. En cierto sentido, así tiene que ser: no se puede dirigir desde la multitud. Pero con Denis a mi lado nunca estuve sola. Un gran hombre. Un gran esposo. Un gran amigo.

EN EL INTERIOR DE DOWNING STREET

En más de un sentido, Downing Street es una casa bastante insólita. Retratos, bustos y esculturas de los antecesores en el cargo se ocupan de recordar al inquilino actual los casi doscientos cincuenta años de historia heredados.

Todo primer ministro tiene oportunidad de dejar su impronta en el estilo del Número 10. En la parte del edificio no destinada a vivienda expuse la colección de porcelanas, que yo había ido reuniendo a lo largo de los años. También me traje un imponente retrato de Churchill de mi despacho de la Cámara de los Comunes, para que contemplase desde la pared a los que se reunían en la antecámara de la Sala del Gabinete. Cuando llegué, esta zona parecía un club del Pall Mall, mal atendido, con pesados muebles de cuero gastado. Me ocupé de transformar todo el ambiente, colocando librerías, mesas y sillas procedentes de otras partes del edificio. Era posible que se fueran a vivir tiempos difíciles en la Sala del Gabinete, pero esa no era razón para que la gente tuviera que sentirse incómoda mientras esperaba para entrar.

No llevé a cabo las reformas decorativas más importantes hasta pasados casi diez años de estancia, pero desde el principio intenté que las habitaciones dieran más impresión de que alguien las habitaba. Las salas oficiales tenían muy pocos adornos y a nuestra llegada el Número 10 se parecía bastante a «un piso de alquiler amueblado» —y eso es lo que era, en cierto modo—. Downing Street no tenía plata. Cada vez que se daba un banquete oficial quienes lo servían tenían que traerse la cubertería. Lord Brownlow, que vivía justo al lado de Grantham, me prestó una cubertería de su colección de Belton House: sus relumbres transformaban por completo el comedor del Número 10. Una pieza concreta tenía un significado especial para mí: un cofre que contenía el freedom (carta de ciudadanía o, en español, fuero) del Municipio de Grantham, del que tanto el anterior lord Brownlow como después mi padre habían sido alcaldes. Los jardineros de St. James’s Park traían flores. Y felizmente las flores no dejaron nunca de llegar, enviadas por amigos y partidarios, hasta mis últimos días en Downing Street, cuando resultaba casi imposible moverse por los pasillos debido a la abundancia de flores, que rivalizaban con la propia Feria de las Flores de Chelsea. También hice cambiar el empapelado del despacho a costa mía. Mandé arrancar el desagradable papel verde adamascado y lo sustituí por uno a rayas color crema, que proporcionaba un fondo mucho más apropiado para colgar buenos cuadros.

Me parecía a mí que en Downing Street hacían falta obras de pintores y escultores británicos contemporáneos, además de los del pasado. Había conocido a Henry Moore cuando era secretaria de Educación y era una gran admiradora de su obra. La Fundación Moore permitió que el Número 10 recibiera en préstamo una de sus esculturas menores, que encajaba perfectamente en un hueco en la entrada principal. Detrás de la escultura había un dibujo de Moore, que se cambiaba cada tres meses; entre mis preferidos estaban las estampas de gente durmiendo en el Metro de Londres durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

Era consciente de ser la primera investigadora científica en el cargo de primer ministro; casi tan consciente, de hecho, como lo era de ser también la primera mujer. Así que hice colocar retratos y bustos de algunos de nuestros científicos más famosos en el comedor pequeño, donde frecuentemente comía con las visitas y mis colegas en ocasiones no solemnes.

Me parecía muy importante que cuando vinieran visitas extranjeras a Downing Street pudieran contemplar parte del legado cultural de Gran Bretaña. Cuando me trasladé al Número 10 todos los cuadros del comedor principal eran copias. Los mandé cambiar. Así, por ejemplo, recibí en depósito un retrato de Jorge II, que fue quien regaló el Número 10 a sir Robert Walpole, primera personalidad que accedió al cargo de primer ministro. En mis visitas al extranjero no tardé en descubrir que muchas de nuestras embajadas poseían magníficas obras de arte que contribuían enormemente a la impresión que la gente se llevaba de Gran Bretaña. Yo quería que las personalidades extranjeras que visitaran el Número 10 se llevaran una impresión parecida. Me constaba que en nuestros museos había grandes cantidades de excelentes cuadros británicos no exhibidos. Pude tomar prestados varios Turner, un Raeburn de Escocia y algún dibujo de la Dulwich Gallery, que mandé colgar en el Salón Blanco y en el recibidor principal. También hice colgar algunos buenos cuadros de los héroes de la nación; en ellos se hacía perceptible la continuidad de la Historia. Recuerdo que en una ocasión observé que el presidente Giscard d’Estaing contemplaba dos retratos en el comedor: uno de Nelson en su juventud y otro de Wellington. Hizo un comentario sobre lo irónico de la situación. Yo le contesté que no era menos irónico que yo tuviera que contemplar retratos de Napoleón en mis visitas a París. Considerándolo ahora, veo que la comparación no era del todo acertada. Napoleón perdió.

No obstante, en esta primera velada, no podía hacer mucho más que emprender una breve visita de las principales habitaciones del edificio. Después entré en la Sala del Gabinete, donde me recibieron más caras conocidas: entre ellas, la de mi hija Carol. Allí estaba Richard Ryder, que había sido y seguiría siendo por un tiempo mi secretario político, responsable de mantenerme en contacto con el Partido Conservador en todo el país; David Wolfson (actualmente lord Wolfson), que desempeñaba el cargo de jefe de personal, recurriendo a su encanto y su experiencia en el mundo de los negocios para regir el funcionamiento del Número 10; Caroline Stephens (posteriormente, Caroline Ryder), que se convirtió en mi secretaria de asuntos diarios; Alison Ward (posteriormente, Alison Wakeham), mi secretaria para el municipio; y Cynthia Crawford —conocida por todos nosotros como «Crawfie»—, la secretaria de dirección, que ha permanecido conmigo desde entonces. No perdimos mucho tiempo en conversaciones. Estaban deseosos de organizar la distribución de cargos. Yo tenía en mente exactamente la misma tarea: elegir mi Gabinete ministerial.

FORMACIÓN DEL GABINETE

La formación de un Gabinete es sin duda uno de los medios más importantes de los que dispone un primer ministro para controlar el funcionamiento global de un gobierno. Pero no siempre se entiende hasta qué punto son reales las limitaciones que condicionan toda selección. Por convención, todos los ministros han de ser miembros de la Cámara de los Comunes o de los Lores, y generalmente no debe haber más de tres miembros procedentes de los Lores, lo cual limita la gama de posibles candidatos. Además, es necesario obtener un buen reparto nacional: es fácil que todas las regiones lleguen a la rápida conclusión de haber sido excluidas. También hay que tener en cuenta toda la gama de corrientes de opinión existente en el seno del partido.

Aún así, la prensa espera que la lista de los veintidós ministros del Gabinete esté lista y publicada en un plazo de veinticuatro horas: de lo contrario, se interpreta como seguro síntoma de algún tipo de crisis política. Mis amigos norteamericanos, y también los de otras nacionalidades, se suelen sorprender de la velocidad con que se forman y anuncian los gobiernos británicos.

Con lo cual, no creo que ninguno de los del Número 10 nos relajáramos mucho aquel día, que resultó muy largo. (La noche anterior había conseguido dormir, como mucho, un par de horas). Recibí el informe sobre seguridad que habitualmente se facilita a los primeros ministros entrantes. Después subí al despacho en que tantas horas había de pasar en los años siguientes. Me acompañaban Willie Whitelaw y nuestro nuevo líder de los whips, Michael Jopling. Empezamos a repasar los nombres obvios y los menos obvios y, lentamente, el complicado rompecabezas empezó a tomar forma. Mientras Willie, el líder de los whips y yo debatíamos los nombramientos para el Consejo, Ken Stowe intentaba ponerse en contacto con los implicados para organizar su llegada al día siguiente.

A las ocho y media de la tarde hicimos una pausa para comer algo. Sabiendo que no había servicio de cantina en el Número 10, mis ayudantes personales encargaron comida china, y nos sentamos unos quince a comer en el comedor grande. (Creo que esa fue la última comida de encargo que hubo mientras fui primera ministra).

Sabía que las batallas más encarnizadas iban a producirse en el campo de la política económica. De modo que puse mucho cuidado en que los ministros económicos clave fueran auténticos convencidos de nuestra estrategia económica. Geoffrey Howe ya se había erigido en principal portavoz económico del partido. Geoffrey era vapuleado por Dennis Healey cada vez que intervenía en un debate parlamentario. Pero gracias al pleno dominio de su campo y a la capacidad para extraer argumentos y recomendaciones de diferentes fuentes, había demostrado que tras una fachada engañosamente benigna, se ocultaban las cualidades del gran ministro de Hacienda que acabaría siendo. Algunas de las decisiones más duras recayeron sobre sus hombros. Jamás pestañeó. En mi opinión, estos fueron sus mejores años políticos.

En 1975, tras convertirme en líder de la oposición, había considerado la posibilidad de dar a Keith Joseph el cargo de canciller del Gabinete en la Sombra (es decir de canciller del gobierno que la oposición constituiría, de estar en el poder). Keith se había esforzado más que nadie para dejar claro en sus discursos y panfletos los males de la situación económica de Gran Bretaña y cómo podían enmendarse. Es una de las mejores mentes de la política. Es un pensador original, el tipo de hombre que nos hace entender lo que quería decir Burke cuando escribió que la política es «filosofía en acción». Hay otra cosa que lo hace salirse de lo corriente: combina la humildad con una mente abierta y con unos principios inamovibles. Posee una profunda y auténtica sensibilidad para las desgracias de los demás. Aunque no tenía ninguna duda acerca de lo acertado de las decisiones que tomaríamos, le constaba que iban a suponer el colapso de empresas inviables y que el sobreempleo se convertiría en desempleo, y le importaban los afectados: mucho más de lo que les importaba a nuestros detractores, con su compasión profesional. Pero este tipo de combinación de cualidades personales puede generar dificultades en el cruel remolino de la vida política que ha de soportar todo Canciller. Por lo tanto, Keith ocupó el Ministerio de Industria, donde desempeñó la tarea vital, que ningún otro hubiera podido llevar a cabo, de modificar la mentalidad que hasta entonces había imperado en el departamento. Keith fue —y sigue siendo— mi mejor amigo político.

Para el cargo de primer secretario del Tesoro nombré a John Biffen. Desde la oposición había defendido brillantemente la política económica en la que yo creía, y anteriormente se opuso con mucho coraje al giro de 180 grados efectuado por el Gobierno de Heath. Pero resultó ser menos eficaz de lo que yo esperaba en la ardua tarea de intentar controlar el gasto público. Fue más afortunado su posterior desempeño como líder de la Cámara, puesto en que eran necesarias grandes dosis de sensibilidad política, de buen humor y de clase. John Nott fue nombrado secretario de estado para el Comercio. También él poseía un entendimiento y un compromiso claros con nuestra política de control monetario, reducción de impuestos y libre empresa. Pero John es una mezcla curiosa. A nadie se le daba mejor analizar una situación y prescribir una política para solventarla. Sin embargo, le costaba, o quizás le aburriera, mantenerse en la línea política elegida. Su defecto era la tendencia a cambiar de opinión a posteriori.

No obstante, con la ayuda de Geoffrey y Keith en la dirección del Gabinete, y con la lealtad con que sabía que podía contar por parte de otros ministros, estaba convencida de que podríamos llevar a efecto nuestra estrategia económica.

En otros aspectos, me pareció prudente, en vista de nuestra eficaz labor en la oposición y la campaña electoral, mantener un alto grado de continuidad entre el Gabinete en la Sombra y los nombramientos al Gabinete. Nombramos ministro de Interior a Willie Whitelaw, y en esa capacidad, y posteriormente como jefe de los Lores, me proporcionó a mí personalmente y al Gobierno en su totalidad, toda una serie de sabios consejos, basados en su amplísima experiencia. La gente solía asombrarse de que ambos colaboráramos tan bien, dada nuestra rivalidad por el liderazgo y nuestros diferentes enfoques de la economía. Pero Willie es un hombre grande no sólo físicamente sino también en lo que a su personalidad se refiere. Él deseaba el éxito del Gobierno, y desde el principio aceptó el hecho que éste iba a inspirarse en mis principios. Una vez que hubo jurado su lealtad, jamás la retiró. Me apoyó inquebrantablemente cuando yo tenía razón y, lo que es más importante, también cuando no la tenía. Fue insustituible como viceprimer ministro —cargo que no está constitucionalmente reconocido, pero que otorga una clara señal de precedencia política— y supo contribuir a que el Gobierno mantuviera el rumbo.

En mi opinión, hacían falta unos cuantos cambios de cartera con respecto al Gabinete en la Sombra. Incorporé al formidable Christopher Soames como jefe de la Cámara de los Lores. Christopher era muy independiente, de hecho, excesivamente independiente, y por lo tanto más dotado para el trabajo en solitario —ya fuera como embajador en París o como último gobernador de Rodesia— que para el trabajo en colaboración. Peter Carrington, hábil líder de la oposición en la Cámara de los Lores, se incorporó en calidad de ministro de Asuntos Exteriores. Peter tenía una gran confianza en sí mismo y una no menor capacidad para identificar inmediatamente los puntos esenciales en cualquier discusión; y sabía expresarse con mordacidad. Tuvimos desacuerdos, pero jamás hubo resentimiento entre ambos. Formábamos una combinación eficaz, y uno de los motivos era que Peter siempre podía decirle a un ministro de Asuntos Exteriores especialmente recalcitrante que, cualquiera que fuera su propia opinión sobre una determinada propuesta, no podía ni pensarse en que su primera ministra llegara aceptarla. Resultaba convincente. Con todo, yo tenía empeño en que dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores hubiera alguien con buena formación y con las opiniones adecuadas en materia de política económica. Hice, pues, que Peter incorporara a Nick Ridley.

Otros dos nombramientos dieron lugar a más comentarios. Para su propio asombro, le pedí a Peter Walker que aceptara ser ministro de Agricultura. Peter nunca había ocultado su hostilidad hacia mi estrategia económica. Pero era duro y persuasivo, cualidades inestimables a la hora de tratar con los auténticos absurdos de la Política Agrícola Común de la Comunidad Europea. Su incorporación al Consejo demostraba que yo estaba dispuesta a incluir todas las corrientes de opinión del Partido Conservador en el nuevo Gobierno, a la vez que el cargo designado daba a entender que no estaba dispuesta a hacer peligrar la estrategia económica en su punto central.

Puede que ello quedara menos claro en mi decisión de mantener a Jim Prior en Empleo. En algún otro momento me referiré a las discrepancias existentes entre Jim y el resto de nosotros en nuestros tiempos de oposición. De aquella época se mantenía muy viva la discusión sobre la reforma sindical. Todos estábamos de acuerdo en que los sindicatos habían adquirido un exceso de poder y de privilegios. También estábamos de acuerdo en que había que afrontar ese poder y esos privilegios de uno en uno. Pero a la hora de arbitrar medidas concretas, existía un profundo desacuerdo acerca de la rapidez y el alcance de los pasos a dar. Sin embargo, no tenía la menor duda de que necesitábamos a Jim Prior. Seguía vigente en el país, e incluso en el Partido Conservador, la creencia de que no se podía gobernar Gran Bretaña sin el consentimiento tácito de los sindicatos. Tendrían que pasar algunos años para que esto cambiara. Si desde el principio hubiéramos dado indicaciones de nuestra intención de llevar a cabo una reforma sindical global, habríamos minado la confianza en el Gobierno, llegando quizás incluso a provocar un desafío al que seguramente aún no estábamos preparados para enfrentarnos. Jim era nuestro emblema de moderación. Había forjado buenas relaciones con una serie de líderes sindicales, quizás sobrevalorando su valor práctico. Pero era un político experimentado, con una fuerte personalidad: cualidades que posteriormente demostró poseer, con grandes resultados, en Irlanda del Norte.

Tenía muchas ganas de incluir a Angus Maude en el Gabinete, para sacar provecho de sus años de experiencia política, sus acertadas opiniones y su corrosivo humor. A su cargo estaría la información gubernamental. Al acabarse el día nos faltaba un asiento. En consecuencia, Norman Fowler, como ministro de Estado para el Transporte, no pudo ser miembro oficial del Gabinete, aunque asistía a todas las reuniones.

En torno a las once de la noche la lista del Gabinete estaba terminada y había recibido la aprobación de la Reina. Subí a la planta de arriba para dar las gracias a las telefonistas del Número 10, que habían tenido mucho trabajo con la organización de todas las citas para el próximo día. Luego regresé a mi casa.

El sábado me reuní con los futuros miembros del Consejo, uno por uno. Los que aún no eran miembros del Consejo Privado[6] prestaron juramento en el palacio de Buckingham. Para la tarde del sábado todos los miembros del Consejo habían sido nombrados y anunciados a la prensa. Esto permitía que todos los ministros dispusieran del fin de semana para redactar instrucciones a sus departamentos, a fin de poner en marcha la aplicación del manifiesto en sus distintas facetas. De hecho, dispusimos de un poco más de tiempo del habitual, ya que el lunes era fiesta.

OTROS NOMBRAMIENTOS

La noche del sábado completamos la lista de viceministros, y el domingo me reuní con ellos o hablamos por teléfono. Muchos acabarían formando parte del Consejo, como fue el caso de Cecil Parkinson, Norman Tebbit, Nick Ridley y John Wakeham. Los buenos viceministros siempre eran muy requeridos por sus superiores: un buen equipo ministerial es enormemente importante para mantener un control político efectivo sobre la labor de un departamento gubernamental. Había unos sesenta cargos por ocupar. Pero el Gobierno en su totalidad había sido nombrado y anunciado menos de cuarenta y ocho horas después de que yo entrara en Downing Street.

Mi último y mejor nombramiento fue el que designaba a Ian Gow como mi secretario parlamentario particular (o SPP). Ian, con su combinación de lealtad, perspicacia e imprevisible sentido del humor, nos ayudaría a superar muchos momentos difíciles. Era un parlamentario nato, enamorado de la Cámara de los Comunes en todos sus aspectos. En conversaciones privadas tenía la habilidad de incluir a todo el mundo en el círculo político, haciendo sentir a cada cual que su aportación era la más vital de todas. En público sus discursos se caracterizaban por un humor sutil, que hacía llorar de risa a ambos lados de la Cámara. Seguimos siendo buenos amigos tras su dimisión, provocada por el acuerdo anglo-irlandés, al que se oponía desde una postura de unión sin condiciones. Su asesinato por los terroristas del IRA en 1990 supuso una pérdida irremplazable.

Como ya he mencionado, el lunes era fiesta. Acudí al Número 10 y aproveché la oportunidad para efectuar una serie de nombramientos no ministeriales. John Hoskyns llegó por la tarde para hacerse cargo de mi Unidad Política. John tenía experiencia en el mundo de los negocios y de la informática, pero sobre todo poseía una gran capacidad de análisis, y en la oposición había contribuido a nuestra formulación de la estrategia económica. Fue él quien propagó la teoría de que la «cultura de la decadencia» era la causa última de los muchos problemas económicos de Gran Bretaña. En el Gobierno obligó repetidas veces a los ministros a que relacionaran cada problema con nuestra estrategia global para conseguir que se invirtiera este proceso de decadencia. Nunca perdía el Norte.

Ese mismo día me entrevisté con Kenneth Berrill, director del Grupo de Examen de la Política Central (Central Policy Review Staff, CPRS). En un principio, Ted Heath creó el CPRS como fuente de asesoramiento político a largo plazo para el Gobierno, en una época en la que había menos asesorías particulares, menos asesores privados dentro del Gobierno, y una creencia generalizada de que las grandes cuestiones del momento podían resolverse por medio del análisis técnico especializado. Pero en un gobierno con los principios orientativos muy claros resultaba inevitablemente más incómoda la existencia de un organismo de enfoque tecnocrático, y las especulaciones independientes del PRPC podían resultar embarazosas cuando se filtraban a la prensa y eran atribuidas a algún ministro. El mundo había cambiado, y el PRPC no era capaz de cambiar al mismo ritmo. Por esta y otras razones, pienso que mi posterior decisión de eliminar el PRPC fue acertada y probablemente inevitable. Y tengo que decir que nunca lo eché en falta.

También pedí a sir Derek Rayner que creara una Unidad de Rendimiento para combatir el derroche y la falta de eficacia gubernamental. Derek era otro hombre de negocios con éxito, procedente de lo que todos consideraban mi empresa favorita, Marks and Spencer. Ambos solíamos decir que en política se mide el valor de un servicio por la cantidad invertida, mientras que en los negocios se mide por la cantidad extraída. Ambos estábamos convencidos de la necesidad de traspasar actitudes empresariales al Gobierno. Ninguno de los dos pudo imaginar hasta qué punto esto iba a resultar difícil.

Ese mismo día me reuní con sir Richard O’Brien para tratar un asunto que ilustra la extraordinaria variedad de temas que pasaron por mi mesa de trabajo en los primeros días, sir Richard no sólo era el presidente de la Comisión de Servicios de la Fuerza Laboral (Manpower Services Commission, una QUANGO u organismo no gubernamental de carácter casi autónomo[7], sino que también presidía el comité de asesoramiento al primer ministro para el nombramiento del nuevo arzobispo de Canterbury. (Donald Coggan acababa de hacer pública su intención de jubilarse; había que encontrarle sucesor antes de fin de año). Me puso al corriente de la labor del comité y me informó de cuándo estaría preparado para formular sus recomendaciones. En vista de mis posteriores relaciones con la jerarquía eclesiástica, no hubiera sido mala idea que sir Richard hubiera combinado sus dos tareas, elaborando un buen plan de formación profesional para obispos.

Sin embargo, eran los asuntos financieros y económicos de la nación los que más precisaban de nuestra inmediata atención. Sir John Hunt, secretario del Consejo, comunicaba una tranquilizadora impresión de serena eficacia, que luego resultó totalmente cierta. Había preparado un breve informe sobre las cuestiones más urgentes, como los salarios del sector público y el volumen del PSBR, así como una lista de reuniones inminentes con otros jefes de Gobierno. Cada uno de estos puntos exigía decisiones rápidas.

Mi última cita en la tarde de aquel lunes fue con Geoffrey Howe, para tratar de su próximo presupuesto. Aquella noche —cosa insólita— conseguí regresar a Flood Street para cenar con mi familia. Pero no cesó la actividad. Tenía una pila de informes para leer sobre todos los temas imaginables. O eso parecía. El flujo incesante de informes había empezado: hasta tres carpetas por noche, e incluso cuatro, los fines de semana. Pero emprendí la tarea con ganas. A un gobierno recién elegido para un mandato electoral nunca vuelve a presentársele un momento tan oportuno para dejar su firme impronta en los negocios públicos, y yo estaba decidida a no desperdiciar la ocasión.

PRIMERAS DECISIONES

El martes a las a las dos y media de la tarde celebramos nuestra primera reunión del Consejo. Era de carácter «informal»; el Secretariado del Consejo no había preparado ningún orden del día y no se redactaron actas. (Posteriormente se registraron las conclusiones de esta reunión en el primer Consejo «formal» que se reunió en la mañana del jueves, como había de ser su costumbre). Los ministros informaron acerca de sus departamentos y sus preparativos para la próxima legislatura. Dimos efecto inmediato a los compromisos de nuestro manifiesto en lo tocante a establecer una retribución adecuada para la policía y las fuerzas armadas. Como resultado de la crisis de moral en el cuerpo de policía, el descenso del reclutamiento y los rumores de una posible huelga policial, el Gobierno laborista había formado un comité de salarios para el cuerpo de policía presidido por el juez Edmund Davies. El comité había arbitrado una fórmula para mantener los salarios de la policía en el mismo nivel que otros salarios. Nosotros decidimos anunciar nuestra recomendación en favor de que se procediera a un aumento salarial aplicable a partir del 1 de noviembre. De manera parecida, decidimos que el sueldo militar pleno recomendado por el último informe del Organismo para la Revisión Salarial de las Fuerzas Armadas entrase en vigor a partir del 1 de abril.

En ese primer Consejo informal pusimos en marcha el proceso —doloroso, pero necesario— de reducir el sector público, después de años en los que se venía dando por sentado su crecimiento a expensas del sector privado. De modo que procedimos a la inmediata congelación de la plantilla de la Administración pública, aunque posteriormente se vería modificada tal medida, estableciéndose objetivos concretos para la reducción. Iniciamos una revisión de los controles impuestos por el Gobierno central a las administraciones locales, aunque también aquí nos veríamos obligados a aplicar controles financieros aún más rigurosos, al comprobar cada vez más la incapacidad o la oposición de los órganos locales a la gestión eficaz de sus servicios.

Los salarios y los precios suponían una preocupación inmediata, y lo siguieron siendo a lo largo de estos primeros años de dificultades económicas. El Gobierno laborista había creado la Comisión de Comparabilidad de Salarios (Commission on Pay Comparability), del profesor Hugh Clegg, como medio respetable para chantajear a los trabajadores del sector público, evitando que se declararan en huelga, entregándoles cheques posfechados, para su presentación después de las elecciones. La Comisión Clegg suponía un importante quebradero de cabeza, y el problema se fue agudizando conforme se acercaba la fecha de vencimiento de los cheques[8].

En cuanto a la negociación salarial en las industrias nacionalizadas, decidimos que los ministros responsables debían distanciarse del proceso en la medida de lo posible. Nuestra estrategia consistiría en la aplicación de la disciplina financiera necesaria, para después dejar que la dirección y los sindicatos directamente implicados tomaran sus propias decisiones. Pero a tal efecto se harían necesarios determinados progresos en áreas complementarias —competencia, privatización y reforma sindical—, para que se produjeran resultados palpables.

También habría que revisar detenidamente el modo en que se controlaban los precios mediante medidas intervencionistas como la Comisión de Precios, la presión gubernamental y las subvenciones. No nos hacíamos ilusiones: las subidas de precios eran el síntoma de una inflación subyacente, no su causa. La inflación era un fenómeno monetario que precisaría de una disciplina monetaria para su contención. Frenarla por medios artificiales sólo hubiera reducido las inversiones y minado los beneficios —ambos ya muy por debajo de lo que convenía a la salud económica de la nación— a la vez que generaba una mentalidad de incremento por aumento de los costes en la industria británica.

Al final de ambos Consejos subrayé la necesidad de que los ministros respondieran colectivamente de la gestión del Gobierno y de que se observara una rigurosa confidencialidad entre ellos. Dije que no tenía intención de llevar acta de los debates del Consejo, y que esperaba que los demás siguieran mi ejemplo. Aunque resulte incómoda a la hora de redactar unas memorias, es una norma válida para todo gobierno. No obstante, fueron varias las veces en que hube de reiterar esta advertencia contra las filtraciones.

Aún estábamos en nuestra primera semana de gobierno, pero teníamos que decidir el contenido del primer Discurso de la Reina. Esto corría principalmente a cargo del QL, comité ministerial presidido por Willie Whitelaw, responsable de formular las recomendaciones al Consejo de Ministros sobre la legislación futura que había de incluirse en el discurso de la Reina. Era una suerte que los compromisos adquiridos en nuestro manifiesto estuvieran tan claros: el discurso de la Reina se escribió casi sin esfuerzo.

No obstante, entre toda esta actividad gubernamental y política, yo sabía que no podía permitirme el hecho de descuidar a los diputados sin cargos gubernamentales. Después de veinte años en la Cámara de los Comunes, a lo largo de seis gobiernos diferentes, había sido testigo de cómo podían surgir los problemas muy repentinamente y hacer peligrar los asuntos de la Cámara. De modo que en la tarde del martes, antes de que el Parlamento se reuniera al día siguiente, invité al presidente e integrantes del Comité 1922 a una reunión para celebrar nuestra victoria y hablar de las tareas de la próxima sesión parlamentaria[9]. El nombre —que suele abreviarse a «el 22»— conmemora lo ocurrido aquel año, cuando los diputados conservadores forzaron la dimisión del Gobierno de coalición de Lloyd George, provocando unas elecciones generales y el retorno de una Administración conservadora bajo la Ley Bonar. Ello debería servir de recordatorio a cualquiera que dude de la importancia del «22» para el Gobierno. Incluso en tiempos menos tormentosos, sólo es posible un programa legislativo intenso cuando existe un buen entendimiento entre el Número 10, el «22», la Oficina de los whips y el líder de la Cámara.

El miércoles 9 de mayo el nuevo Parlamento se reunió para elegir speaker o presidente de la Cámara de los Comunes. El speaker del Parlamento anterior había sido George Thomas, ex ministro laborista, y fue elegido por unanimidad para seguir en el cargo. Mi respeto por George Thomas, que ya era considerable, aumentaría a lo largo de los años. Era un cristiano profundamente comprometido, de una gran integridad, que le confería una especie de autoridad como speaker; sin embargo, en mi discurso de felicitación, tuve que estar todo el tiempo recordándome a mí misma que el primer ministro ya no era James Callaghan y que no debía referirme a él como tal.

VISITA A HELMUT SCHMIDT

Al día siguiente, los diputados se reunieron para prestar juramento. Pero el jueves era un día de una importancia más allá de lo ceremonial (de hecho, una ceremonia quedó olvidada entre tanta precipitación: la celebración del cumpleaños de Denis). Ese día Helmut Schmidt vino a Londres en una visita oficial organizada, en un principio, por el Gobierno laborista; era el primer jefe de un gobierno extranjero que me visitaba como primera ministra.

Habíamos hablado de la conveniencia de seguir adelante con esta visita. Yo tenía un empeño especial en hacerlo. Había conocido a Herr Schmidt cuando yo estaba en la oposición, y pronto había empezado a apreciarle. Poseía una profunda comprensión de la economía internacional, sobre la que —a pesar de que él se considerara socialista— estaríamos muy de acuerdo. Entendía bastante mejor que algunos conservadores británicos la importancia de la ortodoxia financiera: la necesidad de controlar la fuente del dinero y reducir el gasto y el préstamo públicos, dejando espacio para el crecimiento del sector privado. Pero en seguida hubo que informarle de que aunque Gran Bretaña deseaba desempeñar un papel vigoroso e influyente en la Comunidad, no nos era posible hasta que se solucionara el problema de nuestra contribución al presupuesto, tan enormemente injusta[10]. No veía ninguna razón para ocultar nuestros puntos de vista detrás de una cortina de humo diplomática; de hecho, deseaba convencer a Helmut Schmidt tanto de la sensatez de nuestra posición como de la gran firmeza de nuestra postura, precisamente porque él y Alemania Occidental ejercían una gran influencia sobre el resto de la Comunidad. De modo que aproveché todas las ocasiones que se me presentaron para transmitirle mi mensaje.

Mi discurso de la tarde de ese jueves en la cena en honor del canciller federal fue mi primera oportunidad para exponer mi nuevo enfoque de la Comunidad Europea. Rechacé desde el principio la idea de que había algo «poco europeo» en nuestra exigencia de que se corrigieran las desigualdades. En un pasaje que llamó la atención de los medios de comunicación, dije:

Hay en este país quienes han sugerido que mi Gobierno y yo vamos a ser los «blandos» de la Comunidad. En caso de que este rumor haya llegado a sus oídos, señor canciller, porque se lo haya contado algún pajarito de Smith Square, Belgrave Square, o cualquier otro lugar, bueno será que lo olvide, hágame caso (¡como hace tiempo que han hecho mis colegas!)[11]. Pienso ser muy selectiva a la hora de determinar cuáles son los intereses británicos, y pienso defenderlos con toda resolución.

En nuestra conferencia de prensa conjunta del día siguiente nos preguntaron por nuestras relaciones personales, dado que Helmut Schmidt era socialista y siempre se había entendido de tú a tú con el señor Callaghan. Cuando yo quise subrayar la similitud de nuestras políticas, él se apresuró a intervenir: «No vaya demasiado lejos, señora primera ministra, que va a fastidiarme las relaciones con mi propio partido. ¡Por favor!».

FIN DE SEMANA DE TRABAJO

El sábado fui a Escocia en avión para pronunciar un discurso ante los asistentes al Congreso del Partido Conservador Escocés, lo cual siempre hacía con gusto. La vida no es fácil para los conservadores escoceses; ni iba a serlo en los próximos años. A diferencia de los conservadores británicos, están acostumbrados a ser un partido minoritario, con unos medios de comunicación muy hostiles. Pero estas circunstancias les otorgaban un grado de entusiasmo y un espíritu de lucha que me causaba admiración, y que también garantizaba un público cálido y receptivo. Algunos destacados conservadores escoceses, aunque una pequeña minoría, todavía anhelaban una especie de gobierno delegado, pero los demás sentíamos un profundo recelo ante lo que esto podría significar para el futuro de la unión. A la vez que reafirmaba nuestra decisión de revocar la Ley de Escocia del Gobierno laborista, indiqué que pensábamos emprender conversaciones con todos los partidos «con el fin de acercar el Gobierno a los ciudadanos». El caso es que esto lo logramos manteniendo a raya al Estado, más que creando nuevas instituciones gubernamentales.

No obstante, mi principal mensaje al congreso era deliberadamente sombrío, destinado a toda Gran Bretaña. Ese mismo día se había anunciado un índice de inflación del 10,1 por ciento. Subiría más. Expuse que:

El demonio de la inflación sigue entre nosotros. Estamos lejos de restablecer la honrada solidez del dinero, y la previsión del Tesoro cuando nos hicimos cargo del poder era que la inflación mantendría su tendencia al alza. Hará falta un período de tiempo considerable para que nuestras medidas surtan efecto. No deberíamos infravalorar la envergadura de la tarea que nos espera. Pero no hay mucho que hacer sin una moneda sólida. Es la base de un gobierno sólido.

Nadie podría decir, cuando se fueran acumulando nuestras dificultades económicas y políticas en los próximos meses, que no se le había avisado.

Al regreso aterrizamos en el aeródromo de Norholt de las Reales Fuerzas Armadas y nos dirigimos a Chequers, donde pasé mi primer fin de semana como primera ministra. No creo que nadie haya podido pasar tiempo en Chequers sin enamorarse del lugar. Desde los tiempos del primer jefe de gobierno que lo ocupara, David Lloyd George, se ha entendido que los primeros ministros no dispondrían necesariamente de su propia finca. Por este motivo, la donación por parte de lord Lee de su casa de campo a la nación representa el comienzo de una nueva era tanto como los Proyectos de Ley de Reforma.

Cuando me instalé como primera ministra, la conservadora de la finca era Vera Thomas, que conocía y amaba todos y cada uno de los lustrosísimos muebles, cada retrato histórico, cada brillante pieza de plata. Aunque Chequers es un edificio de origen isabelino, ha sufrido considerables remodelaciones a lo largo de los años. El centro de la casa es el gran salón —un patio que se techó a fines del siglo pasado—, donde en invierno se enciende la chimenea, que esparce un suave olor a humo de leña por todas las habitaciones.

Gracias a la generosidad de Walter Annenberg, embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña entre 1969 y 1974, Chequers tenía una piscina cubierta. Pero en los años en que yo residí allí sólo se hacía uso de ella en verano. Pronto me enteré de que climatizarla costaba 500.000 libras anuales. Al ahorrarnos este dinero teníamos más para gastar en la perpetua ronda de reparaciones necesarias de la casa. Quizás la labor más importante que emprendí fue la limpieza del artesonado isabelino en el comedor y el Gran Salón. Una vez eliminadas las capas de barniz y suciedad, descubrimos una hermosa taracea que no había visto la luz en muchos años.

El grupo que se reunió a comer aquel domingo, sólo diez días después de nuestra victoria electoral, era bastante representativo de los fines de semana en Chequers. Estaba mi familia, Denis, Carol y Mark, Keith Joseph, Geoffrey y Elspeth Howe, los Pym y Quintin Hailsham representaban, por así decirlo, el equipo gubernamental. Estaban Peter Thorneycroft y Alistair McAlpine de la Oficina Central —este último en su calidad de Tesorero del Partido Conservador, eficacísimo en la tarea de obtener fondos, y uno de mis más íntimos y leales amigos—. David Wolfson, Brian Cartledge (mi secretario particular) con sus esposas, y nuestros amigos sir John y lady Tilney, completaban el grupo.

Todavía nos quedaban ganas de celebrar nuestra victoria electoral. Estábamos lejos de la solemnidad inherente al Número 10. Habíamos finalizado la tarea de poner en marcha el nuevo Gobierno. Aún poseíamos ese espíritu de camaradería que las inevitables disputas y desacuerdos de gobierno acabarían agotando. La comida fue alegre y festiva. Puede que fuera un ejemplo de lo que un oponente nuestro más adelante denominaría «triunfalismo burgués».

Pero éramos conscientes de que nos esperaba un largo camino por recorrer. Como decía mi padre:

Es fácil empezar, pero ¿tienes aguante?

Cuando una cosa empieza, ¿la llevas adelante?

A las siete de la tarde Denis y yo regresamos a Londres para iniciar mi segunda semana como primera ministra. Ya se amontonaba el trabajo, con informes yendo y viniendo de Chequers. Recuerdo haber escuchado una vez a Harold Macmillan decirle a un grupo de diputados jóvenes y entusiastas —ninguno de los cuales lo escuchaba con más atención que Margaret Thatcher—, que los primeros ministros (al no tener su propio ministerio) disponían de mucho tiempo libre para la lectura. Él recomendaba a Disraeli y Trollope. No he dejado de preguntarme, a veces, si no estaría tomándonos el pelo.

CAPÍTULO II

Señales de cambio

Política interna durante los primeros seis meses hasta finales de 1979

Pasar de la euforia de la victoria electoral a los problemas de la economía británica fue como pasar del día a la noche. La inflación aumentaba; los sueldos del sector público estaban fuera de control; las proyecciones del gasto público aumentaban en la misma medida en que disminuían las perspectivas de ingresos y nuestros problemas internos se agravaban por el aumento del precio del petróleo que llevaba al mundo directamente a una recesión.

Lo tentador, en tales circunstancias, era optar por refugiarse a la defensiva en una política de falsa prudencia: no recortar los impuestos sobre la renta en un momento en que los ingresos amenazaban con disminuir; no eliminar el control de precios en momentos en que la inflación se aceleraba; no cortar los subsidios industriales ante la inminencia de una creciente recesión; y no restringir el sector público en momentos en que el sector privado parecía demasiado débil para crear nuevas fuentes de trabajo. Y, efectivamente, estas condiciones económicas adversas redujeron el ritmo al que esperábamos regenerar el Reino Unido. Pero yo creía que esa era la principal razón para redoblar nuestros esfuerzos. Estábamos remontando contra corriente y tendríamos que esforzarnos mucho si queríamos llegar a la cima.

EL PRIMER DISCURSO DE LA REINA

Nuestra primera oportunidad para demostrar, a amigos y oponentes, que no nos dejaríamos desanimar por las dificultades fue el discurso de la Reina. El primer Loyal Address (que también se le llama así) de un nuevo Gobierno fija el tono de todo el período de administración. Si no se aprovecha la oportunidad de establecer un curso radicalmente nuevo, lo más probable es que nunca llegue cumplirse. Y el mundo percibe que, bajo toda esa nueva y valiente retórica, todo sigue como antes. Y yo estaba determinada a dar claras señales de cambio.

Hacia el final de los debates sobre el discurso, resultaba evidente que la Cámara de los Comunes podía esperar un denso programa pensado para terminar con el socialismo, extender la libertad de elección y ensanchar el ámbito de la propiedad privada. Habría una legislación para restringir las actividades del Labour’s National Enterprise Board (Junta Nacional del Trabajo) e iniciar el proceso de traspasar las empresas estatales al sector privado. Les daríamos a los arrendatarios de casas municipales el derecho a comprarlas con grandes descuentos y con posibilidades de amortización al cien por cien. Habría modificaciones parciales en la reglamentación relativa a los alquileres nuevos del sector privado. (Décadas de controles restrictivos habían ido reduciendo paulatinamente las oportunidades para quienes deseaban alquilar, con lo que se entorpecía la movilidad laboral y el progreso económico). Revocaríamos la Community Land Act (Ley de Tierras de la Comunidad), pues ese intento de nacionalizar las ganancias provenientes del desarrollo creó la escasez de tierras, provocando el consiguiente aumento de los precios. Eliminamos la obligación de las autoridades locales de sustituir los institutos de segunda enseñanza y anunciamos la introducción del Assisted Places Scheme (Plan de Plazas Asistidas), posibilitando así que los niños más inteligentes de las zonas pobres pudieran asistir a colegios privados. Estos fueron los primeros pasos de los que yo esperaba fueran muchos para asegurar que niños de familias como la mía tuvieran la posibilidad de mejorar. Finalmente, reduciríamos lo que a menudo eran actividades corrompidas y derrochadoras de las organizaciones específicamente laborales del Gobierno local (que habitualmente estaban bajo control socialista).

Cuando hablé en el debate del discurso de la Reina, dos puntos concitaron especialmente la atención: la abolición del control de precios y la promesa de reformar los sindicatos. La mayoría esperaba que mantendríamos algún control sobre los precios, al menos por un tiempo. Después de todo, la reglamentación de precios, salarios y dividendos había sido uno de los mecanismos mediante los cuales, en la mayor parte del mundo occidental, los Gobiernos pretendían ampliar poder e influencia y paliar de alguna forma el efecto inflacionario de su propia política económica financieramente irresponsable.

Pero había muchas pruebas, recogidas por la Confederación de la Industria Británica (CBI), de que el control de los precios tiene un mínimo efecto sobre la inflación, pero inevitablemente daña la rentabilidad y las inversiones en la industria. Una de nuestras primeras discusiones en el «E» Committee —el Comité de Estrategia Económica del Gabinete, que yo presidía— era si tenía que insistir en la pronta y total supresión de la Comisión de Precios. Algunos ministros alegaban que, con la aceleración de la inflación, el inminente aumento de los precios se atribuiría a la supresión de la Comisión, y por consiguiente al Gobierno. Este argumento no carecía de fuerza. Pero John Nott, el ministro de Comercio, se inclinaba por actuar rápidamente. Y tenía razón. Habría resultado bastante más difícil suprimir la Comisión más adelantado el año, cuando los precios estuvieran aumentando con mayor rapidez. Tal vez la primera vez que nuestros oponentes se dieron verdaderamente cuenta de que el compromiso retórico del Gobierno respecto al mercado iría acompañado de acciones en la práctica, fue el día en que se anunció esa supresión. Al mismo tiempo hicimos pública nuestra decisión de reforzar el poder del director general de Comercio y de la Comisión de Monopolios y Fusiones en cuanto a su actividad referente al monopolio de los precios, incluyendo los precios fijados por las industrias nacionalizadas.

También me sentí inclinada a aprovechar mi discurso en el debate para imprimir un tono autoritario a nuestras reformas de los sindicatos. La estrategia preferida de Jim Prior era la de consultar con los sindicatos antes de imponer las reformas a la Ley de Sindicatos que ya habíamos propuesto desde la oposición. Pero era vital demostrar que no habría marcha atrás en el claro mandato recibido para hacer cambios fundamentales. En un principio propusimos tres reformas en el discurso de la Reina. Primero, el derecho a formar piquetes (del que se había abusado durante las huelgas del pasado invierno y en las huelgas de años anteriores) quedaría exclusivamente limitado al lugar mismo de trabajo de quienes tenían conflictos con sus empleadores. Por lo tanto, cualquier otro piquete sería considerado ilegal. Segundo, estábamos abocados a cambiar la Ley de Establecimientos «cerrados», según la cual los empleados estaban obligados a pertenecer a un sindicato si querían conseguir o mantener un trabajo, y que afectaba a unos cinco millones de trabajadores. Quienes hubieran perdido su trabajo por esta razón, en el futuro tendrían derecho a reclamar una adecuada indemnización. Tercero, se habilitarían fondos públicos para financiar el voto por correo de las elecciones sindicales y otras importantes decisiones relativas del mismo ámbito: queríamos desalentar el voto a mano alzada —el tristemente célebre voto «aparcamiento»— y la conocida práctica de la intimidación ya asimilada a la democracia de los sindicatos.

Visto desde ahora parece algo extraordinario que ese programa relativamente tan modesto fuera recibido por la mayor parte de los líderes sindicales y por el Partido Laborista como un abierto ataque al sindicalismo. De hecho, habríamos de volver —y pronto— al tema de la reforma sindical. A medida que pasaba el tiempo, se hacía cada vez más evidente que los líderes sindicales y el Partido Laborista no sólo apoyaban públicamente muchas veces nuestras medidas políticas, sino que también lo hacía la mayoría de los afiliados, porque sus familias padecían las consecuencias de las huelgas que muchos de ellos no habían votado y a las que se oponían. Éramos nosotros quienes estábamos en contacto con el sentir popular.

Este fue mi primer logro parlamentario importante como primera ministra, y salí de él indemne. Hoy en día los primeros ministros pronuncian relativamente pocos discursos en la Cámara. Lo más importante son los discursos como éste, que tratan del programa legislativo del Gobierno, los discursos de réplica a las mociones de censura, las declaraciones posteriores a cumbres internacionales y los debates que, algunas veces, provocan tensiones internacionales. Esta puede ser una de las razones por las que suele ser tan difícil —más allá del golpe moral de perder una elección y tener que dejar el despacho— para un primer ministro pasar a hacer las veces de líder de la oposición, desempeño que exige muchos discursos, aunque menos concisos y minuciosos. Evidentemente Jim Callaghan, que nunca dirigió a su partido en la oposición, daba la impresión de estar incómodo en ese papel. Por eso no me sorprendí cuando, en octubre de 1980, renunció a una posición que su propia ala izquierda le estaba haciendo especialmente intolerable.

Pero son las preguntas al primer ministro de todos los martes y jueves la verdadera prueba para su autoridad en la Cámara, su postura dentro el partido, su control político y los hechos que lo justificaban. Ningún jefe de Gobierno en ningún lugar del mundo tiene que enfrentarse a tamaña presión regularmente y muchos dan grandes rodeos para evitarla; ningún jefe de Gobierno, como yo les recordaría a algunos en las reuniones cumbre, tiene que responder de tantas cosas como el primer ministro británico.

Siempre me he preparado muy seriamente para las preguntas. Uno de los secretarios privados, mi secretario político, mi secretario privado parlamentario y yo, repasábamos todos los temas probables que podían surgir sin aviso previo. Esto se debe a que los temas del orden del día sólo plantean preguntas sobre los compromisos oficiales del primer ministro ese día. La verdadera pregunta es la que se produce fuera de programa, que puede cubrir desde los problemas de algún hospital local hasta cualquier tema internacional de importancia, pasando por las estadísticas penales. Naturalmente, se daba por descontado que cada departamento tenía que aportar los datos y la posible réplica a determinados puntos que podrían suscitarse. Era un buen ensayo para la agudeza y eficiencia del ministro responsable de ese departamento el que la información llegase a tiempo, tarde o simplemente no llegara; y si la información era acertada o errada, comprensible o enigmática debido a la jerga en que estaba expresada. A veces los resultados, juzgándolos por este criterio, no eran muy tranquilizadores. Sin embargo, poco a poco llegué a sentirme más confiada respecto de estas ruidosas confrontaciones rituales y, a medida que lo lograba, mis intervenciones resultaban más eficaces. Incluso llegué a divertirme.

EL PRESUPUESTO DE 1979

El siguiente escollo del programa de Gobierno fue el presupuesto. Nuestro enfoque general era bien conocido. El firme control de la oferta monetaria era imprescindible para reducir la inflación. También era necesario restringir el gasto público y efectuar préstamos para aliviar la tensión en la parte del sector privado que más riqueza crea. La reducción del impuesto sobre la renta, combinada con un trasvase de la imposición sobre el ingreso a la imposición sobre el gasto, supondría un reforzamiento de los incentivos. Sin embargo, estos amplios objetivos tendrían que alcanzarse en un ambiente general de rápido deterioro de la economía, tanto interna como en el extranjero.

El índice de inflación británico era de un 10 por ciento cuando llegamos al Gobierno y estaba aumentando. (La tasa trimestral era del 13 por ciento). Esto reflejaba la falta de disciplina financiera de los últimos años del Gobierno laborista, cuando se liberaron de las ataduras que les impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1976. También hubo una explosión salarial cuando los grupos poderosamente sindicalizados se volcaron masivamente sobre lo que quedaba de la política de rentas laborista. Además, internacionalmente comenzaron a aumentar bruscamente los precios de los crudos, llegando a superar en un 30 por ciento los precios del semestre anterior, como resultado de las persistentes revueltas en Irán tras la caída del Shah en 1978. Todo ello afectó con creciente dramatismo la economía internacional.

El alza del precio del petróleo aumentó a nivel mundial la presión inflacionaria. Pero también tuvo un efecto perverso y, a corto plazo, muy dañino en la economía interna de Inglaterra, debido a que la libra esterlina era una petrodivisa y, como tal, se apreció bastante. La libra esterlina estaba fuerte también por otras razones, pues después de las elecciones hubo una creciente confianza en la economía británica. También estábamos llevando a cabo una estricta política monetaria, con elevados tipos de interés (los tipos de interés tuvieron que subir dos puntos cuando salió el presupuesto), lo que atrajo capitales extranjeros. En consecuencia, la libra esterlina seguía apreciándose.

Tal vez estuviéramos mejor preparados de lo normal en un partido procedente de la oposición para tomar las decisiones económicas requeridas. Año tras año habíamos llevado nuestro propio ejercicio del gasto público, analizando dónde podían hacerse los imprescindibles recortes y especificando las cantidades. También gozábamos de la oportuna ayuda del Gabinete en la Sombra y de los consejeros, entre los cuales la principal fuente de inspiración fue John Hoskyns, que investigó la manera de combinar nuestra política para poder alcanzar el objetivo general de imprimir un viraje a la caída de la economía británica.

Pero no había preparación previa que valiera para modificar la desagradable realidad de las finanzas o la aritmética del presupuesto. Las dos reuniones cruciales sobre el presupuesto de 1979 las tuve con el ministro de Hacienda el 22 y el 24 de mayo. Geoffrey Howe fue capaz de demostrar que para reducir la tarifa máxima del impuesto sobre la renta de un 83 a un 60 por ciento, la básica del 33 al 30 por ciento y las necesidades crediticias del sector público a unos 8.000 millones de libras esterlinas (cifra que nos considerábamos en la posibilidad y en la obligación de afrontar) había que aumentar los dos tipos de IVA existentes, del 8 y el 12,5 por ciento, a un tipo unificado del 15 por ciento. (El IVA cero en alimentación y otros consumos básicos tendría que modificarse). Naturalmente me preocupaba que este amplio cambio del impuesto directo al indirecto pudiera hacer subir en torno al 4 por ciento el IPC.

Éste sería el único y definitivo aumento de los precios (por lo que no sería inflacionario, en el correcto sentido del término, que debe entenderse como incesante aumento de los precios). Pero también significaría que el IPC, en base al cual la gente suele medir el nivel de vida y los niveles salariales que con demasiada exigencia se reclaman, aumentaría el doble durante nuestro primer año de administración. También me preocupaba que demasiados de los recortes del gasto público propuestos implicaran el encarecimiento de los servicios públicos. Ello también repercutiría en el IPC. En mi primera reunión de presupuesto con Geoffrey le recordé que Rab Butler, ministro de Hacienda en 1951, había ido introduciendo gradualmente sus reducciones de impuestos. ¿Deberíamos hacer lo mismo? Geoffrey se mantuvo en sus trece y decidimos considerar el tema con más detención.

En nuestra segunda reunión acordamos seguir adelante. El recorte impositivo era vital incluso si para ello debíamos aumentar el IVA. El argumento decisivo fue que un aumento tan controvertido de los impuestos indirectos sólo podía implantarse al inicio del período parlamentario, cuando nuestro mandato era aún muy reciente. Si aguardábamos, con la esperanza de que el crecimiento de la economía o el recorte del gasto público lo conseguiría sin nuestra intervención, podríamos no lograr nunca el cambio estructural imprescindible para aumentar los incentivos. Debíamos fijar el sentido de nuestra estrategia desde el comienzo, y hacerlo con audacia. Hacia el final de esa segunda reunión ya estaba fijado el esquema del presupuesto que Geoffrey anunciaría el 12 de junio.

Hubo acuerdo general en que se trataba de un presupuesto drásticamente reformador, y llegó a reconocerlo incluso la oposición, como por ejemplo The Guardian, que lo describía como «la más fuerte apuesta política y económica en la historia parlamentaria de posguerra». Las principales medidas se tomaron casi de inmediato tras nuestras discusiones de finales de mayo: un recorte en la tarifa básica del impuesto sobre la renta del 33 al 30 por ciento (el recorte de la tarifa más alta fue del 83 al 60 por ciento), aumento de las bonificaciones fiscales un 9 por ciento por encima del índice de inflación e implantación de un nuevo tipo unificado de IVA del 15 por ciento.

Además de los grandes recortes del impuesto sobre la renta en el presupuesto, también logramos reducir o eliminar los controles en varias zonas de la vida económica. Olvidado quedaba el control de pagos, precios y dividendos. Los certificados de Desarrollo Industrial, los permisos de la Oficina de Desarrollo y toda una gama de controles circulares y superfluos se modificaron o eliminaron. (El segundo presupuesto de Geoffrey Howe, en 1980, anunció la creación de Zonas Empresariales donde las empresas podrían beneficiarse de exenciones fiscales, con el fin de atraer inversiones y crear empleo en zonas de menor desarrollo).

Pero lo que me proporcionó un grandísimo placer personal fue la eliminación del control de cambios, es decir la supresión de las enrevesadas restricciones oficiales a la cantidad de divisa extranjera que podían adquirir los ciudadanos británicos. Estas restricciones se habían impuesto como «medida de emergencia» a comienzos de la Segunda Guerra Mundial y las habían ido manteniendo los Gobiernos posteriores, con la evidente esperanza de incrementar la inversión industrial británica y de poder resistir las presiones sobre la libra esterlina. La agobiante evidencia era que no se había logrado ninguno de los dos objetivos esperados (si es que los esperaba de verdad). Con una libra esterlina fuerte y el Reino Unido comenzando a disfrutar de los beneficios económicos del petróleo del Mar del Norte, ya había llegado el momento de eliminar definitivamente las restricciones. Esto se hizo en tres etapas: unas desaparecieron al aprobarse el presupuesto, otras algo más tarde, en julio, y el resto en octubre (con la transitoria excepción de los controles relativos a Rodesia). La legislación, en sí, siguió estando en el Statute Book (recopilación de leyes vigentes) hasta 1987, aunque no se hizo uso de ella. La supresión del control de cambios no sólo aumentó la libertad individual y financiera, sino que alentó la inversión extranjera en el Reino Unido y las inversiones británicas en el extranjero, lo que posteriormente proporcionó una importante corriente de ingresos que probablemente continúen incluso cuando se agoten los proporcionados por el petróleo del Mar del Norte.

Pero no todos los capitalistas confían tanto como yo en el capitalismo. Recuerdo, estando en la oposición, una reunión de expertos de la City que eran realmente contrarios a mi deseo de liberar su mercado. «¡Cuidado!» me decían. Evidentemente, un mundo sin control de cambios en el que, más que los Gobiernos, eran los mercados los que determinaban el desplazamiento de los capitales, los hacía sentirse incómodos. Podrían tener que asumir riesgos.

También nos distrajo durante nuestras discusiones presupuestarias el preocupante nivel de los aumentos salariales de la Administración pública. En este campo disponíamos de una limitada libertad de maniobra. Cálculos políticos difíciles, por lo desagradables, nos habían llevado a comprometernos durante las elecciones a respetar las decisiones de la Comisión Clegg respecto de las demandas que ya le habían sido planteados. El tema, ahora, era cómo tratar las demandas de otros grupos no planteadas a la comisión Clegg, o cómo arbitrar otra solución al problema.

Vi con toda claridad que a largo plazo, sólo había dos consideraciones aplicables a los salarios, tanto en el sector público como en el privado. El primero era la disponibilidad de medios: en última instancia eran los contribuyentes quienes tendrían que pagar las cuentas del sector público, y si la carga rebasaba cierto límite, la economía del país podría sufrir las consecuencias. La segunda consideración a tener en cuenta era el reclutamiento de personal: el sueldo tenía que ser lo suficientemente bueno como para atraer a personas con el necesario nivel de capacidad y las titulaciones profesionales pertinentes. De todos modos, este criterio tan simple quedaba oscurecido ante el aparato burocrático montado para obtener la «equiparación» entre los sueldos del sector público y los del sector privado (no sólo la comisión Clegg, sino también el Grupo de Estudio de Salarios de la Administración Pública).

Decidimos exponer ante la Comisión la evidencia de la necesidad de mantener los presupuestos de los Departamentos dentro de unos límites razonables y lo que ello significaría para los pagos del sector público. Pero también decidimos seguir manteniendo de momento la existencia de la Comisión y de hecho remitirle nuevas demandas con criterios ad hoc. En aquel momento pensamos que la Comisión quizá lograra negociar salarios más bajos que los que cada ministro respectivo se podía ver obligado a conceder. Pero aquello fue un exceso de optimismo por nuestra parte, que nos llevó a subestimar el coste, en términos de gasto público, que implicaba la Comisión Clegg.

Analizándolo desde el momento presente, lo cierto es que nos equivocamos. Las señales de alerta eran evidentes ya en aquel momento. Geoffrey Howe me dijo que suponiendo que consiguiéramos algún éxito en la tramitación de mecanismos restrictivos, el salario medio bien podría situarse dos o tres puntos por encima del nivel medio calculado en la reciente previsión del mes de junio. Al final, hasta agosto de 1980 no hicimos público que la Comisión Clegg estaba llamaba a desaparecer, una vez cumplidos los objetivos para los que había sido creada. Su último informe llevaba fecha de marzo de 1981. Pero seguía siendo cierto que el crecimiento de las reivindicaciones salariales del sector público a que daban lugar la inflación, la prepotencia de los sindicatos y la sobredimensión del funcionariado, no iba a frenarse fácilmente, y mucho menos a cambiar de signo.

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fueran cuales fueran las dificultades inmediatas, yo estaba decidida a comenzar a trabajar, por lo menos, en las reformas a largo plazo del propio Gobierno. Si queríamos encauzar la mayor parte de las personas con talento hacia la actividad empresarial privada, creadora de riqueza, ello implicaría inevitablemente la reducción del empleo en el sector público. Desde comienzos de los años sesenta, el sector público había ido creciendo paulatinamente hasta abarcar una fuerte proporción de las fuerzas de trabajo[12]. De hecho, tendía a crecer en tiempos de recesión y a sostenerse durante los períodos de crecimiento económico. En pocas palabras: se hallaba al abrigo de la disciplina económica normal que afecta al resto del mundo.

Era fiel reflejo de esto el volumen del cuerpo de funcionarios públicos. En 1961 alcanzó el nivel más bajo de posguerra, con 640.000 personas; en 1979 ya había aumentado a 732.000. Esta tendencia tenía que invertirse. Pocos días después de tomar posesión del ministerio, como ya he dicho, congelamos los salarios de la Administración para reducir la nómina del Gobierno en cerca de un 3 por ciento. Los diversos departamentos plantearon una serie de argumentos a cual más ingenioso para eludir esa norma. Pero uno por uno fueron disuadidos. El 13 de mayo de 1980 ya pude plantear a la Cámara nuestros objetivos a largo plazo para reducir el número de funcionarios de la Administración pública. El total ya había bajado a 705.000. Nuestra intención era llevarlo a 630.000 en el transcurso de los próximos cuatro años. Puesto que había unos 80.000 funcionarios al año que causaban baja por jubilación o renuncia, todo parecía indicar que lograríamos nuestro objetivo sin tener que recurrir a métodos compulsivos.

Pero la consecuencia de ello era que tendríamos que pagar adecuadamente la eficacia, si queríamos que se mantuviera el servicio. Resultó enorme la dificultad para establecer sueldos relativos a los méritos; hicimos progresos pero nos llevó años y mucho esfuerzo y tesón.

De la misma manera, desde un principio me tomé un interés especial en la contratación de personas con experiencia, pues podían influir en la moral y el rendimiento de todo un ministerio. Estaba decidida a cambiar la mentalidad que a comienzos de los años setenta se plasmaba en una observación atribuida al entonces jefe de los funcionarios públicos: lo más que podían esperar los británicos era «una ordenada administración de la decadencia». El país y la propia Administración pública podían resultar estafados por actitudes como ésta. Además de correr el riesgo de desperdiciar el ya escaso talento.

La capacidad y el entusiasmo de los miembros de mi despacho privado del Número 10 me tenían enormemente impresionada. Habitualmente mantenía entrevistas personales con los candidatos a secretario privado de mi propio despacho. Quienes se presentaban eran algunos de los jóvenes —hombres y mujeres— más brillantes de todos los funcionarios del Estado: personas con ambición, a quienes estimulaba la idea de situarse en el centro de decisiones gubernamentales. Quería ver personas de ese mismo calibre, con la mente alerta y empeñados en una buena administración, en los puestos de mayor jerarquía de los diferentes sectores. Así, durante mi permanencia al frente del Gobierno, muchos de mis secretarios privados pasaron a ministerios clave. Pero en todas estas decisiones, lo que importaba era el talento, la capacidad de decisión y el entusiasmo; la fidelidad política no era algo que yo tomara especialmente en cuenta.

Con el paso de los años, ciertas actitudes y hábitos de trabajo se fueron anquilosando, transformándose en un obstáculo para la eficiencia de la Administración. Tuve que superar, por ejemplo un mayor poder de los sindicatos de funcionarios civiles (cada vez más politizados). La implantación de prácticas laborales nuevas y de mayor rendimiento —como la tecnología informática— estaba viéndose frenada por los sindicatos. En un Departamento como el de Salud y Seguridad Social, donde teníamos que tener acceso rápido a las cifras para pagar las compensaciones, estas prácticas eran rechazadas. Pero al final superamos los escollos.

Para ver las cosas con mis propios ojos, decidí visitar los principales departamentos del Gobierno para verme con la mayor cantidad posible de personas y enterarme de cómo establecían sus prioridades. Dediqué la mayor parte de un día a cada Departamento. En septiembre de 1979, por ejemplo, tuve una discusión muy útil con funcionarios civiles del Departamento de Salud y Seguridad Social. Planteé la urgente necesidad de eliminar el exceso de suelo que había en manos del sector público. Yo sabía que algunos hospitales poseían un terreno que no necesitaban y que era evidente que tenían que tener la posibilidad de venderlo e invertir las ganancias en el mejor cuidado de los pacientes. Hubo argumentos a favor y en contra, pero uno de los argumentos predominaba sobre los demás, lo que era un síntoma claro de qué estaba mal, y era la injusticia que se cometía con los hospitales que no tenían la ventaja de disponer de un exceso de terreno. Era evidente que nos quedaba un largo camino por recorrer antes de que todos los recursos del Servicio de Sanidad pudieran emplearse eficazmente en beneficio de los enfermos. Pero esta visita plantó la semilla que germinó luego en las reformas Griffiths[13] de la Administración del NHS (Servicio Nacional de Salud) y, algo después, en las reformas del mercado interno del Servicio de Salud de 1990.

EL GASTO PÚBLICO

Pero estos planteamientos nos llevarían años. Durante el segundo semestre de 1979 íbamos capeando la crisis semana a semana, mientras analizábamos minuciosamente los números del gasto público y de las necesidades crediticias, sobre el telón de fondo de una economía mundial que se sumía en la recesión a ritmo acelerado. Nuestra tarea primordial fue hacer todas las reducciones posibles para el año fiscal 1979-1980. Habitualmente, las decisiones del gasto público las tomaba el Gobierno durante el verano y otoño del año anterior y las anunciaba en noviembre. Aun cuando ya hubieran transcurrido varios meses del actual año fiscal, teníamos que empezar por reabrir los planes de gasto público heredados del Gobierno laborista. Anunciaríamos nuestros nuevos planes de gasto público junto con el presupuesto. Las posibilidades de recortes eran limitadas, en parte por lo que acabo de decir y en parte por nuestras promesas de la campaña electoral (sin olvidar que algunos de los cambios que pretendíamos llevar a cabo requerían la pertinente legislación).

Habíamos prometido aumentar los recursos de Defensa, Ley y Orden y no recortar el presupuesto de Salud Pública. También se nos había pedido que aumentáramos las pensiones de retiro y otros beneficios sociales a largo plazo, para adaptarlos a los precios, respetando los aumentos de pensión prometidos por los laboristas para aquel año. Pudimos haber echado mano de los fondos de reserva para contingencias pero, si aparecía dinero extra, tendríamos que hacer frente a las reclamaciones de los distintos departamentos ministeriales (no era cosa fácil). Otra posibilidad consistía en reducir el volumen del gasto público manteniendo los límites de liquidez en su nivel vigente, a pesar de que la inflación era mayor que cuando el Gobierno anterior los había fijado. Pero esto nos obligaría a mantenernos firmes en lo tocante a los sueldos del sector público, lo que tampoco resultaría fácil. La recaudación procedente de las privatizaciones podía ayudarnos a equilibrar las cuentas. Pero aunque la parte del Gobierno en British Petroleum podía venderse de inmediato, la venta de bienes gubernamentales a gran escala requería las correspondientes leyes. Gran parte del trabajo que realizamos en cuanto al recorte del gasto público desde la oposición quedó superado por los acontecimientos, siendo el más dañino la generosidad del profesor Clegg. En pocas palabras: nos sentíamos atrapados.

Pero yo estaba convencida de que debíamos tener un comienzo lo más fuerte posible. Me di cuenta de que las primeras propuestas de recorte que hacían los de Hacienda para el corriente año fiscal de 1979-1980 no iban lo suficientemente lejos. Por eso me reuní con ellos quince días después de haberme instalado en el Número 10, y lo dije con mucha firmeza. En consecuencia, John Biffen me presentó un plan revisado de las propuestas, en el que recortaba 500 millones más de libras esterlinas, y yo hice saber con toda claridad a sus colegas que eso era lo menos que podíamos hacer.

Finalmente pudimos anunciar un ahorro de 3.500 millones de libras esterlinas en el presupuesto de Geoffrey. Además de las medidas consideradas en principio, pensamos en ahorrar en los apoyos a la industria, especialmente en los fondos para el desarrollo regional, en energía y no incurriendo en otros gastos proyectados.

También decidimos aumentar los gravámenes sobre las recetas médicas, que llevaban ocho años en el mismo nivel, pese a que durante ese tiempo los precios habían aumentado dos veces y media. (El amplio margen de excepciones se mantendría). No había sido ésta nuestra primera opción al ahorro dentro del DHSS (Departamento de Salud y Seguridad Social). En un principio pensamos aumentar de tres a seis días el llamado tiempo de espera que debía cumplirse para que un solicitante tuviera derecho al beneficio por enfermedad o paro. Decidimos finalmente no seguir insistiendo en esto, aunque de alguna manera la idea trascendió a la prensa por alguna de esas fisuras que siempre se producían en nuestras discusiones sobre el gasto público.

Apenas llegamos a un acuerdo respecto de los ahorros para el año fiscal, 1979-1980, cuando ya teníamos que afrontar la tarea más difícil aún de la planificación del gasto público para 1980-81 y años siguientes. En julio de 1979, cuando por fin logramos sacar adelante las decisiones cruciales, tuvimos una serie de arduas discusiones ministeriales sobre el tema, que resultaron ser toda una prueba. Nuestro objetivo era el mismo que teníamos en la oposición, es decir, devolver el gasto público a su nivel de 1977-1978 en términos reales. Para 1982-1983 esperábamos haberlo logrado. Pero, pese a las reducciones que habíamos hecho, el gasto público amenazaba con desmandarse. Lo cual habría tenido pésimas consecuencias para el PSBR (Public Sector Borrowing Requirements, las necesidades crediticias del sector público) y, por lo tanto, para los tipos de interés, para los impuestos, a largo plazo, y en última instancia para todo nuestro programa.

Sin embargo —o tal vez por ese mismo motivo— había una fuerte oposición a los recortes por parte de algunos ministros. Estos eran los llamados wets[14], los apocados, que se sostuvieron durante años al borde de la dimisión por su enfrentamiento con nuestra estrategia económica.

Algunos argüían que la estrategia había quedado superada por los acontecimientos; y en realidad, para quienes no se habían enterado de que Keynes había muerto, la perspectiva de reducir los gastos del Estado y disminuir la deuda pública cuando nosotros y el resto del mundo comenzaba a hundirse en la recesión, resultaba indudablemente alarmante. Otros llegaron a plantear mil y una razones para establecer la imposibilidad de todo recorte.

Geoffrey Howe se mostró soberbiamente imperturbable en su resistencia a todas estas presiones. Después, en julio, reveló a los colegas las consecuencias puntuales que acarrearía el hecho de no aprobar los 6.500 millones de libras esterlinas de recortes que él proponía. También disipó algunos malentendidos. Los ministros tuvieron que reconocer que no estábamos cortando hasta el hueso, sino simplemente tirando de las riendas del aumento planeado por los laboristas y compensando en parte otros aumentos que la creciente recesión hacía casi inevitables.

Los planes previamente anunciados por los laboristas habrían aumentado los gastos de 1979-1980 en un 2 o un 3 por ciento sobre el nivel de 1978-1979, llegando en 1980-1981 al 5 por ciento, en el evidentemente erróneo concepto de que la economía crecería entre el 2 y el 3 por ciento anual. Y no se trataba de que los laboristas fueran los únicos en pensar así. Hacienda solía publicar un gráfico fascinante, el llamado puercoespín, en el cuál los pronósticos del crecimiento económico en los sucesivos informes oficiales del gasto público siempre subían, pareciéndose el gráfico a las púas de los puercoespines, mientras que el curso real del crecimiento económico se abstenía de aumentar más de un escalón. Esto constituía una ilustración muy gráfica —nunca mejor dicho— de las presunciones excesivamente optimistas en que se basaron, año tras año, los pasados planes del gasto público. Yo estaba decidida a no añadir otra serie de púas.

En este caso, los planes laboristas habrían supuesto en 1980-1981 un gasto de 5.000 millones de libras esterlinas, que tendría que haberse financiado al margen de un crecimiento que no se produciría. Además, este exceso venía agravado por un aumento previsto del 18 por ciento en el índice de salarios del sector público, que costaría otros 4.500 millones de libras esterlinas. Para compensar lo creciente de estas obligaciones, teníamos que encontrar la manera de hacer recortes importantes. Teníamos que hacer reducciones por valor de 6.500 millones de libras esterlinas en el plan de gastos del año fiscal 1980-1981, simplemente para mantener el PSBR de ese año en 9.000 millones de libras, cifra ya excesivamente alta per se. Pero los wets seguían oponiéndose a los recortes, tanto en el Gabinete como mediante oscuras y desvergonzadas filtraciones a The Guardian.

No fue hasta finales de julio cuando el Gabinete se obligó a tomar las necesarias decisiones. Las conclusiones tenían grandes fisuras. Aun así, decidimos que lo más sabio era esperar al otoño y publicar todas las cifras en la Evaluación correspondiente. Habíamos puesto en práctica algunas decisiones difíciles en esos tres primeros meses. Con todo, era sólo un comienzo.

Durante el verano la situación económica empeoró. En agosto, a la vuelta de mi primera reunión Cumbre de la Commonwealth, en Lusaka, me recibió Geoffrey Howe con un estudio general de la economía que con todo derecho presentó como «no muy alegre». Era muy probable que el paro comenzara a aumentar a medida que la recesión mundial se iba profundizando. La inflación estaba acelerándose. Nuestra competitividad había empeorado con la apreciación de la libra esterlina y los altos costes salariales que presionaban cada vez más la industria. Nos preocupaba cada vez más lo que implicaban los aumentos salariales en cuanto a repercusión en el paro y quiebras empresariales. Pedí que reuniéramos e hiciéramos circular, para general conocimiento, ejemplos de sueldos excesivos que elevaban en demasía el precio de los bienes, desplazándolos así del mercado y destruyendo puestos de trabajo.

En septiembre retomamos el tema del gasto público. No sólo teníamos que publicar las conclusiones a que habíamos llegado en junio, sino también nuestros planes anuales hasta 1983-1984. Y eso significaba economizar más. Decidimos con un nuevo impulso reducir el desperdicio y la cifra de funcionarios de la Administración. También acordamos importantes aumentos en el precio de la electricidad y del gas (que los laboristas mantenían artificialmente bajos), para que entraran en vigor a partir de octubre de 1980. La electricidad aumentaría un 5 por ciento y el gas un 10 por ciento, muy por encima de la inflación.

El Libro Blanco, con el Informe Oficial de Gasto Público 1980-1981, fue publicado, como correspondía, el 1 de noviembre. Este proyecto de gasto público hacía honor a nuestra promesa de aumentar los gastos de Defensa, Ley y Orden y Seguridad Social (reflejando un aumento récord de las pensiones del año). También contendría el gasto público de 1980-1981 al mismo nivel que en 1979-1980. Pese a que la reducción de unos 3.500 millones de libras esterlinas del proyecto laborista fue denunciado como draconiano, lo cierto es que no bastaba. Esto era evidente no sólo para mí, sino también para el mercado financiero, ya preocupado por el exceso del crecimiento monetario.

También en este caso parecíamos estar subiendo por la escalera de bajada. El 5 de noviembre Geoffrey Howe vino a verme. El volumen de la oferta monetaria superaba con creces el objetivo, sobre todo debido a que el PSBR y los préstamos bancarios eran más altos de lo previsto. El PSBR había quedado afectado por una huelga que impidió el pago de los recibos telefónicos y otra que interrumpió los del IVA. Las compañías solicitaban préstamos para pagar los convenios salariales por no poderlos cumplir de otro modo. Los tipos de interés estaban subiendo en el extranjero. Y las cifras del gasto público, tal como yo había sospechado, eran demasiado altas para el mercado. Se cernía sobre nosotros una crisis financiera. En la época de Denis Healey esto hubiera provocado un paquete fiscal o «mini presupuesto». Pero no dudamos en rechazar esa posibilidad. La respuesta acertada consistía en subir los tipos de interés o en reducir el gasto público, sin ocuparse vanamente en controlar la demanda fiscal.

De modo que el 15 de noviembre aumentamos el tipo mínimo de interés (Mínimum Lending Rate, MLR, sucesor de la tasa interbancaria) al 17 por ciento. (Medida por el IPC, la inflación ya rondaba el 17,4 por ciento). También se hizo pública otra serie de medidas destinadas a proveer fondos para el PSBR.

Poco después el Gabinete retomó la discusión, centrada sobre todo en la seguridad social[15]. Tanto por razones de gasto público como para solucionar el tema del «para qué trabajar», es decir para ampliar la diferencia entre el salario mínimo y el seguro de desempleo, por lo que ya habíamos acordado establecer un impuesto sobre los beneficios sociales de corto plazo lo antes posible. Mientras tanto decidimos reducir esos beneficios —los correspondientes a paro, enfermedad, maternidad e invalidez— en un 5 por ciento. El llamado suplemento en función de los ingresos (pagadero junto con ciertos beneficios a corto plazo) quedaría reducido a partir de enero de 1981, para desaparecer definitivamente en enero de 1982. También decidimos introducir una ley referente al delicado tema de los subsidios extraordinarios para las familias de los huelguistas. No sólo resultaban caros de atender, sino que en los conflictos industriales hacían que la balanza se inclinara en contra de los empresarios y de los líderes sindicales con sentido de la responsabilidad. En lo futuro, las 12 libras esterlinas semanales saldrían de los propios recursos de los huelguistas, o del salario de huelga del sindicato. Finalmente acordamos una serie de ahorros diversos en alojamiento, en gastos de sostenimiento de la Agencia de Servicios a la Propiedad, ganando algo por el aumento a una libra de la sobretasa por receta médica.

Cuando Geoffrey Howe presentó de su segundo presupuesto, el 26 de marzo de 1980[16], pudo anunciar un ahorro de 900 millones de libras esterlinas más para el año fiscal 1980-1981 (aunque parte de esos ahorros quedara absorbida por el aumento de la reserva para contingencias). En general, a precios actuales, esto significaba un ahorro de 5.000 millones de libras esterlinas respecto del gasto previsto por los laboristas. En esas circunstancias, era un logro formidable, aunque frágil. Según se iba hundiendo progresivamente la economía en la recesión, surgirían nuevas exigencias —difíciles de rechazar, en algunos casos— de aumento en algunos programas de gasto público (por ejemplo el de seguridad social, o la conveniencia de compensar las pérdidas de ingresos que proporcionaban las industrias nacionalizadas por los laboristas). En un folio que me pasó, John Hoskyns empleó una frase memorable sobre los Gobiernos «que tratan de armar su tienda de campaña en mitad de un corrimiento de tierra». Cuando entramos en las rondas de discusión del gasto público para 1980-1981, las perspectivas habían empeorado: la lona crujía, los vientos se tensaban, la tierra temblaba.

ATENTADOS TERRORISTAS IRLANDESES

La segunda mitad de 1979, aunque en ella predominaron las preocupaciones por la política económica e intensas rondas de actividad diplomática[17], se vio también oscurecida por el terrorismo. Sólo quince días después de haber tomado posesión del Número 10, hube de pronunciar unas palabras en el Memorial Service for Airey Neave (funeral en memoria de Airey Neave). Poco después los terroristas del IRA llevaron a cabo otro atentado con bomba que conmocionó al mundo entero.

El lunes 27 de agosto me encontraba en Chequers, por ser fiesta, cuando me enteré del terrible asesinato de lord Mountbatten y de dieciocho soldados británicos, en el mismo día. Lord Mountbatten fue asesinado haciendo explotar su barco en la costa de Mullaghmore, condado de Sligo. Hubo tres muertos y tres heridos más entre las personas que lo acompañaban.

Violando de toda costumbre civilizada, el asesinato de nuestros soldados fue todavía más despreciable. Dieciocho resultaron muertos y cinco heridos en la doble explosión activada por control remoto en Narrow Water, Warrenpint, cerca de Newry, junto a la frontera con la República de Irlanda. El IRA hizo estallar la primera bomba y luego esperó a que llegara el helicóptero de salvamento a rescatar a sus compañeros para detonar la segunda. Entre los asesinados por la segunda bomba se encontraba el oficial en jefe de los Queen’s Own Highlanders.

Las palabras siempre resultan insuficientes para condenar este tipo de atentados, por lo que de inmediato decidí ir a Irlanda del Norte para demostrarle al ejército, la policía y los civiles que comprendía la escala de la tragedia y para evidenciar nuestra inquebrantable voluntad de no ceder al terrorismo. Habiendo regresado a Londres desde Chequers, permanecí allí el martes, para permitir a quien correspondiera que se ocupase de las secuelas inmediatas, mientras yo mantenía dos reuniones con colegas para analizar las necesidades de la provincia en materia de seguridad. Esa noche escribí personalmente a las familias de los soldados muertos en los atentados. No eran cartas fáciles de redactar. Desgraciadamente tuve que escribir muchas más durante mi mandato.

Volé al Ulster el viernes por la mañana. Por razones de seguridad, no se dio publicidad previa a la visita. Fui primero al Musgrave Park Hospital, en Belfast, a visitar a los soldados heridos, y luego fui al ayuntamiento a ver al alcalde de Belfast. Afirmé con insistencia que debía entrar en contacto con los ciudadanos de a pie de su municipio, y puesto que el mejor modo de conseguirlo era caminar por el centro comercial de Belfast, allí me dirigí. Nunca olvidaré la manera en que me acogieron. Es extremadamente emocionante recibir expresiones de buenos deseos de gente que sufre. Nunca se sabe bien cómo responder. Pero recogí entonces la impresión, que nunca tuve razones para modificar, de que la gente del Ulster jamás se inclinaría ante la violencia.

Tras almorzar de bufé con los militares de todas las graduaciones, pertenecientes a la 3 Brigade, el ejército me dio la novedad y a continuación me dirigí en helicóptero a lo que adecuadamente se denomina «el país de los bandidos», el sur de Armagh. Trajeada con la chaqueta de camuflaje que usaban las mujeres soldado del regimiento de Defensa del Ulster (hecha un greenfinch —verderón—), antes de regresar en helicóptero vi el puesto del RUC (Real Policía Uniformada del Ulster) de Crossmaglen, el más atacado de la provincia, destrozado ahora por la bomba. Es muy peligroso, tanto para las personas como para los helicópteros, permanecer en esas zonas.

Mi última visita fue a los cuarteles de Gough, base del RUC en Armagh, a la que siguió el vuelo de vuelta a las seis de esa tarde. Es difícil transmitir el coraje de las fuerzas de seguridad, cuya tarea consiste en proteger nuestras vidas del terrorismo. En especial los miembros del UDR (Regimiento de Defensa del Ulster) que desempeñan su misión viviendo en la misma comunidad, donde ellos y sus familias siempre se hallan en posición vulnerable, y que dan muestras, como sin prestarle atención, de un callado heroísmo que nunca dejé de admirar.

De vuelta en Londres, proseguimos con nuestras urgentes discusiones sobre seguridad. Dos temas principales se imponían: cómo mejorar la dirección y coordinación de nuestras operaciones de seguridad en la provincia del Ulster y cómo lograr más cooperación de la República Irlandesa en temas de seguridad. Con respecto a lo primero, decidimos que las dificultades de coordinación de información entre el RUC y el ejército podrían solucionarse mejor si creábamos una dirección de seguridad de alto nivel. Respecto a lo segundo, acordamos que yo abordaría al primer ministro irlandés, Jack Lynch, en cuanto llegara al funeral de lord Mountbatten.

De manera que hicimos los arreglos pertinentes para tener un día de conversación con el señor Lynch y sus colegas ministeriales en el Número 10, que quedó fijado para la tarde del miércoles 5 de septiembre. La primera sesión fue un tête á tête entre los dos primeros ministros. Después, a las cuatro de la tarde se nos unieron nuestros respectivos ministros y funcionarios.

Lynch, por su parte, no tenía ninguna sugerencia especial que hacer. Cuando planteé la importancia de la extradición de los terroristas refugiados en la República de Irlanda, contestó que su Constitución lo dificultaría mucho. Y especificó que, según la ley irlandesa, los terroristas podían ser juzgados en la República por ofensas cometidas en el Reino Unido. Entonces pedí que los funcionarios del RUC —que tendrían que obtener pruebas para el buen desarrollo de tales procesos— fueran autorizados a asistir a los interrogatorios de los sospechosos de terrorismo en el Sur. Prometió «estudiar el tema». Yo sabía bien lo que eso quería decir: no hacer nada. Solicité la ampliación de los convenios existentes para que nuestros helicópteros pudieran atravesar las fronteras por las que los terroristas iban y venían a su antojo. También prometió estudiarlo. Propuse una mejor comunicación tanto entre el RUC y el Garda como entre los ejércitos británico e irlandés. La misma respuesta. En determinado momento me exasperé tanto que pregunté si había algo que el Gobierno irlandés estuviera dispuesto a hacer. Aceptaron que se celebrase una reunión posterior entre ministros y funcionarios, pero había una fatal carecía de voluntad política para tomar medidas severas. Sin embargo yo estaba decidida a seguir presionando a la República de Irlanda. No podía olvidar que ya había 1.152 civiles y 543 miembros de las fuerzas de seguridad asesinados por la acción de los terroristas.

Tampoco dejamos pasar la oportunidad de utilizar la repulsa que las matanzas habían provocado en Estados Unidos para informar sobre la realidad de la vida en el Ulster. Los sentimientos y el patriotismo de millones de buenos norteamericanos de origen irlandés eran manipulados por los extremistas republicanos irlandeses, que lograban pintar el terrorismo con unos rasgos de romántica respetabilidad que la sórdida realidad contradecía. Como resultado, había un continuo flujo de fondos y armas que ayudaban al IRA a proseguir con sus actividades, mientras en 1979 nos veíamos enfrentados a la absurda situación de que el Departamento de Estado frenara la compra de 3.000 revólveres para el RUC por presiones del lobby de los republicanos irlandeses en el Congreso.

Volví a visitar el Ulster en Nochebuena. Esta vez me reuní con funcionarios de prisiones de Irlanda del Norte, y también con las fuerzas de seguridad. Porque los funcionarios de prisiones también estaban siempre en grave peligro y trabajaban en unas condiciones espantosas. Desde marzo de 1978 venían padeciendo las consecuencias de la llamada «protesta sucia»[18] de más de 350 terroristas presos, que exigían trato de favor y privilegios especiales. Diecisiete funcionarios de la cárcel habían sido asesinados en el transcurso de los últimos cuatro años, los siete últimos en los tres meses anteriores. Lo que, en comparación, hacía parecer bastante triviales los problemas de la vida política.

CAPÍTULO III

Dentro del torbellino

Relaciones exteriores durante los primeros dieciocho meses (1979-1980)

GRAN BRETAÑA Y LA COMUNIDAD EUROPEA

Había realizado varias visitas políticas al extranjero antes de ser primera ministra, viajando en numerosas ocasiones a la Unión Soviética, Estados Unidos, Alemania, Israel y Australia. Disfrutaba de estos viajes, siempre que hubiera mucho para leer, gente interesante que conocer y estuviéramos haciendo una labor útil.

Pero indudablemente es muy distinto viajar en calidad de primera ministra acompañada por un equipo altamente profesional de asesores, generalmente con un programa agitado, y entrevistándome con jefes de gobierno en términos de igualdad.

Familiarizarme con este nuevo papel no me resultó más fácil por el hecho de que a las pocas de semanas de ocupar mi cargo tuviera que enfrentarme al problema de la excesiva aportación británica al presupuesto de la Comunidad Europea (CE), algo que requería duras negociaciones desde una posición difícil y el empleo de tácticas diplomáticas que a muchos les parecían muy poco diplomáticas. Tampoco era nuestra aportación al presupuesto la única fuente de controversia dentro de la CE, ni siquiera en esos primeros días.

Con el tiempo vi claramente que existían visiones auténticamente diferentes respecto al futuro de Europa.

Poco después de tomar posesión de mi cargo se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo, que en aquellos tiempos se conocía por «Asamblea Europea», denominación que quizá dé una impresión más acertada de cuál era su limitado papel. En el transcurso de la campaña pronuncié un discurso en que subrayaba mi visión de la Comunidad como fuerza de libertad:

Creemos en una Europa libre, no en una Europa uniforme. Si reducimos la variedad entre los Estados miembros, empobreceremos a toda la Comunidad […].

A continuación dije:

Insistimos en que las instituciones de la Comunidad Europea se gestionen para contribuir a la mayor libertad de los individuos en todo el continente. No debemos permitir que estas instituciones degeneren en burocracia. Allí donde no sirvan para hacer más amplia la libertad, deben ser sometidas a crítica, de modo que el equilibrio vuelva a establecerse.

No obstante, siempre ha existido una tendencia contraria en la Comunidad: intervencionista, proteccionista, y en última instancia, federalista. La profundidad del contraste entre estas dos visiones de Europa sólo se haría del todo aparente al cabo de los años. Pero nunca se mantuvo muy oculta y yo siempre fui consciente de ella.

También era muy consciente de otro rasgo de la CE, que había sido evidente desde sus inicios, que seguía conformando su desarrollo y que reducía la capacidad de Gran Bretaña para influir en los acontecimientos: me refiero a la estrecha relación entre Francia y Alemania. En algún momento puede haber dado la impresión de que dicha relación dependía de las relaciones personales —entre Giscard y Schmidt, o entre Mitterrand y Kohl—, pero lo cierto es que se explicaba mejor en términos de historia e intereses a largo plazo. Durante mucho tiempo Francia ha temido el poder de Alemania, y ha albergado la esperanza de que por medio de la superior inteligencia gala el poder pudiera reconducirse en sentidos más favorables para los intereses franceses. Alemania, por su parte, sabe que aunque haya hecho una aportación a la CE considerablemente más significativa en términos financieros y económicos que la de cualquier otro Estado, ha recibido ingentes beneficios a cambio, en forma de respetabilidad e influencia internacionales. El eje franco-alemán seguiría siendo un factor a tener en cuenta, y más adelante diré más respecto a este tema.

EL CONSEJO EUROPEO DE ESTRASBURGO

Mi primer Consejo Europeo se celebró en Estrasburgo el 21 y el 22 de junio de 1979. Francia era el país anfitrión de las conversaciones. Se había elegido Estrasburgo en reconocimiento de la nueva importancia del Parlamento Europeo (que celebra allí dos tercios de sus sesiones), tras unas elecciones en que los conservadores habían conquistado 60 de 78 escaños británicos.

Confiaba en que el canciller Schmidt hubiera sacado de nuestras conversaciones anteriores la clara impresión de que yo estaba resuelta a luchar para que la contribución presupuestaria neta de Gran Bretaña se viera grandemente reducida. Y esperaba que le transmitiera el mensaje al señor Giscard, que presidía la cumbre; ambos eran antiguos ministros de Finanzas y deberían comprender claramente el punto de vista británico. (Tampoco pude evitar observar que se hablaban en inglés: pero tuve el tacto de no hacer ningún comentario al respecto).

El origen del problema presupuestario de Gran Bretaña tiene una explicación sencilla, aunque los detalles exactos eran enormemente complicados. En la época de la negociación de la entrada de Gran Bretaña en la CE se nos había asegurado (como yo seguiría recordando a los demás Estados miembros) que:

Si se producía una situación inaceptable dentro de la Comunidad actual o de una Comunidad ampliada, la propia supervivencia de la Comunidad exigiría que las instituciones [comunitarias] buscaran soluciones equitativas. [La cursiva es mía].

La razón por la que había hecho falta esta garantía era que el modelo comercial de Gran Bretaña, único en el mundo, la convertía en un importantísimo contribuyente al presupuesto comunitario: tan importante que de hecho la situación se hacía inaceptable. Tradicionalmente, importábamos muchos más productos procedentes de países no comunitarios que los demás Estados miembros, especialmente alimentos. Esto suponía que aportábamos al presupuesto comunitario, en forma de tarifas, mucho más dinero que los demás. De modo muy distinto, el presupuesto comunitario tiene una fuerte tendencia a apoyar a la agricultura por medio de la Política Agrícola Común (PAC); de hecho, cuando empezamos a gobernar, más del 70 por ciento del presupuesto se dedicaba a este fin. La gestión del PAC era —y sigue siendo— ruinosa. El fenómeno del dumping (venta de excedentes a países no comunitarios a precios inferiores a los aplicados dentro de la Comunidad) distorsiona el mercado mundial de alimentos y amenaza la supervivencia del libre comercio entre las principales economías. La economía británica depende menos de la agricultura que la mayoría de los países comunitarios, y nuestras explotaciones agrícolas suelen ser mayores y funcionan mejor que las de Francia y Alemania; en consecuencia, recibimos menos subvenciones que ellos. En un principio, Gran Bretaña recibía una proporción más justa de los fondos de los programas comunitarios no agrícolas (como por ejemplo los fondos regionales y sociales), pero el crecimiento de estos programas se había visto frenado por el poder del lobby agrícola en Europa y por la recesión internacional.

El gobierno laborista anterior había publicado a grandes voces la «renegociación» de los términos en que Gran Bretaña había ingresado en el Mercado Común. En 1975 se había elaborado un Mecanismo Financiero, en principio para limitar nuestra aportación; pero nunca se había puesto en marcha, y nunca se pondría, a no ser que cambiaran las condiciones originalmente acordadas. Como resultado, nunca hubo un acuerdo cuyo cumplimiento pudiéramos exigir a nuestros socios comunitarios.

Otro proceso había empeorado nuestra posición global: la prosperidad relativa de Gran Bretaña respecto a nuestros vecinos europeos había sufrido un continuo descenso. A pesar del petróleo del Mar del Norte, en 1979 Gran Bretaña se había convertido en uno de los miembros menos prósperos de la Comunidad, ocupando tan sólo el séptimo puesto entre los países comunitarios de renta per capita más elevada.

De modo que desde el principio mi política fue procurar limitar los daños y las distorsiones provocadas por el PAC y aportar realismo financiero a los gastos comunitarios. Pero en la reunión del Consejo en Estrasburgo también tenía dos objetivos a corto plazo. En primer lugar, quería tratar la cuestión presupuestaria ahora y lograr que se aceptara la necesidad de hacer algo, aunque sin entrar en demasiados detalles por el momento. En segundo lugar, quería afianzar un firme compromiso por parte de los demás jefes de Gobierno de que en la próxima reunión del Consejo en Dublín la Comisión expondría sus propuestas para resolver el problema.

Durante el almuerzo expuse mis pretensiones al presidente Giscard, y saqué la clara conclusión de que podríamos tratar el tema del presupuesto en los primeros momentos de la reunión. A continuación el grupo entero fue dando un paseo hasta el Hotel de Ville por las estrechas y atractivas calles de Estrasburgo. Se palpaba la bonhomie.

Pero al reanudarse el trabajo, pronto quedó claro que el presidente Giscard pensaba atenerse a su agenda anterior, a pesar de lo que me había dado a entender. Al menos estaba bien documentada y tomé parte activa en el debate sobre energía y la economía mundial. Señalé que Gran Bretaña no se había echado para atrás a la hora de tomar las difíciles decisiones necesarias para sobrellevar estas dificultades, y que estábamos efectuando grandes recortes en el gasto público. Para las siete menos veinte de aquella tarde habíamos decidido que, a ser posible, mantendríamos las importaciones de petróleo entre 1980 y 1985 en un nivel no superior al de 1978. Habíamos acordado que subrayaríamos la importancia de la energía nuclear. Nos habíamos comprometido a mantener la lucha contra la inflación. Supongo que de manera inevitable, nos habíamos comprometido a decir algo sobre la «convergencia» entre los diversos rendimientos económicos de los Estados miembros (un término clásico de la eurojerga). De hecho, habíamos tratado de casi todo menos de lo que yo más deseaba: el tema presupuestario.

Afortunadamente, estaba advertida de lo que podía ocurrir a continuación. El presidente Giscard propuso que como se estaba haciendo tarde y teníamos que arreglarnos para la cena, convendría debatir el tema del presupuesto al día siguiente. ¿Estaba de acuerdo la primera ministra británica? De modo que así fue como tuve que decir que no en mi primer Consejo Europeo. Al final es probable que lo avanzado de la hora obrara en mi favor: con frecuencia es más fácil llegar a conclusiones cuando el tiempo aprieta y la gente está pensando en la perspectiva de la haute cuisine francesa y los grands crus. Expliqué claramente los hechos, y éstos eran sin duda alguna muy elocuentes. Se acordó que en el comunicado se incluirían instrucciones a la Comisión para que preparara propuestas a fin de que el próximo Consejo tratara el asunto. Y con un poco de retraso, dimos por finalizada la reunión y nos fuimos a cenar. El debate nunca deja de despertar el apetito.

En estas reuniones, la costumbre era que los jefes de Gobierno y el presidente de la Comisión cenaran juntos; los ministros de Asuntos Exteriores formaban grupo aparte. También era costumbre hablar de asuntos internacionales. La situación de los barcos atestados de fugitivos vietnamitas era un tema que, por supuesto, preocupaba directamente a Gran Bretaña. Otro tema era el de Rodesia. También resulta interesante observar que ya entonces estábamos debatiendo el eterno problema de la balanza comercial japonesa.

Estrasburgo produjo un resultado tangible: quedaba introducida en el orden del día la cuestión de la injusta aportación presupuestaria de Gran Bretaña. Creí haber dado la impresión de hablar en serio, y luego supe que no me equivocaba. También fue en Estrasburgo donde oí a un funcionario gubernamental extranjero hacer un comentario aislado que me gustó mucho: «Ya está otra vez aquí Gran Bretaña», fue lo que dijo.

LA CUMBRE DE TOKIO DEL G7

Muchos de los asuntos más generales tratados en Estrasburgo volvieron a plantearse poco después en el entorno aún más espléndido de la cumbre económica de las siete grandes potencias industriales (el Grupo de los Siete, o G7) en Tokio En cuanto hube acabado mi informe sobre el Consejo de Estrasburgo para la Cámara de los Comunes, salimos camino de Heathrow para emprender el largo vuelo a Japón, Sabía que el precio del petróleo y sus efectos sobre la economía sería la prioridad del orden del día. Estaba bien documentada. Tenía a mi disposición lo mucho que Denis sabía sobre la industria petrolífera, y también había recibido un concienzudo informe de manos de los expertos petrolíferos con los que acababa de almorzar en Chequers. Conocían el negocio petrolífero a fondo; por el contrario, en Tokio me encontraría con que los políticos que pensaban que podían limitar el consumo de petróleo estableciendo planes y objetivos no tenían un gran entendimiento práctico del mercado.

Aproveché la oportunidad para hablar de otros temas igualmente importantes de camino a Tokio. Habíamos recabado autorización de la Unión Soviética para acortar el viaje a Japón sobrevolando Rusia. El avión aterrizó en Moscú para repostar, y allí me recibió el primer ministro soviético, Alexei Kosygin, quien interrumpió una reunión de primeros ministros comunistas para acudir al aeropuerto. Para mi sorpresa, nos habían preparado un banquete en el aeropuerto. La hospitalidad en la Unión Soviética siempre se mostraba generosa con las visitas importantes: existían dos mundos, uno para dignatarios extranjeros y la élite del partido, con toda clase de lujos, y otro para la gente de la calle, con sólo las mercancías más elementales, y no muy abundantes.

Pronto descubrimos lo que había detrás de tanta atención por parte de los soviéticos. Querían conocer mejor a la «Dama de Hierro», como me había bautizado su agencia de prensa oficial, Tass, tras un discurso que pronuncié cuando aún era líder de la oposición.

En las relaciones entre Este y Oeste reinaba la calma previa a una enorme tormenta política. So capa de la distensión, los soviéticos y sus vicarios comunistas llevaban varios años aplicando una política de agresión encubierta, a la vez que Occidente bajaba la guardia. En Tokio encontraría más pruebas del exceso de confianza de la Administración Carter en la buena voluntad de la Unión Soviética. El segundo Tratado para la Limitación de Armas Estratégicas (SALTII) se había firmado sólo unos días antes. Incluso se llegó a hablar de un SALT III, pero el ánimo estaba a punto de cambiar, ya que faltaban menos de seis meses para que la Unión Soviética invadiera Afganistán.

Aunque no hablamos de temas de defensa, el asunto más delicado que traté con el señor Kosygin fue la situación de los refugiados vietnamitas, cientos de miles de los cuales estaban abandonando Vietnam en barco. Eran víctimas de una feroz represión, tan terrible como para obligarles a vender todas sus pertenencias, abandonar sus hogares y arriesgar sus vidas navegando en barcos sobrecargados y peligrosos, sin garantía alguna de supervivencia. Gran Bretaña poseía una gran marina mercante y, naturalmente, nuestros barcos recogían a estos trágicos fugitivos del comunismo para salvarles de los peligros del naufragio y la piratería. Las leyes de la navegación dictan que los supervivientes de un naufragio pueden ser desembarcados en el próximo puerto de escala. Pero con frecuencia ocurría que en el próximo puerto —Singapur, Malasia o Taiwan— se negaban a recibirlos, si no mediaba nuestra promesa de que los refugiados serían luego trasladados a Gran Bretaña. En nuestro país aún estábamos viviendo todas las presiones sociales y económicas de las inmigraciones del pasado, y, en consecuencia, no deseábamos adquirir tal compromiso. Los propios refugiados se negaban a desembarcar en Cantón: estaban hartos de comunismo. Esto significaba que Hong Kong se convertía en su primer destino elegido, con la esperanza de seguir luego hacia EE. UU. o algún otro país occidental. Los comunistas, por supuesto, sabían perfectamente que esta avalancha de emigración suponía un costoso compromiso para Occidente y sin duda tenían la esperanza de que pudiera desestabilizar a otros países de la región.

Planteé al señor Kosygin que Vietnam era un país comunista, estrecho aliado de la Unión Soviética, y que él ejercía una influencia considerable en la zona. Lo que estaba ocurriendo era una vergüenza, no sólo para el régimen del Vietnam, sino también para el comunismo en general. ¿No podía hacer nada para frenarlo? Un intérprete me tradujo su respuesta: «Bueeeno», dijo (o su equivalente en ruso), «todos son drogadictos o delincuentes…». No prosiguió. «¿Qué?» dije yo. «¿Un millón de delincuentes y de drogadictos? ¿Tan nefasto es el comunismo que un millón de personas se ven obligadas a consumir drogas o a robar para poder vivir?». Abandonó el tema inmediatamente. Pero mi mensaje había quedado claro, tal y como indicaban las expresiones nerviosas en las caras de sus ayudantes (y de algunos de los míos). No logré frenar la avalancha de refugiados perseguidos, pero sí pude plantar cara a las mentiras con que los comunistas procuraban justificar su persecución, algo que más adelante seguirían haciendo. Tras una hora y cuarenta minutos de visita regresamos al avión y reanudamos el vuelo hacia Tokio. Más adelante remití el asunto a las Naciones Unidas; era demasiado complejo para que lo tratara aisladamente un solo país.

La ronda de cumbres internacionales hace que la vida de un primer ministro de hoy en día sea muy diferente de como era en tiempos de Anthony Eden, Harold Macmillan o Alec Douglas-Home. Cuando estaba en la oposición me había parecido bastante dudoso el valor de gran parte de esta actividad. Una vez en el Gobierno, me preocupaba que estas cumbres pudieran acaparar mi tiempo y mis energías, sobre todo cuando había tanto por hacer en casa: a los pocos meses de ocupar mi cargo ya había ido a Estrasburgo en representación de Gran Bretaña para tratar asuntos comunitarios, había visitado Tokio para representar al país en un foro económico más global, y pronto acudiría a Lusaka para la reunión de los jefes de Gobierno de la Commonwealth.

El G7 tenía sus raíces en la acción internacional emprendida para contrarrestar la crisis económica de mediados de los setenta. La primera reunión se celebró en 1975 en Rambouillet, en Francia. Desde entonces, el número de asistentes y la solemnidad de los procedimientos han ido aumentado de año en año, y no precisamente para mejor. El canciller Schmidt hizo un buen resumen de sus principales ventajas e inconvenientes. En su opinión, las cumbres del G7 habían servido para que Occidente evitara lo que él llamaba tácticas de «empobrecer al vecino», es decir, las devaluaciones competitivas y el proteccionismo que tantos perjuicios causaron en los años treinta. Sin embargo, también opinaba que con demasiada frecuencia las cumbres habían caído en la tentación de comprometerse en cuestiones que después no podían cumplir. Yo estaba de acuerdo. Siempre había presiones a las que determinados Gobiernos cedían con demasiada facilidad, para que se arbitraran fórmulas y ambiciosos compromisos que todos podían aceptar y nadie se tomaba en serio.

No obstante, la vertiginosa subida del precio del petróleo otorgaba a la cumbre económica de Tokio de 1979 una importancia fuera de lo común. De hecho, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (la OPEP, el cártel de los principales productores de petróleo), se reunía en las mismas fechas que el G7, donde estaban sus principales clientes[19]. Durante nuestra estancia en Tokio, el precio de un barril de petróleo Saudita subió de 14,54 a 18 dólares, con muchos crudos de la OPEP incluso por encima de estos precios. En consecuencia, todas las conversaciones giraron en torno a la manera de limitar la dependencia occidental del petróleo y se debatieron objetivos engañosamente específicos con plazos concretos. Pero yo sabía que la mejor manera de reducir el consumo era permitir que el mecanismo de precios cumpliera con su cometido. En caso contrario, el peligro era que los países procuraran adaptarse a la subida de precios por medio de la emisión de moneda, lo cual conduciría a la inflación, con la esperanza de evitar la recesión y el desempleo. En Gran Bretaña ya habíamos comprobado que la inflación causa más desempleo del que ayuda a combatir, pero no todos habían aprendido la lección.

La cumbre anterior se había celebrado en Bonn, en 1978, cuando aún estaba de moda la doctrina de la «sintonización fina de la demanda». En aquella ocasión se esperó que Alemania actuara, como rezaba la jerga del momento, a modo de «locomotora» del crecimiento, tirando del mundo para que saliera de la recesión. Como el canciller Schmidt declararía a los líderes de la cumbre de Tokio, el principal resultado consistió en el aumento de la inflación en Alemania: no volvería a cometer ese error. A Bonn no habían asistido nuevos jefes de Gobierno, y habían prevalecido las antiguas panaceas. En Tokio, por el contrario, había tres recién llegados: el primer ministro japonés y presidente de la reunión, el señor Ohira, el nuevo primer ministro de Canadá, Joe Clark, y yo. Además de mí misma, los principales defensores de la economía de libre mercado eran Helmut Schmidt y, aun en mayor medida, el conde Otto von Lambsdorff, su ministro de Finanzas.

Al bajar del avión en el aeropuerto de Tokio, tuve que atravesar una enorme multitud de periodistas (en aquella época unos dos mil periodistas asistían a estas cumbres, y ahora son todavía más numerosos). Habían acudido para ver de cerca ese fenómeno extraordinario, casi sin precedentes: un primer ministro de sexo femenino. Hacía un tiempo muy caluroso y húmedo. Las medidas de seguridad eran muy rigurosas. Me alegré de llegar al hotel, donde se alojaba la gran mayoría de los delegados extranjeros, a excepción del presidente de los Estados Unidos. Poco después de llegar, me entrevisté con el presidente Carter en la Embajada de Estados Unidos, donde hablamos de nuestro enfoque de los temas que surgirían, especialmente el consumo energético, que planteaba un problema muy especial —y de importantes implicaciones políticas— para Estados Unidos. La señora Carter y Amy se unieron a nosotros al finalizar la reunión. A pesar de las críticas de la prensa, a los Carter evidentemente les encantaba que su hija viajara con ellos (y por qué no, me dije yo).

Era imposible no sentir simpatía por Jimmy Carter. Practicaba un cristianismo profundamente comprometido, y era un hombre de evidente sinceridad. También poseía una destacada capacidad intelectual, con un dominio, poco corriente entre los políticos, de la ciencia y del método científico. Pero había accedido a su cargo más a consecuencia del Watergate que porque hubiera convencido a los norteamericanos de lo acertado de su análisis del mundo que les rodeaba.

Y efectivamente, ese análisis padecía de graves fallos. No dominaba del todo la economía, y por lo tanto tendía a un intervencionismo informal e inútil cuando aparecían problemas. Sus impuestos sobre beneficios inesperados y sus controles a los precios de la energía, por ejemplo, que fueron concebidos para contrarrestar las subidas de precio generadas por la OPEP, sólo sirvieron para provocar grandes colas en las gasolineras, con el consiguiente fastidio de los ciudadanos. En asuntos exteriores estaba demasiado influido por una doctrina que por aquel entonces iba ganando adeptos en el Partido Demócrata: la que sostenía que se había exagerado la amenaza del comunismo y que la intervención estadounidense en apoyo a dictadores de derechas era casi igual de culpable. De aquí que se viera sorprendido y desconcertado por sucesos como la invasión soviética de Afganistán y el secuestro de diplomáticos norteamericanos en Irán. Y en general no tenía una gran visión del futuro de Estados Unidos, de modo que, ante la adversidad, se veía reducido a predicar la austera doctrina de los límites al crecimiento, que resultaba desagradable e incluso extraña a la mentalidad de los estadounidenses.

Además de estos fallos políticos, en ciertos aspectos su personalidad tampoco era apta para la presidencia; se angustiaba ante las grandes decisiones y le preocupaban demasiado los detalles. Por último, infringió la norma napoleónica de que los generales deben tener suerte. Su presidencia sufrió una persistente racha de mala suerte, desde la OPEP a Afganistán. Con lo que queda demostrado que para dirigir una gran nación no basta con ser una persona decente y practicar la perseverancia. Sin embargo, repito que me gustaba Jimmy Carter, y que fue un buen amigo, tanto mío como de Gran Bretaña; si hubiera accedido al poder en la época posterior a la Guerra Fría, en otra situación mundial, puede que su talento hubiera sido más aprovechable.

Aquella noche se reunieron a cenar los miembros europeos de la cumbre, con el presidente Giscard como anfitrión. Naturalmente, la Comunidad ya había acordado en Estrasburgo su propio planteamiento del tema de la energía. Ahora la cuestión principal era cómo hacer encajar dicho planteamiento con el que pretendían los tres países no comunitarios del G7.

A la mañana siguiente, tras la inevitable sesión fotográfica, empezó la primera sesión de trabajo en la Sala de Conferencias de la segunda planta del Palacio de Akasaka. Las delegaciones se sentaron en torno a una mesa rectangular, distribuidos por orden alfabético inglés; era un sistema que siempre nos resultaba útil, porque nos colocaba junto a Estados Unidos: United Kingdom-United States. La minuciosa organización de las llegadas de los líderes reflejaba las consideraciones de precedencia, de modo que los jefes de Estado llegaban más tarde que los jefes de Gobierno; por otra parte, el orden dentro de cada categoría lo determinaba el tiempo que cada uno llevara en su cargo. Los franceses eran los que más valor daban a la precedencia; para los estadounidenses no tenía valor ninguno; de hecho, ni Jimmy Carter ni Ronald Reagan la tuvieron nunca muy en cuenta. Mientras esperábamos allí sentados, hacíamos cábalas a ver quién conseguía llegar el último.

La reunión empezó, como siempre, con un breve discurso de orden general, pronunciado por cada jefe de Gobierno. El canciller Schmidt habló antes que yo en la primera sesión, y después de mí en la segunda. Descubrimos que ambos subrayábamos los mismos puntos: la importancia de la lucha contra la inflación y el papel esencial del mecanismo de precios en la reducción del consumo de energía. Aparentemente, mis intervenciones fueron bien recibidas, entre otros, por los alemanes, como posteriormente nos informó el conde de Lambsdorff. Quizá fue ésta la ocasión en que más cerca estuvimos de una entente anglo-alemana. Observé que gran parte de nuestras dificultades derivaban del seguimiento de políticas keynesianas, con su énfasis en la financiación deficitaria del gasto público, y subrayé la necesidad de controlar los créditos para combatir a inflación. A continuación, después de que el señor Ohira y el canciller Schmidt adoptaran posiciones parecidas a la mía, el presidente Giscard llevó a cabo una asombrosa intervención en la que salió en animada defensa de lord Keynes, rechazando claramente el enfoque básico del mercado libre, por innecesariamente deflacionario. El señor Andreotti —primer ministro en ese momento, como volvería a serlo en mis últimos tiempos de primera ministra— apoyó el punto de vista francés. Era una reveladora manifestación de las profundas diferencias doctrinales que dividen a la Comunidad.

También resultaba revelador en lo que a las personalidades del presidente Giscard y el primer ministro Andreotti se refiere. Nunca sentí gran simpatía por el presidente Giscard d’Estaing. Y tengo la rotunda impresión de que el sentimiento era mutuo. Ello resulta más sorprendente de lo que parece, ya que tengo debilidad por el encanto de los franceses y, después de todo, el presidente Giscard era considerado un hombre de derechas. Pero era un interlocutor difícil; hablaba en largas parrafadas de prosa perfectamente construida, que no permitían interrupción alguna. Además, su política era muy diferente de la mía: a pesar de sus aristocráticos modales, tenía mentalidad de tecnócrata. Consideraba la política como un deporte de élite del que los ciudadanos podían sacar provecho, pero sin participar en él. Esto quizá tuviera cierto sentido si los tecnócratas realmente fueran guardianes fríos e intelectuales, por encima de las pasiones y los intereses de los demás. Pero el presidente Giscard era tan susceptible como cualquier otra persona de dejarse arrastrar por las modas intelectuales y políticas; lo que él hacía era expresar sus pasiones fríamente.

El primer ministro Andreotti no estaba más en mi longitud de onda que el presidente francés. De hecho, los planteamientos políticos de este hombre —al parecer indispensable en cualquier gobierno italiano que se formara— me resultaban aún más imposibles de admitir que los de Giscard. Daba la impresión de sentir una auténtica aversión a los principios, de hallarse incluso en la convicción de que un hombre de principios está condenado a ser objeto de burlas. Su actitud ante la política era como la de un general del siglo XVIII ante la guerra: una ingente y compleja serie de maniobras para desfile llevada a cabo por ejércitos que nunca acaban de entrar en batalla, y en vez de ello anuncian victorias, rendiciones o acuerdos según la fuerza aparente de cada contendiente, colaborando los enemigos en lo que realmente les importa, que es el reparto del botín. Puede que el sistema italiano necesitara de alguien con talento para el pacto político, y ciertamente era considerado imprescindible dentro de la Comunidad, pero yo no podía evitar sentir cierto rechazo.

Lo hospitalario no quita lo eficaz, y sería difícil excederse en el elogio de la eficacia japonesa en la organización de la conferencia. En un momento dado intervine para aclarar a los funcionarios —los sherpas, suele llamárseles— precisamente cuál de los dos borradores de comunicado, opcionales, estábamos debatiendo. Los sherpas se pusieron a la labor aquella misma noche, mientras nosotros asistíamos a un banquete que nos daba el Emperador de Japón. A eso de las dos de la madrugada, aún en mi traje de noche, fui a ver cómo se las iban arreglando los redactores del comunicado. Los encontré refinando su borrador anterior a la luz de nuestros debates, y preparando formulaciones verbales alternativas en los puntos que sobre los que aún tenían que tomarse decisiones al día siguiente. En aquel momento deseé que nosotros también pudiéramos tomarnos las cosas tan en serio como evidentemente ellos lo hacían.

Al día siguiente volvimos a reunimos en el palacio de Akasaka para repasar el comunicado, lo cual nunca deja de resultar largo y pesado. Había cierto desacuerdo entre norteamericanos y europeos acerca del año que había de servir de punto de partida para establecer nuestros diferentes objetivos en la reducción de importaciones de petróleo. Pero para mí el debate más revelador giraba en torno al objetivo de los japoneses. Hasta prácticamente el último momento no estuvo nada claro que los asesores del señor Ohira le fueran a permitir dar una fecha. A mí, que estaba convencida de que el mercado impondría por sí mismo la necesaria limitación al consumo petrolífero, fueran cuales fueran nuestros planteamientos, me parecía todo muy académico. Cuando al final los japoneses anunciaron sus cifras nadie tenía la menor idea del orden de reducción de que estaban hablando, si alguna había; pero el presidente Carter los felicitó muy calurosamente, de todos modos.

Finalmente se emitió el comunicado y se celebró la habitual conferencia de prensa. La decisión más importante no tenía nada que ver con la limitación del consumo de crudos. Era que, a pesar de las inclinaciones de varios gobiernos del G7, no íbamos a caer en la trampa de intentar conseguir una reflación coordinada de la demanda. Era una señal de interés para el futuro.

Desde Tokio seguí viaje hasta Canberra, donde llegué a la mañana siguiente. Esta era mi tercera visita a Australia, aunque de carácter muy breve. Tuve tiempo de ver a mi hija Carol, que trabajaba allí de periodista, pero mi objetivo principal era hablar con Malcolm Fraser, el primer ministro australiano. Le puse al corriente de lo ocurrido en Tokio. Pero, lo que era aún más importante, hablamos de la próxima Conferencia de la Commonwealth, a celebrarse en Lusaka, donde inevitablemente Rodesia constituiría el tema principal. A lo largo de los ocho meses siguientes, Rodesia acapararía una gran parte de mi tiempo.

CE: EL ACUERDO PRESUPUESTARIO DE 1980

Con la Conferencia de Lancaster aún en curso, tuve que dirigir mi atención de nuevo hacia la controvertida cuestión de cómo negociar una considerable reducción de la aportación neta de Gran Bretaña al presupuesto comunitario. Al fin se habían fijado unas cifras relativas al volumen de la contribución, y por consiguiente ya no era concebible que nadie negara la magnitud del problema. Por otra parte, la Comisión Europea había emitido un informe en el que se indicaba que era posible, según principios comunitarios por todos aceptados, lograr un «equilibrio general» entre las aportaciones y los ingresos británicos. Había, por lo tanto, ciertas bases para el optimismo, pero no me hacía ilusiones sobre la facilidad de acuerdo, y era muy consciente de la posibilidad de que se acudiera a prácticas no muy honradas. Los funcionarios británicos habían transmitido a la Presidencia mi preocupación por las querellas sobre temas de procedimiento que habían caracterizado el anterior Consejo de Estrasburgo, así como mi deseo de que la Presidencia adoptara una línea firme, logrando que el presupuesto se debatiera al principio de la reunión.

Para entonces los Estados miembros de la Comunidad ya sabían que íbamos en serio. El 18 de octubre de 1979 pronuncié en Luxemburgo la Conferencia Conmemorativa de Winston Churchill, que, como requería la ocasión, versó principalmente sobre temas internacionales.

Hice la siguiente advertencia:

Debo ser absolutamente clara al respecto. Gran Bretaña no puede aceptar la actual situación del Presupuesto. Es claramente injusta. Es políticamente indefendible: no puedo seguir haciendo de hada benéfica con la Comunidad mientras a mi propio electorado se le pide que renuncie a toda mejora en el campo de la sanidad, la educación, el bienestar, etc.

También habíamos aprovechado toda oportunidad de hacer comprender más ampliamente nuestro punto de vista. Había hablado con Helmut Schmidt en Bonn a finales de octubre, y el 19 y 20 de noviembre se había celebrado una cumbre de dos días en Londres. Los alemanes y los franceses sabían que iba en serio.

En preparación al Consejo de Dublín, examinamos todas las medidas de que disponíamos para ejercer presión sobre la Comunidad. Christopher Soames, que tenía una gran experiencia de las artimañas de los europeos, me envió una nota explicando que la Comunidad nunca había tenido fama de tomar decisiones desagradables sin largos regateos previos, y que no debía preocuparme demasiado por las bazas con las que contaba, ya que un país importante como Gran Bretaña podía causar grandes trastornos en la Comunidad si así lo deseaba. Tomé nota de sus consejos. En línea con esta mentalidad, ya muy al principio habíamos explorado —como volveríamos a hacer posteriormente— la posibilidad de retener nuestros pagos a la Comunidad. Pero, por consideraciones de orden práctico, y también legal, no parecía posible inclinarse por esta vía. No obstante, me parecía a mí que la mera posibilidad ya causaba un satisfactorio nerviosismo en la Comisión, cuya presión para alcanzar un acuerdo satisfactorio era esencial. También disponíamos de la baza de rechazar las subidas de los precios agrícolas, algo que los Gobiernos de Francia y Alemania —ambos a punto de celebrar elecciones generales— querían conseguir. Nuestra posición moral también se veía fortalecida por el hecho de que los franceses habían violado la normativa comunitaria al obstaculizar las importaciones de cordero británico —el Tribunal Comunitario había dictado sentencia a nuestro favor el 25 de septiembre—, aunque tampoco es que la moralidad cuente gran cosa en el seno de la Comunidad.

En el Consejo siguiente —celebrado en Dublín a finales de noviembre, una vez asumida por los irlandeses la presidencia de la CE— la cuestión de nuestra aportación al Presupuesto dominaba todas nuestras actividades. El evidente riesgo de un atentado del IRA hizo que me tuviera que alojar en condiciones de magnífico aislamiento, en Dublin Castle, antigua sede del Gobierno británico en la isla. A la prensa irlandesa le gustó la idea de que yo durmiera en la misma cama que la reina Victoria en 1897, aunque yo tuve más suerte que ella, porque me instalaron una ducha portátil en la habitación. De hecho, recibí un trato excelente. La hospitalidad quizá fue la mejor característica de la visita, y supuso un fuerte contraste con el ambiente de las reuniones, que era enorme y crecientemente hostil. Algo así me había esperado. Fui a Dublín con un traje recién hecho. En condiciones normales habría disfrutado llevando algo nuevo en una ocasión tan importante como ésta, pero al final cambié de opinión: no quise arriesgarme a que el traje nuevo quedara asociado a una serie de recuerdos desagradables. Y no fue ésta la única sabia decisión que tomé en Dublín: la principal fue la de pronunciar muy claramente, y por lo menos con tanta fuerza como en Estrasburgo, la palabra «no».

El Consejo se inauguró muy cordialmente en Phoenix Park, residencia oficial del presidente irlandés, con un banquete que éste nos ofreció. Luego, en Dublin Castle, nos pusimos manos a la obra. En mi primer discurso expuse los hechos de nuestro caso con algo más de detalle que en Estrasburgo, y luego amplié estos detalles en el animado debate que se celebró a continuación. Hubo mucha discusión sobre las cifras, en cuya raíz había una cuestión oscura y compleja: cómo calcular las pérdidas y ganancias de Estados individuales como resultado del funcionamiento del PAC. Pero cualquiera que fuera el sistema de contabilidad, no había duda de que el Reino Unido estaba haciendo una enorme aportación neta que, a no ser que se aligerase, pronto llegaría a ser la mayor de todas. No pretendíamos convertirnos en beneficiarios netos (aunque no faltasen en Gran Bretaña quienes querían que yo lo consiguiera); de hecho, sólo pedíamos un «equilibrio amplio». Resultaba inaceptable que mientras nosotros introducíamos recorte en el gasto público nacional, se esperara que hiciéramos una contribución neta de más de mil millones de libras esterlinas al año. Yo subrayé el compromiso de Gran Bretaña con la Comunidad y nuestro deseo de evitar una crisis, pero no dejé ninguna duda de que una crisis era precisamente lo que le esperaba a la Comunidad si no resolvíamos el problema.

Acabábamos de exponer nuestras propuestas presupuestarias. Pero la Comisión había formulado algunas propuestas propias, y yo estaba dispuesta a aceptar su enfoque básico como punto de partida. Para empezar, proponían que se emprendieran acciones para reconducir el gasto comunitario, alejándolo de los programas agrícolas y dirigiéndolo hacia programas estructurales y de inversión. En segundo lugar, proponían que además se crearan proyectos británicos para aumentar nuestros ingresos. Pero simplemente no había suficientes proyectos adecuados. Finalmente, en lo que a aportaciones se refiere, hasta la fecha el Mecanismo de Corrección de 1975 no había conseguido reducir nuestros pagos. Una reforma según las líneas propuestas por la Comisión podría contribuir a reducir nuestras contribuciones netas, pero todavía no lo suficiente: seguiríamos aportando más o menos lo mismo que Alemania, y mucho más que Francia. Haría falta algo más radical.

Expuse otro argumento que había de resultar de cierta importancia. Dije que «el acuerdo debía durar tanto como el problema». En ese momento, y más aún al acabar el Consejo, me parecía que no podíamos permitirnos estas batallas todos los años, sólo para fijar algo que el sentido común y la equidad tenían que haber dejado patente desde el principio.

Rápidamente se pudo comprobar que no me iba a ser posible convencer a los demás jefes de Gobierno para que vieran así las cosas. Algunos, como por ejemplo el primer ministro holandés, el señor Andries van Agt, se mostraron razonables, pero la mayoría no se avino a razones. Tenía la fuerte sensación de que habían decidido poner a prueba mi capacidad y mi voluntad de hacerles frente. Era realmente descarado: estaban empeñados en quedarse con todo el dinero que pudieran. Para la clausura del Consejo, a Gran Bretaña se le había ofrecido una devolución de tan sólo 350 millones de libras, lo que implicaba una aportación neta de 650 millones. Esta devolución era sencillamente insuficiente, y yo no pensaba aceptarla. Había accedido a que se celebrara otro Consejo para seguir debatiendo el tema, pero no me quedaba mucho optimismo después de lo que había visto y oído en Dublín. Para mí la cosa iba mucho más allá de una dura negociación económica, que era inevitable. Lo que no podía aceptar era la actitud de que la justicia fuera sencillamente un factor a no tener en cuenta. Fui completamente sincera cuando dije que Gran Bretaña no pedía más que lo que le correspondía; igual de auténtica fue mi cólera cuando esta propuesta se recibió con cinismo e indiferencia.

Fue reflexionando acerca de esta actitud tan esencialmente no inglesa que acababa de mostrar la Comunidad (y que luego pondría de manifiesto en otras ocasiones), cuando leyendo el asendereado volumen de mi biblioteca en que se contiene la obra de mi poeta favorito, Rudyard Kipling, tropecé con los siguientes versos suyos en el poema «Norman and Saxon». El barón normando, dueño de grandes propiedades, advierte a su hijo sobre nuestros antepasados ingleses, los anglosajones, diciéndole:

No es el sajón como nosotros los normandos. No son sus modales tan corteses.

Pero sólo se pone realmente serio cuando empieza a hablar de justicia y derecho.

Cuando se planta como un buey en el surco con sus sombríos ojos clavados en los tuyos.

Y refunfuña: «Este trato no es justo». Hijo mío, deja en paz al sajón.

En la conferencia de prensa celebrada después del Consejo, defendí nuestra posición enérgicamente. Dije que los demás Estados «no debían haber esperado que me conformara con un tercio del pastel». También me negué a aceptar el término comunitario «recursos propios». Sin pedir disculpas, seguí manteniendo que estábamos hablando del dinero de Gran Bretaña, no del de Europa.

Hablo solamente de nuestro dinero, no del de nadie más; tendría que procederse al reembolso en efectivo de nuestro dinero para situar nuestros ingresos en el nivel medio de ingresos de la Comunidad.

La mayoría de los demás jefes de Gobierno se pusieron furiosos. La prensa irlandesa se mostró virulenta. Un periódico británico, The Times, describió mi actuación en la conferencia de prensa con la palabra «bravura», aunque el editorial se manifestaba más crítico. El mejor comentario, a mi entender, venía en Le Figaro:

Acusar a la señora Thatcher de intentar torpedear Europa porque defiende los intereses de su país con gran determinación supone cuestionar sus intenciones subyacentes, de la misma manera que se cuestionaba las de De Gaulle respecto a los intereses franceses.

Me gustó la comparación.

Empleamos el período entre el final de la reunión de Dublín y el siguiente Consejo Europeo en conseguir apoyo para nuestro caso, tanto en el público como por medios diplomáticos. El 29 y 30 de enero me reuní con el primer ministro italiano (luego presidente) Francesco Cossiga. Ya había tratado con el señor Cossiga cuando en 1979 fue secuestrada en Cerdeña la familia Schild, de mi distrito electoral. Me había parecido altamente competente y profundamente preocupado. También era un hombre de principios, como había demostrado al dimitir de su cargo de ministro del Interior tras el asesinato del antiguo líder democristiano Aldo Moro, y tal como yo había podido comprobar por experiencia propia. La política y los políticos italianos no despiertan mucha simpatía entre los británicos, como tampoco entre los propios italianos, y confieso que en parte comparto ese desencanto. Sin embargo, Francesco Cossiga veía con escepticismo las prácticas italianas habituales. Era lo más parecido a un independiente en política italiana: en las negociaciones siempre jugaba limpio; se podía confiar en su palabra, como en el caso del estacionamiento de los misiles Cruise en Italia; y era un anglófilo indudable, gran admirador de la Gloriosa Revolución de 1688, porque representaba el nacimiento del auténticamente liberalismo político. Me alegró saber que sería el señor Cossiga quien haría las veces de anfitrión en el próximo Consejo Europeo.

El 25 de febrero volvió a Londres Helmut Schmidt. Las conversaciones con él se centraron en la cuestión de nuestra aportación presupuestaria y el deseo repetidamente expresado por parte del canciller alemán de que la libra esterlina entrara en el ERM, y —muy en contra de la información habitualmente desencaminada de la prensa— resultaron útiles y no poco cordiales. El 27 y 28 de marzo se celebró una cumbre anglo-alemana en Londres. De nuevo procuré subrayar lo mucho que nos preocupaba la aportación británica. Posteriormente, tuve noticias de que Helmut Schmidt había advertido a otros Gobiernos comunitarios de que si no se encontraban soluciones existía el peligro de que los británicos retuviéramos las aportaciones británicas a la Comunidad. Con lo cual había creado la impresión deseada. El Consejo Europeo previsto para el 31 de marzo y el 1 de abril tuvo que aplazarse debido a una crisis política en Italia (hecho no muy insólito) pero presionamos a favor de que se celebrara un nuevo Consejo antes de finales de abril, y finalmente se convocó para el domingo 27 y el lunes 28, con sede en Luxemburgo.

Por estas fechas se había endurecido la opinión pública en Gran Bretaña a consecuencia del trato que nos dispensaba la Comunidad. En especial se especulaba mucho sobre la posible retención de las contribuciones británicas, lo cual no me disgustaba, aunque en público me mostraba prudente respecto al tema. El 25 de febrero dije en Panorama que consideraríamos la posibilidad de retener los pagos, pero que éramos reacios a ello, porque suponía ir en contra de las normas comunitarias. También me entrevistaron en la televisión francesa el 10 de marzo, y allí dije:

No esperaría que Francia hiciera la mayor aportación en el caso de que percibiera unos ingresos por debajo de la media comunitaria. Y les puedo asegurar que sus distinguidísimos políticos franceses serían los primeros en quejarse si éste fuera el caso.

Concedí una entrevista a Die Welt en la que decía:

Haremos todo lo que podamos para evitar que el asunto desemboque en una crisis. Pero es necesario que se reconozca que las cosas no pueden seguir como están.

El ambiente de Luxemburgo resultó ser mucho mejor que el de Dublín. Me sentía optimista. Por una conversación que había mantenido con el señor Cossiga, que había hablado con el presidente Giscard, al principio parecía que los franceses estaban dispuestos a poner un techo al volumen de nuestras contribuciones netas durante un período de años, sin tener en cuenta el crecimiento del presupuesto global de la Comunidad, para su revisión al final del período. Esto hubiera supuesto un paso hacia adelante. Sin embargo, tras un examen más detenido, se vio claramente que lo que en realidad querían los franceses era conseguir decisiones sobre los temas que para ellos eran más delicados desde el punto de vista político —los precios agrícolas de la PAC, el cordero y los derechos de pesca— antes de acordar el presupuesto. Al final, se decidió que se celebraran reuniones paralelas a lo largo del fin de semana: los ministros de Agricultura se reunirían por un lado, y el grupo de funcionarios responsable de la cuestión presupuestaria se reuniría por otro.

Como resultado no conseguimos hablar del presupuesto en nuestra primera sesión. De hecho, fue sólo después de la cena, y de la habitual sobremesa «de actualidad», cuando conseguí un acuerdo para que el grupo oficial reanudara la negociación esa misma noche. Los franceses suponían el principal obstáculo: las propuestas presentadas por sus funcionarios se nos antojaban todavía menos útiles de lo que en su momento nos parecieron las del presidente Giscard. Mientras tanto, los ministros de Agricultura de los demás gobiernos comunitarios habían acordado un paquete de propuestas que habría subido los precios agrícolas, aumentando nuevamente la proporción del presupuesto comunitario dedicado a la agricultura (muy en contra de las propuestas de Dublín) y concediendo a los franceses un régimen para la carne de cordero que era más o menos todo lo que ellos deseaban. Ante este panorama desfavorable, al menos para nosotros, se nos ofreció finalmente limitar nuestra aportación neta en unos trescientos veinticinco millones de libras, aplicable sólo en 1980. De acuerdo con una propuesta posterior nuestra aportación neta se habría limitado a unos quinientos cincuenta millones para 1981.

Reaccioné diciendo que era demasiado poco. Pero sobre todo, no estaba dispuesta a un acuerdo que durara sólo dos años. Helmut Schmidt, Roy Jenkins (presidente de la Comisión) y casi todos los demás me instaron a que aceptara. Pero no estaba dispuesta a regresar al año siguiente para enfrentarme exactamente con el mismo problema y la actitud que acarreaba. De modo que rechacé la oferta. Además, el borrador del comunicado era inaceptable para nosotros, dado que seguía insistiendo en el viejo dogma de que «los recursos propios están destinados a financiar la política comunitaria; no son contribuciones de los Estados miembros». Tampoco se hacía mención de las garantías que se nos habían ofrecido al ingresar en la Comunidad, en el sentido de que se tomarían medidas «en caso de que llegara a plantearse una situación inaceptable».

Muchos reaccionaron con incredulidad ante mi decisión de Luxemburgo: en algunos círculos lo último que se esperaba de un primer ministro británico era que defendiera los intereses británicos tan descaradamente. Pero observé que había un contraste entre ciertos sectores de la prensa, enormemente hostiles, y la reacción de la Cámara de los Comunes y del país, que estaba muy de acuerdo.

El caso es que estábamos mucho más cerca de un acuerdo de lo que se quería admitir en muchos círculos. Habíamos logrado grandes progresos a la hora de conseguir la aceptación de considerables reducciones a nuestra aportación. Nos quedaba afianzar estas reducciones para los primeros dos años con un compromiso fiable para el tercero. Disponíamos de una serie de bazas muy poderosas con las que ejercer presión en este sentido. Los franceses estaban cada vez más ansiosos por alcanzar sus objetivos en el Consejo Agrícola. Incluso se hablaba de pasar por encima del veto británico abrogando el llamado Convenio de Luxemburgo de 1966, establecido para complacer a De Gaulle. (Este convenio era un simple pacto sin respaldo legal; por él se consideraba que todo país estaba autorizado a bloquear cualquier decisión mayoritaria que pusiera en peligro sus intereses nacionales esenciales). De hecho, esto fue exactamente lo que ocurrió en el Consejo de Agricultura en mayo de 1982 (y en plena guerra de las Malvinas). No obstante, en este momento concreto habría supuesto un paso peligroso, especialmente dado que los franceses ya habían infringido la normativa comunitaria sobre importaciones de cordero. También los alemanes tenían gran interés en ver subir los precios agrícolas. Y lo más importante de todo era que, en nuestra opinión, la Comunidad llegaría al límite de sus recursos financieros en 1982. En última instancia nuestra posición en las negociaciones era fuerte.

Pronto se vio claramente cómo Luxemburgo, tras los enfrentamientos de Dublín, había surtido el efecto deseado. A pesar de los rumores de que se había «retirado» la oferta de Luxemburgo, se manifestaba un deseo generalizado de resolver la cuestión del presupuesto antes del próximo pleno del Consejo Europeo de junio, en Venecia. Al parecer, la manera más fácil de conseguirlo era una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la CE.

Peter Carrington, tras recibir de mí su mandato, voló a Bruselas el jueves, 29 de mayo, con Ian Gilmour. Tras un maratón de dieciocho horas obtuvieron lo que ellos consideraban un acuerdo aceptable y el viernes a la hora de comer acudieron a Chequers para comunicármelo.

Mi primera reacción no fue nada favorable. El acuerdo incluía una aportación presupuestaria neta para 1980 superior a la que se había contemplado en Luxemburgo. De acuerdo con las cifras de Peter, parecía que ahora pagaríamos bastante menos en el nuevo paquete de 1981, aunque hasta cierto punto eran malabarismos que reflejaban los diferentes supuestos acerca del volumen del presupuesto total para ese año. Pero la propuesta de Bruselas tenía una gran ventaja: ahora nos ofrecía una solución para los próximos tres años. Se nos prometía una importante revisión del problema presupuestario para mediados de 1981, y en caso de que ésta no se llevara a cabo (como efectivamente ocurrió) la Comisión formularía propuestas en la línea de lo formulado para 1980-1981 y el Consejo actuaría en consecuencia. Los demás elementos del paquete de Bruselas relativos a la agricultura, el cordero y la pesca, eran más o menos aceptables. Teníamos que dar nuestra aprobación a una subida del 5 por ciento en los precios de los productos agrícolas. En total, el acuerdo suponía la devolución de dos tercios de nuestra aportación neta, y representaba un gran avance respecto a la posición heredada por nuestro Gobierno. De modo que decidí aceptar la oferta.

CRISIS EN ORIENTE MEDIO

Los asuntos internacionales de mayor amplitud no habían permanecido inmóviles mientras estuvimos ocupados en llevar a Rodesia hasta la independencia legal y en negociar la reducción de nuestra aportación al Presupuesto de la CE. En noviembre de 1979, 49 miembros del personal diplomático de Estados Unidos fueron secuestrados en Irán, lo cual infligía una profunda y creciente humillación a la mayor potencia occidental. En diciembre, por invitación del presidente Carter, realicé una breve visita a Estados Unidos; la primera de muchas en mi calidad de primera ministra. En un breve discurso durante mi recepción en la Casa Blanca, hice todo lo posible por reafirmar mi apoyo al liderazgo norteamericano de Occidente. En un discurso pronunciado al día siguiente en Nueva York advertí de los peligros de la ambición soviética y defendí la necesidad de una fuerte defensa occidental:

La amenaza inmediata planteada por la Unión Soviética es más militar que ideológica. Amenaza no sólo nuestra seguridad en Europa y América del Norte, sino también, directa e indirectamente, al Tercer Mundo […]. Podemos discutir cuál sea la motivación de los soviéticos, pero el hecho es que los rusos tienen las armas y se están procurando más. Es una cuestión de simple prudencia que Occidente responda.

También me comprometí a apoyar a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU en la solicitud de sanciones económicas internacionales contra Irán, de conformidad con el Capítulo 7 de la Carta de la ONU. El presidente y yo hablamos de defensa y de la situación en Irlanda del Norte. Aproveché la oportunidad para agradecerle todas sus gestiones entre bastidores durante las últimas fases de las negociaciones sobre Rodesia.

A finales de 1979, el mundo hubo de enfrentarse a uno de esos momentos auténticamente decisivos que con tanta frecuencia se pronostican, pero tan pocas veces ocurren: la invasión soviética de Afganistán. En abril de 1978, el Gobierno de Afganistán había sido derrocado en un golpe de inspiración comunista; se instauró un gobierno prosoviético que, sin embargo, fue recibido con amplia oposición y finalmente, rebelión. En septiembre de 1979 el nuevo presidente, Taraki, fue derrocado y asesinado por su vicepresidente, Hafizullah Amin. El 27 de diciembre Amin a su vez fue derrocado y asesinado, reemplazándolo Babrak Karmal, cuyo régimen estaba apoyado por miles de soldados soviéticos.

Hacía tiempo que los soviéticos consideraban que Afganistán poseía un valor estratégico especial, y habían procurado ejercer su influencia allí por medio de los llamados «Tratados de Amistad». Se decía que probablemente estuvieran preocupados, a la vista de los sucesos de Irán, por la posibilidad de una anarquía en Afganistán que llevara a la creación de un segundo Estado islámico fundamentalista en sus fronteras, lo cual podría desestabilizar su propia población musulmana. Occidente sentía inquietud ante la posibilidad de que los soviéticos quisieran hacerse con el petróleo del Golfo. Y la crisis energética les había proporcionado una razón aún más poderosa para hacerlo.

Quizá yo me asombrara menos que otros ante la invasión de Afganistán. Hacía tiempo que había comprendido que los soviéticos abusaban despiadadamente de la distensión para sacar provecho de la debilidad y el desorden de Occidente. Conocía a la bestia.

Lo ocurrido en Afganistán era tan sólo parte de una pauta más general. Los soviéticos habían instigado a los cubanos y a los alemanes orientales a que persiguieran sus objetivos y ambiciones en África. Habían trabajado en pro del aumento de la subversión comunista en todo el Tercer Mundo, y a pesar de todas sus palabras sobre paz y amistad internacional, habían creado unas fuerzas armadas muy por encima de sus necesidades defensivas. Cualquiera que fuera su motivación exacta en Afganistán en estos momentos, tenían que saber que habían puesto en peligro la estabilidad de Pakistán e Irán —ya más que inestable, este último país, bajo el ayatolá— y que éstos se encontraban a 300 millas del Estrecho de Ormuz. Además, aunque la situación ya era mala de por sí, podía resultar peor como precedente. Había otras áreas en el mundo en que los soviéticos podrían preferir la agresión a la diplomacia, si ahora salían victoriosos: por ejemplo, era evidente que al mariscal Tito no le quedaban muchos años de vida, y que podrían darse oportunidades para una intervención soviética en Yugoslavia. Estaba claro que había que castigarles por su agresión y enseñarles, aunque fuera con retraso, que Occidente no sólo hablaba de libertad, sino que también estaba dispuesta a hacer sacrificios por defenderla.

El viernes 28 de diciembre el presidente Carter me llamó por teléfono a Chequers y mantuvimos una larga conversación sobre las actividades de los soviéticos en Afganistán y cuál debía de ser nuestra reacción. Lo ocurrido era un duro revés para él. Gran Bretaña no había podido acceder a todo lo que los norteamericanos nos pedían en respuesta a la crisis de los secuestrados: sobre todo, no nos avinimos a congelar los activos financieros iraníes (ni, de hecho, poseíamos capacidad legal para hacerlo), algo que hubiera tenido consecuencias devastadoras para la confianza internacional en la City de Londres como uno de los centros financieros del mundo. No obstante, yo estaba decidida a seguir las directrices de los norteamericanos a la hora de emprender acciones contra la URSS y su gobierno títere en Kabul. Por lo tanto, acordamos una serie de medidas, incluyendo la reducción de visitas y contactos, la no renovación del acuerdo sobre préstamos anglosoviéticos, y un mayor rigor en las normas sobre transferencia tecnológica. También procuré movilizar a los gobiernos de la Comunidad Europea en apoyo de los norteamericanos. Pero, al igual que el presidente Carter, estaba segura de que lo más eficaz que podíamos hacer era impedir que los soviéticos aprovecharan los próximos Juegos Olímpicos de Moscú para sus fines propagandísticos. Desgraciadamente, la mayor parte del equipo británico decidió asistir a los Juegos, aunque intentamos convencerles para que no fueran: naturalmente, a diferencia de sus equivalentes en la Unión Soviética, nuestros atletas tenían libertad para tomar su propia decisión. En la ONU nuestro embajador, Tony Parsons, contribuyó a animar a los países «no alineados» a que condenaran la agresión soviética. En Londres, el 3 de enero, recibí al embajador soviético para ampliar en términos enérgicos el contenido de mis intercambios por telegrama con el presidente Brezhnev.

A partir de este momento, el tono general de los asuntos internacionales cambiaría, y para mejor. El realismo práctico y la defensa rotunda se convirtieron en el orden del día. Los soviéticos habían cometido un gravísimo error de cálculo: habían preparado el camino para el renacimiento de Norteamérica bajo Ronald Reagan.

Pero esto pertenecía al futuro. A Norteamérica aún le esperaba el humillante fracaso del rescate de los rehenes en Irán. Mientras veía al presidente Carter explicando lo ocurrido por televisión, sentí la herida de Norteamérica como si fuera de Gran Bretaña; y en cierto sentido lo era, porque cualquiera que pusiera al descubierto la debilidad de Norteamérica contribuía a incrementar la nuestra. No obstante, pronto me encontré en la posición de poder demostrar que no nos echaríamos atrás, a la hora de vérnoslas con nuestras propias manifestaciones de terrorismo medioriental.

Tuve mis primeras noticias del ataque terrorista a la Embajada iraní de Prince’s Gate, en Knightsbridge, el miércoles 30 de abril, durante una visita a la BBC. Los primeros informes fueron engañosamente triviales. Sin embargo, pronto se supo que varios pistoleros habían entrado por la fuerza en la Embajada iraní y retenían a veinte personas, la mayoría empleados iraníes, pero también un policía que estaba de servicio frente a la Embajada y dos periodistas de la BBC que habían acudido a solicitar un visado. Los pistoleros amenazaban con volar la Embajada con los rehenes dentro si no se cumplía con sus exigencias. Los terroristas pertenecían a una organización autodenominada «el Grupo del Mártir», compuesta por árabes iraníes de Arabistán, entrenados por Irak y en total oposición al régimen iraní. Exigían la liberación de 91 presos por parte del Gobierno iraní, que se reconocieran los derechos de los disidentes iraníes y un avión especial para abandonar Gran Bretaña con sus rehenes. El gobierno iraní no tenía intención de acceder a estas exigencias; y nosotros, por nuestra parte, no pensábamos permitir que los terroristas se salieran con la suya en su intento de secuestro. Yo era consciente de que aunque el grupo implicado era diferente, éste era un intento más de aprovecharse de la aparente debilidad occidental, igual que la toma de rehenes en la Embajada norteamericana en Teherán. Mi política sería hacer todo lo posible para solucionar la crisis de manera pacífica, sin hacer peligrar innecesariamente las vidas de los rehenes, pero sobre todo, garantizar que el terrorismo sufriera una derrota, y ello de manera visible.

Willie Whitelaw, en su calidad de ministro de Interior, se puso inmediatamente al frente de las operaciones en la unidad especial de emergencias del Gabinete. Esta unidad se pone inmediatamente en funcionamiento en el caso de una crisis de seguridad, reuniendo a representantes del Gabinete, de Interior, de Asuntos Exteriores, así como de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Servicio de Inteligencia, que asesoran al ministro implicado: habitualmente, como en este caso, el ministro de Interior. Sólo asumí esta responsabilidad en persona en la ocasión del secuestro de un avión procedente de Tanzania y con destino a Stansted. Se recoge información de hora en hora, seleccionándola y analizándola a fin de poder evaluar adecuadamente cada circunstancia y cada opción. A lo largo de la crisis, Willie se mantuvo regularmente en contacto conmigo. A su vez, la Policía Metropolitana se mantuvo al habla con los terroristas por una línea telefónica especial. También nos pusimos en contacto con quienes pudieran ejercer alguna influencia sobre los pistoleros. Estos últimos querían que el embajador de algún país árabe actuara como intermediario. Pero teníamos grandes dudas a este respecto: corríamos el riesgo de que un intermediario de este tipo no compartiera nuestros objetivos. Además, los jordanos, en los que sí estábamos dispuestos a confiar, se negaron a verse implicados. Un imam musulmán habló con los terroristas, pero sin resultados. Habíamos alcanzado un punto muerto.

Willie y yo estábamos completamente de acuerdo en la estrategia a seguir. Intentaríamos una paciente negociación, pero si cualquiera de los rehenes resultaba herido estudiaríamos un ataque a la Embajada, y si mataban a un rehén sin duda recurriríamos al Servicio Aéreo Especial (SAS). Había que ser flexibles, hasta cierto punto. Pero desde un principio quedó descartada la posibilidad de permitir que los terroristas abandonaran el país, con o sin rehenes.

La situación empezó a deteriorarse el domingo por la tarde. Recibí una llamada en Chequers para que regresara antes de lo planeado, y en el camino de vuelta a Londres recibí un nuevo mensaje por el teléfono móvil. Había demasiadas interferencias en la línea para poder hablar inteligiblemente, de manera que le pedí a mi chófer que parara el coche. Aparentemente, la información indicaba que en estos momentos las vidas de los rehenes corrían peligro. Willie quería mi autorización para recurrir al SAS. «Sí, que entren», dije. El coche volvió a arrancar, mientras yo intentaba figurarme lo que estaba sucediendo y esperaba el resultado. Realizado con el enorme valor y la profesionalidad que el mundo espera ahora del SAS, el ataque se produjo ante los focos de las cámaras de televisión. Salieron con vida todos y cada uno de los 19 rehenes que se sabía que seguían vivos en el momento del ataque. Murieron cuatro pistoleros; uno fue detenido; ninguno logró escapar. Di un gran suspiro de alivio cuando supe que no había bajas entre los miembros del SAS. Posteriormente fui al cuartel de Regent’s Park para felicitar a nuestros soldados. Me recibió Peter de la Billière, el comandante del SAS, y después vimos lo ocurrido por el telediario, con comentarios interrumpidos por las risas de alivio de los que habían participado en el ataque. Uno se volvió hacia mí y me dijo: «Nunca pensamos que usted nos dejaría hacerlo». En todos los lugares a los que fui en los días siguientes percibí una gran oleada de orgullo ante el desenlace y hubo una avalancha de telegramas del extranjero. Habíamos enviado una señal a los terroristas de todo el mundo: no podían esperar ni pactos ni favores de Gran Bretaña.

Oriente Medio siguió acaparando mi atención a lo largo de lo que quedaba de 1980. En el Consejo Europeo celebrado en Venecia, el 12 y 13 de junio, los jefes de Gobierno debatieron la cuestión de Israel y los palestinos. La cuestión central era si los gobiernos comunitarios debían hacer un llamamiento en favor de la «asociación» de la OLP a las conversaciones de paz para Oriente Medio, o si debía «participar» en ellas; yo me oponía resueltamente a esto último, mientras la OLP no rechazara el terrorismo. De hecho, el comunicado final reflejaba lo que a mí me parecía el equilibrio adecuado: reafirmaba el derecho a la existencia y la seguridad de todos los Estados de la región —incluyendo a Israel—, pero también exigía justicia para todos los pueblos, lo cual implicaba el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los palestinos. De modo que, naturalmente, no satisfizo a ninguna de las partes.

Luego el foco de los acontecimientos de Oriente Medio volvió a desplazarse. En septiembre de 1980 Irak atacó a Irán y volvimos a encontrarnos de lleno en otra crisis, con la posibilidad de peligrosas consecuencias políticas y económicas para los intereses de Occidente. Sadam Hussein había decidido que el caos reinante en Irán le proporcionaba una buena ocasión para renegar del Acuerdo de Argelia de 1975 —por el que se pactaba el modo de dar satisfacción a las reivindicaciones de ambos países respecto al canal de Shatt-el-Arab—, y tomar este canal por la fuerza.

Poco después de que estallara la guerra, Peter Carrington acudió a Chequers para analizar conmigo la situación. A mí me preocupaba principalmente que el conflicto llegara a extenderse por el Golfo e implicara a los vulnerables Estados petrolíferos, que tenían estrechos lazos históricos con Gran Bretaña. Le dije que no compartía el punto de vista común de que sería fácil derrotar a los iraníes. Eran unos guerreros fanáticos y además poseían una eficaz fuerza aérea con la que atacar las instalaciones petrolíferas. Yo tenía razón: hacia finales de año, y tras varios éxitos iniciales, los iraquíes se vieron frenados, y la guerra empezó a suponer una amenaza tanto para la estabilidad del Golfo como para la navegación occidental. Pero para entonces ya habíamos recurrido a la Patrulla Armilla para proteger a nuestros barcos.

En las Navidades de aquel año de 1980, repasando el panorama internacional, pensé que los éxitos de la política exterior británica nos habían ayudado a superar unos tiempos especialmente oscuros y difíciles en nuestros asuntos nacionales, particularmente los económicos. La solución del problema presupuestario británico en la Comunidad Europea era sólo el primer paso hacia la reforma de las finanzas comunitarias. La independencia legal de Rodesia era sólo el preludio para empezar a trabajar sobre el problema de Suráfrica. La respuesta occidental a la invasión soviética de Afganistán tendría que implicar un replanteamiento básico de nuestras relaciones con el bloque comunista, algo que apenas había empezado. En última instancia, la nueva inestabilidad en el Golfo como resultado del ataque iraquí contra Irán haría necesario un nuevo compromiso por parte de las potencias occidentales en lo tocante a la seguridad de la zona. Todos estos temas dominarían la política exterior británica durante los próximos años.

CAPÍTULO IV

Nada bien, Jack

La reestructuración de la industria británica y la reforma sindical de 1979-1980

LOS PROBLEMAS INDUSTRIALES DE GRAN BRETAÑA

En los años posteriores a la guerra, la política británica se había centrado, básicamente, en el debate sobre el papel que debía desempeñar el Estado en el manejo de la economía. En 1979, e incluso tal vez antes, ya había desaparecido el optimismo sobre los efectos beneficiosos de la intervención oficial. Este cambio de actitud, por el que tanto abogué y trabajé, significaba que muchas personas que no habían apoyado hasta entonces al Gobierno conservador estaban preparados para concederle a nuestro enfoque, al menos, el beneficio de la duda. Pero yo sabía que esta justificada falta de fe en la sabiduría del Estado iba estrechamente unida a una creciente confianza en la capacidad creativa de la empresa privada.

La actitud de un gran número de personas se caracterizaba por una especie de cínico desdén, habitualmente disfrazado de humor negro, hacia la industria y los sindicatos. Todos nos divertimos mucho con la película Estoy muy bien, Jack; pero el problema no era cosa de risa.

Los productos británicos sólo podían ser atractivos si eran capaces de competir ventajosamente con los ofrecidos por otros países en calidad, confiabilidad y precio, o una combinación de las tres cosas, y a la hora de la verdad, los productos de la industria británica carecían, con demasiada frecuencia, de competitividad. Esto no se debía simplemente a que la fuerza de la libra esterlina dificultara las ventas en el extranjero, sino también a que nuestra reputación industrial se había deteriorado. Y, al fin y al cabo, la reputación es reflejo de la realidad. Lo que había que hacer era cambiar esa realidad, desde la base y para mejor.

Pese a las cosas que podían dar la impresión de ser los problemas más inmediatos y acuciantes (huelgas, competitividad de los precios y recesión internacional), la raíz del problema industrial británico era la baja productividad. El nivel de vida británico era inferior al de nuestros principales competidores y el número de empleos razonablemente seguros y bien pagados era más bajo, porque producíamos menos por persona que ellos. Unos veinticinco años antes, nuestra productividad era la más alta de Europa Occidental; en 1979 figuraba entre las más bajas. La consecuencia del exceso de personal provocado por las maniobras sindicales terminó en una fuerte desocupación. Y más allá de cierto punto (por cierto que más allá del punto al que habíamos llegado en 1979), el exceso de personal arruinaría los negocios, destruiría los empleos existentes y abortaría los que en otra situación hubieran podido prosperar. La capacidad obsoleta y los viejos trabajos tendrían que desaparecer para crear nuevas oportunidades. Pero la paradoja, que no estaban dispuestos a aceptar los sindicatos británicos ni los socialistas, era que un incremento de la productividad podía, inicialmente, requerir la reducción del número de empleos antes de crear la riqueza que generara otros nuevos. Una y otra vez se nos preguntaba, cuando cerraban plantas y empresas, «¿de dónde saldrán los nuevos trabajos?». A medida que pasaban los meses podíamos señalar el aumento del autoempleo y el éxito industrial en el sector aeroespacial, en el químico y en el petrolero del Mar del Norte. Incluso podíamos referirnos a una inversión extranjera en los de, por ejemplo, electrónica y automóviles. Pero la realidad es que en una economía de mercado el Gobierno no sabe (y no puede saber) de dónde saldrán los puestos de trabajo: si lo supiera, todas esas medidas intervencionistas dirigidas a «seleccionar ganadores» y «respaldar éxitos seguros» no hubiera seleccionado a perdedores ni agravado fracasos.

Debido a que nuestro análisis de lo que estaba mal en los logros industriales británicos se centraba en la baja productividad y en sus causas —en vez de en los bajos niveles salariales—, no había lugar en nuestra estrategia económica para la política de ingresos. Yo estaba decidida a que el Gobierno no se dejara enredar, como le había ocurrido a las anteriores Administraciones laboristas y conservadoras, en los oscuros meandros de «normativas», «tasas actualizadas» y «casos especiales». Por supuesto que, en gran parte de la industria británica de aquel entonces, los aumentos salariales eran excesivos para tan escasos, o incluso inexistentes, beneficios, la inversión era inadecuada y las perspectivas de mercado eran muy pobres. Según los costes laborales relativos, en 1980 nuestro nivel de competitividad había descendido en un 40 o 50 por ciento respecto al de 1978. Y las tres quintas partes de esto se debía a que el coste de la unidad laboral del Reino Unido aumentaba a un ritmo superior al del extranjero pero con sólo dos quintas partes del resultado de la apreciación en el tipo de cambio. Poco o nada podíamos hacer para influir sobre el tipo de cambio sin provocar un aumento en el ritmo de crecimiento de la inflación. Si hubiesen querido hacerlo los negociadores de los sindicatos tenían el poder para evitar que sus afiliados y otros trabajadores reclamaran aumentos que les dejarían sin trabajo. Pero, a medida que la irresponsabilidad de los sindicatos crecía y se hacía más evidente, comenzaron a oírse rumores sobre la necesidad de una política salarial.

Por eso era tan importante que desde el principio mismo, incluso antes de haber considerado la magnitud de la explosión salarial que estaba teniendo lugar, me mantuviera firme ante toda sugerencia de política salarial. Algunos colegas veteranos apoyaban una vuelta a la política de las rentas personales. Poco después de que entráramos en funciones, Jim Prior abogó por conversaciones previas sobre salarios con la Unión de Sindicatos (TUC) y con la Confederación Británica de Industria (CBI).

Evidentemente era muy importante que todos los involucrados en las negociaciones salariales conocieran y comprendieran la estructura económica en la que se desenvolvían y la realidad a la que se enfrentaban sus negocios en particular. Dentro de un ritmo dado de emisión monetaria (siempre que el Gobierno se atuviera a él), cuanto más se usara en aumentos salariales menos quedaba para invertir y, por lo tanto, sería menor el número de empleos.

Algunos proponían lo que llamaban el «modelo alemán». Todos éramos conscientes del éxito económico alemán. Incluso habíamos ayudado a crearle las condiciones favorables después de la guerra, iniciando la competencia y reestructurando sus sindicatos. Hubo otros en Gran Bretaña que fueron incluso más lejos, proponiendo que debíamos copiar la tendencia corporativista alemana de tomar decisiones de economía nacional consultando con las organizaciones empresariales y los dirigentes sindicales. Sin embargo, lo que funciona para Alemania no tiene necesariamente que funcionar para nosotros. La experiencia alemana de hiperinflación entre guerras provocó que allí fuesen casi todos tremendamente conscientes de la necesidad de controlar la inflación, incluso aunque ello conllevase un aumento del paro a corto plazo. Además los sindicatos alemanes eran bastante más responsables que los nuestros y es evidente que el carácter alemán es bastante diferente: menos individualista y más disciplinado. Por eso el modelo alemán resultaba inapropiado para Gran Bretaña.

En cualquier caso, ya teníamos el Consejo Nacional de Desarrollo Económico (NEDC), en el cual se reunían periódicamente ministros, empresarios y sindicalistas. Por lo tanto estaba completamente segura de que no teníamos que seguir adelante con la idea de un nuevo foro. De hecho, creía que debíamos hacer todo lo posible para reforzar el enfoque opuesto: debía descartarse totalmente cualquier teoría basada en el control de precios y de salarios. El Gobierno establecería el esquema, pero quienes tenían que decidir y hacer frente a las consecuencias de sus decisiones, buenas y malas, eran la patronal y los trabajadores. En el sector privado el nivel salarial debía estar determinado por las posibilidades económicas del negocio, dependiendo de su productividad y de sus ganancias. En el sector público la clave estaba también en las posibilidades económicas que se podían afrontar, teniendo en cuenta, en este caso, la magnitud de la carga que teníamos derecho a pedirle a los contribuyentes. Sin embargo, puesto que el Gobierno era el banquero y propietario último, el mecanismo mediante el cual podían aplicarse estas disciplinas era seguramente menos claro y directo que en el sector privado.

EL PRESUPUESTO DE 1980 Y LA ESTRATEGIA FINANCIERA A MEDIO PLAZO (MTFS)

Los recortes impositivos en el presupuesto de 1979 estaban destinados a incentivar el trabajo. Pero el presupuesto de 1980 estaba dirigido aún más directamente a mejorar nuestros logros económicos. Hacia finales de febrero, Geoffrey Howe vino a verme para discutir la configuración. Estábamos totalmente de acuerdo en cuanto a la posición monetaria y fiscal: proseguiríamos con los actuales objetivos de emisión monetaria que aún no habían sido alcanzados, y mantendríamos las necesidades crediticias del sector público (PSBR) al mismo nivel que el año anterior.

Pero el aspecto más importante del presupuesto de 1980 tenía más que ver con la política monetaria que con los impuestos. En dicho presupuesto anunciamos nuestra Estrategia Financiera a Medio Plazo (pronto conocida como MTFS), que seguiría siendo el centro de nuestra política económica durante todo el período de grandes logros y cuya importancia sólo quedó relegada en los últimos años, cuando la imprudencia de Nigel Lawson comenzó a conducirnos al desastre. No carecía de ironía el hecho de que el mismo Nigel, como secretario de Finanzas, firmara la Declaración Financiera e Informe sobre el Presupuesto (FSBR), o Libro Rojo, en el cual hizo por primera vez su aparición la MTFS ante un mundo atónito. Nigel en persona había contribuido en gran parte a su preparación siendo él mismo uno de sus más brillantes y dedicados exponentes.

La intención del MTFS era establecer la estructura de la economía para un determinado período de años. La meta era bajar la inflación mediante la disminución del crecimiento monetario, disminuyendo la emisión de letras del Estado para asegurar que la presión de la deflación no cayera sólo en el sector privado bajo la forma de aumento de los tipos de interés.

No todos los que compartían nuestros objetivos económicos fundamentales le dieron una alegre bienvenida a la MTFS. A algunos les pareció una nueva versión del «Plan Nacional» laborista de 1965. Otros se preguntaban si lograría afectar a la economía en el sentido que nosotros esperábamos y especulaban con lo que sucedería de no ser ése el caso. Pero había una diferencia crucial entre la MTFS y el planeamiento económico al viejo estilo. Nuestra intención era asegurar una mayor estabilidad financiera para que los negocios y los particulares pudieran actuar con confianza. Sabíamos que sólo podríamos lograrlo si controlábamos lo único que el Gobierno podía controlar: la emisión monetaria y la deuda pública. Por el contrario, la mayoría de los planes económicos de la posguerra ambicionaban controlar cosas como la producción y el nivel de ocupación, elementos que últimamente el Gobierno ya no controlaba, mediante la serie de reglamentaciones sobre inversiones, precios y salarios que distorsionaban la operación y coartaban la libertad personal. La MTFS rompió con todo eso. Ciertamente nadie podía garantizar que las personas ajustarían su conducta hasta adecuarla a la MTFS; además los oportunistas, especialmente los del sector público, solían mostrarse incapaces de hacerlo, al menos durante los primeros tiempos. La MTFS sólo influiría en las expectativas en la medida en que las personas creyeran en nuestra determinación de atenernos a él: su credibilidad dependía de que el Gobierno y, en última instancia, yo misma nos empeñásemos en respetarlo, cosa que yo había dejado bien claro. No cedería ante las peticiones de reflación: fue eso lo que hizo que la MTFS pasase de ser una mera aspiración a convertirse en la piedra angular de una política exitosa.

PRIMEROS PASOS DE LA REFORMA SINDICAL. LA LEY DEL EMPLEO DE 1980

Si queríamos mejorar nuestra economía, resultaba imprescindible aplicar una política financiera firme, aunque nunca dimos por supuesto que eso bastara, a pesar de los recortes impositivos y la liberalización de la industria. También tuvimos que enfrentarnos al problema del poder de las centrales sindicales, empeorado por los sucesivos Gobiernos laboristas y explotado por los comunistas y militantes que habían alcanzado puestos claves dentro del movimiento sindical (puestos que utilizaron de forma despiadada durante las huelgas del invierno de 1978-1979).

Los efectos económicos del poder sindical eran aún dolorosamente evidentes. Aumentaban los salarios y las perspectivas comerciales disminuían con el comienzo de la recesión. El conflicto de la industria metalúrgica de 1979 fue una buena demostración de lo negativo que puede ser el excesivo poder de los sindicatos y de los privilegios que impusieron a la industria británica, no sólo en el sector público sino también en el privado. La industria metalúrgica tenía que reducir costes para poder competir. Sin embargo, después de una huelga de diez semanas, la Federación de Empresarios de la Metalurgia (EEF) concedió una jornada laboral de 39 horas semanales, incrementos de 13 libras a la semana para los trabajadores especializados y una semana extra de vacaciones cada cuatro años, con lo cual incrementó en gran manera sus costes. La EEF se había derrumbado y, a causa del sistema centralizado de negociación de pagos, los empresarios de toda la industria tuvieron que claudicar. La EEF había aceptado como algo inevitable el tener que contratar sólo a trabajadores sindicados, por lo que el poder de los sindicatos sobre sus miembros era prácticamente absoluto. Algunos empresarios, que no querían complicarse la vida, preferían que fuese así. Pero al mismo tiempo aquello implicaba que, al estallar un conflicto, el sindicato podía ejercer todo tipo de presiones sobre sus miembros, una «intimidación legal», de acuerdo a la desdichada expresión acuñada por el ex fiscal del Tribunal Supremo, el laborista Sam Silkin. El sindicato podía amenazar con la expulsión, y la consiguiente pérdida de empleo, a aquellos que quisieran seguir trabajando. La huelga de los metalúrgicos no sólo fue una huelga política, sino que amenazó con paralizar la vida normal del país. Pero era precisamente el tipo de huelga que ningún país que estuviera luchando por su futuro industrial podía permitirse; una lección práctica de lo que no se debía hacer. Sus consecuencias negativas afectaron a toda la industria durante varios años.

En realidad, durante la mayor parte de mi mandato, la necesidad de llevar adelante las reformas de los sindicatos quedó demostrada, una y otra vez, con cada conflicto industrial. Pero estábamos en desventaja porque siempre nos encontrábamos superados por los acontecimientos, asimilando las lecciones de la última huelga. La ventaja consistía, sin embargo, en que podíamos esgrimir los recientes abusos para justificar la reforma y contar con el apoyo de la opinión pública para que se aprobase.

El 14 de mayo de 1979, a menos de una quincena de haber nombrado Gobierno, me escribió Jim Prior exponiéndome sus planes para la reforma sindical. Había algunas medidas que se podían aplicar de inmediato. Podíamos iniciar nuestra prometida encuesta sobre las prácticas coercitivas de reclutamiento ejercidas por el sindicato de impresores SLADE, que también abarcaba las actividades de la Asociación Gráfica Nacional (NGA), en el sector publicitario. También podíamos efectuar algunos cambios en la legislación laboral mediante una Orden del Consejo, con el objetivo de aliviar la pesada carga —sobre todo en el caso de las pequeñas empresas— que representaban las previsiones por despido injustificado y exceso de mano de obra. Pero tendríamos que realizar muchas consultas con empresarios y sindicatos sobre nuestras principales propuestas en relación a los piquetes de huelguistas, a la afiliación forzosa y a las elecciones sindicales. En consecuencia, no pudimos realizar a tiempo los cambios profundos que queríamos para hacer frente a las huelgas que tendrían lugar aquel invierno. Jim Prior era optimista en cuando a que si se trataba adecuadamente con la TUC (y él creía que podía hacerlo), ellos no rechazarían de plano nuestras propuestas. Como de costumbre, la patronal (CBI) también se oponía a cualquier acción «precipitada». Respondí que serían los primeros en lamentarse si volvía a haber piquetes de apoyo. También aclaré que el proyecto de ley tendría que estar publicado, a más tardar, en noviembre, en lo posible, y debería presentarse en la comisión de los Comunes antes de Navidad. Tuve otra discusión con Jim sobre tácticas la tarde del miércoles 6 de junio. Jim adujo que, en lo referente a sus propuestas al TUC, iría algo más lejos que en nuestro manifiesto, pero yo le insistí en que nuestra propuesta final no podría quedar corta respecto del manifiesto, diferencia de énfasis bastante significativa.

Estas primeras propuestas eran muy especiales tanto por lo que contenían como por lo que omitían. En este punto el único tema que tocaban relacionado con medidas de apoyo era el de los piquetes y ni siquiera mencionaban el asunto más amplio de las inmunidades sindicales. En particular aislaron el problema crucial de la inmunidad que impedía toda medida judicial contra los fondos de los sindicatos. Para el primero de estos puntos, las medidas de apoyo, estábamos a la espera del veredicto de la Cámara de los Lores en el importante caso del Express Newspapers contra MacShane. Conviene destacar que los cambios que hicimos en todas esas áreas, incluyendo la de los piquetes, atañían a lo civil y no a lo criminal. En el curso de las discusiones públicas sobre las huelgas que vinieron a continuación solía olvidarse esa diferencia. En el marco de la ley civil sólo se podía cambiar la conducta de los sindicatos si los patronos, o en algunos casos los trabajadores, estaban dispuestos a acudir a ella. Tenían que presentar su caso. Por el contrario, el derecho penal sobre piquetes, que aunque se había clarificado no se había alterado sustancialmente en los años siguientes, tenía que ser impuesta por la policía y los tribunales. Aunque el Gobierno dejara claro que la policía gozaba de su apoyo moral y que mejoraría su equipo y preparación, los límites constitucionales que teníamos a este respecto eran reales y a menudo frustrantes.

A medida que iba pasando el verano se hacía cada vez más evidente que, aunque la TUC estaba dispuesta a hablar con el Gobierno sobre nuestras propuestas, de momento no tenía intención alguna de cooperar con él. El 25 de junio, a propuesta de ellos, asistí al Consejo General de la TUC. Me deprimió, pero no me sorprendió en lo más mínimo, descubrir la falta total de voluntad, por parte de ellos, de afrontar los hechos de la economía o de tratar de comprender la estrategia económica que estábamos llevando a cabo. Dije a la TUC que todos queríamos un alto nivel de vida y más puestos de trabajo, pero que si la gente aspiraba a los niveles de Alemania tendría que lograr el estándar de producción alemán. Cuando la TUC expresó que aspiraba a un mayor gasto del Gobierno, expliqué que en nuestra economía no había escasez de demanda: el problema estaba en que, debido a nuestra incompetitividad, la demanda se satisfacía mediante importaciones. No logré nada. La conferencia de la TUC de septiembre se caracterizó por la falta de razonamiento y la falta de cualificación por parte de la oposición a todo lo que propusimos, incluso proporcionar fondos para una votación secreta, de modo que no hubiera más coacción que la presión moral de consultar a los propios miembros.

La tarde del miércoles 12 de septiembre tuve una reunión con Geoffrey Howe, Jim Prior y otros colegas para planificar nuestra estrategia. Yo pensaba que era inútil intentar cambiar la actitud de la mayoría de los líderes sindicales ya que, en primero, segundo y tercer lugar, eran políticos socialistas. Así que acordamos prescindir de ellos y dirigirnos directamente a sus miembros.

Estaba convencida de que los afiliados tenían una opinión muy distinta a la de sus dirigentes respecto a las reformas. De una manera adecuada debíamos liberarlos rompiendo con las afiliaciones forzosas y asegurando una genuina democracia en el seno de los sindicatos; después, ellos mismos pondrían a raya a los extremistas y aparatchiks sindicales. Pero hasta que pudiéramos llevar a cabo esos cambios, y costaría bastante más que nuestro actual proyecto de ley el conseguirlo, todo lo que podíamos hacer era obtener su apoyo lo más persuasiva y poderosamente que pudiéramos.

Así, una y otra vez, repetí machaconamente el mensaje de que eran los afiliados y sus familias quienes sufrían las consecuencias del uso irresponsable del poder sindical. Por ejemplo, en mi discurso ante la conferencia del partido en Blackpool, el viernes 12 de octubre de 1979 dije:

Los días en que sólo la patronal sufría con una huelga quedan muy atrás. Hoy en día las huelgas afectan a los miembros del sindicato y a sus familias tanto como a los demás. Un sindicato puede privarnos a todos de carbón, alimentos o transporte con toda facilidad. Lo que no puede hacer es defender a sus miembros contra una actitud similar de otros sindicatos […] Hace poco hubo una huelga que impedía que fueran enviadas las facturas del teléfono. El coste de esa huelga para la Oficina de Correos es de 110 millones de libras esterlinas. Y tendrá que ser pagado por todos y cada uno de los que usen el teléfono […] La reciente huelga de dos días semanales del Sindicato de Industria elevó las pérdidas en ventas industriales a dos mil millones de libras esterlinas. Nunca recuperaremos esas ventas y se perderán algunos puestos de trabajo que dependían de ellas.

Volví sobre ese tema cuando hablé en la Conferencia de Sindicalistas Conservadores (CTU) en Nottingham, el sábado 17 de noviembre. Las huelgas no eran el único problema; era más bien todo el enfoque económico de los socialistas abrazado por los líderes sindicales, y en especial su preferencia por el monopolio y la protección. Tomé como ejemplo a la British Steel (Acero Británico), que pronto habría de convertirse en algo muy tópico:

British Steel preferiría importar carbón para que su acero fuera más competitivo. Pero la NUM se opone diciendo «Compren nuestro carbón aunque sea más caro». Si la British Steel acepta, tendrán que decir a su vez a los fabricantes de automóviles «Compren nuestro acero aunque sea más caro». Pero entonces la British Leyland y los demás fabricantes de automóviles tendrán que pedirles a los consumidores «Por favor, compren nuestros coches aunque sean más caros». Pero todos somos consumidores y, como tales, todos queremos poder elegir. Queremos comprar sacando el mejor rendimiento de nuestro dinero. Si las lavadoras o los coches extranjeros son mejores o más baratos que los británicos, el consumidor quiere tener la posibilidad de elegir. Existe un circuito roto. Los productores quieren un mercado protegido para sus productos. Eso es lo que piden los sindicatos. Pero los mismos sindicalistas, a la hora de consumir, quieren un mercado abierto. No pueden ganar ambos. Pero sí pueden perder ambos.

A finales de 1979 y principios de 1980 seguimos mejorando el proyecto de Ley del Empleo e invertimos bastante tiempo en el asunto de las medidas de apoyo y las inmunidades. Tratamos una por una las medidas a tomar con las cargas que las anteriores legislaciones laboristas habían impuesto a la industria. Una de esas cargas era el Inciso II de la Ley de Protección del Empleo de 1975. Dicho inciso era un caso típico: demostraba como una medida aparentemente inofensiva, incluida con el mejor de los motivos, podía traicionar las intenciones de quienes la originaron y provocar un aumento del paro. El Inciso II establecía que «los reconocidos términos y condiciones» del empleo en una industria en particular se aplicarían a toda esa industria. El propósito original era solucionar las bolsas de sueldos bajos; los antecedentes de este principio se remontaban a la época de la guerra pero, en los últimos años, se habían acogido a eso grupos de trabajadores con sueldos más elevados, como los trabajadores de la BBC. En ese caso el infortunado poseedor de la licencia de televisión tuvo que costear los gastos. En general, al forzar aumentos salariales según el nivel impuesto por empresas más fuertes, el Inciso II provocaba la pérdida de puestos de trabajo.

Pero el asunto más debatido era, de lejos, el de las inmunidades de los sindicatos. Nuestras propuestas sobre los piquetes de apoyo ya comenzaban a cuestionarlos. Pero entonces dimos otro paso adelante. Habíamos recibido el informe de la anterior investigación sobre las actividades de reclutamiento del sindicato de impresores SLADE, llevada a cabo por Andrew Leggatt, miembro del Consejo de la Reina (QC)[20]. Como respuesta, decidimos eliminar la inmunidad en los lugares donde las interrupciones del trabajo fueran convocadas o amenazadas por personas que no estuvieran trabajando directamente en esa empresa, con la intención de ejercer presiones compulsivas a los empleados para que se unieran a un sindicato.

Incluso decidimos llegar más lejos, de acuerdo con la decisión de la Cámara de los Lores en el caso MacShane del 13 de diciembre. El caso MacShane fue importante porque confirmó el amplio espectro de inmunidades existentes para el caso de actividades de apoyo. La mayoría de las inmunidades que entonces disfrutaban los sindicatos tenían su origen en la Ley de Conflictos Laborales (1906), que los laboristas ampliaron de manera significativa después de su reñida victoria electoral de octubre de 1974. El caso MacShane surgió del conflicto iniciado en 1978 entre la Unión Nacional de Periodistas (NUJ) y unos cuantos periódicos de provincias. Los periódicos de provincias lograron seguir editándose durante el conflicto al publicar historias que les proporcionaba la Asociación de Prensa. La NUJ trató de impedirlo, sin ningún éxito: primero, apelando a sus afiliados que trabajaban para la Asociación de Prensa y después, al fracasar ese intento, dando instrucciones a su gente para que boicoteara todo el material de la Asociación de Prensa. En respuesta, el Daily Express interpuso una demanda judicial contra el NUJ. El Tribunal de Apelaciones falló, en diciembre de 1978, a favor del Express alegando que la acción solidaria del NUJ se había excedido y podía considerarse que había ido más allá de los objetivos de la disputa por lo que, en ese caso, no podía disfrutar de inmunidad. Como resultado de esta decisión, el requerimiento judicial podía ser garantizado, y lo sería. Pero, cuando el caso llegó a la Cámara de los lores, la decisión de la Corte de Apelaciones fue desvirtuada. En lo esencial, los lores decidieron que, a efectos de la ley, una acción industrial «primaba sobre una disputa comercial», por lo que quedaba inmune si así lo estimaban genuinamente los sindicatos. Esta prueba subjetiva tuvo implicaciones muy molestas. Significaba que, de allí en adelante, habría una inmunidad ilimitada para las acciones industriales solidarias.

Estábamos todos de acuerdo en que la ley, tal como en ese momento la interpretaban las Cortes, debía ser cambiada. Cuando estábamos en la oposición, nos habíamos opuesto a todo paso dado por los laboristas tendente a aumentar los poderes e inmunidades de los sindicatos y en nuestro manifiesto ya habíamos dicho que «la protección de la ley debía estar al alcance de quienes no estaban involucrados en la disputa». Acordamos que había llegado el momento de aclarar los límites precisos de la inmunidad. Pero no estábamos de acuerdo con el alcance que la inmunidad —si la hubiere— tendría que tener para la acción solidaria ni con la oportunidad de la introducción de los cambios necesarios en el Proyecto de Ley de Empleo. Una y otra vez insistía Jim Prior en que no quería que las decisiones sobre cambios en la ley tuvieran una relación directa con ningún conflicto en particular. Pero, a medida que iba empeorando la huelga del acero sin que hubiera sido aprobada ninguna de las legislaciones que habíamos propuesto —no siendo las medidas contra las huelgas solidarias y el boicoteo—, la crítica popular arreciaba. Simpatizaba mucho con los críticos aunque hubiera querido que, con anterioridad, algunos patronos se hubieran mostrado más decididos. Siempre que alguno de nosotros tenía la idea de que debíamos habernos apresurado más en exponer nuestro caso, y el nosotros incluía a Geoffrey Howe, John Nott, Keith Joseph, Angus Maude, Peter Thorneycroft y John Hoskyns, Jim Prior encontraba argumentos contra la «nefasta acción» en referencia a la actitud prudente de la Confederación Británica de Industria (CBI).

El miércoles 30 de enero por la tarde, después de solicitar la entrevista, Jim se presentó muy alterado en el Número 10. Aparentemente, desde Navidad había empeorado bastante la actitud de los sindicatos. En Gales los sindicatos nos estaban sometiendo a una activa jornada. Los del acero se las habían arreglado para convocar a sus afiliados de las compañías privadas. Mi respuesta fue que, aunque siempre había respetado su punto de vista, no compartía su pesimismo.

De hecho, en esta etapa no compartía en absoluto el análisis de la situación que hacía Jim. Él creía realmente que ya habíamos intentado hacer todo lo que estaba en nuestras manos y que no debíamos seguir adelante con las leyes sindicales ni con la estrategia general de la economía. Yo, por mi parte, comencé a lamentar amargamente no haber hecho más progresos, tanto en el recorte del gasto público como en las reformas sindicales.

Era evidente que las diferencias y brechas entre nosotros eran bastante profundas y amplias. A pesar de todas sus virtudes, Jim Prior era un ejemplo del tipo de político predominante y que, a mi entender, había perjudicado al partido tory durante la posguerra. A esos personajes yo los llamo «falsos caballeros». Tienen toda la prestancia de un John Bull, rasgos rudos, cabello cano, modales francos, pero en su interior están llenos de astutos cálculos políticos y consideran que la tarea de los conservadores es la de una elegante retirada ante el inevitable avance de la izquierda. La retirada, como táctica, es a veces necesaria; pero la retirada como política estable mina el alma. Para justificar la serie de fracasos que implica esa política, el falso caballero tenía que persuadir a la mayoría de los conservadores, e incluso a sí mismo, de que el avance era imposible. Al fin y al cabo, toda su vida política habría sido un error garrafal si una política de positiva reforma tory resultara ser práctica y popular. De ahí la apasionada y obstinada resistencia montada por los wets (antiprohibicionistas) a las reformas fiscales, económicas y sindicales de principios de los años 1980. Estas reformas tenían que fracasar o ser frenadas. Porque, si se imponían, toda una generación de líderes tories habría desaparecido sin pena ni gloria. Ian Gilmour expresó de la manera más clara posible este sentimiento; pero Jim Prior también estaba influenciado y eso le hacía tener un comportamiento tímido y extremadamente cauteloso al tratar la política sindical. Así que tuve que obligarles a adoptar un enfoque más enérgico.

El domingo 6 de enero Brian Walden me entrevistó para el Weekend World. Aproveché la ocasión para decir que incluiríamos una nueva cláusula en el Proyecto de Ley del Empleo para rectificar el problema remanente del juicio MacShane. Dejé bien claro que no intentábamos eliminar la inmunidad que los sindicatos disfrutaban en relación a la medida destinada a que las personas rompieran sus contratos de trabajo, pero que nos concentraríamos en la inmunidad relativa a la medida destinada a provocar que los patronos se vieran obligados a romper los contratos comerciales. También hice hincapié en el modo en que las inmunidades sindicales se combinaban con los monopolios nacionalizados para aumentar el poder de los sindicatos en esas industrias. Necesitábamos restringir las inmunidades y terminar con los monopolios por medio de la competitividad.

Algo me decía que tendríamos un amplio apoyo popular en lo que emprendiéramos para restringir el poder sindical y los hechos me dieron la razón. En una encuesta de opinión publicada por The Times del 21 de junio de 1980 se planteaba a la gente la siguiente pregunta: ¿Cree que las huelgas por solidaridad y los boicots son armas legítimas en un conflicto industrial, o cree que la nueva ley tendría que restringir su uso? Un 71 por ciento de las respuestas (entre las que un 62 por ciento eran de sindicalistas) respondieron que una nueva ley debería, sin lugar a duda, restringir su uso. Hubiera sido difícil, creo, seguir adelante sin el apoyo de los líderes patronales. La mañana del martes 5 de febrero mantuve dos reuniones con empresarios. La primera con la patronal, CBI. Algunos opinaban que el proyecto de ley, tal como estaba redactado, iba lo más lejos posible. Al oír eso, no pude ocultar mi frustración y dije que, fuera cual fuere el momento en que se tomaran medidas más radicales, siempre existiría el peligro de una confrontación con los sindicatos, pero que consideraba más acertado aceptar ese riesgo en los próximos meses que esperar hasta el otoño, cuando los sindicatos podrían causar mayores trastornos. Dije que ahora lamentaba que las propuestas no hubieran sido más radicales cuando se presentó el proyecto de ley. Esto nos dejaba dos posibilidades: podíamos presentar enmiendas al proyecto existente o anunciar, en el documento de consulta que estábamos redactando, que pensábamos añadir proyectos de ley que llegaran un poco más lejos. La CBI abandonó la reunión sin ningún género de dudas sobre mis intenciones.

La segunda reunión del día se llevó a cabo con el sector privado de la industria del acero. Había un agudo contraste entre su punto de vista y el de la CBI. Se quejaron de que las compañías privadas de ese sector hubieran sido arrastradas a un conflicto que escapaba a su área de acción y en el que iban a ser las únicas víctimas. Debido a la huelga estaban perdiendo unos diez millones de libras esterlinas semanales. Efectivamente, la Confederación del Comercio del Hierro y el Acero (ISTC) había agotado sus posibilidades de acuerdo con las compañías privadas, mediante los procedimientos a su alcance, y había ordenado la huelga. Estaba claro que no había verdaderos motivos de queja entre los empleados del sector privado de esa industria; en el caso de Aceros Duport, cuando el Tribunal de Apelaciones había garantizado su amonestación para frenar las medidas de apoyo, hubo una masiva vuelta al trabajo, antes de que los Lores revocaran la decisión y se reanudara la huelga del sector privado. La amenaza de perder el carnet sindical fue el factor decisivo que persuadió al sector privado a sumarse a la huelga. En estas circunstancias no resulta sorprendente que las compañías privadas de la industria del acero quisieran una legislación inmediata para declarar ilegales los piquetes de apoyo. Y no había nada que yo pudiera ofrecerles excepto mi apoyo moral.

Al responder a una carta de los líderes industriales que me pedían «prudencia», dejé claro mi punto de vista:

En tanto en cuanto no hemos hecho cambios sustanciales en la ley, estamos confirmando las palabras de lord Diplock (en Dupont Steels Limited y otros contra Sirs y otros). Estamos poniendo de manifiesto que no estamos dispuestos a proteger a aquellas personas que, sin haber cometido falta alguna, han sufrido daños por culpa de otros. Estamos diciendo a los ciudadanos respetuosos con las leyes que preferimos fortalecer el poder de quienes infligen daños antes que ayudar a los que los sufren.

[…] Hace usted referencia a los sindicalistas moderados. Ellos me han enviado infinidad de cartas rogándome que les diera poder contra los activistas, diciéndome que esa es la razón por la que nos votaron y que ahora este Gobierno, al no haber tomado medidas efectivas, parece haberlos olvidado.

Si ahora, cuando tenemos de nuestra parte la opinión mayoritaria, pública y sindical, retrocedemos ante esta tarea, no es probable que confíen mucho en lo que vayamos a hacer el próximo invierno.

Y terminaba citando lo que dice Shakespeare en Medida por medida:

Nuestras dudas son traidoras

y nos llevan a perder el provecho que podemos lograr,

al temer intentar obtenerlo.

Retomé la tarea de endurecer la ley. Entonces los ministros estuvieron de acuerdo en modificar la ley llevándola a como se la entendía antes del juicio MacShane, añadiendo más pruebas relativas al contencioso para uso de los tribunales. No habría, con todo, una condena total a las acciones de apoyo. Siguió un corto período de consultas y el 17 de abril de 1980 quedó incluida en el proyecto de ley la nueva cláusula, en su primera etapa de la Cámara de los Comunes, destinada a limitar la inmunidad de las acciones de apoyo que rompieran o interfirieran con los contratos comerciales. La inmunidad sólo subsistiría cuando la acción fuera tomada, por empleados de los abastecedores o clientes del empleador en conflicto, con el «único o principal objetivo» de apoyar el conflicto principal y cuando la acción tuviera una razonable perspectiva de prosperar. Resultó de gran importancia para el futuro que anunciáramos, para más adelante, la publicación de un folleto sobre las inmunidades de los sindicatos que trataría el asunto desde una perspectiva más amplia.

De hecho, la Ley de 1980 no afectó directamente el resultado de la huelga del sector del acero. La única posibilidad de acción que teníamos era acelerar la inclusión de la cláusula 14 del Proyecto de Ley del Empleo que legalizaba los piquetes de apoyo. Era una opción que me resultaba muy atractiva. Y mis deseos de seguir adelante habían aumentado mucho con los piquetes masivos que hubo el jueves 14 de febrero en la firma Hadfields, del sector privado de la industria del acero. Keith Joseph me telefoneó a Chequers la mañana del domingo siguiente para hablar sobre lo sucedido. No nos cabía la menor duda de que era un serio atentado al Código Penal. La cuestión era si la utilización de las leyes civiles y, en particular de la Cláusula 14, no empeoraría la situación en vez de mejorarla.

Telefoneé al ministro del Interior, Willie Whitelaw, para interesarme por la situación de orden público y le sugerí que la semana siguiente podríamos añadir una cláusula sobre los piquetes. También hablé con el fiscal general, Michael Havers. Veía claro que la policía tendría que frenar a un buen número de integrantes de piquetes cuando llegaran a su destino, si es que se iban a controlar los piquetes y a eliminar las amenazas de intimidación. Aunque las leyes civiles no podían desempeñar ningún papel en aquella situación. Incluso había un argumento: un cambio en la legislación civil, establecido como respuesta directa a la violencia, podía dificultar el ejercer presión sobre las personas para que respetaran y obedecieran la legislación penal. Pero, de todos modos, quise que se examinaran urgentemente todas las posibilidades.

Después de discutirlo con los ministros, el lunes 18 de febrero, quedé decidida a no apresurar la cláusula relativa a los piquetes de apoyo. Pero en cambio el fiscal general restauraría al día siguiente, en la Cámara de los Comunes, la ley penal relativa a los piquetes. Jim Prior también escribiría una carta pública a Len Murray, el secretario general de la TUC, para llamarle la atención sobre el quebrantamiento de todos los códigos aceptados respecto al empleo de piquetes. Pretendíamos mantener la presión de esa forma.

LA HUELGA DE LA SIDERURGIA DE 1980

El debate sobre la reforma de los sindicatos, tanto en el seno del Gobierno como fuera de él, tuvo lugar a la sombra de un conflicto industrial: en particular, el tema de las medidas de apoyo y las inmunidades quedó inextricablemente asociado a la huelga del sector siderúrgico de 1980. Pero esa huelga también constituyó una amenaza directa para nuestra estrategia económica. Y es poco probable que, una vez iniciada la huelga y en el caso de que la perdiéramos, hubiera sobrevivido nuestra política económica.

La siderurgia, al igual que la automoción, estaba padeciendo los efectos de la política intervencionista estatal excesivamente ambiciosa. Era el Gobierno de Ted Heath, del que yo había sido miembro, el que había puesto a la British Steel Corporation (BSC) en el camino de las grandes inversiones con capacidad de expansión, justo en los años anteriores a la primera crisis del petróleo que habría de mutilar tantas ambiciones. El posterior Gobierno laborista efectuó algunos cierres pero, mediante la revisión decretada por lord Beswick en 1974-1975, logró más tiempo a su favor. Pero cuanto más se tardaba en tomar medidas correctivas, menores eran las posibilidades de hacer uso apropiado de las plantas más actualizadas y esto, a su vez, empeoraba la situación general de la BSC, ensombreciendo la perspectiva laboral de los trabajadores del acero y aumentando la carga que pesaba sobre quienes pagaban los impuestos, que ya habían sufrido grandes pérdidas.

Una de mis primeras decisiones sobre las industrias nacionalizadas fue acordar el cierre de las plantas siderúrgicas de Shotton, en Gales del Norte. Las medidas destinadas a proporcionar nuevas oportunidades de empleo en el área serían oportunamente anunciadas, pero sabía que el cierre tendría un efecto devastador sobre los trabajadores y sus familias. Cuando estuve de visita en Gales, en calidad de líder de la oposición, vino a verme una delegación de Shotton. Me sentí sumamente apenada por ellos, habían hecho todo lo que se esperaba que hicieran. Pero no era, y era imposible que fuera, suficiente.

La BSC no sólo era un ejemplo de las desventajas de ser una propiedad del Estado y de estar sujeta a su intervención, sino también de cómo el sindicalismo británico minaba nuestro rendimiento industrial. Un buen ejemplo de lo que funcionaba mal podría encontrarse en la terminal minera Hunterston, en el Clyde. Allí la BSC construyó el mayor muelle de aguas profundas de Europa. Se inauguró en junio de 1979 pero no pudo ser utilizado hasta noviembre, por el conflicto entre la Unión de los Trabajadores del Transporte y Afines (TGWU) y la ISTC. Durante cinco meses el material tuvo que transportarse por diversos medios al continente, donde se transfería la carga a barcos más pequeños que la llevaban a Terminus Quay, en Glasgow, y de allí a Ravenscraig.

Hacia el final de 1979, algunos problemas externos sobre los que no podíamos tener control aumentaron rápidamente las dificultades de la BSC. A medida que empeoraba la recesión, hubo una saturación de acero en el mundo. La industria siderúrgica tenía pérdidas y cierres en casi todos lados. Pero los problemas fundamentales de la BSC eran de carácter interno. A la BSC le llevaba casi el doble de horas por hombre producir una tonelada de acero que a sus principales competidores europeos. Habíamos llegado a la absurda situación de que el valor añadido por la BSC era, cuando lo había, inferior al de los aumentos salariales. Durante los cinco años anteriores a 1979-1980, se gastaron más de tres mil millones de libras esterlinas del erario público en la BSC, lo que equivalía a 221 libras esterlinas por cada una de las familias del país. Y las pérdidas se acumulaban. Keith Joseph y yo estábamos dispuestos a seguir proporcionando los fondos para los programas de inversión y de desempleo de la BSC, pero a lo que no estábamos dispuestos era a subvencionar pérdidas surgidas del excesivo coste salarial, de salarios que no se correspondían con el nivel de productividad.

Si estábamos seriamente decididos a desmantelar la BSC, con todos los cierres, pérdidas de puestos de trabajo y desafíos a las prácticas restrictivas que eso implicaba, corríamos el riesgo de una huelga que podía resultar muy nociva. Sólo había una alternativa peor: dejar que siguiera la situación planteada.

El presupuesto con que contaba la BSC para 1980-1981 quedó establecido en junio de 1979: la intención era que durara, al menos, hasta marzo de 1980. Aquel objetivo, de hecho, había quedado establecido por el anterior Gobierno laborista. Pero ya el 29 de noviembre de 1979 la BSC hizo pública una pérdida semestral de 146 millones de libras esterlinas y renunció a su objetivo de llegar a marzo, aplazándolo en unos doce meses. La crisis se aproximaba a grandes pasos.

El 6 de diciembre Keith Joseph me comunicó cuáles eran las implicaciones de la situación. La BSC no podía afrontar ningún aumento salarial para el 1 de enero más que el de la consolidación de algunos aumentos adicionales ya acordados el año anterior, es decir, un 2 por ciento. Cualquier otro aumento tendría que depender de negociaciones locales condicionadas a equivalentes aumentos de productividad. La semana anterior la corporación había comunicado a los sindicatos que había que reducir la producción de hierro y acero en 5 millones de toneladas, lo que obligaba al cierre de Corby y Shotton. Ya Bill Sirs amenazaba con una huelga. Acordé con Keith que en esta circunstancia debíamos respaldar a la corporación. También acordamos que la BSC tendría que ganarse el respaldo de la opinión pública haciendo comprender a los sindicatos el daño que esa huelga podía causar a sus propios miembros.

A medida que aumentaba la posibilidad de huelga, crecía la inquietud sobre si la administración de la BSC habría trabajado adecuadamente el terreno. Las cifras utilizadas para justificar la postura de la dirección fueron cuestionadas incluso por el secretario de Estado para Gales, Nicholas Edwards. Es posible que tuviera razón. Pero dije que, como políticos, no teníamos por qué cambiar nuestro criterio por el criterio de la industria. Era la dirección de la BSC la que, en última instancia, tenía que hacerlo.

El 10 de diciembre el consejo de la BSC confirmó que desaparecerían 52.000 puestos de trabajo en el sector siderúrgico. Las perspectivas financieras de la BSC seguían empeorando. Incluso al analizar sus cifras en función de la futura demanda de acero, consideramos que pecaban, cuanto menos, de optimistas. Pero ahora tampoco queríamos emitir juicios contra el consejo ni contra la dirección. Incluso antes de la huelga ya buscábamos un sucesor para el entonces presidente del consejo, sir Charles Villiers, cuyo contrato estaba por finalizar. Ya habíamos recibido siete u ocho negativas de candidatos adecuados y estaba claro que el miedo a que el Gobierno interfiriera era uno de los elementos disuasorios principales.

El resultado de la huelga era difícil de predecir. La BSC, los productores privados del acero, las industrias consumidoras de acero y los almacenistas habían recibido el aviso de huelga con tres semanas de anticipación, lo que les permitió almacenar la suficiente materia prima. Además, debido al nivel de depresión de la industria, muchas empresas operaban por debajo de su capacidad. Pero por otra parte podían preverse serios problemas para los consumidores de hojalata y posiblemente para la industria del automóvil y, además, la situación podía empeorar seriamente si los trabajadores portuarios y los transportistas se adherían negándose a cargar el acero y frenando así las importaciones. Sin embargo, la BSC y sus obreros serían los más perjudicados. Sus precios ya superaban los de sus competidores europeos y el mercado interno del acero parecía destinado a perderse definitivamente a favor de las compañías extranjeras que podían asegurar el abastecimiento permanente para el futuro.

Desde finales de diciembre programé reuniones regulares de un pequeño grupo de ministros y funcionarios para ir controlando la situación del acero y decidir las acciones pertinentes. Fue una época de frustraciones y ansiedad. Los detalles de la oferta de la BSC no fueron bien comprendidos ni por los obreros del acero ni por el público en general. Y la BSC hizo muy poco para explicar su postura. No repartió folletos ni compró grandes espacios en los periódicos, alegando que ese tipo de acción podía llegar a ser considerada como provocativa. La esperanza era que otros tipos de presión pudieran tener influencia en la ISTC y en el Sindicato Nacional de Caldereros (NUB). Además, en un errado intento de estructurar un soporte para varias ofertas salariales que había hecho, la BSC permitió un confuso manejo de cifras para obtener divisas, que no complació a nadie. Para el público en general, las cifras siempre parecían aumentar, mientras que para los sindicatos nunca parecían ser suficientes.

Por su parte la ISTC prestaba más atención a los acuerdos salariales de otros grupos de trabajadores —la tasa corriente— que a la pálida realidad comercial de la industria en que trabajaban sus miembros. El 28 de noviembre los obreros de la Ford votaron un aumento salarial del 21,5 por ciento. El 5 de diciembre los mineros del carbón aceptaron un acuerdo del 20 por ciento, y se les aplaudió públicamente por su moderación. Sin duda todo aquello sirvió para reforzar los sentimientos de los obreros siderúrgicos. El 7 de enero Len Murray y Bill Sirs pidieron que se acordara un aumento de un 8 más un 5 por ciento «a cuenta» de los convenios locales de productividad. La BSC ofreció un 8 por ciento, más un 4 por ciento de adelanto durante un período limitado. Al día siguiente la negociación se estancó. La Unión de Empleados Municipales y Afines (GMWU) se sumó a la huelga; al día siguiente se unieron los artesanos y, aunque el 10 de febrero los líderes de los artesanos aceptaron acuerdos bilaterales de un 10 más un 4 por ciento, unos días más tarde sus miembros rechazaron la oferta. Mientras tanto, el 16 de enero, la ISTC extendió la huelga al sector privado del acero, en el que la incierta posición legal y la violenta actividad de los piquetes aumentaron nuestras dificultades.

Pronto tuve muy claro, sin embargo, que la huelga de los obreros del acero no lograría frenar la industria británica. En mi reunión de estrategia del 18 de enero las cifras mostraban que hasta entonces la huelga había tenido escaso efecto en la producción industrial, que había disminuido un 2 por ciento la semana anterior y tal vez algo más en aquellos momentos. Incluso si también el sector privado suspendía la producción de acero, las reservas serían suficientes para continuar con una producción normal durante otras cuatro o seis semanas, aunque podían surgir ciertos problemas en algunas áreas particulares en un período de dos o tres semanas. Tal como habíamos previsto, era en el área de envasado de alimentos donde podía presentarse la mayor dificultad.

Fue con esta perspectiva que mantuve el lunes 21 de enero la reunión en el Número 10 solicitada por los sindicatos, y después por la BSC. Los líderes sindicales se habían entrevistado con Keith Joseph y Jim Prior el sábado anterior. Una de las dificultades era que los sindicatos podían haberse llevado una impresión equivocada a partir de las observaciones de Jim, basadas en exhaustivas investigaciones, que criticaban a la dirección de la BSC. Me enfadé al leerlas. Pero cuando una semana después Robin Day me preguntó al respecto en Panorama, mi respuesta fue discretamente reprobatoria: «Todos nos equivocamos alguna vez. Creo que fue un error y Jim Prior lo lamentó muchísimo, y se disculpó repetidas veces. Pero no se destituye a nadie porque haya cometido solamente un error».

Durante mi conversación con los señores Sirs y Smith (respectivamente los líderes de la ISTC y de la NUB) dije que el Gobierno no intervendría en la disputa. No conocía lo suficiente la industria siderúrgica como para involucrarme en las negociaciones aunque, por supuesto, accedía a escuchar sus puntos de vista. Los sindicatos querían que el Gobierno presionara a la BSC para que aumentara su oferta. Querían algo de «dinero fresco», pero les especifiqué que eso no existía: el dinero para la industria del acero sólo podía salir de otras industrias que dieran beneficios. El tema central es, les dije, la productividad en la que, aunque Bill Sirs discutiera las cifras, era generalmente aceptado que los logros de la BSC quedaban rezagados. Luxemburgo disminuyó la mano de obra empleada en la producción de acero de 24.000 a 16.000 personas aumentando, a su vez, la productividad, con el resultado de que llegó a exportar raíles a Gran Bretaña. Cuando me enteré de aquello durante el otoño, me sentí herida en lo más profundo y así se lo dije.

Esa misma tarde me reuní con sir Charles Villiers y Bob Scholey, presidente y jefe del Ejecutivo de la BSC respectivamente. Me describieron con toda precisión lo que habían ofrecido y el estrecho margen de flexibilidad. Les ofrecí todo mi apoyo.

Al día siguiente se reunieron Bob Scholey y Bill Sirs, pero fue en vano. Bill Sirs siguió exigiendo el 20 por ciento, cifra a todas luces carente de realismo. Lo único que podíamos hacer era dejar que continuara la huelga. En mi reunión con los ministros y funcionarios del 1 de febrero, se nos dijo que en el puerto no había trabas para el acero. Había poca o ninguna evidencia de escasez, salvo por la situación de franco deterioro de Metal Box, los fabricantes de envases para alimentos. El informe de la semana que acababa el 2 de febrero volvió a exponer una posición de fuerza: la producción estaba al 96 por ciento de su nivel normal. El 12 de febrero volvimos a recibir pruebas de que la industria seguía funcionando. El 90 por ciento de quienes tenían reservas de acero seguían manteniendo un nivel satisfactorio de entregas. Las importaciones limitadas seguían entrando y superando todos los obstáculos que les ponían los sindicatos. Tal vez no fuera sorprendente que las industrias consumidoras de acero se negaran a revelar el volumen de sus reservas y su posible duración, pero su moral era alta. Metal Box esperaba entregar el 50 por ciento de los pedidos de sus clientes. En British Leyland la producción podía seguir hasta finales de febrero.

Ahora, donde aumentaba el problema era en el sector privado del acero. Los piquetes masivos en Hadfields incrementaron su agresividad. Exageraron la intimidación y elevaron la violencia al mismo nivel que había provocado el cierre de Saltley Coke Depot durante la huelga minera de 1972. Por lo tanto era vital que ganáramos.

Los negocios británicos demostraron ser muy fuertes y estar llenos de recursos para enfrentarse a la huelga, lo que resultó ser un factor decisivo. De alguna manera habían logrado tener todo el acero que necesitaban. En los informes presentados en mis reuniones parecía que el momento crítico en que podían agudizarse los problemas de las industrias consumidoras de acero no llegaría nunca. En la reunión del 4 de marzo toda la información confirmaba la imposibilidad de que la huelga triunfara. La posibilidad de subsistencia de las industrias consumidoras de acero quedaba cada vez más asegurada por la importación. Incluso las perspectivas eran mejores que las de la semana anterior. El 14 de marzo todas las compañías privadas del sector del acero, menos una, habían vuelto a la producción y cuando se celebró la reunión del 18 de marzo, también en ésa se había vuelto al trabajo.

Aunque ya resultaba evidente que los sindicatos habían perdido, al no lograr la huelga afectar a la industria y quedar desmoralizados los huelguistas, los términos precisos en los que el Gobierno y la dirección habían ganado quedaron equilibrados. El 9 de marzo la BSC llevó a cabo una «votación sobre las votaciones», preguntándoles a los obreros si querían votar por el aumento que el ISTC había denegado, cuyo resultado fue la evidencia del descontento con los dirigentes del ISTC y sus tácticas. El sindicato quería una puerta abierta para salvaguardar su orgullo. La BSC propuso formalmente un arbitraje el 17 de febrero y, aunque fue rechazado, la oferta siguió en pie. Hubo fuertes presiones, que yo quise resistir, para que una comisión investigase la huelga y propusiese una solución. Hubiera preferido una acción del ACAS (Servicio de Asesoramiento, Conciliación y Arbitraje). Me pareció que si el ACAS tenía alguna razón de existir, sin duda tenía un papel que jugar en una situación como aquella. De hecho, estábamos condenados a quedarnos a la expectativa mientras la BSC y los sindicatos llegaban a un acuerdo en el nombramiento de las tres personas que llevaran a cabo la investigación. El nombramiento recayó en lord Lever y lord Marsh (antiguos ministros del Gabinete laborista) y Bill Keyes, del SOGAT, quien el 31 de marzo recomendó un acuerdo bastante por encima de la cifra originalmente ofrecida por la BSC aunque bastante inferior a la que pedía el ISTC. La oferta fue aceptada.

En la reunión final del 9 de abril, se nos comunicó a la comisión que todas las plantas de la BSC volvían a estar en funcionamiento. La producción y las entregas de acero estaban al 95 por ciento del nivel que hubieran tenido, de no existir la huelga. El resultado, pese al monto del acuerdo salarial aceptado, fue considerado como una victoria para el Gobierno en caso de que no lo fuera para la dirección de la BSC.

Aquella fue una batalla en la que no sólo se luchó y se obtuvo una victoria para el Gobierno y su política, sino también para el bienestar económico de todo el país. Era necesario hacer frente a los sindicatos que pensaban que, por estar en el sector público, había que permitirles ignorar la realidad comercial y la necesidad de una mayor productividad. En el futuro, los salarios tendrían que depender de la situación de la industria que los empleaba y no de la «comparación» con el salario de otros. Pero sería cada vez más difícil imbuir ese realismo donde el Estado era propietario, banquero y a veces intentaba, incluso, administrar.

BRITISH LEYLAND: 1979-1980

El desafío que presentaba la British Leyland (BL) al Gobierno era en cierta manera muy parecido al de la BSC, aunque fuera más grave y más difícil políticamente. Al igual que la BSC, la BL era propiedad del Estado y estaba controlado por él, aunque técnicamente no fuera una industria nacionalizada. La compañía se había convertido en un símbolo del declive industrial británico y de la sangrienta sinrazón de los sindicatos. Sin embargo, cuando entré en el Número 10, ya comenzaba también a significar la lucha administrativa por sobrevivir. Michael Edwardes, Presidente de la BL, ya había demostrado tener agallas al contratar a militantes sindicales que habían puesto de rodillas a la industria británica del automóvil. Yo sabía que decidiéramos lo que decidiéramos sobre la BL, eso tendría un impacto sobre la psicología y moral de los empresarios británicos en su conjunto, y estaba decidida a que esas señales fueran las adecuadas. Desdichadamente, a diferencia del caso de la BSC, resultaba cada vez más evidente que la acción requerida para apoyar a la BL contra la obstrucción del sindicato era muy diferente a la aplicable en un terreno puramente comercial. Ése era el problema, pero teníamos que respaldar a Michael Edwardes.

Ya en la oposición habíamos hecho notar nuestra hostilidad al plan Ryder para la BL, con su enorme coste no aparejado con medidas lo suficientemente rigurosas como para aumentar la productividad y lograr beneficios[21]. Tuve mi primera experiencia directa como primera ministra sobre las dificultades de la BL en septiembre de 1979, cuando Keith Joseph me informó de los espantosos resultados semestrales y las medidas que el presidente y el consejo de la BL pretendían tomar. Según el nuevo plan, se cerraría la planta de la BL en Coventry. Se perderían, por lo menos, unos 25.000 puestos de trabajo. Se incrementaría la productividad. Se aceleraría la producción del modelo de los coches de tamaño medio. El consejo de la BL sostenía que la compañía necesitaría más fondos que los 225 millones de libras esterlinas remanente de los mil millones de libras esterlinas prometido por los laboristas, según el Plan Ryder. Como respuesta, Keith no hizo promesas financieras. Dijo a la BL que estudiara alguna manera de obtener dinero de sus propios recursos, es decir, vendiendo con beneficios parte de la compañía. No había ninguna necesidad inmediata de adoptar decisiones sobre aumento de fondos hasta el momento en que el Gobierno recibiera, del Consejo Nacional Empresarial (NEB) el nuevo Plan Corporativo para la BL. Esto sería en noviembre.

Los trabajadores de la BL iban a ser consultados en una votación sobre el Plan Corporativo. Si el apoyo era netamente mayoritario, al Gobierno le resultaría muy difícil no darle su apoyo y muy pronto la compañía pediría 200 millones de libras esterlinas más, superando lo estipulado por el Plan Ryder. Parecía que la votación, cuyo resultado se haría público el 1 de noviembre, apoyaría la subsistencia de la compañía. Pero también podía resultar que no, lo que plantearía otros problemas inmediatos. Porque, si la votación daba a entender que sólo quedaba el recurso de especular con el futuro de la compañía, la perspectiva era que muchos pequeños y medianos acreedores exigirían el pago inmediato y los poseedores de grandes reservas a crédito se sumarían a la presión. La BL podría verse forzada a liquidar precipitadamente sus existencias en circunstancias en las que nos sería imposible responderle de manera adecuada, así como disponer de sus bienes. Las implicaciones económicas de un colapso de tal calibre eran apabullantes. Sólo en el Reino Unido había 150.000 personas trabajando para la compañía. Había un número probablemente igual trabajando en los componentes y otras industrias de abastecimiento dependientes de la BL. Me dijeron que el cierre total implicaría la pérdida neta de aproximadamente 2.200 millones de libras esterlinas anuales en la balanza comercial y, según el NEB, podría llegar a costarle al Gobierno en torno a los mil millones de libras esterlinas.

No había error en la gravedad política y económica que implicaba la decisión. El cierre tendría consecuencias terribles pero no teníamos que dar la impresión de que era impensable. Si la compañía y los trabajadores llegaban a creerlo, no habría límites para sus exigencias del erario público. Por esta razón, Keith y yo decidimos rechazar la petición de la BL de que el Gobierno tomara medidas para avalar las deudas de la compañía. Querían que publicáramos una carta a ese efecto, incluso antes del resultado de la votación. De hecho, el 87,2 por ciento de los votos dieron su apoyo al plan de la BL y ésta dio inmediatamente por sentado que tendría el apoyo del NEB para llevarlo adelante. Luego solicitaron una enorme suma de dinero al Gobierno.

Nuestras ideas respecto al Plan Corporativo de la BL quedaron pospuestas por dos acontecimientos. El primero fue que, como resultado (desvinculado) de nuestra decisión de quitar Rolls-Royce de la competencia del NEB, sir Leslie Murphy y sus colegas renunciaron y hubo que formar un nuevo directorio bajo la presidencia de sir Arthur Knight. En segundo lugar, el Sindicato Unido de Trabajadores Metalúrgicos (AUEW) se convirtió entonces en una amenaza para la supervivencia misma de la BL, al convocar una huelga a raíz de la renuncia, el 19 de noviembre, de Derek Robinson, un notorio agitador que era presidente del llamado Comité Sindical del Grupo Industrial Leyland. Robinson y otros habían seguido adelante con la campaña contra el plan de la BL, incluso después de haber sido aprobado. La administración estuvo acertada al suspenderlo hasta que la indagación del AUEW tomara una decisión definitiva.

El lunes 10 de diciembre, en una reunión de ministros que presidí, consideramos las posibilidades del Plan Corporativo. Lo primero que observé fue que el rendimiento de la BL había estado cayendo desde sus comienzos. Entonces pedí datos actualizados de posibles beneficios y recursos generados. Quería que Michael Edwardes me diera una definición apropiada de cuáles serían las circunstancias en las que la BL abandonaría el plan. Los hitos tenían que estar claros para medir los logros futuros. También quise saber si Michael Edwardes quería seguir en el puesto de presidente: oficialmente, sólo le quedaba un año de contrato.

Nos encontrábamos presionados para aprobar el plan antes del receso de Navidad (sin esperar a que terminaran las negociaciones salariales de la BL) para que la compañía pudiera firmar la colaboración con Honda, con el fin de fabricar los nuevos coches de tamaño mediano. Yo no me sentía preparada para tomar una decisión. En cualquier caso, experiencias anteriores me sugerían que el plan no sería cumplido. Los planes anuales de la BL siempre prometían grandes beneficios, aunque la situación parecía empeorar año tras año. Su participación en el mercado automovilístico británico había caído del 33 por ciento en 1974 al 20 por ciento en 1979, y en el curso de los últimos dos meses era sólo de un 16 por ciento. La productividad de la BL no superaba los dos tercios de la de sus competidores europeos y era inferior aún respecto a la de sus competidores japoneses. Para que la compañía volviera a ser competitiva tendría que mejorar en casi un 50 por ciento. Quedaba por ver si el plan podría lograrlo. Los nuevos modelos propuestos podrían ayudar. Pero el primero no se comenzaría a fabricar hasta finales del año siguiente y, para entonces, todos sus competidores estarían también fabricando nuevos modelos. Mientras tanto la BL se estaba quedando ya sin dinero y necesitaría que se le adelantara el correspondiente al nuevo año fiscal.

Por lo tanto pedí a John Nott, que aportaba al problema la experiencia y el escepticismo de un banquero, que revisase las cuentas de la BL junto con el director financiero de la compañía. También Keith Joseph, John Biffen y otros se pusieron a analizar el plan en detalle junto con Michael Edwardes. Y llegaron a la conclusión de que la BL tenía sólo una mínima oportunidad de sobrevivir y que era muy probable que el plan fracasara, a lo que seguiría el cierre o la liquidación de la compañía. Se calculaba que una tercera parte de la BL podía venderse. Pero la decisión final debía basarse en consideraciones más amplias. Aunque algo reacios, decidimos que la gente no entendería la liquidación de la compañía en aquel preciso momento, cuando sus directivos estaba haciéndole frente a los sindicatos y utilizando un lenguaje empresarial de sentido común. Y así, después de mucho discutir, acordamos respaldar el plan y proporcionarle el apoyo financiero necesario. Keith anunció nuestra decisión a la Cámara de los Comunes el 20 de diciembre.

El problema no se solucionaba proporcionando más dinero público: eso nunca pasa. Las votaciones de la BL sobre la oferta salarial tuvieron muy mal resultado, en parte porque, la pregunta planteada a los trabajadores («¿Apoya usted el rechazo del comité negociador a la oferta salarial y a las condiciones propuestas por la compañía?») era confusa. El 59 por ciento de los votantes se pronunció en contra de la oferta. Además, la encuesta del AUEW descubrió que el despido de Robinson había sido injustificado y se anunciaba una huelga general para el 11 de febrero. Michael Edwardes, muy acertadamente, se negó a readmitirlo y a mejorar la oferta salarial. El directorio de la BL adoptó planes de contingencia, con el apoyo de funcionarios del Ministerio de Industria y del Tesoro, para salvar la situación si el plan tenía que ser eliminado y había que liquidar la compañía. Michael Edwardes no quería considerar la posibilidad, ni siquiera en aquella etapa, de admitir la venta de la BL a posibles compradores extranjeros, aunque aceptó responder positivamente ante cualquier posible intento de compra. Por cierto que la fuerza laboral de la BL podía tener pocas dudas sobre la seriedad de su postura. La participación de la BL en el mercado había descendido tanto que en enero solamente las ventas del modelo Cortina de la Ford fueron mayores que la de toda la gama de la British Leyland.

Michael Edwardes y el consejo de la BL se mantuvieron firmes al encarar la amenaza del sindicato. A los huelguistas se les dijo que, a menos que volvieran al trabajo el miércoles 23 de abril, serían despedidos. Pero por mucho que admirase la tenacidad de la BL, estaba cada vez más descontenta del enfoque comercial del consejo. En particular había una fuerte resistencia por parte del consejo a vender toda o parte de la compañía, aunque parecía más una obstrucción que una declarada hostilidad.

Por ejemplo, había una decidida resistencia inicial a mi sugerencia de contratar un consejero financiero independiente para asesorarles sobre la manera de disponer de los bienes de la compañía. Se me respondió que ese tipo de contratación minaría la confianza en el futuro. Incluso se me sugirió que aquellos eran asuntos que incumbían a la dirección y no al Gobierno. Yo no podía aceptar aquello. El Gobierno era el principal accionista de la BL y era correcto que el accionista tuviera el derecho a opinar cuándo y cómo debía la compañía vender sus bienes. De hecho, a su debido tiempo se contrató un consejero con el beneplácito de Michael Edwardes.

El miércoles 21 de mayo Michael Edwardes y dos de sus colegas asistieron a una cena de trabajo en el Número 10. Por parte del Gobierno, estaban Geoffrey Howe y Keith Joseph; Robin Ibbs, Director del CPRS; y mi secretario particular. Michael Edwardes dijo que la BL estaba pasando por una situación comercial peor que en 1980, cuando se estructuró el plan. Podría sobrevivir sin el límite de dinero acordado en 1980, pero el límite provisional de 130 millones de libras esterlinas decidido para 1981 era esencial, y consideraba que la idea de que después ya no se necesitaría ninguna otra reposición de fondos por parte del Gobierno —dijo— utópica. Afirmó que tenía grandes esperanzas puestas en la colaboración con un fabricante alemán, pero que la perspectiva de vender la mayor parte de la empresa en un futuro inmediato no resultaba nada alentadora. Solamente la Land Rover alcanzaría un buen precio en aquellos momentos pero el venderla por separado perjudicaría seriamente al resto del negocio. Otros sectores de la BL podrían venderse en el curso de uno o dos años, a medida que avanzara el programa de recuperación. Resultaba obvio hacia dónde nos llevaba aquello: la BL estaba a punto de presentarnos otra solicitud del dinero de los contribuyentes, y probablemente fuera una suma enorme.

En cambio reconocí que la BL había logrado grandes avances. Pero hice hincapié en la inquietud que me causaban las interminables demandas de dinero extra. Dije que la BL había fracasado en alcanzar los objetivos fijados en su plan. Había que descartar cualquier nuevo aporte de dinero.

A medida que pasaba el verano se hacía cada vez más evidente que la situación financiera de la compañía se deterioraba incluso más. Michael Edwardes nos bombardeaba con sus quejas. Estaba preocupado por las importaciones japonesas. Atrajo la atención sobre las dificultades (indudablemente reales) de exportar a España debido a los altos aranceles aduaneros de ese país, mientras que ellos podían vendernos sus coches sin ningún problema. Se quejaba del nivel de la libra esterlina. Pero ninguno de aquellos argumentos podía disimular el hecho de que las cosas iban muy mal para la BL y de que parecía que el consejo no era capaz de cambiar aquella situación. Las pérdidas de la compañía durante el primer semestre fueron de 93,4 millones de libras esterlinas, antes del pago de intereses e impuestos, en comparación con unos beneficios de 47,7 millones de libras esterlinas durante el mismo período del año anterior. Michael Edwardes intentó conseguir que el Gobierno financiara los nuevos coches de tamaño medio de la BL (conocidos como LM10) por separado y antes del Plan Corporativo de 1981. En realidad quería que yo anunciara el compromiso del Gobierno al respecto en una cena ofrecida por la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automotores (SMMT), el 6 de octubre. No tenía intención alguna de hacerlo; tampoco esta vez me dejaría manipular.

En cambio lancé un mensaje bastante diferente y posiblemente menos agradable para la industria del automóvil. Reconocí que algunos de los problemas a los que se enfrentaban se debían a la recesión mundial. Pero que aquella no era la verdadera razón de las dificultades de la industria. Dije:

Este año la producción de automóviles es la más baja en veinte años. No es porque disminuyeran las ventas internas, nada de eso, sino porque la gente está comprando coches extranjeros en vez de los nuestros. Y algunos de ellos nos llegan de países de salarios altos y economías de moneda fuerte. La recesión mundial puede haber exacerbado nuestros problemas, pero ésa no es la raíz del problema de la industria del motor. Lo que sucede con la industria del automóvil, desde 1950, es un claro ejemplo de lo que viene funcionando mal en demasiados sectores de la industria británica: altos sueldos que no van acompañados de una productividad alta; beneficios bajos, inversiones muy bajas; casi nada destinado a I & D y a nuevos diseños […] y ¿por qué no hemos logrado la productividad? Por un exceso de mano de obra, por la resistencia al cambio, por un exceso de huelgas e interrupciones del trabajo.

La última parte del mensaje pareció caer en el vacío. El 27 de octubre los sindicatos de la BL decidieron por amplia mayoría rechazar la oferta salarial del 6,8 por ciento y recomendaron ir a la huelga. Michael Edwardes le escribió a Keith Joseph para decirle que una huelga imposibilitaría definitivamente cumplir el Plan Corporativo planteado apenas una semana antes. Para lograr apoyo para la oferta salarial quería redactar un informe dirigido a los funcionarios del sindicato, sobre los aspectos claves del Plan 1981, incluyendo los fondos requeridos para 1981 y 1982, que él cifraba en 800 millones de libras esterlinas. Aunque reacia, acepté la propuesta de Michael Edwardes pero sólo en el entendimiento de que el Ministerio de Industria haría saber que el Gobierno no estaba comprometido de manera alguna a conseguir esos fondos y que el asunto quedaba aún por considerar. De hecho, el 18 de noviembre los representantes del sindicato de la BL respaldaron, y finalmente aceptaron, la oferta de la compañía. La historia volvía a repetirse: el año anterior había sucedido casi lo mismo. La necesidad de manejarse con crisis relacionadas con la industria hacían muy difícil evitar la impresión de que estábamos dispuestos a proporcionar a la compañía grandes cantidades extra de los fondos públicos. Por más claras que fueran nuestras explicaciones, la gente llegaba siempre a la misma conclusión.

Según cualquier juicio comercial racional, no había razones válidas para seguir financiando la British Leyland. El Plan Corporativo de 1980 había previsto la necesidad de unos 130 millones de libras esterlinas en acciones de interés variable del Gobierno a partir del período de 1981 inclusive. En el Plan de 1981 que entonces se nos pedía que aprobáramos, la suma había aumentado a mil millones. Mientras tanto, las perspectivas de beneficios empeoraban. Las predicciones para lograr una parte del mercado en planes sucesivos eran cada vez peores. Muchos de los modelos de la BL no eran competitivos. El Metro y el Bounty de la BL/Honda podían ayudar, pero ninguno rendiría grandes beneficios. La BL seguía siendo una fábrica de automóviles de altos costes y un volumen de producción bajo, en un mundo en que los bajos costes y el gran volumen eran esenciales para el éxito.

El 12 de enero convoqué una reunión en el Número 10 para discutir el Plan Corporativo con Keith Joseph, Geoffrey Howe, Norman Tebbit y otros. Seguí alegando que teníamos que tratar de encontrar un camino intermedio entre el cierre definitivo y la financiación total del Plan Corporativo.

Sabía que el cierre definitivo de la fabricación de coches, con todo lo que aquello significaría para las regiones del West Midlands y de Oxford, no sería políticamente aceptable ni para el Gabinete ni para el partido, al menos a corto plazo. También resultaría de un coste muy alto para el Ministerio de Hacienda, probablemente un coste no muy diferente a la suma que la BL solicitaba entonces. En la reunión de ministros del 16 de enero dije que el Gobierno tenía que liberarse de aquella responsabilidad financiera respecto al volumen de la fabricación de coches de una manera que fuera aceptable, tanto humana como políticamente. Era posible que tuviésemos que pagarle a algún «talento» para que lograra convertir la compra de la empresa de automóviles en algo atractivo. En última instancia podía plantearse la necesidad del cierre, pero sería el mercado el que tuviera la última palabra, y no el Gobierno, a la hora de determinar el futuro de la BL. Dije que estaba a favor de apoyar el Plan BL, pero a condición de que la BL dispusiera, en un corto plazo, de sus bienes o se fusionara con otras compañías.

Este último punto era aún muy contencioso. Michael Edwardes les dijo a Geoffrey Howe y a Keith Joseph que el consejo de la BL querría vender Land Rover y otros sectores similares del negocio a medida que pudieran hacerlo, y cerrar la fabricación masiva de coches. Pero no querían vender Land Rover si además les exigían salvar el volumen de fabricación. Dijo que la posición del consejo resultaría insostenible si se le imponía un plazo público para la venta.

Evidentemente aquella actitud nos ponía en una situación muy difícil, que era precisamente lo que querían. Aquello irritó a uno o dos ministros hasta el punto de que se opusieran a todo el plan. Además, nos hubiera resultado imposible encontrar la situación intermedia que yo pensaba, y que hubiera implicado una progresiva venta del negocio sin un cierre inmediato y definitivo. Pero había que enfrentarse a la realidad política. Había que apoyar a la BL. Acordamos aceptar el Plan Corporativo de la BL que implicaba la división de la compañía en cuatro negocios, más o menos independientes. Establecimos las contingencias que implicaría abandonar el plan. Establecimos los objetivos de una mayor colaboración con otras compañías. Y, con gran dolor, les proporcionamos 990 millones de libras esterlinas.

Este no fue, por supuesto, el fin de la historia de la BL, ni tampoco para la BSC. En el momento adecuado quedará en evidencia que los cambios en la actitud y los incrementos de la eficiencia logrados en aquellos años resultaron permanentes. En ese sentido, los resultados de nuestra política de 1979-1981 con la BL fueron todo un éxito, pero no sin costes. Las enormes sumas extraordinarias de dinero público que tuvimos que dar provenían de los contribuyentes o, mediante mayores tipos de interés imprescindibles para financiar préstamos extra, de otros negocios. Y a cada vociferante petición de un mayor gasto público se le contraponía un sordo gruñido de aquellos que tenían que pagarlo.

CAPÍTULO V

No partidaria de los virajes

La política y la economía en 1980-1981

SIN VUELTAS EN REDONDO

A las dos y media de la tarde del viernes 10 de octubre de 1980 me puse en pie para dirigirme a la conferencia del Partido Conservador que se celebraba en Brighton.

El paro superaba los dos millones y seguía aumentando; teníamos por delante una recesión de creciente profundidad; la inflación era mucho más alta que la heredada, aunque estaba comenzando a bajar; y estábamos terminando un verano de filtraciones y desavenencias. El Gobierno estaba preocupado y yo también. Nuestra estrategia era la adecuada pero el precio de aplicarla estaba siendo demasiado alto, y la comprensión de lo que estábamos llevando a cabo era tan limitada que teníamos grandes dificultades electorales. Pero estaba profundamente convencida de una cosa: no existía la posibilidad de lograr ese fundamental cambio de la actitud imprescindible para sacar a Gran Bretaña de su deterioro si la gente estaba dispuesta a cambiar el curso de los acontecimientos mediante presiones. Para aclarar este aspecto apelé a unas líneas tomadas de Ronnie Millar:

Para quienes esperan sin aliento la expresión «viraje en U», tan sobada por la prensa, sólo me cabe decirles una cosa: «Viren ustedes, si les apetece. La Dama no es partidaria de los virajes». Les digo esto no sólo a ustedes, sino también a nuestros amigos de ultramar, e incluso a aquellos que no son nuestros amigos.

El mensaje iba dirigido tanto a algunos de mis colegas del Gobierno como a políticos de otros partidos. Fue en el verano de 1980 cuando mis críticos en el seno del Gabinete intentaron seriamente frustrar la estrategia por cumplir; fue un ataque que alcanzó su clímax y su derrota al año siguiente. En el momento de pronunciar aquel discurso, mucha gente creía que el grupo de oponentes estaba en mayor o menor medida saliéndose con la suya.

CONTROVERSIAS SOBRE EL GASTO PÚBLICO

Durante los dos años siguientes habría enfrentamiento sobre tres temas: la política monetaria, el gasto público y la reforma de los sindicatos. Los wets[22] alegaban que, puesto que habíamos adoptado el dogma monetarista de que la inflación sólo podría reducirse restringiendo drásticamente la cantidad de dinero en circulación, lo que estábamos haciendo era endurecer la economía en medio de una recesión. Ese dogmatismo —decían— también impedía que pudiéramos usar nuestras herramientas prácticas de política económica, como por ejemplo el control de precios y salarios, obligándonos a recortar el gasto público cuando —como decía Keynes— el gasto público tenía que incrementarse para alcanzar el objetivo de revitalizar una economía aquejada de escasa demanda.

Los argumentos más amargos del Gabinete se centraban en el gasto público. En la mayoría de los casos, quienes no estaban de acuerdo con la línea de conducta que seguíamos Geoffrey Howe y yo, no sólo se oponían a nuestra estrategia económica en tanto monetarismo doctrinario; también trataban de proteger los presupuestos de sus propios ministerios. Pronto quedó muy claro que los planes de gasto público anunciados en marzo de 1980 habían resultado excesivamente optimistas. En especial, las enormes inversiones causadas por los intentos de lograr que las industrias nacionalizadas resultaran lucrativas no se recuperarían; las autoridades locales, como ya era habitual, estaban gastando en exceso, la recesión resultaba ser bastante más profunda de lo previsto, con lo que aumentaban los gastos de paro y otros beneficios sociales. Las necesidades crediticias del gobierno para el primer trimestre de 1980 se anunciaban muy importantes. Además, Francis Pym, ministro de Defensa, estaba presionando para que se elevaran los límites de liquidez de su Ministerio.

Habíamos decidido mantener una reunión general sobre el tema económico en la reunión de Gabinete del 3 de julio de 1980, previa al análisis general del 10 de julio. Nuestra intención era hacer que los ministerios más dispendiosos se enfrentaran con todas las consecuencias en el sistema impositivo de su fracaso a la hora de controlar los gastos, logrando que se batieran en retirada los defensores de la reflación, que se expresaban casi a diario en los medios de comunicación y por boca de los grupos de presión. Pero en ningún momento me hice la ilusión de que fuera a ser fácil inculcar en las aspiraciones de mis colegas una saludable dosis de realismo.

Geoffrey explicó al Gabinete en qué medida se iría deteriorando la situación económica nacional y extranjera. En las principales economías la inflación aumentaba sensiblemente, los precios del crudo se habían duplicado y el mundo se iba sumergiendo en la recesión, conducido hacia tal meta por los Estados Unidos de Jimmy Carter. Aunque la producción del Reino Unido había disminuido a bastante menos de lo calculado en 1980, lo previsible era que en 1981 disminuyera a un ritmo bastante más acusado. La inflación se estaba desacelerando, aumentando a menor ritmo del previsto. Los datos de que se disponía para la ronda de análisis del gasto público y el presupuesto del año siguiente eran, pues, desoladores. Ahí comenzó la discusión. Algunos ministros abogaban por importantes aumentos en el gasto, para frenar el paro; otros abogaban por la prudencia. Resumí reafirmando la estrategia actual y haciendo notar la necesidad de mantener controlado el gasto público, reducir el ritmo de los aumentos salariales del sector público y hacer posible la disminución de las necesidades crediticias del sector público y de los tipos de interés; todo ello dejando en claro que estaba dispuesta a dar prioridad al intento de remediar el paro, especialmente entre los jóvenes. Geoffrey Howe y yo ganamos el primer asalto.

Pero el debate proseguía dentro y fuera del Gobierno. Los argumentos de los wets adquirían diferentes grados de refinamiento, aunque el mensaje central era siempre el mismo: gastemos más y que crezca la deuda. El argumento a que apelaban era que debíamos aumentar el gasto público en empleo y planes industriales, cada vez más por encima de lo planificado, cuando estábamos forzados a gastar más debido simplemente a la recesión. Pero el caso era que todo aumento del gasto público —se gastara en lo que se gastara— tenía que salir de algún lado. Y «algún lado» significaba o mayores impuestos tanto a las personas como a la industria, o emisiones de deuda pública, elevando los tipos de interés; o en último lugar emitir más dinero, alimentando la inflación. También existía el sentimiento, al que bien sabía que tendría que resistirme, de que las reposiciones de fondos que logré de la Comunidad Europea tendrían que utilizarse para solventar gastos extraordinarios. ¿Pero por qué suponer que el gasto público era mejor que el gasto privado? ¿Por qué los frutos de mis esfuerzos en refrenar el apetito de la Comunidad Económica Europea tenía que consumirlos de modo automático un sector público británico prácticamente igual de insaciable? En aquel momento ya tenía tomada la decisión de poner todos los medios para que el Gabinete respaldara el total anunciado de gasto público para 1981-1982 en el Libro Blanco, teniendo en cuenta la disminución que en ellos se produjo merced a los pagos procedentes de la Comunidad Europea.

Estas diferencias básicas entre nosotros quedaron muy evidentes en la reunión monotemática del Gabinete sobre gasto público, celebrada el 10 de julio. Algunos ministros argumentaron que había que permitir el aumento de las PSBR (Public Sector Borrowing Requirements, necesidades crediticias del sector público), para acomodarnos a las gigantescas necesidades de las industrias nacionalizadas deficitarias. Pero las PSBR eran ya de por sí demasiado altas, sin necesidad de discutir los méritos o deméritos teóricos del crecimiento de las necesidades crediticias en época de recesión. Cuanto más altas fueran, mayor sería la obligación de subir los tipos, para que a la gente le resultara atractivo prestar el dinero necesario al Estado. Y en determinado momento —si las cosas llegaban demasiado lejos— se presentaría una crisis financiera del gobierno, es decir: la que se presenta cuando no se pueden financiar los créditos obtenidos del sector bancario. No podíamos correr el riesgo de seguir adelante en esa dirección. Así que volví a poner un especial énfasis en atenernos a los planes de gasto público, aunque se otorgara en ellos mayor prioridad a la creación de empleo.

En septiembre, Geoffrey Howe me hizo llegar una nota en la que ampliaba la alerta ya dada en el Gabinete monotemático sobre gasto público. En especial el gasto exigido por las industrias nacionalizadas, como la British Steel Corporation, exigiría mayores recortes que en los otros programas no aprobados en julio, para lograr mantenernos dentro de la cifra global. Para poder aumentar, como quería el Gabinete, el apoyo a la industria y al empleo, los recortes correspondientes tendrían que ser aún más severos. La quinta ronda de conversaciones sobre gasto público en el plazo de dieciséis meses no tenía más remedio que levantar grandes polvaredas de indignación: y así ocurrió.

A principios de octubre, otra nota posterior de Geoffrey me confirmó que la situación se estaba deteriorando: las cifras eran peores de lo sugerido en los últimos meses. El último avance de las PSBR de 1981-1982 rondaba los 11.000 millones de libras esterlinas, bastante más de lo planificado. Hacienda ya había comenzado a estudiar la manera de poder reducirlo, incluyendo la posibilidad de aumentar los impuestos sobre beneficios procedentes del petróleo, incrementar las contribuciones de los trabajadores al seguro nacional y no ajustando las deducciones del impuesto sobre la renta al índice de inflación. Todas estas desagradables opciones impositivas reforzaban la necesidad de disminuir aún más el gasto público: era imprescindible limitar el dinero de todos los programas y cortar los gastos de las autoridades locales, y además tendríamos que volver a estudiar el presupuesto de Defensa y el presupuesto, aún más sensible políticamente, de la seguridad social. (El presupuesto de seguridad social era una cuarta parte del total del gasto público, y dentro de él lo que más peso tenía era, con mucho, el coste las pensiones de jubilación. Pero prometí públicamente que las pensiones aumentarían de acuerdo con la inflación durante mi época parlamentaria). Nos aventurábamos en aguas peligrosas.

La táctica a seguir en el control de las nuevas reuniones sobre gasto público era algo evidentemente muy importante. Geoffrey y yo decidimos no plantearlo todo en frío ante el Gabinete en pleno, por lo que convoqué primero a una reunión entre los ministros principales. El ministro de Hacienda describió la situación y expuso en líneas generales las cifras de que estábamos hablando.

Nuestro plan tuvo éxito. Sin demasiadas protestas, el Gabinete del 30 de octubre avaló la estrategia y conformó nuestro objetivo de mantener el gasto público para 1981-1982 y años posteriores más o menos en los niveles fijados por el libro blanco de marzo. Ello significaba que habría que hacer recortes del orden de magnitud propuesto por Hacienda, aunque incluso con estas reducciones nos veríamos forzados a subir los impuestos si queríamos hacer bajar las PSBR hasta un nivel compatible con la bajada de los tipos de interés.

El Gabinete empezó a oponerse con bastante más fuerza cuando comenzamos a analizar las decisiones necesarias para que pudiera aplicarse la estrategia aprobada. Ahora los wets descubrieron nuestro enfoque. Dijeron que carecían de la suficiente información para saber si la estrategia en general estaba bien basada. Sin esa información —decían— no estaban en posición de sopesar las consecuencias económicas, políticas y sociales de todos los medios para lograr llevarla a cabo, incluyendo las modificaciones impositivas y las reducciones del gasto público. La maniobra era transparente. En efecto, todos los ministros dispendiosos trataban de actuar como ministros de Hacienda. Ésa sería la mejor receta para desembocar en una completa carencia de control sobre el gasto, dando lugar al caos económico.

Las tres áreas más importantes de discusión en nuestra reunión del 4 de noviembre fueron los presupuestos de Salud Pública y Defensa, y las medidas especiales de empleo que pedía Jim Prior. En cuanto a sanidad, tomamos la decisión de elevar el apartado «Sanidad» en la Contribución Nacional al Seguro, en vez de reducir el programa de salud, con lo que seguíamos cumpliendo nuestra promesa electoral. En cuando a Defensa, el Gabinete aceptó que las reducciones deberían quedarse en una zona más o menos intermedia entre lo que pedía Hacienda y lo que proponía el ministerio de Defensa. Finalmente, llegamos a un acuerdo sobre medidas especiales para el empleo, que hice públicas más tarde, en el discurso de apertura del año parlamentario, y que crearon 440.000 puestos dentro del Programa de Trabajo Juvenil, 180.000 más que en el año en curso.

Dos días después, el Gabinete volvió a reunirse para proseguir con la discusión. La situación financiera de las industrias nacionalizadas había empeorado incluso en el escaso lapso de tiempo transcurrido desde que comenzamos a revisar el programa de gastos. Los salarios del sector público seguían siendo un dolor de cabeza. Si lográbamos mantener los futuros aumentos salariales del sector público en el 6 por ciento, como era nuestra intención, las PSBR serían de 12.000 millones de libras esterlinas en 1981-1982, contra los 7.500 millones que preveía la MTFS (Médium Term Financial Strategy, estrategia financiera a medio plazo). No sería posible financiar unas PSBR de ese monto y reducir al mismo tiempo los tipos de interés. Por consiguiente, para evitar tipos altos de interés habría que aumentar sustancialmente los impuestos. Durante mi resumen de la situación hice notar que ésta sería bastante peor si los recortes que aún se estaban discutiendo —incluyendo defensa, seguridad social y educación— no se aprobaban ya. De hecho, el Gabinete asumió la decisión final sobre todo el paquete a la semana siguiente.

La Declaración de Otoño del 24 de noviembre de 1980 incluía, por lo tanto, varias medidas muy impopulares. Tenía que aumentar la contribución de los trabajadores al Seguro Nacional. Las pensiones de jubilación y otros beneficios de la Seguridad Social tendrían que aumentar en un 1 por ciento menos que la tasa de inflación del año siguiente, si se daba el caso de que subían un 1 por ciento por encima durante el año en curso. Había recortes en los gastos de Defensa y en los de Gobierno. Se anunció que se implantaría un nuevo impuesto sobre los beneficios del petróleo del mar del Norte. Sin embargo había algunas noticias buenas: las medidas a favor del aumento de puestos de trabajo y un recorte del 2 por ciento en el MLR (Mínimum Lending Rate, tipo mínimo de interés).

DESAVENENCIAS POR FILTRACIONES

Son pocos los expertos economistas entre el público en general, aunque casi todo el mundo goza de gran perspicacia para detectar el incumplimiento de las promesas. Hacia finales de 1980 comencé a percibir que nos arriesgábamos a perder la confianza pública en nuestra estrategia económica. La impopularidad era algo que podía sobrellevar. Pero la pérdida de confianza en nuestra capacidad de sacar adelante el programa económico que nos habíamos propuesto era bastante más peligrosa. Ahora que creíamos que debíamos gastar menos era cuando estábamos gastando más; la inflación era alta pese a que proclamábamos la prioridad de bajarla; y la industria privada estaba teniendo tropiezos, cuando nos habíamos pasado años repitiendo que sólo el éxito de la libre empresa podía enriquecer un país. Es cierto que podíamos señalar factores que poco o nada podíamos controlar, entre ellos el de la recesión mundial; la inflación y los acuerdos salariales iban por buen camino. Pero nuestra credibilidad estaba en entredicho. Y lo último que yo podía tolerar era una bien publicitada desavenencia en el propio seno del Gabinete. Y era precisamente eso lo que se nos venía encima.

Los wets expresaban en público su disconformidad utilizando lo que pretendía ser un sofisticado lenguaje en clave, donde cada frase tenía un sentido semioculto y donde se entretejían las abstracciones más filosóficas para descalificar con indirectas la política que se estaba aplicando. Este planteamiento encubierto e indirecto jamás fue mi estilo y me alegraba de ello. Mi éxito se debe a la argumentación directa. Me interesan las opciones prácticas. Y prefiero los debates directos con mis oponentes antes que minarlos subrepticiamente. No creo que la responsabilidad colectiva sea una interesante ficción, sino una cuestión de principios. Mi experiencia es que algunos hombres con los que tuve que tratar en el curso del quehacer político evidencian precisamente esas características que atribuyen a las mujeres: vanidad y torpeza para tomar decisiones arduas. También hay cierto tipo de hombre que sencillamente no soporta trabajar con mujeres. Con mucho gusto hacen cualquier «concesión» al sexo débil. Pero si una mujer no pide privilegios especiales y espera ser juzgada sólo por lo que es y hace, esto resulta grave e imperdonablemente desconcertante. Es evidente que para los Wets del establishment tory yo no sólo era una mujer, sino «esa mujer», alguien que no sólo era del otro sexo, sino de otra clase, una persona inquietantemente convencida de que los valores y virtudes comunes del país no tenían más remedio que ponerse en marcha para resolver los problemas creados por el establishment. Eran muchos los aspectos en los que yo resultaba ofensiva.

Las discusiones sobre economía y gasto público de 1980 trascendían una y otra vez a la prensa; las decisiones se planteaban como victorias de uno u otro sector y Bernard Ingham me dijo que en ese clima resultaba casi imposible dar imagen de unidad y de firmeza en el empeño. Durante 1980 el público debió soportar una serie de discursos pronunciados por Ian Gilmour y Norman St. John Stevas sobre las deficiencias del monetarismo, que, según ellos, era profundamente anti tory —una especie de dogma copiado del extranjero—, aunque siempre añadían frases que me alababan a mí y al enfoque del Gobierno, cubriéndose así contra cualquier posible acusación de deslealtad. En un discurso pronunciado en Cambridge, en noviembre, Ian Gilmour dijo que el Reino Unido corría el riesgo de «crear una sociedad similar a la de La naranja mecánica con toda su alienación y miseria previsibles», lo que sonaba muy a Reino Unido durante el «invierno del descontento».

Los líderes industriales contribuyeron a empeorar la sensación general de deterioro: durante el mismo mes el nuevo director general de la Confederación Industrial Británica (CBI) prometía un «combate a puño limpio» contra la política del Gobierno, aunque poco después, cuando me reuní con la CBI, me alegra decir que no hubo ni el más mínimo amago de puñetazos. Después, en diciembre, se nos dijo que Jim Prior nos estaba urgiendo a no usar un lenguaje de «seminario académico». Pero la observación tal vez más asombrosa —aunque no la última— fue la abierta admisión de John Biffen, ante el Comité Parlamentario de Finanzas del Partido Conservador, de que no compartía el entusiasmo por la estrategia financiera a plazo medio (MTFS) que él mismo —primer subsecretario de Hacienda— estaba tratando de aplicar al gasto público, con éxito singularmente escaso.

Por eso no me sorprendí cuando, bien entrado el mes, me reuní con el Comité Ejecutivo de los 22 y éste expuso su pobre opinión sobre cómo presentaban las cosas los ministros. Claro está que les di la razón. Pero no se trataba simplemente del modo de presentar las cosas: algunos ministros estaban tratando de desacreditar la estrategia misma. Y no se podía permitir que la cosa siguiera adelante.

Durante las vacaciones de Navidad tuve tiempo para pensar en lo que había que hacer. Decidí que ya había llegado el momento de proceder a un reajuste ministerial. Lo único que quedaba por saber era si un reajuste limitado bastaría para inclinar suficientemente la balanza a favor de nuestra estrategia económica o si eran imprescindibles cambios más drásticos. Decidí lo primero.

El lunes 5 de enero efectué los cambios, comenzando por Norman St. John Stevas, que quedó fuera del Gobierno. Tenía un cerebro de primera clase y una inteligencia vivaz. Pero hizo de la indiscreción un principio político. Sus bromas a expensas de la política del Gobierno iban pasando suavemente de las conversaciones privadas al cotilleo generalizado, acabando por saltar a los titulares de prensa. El otro ministro saliente, Angus Maude, prefirió marcharse por decisión propia, al comprender que había llegado el momento de abandonar su puesto de pagador general y portavoz del Gobierno para dedicarse de nuevo a escribir. Pasé a John Nott a Defensa en sustitución de Francis Pym. Estaba convencida de que al frente de ese Ministerio se necesitaba alguien con una comprensión real de las finanzas y dedicado por entero a la eficacia. Desplacé a John Biffen para reemplazar a John Nott en Comercio y, a solicitud de Geoffrey Howe, me traje a Leon Brittan en calidad de subsecretario. Leon Brittan era amigo íntimo de Geoffrey. Era tremendamente inteligente y trabajador y me impresionó por la agudeza de su mente, particularmente cuando estábamos en la oposición y él fue uno de los portavoces del Partido en el controvertido tema de la descentralización.

Dos nuevos ministros de Estado de gran talento entraron en el Departamento de Industria para colaborar con Keith Joseph: Norman Tebbit y Kenneth Baker. Norman ya había trabajado en la oposición en estrecha colaboración conmigo. Sabía de su leal dedicación a nuestra política, que compartía mis puntos de vista y que era capaz de una lucha denodada en la Cámara de los Comunes. A Ken se le adjudicaron responsabilidades concretas en el campo de la tecnología de la comunicación, tarea en la que hizo gala de su talento como brillante abogado de nuestra política. Francis Pym abordó la tarea de portavoz del Gobierno, lo que combinó con su cargo de líder de la Cámara de los Comunes. Pero la primera mitad de estos nombramientos resultaría ser una fuente de dificultades durante los próximos meses.

Con este moderado reajuste del Gabinete, supuse que podríamos afrontar con más determinación y unanimidad nuestras dificultades económicas.

Las dos cualidades eran ciertamente muy necesarias: nuestra estrategia estaba siendo cada vez más criticada. Y yo contraataqué. Tanto en la entrevista que me hicieron el 1 de febrero para Weekend World como en un discurso pronunciado pocos días después en el debate económico de la Cámara de los Comunes, repliqué a los argumentos de quienes creían que el verdadero problema de Gran Bretaña era la falta de demanda económica y que podía solucionarse con la reflación. Dije a la Cámara:

Ha habido gobiernos que intentaron estimular el empleo inyectando dinero en la economía, y lo que consiguieron fue inflación. La inflación condujo al aumento de los costes. El aumento de los costes mermó la competitividad. Los pocos puestos de trabajo que habíamos conseguido no tardaron en perderse; y pronto se perdieron muchos más. Y entonces, partiendo de un nivel más alto de paro y de inflación, el proceso volvió a ponerse en marcha, y cada una de las veces que esto sucedía aumentaban la inflación y el paro.

Pero los otros disponían de buenos aliados en los medios de comunicación. Un importante artículo de The Sunday Times, que habitualmente apoya al Partido Conservador, iba titulado «Error, señora Thatcher, error, error, error». La prensa estaba llena de comentarios hostiles, minando así la moral de quienes me apoyaban. El 27 de febrero recibí un memorándum de Ian Gow:

Primera Ministra,

1. Lamento comunicarle que ha habido un notorio deterioro en la moral de quienes nos apoyan.

2. Atribuyo esta situación a lo siguiente:

(a) Creciente preocupación por la magnitud de la recesión y el paro.

(b) Ha incidido la derrota del Gobierno en la huelga del carbón y, en menor grado, el convenio salarial de los trabajadores del sector del agua.

(c) El volumen de las PSBR y la lentitud con que bajan los tipos de interés.

(d) El insaciable apetito del sector público, en especial la British Leyland, la British Steel Corporation y la National Coal Board (compañías nacionalizadas de automoción, del acero y del carbón).

(e) Los fondos para el sostenimiento del tipo de cambio.

Muchos críticos de dentro y fuera del Partido Conservador, que habían detectado debilidad, estaban decididos a explotarla, fortaleciendo las posibilidades de que se aprobara su propio presupuesto para 1981.

PRESUPUESTO DE 1981

Nunca olvidaré las semanas anteriores al presupuesto de 1981. Era difícil que pasara un día sin que se produjera algún deterioro del panorama financiero. A finales de enero, Geoffrey Howe seguía a la espera de poder efectuar recortes importantes en los impuestos sobre el capital y de otorgar una importante ayuda a la industria, pero a comienzos de febrero Hacienda ya estaba adoptando una postura más cauta y pesimista respecto de esa perspectiva. Las PSBR de ese año parecían rondar entre los 4.000 y los 6.000 millones de libras esterlinas sobre la cifra prevista en el presupuesto de 1980.

A esta altura, Hacienda pensaba que podíamos aspirar a unas PSBR algo inferiores a los 10.000 millones de libras esterlinas. Quedaba, sin embargo, una brecha de 1.000 a 1.500 millones de libras esterlinas.

Las rentas personales habían ido en aumento y los beneficios empresariales estaban disminuyendo, por lo que quedaba claro que cualquier aumento impositivo caería más sobre los individuos que sobre las sociedades. El Tesoro hablaba de aumentar las deducciones en un mínimo del 6,5 por ciento —lo que se pretendía era un 9 ó 10 por ciento— en lugar del 1,5 por ciento necesario para compensar la inflación. También tenía el proyecto de subir los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y la gasolina en unas tres cuartas partes o incluso duplicar el porcentaje necesario para igualar la inflación. La industria, especialmente la Confederación Industrial Británica, estaba ejerciendo una fuerte presión para que se disminuyera la sobretasa del seguro nacional (NIS, National Insurance Surcharge) pero esta propuesta presentaba problemas: el coste anual de cada punto que se redujera era muy grande, las rebajas eran indiscriminadas y se corría el riesgo de que una parte de ella se viera rápidamente incorporada a los salarios. Otras posibles medidas de ayuda a la industria —cada una de ellas con sus propias desventajas— incluían un recorte en el impuesto de sociedades o en el gravamen sobre el gasóleo industrial. En noviembre habíamos anunciado un impuesto extra sobre los beneficios del petróleo y del gas del mar del Norte. La cuestión, ahora, estaba en si debíamos aplicar un impuesto extra sobre los dividendos. Naturalmente, los bancos se oponían denodadamente; pero también era verdad que había sido nuestra política de mantenimiento de los tipos altos de interés lo que había contribuido a que tuvieran importantes beneficios, y no su buena gestión ni sus mejoras en la atención al cliente.

Todos estos temas eran, sin embargo, de importancia claramente secundaria. Sobre temas más importantes había desacuerdos legítimos en el sector dry del Gobierno. El problema principal era determinar hasta qué punto debía ser restrictiva la sección fiscal del presupuesto y, con ella, la política monetaria correspondiente. Sobre este tema Alan Walters, que acababa de incorporarse a mi equipo del Número 10, tenía su propio y claro punto de vista. Abogaba por un mayor recorte de las PSBR que el que proponía Geoffrey Howe. También consideraba defectuosa la política monetaria que se estaba aplicando. Pero Hacienda no estaba dispuesta a adoptar el sistema de control monetario que Alan propugnaba y que a mí me resultaba atractivo por lo claro y convincente de su análisis.

Había en ello mucho más que un desacuerdo técnico. Alan Walters, John Hoskins y Alfred Sherman propusieron que el profesor Jurg Niehans, distinguido economista suizo de la escuela monetarista, me preparara un informe sobre nuestra política monetaria. El informe del profesor Niehan, que tuve en mis manos a principios de febrero, contenía un claro mensaje. El informe argumentaba que debíamos utilizar la base monetaria en lugar de la Libra Esterlina M3 (£M3) como principal medida monetaria, y aconsejaba que la dejásemos subir durante el primer semestre de 1981. Dicho en pocas palabras, el profesor Niehans consideraba que la política monetaria era demasiado rígida y que debíamos suavizarla cuanto antes. Alan se mostró en todo de acuerdo con él.

Sin embargo en ese momento mis dudas sobre cómo llevaba adelante Hacienda la política monetaria iban paralelas a la preocupación que sentía por el aumento sostenido de su estimación de las PSBR, el objetivo a que ajustábamos nuestra política fiscal. El 10 de febrero de 1981 nos reunimos Geoffrey Howe y yo para discutir la estrategia del presupuesto. Geoffrey me comunicó que la previsión para las PSBR, una vez puesta al día, no era de 11.000 sino de 13.000 millones de libras esterlinas. Ahora hablaba de aumentar las deducciones un 6 por ciento, en vez del 10 por ciento que antes proponía, aunque sin renunciar a un fuerte paquete industrial. Le dije que nuestro objetivo primordial tenía que ser el fomento de la industria y que ello significaba dar primacía a la reducción de los tipos de interés, lo cual también contribuiría a que bajase el tipo de cambio. Si había que elegir entre cortar la sobretasa del seguro nacional o atenerse a unas PSBR más reducidas, optaba por lo segundo.

Me preocupaba la perspectiva de que el índice de precios al consumo aumentase en un 2 por ciento como resultado de los incrementos de la imposición indirecta que se proponían. Estaba segura que sería mejor reducir más el gasto público. Pero tenía que admitir que las posibilidades de lograrlo, en vista las actitudes del Gabinete, eran bastante escasas.

En esta reunión Alan Bates siguió presionando con su idea de que había que permitir un crecimiento más rápido de la base monetaria. También hablamos sobre la oportunidad de hacer todos los recortes posibles en los tipos de interés.

Cada vez veíamos con mayor claridad la aridez de la tarea que teníamos por delante. El último día Alan me remitió una nota que resumía el problema de las PSBR. Teníamos que afrontar unos cambios tan súbitos y tan enormes en las cifras, que resultaba muy difícil la planificación estratégica del presupuesto. Pero al menos una cosa estaba clara: la tendencia de las previsiones de las PSBR era alcista. Todo apuntaba a que nuestro presupuesto se excedería en la reducción de las PSBR, como ya sucedió en 1980-1981. Repetir ese error nos obligaría a establecer un presupuesto complementario a finales del verano o en otoño o concentrar nuestros empeños en la obtención de créditos al Estado. En última instancia, todo ello podría desembocar en una crisis de fondos que indudablemente nos obligaría a elevar los tipos de interés, manteniendo alta la libra e incrementando el ya severo agobio del sector privado. Había que evitarlo. Aún teníamos la posibilidad de enderezar las cosas a tiempo, pero sólo si tomábamos las decisiones más dolorosas ahora y las presentábamos decididamente, como única respuesta posible al costo de las últimas subidas salariales y las pérdidas de las industrias nacionalizadas. Lo que necesitábamos era un presupuesto para el empleo.

El viernes 13 de febrero tuve otra reunión con Geoffrey Howe. También estaba presente Alan Walters. La última previsión de las PSBR estaba entre 13.500 y 13.750 millones de libras esterlinas. El aumento de impuestos que proponía Geoffrey las reduciría en torno a 11.250 y 11.500 millones de libras esterlinas, pero él no consideraba políticamente posible bajar de los 11.000 millones y, a su entender, el aumento del tipo impositivo básico había que descartarlo de plano. Pero Alan argumentó con mucha fuerza a favor de que recortáramos más aún las PSBR. Sostenía que unas PSBR de, digamos, 10.000 millones de libras esterlinas no serían más deflacionarias que las de 11.000 millones, porque estas últimas sería peores para las expectativas de la City y para los tipos de interés. Alan terminó esgrimiendo el argumento de que no nos quedaba otra alternativa que aumentar el tipo impositivo básico en un 1 ó 2 por ciento.

El economista era Alan. Pero Geoffrey y yo éramos políticos. Geoffrey, con toda razón, arguyó que presentar un proyecto de presupuesto que sería considerado como deflacionario en el momento de más profunda recesión desde 1930 ya era bastante difícil; y, si lo hacíamos aumentando el tipo básico, podía convertirse en una pesadilla política. Apoyé a Geoffrey en cuanto al problema que representaba la subida del tipo básico, pero lo hice sin mucha convicción y a medida que pasaban los días fue creciendo mi inquietud.

Cuando Geoffrey y yo tuvimos la siguiente reunión de presupuesto, el 17 de febrero, me comunicó que él también le había estado dando vueltas. Ahora estaba dispuesto a estudiar un incremento del tipo básico. Pero se preguntaba si no sería mejor elevar el tipo básico en un 1 por ciento y las deducciones personales en un 10 por ciento, aliviando así la carga en las rentas situadas por debajo de la media. Le confirmé que yo también estaba dispuesta a estudiarlo, pero que por otra parte estaba llegando a la conclusión de que era esencial situar las PSBR por debajo de los 11.000 millones de libras.

Mis consejeros —Alan Walters, John Hoskyns y David Wolfson— seguían defendiendo con mucha fuerza que las PSBR bajaran lo más posible. También Keith Joseph apoyaba apasionadamente la idea. Alan, sabedor de que podía tener acceso a mí más o menos siempre que le hiciera falta —como debe todo consejero cercano, si no se quiere que el primer ministro (o la primera ministra) sea prisionero de su propia bandeja de entradas—, entró en mi despacho para hacer un último intento de convencerme en lo tocante al presupuesto. Volvió a enumerarme las razones por las que jamás podríamos bajar los tipos de interés —una medida que la economía necesitaba con urgencia— mientras no redujéramos nuestras necesidades crediticias, lo cual en esto momento significaba una subida de los impuestos. Hoy sé que aquel día salió del despacho en la creencia de que no me había convencido. Pero cuanto más estrujaba el problema en mi cabeza más acertado me parecía su análisis. El presupuesto que él propugnaba no sería bien acogido por el público en general, sería calificado de utópico por la mayoría de los que más decididamente me apoyaban en la Cámara de los Comunes y en el seno del partido y resultaría totalmente incomprensible para los economistas que seguían aferrados a la ortodoxia keynesiana de posguerra. Sus consecuencias para mi Administración eran impredecibles. Pero aún así sabía en el fondo de mi corazón que sólo había una decisión acertada y que había que tomarla.

Geoffrey Howe y yo, en ausencia de Alan que estaba enfrascado en algún otro tema con Douglas Wass, secretario permanente del Tesoro, nos reunimos para seguir discutiendo el presupuesto la tarde del martes 24 de febrero. Geoffrey seguía creyendo en unas PSBR para 1981-1982 de 11.250 millones de libras esterlinas. Le dije que esa cifra me parecía descorazonadora y que dudaba que se pudieran rebajar los tipos de interés, algo que tanto necesitábamos, a menos que se redujeran las PSBR a una cifra que rondara los 10.500 millones de libras esterlinas. Le dije que no me importaría contentarme con un penique sobre el tipo normal. Teniendo en cuenta la cantidad de dinero del contribuyente que habíamos tenido que gastar en carbón y en acero, lo de ahora tenía al menos una explicación más clara.

Geoffrey expuso sus argumentos contra el penique añadido al impuesto sobre la renta, de lo cual no le costó mucho trabajo convencerme, porque a mí también me horrorizaba la idea de perder aunque sólo fuera una mínima parte de lo ganado en la reducción de los impuestos laboristas. Pero también se pronunció contra la necesidad de bajar más las PSBR y, respecto de este último punto, yo no estaba nada convencida. Pasamos revista a otras opciones para subir los impuestos. El tiempo se nos estaba echando encima. Geoffrey seguía esperando lo mejor en cuanto a la repercusión de los 11.250 millones de libras esterlinas de las PSBR sobre los tipos de interés. Pero sabía que yo, lisa y llanamente, no podía aceptarlo. Se fue a seguir lucubrando sobre lo que había que hacer.

A primera hora de la mañana siguiente vino Alan a verme y me encontró terminando de preparar mi equipaje, pues aquella tarde viajaba a Estados Unidos. Le dije que había insistido en bajar las PSBR al nivel más bajo que me había propuesto. Pero aún no sabía cómo reaccionaría Geoffrey. Luego, poco antes de partir para América, Geoffrey vino a verme. Esa mañana, tras consultar a sus colegas del Ministerio de Hacienda, había acabado por aceptar unas PSBR por debajo de los 11.000 millones de libras esterlinas. En vez de aumentar la base del impuesto sobre la renta, propuso la medida menos impopular de no elevar en nada los distintos escalones de la tarifa, lo cual seguía siendo una medida extremadamente osada en un momento en que inflación se situaba en torno al 13 por ciento. Este fue el momento crucial. Me complacía que Geoffrey hubiera aceptado el argumento y me alegraba que hubiese encontrado el modo de aumentar los ingresos fiscales sin ir en contra de nuestra estrategia a largo plazo, es decir, de dar la vuelta a los elevados tipos de imposición aplicados por los laboristas. Nuestra estrategia presupuestaria ya estaba determinada. Y daba la impresión de que podríamos anunciar, el próximo martes, junto con el presupuesto, una reducción del 2 por ciento en el tipo de interés mínimo preferencial.

Había un cambio anunciado en el presupuesto que aparentemente era sólo técnico pero tenía gran importancia: ahora se planificaba el gasto público en términos de unidades monetarias, en lugar de lo que se denominaban términos de «volumen». A cada ministro se le daría un presupuesto en dinero dentro del cual tendría que mantener sus gastos. Desde la primavera de 1980 veníamos pensando en la manera de poder hacerlo y ya había discutido el tema con Geoffrey Howe y otros cargos de Hacienda, en un almuerzo que tuvimos en el Ministerio el 28 de enero de 1981. A cualquier director financiero de empresa, o incluso a cualquier ama de casa, le habría parecido curioso cómo trabajaba el Gobierno sobre el tema del gasto anual. El ministro de Hacienda hacía sus cálculos de ingresos en unidades monetarias, pero las decisiones de gastos se tomaban según el volumen de los servicios a rendir y se denominaban en lo que los comentaristas llamaban «dinero raro», que no eran ni los precios en el momento de adoptar la decisión de gasto, ni los vigentes cuando el dinero se gastaba en realidad. El resultado era que Hacienda nunca sabía hasta que ya era demasiado tarde las consecuencias en dinero contante de las decisiones sobre gastos. Ya se habían introducidos límites de caja a determinados gastos gubernamentales, pero, paradójicamente, ello había contribuido a aumentar la confusión, ya que el gasto planeado en volumen se les acumulaba en contra. A partir de ahora todo sería planificado en dinero efectivo, aunque, por descontado, los diferentes departamentos tendrían que seguir estimando en términos de volumen los servicios que sus límites de caja les permitiría afrontar. Esto impuso en los departamentos gubernamentales el tipo de disciplina financiera a que normalmente tiene que atenerse el sector privado. Este criterio de los «límites de caja» tuvo la importante consecuencia de disminuir el gasto público real. También aumentó el interés de los diversos departamentos en encontrar la manera más eficiente de rendir los servicios que se esperaban de ellos.

Sin embargo, a nadie sorprendió que no fuera la planificación en términos de unidad monetaria lo que concitó el interés de los titulares sobre el presupuesto, sino la severidad de los aumentos impositivos. El presupuesto resultó bastante impopular. Pero algunos de los columnistas más importantes fueron más favorables que los titulares y nadie dudaba de que éste era un presupuesto coherente y que hacía falta bastante coraje para imponerlo. A los ojos de nuestros críticos, evidentemente, la estrategia estaba equivocada en lo fundamental. Si uno creía, como ellos, que aumentar el endeudamiento del Gobierno era la manera acertada de salir de la recesión, entonces nuestro criterio era inexplicable. Pero, por otra parte, si uno pensaba, como nosotros, que la mejor manera de revitalizar la industria era la bajada de los tipos de interés, entonces no quedaba más remedio que reducir las necesidades crediticias del Gobierno. Lejos de ser deflacionario, nuestro presupuesto tendría el efecto inverso: reduciendo las necesidades crediticias del Gobierno y, al cabo de cierto tiempo, aliviando la presión monetaria, acabaría por hacerse posible el descenso de los tipos de interés y del tipo de cambio, origen ambos de serias dificultades para la industria. Dudo que nunca haya habido una prueba comparativa más clara entre dos planteamientos tan esencialmente distintos de la administración económica.

Los economistas lo percibieron así. A finales de marzo de 1981, unos 364 miembros de entre los más importantes de la profesión publicaron un manifiesto refrendando nuestra política. Samuel Brittan, de The Financial Times, se puso de nuestro lado y también el profesor Patrick Minford, de la Universidad de Liverpool, quien escribió a The Times compartiendo la postura de los 364; yo, a mi vez, escribí para felicitarlo por su brillante defensa del criterio del Gobierno. Habíamos tomado nuestra decisión: lo que había que hacer ahora era mantener la línea política y, en lo posible, ganar discusiones políticas mientras se posibilitaba la estrategia necesaria para trabajar. Tenía confianza en que así fuera.

Mientras, los que disentían de nosotros en el Gabinete se asombraron del presupuesto al enterarse de su contenido durante el tradicional Consejo de mañana del día del presupuesto. Pronto la prensa se llenó con los escritos que enviaron para expresar su furia y frustración. Sabían que el presupuesto les otorgaba una oportunidad política. Debido a lo radicalmente que se distanciaba de la ortodoxia económica de posguerra, incluso algunos de quienes más nos apoyaban se negaban a creer en la bondad de esa estrategia hasta que vieran los resultados. Y podrían tardar bastante. Pero estaba claro que el partido tendría que movilizarse en todo el país para apoyar lo que estábamos haciendo. La inminente Junta Central del Partido Conservador, en Bournemouth, me proporcionó la oportunidad de hacerlo.

John Hoskins y yo estuvimos trabajando en mi discurso desde el viernes por la noche hasta las primeras horas del domingo. Aquel mismo día lo pronuncié, lanzando mi desafío:

Nuestro pueblo ha hecho sacrificios en el pasado, sólo para encontrarse a última hora con que al Gobierno le habían fallado los nervios y el sacrificio había sido en vano. Pero esta vez no será vano. Este Gobierno conservador, que aún no lleva dos años en el poder, se sostendrá en su solidez hasta que el futuro de nuestro país quede asegurado. No me preocupa demasiado lo que la gente diga de mí; pero me preocupa, y mucho, lo que la gente diga de nuestro país. Mantengámonos, pues, tranquilos y fuertes, y preservemos la mutua amistad en que consiste el patriotismo. Éste es el camino que estoy resuelta a recorrer. Éste es el sendero que debo recorrer. Pido a todos los que tengan ánimo —los valientes, los tenaces, los jóvenes de corazón— que se levanten y se pongan a mi lado mientras avanzamos. Porque en ninguna otra compañía emprendería este viaje.

Tuve una buena recepción. De momento, al menos, el partido estaba lealmente dispuesto a asumir el riesgo y respaldar al Gobierno. Pero esa determinación podría irse erosionando durante el verano, a menos que el Gobierno se mantuviera unido.

UN AMAGO DE HUELGA DEL CARBÓN

Por fortuna, las huelgas nos preocuparon bastante menos durante 1981 que en 1980, y el número de días laborales perdidos por huelga no superó la tercera parte de los del año anterior. Pero dos conflictos —uno en la industria del carbón, que finalmente no ocurrió, y otro de funcionarios civiles[23], que sí se llevó a cabo— fueron de gran importancia, tanto para las decisiones presupuestarias como para todo el clima político.

Un extranjero que no estuviera al tanto del extraordinario legado del socialismo estatal en Gran Bretaña probablemente habría encontrado incomprensible la amenaza de huelga de los mineros del carbón en enero de 1981: 2.500 millones de libras esterlinas de los contribuyentes habían ido a parar a la industria del carbón desde 1974. La productividad era alta en algunos de los yacimientos, y una más reducida industria del carbón hubiera podido proporcionar puestos de trabajo bien pagados. Pero esto sólo era posible si se cerraban los yacimientos que no resultaban rentables, y eso era lo que quería hacer la Junta Nacional del Carbón (NCB). Además los pozos cuyo cierre preveía la NCB en un programa que expuso en 1981 no sólo eran poco rentables, sino que estaban más o menos agotados.

El 27 de enero el ministro de Energía, David Howell, me comunicó sus planes de cierres. La tarde siguiente, sir Derek Ezra, presidente de la NCB, vino a verme a Downing Street para ocuparse personalmente de aleccionarme. Estuve de acuerdo con él en que con el carbón amontonándose en los depósitos y la recesión persistiendo, no había otra opción que la de acelerar el cierre de los pozos antieconómicos. Llevaba mucho tiempo lamentándome de que los Gobiernos anteriores hubieran invertido tanto en el carbón; si hubiéramos gastado más en energía nuclear, como hicieron los franceses, la electricidad nos saldría mucho más barata y, desde luego, el suministro estaría más asegurado.

Como en el caso de la British Steel Corporation y de la British Leyland, era la Administración la que tenía que poner en práctica el criterio acordado, y, sin poderlo evitar, el Gobierno se vio inmerso en una crisis no deseada e imprevista. Pronto la prensa apareció colmada de los planes de la NBC para cerrar cincuenta pozos, con predicción de amargos conflictos. El Sindicato Nacional de Mineros (NUM) se vio comprometido a oponerse a los cierres y aunque Joe Gormley, su presidente, era un moderado, la poderosa ala izquierda del sindicato estaba decidida a explotar la situación, y era bien sabido que Arthur Scargill, el líder de la extrema izquierda, quería suceder a Gormley en la presidencia del sindicato en un futuro inmediato.

En una reunión con el NUM, el 11 de febrero, la NCB resistió las presiones que la instaban a publicar la lista de pozos que se proponía cerrar, y negó que fueran cincuenta. Sin embargo, la junta olvidó mencionar las excelentes propuestas que el Gobierno estaba analizando y, en cambio, se unió al NUM para pedirnos que redujéramos el nivel de importación de carbón, que mantuviéramos un alto nivel de inversiones públicas y subsidios, comparables a los que supuestamente otorgan a la industria del carbón otros Gobiernos. Lejos de actuar como se podía esperar de una Administración, la NCB se comportaba como si compartiera por entero los intereses del sindicato que representaba a sus empleados. Entonces la situación se deterioró aún más. Me consideré afortunada por tener una fuente de información independiente y fiable en mi secretario de prensa, Bernard Ingham, quien, antes de trabajar para mí en Downing Street, había pasado varios años en el Departamento de Energía y estaba convencido, desde un principio, de que éste era excesivamente complaciente con la amenaza planteada por una huelga.

El lunes 16 de febrero mantuve una reunión con David Howell y otros. Su tono había cambiado por completo. De pronto, el departamento se había visto forzado a asomarse al abismo y había retrocedido. El objetivo era ahora evitar una huelga nacional haciendo concesiones que nos costaran lo menos posible. David Howell tendría que aceptar una reunión tripartita con el NUM y la NCB para poner punto final al problema. Incluso había cambiado el tono del presidente de la junta. Me quedé abrumada al comprender que sin darnos cuenta nos habíamos metido en una batalla que no podíamos ganar. En el Departamento de Energía no se había hecho ningún adelanto en la reflexión sobre lo que podía ocurrir en caso de huelga. Las montañas de carbón apiladas junto a la boca de los pozos no proporcionaban en absoluto la más mínima noción sobre si el país podría o no soportar una huelga; lo que importaba era el carbón almacenado en las plantas energéticas y éste, sencillamente, no era bastante. Mi confianza en los dirigentes de la NCB había bajado mucho. Estaba muy claro que lo único que podíamos hacer era reducir las pérdidas al mínimo y sobrevivir para seguir peleando, una vez estuviéramos en condiciones de ganar, habiéndonos preparado como es debido. Cuando mi actitud quedó clara, hubo un funcionario que no pudo contenerse y expresó su sorpresa y frustración. Mi respuesta fue simple: no tiene sentido comenzar una batalla a menos que se tenga una confianza razonable en que habrá de ganarse. Perder la batalla del carbón hubiera resultado desastroso.

La reunión tripartita debía producirse el 23 de febrero. Mientras tanto, esperábamos que la NCB pudiera defender su caso con mayor eficacia, evitando que lo siguiera llevando sólo el NUM. En realidad se nos previno de que, a menos que lleváramos a cabo la reunión tripartita antes de lo previsto, los dirigentes del NUM podían decidir que se votara la huelga. En la mañana del 18 de febrero, nos reunimos David Howell y yo, a toda prisa, para ver qué concesiones tendríamos que ofrecer para evitar la huelga. Seguía habiendo una considerable confusión sobre la realidad de los hechos. Primero se informaba que la NCB quería cerrar cincuenta o sesenta pozos, y ahora se hablaba de veintitrés. Pero la reunión tripartita logró su objetivo inmediato: la huelga pudo evitarse. El Gobierno se abocó a la tarea de reducir las importaciones de carbón al mínimo posible y David Howell señaló que estábamos dispuestos a discutir las derivaciones financieras con amplitud de criterio. Sir Derek Ezra dijo que, a la luz de esta revisión de los escollos financieros que tenía la NCB para operar, la dirección retiraría su propuesta de cierres y volvería a analizar el tema junto con los sindicatos.

Al día siguiente David Howell, en una alocución a la Cámara de los Comunes, explicó los resultados de la reunión. La prensa reaccionó diciendo que los mineros habían logrado una importante victoria a expensas del Gobierno, aunque probablemente éste hubiera hecho bien en ceder. Pero no acabarían aquí nuestras dificultades. Llegamos al acuerdo de mejorar las condiciones en que se amortizarían los puestos de trabajo en el sector minero, financiar un plan para reconvertir ciertas industrias, pasándolas del petróleo al carbón, y revisar de nuevo las cuentas de la NCB. Como siempre sucede cuando el corporativismo toma ímpetu, se hizo extremadamente difícil llevar a su término la conferencia tripartita sin provocar una crisis, e igualmente difícil evitar que todo el asunto de la financiación gubernamental de la NCB se colara de rondón en el orden del día. Ya en la reunión tripartita del 25 de febrero había surgido que la situación financiera de la NCB estaba bastante más deteriorada de lo que sospechábamos. Era muy posible que ya hubieran superado en unos 450 ó 500 millones de libras sus límites de financiación externa (EFL) —fijados en la enorme suma de 800 millones de libras esterlinas—, y el déficit previsto era de unos 350 millones de libras esterlinas. Habría que contrastar estas cifras y analizarlas en detalle, pero no podríamos hacerlo —cosa que la NCB ya sabía— cuando el NUM estaba casi tan bien informado como nosotros sobre la situación financiera de la NCB. Sin embargo, debíamos lograr establecer un cerco de hierro en torno a la industria del carbón con el argumento de que el del carbón era un caso especial más que un precedente. Teníamos que tratar de evitar cualquier compromiso para después de 1981-1982. Y, sobre todo, teníamos que prepararnos para la contingencia de que el NUM planeara una confrontación para la próxima ronda de negociaciones salariales. Confirmamos estas decisiones en el Consejo de Ministros de 5 de marzo. David Howell llevó con gran pericia la siguiente reunión tripartita del 11 de marzo, dando por sentado que no haría falta otra reunión tripartita hasta que se resolviera la situación financiera de la NCB. Mientras, se le había pedido a Howell que redactara un memorando solución a posibles conflictos y que lo pusiera en circulación para Pascua.

Tras haber sacado al Gobierno de una posición insoportable —a un enorme coste político, lo sabía— concentré mi atención en limitar las consecuencias financieras de nuestra marcha atrás y preparar el terreno para no caer nunca más en una situación tan incómoda. David Howell quedó impresionado por lo sucedido. Temía que los acontecimientos de enero se repitieran. Hubo muchas discusiones entre él y Hacienda sobre los nuevos límites de financiación externa para la NCB y el nivel de inversión que debíamos financiar. Tuvimos que aceptar unos límites de financiación externa muy por encima de los mil millones de libras esterlinas. De la misma manera, la amenaza de huelga ponía limitaciones a lo que podíamos hacer para mejorar nuestra capacidad de resistencia ante una huelga futura. Estaba claro que había que aumentar el stock de carbón en las centrales de energía, pero resultaba muy difícil hacerlo sin que nuestros movimientos trascendieran al público y, por añadidura, cuanta más prisa nos diéramos más se notaría. Jim Prior aconsejó que ni siquiera mencionáramos el tema a las industrias implicadas, alegando que, de hacerlo, sería una provocación. El Departamento de Energía se tomó con mucha calma la puesta en práctica de la decisión de que cuatro o cinco millones de toneladas estuviesen trasladadas para cuando empezaran las negociaciones salariales con el NUM, el próximo otoño. Se nos había comunicado que la Junta Central de Energía Eléctrica (Central Electricity Generating Board, CEGB) probablemente tendría que comprar más terrenos si los stocks habían de ser mucho más grandes. El 19 de junio mantuve una reunión para ver en qué punto nos encontrábamos. Me parecía que el riesgo implícito en el desplazamiento de los stocks de carbón había sido exagerado. A fin de cuentas, los stocks de los pozos habían pasado de trece a veintidós millones de toneladas en los doce últimos meses, y era natural que se produjeran movimientos fuera de lo corriente.

Pero lo que realmente me preocupaba era si, incluso en el caso de que pudiéramos aumentar sustancialmente el ritmo de traslado de carbón a las centrales eléctricas, ese invierno podríamos resistir una huelga. Después de la conferencia del NUM de Jersey, en julio, resultó evidente que el sindicato había quedado obsesionado con la idea de ganarle la partida al Gobierno y que Arthur Scargill, ya con la presidencia del sindicato garantizada, haría de ello su política. Willie Whitelaw, que como ministro del Interior tenía a su cargo la previsión de incidencias civiles, había dirigido la preparación de un estudio sobre cómo resistir una huelga del carbón si ésta llegaba a producirse el siguiente invierno. El 22 de julio me envió un informe con la conclusión de que ese invierno probablemente la huelga no podría resistirse más de trece o catorce semanas. Ese cálculo tomaba en cuenta los traslados de stocks de carbón que ya teníamos en marcha. En teoría, podría aumentar el tiempo de resistencia si se hacían cortes de energía eléctrica o usábamos al ejército para desplazar el carbón a las centrales eléctricas. Pero ambas opciones estaban plagadas de dificultades. Habría enormes presiones políticas para que cediéramos en caso de huelga. El sindicato podía darse cuenta de lo que se estaba fraguando si nos dedicábamos a aumentar las reservas de gasoil para las centrales eléctricas. En agosto, no sin cierta resistencia, llegué a la conclusión de que nada podía hacerse en tal sentido mientras no se hubiera cerrado el pacto anual de salarios con el NUM. Tendríamos que confiar en una prudente mezcla de flexibilidad y de faroles hasta que el Gobierno estuviera en posición de desbaratar ese desafío no ya sólo a la economía, sino incluso, potencialmente, al orden establecido legalmente, que se nos planteaba por la acción conjunta del monopolio y de la fuerza sindical en el sector del carbón.

LOS DISTURBIOS CALLEJEROS DE 1981

Durante el fin de semana del 10 al 12 de abril estallaron disturbios en Brixton, al sur de Londres. En esos días, se saquearon tiendas, se destruyeron vehículos y 149 policías y 58 civiles resultaron heridos. Hubo 215 detenidos y se registraron escenas aterradoras, que recordaban los disturbios de Estados Unidos en los años sesenta y setenta. Acepté la sugerencia de Willie Whitelaw de que lord Scarman, el distinguido legislador, iniciara una indagación sobre las causas de lo sucedido e hiciera las recomendaciones pertinentes.

A esto siguió la calma. Después, el 3 de julio, estalló una batalla entre blancos cabezas rapadas y jóvenes asiáticos que degeneró en un disturbio en el que las principales víctimas fueron los policías atacados con cócteles molotov, ladrillos y todo lo que hubiera a mano. La turba incluso se volvió contra los bomberos y las ambulancias. Ese fin de semana, el escenario de la violencia fue Toxteth, en Liverpool, con incendios, saqueos y brutales agresiones a la policía. Las fuerzas de orden público de Merseyside reaccionaron muy decididamente y dispersaron a la muchedumbre con gases lacrimógenos.

Los días 8 y 9 de julio le tocó a Moss Side, en Manchester, sufrir cuarenta y ocho horas de graves desórdenes. En un principio la presencia policial se mantuvo intencionadamente escasa, con la esperanza de que las autoridades de la comunidad pudieran imponer la calma. Pero, una vez fracasado el intento, la policía tuvo que desplazarse masivamente a la zona. Willie Whitelaw me dijo, después de haber visitado Manchester y Liverpool, que los disturbios del Moss Side habían seguido pautas de saqueo y vandalismo más que de confrontación directa con la policía. En Liverpool, me enteré después, la tensión racista y la enconada hostilidad hacia la policía habían llegado a extremos muy graves debido a la acción de la extrema izquierda.

Los disturbios eran un regalo de los dioses para la oposición laborista y para los adversarios del Gobierno en general. Aquí estaba la tan deseada prueba de que nuestra política económica estaba causando destrucción y violencia. De repente me encontré en la Cámara de los Comunes y otros lugares respondiendo al argumento de que los disturbios eran fruto del desempleo. Solapadamente, algunos conservadores se hacían eco de estas críticas, quejándose de que la estructura de la sociedad se estuviera viniendo abajo por culpa del monetarismo doctrinal que habíamos abrazado. Esto último pasaba por alto el hecho de que los altercados, el vandalismo de los hooligans futbolísticos y la delincuencia en general iban en aumento desde los años sesenta, casi siempre con la misma política económica que nuestros detractores nos empujaban a adoptar. La tercera explicación, que se trataba de una reacción de las minorías étnicas contra la brutalidad policial y la discriminación racial, nos la tomamos más en serio. De hecho, fue esa la razón de que invitáramos a lord Scarman a investigar las causas e informar al respecto, inmediatamente después de los disturbios de abril en Brixton. Después de ese informe establecimos un marco reglamentario para las consultas entre la policía y las autoridades locales, hicimos más rigurosas las normas para la detención y el registro de los sospechosos, e introdujimos otras medidas relativas al reclutamiento, la formación y la disciplina del cuerpo de policía.

Pero, fueran lo que fueran las recomendaciones de lord Scarman —y fuera lo que fuera lo que Michael Heseltine pudiera conseguir más tarde, mediante la adecuada utilización de las relaciones públicas, una vez se hubiera puesto en marcha su investigación sobre los problemas de Merseyside— había que proceder de inmediato al restablecimiento de la ley y el orden. El sábado 11 de julio le dije a Willie que tenía intención de presentarme en Scotland Yard para que me mostraran su manejo de la situación sobre el terreno.

En Scotland Yard primero me presentaron un informe y luego me llevaron a dar una vuelta por Brixton. En la comisaría de Brixton fui a la cantina para agradecer a los números que allí había todo lo que estaban haciendo, igual que antes había expresado mi agradecimiento a los oficiales. También estuve charlando con unas señoras de las Indias Occidentales que atendían la cantina. Habían estado acudiendo sin falta al trabajo en plenos disturbios, para que la policía nunca tuviera que echar en falta los imprescindibles servicios de avituallamiento, a cualquier hora del día o de la noche. Evidentemente, estaban tan molestas como yo con los causantes del problema.

Más tarde volví a Scotland Yard, donde mantuve una larga charla con el comisionado de la policía metropolitana, sir David McNee, con su lugarteniente y con su ayudante. Estaban bastante preocupados: me expresaron su deseo que a los delincuentes se les juzgara y se les dictara sentencia rápidamente, puesto que muchas veces el fallo se demoraba tanto que la condena terminaba por quedar sin aplicación; no les satisfacían las limitaciones a su facultades de arresto; y, sobre todo y con suma urgencia, necesitaban un adecuado equipo antidisturbios. Les prometí todo mi apoyo. Causaba mucha impresión ver el tipo de equipamiento que necesitaba ahora la policía británica: más escudos antidisturbios, de diferentes modelos, más vehículos, porras largas, provisión suficiente de bolas de goma y cañones de agua. Ya habían recibido los imprescindibles cascos de protección, pero hubo que modificarlos, porque las viseras no proporcionaban protección suficiente contra el petróleo ardiendo. Más tarde le señalé a Willie la extremada urgencia de estos pedidos.

El lunes 13 de julio hice una visita similar a Liverpool. Pasando en coche por Toxteth, escenario de los disturbios, observé que a pesar de todo lo que se hablaba de miseria, las casas de la zona no eran ni con mucho las peores de la ciudad. Me habían dicho que algunos de los jóvenes involucrados habían llegado a la violencia por problemas de aburrimiento y por falta de ocupación. Pero no había más que observar esas casas con el césped sin cortar, que llegaba en algunos casos a la altura del pecho, y la basura acumulada, para darse cuenta que ese análisis era falso. Si querían, tenían muchas cosas constructivas en qué ocuparse. En cambio, me pregunté cómo podía vivir la gente en esas circunstancias sin siquiera tratar de limpiar y mejorar su ambiente. Lo que evidentemente faltaba era cierto orgullo y responsabilidad personal, algo que al Estado le resulta fácil quitar, pero casi nunca acierta a devolver.

Con los primeros que hablé en Liverpool fue con los policías, cuyos comentarios y solicitudes de equipamiento fueron similares a los de la policía de Londres. También me entrevisté con concejales del Ayuntamiento de Liverpool y luego hablé con un grupo de líderes de la comunidad y de jóvenes. Me dejó abrumada la hostilidad de los jóvenes hacia el jefe de policía y sus agentes. Pero escuché con atención todo lo que me decían. Había dos personas con ellos que parecían trabajadores sociales y que empezaron tratando de hablar en su nombre. Pero estos jóvenes no necesitaban que nadie hablara por ellos: se expresaban bien y expresaban sus problemas con gran sinceridad. La prensa quedó bastante confundida cuando, al contrario de lo que esperaban, los jóvenes les dijeron que yo había escuchado atentamente. Pero hice algo más que escuchar: yo también tenía algo que decir. Les recordé que sobre Liverpool se habían derramado los recursos. Les comuniqué que me preocupaba mucho lo que me habían dicho acerca de la policía y que no me importaba nada el color de la piel que cada uno tuviera, pero sí la criminalidad. Los insté a no recurrir a la violencia y a no tratar de vivir en comunidades aisladas. Antes de volver a Londres, también hablé con el arzobispo católico y el obispo anglicano de Liverpool, que se habían atraído ambos la atención nacional por su admirable defensa de la ciudad.

La visita despejó todas las dudas que pudiera tener al respecto: estábamos ante problemas inmensos en áreas como Toxteth y Brixton. Esa gente tenía que recuperar su respeto a la ley, a los vecinos y a sí mismos. Pese a que habíamos puesto en práctica la mayor parte de las recomendaciones de Scarman, y a las iniciativas que tomaríamos en las ciudades del interior, ninguno de los remedios convencionales dependientes de la acción estatal y el gasto público sería efectivo. Las causas eran mucho más profundas; también deberían serlo los remedios.

Los causantes de los disturbios eran invariablemente jóvenes con un fuerte instinto animal reprimido por los frenos sociales, y que en esas ocasiones hallaban oportunidad de desbocarse. ¿Qué se había hecho de las represiones? La mayor barrera de contención proviene de la noción de vivir en comunidad, incluyendo la atenta vigilancia de los vecinos. Pero esta noción de vivir en común ha ido desapareciendo de la mayoría de los barrios ciudadanos, por toda una variedad de razones. Estas zonas urbanas suelen ser creación artificial de las autoridades locales, desarraigando a la gente de sus auténticas comunidades y decantándola a barrios mal proyectados y peor mantenidos, donde nadie conoce a sus vecinos. En algunos de estos nuevos barrios había, debido a la fuerte inmigración, una gran mezcla étnica; en el estallido de algunas de las tensiones que pueden explotar en determinadas circunstancias, incluso las familias emigrantes con un fuerte sentido de los valores morales pueden encontrarse con que sus hijos pierden dichos valores, por culpa del entorno. La ayuda social, en concreto, fomentaba la dependencia y relajaba el sentido de la responsabilidad de cada cual, mientras la televisión socavaba los valores morales que antaño servían de vínculo entre las comunidades de la clase trabajadora. El resultado era un constante aumento de la criminalidad (entre los hombres jóvenes) y de las madres solteras (entre las mujeres jóvenes).

Para que esta situación degenerara en una cadena de disturbios a gran escala, lo único que hacía falta era que la autoridad entrara en decadencia y que los alborotadores llegaran al convencimiento de que podían actuar a su gusto sin salir malparados. El sentido de autoridad, en todas sus manifestaciones —en el hogar, en el colegio, en la Iglesia y en el Estado— ha ido deteriorándose año a año desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. De ahí el aumento del vandalismo en el fútbol, los disturbios raciales y la delincuencia. Hubo uno o dos casos en los que la inquietud e indecisión de las fuerzas del orden —como, por ejemplo, el hecho de apartar a los agentes de los disturbios mientras llegaban refuerzos— alentó a los agitadores y supuso una merma en la confianza que los buenos ciudadanos tenían depositada en la autoridad. Lo que probablemente transformó los disturbios de 1981 prácticamente en una saturnal fue que la televisión transmitió la sensación de que los alborotadores podían disfrutar de su fiesta de delincuencia, saqueo y alteración del orden sin que nadie los molestara, disfrazándolo todo de protesta social. Estaban absueltos de antemano. Éste es el tipo de situaciones que los jóvenes aprovechan sistemáticamente para alborotar, y la cosa no tiene nada que ver con el dinero en circulación.

Todo ello no obstante, tan pronto como resolviéramos el problema de la economía británica podríamos concentrar nuestra atención en estos otros problemas, más profundos y más recalcitrantes. Así lo hice durante mi segundo y mi tercer mandato, con todo un conjunto de medidas políticas sobre vivienda, educación, autoridades locales y seguridad social, que mis asesores se empeñaron en llamar —a pesar mío— «thatcherismo social». Pero nuestro impacto en estas cuestiones estaba todavía en los primeros pasos cuando dejé mi cargo de primera ministra.

DESAVENENCIAS INTERNAS EN EL GABINETE. EL REAJUSTE DE 1981

Fue, sin embargo, el presupuesto de 1981 lo que mantuvo al Gabinete en estado de agitación durante todo el verano. Algunos ministros eran ya veteranos en la desavenencia. Otros con cuyo apoyo había podido contar en el pasado empezaban ahora a distanciarse. Lo curioso era que la oposición a mi política alcanzaba su apogeo precisamente cuando la recesión empezaba a tocar fondo. En 1980, los disidentes del Gabinete se negaron a aceptar la auténtica gravedad de la situación económica y, en consecuencia, se empeñaron en sostener el nivel de gasto estatal por encima de nuestras posibilidades; ahora, en 1981, cometían el error opuesto, pintando con tintes exageradamente dramáticos el panorama económico y solicitando un aumento del gasto público todavía mayor para sacar a flote la economía. No puede dejar de resultar sospechosa una solución así, que siempre vale, sea cual sea el problema.

Uno de los mitos perpetuados por los medios de la época era el de que los responsables de Hacienda y yo teníamos la obsesión de mantener en secreto nuestra política económica, tratando siempre de evitar que se debatiera en el seno del Gabinete. Lo cual no resultaba del todo absurdo, si teníamos en cuenta las filtraciones que habíamos padecido antes; pero lo cierto es que jamás incurrimos en semejante actitud. Geoffrey Howe siempre estaba deseando que cada año se celebraran tres o cuatro reuniones del Gabinete sobre tema económico, en la creencia de que así obtendríamos un mejor apoyo de nuestra línea política. Yo no tenía claro que este tipo de coloquios pudiera contribuir a la conjunción de pareceres, pero no tuve inconveniente en aceptar las sugerencias de Geoffrey mientras de ellas se derivaran resultados prácticos, sobre todo si se lograba un planteamiento más realista del gasto público.

A mediados de junio hubo en el Gabinete una reunión sobre temas de economía general que se prolongó durante dos horas y que estuvo basada en diversos documentos del Ministerio de Hacienda. El informe principal era un análisis exhaustivo de la más reciente evolución de la economía y de sus perspectivas. Allí se nos mostraba que la hacienda pública estaba ya asentada sobre una base más sólida: habíamos recortado la deuda interior y devuelto parte de la deuda internacional. Nuestro tipo de interés estaba situado en el 12 por ciento, netamente por debajo de los practicados en Estados Unidos y en Francia, y más bajos que en los demás países industrializados. La producción industrial había dejado de caer, aunque el paro —que siempre se queda atrás, en cuanto indicador económico— seguía en aumento. La carga fiscal seguía siendo alta, pero al menos estábamos financiando el gasto de una forma razonable, y el buen dinero era importantísimo para lograr una recuperación sostenida.

Había ministros, sin embargo, que apenas sí veían nada positivo en este cuadro. Según ellos, tres millones de parados —la cifra ahora prevista— eran políticamente inaceptables, y el Estado tendría que gastar más para acelerar y fortalecer la recuperación económica. Mi análisis personal era diametralmente opuesto: la manera de llevar a cabo la recuperación era asegurar que una menor proporción de la renta nacional fuera al Gobierno, liberando más recursos para el sector privado en el que trabajaba la mayor parte de los ciudadanos

Todos estos desacuerdos salieron a luz en la reunión de Gabinete del jueves 23 de julio. Tuve más de un barrunto de lo que se aproximaba. De hecho, ya por la mañana, antes de bajar a la sala de reuniones, comenté con Denis que no habíamos llegado hasta donde habíamos llegado para dar marcha atrás ahora. No seguiría en el cargo si no veía que podíamos llevar adelante nuestra estrategia. Los ministros dispendiosos habían presentado solicitudes para gastos extraordinarios de más de 6.500 millones de libras, de los cuales 2.500 millones irían a parar a las industrias nacionalizadas. Pero, en vista de los excesos del gasto público en el pasado, y teniendo en cuenta que ya se había acudido al expediente de elevar los impuestos, Hacienda nos instaba a reducir el gasto público para 1982-1983 por debajo de los totales resultantes del libro blanco de marzo. El resultado fue una de las discusiones más acerbas que jamás se produjeron en el Gabinete durante mi mandato. Ni que decir tiene que los wets defendieron su caso con renovado vigor, fortalecidos por la falta de pruebas de que nuestra política hubiese solucionado algo. Había entre ellos quienes preconizaban el aumento del gasto público y de la deuda, considerándolo mejor método para lograr la recuperación que el recorte de los impuestos. Se habló de congelación salarial. Incluso aquellos que, como John Nott, eran conocidos por su sentido común en asuntos financieros, atacaron las propuestas de Geoffrey Howe por considerarlas innecesariamente duras. Toda nuestra estrategia se quedaba en el aire. Fue como si los ánimos se hubieran desatado de pronto. Yo también me enojé mucho. Había pensado que podíamos confiar en estas personas cuando llegaran los agobios. Sencillamente dicho, no podía pararme a considerar esa especie de contabilidad creativa que permitía a quienes son monetaristas sólo cuando las cosas van bien justificar un viraje de 180 grados. Otros, sin embargo, se mantuvieron tan leales como siempre, especialmente Willie, Keith y, por supuesto, el propio Geoffrey, que durante todo el tiempo me fue de gran ayuda. Y de hecho fue esa lealtad la que nos salvó.

Dije al principio de mi Gobierno: «dadme seis hombres fuertes y leales y lograré salir adelante». Rara vez llegué a tener tantos como seis. Por eso defendía vigorosamente al ministro de Hacienda. Estaba dispuesta a aceptar un informe más sobre la controversia entre gasto público y disminución de impuestos. Pero advertí a todos del efecto en la confianza internacional que podía tener un aumento del gasto público o, para el caso, cualquier alejamiento de la MTFS (estrategia financiera a medio plazo). Tenía la firme resolución de seguir adelante con nuestra estrategia. Pero di por terminada la reunión sabiendo muy bien que había demasiados miembros del Gabinete que no compartían mi punto de vista. Además, después de las cosas que se habían dicho, era difícil imaginar que ese grupo de ministros pudiera volver a trabajar en equipo.

Gran parte de esta amarga desavenencia llegó de algún modo a las páginas de los periódicos, y no sólo en forma de referencias a lo dicho en el Gabinete, tomadas de fuentes ministeriales que no podían mencionarse, sino también en forma de declaraciones públicas y discursos apenas disfrazados. Hubo un comentario especialmente molesto por parte de Francis Pym y Peter Thorneycroft, responsables ambos de la presentación al público de nuestra línea política. A sugerencia de Francis, yo había autorizado el restablecimiento del «Comité de Enlace» entre los ministros y la sede del partido, para atender a la permanente coherencia de nuestro mensaje. En agosto quedó muy claro que el mencionado comité se estaba utilizando para minar nuestra estrategia.

Geoffrey Howe había dicho en la Cámara de los Comunes que las últimas tendencias observables en las encuestas industriales de la CBI señalaban claramente que estábamos entrando en el fin de la recesión. La observación podía resultar imprudente, pero era cierta. Durante el fin de semana siguiente, Francis Pym, en un largo discurso, observó: «Todavía son pocas las señales que indiquen una recuperación. Y ésta, cuando llegue, a su debido tiempo, será lenta y menos pronunciada que otras veces». Semejante vaticinio habría constituido una osadía incluso en boca de un economista. Procediendo de Francis, la cosa raya en lo visionario. Por si acaso, también dijo que «dentro de nuestra política industrial, debemos trabajar en asociación con la industria y con los sindicatos, para localizar los sectores clave de la economía y los más prometedores mercados de exportación» —precisamente el tipo de conjuro neocorporativista que implicaba un rechazo total de nuestra estrategia económica—. Incluso Peter Thorneycroft, que fue un magnífico presidente del partido cuando estábamos en la oposición, se unió al coro de los wets, diciendo de sí mismo que se sentía «cada vez más mojado», y añadiendo que «no había señales visibles de recuperación económica». Dado que uno y otro comentario provenía de los dos hombres responsables de presentar al público la política del Gobierno, resultaban extremadamente peligrosos, y era muy fácil que se los considerara (inevitable metáfora) «la punta del iceberg».

La reforma de los sindicatos era otro tema de desacuerdo en el Gabinete. Habíamos publicado un libro verde sobre las inmunidades de los sindicatos, y esperábamos los correspondientes comentarios al respecto para finales de junio de 1981. Cuando llegaron, vimos que recogían el deseo de industriales y comerciantes de que aplicáramos una acción más radical, poniendo a los sindicatos totalmente bajo el imperio de la ley. Pero Jim Prior y yo no estábamos de acuerdo en las disposiciones a tomar. Yo quería que se restringieran más las inmunidades de los sindicatos, para que las actuaciones judiciales pudieran tener acceso a sus tesorerías. Con la propuesta de Jim no se habría alcanzado tal objetivo. De hecho, su análisis era fundamentalmente distinto del mío. Según la lectura que él hacía, la historia demostraba que los sindicatos podían saltarse cualquier legislación, si así se lo proponían. Pero yo creía que la historia no demostraba nada por el estilo, sino que en el pasado los Gobiernos le fallaron al país por falta de empeño, retirándose cuando la partida estaba prácticamente ganada. También estaba convencida de que en el asunto de la reforma sindical había en reserva mucho apoyo público con el que podríamos contar. Además, como le dije a Jim, me parecería verdaderamente peligroso que la gente llegara a considerar muy poco lo que habíamos hecho por limitar el poder de los sindicatos.

Las diferencias entre los ministros del Gabinete en cuanto a la estrategia económica —y entre Jim Prior y yo respecto de la reforma de los sindicatos— no era de simple énfasis, sino de fondo. Si las metas que propuse desde la oposición habían de lograrse, tendría que ser un nuevo Gabinete quien las reafirmase y peleara por ellas. Se me hizo evidente, por tanto, lo imprescindible de proceder a un reajuste ministerial si queríamos seguir adelante con nuestra política económica, por no decir que de ello dependía que yo siguiera siendo primera ministra.

Me inclinaba por proceder al reajuste durante la pausa parlamentaria, para que los ministros pudieran aterrizar en sus respectivos departamentos antes de que la Cámara los pusiera en entredicho. Pero también me parecía que, dado que las cosas suelen ponerse bastante difíciles a finales de julio, era mejor para todos nosotros que dejáramos pasar las vacaciones antes de tomar ninguna decisión. De modo que hasta finales de septiembre no empecé a discutir los detalles con mis asesores más próximos. Willie Whitelaw, Michael Jopling (el chief whip) y Ian Gow acudieron a Chequers el fin de semana del 12 al 13 de septiembre. Durante una parte de ese tiempo también se nos unieron Peter Carrington y Cecil Parkinson. El reajuste propiamente dicho se produjo el lunes.

Siempre recibía primero a quienes iba a pedir que salieran del Gabinete. Comencé con Ian Gilmour y le comuniqué mi decisión. Estuvo, no encuentro otra palabra para describirlo, impertinente. Nada más salir de Downing Street denunció ante las cámaras de televisión que la política del Gobierno navegaba «a toda velocidad hacia los escollos», haciendo una magnífica imitación de una persona que acaba de dimitir por cuestión de principios. También Christopher Soames se enfadó mucho, aunque de modo más altanero. Tuve la neta impresión de que para él se había alterado el orden de las cosas, y que lo estaba despidiendo su ama de llaves. Mark Carlisle, que no había sido muy buen ministro de Educación y que se inclinaba hacia la izquierda, también hubo de abandonar el ministerio, pero lo hizo con cortesía y buen humor. Para Jim Prior, fue un verdadero choque que lo retirara del Departamento de Empleo, donde se consideraba punto menos que indispensable. Había hecho innumerables manifestaciones a la prensa declarando que no aceptaría ningún otro cargo gubernamental si se le pedía que dejara su cargo actual. Yo quería su puesto para dárselo al formidable Norman Tebbit, y Jim no me iba a intimidar por mucho que se amenazase a sí mismo. De modo que le achanté el farol y le ofrecí la secretaría de Irlanda del Norte. Me pidió un tiempo para pensarlo y, tras un poco de angustia y unas cuantas llamadas telefónicas, aceptó el ofrecimiento y pasó a ser secretario de Estado para Irlanda del Norte, en lugar del complaciente Humphrey Atkins, quien, a su vez, reemplazó a Ian Gilmour como principal encargado de Asuntos Exteriores en la Cámara de los Comunes.

Pasé a David Howell de Energía a Transporte. Me produjo un enorme placer que su sitio en el Gabinete lo ocupara un hombre de tan inmensa capacidad como Nigel Lawson, autor intelectual de la MTFS (estrategia financiera a medio plazo). Nigel resultó ser un excelente secretario de Estado de Energía, fomentando activamente la competencia, ejerciendo un verdadero control de su departamento y preparando los stocks de carbón para el inevitable conflicto con los mineros.

Keith Joseph me había comunicado su deseo de dejar la cartera de Industria. Como estaba convencido de la existencia de una cultura antiempresarial que había hecho mucho y muy prolongado daño a la economía británica, era muy lógico que ahora Keith quisiera ir a Educación, que era donde había echado más raíces esa cultura. Por lo tanto envié a Keith a mi antiguo ministerio, en sustitución de Mark Carlisle. Norman Fowler volvió a Salud y Seguridad Social, la misma cartera que había tenido en la oposición, sustituyendo a Patrick Jenkin, que se hizo cargo de la de Industria, de donde salía Keith. Janet Young, amiga de muchos años y cuya primera actuación en política fue como líder del Concejo de la Ciudad de Oxford, se hizo cargo de la jefatura del partido en la Cámara de los Lores: era la primera mujer que accedía a dicho puesto, ocupando el lugar de Christopher Soames en la dirección del cuerpo funcionarial.

El cambio más importante tal vez fuera el ascenso de Norman Tebbit, que sustituía a Jim Prior en Trabajo. Norman tenía experiencia previa en las relaciones industriales, como sindicalista que era. Había sido dirigente de la Asociación Británica de Pilotos de Líneas Aéreas (British Airline Pilots Association) y no le quedaban ilusiones sobre el corrompido mundo del sindicalismo de ultraizquierda, ni, por contraste, duda alguna sobre la honradez básica de casi todos los miembros del sindicato. Como buen convencido del planteamiento que Keith Joseph y yo propugnábamos, Norman supo captar el modo en que la reforma sindical encajaba en nuestra estrategia general. Norman fue también uno de los hombres más eficaces del partido en el Parlamento y en las tribunas públicas. El hecho de que la izquierda evidenciara su descontento confirmaba que era el hombre adecuado para ese puesto. Lo temían.

Ya había acordado con Peter Thorneycroft su abandono de la presidencia del partido. No había quedado muy conforme con algunas de las actuaciones de Peter durante los últimos meses. Pero nunca iba a olvidar lo mucho que hizo para ayudarnos a ganar las elecciones de 1979. Era un líder político de la vieja escuela —lleno de fuerza y con una gran personalidad— y seguimos siendo amigos. Para sucederle nombré a Cecil Parkinson, dinámico, lleno de sentido común, buen gestor de cuentas, excelente comunicador y —no menos importante— perteneciente a mi ala del partido.

Como resultado de este reajuste quedó totalmente modificada la naturaleza del Gabinete. Tras su primera reunión, les comenté a David Wolfson y a John Hoskyns lo diferente que resultaba tener a la mayoría de ellos de mi parte. No quería ello decir que siempre fuéramos a estar de acuerdo o que no se producirían las habituales discusiones sobre el gasto público. Siempre existirían las desavenencias, y Jim Prior, a petición propia, siguió adscrito al comité «E», comité económico del Gabinete. Pero aún tenían que pasar unos años antes de que surgiera un tema que me aislara en lo fundamental de la mayoría de mi Gabinete y para entonces la recuperación económica del Reino Unido, objeto de tanta controversia a lo largo de 1981, ya se tomaba, quizá con demasiada facilidad, por un hecho consumado.

El día siguiente del reajuste, The Times publicó en primera página un comentario titulado Prima inter pares, resumiendo así la reacción ante los cambios:

[…] la impresión final […] que nos deja este reajuste es la indeleble estampa y el estilo de la propia primera ministra. La señora Thatcher ha confirmado tanto su dominio político como su fe en su propia política. Ha recompensado a quienes comparten su fe y castigado a quienes no la comparten. Si tiene éxito —y por éxito entendemos la recuperación de la economía británica y su victoria por el Partido Conservador en las próximas elecciones— será un notable triunfo personal. Si fracasa, será ella quien cargue con las culpas, pero el daño y las víctimas quedarán esparcidos por todo el panorama político y económico.

Me pareció aceptable.

LA CONFERENCIA DEL PARTIDO CONSERVADOR DE 1981

Los wets habían sido derrotados, pero aún no se habían dado cuenta, y tomaron la decisión de intentar un último asalto en la conferencia del Partido Conservador celebrada en Blackpool en octubre de 1981.

Las circunstancias en vísperas del congreso eran sombrías. La inflación, que había bajado sensiblemente desde 1980, seguía manteniéndose entre el 11 y el 12 por ciento. Debido en gran parte al déficit presupuestario de Estados Unidos, los tipos de interés habían aumentado en un 2 por ciento a mediados de septiembre, anulando transitoriamente la reducción que había hecho posible, a ese mismo coste, el presupuesto de marzo. Después, a poco de llegar yo a Melbourne para la Reunión de la Commonwealth del 30 de septiembre, recibí una llamada telefónica anunciándome que tendríamos que proceder a otro incremento del 2 por ciento, lo cual situaba los tipos de interés en el alarmante nivel del 16 por ciento.

Sobre todo, el paro seguía aumentando inexorablemente: en enero de 1982 alcanzaría la periodística cifra de tres millones de personas, pero ya en el otoño de 1981 se consideró casi inevitable que así fuera. Sin embargo la mayoría de la gente no veía claro que la recesión estuviera tocando fondo y que era aún demasiado pronto para que la nueva orientación del Gabinete —algo que a mí me constaba que sucedería, por el reajuste ministerial— hubiera empezado a tener repercusión en la opinión pública.

También por otras razones teníamos dificultades políticas. La debilidad del Partido Laborista, que en principio obraba a nuestro favor, dio lugar a que el recién constituido SDP (Partido Social Demócrata) se lanzara a la arena política. En octubre, los liberales y el SDP estaban en el 40 por ciento en las encuestas de opinión; a finales del mismo año superaban el 50 por ciento. (En las elecciones parciales de Crosby, en la última semana de noviembre, Shirley Williams consiguió superar una mayoría conservadora de 19.000 votos para volver a la Cámara de los Comunes). En vísperas de la conferencia de nuestro partido, la prensa me consideraba «el primer ministro más impopular desde que se inventaron las encuestas».

Por supuesto que las estadísticas eran engañosas a este respecto. Los tipos de interés habrían sido todavía más altos si nosotros no hubiéramos actuado como lo hicimos en el presupuesto. Dentro de pocas semanas podríamos comenzar de nuevo a bajar los tipos. Y los factores demográficos eran tan importantes como la recesión para explicar el aumento del paro. Los bajos índices de natalidad del período correspondiente a la Primera Guerra Mundial trajeron consigo que la cantidad de personas que accedió a la jubilación a principios de los ochenta fuera menor que a principios de los setenta. Al mismo tiempo, el número de jóvenes que hacían su entrada en el mercado laboral alcanzó cifras récord como resultado de la explosión de natalidad de los años sesenta. Entre 1979 y 1981, la economía habría tenido que generar 83.000 nuevos puestos de trabajo al año nada más que para evitar el crecimiento del paro.

Pero no se veían así las cosas en aquel momento, y los wets decidieron sacar el máximo partido de nuestras aparentes dificultad en la conferencia de Blackpool. Y asistí a algo que parecía un concertado intento de lanzar al partido contra la política del Gobierno, tanto en el Palacio de Congresos como en los corrillos de fuera. En su discurso al Grupo Seldon, Nigel Lawson dio brillante réplica a nuestros detractores. Nigel les hizo ver que no les valdría refugiarse en las generalidades políticas:

No se puede ganar la guerra contra la inflación sin una política económica que tenga sentido. De nada vale engañarse a uno mismo con la idea de que la política siempre se lleva la última baza […] Lo que nos ofrecen [los detractores de nuestra estrategia] es poco más que sudor frío disfrazado de valor.

En el debate económico del Congreso, fue nada menos que Ted Heath quien inició el ataque, afirmando que había otras estrategias aplicables, pero que nos habíamos negado a adoptarlas. El debate fue correcto en las formas, muy versado en su contenido y apasionado en el sentimiento. Ambos lados expusieron análisis económicos muy serios, de alto nivel, en consonancia con lo que estaba en juego. El rechazo de nuestra postura habría animado a los wets a preparar un ataque para cuando el Parlamento reiniciara su actividad, con consecuencias impredecibles. El rechazo de nuestros oponentes —y eso fue lo que ocurrió— supondría el robustecimiento de nuestra autoridad moral. En la réplica a Ted Heath, Geoffrey Howe, que presentó nuestro caso en un discurso reposado, medido y convincente, recordó a Ted las palabras que él mismo había pronunciado en su introducción al manifiesto conservador de 1970:

Nada en el mundo hizo más daño al Reino Unido que los interminables tira y afloja a que hemos asistidos durante los últimos años. Una vez fijada la línea política, el primer ministro y sus colegas tienen que tener el coraje de llevarla adelante.

«Estoy de acuerdo con cada una de estas palabras», dijo Geoffrey. Su discurso convenció a algunos dubitativos y nos garantizó una cómoda victoria. No obstante, luego, durante mi discurso, comprendí que iba a ser necesario amartillar nuestro triunfo, enfrentándome directamente con los argumentos de Ted Heath y los demás:

El paro actual se debe en parte al fuerte incremento en el precio del petróleo. Ese hecho absorbió unos fondos que de otro modo habrían podido destinarse al aumento de las inversiones o a comprar las cosas que la industria británica produce. Pero eso no es todo. Una parte muy importante de nuestro actual desempleo se debe a las gigantescas subidas salariales del pasado, que no guardaban relación con el aumento de la producción; se debe a las prácticas restrictivas de los sindicatos, al exceso de contratación laboral, a las huelgas, a la gestión descuidada, a la creencia básica de que, ocurra lo que ocurra, siempre está ahí el Gobierno para sacar del apuro a la empresa. No hay política que pueda superar tamaños escollos.

Los wets siguieron seis meses más empecinados en su escepticismo; pero nuestra política ya había empezado a cosechar el éxito. Los primeros signos de recuperación del verano de 1981 se vieron confirmados por las estadísticas del trimestre siguiente, que señaló el comienzo de un largo período de crecimiento económico sostenido. A estas primeras señales de recuperación económica siguieron otras de recuperación política, reflejadas en una mejora de nuestra posición en las encuestas realizadas durante la primavera de 1982. Estábamos a punto de vernos metidos en la guerra de las Malvinas, pero ya habíamos ganado la segunda batalla de Gran Bretaña.

CAPÍTULO VI

Occidente y los demás

La rápida reafirmación de la influencia occidental —y británica— en los asuntos internacionales entre 1981 y 1982

No lo supimos en su momento, pero 1981 fue el último año de retroceso de Occidente ante el eje de conveniencia entre la Unión Soviética y el Tercer Mundo. El año comenzó con la liberación por parte de Irán de los rehenes estadounidenses de un modo deliberadamente humillante para el presidente Carter, y acabó con el aplastamiento, aunque temporal, de Solidaridad en Polonia. La tendencia que había seguido la política internacional tras la guerra del Vietnam, con la creciente infiltración de la Unión Soviética en el Tercer Mundo con la ayuda de sus vicarios cubanos, y la reacción de nerviosa defensiva por parte de los Estados Unidos, se habían asentado en un modelo aparentemente fijo. Esto dio lugar a varias consecuencias. La Unión Soviética se mostraba cada vez más arrogante; el Tercer Mundo hacía demandas cada vez más agresivas de redistribución internacional de la riqueza; Occidente tendía cada vez más a las discusiones internas, y a los acuerdos especiales con organismos como la OPEP; y nuestros amigos en los países del Tercer Mundo, al ver la suerte que había corrido el Shah, se inclinaban cada vez más por cubrirse las espaldas tratando con ambas potencias a la vez. Las corrientes compensatorias que ya se habían puesto en marcha —en especial, la decisión de 1979 de desplegar misiles Cruise y Pershing en Europa— aún no se habían realizado de manera concreta, ni habían convencido a la gente de que se había producido un cambio de marea. Sin embargo, el hecho es que la marea acababa de cambiar.

PRIMERAS CONVERSACIONES CON EL PRESIDENTE REAGAN

La elección de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos en noviembre de 1980 supuso un momento tan decisivo para la política de este país como mi propia victoria electoral —en mayo de 1979— para la política del Reino Unido, y por supuesto, en mayor medida, para la política mundial. Con el paso de los años, el ejemplo británico fue influyendo a otros países en diferentes continentes, especialmente en lo que a política económica se refiere. Pero la elección de Ronald Reagan tuvo una importancia inmediata y fundamental, ya que demostraba que Estados Unidos, la mayor potencia en favor de la libertad jamás conocida en el mundo, estaba a punto de reafirmar un liderazgo seguro de sí mismo en los asuntos mundiales. Nunca albergué la menor duda respecto a la importancia de este cambio, y desde el principio consideré que era mi deber hacer todo lo que estuviera en mi mano por reforzar y promocionar la audaz estrategia del presidente Reagan para ganar la Guerra Fría que Occidente había estado perdiendo tan lenta como seguramente.

Recibí la noticia de los resultados electorales norteamericanos en la madrugada del miércoles, 5 de noviembre, y rápidamente envié al nuevo presidente mi más calurosa enhorabuena, invitándole a que visitara Gran Bretaña pronto. Había coincidido en dos ocasiones con el gobernador Reagan cuando yo era líder de la oposición. Me había sentido vivamente impresionada por su calidez, su encanto y total falta de afectación, cualidades que nunca cambiaron en los años de liderazgo que le esperaban. Sobre todo, sabía que estaba hablando con alguien que instintivamente sentía y pensaba como yo; no sólo en lo que a política se refiere, sino también en cuanto a una filosofía de Gobierno, una visión de la naturaleza humana, el elevado conjunto de ideales y valores que hay —o debería haber— en todo político que desea dirigir su país.

A los mediocres les resultaba fácil menospreciar a Ronald Reagan, como habían hecho muchos de sus oponentes en el pasado. Su estilo de trabajo y de toma de decisiones era aparentemente despreocupado y general; muy diferente del mío. Esto era en parte el resultado de nuestros dos sistemas de gobierno tan distintos, más que por diferencias de temperamento. El establecía directrices claras para su Administración, y esperaba que sus subordinados las realizaran en detalle. Estos objetivos eran la recuperación de la economía norteamericana por medio de reducciones de impuestos, el restablecimiento del poder norteamericano por medio de un refuerzo defensivo, y la reafirmación de la confianza de América en sí misma. Ronald Reagan logró alcanzar estos objetivos no sólo porque abogara por ellos: en cierto sentido, los personificaba. Era un norteamericano optimista, seguro de sí mismo y amable que había ascendido de la pobreza a la Casa Blanca —el sueño norteamericano en acción— y que se atrevía a emplear la fuerza norteamericana y a ejercer su liderazgo en la Alianza Atlántica. Además de servir de inspiración al pueblo norteamericano, posteriormente también pasó a inspirar a los pueblos al otro lado del telón de acero al hablar en términos honrados acerca del imperio del mal que les oprimía.

En este momento, sin embargo, la política de competencia militar, económica y tecnológica con la Unión Soviética sólo empezaba a perfilarse; y el presidente Reagan aún tenía que enfrentarse a un público más bien escéptico en casa, y particularmente entre sus aliados, incluyendo a la mayoría de mis colegas en el Gobierno. Quizás yo fuera su principal partidaria en la OTAN.

De modo que me encantó saber que el nuevo presidente deseaba que yo fuera el primer jefe de Gobierno extranjero que visitara Estados Unidos después de que tomara posesión de su cargo. A las cuatro menos cuarto de la tarde del miércoles, 25 de febrero, el VC10 de la RAF en el que solía viajar para estas ocasiones despegaba camino de Washington. Me acompañaba Peter Carrington. No compartía del todo mi opinión acerca de la política del presidente, y estaba empeñado en seguir directrices que yo sabía que en la práctica serían inútiles, dado el compromiso inamovible del presidente con un limitado número de posturas. Estados Unidos ya se estaba encontrando con oposición por parte de sus aliados en una serie de cuestiones como el control de armas, su apoyo al Gobierno militar de El Salvador, y cada vez más, el volumen del déficit estadounidense. Temíamos que los planes de la nueva Administración en favor de nuevas reducciones de impuestos pudieran aumentar el déficit, aunque en esta fase aún teníamos esperanzas de que el presidente lograra llevar a cabo las grandes reducciones de gastos que había presentado ante el Congreso. Con tantos temas importantes de los que hablar, no veía ningún sentido en plantear la cuestión de Namibia, como quería hacer Peter Carrington. Yo sabía que los norteamericanos no presionarían a los surafricanos para que se retiraran de Namibia a no ser que los aproximadamente 20.000 cubanos también se retiraran de la vecina Angola. Es más, en mi fuero interno opinaba que el establecimiento de este vínculo tenía plena justificación. En cualquier caso, hay un principio de la diplomacia que los diplomáticos deberían reconocer con mayor frecuencia: no tiene sentido entrar en conflicto con un amigo cuando no vas a ganar y el precio de perder pueda suponer el final de la amistad.

Pasé la mañana de mi primer día en Washington en reuniones con el presidente, primero a solas, y después en presencia del Secretario de Estado, Alexander Haig, y Peter Carrington, y finalmente con miembros del Gabinete estadounidense. Hubo dos acontecimientos la víspera de nuestras conversaciones que ejercieron una gran influencia sobre ellas.

En primer lugar, el segundo secretario de Asuntos Europeos, Lawrence Eagleburger, había visitado Gran Bretaña y otros países europeos para entregarnos un informe con pruebas que apoyaban la tesis sostenida por Estados Unidos en el sentido de que Cuba, actuando como vicario de la Unión Soviética, estaba introduciendo enormes cantidades de armas en El Salvador en apoyo a la revolución contra el Gobierno pro occidental, aunque indeseable. Hasta ese momento existían diferencias de opinión acerca de si la amenaza era tan seria como afirmaba Estados Unidos. Pero las pruebas que se nos presentaron facilitaban una expresión de apoyo a los objetivos norteamericanos en la región y la resistencia a otros grupos de presión. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico emitió una declaración en este sentido justo antes de mi viaje a Norteamérica. El presidente Reagan me explicó su determinación de perseguir una nueva política de resistencia a la subversión comunista a través de Cuba, que también implicaba el establecimiento de relaciones más estrechas por parte de Estados Unidos con México, país al que consideraba como un vecino vulnerable e importante. Entendí todo esto y expresé mi acuerdo, pero le advertí del peligro de perder la guerra propagandística de El Salvador; las informaciones periodísticas eran muy unilaterales.

El segundo desarrollo, de carácter mucho más importante, fue un discurso pronunciado por el presidente Brezhnev, en el que proponía una cumbre internacional y ofrecía una moratoria a las fuerzas nucleares de teatro de operaciones (TNF) en Europa. El mundo hiperactivo de los medios de comunicación de Washington se vio dominado por debates sobre la manera en que debía responder la nueva Administración. Yo había expresado mi precaución tanto ante la perspectiva de celebrar rápidamente una cumbre, como respecto a las propuestas para TNF de los rusos, que les hubieran dejado en una situación de abrumadora superioridad, ya que ellos ya habían desplegado y nosotros no. El presidente Reagan resultó estar de acuerdo. Ambos éramos muy conscientes de las tácticas soviéticas, y de la probabilidad de que esto fuera tan sólo una parte de su intento de desorientar y dividir a sus enemigos occidentales. Era la fase más reciente de la guerra propagandística soviética, en la que proponían no seguir desplegando armas nucleares justo cuando ellos ya habían acabado de desplegar sus propios sistemas armamentistas modernizados. Este tema dominaría la política de la Alianza en los próximos seis años.

A mi llegada a Washington fui el centro de atención no sólo por mi buena relación con el nuevo presidente, sino también por otra razón menos halagadora. Al salir camino de América, los lectores estadounidenses supieron por un largo artículo publicado en Time, con el título «Preparados para la batalla pero animosos», que mi Gobierno estaba acosado por las dificultades. La prensa y los comentaristas estadounidenses sugerían que dada la similitud entre el enfoque económico de los Gobiernos británico y estadounidense, los problemas económicos a los que nos enfrentábamos —sobre todo el elevado y creciente índice de desempleo— pronto se presentarían también en los Estados Unidos. Esto a su vez impulsó a algunos miembros de la Administración y a ciertos allegados —pero jamás al propio presidente— a explicar que los supuestos fracasos del «experimento Thatcher» procedían de nuestra incapacidad para ser lo suficientemente radicales. De hecho, durante mi estancia en Washington el secretario de Hacienda Donald Regan habló en términos parecidos al Congreso, antes de desaparecer camino de una comida en la que yo era la invitada de honor; todo lo cual fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación en Gran Bretaña. Yo aproveché cualquier ocasión para explicar los hechos, tanto a la prensa como a los senadores y miembros del Congreso a los que conocí. A diferencia de los Estados Unidos, Gran Bretaña tenía que vérselas con el venenoso legado del socialismo: nacionalización, poder de los sindicatos, una cultura anti empresarial profundamente arraigada. La política de precios y salarios de los laboristas, junto a sus negligentes políticas monetarias, habían aumentado enormemente la inevitable dificultad de la transición, a la vez que la explosión salarial del sector público obligaba a un aumento en el gasto estatal. En una reunión, el senador Jesse Helms dijo que algunos sectores de los medios de comunicación estadounidenses estaban entonando un réquiem por mi Gobierno. Pude asegurarle que las noticias de un réquiem por mi política eran prematuras. Siempre se daba un período en el curso de una enfermedad en el que la medicina resultaba más desagradable que la propia enfermedad, pero no por ello convenía dejar de tomar la medicina. Dije que estaba convencida de que existía un profundo reconocimiento entre los británicos de que mi política era acertada.

Tras otra breve conversación tomando café con el presidente, en compañía de Nancy y de Denis, nuestro grupo abandonó Washington camino de Nueva York. Por la tarde me reuní con doctor Waldheim, el secretario general de la ONU, y posteriormente pronuncié una conferencia sobre la cuestión de «la defensa de la libertad». En este discurso resumía mis sentimientos de optimismo prudente respecto a la década a la que nos enfrentábamos:

Hace tiempo que sabemos que los años ochenta van a ser difíciles y peligrosos. Habrá crisis y penurias. Pero creo que la marea comienza a cambiar en nuestro favor. El mundo en vías de desarrollo empieza a reconocer la realidad de las ambiciones y el estilo de vida soviético. Existe una nueva determinación en la alianza occidental. Hay un nuevo liderazgo en Norteamérica, que despierta confianza y esperanza en todo el mundo libre.

EL G7 DE OTTAWA

Mi segunda cumbre G7 —para los presidentes Reagan y Mitterrand, la primera— tuvo lugar en Montebello, muy cerca de Ottawa, donde en la tarde del domingo, 19 de julio, me recibió el primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau. Montebello había sido elegida sede de la reunión porque los jefes de Gobierno del G7 estaban empeñados en evitar la implacable presión de los medios de comunicación, que trastornaban cada vez más nuestras actividades. Tras cada sesión de tarde Pierre Trudeau volvía en helicóptero a Ottawa para informar a los periodistas. Disfrutamos de una especie de magnífico aislamiento en el Château Montebello, a veces llamado «la cabaña de madera» más grande del mundo, aunque en realidad se trataba de un lujosísimo hotel. También se había decidido que se intentaría introducir una mayor informalidad en las reuniones. Quizás debido a la presencia de Ronald Reagan, con su natural amabilidad, usábamos nuestros nombres de pila. No me entusiasmó tanto la decisión de que todos vistiéramos de manera informal. Según mi experiencia, este tipo de enfoque siempre crea más problemas de los que resuelve a la hora de elegir un vestuario adecuado. Los japoneses, por ejemplo, llevaban los trajes «de barbacoa» más elegantes que jamás he visto y parecían aún más formales al lado de los occidentales con sus camisas de cuello abierto y sus pantalones deportivos. Por mi parte, al igual que los japoneses, no hice casi ninguna concesión a la informalidad. Creo que el público realmente desea que sus líderes tengan un aspecto profesional y arreglado. Me alegré de que a la postre no se considerase acertado este grado de informalidad y que por lo tanto no se repitiera.

El presidente Reagan fue objeto de algunas críticas en Montebello con relación a los tipos de interés estadounidenses. Explicó que los había heredado de su antecesor. «Dadme tiempo», dijo, «yo también quiero bajarlos». Cumplió con su palabra. También tenía la esperanza de controlar el déficit de Estados Unidos por medio de recortes en el gasto público, pero esto resultó ser más difícil. El déficit mantuvo su aumento hasta aproximadamente 1985. Este sería el único tema en el que el presidente y yo seguíamos estando en desacuerdo, hasta la segunda mitad de su segundo mandato, cuando inició un brusco descenso. Mi propia experiencia a la hora de reducir déficits era que había que ser muy estricto y decir que «no» a un exceso de gasto público. Si se quiere controlar el gasto público, se pueden subir los impuestos provisionalmente, porque en esas condiciones la recaudación ayudará a recortar el déficit (y por lo tanto, los tipos de interés). Sin embargo, si se está aumentando el gasto, una subida de impuestos sólo servirá para fomentar el gasto y, por lo tanto, incluso puede aumentar el déficit. Dada la separación de poderes vigente en la Constitución de los Estados Unidos, que permitía que el Congreso gastara más de lo que deseaba el presidente, la reducción de impuestos puede ser el único instrumento eficaz disponible para frenar el gasto. De modo que llegué a comprender la posición de Ronald Reagan. El presidente y yo sí estábamos de acuerdo en su llamamiento en favor del libre comercio internacional. El comercio también protagonizaba las intervenciones de otros asistentes. Como siempre, los japoneses se mostraron correctos en cuanto al principio del libre comercio, pero, a pesar de las presiones, estaban claramente menos dispuestos a tomar medidas prácticas para abrir sus propios mercados.

Helmut Schmidt, de quien se sabía que en privado se mostraba crítico respecto a la política de la nueva Administración estadounidense, instó a unas finanzas públicas y un libre comercio saneados y ortodoxos, y yo hice lo mismo en un improvisado discurso bastante largo. Sospecho que mi aportación resultó tan convincente debido a que, como resultado de los recortes en los créditos gubernamentales en nuestro presupuesto de 1981, los tipos de interés británicos ya habían bajado, incluso mientras continuábamos luchando contra la inflación[24].

Quizás la conversación más útil en Ottawa fuera una que mantuve en una reunión privada con el presidente Reagan. Desde nuestra reunión en Washington había sobrevivido a las heridas producidas por un intento de asesinato que hubiera lisiado a muchos hombres de menos edad. Pero él tenía un aspecto excelente. Le informé de los últimos sucesos en Gran Bretaña, evaluando tanto nuestros problemas económicos como los recientes disturbios urbanos. En cuanto a las relaciones entre Estados Unidos y Europa, me preocupaban cada vez más ciertos aspectos de la retórica de la Administración: por ejemplo, le insté a que no fomentara expresiones como «la creciente marea de neutralismo» en Europa; aun cuando estaba de acuerdo con el fondo de la cuestión, estas advertencias podían inducir a precisamente aquello contra lo cual iban dirigidas. Aproveché esta oportunidad para agradecerle vivamente su actitud de dureza ante el terrorismo irlandés y sus partidarios en el NORAID. Era bueno saber que, por muy poderoso que fuera el grupo de presión irlandés en los Estados Unidos, la Administración Reagan no cedería.

LA CONFERENCIA DE JEFES DE GOBIERNO DE LA COMMON-WEALTH DE MELBOURNE Y LA VISITA A PAKISTÁN

Casi dos meses después, el miércoles 30 de septiembre, se inauguró la reunión de los jefes de Gobierno de la Commonwealth en Melbourne.

La conferencia se vio ensombrecida, como siempre, por los asuntos surafricanos. Robert Mugabe, con quien yo había celebrado una reunión por separado, había acudido en representación de Zimbabwe por primera vez. Había bastante hostilidad hacia la actitud de la Administración estadounidense respecto al problema de Namibia. Yo estaba resuelta a mantenerles a raya para que el llamado «Grupo de Contacto» compuesto por cinco países, incluyendo a Estados Unidos, siguiera siendo el medio de presión para un acuerdo. En un momento dado Maurice Bishop, el primer ministro marxista de Granada, hizo un llamamiento elocuente para que enviáramos un claro mensaje de apoyo a nuestros hermanos en Namibia, que sufrían bajo el dominio surafricano. Uno de los otros jefes de Gobierno me comentó posteriormente que alguien debería preguntar a Maurice Bishop por el número de compatriotas suyos, especialmente los miembros de la clase profesional y media, que ahora estaban encarcelados en las prisiones de Granada a instancias de su propio Gobierno. También hubo una de esas discusiones, que tan frecuentemente aquejaban a la Commonwealth, sobre los vínculos deportivos con Suráfrica. Los Springboks habían ido a Nueva Zelanda, causando disturbios, y a Robert Muldoon se le condenó acérrimamente por su supuesta violación del Acuerdo de Gleneagles, por el que ahora se regían las relaciones deportivas internacionales con Suráfrica. Él se defendió vigorosamente. Al menos, con la solución a la cuestión de Rodesia, Gran Bretaña había dejado de ser el blanco de las críticas de la Commonwealth, como lo había sido en la anterior ocasión, y aún no se había empezado a presionar seriamente en favor de sanciones contra Suráfrica.

En mis intervenciones a lo largo de la conferencia, reconocí que las condiciones para el mundo en vías de desarrollo eran indudablemente difíciles. La subida del precio del petróleo y los efectos de la recesión sobre los mercados occidentales de los que dependían les habían propinado un duro golpe. No obstante, subrayé que la creación de riqueza, antes que una redistribución de la riqueza internacional, seguía siendo lo primero, incluso más que nunca. También defendí el historial británico en ayuda exterior, que resultaba muy bueno si se miraba más allá de la limitada definición del programa de ayudas y se tenían en cuenta los préstamos y las inversiones del sector público y el privado. Dado que tanto yo como otros jefes de Gobierno de seis países de la Commonwealth teníamos prevista nuestra asistencia a la Conferencia «Norte-Sur» en Cancún, pensé que valdría la pena dejar constancia de los hechos ahora.

Mientras yo estaba en Australia, Ted Heath pronunció un virulento discurso en Manchester atacando mi política. Curiosamente, a la vista de su historial, Ted se había convertido en abogado de la política del «consenso»; o quizás no resultara tan curioso, ya que estas políticas parecían reducirse al intervencionismo y al corporativismo estatales. Me enviaron una copia del discurso por adelantado, con lo cual aproveché la ocasión de mi Conferencia de sir Robert Menzies, en la Universidad de Monash, para contestarle a él y a todos los críticos de mi estilo de gobierno. Fue el presidente Forbes Burnham, de Guyana quien, sin saberlo, me proporcionó la inspiración en el transcurso del fin de semana de retiro que pasamos en Canberra todos los jefes de Gobierno. Estábamos debatiendo un tema que iba a incluirse en el comunicado final que preparábamos. En un momento dado Forbes Burnham dijo que teníamos que lograr un consenso. Yo le pregunté qué quería decir con «consenso» —una palabra sobre la que ya había oído demasiadas cosas— y él me contestó que «es algo que se tiene si no se consigue alcanzar un acuerdo». Me pareció una definición excelente. De modo que en mi conferencia incluí un pasaje que decía lo siguiente:

A mi modo de ver el consenso parece ser el proceso de abandono de toda creencia, principio, valor y política en busca de algo en lo que nadie cree, pero a lo que nadie pone objeciones; el proceso que evita las mismas cuestiones que han de resolverse, simplemente porque no se logra un acuerdo en el camino. ¿Qué gran causa hubiera triunfado bajo la bandera del consenso?

Aproveché el viaje de vuelta para visitar Pakistán. Volé a Islamabad, donde me recibió el presidente Zia. La guerra de Afganistán alcanzaba su apogeo y se hicieron gestiones para que yo pudiera visitar uno de los campos para refugiados afganos que huían a Pakistán. Fuimos al campo de refugiados de Nasir Bagh Afghan en helicóptero. Era grande, pero estaba impecable, ordenado y claramente bien gestionado. Hablé a la sombra de una tienda gigantesca que me protegía del sol ardiente, mientras los refugiados —hombres, mujeres y niños— me escuchaban sentados en el suelo con las piernas cruzadas. Les hablé de mi admiración por su negativa a «vivir bajo un sistema comunista y ateo que intentaba destruir su religión y su independencia» y les prometí mi ayuda. Mi discurso se vio interrumpido en ocasiones cuando algunos se levantaban para expresar las palabras de aprobación «Alabado sea Alá».

Comí en el jardín de la hermosa y antigua mansión del gobernador en Peshawar. Allí, en los jardines de la casa, me dirigí a un grupo muy grande de líderes tribales de las zonas adyacentes. Después subí al puerto de Khyber en helicóptero. Me habían advertido que en mi calidad de huésped de honor, se me regalaría la tradicional oveja; le acaricié la cabeza en señal de agradecimiento y les pedí que me la guardaran. Desde allí seguí hasta la misma frontera con Afganistán, siempre concurrida, a pesar de su nueva condición de línea divisoria entre el comunismo y la libertad. Contemplé los territorios dominados por los soviéticos que se extendían ante mí. Una cola de camiones esperaba para pasar de Afganistán a Pakistán. Las relaciones con los guardias fronterizos rusos en el lado afgano seguían siendo muy amistosas en esta época. Mostraban un vivo interés por todo lo que sucedía a nuestro lado de la frontera. Constaté que Pakistán estaba desarrollando una labor heroica no reconocida, al aceptar a cientos de miles de refugiados y soportando la vecindad de la mayor potencia militar del mundo. Aunque no fuera un país rico, como luego comenté al presidente Zia, todos los paquistaníes que yo vi me parecieron sanos y bien vestidos. Él me contestó: «A nadie le falta comida ni ropa, gracias a Dios». Gran Bretaña ya estaba enviando ayuda a los refugiados. Pero si Pakistán iba a mantener su posición como baluarte contra el comunismo necesitaría aún más ayuda por parte de Occidente.

CUMBRE NORTE-SUR DE CANCÚN

En el transcurso de nuestras conversaciones había logrado convencer al presidente Reagan de la importancia de su asistencia a la cumbre de Cancún que se celebraba en México en octubre de ese año. Opinaba que, cualesquiera que fueran nuestras dudas respecto a la ocasión, debíamos asistir, tanto para defender nuestras posturas como para anticiparnos a posibles críticas en el sentido de que no nos interesaba el mundo en vías de desarrollo. El propio concepto del diálogo Norte-Sur, que la Comisión Brandt había convertido en el tema de moda en la comunidad internacional, me parecía testarudo. No sólo era falso plantear que existía un Norte homogéneamente rico enfrentado a un Sur homogéneamente pobre; bajo esa retórica se ocultaba la idea de que la redistribución de los recursos mundiales era el medio para solucionar la pobreza y el hambre, antes que la creación de riqueza.

Además, los países en vías de desarrollo necesitaban el comercio más que la ayuda, con lo cual nuestra primera responsabilidad era —y sigue siendo— darles el acceso más libre que podamos a nuestros mercados. Naturalmente, el diálogo Norte-Sur también les resultaba atractivo a aquellos socialistas que querían minimizar el contraste fundamental entre Occidente, con su libertad y su capitalismo, y el oprimido Este comunista.

Los presidentes conjuntos de la conferencia eran el presidente López-Portillo, nuestro anfitrión mexicano, y Pierre Trudeau, que sustituía al canciller de Austria, quien debido a una enfermedad no pudo asistir. Asistían representantes de veintidós países. Nos alojábamos en uno de esos hoteles casi excesivamente lujosos que con tanta frecuencia se encuentra uno en países en los que gran parte de la población vive en una espantosa pobreza. Cancún se construyó en los setenta, en un lugar que, según los rumores, fue elegido por ordenador por su supuesto máximo atractivo para el turismo. La ciudad sufrió graves daños causados por el huracán Gilbert en 1988. ¡Viva la informática!

No peco de falta de modestia si digo que la señora Gandhi y yo fuimos las dos «estrellas» de la conferencia. La India acababa de recibir el mayor préstamo concedido hasta la fecha por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un tipo de interés por debajo de la media del mercado. Ella y otros asistentes naturalmente querían más préstamos en el futuro. Esta era la razón que motivaba la presión, a la que yo estaba decidida a resistirme, para situar al FMI y al Banco Mundial bajo el control directo de las Naciones Unidas. En un momento determinado me vi envuelta en una enérgica discusión con un grupo de jefes de Gobierno que no lograban entender por qué yo estaba tan convencida de que la integridad del FMI y del Banco Mundial se vería comprometida por un paso de esta índole, que supondría más perjuicios que ventajas para aquellos que lo defendían. Al final expuse mi tesis con mayor brusquedad: dije que de ninguna manera iba a depositar fondos británicos en un banco gestionado en su totalidad por gente que estaba en números rojos. Entendieron mi punto de vista.

Durante mi estancia en Cancún, también me reuní por separado con Julius Nyerere, que se mostró, como siempre, encantadoramente persuasivo, pero también equivocado y poco realista respecto a los problemas de su propio país y, por extensión, a gran parte del África negra. Me dijo que las condiciones impuestas por el FMI para concederle un crédito eran muy injustas: le habían dicho que pusiera en orden las finanzas públicas de Tanzania, que abandonara el proteccionismo y que devaluara su moneda hasta situarla en el nivel (mucho más bajo) que el mercado le otorgaba. Puede que en esta época las exigencias del FMI fueran demasiado severas, pero él no veía necesidad alguna de efectuar cambios en este sentido, ni entendía que favorecieran los intereses de su país. También se quejaba de las consecuencias de la sequía y del desmoronamiento de su agricultura: parecía no relacionar nada de esto con la aplicación de políticas socialistas equivocadas, incluyendo la colectivización de las granjas.

El proceso de elaboración del comunicado resultó ser más espinoso de lo habitual. Se rechazó un borrador redactado por los canadienses, y a continuación Pierre Trudeau prácticamente se lavó las manos de la cuestión, dejando claro que pensaba que nuestros esfuerzos tenían bastante menos calidad que los suyos. Pasé gran parte de este tiempo intentando elaborar borradores sobre puntos específicos con los norteamericanos, quienes hasta casi el último momento tuvieron reservas respecto al texto del comunicado.

La cumbre fue un éxito, aunque no realmente por ninguna de las razones oficiales expuestas. Naturalmente, al finalizar la reunión se habló, como era de esperar —y resultaba más bien inútil— de «negociaciones globales» sobre temas Norte-Sur. Se establecería una «filial energética» para el Banco Mundial. Pero lo que a mí me importaba era que se mantenía la independencia del FMI y el Banco Mundial. Y también muy importante, ésta iba a ser la última reunión de este tipo. Los problemas insolubles de pobreza, hambre y deuda del Tercer Mundo no se resolverían por medio de una poco afortunada intervención internacional, sino más bien con la liberalización de la empresa, el fomento del comercio y la derrota del socialismo en todas sus manifestaciones.

Antes de abandonar México, me quedaba una cuestión más por resolver. Se trataba de la firma de un acuerdo para la construcción de una enorme planta siderúrgica por la empresa británica Davy Loewy. Al igual que otros países socialistas, los mexicanos se equivocaban al pensar que los grandes y prestigiosos proyectos de fabricación ofrecían el mejor camino hacia el progreso económico. Sin embargo, si eso era lo que querían, al menos yo procuraría que se beneficiaran empresas británicas. La ceremonia requería que yo me desplazara a Ciudad de México la noche antes. Me alojé en la residencia del embajador británico, Crispin Tickell. Mientras cenábamos las arañas del techo empezaron a columpiarse y el suelo se movió; no había dónde apoyar los pies. Al principio pensé que me debía de estar afectando la altura, aunque no había tenido problemas cuando había ido a esquiar en vacaciones. Pero el embajador me tranquilizó: «No», dijo, «sólo es un terremoto».

Otros terremotos estaban produciendo estremecimientos ese año. Antes de emprender los viajes internacionales reseñados en el presente capítulo, me había dado cuenta de lo que suponía el despliegue de misiles Cruise y Pershing en Europa para la Guerra Fría. Si se seguía adelante, de acuerdo con lo establecido, la Unión Soviética sufriría una auténtica derrota; si se abandonaba la empresa en respuesta a una «ofensiva de paz» promovida por la Unión Soviética, existía un peligro real de separación entre Europa y América. Mis reuniones con el presidente Reagan me habían persuadido de que la nueva Administración estaba al tanto de estos peligros y tenía la determinación de combatirlos. Pero una combinación de exagerada retórica norteamericana y eterno nerviosismo europeo amenazaban con minar la buena relación transatlántica que haría falta para garantizar que el despliegue siguiera adelante. Yo consideraba que le correspondía a Gran Bretaña defender el punto de vista norteamericano en Europa, dado que compartíamos su análisis pero tendíamos a expresarlo con un lenguaje menos ideológico. Y esto es lo que hicimos en los próximos años.

Pero existía un segundo frente en la Guerra Fría: el que se hallaba entre Occidente y el eje formado por la Unión Soviética y el Tercer Mundo. Mis visitas a la India, Pakistán, el Golfo, México y Australia para la Conferencia de la Commonwealth me hicieron ver hasta qué punto los soviéticos habían salido perjudicados por su invasión de Afganistán. Había distanciado a los países islámicos en bloque, y dentro de éste se habían fortalecido los regímenes conservadores y pro occidentales frente a Estados radicales como Irak y Libia. Los amigos tradicionales de la Unión Soviética, como por ejemplo la India, se encontraban en una situación embarazosa. Esto no sólo permitió que Occidente forjara su propia alianza con los países islámicos frente al expansionismo soviético; también dividió al Tercer Mundo y de este modo debilitó la presión que pudiera ejercer sobre Occidente en cuestiones económicas internacionales. En estas circunstancias, los países que durante mucho tiempo habían abogado por su propia modalidad local de socialismo, financiada con la ayuda de Occidente, de repente tuvieron que contemplar un enfoque más realista para atraer las inversiones occidentales al practicar políticas de libre mercado: todavía un terremoto pequeño, pero que transformaría a la economía mundial a lo largo de la próxima década.

CAPÍTULO VII

La guerra de las Malvinas:
tras la estela de la Armada

Los esfuerzos diplomáticos y el envio de la misión especial para recuperar las islas Malvinas[25]: hasta el fin del mes de abril de 1982

ANTECEDENTES

Nada permanece con mayor viveza en mi memoria, cuando repaso mis años en el Número 10, que las once semanas de la primavera de 1982 en las que Gran Bretaña hizo y ganó la guerra de las Malvinas. Había mucho en juego: a pesar de su importancia, no sólo estábamos luchando por el territorio y los habitantes de las Malvinas, en el Atlántico Sur, a ocho mil millas de distancia. También estábamos defendiendo nuestro honor como nación, y unos principios de importancia fundamental para el mundo entero: por encima de todos ellos, el principio de que los agresores jamás deberían salirse con la suya, y de que el derecho internacional ha de prevalecer sobre el empleo de la fuerza. La guerra fue muy repentina. Nadie pudo predecir la invasión argentina hasta unas pocas horas antes de que se produjera, a pesar de que, con los conocimientos que proporciona la perspectiva del tiempo, muchos la predijeron después. Cuando accedí al cargo de primera ministra, en ningún momento se me ocurrió que tendría que mandar tropas británicas al combate, y no creo que ningún momento de mi vida haya sido tan tenso ni tan intenso como todo aquel período.

El significado de la guerra de las Malvinas fue enorme, tanto para la seguridad en sí misma de la nación británica como para nuestra situación en el mundo. A partir de 1956, año del fiasco de Suez, la política exterior británica no había sido sino una larga retirada. El Gobierno británico al igual que los gobiernos extranjeros habían asumido tácitamente que nuestro papel internacional estaba condenado a disminuir poco a poco. Había llegado un momento en que tanto nuestros amigos como nuestros enemigos nos veían como una nación desprovista de voluntad y de capacidad a la hora de defender sus intereses en tiempos de paz, por no hablar de los momentos de guerra. La victoria en las Malvinas cambió todo aquello. Después de la guerra, a cualquier lugar donde yo fuera, el nombre de Gran Bretaña había adquirido un significado que antes no tenía. La guerra también tuvo verdadera importancia en las relaciones entre el Este y el Oeste: varios años después, un general ruso me dijo que los soviéticos habían estado absolutamente convencidos de que no lucharíamos por las Malvinas, y de que, de hacerlo, perderíamos. Les demostramos su equivocación con respecto a ambos extremos, y este hecho jamás lo olvidaron.

A partir del verano de 1982, sólo dos semanas después de la guerra, puse por escrito mis recuerdos detallados de los acontecimientos tal y como los viví desde el centro mismo del Gobierno. Terminé la narración en Chequers durante las vacaciones de Semana Santa de 1983. Los acontecimientos todavía estaban grabados en mi mente, y tenía todos los documentos a mano. La tarea me llevó algún tiempo; era una historia larga y compleja. Algunas partes de la misma tendrán que permanecer en secreto durante bastante tiempo, pero esta narración se basa en mis recuerdos personales.

Los primeros en tomar tierra en las Malvinas, según noticias documentales, fueron marinos británicos, que en 1690 dieron al canal que separa a las dos islas principales el nombre de «estrecho de Falkland», en honor del vizconde Falkland, tesorero de la Armada. Tanto Gran Bretaña como Francia y España establecieron asentamientos en las islas en distintos momentos del siglo XVIII. En 1770, una pendencia con España hizo que el Gobierno británico del momento movilizara a la Armada, preparando un destacamento naval, que jamás llegó a zarpar; en aquella ocasión se pudo llegar a una solución diplomática.

Las islas tenían una evidente importancia estratégica: poseían varios puertos de buena calidad a menos de 500 millas del cabo de Hornos. En el supuesto de que el canal de Panamá llegara a cerrarse, su importancia sería considerable. Sin embargo, ha de reconocerse que las Malvinas siempre han constituido un motivo de guerra poco probable durante el siglo XX.

La invasión argentina de las Malvinas se produjo 149 años después del inicio del gobierno británico oficial en la zona, y parece que la inminencia del 150 aniversario constituía un factor importante en las maquinaciones de la Junta argentina. Desde 1833 ha venido existiendo una presencia británica continuada y pacífica en las islas. La actual reivindicación jurídica de Gran Bretaña se basa en dicho hecho y en el deseo de la población allí establecida —cuyos orígenes son británicos en todos los casos— de seguir siendo británica. El principio de «autodeterminación» se ha convertido en un componente fundamental del derecho internacional, y está plasmado en la Carta de las Naciones Unidas. La soberanía británica goza de unas sólidas bases legales, y los argentinos lo saben.

A unas 800 millas al sureste de las Malvinas están las islas Georgias del Sur, y 460 millas más allá, las islas Sandwich del Sur. Aquí la reivindicación argentina es aún más dudosa. Estas islas son posesiones del Reino Unido, a pesar de que se administran desde las Malvinas. Ningún Estado las reclamó antes de su anexión por Gran Bretaña en 1908, y desde entonces la administración británica nunca se ha interrumpido.

Mi primera participación en el tema de las Malvinas se produjo muy al principio del Parlamento de 1979. Estaba claro que sólo había dos vías para lograr la prosperidad de sus habitantes. El enfoque más evidente y agradable consistía en el fomento del desarrollo de unos vínculos económicos con la vecina Argentina. Sin embargo, este planteamiento entraba en colisión con la reivindicación argentina en el sentido de que las Malvinas y su jurisdicción formaban parte de su territorio soberano. El gobierno de Ted Heath había firmado un importante Acuerdo de Comunicaciones en 1971, por el que se establecían lazos por aire y por mar entre las islas y el continente, pero los argentinos habían bloqueado cualquier progreso adicional en dicha dirección a no ser que también se debatiera el tema de la soberanía. Por tanto, se argumentaba que se tendría que llegar a algún tipo de compromiso con Argentina respecto a este asunto. Este tipo de razonamientos fueron los que hicieron que Nick Ridley (el ministro responsable del tema) y sus funcionarios de la Foreign and Commonwealth Office (FCO) propusieran el llamado acuerdo de «retroarrendamiento», en virtud del cual la soberanía pasaría a Argentina, pero se mantendría la forma de vida de los isleños mediante la continuación de la administración británica. A mí no me gustaba esta propuesta, pero Nick y yo estábamos de acuerdo en que debería estudiarse, aunque siempre bajo la condición de que serían los propios isleños quienes tendrían la última palabra. No tomaríamos ningún acuerdo sin su consentimiento, sus deseos serían el factor más importante de todos.

Sin embargo, había otra opción, mucho más costosa y, al menos en apariencia igualmente arriesgada. Podíamos aplicar las recomendaciones del estudio económico a largo plazo que en 1976 elaboró el anterior ministro de Trabajo, lord Shackleton, y en especial una de éstas: la ampliación del aeropuerto y el alargamiento de la pista de aterrizaje. A pesar del coste que implicaba este tipo de compromiso se vería como prueba de determinación por parte del Gobierno de no entablar conversaciones serias sobre la soberanía, y aumentaría nuestra capacidad a la hora de defender las islas, ya que una pista de aterrizaje más larga permitiría la llegada inmediata de refuerzos por aire. Esto a su vez podría haber provocado una rápida reacción militar por parte de Argentina. No resulta sorprendente que ningún Gobierno, ya fuera laborista o conservador, estuviera dispuesto a actuar mientras pareciera existir una posibilidad de solución aceptable; por tanto, el retroarrendamiento había llegado a ser la opción preferida.

Sin embargo, más o menos según yo esperaba, ninguno de estos razonamientos diplomáticos a favor del retroarrendamiento tenía demasiado atractivo para los propios isleños. Se negaban a aceptar tales propuestas. Desconfiaban de la dictadura argentina y sentían bastante escepticismo ante sus promesas. Pero lo más importante es que, deseaban seguir siendo británicos. Esto se lo dejaron muy claro a Nick Ridley cuando les visitó en dos ocasiones con el fin de averiguar sus puntos de vista. También la Cámara de los Comunes estaba ruidosamente decidida a que se respetaran los deseos de los isleños. Se anuló la posibilidad de retroarrendamiento. Yo no estaba dispuesta a obligar a los isleños a aceptar una solución que les resultaba intolerable y que además yo misma, de estar en su situación, no habría aceptado.

Sin embargo, lo que todo esto significaba para el futuro de las Malvinas a largo plazo no quedaba tan claro. El Gobierno se encontró con muy pocas posibilidades de maniobra. A ser posible, deseábamos seguir manteniendo conversaciones con los argentinos, pero las relaciones diplomáticas se hacían cada vez más difíciles a medida que transcurría el tiempo. Los argentinos ya habían demostrado que eran capaces de emprender la acción directa. En 1976 habían establecido una presencia militar, que mantuvieron posteriormente, en Thule del Sur, en las islas Sandwich del Sur, presencia que el Gobierno laborista nada hizo por eliminar y que los ministros ni tan siquiera pusieron en conocimiento de la Cámara de los Comunes hasta 1978.

Entonces, en diciembre de 1981, se produjo un cambio de Gobierno en Buenos Aires. Una nueva Junta Militar compuesta de tres personas, presidida por el general Leopoldo Galtieri, sustituyó al anterior Gobierno militar. Galtieri confiaba en el apoyo de la Armada argentina, cuyo comandante en jefe, el almirante Anaya, tenía unos puntos de vista especialmente inflexibles en cuanto a la reivindicación argentina sobre las Malvinas.

La nueva Junta continuó cínicamente las negociaciones durante algunos meses. Se celebraron conversaciones en Nueva York a finales de febrero de 1982, conversaciones que parecían desarrollarse satisfactoriamente. Sin embargo, la posición argentina se endureció de repente. Desde la perspectiva del presente, este momento constituyó un hito. Sin embargo, a la hora de juzgar nuestra reacción ante la nueva Junta es importante recordar cuánta retórica agresiva se había pronunciado en el pasado, sin ningún resultado tangible. Además, basándonos en la pasada experiencia, nuestro punto de vista era que Argentina probablemente seguiría una política de aumento progresivo del conflicto, partiendo de unas presiones diplomáticas y económicas. Al contrario de lo que se decía entonces, no tuvimos hasta casi el último momento información alguna en el sentido de que Argentina estaba a punto de emprender una invasión a escala total. Tampoco la tenían los norteamericanos: de hecho, más tarde Al Haig me diría que ellos sabían entonces aún menos que nosotros.

Un factor a considerar en todo este asunto era la política de la Administración estadounidense de fortalecimiento de los vínculos con Argentina, que formaba parte de su estrategia de resistencia ante la influencia comunista, basada en Cuba, en las zonas de Centroamérica y de Suramérica. Más tarde, quedó claro que los argentinos se habían hecho una idea descomunalmente exagerada de su importancia para Estados Unidos. Se convencieron, en la víspera de la invasión, de que no tenían que tomarse en serio las advertencias norteamericanas en contra de la acción militar, y su intransigencia fue en aumento más tarde, a medida que se les fue sometiendo a una presión diplomática encaminada a lograr su retirada.

¿Podría habérseles disuadido? Hemos de recordar que, para poder emprender una acción militar que disuadiera a Argentina, dadas las enormes distancias entre Gran Bretaña y las Malvinas, habríamos tenido que disponer de tres semanas de preaviso. Además, enviar allí una fuerza de tamaño insuficiente hubiera supuesto someterla a unos riesgos intolerables. Sin duda, la presencia de HMS Endurance —el patrullero con armamento ligero que había de retirarse en virtud de las propuestas del Estudio de Defensa de 1981— carecía de significado militar. No lograría ni disuadir ni repeler ninguna invasión planificada. (De hecho, cuando por fin se produjo la invasión me agradó saber que el buque se encontraba en alta mar y no en Port Stanley: de haber estado allí, probablemente lo habrían capturado o bombardeado hasta destruirlo). Quizás lo más importante es que nada habría precipitado con mayor certeza la invasión a gran escala, de haberse planificado algo menor, que el hecho de que hubiéramos iniciado los preparativos militares a la escala necesaria para enviar un elemento disuasorio efectivo. Naturalmente, viendo las cosas con la perspectiva del tiempo, siempre nos hubiera gustado actuar de otra manera. También piensan así los argentinos. El asunto es que la invasión no se podía haber previsto ni evitado. Esta fue la principal conclusión alcanzada por el Comité de Investigación, presidido por lord Falks, que establecimos para estudiar nuestra forma de gestionar la disputa durante las fases que culminarían con la invasión. El comité disponía de un acceso sin precedentes a los documentos del Gobierno, entre ellos los correspondientes al servicio de inteligencia. Su informe termina con lo siguiente: «no tendríamos justificación alguna si criticáramos o culpáramos al presente Gobierno en cuanto a la decisión adoptada por la Junta argentina de cometer su acto de agresión injustificada durante la invasión de las islas Malvinas, el 2 de abril de 1982».

Todo empezó con un incidente que tuvo lugar en las islas Georgias del Sur. El 20 de diciembre de 1981 habían desembarcado sin autorización en la isla, en el puerto de Leith, unas personas a quienes se describió como tratantes de chatarra argentinos; nuestra reacción fue firme pero comedida. Posteriormente, los argentinos se marcharon y el Gobierno argentino dijo no saber nada al respecto. El incidente fue molesto, aunque no de forma especial. A mí me causó más alarma el momento en que, tras las conversaciones anglo-argentinas celebradas en Nueva York, el Gobierno argentino violó los procedimientos acordados durante la reunión por medio de la publicación de un comunicado unilateral en el que se divulgaban los detalles de las conversaciones; al mismo tiempo, la prensa argentina empezó a especular en cuanto a una posible acción militar antes de enero de 1983, fecha de importancia simbólica. El 3 de marzo de 1982 consigné en un telegrama de Buenos Aires la siguiente anotación: «hemos de elaborar planes de emergencia»; no obstante, y a pesar de mi intranquilidad, yo no esperaba nada parecido a una invasión a gran escala, extremo que la evaluación más reciente de las intenciones argentinas efectuada por nuestros servicios de información de hecho había descartado.

El 20 de marzo se nos informó de que el día anterior los tratantes argentinos en chatarra habían vuelto a desembarcar, también esta vez sin autorización y en Leith, en las islas Georgias del Sur. Se había izado la bandera argentina y se llegaron a efectuar disparos. Una vez más, el gobierno argentino respondió a nuestras protestas diciendo que no había tenido ningún conocimiento previo. Inicialmente decidimos que se debería dar órdenes al Endurance de retirar a los argentinos, fueran quienes fueran. Sin embargo, intentamos negociar con Argentina una solución para lo que seguía pareciendo una torpeza en lugar de un incidente precursor de un conflicto, de modo que posteriormente retiramos nuestras instrucciones al Endurance y dimos órdenes de que el buque pusiera rumbo a la base británica en Grytviken, el principal asentamiento de la isla.

PRIMERA SEMANA

Sin embargo, a medida que marzo tocaba a su fin y el incidente aún no se había resuelto, nuestra preocupación fue en aumento. En la tarde del domingo 28 de marzo, telefoneé a Peter Carrington desde Chequers para manifestarle mi preocupación. Me aseguró que ya había abordado a Al Haig, Secretario de Estado de EE. UU., solicitándole que ejerciera presión en nuestro favor. Al día siguiente, Peter y yo nos reunimos en Northolt, en la RAF, cuando íbamos de camino a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, y comentamos los pasos que nos convenía dar a continuación. Acordamos enviar un submarino nuclear como refuerzo para el Endurance y hacer preparativos para el envío de un segundo submarino. Al día siguiente, no me molestó demasiado cuando se filtró la noticia de esta decisión. El submarino tardaría dos semanas en llegar al sur del Atlántico, pero podría empezar a ejercer su influencia sobre los acontecimientos inmediatamente. Mi sentimiento instintivo me decía que había llegado el momento de demostrar a los argentinos que íbamos en serio.

A última hora de la tarde del martes 30 de marzo, regresé de Bruselas. Para entonces Peter Carrington ya se había marchado a Israel, en visita oficial; su ausencia fue un contratiempo. El Foreign Office y el Ministerio de Defensa habían estado preparando evaluaciones actualizadas y estudiando las opciones diplomáticas y militares. Al día siguiente, el miércoles 31 de marzo, pronuncié mi declaración ante la Cámara, informando sobre la cumbre de Bruselas, pero mi mente estaba centrada en las intenciones de los argentinos y en cuál debería ser nuestra respuesta. Las noticias que nos llegaron desde los servicios de inteligencia fueron que el gobierno argentino estaba estudiando nuestras reacciones, pero que no habían tramado el desembarco en las islas Georgias del Sur y que cualquier aumento de la actividad militar que pudieran efectuar nunca llegaría a una invasión completa. Sin embargo, nosotros sabíamos que eran imprevisibles e inestables, y que el comportamiento de una dictadura podría no ser un comportamiento del tipo que nosotros consideraríamos racional. Para entonces, mi intranquilidad era considerable. Sin embargo, sigo pensando que ninguno de nosotros se esperaba una invasión de las propias Malvinas.

Jamás olvidaré aquel miércoles por la noche. Estaba trabajando en mi despacho de la Cámara de los Comunes cuando me dijeron que John Nott quería verme inmediatamente para comentar el asunto de las Malvinas. Reuní a varias personas. En ausencia de Peter Carrington, Humphrey Atkins y Richard Luce estuvieron presentes en representación del Foreign Office, junto con funcionarios de la FCO y del Ministerio de Defensa. (También estaba fuera, en Nueva Zelanda, el jefe de Estado Mayor de Defensa). John estaba alarmado. Acababa de recibir información que indicaba que la flota argentina, que ya se había hecho a la mar, parecía tener intenciones de invadir las islas el viernes 2 de abril. No había ningún motivo para dudar de esta información. John presentó el punto de vista del Ministerio de Defensa, en el sentido de que, una vez capturadas las Malvinas, no se podrían volver a tomar. Esto era terrible y de todo punto inaceptable. No me lo podía creer: se trataba de nuestra gente, de nuestras islas. Yo dije inmediatamente: «si se produce una invasión, tenemos que recuperarlas».

En este momento tan lúgubre, se produjo la comedia. El jefe de Estado Mayor de la Armada, sir Henry Leach, vestía de paisano; de camino hacia la reunión, la policía le había cerrado el paso en el vestíbulo central de la Cámara de los Comunes. Le tuvo que rescatar un whip. Cuando por fin llegó, le pregunté qué podíamos hacer. Estaba tranquilo, sosegado y seguro de sí mismo: «Puedo reunir una fuerza para misión especial con destructores, fragatas, lanchas de desembarco y buques de apoyo. Irá encabezada por los portaaviones HMS Hermes y HMS Invincible. Puede estar lista para zarpar en cuarenta y ocho horas». En su opinión, esta fuerza podría recuperar las islas. Lo único que necesitaba era mi autorización para empezar a reuniría. Se la di, y partió inmediatamente para dar inicio a la operación. La decisión respecto a si la fuerza para la misión especial debería zarpar, y cuándo debería hacerlo, se la reservamos al Consejo de Ministros.

Antes de llegar este momento, me había sentido indignada y decidida. Ahora, esta indignación y esta decisión estaban acompañadas por la misma medida de alivio y seguridad. Henry Leach me había enseñado que, de llegar las cosas al enfrentamiento armado, el valor y la profesionalidad de las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña lograrían la victoria. Mi tarea en tanto que primera ministra consistía en que obtuvieran el apoyo político que necesitaban. Sin embargo, antes de nada teníamos que hacer todo por evitar la espantosa tragedia, si aún era humanamente posible evitarla.

Nuestra única esperanza para entonces eran los americanos: amigos y aliados, y personas a las que Galtieri, si aún seguía comportándose de manera racional, debería prestar oído. Durante la reunión, redactamos y enviamos un mensaje urgente al presidente Reagan solicitándole que insistiera ante Galtieri en el sentido de que éste debía dar marcha atrás para no dar un paso en el vacío. El presidente accedió inmediatamente.

A las nueve y media de la mañana del jueves, 1 de abril, celebré una reunión del Consejo más temprana de lo habitual con el fin de que a continuación, y antes del almuerzo, se pudiera celebrar una reunión del Comité de Ultramar y de Defensa, (Overseas and Defence Committee OD). La última evaluación de la situación era que se podía esperar que se produjera un ataque argentino alrededor del mediodía del viernes, hora británica. Pensábamos que quizá el presidente Reagan aún tendría éxito. Sin embargo, Galtieri en un principio se negó en redondo a atender su llamada. Sólo se dignó hablar con el presidente cuando ya era demasiado tarde para interrumpir la invasión. Yo tuve noticias de este resultado a primerísima hora de la mañana del viernes; fue entonces cuando supe que nuestra última esperanza se había desvanecido.

Sin embargo, ¿hasta qué punto se tomaban en serio los argentinos las advertencias estadounidenses? Durante la tarde del viernes 2 de abril, a medida que tenía lugar la invasión, la embajadora de EE. UU. ante las Naciones Unidas, señora Kirkpatrick, participaba en una cena de gala celebrada en su honor por el embajador de Argentina. Más tarde, nuestro propio embajador le preguntó cuáles habrían sido los sentimientos de los estadounidenses si nosotros hubiéramos cenado en la Embajada de Irán la noche en que los rehenes americanos fueron tomados en Teherán. Lamentablemente, las actitudes de la señora Kirkpatrick y de algunos otros miembros de la Administración de Estados Unidos en aquel momento habían adquirido una importancia considerable.

A las diez menos cuarto de la mañana del viernes, se volvió a reunir el Consejo de Ministros. Informé de la inminencia de una invasión argentina. Nos volveríamos a reunir más avanzado el día para evaluar de nuevo la conveniencia de enviar una fuerza en misión especial; no obstante, para mí en aquel momento no se trataba de si deberíamos actuar, sino de cómo.

Las comunicaciones con las Malvinas a menudo quedaban interrumpidas debido a las condiciones atmosféricas. El viernes por la mañana, el gobernador de las islas —Rex Hunt— nos envió un mensaje informándonos de que la invasión había comenzado, pero nunca lo llegamos a recibir. (De hecho, el primer contacto que pude establecer con él tras la invasión se produjo cuando llegó a Montevideo, en Uruguay, país donde los argentinos les transportaron en avión a él y a algunas otras personalidades, el sábado por la mañana). Fue el capitán de un buque de la British Antartic Survey quien interceptó una emisión de radioaficionados de las islas Malvinas y transmitió las noticias al Foreign Office. Me trajeron la confirmación final desde mi secretaría particular mientras yo participaba en un almuerzo oficial.

Para entonces, en Whitehall se estaban discutiendo todos los aspectos de la campaña, entre ellos la aplicación de sanciones tanto económicas como de otra índole a Argentina. Los preparativos militares continuaban a ritmo febril. El Ejército organizaba su actuación. Se estaba formando un grupo naval para misión especial, compuesto en parte por buques que por aquel entonces estaban en Gibraltar y en parte por otros situados en puertos británicos. La Reina ya había dejado claro que el príncipe Andrés, que estaba prestando servicios en el HMS Invincible, se uniría a la misión especial: su abuelo, el rey Jorge VI, había participado en la batalla de Jutlandia, y ni entonces ni ahora podía hablarse de dar a un miembro de la familia real un trato diferente al dispensado a los demás militares.

El Consejo de Ministros se reunió por segunda vez aquel día a las siete y media de la tarde entonces se tomó la decisión de enviar la misión especial. Lo que más nos preocupaba en aquel momento era el tiempo que tardaría en llegar a las Malvinas. Opinábamos, y no nos equivocábamos, que los argentinos reunirían gran número de hombres y material para hacer que el desalojo nos resultara lo más difícil posible. Además, la situación atmosférica en el sur del Atlántico iría de mal en peor, a medida que se aproximaban los vientos huracanados y las fuertes tormentas del invierno en el hemisferio Sur.

Más inmediato, y más llevadero, era el problema de cómo enfrentarnos con la opinión pública en Gran Bretaña durante el período intermedio. Era probable que se produjera un fuerte apoyo en relación con el envío de la misión especial, pero, ¿no se desvanecería a medida que pasara el tiempo? De hecho, no tuvimos que preocuparnos en exceso por este extremo a partir de entonces. Se fletaban buques incesantemente, y continuaron las negociaciones, especialmente la diplomacia itinerante de Al Haig. La nuestra era una política que la gente comprendía y respaldaba. A lo largo de todo el asunto, el interés y el compromiso por parte del público mantuvieron su intensidad.

Un aspecto específico del problema, no obstante, sí merece ser destacado. Decidimos autorizar la presencia de corresponsales de guerra en los buques; estos transmitieron información durante la larga travesía. Esta decisión tuvo como resultado una cobertura muy viva de los acontecimientos. Sin embargo, siempre existía el riesgo de divulgar información que podría serle útil al enemigo. También me turbó el intento de «imparcialidad» en algunos de los comentarios, y el escalofriante empleo de la tercera persona, que hacía que en nuestros programas informativos se oyera hablar de «los británicos» y «los argentinos».

También el viernes 2 de abril recibí un asesoramiento del Foreign Office que resumía la flexibilidad de principios que es característica de dicho ministerio. Se me planteaban los peligros de las represalias contra los expatriados británicos en Argentina, los problemas relacionados con la obtención de apoyo en el Consejo de Seguridad de la ONU, el hecho de que no podíamos confiar en obtener ayuda de la Comunidad Europea o Estados Unidos, los riesgos de que los soviéticos se involucraran en el asunto, la desventaja de ser considerados como una potencia colonial. Todos estos razonamientos estaban muy bien: sin embargo, cuando estás en estado de guerra, no puedes permitir que las dificultades se adueñen de tus pensamientos; tienes que enfrentarte a ellas con una voluntad férrea para superarlas. De cualquier manera, ¿cuál era la opción? ¿Que un vulgar dictador gobernara a los súbditos de la Reina y se impusiera mediante el engaño y la violencia? Esto no sucedería mientras yo fuera primera ministra.

Mientras se llevaban a cabo los preparativos militares, el centro de atención giró hacia el debate público en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A principios de abril, teníamos un objetivo diplomático a corto plazo y varios a largo plazo. A corto plazo, teníamos que ganar en nuestra causa contra Argentina dentro del Consejo de Seguridad de la ONU y conseguir que se emitiera una resolución denunciando su agresión y exigiendo su retirada. Sobre la base de dicha resolución, nos resultaría mucho más fácil lograr el apoyo de otras naciones en cuanto a unas medidas prácticas para ejercer presión sobre Argentina. Sin embargo, a largo plazo sabíamos que teníamos que llevar nuestros asuntos fuera de la ONU en la medida de lo posible. Entonces aún era la época de la Guerra Fría, y además en el seno de la ONU muchas naciones manifestaban una actitud anticolonialista, con lo cual existía un peligro real en el sentido de que el Consejo de Seguridad podría intentar obligarnos a aceptar unos términos insatisfactorios. De ser necesario podríamos vetar tal resolución, pero esta medida reduciría el apoyo internacional para nuestra posición. Esto continuó siendo una consideración esencial a lo largo de la crisis. El segundo objetivo a largo plazo consistía en asegurarnos el máximo apoyo por parte de nuestros aliados, principalmente EE. UU., pero también de los miembros de la CE, de la Commonwealth y de otras naciones occidentales importantes. Esta fue la tarea emprendida a nivel de jefes de Gobierno, pero también supuso una enorme carga para la FCO, y un número tremendo de telegramas pasaron por mi escritorio durante aquellas semanas. Nunca país alguno fue mejor servido que Gran Bretaña por nuestras dos personalidades diplomáticas clave de aquel momento: sir Anthony Parsons, embajador de Gran Bretaña ante la ONU, y sir Nicholas (Nico) Henderson, nuestro embajador en Washington: ambos poseían las cualidades precisas de inteligencia, resistencia, estilo y elocuencia que la situación requería.

En la ONU, Tony Parsons, en vísperas de la invasión, se entregó a maniobrar con el objeto de superar a los argentinos. El secretario general de la ONU había solicitado a ambas partes que ejerciéramos la moderación: nosotros reaccionamos positivamente, pero los argentinos se mantuvieron en silencio. El sábado 3 de abril, Tony Parsons logró un triunfo de la diplomacia al persuadir al Consejo de Seguridad para que se aprobara lo que se convirtió en la Resolución 502 del Consejo de Seguridad, exigiendo una retirada inmediata e incondicional de las islas Malvinas por parte de los argentinos. Mi gratitud se dirigió de manera muy especial al presidente Mitterrand, quien, junto con los dirigentes de la antigua Commonwealth, fue uno de nuestros amigos más incondicionales, y me llamó por teléfono personalmente el sábado para asegurarme su apoyo. (Durante los años siguientes serían muchos mis desacuerdos con el presidente Mitterrand, pero jamás olvidé nuestra deuda para con él en relación con su apoyo personal en esta ocasión y a lo largo de la crisis de las Malvinas). Francia ejerció su influencia dentro del seno de la ONU para hacer que otros se decantaran en nuestro favor. Yo misma hice una llamada telefónica de última hora al rey Hussein de Jordania, que también se pronunció a nuestro favor. Es un viejo amigo de Gran Bretaña. Le manifesté nuestra dificultad; no tuve que dar explicaciones muy detalladas para persuadirle de que el voto de Jordania fuera favorable a nosotros. Inició la conversación con la sencilla pregunta de «¿Qué puedo hacer por usted, señora primera ministra?». Finalmente, tuvimos el placer de obtener los votos necesarios para que se aprobara la Resolución, y de evitar un veto por parte de la Unión Soviética. Sin embargo, sabíamos que este era un logro frágil, y no nos hacíamos ilusiones en cuanto a quién tendría que eliminar al agresor una vez que se hubiera dicho todo lo que había que decir: tendríamos que hacerlo nosotros.

El debate de aquel sábado en la Cámara de los Comunes es otro recuerdo potentísimo.

Yo inicié el debate. Fue el más difícil con el que jamás me haya tenido que enfrentar. La Cámara se mostraba justificadamente airada ante la invasión y ocupación de territorio británico, y muchos miembros tendían a culpar al Gobierno por su supuesto fracaso a la hora de prever y evitar lo que había sucedido. Mi primera tarea consistió en defendernos contra la acusación de no estar preparados.

Mucho más difícil fue mi segunda tarea: convencer a los parlamentarios de que responderíamos ante la agresión de Argentina por la fuerza y con eficacia. Di una explicación de lo sucedido, dejando muy claro lo que teníamos intención de hacer. Manifesté lo siguiente:

He de decir a la Cámara que las islas Malvinas y sus dependencias siguen siendo territorio británico. Ninguna agresión, ninguna invasión puede modificar este hecho tan sencillo. El Gobierno tiene el objetivo de asegurarse de que las islas queden libres de la ocupación y sean devueltas a la Administración británica tan pronto como sea posible.

Los habitantes de las islas Malvinas, al igual que los habitantes del Reino Unido, son una raza de isleños […] Son pocos en número, pero tienen derecho a vivir en paz, a optar por su propia forma de vida y a determinar su propia alianza. Su forma de vida es británica; su alianza se corresponde a la Corona. Es el deseo del pueblo británico y el deber del Gobierno de Su Majestad hacer todo lo posible para defender tal derecho. Esa será nuestra esperanza y nuestra tarea, y, según creo, la decisión de todos los miembros de la Cámara.

Cuando anuncié que la misión especial estaba dispuesta para zarpar, mis palabras fueron recibidas con un rugido de aprobación. No obstante, sabía que no todos vitoreaban por el mismo motivo. Algunos consideraban que la misión especial era un destacamento puramente diplomático que lograría que los argentinos volvieran a sentarse alrededor de la mesa de la diplomacia. Jamás tuvieron la intención de que se llegaran a utilizar las armas. Yo precisaba su apoyo durante todo el tiempo que fuera necesario, ya que debíamos demostrar una voluntad nacional unida tanto ante el enemigo como ante nuestros aliados. Sin embargo, tenía el presentimiento de que los argentinos jamás se retirarían sin haber luchado, y sabía que cualquier cosa que no fuera una retirada era inaceptable para el país, y desde luego para mí.

Aún otros compartían mi punto de vista de que la misión especial tendría que pasar a la acción, pero dudaban de la voluntad y la resistencia del Gobierno. Enoch Powell fue quien de manera más dramática expresó este sentimiento al fijar sus ojos en mí directamente desde el otro lado de la Cámara y declarar con voz sepulcral:

La primera ministra, poco tiempo después de asumir el cargo, fue bautizada como la «Dama de Hierro». Este apelativo surgió de unos comentarios que hizo respecto a la defensa contra la Unión Soviética y sus aliados; no obstante, no había ningún motivo para suponer que la honorable señora no diera buena acogida, e incluso se enorgulleciera de aquella descripción. A lo largo de las próximas semanas, esta Cámara, la nación y la propia honorable señora sabrán de qué metal está hecha[26].

Aquella mañana, en el Parlamento, logré mantener el apoyo de ambos grupos gracias a la orden de zarpar transmitida a la misión especial, y a la estipulación de nuestros objetivos: que las islas quedaran libres de ocupación y fueran devueltas a la Administración británica lo antes posible. Obtuve un apoyo prácticamente unánime, pero otorgado de mala gana, de una Cámara de los Comunes que estaba deseosa de apoyar la política del Gobierno, al tiempo que se reservaba su juicio en cuanto a la actuación del mismo.

Sin embargo, me di cuenta de que incluso esta medida de apoyo tenía la posibilidad de verse erosionada a medida que se desarrollara la campaña. Yo sabía, como no podían saberlo la mayoría de los parlamentarios, cuáles eran los problemas militares prácticos en su totalidad. Preveía que nos enfrentaríamos con unos contratiempos que harían que incluso las personas predispuestas a emprender la acción bélica se cuestionaran si el asunto merecía la pena. Además, ¿cuánto podría sobrevivir una coalición de opinión compuesta por guerreros, negociadores e incluso pacifistas virtuales? Por el momento, no obstante, había sobrevivido. Obtuvimos el acuerdo de la Cámara de los Comunes para la estrategia del envío de la misión especial. Y eso era lo que importaba.

SEGUNDA SEMANA

A lo largo del fin de semana, la prensa hizo gala de considerable hostilidad. Peter Carrington hablaba de dimitir. Le vi el sábado por la noche, el domingo por la mañana y una vez más aquella noche. Tanto Willie Whitelaw como yo hicimos todo lo posible para convencerle de que continuara. A mí me parecía que el país necesitaba un ministro de Exteriores con su experiencia y reputación internacional para ayudarnos a superar la crisis. Sin embargo, siempre parece existir el deseo visceral de que alguien haga de víctima propiciatoria cuando sucede un desastre. No hay duda de que en última instancia la dimisión de Peter hizo que fuera más fácil reunir al Partido y concentrarnos en recuperar las Malvinas: esto es algo que él comprendió. Tras haber visto la prensa del lunes, especialmente el artículo principal del Times, decidió que tenía que marcharse. También dimitieron otros altos funcionarios del Foreign Office: Humphrey Atkins y Richard Luce. En una carta manuscrita que me escribió el martes 6 de abril, Peter me decía:

Creo que hice bien en marcharme. El veneno no habría dejado de correr, y cualquier consejo que pudiera haberle dado se hubiera puesto en duda. Ahora el Partido se unirá alrededor de usted, como debería haberlo hecho el sábado pasado.

He disfrutado mucho de estos tres años tan activos, y los enérgicos debates que en algunas ocasiones hemos mantenido han sido productivos y totalmente libres de cualquier rencor.

Sólo otra cosa. Aunque jamás he pretendido estar de acuerdo con usted en todo, mi admiración por su valor y determinación y por la variedad de sus recursos no tiene límites. Usted merece salir victoriosa, y si algo pudiera hacer por usted lo único que tiene que hacer es decírmelo.

La carta era característicamente generosa y alentadora, y estas cosas tienen su importancia cuando el firmamento se está oscureciendo.

También recibí una carta maravillosa —una de varias a lo largo de los años— de Laurens van der Post, que recalcó que había un principio, más importante aún que el de la soberanía, que estaba en juego en aquella disputa:

Apaciguar la agresión y el mal no es sino allanar el camino para aún más agresión y aún más mal al cabo del tiempo […] Si no hacemos frente a la Argentina fascista, los rusos se verán aún más alentados de lo que ya lo están a ir dando bocados en lo que nos queda de un mundo libre mediante un número creciente de actos de agresión.

Naturalmente, tenía toda la razón.

John Nott también deseaba dimitir. Sin embargo, yo le dije sin rodeos que cuando la flota se había hecho a la mar tenía la obligación de quedarse hasta el final. Por tanto, retiró su carta, con la condición de que se hiciera público el hecho de que su oferta de dimisión había sido rechazada. Con independencia de los asuntos a los que habría que hacer frente más tarde de resultas de la investigación completa (que yo anuncié el 8 de abril), este era el momento para concentrarse en una cosa, y sólo en una: la victoria. Mientras tanto, yo tenía que encontrar un nuevo ministro de Exteriores. La elección evidente recaía sobre Francis Pym, que contaba con la experiencia necesaria en Asuntos Exteriores, desde la oposición, y en Defensa, desde el Gobierno. Le nombré, por tanto, solicitando a John Biffen que pasara ocupar su anterior cargo en el Parlamento. Francis es, en muchos sentidos, el típico tory a la antigua: un country gentleman y un soldado, una persona a quien se le dan bien las tácticas, pero no la estrategia. Está orgulloso de su pragmatismo, y es un enemigo de la ideología; el tipo de persona del que la gente solía decir que sería «ideal en una crisis». Yo llegaría a tener motivos para dudar de aquella opinión. No hay duda de que el nombramiento de Francis unió al partido. Sin embargo, también fue un acto precursor de serias dificultades para el desarrollo de la campaña en sí.

También fue el lunes cuando pude hablar cara a cara en el Número 10 con Rex Hunt y los dos comandantes de Marina que acababan de llegar de Uruguay. Le pregunté si había tenido conocimiento de que se estaba preparando una invasión, y él me respondió: «No, creía que no era sino otra alarma, parecida a la que se había producido antes». Me dijo que cuando recibió nuestro mensaje el miércoles anterior, se había puesto en comunicación con uno de los representantes argentinos de la línea aérea de aquel país en la isla, que le había asegurado que, por lo que él sabía, no se estaba tramando nada. Sin embargo, por lo que me dijo uno de los militares de Marina parecía que otros argentinos habían estado enviando información acerca de todos los detalles y movimientos desde la oficina de su línea aérea en las Malvinas. Por lo que parecía, el comandante argentino local de la fuerza invasora conocía casi todos los nombres de los miembros de refuerzo de la Infantería de Marina que sólo llevaban allí algunos días. Se diría que la operación estaba planificada a conciencia; la primera ola de tropas argentinas procedía de la zona más próxima a tierra. Sin embargo, no iniciaron la lucha, sino que esperaron la llegada de un número abrumador de fuerzas armadas y otras. Nuestros dos comandantes de Marina estaban preocupadísimos por regresar a las islas. Posteriormente, serían trasladados por vía aérea a la isla Ascensión —el estacionamiento para la misión especial y punto vital para nuestra operación— y más tarde aceptaron la rendición en el Edificio de Gobierno cuando cayó Port Stanley.

El gobernador actuó espléndidamente a lo largo de todo el proceso, tratando a los medios de comunicación con gran eficacia, lo cual no siempre es tarea fácil. Una y otra vez, repitió mis palabras ante la Cámara en el sentido de que nuestro objetivo era la restauración de la soberanía británica y el regreso de la Administración británica, y reiteró que estaba seguro de que mi corazón respaldaba a mis palabras. Por supuesto, así era. Sin embargo, durante muchos momentos de las negociaciones que aún estaban por venir yo tendría ocasión de preguntarme si verdaderamente lograría asegurar el regreso de Rex Hunt a las Malvinas.

El martes 6 de abril se celebró una dilatada discusión de la crisis en el Consejo de Ministros. Desde el principio, estábamos seguros de que la actitud de Estados Unidos sería un elemento clave para el resultado final. Los norteamericanos podían causar un daño enorme a la economía argentina, si así lo querían. Envié un mensaje al presidente Reagan en el que instaba a EE. UU. en el sentido de que tomaran medidas económicas efectivas. Sin embargo, en aquel momento no estaban preparados para hacerlo. Nico Henderson celebró sus primeras conversaciones con Al Haig, en las cuales los puntos principales de su reacción a lo largo de las siguientes semanas ya quedaban claros. Habían interrumpido la venta de armamento. Sin embargo, no estaban dispuestos a «inclinarse» demasiado en contra de Argentina, ya que hacerlo les restaría influencia en Buenos Aires. No querían que Galtieri cayera, y por tanto deseaban una solución que no le hiciera salir mal parado. Había claros indicios de que estaban considerando la posibilidad de una mediación entre ambas partes. Todo esto seguía una dirección esencialmente equivocada, y Nico respondió con mucha energía. Sin embargo, en la práctica, las negociaciones de Haig que se derivaron de todo esto actuaron casi sin duda en nuestro favor al excluir durante un tiempo la intervención diplomática aún menos útil surgida de otras fuentes, entre ellas la ONU. En una crisis de este tipo se puede ver a toda una serie de personas que se ofrecen para actuar en calidad de mediadores, en algunos casos con la única motivación de aparecer en el escenario mundial.

Aquella posibilidad, sin embargo, aún estaba en el futuro. En aquella fase, los americanos deseaban lograr una solución que les evitara tener que elegir entre Gran Bretaña, su aliada natural, y sus intereses en Latinoamérica. Yo añadiría, no obstante, que desde el principio Caspar Weinberger, ministro de Defensa de EE. UU., estuvo en contacto con nuestro embajador, insistiendo en que no podían poner a un país aliado de la OTAN y un amigo desde hacía muchos años en el mismo nivel que a Argentina, y que haría lo posible por ayudar. Estados Unidos jamás tuvo un patriota más sabio, ni Gran Bretaña un amigo más leal.

Fue durante esta reunión del Consejo cuando hice pública nuestra decisión de organizar el OD (SA), que para el mundo exterior pasó a ser conocido como el «Gabinete de Guerra». Desde el punto de vista oficial, este era un subcomité del OD, comité de ultramar y defensa del Gabinete, aunque varios de sus miembros no formaban parte de dicho comité. Su composición precisa, así como sus procedimientos, se vieron influenciados por una reunión que mantuve con Harold Macmillan, que vino a verme a la Cámara de los Comunes tras el período de preguntas del martes 6 de abril, para ofrecerme su apoyo y su consejo en calidad de decano de los antiguos primeros ministros del país y del Partido Conservador. Su principal recomendación fue la de excluir al Tesoro —esto es, a Geoffrey Howe— del comité principal responsable de la campaña, la diplomacia y las repercusiones posteriores. Esta decisión era prudente, pero como es de comprender a Geoffrey le molestó. A pesar de todo, jamás me arrepentí de haber seguido los consejos de Harold Macmillan. Nunca nos vimos tentados a comprometer la seguridad de nuestras fuerzas por motivos económicos. Todas nuestras acciones se regían por la necesidad militar. De manera que el Gabinete de Guerra estaba compuesto por mi persona, Francis Pym, John Nott, Willie Whitelaw en calidad de suplente mío y leal consejero, y Cecil Parkinson, que no sólo compartía mis intuiciones políticas sino que también tenía el don de actuar con eficacia brillante en la esfera de las relaciones públicas. Sir Terence (ahora lord) Lewin, jefe del Estado Mayor de Defensa, siempre estaba presente, como también Michael Habers, Ministro de Justicia, en calidad de asesor jurídico del Gobierno. Naturalmente, en todo momento gozamos del asesoramiento y el apoyo de los funcionarios de la FCO y del Ministerio de Defensa y el estamento militar. El Gabinete se reunía a diario, a veces dos veces en el mismo día.

Para cuando se celebró nuestra primera reunión, la misión especial ya había sido enviada con una rapidez y eficacia que sorprendieron al mundo. Millones de telespectadores pudieron ver a los dos portaaviones zarpar de Portsmouth el lunes 5 de abril, y a lo largo de aquel día y de los dos siguientes se les unió una flota de once destructores y fragatas, tres submarinos, el buque de asalto anfibio HMS Fearless (de importancia esencial a la hora de desembarcar) y numerosos auxiliares navales. Todo tipo de buques mercantes fueron requisados para prestar sus servicios. Inicialmente, tres mil hombres fueron destinados a la operación: la tercera brigada comando de los Royal Marines, el Tercer Batallón del Regimiento de Paracaidistas y una unidad del Regimiento de Defensa Aérea. En varias ocasiones a lo largo de la campaña, tuvimos que actualizar nuestra estimación del número de hombres necesarios y enviar refuerzos. El primer grupo zarpó desde el Reino Unido, a bordo del crucero Canberra, el viernes 9 de abril. No siempre se comprendió el hecho de que enviar por mar a una misión especial de gran envergadura con sus hombres al otro lado del mundo, con la intención de desembarcar durante un enfrentamiento, era una tarea que requería una operación logística de enormes dimensiones, tanto en el Reino Unido como en la mar. Al final, habíamos enviado más de 100 naves, en las que se transportó a más de 25.000 hombres.

El comandante en jefe de la Flota era el almirante sir John Fieldhouse; se hizo cargo del mando general para la misión especial desde su base en Northwood, en la zona Oeste de Londres, y seleccionó al contraalmirante Sandy Woodward como comandante operativo de los buques de superficie de la fuerza. Nuestros submarinos se controlaban directamente desde Northwood por satélite. En otro lugar, he tenido ocasión de escribir sobre Sandy Woodward; por aquel entonces aún no le conocía, pero sabía que tenía la reputación de ser uno de los hombres más perspicaces de la Armada. El delegado en tierra del almirante Fieldhouse era el general de División Jeremy Moore, de los Royal Marines. El general Moore inició la campaña en Northwood, y puso rumbo al Sur del Atlántico en el mes de mayo. Su lugarteniente, que se hizo a la mar en el HMS Fearless con la primera serie de buques, fue el general de brigada Julian Thompson, de la 3 Commando Brigade. El general de brigada Thomson estaría al mando de nuestras fuerzas en las Malvinas durante un período vital a continuación del desembarco y hasta la llegada del general Moore.

El OD(SA) se reunió en dos ocasiones el miércoles 7 de abril. A lo largo de la guerra, tuvimos que hacer frente al problema de la gestión de la compleja relación entre los requisitos diplomáticos y los militares. Yo estaba decidida a que las necesidades de nuestras tropas tuvieran prioridad sobre la política, y aquel día tuvimos que resolver el primer problema de este tipo. Nuestros submarinos de propulsión nuclear tenían que llegar a la zona de las Malvinas durante los días siguientes. Por tanto, en breve estaríamos en situación de establecer una Zona de Exclusión Marítima para buques alrededor de las Malvinas. ¿Debíamos hacerlo público en aquel momento? ¿O deberíamos retrasar el anuncio hasta después de la visita de Al Haig, al día siguiente? En cualquier caso, por motivos jurídicos estábamos obligados a efectuar una notificación con varios días de anterioridad para que la ZEM[27] entrara en vigor.

De hecho, la visita de Al Haig se tuvo que retrasar debido al debate de aquel día en los Comunes. Durante la reunión del Gabinete de Guerra que se celebró a las siete de la tarde de aquel día, se produjo el clásico desacuerdo entre el Ministerio de Defensa y la FCO en cuanto al momento del anuncio. Tomamos la decisión de hacerlo inmediatamente, decisión de la que informamos a Al Haig con breve antelación.

John Nott efectuó la declaración cuando cerró el debate, durante un discurso que le devolvió su categoría y su seguridad en sí mismo. Ninguna voz se manifestó en contra de la ZEM, y se pudo oír a Jim Callaghan decir «totalmente correcto». Entró en vigor a primera hora del Lunes de Pascua, 12 de abril; para entonces nuestros submarinos estaban situados de manera que podrían obligar a su cumplimiento. Se ha de recalcar que jamás durante la operación de las Malvinas dijimos que emprenderíamos la acción hasta que estuvimos en situación de hacerlo. Yo estaba decidida a no permitir jamás que nadie pusiera nuestras cartas boca arriba.

También merece la pena recalcarse otro aspecto del debate de aquel día en los Comunes. Keith Speed, antiguo ministro de Marina, argumentó que podríamos imponer un bloqueo contra los argentinos en las Malvinas. De hecho, como consecuencia de las pésimas condiciones climatológicas y de los problemas relacionados con el abastecimiento y el mantenimiento de la misión especial en un lugar tan lejano, esto jamás se habría logrado.

Por aquel entonces, estábamos ejerciendo tanta presión sobre los argentinos como podíamos, por métodos diplomáticos. Yo había enviado mensajes el 6 de abril a los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Comunidad Europea, de EE. UU., de Japón, de Canadá, de Australia y de Nueva Zelanda. Solicité su apoyo para nosotros contra Argentina por medio de la prohibición de ventas de armas, de la prohibición de la totalidad o parte de las importaciones, de la interrupción de cobertura de crédito a la exportación para nuevos compromisos y de la negación de cualquier apoyo o incentivo a sus bancos en relación con los préstamos a Argentina. En un principio, se había sugerido que yo solicitara una prohibición total de las importaciones; no obstante, a pesar de que era aquello lo que deseábamos, me pareció una táctica inadecuada la de exigir demasiado de una vez. Las respuestas comenzaban a llegar. Ya he hablado de las de Estados Unidos y de Francia, así como de nuestro éxito en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. Helmut Schmidt me dio su garantía personal del fuerte apoyo de Alemania Occidental. No todos los países de la Comunidad Europea actuaron de forma tan positiva. Entre Italia y Argentina existían unos lazos muy estrechos. Los españoles, a pesar de que se oponían al uso de la fuerza, continuaban dando su apoyo a la posición argentina, y los irlandeses nos causaron cierta preocupación, lo cual no fue ninguna sorpresa. Más tarde, quedó claro que no nos podíamos fiar de ellos. Sin embargo, en un principio la CE nos concedió todo lo que pedimos, e impuso un embargo a las importaciones de Argentina desde mediados de abril y durante un mes. Cuando se planteó la renovación del embargo a mediados de mayo se hicieron aparentes unas dificultades muy considerables, pero con el tiempo se llegó a un compromiso mediante el cual Italia e Irlanda quedaron en situación de reiniciar sus vínculos con Argentina mientras que los otros ocho países continuaron con el embargo indefinidamente.

La reacción de la Commonwealth, con la excepción parcial de la India, fue de gran apoyo. En particular, Malcolm Fraser de Australia prohibió todas las importaciones de Argentina, salvo las amparadas en contratos ya firmados. El apoyo de Bob Muldoon y Nueva Zelanda fue, si cabe, aún más fuerte; posteriormente se ofrecieron a prestarnos una fragata para sustituir nuestro propio buque de defensa del Caribe con el fin de que pudiéramos utilizarlo donde se necesitaba con más urgencia.

Nos decepcionó la actitud un tanto equívoca de Japón. Como era de suponer, la Unión Soviética se inclinaba en medida creciente hacia Argentina, y fue aumentando sus ataques verbales a nuestra posición. Si hubiéramos vuelto a dirigirnos a la ONU para solicitar una resolución de sanción, no había duda de que la hubieran vetado.

Del mismo modo, se nos sometió a una lluvia de vitriolo por parte de varios países latinoamericanos —al igual que le sucedió a EE. UU.— aunque, debido a nuestras disputas de largos años con Argentina, Chile estaba de nuestro lado. Algunos otros países, y a pesar de su postura pública, nos eran favorables en silencio: Argentina se había hecho bastante impopular gracias a su arrogancia con respecto al resto de Latinoamérica. De este modo, la acción en el frente diplomático apoyaba los objetivos de nuestra misión a medida que ésta avanzaba hacia el Sur del Atlántico. Y, por supuesto, la diplomacia eficaz hubiera resultado imposible de no ser por el envío de la misión especial. Como dijo Federico el Grande en una ocasión, «la diplomacia sin armas es como la música sin instrumentos».

El jueves 8 de abril, Al Haig llegó a Londres para celebrar la primera fase de su dilatado y agotador itinerario diplomático. Nico Henderson me había proporcionado una versión concisa, y como luego pude averiguar extraordinariamente precisa, de las propuestas que era probable que planteara el señor Haig. Le manifestamos con mucha claridad —y él aceptó el hecho de que ésta sería nuestra línea a seguir— que no le estábamos acogiendo en Londres en calidad de mediador, sino de amigo y aliado que había venido a comentar la manera en que Estados Unidos podría apoyar más eficazmente nuestros esfuerzos por conseguir la retirada argentina de las Malvinas. Tras algunas conversaciones iniciales con Francis Pym, llegó al Número 10 para un encuentro seguido de una cena de trabajo. Entre su equipo se contaban Ed Streator de la Embajada de EE. UU. en Londres, el general Vernon Walters, ayudante especial del señor Haig —y personalidad de gran fuerza por quien yo sentía especial simpatía y respeto— y Thomas Enders, que se ocupaba de Asuntos Suramericanos en el Departamento de Estado o Ministerio de Asuntos Exteriores estadounidense. A mí me acompañaban Francis, John, Terry Lewin, sir Anthony Acland (jefe del Foreign Office) y Clive Whitmore (mi secretario privado principal). Las conversaciones fueron animadas y directas, para emplear los términos diplomáticos: había demasiado en juego como para que yo permitiera que fueran otra cosa.

Resultó evidente desde el inicio que, con independencia de lo que se dijera en público, Al Haig y sus colegas habían venido para mediar. Él intentaba tranquilizarme en cuanto a la postura de Estados Unidos. Me dijo que EE. UU. no era imparcial, pero que tenía que tener cuidado con su imagen. El ministro de Exteriores de Argentina había indicado que quizá aceptarían la ayuda soviética, lo cual causaba enorme malestar a los norteamericanos. En su opinión, las setenta y dos horas siguientes serían el mejor momento para una negociación en lo que respectaba a los argentinos. Nos dijo que había decidido visitar Gran Bretaña en primer lugar porque no deseaba viajar a Buenos Aires sin comprender plenamente nuestra posición.

Aquello fue una señal para mí. Dije al señor Haig que el asunto iba muchos más lejos que una disputa entre el Reino Unido y Argentina. El uso de la fuerza para capturar un territorio disputado constituía un precedente peligroso. En aquel sentido, las Malvinas importaban a muchos países: a Alemania, por ejemplo, debido a Berlín Occidental; a Francia, debido a sus posesiones coloniales; a Guyana porque gran parte de su territorio era reivindicado por Venezuela. (Más tarde la FCO me elaboró un informe preparatorio para la cumbre del Grupo de los Siete que se celebraría en Versalles, donde se relacionaban las disputas territoriales vigentes: era un documento muy largo). En Gran Bretaña, conocíamos por experiencia el peligro que supone apaciguar a los dictadores. Por lo que concierne a la Unión Soviética, yo sospechaba que los rusos temían la participación de Estados Unidos en la misma medida en que los norteamericanos temían lo contrario. Quizás Occidente no las tenía todas consigo, pero en igual caso estaban los soviéticos. Me hubiera sorprendido que intervinieran de forma activa. Pregunté qué presión podrían ejercer los estadounidenses sobre Galtieri. Estaba en juego la reputación de Occidente. Deseábamos resolver el asunto por medios diplomáticos, pero no estábamos dispuestos a negociar bajo presión: la retirada era una condición previa.

Cada vez me quedaba más claro que el señor Haig no sólo estaba intranquilo por evitar lo que él describía como «juicios a priori acerca de la soberanía» sino que apuntaba a algo que era distinto de la administración británica que yo me había comprometido en público a restaurar. Su planteamiento completo se basaba en intentar persuadir a ambas partes de aceptar algún tipo de «administración provisional» neutral, con posterioridad a la retirada de Argentina, que se hiciera cargo de la administración de las islas mientras se decidía su futuro a largo plazo. Hablaba de una presencia estadounidense, o quizá canadiense, durante el transcurso de las negociaciones. Yo indiqué que esto significaría que los argentinos se habían beneficiado del uso de la fuerza. Le dije que la soberanía británica tenía que prevalecer, y la administración británica que restaurarse. Solamente tras haber sucedido esto podría haber una posibilidad de negociaciones, que estarían sometidas a la condición final de que los deseos de los isleños fueran la consideración máxima.

Las conversaciones durante la cena se centraron más o menos en lo mismo. Intenté sondear lo que parecía que el señor Haig estaba proponiendo con respecto a la administración de las islas una vez lograda la retirada argentina. Me respondió con considerable vaguedad: no obstante, a mí me seguía pareciendo que no se trataba de la administración británica a la que estábamos comprometidos.

El señor Haig viajaría a continuación a Buenos Aires para evaluar la posición argentina. Acordó con nosotros una línea común. Ambos diríamos a la prensa que queríamos que la Resolución 502 del Consejo de la ONU se aplicara lo antes posible, y que habíamos estudiado la ayuda que Estados Unidos podría prestar. El había tenido ocasión de escuchar el punto de vista británico en cuanto a la situación y sabía hasta qué punto eran fuertes nuestros sentimientos; pero no debería dar la menor impresión de que nuestra posición había cambiado en cualquier sentido, o de que estábamos mostrando ninguna medida de flexibilidad.

De hecho, es posible que el señor Haig recordara nuestros desacuerdos amistosos de Londres con algo parecido a la nostalgia cuando llegó a Buenos Aires y empezó a intentar negociar con la Junta argentina. Quedó manifiesta la profunda división que reinaba en la propia Junta, y además tanto el general Galtieri como el ministro de Exteriores, señor Costa Méndez, parecían modificar su posición cada hora. En un momento dado, el señor Haig creía haber logrado concesiones, pero cuando estaba a punto de tomar el camino de Inglaterra el Domingo de Pascua, 11 de abril —de hecho, en el momento mismo en que estaba entrando en el avión— el señor Costa Méndez le entregó un papel que parecía abrogar las concesiones que, con razón o sin ella, creía haber logrado.

Yo mantuve conversaciones en Chequers sobre el tema de las Malvinas a lo largo del puente de Semana Santa. El Viernes Santo, Tony Parsons vino a almorzar, y estudiamos la estrategia para las negociaciones. Al día siguiente vinieron Francis Pym, John Nott y Terry Lewin, y también celebramos un almuerzo de trabajo. Me alegro de que Chequers tuviera considerable importancia en el asunto de las Malvinas. Churchill también se había servido de este lugar con bastante frecuencia durante la Segunda Guerra Mundial, y su ambiente colaboró a unirnos.

TERCERA SEMANA

Para el Lunes de Pascua, los primeros buques de la misión especial habían empezado a llegar a la isla Ascensión, a mitad de camino de las Malvinas. El equipo americano regresó a Londres aquella mañana del 12 de abril. En el Número 10 se habían levantado las alfombras para la limpieza anual y parecía que alguien estuviera a punto de cambiar de casa. Sin embargo, esto no era sino una falsa impresión.

Al Haig inició la conversación con su versión oral de las conversaciones de Buenos Aires. Dijo que había podido detectar diferencias en los puntos de vista de las tres Armas de Argentina. La Armada tenía ganas de luchar. Las Fuerzas Aéreas, sin embargo, no deseaban una guerra, y el Ejército de Tierra estaba en algún punto intermedio. El entusiasmo por el combate resultó estar en proporción inversa al espíritu de lucha. Haig había elaborado una serie de propuestas que creía que con el tiempo se lograría que los argentinos aceptaran. Estas propuestas constaban de siete elementos principales:

En primer lugar, tanto Gran Bretaña como Argentina accederían a retirarse de las islas y de una zona circundante específica dentro de un plazo de dos semanas.

En segundo lugar, no se introducirían fuerzas armadas adicionales, y las fuerzas retiradas reemprenderían sus tareas normales. Los argentinos habían manifestado su deseo de un compromiso por nuestra parte en el sentido de que mantendríamos a nuestra fuerza especial fuera del Atlántico Sur en su totalidad, pero Al Haig dijo que les había informado de que esto era imposible, y que creía que quizá podrían quedar satisfechos si el acuerdo estipulaba que las unidades británicas reanudaban sus tareas normales.

En tercer lugar, habría una Comisión, en sustitución del gobernador, compuesta por representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina, que actuarían de forma conjunta (no se especificaba si por unanimidad o por mayoría) para asegurar el cumplimiento del acuerdo. A estos efectos, cada uno de ellos tendría que contar con observadores. Cada miembro de la Comisión podría hacer ondear su bandera en la sede.

En cuarto lugar, se levantarían las sanciones económicas y financieras contra Argentina.

En quinto lugar, la administración local tradicional de las islas se restauraría, restableciéndose los Consejos Ejecutivo y Legislativo, a los que se añadirían representantes argentinos de la minúscula población argentina de las Malvinas. Los argentinos se oponían rotundamente al regreso de nuestro gobernador.

En sexto lugar, la Comisión fomentaría los viajes, el comercio y la comunicación entre las islas y Argentina, pero el Gobierno británico tendría derecho de veto en cuanto a sus operaciones.

Por último, las negociaciones en cuanto a una solución duradera se desarrollarían «a tenor de los objetivos y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas». Por lo que parecía, Estados Unidos había insistido en este extremo a resultas de las referencias que allí se incluían al derecho a la autodeterminación. Aparentemente, los argentinos sólo habrían estado dispuestos a dar su acuerdo a esta parte de las propuestas en el supuesto de que incluyeran una fecha para la conclusión de las negociaciones, se sugirió el 31 de diciembre de 1982.

Por aquel entonces, no intenté responder punto por punto a las propuestas de Al Haig: me limité a reiterar mi creencia en el principio de autodeterminación. Si los habitantes de las Malvinas optaran por unirse a Argentina, el Gobierno británico respetaría su decisión. Pero de manera similar el Gobierno argentino debería estar dispuesto a aceptar un deseo manifestado por los isleños en el sentido de seguir siendo británicos. Entonces los norteamericanos se excusaron durante noventa minutos, tal como habíamos acordado previamente, mientras que nosotros comentábamos las propuestas con los demás miembros del Gabinete de Guerra.

Las propuestas de Al Haig tenían muchas lagunas, pero también algunos puntos atractivos. Si verdaderamente lográramos hacer que las fuerzas argentinas abandonaran las islas accediendo a lo que parecía ser una comisión bastante exenta de poderes, una representación argentina muy limitada en cada consejo —derivada de los residentes locales y no designada por la Junta— y una bandera argentina ondeando junto a las demás en la sede del Gobierno, estas ideas parecían tener algo a su favor. Sin embargo, al efectuar una inspección más rigurosa se hacían evidentes unas dificultades formidables. ¿Qué seguridad existiría para los isleños tras el período provisional? Sin duda, habría que pedir a Estados Unidos que garantizara que las islas estarían protegidas de una nueva invasión. Y luego estaban las realidades geográficas ineludibles. Los argentinos seguirían estando cerca de las Malvinas; pero si nosotros tuviéramos que retirarnos a las «zonas normales», ¿donde estarían nuestras fuerzas? Teníamos que tener derecho a estar al menos tan cerca como las fuerzas argentinas. A pesar de la referencia general a la Carta de la ONU, seguía sin haber nada que dejara claro que los deseos de los isleños habían de tener un peso máximo en las negociaciones finales. Tampoco debía existir la posibilidad de que los argentinos fueran poco a poco creciendo en número en la isla durante el período intermedio con el fin de convertirse en mayoría; esta era una preocupación muy seria, especialmente si nuestra gente empezaba a marcharse, cosa que bien podrían hacer, dadas las circunstancias.

En aquel momento Francis Pym, John Nott y yo nos volvimos a unir a Al Haig. Dije que le estaba muy agradecida por el tremendo trabajo que había realizado, pero que tenía varias preguntas que hacerle. ¿Qué preveían los norteamericanos para el caso de no haberse alcanzado una solución final al 31 de diciembre de 1982? Mi objetivo al hacer esta pregunta consistía en descubrir si Estados Unidos estaba dispuesto a proporcionar una garantía. La respuesta no quedó completamente clara; tampoco fue aclarándose con el transcurso del tiempo. Volví a insistir en la importancia que daba la Cámara de los Comunes al principio de autodeterminación para los isleños. Tendríamos que hacer alguna referencia específica al Artículo 1(2) y al Artículo 73 de la Carta de la ONU sobre este asunto, que consagraban el principio de la autodeterminación. Sin embargo, reconocíamos que Argentina glosaría el acuerdo desde una perspectiva distinta a la del Gobierno británico. Al Haig aceptó este extremo.

En cuanto al asunto de su bandera, dije a Al Haig que podía ondear en cualquier lugar salvo en la casa del gobernador. Dijo que para los argentinos el asunto del gobernador era un tema clave: deseaban mantener en la isla al gobernador que habían nombrado tras la invasión en calidad de miembro de la comisión. Dije que, si lo hacían, el gobierno británico tendría que nombrar a Rex Hunt como su miembro de la comisión. También planteé el asunto de las islas Georgias del Sur, donde Gran Bretaña ostentaba titularidad absoluta, situación bastante distinta a la de su reivindicación en las Malvinas. Al Haig consideró que no había ningún problema en este sentido. (Posteriormente, lamentaríamos haber introducido a las islas Georgias del Sur en las primeras propuestas. Sin embargo, en aquel momento parecía existir una posibilidad de ahuyentar a los argentinos sin presentar batalla, y ellos mismos habían ocupado la isla mayor poco después de su invasión de las Malvinas).

Sin embargo, el asunto de interés principal siempre sería el militar. Yo sabía que el único motivo por el que los argentinos estaban dispuestos a negociar era su temor de nuestra misión especial. Recalqué el hecho de que, aunque los submarinos británicos en la zona desmilitarizada se marcharan a medida que se fueran retirando las fuerzas argentinas, la misión especial británica debería seguir su rumbo en dirección sur, aunque no penetraría en la zona desmilitarizada. Esto era esencial: no podíamos permitirnos que los argentinos efectuaran una segunda invasión. Una concesión que quizá yo estaría dispuesta a hacer sería que la misión especial permaneciera en un punto no más próximo de las Malvinas que aquel en el que estuvieran situadas las fuerzas argentinas. Este sería el mínimo aceptable para el Parlamento.

Poco después levantamos la sesión para almorzar, y acordamos volver a reunimos aquella tarde, tras haber estudiado las propuestas en detalle y, con el asesoramiento de los funcionarios y de los militares, haber elaborado nuestras propias enmiendas. Mientras tanto, el equipo americano había utilizado una línea directa desde el Número 10 a la Casa Blanca. Según se revela en las memorias de Al Haig, también llamó al ministro de Exteriores argentino, al enterarse de que The New York Times acababa de publicar los términos del documento que el señor Costa Méndez le había entregado en el aeropuerto en Buenos Aires, que no tenían nada que ver con los términos que se nos habían presentado a nosotros. Como es fácil de entender, el señor Haig ahora quería saber si este documento reflejaba las sugerencias del ministro de Exteriores o la última palabra oficial de la Junta.

Nuestros dos equipos volvieron a reunirse una vez más poco antes de las seis de la tarde. Había varios puntos que comentar; de nuevo, el más importante de ellos era la posición de la misión especial. Al Haig dijo que el presidente Galtieri no sobreviviría si, después de haberse comprometido los argentinos a retirarse de las Malvinas dos semanas más tarde, los periódicos británicos continuaban informando que la misión especial seguía su recorrido rumbo Sur. Los norteamericanos no pedían que nuestra flota diera media vuelta, lo que solicitaban era que la flota interrumpiera su viaje una vez que se hubiera alcanzado un acuerdo. Yo le contesté que, de hacer que la misión especial interrumpiera el viaje antes de haberse dado fin a la retirada argentina, yo no duraría mucho en la Cámara de los Comunes. Ni siquiera estaría dispuesta a hacerlo. Yo estaba preparada para dejar que los buques que transportaban a las tropas procedieran a menor velocidad una vez firmado un acuerdo. Sin embargo, la misión especial principal tendría que mantener su ritmo de progreso hacia las Malvinas. No veía ningún motivo para que Argentina se beneficiara en este caso de duda. Estaba dispuesta a dar el alto a la misión especial a la misma distancia de las Malvinas que la que mediaba entre Argentina y las islas; más allá, no podía ir.

El debate continuó hasta muy avanzada aquella tarde. Argentina, a partir del Acuerdo de Comunicaciones de 1971, había deseado que sus ciudadanos tuvieran los mismos derechos de residencia en las islas, de ostentar propiedades y demás, que los habitantes de las Malvinas. Deseaban que la comisión fomentara de manera positiva aquel estado de cosas, y que decidiera en dichos asuntos. Nosotros luchamos contra aquella propuesta, basándonos en el hecho de que la administración provisional no debería modificar la naturaleza de la vida en las islas. Finalmente, acordamos que continuaríamos con unas negociaciones adicionales sobre la base de un texto un tanto confuso. Sin embargo, había algunas condiciones que tendrían que quedar meridianamente claras: las zonas de retirada, el hecho de que el representante argentino en cada consejo tendría que ser un residente local, y de que los argentinos en las islas tendrían que someterse al mismo plazo previo al derecho a voto que los habitantes de las Malvinas.

Sin embargo, aquí no acabó el Lunes de Pascua. Poco antes de las diez de aquella noche, Al Haig me telefoneó para decirme que el señor Costa Méndez le había llamado para decirle que no había ningún motivo para que el secretario de Estado volviera a viajar a Buenos Aires a no ser que en cualquier acuerdo en cuanto a las Malvinas se estipulara que el gobernador sería designado por el Gobierno argentino y que la bandera argentina continuaría ondeando allí. De no ser posible esto, los argentinos tendrían que tener garantías en el sentido de que, al final de las negociaciones con Gran Bretaña, se produciría un reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Malvinas. Al Haig estaba destrozado. Mis sentimientos respecto a estas noticias eran ambiguos, pero no había duda de que no tenía intención alguna de sucumbir ante este tipo de presión. Dije lo siguiente al señor Haig por teléfono:

Si son esas las condiciones usted no podrá volver [directamente a Buenos Aires]; pero hay que hacer saber públicamente que, desde su punto de vista, ellos han establecido esas condiciones, y que a ello se debe el que usted haya dicho «no las podemos aceptar, y por tanto no podemos volver». Pero ha de hacerse saber desde su punto de vista. Y en público.

Al Haig accedió. Evidentemente, estaba muy deprimido.

Tras haber decidido no seguir a Buenos Aires, y para nuestra ligera sorpresa, a la mañana siguiente los norteamericanos solicitaron celebrar otra reunión con nosotros. De manera que nuestros dos equipos se reunieron a primera hora. Para entonces, estaba quedando claro que las propuestas que los norteamericanos nos habían presentado el día anterior no tenían ninguna medida de aprobación argentina. De hecho, la situación de todas estas propuestas era dudosa. Cuanto más estrechamente interrogaba a Al Haig sobre este extremo, menos segura quedaba. Puesto que las propuestas no se habían acordado con los argentinos, a pesar de que las aceptáramos, podrían no formar la base para una solución.

Este hecho quedó dolorosamente evidente durante la reunión de aquella mañana, cuando el señor Haig nos entregó un documento que incorporaba cinco puntos que él describió como esenciales para la posición argentina. Como él mismo dijo, el efecto práctico de las tácticas argentinas fue el de ganar tiempo. A mí siempre me pareció que éste era su objetivo principal en las negociaciones.

Todo esto me estaba impacientando. Dije que en esencia era un asunto de dictadura versus democracia. Galtieri quería ser capaz de reclamar la victoria por la fuerza de las armas. Ahora se trataba de saber si se le podría desviar de este objetivo por medio de las sanciones económicas o, como yo sospeché desde el principio, sólo por la fuerza militar. El señor Haig respondió que había dejado muy claro a Argentina que, en el supuesto de desarrollarse un conflicto, Estados Unidos se pondría del lado de Gran Bretaña. Pero, ¿deseábamos poner fin a las negociaciones hoy? Podría decir en público que iba a suspender sus propios esfuerzos, dejando claro que esta decisión se debía a la intransigencia argentina. Pero, de hacerlo, otras personas menos útiles podrían intentar intervenir. Yo me daba perfecta cuenta de ello y también creía que aquí la opinión pública exigía que no nos diéramos por vencidos en las negociaciones todavía.

Más tarde aquel día, los acontecimientos dieron otro giro extraño. Al Haig habló a Francis Pym sobre el contenido de una discusión adicional que había celebrado por teléfono con el señor Costa Méndez. Aparentemente, los argentinos habían abandonado sus cinco exigencias y se habían alejado considerablemente de su posición previa. El señor Haig creía que había una posibilidad de solución a lo largo de las líneas que habíamos venido debatiendo, si llegábamos a un acuerdo en cuanto a la redacción correspondiente a la descolonización, con sujeción a los deseos de los isleños, incluyendo quizá uno o dos pequeños cambios adicionales para hacer que las propuestas quedasen aún más atractivas. Resultaría que este asunto de la descolonización contenía sus propios peligros específicos, aunque dimos nuestro acuerdo para estudiar un borrador. También nos instó a no ser excesivamente inflexibles en cuanto al asunto de la soberanía. Había resuelto regresar a Washington, y allí decidiría el siguiente paso.

Quedaba claro que el señor Haig tenía mucho interés en mantener en marcha las negociaciones. Sin embargo, ¿se había producido un auténtico cambio de opinión en los argentinos, o estaría viendo él lo que quería ver?

El miércoles 14 de abril era el día programado para un debate adicional en los Comunes sobre el asunto de las Malvinas. Era para mí una oportunidad de detallar nuestros objetivos en las negociaciones y de demostrar al mundo exterior el apoyo unido de la Cámara de los Comunes. Ante la Cámara, pronuncié las siguientes palabras:

En cualquier negociación que se lleve a cabo a lo largo de los días siguientes, nos guiaremos por los siguientes principios. Seguiremos insistiendo en la retirada argentina de las islas Malvinas y sus dependencias. Continuaremos dispuestos a ejercer nuestro derecho a recurrir a la fuerza en defensa propia al amparo del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas hasta que las fuerzas de ocupación abandonen las islas. Nuestra misión especial naval navega hacia su destino. Seguimos confiando plenamente en su capacidad de tomar cualesquiera medidas que puedan ser necesarias. Mientras tanto, su misma existencia y su progreso hacia las islas Malvinas apuntalan nuestros esfuerzos por llegar a una solución diplomática.

Dicha solución ha de salvaguardar el principio de que los deseos de los isleños continuarán siendo la condición de máxima importancia. No hay motivo para creer que preferirían cualquier alternativa diferente al restablecimiento de la administración de la que disfrutaron antes de cometer Argentina una agresión. Podría ser que sus recientes experiencias hubieran hecho cambiar sus posiciones en cuanto al futuro, pero hasta tanto hayan tenido la oportunidad de manifestar libremente sus puntos de vista, el Gobierno británico no dará por sentado que los deseos de los isleños son distintos de los que eran antes.

Surgieron serias preocupaciones tras mi referencia a la posibilidad de que los isleños hubieran cambiado de opinión en cuanto al futuro gobierno de las Malvinas: nos preocupaba que su moral se viniera abajo y que quizá muchos se marcharan. Podíamos conseguir cierto grado de información acerca de la vida diaria bajo la ocupación a través de los mensajes que llegaban a Londres, pero la imagen distaba mucho de ser completa.

Mientras que el debate continuaba en pie, Al Haig continuaba al teléfono. Los argentinos se quejaban de que Estados Unidos no estaba actuando objetivamente en sus negociaciones con Argentina y con Gran Bretaña, y en especial de que estaba suministrando ayuda militar a Gran Bretaña. Quería hacer una declaración que le permitiera regresar a Buenos Aires para continuar la mediación, acabando con las frases siguientes:

Desde el inicio de la crisis, Estados Unido no ha accedido a solicitudes que irían más allá del ámbito de los modelos habituales de cooperación. Su posición continuaría siendo la misma en tanto en cuanto los esfuerzos de paz siguieran en marcha. La utilización por parte de Gran Bretaña de las instalaciones de EE. UU. en la isla Ascensión se restringiría de manera correspondiente.

Mientras continuó nuestro debate lo comenté con Francis Pym y, media hora después, llamé a Al Haig, que había regresado a Washington.

Yo estaba muy descontenta en cuanto a lo que él quería decir, y se lo hice saber. Por supuesto, se estaba haciendo mucho para ayudarnos. Esto estaba sucediendo dentro de aquellos «modelos habituales de cooperación» que eran de aplicación entre aliados como Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, vincular esto con el uso de la isla Ascensión estaba equivocado y podía dar lugar a confusión. Además, si se pronunciara tal declaración la reacción por parte de la opinión del Reino Unido sería muy negativa.

A continuación, recalqué que Ascensión era nuestra isla, de hecho la isla de la Reina. Los americanos la utilizaban como base: no obstante, como sabía muy bien el secretario de Estado, este uso se basaba en un acuerdo que dejaba muy claro que la soberanía seguía siendo nuestra. Me complace decir que el señor Haig eliminó cualquier referencia a la isla Ascensión de su declaración.

Al día siguiente, Al Haig viajó en avión de Washington a Buenos Aires, para celebrar conversaciones adicionales. Sin embargo, en Londres, lo que más me preocupaban eran las realidades militares. El Gabinete de Guerra se reunió aquella mañana, no en el Número 10 sino en el Ministerio de Defensa. Teníamos que tomar decisiones importantes. Se necesitaban más tropas, que tuvieron que ser enviadas para unirse a la misión especial. Teníamos que estudiar el nuevo borrador que el día anterior habíamos acordado evaluar. (En última instancia, éste no llegó a buen puerto).

También teníamos que elaborar un mensaje para Estados Unidos recalcando la necesidad de que nos ayudaran a aplicar el acuerdo durante aquel período y a asegurarnos de que cuando dicho período venciera los argentinos no intentarían efectuar una nueva invasión. Lamento que no llegáramos muy lejos; los americanos no estaban demasiado dispuestos a aceptar el papel de país garante.

Sin embargo, nuestra principal tarea en el Ministerio de Defensa consistía en una concienzuda sesión de información sobre las realidades militares. Era importante que todos supiéramos exactamente qué fuerzas estaban dispuestas a enfrentarse a nosotros, cuál era su capacidad, los efectos del invierno antártico y, por supuesto, las opciones disponibles. Cualquiera que hubiera tenido la idea de que la misión especial podría efectuar un bloqueo en las Malvinas pronto quedó desengañado. Aparte de las posibles pérdidas de aeronaves —entre los dos portaaviones sólo reunían 20 Harriers— las dificultades de mantener a hombres y equipos en aquellos mares turbulentos eran enormes. Estaba claro que tendríamos un período de dos o tres semanas en el mes de mayo durante el cual podríamos desembarcar sin un número crecido de bajas. Además, se tenían que tomar decisiones en cuanto a qué cantidades adicionales de equipos, aeronaves y tropas se habían de enviar, cómo hacer frente a los prisioneros de guerra, qué hacer en cuanto a las Georgias del Sur, y cuándo. No tendríamos ningún reposo. Lo que es más, estas decisiones tenían que tomarse rápidamente. Pasé mi mirada sobre los jefes de Estado Mayor, y luego sobre mis colegas. Para ellos, había mucha información que absorber. Con la salvedad de John Nott, que por supuesto ya había sido informado en cuanto a las dificultades, parecían un tanto sorprendidos. Para entonces la prensa ya se había enterado de que estábamos en el Ministerio de Defensa, y pedí a todo el mundo que pusiera un gesto confiado al salir.

El viernes 16 de abril, nuestra principal tarea consistió en estudiar y aprobar las normas de combate que serían de aplicación para el tránsito desde la Isla Ascensión, para la zona de 200 millas alrededor de las Georgias del Sur y para los fines de la recuperación de estas islas. Las normas de combate son el medio por el que los políticos autorizan el marco dentro del cual se puede dejar a los militares tomar las decisiones operativas. Tienen que satisfacer los objetivos para los cuales se ha emprendido una operación militar específica. También han de dar a la persona que está sobre el terreno una libertad razonable a la hora de reaccionar según se requiera y de tomar sus decisiones sabiendo que los políticos las apoyarán. De manera que las normas han de quedar claras y deben cubrir todas las eventualidades posibles. Se aprobaron tras un interrogatorio muy cuidadoso por parte de los jefes de Estado Mayor y del Ministro de Justicia, y tras largas discusiones. Después se emitirían muchas otras normas de combate a medida que se pasara a considerar cada nueva fase de la operación. Esta fue la primera vez que cada uno de nosotros tuvo que tomar unas decisiones de este tipo.

El día anterior yo había recibido un mensaje del presidente Reagan, a quien Galtieri había telefoneado aparentemente para decirle que tenía enorme interés en evitar un conflicto. No hubo dificultad alguna en responder. Le dije al presidente:

Observo que el general Galtieri le ha reiterado a usted su deseo de evitar un conflicto. Sin embargo, a mí me parece —y he de decírselo con franqueza, ya que usted es un amigo y un aliado— que él no logra llegar a la conclusión evidente. No fue Gran Bretaña la que violó la paz, sino Argentina. La Resolución del Consejo de Seguridad, que usted y yo hemos firmado, requiere que Argentina retire sus tropas de las Islas Malvinas. Este es el primer paso esencial que se ha de tomar para evitar el conflicto. Cuando se haya tomado, se podrán celebrar conversaciones beneficiosas acerca del futuro de las islas. Cualquier sugerencia para evitar el conflicto por unos medios que dejen al agresor en situación de ocupante, está sin duda seriamente desencaminada. Las implicaciones para otras posibles zonas de tensión y para los pequeños países de todo el mundo serían extraordinariamente graves. Los principios fundamentales que el mundo libre representa se verían destruidos.

El viernes 16 de abril, nuestros dos portaaviones principales, el HMS Hermes y el HMS Invincible, llegaron a la isla Ascensión.

Tras una semana de complejísimas negociaciones, pasé el fin de semana en Chequers. Hice tiempo para un almuerzo privado con amigos, y con un pintor que iba a hacer un paisaje con una vista de la casa y su entorno. Sin embargo, el sábado al anochecer tuve que regresar brevemente al Número 10 para recibir una llamada telefónica del presidente Reagan: hay una línea directa entre Chequers y la Casa Blanca, pero aquel día había problemas técnicos. Me alegré de tener la oportunidad de comentar los temas con el presidente. Me alegró aún más oírle decir que no sería razonable pedirnos que nos aproximáramos más a la posición argentina. Al Haig había encontrado a los argentinos aún más imposibles que durante su primera visita. La Casa Blanca le había dado instrucciones de decir a la Junta que si persistían en su intransigencia se produciría un cese de las conversaciones, y la Administración de EE. UU. dejaría muy claro quién era la parte culpable.

Después de volver de la iglesia el domingo por la mañana, John Nott vino a almorzar; comentamos la situación militar y también la política.

Muy lejos, en el Atlántico, los buques Hermes, Invincible, Glamorgan, Broadsword, Yarmouth, Alacrity y los buques auxiliares de la Marina Real Olmeda y Resource zarparon de la isla Ascensión rumbo al Sur.

Aquel día también llamé a Tony Parsons a su casa de Nueva York para estudiar lo que debíamos hacer, si es que debíamos hacer algo, en las Naciones Unidas. Estábamos en la situación afortunada de disfrutar de un apoyo prácticamente perfecto para nuestra posición, con la Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, el problema consistía en que, puesto que la iniciativa Haig evidentemente estaba llegando a un punto muerto, y puesto que el conflicto militar flotaba amenazador sobre el horizonte, existía el riesgo de que alguna otra instancia tomara una iniciativa y que nos viéramos en una posición difícil y defensiva dentro del Consejo de Seguridad. Podríamos intentar evitar esta posibilidad presentando una resolución por nuestra propia cuenta. Sin embargo, ésta a continuación se vería enmendada en modos que sencillamente no eran aceptables para nosotros. Tony Parsons y yo acordamos que, por el momento, lo mejor que podíamos hacer era mantener nuestra posición e intentar resistir a las presiones, que sin duda irían en aumento.

CUARTA SEMANA

El lunes leí por primera vez los detalles de las propuestas debatidas por Al Haig y los argentinos en Buenos Aires. Al trasladárnoslas, el secretario de Estado dijo que su propia decepción en cuanto a este texto le impedía intentar ejercer cualquier influencia sobre nosotros. De hecho, las propuestas eran inaceptables. Cuando más se examinaban, más claro quedaba que Argentina seguía intentando quedarse con lo que había tomado por la fuerza. Los argentinos querían salir con ventaja militar y lograr que nuestras fuerzas se reorganizaran lejos de las islas. Estaban decididos a derrocar la Administración local tradicional insistiendo en que dos representantes del Gobierno argentino figuraran en cada uno de los Consejos de las islas. Querían inundar las islas con su propia gente con el fin de modificar la naturaleza de la población. Por último, no estaban dispuestos a permitir a los isleños decidir si deseaban volver a la administración británica que habían tenido antes de la invasión. Este último punto estaba revestido de un lenguaje hermético, pero la intención quedaba clara. La redacción de su propuesta, más o menos, era así:

El 31 de diciembre de 1982 llegará a su fin el período provisional durante el cual los signatarios concluirán las negociaciones sobre las modalidades correspondientes a la eliminación de las islas de la lista de territorios que carecen de gobierno autónomo bajo el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas, y sobre unas condiciones mutuamente acordadas para su situación definitiva, que incluyan la debida consideración de los derechos de los habitantes y del principio de integridad territorial aplicable a esta disputa…

Esta referencia aparentemente inocua a la eliminación de las islas de la lista correspondiente al capítulo XI eliminaba un regreso al statu quo ante de la invasión y de este modo de hecho negaba a los isleños el derecho a la libre elección de la forma de gobierno bajo la cual habrían de vivir. Muchas palabras para ocultar el simple hecho de que el uso de la fuerza habría logrado el éxito, habría prevalecido la dictadura y habría atropellado los deseos de los isleños. Estas propuestas eran tan pobres que dijimos a Al Haig que no veíamos necesidad de que viniera a Londres desde Buenos Aires, y prometimos transmitirle nuestros comentarios detallados sobre el texto cuando regresara a Washington.

Aquel mismo día recibí un telegrama de Buenos Aires que confirmaba que no había evidencia de que la Junta fuera a ceder en su determinación de asegurarse la soberanía en las islas. Cada cinco minutos, aproximadamente, Radio Argentina repetía la «canción de las Malvinas», que más o menos decía, «Soy tu patria y quizá tengas que morir por mí». Pronto este sentimiento se pondría a prueba: aquel día, el Gabinete de Guerra autorizó la operación para volver a tomar posesión de las islas Georgias del Sur, aunque la recuperación se retrasó un tanto porque nuestros buques llegaron durante una tempestad de fuerza 11 que duró varios días.

Al Haig solicitó que Francis Pym viajara a Washington para comentar nuestras opiniones acerca del texto argentino, y yo di mi aprobación a este viaje. Francis envió por adelantado nuestros comentarios detallados y las enmiendas esenciales al texto de Buenos Aires. Acordamos que se guiaría por estas contrapropuestas durante su visita. También intentaría obtener una garantía norteamericana en relación con la seguridad de las islas. Lamentablemente, durante las preguntas que se produjeron tras una declaración ante los Comunes al día siguiente, Francis dio la impresión de que no se usaría la fuerza en tanto en cuanto continuaran las negociaciones. Ésta era una posición que para nosotros resultaba imposible de adoptar, ya que permitía que los argentinos nos hicieran seguirles indefinidamente; más tarde, tuvo que regresar a la Cámara para efectuar una breve declaración en la que retiraba el comentario.

También el miércoles notificamos a Al Haig, vía Nico Henderson, que se había tomado una decisión firme de recuperar las islas Georgias del Sur en un futuro próximo. El señor Haig manifestó su sorpresa y preocupación. Preguntó si nuestra decisión era definitiva: yo confirmé que así era. Le estábamos informando, no estábamos consultándole. Más tarde, dijo a nuestro embajador que creía que tendría que dar a la Junta argentina una notificación previa de la operación que teníamos intención de llevar a cabo. Quedamos horrorizados. Nico Henderson le convenció de que se lo pensara mejor.

Francis Pym pasó el jueves en Washington, comentando nuestras propuestas con Al Haig. No llegó muy lejos en sus intentos de convencerle de la idea de una garantía norteamericana. Los norteamericanos no parecían estar preparados a plantearse nada que fuera más allá del período provisional. Tampoco, como yo pronto sabría, tuvo éxito a la hora de transmitir el resto de nuestras ideas. Mis propios pensamientos, sin embargo, estaban en otro lugar. Me preocupaba tremendamente lo que estaba sucediendo en las islas Georgias del Sur.

Aquel jueves al anochecer, John Nott y el jefe de Estado Mayor de Defensa vinieron a Downing Street para darme noticias urgentes. Nuestras fuerzas especiales habían desembarcado en el glaciar Fortuna en las islas Georgias del Sur para llevar a cabo una misión de reconocimiento. El primer intento se tuvo que abandonar debido a los fuertes vientos y nevadas. Durante una ligera mejoría provisional de las condiciones atmosféricas, nuestros hombres lograron su objetivo y saltaron a tierra. Sin embargo, las condiciones atmosféricas empeoraron rápidamente, con unas ráfagas de viento del sudoeste de velocidad superior a los 70 nudos. Su posición desprotegida sobre el glaciar llegó a hacerse intolerable y enviaron un mensaje al HMS Antrim solicitando ser rescatados por helicópteros. El primer helicóptero llegó, pero, cegado su piloto por la nieve, se estrelló. Un segundo helicóptero sufrió el mismo destino. El Ministerio de Defensa desconocía si se habían sufrido bajas. Fue un inicio terrible y perturbador para la campaña.

Con gran pesar, me cambié de ropa para acudir a una cena benéfica en la Mansion House durante la cual yo sería la principal oradora. ¿Cómo podría ocultar mis sentimientos? Me permití preguntarme si la tarea que habíamos emprendido sería verdaderamente imposible. Pero en el momento mismo en que llegaba al pie de las escaleras del Número 10, disponiéndome a marchar, Clive Whitmore, mi secretario privado principal, salió corriendo de su despacho para darme más noticias. Un tercer helicóptero había aterrizado en el glaciar, recogiendo a todos los hombres, entre ellos a las tripulaciones completas de los dos helicópteros. Nunca supe cómo logró hacerlo aquel piloto. Tuve ocasión de conocerle algunos meses después: era una persona totalmente modesta y discretamente profesional. Su único comentario fue que jamás había visto su helicóptero tan lleno de gente. Aquella noche, al salir del Número 10 para dirigirme a la cena, me parecía andar por las nubes. Todos nuestros hombres habían sobrevivido.

El viernes 23 de abril dimos un aviso general a Argentina en el sentido de que cualquier maniobra de aproximación por parte de sus buques de guerra, submarinos o aeronaves que pudiera representar una amenaza para las fuerzas británicas en el Atlántico Sur se consideraría como una maniobra hostil y recibirían un trato acorde. Más tarde aquel mismo día fui a Northwood, desde donde las operaciones militares y toda la logística se estaban dirigiendo. Era fascinante observar cómo se aplicaban las decisiones. Almorcé en casa del almirante Fieldhouse y su esposa, Midge, antes de regresar al Número 10.

Para entonces Francis Pym estaba de regreso de Estados Unidos con nuevos borradores de propuestas.

El sábado 24 de abril sería uno de los días más cruciales en la historia de las Malvinas, y un día crítico para mí personalmente. A primera hora de aquella mañana, Francis vino a mi despacho en el Número 10 para contarme los resultados de sus esfuerzos. Sólo puedo describir el documento con el que regresó como una rendición condicional. Al Haig era un persuasor de mucha fuerza y cualquiera que ocupara el lado opuesto de la mesa tenía que hacerle frente, no que ceder terreno. Resultaba evidente que el señor Haig había jugado con la inminencia de las hostilidades y el riesgo de que Gran Bretaña perdiera apoyo internacional en el supuesto de estallar las hostilidades. Le dije a Francis que los términos eran del todo inaceptables. Despojarían a los habitantes de las Malvinas de su libertad, y a Gran Bretaña de su honor y del respeto de los demás. Francis no estaba de acuerdo. Opinaba que deberíamos aceptar el contenido del documento. No pudimos ponernos de acuerdo.

Se había convocado una reunión del Gabinete de Guerra para aquel atardecer, y yo pasé el resto de aquel día comparando en detalle todas las distintas propuestas que se habían planteado hasta aquel momento dentro de las actividades diplomáticas. Cuanto más de cerca estudiaba el asunto, más claro me resultaba que se estaba abandonando nuestra posición y se estaba traicionando a los habitantes de las Malvinas. Pedí al ministro de Justicia que viniera al Número 10 y las estudiara conmigo. Sin embargo, el mensaje se extravió y el ministro se fue al Foreign Office. Menos de una hora antes de la reunión del Gabinete de Guerra recibió el mensaje por fin, y vino a verme, confirmando todos mis peores temores.

Resulta importante comprender que lo que a un ojo inexperto podrían parecerle a primera vista variaciones poco importantes de redacción entre un texto diplomático y otro pueden tener un significado vital, como sucedía en este caso. Había cuatro textos principales que someter a comparación. Estaban las propuestas que Al Haig comentó con nosotros y llevó a Argentina el 12 de abril. Nuestra propia actitud hacia éstas se había dejado deliberadamente en nebulosa: aunque las había comentado con nosotros en detalle, no nos habíamos comprometido a aceptarlas. Luego estaban las propuestas de todo punto imposibles que trajo consigo el señor Haig tras su visita a Buenos Aires el 19 de abril. El 22 de abril enmendamos estas propuestas de forma aceptable para nosotros; a Francis Pym se le había instruido que negociase sobre esta base. Para finalizar, había una última redacción que Francis trajo de Estados Unidos, que era aquella con la que entonces me estaba enfrentando. Las diferencias entre los textos del 22 y el 24 de abril daban en el clavo de la razón por la que estábamos dispuestos a hacer la guerra por las Malvinas.

En primer lugar, estaba el asunto de hasta dónde y con qué rapidez se retirarían nuestras fuerzas. Al amparo del texto que había traído Francis Pym, nuestra misión especial tendría que haberse alejado aún más de lo indicado en las propuestas de Buenos Aires. Aún peor era el hecho de que todas nuestras fuerzas, incluso los submarinos, tendrían que abandonar las zonas definidas en un plazo de siete días, lo cual nos despojaba de cualquier influencia militar eficaz sobre el proceso de retirada. ¿Qué pasaría si los argentinos se retractaban? Además, la misión especial tendría que dispersarse completamente al cabo de 15 días. Tampoco había modo alguno de asegurarse de que las tropas argentinas cumplieran con la estipulación de que tuvieran «menos de siete días de disposición para una nueva invasión» (aunque no sé muy bien lo que esto quería decir).

En segundo lugar, las sanciones contra Argentina se abandonarían tan pronto como se firmara el acuerdo, en lugar de como se decía en nuestra propuesta, una vez consumada la retirada. De esta manera, perdíamos el único otro medio que teníamos para cerciorarnos de que la retirada argentina fuese efectiva.

En tercer lugar, por lo que concierne a la Autoridad Provisional Especial, el texto volvía a la propuesta de Buenos Aires de dos representantes del Gobierno argentino en los Consejos de las islas, al igual que al menos un representante de la población argentina local. Además, se volvía a la redacción correspondiente a la residencia y la propiedad argentinas que de hecho les habrían permitido inundar de argentinos a la población existente.

Igualmente importante era la redacción correspondiente a las negociaciones a largo plazo tras la retirada argentina. Al igual que sucedía en el documento de Buenos Aires, el de Francis Pym descartaba la posibilidad de un regreso a la situación de la que disfrutaban los isleños antes de la invasión. Habríamos ido en contra de nuestro compromiso con el principio de que los deseos de los isleños eran de vital importancia, y habríamos abandonado toda posibilidad de que siguieran con nosotros. ¿Se daba cuenta Francis de a cuánto había renunciado con su firma?

A pesar de la claridad con la que había manifestado mis puntos de vista aquella mañana, Francis presentó un documento al Gabinete de Guerra recomendando que se aceptaran estos términos. Aquella tarde, poco antes de las seis de la tarde, los ministros y los altos funcionarios empezaron a reunirse en el exterior de la Sala del Consejo. Francis estaba allí, ocupado en solicitar su apoyo. Pedí a Willie Whitelaw que subiera a mi despacho. Le dije que no podía aceptar estos términos, y le manifesté mis motivos. Como siempre en ocasiones cruciales, respaldó mi decisión.

Comenzó la reunión; Francis Pym presentó su documento, en el que recomendaba que diéramos nuestro acuerdo al plan. Sin embargo, cinco horas de preparativos por mi parte no habían caído en saco roto. Analicé el texto, cláusula por cláusula. ¿Qué quería decir en realidad cada punto? ¿Por qué habíamos aceptado ahora lo que antes se había rechazado? ¿Por qué no habíamos insistido como mínimo en la autodeterminación? ¿Por qué habíamos aceptado una inmigración y una adquisición de propiedad argentinas prácticamente ilimitadas, en igualdad de condiciones con la situación correspondiente a quienes ya eran isleños de las Malvinas? El resto del comité compartía mi punto de vista.

Fue John Nott quien dio con la forma de seguir adelante. Propuso que no efectuáramos comentario alguno sobre el borrador, sino que solicitáramos al señor Haig que se lo presentara previamente a los argentinos. Si lo aceptaban, sin duda experimentaríamos dificultades: no obstante, podríamos entonces plantear el asunto al Parlamento a la luz de su aceptación. Si los argentinos lo rechazaban —y creíamos que así lo harían, ya que la retirada le resulta prácticamente imposible a cualquier Junta—, podríamos instar a los norteamericanos a ponerse firmemente de nuestro lado, como Al Haig había indicado que harían en tanto en cuanto no interrumpiéramos las negociaciones. Esto fue lo que se decidió. Envié un mensaje al señor Haig:

Todo el asunto se inició con una agresión argentina. Desde entonces, nuestro objetivo conjunto ha sido asegurar la pronta retirada por parte de los argentinos de acuerdo con la Resolución del Consejo de Seguridad. Pensamos, por tanto, que el paso siguiente debería ser que usted les plantee sus ideas más recientes. Espero que usted intente obtener la opinión que merecen al Gobierno argentino mañana, y que decida con toda urgencia si las pueden aceptar. Un conocimiento de la actitud de ellos será importante para la consideración que las ideas de usted le merezcan al Consejo de Ministros británico.

Y así pasó una gran crisis. Yo no podría haber seguido siendo primera ministra de haber aceptado el Gabinete de Guerra las propuestas de Francis Pym. Habría dimitido.

Al día siguiente, aquel razonamiento difícil y decisivo tuvo como continuación la recuperación de las islas Georgias del Sur. En Grytviken se avistó un submarino argentino sobre la superficie; nuestros helicópteros lo atacaron con éxito y quedó inmovilizado. Un cierto capitán Astiz había estado al mando de la guarnición argentina de allí. Su captura nos causaría problemas: tanto Francia como Suecia le buscaban por asesinato. Fue trasladado a Ascensión por vía aérea y a continuación transportado a Gran Bretaña, pero se negó a responder a las preguntas; debido a las estipulaciones de la Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra, al final y de mala gana, tuvimos que devolverle a Argentina.

Aquella misma tarde tuve noticias de nuestro éxito en las islas Georgias del Sur. Se concertó una audiencia con la Reina para aquella noche en Windsor. Me alegró poder informarle personalmente de que se había recuperado una de sus islas. Regresé a Downing Street para esperar la confirmación de la anterior señal y la divulgación de la noticia. Quería que John Nott tuviera la oportunidad de anunciarla personalmente, por lo cual le pedí que viniera al Número 10. Entre él, el funcionario de prensa del Ministerio de Defensa y yo, redactamos la nota de prensa; luego fuimos a dar la grata noticia.

Un comentario mío fue mal interpretado, a veces de manera intencionada. Una vez que John Nott hubo efectuado su declaración, los periodistas intentaron hacer preguntas. «¿Qué pasará a continuación, señor Nott? ¿Vamos a declarar la guerra a Argentina, señora Thatcher?». Parecía que preferían insistir sobre estos asuntos en lugar de informar sobre unas noticias que habrían hecho subir la moral de la nación y dado nuevo aliento a los habitantes de las Malvinas. La situación me irritó, e intervine para frenarles: «Limítense a regocijarse con las noticias y a dar la enhorabuena a nuestras fuerzas y a la infantería de marina… Regocíjense». Lo que yo quería decir era que deberían regocijarse por la recuperación sin derramamiento de sangre de las islas Georgias del Sur, no por la guerra en sí. Para mí, la guerra no es un motivo de regocijo. Sin embargo, había quienes decían lo contrario.

En aquel momento nos causaba preocupación el hecho de que la prensa, y probablemente parte del público, empezaba a dar por sentado que sólo sería cuestión de días el que recuperáramos las Malvinas, y que esta acción sería tan rápida como la recuperación de las Georgias del Sur. Sabíamos que esto distaba mucho de ser verdad. De hecho, aquel mismo día los últimos buques anfibios necesarios para desembarcar zarparon de Gran Bretaña. Encabezados por el buque de asalto HMS Intrepid, estaban los buques de transporte Normland y Europic, que transportaban al Segundo Batallón del Regimiento de Paracaidistas, y el buque contenedor Atlantic Conveyor, cargado de provisiones vitales.

QUINTA SEMANA

El lunes 26 de abril el Gabinete de Guerra acordó declarar una Zona de Exclusión Total con un radio de 200 millas náuticas así como las normas de combate que serían de aplicación al mismo. La presión militar sobre Argentina iba progresivamente en aumento. Esta Zona de Exclusión Total era más amplia que la anterior al incluir aeronaves además de buques; la misión especial pronto estaría lo suficientemente cerca de las Malvinas como para poder aplicarla y correr a su vez el riesgo de un ataque aéreo. Una de las prioridades consistía en cerrar el campo de aviación de Port Stanley.

A nivel nacional, la aparente inminencia del conflicto militar a gran escala empezó a hacer vacilar en su determinación a aquellos cuyo compromiso con la recuperación de las Malvinas siempre había sido más débil de lo que parecía. Algunos miembros del Parlamento parecían desear que las negociaciones continuaran indefinidamente. Tuve que plantear a la nación la realidad de la situación. Durante el período de preguntas al primer ministro, declaré lo siguiente:

He de recalcar que va quedando poquísimo tiempo, a medida que la misión especial se va aproximando a las islas. Han transcurrido tres semanas desde la fecha de la Resolución 502 del Consejo de Seguridad. No podemos contar con una amplia gama de posibilidades ni con una amplia gama de opciones militares, con la misión especial en el clima inhóspito y tempestuoso de aquella zona.

Me manifesté en el mismo sentido durante una entrevista en directo, aquella noche, en Panorama:

He de tener en mente los intereses de nuestros muchachos que van a bordo de aquellos buques, y de nuestra infantería de marina. Tengo que velar por la seguridad de sus vidas; tengo que cerciorarme de que logren hacer aquello que decidamos que hagan en el mejor momento posible, y con un mínimo de riesgos para ellos.

También aproveché la oportunidad para decir de forma clara exactamente por qué estábamos luchando:

Yo estoy defendiendo el derecho a la autodeterminación. Estoy defendiendo nuestro territorio. Estoy defendiendo a nuestro pueblo. Estoy defendiendo el derecho internacional. Estoy defendiendo todos aquellos territorios —aquellos pequeños territorios y pueblos que hay por todo el mundo— que, a no ser que alguien se levante y diga a un invasor «basta, pare»… estarían en peligro.

Desgraciadamente, las fisuras que en aquel momento estaban apareciendo en el Partido Laborista corrían el riesgo de ir a más de resultas de lo que estaba sucediendo en las Naciones Unidas. El secretario general de la ONU empezaba a involucrarse más, conforme se iba atascando la mediación de Haig. Un discreto llamamiento efectuado por el señor Pérez de Cuéllar a ambos lados —que parecía implicar que nosotros, al igual que Argentina, habíamos fracasado a la hora de cumplir con la Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU— fue aprovechado por Denis Healey y Michael Foot. Tuve un serio enfrentamiento con el señor Foot durante las preguntas al primer ministro del jueves 27 de abril, en relación con el asunto de nuestro regreso a las Naciones Unidas. De hecho, el secretario general comprendió la situación rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Nosotros mismos habíamos estado considerando si una oferta por parte del presidente de México, López-Portillo, en el sentido de proporcionar un foro para las negociaciones, podría resultar productiva. Sin embargo, Al Haig no deseaba que la aceptáramos, y dudo si los mexicanos de hecho habrían llegado a proponer la fórmula más sencilla y más satisfactoria que deseábamos.

Al Haig tenía su propio lote de problemas diplomáticos. Su alocución ante una reunión de la Organización de Estados Americanos en la que se justificaba la posición de Estados Unidos en cuanto a las Malvinas y a Argentina había sido acogida con un silencio total. El ministro de Exteriores argentino, furioso ante el hecho de que las islas Georgias del Sur habían sido recuperadas, se había negado públicamente a verle, a pesar de que en privado se habían mantenido en contacto.

Dadas las circunstancias, Al Haig no podía volver a Buenos Aires, lo cual, desde nuestro punto de vista, era probablemente mejor. De nuevo había modificado las propuestas comentadas con Francis Pym en Washington, y ahora las transmitió al Gobierno argentino. El señor Haig dijo a la Junta que ninguna enmienda era permisible, e impuso un límite de tiempo estricto para su respuesta, aunque posteriormente no estuvo dispuesto a ceñirse a esta posición. Por su parte, la Junta estaba decidida a ganar tiempo. Al Haig hizo una llamada telefónica a Francis Pym durante la tarde del miércoles 28 de abril para decir que seguía sin noticias de Buenos Aires. Tanto Francis como Nico Henderson continuaron insistiéndole para que dijera en público que los argentinos eran los responsables del fracaso de su mediación, y que Estados Unidos nos apoyaba abiertamente.

Durante la reunión del Consejo del jueves 29 de abril, debatimos la prolongada incertidumbre. El plazo concedido a los argentinos para su respuesta había transcurrido, pero ahora el señor Haig hablaba de la posibilidad de que los argentinos enmendaran las propuestas de él. ¿Cómo acabaría todo esto?

Después de la reunión del Consejo envié un mensaje al presidente Reagan en el que decía que, en nuestra opinión, ahora tenía que considerarse que los argentinos habían rechazado las propuestas norteamericanas. De hecho, más tarde aquel mismo día, los argentinos rechazaron formalmente el texto norteamericano. Entonces el presidente Reagan respondió a mi mensaje en estos términos:

Estoy seguro de que usted está de acuerdo en que ahora resulta esencial dejar claro a todo el mundo que se tomaron todas las medidas para lograr una solución justa y pacífica, y que al Gobierno argentino se le ofreció una opción entre tal solución y unas hostilidades adicionales. Por tanto, haremos pública una descripción general de los esfuerzos que hemos llevado a cabo. Aunque describiremos la propuesta de EE. UU. en términos generales, no la divulgaremos, debido a las dificultades que podría plantearles a ustedes. Reconozco que, aunque usted considera que la propuesta implica unas dificultades fundamentales, no la ha rechazado. No permitiremos que quede ninguna duda de que el Gobierno de Su Majestad colaboró con nosotros de buena fe y no tuvo ninguna opción sino la de proceder a la acción militar basada en el derecho a la propia defensa.

Este texto era muy satisfactorio. Deseábamos una declaración muy clara en el sentido de que los argentinos eran los culpables del fracaso de las negociaciones. Sin embargo, no deseábamos enturbiar las aguas revelando todos los detalles de unas propuestas que en verdad eran fundamentalmente inaceptables para nosotros, ni deseábamos tampoco implicar que habíamos aceptado las propuestas de Haig.

Sin embargo, había un inconveniente. Se trataba de que, una vez que la mediación de Haig hubiera llegado oficialmente a su fin, aumentaría bruscamente la presión para hacernos volver a la ONU, donde nos tendríamos que enfrentar con múltiples dificultades. De hecho, Tony Parsons nos advirtió de que, una vez que estuviéramos nuevamente en el Consejo de Seguridad, no habría modo alguno de evitar que se nos hiciera un llamamiento inaceptable a la interrupción de los preparativos militares y a la aceptación de los buenos oficios del secretario general. Esto significaría que tendríamos que hacer uso de nuestro veto, cosa que deseábamos evitar. De hecho, aunque esta evaluación era correcta, la cosa no llegó a un punto decisivo hasta el mes siguiente. Tuvimos mucha suerte de que no sucediera antes.

El viernes 30 de abril marcó el fin del principio de nuestra campaña diplomática y militar para recuperar las Malvinas. Ahora Estados Unidos manifestó claramente que estaba de nuestro lado. El presidente Reagan dijo a los corresponsales de televisión que los argentinos habían recurrido a la agresión armada y que no se debía permitir que tal agresión triunfara. Lo más importante fue que el presidente también indicó que Estados Unidos respondería positivamente las solicitudes de material militar. Lamentablemente, no estaban dispuestos a dar su acuerdo a un embargo a las importaciones de Argentina. Sin embargo, las declaraciones del presidente supusieron una considerable inyección moral para nuestra posición.

Fue este día cuando la Zona de Exclusión Total entró en vigor. A pesar de que los asuntos diplomáticos y militares seguían estando inextricablemente entrelazados, es de justicia decir que a partir de entonces fue la esfera de lo militar más que la de la diplomacia la que en cada vez mayor medida era objeto de nuestra atención. Durante la reunión del Gabinete de Guerra de aquella mañana, la causa de nuestra preocupación fue el portaaviones argentino, 25 de Mayo. Podía cubrir una distancia de 500 millas en un día, y sus aeronaves podían cubrir 500 millas adicionales. Sus buques escolta transportaban misiles Exocet, suministrados por Francia en la década de 1970. Todos nos dábamos cuenta de que la amenaza de los Exocet se tenía que tomar en serio. Aumentaba el peligro que planteaba el grupo de portaaviones argentinos para nuestros buques y sus líneas de suministro. Por tanto, autorizamos un ataque al portaaviones, estuviera donde estuviera, siempre y cuando se hallara al sur de los 35 grados de latitud y al este de los 48 grados de longitud, y fuera del límite de 12 millas de las aguas territoriales de Argentina. Tal ataque se basaría en el derecho a la defensa propia, y quedaría cubierto por el Artículo 51 de la Carta de la ONU; según la notificación que se había efectuado el 23 de abril, no se necesitaba ningún aviso adicional.

Aquella tarde tuve que dirigirme a un mitin muy numeroso en la circunscripción de Stephen Hastings en Milton Hall, en Berdfordshire. Tanto Stephen como Alan Lennox-Boyd hablaron admirablemente. Yo recibí una estupenda acogida. Ninguno de los presentes dudaba en absoluto de la justicia de nuestra causa, ni del hecho de que con el tiempo lograríamos la victoria. Me sentía orgullosa y emocionada; sin embargo, también sentía la carga aplastante de la responsabilidad. Sabía que la misión especial penetraría en las aguas que rodean a las islas Malvinas al día siguiente.

CAPÍTULO VIII

Las Malvinas: victoria

La batalla de las Malvinas, mayo y junio de 1982

Desde principios de mayo hasta la recuperación de las Malvinas a mediados de junio, las consideraciones militares cobraron una importancia cada vez mayor en mi mente. Pero esto no supuso que se aliviara la insistencia para que negociáramos; nada más lejos. Me encontraba bajo una presión casi intolerable en favor de la negociación por la negociación, debido a que tantos políticos estaban desesperadamente preocupados por evitar el uso de la fuerza, como si los argentinos no hubieran empleado ya la fuerza al invadir las islas. En momentos como aquellos todo y todos parecen conspirar para desviarte del camino que sabes que debes seguir.

Sin embargo, nunca pude permitirme hacer caso omiso del esfuerzo diplomático, ya que de él dependía el tan duramente ganado apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU a favor de la Resolución 502, y lo que es más importante, el grado de apoyo que pudiéramos recibir de nuestros aliados, sobre todo Estados Unidos. Y la presencia constante del inevitable miedo a lo desconocido. ¿Tendríamos suficiente cobertura aérea? ¿Dónde estaban los submarinos argentinos? ¿Podríamos alcanzar la posición militar y diplomática necesaria para lograr el desembarque dentro del estrecho plazo que nos imponía el comienzo del invierno del Atlántico Sur, con su clima intolerable?

Mientras desayunaba en Milton Hall me llamaron para comunicarme que nuestros Vulcans habían bombardeado la pista de aterrizaje del aeropuerto de Port Stanley. Nuestro destacamento naval también bombardeaba posiciones argentinas en otros lugares de las Malvinas. Se me informó de que hasta el momento no había bajas británicas, pero que pasarían muchas horas antes de que los Vulcans —tras un vuelo maratón con cinco operaciones de repuesto en el aire— estuvieran de vuelta en Ascensión Island. De hecho, todos regresaron sanos y salvos. La operación de repuesto pareció una hazaña prodigiosa en su momento, aunque más adelante proezas como ésta se llegaron a dar casi por sentado.

Ese día la Fuerza Aérea argentina lanzó un importante ataque contra nuestros barcos. Los argentinos estaban en una posición que les permitía enviar fotografías al mundo exterior, a diferencia de nosotros. Mantenían que muchos de nuestros aviones habían sido derribados, pero en su famosa transmisión Brian Hanrahan, el excelente corresponsal de la BBC, puso las cosas en su sitio cuando dijo: «Estaban todos al despegar y al aterrizar seguían estando todos». Fue un gran alivio. Pero no nos hacíamos ilusiones acerca de la importancia del duro ataque y de la cuestión vital que planteaba respecto a la eficacia de nuestra protección aérea.

El día siguiente, un domingo, que pasé en Chequers, tuvo una gran —aunque, con frecuencia, mal entendida— importancia para el desenlace de la guerra de las Malvinas. Como muchos domingos durante la crisis, los miembros del Gabinete de Guerra, los jefes de Estado Mayor y los funcionarios acudieron a Chequers para comer y reunirse. En esta ocasión había una cuestión especial para la cual yo necesitaba una decisión urgente.

Convoqué a Willie Whitelaw, John Nott, Cecil Parkinson, Michael Havers, Terry Lewin, el almirante Fieldhouse y sir Anthony Acland, secretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores. (Francis Pym estaba en Estados Unidos). El almirante Fieldhouse nos contó que uno de nuestros submarinos, el Conqueror, había estado siguiendo al General Belgrano, un crucero argentino. El Belgrano iba escoltado por dos destructores. Él mismo tenía una considerable potencia de fuego, gracias a sus cañones de 6 pulgadas con un alcance de 13 millas y misiles antiaéreos. Se nos advirtió de que posiblemente estuviera equipado con misiles Exocet antibuque, y se sabía que sus dos escoltas sí disponían de estos misiles. Todo el grupo navegaba en el borde de la Zona de Exclusión. Nos había llegado información acerca de las intenciones agresivas de la flota argentina. El día anterior se habían producido intensos ataques aéreos contra nuestros buques, y el almirante Woodward, al mando del destacamento, tenía muchas razones para creer que se estaba desarrollando una ofensiva a gran escala. Poco antes se había divisado al 25 de mayo, un portaaviones argentino, y habíamos acordado cambiar las normas de combate a fin de hacer frente a la amenaza que presentaba. Sin embargo, nuestro submarino había perdido contacto con el portaaviones, que había logrado escapar en dirección Norte. Era muy posible que el Conqueror también perdiera contacto con el grupo del Belgrano. El almirante Woodward había llegado a una conclusión respecto a lo que se debía hacer con el Belgrano teniendo en cuenta estas circunstancias. Por toda la información disponible, concluyó que el portaaviones y el grupo del Belgrano participaban en un clásico movimiento de tenazas contra nuestro destacamento. Yo tenía claro lo que hacía falta para proteger a nuestras fuerzas, a la vista de la preocupación del almirante Woodward y los consejos del almirante Fieldhouse. Por lo tanto, decidimos que las fuerzas británicas podrían atacar a cualquier buque argentino con las mismas condiciones anteriormente acordadas para el portaaviones.

A continuación aprobamos el envío de refuerzos que se dirigirían a las Malvinas en el QE2. Me sorprendió un poco que la necesidad de refuerzos no hubiera quedado clara antes. Pregunté si realmente era necesario o recomendable usar este barco tan grande y meter a tanta gente dentro, pero en cuanto se me indicó que era necesario para que llegaran a tiempo, di mi consentimiento. Siempre me preocupó que no tuviéramos suficientes soldados y equipo cuando llegara la hora de la batalla final, y repetidas veces me sorprendió que incluso profesionales tan altamente cualificados como los que nos asesoraban con frecuencia subestimaran nuestras necesidades. Al término de la reunión seguíamos angustiosamente preocupados porque aún no se había localizado al portaaviones que podía causar tantos daños a nuestro vulnerable destacamento.

La orden con el cambio de normas de combate se remitió desde Northwood al Conqueror a las 13:30. De hecho, el Conqueror no nos informó de su recepción hasta pasadas las 17:00. Torpedeamos y hundimos el Belgrano justo antes de las ocho de esa tarde. Nuestro submarino se alejó a toda velocidad. Parece ser que, creyendo equivocadamente que ellos serían nuestro próximo objetivo, las escoltas del Belgrano se dedicaron a maniobras antisubmarino, en lugar de rescatar a su tripulación, de la cual murieron unos 321 hombres, aunque inicialmente el número de bajas publicado fue mucho más alto. El hecho de que el barco no estuviera adecuadamente preparado para la batalla aumentó enormemente el número de muertos. En Londres tuvimos noticias de que lo habíamos alcanzado, pero pasaron algunas horas antes de que supiéramos que se había hundido.

En su momento, y bastante tiempo después, circularon muchas tonterías maliciosas y engañosas acerca de las razones por las que hundimos el Belgrano. Se ha demostrado que estas alegaciones no tenían ningún fundamento. Se tomó la decisión de hundir el Belgrano por motivos estrictamente militares, y no políticos: quienes mantienen que intentábamos sabotear una prometedora iniciativa de paz por parte de Perú están muy equivocados. En ese momento quienes tomamos la decisión en Chequers no teníamos ninguna noticia de las propuestas peruanas, que en cualquier caso se parecían mucho al plan de Haig que los argentinos habían rechazado sólo unos días antes. Existía una clara amenaza militar de la cual no podíamos hacer caso omiso sin pecar de irresponsabilidad. Además, los acontecimientos posteriores justificaron sobradamente lo que se hizo. Como resultado de la devastadora pérdida del Belgrano, la flota argentina —sobre todo el portaaviones— regresó a puerto y se quedó allí. A partir de ese momento no volvió a presentar ninguna amenaza seria al destacamento, aunque naturalmente, en su momento no lo sabíamos. El hundimiento del Belgrano resultó ser una de las acciones militares más decisivas de la guerra.

No obstante, el espantoso número de víctimas nos causó muchos problemas, ya que proporcionaba un motivo —o en algunos casos, quizá una excusa— para que algunos de nuestros aliados menos comprometidos abandonaran filas; también aumentó la presión que sufríamos en la ONU. El Gobierno irlandés solicitó la convocatoria de una reunión inmediata del Consejo de Seguridad, aunque tras intensas presiones de Tony Parsons y algunas por parte del secretario general de la ONU, finalmente se les convenció para que suspendieran su petición; sin embargo, no sin que antes el ministro de Defensa irlandés nos describiera como «el agresor». Hubo algunas vacilaciones por parte de los franceses y bastantes más procedentes de los alemanes occidentales, quienes presionaron en favor de un alto el fuego y negociaciones en el seno de la ONU. Por lo demás, el panorama diplomático en el momento del hundimiento del Belgrano ya se estaba volviendo más difícil y complicado.

Ya he mencionado el plan de paz que el presidente de Perú había planteado a Al Haig, y que él a su vez había transmitido a Francis Pym en Washington el 1 y 2 de mayo, aunque no lo vimos hasta más adelante. Con el hundimiento del Belgrano, el señor Haig volvió a ejercer presión, instándonos a la magnanimidad diplomática y expresando su convicción de que fuera cual fuera el desenlace de la campaña militar, debía haber una salida negociada para evitar la hostilidad abierta y la inestabilidad. Para aumentar la confusión, el secretario general de la ONU empezó a perseguir su propia iniciativa de paz, ante la gran irritación del señor Haig.

SEXTA SEMANA

Aumentaron tanto las presiones militares como las diplomáticas. El martes 4 de mayo el destructor Sheffield fue alcanzado por un misil Exocet argentino, con consecuencias devastadoras. La pérdida del Sheffield fue el resultado de una serie de contratiempos y errores, pero demostraba de manera descarnada los riesgos a los que se enfrentaban nuestras fuerzas. El Sheffield era un buque relativamente antiguo, con un radar desfasado: estaba transmitiendo a Londres vía satélite unos momentos antes de que le alcanzara el misil, lo cual interfirió con su capacidad para detectar el ataque con la suficiente antelación como para desviarlo con un señuelo. Además, las puertas contra incendios estaban abiertas y, como supimos por el incendio incontenible que sucedió al impacto del misil, había demasiado aluminio en la estructura. Aunque en un principio el barco no se hundió, fue imposible traerlo de vuelta a casa como yo hubiera querido, debido a las aguas encrespadas, y finalmente se hundió. Al principio se me informó de que había 20 bajas; después 40.

Era muy difícil saber cómo anunciar este tipo de noticia. Nos hubiera gustado informar primero a los familiares más próximos, y de hecho lo intentamos. Pero mientras tanto los argentinos emitían declaraciones —algunas ciertas, otras falsas, pero todas con un fin deliberado— antes de que pudiéramos conocer los hechos reales. Como resultado, algunas esposas y familiares pasaron días y noches de angustia. Ese día también perdimos uno de nuestros Harriers.

Francis Pym ya había regresado de los Estados Unidos. No nos gustaban las propuestas estadounidenses/peruanas que traía, e intentamos que se introdujeran modificaciones importantes, sobre todo para asegurar el respeto a los deseos de los isleños. No obstante, Al Haig no quiso aceptar nuestros cambios ni transmitírselos a los peruanos, dado que pensaba que los argentinos los rechazarían de plano. Recibí un mensaje del presidente Reagan en el que nos instaba a aceptar más concesiones.

En la mañana del miércoles 5 de mayo convoqué primero al Gabinete de Guerra, y después al Consejo de Ministros en pleno para considerar las propuestas estadounidenses/peruanas. Francis Pym opinaba que a la vista de la batalla del Atlántico Sur resultaría perjudicial rechazar lo que de hecho eran las propuestas de Al Haig. Además, como ya he observado, los países de la Comunidad Europea, que en un principio habían mostrado un apoyo muy fuerte, empezaban a flaquear. Las sanciones que habían acordado sólo tenían una vigencia de un mes, y habría dificultades para conseguir que todos aprobaran su renovación.

Sentía un profundo rechazo por las propuestas estadounidenses/peruanas. Al Consejo tampoco les hacían mucha gracia. Pero teníamos que dar alguna respuesta. Yo quería asegurarme que cualquier administración de transición consultaría a los isleños y que se respetarían sus deseos en el acuerdo a largo plazo. También quería que se excluyera a Georgia del Sur y las demás islas dependientes de las Malvinas del alcance de las propuestas. El Consejo se mostró firme respecto a estos objetivos. Acordamos perseguir cambios que estuvieran de acuerdo con nuestros objetivos, y lo conseguimos.

No me gustaba esta presión constante para debilitar nuestra posición. Redacté una carta personal para Ronald Reagan que revelaba quizá demasiada frustración por mi parte, aunque la suavicé antes de enviarla. Pero me consolaba el hecho de que nunca había creído que la Junta estaría dispuesta a retirarse bajo esas condiciones, ni bajo ningunas otras; y efectivamente, los argentinos rechazaron las propuestas estadounidenses/peruanas. En estos momentos la atención se desplazaba cada vez más hacia las propuestas del secretario general de la ONU. Los argentinos enviaron a su ministro de Asuntos Exteriores a Nueva York. Tenían la esperanza de poder explotar la compasión que habían despertado a raíz del hundimiento del Belgrano, y la destrucción del Sheffield les había levantado los ánimos. No faltaban candidatos que propusieran nuevas «iniciativas» —una de las más sorprendentes y menos prácticas fue la que partió del presidente López-Portillo, quien propuso que yo me reuniera con el general Galtieri en México—. Pero yo no tenía intenciones de traicionar a los isleños, y sabía que la Junta argentina no podía retirarse y sobrevivir. Obviamente había pocas perspectivas de una solución diplomática, y sin embargo seguían las aparentemente interminables negociaciones.

Tony Parsons defendió la postura de Gran Bretaña en la ONU con gran fuerza y brillantez. Los argentinos estaban claramente resueltos a conseguir la máxima ventaja propagandística en las nuevas conversaciones auspiciadas por el secretario general de la ONU. Advirtió al señor Pérez de Cuéllar de nuestras experiencias en el pasado a la hora de intentar tratar con la Junta. El secretario general podía esperar que unos acuerdos aparentemente satisfactorios para los representantes argentinos fueran posteriormente rechazados por la Junta; los argentinos estaban empeñados en establecer la soberanía como condición previa a cualquier acuerdo.

Yo no estaba dispuesta a interrumpir los avances militares en favor de las negociaciones. Todos éramos conscientes de que nos acercábamos a un período crítico. Si íbamos a desembarcar y recuperar las islas, habría que hacerlo entre el 16 y el 30 de mayo. No podíamos aplazarlo más debido al tiempo. Esto significaba que las negociaciones en la ONU debían terminar en el plazo de unos diez días. Si tenían éxito y se cumplía con nuestros principios y requisitos mínimos, muy bien. En caso contrario, o si aún se alargaban, tendríamos que seguir adelante, si los jefes de Estado Mayor así lo recomendaban.

Tenía sentimientos encontrados respecto a las negociaciones. Compartía el deseo de evitar otro conflicto sangriento. Hablé de esto por teléfono con Tony Parsons el sábado 8 de mayo. Le pedí que le dijera al secretario general que sería un placer recibirle en Londres. A continuación añadí:

En última instancia, sabes que quizá tengamos que atacar. Digo en última instancia; no tenemos mucho tiempo. Pero siento profundamente […] en primer lugar, que nuestra gente allí vivía con autodeterminación y libertad antes de que esto empezara, y no podemos dejarles en una situación peor. Pero en segundo lugar sé que esto va a ser una espantosa pérdida de vidas jóvenes si realmente nos vemos obligados a tomar esas islas […] Haré todo lo que pueda antes de tomar la decisión final para ver si podemos mantener las normas internacionales y la libertad y la justicia, en las que creo apasionadamente para nuestro pueblo, para ver si podemos impedir una batalla final.

Sin embargo, conforme seguían adelante las negociaciones con los argentinos en Washington, fue resultando cada vez más evidente que no estaban dispuestos a hacer las concesiones que pedíamos. Estaban empeñados en incluir a Georgia del Sur y las demás islas dependientes. Querían negar a los isleños cualquier medio adecuado para expresar sus puntos de vista durante el período de transición. Presionaban en favor de la retirada total por parte de las fuerzas británicas y la vuelta a sus bases en el Reino Unido, lo cual, una vez empezada la batalla por las Malvinas, por supuesto resultaba aún más inaceptable que antes. También querían que ciudadanos argentinos se pudieran instalar allí y adquirir propiedades, a fin de cambiar los términos de la discusión. Estaba claro que las negociaciones fracasarían. Teníamos que asegurarnos de que cuando esto ocurriera los argentinos no lograran cargarnos a nosotros con la culpa. Lo ideal sería concluir las negociaciones de manera definitiva antes de que tuvieran lugar los desembarcos. Obviamente era necesario un ultimátum.

La tarde del domingo (9 de mayo) en Chequers repasamos el panorama diplomático y militar en nuestra reunión habitual. Comentamos el estado de las negociaciones y adonde podrían conducir. También había una cuestión políticamente delicada. Aviones civiles argentinos sobrevolaban nuestras líneas de suministro y sin duda comunicaban sus hallazgos directamente a sus submarinos. Estábamos en nuestro pleno derecho de impedir esto. Pero ¿podíamos estar seguros de que si disparábamos sobre un avión civil resultaría ser argentino? Las características del radar y la trayectoria típica de un avión que realizara labores de vigilancia nos ayudarían a identificar a los que estuvieran en misión de reconocimiento. Pero existía un riesgo evidente de que algo saliera mal. También teníamos que considerar la posibilidad de un ataque sorpresa contra Ascensión Island y nuestras fuerzas allí estacionadas: quizá poco probable, pero potencialmente devastador.

SÉPTIMA SEMANA

Ahora teníamos que mostrarnos firmes ante la presión en favor de acuerdos inaceptables, y a la vez evitar dar una impresión de intransigencia. Envié instrucciones específicas a Tony Parsons sobre nuestra posición respecto a distancias de retirada, administración de transición, la cuestión de la inmigración y la adquisición de propiedades durante el período de transición; también se le instó a que garantizara que los argentinos no se salieran con la suya a la hora de prejuzgar la cuestión de la soberanía: esa era una cuestión que debían de decidir los isleños. Hubo discusiones detalladas acerca de la posición constitucional de una administración de las islas gestionada por las Naciones Unidas. Nuestro punto de vista era que el representante de la ONU sólo podía aplicar la ley, no modificarla. En caso de que deseara esto último tendría que actuar por medio del Consejo Legislativo de las islas. También seguimos presionando en favor de una garantía militar por parte de Estados Unidos para la seguridad de las islas, pero con muy poco éxito. El secretario general de la ONU se mostró algo sorprendido por la firmeza de nuestra actitud. Pero Tony Parsons le expuso los hechos básicos de la disputa. No éramos nosotros quienes habíamos cometido la agresión y, además, habíamos hecho una serie de importantes concesiones. Cualquier acuerdo que diera la impresión de premiar la agresión argentina simplemente no sería aceptado en Gran Bretaña.

No se podía confiar en los argentinos. Por ejemplo, en la cuestión de no prejuzgar la soberanía, su representante decía una cosa al secretario general, mientras que su ministro de Asuntos Exteriores decía todo lo contrario en sus declaraciones públicas. ¿A quién había que creer? La información que nos enviaban los americanos acerca de la actitud de la Junta argentina confirmaba nuestras peores predicciones. Aparentemente no podían ceder en el tema de la soberanía, incluso aunque lo hubieran deseado, debido a la situación política en la que se encontraban en esos momentos. Esto, sin embargo, era su problema, no el nuestro. Mis propios puntos de vista en ese momento se endurecían porque estaba convencida de que ya habíamos cedido demasiado. La Cámara de los Comunes estaba de acuerdo conmigo. En el debate del jueves 13 de mayo los diputados conservadores dieron muestras de su inquietud respecto a nuestras negociaciones. Francis Pym seguía decantándose por una línea más débil que la mía y esto no se recibía con agrado.

En estos momentos Al Haig se encontraba en Europa, y aparentemente su ausencia proporcionó a aquellos miembros de la Administración que estaban de parte de los argentinos una oportunidad para convencer al presidente Reagan de que éramos nosotros quienes estábamos siendo inflexibles. El presidente me telefoneó a las siete menos veinte de esa tarde. Había recibido la impresión de que los argentinos y nosotros estábamos acercando nuestras posiciones negociadoras. Le tuve que informar de que desgraciadamente éste no era el caso. Seguía habiendo importantes obstáculos. En cuanto a las gestiones para la transición, Argentina quería una mayor participación de la que podíamos aceptar, y existían considerables dificultades respecto a la propiedad y la libertad de movimientos. En segundo lugar, estaba la cuestión de Georgia del Sur, donde nuestro derecho era completamente diferente, y estábamos en posesión. Otro problema adicional era que realmente no sabíamos con quién estábamos negociando. Los argentinos intentaban organizar una administración de transición que inevitablemente condujera a la soberanía argentina. Finalmente, no había garantías de que más adelante no volvieran a invadir las islas.

El presidente Reagan había hablado con el presidente de Brasil, que había acudido a Washington. Existía cierta preocupación (totalmente inadecuada) de que estuviéramos preparando un ataque contra la propia Argentina: más allá de si este tipo de ataque tenía algún sentido militar, vimos desde el principio que nos hubiera causado demasiados perjuicios políticos, y por lo tanto, sólo podía resultar contraproducente. El presidente Reagan quería que aplazáramos la acción militar. Dije que no hacía más de un día que los argentinos habían atacado nuestros buques. No podíamos retrasar las opciones militares simplemente debido a las negociaciones. La verdad era que solamente nuestras medidas militares habían provocado una respuesta diplomática, por muy poco satisfactoria que ésta fuera.

Al presidente Reagan también le preocupaba que la lucha se describiera como un enfrentamiento entre David y Goliat, en el que al Reino Unido le tocaba el papel del gigante. Señalé que esto difícilmente podía ser cierto estando a una distancia de 8.000 millas. Recordé al presidente que él no querría que su pueblo viviera bajo el tipo de régimen que ofrecía la Junta militar, así como el largo período de tiempo que muchos de los isleños habían habitado el lugar, y la importancia estratégica de las islas Malvinas si, por ejemplo, se llegaba a cerrar alguna vez el canal de Panamá. Concluí procurando convencerle —creo que con éxito— de que no se le había informado correctamente acerca de las supuestas concesiones de los argentinos. Fue una conversación difícil, pero desde un punto de vista global resultó ser útil. El hecho de que hasta nuestro aliado más próximo —alguien que ya había demostrado ser uno de mis amigos políticos más cercanos— pudiera ver las cosas de esta manera demostraba el grado de dificultad al que nos enfrentábamos.

En la mañana del viernes 14 de mayo se celebraron dos reuniones separadas del Gabinete de Guerra. En una evaluamos detalladamente la posición y las opciones militares. En la otra se trató la situación diplomática. Decidimos puntualizar los términos de nuestro ultimátum para planteárselo a los argentinos, y convocamos a Tony Parsons y a Nico Henderson para que regresaran de Estados Unidos y acudieran a Chequers para tratar esta cuestión durante el fin de semana.

Dos sucesos ocurridos durante ese día y el siguiente me subieron enormemente la moral. En primer lugar, la bienvenida que se me ofreció en la Conferencia del Partido Conservador Escocés en Perth, un evento del que, como ya he dicho anteriormente, siempre disfrutaba. En mi discurso expuse exactamente para qué y por qué estábamos luchando. También dije:

El Gobierno quiere un acuerdo pacífico. Pero rechazamos totalmente una traición pacífica.

El líder del Partido Liberal, David Steel, me acusó de patrioterismo. Qué distantes pueden parecer los políticos en tiempos de crisis: ni el público ni la nación caerían en la trampa de describir en esos términos la determinación de defender la justicia y el honor del país.

En segundo lugar, también tuve noticias del éxito del ataque nocturno efectuado por nuestro SAS y los soldados del Servicio Naval Especial en Pebble Island, al norte de las Malvinas Occidentales, ataque en el que destruyeron los once aviones argentinos que se encontraban en la pista de aterrizaje. Fue una audaz empresa y una muestra indudable de la profesionalidad de nuestras fuerzas. Sin embargo los argentinos hicieron caso omiso.

Ese domingo en Chequers lo dedicamos principalmente a la redacción de nuestras propuestas finales, para que el secretario general se las expusiera a los argentinos. La consideración esencial era que debíamos cerrar el proceso de negociación —idealmente, antes de los desembarcos— pero de manera que no pareciéramos intransigentes. Quedó patente que tendríamos que hacer una oferta muy razonable. Yo lo acepté porque estaba convencida de que los argentinos la rechazarían; además, la propuesta se hacía sobre la base de «lo tomas o lo dejas»: los argentinos tenían que aceptar la oferta en su totalidad, o rechazarla de pleno, y una vez que la hubieran rechazado, la retiraríamos. Estableceríamos un plazo para su respuesta.

Tanto Tony Parsons como Nico Henderson participaron en la redacción. Repasamos cada punto en detalle, trabajando, como siempre, en la mesa rectangular del Gran Salón de la planta de arriba, revisando el borrador cláusula por cláusula. A mano teníamos voluminosas fuentes de referencia sobre la ONU y las leyes sobre la administración de las Malvinas. Endurecimos nuestros términos para la administración de transición, asegurando algo cercano a la autodeterminación para los isleños y negándole cualquier papel al Gobierno argentino. Excluimos totalmente a Georgia del Sur y las demás islas dependientes de las propuestas: Georgia del Sur estaba nuevamente bajo control británico y ya no había posibilidad alguna de incluirla en las negociaciones. Nos referimos al Artículo 73 de la Carta de la ONU, que implica la autodeterminación, para dejar claro que los deseos de los isleños serían de extrema importancia en las negociaciones a largo plazo. Al Gobierno argentino se le exigía que diera una respuesta en las próximas 48 horas y sin ninguna negociación de los términos. Posteriormente este ejercicio también me permitió explicar cada frase del documento a la Cámara de los Comunes para calmar sus comprensibles temores de que posiblemente estuviéramos dispuestos a ceder demasiado.

Para mantener informado al Gobierno de Estados Unidos y asegurar su apoyo en la ONU —lo cual era fundamental— autoricé a Francis Pym para que le comunicara nuestras propuestas a Al Haig esa tarde. Esta fue una sabia decisión; cuando el señor Haig leyó el texto lo describió como justo. El secretario general de la ONU también parecía estar impresionado por la flexibilidad que habíamos mostrado.

Yo misma estaba muy implicada en nuestros intensos esfuerzos diplomáticos por mantener el apoyo a nuestra causa la víspera de lo que sabía que sería una acción militar decisiva. Era de la máxima importancia que los países de la Comunidad Europea mantuvieran sus sanciones contra Argentina, y sin embargo algunos se mostraban vacilantes. Llamé al ministro de Asuntos Exteriores italiano la tarde del domingo, sin resultados.

OCTAVA SEMANA

El lunes 17 de mayo el presidente Mitterrand acudió a Londres para asistir a una serie de conversaciones, y pude presionarle en favor de las sanciones. Esa misma tarde hablé por teléfono con el señor Haughey respecto a la postura irlandesa. No estaba convencida de que esto surtiera mucho efecto, pero había que hacer el intento. De hecho, los ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad, reunidos en Luxemburgo, decidieron mantener las sanciones sobre una base «voluntaria», lo cual no llegaba a ser ideal, pero era mejor que nada.

En la mañana del martes 18 de mayo el Gabinete de Guerra se reunió con todos los jefes de Estado Mayor. Quizá fuera el momento crucial. Teníamos que decidir si íbamos a seguir adelante con el desembarco en las Malvinas; yo pedí a cada jefe militar que expresara su opinión. La discusión fue muy abierta, y las dificultades estaban claras: seríamos vulnerables al desembarcar y, en especial, había dudas sobre si disponíamos de suficiente protección aérea, dado que los barcos británicos serían fácilmente alcanzables en un ataque argentino desde el continente, además se conocerían sus posiciones. No habíamos podido eliminar todos los barcos y aviones argentinos que hubiéramos querido en las semanas previas al desembarco. Y siempre estaba el hecho de que no habíamos sido capaces de localizar a sus submarinos.

Pero también quedaba claro que cuanto más se retrasara la acción, mayor sería el riesgo de pérdidas y peor el estado de nuestras tropas cuando tuvieran que luchar. Las tropas no podían permanecer indefinidamente a bordo de los barcos. Por supuesto, nadie podía cuantificar las bajas por adelantado, pero la conclusión era que las ventajas del desembarco pesaban más que los riesgos del aplazamiento. Ya habíamos acordado las normas de combate. El ataque tendría lugar de noche.

Ninguno dudábamos de lo que había que hacer. Autorizamos el desembarco sobre la base del plan del comandante de las Fuerzas, previa aprobación final del Gabinete. Podría impedirse en cualquier momento hasta las últimas horas del jueves, lo cual nos permitiría considerar a fondo cualquier respuesta a nuestra oferta por parte de los argentinos. De este modo, podría cancelarse o reafirmarse la decisión tras el Consejo de la mañana del jueves. A partir de allí, la coordinación corría por cuenta del propio comandante de las Fuerzas.

No faltaron las presiones de última hora para que hiciéramos más concesiones diplomáticas. Michael Foot me había escrito instándome a más negociaciones. Le contesté que si no lográbamos alcanzar un acuerdo con los argentinos en términos que nos parecieran aceptables tendríamos que decidir cuál sería la siguiente acción militar a emprender, y responderíamos de nuestras decisiones ante la Cámara de los Comunes. También hubo que desanimar al señor Haig para que no presentara otra serie de propuestas que sólo hubieran permitido que los argentinos siguieran ganando tiempo. De hecho, al día siguiente, miércoles, recibimos la respuesta argentina, que en realidad suponía un rechazo global a nuestras propuestas. Nunca pensé que aceptarían. A continuación, retiramos las propuestas. Anteriormente habíamos decidido —por iniciativa de Francis Pym— que tras el rechazo de los argentinos, las publicaríamos, y así lo hicimos el 20 de mayo. Era la primera vez desde que habían comenzado todas las maniobras diplomáticas que cualquiera de las partes hacía pública su postura en las negociaciones, y nuestros términos causaron una buena impresión internacional.

El secretario general hizo un intento de última hora con mensajes dirigidos a mí y al general Galtieri en los que exponía sus propuestas. El jueves por la mañana (20 de mayo) el Gabinete de Guerra se reunió en presencia del Gabinete en pleno. Nuevamente, Francis insistió en que llegáramos a un arreglo, esta vez en el último momento. Sugirió que el aide-mémoire del secretario general era muy parecido a nuestras propias propuestas, y que no se entendería si ahora seguíamos adelante con medidas militares. Pero el hecho era que las propuestas del señor Pérez de Cuéllar eran imprecisas y poco claras; de haberlas aceptado hubiéramos vuelto nuevamente al punto de partida. Hice mi resumen con gran firmeza. No había posibilidad alguna de aplazar el plan militar. Sería nefasto para nuestras fuerzas. Si el tiempo lo permitía, el desembarco seguiría adelante. El Consejo de Guerra, y posteriormente el Gabinete en pleno, manifestó su acuerdo.

El secretario general no había recibido ninguna respuesta de los argentinos a su aide-mémoire, respecto al cual nosotros habíamos ofrecido comentarios serios, a pesar de todas nuestras reservas. Él reconoció ante el Consejo de Seguridad el fracaso de sus intentos. Publicamos nuestras propuestas y yo las defendí en la Cámara de los Comunes esa tarde. El debate tuvo buenos resultados, y proporcionó un buen punto de partida para lo que tenía que suceder a continuación.

El viernes 21 de mayo iba a ser un día repleto de compromisos en mi distrito electoral, y sabía lo importante que era seguir adelante con mis actividades como de costumbre. Antes de comer tuve que inaugurar una gran ampliación de Gersons, una empresa especializada en almacenaje, embalaje y mudanzas internacionales. Había una banda militar y un público de unas mil doscientas personas, incluidos varios embajadores. Estaba profundamente emocionada, en parte por el orgullo y el patriotismo de los asistentes pero también, claro está, porque sabía (a diferencia de los demás) lo que estaba previsto para ese mismo momento a 8.000 millas de distancia. Hice todo lo que se debe hacer en estas ocasiones, incluso me monté en una carretilla elevadora. A continuación me apresuré para regresar a la oficina del distrito electoral y comprobar si había alguna noticia. Aún no. Jamás llamé por teléfono a Northwood, ni en esta ocasión, ni en ninguna otra, para informarme acerca de las operaciones en curso. Sabía que los comandantes destacados tenían cosas más importantes que hacer que atender averiguaciones innecesarias de Londres. Regresé a la oficina de Finchley poco después de las cinco de la tarde y supe por teléfono y en lenguaje cuidadosamente obscuro que se sucedían los acontecimientos, pero sin detalles.

Esa misma noche regresé al Número 10 y John Nott me trajo un informe completo. Se había llevado a cabo el desembarco sin una sola baja. Pero ahora era de día y habían empezado unos feroces ataques aéreos. Habíamos perdido la fragata Ardent. Otra fragata —el Argonaut— y el destructor Brilliant habían sufrido graves daños. Jamás sabré cómo los pilotos argentinos no se percataron de la presencia del enorme Canberra, todo pintado de blanco, que actuaba como buque de transporte. Pero los comandantes estaban resueltos a sacarlo de la zona de peligro cuanto antes.

De hecho, la principal fuerza anfibia se había dirigido hacia Aguas de San Carlos, con la ayuda de un cielo cubierto y una mala visibilidad, mientras que seguían los ataques de diversión en otras zonas de las Malvinas Orientales. Cubiertas por artillería naval, nuestras tropas habían llegado a tierra firme en lanchas de desembarco, a la vez que los helicópteros transportaban equipo y víveres. Cinco mil hombres desembarcaron sin accidentes, aunque se perdieron dos helicópteros y su tripulación. Habíamos establecido la cabeza de playa, sin embargo harían falta varios días para que quedara definitivamente asegurada.

En el Consejo de Seguridad, reunido en sesión abierta, Tony Parsons defendió nuestra posición ante los previsibles ataques retóricos por parte de los aliados de Argentina. Al final del debate los irlandeses presentaron una resolución totalmente inaceptable. Pudimos contar con la ayuda de ciertos aliados extraños, y no con la de algunos de aquellos que debían haber sido nuestros amigos. Fueron los africanos quienes enmendaron la resolución irlandesa hasta un punto en el que la podíamos aceptar. Esta fue la Resolución 505 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada por unanimidad el 26 de mayo, que concedía al secretario general el mandato para procurar poner fin a las hostilidades y la plena ejecución de la Resolución 502.

El sábado por la tarde visité Northwood antes de seguir camino hacia Chequers. Para entonces la gran escala de los ataques aéreos de los argentinos era demasiado evidente. Para proteger la operación en San Carlos, tenía que haber varios niveles de defensa. En primer lugar, había Harriers marítimos en formación de combate que sobrevolaban a gran altura los lugares de desembarco, dirigidos por los barcos que tenían debajo. Sin los Harriers, con su gran capacidad de maniobra, pilotados con enorme destreza y valor, y empleando la última versión del misil Sidewinder aire-aire proporcionado por Caspar Weinberger, no hubiéramos podido recuperar las Malvinas. En segundo lugar, con las tropas se habían desembarcado las baterías Rapier para misiles y estaban instaladas en los montes que rodeaban la bahía. Los Rapier planteaban problemas, el largo viaje por mar había causado deficiencias en su electrónica. También estaban las defensas aéreas de los propios barcos, algunas instaladas en la misma bahía, y otras fuera del estrecho de las Malvinas: principalmente misiles Sea Dart de largo alcance en los destructores Tipo 42 y los Sea Wolf y Sea Cat, de alcance más corto, en los Tipo 22 y otras fragatas, pero también cañones antiaéreos e incluso armas más reducidas.

En Northwood dediqué algún tiempo a ponerme al día en la Sala de Operaciones. Hice lo que pude por dar una impresión de seguridad, pero cuando salí en compañía del almirante Fieldhouse y ya no nos podían oír, no pude evitar preguntarle: «¿Cuánto tiempo podemos seguir aguantando estos ataques?». El no estaba menos preocupado. Pero también tenía la capacidad propia de un gran comandante de ver más allá de lo inmediato. Y, por muy terribles que hubieran sido nuestras pérdidas, o que llegaran a ser en el futuro, el hecho era que nuestras fuerzas habían desembarcado con éxito y que estábamos causando graves pérdidas a la Fuerza Aérea argentina.

Aquí debo mencionar que a lo largo del conflicto nos ayudaron tres importantes deficiencias de la ofensiva aérea argentina, aunque en algunos aspectos fueron el resultado de acciones deliberadas por nuestra parte. En primer lugar, los argentinos centraron sus ataques —con la posterior trágica excepción de las bajas de Bluff Cove— en las escoltas navales, antes que en los barcos de transporte y los portaaviones. Naturalmente, en parte esto se debía a que las escoltas protegían a estas unidades: ésa era su misión. En segundo lugar, los aviones argentinos se veían obligados a volar a alturas muy reducidas para evitar nuestros misiles, con el resultado de que las bombas que lanzaban (preparadas para estallar a alturas mayores) con frecuencia no llegaban a explotar. (Desgraciadamente, una bomba que cayó en el Antelope sí estalló, hundiendo el barco, cuando un valiente experto en explosivos intentaba desactivarla). En tercer lugar, los argentinos sólo disponían de un limitado número de los devastadores misiles Exocet franceses. Hicieron intentos desesperados por aumentar su arsenal. Había indicios de que armas procedentes de Libia e Israel iban de camino a Argentina a través de otros países suramericanos. Nosotros por nuestra parte estábamos igual de desesperados por interceptar este suministro. Posteriormente, el 29 de mayo, mantendría una conversación con el presidente Mitterrand en la que me dijo que los franceses tenían un contrato para suministrar Exocets a Perú, que él ya había suspendido; ambos nos temíamos que los misiles pasaran a Argentina. Como siempre a lo largo del conflicto, se mostró absolutamente inquebrantable.

También los americanos, por muy irritantes e imprevisibles que pudieran resultar sus pronunciamientos públicos en ocasiones, nos estaban prestando una ayuda inestimable. Ya he mencionado los misiles Sidewinder. También nos proporcionaron 150.000 yardas cuadradas (125.000 m²) de planchas para crear una pista de aterrizaje improvisada. El 3 de mayo Caspar Weinberger incluso propuso enviarnos el portaaviones Eisenhower para su empleo como pista de aterrizaje móvil en el Atlántico Sur: una oferta que nos pareció más alentadora que práctica.

Yo estaba trabajando en mi despacho de la Cámara de los Comunes la tarde del martes 25 de mayo cuando entró John Nott para decirme que el destructor Coventry había sufrido el ataque de una oleada de aviones argentinos. Seis o más aviones habían bombardeado el barco repetidamente y se estaba hundiendo. De hecho, era uno de los dos barcos de guerra en misión de vigilancia a la entrada del estrecho de las Malvinas, para dar aviso rápido de ataques aéreos y servir como pantalla de defensa aérea para los barcos de suministro que descargaran en Aguas de San Carlos. Posteriormente zozobró y se hundió. Diecinueve miembros de la tripulación murieron en el ataque. John tenía que salir por televisión en media hora. Algo de lo ocurrido ya se sabía públicamente, aunque no el nombre del barco. Pensamos que sería mejor no revelarlo hasta que no tuviéramos más detalles acerca de la tripulación. Aún no estoy segura de si la decisión fue acertada o errónea: el resultado de no comunicar el nombre fue que todas las familias de los marinos pasaron una gran angustia. Al final, John anunció los detalles en la Cámara de los Comunes al día siguiente.

Esa misma tarde me llegaron más malas noticias. Había entrado en el Despacho Privado para conocer las últimas informaciones sobre el Coventry, pero en su lugar, el funcionario de guardia del Número 10 me comunicó que el Atlantic Conveyor, un contenedor Cunard de 18.000 toneladas, había sido alcanzado por un misil Exocet; el barco ardía y se habían dado órdenes para que fuera abandonado. El Atlantic Conveyor iba cargado de suministros vitales para nuestras fuerzas en las Malvinas. A diferencia de los barcos de guerra, no era capaz de defenderse del ataque de misiles empleando señuelos. Cuatro de los tripulantes murieron y el capitán se ahogó, aunque posteriormente me dijeron que había sobrevivido a la explosión y los incendios, y que se le había visto vivo en el agua. Afortunadamente, la mayoría se salvó.

Sabía que el Atlantic Conveyor transportaba diecinueve Harriers más, refuerzos enormemente necesarios. ¿Seguían a bordo cuando se hundió el barco? En ese caso ¿podríamos seguir adelante? El barco también transportaba helicópteros que eran esenciales para los movimientos de tropas y suministros en la campaña terrestre. Su pérdida les causó muchas dificultades a nuestros comandantes de Tierra. Sólo uno se salvó. Otro motivo de consternación fue la noticia, basada en una declaración argentina, de que el Invincible había sido alcanzado y dañado. Y yo también sabía que en algún lugar al este de las Malvinas estaba el QE2, con 3.000 soldados. Para mí, ésta fue una de las peores noches de la guerra.

A primera hora de la mañana siguiente supe que las noticias no eran tan desoladoras. Me informaron del asombroso rescate de la mayor parte de las tripulaciones del Coventry y del Atlantic Conveyor. Los diecinueve Harriers habían sido traspasados al Hermes y al Invincible antes del incidente. Me inundó el alivio: al final no estábamos fatalmente heridos, aunque habíamos perdido ocho helicópteros y 4.500 tiendas de invierno. Además, la noticia de que el Invincible había sido alcanzado era totalmente falsa.

Continuaba la descarga de víveres en San Carlos. Algunas lanchas de desembarco y de suministro sufrieron ataques, y hubo bombas que no explotaron, la mayoría de las cuales fueron desactivadas. Nuestro centro hospitalario en San Carlos también fue alcanzado, pero los médicos siguieron con su trabajo.

Sin embargo, era un momento frustrante para los que estábamos en Londres. A todos nos preocupaba que parecía haber poco movimiento por parte de nuestras tropas más allá de la cabeza de puente. Hicieron falta muchos días para descargar los víveres, el equipo y las municiones. La pérdida de los helicópteros significaba que había que revisar todos los planes anteriores.

Existía otro motivo de preocupación. Realmente la Marina argentina, que al fin y al cabo era la que más presión había ejercido en favor de una invasión de las islas, ¿seguiría escondiéndose en los puertos argentinos, o saldrían a atacar e interrumpir nuestro avance? Dos buques británicos habían sido hundidos en nuestras aguas territoriales alrededor de las Malvinas. ¿Quizá debíamos enviar nuestros submarinos a que hundieran los barcos argentinos en sus aguas territoriales? Pero el fiscal general, Michael Havers, se opuso rotundamente. De manera que nuestros comandantes de submarinos tuvieron que conformarse con merodear a lo largo de las doce millas del límite argentino.

El problema era que sabíamos que sus barcos podrían lanzarse al ataque y que quizá no conseguiríamos detectarlos con la suficiente rapidez como para impedírselo. Nuevamente, era el portaaviones argentino, el 25 de mayo, el que presentaba la principal amenaza. Se me había dicho que a ser posible debíamos solucionar la cuestión del portaaviones antes del desembarco, pero la mayor parte del tiempo no lo habíamos podido encontrar. Nos temíamos que los argentinos lo hubieran mantenido en reserva para nuestro desembarco, y que muy posiblemente apareciera el día de la fiesta nacional argentina: el 25 de mayo. Varias semanas antes de desembarcar uno de nuestros submarinos lo había localizado en mitad de una bahía. La determinación del límite de las aguas territoriales era un aspecto delicado del derecho internacional; aunque el centro de la bahía estaba a más de doce millas de la orilla, se podía argumentar que la bahía entera estaba dentro de los límites. Al final decidimos atacar el barco, pero para entonces ya se había acercado más a la orilla. Se planteó el mismo tema respecto a otros buques argentinos que bordeaban las aguas territoriales en el Sur. En esta ocasión Michael Havers y yo extendimos todos los mapas relevantes en el suelo del salón de Chequers, y tomamos las medidas nosotros mismos. Pero los argentinos eran demasiado prudentes y, a diferencia de ellos, nosotros estábamos empeñados en seguir dentro de los límites del derecho internacional.

Ante cierta consternación por parte del secretario general de la ONU y de Al Haig, dejamos claro que una vez que habíamos desembarcado no estábamos dispuestos a negociar. Ya no podíamos aceptar la idea de una administración de transición, ni propuestas para la mutua retirada de tropas argentinas y británicas. Los norteamericanos volvían a sentirse preocupados. Habían soportado feroces ataques verbales en una reunión de la OEA el 27 de mayo. Sufríamos una continua presión por parte de Washington para que evitáramos la humillación militar final de Argentina, que ahora parecían considerar como inevitable. Me hubiera gustado sentirme tan segura. Sabía, a diferencia de ellos, cuántos riesgos y peligros aún nos acechaban en la campaña para recuperar las islas.

Esto quedó ampliamente demostrado en la batalla para retomar Darwin y Goose Green. Los argentinos estaban bien preparados y se atrincheraron en fuertes posiciones defensivas a las que tenían que acercarse nuestras tropas a través del campo abierto de un estrecho istmo. Se enfrentaban a un intenso fuego enemigo. Como es bien conocido, el coronel «H» Jones, comandante de la Segunda de Paracaidistas, perdió la vida asegurando el camino de avance para sus soldados. Su segundo jefe tomó el mando y finalmente consiguió la rendición. En un momento dado apareció una bandera blanca en las trincheras argentinas, pero cuando dos de nuestros soldados avanzaron en respuesta fueron asesinados a tiros. Finalmente, nuestro comandante envió a dos prisioneros de guerra argentinos con un mensaje en el que se exigía la rendición, diciendo que si querían podían hacer un desfile de tropas, pero tendrían que deponer las armas. Los argentinos aceptaron. Los oficiales arengaron a los soldados acerca de la justicia de su causa, pero se rindieron de todos modos. La población de Goose Green, que había pasado tres semanas encerrada en el ayuntamiento, fue liberada. Se había ganado una famosa batalla. Hoy en día hay un monumento conmemorativo de los Paracaidistas cerca de Goose Green y un monumento especialmente dedicado a «H».

Los medios de comunicación habían informado de que estábamos a punto de tomar Goose Green el día antes del ataque. Yo me puse furiosa cuando me enteré —según creo, al igual que «H»—. Tanto rumor les estaba proporcionando a los argentinos un aviso de nuestras intenciones, aunque la culpa no siempre era de los propios medios, sino también del servicio de prensa en el Ministerio de Defensa.

El mismo día que la Segunda de Paracaidistas luchaba por Darwin y Goose Green me reuní con el cardenal Casaroli, el secretario de Estado del Papa. Todos estábamos muy satisfechos de que éste no hubiera pospuesto su visita a Gran Bretaña —nuestra primera visita papal de la historia— a pesar de que estábamos en guerra con un país predominantemente católico. Reconocíamos las dificultades que una visita en este momento le podía causar, y decidimos que ningún miembro del Consejo se reuniría con él personalmente. Naturalmente, yo ya había hablado con el Papa en una ocasión anterior, y admiraba sus principios y su valentía. Le expliqué al Cardenal Casaroli los motivos por los que luchábamos: dije que la guerra era un mal terrible, pero que había cosas peores, incluyendo la extinción de todo aquello en lo que uno cree. No podíamos permitir que la agresión saliera victoriosa. Tampoco podíamos malbaratar la libertad, la justicia y la democracia que durante tanto tiempo habían disfrutado los isleños, y simplemente entregarlos a Argentina, donde estas cosas eran desconocidas. No hicimos ningún comentario público en el momento, pero yo tenía la esperanza de que parte de este mensaje les llegara a los argentinos, dado que el Papa iba a visitar Argentina después de abandonar Gran Bretaña.

Desafortunadamente, ahora los americanos intentaron reavivar la negociación diplomática. Al Haig quería involucrar a los brasileños en un acuerdo que (al contrario de lo que había planteado anteriormente) debía producirse antes de la derrota final de las fuerzas argentinas en la isla. Estas propuestas realmente eran desacertadas y surgían en un momento muy inoportuno. Ya habíamos manifestado claramente que ahora la retirada incondicional de Argentina y el regreso de la administración británica eran nuestras metas. Pero yo sabía que no podíamos permitirnos un alejamiento de Estados Unidos, especialmente en este momento. Seguimos en contacto con el señor Haig respecto a la cuestión de cómo mantener y repatriar a los prisioneros de guerra argentinos, y de manera más general, a nuestros planes para el futuro a largo plazo de las islas.

Hubiera sido completamente equivocado arrancar una derrota diplomática de las fauces de la victoria militar, como tuve que decirle al presidente Reagan cuando me llamó a altas horas de la noche del lunes 31 de mayo. No resultó muy satisfactorio para ninguno de los dos que no se me hubiera dado ningún aviso previo de lo que me iba a decir, y en consecuencia, puede que mi actitud fuera más contundente que amistosa. Aparentemente, el presidente había hablado con el presidente de Brasil, que compartía su punto de vista de que la mejor ocasión para la paz se daría antes de que los argentinos sufrieran una humillación completa. Dado que ahora el Reino Unido tenía la ventaja militar, debíamos llegar a un acuerdo. Yo no podía aceptar esto. Le dije que no podíamos contemplar un alto el fuego sin una retirada por parte de los argentinos. Tras perder barcos y vidas porque durante siete semanas los argentinos se habían negado a negociar, no podíamos considerar entregar las islas a un tercero. Entendía los temores del presidente. Pero le pedí que se pusiera en mi lugar. Estaba segura de que él hubiera hecho lo mismo si Alaska —parte de su propio país, habitado por sus propios compatriotas— hubiera sufrido una amenaza parecida. Además, yo estaba de acuerdo con una excelente entrevista que él había concedido por televisión en la que había dicho que si ganaba el agresor, otros cincuenta territorios, afectados por disputas parecidas, correrían peligro. Esta conversación fue algo dolorosa en su momento, pero tuvo buenos resultados. Ahora los americanos entendían nuestra posición y nuestras intenciones. Dentro de poco tendría una nueva oportunidad de hablar con el presidente Reagan en persona durante la próxima cumbre del G7 en Versalles.

Mientras tanto, tuvimos que emplear mucha delicadeza con un plan de paz de cinco puntos promovido por el secretario general de la ONU. Aumentaba la presión en favor de un alto el fuego, fomentada por el Consejo de Seguridad de la ONU. El miércoles 2 de junio, después de que el secretario general anunciara que había desistido de sus propios esfuerzos, España y Panamá, en nombre de Argentina, intentaron que se votara un borrador de resolución aparentemente inocuo en favor de un alto el fuego, que tendría precisamente los efectos que nosotros estábamos empeñados en evitar. Era dudoso que incluso ahora los españoles consiguieran los nueve votos necesarios para obligarnos a vetar la resolución. Nosotros por nuestra parte hicimos todas las presiones que pudimos. El voto se pospuso hasta el viernes.

En la tarde de ese mismo día volé a París para el G7. Mi primera reunión, y la más importante, fue, por supuesto, con el presidente Reagan, que se alojaba en la Embajada de Estados Unidos. Hablamos a solas, como él prefería. Le di las gracias por la gran ayuda que habíamos recibido de Estados Unidos. Le pregunté qué podían hacer los norteamericanos para ayudar a repatriar a los prisioneros de guerra argentinos. También pedí que el voto de EE. UU. nos apoyara en el Consejo de Seguridad.

El estado de ánimo en Versalles parecía ser muy diferente del que ahora prevalecía en la ONU en Nueva York. Los jefes de Gobierno se alojaban en el Petit Trianon. Después de cenar tuvimos una larga discusión acerca de las Malvinas, y en general la respuesta era comprensiva y amable. Posteriormente, la delegación británica y yo nos retiramos al salón que se nos había asignado. Llevábamos unos quince minutos hablando cuando llegó un mensaje del Ministerio de Asuntos Exteriores y Tony Parsons, avisándonos que estaba a punto de empezar la votación en el Consejo de Seguridad y que los japoneses iban a votar en contra de nuestra postura. Dado que el suyo era el noveno voto necesario para aprobar la resolución, esto resultaba particularmente irritante. Poco habían valido sus promesas de cooperación. Hice grandes esfuerzos por ponerme en contacto con el señor Suzuki, el primer ministro japonés, a fin de convencerle para que cambiara su decisión y al menos se abstuviera. Era imposible que se hubiera podido ir a la cama en tan poco tiempo. Pero me dijeron que estaba ilocalizable.

De hecho, la atención se vio algo desviada de nuestros problemas debido al asombroso comportamiento de la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, la señora Kirkpatrick. Tras comunicar su veto junto al nuestro, anunció sólo unos minutos más tarde que si hubiera que volver a votar tendría que abstenerse, como resultado de unas instrucciones que acababa de recibir. Irónicamente, esto nos ayudó en cierto modo, ya que distrajo la atención de los medios de comunicación de nuestro veto. Sin embargo, ésa no había sido la intención. Parece ser que Al Haig, sucumbiendo a las presiones de los países latinoamericanos, telefoneó a la señora Kirkpatrick desde Versalles para decirle que nos retirara su voto de apoyo, pero ella no recibió el mensaje a tiempo. Este hecho tuvo una secuela aún más embarazosa para Estados Unidos. Justo antes de comer en el palacio de Versalles, se permitió la entrada a las cámaras de televisión, y un periodista americano le preguntó al presidente Reagan cuál era el motivo de la confusión de los Estados Unidos en las Naciones Unidas la tarde anterior. Para mi asombro, contestó que no sabía nada del asunto. No se le había informado. A continuación el periodista se dirigió a mí. Yo no tenía intención de hurgar en la herida de un amigo, así que lo único que dije fue que no concedía entrevistas durante la comida.

Esa misma mañana el primer ministro japonés me proporcionó una explicación muy poco convincente del voto de apoyo a la Resolución emitido por Japón, afirmando que estaba convencido de que conduciría a la retirada de Argentina. Sin embargo, el resumen del presidente Mitterrand en su conferencia de prensa tras la conclusión del G7 fue excelente y mostró un apoyo total.

Ni Tony Parsons ni yo nos sorprendimos especialmente de que al final tuviéramos que utilizar nuestro veto. Tuvimos mucha suerte —y también era un tributo a la habilidad de Tony Parsons— de no haber tenido que vetar una resolución parecida mucho antes.

Mis pensamientos ya se centraban nuevamente en lo que ocurría en las Malvinas. Nuestras tropas habían atacado otras posiciones argentinas. No se había producido ningún contraataque. El general Moore había llegado para hacerse cargo de todas las operaciones terrestres y la Quinta Brigada de Infantería (Quinta Brigada) había desembarcado el 1 de junio, para reforzar a nuestras tropas en las islas. El problema principal era cómo transportar suficiente equipo y municiones como preparación para el asalto final a la cordillera que protege Puerto Stanley.

El presidente Reagan llegó a Gran Bretaña la tarde del lunes en visita oficial, y le recibí en el aeropuerto. Al día siguiente estaba previsto que se dirigiera a los miembros de ambas Cámaras. Pero son las terribles bajas que sufrimos en Bluff Cove las que permanecen grabadas en mi recuerdo de ese día. Los buques de desembarco, sir Tristram y sir Galahad, repletos de hombres, equipo y municiones, habían sido enviados a Bluff Cove y Fitzroy en preparación para el asalto final a Puerto Stanley. Las nubes se dispersaron mientras los barcos aún descargaban los misiles Rapier que debían protegerles de un ataque aéreo, y los argentinos alcanzaron a ambos barcos. El sir Galahad no había desembarcado sus tropas, y el resultado fue un elevado número de víctimas y muchos supervivientes con terribles quemaduras. La Guardia Galesa se llevó la peor parte. Como en todas estas ocasiones, la reacción natural fue la especulación acerca de lo que pudo haber sido: sobre todo, lo que podría haber ocurrido si los hombres se hubieran alejado y dispersado nada más llegar, en ese caso no hubiéramos sufrido tantas bajas. Pero habría habido aún más víctimas si no hubiera sido por el heroísmo de los pilotos de los helicópteros. Sobrevolaron las manchas de aceite a muy baja altura y aprovecharon el aire de sus rotores para alejar a las lanchas salvavidas cargadas de supervivientes del infierno al que se veían arrastrados.

Nuevamente, hubo problemas casi insuperables a la hora de comunicar noticias referentes a las bajas. Los argentinos estaban difundiendo rumores de cantidades muy elevadas. Las familias estaban desesperadamente preocupadas. Pero decidimos aplazar los detalles del número de víctimas, aunque naturalmente (y como siempre) se informó a los parientes de manera individual. Sabíamos por nuestro servicio de información que los argentinos pensaban que habíamos sufrido muchas más bajas de las reales, y que esto les llevaba a pensar que aplazaríamos nuestro ataque a Puerto Stanley. El ataque a Mount Longdon, Two Sisters y Wireless Ridge estaba previsto para la noche del viernes. El factor sorpresa era esencial.

Deseaba con toda mi alma que no hubiera pérdidas más graves que ésta. Sin embargo, a primera hora de la mañana del sábado 12 de junio, el funcionario de guardia del Número 10 subió al piso con una nota. Casi se la arranqué, pensando que comunicaría el comienzo del ataque a las montañas que rodeaban a Puerto Stanley. Pero eran noticias bien diferentes. Conservé la nota, que dice lo siguiente:

Glamorgan alcanzado por supuesto misil Exocet. Buque en posición 51/58 Sur. Gran incendio proximidades hangar y en turbina de gas y sala de herramientas. Aún en funcionamiento. Buque navegando a velocidad de diez nudos dirección Sur.

—El Ministerio de Defensa aún no dispone de detalles de las víctimas y no los espera hasta dentro de varias horas. Nos mantendrán informados.

El Glamorgan había estado bombardeando las posiciones argentinas en Puerto Stanley y los montes que lo rodean en preparación de la próxima batalla. Finalmente le había alcanzado un Exocet de tierra mientras salía de la zona.

Qué amarga depresión me invadió. En momentos como éstos me sentía casi culpable de la comodidad, la protección y la seguridad del Número 10, mientras había tanto peligro y tanta muerte en el Atlántico Sur. Ese era el día del Saludo a la Bandera en celebración del cumpleaños de la Reina. Que yo recuerde fue la única ocasión en la que la ceremonia se echó a perder por un aguacero. Fue desagradable para la Guardia, pero con noticias tan malas y una incertidumbre tan grande parecía apropiado. Yo vestía de negro, porque sentía que había mucho que llorar. John Nott llegó poco antes de que yo subiera a la tribuna. No tenía más noticias. Pero él pensaba que se le habría informado en caso de que no se hubiera iniciado el ataque. Después, los invitados, totalmente empapados, incluyendo a Rex y la señora Hunt, nos secamos lo mejor que pudimos delante de las chimeneas del Número 10.

Poco antes de la una supimos que todos nuestros objetivos militares habían sido alcanzados. Pero la batalla había sido reñida. Habíamos tomado Two Sisters, Mount Harriet y Mount Longdon. El plan era seguir esa noche para tomar Mount Tumbledown, aún más próximo a Puerto Stanley, pero las tropas estaban agotadas y hacía falta más tiempo para traer municiones, por lo que se decidió esperar. Esa tarde fui a Northwood para saber exactamente qué era lo que estaba pasando. Allí tuve mejores noticias del Glamorgan; los incendios estaban bajo control y mantenía una velocidad de 20 nudos.

Más que nunca, ahora el resultado dependía de nuestros soldados en las Malvinas, y no de los políticos. Como todo el mundo en Gran Bretaña, estaba pegada a la radio a la espera de noticias, cumpliendo estrictamente con mi norma autoimpuesta de no hacer llamadas mientras durara el conflicto. En el camino de vuelta de Chequers al Número 10, ese domingo (13 de junio), pasé por Northwood para saber más noticias. Lo que resultó ser el asalto final era una lucha encarnizada, especialmente en Mount Tumbledown, donde los argentinos estaban bien preparados. Pero Tumbledown, Mount William y Wireless Ridge cayeron en manos de nuestros soldados, que pronto llegaron a las afueras de Puerto Stanley.

Visité las islas siete meses más tarde y vi el terreno con mis propios ojos, atravesando la zona a pie y de madrugada, mientras soplaba un fuerte viento y llovía intensamente, abriéndome camino por las lúgubres rocas que habían servido de fortificaciones naturales a los defensores argentinos. Nuestros muchachos habían tenido que atravesar el terreno y tomar sus posiciones en plena oscuridad. Sólo lo podían hacer las más profesionales y disciplinadas de las fuerzas.

Cuando el Consejo de Guerra se reunió el lunes por la mañana todos pensábamos que la batalla seguía. La velocidad con la que todo acabó nos cogió por sorpresa. Los argentinos estaban agotados y desmoralizados y se les había dirigido muy mal, como se demostró con creces en el momento y posteriormente. Estaban hartos. Abandonaron sus armas y se les podía ver retrocediendo a través de sus propios campos de minas hacia Stanley.

Esa tarde, tras conocer la noticia, fui a la Cámara de los Comunes para anunciar la victoria. No pude entrar en mi propio despacho; estaba cerrado con llave y el ayudante del jefe de los whips tuvo que buscarla. Una vez dentro escribí en un trozo de papel que encontré encima de mi mesa la breve declaración que, al no haber ningún otro procedimiento, tenía que presentar ante la Cámara como Cuestión de Orden. A las diez de la noche les dije que se nos había comunicado que ondeaban banderas blancas sobre Puerto Stanley. La guerra había terminado. Todos sentimos lo mismo y los aplausos lo demostraban. Había prevalecido la justicia. Y al irme a la cama a altas horas de esa noche me di cuenta del peso que acababa de quitarme de encima.

Para la nación en su totalidad, aunque los recuerdos y los temores diarios e incluso el alivio se desvanecieran, permanecería el orgullo por la hazaña de nuestro país. En un discurso pronunciado en Cheltenham poco después, el sábado 3 de julio, intenté explicar lo que significaba el espíritu de las Malvinas:

Hemos dejado de ser una nación en retirada. En su lugar tenemos una nueva confianza en nosotros mismos, nacida en las batallas económicas dentro del país y puesta a prueba y confirmada a una distancia de 8.000 millas […] Y así hoy podemos alegrarnos por nuestro éxito en las Malvinas y enorgullecernos de la proeza de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. Pero no lo hacemos como quien se regocija ante una llama vacilante que pronto ha de apagarse. No: nos alegramos de que Gran Bretaña haya recuperado ese espíritu que la alimentó en generaciones pasadas y que hoy comienza a arder tan intensamente como antaño. Gran Bretaña ha vuelto a encontrarse a sí misma en el Atlántico Sur y no retrocederá de su victoria.

CAPÍTULO IX

Generales, comisarios y mandarines

El desafío militar y político del comunismo desde el otoño de 1979 hasta la primavera de 1983

PAZ Y ARMAMENTO

El miércoles 23 de junio de 1982 viajé a Nueva York para asistir a una sesión extraordinaria de la asamblea general sobre el desarme, convocada por las Naciones Unidas, mientras continuaba aún la campaña de las Malvinas. En mi discurso expuse, con toda claridad, mi opinión sobre el papel que debían desempeñar tanto la defensa como las negociaciones sobre el desarme. Me sentía cada vez más irritada por el lenguaje habitualmente empleado en aquellas ocasiones. Todo el mundo hablaba de la paz como si ésta, por sí misma, fuera el único objetivo. Pero la paz no basta si no existen la libertad y la justicia, y en ocasiones (como estábamos demostrando en las Malvinas) era necesario sacrificarla en aras de éstas. También estaba convencida de que había mucha hipocresía en la carrera armamentista. Parecía como si ralentizar el proceso de mejorar nuestras defensas representara una mayor garantía para la paz. La historia había demostrado repetidas veces lo contrario.

Empecé con una cita del presidente Roosevelt: «Nosotros, que hemos nacido libres y creemos en la libertad, preferimos morir de pie antes que vivir de rodillas». A continuación, señalé que la guerra nuclear era, sin duda, una amenaza terrible, pero que la guerra convencional era una terrible realidad. Desde que Estados Unidos había dejado caer sendas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki no se había producido ningún enfrentamiento en el que se hubieran utilizado armas nucleares, pero sí unos ciento cincuenta conflictos con armas convencionales, en los que habían muerto alrededor de diez millones de personas. En todo caso:

El principal riesgo para la paz no radica en la existencia de determinados tipos de armas. Está en la predisposición por parte de algunos Estados a imponer cambios a otros recurriendo a la fuerza, y no en la carrera armamentista, sea ésta real o imaginaria. Los agresores no inician las guerras porque un adversario haya aumentado sus fuerzas. Lo hacen porque creen que tienen más que ganar yendo a la guerra que manteniendo la paz […] No creo que el armamento sea la causa de las guerras, ni tampoco que la mera adopción de medidas sobre ellos pueda […] impedirlas. Dar por supuesto que podemos prevenir los horrores de la guerra centrándonos en sus instrumentos no es sólo un error de análisis, sino una forma de rehuir nuestra propia responsabilidad. Estos son más a menudo síntomas que causas.

Éste era el análisis que subyacía en la política de defensa y seguridad que pretendía aplicar con mi gobierno. Representaba una perspectiva sobre la política internacional del poder sin la cual no habríamos tenido una idea clara de en qué dirección movernos aunque, por supuesto, no resolvía por sí misma todos los problemas. A lo largo de mis primeros años como responsable política me encontré, una y otra vez, intentando conciliar cinco objetivos diferentes. En primer lugar, sólo se podían asignar unos recursos estrictamente limitados a la defensa, especialmente en un momento en el que la economía crecía lentamente o no lo hacía en absoluto. Esto quería decir que, aunque los gastos de defensa aumentaban, era vital obtener un mayor rendimiento de ellos. En segundo lugar, teníamos que evaluar periódicamente la prioridad que debíamos asignar a las exigencias de la política de la OTAN frente a otras áreas de los intereses británicos fuera de la organización. En tercer lugar, Gran Bretaña tenía que contribuir a que la OTAN estuviera en condiciones de responder eficazmente a la creciente amenaza militar soviética. En cuarto lugar, y como parte de esto, era vital mantener la unidad de Occidente bajo el liderazgo de Estados Unidos. Tanto Gran Bretaña entre los países europeos, como yo entre los líderes del continente, estábamos en una posición única para hacerlo. Finalmente, no hay terreno en el que la «ley Thatcher» sea más claramente aplicable que en el campo de la defensa y la política exterior. En política ocurren cosas inesperadas. Hay que estar preparado para ello y tener la capacidad de hacerle frente. No faltarían ejemplos para ilustrar este principio durante mi mandato.

EL EQUILIBRIO MILITAR

Mucho antes de mi entrada en Downing Street me preocupaba ya el equilibrio militar entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. La OTAN ha sido siempre una alianza defensiva de las democracias de tipo occidental. Fue fundada en abril de 1949 como respuesta a la creciente agresividad de la política soviética, puesta de manifiesto en hechos como la toma del poder en Checoslovaquia por los comunistas, respaldados por los soviéticos, y el bloqueo de Berlín el año anterior. Aunque Estados Unidos es la principal potencia de la OTAN, en última instancia sólo puede aspirar a convencer a los demás países, y no a imponer sus puntos de vista. En una relación así, el riesgo de disensión está siempre presente. El objetivo de los soviéticos, enmascarado sólo superficialmente hasta que la Alemania reunificada optó por permanecer en la OTAN, era introducir una cuña entre Norteamérica y sus aliados europeos. Siempre he defendido la opinión de que uno de los papeles más importantes de Gran Bretaña era asegurarse de que tal estrategia fracasara.

Existen otras diferencias fundamentales entre la OTAN y sus adversarios. Las libertades democráticas de que disfrutan nuestros pueblos hacen que en la práctica sea imposible que el Estado se apropie de más de una cierta parte del presupuesto nacional con fines militares. Lo que es más, el carácter abierto de las sociedades occidentales, si bien nos hace más fuertes cuando en una crisis manifiesta se hacen necesarios los sacrificios, hace también que respondamos con lentitud ante las amenazas insidiosas. Con muy pocas excepciones, las democracias no empiezan las guerras. La única amenaza que jamás representó la OTAN para el bloque soviético fue la que representan los ideales de libertad y justicia para los amos de unas naciones cautivas.

Por el contrario, el Pacto de Varsovia fue siempre, desde su fundación en mayo de 1955, un instrumento del poder soviético. Los soviets habían demostrado en 1956 en Hungría y en 1968 en Checoslovaquia que todo movimiento que pudiera amenazar sus intereses militares en Europa del Este sería aplastado sin piedad ni excusas. Los expertos podían discutir, y de hecho lo hacían, en torno a los detalles concretos de la doctrina militar soviética, pero lo que para mí estaba claro, como lo estaba para cualquiera que estuviera dispuesto a reflexionar sobre los acontecimientos del pasado y las circunstancias del presente, era que no se podía confiar en que los soviéticos y sus «aliados» del Pacto de Varsovia renunciaran en Europa a las aventuras que habían puesto en práctica en el Tercer Mundo.

Cuando accedí al cargo de primera ministra los soviéticos estaban forzando la máquina sin tregua para lograr una ventaja militar. Sus gastos militares, que según se estimaba eran alrededor de cinco veces mayores que las cifras publicadas, representaban entre el 12 y el 14 por ciento del PNB[28] de la Unión Soviética. La superioridad del Pacto de Varsovia sobre la OTAN era de 3 a 1 en carros de combate y artillería, y de más de 2 a 1 en aviones tácticos de combate. Además, los soviéticos estaban mejorando a grandes pasos la calidad de su equipamiento en tanques, submarinos, buques de superficie y aviación. El crecimiento de la marina soviética capacitaba a ésta para proyectar su poderío sobre todo el mundo. La mejora de las defensas soviéticas en el campo de los misiles antibalísticos amenazaba la credibilidad de la capacidad de disuasión militar de la Alianza Atlántica, así como la de la capacidad de disuasión independiente de Gran Bretaña. Al mismo tiempo, los soviéticos estaban alcanzando la paridad en misiles estratégicos con Estados Unidos.

ARMAS NUCLEARES DE ALCANCE MEDIO (INF)

No obstante, era en el campo de lo que en la jerga al uso se conoce como «fuerzas nucleares de largo alcance para teatros de operaciones» (long-range theatre nuclear forces, LRTNF), normalmente llamadas fuerzas nucleares de alcance medio (INF), donde se hacía necesario tomar las decisiones más urgentes y difíciles. El acuerdo de la «doble decisión» de modernizar las armas nucleares de alcance medio de la OTAN mientras se mantenían conversaciones sobre control de armamentos con la URSS había sido adoptado en principio por el anterior gobierno de los laboristas. Tengo mis dudas de que ellos hubieran llevado a cabo el despliegue.

El acuerdo era necesario para hacer frente a la amenaza de las nuevas armas nucleares soviéticas. Los misiles balísticos móviles soviéticos SS-20 y su nuevo bombardero supersónico Backfire podían atacar objetivos en Europa Occidental desde el territorio de la Unión Soviética, pero los norteamericanos carecían de armas equivalentes estacionadas en suelo europeo. Las únicas armas con las que la OTAN podía atacar a la URSS desde Europa eran las transportadas por los ya ancianos bombarderos británicos Vulcan y los Fl-II estacionados en Gran Bretaña. Ambas fuerzas eran vulnerables a un primer ataque. Por supuesto, cabía esperar que Estados Unidos empleara sus armas nucleares estratégicas en caso de un ataque soviético, pero la esencia de la disuasión era su credibilidad. Había quienes opinaban que el hecho de que la Unión Soviética hubiera alcanzado prácticamente la paridad en armas nucleares estratégicas reducía las probabilidades de que Estados Unidos adoptara tal medida. En todo caso, muchos europeos creían que los norteamericanos no pondrían en peligro sus propias ciudades por defender Europa.

¿Qué interés tenían los soviéticos en lograr la capacidad suficiente para ganar una guerra nuclear en Europa? La respuesta es que, en última instancia, aspiraban a romper la alianza.

Para la OTAN, por el contrario, disponer de fuerzas nucleares de alcance medio en Europa tenía un objetivo muy diferente. Su estrategia se basaba en contar con una gama suficientemente amplia de armas convencionales y nucleares como para que la URSS nunca pudiera estar segura de poder imponerse a la OTAN, a un determinado nivel de armamento, sin provocar una respuesta a un nivel más alto, lo que llevaría en última instancia a una guerra nuclear a gran escala. Esta estrategia de «respuesta flexible» no resultaría eficaz sin la presencia de armas nucleares estacionadas en Europa como paso intermedio entre la respuesta convencional y la respuesta nuclear estratégica. La OTAN era consciente de que las fuerzas del Pacto de Varsovia no podrían ser contenidas más que muy brevemente si atacaban con todos los efectivos de los que disponían en Europa central. Por este motivo la OTAN reiteraba una y otra vez que, aunque nunca sería la primera en emplear la fuerza militar, no podía hacerle el juego a los soviéticos renunciando a ser la primera en emplear armas nucleares si era atacada. Así pues, la organización sólo podía mantener su credibilidad modernizando las armas nucleares de alcance medio en Europa. Desde un principio estuvo claro que hacerlo no sería fácil.

La mañana del viernes 11 de mayo de 1979 discutí el tema en Londres con Helmut Schmidt. Se mostraba muy preocupado por el efecto que produciría sobre la opinión pública alemana el estacionamiento de más misiles nucleares en territorio alemán aunque, por supuesto, él había sido uno de los principales autores de la estrategia. Los norteamericanos habían desarrollado un equivalente de mayor alcance de los misiles Pershing, ya estacionados en Alemania Occidental, y misiles de crucero, que podían lanzarse desde tierra, mar o aire. Por aquel entonces, Helmut Schmidt seguía prefiriendo un sistema con base en el mar, aunque posteriormente aceptó a regañadientes las ventajas de los misiles de crucero lanzados desde tierra (GLCM). Se encontraba sometido a fuertes presiones en el seno de su propio partido y ponía igual énfasis en el segundo aspecto de la «doble decisión», es decir, en que los Estados Unidos negociaran la eliminación de la amenaza soviética mientras, simultáneamente, preparábamos el despliegue de nuestro propio armamento. También insistía en que Alemania Occidental, que era un Estado desnuclearizado[29], no debía ser el único país receptor de aquellos misiles. En agudo contraste con el debate que en el futuro se produciría en Gran Bretaña, los alemanes fueron inflexibles en cuanto a que las armas nucleares no tuvieran una «clave doble»: debían encontrarse en situación de decirle al resto del mundo que ni poseían ni controlaban armas nucleares.

La mañana del miércoles 13 de junio me entrevisté con Al Haig, que era por aquel entonces comandante en jefe saliente de las fuerzas aliadas en Europa. Discutimos no sólo sobre cuestiones de política nuclear, sino también en torno a los datos disponibles sobre la amenaza que representaban los preparativos soviéticos para la guerra química ofensiva, tema que me resultaba especialmente inquietante. Le comenté que, aunque mi reacción inicial tras recibir los primeros informes sobre el equilibrio militar Este-Oeste había sido de preocupación, había llegado a la conclusión de que la superioridad en recursos humanos y materiales de Occidente nos permitiría dar cumplida respuesta a cualquier desafío. Pero aquello no reducía mi inquietud respecto a nuestros problemas inmediatos. La noche del martes 24 de julio me entrevisté con el sucesor del general Haig, el general Bernard Rogers, y le expuse mi preocupación por la ventaja alcanzada por las fuerzas del Pacto de Varsovia en el campo de la normalización de sus armas y equipamientos y por la vulnerabilidad a la penetración soviética de la propia organización de la OTAN.

La fecha límite que la OTAN se había puesto para alcanzar una decisión firme sobre los nuevos misiles de alcance medio era finales de aquel mismo año, 1979. Cuanto más esperáramos, mayores posibilidades había de que las campañas soviéticas de propaganda y desinformación lograran sus objetivos. El viernes 19 de septiembre presidí una reunión de un pequeño grupo de ministros para estudiar nuestra política nuclear en la que se decidió que el Reino Unido aceptaría servir de base a los 144 GLCM de propiedad norteamericana que nos habían sido asignados. Helmut Schmidt me había telefoneado para preguntarme si aceptaríamos otros 16 misiles de crucero más. Los alemanes deseaban reducir el número de misiles que les habían asignado y, con el fin de impedir que se perdiera más tiempo en discusiones, acepté inmediatamente su solicitud. Si Gran Bretaña y la RFA permanecían firmes, la estrategia occidental podía considerarse un éxito. No obstante, no había forma de saber si los demás países seguirían nuestros pasos.

Una semana antes, me había entrevistado con el primer ministro belga, señor Martens, en Downing Street. En Bélgica se miraba con cierta desconfianza hacia Holanda, donde el futuro del Gobierno estaba en entredicho por las divisiones internas y por la agitación popular contra el despliegue de las armas nucleares. Los belgas eran especialmente importantes, ya que si los holandeses, y posiblemente también los italianos, se negaban a secundar la decisión que sería necesario tomar en breve, la posición del propio canciller Schmidt se vería comprometida, y era crucial para la Alianza consolidar el compromiso asumido por Alemania. Comenté con Martens que me preguntaba si los líderes de Europa Occidental estaban dedicando realmente suficiente atención a la opinión pública. Con arreglo a mi propia experiencia, el público siempre respondía con rapidez cuando se le informaba sobre la extensión de la amenaza soviética y la necesidad de disponer de una defensa creíble. Desde mi punto de vista, se trataba tan solo de actuar con decisión.

Por contraste, me sentí reconfortada, y así lo puse de manifiesto, por la resuelta actitud del primer ministro italiano, señor Cossiga, cuando hablé con él sobre el problema el viernes 5 de octubre. Me comunicó que Italia estaría a favor del despliegue. Tenía intenciones de ejercer la máxima presión sobre el primer ministro holandés, señor Van Agt, en su entrevista con él, y esperaba que yo hiciera lo mismo.

No obstante, durante todo este tiempo, los soviéticos seguían haciendo todo lo que estaba en su mano por minar la unidad de la OTAN. Como señalé una y otra vez en mis discusiones, habían obtenido un gran éxito en su intento de suscitar una reacción popular contra la bomba de neutrones, cuyo despliegue había estado estudiando el presidente Carter. En los meses y años que habían de venir quedaría claro que no habían perdido en absoluto su habilidad.

El sábado 6 de octubre, el presidente Brezhnev pronunció un discurso en Berlín Este en el que planteaba una serie de propuestas. Anunció la retirada de 20.000 soldados soviéticos y 1.000 tanques de la RDA en los siguientes doce meses. Ofreció también una reducción de los misiles nucleares soviéticos de alcance medio si no se desplegaban en Europa Occidental armas nucleares «adicionales» de alcance medio. A la vista de la enorme superioridad en fuerzas convencionales de la Unión Soviética, estas reducciones, aunque por supuesto bienvenidas, eran más formales que relevantes, pero las propuestas en el campo de las armas nucleares no eran en absoluto equilibradas. Sabíamos que la precisión, capacidad de penetración, movilidad y alcance de los misiles y aviones soviéticos que cubrían los blancos en Europa Occidental habían crecido enormemente. Lo que es más, los misiles estaban apuntados hacia Europa Occidental desde bases ubicadas más allá de los Urales. Las propuestas de Brezhnev, como las que habían de venir después, habrían permitido a los soviéticos disponer de un arma con la que atacar Europa para la que no teníamos una respuesta eficaz equivalente. Con todo, tales propuestas incrementaron inevitablemente la tentación, por ejemplo en los Países Bajos, de poner todo el énfasis en el control de los armamentos y retrasar la decisión sobre su modernización y despliegue.

Discutí de nuevo la situación con el canciller Schmidt, esta vez en Bonn, el miércoles 31 de octubre. ¿Cómo podíamos contribuir a que los holandeses adoptaran la decisión correcta en la inminente reunión de la OTAN? Sugerí que debíamos mostrarle a todo el Gabinete holandés, que parecía encontrarse dividido, la impresionante exposición que la OTAN había preparado sobre el equilibrio militar en Europa. Helmut Schmidt estaba presionando a Estados Unidos para que se ofreciera a retirar unilateralmente de la RFA 1.000 cabezas nucleares obsoletas. Los norteamericanos aceptaron hacerlo, y el presidente Carter me escribió una carta al respecto. Todos mis instintos eran contrarios a este tipo de gestos unilaterales, pero no se me escapaban los razonamientos prácticos en su favor y, con cierta renuencia, apoyé la oferta que, sin embargo, no tuvo ningún efecto perceptible sobre la opinión pública ni el Gobierno de Holanda. De hecho, por aquellas fechas, los alemanes parecieron reconciliarse con la perspectiva de que los holandeses no aceptarían el despliegue, aunque estaba claro que, por su parte, ellos se mantendrían firmes siempre y cuando también lo hicieran los italianos y los belgas. El viernes 23 de noviembre, el señor Gromiko visitó Bonn y ofreció una conferencia de prensa cuyo objetivo era evidentemente agitar a la opinión pública europea, y en especial a la alemana. En el transcurso de ella hizo pública la advertencia de que las negociaciones sobre control de armamento no podrían celebrarse si Occidente seguía adelante con lo que describió como una «nueva carrera armamentista».

La noche del jueves 6 de diciembre me reuní con el primer ministro holandés para conversar y cenar en Downing Street. Siempre me había llevado bien con él, pero no envidiaba su situación. La notoria inestabilidad de los gobiernos de coalición, como el que encabezaba, hace enormemente difícil tomar decisiones claras y mantenerlas. En esta ocasión, el señor Van Agt me explicó con cierto detalle las dificultades a las que se enfrentaba. Al parecer la mitad de los sermones pronunciados en las iglesias holandesas por aquellas fechas se centraban en el tema del desarme nuclear, y la cuestión del despliegue estaba poniendo en peligro la supervivencia de su gobierno. Estuve de acuerdo con él en que la caída del gobierno de un país miembro de la OTAN a causa de un problema propio de la organización sería un acontecimiento muy grave, pero añadí que la OTAN tendría que seguir adelante con la decisión de desplegar lar armas nucleares de alcance medio ya que, en caso contrario, la Alianza perdería su credibilidad y sus objetivos. Los Países Bajos podían reservarse su posición y esperar a ver cuál era la actitud del Gobierno soviético en las negociaciones sobre el control de armamento. Los soviéticos estaban recurriendo a su tradicional guerra psicológica para dificultar la toma de decisiones en la OTAN y no se les debía permitir salirse con la suya.

De hecho, en un acto de notable valentía frente a tanta oposición interior y soviética, los ministros de la OTAN tomaron la decisión necesaria en Bruselas el 12 de diciembre. Las propuestas sobre el control de armamento, incluyendo la oferta norteamericana de retirar 1.000 cabezas nucleares de Europa, fueron aceptadas. Aún más importante, la Alianza acordó el despliegue en Europa de la totalidad de los 572 nuevos misiles estadounidenses propuestos. Las reservas de los Gobiernos belga y holandés resultaron menos graves de lo que en su momento se había previsto. Los belgas estuvieron de acuerdo en aceptar su participación en el despliegue de estos misiles, reservándose el derecho de reconsiderarla al cabo de seis meses a la vista del progreso de las negociaciones para el control de armamento. El Gobierno holandés aceptó las propuestas en su conjunto, pero pospuso la decisión de aceptar la instalación de parte de los misiles en su territorio hasta finales de 1981. En cualquier caso, el despliegue no podría haberse iniciado antes de esa fecha.

Por supuesto, las cosas no acabaron ahí. En junio del año siguiente anunciamos los emplazamientos de los misiles de crucero en Gran Bretaña: Greenham Common, en Berkshire, y Molesworth, en Cambridgeshire. A partir de ese momento, Greenham se convirtió en el foco de una campaña cada vez más estridente en favor de un desarme unilateral.

Los sobornos y amenazas de la Unión Soviética siguieron logrando resultados entre la opinión pública europea. En una entrevista para la televisión holandesa realizada el 4 de febrero de 1981 durante una visita al señor Van Agt, me interrogaron acerca de la resistencia al estacionamiento de los misiles de crucero en Holanda y Alemania. Respondí:

En ocasiones me gustaría que aquellos que se oponen [a los misiles de crucero] dedicaran sus energías a decirle a la Unión Soviética: «Oigan, disponen ustedes, con sus SS-20, de las armas nucleares de alcance medio más modernas y actualizadas […] Las mantienen apuntadas hacia todos los países de Europa. Su número va en aumento a razón de uno por semana. ¿De veras esperan que nos quedemos sentados sin hacer nada? Si no quieren que tengamos misiles de crucero en Europa como disuasión, desmantelen los suyos. Elimínenlos. Acepten inspecciones para que podamos saber lo que están haciendo» […] Comprendo su preocupación. A mí tampoco me gustan las armas nucleares, pero valoro mi libertad y la de mis hijos, y la de los hijos de mis hijos, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que siga existiendo.

Más adelante me enteré de que hablar tan claramente era algo inusitado en los Países Bajos.

LA CRISIS POLACA

Por bien que organizáramos en Gran Bretaña nuestros esfuerzos en el campo de la defensa, nuestra seguridad dependía en última instancia de la unidad, la fuerza y la credibilidad de la OTAN. Era extraordinariamente importante que la opinión pública norteamericana mantuviera su compromiso hacia Europa Occidental, y por ello las tensiones y divisiones surgidas en la Alianza Atlántica por aquellas fechas me tenían muy preocupada. Desde mi punto de vista, en última instancia debíamos apoyar el liderazgo de Estados Unidos, lo que no significaba que los norteamericanos pudieran satisfacer sus propios intereses al margen de la opinión de sus aliados europeos.

La necesidad de decidir cómo reaccionar ante la imposición de la ley marcial en Polonia el 13 de diciembre de 1981 por parte del gobierno del general Jaruzelski realzó los problemas que habían venido gestándose a lo largo de 1981. Algunos países europeos, en especial Alemania por su importancia, se mostraban hostiles ante la política económica del presidente Reagan y desconfiados ante su retórica sobre defensa y control de armamentos. Yo, por supuesto, no compartía estas actitudes, aunque deseaba que se adoptaran medidas más duras para controlar el creciente déficit presupuestario de los Estados Unidos. Lo que me resultaba irritante, y en ocasiones perfectamente injustificado, era el modo en que las medidas preferidas por los norteamericanos resultaban mucho más dolorosas para sus aliados que para ellos, y cabría añadir, los comunistas polacos y la Unión Soviética. El primer problema surgió en torno a las enérgicas medidas adoptadas por el Gobierno polaco contra Solidaridad.

Desde el primer momento, fui singularmente consciente de la importancia de la cuestión polaca. Como a la mayor parte de la población de Gran Bretaña, siempre me han gustado y me han producido admiración los polacos. Muchos de ellos se establecieron en este país durante la guerra y la posguerra. Pero no se trataba sólo de eso. El 9 de diciembre de 1980 hablé con toda franqueza con el primer ministro polaco en funciones en su visita a Londres. Le dije que era consciente de que estaba siendo testigo de un tipo de cambio que no se había producido en los últimos sesenta años en un Estado socialista. Un nuevo grupo de personas, el movimiento Solidaridad, cuestionaba, en sus propios términos, el monopolio del poder por parte de los comunistas. Le puse al corriente de hasta qué punto seguíamos de cerca los acontecimientos de Polonia y lo emocionada que me sentía por lo que estaba ocurriendo. Le dije que el sistema socialista había conseguido reprimir el espíritu humano durante un período de tiempo asombrosamente largo, pero que siempre había tenido fe en que la situación cambiaría.

Estos alentadores signos no habían de durar. Los soviéticos empezaron a presionar cada vez con más fuerza a los polacos. Ya a finales de 1980, en Estados Unidos estaban convencidos de que la Unión Soviética planeaba una intervención militar directa para aplastar el movimiento reformista polaco igual que había aplastado la Primavera de Praga en 1968.

Alrededor de esas mismas fechas, empezamos a estudiar posibles medidas sancionadoras contra la URSS en previsión de que se produjera tal eventualidad. Peter Carrington y yo estuvimos de acuerdo en que debíamos responder de forma mesurada y gradual dependiendo de la situación a la que nos enfrentáramos. Preveíamos cuatro posibilidades: una situación en la que el uso de la fuerza por parte del Gobierno polaco contra los trabajadores fuera inminente, otra en la que ésta ya hubiera tenido lugar; una en la que fuera inminente la intervención soviética y otra en la que ya se hubiera producido. Estuvimos de acuerdo en que unas medidas ineficaces serían más que inútiles, y que las sanciones debían afectar más gravemente a los soviéticos que a nosotros. Entre tanto, tuvimos que establecer una serie de juicios complejos sobre las intenciones de los soviéticos y del Gobierno polaco. ¿Era la ostentosa actividad del Pacto de Varsovia el preludio a una intervención armada o un medio de presionar al partido comunista polaco? Si continuábamos suministrando ayuda alimenticia y seguíamos adelante con los planes de condonación de la deuda polaca, ¿beneficiaríamos al pueblo polaco, o estaríamos haciéndoles el juego a los políticos de la línea dura, que luchaban por sobrevivir a las consecuencias de sus propios errores en el gobierno? No era fácil decirlo.

De repente, la situación cambió. A medianoche del día 12 de diciembre de 1981 se instauró la ley marcial en Polonia y se constituyó un Consejo Militar para la Salvación Nacional, compuesto por líderes militares bajo las órdenes del primer ministro, el general Jaruzelski. Se cerraron las fronteras, se cortaron las comunicaciones por télex y por teléfono, se impuso el toque de queda, se prohibieron las huelgas y las asambleas, y los medios de radiodifusión y televisión fueron sometidos a un férreo control. En mi opinión no cabía la menor duda de que todo aquello era moralmente inaceptable, pero eso no ayudaba en absoluto a calibrar cuál era la respuesta apropiada. Después de todo habíamos repetido una y otra vez, para evitar la intervención soviética, que había que permitir a los polacos hacerse cargo de sus propios asuntos internos. ¿Estaban los soviéticos detrás de aquellas medidas con el fin de emplearlas como medio para hacer retroceder el reloj y regresar a una situación de comunismo puro y duro y de subordinación a Moscú? ¿O se trataba realmente de una medida temporal, como afirmaba el gobierno de Jaruzelski, que había sido necesario implantar para restaurar el orden en Polonia, lo que implicaba que su objetivo era impedir una invasión soviética? En los primeros días era imposible lograr ninguna información capaz de ayudar a comprender no sólo estas cuestiones, sino también todo lo referente a la localización y seguridad de los líderes disidentes polacos.

No obstante, cuantos más datos obteníamos sobre la realidad de lo ocurrido, peor aspecto tenía. El presidente Reagan se sentía personalmente indignado por los acontecimientos. Estaba convencido de que la Unión Soviética estaba detrás de todo aquello y se mostraba decidido a tomar medidas de forma inmediata. El 19 de diciembre recibí un mensaje suyo en este sentido. Al Haig envió un mensaje paralelo a Peter Carrington en el que le indicaba que Occidente debía poner en marcha las medidas de largo alcance ya acordadas en la OTAN para hacer frente a una intervención militar soviética. Lo que quería era que se adoptaran inmediatamente medidas políticas y económicas y guardar otras en reserva por si la situación empeoraba. Aquel mismo día, sin ponerse de nuevo en contacto con nosotros, los norteamericanos anunciaron la entrada en vigor de sanciones contra la URSS. Como comprobamos con satisfacción, éstas no incluían el abandono de las conversaciones sobre el desarme en Ginebra, pero sí incluían medidas como la cancelación de los derechos de aterrizaje de Aeroflot, la interrupción de las negociaciones para un acuerdo a largo plazo sobre cereales (aunque el acuerdo ya existente había de seguir en vigor), y un freno a la exportación de materiales para la construcción, ya iniciada, de un gaseoducto para gas natural.

Fue este último punto el que produjo gran irritación en Gran Bretaña y otros países europeos. Había empresas británicas, alemanas e italianas que tenían contratos legalmente vinculantes por los que se comprometían a suministrar para el gaseoducto siberiano (el West Siberian Gas Pipeline) equipamiento del que formaban parte componentes fabricados en Estados Unidos o con licencia estadounidense. En aquel momento no estaba aún muy claro si las medidas anunciadas por el presidente Reagan contra la Unión Soviética eran aplicables a los contratos ya existentes o sólo a los nuevos. Si la prohibición era ampliable a los ya existentes, privaría a las empresas británicas de más de doscientos millones de libras en contratos con la URSS. La empresa más afectada sería John Brown Engineering, que debía suministrar equipos de bombeo para el proyecto del gaseoducto y de la que dependían un gran número de puestos de trabajo.

Si bien presioné a los norteamericanos en este punto concreto, me aseguré de ofrecerles el mayor respaldo posible en líneas generales, tanto en el seno de la OTAN como en la CE. Esto no resultó fácil en absoluto. Inicialmente, los alemanes se mostraron reticentes a tomar medida alguna contra el gobierno polaco y menos aún contra la Unión Soviética. Los franceses presionaban fuertemente a favor de que la Comunidad Económica siguiese adelante con la venta a la URSS de alimentos a precios especiales subvencionados. Pero yo mantenía mi criterio de que si conseguíamos convencer a los norteamericanos de que adoptasen una actitud más razonable respecto al proyecto del gaseoducto, conseguiríamos poner de manifiesto un grado de unidad occidental razonablemente impresionante. El gran problema era que en la Administración norteamericana había personas cuya oposición al proyecto no tenía casi nada que ver con los acontecimientos de Polonia. Opinaban que si el proyecto seguía adelante, los alemanes y los franceses llegarían a depender peligrosamente de los suministros energéticos soviéticos, lo que tendría implicaciones estratégicas perjudiciales. El razonamiento no carecía de lógica, pero era muy exagerado. Aunque Rusia pasaría a ser la proveedora de algo más de la cuarta parte del gas consumido en Alemania y de algo menos de un tercio del consumido en Francia, su aportación representaría tan sólo un máximo de un 5 por ciento del consumo total de energía en cualquiera de los dos países. En todo caso, ni los alemanes ni los franceses accederían a plegarse a la presión norteamericana. Ésta sería, por consiguiente, contraproducente además de irrelevante de cara al problema específico al que nos enfrentábamos en Polonia. Los norteamericanos también hablaron, con gran alarma por parte del Banco de Inglaterra, de forzar a Polonia a recurrir al impago de sus deudas, lo que habría tenido graves repercusiones sobre los bancos europeos.

A finales de enero de 1982 discutimos aquellas posibilidades en el Comité de Defensa y Ultramar del Gabinete (OD). Manifesté que existía un claro peligro de que la política del Gobierno norteamericano perjudicara más los intereses occidentales que los del Este y provocara una importante disputa transatlántica, precisamente el tipo de disputa que la política soviética llevaba tanto tiempo intentando provocar. Gran Bretaña se había ofrecido ya a hacer más por satisfacer los deseos norteamericanos de lo que probablemente estarían dispuestos a hacer nuestros socios europeos. No era ya momento de concesiones, sino de hablar clara y directamente con nuestros amigos norteamericanos. Decidí dirigirme al presidente Reagan. También pedí a otros ministros que intentaran influenciar a sus colegas norteamericanos. Se extendería una invitación urgente a Al Haig para que acudiera a Londres aprovechando su regreso de la visita que estaba realizando en Oriente Medio.

Al Haig se reunió conmigo para un almuerzo tardío en Downing Street el viernes 29 de enero. Le comuniqué que el objetivo prioritario debía ser mantener la unidad de la alianza occidental. La última reunión del Consejo de la OTAN había ido bien, pero las medidas recientemente propuestas por Estados Unidos estaban sembrando la preocupación. Cualquier medida adoptada por Occidente debía estar pensada para que produjera más daños en la URSS que entre nosotros mismos. Los informes de que Estados Unidos podía estar interviniendo con el fin de propiciar el impago de la deuda polaca y de otros países de la Europa del Este eran alarmantes. Aunque sin duda esto causaría dificultades en los países implicados, también crearía problemas incalculables en el sistema bancario occidental, que tan importante era para la reputación de Occidente en su conjunto. También le manifesté que pensaran lo que pensaran los norteamericanos al respecto, teníamos que hacer frente al hecho de que los franceses y los alemanes jamás renunciarían a los contratos del gaseoducto siberiano. Poniendo el dedo en la llaga, señalé también que los norteamericanos no habían incluido en su primera tanda de medidas un embargo de cereales, ya que esto habría perjudicado, sin lugar a dudas, a su propia gente. De hecho, pocas de las medidas adoptadas por los EE. UU. tendrían repercusión interior alguna, aunque sí la tendrían en Europa. Como mínimo cabía decir que existía cierta falta de simetría.

Tuve la clara impresión de que el señor Haig estaba fundamentalmente de acuerdo con mi análisis. También tuve la sensación de que se sentía cada vez más aislado e impotente en la Administración norteamericana, que de hecho abandonaría más adelante aquel mismo año. Me dijo que en su opinión sería útil que enviara un mensaje al presidente Reagan exponiéndole estas cuestiones, cosa que hice aquel mismo día. Creo que la presión que ejercí tuvo cierto efecto, pero desafortunadamente fue sólo temporal.

Mientras tanto, la respuesta occidental a los acontecimientos de Polonia empezaba a entremezclarse cada vez más con la cuestión más amplia de nuestra posición política y económica respecto a la Unión Soviética. El presidente Reagan me envió un mensaje el 8 de marzo en el que hacía hincapié en la necesidad de interrumpir, o al menos restringir, los créditos a la exportación de la URSS, en especial los créditos subvencionados por los gobiernos. El razonamiento norteamericano era que la URSS no sólo estaba económicamente debilitada sino que además padecía una gran escasez de divisas. Los gobiernos europeos y de otros países que otorgaban créditos a la Unión Soviética estaban contribuyendo a proteger el sistema de unas realidades económicas que, en caso contrario, habrían impuesto la necesidad de introducir reformas. Era un buen argumento aunque, según nuestra valoración, la restricción de los créditos no tendría el impacto dramático que suponían algunos expertos estadounidenses. Por aquel entonces estábamos recibiendo muestras contradictorias y confusas sobre las intenciones de la Administración norteamericana, pero yo, personalmente, tenía la esperanza de que un control más estricto de los créditos a la Unión Soviética por parte de los gobiernos europeos lograra que las restricciones estadounidenses sobre los contratos para el gaseoducto siberiano no se impusieran con carácter retroactivo.

Sin embargo, el 18 de junio los norteamericanos anunciaron, sin previo aviso, que la prohibición de suministrar tecnología para el petróleo y el gas a la Unión Soviética había de aplicarse no sólo a las compañías estadounidenses sino también a sus subsidiarias en el extranjero y a las empresas extranjeras que fabricaran componentes diseñados en Norteamérica bajo licencia. Me sentí horrorizada cuando me comunicaron esta decisión y la condené en público. En general, la reacción del resto de los países europeos fue aún más hostil.

Gran Bretaña tomó medidas legislativas acogiéndose a la Ley de Protección de los Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests Act) para oponerse a lo que, a todos los efectos, constituía una ampliación de la autoridad extraterritorial de Estados Unidos. Poco después, la irritación europea se multiplicó al hacerse público que los norteamericanos pretendían reanudar la venta de cereales a la URSS con el pretexto de que así mermarían aún más su disponibilidad de divisas, aunque estaba claro que la medida obedecía al interés de los agricultores estadounidenses en vender su grano. La Administración se mostró un tanto sorprendida por la fuerza de la oposición a la que se vio enfrentada y dejó en manos del nuevo y excelente secretario de Estado George Schultz la tarea de buscar un modo de resolver las dificultades, cosa que hizo aquel mismo año permitiendo que siguieran adelante los contratos existentes para el gaseoducto. No obstante, aquello había sido una auténtica lección de cómo no deben llevarse los asuntos de la Alianza.

LA CUMBRE DEL GRUPO DE LOS SIETE EN VERSALLES

Me gusta pensar que mi relación personal con el presidente Reagan y los esfuerzos que hice intentando establecer un terreno común entre Estados Unidos y los países europeos contribuyeron a impedir que los desacuerdos sobre el gaseoducto y otras cuestiones comerciales envenenaran la cooperación occidental en tan crítica coyuntura. No cabe duda de que el verano de 1982 fue testigo de algunas medidas diplomáticas útiles a nivel internacional. Entre el 4 y el 6 de junio, los jefes de Gobierno de los países que integraban el Grupo de los Siete se reunieron en el espléndido y opulento marco de Versalles. Los salones del palacio se utilizaron para las reuniones y como lugares de descanso. Se celebró un banquete final en la Sala de los Espejos, seguido de una sesión de ópera y fuegos artificiales. (De hecho, yo abandoné la reunión temprano: no hubiera estado bien quedarme, ya que en aquel momento nuestras tropas seguían combatiendo en las Malvinas).

El presidente Mitterrand, que presidía la cumbre, había preparado un documento sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo. Era frecuente que el país que ocupaba la presidencia en estas reuniones se sintiera obligado a presentar algunas nuevas iniciativas, incluso a costa de una mayor intervención del Gobierno y un aumento de la burocracia. Esta no fue una excepción. Por mi parte, no tenía dudas acerca de la actitud que se debía adoptar respecto a las innovaciones técnicas: había que darles la bienvenida, no resistirse a ellas. Podía haber tecnologías «nuevas» pero el progreso tecnológico en sí no era ninguna novedad y, con el paso de los años, no sólo no había destruido puestos de trabajo sino que los había creado. Nuestra tarea no consistía en hacer grandes planes para la innovación tecnológica, sino en ver de qué modo era posible influir sobre la opinión pública para que la aceptara en lugar de rechazarla. Afortunadamente, el documento del presidente Mitterrand se despachó en un grupo de trabajo.

Durante mi estancia en Versalles mantuve una conversación llena de sinceridad con Helmut Schmidt sobre el presupuesto de la CE (del que parecía que la RFA y Gran Bretaña estaban condenadas a ser contribuyentes netos) y sobre la Política Agrícola Comunitaria (PAC), en la que se gastaba una parte tan considerable de nuestro dinero. Este último constituía un punto especialmente molesto para mí, ya que tan sólo unas semanas antes había sido avasallada en el Consejo de Agricultura al intentar invocar el compromiso de Luxemburgo contra el aumento de los precios agrícolas. Helmut Schmidt comentó que deseaba mantener el compromiso de Luxemburgo, aunque dudaba que se aplicara como queríamos. Añadió que la PAC era un precio que había que pagar, por alto que fuera, para convencer a miembros como Francia e Italia de que se incorporaran a la Comunidad desde el principio.

Aquella resultó ser la última cumbre del Grupo de los Siete del canciller Schmidt. En septiembre, su coalición de gobierno se escindió cuando los demócratas liberales cambiaron de bando, aupando al cargo de canciller al líder demócrata-cristiano Helmut Kohl. Aunque había tenido graves desacuerdos con él, siempre tuve en alta estima la sabiduría, franqueza y perspicacia en el campo de la economía internacional de Helmut Schmidt. Desgraciadamente, jamás llegué a desarrollar una relación similar con el canciller Kohl, aunque hubo de transcurrir algún tiempo antes de que las implicaciones de esto adquirieran importancia.

Con todo, mi recuerdo más nítido de la reunión de Versalles es el de la impresión causada por el presidente Reagan. En un determinado momento, habló alrededor de veinte minutos sin notas, esbozando su modo de ver la economía. Sus tranquilas pero poderosas palabras ofrecieron a aquellos que aún no le conocían cierta perspectiva de las cualidades que le habían convertido en un líder político tan notable. Una vez que hubo finalizado, el presidente Mitterrand reconoció que nadie podía criticar al presidente Reagan por ser fiel a sus convicciones. Dada la ideología socialista del presidente Mitterrand, aquello era casi un halago.

Desde París el presidente Reagan voló a Londres en visita oficial y allí habló ante las dos Cámaras del Parlamento en la Royal Gallery del palacio de Westminster. El discurso en sí fue espléndido. Constituía un hito decisivo en la batalla de ideas que tanto él como yo deseábamos librar contra el socialismo, por encima de todo contra el de la Unión Soviética. Ambos estábamos convencidos de que una fuerte capacidad defensiva era un medio necesario pero no suficiente para superar la amenaza comunista. En lugar de limitarnos a intentar contener el comunismo, actitud que había sido la doctrina occidental en el pasado, teníamos intención de desatar una ofensiva de la libertad. En su discurso el presidente Reagan propuso una campaña mundial en favor de la democracia para favorecer «la revolución democrática que estaba cobrando nuevas fuerzas». Visto retrospectivamente, aquel discurso tuvo un significado aún mayor. Marcó una nueva dirección en la batalla de Occidente contra el comunismo. Era un manifiesto de la doctrina de Reagan, la contrapartida de la doctrina de Brezhnev, con arreglo a la cual Occidente no podía abandonar a aquellos países en los que había sido impuesto el comunismo.

También recuerdo aquel discurso por otro motivo. Me admiró que lo hubiera pronunciado sin recurrir aparentemente a una sola nota.

«Le felicito por su memoria de actor», le dije.

Él me contestó: «He leído todo el discurso en esas dos pantallas de plexiglás», refiriéndose a lo que habíamos tomado por algún dispositivo de seguridad «¿No lo conoce? Es un invento británico». Fue así como entré por primera vez en contacto con el Autocue.

LA CUMBRE DE LA OTAN EN BONN EN JUNIO DE 1982

La cumbre de jefes de Estado de la OTAN, celebrada en Bonn el 10 de junio, fue asociada por casi todo el mundo con la cumbre de Versalles. El Grupo de los Siete había mostrado en Versalles que, con una o dos excepciones como Francia, los grandes países se habían comprometido a adoptar de nuevo una política económica consistente. En Bonn, Occidente pudo demostrar, de modo similar, su compromiso de adoptar una sólida política de defensa.

Por supuesto, todos deseábamos tanto una defensa fuerte como que las negociaciones con la Unión Soviética para reducir el nivel de armamento tuvieran éxito. Pero estaba en cuestión cuál de las dos cosas debía tener prioridad. Seguía habiendo discusiones soterradas, pero importantes, acerca de la política de la «doble decisión». Algunos países aspiraban a retrasar casi indefinidamente la puesta en práctica de la decisión de despegar los misiles de crucero y Pershing. En los últimos días del Gobierno de Schmidt, por ejemplo, se escucharon voces en la RFA que argüían que el despliegue pondría en peligro las perspectivas de éxito de las negociaciones. Por el contrario, Estados Unidos y Gran Bretaña mantenían que una postura defensiva fuerte era un requisito previo indispensable para cualquier relación constructiva con la URSS y que, por consiguiente, la disuasión era una condición indispensable para la détente. De hecho, la idea original de convocar la cumbre de Bonn había partido de Gran Bretaña porque, en nuestra opinión, era vital demostrar en aquellos momentos la unidad de la OTAN. El resultado fue razonablemente fiel a esta intención.

Pero la presión de los soviéticos siguió haciéndose notar, respaldada por las manifestaciones del llamado «movimiento por la paz», y favorecida por la actitud de los políticos de izquierda en Europa, hasta el momento mismo en que fueron desplegados los misiles Pershing y de crucero. En ningún momento tuvimos ocasión de relajar la discusión o bajar la guardia.

HONG KONG Y CHINA

En septiembre de 1982, cuando visité China, tanto la posición de Gran Bretaña en el mundo como la mía propia habían quedado transformadas por nuestra victoria en las Malvinas. Pero una cuestión pendiente en la que esto podía resultar contraproducente, en el mejor de los casos, era la negociación con los chinos sobre el tema de Hong Kong. Sus líderes estaban dispuestos a dejar patente que el caso de las Malvinas no era un precedente válido para resolver el caso de la colonia. Yo era perfectamente consciente de ello, tanto desde el punto de vista militar como desde el legal.

La mañana del miércoles 22 de septiembre salí con mi equipo de Tokio, donde nos encontrábamos de visita, hacia Pekín. Faltaban quince años para que venciera la concesión a Gran Bretaña de los Nuevos Territorios, que constituyen más del 90 por ciento del suelo de la colonia de Hong Kong. La isla en sí es un territorio de soberanía británica pero, al igual que el resto de la colonia, depende del continente para obtener agua y otros suministros. La República Popular China se había negado a reconocer el tratado de Nanking, firmado en 1842, por el cual Gran Bretaña había adquirido la isla de Hong Kong. Por consiguiente, aunque mi posición negociadora partía de la base de reivindicar la soberanía británica sobre al menos parte del territorio de Hong Kong, sabía que, en última instancia, no podía confiar en que aquel fuera un mecanismo adecuado para garantizar la futura prosperidad y seguridad de la colonia. El objetivo de nuestras negociaciones era ceder la soberanía sobre la isla a cambio de que Gran Bretaña continuara administrando la totalidad de la colonia hasta un futuro lejano. A través de mis muchas consultas a políticos y empresarios de Hong Kong sabía que ésta era la solución que ellos preferían.

El peligro inmediato, que había quedado ya ilustrado por las reacciones en Hong Kong ante las cláusulas de nuestro Proyecto de Ley de Nacionalidad y ante varios comentarios realizados por los comunistas chinos, era que se evaporara la confianza financiera y que el capital y, con el tiempo, el personal clave abandonaran la colonia, empobreciéndola y desestabilizándola mucho antes de que la concesión de los Nuevos Territorios tocara a su fin. Más aún, era necesario actuar de inmediato si queríamos que se produjeran nuevas inversiones, ya que los inversores no perderían de vista el plazo de quince años a la hora de valorar sus decisiones.

Había visitado Pekín en abril de 1977 como líder de la oposición. La Banda de los Cuatro había sido depuesta pocos meses antes y el presidente era Hua Guo Feng. Deng Xiaoping, que tanto había sufrido durante la Revolución Cultural, había sido expulsado el año anterior por la Banda de los Cuatro y continuaba detenido. Cuando regresé como primera ministra —de hecho la mía fue la primera visita realizada por un primer ministro británico aún en el cargo— Deng Xiaoping estaba incontestablemente en el poder.

La tarde del miércoles 22 de septiembre tuve la primera reunión con el primer ministro chino Zhao Ziyang, cuya moderación y actitud razonable resultaron ser un gran lastre para él en su subsiguiente carrera. Discutimos sobre la situación del mundo y, debido a la hostilidad china hacia la hegemonía soviética, descubrimos que teníamos muchos puntos en común. No obstante, tanto el primer ministro chino como yo éramos perfectamente conscientes de que la reunión programada para la mañana siguiente, en la que hablaríamos sobre Hong Kong, sería muy diferente.

Empecé aquella segunda reunión con una declaración preparada en la que exponía la posición británica. Puse de relieve que Hong Kong era un ejemplo único de cooperación fructífera entre China y Gran Bretaña. Señalé que los dos puntos clave de la posición china hacían referencia a la soberanía y el mantenimiento de la prosperidad de Hong Kong. Esta última se basaba en la confianza. Si se introducían o incluso se anunciaban ahora cambios drásticos en el control administrativo de Hong Kong se produciría sin duda una huida masiva de capital. No se trataba de que Gran Bretaña tuviera voluntad de inducir tal resultado —ni mucho menos— pero tampoco era algo que pudiera impedirse. El hundimiento de Hong Kong supondría un descrédito para nuestros dos países. La confianza y la prosperidad dependían de la administración británica. Si nuestros Gobiernos conseguían llegar a un acuerdo sobre la futura administración de Hong Kong, y si éste funcionaba, lograba fomentar la confianza entre los habitantes de la colonia y satisfacía al Parlamento británico, pasaríamos a considerar la cuestión de la soberanía.

Tenía esperanzas de que este planteamiento pragmático y realista resultara convincente. Después de todo, China obtenía gran cantidad de divisas e inversiones gracias a que tenía un Hong Kong capitalista a la puerta de su casa. Incluso en pleno auge de la Revolución Cultural, aunque los comunistas hubieran fomentado algaradas en la colonia, la Guardia Roja jamás había permitido que se lanzara un ataque a gran escala sobre Hong Kong. Intenté convencer al señor Zhao de que debíamos hacer público un comunicado conjunto, razonablemente libre de compromisos, poniendo de manifiesto que nuestro objetivo común era mantener la prosperidad de Hong Kong y que pronto se anunciarían conversaciones oficiales entre nuestros dos países.

No obstante, quedó bastante claro desde los primeros comentarios del mandatario chino que su Gobierno no aceptaría compromiso alguno en el tema de la soberanía y que pretendía recuperarla en su totalidad, tanto sobre la isla como sobre los Nuevos Territorios, en 1997 y no más tarde. La posición fundamental que subyacía a la actitud china era que la población de Hong Kong era china y no británica. Una vez aceptado esto, Hong Kong podía convertirse en una zona administrativa especial gestionada por la población local, conservando el sistema social y económico existente. El sistema capitalista continuaría en vigor en Hong Kong, al igual que su puerto libre y su función como centro financiero internacional. El dólar de Hong Kong seguiría empleándose y siendo convertible. Como respuesta a mi vigorosa intervención sobre la pérdida de confianza que produciría tal posición caso de ser anunciada, él respondió que si se trataba de elegir entre la soberanía por un lado y la prosperidad y la estabilidad por el otro, China optaría por la soberanía. La reunión fue muy cortés, pero los chinos se negaron a retroceder ni un ápice en sus posturas.

Sabía que la esencia de lo que habíamos discutido le sería comunicada a Deng Xiaoping, con quien había de reunirme al día siguiente. El señor Deng era conocido como un político realista. De hecho, fue él quien desbloqueó el camino para lograr una solución en Hong Kong. Había aceptado que podían existir dos sistemas económicos diferentes en un mismo país, hecho demostrado por el establecimiento de zonas económicas especiales en la propia China. En esta ocasión, no obstante, se mostró inasequible. Reiteró que su país no estaba dispuesto a discutir el tema de la soberanía. Manifestó que la decisión de que Hong Kong había de quedar bajo soberanía china no tenía por qué anunciarse de inmediato, pero que, en uno o dos años de plazo, el Gobierno chino anunciaría formalmente su decisión de recuperarlo. Yo repetí que lo que buscaba era lograr el compromiso, en ulteriores conversaciones, de que a partir de 1997 continuara la administración británica con el mismo sistema legal y político y la misma moneda independiente. Si más adelante nos era posible alcanzar un acuerdo, se produciría un gran aumento de la confianza y yo podría presentarme ante el Parlamento británico y abordar la cuestión de la soberanía para satisfacer los deseos de China.

Pero él no estaba dispuesto a dejarse persuadir. En un momento dado dijo que los chinos podían tomar Hong Kong aquel mismo día si así lo deseaban. Yo respondí que efectivamente podían hacerlo, y yo no podría detenerlos, pero que eso supondría el hundimiento de Hong Kong. El mundo podría ver entonces cual era la diferencia entre un gobierno británico y uno chino en la colonia.

Por vez primera pareció dudar: su actitud empezó a ser menos inflexible. No obstante, todavía no había captado lo esencial de mi planteamiento y seguía insistiendo en que los británicos debían impedir que el capital abandonara Hong Kong. Intenté explicarle que en el momento en que se impide la salida del dinero se pone fin a las posibilidades de que también entre. Los inversores pierden confianza y eso podía suponer el fin de Hong Kong. Empezaba a resultarme cada vez más evidente que los chinos no comprendían en la práctica las condiciones legales y políticas del capitalismo. Sería necesario ponerles minuciosamente al corriente de cómo funcionaba si pretendían que Hong Kong siguiera siendo próspero y estable. También percibí en todas estas discusiones que los chinos habían llegado a creerse sus propios eslóganes acerca de los males del colonialismo. Simple y sencillamente no se daban cuenta de que Gran Bretaña consideraba una obligación moral hacer todo lo posible por proteger el estilo de vida libre del pueblo de Hong Kong.

No obstante, a pesar de todas las dificultades, las conversaciones no fueron el estrepitoso fracaso que podrían haber sido. Aunque no logré mi objetivo inicial, conseguí que Deng Xiaoping aceptara que redactáramos un breve comunicado en el que, sin fingir que habíamos llegado a un acuerdo, se anunciara el comienzo de negociaciones con el objetivo común de mantener la prosperidad y la estabilidad en Hong Kong. Era esencial que se dijera algo en este sentido para potenciar la frágil confianza de la colonia. Ni su población ni yo habíamos conseguido todo lo que deseábamos pero, en mi opinión, al menos habíamos sentado unas bases razonables para la negociación. Los dos sabíamos cuáles eran nuestras respectivas posiciones.

La visita había resultado intensa y agotadora. No obstante, no fue todo trabajo y me quedó algo de tiempo libre para hacer visitas. Mientras estuve en China pude recorrer el increíblemente hermoso Palacio de Verano en el noroeste del extrarradio de Pekín, cuyo nombre en chino significa Jardín de la Vida Pacífica y Relajada. En mi opinión, ésta era una descripción muy poco precisa de mi visita al Lejano Oriente.

EL MURO DE BERLÍN

Al verano siguiente visité otro monumento que, al contrario que el Palacio de Verano, ha quedado reducido a polvo y escombros. Tras unas conversaciones con el canciller Helmut Kohl en Bonn volé hasta Berlín y vi por vez primera el muro y las tierras grises, yermas y devastadas que había más allá, patrulladas por perros bajo la vigilante mirada de guardias rusos armados. El canciller Kohl me acompañó en esta visita y, a pesar de las diferencias que habían de surgir entre nosotros en el futuro, en cuestiones como los males del comunismo y el compromiso con nuestros aliados norteamericanos, éramos uña y carne. Sospecho que la prensa alemana comprendió, como sugerían los artículos publicados posteriormente, hasta qué punto me había emocionado Berlín. La ciudad era vibrante y emocionante, era mayor de lo que había esperado, estaba rodeada por bellísimos bosques y, aún así, mostraba de forma singular las cicatrices que le habían producido los dos credos totalitarios del siglo XX.

En el discurso que pronuncié aquella tarde, viernes 29 de octubre, dije:

Hay fuerzas más poderosas e insidiosas que el aparato de la guerra. Se puede encadenar al hombre, pero es imposible encadenar su mente. Es posible esclavizarle, pero no conquistar su espíritu. Tras el final de la guerra, a los líderes soviéticos se les ha recordado década tras década que su ideología inmisericorde sobrevive tan sólo por la fuerza. Pero se acerca el día en que la ira y la frustración del pueblo serán tan grandes que la fuerza no podrá contenerlas. Entonces el edificio se vendrá abajo: el cemento se desmorona… Algún día la libertad amanecerá al otro lado del muro.

Mi profecía se vio confirmada mucho antes de lo que yo misma jamás habría esperado.

CAPÍTULO X

El desarme de la izquierda

Ganar discusiones y formular la potítica para un segundo mandato: 1982-1983

LA ESCENA POLÍTICA, 1982-1983

No resulta exagerado afirmar que el desenlace de la guerra de las Malvinas transformó el escenario político de Gran Bretaña. De hecho, según las encuestas, la opinión pública sobre la actuación del Partido Conservador ya había comenzado a mejorar antes del conflicto, cuando la gente empezó a darse cuenta de que la recuperación económica ya estaba en marcha. Pero el llamado «factor Malvinas», tan popular entre comentaristas políticos y estudiosos de los sondeos de opinión pública, era muy real. Yo sentía los efectos causados por la victoria en todos los lugares a los que iba. Con frecuencia se dice que las elecciones se ganan o se pierden dependiendo del tema económico y, aunque tiene algo de cierto, parece evidente que esto es demasiado simple. En este caso, y sin ninguna instigación por nuestra parte, los británicos vieron una conexión entre la determinación con la que habíamos emprendido nuestra política económica y la que habíamos mostrado durante la crisis de las Malvinas. Recuperarnos de nuestro declive económico formaba parte de la tarea de restablecer la reputación británica; otra parte consistía en demostrar que no éramos de los que se inclinan ante los dictadores. Al dejar atrás la tensión del período en el que el asunto de las Malvinas parecía dominarlo todo, descubrí que la gente empezaba a valorar lo que habíamos logrado en los últimos tres años. En mis discursos resalté nuestros logros, así como el hecho de que nada de aquello hubiese sido posible si hubiéramos seguido la política a la que nos había instado la oposición.

La propia oposición se hallaba dividida entre los laboristas y la nueva «Alianza» del Partido Liberal y el Socialdemócrata. Aunque en aquel momento no lo sabíamos, la Alianza ya había alcanzado su tope de apoyo y nunca pudo recuperar la atmósfera exultante de finales de 1981, cuando estaba a la cabeza de las encuestas y sus partidarios afirmaban que realmente habían «roto el molde» de la política bipartidista británica. El caso es que si hay algo que no consiguen esos partidos que buscan un camino intermedio entre la izquierda y la derecha, son ideas nuevas e iniciativas radicales. Éramos nosotros los que rompíamos moldes, y el molde eran ellos. Los socialdemócratas y los liberales anhelaban todas las políticas fallidas del pasado: políticas salariales, reflación por medio de apoyos fiscales a la demanda y transferencia de un poder mayor a la burocracia europea quitándoselo a los Gobiernos nacionales verdaderamente democráticos. Las directrices del Partido Social Demócrata (SDP) en cuanto a defensa no estaban mal (comparadas con las de los liberales, eternamente tentados por el unilateralismo) y despreciaban el dogma marxista. Pero siempre pensé, y sigo pensándolo, que los líderes del SDP hubieran salido más beneficiados si se hubieran quedado en el Partido Laborista y hubieran desplazado a la extrema izquierda desde dentro. El peligro era que, al dejar el Partido Laborista en manos de su sector más militante, resultaba probable que al restarnos apoyo a nosotros les abrieran las puertas del poder justo a quienes intentaban excluir.

En cuanto al Partido Laborista, mantuvo un giro aparentemente inexorable hacia la izquierda. Michael Foot es un hombre muy culto y de grandes principios, invariablemente cortés en sus relaciones conmigo. Si no pensara que podría ofenderse, diría que es un caballero. Tiene un don especial para los debates y para la tribuna. Pero defendía unas políticas, como el desarme unilateral, la retirada de la Comunidad Europea, la nacionalización radical de la industria y el incremento de poderes para los sindicatos, que no sólo eran catastróficamente inapropiadas para Gran Bretaña sino que además constituían un paraguas bajo el que podían ampararse siniestros revolucionarios deseosos de destruir las instituciones del Estado y los valores de la sociedad. Cuanto más se sabía de la política y los componentes del Partido Laborista, menos gustaban entre el público en general. Yo no me encontraba entre los muchos conservadores que, por aquel entonces, pensaban que la Alianza acabaría desplazando a los laboristas. El socialismo representa una eterna tentación: no hay que subestimar el atractivo potencial del Partido Laborista. Pero no cabía la menor duda de que, con el extremismo que había adoptado bajo el liderazgo de Michael Foot, era más fácil de vencer.

Las encuestas y los resultados de las elecciones parciales confirmaron mis intuiciones: las Malvinas habían fortalecido nuestra posición en el país. En la víspera de la guerra ya habíamos sobrepasado a los partidos de la Alianza en las encuestas. Entre abril y mayo subimos 10 puntos, hasta alcanzar un 41,5 por cierto, muy por delante de todos los demás partidos. Volvimos a subir tras la recuperación de las islas, para después retroceder levemente en la segunda mitad del año. No obstante, sólo en una ocasión, entre ese momento y las elecciones, estuvimos por debajo del 40 por cierto. Nunca hice demasiado caso a lo que las encuestas decían de mí. Lo único que se logra prestando excesiva atención a ese tipo de cosas es distraerse. Pero también era verdad que mi popularidad había aumentado considerablemente según las encuestas.

Ciertamente, el «factor Malvinas» había debilitado a la Alianza y, sumado a un creciente optimismo respecto a las perspectivas económicas, nos ayudó a recuperar a aquellos partidarios conservadores que nos habían abandonado en favor de la Alianza, pensando que suponía una opción más cómoda y moderada. Las encuestas tampoco eran motivo de alegría para el pobre Michael Foot, ni desde el punto de vista de un apoyo global al partido ni desde el de la perspectiva de su posición como líder.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

En aquella campaña electoral la defensa iba a tener una gran importancia política. Sin embargo, no tenía dudas de que el resultado final dependería de la economía. Ya habíamos fijado nuestra dirección económica en el presupuesto de 1981. Un síntoma muy notable de que para aquel entonces las finanzas públicas ya estaban muy saneadas es el hecho de que pudiéramos financiar la guerra de las Malvinas con la Reserva para Acontecimientos Inesperados, sin gravar un sólo penique de impuestos extraordinarios y sin apenas consecuencias en los mercados financieros. La economía ya empezaba a recuperarse y lo hubiera hecho con mayor rapidez si no hubiera sido por las condiciones de inactividad a nivel mundial. El presupuesto de 1982 de Geoffrey Howe estaba diseñado para fomentar esa recuperación ayudando a las empresas, a la vez que impedía la subida de la inflación y de los tipos de interés mediante la reducción de los créditos gubernamentales. La principal medida de ayuda directa a la industria en el presupuesto de 1982 fue la reducción del Recargo del Seguro Nacional (NIS). Más adelante volvimos a efectuar reducciones en la Declaración de Otoño, y lo hicimos de nuevo en el presupuesto de 1983. Aquello contribuyó directamente al recorte de los costes salariales en la industria y ayudó a aumentar el empleo.

Otro medio de fortalecer la industria sin vernos implicados en la inútil tarea de «elegir ganadores» era el de fomentar la aplicación de la nueva «tecnología informática» (IT). Aquello era algo que me interesaba particularmente. Como científica, me fascinaba la tecnología en sí; como apasionada defensora del capitalismo de libre empresa estaba convencida de que, con el marco legal apropiado y una mano de obra cualificada, la IT podría proporcionar más alternativas, generar riqueza y empleo, y mejorar la calidad de vida. Tanto Keith Joseph en Educación como Ken Baker en Industria compartían mi opinión. Decidimos que 1982 sería el Año de la Tecnología Informática y todos nos esforzamos por ampliar los conocimientos sobre lo que se podía conseguir con la IT en los negocios. Por supuesto, fueron los jóvenes quienes adquirieron los nuevos conocimientos con mayor facilidad, y una de nuestras iniciativas más valiosas y apreciadas fue la de introducir un ordenador en todos los institutos de enseñanza media.

Para entonces la pregunta que se nos planteaba ya no era si iba a haber recuperación económica, sino más bien cuánto tardaríamos en lograrla, en qué medida podríamos mantenerla y cuándo comenzarían a bajar las cifras del desempleo. Dado que toda nuestra política económica se basaba en que los políticos y funcionarios no pueden saber todas las respuestas, nunca me entró la tentación de aventurar cifras. Pero hice lo que pude para fomentar la confianza, ya que mientras los elementos fundamentales (finanzas públicas, índices tributarios, etc.) estén saneados, la propia confianza conduce a mayores inversiones y a un mayor consumo, lo cual ayuda a la recuperación. Por ejemplo, el martes 19 de abril de 1983 pronuncié un discurso en la cena anual de la Confederación Británica de Industria (CBI) en el London Hilton. Sólo faltaban unas semanas para las elecciones, aunque aquello era algo que ni el público ni la conferenciante invitada sabían. Les recordé que la última vez que me habían invitado, hacía dos años, había mucho por lo que preocuparse en el estado de la economía:

De hecho, acabábamos de leer una carta abierta que profetizaba perdición y calamidad eternas a no ser que cambiáramos de política. La firmaban nada menos que 364 economistas, suficiente… como para darme un mal consejo por cada día del año excepto el Día de los Santos Inocentes.

Sin embargo, desde entonces los cortes en el NIS habían restituido dos mil millones de libras anuales a las empresas privadas. Los impuestos personales también habían sufrido reducciones, al subir los umbrales más rápidamente que la inflación. Los tipos de interés se encontraban a siete puntos porcentuales por debajo de su techo máximo, lo cual le ahorraba a la industria otros dos mil millones de libras. El tipo de cambio había caído de $2,45 en octubre de 1980 a $1,54, lo cual significaba un estímulo para los exportadores. La producción industrial, la compra de vivienda, las ventas de automóviles, todo iba en ascenso. Había muchas señales de recuperación y, sobre todo, de una recuperación con una base saneada.

Se había logrado controlar los créditos gubernamentales. Se esperaba que el gasto público por fin empezara a perder peso en el PNB, aunque sólo fuera levemente, ahora que la economía volvía a crecer. Nuestras deudas en el extranjero se habían reducido a prácticamente la mitad. Y hubo una fuerte caída de la inflación, que descendió de un 20 por ciento a un 4 por ciento: su nivel más bajo en los últimos trece años. Aquel éxito en la lucha contra la inflación fue el logro en que más hincapié hicimos durante el período previo a las elecciones, sobre todo porque los laboristas pensaban prometer enormes aumentos en los gastos y en los créditos, que nunca podrían financiarse honradamente y que hubieran vuelto a disparar los precios. La mancha negra del historial era, claro está, el desempleo, que se mantenía bastante por encima de los tres millones. Era fundamental que la campaña explicara por qué ocurría aquello y qué íbamos a hacer para solucionarlo. Nuestra capacidad para resolver aquel asunto pondría a prueba no sólo nuestra elocuencia y credibilidad, sino también la madurez y la comprensión del electorado británico.

SINDICATOS

Al contrario que algunos de mis colegas, yo siempre he creído que, en igualdad de condiciones, el nivel de desempleo está relacionado con el alcance del poder sindical. Los sindicatos habían dejado a muchos de sus afiliados sin trabajo al exigir sueldos excesivos para una producción insuficiente, provocando que los productos británicos no resultaran competitivos. De modo que tanto Norman Tebbit, mi nuevo ministro de Trabajo, como yo estábamos impacientes por seguir adelante con la reforma de la ley sindical, que sabíamos que era necesaria y deseada incluso por los sindicalistas.

Norman no perdió el tiempo. Hacia finales de octubre de 1981 buscó la conformidad del Gabinete sobre lo que se convertiría en la Ley del Empleo de 1982. Se cubrirían seis áreas principales.

Elevaríamos considerablemente los niveles de compensación para los despidos injustos en aquellos lugares de trabajo con afiliación sindical obligatoria.

En los lugares de trabajo en los que rigiera la afiliación sindical obligatoria se celebrarían votaciones periódicas para comprobar si dicho sistema seguía contando con el apoyo de los empleados.

Declararíamos ilegal el requisito de pertenecer a un sindicato determinado para obtener un contrato laboral, lo cual discriminaba a aquellas empresas que no tuvieran un sistema de afiliación obligatoria.

En lo sucesivo los empresarios podrían despedir a aquellos que tomaran parte en una huelga u otro tipo de acción laboral sin verse expuestos a demandas por despido injustificado, siempre que se despidiera a todos los participantes en la huelga.

La definición de conflicto laboral legal iba a ser más estricta en varios sentidos, y subsanaría las lagunas de la ley de Jim Prior para limitar la inmunidad en el caso de medidas de apoyo.

Pero las propuestas más importantes de Norman eran las relativas a la ampliación de la inmunidad de los fondos de los sindicatos entonces vigente. Según la Sección 14 de la Ley laborista de Sindicatos y Relaciones Laborales de 1974, los sindicatos gozaban de una inmunidad prácticamente ilimitada frente a demandas por daños y perjuicios, incluso cuando la acción sindical no se hubiese emprendido como consecuencia o prolongación de un conflicto laboral. No podían ser demandados por sus acciones ilegales ni por las acciones ilegales realizadas en su nombre por representantes. No podía permitirse una inmunidad tan amplia. Mientras los sindicatos pudieran acogerse a ella no tendrían incentivos para limitar las medidas laborales a disputas sindicales dentro de un marco legal, ni para fomentar otras medidas. Por lo tanto, Norman propuso que tal inmunidad se redujera y fuera la misma que la de cualquier individuo de acuerdo a nuestra legislación de 1980. Ambas inmunidades se verían aún más limitadas por nuestras propuestas relativas a los requisitos laborales de afiliación obligatoria en los contratos y a los cambios introducidos para restringir la definición de conflicto laboral (cambios que eliminaban la inmunidad en aquellos conflictos que no estuviesen directamente relacionados con salarios y condiciones laborales, y en los que se plantearan entre sindicatos).

Estaba claro que los sindicatos iban a oponer una fuerte resistencia a cualquier medida que les expusiera a juicios por desacato o al pago de daños y perjuicios. Era indudable que declararían que estábamos intentando impedirles que defendieran los intereses de sus miembros. Así que era vital para nosotros explicar lo justo de nuestras propuestas, subrayando que los sindicatos sólo estarían en peligro si actuaban de una forma que no estaba permitida a los demás. Estábamos convencidos de que el público en general lo juzgaría razonable. También propusimos límites a los daños por los que se podía demandar a un sindicato, aunque por supuesto no habría límites a las multas por desacato que podría imponer un tribunal, aspecto que era de suma importancia.

Al principio hubo cierta oposición a las propuestas de Norman dentro del Consejo, y no toda procedente de los sectores previstos. Pero la mayoría estábamos admirados de su audacia. Aunque se marchó para reconsiderar algunos de los puntos allí discutidos, el paquete acordado por el Consejo en noviembre mantenía casi todas las directrices que él quería. Norman anunció nuestras intenciones a la Cámara de los Comunes ese mismo mes. El proyecto de Ley se presentó en febrero del siguiente año y las principales disposiciones de la Ley entraron finalmente en vigor el 1 de diciembre de 1982.

Lejos de ser impopulares, aquellas propuestas pronto empezaron a ser objeto de críticas por parte de algunos sectores que sostenían que no eran lo suficientemente radicales. El SDP intentó abrumarnos pidiendo una mayor implantación del voto secreto obligatorio. Muchos de nuestros partidarios querían que se adoptaran medidas para poner fin a los abusos relacionados con el «impuesto político», una considerable suma que se hacía pagar a los sindicalistas, principalmente en beneficio del Partido Laborista. Había continuas presiones para que hiciéramos algo para impedir que las huelgas afectaran a los servicios básicos, presión que aumentaba cada vez que había una amenaza de huelga en el sector público, como ocurriría con frecuencia durante 1982. Pero no hubiera resultado práctico tratar todos aquellos asuntos a la vez en un solo proyecto de Ley: cada uno planteaba cuestiones complicadas y no podíamos permitirnos ningún error en un terreno tan vital. Yo estaba convencida de que el gran paso dado por Norman respecto a la inmunidad de los fondos de los sindicatos era suficiente por el momento. No obstante, me alegraba de que el clima hubiera cambiado y de que mucha más gente comprendiera los peligros del poder de los sindicatos. Aquella batalla también la estábamos ganando.

Norman y yo mantuvimos otras conversaciones en el verano de 1982. En septiembre me presentó un documento con sus ideas para una nueva legislación de relaciones industriales que se entregaría formalmente al Comité «E», con vistas a su inclusión en el manifiesto. Norman ya había anunciado que consultaríamos con los interesados sobre la legislación que obligaría a los sindicatos a emplear el voto secreto para la elección de sus dirigentes. Hubo un gran apoyo en ambas Cámaras al voto secreto antes de una huelga. Pero estábamos divididos respecto a aquello.

A continuación, los ministros debatieron cuáles habían de ser las prioridades para el próximo documento consultivo. Acordamos que nos centraríamos en los asuntos del voto secreto en la elección de dirigentes sindicales, el voto secreto obligatorio antes de una huelga, y la leva política. Norman tenía sus reservas respecto al empleo del voto secreto antes de una huelga. Con anterioridad habíamos acordado que debía ser voluntario. Además, existían dudas acerca de si el empleo de votos conseguiría realmente reducir la frecuencia y la duración de las huelgas. Pero yo era muy consciente de las grandes ventajas de vincular la reforma sindical al inamovible principio de la democracia y estaba deseosa de ver que las propuestas sobre el voto secreto se expresaran de manera positiva en el documento consultivo.

En enero de 1983 publicamos aquel documento bajo el título Democracia en los sindicatos. En abril los ministros debatieron cuál había de ser el siguiente objetivo a tratar. No nos fue difícil decidirnos a favor de las propuestas relacionadas con las elecciones sindicales y los votos de huelga. Otros dos temas resultaron ser mucho más difíciles: impedir las huelgas en los servicios esenciales y el impuesto político.

Las huelgas del sector público, y el consiguiente trastorno en las vidas de los ciudadanos, había sido una característica de la Gran Bretaña de posguerra. El año de 1982 fue especialmente difícil. Hubo dos huelgas en el sector ferroviario. El personal auxiliar de la Sanidad Pública inició una huelga por motivos salariales, que se extendió desde mayo hasta mediados de diciembre. Y la huelga en la industria del agua volvió a centrar el interés en la cuestión de las interrupciones de los servicios básicos. Pero el problema planteaba unas enormes dificultades de orden práctico. ¿Qué se entendía por «servicios básicos»? ¿Cuánto le supondría al contribuyente el que llegáramos a acuerdos para evitar las huelgas? ¿Cuál debía ser la penalización por incumplimiento de un acuerdo anti huelga?

El impuesto político era otra cuestión difícil. Lo pagaban los sindicalistas a los fondos políticos manejados por sus sindicatos y se empleaba principalmente, como ya he mencionado, para apoyar al Partido Laborista. El pago se gestionaba por medio de la contribución automática por parte de los sindicalistas, a no ser que se especificara lo contrario. El caso es que lo justo hubiese sido que se hiciese exactamente al revés: que los sindicalistas no contribuyeran a no ser que expresaran su voluntad de hacerlo, y el hecho es que algunos defendieron un cambio en ese sentido. Pero las consecuencias hubieron sido nefastas para las finanzas del Partido Laborista, debido a su fuerte dependencia de los sindicatos. Si hubiéramos introducido aquella medida, no cabe duda de que habría provocado presiones para que se cambiase también el sistema que permite que algunas empresas hagan donaciones a los partidos políticos, algo de lo que, naturalmente, se beneficiaba enormemente el Partido Conservador. Nunca consideré los dos casos como paralelos: al fin y al cabo, a unos sindicalistas que tienen un empleo de afiliación sindical obligatoria les resultaba muy difícil evitar el pago del impuesto político, sobre todo cuando el empresario tenía un acuerdo con el sindicato para «deducir» el impuesto del sueldo del empleado. Por el contrario, los accionistas que no estuvieran de acuerdo con las donaciones a partidos políticos realizadas por sus empresas podían pedir a la dirección una justificación por dicha decisión o, sencillamente, vender sus acciones. Pero la financiación de los partidos políticos era una cuestión delicada. Si planteábamos propuestas radicales en vísperas de unas elecciones generales, se nos podía acusar de intentar aplastar económicamente al Partido Laborista y de actuar injustamente en la cuestión de las donaciones empresariales.

El martes 10 de mayo celebré una reunión de ministros en la que acordamos nuestro compromiso para el manifiesto. En el tema de los servicios, la introducción de la votación de huelga ayudaría claramente a reducir el riesgo de huelgas en esas áreas. Pero también podíamos hacer más averiguaciones sobre la necesidad de que las relaciones industriales en determinados servicios esenciales se gobernaran por acuerdos de procedimiento adecuado, cuya infracción anularía la inmunidad de la huelga. En la cuestión del impuesto político teníamos pruebas, procedentes de nuestras investigaciones para el documento consultivo, de que existía un malestar generalizado por el funcionamiento del sistema, y nos propusimos consultar con la Unión de Sindicatos (TUC) para ver qué estaban dispuestos a hacer; en caso de que ellos se negaran a actuar, lo haríamos nosotros. Estas eran cuestiones que tendríamos que retomar después de las elecciones. Pero habíamos logrado considerables progresos en la reducción del poder abrumador de los sindicatos, muchos más de los que hubieran creído posible los pusilánimes. Y desde el punto de vista político no salimos perjudicados; al contrario, fue uno de nuestros mayores atractivos de cara a los electores.

En aquella época Ferdy Mount era el jefe de mi Unidad Política. Hacía tiempo que yo era una gran admiradora de sus ingeniosos y reflexivos artículos, incluso cuando, como en el caso de las Malvinas, no estaba de acuerdo con sus puntos de vista; y me alegré mucho cuando en abril de 1982 accedió a sustituir a John Hoskyns. Ferdy se interesaba especialmente por todo aquello que entra en el apartado de la política social: educación, derecho penal, vivienda, la familia, etc., algo que, tras los disturbios de 1981, acaparaba cada vez más mi atención. A finales de mayo me preparó un documento que contenía el esquema para una «renovación de los valores de la sociedad».

Este Gobierno accedió al poder afirmando que el derecho al ejercicio de la responsabilidad es lo que nos enseña la autodisciplina. Pero en las primeras épocas de la vida es la experiencia de la autoridad, ejercida justa y coherentemente por adultos, la que enseña a los jóvenes a ejercer la responsabilidad por sí mismos. Tenemos que aprender a recibir órdenes antes de aprender a darlas. Es esta relación mutua entre la obediencia y la responsabilidad la que conforma una sociedad libre y autónoma. Y es en el deterioro de esta relación en donde se originan tantos de los males que afligen a Gran Bretaña.

Si logramos reconstruir esa relación, es posible que comencemos también a recuperar el respeto por la ley y el orden, el respeto por la propiedad y el respeto por los profesores y los padres. Pero la recuperación en sí ha de ser una cuestión mutua. Por un lado, necesitamos recuperar una autoridad efectiva para profesores y padres. Por otro, necesitamos ofrecer a los jóvenes la posibilidad de experimentar la responsabilidad y un papel útil dentro de la sociedad.

En esa fase había que desarrollar los temas antes que las medidas concretas, y Ferdy yo hablamos de cuáles habían de ser aquellos temas. En educación, por ejemplo, queríamos aumentar el poder de los padres, ampliar la variedad dentro del sector estatal y ver si podíamos producir propuestas viables sobre educación. Nos preocupaba la ignorancia demostrada por muchos niños respecto a nuestro país, nuestra sociedad, nuestra historia y nuestra cultura. Naturalmente, tanto aquellos temas como otros, al igual que todas las cuestiones verdaderamente importantes, no podían llevarse a cabo inmediatamente. Pero tanto Ferdy como yo estábamos convencidos de que, en el fondo, la misión conservadora tenía que ver con algo más que la economía, por muy importante que ésta fuera. Existe un compromiso de fortalecer, o al menos de no debilitar, las virtudes tradicionales que permiten que la gente viva vidas enriquecedoras sin constituir una amenaza o una carga para los demás. Aquel era el principio de muchos de los temas e ideas que prevalecerían en mi tercer mandato.

Efectivamente, ya en junio de 1982 había establecido un grupo informal de ministros para ver cómo se podía desarrollar aquel ambicioso programa, que comprendía a Keith Joseph, Willie Whitelaw, Geoffrey Howe, Norman Tebbit, Michael Heseltine, Norman Fowler y Neil Macfarlane (como ministro de Deportes). En octubre invité a Janet Young a que se uniera a nosotros. El grupo era conocido oficialmente, aunque el nombre no era del todo correcto, como «el Grupo de Política Familiar»; la primera reunión se celebró en julio de 1982 y a partir de allí se encargaron trabajos detallados. Todo tipo de cuestiones entraban dentro de su ámbito, incluyendo la reforma de los impuestos a los cónyuges, documentos sobre educación, la reducción de la delincuencia y la ampliación de la propiedad inmobiliaria por medio de un aumento de los descuentos en la venta de viviendas de protección oficial.

Nunca resulta fácil efectuar la transición desde el diseño de políticas en el Gobierno a la redacción del manifiesto de un partido. En 1982 empleé un ejercicio especial para facilitar el problema. En septiembre escribí a los ministros del Gabinete, solicitándoles que prepararan una «perspectiva quinquenal» para sus departamentos. Aquellos documentos habían de resumir los logros alcanzados, lo que se estaba llevando a cabo en ese momento y lo que quedaba aún por hacer. Recibí la mayor parte de aquellos documentos justo antes de las Navidades y los revisé durante las fiestas. Como alguien dijo una vez refiriéndose a la calidad de la comida de British Rail, había una considerable variación cualitativa. No había muchas novedades que señalar en Hacienda, dado que la estrategia estaba clara y la forma de probarla era seguir adelante con las políticas que ya teníamos. De igual forma, la prioridad para Sanidad en aquella fase era defender nuestro historial y explicar los logros ya alcanzados, antes que emprender nuevas iniciativas políticamente difíciles.

Por el contrario, tanto en la vivienda como en la administración local se dedicaba mucho espacio a nuevos planteamientos. El «derecho a comprar» había resultado ser un gran éxito, pero cuanto más conseguíamos extender la propiedad sobre la vivienda por este medio, más difícil les resultaría a los laboristas oponerse a ella. En empleo, estábamos preparando la introducción del Plan de Formación para Jóvenes y debatiendo el próximo paso de la reforma sindical, que finalmente daría como resultado la Ley de Empleo de 1984.

En educación Keith Joseph había iniciado lo que sería un largo proceso de reforma. El menor número de alumnos nos había permitido aumentar el gasto por alumno a niveles sin precedentes y conseguir la mejor relación entre el número de profesores y alumnos. Una mayor abundancia de recursos sólo permite una mejora del nivel, aunque no lo garantiza. De modo que Keith quería introducir cambios en la formación de los profesores. Estaba publicando nuevas directrices para los planes de estudios de los colegios. Keith y yo también teníamos interés en aumentar la capacidad de elección de los padres, mediante una investigación a fondo sobre las posibilidades de los bonos de ayuda o al menos de una combinación de «matrícula abierta» y «financiación per capita», que es una especie de bono aplicable sólo al sector estatal.

Se había renovado el impulso de nuevas ideas en el Número 10 y los ministros habían evaluado su política. Para finales de 1982, aunque yo no pensaba todavía en unas elecciones generales anticipadas, me parecía que el Gobierno se estaba acercando a la fase final, previa a una próxima campaña. Podían presentarse muchos contratiempos pero, en general, nuestra posición política era fuerte, y la perspectiva económica estaba mejorando. De hecho, mucho antes de que finalizara el año ya había autorizado la formación de grupos que diseñasen la política partidaria para la consideración de esas y otras propuestas relacionadas con el futuro manifiesto. Pronto empezaron las especulaciones acerca de la fecha de las elecciones.

CAPÍTULO XI

En casa y a cubierto

Trasfondo y desarrollo de la campaña electoral de 1983

EL MANIFIESTO

La importancia central del manifiesto en las elecciones generales británicas suele causar extrañeza entre los observadores extranjeros. Los manifiestos de los partidos en Gran Bretaña han adquirido una importancia cada vez mayor a lo largo de los años y se han hecho cada vez más detallados. En Estados Unidos y Europa continental, las «plataformas» de los partidos tienen menos autoridad, y en consecuencia no se estudian tan minuciosamente. Incluso en Gran Bretaña ha sido sólo recientemente cuando los manifiestos han empezado a incluir propuestas tan detalladas.

El primer manifiesto conservador fue el discurso dirigido por sir Robert Peel en 1835 a sus electores de Tamworth. El «manifiesto de Tamworth», a pesar de todas las diferencias evidentes, se parece en un aspecto fundamental al actual manifiesto conservador: siempre constituye en gran parte una declaración de la política del dirigente del partido.

Nunca me vi impedida por el desbarajustado aparato de comités y normas del partido que hace que la elaboración y la aprobación del manifiesto de los laboristas parezca una pesadilla. No obstante, el dirigente del partido no puede dar órdenes a sus compañeros de partido más veteranos: el resto del partido en el gobierno y en el parlamento necesita sentirse comprometido con las propuestas del manifiesto, con lo cual se hacen necesarias muchas consultas. Hablé de esta cuestión con Cecil Parkinson y ambos convinimos en que Geoffrey Howe era la persona adecuada para supervisar el proceso de elaboración del manifiesto. Nunca ha habido un creyente más devoto en las virtudes de las consultas que Geoffrey. Había sido necesario excluir a Hacienda del Gabinete de Guerra de las Malvinas, y ahora, naturalmente, se alegró de esta posibilidad de ampliar su papel. Como ministro de Hacienda tenía la veteranía y la experiencia necesarias para supervisar el trabajo político requerido. Vista en retrospectiva, esta medida fue acertada en cuanto a uno de sus objetivos —el de reducir mi carga de trabajo— pero, como se verá, dio lugar a considerables inconvenientes. En 1987 decidí supervisar yo misma la preparación del manifiesto.

Todo el proceso empezó casi un año antes de las elecciones. El sábado 19 de junio aprobé la creación de grupos para la elaboración de la política del partido, con el encargo de identificar «tareas para la administración conservadora durante el resto de esta década; elaborar propuestas para la acción cuando sea posible; cuando no sea posible, identificar temas para su estudio». En un principio se contempló la creación de once grupos de esta índole, aunque de hecho dos jamás se crearon; abandonamos la idea de un grupo para la «reforma constitucional», porque me parecía que realmente no había nada destacado que decir acerca del tema, y los términos de referencia para «la ampliación de la facultad de elegir» resultaron ser demasiado vagos. (Convenía tratar este tema en detalle entre todos los demás grupos). Los nueve grupos que finalmente creamos cubrían el desempleo, la empresa, cuestiones relativas a la mujer y a la familia, educación, las ciudades y la ley y el orden, la trampa de la pobreza, la Comunidad Europea, las industrias nacionalizadas y el transporte urbano. Decidimos que el presidente de cada grupo debía ser un parlamentario —diputado o par— que contribuiría a seleccionar los miembros del grupo entre personas de mentalidad conservadora del mundo de los negocios, el mundo académico, el voluntariado y la Administración local. Para mantener informado al Gobierno, asesores especiales de los ministros en cuestión asistirían a las reuniones. (Los asesores especiales son cargos políticos y, por lo tanto están libres del deber de neutralidad política que impide el empleo de funcionarios en este desempeño). Las labores administrativas y de investigación las desarrollaban miembros del Departamento de Investigación de Partido Conservador.

En esencia, los grupos políticos tenían dos fines. El primero y más importante era involucrar al Partido en su totalidad en nuestros planes para el futuro. Creo que este objetivo se cumplía. El segundo era generar nuevas ideas para el manifiesto y, desgraciadamente, en este aspecto fracasaron. Por una razón o por otra se tardó demasiado en encontrar presidentes apropiados y el correcto equilibrio de miembros en los grupos. No fue hasta octubre o noviembre de 1982 cuando los grupos se pusieron realmente a trabajar; en un principio, habíamos creído con mucho optimismo que podrían ponerse en marcha en julio. Estaba previsto que entregaran su material a finales de marzo de 1983, pero por aquel entonces los que estábamos en el Gobierno ya hacía tiempo que habíamos empezado nuestro propio trabajo de elaboración de una línea política. Otro problema es la vanidad humana de querer demostrar que se va con ventaja. Con demasiada frecuencia sus propuestas se filtraron a la prensa. De hecho, The Times publicó una detallada relación del informe del grupo de Política Educativa.

El caso es que las propuestas realmente audaces que haya en un manifiesto sólo pueden desarrollarse a lo largo de un considerable período de tiempo. Recurrir a ideas brillantes pensadas en el último momento supone correr el peligro de producir un manifiesto incoherente e irrealizable. De modo que, al final, el trabajo real para el manifiesto de 1983 se tuvo que hacer en el Número 10, y por los ministros en sus departamentos.

Por su cargo de jefe de mi Unidad Política[30] en el Número 10, y por sus dotes personales, Ferdy Mount estaba maravillosamente situado para redactar el borrador del manifiesto. Podía ver cómo pensaban los ministros por los documentos llamados «Mirada hacia adelante» que yo había recibido a finales de 1982. El siguiente paso se dio en febrero de 1983, cuando Geoffrey Howe escribió a sus colegas del Consejo pidiéndoles que le remitieran sus sugerencias para el manifiesto antes de finales de abril. Sus propuestas serían aceptadas, modificadas o rechazadas por un grupo más reducido de ministros y asesores directamente responsables ante mí. Hacienda controlaría muy de cerca el coste de cada propuesta —otra ventaja de la estrecha participación de Geoffrey—, con el resultado de que durante las elecciones pudimos decir que todas nuestras propuestas habían sido tenidas en cuenta en el último Libro Blanco del Gasto Público. Dado que esperábamos que el contraste entre la prudencia conservadora y la prodigalidad laborista sería un tema central en la campaña, esto tenía sentido político, además de económico.

Ferdy, Geoffrey Howe y el asesor especial de Geoffrey, Adam Ridley, colaboraron intensamente en la elaboración del primer borrador de Ferdy en marzo y principios de abril. A continuación, el fin de semana del 9 al 10 de abril, se les unieron Cecil Parkinson, Keith Joseph, Norman Tebbit, David Howell y Peter Cropper (director del Departamento de Investigación del Partido Conservador), y en ese momento se analizaron a fondo las propuestas de los diferentes departamentos. Para finales de abril teníamos un borrador bastante completo, sobre el que trabajé con Geoffrey, Cecil, Ferdy y Adam en Chequers el domingo 24 de abril. Poco después, el comité asesor del partido para la elaboración de líneas políticas, con Keith Joseph como presidente, se reunió para darle el sello de aprobación del partido; curiosamente, a la vista de los acontecimientos posteriores, las principales críticas provenían de los dos representantes del Comité 1922[31], que pensaban que no estábamos haciendo todo lo necesario para cambiar los tipos de interés. El miércoles 4 de mayo se enviaron capítulos del borrador del manifiesto a ministros concretos, para su comprobación y aprobación. Luego se introdujeron unos pocos cambios finales en mi última reunión de estrategia preelectoral, el domingo siguiente en Chequers, tras lo cual estaba listo para mandarse a imprimir. Finalmente lo corregimos en una reunión no oficial del Consejo.

Las promesas más importantes del manifiesto se distribuían en tres grupos. En primer lugar, prometíamos acelerar la privatización, que era fundamental para nuestro planteamiento económico. En caso de ganar las elecciones, nos comprometíamos a vender British Telecom, British Airways, una parte considerable de British Steel, British Shipbuilders, British Leyland y el mayor número posible de aeropuertos británicos. Las prospecciones petrolíferas de British Gas en el mar también se privatizarían y se haría entrar capital privado en la Compañía Nacional de Autobuses. Este era un programa ambicioso: mucho más amplio de lo que jamás hubiéramos creído posible cuando ganamos las elecciones sólo cuatro años antes.

El segundo grupo importante de promesas tenía que ver con la reforma sindical. Aprovechando las consultas realizadas para nuestro Libro Verde de la Democracia Sindical, prometimos legislar en el sentido de hacer obligatorio el sufragio para la elección de los gestores sindicales, y también para la convocatoria de huelgas (sin el cumplimiento de este requisito previo, los sindicatos perderían su inmunidad ante la ley). Como ya he mencionado también había un cauteloso compromiso de considerar una posible legislación sobre recluta política de los sindicatos y sobre las huelgas en los servicios esenciales. La cautela estaba justificada. En un momento en el que el Partido Laborista prometía revocar nuestras anteriores reformas sindicales, nosotros seguíamos adelante con nuevas reformas: el contraste era enorme, y estábamos seguros de que los votantes se percatarían de ello.

El tercer grupo de importantes propuestas se refería a la Administración local. En especial, prometíamos suprimir el Consejo Municipal del Gran Londres y los Consejos de los Condados Metropolitanos, devolviendo sus funciones (que ya habíamos restringido) a consejos más próximos a los ciudadanos: los municipios, en el caso de Londres, y los distritos en las demás zonas metropolitanas. La propuesta sorprendió a casi todos y posteriormente se describió como una medida de última hora, de elaboración imprecisa. La verdad era bien distinta. El año anterior un comité del Gabinete había estudiado el tema muy a fondo y recomendado la eliminación, pero experiencias previas de filtraciones me aconsejaron no plantear la cuestión ante el Consejo de Ministros para una decisión final hasta poco antes de las elecciones. También prometimos introducir restricciones en los impuestos municipales, con una legislación que nos permitiera poner límites al despilfarro en municipios con un alto índice de gastos, en beneficio de los contribuyentes locales y de la economía más general.

Aunque el manifiesto suponía un paso adelante en nuestro programa, la verdad es que no resultaba un documento apasionante. Los primeros años de Administración conservadora se habían visto dominados por la lucha contra la inflación y por otro tipo de lucha en el Atlántico Sur. Por muy grandes que fueran los logros, ni la economía ni la defensa son el tipo de temas que generan material estimulante para un manifiesto. La política social es otra cosa, pero sólo acabábamos de empezar a dirigir nuestra atención hacia este campo, que se haría cada vez más importante a lo largo de los próximos dos mandatos. Y, al menos en esta ocasión, Geoffrey Howe resultó ser demasiado prudente. Me sentí algo decepcionada, aunque desde un punto de vista táctico veía que tenía sentido que produjéramos un manifiesto insípido y nos centráramos en la denuncia del extremismo laborista. Quizá la característica más importante del manifiesto fuera lo que no estaba incluido en su contenido. No prometía un cambio de dirección, ni un descenso de la velocidad. No daba cuartel a los abogados del socialismo y del corporativismo. En el prólogo exponía mi visión de Gran Bretaña y los británicos:

[…] una gran cadena humana que se extiende hacia el pasado y en dirección al futuro. Todos están unidos por una creencia común en la libertad y en la grandeza de Gran Bretaña. Todos son conscientes de su propia responsabilidad a la hora de contribuir a ambas.

¿Estaba en lo cierto al creer que éste era el espíritu del momento? ¿O era el socialismo lo que la gente quería de verdad? El electorado no tardaría en darnos su respuesta.

D-21 A D-14

En Gran Bretaña la campaña electoral sólo dura unas cuatro semanas, normalmente menos. Para fines de planificación en las elecciones siempre empleábamos el llamado «sistema D- (menos)», numerando cada día en una cuenta atrás hasta el Día D: el día mismo de las elecciones. El período más intenso de la campaña empieza a partir del D-21, que en este caso era el jueves 19 de mayo. Inauguramos nuestra campaña el D-20, viernes 20 de mayo, dos días después de la publicación del manifiesto. El primero de nuestros cinco espacios electorales se emitió por televisión el D-23.

No fue una buena semana para Francis Pym. En respuesta a una pregunta planteada en Question Time (Tiempo de Preguntas) de la BBC, dijo que en su opinión «los triunfos electorales aplastantes no suelen producir gobiernos muy afortunados». Naturalmente, la gente dedujo que no quería que ganáramos por una gran mayoría. Por supuesto, esto era muy cómodo para los que ocupaban escaños seguros, como el propio Francis. Pero resultaba bastante molesto para los candidatos conservadores más marginales y para quienes esperaban obtener su escaño a costa de otros partidos. Y dado que la complacencia probablemente fuera nuestra peor enemiga en la campaña, este comentario estaba fuera de lugar.

La primera conferencia de prensa de la campaña tuvo lugar el viernes 20 de mayo. Geoffrey Howe desafió a los laboristas en el tema del coste de las propuestas por ellos presentadas en su manifiesto y dijo que si no los publicaban lo haríamos nosotros. Era el primer planteamiento de un tema de campaña que resultó muy eficaz. Patrick Jenkin continuó con una llamada de atención a los planes laboristas de nacionalizar y regular la industria. Hubo una serie de preguntas acerca de la economía. Pero inevitablemente, lo que la prensa realmente quería saber era qué pensaba yo acerca del comentario de Francis. Lo habíamos visto venir y yo había comentado lo que debíamos decir en la sesión informativa de esa mañana. Francis había sido jefe de los whips[32] con el primer ministro Ted Heath, y aproveché ese hecho como base para mi respuesta:

Yo no creo que tuviera problemas para manejar un triunfo electoral aplastante. Creo que el comentario al que se refieren era producto de la prudencia natural de un jefe de whips. La prudencia de un ex jefe de whips. Ya saben que hay un club de jefes de whips. Son gente muy insólita.

Abandoné la conferencia de prensa para emprender la primera gira de mi campaña, en la zona oeste del país. A las once menos cuarto de la mañana abandonamos la sede central del partido para dirigirnos a la Estación Victoria, y desde allí seguimos en tren a Gatwick para coger el vuelo a St. Mawgan, Cornualles. Se nos unió un grupo de unos cuarenta o cincuenta periodistas, y viajamos todos juntos en la parte trasera del avión. Fue un agradable día de campo. Visité el mercado de pescado de Padstow Harbour y seguí hasta Trelyll Farm, cerca de Wadebridge. Allí me sorprendió la prensa. Estaba sobre un montón de hierba cortada y el fotógrafo del Daily Mirror me pidió que cogiera unos manojos para la foto. No vi nada malo en ello, así que le hice el favor. Él tomó su fotografía, y al día siguiente apareció ésta con el siguiente pie de foto: «Que coman hierba». No conviene cooperar tanto con la prensa.

El lunes 23 de mayo (D-17) mi campaña empezó en serio. Abrimos, como siempre, con una reunión informativa para preparar la conferencia de prensa de esa mañana; en la reunión dedicamos algún tiempo a hablar de la publicidad del partido. Saatchi & Saatchi había concebido una campaña muy brillante en 1979. Sus anuncios y carteles de 1983 no eran tan buenos, aunque había sus excepciones. Un anuncio comparaba el manifiesto del Partido Comunista y el del Laborista imprimiendo una lista de compromisos idénticos de ambos partidos. Era una lista larga. Un segundo cartel presentaba los catorce derechos y libertades que el votante perdería si ganaban los laboristas y cumplían con su programa. Otro cartel, dirigido a las minorías étnicas con el lema «Los laboristas piensan que es negro, los conservadores piensan que es británico» causó cierta polémica. Pero a mí me pareció absolutamente correcto. Sí impuse mi veto a uno que mostraba una foto especialmente poco favorecedora de Michael Foot bajo el lema «Con los conservadores todos los jubilados se benefician». Quizá fuera una correcta observación política, pero no me gustan los ataques personales.

Mi discurso de esa noche lo pronuncié en el Ayuntamiento de Cardiff. Era un discurso largo, que se alargó todavía más, para ganar en vitalidad, cuando me salí del texto, algo que siempre parece ayudar en los discursos. Toqué todos los principales temas electorales —puestos de trabajo, sanidad, pensiones, defensa—, pero mis pasajes preferidos eran los referidos a los planes laboristas para el ahorro:

Bajo un gobierno laborista, prácticamente no hay ningún sitio donde pueda uno depositar sus ahorros y tenerlos a buen recaudo del Estado. Quieren nuestro dinero para invertirlo en socialismo estatal, y están empeñados en conseguirlo. Si metemos los ahorros en un banco, ellos lo nacionalizan. Si los depositamos en un fondo de pensiones o una empresa de seguros de vida, el gobierno laborista les obligaría a invertir el dinero en sus propios proyectos socialistas. Si escondemos el dinero en un calcetín, lo más probable es que acabasen nacionalizando los calcetines.

Ese martes había regresado temprano del recorrido diario a fin de prepararme para una sesión de preguntas y respuestas con Susan Lawley en el programa Nationwide (A Todo el País). Por desgracia, la entrevista degeneró en una discusión sobre el hundimiento del General Belgrano.

La izquierda pensaba que estaba ganando puntos al mantener la atención del público sobre este tema, aprovechándose de discrepancias menores para apoyar su teoría de un gobierno despiadado y ansioso de sangre. Esto no sólo era despreciable, también resultaba estúpido. La inmensa mayoría de los votantes aceptó nuestro punto de vista de que lo primero era proteger las vidas de los británicos. En el tema del Belgrano, como en todo lo demás, las obsesiones de la izquierda estaban en desacuerdo con sus intereses. Pero el episodio entero me pareció desagradable.

El miércoles 25 de mayo fue un día difícil para ambos partidos, aunque sufrimos muchos menos daños que los laboristas. El Partido Laborista se mostró tan ineficaz durante la campaña que los periódicos, en un desesperado intento por conseguir cosas interesantes, se centraron fundamentalmente en la filtración de documentos. El principal motivo de interés en esta ocasión había sido la filtración de un borrador para un informe del Civil Service Select Committee (comité escogido de funcionarios públicos), que atacaba nuestra política económica. Cecil Parkinson se puso en contacto con Edward du Cann, presidente del Comité, quien rápidamente publicó una declaración señalando el hecho de que el informe no había sido aprobado por el comité. Era típico de la falta de pegada del Partido Laborista que desperdiciaran totalmente esta oportunidad de ponernos en evidencia, y prefirieran dedicar su conferencia de prensa de esa mañana a «temas de la mujer». Estábamos asombrados. Mientras bromeábamos al respecto les dije a mis compañeros masculinos en la sesión informativa: «si se salen con la suya, pronto vais a ser vosotros quienes deis a luz a los niños».

Nuestra conferencia de prensa de ese día, aunque supuestamente iba a tratar sobre temas de defensa, de hecho se dedicó a la denuncia de que nuestro candidato por Stockton South había sido miembro del National Front. Lo había abandonado hacía algunos años, y ahora mantenía que era un conservador ortodoxo y que lamentaba su pasado. Desde nuestro punto de vista, la cosa no pasaba de mera dificultad periférica, pero algunos periodistas de izquierdas parecían considerarse a sí mismos como una especie de Woodward y Bernstein, los periodistas del Watergate, luchando contra el establishment. Nuevamente sirvió para distraer la atención del Partido Laborista de los temas de verdadero interés para el electorado.

En ese momento el Partido Laborista tenía graves problemas. Ese mismo día —el mismo que nosotros habíamos elegido para dedicar a defensa— Jim Callaghan pronunció un discurso en Gales en el que rechazaba el desarme nuclear unilateral. Los periódicos estaban llenos de declaraciones contradictorias sobre de la postura de los laboristas con respecto a las armas nucleares. Incluso entre los diputados laboristas más importantes había confusión: se podía elegir entre Michael Foot, Dennis Healey y John Silkin, ya que cada uno parecía tener su propia política defensiva. En nuestra conferencia de prensa y a lo largo de toda la campaña Michael Heseltine se mostró devastador en sus críticas a la política de los laboristas.

Siempre fui consciente de que había unos pocos temas en los cuales el Partido Laborista resultaba especialmente vulnerable; temas en los que defendían políticas irresponsables y a los que el público otorgaba una gran importancia. Eran cuestiones claves. Una de ellas era el tema de la defensa. Otra era el gasto público, en el que los votantes siempre albergan la sospecha de que los laboristas gastarán demasiado y cobrarán demasiados impuestos. Por esa razón tenía un gran interés en que Geoffrey Howe calculara el coste de las promesas laboristas de forma más completa de lo normal. El resultado fue un excelente análisis de veinte folios, donde se demostraba que los planes de los laboristas suponían un aumento en los gastos del Parlamento de entre 36.000 y 43.000 millones de libras; la última cifra era casi igual al total de la recaudación tributaria en ese momento. La credibilidad económica de los laboristas jamás se recuperó. De hecho, el derroche de los laboristas ha sido su talón de Aquiles en todas las elecciones en las que he luchado: lo cual es una razón más para que un gobierno conservador gestione los asuntos económicos del país con prudencia.

Ese miércoles mi gira electoral me llevó al este de Inglaterra, viajando en avión y en autobús. Hacía un día precioso. Pasé parte de la jornada haciendo campaña en East Dereham, en Norfolk, para Richard Ryder. Como ya he señalado, Richard había sido secretario político mío, y estaba encantada de poder ayudarle. Y claro está, su mujer, Caroline, también había trabajado para mí. Casi una ocasión familiar. Me dirigí a una multitud en la plaza del mercado, que estaba repleta de gente. También había unos cuantos provocadores, lo cual hizo que fuera más divertido. Me lancé a un clásico discurso de campaña rural. Después alguien me dijo que encima de la tribuna donde me había colocado para el discurso había un gran cartel que anunciaba una película llamada La misión.

D-14 A D-7

El jueves 26 de mayo (D-14) los sondeos de opinión recogidos en la prensa nos auguraban una ventaja de entre un 13 a un 19 por ciento sobre los laboristas. El principal peligro a partir de ahora sería la complacencia entre los votantes conservadores, más que cualquier intento desesperado por parte de los laboristas por volver a escena.

El jueves resultó ser otro día agradable de campaña tradicional, esta vez en Yorkshire. Un momento destacado fue la comida en el fish and chips de Harry Ramsden —«el fish and chips más grande del mundo libre»— en Leeds. Disfruté enormemente, pero fue bastante caótico, con los cámaras poniéndolo todo patas para arriba ante el sobresalto de los comensales.

Esa tarde hablé en el Royal Hall, en Harrogate, centrándome en un tema esencial dentro mi estrategia política. La turbulencia de la política de los años setenta y ochenta había revolucionado las pautas establecidas de la política británica. La desviación de los laboristas hacia la izquierda y el extremismo de los sindicatos había decepcionado y fraccionado sus propias bases de apoyo. Ni los socialdemócratas ni los liberales lograban comprender la importancia de lo que estaba ocurriendo. Se dirigían a la izquierda de clase media, especialmente a quienes trabajaban en el sector público, sospecho que probablemente porque Roy Jenkins y Shirley Williams buscaban instintivamente a los de su propia clase, permitiendo que esta tendencia instintiva se impusiera a su objetividad. De hecho, los partidarios laboristas más numerosos e insatisfechos pertenecían a la creciente clase trabajadora y media baja; las mismas personas que Ronald Reagan estaba conquistando en Estados Unidos, a quienes se llamaba los «demócratas de Reagan». Se estaban beneficiando de las oportunidades que nosotros habíamos puesto a su disposición, especialmente la venta de casas de protección oficial; y lo que es más importante, compartían nuestros valores, incluyendo una fuerte creencia en la vida familiar y un intenso patriotismo. Ahora teníamos la oportunidad de atraerlos a la opción conservadora, y mi discurso en Harrogate iba orientado precisamente a este fin:

En este país las cosas en las que la mayoría de nosotros creemos son más numerosas que las cosas que nos dividen. Hay gente de toda condición que comparte nuestros puntos de vista, pero que no nos han votado en el pasado. En estas elecciones nos jugamos tantas cosas que creo que debéis decirles: el Partido Laborista hoy en día ya no es el partido al que apoyabais. Ya no representa las tradiciones y las libertades que hicieron que éste fuera un gran país. Es el Partido Conservador el que se ha mantenido fiel a esas tradiciones y libertades.

En general, a los políticos no les gustan las elecciones. Pero una ventaja es que durante el desarrollo de la campaña ves muchos aspectos del país que de otra manera quedarían ocultos en informes y memorandos. Por ejemplo, ningún informe oficial podría transmitir la emoción de la visita a las fábricas de electrónica avanzada de los alrededores de Reading que hice aquel viernes. También fue mi primer encuentro con el teléfono portátil.

A mi vuelta a Londres ya se había producido otro increíble avatar en la campaña de los laboristas. El secretario general del Partido Laborista, Jim Mortimer, puso en conocimiento de un grupo de asombrados periodistas que «el punto de vista unánime del comité de campaña es que Michael Foot es el líder del Partido Laborista». Con declaraciones cómo ésta uno se preguntaba cuánto durarían ambos en sus cargos.

Esa tarde yo tenía mis pensamientos puestos en la próxima cumbre económica del G7 en Williamsburg, para la cual tendría que desplazarme a Estados Unidos el sábado a mediodía. El presidente Reagan tenía un gran interés en que yo estuviera allí. Me había enviado un mensaje el 10 de mayo para decirme que lo entendería perfectamente si no podía acudir a Washington para asistir a una reunión bilateral previa a la cumbre, pero que esperaba que pudiera ir a Williamsburg. El mensaje concluía:

Te deseo el mayor éxito en las elecciones, y que consigas otro mandato en que seguir adelante con la política valiente y de principios que has emprendido.

Sobre todo, quería que yo ganara, al igual que yo siempre quise que ganara él. Recibí un informe, de cuya autenticidad no tenía motivos para dudar, en el sentido de que el presidente había dicho que no se me debía someter a ninguna presión en un sentido o en otro para que yo asistiera a la cumbre. «Demonios», me comunicaron que había dicho, «lo importante es que salga reelegida». Yo compartía su análisis.

Fueran cuales fueran sus implicaciones electorales para mí, no había duda de que la cumbre de Williamsburg tenía una gran importancia internacional. El presidente Reagan estaba resuelto a que fuera un éxito. En anteriores cumbres del G7 la libertad para la auténtica discusión se había visto algo limitada debido a que se redactaba un borrador de comunicado incluso antes de que se reunieran los líderes. En esta ocasión los norteamericanos insistieron en que habláramos primero y elaboráramos el borrador después, lo cual, por muy inconveniente que les resultara a los funcionarios, era mucho más sensato. Pero me llevé un borrador británico por si hacía falta.

El ambiente en Williamsburg era excelente, no sólo gracias al radiante buen humor del presidente, sino también por el lugar en sí. Cada jefe de Gobierno se alojaba en una casa distinta de los alrededores de esta restaurada ciudad virginiana. Los amables ciudadanos nos dieron la bienvenida ataviados con trajes coloniales al estilo antiguo. Era un contraste completo respecto al ambiente quizá excesivamente lujoso de Versalles.

Mantuve una larga conversación a solas con el presidente. Cubrimos un amplio espectro de temas: desde las negociaciones para el desarme nuclear hasta el estado de la economía norteamericana y las tendencias proteccionistas del Congreso de los Estados Unidos: un tema que nos causaba cada vez mayor preocupación. Posteriormente, mantuve una conversación breve pero importante con el primer ministro Nakasone de Japón. Lo había conocido cuando visité su país en calidad de líder de la oposición. Puede que fuera el más inteligible y «occidental» de los dirigentes japoneses de mi época como primera ministra; mejoró el perfil de su país y fomentó estrechos vínculos con Estados Unidos. En esta ocasión, mi interés principal era instar a que Nissan acabara de decidirse a invertir en Gran Bretaña, lo cual esperaba que fuera a generar miles de puestos de trabajo. Comprensiblemente, la postura del señor Nakasone era que la decisión atañía a la empresa. Aquí debería añadir que en la prensa británica se decía que Nissan no habría seguido adelante con su inversión si los laboristas hubieran ganado las elecciones. La empresa lo negó públicamente, pero probablemente fuera cierto.

Los dos objetivos principales que el presidente Reagan y yo compartíamos de cara a la cumbre eran la reafirmación de políticas económicas correctas y una manifestación pública de nuestro apoyo unánime a la postura de la OTAN respecto al control armamentista, especialmente respecto al despliegue de misiles Cruise y Pershing II. Introduje el debate sobre control de armas en la comida del sábado. De hecho, esa misma mañana ya teníamos lo que todos considerábamos como un satisfactorio borrador de comunicado. Había que tener en cuenta la postura de Francia —que no pertenecía a la estructura de mando de la OTAN—. Pero el presidente Mitterrand dijo que no difería del fondo de nuestra propuesta. De hecho, planteó una enmienda que pudimos aceptar, dado que fortalecía la línea que queríamos seguir. Aunque parece poco probable que el presidente Mitterrand lo viera así.

Pierre Trudeau de Canadá sí tenía problemas con la línea dura en el terreno de la disuasión, y nos instó a todos a que fuéramos «más suaves» con la Unión Soviética. A continuación él y yo protagonizamos un intercambio de opiniones que posteriormente le describí en una carta como «bastante animado». Al final, redactamos un texto altamente satisfactorio sobre el control armamentista.

El texto sobre economía también resultó bastante satisfactorio, excepto algunos términos algo ambiguos referentes a la coordinación de los tipos de cambio. En un momento dado el presidente Mitterrand se había dejado tentar por la grandilocuencia al hablar de un «nuevo Bretton Woods», con lo cual se refería al sistema de tipos de cambio fijos que rigió entre 1944 y 1973. Pero no insistió en el tema en Williamsburg.

Volví a casa en el vuelo nocturno de British Airways, segura de que el resultado de la cumbre reforzaba mi planteamiento de los importantísimos temas electorales de defensa y economía. Esta cumbre también marcaba un cambio en la relación entre el presidente Reagan y los demás dirigentes. Puede que anteriormente los demás hubieran admirado su elocuencia y su amor por los principios, pero en ocasiones habían desconfiado de su dominio de los detalles. Yo misma había sentido cierta preocupación a este respecto en ocasiones anteriores. Pero no esta vez. Estaba claro que había hecho los deberes. Se sabía todos los datos y las cifras al dedillo. Dirigió las conversaciones con gran habilidad y aplomo. Consiguió todo lo que quería conseguir en la cumbre, a la vez que permitía que todos creyeran que habían logrado al menos una parte de lo que ellos querían, y todo con una enorme afabilidad. Lo que el presidente Reagan demostró en Williamsburg era que tanto en cuestiones internacionales como nacionales era un gran político.

El lunes 30 de mayo era fiesta. Ese día Denis Healey publicó lo que el Partido Laborista calificó como el «auténtico» manifiesto conservador, un asunto absurdo, lleno de mentiras, medias verdades y alarmas tomadas de informes sobre documentos filtrados, especialmente el documento sobre gasto público del CPRS, grupo de seguimiento de la política central, y todo con adornos imaginativos. No me sorprendió. Los laboristas ya habían probado esta táctica en 1979, y entonces tampoco había funcionado. Una vez más, los laboristas no trabajaban en pro de los intereses del electorado, sino para sus propias obsesiones. No lograban entender que la propaganda jamás puede convencer a la gente de lo increíble. Aunque en el caso de la prensa sí que parece posible el empeño.

La tarde del martes estaba previsto que yo hablara en el George Watson’s College en Edimburgo. Mi idea era aprovechar la ocasión para informar sobre Williamsburg y defender nuestro historial en los servicios sociales. Pero tras repasar el material que ya habíamos escrito, me di cuenta de que aún nos quedaba mucho trabajo por hacer y al final se acabó redactando con una prisa tremenda, como frecuentemente ocurre con mis discursos. Varios pasamos la tarde previa al discurso de rodillas en mi habitación del Hotel Caledonian, pegando trocitos del discurso con papel celo. Más tarde volamos a Inverness, donde pasamos la noche. Nos dio la serenata una gran multitud de manifestantes, cantando a la puerta del hotel.

Al día siguiente (miércoles 1 de junio, D-8) di una conferencia de prensa, concedí entrevistas a la televisión, visité dos fábricas escocesas, volé a Manchester, visité una panadería en Bolton y una fábrica de cerveza en Stockport, y regresé a Londres para empezar a trabajar en otro discurso. No me suele afectar la presión del trabajo ni los ataques por parte de mis oponentes. Pero este día fue diferente. Denis Healey hizo un comentario de mal gusto en el sentido de que me había «regodeado en las matanzas» de la guerra de las Malvinas. Me sentí molesta y dolida. Habíamos tomado una decisión consciente de no tocar el tema de las Malvinas en la campaña, y no habíamos hecho nada para convertirlo en tema de discusión. El comentario dolió y ofendió a muchos —no todos conservadores— y en especial a los parientes de aquellos que habían luchado y muerto en la guerra. Posteriormente el señor Healey se retractó a medias: su intención había sido decir «conflicto» y no «matanzas» —una aclaración que no cambiaba nada—. Neil Kinnock volvió sobre el tema unos días después, de manera aún más ofensiva, si ello era posible. Estos comentarios eran muy reveladores, por su propia estupidez: de hecho, perjudicaron enormemente a los laboristas. No partían del cálculo político, sino de las zonas más zafias y brutales de la imaginación.

D-7 A DÍA D

No obstante, en la conferencia de prensa de la mañana del jueves se siguió hablando del General Belgrano, y no pude ocultar mi irritación ante la incapacidad de algunos periodistas para entender la dura realidad de la guerra. Dije lo siguiente:

Me parece absolutamente asombroso que la única alegación que ustedes tienen contra mí es que de hecho cambié las reglas de enfrentamiento con aprobación del Gabinete de Guerra, a fin de permitir que se hundiera un barco que suponía un peligro para nuestras fuerzas.

El viernes, después de la conferencia de prensa, Cecil y yo teníamos que decidir si necesitábamos una campaña publicitaria a gran escala en la prensa para el fin de semana. Dos sondeos de opinión de ese mismo día indicaban que llevábamos una ventaja sobre los laboristas de un 11 y un 17 por ciento. Parecía que podíamos cantar victoria. Pero muchos votantes se deciden en la última semana, algunos incluso de camino a las urnas, de modo que yo siempre he sido muy prudente en las campañas. Cecil era igual de veterano en las elecciones, y en un principio pensamos publicar costosos anuncios de tres páginas en los periódicos del domingo. Pero decidimos correr un riesgo y ahorrar dinero, reduciendo los anuncios a un formato más económico de dos páginas. Aquí mis cálculos políticos coincidían con mi intuición de hija de un tendero de Grantham. El despilfarro obvio es mala publicidad.

Pasé el sábado (D-5) haciendo campaña en Westminster North, para después seguir a los distritos de Ealing y Hendon, próximos al mío. Hice campaña en Finchley durante la mayor parte de la tarde y después fui a apoyar a nuestro candidato en Hampstead y en Highgate.

De regreso al Número 10, empecé a trabajar casi inmediatamente en el discurso que tenía previsto pronunciar al día siguiente en la Concentración Juvenil que celebramos en el Centro de Congresos de Wembley. Mis redactores de discursos y yo trabajamos hasta bien entrada la noche, haciendo un alto para cenar algo caliente, que serví en la cocina aprovechando la gran cantidad de comida precocinada y congelada que siempre guardaba para estas ocasiones. Un pastel de carne y patatas y un vaso de vino ayudan mucho a subir la moral. La redacción de mis discursos era una importante actividad política para mí. Como dijo uno de mis redactores: «Nadie escribe discursos para la señora Thatcher, los escribimos con la señora Thatcher». Cada palabra escrita pasa por la trituradora de mi crítica antes de ser incluida en un discurso. Estas son ocasiones para pensar creativa y políticamente, y para elaborar temas más amplios en los que encajan políticas más concretas. Con frecuencia me descubrí recurriendo a frases e ideas de estas sesiones en momentos de improvisación, respondiendo a preguntas en la sesión de preguntas al primer ministro y en entrevistas para la televisión. Todo ello me ponía a cubierto de los riesgos inherentes al largo desempeño de la función pública: a nadie se le ocurrió nunca acusarme de tener mentalidad de funcionario. (Eran ellos quienes tenían que pensar igual que yo). Estas ocasiones con frecuencia se prolongaban hasta altas horas de la noche, y posiblemente puedan describirse como tensas pero divertidas.

Lo mismo cabría decir de la Concentración Juvenil. Algunos de los críticos más rancios se ofendieron por las bromas del cómico que actuó antes de que yo saliera al escenario. Lo que realmente les ofendía era el amplio atractivo social del nuevo Partido Conservador, demostrado tanto por la gente poco convencional que había encima del escenario como fuera de él. Como dijo un punk a un periodista: «Más vale la Dama de Hierro que todos esos señores de cartón».

Uno de los sondeos del domingo indicó que por primera vez la Alianza había dejado atrás a los laboristas. Esto generó un nuevo ambiente y una nueva incertidumbre en los últimos días de campaña. Pero personalmente jamás creí que la Alianza ganaría a los laboristas, aunque no sería porque no se esforzaran en ello los dirigentes laboristas, con todos sus errores.

Presidí nuestra última conferencia de prensa de la campaña el miércoles por la mañana (D-l), acompañada por más o menos el mismo equipo que había lanzado el manifiesto. Entre los periodistas reinaba un ambiente de fiesta de fin de curso, y nosotros estábamos tan confiados que pudimos compartirlo. Dije que los temas vitales en los que los electores tendrían que elegir entre los partidos eran la defensa, los puestos de trabajo, los servicios sociales, la propiedad de la vivienda y el imperio de la ley. Tenía interés en responder a la acusación de que una gran mayoría conservadora nos llevaría a abandonar nuestras políticas del manifiesto y perseguir un «programa oculto» de tipo extremo. Sostuve que una gran mayoría conservadora de hecho haría algo bastante diferente: sería un golpe para el extremismo dentro del Partido Laborista. Y creo que ése era el verdadero tema de fondo de las elecciones de 1983.

El propio día de las elecciones es un momento curiosamente frustrante. Yo siempre votaba temprano y después visitaba las salas del comité de Finchley, en cada una de las cuales se estaría recibiendo información acerca de cuáles de nuestros partidarios conocidos habían acudido a votar; más adelante los voluntarios del partido visitarían a los que no hubieran votado para animarles a ir a los colegios electorales. Todos los sondeos de opinión predecían una aplastante mayoría conservadora. Pero yo he vivido demasiadas sorpresas electorales como para dar estas cosas por supuestas.

El recuento de Finchley se efectúa en el ayuntamiento de Hendon. El resultado tardó en llegar debido a la cantidad de candidatos deseosos de conseguir publicidad para su causa enfrentándose a mí. Se retrasó aún más en esta ocasión porque uno de ellos logró que se hiciera un nuevo recuento. (Mi mayoría resultó finalmente de 9.314 votos). No fue hasta primera hora de la mañana siguiente cuando se declaró mi resultado y entré a formar parte del Parlamento por octava vez.

Mientras esperaba que acabara mi propio recuento vi los resultados nacionales conforme iban apareciendo en la televisión. Los tres primeros no fueron especialmente alentadores: tanto en Torbay como en Guildford el voto de la Alianza había aumentado considerablemente, aunque nosotros nos quedábamos con los escaños. A continuación llegaron noticias peores: perdimos Yeovil a manos de los liberales. Pero el cambio decisivo se produjo al poco rato, con el primer distrito arrebatado a los laboristas por los conservadores: Nuneaton. A partir de allí las verdaderas dimensiones de nuestra victoria se fueron haciendo cada vez más claras. Realmente era una victoria aplastante. Habíamos logrado una mayoría de 144 escaños: la mayor obtenida por ningún partido desde 1945.

Regresé a la sede central del Partido Conservador de madrugada. Me recibieron miembros de la plantilla del partido, con aplausos, y les agradecí brevemente sus esfuerzos. A continuación volví al Número 10. Había grandes grupos de gente a la entrada de Downing Street y charlé con ellos como había hecho la tarde de la rendición argentina. Después subí al piso. En las últimas semanas había dedicado algún tiempo a recoger cosas, por si perdíamos las elecciones. Ahora podían volver a amontonarse.

CAPÍTULO XII

De vuelta a la normalidad

Política, economía y asuntos exteriores desde las elecciones hasta finales de 1983

En política el éxito es mucho más agradable que el fracaso, pero también va acompañado de más problemas. Según la sabiduría convencional, reforzada por la mitología clásica, esto es una cuestión de arrogancia o, al menos, de complacencia. Pero no siempre es así. Tampoco lo fue, de hecho, durante los seis meses un tanto agitados que siguieron a las elecciones generales de 1983. En aquella ocasión surgieron problemas más sutiles. Uno de ellos fue que los medios de comunicación, que durante la campaña se habían sentido obligados a cubrir discusiones políticas reales sobre opciones prácticas, no tardaron en volver al deporte, mucho más entretenido, de apuntarse tantos en contra del Gobierno. Existía un segundo problema, al que nos veíamos obligados a enfrentarnos cada vez más con el paso de los años: cuanto menor era la amenaza del socialismo, más propensión mostraba la opinión pública a irritarse ante las inevitables dificultades y desilusiones que conlleva una economía de libre empresa. En 1983 teníamos que hacer frente también a otros dos problemas, uno de los cuales había sido obra nuestra mientras que el otro, no. El primero era que el manifiesto de nuestro programa de 1983 no inspiró en el Gobierno el tipo de espíritu de cruzada que habría representado un buen punto de partida de cara al nuevo Parlamento. Algunos de nuestros principales compromisos, tales como la disolución del ayuntamiento del Gran Londres (GLC) y de los ayuntamientos metropolitanos y la introducción de la limitación impositiva, gozaban de popularidad pero chocaron con una dificultad a la que tiene que hacer frente toda administración reformadora: que la aprobación de la mayoría silenciosa no es enemigo para el coro de desaprobación de la minoría organizada. Los socialistas de izquierda de los municipios y las organizaciones subvencionadas que éstos utilizaban como tapadera eran duchos en la organización de campañas para sacar partido de todo error en la presentación de las ideas del Gobierno. Buena parte del manifiesto prometía «más de lo mismo». No puede decirse que sea un gran grito de guerra, aunque no hay duda de que hacía falta abundar en lo ya hecho. Aún no habíamos recortado los impuestos tanto como deseábamos, había que trabajar más en las leyes sindicales y el programa de privatizaciones (que, tal vez, constituiría el mayor avance de aquella legislatura) prácticamente no se había emprendido todavía. Había que volver a presentar el proyecto de ley de privatización de British Telecom, que había quedado en suspenso ante las elecciones.

No se nos podía responsabilizar del segundo problema: la excesiva persistencia del socialismo en Gran Bretaña. La suerte del socialismo no depende del Partido Laborista: de hecho, a largo plazo, sería más exacto decir que la suerte del laborismo depende de la del socialismo. Y el socialismo seguía formando parte de las instituciones y de la mentalidad de Gran Bretaña. Habíamos vendido miles de viviendas municipales, pero un 29 por ciento del parque de viviendas seguía perteneciendo al sector público. Habíamos incrementado los derechos y la participación de los padres en el sistema educativo, pero el carácter distintivo de las aulas y los centros de formación de profesorado seguía siendo tozudamente izquierdista. Habíamos hecho frente al problema del aumento de la eficiencia en los gobiernos locales, pero los reductos de la izquierda en las grandes ciudades permanecían virtualmente intactos. Habíamos recortado el poder de los sindicatos pero, aún así, casi un 50 por ciento de la fuerza de trabajo empleada pertenecía a ellos. Esta cifra representaba una afiliación muy superior a aquella de la que gozaban nuestros principales competidores y alrededor de cuatro millones de personas trabajaban en lugares controlados por los sindicatos. Lo que es más, como demostraría en breve la huelga de los mineros, el poder de la izquierda pura y dura en los sindicatos seguía siendo dominante. Habíamos obtenido una gran victoria en la guerra de las Malvinas, dándoles el mentís a aquellos años en los que la influencia británica parecía condenada a una inexorable desaparición; pero persistía aún una amarga envidia contra el poderío norteamericano y, en ocasiones, un antiamericanismo aún más profundo que era compartido por demasiadas personas en todo el espectro político.

En última instancia, el problema que se me planteaba era sencillo. Aún había una revolución pendiente, pero pocos revolucionarios. El nombramiento del primer Gabinete del nuevo Parlamento, que incongruentemente tuvo lugar con el acompañamiento de fondo de música militar tradicional y una ceremonia en honor a la bandera, parecía una ocasión ideal para reclutar unos cuantos.

EL NUEVO GOBIERNO

Empecé por prescindir de un aspirante a piloto cuyo sentido de la orientación había resultado deficiente en más de una ocasión. Al sustituir a Peter Carrington por Francis Pym como ministro de Asuntos Exteriores, había cambiado un whip divertido por otro sombrío. Incluso la perspectiva de una abultada victoria en las elecciones le hacía mascullar terribles advertencias. Francis y yo estábamos en desacuerdo en cuanto a la orientación de nuestra política, en nuestro enfoque de gobierno y, de hecho, respecto a la vida en general. Sin embargo, era apreciado en la Cámara de los Comunes, que siempre responde bien ante un ministro al que se supone enfrentado con el Gobierno, lo que en ocasiones se confunde con la independencia de criterio. Esperaba que aceptara convertirse en presidente de la Cámara de los Comunes y sigo pensando que habría hecho bien el trabajo. (En realidad, no tengo nada claro que pudiéramos haberle garantizado el cargo ya que la decisión, por supuesto, corresponde a la Cámara). En cualquier caso, él no estaba dispuesto a hacerlo. Prefirió sentarse en los bancos del fondo, junto a los demás diputados novatos, desde donde actuaba como crítico no muy eficaz del Gobierno.

También pedí a David Howell y Janet Young que abandonaran el Gabinete. Las limitaciones de David Howell como administrador habían resultado evidentes durante su estancia al frente del Ministerio de Energía, y nada de lo que hizo en el de Transportes llegó a sugerirme que mi juicio sobre él fuese equivocado. Tenía esa facultad para la crítica desapasionada que resulta excelente en la oposición o cuando uno es presidente de un comité, pero carecía de la mezcla de imaginación política creativa y empuje práctico necesaria para ser un ministro de primera línea. Le pedí a Janet Young que cediera su puesto a Willie Whitelaw como líder de la Cámara de los Lores. Ella era muy popular entre sus señorías, pero demostró carecer de la presencia de ánimo necesaria para liderar eficazmente a los lores y tal vez fuera una defensora excesivamente consistente de la cautela en todas las ocasiones. Permaneció en el Gobierno, aunque fuera del Gabinete, como ministra de Estado para Asuntos Exteriores. Lamenté la pérdida, tanto de David como de Janet, por motivos personales, ya que ambos habían estado muy próximos a mí cuando estábamos en la oposición.

Willie Whitelaw era evidentemente la persona adecuada para sustituir a Janet. De hecho se había convertido, lisa y llanamente, en una persona indispensable para mí en el Gabinete. Sabía que estaría de mi lado en las ocasiones realmente importantes y, gracias a su historial, personalidad y posición en el partido, en ocasiones era capaz de hacer cambiar de opinión a los compañeros cuando yo no conseguía hacerlo. Con todo, Willie no lo tuvo fácil como ministro del Interior.

Le sucedió en el cargo Leon Brittan. Jamás nombré a un ministro del Interior que compartiera todas mis intuiciones sobre el cargo, pero pensé que al menos Leon podría incorporar a la tarea su aguda mentalidad de abogado y su rigor intelectual. No perdería el tiempo con el falso sentimentalismo que impregna tantas discusiones sobre las causas de la criminalidad.

Visto a posteriori supongo que antes debería haberle puesto a cargo de algún otro Ministerio. Necesitaba la experiencia de dirigir un Ministerio antes de pasar a uno de los tres grandes cargos del Estado. Una promoción excesivamente rápida puede poner en peligro, a largo plazo, el futuro de los políticos. Hace que la prensa y los compañeros se pongan en su contra y los vuelve quisquillosos y faltos de seguridad sobre su posición, lo que les hace vulnerables. Leon sufrió bastante en este aspecto, pero también tenía grandes recursos. Por ejemplo, demostró ser extremadamente capaz a la hora de diseñar el paquete de medidas destinado a endurecer las condenas de los criminales violentos, que presentamos tras el rechazo de la Cámara de los Comunes al restablecimiento de la pena capital en una votación libre en julio. Demostró ser duro y competente durante la huelga de los mineros en 1984-1985. No obstante, también tenía debilidades que no tenían relación alguna con las circunstancias de su nombramiento. Como otros abogados brillantes que he conocido, era más competente a la hora de estudiar y exponer un informe que a la hora de redactar uno suyo. Lo que es más, todo el mundo se quejaba de su imagen en televisión, que le hacía parecer distante e incómodo. Por supuesto, a lo largo de los años ha habido también multitud de quejas sobre mi imagen en televisión, por lo que no podía evitar sentir gran simpatía por él. Pero hacerlo no cambiaba la situación, en especial dado que mi Gabinete había de perder en breve a un portavoz de nuestra política que tenía auténtico talento.

Nombré a Nigel Lawson ministro de Hacienda, lo cual era un gran salto que sorprendió a la mayoría. Al margen de las disputas que habíamos de tener más adelante, a la hora de elaborar una lista de conservadores revolucionarios, incluso thatcheristas, jamás le negaría a Nigel uno de los primeros puestos. Tiene multitud de cualidades que admiro y otras que no. Es imaginativo, audaz y, al menos sobre el papel, elocuente y persuasivo. Tiene buenos reflejos mentales y, al contrario que Geoffrey Howe, a quien sucedió como ministro, tiene facilidad para tomar decisiones. Su primer discurso sobre los presupuestos mostró hasta qué punto pueden ser atractivos los textos sobre economía. Yo estaba convencida de que Nigel era un pensador auténticamente original en ese campo. Contrariamente a lo que ocurre en el caso de los contables, los economistas creativos son raros y valiosos. Dudo que ningún otro ministro de Hacienda hubiera sido capaz de dar a luz la inspirada claridad de la Estrategia Financiera a Plazo Medio que guió nuestra política económica hasta que el propio Nigel le dio la espalda años después. Las reformas fiscales introducidas por Nigel como ministro tenían el mismo carácter: una sencillez que hacía que todos se preguntaran por qué a nadie se le había ocurrido hacer aquello antes.

Nigel era perfectamente consciente de sus propias virtudes. En enero de 1981, cuando a petición de Geoffrey Howe nombré a Leon Brittan secretario jefe del Tesoro (Chief Secretary to the Treasury), por encima Nigel, éste vino a verme para protestar. Se sentía despreciado y estaba, evidentemente, muy contrariado. Pero le respondí que también a él le llegaría la hora de la promoción y que me ocuparía personalmente de que así fuera. Más adelante, como ministro de Energía demostró que, entre sus muchas cualidades, era un administrador de primera categoría. Yo había llegado ya a compartir la alta opinión que Nigel tenía de sí mismo y en la legislatura que comenzó en 1983 no encontré motivo para cambiar de opinión. En la mayor parte de los terrenos nunca lo hice.

Pero ¿qué podía hacer con Geoffrey Howe? Había llegado el momento de cambiarle de puesto. Cuatro duros años al frente de Hacienda eran suficientes y parece existir una especie de ley psicológica que hace que los ministros de Hacienda se sientan inclinados por naturaleza hacia Asuntos Exteriores. En parte, esto obedece simplemente a que constituye el siguiente paso lógico, pero también a que las finanzas internacionales son hoy en día tan importantes que los ministros tienen que dedicar buena parte de su interés al FMI, al Grupo de los Siete y a la CE, por lo que el deseo de pisar el escenario mundial acaba imponiéndose con toda naturalidad. Deseaba promocionar a Geoffrey como recompensa por todo lo que había hecho, pero dudaba de que fuera adecuado para hacerse cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores y, visto a posteriori, tenía razón. Geoffrey era extremadamente competente a la hora de negociar un texto línea por línea, cosa para la que su formación como abogado y su experiencia en Hacienda le hacían idóneo. Fue una perfecta mano derecha en los Consejos Europeos a los que asistí, pero cayó bajo el hechizo del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que los compromisos y las negociaciones son fines en sí mismos. Esto magnificó sus defectos y sofocó sus virtudes. Al ocupar su nuevo departamento cayó en los malos hábitos que Asuntos Exteriores parece cultivar: una reticencia a subordinar las tácticas diplomáticas al interés nacional y un insaciable apetito por los matices y las condiciones capaz de desdibujar hasta la más clara de las perspectivas. Al final, la visión de Geoffrey se convirtió en pura palabrería formal. En la medida en la que Geoffrey contaba con una causa para orientarse en el campo de Exteriores, ésta nos distanciaba enormemente, aunque por aquel entonces no le presté gran atención. Geoffrey albergaba una añoranza casi romántica de que Gran Bretaña formara parte de una especie de grandioso consenso europeo. Nunca, ni siquiera en los últimos y turbulentos días de mi mandato como primera ministra, le oí definir su nebuloso europeísmo, pero para él era la piedra de toque de la grandeza de miras y los valores civilizados (junto con una perspectiva liberal en asuntos relacionados con el Ministerio del Interior). Había de representar para nosotros un sinfín de problemas. La primera persona en la que había pensado para hacerse cargo de Asuntos Exteriores había sido Cecil Parkinson. Ambos estábamos de acuerdo en lo referente a la política exterior y la política económica. Ninguno de los dos tenía la más mínima duda de que en política exterior lo principal eran los intereses de Gran Bretaña. Había participado en el Gabinete de Guerra de las Malvinas y acababa de coordinar la campaña electoral más eficaz desde el punto de vista técnico que he visto en mi vida. Me parecía la persona apropiada para un cargo tan importante.

No obstante, mis esperanzas quedaron frustradas. Al anochecer del día de las elecciones, tras regresar de mi circunscripción electoral, Cecil me visitó en Downing Street y me dijo que había tenido un affaire con su secretaria, Sarah Keays. Aquello me hizo dudar, pero en principio no me pareció que fuera un obstáculo insuperable para ofrecerle el cargo de ministro de Asuntos Exteriores. Seguía pensando en las elecciones. De hecho, me quedé maravillada de que, con todo aquello en la cabeza, hubiera sido capaz de dirigir tan magnífica campaña. Incluso me alegró que me hubiera ahorrado la preocupación y las distracciones que habrían supuesto estar al corriente en aquellos momentos. Pero al día siguiente, poco antes de que Cecil llegara a comer al Número 10, recibí una carta personal del padre de Sarah Keays en la que me comunicaba que estaba embarazada. Cuando llegó Cecil le mostré la carta. Aquel debió ser uno de los peores momentos de su vida. Quedó inmediatamente claro que no podía ponerle al frente de Asuntos Exteriores con semejante amenaza sobre su cabeza. Le animé a que discutiera las cuestiones personales con su familia y decidí nombrarle ministro de los recién integrados Ministerios de Comercio e Industria. Era un trabajo que sabía que podía desempeñar bien y se trataba de un puesto menos importante y delicado que el de Asuntos Exteriores.

En septiembre nombré a John Gummer sucesor de Cecil como presidente del partido (de todos modos, habría nombrado un nuevo responsable más pronto o más tarde). John había sido vicepresidente del partido con Ted Heath y, por consiguiente, conocía bien el trabajo. También es un orador y escritor brillante. Tampoco había necesidad alguna de nombrar presidente a uno de los principales ministros, y menos aún a un político de la talla de Cecil, inmediatamente después de las elecciones. Desafortunadamente, John Gummer no era un administrador nato y cuando teníamos problemas políticos carecía del peso necesario para ayudarnos a resolverlos.

Por el contrario, un nombramiento que sí fortaleció al partido fue el de John Wakeham, que se convirtió en secretario general del partido. John probablemente no disentiría de su reputación como «árbitro y mediador». Pertenecía a la derecha del partido y era un contable enormemente competente que había intentado explicarme la muy elíptica contabilidad de British Leyland de modo que tuviera sentido. Su presencia exudaba confianza en sí mismo, buena parte de la cual estaba justificada. Su talento le convirtió en un gestor altamente eficaz del partido.

En el plazo de pocos meses tuve que realizar otros cambios importantes. A comienzos de octubre Cecil Parkinson, con el consentimiento de Sarah Keays, hizo una declaración a la prensa en la que desvelaba sus relaciones y el hecho de que ella estaba embarazada. Si era posible, yo deseaba conservar a Cecil, que era un aliado político, un ministro competente y un amigo. Al principio, daba la impresión de que podría ser así ya que no hubo excesivas presiones en el seno del partido para que dimitiera. En general, sus colegas del Gobierno y del Parlamento adoptaron una actitud de apoyo. La conferencia del partido se celebró una semana después del comunicado de Cecil y su discurso como ministro fue bien recibido. No obstante, a última hora de la noche del jueves, mientras completaba mi discurso para el día siguiente, la oficina de prensa del Número 10 telefoneó a la habitación de mi hotel. Le dijeron a mi secretario que Sarah Keays había concedido una entrevista a The Times y que la historia aparecía en primera plana en la edición del viernes. Convoqué inmediatamente una reunión con Willie Whitelaw, John Gummer y el propio Cecil. Estaba claro que la historia no iba a caer en el olvido y, aunque le pedí a Cecil que no dimitiera aquella misma noche, todos sabíamos que al final tendría que hacerlo.

A primera hora de la mañana siguiente, Cecil vino a verme y me dijo que Ann y él habían decidido que debía dimitir. Sólo había un problema: se había comprometido a aparecer en un acto público para inaugurar el nuevo helipuerto de Blackpool y descubrir una placa conmemorativa. Era claramente imposible que siguiera adelante con ese proyecto. Denis ocupó su lugar y descubrió la placa que, hirientemente, llevaba escrito el nombre de Cecil.

Afortunadamente, aquello no supuso el final de la carrera política de Cecil, pero tuvo que soportar cuatro años de travesía del desierto y perdió toda oportunidad de llegar a los más altos puestos del escalafón político.

Aunque alivió los problemas a corto plazo, la dimisión de Cecil debilitó al Gobierno. Había demostrado que era un ministro eficaz y, aunque sólo había permanecido durante un breve plazo al frente del Ministerio de Comercio e Industria, su impacto había sido grande, especialmente en la City de Londres. Fue Cecil quien decidió tomar la difícil pero correcta decisión de introducir reformas que excluyeran a la Bolsa del ámbito de la Ley de Prácticas Comerciales Restrictivas, poniendo fin al pleito, que se encontraba en los tribunales, interpuesto por el director general del organismo regulador de precios (Director-General of Fair Trading). Como respuesta, la Bolsa se comprometió a desmantelar una serie de antiguas restricciones sobre el comercio y se puso en marcha el proceso que dio lugar a la Ley de Servicios Financieros de 1986 y al «Big Bang» de octubre de aquel mismo año. Las reformas introducidas permitieron que la City se adaptara a la gran competitividad de los mercados internacionales en los que hoy opera y que han resultado cruciales para su éxito.

Le pedí a Norman Tebbit que abandonara Trabajo para hacerse cargo de Comercio e Industria y nombré a Tom King, de Transportes, como su sustituto. Esto me permitió incorporar a Nick Ridley al Gabinete. La llegada de Nick fue una compensación que alivió en alguna medida la opresión que sentíamos tras la marcha de Cecil. Al igual que Keith Joseph, Nick era una persona que deseaba acceder al cargo para hacer lo que creía que debía hacerse. Aunque, según mi experiencia, hay pocos políticos para los que hacer lo correcto no sea importante, hay aún menos para los que constituya la única motivación. Nick y Keith se encontraban entre estos últimos. Nick aportó al Gobierno (y a mí en particular) no sólo claridad de perspectivas sino también soluciones técnicas a los problemas de nuestra política. En Transportes siguió adelante con las privatizaciones y las desregulaciones y en los últimos años del Gobierno fue alguien en quien podía confiar por su total lealtad y honradez. De hecho, fue el exceso de honradez lo que finalmente causó su caída. (El periodista norteamericano Michael Kinsley decía que una «metedura de pata» era exponer una verdad inconveniente. Debo decir que mi experiencia personal avala sin duda alguna la precisión de esa definición).

Éste era el equipo del que dependía el éxito del segundo mandato del Gobierno y yo albergaba la esperanza de que compartiera el celo y el entusiasmo de su capitán.

LA REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO EN STUTTGART

Al finalizar la semana en la que se constituyó el nuevo Gobierno volé a Stuttgart para asistir a una reunión del Consejo Europeo que se había pospuesto y que había de ser presidida por el canciller Kohl.

El tema principal a tratar en Stuttgart sería, como de costumbre, el dinero (en particular «nuestro dinero») aunque en aquella ocasión tuve la discreción de no emplear tal expresión. Tenía que lograr que se nos reembolsase una cantidad adecuada en 1983, y avanzar todo lo posible hacia una solución a largo plazo que permitiera recortar aún más nuestra contribución neta a la Comunidad. Esto representaba lograr una reforma a largo plazo de sus finanzas.

Si hubiera tenido que defender mi caso exclusivamente sobre la base de la equidad no habría tenido grandes esperanzas sobre el resultado, pero en aquel entonces la Comunidad estaba al borde de la bancarrota: el agotamiento de sus «recursos propios» estaba a sólo unos meses vista y únicamente era posible incrementarlos por medio de un acuerdo entre todos los Estados miembros para aumentar el «techo» del 1 por ciento del IVA. Eso tuvo el efecto que el doctor Johnson atribuía a la perspectiva de ir a la horca: el cerebro de nuestros socios europeos empezaba a mostrar una maravillosa capacidad de concentración. El requerimiento de unanimidad era una baza importante para mí, y los demás eran perfectamente conscientes de que yo no dejaría escapar aquella oportunidad. Por supuesto, habría sido perfectamente posible para la Comunidad mantenerse dentro de la disciplina impuesta por el techo del 1 por ciento si hubiera tenido la voluntad de poner fin a los gastos injustificados, la ineficacia y la simple corrupción en sus propios programas. Después de todo, los ingresos por el IVA son notablemente saneados. Pero yo sabía perfectamente que no había voluntad alguna de hacerlo y que, mientras pudieran posponerse las decisiones difíciles, el despilfarro y ese peculiar grado de irresponsabilidad que caracteriza a las burocracias que no tienen que rendir cuentas a nadie seguirían existiendo.

Estaba claro que la actitud de Alemania Occidental sería crucial. Los alemanes eran los mayores contribuyentes netos de la Comunidad. Debo reconocer que los agricultores alemanes disfrutaban de los beneficios de la extravagante política agrícola comunitaria pero, a partir de un determinado punto, acabarían por entrar en juego los intereses de los contribuyentes de la RFA, pasando a ser prioritarios. Alemania siguió nuestros pasos, oponiéndose a un incremento de los «recursos propios» hasta que las finanzas de la Comunidad tuvieran una base más sólida. Sin embargo, nosotros sospechábamos que cederían cuando aumentara la presión. También les molestaba, y no les culpo, tener que contribuir a financiar el reembolso que yo había logrado para Gran Bretaña. Mi respuesta, por supuesto, fue urgirles a que ejercitaran su liderazgo para resolver de una vez por todas el desequilibrio básico de las finanzas comunitarias. El canciller Kohl no era normalmente el más enérgico de los participantes en los Consejos, a menos que el tema a discutir afectara directamente a alguna cuestión interior alemana, pero yo sabía que aspiraba a coronar con éxito la reunión de Stuttgart y, por extensión, su primera Presidencia europea. Tenía la esperanza de que esto, sumado a las demás circunstancias que he descrito, pesara a favor de un resultado que pudiera aceptar.

El Consejo decidió dejar las negociaciones sobre la financiación futura de la Comunidad en manos de los ministros de Exteriores y Economía, al menos inicialmente. Estos presentarían sus informes ante el siguiente Consejo en diciembre. La Comisión había planteado ya sus propuestas, algunas de las cuales gozaban de nuestro favor, mientras que otras no. Se acordó un reembolso para Gran Bretaña correspondiente al año 1983. Pero las decisiones reales quedaron pospuestas otros seis meses, seis meses más cerca de la bancarrota de la Comunidad.

No me sentí desencantada con este resultado y subsiguientemente aproveché todas las ocasiones que se me ofrecieron para alabar el modo en que el canciller Kohl había dirigido la reunión. Los resultados fueron bastante mejores para Gran Bretaña de lo que había parecido al principio. El importe de la devolución de 1983 fue inferior a lo que podríamos haber esperado, pero si se consideraban globalmente los cuatro años hasta 1983, habíamos obtenido un reembolso equivalente a casi dos tercios de nuestra contribución neta antes del ajuste, que era el objetivo que nos habíamos propuesto públicamente. Teniendo en cuenta la enérgica oposición de Francia, consideré que había sido un logro importante. En la prensa británica se especuló sobre si se había debilitado o no la posición británica respecto al incremento en el «techo» del IVA, pero aquello no había sido más que una maniobra negociadora y una lectura atenta del comunicado —o cualquier lectura de mi mente— demostraría que no había hecho tal cosa. (De hecho, esto había de quedar muy claro públicamente antes de acabar el de año).

El consejo de Stuttgart tuvo también otro aspecto. Se redactó lo que se dio en llamar (con el lenguaje grandilocuente que había venido empleándose para hablar del tema desde antes de nuestra incorporación) una «declaración solemne sobre la Unión Europea». Adopté la actitud de que no podía oponerme a todo y lo dejé correr; a fin de cuentas el documento carecía de fuerza legal. Cuando posteriormente se me preguntó por la declaración en la Cámara de los Comunes repliqué: «Debo dejar bien claro que no creo en absoluto en una Europa Federal. Y ese documento tampoco». Desde luego no transfería poderes a una Europa centralizada del modo en que más adelante lo haría el Tratado de Maastricht. Con todo, el lenguaje de altos vuelos empleado en el documento se ha vuelto familiar a partir de acontecimientos posteriores. El esqueleto lingüístico sobre el que tanta carne institucional crecería estaba ya a la vista.

LA ECONOMÍA

En política ocurre a veces que cuestiones relativamente menores, carentes de conexión obvia, se combinan para crear una atmósfera política en la que el Gobierno parece no hacer nada a derechas. He sugerido anteriormente algunas de las razones subyacentes por las que se produjo este tipo de atmósfera a comienzos de nuestro segundo mandato, pero existían también otros problemas. Seguía existiendo incomprensión y resentimiento hacia el nuevo sistema que actualizaba las pensiones de jubilación con arreglo a la inflación. Muchos de nuestros más fieles seguidores se sentían irritados porque nuestra propuesta de restablecer la pena capital había sido derrotada en votación libre en una Cámara de los Comunes dominada por el Partido Conservador, lo que sin duda significaba que algunos de su miembros habían ocultado (o algo peor) sus puntos de vista a quienes habían votado. Además, poco después los diputados decidieron aprobar un incremento en sus retribuciones considerablemente superior al recomendado por el Gobierno, en un momento en el que el desempleo iba en aumento y la mayor parte de la gente tan sólo podía aspirar a incrementos muy pequeños o nulos.

Pero este malestar habría tenido poca importancia si no hubiese sido por la economía. El sustrato económico era sólido: de hecho, según fueran avanzando nuestros cambios estructurales, en especial las privatizaciones, se iría consolidando cada vez más. Cuando el 22 de junio de 1983 hablé ante la Cámara de los Comunes como preámbulo al Discurso de la Reina, pude permitirme señalar que la tasa de inflación era la más baja desde 1968, que la capacidad productiva había aumentado y que los niveles de productividad constituían un récord. No obstante, parte del problema era que tras unas elecciones los logros anteriores de un Gobierno son inmediatamente ignorados. Como decía uno de mis consejeros parafraseando a La Rochefoucauld: «La única gratitud que existe en la política es la que se reserva para los favores que aún han de recibirse». Además, habíamos tenido tanta suerte al elegir la fecha de las elecciones (aunque no todo había sido suerte) que las expectativas en torno al ritmo de crecimiento en el futuro habían llegado a ser demasiado elevadas. La inflación empezó a aumentar desde el mínimo de un 3,7 por ciento alcanzado en mayo y junio hasta llegar a un 5,3 por ciento en diciembre, aunque se mantendría a ese nivel o por debajo de él en los doce meses siguientes. También empezó a crecer el desempleo, manteniéndose por encima de los tres millones, y resultaba muy difícil predecir en qué momento un mayor crecimiento económico, que ahora resultaba evidente, permitiría que esa cifra empezara a reducirse. Aunque los tipos de interés habían bajado, los de los créditos hipotecarios habían aumentado para hacer frente a la creciente demanda. Esto, en sí mismo, era un signo del avance hacia la democracia de propietarios que estábamos propiciando pero, como es natural, resultaba impopular entre los prestatarios. Este conjunto de problemas hizo que se vertieran acusaciones de que el Gobierno había «manipulado las cuentas» de la economía antes de las elecciones.

El gasto público se convirtió en el centro de este ataque. De hecho, se habían detectado indicios de que habría problemas en las semanas previas a las elecciones. En abril, el primer mes del nuevo año financiero, el déficit público era muy superior al previsto como objetivo, y pronto quedó claro que el resultado provisional correspondiente a 1982-1983, una cifra que publicábamos regularmente, sería de 9.200 millones de libras, 1.700 millones de libras por encima de las estimaciones presupuestarias. Era posible que parte del problema se debiera a que los ingresos habían sido inferiores a los esperados, pero con anterioridad se había estimado erróneamente hasta qué punto los gastos estarían por debajo de los límites previstos. Buena parte del problema surgió de las medidas que adoptamos para corregir este desequilibrio. El invierno anterior habíamos detectado evidencias tan claras de que el gasto de los programas de capital estaba siendo inferior al asignado, que habíamos adoptado medidas para hacer que se ajustara a las previsiones. (En principio, es correcto que el gasto público alcance los niveles planificados ya que, en caso contrario, se acumula el gasto para años futuros, lo cual perjudica a la industria de la construcción e incrementa el desempleo).

Había discutido este problema con el entonces ministro Geoffrey Howe el jueves 21 de abril. Como ocurre a menudo, al parecer el principal culpable había sido el Ministerio de Defensa. Las últimas instrucciones enviadas desde el Ministerio de Hacienda al de Defensa antes del presupuesto señalaban que éste no debía gastar menos de lo previsto. El Ministerio había cumplido estas instrucciones con inusitado entusiasmo. Tras prever unos gastos inferiores a los asignados, resultó que había dilapidado extravagantemente su presupuesto. Geoffrey y yo nos quedamos horrorizados y decidimos que Defensa necesitaba una buena reprimenda. Pero el daño estaba ya hecho.

Tras las elecciones, el nuevo ministro revisó una vez más las cifras de los préstamos. Nigel Lawson se encontró en una posición nada envidiable. La previsión veraniega de Hacienda sugería que el déficit público propuesto para el año financiero en curso sería de 3.000 millones de libras más. Inevitablemente, como ocurre siempre con el déficit —que es la diferencia entre dos sumas enormes de dinero, los ingresos y los gastos del sector público—, aquellas cifras tenían un amplio margen de error. Aún así, los signos eran muy poco halagüeños. Para acrecentar el problema, las cifras de ingresos correspondientes a mayo eran malas y sabíamos que la libra, aunque estaba alta por aquellas fechas, podía verse sometida en breve a grandes presiones si seguían subiendo los tipos de interés en Estados Unidos. En todo caso, si realmente estábamos a punto de ser testigos de un enorme incremento en el déficit público, había que hacer algo.

Cuando el viernes 29 de junio recibí una nota de Nigel en la que me explicaba las medidas que quería tomar, me sentí muy preocupada, y la discusión que mantuve con él la noche siguiente no sirvió en absoluto para tranquilizarme. Nunca es fácil frenar el gasto público una vez que el ejercicio fiscal está en marcha, pero los razonamientos a favor de la adopción de medidas inmediatas eran abrumadores. Cuanto antes se realiza un recorte menos drástico resulta. Esto ofrece más oportunidades de mantener la credibilidad ante los mercados, lo que constituye una ventaja muy útil; la contrapartida era, no obstante, que el anuncio de nuevos recortes sobre el gasto público pocas semanas después de iniciada una nueva legislatura resultaría extremadamente impopular y políticamente embarazoso. El público pensaría que habíamos mentido a lo largo de la campaña electoral y los ministros afectados por los recortes se sentirían humillados. Nigel comprendía todo esto perfectamente y fue una demostración de valentía por su parte recomendar que se adoptaran medidas inmediatas.

Hizo tres propuestas. La primera consistía en obtener más fondos del Gobierno por medio de la venta de una fracción extra de acciones de BP (British Petroleum). Pero si bien esto podía contribuir a la financiación del déficit público, no nos permitía hurtarnos a la necesidad de efectuar recortes reales en el gasto. Era imposible adoptar medidas que afectaran a los programas de gasto ilimitado a la mitad del ejercicio, por lo que tuvimos que concentrarnos en los gastos limitados. ¿Debían afectar estos recortes a la totalidad de los gastos o solamente a parte de ellos? Inicialmente, el punto de vista de Nigel era que debía aplicarse al elemento no corriente del gasto del Gobierno central, ya que era extremadamente difícil recortar con éxito los gastos corrientes. Mis consejeros y yo pusimos esto en duda y Nigel y yo hablamos a fondo sobre el tema el sábado siguiente en Chequers. Decidimos aplicar un paquete de medidas que incluía los gastos corrientes (pay bill) entre los recortes. Alan Walters compartía con Nigel la opinión de que era necesario adoptar medidas de inmediato y urgió para que se aplicase una reducción de un 3 por ciento en los límites de efectivo, una cifra superior a la propuesta originalmente por Nigel. Finalmente acordamos una reducción de un 1 por ciento en los gastos corrientes y una reducción de un 2 por ciento en otros casos.

Nigel tenía otra ingeniosa propuesta que hacer, que había sido sugerida originalmente por Leon Brittan aquel mismo año: la introducción de la «flexibilidad a fin de año». Con arreglo a las convenciones fiscales, a los ministerios que no gastaban la totalidad de su asignación a lo largo del año financiero no se les permitía acumular la suma ahorrada para el año siguiente; a todos los efectos, perdían el dinero. Como resultado, por supuesto, aquellos organismos que descubrían que sus gastos eran inferiores a lo previsto a fin de año tendían a gastar en exceso para compensar la diferencia, lo que hacía que el gasto público se disparara. La «flexibilidad» pretendía reducir este efecto permitiendo que acumularan parte de los fondos no gastados para el año siguiente.

Conjuntamente, todas estas propuestas de venta de activos, recortes y mejoras técnicas en el gasto público podían, en nuestra opinión, reducir el correspondiente al año en curso en más de 1.000 millones de libras.

Nigel y yo esperábamos que hubiera problemas con el Gabinete. Habría sido de gran ayuda poder informar previamente a los ministros, pero sabíamos que si hacíamos circular documentos sobre las propuestas, probablemente habría filtraciones. Al final, informamos individualmente a algunos de los ministros, al igual que a algunos de los secretarios permanentes de sus Ministerios pero, a pesar de nuestras precauciones, cuando se reunió el Gabinete el jueves 7 de julio para discutir las propuestas, éstas habían aparecido ya en letra impresa en la primera plana de los periódicos aquella misma mañana. Esto no facilitó en absoluto la reunión, pero el Gabinete asumió finalmente que era necesario tomar aquellas medidas y Nigel pudo anunciar aquella misma tarde en la Cámara de los Comunes las decisiones adoptadas. Subrayamos que no se trataba de recortes del gasto público previsto, sino más bien un paquete de medidas de ahorro necesarias para permanecer dentro de los márgenes propuestos. Probablemente fuera mucho esperar que se comprendiese esta distinción.

DIPLOMACIA: VISITAS A CANADÁ Y A ESTADOS UNIDOS

Pasé la mayor parte del mes de agosto de vacaciones en Suiza, convaleciente de una molesta y dolorosa operación en un ojo sufrida a comienzos de mes. El viernes 29 de julio había acudido al desfile de graduación en la Academia de la RAF en Cranwell. Una vez finalizada la ceremonia y las demostraciones aéreas, me di la vuelta y subí unos escalones para entrar a comer en el edificio. Repentinamente algo le ocurrió a mi ojo derecho. En mi campo visual empezaron a flotar puntos negros. Me froté el ojo pero no sirvió de nada. Posteriormente, de vuelta en Chequers, me di un baño ocular, pero tampoco fue de utilidad.

El domingo telefoneé a mi médico. Fui a su casa, que no estaba lejos de Chequers, y me examinó el ojo. Dado que ya había escuchado mi descripción de lo sucedido, había llamado a un especialista. Éste me dijo que creía que tenía un desprendimiento de retina y sugirió un tratamiento con láser, tras el cual debía permanecer dos días en reposo hasta que pudiéramos tener la seguridad de que todo había ido bien. Permanecer acostada e inmóvil durante mucho tiempo era algo que me resultaba difícil, pero me entretuve parte del tiempo escuchando grabaciones de novelas. El miércoles fui a su consulta para recibir el veredicto. Llevaba conmigo un pequeño maletín con ropa a modo de póliza de seguros, aunque en realidad confiaba en no necesitarla. Pero las noticias no fueron buenas. Me examinó de nuevo y me dijo que no se había producido mejoría alguna; en todo caso, mi ojo había empeorado. Como precaución, había reservado ya un quirófano para aquel mismo día y fui directamente al hospital, donde tuvo lugar, con éxito, la intervención.

Cuando regresé a Inglaterra tras mis vacaciones en Suiza me sentía totalmente recuperada, lo cual era una suerte ya que tenía que hacer varias visitas importantes al extranjero en septiembre.

Llegué a Ottawa la noche del domingo 25 de septiembre y cené en la High Commission, uno de los grandes edificios históricos de la ciudad. Dos de los párrafos del discurso que iba a pronunciar al día siguiente ante la Cámara de los Comunes canadiense estaban en francés, y se me había asignado un profesor a mi llegada para que mi pronunciación fuera lo más perfecta posible y evitar incidentes internacionales. A la mañana siguiente mantuve conversaciones con Pierre Trudeau y su Gabinete. Como ya había previsto que ocurriría, nuestro principal contencioso surgió en torno a las cuestiones Este-Oeste. En opinión del señor Trudeau, las negociaciones sobre control de armamento habían quedado en manos de los técnicos, y era por ese motivo por el que no estaban dando ningún resultado. Yo no estaba de acuerdo. Después de todo, las conversaciones sobre desarme habían de ser necesariamente muy técnicas: si cometíamos errores en los aspectos técnicos tendríamos problemas. No obstante, el señor Trudeau abundó en su razonamiento, sugiriendo que también el derribo del avión de las líneas aéreas coreanas por parte de los soviéticos (en la que perdieron la vida ciudadanos canadienses) el 1 de septiembre demostraba los peligros de que los políticos no ostentaran el mando. Tenía entendido que la orden de derribar el avión había partido de un comandante militar local sin consultar previamente a Moscú. Le respondí que lo que aquello demostraba realmente era que la estructura del mando y las normas de confrontación de los soviéticos eran deficientes, ya que no debían haber permitido el derribo de un avión sin un control político previo. Lo que los izquierdistas liberales como él parecían incapaces de comprender era que los actos de brutalidad como el derribo de un avión de pasajeros no eran en absoluto atípicos del propio sistema comunista.

Aquella misma mañana mantuvimos una reunión privada. Discutimos sobre temas internacionales (Hong Kong, China, Belice) pero lo más importante para mí fue la impresión que le había producido Mijail Gorbachov, de quien yo había oído hablar pero al que aún no conocía. El señor Gorbachov había visitado Canadá aquel mismo año con el pretexto de examinar los logros agrícolas del país, aunque su propósito real era discutir cuestiones de seguridad a largo plazo. Según Pierre Trudeau, seguía adhiriéndose a la línea convencional en lo referente a las negociaciones de las fuerzas nucleares de alcance medio (INF), pero sin la hostilidad ciega que caracterizaba a los otros líderes soviéticos. Al parecer, Gorbachov se había mostrado dispuesto a discutir y hacer ciertas concesiones, al menos verbalmente. Por aquellas fechas, yo no preveía la importancia que aquel hombre llegaría a tener en el futuro. La conversación sirvió fundamentalmente para confirmar mi opinión de que debíamos persuadir al nuevo líder soviético Yuri Andropov de que visitara Occidente. ¿Cómo íbamos a hacer una valoración adecuada de los líderes soviéticos si no podíamos entrar personalmente en contacto con ellos? Y, lo que es más importante, ¿cómo íbamos a persuadirles de que miraran más allá de su propia propaganda si no podíamos mostrarles como era realmente Occidente?.

Después del almuerzo tuve la primera reunión con Brian Mulroney, que en aquellas fechas estaba viviendo una luna de miel política, una experiencia que resulta extraordinariamente engañosa. Debo decir a su favor que era perfectamente consciente de ello y, a petición suya, pasé la mayor parte del tiempo hablando de mi experiencia en la oposición y el gobierno. Aunque éramos dos políticos de tipo muy diferente y teníamos diferencias importantes, acabamos convirtiéndonos en buenos amigos. En mi opinión, como líder de los conservadores progresistas, ponía demasiado acento en el adjetivo y demasiado poco en el nombre.

El discurso que pronuncié ante el Parlamento canadiense aquella tarde fue muy bien recibido. En él hice una defensa más enérgica de lo que estaban acostumbrados a escuchar de su propio Gobierno de los valores y principios, y fui frecuentemente interrumpida por los aplausos. Todos los parlamentarios, a excepción de uno o dos diputados y algunos miembros del cuerpo diplomático, se pusieron en pie para ovacionarme. Por sí mismos, estos últimos trazaron un interesante retrato de las actitudes prevalentes al otro lado del telón de acero: los embajadores de la Unión Soviética, Checoslovaquia y Bulgaria permanecieron clavados en sus asientos; por el contrario, los de Hungría y Polonia se pusieron en pie para unirse con entusiasmo al aplauso.

Aquella noche, el señor Trudeau me ofreció una cena en Toronto. El problema que había de acompañarme durante toda la visita surgió por vez primera en aquella ocasión. Antes de sentarme a la mesa, tuve que atravesar una muchedumbre de partidarios de los liberales. Los invitados a la cena parecían igualmente partidistas, aunque fueron muy hospitalarios. El discurso de Trudeau hizo hincapié en las diferencias políticas que había entre nosotros, si bien de manera educada y amistosa. Mientras hablaba tomé notas que posteriormente utilicé como base para mi improvisada respuesta, que adoptó la forma de una defensa sin paliativos de la libre empresa. Esto levantó vítores en el fondo de la sala aunque, como señaló un miembro de mi comitiva, no estaba claro si procedían de conservadores infiltrados en la reunión o de liberales conversos.

Desde Canadá volé hasta Washington para reunirme con el presidente Reagan. En términos generales, la posición política del presidente en su país era fuerte. A pesar de las dificultades debidas al déficit presupuestario norteamericano, la economía del país se encontraba en un estado considerablemente saludable. Crecía más rápidamente y con una inflación notablemente menor que cuando él accedió al cargo, y esto era muy apreciado por la gente en general. Como él mismo solía decir: «Ahora que funciona, ¿cómo es que han dejado de llamarlo reaganomics?». El presidente había dejado también su impronta en las relaciones Este-Oeste. Los soviéticos estaban ya claramente a la defensiva en el campo de las relaciones internacionales. Eran ellos los que tendrían que decidir cómo reaccionar ante el inminente despliegue de armas nucleares de alcance medio por parte de la OTAN. En aquel momento, estaban atravesando una situación difícil como resultado del derribo del avión de pasajeros coreano. En América Central, el Gobierno de Estados Unidos había respaldado al de El Salvador frente a la insurgencia comunista y éste parecía haber salido fortalecido. Tal vez sólo en Oriente Medio podía decirse que la política de la Administración norteamericana no había resultado un éxito en absoluto. No era probable que las conversaciones de paz entre árabes e israelíes se reanudaran, y cada vez había mayor peligro de que Estados Unidos y sus aliados se vieran irrevocablemente arrastrados a la vorágine en el Líbano. El presidente no había anunciado aún si se presentaría a un segundo mandato, pero yo pensaba que lo haría. Deseaba que lo hiciera y tenía la impresión de que ganaría.

Nuestras discusiones a lo largo de aquella mañana y durante la comida abarcaron un gran número de temas. El presidente se mostraba optimista sobre el desarrollo de los acontecimientos en América Central. Como él mismo decía, El Salvador no había sido noticia desde hacía mucho tiempo porque el Gobierno estaba saliendo victorioso. Como consecuencia, los medios de comunicación norteamericanos se habían visto privados de sus historias de todas las noches, narradas desde el punto de vista de la guerrilla. Abordé el tema de la reanudación del suministro de armas a Argentina por parte de Estados Unidos, diciéndole que una decisión en este sentido no sería comprendida en Gran Bretaña. El presidente me contestó que era consciente de ello, pero que habría enormes presiones en favor de la reanudación de los suministros si se establecía un régimen civil en Buenos Aires. Aproveché también la oportunidad para explicarle nuestra oposición, hasta aquel momento siempre respaldada por Estados Unidos, a que las defensas nucleares independientes de británicos y franceses fueran incluidas en las conversaciones de desarme entre EE. UU. y la Unión Soviética. La insistencia de la URSS en incluir nuestros medios de disuasión no era más que una argucia para desviar la atención de la propuesta norteamericana de reducir de forma significativa las armas nucleares estratégicas. Desde el punto de vista de Gran Bretaña, nuestras fuerzas disuasorias constituían un mínimo irreductible y no equivalían más que a un 2,5 por ciento del arsenal estratégico soviético. Repetí lo que había manifestado ante el Comité de Relaciones con el Exterior del Senado aquella mañana: la inclusión de las fuerzas de disuasión británicas significaría, lógicamente, que los Estados Unidos no se encontrarían en una situación de paridad con la Unión Soviética. ¿Sería eso realmente aceptable para los EE. UU.? O en caso de que, por ejemplo, los franceses decidieran incrementar su arsenal nuclear, ¿estarían realmente dispuestos los Estados Unidos a reducir el suyo en una proporción equivalente? El presidente pareció comprender mi punto de vista, lo que me resultó reconfortante. Por mi parte yo tuve ocasión de tranquilizarle respecto al calendario del despliegue de los misiles Pershing y los de crucero en Europa. Estaba preocupado por la noticia de que se había aplazado el debate crucial sobre el tema en el Bundestag. No albergaba dudas sobre la firmeza del canciller Kohl, pero no estaba tan seguro respecto a algunas de las personas que le rodeaban. Estaba convencido de que toda la estrategia soviética seguía basándose en impedir el despliegue. Le respondí que no debía tener duda alguna de que Gran Bretaña procedería a desplegar los misiles nucleares de alcance medio con arreglo a los planes previstos, y que creía que Alemania Occidental haría lo mismo.

No obstante, nuestra discusión giró hacia la estrategia general que debíamos adoptar respecto a la Unión Soviética en los años venideros. Yo había dedicado mucho tiempo a pensar sobre el tema y lo había discutido con expertos en un seminario celebrado en Chequers. Empecé diciendo que debíamos realizar una evaluación lo más precisa posible del sistema soviético y sus líderes (había abundante evidencia acerca de ambos temas) para establecer una relación realista. Pensáramos lo que pensáramos acerca de ellos, todos teníamos que vivir en el mismo planeta. Felicité al presidente por su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas tras el derribo del avión de pasajeros coreano. Recalqué hasta qué punto estaba en lo cierto al insistir en que, a pesar de aquella atrocidad, las negociaciones para el control de armamento en Ginebra debían continuar. El presidente coincidió conmigo en que no era el momento de aislarnos de la Unión Soviética. Cuando la URSS comprobara que no había conseguido impedir el despliegue de las fuerzas de alcance medio, tal vez empezaría a negociar seriamente. Al igual que yo, era evidente que había estado estudiando la actitud que debíamos adoptar frente a los soviéticos una vez ocurrido aquello.

El presidente planteó que existían dos puntos sobre los que deberíamos establecer un juicio. En primer lugar, parecía que los rusos eran un tanto paranoicos sobre su propia seguridad: ¿se sentían realmente amenazados por Occidente, o simplemente querían mantener la ventaja ofensiva? La segunda cuestión estaba relacionada con el control del propio poder soviético. Él siempre había asumido que en la Unión Soviética el Politburó controlaba a los militares. El hecho de que los primeros comentarios hechos públicos sobre el incidente del avión de pasajeros coreano procedieran de los militares, ¿significaba que el Politburó estaba ahora controlado por los generales? Por lo que se refiere a las negociaciones con la URSS, no debíamos olvidar que la principal razón por la que los soviéticos estaban sentados a la mesa de negociaciones en Ginebra era el aumento de las defensas estadounidenses. Jamás se habrían dejado influenciar simplemente por la razón. No obstante, si comprobaban que Estados Unidos tenía la voluntad y determinación necesarias para multiplicar sus defensas hasta donde fuera preciso, la actitud de los soviéticos podía cambiar, ya que eran perfectamente conscientes de que no serían capaces de mantener el ritmo. Se manifestó convencido de que los rusos estaban a punto de llegar al límite en sus gastos de defensa: sus dificultades económicas internas eran ya de tal magnitud que no podían incrementar sustancialmente la proporción de los recursos asignados a gastos militares. Estados Unidos, por el contrario, tenía la capacidad de duplicar su producción militar. La tarea era convencer a Moscú de que el único mecanismo de que disponía para mantener su igualdad eran las negociaciones, ya que no podía permitirse mantener la competencia en armamento durante mucho más tiempo. El presidente recordaba una viñeta en la que aparecía el señor Brezhnev diciéndole a un general ruso: «Me gustaba más la carrera armamentista cuando sólo participábamos nosotros».

Ahora que el sistema soviético se ha desmoronado con arreglo a las líneas que él había previsto, sus palabras parecen proféticas. Bien podría ser que uno de los motivos por los que el presidente Reagan y yo formábamos tan buen equipo fuera que, aunque compartíamos el mismo análisis sobre el modo en que funcionaba el mundo, éramos personas muy diferentes. El tenía una percepción precisa del marco estratégico, pero dejaba los detalles tácticos a otros. Yo era consciente de que debíamos llevar nuestras negociaciones con los comunistas sobre la base del día a día, de modo que los acontecimientos nunca escaparan a nuestro control. Fue éste el motivo por el que durante toda mi conversación con el presidente volví una y otra vez sobre la necesidad de considerar exactamente qué actitud debíamos adoptar con los soviéticos cuando hicieran frente a la realidad y regresaran a la mesa de negociaciones con un talante más razonable. Aquella noche pronuncié un discurso durante una cena celebrada en la Fundación Winston Churchill de Estados Unidos, donde expuse mis puntos de vista sobre todas estas cuestiones:

Tenemos que negociar con la Unión Soviética tal y como es, no como nos gustaría que fuera. Vivimos en el mismo planeta y tendremos que seguir compartiéndolo. Estamos por consiguiente dispuestos, si las circunstancias lo permiten y cuando lo permitan, a hablar con los líderes soviéticos. Pero no debemos caer en la trampa de atribuirles nuestra propia moralidad. Ellos no comparten nuestras aspiraciones; no están constreñidos por nuestra ética; siempre se han considerado exentos de las normas que son vinculantes para otros Estados.

Tenía otro mensaje que transmitir al que quería que prestaran especial atención todos aquellos que no compartían en su totalidad mi análisis y el del presidente Reagan:

¿Acaso es necesario decir que la Unión Soviética no tiene nada que temer de nosotros? Durante varios años después de finalizada la guerra, Estados Unidos disfrutó del monopolio de las armas nucleares, pero esto no representó una amenaza para nadie. Las democracias son por naturaleza amantes de la paz. Hay multitud de cosas que nuestros pueblos quieren hacer con sus vidas, muchas formas de usar nuestros recursos aparte del equipamiento militar. El uso de la fuerza y la amenaza de emplearla para imponer nuestras creencias no forma parte de nuestra filosofía.

El discurso tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación y fue, en general, bien recibido en Estados Unidos. Pero no tardé en pensar, a la luz de la respuesta norteamericana ante una crisis política surgida en una pequeña isla del Caribe, que al menos parte de mi mensaje no había sido entendido.

PROBLEMAS EN LAS RELACIONES DE ULTRAMAR: LÍBANO Y GRANADA

Inesperadamente, el otoño de 1983 resultó ser un período de prueba para las relaciones entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Esto se debió a que adoptamos actitudes diferentes frente a las crisis del Líbano y de Granada.

Ambos acontecimientos tuvieron lugar sobre el telón de fondo de grandes decisiones estratégicas en Occidente. Noviembre de 1983 era la fecha acordada para el despliegue de los misiles de alcance medio en Gran Bretaña y Alemania Occidental: tenía que asegurarme de que no se produjeran interferencias. Lograrlo dependía en gran medida de la posibilidad de demostrar que Estados Unidos era un aliado en el que se podía confiar.

También tenía otros objetivos de mayor alcance. Necesitaba asegurarme de que, cualesquiera que fueran nuestras dificultades a corto plazo con Estados Unidos, las relaciones a largo plazo entre ambos países —de las que sabía que dependían la seguridad de Gran Bretaña y los intereses del mundo libre occidental— no quedaran dañadas. Estaba igualmente decidida a que se respetaran las leyes internacionales y a no permitir que las relaciones entre Estados degeneraran en un juego de realpolitik entre bloques de poder enfrentados. Gran Bretaña había librado la guerra de las Malvinas en defensa de un principio de las leyes internacionales, además de para defender a nuestro pueblo.

No es éste el lugar para describir con detalle la tragedia del Líbano. Lo que fue un Estado próspero y democrático quedó arrasado por la guerra civil a partir de comienzos de la década de los sesenta. Desde aquel momento, pasó a convertirse en un campo de batalla en el que se dirimían las ambiciones contrapuestas de sirios, palestinos, fundamentalistas islámicos, israelíes y señores de la guerra locales.

Poco antes del final de la guerra de las Malvinas, Israel había emprendido una invasión del Líbano a gran escala, que llevó en agosto de 1982 al despliegue de una Fuerza Multinacional (MNF), fundamentalmente norteamericana, en Beirut. Estos efectivos fueron retirados tras un breve período, pero regresaron en septiembre tras las masacres ocurridas en los campos de refugiados palestinos de los suburbios de Beirut, que conmocionaron a todo el mundo. En esta segunda ocasión, las fuerzas estaban compuestas por soldados americanos, franceses e italianos. El Gobierno libanes solicitó a Gran Bretaña que participara también, pero yo me mostré reticente y expliqué que, desde mi punto de vista, no estábamos en la mejor situación para hacerlo. Entonces, mandaron un enviado especial a entrevistarse conmigo que me explicó que, dado el papel singular que Gran Bretaña desempeñaba, era vital que estuviera representada en las fuerzas internacionales. Así pues, con el respaldo de Michael Heseltine y Geoffrey Howe, acordé que alrededor de cien de nuestros soldados, en aquel momento estacionados en Chipre con la ONU, se incorporaran a la Fuerza Multinacional. En la práctica, el contingente británico desempeñó un papel ligeramente diferente al de los demás países, no llegando a ocupar ninguna posición fija de importancia. El objetivo de las Fuerzas Multinacionales era ayudar al gobierno libanes y a sus Fuerzas Armadas a recuperar el control sobre el área de Beirut, contribuyendo así a garantizar la seguridad de su población.

Siempre me produce cierta inquietud comprometer a las Fuerzas Armadas británicas en todo aquello que no tenga objetivos muy claros. La misión limitada que se estableció originalmente para las Fuerzas Multinacionales estaba muy claro al principio, al menos sobre el papel, pero más adelante, en septiembre, nos vimos sometidos a una gran presión por parte de los norteamericanos y los italianos para que incrementáramos nuestra participación y se prorrogara la misión. La duda que a todos nos rondaba por la cabeza era si las fuerzas desplegadas serían suficientes para conseguir que el Gobierno y el Ejército libaneses impusieran su autoridad. En caso contrario, el hecho en sí sería, por supuesto, tanto un argumento a favor de la retirada de los efectivos de las Fuerzas Multinacionales como a favor de su ampliación. Convoqué una reunión para discutir estas cuestiones con los ministros y consejeros en Chequers el viernes 9 de septiembre. Me preocupaban los informes de que Estados Unidos estaba dispuesto a adoptar una actitud mucho más dura de lo que parecía sensato respecto a Siria. Aunque Siria era sin duda un obstáculo para avanzar, su apoyo resultaría esencial para cualquier solución que se quisiera aplicar a la crisis de Líbano.

La situación militar y política en el Líbano iba deteriorándose. En las montañas del Chuf, al sur de Beirut, las fuerzas de la minoría drusa, históricamente amiga de Gran Bretaña, estaban enzarzadas en un conflicto con el Ejército libanes y ninguno de los dos bandos parecía capaz de resolverlo a su favor. Aquello tenía todo el aspecto de un empate militar. Los drusos estaban siendo presionados por sus patrocinadores sirios para que alcanzaran objetivos más amplios de lo que probablemente deseaban. Desde luego, no tenían ninguna querella personal con los británicos y hacían lo posible por no disparar sobre nuestras posiciones. En una ocasión, durante una pequeña celebración en Downing Street, me comunicaron que un proyectil de la artillería drusa había caído cerca de nuestras tropas. Michael Heseltine estaba presente en la comida, por lo que le pedí que telefoneara al líder druso Walid Jumblatt, y le dijera que pusiera fin al bombardeo, y así lo hizo. Nuestro contingente era pequeño, estaba expuesto y aislado y yo estaba cada vez más preocupada por lo que pudiera pasar.

Por su parte, el Gobierno libanés y el presidente cristiano Amin Gemayel parecían incapaces de librarse de su identificación con el viejo movimiento falangista y, por consiguiente, les resultaba imposible obtener un apoyo más amplio por parte de la población. Como resultado, cada vez se veían obligados a apoyarse más en los norteamericanos. Las tres cuartas partes de Líbano estaban en aquel momento ocupadas por los sirios o los israelíes, y las perspectivas de paz y estabilidad en el resto del territorio parecían remotas.

Entonces, el domingo 23 de octubre, un conductor suicida penetró con un camión cargado de explosivos en el sótano del Cuartel General de los marines de Estados Unidos en Beirut. El edificio quedó totalmente destruido. Poco después, una segunda bomba hizo otro tanto con el Cuartel General de los paracaidistas franceses. En total murieron 242 soldados americanos y 58 franceses, un número superior al que Gran Bretaña había perdido en la guerra de las Malvinas. Los atentados fueron reivindicados por dos grupos de militantes musulmanes shiíes. Mi reacción inmediata fue de conmoción ante la carnicería y de repugnancia hacia los fanáticos que habían sido su causa, pero también era consciente del impacto que aquella atrocidad tendría sobre la posición y la moral de los miembros de las Fuerzas Multinacionales. Por una parte, sería un error dar a los terroristas la satisfacción de ver retirarse a sus efectivos; por otra, lo que había ocurrido realzaba los enormes peligros de nuestra presencia allí. Se planteó la cuestión de si existía alguna justificación para seguir poniendo en peligro la vida de nuestras tropas por unos objetivos que cada vez estaban menos claros.

En aquel momento, mi atención se vio bruscamente desviada por los sucesos ocurridos al otro lado del mundo. Sin duda, la humillación sufrida por el atentado de Beirut debió influir en la reacción de Estados Unidos ante los acontecimientos de la isla de Granada, en la parte este del Caribe.

El viernes 19 de octubre de 1983 un golpe militar prosoviético había derribado al Gobierno de Granada. El nuevo régimen estaba compuesto, sin duda, por un grupo de individuos malvados e inestables. Con excepción del general Austin, líder del golpe, todos tenían poco más de veinte años y muchos de ellos tenían antecedentes por violencia y torturas. Maurice Bishop, el primer ministro derrocado, y cinco de sus colaboradores más próximos fueron abatidos a tiros. Lo ocurrido produjo gran consternación en la mayor parte de los países del Caribe. Jamaica y Barbados deseaban una intervención militar en la que querían que participáramos nosotros junto a los norteamericanos. Mi reacción inmediata fue señalar que sería muy poco sensato por parte de los norteamericanos, por no mencionarnos a nosotros, acceder a semejante sugerencia. Temía que representara un grave riesgo para las comunidades de extranjeros que vivían en la isla. Había en ella alrededor de 200 civiles británicos y muchos más norteamericanos. La principal organización de Estados caribeños, CARICOM, no estaba dispuesta a dar su aprobación a una operación militar contra Granada. No obstante, la Organización de Estados del Este del Caribe (OECS) decidió por unanimidad crear una fuerza militar y solicitar ayuda a otros gobiernos para restaurar la paz y el orden en la isla. Sin duda, la reacción de los norteamericanos resultaría crucial. No era difícil comprender las causas por las que los Estados Unidos podían sentirse tentados a participar y hacerse cargo de los indeseables que se habían hecho con el poder en la isla. No obstante, como les señalé una y otra vez más tarde, aunque aparentemente sin gran efecto, Granada no se había transformado de una isla democrática en un sucedáneo de la Unión Soviética de un día para otro aquel mes de octubre de 1983. Maurice Bishop, que era marxista, había accedido al poder por medio de un anterior golpe de estado en marzo de 1979. En aquella ocasión había suspendido la Constitución y metido en la cárcel a muchos de sus opositores. Era, de hecho, un amigo personal de Fidel Castro. Los americanos habían mantenido unas relaciones hostiles con su Gobierno durante años. Bishop era, sin duda, un hombre considerablemente pragmático e incluso había visitado Estados Unidos a finales de mayo de 1983. Al parecer, una disputa en torno a la actitud del Gobierno de Granada respecto a la empresa privada fue el detonante que le llevó a la confrontación con sus colegas del «Movimiento de la Nueva Joya» (New Jewel Movement), un movimiento marxista, propiciando, en última instancia, su caída.

Así pues, la situación en vísperas del derrocamiento de Maurice Bishop era que Granada tenía un régimen no democrático, nada atractivo, y que mantenía con Cuba unas estrechas y amistosas relaciones. Sobre tal análisis, el golpe del 19 de octubre de 1983, por muy moralmente condenable que fuera, constituyó un cambio cuantitativo más que cualitativo.

El sábado 22 de octubre, la víspera de los atroces atentados de Beirut, recibí un informe sobre las conclusiones de la reunión del Consejo de Seguridad nacional de EE. UU. sobre Granada. Se me comunicó que se había decidido que la Administración procediese con gran cautela. Una unidad aerotransportada con base en el USS Independence, que originalmente se dirigía al Mediterráneo, se había desviado hacia el Sur, en dirección al Caribe. Se encontraba ahora al Este del extremo sur de Florida y al norte de Puerto Rico. Un grupo anfibio con 1.900 marines y dos lanchas de desembarco se encontraba 200 millas al Este. El Independence llegaría a la zona al día siguiente, pero permanecería muy al Este de Dominica y bastante al norte de Granada. El grupo anfibio llegaría a la misma zona algo más tarde aquel mismo día. La presencia de aquellas fuerzas daría a los norteamericanos la opción de reaccionar si la situación lo exigía. El informe recalcaba, no obstante, que no se había tomado decisión alguna más allá de este despliegue de contingentes. Estados Unidos había recibido una solicitud en firme de los jefes de Gobierno del Este del Caribe pidiendo ayuda para restaurar el orden y la paz en Granada. Jamaica y Barbados respaldaban esta petición. Si los norteamericanos entraban en acción para evacuar a los ciudadanos estadounidenses, prometían evacuar también a los británicos. Asimismo, se nos aseguró que nos consultarían si llegaban a la decisión de adoptar nuevas medidas.

Aquella noche pasé bastante tiempo comentando los acontecimientos por teléfono desde Chequers. Hable con Richard Luce, que estaba de regreso en el Ministerio de Asuntos Exteriores como ministro de Estado (Geoffrey Howe estaba entonces en Atenas), Willie Whitelaw y Michael Heseltine. Aprobé la orden de que el HMS Antrim partiera desde Colombia hacia la zona de Granada, donde permanecería más allá de la línea del horizonte. Era importante dejar claro en público que se trataba tan sólo de una medida de precaución cuyo objetivo era, llegado el caso, contribuir a la evacuación de los súbditos británicos de Granada. De hecho, no parecía que fuera necesario hacerlo. El alto comisionado en funciones (Deputy High Commissioner) de Bridgetown (Barbados) informó, tras su visita de un día a Granada, que los ciudadanos británicos estaban a salvo, que el nuevo régimen de la isla estaba dispuesto a permitir que se organizara su partida si deseaban marcharse, y que sir Paul Scoon, el gobernador general (representante de la Reina en la isla), estaba bien y razonablemente animado. Tampoco él solicitó una intervención militar, ni directa ni indirectamente.

Repentinamente, la situación dio un vuelco. Sigo sin saber exactamente qué fue lo que pasó en Washington, pero me resulta muy difícil creer que no tuviera nada que ver con la indignación por el atentado de Beirut. Estoy convencida de que no fue una respuesta calculada, sino más bien el resultado de la ira y la frustración. No obstante, esto no hacía que resultara más fácil defenderla, especialmente ante una Cámara de los Comunes en la que el sentimiento antiamericano iba en aumento, tanto en la derecha como en la izquierda. El hecho de que Granada fuera además miembro de la Commonwealth y de que la Reina fuera su jefe de Estado hacía que todo resultara aún más difícil.

A las siete y cuarto de la tarde del lunes 24 de octubre, mientras actuaba como anfitriona en una recepción en Downing Street, recibí un mensaje del presidente Reagan. En él, el presidente me comunicaba que estaba considerando seriamente la solicitud de la OECO de una intervención militar, y me pedía que le transmitiera mis ideas y consejos al respecto. Yo era totalmente contraria a la intervención y solicité que se redactara al momento un borrador de respuesta con arreglo a unas líneas maestras que establecí de inmediato. A continuación tuve que asistir a una cena de despedida celebrada por la princesa Alexandra y su marido Angus Ogilvy en honor del embajador norteamericano saliente J. J. Louis, Jr. Le pregunté: «¿Sabe usted lo que está ocurriendo en Granada? Algo está pasando». No sabía nada al respecto.

Durante la cena recibí una llamada telefónica en la que se me pedía que regresara inmediatamente al Número 10. Llegué a las once y media. Para aquel entonces había llegado ya un segundo mensaje del presidente en el que me comunicaba que había decidido acceder a la solicitud de una intervención militar. Convoqué inmediatamente una reunión con Geoffrey Howe, Michael Heseltine y mandos militares, y preparamos la respuesta a los dos mensajes del presidente. Se envió aquella misma noche a las doce y media. No hubo dificultad alguna para acordar una línea común. El mensaje concluía:

Esta acción será interpretada como la injerencia de un país occidental en los asuntos internos de una pequeña nación independiente, por poco atractivo que resulte su régimen. Le pido que lo considere en el contexto más amplio de las relaciones Este-Oeste y que tenga en cuenta que en los próximos días tendremos que presentar ante el Parlamento y el pueblo los emplazamientos de los misiles de crucero en este país. Me veo obligada a pedirle que medite cuidadosamente sobre estos puntos. No puedo ocultar que me siento profundamente preocupada por su último mensaje. Usted solicitó mi consejo. Se lo he expuesto y espero que, incluso en este momento tardío, lo tome en consideración antes de que los acontecimientos sean irrevocables.

Veinte minutos más tarde abundé en el mensaje llamando al presidente Reagan por el teléfono de emergencia. Le dije que no deseaba mantener una larga conversación telefónica, pero que quería que estudiara muy seriamente la respuesta que le había enviado. Aceptó hacerlo así, pero añadió: «Estamos ya en la hora cero».

A las ocho menos cuarto de la mañana llegó otro mensaje en el que el presidente me comunicaba que había sopesado muy cuidadosamente las consideraciones que le había planteado, pero que en su opinión había otros factores de más peso. De hecho, la operación militar estadounidense para invadir Granada había comenzado a primera hora aquella misma mañana. Tras algunos combates feroces, los líderes del régimen fueron hechos prisioneros. Me sentí consternada y decepcionada por lo ocurrido. En el mejor de los casos, había hecho que el Gobierno británico ofreciera una lamentable imagen de impotencia. En el peor, hacía que pareciésemos unos embusteros. Tan sólo la tarde anterior, Geoffrey había comunicado a la Cámara de los Comunes que no tenía conocimiento de que hubiera ningún plan por parte de los norteamericanos para intervenir en Granada. Ahora, tanto él como yo tendríamos que explicar cómo era posible que un miembro de la Commonwealth hubiera sido invadido por nuestro aliado más próximo y, lo que era aún peor, fueran cuales fuesen nuestros sentimientos personales, además tendríamos que defender la reputación de Estados Unidos frente a una condena generalizada.

La reacción internacional ante la intervención norteamericana fue, en líneas generales, fuertemente adversa. Desde luego supuso un gran empuje propagandístico para la Unión Soviética. En sus primeros informes, los redactores de los informativos de la televisión soviética creyeron que Granada era una provincia del sur de España, pero su maquinaria propagandística no tardó en descargar toda su artillería. Se transmitió la imagen de que los cubanos habían desempeñado un heroico papel en la resistencia contra la invasión. Cuando asistí a la reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth en Nueva Delhi, Granada seguía siendo el tema de discusión más controvertido. El presidente Mugabe afirmaba que la intervención americana en la isla podría representar para Suráfrica un precedente de cara a sus relaciones con sus vecinos. Además, mi crítica pública a la intervención norteamericana y mi negativa a implicarme en ella trajeron consigo un enfriamiento temporal de nuestras relaciones con algunos viejos amigos de Gran Bretaña en el Caribe. Fue un periodo muy triste.

Dentro del país tuvimos que hacer frente a fuertes presiones. No fue la menor la de la Cámara de los Comunes, donde se proponía que renegociáramos los acuerdos para el despliegue de los misiles de crucero. El razonamiento era que si los norteamericanos no nos habían consultado sobre Granada, nada les impediría no hacerlo tampoco respecto a la utilización de los misiles de crucero.

Así pues, cuando el presidente Reagan me telefoneó la noche del viernes 26 de octubre, durante un debate urgente en la Cámara de los Comunes sobre la intervención norteamericana, yo no estaba precisamente de buen humor. El presidente empezó comentando, con su característico y cautivador estilo, que si se dejaba caer por Londres para visitarme tendría la precaución de tirar el sombrero a través de la puerta de mi casa antes de entrar. Me dijo que lamentaba mucho la embarazosa situación en la que me había puesto y que quería explicarme cómo había ocurrido todo. La causa del problema había sido la necesidad de mantener los planes en secreto. Le habían despertado a las tres de la madrugada con una solicitud urgente de la OECO. A continuación se había reunido un grupo en Washington para estudiar el tema, y había ya cierto miedo ante la posibilidad de que se produjeran filtraciones. Para cuando llegó el mensaje en el que le planteaba mis preocupaciones, la hora cero había pasado y las fuerzas americanas se encontraban ya en camino. La intervención militar había ido bien y el objetivo inmediato era consolidar la democracia en la isla.

No me sentía capaz de decir gran cosa, por lo que me mantuve más o menos en silencio, pero me alegró la llamada. Aquel jueves, en la reunión del Gabinete, hubo una larga discusión acerca de lo que había ocurrido. Les dije a mis colegas que nuestros consejos en contra de la intervención estadounidense habían sido, desde mi punto de vista, correctos. Estados Unidos, por su parte, había adoptado una actitud diferente sobre una cuestión que afectaba directamente a sus intereses nacionales. La amistad entre Gran Bretaña y Estados Unidos no debía ser puesta en entredicho bajo ningún concepto.

La experiencia de la crisis de Granada influyó en mi actitud sobre el Líbano, del mismo modo que los acontecimientos del Líbano habían influido en la intervención americana en Granada. Me preocupaba que la propensión estadounidense a actuar sin consultar con nadie y de forma impredecible pudiera repetirse allá con consecuencias muy perjudiciales.

Por supuesto, comprendía que Estados Unidos estuviera ansioso por devolver el golpe tras la atrocidad terrorista perpetrada contra sus soldados en Beirut, pero cualesquiera que fuesen las medidas militares que se adoptaran, quería que constituyeran una respuesta respetuosa, mesurada y eficaz, para con las leyes. El 4 de noviembre envié un mensaje al presidente Reagan en el que daba la bienvenida a las garantías que Geoffrey Howe había recibido de George Shultz de que no habría reacciones apresuradas de represalia por parte de los norteamericanos, y en el que le pedía que se creara un gobierno libanes con una base social más amplia. El presidente me respondió el 7 de noviembre, recalcando que toda posible acción futura sería en defensa propia y no por venganza, aunque añadió que no se debía permitir que los autores de semejante atrocidad golpearan de nuevo si era posible impedírselo. Una semana más tarde me envió otro mensaje en el que me informaba que, aunque no había tomado aún una decisión definitiva, se sentía inclinado a adoptar medidas militares decisivas pero cuidadosamente limitadas. Los norteamericanos disponían de información sobre planes para llevar a cabo nuevos atentados terroristas contra la Fuerza Multinacional y estaban decididos a ponerles coto. El presidente añadió que, debido a la necesidad de mantener un secreto absoluto, el conocimiento de sus planes de momento era muy limitado incluso en el seno del Gobierno de Estados Unidos. Le respondí rápidamente comunicándole que comprendía muy bien las presiones a las que se veía sometido para que adoptara medidas, pero que quería ofrecerle mi opinión sincera sobre una decisión que sólo él podía tomar. Desde mi punto de vista, toda acción que se emprendiera debía quedar claramente circunscrita a la legítima defensa. Sería necesario asegurarse de que no se produjeran bajas civiles y minimizar las oportunidades para una propaganda hostil. Iba a ser difícil contar con el elemento sorpresa, ya que a lo largo de los últimos días se habían comentado públicamente en los medios de comunicación toda una serie de posibles objetivos. Me alegraba que no considerara la posibilidad de implicar a Israel o tomar como objetivos a Siria o Irán, ya que una acción militar contra cualquiera de los dos países resultaría extremadamente peligrosa. Esperaba que mi mensaje fuera lo más claro posible: no creía que fuera recomendable una acción de represalia. A pesar de todo, al final Francia, urgida por los norteamericanos según me comentó el presidente Mitterrand más adelante, lanzó ataques aéreos. Y, como respuesta a ataques sufridos por sus aviones, Estados Unidos atacó las posiciones del centro del Líbano en diciembre.

Estas represalias carecieron de efecto alguno. La situación en el Líbano continuó deteriorándose. El problema real no era ya saber si había que retirarse, sino decidir cómo hacerlo. En febrero de 1984, el Ejército libanes perdió el control de Beirut Oeste y el Gobierno se vino abajo. Era evidente que había llegado el momento de salir de allí. Por consiguiente, se llegó a una decisión conjunta con los Estados Unidos y otros miembros de la Fuerza Multinacional, y se elaboraron planes detallados para esta dificultosa operación. Dejé en manos del comandante británico en el Líbano la decisión final de en qué momento del día proceder a la retirada. Decidió que debía hacerse por la noche. De repente, me enteré de que el presidente Reagan iba a aparecer aquella noche en televisión para explicar al pueblo norteamericano lo que iba a ocurrir y por qué. Evidentemente, se hizo necesario alertar a nuestros hombres para que estuvieran listos para evacuar lo antes posible. Después, en el último minuto, mientras estaba en el palacio de Buckingham para asistir a una audiencia con la Reina, recibí un mensaje en el que se me comunicaba que el presidente estaba reconsiderando su decisión y que había anulado su comparecencia en televisión. Tal y como salieron las cosas —y no puedo decir que me sorprendiera demasiado— su decisión fue filtrada inmediatamente y el presidente tuvo que aparecer en pantalla a pesar de todo. Estaba claro que las cosas no podían seguir así, poniendo en peligro la seguridad de nuestras tropas, por lo que me negué a dar la contraorden de retirada de nuestros hombres a los navíos de la Marina británica, que se encontraban junto a la costa. La operación se efectuó, en su momento, con la profesionalidad habitual en el ejército británico. De hecho, todos los efectivos de la Fuerza Multinacional se retiraron a sus barcos en un corto espacio de tiempo, alejándose de los peligros a los que tendrían que haber hecho frente en tierra. Ya no se podía hacer nada por salvar al Líbano. El reconstituido Gobierno libanes fue cayendo bajo el control de Siria, cuya hostilidad hacia Occidente se había visto reforzada, y en marzo, las fuerzas internacionales regresaron a casa.

La intervención norteamericana en el Líbano —por bien intencionada que fuera— fue claramente un fracaso. En mi opinión, lo ocurrido allí constituía una serie de lecciones importantes a las que debíamos prestar mucha atención. En primer lugar, es muy imprudente intervenir en situaciones semejantes a menos que exista un objetivo claro y acordado y que se disponga de la voluntad y la capacidad de emplear los medios necesarios para alcanzarlo. En segundo lugar, las acciones de represalia no tienen sentido si no cambian nada sobre el terreno. En tercer lugar, se debe evitar todo enfrentamiento con una potencia regional importante como Siria si no se está dispuesto a hacer frente a las consecuencias que implica hacerlo.

Por contraste, la intervención norteamericana en Granada fue en realidad un éxito. Sirvió para restaurar la democracia en beneficio no sólo de los isleños sino también de sus vecinos, que podían aspirar a un futuro más seguro y próspero. Nadie derramaría una sola lágrima por el destino del grupo de marxistas indeseables que habían sido derrocados por los norteamericanos. Con todo, incluso cuando se actúa con los mejores motivos, es prudente que los gobiernos respeten las formalidades legales. Por encima de todo, las democracias deben mostrar su superioridad frente a los gobiernos totalitarios, que no conocen ley alguna. Hay que reconocer que la ley no es nada clara en estos casos, como se me confirmó durante un seminario que convoqué tras el asunto de Granada para estudiar las bases legales sobre las que se podía sustentar una intervención militar en otro país. De hecho, y para mi sorpresa, descubrí que los abogados que asistían al seminario mostraban una mayor inclinación a discutir sobre la base de la realpolitik, mientras que los políticos parecían más preocupados por el tema de la legitimidad. Instintivamente sentía, y sigo haciéndolo, que las acciones militares debían basarse siempre en el derecho a la propia defensa, algo que, en última instancia, ningún organismo exterior tiene autoridad para cuestionar.

LA REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO EN ATENAS

Granada seguía ocupando buena parte de mis pensamientos cuando fui a Bonn el martes 8 de noviembre para asistir a una de las habituales cumbres anglo-alemanas que celebraba regularmente con el canciller Kohl. Al igual que yo, el canciller alemán se mostraba preocupado por el impacto de la intervención norteamericana sobre la opinión pública europea, a la vista de que el despliegue de los misiles Pershing y de crucero había de producirse más adelante aquel mismo mes. El Gobierno de la RFA se había mostrado originalmente muy crítico frente a la operación de Granada, pero posteriormente había bajado el tono de su condena. Helmut Kohl estaba demostrando una gran valentía, además de astucia política, en su modo de manejar a la opinión pública de Alemania Occidental en aquellos momentos cruciales, y yo le admiraba por ello.

No obstante, el propósito fundamental de mi visita era buscar el apoyo alemán a la postura que yo había decidido adoptar en el Consejo de Atenas, que había de celebrarse pocas semanas después.

Quería asegurarme de que en Atenas se me ofreciera desde el principio una oportunidad para discutir el presupuesto, ya que las conversaciones serían largas y duras. Así pues, escribí al presidente del Consejo, el primer ministro griego Andreas Papandreu, solicitando que comenzáramos la reunión discutiendo el problema de los desequilibrios del presupuesto y otras cuestiones relacionadas con eso. Sin embargo, mi carta se cruzó con otra suya en la que me comunicaba que deseaba empezar por discutir la cuestión agrícola. No era un buen principio.

Sin embargo, cuando salí para Atenas parecía haber motivos para un razonable optimismo. Daba la impresión de que los alemanes comprendían nuestra posición, e incluso había habido signos alentadores en el mismo sentido entre los franceses. Dado que aquella había de ser una cumbre un tanto más larga de lo habitual, esperaba que el tiempo se empleara de forma productiva.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad se reunieron en el magnífico Zappeion, un edificio clásico griego adaptado a las necesidades de un centro de conferencias moderno. Durante la primera sesión del Consejo, aquella tarde, me encontré sentada frente al presidente Mitterrand y al canciller Kohl. Observé que mientras que mi mesa estaba repleta de montones de informes llenos de anotaciones sobre diferentes y complejas cuestiones agrícolas y financieras, delante de mis colegas francés y alemán no aparecían tales obstáculos. Sin duda, esto producía una apropiada impresión de desapego olímpico, pero también sugería que no habían estudiado a fondo los detalles, como resultó ser el caso. Durante toda la reunión el canciller Kohl se mostró poco deseoso o capaz de hacer aportaciones eficaces. Aún peor, el presidente Mitterrand parecía estar no sólo mal informado sobre los asuntos a debatir sino extrañamente, y creo que genuinamente, desinformado sobre la posición de su propio gobierno, al menos en la medida en que ésta había sido previamente expuesta por ministros y funcionarios franceses.

Tampoco fue de gran ayuda la presidencia griega. El señor Papandreu siempre había sido notablemente eficaz a la hora de obtener subsidios comunitarios para Grecia, pero carecía de la misma habilidad en su papel de presidente del Consejo Europeo. Como me había informado en su carta previa a la reunión, insistía en hacer lo posible por alcanzar un acuerdo sobre la cuestión agrícola antes de pasar a las cuestiones de la financiación y la contribución británica al presupuesto. Evidentemente, habría tenido mayor sentido plantear en primer lugar el tema económico ante los países de la Comunidad y, posteriormente, hacer frente a los problemas agrícolas, de los que derivaban gran parte de las dificultades financieras. Además, varios países tenían intereses nacionales fuertemente enfrentados en el campo de la agricultura. Y parecía imposible librarnos de una lacrimosa homilía sobre la difícil situación de Irlanda por parte del primer ministro Garret FitzGerald, que estaba empeñado en librar a su país, a ser posible, de la disciplina del gasto agrícola. Dejé claro que todo tratamiento preferencial a esa república debía verse compensado por un tratamiento similar para Irlanda del Norte. El primer día representó, en gran medida, una jornada perdida.

Por consiguiente, cuando regresé aquella noche a la residencia del embajador británico para discutir con mi equipo la línea a seguir al día siguiente (lunes) me sentía ya pesimista, pero hasta ese mismo día no resultó evidente que la conferencia iba a ser un fracaso. Cuando se reunió el Consejo, el presidente Mitterrand dejó claro, para mi asombro, que la posición de Francia respecto al presupuesto había cambiado radicalmente. Francia no estaba ya dispuesta a respaldarnos en la petición de un acuerdo a largo plazo sobre el problema presupuestario británico. En sucesivas intervenciones, manifesté que no aceptaría un incremento de los «recursos propios» de la Comunidad a menos que se contuvieran y redujeran, como porcentaje del presupuesto total, los gastos de la PAC, y hasta que las contribuciones de los Estados miembros fueran justas y tuviesen en cuenta la capacidad de los Gobiernos para hacerles frente. Las discusiones continuaron, pero estaba claro que ya no llevaban a ningún sitio.

El martes asistí a un desayuno de trabajo con el presidente Mitterrand. Nuestras posiciones estaban tan alejadas que no tenía sentido dedicar mucho tiempo a discutir cuestiones comunitarias, por lo que, en gran medida, nos concentramos en el tema del Líbano. El presidente francés parecía gloriosamente inconsciente del daño que su cambio de actitud había producido. Dijo jocosamente que, a menos que demostráramos que las conversaciones entre Francia y Gran Bretaña continuaban, la prensa no tardaría en hablar de una vuelta a la guerra de los Cien Años. Como respuesta le comenté, en un tono que esperaba que fuera apropiadamente poco beligerante, hasta qué punto me había sorprendido su actitud en el Consejo, teniendo en cuenta que yo había seguido en mis intervenciones las propuestas sobre presupuestos planteadas previamente por el ministro francés de Finanzas, un tal señor Jacques Delors. El presidente me preguntó que qué era exactamente lo que quería decir y yo se lo expliqué, pero no recibí ninguna respuesta clara ni satisfactoria.

Sobre lo que sí coincidíamos, al menos en privado, era sobre Alemania. Le dije que aunque los alemanes estaban dispuestos a ser generosos porque recibían otros beneficios políticos de la Comunidad, era posible que surgiera una nueva generación de alemanes que se negara a hacer una contribución tan elevada. Esto plantearía el riesgo de una revitalización del neutralismo alemán, tentación que, como correctamente apuntó el presidente Mitterrand, estaba ya presente.

La reunión se había desarrollado en un tono amistoso, por lo que intenté que la atmósfera siguiera siendo relativamente cordial, una vez disuelto el Consejo, y no fui excesivamente dura con el comportamiento de Francia en mis entrevistas con la prensa. Después de todo, el señor Mitterrand había de ser el próximo presidente del Consejo Europeo, y le correspondería presidir unas reuniones cruciales mientras nos aproximábamos cada vez más a la fecha en la que los fondos comunitarios quedarían agotados.

Debo reconocer que me pasó por la cabeza la posibilidad de que hubiera querido retrasar el acuerdo para poder atribuírselo durante su presidencia.

No se emitió comunicado alguno tras el Consejo de Atenas. Durante las sesiones plenarias no habíamos dispuesto de tiempo para discutir ninguna de las cuestiones internacionales de mayor alcance y acordar una actitud común sobre ellas. En general, la reunión fue descrita, correctamente, como un fiasco, pero mi frustración se vio paliada por el hecho de que sabía que el tiempo estaba de mi parte.

CAPÍTULO XIII

La insurrección del señor Scargill

Antecedentes y desarrollo de la huelga minera de 1984-1985

PRELUDIO

El resultado de las elecciones generales de 1983 constituyó la derrota más devastadora jamás infligida al socialismo democrático en Gran Bretaña. Tras ser derrotado en base a un programa que constituía la enunciación más clara de los objetivos socialistas que jamás se haya hecho en este país, la izquierda nunca podría atribuirse con credibilidad el apoyo popular a su programa, que incluía nacionalizaciones en masa, un gigantesco incremento del gasto público, mayor poder para los sindicatos y un desarme nuclear unilateral. Sin embargo, también existía el socialismo no democrático, y era necesario derrotarlo. Yo nunca había albergado la más mínima duda sobre los objetivos reales de la izquierda radical: estaba formada por revolucionarios que pretendían imponer un sistema marxista en Gran Bretaña por cualquier medio y a cualquier precio. Muchos no hacían esfuerzo alguno por ocultar sus fines. Para ellos las instituciones democráticas no eran más que molestos obstáculos en la larga marcha hacia la utopía marxista. En el transcurso de la campaña electoral habían tenido las manos atadas por la necesidad de atraer a los votantes moderados, pero tras la derrota quedaron libres de toda limitación y ansiaban librar la batalla en sus propios términos.

El poder del ala dura de la izquierda estaba atrincherado en tres reductos: el partido laborista, los gobiernos locales y los sindicatos. Fue desde estas posiciones desde donde lanzaron su ataque contra nuestro nuevo mandato. Como era predecible, quien aportó las fuerzas de choque de la izquierda fue la NUM, Nation Union of Mineworkers, el sindicato minero, encabezado por un presidente de filiación marxista, Arthur Scargill. Sus intenciones estaban claras; antes de que hubiera transcurrido un mes desde las elecciones de 1983, el señor Scargill manifestaba abiertamente que no estaba dispuesto a aceptar «que tengamos que cargar otros cuatro años con este Gobierno». Sus ataques no habían de dirigirse solamente contra el Gobierno, sino contra todo aquello que pudiera interponerse en el camino de la izquierda, incluyendo sus compañeros mineros y sus familias, la policía, los tribunales, la ley y el propio Parlamento.

Tras la experiencia del gobierno conservador de 1970-1974, yo albergaba pocas dudas de que algún día tendríamos que hacer frente a otra huelga minera. En el momento en que el señor Scargill fue elegido como líder de la NUM en 1981 lo supe a ciencia cierta. Yo no tenía ningún deseo de que se produjera aquel conflicto. No había ninguna razón económica para ello. La Junta Nacional del Carbón (NCB), el Gobierno y la gran mayoría de los mineros deseaban que la industria del carbón fuera próspera y competitiva. Sin embargo, la historia se fundía con el mito y parecía haber asignado a la minería del carbón en Gran Bretaña un papel especial: se había convertido en una industria en la que simplemente era imposible aplicar el imperio de la razón. La Revolución Industrial en Gran Bretaña se basó, en gran medida, en la abundancia de carbón fácilmente extraíble. En el mejor momento de la industria, en vísperas de la I Guerra Mundial, daba trabajo a más de un millón de hombres en más de tres mil minas, y la producción alcanzaba los 292 millones de toneladas. A partir de ese momento, su declive fue ininterrumpido y las relaciones entre mineros y propietarios fueron frecuentemente amargas. Los conflictos de la industria del carbón precipitaron, en 1926, la única huelga general que ha habido en Gran Bretaña (anunciando ya posteriores acontecimientos, la Unión Nacional de Mineros se escindió durante la huelga de un año de duración que siguió a la huelga general y se estableció un segundo sindicato en Nottinghamshire). Tras la guerra, sucesivos gobiernos se vieron arrastrados, cada vez más profundamente, a la tarea de racionalizar y regular la industria del carbón. Finalmente, en 1946, el gobierno laborista de posguerra acabó nacionalizándola. Por aquel entonces, la producción había descendido a 187 millones de toneladas en 980 minas con una mano de obra de algo más de 700.000 hombres.

El Gobierno empezó a introducir objetivos de producción e inversión para la industria del carbón en una serie de documentos que fue inaugurada por el Plan para el Carbón de 1950. En ellos se sobreestimaban, una y otra vez, tanto la demanda de carbón como las perspectivas de que mejorara la productividad. Los únicos objetivos que se cumplían eran los de inversión. Los fondos públicos no dejaban de entrar, pero existían dos problemas que resultaron insolubles: el exceso de capacidad productiva y la resistencia sindical al cierre de las minas no rentables. Cuanto más se acentuaba el declive de la industria del carbón, más se apoyaban los mineros en su capacidad de presión para conservar sus puestos de trabajo.

En los años setenta, la minería del carbón había llegado a simbolizar lo que funcionaba mal en Gran Bretaña. En febrero de 1972, la simple presión numérica de los piquetes encabezados por Arthur Scargill obligó a cerrar el depósito de coque de Saltley en Birmingham. Fue una alarmante demostración de la impotencia de la policía frente a tal tipo de desórdenes. La caída del gobierno de Ted Heath tras unas elecciones generales precipitadas por la huelga minera de 1973-1974, dio cuerpo al mito de que la NUM tenía poder suficiente para derrocar gobiernos o alzarlos al poder o, como mínimo, el poder necesario para imponer su veto, impidiendo que el carbón llegara a las centrales energéticas, a toda política que amenazara sus intereses.

He descrito ya la amenaza de una huelga minera a la que tuvimos que enfrentarnos en febrero de 1981, y el modo en que se evitó ésta. A partir de aquel momento, era tan solo cuestión de tiempo. ¿Estaríamos suficientemente preparados para ganar la batalla cuando, inevitablemente, se planteara el desafío? El acceso del señor Scargill a la presidencia del sindicato a finales de 1981 representó un hito significativo. Tanto el poder de la NUM como el temor que inspiraba, quedaban en manos de aquellos cuyos objetivos eran descaradamente políticos.

Quedó fundamentalmente en manos de Nigel Lawson, ministro de Energía desde septiembre de 1981, la tarea de acumular, de manera continua y del modo menos provocador posible, las reservas de carbón precisas para permitir al país hacer frente a una huelga minera. Durante los meses siguientes habríamos de emplear muy a menudo la palabra resistencia. Para maximizar la resistencia, era esencial que las reservas de carbón se almacenaran en las centrales energéticas y no en las minas, donde los piquetes de mineros podían hacer imposible su traslado. No obstante, no era éste el único elemento a considerar a la hora de determinar la capacidad de resistencia de las centrales energéticas. Algunas de las pertenecientes a la Junta Central de Energía Eléctrica (CEGB, Central Electricity Generating Board), el principal organismo responsable de la producción de energía eléctrica, funcionaban con petróleo. Normalmente, se empleaban sólo a tiempo parcial para hacer frente a los momentos de máxima demanda, pero en caso de necesidad podían operar a pleno rendimiento y de forma continuada para contribuir a la provisión de «carga básica» (parte de la demanda de electricidad que es más o menos constante). Quemar petróleo resultaba caro, pero supondría una contribución significativa a la capacidad del sistema para soportar una huelga. Una ventaja adicional era el hecho de que el suministro de petróleo a las centrales estuviera relativamente garantizado. Las centrales nucleares, que aportaban alrededor de un 14 por ciento del suministro, se encontraban en su mayor parte a cierta distancia de las áreas mineras, y su suministro de combustible estaba, por supuesto, garantizado. En años sucesivos se incorporarían a la red más reactores avanzados refrigerados por gas (AGR), que reducirían aún más nuestra dependencia de la energía producida por las centrales de carbón. Aún estábamos en pleno proceso de construcción de un enlace a través del Canal que nos permitiría comprar energía a Francia, y disponíamos ya de un enlace funcional entre la red inglesa y la escocesa («el interconector escocés»). Además, hicimos todo lo posible para animar a la industria a que acumulase mayores reservas.

La situación empezó a resultar amenazadora en el otoño de 1983. Por aquel entonces, el ministro de Energía era Peter Walker, cargo para el que le había nombrado tras las elecciones generales de junio. Como responsable de Agricultura durante nuestro primer mandato, había resultado ser un negociador duro. Era también un hábil comunicador, cualidad ésta que resultaría importante a la hora de obtener y conservar el apoyo de la opinión pública en el conflicto que los sindicalistas mineros nos impondrían algún día. Peter telefoneaba personalmente y de forma regular a los editores de los periódicos para exponerles nuestra posición. Este no fue nunca mi método preferido, pero me vi obligada a reconocer su eficacia durante la huelga. Por desgracia, Peter Walker nunca se llevó bien con Ian MacGregor y, a veces, esto fue causa de tensiones.

Ian MacGregor se hizo cargo de la presidencia de la NCB (Junta Nacional del Carbón) el 1 de septiembre. Había sido un excelente presidente de la British Steel Corporation, a la que había vuelto del revés tras la destructiva huelga de la industria del acero en 1980, que duró tres meses. Si la industria del carbón de Gran Bretaña había de llegar a ser alguna vez un negocio rentable en lugar de una organización de beneficencia, él disponía de la experiencia y la determinación necesarias para hacer que así fuera. Al contrario que los líderes sindicales mineros, Ian MacGregor estaba realmente deseoso de ver una industria minera floreciente, capaz de emplear adecuadamente las inversiones que en ella se hacían y los recursos humanos de los que disponía. Probablemente, su mayor cualidad fuera el valor. En el seno de la NCB se encontró a menudo rodeado de gente que había hecho carrera gracias a una política de apaciguamiento y de colaboración con la NUM. Estas personas se mostraban muy resentidas por el cambio de atmósfera que Ian había traído consigo. Por extraño que parezca, resultó que Ian MacGregor carecía de astucia. Estaba muy acostumbrado a enfrentarse a todo tipo de dificultades financieras y negociaciones difíciles, pero carecía de experiencia a la hora de enfrentarse a líderes sindicales cuyo objetivo era emplear el proceso de negociación como mecanismo para apuntarse tantos políticos. Una y otra vez, él y sus colegas se vieron desbordados por las maniobras de Arthur Scargill y los líderes del sindicato minero. Durante el conflicto, Peter Walker y yo seguimos con gran ansiedad todas y cada una de las fases de la batalla por ganarse a la opinión pública. Los líderes de la NUM recurrieron a todas las argucias posibles para distorsionar la verdad y desinformar al público en general y a sus propios afiliados.

El viernes 21 de octubre de 1983, una conferencia de delegados del sindicato minero votó a favor de la supresión de las horas extra como protesta contra la oferta de la NCB de un incremento salarial de un 5,2 por ciento y contra la perspectiva de cierre de algunas minas. A la vista de la gran cantidad de reservas de carbón acumuladas, la medida de protesta en sí no tendría demasiado efecto. Es posible que tuviera como objetivo real hacer subir la tensión entre los mineros para predisponerlos aún más a la huelga de cara al momento en que los líderes de la NUM consideraran que era posible convocarla con éxito. Siempre fuimos conscientes de que sería el cierre de las minas lo que probablemente haría saltar la chispa de la huelga, y no una disputa salarial. En términos económicos, las razones para cerrar algunas minas seguían siendo abrumadoras. Incluso los laboristas lo habían reconocido: el Gobierno laborista había cerrado 32 minas entre 1974 y 1979. No obstante, el señor Scargill negaba la necesidad económica de estos cierres. Mantenía que no debía cerrarse ni una sola mina a menos que estuviera literalmente agotada y, de hecho, negaba la existencia de «minas no rentables». Desde su perspectiva, una mina que tuviera pérdidas (y había muchas) no requería más que nuevas inversiones. Convocado a declarar ante una comisión especial, se le había preguntado si existía algún nivel de pérdidas que, en su opinión, resultara insostenible. Su respuesta fue memorable: «Por lo que a mí respecta no hay límite para las pérdidas», Ian MacGregor formuló sus planes durante el otoño e invierno de 1983-1984. Por aquel entonces la mano de obra de la industria del carbón estaba integrada por 202.000 mineros. En 1983, la Comisión de Monopolios y Fusiones había publicado un informe sobre la industria del carbón que mostraba que alrededor de un 65 por ciento de las minas registraba pérdidas. Frente a estos datos, MacGregor adoptó el objetivo de equiparar ingresos y gastos para 1988. En septiembre de 1983 comunicó al Gobierno que tenía la intención de reducir el volumen de la mano de obra en unos 64.000 trabajadores a lo largo de tres años, reduciendo la capacidad de producción en 25 millones de toneladas. No obstante, nunca existió ninguna lista secreta de minas a cerrar: las decisiones al respecto habían de tomarse mina por mina con arreglo al procedimiento de revisión ya existente. Volvió a dirigirse a nosotros en diciembre de 1983, para comunicarnos que había decidido acelerar el programa con el fin de recortar el número de mineros en 44.000 a lo largo de los dos años siguientes. Para lograrlo, nos pidió que ampliáramos el programa de regulación de empleo ya existente de modo que incluyera a los mineros con menos de cincuenta años de edad. Los términos acordados en enero de 1984 eran extremadamente generosos: se pagaría la suma de 1.000 libras por cada año de trabajo. El programa estaría en vigor tan sólo dos años, por lo que un trabajador que hubiera pasado toda su vida laboral en las minas obtendría más de treinta mil libras. MacGregor proponía 20.000 rescisiones de contrato para el año siguiente (1984-1985). Confiábamos en que fuera posible alcanzar esta cifra sin que nadie se viera obligado a abandonar las minas contra su voluntad. Se cerrarían alrededor de veinte minas y la capacidad de producción anual se vería reducida en 4 millones de toneladas al año.

Mientras continuaban las conversaciones, empezaron a volar acusaciones sobre una «lista negra» de minas a cerrar. La retórica de los líderes de la NUM se alejaba cada vez más de la realidad (en especial, de la realidad económica de que la industria del carbón recibía 1.300 millones de libras en subvenciones salidas del bolsillo de los contribuyentes en 1983-1984). Daba la impresión de que el señor Scargill estaba preparando a sus tropas para ir a la guerra. A finales de febrero hubo una muestra adelantada de la violencia que caracterizaría al conflicto cuando Ian MacGregor, que entonces contaba setenta años, fue empujado por una manifestación de mineros en una mina de Northumberland y cayó al suelo. Aquello me conmocionó y le escribí para transmitirle mis simpatías. Aún habíamos de ser testigos de cosas mucho peores.

Evidentemente, éramos conscientes de que en cualquier momento podía producirse una huelga, pero dudábamos que esto pudiera ocurrir antes de finales de 1984, cuando comenzara el invierno y la demanda de carbón alcanzara su máximo anual. Comenzar una huelga en primavera era la peor táctica posible para la NUM. Sin embargo, en este aspecto, el señor Scargill engañó a sus propios afiliados: en febrero empezó a hacer afirmaciones demenciales, diciendo que la CEGB sólo disponía de reservas de carbón para ocho semanas. De hecho, como podía haberse deducido fácilmente por medio de cifras que eran del dominio público, las reservas eran muy superiores. No obstante, el sindicato tenía como tradición solicitar el voto de sus miembros antes de emprender una huelga, y existían buenos motivos para pensar que el señor Scargill no obtendría la mayoría necesaria (55 por ciento) para convocar una huelga nacional en un futuro inmediato. Desde su acceso a la presidencia, los miembros de la NUM habían votado ya tres veces en contra de la huelga. Hubiera sido imposible prever la táctica desesperada y autodestructiva que decidió adoptar.

EL COMIENZO DE LA HUELGA

El jueves 1 de marzo la NCB anunció el cierre de la mina de Cortonwood en el estado de York. El anuncio no fue precisamente un ejemplo de habilidad política por parte de la NCB local ya que dio toda la impresión de que se pretendía pasar por alto el habitual proceso de revisión de la mina, a pesar de que la NCB no tenía semejante intención. Como protesta ante la medida, y basando su autoridad en una votación local realizada dos años antes, la ejecutiva del sindicato minero del área de York (de donde era originario el Scargill), caracterizada por su radicalismo, convocó una huelga.

El caso de Cortonwood podía haberse convertido en el detonador del conflicto, pero no fue así. La verdad es que, una vez que los líderes de la NUM tomaron la decisión de oponerse al cierre de cualquier mina por motivos económicos, la huelga era inevitable, a menos que la NCB renunciara a todo control efectivo sobre la industria. Incluso aunque el incidente de Cortonwood no hubiese tenido lugar, la reunión mantenida entre la NCB y la NUM el 6 de marzo habría producido los mismos resultados. En ella, Ian MacGregor esbozó sus planes para el año entrante y confirmó la cifra de 20 cierres. La reacción por parte de los sindicatos fue inmediata. Aquel mismo día la NUM escocesa convocó una huelga a partir del 12 de marzo. Dos días más tarde, el jueves 8 de marzo, se reunió la ejecutiva nacional del sindicato minero para respaldar oficialmente las huelgas de York y Escocia.

La huelga comenzó el lunes 12 de marzo. Durante las dos semanas siguientes cayó sobre las áreas mineras el peso brutal de las tropas de choque de los sindicatos y, por un momento, pareció que la racionalidad y la decencia quedarían aplastadas. El primer día de conflicto había 83 minas funcionando y 81 cerradas. En 10 de éstas, según me comunicaron, el trabajo se había interrumpido más a causa de los piquetes que por el deseo de sumarse a la huelga. A final del día, el número de minas en las que se había suspendido el trabajo había llegado casi a cien. La policía libraba una batalla sin esperanzas para garantizar que quienes quisieran seguir trabajando pudieran hacerlo. Los responsables de Interior, tanto a nivel ministerial como del funcionariado, ofrecieron todo su apoyo, pero la situación fue empeorando. El martes por la mañana volvieron a aparecer los piquetes volantes. Dio la casualidad de que aquel día estaba previsto que me reuniera con Ian MacGregor para hablar del túnel del Canal de la Mancha. Se trataba de una cuestión totalmente al margen de la huelga, en la que estaba muy interesado. Se nos unió más tarde Peter Walker y discutimos la situación de las minas. MacGregor me dijo que, amparándose en nuestra nueva ley sindical, había solicitado y obtenido un requerimiento judicial del Tribunal Supremo contra la ejecutiva de la NUM para que restringiera el uso de piquetes. No obstante, tenía la impresión de que las fuerzas policiales no estaban consiguiendo imponer la ley, y que los piquetes habían logrado impedir que los mineros acudieran al trabajo. La amenaza de violencia había hecho que se pospusieran los planes de una votación sobre la huelga en el área de Lancaster. En los condados de Nottingham y Derby debía votarse el jueves, pero existía el peligro real de que se frustrara la votación, o de que la intimidación forzara a los mineros a quedarse en casa. Le dije que me sentía abrumada por sus noticias. Aquello era una repetición de lo que había ocurrido en Saltley en 1962. Había que defender las leyes. Mantuve que ayudar a quienes deseaban trabajar no era suficiente; también había que poner coto a las intimidaciones. Nada más salir de aquella reunión, manifesté mi deseo de hablar con Leon Brittan. Casualmente, la siguiente reunión de aquel día había sido convocada para discutir el tema de las huelgas que pudiesen afectar a servicios esenciales, asunto sobre el cual nos habíamos comprometido electoralmente. Leon y otros ministros implicados estaban ya en camino. Durante la sesión, insistí en que debíamos imponer la ley frente a los piquetes. Leon compartía mi inquietud por lo que estaba ocurriendo. En su opinión, la policía disponía ya de todos los poderes necesarios para hacer frente al problema, incluyendo el de obligar a los piquetes a retirarse y el de dispersarlos si el número de sus componentes era excesivo. Nos dijo que ya había dejado clara su actitud en público y que repetiría el mensaje. Por supuesto, existían estrictos límites constitucionales a su actuación como responsable de Interior a la hora de dar instrucciones a las fuerzas del orden sobre sus deberes. Acordamos que fuera Michael Havers el encargado de exponer la situación legal ante el Congreso. Yo estaba decidida a que el gobierno transmitiera su mensaje de forma clara y categórica: no daríamos nuestro brazo a torcer ante aquella chusma y defenderíamos el derecho al trabajo.

Los piquetes masivos siguieron actuando. El miércoles por la mañana sólo seguían trabajando con normalidad 29 minas. Por aquel entonces, se estaban desplazando refuerzos policiales desde otros lugares del país (participaron 3.000 policías de 17 cuerpos) para proteger a los mineros que desearan acudir al trabajo. En aquel momento del conflicto, la violencia estaba centrada en Nottingham, donde los piquetes volantes del condado de York luchaban denodadamente por asegurarse una victoria rápida. No obstante, los trabajadores de Nottingham siguieron adelante con su votación y aquel viernes los resultados de ésta mostraron que un 73 por ciento estaba en contra de la huelga. Las votaciones por zonas realizadas el siguiente día en las minas del centro, noroeste y nordeste de Inglaterra se saldaron también con una gran mayoría en contra de la huelga. En total, de los 70.000 mineros que votaron más de 50.000 lo hicieron a favor de seguir trabajando.

Aunque esto ocurrió muy al principio, constituyó uno de los puntos de inflexión de la huelga. La gigantesca operación policial fue tremendamente eficaz y, junto con la fuerza moral de los resultados de las votaciones, invirtió la tendencia a mantener cerradas las minas. Se había ganado la primera y crucial batalla. El lunes por la mañana me transmitieron las últimas informaciones por teléfono a Bruselas, donde asistía a una reunión del Consejo Europeo. Se habían reincorporado al trabajo 44 minas, frente a las 11 que estaban en funcionamiento el lunes. En las zonas en las que se había votado a favor de volver al trabajo, la mayoría de las minas estaban entrando de nuevo en funcionamiento. Los sindicalistas militantes eran conscientes de que, de no haber sido por el valor y la competencia de la policía, el resultado habría sido muy distinto, por lo que, a partir de aquel momento, tanto ellos como sus portavoces del Partido Laborista iniciaron una campaña de calumnias en su contra.

El día en que se reunió la ejecutiva de la NUM, comuniqué al Gabinete mi intención de crear un comité ministerial, bajo mi presidencia, para seguir de cerca el conflicto y decidir qué medidas debían adoptarse.

El grupo se reunía alrededor de una vez por semana, o con mayor frecuencia si la situación lo requería. En la práctica, debido al número de sus integrantes, resultaba en ocasiones difícil de manejar, por lo que Peter Walker y yo tomamos algunas decisiones importantes, en especial cuando había poco tiempo para hacerlo, en reuniones mas restringidas, convocadas ad hoc para hacer frente a los acontecimientos según iban produciéndose.

A lo largo de la huelga, una cuestión aún más delicada fue la relación del Gobierno con la policía y los tribunales. En Gran Bretaña no existía una policía nacional propiamente dicha. La policía estaba organizada en 52 fuerzas locales, cada una de las cuales estaba encabezada por un jefe de policía responsable del control operativo. La autoridad estaba dividida entre el ministro del Interior, las autoridades policiales locales (compuestas por consejeros y magistrados locales), y los jefes de policía. En el transcurso del conflicto de los mineros, este sistema policial tripartito se vio inevitablemente sometido a considerables tensiones. Era obvio que había que hacer frente rápida y eficazmente a nivel nacional al desafío a la ley que representaba la violencia a gran escala desatada durante la huelga. Por consiguiente, se activó el Centro Nacional de Informes (NRC, National Reports Center) en Scotland Yard (creado originalmente en 1972) para que la policía pudiera aunar su información y coordinar la ayuda entre los diferentes cuerpos, de acuerdo con las estipulaciones de «ayuda mutua» previstas en la Ley de Policía de 1964. El sistema tripartito funcionó con mucha mayor eficacia de lo que sugerían las histéricas denuncias del Partido Laborista. Es cierto que bajo este sistema surgieron problemas en torno a la financiación de los costes suplementarios de la policía, pero éstos se resolvieron transmitiendo una parte cada vez mayor de la carga al erario público.

La violencia de las masas sólo puede ser contenida si los policías cuentan con un completo apoyo, tanto moral como práctico, por parte del Gobierno. Dejamos bien claro que los políticos no les abandonaríamos. Ya les habíamos dado el equipamiento y la formación necesarios tras aprender la lección de las algaradas urbanas de 1981. Más recientemente, la policía había mostrado su competencia a la hora de hacer frente a la violencia enmascarada en forma de piquetes cuando la Asociación Nacional de Artes Gráficas (NGA) había intentado cerrar el periódico de Eddie Shah, en Warrington, en noviembre de 1983. En aquella ocasión, la policía había dejado bien claro que no permitiría que la fuerza numérica impidiera a la gente acudir al trabajo si así lo deseaba. También había empleado eficazmente por vez primera su poder para impedir una alteración de la paz, rechazando a los piquetes antes de que llegaran a su destino.

Otro requisito previo para una acción policial eficaz es que las leyes estén claras. A comienzos de la huelga, Michael Havers hizo una lúcida declaración en una respuesta escrita a la Cámara de los Comunes, en la que exponía el alcance del poder policial para hacer frente a los piquetes, incluyendo la capacidad (mencionada anteriormente) de hacerles retroceder antes de llegar a su destino, cuando existen razones suficientes para pensar que puede producirse una alteración del orden. Durante la segunda semana de la huelga, la NUM de Kent cuestionó estas competencias ante los tribunales, pero perdió el caso. La capacidad de impedir que se reunieran piquetes multitudinarios dedicados a intimidar a quienes desearan trabajar había de resultar vital para el resultado del conflicto.

Las relaciones entre el Gobierno y los tribunales eran, si cabe, aún más delicadas. Es correcto que la opinión pública mantuviera una actitud vigilante al respecto. La independencia del estamento judicial es un principio constitucional, aunque la administración de los tribunales pertenece, de hecho, a la esfera de las responsabilidades del Gobierno. Al irse acumulando los incidentes violentos, empezó a preocuparnos seriamente el hecho de que fuese tan bajo el número de detenidos puestos a disposición judicial y condenados. Para que la ley y el orden prevalezcan es vital que actos criminales tan visibles como los que se produjeron durante la huelga sean castigados rápidamente: el pueblo necesita ver que la ley funciona. Se acumularon un gran número de casos pendientes debido, por una parte, a las tácticas dilatorias de los acusados y de sus abogados y, por otra, a la obstrucción de los magistrados en áreas en las que existían simpatías por la causa de los huelguistas. El gran número de denuncias representó también una carga repentina sobre el sistema. Con el tiempo, habilitamos más edificios y contratamos magistrados profesionales, con lo que la lista de casos pendientes empezó a reducirse. A pesar de que los magistrados contratados resuelven muchos más casos que los que son funcionarios, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia sólo tenía autoridad para responder a solicitudes de ayuda, y no podía efectuar nombramientos por su cuenta. Otro problema era que los policías, sometidos a una lluvia de objetos arrojadizos y otros ataques, tenían pocas ocasiones de recoger pruebas detalladas. Las acusaciones resultaban, pues, difíciles de sostener. Al final fueron demasiados los responsables de la violencia que quedaron sin castigo.

Al llegar la última semana de marzo la situación estaba ya bastante clara. No parecía nada probable que se pudiera poner un fin rápido a la huelga. En la mayor parte de las minas, la fuerza del señor Scargill y de sus colegas era muy grande, y no sería fácil vencerles. Sin embargo, cuando a lo largo de los dos años anteriores elaborábamos nuestros planes ante la eventualidad de que surgiera un conflicto similar, no habíamos contado con que se fuese a extraer nada de carbón en caso de huelga; pero, de hecho, una parte sustancial de la industria del carbón seguía en activo. Si conseguíamos trasladar el carbón extraído hasta las centrales térmicas, multiplicaríamos nuestra capacidad de resistencia. Aquellos cálculos eran muy importantes para nuestra estrategia. Teníamos que proceder de tal forma que en ningún momento se unieran contra nosotros todos los sindicatos implicados en el uso y la distribución del carbón. Esto significaba que debíamos ser muy cautos respecto al modo y momento de aplicar el Código Civil, por lo que la NCB dejó en suspenso, aunque sin retirarlas, sus demandas civiles.

A pesar de lo ansioso que se había mostrado el señor Scargill por impedir que hubiera votaciones antes de que comenzara la huelga, para nosotros estaba claro que deseaba reservarse aquella opción. De hecho, al mes siguiente una conferencia extraordinaria de delegados de la NUM votó a favor de reducir la mayoría requerida para convocar una huelga de un 55 a un 50 por ciento. Al inicio del conflicto teníamos la esperanza de que los moderados de la Ejecutiva sindical consiguieran forzar una votación. Esto hacía aún más importante que la opinión mayoritaria de los mineros fuera favorable a nuestra causa ya que, al parecer, buena parte de la oposición a la huelga procedía de mineros irritados porque no se les hubiera permitido votar. ¿En qué sentido se pronunciarían los trabajadores en una votación realizada en plena huelga: a favor o en contra de Scargill? Realmente no me sentía capaz de predecirlo. Los líderes sindicales estaban dispuestos a cualquier cosa para impedir que el carbón fuera transportado por ferrocarril, carretera o mar. Aunque durante los conflictos se produjeron algunos problemas en los muelles y los huelguistas lograron frenar el ritmo del tráfico ferroviario, los conductores de camiones se negaron a dejarse intimidar por los trabajadores portuarios ni por ningún otro. Gradualmente, y hasta un punto que no habíamos previsto, las empresas de transporte por carretera lograron establecer un suministro ininterrumpido de carbón a las centrales térmicas y a otros grandes clientes industriales. Los trabajadores del acero, que habían padecido su propia huelga, larga y dañina, no estaban dispuestos a ver cómo se destruían centros y puestos de trabajo en su propia industria, simplemente para mostrar sus simpatías hacia la NUM que, dicho sea de paso, había demostrado en el pasado muy poca solidaridad hacia su causa. No obstante, lo que resultó realmente decisivo fue la actitud de los trabajadores del área energética. Si se hubieran declarado en huelga o hubieran adoptado medidas de apoyo a los mineros para impedir que explotáramos al máximo las centrales de petróleo, nos habríamos visto en grandes dificultades. Pero optaron por no participar en la huelga, y decidieron que su trabajo era garantizar que los habitantes de Gran Bretaña dispusieran de luz y de energía. Tampoco estaban dispuestos, ni ellos ni sus representantes, a dejarse coaccionar por otros líderes sindicales y hacer algo que consideraban fundamentalmente equivocado.

Todo se centró en la necesidad de optimizar nuestra capacidad de resistencia. Yo recibía informes semanales del Ministerio de Energía exponiendo la situación y los leía con sumo cuidado. A comienzos de la huelga, las centrales térmicas consumían carbón a un ritmo de unos 1,7 millones de toneladas a la semana, aunque la reducción neta de las reservas era algo menor debido a que algunos envíos estaban llegando a su destino. La CEGB estimó que había reservas para unos seis meses, asumiendo una explotación al máximo de las centrales de petróleo (es decir, empleándolas a pleno rendimiento), caso que no se había dado todavía. Teníamos que estimar en qué momento recurrir a ellas, ya que los líderes del sindicato minero lo considerarían sin duda una provocación. Aguantamos el tipo mientras pareció haber perspectivas de que los moderados de la NUM forzaran una votación. Finalmente, el lunes 26 de marzo decidí que había que hacer de tripas corazón y seguir adelante.

Las reservas industriales eran, por supuesto, muy inferiores a las de las centrales térmicas. La industria del cemento era particularmente vulnerable e importante, pero la que tenía problemas más inmediatos era la British Steel Corporation (BSC), que era la compañía siderúrgica nacional. Las acerías integradas de Redcar y Scunthorpe tendrían que cerrar en el plazo de dos semanas si no recibían y descargaban nuevos suministros de coque y carbón. En Port Talbot, Ravenscraig y Llanwern las reservas sólo durarían de tres a cinco semanas. No era sorprendente que la BSC se mostrara enormemente preocupada al ir cambiando la situación de un día para otro.

La situación que reinaba al concluir el primer mes de la huelga era de incertidumbre. Probablemente lo único seguro eran las intenciones del señor Scargill. En el Morning Star del 28 de marzo había escrito que «la NUM está librando la “Batalla de Inglaterra” a nivel social e industrial […] Necesitamos urgentemente una movilización rápida y total del movimiento sindical y laboral». Seguía sin estar claro si la lograría o no.

Durante el mes de abril se mantuvo el punto muerto. Todavía parecía existir la posibilidad de que se produjera una votación sobre la huelga a nivel nacional, cuyo resultado nadie podía prever. A pesar de la ininterrumpida acción de los piquetes, se apreciaban ciertos indicios de una vuelta al trabajo, especialmente en Lancaster. Pero no dejaban de ser indicios. Los líderes de los sindicatos ferroviarios y marineros habían prometido apoyar a los mineros en su lucha. Hubo muchas declaraciones en ese sentido durante la huelga, pero los afiliados se mostraban más reticentes que sus líderes. Comenzaron los primeros juicios contra la NUM: dos transportistas de coque emprendieron acciones legales contra el sindicato minero en Gales del Sur por emplear piquetes en las acerías de Port Talbot.

Ya desde el comienzo del conflicto nos preocupaba que la NCB no fuera capaz de explicar su posición de manera asequible, tanto a sus propios empleados como al público en general. Esto no era algo que el Gobierno pudiera hacer en su lugar, aunque más adelante (como podrá verse) presionamos para que mejorara su presentación. Por el contrario, era a nosotros a quienes correspondía hablar sobre el tema del respeto a la ley, y lo hicimos enérgicamente. Cuando sir Robert Day me entrevistó en el programa Panorama el lunes 9 de abril, defendí firmemente la actuación de la policía durante los enfrentamientos:

La policía defiende la ley, no al Gobierno. Éste no es un enfrentamiento entre los mineros y el Gobierno, es una disputa entre mineros […]. La policía tiene a su cargo la defensa de la ley… y lo ha hecho espléndidamente.

Pocos días más tarde la policía se encontró en un frente de combate diferente. El 17 de abril, mientras vigilaba una manifestación pacífica, la agente de policía Yvonne Fletcher fue abatida en St. James Square por fuego de ametralladora procedente de la Embajada de Libia. Todo el país quedó sobrecogido. A pesar de ello, el señor Scargill entró en contacto con funcionarios libios. Un miembro de la NUM llegó incluso a entrevistarse con el Coronel Gaddafi con la esperanza de obtener dinero para seguir adelante con la huelga. Parecía como si existiera una insondable alianza entre aquellas dos fuerzas del desorden.

UNA LARGA Y AGOTADORA LABOR

En mayo, por vez primera desde el comienzo de la huelga, se produjeron breves pero reveladores contactos entre los responsables de la NCB y los líderes de la NUM. Las conversaciones, de las que recibí un informe completo al día siguiente, tuvieron lugar el miércoles 23 de mayo. El señor Scargill no estaba dispuesto a permitir que nadie que no fuera él hablara en nombre de la NUM: estaba claro que a los otros miembros de su ejecutiva se les había dicho que guardaran silencio. La NCB había expuesto dos planteamientos: uno sobre las perspectivas de mercado de la industria del carbón y otro sobre el estado de las minas, algunas de las cuales corrían el peligro de resultar inexplotables debido a su abandono por la huelga. Al final de cada una de estas exposiciones, los representantes de la NUM se negaron a hacer comentarios o preguntas. El señor Scargill realizó entonces unas declaraciones cuidadosamente preparadas. Insistió en que el tema del cierre de minas no estaba abierto a discusión más que sobre la base de su agotamiento, desde luego no por motivos económicos. Ian MacGregor hizo algunos breves comentarios respecto a que no veía motivo alguno para continuar la reunión a la luz de aquellas declaraciones, pero a pesar de todo sugirió que continuaran los contactos entre dos representantes de la NCB y dos de la NUM. El señor Scargill volvió a insistir en que la condición previa para cualquier conversación era la retirada de todos los planes de cierre. Allí concluyó la reunión, pero en ese momento los representantes de la NUM accionaron la trampa. Pidieron que se les permitiera permanecer en la sala donde se había celebrado la reunión para discutir entre ellos. A Ian MacGregor le pareció una solicitud totalmente inocente y no tuvo inconveniente alguno en permitirlo. Los representantes de la NCB salieron de la habitación y, más adelante, descubrimos que la NUM había conseguido convencer a la prensa de que la NCB había «abandonado las conversaciones». Mucha gente se aferró a aquel episodio, considerándolo como la evidencia de que Ian MacGregor no estaba dispuesto a negociar. Fue un clásico ejemplo de los riesgos de tratar con personas como el señor Scargill.

Semana tras semana la huelga iba agriándose. Había signos de que muchos mineros estaban perdiendo su entusiasmo inicial y empezaban a cuestionar las previsiones del señor Scargill sobre la capacidad de resistencia de las centrales térmicas. Los líderes sindicales respondieron incrementando las asignaciones que pagaban a los piquetes (no pagaban nada a los huelguistas que no participaban en ellos) y reclutando gente ajena a los mineros para la tarea.

Se produjo una escalada generalizada de la violencia. Evidentemente, la táctica consistía en lograr la máxima sorpresa, concentrando en un plazo muy breve de tiempo a un gran número de piquetes en una mina determinada. Probablemente las escenas de violencia más sobrecogedoras fueron las que tuvieron lugar en el exterior de la fábrica de coque de Orgreave, en un intento de impedir que los convoyes de este producto llegaran a las acerías de Scunthorpe. El martes 29 de mayo, más de cinco mil mineros integrados en piquetes se enfrentaron en violentos choques con la policía. Agredieron a los agentes con todo tipo de objetos arrojadizos, incluyendo ladrillos y dardos, y hubo 69 heridos. Cuando vi, igual que millones de espectadores, aquellas terribles escenas en la televisión pensé que, gracias a Dios, la policía disponía al menos de un equipamiento antidisturbios adecuado.

Hablé sobre ello en un discurso que pronuncié en Banbury al día siguiente:

Habéis visto las escenas […] anoche en la televisión. Debo decir que aquello a lo que nos enfrentamos es un intento de sustituir el imperio de la ley por el de la turba, y no podemos permitir que eso suceda. Hay personas que están utilizando la violencia y la intimidación para imponer su voluntad a otros. Están fracasando por dos motivos: en primer lugar gracias a nuestra magnífica fuerza policial, que está bien entrenada para cumplir con su deber valerosa e imparcialmente. En segundo lugar porque, en su inmensa mayoría, las personas de este país son ciudadanos honrados, decentes y respetuosos de la ley, que desean que ésta sea acatada y se niegan a dejarse intimidar. Rindo tributo al valor de quienes han acudido al trabajo atravesando los piquetes […] El imperio de la ley debe prevalecer sobre el de la violencia.

A lo largo de las siguientes tres semanas se produjeron más choques violentos en Orgreave, pero los piquetes no consiguieron detener en ningún momento los convoyes por carretera. La batalla de Orgreave tuvo un impacto e influencia enormes a la hora de hacer que la opinión pública se volviese en contra de los mineros en huelga.

Fue por esas fechas cuando obtuvimos las primeras pruebas irrefutables de que se estaban produciendo intimidaciones a gran escala en los pueblos mineros. El problema se mantuvo a lo largo de toda la huelga. El objetivo de las intimidaciones no eran sólo los mineros que iban al trabajo; también corrían peligro sus esposas e hijos. La clara malevolencia de aquellos sucesos constituye un antídoto valioso para algunas nociones románticas sobre el espíritu de las comunidades mineras. Por su propia naturaleza, la intimidación resulta muy difícil de combatir para la policía, aunque con el tiempo se desplegaron patrullas de agentes uniformados y agentes de paisano para hacerle frente.

Hubo abundantes críticas por parte de la opinión pública contra las industrias nacionalizadas por no hacer uso de los procedimientos que ofrecía nuestra legislación sindical. Al continuar la violencia y multiplicarse los problemas de la BSC, el grupo ministerial discutió frecuentemente si instarla o no a que empleara el Código civil contra la NUM y contra otros sindicatos implicados en acciones de apoyo. La falta de querellas civiles contra los sindicatos y sus vías de financiación cargaba todo el peso sobre el Código penal y la policía, cuyo deber era hacerlo respetar. Se señalaba también que, caso de tener éxito, las acciones legales emprendidas contra la financiación de los sindicatos limitarían su capacidad de financiar a los piquetes masivos y de continuar sus acciones vandálicas. La gente manifestaba abiertamente la opinión de que la incapacidad de las industrias nacionalizadas a la hora de recurrir a las vías legales desacreditaba las reformas que habíamos impuesto en el marco sindical. Al igual que mis consejeros, yo coincidía bastante con dicha opinión.

Sin embargo, Peter Walker nos convenció de que recurrir a los tribunales podía arrebatarnos el apoyo de que disponíamos entre los mineros que seguían trabajando y entre los sindicalistas moderados. Los presidentes de las empresas del acero (BSC), el carbón (NCB), los ferrocarriles (BR) y la energía eléctrica (CEGB), estaban de acuerdo con él, al menos por el momento. Celebraron una reunión a finales de junio y decidieron que, de todas las circunstancias posibles, aquella era la menos indicada para recurrir a requerimientos judiciales. La policía tampoco estaba convencida de que presentarse ante los tribunales fuera a facilitar su tarea entre los piquetes. Por supuesto que aquello no impidió que otros, tanto empresarios como mineros, hicieran uso de las nuevas leyes. Durante todo aquel enfrentamiento hubo que hacer hincapié más de una vez en el hecho de que la ley que estaban violando los piquetes y sus líderes, no era una «ley Thatcher», sino el Código penal básico del país.

El razonamiento de Peter Walker se impuso y la NCB consiguió salir triunfante de la huelga. En cierto sentido, por consiguiente, la resolución del conflicto justificó la táctica. Pero, ¿se hubiera podido lograr el mismo resultado en menos tiempo por medio de acciones civiles que llevaran al embargo de los fondos sindicales de la NUM? Tales conjeturas resultan siempre imposibles de resolver. Visto en perspectiva, no obstante, habría sido razonable animar a las industrias nacionalizadas a que emprendieran desde un primer momento acciones contra la NUM. Cuando los mineros que acudían al trabajo tomaron la iniciativa (la mejor solución posible, aunque no podíamos confiar en que ocurriera), aquello supuso una enorme presión sobre el señor Scargill, y limitó seriamente la capacidad de la NUM para mantener la huelga. Desde entonces se ha generalizado la utilización de las «leyes Thatcher» en las relaciones laborales de Gran Bretaña, y el número de huelgas y conflictos ha decrecido espectacularmente.

Mientras tanto, seguíamos muy de cerca la información sobre el número de minas que se reabrían y el de mineros que regresaban al trabajo. Dado que en julio y agosto muchas minas cierran por vacaciones, teníamos cierta esperanza de que cuando éstas terminaran se produjera una vuelta al trabajo a gran escala. También existía el miedo de que algunos pozos que habían estado funcionando antes de las vacaciones no volviesen a abrir debido a los renovados esfuerzos de los piquetes. Una consideración a tener en cuenta a la hora de estimar los posibles acontecimientos futuros, era el coste que significaba para los mineros y sus familias el mantener la huelga; pero tal vez fuera aún más importante el aspecto psicológico. Una reincorporación al trabajo tras las vacaciones que fuese realmente significativa podría generar una inercia propia. Por su parte, el señor Scargill intentaría convencer a sus huestes de que con la inminencia del otoño había esperanzas de que la NCB se viera obligada a ceder, debido a las presiones de un Gobierno poco dispuesto a imponer restricciones energéticas durante el invierno.

Resultaba evidente que era muy importante que la NCB hiciese todo lo posible para transmitir su mensaje a quienes pudieran estar tentados para abandonar la huelga y volver al trabajo. De acuerdo con mis recomendaciones, Tim Bell, que tan buenos consejos sobre el modo de exponer distintas cuestiones me había ofrecido en el pasado, había empezado a trabajar como consejero de Ian MacGregor. Existían, sin duda, razonamientos muy persuasivos que exponer: en los planes ya existentes estaban previstas grandes inversiones en las minas y, aunque estaban actualmente retenidas, si se reanudaba el trabajo los mineros podrían beneficiarse de la prometida subida salarial. También había aspectos negativos: era probable que algunas minas no volvieran a abrirse por culpa del deterioro sufrido en el transcurso de la huelga. Estábamos perdiendo clientes, algunos de ellos probablemente para siempre. Aunque algunas industrias se sintieran tentadas de pasar de otros combustibles al carbón, incitadas por nuestras subvenciones, a partir de entonces ninguna se sentiría del todo segura respecto del suministro. Habría sido posible seguir adelante con el cierre de minas por motivos económicos incluso mientras continuaba la huelga, y de hecho debatimos el tema, pero el riesgo de perder el posible apoyo de los mineros moderados era excesivo. Teníamos que considerar también si era o no conveniente animar a más mineros a aceptar los términos extraordinariamente generosos de escisión de contrato que se les habían ofrecido. En este terreno nos enfrentábamos a dos problemas. En primer lugar, si un gran número de mineros aceptaba la oferta, no existía garantía alguna de que pertenecieran a las minas que necesitábamos cerrar, y el ahorro previsto dependía del cierre de las minas no rentables. En segundo lugar, existía el riesgo muy real de que fueran los mineros moderados, hartos de violencia e intimidaciones, los que consideraran especialmente atractivos los términos de la oferta, lo que otorgaría a los radicales la mayoría en algunas zonas, e incluso a nivel nacional. Una vez más decidimos esperar.

Julio resultó ser uno de los meses más difíciles de la huelga. El lunes 9, y casi sin previo aviso, la Unión de los Trabajadores del Transporte y Afines (TGWU) convocó una huelga de estibadores a nivel nacional por una supuesta violación del Plan Nacional para los Trabajadores Portuarios (NDLS).

En 1982 habíamos realizado un extenso estudio sobre las implicaciones que podía tener una huelga nacional de estibadores. Parecía probable que la huelga (que seguramente afectaría seriamente sólo a aquellos puertos que formaran parte del citado plan) tuviese poco impacto directo sobre el resultado del conflicto minero. Aunque no estábamos importando carbón para las centrales energéticas (hacerlo habría supuesto perder el apoyo de los mineros que aún seguían trabajando), una huelga de estibadores tendría graves implicaciones para la British Steel Company, ya que interrumpiría sus importaciones de carbón y mineral de hierro. De hecho, todo parecía indicar que uno de los motivos principales de la huelga era el deseo que manifestaban los líderes izquierdistas de la TGWU de apoyar a los mineros estrechando el cerco en torno a las principales acerías, con el fin de contrarrestar el éxito que había tenido la BSC al organizar el transporte de carbón por carretera como respuesta a las acciones de los huelguistas contra el ferrocarril. El efecto general sobre el comercio, especialmente sobre la importación de alimentos, sería muy grave, aunque el transporte de alrededor de una tercera parte de los cargamentos, a excepción de los que no eran a granel, se realizaba por medio de barcos que llevaban sus propios camiones de transporte, buena parte de los cuales iban escoltados por los conductores y atracaban en puertos no pertenecientes al Plan, como Dover y Felixstowe. Todo dependía del apoyo que obtuviera la huelga y de si quedaba confinada o no a los puertos incluidos en el NDLS.

Ahora, en las reuniones regulares del grupo ministerial formado para atender el problema del carbón, tendríamos que hacer frente a dos huelgas en lugar de a una. Al día siguiente de comenzar la huelga de estibadores comenté con los miembros del grupo que era vital realizar un gran esfuerzo para movilizar a la opinión pública en las próximas cuarenta y ocho horas. Debíamos animar a los empresarios portuarios a que adoptaran un enfoque resuelto y emplearan todos los medios necesarios para extender la oposición a la huelga entre los trabajadores de las industrias que pudieran verse perjudicadas por ella, así como entre el público en general. Había que demostrar claramente que el pretexto empleado para justificar la huelga era falso y que quienes habían emprendido aquella acción disfrutaban ya de extraordinarios privilegios. Debíamos recalcar claramente que, según todas las estimaciones, 4.000 de los 13.000 estibadores registrados en el NDLS constituían un excedente laboral respecto a los requerimientos de la industria. Por supuesto, no era el momento apropiado (en mitad de una huelga minera) para abolir el NDLS, pero debíamos tener como objetivo inmediato el resolver la disputa sin descartar la posibilidad de introducir cambios en el futuro. Movilizamos a la Unidad de Defensa Civil como preparativo para hacer frente a la crisis, pero evitamos proclamar un estado de emergencia que podría haber requerido el empleo de tropas. Todo signo de reacción excesiva ante la huelga de los estibadores habría alentado a los mineros y otros sindicalistas agresivos. Nuestra estrategia debía consistir en poner fin a la huelga de estibadores lo antes posible, con el objeto de concentramos en el conflicto de los mineros del carbón durante todo el tiempo que fuera necesario.

Al principio todo parecía indicar que la huelga de los estibadores resultaría extremadamente problemática. El lunes 16 de julio me reuní a comer con los miembros del Consejo General de Transporte Marítimo y pude apreciar que adoptaban una actitud derrotista. Era un ejemplo de algo que acabaría conociendo muy bien: los empresarios siempre me recomendaban que fuera dura, excepto cuando se trataba de su propio negocio. Me comentaron que era la huelga de mayor alcance que habían visto en los muelles.

Yo había convocado una reunión ministerial para aquella misma noche con el fin expreso de revisar la situación global, y en ella estudiamos las posibles alternativas. Éramos conscientes de que si los piquetes se extendían hasta los puertos no integrados en el Plan, había muchas probabilidades de que se interpusieran acciones legales contra el sindicato de los trabajadores del transporte (TGWU). Aquello sería una razón importante para reactivar las acciones legales contra la NUM por parte de la NCB, que habían quedado en suspenso. El conflicto parecía estar al borde de una grave escalada. Yo tenía el convencimiento de que el modo de presentar las cosas era de gran importancia, así que adopté la iniciativa específica de crear un grupo de representantes de los departamentos ministeriales implicados bajo la presidencia de King, por aquel entonces ministro de Trabajo, para que se encargara de la coordinación de los comunicados del Gobierno durante la crisis.

Al final, la huelga de estibadores resultó mucho menos grave de lo que habíamos temido. Pensaran lo que pensaran sus líderes, los trabajadores sencillamente no estaban dispuestos a respaldar acciones que pusieran en peligro sus puestos de trabajo. Incluso los de los puertos incluidos en la NDLS se mostraron poco entusiastas, temiendo que una huelga acelerase la defunción del propio Plan. Sin embargo, el papel decisivo fue el desempeñado por los conductores de transporte por carretera, que tenían un interés aún mayor en que entraran las mercancías y no estaban dispuestos a dejarse amenazar ni intimidar. Al llegar el 20 de julio, la TGWU no tuvo más remedio que desconvocar la huelga. Tan sólo había durado diez días.

El fin del conflicto de los estibadores fue sólo un punto dentro de una serie de acontecimientos importantes que tuvieron lugar en aquellas fechas. Tras la infructuosa reunión entre la NCB y la NUM, el 23 de mayo, las conversaciones se habían reanudado a comienzos de julio. Teníamos la esperanza de que concluyeran rápidamente y que, en esta ocasión, la NCB tuviera éxito y consiguiera dejar patente lo poco razonable que era la posición del señor Scargill. Esto nos daría la oportunidad de hacer comprender a los mineros en huelga que no había posibilidad de que ganaran, y de convencerles de que volvieran al trabajo.

Sin embargo, las conversaciones continuaban y existían indicios de que la posición negociadora de la NCB se estaba desvirtuando cada vez más. Uno de los problemas era que cada nueva ronda de negociaciones representaba un paso atrás en el retorno al trabajo: pocos se arriesgarían a volver mientras existiera la posibilidad de un acuerdo inmediato. Lo que aún resultaba más alarmante era que existía el peligro real de que las conversaciones acabaran desdibujando la cuestión de fondo: el cierre de las minas no rentables. Se estaba desarrollando una fórmula basada en el supuesto de que no debía cerrarse ninguna mina si cabía la posibilidad de explotarla «provechosamente». La NCB estaba también dispuesta a comprometerse a mantener abiertas cinco minas que, según la NUM, estaba previsto cerrar. Nos alarmamos muchísimo. No sólo había ambigüedades en la redacción de las propuestas sino que, lo cual es mucho más grave, un acuerdo dentro de aquella línea habría ofrecido al señor Scargill la oportunidad de cantar victoria.

Pero el 18 de julio, dos días antes del final de la huelga de estibadores, las negociaciones se vinieron abajo. Tengo que reconocer que me sentí enormemente aliviada.

Un mes más tarde llegó lo que para mí fue un momento muy importante en la historia de la huelga, aunque por aquellas fechas estaban al corriente muy pocas personas. El miércoles 25 de julio, bajo estrictas medidas de seguridad, me reuní con Peter Walker y sir Walter Marshall, presidente de la CEGB, para discutir la capacidad de resistencia de las centrales energéticas. Aquel mismo día, Norman Tebbit me había escrito para expresarme su temor de que el tiempo no estuviera de nuestra parte en la huelga del carbón. Había visto estimaciones que sugerían que las reservas de las centrales estarían agotadas a mediados de enero. Si efectivamente era así, él opinaba que era necesario estudiar cuanto antes las medidas que debíamos adoptar para acabar con la huelga antes de finales de otoño, ya que no podríamos permitirnos el lujo de llegar al límite de nuestra resistencia.

Yo comprendía perfectamente la preocupación de Norman, y fue en parte debido a que compartía su desconfianza instintiva hacia aquellas cifras (y a que tampoco confiaba totalmente en el optimismo relajado de Peter Walker), por lo que había solicitado la reunión con Peter y Walter Marshall. En ella recibí una información extremadamente alentadora. Walter Marshall me confirmó que la situación era tal y como Peter la había descrito. Si los suministros de carbón a las centrales, procedentes de Nottingham y de otras áreas en las que continuaba el trabajo, se mantenían al nivel de aquel momento, la fecha límite fiable de resistencia sería junio de 1985. De hecho, en la CEGB opinaban que era posible mantener las centrales energéticas en funcionamiento hasta noviembre de 1985. Me enseñó un gráfico que mostraba que la producción conjunta de energía por parte de las centrales de carbón, petróleo y nucleares era casi exactamente idéntica a la demanda (inferior) estival. Si podíamos resistir hasta la primavera de 1986 (cosa que podríamos hacer, por ejemplo, logrando que más mineros volvieran al trabajo) nos sería posible aguantar hasta el invierno siguiente.

El martes 31 de julio hablé en un debate de la Cámara de los Comunes durante una moción de censura que el Partido Laborista había tenido la imprudencia de presentar. El debate iba mucho más allá de la huelga minera, pero ésta estaba en la mente de todos e, inevitablemente, fueron los intercambios de opiniones sobre el tema los que captaron la atención del público. No me anduve con rodeos:

El Partido Laborista es un partido que apoya todas las huelgas, sea cual sea su pretexto y por dañina que resulte. Pero, por encima de todo, es el apoyo del Partido Laborista a los mineros en huelga frente a los mineros que desean seguir trabajando lo que priva definitivamente de toda credibilidad a su afirmación de que representa los verdaderos intereses de la población trabajadora en este país.

A continuación me dirigí a Neil Kinnock:

El líder de la oposición no dijo una palabra respecto a la necesidad de una votación hasta que la NUM cambió sus normas, rebajando la mayoría necesaria. Acto seguido declaró ante la Cámara que una votación a nivel nacional del sindicato minero era una perspectiva más clara y próxima. Esto ocurrió el 12 de abril, la última vez que le hemos oído hablar del tema. Pero el 14 de julio apareció en un mitin de la NUM y dijo: «No hay más alternativa que la lucha: todos los demás caminos están cerrados». ¿Qué ha sido de la votación?

No hubo respuesta alguna.

Neil Kinnock había sucedido a Michael Foot como líder del Partido Laborista en octubre de 1983. Lo tuve frente a mí, al otro lado de la tribuna de oradores de la Cámara de los Comunes, durante siete años. Al igual que Michael Foot, Neil Kinnock era un orador de talento pero, al contrario que Foot, no era un parlamentario. Sus intervenciones ante la Cámara quedaban ensombrecidas por su verborrea, su incapacidad para exponer los hechos y argumentaciones técnicas y, por encima de todo, su falta de claridad intelectual. Este último defecto reflejaba algo más profundo. El señor Kinnock era, de la cabeza a los pies, un producto del laborismo moderno: izquierdista, próximo a los sindicatos, hábil en la gestión del partido y en la manipulación política, convencido de que las derrotas sufridas por el laborismo en el pasado hacían sido el resultado de una presentación errónea más que de una política equivocada. Consideraba que las palabras —ya fueran discursos, textos de programas electorales o documentos políticos— constituían un medio de ocultar las ideas socialistas que compartía con el Partido Laborista, en vez de ser un vehículo para convencer a otros de su valor. Denunciaba con energía —y, en ocasiones, de modo valeroso— a los troskistas y otros agitadores de izquierdas, no por sus tácticas brutales o sus objetivos revolucionarios extremistas, sino porque representaban un engorro que obstaculizaba sus ambiciones y las de su partido. Ser líder de la oposición, como yo bien recordaba, no es una tarea sencilla. Ser líder del Partido Laborista en la oposición debía ser una pesadilla. Aún así, no me resultaba fácil simpatizar con el señor Kinnock. Se encontraba inmerso en lo que, en mi opinión, era una empresa totalmente deshonrosa: —conseguir que tanto él como su partido parecieran ser lo que no eran. La Cámara de los Comunes y el electorado le desenmascararon. Como líder de la oposición estaba fuera de su terreno; como primer ministro se habría hundido.

Cuando comenzó agosto teníamos razones para pensar que la peor parte de la huelga había pasado ya. Arthur Scargill y los mineros se encontraban cada vez más aislados y frustrados. La huelga de estibadores se había venido abajo, y tanto la actitud del Gobierno como la de la NCB eran vistas con mayor simpatía. El Partido Laborista estaba sumido en la confusión. Aunque las reincorporaciones al trabajo seguían produciéndose con cuentagotas —alrededor de quinientos trabajadores en el mes de julio— no había signo alguno de que en los pozos en los que se seguía trabajando estuviera debilitándose la determinación de los mineros. Finalmente, el martes 7 de agosto, dos mineros de Yorkshire denunciaron a la rama local de la NUM ante el Tribunal Supremo por convocar una huelga sin la preceptiva votación previa. Esto fue el golpe decisivo, y tuvo como consecuencia última el embargo de la totalidad de los bienes del sindicato minero.

Un indicador del grado de frustración al que habían llegado los sindicalistas militantes fue el aumento de la violencia contra los mineros que continuaban trabajando y sus familias. La situación parecía estar controlada en Nottinghamshire, pero estaba empeorando en Derbyshire, en parte porque la zona estaba más profundamente dividida y también porque estaba más cerca de las minas de Yorkshire, de donde procedían la mayoría de los piquetes. Ian MacGregor se mantenía en contacto con nosotros en el Número 10 y con el Ministerio del Interior. Temía que estas intimidaciones, estremecedoras por sí mismas, pudieran también retardar la vuelta a los pozos y asustar a los mineros que actualmente estaban trabajando, haciendo que se quedaran en casa. En opinión de la policía se había producido, al parecer, un cambio de táctica por parte de los líderes de la NUM: desalentados por el fracaso de los piquetes, parecían haber decidido emprender una guerra de guerrillas basada en las amenazas a las personas y las empresas. La policía aumentó las medidas de protección a los mineros de Derbyshire: se instalaron líneas telefónicas gratuitas con las estaciones de policía, se emplearon patrullas de agentes de paisano para contrarrestar la intimidación y los policías de uniforme patrullaban las calles de los pueblos.

Surgió también la amenaza de una nueva huelga portuaria. En Hunterston, el puerto escocés de aguas profundas que abastecía a la planta de la BSC en Ravenscraig, la situación era tensa. Una importante carga de carbón del tipo necesario para los hornos de coque de Ravenscraig se encontraba a bordo del buque de transporte Ostia, en aquel momento fondeado en la ensenada de Belfast. La BSC nos informó de que si no era descargado rápidamente tendrían que empezar a cerrar Ravenscraig. Los hornos de las acerías no pueden apagarse por completo sin que se produzcan daños irreversibles, y era extremadamente probable que toda la planta tuviese que cerrar si se interrumpían los suministros de carbón. Como había ocurrido con el anterior conflicto portuario, el pretexto para la amenaza de huelga eran unas prácticas restrictivas absurdas. En Hunterston el procedimiento normal de descarga para los cargamentos con destino a la BSC se dividía entre el trabajo hecho a bordo del buque por los estibadores afiliados a la TGWU y el trabajo realizado en tierra por miembros del sindicato del metal, el ISTC. No obstante, era posible descargar un 90 por ciento de la carga sin necesidad de recurrir a los estibadores. La BSC quería emplear a sus propios trabajadores para descargar el carbón, pero era bastante probable que la TGWU, con el fin de provocar una nueva disputa en los muelles, afirmara que tal acción era contraria al acuerdo de la Junta Nacional de Trabajadores Portuarios (National Dock Labour Board, NDLB). La BSC nos comunicó que estaba dispuesta a recurrir a los tribunales si resultaba imposible proceder a la descarga.

Aquella era una situación muy delicada y Norman Tebbit se mantenía en contacto con la BSC. Se solicitó un pronunciamiento de la NDLB, pero ésta pospuso su decisión y, finalmente, se amilanó y no resolvió nada. La BSC empezó a cerrar Ravenscraig el 17 de agosto; nos comunicó que, a menos que el carbón fuera desembarcado para los días 23 ó 24 de agosto, tendría que poner sus hornos al mínimo, y que la producción se interrumpiría el 28 ó 29 de agosto. Esto iría seguido de un cierre definitivo si no se reanudaba el suministro. Finalmente, tras prorrogar la decisión todo lo que fue posible, la BSC hizo que sus empleados empezaran a descargar el Ostia la mañana del jueves 23 de agosto. Aunque la BSC actuó de conformidad con un acuerdo portuario local alcanzado en 1984, los estibadores abandonaron inmediatamente el puerto y el sindicato convocó una segunda huelga a nivel nacional. La opinión pública escocesa mostró una fuerte oposición a toda medida que amenazara el futuro de Ravenscraig, por lo que teníamos nuestras dudas de que el sindicato consiguiera mantener la huelga en toda Escocia, y menos aún en la totalidad del Reino Unido. Y teníamos razón. Aquella huelga nos causó muchos menos problemas que la primera. Aunque inicialmente recibió un considerable apoyo por parte de los estibadores sindicados, la mayoría de los puertos permanecieron abiertos. Finalmente la TGWU desconvocó la huelga el 18 de septiembre.

Seguí la historia del Ostia por télex, ya que del 9 al 27 de agosto estuve de vacaciones en Suiza y Austria. En mi ausencia, Peter Walker se hizo cargo de la política día a día en relación con la huelga minera. Pero un primer ministro nunca está realmente de vacaciones. Estaba acompañada por el embajador local, que previamente había sido uno de mis secretarios privados, cinco secretarias (Garden Room girls), que estaban de servicio las veinticuatro horas del día, un técnico encargado de supervisar las comunicaciones con Downing Street y el elenco habitual de guardaespaldas. A través de la valija diplomática me llegaban cajas rojas, el télex repiqueteaba continuamente y Willie Whitelaw me pidió que tomara al menos una decisión importante por teléfono. Clarissa Eden dijo en una ocasión que a veces tenía la impresión de que el canal de Suez pasaba por el comedor del Número 10 de Downing Street. Por mi parte, a veces, al final del día, tenía la impresión de que si miraba por la ventana vería a una pareja de mineros de Yorkshire bajando por las laderas de las montañas suizas. Por algún motivo, ni el deslumbrante paisaje de montaña, ni mis lecturas favoritas —las novelas de Frederick Forsyth y John Le Carré— conseguían distraerme.

A mi regreso, la situación continuaba siendo más o menos la misma que a mi partida, a no ser por lo que resultó ser una ominosa excepción. Seguía habiendo una considerable cantidad de violencia e intimidaciones. Por aquellas fechas se habían realizado ya 5.897 arrestos en el curso del conflicto y se habían dictado 1.039 condenas, de las cuales las más graves suponían nueve meses de cárcel. Los magistrados contratados actuarían por vez primera en septiembre en Rotherham y Doncaster.

LAS GARRAS DE LA VICTORIA

El acontecimiento más serio, no obstante, había sido una circular enviada el 15 de agosto por la NCB a los miembros de la Asociación Nacional de Capataces, Delegados y Dinamiteros (NACODS, National Association of Colliery, Overmen, Deputies and Shotfirers). Según la ley, sólo se podía extraer carbón en presencia de personal de seguridad adecuadamente cualificado, que en su gran mayoría pertenecía a la NACODS. En abril, sus miembros votaron a favor de la huelga, pero con un margen inferior a los dos tercios exigidos por los estatutos del sindicato. Hasta mediados de agosto la NCB había mantenido una posición fluctuante respecto a la NACODS. En algunas zonas se permitía a sus miembros permanecer alejados de los pozos en huelga, donde no se estaba extrayendo carbón. En otras se les pedía que atravesaran las líneas de los piquetes. La circular de la NCB generalizaba esta segunda política, y amenazaba con retener los salarios de quienes se negaran a obedecerla. La circular hizo el juego a los líderes de la NACODS, en especial su presidente, que sentían fuertes simpatías por la NUM. Por fin contaban con un pretexto para persuadir a sus miembros de la necesidad de una huelga. No era difícil comprender por qué la NCB había actuado como lo hizo, pero fue un grave error, que posteriormente se vio multiplicado por su incapacidad para detectar el giro en favor de la huelga entre los miembros de la NACODS, y estuvo a punto de precipitar un desastre.

Siempre tuvimos claro que septiembre y octubre probablemente serían meses difíciles. Los mineros esperaban con ansia el invierno, cuando la demanda de electricidad alcanza su techo y la probabilidad de restricciones aumenta. A comienzos de septiembre, en la Conferencia de la TUC, la mayoría de los sindicatos —con la fuerte oposición de los trabajadores del sector eléctrico y energético— se comprometieron a apoyar a los mineros, aunque en la mayor parte de los casos no tenían intención alguna de hacerlo. Cuando el líder del sector eléctrico Eric Hammond, que no tenía pelos en la lengua, subrayó esto en un enérgico discurso, recibió un sonoro abucheo. Neil Kinnock se dirigió también a la conferencia, y fue la vez que más cerca estuvo de condenar directamente la violencia de los piquetes, aunque no llegó a adoptar medida alguna para expulsar de su partido a quienes la respaldaban.

Mientras tanto, el señor Scargill reafirmaba su punto de vista de que no existía el concepto de «pozos no rentables»; tan sólo existían explotaciones en las que no se habían realizado las inversiones necesarias.

Las negociaciones entre la NCB y la NUM se reanudaron el 9 de septiembre. Mientras continuaran las discusiones en torno al sexo de los ángeles resultaría difícil que el público en general pudiera detectar qué era exactamente lo que separaba las posiciones. Siempre me había preocupado que Ian MacGregor y el equipo de la NCB abandonaran inconscientemente los principios básicos en torno a los cuales se estaba librando la batalla de la huelga. En las conversaciones de julio ya habían pasado del principio de cerrar los pozos «no rentables» al concepto, mucho más nebuloso, de cerrar aquellos que no pudieran ser «explotados provechosamente». Afortunadamente, Scargill no se había mostrado dispuesto a aceptar este ambiguo objetivo. En todo momento, Peter Walker y yo tuvimos la impresión de que Ian MacGregor no acababa de comprender la despiadada crueldad de los líderes sindicales a los que se enfrentaba. Era un hombre de negocios, no un político, y pensaba en términos de lo que era razonable con el fin de alcanzar un acuerdo. Sospecho que el punto de vista de MacGregor era que una vez alcanzado el objetivo de que los mineros volvieran al trabajo podría reestructurar la industria con arreglo a sus deseos, cualesquiera que fueran los términos del acuerdo alcanzado. El resto de nosotros, como fruto de nuestra larga experiencia, comprendíamos que Arthur Scargill y sus amigos explotarían cualquier desviación de la fórmula acordada, con lo que nos encontraríamos de vuelta al principio. Era crucial para el futuro de la industria del carbón, y para el del propio país, rebatir de forma palmaria y pública la afirmación de la NUM de que no debían cerrarse los pozos no rentables, y que quedara desacreditado de una vez por todas el recurso a la huelga con fines políticos.

Fue también en septiembre cuando conocí personalmente a algunas de las integrantes de la campaña «Vuelta al trabajo», emprendida por las esposas de los mineros. Sus representantes vinieron a verme al Número 10 de Downing Street y me sentí conmovida por el valor de aquellas mujeres, cuyas familias se veían sometidas a todo tipo de abusos y amenazas. Me contaron muchas cosas y confirmaron algunas de mis sospechas acerca del modo en que la NCB estaba haciendo frente a la huelga. Me dijeron que la mayor parte de los mineros seguía sin comprender hasta donde llegaba la oferta salarial y los planes de inversión de la NCB: había que hacer mayores esfuerzos para hacer llegar su mensaje a los mineros en huelga, muchos de los cuales dependían de la NUM para obtener su información. Me confirmaron que mientras continuaran las conversaciones entre la NCB y la NUM, o hubiera perspectivas de que se reanudasen, resultaría extremadamente difícil convencer a los hombres para que volvieran al trabajo. Me explicaron el chantaje al que se habían visto sometidas pequeñas tiendas de las zonas mineras para que suministraran mercancías y alimentos a los mineros en huelga, y como estos productos estaban siendo retenidos para que no llegaran hasta los mineros que continuaban trabajando. Tal vez lo más chocante de todo lo que escuché fue que, en algunas áreas, los gestores locales de la NCB no estaban particularmente ansiosos por promover una vuelta al trabajo y que, en un área en particular, estaban tomando partido activamente en favor de la NUM para que no se produjera. En aquella industria excesivamente impregnada de política sindical nada me parecía ya imposible.

Por supuesto, lo vital para aquellas mujeres era que la NCB hiciera todo lo posible por proteger a los mineros que habían encabezado la vuelta al trabajo, transfiriéndoles en caso necesario a otros pozos donde hubiera menos militancia sindicalista, y dándoles prioridad en las solicitudes de extinción de contrato. Les dije que no les abandonaríamos —y creo que cumplí mi palabra— y que todo el país estaba en deuda con ellos.

La señora McGibbon, esposa de un minero de Kent que continuaba trabajando, intervino en la conferencia del partido conservador describiendo las amargas experiencias que habían sufrido ella y su familia. La vileza de las tácticas de los huelguistas no conocía límite. Incluso sus hijos pequeños se habían convertido en su objetivo: les habían amenazado con que sus padres morirían. Poco después de su intervención, el Morning Star publicó su dirección. Una semana más tarde su hogar fue atacado.

El 11 de septiembre se constituyó un Comité Nacional de Mineros partidarios de la vuelta al trabajo (National Working Miners’ Committee). Este fue un acontecimiento importante en la historia del movimiento de los mineros partidarios de reintegrarse a sus puestos. De manera informal, obtuve abundantes noticias acerca de lo que estaba ocurriendo a través de David Hart, un amigo que estaba haciendo grandes esfuerzos por ayudar a los mineros que continuaban con su tarea. Me sentía ansiosa por estar al corriente de todo.

El miércoles 26 de septiembre fui a York. Visité su iglesia que, recientemente, había sufrido los efectos de un rayo. El fuego había producido graves daños (castigo divino, en opinión de algunos, por la descarriada teología de los principales clérigos anglicanos). También comenté con los responsables policiales de Yorkshire y algunos habitantes de la localidad el daño que la huelga estaba ocasionando a la comunidad. Durante una comida con activistas del Partido Conservador, algunos de los procedentes de Barnley confirmaron la impresión que habíamos obtenido a todo lo largo de la huelga: la propaganda de la NCB sobre sus propuestas era realmente desastrosa. También se contaron casos de intimidación, con lo que estaba ya casi excesivamente familiarizada. Tampoco era posible dudar de las dificultades económicas que la terquedad del señor Scargill estaba haciendo pasar a sus propios seguidores. Alguien me comentó que los mineros estaban teniendo que recurrir a todo tipo de tubérculos y raíces arrancados en los campos para alimentar a sus familias. Un resultado positivo de la visita fue mi encuentro con Michael Eaton, director para la zona norte de Yorkshire de la NCB, quien había iniciado la explotación del nuevo pozo de Selby.

En York me volvieron a comentar, como habían hecho antes mis consejeros, lo eficaz que era. Tiene un hermoso y dulce acento de Yorkshire y un magnífico modo de explicar las cosas, por lo que sugerí que fuera nombrado portavoz nacional para que contribuyera a mejorar la presentación de las ofertas de la NCB. Eaton hizo un magnífico trabajo, aunque por desgracia su posición se hizo difícil debido a los celos y el obstruccionismo de otros miembros de la NCB.

Mientras tanto, la amenaza de la NACODS se nos venía sigilosamente encima. Sus líderes estaban claramente empeñados en convocar una huelga y anunciaron que se efectuaría una votación el 28 de septiembre.

El martes 25 de septiembre, Peter Walker comunicó al grupo ministerial para la crisis del carbón que parecía probable que esta vez la NACODS votara por la huelga. Estaba en lo cierto: cuando el viernes se hicieron públicos los resultados, un 82,5 por ciento de los votos le habían sido favorables.

Eran muy malas noticias. Durante toda la huelga minera los acontecimientos habían oscilado impredeciblemente en una dirección y después en la contraria —súbitamente iban a nuestro favor y de pronto, e igual de inopinadamente, se ponían en contra nuestra— y jamás llegué a sentirme totalmente confiada acerca del resultado final. Aparte de los primeros días de la huelga minera en marzo, éste fue el momento más preocupante. En Whitehall había quien temía que el triunfo empezara a inclinarse hacia el señor Scargill. Nos resultaba imposible saber qué efecto podía tener la resolución de apoyo a la NUM de la TUC. El otoño se nos echaba encima y esto podía alentar a los huelguistas. Además estaba la amenaza de la huelga de la NACODS.

Alguien sugirió que la mayor parte de los miembros de la NACODS había votado a favor de la huelga con el fin de favorecer las bazas negociadoras de sus líderes, y que la votación no significaba que necesariamente fuera a producirse. Tras la votación, la ejecutiva de la NACODS había anunciado una prórroga de nueve días para su comienzo lo que, hasta cierto punto, hacía plausible esta interpretación. Para la mayor parte de los líderes, la disputa original acerca del cruce de las líneas de los piquetes era totalmente secundaria; su objetivo real era garantizar que el fin de la huelga minera se produciría en los términos deseados por la NUM. Nuestra única oportunidad de evitar la huelga de NACODS, o de minimizar sus efectos si era imposible impedirla, consistía en introducir una cuña entre los líderes del sindicato y sus afiliados. Era por tanto vital que la actitud de la NCB fuera extremadamente conciliadora, dentro de lo posible, acerca de las cuestiones clave.

La NCB y la NACODS mantuvieron una reunión el lunes 1 de octubre. Llegaron a una serie de acuerdos salariales y trazaron unas líneas maestras respecto al tema del cruce de las líneas de los piquetes. Además, la NCB anularía la circular del 15 de agosto. Al día siguiente hubo conversaciones en torno a los mecanismos de revisión de los pozos y sobre la posibilidad de establecer alguna forma de arbitraje en caso de desacuerdo. Esto último había de convertirse en el problema más difícil de resolver. Por elaborado que fuera el proceso de consultas, la NCB se negaba a conceder a un tercero en discordia el derecho a adoptar la última decisión acerca del cierre de los pozos. Esto, aunque era en general comprendido, no debía exponerse de una manera excesivamente cruda.

Durante todo este período nos enfrentamos a todo tipo de presiones y comentarios hostiles. La conferencia del Partido Laborista respaldó de todo corazón a la NUM y condenó a la policía. Probablemente lo peor de todo fuera el discurso de Neil Kinnock, en el que, bajo la presión del ala izquierdista y los sindicatos, dio marcha atrás respecto a la actitud más crítica que había adoptado en la conferencia de la TUC. Se refugió en una condena generalizada de la violencia, en la que no hacía distinción alguna entre el uso de la violencia para violar la ley y el uso de la fuerza para hacerla respetar. Incluso logró equiparar la violencia y la intimidación con los males sociales que, según él, sufría Gran Bretaña: «La violencia de la desesperación, del paro de larga duración […] la soledad, el deterioro y la fealdad». No es de extrañar que el Partido Laborista perdiera tanto apoyo en Nottinghamshire entre los mineros y sus familias. Ellos sabían de primera mano qué era la violencia, aunque en el caso del líder de los laboristas no fuera así.

Como siempre, la conferencia del Partido Conservador se produjo inmediatamente después de la de los laboristas. Dediqué buena parte del tiempo que pasé en Brighton a seguir, como me fue posible, el curso de las negociaciones entre la NUM y la NCB en la sede del Servicio de Asesoramiento, Conciliación y Arbitraje (Advisory, Conciliation and Arbitration Service, ACAS).

Estas discusiones abarcaron toda la duración de la conferencia de nuestro partido. Durante la misma, Leon Brittan y Peter Walker realizaron una encendida defensa de nuestra posición. Pero el acontecimiento que ocupaba nuestros pensamientos en aquel momento era la bomba que el IRA había hecho estallar en el Grand Hotel. Mató a cinco de nuestros amigos y estuvo a punto de matarme a mí, a otros miembros del Gabinete y a muchas personas más.

CAMBIAN LAS TORNAS

Hacia finales de octubre, la situación experimentó un nuevo y espectacular cambio. En el plazo de una semana, tuvieron lugar tres acontecimientos que resultaron especialmente esperanzadores para nosotros y debieron representar auténticos mazazos para el señor Scargill. En primer lugar, el martes 24 de octubre, la ejecutiva de la NACODS decidió finalmente no ir a la huelga. No está claro qué fue exactamente lo que ocurrió. Con toda probabilidad, los moderados de la ejecutiva debieron convencer a los representantes de la línea dura de que sus afiliados se negarían a hacer el papel de secuaces de Arthur Scargill.

En segundo lugar, fue en aquellas fechas cuando los procedimientos judiciales empezaron finalmente a producir resultados. He mencionado ya una querella interpuesta contra la NUM por dos mineros de Yorkshire: el Tribunal Supremo se había pronunciado a favor de los dos trabajadores y había dictaminado que la huelga de Yorkshire no podía considerarse «oficial». La NUM había ignorado el veredicto y, como resultado, un asombrado señor Scargill había recibido un requerimiento judicial en plena conferencia del Partido Laborista. El 10 de octubre, tanto él como el sindicato habían sido considerados culpables de desacato y les había sido impuesta una multa de 1.000 y 200.000 libras respectivamente. La multa del señor Scargill fue pagada anónimamente, pero la NUM se negó a pagar y el Tribunal Supremo ordenó el embargo de sus bienes. Pronto quedó claro que el sindicato minero se había preparado para la eventualidad, pero la presión financiera a la que se vio sometido fue muy fuerte y su capacidad organizativa quedó enormemente mermada.

Finalmente, el domingo 28 de octubre —tan sólo tres días después de la orden de embargo— el Sunday Times reveló que un miembro de la NUM había visitado Libia y había apelado personalmente al coronel Gaddafi, pidiéndole apoyo. Estas noticias eran asombrosas y hasta los amigos del señor Scargill quedaron consternados. A comienzos de octubre, él mismo (viajando con el alias de Mr. Smith) había visitado París, acompañado por su colega Roger Windsor, para entrevistarse con representantes del sindicato comunista francés, la CGT. En la reunión estuvo presente un libio que, según el señor Scargill afirmó posteriormente, era un representante de los sindicalistas de aquel país (una rara especie sin duda, ya que el coronel Gaddafi había disuelto todos los sindicatos tras su acceso al poder en 1969). Parece probable que Gaddafi hiciera una donación a la NUM. Aunque no se sabe cuál fue su importe, se ha sugerido una suma de 150.000 libras. La visita del señor Windsor a Libia fue una continuación de la reunión de París.

Está demostrado más allá de toda duda que la NUM recibió también una aportación procedente de otra fuente igualmente improbable: los inexistentes «sindicatos» de Afganistán, por aquel entonces controlado por los soviéticos. En septiembre habían empezado a aparecer informes de que la NUM estaba recibiendo ayuda de los mineros soviéticos, un grupo cuyos miembros habrían visto con envidia las libertades, ingresos y condiciones de trabajo de sus equivalentes británicos. La información fue confirmada en noviembre. Estaba perfectamente claro que la iniciativa contaba con el apoyo del Gobierno soviético, ya que en caso contrario los mineros soviéticos jamás habrían tenido acceso a una moneda convertible. Nuestro desagrado ante estas informaciones fue puesto en conocimiento del embajador soviético de forma inequívoca, y yo misma le planteé el tema al señor Gorbachov, quien afirmó no estar al corriente[33], durante su primera visita a Gran Bretaña en diciembre.

Todo esto dañó gravemente la causa de la NUM, incluso de cara a otros compañeros sindicalistas. El pueblo británico siente gran simpatía por quien lucha por su puesto de trabajo, pero muy poca por quien busca la ayuda de potencias extranjeras para destruir la libertad de su país.

En noviembre el suelo continuó abriéndose bajo los pies de los radicales de la NUM. La NCB aprovechó el momento para lanzar una campaña en favor de la vuelta al trabajo. Se anunció que los mineros que se reintegrasen antes del lunes 19 de noviembre recibirían una sustanciosa bonificación de Navidad. La NCB montó una campaña directa por correo para llamar la atención de los mineros en huelga sobre la oferta. Combinada con la creciente desilusión con el señor Scargill, tuvo un efecto inmediato. Durante la primera semana, justo después de realizarse la oferta, volvieron al trabajo 2.203 mineros, seis veces más que la semana anterior. El retorno más significativo se produjo en North Derbyshire. Nuestra estrategia consistía en permitir que esta campaña continuara sin intentar obtener de ella ninguna rentabilidad política explícita, lo que podría haber sido contraproducente. Les dije a los ministros que había que permitir que las cifras hablaran por sí mismas, pero que debíamos seguir recalcando hasta qué punto era generoso lo que se ofrecía. Yo estaba muy interesada en que el público fuera consciente de que, a pesar de todos los esfuerzos de Scargill, la situación estaba por fin encarrilada en la dirección correcta.

En un discurso pronunciado en un banquete ofrecido por el alcalde de Londres el lunes 12 de noviembre manifesté:

El Gobierno se mantendrá firme. La NCB no puede ir más lejos. Día tras día, hombres y mujeres responsables se van distanciando de esta huelga. Los mineros están reafirmando el derecho a reintegrarse a sus puestos de trabajo. Quienes pertenecen a otros sindicatos ven ahora claramente la verdadera naturaleza y fines de quienes dirigen esta huelga.

Este ha sido un conflicto trágico, pero algo bueno saldrá de él. La valentía y lealtad de los mineros que decidieron continuar en su puesto de trabajo y la de sus familias jamás será olvidada. Su ejemplo servirá para hacer avanzar la causa del sindicalismo moderado y razonable en todo el mundo. Cuando la huelga finalice la victoria habrá sido suya.

De hecho, permanecía en contacto con representantes de los mineros que continuaban trabajando. Estaba deseosa de verles, pero al parecer existían ciertas rivalidades entre dos grupos: entrevistarme con uno de ellos sin estar presente el otro habría producido resentimientos y recibir a ambos a la vez habría sido poco diplomático. Acepté los consejos de Peter Walker en este sentido, pero comenté a mi equipo de ayudantes que deseaba ofrecer una recepción a los representantes de todos estos mineros y sus esposas en el Número 10, cosa que de hecho hice. (También me encontré con algunos de ellos en un buffet, que tuvo como anfitrión a Woodrow Wyatt, a finales de marzo del año siguiente).

Como otras muchas personas, sospecho, en el transcurso de la huelga me había visto obligada a reflexionar mucho sobre los peligros que amenazan a la democracia. En julio, en vísperas de las vacaciones parlamentarias, había hablado ante una reunión del Comité del 22 (‘22 Committee) sobre el tema del «enemigo interior». El discurso había provocado un gran número de comentarios hostiles. Los críticos habían intentado distorsionar mis palabras sugiriendo que la expresión era una referencia a los mineros en su conjunto, y no a la minoría de militantes marxistas —que era a quienes realmente estaba dirigida. Volví sobre el tema en el discurso que pronuncié en la sede tradicional del conservadurismo, el club Carlton, la noche del lunes 26 de noviembre—. Yo era la segunda conferenciante, el primero había sido Harold Macmillan, que recientemente había atacado nuestra forma de actuar durante la huelga en el discurso, característicamente elegante, de su primera toma de posesión en la Cámara de los Lores. En mi análisis sobre la amenaza del extremismo antidemocrático no sólo había tenido en cuenta a los líderes de la NUM, sino también a los terroristas que habían mostrado sus criminales intenciones en el Grand Hotel de Brighton pocas semanas antes. Esta fue mi reflexión:

Últimamente está de moda el punto de vista, que resulta extremadamente conveniente para muchos grupos con intereses peculiares, de que no hay necesidad de aceptar el veredicto de la mayoría: de que la minoría debería ser libre de presionar, e incluso coaccionar, para invertir ese veredicto. Los marxistas, por supuesto, siempre han dispuesto de una excusa cuando pierden las votaciones: sus oponentes no tienen «conciencia de clase» y no es necesario tomar en cuenta sus puntos de vista. Pero como de costumbre, los marxistas sólo ofrecen una falsa coartada intelectual a grupos que lo único que persiguen es satisfacer sus propios intereses.

[…] Ahora que hemos ganado la lucha por la democracia, no es ninguna heroicidad violar las leyes del país como si aún siguiéramos luchando en una ciénaga en la que no hubiera surgido la civilización. El concepto fair play es una forma muy británica de definir el «respeto por las reglas». No debe utilizarse para permitir que la minoría se imponga a la mayoría tolerante. Con todo, estos son los peligros a los que nos enfrentamos hoy en día en Gran Bretaña. En un extremo del espectro se encuentran los grupos terroristas, que actúan dentro de nuestras propias fronteras, y los estados terroristas, que los financian y arman. En el otro se encuentra la izquierda pura y dura, que actúa desde dentro de nuestro sistema conspirando para servirse del poder de los sindicatos y el aparato de los gobiernos locales para violar, desafiar y subvertir las leyes.

La vuelta al trabajo siguió adelante, pero también lo hizo la huelga. A la policía le resultaba más difícil prevenir los actos de violencia e intimidación lejos de las bocas de las minas, ya que su perpetración no requería un gran número de hombres. Por ello, los sindicalistas más agresivos se concentraron en este tipo de acciones. Se produjeron multitud de incidentes. Uno que me impresionó especialmente tuvo lugar el viernes 23 de noviembre cuando Michael Fletcher, un minero de Pontefract, en Yorkshire, que seguía trabajando, fue atacado por un grupo de compañeros que le dio una paliza en su propio hogar. Por este crimen fueron arrestados nada menos que diecinueve hombres. Una semana más tarde se produjo uno de los sucesos más sobrecogedores de la huelga: un poste de cemento de un metro de longitud fue arrojado desde el puente de una autovía sobre un taxi que llevaba al trabajo a un minero del sur de Gales. El conductor, David Wilkie, murió. Me pregunté si el salvajismo de aquella gente tendría algún límite.

Al pasar la fecha límite de la bonificación navideña del 19 de noviembre, el regreso al trabajo se ralentizó un tanto. La esposa de uno de los mineros que seguían trabajando me envió un mensaje explicándome que existían dos razones adicionales. En primer lugar, algunos de los mineros que habían decidido reintegrarse a sus puestos lo harían después de las Navidades para evitar las amenazas a sus familias durante las vacaciones. En segundo lugar, había corrido la noticia de que iban a iniciarse nuevas conversaciones entre la NUM y la NCB, y las conversaciones siempre habían tenido un efecto negativo sobre el movimiento de vuelta al trabajo. A pesar de ello resultaba difícil impedir que se celebraran nuevas negociaciones, aunque era prácticamente seguro que la intransigencia del señor Scargill haría que fracasaran. Empleando como intermediario a Robert Maxwell, algunos personajes clave de la TUC estaban buscando desesperadamente una forma de poner fin a la huelga que permitiera a Scargill y a los huelguistas salvar la cara. Por supuesto, estaba claro que sólo asegurándonos de que éstos perdieran su prestigio, y de que la derrota y el rechazo por parte de su propia gente fueran manifiestos, conseguiríamos domar a los huelguistas. Sospecho que algunos de los líderes sindicales eran conscientes de ello. Desde luego, algunos de ellos tenían razones para saber que Norman Willis, secretario general de la TUC, había mantenido una actitud absolutamente honorable a lo largo de toda la huelga, contrariamente a lo que habían hecho los líderes del Partido Laborista. Hacía poco, aquel mismo mes, había hablado en un mitin de la NUM en el sur de Gales. Intentaron acallarle con gritos cuando condenó la violencia de los piquetes y, en un momento estremecedor del que fuimos testigos yo y millones de personas a través de la televisión, hicieron descender un lazo de horca desde el techo, que quedó suspendido justo por encima de su cabeza.

David Basnett, secretario general de la GMWU y Ray Buckton, secretario general de ASLEF, mantuvieron una reunión privada con Peter Walker en la que pusieron de manifiesto su deseo de que la TUC interviniera. Medité cuál debía ser nuestra respuesta. Por una parte, la última cosa que deseaba era franquear la entrada del Número 10 a los líderes de la TUC en su viejo papel de «intermediarios del poder». Por otra parte, un rechazo torpe podía granjearnos la enemistad del ala moderada de los sindicatos.

Aparentemente, la TUC proponía plantear a la NUM y la NCB la idea de una vuelta al trabajo seguida de negociaciones sobre un nuevo Plan para el Carbón. Estas tendrían una duración límite de entre ocho y doce semanas. La TUC deseaba saber si estaríamos dispuestos a dar nuestro apoyo a esta propuesta. En opinión de Peter Walker, tenía ciertas ventajas. Yo era más consciente de las dificultades que planteaba. Manifesté que existían tres principios a los que debíamos mantenernos fieles. En primer lugar, toda conversación sobre el futuro de la industria debía tener lugar tras la vuelta al trabajo. Además, no debía acordarse nada que socavara la posición de los mineros que habían seguido trabajando. Por último, era esencial impedir que la NUM afirmara que el programa de cierre de pozos había sido retirado o incluso que no habría cierres mientras duraran las negociaciones. Tenía que quedar bien claro que la NCB era libre de emplear el procedimiento de revisión de minas ya existente con arreglo a las modificaciones previstas en el acuerdo con la NACODS.

Al acabar el año, nuestro principal objetivo era favorecer la reincorporación de los mineros al trabajo a partir del 7 de enero, primer lunes laborable del nuevo año. Aunque la oferta de bonificación del NCB había expirado, seguían existiendo poderosos incentivos financieros para que los huelguistas volvieran al trabajo en un futuro inmediato ya que, si lo hacían antes de finalizar el año fiscal el 31 de marzo, pagarían poco en impuesto sobre la renta, de pagar algo. Un gran éxito estratégico sería conseguir que volviera al trabajo más de un 50 por ciento de los afiliados a la NUM. Si lo conseguíamos, el hecho sería equivalente, en términos prácticos y propagandísticos, a una votación nacional en favor de poner fin a la huelga. Esto requeriría la reincorporación de otros 15.000 mineros, objetivo para el cual la NCB estaba preparando una nueva campaña a través del correo y de anuncios en la prensa. También era vital comunicar a los mineros y a la opinión pública en general que, contrariamente a las predicciones cada vez más desesperadas e inverosímiles de Scargill, no habría restricciones energéticas ese invierno. Nos abstuvimos de hacer tal proclama hasta tener la absoluta seguridad de que podíamos cumplirla pero, finalmente, Peter Walker pudo hacer público, el 29 de diciembre, un comunicado manifestando que el presidente de la CEGB le había garantizado que, con el nivel alcanzado en la producción de carbón, no se producirían restricciones de energía en todo el año 1985.

LA HUELGA EMPIEZA A DESMORONARSE

La cuestión ahora era saber cuál sería el efecto de tantas novedades sobre la reincorporación al trabajo en enero. En algunas zonas el ritmo se vio inicialmente afectado por el mal tiempo, que también tuvo efectos negativos sobre el transporte de carbón (hasta hacía poco me preocupaba la posibilidad de que el invierno fuera frío, pero afortunadamente el tiempo fue bueno en la mayor parte del país). Según avanzaba el mes de enero, el ritmo fue en aumento. A mediados de mes, casi 75.000 miembros del sindicato minero habían abandonado la huelga y el ritmo de vuelta al trabajo se aproximaba ya a los 2.500 trabajadores a la semana. Estaba claro que el fin estaba cerca.

No tardó en aparecer una especie de patrón de conducta. En primer lugar los mineros establecían una «cabeza de puente» en los pozos en huelga: cincuenta o más de los que más ansiosos estaban por volver al trabajo entraban juntos, frecuentemente un jueves o un viernes, cuando su acción atraía menos atención. A partir de ahí, los acontecimientos podían desarrollarse muy rápidamente. El aumento de la producción no podía por menos que ser más lento que el ritmo de vuelta al trabajo, pero la tendencia en la buena dirección estaba ya presente.

Lo único que seguía teniendo capacidad para ralentizar el proceso era el anuncio de nuevas negociaciones; y así ocurrió. Cuando se hizo público el acuerdo entre la NCB y la NUM para celebrar «conversaciones sobre las conversaciones» a partir del lunes 21 de enero, se redujo el ritmo de vuelta al trabajo a algo menos de la mitad del de la semana anterior.

Mientras tanto, la atención del público se centraba cada vez más en los intentos de los encargados del embargo por seguir la pista y recuperar los fondos de la NUM, que habían sido transferidos al extranjero. A comienzos de diciembre, las nuevas acciones legales emprendidas por mineros habían llevado a la destitución de los fideicomisarios de la NUM y al nombramiento de un administrador judicial. Por supuesto, estos temas concernían básicamente a los tribunales pero, incluso con todas las armas legales, había tales dificultades para seguirle la pista al dinero que los responsables del embargo probablemente no hubieran podido ni tan siquiera cubrir sus gastos. Por ello, Michael Havers comunicó a la Cámara de los Comunes el martes 11 de diciembre que el Gobierno les indemnizaría por sus pérdidas. No podíamos quedarnos cruzados de brazos y dejar que se frustraran las iniciativas del Tribunal. También contribuimos intentando lograr la máxima colaboración de los Gobiernos extranjeros —Irlanda y Luxemburgo— en cuyas jurisdicciones había depositado su dinero la NUM. Hacia finales de enero se habían recuperado alrededor de 5 millones de libras. Si la posición de Scargill parecía desesperada, la del Partido Laborista era ridícula. Por aquel entonces, hubo otro debate de censura en la Cámara de los Comunes en el que intervine en nombre del Gobierno. Al igual que en la ocasión anterior desafié a Kinnock a que expusiera su posición, aunque fuera tardíamente:

Durante toda la huelga, su señoría ha tenido la opción de hacer frente a los líderes de la NUM o de mantenerse en silencio. Cuando los líderes de la NUM convocaron una huelga sin votación previa, desafiando las normas del propio sindicato, su señoría permaneció en silencio. Cuando, por medio de la violencia, los piquetes intentaron cerrar los pozos en Nottinghamshire y otros lugares, en contra de los deseos democráticamente expresados de los mineros locales, su señoría permaneció en silencio. Cuando la NUM intentó imponer la «ley de las masas» en Orgreave, su señoría permaneció en silencio. Sólo cuando el secretario general de la TUC tuvo la valentía de decirle a los líderes del sindicato minero que sus tácticas eran inaceptables, decidió su señoría asumir el papel de pequeño sir Eco. Desafío al líder de la oposición. ¿Urgirá su señoría a la NUM para que acepte ese acuerdo, o no?

[Miembros del Parlamento: «¡Conteste!»]

No contestará. No tiene valor para hacerlo.

Ahora el problema real era cómo y cuándo acabaría la huelga. A comienzos de febrero el número de mineros que volvían al trabajo descendió de nuevo debido al anuncio de nuevas conversaciones. La TUC seguía intentando actuar como intermediaria entre la NCB y la NUM. A estas alturas la NCB había llegado a la conclusión, muy correcta, de que durante las negociaciones debía ponerse todo por escrito para evitar que los líderes del sindicato minero pudieran deformar el contenido de las negociaciones con el fin de obtener ventajas tácticas. Por su parte, Scargill seguía afirmando en público que no estaba dispuesto a aceptar el cierre de pozos por motivos económicos. No resulta pues nada sorprendente que los mineros que trabajaban y sus familias se sintieran preocupados y perplejos por la noticia de la reanudación de las negociaciones. El lunes 4 de febrero escribí a la mujer de un minero para tranquilizarla:

Comprendo perfectamente su temor de que los líderes de la NUM consigan eludir sus responsabilidades por todo el dolor que han causado, pero creo que los miembros de la Junta del Carbón se han mantenido y siguen manteniéndose firmes en su posición. Por mi parte, he dejado bien claro que no debe haber equívocos sobre la cuestión central, y que no podemos traicionar a los mineros que trabajan, a los que tanto debemos […].

Por aquellas fechas, los responsables de la NUM no podían albergar duda alguna sobre hasta qué punto se habían vuelto en su contra los acontecimientos desde el conflicto de la NACODS del otoño anterior. Los líderes de ésta organización empezaron a presionar a la NCB para que se reanudaran las negociaciones con el fin de ayudar a la NUM. Escarmentada por sus anteriores errores, la NCB evitó dar a la NACODS excusa alguna para que volviera a amenazar con un conflicto laboral.

Los líderes de la TUC seguían mostrándose ansiosos por evitar una derrota humillante de los sindicalistas, pero estaba claro que Scargill no tenía la más mínima intención de ceder; de hecho, había afirmado públicamente que prefería una vuelta al trabajo sin acuerdo antes que aceptar las propuestas de la NCB. Por su parte, ésta había comunicado a la TUC que no existía ninguna base para la negociación en los términos que seguía exigiendo la NUM. Yo reconocía que, aunque sus motivos eran sin duda ambivalentes, los líderes de la TUC, y en especial el secretario general, habían venido actuando de buena fe. Debían de haber comprendido a aquellas alturas que no había posibilidad de razonar con Scargill. Por consiguiente, cuando una delegación de la TUC pidió entrevistarse conmigo acepté.

Me reuní con Norman Willis y otros líderes sindicales en el Número 10, la mañana del martes 19 de febrero. Por parte del Gobierno me acompañaban Willie Whitelaw, Peter Walker y Tom King. La reunión se desarrolló en un ambiente cordial. Norman Willis hizo una exposición muy ajustada a la realidad sobre la posición negociadora de la NUM. Como respuesta, dijo que apreciaba los esfuerzos de la TUC. También yo deseaba que la huelga se resolviera lo antes posible, pero esto exigía una clara solución a las cuestiones básicas del conflicto. No servía a los intereses de ninguna de las partes poner fin a la huelga con una fórmula equívoca, ya que las discusiones sobre su interpretación y las acusaciones de mala fe podían convertirse en la base de un nuevo enfrentamiento. No estaba de acuerdo con Wil que hubiera muestras de que se estuviera produciendo un cambio significativo en la posición de la ejecutiva de la NUM. Ofrecí garantías de que el acuerdo con la NACODS sería respetado en su totalidad y aseguré que no veía dificultad alguna en su puesta en práctica. Una resolución eficaz del conflicto requería una clara comprensión de cuáles eran los procesos pertinentes para proceder al cierre de los pozos, el reconocimiento del derecho de la NCB a gestionarlos y tomar las decisiones finales, y la aceptación de que la Junta tomaría en consideración el rendimiento económico de los pozos a la hora de decidir.

EL FINAL DE LA HUELGA

Resultaba ya evidente para los mineros y la opinión pública en general que la TUC no estaba dispuesta a impedir que los acontecimientos siguieran su curso, ni tenía capacidad para hacerlo. Los mineros estaban volviendo al trabajo en gran número y el ritmo iba en aumento. El miércoles 27 de febrero se alcanzó la cifra mágica: más de la mitad de los afiliados a la NUM habían abandonado ya la huelga. El domingo 3 de marzo, en una conferencia de delegados de la NUM, se votó a favor de la vuelta al trabajo, en contra de los consejos de Scargill. Así ocurrió, a lo largo de los días siguientes, incluso en las zonas de mayor militancia. Aquel domingo concedí una entrevista a los periodistas en el exterior del Número 10. A la pregunta de quién había ganado, si es que había ganado alguien, repliqué:

Si alguien ha ganado han sido los mineros que permanecieron en el trabajo, los estibadores que permanecieron en el trabajo, los trabajadores del sector de la energía que permanecieron en el trabajo, los conductores de camiones que permanecieron en el trabajo, los ferroviarios que permanecieron en el trabajo y los directivos que permanecieron en el trabajo. En otras palabras, toda la gente que hizo que las ruedas de Gran Bretaña siguieran girando y que, a pesar de la huelga, logró una producción global récord en el país el año pasado. Ha sido toda la población trabajadora de Gran Bretaña la que ha mantenido en marcha el país.

Así terminó la huelga. Había durado casi exactamente un año. Incluso en aquel momento era imposible tener la seguridad de que los sindicatos no fueran a encontrar alguna nueva excusa para convocar otra huelga al invierno siguiente, por lo que adoptamos medidas para volver a acumular reservas de carbón y petróleo y continuamos vigilando muy de cerca los acontecimientos en la industria del carbón. Me preocupaba especialmente el peligro al que se enfrentaban los mineros que se habían mantenido en sus puestos y sus familias ahora que la atención general se había alejado de los pueblos mineros. En mayo me reuní con Ian MacGregor para subrayar hasta qué punto era vital que recibieran la consideración y el apoyo necesarios.

Como conflicto laboral, la huelga había sido totalmente innecesaria. La posición de la NUM durante toda la huelga —que no se podían cerrar los pozos no rentables— era totalmente irracional. Jamás durante todo mi período como primera ministra hubo ningún otro grupo que hiciera demandas similares, y menos aún que fuera a la huelga por ellas. Solamente en un estado totalitario, con una economía de sitio, una industria nacionalizada, control de la mano de obra y barreras a la importación, podría haber funcionado la industria del carbón al margen de las realidades financieras y las fuerzas de la competencia, y aun así, lo habría hecho por poco tiempo. Pero, para la gente como Scargill, estos eran objetivos deseables. La inviabilidad de la política de la NUM respecto al cierre de los pozos es una pista más —si las declaraciones públicas no fueran suficiente— sobre la naturaleza real de aquel conflicto.

La huelga estableció sin lugar a dudas la evidencia de que la industria del carbón británica no podía ser inmune a las fuerzas económicas, que se aplican tanto en el sector público como en el privado. A pesar de las fuertes inversiones, el carbón británico ha sido incapaz de competir en los mercados mundiales y, como resultado, la industria británica del carbón ha sufrido un declive aún mayor de lo que ninguno de nosotros había previsto en tiempos de la huelga.

Con todo, el conflicto minero siempre tuvo motivos que iban mucho más allá del problema de los pozos no rentables. Fue una huelga política, y por ello su resultado tuvo un alcance que trascendía con mucho la esfera económica. Desde 1972 a 1985, la opinión al uso mantenía que Gran Bretaña sólo era gobernable con el consentimiento de los sindicatos. Ningún gobierno podía realmente sobrevivir a una huelga importante, especialmente a una huelga del sindicato minero, y menos aún salir victorioso. Incluso cuando estábamos introduciendo reformas en las leyes sindicales, superando conflictos menores como la huelga de las acerías, mucha gente, y no sólo de izquierdas, seguía pensando que los mineros tenían en su mano el veto definitivo, y que algún día lo utilizarían. El día de la confrontación había llegado y había tocado a su fin. Nuestra determinación de hacer frente a la huelga animó a los sindicalistas de a pie a hacer frente a los activistas de la organización. Lo que el resultado de la huelga dejó perfectamente claro fue que la izquierda fascista no conseguiría hacer ingobernable Gran Bretaña. Los marxistas querían desafiar las leyes del país con el fin de desafiar las leyes de la economía. Fracasaron y, al hacerlo, demostraron hasta qué punto son mutuamente interdependientes una economía libre y una sociedad libre. Es una lección que nadie debería olvidar.

CAPÍTULO XIV

La sombra de los pistoleros

La respuesta política y de seguridad al terrorismo del IRA: 1979-1990

LA BOMBA DE BRIGHTON

Como era normal, hacia el final de la semana del Congreso del Partido de 1984, yo estaba cada vez más nerviosa con mi discurso. Un buen discurso ante el Congreso no puede escribirse así como así, de antemano; hay que tomar el pulso al congreso para lograr el tono correcto. Pasé todo el tiempo que pude elaborando el texto con los redactores durante la tarde y la noche del jueves, salí para hacer una visita relámpago al baile de los conservadores y volví a mi suite del Grand Hotel poco después de las once.

Sobre las tres menos veinte de la madrugada, el discurso, por lo menos desde mi punto de vista, estaba terminado. Así que mientras los redactores, a los que se había sumado Norman Tebbit, se iban a la cama, mis sacrificados ayudantes empezaron a mecanografiar lo que yo esperaba que fueran los últimos cambios en el texto, y preparaban la cinta para el monitor. Entre tanto, seguí despachando algunos asuntos de gobierno.

A las tres menos diez Robin Butler me pidió que viera un último informe. Era sobre el Festival de Jardinería de Liverpool. Le di a Robin mi opinión y empezó a recoger los papeles. A las tres menos seis minutos un ruido sordo, muy fuerte, sacudió la habitación. Hubo unos instantes de silencio y luego otro segundo ruido algo diferente, originado por el derrumbe de la estructura del edificio. Me di cuenta inmediatamente de que se trataba de una bomba, quizá dos bombas, una grande seguida de otra menor. Pero, al principio no sabía que la explosión se había producido dentro del hotel. Los cristales de las ventanas de mi salón estaban esparcidos por la alfombra. Pero yo pensé que podría tratarse de un coche bomba en la calle. No me di cuenta de que la bomba había explotado encima de nosotros hasta que Penny, la mujer de John Gummer, bajó todavía en pijama. El cuarto de baño contiguo había sufrido mayores daños, aunque las consecuencias para mí se limitaron a algunos pequeños cortes. Los que pretendían matarme habían colocado la bomba donde no era.

Aparte de los cristales rotos y una alarma que se había disparado con la explosión, había una normalidad extraña y, según se vio después, decepcionante. Las luces, afortunadamente, permanecieron encendidas. Durante un tiempo tuve presente la importancia de aquel hecho y hasta meses después siempre dejaba una linterna junto a mi cama cuando pasaba la noche en una casa ajena. Denis asomó la cabeza por la puerta del dormitorio, vio que yo estaba bien y volvió a meterse en la habitación para vestirse. Ninguno de nosotros logra entender por qué se llevó, además, otro par de zapatos, que luego habría de usar Charles Price, embajador norteamericano, que había perdido los suyos en la confusión al abandonar el hotel. Mientras «Crawfie» reunía mi neceser, unas blusas y dos trajes, uno de ellos para el día siguiente, Robin Butler entró para encargarse de los documentos estatales. Crucé el rellano hasta el cuarto de las secretarias para ver si estaban bien. Una de ellas había recibido una descarga eléctrica de la fotocopiadora. Pero, aparte de eso, todo iba bien. Se preocupaban tanto por mi discurso, mecanografiado sólo en parte, como por ellas mismas. «No ha pasado nada», me aseguraron, «tenemos el discurso». Una copia fue directamente a mi portafolios.

Para aquel entonces comenzó a aparecer cada vez más gente en el despacho de las secretarias: los Gummer, los Howe, David Wolfson, Michael Alison y otros; despeinados, nerviosos, pero sin perder la calma. En ese momento, salvo los heridos, ninguno de nosotros tenía una idea clara de la magnitud de los daños. Mientras hablábamos, mis detectives se ocuparon lo mejor que pudieron de nuestra seguridad inmediata. Siempre existe el temor a una segunda bomba, programada cuidadosamente para atrapar y matar a los que huyen de la primera explosión. También tenían que encontrar un camino despejado y seguro para salir del hotel.

A las tres y diez empezamos a salir en grupos. La primera ruta que nos habían sugerido resultó impracticable y un bombero nos hizo volver atrás. Así que regresamos al despacho a esperar. Más tarde nos dijeron que se podía salir, y bajamos por la escalera principal. Fue entonces cuando, al ver los escombros en la entrada, comprendí por primera vez la potencia de la explosión. Esperaba que el conserje no hubiera resultado herido. El aire estaba plagado de un espeso polvo de cemento que me entraba en la boca y me cubría la ropa, mientras sorteaba escombros y muebles rotos hacia la puerta posterior del hotel. Todavía no se me había ocurrido que pudiera haber muerto nadie.

Diez minutos más tarde Denis, «Crawfie» y yo llegamos en un coche de la policía a la comisaría de Brighton. Nos ofrecieron un té en el despacho del comisario. Pronto empezaron a llegar amigos y colegas para verme. Entró Willie Whitelaw. También llegaron los Howe, con su perrito Budget. Pero, con quienes más tenía que hablar era con Leon Brittan, ministro del Interior, y con John Gummer, presidente del partido. En aquel momento ninguno de nosotros sabía si el congreso podría continuar. ¿No habría sido en la sala de congresos donde habían puesto la bomba?. Pese a todo, yo ya tenía decidido que, si era físicamente posible hacerlo, pronunciaría mi discurso. Hubo algún comentario sobre si yo debía volver al Número 10, pero les dije «No, yo me quedo». Por fin quedó decidido que pasara el resto de la noche en la Escuela de Policía de Lewes. Me cambié el vestido de noche por un traje azul y, al salir de la comisaría con Denis y «Crawfie», hice una breve declaración a la prensa. Después de esto nos llevaron en coche a Lewes.

Nadie pronunció palabra durante el trayecto. Todos seguíamos con el pensamiento en el Grand Hotel. Ya fuera por casualidad o por disposición previa, no había nadie en la Escuela. Me dieron una pequeña sala con una televisión y un dormitorio con dos camas y baño privado. A Denis y a los detectives les fueron asignadas otras habitaciones siguiendo el mismo pasillo. «Crawfie» y yo compartimos la mía. Nos sentamos cada una en su cama especulando sobre lo que había sucedido. Yo ya estaba convencida de que debía de haber heridos. Pero no sabíamos nada.

Sólo podíamos hacer una cosa. Crawfie y yo nos arrodillamos cada una al lado de su cama y rezamos durante un rato en silencio.

No había llevado conmigo ropa para dormir, así que me tumbé totalmente vestida y dormí, más bien mal, durante quizás una hora y media. Me desperté al oír el noticiario de las seis y media en la televisión. Las noticias eran malas, mucho peores de lo que había temido. Vi las imágenes de cómo sacaban a Norman Tebbit de los escombros. Luego llegó la noticia de que Roberta Wakeham y el diputado Anthony Berry habían muerto. Sabía que no podía permitir que me dominaran las emociones. Tenía que estar en forma física y mentalmente para el día que tenía por delante. Traté de no mirar aquellas imágenes escalofriantes, aunque no me sirvió de mucho. Necesitaba conocer todos los detalles de lo que había sucedido, pero cada uno era peor que el anterior.

Me di un baño rápido, me cambié y tomé un desayuno frugal con mucho café. Pronto quedó claro que el Congreso podía seguir adelante. Le dije al agente de policía que estaba al mando que tenía que volver a Brighton para comenzar a tiempo la conferencia.

Era un típico día de otoño y cuando íbamos en el coche hacia Brighton el cielo estaba despejado y el mar en calma. Al llegar, vi la fachada del Grand Hotel: toda una sección vertical del edificio se había derrumbado.

Después nos dirigimos a la sala de congresos. A las nueve y veinte comenzó la sesión inaugural y a las nueve y media en punto los funcionarios de la Unión Nacional[34] y yo subimos al estrado. (Muchos de ellos habían tenido que dejar la ropa en el hotel pero Alistair McAlpine había convencido a los de la tienda Mark & Spencer para que abrieran más temprano, y para entonces estaban todos impecablemente vestidos). Sólo estaba llena la mitad de la sala ya que había un riguroso control de seguridad que impedía la entrada de la multitud. Pero la ovación fue colosal. Todos estábamos contentos de estar vivos, pero tristes por la tragedia y decididos a demostrarles a los terroristas que no habían podido quebrantar nuestro espíritu.

Casualmente —aunque resultaba muy apropiado en aquellos momentos— el primer debate trataba sobre Irlanda del Norte. Me quedé a escucharlo y después me marché para dar una última revisión completa a mi discurso. Michael Alison (mi secretario privado en el Parlamento) y yo, fuimos a un despacho cercano donde nos dedicamos a eliminar del discurso la mayor parte de las secciones partidistas: no era el momento adecuado para atacar al Partido Laborista sino el de abogar por una unidad en defensa de la democracia. Tuvimos que volver a escribir páginas enteras, pero había pasajes muy duros relacionados con la ley y el orden que pudimos utilizar tal cual estaban. Después Ronnie Millar pulió el texto a medida que le dábamos una última lectura. Mientras tanto, y a pesar de los esfuerzos por parte de mi equipo para reducir al máximo las interrupciones, recibía mensajes y despachaba visitas de colegas y amigos. Me enteré de que John Wakeham continuaba sin ser rescatado de entre los escombros y que todavía había muchas personas desaparecidas. Llegaban flores constantemente, que luego enviamos al hospital donde habían trasladado a los heridos.

Como en los viejos tiempos, pronuncié mi discurso valiéndome del texto mecanografiado y no del autocue, y también improvisé mucho. Pero sabía que lo más importante no era lo que decía sino el hecho de que yo, la primera ministra, podía estar allí para decirlo. No me detuve demasiado en lo que había pasado. Pero traté de expresar con pocas palabras lo que todos sentíamos.

El atentado […] no fue sólo un intento de interrumpir y poner fin a nuestro Congreso. Ha sido un intento de cercenar el Gobierno de Su Majestad, elegido democráticamente. Esa es la magnitud del atentado que todos hemos sufrido. Y el hecho de que ahora estemos aquí reunidos, conmocionados pero serenos y decididos, no sólo es la señal de que este ataque ha fracasado, sino también la señal de que todos los intentos de destruir la democracia estarán condenados al fracaso.

No continué allí después de mi discurso, sino que me fui inmediatamente al Royal Sussex County Hospital a visitar a los heridos. Habían muerto ya cuatro personas. A Muriel McLean le estaban administrando suero y moriría poco después. John Wakeham seguía inconsciente y así permanecería aún varios días. Tuvo que ser sometido a una serie de operaciones diarias durante un tiempo para poder salvarle las piernas que habían quedado aplastadas por los escombros. Por casualidad, todos conocíamos al especialista que le estaba atendiendo, Tony Trafford, que había sido diputado por el Partido Conservador. Pasé horas al teléfono intentando conseguir la mejor información posible sobre traumatólogos expertos en fracturas por aplastamiento. Al final resultó que había en el hospital un médico de El Salvador con la experiencia necesaria. Entre los dos lograron salvarle la pierna a John. Yo estaba aún en el hospital cuando Norman Tebbit volvió en sí y logramos intercambiar unas pocas palabras. Tenía la cara hinchada por haber permanecido tanto tiempo bajo los escombros. Apenas pude reconocerlo. También hablé con Margaret Tebbit que estaba en la unidad de cuidados intensivos. Me dijo que no sentía nada del cuello para abajo. Como había sido enfermera, sabía bien lo que aquello significaba.

Dejé el hospital impresionada por tanto valor y sufrimiento. Aquella tarde me llevaron en coche a Chequers a una velocidad a la que no recuerdo haber viajado nunca antes, rodeada por toda una escolta de motoristas. Pasé toda la noche allí, que ya era como mi propio hogar, pensando en aquellos que ya no podrían volver más al suyo.

EL DILEMA IRLANDÉS

Lo que sucedió en Brighton impactó al mundo entero. Pero la gente de Irlanda del Norte y las fuerzas de seguridad se enfrentan día tras día con la despiadada realidad del terrorismo. No hay excusas para el reinado de terror del IRA. Si su violencia fuera, como la calificaban erróneamente, «insensata», sería más fácil catalogarla como la manifestación de un desorden psíquico. Pero el terrorismo no es eso, aunque pueda resultar atractivo para muchos psicópatas. El terrorismo es el empleo calculado de la violencia y de su amenaza para lograr fines políticos. En el caso del IRA esos fines son coaccionar a la mayoría del pueblo de Irlanda del Norte, que ya ha evidenciado su voluntad de mantenerse dentro del Reino Unido, para que se integren en un Estado único irlandés. En aras del objetivo político se cometen crímenes de otros tipos como robos, impuestos revolucionarios, fraude, por nombrar sólo unos pocos.

Hay terroristas en ambas comunidades, la católica y la protestante, y demasiada gente que les apoya o, al menos, aprueba sus actividades. Además, oponerse al terrorismo implica grandes riesgos personales. Y en consecuencia resulta prácticamente imposible hacer una política de seguridad aislada, la necesaria para prevenir los ataques terroristas y aislar a quienes los ejecutan, desde el amplio y antiguo enfoque político del «Problema de Irlanda del Norte». Para algunas personas, esa conexión implica hacer concesiones a los terroristas, particularmente las que debilitan la Unión entre el Ulster y Gran Bretaña. Pero para mí eso nunca se planteó así. Mi política sobre Irlanda del Norte siempre se basó en el respeto, sobre todo, de la democracia y de la ley. Por lo tanto, siempre estuvo condicionada por lo que consideré, en cada momento, lo mejor para la seguridad.

El IRA es el núcleo del problema del terrorismo y si pudiera ser derrotado probablemente desaparecería su contrapartida en el lado protestante. Pero la mejor oportunidad para vencerlos sería que se dieran tres condiciones. Primero, que el IRA fuera rechazado por la minoría nacionalista de la que depende para su cobertura y soporte[35]. Para esto sería necesario que la minoría apoyara o, al menos, aceptara el esquema constitucional del Estado en el que viven. Segundo, que el IRA se quedara sin el apoyo internacional, ya fuera de los bienintencionados aunque ingenuos norteamericanos de origen irlandés, o de los regímenes revolucionarios árabes, como el del coronel Gaddafi. Esto exige prestar una atención constante a la política exterior explicando los hechos a los desinformados y quitándoles las armas a los malintencionados. Tercero, y vinculado con los dos anteriores, que las relaciones entre Gran Bretaña y la República de Irlanda se traten con el máximo cuidado. Aunque el IRA tiene mucho apoyo en zonas como el Oeste de Belfast dentro de Irlanda del Norte, muy a menudo suele ser en el Sur donde van a entrenarse, recibir dinero, armas y a esconderse después de haber cometido crímenes dentro del Reino Unido. La frontera, extensa y difícil de patrullar, tiene una importancia crucial para el problema de la seguridad. Mucho depende de la buena voluntad y la habilidad de los líderes políticos de la República para cooperar con nuestras fuerzas de seguridad, inteligencia y cortes de justicia. Por eso durante mi mandato se conectaron los temas políticos con los de seguridad.

Yo soy, por naturaleza, partidaria de la unión. Por lo tanto es bastante paradójico que mis relaciones con los políticos unionistas fuesen casi siempre tan incómodas. Airey Neave y yo sentíamos una enorme simpatía por los unionistas cuando estábamos en la oposición. Sabía que aquella gente compartía muchas de mis actitudes provenientes de una educación sólidamente metodista. Eran muy cordiales pero también muy herméticos. Su patriotismo era real y ferviente, aunque estrecho de miras. Habían dado por hechas demasiadas cosas. Como resultado de mis visitas a Irlanda del Norte, habitualmente después de horribles tragedias, llegué a profesar una admiración especial por las pequeñas comunidades rurales protestantes, sobre todo por la forma en que se unían y se apoyaban unos a otros después de que ocurría algo terrible. Además, en el fondo todos los conservadores eran un poco unionistas. A lo largo de toda su historia, nuestro partido ha estado siempre comprometido con la defensa de la unión. De hecho, en vísperas de la Primera Guerra Mundial los Conservadores casi provocan un levantamiento civil por apoyarla. Es por eso que nunca he podido comprender por qué importantes unionistas insinuaron, aparentemente en serio, que lo que yo intentaba a través de mis negociaciones con el Sur y sobre todo durante la elaboración del acuerdo anglo-irlandés, que pronto analizaremos, era venderlos a la República.

¿Pero existirá algún día un político británico que entienda realmente a Irlanda del Norte? Sospecho que incluso hasta los más apasionados partidarios británicos del Ulster le entienden mucho menos de lo que se creen. Por cierto, una y otra vez descubrí que palabras y frases aparentemente inocuas tenían un significado especial en el recalentado mundo político del Ulster. Incluso alegan que el usar este último nombre para la provincia implica un sesgo protestante. En la historia de Irlanda, del Norte y del Sur, (que siempre que pude intenté leer, especialmente en mis primeros años de mandato), la realidad y los mitos desde el siglo XVII hasta los años 1920 tienen un carácter muy similar a los de los Balcanes. La desconfianza llega hasta el aborrecimiento y las venganzas siempre están a punto de aflorar políticamente. Y quienes se dediquen a ella deben hacerlo con extrema precaución.

Comencé por la necesidad de incrementar la seguridad, cosa que era imprescindible. Si aquello implicaba tener que hacer algunas concesiones políticas al Sur, yo no tenía más remedio que aceptarlo por más que me disgustasen aquel tipo de negociaciones. Pero teníamos que lograr resultados en términos de seguridad. Incluso en Irlanda del Norte yo hubiera optado al principio por un gobierno de la mayoría, un gobierno establecido con el mismo fundamento que el de Westminster y sujeto a su supremacía, con fuertes garantías para los derechos humanos de la minoría y de todos los demás. Esa es, a grandes rasgos, la aproximación que Airey y yo teníamos en mente cuando se elaboró el Manifiesto de 1979. Pero poco después me di cuenta que ese modelo no podría funcionar, al menos de momento. La minoría nacionalista no estaba dispuesta a creer que el gobierno de la mayoría asegurara sus derechos, fuera bajo la forma de una asamblea en Belfast o de un gobierno local más poderoso. Insistieron en llegar a algún tipo de «poder compartido» (que ambos bandos participasen de algún modo en la función ejecutiva) además de pedir que la República desempeñara un papel en Irlanda del Norte. Ambas demandas eran anatema para los unionistas.

Siempre sentí mucho respeto por el antiguo sistema Stormont[36]. Cuando yo era ministra de Educación estaba impresionada por la eficiencia del servicio educacional de Irlanda del Norte. La provincia había conservado los institutos de segunda enseñanza, logrando así algunos de los mejores resultados académicos del Reino Unido. Pero el gobierno de la mayoría implicaba un permanente poder de los protestantes y, haciendo justicia, no se podía negar el hecho de que los largos años de gobierno unionista fueron años de discriminación contra los católicos. Creo que se exageraron los errores, pero el resentimiento de los católicos fue utilizado para crear el movimiento por los derechos humanos de finales de la década de 1960, que el IRA explotaría. A principios de 1972 se produjeron desórdenes civiles a una escala tal que se suspendió el Stormont reemplazándose por un gobierno directo desde Londres. Simultáneamente el Gobierno británico garantizó que, mientras así lo expresara la mayoría del pueblo irlandés, Irlanda del Norte seguiría formando parte del Reino Unido, y esa ha seguido siendo la piedra fundamental del gobierno de ambos partidos.

La realidad política de Irlanda del Norte impidió el regreso a un gobierno de la mayoría. Aquello fue algo que muchos unionistas se negaron a aceptar, pero en 1974 se había unido a ellos Enoch Powell en la Cámara de los Comunes, quien contribuyó a que algunos cambiasen radicalmente de opinión. Su objetivo era la «integración». Esencialmente, aquello habría significado la eliminación de cualquier diferencia entre el Gobierno de Irlanda del Norte y el del resto del Reino Unido, descartar la idea de una devolución (se tratase de un gobierno de la mayoría o de un co-gobierno) como la de asignar ningún tipo de papel especial para la República. El criterio de Enoch era que la incertidumbre de la posición constitucional del Ulster favorecía a los terroristas; sostenía que para acabar con aquella incertidumbre había que lograr una integración plena combinada con una severa política de seguridad. No estoy de acuerdo con ese planteamiento por dos razones. Primero porque, como ya he dicho, no creía que el tema de la seguridad pudiera tratarse por separado de otros temas políticos de mayor amplitud. Segundo, porque nunca consideré que un gobierno o una asamblea delegados fuesen un factor de debilitamiento para Irlanda del Norte, sino más bien de fortalecimiento para la unión. Al igual que el anterior sistema Stormont, otorgaría a Dublín una clara perspectiva de alternativa sin por ello minar la soberanía del Parlamento de Westminster.

PRIMEROS INTENTOS DE DEVOLUCIÓN

Aquello era lo que pensaba sobre el futuro de Irlanda del Norte cuando asumí el poder. Mi convicción de que deberían aumentarse los esfuerzos tanto en el frente político como en el de seguridad, se vio fortalecida por los acontecimientos del segundo semestre de 1979. En el transcurso de aquel mes de octubre se discutió en el Gobierno la necesidad de una iniciativa con el fin de devolver Irlanda del Norte. Yo no me sentía muy optimista con las perspectivas, pero acepté que se redactara un documento sobre las opciones a discutir. Se convocaría una conferencia con los principales partidos de Irlanda del Norte para estudiar el tipo de acuerdo al que se podría llegar.

El lunes 7 de enero de 1980, se inauguró la conferencia de Belfast. Desde los traumáticos acontecimientos de finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, las fuerzas del unionismo en Irlanda del Norte se dividieron, añadiendo la rivalidad entre facciones a los demás problemas que ya tenía el Ulster. En aquella ocasión, el mayor grupo unionista, el Partido Unionista Oficial (OUP) se negó a asistir. Sí lo hicieron el combativo partido del doctor Paisley, el Partido Unionista Democrático (DUP), el de mayoría católica y nacionalista Partido Social Demócrata coaligado con el Partido Laborista (SDLP) y el moderado partido de clase media Partido de Alianza. Pero no existía entre ellos ninguna base en común, cosa que no sorprendió a nadie.

En marzo suspendimos la conferencia y empezamos a considerar la posibilidad de presentar propuestas más concretas a través de un Libro Blanco. En junio los ministros se reunieron para discutir un proyecto presentado por el ministro para Irlanda del Norte, Humphrey Atkins. Yo había introducido algunas modificaciones en el texto teniendo en cuenta la susceptibilidad de los unionistas. No me sentía más optimista que antes en cuanto al éxito de aquella iniciativa, pero creí que valía la pena el esfuerzo y estuve de acuerdo en que el Libro Blanco se publicara a principios de julio. En él se describían las áreas (excluyendo la de seguridad) en las que se transferirían los poderes a un Ejecutivo elegido por una asamblea provincial. También se detallaban dos maneras posibles de elegir ese Ejecutivo: una que optaba por el gobierno de la mayoría, y otra que planteaba un poder compartido. Prosiguieron las discusiones con los partidos de Irlanda del Norte durante el verano y el otoño. Pero en noviembre ya estaba claro que nunca alcanzarían un acuerdo suficiente como para continuar con la asamblea.

En cualquier caso, los presos republicanos de la cárcel de Maze habían iniciado la primera de sus dos huelgas de hambre. Decidí que mientras se mantuvieran en esa actitud era imposible tomar ninguna decisión política. No debíamos dar la impresión de que accedíamos a las demandas terroristas. En aquel entonces también fui muy prudente respecto a los contacto de alto nivel con el Gobierno Irlandés, por idéntica razón.

Charles Haughey había sido elegido líder del Partido Fianna Fáil y Taoiseach[37] a mediados de diciembre de 1979. Durante toda su carrera Haughey había estado relacionado con las filas más republicanas dentro de una política irlandesa respetable. Aunque la «respetabilidad» estaba sujeta a mucha controversia: en un famoso caso de 1970, y siendo ministro irlandés, se le acusó de estar implicado en la importación de armas para el IRA. Aquel solo hecho podía inhibir su republicanismo. A mí me parecía una persona accesible, menos hablador y más realista que Garret FitzGerald, el líder de Fine Gael. Charles Haughey era un hombre duro, hábil y astuto políticamente, con pocas ilusiones y, estoy segura, poco afecto hacia los británicos. Me había ido a visitar al Número 10 en mayo y habíamos mantenido una discusión amable y en términos generales sobre la situación de Irlanda del Norte. Insistió en establecer un paralelismo, que me pareció muy poco convincente, entre la solución que yo había encontrado para el problema de Rodesia y la que se buscaba para Irlanda del Norte. No estaba segura de si aquello era una forma irlandesa de dar coba o era pura adulación premeditada. Me llevó de regalo una hermosa tetera de plata georgiana, lo cual fue muy amable de su parte. (Costaba más del límite fijado para regalos oficiales y tuve que dejarla en el Número 10 al acabar mi mandato). La siguiente vez que volví a encontrarme con el señor Haughey, que fue cuando ambos asistimos a la reunión del Consejo Europeo en Luxemburgo, el lunes 1 de diciembre de 1980, la principal preocupación de los irlandeses era la huelga de hambre.

LAS HUELGAS DE HAMBRE

Para comprender el telón de fondo de las huelgas de hambre, es necesario hacer referencia a la «categoría especial» de los presos terroristas convictos en las cárceles de Irlanda del Norte, instaurada como concesión al IRA en 1972[38]. Aquello fue, como pronto quedó demostrado, un error. Se anuló en 1976. A partir de entonces los presos condenados por tales delitos serían tratados como presos comunes, sin privilegio de ningún tipo en cuanto a ropa o derecho a asociación. Pero la medida no era retroactiva. Por lo tanto algunos presos de «categoría especial» siguieron en celdas aparte y con un régimen diferente al de otros terroristas. En los llamados «bloques H» de la cárcel de Maze donde estaban los terroristas presos, las protestas habían sido más o menos constantes, incluyendo la desagradable «protesta sucia», que consistió en ensuciar las celdas y destruir el mobiliario. El 10 de octubre un número determinado de presos anunció su intención de iniciar una huelga de hambre el lunes 27 de octubre, si no se accedía a algunas de sus demandas. De todas ellas, las más significativas eran las de que se les permitiese usar su propia ropa, reunirse libremente con otros presos «políticos» y prescindir del trabajo obligatorio.

A continuación hubo varias reuniones entre diferentes ministros para ver cuáles eran las concesiones que podrían hacerse para evitar la huelga. Mi intuición me decía que no debíamos ceder ante las presiones pero era evidente que no podía cambiarse el régimen carcelario una vez iniciada la huelga. Jamás se barajó la posibilidad de concederles un estatuto político. Pero el jefe de policía de la RUC creía que hacer algunas concesiones antes de la fecha marcada por ellos ayudaría a controlar la amenaza de disturbios que acarrearía dicha huelga y, aunque no creíamos que con ello pudiésemos evitar la huelga de hambre, estábamos deseosos de ganar la batalla ante la opinión pública. Por lo tanto acordamos que se permitiera a todos los presos (y no sólo a los que habían cometido crímenes terroristas) vestirse de civil, aunque no con ropa de su propiedad, siempre que obedecieran las leyes de la cárcel. Como había previsto, aquellas concesiones no evitaron la huelga de hambre.

Es probable que a los de fuera el tema de la disputa les pareciera trivial. Pero tanto el IRA como el Gobierno sabían que no lo era. El IRA y los presos estaban decididos a ganar el control de la cárcel e idearon una astuta estrategia centrándola en su oposición al régimen carcelario. El objetivo de aquellos privilegios que exigían no era el de mejorar la condición de los presos, sino el de restarles poder a las autoridades carcelarias. También querían dejar sentado una vez más, como creían haberlo hecho en 1972, que sus crímenes eran «políticos», lo que otorgaba a sus autores cierto tipo de respetabilidad, de nobleza incluso. Eso sí que no podíamos permitirlo. Pero, por encima de todo, me mantendría firme en el principio de que no haríamos ningún tipo de concesiones mientras continuara la huelga de hambre. El IRA pretendía plantear, con inhumana persistencia, una guerra psicológica paralela a su campaña de violencia: había que resistírsele a ambos niveles.

Como la huelga de hambre continuaba y aumentaban las posibilidades de que algunos presos murieran, nos encontrábamos bajo una enorme presión. Cuando me reuní con Haughey el lunes 1 de diciembre de 1980, víspera del Consejo Europeo de Luxemburgo, me instó a que encontrara algún modo de salir bien parada pero que permitiera a los huelguistas poner fin a su actitud, aunque dijo que el asunto de concederles estatuto político quedaba fuera de toda cuestión. Le contesté que el Gobierno no podía continuar haciendo ofertas. Ya no quedaba nada por otorgarles. Tampoco estaba tan convencida entonces, ni lo estuve después, de que los huelguistas pudieran abandonar el ayuno, aunque quisieran, contra los deseos de los líderes del IRA. No tenía ningún problema en repetir lo que ya habíamos dicho, pero no haría más concesiones bajo presión.

Exactamente una semana después volvimos a encontrarnos con ocasión de nuestra segunda cumbre anglo-irlandesa de Dublín. Aquella reunión hizo más mal que bien porque, contra mi costumbre, no me involucré lo suficiente en la redacción del comunicado y, como resultado, dejé escapar la declaración de que Haughey y yo «dedicaríamos nuestra próxima reunión en Londres a prestar una especial atención a las relaciones entre estas islas». Luego Haughey dio una conferencia de prensa que hizo que los periodistas escribieran sobre un avance en el tema constitucional. Por supuesto que no hubo nada por el estilo. Pero el daño ya estaba hecho y fue como agitar un trapo rojo ante el toro unionista.

También la Iglesia católica era un factor a tener en cuenta en las negociaciones de la huelga de hambre. Expliqué personalmente las circunstancias al Papa en una visita que hice a Roma el 24 de noviembre. Sentía tan poca simpatía hacia los terroristas como yo, tal como ya había dejado en evidencia durante su visita a la República el año anterior. Después de que el Vaticano presionara a las altas jerarquías de la iglesia católica irlandesa, ésta emitió un comunicado instando a los presos a poner fin a la huelga de hambre, aunque al mismo tiempo aconsejaba al Gobierno mostrar cierta «flexibilidad».

Continuaron las conversaciones sobre concesiones y compromisos, que se fueron haciendo cada vez más intensas a medida que aumentaba el riesgo de muerte de algunos presos. Aquello era algo imposible de predecir con exactitud. Pero entonces, el jueves 18 de diciembre uno de los presos empezó a perder el conocimiento y la huelga se desconvocó abruptamente. Después el IRA declararía que lo había hecho porque nosotros habíamos accedido a ciertas concesiones, lo cual era totalmente falso. Con aquellas declaraciones pretendían disculpar su derrota, desacreditarnos y preparar el terreno para futuras protestas cuando se comprobase que las inexistentes concesiones, evidentemente, no se materializarían.

Yo tenía la esperanza de que aquello pusiera fin a la táctica de la huelga de hambre y a todas las otras protestas carcelarias. Pero no habría de ser así. En enero de 1981 intentamos acabar con la «protesta sucia» pero, a los pocos días, los presos que habían sido trasladados a celdas limpias comenzaron a destrozarlas. Entonces en febrero nos informaron de que habría otra huelga de hambre. El líder del IRA Bobby Sands, que estaba en la cárcel de Maze, inició la huelga el 1 de marzo de 1981, a la que se unían otros durante breves períodos de tiempo. Mientras tanto suspendieron la «protesta sucia», evidentemente para concentrar la atención en la huelga de hambre.

Aquel fue el comienzo de una época muy problemática. El IRA creció desde el punto de vista político: el mismo Sands ganó in absentia el escaño de Fermanagh y South Tyrone en el Parlamento, en una elección parcial convocada tras la muerte de un diputado republicano independiente. En términos generales, el SDLP estaba perdiendo terreno a favor de los Republicanos. Aquello no sólo reflejaba la creciente polarización de la opinión de ambas comunidades que, en última instancia, era el objetivo que se había propuesto el IRA, sino que también demostraba la ineficacia general de los diputados del SDLP. Corrió el rumor, que hasta algunos de mis parlamentarios creyeron, de que el IRA se estaba planteando la posibilidad de abandonar el terrorismo y alcanzar el poder a través de las urnas. Nunca lo creí. Pero era un indicio de lo efectiva que podía ser su propaganda.

Michael Foot, por entonces líder de la oposición, vino a verme para pedir concesiones para los huelguistas. Quedé asombrada de que aquel hombre tan cabal pudiera adoptar esa línea y así se lo dije. Le recordé que las condiciones en la cárcel de Maze eran de las mejores, muy por encima del estándar general de las demás cárceles británicas abarrotadas. Ya se habían introducido muchas más mejoras de las que el año anterior había recomendado la Comisión Europea de Derechos Humanos. Le dije a Michael Foot que se había dejado manipular. Lo que los presos terroristas querían era un estatuto político, y no iban a conseguirlo.

Bobby Sands murió el martes 5 de mayo. Para mí, personalmente, la fecha tenía cierto significado, aunque no lo sabía entonces. A partir de aquel momento me convertí en el principal objetivo de los asesinos del IRA.

La muerte de Sands provocó disturbios y violencia, sobre todo en Londonderry y Belfast, y a las fuerzas de seguridad se les exigía cada vez más. Se podía admirar el coraje de Sands y de otros huelguistas que murieron de hambre, pero no sentir simpatía por su causa criminal. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para persuadirles de abandonar su actitud.

Lo mismo hizo la Iglesia católica. Me di cuenta de que la Iglesia podía ejercer una presión sobre los huelguistas que yo no podía. Por eso llegué lo más lejos que pude para involucrar a alguna organización conectada con la jerarquía católica (la Comisión Irlandesa por la Justicia y por la Paz, ICJP), con la esperanza de que los huelguistas la escucharan aunque, en última instancia, nuestra recompensa resultó ser que nos denunciaran a la ICJP por volver a utilizar procedimientos que supuestamente habíamos emprendido en las conversaciones que habíamos mantenido con ellos. Aquel falso alegato fue apoyado por Garret FitzGerald que asumió el cargo de Taoiseach, en sustitución de Haughey, a principios de julio de 1981. Dirigí una carta al nuevo Taoiseach para decirle que no debiera llamarse a engaño pensando que la huelga de hambre era susceptible de tener una solución fácil y que dependía sólo de una flexibilidad por nuestra parte. Los huelguistas estaban tratando de asegurarse un régimen carcelario en el cual fueran los presos, y no los funcionarios de la cárcel, los que decidieran cómo tenían que hacerse las cosas.

También conversé con el Primado Católico de Irlanda, Cardenal O’Fiaich, en el Número 10, la tarde del jueves 2 de julio, con la remota esperanza de que utilizara su influencia de un modo inteligente. El Cardenal Fiaich no era un mal hombre, pero era un republicano romántico, cuyo nacionalismo parecía prevalecer sobre su deber cristiano de ofrecer una indiscriminada resistencia al terrorismo y al crimen. Creía que los huelguistas de hambre no actuaban por orden del IRA; yo no estaba tan segura. Me aclaró las demandas de un estatuto de categoría especial por parte de los presos, y pronto quedó clara la razón. Me dijo que toda Irlanda del Norte era una mentira del comienzo al final. Los huelguistas creían en el fondo que estaban luchando por una Irlanda unida. Me preguntó cuándo iba el Gobierno británico a admitir que su presencia era divisionista. La única solución era reunir a todo el pueblo irlandés bajo un gobierno de irlandeses, ya sea en un Estado federal o en uno unitario. Le contesté que la salida que él defendía no podía convertirse en una opción política para el Gobierno británico porque no era una solución aceptable para la mayoría de la población de Irlanda del Norte. La frontera era un hecho. Quienes creyeran en una Irlanda unida deberían saber que lo que no podía lograrse por medio de la persuasión, no podría lograrse por medio de la violencia. Hablamos con contundencia, pero resultó una reunión instructiva.

Mientras seguía luchando por poner fin a la crisis, ordené que se suspendiera la alimentación a la fuerza, por considerarla una práctica degradante y peligrosa, que yo misma no podía apoyar. Durante todo el tiempo a los huelguistas se les ofrecían tres comidas diarias, tenían constante atención médica y, por supuesto, tomaban agua. Cuando los huelguistas perdieran el conocimiento, sus familiares podrían autorizar a los médicos para que les alimentaran por sonda. Mi esperanza era que los familiares aprovecharan para poner fin a la huelga de hambre. Después de la muerte de diez presos, un grupo de familiares anunció que intervendrían para evitar las muertes de sus parientes y el IRA desconvocó la huelga el sábado 3 de octubre. Terminada la huelga, autoricé algunas concesiones sobre la ropa, la asociación y la pérdida del derecho a la reducción de pena. Pero el resultado fue una importante derrota para el IRA.

Pese a todo, el IRA se había reagrupado durante las huelgas haciendo grandes progresos entre la comunidad nacionalista. Entonces volvieron a practicar la violencia a gran escala, especialmente en Gran Bretaña. El peor incidente lo causó el IRA con una bomba en el exterior del cuartel de Chelsea el lunes 10 de octubre. Pusieron una bomba a un autocar que transportaba guardias irlandeses, matando un transeúnte e hiriendo a varios soldados. La bomba contenía clavos de seis pulgadas para tratar de causar el mayor daño y sufrimiento posibles. Me apresuré a presentarme en la escena del atentado y, con gran espanto, extraje uno de los clavos de un lateral del autocar. Decir que alguien capaz de eso es un animal sería equivocado: ningún animal haría tal cosa. Fui a visitar a los heridos a los tres hospitales de Londres a los que habían sido trasladados. Salí más decidida que nunca a que se aislara, se privara de ayuda y se venciera a los terroristas.

ANTECEDENTES DEL ACUERDO ANGLO-IRLANDÉS, 1983-1985

La mañana del lunes 7 de noviembre de 1983, recibí a Garret FitzGerald en Chequers para nuestra segunda cumbre bilateral. Resultó ser una charla moderadamente útil, aunque el irlandés siempre tenía cierta dificultad para comprender que no podía tomarse como punto de partida una soberanía compartida. En cuanto se fue el equipo irlandés mantuve otra reunión con funcionarios y oficiales. Sentía que había llegado el momento de presentar nuestras propuestas y le pedí a Robert Armstrong que esbozara un plan inicial para establecer las opciones. Puse especial énfasis en la necesidad de que todo se mantuviera en secreto; cualquier filtración echaría por tierra la perspectiva de una nueva iniciativa. Esta reunión fue el origen por nuestra parte del posterior acuerdo anglo-irlandés.

Después del cruento asesinato cometido el domingo 20 de noviembre contra los feligreses en el Pentecostal Gospel Hall, en Darkley, Condado de Armagh, por el Ejército de Liberación Nacional Irlandés (INLA), la necesidad de la colaboración irlandesa en el tema de seguridad se hizo de nuevo evidente. A pesar de toda las buenas palabras sobre la necesidad de derrotar al terrorismo que llevaba escuchando del Taoiseach, el ministro irlandés de Justicia se negó a entrevistarse con Jim Prior, para revisar la cooperación en el tema de seguridad, y el comisario del Garda (policía irlandesa) también rehusó reunirse con el jefe de policía de la RUC.

Entonces el IRA volvió a golpear en Gran Bretaña. El sábado 17 de diciembre salí de Chequers para ir a un concierto de villancicos en el Royal Festival Hall. Mientras estaba allí recibí la noticia de que había explotado un coche bomba justo frente a Harrods. Salí en cuanto me fue posible para ir a la escena del atentado. Cuando llegué, la mayor parte de los muertos y heridos habían sido evacuados pero nunca olvidaré el aspecto del cuerpo carbonizado de una adolescente que yacía junto a uno de los escaparates de la tienda, donde la había alcanzado la onda expansiva. Incluso para lo que eran los procedimientos habituales del IRA aquel era un atentado particularmente cruel. Murieron cinco personas entre las que se incluían dos oficiales de policía. El hecho de que uno de los muertos fuera norteamericano debió hacer ver a los simpatizantes estadounidenses del IRA la verdadera naturaleza del terrorismo irlandés.

La bomba de Harrods estaba destinada a intimidar, no sólo al Gobierno sino al pueblo británico en general. El IRA eligió la tienda en ese entonces más prestigiosa del país, en un momento en que las calles de Londres estaban llenas de gente alegre que hacía sus compras de Navidad. Instintivamente se sentía —como reacción al ultraje— que todos teníamos que continuar con nuestros asuntos. Denis estaba entre quienes fueron a hacer compras a Harrods el lunes siguiente, especialmente por esa razón.

Dos días después de aquella bomba me enteré de que el Gabinete irlandés se iba a reunir al día siguiente para estudiar la proscripción del Sin Fein al sur de la frontera. De inmediato convoqué un Consejo de Ministros para considerar nuestra respuesta. Evidentemente, si los irlandeses lo proscribían, tendríamos que tomar una decisión similar. Pero llegamos a la conclusión de que la proscripción no afectaría directamente a la lucha contra el terrorismo irlandés en Gran Bretaña, y probablemente causaría desórdenes y violencia en Irlanda del Norte. Más adelante, el Gabinete irlandés decidió no llevarla a cabo.

A finales de año parecía razonable prever que habría negociaciones, pero la prueba más dura para mí sería el tema de la seguridad. No se trataba de que el marco general de la seguridad fuera desastroso en su totalidad. El Gobierno irlandés destinó importantes recursos para la seguridad; una cantidad per capita más elevada que el Reino Unido. También había una buena cooperación entre Dublín y Londres. La verdadera dificultad estaba en la cooperación interfronteriza entre el Garda y la RUC. Pese a nuestros esfuerzos por ayudar, el entrenamiento y uso de la información por parte del Garda dejaban mucho que desear. Aquellas carencias se agravaron debido a la desconfianza entre el personal del Garda y de la RUC. Queríamos encontrar una solución a aquellos problemas, algunos de los cuales requerían que los irlandeses desplegaran más recursos en la frontera y otros se remitían a la voluntad política. La mayor esperanza respecto a todo el asunto parecía residir en un acuerdo anglo-irlandés que hiciera conocer públicamente el interés de la República en los asuntos del Norte pese a que las decisiones finales no estuvieran en sus manos sino en las nuestras. Aquello era lo que entonces me proponía lograr.

EL ACUERDO ANGLO-IRLANDÉS Y SUS CONSECUENCIAS: 1985-1987

A las dos de la tarde del viernes 15 de noviembre Garret FitzGerald y yo firmamos el acuerdo anglo-irlandés en Hillsborough Castle, en Irlanda del Norte.

El acuerdo en sí estaría sujeto a revisión al cabo de tres años, o antes, si alguno de los Gobiernos así lo pedía. El Taoiseach dijo también que el Gobierno tenía la intención de adherirse lo antes posible al ECST.

El tema principal era ahora si el resultado del acuerdo sería un aumento en la seguridad. La fuerte oposición de los unionistas podía ser el peor obstáculo. Por contraste, la reacción internacional, especialmente la americana, resultó muy favorable. Sin embargo esperábamos una más cooperadora por parte del Gobierno irlandés, las fuerzas de seguridad y los tribunales. Si lo lográbamos, el acuerdo sería un éxito. Había que esperar y ver qué pasaba.

Uno de los que no estaba dispuesto a esperar era Ian Gow. Durante un tiempo traté de convencerle de que no lo hiciera, pero finalmente dimitió como ministro de Hacienda. Aquello me afectó personalmente aunque me alegra poder decir que la amistad entre nosotros y nuestras familias no se vio afectada. Ian fue uno de los escasos componentes de mi Gobierno que renunció por cuestión de principios. Le respeto en la misma medida en la que estoy en desacuerdo con él.

Pero, hacia finales del año, comencé a estar muy preocupada por la reacción de los unionistas. Era peor de lo que todos me habían dicho. De nuestros legítimos líderes políticos, Ian Paisley estaba en la vanguardia de la campaña masiva contra el acuerdo. Pero aún más me preocupaba el hecho de que, tras él y otros líderes, se alzaran figuras más siniestras que incluso podían cruzar fácilmente la línea divisoria entre la desobediencia civil y la violencia. Como le dije al doctor FitzGerald cuando lo vi la mañana del martes 3 de diciembre en Luxemburgo, en aquel momento era vital que se evidenciaran resultados prácticos inmediatos, sobre todo en lo que concernía a la cooperación en materia de seguridad, a la adhesión irlandesa al ECST y a la actitud cooperadora del SDLP a la devolución. Pero, tanto entonces como más tarde, me parecía que no podía dejar de ver la importancia de lograr el apoyo o al menos la aquiescencia de la mayoría unionista.

Poco antes del acuerdo, Tom King había asumido el cargo de ministro para Irlanda del Norte. En un principio Tom se mostraba bastante escéptico en cuanto al valor del acuerdo, incluso a las pocas semanas de ocupar el puesto me había enviado un memorando argumentando que el equilibrio del acuerdo, tal como estaba esbozado, se inclinaba marcadamente a favor de Irlanda, aunque después se mostró más entusiasta. Ambos compartíamos la opinión de que la prioridad política era lograr el apoyo de, al menos, algunos de los líderes unionistas y de aquel amplio sector de opinión unionista que yo creía que probablemente sería más comprensivo respecto a lo que estábamos tratando de conseguir. Estaba convencida que la gente que se me acercó en el transcurso de mi visita a Irlanda del Norte no podía albergar dudas respecto a mi dedicación a su seguridad y libertad. En realidad confirmé aquello cuando, el 5 de febrero de 1986, invité a almorzar al Número 10 a los representantes no políticos de la mayoría de la comunidad, pertenecientes al campo profesional y de los negocios. Sus opiniones respecto al empleo, la vivienda y la educación (es decir, el tipo de temas en los que se centra la política de Gran Bretaña), eran compartidas por mucha gente de Irlanda del Norte. También confirmé mi sospecha de que el problema de la política de Irlanda del Norte era que ya no resultaba atractiva para la gente importante.

En todo caso, la posición del Gobierno de Garret FitzGerald se estaba debilitando. Pese a nuestras delegaciones había vuelto a insistir ante la Convención Europea para que interviniera respecto a la Supresión del Terrorismo a través del Dáil (Cámara Baja del Parlamento de la República de Irlanda). Su Gobierno se encontraba entonces en minoría y nos dijo que les estaban presionando para que se nos exigiera un caso prima facie antes de que se garantizara la extradición al Reino Unido. Aquello habría empeorado bastante la situación de cualquier extradición reiterándose antiguas dificultades que la reciente ley irlandesa había superado. El doctor FitzGerald nos dijo que se estaba esforzando en resistir las presiones, aunque pronto vimos que lo que quería era un quid pro quo. Quería que creáramos tres Cortes de Justicia para los casos de terrorismo en Irlanda del Norte. Después de una reunión con el Taoiseach en Dublín, Tom King redactó un proyecto respaldando la idea; respaldo al que se sumaron Geoffrey Howe y Douglas Hurd. Pero los abogados se sintieron ofendidos y yo les entendía perfectamente. No creía que fuera un caso para tres Cortes de Justicia, ni veía razón alguna por la que tuviéramos que hacer concesiones para lograr que el Gobierno irlandés pudiera lograr su cometido. La propuesta fue rechazada en una reunión ministerial, a comienzos de octubre de 1986.

Finalmente el doctor FitzGerald logró que se aprobara su legislación, pero con la salvedad de que no se haría efectiva a menos que fuera confirmada por el Dáil un año después, cosa que sólo logró posponer los problemas. Poco después, en febrero de 1987, su Gobierno de coalición se derrumbó y la elección subsiguiente volvió a poner a Charles Haughey en el despacho del Taoiseach. Aquello era el anuncio de más dificultades. Haughey y su Partido se habían opuesto al acuerdo, aunque su posición formal era ahora la de estar dispuestos a cumplir con su trabajo. De todas formas yo sabía que no se sentía comprometido con aquello y sospeché que estaría dispuesto a hacer que respaldaba la opinión Republicana en el Sur más que su predecesor.

También se había deteriorado la posición de la seguridad en la provincia. Recibí un informe de George Younger sobre la fuerza del IRA al norte y sur de la frontera, que me convenció de la necesidad de dar un nuevo paso contra ellos. Había un aumento de la violencia, particularmente en contra de los miembros de las fuerzas de seguridad, y la cooperación a uno y otro lado de la frontera aún no era efectiva. El nivel de abastecimiento de armas que estaba recibiendo el IRA, sobre el que estábamos bastante bien informados, quedó confirmado en octubre gracias a la intercepción, por parte de funcionarios franceses, del Eksund, que transportaba un cargamento de armas libias.

ATAQUES DEL IRA Y MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE SEGURIDAD, 1987-1990

Me encontraba en el Cenotafio, en la recepción posterior a la misa celebrada en conmemoración del Armisticio de 1918 (Remembrance Sunday), cuando me comunicaron que había explotado una bomba en Ennis, en el condado de Fermanagh. Había sido colocada a unos metros del monumento a los Caídos de la ciudad, en una vieja escuela, parte de la cual se derrumbó sobre la muchedumbre congregada para el acto. Once personas habían resultado muertas y más de sesenta heridas. No se había dado aviso ninguno.

Al día siguiente (lunes 9 de noviembre), me reuní con la delegación compuesta por Jim Molyneaux, Ken Maginnis, el diputado local, y ciudadanos de Enniskillen. Querían que extremara las medidas de seguridad mediante la anulación del 50 por ciento de remisión de la pena vigente para los presos terroristas ya sentenciados[39], la proscripción del Sinn Fein, un mayor control de las fronteras, la anulación del llamado derecho al silencio (la cláusula mediante la cual el negarse a responder preguntas no puede esgrimirse en los Tribunales como evidencia de culpa) y mediante la legalización de la detención preventiva[40]. Yo también creía que había que volver a revisar las cláusulas de seguridad; de hecho ya había comenzado con una. Vería cuál, si la hubiera, seguía siendo practicable.

Al menos sentí que podría hacer algún gesto personal que sabía que apreciarían. El domingo 22 de noviembre volé a Irlanda del Norte para asistir a los funerales en la catedral de St. Martin, en Enniskillen. Era un día frío y húmedo. Después del servicio conversé brevemente con los deudos, incluyendo al señor Gordon Wilson cuya hija Marie murió a su lado durante la explosión y quien públicamente perdonó a los asesinos en términos que, tal vez, hayan inspirado cierta vergüenza en quienes lo escucharon.

A partir de entonces las exigencias de medidas prácticas de seguridad, revisadas después de cada nueva tragedia, prevalecieron cada vez más en mi política sobre Irlanda del Norte y sobre la República. Poco a poco fui comprendiendo con mayor claridad que aún estaban muy lejanas aquellas grandes ventajas a las que yo aspiraba, como el amplio apoyo a la lucha contra el terrorismo por parte de la minoría nacionalista de Irlanda del Norte o del Gobierno irlandés y su gente. Sólo se notó una mayor fluidez en las negociaciones a nivel internacional como resultado del acuerdo. Muy a mi pesar, había llegado a la conclusión de que el terrorismo sólo podría combatirse con actividades antiterroristas cada vez más efectivas. Y que tendríamos que arreglárnoslas solos para combatir el terror, mientras los irlandeses condescendían con gestos políticos.

Sin embargo mantuve la presión sobre los irlandeses para lograr arreglos efectivos en cuanto a la extradición de terroristas sospechosos de ofensas cometidas dentro del Reino Unido. Como era de esperar, el Gobierno Haughey se mostraba reacio a confirmar el Acta de Extradición aprobada por el doctor FitzGerald a finales de su Administración sin obtener alguna compensación a cambio. Volvimos a escuchar la tradicional solicitud de tres Cortes de Justicia, seguida de una nueva demanda a nuestro fiscal general, para que enviara a su homónimo irlandés una notificación que confirmara su intención de llevar a cabo una acción judicial fundada en suficientes evidencias, notificación que sería sometida al escrutinio de los tribunales irlandeses. Aquel esquema era imposible y lo rechazamos. El resultado fue una nueva legislación irlandesa que, de momento, frenó toda posibilidad de extradición.

Entre tanto, nuestra propia revisión de la seguridad llegó a una serie de conclusiones como, por ejemplo, el despliegue del Ejército para reforzar las operaciones antiterroristas y patrullar las zonas cercanas a la frontera. Por cortesía escribí al señor Haughey, en enero de 1988, para informarle de lo que estábamos haciendo. Pero pronto quedó claro que hacía falta una revisión mucho más profunda de la seguridad, para la cual podíamos esperar muy poca ayuda de la actitud de los irlandeses.

El domingo 6 de marzo tres terroristas irlandeses fueron abatidos a tiros en Gibraltar por nuestras fuerzas de seguridad. No existía la menor duda sobre la identidad de los terroristas ni sobre sus intenciones. Contrariamente a lo que se dijo en informes posteriores, las autoridades españolas nos brindaron una enorme cooperación. El funeral de los terroristas se llevó a cabo en el cementerio de Milltown, en Belfast. Por los centenares de personas que presenciaron la ceremonia podía pensarse que los muertos eran héroes y no terroristas. Entonces se aceleró la espiral de violencia. Un pistolero atacó a los que asistían al funeral, tres personas resultaron muertas y 68 heridas. Fue el funeral que se celebraría por dos de aquellos últimos muertos lo que me quedaría grabado en la mente como el acontecimiento más horrible ocurrido en Irlanda del Norte durante mi Gobierno.

Nadie que haya visto la película del linchamiento de dos jóvenes soldados, atrapados por un tropel de republicanos enloquecidos que los sacaron del coche donde iban, los desnudaron y los asesinaron, creerá que la razón o la buena voluntad pueda sustituir nunca a la fuerza en la lucha contra el terrorismo. Fui a acompañar a los familiares de nuestros soldados asesinados cuando llevaron los cadáveres de regreso a Northolt; nunca olvidaré la observación de Gerry Adams, el líder del Sinn Fein, que dijo que me encontraría con muchos más cadáveres como aquellos. Apenas sí podía creerlo cuando me enteré de que, en un principio, la BBC se había negado a proporcionarle aquella filmación a la RUC, que tan útil hubiera resultado para llevar ante la justicia a quienes perpetraron ese crimen. Finalmente la BBC accedió a hacerlo. Pero yo sabía que nuestra tarea más importante era hacer uso de todos los medios posibles para derrotar al IRA. El mismo día que nos enteramos de lo que había sucedido, le dije a Tom King que había que presentar un proyecto de ley estableciendo todas las opciones. Estaba determinada a que no quedara nada descartado.

Durante la tarde del martes 22 de marzo mantuve una primera reunión al respecto. La política de los funerales ya estaba bajo revisión. Dije que las fuerzas de seguridad debían dar todos los pasos necesarios, incluyendo investigaciones exhaustivas en las áreas nacionalistas, para apresar a los responsables del asesinato de los soldados del Ejército británico. Teníamos que investigar las medidas para mejorar las probabilidades de seguridad en las Cortes de Irlanda del Norte, tales como las usadas por el DNA con huellas dactilares, terminar con el «derecho al silencio» e imponer medidas para calibrar la dimensión de los grupos financieros que practican o apoyan la violencia. Teníamos que fortalecer la cooperación de seguridad a ambos lados de la frontera, aumentando, a su vez, la seguridad en la frontera misma. Teníamos que examinar las instrucciones respecto a las circunstancias en las que las fuerzas de seguridad están autorizadas a recurrir a las armas (la «tarjeta amarilla») para ver si no eran demasiado restrictivas. Además, insistí en que ahora habría que considerar establecer medidas que llegaran más lejos. Tal vez incluso habría que prohibir el Sinn Fein. Tendríamos que considerar la posibilidad de la prisión selectiva, que sería bastante más eficaz si la imponíamos simultáneamente en la República. Me pregunté si, imponer tarjetas de identidad en Irlanda del Norte, podría facilitarnos el controlar más fácilmente el desplazamiento de los sospechosos. ¿Habría que aumentar el número de soldados en Irlanda del Norte? ¿Habría que cambiar la actual doctrina de «primacía policial» y darle al ejército el control en temas de seguridad? ¿Cabía hacer algo más para privar a los terroristas del «oxígeno de la publicidad»?(Esta última frase fue tomada con permiso, pero sin atribuírsela al jefe Rabbi). De hecho, tanto en uno como en otro terreno, muchas de estas posibilidades hubieran sonado a desastre en pleno vuelo. Pero yo sentía que, por la deuda que tenía con aquellos dos soldados y sus familias, debía hacer todo lo posible para asegurarme de que nada que sirviera para salvar la vida de otros jóvenes hubiera sido dejado de lado.

Esta revisión de largo alcance de las medidas de seguridad continuó durante la primavera. El señor Haughey se sumó al problema de restaurar la confianza y la estabilidad en Irlanda del Norte en un asombroso discurso pronunciado en Estados Unidos en abril. En este discurso enumeraba todas sus objeciones a la política británica, presentando en confuso montón la decisión del fiscal general de no emprender procedimientos judiciales como consecuencia del Informe Stalker-Sampson para la RUC[41], el rechazo por parte de los tribunales de la apelación en el caso llamado de los Seis de Birmingham[42] (como si incumbiera al Gobierno británico indicar a los tribunales de la nación el modo en que tienen que administrar justicia), la muerte de los terroristas en Gibraltar y otros temas. No hubo mención al IRA en su discurso sobre la violencia ni se dio por enterado de la necesidad de cooperación entre ambos lados de la frontera ni de la aceptación del acuerdo anglo-irlandés. Fue un miserable caso de actuación para la galería irlandesa de Estados Unidos.

El viernes 27 de abril escribí a Haughey una carta de protesta en los términos más vigorosos posibles. Le dije que se responsabilizara no sólo de lo que había dicho, sino también por lo que no dijo sobre la cooperación policial a ambos lados de la frontera. Pese a un mal juzgado discurso de Geoffrey Howe en el que dijo que «no desestimaba el daño experimentado por los irlandeses durante los últimos meses», dejé claro que no había posibilidad alguna de relaciones normales con Dublín hasta que recibiera respuesta a mi carta, respuesta que no llegaría hasta el miércoles 15 de junio. Cuando llegó era corta y evasiva. Pero me di cuenta de que la severidad de mi carta había servido para algo cuando recibí una respuesta de Haughey, previa a mi encuentro con él en la reunión del Consejo Europeo de Hannover, el martes 28 de junio. En ésta reafirmaba en los términos más fuertes su oposición al terrorismo, reiteraba su respeto del acuerdo anglo-irlandés y garantizaba su apoyo personal a las medidas de cooperación en materia de seguridad. Pero aquellas declaraciones también pusieron en evidencia contra qué estábamos luchando; porque dejó bien claro que todo su enfoque estaba basado en el objetivo de una Irlanda unida y que veía el acuerdo anglo-irlandés como una etapa para lograrlo. Lo que nos resultaba de todo punto inaceptable.

En la siguiente reunión del Consejo Europeo, en Hannover, planteé el tema de la cooperación de seguridad, que me resultaba mucho más importante que cualquier diferencia personal. Dije que, si bien Haughey había afirmado tener dificultades sobre el tema con la opinión pública irlandesa, a mi vez yo tenía dificultad con las bombas, las armas, los explosivos, la gente asesinada a golpes y los linchamientos. Tuve que ver a más jóvenes de las fuerzas de seguridad asesinados. Sabíamos que los terroristas seguían cruzando la frontera a la República para planificar operaciones y reponer armas. No recibimos informes satisfactorios de Inteligencia sobre sus movimientos. En cuanto cruzaban la frontera se perdían. Incluso recibíamos mejor cooperación de inteligencia de casi todos los demás países europeos que de la República. Si era un problema de recursos, estábamos dispuestos a ofrecer equipos y entrenamiento. Y si la dificultad era política, había otros países que podían ofrecer ese tipo de ayuda. No había lugar para improvisaciones.

El señor Haughey defendió el informe sobre las fuerzas de seguridad del Gobierno Irlandés. Pero yo no estaba convencida. Le pregunté al señor Haughey si se daba cuenta de que la mayor concentración de terroristas en el mundo, salvo en el Líbano, se encontraba en Irlanda. La frontera estaba virtualmente abierta en cuanto a terroristas se refiere. Acepté que los recursos de la República eran limitados, pero no me parecía que los usaran con la mejor efectividad. Dije que los resultados del acuerdo anglo-irlandés habían sido hasta entonces desalentadores. Tampoco estaba menos desilusionada por la actitud del SDLP. En cuanto a la sugerencia de que reinaría la luz y la paz si Irlanda estuviera unida, como sugería un reciente mensaje de Haughey, la realidad era que se iba a producir la peor guerra civil nunca vista. En cualquier caso, la mayoría de los nacionalistas del Norte preferirían seguir viviendo allí porque estaban más adaptados que a la República. Por algo seguía habiendo un importante flujo migratorio de la República Irlandesa al Reino Unido, donde constituían una grave carga para el sistema de bienestar social.

Fue sorprendente que ninguno de nosotros abandonara la reunión con rencor o mala voluntad, pese a que las expresiones que ambos usamos eran bastante agresivas. Haughey conocía perfectamente lo que yo pensaba. A su vez él, finalmente, había tomado en serio al menos algunas de las cosas que dije sobre la insuficiencia de la cooperación irlandesa en materia de seguridad. Por mi parte, sentí que le comprendía mejor que antes y, tal vez, mejor de lo que había comprendido a Garret FitzGerald.

A partir de agosto hubo una escalada de la violencia del IRA. Comenzó con una bomba en el Centro de Comunicaciones del Ejército, en Mili Hill, en el norte de Londres. Un soldado fue asesinado. Fue la primera bomba en Gran Bretaña desde 1984. Yo estaba en Alice Springs, de visita oficial en Australia, cuando me enteré de la noticia. Los simpatizantes republicanos irlandeses hicieron lo posible, en las calles y en los medios de comunicación, por entorpecer mi gira. Hubo algunos momentos especialmente tensos en Melbourne cuando una muchedumbre de oponentes y de simpatizantes fueron encerrados por la policía australiana, que carecía de experiencia para hacer frente a aquellas situaciones, en una galería comercial abarrotada de público. Pero aproveché todas las oportunidades que se me presentaron para expresar mi desprecio por el IRA. Durante una entrevista para la televisión, dije que «debían ser borrados del mundo civilizado».

Los atentados continuaron. Estaba de vacaciones en Cornwall cuando me despertaron muy temprano el sábado 20 de agosto para decirme que había habido un atentado en Ballygawley, en el condado de Tyrone, contra un autobús que llevaba soldados británicos que volvían de Belfast después de un permiso de quince días. Siete resultaron muertos y veintiocho heridos. Regresé inmediatamente a Londres y llegué en helicóptero al cuartel de Wellington a las nueve y veinte. Archie Hamilton (mi antiguo secretario privado y por entonces ministro de las Fuerzas Armadas) llegó directamente al Número 10 para informarme. Me dijo que el autobús no iba por su ruta regular en el momento de la explosión, sino por un camino paralelo que quedaba a unos cuatro kilómetros de distancia. Habían colocado una bomba de gran potencia, accionada a distancia, que hicieron explotar al pasar el autobús. Le pregunté si consideraba que aquella era una manera segura de desplazar a nuestras tropas por la provincia. Pero acepté que probablemente no existiera ninguna «manera segura».

El diputado Ken Maginnis, cuyo distrito electoral volvía a ser la escena de otra tragedia, vino a verme durante el almuerzo, acompañado del granjero que había sido el primero en llegar al lugar del atentado, y del cirujano del hospital local responsable de la operación de varios heridos. Después, esa misma tarde, mantuve una prolongada reunión con Tom King, Archie y los jefes de las fuerzas de seguridad de la provincia.

Aunque el autobús viajaba por una ruta prohibida, aquello no parece que influyera en el asunto. Desde 1986 el IRA había logrado acceso al material explosivo de Semtex, producido en Checoslovaquia y abastecido probablemente a través de Libia. Aquella sustancia era extremadamente potente, liviana y de manipulación relativamente segura, lo cual otorgaba a los terroristas una ventaja técnica. Aquel explosivo podía colocarse con gran rapidez, por lo que el atentado podía haberse llevado a cabo en cualquiera de las dos rutas. También estaba claro que el IRA había planificado todo aquello con cierta antelación. La RUC informó que los terroristas estaban bien preparados y que habían logrado introducir una gran cantidad de armas y explosivos desde el Sur. A continuación discutimos la coordinación de los servicios de inteligencia, la cooperación con la República en el tema de la seguridad, la necesidad de lograr el control de los fertilizantes (que podían ser usados como base en la fabricación de bombas), la postura respecto a las sentencias, la reducción de penas y otros temas. Les pedí más informes por escrito sobre aquellos asuntos y un estricto seguimiento de todos los temas de seguridad que yo ya había planteado cuando el asesinato de nuestros soldados a principios de año en Belfast.

Después repasamos todas las posibilidades una por una. Algunas medidas, como la proscripción del Sinn Fein, retirar la ciudadanía británica a los indeseables que tuvieran la doble ciudadanía (irlandesa y británica)[43] o la introducción de sentencias mínimas para los delitos terroristas, parecían menos prometedoras cuanto más las discutíamos. Pero otras (como la de eliminar la reducción del 50 por ciento de la pena para todos los presos de Irlanda del Norte, asegurar que los convictos de algunos delitos terroristas cumplieran consecutivamente en una nueva sentencia la parte no expirada de una sentencia antes remitida, elaborar medidas para controlar las finanzas de los terroristas, o mejorar la coordinación entre servicios de inteligencia) requerían mucho más trabajo.

Continué estudiando las posibilidades junto con los ministros durante una segunda reunión la tarde del martes 29 de septiembre. Durante aquella reunión, me concentré especialmente en el papel del Ejército. Era importante disminuir el número de efectivos destacados en Irlanda del Norte para que pudieran concentrar sus esfuerzos allí donde fueran más necesarios.

Una medida que anunciamos públicamente en octubre fue la prohibición de emitir los comunicados del Sinn Fein y otras fracciones de apoyo al terrorismo de Irlanda del Norte. Aquello provocó una inmediata reacción contra la censura; pero no me cabe ninguna duda de que no sólo tenía una buena razón para hacerlo, sino de que funcionó, y existen razones para creer que los terroristas piensan lo mismo. También se impusieron medidas para suspender la reducción de penas en Irlanda del Norte y la modificación del «derecho al silencio» en los tribunales irlandeses, igual que las tendentes a controlar las finanzas de los terroristas.

Cada vez más elementos de la lucha por la pacificación y el orden de Irlanda del Norte recaían en nuestros propios esfuerzos. Debido al profesionalismo y experiencia de nuestras fuerzas de seguridad, aquellos recursos eran adecuados para contener al IRA, aunque todavía no para derrotarlo. Siguieron ocurriendo terribles tragedias. Pero los terroristas no lograron que ni siquiera una mínima parte de la Provincia resultara ingobernable, ni tampoco lograron minar la confianza que la mayoría de la comunidad del Ulster tenía en sí misma, ni la voluntad por parte del Gobierno de mantener la unión.

Subsistía el hecho de que la contribución que aportaba a la actual situación el acuerdo anglo-irlandés era bastante limitada. Los unionistas seguían oponiéndose al acuerdo aunque con menos agresividad a medida que iba quedando claro que sus peores temores se habían demostrado infundados. Nunca mereció la pena retirar el acuerdo completo porque hubiera creado problemas, no sólo con la República sino, lo que era más importante, con la opinión internacional.

Aún así, sus resultados eran muy desalentadores. El caso Patrick Ryan fue una prueba de lo poco que podíamos esperar de los irlandeses. Ryan, un sacerdote católico que no ejercía como tal, era bien conocido en los círculos del servicio de seguridad por sus actividades terroristas. Durante algún tiempo había desempeñado un importante papel en la vinculación del IRA provisional con Libia. Los cargos contra Ryan eran de suma importancia, e incluían asociación con fines criminales y atentados con explosivos. En junio de 1988 habíamos pedido a los belgas que lo mantuvieran bajo vigilancia. Ellos, a su vez, nos presionaron para que tramitáramos la extradición. Así que trabajamos en estrecha cooperación con las autoridades belgas. El tribunal belga encargado de considerar nuestra petición de extradición, emitió un dictamen, que supimos que nos era favorable (cosa que el Gobierno belga jamás ha negado), para el ministro de Justicia. Este último elevó la resolución al Gabinete belga. El Gabinete decidió ignorar la opinión del tribunal y poner a Ryan en un avión rumbo a Irlanda, sin advertírnoslo de antemano. Presumiblemente esta decisión política fue provocada por temor a una represalia terrorista si los belgas llegaban a cooperar con nosotros.

Entonces quisimos extraditar a Ryan de la República, pero nos lo negaron, inicialmente debido a lo que parecía ser un mero inconveniente técnico, aunque más tarde el fiscal general de Irlanda expresó que Ryan nunca tendría un juicio justo ante un jurado británico. Envié una enérgica protesta a Haughey. Yo ya había discutido el tema personalmente con él y con el primer ministro belga, señor Martens, en el Consejo Europeo, celebrado en Rodas el viernes 2 y el sábado 3 de diciembre de 1988. Les dije a ambos lo defraudada que estaba. Me sentía especialmente enfadada con Martens. Le recordé como contrastaba la actitud de su Gobierno con la cooperación que nosotros habíamos brindado a Bélgica en relación con aquellos ciudadanos británicos acusados por los disturbios en el estadio de fútbol de Heysel. Las explicaciones de Martens ni me convencían ni me conmovían. Su Gobierno había tomado una decisión en clara contradicción con el dictamen legal y desafiándolo. Tal como le advertí que haría, expuse mis puntos de vista a la prensa en términos muy similares.

Y según quedó claro más tarde, en la guerra del Golfo, haría falta mucho más que aquello para hacer reaccionar al Gobierno belga dirigido por el mismo señor Martens. Y Patrick Ryan sigue suelto.

En la reorganización del Gabinete de julio de 1989 trasladé a Peter Brooke al puesto de ministro para Irlanda del Norte. Las conexiones de su familia con la Provincia y su profundo interés en los asuntos del Ulster, le convertían en el candidato ideal. Su inquebrantable buen humor también lo calificaba mejor que a ningún otro para llevar a cabo conversaciones con los partidos de Irlanda del Norte. Poco después de su designación, le autoricé a hacerlo y aquellas conversaciones continuaban en la época en que dejé mi cargo.

Mientras tanto, seguía la lucha por mantener la seguridad. Y también continuaba la campaña asesina del IRA. El viernes 22 de septiembre diez músicos de una orquesta resultaron muertos en un atentado en la Royal Marines School of Music, en Deal. El verano siguiente se reanudaron los atentados del IRA en Gran Bretaña. En junio de 1990 explotaron varias bombas frente a la antigua casa de Alistair McAlpine y después en el Club Carlton del Partido Conservador. Pero fue al mes siguiente cuando volví a sentir aquel profundo dolor personal que había sentido cuando asesinaron a Airey y cuando me enteré, aquel viernes de 1984 en Brighton, de las pérdidas humanas causadas por la explosión de la bomba en el Grand Hotel.

Ian Glow se convirtió en un objetivo del IRA porque sabían que era un enemigo inflexible. Aunque no tuviera un despacho propio en el Gobierno, Ian representaba un peligro para ellos debido a su total dedicación a la unión. No hay terrorismo que pueda triunfar mientras queden unos pocos hombres y mujeres de integridad y coraje que se atrevan a llamar al terrorismo, asesinato y al compromiso con el terrorismo, traición. Y, desgraciadamente, Ian no era de los que se tomaba en serio las precauciones para su propia seguridad. Y así una bomba del IRA le mató aquella mañana del lunes 30 de julio, cuando fue a poner en marcha su coche a la puerta de su casa. Cuando me enteré de lo ocurrido, no pude evitar pensar que mi hija Carol había viajado con Ian en su coche el fin de semana anterior para sacar a dar una vuelta al perro de los Gow; también a ella le pudo haber pasado. A primera hora de la tarde fui hasta Eastbourne para ver a Jane Gow y estuvimos hablando durante una o dos horas. Más tarde, aquel mismo día, asistí al funeral en la Iglesia anglo-católica a la que siempre asistían Ian y Jane, y me emocionó verla llena de gente que venía de su trabajo al terminar el día para llorar la pérdida de Ian. Siempre que Jane venía a verme a Chequers solía tocar el piano, es una excelente pianista. Una vez me dijo, hablando sobre la pérdida de Ian, «la gente dice que uno lo supera, pero no es cierto». Y eso debe ser siempre válido respecto a alguien a quien se ama, cualquiera que sea la forma en que ha muerto. Pero, por alguna razón, la pérdida de un amigo o miembro de la familia en un acto de violencia deja una herida aún más honda.

El IRA no cederá en su campaña a menos que se convenza de la imposibilidad de forzar a la mayoría de los habitantes de Irlanda del Norte contra su voluntad de seguir siendo una República. Por eso es por lo que nuestra política nunca tiene que dar la impresión de que estamos tratando de dirigir a los unionistas hacia una Irlanda unida contra su voluntad o sin su conocimiento. Además, no basta con condenar actos individuales de terrorismo y después negarse a apoyar medidas necesarias para combatirlo. Esto es aplicable tanto a los norteamericanos de origen irlandés que proveen de dinero a Noraid para matar ciudadanos británicos, como a los políticos irlandeses que se resisten a cooperar en el aumento de la seguridad en la frontera y al Partido Laborista que, durante años, ha rehusado dar su apoyo al Acta de Prevención del Terrorismo que ha salvado innumerables vidas.

Ian Gow y yo hemos tenido nuestras desavenencias, sobre todo en relación con el acuerdo anglo-irlandés. Pero creo, al igual que Ian, que ningún precio es demasiado alto a la hora de defender el derecho de aquellos que han sido leales al Reino Unido y que quieren seguir siendo sus ciudadanos y gozar de su protección.

Al tratar con Irlanda del Norte, todos los gobiernos han evitado cuidadosamente una política que pudiera enajenar al Gobierno Irlandés y a la opinión nacionalista irlandesa de Ulster, con la esperanza de lograr su apoyo contra el IRA. El acuerdo anglo-irlandés se mantuvo dentro de esos parámetros tradicionales. Pero he descubierto que los resultados de ese enfoque son desalentadores. Nuestras concesiones nos alejaron de los unionistas sin que obtuviéramos a cambio lo que teníamos derecho a esperar en relación con la cooperación en el tema de seguridad. Teniendo en cuenta aquella experiencia, no hay duda de que ha llegado el momento de considerar un enfoque alternativo.

CAPÍTULO XV

No para de llover

Las dificultades políticas a medio plazo de 1985-1986

MALESTAR POLÍTICO

A pesar de los beneficios políticos conseguidos a largo plazo tras los resultados satisfactorios de la huelga de los mineros, a partir de la primavera de 1985 tuvimos que enfrentarnos a un incremento de las dificultades políticas. A asuntos poco importantes en sí mismos, y, a menudo, de limitado interés general para el público, se les confería una enorme trascendencia en el hiperactivo e incestuoso mundo de Westminster. Este fenómeno no es, en modo alguno, exclusivamente británico: mis amigos norteamericanos me hablan con frecuencia del abismo que separa las prioridades de la clase política gobernante y las de aquellos que están fuera de ella. Por tanto cualquier político demócrata debe ser capaz de diferenciarlas y de reconocer la preeminencia de las últimas.

Aquella primavera el Partido Laborista comenzó a sacarnos ventaja en los sondeos de opinión. En las elecciones locales de mayo perdimos el control de cierto número de condados, en beneficio, principalmente, de la Alianza Liberal/SPD. Francis Pym aprovechó la oportunidad para crear un nuevo grupo de diputados conservadores que criticaban mi política. A ese grupo se le conocía oficialmente como «Centro Progresista». Sin embargo, su fracaso para ofrecer una alternativa coherente provocó que, en una editorial del Times se le calificase de «Centro Retrógrado». Algunos partidarios de Francis se apresuraron a negar cualquier conexión con el grupo y, después del frenesí publicitario inicial, éste se hundió en el olvido. Pero, puesto que la prensa lo comentaba a diario, este hecho provocó que se produjesen rumores de disidencia en el Grupo Parlamentario. Yo no podía ignorarlos.

La lucha de opiniones aumentó en el mes de julio, que siempre es una mala época para la política británica, ya que los parlamentarios están impacientes por volver a sus circunscripciones o, en algunos casos, a sus casas de campo en el condado de Chianti. El jueves 4 de julio, tuvimos unos resultados espectacularmente malos en las elecciones locales de Brecon y Radnor, que ganó la Alianza por una ventaja de casi el 16 por ciento sobre los conservadores. Nuestro candidato quedó en tercer lugar. Con bastante inexactitud, aquello fue descrito como la peor derrota tory desde 1962. Siempre hay que tomar en serio los resultados de las elecciones locales, aún cuando sean sólo un indicio de lo que sucedería en unas elecciones generales, en las que los votantes saben que van a elegir un gobierno y no a manifestar su protesta. Pero la prensa estaba llena de críticas injustificadas al Gobierno y a mi persona, que tenían un inequívoco tufillo de pánico y confirmaban que el grupo parlamentario sufría un grave proceso de inestabilidad.

La publicación quince días más tarde de que aceptábamos las recomendaciones de la Junta para la Revisión de los Salarios Máximos (Top Salaries Review Board, TSRB) proporcionó la ocasión para una gran rebelión entre los parlamentarios de la Cámara de los Comunes. Lo que realmente provocó el escándalo fueron los importantes aumentos salariales para los altos cargos de la Administración. A mí no me cabía la menor duda de que no podríamos conservar a las personas adecuadas en puestos de importancia vital dentro de la Administración del Gobierno a menos que sus salarios se aproximaran a los de sus equivalentes en el sector privado. El coste que esto suponía para las arcas públicas era, por supuesto, sólo una pequeñísima fracción de cualquier modesto incremento concedido a los grandes grupos de trabajadores del sector público. Llegué a la conclusión de que lo mejor era corregir aquella anomalía inmediatamente. Cuando el Partido Laborista protestó, les recordé que Jim Callaghan había hecho lo mismo en 1978. Es decir, no resolvimos bien el problema. El miedo a las filtraciones tuvo como consecuencia que los responsables de explicar los fundamentos de nuestra resolución no la conociesen con tiempo suficiente. Ni a Bernard Ingham se le había informado; y cuando lo comentó conmigo posteriormente, reconocí que era absurdo. A partir de ese momento dimos un tratamiento mucho más cuidadoso a los comunicados del TSRB. Pero en aquella ocasión el daño ya no tenía remedio.

Casi siempre, el malestar político se extiende porque las condiciones económicas subyacentes son malas o están empeorando. Pero en aquella ocasión no era así. En realidad la inflación había aumentado desde un nivel muy bajo, al que se había llegado después de las elecciones, y el desempleo, un indicador siempre disfrazado, seguía siendo alto; pero la economía crecía rápidamente. Comprendí claramente que la raíz de nuestros problemas estaba en la presentación de nuestra política y, por tanto, era un asunto de personal. Por supuesto, hay una tendencia general en todos los gobiernos —sobre todo en los gobiernos conservadores— a echar la culpa de sus males a la presentación de sus políticas y no a sus políticas mismas pero lo cierto es que, en 1985, algunos ministros no ocupaban el cargo adecuado y no pudieron explicar nuestra política a la opinión pública. Sólo había una forma de cambiar la imagen del Gobierno, y era cambiar a sus miembros: era necesaria una reorganización ministerial.

LA REORGANIZACIÓN MINISTERIAL DE 1985

La primera conversación sobre el reajuste de 1985 la mantuve con Willie Whitelaw y John Wakeham, entonces secretario general del partido, durante una cena celebrada en el Número 10 de Downing Street a finales de mayo. Willie y John eran los dos muy hábiles y siempre estaban al tanto de los rumores que constituyen la opinión parlamentaria. Cada uno de ellos tenía sus preferencias y sus aversiones que yo en privado trataba de sortear, pero escuché sus consejos con mucha atención. Me recomendaron encarecidamente hacer una reorganización ministerial en julio. No podía estar de acuerdo con ellos, me disgustaba destituir ministros y no podía dejar de pensar en lo que significaba para ellos y sus familias: la repentina pérdida de salario, coche y prestigio[44]. Prefería pensar que dispondrían de las largas vacaciones parlamentarias del verano antes de regresar en septiembre y enterarse de las malas noticias. El problema era que la prensa se pasaría todo ese tiempo especulando sobre quiénes continuarían en el cargo y quiénes lo dejarían. Por tanto, finalmente, accedí a hacer una reorganización ministerial a finales de julio; pero no antes.

Planificar una reorganización ministerial es tremendamente complejo. Nunca se consigue un resultado perfecto. En primer lugar hay que tomar decisiones sobre los principales ministerios y a partir de ahí descender a los demás niveles. Tampoco es posible dar siempre los mejores cargos a los candidatos más próximos a uno mismo. El Gabinete no sólo debe reflejar, en lo posible, los diferentes puntos de vista del grupo parlamentario en un momento determinado sino que es mejor incluir a ciertas personas porque causarían más problemas fuera que dentro. Peter Walker y, en menor medida, Kenneth Clarke son ejemplos de lo anterior, precisamente porque lucharon duramente por sus puntos de vista. Existía otro problema: descubrí que, en general, la izquierda parecía ser mejor en la exposición de su programa político y la derecha en llevar a cabo el trabajo (aunque Norman Tebbit y Cecil Parkinson conseguían hacer bien ambas cosas).

Quería tener la seguridad de que la política del Gobierno se expondría de forma adecuada desde aquel momento hasta las elecciones generales. Aquello implicaba algún cambio en los tres puestos más importantes: Hacienda, Asuntos Exteriores e Interior. Nigel Lawson estaba demostrando que era un eficaz ministro de Hacienda en la reforma de los impuestos, Geoffrey Howe parecía ser un ministro de Exteriores competente (yo no había advertido todavía la amplitud de nuestro desacuerdo), así que Leon Brittan era el candidato evidente para ser sustituido ya que, desgraciadamente, no conseguía ser convincente. Sabía que aquello le dejaría hundido, pero había que hacerlo.

Le pedí a Leon que fuera a Chequers el domingo 1 de septiembre por la tarde, donde Willie, John y yo estábamos dando los últimos retoques a nuestras decisiones. Willie es un buen conocedor del carácter humano. Me dijo que lo primero que preguntaría Leon, cuando le diese la noticia, era si mantendría su orden de precedencia en la lista del Gabinete. Para mi sorpresa, eso fue lo que realmente preguntó. Prevenida como estaba, pude tranquilizarle. También pude decirle —y lo digo sinceramente— que al estar a punto de aparecer la compleja legislación de los Servicios Financieros, que proporcionaría el marco de regulación para la City londinense, el talento de Leon tendría adecuado empleo en el Ministerio de Comercio e Industria, adonde pensaba trasladarle.

Sustituí a Leon por Douglas Hurd en el Ministerio del Interior, que encajaba mejor en el puesto, tranquilizó enormemente a los policías, y aunque nadie podría decir que fuera un experto en los medios de comunicación, inspiró una gran dosis de confianza al Grupo Parlamentario. Había adquirido firmeza y prudencia desempeñando el cargo de secretario de Estado para Irlanda del Norte. También conocía el Ministerio, ya que había sido el número dos de Leon. En conjunto, fue un nombramiento acertado.

Tuve que trasladar a Leon; pero ¿hice lo correcto trasladándole al Ministerio de Comercio e Industria? Aunque el fallo principal en la situación posterior se hallaba con seguridad en otra parte, la actitud de Leon al ocupar el nuevo ministerio encerraba cierto peligro. Estaba, evidentemente, conmocionado —más tarde sus amigos le describieron como un tanto desmoralizado— y decidido a dejar su huella política. Como resultado de lo anterior, demostró ser demasiado sensible en su posición cuando estalló el escándalo Westland. Todo aquello le llevó a caer en errores de juicio cuando tuvo que enfrentarse a un oponente implacable como Michael Heseltine. Resultaba que el Ministerio de Comercio e Industria tenía incluso más peligros que el Ministerio del Interior para este político civilizado pero no muy conocedor de la calle. En aquel momento, sin embargo, parecía un puesto que permitiría que Leon estuviese menos en el candelero, y aprovechase más su formidable inteligencia y extraordinaria capacidad de trabajo, que era lo que yo quería. Pero, aunque Leon hubiese hecho frente al problema de Westland, se habría encontrado en dificultades con el tema de privatizar la BL.

EL ATAQUE AÉREO CONTRA LIBIA

Me encontraba en Chequers, el viernes 27 de diciembre de 1985, cuando me informaron de que unos terroristas habían disparado contra los pasajeros que esperaban en los vestíbulos de los aeropuertos de Roma y Viena, y habían matado a diecisiete personas. Muy pronto se descubrió que los pistoleros eran terroristas palestinos del grupo de Abu Nidal. Aparentemente habían sido entrenados en Líbano, pero muy pronto se hallaron pruebas de la conexión libia. Desde luego, el Gobierno libio no escatimó elogios por los ataques, describiéndolos como «acciones heroicas». Tanto nosotros como los norteamericanos compartíamos desde hacía tiempo numerosos informes sobre el apoyo que prestaba Libia al terrorismo. La cuestión no era si el coronel Gaddafi gobernaba un Estado terrorista sino qué hacer al respecto. Inglaterra había adoptado una actitud mucho más dura que otros países europeos hacia Libia desde el asesinato de la oficial de policía Yvonne Flecther en 1984. Pero los norteamericanos querían que Inglaterra y el resto de Europa fueran todavía más lejos en sus sanciones económicas, concretamente querían que cesaran las compras de petróleo libio, del que los europeos compraban el 75 por ciento.

El martes 7 de enero, los Estados Unidos impusieron unilateralmente sanciones a Libia sin consulta y esperaban que el resto de los países occidentales les siguieran. Yo no estaba dispuesta a aprobarlo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos estaba muy contrariado y llegó a sugerir que Inglaterra era el país menos colaborador de sus aliados europeos, algo totalmente injusto puesto que ya estábamos aplicando rígidas medidas contra Libia como control de armamento, créditos e inmigración, además de haber clausurado la «Oficina del Pueblo» libia. Una de las razones por la que los Estados Unidos consideraban a Inglaterra particularmente difícil era por mi costumbre, poco europea, de decir las cosas claras cuando no estaba de acuerdo. Cuando discutí con el presidente Mitterrand en Lille, a mediados de enero, sobre qué trato dar a Libia, parecía bastante más enérgico que yo. No había duda de que los norteamericanos estaban recibiendo una impresión similar.

Desde finales de enero y a lo largo de febrero y marzo aumentó la tensión entre los Estados Unidos y Libia mientras las fuerzas navales de Estados Unidos iniciaban maniobras en una zona del golfo de Sirte que Libia, violando las leyes y la opinión internacional, reclamaba como aguas territoriales propias. El lunes 24 de marzo, misiles libios disparados desde la costa atacaron aviones norteamericanos. Las fuerzas estadounidenses devolvieron el ataque sobre los emplazamientos de los misiles libios y hundieron una lancha patrullera.

Tenía que decidir cuál debería ser nuestra reacción. Tenía clara conciencia de que había cinco mil súbditos británicos en Libia, mientras que los Estados Unidos sólo tenían mil. También era consciente de la posibilidad de una acción libia contra nuestra base en Chipre. Pero dije al Consejo de Ministros que, a pesar de todo, debíamos apoyar el derecho de los Estados Unidos a preservar la libertad de movimientos en el espacio aéreo y las aguas internacionales, y el derecho a la propia defensa según la Carta de las Naciones Unidas.

Mientras tanto, los norteamericanos habían empezado a ver quiénes eran sus verdaderos amigos. Supe que los franceses expresaban reservas sobre cualquier política de confrontación con el coronel Gaddafi, argumentando que cualquier acción militar de los Estados Unidos proporcionaría apoyos a Libia, y recomendaban la necesidad de evitar una «provocación».

Más tarde, en las primeras horas del sábado 5 de abril, explotó una bomba en una discoteca de Berlín Occidental frecuentada por militares estadounidenses. Murieron dos personas —una de ellas era un soldado norteamericano— y hubo 200 heridos, de los cuales 60 eran norteamericanos. Informes procedentes de los Estados Unidos, y confirmados por nuestros servicios secretos, indicaban implicaciones libias. Para los norteamericanos esa fue la gota que rebosaba el vaso.

Poco antes de las once de la noche del martes 8 de abril recibí un mensaje del presidente Reagan. Solicitaba nuestro apoyo para utilizar los aviones FI y FII y colaboración para los aviones con base en Inglaterra en los ataques contra Libia; quería una respuesta antes de las doce del mediodía del día siguiente. En esta fase de la operación no había nada que indicase la naturaleza exacta de los objetivos norteamericanos. Convoqué inmediatamente a Geoffrey Howe y George Younger para discutir lo que se debería hacer. A la una de la madrugada envié una contestación provisional al presidente pidiéndole que lo pensase detenidamente. Manifestaba que mi deseo inmediato era apoyar a los Estados Unidos, pero también expresaba la gran ansiedad que provocaba lo que se había planteado. Quería más información sobre los objetivos en Libia. Me preocupaba que una acción de los Estados Unidos iniciara una espiral de venganza y que hubiese una justificación pública adecuada para la acción que se iba a emprender, de otro modo podríamos fortalecer la posición de Gaddafi. También me preocupaban las implicaciones para los rehenes británicos en el Líbano (y los hechos me demostrarían que tenía razón al preocuparme).

Examinando el pasado, creo que esta respuesta inicial fue, probablemente, demasiado negativa. Por supuesto, los norteamericanos así lo entendieron, pero tuvo el beneficio práctico de hacerles pensar cuidadosamente cuáles eran sus objetivos y cómo iban a justificarlos, cosa que, con seguridad, es uno de los favores que se espera de los amigos. Otras dos consideraciones influyeron en mí: primero, pensaba que en los Estados Unidos había cierta inclinación a precipitar los acontecimientos, producto, sin lugar a dudas, de la sensación de letargo que veían en Europa; segundo, incluso en esta fase sabía que el coste político que tendría que pagar, por conceder permiso a los Estados Unidos para utilizar las bases americanas en sus ataques contra Libia, sería alto. El Gobierno se estaba recobrando de la caída sufrida con los problemas de Westland y BL, pero aquella era una recuperación delicada. No podía tomar una decisión a la ligera.

Geoffrey, George, otros altos funcionarios y yo nos reunimos la mañana siguiente a las ocho menos cuarto de la mañana en el Número 10 de Downing Street. Se había recibido un mensaje de la Casa Blanca que decía que ya no era necesario que la respuesta a la solicitud original estuviera lista antes de las doce. Decidí utilizar el tiempo disponible para preparar una lista de posibles objetivos libios lo más reducida posible. También se redactó, con esperanza más que con anticipación, una lista de acciones no militares que podrían emprender los norteamericanos. Celebré otra reunión a primeras horas de la tarde, pero había pocas cosas útiles que pudiéramos hacer hasta recibir la contestación del presidente norteamericano a mi mensaje. Esperé con cierta ansiedad toda la tarde.

Poco después de medianoche llegó la respuesta del presidente Reagan a través de la línea directa. Era una respuesta enérgica, detallada y no exenta de crítica a los puntos que yo le había planteado. El presidente Reagan subrayaba que la acción que planeaba no pondría en marcha una espiral de venganza porque la violencia había comenzado hacía mucho tiempo, como demostraba el historial de acciones terroristas de Gaddafi. Hacía hincapié en lo que sabíamos, por los informes de los servicios secretos, acerca de la dirección libia en la violencia terrorista. Argumentaba que era la ausencia de una respuesta occidental firme lo que había permitido estos hechos. Pensaba que la justificación legal para la acción que iba a emprender estaba clara. El presidente norteamericano ponía el acento en que la acción de los Estados Unidos estaría dirigida contra el principal cuartel general de Gaddafi y sus fuerzas de seguridad, más que contra el pueblo libio, e incluso las concentraciones de tropas de las Fuerzas Armadas regulares. Los ataques se realizarían sobre objetivos limitados. Yo estaba especialmente impresionada por la juiciosa valoración hecha por el presidente de los probables efectos de lo que planeaba. Reagan escribía:

No me hago ilusiones de que estas acciones eliminen totalmente la amenaza terrorista, pero demostrarán que los actos terroristas fomentados oficialmente por un gobierno —como Libia ha hecho repetidamente— no quedarán sin castigo. La pérdida de semejante patrocinio debilitará, inevitablemente, la capacidad de las organizaciones terroristas para perpetrar ataques criminales, mientras seguimos trabajando por vía económica, política y diplomática para mitigar las causas fundamentales de ese terrorismo.

Leí y releí el mensaje del presidente. Estaba claramente decidido a seguir adelante.

Cuanto más consideraba el problema, más clara me parecía la justificación del planteamiento norteamericano sobre Libia. El fenómeno del terrorismo de Estado que proyecta la violencia contra sus enemigos por todo el mundo, utilizando sustitutos siempre que es posible, es algo a lo que nunca se enfrentaron las generaciones anteriores. Los medios necesarios para eliminar esta amenaza para la paz y el orden en el mundo también tienen que ser diferentes. No había dudas sobre la culpabilidad de Gaddafi. Ni tampoco debía haber ninguna duda sobre la actitud de Gran Bretaña cuando el país más poderoso del mundo libre decidiera actuar contra él. No importaba el coste político que aquello me acarrease, yo sabía que lo que era impensable era el precio que pagaría Gran Bretaña por no apoyar la acción norteamericana. Si a Estados Unidos le abandonaba su mejor aliado, el pueblo norteamericano y su gobierno se sentirían amargamente traicionados, y con toda razón. Desde ese momento, mis esfuerzos no se dirigieron a hacer cambiar de idea a Estados Unidos sino a prestarles toda la ayuda posible, ya sea concediendo el permiso para la utilización de las bases como justificando su acción frente a lo que sabía que provocaría una tormenta de oposición en Gran Bretaña y Europa. Aquello no significaba, sin embargo, que estuviese de acuerdo con todas las sugerencias americanas. Era vital que los ataques aéreos se limitasen a objetivos claramente definidos y que la acción, en su conjunto, pudiera justificarse en términos de defensa propia.

Lo primero que tuve que hacer al día siguiente, fue convencer a mis colegas sobre los pasos a seguir. Geoffrey Howe estaba en contra de la intervención norteamericana pero, una vez que se tomó la decisión de apoyarla, la defendió incondicionalmente en público. George Younger la apoyó desde el principio.

Esa tarde envié un nuevo mensaje al Presidente Reagan en el que le brindaba «nuestro apoyo incondicional para llevar a cabo las acciones dirigidas contra objetivos libios específicos, involucrados de forma clara en la realización y apoyo de actividades terroristas». Prometía apoyar la utilización de los aviones estadounidenses con base en el Reino Unido siempre que se respetase dicho criterio. Pero cuestionaba algunos de los objetivos propuestos y le advertía que, si la acción adquiría mayores proporciones, los norteamericanos debían de admitir que incluso aquellos más dispuestos a prestarles todo el apoyo posible se encontrarían en una situación difícil.

Es casi imposible mantener algo en secreto en Washington, que en aquel momento era un hervidero de rumores acerca de los preparativos de Estados Unidos para llevar a cabo una acción militar contra Libia. Aquello hizo que no fuese nada fácil mantener un discreto silencio sobre nuestra propia actitud en la intervención militar. En un momento determinado del viernes pareció que Estados Unidos no pensaba utilizar los FI y FII con base en Inglaterra lo que, por supuesto, hubiese suavizado considerablemente nuestra situación. Pero, por la tarde, resultó que sí deseaban hacerlo. Más tarde volví a recibir un mensaje del presidente Reagan agradeciendo nuestra oferta de cooperación y confirmando que los objetivos estarían claramente definidos bajo tres categorías: los relacionados directamente con el terrorismo; los que tenían que ver con la dirección, control y logística, relacionados indirectamente; y los relativos a la eliminación del sistema defensivo, es decir, radar y otros equipos que pusieran en peligro los aviones norteamericanos.

El sábado por la mañana vino a verme el general Vernon Walters para explicarme con más detalle las intenciones norteamericanas. Comencé diciéndole que estaba horrorizada por la difusión que se había dado en la prensa de su país a lo esencial de mis intercambios con el presidente Reagan. Aquello significaba, por supuesto, que la batalla propagandística era aún más importante. Acepté ansiosa la oferta del general Walters de enseñarnos por anticipado las declaraciones que haría el presidente Reagan para anunciar y explicar el ataque aéreo sobre Libia. También discutimos sobre qué parte de la información secreta se podía utilizar en público para justificar la acción. Yo era más reacia que los norteamericanos a revelar información secreta, pero en esta ocasión consideraba vital hacerlo si había que convencer al público de la certeza de las acusaciones contra Gaddafi. De hecho, aunque no pensaba que se pusiese en peligro la vida de nadie como consecuencia de aquellas revelaciones, era obvio que un buen número de informes secretos perderían su utilidad. También traté con el general Walters la última lista de objetivos del presidente norteamericano, la cual me pareció razonablemente tranquilizadora. Supongo que el general sabía perfectamente, cuando vino a verme, cuáles serían los objetivos que los Estados Unidos atacarían. Si así era, fue muy inteligente de su parte el no revelármelos. Esperaba que fuera aún más discreto en el resto de su viaje a París, Roma, Bonn y Madrid, donde iba a explicar las razones por las que iban a entrar en acción y a pedir el apoyo de Europa.

Ahora que Estados Unidos pedía realmente a los europeos una ayuda que implicaba cierto precio político, los gobiernos europeos acogieron la petición con respuestas poco favorables. Parece ser que el canciller Kohl dijo a los norteamericanos que los Estados Unidos no deberían esperar un apoyo entusiasta de sus aliados europeos y que todo dependería del éxito de la intervención. Los franceses, que acababan de dar rienda suelta a sus amenazas, por lo menos a nivel privado, negaron el permiso para que los aviones FI y FII cruzaran el espacio aéreo francés. Los españoles dijeron que los aviones norteamericanos podían sobrevolar España, pero sólo si lo hacían sin llamar la atención. Puesto que aquella condición era imposible de cumplir, tuvieron que volar a través del Estrecho de Gibraltar.

Las especulaciones eran numerosas. No podíamos confirmar ni negar nuestros intercambios con los norteamericanos. Los partidos Laborista y Liberal insistieron en que debíamos excluir la utilización de las bases norteamericanas en el Reino Unido de la intervención que, para entonces, parecía que todo el mundo esperaba. Fue importante confirmar que los miembros más importantes del Gabinete apoyaban mi decisión. A mediodía del lunes 14 de abril expliqué al Comité de Defensa y Ultramar del Gabinete lo que había sucedido en los últimos días. Dije que era evidente que los Estados Unidos tenían razones justificadas para actuar en defensa propia, según el artículo 51 del Tratado de las Naciones Unidas. Finalmente, insistí en que teníamos que apoyar a los norteamericanos, al igual que ellos nos habían apoyado en las Malvinas.

Esa tarde, Washington nos confirmaba telefónicamente que los aviones norteamericanos despegarían pronto de sus bases británicas. Recibí las noticias poco después de asistir a un compromiso contraído desde hacía mucho tiempo con la revista The Economist: una recepción en honor al gran constitucionalista Victoriano Walter Bagehot o a St. John Stevas, su editor contemporáneo, según cómo se mire. Al entrar al edificio del The Economist, Andrew Knight, director de la revista, comentó con cierta preocupación lo pálida que estaba. Puesto que mi aspecto no ha sido nunca rubicundo, en aquel momento debía de parecer el fantasma de Banquo. Me preguntaba qué aspecto habría tenido Andrew Knight si supiese que los aviones norteamericanos FI y FII volaban en secreto y dando un largo rodeo en dirección a Trípoli. No obstante, elogié a Bagehot, besé a Norman y regresé al Número 10 de Downing Street.

Esa noche, ya tarde, recibí un mensaje del presidente Reagan diciendo que los aviones de Estados Unidos atacarían en breve cinco objetivos asociados con el terrorismo en Libia. El presidente Reagan me confirmó que el texto de sus declaraciones televisadas al pueblo norteamericano tendría en cuenta nuestro consejo de destacar el elemento de defensa propia, para detentar la posición legal correcta. También se estaba redactando en ese momento mi propia declaración sobre el ataque aéreo ante la Cámara de los Comunes, que tendría lugar el día siguiente.

El ataque norteamericano, como habíamos previsto, fue llevado a cabo principalmente por dieciséis FI y FII con base en el Reino Unido, aunque también se utilizaron un número indeterminado de otros aviones. El ataque duró cuarenta minutos. Los misiles y la artillería libios abrieron fuego, pero se logró destruir sus radares de defensa aérea. El ataque aéreo fue un éxito, aunque desgraciadamente hubo bajas civiles y se perdió un avión. Sin embargo, los informes de televisión se centraron, casi exclusivamente, en las madres y los niños que lloraban, en lugar de hacerlo en la importancia estratégica de los objetivos.

El impacto inicial sobre la opinión pública británica, al igual que en todos los demás sitios, fue peor aún de lo que había temido. La simpatía pública por los civiles libios se mezclaba con el miedo a una represalia terrorista por parte de Libia. La sede central del Partido Conservador recibió numerosas llamadas telefónicas de protesta, al igual que la centralita del Número 10 de Downing Street. Expresaban la preocupación por el destino de los súbditos británicos en Libia y la posibilidad de que se tomasen rehenes. La oposición y también los diputados conservadores y periódicos tories criticaban con amargura el hecho de haber dado permiso para la utilización de las bases. A mí se me calificó de servil con los Estados Unidos pero insensible con sus víctimas. Informé detalladamente al Gabinete sobre lo que había sucedido, después de lo cual me di cuenta que algunos de sus miembros deberían haber sido informados del ataque aéreo con antelación. Posteriormente, esa misma tarde, comparecí ante una Cámara de los Comunes escéptica y hostil en su mayor parte. Después me telefoneó el presidente Reagan para comentar en detalle lo que había sucedido y desearme suerte en la lucha con las críticas a las que sabía me enfrentaba. Dijo que, la noche anterior, al referirse en su discurso por televisión a la cooperación de los aliados europeos, sólo había pensado en un país: el Reino Unido.

Tenía que intervenir en la Cámara el miércoles por la tarde, en un debate de emergencia sobre el ataque aéreo contra Libia. Fue, intelectual y técnicamente, el discurso más difícil de preparar porque se basaba en gran medida en la descripción de informes de los servicios secretos sobre las actividades terroristas de Libia, y teníamos que discutir cada punto para proteger nuestra posición en aquellas circunstancias. Cada palabra del discurso tenía que ser comprobada por el servicio de inteligencia pertinente para verificar su exactitud y no poner en peligro las fuentes de información. El debate estuvo plagado de prejuicios antiamericanos. Neil Kinnock citó incorrectamente el discurso televisado del presidente Reagan; y lo hizo más de una vez. Yo ya le había escuchado hacerlo antes ese mismo día y le había entregado el texto completo de lo que en realidad había dicho el presidente Reagan, a Cranley Onslow, presidente del Comité Ejecutivo de 1922. El señor Kinnock dijo:

Según el presidente Reagan, el propósito del ataque aéreo sobre Trípoli y Bengazi del lunes por la noche, fue «poner fin al reino de terror de Gaddafi». No creo que nadie pueda pensar seriamente que ese objetivo haya sido alcanzado, o lo sea, con bombardeos.

Cranley Onslow interrumpió para señalar que el presidente Reagan había dicho precisamente lo contrario:

No me hago ilusiones [la cursiva es mía] de que la acción de esta noche ponga fin al régimen de Gaddafi, pero mi misión, aún siendo violenta, contribuirá a hacer del mundo un lugar más seguro y estable para las mujeres y los hombres de bien.

Como los Victorianos solían decir: «fracaso de una buena fiesta».

Mi discurso tranquilizó al partido y el debate fue un éxito. Pero todavía existían grandes dosis de incomprensión, incluso entre nuestros partidarios. Fui ese viernes al distrito electoral de Cranley Onslow. Me di cuenta de que la gente me miraba raro, como si hubiese hecho algo terrible, lo cual era comprensible dada la cobertura sensacionalista y tendenciosa realizada por los medios de comunicación. Cuando les expliqué a algunos militantes del partido, durante una recepción, que nuestra intervención se había llevado a cabo para proteger a las víctimas del futuro terrorismo, lo comprendieron. Pero no podía despegarme de la acusación de crueldad, y aquello me hacía daño. No obstante el ataque aéreo sobre Libia también significó un cambio decisivo, y produjo tres beneficios inequívocos.

Primero, resultó ser un golpe contra el terrorismo patrocinado por Libia más decisivo de lo que nunca habría imaginado. Todos tendemos a olvidar que los tiranos gobiernan por la fuerza y el miedo, y que se mantienen por el mismo sistema. En venganza, hubo asesinatos organizados por parte de Libia de rehenes británicos, cosa que lamenté amargamente. Pero el cacareado contraataque libio no podía producirse y no se produjo. Gaddafi no había sido destruido, pero sí humillado. Durante los años siguientes fue evidente la disminución del terrorismo financiado por Libia.

Segundo, lo que habíamos hecho provocó una ola de gratitud por parte de los Estados Unidos que todavía sigue siendo muy útil para nuestro país. El Wall Street Journal me describía en términos lisonjeros como «magnífica». Me escribieron senadores dándome las gracias. Opuestamente a las reacciones suscitadas en Gran Bretaña, la centralita telefónica de nuestra embajada en Washington quedó bloqueada por las llamadas telefónicas de agradecimiento. Quedó muy claro para la Administración norteamericana que la opinión de Gran Bretaña tendría un peso especial en las negociaciones sobre control de armamento. El tratado de extradición, que considerábamos vital para traer a Gran Bretaña a los terroristas del IRA que se encontraban en Estados Unidos, iba a recibir un enérgico apoyo por parte de la Administración norteamericana en contra del obstruccionismo de la oposición. El hecho de que tan pocos países hubiesen apoyado a Estados Unidos en aquel momento decisivo para ellos, reforzó la «relación especial», que siempre seguirá siendo especial por los lazos culturales e históricos que unen a nuestros dos países, pero que gozó de una relación de proximidad muy particular durante el tiempo en que el presidente Reagan estuvo en la Casa Blanca.

El tercer beneficio, aunque parezca mentira, fue de carácter nacional, pero en absoluto inmediato. A pesar de su impopularidad, nadie podría dudar que nuestra acción había sido enérgica y decisiva. Yo había marcado una dirección y la había seguido. Los ministros y diputados disidentes podrían murmurar; pero ahora murmuraban sobre un liderazgo que no les gustaba, y no por el fracaso del liderazgo. Había vencido al antiamericanismo que amenazaba con envenenar las relaciones con nuestro aliado más cercano y poderoso, y no sólo sobreviví sino que resurgí con mayor autoridad e influencia en la escena mundial. Eso era algo que los críticos no podían ignorar. La política es tan paradójica que en menos de un año aquella ola de antiamericanismo se había convertido en una ayuda para el Gobierno. Los laboristas se empeñaron estúpidamente en una política de defensa antiamericana, lo cual provocó una fuerte reacción por parte de Cap Weinberger y Richard Perle. Cuando les dijimos a los británicos: «si queréis que nos vayamos, nos iremos», entonces despertaron a la realidad. El antiamericanismo de los laboristas, de moda el año anterior, empezó a diluirse progresivamente y cuando llegaron las elecciones contribuyó a hundirles.

Mientras la primavera de 1986 se transformaba en verano, el clima político comenzó lenta, pero inconfundiblemente, a mejorar.

CAPÍTULO XVI

Hombres con los que negociar

Relaciones Este-Oeste durante el segundo mandato: 1983-1987

NUEVA VALORACIÓN DE LA UNIÓN SOVIÉTICA

En el transcurso de 1983, los soviéticos comenzaron a darse cuenta de que su juego de manipulación e intimidación se superaría pronto. Los Gobiernos europeos no estaban dispuestos a caer en la trampa abierta por la propuesta soviética de crear una «zona desnuclearizada» en Europa. Los preparativos para el despliegue de misiles Cruise y Pershing siguieron adelante. En marzo, el presidente Reagan anunció los planes para una Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI) cuyas implicaciones financieras y tecnológicas eran devastadoras para la URSS. Después, a principios de septiembre los soviéticos derribaron un avión de las líneas aéreas civiles surcoreanas, matando a 269 pasajeros. Quedó expuesta claramente no sólo la insensibilidad sino la incompetencia del régimen soviético, que ni siquiera tuvo el valor de disculparse. Se silenció el estúpido rumor, basado en una mezcla de espejismo occidental y desinformación soviética, sobre el señor Andropov, culto, cosmopolita y liberal dirigente de la Unión Soviética, que haría del mundo un lugar más seguro. Quizás, por primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, se empezó a decir, incluso en círculos occidentales liberales, que la Unión Soviética estaba enferma y en actitud defensiva.

Hubo un nuevo enfriamiento en las relaciones Este-Oeste. Habíamos entrado en una fase peligrosa. Tanto Ronald Reagan como yo éramos conscientes de ello. Sabíamos que la estrategia de igualar a los soviéticos en poderío militar y su derrota en el campo de batalla de las ideas era un éxito y debía continuar. Pero, mientras tanto, teníamos que ganar la Guerra Fría sin correr riesgos innecesarios.

En realidad la Guerra Fría nunca había terminado, al menos por parte de la Unión Soviética: simplemente había variaciones en el grado de enfriamiento. A veces, como en Corea y Vietnam, ha sido bastante más que fría. Pero siempre era, como yo nunca olvidaba, un conflicto entre un sistema y otro. En este sentido, el análisis de la ideología comunista era correcto: nuestros dos sistemas eran incompatibles, aunque, debido a que ambos bandos poseían medios de destrucción nuclear, teníamos que realizar los ajustes y compromisos necesarios para vivir juntos. Lo que teníamos que hacer en Occidente era aprender todo lo que fuera posible sobre el sistema y el pueblo con los que nos enfrentábamos, y estar en estrecho contacto con los que vivían bajo ese sistema mientras fuera compatible con nuestra seguridad. En la Guerra Fría, igual que en la guerra convencional, es provechoso conocer al enemigo, porque en algún momento del futuro puede darse la oportunidad de convertirle en amigo.

Esa era la idea que se hallaba detrás de mi decisión de organizar un seminario en Chequers, el jueves 8 de septiembre de 1983, para seleccionar a los expertos en la Unión Soviética. La dificultad de influir en la opinión exterior, incluso en nuestro sistema democrático abierto demuestra por qué los sistemas totalitarios cerrados son tan lentos y mediocres. Me había acostumbrado a seminarios de largo alcance desde los tiempos de la oposición y siempre los había encontrado estimulantes e instructivos. Pero en vez de las mejores mentes sobre el sistema soviético, me encontraba ahora con una lista de las mejores mentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que no es exactamente lo mismo. Anoté sobre el listado original de los posibles participantes:

Esto NO es lo que quiero; no estoy interesada en reunir a todos los subsecretarios, ni a nadie que haya tratado alguna vez el tema en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Asuntos Exteriores debe hacer sus preparativos antes. También quiero personas que hayan estudiado realmente Rusia, la mente rusa, y que hayan tenido alguna experiencia viviendo allí. Más de la mitad de las personas que hay en la lista saben menos que yo.

Había que empezar de nuevo.

De hecho, cuando comenzó el seminario me di cuenta que para entonces sí teníamos la gente adecuada y algunos documentos de primera clase. Éstos últimos abarcaban casi todos los factores que tendríamos que tener en cuenta en años venideros al tratar con los soviéticos y su sistema. Discutimos la economía soviética, su inercia tecnológica y las consecuencias de la misma, el impacto de los problemas religiosos, la doctrina militar soviética, el gasto en defensa y los beneficios y costes que representaba para la Unión Soviética el control de Europa del Este. El único problema que, retrospectivamente, no valoramos lo suficiente, aunque figuraba brevemente, fue el tema de las nacionalidades, tema pendiente que conduciría finalmente al desmembramiento de la propia Unión Soviética. Quizá para mí el documento más interesante fue uno que describía y analizaba la estructura de poder del Estado soviético desarrollando lo que ya había aprendido en la oposición con Robert Conquest.

Por supuesto, el objetivo de aquel seminario no era fundamentalmente académico, sino el de proporcionarme a mí la información sobre la que modelar la política sobre la Unión Soviética y el bloque Oriental en los meses y años próximos. Hubo siempre, hasta los últimos días de la Unión Soviética, dos puntos de vista opuestos entre los «sovietólogos».

A riesgo de simplificarlos en exceso, son los siguientes. Por un lado, estaban los que restaban importancia a las diferencias entre los sistemas soviético y occidental, que procedían de análisis políticos y análisis de sistemas. Eran personas que aparecían noche tras noche en nuestras pantallas de televisión analizando la Unión Soviética en términos extraídos de las democracias liberales. Eran los optimistas buscando la luz al final del túnel más largo, confiados en que, de alguna forma, surgiría la racionalidad y el compromiso dentro del sistema totalitario soviético. Recuerdo una observación de Bob Conquest que decía que el problema del análisis de sistemas era que si se analizan los sistemas de un caballo y un tigre, éstos son muy parecidos, pero que sería un gran error tratar a un tigre como si fuera un caballo. Por otro lado estaban los que mantenían, principalmente los historiadores, que los sistemas totalitarios son diferentes en clase —no sólo en grado— de las democracias liberales, y que los enfoques que eran relevantes para uno eran irrelevantes para el otro. Estos analistas argumentaban que un sistema totalitario genera una clase de dirigentes políticos diferentes a los democráticos y que la capacidad de cualquier individuo para cambiar ese sistema era prácticamente insignificante.

Mi propio punto de vista estaba mucho más próximo al segundo que al primero de esos análisis, pero con una diferencia muy importante. Siempre creí que finalmente triunfaría nuestro sistema occidental, si no renunciábamos a nuestras ventajas, porque descansa en la exclusiva, casi ilimitada, creatividad y vitalidad de los individuos. Incluso un sistema como el soviético, que se basaba en la aniquilación del individuo, nunca lo conseguiría totalmente, como lo demuestran los Solzhenitsin, Sajarov, Bukovsky, Ratushinskaya y miles de disidentes y refuseniks más. Aquello también implicaba que en algún momento el individuo adecuado podía desafiar incluso al sistema que había utilizado para obtener el poder. Por eso, a diferencia de las numerosas personas que compartían mi análisis de la Unión Soviética, yo estaba convencida de que debíamos buscar la persona adecuada entre la nueva generación de dirigentes soviéticos para después cuidarle y apoyarle, mientras reconociéramos claramente los límites de nuestra capacidad para hacerlo. Esa es la razón por la cual los que, posteriormente, consideraron que había renunciado a mi método inicial sobre la Unión Soviética porque estaba deslumbrada con el señor Gorbachov estaban equivocados. Le escogí porque buscaba a alguien como él. Y tenía confianza en que aquella persona existiera, incluso dentro de una estructura totalitaria, porque creía que el espíritu del individuo nunca podría ser aniquilado en el Kremlin más que en el Gulag.

En la época de mi seminario en Chequers, aunque he explicado que las relaciones Este-Oeste estaban empeorando —y llegaron a ser todavía peores cuando los soviéticos abandonaron las conversaciones sobre el control armamentista en Ginebra como respuesta a la instalación de misiles Cruise y Pershing—, parecía que pronto se producirían cambios importantes en la dirección soviética. El señor Andropov, aunque no era un liberal, quería sin lugar a dudas revitalizar la economía soviética, que estaba en peor estado del que cualquiera de nosotros sospechaba en aquel momento. Para conseguirlo, necesitaba recortar la burocracia y mejorar la eficacia. Aunque había heredado una clase dirigente que no podía cambiar repentinamente, la elevada edad media de los miembros del Politburó le proporcionaría la oportunidad de cubrir las vacantes con los hombres adecuados para sus objetivos. Ya había dudas sobre la salud de Andropov. Sin embargo, si vivía sólo unos pocos años más, era probable que la dirección pasara a una nueva generación. Parecía que los dos competidores principales eran Grigory Romanov y Mijail Gorbachov. Solicité toda la información que teníamos sobre ambos. No era demasiada y en gran parte era vaga y anecdótica. Sin embargo, pronto me di cuenta de que, aunque la idea de ver a un Romanov de vuelta en el Kremlin era atractiva, tendría probablemente otras consecuencias desagradables. Romanov, como primer secretario del Partido Comunista en Leningrado, era famoso por su eficacia pero también por ser un marxista de la línea dura, la cual combinaba, como muchos de su clase, con un extravagante estilo de vida. Confieso que cuando leí cómo rompieron aquellos inapreciables vasos de cristal procedentes del Hermitage en la celebración de la boda de su hija, también su nombre perdió parte del atractivo que tenía para mí.

Lo poco que sabíamos del señor Gorbachov parecía modestamente alentador. Desde luego, era el miembro del Politburó más instruido, aunque nadie hubiera descrito como intelectuales a aquel grupo de ancianos soldados y burócratas. Había adquirido fama de imparcial pero, por supuesto, aquello podía ser una cuestión de estilo. Había ascendido poco a poco en el partido desde la época de Jruschov, Brezhnev y ahora Andropov, de quien era, evidentemente, el protegido especial; aunque eso podría ser un signo de conformidad más que de talento. No obstante, aquel mismo mes, el primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau, me informó favorablemente sobre él. Comencé a prestar una atención especial cada vez que se mencionaba su nombre en los informes sobre la Unión Soviética.

VISITA A HUNGRÍA

Sin embargo, las relaciones con los soviéticos eran tan malas de momento que el contacto directo con ellos parecía casi imposible. Me daba la impresión de que tendríamos que trabajar a través de Europa del Este. El viceprimer ministro de Hungría, señor Marjai, me había visitado en marzo, antes de las elecciones generales, y había reiterado la invitación de su Gobierno para que visitase Hungría. Me había fascinado lo que me contó sobre el «experimento económico» húngaro. En un momento dado, al observar el señor Marjai la importancia de los beneficios y los incentivos, declaró que no era al Gobierno a quien correspondía distribuir dinero porque el Gobierno no lo tenía. Le comenté que aquellas observaciones las podría haber hecho yo en cualquiera de mis discursos.

Por varias razones, fue Hungría el país que elegí en mi primera visita como primera ministra a un país del Pacto de Varsovia. Los húngaros habían avanzado bastante por la senda de la reforma económica, aunque se mostraban ansiosos por llamarlo de cualquier forma excepto capitalismo. Se había conseguido cierto grado de libertad, aunque se castigaba la disidencia radical. La estrategia de János Kádár, oficialmente primer secretario del Partido Comunista Húngaro pero de hecho líder indiscutido, se resumía en el lema tan poco original de: «el que no está con nosotros está contra nosotros». Aprovechaba los lazos económicos con Occidente para proporcionar a su pueblo un nivel de vida aceptable, mientras afirmaba constantemente la lealtad de Hungría al Pacto de Varsovia, al socialismo y a la Unión Soviética, cosa que era necesaria dados los casi sesenta mil soldados soviéticos que estaban estacionados «temporalmente» en Hungría desde 1948. En aquella época el señor Kádár parecía gozar de cierto respeto, quizá hasta cariño, por parte de muchos húngaros, porque se le reconocía el hecho de evitar la repetición de los sucesos de 1956, a la vez que permitía que continuara el proceso gradual de reformas. Aunque él mismo había sido torturado por sus camaradas, su pasado incluía incidentes de infamia característicos en las carreras de toda esa generación de viejos dirigentes comunistas: había sido responsable de la tortura y proceso del cardenal Mindszenty, de la ejecución de su amigo, el ministro de Asuntos Exteriores Rajk, y de la traición de la Revolución de 1956. Sin embargo ante mí negó que hubiese tenido ninguna responsabilidad en la ejecución de Imre Nagy, el dirigente comunista reformista; de hecho dijo que los soviéticos le habían prometido que perdonarían la vida a Nagy. En cualquier caso, el hecho de que Kádár hubiese estado en el poder durante tanto tiempo significaba que había llegado a conocer a los soviéticos y su forma de pensar mejor que cualquier otro dirigente de la Europa del Este. Conocía, sobre todo, al señor Andropov, que había sido embajador en Budapest en la época del levantamiento de 1956, y con el que creíamos que mantenía unas relaciones estrechas. Yo esperaba que informase al líder soviético de nuestras conversaciones.

Descendí del avión a las diez de la noche del jueves 2 de febrero de 1984, para ser recibida por el primer ministro húngaro, señor Lázár, y después caminar juntos por encima de una espesa capa de nieve para inspeccionar a la guardia de honor iluminada con focos. Mi primer compromiso oficial a la mañana siguiente fue una conversación privada con el señor Lázár, un modesto funcionario que manifestaba todos los signos de lealtad al sistema comunista. Pero lo que tenía que decirme mostraba las raíces de aquella lealtad. Me advirtió que lo peor que podía hacer durante mi visita era proyectar cualquier tipo de duda sobre la permanencia de Hungría como parte del bloque socialista. Los húngaros estaban preocupados con lo que el vicepresidente George Bush había dicho al respecto en Viena, después de visitar su país. Me di cuenta de que la adhesión formal al sistema soviético era el precio por las limitadas reformas que habían hecho. Inmediatamente le contesté que lo comprendía y tuve cuidado entonces y después de mantener mi palabra.

Más tarde aquella mañana, vi al señor Kádár. Sólo le quedaban cuatro años más en el poder, pero todavía era enérgico y controlaba la situación. Era un hombre de cara cuadrada, huesos largos y complexión saludable, con un aire de innata autoridad y aparentemente sensato en la discusión. No dependía, a diferencia de otros muchos líderes comunistas, de una larga serie de consejeros y sólo estábamos acompañados por los intérpretes.

El mensaje principal que intenté transmitirle era que Occidente y el presidente Reagan en persona buscaban realmente el desarme. Lo que nosotros queríamos era preservar nuestra propia seguridad, pero con un bajo nivel de armamento, en particular de armamento nuclear. Le dije al señor Kádár que sabía por el presidente Reagan, de quien era amigo personal, lo dolido que se había sentido por la respuesta que había recibido al intentar conseguir un mejor entendimiento con la Unión Soviética. Describí el tono en el que el presidente Reagan había hablado, cuando los dos paseábamos por el jardín de la Embajada de los Estados Unidos en París, sobre una carta personal que había escrito de su puño y letra al presidente Brezhnev expresándole el deseo de paz de EE. UU. Esperó con ansiedad la contestación, que tardó mucho tiempo en llegar. Y cuando llegó, se trataba tan sólo de la típica carta oficial mecanografiada, breve y desalentadora. Añadí que era verdad que desde entonces el presidente Reagan había incrementado la fuerza militar de los Estados Unidos pero que él quería que mejoraran las relaciones entre la OTAN y el Pacto de Varsovia.

Después intenté obtener del señor Kádár una visión más clara de la situación en la URSS. Me habló de la personalidad de los distintos dirigentes soviéticos que había conocido: como señaló, «los rusos también son personas». Jrushchov era impulsivo. El señor Kádár le había dicho que era como un viejo bolchevique, en vez de decir «buenos días», le gustaba darte un puñetazo en el estómago. Describió a Brezhnev como una persona muy emocional. Andropov también era diferente. Le describió como un hombre muy duro y calculador, pero alguien capaz de escuchar. Me confirmó que Andropov estaba enfermo, pero dijo que mentalmente estaba en perfecto estado y nunca dejaba de trabajar. También me contó que su estado de salud mejoraba y que los húngaros cruzaban los dedos por su restablecimiento. Añadió que la dirección soviética se estaba fortaleciendo con personas más jóvenes que querían la paz y estaban dispuestas a mantener conversaciones al respecto. Por supuesto, aquel retrato de la vida en el Kremlin apenas podía considerarse ecuánime, dada la larga relación del señor Kádar con Andropov. Y puesto que Andropov murió seis días más tarde, lo que me contó sobre el estado de salud de este último o bien era tremendamente optimista o una mentira diplomática. Pero, no obstante, sus opiniones me resultaron interesantes.

También fue mi primera experiencia de lo que era la vida para la gente corriente en un país comunista. El sábado por la mañana visité el mercado central cubierto más grande de Budapest, hablé con los comerciantes y compradores y compré miel, pimientos y especias. Se reunió una multitud enorme y amistosa a pesar del frío intenso. El mercado estaba mejor provisto de artículos de lo que imaginaba. Pero lo que conservo en mi mente, todavía hoy, fue el recibimiento caluroso, incluso apasionado, de la muchedumbre de compradores. No era sólo que yo fuera una jefe de Gobierno occidental lo que producía aquello, sino mi reputación de enérgico líder político anticomunista, una reputación bastante conocida internacionalmente por la guerra de las Malvinas, dos años antes, e incluso por los ataques soviéticos sobre mi persona calificándome de Dama de Hierro. Respondí calurosamente a la multitud y, a mi regreso a Londres, descubrí que varios periodistas informaban sobre mi descubrimiento de que «los comunistas también eran seres humanos». Lo que en realidad había descubierto o, mejor dicho, confirmado, era que los seres humanos de los países comunistas no eran en absoluto comunistas sino que conservaban el ansia de libertad.

También me impresionó el orgullo que sentía la gente en la vieja Hungría, que desde entonces se ha convertido en la base del nuevo país poscomunista.

La única sorpresa —y desilusión— de mi visita fue ver lo lejos que, incluso Hungría, estaba de la economía libre. Existían algunos negocios pequeños, pero no se les permitía que prosperasen más allá de ciertas dimensiones. El énfasis principal de las reformas económicas húngaras no era el incremento de la propiedad privada de la tierra o las inversiones, sino que los particulares o las cooperativas utilizaran los servicios de propiedad estatal. Visité un proyecto de construcción de viviendas en Szentendre en el que participaba la firma británica Wimpey. Al preguntar a la gente que me encontré allí, descubrí que aunque podían comprarse apartamentos no podían luego venderlos libremente en el mercado, sino solamente al Estado, más o menos la misma política, todo hay que decirlo, que el Partido Laborista de Gran Bretaña había adoptado con la venta de las viviendas protegidas.

Transmití mis impresiones al presidente Reagan en un mensaje:

El experimento económico húngaro es dirigido con límites muy estrictos: un único partido político, la prensa controlada, la farsa del Parlamento, la propiedad estatal de todo excepto de las unidades económicas más pequeñas, pero sobre todo la íntima alianza con Moscú. Kádár y Lazar tienen perfectamente claro que estas cosas no cambiarán […] Estoy convencida de que es más probable que hagamos progresos sobre las detalladas negociaciones de control de armamento si conseguimos establecer primero unas bases más amplias de comprensión entre Oriente y Occidente. Pero no me hago ilusiones de que sea fácil llegar a ese punto. Será un proceso gradual y lento, durante el cual nunca deberemos bajar la guardia. Sin embargo, creo que hay que hacer el esfuerzo.

Mirándolo retrospectivamente, mi visita a Hungría fue la primera incursión de lo que llegó a ser un símbolo de la diplomacia británica con las naciones cautivas de Europa del Este. El primer paso fue establecer vínculos comerciales y económicos más importantes con los regímenes existentes, haciéndoles menos dependientes del cerrado sistema del COMECON. Más tarde, pusimos el acento en los derechos humanos y, finalmente, cuando el control soviético de la Europa del Este comenzó a decaer, convertimos las reformas políticas internas en condición para la ayuda occidental. Mi visita a Hungría, que inició esta afortunada estrategia diplomática, había demostrado ser, en conjunto, más significativa de lo que pudiera haber imaginado.

MOSCÚ: EL FUNERAL DE ANDROPOV

Sólo unos cuantos días después de mi regreso de Hungría murió el señor Andropov. A pesar de todo, el funeral, al que decidí asistir, me proporcionó la oportunidad de conocer al hombre que, para nuestra sorpresa, se erigiría en el nuevo líder soviético: Konstantin Chernenko. Creíamos que el señor Chernenko era demasiado viejo, estaba enfermo y demasiado unido al señor Brezhnev y a su época como para sucederle en el liderazgo, y según se desarrollaron los sucesos habíamos sido más astutos que sus colegas del Politburó. Pero al menos los comentaristas occidentales no pudieron describir a aquel anciano servidor eterno del Estado como heraldo de una transformación radical de los totalitarismos en democracias liberales.

El día del funeral era luminoso, despejado y, si era posible, aún más frío que el día de mi llegada. En estas ocasiones los dignatarios invitados no disponen de asientos: tuvimos que permanecer de pie durante varias horas en un recinto especialmente reservado para nosotros. Posteriormente me reuní con el nuevo líder de la Unión Soviética para celebrar un breve encuentro privado en el que leyó rápidamente, tropezando con las palabras de vez en cuando, un texto ya preparado. Le acompañaba el ministro de Asuntos Exteriores, señor Gromyko. Fue un acontecimiento formal, en el que trató todos los viejos puntos de los temas del desarme. No quedé impresionada.

Durante las largas horas que hube de permanecer de pie, me alegré de que Robin Butler me hubiera convencido de llevar botas forradas de piel, en vez de mis habituales tacones altos. Habían sido caras, pero cuando me reuní con el señor Chernenko cruzó por mi mente el pensamiento de que probablemente volverían a serme útiles muy pronto.

VISITA DE LOS GORBACHOV A GRAN BRETAÑA

Ahora tenía que considerar nuevos pasos en mi estrategia para conseguir unas relaciones más estrechas, en los términos apropiados, con la Unión Soviética. Evidentemente, tenía que haber más contacto personal con los dirigentes soviéticos. Geoffrey Howe quería que cursásemos una invitación al señor Chernenko para que visitara Gran Bretaña, pero le dije que era demasiado pronto. Primero necesitábamos saber más acerca de la dirección que tomaba el nuevo líder soviético. Pero yo tenía muchas ganas de invitar a otros dirigentes y en consecuencia se enviaron invitaciones a varias figuras soviéticas importantes, incluido el señor Gorbachov. En seguida se puso de manifiesto que el señor Gorbachov deseaba venir a la que sería su primera visita a un país capitalista europeo y quería hacerlo pronto. Para entonces ya teníamos más información sobre sus antecedentes y los de su esposa, Raisa, que, a diferencia de las esposas de otros dirigentes políticos soviéticos, era vista con frecuencia en público y era una mujer atractiva y culta. Decidí que los Gorbachov debían venir a Chequers, que tenía el ambiente de casa de campo adecuado para propiciar una buena conversación. Consideré el encuentro de significativa importancia potencial. En realidad, antes de su llegada, celebré un extenso seminario con expertos en la Unión Soviética para abarcar todos los temas y el trabajo a realizar en el enfoque que pensaba dar.

Los Gorbachov llegaron en coche desde Londres la mañana del 16 de diciembre, a tiempo para almorzar. Durante el aperitivo en el gran vestíbulo, el señor Gorbachov comentó el interés que le había despertado ver las tierras cultivadas camino a Chequers y comparamos observaciones sobre los diferentes sistemas agrícolas de nuestros países. Aquel había sido su trabajo durante una serie de años y, aparentemente, había conseguido un modesto progreso al reformar las granjas colectivas, pero se perdía hasta un 30 por ciento de las cosechas debido a los problemas de distribución.

También Raisa Gorbachov hacía su primera visita a Europa Occidental y sólo sabía un poco de inglés (según pude comprobar, su marido no sabía nada), pero iba vestida con un elegante conjunto de estilo occidental: un traje gris con rayitas blancas y de buen corte. Exactamente la clase de ropa que yo me habría puesto, pensé. Era licenciada en filosofía y había sido catedrática. Nuestro informe de aquella época era que la señora Gorbachov era una marxista convencida perteneciente a la línea dura; su evidente interés en el Leviathan de Hobbes, que sacó de la estantería de la biblioteca, era probablemente la confirmación de todo aquello. Pero más adelante, cuando yo ya había dejado mi cargo, me contaría que su abuelo había sido uno de esos millones de kulaks muertos durante la colectivización forzosa de la agricultura en el Gobierno de Stalin. Su familia no tenía buenos recuerdos para hacerse ilusiones con el comunismo.

Pasamos al comedor. Yo estaba acompañada por un equipo bastante grande formado por Willie Whitelaw, Geoffrey Howe, Michael Heseltine, Michael Jopling, Malcom Rifkind, Paul Channon y otros consejeros. Mijail y Raisa lo estaban por el señor Zamyatin, el embajador soviético, y el impresionante señor Alexander Yakovlev, el consejero que iba a jugar un importante papel en las reformas de los «años Gorbachov». No pasó mucho tiempo antes de que la conversación cambiase las trivialidades, que ni al señor Gorbachov ni a mí nos gustaban, por un enérgico debate a dos bandas. En cierto sentido, la polémica ha continuado desde entonces y surge dondequiera que nos encontramos y, como siempre se dirige directamente a la esencia de lo que realmente es la política, nunca me canso de ella.

Me habló de los programas económicos del sistema soviético, de la transformación de grandes plantas industriales en pequeños proyectos y «negocios», de los ambiciosos planes de regadío y de la forma en que los planificadores industriales adaptaban la capacidad industrial a la fuerza de trabajo para evitar el desempleo. Le pregunté si todo aquello no sería ser más fácil si la reforma partiese desde un supuesto de libre empresa, con la aportación de incentivos y la libertad para que las empresas locales llevaran la voz cantante, en vez de estar todo centralizado. El señor Gorbachov rechazó indignado el que todo estuviese centralizado en la URSS. Cambié de táctica y le expliqué que en el sistema occidental todo el mundo, incluidos los más pobres, a la larga recibían más de la forma en que lo hacíamos nosotros que si dependiesen simplemente de un sistema de redistribución. En realidad, en Gran Bretaña estábamos intentando reducir los impuestos para incrementar los incentivos de forma que pudiéramos crear riqueza, compitiendo en los mercados mundiales. Le dije que no deseaba tener el poder de decidir donde debía trabajar la gente y lo que debía recibir a cambio de su trabajo.

El señor Gorbachov, sin embargo, insistió en la superioridad del sistema soviético. No sólo producía mayores índices de crecimiento sino que, si iba a la URSS, vería como vivía el pueblo soviético: «alegremente». Si aquello era así, contraataqué, ¿por qué las autoridades soviéticas no permitían a la gente abandonar el país con la misma facilidad con que podían hacerlo los británicos?

Critiqué, en particular, las limitaciones impuestas a los judíos para emigrar a Israel. Él afirmó que el 80 por ciento de los que habían expresado el deseo de salir de la Unión Soviética lo habían hecho. Dije que esa no era la información que yo tenía. Pero repitió la línea soviética, que yo tampoco creía, de que aquellos a los que se les prohibía salir habían estado trabajando en áreas relacionadas con la seguridad nacional. Sabía que en aquel momento no valía la pena seguir insistiendo; pero el tema había quedado sobre la mesa. Los soviéticos tenían que saber que cada vez que nos reuniésemos volvería a plantearse el tema del tratamiento que daban a los refuseniks.

Si en aquella fase sólo hubiese prestado atención al contenido de las afirmaciones hechas por Gorbachov, en su mayor parte pertenecientes a la línea marxista oficial, habría llegado a la conclusión de que estaba forjado en el habitual modelo comunista. Pero su personalidad no podía diferir más de la inexpresiva ventriloquia del apparatchik soviético medio. Sonreía, se reía, utilizaba las manos para enfatizar, modulaba la voz, llevaba su argumentación hasta el final y era un agudo polemista. Se le veía seguro de sí mismo y aunque entreveraba sus afirmaciones con respetuosas referencias al señor Chernenko, de quien había traído un mensaje escrito no muy alentador, no parecía oponerse en absoluto a entrar en áreas controvertidas de la alta política. Aquella impresión se vio reforzada durante las horas de discusión que vinieron a continuación. Nunca leía informes preparados de antemano, sino que recurría a un pequeño bloc con notas. Tan sólo en lo referente a la pronunciación de nombres extranjeros buscaba consejo en sus colegas. Su línea de pensamiento no difería de lo que ya habría esperado; su estilo, sí. Según transcurría el día, comprendí que era mucho más el estilo que la retórica marxista lo que expresaba la esencia de la personalidad subyacente. Descubrí que me gustaba.

La cuestión práctica que tenía que discutir en aquella ocasión era el control de armamento. Era un momento importante. El secretario de estado, Schultz, y el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, debían reunirse muy temprano en Año Nuevo en Ginebra, para ver si las conversaciones sobre armamento que se encontraban suspendidas, podrían reanudarse. Yo había descubierto, al hablar con los húngaros, que el mejor punto de partida para discutir de control de armamento en una atmósfera relativamente tranquila, era señalar que nuestros dos sistemas opuestos debían vivir codo con codo, con menor hostilidad y niveles de armamento más bajos. En aquella ocasión hice lo mismo.

Añadí que, tal vez, al igual que la última generación de políticos que recordaban la Segunda Guerra Mundial, teníamos el deber y la obligación de asegurar que semejante conflicto no volviera a repetirse. Sobre estas bases comenzó nuestra detallada conversación: dos cosas quedaron rápidamente en claro. La primera, era lo bien informado que estaba el señor Gorbachov sobre Occidente. Habló de mis discursos, que había leído cuidadosamente, citó la máxima de lord Palmerston de que Gran Bretaña no tenía amigos o enemigos eternos sino sólo intereses eternos. Había seguido de cerca lo tratado en las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, que había aparecido en la prensa estadounidense, referido a que los Estados Unidos tenían interés en no permitir a la economía soviética que saliese del estancamiento.

En un momento dado, con un toque teatral, sacó una página entera con un diagrama del The New York Times, ilustrando la capacidad destructiva de las armas de las dos superpotencias, comparada con la capacidad destructiva disponible en la Segunda Guerra Mundial. Conocía muy bien los argumentos de moda que circulaban sobre la posibilidad de un «invierno nuclear» resultante de un conflicto atómico. Todo aquello no me impresionó demasiado. Le dije que lo que más me interesaba, aún más que el concepto del «invierno nuclear», era evitar la incineración, muerte y destrucción que le precedería. Pero el objetivo de las armas nucleares era, en cualquier caso, disuadir, no iniciar una guerra. Las armas nucleares nos han proporcionado un grado mayor de protección contra la guerra que el que habíamos tenido antes. Aún así, eso podía, y debería, lograrse con un nivel de armamento más bajo. El señor Gorbachov argumentó que si ambos lados continuaban aumentando su armamento eso podría provocar accidentes o circunstancias imprevistas; y con la generación actual de armas nucleares el tiempo para tomar una decisión se podría contar en minutos. Como él señaló, con uno de los más oscuros proverbios rusos, «una vez al año, incluso un arma descargada puede dispararse».

El otro punto que surgió fue la desconfianza soviética hacia las intenciones de la Administración Reagan en general y hacia sus planes para la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI) en particular. Yo destaqué en más de una ocasión que se podía confiar en el presidente Reagan y que la última cosa que él quería era la guerra. Hablé, como lo había hecho en Hungría, del deseo de paz que se exponía en su primera carta al presidente Brezhnev. En ella continuaba algo que era característico de Norteamérica. Los Estados Unidos nunca habían manifestado deseos de dominar el mundo. Cuando poco después de la guerra detentaron el monopolio de las armas nucleares, nunca utilizaron ese monopolio para amenazar a los demás. Los norteamericanos siempre habían utilizado su poder juiciosamente y habían demostrado una extraordinaria generosidad con otros países. Dejé claro que, mientras que estaba enérgicamente a favor de que los norteamericanos siguieran adelante con el SDI, no compartía el punto de vista del presidente Reagan de que era un medio de librar al mundo totalmente de armas nucleares. Esto me parecía un sueño inalcanzable, no se podía suprimir el conocimiento de cómo fabricar tales armas. Pero también recordé al señor Gorbachov que la Unión Soviética había sido el primer país en desarrollar la capacidad antisatélites (ASAT). Estaba claro que no era factible pensar en términos de detener la investigación sobre sistemas basados en el espacio. La fase crítica llegaba cuando los resultados de esa investigación eran trasladados a la producción de armas a gran escala.

SDI (INICIATIVA DE DEFENSA ESTRATÉGICA)

La Iniciativa de Defensa Estratégica del presidente Reagan, sobre la que los soviéticos y el señor Gorbachov estaban tan alarmados, iba a demostrar ser de capital importancia en la victoria Occidental en la Guerra Fría. Aunque, como ya he dicho, mi punto de vista difería del que tenía el presidente Reagan en cuanto a que la SDI era el paso principal hacia un mundo libre de armas nucleares (cosa que no creía ni posible ni deseable), no tenía la menor duda sobre la honradez de su compromiso para llevar adelante el programa. Mirando hacia atrás, ahora veo con toda claridad que la decisión original del presidente Reagan sobre la SDI fue la decisión más importante de su presidencia.

En Gran Bretaña, yo mantenía un estrecho control personal sobre las decisiones relacionadas con la SDI y nuestras reacciones al respecto. Sabía el daño irreparable que podría haber hecho a nuestras relaciones con Estados Unidos adoptar una postura o, incluso, un tono equivocado.

Al formular nuestro enfoque sobre la SDI, había cuatro elementos distintos que me pasaban por la mente. El primero era la ciencia misma. El objetivo norteamericano en la SDI era desarrollar una defensa nueva y mucho más eficaz contra los misiles balísticos: lo que se llamaba Defensa de Misiles Balísticos (BMD) de «blanco múltiple», que utiliza armas tanto con base en tierra como con base en el espacio. Ese concepto de defensa se basaba en la capacidad de destruir misiles balísticos disparados en cualquiera de las etapas de vuelo, desde la fase de despegue, cuando el misil y todas las cabezas nucleares y cebos están juntos —que es el mejor momento—, hasta el momento en que entra en la atmósfera en su trayectoria hacia el objetivo. Los avances científicos desarrollaban nuevas posibilidades para hacer semejante defensa bastante más eficaz que las defensas de misiles antibalísticos (ABM) existentes. Los avances más importantes fueron, probablemente, los relacionados con el uso de las armas de energía cinética (que no eran nucleares y que, cuando se lanzaran a gran velocidad contra el misil nuclear, le destruirían) y con el uso de las armas láser. Sin embargo, aún más estimulante que el desarrollo de esos elementos diferentes de la SDI, era la necesidad de un ordenador sofisticado y enormemente potente capaz de dirigir y coordinar el sistema en su totalidad. Semejante empresa, no sólo requería enormes sumas de dinero, sino que también pondría a prueba las últimas capacidades creativas de los sistemas comunista y occidental compitiendo para conseguirlo.

El segundo elemento era la existencia de acuerdos internacionales que limitaran el despliegue de armas en el espacio y de sistemas ABM. El tratado ABM de 1972, rectificado por el Protocolo de 1974, permitía a los Estados Unidos y a la Unión Soviética desplegar un sistema estático ABM con cien lanzacohetes para defender una base de silos de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) o la capital nacional. Las implicaciones exactas del tratado para la investigación, prueba, desarrollo y despliegue de nuevos tipos de sistemas ABM estaban sujetas a acaloradas disputas legales. Los soviéticos habían partido de una «interpretación amplia» del tratado que posteriormente restringieron cuando les convino. Dentro de la Administración norteamericana se hallaban los que presionaban en favor de una interpretación «más extensa y amplia» que no presentase, prácticamente, ningún obstáculo para el desarrollo y despliegue de la SDI. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el ministro de Defensa británicos intentaban siempre preconizar la interpretación menos amplia posible, lo cual supondría según los norteamericanos (y yo estaba de acuerdo con ellos) matar a la SDI antes de que naciera. Yo siempre trataba de escapar de aquella palabrería y dejar claro, en público y en privado, que la investigación sobre la viabilidad de un sistema no podía concluir hasta que se hubiese probado con éxito. Detrás de aquella jerga, todo aquel enfoque aparentemente técnico que había, no era otra cosa que puro sentido común. Pero fue el asunto que habría de dividir a los Estados Unidos y la URSS en la cumbre de Reykjavik, y por tanto adquirió gran importancia.

El tercer elemento era el relativo poderío de ambas partes en relación a la defensa por misil balístico. Sólo la Unión Soviética poseía un sistema ABM en funcionamiento (conocido como GALOSH) alrededor de Moscú, que estaba modernizando. Los norteamericanos no habían desplegado nunca un sistema equivalente, y calculaban que los soviéticos gastaban del orden de mil millones de dólares al año en el programa de investigación de defensa contra misiles balísticos. Los soviéticos también estaban bastante adelantados en armamento antisatélites. Existía, por tanto, el importante argumento de que los soviéticos ya habían logrado una ventaja inaceptable en aquel área.

El cuarto elemento era la repercusión de la SDI en el terreno de la disuasión. Empecé a mostrar grandes dosis de simpatía por el método que había detrás del tratado ABM: consistía en que cuanto más sofisticada y eficaz era la defensa contra misiles nucleares, mayor era la presión para buscar avances, tremendamente caros en tecnología de armas nucleares. Siempre había sido partidaria de una versión poco cualificada de la doctrina conocida como MAD: «destrucción mutuamente asegurada». Era tal el miedo a la «destrucción inaceptable» (que era como yo prefería llamarle) que sobrevendría a un intercambio nuclear, que las armas nucleares representaban una disuasión eficaz, no sólo contra ese tipo de guerra, sino también contra la guerra convencional. Tenía que considerar si era posible que la SDI lo socavara. Por supuesto que, desde un punto de vista, lo haría: si cualquier potencia pensaba que tenía un escudo totalmente eficaz contra las armas nucleares tendría en teoría mayores tentaciones para usarlas. Yo sabía, y la experiencia de la posguerra lo demostraba sin lugar a duda, que los Estados Unidos nunca iniciarían una guerra lanzando el primer ataque contra la Unión Soviética, creyeran o no que estaban a salvo de represalias. Los soviéticos, por el contrario, afirmaban no tener esa seguridad.

Pero pronto comencé a ver que la SDI, más que debilitarla, fortalecía la disuasión nuclear. A diferencia del presidente Reagan y de algunos miembros de su Administración, nunca creí que la SDI pudiera ofrecer un cien por cien de protección, pero sí que podría permitir que un número suficiente de misiles norteamericanos sobrevivieran a un primer ataque soviético. Pensaba que los soviéticos tenían más probabilidades de caer en la tentación de utilizar armas nucleares en primer lugar.

Sin embargo, para mí el argumento decisivo fue precisamente el que me hizo rechazar el sueño de un mundo sin armas nucleares del presidente Reagan: el de que al final no se puede impedir investigar más a la SDI de lo que se impide investigar en nuevos tipos de armas ofensivas. Teníamos que ser los primeros en conseguirlo. La ciencia es imparable: no se le detiene ignorándola. El despliegue de la SDI, como el despliegue de armas nucleares, debe ser controlado y negociado cuidadosamente, pero la investigación, que implica necesariamente pruebas, debe seguir adelante.

DISCUSIÓN DE LA SDI EN CAMP DAVID

El tema de la SDI dominó mis conversaciones con el presidente Reagan y los miembros de su Administración cuando fui a Camp David, el sábado 22 de diciembre de 1984, para informar a los norteamericanos de mis conversaciones con el señor Gorbachov. Fue la primera ocasión en que oí al presidente Reagan hablar de la SDI y lo hizo con pasión. Era un gran idealista. Señaló que la SDI sería un sistema defensivo y que no deseaba conseguir una ventaja unilateral para los Estados Unidos. Dijo que si la SDI tenía éxito, estaba dispuesto a internacionalizarlo de forma que estuviese al servicio de todos los países, y así se lo había dicho al señor Gromyko. Confirmó de nuevo su objetivo, a largo plazo, de deshacerse completamente de todas las armas nucleares.

Estas observaciones me pusieron nerviosa. Me horrorizaba pensar que los Estados Unidos estuvieran dispuestos a desperdiciar el liderazgo tecnológico, ganado con gran esfuerzo, poniéndolo a disposición de todo el mundo. (Afortunadamente los soviéticos nunca creyeron que lo haría). Pero no hablé de aquel tema, sino que abordé las cuestiones en que estaba de acuerdo con el presidente: dije que era esencial proseguir la investigación, pero que si llegaba el momento en que se tuviese que tomar la decisión de producir y desplegar armas en el espacio, la situación sería muy diferente. El despliegue tampoco era coherente con el tratado ABM de 1972 o con el tratado del Espacio Exterior de 1967; los dos tendrían que ser renegociados. También expuse mi preocupación sobre el posible efecto que la SDI pudiera tener en un plazo medio sobre la doctrina de disuasión. Me preocupaba que el despliegue del sistema de defensa por misil balístico (BMD) fuera desestabilizador, porque al mismo tiempo que se construía, se presentaba como una opción atractiva la idea de un primer ataque preventivo contra el mismo. Pero reconocí no tener suficiente información sobre todos los aspectos técnicos y quería saber más al respecto. Tenía muchas ganas de interrogar a los norteamericanos respecto a aquel tema, no sólo para conocer mejor sus intenciones, sino para asegurarme de que tenían claras todas las consecuencias de los pasos que estaban dando.

Lo que oí una vez que dejamos de lado las visiones grandiosas y abordamos la discusión de una realidad probable, me tranquilizó. El presidente Reagan no pretendía saber adónde les conducirían finalmente las investigaciones. Pero subrayó que, además de los anteriores argumentos en favor de la SDI, el intentar seguirle el ritmo a los Estados Unidos supondría una sangría económica para la Unión Soviética. Adujo que tenía que haber un límite práctico donde el Gobierno soviético no podría pedir al pueblo más austeridad. Como tantas otras veces había dado con la clave de todo el problema de forma instintiva. ¿Cuáles serían los efectos de la SDI en la Unión Soviética? Como él pronosticara, los soviéticos retrocedieron ante el desafío de la SDI, renunciando finalmente al objetivo de la superioridad militar que sólo había servido para darles la confianza para oponerse a las demandas de reforma dentro de su propio sistema. Pero, por supuesto, eso estaba todavía por venir.

Lo que quería conseguir ahora era una postura común respecto a la SDI, que tanto el presidente Reagan como yo pudiéramos apoyar, aunque nuestros puntos de vista a largo plazo fueran diferentes. Había estado pensando en ello los últimos días, sobre todo durante el largo viaje desde Pekín, donde había asistido a la firma de la Declaración Conjunta sobre Hong Kong. Anoté, mientras hablaba con el consejero de Seguridad Nacional, Bud McFarlane, los cuatro puntos que me parecían cruciales.

Después, mis ayudantes completaron los detalles. El presidente Reagan y yo nos pusimos de acuerdo en un texto que explicara nuestra política. El apartado principal de mi declaración es el siguiente:

Le conté al presidente Reagan mi firme convicción de que el programa de investigación SDI debía seguir adelante. La investigación está, por supuesto, permitida según los tratados soviético-norteamericanos existentes; nosotros sabemos que los rusos ya tienen su programa de investigación y, en opinión de Estados Unidos, que han ido más allá del mismo. Estamos de acuerdo en cuatro puntos: (1) el propósito de los EE. UU. y de los países occidentales no es el de lograr una superioridad, sino el de mantener el equilibrio, teniendo en cuenta los avances soviéticos; (2) teniendo en cuenta las obligaciones del tratado, el mencionado despliegue de la SDI era un tema que tenía someterse a negociaciones; (3) el objetivo prioritario es reforzar, no reducir, la disuasión; (4) las negociaciones Este-Oeste debían encaminarse a lograr la seguridad con reducidos niveles de sistemas ofensivos por ambas partes. Este será el objetivo de la reanudación de las negociaciones soviético-norteamericanas sobre control de armamento, a las que doy calurosamente la bienvenida.

Con posterioridad supe que George Schultz pensaba que había conseguido excesivas concesiones por parte de los norteamericanos en la redacción; pero en realidad aquello nos proporcionó, tanto a ellos como a nosotros, una línea defendible y ayudó a tranquilizar a los miembros europeos de la OTAN. Un buen día de trabajo.

REYKJAVIK

El mes siguiente (marzo de 1985) murió Chernenko y, con extraordinaria rapidez, le sucedió Gorbachov en el liderazgo soviético. Una vez más asistí a un funeral en Moscú: hacía mucho más frío aún, si es que aquello era posible, que en el de Yuri Andropov. El señor Gorbachov tenía que ver a un gran número de dignatarios extranjeros, pero aquella tarde tuve con él una conversación de casi una hora en la sala de Santa Catalina, en el Kremlin. La atmósfera era más formal que en Chequers y la sardónica y silenciosa presencia del señor Gromyko no ayudó nada. Pero pude explicarle las implicaciones de la política que había acordado con el presidente Reagan, el diciembre anterior en Camp David. Estaba claro que la SDI era, en aquel momento, la principal preocupación de los soviéticos en lo referente a control de armamentista.

El señor Gorbachov imprimió, como esperaba, un nuevo estilo en el Gobierno soviético. Habló abiertamente del terrible estado de la economía, aunque en aquella fase todavía confiaba más en los métodos asociados con la dirección del señor Andropov para conseguir mayor eficacia que en reformas radicales. Un ejemplo fueron las draconianas medidas que adoptó contra el alcoholismo. Sin embargo, según transcurría el año, no hubo signos de mejoría en las condiciones de la Unión Soviética. En realidad, como señalaba nuestro nuevo y excelente embajador en Moscú, Brian Cartledge (que había sido mi secretario privado de Asuntos Exteriores la primera vez que fui primera ministra), en uno de sus primeros despachos: era un asunto de «mañana tendremos mermelada pero, mientras tanto, hoy no hay vodka».

La expulsión de Gran Bretaña de funcionarios soviéticos implicados en espionaje, (expulsión que yo autoricé), provocó un claro enfriamiento en las relaciones entre Gran Bretaña y la Unión Soviética. La deserción de Oleg Gordievsky, un antiguo oficial de alta graduación del KGB, significaba que los soviéticos sabían lo bien informados que estábamos de sus actividades. Me reuní en varias ocasiones con el señor Gordievsky y tuve en gran consideración sus juicios sobre los acontecimientos de la URSS. Intenté repetidamente, pero sin éxito, que los soviéticos dejaran salir a su familia para reunirse con él en Occidente. (Llegaron, por fin, después del fallido golpe de estado de agosto de 1991).

En noviembre el presidente Reagan y el señor Gorbachov se reunieron por primera vez en Ginebra. Nada importante salió de la reunión: los soviéticos insistieron en supeditar los recortes en armas nucleares estratégicas al final de la investigación de la SDI. Pero rápidamente se estableció una buena comunicación personal entre los dos líderes (aunque, tristemente, no entre sus esposas). Existía cierta preocupación porque el presidente Reagan pudiera ser superado en la estrategia por el agudo, ingenioso y más joven líder soviético, pero no fue así, lo cual no me sorprende en absoluto. Porque Ronald Reagan había adquirido mucha práctica en su juventud, como presidente de la Asociación de Actores Cinematográficos, en negociar con sindicatos testarudos, y nadie era más testarudo que el señor Gorbachov.

Durante 1986 el señor Gorbachov demostró gran sutileza al jugar con la opinión pública occidental, presentando propuestas sobre control de armamento tentadoras pero inaceptables. Los soviéticos dijeron relativamente poco sobre la conexión entre la SDI y los recortes de armas nucleares. Pero no se les dieron razones para creer que los norteamericanos estaban dispuestos a suspender o detener la investigación de la SDI. Más tarde aquel mismo año, se acordó que el presidente Reagan y el señor Gorbachov, con sus ministros de Asuntos Exteriores, se reunieran en Reykjavik, Islandia, para discutir propuestas importantes.

Retrospectivamente, la cumbre de Reykjavik, celebrada el fin de semana del 11 y 12 de octubre, tuvo una importancia muy diferente de la que pensaron la mayor parte de los comentaristas de la época. Habían preparado una trampa para los norteamericanos. Durante la cumbre, los soviéticos hicieron aún mayores concesiones: por primera vez aceptaron que la fuerza nuclear disuasoria británica y francesa se excluyera de las negociaciones INF; y que los recortes en armamento nuclear estratégico debían dejar a ambas partes con igual número de cabezas nucleares, en vez de un simple recorte proporcional, que habría situado a los soviéticos por delante. También hicieron importantes concesiones en el número de INF. Cuando la cumbre llegaba a su término, el presidente Reagan propuso un acuerdo según el cual todo el arsenal estratégico de armas nucleares (bombarderos, misiles balísticos y Cruise de largo alcance) se reduciría a la mitad en un período de cinco años, y las más poderosas de estas armas, los misiles balísticos estratégicos, se eliminarían totalmente en diez años. El señor Gorbachov fue todavía más ambicioso: quería la eliminación de todo el armamento nuclear estratégico al finalizar el período de diez años.

Pero de repente, casi al final, surgió la trampa: el presidente Reagan había accedido a que durante el período de diez años ambas partes acordaran no retirarse del tratado ABM, aunque se permitirían desarrollos y pruebas compatibles con el tratado. El señor Gorbachov dijo que todo dependía de confinar a la SDI a los laboratorios, una restricción mucha más estricta que probablemente acabaría con la SDI. El presidente Reagan rechazó el trato y ese fue el final de la cumbre. Se dijo que aquel fracaso se había debido a la estúpida intransigencia de un anciano presidente norteamericano obsesionado con un sueño irrealizable. En realidad, la negativa del presidente Reagan a abandonar la SDI por lo que parecía la realización de su sueño de un mundo desnuclearizado fue crucial para lograr la victoria sobre el comunismo. Dijo que era un farol de los soviéticos. Es posible que los rusos se apuntasen una victoria propagandística inmediata cuando se rompieron las conversaciones, pero perdieron el juego; y no tengo ninguna duda de que se dieron cuenta de ello[45]. Porque en aquel momento debieron comprender que no podían pretender competir con los Estados Unidos en la carrera por la supremacía tecnológica militar, y muchas de las concesiones que hicieron en Reykjavik probaban que su restablecimiento era imposible.

Cuando me enteré de lo lejos que los norteamericanos habían estado dispuestos a llegar, fue como si hubiera habido un terremoto debajo de mis pies. Yo apoyaba la idea de una reducción del 50 por ciento de los misiles balísticos estratégicos a lo largo de cinco años, pero la propuesta de Reagan de eliminarlos todos en diez años era un asunto diferente. Todo el sistema de disuasión nuclear, que había mantenido la paz durante cuarenta años, estuvo a punto de abandonarse. Si las propuestas del presidente norteamericano hubieran prosperado, también habrían acabado eficazmente con los misiles Trident, obligándonos a adquirir un sistema de defensa diferente si queríamos mantener una fuerza de disuasión nuclear independiente. El gran alivio que había sentido cuando me enteré de que la duplicidad soviética había provocado, finalmente, la retirada de aquellas propuestas, se empañó por la ansiedad que me roía: podían volver a proponerlo en cualquier otra ocasión. Siempre me había disgustado la «opción cero» del INF original, porque pensaba que aquellas armas disimulaban la falta de preparación de Europa para enfrentarse a un ataque repentino y masivo por parte del Pacto de Varsovia; yo la había aprobado con la esperanza de que los soviéticos nunca la aceptaran. Pero ampliar este planteamiento a todos los misiles balísticos estratégicos habría permitido a los soviéticos enfrentarse a Europa Occidental con una enorme superioridad de fuerzas convencionales, armas químicas y misiles de corto alcance. También socavaba la credibilidad de la disuasión: hablar de eliminar misiles balísticos estratégicos (y posiblemente las armas nucleares de forma total), en algún momento del futuro, hacía que la gente dudara sobre si los Estados Unidos estaban preparados para utilizar armas nucleares en el presente. De alguna forma tenía que conseguir que los norteamericanos volvieran a poner los pies en el suelo con una política creíble de disuasión nuclear. Preparé un viaje a Estados Unidos para ver al presidente Reagan.

NUEVAS CONVERSACIONES SOBRE ESTRATEGIA NUCLEAR EN CAMP DAVID

Nunca fui tan consciente, como en la preparación de aquella visita, de lo mucho que esperaba de mi relación con el presidente Reagan. Me parecía que estábamos suspendidos entre un éxito importante y una posible catástrofe. Pedí a los militares la información más completa posible sobre las implicaciones de una estrategia de defensa que supusiese la eliminación de todos los misiles balísticos. Algunos sectores de la Administración de EE. UU. sostenían que la estrategia de la OTAN no se vería minada por la eliminación de los misiles balísticos estratégicos, y que la aviación, los misiles Cruise y la artillería nuclear en los que Occidente era superior, representaba una disuasión aún mejor. Toda la estrategia de la OTAN de respuesta flexible (dependiente, como era, de una gama completa de posibles respuestas militares a un ataque soviético, incluida la nuclear) habría dejado de ser viable. No existía la seguridad de que el llamado «Air Breathing System» (misiles Cruise y bombarderos) atravesase las defensas soviéticas y, en términos generales, era más vulnerable a un ataque preventivo. Eso debilitaba su valor disuasorio. Europa quedaba peligrosamente expuesta.

Con gran alivio por mi parte, el presidente norteamericano comprendió rápidamente por qué estaba tan preocupada respecto a lo sucedido en Reykjavik. Aprobó el borrador de las declaraciones que habíamos acabado después de hablar con George Schultz el día anterior, y que yo di a conocer a continuación en mi conferencia de prensa. Definía nuestra política sobre control de armamento después de Reykjavik. Decía lo siguiente:

Estamos de acuerdo en que se debe dar prioridad a: un acuerdo INF con limitaciones sobre los sistemas de corto alcance; un 50 por ciento de reducción a lo largo de cinco años en las armas ofensivas estratégicas de Estados Unidos y la Unión Soviética, y una prohibición de las armas químicas. En los tres casos, la verificación efectiva será un elemento esencial. También estamos de acuerdo en la necesidad de seguir adelante con el programa de investigación SDI permitida por el tratado ABM. Confirmamos que la estrategia de defensa avanzada y la respuesta flexible de la OTAN continuará exigiendo una disuasión nuclear eficaz, basada en una combinación de sistemas. Al mismo tiempo, las reducciones de armas nucleares incrementarían la importancia de eliminar las diferencias convencionales. No se pueden negociar las armas nucleares aisladamente, dada la necesidad de un lograr un equilibrio conjunto estable en todo momento. También estamos de acuerdo en que estos temas deberán seguir siendo objeto de próximas consultas dentro de la Alianza. El presidente Reagan reafirma la intención de los Estados Unidos de continuar con el programa de modernización estratégica, incluidos los misiles Trident. Confirma su completo apoyo a los planes hechos para modernizar con Tridents la disuasión nuclear independiente por parte de Gran Bretaña.

Tenía razones para estar satisfecha.

PREPARATIVOS PARA VISITAR MOSCÚ

Es fácil imaginar el efecto que las declaraciones de Camp David debieron tener en Moscú. Significaba el fin de la esperanza soviética de utilizar la SDI y del sueño de un mundo sin armas nucleares del presidente Reagan para avanzar en su estrategia de desnuclearizar Europa, haciéndonos vulnerables al chantaje militar y debilitando los lazos entre los socios europeos y norteamericanos de la OTAN. También demostraba que, les gustase o no, yo era capaz de influir en el presidente Reagan en cuestiones fundamentales de alianzas políticas. El señor Gorbachov, por tanto, tenía tantas razones para negociar conmigo como yo con él. Si a eso añadimos que los soviéticos preferían con frecuencia tratar con Gobiernos occidentales conservadores porque los consideraban negociadores realistas que, sin embargo, mantenían un acuerdo cuando se alcanzaba, y que yo había establecido una buena relación personal con el señor Gorbachov en Chequers antes de convertirse en líder, no es sorprendente que muy pronto fuese invitada a Moscú.

Me preparé intensamente. El viernes 27 de febrero de 1987 celebré en Chequers un seminario sobre la Unión Soviética que duró todo el día. Las dos tendencias opuestas entre los sovietólogos, a las cuales ya me he referido anteriormente, fueron evidentes en aquella ocasión. Los entusiastas destacaban el alcance y energía de las reformas del señor Gorbachov. Los escépticos enfatizaban la ortodoxia de los objetivos comunistas que perseguía el presidente soviético y el limitado efecto que estaban teniendo incluso aquellas modestas medidas de reforma. Mirándolo bien, los escépticos contaban probablemente con el mejor de todos los argumentos: en el programa no figuraba ningún cambio fundamental, sólo cambios limitados que conservarían completamente los poderes y el papel dirigente del Partido Comunista. Aunque al señor Gorbachov le hubiese gustado recoger los frutos de un sistema de incentivos, no podía correr el riesgo de adoptarlo. Por tanto, la reforma sería conducida firmemente dentro de los límites del sistema socialista. Retrospectivamente, podemos darnos cuenta de que aquel análisis falló debido a la confusión entre las intenciones del señor Gorbachov, que en todo momento estaban limitadas tanto por su sistema comunista de pensamiento como por las circunstancias del momento, y los efectos de sus reformas, que habrían de desencadenar fuerzas que arrasarían con el sistema y el Estado soviético.

El seminario fue sólo una parte de mis preparativos. También leí con todo detalle los discursos, largos e indigestos, que había estado haciendo el señor Gorbachov. Aunque el lenguaje político era muy diferente del que yo habría utilizado, notaba que algo nuevo emergía de ellos. Era evidente que el más importante de todos era el que había entregado al Comité Central del Partido Comunista a finales de enero de 1987. En él daba un nuevo énfasis a la democratización del partido y, a nivel local, a la nueva estructura política soviética: las siguientes elecciones locales soviéticas permitirían la nominación de más candidatos que escaños disponibles en un pequeño número de distritos electorales de múltiples miembros. Aquel fue el principio, aunque sólo el principio, de la sustitución de un centralismo democrático por una democracia auténtica en la Unión Soviética.

La política soviética funcionaba a partir de lemas, a los que no podía darse un valor real ni una interpretación occidental. Pero que, igualmente, había que tomar en serio. Los lemas estaban sufriendo un cambio profundo con el señor Gorbachov. La perestroika (reestructuración) había ocupado el lugar de la uskorenie (aceleración), reflejando su comprensión de que los problemas fundamentales de la economía soviética no requerían exactamente más de lo mismo (controles centrales, disciplina, dirección eficaz) sino un cambio radical real. De igual modo, los nuevos aires de la glasnost (apertura) se basaban en la comprensión de que, a no ser que se conocieran los hechos y se dijera al menos algo de la verdad sobre lo que sucedía, las condiciones no mejorarían nunca.

En los dos años transcurridos desde que el señor Gorbachov se convirtiese en líder soviético, las reformas políticas eran ya más evidentes que los beneficios económicos. Aunque había muy pocas evidencias de que la economía soviética funcionara mejor, existían bastantes más discusiones sobre la necesidad de una libertad política y de una democracia. El señor Gorbachov había recorrido un largo camino para lograr que algunos de los disidentes más conocidos, en particular el profesor Sajarov, apoyaran su programa. Empezó a publicarse la verdad sobre los horrores de Stalin, aunque se dejaron de lado los de Lenin. Los soviéticos empezaron a mostrar más sensibilidad hacia los derechos humanos, permitiendo que pudiese emigrar un mayor número de judíos soviéticos (aunque no todos). Cualesquiera que fueran los objetivos del señor Gorbachov a largo plazo, no me cabía ninguna duda de que estaba convirtiendo a la Unión Soviética en algo mejor que una «cárcel de naciones» y que debíamos apoyarle en sus esfuerzos.

Sin duda necesitaba de aquel apoyo. A pesar de que había una atmósfera política más libre y de que las mejoras políticas le granjearon el apoyo de algunos intelectuales, los ciudadanos soviéticos normales no vieron progresos materiales reales. Y aunque se había sustituido a numerosos miembros del Politburó y del Comité Central, aquello no significó que todos los miembros apoyaran necesariamente al señor Gorbachov y a la reforma. También existían dudas sobre la actitud del ejército y de la KGB. Todo ello planteaba un dilema al líder soviético, y nos lo planteaba a nosotros también.

Occidente tenía que asegurarse, sobre todo, de que las reformas del señor Gorbachov condujeran a mejoras prácticas de nuestra propia seguridad. ¿Estaban los soviéticos dispuestos a reducir la amenaza militar? ¿Estaban dispuestos a retirarse de Afganistán? ¿Terminarían con su política de subversión internacional? Debíamos presionarles en todos aquellos temas, pero no de tal forma que el programa de reformas del señor Gorbachov quedara desacreditado y cambiase de signo, ya fuera por iniciativa suya o por la de un sucesor de la línea dura.

Yo no iba a Moscú como representante de Occidente, iba sólo como «agente de negocios» entre la URSS y los Estados Unidos, pero desde luego era muy importante que otros dirigentes occidentales conocieran la línea que intentaba seguir y que yo calibrara sus opiniones de antemano. Sabía lo que pensaba el presidente Reagan y contaba con su confianza. Me limité, por tanto, a enviarle un extenso mensaje. Sólo quedaba un punto político específico que era necesario plantear. Era el referente a la propuesta que había hecho a los norteamericanos y que estaban estudiando, pero que todavía no estaban dispuestos a aceptar, de que los Estados Unidos debían dar a los soviéticos garantías sobre la configuración y datos temporales de la SDI, lo que en la jerga se conocía como «predictibilidad». Mi planteamiento fue que, puesto que pasarían cierto número de años antes de tener que tomar la decisión sobre el despliegue de la SDI, no existían en aquel entonces motivos para alarmar a los soviéticos innecesariamente.

También concerté un encuentro con el presidente Mitterrand y después con el canciller Kohl, para el lunes 2 de marzo. El presidente francés, socialista o no, disponía de algunos châteaux deliciosos. También parecía tener acceso a los mejores chefs de la República francesa. Cuando almorcé con él en el château de Benouville en Normandía no fue una excepción. Y, naturalmente, cada plato debía tener un sabor tradicional normando, con salsas de sidra o calvados y algunos de esos aromáticos camembert, en contra de los cuales trabajaban en vano los burócratas conscientes de la salud de la Comunidad Europea. La actitud del presidente Mitterrand hacia los soviéticos era muy parecida a la mía. Creía, como yo, que el señor Gorbachov estaba dispuesto a recorrer un largo camino para cambiar el sistema. Una de sus observaciones más sagaces y penetrantes fue que el líder soviético descubriría que «cuando cambias la forma, estás en el camino para cambiar la esencia». Pero el presidente francés también sabía que los soviéticos respetaban la firmeza. Dijo que debíamos oponernos al intento de desnuclearizar Europa; apoyé sus palabras con entusiasmo.

Tampoco hubo ningún desacuerdo con el canciller Kohl. La división de Alemania, su historia y la existencia de un gran número de alemanes viviendo como minorías por todo el bloque soviético proporcionaban al líder alemán una clara visión de la URSS. Además me recordó que Alemania Federal había sido durante muchos años el objetivo principal de la propaganda soviética. El canciller Kohl tenía dudas respecto a la supervivencia de Gorbachov, pues creía que estaba llevando a cabo una política de alto riesgo. Y nosotros tampoco debíamos creer que sus reformas, que el canciller veía como un intento de modernizar el sistema comunista, no de crear un sistema democrático, pudieran ser realizadas sin sufrimiento. Helmut Kohl tenía siempre un gran sentido de la historia y me recordó que, desde la época de Pedro el Grande, las reformas de los líderes rusos no se habían hecho sin víctimas.

Mi última declaración pública sobre la Unión Soviética antes de partir había sido mi discurso ante el Consejo Central Conservador en Torquay, el sábado 21 de marzo. Podría haber suavizado el tono de mi crítica al régimen soviético, pero no estaba dispuesta a hacerlo. Con demasiada frecuencia los líderes occidentales habían preferido en el pasado plantear unas relaciones sin problemas con los autócratas extranjeros en lugar de decir la verdad sobre lo que pensaban. Dije:

Hemos visto que el señor Gorbachov admite claramente en sus discursos que el sistema comunista no funciona. Que dicho sistema no sólo impide a la Unión Soviética ponerse a la altura de Occidente, sino que se está quedando cada vez más retrasada. Observamos que sus líderes utilizan un nuevo lenguaje. Palabras que reconocemos, como «apertura» y «democratización». Pero ¿tienen el mismo significado para ellos que para nosotros? Algunas personas que han estado en la cárcel por sus creencias políticas y religiosas han sido liberadas. Nos alegramos de ello. Pero todavía permanecen muchas más personas en prisión o se les niega el permiso para emigrar. Queremos verlas libres o junto a sus familias en el extranjero, si es que es eso lo que eligen […] Cuando vaya a Moscú para reunirme con el señor Gorbachov la semana próxima, mi objetivo será el de una paz basada no en la ilusión o en la capitulación, sino en el realismo y en la fortaleza […] La paz necesita confianza y responsabilidad entre los países y los pueblos. La paz significa el fin de la guerra en Camboya, el fin de la matanza en Afganistán. Significa respetar las obligaciones que la Unión Soviética aceptó libremente en el Acta Final de Helsinki en 1975 para permitir la libre circulación de personas e ideas, y otros derechos humanos básicos […] Conseguiremos nuestros objetivos no con palabras, ni con intenciones, ni con promesas, sino con acciones y resultados.

VISITA A LA UNIÓN SOVIÉTICA: MARZO-ABRIL DE 1987

Salí de Heathrow en dirección a Moscú poco después del mediodía del sábado 28 de marzo. En aquellos vuelos siempre utilizaba un avión especial VC10. En la base de Brize Norton había, de forma permanente, una docena de aquellos aviones de los que dos o tres se habían adaptado para visitas ministeriales al extranjero. El VC10 no era un avión moderno y sí bastante ruidoso, pero agradable para hacer viajes, y tenía dos grandes ventajas. Una era que contaba con espacio de sobra para mí y mi personal. Había mesas para trabajar, un compartimento independiente para dormir una o dos horas cuando me tomaba un descanso entre escribir discursos y leer documentos; y había, incluso, espacio para los periodistas en la parte posterior del aparato. La otra ventaja era el personal de la RAF, que nos servía unas comidas y bebidas deliciosas y nos brindaba un agradable servicio.

Cuando aterricé, hubo una ceremonia de bienvenida oficial que comenzó en el aeropuerto de Moscú, donde me obsequiaron con un gran ramo de rosas, que demostraron ser notablemente fotogénicas contra el fondo negro de mi abrigo y el sombrero de piel de zorro. Luego nos dirigimos velozmente hacia el Kremlin por el carril central de la carretera, reservado a altos cargos y sus invitados. Allí tuve que recorrer el largo vestíbulo de San Jorge, bajo las centelleantes lámparas de cristal, para encontrarme con el señor y la señora Gorbachov e intercambiar cumplidos formales. No puedo negar que disfruto del esplendor de esas ocasiones, pero algunas veces pienso que las formalidades tradicionales tienen como objetivo revestir con adornos de legitimidad a los regímenes que no tienen credenciales históricas ni democráticas.

El domingo por la mañana fuimos en coche al monasterio ortodoxo ruso de Zagorsk, a 80 kilómetros de Moscú. Sabía que aquel era un momento muy importante para los cristianos ortodoxos de Rusia que, al año siguiente, celebrarían el milenio de su iglesia. Las autoridades soviéticas habían permitido que algunas iglesias reabrieran sus puertas y que el número de seminarios aumentara un poco. También se había permitido un ligero incremento en el volumen de literatura religiosa. Como demostraban los años de Jrushchov, cuando aumentó la persecución religiosa, aunque en otras áreas se produjo una liberalización, no había garantías de que la presión sobre los cristianos hubiera cambiado sólo por la glasnost y la perestroika. Sabía que era muy importante que yo demostrase solidaridad.

Una multitud esperaba en las puertas del monasterio cuando llegué. En contra de los deseos del ministro comunista para Asuntos Religiosos (sic) que me acompañaba, insistí en bajar del coche para hablar con la gente. Después, regresé al coche y entramos en el monasterio. Nunca había asistido a la liturgia ortodoxa. Me impresionó por la riqueza de los cánticos, las nubes de incienso, lo llamativo de las vestiduras, la sensualidad de toda la experiencia. Tenía poco que ver con el servicio dominical de la iglesia metodista de Finkin Street, en Grantham. También estaba conmovida por la devoción de los fieles, sería excesivo decir «la congregación», porque gran parte de lo que sucedía era evidentemente cuestión de oración interior, con gente entrando y saliendo para asistir a partes del, aparentemente, inacabable ritual. Permanecí allí durante cuarenta minutos más o menos y después encendí una de las largas y delgadas velas ortodoxas, colocada en una caja con arena que contenía otras muchas. Pensé que harían falta más que las limitadas reformas del sistema comunista para contener el poder de aquel renacimiento cristiano.

Lo mejor que se puede decir de la mayoría de los líderes de la iglesia ortodoxa rusa es que, con toda probabilidad, no tenían otra elección sino colaborar estrechamente con los comunistas. Lo peor es que eran agentes activos de la KGB. Desde luego, el discurso del representante del Patriarca en la comida podría haber sido redactado por el Agitprop: se concentraba machaconamente en la necesidad de librarnos de todas las armas nucleares. Descartando mi propio texto preparado, respondí destacando en su lugar la necesidad de liberar a los presos de conciencia. En el coche, de regreso a Moscú, pregunté al ministro de Asuntos Religiosos si todavía había gente en prisión por sus creencias religiosas. Dijo, «No, a menos que estén presos por alguna otra razón». Como tener una Biblia, pensé.

Aquella tarde, a sugerencia mía, se organizó un «paseo» del tipo que suele ocurrírsele a cualquier político occidental pero que los soviéticos evitan habitualmente, quizás por buenas razones. (El señor Gorbachov, no obstante, en aquel y otros aspectos era un político de estilo occidental). Mientras paseaba, entre la nieve medio derretida y un viento penetrante, por unos grandes bloques de casas en un suburbio desierto de Moscú, más y más gente se reunía para conocerme. Pronto empezó a aparecer por todos lados una enorme multitud que gritaba con entusiasmo, sonreía y quería estrecharme la mano. Al igual que en Hungría, aquellos que conocían el sistema mejor que yo, me recibían con entusiasmo como anticomunista.

Por la tarde asistí con los Gorbachov a una representación del Lago de los Cisnes en el teatro Bolshoi. Compartimos un palco. Como todos los rusos, eran entusiastas del ballet. A mí también me gusta el ballet, casi tanto como la ópera; descubrimos que teníamos aquello en común. En el descanso los Gorbachov me ofrecieron una cena ligera en una sala privada. Fue una ocasión relajante y por alguna razón la conversación saltó de la historia del Lago de los Cisnes al tema de la elaboración del pan en la Unión Soviética. El señor Gorbachov me comentó que, en parte debido a la ayuda que la Unión Soviética recibía del ICI, la calidad del pan soviético era ahora mucho mejor que antes, pero que el pueblo era difícil de complacer. Cuando la calidad era inferior tenían que añadirle sal. Ahora que la calidad había mejorado, de forma que la sal ya no era necesaria en el pan, la gente seguía prefiriendo el pan salado. Le había dicho al ministro soviético responsable de la elaboración del pan que explicase a los ciudadanos en la televisión que ahora el pan era mejor, aunque no estuviesen acostumbrados a él. Irónicamente, el gran disidente Vladimir Bukovsky había hecho recientemente una precisión similar. Señalaba que siempre que los medios de comunicación soviéticos informaban que los científicos habían descubierto que algún alimento (digamos, las salchichas) era perjudicial para la salud, los rusos de la calle reaccionaban inmediatamente diciéndose unos a otros: «Eso es que se les han terminado las salchichas». Aquellas eran las consecuencias imprevistas de la colectivización.

Bebimos un vino georgiano excelente. Me animé a tomar otra copa cuando Gorbachov me aseguró que hacía que algunos georgianos vivieran cien años. Gorbachov era consciente de la impopularidad de las medidas que había tomado contra el alcoholismo. Aquellas medidas ya habían tenido como resultado un descenso en los accidentes de trabajo y de carretera. Pero era una batalla difícil. Él había leído que en Occidente se pensaba que la perestroika estaba condenada porque había suprimido el alcohol al pueblo y los privilegios a los funcionarios del partido. Nos retrasamos bastante tiempo en la sobremesa y cuando regresamos el público ya llevaba un rato sentado con las luces apagadas. Cuando nos despedimos el señor Gorbachov que todavía estaba de buen humor, dijo que esperaba con ilusión la reunión del día siguiente.

El lunes comenzó con una reunión con lo que podríamos llamar, quizás de forma descortés pero exacta, unos secuaces soviéticos impecablemente distinguidos. Aquel grupo de artistas, académicos y científicos domesticados sacó de nuevo el tema destacado por el representante del patriarca en su discurso. Presumiblemente, sabían que iba a almorzar con el doctor Sajarov y otros disidentes y querían alabar primero los méritos del comunismo. Luego partí hacia el Kremlin, donde tenía la reunión con el señor Gorbachov.

Me senté a la mesa enfrente de él, con un alto florero entre nosotros. Sólo me acompañaba un miembro de mi personal y un intérprete. Pronto quedó claro que, echando un vistazo de vez en cuando a las notas que tenía delante, se proponía reprenderme por mi discurso al Consejo Central Conservador. Me dijo que cuando los dirigentes soviéticos lo habían estudiado sintieron el soplo helado de los años cuarenta y cincuenta. Les recordó al discurso de Winston Churchill en Fulton, Missouri (sobre el «telón de acero») y la doctrina Truman. Incluso habían estado considerado si cancelar la visita.

No me disculpé. Le dije que había un punto que no había tratado en mi discurso ante el Consejo Central pero que lo haría entonces. Aquel punto era que yo no tenía pruebas de que la Unión Soviética hubiese abandonado la doctrina Brezhnev ni el propósito de asegurar el dominio mundial del comunismo. Estábamos preparados para librar la batalla de las ideas: en realidad aquella era la forma correcta de librarla. Pero lo que veíamos en Occidente era la subversión soviética en Yemen del Sur, Etiopía, Mozambique, Angola y Nicaragua, veíamos a Vietnam apoyado por la Unión Soviética en la conquista de Camboya, veíamos Afganistán ocupado por tropas soviéticas. Naturalmente, sacábamos la conclusión de que el comunismo todavía perseguía el objetivo de dominar el mundo; aquella era una consideración crucial para Occidente. Reconocíamos que el señor Gorbachov intentaba llevar a cabo reformas internas en la Unión Soviética, pero nos preguntábamos si aquellas conducirían a cambios en la política exterior.

Continué para demostrar que había leído los discursos del señor Gorbachov con tanto cuidado como parecía que él había leído los míos. Le dije que había encontrado fascinante su discurso de enero ante el Comité Central, pero quería saber si los cambios internos que estaba haciendo también producirían cambios en la política exterior de la Unión Soviética. Añadí que no había esperado que la conversación fuera tan acalorada nada más comenzar. Gorbachov contestó con una carcajada que a él le gustaba la «aceleración» y que le complacía que hablásemos con toda franqueza.

La conversación avanzó y retrocedió, cubriendo no sólo los conflictos regionales (culpando yo a la Unión Soviética y el señor Gorbachov a Occidente), sino tratando abiertamente lo que diferenciaba a los sistemas comunista y occidental. Describí aquello como una distinción entre sociedades donde el poder estaba disperso y sociedades basadas en el control central y la coacción.

El señor Gorbachov era tan crítico con el conservadurismo como yo lo era con el comunismo. Pero él estaba bastante peor informado. Su opinión era que el Partido Conservador británico era el partido de los «ricos» de Inglaterra y que nuestro sistema, que él llamaba «democracia burguesa», estaba diseñado para engañar al pueblo sobre quién controlaba en realidad los resortes del poder. Le expliqué que lo que yo trataba de hacer era crear, no una clase de ricos sino una sociedad de «ricos».

Después volvimos al control de armamento. Como en nuestra reunión en Chequers, demostró conocer perfectamente todo lo que se había escrito en Occidente sobre la Unión Soviética. Sabía que se decía abiertamente que la Unión Soviética necesitaba reducir su presupuesto militar para financiar el desarrollo de la economía civil y que los soviéticos estaban desesperados por conseguir un acuerdo sobre el control de armamento. Estaba claramente sensibilizado y preocupado porque Occidente les humillaba. En concreto, me culpó de frustrar los intentos encaminados a conseguir la eliminación de las armas nucleares que se habían discutido en Reykjavik. (Así que las declaraciones de Camp David se habían tenido realmente en cuenta). Me encontré discutiendo, una vez más, el mantenimiento de la disuasión nuclear. También dije que, para mí, estaba claro que el objetivo de la Unión Soviética era conseguir la desnuclearización de Europa, que dejaría en manos de la URSS el predominio de las armas convencionales y químicas. Pero aprobé el hecho de que el señor Gorbachov hubiera roto entonces la relación, a la que los soviéticos habían recurrido previamente, entre el acuerdo INF y otras consecuencias del control de armamento, como la SDI. Después fui a almorzar (bastante tarde, porque nuestra animada conversación había rebasado el límite de tiempo programado) con los Sajarov y otros antiguos disidentes que actualmente apoyaban las reformas de Gorbachov. Quedé impresionada por lo que me contaron sobre los cambios que se habían hecho. Pero les dije que no bastaba con apoyar al señor Gorbachov en aquel momento. Que debían estar dispuestos a apoyarle dentro de cinco o diez años, cuando el camino emprendido se tornase realmente difícil. Les dije que los costes de la reforma se evidenciarían mucho antes que los beneficios.

Posteriormente regresé al Kremlin para continuar las conversaciones con el señor Gorbachov. Estaban preparando la Sala de Santa Catalina, donde nos habíamos reunido por la mañana, para una sesión plenaria que se iba a celebrar allí. Así que nos trasladamos a la «Sala Roja» del Kremlin. El señor Gorbachov me dijo que esperaba que ésta influyera positivamente en mis opiniones. La discusión que sostuvimos por la tarde fue menos conflictiva y más informativa. Me explicó las reformas económicas que estaba realizando y los problemas a los que todavía tenía que enfrentarse. Esto nos llevó a la tecnología: afirmó tener confianza en la capacidad de la Unión Soviética para desarrollar el campo de los ordenadores en competencia con los Estados Unidos. Pero yo no estaba tan convencida. Y aquello nos llevó otra vez a la SDI a la que, según el señor Gorbachov, los soviéticos igualarían (aunque no dijo cómo). Intenté que se interesase en mi propuesta de una mayor «predictibilidad» en relación con el desarrollo del programa SDI norteamericano, cosa que aparentemente no dio resultado.

Después presioné al señor Gorbachov en el asunto de los derechos humanos en general y en el trato que se daba a los judíos en particular. También suscité la cuestión de Afganistán, de donde yo tenía la impresión que estaba buscando una forma de salir. Finalmente, enumeré los puntos en los que pensaba que podíamos estar de acuerdo para hacer un comunicado público de nuestras conversaciones que, según admitió, habían contribuido a mejorar las relaciones y generar mayor confianza entre nosotros. Pero ya era muy tarde. Los invitados se estaban reuniendo para el banquete oficial en el que yo tenía que hablar. La sesión plenaria había terminado. Le di prioridad a la diplomacia por encima de la moda, y abandoné mis planes de regresar a la embajada y cambiarme: asistí al banquete con el vestido corto de lana que había llevado durante todo el día. Me sentí como Ninochka, pero al revés.

El martes comenzó con una reunión bastante aburrida con el primer ministro Ryzhkov, un hombre aparentemente competente y agradable que, desgraciadamente, no conseguía librarse nunca de la armadura de su entrenamiento comunista, y otros ministros soviéticos. Me hubiera gustado saber más cosas sobre las reformas económicas soviéticas, pero de nuevo nos empantanamos en el control de armamento y después en los problemas de comercio bilaterales.

Bastante más excitante y valiosa para todos los implicados fue la entrevista que concedí a tres periodistas de la televisión soviética. Me enteré después que había tenido un impacto enorme en la opinión pública soviética. La mayoría de las preguntas se referían a las armas nucleares. Defendí la postura de Occidente y, claro está, el mantenimiento de la disuasión nuclear. A continuación señalé que había más armas nucleares en la Unión Soviética que en cualquier otro país y que los soviéticos también habían iniciado el despliegue de las armas de corto y medio alcance. Les recordé su tremenda superioridad en armas convencionales y químicas. Destaqué que la Unión Soviética estaba por delante de Estados Unidos en defensa ABM. Nadie había contado antes a los rusos aquellos hechos; los supieron por primera vez a raíz de mi entrevista. La entrevista se emitió sin censurar en la televisión soviética, lo que consideré más tarde una prueba de que mi confianza en la integridad básica del señor Gorbachov no era equivocada.

Esa tarde los Gorbachov me ofrecieron una cena en una antigua mansión, remodelada muchos años antes para alojar invitados extranjeros. La atmósfera era, quizás deliberadamente, tan parecida a la de Chequers como no he encontrado otra en la Unión Soviética. En las habitaciones que nos mostró el señor Gorbachov, habían fumado, bebido y discutido Churchill, Eden, Stalin y Molotov. Éramos un grupo pequeño, a los Gorbachov sólo se habían unido los Ryzhkov, que no tomaron parte muy activa en la conversación. Una chimenea en la que ardía un vivo fuego (de nuevo como en Chequers) iluminaba la habitación a la que pasamos más tarde para, entre cafés y licores, poner en orden los problemas del mundo. Observé dos ejemplos interesantes de la forma en que las viejas certezas marxistas estaban siendo desafiadas. Hubo una animada discusión entre los Gorbachov, que yo provoqué, sobre la definición de «clase trabajadora», de la que tanto había oído hablar en la propaganda soviética. Quería saber como la definían, un aspecto importante en un sistema en el que, como dice el viejo proverbio polaco, «fingimos trabajar y ellos fingen pagarnos». La señora Gorbachov pensaba que cualquiera que trabajase, fuera cual fuese su profesión, era un trabajador. Su marido sostuvo, inicialmente, que sólo contaban los trabajadores no cualificados. Pero luego lo reconsideró y dijo que ese era principalmente un término histórico o «científico» (es decir marxista) que no hacía justicia a la diversidad de la sociedad actual.

La segunda indicación de ruptura con las viejas seguridades socialistas fue cuando me habló, con exasperante brevedad, de los planes que se estaban discutiendo para aumentar los ingresos de la gente, que después tendrían que pagar algo por servicios públicos como la salud y la educación. No es sorprendente que tales planes, cualesquiera que fuesen, quedaran en nada.

A la mañana siguiente desayuné con refuseniks en la Embajada británica. La suya fue una inquietante narración de heroísmo bajo una persecución en pequeñas dosis, pero continua. Se les ponía todo tipo de obstáculos, que llegaban casi a la prohibición total, en la expresión del culto religioso y de la identidad cultural. Eran discriminados en el trabajo, si es que encontraban trabajo. Me contaron que la forma más fácil de ganarse la vida era dando clases particulares, ya que eran personas instruidas, cuyo talento debería de haber valorado el Estado soviético. Uno de sus dirigentes, Josif Begun, me entregó una diminuta estrella de David, que había tallado en un cuerno mientras estaba en la cárcel y que yo siempre he conservado.

Aquella mañana, más tarde, partí de Moscú hacia Tiblisi y Georgia. Quería ver otras repúblicas soviéticas además de Rusia, y sabía que Georgia presentaba grandes contrastes culturales y geográficos. Esto, desde luego, resultó ser cierto. De todo lo que vi, y de la excelente y exótica comida y vino georgianos, estaba claro que dadas unas condiciones políticas y económicas correctas, aquella era una zona donde podría florecer la industria turística. Pero como en la novela policíaca, quizás la característica más importante de mi breve visita fue ver que Georgia era, en aquel momento, como «el perro que no ladraba». Aunque me ofrecieron todas las pruebas de un folclore propio y aunque ya sabía lo antigua y diferente que era Georgia (no pasó a estar bajo el control de Rusia hasta principios del siglo XIX), no había todavía evidencia de ese deseo de autodeterminación nacional e independencia que habría de manifestarse.

Aquella noche salí del aeropuerto de Tiblisi en dirección a Londres. Había sido, sencillamente, la visita al extranjero más fascinante e importante que había hecho. Pude observar en los cuatro días que pasé en la Unión Soviética un movimiento subterráneo que socavaba el sistema comunista. Me vino a la mente la perspicacia de Tocqueville; la experiencia demuestra que el momento más peligroso de un mal Gobierno es, por lo general, aquél en el que comienza a implantar reformas. El recibimiento que me dispensaron, tanto el caluroso afecto de las multitudes rusas, como el respeto de las autoridades soviéticas en las largas horas de negociaciones, sugería que algo fundamental estaba sucediendo bajo la superficie. El sistema de libertad occidental que Ronald Reagan y yo personificábamos para el bloque del Este (irónicamente, gracias a los efectos de la propaganda comunista), aumentaba progresivamente su influencia. El sistema soviético mostraba sus grietas. Me di cuenta de que se aproximaban grandes cambios, pero nunca me hubiera imaginado lo rápidamente que se iban a producir.

CAPÍTULO XVII

Poniendo el mundo en su sitio

Diplomacia y visitas a Extremo Oriente, Oriente Medio y África: 1984-1990

Cuando estaba en la oposición dudaba del valor de la diplomacia estatal de alto nivel. Hasta cierto punto, sigo pensando lo mismo. Mi filosofía política en temas internos se fundamenta en un profundo escepticismo sobre la capacidad de los políticos para cambiar las bases de la economía o la sociedad: lo mejor que podemos hacer es crear un contexto en el que el talento y las virtudes de la gente se movilicen, no se destruyan. De forma parecida, en asuntos exteriores, las realidades subyacentes del poder no se transforman por reuniones y acuerdos entre jefes de Gobierno. Un país con una economía débil, una base social inestable o una administración poco eficaz no puede compensar estos hechos —al menos durante mucho tiempo— con un programa diplomático ambicioso. Es decir, mi experiencia como primera ministra me convenció de que una política exterior hábilmente dirigida y basada en la firmeza puede aumentar la influencia de un país y permitir que se hagan progresos al negociar problemas difíciles en todo el mundo. Según pasaban los años, dediqué un esfuerzo cada vez mayor a la diplomacia internacional.

Más, a pesar de todo, es necesario tener una idea clara del potencial y los límites del arte de gobernar. Las tentaciones, opuestas y gemelas, del estadista son la soberbia y la timidez. Es fácil suscribir declaraciones llamativas y planes globales ambiciosos. Es bastante más difícil mantener una opinión juiciosa con medidas prácticas y constancia. En determinadas circunstancias, intentando «resolver» definitivamente un problema muy antiguo sólo se consigue empeorarlo. En otras circunstancias, el más pequeño retraso significará una oportunidad perdida. El estadista tiene que ser capaz de distinguir entre ambas coyunturas, sabiendo siempre cuál es el objetivo sin presuponer nunca que el camino esté abierto; después, cuando lo esté, seguir adelante con todos los medios a su alcance.

Y nunca se debe perder de vista la importancia de la atracción o repulsión química personal que existe entre quienes dirigen los destinos de las naciones. Me he visto a mi misma apreciando y respetando a jefes de Gobierno no sólo como políticos sino como personas —pero a veces he despreciado profundamente a otros, sin llegar nunca a confiar en ellos—. Y lo hacía independientemente del color, credo y opiniones políticas. Las relaciones personales no se deben convertir nunca en un sustituto de la firme consecución de los intereses nacionales, pero ningún estadista debe ignorar su importancia. Las visitas al extranjero me permitieron conocer, hablar e intentar influir sobre jefes de Gobierno en su propio terreno. Estas visitas me proporcionaron una visión de la forma en que aquellos con quienes trataba en la atmósfera aséptica de las grandes conferencias internacionales vivían y sentían en realidad. Por otra parte, idéntica oportunidad tuvieron ellos de conocerme. La permanencia en el cargo tiene sus inconvenientes y dificultades en la política interna, donde los medios de comunicación están siempre suspirando por una cara nueva. Pero en asuntos exteriores representa una ventaja, importante y acumulativa, el mero hecho de ser conocido tanto por los políticos como por la gente corriente de todo el mundo.

Todos estos elementos estaban presentes en mis visitas al Extremo Oriente, Oriente Medio y África y en mis negociaciones con los países de dicha zona. En estas regiones —en último caso continentes enteros— la batalla entre el Este y el Oeste se libraba por medio de influencias y armas. Pero en cada uno de esos contextos también se manifestaban otros problemas particulares de cada región.

En Extremo Oriente, las cuestiones a largo plazo dominantes afectaban al futuro papel y desarrollo de una superpotencia política y militar, la República Popular de China, y de un superpoder económico, Japón. Pero para Inglaterra, lo que tenía prioridad sobre todo lo demás era el futuro de Hong Kong.

En Oriente Medio fue la guerra Irán-Irak, con su corriente subyacente de fundamentalismo islámico desestabilizador, lo que costó más dinero y causó más daños económicos. Pero yo siempre supe que el conflicto árabe-israelí era de una importancia aún más duradera. Porque era éste, presentándose una y otra vez, el que impedía la aparición —al menos hasta la guerra del Golfo— de un bloque sólido de Estados árabes pro occidentales, más o menos seguros de sí mismos, que no tuvieran que estar pendientes de cómo utilizarían sus críticos la difícil situación de los palestinos sin tierra.

Finalmente, en África —donde, como en Oriente Medio, Inglaterra no era sólo un jugador más de la gran partida, sino un país con lazos históricos y una imagen distinta, aunque no siempre favorable—, era el futuro de Suráfrica el problema dominante. Por razones que quedarán claras más adelante, nadie tuvo mejor oportunidad —o tarea más ingrata— que yo para resolver un problema que había envenenado las relaciones de Occidente con el África negra, aislando a la potencia económica más desarrollada del continente, y que, dicho sea de paso, se había utilizado para justificar más hipocresía y exageraciones de las que yo nunca haya oído sobre ninguna otra cuestión.

EXTREMO ORIENTE

Hong Kong

La visita a China en septiembre de 1982 y las conversaciones con Zhao Ziyang y Deng Xiaoping tuvieron tres efectos beneficiosos. Primero, restaurar la confianza de Hong Kong en el futuro. Segundo, ahora tenía una idea muy clara de lo que los chinos aceptarían y no aceptarían. Tercero, teníamos un sistema de comunicación que, tanto los chinos como nosotros, podíamos utilizar en el futuro de Hong Kong y que sentaba las bases para seguir conversando entre nosotros. Pero había un riesgo real de que cada uno de estos logros fuera transitorio. La confianza de la colonia era frágil. No estaba claro cómo podríamos convencer a los chinos para que fueran más explícitos en los tocante a sus garantías. Y —lo que encontraba más preocupante— los chinos se mostraban muy reticentes para continuar con las conversaciones que yo había previsto cuando abandoné Pekín. Durante meses no sucedió nada. Pedí consejo a un hombre con influencia en China desde antaño, Henry Kissinger: su respuesta fue «no te preocupes, es su forma de hacer las cosas». Pero estaba preocupada y según pasaba el tiempo me iba preocupando más.

La mañana del viernes 28 de enero de 1983 celebré una reunión con ministros, funcionarios y el gobernador de Hong Kong para reconsiderar la situación. Habíamos sabido que, en junio, los chinos se proponían anunciar unilateralmente su propio plan sobre el futuro de Hong Kong. Todos estuvimos de acuerdo en que debíamos impedir que esto sucediera. Yo había vuelto a pensar detenidamente en nuestros objetivos y propuse que, ante la falta de progresos en las conversaciones, deberíamos desarrollar ahora una estructura democrática en Hong Kong, como si nuestro propósito fuera llegar a la independencia o el autogobierno en un período breve de tiempo, igual que habíamos hecho en Singapur. Ello implicaba fomentar un gobierno y una administración de Hong Kong con mayor participación de chinos, donde fueran tomando progresivamente sus propias decisiones, e Inglaterra adoptara poco a poco una posición subordinada. También podía estudiarse acudir al referendo, institución aceptada en la ciudad. Más adelante, las elecciones legislativas han puesto de manifiesto la mucha hambre de democracia que sienten los chinos de Hong Kong, y el Gobierno ha tenido que responder a ello. En esa época, sin embargo, nadie más parecía muy atraído por estas ideas; al final, de mala gana, tuve que admitir que puesto que los chinos no aceptarían semejante planteamiento, no merecía la pena trabajar más en el tema. Pero no podía dejar las cosas como estaban, así que en marzo de 1983 envié una carta privada a Zhao Ziyang que nos sacó del punto muerto, logrando que las conversaciones anglo-chinas despegaran de nuevo. En parte, la carta iba más lejos de lo que yo había planteado en Pekín. Allí había dicho al señor Deng que estaba dispuesta a considerar la posibilidad de hacer recomendaciones al Parlamento sobre la soberanía de Hong Kong, si se podían conseguir acuerdos aceptables para preservar su estabilidad y prosperidad. Ahora sutilmente reforzaba esa exposición:

Suponiendo que se puedan alcanzar acuerdos entre los Gobiernos chino y británico sobre una serie de disposiciones administrativas para Hong Kong por las que se garantice la futura prosperidad y estabilidad de Hong Kong, siendo igualmente aceptables para el Parlamento británico, el pueblo de Hong Kong y el Gobierno chino, estaría dispuesta a recomendar al Parlamento que la plena soberanía de Hong Kong revierta a China. (Las cursivas son mías).

Geoffrey Howe y el Ministerio de Asuntos Exteriores querían ir más lejos: sostenían, con toda energía, que debía aceptar desde el principio de las conversaciones que la administración británica no se prolongaría en Hong Kong. No vi motivo alguno para hacer semejante concesión. Quería conseguir de cada carta negociadora el máximo efecto. Sin embargo, pronto se hizo patente que no disponíamos de muchas cartas.

Hubo durante el verano tres rondas de conversaciones, sin que en ellas se lograra progreso alguno. Cuando recapitulamos sobre la situación en una reunión, el lunes 5 de septiembre, estaba claro que las conversaciones se romperían, cuando se reanudasen el 22 de septiembre, a menos que entregásemos a los chinos tanto la administración como la soberanía. Un problema particular era que la fecha de las negociaciones se hacía pública, y se había convertido en costumbre anunciar al final de cada sesión la fecha de la siguiente. Si los chinos decidían continuar con los contactos o romperlas de modo definitivo, se sabría de inmediato, con la consiguiente pérdida de confianza por parte de Hong Kong.

Esto es lo que de hecho sucedió tras las conversaciones de los días 22 y 23 de septiembre. La intensa propaganda china y la inquietud ante la ausencia de todo elemento tranquilizador en el comunicado oficial provocaron una fuga masiva de capital en dólares de Hong Kong, así como la caída de su cotización en las bolsas extranjeras.

A primeras horas de la mañana del domingo, 25 de septiembre, recibí una llamada telefónica de Alan Walters, que en ese momento se encontraba en Washington y no había logrado localizar a Nigel Lawson ni al gobernador del Banco de Inglaterra. Alan estaba convencido de que la única forma de impedir un colapso de la moneda —y todas las consecuencias políticas que ello traía consigo— era restablecer el sistema de comisión monetaria, respaldando el cambio del dólar de Hong Kong a la par con el dólar de Estados Unidos. (Las reservas de divisas del Gobierno de Hong Kong eran lo suficientemente grandes para hacerlo posible). Aunque los argumentos de Alan me habían convencido hasta el punto de aceptar la urgente necesidad de hacer algo, todavía tenía algunas dudas, sobre todo si nuestras de reservas de divisas corrían algún riesgo. Pero informé al Ministerio de Hacienda de lo que consideraba una crisis peligrosa, que debía conocerse inmediatamente. Desde allí se pusieron en contacto con Nigel y el gobernador del Banco de Inglaterra. El martes siguiente me reuní con Nigel, el gobernador y Alan en la Embajada de Washington. Aunque Nigel era reacio, al principio, y el gobernador tenía reservas, finalmente estuvieron de acuerdo conmigo en que la única solución era establecer de nuevo la comisión monetaria. Como siempre, estas noticias se filtraron rápidamente a los mercados financieros, contribuyendo a que se restaurara la confianza y a que concluyera la crisis del dólar de Hong Kong. La cerramos totalmente, más tarde, el 16 de octubre de 1983, fijando el tipo de cambio en 7,80 dólares de Hong Kong por dólar de los Estados Unidos. La prensa financiera pensó que era «un éxito rotundo». Y así lo ha demostrado el tiempo.

Pero también era necesario que se reanudaran las conversaciones anglo-chinas. El 14 de octubre envié un mensaje más extenso a Zhao Ziyang, expresándole nuestro deseo de conocer las ideas chinas sobre el futuro de Hong Kong y abriendo la posibilidad de un acuerdo sobre esas bases. Para entonces había decidido, a regañadientes, que tendríamos que conceder no sólo la soberanía sino la administración a los chinos. En consecuencia, el 19 de octubre se reanudaron las conversaciones.

Esperaba que, al destacar en mi mensaje aquellos aspectos de la posición negociadora china que podían, previsiblemente, aportar tanta autonomía y el menor número de cambios en la forma de vida del pueblo de Hong Kong como fuera posible, podríamos lograr algún progreso. En noviembre, autoricé que se dieran a conocer a los chinos los papeles de trabajo sobre el sistema legal, el sistema financiero y las relaciones económicas exteriores de Hong Kong. Pero ellos endurecieron su posición, dejando claro que no estaban en absoluto dispuestos a firmar un tratado con nosotros, sino a declarar sus propios «objetivos políticos» para Hong Kong. En ese momento abandoné toda esperanza de convertir Hong Kong en un territorio con su propio Gobierno. El objetivo primordial era evitar una ruptura de las negociaciones, así que di autorización a nuestro embajador en Pekín para que explicara con más claridad el contenido de mi carta del 14 de octubre: que no preveíamos la persistencia de lazos de autoridad o responsabilidad entre Inglaterra y Hong Kong a partir de 1997. Pero me sentía muy descontenta.

En esta época fui profusamente aconsejada por una persona cuya experiencia en negociar con los chinos yo sabía inigualable. En la reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth (Commonwealth Heads of Government Meeting, CHOGM) celebrada en Nueva Delhi consulté nuestros problemas de negociación con los chinos a Lee Kuan Yew, primer ministro de Singapur. Desgraciadamente, la conversación se vio interrumpida en varias ocasiones y el señor Lee hubo de comunicarme sus opiniones por teléfono, más adelante: debíamos enviar un ministro o emisario muy importante para trasladar nuestras propuestas al más alto nivel posible del Gobierno chino. Era crucial, dijo, que adoptáramos la actitud correcta —ni desafiante ni sumisa, sino serena y amistosa—. Debíamos expresar claramente que la realidad era que si China no deseaba que Hong Kong sobreviviese, nada podría impedir su desaparición. Éste, por supuesto, era precisamente el aspecto que Deng Xiaoping me había indicado en septiembre de 1982. Entonces había conseguido convencerle de que tendrían que pagar un precio internacional si se limitaban a ocupar la zona sin ninguna consideración para la prosperidad y el sistema de Hong Kong. Pero ahora tenía que admitir que la preocupación de China por su reputación internacional no llegaba a tanto como para permitirnos muchas libertades. El consejo del señor Lee confirmaba, por lo tanto, la táctica que había decidido seguir el mes anterior. La cuestión seguía siendo la misma; ¿cuáles serían las bases de la administración china? De ahora en adelante debíamos concentrarnos en los temas de la autonomía y la conservación del sistema social, económico y legal a partir 1997.

Fueran cuales fueran las concesiones que tuviésemos que hacer, estaba decidida a que los representantes del pueblo de Hong Kong —los miembros «no oficiales» del Consejo Ejecutivo de Hong Kong (Hong Kong Executive Council, EXCO)— fueran consultados en cada etapa crucial del proceso. Geoffrey Howe y yo nos reunimos con ellos la mañana del 16 de enero de 1984, en Downing Street. Como siempre, me quedé impresionada por su sentido común y realismo sobre las opciones, tremendamente ingratas, que a ellos les constaba que estábamos obligados a tener en cuenta. Básicamente compartían nuestro objetivo, que estribaba en obtener para Hong Kong el más alto grado de autonomía posible, respaldado por las mejores garantías chinas que cupiera lograr. Después de esta reunión pensé en la mejor forma para llegar a un compromiso de derecho de entrada en el Reino Unido para las personas de Hong Kong que se pusieran a sí mismas y a sus familias en peligro realizando una tarea apreciable para el Gobierno de Hong Kong entre el momento presente y el año de 1997. Cuando discutí este tema con los ministros y funcionarios, en julio, dije que debíamos inclinarnos por la generosidad. Que no se diga nunca que el Reino Unido paga la lealtad con deslealtad.

La cuestión concreta más difícil con que nos enfrentábamos ahora en las negociaciones con los chinos era el emplazamiento del «Grupo Conjunto de Enlace» que se crearía después de firmar los planeados acuerdos anglo-chinos, para ocuparse de las cuestiones relativas a la transición. Me preocupaba que, durante la transición, este órgano se convirtiese en un centro de poder alternativo al gobernador o, lo que era peor, que produjera la impresión de algún tipo de «condominio» anglo-chino que pusiera en serio peligro la confianza. Pero también insistí en que el grupo debía proseguir sus tareas durante tres años, después de 1997, para mantener la confianza tras el traspaso administrativo. A este efecto envié una carta al señor Zhao.

Geoffrey Howe, que ha había visitado Pekín en abril, regresó en julio, acompañado por sir Percy Cradock y logró una solución de compromiso para el Grupo Conjunto de Enlace, que no entraría en funcionamiento en Hong Kong antes de 1988. Las pacientes negociaciones de Geoffrey acabaron por conseguir un acuerdo. No era un triunfo: ni lo podía ser, considerando el hecho de que tratábamos con una potencia intransigente y abrumadoramente superior.

Los términos del pacto ofrecían tres ventajas principales. Primera, sería, de forma inequívoca, un acuerdo internacional obligatorio. Segunda, estaba suficientemente claro y detallado qué sucedería en Hong Kong después de 1997, para merecer la confianza del pueblo de Hong Kong. Tercera, se disponía que los términos del propuesto acuerdo anglo-chino hallarían reflejo en la Ley Básica que debía aprobar el Congreso Popular Chino; ella sería, de hecho, la Constitución de Hong Kong a partir de 1997.

Geoffrey era siempre bueno en el proceso de negociación propiamente dicho, aunque a veces no estuviéramos de acuerdo sobre el resultado final de las negociaciones. En este caso, no obstante, había evidenciado en todo momento una impresionante comprensión de los problemas; por otra parte, sus contactos con el señor Deng fueron de gran eficacia, porque convencieron a los chinos de que podían confiar en nosotros, preparando así el camino para que yo volviese a Pekín a firmar el acuerdo de unión. Felicité a Geoffrey en el Consejo de Ministros a su regreso de China, y lo hice de corazón.

Mi visita a China en diciembre para firmar el Acuerdo Conjunto sobre Hong Kong la efectué en un clima de menor tensión que la visita de dos años antes. Las difíciles negociaciones ya habían concluido. Habíamos conseguido el apoyo al acuerdo, con algunas reservas, por parte de los miembros no oficiales del EXCO. Había explicado su contenido al presidente Reagan, logrando también su apoyo. Por tanto, el objetivo principal de mis conversaciones en Pekín era fortalecer la confianza que los chinos tenían en nuestra buena fe sobre la administración de la transición hasta 1997 y reforzar de todas las formas posibles su sentido de la obligación para cumplir el acuerdo.

Llegué a Pekín la tarde del miércoles 18 de diciembre. La ceremonia de bienvenida oficial se llevó a cabo a las nueve de la mañana siguiente: pasé revista a la guardia de honor en la plaza de Tiananmen, donde, menos de cinco años más tarde, ocurriría la matanza de los manifestantes, lo que de pronto arrojó dudas sobre el acuerdo cuidadosamente negociado que yo iba a concluir aquí.

El resto de la mañana la pasé en dos horas y media de conversaciones con el primer ministro Zhao Ziyang. El ambiente era agradable y relajado, pero estaba claro que los chinos estaban tan preocupados por el período de transición como yo. Querían mantener la estabilidad y prosperidad, pero tenían sus propias ideas sobre cómo hacerlo. Insistí en que todo se redujera al borrador de la Ley Básica. Esta debía ser conforme al sistema capitalista y guardar consistencia con el sistema jurídico de Hong Kong. Subrayé lo importante que era que China hubiese expresado su deseo de solicitar la opinión de una amplia gama de personas de Hong Kong. Después mencioné una cuestión que yo sabía aún más delicada: dije que los chinos habían de tener en cuenta nuestras propuestas para el desarrollo constitucional de Hong Kong, reforzando, en la medida de la posible, la democracia y autonomía, aunque puse buen cuidado en no utilizar tales palabras. El señor Zhao respondió que el Gobierno chino no haría comentario alguno sobre desarrollo constitucional en el período de transición. En principio, los chinos también querían que hubiera más ciudadanos de Hong Kong implicados en la administración. Pero el proceso no debía afectar de forma adversa la estabilidad y prosperidad, ni entorpecer la transferencia de gobierno en 1997. Lo dejé en ese punto; había llegado todo lo lejos que consideré prudente en aquella reunión.

Por la tarde hablé con el secretario general del Partido Comunista Chino, Hu Yaobang, cuya influencia me habían comentado era mayor de lo que los observadores extranjeros pensaban. Había conocido antes al diminuto señor Hu cuando visitó Londres. Se le consideraba —quizá demasiado, para sus propios intereses, como luego pudo comprobarse— el sucesor preferido de Deng Xiaoping, y tenía reputación de reformista. Le había dicho abiertamente en Londres que muchos de nosotros esperábamos que quienes, como él, habían vivido la experiencia de la Revolución Cultural trajesen un nuevo método de enfoque de los asuntos chinos. Él pasó a hablarme, con lágrimas en los ojos, de los padecimientos que en aquellos días había soportado. Era bueno pensar que aquel hombre estaba en condiciones de comprender, al menos en parte, los problemas relativos al futuro de Hong Kong; pero tal vez la naturaleza humana no sea tan simple.

Después vino la reunión crucial con Deng Xiaoping. La garantía inmediata más importante para el futuro de Hong Kong dependía de los buenos deseos de Deng. Le dije que la «baza genial» de las negociaciones había sido su idea de «un país, dos sistemas». El, con adecuada modestia, atribuyó el mérito de la idea a la dialéctica histórica marxista, o al principio, que venía muy al caso esta vez, de «buscar la verdad en los hechos». Aparentemente, el concepto de «un país, dos sistemas» se contenía originalmente en las propuestas chinas de 1980 para negociar con Taiwan. (De hecho, resultó bastante más apropiado para Hong Kong: la actitud de Taiwan era claramente «un país, un sistema: el nuestro» y, dado su éxito económico y su movimiento hacia la democracia, una no puede sino estar de acuerdo con ellos).

Los chinos habían introducido en el acuerdo un período de vigencia de cincuenta años a partir de 1997. Me llamó la atención este punto y quise saber el motivo de aquellos cincuenta años. El señor Deng dijo que China esperaba acercarse al nivel económico de los países desarrollados al final de tal período. Si China quería desarrollarse, tendría que permanecer abierta al mundo exterior durante todo ese tiempo. El mantenimiento de la estabilidad y la prosperidad de Hong Kong era coincidente con el interés de China por modernizar su economía. Ello no significaba que dentro de cincuenta años China fuera a ser un país capitalista; nada más lejos de la realidad. Dijo que los mil millones de chinos del continente seguirían firmemente el camino del socialismo. Si Taiwan y Hong Kong practicaban el capitalismo, ello no afectaría a la orientación socialista del grueso del país. La práctica del capitalismo más bien iría en beneficio del socialismo, siempre que se redujera a alguna zona reducida. (Luego se ha hecho evidente que socialismo chino es cualquier cosa que haga el Gobierno chino; y lo que ha venido haciendo es, en pocas palabras, abrazar con todas sus ganas el capitalismo. En política económica, al menos, el señor Deng ha buscado, realmente, la verdad derivada de los hechos).

Su análisis me pareció tranquilizador, ya que no convincente, porque indicaba que los chinos, por propio interés, sostendrían la prosperidad de Hong Kong. No era convincente por muy diferentes razones. El convencimiento chino de que no es necesario implantar el sistema económico liberal para disfrutar de sus ventajas me parecía falso a largo plazo. Claro que la cultura y el carácter nacional determinan los sistemas políticos y económicos en determinados países. La ruptura que se produjo tras la matanza de Tiananmen, en junio de 1989, convenció a muchos observadores extranjeros de que en China la libertad política y la económica no dependían una de otra. Evidentemente, tras aquellos terribles sucesos volvimos a someter a estudio lo que se podía hacer para asegurar el futuro de Hong Kong. Desde luego, me confirmaba en mi resolución de hacer honor a las obligaciones de Inglaterra con aquellos de quienes dependía la administración británica y la prosperidad de Hong Kong hasta 1997. En cualquier caso, siempre pensé que Inglaterra se beneficiaría económicamente de los empresarios y personas de talento que abandonasen Hong Kong para instalarse en las Islas.

Por tanto, en 1990 se aprobó conceder la ciudadanía británica a 50.000 personas clave de la colonia y a sus familiares, aunque el propósito esencial de la medida era ofrecer suficientes garantías para convencerlos de permanecer en sus puestos en Hong Kong, donde eran de vital necesidad. También nos vimos obligados por fuertes presiones a acelerar todo lo posible el proceso de democratización de Hong Kong. Había, en cualquier caso, argumentos morales para hacerlo así. Pero todos mis reflejos políticos me decían que éste no era el momento adecuado. Los líderes chinos pasaban por una fase de extremada aprensión. Aquel paso, en aquel momento, podía provocar una fuerte reacción defensiva que socavara el Acuerdo de Hong Kong. Necesitábamos esperar tiempos más tranquilos antes de pensar en hacer camino hacia la democracia, siempre dentro del alcance del acuerdo.

Si Hong Kong pudo beneficiarse de la aplicación por parte de China del principio de «un país, dos sistemas», haciendo posible el acuerdo, a largo plazo iba a hacer falta algo más. Tarde o temprano, el creciente impulso hacia el cambio económico acabaría por llevar a China al cambio político. Mantener abiertos los canales de comunicación y comercio, mientras se presiona firmemente para que China respete los derechos humanos, son los mejores medios de asegurar que esta gran potencia militar, a punto de convertirse en gran potencia económica, llegue también a ser uno más entre los miembros fiables y predecibles de la comunidad internacional.

ORIENTE MEDIO

Egipto y Jordania

Pocos progresos hubo, durante mi mandato, en la resolución del conflicto árabe-israelí. Es importante, no obstante, que expresemos con claridad lo que puede ser «solución» y lo que no puede serlo. La posibilidad de que los implicados empiecen a considerar el problema de un modo distinto no puede considerarse. Tampoco llegarán a desaparecer por completo las influencias extranjeras en la región. Desde luego, el fin de la manipulación comunista de los problemas en litigio permite potencialmente lograr un acuerdo más fácil con los árabes moderados; y hace posible que los Estados Unidos dejen claros los límites de su apoyo a puntos concretos de la política israelí. Pero, en última instancia, los Estados Unidos, que fueron la potencia que mayor papel desempeñó en la creación del Estado de Israel, siempre estarán dispuestos y siempre tendrán el deber de contribuir a la seguridad de Israel. No obstante, es igualmente cierto que los palestinos deberían recuperar su tierra y dignidad; y como suele suceder, según mi experiencia, lo que es moralmente correcto suele acabar por convertirse en políticamente conveniente. Suprimir, incluso en pequeña medida, el motivo de queja de los palestinos es una condición necesaria, si no suficiente, para extirpar de raíz el cáncer del terrorismo en Oriente Medio. La única forma de conseguirlo, como está claro desde hace tiempo, es que Israel cambie «territorios por paz», devolviendo los territorios ocupados a los palestinos a cambio de que su seguridad se garantice en términos creíbles. Es posible que los ataques de los misiles Scud (afortunadamente inofensivos) durante la guerra del Golfo demostraran a Israel que no puede mantener su seguridad por el mero procedimiento de ensanchar las fronteras, lo cual acabará por abrir camino a la obtención de un acuerdo. Pero esto es anticiparse a los hechos: porque cuando fui primera ministra todas las iniciativas partían del principio de que ambas partes, en el fondo, no veían necesidad alguna de modificar sus posiciones. Ello, sin embargo, no significaba que debiéramos cruzarnos de brazos y dejar que los acontecimientos siguieran su curso. Las iniciativas, al menos, ofrecían alguna esperanza: el estancamiento en el proceso de paz de Oriente Medio nunca ha augurado más que desastres.

En septiembre de 1985 visité los dos países árabes moderados y clave, Egipto y Jordania. El presidente de Egipto, Mubarak, ha seguido aplicando, aunque con gran prudencia, la política de su predecesor, Anwar Sadat, asesinado en el ejercicio de su cargo. El rey Hussein de Jordania presentó una propuesta para una conferencia internacional de paz, como preludio a la cual el embajador de Estados Unidos, Murphy, se reuniría con una delegación jordano-palestina. Los egipcios deseaban que la iniciativa jordana tuviese éxito. Pero el punto conflictivo era que los representantes palestinos fueran aceptables para los estadounidenses, que no querían tener nada que ver directamente con la OLP. El presidente Mubarak pensaba que los norteamericanos no eran suficientemente positivos. Yo tendía a estar de acuerdo con tal punto de vista, aunque volví a reiterar que era un principio fundamental para EE. UU., al igual que para Gran Bretaña, el no estar de acuerdo en mantener conversaciones con quienes practicaban el terrorismo. Creo que el presidente Mubarak y yo nos entendimos bien. Tenía una gran personalidad, era convincente y directo, el tipo de persona que puede desempeñar un papel clave en un acuerdo.

Mi principal gesto político en Egipto, en beneficio de la actividad empresarial británica, fue el nada romántico acto de inaugurar el Proyecto de Aprovechamiento de Aguas de El Cairo, de construcción británica, el alcantarillado urbano, a fin de cuentas. Pero antes de abandonar Egipto hice el típico —aunque no por eso menos fascinante— recorrido de Karnak y Luxor. Hacía mucho calor. Pero para entonces ya había aprendido la lección: llevaba mi propia botella de agua mineral en el coche. No obstante, un pequeño desastre sobrevino cuando varios integrantes de mi séquito, creyendo ingenuamente que las botellas marcadas en el museo con la etiqueta de agua mineral contenía en efecto tal cosa, fueron cayendo enfermos uno tras otro.

Me figuro que aún se alegraron más que yo cuando aquella tarde (miércoles 18 de septiembre) llegamos a Ammán.

Conocía de antes al rey Hussein y me agradaba. Había venido a verme a Downing Street en varias ocasiones. El rey Hussein, lo mismo que el presidente Mubarak, o incluso más todavía, estaba indispuesto con los norteamericanos, por creer que primero lo habían animado a impulsar una iniciativa de paz y ahora, por presiones judías internas, se retiraban. Comprendí que viera así las cosas. Había corrido un auténtico riesgo al promover su iniciativa y yo pensaba que merecía más apoyo. Quería hacer lo que pudiese para ayudarle, así que cuando el rey me dijo que dos destacados partidarios de la OLP preparaban la renuncia pública al terrorismo y aceptaban la resolución 242 de las Naciones Unidas, le dije que si lo hacían, me reuniría con ellos en Londres. Lo anuncié en la conferencia de prensa. Sería el primer encuentro entre un gobernante británico y representantes de la OLP. Más tarde, cuando llegaron a Londres, comprobé si aún estaban dispuestos a aceptar estas condiciones. Uno de ellos lo hizo, pero el otro no pudo: temía por su vida. Ése fue el motivo de que no llegara a conocerlos. Me alegra decir que el rey Hussein me apoyó en esa decisión. Pero aquella venía a demostrar —como si hicieran falta más demostraciones— lo traicioneras que eran estas aguas.

Antes de partir de Jordania me llevaron a ver un campo de refugiados palestinos. Denis solía decirme que estos campos siempre le rompían el corazón. Esta visita no fue una excepción: estaba limpio, bien organizado, ordenado y era completamente desesperante. De hecho, estaba llevado por la OLP, que tenía un incuestionable interés en hacer de tales campos un terreno permanente de reclutamiento para su lucha revolucionaria. Los palestinos de más talento e instrucción no permanecían mucho tiempo allí, prefiriendo unirse a la diáspora por todo el mundo árabe. Hablé con una anciana, medio ciega, tumbada a la sombra de un árbol junto a la choza de su familia. Decían que tenía unos cien años. Pero en su cabeza predominaba una idea sobre todas las demás: la reivindicación de los derechos palestinos.

Israel

Había estado en Israel varias veces antes de acceder a la presidencia del Consejo de Ministros y cada vez que visité el lugar que para las tres grandes religiones del mundo es «Tierra Santa», me produjo una impresión indeleble. Todo el que haya estado en Jerusalén comprenderá por qué el general Allenby, al arrebatar la ciudad a los turcos, desmontó de su caballo para entrar en ella a pie, en señal de respeto.

Siento una enorme admiración por el pueblo judío, dentro y fuera de Israel. Siempre ha habido judíos entre los miembros de mi personal y de mi Gabinete. Yo sólo quería un Gabinete de personas activas e inteligentes y, con frecuencia, esas características eran judías. Mi viejo distrito de Finchley cuenta con un gran número de judíos. En los treinta y tres años que los he representado nunca ha venido un judío pobre y desesperado a uno de los gabinetes de consulta de mi distrito electoral. Ellos mismos han cuidado siempre de su propia comunidad.

Creo en los valores «judeocristianos»: en realidad toda mi filosofía política se basa en ellos. Pero siempre he tenido cuidado de no caer en la trampa de comparar las religiones cristiana y judía. No creo, como cristiana, que el Antiguo Testamento —la historia de la ley— se pueda comprender enteramente sin el Nuevo Testamento —la historia de la misericordia—. Aunque a menudo he deseado que los dignatarios cristianos siguieran el ejemplo de las enseñanzas de un maravilloso y antiguo rabino de Inglaterra, Immanuel Jakobovits, y los cristianos tomaran nota del énfasis que ponen los judíos en la ayuda mutua y en la aceptación de la responsabilidad personal. Por encima de todo eso, el asentamiento político y económico de Israel, en contra de adversarios tremendamente superiores y encarnizados, es una de las gestas heroicas de nuestra época. Ellos han sabido hacer realidad el «florecimiento del desierto». Me habría gustado, no obstante, que la insistencia israelí en el respeto de los derechos humanos de los rusefniks hubiera tenido equivalente en su valoración de las reclamaciones de los palestinos, despojados de tierra y sin Estado. Los israelíes sabían, cuando estuve en su país en mayo de 1986, que estaban tratando con alguien que no albergaba ninguna hostilidad hacia ellos, que comprendía sus inquietudes, pero que tampoco iba a aceptar sin condiciones los planteamientos sionistas. Por encima de cualquier otra cosa, me había ganado su respeto por alzarme contra el terrorismo dentro y fuera de las fronteras británicas. (Hacía sólo unas semanas, yo había estado entre los pocos que apoyaron el ataque aéreo norteamericano a Libia). Los israelíes también eran conscientes de la línea dura que habíamos adoptado con los sirios por el intento de Nezar Hindawi —que tenía claras conexiones con la Embajada y el Gobierno sirio— de colocar una bomba en un avión de El Al en Heathrow. Por tanto si alguien estaba en buena posición para decir verdades, sin miedo a ser mal interpretada, ese alguien era yo.

Esperaba ver al primer ministro, Shimon Peres, de nuevo. Sabía que era sincero, inteligente y razonable y me había encontrado con él muchas veces. Era una gran lástima que al cabo de poco tiempo, por obra del acuerdo alcanzado con el partido Likud en la coalición nacional, tuviera que entregar el cargo de primer ministro al duro Isaac Shamir. El señor Peres y yo nos preguntábamos, a la luz de la historia pasada, cómo reaccionaría la gente al ver las banderas de la Union Jack y la estrella de David ondeando una al lado de la otra. Pero no teníamos por qué preocuparnos. Cuando llegué a Tel Aviv fui recibida por una multitud entusiasta. A continuación nos dirigimos por carretera a Jerusalén, para alojarme en el hotel Rey David, un nombre lleno de resonancias para mí y para todo el pueblo británico[46]. Fuera del hotel una muchedumbre, aún mayor, daba gritos de entusiasmo en la oscuridad. Insistí en bajar del coche para verlos, lo que provocó un ataque de agitación en el personal de seguridad. Pero merecía la pena: la gente estaba encantada.

A la mañana siguiente desayuné con Teddy Kollek, el alcalde de Jerusalén. Le conocía bien: combinaba una humanidad cálida con un formidable celo administrativo y —característica aún más valiosa— lealtad hacia su pueblo, con una generosa comprensión de los problemas árabes. Todo el día —domingo 25 de mayo— estuvo lleno de actos evocadores de la historia e identidad de Israel. Naturalmente, acudí al monumento Yad Vashem, dedicado al holocausto: como en cada ocasión, salí paralizada por la impresión de que los seres humanos pudieran hundirse en semejante depravación.

A continuación tuve una reunión con el señor Shamir. Es imposible concebir a nadie más diferente de Shimon Peres. Era un hombre duro, aunque indudablemente un hombre de principios, cuyo pasado había dejado cicatrices en su personalidad. No hubo hostilidad entre nosotros pero, en el fondo, tampoco podía haber acuerdo en nuestras opiniones sobre el modo de proceder. Estaba claro que no había ninguna posibilidad de que el señor Shamir entregase «territorios por paz» y que la colonización judía de la orilla occidental iba a seguir adelante.

Yo estaba convencida de que el auténtico objetivo consistía en reforzar la posición de los palestinos moderados, probablemente en asociación con Jordania, que con el tiempo abandonaría a los extremistas de la OLP. Mas esto nunca sucedería si Israel no lo promovía y las condiciones miserables en las que tenían que vivir los árabes en Cisjordania y en Gaza no hacían más que empeorar las cosas. También pensaba que debían celebrarse elecciones locales en la Cisjordania. Pero en esa época, uno de los opositores más enérgicos a estas concesiones —o a cualquier otra parecida— era el ministro de Defensa, señor Rabin, con quien había desayunado el lunes. Rabin estuvo leyéndome sus consideraciones durante cuarenta minutos, sin dar tiempo a que nos comiéramos una triste tostada.

Pero no me iba a desanimar tan fácilmente: en el discurso de aquella tarde en el Knesset —el Parlamento israelí, presidido por el elocuente y respetado Abba Eban—, ante un grupo de parlamentarios, reiteré mis propuestas de que se celebraran elecciones locales.

Más tarde fui a cenar con un grupo de palestinos moderados, cuidadosamente elegidos; hombres de negocios y universitarios, en su mayor parte, la clase de personas con las que los israelíes deberían estar dispuestos a negociar. Expusieron sus quejas, en particular sobre el tratamiento a que se les sometía en Cisjordania y especialmente en Gaza, donde las condiciones estaban empeorando, debido tanto a una política de seguridad poco sensata como a la discriminación económica en favor de la actividad comercial judía. Prometí elevar estas cuestiones al señor Peres, y así lo hice con todo detalle al día siguiente, aunque también les dejé clara la necesidad de rechazar el terrorismo y a aquellos que lo practicaban. Aunque la opinión general era que sólo la OLP era capaz de representar a los palestinos, detecté, en las conversaciones con grupos pequeños, que ello no significaba que hubiese un gran aprecio por esa organización.

Durante mi visita tuve dos largas conversaciones con el señor Peres. Él era consciente de la necesidad de mantener en marcha la iniciativa de paz del rey Hussein, ahora fallida, para evitar la desestabilización de la propia Jordania. Pero, evidentemente, acogía con gran escepticismo la propuesta de una conferencia internacional de paz. A pesar de que Peres comprendía la necesidad de llegar a algún tipo de solución intermedia, no salí nada optimista. De hecho, la sucesión del señor Samir como primer ministro apagaría muy pronto estos escasos rayos de luz.

Por muy difíciles que fueran los problemas diplomáticos, de lo que no cabía duda era de lo muy efusivamente que me habían recibido en Israel, y esto cada vez más, durante toda la duración de mi visita. El martes, de camino hacia el aeropuerto para el viaje de regreso, hice un alto en Ramat Gan, localidad de las afueras de Tel Aviv hermanada con Finchley, mi viejo distrito de Inglaterra. Esperaba encontrarme con el alcalde y con unos cuantos dignatarios, quizá algunos viejos conocidos. Pero me esperaban 25.000 personas. Me vi inmersa —a veces, para horror de mis escoltas y funcionarios, casi sepultada— en una enorme multitud de entusiastas ciudadanos, mientras me abrían paso a codazos entre el gentío hasta una tribuna desde la que tuve que hacer un discurso improvisado, que son siempre los mejores. Posteriormente, durante la guerra del Golfo, cayeron en Ramat Gan misiles Scud procedentes de Irak. En el pueblo de Finchley se recaudó dinero para volver a levantar los edificios destruidos. Ésta, pensé, es la «hermandad» que tendría que haber en todas partes.

ÁFRICA

El problema de Suráfrica

No compartía el punto de vista sobre África del Ministerio de Asuntos Exteriores más de lo que compartía el de Oriente Medio. Israel era considerado el paria de Oriente Medio, un país con el que no sería bueno establecer vínculos demasiado estrechos. El mismo papel se adjudicaba a Suráfrica en el continente africano. El supuesto básico, casi nunca expresado, parecía ser que los intereses nacionales británicos exigían que, a la larga, estuviésemos dispuestos a aceptar la opinión de los más radicales entre los Estados africanos negros de la Commonwealth. En realidad, el buen análisis sugería algo muy diferente.

Admitiendo que en el sistema surafricano hay que introducir cambios fundamentales, la cuestión era cómo llevarlos a cabo de la mejor manera posible. En mi opinión, el peor de los planteamientos posibles era el de seguir aislando cada vez más a Suráfrica. En realidad, el aislamiento ya había ido demasiado lejos, contribuyendo a una sensación de sitio e inflexibilidad entre la clase gobernante afrikaner. Era absurdo creer que renunciarían al poder, de buenas a primeras, sin garantías aceptables. Quizá, si así hubiera sucedido, el resultado habría sido la anarquía, que habría derivado en peores padecimientos para los surafricanos de raza negra.

Yo sabía, además, que estos últimos tampoco podían considerarse un grupo homogéneo. La lealtad a la propia tribu era de gran importancia. Por ejemplo, los zulúes son una nación orgullosa y consciente de su propia entidad, con un perfilado sentido de la identidad. Cualquier marco político nuevo para Suráfrica tenía que tener en cuenta tales diferencias. No creía yo, y no sólo por estas complejidades, que fueran los forasteros los llamados a imponer una solución. Lo que yo quería alcanzar era una reforma escalonada —con más democracia, derechos humanos estables y una próspera economía de empresa libre—, capaz de generar riqueza y mejorar el nivel de vida de la población negra. Quería ver a Suráfrica completamente reintegrada a la comunidad internacional. Tampoco pensaba, a pesar del ruido y la cólera de la izquierda, que en ello había algo más que un elevado ideal del que nadie tenía por qué avergonzarse.

También era verdad que Inglaterra tenía importantes intereses comerciales en el continente, más o menos repartidos a partes iguales entre el África negra y Suráfrica. Ésta poseía, con gran diferencia, la gama de recursos naturales más rica y variada de todos los países africanos. Era el mayor proveedor del mundo de oro, platino, gemas, diamantes, cromo, vanadio, magnesio y otros productos vitales. Además, en cierto número de estos productos, el único competidor real de Suráfrica era la Unión Soviética. Incluso si hubiera sido moralmente aceptable llevar a cabo una política que condujese al colapso de Suráfrica, no habría sido, por esta razón, una estrategia inteligente.

Suráfrica no era rica sólo por sus recursos naturales sino porque su economía seguía el modelo de libre empresa. Otros países africanos, bien dotados de recursos naturales, eran todavía pobres porque sus economías eran socialistas y centralistas. En consecuencia, los negros de Suráfrica tenían ingresos más altos y eran, en general, más instruidos que cualquier otro país de África: ésa era la razón por la que los surafricanos levantaban vallas de seguridad, para impedir entrar a los inmigrantes, a diferencia del muro de Berlín, que mantenía dentro a los bendecidos por el sistema socialista. Las críticas a Suráfrica nunca mencionaban estos incómodos hechos. Aunque el simple hecho de que yo los reconociera no significaba que apoyase el apartheid. El color de la piel no debía condicionar los derechos políticos.

El presidente P. W. Botha iba a visitar Europa con ocasión del cuarenta aniversario del desembarco de Normandía y le hice llegar una invitación para que viniera a verme a Chequers. El presidente Botha tenía un apretado programa de visitas en Europa por el acuerdo que había alcanzado a principios de año con el presidente de Mozambique, Machel, que a muchos Estados europeos les parecía una evolución prometedora. No obstante, mi invitación provocó acusaciones de «blandura» frente al apartheid. El miércoles 30 de mayo, el obispo Trevor Huddleston, veterano propagandista anti-apartheid, vino a Downing Street para manifestarme su oposición a la entrevista con el señor Botha. Su argumento fue que al presidente surafricano no se le debía dar credibilidad como hombre de paz y que a Suráfrica no se le debía permitir volver a entrar en la comunidad internacional hasta que introdujese un giro en su política interna. Este planteamiento no contemplaba el principal aspecto del problema: el aislamiento de Suráfrica, que constituía un obstáculo para la reforma. Antes de su viaje europeo, el único país que había visitado el señor Botha era Taiwan.

Una cosa que los adversarios del apartheid —quizá porque muchos de ellos eran socialistas— nunca parecían comprender del todo era que el capitalismo constituía la mayor fuerza para obtener las reformas y la liberalización política de Suráfrica, al igual que lo era en los países comunistas. Suráfrica no podía desarrollar su potencial económico a menos que los trabajadores negros acudieran a las ciudades y se les formara profesionalmente. El capitalismo de Suráfrica ya estaba creando una clase media negra que a la larga encontraría el modo de compartir el poder.

El presidente Botha llegó a Chequers la mañana del sábado 2 de junio. Tuve una conversación privada con él durante casi cuarenta minutos, uniéndose a nosotros para el almuerzo Geoffrey Howe, Malcom Rifkind y otros funcionarios; el presidente surafricano venía acompañado por su ministro de Asuntos Exteriores, R. F. Pik Botha. El presidente Botha me dijo que a Suráfrica nunca se le reconocían las mejoras que había introducido en las condiciones de vida de los negros. Aunque había algo de verdad en esto, tuve que decirle también que veíamos con espanto el traslado forzoso de los negros, expulsándolos de las áreas que habían designado sólo para residentes blancos. A continuación planteé el caso de Nelson Mandela, que seguía en prisión y cuya libertad habíamos tratado insistentemente de conseguir. Además, desde mi punto, de vista la solución a largo plazo de los problemas de Suráfrica no llegaría sin cooperación. Pero la discusión principal se centró en Namibia, la antigua colonia surafricana, donde el año anterior Suráfrica había vuelto a imponer el gobierno directo. Nuestra política era apoyar la independencia de Namibia. En este aspecto no adelantamos mucho: Suráfrica no tenía intención de permitir la independencia de Namibia mientras las tropas cubanas permanecieran en Angola, pero no había perspectivas de una retirada cubana hasta que la guerra civil terminase en Angola, lo cual, por el momento, parecía una esperanza poco probable. Los surafricanos querían estabilizar las relaciones con sus vecinos y esperaban que la zanahoria de la ayuda económica por parte de Suráfrica pudiera contribuir a mejorarlas. En realidad, por las razones esbozadas anteriormente, aquella iba a ser una esperanza vana, porque el sistema político y social de Suráfrica coartaba el crecimiento económico.

No me despertó un especial entusiasmo el presidente Botha, a quien ya conocía de antes, pero para hacerle justicia hay que decir que escuchó atentamente lo que le dije. Me encontré con que cuando sacaba a colación datos concretos él se manifestaba dispuesto a investigarlos personalmente y cuando se comprometió a tomar medidas demostró que cumplía su palabra. El resultado principal de esta reunión fue, sin embargo, que a partir de entonces pude hacerle llegar mensajes privados sobre temas difíciles; unos mensajes que, seguramente, constituían el único contacto provechoso entre Botha y los Gobiernos occidentales. Como luego dije en el consejo de ministros, había que aprovechar la oportunidad de exponerle, hasta donde fuera posible, nuestros puntos de vista. Había que aplicar a Suráfrica, con igual fuerza, los argumentos por los que su justificaba el diálogo con la Unión Soviética.

En el año 1985 aumentó la crisis en Suráfrica, los disturbios se extendieron, se declaró el estado de excepción en muchas partes del país. Los bancos extranjeros no renovaron los créditos a Suráfrica y el Gobierno declaró una congelación de cuatro meses en el pago de la deuda exterior. Mi viejo amigo Fritz Lautwiler, ex director del banco central suizo, fue nombrado mediador entre los bancos y el Gobierno surafricano. Nos mantuvimos en contacto para saber lo que estaba sucediendo. La presión internacional sobre Suráfrica iba en aumento. El presidente Reagan, que al igual que yo se oponía a las sanciones económicas, presentó un paquete limitado de sanciones para aplacar las presiones del Congreso de su país. Estaba claro que la reunión que en octubre tendrían los jefes de Gobierno de la Commonwealth en Nassau, Bahamas, iba a ser difícil para mí.

En septiembre celebré un seminario en Chequers para aclararnos las ideas sobre la táctica a seguir con Suráfrica. Además de Geoffrey Howe, Malcom Rifkind, Paul Channon e Ian Stewart (del Tesoro), estaba presente un grupo de hombres de negocios y de universitarios, más un par de parlamentarios interesados en la cuestión y bien informados. Ninguno de nosotros habría partido del punto en que nos hallábamos, de haber podido elegir. Por una parte, el proceso surafricano de reformas se hallaba en punto muerto: las reformas constitucionales no habían producido resultado alguno, porque no habían llegado a interesar ni siquiera a los sectores más moderados de la clase media negra. Por otra parte, la Comunidad Económica Europea se disponía a imponer sanciones. Nosotros habíamos expresado reservas sobre las medidas acordadas a principios de mes por la Comunidad Económica Europea, aunque, en un examen más detallado, la mayoría de las medidas coincidían con nuestra práctica actual. Estuve de acuerdo en exponerlas ante la Conferencia de Jefes de Estado de la Commonwealth. Una idea que surgió en la reunión fue la de enviar un «grupo de contacto», formado por «notables», para tratar de dar impulso a las conversaciones entre el Gobierno surafricano y representantes de la comunidad negra.

Durante los preparativos de la conferencia hice lo que pude por contener a Gadarane en su prisa por imponer sanciones. Escribí a los jefes de Gobierno de la Commonwealth instándoles en cambio a organizar negociaciones entre el Gobierno de Suráfrica y representantes de la comunidad negra. Pero ya estaba claro que íbamos a disfrutar de un montón de aspirantes haciendo numeritos de teatro para destacar en la escena internacional.

La reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth en Nassau

Vi a Brian Mulroney en Nassau la primera tarde de la conferencia. Me animó a tomar la iniciativa proponiendo un paquete de medidas que representaban el mínimo común denominador del acuerdo de la Commonwealth. Todas se presentarían como el mínimo exigible, pero los Gobiernos, individualmente, podrían ir más lejos si así lo elegían. Le dije que la experiencia me había enseñado a no exponer nunca las ideas en público demasiado pronto y terminé diciendo: «He dado mi último paso, y cuando digo el último quiero decir el último, aceptando la posición europea sobre las sanciones. No me apetece quedarme aislada dentro de la Commonwealth, pero si es necesario, así será». Seguí la misma línea en encuentros similares con Robert Mugabe, Kenneth Kaunda y Bob Hawke.

Bob Hawke abrió el debate de la conferencia sobre Suráfrica buscando una solución intermedia. Luego vino Kenneth Kaunda con una temperamental apelación a las sanciones. Yo intenté recoger ambos puntos de vista en mi réplica, explicando la evidencia de cambios económicos y sociales en Suráfrica. Cité cuidadosamente el número de negros surafricanos que poseían cualificación profesional, coche, negocios en marcha. Por supuesto, aún quedaba un largo camino por recorrer, pero no nos enfrentábamos con una situación estática. El discurso tuvo su efecto, por las reacciones de los que se sentaban alrededor de la mesa, mas la cautela natural me había hecho tener preparada una postura de repliegue: después de mi reunión con Brian Mulroney mis ayudantes habían elaborado una relación de opciones de medidas más amplias, que llevaría conmigo al retiro de los jefes de Gobierno, el fin de semana en Lyford Cay, donde se trataron los acuerdos reales.

Lyford Cay es un lugar hermoso con interesantes vinculaciones históricas. Habían preparado casas particulares de la finca para las delegaciones. El club central era el centro de conferencias. En un gesto muy simpático, el primer ministro de las Bahamas observó que la casa destinada a mi delegación era donde Harold Macmillan y John Kennedy habían firmado, en 1962, el acuerdo de los Polaris. En Lyford Cay elaboramos una especie de borrador del comité de jefes de Gobierno y en el curso de la mañana del sábado se hizo un comunicado sobre Suráfrica. Mientras tanto, yo continuaba con otro trabajo: a las dos de la tarde, Brian Mulroney y Rajiv Gandhi acudieron a la casa de la delegación inglesa para mostrarme lo que aplicadamente habían preparado. ¡Ay de mí! No pude ponerles buenas notas y me pasé casi dos horas explicándoles por qué no podía aceptar sus propuestas. Sugerí que el texto debía incluir una firme llamada al fin de la violencia en Suráfrica como condición para un diálogo más amplio; pero lo consideraron demasiado polémico.

Después de cenar fui invitada a unirme a un grupo más amplio y sometida a grandes presiones para que aceptase la línea que ellos querían. Bob Hawke me atacó con amargura. Le repliqué enérgicamente. La discusión siguió en una atmósfera cada vez más enrarecida, durante cerca de tres horas. Afortunadamente, aún no ha llegado el día en que alguien me venza por agotamiento.

En el transcurso de la noche hice que mis ayudantes prepararan un texto opcional para presentarlo en la sesión plenaria de las diez y media de la mañana siguiente, antes de la cual un desalentado Sonny Ramphal, secretario general de la Commonwealth, me rogó que cediera y mostrase buena voluntad. Ciertamente, no abundaba la buena voluntad cuando comenzó la reunión. El texto británico ni siquiera fue tomado en consideración. Recibí sermones sobre mi moral política, mi inclinación a preferir a un inglés trabajando que a un negro vivo, mi falta de interés por los derechos humanos. Una tras otra, sus acusaciones se fueron haciendo cada vez más acidas y más personales, hasta que no pude soportarlo más.

Con patente alarma por su parte, empecé a cantarles unas cuantas verdades a mis antagonistas africanos. Señalé que estaban comerciando activamente con Suráfrica, al mismo tiempo que me atacaban por negarme a aplicar sanciones. Les pregunté cuándo demostrarían igual preocupación por los abusos de la Unión Soviética, con quien, claro está, no sólo mantenían relaciones comerciales, sino muy estrechos lazos políticos. Les pregunté cuándo iba a oírles atacar el terrorismo. Les recordé su propia historia sobre derechos humanos, tan poco edificante. Y cuando el representante de Uganda me acusó de racista, me volví hacia él y le recordé los asiáticos que Uganda había expulsado por motivos raciales, muchos de los cuales se habían establecido en mi distrito del norte de Londres, donde eran ciudadanos modelos y se ganaban la vida. Nadie me apoyó, si bien el presidente Jayewardene de Sri Lanka provocó un estremecimiento colectivo cuando dijo que, en cualquier caso, él no tenía intención de romper los lazos comerciales con Suráfrica, porque no iba a dejar sin trabajo a los plantadores de té de Sri Lanka. Los jefes de Gobierno de algunos de los Estados más pequeños me comunicaron en privado que estaban de acuerdo conmigo.

Durante el descanso de mediodía, tomé una decisión táctica sobre cuál de las opciones que tenía preparadas iba a admitir. Mi modesta elección fue tomar acciones unilaterales en contra de la importación de krugerrands (moneda de oro de Suráfrica, que a menudo se compra como inversión) y retirar el apoyo oficial para la promoción del comercio con Suráfrica. Sin embargo, sólo haría esto si había en el comunicado una clara referencia a la necesidad de poner fin a la violencia. A las tres y media de la tarde fui a reunirme con el «comité de redacción» en la biblioteca.

Cuando entré en la habitación todos me miraron con furia. Era extraordinaria la forma en que el instinto de manada de los políticos podía transformar a un grupo de personas corteses, y en algunos casos encantadoras, en una banda de rufianes. Nunca me habían tratado así y no iba a soportarlo. Así que empecé diciendo que nunca me habían insultado tanto como lo habían hecho las personas que estaban en esa habitación y que era una forma totalmente inaceptable de llevar las relaciones internacionales. Al instante, se elevaron murmullos de sorpresa y de disculpa: uno por uno, todos fueron alegando que no era nada «personal». Respondí que era claramente personal y que no lo podía consentir. La atmósfera se suavizó inmediatamente. Quisieron saber qué era lo que yo aceptaría. Anuncié las concesiones que estaba dispuesta a hacer. Expuse hasta dónde pensaba llegar: si mis propuestas no se aceptaban me retiraría de la conferencia y el Reino Unido presentaría su propia declaración. El antiguo «borrador» quedó arrinconado. Diez minutos más tarde todo había terminado. De repente, me convertí en una mujer de Estado al aceptar una «solución intermedia». Se aprobó un texto y en la sesión plenaria de esa misma tarde se aceptó sin enmiendas.

Aunque estaba realmente dolida y consternada por su comportamiento, di testimonio de mi opinión y no estaba disgustada con los resultados. En concreto, estaba encantada de que los jefes de Gobierno de la Commonwealth suscribieran una idea con la que varios de nosotros habíamos especulado, la de enviar un grupo de «notables» a Suráfrica para que luego informaran de la situación, en una próxima conferencia. Esto tenía el gran mérito de darnos tiempo, tanto para presionar a Suráfrica de modo que ensanchase el ámbito de sus reformas, como para llevar adelante la batalla diplomática. Traté de persuadir a Geoffrey Howe para que fuera uno de los «notables», pero no hubo modo. Probablemente, consideraba que las posibilidades de éxito eran pocas, y los hechos demostraron que tenía razón. Puede que yo fuese poco diplomática, porque cuando protestó diciendo que él era el ministro de Exteriores y no podía hacer ambos trabajos, le dije que yo podía encargarme de su cartera mientras se hallase en el extranjero. A partir de aquel momento fui yo quien me ocupé de las cuestiones relativas a nuestro acercamiento a Suráfrica, tomando las principales decisiones directamente desde el Número 10 de Downing Street. Una ventaja de los que, finalmente, fueron elegidos como miembros del «grupo de notables» era que un distinguido negro africano, el nigeriano general Obasanjo, actuaba como presidente del grupo y vería por sí mismo cual era la realidad de la vida en Suráfrica. Pero esta ventaja se echó a perder por los problemas que suscitó Malcom Fraser, quien, lleno todavía de rencor por haber caído ante Bob Hawke en las elecciones, estaba ansioso de recuperar su prestigio internacional y quiso estar en el grupo de los «notables».

En la conferencia de prensa posterior a la cumbre afirmé, con absoluta exactitud, que mis concesiones en el tema de las sanciones habían sido «diminutas»: lo cual enfureció a la izquierda e irritó, sin lugar a dudas, al Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero yo no creía en las sanciones, y no estaba dispuesta a justificarlas. Pude abandonar las playas de Nassau con mi política intacta, aunque con mis relaciones personales con los líderes de la Commonwealth algo magulladas; pero eso, después de todo, no era sólo culpa mía. Y miles de africanos negros conservarían sus puestos de trabajo gracias a la batalla que había librado.

Nuevos debates en la Comunidad Europea y en la Commonwealth sobre las sanciones a Suráfrica

No me hacía ilusiones: mi único éxito en Nassau había consistido en aliviar de momento las presiones tendentes a la imposición de sanciones a Suráfrica. Faltaba ver qué salía de la visita de «notables» al sur de África. De hecho, fue un desastre sin paliativos. No sé si para hacer naufragar la iniciativa o por otras razones que no guardaban relación, las fuerzas armadas surafricanas lanzaron varios ataques contra las bases del Congreso Nacional Africano (CNA) en Botswana, Zambia y Zimbabwe, y el grupo de notables anuló la visita.

Esto me dejaba un difícil papel que desempeñar en la reunión del Consejo Europeo de La Haya, en junio de 1986. Lo que hicieran los países de la Comunidad Europea, a diferencia de la mayoría de los miembros de la Commonwealth, podía tener un impacto real en la economía de Suráfrica, de modo que éste era un foro tan importante, en el tema de las sanciones como la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Commonwealth. Los propios holandeses —Holanda era la cuna de los afrikaners— padecían un omnipresente complejo de culpabilidad ante Suráfrica, lo cual les impedía ser los presidentes ideales de la CEE. Pero el canciller Kohl —quien al menos, en este escenario, se oponía a las sanciones con tanta energía como yo— dirigía el debate. Lo apoyé, secundada por el primer ministro de Portugal. Al final estuvimos de acuerdo en estudiar, ese mismo año, la prohibición de nuevas inversiones y la puesta en práctica de sanciones contra Suráfrica en materia de importaciones de carbón, hierro, acero y krugerrands. También se estuvo de acuerdo en que, puesto que Gran Bretaña se haría cargo de la presidencia de la Comunidad en breve, Geoffrey Howe debía visitar Suráfrica en calidad de «notable» único, para presionar en favor de la reforma y la liberación de Nelson Mandela.

Geoffrey era extremadamente reacio a ir y hay que reconocer que sus reticencias resultaron justificadas, porque fue insultado por el presidente Kaunda y desairado por el presidente Botha. Posteriormente, supe que creía que yo le había enviado a una misión imposible y estaba muy enfadado por ello. Sólo puedo decir que no fue ésa mi intención. Admiraba de verdad a Geoffrey por su talento para la diplomacia más reposada. Si alguien podía haber conseguido algún avance decisivo, habría sido él.

Poco después de que Geoffrey regresara tuve que enfrentarme a la Conferencia Especial de la Commonwealth sobre Suráfrica acordada en Lyford Cay para examinar los progresos hechos. Se había decidido que siete jefes de Gobierno de la Commonwealth se reunieran en Londres en agosto. El peor aspecto era que, debido a la obstinación del presidente P. W. Botha, no contábamos con suficientes hechos para mostrar un camino de progreso desde la reunión de Nassau. Habían realizado algunas reformas significativas y en marzo habían levanto el estado de excepción parcial, pero en cambio habían impuesto el estado de excepción nacional en junio; el señor Mandela todavía estaba en prisión y el CNA y otras organizaciones similares seguían prohibidas. Si a ello añadimos el fracaso del «grupo de notables», no había perspectivas de un diálogo político pacífico entre el Gobierno de Suráfrica y los representantes de la población negra. El Congreso de los Estados Unidos aumentó la presión para imponer sanciones serias y, posteriormente, ese año obligó a una modificación de la política norteamericana anulando el veto del presidente Reagan con un nuevo proyecto de ley sobre las sanciones. Estaba claro que tendría que presentarme con un modesto paquete de medidas, aunque fuera dudoso que con ello pudiera detener la marcha hacia las sanciones económicas a gran escala. Además, tenía otra lista de países de la Commonwealth que aplicaban la detención preventiva sin procesamiento, así como otras prácticas represoras parecidas, preparada para utilizarla como arma diplomática o de cualquier otra clase, sólo por si acaso.

Los medios de comunicación y la oposición estaban de momento obsesionados con Suráfrica. Hubo comentarios en el sentido de que la Commonwealth se disolvería si Inglaterra no modificaba su postura ante las sanciones, aunque nunca hubo ninguna probabilidad de que esto sucediera. Yo estaba convencida —y las cartas que recibía a diario lo demostraban— de que las opiniones y prioridades de tales comentaristas no representaban el sentimiento del público en general. Pero ello no hacía el caso más agradable. La víspera de la conferencia, Denis y yo visitamos Edimburgo, donde se celebraban los Juegos de la Commonwealth. Fuimos a ver a los participantes —al menos los de los países que no habían boicoteado este acontecimiento— a la «villa» de los Juegos y nos recibieron con silbidos y críticas cáusticas. Estuve de acuerdo con Denis cuando observó que ésta era una de las visitas más venenosas que habíamos realizado. Fue un descanso cenar esa noche con mi buen amigo Laurens van der Post, que cuando habla de Suráfrica dice cosas llenas de sentido común y que fue de gran ayuda cuando negociamos la independencia de Zimbabwe.

Luego, vuelta a la irracionalidad, con la Conferencia Especial de Londres. Las reuniones con los jefes de Gobierno, antes de la apertura oficial, me llenaron de tristeza. Brian Mulroney me instó a que Inglaterra «marcara la pauta» y me pareció que quería que le revelase mi baza negociadora por adelantado: pero yo no tenía intención de hacerlo, habiendo visto muchas veces que semejantes «concesiones» se reciben y a continuación se olvidan de inmediato. Kenneth Kaunda tenía un estado de ánimo totalmente santurrón y poco cooperativo cuando fui a verlo a su hotel. Predijo que si no se aplicaban las sanciones, Suráfrica ardería en llamas. Di rápidamente por concluida la reunión y dije que sería mejor posponer nuestra charla. Más tarde comuniqué a Rajiv Gandhi que estaba dispuesta a modificar «un poco» mi postura en la conferencia. Estuvo bastante más tratable que en Nassau, como sucede siempre en privado.

Las discusiones formales fueron, todo el tiempo, tan desagradables como en Lyford Cay, aunque al menos fueron más breves. Mi negativa a aprobar las sanciones que ellos proponían fue atacada por los señores Kaunda, Mugabe, Mulroney y Hawke. No hallé ningún apoyo. Sus propuestas iban bastante más lejos que las del año anterior: en Nassau quisieron suprimir las comunicaciones aéreas con Suráfrica, prohibir las inversiones, las importaciones agrícolas, la promoción del turismo y otras medidas. Ahora reclamaban no sólo hacer efectivas esas sanciones, sino un paquete completo de medidas adicionales: prohibición de nuevos préstamos bancarios, de importación de uranio, carbón, hierro, acero y la retirada de los servicios consulares. Semejante paquete de medidas sacrificaba el nivel de vida de la población negra surafricana a la postura de los antagonistas de Suráfrica y a los intereses de sus industrias nacionales. No estaba dispuesta a suscribirlo. En su lugar, inserté en el comunicado un párrafo independiente, detallando nuestra postura (contemplando la posibilidad de aprobar una prohibición a las importaciones de carbón, hierro y acero de Suráfrica, si la Comunidad Económica Europea lo decidía, e introduciendo inmediatamente la prohibición de nuevas inversiones y la promoción del turismo en Suráfrica). Luego vimos que la CEE no aprobaba las sanciones sobre el carbón, porque se opuso enérgicamente Alemania, aunque las demás sanciones propuestas en La Haya se aplicaron en septiembre de 1986.

La característica más extraordinaria de estas discusiones era que parecían desarrollarse sin tener en cuenta lo que estaba sucediendo en la propia Suráfrica. El Gobierno de P. W. Botha carecía de imaginación y flexibilidad y había impuesto el estado de excepción en todo el país. Pero, como me informaba nuestro nuevo y excelente embajador, Robin Renwick, y otros que trataban con la Suráfrica real más que con la artificial, estaban ocurriendo cambios fundamentales. Se habían legalizado sindicatos negros, se había revocado la Ley de Matrimonios Mixtos, había quedado abolido el control de entrada y se había eliminado (aunque no sin excepciones) la política general de traslados forzosos de negros, así como las reservas de trabajo para los blancos y las impopulares leyes de salvoconductos. Y lo que era todavía más importante, había una ruptura práctica del apartheid en los lugares de trabajo, los hoteles, las oficinas y el centro de la ciudad. Había una propuesta de revocar la Ley de Actividades Separadas, y parecía probable que se llevara a cabo. El apartheid, como continuaba llamándolo la izquierda, estaba en todos estos aspectos, si no muerto, al menos agonizando rápidamente. A pesar de todo, Suráfrica no recibía el reconocimiento internacional, sino sólo una hostilidad irreflexiva.

Estaba menos dispuesta que nunca a aprobar medidas que debilitasen la economía surafricana y retrasar de paso las reformas. Se iba aproximando la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Commonwealth de 1987 en Vancouver y yo aún no estaba dispuesta a aceptar compromisos. En algunos aspectos la situación era más fácil para mí de lo que había sido en Nassau y en Londres. Era probable que los acontecimientos de Fiyi y Sri Lanka ocuparan buena parte de la atención en la conferencia. Mi actitud respecto a las sanciones era bien conocida y la presión dentro de Inglaterra había disminuido: había hecho progresos al ganar la discusión interna sobre la sanciones durante la conferencia de Londres. Pero no iba a ser todo tan sencillo. Me pareció que los canadienses, nuestros anfitriones, querían ser más africanos que los propios africanos, sobre todo sabiendo que países como Zimbabwe no podían permitirse hacer efectivas sanciones a gran escala, y esperaban que nosotros las efectuásemos por ellos. Brian Mulroney quería conseguir un acuerdo para organizar un comité de ministros de Asuntos Exteriores de la Commonwealth que controlase los acontecimientos de Suráfrica, lo que me pareció no sólo una pérdida de tiempo, sino, además, contraproductivo. Y así se lo dije al propio señor Mulroney en una reunión que tuve con él la víspera de la conferencia. Le dije que su único propósito era satisfacer el ego de los jefes de Gobierno de la Commonwealth y que lo criticaría enérgicamente en público.

También conversé con el presidente Kaunda, que necesitaba poner en orden los asuntos económicos de su propio país, cumpliendo con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Nuestras opiniones sobre Suráfrica no eran diferentes de lo que habían sido. En un momento dado dije que lamentaba no haber podido visitar África todavía, con excepción de la asistencia a la CHOGM de Lusaka en 1979. El señor Kaunda contestó que África no era en modo alguno mi zona de trabajo, lo cual me irritó profundamente. Le repliqué, con toda sequedad, que él en persona me había encargado la tarea de conducir Rodesia a la total independencia con el nombre de Zimbabwe, en la conferencia de Lusaka, y que la había llevado a término. Esa observación suya, tan fuera de lugar, me confirmó la necesidad de hacer pronto una visita a los países del África negra.

En mi discurso de la Conferencia canadiense señalé lo perjudiciales que resultaban las sanciones y la ausencia de inversiones para aquellos a los que, supuestamente, tratábamos de ayudar. Expuse el ejemplo de una empresa australiana que acababa de cerrar una fábrica de pescado envasado cerca de Ciudad del Cabo, dejando a 120 negros sin trabajo. Observé que un embargo a las exportaciones de verduras y frutas destruiría entre 100.000 y 200.000 puestos de trabajo para los negros; y ninguno de los afectados tendría los beneficios de la seguridad social. Estrechando el cerco, dije que comprendía muy bien la razón de que los países vecinos de Suráfrica no hubieran impuesto todo el paquete de sanciones. El ochenta por ciento del comercio exterior de Zimbabwe pasaba por Suráfrica. Un millón de trabajadores inmigrantes se ganaban la vida allí. Más de la mitad del PNB de Lesotho procedía de los envíos de sus emigrantes. Por tanto estaba más convencida que nunca de que las sanciones no eran la respuesta adecuada. Por supuesto, tales argumentos no impresionaron a quienes venían dispuestos, más que a ninguna otra cosa, a las posturas.

Como es habitual, las decisiones se dejaron para el retiro —esta vez misericordiosamente breve— en el centro de esparcimiento del lago Okanagan, en lo alto de los montes. Las sesiones y el almuerzo se celebraban en el hotel central, que tenía una serie de chalés diseminados en torno. Hacía un frío tremendo en el lago Okanagan. Los africanos, desde luego, lo sentían más que yo: se presentaron en el hotel con mantas sobre los hombros. Rajiv Gandhi consideraba que el ejercicio era la mejor forma de combatir el frío y siempre aparecía con ropa de deporte, tras haber hecho un poco de jogging entre reunión y reunión.

El ambiente de las discusiones no era mucho más cálido. Yo no estaba dispuesta a aprobar el borrador del comunicado que ellos querían. En una cena ofrecida por Rajiv Gandhi me tuvieron cuarenta y cinco minutos esperando a que apareciera algún otro jefe de Gobierno. De hecho, estaban celebrando su propia conferencia sobre Suráfrica, no ya sin invitarme, sino sin comunicármelo siquiera.

Pero ya habíamos dado todo lo que podíamos dar. En contestación a las críticas mojigatas de nuestros anfitriones canadienses, exhibí una serie de datos donde se demostraba que Canadá había aumentado sus importaciones de Suráfrica. Vino muy bien aquella especie de apostilla a la sinceridad de los jefes de Gobierno de la Commonwealth. No sólo el señor Mulroney, sino casi todo el mundo explotó indignado por esta intromisión de la realidad en la retórica. Mi sospecha de que en este tema los líderes políticos habían perdido el contacto con el pueblo se confirmó al ver que la gente me recibía con entusiasmo en Vancouver: un hombre no hacía más que gritar «Mantente firme, chica, mantente firme». Eso hice.

Retórica y realidad surafricanas: 1989-1990

Siempre había pensado que en Suráfrica no se producirían reformas fundamentales mientras P. W. Botha fuera presidente. Pero en enero de 1989 el señor Botha sufrió un ataque al corazón y al mes siguiente le sucedía al frente del Partido Nacional F. W. de Klerk, que accedió a la presidencia en agosto. Era justo dar al nuevo líder surafricano la oportunidad de tomar sus propias decisiones sin sentirse acosado por la intervención exterior.

La reunión del CHOGM de 1989 se celebró en octubre, en Kuala Lumpur, donde hacía las veces de anfitrión el doctor Mahathir. Acudí con un nuevo ministro de Asuntos Exteriores, John Major, y con la renovada intención de no seguir adelante con las sanciones. También intenté que los asistentes a la reunión apartaran los ojos de sus propios ombligos y apreciaran los grandes cambios que estaban ocurriendo en el mundo. En mi discurso preliminar a la sesión sobre el «Panorama político del mundo», llamé la atención sobre los cambios trascendentales que se estaban dando en la Unión Soviética y sus posibles consecuencias para todos nosotros. Dije que ahora existía la posibilidad de resolver los conflictos regionales —también los africanos— agravados por la subversión internacional del comunismo. Ahora era el momento de invocar ardientemente la democracia y un sistema económico mucho más libre. Secretamente, esperaba que el mensaje no se les pasara por alto a los numerosos países colectivistas y no liberales de la Commonwealth cuyos representantes se hallaban en la sala.

El debate sobre Suráfrica sacó a la luz toda la virulencia acumulada con el tiempo. Bob Hawke y Kenneth Kaunda sostuvieron la necesidad de las sanciones. Intervine para leer una carta que acababa de recibir de una compañía británica con inversiones en Suráfrica, en el campo de las conservas de piña, a quien las sanciones de Estados Unidos y Canadá le tenían cerrados los mercados de tan importantes países, por lo que se había visto obligada a suspender sus actividades, dejando en la calle a 1.100 trabajadores negros y 40 blancos surafricanos. Ése era el único sentido en que «funcionaban» las sanciones. También aporté datos demostrativos de que el porcentaje de importaciones y exportaciones surafricanas de Gran Bretaña se había reducido considerablemente más en los últimos ocho años que el del resto de la Commonwealth, añadiendo que nuestra participación había sido absorbida en gran parte por Japón y Alemania. Señalé que Inglaterra aportaba ayudas importantes para los negros surafricanos (su educación, sus viviendas), los proyectos rurales, y los refugiados procedentes de Mozambique. Estábamos contribuyendo a la «Operación Hambre», que proporcionaba alimentos a millones de surafricanos pobres. Por el contrario, el objetivo de muchos otros países en la CHOGM parecía consistir en multiplicar el número de los que pasaban hambre.

Para entonces, ya estaba acostumbrada a los ataques personales e inmisericordes con que me obsequiaban mis colegas de la Commonwealth. John Major no lo estaba; el comportamiento de aquellos jefes de Gobierno se le antojaba totalmente bochornoso. Lo dejé en Kuala Lumpur con otros ministros de Asuntos Exteriores, redactando el comunicado, mientras los jefes de Gobierno partíamos hacia nuestro retiro en Langkawi. Encontrándonos allí, mis ayudantes recibieron por fax un texto con el que los ministros de Asuntos Exteriores pensaban que todos podríamos «convivir». Pero yo sólo podía firmarlo si, además, se especificaban en una declaración separada y sin ambigüedades nuestros propios puntos de vista. La redacté y se la envié a John Major, en Kuala Lumpur. Al contrario de lo que la prensa —casi tan atenta a los «soplos» como a describir el «aislamiento» británico— alegaría con posterioridad, a John le pareció muy bien la idea de aprobar un documento británico anejo, e introdujo en él algunos cambios que recibieron mi aprobación. No obstante, nuestro documento anejo provocó aullidos de rabia entre los demás jefes de Gobierno. Durante la sesión de la CHOGM en que el doctor Mahathir leyó su informe sobre los resultados del retiro de Langkawi, Bob Hawke intervino para protestar ante lo hecho por Gran Bretaña. Brian Mulroney le apoyó. En realidad estaba planeado. Ambos llegaron juntos a la reunión y se hicieron señas antes de que Bob hablase. Repliqué diciendo que no debía explicaciones a nadie y que estaba sorprendida de que se pusieran objeciones a un país por hacer públicas sus propias opiniones. Ellos habían expuesto las suyas en discursos y conferencias de prensa, y el Reino Unido tenía idéntico derecho a la libertad de expresión. Ello concluyó con la discusión.

En Suráfrica, con el comienzo del año 1990, se iniciaron los movimientos que yo había esperado y en los que llevaba tiempo trabajando. Hubo indicaciones de que Nelson Mandela sería liberado, tras varios años de prisión. Le dije a nuestro embajador, Robin Renwick, que estaría encantada de ver al presidente De Klerk, en Chequers, si visitaba Europa en primavera. Comuniqué al Ministerio de Asuntos Exteriores —donde no gustó nada— que tan pronto como el señor Mandela fuese liberado quería que respondiéramos, rápidamente, cancelando o suavizando las medidas que habíamos tomado contra Suráfrica, empezando con las relativamente menores, que sólo manteníamos nosotros y no tenían que ser discutidas con la Comunidad Económica Europea.

El 2 de febrero de 1990 el presidente De Klerk pronunció un discurso en el que anunciaba la inminente liberación del señor Mandela y otros líderes negros, la legalización del CNA y otras organizaciones políticas negras y prometía el fin del estado de excepción tan pronto como fuera posible. Regresé, inmediatamente, al Ministerio de Asuntos Exteriores y dije que una vez que las promesas se cumpliesen debíamos dar por terminado el embargo «voluntario» de las inversiones y animar a los demás países de la Comunidad Económica Europea a hacer lo mismo. Pedí a Douglas Hurd —ahora ministro de Asuntos Exteriores— que propusiera en la reunión quincenal de ministros de Asuntos Exteriores de la CEE el fin de las restricciones sobre compras de krugerrands, hierro y acero. También decidí enviar mensajes a otros jefes de Gobierno recomendándoles el reconocimiento de lo que estaba sucediendo en Suráfrica. En abril fui informada por el doctor Gerrit Viljoen, ministro de Desarrollo Constitucional de Suráfrica, de los contactos entre el gobierno y el CNA, ahora presidido de nuevo por el señor Mandela. Me desilusionó el hecho de que el señor Mandela siguiera repitiendo las viejas frases rituales, quizá adecuadas para un movimiento al que se niega reconocimiento, pero no para un aspirante a un papel dirigente y, tal vez, dominante en el Gobierno. El Gobierno surafricano formulaba sus propias ideas para la constitución y se inclinaba por una combinación de cámara baja elegida por el sistema un hombre, un voto, y de cámara alta con representación especial de las minorías. Este sistema ayudaría a dar cabida a la gran diversidad étnica que caracteriza a Suráfrica, aunque a largo plazo podía ser necesario una especie de sistema cantonal para hacerlo eficaz.

Antes de que el presidente De Klerk se pusiese en camino para mantener conversaciones con los líderes europeos en mayo, habían comenzado formalmente las negociaciones con el CNA. También me alegraba de que el gobierno de Suráfrica prestase el debido reconocimiento al jefe Buthelezi, que se había opuesto valientemente a la violencia en Suráfrica, mientras el CNA aprobaba la revolución marxista, a la que algunos de sus miembros todavía estaban ligados.

Conversaciones con el presidente De Klerk y el señor Mandela

El presidente De Klerk, Pik Botha y sus respectivas esposas acudieron a un almuerzo en Chequers el sábado 19 de mayo. Me dio la impresión de que el señor De Klerk había aumentado su talla como jefe de Estado desde mi última reunión con él, hacía un año. Me llamó la atención el paralelismo con el señor Gorbachov, aunque quizá nadie hubiera acogido bien la comparación: en ambos casos un hombre llevado al poder por un sistema injusto y opresivo, tuvo la visión y prudencia necesarias para hacer cambiar el sistema. Mis conversaciones con el señor De Klerk se centraron en sus planes para dar los próximos pasos que llevasen al CNA a aceptar un sistema político y económico capaz de garantizar el futuro de Suráfrica en cuanto país liberal y de libre empresa. La violencia entre negros, que había empeorado, era ya el único obstáculo importante que se interponía en el camino hacia la solución. Pero él era optimista en cuanto a las perspectivas de acuerdos con el CNA sobre una nueva constitución; y pensaba que el CNA también lo deseaba.

Discutimos qué se debería hacer con respecto a las sanciones. Dijo que no era un perro pidiendo una galleta, buscando recompensas específicas por las acciones que había llevado a cabo. Lo que quería era el reconocimiento internacional más amplio posible y apoyo para lo que estaba haciendo, de modo que todo ello desembocase en la revisión fundamental de las actitudes hacia Suráfrica. Todo ello me pareció muy sensato. El señor De Klerk también me invito a Suráfrica. Dije que me encantaría ir pero que no quería ponerle las cosas más difíciles en este momento concreto. Me constaba que no había nada mejor para enturbiar sus negociaciones con otros Gobiernos —demostradamente equivocados en el caso de Suráfrica— que una visita mía a su país, dando la impresión de que acudía a proclamar el hecho de haber tenido razón desde el principio. (En realidad, me entristece no haber ido nunca a Suráfrica como primera ministra; finalmente, sólo acepté su invitación tras haber dejado el cargo).

El miércoles 4 de julio mantuve conversaciones y almorcé en Downing Street con otro de los principales actores de la política surafricana, Nelson Mandela. Lo había visto brevemente en primavera cuando lo homenajearon los medios de comunicación izquierdistas, montando un concierto en Wembley en su honor, pero ésta era la primera vez que llegaba a conocerlo. La izquierda se sintió muy ofendida de que señor Mandela se manifestara dispuesto a verme. Pero a él, a diferencia de ellos, no se le ocultaba en absoluto cuál era la presión que había tenido más éxito a la hora de liberarlo de la cárcel. Encontré al señor Mandela extremadamente educado, con auténtica nobleza en el porte y —lo más destacado después de todo lo que había sufrido— sin ninguna amargura. Le cobré afecto. Pero también encontré muy anticuada su actitud, anclado en una especie de socialismo deformado por el tiempo, en el que nada había cambiado, ni política ni económicamente, desde los años cuarenta. Quizá ello no fuera sorprendente tras tantos años de prisión; pero era una desventaja en los primeros meses de libertad, porque tendía a repetir esos tópicos desfasados que confirmaban las desmesuradas expectativas de sus seguidores.

Hice cuatro puntualizaciones durante nuestra entrevista. Primera: lo insté a suspender la «lucha armada»; cualquier justificación que pudiera haber habido para ella, ahora había desaparecido. Segunda: yo apoyaba los argumentos del Gobierno surafricano en contra de una Asamblea Constituyente elegida que elaborase una Constitución. Me parecía que para mantener tanto la confianza de la población blanca como la ley y el orden, correspondía al Gobierno, al CNA, a Inkatha (el movimiento del jefe Buthelezi) y otros grupos ponerse ahora de acuerdo sobre la Constitución. Tercera: destaqué el daño que todas las declaraciones sobre la nacionalización podía hacer a la inversión extranjera y la economía en general. Finalmente, dije que pensaba que debería reunirse personalmente con el jefe Buthelezi, lo que él se negaba a hacer. A pesar de su punto de vista socialista, consideré que Suráfrica era afortunada al poder contar en este momento con un hombre de la estatura del señor Mandela. Francamente, esperaba que se diera más a valer, a expensas de algunos de sus colegas del CNA.

Fue sólo poco antes de que dejase el cargo cuando el presidente De Klerk vino, otra vez, a verme a Chequers el domingo 14 de octubre. Se habían producido algunos progresos desde que había visto al señor Mandela en junio. El CNA había aceptado la suspensión de la «lucha armada», y ambas partes habían alcanzado un acuerdo para el regreso de los exiliados surafricanos y la liberación del resto de los prisioneros políticos. Lo que quedaba del antiguo sistema del apartheid estaba siendo desmantelado. Se esperaba la abolición de los decretos de la tierra, y el decreto de censo de la población —último bastión legislativo del apartheid— desaparecería cuando se aprobase una nueva constitución. Sólo permanecía segregada la enseñanza estatal, pero también se habían emprendido cambios en este asunto tan delicado para los blancos. Sin embargo, la violencia entre los negros empeoró bruscamente y estaba emponzoñando la atmósfera de las negociaciones.

Los surafricanos iban con cuidado en su presión para que se levantaran las restantes sanciones. La contribución más importante en este sentido habría sido la del CNA; pero, obstinadamente, se negaban a reconocer que el tema de la sanciones —hasta el extremo que habían llegado— estaba muerto. Dentro de la Comunidad Económica Europea la clave para un cambio formal de política era, en este momento, Alemania, aunque por razones políticas internas el canciller Kohl no deseaba actuar todavía. Los norteamericanos se contenían por razones parecidas. Sin embargo, como me dijo el presidente De Klerk, en la práctica casi todas las sanciones iban esfumándose progresivamente y lo que realmente preocupaba ahora a los surafricanos era el acceso a los créditos e inversiones extranjeras. (De hecho, las sanciones desaparecieron gradualmente en los años siguientes: la comunidad internacional empezó a preparar ayuda financiera para Suráfrica para deshacer así el daño que las propias sanciones habían ocasionado).

El presidente De Klerk se sentía frustrado por el hecho de que la amplia ronda de contactos informales con el CNA sobre la constitución, por la que él había estado presionando, no se hubiese producido todavía. Cuanto más se prolongara el proceso, más oportunidades tendrían los partidarios de la línea dura —de ambos lados— para hacer descarrilar las negociaciones. El principal obstáculo para que se celebrasen era que debía haber un poder compartido en el ejecutivo. En la nueva Suráfrica nadie debía tener tanto poder como él tenía. En algunos aspectos pensaba que el Gabinete federal suizo era el modelo que necesitaban. Esto me parecía a mí lo más adecuado; no es que las constituciones híbridas o sistemas federales tengan mucho atractivo intrínseco, pero en los países donde las lealtades se dirigen tanto o más a los grupos subordinados como a las instancias superiores del Estado, bien pueden constituir la menos mala de las propuestas. Queda todavía por ver si los dirigentes del CNA están preparados para reconocer esto. Con todos los riesgos de violencia y todas las limitaciones de las diversas facciones políticas, Suráfrica sigue siendo la economía más fuerte del continente y cuenta con la población más preparada e instruida. Sería una tragedia que no pudiese explotar estas ventajas para construir una verdadera democracia que respete los derechos de las minorías, sobre las bases de una economía libre.

CAPÍTULO XVIII

Jeux Sans Frontières

Las relaciones con la Comunidad Europea: 1984-1987

DOS FORMAS DE VER EUROPA

La sabiduría que se hace posible cuando las cosas se ven desde la perspectiva del tiempo —y que tan útil resulta a los historiadores y, por supuesto, a los autores de memorias— les es negada, lamentablemente, a los políticos en ejercicio. Si miramos hacia atrás, ahora nos resulta posible ver el período de mi segundo mandato como primer ministro como la etapa en que la Comunidad Europea, con sutileza pero con seguridad, cambió de dirección, pasando de ser una Comunidad de libre comercio, reglamentación leve y Estados soberanos que colaboraban libremente a convertirse en otra, en la que predominaban el estatismo y el centralismo. Sólo puedo decir que en aquel momento la realidad no tenía ese aspecto. Fue durante este período cuando yo logré no sólo asegurar una solución económica duradera para el desequilibrio del presupuesto de Gran Bretaña en la Comunidad y empezar a hacer que Europa se tomara más en serio la disciplina económica, sino también iniciar el impulso hacia un verdadero Mercado Común libre de proteccionismos ocultos. Desde el principio, yo tenía muy claro que existían dos formas de ver a Europa que competían entre sí: sin embargo, en mi opinión nuestro sueño de una Europe des patries basada en la libre empresa era la que predominaba.

Ahora veo esos tiempos desde una perspectiva un tanto diferente. Las fuerzas subyacentes del federalismo y de la burocracia adquirían fuerza a medida que una coalición de gobiernos socialistas y democristianos forzaban el ritmo de integración desde Francia, España, Italia y Alemania, y que una comisión dotada de unos poderes extraordinarios empezaba a manipularlos para favorecer su propio programa. La verdadera magnitud del reto sólo quedó de manifiesto en los últimos días de mi mandato y bajo el de mi sucesor.

En aquel momento yo creía sinceramente que una vez que se hubiera resuelto el asunto de nuestra aportación al presupuesto y que hubiéramos puesto en marcha un marco de orden financiero, Gran Bretaña estaría en situación de ejercer una función positiva fuerte dentro de la Comunidad. Yo me consideraba una idealista europea, aún cuando mis ideales diferían en cierta medida de los que con distintos grados de sinceridad manifestaban otros jefes de Gobierno europeos. El martes, 8 de marzo de 1984, con ocasión de una cena de miembros conservadores de la Asamblea Europea, hice las siguientes declaraciones:

No deseo empapelar las fisuras con documentos: lo que deseo es eliminar las fisuras. Quiero reconstruir los cimientos.

[…] Quiero resolver [los problemas actuales] de tal manera que podamos dedicarnos a construir la Comunidad del futuro. Una Comunidad que luche por un comercio más libre, por medio de la eliminación de las barreras que en Europa y en el mundo impiden el libre intercambio de bienes, de capital y de servicios; del trabajo conjunto para hacer de Europa el centro de las industrias del mañana; de la toma de iniciativa respecto a los problemas mundiales, en lugar de la reacción cansina ante los mismos; de la creación de vínculos políticos que crucen la línea divisoria europea, para crear a su vez una relación más esperanzada entre el Este y el Oeste; de la utilización de su influencia como una zona vital de estabilidad y democracia para reforzar la democracia en todo el mundo.

Ése es mi sueño.

Éste, por cierto, era también el sueño en el que nos basaríamos a la hora de emprender la batalla de las elecciones a la Asamblea Europea, más adelante aquel mismo año, logrando unos resultados dignos de mención, ya que nos hicimos con 45 de los 81 escaños del Reino Unido.

LA REFORMA DE LAS FINANZAS DE LA COMUNIDAD: LA APORTACIÓN DE GRAN BRETAÑA AL PRESUPUESTO

Antes de que existiera cualquier esperanza de avanzar de forma significativa hacia aquellos objetivos más amplios, yo tenía que lograr que aumentaran la comprensión y el apoyo hacia nuestra posición por parte de otros jefes de Gobierno de la Comunidad. La presidencia francesa de la primera mitad de 1984 parecía ofrecer una oportunidad que había que aprovechar. En gran medida, se consideró que los acontecimientos que tuvieron lugar en Atenas el mes de diciembre anterior —lo único digno de mención fue el desacuerdo— habían reducido las negociaciones comunitarias al nivel de una farsa[47]. Yo sabía que el presidente Mitterrand disfrutaba con los logros diplomáticos, y que probablemente estaría dispuesto a sacrificar los intereses nacionales de Francia —al menos de modo marginal— con el fin de alcanzar uno de estos logros. Mantuve conversaciones con él en enero (en París) y a principios del mes de marzo (en Chequers). En enero, Geoffrey Howe y yo también mantuvimos conversaciones sobre el presupuesto de la Comunidad y sobre otros asuntos con el Gobierno italiano en Roma. El mes siguiente, el canciller Kohl y yo mantuvimos conversaciones en el Número 10. Estas reuniones fueron sin duda agradables, pero en las mismas no se manifestó ningún compromiso claro. Los Consejos de Asuntos Exteriores —esto es, las reuniones de ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad— celebrados durante los meses de febrero y marzo tampoco lograron que los asuntos experimentaran un desarrollo adicional. Sin embargo, yo sentía un optimismo razonable en el sentido de que la reunión del Consejo Europeo de Bruselas, en la que yo participaría el lunes 19 y el martes 20 de marzo, podría proporcionarnos la solución duradera y satisfactoria que yo deseaba en cuanto a la aportación de Gran Bretaña al presupuesto.

Cuando los jefes de Gobierno se reunieron a finales de la mañana, la sesión se abrió con un torrente de euroidealismo. El canciller Kohl y el presidente Mitterrand adoptaron un tono bastante lírico para hablar del tema de la eliminación de controles en las fronteras, tema que parecían revestir de un enorme significado simbólico. Entonces, el presidente Mitterrand hizo un llamamiento para que Europa no se quedara atrás con respecto a Estados Unidos en la carrera espacial. El ministro de Exteriores italiano habló con entusiasmo aún mayor para insistir en que Europa debería estar a la vanguardia en los movimientos contra la «militarización del espacio». A mí me parecía que sería más sensato centrarse antes en resolver el asunto del presupuesto comunitario; por fin fuimos al grano.

Entonces los conceptos sublimes desaparecieron como por arte de magia. El primer ministro irlandés intentó, sin éxito, obtener una exención especial de las medidas destinadas a limitar la producción láctea que los demás deseábamos. Acto seguido, invocó el compromiso de Luxemburgo y se marchó. A las cuatro de la tarde se suspendió la sesión durante un tiempo considerable con el fin de que pudiéramos estudiar una versión nueva del borrador de comunicado. Nuevamente reunidos, volvimos a discutir los problemas presupuestarios. Los italianos y los griegos se mantuvieron firmes en contra de la concesión a Gran Bretaña de cualquier acuerdo permanente de deducción para nuestras contribuciones netas al presupuesto; el presidente Mitterrand parecía haber tomado partido con ellos, lo cual para nosotros era más serio. Yo tomé la palabra para indicar que llevaba cinco años librando esta batalla, y que tenía la intención de lograr un sistema que fuera justo, y también duradero. En aquel momento —no sé si de forma espontánea o por acuerdo previo con el presidente Mitterrand— el canciller Kohl tomó la palabra para ofrecer a Gran Bretaña una deducción de 1.000 millones de ecus a lo largo de cinco años, cantidad con mucho inferior a la que yo deseaba, y que de cualquier manera no dejaba de ser una medida provisional. Casi inmediatamente, Francia y los demás dieron su acuerdo a la propuesta alemana. Yo me encontraba aislada. Me negué a aceptar su propuesta: no había nada más que hacer. No se hizo pública ninguna declaración acordada. Para hurgar todavía más en la llaga, Francia e Italia, durante una reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada inmediatamente después de que terminara la cumbre de jefes de Gobierno, bloquearon los pagos de nuestros reembolsos correspondientes a 1983.

Yo no me había esperado un resultado tan completamente negativo. Siendo así las cosas, se planteó inmediatamente la pregunta de si deberíamos retener nuestros pagos al presupuesto de la Comunidad. Éste era en parte un asunto jurídico, y en parte un asunto político. Nuestros asesores siempre nos habían dicho que, de retener nuestras contribuciones, se daría la práctica seguridad de que perderíamos cualquier proceso posterior ante el Tribunal Europeo. Sin embargo, en este caso concreto nuestras bases jurídicas eran algo más firmes, ya que la Comunidad estaba reteniendo los pagos de unas devoluciones a las que teníamos derecho por acuerdo previo. Probablemente habríamos perdido el pleito de cualquier manera. Sin embargo, quizás habría valido la pena luchar, desde el punto de vista político: en otras palabras, podríamos haber obtenido por este medio un compromiso favorable, siempre y cuando hubiéramos gozado del apoyo unido del grupo parlamentario. Lamentablemente, en los bancos traseros correspondientes al partido tory había un foco de euroentusiastas que de manera instintiva daban su apoyo a la Comunidad en cualquier disputa con Gran Bretaña. A pesar de constituir una clara minoría, nos privaban de las ventajas que aporta la unidad. Por tanto, al igual que en ocasiones anteriores, opté por no seguir la vía de retener las aportaciones. Además, había otros asuntos a los que atender.

Aparte de celebrar mis propias reuniones en la cumbre con los otros jefes de Gobierno europeos durante las fases previas a las reuniones importantes del Consejo, yo recibía informes totalmente actualizados de nuestras Embajadas y nuestros funcionarios sobre lo que se podía deducir acerca de las intenciones privadas de los demás gobiernos, y sobre el estado de la opinión pública y de la prensa en sus respectivos países. Los dos partícipes esenciales serían Francia —que aún ostentaba la presidencia— y Alemania. Antes de iniciar la campaña electoral para la Asamblea Europea, intenté persuadir al presidente Mitterrand y al canciller Kohl para que dieran su acuerdo a la solución de los problemas del presupuesto. En este asunto yo sin duda estaba siendo «mejor» europea que ellos, ya que la opinión pública en Gran Bretaña estaba totalmente a favor de la intransigencia. Sin embargo, sospecho que al menos el presidente francés no tenía intención de llegar a un acuerdo hasta que las elecciones hubieran pasado. Mis esfuerzos no llegaron a buen fin.

A medida que se aproximaba la fecha de la reunión del Consejo, nos seguía pareciendo que el presidente Mitterrand aún no había tomado una decisión final en cuanto a las dos vías de acción posibles: una solución que fuera un triunfo diplomático para Francia (que entonces ostentaba la presidencia) o un fracaso que se podría atribuir en su totalidad a la «pérfida Albión». Fueran cuales fueran sus cálculos políticos privados, en aquel momento el presidente de Francia también estaba haciendo un llamamiento público a aún otro «relanzamiento» de la Comunidad, palabras agradabilísimas a los oídos del canciller Kohl. De manera que, cuando elaboramos nuestro propio documento sobre el futuro de la Comunidad para la próxima cumbre, acepté que éste incluyera una generosa cantidad de frases de estilo communautaire.

Las intenciones del presidente francés seguían siendo poco claras. Aún no podíamos decir si los propios franceses estaban desconcertados o si estas tácticas tenían como fin desconcertarnos a nosotros, siguiendo la mejor tradición gala. Circulaban varias ideas francesas, sin aparente coordinación, para la solución del asunto del presupuesto; cuál de ellas gozaba del apoyo del presidente, si es que lo gozaba alguna, era algo que se desconocía. Entonces, la víspera de la reunión del Consejo, el presidente Mitterrand se marchó a Moscú, con un aire de despreocupación que en sí mismo podría haber sido un aspecto más de la guerra psicológica.

¿Cuál sería la postura alemana? Había ciertos motivos para el optimismo. Parecía que ahora el canciller Kohl deseaba definitivamente que la reunión en la cumbre tuviera resultados positivos. En Bruselas, donde se le había culpado del fracaso de las negociaciones presupuestarias, había comprendido el peligro que puede derivarse de unas iniciativas poco maduradas. Nosotros opinábamos que daría su apoyo a la presidencia francesa y que probablemente estaría dispuesto a dar su acuerdo a un trato más favorable para Gran Bretaña que el que él había propuesto en Bruselas. La consideración más alentadora era que él necesitaba el acuerdo de la Comunidad que le permitiera proporcionar a sus agricultores un subsidio políticamente necesario; y en el caso del canciller Kohl, los factores políticos nacionales siempre eran los más importantes. Los alemanes, que eran con mucho quienes hacían la mayor aportación neta a la Comunidad, deseaban fijar un límite a sus contribuciones —al igual que nosotros— y también deseaban cerciorarse de que no acabarían teniendo que pagar la totalidad de nuestra deducción. Sin embargo, hicieron gala de una vaguedad sorprendente en cuanto a la forma precisa de lograrlo.

LA REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO EN FONTAINEBLEAU

La reunión del Consejo Europeo se celebró en Fontainebleau, a las afueras de París, el lunes 25 y el martes 26 de junio. Durante el breve vuelo de Northolt a Orly, finalicé nuestra estrategia táctica. Geoffrey Howe y yo compartíamos un mismo análisis de la situación. Deseábamos llegar a un acuerdo durante esta reunión, pero sólo si se aproximaba aceptablemente a nuestras condiciones. Teníamos nuestros motivos. Después de ostentarla Francia, la presidencia pasaría a Irlanda, lo cual no supondría ninguna mejora; de hecho, las cosas empeorarían, ya que los propios franceses, por los motivos que he esbozado, solían mostrarse más difíciles cuando no ostentaban la presidencia. Además, no teníamos ningún acuerdo en cuanto a las deducciones correspondientes al año en curso, ni tampoco en cuanto a las del futuro; y la devolución de los 750 millones de ecus (400 millones de libras esterlinas) correspondientes a 1983 se nos seguía reteniendo. Yo estaba dispuesta a aceptar, de ser necesario, una fórmula distinta a la que habíamos propuesto, pero la cantidad de la deducción tendría que ser suficiente y el acuerdo debería ser duradero.

Llegué al castillo de Fontainebleau a la hora de comer; allí me recibieron el presidente Mitterrand y una guardia de honor al completo. Los franceses saben hacer muy bien estas cosas. Mientras que Versalles permitía a los jefes de gobierno conocer directamente el esplendor de la Francia del Grand Siécle, Fontainebleau, construido por el mismo Francisco I que se enfrentó con nuestro Enrique VIII en el famoso Campo del Paño de Oro, representa el punto culminante de la cultura renacentista en Francia. El almuerzo se celebró en la Galería de las Columnas del castillo, y a continuación procedimos al Salón de Baile, cuyo esplendor estaba camuflado por las cabinas de interpretación, para celebrar la primera sesión del Consejo. Sin previo aviso, el presidente Mitterrand me pidió que abriera la sesión con un resumen de los resultados de la reciente cumbre económica celebrada en Londres. A continuación tomaron la palabra otras personas que deseaban manifestar sus propios puntos de vista; así transcurrieron dos horas. Yo empezaba a ponerme nerviosa. ¿No serían éstas unas tácticas dilatorias? Por fin llegamos al asunto del presupuesto. Una vez más yo fui la primera en tomar la palabra, demostrando los aspectos que me parecían insatisfactorios de las otras propuestas que se habían presentado para proporcionar una solución, y argumentando a favor de nuestras propias ideas con respecto a una fórmula. Se produjo un debate adicional. Entonces, el presidente Mitterrand remitió el asunto a los ministros de Exteriores para su discusión aquella noche. A continuación, la reunión volvió a tratar de generalidades, centrándose especialmente en la animada narración de su reciente visita a Moscú por parte del presidente Mitterrand.

Aquella noche recorrimos la carretera que atravesaba el bosque para volver a nuestro hotel, en Barbizon. Esta pequeña población es un centro de atracción para artistas y gastrónomos por igual. Cualquiera que haya tenido la ocasión de degustar la cocina de la Hótelleríe du Bas-Bréau comprenderá muy bien el motivo: la comida es sencillamente deliciosa[48]. Mientras cenaba, me preguntaba a qué conclusión llegarían los ministros de Exteriores. Mientras nos tomábamos el café, pudimos observar que los ministros de Asuntos Exteriores se estaban trasladando a la terraza para tomarse el suyo, y llegamos a la conclusión natural de que habían terminado su tarea. Nada más lejos de ello. Parecía que el señor Cheysson, ministro francés de Asuntos Exteriores, había amenizado la cena a sus colegas con sus propios recuerdos de Moscú. El presidente Mitterrand no ocultó su disgusto, y los ministros de Asuntos Exteriores volvieron rápidamente al interior del edificio para centrarse en las discusiones presupuestarias.

En cuanto a nosotros, los jefes de Gobierno, dedicamos algún tiempo a comentar el futuro de la Comunidad. Estudiamos el número de miembros de la Comisión que habría una vez se hubiera producido la ampliación de resultas del ingreso de España y Portugal. Yo era la única persona dispuesta a dar mi acuerdo a un miembro por país, con el fin de reducir el número de dieciséis a doce. Pregunté al señor Thorn (con cuyas opiniones yo coincidía a menudo ya que él no tenía las ambiciones grandiosas y las tendencias burocráticas de su sucesor) si de verdad había suficiente trabajo para diecisiete miembros en la Comisión. Me respondió negativamente. Sin embargo, mis colegas de Francia, Alemania e Italia no estaban dispuestos a reducir su representación. Por tanto, la Comisión acabó con el número al completo; y cuando el diablo no tiene qué hacer, mata moscas con el rabo.

Alrededor de la una y media de la tarde, el señor Cheysson volvió a aparecer para informarnos que los ministros de Exteriores habían «clarificado aquellos puntos en los que existían diferencias». De hecho, por lo que parecía, los franceses habían logrado persuadir a los ministros de Exteriores para que favorecieran un sistema de deducciones que nos devolviera un simple porcentaje de nuestra contribución neta. Partiendo de tal sistema de porcentajes, no habría un vínculo entre contribuciones netas y prosperidad relativa, a diferencia de lo que sucedería de aplicarse el sistema de «umbrales» que nosotros defendíamos. En privado, habíamos previsto que las cosas podrían terminar de este modo.

Sin embargo, ¿a qué haría referencia este porcentaje? Todos podíamos dar nuestro acuerdo a que fuera un porcentaje del desfase entre las cantidades que pagáramos a la Comunidad y las cantidades que recibiéramos de la misma. Los franceses proponían que para calcular nuestras contribuciones tuviéramos en cuenta sólo aquellos pagos a la Comunidad que Gran Bretaña efectuara en relación con el IVA. Sin embargo, esa fórmula hacía caso omiso de las considerables contribuciones que también efectuábamos por medio de la recaudación de impuestos y aranceles. Todas nuestras anteriores propuestas se habían basado en esta suma más cuantiosa, pero al final tuvimos que aceptar que el cálculo se realizara sobre la base del IVA.

Y, por último, ¿con qué porcentaje se correspondería la deducción? Tendría que ser bastante grande si se quería que abandonáramos la idea del umbral, y por tanto cualquier tipo de vínculo entre aportación neta y prosperidad. De hecho, yo tenía en mente una cantidad bastante superior al 70 por ciento. Sin embargo, por lo que sucedió en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores, parecía que ahora existía la probabilidad de que se nos ofreciera, como mucho, una cifra de entre el 50 y el 60 por ciento con categoría provisional a lo largo de dos años, que arrojaría un total de 1000 millones de ecus al año de devolución durante los dos primeros años. No me cabía en la cabeza cómo Geoffrey, que tan espléndida firmeza había demostrado hasta entonces durante las negociaciones, había podido permitir que los ministros de Asuntos Exteriores llegaran a tamaña conclusión.

Estaba desesperada. Dije a los jefes de Gobierno que desde el principio Gran Bretaña jamás había sido objeto de un trato justo. No estaba dispuesta a volver a hablar de una cantidad provisional; si ésta era su mejor oferta, la reunión del Consejo de Fontainebleau sería un desastre.

A continuación, Geoffrey, algunos funcionarios y yo nos reunimos para debatir qué hacer. Nuestros funcionarios —quienes, me constaba, tenían la inteligencia, la experiencia y la determinación necesarias para sacar algo en concreto de este desastre— pusieron manos a la obra con sus equivalentes de los otros países, y trabajaron a lo largo de toda aquella noche y hasta las primeras horas de la mañana siguiente. Como resultado de sus esfuerzos, la siguiente jornada tuvo un principio muchísimo mejor de lo que había sido el final de la anterior.

Es probable que el desayuno del presidente Mitterrand y el canciller Kohl a la mañana siguiente despejara el camino hacia una solución. El presidente Mitterrand abrió la sesión oficial diciendo que teníamos que intentar alcanzar un acuerdo en cuanto al presupuesto, pero que de no haberlo alcanzado a la hora de comer deberíamos pasar a otros asuntos. Yo dejé muy claro que estaba dispuesta a negociar sobre la base de un acuerdo de porcentajes, pero insistía en una cifra superior al 70 por ciento. Muy pronto, y haciendo gala de gran prudencia, el presidente Mitterrand suspendió la sesión principal para permitir que se celebraran reuniones bilaterales.

¿Cuál debería ser el límite de mi resistencia en cuanto a las cifras? Como ya dije, había causas justificadas para que yo quisiera resolver el asunto entonces. También, dada la necesidad de que la Comunidad hiciera frente al asunto financiero del techo del uno por ciento de IVA (ellos conocían la existencia de nuestro veto en cuanto al aumento de esta cifra) existían unas razones igualmente poderosas para que los otros miembros de la Comunidad cooperaran. En esta fase, el presidente francés se negaba a ir más allá del 60 por ciento. El canciller Kohl podría llegar al 65 por ciento. Yo evalué la situación cuidadosamente, y llegué a la conclusión de que podría alcanzar un acuerdo basado en una devolución de los dos tercios. Sin embargo, estaba decidida a lograr el 66 por ciento en su totalidad. Sólo lo logré cuando se reanudó la sesión plenaria. Dije que sería absurdo que se me negara el uno por ciento que pedía. El presidente francés, sonriendo, me dijo: «Naturalmente, señora primera ministra, lo tendrá usted». Y así fue como se alcanzó el acuerdo.

O casi se alcanzó. Cuando se estaba redactando el acuerdo, se intentó excluir los costes de la ampliación de este acuerdo de devolución. Me resistí con fuerza, y gané. Los jefes de Gobierno también dieron su acuerdo a la liberación de nuestra devolución correspondiente a 1983.

Inmediatamente después, el canciller Kohl presentó el asunto de un subsidio especial para sus agricultores. Dijo que, puesto que Alemania había facilitado la solución del presupuesto al proporcionar buena parte de los fondos, le parecía que tenía derecho a subvencionar a sus propios agricultores, contraviniendo directamente la política agraria comunitaria. Esto no fue del agrado de los holandeses, ya que, en la práctica, se verían obligados a subvencionar a sus propios agricultores en la misma medida; sin embargo, los Países Bajos ni querían ni podían oponerse a Alemania. El resultado fue que Kohl se salió con la suya.

Tras unas discusiones adicionales, especialmente las que mantuvimos Garret FitzGerald y yo, en cuanto a cómo hacer frente al presupuesto de la Comunidad de 1984, del que ya se había gastado en exceso, el presidente Mitterrand dio por terminada la conferencia y pasamos a comer, tarde pero muy animados, ya que se había roto el punto muerto que pesaba sobre el presupuesto.

Durante mi rueda de prensa, y también durante mi posterior comparecencia ante la Cámara de los Comunes para hablar de los resultados alcanzados en Fontainebleau, se oyeron ciertas críticas en el sentido de que debería haber obtenido más resultados. Sin embargo, el logro esencial consistía en haber llegado a una solución que duraría tanto como duraran los «recursos propios» ampliados generados a partir del nuevo techo de 1,4 por ciento correspondiente al IVA. Por supuesto, en cierto sentido aquello no era «permanente»: sin embargo, significaba que no me vería obligada a tener que volver a negociar la deducción cada dos años hasta que se agotara el nuevo límite correspondiente al IVA, y que cuando lo hiciera mi posición sería igual de fuerte que lo había sido en Fontainebleau a la hora de vetar cualesquiera «recursos propios» adicionales a no ser que yo lograra un trato satisfactorio sobre la contribución de Gran Bretaña al presupuesto. De forma más general, la solución de esta disputa significó que ahora la Comunidad podía seguir adelante tanto en lo referente al asunto de la ampliación como al de las medidas del Mercado Único que yo deseaba. En toda negociación se llega a un punto que es el mejor momento posible para pactar: ese punto había llegado.

LA AMPLIACIÓN DE LA COMUNIDAD

Por lo general, se había dado por sentado que una vez que tanto nosotros como los alemanes hubiéramos aceptado a aumentar los «recursos propios» de la Comunidad, el ingreso de España y Portugal se produciría sin grandes obstáculos. De hecho, sólo se resolvió este asunto tras dos reuniones del Consejo Europeo, en Dublín y en Bruselas. Al haber asumido los irlandeses la presidencia de la Comunidad, la reunión del Consejo en Dublín se fijó para el lunes y el martes, 3 y 4 de diciembre, respectivamente. Yo siempre destacaba en estas ocasiones, sencillamente porque, al ser principal objetivo político del IRA, se hacía necesario rodearme de unas medidas de seguridad especialmente rigurosas. El Gobierno y el Ejército de Irlanda hacían grandes esfuerzos en este sentido, y yo les manifestaba mi agradecimiento. Sin embargo, no podía prácticamente poner un pie fuera del castillo de Dublín, donde me solía alojar, y viajaba de un lado a otro en helicóptero solamente en la medida en que fuera estrictamente necesario.

Al menos en esta ocasión, el malo de la película no fue Gran Bretaña, sino Grecia; y en este caso con algo de razón. Los dos temas más destacados en relación con las condiciones para el ingreso de España y de Portugal habían resultado ser el vino y la pesca; de estos dos dependían en gran medida los países de la península Ibérica. Las negociaciones parecían estar aproximándose a una conclusión satisfactoria para ambas partes. En aquel momento, el señor Papandreu, hombre de izquierdas y primer ministro griego, nos sorprendió con un poco de teatro clásico. El señor Papandreu, un hombre agradable y encantador en privado, cambiaba por completo de personalidad cuando se trataba de obtener más dinero para Grecia. Intervino entonces, consiguiendo vetar la ampliación a no ser que obtuviera un compromiso en el sentido de que a Grecia se le otorgarían unas cantidades descomunales a lo largo de los seis años siguientes. La ocasión para este asunto surgió de resultas de unas conversaciones que se habían venido celebrando durante algún tiempo en relación con un «programa integrado para el Mediterráneo», programa de ayuda cuyo principal beneficiario sería Grecia. Parecía ser que a los griegos se les había abierto el apetito tras una discusión, que no estaba autorizada, durante la cual se habló de grandes cantidades en el seno de la Comisión. La declaración del señor Papandreu produjo consternación en el Consejo. Todos tomamos a mal no sólo el hecho de que Grecia nos estuviera haciendo chantaje, ni incluso las tácticas específicas que se estaban utilizando, sino aún más el hecho de que, aunque se había permitido el ingreso de Grecia a la Comunidad precisamente para arraigar su democracia recuperada, ahora los griegos se negaban a permitir a la Comunidad que hiciera lo mismo para España y Portugal, dos antiguas dictaduras.

De hecho, tuve ocasión de conversar con el presidente español, don Felipe González, cuando ambos viajamos a Moscú para asistir al funeral del señor Chernenko, el siguiente mes de marzo. El señor González, por quien yo sentía una simpatía personal por mucho que no estuviera de acuerdo con su socialismo, estaba indignado con los términos que se ofrecían a España para su ingreso en la Comunidad. Yo le comprendía muy bien. Anteriormente, yo había recalcado al presidente Mitterrand que era esencial que España y Portugal se incorporaran rápidamente, y que no se debía permitir que unas consideraciones egoístas a corto plazo constituyeran un obstáculo para lo que se tenía que hacer con el fin de fortalecer la democracia en Europa. Sin embargo, ahora advertí al señor González que no debía esperar a lograr unos términos más favorables, términos que yo dudaba que pudiera conseguir. Le dije que me parecía más indicado defender el caso desde dentro. Por el motivo que fuera, aceptó mi consejo, y el mes siguiente, durante la reunión del Consejo celebrada en Bruselas bajo la presidencia de Italia, y que no resultó especialmente destacada en otros sentidos, se llevaron a buen fin las negociaciones correspondientes al ingreso de España y Portugal. Para Gran Bretaña, la admisión de España supondría un beneficio adicional, ya que, a lo largo del tiempo, este país se vería obligado a eliminar los aranceles que nos discriminaban en la esfera de la importación de automóviles, y que durante mucho tiempo habían sido fuente de irritación en dicha industria.

Sin embargo, se tenía que pagar el rescate griego. Yo fui la única persona que se manifestó enérgicamente en Bruselas contra el total de la factura que se nos presentó en relación con el «programa integrado para el Mediterráneo». Los alemanes parecían curiosamente reacios a la hora de defender sus propios intereses económicos, y rechazaron nuestros intentos, que se produjeron a nivel ministerial y oficial, de establecer con ellos un programa de trabajo conjunto. En última instancia, resultó que incluso Francia e Italia acabaron por efectuar contribuciones netas. Grecia podía contar con una lluvia de oro.

En Bruselas también lancé una iniciativa sobre la desreglamentación, con el objeto de aportar un impulso al desarrollo de la Comunidad en tanto que zona de libre comercio y libre empresa. La intención consistía en adaptar lo anterior a nuestra propia política económica: jamás he llegado a comprender por qué parece que algunos conservadores aceptan el hecho de que los mercados libres están bien para Gran Bretaña, pero al mismo tiempo están dispuestos a aceptar el dirigisme cuando viene envuelto en la bandera europea. Durante mis declaraciones ante el Consejo, recurrí un poquito al ridículo para hacer ver mi punto de vista acerca del torrente de directivas que manaban de Bruselas. Observé que el Tratado de Roma era un documento para la libertad económica, y no nos podíamos permitir convertirlo en un tratado que diera amparo a miles de reglamentaciones de menor cuantía. Teníamos que intentar reducir la burocracia que afecta a los negocios, y que cerciorarnos de que los mercados laborales funcionaban adecuadamente con el objeto de crear puestos de trabajo. Parte de la legislación comunitaria se había sometido a enmiendas hasta en cuarenta ocasiones: teníamos que plantearnos lo que esto suponía para los pequeños comerciantes. Mostré un voluminoso montón de directivas que tenía delante, correspondientes a la legislación sobre el IVA y las sociedades. En 1984 se habían elaborado 59 nuevas normas. Entre todas ellas, mis preferidas eran las siguientes: un borrador de directiva sobre el lodo en la agricultura, un borrador de directiva sobre el comercio de conserva de macedonia de frutas, y un borrador de directiva por el que se enmendaba la norma principal sobre la organización común del mercado de carne de cabra.

Obtuve un apoyo considerable para la iniciativa; sin embargo, naturalmente era a la Comisión —la fuente misma del problema— a quien correspondía llevarla a cabo. Sería necesario algo más que este gesto de modesta utilidad para lograr modificar el funcionamiento de la Comisión: muy pronto le concederíamos aún más facultades.

La aprobación de la nueva Comisión, presidida por el señor Delors, tuvo lugar en Bruselas. Por aquel entonces, lo único que yo sabía del señor Delors era que poseía una inteligencia y una energía extraordinarias, y también que, en calidad de ministro de Hacienda francés, se le había atribuido el mérito de poner freno a las políticas socialistas de izquierdas iniciales del Gobierno del presidente Mitterrand, y de establecer la economía francesa sobre una base más sólida. El socialista francés es un ser formidable. Suele tener una formación académica de altísimo nivel y una total seguridad en sí mismo, y suele ser un dirigiste convencido dentro de una cultura política que es dirigiste por tradición. Así era el señor Delors.

Designé a lord Cockfield como nuevo miembro de la Comisión por Gran Bretaña. Ya no me resultaba posible hallarle un cargo en el Consejo de Ministros, y me pareció que sería eficaz en Bruselas. Así fue. Siempre reconocí su aportación al programa del Mercado Único. Arthur Cockfield era un tecnócrata por naturaleza, con gran capacidad y una actitud idónea para la solución de problemas. Lamentablemente, tenía una tendencia a pasar por alto los temas más amplios de la política (la soberanía constitucional, el sentimiento nacional y las fuerzas de la libertad). Era al mismo tiempo el amo y el prisionero del tema al que se dedicaba. Por tanto, le resultaba excesivamente sencillo pasarse al otro bando, y en lugar de desreglamentar el mercado volver a reglamentarlo bajo la rúbrica de la armonización. Desgraciadamente, no pasó mucho tiempo antes de que mi antiguo amigo y yo nos enfrentáramos.

Desde la perspectiva del tiempo, las cumbres de Dublín y de Bruselas habían representado un interludio —si bien un interludio animado— entre los dos grandes temas que dominaban la política de la Comunidad durante aquellos años: el presupuesto y el Mercado Único. El Mercado Único, promovido por Gran Bretaña, tenía por objeto dotar de auténtica sustancia al Tratado de Roma y revivir sus fines liberales, de libre comercio y de desreglamentación. Yo me daba cuenta de hasta qué punto resultaba importante establecer con anticipación las bases para esta nueva fase del desarrollo de la Comunidad.

La presión por parte de la mayoría de los demás países de la Comunidad, de la Comisión Europea, de la Asamblea Europea y de las personalidades influyentes de los medios de comunicación para una cooperación y una integración europea más estrechas eran tan fuertes que resultaban prácticamente irresistibles. Sin embargo, ¿de qué tipo de integración se trataba? Mi meta tenía que ser cerciorarme de que no nos viéramos impulsados atropelladamente hacia el federalismo europeo. El impulso de la Comunidad debía llevar al logro del auténtico Mercado Común según se concebía en el tratado original, una fuerza a favor del libre comercio y no del proteccionismo. Para lograrlo, yo tendría que establecer alianzas con otros gobiernos, que aceptar compromisos y que emplear un lenguaje que no me parecía atrayente. Tendría que afirmar de manera persuasiva las credenciales británicas ante Europa, y al mismo tiempo estar preparada para enfrentarme contra la mayoría en relación con los asuntos de verdadera importancia para Gran Bretaña. Este planteamiento jamás resultaría fácil.

LA REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO DE MILÁN

Yo esperaba que un primer paso significativo fuera el dado por medio del documento que Geoffrey Howe y yo elaboramos para el Consejo de Milán, en el cual la presidencia le correspondería a Italia, el país anfitrión, y que se celebraría el viernes y el sábado, 28 y 29 de junio. El lenguaje y la dirección que se seguían en este documento eran aparentemente communautaires. El documento cubría cuatro esferas: la ampliación del Mercado Común, el fortalecimiento de la cooperación política, las mejoras en el proceso de toma de decisiones y las mejoras en la explotación de la alta tecnología. El elemento más significativo era el relacionado con la «cooperación política», que en la lengua de todos los días significa política exterior. Se trataba de lograr una cooperación más estrecha entre los Estados miembros de la Comunidad, que sin embargo mantendría el derecho de los Estados a seguir sus propios caminos.

En aquel momento parecían existir varios buenos motivos para este enfoque. La guerra de las Malvinas me había demostrado hasta qué punto sería útil que todos los miembros de la Comunidad estuvieran dispuestos a comprometerse a dar su apoyo a un miembro individual en dificultades. El presidente Mitterrand había sido un fiel aliado: sin embargo, algunos de los otros miembros de la Comunidad habían dudado, y los instintos de uno o dos eran abiertamente hostiles. Quizás era aún más importante la necesidad de solidaridad occidental a la hora de hacer frente a la situación del bloque oriental. La cooperación en política extranjera dentro de la Comunidad Europea ayudaría a fortalecer a Occidente, siempre y cuando las relaciones favorables con Estados Unidos continuaran siendo el factor de mayor importancia. Sin embargo, lo que yo no quería que sucediera era que se injertara un nuevo tratado al Tratado de Roma. Yo creía que podríamos lograr una colaboración política más estrecha al tiempo que progresábamos hacia un Mercado Único sin un tratado de este tipo; y mis instintos me advertían de las fantasías federalistas que podrían plantearse si abríamos esta caja de Pandora.

Tenía un enorme interés en obtener el acuerdo a nuestro planteamiento con mucha antelación a la reunión del Consejo en Milán. Por tanto, cuando el canciller Kohl vino a verme para una tarde de conversaciones en Chequers, el sábado 18 de mayo, le enseñé el documento sobre cooperación política y le dije que estábamos pensando en presentarlo en Milán. Añadí que lo que yo deseaba era algo claramente distinto del Tratado de Roma, que hiciera que la cooperación se basara en un acuerdo intergubernamental. Al canciller Kohl pareció complacerle nuestro planteamiento, y a su debido tiempo también envié una copia a Francia. Cabe imaginarse mi sorpresa cuando, la víspera de la fecha en que tenía que ir a Milán, me enteré de que Alemania y Francia habían presentado su propio documento, prácticamente idéntico al nuestro. Tales eran las consecuencias de las consultas previas.

El malestar que esta situación creó fue, a su manera, un logro extraordinario, ya que casi todos nosotros habíamos acudido allí con la intención de seguir más o menos la misma dirección. Tampoco ayudó a resolver las cosas la presidencia del primer ministro italiano, Betino Craxi. El señor Craxi, socialista, y su ministro de Asuntos Exteriores, el señor Andreotti, democristiano, eran rivales políticos, pero compartían una misma determinación de convocar una conferencia intergubernamental. Esta conferencia, que se podía convocar por mayoría simple, sería necesaria en el supuesto de producirse cambios en el Tratado de Roma, cambios que a su vez, sin embargo, tendrían que votarse por unanimidad. A mí me parecía que una conferencia intergubernamental sería innecesaria (así lo dije), y peligrosa (así lo pensaba). No estaba muy claro exactamente qué era lo que deseaban los franceses y los alemanes, aparte de un tratado distinto para la cooperación política. Sin duda querían que se dieran pasos adicionales hacia la «integración» europea en general, y tenía que ser probable que quisieran una conferencia intergubernamental si esto era posible, como lo fue, por unos motivos que explicaré en breve. También es posible que se hubiera alcanzado algún tipo de acuerdo secreto en este sentido antes de que comenzara la reunión del Consejo. Sin duda, cuando él y yo celebramos una reunión bilateral a primera hora de la mañana del viernes, el señor Craxi no se podía haber mostrado más agradablemente razonable; de hecho, se comentó como posibilidad una conferencia intergubernamental, pero yo dejé muy clara mi opinión en el sentido de que las decisiones pertinentes se podían tomar en gran medida durante la presente reunión del Consejo, sin los aplazamientos que serían inevitables si se llegaba a convocar una conferencia intergubernamental con todas sus consecuencias. Al marcharme, pensaba en lo fácil que había sido hacerle comprender mi punto de vista.

Merece la pena recordar el proceso inicial por el cual se había ido creando la presión para celebrar una conferencia intergubernamental. Un año antes, en uno de esos gestos que en su momento parecen un tanto insignificantes pero que a la luz de los acontecimientos adquieren una importancia enorme, acordamos (en Fontainebleau) crear un comité ad hoc, bajo la presidencia del senador irlandés James Dooge, para sugerir mejoras en la cooperación europea. Algunas de las propuestas del comité eran razonables, como por ejemplo su insistencia en una cooperación política más efectiva y en un Mercado Único; algunas eran censurables, como el «logro de un área social europea», que prefiguraba el planteamiento de la posterior Carta Social; y algunas eran auténticas chifladuras, como el fomento de «valores culturales comunes». Pero por encima de todo el Comité Dooge propuso una conferencia intergubernamental para la ratificación de la totalidad de sus propuestas de enmienda al tratado con vistas a la creación de una «Unión Europea». De modo que, de forma inevitable, una propuesta de este tipo fue la que se presentó en Milán. Una vez que esto hubo sucedido, la conferencia intergubernamental que se proponía parecía ser el vehículo perfecto para las ideas particulares de casi todos los demás en cuanto al desarrollo europeo. Esto hizo que resultara bastante difícil oponer resistencia.

Sea como fuere, para mi sorpresa e indignación el señor Craxi propuso una votación y el Consejo decidió por mayoría establecer una conferencia intergubernamental. Yo había perdido el tiempo, no sólo durante la reunión del Consejo sino durante todos los días de trabajo que la precedieron. Tendría que volver a la Cámara de los Comunes y explicar por qué todas las grandes esperanzas que se habían puesto en Milán se habían venido abajo. Además, durante el tiempo que estuve allí ni tan siquiera tuve ocasión de ir una vez a la ópera.

LA OBSESIÓN DEL MERCADO ÚNICO

A pesar de mi malestar ante lo que había sucedido, yo me daba cuenta de que teníamos que conformarnos con las cosas tal como estaban. Dejé muy claro que participaríamos en la conferencia intergubernamental; no veía ninguna ventaja en la política alternativa de la «silla vacía», que durante algún tiempo había practicado Francia en años anteriores. Ha de estar en juego un asunto de principios de primera magnitud para justificar que cualquier nación se niegue a tomar parte en los debates comunitarios. Este no era el caso: estábamos de acuerdo con los objetivos de reforzar la cooperación política y del Mercado Único; con lo que no estábamos de acuerdo era sólo con los medios para aplicarlos; esto es, con la conferencia intergubernamental. Además, por lo general a mí me parecía que era mejor defender nuestra posición en una fase temprana, ya fuera durante una reunión del Consejo o durante la conferencia intergubernamental, y no durante la fase final, cuando la propuesta se hubiera convertido en una enmienda al Tratado de Roma. En esta instancia, sin embargo, mis cálculos se basaban en la buena fe y la lealtad de las conversaciones entre jefes de Gobierno y con la Comisión. A medida que transcurría el tiempo, empecé a tener motivos para dudar de una y otra.

Entonces se inició una serie aparentemente interminable de reuniones y de borradores como preparación para la reunión del Consejo Europeo que se celebraría en Luxemburgo durante el mes de diciembre. Los informes sobre algunas de estas conversaciones, que tuve ocasión de leer, ilustraban hasta qué punto eran distintos los objetivos de los diferentes partícipes. El señor Delors instaba al cumplimiento de lo que él había descrito como los «dos grandes sueños» para Europa: una zona sin fronteras y la unión monetaria. Toda exención, toda derogación pretendida por otros países, como Gran Bretaña, parecían constituir una especie de traición. Se me dijo que él había censurado a casi todos los estados miembros en algún momento, con la salvedad de Italia, Bélgica y los Países Bajos.

El segundo premio al exceso de ambición les correspondía a los italianos. Los señores Craxi y Andreotti habían llegado a considerar la ampliación de los poderes de la Asamblea Europea como la piedra de toque de sus principios federalistas. Querían dotar a la asamblea de un poder de «decisión conjunta» con el Consejo, algo que de hecho habría paralizado a la Comunidad al someter a los jefes de Gobierno a injerencias perpetuas por parte de este organismo incipiente, falto de experiencia y a menudo irresponsable.

Los países europeos más pequeños en realidad tenían como objetivo alcanzar la vía más rápida, y para ellos también la más barata, hacia la unión económica y política europea; por tanto, era probable que estuvieran de acuerdo con cualquier movimiento en aquella dirección que no les alejara de los alemanes y los franceses. El asunto en su totalidad me lo resumía en una carta el señor Jacques Santer, primer ministro de Luxemburgo, minúsculo país anfitrión de la entonces próxima reunión del Consejo. Me instaba a «recordar nuestro magno objetivo de unión monetaria y económica», y añadía: «sin duda, una actitud decididamente ambiciosa nos permitirá obtener unos resultados estimulantes, y proporcionará un punto de partida para los cambios económicos y psicológicos que se hacen esenciales a medida que Europa asume su nueva función». En la delegación británica se daba una tendencia a descartar esta retórica por considerarla el reflejo de unas aspiraciones vagas y poco realistas, que no tenían ninguna posibilidad de aplicación. No nos equivocábamos al considerar que carecían de realismo; en lo que sí nos equivocábamos era en subestimar la determinación que algunos políticos europeos ponían en llevarlas a cabo.

En aquel momento, era aún más importante para los cálculos británicos el hecho de que los franceses y los alemanes querían salir de todo aquello. Para entonces, el eje franco alemán era una vez más tan fuerte como lo había sido bajo el presidente Giscard y el canciller Schmidt. El presidente Mitterrand y el canciller Kohl, al contrario que sus predecesores, tenían poco en común a nivel personal. El canciller Kohl tiene la buena mano propia de un político alemán de provincias, algo que siempre le ha sido muy útil a nivel político. Sólo hace poco —de hecho, a partir de la reunificación alemana— ha golpeado con una política exterior distintiva alemana. Durante la mayor parte de la década de 1980 parecía estar dispuesto a subordinar los intereses alemanes a la dirección francesa, ya que este método tranquilizaba a los vecinos de Alemania. Además, en tanto que democristiano está situado en la derecha social más que en la económica, y por tanto su visión del mundo está mucho más próxima a la del presidente socialista de Francia que lo estaría la de cualquier conservador británico. El presidente Mitterrand es un hombre culto y cosmopolita, pero un tanto distante en la política nacional francesa. Al igual que a muchos franceses de su generación, le obsesiona el temor de las consecuencias de una dominación alemana. Sin embargo, con independencia de lo que pudiera haberme dicho en privado, su línea de actuación en público y sus acciones, por este mismo motivo, siempre tendrían por objeto mantener a los alemanes dentro de la Comunidad Europea, donde los franceses tendrían ocasión de ejercer sobre ellos una influencia considerable. Por tanto, me constaba que la actitud francesa durante la próxima reunión del Consejo se centraría en hacer presión a favor de una «Unión Europea» más estrecha, ya que es ésta la frase que permite a ambas naciones dedicarse a sus propios intereses nacionales de forma respetable. Estas tendencias, como diré más adelante, irían adquiriendo importancia a medida que transcurría el tiempo.

Yo tenía una meta positiva de máxima importancia. Esta meta era la de crear un Mercado Común único. Los aranceles internos de mercancías de la Comunidad se habían abolido en el mes de julio de 1968. Al mismo tiempo, se había convertido en una unión aduanera, extremo que Gran Bretaña había aceptado plenamente en el mes de julio de 1977. Lo que quedaban eran las conocidas como barreras no arancelarias. Estas podían adquirir una enorme variedad de formas más o menos sutiles. Había normas nacionales diferentes correspondientes a asuntos que abarcaban unos temas que iban de la seguridad a la sanidad, normativas que hacían discriminación contra los productos extranjeros, políticas de abastecimiento público, retrasos y procedimientos excesivamente complejos en los puestos de aduanas; todo esto y muchas otras realidades similares colaboraban para frustrar la existencia de un verdadero Mercado Común. Las empresas británicas estaban entre las que más posibilidades tendrían de beneficiarse con la apertura de los mercados de otros países. Por ejemplo, estábamos excluidos de manera más o menos efectiva de los importantísimos mercados de seguros y de servicios financieros alemanes, donde me constaba —como supongo que también les constaba a los alemanes— que nuestra gente destacaría. El transporte era aún otra esfera importante en la que se nos cerraba el paso para la penetración que deseábamos iniciar. El precio que tendríamos que pagar para lograr un Mercado Único con todos sus beneficios económicos, sin embargo, era el de un aumento en el voto mayoritario dentro de la Comunidad. No había forma de eludirlo, ya que de no ser así los países específicos sucumbirían ante las presiones internas e impedirían la apertura de sus mercados. También se necesitaba un aumento en el poder de la Comisión Europea: sin embargo, dicho poder tenía que utilizarse para crear y mantener un Mercado Único, y no para apoyar otros objetivos.

Me constaba que tendría que desarrollar una enérgica acción de retaguardia en contra de los intentos de debilitar el control de Gran Bretaña sobre las esferas de interés nacional vital para nosotros. Yo no tenía intención de permitir que el voto mayoritario fuera aplicable, por ejemplo, a la tributación, que a la Comisión le hubiera gustado que «armonizáramos». La competencia entre los sistemas fiscales es mucho más sana que la imposición de un sistema único. Obliga a los gobiernos a reducir tanto sus gastos como la fiscalidad, y a limitar la carga que las normas representan; y cuando fracasan en estos aspectos, permite a las empresas y a los contribuyentes trasladarse a otros lugares. En cualquier caso, la capacidad de fijar los propios niveles fiscales es un elemento esencial de la soberanía nacional. Yo no estaba dispuesta a renunciar a nuestra facultad para controlar la inmigración (de países ajenos a la Comunidad Europea), para combatir el terrorismo, el crimen y el narcotráfico y para tomar medidas en la esfera de la sanidad humana, animal y vegetal, cerrando el paso a los agentes transmisores de enfermedades peligrosas; todo esto necesitaba unos controles de fronteras adecuados. Me parecía que existía un razonamiento perfectamente práctico para todo esto: en tanto que isla —y una isla bastante poco acostumbrada a los sistemas continentales más autoritarios de documentos de identidad y control policial— era natural que aplicáramos los controles necesarios en nuestros puertos y aeropuertos en lugar de a nivel interno. Esto era, una vez más, un factor esencial de la soberanía nacional, que un gobierno ha de justificar ante su propio Parlamento y su propio pueblo. Yo estaba dispuesta a acceder a cierta medida modesta de aumento en las facultades de la Asamblea Europea, que poco después, y con cierta imprecisión, se describiría como un Parlamento: sin embargo, el Consejo de Ministros, que representaba a unos gobiernos responsables ante los parlamentos nacionales, siempre tendría que tener la última palabra. Por último, me iba a oponer a cualquier intento de efectuar modificaciones en el tratado que permitieran a la Comisión —y al Consejo, por voto mayoritario— amontonar cargas adicionales sobre las empresas británicas.

Hasta el inicio mismo de la reunión del Consejo de Luxemburgo, creía que podíamos confiar en el apoyo alemán a la hora de oponernos a cualquier mención del SME y de la unión económica y monetaria en las revisiones del tratado. Sin embargo, entonces, al igual que ahora, existía una tensión inherente entre el deseo alemán de retener el control sobre su propia política monetaria para poner freno a la inflación, por una parte, y por la otra su deseo de probar sus credenciales europeas ejerciendo una presión adicional hacia la unión económica y monetaria.

Yo había comentado este extremo con el ministro de Hacienda británico, y él y yo compartíamos la misma opinión. Algunos días antes del inicio de la reunión del Consejo, Nigel Lawson manifestó sus puntos de vista con admirable claridad en un escrito en el que me instaba a mantenerme firme. Me recordaba que el canciller Kohl me había dicho el día anterior que los alemanes, al igual que nosotros, se oponían totalmente a cualquier enmienda a las estipulaciones monetarias del Tratado de Roma. Sin embargo, añadía que si la posición sufría un deterioro, yo tendría que tener en reserva algún texto posible. Nigel recalcó que sería esencial asegurarse de que la redacción no incluyera ninguna obligación para nosotros de unirnos al Mecanismo de Tipos de Cambio, dejar claro que la política de tipos de cambio es responsabilidad de las autoridades nacionales, llevar al mínimo cualquier ampliación de las competencias de la Comunidad y evitar cualquier referencia en el tratado a la UME. Terminaba diciendo que, tras haber estudiado las opciones, se veía obligado a decirme que con mucho la mejor vía sería no dejarse atrapar en este asunto. Yo opinaba lo mismo.

REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO DE LUXEMBURGO

Llegué a Luxemburgo a las 10 de la mañana del lunes 2 de diciembre de 1985. La primera sesión de la reunión del Consejo empezó poco después. Los jefes de Gobierno procedimos a estudiar el borrador de tratado —lo que después se convertiría en el Acta Única Europea— que la presidencia y la Comisión habían redactado. Al principio, las discusiones se prolongaban, y se dedicaban varias horas a cada cláusula individual. La capacidad de los presentes para debatir en gran detalle y con considerable repetición unos asuntos de escaso interés me resultaba tan sorprendente como siempre. Hubiera sido mucho mejor si, como yo había deseado al principio, no se hubiera celebrado una conferencia intergubernamental, ni hubiera habido un nuevo tratado, sino solamente algunos acuerdos prácticos limitados.

También me consternaba ver que los alemanes cambiaban de posición y decían que ahora estaban dispuestos a incluir asuntos monetarios en el tratado. Sin embargo, me fue posible, en una conversación marginal con el canciller Kohl, reducir la fórmula a lo que yo consideraba como unas proporciones insignificantes que se limitaban a describir el statu quo, en lugar de fijar nuevas metas. Esto añadía a la frase «Unión Económica y Monetaria» la importante glosa de «cooperación en política económica y monetaria». La primera había sido, lamentablemente, el objetivo oficial desde el mes de octubre de 1972; yo esperaba que la segunda indicara los límites que imponía el documento. Sin embargo, esta fórmula sólo retrasó muy brevemente el impulso del señor Delors hacia la unión monetaria.

Quizás incluso aquellos jefes de Gobierno en quienes se manifestaba en mayor medida la sed de jerga europea se aburrían un poco una vez transcurrido el primer día. Sin duda alguna, los debates del martes, a pesar de ser dilatados e intensos, fueron mucho más productivos. Para cuando celebré mi rueda de prensa sobre las conclusiones de la reunión del Consejo, ya era medianoche. Estaba satisfecha de los logros obtenidos. Habíamos emprendido el camino hacia el Mercado Único de 1992. Me había visto obligada a hacer relativamente pocas concesiones en cuanto a la redacción; no había renunciado a ningún interés británico de importancia; tenía reservas únicamente en cuanto a un aspecto del tratado correspondiente a la política social[49]. Italia, que desde el principio había insistido en que se celebrara la conferencia intergubernamental, no sólo era el país que más reservas había manifestado en cuanto a la misma sino que también exigía el acuerdo de la Asamblea Europea.

Quizás lo que más satisfacción me produjo fue la inclusión en el acta oficial de la conferencia de una «declaración general» que venía a decir que nada de lo contenido en aquellas estipulaciones afectaría al derecho de los Estados miembros a tomar aquellas medidas que consideraran necesarias con el fin de controlar la inmigración de terceros países, y de combatir el terrorismo, el narcotráfico y el comercio ilícito en obras de arte y antigüedades.

Yo insistí en que se incluyera esta declaración. Dije que, de no hacerse, los terroristas, los narcotraficantes y los criminales utilizarían las estipulaciones del documento en beneficio propio, y en detrimento del público. De no haberse incorporado, yo no podría haber dado mi acuerdo al Acta Única Europea. De hecho, ni la Comisión ni el Consejo, ni el Tribunal Europeo, habrían estado dispuestos a la larga a defender lo que se había acordado en esta declaración, así como tampoco respetarían las limitaciones en cuanto al voto mayoritario que se recogían en el tratado en sí. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos.

Los primeros frutos de lo que vendría en llamarse el Acta Única Europea fueron positivos para Gran Bretaña. Por fin, me parecía, íbamos a hacer que la Comunidad volviera al buen camino, a concentrarse en su función de enorme mercado, con todas las oportunidades que ello proporcionaría a nuestras industrias. No hay duda de que de este logro seguirán manando ventajas hasta muy entrado el futuro, a pesar de que la armonización y la normalización en sí amenazan incesantemente con convertirse en fines. El problema estribaba —y he de dar pleno crédito a aquellos tories que me advirtieron en ese sentido por aquel entonces— en que los nuevos poderes que había recibido la Comisión no parecían hacer otra cosa que estimular su apetito.

Incluso por aquel entonces, distintas personas tenían unas ideas muy diferentes en cuanto al importe de lo que se había acordado en Luxemburgo. El señor Delors lo describió como un «compromiso con el progreso», lamentando que su propuesta de poderes adicionales para la Asamblea Europea no se hubiera aceptado, pero acogía con satisfacción lo que se había dicho acerca de los asuntos monetarios, ya que él consideraba que el ecu formaba «parte del sueño europeo». Los holandeses, federalistas por naturaleza, también estaban decepcionados. Sin embargo, algunos de ellos albergaban esperanzas. En un periódico holandés se decía que «el ideal de la unidad europea tendría que esperar hasta que un nuevo inquilino ocupara el Número 10». Los alemanes, con razón, veían que se había vuelto a tomar el impulso hacia su objetivo de la Unión Europea. El canciller Kohl, mostrando su satisfacción ante los resultados, declaró ante el Bundestag que el Consejo había «supuesto un paso decisivo hacia adelante para el desarrollo político e institucional de la Comunidad».

Por aquel entonces, mi punto de vista era diferente. Mientras respondía a las preguntas que se me planteaban en la Cámara de los Comunes acerca de los resultados de Luxemburgo, manifesté lo siguiente:

Reitero sin cesar que desearía que hablaran menos de la unión europea y política. Son términos que no se entienden en este país. En la medida en que se comprendan allí, significan considerablemente menos de lo que algunas personas de aquí creen que significan.

Desde la perspectiva actual, estaba equivocada al pensar así. Sin embargo, sigo opinando que hicimos bien en firmar el Acta Única Europea, porque deseábamos un Mercado Único Europeo.

Los asuntos europeos pasaron a un segundo plano para mí durante el resto de la vida de aquel Parlamento, con poquísimas excepciones. Las decisiones principales se habían tomado, e incluso la búsqueda de nuevas «iniciativas» por parte de la Comisión se había reducido de momento, de resultas de la necesidad de elaborar y aplicar el programa del Mercado Único. La Comunidad estaba gastando más de lo que le permitían sus recursos, pero aún no había alcanzado los nuevos límites de ingresos a través del IVA que se habían fijado. La ampliación tenía que llevarse a cabo. Había muchísimo que hacer.

LA REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO DE LONDRES

Gran Bretaña asumió la presidencia, y el Consejo Europeo se reunió en Londres el viernes 5 y el sábado 6 de diciembre de 1986. La reunión se había de celebrar en el Queen Elizabeth II Conference Centre. El enorme coste y el diseño desagradable de este edificio sólo se pueden justificar con la fealdad del solar original —utilizado para aparcar coches— en el que se construyó. Yo me tomaba gran interés en los preparativos, tanto físicos como diplomáticos, para nuestras reuniones en la cumbre importantes. Por ejemplo, anteriormente había hecho que se sustituyeran las sillas giratorias que rodeaban la mesa de conferencias en el centro Queen Elizabeth II con otras sillas de madera más ligeras: siempre me pareció interesante poder mirar a los ojos de la persona que uno tiene enfrente sin darle la oportunidad de girarse hacia un lado, y así escapar. En esta ocasión, me cercioré de que las paredes, del mismo color gris que se suele ver en el casco de los acorazados, se taparan con cortinajes de color beige y con cuadros, asegurándome de que se colgaran unos dibujos de Henry Moore, que se tomaron prestados de la Moore Foundation, frente al lugar en el que se sentaría el presidente Mitterrand, al que yo sabía que le gustaba Henry Moore tanto como a mí.

Sin duda alguna, el principal logro de la presidencia británica fue conseguir adoptar un número récord de medidas para la aplicación del Mercado Único. Este era el tipo de progreso consistente que necesitaba la Comunidad, y no las iniciativas espectaculares que buscaban la publicidad, y que se quedaban en nada o se limitaban a causar malestar.

Sin embargo, la reunión del Consejo de Londres sólo podría alcanzar un éxito muy modesto. De camino a la cena, el canciller Kohl le había dejado muy claro a mi secretario privado, Charles Powell, que no había ninguna posibilidad de que Alemania pudiera tomar decisiones de primera magnitud en cuanto a la agricultura —el asunto más problemático por entonces— antes de las próximas elecciones en aquel país. Si no se pudo lograr ningún resultado espectacular en cuanto a la agricultura o al presupuesto, sin embargo, la reunión del Consejo se destacó porque allí emergió el señor Delors como una nueva especie de presidente de la Comisión Europea, un actor principal en el juego. Pude cerciorarme de antemano y brevemente de este extremo durante la cena de la primera noche, cuando, para mi sorpresa e irritación, que no oculté, aprovechó el período previo a la cena para pronunciar un larguísimo discurso sobre el alarmante estado económico en el que se hallaba la Comunidad de resultas de la política agrícola comunitaria y para proponer toda una gama de sugerencias muy detalladas. Yo le contesté que se nos debía haber expuesto aquello antes: resultaba evidente, por lo que él decía, que la Comunidad estaba en la ruina. Di mi aprobación a que el señor Delors efectuara visitas a las capitales europeas, tal como proponía, para intentar hallar una solución. Sin embargo, este tipo de proceder no debería repetirse. Me dije que nadie podía imaginarse a un alto funcionario británico dando este tipo de sorpresas a los ministros. El incidente sirvió para ilustrar con lamentable claridad lo que iba mal en la Comisión: estaba compuesta de una nueva raza de políticos, sin responsabilidad alguna hacia nadie.

En mi condición de presidente de la Comunidad, me vi obligada a celebrar una rueda de prensa para informar sobre los resultados, en la que me acompañó el señor Delors. En esta ocasión —sorprendiéndome una vez más— se negó a decir nada, incluso cuando le pedí que añadiera sus comentarios a una de mis respuestas. Seguí instándole a que hablara, pero sin obtener ningún resultado. «No sabía que usted fuera uno de esos hombres fuertes y silenciosos», comenté.

El señor Delors no tardó mucho en romper su silencio. Tres días más tarde, pronuncié un discurso para informar sobre la presidencia ante la Asamblea Europea en Estrasburgo, el martes 9 de diciembre. La cosa no habría podido ser más communautaire. Sin embargo, cuando volví a tomar asiento, el señor Delors —un señor Delors muy distinto al que antes había tenido ocasión de ver y oír— tomó la palabra. Pronunciaba una eurodemagogia destinada a llegar a los prejuicios de su público, a quitar importancia a la labor realizada por la presidencia británica y a pedir más dinero. No estaba dispuesta a consentir aquello. Cuando hubo terminado, me puse en pie y solicité del derecho de réplica; derecho que, por lo que parecía, era desconocido para aquel «Parlamento». Improvisé para responder a los temas que se habían planteado, como lo haría en una alocución final en la Cámara de los Comunes. No dejé de comentar que él no había dicho nada de aquello cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, durante la conferencia de prensa que celebramos juntos. Llegó tarde a la comida que se celebró a continuación, y ocupó su asiento a mi lado. Entonces le dije que una y otra vez había defendido su posición en la Cámara de los Comunes, y me había negado a rechazar fondos adicionales, aún estando sometida a una presión extraordinariamente intensa. De una cosa podía estar seguro, le dije: aquello no volvería a suceder.

A lo largo de los dos años de politiqueo europeo que desembocaron en el Acta Única Europea, tuve ocasión de ser testigo de un profundo cambio en la manera de llevar a cabo la política europea, y por tanto en el tipo de Europa que estaba tomando forma. Había vuelto a aparecer un bloque franco alemán con su propio programa, fijando la dirección de la Comunidad. La Comisión Europea, que siempre había mostrado preferencia por el poder centralizado, ahora tenía al frente a un federalista europeo duro, un hombre de talento, cuya filosofía justificaba el centralismo. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico estaba desplazándose de manera prácticamente imperceptible hacia un compromiso con estos nuevos amigos europeos. Naturalmente, podíamos considerar el veto, las salvaguardias jurídicas y las exenciones declaradas. En un futuro, sin embargo, estas se verían burladas cada vez en mayor medida, si no eliminadas por completo.

CAPÍTULO XIX

El truco del sombrero⁵⁰

Preparativos y desarrollo de la campaña para las elecciones generales de 1987

Vistas a posteriori, todas las victorias electorales parecen inevitables, contrariamente a lo que ocurre antes de las elecciones. Las heridas que sufrieron el Gobierno y el Partido Conservador debido al asunto Westland, la BL y las reacciones ante el ataque aéreo de Estados Unidos contra Libia tardarían mucho en curarse. La recuperación económica supondría con el tiempo un paliativo eficaz, ya que quedó claro que nuestra política estaba generando crecimiento con baja inflación, un mayor nivel de vida y, a partir del verano de 1986, una reducción constante del desempleo. Mientras tanto, el Partido Laborista había desarrollado hambre de poder, había moderado su imagen y estaba por delante en las encuestas de opinión. Era importante unir al partido en torno a mi autoridad y a mi visión del conservadurismo. Esto no había de resultar fácil.

ESTILO Y TONO

Tal vez la imputación más dañina que se me hizo durante el affaire Westland fue que no escuchaba. Como ocurre con la mayor parte de las acusaciones que se sostienen, aquella contenía un ápice de verdad. Una vez que emprendo una línea de pensamiento no es fácil distraerme. Eso tiene sus ventajas. Quiere decir que soy capaz de concentrarme en un asunto delicado pase lo que pase a mi alrededor. Una habilidad útil, por ejemplo, en las comparecencias parlamentarias. Por supuesto, también significa que tengo propensión a hablar ignorando las objeciones y razonamientos tímidos o inarticulados. Quien no me conoce ni sabe como trabajo, llega a la conclusión de que no he prestado atención a lo que se me ha dicho. Sin embargo, aquellos que me conocen mejor confirmarán que no suele ser así. Frecuentemente me retiro después para revisar mis puntos de vista a la luz de lo que he oído. De hecho, incluso algunos de mis seguidores me han acusado de prestar demasiada atención a quienes no están de acuerdo conmigo.

No obstante, cuando se dice que no escucho, especialmente si lo dicen ex ministros, puede significar simplemente que no coincido con sus puntos de vista. Podría decirse que presido «en primera línea de fuego». Me gusta decir desde el primer momento lo que pienso y ver si se me ofrecen razonamientos que demuestren que estoy equivocada, en cuyo caso no tengo ningún problema en cambiar de postura. Por supuesto, no es éste el modo tradicional y formal de presidir reuniones. Según mi experiencia, a un grupo de hombres que se sientan en torno a una mesa pocas cosas les gustan más que escuchar sus propias voces, y nada les agrada menos que la posibilidad de que se llegue a una conclusión sin haber tenido oportunidad de dar lectura a sus informes. Mi estilo a la hora de presidir desconcertó sin duda a algunos colegas que conocían sus informes peor que yo. Adopto esta técnica porque, en mi opinión, la discusión es el mejor camino para llegar a la verdad, no porque desee suprimir las discusiones. De hecho, iría aún más lejos: nada es más importante para el éxito de un Gobierno democrático que la disposición a discutir con franqueza y energía, excepto, tal vez, la disposición a asumir colectivamente la responsabilidad una vez tomada una decisión.

Así pues, puse en marcha una serie de medidas para dejar claro que el Gobierno comprendía un amplio abanico de puntos de vista y era receptivo ante éstos. Mi primera preocupación era hacer frente a la impresión, aparentemente muy extendida, de que el Gobierno no era consciente de las preocupaciones del pueblo. Podía hacerlo sin diluir la filosofía thatcherista puesto que, al margen de lo que opinaran los comentaristas políticos, los sueños y aspiraciones de la gran mayoría sintonizaban con mis creencias. Precisamente sabía esto porque sí prestaba atención a lo que decía el pueblo. Jamás confundí la portada de The Guardian con la vox populi.

Empleé mi discurso ante la conferencia del partido Conservador escocés en la ciudad de Perth, el viernes 16 de mayo de 1986, para hacer hincapié en el hecho de que sí prestábamos atención a las preocupaciones del pueblo y, en algunos casos, ya habíamos actuado para poner las cosas en orden. Los escoceses se habían mostrado muy soliviantados por la revaluación de los impuestos municipales, que había hecho que las contribuciones de algunas personas crecieran desorbitadamente mientras que las de otras, al parecer, habían disminuido inexplicablemente. Por ello, recordé en la Conferencia escocesa de 1986 que:

Hace un año, cuando comparecí ante vosotros, dejasteis clara vuestra profunda preocupación por los impuestos municipales. Os escuchamos. Os comprendimos. Estamos trabajando en ello. Debido a la urgencia del problema, esos impuestos serán abolidos en Escocia antes que en Inglaterra y Gales.

Continué afirmando que se aplicaría el mismo enfoque radical y receptivo a las preocupaciones de la gente en el campo de la educación, donde existía un gran descontento, y en el de la sanidad, donde éste era aún mayor. Reconocí que:

Existen preocupaciones legítimas. ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar nuestros familiares ya mayores para la operación de cadera que tanto dolor podría ahorrarles? ¿Será atendida la futura madre por el mismo equipo médico durante todo su embarazo? […] Conozco vuestras preocupaciones y estamos dispuestos a hacerles frente.

Lo importante de aquel discurso, y lo más comentado, fue su tono. Por supuesto, nunca es suficiente limitarse a escuchar: hay que ofrecer soluciones. Pero en aquel momento era necesario demostrar receptividad y el discurso fue bien acogido.

LOS PREPARATIVOS PARA LAS ELECCIONES Y EL MANIFIESTO

Cuando volvió a reunirse el Parlamento, la actitud del partido era muy diferente a la que había mantenido tan sólo unos meses antes. Con el fin de que no quedaran pendientes leyes cruciales en caso de que decidiéramos convocar elecciones anticipadas el verano siguiente, disponíamos de un conciso programa legislativo para el que habíamos contado con la asesoría de David John. Nuestra aceptación en las encuestas había empezado a mejorar. El grupo de estrategia y los grupos de política se reunían regularmente. Norman me mantenía informada sobre el trabajo realizado en la sede central de cara a las elecciones, fuese cual fuese la fecha de convocatoria de éstas. Ya el 2 de julio me había entregado un informe en el que mencionaba cuales eran, en su opinión, los mejores días para celebrarlas.

El conjunto de documentos que constituye el programa del partido para una campaña electoral recibe tradicionalmente el nombre de «libro de campaña» (War Book). El 23 de diciembre Norman me envió el primer borrador «como regalo de Navidad». Aunque no me apenó que terminara el año 1986, sentí un renovado entusiasmo al considerar nuestras nuevas líneas políticas y la batalla que habría que librar en su nombre en 1987.

En mi opinión, el manifiesto conservador era mi principal responsabilidad. Brian Griffiths y Robin Harris reunieron en un único informe las propuestas de los ministros y los comités políticos. Discutimos el documento el domingo 1 de febrero en Chequers. Estaban presentes Nigel Lawson, Norman Tebbit y Nick Ridley, los tres mejores cerebros del gabinete, cada uno en lo suyo. En esta fase era tan importante descartar como aprobar las diferentes propuestas. Me gustan los manifiestos que contienen un número limitado de medidas radicales y sorprendentes y no pequeños bloques de medidas menores. Fue en esta reunión donde tomó forma la orientación de las propuestas. Acordamos incluir la propuesta de fijar un tipo básico de impuesto sobre la renta de un 25 por ciento. No daríamos cifra para la reducción del tipo máximo, aunque pensábamos que se estableciera alrededor de un 50 por ciento. Excluí del documento todo compromiso sobre desgravaciones transferibles entre marido y mujer que, si se hubieran implantado siguiendo la línea del anterior Libro Verde, habrían resultado extremadamente onerosas. Encargué nuevos trabajos sobre posibles candidatos a la privatización, ya que deseaba exponer claramente el tema en el propio manifiesto. Estábamos todos de acuerdo en que la educación sería uno de los terrenos cruciales dentro de las nuevas propuestas. En gran medida como resultado del trabajo de Brian Griffiths, yo ya tenía claro cuales debían de ser éstas. Había que crear un programa de estudios básicos, que garantizara que todos los niños estudiaran las asignaturas fundamentales. Debían existir exámenes o calificaciones escolares para juzgar el nivel de conocimientos de los niños. Todas las escuelas debían gozar de mayor autonomía financiera. Había que crear un nuevo sistema de financiación per capita que, junto con la «libre elección de matrícula», significaría que los colegios populares y de éxito se vieran financieramente recompensados, lo que les permitiría crecer. Los directores debían tener mayor poder de decisión. Finalmente, estaba lo que resultó ser una medida especialmente controvertida: había que otorgar a los colegios la capacidad de solicitar lo que, en esa fase, describíamos como status de «subvención directa», con lo que queríamos decir que podían convertirse, a todos los efectos, en «escuelas públicas independientes» —expresión que la DES detestaba e intentaba continuamente suprimir de mis discursos, sustituyéndola por la más burocrática «colegios subvencionados», libres del control de las autoridades locales de Educación.

La vivienda era otro terreno en el que se estaban estudiando propuestas radicales. Nick Ridley había preparado ya los documentos, pero estaban aún pendientes de una discusión adecuada. Sus principales ideas, que acabaron todas incorporándose al manifiesto, consistían en ofrecer a las agrupaciones de inquilinos el derecho a formar cooperativas y a cada inquilino, individualmente, el derecho a transferir la propiedad de su casa (o piso) a una asociación para la vivienda u otra institución competente. En otras palabras, a cambiar de casero. Habían de crearse las Housing Action Trusts (HAT), constituidas según el modelo de gran éxito de las Corporaciones de Desarrollo Urbano, para hacerse cargo de los inmuebles en mal estado, renovarlos y ofrecerlos de nuevo en alquiler o en propiedad. También reformaríamos el sistema de créditos a la vivienda concedidos a las autoridades locales para impedir que el dinero obtenido siguiera empleándose en subvenciones municipales cuando debería haber sido destinado a reparaciones y renovación de los inmuebles.

Estábamos sometidos ya a una importante presión política en el campo de la sanidad, y en nuestra reunión discutimos posibles respuestas. Por bueno que fuera el historial de este servicio en su conjunto, existían pruebas abundantes de que no era lo suficientemente receptivo a los deseos de los pacientes, que en él había un alto grado de ineficacia, y que en algunas zonas y hospitales el rendimiento era inexplicablemente menor que en otras: se atendía a menos pacientes, etc. En la conferencia del partido de 1986, Norman Fowler había establecido una serie de objetivos, respaldados por asignaciones especiales del gasto público, para conseguir incrementar el número de determinado tipo de operaciones. Aquel anuncio había sido bien recibido. Dado que, entre otras cosas, era un campo que no se había estudiado aún suficientemente, no me sentía inclinada a añadir la sanidad a la lista de las áreas en las que proponíamos reformas fundamentales. El servicio nacional de la salud (NHS) era considerado por muchos la piedra de toque de nuestro compromiso con el estado del bienestar, y era muy peligroso sacarse de la manga nuevas propuestas. La orientación de la reforma que quería ver se basaba en la reducción de las listas de espera, y en garantizar que el dinero se moviera junto con el paciente en lugar de perderse en el laberinto burocrático de la sanidad pública. No obstante, esto dejaba aún tantos interrogantes sin resolver que finalmente descarté la incorporación al manifiesto de cualquier nueva propuesta sustancial en este terreno.

Tras la reunión, escribí a los ministros del Gabinete solicitándoles que plantearan cualquier proyecto pendiente de aprobación para su presentación en el nuevo Parlamento. Una vez recibidas las propuestas, podrían elaborarse los borradores de ley. Al objeto de encajar todas estas proposiciones en un todo coherente, creé un pequeño comité presidido por el secretario de Hacienda John MacGregor, que me informaba directamente. Sus otros miembros eran Brian Griffiths, Stephen Sherbourne, Robin Harris y John O’Sullivan, anteriormente director adjunto de The Times, que se había incorporado a mi grupo como asesor especial y había de convertirse en autor del borrador de nuestro manifiesto político.

Este programa tenía como objetivo solventar un grave problema político del partido. Tras ocho años en el Gobierno necesitábamos disipar la idea de que nos habíamos estancado y carecíamos de ideas nuevas. Por consiguiente, teníamos que planificar una serie de reformas claras, específicas, novedosas y bien estudiadas. Al mismo tiempo teníamos que protegernos contra el ataque: ¿si esas ideas son tan buenas por qué no fueron introducidas antes? Resolvimos el problema presentando nuestras reformas como tercera fase del programa thatcherista. Durante la primera legislatura hicimos revivir la economía y reformamos las leyes sindicales. En la segunda distribuimos la riqueza y la propiedad del capital más allá de lo que nunca se había logrado anteriormente. En la tercera ofreceríamos al ciudadano de a pie, a través de los servicios públicos, las opciones y la calidad de vida de las que disfrutaban ya los ciudadanos ricos. Visto a posteriori, una vez publicado el manifiesto nadie volvió a decir que al Gobierno se le estuvieran acabando las fuerzas.

El documento fue el mejor que jamás haya producido el Partido Conservador, y no solamente porque contuviera propuestas de largo alcance de cara a la reforma de la educación, la vivienda, la financiación de los gobiernos locales, los sindicatos, una mayor privatización y la reducción de los impuestos. También lo fue porque planteaba un objetivo y después disponía a su alrededor, de un modo claro y lógico, las medidas políticas necesarias para alcanzarlo. Así, por ejemplo, las propuestas sobre educación, vivienda y sindicatos (que proponían un mayor uso del voto secreto y protegían los derechos individuales de los trabajadores a no sumarse a una huelga) aparecían casi al principio del documento. Esto realzaba el hecho de que nos habíamos embarcado en un gran programa de ambiciosas reformas sociales para dar poder al pueblo. Las personas a quienes deseábamos entregar ese poder no eran sólo (ni siquiera fundamentalmente) aquellas que podían pagarse sus propios hogares o permitirse enviar a sus hijos a colegios privados, ni los grandes inversores, sino precisamente aquellas que carecían de estas ventajas. El programa expresaba el núcleo de mis convicciones. Creo firmemente que la política conservadora debe liberar y otorgar poder a aquellos a quienes el socialismo atrapa, desmoraliza y después ignora despreciativamente. Esto, que es precisamente lo que más temen los socialistas, inquieta también, por supuesto, a toda una serie de tories paternalistas.

Además del manifiesto y los preparativos prácticos de cara a la campaña, en los primeros meses de 1987 quedaba otra tarea que me concernía. Esta era la necesidad de hacer frente a la alianza de socialdemócratas y liberales. Por aquel entonces, la alianza estaba ya encabezada por el dúo, al comienzo atractivo pero posteriormente cada vez más ridículo, de los dos David: Steel y Owen. Pretendían dar la imagen de tercera fuerza política creíble y radical. Si conseguían hacerlo, podían atraer hacia su coalición el voto de lo que (en la jerga psefológica, previsiones electorales por medio de encuestas, que a todos nos resultaba imposible evitar) recibe el nombre de respaldo «débil» a los conservadores. En el seno del Partido Conservador había un intenso debate sobre cómo hacer frente a la Alianza. Algunos miembros de la izquierda del partido, que sin duda sentían algo más que ocultas simpatías por sus críticas a mi política, eran partidarios de no hacerle mucho caso o simplemente de ignorarla.

Ni Norman Tebitt ni yo veíamos así las cosas. El hecho era que, a pesar de sus proclamas, el SDP estaba compuesto por socialistas reciclados que mientras estaban en el Gobierno habían aceptado las nacionalizaciones y aumentado el poder de los sindicatos, y sólo se habían planteado dudas acerca de la doctrina socialista cuando dejaron de percibir sus salarios como ministros en 1979. Por su parte, los liberales, especializados en tácticas dudosas, siempre han sido la fuerza menos escrupulosa de la política británica, la publicación de encuestas falsas la víspera de las elecciones a diputados para sugerir un repentino e inexistente crecimiento liberal eran un ejemplo clásico de su estrategia. Otra táctica, que el SDP tomó inmediatamente prestada, consistía en respaldar diferentes políticas según el grupo al que se dirigiese. El análisis que Norman había realizado mostraba con toda claridad que había divisiones e inconsistencias que debíamos explotar. En la medida de lo posible, debíamos hacerlo antes de que comenzara la campaña en sí, momento en que tales cuestiones corrían el riesgo de quedar ocultas.

Por lo tanto, Norman y yo acordamos que en la reunión del comité central (Central Council), que se celebraría en Torquay el sábado 21 de marzo de 1987, ambos aprovecharíamos la ocasión para lanzar un ataque contra la Alianza. Yo la llamé «el partido laborista en el exilio», recordé el importante papel de los líderes del SDP en el último Gobierno laborista y terminé mi intervención haciendo referencia a una vieja canción de music-hall:

Tengo entendido que en las próximas elecciones los dos David aspiran a que se les pida un bis de esa delicia musical siempre tan del gusto del público: «No le digas a mamá que hago de medio caballo en una comedia».

Mientras se elaboraba el borrador del manifiesto programático yo discutía con Norman Tebitt lo que esperaba fuera el enfoque final de la campaña y mi propio papel en ella. En nuestra reunión del martes 16 de abril revisamos los temas de las conferencias de prensa, la publicidad y los espacios electorales en radio y televisión. Por aquellas fechas me sentía inclinada a convocar elecciones anticipadas en junio. Habríamos cumplido los cuatro años que siempre he creído que debe durar un mandato y tenía el presentimiento de que la opinión pública estaba a nuestro favor y de que los trucos publicitarios de los laboristas empezaban a resultar ya un poco manidos.

Como ocurre siempre con estas cosas, la fecha más apropiada para las elecciones, el jueves 11 de junio, acabó inscribiéndose por sí misma en nuestro programa. Para entonces ya sabríamos los resultados de las elecciones locales que, al igual que en 1983, serían procesados en nuestra sede central para emplearlos como orientación de cara a las elecciones generales. Como medida complementaria, utilizaríamos otras encuestas privadas encargadas por Norman. Esto era especialmente necesario en el caso de Escocia y Londres, donde aquel año no había elecciones locales. También se realizarían algunas encuestas en circunscripciones clave, aunque los problemas que plantean este tipo de muestreos son tales que no se debe dar excesivo peso a sus resultados. El domingo examiné los resultados del análisis y escuché las opiniones de viejos compañeros en Chequers. Sabía ya que el manifiesto había alcanzado casi su forma final, puesto que el sábado había repasado el texto definitivo con sus redactores y con Nigel y Norman.

Tuvimos un último desacuerdo. Nigel quería incluir el compromiso de alcanzar una tasa de inflación cero en la siguiente legislatura. En mi opinión, esto era ponerse en manos de la suerte. Desafortunadamente, los acontecimientos me dieron la razón.

Como siempre, consulté con la almohada la decisión de irme al campo y el lunes 11 de mayo concerté una entrevista con la reina a las doce y veinticinco para proceder a la disolución del parlamento de cara a las elecciones del 11 de junio.

VESTUARIO

En mi caso, los preparativos para las elecciones implicaban algo más, aparte de la actividad política. También tenía que vestirme para la ocasión. Ya había encargado a Aquascutum trajes, chaquetas y faldas, «ropa de trabajo» para la campaña.

Como hacen la mayor parte de las mujeres, prestaba mucho interés al vestuario. Era extremadamente importante que la impresión producida fuera la apropiada para la ocasión política. Cuando estaba en la oposición había empleado ropa de diversas firmas. Si me quedaba alguna duda sobre la importancia de organizar con gran cuidado estas cuestiones, ésta quedó disipada tras la llegada de un conjunto que había encargado para la primera sesión del Parlamento en 1979. Era un precioso traje azul zafiro con un sombrero a juego. No tuve tiempo para probármelo y cuando me lo puse, con sólo unos pocos minutos de margen, descubrí horrorizada que ni era mi talla ni me sentaba bien, y tuve que salir corriendo para cambiarme de ropa. Fue una lección que me enseñó a no hacer encargos sobre figurines, en los que nunca aparecen las imperfecciones que resultan dolorosamente obvias para la usuaria de carne y hueso.

Desde mi llegada a Downing Street, la encargada de ayudarme a seleccionar mi vestuario fue «Crawfie». Discutíamos juntas el estilo, el color y la tela. La ropa tenía que servirme en ocasiones muy distintas, por lo que los trajes sastre parecían lo más adecuado (tienen también la ventaja de ocultar discretamente la cintura). Probablemente los conjuntos más llamativos eran los que encargué, en negro o azul oscuro, para el banquete anual del alcalde de Londres. En las visitas al extranjero era, por supuesto, especialmente importante ir adecuadamente vestida. Siempre prestábamos atención a los colores de la bandera nacional a la hora de decidir la ropa que debía ponerme. Con todo, el mayor cambio fue el nuevo estilo que adopté al visitar la Unión Soviética en la primavera de 1987. Lucí un abrigo negro con hombreras que «Crawfie» había visto en el escaparate de Aquascutum y un maravilloso sombrero de piel de zorro (desde entonces Aquascutum ha sido el proveedor de la mayor parte de mi vestuario). Con la entrada de la televisión en la Cámara de los Comunes a partir de noviembre de 1989, tuvimos que incorporar nuevas consideraciones. Las telas a rayas y a cuadros resultaban atractivas y alegres en directo, pero podían deslumbrar al televidente. Un día que no tuve tiempo para cambiarme antes de ir a la Cámara, aparecí con un traje a cuadros blancos y negros. Posteriormente, un colega del Parlamento que me había visto por televisión me comentó, «Lo que dijiste estuvo bien, pero tenías un aspecto horrible». Aprendí la lección. Los telespectadores también se fijaban en si había empleado el mismo traje en sucesivas ocasiones, e incluso escribían acerca de ello. Desde aquel momento «Crawfie» siempre tomó nota de lo que me ponía cada semana en las comparecencias parlamentarias como primera ministra. A partir de sus notas surgió un diario, y cada conjunto recibió su propio nombre que, normalmente, hacía referencia a la ocasión en la que lo había usado por vez primera. Sus páginas recordaban a un diario de viajes: Ópera de París, Rosa Washington, Azul marino Reagan, Turquesa Toronto, Azul Tokio, Plata Kremlin, Negro Pekín y, por último, pero no por ello menos importante, Jardín Inglés. Pero ahora mi mente estaba en la inminente campaña: había llegado el momento de sacar mi traje a cuadros blancos y azul marino que recibiría el nombre de «Elecciones del 87».

D-21 A D-14

El jueves fue mi primer día de viaje en el «autobús de campaña». Era una nueva versión de alta tecnología del que había empleado en 1983. Estaba repleto de toda clase de aparatos avanzados: un ordenador, diferentes tipos de radioteléfonos, un fax, una fotocopiadora, y llevábamos a bordo un técnico para hacerse cargo de todos ellos. De color azul, el autobús de campaña llevaba pintado el grito de guerra «Avanzando con Maggie». Mi primera sesión fotográfica junto al autobús tuvo lugar en Docklands, lugar escogido como ejemplo de nuestro lema conservador de «regeneración». Abandoné Docklands para volver al Número 10 a la hora de comer. Mientras tanto, llevaron a reparar el autobús, que había sufrido algunos daños tras colisionar con un BMW. Los abollones fueron reparados de la noche a la mañana y parecía prácticamente nuevo al día siguiente.

Siempre celebraba mi acto inaugural en Finchley el jueves en lugar del viernes ya que, en caso contrario, su abundante población judía habría estado preparándose para el sabbath. En mi discurso de aquel jueves por la noche me concentré en gran medida en el tema de la defensa nacional, tomando como objetivos no sólo al Partido Laborista sino también a la Alianza, con gran irritación por parte de ésta.

Durante aquella fase, la política de defensa seguía dominando los titulares de la prensa. En parte, aquello obedecía a que habíamos basado deliberadamente nuestro ataque inicial en ella, pero fundamentalmente se debió a la extraordinaria metedura de pata de Neil Kinnock en una entrevista para la televisión, en la que sugirió que la respuesta laborista ante una agresión armada sería echarse al monte en una guerra de guerrillas. Saltamos regocijados sobre esta oportunidad, que fue la inspiración del único anuncio realmente bueno de nuestra campaña. En él se representaba la «política armamentista» laborista en forma de un soldado británico que se rendía con las manos en alto. El martes por la noche, tras un día de campaña electoral en Gales, hablé ante una gran concentración en Cardiff:

La política de defensa no nuclear de los laboristas es, de hecho, una política de derrota, rendición, ocupación y, en última instancia, de una prolongada guerra de guerrillas […] No comprendo como nadie que aspire a gobernar el país puede tratar tan a la ligera la defensa de la nación.

El discurso fue muy bien recibido. Bajo la supervisión de Harvey Thomas, nuestros mítines se habían puesto ya a la altura del siglo XX. Lanzábamos hielo seco sobre las primeras seis filas, envolviendo a la prensa en una densa niebla; los láseres recorrían enloquecidamente todo el auditorio; el lema musical de nuestra campaña, compuesto por Andrew Lloyd Webber para la ocasión, sonaba a todo volumen. Se exhibía un video de mis visitas al extranjero y, a continuación, salía yo a pronunciar mi discurso con la impresión de que mi aparición constituía, en cierto modo, un anticlímax.

La conferencia de prensa del miércoles era de especial importancia para la campaña, ya que como tema central habíamos elegido la educación. Ken Baker compareció conmigo con el fin de despejar las dudas que nuestra confusión inicial había generado y retomar la iniciativa sobre un tema que yo consideraba central para nuestro manifiesto. Fue todo bien.

Pero no ocurrió lo mismo con mis giras, y en esto hubo unanimidad. Neil Kinnock estaba obteniendo una cobertura televisiva mejor y más abundante. En sus imágenes aparecía, como yo había solicitado expresamente al comienzo de la campaña que debía ocurrir con las mías, sobre un fondo de multitudes enardecidas, o bien desarrollando alguna actividad que encajara en el tema del día. Los medios, sospecho que mucho más que el público en general, estaban fascinados por el video electoral de los laboristas, muy cuidado, en el que aparecían Neil y Glenys caminando cogidos de la mano, bañados por la cálida luz del sol del verano, con un fondo de música patriótica y un aspecto que recordaba los anuncios sobre la jubilación anticipada. Probablemente esto animara a los medios a dar una cobertura favorable a la gira electoral de Kinnock. ¿Qué estaba haciendo yo ese miércoles? Visitaba un centro de entrenamiento de perros lazarillo para personas ciegas. El simbolismo y significado de esto no encontró eco, no sólo en los medios, sino tampoco en mí. Aunque disfruté mucho viendo los perros, ellos no tenían derecho al voto. Tenía la sensación de que no estaba reuniéndome con suficientes personas de carne y hueso. Estaba recorriendo demasiadas fábricas y empresas. Esto se debía en parte a las severas limitaciones que condicionaban el programa de mi gira por motivos de seguridad, pero la estrategia básica era errónea, ya que los desplazamientos se habían organizado en torno a las oportunidades fotográficas y nadie estaba viendo las fotos.

Empecé a improvisar un poco por mi cuenta. Aquella tarde, a nuestro regreso, hice que el autobús se detuviera en un comercio rural abundantemente provisto de tocino, chutney y nata. Los autobuses de prensa que nos seguían se detuvieron también y nos metimos todos en la tienda. Compré nata y todo el mundo pareció hacer lo mismo. Había sido mi contribución personal a la economía rural. Tal vez lográramos al fin un tiempo razonable de emisión televisada.

D-14 A D-7

Llevábamos ya una semana de campaña y, a pesar de nuestras dificultades, la situación política seguía siéndonos favorable. Nuestra ventaja en las encuestas se mantenía. De hecho, éstas registraron pocos cambios en lo referente a la fuerza del partido durante la campaña aunque, como veremos después, hubo unos cuantos sondeos descontrolados que produjeron cierta alarma. El apoyo a la Alianza, cuya campaña se había visto oscurecida por las divisiones internas y esa incoherencia básica que es la némesis de quienes ignoran los principios en el campo de la política, había sufrido una fuerte erosión. Neil Kinnock se mantenía alejado de los principales periodistas con base en Londres y Bryan Gould se había hecho cargo de la mayor parte de las conferencias de prensa. No obstante, en el transcurso de la segunda semana esta táctica empezó a resultar contraproducente: la prensa de Fleet Street se sentía frustrada y adoptó una actitud crítica. A mí podían someterme a sus interrogatorios día tras día, y deseaban disfrutar de las mismas oportunidades con el líder de la oposición. En esto contaban con el apoyo entusiasta de Norman Tebbit quien, por temperamento y talento, estaba perfectamente capacitado para dar revolcones a Neil Kinnock, cosa que hizo con toda eficacia en sucesivos discursos durante el desarrollo de la campaña.

La conferencia de prensa del jueves estaba dedicada a la salud pública. Normal Fowler había realizado una espléndida ilustración de los nuevos hospitales construidos en todo el Reino Unido, que aparecían sobre un mapa en forma de pequeñas luces que se encendían al pulsar un interruptor. Como ocurrió con el video electoral de Kinock, hice que repitiera su actuación por petición popular. Desgraciadamente, como había de ocurrir con buena parte de la campaña, no resultaba bien en televisión. La conferencia de prensa se desarrolló sin ningún incidente, pero lo que me preocupaba, como de costumbre, era el discurso que tenía que pronunciar aquella tarde en Solihull.

Habíamos trabajado en el borrador hasta las tres y media de la madrugada, pero yo seguía sin estar satisfecha. Estuve haciendo escapadas todo el día para trabajar en él a cada ocasión que se me ofrecía. Es decir, cuando no tenía reuniones con candidatos, charlas con jefes de redacción regionales, visitas a la fábrica Jaguar y después presentaciones ante el público en la exposición Hogar y Jardín en Birmingham. En cuanto llegamos a la casa de Joan Seccombe, una de las damas voluntarias más comprometida con nuestro partido, abandoné a los demás para disfrutar de su hospitalidad y me encerré con mis redactores de discursos para trabajar frenéticamente sobre el texto hasta el último minuto. Por alguna misteriosa razón, cuanto más se sufre preparando un discurso mejor resulta. Y ése resultó extraordinariamente bueno. Contenía un hiriente pasaje que produjo un rugido de aprobación entre el público asistente:

Nunca hasta el momento había ofrecido el Partido Laborista al país una política de defensa tan insensata. Ha hablado de ocupación: una política defensiva de bandera blanca. Sólo una vez durante mi estancia en el Gobierno han formado parte de nuestro vocabulario las banderas blancas. Fue la noche en que, al finalizar la guerra de las Malvinas, acudí a la Cámara de los Comunes para informar: «Las banderas blancas ondean sobre Port Stanley».

Aún había de ampliar mi ataque sobre los laboristas en aquel discurso. Dirigí el punto de mira a la política socialista de la «izquierda demente» de los ayuntamientos y a las campañas de propaganda sexual con fondos municipales. Esto desencadenó aplausos que incluso a mí me sorprendieron. Quedaba claro que había una genuina ansiedad entre el público en torno al extremismo que la imagen moderada del laborismo encubría. Emprendí con renovada energía la tarea de ganarme a los votantes tradicionales del partido laborista en cada discurso. De hecho, éste se convirtió en uno de mis principales objetivos.

Al día siguiente, volé a Escocia tras presidir una conferencia de prensa que, una vez más, se centró en la economía. El laborismo había decidido mantenerse alejado de los temas políticos y había filtrado que pensaba concentrarse en ataques personales contra mí. Neil Kinnock no mostró precisamente gran sutileza: me describía como una «aspirante a emperatriz» y al Gabinete como un grupo de «parásitos y aduladores». Estaba decidida a hacer que esta táctica se volviera contra ellos. Aquella noche, en un acto electoral en Edimburgo, comenté:

Esta semana [los laboristas] recurren a las descalificaciones personales. Es una excelente señal. Los insultos personales no pueden sustituir a la política. Se trata de una muestra de pánico. En todo caso, permítanme asegurarles que no van a afectarme en lo más mínimo. Como observó Harry Truman, aquel gran norteamericano: «Si no puedes soportar el calor, sal de la cocina». Bien, señor presidente, tras ocho años en los fogones creo que puedo decir con la debida modestia que el calor es perfectamente tolerable.

A pesar del mal tiempo había sido un agradable día de campaña al viejo estilo. Denis también disfrutó mucho. Visitamos la fábrica de cerveza Scotish & Newcastle en Edimburgo y Denis, fingiendo hacerlo a regañadientes, se bebió la pinta de rigor en mi nombre. A la mañana siguiente, tras conceder entrevistas a la prensa y la televisión, volé hasta Newcastle y me desplacé hasta el centro comercial de Gateshead Metro donde, entre el abundante público que se reunió mientras visitaba las diferentes tiendas, sentí que por fin estaba entrando realmente en contacto con el electorado.

Mi satisfacción, no obstante, se vio ensombrecida por la aparición de un terrible dolor de muelas. Había acudido al dentista antes del comienzo de la campaña y todo parecía estar en orden, pero el dolor fue empeorando a lo largo de la tarde y aquella noche, tras mi regreso a Londres, volví a visitarle. Aparentemente tenía un absceso que requeriría un tratamiento adecuado más adelante. Por el momento, tuve que recurrir a los analgésicos. A mi regreso a Londres tenía otra cuestión desagradable sobre la que meditar. A lo largo de la tarde me habían comunicado que la encuesta Gallup que se publicaría al día siguiente, mostraría por vez primera un desplazamiento del voto hacia los laboristas que reducía las distancias hasta un 4 por ciento.

D-7 A DÍA-D

Aquella noche no pude dormir por culpa del dolor. Alrededor de las cuatro de la madrugada, «Crawfie» me dio unos analgésicos que aliviaron las molestias y me permitieron descansar un poco. Sin embargo, hicieron que me sintiera y (según pude averiguar más adelante) pareciera, catatónica cuando a la mañana siguiente me dirigí a nuestra sede central. Aquel día pasó a la mitología política con el nombre de «jueves tambaleante» o «jueves negro»: dado que no nos tambaleamos, aunque las noticias eran más bien sombrías, prefiero la segunda definición.

El tema del día eran las pensiones y la seguridad social. Había advertido expresamente a mis colaboradores que deseaba abordar también el asunto de la sanidad, pero esto no había sido tenido en cuenta, lo cual me puso de muy mal humor. Durante los preparativos para la conferencia de prensa había reaparecido mi dolor de muelas y arremetí, un tanto injustamente, contra el borrador de un comunicado que había preparado Norman Fowler hasta que David Wolfson, una de las pocas personas que pueden hacer una cosa así y salir bien libradas, me dijo que «cerrara la boca» y lo leyera entero antes de seguir introduciendo cambios. Así lo hice y lo aprobé. A continuación me dispuse a enfrentarme a las noticias sobre la encuesta. Lo peor de todo era que al día siguiente se publicaría otro sondeo realizado por Marplan que era objeto de las más enloquecidas especulaciones. Mostraría si el resultado de Gallup era meramente circunstancial o si nuestra ventaja estaba realmente desapareciendo.

Había hablado con David John la noche anterior acerca de mis preocupaciones en cuanto a la orientación de la campaña. En mi opinión parecía desenfocada y no estaba consiguiendo realzar suficientemente nuestros argumentos más poderosos, en especial nuestros logros en el campo de la prosperidad económica. Al día siguiente, Norman Tebbit y yo tuvimos una impresionante trifulca. Esto despejó el ambiente. Acordamos que había que dar más presencia a algunos de nuestros ministros más jóvenes, como John Moore y Kenneth Clarke. Lo dispuse todo para aparecer en el programa de David Frost, del que había sido retirada. No obstante, a estas alturas todavía no habíamos llegado a un acuerdo sobre la publicidad a realizar durante la semana siguiente.

Según la opinión más generalizada, la conferencia de prensa de aquel día fue un desastre para nosotros, y se me echó a mí la culpa. El conflicto surgió en torno a la atención sanitaria privada. Me negué a pedir excusas por emplear un seguro médico privado para conseguir que me realizasen con prontitud intervenciones menores sin tener que aumentar las listas de espera del NHS y empleando mi propio dinero. Mis palabras fueron inmediatamente explotadas como una muestra de insensibilidad, dureza y desapego. Yo era consciente de que la conferencia de prensa no había sido un éxito en lo que a las relaciones públicas se refería, pero no estaba dispuesta a dar marcha atrás por mucho que quienes me rodeaban esperaran que mantuviera silencio sobre el tema durante las entrevistas, donde inevitablemente sería mencionado. Como quedó demostrado, mi intuición era acertada. La prensa emprendió lo que resultó ser una fructífera búsqueda de ejemplos de políticos laboristas y sus familias que recurrieran a la atención sanitaria privada. Al concluir la campaña yo había ganado, y desde luego merecía la pena hacerlo, aquel debate.

Estaba previsto que hablara en Chester el viernes. No llegué a concentrarme realmente en el borrador de mi discurso hasta que estuve en el tren aquella mañana en dirección a Gatwick. Me pareció excesivamente teatral. Se suponía que debería utilizar trucos, como recurso para asegurarnos que las noticias de la televisión se concentraran en determinados pasajes, tales como mostrar una gran llave para ilustrar los avances logrados en el campo de la propiedad de las viviendas. Este no era más que un ejemplo entre muchos. Se pidió inmediatamente a Stephen Sherbourne y John Whittingdale que se dejasen de fantasías y rehicieran el texto. Como tan a menudo ocurre con los discursos, el pánico resultó productivo. El texto revisado era de primera categoría: el público también mostró su aprobación.

A lo largo del fin de semana concedí varias entrevistas importantes más. El Today Programme del sábado por la mañana me fue característicamente hostil. No obstante, aquella misma mañana, pasé un rato agradable en Face the People, del Canal 4. En él los votantes de circunscripciones marginales me interrogaron sobre nuestra política. Me encantan estas ocasiones: las preguntas son reales y tienen una vida y una profundidad que las entrevistas frente a frente jamás consiguen. El domingo fui entrevistada por David Frost. Las preguntas fueron duras pero justas, y se concentraron especialmente, una vez más, en el tema de la sanidad privada. A todos nos pareció que había resultado bastante bien.

Aquel fue también el día de nuestro último «acto familiar» en Wembley, donde, como en 1983, nos ofrecieron públicamente su apoyo personalidades de la televisión, actores, humoristas y músicos. Ronnie Millar había escrito una versión del tema musical central de El ejército de papá (Dad’s Army), «¿A quién se cree que engaña, señor Kinnock?», que el público coreó con entusiasmo. Tuvo muy buena aceptación y, cuando me llegó el turno de hablar, hice la predicción de que millones de votantes tradicionales del laborismo, disgustados con el giro a la izquierda y la defensa de la neutralidad por parte de su partido, pronto se unirían al «ejército de mamá». Muy para mi sorpresa esto se convirtió en la principal noticia en televisión aquella noche. Sentí que al menos este importante mensaje había llegado al público.

El lunes, tras presidir nuestra conferencia de prensa y grabar posteriormente una entrevista con sir Robin Day, salí de viaje para asistir a la Cumbre Económica del Grupo de los Siete en Venecia. Antes de comenzar la campaña había decidido que asistiría a la reunión, igual que había asistido a la de Williamsburg en 1983. En aquella ocasión mi papel como «estadista internacional» era un elemento importante de nuestra campaña electoral, por lo que había razones políticas aún más poderosas para realizar la visita. En cualquier caso, no perdí la oportunidad de hablar con el presidente Reagan. Lo hice tanto durante la cena de aquella noche, en la que nuestra conversación se centró en el control de armamento, como en nuestro encuentro téte-á-téte a la mañana siguiente, antes de la primera reunión formal dedicada a la economía. Había una importante cuestión a debatir en torno al tema del control de armamento sobre la que deseaba dejar clara mi posición. El canciller Kohl quería seguir adelante con las negociaciones con los soviéticos para la eliminación de las armas nucleares de corto alcance. Yo no estaba dispuesta a que las fuerzas británicas estacionadas en Alemania se quedaran sin protección y así lo dije con toda energía durante la cena. Estaba decidida a no suscribir ningún comunicado en el que se establecieran como objetivo ulteriores reducciones, al menos hasta que se alcanzara un acuerdo para eliminar las armas químicas y compensar el desequilibrio en fuerzas convencionales. Recibí el apoyo crucial del presidente Reagan.

El martes por la tarde, a las dos y media, estaba de vuelta en Gran Bretaña. Cuando aterricé en Gatwick me esperaban Stephen Sherbourne y los redactores de discursos con un borrador del que debía pronunciar aquella noche en Harrogate. Para su asombro y mi alivio me gustó. Era esencialmente un resumen de lo que, al menos en mi opinión, constituían los tres temas centrales de las elecciones: prosperidad con los conservadores, extremismo de los laboristas (especialmente en el campo de la defensa) y nuevas reformas en los campos de la educación y la vivienda para dar mayor poder al pueblo. De camino a Harrogate me habían comunicado los resultados de la encuesta Gallup 2000 que, dado que se basaba en un muestreo particularmente amplio, era significativa. Nos otorgaba una ventaja de 7 puntos. «No es suficiente», dije. Aún así, eran buenas noticias. Al parecer, nuestra posición en las encuestas de opinión había permanecido prácticamente invariable durante toda la campaña.

Volví a Londres, pero no aflojé el ritmo. El miércoles por la mañana respondí a las preguntas telefónicas del público en el programa Election Call. Pasé la mayor parte de la tarde haciendo campaña en Portsmouth y Southampton.

Tras depositar mi voto pasé la mañana y las primeras horas de la tarde del jueves en Finchley, visitando las sedes de nuestros comités locales y después, al acercarse la hora de animar a los votantes tardíos a desplazarse a las urnas, regresé al Número 10. Norman Tebbit se presentó allí y tuvimos una larga charla mientras tomábamos unas copas en mi estudio. Hablamos no sólo acerca de la campaña y los posibles resultados, sino también sobre los planes de Norman. Me había comunicado ya que deseaba abandonar el Gobierno tras las elecciones porque pensaba que debía pasar más tiempo con Margaret. No había gran cosa que yo pudiera decir para persuadirle de que no lo hiciera, ya que sus razones eran tan personales como admirables, pero lamenté amargamente su decisión. Tenía pocos partidarios como él en el Gobierno y, de ellos, ninguno tenía la fuerza y la perspicacia de Norman.

Cené en casa y escuché los comentarios y especulaciones sobre los resultados de las elecciones en la televisión. Antes de salir hacia Finchley a las diez y media escuché a Vincent Hanna predecir en la BBC un empate parlamentario. En la ITV pronosticaban una mayoría conservadora de 40 parlamentarios. Yo me sentía razonablemente segura de que, tras el claro hundimiento del voto de la Alianza SDP-Liberales, obtendríamos la mayoría, pero no tenía confianza alguna en lo referente a sus dimensiones. Mis propios resultados serían de los últimos, pero los primeros empezaron a aparecer a partir de las once de la noche. Conservábamos Torbay con una mayoría superior a la prevista. A continuación ganamos en Hyndburn, el segundo escaño más marginal, luego en Cheltenham, un escaño al que aspiraban los liberales, y después en Basildon. Alrededor de las dos y cuarto de la madrugada habíamos llegado a la meta. En mi propia circunscripción había perdido 400 votos, a pesar de que había obtenido un porcentaje ligeramente superior (53,9 por ciento).

Me condujeron en coche a la ciudad, y llegamos a la sede central a las tres menos cuarto de la madrugada para celebrar la victoria y dar las gracias a quienes nos habían ayudado a lograrla. Más tarde, regresé a Downing Street donde fui recibida por los miembros de mi equipo personal. Les estaba agradecida porque, cualesquiera que hubieran sido las deficiencias de la campaña a nivel nacional, ellos habían hecho un trabajo soberbio. Recuerdo que Denis le dijo a Stephen Sherbourne mientras íbamos saludándoles: «Has hecho tanto como el que más por ganar estas elecciones. No lo habríamos logrado sin ti». Tal vez a Stephen le agradara menos mi siguiente comentario. Le pedí que subiera a mi estudio para empezar a trabajar en la composición del siguiente Gabinete. Había empezado un nuevo día.

CAPÍTULO XX

Una actitud positiva

Reformas en la educación, la vivienda y la sanidad pública; la situación en Escocia

EL NUEVO GOBIERNO

La principal prioridad tras la victoria en las elecciones de 1987 era contar con el equipo ministerial adecuado para introducir las reformas planteadas en nuestro programa electoral. La reordenación ministerial fue limitada: cinco ministros del anterior Gabinete abandonaron sus cargos, dos de ellos a petición propia.

El balance general del nuevo Gobierno dejaba claro que la «consolidación» no era mi opción preferida, ni antes ni después de las elecciones. John Biffen, que había sido el autor de ese eslogan tan poco inspirado, salió del Gabinete. En algunos aspectos esto representó una pérdida, ya que era un hombre que estaba de acuerdo conmigo en lo referente a Europa y tenía también buen instinto en el terreno de la economía, pero había llegado a preferir los comentarios a asumir la responsabilidad colectiva. Perdí a Norman Tebbit por razones que ya he explicado, pero Cecil Parkinson, un radical de mi línea de pensamiento, volvió a incorporarse al equipo ministerial como responsable de Energía. No hice cambio alguno en Educación, donde Ken Baker podía compensar con su imagen y su capacidad para la divulgación de nuestras ideas lo que le faltaba en atención a los detalles; ni en Medio Ambiente, donde Nick Ridley era evidentemente el hombre adecuado para poner en práctica las reformas en el campo de la vivienda que él mismo había concebido.

Estas dos áreas —enseñanza y vivienda— eran en las que nos proponíamos introducir cambios de mayor alcance. No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que decidiera que era necesario efectuar también reformas importantes en el campo de la sanidad pública. John Moore, a quien había ascendido al cargo de secretario de Estado de Sanidad y Servicios Sociales, era otro radical ansioso por reestructurar el anquilosado sistema que había heredado. Así pues, el Gobierno no tardó mucho tiempo en verse embarcado en reformas sociales de un alcance aún mayor del que originalmente habíamos previsto.

ENFOQUE DE LA REFORMA EDUCATIVA

La base de la reforma educativa propuesta en nuestro programa electoral era la profunda insatisfacción (que compartía totalmente) existente respecto a la calidad de la educación en Gran Bretaña. Se habían introducido mejoras en la proporción profesores-alumnos e incrementos reales en las inversiones por niño, pero el aumento en el gasto público no había conseguido, en términos generales, mejorar su nivel. Un ejemplo clásico era el de las autoridades de la zona central de Londres para la educación (Inner London Education Authority, ILEA), organismo controlado por la izquierda: gastaba más por alumno que cualquier otra institución educativa, obteniendo a cambio algunos de los peores resultados en los exámenes. Se produjo un vigoroso debate en torno a la cuestión de cuáles eran exactamente las condiciones y la calidad que caracterizaban a los buenos colegios. Yo siempre había defendido las escuelas relativamente pequeñas frente a los centros grandes y deshumanizados. Creía también que había un número excesivo de profesores que eran menos competentes y mostraban más prejuicios ideológicos que sus predecesores. No confiaba en las nuevas técnicas pedagógicas «centradas en el niño», en el énfasis en la relación imaginativa más que en el aprendizaje de datos, ni en la tendencia moderna a desdibujar las fronteras de temas independientes fundiéndolos en entidades más amplias y menos definibles como las «humanidades». Sabía a través de padres, empresarios y de los propios alumnos, que había demasiada gente que abandonaba los estudios sin haber llegado a dominar conocimientos básicos como la lectura, la escritura y la aritmética. Con todo, no resultaría fácil mejorar la situación en los colegios. En teoría, una de las opciones posibles habría sido ir mucho más lejos en el camino de la centralización. De hecho, llegué a la conclusión de que tenía que existir cierto grado de consistencia en los planes de estudio, al menos en lo referente a las asignaturas básicas. El estado no podía permanecer indiferente respecto a lo que estudiaban los niños. Después de todo, se trataba de futuros ciudadanos y teníamos un deber para con ellos. Lo que es más, resultaba destructivo que los niños que pasaban de un centro a otro tuvieran que enfrentarse a cursos en los que prácticamente todo difería de aquello a lo que se habían acostumbrado. Junto con los planes a nivel nacional, debía existir un sistema reconocido por todos y controlado de modo fiable para poner a prueba, en diversas fases, el desarrollo escolar de los alumnos. Esta medida permitiría a los padres, los profesores, las autoridades locales y el Gobierno central saber qué era lo que iba bien y lo que iba mal y, en caso necesario, adoptar medidas para remediarlo. El hecho de que desde 1944 la única asignatura obligatoria en los planes de estudio del país hubiera sido la educación religiosa reflejaba una sana desconfianza ante la posibilidad de que el Estado empleara el control centralizado de la enseñanza como medio de propaganda, pero esto no constituía ya un riesgo real: la propaganda provenía de las autoridades locales, los profesores y los grupos de presión de la izquierda, no de nosotros. No obstante, nunca he creído que el Estado deba reglamentar cada detalle de lo que pasa en los centros escolares. Algunas personas sostenían que el sistema centralizado francés funcionaba pero, fuera o no así en Francia, semejante sistema no habría sido aceptado en Gran Bretaña. Aquí, incluso los objetivos educativos estrictamente limitados que propuse a nivel nacional fueron interpretados inmediatamente por los grupos de interés enmascarados en el campo de la enseñanza como una oportunidad para imponer su propio programa.

La otra posibilidad consistía en ir mucho más lejos en el camino de la descentralización, dando poder y capacidad de elección a los padres. Keith Joseph y yo siempre nos habíamos sentido atraídos por la idea del «vale de educación» (Education Voucher), un sistema que concedería a los padres una suma fija —tal vez tras considerar sus ingresos— para que pudieran buscar en los sectores público y privado el mejor colegio para sus hijos. Los argumentos en contra eran más políticos que prácticos. Gracias a la evaluación de ingresos era posible incluso reducir el coste en «peso muerto», es decir, la cantidad perdida por el erario público en forma de subsidios a aquellos padres que, de todos modos, habrían matriculado a sus hijos en colegios privados.

No obstante, Keith Joseph recomendó —y yo acepté— que no pusiésemos directamente en marcha un plan de este tipo. Tal y como se desarrollaron los acontecimientos logramos, a través de otras reformas educativas, materializar los objetivos de introducir la capacidad de elección y la variedad educativa por otras vías. A través del programa de plazas subvencionadas (assisted places) y del derecho a la elección de colegio por parte de los padres, introducidos en nuestra Carta de los padres (Parents’ Charter) de 1980, avanzamos hacia nuestro objetivo sin pronunciar siquiera la palabra «vale».

Con la Ley de Reforma Educativa (Education Reform Act) de 1988 avanzamos aún más en esa dirección. Introdujimos la matriculación abierta, que permitía que las escuelas más populares se expandieran hasta los límites de su capacidad física (juzgada, a grandes rasgos, por el número de niños matriculados en 1979). Esto amplió significativamente las opciones de los padres, impidiendo que las autoridades locales establecieran límites arbitrarios a los buenos colegios con el único fin de mantener llenos los centros impopulares. Un elemento esencial de estas mismas reformas fue la financiación per capita, que significaba que el dinero del Estado seguía al niño a cualquier colegio al que asistiera. Los padres votaban así por los diferentes colegios a través de sus hijos y éstos obtenían más recursos cuando ganaban alumnos. En estas circunstancias, los peores centros se verían obligados a mejorar sus servicios o a cerrar. A todos los efectos, habíamos ido tan lejos como era posible en la dirección del «vale para el sector público». Me hubiera gustado llegar aún más allá, y decidí que debíamos trabajar sobre las posibilidades de introducir un programa a gran escala. Insinué esto en mi discurso final ante la Conferencia del partido, pero no tuve tiempo para llevar la idea más lejos.

EL PLAN NACIONAL DE ESTUDIOS

Las características descentralizadoras de nuestra política —matriculación abierta, financiación per capita, escuelas de FP (City Technology Colleges), gestión local de las escuelas y, por encima de todo, los centros subvencionados no dependientes de las autoridades locales (grant maintained schools, GMS)— tuvieron un gran éxito. Por el contrario, el Plan Nacional de Estudios —la más importante de las medidas centralizadoras— pronto chocó con dificultades. Jamás imaginé que acabaríamos enfrentándonos a la burocracia y el marasmo de prescripciones que finalmente surgieron. Yo quería que el DES se concentrara en elaborar un plan básico de estudios para el inglés, las matemáticas y las ciencias, con exámenes sencillos que mostraran lo que habían aprendido los alumnos. Siempre me había parecido que un pequeño comité de buenos maestros debía ser capaz de aportar su experiencia conjunta y redactar una lista de temas y fuentes a cubrir sin demasiadas dificultades. Debía quedar el horizonte necesario para que cada profesor, individualmente, pudiera concentrarse con sus alumnos en los aspectos particulares de cada tema hacia los que él o ella sintiera un entusiasmo o interés especiales. No tenía el menor deseo de poner una camisa de fuerza a los buenos maestros. En cuanto a los exámenes, siempre he reconocido que ninguna prueba puntual del rendimiento de un niño, una clase o un colegio en un determinado día pudiera representar toda la verdad. Sin embargo, los exámenes constituían sin duda un mecanismo de verificación exterior independiente de lo que estaba ocurriendo. Tampoco creía que hubiera que rehuir el hecho de que algunos escolares aprenden más que otros. Por supuesto, no todos los niños tienen las mismas capacidades, y menos aún en todas las asignaturas, pero el propósito de las pruebas no era evaluar los méritos individuales, sino los conocimientos generales y la capacidad de aplicarlos. Desafortunadamente, mi filosofía resultó ser diferente de la de aquellos a quienes Ken Baker confió la elaboración del Plan Nacional de Estudios y la formulación de las pruebas que debían acompañarlo.

En julio de 1988 recibí los documentos sobre el Plan Nacional de Estudios para las matemáticas. Formaban una pequeña montaña. Sin duda, una complicada serie de «niveles», «objetivos» y «perfiles», basados en «tareas» que se suponía que debían realizar los niños, no era lo que los maestros necesitaban. Al comentar esto, subrayé la necesidad de una mayor claridad y sencillez y de un enfoque más práctico.

En octubre, leí el primer informe del grupo de trabajo para los estudios de inglés. También me pareció decepcionante —y por las mismas razones— que el anterior informe del Comité Kingman sobre la enseñanza de la lengua inglesa. Aunque en él se aceptaba que la asignatura debía existir, el tradicional estudio de la gramática y la memorización que, en mi opinión, eran vitales para ejercitar la memoria, no parecían gozar de favor alguno. Todo esto me resultaba insatisfactorio, pero el hecho de que muchos críticos consideraran que la orientación de estas recomendaciones era controvertida demostraba hasta qué punto se habían deteriorado las cosas en muchas aulas. Lo que es más, el informe final del grupo de trabajo sobre la lengua inglesa respondió a las críticas hechas al primer informe y, al menos, puso algo más de énfasis en la gramática y la ortografía.

En julio de 1989 el grupo de trabajo de historia presentó su informe provisional. Me quedé horrorizada. Ponía todo el énfasis en la interpretación y la indagación frente al contenido y el conocimiento. No se le otorgaba suficiente peso a la historia británica. No se ponía suficientemente énfasis en el carácter de la historia como estudio cronológico. Ken Baker era partidario de aceptar en líneas generales el informe y de pedir al presidente del grupo de trabajo que hiciera que los objetivos a alcanzar incluyeran de manera más clara el estudio de hechos concretos, así como que se incrementara el contenido en historia de Gran Bretaña. Pero desde mi punto de vista esto no era suficiente. Yo opinaba que el documento tenía muchas deficiencias y le dije a Ken que debían introducirse en él cambios importantes, no sólo modificaciones menores. En particular, quería que se introdujera un marco cronológico claro para todo el plan de estudios de historia. Por supuesto, la prueba definitiva sería el informe final.

Cuando llegó éste, en marzo de 1990, John MacGregor había entrado en Educación. Pensé que resultaría más eficaz que Ken Baker a la hora de controlar la puesta en práctica de nuestras propuestas para la reforma educativa, aunque sabía que no tenía el talento especial de Ken para divulgar nuestros objetivos entre el público. En esta ocasión, no obstante, John MacGregor se mostró mucho más inclinado a dar la bienvenida al informe de lo que yo había esperado. Bien es cierto que ahora daba más importancia a la historia británica, pero los objetivos que planteaba no incluían de modo específico el conocimiento de hechos históricos, lo que me pareció realmente asombroso. Por otra parte, el enfoque de algunos temas —por ejemplo, la historia de Gran Bretaña en el siglo XX— estaba demasiado orientado hacia cuestiones religiosas, sociales, culturales y estéticas, y no prestaba suficiente atención a los acontecimientos políticos. El Plan de Estudios de Historia era tan detallado que representaría un marco de trabajo excesivamente inflexible para los maestros. Planteé estas cuestiones en una reunión con John la tarde del lunes 19 de marzo. Él defendió las propuestas del informe, pero yo insistí en que no sería correcto imponer el tipo de enfoque que contenía. Habría que someterlo a consultas, pero de momento no se redactaría ninguna directiva.

Llegados a este punto me sentía totalmente exasperada por el modo en que las propuestas para el Plan Nacional de Estudios estaban alejándose de su objetivo original. Hice públicas mis reservas en una entrevista concedida a The Sunday Telegraph a comienzos de abril, en la que defendí los principios del Plan Nacional de Estudios, aunque criticando sus minuciosos preceptos —que por aquel entonces se habían convertido en su característica menos atractiva— en todo aquello que no fueran temas básicos. Mis comentarios fueron recibidos con consternación por el DES.

No había razón para que las propuestas sobre el plan y los exámenes se desarrollaran como lo hicieron. Ken Baker había prestado excesiva atención al DES, al HMI y a los teóricos progresistas de la educación en sus nombramientos y primeras decisiones, y una vez en marcha la máquina burocrática resultaba difícil ponerle freno. John MacGregor, a quien sometí a una presión constante, hizo lo que pudo. Introdujo cambios en el Plan de Estudios de Historia que reforzaban el papel de la historia británica y redujo en parte las imposiciones innecesarias. Insistió en que las ciencias podían enseñarse por separado, no como una única asignatura integrada. Estipuló que al menos un 30 por ciento del plan de estudios de la lengua inglesa debía ponerse a prueba por medio de exámenes escritos. Con todo, el sistema en su conjunto era muy diferente a lo que yo había imaginado originalmente. Cuando abandoné el cargo estaba convencida de que era necesario un nuevo impulso para simplificar el plan nacional de estudios y los exámenes.

LA SIGUIENTE OLEADA DE REFORMAS EDUCATIVAS

La política educativa era una de las áreas en las que tanto yo como mi equipo habíamos pensado introducir propuestas radicales —parte de las cuales pensábamos anunciar por adelantado, tal vez en la reunión del comité central en marzo de 1991— de cara al próximo manifiesto electoral. Brian Griffiths y yo nos concentrábamos en tres cuestiones cuando abandoné el cargo.

En primer lugar, era necesario desarrollar mucho más la opción de «escapar» al control de las Autoridades Locales de Educación (LEA). Autoricé a John MacGregor para que anunciara ante la conferencia del partido en octubre de 1990 la extensión a los centros de primaria del programa de centros de subvención directa. No obstante, tenía en mente opciones mucho más radicales. Brian Griffiths había preparado para mí un trabajo en el que examinaba la transferencia de muchos más colegios a la condición de GM y la de otros —que no estaban aún preparadas para asumir toda la responsabilidad— a la administración de fideicomisos especiales creados a tal efecto. Esencialmente, esto hubiera supuesto la supresión de muchos de los poderes de las autoridades locales, a las que se asignaría tan sólo un papel de control y asesoramiento, y a largo plazo tal vez ni siquiera eso. Habría sido una forma de reducir aún más el papel del Estado en el campo de la educación, lo que habría corregido algunos de los peores aspectos de la política educativa de posguerra.

En segundo lugar, era necesario mejorar radicalmente la formación de los profesores. Aunque yo raramente hacía cosas así, había enviado un memorándum personal a Ken Baker en noviembre de 1988 en el que le expresaba mis preocupaciones al respecto. Le decía que debíamos ir mucho más lejos en este terreno y solicitaba sus propuestas. Como telón de fondo estaba el hecho de que Keith Joseph había creado el Consejo para la Acreditación de la Formación de los Maestros (Council for the Accreditation of Teacher Education, CATE) en 1984, responsable de supervisar y aprobar los cursos de formación para profesores. Aún así, la situación prácticamente no había mejorado. Seguía sin ponerse suficiente énfasis en el conocimiento fáctico de las asignaturas que los profesores debían enseñar, el grado de experiencia en las aulas era insuficiente, y se hacía demasiado hincapié en los aspectos sociológicos y psicológicos de la enseñanza. Por ejemplo, los contenidos de uno de los cursos de la Politécnica de Brighton —aprobado por el CATE—, sobre el que nos ofreció detalles un alarmado simpatizante conservador, me resultaban casi imposibles de creer. Denominado «Contextos para el aprendizaje», se afirmaba que el curso capacitaba a los maestros para hacer frente a interrogantes tan fundamentales como «¿Hasta qué punto refuerzan los colegios los estereotipos sexuales?». Continuaba: «A los estudiantes se les incorpora entonces al debate entre los protagonistas [sic] de la educación y quienes defienden una educación antirracista». En mi opinión los «protagonistas» de la educación defendían una mejor causa.

Había que romper el monopolio de hecho que ejercitaban las instituciones dedicadas a la formación de profesores. Ken Baker desarrolló dos planes: el de los «maestros licenciados», para atraer a quienes desearan entrar en el campo de la enseñanza como segunda carrera, y el de los «maestros contratados», que era esencialmente un programa de aprendizaje «sobre la marcha» para graduados más jóvenes. Estas propuestas eran buenas, pero no había nada que garantizara que la influencia de estos nuevos profesores fuera suficiente para cambiar significativamente la ética de la profesión y elevar sus estándares. Por ello hice que Brian Griffiths se pusiera a trabajar sobre el problema de cómo aumentar su número: queríamos que al menos la mitad de los nuevos maestros procediera de estos planes u otros similares, frente a los procedentes de las instituciones encargadas de la formación de maestros.

La tercera cuestión sobre política educativa en la que estábamos trabajando afectaba a las universidades. Por medio de la presión financiera habíamos incrementado su eficacia administrativa e inducido su largamente esperada racionalización. Las universidades, que empezaban a desarrollar vínculos con las empresas, se estaban volviendo cada vez más emprendedoras. También habíamos introducido los préstamos a los estudiantes (que complementaban a las becas): estos harían que los alumnos discriminaran más a la hora de elegir sus asignaturas. Un desplazamiento del apoyo a las becas universitarias hacia el pago de los costes de matriculación llevaba en la misma dirección, produciendo una mayor sensibilidad hacia el mercado. Los límites impuestos a la seguridad de los cargos ocupados por el personal de la universidad también animaban a los profesores a dedicar mayor atención a satisfacer los requerimientos educativos que se les exigían. Todo esto fue objeto de una fuerte oposición política en el seno de las universidades. En parte era predecible que así fuera, pero no cabe duda de que otros críticos se sentían genuinamente preocupados por la futura autonomía e integridad académica de las universidades.

Me vi obligada a aceptar que estas personas tenían más razón de la que me hubiera gustado admitir. Me preocupó que muchos académicos distinguidos pensaran que el thatcherismo en la educación representaba una subordinación filistea del conocimiento a los requerimientos inmediatos de la formación universitaria. Desde luego aquello no entraba en mi forma de ver el thatcherismo[51]. Antes de que yo abandonara el cargo, Brian Griffiths, animado por mí, había empezado a trabajar sobre un plan para dotar a las principales universidades de mucha más independencia. Se trataba de darles la opción a «escapar» de las normas financieras del Tesoro y acumular y conservar su propio capital, manteniendo la propiedad de sus activos en forma de fideicomiso. Esto habría representado una descentralización radical de todo el sistema.

PASOS ULTERIORES EN LA POLÍTICA DE VIVIENDA

Desde la primavera de 1988, Peter Walker había venido defendiendo en Gales un plan, al que había bautizado con el nombre de «flexi-propiedad», por medio del cual los inquilinos del sector público que no podían ejercitar el «derecho de compra» —incluso con los grandes descuentos disponibles— podían adquirir «acciones» sobre sus casas, que irían acumulándose con el paso del tiempo, y cuyo valor se iría actualizando con arreglo a las variaciones de precio de las viviendas a nivel local. Inicialmente, tuve dudas acerca de esta idea a diferentes niveles. Desde el punto de vista financiero, porque la gente podría optar por recurrir a esta alternativa en lugar de al «derecho a la compra», y las ventas y los ingresos disminuirían. Desde el punto de vista político, porque aquéllos que habían ejercitado ya su derecho a la compra y habían realizado los correspondientes sacrificios podían sentirse agraviados. Tanto Medio Ambiente como Hacienda estaban decididamente en contra. En Escocia se había desarrollado asimismo otra variante de esta misma idea llamada «rentas para hipotecas» (Rents to Mortgages). En este proyecto, el pago de los alquileres —descontada una determinada suma para reparaciones y mantenimiento— se convertiría en amortizaciones hipotecarias.

Discutimos las posibilidades de ambos planes durante el verano y el otoño de 1988. El caso escocés era diferente del de Gales ya que, como explicaré más adelante, el número de viviendas en propiedad era mucho menor. Otra diferencia consistía en que, por mediación de Scottish Homes, el Gobierno era uno de los principales caseros de Escocia, lo que hacía innecesaria la introducción de una legislación nueva. Fue por ello por lo que acepté que se llevara a cabo un experimento siguiendo estas líneas en Escocia, mientras que decidí esperar en el caso de Gales.

El siempre ingenioso Peter Walker utilizó bien su talento. Desarrolló un proyecto similar para Gales, que operaría a través de la Junta de Desarrollo Rural de Gales (Development Board for Rural Wales) de Newtown Powys. Medio Ambiente y Hacienda seguían oponiéndose sobre la base de que, en última instancia, la idea no podría circunscribirse a Gales y, caso de aplicarse en Inglaterra, se perderían sustanciales ingresos procedentes de las ventas por «derecho de compra». Sin embargo, yo era consciente de sus atractivos políticos. Era un proyecto razonablemente modesto y, en cualquier caso, era una idea de Peter Walker y en mi opinión había que permitirle seguir adelante. Le autoricé a hacerlo a finales de junio de 1989. Con todo, el problema más preocupante por aquellas fechas era la carencia de viviendas. Hay que decir de inmediato que las cifras alarmantemente elevadas de «personas sin hogar» no reflejaban por definición el número de personas que carecían de un techo que las cubriera. Más bien, las cifras publicadas describían el número de personas —pertenecientes a determinados «grupos de prioridad» definidos por la Administración— aceptadas para la asignación de viviendas. En otras palabras, lejos de carecer de hogar, disponían de viviendas suministradas por las autoridades locales. Por triste que resultaran algunos de estos casos, el problema que preocupaba a la opinión pública —y también a mí— era el creciente número de personas (especialmente gente joven) que dormían al raso en las calles de Londres y otras grandes ciudades, a quienes se aplicaría mejor la definición de «sin techo». Aunque sin duda era cierto que las plazas de los albergues de «acceso directo» —por oposición a los albergues tradicionales, de mayor tamaño— eran insuficientes y que la disponibilidad de alojamientos privados en alquiler había disminuido debido al control de los alquileres, éste era esencialmente un problema más amplio de política social, no de política de la vivienda. Tampoco puede afirmarse que los problemas de conducta se resuelvan por medio de ladrillos y cemento. No estaba dispuesta a respaldar cambios en las prestaciones de la seguridad social para los menores de 25 años como los sugeridos por Tony Newton y el departamento de Seguridad Social. Me parecía vital que no multiplicáramos el atractivo para los jóvenes, ya excesivamente evidente, de la gran ciudad. Queríamos que volvieran con sus familias, no que se quedaran en Londres viviendo de los subsidios. Pedí al departamento de Medio Ambiente que solicitara la ayuda de las organizaciones de voluntarios para ver qué podían aportar ellas en lugar del Estado. También estaba convencida de que había demasiada gente con problemas —que debía haber sido ingresada en instituciones y había escapado a las medidas de protección de los Gobiernos central y locales— que se encontraba sin ningún lugar a dónde ir.

En noviembre de 1989, Chris Patten anunció un paquete de medidas en el que se asignaban 250 millones de libras en dos años a Londres y el Sureste, las áreas con mayores problemas, así como otras ayudas para mejorar la gestión de propiedades vacías por parte de los ayuntamientos y las asociaciones para la vivienda. No obstante, yo insistía en que, al margen de lo que hiciera el Gobierno para ayudar, debía haber un palo además de una zanahoria. No se puede permitir que multitudes de hombres borrachos, sucios, y a menudo violentos y agresivos, conviertan las zonas céntricas de la capital en lugares inaccesibles para los ciudadanos normales. La policía debía dispersarlas e impedir su regreso una vez que quedara claro que había alojamientos disponibles. Desafortunadamente, existía la tendencia, persistente en los círculos educados, a considerar a todos los «sin techo» víctimas de la clase media social, en lugar de considerar a la sociedad de clase media víctima de los «sin techo».

A finales de julio de 1990 pedí a Chris Patten y Michael Spicer, ministro de la Vivienda, que vinieran a discutir conmigo el conjunto de nuestra política de vivienda, tanto en lo referente a nuestra actitud frente a las iniciativas existentes como en lo referente a la dirección en que debíamos encaminarnos. Señalé tres áreas específicas de debate: qué hacer para mejorar el estado de las propiedades de los ayuntamientos; extender o no la «flexi-propiedad» (o los «alquileres para hipotecas») a Inglaterra; y la elaboración de un calendario para retirar de la calle a las personas «sin techo», suministrándoles un alojamiento decente. En septiembre, Chris Patten me entregó un documento en el que había plasmado sus últimas ideas. Me resultó de inmediato evidente que había algunas diferencias importantes entre su enfoque —o para ser más precisos el de Medio Ambiente— y el mío. Esto quedó confirmado cuando aquel mismo mes volvieron a visitarme Michael Spicer y él.

La ampliación del número de viviendas en propiedad había sido uno de los mayores éxitos del Gobierno a lo largo de la última década. Había aumentado (en Inglaterra) de un 57 a un 68 por ciento del parque total de viviendas. Las ventas basadas en el «derecho de compra» seguían siendo de alrededor de 80.000 al año. Las autoridades locales prácticamente habían dejado de construir casas nuevas y se concentraban en la renovación de las antiguas, tendencia que se vería acelerada por el nuevo sistema de financiación. Nueve ayuntamientos habían transferido la totalidad o parte de su parque a asociaciones para la vivienda, aunque no en las principales áreas urbanas. Lo que estaba claro, no obstante, era que para el departamento de Medio Ambiente esto planteaba más problemas de los que resolvía. Desde su punto de vista —que jamás parecía alterarse— había una «escasez de viviendas» que hacía necesario que el sector público construyera casas nuevas a bajo precio para hacer frente a la «demanda» de un creciente número de familias. Por consiguiente, consideraba indeseables las medidas para aumentar el número de viviendas en propiedad —como la propuesta de la «flexi-propiedad», que resultaría particularmente atractiva para las familias más pobres— ya que reducirían la disponibilidad de viviendas municipales baratas en alquiler. Este análisis no parecía asumir que la venta de una casa a su inquilino reduce, junto con la oferta, la demanda de viviendas en alquiler, y que un mayor número de viviendas en propiedad —incluso una propiedad parcial con un número limitado de «acciones»— convertiría incluso los edificios en mal estado en lugares mucho más tolerables para sus habitantes, ya que el orgullo de ser propietarios mejoraría el vecindario. Lo que era más grave, asumía también que la «demanda» de viviendas era finita, lo que no era cierto si éstas eran subvencionadas. De hecho, estaban actuando ya incentivos perversos, que favorecían la descomposición de las grandes familias y la formación de unidades más pequeñas, por ejemplo en el tratamiento de las necesidades de vivienda de las mujeres solteras embarazadas. Analizar la demanda y la oferta sin considerar el efecto del precio es una fórmula perfecta para que fracase cualquier política.

La otra diferencia entre nuestros análisis se encontraba en los distintos puntos de vista que manteníamos sobre del papel de las autoridades locales. Medio Ambiente consideraba que el principal impulso de la renovación debía proceder de una ampliación del programa de «Acción inmobiliaria» (Estate Action) —que operaba a través de las autoridades locales— por el cual se asignaba dinero para la mejora de las propiedades en peor estado. Tomados individualmente, muchos de estos programas eran consistentes e imaginativos. De hecho, yo iba incluso más allá que el Ministerio del Medio Ambiente en la opinión de que el diseño de las casas era crucial para su éxito y para reducir la criminalidad. Era una gran admiradora del trabajo realizado por Alice Coleman en este terreno y la había nombrado consejera del Ministerio del Medio Ambiente, muy para la contrariedad de éste. En lo que no estaba de acuerdo era en que las autoridades locales debieran ser los principales agentes de la mejora. Mi equipo político estaba trabajando en una interesante vía alternativa que habría puesto en marcha una nueva QUANGO (organización no gubernamental cuasi autónoma) —a prudente distancia de Medio Ambiente y no confabulado con las autoridades locales— para respaldar unos consorcios comunitarios para la vivienda. Se trataba de un programa a través del cual pensábamos que podrían combinarse las inversiones públicas y privadas para mejorar la infraestructura de la propiedad y otorgar a los residentes una participación en sus hogares. Según el proyecto, estas propiedades serían gestionadas por una empresa privada. Así pues, constituía una vía diferente hacia el objetivo para el que se habían creado los HAT, pero esta vez la iniciativa privada se incorporaba desde el principio y se otorgaba a los residentes un interés financiero directo en su éxito.

La discusión de septiembre de 1990 con Chris Patten y Michael Spicer no fue especialmente alentadora. Michael estaba muy interesado en concentrarse en nuevas medidas para revivir el sector del alquiler privado. Yo estaba de acuerdo con él en esto, pero en mi opinión era más importante a corto plazo hacer frente a los problemas de las viviendas del sector público. Sospecho que Chris opinaba que el mejor modo de hacerlo era simplemente construir más viviendas públicas. En cualquier caso, parecía satisfecho con trabajar en el marco actual, dominado por las autoridades locales. Tras la reunión, mantuve una discusión con mis consejeros y redacté una nota personal para Chris Patten en la que le comunicaba mi decepción. Añadía:

No estoy convencida de que estemos siendo lo suficientemente audaces en el desarrollo de iniciativas políticas a corto plazo que resulten prometedoras y prácticas; tampoco hemos explorado aún con la necesaria meticulosidad y perspectiva todo el abanico de opciones para la implantación de políticas a más largo plazo.

Subrayaba de forma especial la importancia de ampliar el número de viviendas en propiedad por medio de los planes de «derecho a la compra», los «alquileres para hipotecas» y la recuperación de viviendas, suministrando a la gente el dinero necesario para renovar y, finalmente adquirir, propiedades abandonadas. Me reafirmé en mi deseo de que las autoridades locales dejaran de ser gestoras y propietarias de las viviendas. Para mí estaba claro que debíamos volver al estilo fundamental de pensamiento político que Nick Ridley —que no formaba ya parte del Gobierno— había aportado en su día. También le decía que tenía intención de convocar a una serie de expertos y empresarios para hablar sobre todos estos temas en una cena a la que, por supuesto, Chris debía asistir; pero antes de llevar a cabo la reunión había abandonado ya el Número 10. La inercia de Medio Ambiente le había concedido la victoria.

LA REFORMA DE LA SANIDAD PÚBLICA (NHS)

La vivienda, como la educación, se encontraba en los primeros puestos de la lista de reformas en 1989, pero había reservado la sanidad para un estudio más detallado. En mi opinión, el NHS era un servicio del que podíamos sentirnos auténticamente orgullosos. Ofrecía una atención sanitaria de alta calidad —especialmente en el caso de las enfermedades agudas— a un precio razonablemente moderado, al menos comparado con otros sistemas basados en los seguros. Con todo, había grandes diferencias, a priori injustificables, entre el rendimiento obtenido en las distintas áreas. Por consiguiente, era mucho más reticente a plantear cambios fundamentales en este caso que en el de los colegios del país. Aunque deseaba que el sector sanitario privado floreciera junto a la sanidad pública, siempre he considerado que el Servicio Nacional de Salud y sus principios básicos eran un elemento inmutable de nuestros planteamientos políticos. Así pues, si bien no sentía la menor obligación de defender el rendimiento de nuestros colegios cuando eran criticados, salpicaba mis discursos y entrevistas de cifras sobre a la incorporación de nuevos doctores, dentistas y comadronas, pacientes tratados, intervenciones realizadas y construcción de nuevos hospitales. Pensaba que sobre la base de este historial nos debía ser posible defender nuestra posición.

Algunas de las dificultades políticas a las que nos enfrentamos en el campo de la sanidad pública eran atribuibles a la explotación de casos límite por parte de los políticos de la oposición y la prensa; aunque, por supuesto, eso no era todo. Era inevitable que existiera una demanda potencialmente ilimitada de atención sanitaria (en el sentido más amplio) en la medida en que fuera suministrada gratuitamente. El número de personas de edad —el grupo que mayor uso hace del NHS— iba en aumento, lo que incrementaba aún más la presión. Los adelantos en el campo de la medicina abrían la posibilidad —y la demanda— de nuevos tratamientos, a menudo onerosos.

La sanidad pública carecía, en diversos aspectos significativos, de los indicadores económicos adecuados para hacer frente a estas presiones. Su personal mostraba, sin duda, una gran dedicación; lo que no mostraba era ser consciente de los costes en los que incurría. De hecho, no había razón alguna por la que los doctores, las enfermeras o los pacientes debieran formar parte de un sistema monolítico suministrado por el Estado. Lo que es más, aunque las personas gravemente enfermas normalmente podían confiar en obtener un tratamiento de primera clase, en otros aspectos existía poca receptividad hacia las preferencias y conveniencias de los pacientes.

Si hubiera sido necesario recrear el NHS partiendo de cero, yo habría dejado margen para un sector privado de mayor peso —tanto en lo tocante a los médicos de medicina general (GP) como a los hospitales— y habría estudiado mucho más detalladamente la posibilidad de obtener fuentes adicionales de financiación aparte de los impuestos. No obstante, no nos enfrentábamos a una pizarra en blanco. El NHS era una organización gigantesca que inspiraba al menos tanto afecto como exasperación, sus servicios de urgencias reconfortaban incluso a aquellos que esperaban no necesitarlos nunca, y su estructura básica, en opinión de la mayor parte del público, era adecuada. Ninguna reforma que pudiera contemplarse debía minar la confianza de los ciudadanos en la sanidad pública.

Mantuve varias discusiones de gran calado sobre el futuro de la sanidad pública con Norman Fowler, por aquel entonces secretario de Estado del DHSS, durante el verano y el otoño de 1986. Eran tiempos de renovado interés sobre los aspectos económicos de la atención sanitaria. El doctor Alain Enthoven, de la Universidad de Stanford, había avanzado ideas sobre la creación de un mercado interno en el seno del NHS a través del cual se aplicaría la disciplina de mercado, si bien no la de un mercado libre a gran escala. Algunos de los grupos de estudio estaban puliendo estos conceptos, por lo que había mucho de qué hablar. Norman aportó un estudio que discutí con él y con otros a finales de enero de 1987. El objetivo de la reforma, que incluso entonces considerábamos central, era avanzar hacia un nuevo mecanismo de asignación de fondos en el seno del NHS con el fin de que los hospitales que trataran a más pacientes recibieran mayores ingresos. También era necesario establecer una conexión más íntima y clara entre la demanda de atención sanitaria, su coste y la forma de pago. Discutimos la posibilidad de financiar el NHS por medio de un «bono sanitario» en lugar de a través de los impuestos. No obstante, estos debates eran muy teóricos; en mi opinión no estábamos aún en posición de plantear propuestas significativas de cara a nuestro manifiesto. Ni siquiera estaba segura de que pudiéramos hacerlo en las primeras fases del nuevo Parlamento. Incluso la posibilidad de recurrir a una Comisión Real —recurso que normalmente no me hubiera atraído, pero que había sido utilizado por el anterior Gobierno laborista para el estudio de la sanidad pública— tenía para mí cierto atractivo.

Norman Fowler era mucho más competente a la hora de defender públicamente el NHS de lo que lo hubiera sido reformándolo, pero su sucesor, John Moore, estaba muy interesado en efectuar una revisión a fondo del servicio. John y yo habíamos discutido el tema en términos generales por primera vez a finales de julio de 1987. En aquel momento, yo aún deseaba que se concentrara en obtener un mejor rendimiento económico del sistema existente. Sin embargo, al ir transcurriendo el año, también para mí empezó a resultar patente que era necesaria una revisión profunda a largo plazo. Durante el invierno de 1987-1988, la prensa empezó a publicar a diario historias de horror sobre el NHS. Solicité del DHSS que me enviara una nota explicándome donde estaba yendo a parar todo el dinero extra que le había proporcionado el Gobierno. En su lugar, recibí un informe sobre las presiones suplementarias a las que se enfrentaba el NHS —lo que no era en absoluto la misma cosa—. Contesté que el DHSS debía hacer un esfuerzo por responder rápidamente a los ataques contra el historial y el rendimiento del servicio. Después de todo, habíamos incrementado en un 40 por ciento los gastos reales en la sanidad pública en menos de una década.

Pero la presión para asignar más fondos a la sanidad pública empezó a resultar prácticamente irresistible. Muchas de las autoridades sanitarias de distrito (DHA)[52], que dirigían los hospitales, gastaban en exceso durante la primera mitad del año y después se veían obligadas a recortar los gastos cerrando pabellones y posponiendo operaciones. Inmediatamente nos echaban la culpa a nosotros, haciendo públicos los tristes casos de los pacientes cuyas intervenciones habían sido aplazadas o, por emplear la macabra frase que utilizaban los médicos, «ondeando mortajas». El NHS parecía haberse convertido en un abismo financiero sin fondo. Si había que aportar más fondos estaba decidida a que, al menos, fuera con condiciones, y la mejor forma de dar cuerpo a esas condiciones era hacer que adoptaran la forma de una revisión a gran escala del NHS.

Desgraciadamente, hubo un retraso antes de que llegáramos siquiera a decidir que se llevaría a cabo la revisión. John Moore cayó gravemente enfermo de neumonía en noviembre, y casi se desmayó durante una reunión en el Número 10. Con su característica gallardía, insistió en volver al trabajo en cuanto estuvo en condiciones para hacerlo; en mi opinión, fue demasiado pronto. Al no estar totalmente recuperado, no pudo dedicar suficiente energía al complejo y arduo proceso de reforma y tuvo varias intervenciones en la Cámara de los Comunes que no estuvieron a la altura de su capacidad. Lo trágico de todo esto es que sus ideas para la reforma eran, en términos generales, las correctas. De hecho se hizo acreedor a mucho mayor crédito por el paquete final de medidas que el que jamás se le ha otorgado.

Tomé la decisión definitiva de proceder a una revisión de la sanidad a finales de enero de 1988. Con este fin, crearíamos un grupo ministerial que yo presidiría. Dejé bien claro desde el principio que la atención médica debía seguir estando a disposición de todos aquellos que la necesitaran y que debía seguir siendo gratuita allá donde se prestara. El objetivo de la revisión era reformar la estructura administrativa del NHS para convertir las buenas intenciones en mejores resultados. Con esto en mente, establecí cuatro principios que debían informar su trabajo. En primer lugar, debía haber un alto nivel de asistencia médica disponible para todas las personas, al margen de sus ingresos. En segundo lugar, las disposiciones acordadas debían orientarse a ofrecer a los usuarios de los servicios sanitarios, tanto en el sector público como en el privado, el mayor número posible de opciones. En tercer lugar, todo cambio introducido debía conducir a una mejora real de la atención sanitaria, no simplemente a un aumento de los ingresos de quienes trabajan en la sanidad pública. En cuarto lugar, la responsabilidad, tanto respecto a las decisiones médicas como a los presupuestos, debía ejercerse en el nivel más bajo y próximo al paciente posible.

Por lo que se refiere a su solidez intelectual, los documentos elaborados constituían una relación de prácticamente todas las ideas brillantes concebibles para la reforma, y contenían, si mal no recuerdo, alrededor de dieciocho propuestas. Pero en el informe de John Moore, las posibilidades más realistas se reducían, en última instancia, a dos enfoques amplios. Por una parte, podíamos intentar reformar el mecanismo de financiación del NHS, tal vez sustituyendo el sistema existente, basado en los impuestos, por algún tipo de seguro o, menos radicalmente, ofreciendo incentivos fiscales a las personas que desearan suscribir un seguro privado. Existían varios modelos posibles. Por otra parte podíamos concentrarnos en la reforma de la estructura del NHS, dejando más o menos inalterado su sistema de financiación. También podíamos intentar combinar ambos tipos de cambios.

Decidí muy pronto que debíamos poner todo el énfasis en alterar la estructura de la sanidad pública, y no su financiación. Sin duda, la idea de financiar el NHS por medio de un seguro nacional o un impuesto especial tenía su atractivo, ya que habría hecho consciente al público del verdadero coste de la atención sanitaria y, en algunos modelos, le hubiera dado la opción de contratar ciertos servicios del Estado si así lo deseaba. En las primeras fases, tanto John Moore como el DHSS estaban muy a favor de este modelo, por la razón nada misteriosa de que habría asegurado al departamento unos ingresos sustanciosos, estables y crecientes. Lo que sí constituía un misterio, no obstante, era por qué Hacienda parecía mostrar inicialmente simpatía hacia este enfoque. Si descartamos, tal vez injustamente, una curiosidad intelectual genuinamente desinteresada, los motivos del Tesoro probablemente fueran buscar una alianza con el DHSS con el fin de hacerse con el control de la revisión y poner freno a cualquier enfoque radical que desaprobara. Más adelante, podría renunciar a su aparente respaldo al impuesto especial, que, de hecho, fue lo que hizo uno o dos meses después de iniciarse los trabajos. Durante el verano decidimos que todo estudio ulterior en el campo de las finanzas debía centrarse en la posibilidad de ofrecer incentivos fiscales para las cuotas de los seguros sanitarios privados pagados por los enfermos, así como para favorecer la creación de programas de seguros en las empresas[53].

En el otro lado de la ecuación —la reforma de la estructura del NHS— había dos opciones que parecían especialmente atractivas. La primera era la posibilidad de establecer unos «fondos sanitarios locales» (Local Health Funds, LHF). Estos eran, esencialmente, una variante de las Organizaciones de mantenimiento de la salud (Health Maintenance Organizations) norteamericanas. El público tendría la opción de elegir a qué LHF apuntarse. Este recurso ofrecería servicios de atención sanitaria de amplio espectro a sus suscriptores, bien por medio del propio LHF, o contratándolos a otros LHF o proveedores independientes. La ventaja de este sistema —que también se atribuía a las HMO norteamericanas— era que contaba con incentivos intrínsecos en favor de la eficacia, y por consiguiente en favor del control de los costes que, en caso contrario, habrían aumentado como lo habían hecho en algunos sistemas de seguros médicos. Lo que no estaba tan claro era si, siendo organismos del sector público, tendrían alguna ventaja evidente sobre una estructura reformada de autoridades sanitarias de distrito. Así pues, me quedé impresionada ante una sugerencia incluida en el trabajo de John. Proponía el autogobierno de los hospitales del NHS y su independencia de las DHA. Esta era una propuesta —un tanto más ambiciosa que la que finalmente adoptamos— por la cual todos los hospitales serían contratados (tal vez con limitadas excepciones), individualmente o en grupo, a través de organizaciones de beneficencia, o privatizados, comprados, o tal vez arrendados a empresas creadas por su propio personal. Esto aliviaría el control centralizado, excesivamente rígido, del servicio hospitalario e introduciría una mayor diversidad en la oferta de atención sanitaria. Lo que era aún más importante, establecería una clara distinción entre compradores y proveedores. Las DHA dejarían de participar en la provisión de atención sanitaria y se convertirían en compradoras, contratando con los hospitales más eficientes el suministro de esta atención a los pacientes.

Esta distinción comprador/proveedor tenía como objetivo eliminar los rasgos más negativos del sistema existente: la falta de incentivos para mejorar el rendimiento e incluso de información básica. La crudeza de este sistema queda clara cuando uno se da cuenta de que por aquel entonces no existía virtualmente información alguna acerca de los costes incurridos el seno del NHS. Habíamos empezado ya a remediar esto, pero cuando durante una reunión pregunté al DHSS cuanto tiempo tardaríamos en disponer de un flujo de información totalmente operativo y me contestaron que seis años, exploté involuntariamente: «¡Santo Cielo! ¡Ganamos la Segunda Guerra Mundial en seis años!».

Dentro del NHS el dinero se asignaba de las regiones a los distritos, y a continuación a los hospitales, por medio de complejas fórmulas basadas en mediciones teóricas de sus respectivas necesidades. Los hospitales que atendían a más pacientes no recibían más dinero por hacerlo; de hecho, era más frecuente que sus gastos fueran superiores a su presupuesto y se vieran obligados a recortar sus servicios. El mecanismo financiero para el reembolso a las DHA cuando asistían a pacientes de otras áreas consistía en ajustar sus asignaciones de gasto futuro varios años después, un sistema con una capacidad de respuesta irremediablemente limitada. Si las DHA actuaran como compradoras, el dinero seguiría al paciente, y los gastos generados por los enfermos de un área tratados en otra serían pagados inmediatamente. Los hospitales que atendieran a más pacientes generarían mayores ingresos y así mejorarían sus servicios, en lugar de verse obligados a recortar gastos. La competencia resultante entre hospitales —tanto en el seno del NHS como entre los sectores público y privado— aumentaría la eficacia de éstos y beneficiaría a los pacientes. Organicé dos seminarios sobre el NHS en Chequers —uno en marzo con doctores y el otro en abril con administradores— para informarme más a fondo. Seguidamente, en mayo, comenzamos nuestra siguiente ronda de discusiones sobre los trabajos realizados por John Moore y Nigel Lawson.

Nigel adoptó una actitud crítica hacia las ideas de John Moore. A estas alturas el Tesoro estaba muy alarmado por la posibilidad de que la ampliación de la estructura existente del NHS pudiera llevar a un importante aumento del gasto público. A pesar del aparente interés anterior del Tesoro en la idea de un «mercado interno», a finales de mayo Nigel me envió un documento en el que cuestionaba la orientación de nuestras ideas. John Major continuó el ataque con una propuesta en favor de un sistema de «recortes por arriba», por medio del cual el sistema existente para asignar fondos a las autoridades sanitarias seguiría en vigor, pero el elemento extra aportado para el crecimiento del presupuesto anual de la sanidad sería retenido («recortado por arriba») y asignado por separado a los hospitales que cumplieran los objetivos de rendimiento establecidos desde el centro. Esto se presentó como una forma más práctica e inmediata de lograr el objetivo de que «el dinero siguiera al paciente». Por supuesto, no se trataba de nada semejante. En relación con el presupuesto global de los hospitales, la cantidad de dinero aportada como recompensa al rendimiento habría sido muy pequeña. En el mejor de los casos el control central sobre el servicio de los hospitales habría aumentado. Y no habría habido el más mínimo intento de separar a los compradores de los proveedores —al menos, a corto plazo— ni, por consiguiente, ningún mecanismo real para hacer que el dinero siguiera al paciente. En pocas palabras, aquello era una argucia característica del erario público para reafirmar su control centralizado del gasto, enmascarándolo en forma de una ampliación de las opciones del consumidor.

A la vista de esta oposición, John Moore no defendió su enfoque con excesiva energía y también yo empecé a preguntarme si realmente había sido estudiado a fondo. Tuvimos una reunión particularmente difícil el miércoles 25 de mayo, en la que llegamos a la conclusión de encargar ulteriores trabajos sobre el «recorte por arriba». Mientras tanto, Hacienda no se salió totalmente con la suya. Pedí que me preparara un informe sobre la posibilidad de nuevos incentivos fiscales para el sector privado, una idea a la que Nigel se oponía ferozmente.

En principio, yo no tenía objeción alguna al planteamiento evolutivo de la introducción del autogobierno en los hospitales. Disponíamos ya de un modelo en nuestras reformas educativas: los hospitales podían optar por salirse del control de las DHA, aún permaneciendo en el seno del NHS, del mismo modo que los colegios subvencionados podían optar por escapar al control de las autoridades locales, aún permaneciendo en el sector público. Desconfiaba de la distinción que empezaba a surgir entre cambios a corto y a largo plazo. Me preocupaba la lentitud con la que se estaba desarrollando la revisión del sistema y opinaba que estábamos alejándonos del buen camino.

A finales de julio de 1988 tomé la difícil decisión de sustituir a John Moore. Aproveché la oportunidad para dividir el mastodóntico DHSS en dos departamentos, el de Sanidad y el de Seguridad Social, dejando a John a cargo del segundo e incorporando a Ken Clarke como secretario de Sanidad. No cabe duda de que John había efectuado una importante aportación. La idea de que el dinero debía seguir al paciente, la distinción entre compradores y proveedores y el concepto de autogobierno de los hospitales emergieron durante su período como secretario de Estado. También había presionado mucho en favor de los incentivos fiscales, lo que Ken Clarke no habría hecho. Como demostraría durante el breve período que fue mi secretario de Estado para la Educación (cuando descartó públicamente mi defensa de los «vales» para la educación), Ken Clarke era un firme creyente en el papel del Estado. Cualesquiera que fueran las diferencias filosóficas entre nosotros, el nombramiento de Ken resultó útil. Su llegada al Departamento de Sanidad supuso sin duda una contribución a nuestras deliberaciones. Era un ministro extremadamente eficaz, duro a la hora de hacer frente a los intereses ocultos y los sindicatos, directo y persuasivo en su divulgación de la política del Gobierno.

Ken Clarke revivió la idea que había venido planteando mi equipo político: que a los especialistas de medicina general deberían asignárseles presupuestos. En la versión de Ken, los médicos de medicina general dispondrían así de dinero para comprar a los hospitales «servicios electivos especializados», intervenciones quirúrgicas sin riesgo para la vida, como la implantación de prótesis de caderas y las operaciones de cataratas. Existían servicios en los cuales el paciente disponía (al menos, en teoría) de cierta capacidad de elección en cuanto a fecha, lugar y especialista, y para los cuales los responsables de medicina general podían hacer sus recomendaciones a la hora de elegir entre proveedores del sector público y privado. Este enfoque tenía una serie de ventajas: acercaría más al paciente la elección de los servicios y haría que los médicos respondieran mejor a sus deseos. Mantendría la libertad tradicional de la que gozaban éstos para decidir a qué hospitales y especialistas deseaban enviar a sus pacientes. También mejoraría las perspectivas de los hospitales que hubieran optado por abandonar el control de las DHA y autogobernarse: en caso contrario, era extremadamente probable que las autoridades sanitarias de distrito, al ser las únicas compradoras, discriminaran a todos aquellos hospitales que hubieran optado por rehuir su control.

Al llegar el otoño de 1988 tenía ya claro que el movimiento hacia el autogobierno de los hospitales y la asignación de presupuestos a los especialistas de medicina general, la distinción comprador/proveedor, en las que las DHA serían compradoras, y la vinculación entre el dinero y el paciente eran los pilares que permitirían una futura transformación del NHS. Eran el medio para ofrecer tratamientos mejores y más eficaces en términos de su coste.

Por entonces se había trabajado ya mucho sobre el tema del autogobierno de los hospitales. Como había ocurrido con nuestras reformas en el campo de la educación, deseábamos que todos los hospitales ejercitaran una mayor responsabilidad sobre sus propios asuntos, y que los que hubieran optado por el autogobierno fueran virtualmente independientes en el seno del NHS. Quería ser testigo de la implantación de un procedimiento lo más simple posible para que los hospitales modificaran su situación y se convirtieran en independientes. También debían ser propietarios de sus propios activos, aunque estaba de acuerdo con el Tesoro en que había que establecer límites globales a los préstamos que les fueran otorgados. También era importante que el sistema se pusiera en marcha rápidamente, y que dispusiéramos de un número significativo de hospitales independientes para las siguientes elecciones. Al llegar diciembre estábamos ya en posición de empezar a comentar el primer borrador del Libro Blanco, en el que plantearíamos nuestras propuestas. En enero de 1989 discutimos propuestas para dotar al NHS de una estructura de gestión apropiada. Más tarde, a finales de mes, tras la vigesimocuarta reunión ministerial que había presidido sobre el tema, se publicó finalmente el Libro Blanco.

A partir de entonces, la provisión y financiación de la atención sanitaria habían de quedar separadas, y el dinero debía seguir al paciente. El viejo sistema de financiación por el RAWP (Resource Allocation Working Party), excesivamente complejo y distorsionador, sería suprimido y sustituido por un nuevo sistema, basado en la población y compensado con arreglo a criterios de edad y salud, e incluiría algunas medidas especiales para Londres, que tenía sus propios problemas. Los hospitales serían libres de optar por rehuir el control de las autoridades sanitarias de distrito para convertirse en fideicomisos independientes, financiados por medio de los impuestos y libres para establecer los salarios y condiciones de trabajo de su personal, así como para vender sus servicios en los sectores público y privado. Los médicos de medicina general con grandes consultas dispondrían de la oportunidad de tener sus propios presupuestos en el NHS. Las competencias de la Comisión de Auditorías (Audit Commission), un organismo independiente, se ampliarían para incluir al NHS. Habría incentivos fiscales sobre las cuotas pagadas a seguros médicos privados para los mayores de sesenta años. En todo el sistema sanitario se otorgarían mayores poderes a la dirección de los hospitales locales.

Cada una a su modo, las reformas del Libro Blanco llevarían a un cambio fundamental en la cultura del NHS en beneficio de los pacientes, los contribuyentes y los trabajadores del sector de la sanidad. Cuando abandoné el cargo los resultados empezaban ya a percibirse. Cincuenta y siete hospitales estaban inmersos en el proceso de convertirse en fideicomisos. Lo que es más, el clima político estaba cambiando. La estridencia de las campañas de la BMA (la asociación médica británica) contra nuestras reformas empezaba a producir efectos contraproducentes entre los médicos moderados. Los laboristas estaban a la defensiva y habían empezado a hablar de la necesidad de introducir reformas, aunque por supuesto no las nuestras.

Estaba decidida a seguir construyendo sobre lo que ya habíamos logrado y tenía a mi equipo político trabajando en nuevas propuestas. Estábamos estudiando la posibilidad de favorecer aún más los seguros médicos privados por medio de exenciones fiscales, las reformas estructurales del NHS para reducir la burocracia, una mayor contratación exterior de los servicios auxiliares y —medida que habría tenido un gran alcance— la introducción de una provisión según la cual toda persona que hubiera tenido que esperar más de un determinado tiempo para ciertos tipos de intervención recibiría un crédito de la autoridad sanitaria de distrito para su tratamiento, bien en otras dependencias del NHS o en el sector privado. El debate sobre la sanidad seguía adelante y, por vez primera en mi vida, la derecha estaba ganando.

CAPÍTULO XXI

Más que un programa, una forma de vida

Política familiar, bellas artes, radio y televisión, ciencia y medio ambiente

INDIVIDUOS Y COMUNIDADES

El auge de la prosperidad —en buena parte con bases sólidas, pero también en cierta medida insostenible— que se experimentó entre 1986 y 1989 produjo un efecto paradójico. La izquierda, desprovista al menos por el momento de una oportunidad para vilipendiar al Gobierno y culpar al capitalismo de libre empresa por haber fracasado en crear puestos de trabajo y conseguir aumentar el nivel de vida, trasladó su atención a unos asuntos ajenos a la economía. La idea de que el Estado era el motor del progreso económico quedó desacreditada, y cada vez más conforme se iban conociendo los fracasos del comunismo. Sin embargo, ¿no sería demasiado elevado el precio de la prosperidad capitalista? ¿No estaría teniendo como resultado el materialismo burdo y ofensivo, los atascos de tráfico y la contaminación? Las actitudes que eran necesarias para avanzar en la Gran Bretaña de Thatcher, ¿no estarían causando la marginación de los débiles, el aumento del número de personas sin hogar, la desintegración de las comunidades? En pocas palabras, ¿no se estaría viendo amenazada la «calidad de vida»?

A mí todo esto me parecía descaminado e hipócrita. Si el socialismo hubiera tenido como resultado el éxito económico, aquellos mismos críticos lo estarían celebrando en público. Pero el socialismo había fracasado. Y quienes más habían sufrido de resultas de dicho fracaso eran los miembros más pobres y más débiles de la sociedad. Más aún, no obstante, el socialismo, a pesar de la elevada retórica en la que se enmarcaban sus razonamientos, se había aprovechado de los aspectos más negativos de la naturaleza humana. Literalmente, había desmoralizado a comunidades y familias, al ofrecer dependencia en lugar de independencia, y también al someter a los valores tradicionales a un ridículo constante. Había una considerable dosis de cinismo en la táctica de la izquierda de empezar a hablar como tories chapados a la antigua que lucharan por conservar la decencia en medio de la desintegración social.

Sin embargo, tampoco se podía hacer caso omiso de los razonamientos. Algunos miembros del Partido Conservador siempre se veían tentados a apaciguar las argumentaciones sociales de la izquierda —al igual que, antes de que yo asumiera el mando, habían apaciguado sus argumentaciones económicas— alegando que nosotros mismos éramos en la práctica casi tan socialistas como ellos. Estas eran las personas que opinaban que la respuesta a todas las críticas consistía en que el Estado gastara más, e interviniera más, algo que para mí resultaba inaceptable. Había motivos para la intervención estatal en ciertos casos específicos; por ejemplo, para proteger a los niños que corrían verdadero peligro en manos de unos padres malvados. El Estado debe imponer la ley y asegurar el castigo de los criminales; esta era una esfera que me producía una profunda preocupación, ya que en nuestras calles la violencia estaba creciendo en lugar de disminuir, a pesar de los considerables aumentos en el número de agentes de policía y en las plazas carcelarias. Sin embargo, el motivo inicial de nuestros problemas sociales contemporáneos —en cuanto no reflejaban la influencia atemporal y los inagotables recursos de la maldad humana de siempre— era que el Estado había hecho demasiado. Una política social conservadora no podía sino admitir este extremo. La sociedad se componía de individuos y comunidades. Si se desalentaba a los individuos y se desorientaba a las comunidades por medio de un Estado que irrumpía para tomar unas decisiones que correspondía tomar a las personas, las familias y los vecindarios, entonces los problemas de la sociedad aumentarían en lugar de disminuir.

Esta era la creencia que yacía bajo los comentarios que hice a una revista femenina durante una entrevista —que en su momento produjo un revuelo de indignación— en el sentido de que «la sociedad no existe». Sin embargo, en la revista no se reproducía el resto de mi declaración. Yo continuaba así:

Existen los individuos, hombres y mujeres, y existen las familias. Y ningún gobierno puede hacer nada si no es a través de las personas, y las personas han de ocuparse de ellas mismas ante todo. Nuestro deber consiste en ocuparnos de nosotros mismos, y después, en ocuparnos de nuestro prójimo.

El significado que yo pretendía transmitir, y que resultaba claro en aquel momento pero que más tarde se distorsionaría hasta convertirse en irreconocible, era que la sociedad no es una abstracción, una entidad distinta a los hombres y las mujeres que la componen, sino una estructura viva compuesta de individuos, familias, vecinos y asociaciones de voluntarios. En este sentido, yo esperaba grandes cosas de la sociedad, ya que opinaba que, a medida que fuera aumentando la riqueza económica, los individuos y los grupos de voluntarios deberían asumir una responsabilidad creciente en relación con las penalidades de sus prójimos. El error ante el cual yo manifestaba mis objeciones era el de confundir a la sociedad con el Estado en tanto que primera fuente de ayuda. Siempre que oía a la gente quejarse de que la «sociedad» no debería permitir un infortunio determinado, yo solía contestar: «¿Y qué es lo que está haciendo usted al respecto?». Para mí, la sociedad no era una excusa, sino una fuente de obligaciones.

Yo era una individualista en el sentido de que creía que, en última instancia, los individuos son responsables de sus acciones y como tales deberían comportarse. Sin embargo, siempre me negué a aceptar que existiera algún tipo de conflicto entre este tipo de individualismo y la responsabilidad social. Me vi apoyada en este punto de vista concreto por los escritos de los pensadores conservadores de Estados Unidos en los que se hablaba del crecimiento de una «subclase» y del desarrollo de una cultura de la dependencia. Si el comportamiento irresponsable implica algún tipo de penalización, la irresponsabilidad se convertirá en la norma para un gran número de personas. Y, lo que es aún más importante, sus actitudes se pueden transmitir a los hijos de estas personas, con lo cual emprenderán un camino equivocado.

Yo sentía un enorme respeto hacia la mentalidad victoriana, y por varios motivos. No era el menor de ellos el espíritu cívico que con tanta elocuencia quedaba de manifiesto en el aumento del número de sociedades benéficas y de voluntarios y la habilitación de grandes edificios y fundaciones en nuestras ciudades durante aquella época. Nunca me preocupó el hecho de ensalzar los «valores Victorianos» o, en la frase que empleaba inicialmente, las «virtudes victorianas», entre otras cosas porque en ningún sentido eran exclusivamente Victorianos. Los Victorianos, sin embargo, también tenían una forma de hablar que resumía lo que ahora estábamos volviendo a descubrir; hacían una distinción entre los pobres «dignos» y los pobres «indignos». Ambos grupos deberían recibir ayuda; sin embargo, ésta tendría que adoptar modalidades muy diferentes si no se deseaba que el gasto público se limitara a reforzar la cultura de la dependencia. El fallo en nuestro Estado de bienestar estribaba en que, quizás hasta cierto punto de manera inevitable, habíamos fracasado a la hora de recordar aquella distinción, y proporcionábamos el mismo tipo de «ayuda» a quienes verdaderamente estaban en apuros y necesitaban que se les echara una mano para poder superar sus dificultades, y a quienes sencillamente habían perdido la voluntad o el hábito del trabajo y del progreso personal. El objeto de la ayuda no debería ser que las personas se limitaran a sobrevivir, sino devolverles la autodisciplina y, por medio de ésta, también su autoestima.

También me afectaron los escritos del teólogo y sociólogo Michael Novak, quien plasmó en un lenguaje nuevo y llamativo lo que yo siempre había creído acerca de los individuos y de las comunidades. El señor Novak recalcaba el hecho de que lo que él denominaba «capitalismo democrático» era un sistema moral y social, y no meramente económico, que fomentaba toda una gama de virtudes y que dependía de la cooperación, y no se limitaba a dejar que cada uno campara por sus respetos. Estas eran ideas importantes y, junto con nuestra forma de pensar acerca de los efectos de la cultura de la dependencia, proporcionaban la base intelectual para mi manera de enfrentarme con aquellos grandes temas que en el lenguaje de la política se reúnen bajo el término «calidad de vida».

LA FAMILIA

El hecho de que los ataques que se lanzaban contra el tipo de economía y de sociedad que la concepción de mi política pretendía fomentar estuvieran basados en unos razonamientos confusos y mal concebidos no quitaba, naturalmente, que sí existieran problemas sociales, y que en ciertos aspectos su importancia fuese en aumento. Ya he hablado del incremento de la tasa de criminalidad. El Ministerio del Interior y la opinión liberal, de manera más general, tenían cierta tendencia a dudarlo. Cierto es que era posible señalar unas tendencias similares a lo largo y ancho de Occidente, y a una criminalidad aún peor en las ciudades norteamericanas. También podía argumentarse que el aumento en el número de delitos de los que se tenía constancia reflejaba una mayor disposición a denunciar unos crímenes —la violación, por ejemplo— que anteriormente no hubieran llegado a oídos de la policía. Sin embargo, a mí nunca me impresionaron excesivamente los razonamientos que reducían la extensión y la importancia del crimen. Yo compartía el punto de vista del público en general, en el sentido de que se debería hacer más para capturar y castigar a los autores del crimen. Creía que, aunque era conveniente que quienes en realidad no necesitaban ser recluidos fueran penalizados por otros medios, los criminales violentos debían ser objeto de unas sentencias ejemplares. En este sentido, la que más satisfacción me produjo de las medidas introducidas por nosotros fue la redacción de la Ley de Justicia Penal (Criminal Justice Act) de 1988, que facultaba al ministro de Justicia para apelar las sentencias excesivamente blandas dictadas por el Tribunal de la Corona (Crown Court).

El hecho de que el nivel de criminalidad aumentara por igual en tiempos de recesión y en tiempos de prosperidad desmentía la creencia de que la pobreza explicaba, o incluso justificaba, el comportamiento criminal. Hubiera podido decirse que lo contrario podía haber sido verdad: la mayor prosperidad llevaría a un aumento en las oportunidades de robo para los ladrones. En cualquier caso, el crecimiento en el número de crímenes con violencia en ningún sentido podía considerarse como un fenómeno económico, ni tampoco los alarmantes niveles de delincuencia juvenil. Estos tenían sus orígenes en algún punto más profundo de la sociedad.

Durante mis dos o tres últimos años de mandato, iba aumentando mi convicción de que, aunque existían unos límites de importancia esencial sobre lo que los políticos podían hacer en esta esfera, sólo podríamos llegar a las raíces del crimen, y de muchas otras cosas, si nos centrábamos en el fortalecimiento de la familia tradicional. Las estadísticas narraban su propia historia. De cada cuatro criaturas, una nacía fuera del matrimonio. Al menos uno de cada cinco niños experimentaba el divorcio de sus padres antes de cumplir los dieciséis años. Por supuesto, las rupturas familiares y los padres y las madres sin pareja no presuponían como resultado inevitable la delincuencia juvenil: los abuelos, los amigos y los vecinos pueden, en determinadas circunstancias, ayudar a las madres que han de sacar adelante a su familia por sí solas a enfrentarse a su situación con bastante éxito. Sin embargo, todos los indicios, tanto estadísticos como anecdóticos, señalaban la desintegración familiar como el punto de partida de todo un abanico de males sociales, entre los cuales los problemas con la policía sólo eran uno. Los muchachos carentes de la guía que proporciona un padre son más propensos a padecer todo tipo de problemas sociales. Los padres y las madres sin pareja tienen más probabilidades de vivir en relativa pobreza y en viviendas con características inferiores a la media. Los niños pueden quedar mucho más traumatizados por el divorcio de lo que creen los padres. Los niños con antecedentes familiares poco estables corren mayor riesgo de padecer dificultades de aprendizaje y de sufrir en sus hogares los malos tratos de unos hombres que no son sus verdaderos padres. También tienen más probabilidades de escaparse a nuestras ciudades, para unirse allí al número de jóvenes sin hogar, y ser presa, una vez más, de todo tipo de males.

El aspecto de mayor importancia, y también el más difícil, de la tarea consistía en reducir los incentivos a realizar la conducta irresponsable. Las jóvenes se sentían tentadas a quedarse embarazadas porque su embarazo les proporcionaba una vivienda municipal y unos ingresos estatales. Tanto mis consejeros como yo misma estábamos sopesando la posibilidad de proporcionarles un alojamiento menos atractivo, pero al mismo tiempo más seguro y mejor supervisado, para estas jóvenes. Yo había tenido ocasión de ver algunos albergues excelentes de este tipo, gestionados por grupos religiosos. Los jóvenes que se fugaban de casa para terminar durmiendo en las calles también necesitaban ayuda. Sin embargo, yo me resistía firmemente a aceptar que la pobreza era el motivo básico —y no el resultado— de sus apuros, y opinaba que eran los organismos voluntarios quienes podían proporcionarles no sólo plazas de alojamiento (que a menudo sobraban) sino también consejos y amistad de un tipo que el Estado jamás podría proporcionarles.

Estábamos tanteando el camino que nos llevara a una nueva ética de la política de asistencia pública, restando preponderancia a la dependencia con respecto al Estado y fomentando la auto dependencia; propugnando un mayor uso de los organismos voluntarios, entre ellos las organizaciones religiosas y de beneficencia como el Ejército de Salvación; y también —y éste fue el factor más polémico— creando una serie de estímulos que llevaran a un comportamiento honrado y responsable. Podríamos entonces reducir el problema durante la siguiente generación, en lugar de aumentarlo, como había sucedido en el caso de la generación anterior. Sin embargo, nuestros intentos de volver a plasmar la beneficencia siguiendo estas líneas se enfrentaron con varias objeciones. Algunas de ellas eran de índole estrictamente práctica, y tuvimos que respetarlas. Otras, sin embargo, tenían sus orígenes en una actitud que propugnaba que no le correspondía al Estado hacer distinciones morales en su política social. De hecho, cuando yo planteaba estos asuntos, a veces me resultaba divertido llegar a percibir expresiones de desaprobación mal disimulada en los rostros de los funcionarios, bajo el barniz de la cortesía oficial.

A pesar de todas las dificultades cuando dejé mi cargo mis asesores y yo estábamos elaborando un paquete de medidas de apoyo a la familia tradicional, cuya desintegración constituía la fuente común de tanto sufrimiento. No nos hacíamos ilusiones: los efectos de cualquier medida que se emprendiera sólo serían marginales. Tampoco, en cierto sentido, hubiera deseado yo que fueran más allá, ya que, aunque la estabilidad de la familia es una condición previa para el orden social y el progreso económico, la independencia de la familia supone un límite poderoso a la autoridad del Estado. Existen ciertas fronteras que la «política familiar» no debería intentar cruzar.

Todo esto hacía que a mí me pareciera importante prestar apoyo a los organismos voluntarios provistos de unos valores y una visión de la realidad adecuados. Yo prefería, en la medida de lo posible, que la ayuda directa viniera de alguien que no fueran los asistentes sociales profesionales. Por supuesto, los profesionales pueden desarrollar un papel esencial en los casos más difíciles; por ejemplo, en aquellos en los que se ha de obtener acceso al hogar para evitar que se produzca una tragedia. Durante los últimos años, sin embargo, ciertos asistentes sociales han exagerado sus capacidades y su función, pasando, de hecho, a sustituir a los progenitores sin motivos suficientes.

También me horrorizaba la forma en que los hombres engendraban una criatura y luego desaparecían, dejando a la madre sola —y al contribuyente la carga de correr con los gastos derivados de su irresponsabilidad— y condenando a la criatura a un nivel de vida inferior al que le correspondería. Me parecía escandaloso que sólo una de cada tres criaturas con derecho a percibir una pensión alimenticia llegara a beneficiarse de unos pagos regulares. Por tanto, y en contra de la considerable oposición de Tony Newton, secretario de Seguridad Social, y de la oficina del presidente de la Cámara de los Lores, insistí en que se estableciera un nuevo Organismo de Apoyo a la Infancia, y en que las pensiones alimenticias se basaran no sólo en el coste correspondiente a la crianza de un niño, sino también en el derecho de este niño a compartir el aumento en el nivel de vida de sus padres. Estos fueron los antecedentes de la Ley de Apoyo a la Infancia (Child Support Act) de 1991.

En cuanto al divorcio en sí, yo no aceptaba que tuviéramos que seguir la recomendación de la Comisión de la Ley de noviembre de 1990, en el sentido de que este asunto se convirtiera en un mero «proceso» en el cual la «culpa» no entrara en juego. En ciertos casos —por ejemplo, aquellos en los que está presente la violencia— yo opinaba que el divorcio no sólo era admisible, sino incluso inevitable. Sin embargo, también estaba convencida de que si se eliminaba todo residuo de culpa correspondiente al abandono matrimonial, el divorcio llegaría a ser aún más común.

Se trataba de hallar la mejor manera de prestar apoyo a las familias con hijos, por medio del sistema fiscal y de la seguridad social; este era un asunto molesto al que yo misma y mis asesores estábamos prestando mucha atención en el momento en que yo dejé mi cargo. Existían presiones considerables, contra las cuales tuve que luchar denodadamente, para que se proporcionaran subsidios o desgravaciones fiscales en relación con el cuidado de los niños. Esto, por supuesto, habría contribuido aún más a desanimar a las madres a la hora de quedarse en casa. A mí me parecía que era posible, como yo misma había demostrado, tener una familia sin dejar de trabajar, siempre y cuando una estuviera dispuesta a hacer un esfuerzo enorme para organizar su propio tiempo de manera conveniente, con algo de ayuda adicional. Pero a mí no me parecía justo —poniéndome en el lugar de las madres que optaran por quedarse en casa y criar a sus familias con una sola fuente de ingresos— autorizar desgravaciones fiscales para las que iban a trabajar y disponían de dos fuentes de ingresos[54]. Siempre me ha parecido extraño que las feministas, que se muestran tan sensibles ante el paternalismo de los hombres y tan poco sensibles ante el paternalismo de la sociedad, no puedan comprender este extremo.

De manera más general, estaba el asunto del trato que se debería acordar a los niños dentro del sistema fiscal y del de prestaciones. En un extremo estaban los «libertarios» que opinaban que la infancia no merecía, dentro de los sistemas fiscal y de prestaciones, mayor reconocimiento que cualquier bien no perecedero. En el otro extremo estaban aquellos que hubieran preferido una «política natalista» declarada para aumentar la tasa de natalidad. Yo rechazaba ambos puntos de vista. Sin embargo, aceptaba la idea, que existía desde tiempo atrás, de que los impuestos que alguien pagaba sobre su renta deberían tener en cuenta sus cargas familiares. Este punto de partida era importante a la hora de decidir qué hacer con las prestaciones correspondientes a la infancia. Esta cantidad se pagaba —libre de impuestos— a muchas familias cuyos ingresos eran tales que en realidad no la necesitaban; y era muy costosa. Sin embargo, como señalé al Tesoro en varias ocasiones, se había introducido en parte como un equivalente de las desgravaciones fiscales por hijos (ahora eliminadas), con lo cual se podía razonar que, basándose en motivos de justicia, su valor real debería mantenerse. Con el tiempo, en el otoño de 1990, llegamos a un compromiso: esta cantidad se actualizaría para el primer hijo, pero no para los demás. Sin embargo, esta solución no resolvía la cuestión más amplia acerca de cuál debería ser el futuro de la ayuda correspondiente a los hijos. A mí me hubiera gustado volver a un sistema que incluyera desgravaciones fiscales por hijos, que en mi opinión hubiera sido más justo y más claro, y que, por cierto, era muy popular. Sin embargo, cuando dejé Downing Street, los puristas fiscales del Tesoro seguían oponiéndose con energía a mi forma de pensar en relación con este asunto.

Lo único que puede hacer la política familiar es crear un marco dentro del cual animar a las familias a mantenerse unidas y a ocuparse convenientemente de sus hijos. Las influencias más amplias de los medios de comunicación, las escuelas y, sobre todo, las iglesias, son más potentes que cualquier acción que el Gobierno pueda llevar a cabo. Sin embargo, había tantas cosas que dependían de lo que sucediera con la estructura de las familias de la nación que sólo el más miope de los libertarios podría considerar que este asunto era ajeno a la competencia del Estado: por lo que a mí respecta, yo opinaba que a lo largo de los años el Estado había hecho tanto mal que no podía dejar pasar la oportunidad de llevar a cabo cierto trabajo reparador.

LAS ARTES

Quizás en ningún lugar se discutieron más acaloradamente los límites adecuados de la actividad estatal que en el mundo de las artes. Los partidarios de los subsidios solían recalcar que el Estado hoy en día sólo estaba llevando a cabo la función de los generosos mecenas privados del pasado; que el acceso a los tesoros artísticos no debía depender de la riqueza personal; y, lo que es más práctico, que casi todos los países subvencionaban las artes, y por tanto nosotros también deberíamos hacerlo. En contra de este sentir —y se ha de mencionar que esta visión la compartía Nick Ridley, el único miembro del Gobierno que de verdad sabía pintar— se podía argumentar que ningún artista tenía el derecho especial a ganarse la vida sólo con su obra, y que se debería dejar actuar al mercado, como en el caso de cualquier otra actividad. En cuanto a mi propia forma de ver las cosas, era un tanto distinta de las dos. Yo no estaba convencida de que el Estado tuviera que hacer de mecenas. El talento artístico, y no digamos el genio artístico, es algo que no se puede planificar ni predecir; es excéntricamente individual. Si el Estado lo reglamenta, lo subvenciona, se convierte en su propietario y toma determinaciones al respecto, el talento artístico se marchita. Además, el «Estado» en estos casos viene a equivaler, en última instancia, a los intereses creados del grupo de presión del mundo de las artes. Lo que yo deseaba era un sector privado que reuniera más fondos y que aportara perspicacia comercial y eficacia a la administración de las instituciones culturales. Yo quería que se alentara a los ciudadanos privados a pactar aportaciones, no que el Estado las tomara a través de los impuestos. Pero tenía plena conciencia de que las colecciones artísticas, los museos, las bibliotecas, la ópera y las orquestas de un país se suman a su arquitectura y sus monumentos, y que el resultado de dicha suma aumenta su categoría internacional. No se trata sólo, ni tan siquiera principalmente, de los ingresos derivados del turismo: la manifestación pública de la cultura de una nación es una demostración de sus cualidades, en la misma medida que su PNB lo es de sus energías. Por tanto, a mí me importaba que, tanto desde el punto de vista cultural como desde el económico, Gran Bretaña fuera capaz de mantener bien alta la cabeza al compararse con Estados Unidos y Europa. Y, de hecho, así fue. Londres es uno de los grandes centros mundiales de la cultura. Tenemos en el West End el teatro comercial más animado del mundo. Probablemente disponemos de una gama de museos más amplia que la de cualquier ciudad, que incluye desde la colección Wallace, íntima y magnífica al mismo tiempo, hasta las glorias del Museo Británico. Las artes escénicas, ya sea en su versión teatral, musical u operística, están representadas con una variedad sorprendente.

Pero siempre quedan cosas por hacer, si es que uno se lo puede permitir desde el punto de vista económico. Sin duda, yo no lamenté que las inversiones del gobierno central en las artes —aunque, dado el coro de protestas acerca de los «recortes», uno no hubiera creído que fuera así— aumentaran de manera considerable durante mi estancia en Downing Street. También se reforzó la estabilidad: a partir de 1988, el presupuesto del Consejo de las Artes (Arts Council) se fijó para un período de tres años. Los fondos gubernamentales, siempre que resultaba posible, se utilizaban para atraer el patrocinio privado al desarrollo de los museos y galerías que ya existían. Por ejemplo, en el mes de marzo de 1990 hicimos pública la creación de un nuevo Fondo para la Mejora de Museos y Galerías (Museums and Galleries Improvement Fund), iniciativa emprendida conjuntamente con la Wolfson Foundation. En toda una sucesión de presupuestos se incluyeron estipulaciones para el fomento de las aportaciones pactadas. Entre estas, la que mayor importancia en potencia tuvo fue la introducción en el mes de octubre de 1990 de una nueva desgravación fiscal correspondiente a los donativos efectuados por una sola vez a las instituciones benéficas, por parte tanto de individuos como de empresas.

Mi mayor decepción fue mi incapacidad a la hora de lograr para Gran Bretaña la magnífica colección Thyssen. En el mes de febrero de 1988, mi viejo amigo sir Peter Smithers me escribió desde Suiza para informarme de que su vecino, el Barón «Heinie» Thyssen-Bornemisza, estaba interesado en que su colección de obras de maestros antiguos y modernos se trasladara permanentemente a Gran Bretaña. Cincuenta pinturas de la colección Thyssen estaban expuestas en la Royal Academy, y yo, al igual que muchas otras personas, había ido a verlas; eran sencillamente fabulosas. Solicité un informe sobre la colección Thyssen en su totalidad, y me enteré de que contenía algunas obras maestras sublimes, entre ellas una Anunciación de Van Eyck, el Cristo entre los doctores de Durero y el Enrique VIII de Holbein, al igual que obras de Carpaccio, Caravaggio, Cézanne, Degas y Van Gogh. Estaba decidida a hacer todo lo posible para asegurar que Gran Bretaña obtuviera la colección. Yo había estado en Portugal en 1984; allí pude ver la colección Gulbenkian, que había sido ofrecida a Gran Bretaña en la década de 1930 pero que, lamentablemente, se había dejado pasar.

El proyecto habría sido muy costoso. Considerábamos que serían necesarios al menos 200 millones de libras esterlinas para cumplir con los requisitos del Barón; a cambio, sin embargo, recibiríamos una colección que la casa de subastas Sotheby había valorado en 1.200 millones de libras esterlinas. El coste se tendría que haber cubierto por medio de una combinación de fondos públicos y privados, que se destinarían al edificio en el que se alojaría la colección. Esto habría causado un revuelo de protestas por parte de ciertos sectores del lobby artístico Británico, en los que se consideraba, como es comprensible, que sería más razonable invertir estas sumas en ellos mismos y en sus proyectos favoritos. Sin embargo, el asunto merecía la pena.

Nick Ridley y yo misma nos hicimos cargo de las negociaciones. El Consejo de Ministros dio su acuerdo a la asignación de fondos. Los problemas jurídicos internacionales se resolvieron en su totalidad. Al cabo de unas seis semanas, Robin Butler, secretario del Consejo, entregó en persona la oferta formal al Barón Thyssen en Suiza. Lamentablemente, el verdadero problema —que resultó ser insuperable— era que no estaba claro quién tenía la última palabra acerca del destino de la colección. Tampoco estaba clara la situación de un acuerdo de préstamo alcanzado con el Gobierno español según el cual la colección se trasladaría a ese país durante algunos años. En última instancia, terminó yendo a España en calidad de préstamo. Sin embargo, no me pesaba haber intentado obtener esta colección para Gran Bretaña. No sólo era un gran tesoro, sino una buena inversión, en todos los sentidos.

LA RADIO Y LA TELEVISIÓN

El mundo de los medios de comunicación tenía en común con el de las artes un sentido muy desarrollado de su propia importancia para la vida de la nación. Sin embargo, mientras que el grupo de presión de las artes instaba incesantemente al Gobierno a hacer más, desde el mundo de la radio y la televisión se nos instaba a hacer menos. La de la radio y la televisión era una de varias esferas —las profesiones como la enseñanza, la medicina y el derecho eran otras— en las que los alegatos especiales por parte de poderosos grupos de interés se ocultaban bajo el disfraz de dedicación sublime a algún bien superior. De manera que cualquier persona que se planteaba, como lo hacía yo, si unos derechos de licencia —cuyo impago estaba sometido a sanciones penales— constituían la mejor manera de sufragar la BBC, corría peligro de ser puesta en la picota por filistea en el mejor de los casos, y en el peor de los casos por minar su «independencia constitucional». Las críticas de las decisiones por parte de los medios de comunicación audiovisuales a la hora de emitir material que ultrajaba el sentido público de la decencia o que beneficiaba a los terroristas y los criminales siempre se enfrentaban con la posibilidad de acusaciones de censura. Los intentos realizados para anular el poderoso duopolio que habrían logrado la BBC y la ITV —que fomentaban prácticas restrictivas, aumentaban los costes y cerraban el paso al talento— se tachaban de ser amenazas a la «calidad de las emisiones». Parte de la televisión y la radio británicas contaban en efecto con una altísima calidad, especialmente las emisiones teatrales y de noticias. A nivel internacional, no tenían igual. Sin embargo, la idea de que una pequeña camarilla de profesionales de los medios siempre supieran lo que era mejor y que tuvieran que ser más o menos inmunes a la crítica o la competencia era algo que yo no podía aceptar. Lamentablemente, el mundo de los medios audiovisuales a menudo encontraba en el Ministerio del Interior a un defensor bien dispuesto. No se captaba la paradoja que suponía el uso de una teoría al estilo de Reith para defender una neutralidad moral entre el terrorismo y las fuerzas de la ley y el orden, así como unos programas que a muchos les parecían viles y ofensivos.

El concepto de «emisiones de servicio público» estaba en el meollo de lo que los miembros del oligopolio de la difusión decían defender. Desgraciadamente, al someterse a una inspección más estrecha ese meollo empezaba a desintegrarse con gran rapidez. Las «emisiones de servicio público» eran extraordinariamente difíciles de definir. Se suponía que uno de sus elementos era que los televidentes o radioyentes de cualquier parte del país que pagaban los mismos derechos de licencia deberían tener la posibilidad de recibir la totalidad de los medios de comunicación audiovisuales de servicio público; eso era lo que se describía como concepto de «universalidad». Sin embargo, se le daba más importancia a la idea de que debería existir un equilibrio adecuado entre la información, la educación y el ocio, ofrecidos por medio de una amplia gama de programas de alta calidad. Poco antes, la obligación de servicio público se había ampliado de manera que cubriera los programas «minoritarios» específicos. La BBC y la IBA, encargada de la reglamentación de las sociedades independientes de televisión, dieron fuerza a esta obligación de servicio público principalmente por medio de su influencia sobre la programación.

Y ahí se acababa la teoría, un tanto nebulosa, y cada vez más anticuada conforme transcurría el tiempo. La práctica era muy diferente. La BBC1 y la ITV emitían unos programas que con el tiempo se iban haciendo imposibles de distinguir de la programación comercial en los canales del mercado: telenovelas, deportes, concursos y películas rodadas para la televisión. Como hubiera dicho Bentham, las emisoras públicas reivindicaban los derechos de la poesía pero nos proporcionaban un producto infantil. Podría decirse que éste era divertido; pero, ¿de verdad dependía de él nuestra civilización?

Además, el duopolio estaba siendo minado por los acontecimientos tecnológicos. Anteriormente, la escasa variedad del espectro que estaba disponible había limitado el número de canales que podían emitir. Pero esta situación estaba cambiando. Parecía probable que se podrían ir utilizando zonas del espectro con unas frecuencias cada vez más elevadas. La televisión por cable y la emisión directa vía satélite también parecían poder contribuir a la transformación de las posibilidades. Existía una mayor oportunidad de pagos por suscripción, ya fuera por canal o por programa. Todo un nuevo mundo se estaba abriendo ante nosotros.

Yo opinaba que debíamos beneficiarnos de estas posibilidades técnicas para proporcionar a los televidentes una posibilidad de elección mucho mayor. Esto ya estaba sucediendo en unos países tan diversos como Estados Unidos y Luxemburgo: ¿por qué no en Gran Bretaña? Sin embargo, este descomunal aumento en la posible demanda de programas no debería cubrirse desde dentro del duopolio existente. Yo quería ver la más amplia competencia y también las mayores oportunidades posibles para los productores independientes, que a su vez eran prácticamente el resultado de nuestra anterior decisión de establecer el Canal 4 en 1982. También creía yo que sería posible combinar una mayor posibilidad de elección para los televidentes con una oportunidad también mayor para aquellos productores cuyas normas, tanto de producción como de buen gusto, fueran tan elevadas como las vigentes bajo el duopolio existente, si no aún más elevadas. No obstante, yo quería, para disponer de una doble garantía, establecer una vigilancia independiente con el fin de mantener un buen nivel de calidad, por medio de la exposición de los emisores a la crítica, a las reclamaciones y al debate público.

El Comité de Radiodifusión (Peacock Committee on Broadcasting, creado por Leon Brittan en su calidad de ministro del Interior en el mes de marzo de 1985 y que emitió un informe el año siguiente), proporcionó una buena oportunidad para volver a estudiar todos estos asuntos. Me habría gustado hallar una alternativa a los derechos de licencia de la BBC. Una posibilidad era la publicidad: Peacock rechazó esta idea. También Willie Whitelaw se oponía con fuerza a la misma, y de hecho amenazó con dimitir del Gobierno si se llegara a introducir. En mi opinión, la vinculación de los derechos de licencia a un índice lograba unos efectos similares: hacer que la BBC se preocupara más de los costes y desarrollara una actitud más práctica. En octubre de 1986, el Comité Ministerial para la Radio y la Televisión, comité que yo presidía, dio su acuerdo a que los derechos de licencia de la BBC continuaran en 58 libras esterlinas hasta el mes de abril de 1988, quedando entonces vinculados al índice de precios hasta 1991. Pero no abandoné mis reservas de mucho tiempo atrás sobre los derechos de licencia como fuente de financiación. Se acordó estudiar la posibilidad de que la licencia pudiera quedar sustituida por una suscripción.

La necesidad de deshacer el duopolio del que gozaban la BBC y la ITV sobre la producción de los programas que emitían tendría la misma importancia en el futuro. Mi grupo ministerial dio su acuerdo para que el Gobierno estableciera un objetivo del 25 por ciento de programas de la BBC y la ITV que deberían ser proporcionados por los productores independientes. Sin embargo, existía una marcada división entre aquellos de nosotros, como Nigel Lawson y David Young, que opinaban que la BBC y la ITV se aprovecharían de todas las oportunidades para resistir ante este objetivo, y Douglas Hurd y Willie Whitelaw, que opinaban que se les podría persuadir sin necesidad de legislación. Douglas entablaría conversaciones con los representantes de las emisoras de radio y televisión y nos informaría de los resultados. Al final, tuvimos que legislar para asegurarnos de estos resultados.

Después de las elecciones hubo más tiempo para pensar sobre el futuro a largo plazo de las emisoras de radio y televisión. Aparte del aumento en las posibilidades que para los canales ofrecía la tecnología y de las discusiones permanentes acerca del modo de lograr el objetivo del 25 por ciento para los productores independientes, necesitábamos tener en cuenta el futuro del Canal 4 —que yo hubiera deseado privatizar en su totalidad, en contra de la opinión de Douglas Hurd— y el asunto aún más importante de cómo se debería modificar el sistema existente de asignación de franquicias de la ITV. El Comité Peacock recomendó que se modificara el sistema para hacerlo más «transparente», objetivo con el cual yo estaba muy de acuerdo. Siguiendo las propuestas Peacock, si la IBA tomara la decisión de otorgar una franquicia a un contratista que no fuera el mayor postor, tendría que hacer pública una declaración completa y detallada de sus motivos. Este método tenía el mérito de ser directo y sencillo, así como de llevar al máximo los ingresos del Tesoro. Sin embargo, nos enfrentamos inmediatamente con una multitud de razonamientos relacionados con la «calidad».

Durante el mes de septiembre de 1987 celebré un seminario al que fueron invitadas las principales personalidades del mundo de los medios de difusión para hablar del futuro. Se produjo un mayor acuerdo del que yo hubiera creído posible en cuanto a las posibilidades técnicas y a la necesidad de más variedad y competencia. Sin embargo, algunos de los presentes manifestaron una opinión negativa acerca de nuestra decisión de establecer el Consejo Normativo de Radiodifusión (Broadcasting Standards Council) y de eliminar la exención acordada a la televisión y la radio en cuanto a las estipulaciones de la ley de publicaciones contrarias a la moral, (Obscene Publications Act). Mi decisión fue inquebrantable. Dije que tenían que recordar que la televisión era un medio de comunicación especial, en la medida en que se veía en la sala de estar familiar. Las normas que afectaban a la televisión causaban un efecto sobre la sociedad en su conjunto, y por tanto constituían un asunto de legítimo interés público para el Gobierno.

Celebramos varias conversaciones a lo largo del año 1988 acerca del contenido del futuro Libro Blanco sobre la radio y la televisión (que sería publicado en el mes de noviembre). Yo insistía en que la eliminación total de los derechos de licencia de la BBC se anunciara en dicho documento. Sin embargo, Douglas estaba en contra de esta medida, y se creó un poderoso grupo de presión a favor de la BBC. En última instancia, accedí a desistir de mi insistencia al respecto, y también respecto de la privatización del Canal 4. Sin embargo, logré cierto progreso a la hora de asegurar que el Canal 3 quedara sometido a una reglamentación mucho menos severa bajo la nueva ITC (Independent Televisión Commission) que bajo la IBA.

Por supuesto, había ciertos límites a lo que se podía hacer por medio de un cambio en el marco del sistema: como siempre, el factor clave lo constituían las personas que operaban en su interior. El nombramiento de Hussey como presidente de la BBC en 1986 y más tarde de John Birt como director general adjunto constituyeron una mejora en todos los sentidos. Cuando conocí a Hussey y a Joel Barnett —su adjunto— en septiembre de 1988, les manifesté mi fuerte apoyo al nuevo enfoque. Al mismo tiempo, sin embargo, no oculté mi ira ante la continuada ambivalencia de la BBC en la información sobre el terrorismo y la violencia. Dije que la BBC tenía el deber de dar su apoyo a las magnas instituciones y libertades del país de las que todos nos beneficiábamos.

Desde las emisoras continuó una feroz campaña de presión contra las propuestas contenidas en el Libro Blanco sobre la radio y la televisión acerca del proceso de subasta para las franquicias de la ITV. El enfoque que yo prefería consistía en que todos los solicitantes se vieran obligados a superar un «umbral de calidad» y a efectuar a continuación una oferta económica, con la obligación para la ITC de seleccionar la más elevada de todas. De no ser así, una reunión que contara con la participación de los mejores y los más grandes podría elegir de manera esencialmente arbitraria, con claras posibilidades de favoritismo, injusticia y refuerzo del statu quo. No obstante, el equipo del Ministerio del Interior argumentó que teníamos que hacer concesiones, primero en el mes de junio de 1989 como respuesta a una consulta sobre el Libro Blanco y luego durante la etapa de redacción de la legislación sobre emisoras en la primavera de 1990, cuando dijo que de no ser así se plantearían enormes dificultades a nivel parlamentario. Desgraciadamente, todo ello enturbió la transparencia que yo había confiado poder lograr, y produjo un compromiso que no resultó satisfactorio cuando al año siguiente la ITC otorgó las franquicias «a la manera antigua». Sin embargo, el nuevo sistema de subastas, junto con el objetivo del 25 por ciento para los productores independientes, la llegada de los nuevos canales por satélite y los resultados positivos del ataque contra las actuaciones sindicales restrictivas, contribuyeron en cierta medida a debilitar el monopolio sobre el control del sector de los medios de comunicación audiovisuales. No lo rompieron, sin embargo.

CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE

En 1988 y en 1989 se produjo una enorme explosión del interés público por el medio ambiente. Lamentablemente, bajo este paraguas verde se cobijaban varios asuntos relacionados por unos lazos bastante tenues. Al nivel más bajo, aunque en absoluto al menos importante, existía una preocupación por el medio ambiente local, que yo siempre había sentido con fuerza. De hecho, cada vez que regresaba de cualquier ciudad extranjera que se destacaba por la pulcritud de su aspecto, el personal de mi Gabinete y el entonces ministro de Medio Ambiente sabían que podían disponerse a oír un sermón sobre la suciedad visible en las calles de algunas zonas de Londres. Pero, en esencia y por necesidad, este asunto le correspondía a la comunidad local, aunque la privatización de los servicios de limpieza municipales mal gestionados a menudo resultaba una medida útil.

También había cierta preocupación en cuanto a la planificación —o, más bien, a la supuesta ausencia de planificación— y al desarrollo excesivo de los terrenos rurales. Aquí existía, y Nick Ridley lo indicó con energía, ganándose así cierta dosis de impopularidad, una opción muy directa. Para que la gente pudiera permitirse la compra de viviendas, tenía que estar disponible una cantidad suficiente de terreno para la construcción. Una planificación más rigurosa significaba una reducción en la cantidad de terrenos para la construcción, y por tanto en las oportunidades para la adquisición de viviendas.

También existía una preocupación pública generalizada —justificada sólo en parte— acerca del estado de las aguas potables, los ríos y el mar de Gran Bretaña. La Comisión Europea descubrió esta esfera fructífera a la cual extendería sus «competencias» siempre que fuera posible. De hecho, se estaba desarrollando un programa, con unos costes descomunales y con grandes logros, cuyo objeto era limpiar nuestros ríos y cuyos resultados ya eran evidentes; por ejemplo, en el regreso de peces sanos y en cantidad abundante a los ríos Támesis, Tyne, Wear y Tees.

Yo siempre tracé una clara línea divisoria entre estas preocupaciones «medioambientales» y el asunto muy distinto de la contaminación atmosférica. En mi opinión, el punto de partida adecuado para la formulación de una política con respecto a este último problema era la ciencia. Siempre tenía que existir una base científica correcta, y también, por supuesto, una estimación muy clara de los costes previstos en términos de gasto público y de crecimiento económico, si se quería evitar verse impulsado al tipo de «socialismo verde» que la izquierda deseaba fomentar. Sin embargo, cuanto mayor era la atención con que yo examinaba lo que le estaba sucediendo al esfuerzo científico de Gran Bretaña, menor satisfacción sentía al respecto.

Existían dos problemas. El primero era que la proporción de financiación del Gobierno que se estaba dedicando al presupuesto de Defensa era excesiva. El segundo —y este factor reflejaba el mismo enfoque— era que se estaba dando una importancia excesiva al desarrollo de productos para el mercado, a expensas de las ciencias puras. El Gobierno estaba financiando una investigación que podría y debería estar llevando a cabo el mundo de la industria, y, de resultas, existía una tendencia a que los esfuerzos de investigación en las universidades y en los institutos científicos salieran perdiendo. Yo estaba convencida de que esto no debería ser así. Como persona con antecedentes científicos, yo sabía que los grandes beneficios económicos de la investigación científica siempre se habían derivado de los progresos alcanzados en el conocimiento fundamental, y no de la búsqueda de aplicaciones específicas. Por ejemplo, los transistores no fueron un invento logrado por la industria del ocio en su búsqueda de nuevos medios para la comercialización de la música pop, sino más bien el logro de unas personas que estudiaban la mecánica ondulatoria y la física de estado sólido.

En el verano de 1987 puse en marcha un nuevo planteamiento de la financiación gubernamental para la ciencia. Creé un nuevo subcomité del Comité Económico del Gabinete, el E(ST), en sustitución del E(RD), que Paul Channon había presidido en su calidad de ministro de Industria. También creé un comité del Gabinete compuesto de funcionarios y peritos —ACOST—, en sustitución del ACARD, que había estado haciendo el seguimiento del comité de Paul Channon. El E(ST) y el ACOST estudiaron los presupuestos científicos de los distintos departamentos, desglosándolos por partidas correspondientes a la ciencia elemental y al apoyo a la innovación, y dando mayor importancia a la primera. El ideal para mí consistía en buscar a los científicos más destacados y respaldarles, en lugar de intentar proporcionar apoyo al trabajo realizado en unos sectores específicos. Quienes no comprenden plenamente el mundo de la ciencia tienden a pasar por alto el hecho de que en las ciencias —al igual que en las artes— los logros más espectaculares no se pueden ni planificar ni predecir: son el resultado de la creatividad única de una mente individual.

En todas sus etapas, el conocimiento y el descubrimiento científico fijan los requisitos y los límites correspondientes al enfoque que deberíamos aplicar para lograr soluciones a los problemas del medio ambiente mundial. Por ejemplo, fue la expedición británica al Antártico la que descubrió un gran agujero en la capa de ozono que protege la vida de la acción de las radiaciones ultravioletas. Del mismo modo, fue la investigación científica la que demostró que el agotamiento del ozono se debía a la actividad de los clorofluorocarbonos (CFC). Los Gobiernos, convencidos ante esta evidencia, acordaron en primera instancia recortar y a continuación eliminar paulatinamente el uso de los clorofluorocarbonos, por ejemplo en las neveras, los aerosoles y los sistemas de aire acondicionado. Desde el mismo momento de la primera reunión internacional y del correspondiente acuerdo, en Montreal y en el año 1987, hasta los últimos días de mi mandato, cuando pronuncié una alocución ante la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima en Ginebra en relación con este tema, me tomé un enorme interés personal en estos asuntos a medida que se iba recopilando y analizando la evidencia científica.

El «calentamiento global» era otra amenaza atmosférica que necesitaba de la aplicación de unos principios científicos muy concienzudos. La relación entre la emisión industrial del dióxido de carbono, la causa más importante del «efecto invernadero» aunque no la única, y los cambios climatológicos, estaba demostrada a un nivel considerablemente menos seguro que la relación entre los clorofluorocarbonos y el agotamiento del ozono. La producción de energía nuclear no emitía dióxido de carbono, como tampoco producía los gases que daban lugar a la lluvia acida. Era una fuente de energía mucho más limpia que el carbón. Sin embargo, este hecho no atrajo la atención del grupo de presión medioambiental: más bien, utilizaron la preocupación causada por el calentamiento global para atacar al capitalismo, al crecimiento y a la industria. Yo intenté emplear la autoridad que había adquirido durante el debate medioambiental en su totalidad, principalmente de resultas de mi discurso ante la Royal Society en el mes de septiembre de 1988, para conseguir un sentido de la proporción.

Ese discurso fue fruto de considerable meditación y de mucho trabajo. Fue sir Crispin Tickell, nuestro embajador saliente ante la ONU, quien me sugirió por vez primera que yo pronunciara un discurso de primera magnitud sobre el tema. Decidí que la Royal Society era el foro perfecto. George Guise, mi asesor científico en la Policy Unit, y yo misma dedicamos dos fines de semana a la redacción del borrador. Abrió una novísima brecha en el campo político. Sin embargo, la ausencia de interés de los medios de comunicación sobre este tema se manifiesta de forma extraordinaria en el hecho de que, en contra de mis propias expectativas, la televisión ni tan siquiera se molestó en enviar equipos para cubrir el acto. De hecho, yo había confiado en los focos de la televisión para poder leer mi texto del discurso en las penumbras del Fishmongers Hall, donde lo había de pronunciar; dadas las circunstancias, me tuvieron que acercar varios de los candelabros que adornaban la mesa para que pudiera leerlo. El discurso en sí promovió un considerable debate, sobre todo por uno de sus pasajes:

A lo largo de generaciones, hemos dado por sentado que los esfuerzos de la humanidad resultarían en la estabilidad del equilibrio fundamental de los ecosistemas y la atmósfera. Sin embargo, es posible que, de resultas de estos enormes cambios (en la demografía, en la agricultura, en el uso de los combustibles fósiles) concentrados en un período tan breve, hayamos iniciado sin saberlo un descomunal experimento con el propio sistema de este planeta… No disponemos de ningún laboratorio donde llevar a cabo experimentos controlados para estudiar el ecosistema y el sistema de la atmósfera. Hemos de basarnos en nuestras observaciones de los sistemas naturales. Tenemos que identificar esferas de investigación específicas que nos ayuden a establecer cuáles son las causas, cuáles los efectos. Tenemos que estudiar en mayor detalle los efectos probables del cambio dentro de unas escalas de tiempo precisas. Hemos también de considerar las implicaciones más amplias para las políticas: para la producción de energía, para la eficacia de los combustibles, para la reforestación… Hemos de cerciorarnos de que lo que hagamos cuente con unas bases científicas sólidas para el establecimiento de causa y efecto.

La relación entre la investigación científica y la política en cuanto al medio ambiente mundial no era un mero asunto técnico. Llegaba al corazón mismo de lo que diferenciaba mi planteamiento del de los socialistas. Para mí, el progreso económico, los adelantos científicos y el debate público que se producen en las sociedades libres ofrecían por sí mismos los medios para superar las amenazas al bienestar individual y colectivo. Para los socialistas, cada descubrimiento nuevo revelaba un «problema» cuya única «solución» era la represión de la actividad humana por parte del Estado, y los objetivos de producción planificados por el Estado siempre debían tener prioridad. El paisaje devastado, los bosques moribundos, los ríos envenenados y los niños enfermos de los antiguos Estados comunistas constituyen un testimonio trágico a efectos de cuál de los sistemas funcionaba mejor, tanto para las personas como para el medio ambiente.

CAPÍTULO XXII

Un pequeño problema local

La sustitución del sistema de impuestos locales por la tasa comunal

La introducción de la tasa comunal en sustitución de las tasas locales resultó ser el cambio más conflictivo de todos los que prometimos en nuestro manifiesto para las elecciones generales de 1987. Mientras que los demás elementos de estas reformas —en educación, en vivienda y en materia sindical— arraigaron bien, la tasa comunal fue luego abolida por un gobierno compuesto principalmente por quienes la idearon y la pusieron en vigor.

La mencionada tasa se convirtió en caballo de batalla de mis detractores, tanto dentro del Partido Conservador como en la extrema izquierda. Si no me hubiera tenido que enfrentar a problemas en otros frentes —sobre todo, si el Gabinete y el partido no hubieran perdido la calma— habría logrado superar las dificultades. De hecho, la tasa comunal, tras una serie de modificaciones, empezaba a funcionar en el momento en que se desechó. Con tiempo, se habría visto en ella una de las reformas más beneficiosas y de mayor alcance de la historia de la Administración local. Sobre todo, la tasa comunal era la última oportunidad de establecer una democracia local responsable y eficiente en Gran Bretaña. Su derogación supondrá que cada vez más poderes pasen al Gobierno central, y que aumenten, por tanto, las presiones tendentes a incrementar el gasto público y la fiscalidad, por no decir que cada vez será más difícil encontrar gente capacitada en el desempeño de los cargos locales.

PROBLEMAS DEL SISTEMA ANTIGUO

No emprendimos a la ligera el camino de la reforma radical del sistema financiero de la Administración local. También yo pensaba, dentro de la tradición conservadora, que es mejor pensárselo mucho antes de volver del revés un sistema administrativo o financiero. Si hubiera sido posible seguir como hasta ese momento, habría estado muy dispuesta a hacerlo. Pero casi todo el mundo estaba de acuerdo en que no era posible. Quien mejor lo sabía era Michael Heseltine —que luego fue, de hecho, el hombre que más abiertamente se opuso a la tasa comunal dentro del Partido Conservador—. A principios de los ochenta, Michael, en su calidad de secretario de Medio Ambiente[55], había intentado hacer funcionar el viejo sistema recurriendo a mecanismos cada vez más complicados. Asumió toda una serie de nuevos poderes en un intento de afrontar el problema; a saber: que no disponíamos de medios para controlar el gasto de la Administración local, aunque éste supusiera una parte muy importante del gasto público general. Michael introdujo un nuevo sistema de subvenciones, las «asignaciones de gastos en relación con ayudas» (grant-related expenditure assessments, GREA), las «metas» y las «retenciones», el límite a los gastos de capital de las autoridades locales, y la Comisión de Auditores, además de poner en marcha un fuerte control de las subvenciones del Gobierno central, todo ello concebido para limitar el gasto local y proporcionar a los contribuyentes un incentivo para que se lo pensaran dos veces antes de reelegir ayuntamientos muy dispendiosos[56].

El sistema se hizo tan complicado que casi nadie lo entendía. Era como el «problema de Schleswig-Holstein» del siglo pasado: en una ocasión, Palmerston bromeó diciendo que sólo tres personas lo habían entendido realmente (una estaba muerta, la otra se había vuelto loca, y a él se le había olvidado). El sistema también produjo un enorme rechazo, al ser muy arbitrario en cuanto a su aplicación e inexplicablemente injusto para las autoridades con antecedentes de gastos muy reducidos: a muchos de ellos se les impusieron metas por debajo de sus GREA. Y lo peor era que no funcionaba. Los ministros podían suplicar, quejarse y lanzar amenazas, pero el gasto de la Administración local seguía aumentando inexorablemente en términos reales, año tras año.

De modo que en 1981 Michael vino con nuevas ideas. Propuso que si las autoridades locales gastaban más de una cierta cantidad por encima de sus GREA todos los gastos extra tendrían que correr por cuenta de los contribuyentes locales. El Gobierno también acordó que se celebrara un referéndum local antes de que un ayuntamiento pudiera seguir adelante con gastos extraordinarios. Esta propuesta tenía algo nuevo e importante a su favor, porque —al menos de manera marginal— reforzaba la responsabilidad local, que, como no me cansaré de decir, era la base del problema. Pero a pesar de ello, o precisamente por ello, provocó enormes protestas por parte de las autoridades locales y los diputados conservadores en quienes tan fácilmente influían. Hubo que retirar la propuesta.

Con lo cual los sucesores de Michael en el Departamento de Medio Ambiente —Tom King y Patrick Jenkin— no tuvieron otra alternativa que aplicar controles centrales cada vez más complejos, mientras las autoridades locales seguían gastando. En 1984 asumimos poderes para limitar directamente las tasas de determinados ayuntamientos, reservándonos competencias para limitarlos todos. Este procedimiento, conocido como «tope impositivo», fue una de las armas más eficaces de que dispusimos. Gran parte del exceso de gastos se concentraba en un reducido número de ayuntamientos, de modo que poniendo tope a menos de veinte ya se obtenían resultados considerables. Así ofrecíamos cierta protección ante el exceso tributario a establecimientos y familias que intentaban salir adelante bajo el mando municipal de autoridades laboristas derrochadoras: en especial, aquellas familias cuyos ingresos se encontraban justo por encima de los niveles de subvención, que no podían contar con el Estado para pagar sus crecientes impuestos. Pero la restricción de impuestos era una cuestión complicada: rebasaba las atribuciones del Departamento de Medio Ambiente y podía ser cuestionado en los tribunales. El problema fundamental seguía en pie.

Siempre había sentido una gran aversión por este tipo de tasas. Todo impuesto sobre la propiedad es básicamente un impuesto sobre la mejora de la propia casa. Era claramente injusto y nada propio del espíritu conservador. Del contacto con mi distrito electoral y de las cartas procedentes de todo el país me llegaba un coro de lamentaciones de personas que vivían solas —viudas, por ejemplo— y que participaban en mucho menor grado de los servicios de las autoridades locales que la familia numerosa de la casa de al lado, con varios hijos trabajando; y, sin embargo, a estas personas se les exigía que pagaran los mismos impuestos, sin tener en cuenta sus ingresos. Yo era portavoz del Departamento de Medio Ambiente en la Sombra en las elecciones de octubre de 1974, cuando prometimos abolir este tipo de tasas. De hecho, fue una promesa de última hora, hecha por insistencia de Ted Heath, y respecto a la cual yo tenía dudas considerables, ya que no habíamos reflexionado adecuadamente sobre lo que había de sustituir a las tasas; sin embargo, no se me olvidaba la cólera y la angustia que provocó la subida de tasas de 1973, y creía firmemente que algo nuevo debía de sustituir al actual y desacreditado sistema[57]. Cuando fui elegida primera ministra puse fin a todas las subidas de tasas en Inglaterra. (En Escocia el sistema era diferente, porque la ley prescribía que las tasas locales se revaluaran cada cinco años, aunque era posible prescribir aplazamientos, como hicimos para atrasar dos años una revaluación prevista para 1983). Pero la contrapartida de esta decisión era que el caos potencial que una revaluación de impuestos locales podía causar en Inglaterra aumentaba. Y no podíamos aplazarla eternamente.

El hecho de que la Administración local dependa de las tasas sobre la propiedad como principal fuente de ingresos se remonta a varios siglos atrás. Puede que las tasas sobre la propiedad tuvieran sentido cuando la mayor parte de los servicios de las autoridades locales iban destinados a cuestiones relacionadas con la propiedad —carreteras, agua y alcantarillado, etc.—; pero a lo largo del siglo actual los ayuntamientos se han ido convirtiendo cada vez más en proveedores de servicios personales, como es el caso de la educación, las bibliotecas y los servicios sociales.

Además, el derecho al voto en las elecciones locales se ha ampliado espectacularmente. En un principio se limitaba a quienes tenían propiedades; ahora, el electorado coincide casi exactamente con el de las elecciones generales. El antiguo voto empresarial también ha desaparecido. El único argumento serio en favor de las tasas locales —sobre empresas y propiedades particulares— es que son relativamente fáciles de recaudar: las personas pueden escurrir el bulto, pero no así los edificios y las fábricas. Las tasas locales se convirtieron en contribuciones indoloras para el gran número de los electores locales que no tenían obligación de pagarlos. Pero eso es lo que hacía que el antiguo sistema fuera tan deficiente y, en última instancia, hasta peligroso. De los 35 millones de electores locales de Inglaterra, 17 millones no estaban sujetos a los impuestos locales, y de los 18 millones restantes 3 millones no pagaban todos los impuestos y otros 3 millones no pagaban nada. Aunque algunos de los que no tenían que pagar contribuían a los impuestos pagados por otros (por ejemplo, los cónyuges y los hijos trabajadores que residían en casa del contribuyente), muchos no tenían razones directas para preocuparse del exceso de gastos de su ayuntamiento, ya que otras personas pagaban toda o parte de la cuenta. Peor aún, la gente no disponía de la información necesaria para pedir cuentas a sus autoridades locales: todo el sistema de finanzas de la Administración local estaba destinado a ocultar la actuación de las autoridades individuales. No resulta sorprendente que muchos concejales se sintieran libres para seguir líneas políticas que la correcta disciplina democrática jamás habría permitido.

Esta falta de responsabilidad era motivo de un continuo exceso de gastos. Aunque Hacienda fue reduciendo cada vez más la proporción de gastos de la Administración local cubiertos por el erario público, el resultado que solía obtenerse era el incremento de las tasas locales, en vez de la reducción de los gastos. Esto resultaba insatisfactorio para la economía en general, y era ruinoso para las empresas locales y, en última instancia, también para las comunidades. En el verano de 1985, cuando empezamos a examinar seriamente las alternativas al sistema de tasas locales, alrededor del 60 por ciento de los ingresos tributarios de las autoridades locales de Inglaterra procedían de las empresas. Sin embargo, en algunas áreas el porcentaje era mucho más alto. Por ejemplo, en el municipio londinense de Camden, controlado por los laboristas, alcanzaba el 75 por ciento. De este modo, los ayuntamientos socialistas podían exprimir a las empresas locales hasta la última gota, sin que éstas pudieran hacer nada más que abandonar las zonas o presionar al Gobierno central para que pusiera límite a las tasas del ayuntamiento en cuestión. Cabía imaginar que el devastador efecto derivado de esta política de gastos acabaría por desanimar a las autoridades laboristas. Pero yo jamás olvidaba que el objetivo secreto del socialismo —municipal o nacional— es hacer que la gente dependa cada vez más del Gobierno. La pobreza no era sólo el caldo de cultivo del socialismo; era también su consecuencia deseada y provocada.

ORÍGENES DE LA TASA COMUNAL

De modo que cuando Ken Baker, entonces ministro de Medio Ambiente responsable de la Administración local, William Waldegrave y Lord Rothschild hicieron su propuesta en un seminario que dirigí en Chequers a finales de marzo de 1985, yo estaba muy abierta a las ideas nuevas. Fue en la reunión de Chequers donde nació la tasa comunal. Ellos me convencieron de que debíamos abolir las tasas locales y reemplazarlas por una tasa comunal fija para todos los adultos residentes en la zona. Habría descuentos para personas con ingresos bajos, aunque sin llegar nunca al 100 por ciento, para que todos contribuyeran en algo, y por lo tanto salieran perjudicados si votaban por un ayuntamiento derrochador. Este principio de responsabilidad era el fondo de toda la reforma.

El segundo elemento del enfoque era que a las empresas se les aplicaría una tasa impositiva común para todo al ámbito nacional, y que lo recaudado se redistribuiría a las autoridades locales sobre una base per capita. La reforma de los impuestos a las empresas también haría posible poner fin a una de las características menos satisfactorias del sistema antiguo: la «igualación de recursos». Un problema del sistema de tasas locales era que la base imponible variaba enormemente de una autoridad a otra, dado que variaban las propiedades en cuanto a su valor y su cantidad —en especial la propiedad comercial y empresarial—. «Igualación de recursos» era el nombre otorgado al proceso por el que el Gobierno central redistribuía los ingresos entre las autoridades para igualar el resultado final. En consecuencia había grandes variaciones dentro del país respecto a la cantidad de impuestos pagados por propiedades parecidas para un determinado nivel de servicio, generalmente dejando en desventaja al Sur, donde la propiedad solía tener una valoración mucho más alta. Había una gran cantidad de dinero en juego, aunque —como ocurría en muchos otros aspectos de las cuentas de la Administración local— el elector medio nunca tuvo noticias de ello. Este tipo de sistema, claro está, hacía que a los electores les resultara aún más difícil determinar si su ayuntamiento les estaba dando un buen servicio a cambio de su dinero. Pero con la abolición de las tasas locales y la distribución del impuesto empresarial nacional sobre una base per capita, la base imponible ya no podía variar de un concejo municipal a otro, y de este modo desapareció la necesidad de «igualación de recursos». Obviamente algunos ayuntamientos tenían necesidades mayores que otros, pero esto se podía compensar por medio de una mayor subvención por parte del Gobierno central. Por primera vez sería posible que cada ayuntamiento proporcionara el mismo nivel de servicio con el mismo nivel de impuestos en todo el país, de modo que se podían hacer comparaciones mucho más transparentes entre ayuntamientos.

En la consiguiente discusión, hubo muchas preguntas difíciles, pero en general se apoyó el enfoque del Departamento de Medio Ambiente y sobre todo el compromiso de que aumentaría la responsabilidad contable de la Administración local. La única opción era internarse aún más en la centralización, mediante, por ejemplo, el traspaso al Gobierno de funciones específicamente municipales, como la educación o los salarios de los profesores, y por medio de controles aún más severos sobre el gasto. A ser posible, queríamos evitarlo.

En septiembre de 1985 ascendí a Ken Baker de su cargo de ministro de la Administración Local a secretario de Estado para el Medio Ambiente, con la responsabilidad de afinar y posteriormente presentar las propuestas. A lo largo del otoño y el invierno de ese año trabajamos duramente en el comité del Gabinete. Las cifras del Departamento de Medio Ambiente dejaban claro que introducir la tasa comunal de una sola vez sería perjudicial para muchos, en especial (pero no exclusivamente) en los municipios del centro de Londres. El grado en que se produjeran estos cambios dependería mucho del nivel del propio impuesto; en esta fase —1985-1986— se nos aconsejó que el nivel medio se mantuviera por debajo de las 200 libras. Pero yo era plenamente consciente de que incluso con estas cifras habría verdaderas dificultades en la transición, y que habría que encontrarles remedio.

Con la abolición de la «igualación de recursos» y el reparto de los impuestos empresariales habría grandes cambios en la carga tributaria local de una zona a otra. Las áreas con altos valores imponibles y bajos niveles de gastos tenderían a beneficiarse. Aquellas que tuvieran bajos valores imponibles y elevados niveles de gastos saldrían perjudicadas. Londres tenía sus propios problemas. El centro de Londres había recibido subvenciones muy generosas; algunas de las autoridades de Londres eran muy derrochadoras; también estaba la carga representada por los gastos de la Jefatura de Enseñanza del Londres Central, hasta que finalmente la abolimos; asimismo, estaba el hecho de que los impuestos a las empresas, que las autoridades socialistas en el pasado habían podido aumentar más o menos arbitrariamente, ahora se verían limitados y repartidos, con el resultado de que recaerían cargas añadidas sobre los contribuyentes individuales. A fin de solventar estos cambios entre áreas se arbitró un sistema denominado «red de seguridad», para suavizar la transición. Se pretendía que la red se autofinanciara, haciendo más lentas las pérdidas de una zona mientras aplazaba los beneficios de otra. Esta medida, mal recibida por las áreas que salían beneficiadas, era inevitable, a no ser que interviniera el erario público para sufragar la diferencia. Esta red tampoco podía afrontar directamente la cuestión más sensible desde un punto de vista político, que era la de las modificaciones de las cargas entre individuos y entre familias.

El problema de limitar las pérdidas individuales planteaba la cuestión de si la propia tasa comunal debía instaurarse por fases, y en ese caso, cómo había de hacerse. Ken Baker —siempre cauto y prudente— quería un período de transición muy largo, durante el cual coexistieran las tasas locales y la tasa comunal. De hecho, en un primer borrador del documento informativo que publicaríamos en enero de 1986, se quiso dejar abierta la cuestión de la abolición de las tasas locales. Yo intervine: tenía que quedar claro que la tasa comunal sustituiría totalmente a las tasas locales, y en un futuro no muy lejano. La postura final comunicada por Ken Baker a la Cámara de los Comunes el martes 28 de enero de 1986 era que la tasa comunal empezaría a un nivel bajo, con el correspondiente recorte en las tasas locales. Pero toda la carga de cualquier aumento de los gastos recaería desde el principio en la tasa comunal, de modo que habría un vínculo claro entre la elevación del gasto y la de la tasa comunal. En los años siguientes habría más traspasos de las tasas locales en favor de la comunal. En algunas zonas las tasas locales desaparecerían en tres años, y se eliminarían de todas las zonas en el espacio de diez años. El informe dejaba claro que mantendríamos las restricciones sobre los impuestos. Aconsejados por los ministros escoceses, que nos recordaban con mucha insistencia y vigor hasta qué punto odiaban los escoceses las tasas locales, también aceptamos que tendríamos que regular la entrada en vigor de la tasa comunal en Escocia antes que en Inglaterra.

CRECE LA CRISIS POLÍTICA

Empezó a filtrarse una avalancha de malas noticias sobre los altos niveles que iba a alcanzar la tasa comunal. Para enero de 1990 el Departamento de Medio Ambiente había elevado su cálculo de la tasa comunal media a 340 libras. Íbamos camino de doblar el cálculo original. Esto ya habría sido negativo de por sí. Ahora, en febrero, con la probabilidad de que las autoridades locales aumentaran sus gastos de un 15 a un 16 por ciento, los últimos indicios eran que subiría 20 libras o más.

Otra mala noticia fue que el Comité Asesor del índice de Precios al Consumo había decido por su cuenta y riesgo que la tasa comunal debía incluirse en el índice de Precios al Consumo, dándole el mismo trato que a las tasas locales, pero no que a otros impuestos directos. No se incluían, en cambio, las enormes exenciones aplicadas a los contribuyentes individuales. Esta ficción administrativa impulsaba otra subida del índice de Precios y aumentaba enormemente el daño político que estábamos padeciendo.

El ambiente político se ensombrecía. Mi intuición me decía que no podíamos seguir como estábamos. El jueves 22 de marzo sufrimos una severa derrota en las elecciones parciales de Mid-Staffordshire, perdiendo un escaño en el que habíamos gozado de una mayoría de más de diecinueve mil votos. La prensa estaba llena de indignadas críticas de partidarios del Partido Conservador a la tasa comunal. Yo estaba profundamente preocupada. Lo que me dolía era que quienes siempre habían podido contar conmigo para protegerlos de la explotación del Estado socialista eran los que más sufrían ahora. Eran las personas situadas justamente por encima del nivel en el que se perdía los descuentos sobre la tasa comunal, pero que de ninguna manera eran acomodadas, y que habían tenido que hacer mil economías para comprarse una casa. Nuestro nuevo plan de ayuda transitorio no bastaba para protegerlos de los ayuntamientos derrochadores. Había que hacer algo más.

Mis ideas tomaron forma en la conversación que mantuve con Ken Baker, Tim Bell y Gordon Reece en una cena en Chequers el sábado 24 de marzo. Ellos traían un claro mensaje: había que situar en niveles más bajos la tasa comunal. Si no lo conseguíamos, las consecuencias políticas serían graves. Esto encajaba totalmente con mi análisis.

Había un amplio apoyo al principio de que todos debían contribuir al coste de la Administración local, lo cual sólo podía garantizarse mediante la tasa comunal. Cuando la gente se quejaba de que fuera igual para todos, no solían hacerlo por repetir el argumento estereotipado —y falso— del duque y el basurero hipotéticos que pagaban lo mismo. A no ser que el duque fuera muy pobre o el basurero muy rico, esto era imposible, ya que aproximadamente la mitad de los gastos de las Administraciones locales se cubrían con la recaudación de los impuestos generales, donde quedaba reflejada la «capacidad de pago» de cada uno. El problema lo planteaban los niveles a los que ahora se recaudaba la tasa y el hecho de que su impacto fuese repentino e inesperado (y que era a nuestra propia gente a quien perjudicaba en mayor medida). Eso era lo que querían decir todos los que me escribían cartas de queja. Pero ¿que podíamos hacer?

Me parecía que lo esencial era asegurar que el Gobierno central tomara medidas para proteger a las víctimas de lo que en el fondo era un abuso arbitrario de poder por parte de ayuntamientos irresponsables. Los argumentos sobre la responsabilidad y las perspectivas de una mejora a largo plazo sencillamente tendrían que pasar a un segundo plano.

De modo que el domingo por la mañana, antes de empezar a trabajar con mis asesores en Chequers para redactar mi discurso del Consejo Central, llamé al ministro de Hacienda, John Major. Le dije que había estado leyendo los documentos relativos al tope de las cargas comunales para 1990-1991. Tenía una serie de preocupaciones fundamentales. La primera era política. Al desarrollar el sistema de tasas comunales habíamos dado por supuesto que si las autoridades seguían manteniendo altos niveles de gastos, la gente culparía de los consiguientes aumentos en las tasas locales a estos mismos ayuntamientos. Sin embargo, no estaba ocurriendo así. El público nos echaba la culpa a nosotros e incluso al nivel de gastos de una serie de ayuntamientos controlados por los conservadores. En segundo lugar, el impacto de los elevados impuestos municipales recaía en las personas con ingresos medios a quienes se podía llamar «la gente corriente concienciada». Los que tenían ingresos reducidos estaban adecuadamente protegidos por los diversos sistemas de bonificación. De hecho, nos enfrentábamos a unos gastos públicos muy por encima de lo esperado para los descuentos a la tasa comunal, debido a la propia elevación de las cargas. Esto se agravaría aún más debido a que, como los niveles de la tasa comunal forzaban la subida del IPC, el próximo otoño tendrían que subir por encima de lo esperado las exenciones de la seguridad social. El nuevo sistema aún no había generado un aumento de responsabilidad. Tampoco me parecía que fuera a materializarse en el segundo año. Podíamos ofrecer una modesta protección a los contribuyentes durante el período 1990-1991, si seguíamos adelante con las propuestas actuales en favor de la restricción de los impuestos locales, y de hecho esto era lo que teníamos que hacer. Pero las consecuencias para el contribuyente medio serían mínimas, en el mejor de los casos. Por lo tanto, teníamos que considerar otras medidas radicales para 1991-1992.

La opción fundamental parecía ser la introducción de un control central directo sobre el nivel de gastos municipales; por ejemplo, dejando sentado que el gasto de cada ayuntamiento no podía superar en un porcentaje determinado la Evaluación del Gasto Normal, es decir, el nivel de gastos necesario para que un ayuntamiento pudiera prestar un determinado nivel de servicios normalizado a escala nacional. Sin embargo, esto tendría que corresponderse con un considerable aumento del nivel de subvención gubernamental a las autoridades locales, quizá con una mayor proporción del total en forma de subvenciones específicas para servicios concretos. No veía ninguna razón por la que no fuera posible este enfoque dual de la reducción del total de gastos públicos por parte de las autoridades locales. A partir de ahí tendríamos que pensarnos si seguíamos con la tasa comunal como único medio para financiar los gastos por encima del nivel permitido, dado que en ese momento todos los gastos extraordinarios recaían sobre este impuesto. Una opción sería traspasar parte de la carga del exceso de gastos al impuesto sobre las empresas. Todo ello apuntaba la necesidad de una mayor revisión interna que tendría que efectuarse con gran rapidez. Sería necesario indicar públicamente que se estaba efectuando algún tipo de revisión, aunque los términos y la manera de presentar el tema iban a precisar una cuidadosa reflexión.

John Major no discrepó de mi conclusión de que era necesaria una revisión radical. También estaba de acuerdo en que los cambios que eligiéramos tendrían que servir para controlar el gasto público en su totalidad. Terminé anunciándole que muy pronto hablaría con los responsables de Medio Ambiente para informarles de lo que quería que hicieran.

De una manera o de otra iba a mantener este planteamiento durante los próximos meses, hasta que, como describiré más adelante, una serie de inesperadas consideraciones legales me llevaron a cambiar mi punto de vista acerca del mejor camino a seguir. No obstante, ni siquiera entonces llegué a modificar la opinión que me había hecho respecto al futuro de la financiación de la Administración local. Seguía creyendo que el sentido de la responsabilidad, robustecido por la tasa comunal, tendría efectos saludables. De pasada, contribuiría a que se eligieran gobiernos municipales generalmente conservadores, con tendencia a reducir gastos. Pero también había visto, y tenía intención de olvidar, la perversidad, la incompetencia y muchas veces la simple y llana malicia de muchos ayuntamientos. No podíamos permitir que las grandes declaraciones sobre democracia local ocultaran la política de baja estofa de la gente a la que nos enfrentábamos. Esto significaba que el Gobierno central tenía que disponer de los poderes adecuados, y estar dispuesto a emplearlos, para proteger al ciudadano contra las autoridades corrompidas.

Pero la principal oposición a la tasa comunal provenía no de las tan respetables clases medias-bajas conservadoras, cuya suerte tanto lamentaba yo, sino de la izquierda. Desde 1988, una serie de diputados laboristas, principalmente en Escocia, venía anunciado su determinación de infringir la ley y negarse a pagar la tasa comunal, y la extrema izquierda llevaba a cabo una eficaz campaña también en Inglaterra. Encontraron poco apoyo entre la mayoría de partidarios laboristas respetuosos de la ley. Pero había bastantes individuos dispuestos a ponerse al frente de la resistencia violenta. El sábado 31 de marzo, un día antes de que se introdujera la tasa comunal en Inglaterra y Gales, una manifestación en contra de este impuesto degeneró en disturbios en Trafalgar Square y sus alrededores. Se recogieron pruebas indudables de que un grupo de provocadores había fomentado la violencia de manera deliberada. Desmontaron los andamios de un edificio en construcción que había en la plaza y los utilizaron como proyectiles. Prendieron fuego a los coches. Casi cuatrocientos policías resultaron heridos, y hubo 339 detenidos. Me quedé horrorizada ante semejante maldad.

Por primera vez, un Gobierno había declarado que todo el que razonablemente pudiera permitírselo debía contribuir en algo al mantenimiento de las instalaciones y servicios de los que se beneficiaba. Una clase entera —una «subclase», si se quiere— había sido llevada a rastras hasta incluirla en el seno de la sociedad responsable, exigiéndoseles a sus componentes que dejaran de depender de los demás y se convirtieran en auténticos ciudadanos. Los violentos disturbios ocurridos el 31 de marzo en Trafalgar Square y alrededores eran su respuesta y la de la izquierda. Y el abandono final de la tasa supuso una de las mayores victorias jamás otorgada a esa gente por un Gobierno conservador.

El problema era que, dada la importancia de las facturas impositivas que estaban recibiendo, las personas respetuosas de la ley —de quienes tanto dependíamos para vencer a la chusma— también empezaron a protestar contra el nuevo sistema. Por lo tanto, no iban a ser los disturbios quienes me hicieran abandonar mi resolución de seguir adelante con la tasa comunal, ni de llevar ante los tribunales a los culpables de aquellos sucesos. Pero sí venían a reforzar las conclusiones a que había llegado respecto a la necesidad de emprender acciones eficaces para limitar la carga que suponía para quienes yo había descrito a John Major como «la gente corriente concienciada».

De hecho, sin que yo lo supiera, los alborotadores se dirigían a Whitehall en el momento mismo en que yo pronunciaba un discurso ante el Consejo Central, en Cheltenham.

Comencé el discurso con lo que sería el primero de una serie de chistes cada vez más cáusticos sobre la amenaza política que se cernía sobre mi autoridad.

La fama de Cheltenham como tradicional centro de retiro de quienes gobernaron nuestro antiguo imperio me dio el pretexto. Empecé diciendo:

Es un gran placer estar nuevamente en Cheltenham. Para evitar cualquier posible malentendido, y a riesgo de decepcionar a unos cuantos coroneles valientes, permítanme que deje una cosa totalmente en claro: no he venido a Cheltenham a retirarme.

Casi sin solución de continuidad, pasé a lo esencial del asunto que atormentaba al partido:

Muchas de las facturas que la gente está recibiendo por la tasa comunal son demasiado altas. Comparto su indignación. Pero seamos claros: la cuestión no está en cómo se recauda el dinero, es en la cantidad de dinero que se están gastando las administraciones locales. Ese es el verdadero problema. Ningún plan, por muy hábil que sea, puede financiar unos gastos elevados con unos impuestos bajos.

Sin embargo, sí anuncié una serie de ayudas especiales. Este paquete de medidas, a pesar de su modestia, me había obligado a romper un vacilante borrador de Hacienda y escribir otro yo misma. La endeblez del borrador, la falta de ayudantes y lo avanzado de la hora me habían impedido incluir en el discurso los datos de peso y contenido que lo substanciaran, como a mí me habría gustado. De modo que tuve que contentarme con esbozar ideas sobre una ampliación de los poderes de restricción de gastos para lidiar con los derrochadores.

Mi principal mensaje, por lo tanto, tenía que ser que la manera de obtener una reducción de la tasa comunal era votando a los conservadores en las siguientes elecciones municipales. Señalé algunas cifras relativas al impuesto para ilustrar mi argumento:

El privilegio de vivir en el Warrington de los laboristas cuesta 96 libras más que vivir en la vecina Trafford de los conservadores; 108 libras más cuesta vivir en el Liverpool de los laboristas que en la vecina Wirral de los conservadores; y vivir en el Camden de los laboristas sale por la espeluznante cifra de 339 libras más que en la vecina Westminster de los conservadores.

Pero también extraje una lección más amplia, y al hacerlo quise volver a situar el debate en el marco de una cuestión política más amplia, la diferencia entre el planteamiento conservador y el laborista (volviendo, además, a los valores que yo personalmente respaldaba):

Nuestra lucha contra el Partido Laborista jamás ha sido una cuestión meramente económica. Tiene que ver con la forma de vida que creemos adecuada para Gran Bretaña, ahora y en lo porvenir. Tiene que ver con los valores que rigen nuestras vidas. El socialismo es un credo del Estado. Considera a los seres humanos como materia prima para sus programas de cambio social. Pero nosotros ponemos nuestra fe en la gente, en esos millones de personas que gastan lo que ellos mismos ganan, y no lo que ganan otros. Que se sacrifican por su joven familia o sus ancianos padres. Que ayudan a sus vecinos y cuidan su vecindad. El tipo de personas con quienes me crié. Esta es la gente por la que me hice cargo de la jefatura del partido, para poderla defender. La gente que nos dio su confianza. A ellos les digo: claro que comprendo vuestras preocupaciones. También son las mías, y comparto vuestras aspiraciones. No pedís la luna. Pero sí queréis la oportunidad de poder salir adelante, vosotros y vuestros hijos.

La acogida fue buena. Pero nuestras inquietudes no habían terminado, ni las mías ni las suyas.

¿CON TOPE O SIN TOPE?

Ahora tenía que asegurarme de que mis colegas se implicaran tan de lleno como yo en la tarea de proteger a nuestra gente del tipo de problemas que estábamos padeciendo en 1990-1991. No podíamos hacer mucho respecto a las facturas de este año. Los abogados me advirtieron que nada parecido a la escala de topes que yo tenía en mente podía prosperar en los tribunales. En consecuencia, Chris Patten sólo pudo comunicar los topes de veinte ayuntamientos. Fue una gran decepción. Pero una derrota en los tribunales habría trastornado todo el sistema si, por ejemplo, los jueces hubieran dictaminado no sólo en contra de la decisión relativa a un ayuntamiento en concreto, sino contra la justicia del sistema de evaluación de gastos normales, que era esencial para la tasa comunal.

Todo esto contribuyó a aumentar nuestra necesidad de procurarnos nuevos medios para limitar los gastos de las Administraciones locales —y, por lo tanto, reducir las tasas comunales— al año siguiente. Insistí ante Hacienda y Medio Ambiente en mis ideas para aumentar el control directo sobre los gastos de los ayuntamientos, en combinación con una aplicación más extensa de subvenciones concretas. También se me había ocurrido la idea de singularizar los rangos de autoridad, de modo que —por mucho que la eliminación de los concejos de condado enfureciera a los concejales conservadores— la identidad de los culpables del derroche y de la subida de las tasas municipales quedara mucho más clara a los ojos de los electores locales.

Chris Patten se oponía rotundamente a imponer cualquier tipo de restricción global a las autoridades locales. Mantenía que minaría el principio de responsabilidad local, y que un sistema de este tipo no podría organizarse y ponerse en funcionamiento a tiempo para 1991-1992. Pero yo insistí en que Medio Ambiente desarrollara las opciones. Quería ver recortes en los gastos de algunas autoridades locales.

Los resultados de las elecciones municipales el jueves 3 de mayo de 1990 apuntaban claramente a que allí donde los concejales y candidatos conservadores empleaban la tasa comunal para señalar nuestra ventaja con respecto al Partido Laborista, y a continuación se esforzaban en conseguir la victoria para los conservadores —en lugar de dedicarse a recriminar al Gobierno—, podíamos conseguir muy buenos resultados. (De hecho, hubo concejales nuestros que se opusieron a que en 1990-1991 se ampliaran las restricciones, con el argumento de que ello les impediría dar el golpe de gracia electoral a los ayuntamientos derrochadores de signo laborista). Los éxitos conservadores en Wandsworth y Westminster fueron resultado de este enfoque. Allí donde los conservadores tenían a su cargo una Administración, nuestros resultados eran mejores cuanto más pequeña era la tasa comunal. Lo mismo sucedía, pero a la inversa, en los ayuntamientos laboristas. A este respecto la tasa comunal ya estaba transformando a la Administración local. La perspectiva era de que incluso en un mal año para el Partido Conservador a escala nacional, ahora podíamos celebrar elecciones municipales y ganarlas sobre bases auténticamente locales, en lugar de que el control político de los ayuntamientos fuera cambiando según las tendencias a escala nacional (algo que siempre había desmoralizado a los concejales con sentido común, de ambos partidos).

No obstante, estos éxitos no hicieron menos acuciante la necesidad de poner los medios para que los niveles impositivos del año siguiente se mantuvieran bajos en todo el país. A lo largo de mayo y junio se elaboraron diversos documentos y se celebraron conversaciones entre ministros y funcionarios. Chris Patten y yo seguíamos en desacuerdo sobre la capacidad para fijar topes de carácter general. Él reclamaba un considerable aumento de la subvención central, suficiente como para permitirnos afirmar de modo creíble que las autoridades responsables podrían fijar los impuestos para 1991-1992 al mismo nivel que los de 1990-1991. Yo ejercí cierta presión sobre él, negándome a que se discutiera el nivel de reducciones subvencionadas por la Administración central hasta que no hubiéramos tomado una resolución en lo tocante a la limitación del gasto. John Major estaba indeciso. Por un lado, como ministro de Hacienda, quería que hubiera un eficaz control del gasto público. Por otro, quizá como antiguo whip, no le parecía fácil conseguir que el grupo parlamentario aprobara la nueva legislación para un aumento de la facultad restrictiva. Y no dejaba de tener razón. Varios de nuestros diputados ahora se encontraban en un estado de ánimo cercano al pánico y era difícil saber cómo reaccionarían a cualquier nueva medida legislativa en la que vieran una oportunidad —por medio de enmiendas— de modificar aspectos clave de la tasa comunal (de la cual, en su opinión dependía su personal futuro en las próximas elecciones). No sé exactamente cuál habría sido el desenlace.

Pero de repente toda la base para nuestras conversaciones cambió ante la llegada de nuevos asesoramientos legales. Cuando nos reunimos el jueves 17 de mayo, los abogados nos habían advertido que una nueva legislación sobre restricciones se vendría abajo ante los jueces. Esto me parecía asombroso. Quería decir que los tribunales no permitirían que el Parlamento cumpliera con su obligación de proteger al ciudadano ante lo poco razonable de los niveles impositivos: ponía en duda nuestra capacidad para controlar el gasto público y gestionar la economía. Llegados a este punto, pedí consejo urgente sobre cómo superar estas dificultades.

Es fácil imaginar mi sorpresa —y mi incredulidad inicial— cuando al repasar los informes recibidos la noche del miércoles 13 de junio encontré una nota de mi secretario privado informándome de una conversación telefónica mantenida esa misma tarde con los abogados del Gobierno. Ahora consideraban posible que la legislación actual —por no decir nada de la futura— fuera más sólida de lo que su opinión profesional indicara en principio[58]. Nos dijeron que podíamos poner freno a muchas autoridades locales mientras dejáramos claro al principio del ciclo presupuestario qué era lo que considerábamos un aumento excesivo de los gastos: y que podía hacerse sin las dificultades que siempre trae consigo la aprobación de nuevas leyes. Este asesoramiento legal se vio fortalecido cuando unos días más tarde el Gobierno ganó un juicio en el que una serie de ayuntamientos apelaba contra las restricciones.

La tarde del jueves 26 de junio celebré una reunión de ministros para aclarar nuestra posición exacta. Los abogados confirmaron su consejo de que era poco probable que con una nueva legislación tuviéramos más cubiertas las espaldas que en la situación actual, si decidíamos seguir adelante con el sistema de topes. Yo me resistía a la idea de dejar de introducir en la legislación una facultad general de limitación. Me habría gustado poder combinarlo con la obligación de celebrar plebiscitos locales para que el electorado pudiera aprobar o rechazar que su ayuntamiento rebasara los límites del gasto fijados por el Gobierno. Esto hubiera contribuido enormemente a invalidar la acusación de que los nuevos controles de gastos acabarían con la democracia local. Sin embargo, a la luz de esta revisión de nuestra asesoría legal, acepté que a no ser que los tribunales dictaran alguna nueva sentencia que alterara la situación, lo mejor sería imponer las limitaciones para 1991-1992 dentro de los términos de la legislación actual. No obstante, era esencial conseguir el mayor efecto disuasorio, y por lo tanto Chris Patten tuvo que anunciar en julio —mucho antes de que las autoridades locales fijaran sus presupuestos— la manera en que pretendía emplear sus poderes. El otro aspecto que teníamos que debatir era el dinero extra necesario para limitar las cargas individuales. Chris recibió autorización para anunciar en la Cámara ciertas ampliaciones del plan de ayuda de transición, así como otros cambios.

El correspondiente comité del Gabinete se reunió a la semana siguiente, bajo mi presidencia, para dar el último toque a la tasa comunal y acordar los detalles para 1991-1992: las cantidades que íbamos a suministrar a las Administraciones locales en forma de subvenciones e impuestos empresariales, y la cantidad que pensábamos que debían gastar. Chris Patten y John MacGregor (el primer secretario) ya habían llegado a un acuerdo sobre un paquete. Nuestro fin era aprobar esta decisión; también quería asegurarme de que quedaba claro que el dinero extra para la tasa comunal no era síntoma de que se le hubieran retirado los frenos al gasto público —nada más lejos de la realidad—. Acordamos que las autoridades locales debían gastar 39.000 millones de libras, un aumento del 19 por ciento sobre el mismo cálculo para el año anterior, y del 7 por ciento sobre lo que de hecho habían gastado. Ello implicaba una tasa comunal de 379 libras en los municipios con gastos «dentro de la norma». Naturalmente, la tasa comunal real en una zona dada dependería de si la autoridad local gastaba más o menos de esta cantidad. Había que mantener la tasa comunal por debajo de una media de 400 libras, estableciendo rigurosas restricciones. Aún así esta cantidad era más del doble del cálculo original de la tasa comunal que se había planteado a los ministros. Yo subrayé que el dinero extra —casi mil millones— para aliviar la carga de la tasa comunal a los menos pudientes significaría que habría menos dinero para otros fines. Esa era la prioridad elegida y todos los ministros tendrían que atenerse a sus consecuencias. De otro modo perderíamos el control sobre el gasto público. Chris Patten presentó estas medidas ante la Cámara de los Comunes poco después. Se anunciaron nuevos detalles y modificaciones para finales de octubre.

El sistema de cuentas municipales que legué a mi sucesor siguió despertando mucho rechazo. Durante la lucha por el liderazgo en noviembre de 1990, Michael Heseltine publicó a grandes voces su promesa de revisar la tasa comunal y ello impulsó a John Major y a Douglas Hurd a prometer sus propias revisiones. A finales de marzo de 1991, Michael Heseltine, nuevamente secretario de Medio Ambiente, anunció el desenlace: el Gobierno había decidido abandonar la tasa comunal y volver a un impuesto sobre la propiedad, complementado con una fuerte subida del IVA del 15 por ciento al 17 por ciento.

Pocos episodios de mi época en el Gobierno han creado más mitos que el asunto de la tasa comunal. Generalmente se presenta como un plan doctrinario impuesto a sus renuentes ministros por una primera ministra autoritaria, y finalmente rechazado por la opinión pública, dada su inviabilidad. Ciertamente se cometieron errores a la hora de aplicar el impuesto, pero esta imagen no es más que una sarta de tonterías. Como generosamente ha reconocido Nigel Lawson, pocas leyes han sido sometidas a un examen tan riguroso por parte de ministros y funcionarios en los comités ministeriales afectados. La dificultad partía de una serie de factores: el empeoramiento de la situación económica y de la inflación; el hecho de que los cálculos sobre la cuantía de la tasa siempre fueron engañosos; y la certeza de que en cualquier reforma de las cuentas municipales, después de diecisiete años sin revaluación alguna, muchos habrían salido perdiendo, lo cual producía mucho rechazo. Mi conclusión es que fuera cual fuera la reforma elegida, la habríamos acompañado de restricciones draconianas a los gastos municipales por parte del Gobierno central, a fin de impedir que los ayuntamientos —tanto los conservadores como los laboristas, por desgracia— se aprovecharan de la transición para disparar los gastos y echar la culpa al Gobierno.

El hecho sigue siendo que con el impuesto se eliminaban en gran parte los defectos de nuestro sistema de finanzas municipales, y sus ventajas sólo habían empezado a vislumbrarse cuando quedó descartado. Estas ventajas se habrían hecho cada vez más evidentes al entrar en vigor la subcontratación de servicios municipales locales y la mejora de la eficacia municipal. Aunque las restricciones a la tasa comunal de 1990-1991 supusieron un éxito relativo a la hora de limitar los gastos de las autoridades locales, probablemente también habría sido necesario introducir controles directos de un alcance mucho más amplio sobre los gastos municipales, una idea sobre la que yo estuve trabajando hasta que nuestros asesores legales cambiaron de punto de vista. Habría tenido que pasar tiempo para que la disciplina del nuevo sistema empezara a surtir efecto en el rendimiento de los más derrochadores. Pero al final habría ocurrido. Sin embargo, se abandonó la tasa comunal. Los problemas fundamentales de la Administración local —mala gestión de los servicios, ambigua relación con el gobierno central, falta de verdadera responsabilidad local— no sólo siguen existiendo: se harán cada vez más graves.

CAPÍTULO XXIII

A la satisfacción por el recorte

Reducción de impuestos, reforma tributaria y privatización

Los años ochenta fueron testigo del renacimiento de la economía de empresa en Gran Bretaña. Esta fue, en general, una década de gran prosperidad en la que nuestra actuación económica sorprendió al mundo. Teniendo en cuenta que nuestra economía se había rezagado respecto a otros países de la Comunidad Europea en los años sesenta y setenta, en los ochenta creció más rápido que la de todos los demás, con excepción de España. Mientras que la mayoría de las economías europeas crecía más lentamente en esta última década que en la anterior, la británica lo hizo con mayor velocidad. A partir de 1987 aparecieron los síntomas clásicos del «recalentamiento» y la confusión inicial sobre lo que mostraban los indicadores monetarios. El que Nigel Lawson siguiese los pasos del marco alemán implicó que no emprendiésemos la acción necesaria para hacer más rigurosa la política monetaria con suficiente rapidez. Esto no significa que la ola de prosperidad de esos años fuese sólo o incluso principalmente el resultado de un auge artificial del consumo. Tenía una base más sólida que eso. El déficit por cuenta corriente, que se transformó en un problema real, no debe ocultar el hecho —en realidad, en cierta medida lo reflejó— de que durante este período la industria estaba invirtiendo de cara al futuro: en los años ochenta la inversión empresarial creció con más rapidez que en cualquiera de los principales países industriales, a excepción de Japón. La rentabilidad aumentó tanto como la productividad. De hecho, el incremento de la productividad de la industria manufacturera británica fue mayor que en las demás economías industriales durante esa década. Se establecieron nuevas sociedades que crecieron y se expandieron. Como consecuencia se crearon 3.320.000 nuevos empleos entre marzo de 1983 y marzo de 1990.

Por lo tanto, tan importante es comprender lo que funcionó durante estos años como lo que salió mal. Siempre que la combinación de una gestión imprudente de las finanzas públicas y una eurorregulación no anulen los beneficios, las mejoras fundamentales de la economía británica de la década de los ochenta perdurarán. Donde surgió el problema fue en el «sector de la demanda» cuando dinero y crédito se expandieron con demasiada rapidez y elevaron vertiginosamente los precios de los bienes, particularmente los de los situados al margen del comercio internacional, como las viviendas. Esta espiral no podía continuar y tenía que interrumpirse por sí misma o por una acción exterior. En contraste, las reformas del «sector de la oferta» tenían un gran éxito. Estos fueron los cambios que aumentaron la eficiencia y la flexibilidad y de ese modo capacitaron a la empresa británica para satisfacer las demandas del mercado interno y externo. Sin ellos, la economía no hubiera podido crecer tan velozmente ni producir tales mejoras en beneficios, nivel de vida y empleo: en síntesis, el país hubiera sido más pobre.

La reforma de los sindicatos fue crucial. Los cambios más importantes fueron los efectuados entre 1982 y 1984, que ya se han descrito con algún detalle. Pero el proceso continuó hasta el momento en que dejé mi cargo. La Ley del Empleo de 1988, basada en los compromisos de nuestro programa, reforzó los derechos de los individuos sindicados ante la acción industrial organizada por sus sindicatos sin votación, y ante sus intentos de «disciplinar» a los que no se adhirieran a una huelga. También se nombró un comisario especial para ayudar a estos individuos en el ejercicio de sus derechos, y se sometieron a inspección las cuentas de los sindicatos. Con la Ley del Empleo de 1990 culminó el largo proceso de paulatina reducción de este negocio cerrado, que había mantenido a tanta gente en terrible esclavitud durante los años setenta. Actualmente es ilegal negarle trabajo a alguien por pertenecer —o por no pertenecer— a un sindicato. Esta reducción del poder de los sindicatos, junto con el reforzamiento de los derechos y responsabilidades de sus miembros individuales, fueron cruciales para establecer un mercado laboral que funcionara adecuadamente, en el cual quedasen superadas las prácticas restrictivas y se mantuviesen los costos por unidad de trabajo por debajo de los niveles que, de otro modo, habrían alcanzado. La supresión de ese monumento al ludismo moderno —el Plan Nacional para los Trabajadores Portuarios— fue otro golpe a las prácticas restrictivas.

La disponibilidad de viviendas resulta vital para un mercado laboral que funcione adecuadamente[59]. Si la gente no puede trasladarse a las regiones en que hay trabajo —«en su bici», para citar la frase inmortal de Norman Tebbit— seguirá habiendo bolsas de desempleo irreductible. Y cuanto menos dispuesta o capacitada esté para mudarse, mayor será la llamada a una intervención estatal que fuerce o soborne a empresas para que se instalen en localidades comercialmente inconvenientes con el objetivo de proporcionar los empleos. El sector privado de alquiler de viviendas sería la fuente ideal de alojamiento barato, a menudo temporal, del tipo que probablemente querrían aquellos que buscan trabajo. Tras décadas de control de alquileres, sin embargo, el arrendamiento de casas —de modo casi único en Gran Bretaña— está popularmente asociado con explotación y malas condiciones. Esto significa que nunca se ha podido llevar a cabo una acción radical necesaria para revertir la disminución de esta clase de alojamiento, que ha ido empeorando sin interrupción desde la Primera Guerra Mundial.

En nuestro programa de 1987 prometimos —y consecuentemente incluimos en nuestra Ley de Vivienda de 1988— algunas medidas destinadas a revitalizar el sector privado de alquileres. Desarrollamos aún más los dos esquemas —originalmente introducidos en 1980— de arrendamiento a corto plazo (a precios de mercado y tras cuyo término el casero puede recuperar la posesión) y de ocupación asegurada (también a precios de mercado pero con seguridad de permanencia). Estas medidas surtieron algún efecto, al menos frenaron la disminución del mercado privado de viviendas en alquiler, aunque sigue haciendo falta un cambio de actitud radical para que pueda crecer hasta representar una contribución importante a la movilidad laboral.

Por otro lado están las viviendas de protección oficial que son la causa principal de la inmovilidad. Muchos de estos grandes centros habitacionales protegidos reúnen a desempleados que disfrutan de una seguridad de ocupación con un alquiler subvencionado. No sólo tienen todos los incentivos para permanecer donde están sino que además entre ellos se refuerzan su actitud pasiva y se minan cualquier iniciativa. De esta manera se desarrolla una cultura en la que los desempleados están contentos de seguir viviendo principalmente del Estado, y no tienen ninguna gana de moverse ni de encontrar trabajo.

Por lo tanto el gran incremento de la propiedad privada en el sector de la vivienda durante los años en que fui primera ministra, y la correspondiente reducción de la participación del sector público en la oferta habitacional, representaron un importante beneficio para la economía. Hubo intentos de negar esta realidad, basados en motivos financieros de estrechas miras. En particular, se dijo que mediante la desgravación fiscal hipotecaria se había canalizado demasiado ahorro nacional hacia el sector de la construcción, y muy poco hacia el de la industria. Este argumento nunca me pareció convincente. En primer lugar, pasa por alto el hecho de que mucha gente, cuya principal forma de ahorro consiste en comprarse una casa mediante una hipoteca, en otra situación no invertiría su dinero en acciones o en iniciar una empresa: por más omnipresente que sea el incentivo empresarial, la mayoría de la gente no nace empresaria. En realidad, para mucha gente comprar una casa es la puerta de acceso a otras inversiones. En segundo lugar, la idea de que la industria británica ha retrocedido en las últimas décadas debido a una carencia de inversión es, en el mejor de los casos, una verdad a medias. Lo cierto es que gran parte de la inversión se ha hecho de un modo equivocado y se ha dirigido incorrectamente. De lo que Gran Bretaña ha carecido en el pasado ha sido de oportunidades favorables que le permitiesen hacer uso de la inversión disponible, debido a una baja productividad, a unas malas relaciones laborales, a unos beneficios reducidos y a una mala gestión. Lo cierto es que un nivel elevado de propietarios de viviendas requiere el complemento de un sector privado dedicado al alquiler que sea suficientemente amplio, lo cual no es nuestro caso. En este último punto sólo obtuvimos éxitos parciales y el sector privado de alquileres es un área en la que me habría gustado hacer más si hubiera tenido tiempo.

La desregulación de la actividad comercial fue una historia diferente. Año tras año —y aún con mayor impulso desde que David Young asumió el Departamento de Comercio e Industria (DTI) en junio de 1987— se identificaron y eliminaron las regulaciones innecesarias. Todas las presiones de la vida moderna (o al menos de la política moderna, que no siempre es exactamente lo mismo) se orientan a imponer más controles: proteger a los consumidores, a los inversores, al medio ambiente y, cada vez más, a proteger a los poderosos lobbies de la Comunidad Europea. Pero se olvida la verdad general que es que mayor regulación significa costos más elevados, menor competitividad, menos empleos y por tanto menos riqueza para elevar la verdadera calidad de vida a largo plazo.

Todas estas áreas —poder sindical, capacitación, vivienda y regulación empresarial— fueron en las que progresamos, en diverso grado, al fortalecer el «sector de la oferta» en la economía. Sin embargo los cambios más importantes y de mayor alcance fueron los de reforma impositiva y privatización. Los recortes de impuestos aumentaron los incentivos tanto para el taller como para la sala de juntas. La privatización premió la eficiencia de la empresa privada, aboliendo así la preferencia por la ineptitud estatal. Éstos fueron los pilares sobre los que descansó el resto de nuestra política económica.

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS Y REFORMAS TRIBUTARIAS

Las reformas impositivas de Nigel Lawson lo señalan como un canciller de imaginación constructiva y dominio técnico extraordinarios. Mantuvimos algunas diferencias; no fue la menor aquélla sobre la desgravación fiscal hipotecaria, que a él le hubiese gustado suprimir, y cuyo umbral a mí ciertamente me hubiera gustado elevar. Pero a Nigel generalmente no le agradaba pedir o seguir consejos. Sin duda creía que no le hacía falta. Su estilo era precisamente el opuesto al colegiado que antes practicara Geoffrey Howe. Prefería hacerme examinar sus propuestas presupuestarias cuando ya las tenía bastante elaboradas y no había presente ningún secretario delante para tomar notas. Por ejemplo, presentármelas después de cenar en el Número 10 un domingo a fines de enero. Si en aquellas ocasiones yo me hubiese limitado a escuchar la información sobre sus planes, me habría resultado difícil ejercer alguna influencia real, ya que digerir cuestiones de tal complejidad después del café de sobremesa pone a prueba la resistencia de cualquiera. Pero en realidad, espías del Tesoro, que se daban cuenta de que ésta era una forma absurdamente secreta de proceder con alguien que después de todo era «primera dama del Tesoro», me instruían a escondidas —con las instrucciones más estrictas de no divulgar lo que yo sabía— antes de que Nigel me anunciara orgulloso su estrategia presupuestaria. Esto por lo menos me colocaba en mejor posición para cuestionar la posición fiscal propuesta u objetar medidas individuales.

Pero el hecho es que los presupuestos de Nigel eran esencialmente suyos. Así que, del mismo modo en que lo hago principal responsable de los errores programáticos que nos hicieron fracasar en el tema de la inflación, no dudo en otorgarle la parte del león en el crédito por las medidas ingeniosas de sus presupuestos.

Las marcas distintivas de los presupuestos de Nigel eran la claridad y la inteligencia. Mientras que Geoffrey Howe era instintivamente un canciller al que gustaban los paquetes de medidas bien equilibrados, Nigel Lawson prefería un presupuesto en que todo se basara sobre un tema y propósito principal. Geoffrey siempre elegía un curso prudente de acción, aunque el efecto fuese poco dramático, al tiempo que la búsqueda de Nigel de una solución brillante a un problema fiscal podía llevarle a arriesgar todo en un golpe ganador. En realidad era un jugador por naturaleza.

Empecé por cuestionar la magnitud —aunque no la clase— de los recortes impositivos que Nigel estaba proponiendo, en parte porque tenía la sensación —otra vez correcta— de que grandes reducciones de impuestos a la renta en un clima de excesiva confianza empresarial y de consumo podía tener un efecto psicológico, impredecible por parte de la dudosa ciencia económica, pero no por eso menos real. Podían prender fuego a lo que ya parecía ser recalentamiento.

En 1989 la confianza, aparentemente ilimitada, de Nigel respecto a nuestras perspectivas económicas estaba empezando a decaer. La política monetaria se había ajustado rigurosamente para reducir la inflación. ¿Pero, y la política fiscal? Estaba claro que el superávit presupuestario reflejaba, en igual medida, tanto el paso acelerado del crecimiento económico en la recaudación fiscal, como la solidez financiera subyacente. Aun así, resultaba difícil opinar que un superávit tan grande pudiese incrementarse todavía más.

Y, por cierto, cuando vi a Nigel para nuestra reunión habitual el domingo 12 de febrero, encontré menos dificultades que de costumbre para persuadirlo de que viera las cosas desde mi punto de vista. Lo insté a que reexaminara su informe del Gabinete, a que fuera menos autosuficiente, a no recortar ni un penique más del impuesto a la renta (dije que estaría mal visto psicológicamente), a olvidarse de su propuesta de eliminar el impuesto sobre la jubilación básica y en cambio desmontar la normativa sobre ganancias[60]. También le dije que no debía haber ninguna distensión en la política monetaria. Estuvo de acuerdo en todo. Entonces empleó parte de la renta disponible para efectuar cambios perceptibles en la estructura de las contribuciones de los empleados a la Seguridad Social.

Pero Nigel decidió no elevar los impuestos sobre el consumo al ritmo de la inflación, sesgando artificialmente hacia abajo su línea de incremento, lo que le permitió predecir que la misma aumentaría hasta cerca de un 8 por ciento antes de volver a caer en la segunda mitad del año a un 5,5 y quizás a un 4,5 por ciento en el segundo trimestre de 1990. Sin embargo, para entonces resultó alcanzar casi un 10 por ciento. El grado de inflación que había provocado en el sistema el hecho de seguir los pasos del marco alemán era mayor de lo que nadie hubiese podido prever, incluido Nigel. Pero, para 1990, Mister 10 por ciento se había ido y fueron otros quienes se quedaron para afrontar las consecuencias.

John Major era, en algunos aspectos, completamente diferente a Nigel Lawson como canciller. Me pareció extraño que habiendo sido un competente primer secretario, no se sintiera más cómodo abordando las difíciles cuestiones que ahora afrontaba al regresar al Tesoro. Pero probablemente Nigel había tomado todas las decisiones importantes y John no había tenido oportunidad de participar. Como preparación para el presupuesto de 1990, hicimos un seminario al que, aparte de John y yo, asistieron Richard Ryder, secretario económico del Tesoro, y altos funcionarios (Nigel no hubiera soñado nunca en algo así antes de un presupuesto). Aquello no nos sirvió de mucho, cosa que no fue culpa de John. El problema era que, para entonces, ninguno de nosotros tenía fe alguna en las previsiones. Sólo estuve en desacuerdo con John en una cuestión: detuve toda especulación sobre un nuevo impuesto al crédito. Compartía bastante la opinión de que los bancos y sociedades de préstamo inmobiliario habían hecho el crédito demasiado fácil de obtener y que aquello estaba endeudando a prestatarios irreflexivos o, simplemente, inexpertos. Pero nunca dudé de que si intentábamos detenerlo gravándolo con un impuesto, todo ese apoyo general que en principio suscita una política puritana se transformaría pronto en una protesta hedonista, en cuanto los vídeos, los almuerzos caros, los coches deportivos y las vacaciones en el extranjero quedaran fuera del alcance financiero. El impuesto también habría elevado el índice de precios al consumidor, aunque ése habría sido un efecto solamente inicial. En realidad, dentro del reducido margen de maniobra disponible en esas circunstancias, el único presupuesto elaborado por John Major tuvo un éxito modesto, ya que contenía varias propuestas atrayentes para incentivar el nivel de ahorro, lamentablemente bajo. Pero, para entonces, hubiera sido necesario algo más que un presupuesto prudente —incluso más que una primera ministra y un canciller coincidentes en la política a seguir— para evitar las consecuencias políticas y económicas que acarrearía el hecho de permitir que aumentase la inflación.

Que el regreso de la inflación y luego la recesión hayan oscurecido los beneficios de los cambios tributarios que introdujeron los presupuestos de Nigel Lawson no significa que tales beneficios se hayan evaporado. La inflación distorsiona pero, una vez domada de nuevo, se evidencia que no ha destruido las mejoras en el funcionamiento económico que generan impuestos más reducidos, y simples. Sólo una cosa puede minar esos beneficios para la economía de oferta: el que se permita que el gasto público quede fuera de control, porque eso aumenta los préstamos y al final requiere subidas de impuestos que arruinan los incentivos. Cuando dejé el cargo, tanto el gasto público como el préstamo estaban firmemente controlados. Por cierto, todavía estábamos elaborando un presupuesto con superávit. Y, durante mi período de gestión, el gasto público descendió de un 44 por ciento del PIB en 1979-1980 al 40,5 por ciento en 1990-1991. Desde entonces se ha elevado a un 45,5 por ciento (1993-1994) y los préstamos del sector público a cerca de cincuenta mil millones de libras, alrededor de un 8 por ciento del PIB. Estos guarismos traen extraños ecos del pasado. En política no existen las victorias totales.

PRIVATIZACIONES

La privatización, en no menor medida que la estructura tributaria, era fundamental para mejorar el funcionamiento de la economía británica. Pero para mí era también mucho más que eso: constituía uno de los medios cruciales para revertir los efectos corrosivos y corruptores del socialismo. La propiedad del Estado es justamente eso: la posesión de un bien por una entidad legal impersonal, lo que implica un control por parte de políticos y funcionarios, y es un error describir la nacionalización, como hizo el Partido Laborista, como una «propiedad pública». Pero mediante la privatización —particularmente a través de la que conduce al reparto más amplio posible de la propiedad entre miembros del público— se reduce el poder del Estado y se fortalece el del pueblo. Igual que la nacionalización estaba en el núcleo del programa colectivista con el que los Gobiernos laboristas trataron de remodelar la sociedad británica, la privatización está en el centro de cualquier programa que reivindique espacio para la libertad. Cualesquiera sean las discusiones que pudiese —y debería— haber acerca de las formas de venta, de las estructuras competitivas o de los marcos regulatorios adoptados en diferentes casos, no debería olvidarse este propósito fundamental de la privatización. Esta consideración tuvo relevancia práctica. Ya que significó que en algunos casos, si había que elegir entre esperar las circunstancias ideales para privatizar, lo que podía tomar años, o hacerlo dentro de una escala temporal determinada políticamente, la segunda resultaba la opción preferible.

Por supuesto que los argumentos económicos —más estrechos— a favor de la privatización eran también abrumadores. El Estado no debía hacer negocios. Que la propiedad sea del Estado elimina efectivamente —o al menos reduce radicalmente— el riesgo de quiebra, que resulta ser una disciplina para las empresas privadas. La inversión en industrias propiedad del Estado se considera como otra demanda a la Hacienda, y entra en competencia con escuelas o caminos. Como resultado, las decisiones de inversión se toman de acuerdo a criterios bastante diferentes de aquellos que se aplicarían a negocios en el sector privado. Ni, a pesar de valientes intentos de elaborarlo (cosa en que los Gobiernos conservadores no fueron los últimos), se puede encontrar un marco siquiera moderadamente satisfactorio para la toma de decisiones sobre el futuro de las industrias estatales. Se pueden fijar objetivos, aventurar advertencias, seguir la marcha de las cosas y designar nuevos presidentes. Esas cosas ayudan. Pero las empresas estatales nunca pueden funcionar adecuadamente como empresas. El mismo hecho de que sea el Estado el que, en un caso extremo, se responsabilice de ellas ante el Parlamento, en lugar de que sean unos accionistas los que controlen su administración, refleja la imposibilidad de su funcionamiento. Simplemente no existe ningún tipo de incentivo.

La privatización por sí misma no resuelve todos los problemas; sin embargo, como voy a demostrar, puso ciertamente al descubierto problemas ocultos que así pudieron afrontarse. Los monopolios totales o parciales que se transfieren al sector privado requieren una cuidadosa regulación para evitar abusos de poder en el mercado, ya sea a expensas de los posibles competidores o de los consumidores. Pero en el terreno de la reglamentación también existen buenos argumentos a favor de la propiedad privada: la regulación, que había estado encubierta bajo el sector público, ahora debía ser manifiesta y específica. Esto produce una disciplina más clara y mejor. Y en forma más general, por supuesto, la evidencia de la lamentable actuación del Gobierno al frente de cualquier empresa —o incluso administrando cualquier servicio— es tan abrumadora que en todos los casos debería recaer sobre los estadistas la carga de demostrar por qué el Gobierno debería desempeñar una función en particular, en vez de por qué no debería hacerlo el sector privado.

Ahora que casi todo el mundo defiende la privatización resulta difícil recordar cuan revolucionario —casi impensable— parecía a finales de la década de los setenta.

Me sentí especialmente contenta al ver cómo empresas que habían absorbido enormes sumas de dinero de los contribuyentes, y habían sido consideradas como sinónimos del fracaso industrial del Reino Unido, dejaban de ser propiedad del Estado y prosperaban en el sector privado. La sola perspectiva de privatización las compelía a volverse rentables y competitivas. Lord King transformó por completo la situación de British Airways mediante una audaz política de reducción de plantilla, mejorando su servicio al cliente y ofreciendo a sus empleados un premio por su éxito. En 1987 se vendió como una compañía floreciente. British Steel, que había absorbido grandes subvenciones en la década de los setenta y principios de los ochenta, reingresó en el sector privado en 1988 transformada en una empresa rentable.

PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

British Telecom fue el primer servicio privatizado. Su venta contribuyó, más que cualquier otro hecho, a sentar las bases de un capitalismo popular de accionistas en Gran Bretaña. Pero la relación entre privatización y liberalización, que significa abrir las telecomunicaciones a una mayor competencia, era compleja. Los primeros pasos hacia la liberalización se habían dado bajo Keith Joseph, que había separado British Telecom de Correos, eliminado el monopolio sobre las ventas telefónicas y otorgado a Mercury licencia para organizar una red competidora. Se liberalizó aún más en el momento de la privatización.

Pero si hubiésemos querido ir más allá y desconcentrar a la BT en empresas separadas, lo que hubiera sido mejor en términos de promoción de la competencia, tendríamos que haber esperado muchos años antes de poder efectuar la privatización. Esto sucedió porque sus sistemas de administración y contabilidad eran, para las normas modernas, casi inexistentes. No había manera de que las cifras que interesaban a los inversores pudiesen determinarse con rapidez o fiabilidad. Por tanto estuve bastante satisfecha cuando, tras el retraso provocado por la necesidad de retirar el proyecto de ley ante las elecciones generales de 1983, BT se privatizó con éxito en noviembre de 1984.

Al mismo tiempo, se estableció un sistema de regulación bajo control de una Oficina de Telecomunicaciones (OFTEL), con el resultado de que la BT tuvo que mantener los incrementos de los precios en un nivel fijo por debajo de la tasa de inflación durante unos años. Este fue un punto de partida bastante novedoso y tuvo una influencia que se vio con el tiempo. La fórmula «IPC menos x» no sólo se convirtió en el modelo para las privatizaciones de servicios en Gran Bretaña, sino que desde entonces se ha adoptado en el extranjero, por ejemplo en Estados Unidos.

La consecuencia de la privatización de la BT fue que se duplicó su nivel de inversión, que ya no estaba constreñido por las reglas del Tesoro de aplicación en el sector público. Para los clientes fueron igualmente benéficas. Los precios cayeron bruscamente en términos reales, la lista de espera de teléfonos desapareció y aumentó el número de cabinas en uso en un momento dado. Fue una demostración convincente de que los servicios públicos estaban mejor gestionados por el sector privado.

Muchas de esas mismas cuestiones surgieron en la privatización de British Gas, que había estado nacionalizada durante casi cuarenta años. La BGC tenía cinco negocios principales: la compra de gas a las compañías petrolíferas que lo producían, la provisión de gas desde las cabezas de playa a las que llega hasta el consumidor, la exploración de yacimientos y producción de gas —sobre todo en el mar—, la venta de aparatos de gas en sus salas de exposición, y la instalación y el servicio de reparación de los mismos. De todas estas funciones sólo el suministro a los consumidores podría definirse como un monopolio natural. Pero había cierto número de consideraciones que se oponían a la reestructuración fundamental de la empresa o a su desconcentración. Curiosamente, era más importante la falta de tiempo parlamentario. El examen de la privatización había quedado inevitablemente suspendido por la huelga de los mineros de 1984-1985. Tanto la BGC como el ministro de Energía, Peter Walker, estaban decididos a privatizar la BGC en bloque y su cooperación total era esencial para poder lograrlo durante mi segundo mandato, como yo quería. Había mucho que decir en favor del empleo del modelo de British Telecom en lugar de ensayar uno fundamentalmente diferente en estas circunstancias.

En consecuencia, en una reunión que mantuve con Peter Walker, Nigel Lawson y John Moore el martes 26 de marzo de 1985, acordé que debíamos vender la empresa en bloque. La fórmula para la regulación y la cuestión de liberalizar las importaciones y exportaciones de gas se convirtieron en el centro de muchas discusiones entre Peter Walker, por un lado, que estaba dispuesto a aceptar cierto grado de monopolio como precio de una rápida privatización, y por el otro lado el Tesoro y el Ministerio de Comercio e Industria, que hubieran preferido una competencia más fuerte desde el principio. Pudimos liberalizar las exportaciones de gas pero seguí la mayoría de los consejos de Peter Walker con el fin de lograr la privatización en el tiempo disponible. Sigo creyendo que fue correcto hacerlo porque la privatización resultó un éxito clamoroso (ahora la Comisión de Monopolios y Fusiones está investigando los problemas del poder monopolístico de British Gas). Cuatro millones y medio de personas invirtieron en las acciones, incluidos casi todos los 130.000 empleados de la compañía.

La privatización de la industria hidráulica fue una cuestión políticamente más delicada. Se dijeron muchas cosas absurdas, del estilo de «miren a la primera ministra, va a privatizar hasta la lluvia que cae del cielo». Yo solía replicar que puede ser que la lluvia provenga del Todopoderoso pero que Él no enviaba las tuberías, ni los grifos ni la ingeniería para aprovecharlas. Los argumentos de la oposición eran aún más débiles, ya que alrededor de una cuarta parte de los servicios de suministro de agua de Inglaterra y Gales hacía mucho tiempo que estaba en manos privadas. De mayor significación era el hecho de que las compañías de dichos servicios no se limitan a proporcionar agua: también velan por la calidad de los ríos, controlan la contaminación del agua y tienen importantes responsabilidades sobre industrias pesqueras, conservación, recreo y navegación. Fue Nick Ridley, un hombre de campo con una natural sensibilidad para asuntos del medio ambiente, quien, tras haberse convertido en ministro de Medio Ambiente, se dio cuenta de que el error residía en que las compañías de los servicios de suministro de agua combinaban las funciones de reglamentación y suministro. No tenía sentido que quienes se encargaban del tratamiento y eliminación de las aguas residuales fueran los mismos que reglamentasen la contaminación. De modo que el proyecto de ley que presentó Nick también establecía una nueva Autoridad Nacional de Ríos. La privatización además implicó que las compañías podrían obtener dinero de los mercados de capital para las inversiones necesarias con el fin de mejorar la calidad del agua.

La privatización más difícil técnica y políticamente, y la que llegó más lejos en combinar la transferencia de un servicio público al sector privado con una reestructuración radical, fue la de la Electricity Supply Industry. Tenía dos componentes principales. Primero, estaba la Junta Central de Energía Eléctrica (CEGB) que se ocupaba de las centrales de energía y de la Red Nacional (el sistema de transmisión). Segundo, existían las doce Juntas de Área que distribuían el fluido a los consumidores (en Escocia había dos compañías a cargo de la actividad: la South of Scotland Electricity Board y la North of Scotland Hydro Board). Con la Ley de Energía de 1983 Nigel Lawson había intentado introducir algo de competencia en el sistema. Pero no había tenido efectos prácticos. La CEGB tenía un monopolio nacional y las Juntas de Área, monopolios regionales. Nuestro desafío era privatizar todo lo posible la industria al tiempo que suscitar el máximo grado de competencia.

Sostuve una discusión inicial sobre la privatización de la electricidad con Peter Walker y Nigel Lawson en vísperas de las elecciones generales de 1987. No tenía intención de mantener a Peter en Energía, así que no valía la pena entrar en detalles. Pero coincidimos en que la propuesta de privatización debía incluirse en la plataforma y presentarse en el siguiente Parlamento.

Cuando Cecil Parkinson asumió el cargo de ministro de Energía después de las elecciones, encontró que el modo de pensar del departamento había sido influido poderosamente por los instintos corporativos de Peter Walker, así como por su percepción de que Walter Marshall se opondría apasionadamente a la desconcentración de la CEGB, de la que fue presidente. Parecía que la idea dominante era que la CEGB y la Red Nacional serían lanzadas como una compañía y las Juntas de Área combinadas en otra. Eso hubiera sido convertir un monopolio en un duopolio, pero Cecil cambió todo aquello. Después fue blanco de muchas críticas injustas y maliciosas por los cambios que su sucesor, John Wakeham, tuvo que hacer en la estrategia de privatización original, particularmente sobre las centrales nucleares. En realidad, fue Cecil quien tomó la decisión, audaz y correcta, de desconcentrar la CEGB y, lo más fundamental, de sacar a la Red Nacional de su control. A partir de entonces la Red sería propiedad conjunta de las doce compañías de distribución, creadas a partir de las antiguas Juntas. Mientras que en el sistema anterior quien controlaba la Red era también casi su único proveedor, ahora lo harían quienes tenían el mayor interés en que se desarrollase la máxima competencia posible en la producción de energía. Estas dos decisiones convirtieron a la competencia en una realidad efectiva.

El resultado de la ingeniosa reorganización de Cecil Parkinson siguiendo líneas competitivas es que ahora Gran Bretaña posee, quizá, la industria de suministro eléctrico más eficiente del mundo. Y, debido a la «transparencia» requerida por la privatización, también nos transformamos en el primer país del mundo en investigar los costes totales de la energía nuclear y, por lo tanto, en implementar un apropiado abastecimiento financiero.

CAPÍTULO XXIV

Resolviendo despropósitos

Política monetaria, tipos de interés y tipos de cambio

Una política económica correcta depende sobre todo de que se establezca correctamente cuáles son las actividades que competen al Estado y cuáles a los ciudadanos. El Estado debe establecer un marco de leyes, reglamentos e impuestos en el que puedan operar libremente las empresas y las personas, pero también debe existir un marco financiero para la política. Tras una larga pugna durante mi primer mandato, de 1979 a 1983, mis colaboradores más próximos y yo habíamos conseguido orientar la opinión del Gabinete, el Partido Conservador y la opinión pública del mundo de las finanzas, las empresas e incluso los medios de comunicación, hacia una interpretación más restrictiva sobre cuál debía ser el papel del Estado en la economía. Lo que es más, se aceptaba generalmente que el objetivo debía ser una reducción de los impuestos, los controles y las interferencias. Pero en relación con el establecimiento del marco financiero global, en cuyo seno genera riqueza la economía real, había menos puntos en común. Si bien Nigel Lawson y yo estábamos totalmente de acuerdo en cuanto al papel del Estado en general, acabamos teniendo marcadas diferencias sobre la política monetaria y cambiaria.

Nuestro éxito durante el primer mandato en la lucha contra la inflación, que había bajado de un 10 por ciento (en aumento) a menos del 4 por ciento (en descenso), obedecía al control del volumen de dinero en circulación. El «monetarismo» —o la convicción de que la inflación es un fenómeno monetario, es decir «un exceso de dinero en relación con las mercancías disponibles»— se había visto reforzado por una política fiscal que reducía el endeudamiento del Gobierno, por la liberación de recursos para la inversión privada y por la bajada de los tipos de interés. Este enfoque combinado se había materializado a través del proyecto de Estrategia Financiera a Medio Plazo (Medium Term Financial Strategy, MTFS) que fue, en buena parte, creación de Nigel Lawson. Su puesta en práctica dependía en gran medida del control de los indicadores monetarios. Éstos, como he señalado, resultaban a menudo distorsionados, confusos y veleidosos. Necesitábamos disponer también de otros indicadores. Por ello, antes de que Geoffrey Howe abandonara el cargo de canciller, ya se tomaba también en consideración el valor —el tipo de cambio— de la libra frente a otras monedas.

Es importante comprender qué relación existe —y cuál no— entre el tipo de cambio y el volumen de dinero en circulación. En primer lugar consideremos cuáles son los efectos de un aumento en el tipo de cambio, es decir, cuando la libra esterlina aumenta su valor respecto a una moneda extranjera. Dado que la mayor parte de los precios de importación y exportación se fijan en moneda extranjera, el precio en libras esterlinas de estos productos baja. Esto sólo se aplica a los bienes y servicios que pueden importarse y exportarse, como el petróleo, el grano o los productos textiles. Pero buena parte de los bienes y servicios que forman parte de nuestra renta nacional no son de este tipo: por ejemplo, no podemos exportar nuestras viviendas ni los servicios que se ofrecen en nuestros restaurantes. Sus precios no se ven afectados directamente por el tipo de cambio, y el efecto indirecto de éste —transmitido a través de los salarios— será limitado. Lo que sí determina, en mayor o menor medida, los precios de las casas y otros productos «no exportables» es el volumen de dinero en circulación.

Si este volumen aumenta con demasiada rapidez, los precios de estos productos aumentarán de modo correspondiente, y la fortaleza de la libra no podrá impedirlo. La interacción entre una libra fuerte y un volumen descontrolado de dinero hace que el sector de la exportación se deprima y que los recursos fluyan hacia los bienes inmuebles, los restaurantes y similares. La balanza comercial incurrirá, por consiguiente, en un déficit cada vez mayor, que habrá que financiar por medio de créditos procedentes del exterior. Este tipo de distorsión simplemente no puede durar. Hay que rebajar los tipos de cambio o reducir el crecimiento monetario, o ambas cosas a la vez.

Esta conclusión es extremadamente importante. O bien se elige mantener el tipo de cambio a un determinado nivel, cualquiera que sea la política monetaria necesaria para conseguirlo, o se establece un objetivo que permita que el tipo de cambio quede determinado por las fuerzas del mercado. Por consiguiente, es totalmente imposible controlar tanto el tipo de cambio como la política monetaria.

Con todo, los valores de cambio libres se ven fundamentalmente influidos por la política monetaria. La razón es sencilla. Si se ponen en circulación muchas más libras, el valor de éstas tenderá a disminuir, del mismo modo que una sobreproducción de fresas hace que su precio disminuya. Por lo tanto, una disminución del valor de la libra puede reflejar que la política monetaria ha sido poco estricta.

Pero también puede no reflejarlo. Existen multitud de factores, además del volumen de dinero en circulación, que tienen gran influencia sobre un tipo de cambio libre. El más importante es el flujo internacional de capitales. Si un país reforma sus normas fiscales y sindicales haciendo que el rendimiento del capital después de impuestos sea muy superior al de otros países, se producirá una entrada o afluencia neta de capital, y su moneda tendrá una considerable demanda. Bajo un tipo de cambio libre la moneda se apreciaría, pero esto no constituiría una señal de rigor monetario. De hecho, como ocurrió en Gran Bretaña desde 1987 hasta mediados de 1988, un tipo de cambio alto puede perfectamente estar asociado a una considerable expansión económica. De esto se sigue que si el tipo de cambio se convierte en un objetivo en sí mismo, por contraposición a considerarlo un indicador —entre otros— de la política monetaria, se está abandonando de hecho el «monetarismo». Merece la pena insistir en este razonamiento dada su enorme importancia a la hora de comprender las discusiones que se produjeron. Es posible establecer como objetivo a controlar el volumen de moneda en circulación o su tipo de cambio, pero no ambos. Se trata de un planteamiento de carácter eminentemente práctico. La única forma eficaz de luchar contra la inflación consiste en recurrir a los tipos de interés para controlar el volumen de dinero en circulación. Por el contrario, fijar los tipos de interés para mantener un determinado tipo de cambio equivale a orientarse por medio de una estrella diferente y potencialmente más díscola. Como hemos visto en dos ocasiones —una vez cuando Nigel siguió los pasos del marco alemán fuera del Sistema Monetario Europeo manteniendo muy bajos los tipos de interés y otra cuando, bajo la dirección de John Major, intentamos aferrarnos a una paridad sobrevalorada en el seno del SME, manteniendo un tipo de interés excesivamente elevado— trazar el curso por medio de esta estrella en particular conduce directamente a los arrecifes.

LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA

Estas cuestiones no atañían solamente a los técnicos: afectaban al núcleo mismo de la política económica que, a su vez, se encuentra en el corazón mismo de la política democrática. No obstante, había una cuestión incluso más importante, que surgió inicialmente en torno a una discusión sobre si la libra debía sumarse o no al SME y, más tarde y de forma más aguda, en el debate acerca de si debíamos aceptar o no las propuestas de la Comunidad Europea sobre la Unión Económica y Monetaria (UEM). Se trataba de la cuestión de la soberanía. La participación de la libra esterlina en el SME era considerada, en parte, una prueba de que éramos «buenos europeos». (Una expresión que, cada vez más, pasó a significar malos europeos, ya que la Comunidad adoptó una actitud egoísta y proteccionista frente a la Europa Oriental liberada). También podía interpretarse como una forma de renunciar al control de nuestra propia política monetaria, que pasaría a ser determinada por el Bundesbank alemán. En realidad, era esto lo que se quería decir cuando se afirmaba que nuestra política ganaría credibilidad si —por adoptar otra euro metáfora— nos «anclábamos» al marco alemán. De hecho, la metáfora es extrañamente apropiada: si la marea cambia cuando uno está anclado, la única alternativa a soltar más cadena al ir subiendo el nivel del agua es permitir que la proa del barco se vaya hundiendo. En un SME en que las revaluaciones eran cada vez peor vistas, no había cadena que soltar. Lo que nos lleva a la Unión Económica y Monetaria.

Alterando sutilmente sus fines, la Comisión Europea y otros consideraban que el SME era un camino hacia la UEM. Pero la unión en sí —que implica perder el derecho a emitir una moneda propia y la aceptación de una moneda europea, un banco central y un tipo de interés únicos— representa el fin de la independencia económica y, por consiguiente, la irrelevancia, cada vez mayor, de la democracia parlamentaria de los diferentes países. El control de la economía es transferido desde el Gobierno electo —responsable ante el Parlamento y el electorado— a instituciones supra-nacionales que no son responsables ante nadie. Nigel y yo éramos como una sola persona en nuestra oposición a la UEM. De hecho, tal vez la crítica más poderosa al concepto mismo fuera la contenida en el discurso que Nigel pronunció en Chatham House en enero de 1989. En él señaló:

Está claro que la Unión Económica y Monetaria implica nada menos que un Gobierno europeo —aunque sea un Gobierno federal— y la unificación política: los Estados Unidos de Europa. Esto, simple y llanamente, no forma parte de nuestra agenda, ni para hoy ni para un futuro previsible.

Desgraciadamente, al seguir una política que produjo un aumento de la inflación en Gran Bretaña —que a su vez obedecía, casi con seguridad, a su enorme deseo de incorporar la libra al SME—, Nigel minó hasta tal punto la confianza en el Gobierno que contribuyó a que la UEM se aproximara cada vez más.

INFLACIÓN Y TIPOS DE INTERÉS: 1986

Vale la pena subrayar en este punto dónde se encontraban los obstáculos y donde no. Hasta 1987, año en el que Nigel convirtió el tipo de cambio en el objetivo central de nuestra política económica, no existía ninguna diferencia fundamental entre nosotros, aunque Nigel —al parecer— piensa hoy que yo era «blanda» respecto al tema. Cualquiera que recuerde las decisiones tomadas de 1979 a 1981 encontrará esto poco plausible. También sorprenderá a cualquiera que considere que uno de los principales razonamientos esgrimidos para la adhesión al SME, que tan apasionadamente deseaba Nigel, era que llevaría a una reducción de los tipos de interés. En mi opinión, como mostraré más adelante, había ocasiones en las que era él quien se mostraba «blando» respecto a los tipos de interés, y quien deseaba aumentarlos más rápidamente. Los dos nos mostrábamos igualmente contrarios a la inflación; en todo caso a mí me preocupaba más que a él. Yo le repetía una cantinela constante: por mucho que admirara sus reformas fiscales, no había avanzado nada en la reducción de la tasa de inflación subyacente.

No obstante, teníamos diferentes puntos de partida cuando se trataba de considerar estas materias. Yo siempre fui más sensible que Nigel a las implicaciones políticas del aumento en los tipos de interés; en especial, en lo relativo al momento de su aplicación. Los primeros ministros tienen que serlo. También era extremadamente consciente de lo que representaban estos cambios para quienes tenían hipotecas. Aunque hay muchos más ahorradores que prestatarios en las sociedades de crédito hipotecario, son las perspectivas de estos últimos, e incluso sus vidas, las que pueden quedar destruidas de la noche a la mañana por una subida en los tipos de interés. Mi política económica pretendía ser también una política social. Era un camino hacia una democracia de propietarios y, por consiguiente, jamás debían dejarse de lado las necesidades de los compradores de viviendas. En igualdad de condiciones, una economía con tipos de interés bajos es mucho más sana que una economía con tipos de interés altos.

Es verdad que los tipos de interés real elevados[61] garantizan que el ahorro obtenga una alta rentabilidad, pero desincentivan la asunción de riesgos y la auto superación. A la larga, constituyen una fuerza en favor del estancamiento más que del progreso. Por estas razones me mostraba cautelosa sobre la elevación de los tipos de interés a menos que fuese necesaria.

Otro motivo de precaución era la dificultad de juzgar con precisión cuál era la situación monetaria y fiscal. Las cifras de la M0 variaban de un mes a otro, mientras que las de los demás activos totales eran aún peores. Se nos ofrecían estimaciones que infravaloraban el crecimiento económico y nos hacían exagerar las previsiones sobre déficit público. En estas circunstancias, resultaba realmente difícil tomar una decisión correcta sobre si reducir o elevar los tipos de interés, y cuándo hacerlo. En las reuniones que mantenía con Nigel y los funcionarios del Banco de Inglaterra y del Tesoro para decidir qué hacer al respecto, normalmente sometía a intensos interrogatorios a los participantes, les ponía al corriente de mis reacciones y, a continuación, cuando estaba segura de que se habían tomado en consideración todos los factores, aceptaba los deseos de Nigel. Hubo excepciones, pero fueron muy pocas.

TRAS LOS PASOS DEL MARCO ALEMÁN: 1987-1988

No fue hasta marzo de 1987 —aunque por aquel entonces yo no lo sabía— cuando Nigel empezó a aplicar una nueva política, distinta a la mía y a la acordada por el Gabinete, y distinta también a aquélla a la que se había comprometido públicamente el Gobierno. Su origen estaba en una ambiciosa política internacional de estabilización de los tipos de cambio. En el «Acuerdo del Louvre», firmado en febrero en París, Nigel y otros ministros de finanzas acordaron intervenir para estabilizar el dólar frente al marco y el yen. Los informes recibidos sobre el alcance de la intervención exigida me inquietaron. Además, no estaba claro cuánto duraría.

Nigel volvió a plantearme el tema de la incorporación de la libra al SME en julio. En su opinión, el primer año de una nueva legislatura sería el momento adecuado para adoptar esta medida. Representaría para nosotros la estabilidad en el tipo de cambio, necesaria para obtener la confianza de las empresas, y también contribuiría a mantenerla. No me pilló desprevenida, ya que había hablado anteriormente sobre el tema con Alan Walters y Brian Griffiths, jefe de mi equipo político que, en una anterior reencarnación, había sido director del «Centre for Banking and International Finance» de la City University. Respondí a Nigel que el Gobierno había logrado, a lo largo de los últimos ocho años, una bien fundada reputación de prudencia. Nuestra incorporación al SME equivaldría a reconocer que no éramos capaces de controlar la situación y que necesitábamos la ayuda externa de la RFA y el marco alemán. La pertenencia al SME reduciría nuestro margen de maniobra respecto a los tipos de interés que, en momentos de presión, serían más altos de lo que serían si nos encontráramos fuera del sistema. Había tenido ocasión de escuchar razonamientos acerca de la disciplina externa anteriormente. Recordaba que, a comienzos de los años setenta, Ted Heath había afirmado que la pertenencia a la CEE serviría para imponer disciplina a los sindicatos. Pero no había sido así, e intentar emplear nuestra entrada en el SME para influir en las expectativas de los empresarios y la fuerza de trabajo constituiría un fracaso similar. En términos globales, cuando las cosas fueran bien la pertenencia al SME no aportaría nada a nuestra política económica, y cuando fueran mal, sólo serviría para empeorarlas. Nigel rechazaba por completo este razonamiento. Manifestó que quería discutirlo de nuevo conmigo en otoño. Le respondí que era demasiado pronto, que no quería mantener una nueva discusión sobre el tema hasta el nuevo año.

Por aquel entonces existían ya ciertos indicios de que la economía estaba creciendo a un ritmo excesivamente rápido para ser sostenible. Las cifras eran ambiguas, pero parecía que el déficit público resultaría muy inferior a lo previsto durante la elaboración de los presupuestos. En agosto de 1987 Nigel sugirió un aumento de un 1 por ciento en los tipos de interés sobre la base de que éste era necesario para combatir la inflación antes de las próximas elecciones. Acepté su propuesta. Ésta era la situación cuando el «lunes negro» (19 de octubre de 1987) se produjo una gran caída en la Bolsa, precipitada por la de Wall Street. Vistos retrospectivamente, estos acontecimientos no fueron más que una corrección por parte del mercado de la sobrevaloración de las acciones, que se había visto agravada por las «ventas programadas» (programmed selling). Sin embargo, planteaban la cuestión de si en lugar de un sobrecalentamiento no estaríamos enfrentándonos a una recesión, ya que el público gastaba menos y ahorraba más con el fin de compensar el descenso en el valor de sus acciones.

Me encontraba en Estados Unidos cuando me enteré del hundimiento de la Bolsa. Había volado hasta Dallas, donde iba a alojarme con Mark y la familia, desde Vancouver, sede de la Conferencia de la Commonwealth. Tal y como se desarrollaron los acontecimientos, aquella noche cené con algunos de los principales empresarios estadounidenses. Estos pusieron en su debida perspectiva lo ocurrido, comentando que —contrariamente a lo que decían algunos de los informes más alarmistas— no estábamos al borde de un colapso de la economía mundial. Con todo, pensé que era mejor asegurarse, y acepté la solicitud de Nigel de dos recortes de medio punto en los tipos de interés para contribuir a devolver la confianza a los inversores.

Lo que no sabía era que Nigel estaba fijando los tipos de interés con arreglo al tipo de cambio para mantener la libra por debajo de los 3 marcos. Cabe preguntarse cómo es posible que aplicara esta política desde marzo sin mi conocimiento, pero el hecho de que la libra siga los pasos del marco (o el dólar) durante un cierto período de tiempo no significa necesariamente que el factor determinante de la política económica sea la persecución de un determinado tipo de cambio. Este mismo efecto puede obedecer a diversas causas. Existen tal cantidad de factores que influyen en los tipos de interés y las intervenciones que para quien está a cargo del día a día resulta casi imposible determinar en un momento concreto cuál ha sido el factor decisivo.

Por supuesto, según van pasando los meses y la gente vuelve la vista atrás empiezan a surgir preguntas. Nigel, que no es ningún idiota, tenía que ser consciente de ello. De hecho, probablemente fuera ésa su intención. Si todo hubiera ido bien, habría sido considerado una prueba de que podíamos entrar en el SME, sin consecuencias adversas, con un tipo de cambio en torno a los 3 marcos. Él se habría encontrado en situación de contrarrestar mi veto contra la incorporación en unas circunstancias en las que me hubiera sido prácticamente imposible volver a interponerlo. En alguna medida fue esto lo que ocurrió, aunque no llegó a forzar nuestra integración en el SME. Una vez que los mercados financieros han llegado a la convicción de que una política —en este caso, la de seguir los pasos del marco alemán, manteniendo una determinada paridad— es la principal garantía de la estabilidad financiera, resulta extraordinariamente desestabilizador alejarse de ella. Fue por ello por lo que cuando me enteré de lo que estaba pasando, descubrí también que habíamos perdido ya buena parte de nuestra libertad de acción.

Sorprendentemente, sólo descubrí que Nigel había venido siguiendo al marco cuando fui entrevistada por unos periodistas de The Financial Times el viernes 20 de noviembre de 1987. Me preguntaron por qué estábamos persiguiendo una paridad de 3 marcos por libra. Lo negué enérgicamente, pero no había forma de rehuir el hecho de que el gráfico que traían consigo corroboraba su afirmación. Las implicaciones eran, por supuesto, muy graves a varios niveles. Ante todo, Nigel había aplicado una política personal sin consultar al resto del Gobierno. No podría volver a confiar en él. En segundo lugar, nuestra fuerte intervención en los mercados cambiarios podía tener consecuencias inflacionistas. Por último, era posible que al autorizar que los tipos de interés descendieran demasiado yo misma hubiera favorecido la política oculta de Nigel de mantener la libra a una paridad inferior a los 3 marcos.

No quería discutir el tema con Nigel hasta estar absolutamente segura del terreno que pisaba. Así pues, hice acopio de toda la información posible sobre lo que había venido ocurriendo con nuestra moneda y el alcance de nuestra intervención. Acto seguido, me enfrenté a él. Le expresé mi gran preocupación por el grado de intervención que había sido necesario para mantener la libra por debajo de los 3 marcos. Nigel argumentó que la operación había sido «esterilizada» por las habituales operaciones del mercado y que no produciría un aumento de la inflación. Entendí que por «esterilización» quería decir que el Banco vendía pagarés y obligaciones del Tesoro para asegurarse de que los fondos de intervención no afectaran a los tipos de interés a corto plazo. Pero la gran afluencia de capital, aunque hubiera sido «esterilizada» en este sentido, tendría su propio efecto. Por una parte, incrementaría el volumen de dinero en circulación y por otra influiría a la baja sobre los tipos de interés del mercado. No obstante, en semejante entorno, Nigel podía justificar superficialmente unos tipos básicos inferiores a los que exigían las presiones económicas del país. Como resultado, se preparaba el camino para un aumento de la inflación.

Durante los primeros meses de 1988 empeoraron mis relaciones con Nigel. Yo quería reducir al mínimo toda intervención excesiva sobre los tipos de cambio, pero no tuve mucho éxito. Me parecía contradictorio subir los tipos de interés —cosa que hicimos en medio punto en febrero— interviniendo al mismo tiempo para mantener bajo el cambio de la libra. Por otra parte, era consciente de que una vez que ejerciera mi autoridad para prohibir toda intervención a esta escala, lo haría a costa de mi ya delicada relación de trabajo con Nigel. Se había puesto en tal situación que su posición en el Gobierno se vería debilitada si la libra superaba el cambio de tres marcos. Constituía una demostración convincente, aunque indeseada, de la locura de considerar una paridad de cambio como criterio del éxito político y económico.

Aún así, a comienzos de marzo no me quedaban ya más opciones. Los días 2 y 3 de ese mes se produjo una intervención por valor de más de mil millones de libras. El Banco de Inglaterra, que tradicionalmente es partidario de un tipo de cambio gestionado, se mostraba profundamente inquieto por la política económica. Lo mismo les ocurría a los altos cargos del Tesoro, aunque por supuesto no podían manifestarlo abiertamente.

Saqué el tema a colación en dos reuniones a las que asistió Nigel el viernes 4 de marzo. Volví a quejarme de nuestro grado de intervención en el tipo de cambio. Por su parte, Nigel manifestó de nuevo que la intervención quedaría «esterilizada». No obstante, reconoció que ésta no podía continuar indefinidamente al ritmo actual. Le pedí que consultara al Banco de Inglaterra y me informara aquel mismo día sobre si debía suprimirse o no el «tope» de los 3 marcos y, en tal caso, cuándo. A su vuelta, admitió que si el lunes seguía existiendo una fuerte demanda de la libra, se debía permitir que ésta superara los 3 marcos. Estaba muy interesado en otra intervención para limitar la posible velocidad de crecimiento del tipo de cambio. Expresé mi preocupación acerca de esto y manifesté que prefería dar tiempo a que la libra encontrara su propio nivel sin intervención alguna. No obstante, estaba dispuesta a permitir una intervención limitada en caso necesario. Así, la libra superó el límite de los 3 marcos.

Inmediatamente, tanto la oposición como los medios de comunicación intentaron sacar partido a las divisiones existentes entre Nigel y yo. El 10 de marzo, en el curso de mi comparecencia como primera ministra ante la Cámara de los Comunes, expuse con precisión nuestra política económica y el pensamiento en el que se basaba:

Mi amigo, su señoría el señor ministro, y yo estamos totalmente de acuerdo en que nuestro principal objetivo es mantener baja la inflación. Él nunca dijo que la pretensión de lograr una mayor estabilidad cambiaría significara una inmovilidad total. Los ajustes son necesarios, como pudimos comprobar con el sistema de Bretton Woods, al igual que los miembros del SME han descubierto que de cuando en cuando son necesarias las revaluaciones y las devaluaciones. No hay forma de rehuir el mercado.

Esta última afirmación provocó una lluvia de comentarios en la prensa, ante los cuales la verdad no servía como defensa. El problema era que parecía contradecir las declaraciones públicas de Nigel de que no quería que se produjeran nuevas apreciaciones de nuestra moneda. A partir de ese momento resultaría cada vez más difícil convencer a los mercados de que él y yo estábamos en sintonía. Por supuesto, esta percepción era esencialmente correcta.

Inevitablemente se plantea la cuestión de si no debería haber prescindido de Nigel en aquel momento o algo más adelante. Habría estado perfectamente justificado hacerlo. Había aplicado una línea política sin mi conocimiento o consentimiento, y mantenía un enfoque diferente al que él sabía que yo deseaba. Por otra parte, se consideraba en general —y correctamente— que había desempeñado un papel importante en nuestro triunfo en las elecciones de 1987. A nivel intelectual, tenía un total dominio de su campo. Disfrutaba de un fuerte apoyo entre los nuevos parlamentarios de nuestro partido y buena parte de la prensa conservadora, quienes se habían convencido a sí mismos de que yo estaba confundida y que sólo mi mezquindad o mi tozudez podían explicar mis diferencias con Nigel. Al margen de lo que hubiera ocurrido, opinaba que si Nigel y yo —con el apoyo del resto del Gabinete— uníamos nuestras fuerzas, podríamos prevenir, o al menos superar, las consecuencias de los errores pasados y encarrilar de nuevo la economía ante las próximas elecciones. No sucedería así. Dijera lo que dijese en la Cámara como respuesta a las preguntas sobre los tipos de interés y de cambio, mis intervenciones eran tergiversadas para sugerir que no respaldaba los puntos de vista de Nigel, o que estaba proclamando de manera excesiva, y poco convincente, mi adhesión a ellos. En este tipo de situaciones es imposible ganar. Nigel se sintió extremadamente trastornado por mis comentarios en la comparecencia como primera ministra del jueves 12 de mayo. Aunque le presté mi caluroso apoyo, tanto a él como a sus pronunciamientos en público, no repetí su punto de vista de que toda ulterior apreciación del tipo de cambio sería «insostenible».

Geoffrey Howe también andaba haciendo de las suyas. A partir de aquel momento quedó claro para mí que él y Nigel —que no habían mantenido una relación en absoluto amistosa en años anteriores, en los que hubo grandes celos entre ellos— estaban confabulados y que, de los dos, Geoffrey era el que peor predisposición mostraba hacia mí personalmente. Con anterioridad, en marzo, Geoffrey había pronunciado un discurso sobre los tipos de cambio en Zürich que en general fue interpretado como una toma de posición a favor de Nigel y en contra mía. A continuación, el viernes 13 de mayo, introdujo de modo absolutamente gratuito un comentario respecto a nuestro compromiso de unirnos al SME «en el momento adecuado» en su discurso ante la rama escocesa del partido en Perth. Dijo: «No podemos seguir añadiendo siempre ese condicionante al compromiso subyacente».

Esto hizo que la prensa ampliara aún más la grieta percibida entre Nigel y yo en torno a la incorporación al SME. No me sentí precisamente satisfecha. Cuando Geoffrey me telefoneó imprudentemente la mañana siguiente a su intervención para solicitar una reunión aquel mismo día —a la que acudirían él y Nigel— para «resolver nuestra disputa semipública», le contesté que había quedado con Nigel para hablar sobre la situación del mercado —que los comentarios de Geoffrey habían alterado—. Pero no estaba dispuesta a verles juntos. Le dije tres veces, dado que no parecía capaz de comprenderme e insistía en su intento de convocar una reunión en la que él y Nigel pudieran salirse con la suya, que lo mejor que podía hacer era estarse callado. No íbamos a incorporarnos al SME por el momento, y eso era todo.

Pasé el domingo en Chequers trabajando sobre un discurso que debía pronunciar ante la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Hubo cierta hilaridad cuando mis redactores y yo fuimos descubiertos de rodillas, una posición apropiada, aunque en realidad estábamos recurriendo a la cinta adhesiva más que al Espíritu Santo. Tras las noticias publicadas a lo largo del día, era también consciente del daño que estaban empezando a causar los informes de los medios de comunicación acerca de divisiones y desacuerdos sobre los tipos de cambio.

Nigel lo organizó todo para entrevistarse conmigo el lunes. Quería que acordáramos una formulación detallada de nuestra política para que yo la empleara en la Cámara. Previamente, el Tesoro me había comunicado que Nigel deseaba otra reducción más en los tipos de interés. Por mi parte, estaba horrorizada por el alcance de nuestra intervención en los mercados monetarios —que además estaba claramente fracasando— con el fin de mantener la libra al nivel que deseaba Nigel. A pesar de sus garantías, temía que resultara inflacionista. No obstante, yo había logrado en parte lo que buscaba —que idealmente habría sido que nuestra moneda alcanzara su propio nivel en los mercados— en la medida en que se había permitido que la libra alcanzara los 3,18 marcos. Debido a esto, no me preocupaba aceptar la rebaja de los tipos de interés que sabía que él buscaba. También era consciente de que los especuladores empezaban a considerar que la libra esterlina era una apuesta segura, y pensaba que no estaría mal que se pillaran los dedos.

Por encima de todo, la reducción de los tipos de interés hasta un 7,5 por ciento el martes 17 de mayo era el precio a pagar por mantener unas relaciones tolerables con mi ministro de Hacienda, que era de la opinión de que su posición quedaría en entredicho si la libra se apreciaba por encima de cualquier «banda» a la que oficiosamente la pudiera haber consignado. Si me hubiera opuesto tanto a la intervención como a la rebaja de los tipos de interés y la libra hubiese flotado hasta su nivel correcto, sin duda Nigel habría dimitido, en un momento en que tanto la mayoría del grupo parlamentario como la prensa respaldaban más su línea que la mía. Sin embargo, hoy me parece que el precio económico que hubo que pagar por esta limitación política fue excesivamente elevado. Durante todo el período que Nigel ocupó el cargo, los tipos de interés fueron demasiado bajos. Deberían haber sido considerablemente más altos, por malos que hubieran sido sus efectos sobre el valor de cambio de la libra, o sobre la presión sanguínea de Nigel.

También acepté respaldar detalladamente ante la cámara las líneas maestras respecto al papel del tipo de cambio como elemento de la política económica, sobre las que Nigel y yo nos habíamos puesto de acuerdo en nuestra reunión del lunes. Tuve que ir más lejos de lo que me habría gustado afirmando:

Hemos rebajados tres veces los tipos de interés en los últimos meses. Claramente, nuestro objetivo era influir sobre el tipo de cambio. Recurrimos a los mecanismos disponibles, tanto los tipos de interés como las intervenciones, que parecen apropiados a la vista de las circunstancias y […] sería un error de los especuladores pensar en ningún momento que la libra es una apuesta segura.

CRECEN LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS

De hecho, a partir de junio de 1988, los tipos de interés crecerían de forma regular. Nigel insistía en aumentarlos sólo medio punto cada vez. Yo habría preferido medidas más radicales para demostrar a los mercados financieros lo seriamente que nos tomábamos el último indicador de que la economía estaba creciendo demasiado de prisa y de que la política monetaria había sido excesivamente poco estricta: concretamente las cifras de la balanza de pagos. La actitud de Nigel respecto a este dato era más relajada que la mía. Opinaba que el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente, que aumentaba cada vez más, era más importante como indicador de que otras cosas iban mal que por sí mismo. Pero el déficit me preocupaba porque confirmaba que, como nación, estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y además sugería que no tardaría en producirse un aumento de la inflación.

Los precios de las viviendas estaban subiendo considerablemente. La M0 seguía creciendo demasiado rápidamente, hasta situarse por encima de los objetivos planificados. Las previsiones de inflación estaban revisándose continuamente al alza, y aún así seguían resultando excesivamente bajas. Por ejemplo, en la estimación mensual del Tesoro de septiembre de 1988, la inflación prevista para marzo de 1989 era de un 5,4 por ciento. Según la estimación de octubre, la previsión era de un 7 por ciento (de hecho resultó ser de un 7,9 por ciento). Así pues, aunque el desempleo había bajado y habían aumentado considerablemente el crecimiento y los ingresos, al acabar 1988 nos esperaban problemas.

A la vista de todo esto, resulta extraordinario que en aquel momento (noviembre de 1988) Nigel me enviara un documento proponiendo la independencia del Banco de Inglaterra. Mi reacción fue de rechazo. Ahí estábamos, luchando contra las consecuencias de su desviación de nuestra estrategia —que tan bien había funcionado durante la primera legislatura— y él pretendía que le diéramos de nuevo la vuelta a nuestra política. No creía, como afirmaba Nigel, que fuera a potenciar la credibilidad de nuestra lucha contra la inflación. De hecho, como ya expuse, «sería considerado una abdicación por parte del ministro en su momento más vulnerable». Añadí que podía «representar la aceptación de un error por nuestra parte a la hora de hacer frente al problema». También tenía dudas de que contáramos con personas del calibre apropiado para hacerse cargo de una institución semejante. Como le dije a Nigel cuando vino a discutir su documento, a finales de los años setenta yo ya había pensado en la posibilidad de crear un banco central independiente, pero había decidido no llevar adelante la idea. Lo consideraba una institución más apropiada para los Estados federales. En todo caso, no había nada que discutir acerca del establecimiento de un banco así en aquel momento. La inflación tendría que descender mucho —hasta alrededor de un 2 por ciento— durante dos o tres años antes de que pudiera contemplarse semejante perspectiva. No creo que cambiar una organización institucional ya probada por el tiempo sea en general una buena solución a los problemas políticos subyacentes —y el control de la inflación es, en última instancia, un problema político—. Es posible mantenerla baja si se tiene voluntad de hacerlo, como ocurre con los alemanes debido a su amarga experiencia con la hiperinflación. También nosotros podíamos haberlo conseguido —sin necesidad de un banco central independiente— si hubiésemos seguido una política monetaria suficientemente estricta. Probablemente, a lo que debería haber prestado más atención era al hecho de que esta propuesta de Nigel reflejaba su actitud frente a las dificultades económicas, que se divisaban ya claramente en el horizonte. Deseaba transferirle la responsabilidad a otra persona o institución.

El año 1989, el último de Nigel como responsable de Economía, fue un período en el que experimenté crecientes dificultades políticas. Era el décimo aniversario de mi llegada al cargo de primera ministra, aniversario que yo insistía debía mantenerse tan discretamente oculto como fuera posible. Sin embargo, se convirtió inevitablemente en una ocasión para publicar resúmenes poco halagüeños sobre mi mandato en la prensa, cuyo objetivo era producir en el lector la clara impresión de que diez años de mi persona eran más que suficiente. También fue un período en el que los tipos de interés permanecieron muy altos —13 por ciento en enero, 14 por ciento desde mayo, y 15 por ciento a partir de octubre— y en el que la inflación y las previsiones parecían ascender inexorablemente. Los resultados comerciales siguieron siendo malos, en particular los correspondientes a julio, lo que minó la confianza del público y debilitó la libra. En opinión de Alan Walters, había una excesiva restricción monetaria, lo que impulsaría a la economía hacia una grave recesión. En concreto, recomendó encarecidamente que no se subieran los tipos de interés a un 15 por ciento, como quería hacer Nigel en respuesta a la subida de los tipos de interés en Alemania. Alan estaba en lo cierto, pero acepté el juicio de Nigel y los tipos de interés subieron de nuevo. Tal vez el hecho de que respaldara a Nigel, pocos días antes de que dimitiera, contra lo que me dictaban mi propia intuición y las recomendaciones de Alan, sea suficiente comentario sobre la acusación de que al no cesar a Alan Walters estaba minando la posición de Nigel.

EL INFORME DELORS SOBRE LA UEM

Durante este período, además de la de la orientación de la política monetaria, surgieron dos preocupantes e importantes cuestiones en materia económica. Respecto a la primera —el Sistema Monetario Europeo (SME)— Nigel y yo manteníamos opiniones fuertemente encontradas. Sobre la segunda —la Unión Económica y Monetaria (UEM)— estábamos totalmente de acuerdo. Como resultado de la reunión del Consejo Europeo en Hannover en julio de 1988, se había creado, bajo la presidencia de Jacques Delors, un comité de directores de bancos centrales de la CEE —que prestaban sus servicios a título personal— que debía elaborar un informe sobre la UEM. Nigel y yo esperábamos que, actuando conjuntamente, Robin Leigh-Pemberton, gobernador del Banco de Inglaterra, y Karl Otto Pohl, presidente del Bundesbank, impedirían la elaboración de un informe que impulsara la UEM. Considerábamos que el señor Pohl era claramente hostil a cualquier pérdida de autonomía monetaria por parte del Bundesbank. En cuanto a Robin Leigh-Pemberton, éste no albergaba ninguna duda sobre la solidez de nuestro enfoque, que era de hecho el de la inmensa mayoría (por aquellas fechas) del grupo parlamentario del Partido Conservador y la Cámara de los Comunes. Nuestra actitud era que el informe debía limitarse a ser un documento descriptivo, no prescriptivo. Esperábamos que se insertaran párrafos que dejaran claro que la UEM no era en absoluto necesaria para llevar a término el Mercado Único y que ampliaran el estudio de las implicaciones de la UEM en lo referente a la transferencia del poder y la autoridad de las instituciones nacionales a una burocracia central.

Nigel y yo nos habíamos reunido con el gobernador la noche del viernes 14 de diciembre de 1988, y le habíamos urgido a que planteara todo esto en las subsiguientes discusiones sobre el texto. Volvimos a verle la tarde del viernes 15 de febrero. Lo que habíamos llegado a ver del borrador del informe nos parecía totalmente insatisfactorio. Seguía las líneas que respaldaba el señor Delors, que era claramente quien llevaba la batuta. Nigel y yo queríamos que el gobernador hiciera circular su propio documento pero, cuando éste apareció, fue bastante decepcionante. Lo más perjudicial de todo fue que la oposición del señor Pohl al enfoque de Delors, de todos conocida, simplemente no fue expresada.

Fuera lo que fuese lo que hizo el gobernador, resultó ineficaz. Cuando el informe Delors apareció por fin en abril de 1989, confirmó nuestros peores temores. Desde el principio se había hablado de «tres fases», lo que al menos podía habernos permitido reducir el ritmo y negarnos a «avanzar» más allá de la primera o la segunda fase. Ahora el informe insistía en que, en el momento de embarcarse en la primera fase, la Comunidad se comprometía irrevocablemente a alcanzar finalmente una Unión Económica y Monetaria total. Se aludía al requerimiento de un nuevo tratado y se solicitaba que se iniciaran inmediatamente los trabajos para redactarlo. También se incluía abundante material sobre política regional y social —un costoso socialismo delorsiano a escala continental—. Nada de esto me parecía aceptable.

LA EMBOSCADA ANTES DE MADRID

Fueran cuales fuesen los problemas planteados por el informe Delors, éste no se ganó demasiados partidarios en Gran Bretaña. No obstante Nigel, y a continuación, Geoffrey, lo utilizaron para reabrir el debate sobre el SME. Durante nuestra reunión en la tarde del miércoles 3 de mayo, Nigel sostuvo que debíamos entrar en el sistema. Yo le respondí que nuestra prioridad absoluta debía ser la lucha contra la inflación y que sería un error adoptar como objetivo la estabilidad del tipo de cambio. Era lo que habíamos hecho cuando intentábamos seguir los pasos del marco y había puesto en peligro nuestra lucha contra la inflación. En mi opinión, el informe Delors sobre la UEM no alteraba el debate sobre el Sistema Monetario Europeo. Por el contrario, estaba convencida de que no debíamos implicarnos más en un sistema que, casi con seguridad, cambiaría tras el informe Delors. No aceptaba la premisa de que fuera necesario incorporarse al SME para impedir que se produjeran cambios no deseados en la Comunidad. En mi opinión, la idea de establecer una fecha para nuestra futura incorporación resultaría particularmente dañina. Nigel no estaba de acuerdo, pero yo le respondí que no quería que se planteara la cuestión de la pertenencia de Gran Bretaña al SME en aquel momento.

Esto no significa que no estuviera meditando sobre el tema. De hecho, pocos días después, Alan Walter me envió un documento —titulado «Cuando el momento esté maduro»— en el que exponía minuciosamente las condiciones que debían satisfacerse antes de nuestra incorporación. Sugería que los países integrantes tendrían que haber abolido todos los controles sobre el cambio exterior y la maquinaria legal a través de la cual se imponían. Debían desregularse y abrirse a la competencia de los países de la CEE todos los sistemas bancarios nacionales y los mercados financieros y de capital. Toda institución, corporación, sociedad o individuo debía ser libre de incorporarse a cualquier negocio bancario o financiero bajo unas mínimas condiciones de garantía.

Se trataba de propuestas audaces que darían a nuestra posición un aspecto más positivo. La jugada contra el corporativismo en Francia, Alemania e Italia resultaría valiosa por derecho propio. Quedaba por ver si el SME sería capaz de soportar durante mucho tiempo la eliminación de todos estos controles, que contribuían a otorgarle una falsa estabilidad. El problema del enfoque de Alan, por supuesto, era que no suprimía las objeciones fundamentales que tanto él como yo planteábamos al sistema de tipos de cambio cuasi fijos que caracterizaba al SME. Al final me convencí de que la ingeniosa propuesta de Alan podía ser el único modo de hacer frente a la presión de Nigel, Geoffrey y la CEE para que nos incorporáramos al SME.

Leon Brittan, entonces vicepresidente de la Comisión Europea, vino a verme poco después para intentar convencerme de los beneficios de pertenecer al Sistema Monetario Europeo. Argumentaba que nos daría un peso importante en los siguientes pasos de la cooperación económica y monetaria. De hecho, me dijo que permitiría a Gran Bretaña dictar el ritmo y rumbo de los acontecimientos. Aparentemente, su punto de vista sobre la materia se había visto reforzado por un comentario que le había hecho el señor Delors en una cena, en el sentido de que «si ella se incorpora, gana». Con todo, no me sentí demasiado impresionada por las conversaciones de sobremesa del presidente de la Comisión Europea. Dije que no creía que quienes deseaban emprender el camino establecido por Delors para la UEM fueran a sentirse disuadidos por la incorporación británica al SME. Y, efectivamente, así fue.

Mis relaciones con Nigel atravesaron otro momento difícil en mayo, cuando en una entrevista ofrecida a World Service estuve a punto de admitir, indiscretamente, que el motivo por el que nuestra tasa de inflación había aumentado era que habíamos seguido los pasos del marco alemán. Esto, por supuesto, era cierto, pero se alejaba de la respuesta conveniente: que el crecimiento de la inflación obedecía a que habíamos reducido los tipos de interés como consecuencia del hundimiento de la Bolsa durante el «lunes negro» y los habíamos mantenido bajos demasiado tiempo. Nigel se encontraba en una reunión de ministros europeos de finanzas en España y se alteró mucho al enterarse. Así pues, autoricé la publicación de una declaración para la prensa en la que revertía a una explicación menos precisa, pero más aceptable por ambas partes. Por aquellas fechas, pedí al Tesoro que elaborara un informe en el que me explicaran por qué, en su opinión, había aumentado la inflación. Me resultó interesante averiguar que Nigel había pedido que el primer borrador de este documento, que se había centrado casi exclusivamente en el seguimiento del SME, fuera revisado para ampliar el análisis hasta el período de 1985-1986[62]. En estas circunstancias, no es sorprendente que el resultado final me pareciera menos penetrante y convincente que el de otros documentos elaborados por el Tesoro.

Aún habían de empeorar más las cosas. El miércoles 14 de junio de 1989, tan sólo doce días antes de la celebración de la reunión del Consejo Europeo en Madrid, Geoffrey Howe y Nigel Lawson me tendieron una emboscada. No tardé en enterarme de que el instigador de la misma había sido Geoffrey. Me enviaron un memorándum conjunto en el que sostenían que, con el fin de llegar a un compromiso viable sobre las propuestas de Delors en torno a la UEM —en el que se aceptara la fase uno, pero sin compromiso alguno respecto a las fases dos y tres, o respecto a una conferencia intergubernamental— yo debía manifestar mi disposición a aceptar una «referencia no legalmente vinculante» a la incorporación de la libra esterlina al SME para finales de 1992, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones. La alternativa era, como de costumbre, el «aislamiento». Era un documento típico de Asuntos Exteriores que, en sus mejores días, Nigel Lawson habría destripado con todo desdén.

Tras leer el trabajo de Alan sobre las condiciones de incorporación al SME, yo había dedicado mucho tiempo a pensar sobre el tema. No tenía nada claro que una exposición detallada de estas condiciones sirviera, en aquella fase, para alejar a los demás países de la Comunidad y a la Comisión Delors del camino hacia la UEM que parecían haber elegido. No me convencían sus supuestas ventajas políticas. Me preocupaban mucho las consecuencias que fijar una fecha específica de ingreso podía tener sobre los mercados monetarios. Sin embargo, me reuní con Nigel y Geoffrey la noche del martes 20 de junio para discutir el comunicado y su contenido. Finalmente, les dije que quería reflexionar más sobre cómo debía tratarse el tema en Madrid. Seguía siendo escéptica sobre que una concesión en la incorporación al SME nos permitiera realmente alcanzar nuestro objetivo de bloquear una conferencia intergubernamental, así como las fases dos y tres del proyecto de Delors. No obstante, esto solo podría juzgarse en Madrid sobre el terreno. En cualquier caso, seguía sintiéndome recelosa ante la idea de fijar una fecha para la incorporación de la libra.

No me había agradado la forma de actuar de Nigel y Geoffrey, a base de memorándums, presiones y camarillas. Pero me sentí más que irritada por lo que sucedió a continuación. Recibí otro comunicado conjunto. En él, Nigel y Geoffrey manifestaban que una simple exposición detallada de las condiciones que deberían cumplirse antes de nuestra incorporación —ampliándolas para incluir, por ejemplo, medidas acerca del Mercado Único— resultaría «contraproducente». Había que fijar además una fecha, y querían que celebráramos otra reunión antes de la cita en Madrid.

Leí su nota el sábado por la mañana en Chequers y, casi inmediatamente, recibí una llamada telefónica de mi oficina preguntándome qué hora sería buena para concertar una visita. Esta me resultaba extraordinariamente inconveniente. El lunes por la tarde tenía que estar en Madrid, pero no había forma de pararles. Sugerí verles el sábado por la noche o a primera hora del domingo en el Número 10. Escogieron esta última fecha.

Sabía que el inductor era Geoffrey. Se había mostrado muy alterado por los resultados de la campaña para las elecciones europeas, en las que no nos había ido bien. Yo sabía que él siempre había creído que algún día se convertiría en líder del Partido Conservador y primer ministro, una ambición que le obsesionaba cada vez más, al írsele escapando las posibilidades de lograrlo. Se consideraba a sí mismo, con cierta justicia, un elemento importante de nuestros pasados triunfos. Este hombre tranquilo y amable pero profundamente ambicioso —con el que mis relaciones habían ido empeorando continuamente debido a mi exasperación ante su insaciable apetito por alcanzar compromisos, que hacía que en ocasiones le atacara frente a los demás— estaba dispuesto a causarme problemas a cualquier precio. Por encima de todo, sospecho, pensaba que se había convertido en una persona indispensable, una ilusión muy peligrosa para un político. No existe otra explicación para lo que él hizo e indujo a Nigel a hacer en aquellas fechas.

Ambos vinieron a verme a las ocho y cuarto de la mañana del domingo, como habíamos acordado. Fueron conducidos hasta mi estudio y se sentaron frente a mí al otro lado de la chimenea. En verdad, habían preparado con cuidado lo que me iban a decir. Geoffrey fue el primero en hablar. Me urgió a que en mi intervención en la reunión del Consejo Europeo en Madrid anunciara las condiciones en las que estaría dispuesta a permitir que la libra se uniera al SME y a que fijara una fecha para la incorporación. Nigel y él insistieron incluso en una fórmula precisa, que anoté: «Es nuestra firme intención incorporarnos no más tarde de…» (una fecha a especificar). Me comunicaron que si lo hacía impediría que el proceso propuesto por Delors pasara a las fases dos y tres. Si no aceptaba sus términos y su formulación, dimitirían. No estoy segura de que hubiera podido superar la pérdida simultánea de mis ministros de Exteriores y de Economía en aquel momento, pero tres pensamientos se agolparon en mi mente. En primer lugar, no estaba dispuesta a que me chantajearan para que aceptara una política que, en mi opinión, era errónea. En segundo lugar, debía mantenerles a bordo si me era posible, al menos por el momento. Por último, pensé que nunca más debía permitir que esto pasara. Pero, en aquel instante arrinconé en el fondo de mi mente esta tercera reflexión. Les dije que había preparado ya un párrafo en el que exponía con más detalle las condiciones en las cuales la libra podría incorporarse al SME, y que lo introduciría en mi primer discurso. Me negué a comprometerme a fijar una fecha. De hecho, les dije que me resultaba imposible creer que un ministro y un ex ministro de Economía pudieran plantearme seriamente que debía señalar un plazo por anticipado. Hacerlo sería una fiesta para los especuladores, como sin duda debían saber. Al marcharse, Geoffrey tenía una expresión insufriblemente complacida. Así finalizo aquella desagradable reunión.

Explicaré en breve el resto de lo sucedido en la reunión de Madrid. Baste con decir aquí que sobre la base de lo que había sugerido ya Alan, con algunas modificaciones, expuse lo que llegó a ser conocido como las «condiciones de Madrid» para la entrada de la libra en el SME. Reafirmé nuestra intención de incorporarnos una vez que hubiera descendido la inflación y se hubiera aplicado satisfactoriamente la primera parte del plan Delors, incluida la libre circulación de capitales y la abolición de los controles sobre el mercado de cambios. Pero no establecí una fecha para nuestra entrada, ni fui sometida a presión alguna para hacerlo en Madrid.

No creo que plantear nuestra posición en Madrid modificara fundamentalmente el ritmo, por no hablar de la orientación, de las discusiones sobre el informe Delors en torno a la UEM europea. Sólo alguien con una visión particularmente ingenua del mundo —del tipo cultivado por los euroentusiastas británicos, que no tenía equivalente alguno entre los astutos europortunistas del continente— podía haber imaginado lo contrario. A pesar de todo, las negociaciones de Madrid me permitieron agrupar al Partido Conservador en torno a nuestra posición negociadora y nos alejó de la manida y ligeramente ridícula fórmula de «cuando llegue el momento preciso». El resultado de la reunión en Madrid fue muy alabado en casa. Desgraciadamente en cierto sentido, nunca llegaría el momento «preciso», ya que el SME, en especial ahora que el objetivo de alcanzar la Unión Económica y Monetaria de Delors había quedado al descubierto, jamás sería lo «preciso». Pero eso era algo sobre lo que no podía hacer nada.

De vuelta a casa, la reunión del Gabinete comenzó como de costumbre a las 10:30 del jueves 29 de junio. Normalmente, yo estaba ya sentada en mi puesto, de espaldas a la puerta, cuando entraban los ministros. En esta ocasión me quedé en la puerta esperándoles. Pero no hubo dimisiones. La condición de que era necesario fijar una fecha de incorporación al SME podía no haberse mencionado nunca. Nigel Lawson incluso llegó a mencionar que la reunión de Madrid había ido bastante bien. Pensé que tenía mucha cara dura: pero Nigel siempre fue así. Aquella era una de sus características más atractivas.

MÁS TENSIONES CON NIGEL LAWSON

A partir de aquel momento las tensiones entre Nigel Lawson y yo empezaron a aumentar por culpa del asesoramiento económico independiente que yo estaba recibiendo de Alan Walters. Alan había vuelto al Número 10 en mayo de 1989. Ya he descrito su contribución a las «condiciones de Madrid» para la entrada de la libra en el SME. Mientras tanto, el Tesoro, enormemente preocupado por los efectos inflacionistas de la política de Nigel de seguir los pasos al SME, continuaba urgiendo continuamente subidas de los tipos de interés. Alan atrajo mi atención hacia el peligro de que unos tipos excesivamente elevados pudieran llevarnos a una recesión económica[63]. En pocas palabras, estaba haciendo exactamente lo que debe hacer un consejero de un primer ministro, aconsejar. Tenía además el mérito añadido de estar en lo cierto.

Durante su ausencia de cinco años de Downing Street se le había pedido que ofreciera sus opiniones en todo tipo de foros. Los puntos de vista de Alan eran siempre incisivos. Seguían saliendo a la luz diversos informes, artículos y discursos en los que exponía sus ideas en materia de política económica en general y sobre el SME en particular. Estos se convirtieron en un grave problema, en parte porque fueron explotados por la prensa para realzar las diferencias entre Nigel y yo, y en parte porque el propio Nigel, sabiendo que se le estaban echando las culpas del aumento de la inflación, se estaba volviendo hipersensible.

Lo importante, con todo, era que todas estas especulaciones de la prensa reflejaban una realidad subyacente. Efectivamente, Nigel y yo no compartíamos ya esa unidad general de criterios ni la confianza que un ministro y un primer ministro debían tener. Tampoco existía modo alguno, a menos que reconociera totalmente su culpa, cosa nada característica en él, de evitar que los comentaristas le atribuyeran la responsabilidad por el empeoramiento de las perspectivas económicas.

Todo esto resultó evidente durante la conferencia del partido en 1989, para la cual, con más optimismo que prudencia, el nuevo presidente del partido, Ken Baker, había escogido como lema «El equipo adecuado». La subida de los tipos de interés en Alemania nos había llevado a seguir sus pasos, y adoptamos la desagradable medida de elevarlos hasta un 15 por ciento la víspera de la conferencia. The Daily Mail se cebó en Nigel llamándole «canciller en la bancarrota» y exigiendo su dimisión. Nigel, a quien nunca le faltaron redaños, ofreció un discurso poderoso que fue bien recibido. Incluso en aquel momento tuvimos que negociar el modo de plantear en nuestros discursos y declaraciones las referencias al tipo de cambio. Había una clara diferencia de énfasis, si no una clara contradicción, entre su modo de formularlas:

El Partido Conservador nunca ha sido y nunca será el partido de la devaluación.

Afirmación que implicaba que el valor de la libra en el mercado de cambios estaba en nuestras manos, y mi propia formulación:

Cómo dejó claro ayer Nigel Lawson, la industria no debe aspirar a encontrar refugio en una moneda en perpetua depreciación.

Lo que constituía un punto de vista muy diferente, basado en un análisis también distinto.

Sobrevivimos sin incidentes a la conferencia del partido. Pero en la prensa se reflejaba el sentimiento generalizado de que, a la vista de las desagradables noticias económicas que aún quedaban por venir, sería difícil que Nigel continuara en su puesto. Si decidía hacerlo, gozaría de mi apoyo e incluso de mi protección, como siempre había ocurrido. Por muy cómodo que pudiera haber resultado, no estaba dispuesta a echarle a los lobos. Tal vez algo menos caritativamente pensaba que, dado que nos había conducido hasta el nivel de inflación en que nos hallábamos, debía ser él quien adoptara las medidas necesarias para librarnos de ella, por impopulares que fueran. Después de todo, la perspectiva sería extraordinariamente desagradable para cualquier otro ministro entrante. En cualquier caso —por razones y circunstancias que describiré en breve— yo había realizado lo que pretendía que fuera el último reajuste ministerial de aquella legislatura, pasando a Geoffrey Howe de Asuntos Exteriores al puesto de líder del grupo parlamentario. Había decidido —correcta o incorrectamente— que Nigel siguiera en su cargo. ¿Qué era lo que había decidido Nigel?

LA DIMISIÓN DE NIGEL LAWSON

He mencionado ya la agitación que creó la publicación de los comentarios de Alan Walters, extraídos del pasado y a menudo descontextualizados. Aún más, dado que el momento de su aparición era impredecible, dependía de la rapidez con la que los periodistas les siguieran la pista y los publicaran de nuevo, había poco que mi personal o Alan pudieran hacer. El 18 de octubre The Financial Times publicó un artículo en el que aparecían citas de Alan describiendo al SME como un plato «a medio cocinar». El artículo se basaba en un ensayo que iba a ser publicado en The American Economist. Pero lo que no mencionaba el periódico era que había sido escrito en 1988, mucho antes de que volviera a actuar como mi consejero económico.

En mi opinión, no tenía nada de lo que excusarse y le envié una nota:

Dado que el artículo fue escrito mucho antes de Madrid (donde Alan actuó también como consejero), no veo cuál es el problema. Lo que es más, los Consejeros ACONSEJAN. Son los ministros quienes toman las decisiones políticas.

A las cuatro y media de la madrugada del miércoles 25 de octubre, el VC10 que me traía de vuelta de la Conferencia de la Commonwealth en Kuala-Lumpur llegó a Heathrow. De vuelta en el Número 10, deshice el equipaje, discutí mi programa de trabajo con Amanda Ponsonby (mi indispensable secretaria a cargo de la agenda), comí y después me entrevisté con Nigel Lawson en una de nuestras habituales reuniones bilaterales. Estaba muy irritado con Alan Walters, ya que le habían preguntado repetidas veces en diversas entrevistas si éste debía ser cesado o no. Pero había muchas otras cosas en las que teníamos que pensar. En particular teníamos que llegar a un acuerdo sobre la actitud que debía adoptar Nigel en la inminente reunión de ministros de finanzas de la Comunidad Europea para hablar de la UEM. Nigel había diseñado un ingenioso enfoque alternativo, basado en la idea de Friedrich Hayek sobre la competencia entre monedas, según el cual sería el mercado, y no los Gobiernos, el encargado de impulsar la unión monetaria. (Desgraciadamente, esta propuesta no llegó muy lejos, en buena parte debido a que no era para nada el modelo estatalista y centralista que preferían nuestros socios de la CEE). Tras mi entrevista con Nigel, mantuve una discusión más amplia sobre la UEM, en la que participaron también John Major (secretario de Exteriores) y Nick Ridley (secretario de Comercio e Industria). En ella aprobamos la propuesta de Nigel, aceptando que su objetivo era fundamentalmente táctico, ya que se trataba de frenar las discusiones sobre la UEM en el seno de la Comunidad.

El día siguiente, jueves, habían de surgir nuevas dificultades, pero por aquel entonces no podía ni imaginarme cuántas. No sólo era el día de mi habitual comparecencia parlamentaria: tenía también que explicar los resultados de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Commonwealth de Kuala-Lumpur y responder a las preguntas sobre ésta, y también, inevitablemente, sobre Suráfrica. Estaba en el secador poco después de las ocho de la mañana cuando recibí un mensaje de mi oficina privada a través de «Crawfie» en el que se me comunicaba que Nigel Lawson quería verme a las nueve menos diez, es decir, justo antes de mi sesión de preparación para la comparecencia parlamentaria. «Crawfie» me comentó que parecía algo serio y que era posible que Nigel estuviera pensando en dimitir. Yo le respondí: «Oh no querida, estás equivocada. Sale esta tarde para una reunión en Alemania y supongo que es por eso por lo que quiere verme». Así pues, cuando bajé las escaleras para ver a Nigel en mi estudio, no estaba preparada en absoluto para lo que me iba a comunicar. Me dijo que si Alan Walters no se iba dimitiría. Quería que accediera allí mismo a su exigencia.

Al principio, me costó tomarle en serio. Le dije que no fuera ridículo. Él ocupaba un alto cargo del Estado y se estaba rebajando simplemente por hablar en semejantes términos. En cuanto a Alan, era un miembro devoto y leal de mi equipo, que me había ofrecido consejos francos y útiles y había actuado siempre con propiedad. Si otros, incluyendo los medios de comunicación, habían intentado explotar y exagerar unas legítimas diferencias de opinión, no era responsabilidad suya. No estaba dispuesta a cesarle bajo ningún concepto. La reunión terminó de manera poco concluyente. Le pedí a Nigel que se lo pensara de nuevo. Creí que había aceptado mi consejo. Pero tuvimos poco tiempo para hablar ya que debía prepararme para mi comparecencia parlamentaria y para hacer una declaración en una reunión que debía empezar a las nueve de la mañana.

Una hora más tarde Nigel acudió a una reunión con otros ministros para discutir sobre el futuro del establecimiento de armas atómicas de Aldermaston (Atomic Weapons Establishment). Parecía encontrarse en buena forma y realizó varias agudas intervenciones. Esperaba que la tormenta se hubiera disipado, y creía que así había sido. A continuación nos reunimos de nuevo, esta vez en la reunión del Gabinete. Inicié la reunión diciendo que debíamos ponernos al trabajo sin dilación y resolver las cuestiones pendientes con rapidez ya que dos ministros tenían que marcharse para asistir a reuniones en Europa. Nigel era uno de ellos.

Así pues, me sentí doblemente sorprendida cuando me comunicaron, durante la ligera comida —sopa y fruta— que solía hacer los días de comparecencia parlamentaria, que Nigel quería verme de nuevo. Creía que ni siquiera estaba en el país. Volvimos a reunimos en mi estudio, donde me repitió sus exigencias y me comunicó que deseaba dimitir. Yo no tenía nada nuevo que decir y tenía poco tiempo para hacerlo, ya que debía comparecer en breve ante la Cámara de los Comunes. Pero dejé bien claro que no pensaba cesar a Alan Walters y que esperaba que Nigel reflexionara sobre el asunto. Le dije que me reuniría de nuevo con él tras la comparecencia y la declaración.

Estaba echando un último vistazo a los informes en mi despacho de la Cámara de los Comunes cuando a las tres y cinco de la tarde —poco más de diez minutos antes de mi comparecencia— mi secretario privado, Andrew Turnbull, entró para decirme que Nigel Lawson había decidido dimitir y deseaba que su decisión fuera anunciada antes de las tres y media de la tarde. Esto era totalmente imposible. No se lo habíamos comunicado a la Reina. No teníamos preparado ningún sucesor. Los mercados financieros de Londres estaban aún abiertos. Yo misma tenía que enfrentarme en aquel momento a una hora de pie respondiendo preguntas y realizando una declaración sobre la Conferencia de la Commonwealth. Repetí que me reuniría con Nigel entre las cinco y las cinco y media de la tarde en el Número 10.

Sólo me fue posible hacer frente al período de preguntas y a la declaración relegando el problema de Nigel a un segundo plano. Alrededor de una hora más tarde, cuando salía de la Cámara, le pedí a John Mayor, que como Secretario de Exteriores se había sentado a mi lado durante la declaración, que me acompañara a mi despacho: «Tengo un problema».

Idealmente me habría gustado nombrar canciller a Nick Ridley. Pero, particularmente en estas difíciles circunstancias, su desprecio por la delicadeza expositiva podría haber multiplicado nuestro problema. John Major, que conocía el departamento del Tesoro debido a su período como secretario jefe (Chief Secretary), parecía la opción evidente. Había pensado más de una vez que John podía ser mi sucesor, pero me hubiera gustado que ganara más experiencia. Sólo había pasado pocas semanas al frente del Foreign Office y no había llegado a dominar aún el departamento, tan distinto al del Tesoro, donde había sido un secretario jefe eficaz y competente. A él le hubiera gustado permanecer en su puesto de ministro de Exteriores en lugar de volver al Tesoro a recoger los fragmentos dejados por Nigel. Cuando expresó su reticencia le dije que todos teníamos que aceptar el mal menor ocasionalmente. Aquello se aplicaba tanto a mí como a él. Aceptó con elegancia.

Volví rápidamente al Número 10 para ver a Nigel, que seguía insistiendo en que su dimisión debía ser anunciada inmediatamente. Visto a posteriori, sólo se me ocurre una explicación para la indecente prisa de Nigel. Creo que temía que yo pudiera telefonear a Alan Walters, que se encontraba en Estados Unidos y no estaba al corriente de los acontecimientos, y que Alan pudiera dimitir. Le comuniqué a Nigel que su cargo iba a ser ocupado por John Major. No había nada más que discutir y fue una reunión muy breve. Lamenté que nuestra larga, y en general fructífera, asociación tuviera que terminar así. Acto seguido telefoneé a Alan para ponerle al tanto de lo que había ocurrido. Me dijo que la dimisión de Nigel le ponía en una situación insostenible y, por consiguiente, insistió en dimitir también, a pesar de todos mis intentos por disuadirle.

JOHN MAJOR COMO MINISTRO

La partida de Nigel fue un mazazo para mí, y Geoffrey lo empleó para meter aún más cizaña. El siguiente fin de semana, en un discurso de calculada malicia, alabó el papel de Nigel como canciller de gran valentía e insistió en nuestra incorporación al SME en los términos esbozados en la reunión de Madrid. Pero la partida de Nigel fue también una bendición en un aspecto. Al menos, en John Major tenía un ministro que, aunque carecía del dominio de Nigel de la economía, no tenía un capital personal invertido en errores del pasado. Estaba en mejor disposición psicológica para hacer frente a sus consecuencias.

Las tres tareas principales a las que nos enfrentábamos eran: en primer lugar controlar la inflación, aunque era importante moderar la presión a tiempo para evitar una recesión; en segundo lugar, resolver la espinosa cuestión del SME, que tanto daño había hecho a la unidad y la posición del Gobierno; y en tercer lugar, evitar vernos absorbidos por la Unión Económica y Monetaria Europea. En el primero de estos temas —la inflación— sólo se trataba de aplicar la desagradable medicina de mantener unos tipos de interés elevados. Probablemente éstos se mantuvieran muy altos durante demasiado tiempo: llevaban casi un año en un 13 por ciento y habían subido hasta un 15 por ciento el mes anterior. No obstante, al irse revisando al alza las previsiones de inflación mes tras mes, había una cierta sensación de incertidumbre acerca de cuál era exactamente la situación subyacente. Por consiguiente decidí que era mejor errar por exceso de prudencia financiera. John y yo no teníamos ninguna diferencia grave sobre esta política. En octubre de 1990, cuando insistí en una rebaja de un 1 por ciento de los tipos de interés antes de nuestra incorporación al SME, ésta estaba justificada por el volumen de moneda en circulación, que había experimentado una disminución considerable: la cifra del IPC (RPI) estaba también cambiando tras llegar a un 12 por ciento, cifra que jamás pensé que se volvería a alcanzar durante mi estancia en el cargo de primera ministra.

En torno a las cuestiones del SME y la UEM era cada vez más consciente de que tenía ante mí un canciller de un tipo muy diferente a Nigel. John Major —tal vez porque se había ganado su prestigio como whip o tal vez porque no le emocionan el tipo de conceptos que Nigel y yo consideramos fundamentales en política— tenía un gran objetivo: mantener unido al partido. Para él esto significaba que debíamos entrar en el SME lo antes posible para aliviar las tensiones políticas. Esta prevalencia de la política sobre la economía, un extraño atributo en un ministro del Tesoro, significaba que se sentía atraído por una posible forma de eludir la UEM que paliara el miedo a vernos «aislados» de los timoratos europeístas del partido. Había aceptado en principio nuestra incorporación al SME con las condiciones expuestas en Madrid, aunque me seguía desagradando el Sistema Monetario Europeo y por mucho que recelara de sus fines. Sobre la UEM, que en mi opinión afectaba no sólo al debate sobre el futuro de Europa sino también al futuro de Gran Bretaña como Estado democrático soberano, no estaba dispuesta a aceptar compromiso alguno.

DISCUSIONES SOBRE EL SME Y LA UEM: 1990

A partir de la primavera de 1990, empecé a discutir el tema del SME con John Major de modo bastante regular. Cuando me reuní con él la mañana del jueves 29 de marzo le dije que, en mi opinión, no se habían satisfecho aún las condiciones para nuestro ingreso. Aunque habría que considerar la fecha de nuestra incorporación antes de las siguientes elecciones, seguía siendo inaceptable publicar una fecha concreta para el acontecimiento. Me alegró saber que John estaba de acuerdo conmigo. Contrariamente a lo que había ocurrido con Geoffrey y Nigel, él era consciente de que fijar una fecha por adelantado nos dejaría a merced de los mercados. Pero estaba quedando cada vez más claro que él quería que nos incorporáramos lo antes posible. Me dijo que, considerando el probable impacto favorable que tendría nuestro ingreso en el SME tanto en lo político como en el mercado, sería más fácil reducir los tipos de interés y mantener un tipo de cambio firme dentro que fuera del SME. Esto me recordaba demasiado el disco rayado de Nigel en el sentido de que era necesario orientarse por el tipo de cambio en vez de hacerlo por el volumen de moneda en circulación. Desgraciadamente, aquella política nos había llevado a un enorme aumento de la inflación. El enfoque de John era que si el partido y el Gobierno se unían en torno a esta política y daba la impresión de que ganaríamos las siguientes elecciones, las perspectivas económicas mejorarían también. Pero yo sabía perfectamente que cuando se adoptan medidas económicas con fines políticos se corren riesgos considerables.

Pocos días más tarde hablé con John acerca de la UEM y el informe Delors. Me dijo que me mantendría al corriente de sus conclusiones sobre el camino a seguir. Mencionó también que la estrategia debía consistir en frenar el avance hacia las fases dos y tres del plan Delors y hacia la erosión de la soberanía nacional que éstas representaban, garantizando a la vez que el Reino Unido no quedara excluido del proceso negociador. Tenía la sensación de que esta posición era bastante elástica. Por ello, le dije que toda postura que implicara que podían aceptarse medidas hacia una mayor integración económica y monetaria más allá de la incorporación al SME sería muy peligrosa. Si otros estados miembros querían dar esos pasos era asunto suyo, pero el Reino Unido no participaría en semejante proceso. Si dejábamos esto absolutamente claro, en mi opinión era probable que, bajo la presión del Bundesbank, Alemania se negara también a pasar a las siguientes fases de la UEM. Intenté que John considerara todo esto en un contexto más amplio, y le hablé de la necesidad de desarrollar relaciones comerciales libres con Estados Unidos y otros países señalando que no se debía permitir que bloques de países con un control central —lo que en mi opinión sería una Europa federal— lo impidieran.

John Major empezó a mostrarse cada vez más excitado tanto sobre la incorporación al SME como sobre la UEM. El 9 de abril de 1990 me envió un documento en el que me comunicaba que le había sorprendido la determinación de otros ministros de finanzas de la Comunidad Europea por llegar a un acuerdo sobre un tratado para la plena Unión Económica y Monetaria. No había encontrado grandes apoyos a nuestro nuevo enfoque alternativo —la circulación de un «ecu duro», gestionado por un Fondo Monetario Europeo, junto a las monedas existentes— que habíamos planteado como «enfoque evolutivo» de la UEM[64]. Por consiguiente, establecí una serie de opciones sobre nuestras posibles actitudes. Entre ellas, la que él recomendaba —y que finalmente sería desarrollada en Maastricht— era trabajar en favor de un tratado que definiera claramente la UEM y las instituciones necesarias para su fase final (junto con cualquier fase de transición, si se estimaba necesaria), previendo un mecanismo de «ingreso opcional» para los Estados miembros. Esto les permitiría incorporarse a la fase tres —es decir, a la moneda única— a su propio ritmo. En su opinión, éste era el objetivo que debíamos perseguir en la Conferencia Intergubernamental (IGC). En una reunión que mantuvimos el viernes 18 de abril, John ensayó los razonamientos contenidos en su informe poniendo el énfasis en que el objetivo de la UEM, tal y como la describía Delors, era compartido por todos los países menos el Reino Unido.

No estaba de acuerdo ni con el análisis ni con las conclusiones de John. Le dije que el Gobierno no podía suscribir una enmienda a un tratado que contuviera la definición de la UEM de Delors en su totalidad. Habría que trabajar más por desarrollar nuestra propuesta de un Fondo Monetario Europeo, que podríamos plantear como el máximo necesario para la comunidad en aquel momento. Me preocupó enormemente que el canciller hubiera aceptado tan rápidamente los eslóganes del lobby europeo. En aquel momento, no obstante, pensé que era mejor mantenerme en silencio. John era nuevo en el trabajo. Era correcto que buscara un camino para avanzar que pudiera proporcionarnos aliados en Europa además de convencer a los parlamentarios conservadores de que nuestra actitud era razonable. Pero ya resultaba claro que estaba pensando en términos de llegar a compromisos aceptables para mí y que, intelectualmente, se estaba dejando arrastrar por la marea.

LA INCORPORACIÓN DE LA LIBRA AL SME

Junto con las consideraciones sobre las tácticas a aplicar ante la UEM se encontraban las consideraciones sobre el momento adecuado para nuestro ingreso en el SME. El Tesoro redactó una nota dirigida a mí sobre cuál sería el mejor momento para la incorporación de la libra a la vista de las circunstancias económicas y los acontecimientos políticos. Aunque los demás países y bancos centrales estaban presionándonos para que nos sumáramos, seguiría existiendo un procedimiento establecido para hacerlo. Por ello se asumía que anunciaríamos nuestras intenciones un viernes con el fin de dejar el fin de semana libre para discutir los detalles antes de la apertura de los mercados el lunes. Tendría que haber una discusión inicial entre el Ministerio de Finanzas y los representantes del Banco Central en el Comité Monetario de la CEE: había que tomar en consideración la posibilidad de convocar una reunión plenaria de ministros y gobernadores, aunque en la práctica resultó ser innecesario. Después de elegir el momento apropiado, las dos cuestiones más importantes eran a qué amplitud de «banda» (es decir, con qué margen superior e inferior respecto a la paridad central escogida) y con qué paridad se incorporaría la libra. Por supuesto estos dos puntos recibieron gran atención, tanto por mi parte como por la del Tesoro. Los debates hipotéticos previos se habían basado en la idea de una banda estrecha (+ 0 - 2,25 por ciento); pero John y yo éramos de la opinión de que sería mejor una banda más ancha (+ 0 - 6 por ciento) ya que nos dejaría más margen de maniobra.

En cuanto al tipo de cambio central de la libra respecto al marco, éste se veía influido por varios factores. En primer lugar, la paridad elegida debía ser creíble a la luz de los últimos movimientos cambiarios. En segundo lugar, no debía ser tan baja como para debilitar nuestra lucha contra la inflación haciendo necesario un tipo de interés imprudentemente bajo para mantener el precio de nuestra moneda. En tercer lugar, y por contraste, tampoco debería ser tan alta como para imponer presiones innecesarias sobre la industria, tanto debido a los tipos de interés elevados, que harían subir el precio del dinero, como al tipo de cambio, que haría que nuestros bienes fueran poco competitivos.

Desde luego, hubiera sido una prueba incluso para la sabiduría de Salomón decidir cuál era el tipo «correcto»: de hecho dudo mucho que Salomón, en su sabiduría, se hubiera planteado jamás semejante tarea. Esto obedece a que, en última instancia, no existe ningún nivel «correcto» para la libra que no sea el que determine el mercado. Pretender encontrar semejante cosa es, en cierto sentido, caer en la trampa de creer en el viejo concepto pre capitalista de que existe un «precio justo». Si Nigel Lawson hubiera conseguido convencerme de que la libra se incorporara al SME en noviembre de 1985, el tipo de cambio libra/marco habría rondado los 3,75 marcos. Un año más tarde, la libra había bajado a 2,88 marcos. En noviembre de 1987 había subido a 2,98. En noviembre de 1988 había vuelto a subir hasta 3,16 marcos. En noviembre de 1989 había vuelto a bajar a 2,87. Cuando nos incorporamos al SME fue con una paridad central de 2,95 marcos. Era el tipo de cambio con el que había cerrado el mercado de Londres ese mismo día. Lo que esto muestra a primera vista es que para mantener la libra en el seno del sistema durante este período habría sido necesario recurrir a las revaluaciones y/o a fuertes intervenciones y grandes variaciones en los tipos de interés. De hecho, es una demostración de que Alan Walters había estado en lo cierto al decir que el Sistema Monetario Europeo no garantizaba la estabilidad, sino más bien el tipo de inestabilidad que produce un movimiento a grandes saltos en lugar del acomodo gradual que impone el mercado.

Fue sólo en mi reunión con John Major el miércoles 13 de junio cuando reconocí que no podía oponerme a que la libra se incorporara al SME. Pero el momento en que debía hacerlo seguía abierto al debate. Aunque los términos que había planteado no habían sido totalmente satisfechos, disponía de demasiados pocos aliados como para mantener la resistencia y salir triunfante. Hay límites a lo que puede hacer la capacidad del más decidido de los líderes democráticos cuando tiene que hacer frente a las exigencias del Gabinete, el grupo parlamentario, el lobby industrial y la prensa, en especial, cuando ha tenido que vivir durante tanto tiempo como lo había hecho yo con un planteamiento totalmente insatisfactorio (unirse «cuando llegue el momento preciso»), que había sido aún más definido por las condiciones de Madrid. A estas alturas todos mis consejeros me decían, aunque más por motivos políticos que económicos, que debía permitir que la libra se incorporara al sistema. Prácticamente el único aliado que me quedaba en el Gabinete era Nick Ridley, que no tardaría en dimitir: no éramos una combinación suficientemente fuerte como para hacer lo que nos habríamos visto obligados a hacer, es decir, poner de manifiesto que, por una cuestión de principios, no permitiríamos el ingreso en el SME ni ahora ni en el futuro.

Sin embargo, mi disposición a incorporarnos al sistema europeo iba acompañada de un condicionante crucial: no estaba dispuesta a mantener ninguna paridad a expensas de la situación monetaria interior. Insistí en que entráramos en la banda ancha (6 por ciento en ambos sentidos). Incluso entonces dejé bien claro a John Major que si la libra se veía sometida a presiones, no pensaba recurrir a intervenciones masivas, ya fuera poniendo libras en circulación y recortando los tipos de interés para mantener bajo el tipo de cambio de la libra, ya subiendo estos hasta niveles perjudiciales y recurriendo a nuestras preciosas reservas para mantenerlo alto. Para mí, una condición esencial para nuestro ingreso era la opción de realinearnos en el seno del SME, como habían hecho otros países, si las circunstancias lo exigían. Esto ridiculiza la afirmación, que escuchamos en ocasiones a los defensores del SME para explicar su subsiguiente hundimiento, de que hicimos bien en ingresar pero nos equivocamos respecto al tipo de cambio. De hecho, un tipo de cambio correcto hoy puede estar equivocado mañana y viceversa. Hasta aquel momento, el SME no había sido nunca un sistema rígido. No era necesario explicarle esto a nuestros socios europeos ya que, cualesquiera que fueran los detalles de la letra pequeña, todo país que deseara realinearse siempre había podido hacerlo en la práctica. Ahora que el Reino Unido pertenecía al SME, los demás países se habrían mostrado tan ansiosos por mantenernos en el seno del sistema que no hubieran planteado grandes dificultades, de plantear alguna, para nuestro realineamiento.

Tras la publicación del informe Delors, no obstante, los europeos empezaron a considerar el SME como parte del mecanismo que habría de producir una estabilidad total de las monedas, llevando finalmente a la moneda única. Por consiguiente, las devaluaciones empezaron a estar cada vez peor vistas. Pero seguían produciéndose, y tendría que ser así mientras siguiéramos insistiendo en efectuarlas. Fue sólo cuando mi sucesor accedió a los objetivos de la UEM tal y como se describían en el Tratado de Maastricht y dejó claro que la libra nunca entraría en la banda estrecha del SME, cuando la presión de no revaluar nunca «creció y creció» hasta convertirse en un dogma inatacable. Yo no tenía la más mínima duda de que si el SME llegaba a desarrollarse con la rigidez que les hubiera gustado a muchos otros Gobiernos europeos y a la Comisión, resultaría impracticable y se descompondría. Jamás pensé que un Gobierno conservador caería en la trampa de considerar una determinada paridad de la libra esterlina como piedra de toque de su política económica e incluso de su credibilidad política.

Me opuse a los deseos de John Major de incorporarnos al SME en junio. Los indicadores económicos, que debían mostrar un descenso de la inflación para que pudiéramos acceder al Sistema Monetario Europeo con un mínimo de confianza en nuestra capacidad para mantener la paridad, no existían aún.

Con la llegada del otoño los altos tipos de interés estaban logrando sus objetivos. El volumen de dinero en circulación bajó considerablemente. Estaba claro que había llegado el momento de reducir los tipos de interés, independientemente de la cuestión del SME. Por lo que se refiere al ingreso en el sistema, no se habían satisfecho por completo las condiciones de Madrid, pero la consideración más importante era la inflación. No fue hasta finales del año cuando la inflación, con arreglo al IPC (fuertemente distorsionado por los intereses de las hipotecas y el papel que desempeñaba en el Comunity Charge) empezó a descender. Otros indicadores, no obstante —los informes de la CBI, las ventas de automóviles, las ventas al por menor y por encima de todo, el volumen de dinero en circulación— mostraban que estábamos consiguiendo vencer la inflación. Insistí en anunciar una reducción de un 1 por ciento en los tipos de interés, contra las recomendaciones del Tesoro y el Banco de Inglaterra. Estos no habían discutido que estuviera justificado hacerlo por las cifras monetarias y otros indicadores; pero habrían preferido retrasar la medida. Por mi parte, yo estaba decidida a demostrar que prestaríamos más atención a la situación monetaria que al tipo de cambio a la hora de establecer los tipos de interés. El 5 de octubre anunciamos que nos incorporaríamos al SME y yo puse un gran énfasis en la rebaja de los tipos de interés y en los motivos que me habían llevado a implantarlo cuando aquel día presenté la decisión.

NINGÚN COMPROMISO CON LA UEM

Como he explicado, la actitud adoptada por Gran Bretaña y el resto de la Comunidad frente a la UEM tuvo relación con el funcionamiento y el desarrollo del SME. Por supuesto, la UEM era una cuestión de mucho mayor alcance. La sensación que había obtenido en mi última reunión con John Major en abril era que empezaba a vacilar, y ésta aumentó cuando recibí un documento suyo poco más tarde, a finales de mayo. Contenía todas las frases hoy ya familiares sobre la perspectiva de una «Europa de dos velocidades» —al respecto me pregunté: «¿Qué pasa si la otra mitad va en dirección equivocada?»— y la terrible posibilidad de que los otros once estuvieran negociando un tratado independiente para la UEM. (Sobre esto escribí: «Que así sea. Alemania y Francia tendrán que costear todas las subvenciones regionales O no habrá NINGUNA, en cuyo caso las naciones más pobres NO lo firmarán»). Aparte de esta tendencia a sentirse derrotado por trivialidades, que me resultaba preocupante, no me dio la impresión de que John, que tan orgulloso se sentía de su intuición para la táctica política hubiera realmente pensado y meditado las implicaciones que tendría para el resto de los países de la Comunidad seguir adelante sin nosotros.

Así pues, en nuestra reunión del jueves 31 de mayo, intenté fortalecer la resolución de John y ampliar su perspectiva. Reiteró su preocupación de que nos viéramos «aislados» en vísperas de unas elecciones generales. Según él, para evitarlo, debíamos aceptar una enmienda al tratado estableciendo el objetivo de una unión económica y monetaria total pero insistiendo en la cláusula de «incorporación opcional», que dejaba a los Estados miembros la opción de elegir el momento de su incorporación, en caso de desearla. Yo le dije que era una actitud psicológicamente equivocada aceptar la inevitabilidad de la UEM en lugar de atacar el concepto en sí. Tuvimos discusiones que podrían haber persuadido tanto a los alemanes —que debían estar preocupados acerca del debilitamiento de su política anti inflacionista— como a los países más pobres —a los que había que explicar que no se les podría salvar de las consecuencias de una moneda única, que devastarían sus ineficaces economías—. Dije que no consideraba que el mecanismo de «opción de entrada» fuera una defensa adecuada contra la posibilidad de vernos arrastrados a una UEM plena. El mismo razonamiento que le había llevado a plantear que no teníamos más alternativa que aceptar el objetivo del tratado de alcanzar una UEM plena sería empleado más adelante para concluir que tampoco podíamos permitirnos rehuir la implantación de una moneda única. Por consiguiente, aceptar el mecanismo de la «opción de entrada» en aquel momento era equivalente a vincularse definitivamente a la UEM, y yo no estaba dispuesta a semejante compromiso.

Teníamos que aprovechar el tiempo antes de la conferencia intergubernamental de diciembre para intentar minar la voluntad de los otros Estados de pasar a la fase tres del plan Delors y desarrollar una perspectiva más amplia del camino que se abría ante nosotros. Examiné una vez más mis objeciones al establecimiento de bloques de países que se interpusieran en el camino de un internacionalismo más amplio. Dije que debíamos construir sobre las propuestas norteamericanas de ampliar los aspectos políticos de la OTAN proponiendo una dimensión comercial de la Alianza que uniera a Europa con un área de libre comercio norteamericana (EE. UU. y Canadá). En mi opinión, esto constituía una forma de rehuir la peligrosa perspectiva de un mundo dividido en tres bloques comerciales proteccionistas, cuya base sería la Comunidad Europea, Japón y los Estados Unidos que, con el tiempo, llegarían a ser gravemente inestables. También sugerí que examináramos la idea sobre la que había venido trabajando Alan Walters: un mecanismo para vincular las monedas a un «medidor» de referencia objetivo, como un índice mercantil, capaz de funcionar automáticamente sin necesidad de la parafernalia burocrática y la amenaza federalista contenida en las propuestas de Delors. Un sistema así podría incluir tanto al dólar como al yen. Dije que debíamos plantear nuestras ideas audazmente en las cumbres internacionales, subrayando que estábamos yendo más allá de los estrechos objetivos europeos, y que estábamos mucho más en sintonía con los acontecimientos políticos a un nivel más amplio. Yo era consciente de que todo esto eran propuestas visionarias, pero si alguna vez había existido un momento para las visiones era aquel. Por ello hice que el Ministerio de Asuntos Exteriores las estudiara, cosa que hizo sin gran entusiasmo. En mi opinión, aunque me gustaba mucho John Major, y valoraba grandemente su lealtad, debíamos incorporar a la discusión a alguien que se sintiera más a gusto con las grandes ideas y estrategias. Así pues, hice llamar a Nick Ridley y también a Douglas Hurd que, como ministro de Exteriores, estaba seriamente implicado, ya que la UEM se había convertido a estas alturas en el centro de los debates del Consejo Europeo. Pedí a Nick que preparara un documento sobre la UEM y sus propuestas alternativas, y asistió a mi reunión con John y Douglas la mañana del martes 19 de julio, antes de la inminente reunión del Consejo Europeo en Dublín. Nick hizo dos contribuciones de gran importancia al concepto de una Europa alternativa, orientada en un sentido diferente al de la Europa introspectiva, estatalista y proteccionista a la que nos enfrentábamos. La primera fue resaltar que la Europa estilo Delors, con una moneda única, constituiría un obstáculo para la ampliación de la Comunidad. Nuestra visión de una Europa más amplia, libre y flexible sería mucho más asequible a los países del mundo poscomunista. La segunda observación de Nick fue señalar que no debía alarmarnos que algunos países fueran por delante en la UEM dejándonos al margen: de hecho, éste era un modelo que debíamos favorecer: una Comunidad más amplia a la que se incorporaran los distintos países por diferentes motivos y en diferentes momentos.

En este punto tiene sentido considerar cómo habían venido desarrollándose los acontecimientos en la propia Comunidad Europea y la actitud que adoptamos frente al impulso que se había puesto de manifiesto hacia el federalismo. Si existe alguna lección que aprender de los acontecimientos económicos del período que va de 1987 a 1990 —confirmada desde entonces por las circunstancias que precedieron a la poco digna salida de Gran Bretaña del SME— es la que contiene la frase que empleé en la Cámara de los Comunes, que tanto enfureció a Nigel, en la que resumía las diferencias que nos separaban: «No hay forma de oponerse al mercado». Podría añadir que cuando se intenta hacerlo, es el mercado el que le hunde a uno. La fe en que las leyes de la economía y el juicio de los mercados pueden quedar en suspenso por la intervención de personas inteligentes —y Nigel Lawson era una de las personas más inteligentes de la política británica— es una tentación perpetua para el disparate. Esta locura nos costó cara. Pero por otra parte, la idea de que otras personas inteligentes —ya que Delors es una de las personas más listas que he conocido en el campo de la política europea— pueden construir su propia Torre de Babel sobre los inestables cimientos de naciones con una larga historia, y diferentes lenguas y economías, es aún más peligrosa. Los trabajos sobre esta peligrosa construcción aún siguen adelante.

CAPÍTULO XXV

El expreso de Babel

Relaciones con la Comunidad Europea: 1987-1990

Ya he descrito cómo durante mi segundo período en el cargo de primera ministra empezaron a hacerse evidentes ciertas características y tendencias peligrosas en la Comunidad Europea. En contraposición a los notables avances representados por la rebaja del presupuesto británico y el progreso hacia un verdadero Mercado Común —o «Único»—, había que tener en cuenta la ambición de poder de la ya poderosa Comisión, la inclinación a buscar soluciones más burocráticas que de mercado para los problemas económicos y el resurgimiento de un eje franco-alemán con su propia agenda federalista y proteccionista encubierta. Por el momento, sin embargo, no estaba clara la totalidad de sus consecuencias —ni siquiera para mí, que desconfiaba como siempre de esa combinación tan poco británica de retórica de alto vuelo y politiquería de mitin callejero que pasaba por Gobierno europeo.

En realidad, los tres primeros Consejos de Europa de mi segundo período se adaptaron al molde tradicional, dominados por las finanzas y la agricultura, y su resultado fue igualmente tradicional: una victoria británica por puntos. Sin embargo, después el entorno comunitario en que tuve que actuar se hizo cada vez más ajeno, llegando muchas veces a lo ponzoñoso. Las discusiones ya no giraban alrededor de cuestiones tácticas o temporales, sino acerca de la futura orientación total de la Comunidad y sus relaciones con el ancho mundo, que tan rápidamente iba cambiando fuera de ella. El eje franco-alemán se hizo más obvio, y con la unificación de Alemania esa relación se tornó aún más desigual, con un predominio alemán cada vez más pronunciado.

Una variedad de elementos diferentes en el seno de la Comunidad apoyó de todo corazón el proyecto federalista franco-alemán: los países pobres del Sur, que esperaban una sustancial recompensa cuando el proyecto se cumpliera; las empresas del Norte, deseosas de encajarles a los competidores sus propios costos elevados; los socialistas, debido al amplio campo que ofrecería la federación a la intervención estatal; los democristianos, cuya tradición política era sólidamente corporativista; y, por supuesto, la Comisión, que se veía convertida en núcleo de un Gobierno supranacional. Enfrentada a estas fuerzas poderosas busqué aliados dentro de la Comunidad, y a veces los encontré, de modo que mi retirada estratégica ante una mayoría que no pude contrarrestar también estuvo jalonada de victorias tácticas.

En última instancia, sin embargo, no quedó otra opción que levantar un muro en torno a una posición diametralmente opuesta a la mayoritaria dentro de la Comunidad, izar la bandera de la soberanía nacional, el libre comercio y la libre empresa —y luchar—. Debía de vérseme aislada en la Comunidad Europea. Aunque desde una perspectiva más amplia, los verdaderos aislacionistas eran los federalistas, que se aferraban inexorablemente a una mitad de Europa, mientras toda ella se estaba liberando; que jugueteaban con el proteccionismo, cuando surgían mercados realmente globales; obsesionados con los planes de centralización, cuando el mayor ensayo de centralización —la Unión Soviética— estaba al borde del colapso. Si ha habido alguna vez una idea cuyo momento haya venido y haya pasado, ésta es con toda seguridad la del mega estado artificial. Por lo tanto, estaba convencida no sólo de que tenía razón en cuanto al camino hacia Europa, sino segura de que, si el Gobierno y el partido que dirigía mantenían su determinación, los acontecimientos internacionales y la evolución de las ideas acabarían dándonos la razón.

AGRICULTURA Y FINANZAS

Tras las elecciones generales de 1987 me encontraba con el ánimo adecuado para obligar a la Comunidad a que demostrase sus anteriores autoalabanzas. A pesar de todas las palabras sobre rectitud financiera repetidas desde el Consejo de Fontainebleau de 1984, todavía no existía una disciplina presupuestaria efectiva ni limitaciones obligatorias sobre los gastos de la Política Agraria Común (PAC). Las rebajas obtenidas por mí habían impedido que nuestra contribución neta se elevase a un nivel completamente inaceptable, pero ahora varios de nuestros socios comunitarios pretendían recortarlas o eliminarlas. El déficit presupuestario empezaba a ser preocupante. Pero por parte de la Comisión había provocado la respuesta tradicional a cualquier problema financiero: un incremento en los «recursos propios» de la Comunidad. Querían aumentar dicha suma no sólo hasta el 1,6 por ciento del IVA, como habíamos previsto en Fontainebleau que podía ocurrir en 1988, sino al 1,4 por ciento del PNB de los países de la Comunidad (equivalentes al 2,2 por ciento de las recaudaciones del IVA). Además había sobre el tapete una propuesta proteccionista bastante descarada, con fuerte apoyo francés, de un impuesto sobre las grasas y aceites. Es cierto que esto venía compensado por un control de los gastos en agricultura —una cantidad enorme de los cuales se destinaba al almacenamiento y eliminación de excedentes— y de una mejora de la disciplina presupuestaria. Más aún, la Comisión todavía estaba tratando de reducir paulatinamente lo que yo había garantizado en Fontainebleau al proponer el cambio de nuestro mecanismo de descuento. Y el señor Delors también quería duplicar los fondos estructurales (es decir, los gastos en la política social y regional de la Comunidad). Esta última propuesta era, naturalmente, más que bienvenida en los Estados miembros del Sur y en Irlanda, que esperaban ganar mucho con ella.

¿Quiénes eran mis aliados? Por poco dignos de confianza que fueran los franceses y alemanes en cuanto a recortar los gastos agrícolas, de los que dependían sus agricultores —tan influyentes políticamente—, sabía que al menos podía buscar su apoyo para oponer resistencia al enorme aumento en los fondos estructurales. También tenía en el señor Chirac, el primer ministro francés gaullista, un aliado para resistir a la propuesta de proceder a un fuerte incremento de los «fondos propios». Pero mis principales aliados —aunque veían con ojos críticos la rebaja en nuestra aportación— eran los holandeses. Así era el técnica y políticamente complicado escenario que me esperaba en la reunión del Consejo Europeo de Bruselas, el martes 29 y miércoles 30 de junio de 1987.

Era un día intensamente caluroso y húmedo. En el trayecto desde el aeropuerto arrojaron bombitas de agua contra mi automóvil unos euro fanáticos menos peligrosos que los del Consejo. Dentro de éste, la débil presidencia del señor Martens, primer ministro belga y presidente del Consejo, hacía mayores las posibilidades de un desacuerdo violento. Permitió por lo menos cuatro horas de discusión sobre la propuesta de impuesto a las grasas y aceites, que los alemanes, los holandeses y yo no teníamos la más mínima intención de aceptar.

Generalmente, en estas ocasiones me hallaba entre los jefes de Estado mejor informados, en parte porque siempre me preparaba como es debido, en parte porque disponía de un equipo oficial realmente soberbio para ayudarme. Quizá el sostén principal del mismo era David Williamson, que pasó del Ministerio de Agricultura a un puesto clave de la Oficina del Gabinete en el ámbito de la política europea, y al fin —con todo merecimiento— se había convertido en secretario general de la Comisión. Lo intrincada que resulta la política de la Comunidad Europea, particularmente la financiera, pone realmente a prueba la capacidad intelectual y reflexiva que uno tenga. Con excepción de los integrantes de la presidencia, los funcionarios de las distintas delegaciones no estaban presentes durante las sesiones en sí, de modo que el secretario de Exteriores del día tomaba notas manuscritas que luego pasaba a los demás, y que servían para controlar las conclusiones anotadas por la presidencia.

En esta ocasión (como luego en Copenhague) resultaba absurda la complejidad de algunas de las cuestiones que se discutían. Tendrían que haber sido tratadas por los ministros de Agricultura, Hacienda o Asuntos Exteriores: pero nunca parecía que alguien deseara tomar verdaderas decisiones en este nivel, y así se traspasaba a los jefes de Estado una serie de asuntos que habrían dejado perplejos a los mejores economistas de la City.

La opinión general fue que este primer Consejo de Bruselas había sido un «fracaso» y que yo había sido su responsable. Había sólo un poco de verdad en ambas proposiciones. Era en todo caso poco razonable pensar que con un número tan grande de asuntos contenciosos y complicados en la agenda hubiese sido posible alcanzar un acuerdo en el primer intento serio de hacerlo. Además, se lograron bastantes avances en los cruciales temas de las finanzas y la agricultura. Se aceptó que la disciplina presupuestaria debía ser «obligatoria y efectiva», que debía aplicarse tanto a los «compromisos» (es decir, básicamente lo que los ministros de agricultura acordaran gastar) como a los pagos reales, y que se adoptarían reglamentaciones adicionales (esto es «leyes» de la Comunidad) para mantener el nivel de gastos dentro de los límites del presupuesto. El peor aspecto, para mí inaceptable, era que querían incorporar dentro de la «guía agrícola» —es decir, el total permisible de gastos en agricultura— el excesivo nivel de gasto actual. El paquete como un todo no era lo suficientemente estricto para que consintiera en un aumento de «recursos propios». Así es que los otros jefes de Estado se fueron de Bruselas conscientes de que mi capacidad de rechazo no se había ablandado un ápice.

En septiembre me entrevisté en Berlín —donde asistía a la Conferencia de la Unión Democrática Europea— con dos de las personas clave. Tuve un desayuno de trabajo con el señor Chirac en la residencia del embajador británico. No les faltaba razón a sus compatriotas, que le llamaban «le bulldozer»: en más de una ocasión me vi obligada a aclararle que la señora no estaba para que la aplastaran con un tractor oruga. Formaba un marcado contraste con el presidente Mitterrand. Chirac era directo, abrupto, discutidor, poderoso, dominaba los detalles con seguridad y tenía un profundo interés por la economía. El presidente era más cortés, más tranquilo, un tímido intelectual francés, fascinado por la política exterior, que se aburría con los detalles y posiblemente menospreciaba la economía. Lo extraño es que ambos me resultaban simpáticos.

Parece ser que en Bruselas el señor Chirac me había descalificado, llamándome «ama de casa», en junio de 1987, e iba a hacer una observación no reproducible sobre mí en una acalorada discusión bruselense de febrero de 1988. Pero en general me resultaba algo más fácil de tratar que el presidente Mitterrand, porque decía lo que pensaba y sus acciones públicas eran más coherentes con sus puntos de vista expresados en privado. Como sabía Chirac, no me sentía en absoluto feliz por los arreglos que habían conducido a la liberación de los rehenes franceses en el Líbano, que eran considerados por muchos como una extralimitación respecto al principio de no pactar con terroristas (Chirac me reprochó con furia en una recepción del Consejo de Copenhague que yo anduviera criticando lo que habían hecho los franceses: en realidad pude ponerme la mano en el corazón y asegurarle que no había hecho tal cosa). Para ser justa, los franceses nos habían sido de gran ayuda en la interceptación del embarque de armas del Eksund. Y por supuesto Chirac y yo compartíamos en gran medida la misma longitud de onda, políticamente. Él había hecho mucho para transformar al gaullismo (el RPR, Rassemblement pour la République) en un partido moderno de centro-derecha, comprometido con la libertad de empresa. Esto era de gran significación no sólo para Francia sino a largo plazo para Europa y la alianza occidental. Me había decepcionado, aunque no sorprendido mucho, la forma en que el astuto presidente Mitterrand había maniobrado para volver el proceso de «cohabitación» contra la derecha. En este momento, sin embargo, el problema era la inminencia de las elecciones francesas, más que su probable resultado. Porque era evidente que ni Chirac ni Mitterrand tenían ninguna gana de que se les escaparan los imprescindibles votos del campo francés por tomar medidas fuertes contra la agricultura.

Tampoco las tenía, por motivos similares, el canciller Kohl, a quien vi esa misma tarde a la hora del té, en la residencia de huéspedes del Gobierno alemán. Me confesó que también había tenido sus dificultades políticas domésticas. Había perdido apoyo entre los agricultores en las recientes elecciones de dos länder, donde la CDU había obtenido malos resultados. El pequeño agricultor, me dijo, era un gran factor de estabilidad en Alemania. Aseguró que estaba dispuesto a hacer algunos sacrificios, pero que tardaría cuatro o cinco años en «remontar la cuesta». Le repliqué que no teníamos cuatro o cinco años. Debíamos actuar ya mismo respecto al despilfarro en agricultura. Sin embargo, sobre el probable resultado del próximo Consejo no salí de la reunión más optimista de lo que entré.

Era esperar demasiado que al llegar a una helada Copenhague el jueves 4 de diciembre los periódicos no estuviesen llenos de alusiones a la famosa batalla de Copenhague, cuando Nelson, ignorando órdenes transmitidas por señales mediante el recurso de colocarse el catalejo en su ojo ciego, tomó la decisión de atacar y puso a la flota enemiga en desbandada. En realidad, como antes en Bruselas, lo que se necesitaba en esta ocasión era más bien una lupa —o quizá una calculadora de bolsillo—, tanta era la complejidad de los asuntos en discusión. Al menos teníamos como presidente al amable Poul Schluter, el primer ministro conservador danés. Los daneses deseaban seguir recibiendo tanto como fuera posible de la PAC. Pero eran los más anti federalistas de todos los restantes países comunitarios. De modo que existía desde el inicio una simpatía entre nosotros, aunque no siempre una coincidencia en el modo de pensar.

La discusión de las ideas manifestadas en Bruselas había seguido en el Consejo de Agricultura y entre funcionarios y la Comisión. Sin embargo, desde entonces había aumentado en el sentido de que se suprimieran nuestras rebajas. Los daneses no habían ayudado nada al ponerlas otra vez en el candelero, incluyéndolas en la «carta de ofertas» que invitaba a los jefes de Estado al Consejo. También continuaba la discusión sobre lo que debería constituir los «recursos propios» de la Comunidad. Pero para mí todo —todo, aparte del mantenimiento de nuestras rebajas, sobre lo que no pensaba transigir— dependía en realidad del control de gastos en agricultura. En cuanto a esto la postura distaba de ser satisfactoria. Todavía me desalentaba la «guía agrícola» que se proponía. Pero aún más importante era la forma en que se instrumentaría la idea de aplicar «estabilizadores» que había tenido la Comisión. Básicamente había dos maneras posibles de recortar los subsidios agrícolas. Una era gravar la sobreproducción por medio de lo que se describía, con otra muestra de la jerga comunitaria, como un «impuesto de corresponsabilidad». Esto podía tener su papel, pero no era el mejor método. La otra forma era aplicar recortes de precios automáticos y acumulativos cuando se pasase cierto nivel de producción. Éste era el mecanismo «estabilizador». Entonces debía determinarse cuál sería la «cantidad mínima» de cada mercancía en particular antes de que empezase a operar el mecanismo —ya que diferentes productos agrícolas requerirían diferentes fórmulas de acuerdo con su mercado de origen— y cuáles deberían ser los recortes de precios.

También vale la pena añadir, sin embargo, otra posibilidad que nunca propuse realmente como opción a cualquiera de estos medios, pero que de vez en cuando me pasó por la cabeza. Consistía en regresar a un sistema nacional de subvenciones a la agricultura, evitando así por completo todo el pesado aparato de la Comunidad. Por supuesto, habría requerido un replanteamiento total del régimen impuesto por la Comunidad, y sólo habría resultado posible si otros países hubieran querido seguir el mismo enfoque. La desventaja habría sido que los países individuales competirían en subsidios y probablemente nuestros agricultores habrían perdido esa carrera frente a los franceses y alemanes. Sólo habría resultado deseable si la agricultura se hubiese acogido efectivamente al GATT, y la dificultad de esto último se haría cada vez más evidente. Sin embargo, me sentía rotundamente atraída por un proyecto mediante el cual cada nación asumía la responsabilidad financiera de considerar perdido todo excedente de existencias agrícolas, y lo propuse sin mucho éxito. También le planteé a Helmut Kohl, cuando lo vi justo antes del Consejo de Copenhague, si no sería mejor que Alemania emplease ayudas de financiación nacional para asistir a sus pequeños productores —aunque éstas no debían usarse para financiar una mayor producción— (le recordé, por supuesto, que, en lo esencial, él había adoptado este enfoque en un Consejo anterior)[65]. Pero aunque recogió mi observación, no resultó nada de ello. Me di cuenta de que la única manera inmediata de contener el gasto comunitario en agricultura era dentro del cuadro de la Comunidad.

Mi reunión previa al Consejo con el canciller Kohl también me reveló que estaba aún más preocupado que antes por el voto campesino. Quería un plan de «retiro de la producción» financiado por la Comunidad, con el cual esencialmente se pagaría a los agricultores por no producir con eficiencia, algo que en última instancia demostraba la economía de Sombrerero Loco de la PAC. Estaba dispuesta a aceptarlo, como le dije, en la medida en que además impusiéramos estabilizadores adecuados. También estuve muy dura con él respecto a la perspectiva de incrementos en los «recursos propios» de la Comunidad, ya que sabía que deseaba aumentarlos y mucho (en último término a expensas del contribuyente alemán), con el fin de hacer felices a los agricultores. Así que cuando comenzó el Consejo cada cual sabía cuál era su posición.

Una vez que quedó claro que los franceses —principalmente por motivos electorales— estaban dispuestos a respaldar la fórmula alemana de los estabilizadores, que en manera alguna serviría para contener el gasto agrícola, resultó evidente que no se podría alcanzar ninguna conclusión satisfactoria. Ni yo ni el señor Lubbers de los Países Bajos aceptaríamos nada en esa línea. La comisión cavó otra zanja al ejercer una fuerte presión en el sentido de que se duplicaran los fondos estructurales, lo que produjo una escisión entre europeos del Norte y europeos del Sur. Sin embargo, no se agriaron los ánimos. Se convino en la celebración de un Consejo Europeo especial en Bruselas, durante el mes de febrero siguiente.

Había varias caras largas al término del Consejo de Copenhague. Pero la mía no estaba entre ellas. Sabía que poco a poco estaba ganando la discusión dentro y fuera del Consejo a favor de la solución que prefería. Les dije a los demás jefes de Gobierno que levantasen el ánimo y les recordé —con un poco de ironía, ya que sospechaba que algunos no necesitaban que se lo recordasen— cuan difíciles parecían las cosas en Bruselas en vísperas de la cumbre de Fontainebleau, y cómo de pronto lo que parecía insoluble resultó sencillo. ¿Por qué no podría suceder de nuevo en Bruselas? El presidente Mitterrand observó con ironía que realmente no estaba del todo seguro de si era más fácil tratar con la señora Thatcher cuando se ponía difícil que cuando estaba de buen humor. Evidentemente se acordaba.

Pero no era de ningún modo seguro que alcanzásemos un acuerdo en el próximo Consejo especial. Estaba preparada para hacer algunas concesiones: después de todo, la cuestión de cuándo y cómo aplicar los estabilizadores agrícolas era la clase de asunto sobre el que incluso podían disentir legítimamente personas decididas a poner coto al gasto en agricultura. Pero resultaba mucho más difícil juzgar si los señores Mitterrand, Chirac y Kohl pensarían que valía la pena lograr un acuerdo inaceptable para sus agricultores.

La campaña electoral francesa marchaba a toda máquina y la rivalidad entre presidente y primer ministro era tan intensa que la «cohabitación» no era más que una ficción. Por lo tanto, cuando vinieron a Londres para una cumbre anglo-francesa el viernes 29 de enero de 1988, tuve que reunirme con ellos por separado. El contraste entre sus respectivos estilos se evidenció una vez más. Mitterrand no se encontraba bien y sufría un fuerte resfriado, que esperé que no me contagiara: tengo una capacidad infalible para atraer cualquier germen de resfriado que me pase cerca. Tampoco se había informado lo suficiente sobre las difíciles cuestiones de la Comunidad Europea en las que quería centrar la conversación, y tuvo que interrumpirla a la mitad para que su asesor, Jacques Attali, le diera algunas explicaciones. Era obvio que se sintió aliviado cuando hablamos de Defensa y Asuntos Exteriores. No estaba segura de haber llegado muy lejos al final de la discusión, aunque, como siempre con él, había sido bastante agradable.

Sin embargo, no podría decir lo mismo de mi reunión con el señor Chirac, que estaba en muy buena forma. Empezó muy francamente, diciendo que con las elecciones presidenciales a sólo tres meses vista, tenía un verdadero problema político con el próximo Consejo. Según su propio interés, dijo, convenía que Bruselas fracasara. Pero por razones internacionales más amplias estaba dispuesto a trabajar por su éxito. Para que yo no sacase la conclusión de que esto significaba que él iba a ser fácil de manejar, me dijo exactamente cuál era su estrategia. Dijo que podíamos llegar a un acuerdo en Bruselas, o esperar hasta que la presión financiera sobre la Comunidad aumentase debido a su falta de dinero. Pero en ese caso estaríamos bajo la presidencia griega, sobre la que tuvo razón al decir que ofrecía una «incierta perspectiva». Si los británicos seguían bloqueando en Bruselas el acuerdo sobre agricultura que el resto de la Comunidad —con lo que quiso decir los franceses y los alemanes— deseaba, estaríamos solos y la atención se centraría sobre la rebaja en nuestra aportación. Repliqué que evidentemente no era momento para emplear el lenguaje diplomático. Si pensaba que confabularse con los alemanes para «aislar a Mrs. T» iba a funcionar, se equivocaba lastimosamente. Yo no tenía ningún miedo a quedarme sola porque exigiera que se controlasen los excedentes agrícolas. El señor Chirac insistió una vez más en que si hubiera un escándalo no sería sobre excedentes sino sobre la rebaja británica. Le advertí que no me amenazara y le aseguré que si no había una solución satisfactoria al gasto agrícola y a nuestro descuento, no habría aumento de «recursos propios». Pero siguió insistiendo incluso durante el almuerzo en que las actuales propuestas de la presidencia alemana eran el límite hasta donde Francia estaba dispuesta a llegar.

No podía saber hasta qué punto se trataba de un farol francés. Pero sin duda hacía más importante no equivocarse en el juicio de la postura alemana. El hecho de que los alemanes ejercieran la presidencia significaba, como siempre, que tenían menor margen para defender abiertamente sus propios intereses, pero esto quedaba compensado con creces por la influencia suplementaria que entre bambalinas otorga la presidencia.

En la mañana del martes 2 de febrero mantuve tres horas de conversaciones con el canciller Kohl en el Número 10 de Downing Street. Fue una reunión casi de negocios y bastante afortunada. Ambos habíamos traído propuestas detalladas sobre cada uno de los factores principales del paquete que estaría sobre la mesa de Bruselas. Aún había grandes diferencias entre nosotros respecto a la guía agrícola y los estabilizadores. También estaba más predispuesto a contemporizar con los del Sur y la Comisión sobre los fondos estructurales. Pero yo me alegré de que no me presionase en el tema del descuento británico. Terminamos por discutir cuál resultaría ser realmente la actitud francesa. Con cierta presciencia (o quizá conocimiento) Kohl suponía que aunque les resultase difícil preferirían un acuerdo razonable a posponer la cuestión.

Volé a Bruselas poco después de la medianoche del miércoles 10 de febrero, tras haber hablado en una cena de la Unión Nacional del Partido Conservador. Mi primera cita del día siguiente era un desayuno con el señor Lubbers para ponernos de acuerdo sobre las tácticas a seguir en el Consejo. En mi discurso de la tarde advertí contra la tentación de rehuir el problema del excedente de productos alimenticios que todos sabíamos debía eliminarse de inmediato. Las formaciones de batalla se alinearon según lo previsible. Los holandeses y nosotros nos oponíamos a los franceses y daneses respecto a la guía agrícola. La presidencia alemana dio a conocer las propuestas para el nuevo límite máximo de «recursos propios», que fue acusado de demasiado alto por los holandeses, los franceses y nosotros, y de demasiado bajo por todos los demás. El señor Chirac defendió apasionadamente para los cereales, antes de que empezase a funcionar el estabilizador, un umbral más elevado de lo que yo y otros estábamos dispuestos a aceptar. Además intentó vincular, como había amenazado hacer en nuestra conversación, la rebaja en la aportación británica con la cuestión de los estabilizadores. Pero pronto se vio que esto no le daría resultado. Su actuación tuvo en todo momento un aire extraño, ligeramente teatral, y estuvo claramente dirigida a su público doméstico. El presidente Mitterrand permanecía sentado, guardando un completo silencio, durante estos procedimientos y se limitó a un largo discurso durante la cena que versó sobre el curso futuro de la evolución europea. Ese día no se avanzó mucho.

Al día siguiente la Comisión propuso un paquete de compromiso. Pero los alemanes lo rechazaron y el Consejo se disolvió en reuniones bilaterales sin ningún documento base para la discusión. Ahora la clave era el canciller Kohl, tanto por ser el presidente del Consejo como porque si los alemanes estuviesen dispuestos a llegar a un acuerdo sobre el gasto agrícola, era improbable que los franceses se opusieran al mismo. Así es que por la tarde fuimos a verlo Ruud Lubbers, Hans van den Broek, Jacques Delors, Geoffrey Howe y yo. Estaba con el señor Genscher y varios otros funcionarios. El estilo diplomático del canciller Kohl es aún más directo que el mío. Nunca paraba de golpear la mesa y en esta ocasión rugió todo el tiempo como si estuviera en una plaza de armas. Dijo que Alemania estaba haciendo sacrificios, sobre todo los agricultores alemanes. Repliqué que los agricultores británicos también, y que se me pedía que aceptase un aumento demasiado grande de los fondos estructurales y un límite demasiado alto —1,3 por ciento del PIB— para los «recursos propios» de la Comunidad. La discusión avanzaba y retrocedía. El señor Delors propuso ahora un tope del 1,2 por ciento. Kohl protestó alarmado, pues pensaba que se podría comprometer el proyecto de reservas de producción para sus agricultores. Pero yo dije que pensaría un poco más sobre lo que se había propuesto. Me di cuenta de que los holandeses se estaban impacientando y que probablemente no estaban dispuestos a rechazar lo que ahora nos ofrecían. En todo caso, era necesario que examinase con mis funcionarios en privado el significado del paquete. Sin embargo, insistí en que todo tenía que constar muy claramente sobre papel. Luego resultó que ésta fue una de mis mejores decisiones.

Mantuve una prolongada reunión con Geoffrey Howe y mis funcionarios. Analizamos cada uno de los puntos. Me pareció que la disciplina iba a resultar más estricta y efectiva de lo que había pensado al principio, y quizá más de lo que otros habían realmente entendido. De modo que cuando se reunió otra vez el Consejo en pleno, estaba dispuesta a dar todo mi apoyo a las propuestas del documento que había circulado.

Cualquiera que hubiese imaginado que ahora todo iría viento en popa subestimaba a los franceses. El acuerdo alcanzado cubría los principales productos agrícolas en cuestión. Pero daba por supuesto que también lo haría con los otros productos para los que se habían convenido estabilizadores en Copenhague. Para sorpresa de todos, ni el presidente Mitterrand ni el señor Chirac estaban de acuerdo con esto. Estalló una discusión acalorada que duró más de cuatro horas, sobre su propuesta de mantener los estabilizadores de «otros productos» sometidos al Consejo de Agricultura. Al final se aceptó una sugerencia danesa de derivar la cuestión a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores que se celebraría 10 días después. Ruud Lubbers y yo insistimos en que nuestra aceptación del paquete íntegro quedaba condicionada a que los ministros de Exteriores no reflotasen el acuerdo de Copenhague sobre «otros productos». Los franceses no tuvieron más remedio que ceder cuando se reunieron los ministros de Asuntos Exteriores.

Acerté plantándome cuando lo hice. Había logrado mis objetivos principales: controles efectivos y legalmente obligatorios sobre los gastos, medidas para reducir los excedentes agrícolas que empleaban como arma principal el recorte automático de precios, ningún impuesto sobre grasas y aceites, y asegurar el descuento británico, que nos había ahorrado unos tres mil millones de libras esterlinas en los tres años anteriores. Había tenido que hacer alguna pequeña concesión en cuanto al umbral a partir del que empezarían a operar los estabilizadores. Había tenido que ceder sobre los fondos estructurales. Había accedido con reluctancia al nuevo tope del 1,2 por ciento del PIB para los «recursos propios» de la Comunidad. Pero resultó mucho mejor que un empate. Los excedentes agrícolas empezaron a caer de modo bastante brusco y las nuevas medidas para hacer obligatoria la disciplina presupuestaria resultaron todo un éxito. Por supuesto, nada de esto modificó la dirección o los defectos de fondo de la Comunidad. La PAC seguía siendo costosa y derrochadora. Gran Bretaña continuaba entregando una contribución financiera que me parecía demasiado elevada. Persistían las tendencias burocráticas y centralizadoras. Pero dentro de sus límites, el Acuerdo de Bruselas de febrero de 1988 no estuvo nada mal.

LIBRE COMERCIO CONTRA PROTECCIONISMO

Resulta preciso decir que a partir de entonces —principios de 1988— la agenda europea fue adoptando un cariz cada vez menos halagüeño. También comenzó a desviarse abruptamente de lo que buscaba la Comunidad internacional en su más amplia acepción. Eso no quiere decir, sin embargo, que mis propias relaciones con otros gobernantes europeos empeorasen en un nivel personal, lejos ello. Lamenté —aunque no me sorprendió— ver que perdía la derecha en las elecciones presidenciales francesas. Sin embargo envié un mensaje de felicitación al presidente Mitterrand, y lo fui a visitar ese mes de junio en París para hablar de la situación internacional en general y de las próximas reuniones en particular: la cumbre del Grupo de los Siete en Toronto y el Consejo Europeo en Hannover.

Lo hallé de un buen humor comprensible por haberse librado del tormento doméstico de «cohabitar» con la derecha. Estuvo presionando a favor de un proyecto —similar a otro que propuso Nigel Lawson— para abordar el nivel paralizante de la deuda del Tercer Mundo. Habría sentido más simpatía por sus ideas si Francia no hubiera sido tan resueltamente proteccionista, enfoque mucho más perjudicial para los países pobres que todo el bien que pudiese hacer la ayuda a ultramar. La política francesa estaba expresada —o más bien disimulada— en una espléndida muestra de eurojerga: el concepto de «globalidad». Quería decir que debía avanzarse en todas las cuestiones antes que en el GATT, pero más o menos al mismo paso, una transparente artimaña para distraer la atención del asunto más espinoso —los subsidios agrícolas y el proteccionismo—. También estaba deseoso de establecer un comité de «hombres sabios» para que propusiera cómo alcanzar la Unión Económica y Monetaria; concretamente, anhelaba un Banco Central Europeo. Lo rechacé en redondo. Dije que la motivación de la propuesta del banco era política y no técnica, y que éste no era un campo recreativo. El presidente sonrió y dijo que era agradable recordar que yo sabía decir que no. Pero no me hice ilusiones de que fuese a desistir por eso.

También me reuní con el señor Rocard, el nuevo primer ministro socialista. Me lo había encontrado antes pero no lo conocía bien. Habló de un modo encantador y pude sentir la sinceridad de su afecto por Gran Bretaña y el especial entendimiento —heredado de los tiempos de la guerra— entre ambos países. Para ser un socialista francés, resultaba moderado, pragmático y sensato, y le fui cobrando simpatía. Abrigué la esperanza de que podría ejercer alguna influencia moderadora sobre el coqueteo de Francia con el federalismo europeo.

El sábado 18 de junio de 1988 volé a Toronto para la cumbre económica del Grupo de los Siete. En París, el presidente Mitterrand me había sugerido con optimismo que por ser la última cumbre del presidente Reagan podría haber una tendencia a aplazar decisiones difíciles. Había contestado que no lo creía probable, y que por mi parte estaba decidida a obligarlos a encarar la agricultura y el GATT. Cuando llegué a Toronto ya me había documentado sobre el tema. En especial, habíamos ideado un animal mítico conocido informalmente como «la vaca de Howe» o más exactamente como un «equivalente del subsidio al productor». Era el cálculo de la ayuda agrícola —ya fuese mediante subvención directa o por protección— que proporcionaba cada país dividida por el número de vacas. La vaca japonesa resultó ser la más codiciosa, por tanto no fue sorprendente que los japoneses, con cierto apoyo de los estadounidenses, cuestionaran nuestro enfoque estadístico.

Por consiguiente estaba bien pertrechada de cifras y hechos útiles cuando en la tarde del domingo Brian Mulroney, presidente de la cumbre, me pidió que iniciase la discusión económica. Llamé la atención sobre el éxito de este segundo ciclo de cumbres en curso, que ahora finalizaba, comparado con el primero. Habíamos tenido crecimiento económico, baja inflación y más empleos en los años que siguieron a la cumbre de Montebello de 1981, debido a que nos habíamos concentrado en controlar los fundamentos en lugar de empeñarnos en controlar la demanda. Pero quedaba más por hacer. Por encima de todo, debíamos reprimir el proteccionismo. Insté con urgencia —y lo repetí en otra intervención al día siguiente— a que todos debíamos respetar los compromisos que habíamos asumido en el comienzo de la ronda Uruguay del GATT en septiembre de 1986, acudiendo con propuestas firmes a la próxima reunión de «Revisión de Plazo Medio» del GATT.

Tal como bien ilustró la disputa sobre la medición de las subvenciones agrícolas, la libertad de comercio es algo que casi todos suscriben como principio, pero que les duele aplicar en la práctica. Gran Bretaña siempre tuvo todo que ganar en un sistema global de comercio abierto. Estados Unidos también ha creído tradicionalmente en la libertad de comercio. Pero la política comercial británica estaba ahora en manos de la Comunidad, que comprendía una mayoría de países con tradición de cárteles y corporativismo y un sector agrícola políticamente influyente. En Europa estábamos en minoría cuando se trataba de decidir la política comercial. En cuanto a Estados Unidos, su enorme déficit comercial había imprimido a la política un giro proteccionista que el presidente Reagan, librecambista convencido, no pudo impedir. Por su lado, Japón no sólo subvencionaba y protegía su agricultura más que nadie, sino que también seguía poniendo obstáculos a la importación de servicios y mercancías no agrícolas. Por consiguiente, tuve que apoyarme cada vez más en los catorce países del «Grupo de Cairns» (que incluye a Canadá, Australia y Argentina) y en países del Tercer Mundo deseosos de exportar su agricultura y sus tejidos, para presionar contra esta trapacería proteccionista del Occidente rico. Siempre consideré la libertad de comercio como mucho más importante que todas las otras estrategias ambiciosas y a menudo contraproducentes de la política económica global (por ejemplo las políticas de «crecimiento coordinado» que más que nada produjeron inflación). La libertad comercial proporcionó un medio no sólo para que los países más pobres ganaran divisas extranjeras y aumentasen el nivel de vida de sus pueblos. También fue una fuerza para la paz, la libertad y la descentralización política: paz, porque los vínculos económicos entre las naciones refuerzan el entendimiento mutuo con el interés recíproco; libertad, porque el comercio entre los individuos ignora el aparato del Estado y dispersa el poder entre los consumidores, evitando el de los planificadores; descentralización política, porque el tamaño de la unidad política no lo dicta el del mercado y viceversa.

Después de unas dos horas y media de discusión sobre este tema, logramos en Toronto un comunicado ampliamente satisfactorio. Reafirmaba los compromisos de la ronda Uruguay y subrayaba la importancia de la «Reunión de Plazo Medio», al tiempo que no incluía el objetivo estadounidense, para mí irrealizable, de eliminar todas las subvenciones agrícolas para el año 2000. Si hubiera sido una optimista me habría sentido reconfortada porque por vez primera el señor Delors alababa uno de mis discursos. Pero contuve mi optimismo.

DISCUSIÓN DE LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA

En Toronto mantuve una reunión de una hora con el canciller Kohl. Buena parte de ella se centró en la inminente cumbre de Hannover. Kohl, apoyado por el Ministerio de Hacienda alemán y el Bundesbank, parecía ahora estar dispuesto a optar por un comité de funcionarios de bancos centrales en lugar de expertos académicos —como preferían los franceses y Hans-Dietrich Genscher— para que presentara informes sobre la Unión Económica y Monetaria (UEM). Lo celebré. Pero reafirmé mi oposición inflexible a la creación de un Banco Central Europeo. Por ahora tenía que reconocer que disminuía la posibilidad de evitar que se formase el comité, pero estaba decidida a tratar de minimizar el perjuicio que causaría. También había que asumir que tendríamos que soportar al señor Delors como presidente de la Comisión durante dos años más, ya que mi propio candidato, Ruud Lubbers, no iba a ganar, y los franceses y alemanes apoyaban a Delors (al final tuve que tomar la decisión heroica de secundar yo también su reelección).

El Consejo de Hannover resultó bastante cordial, aunque algo disputado. La discusión más importante se produjo después de la primera cena. Jacques Delors sacó el tema de la UEM. El canciller Kohl sugirió que se estableciera un comité de directores de bancos centrales, con algún otro miembro, bajo la presidencia del señor Delors. Durante la subsiguiente, la mayoría de los jefes de Estado quiso que el informe se centrara en la viabilidad de un banco central europeo. Poul Schluter se opuso y yo lo secundé con energía, citando un artículo excelente de Karl Otto Pohl, presidente del Bundesbank, sobre todas las dificultades que debería afrontar tal institución. Logramos que se eliminase la mención del banco central. Pero no pude hacer nada para impedir que se constituyera el comité. El Grupo Delors iba a entregar un informe al Consejo Europeo en junio de 1989, es decir un año después. Tuve la esperanza de que el presidente del Banco de Inglaterra y el escéptico señor Pohl se las ingeniasen para trabar la rueda de este singular vehículo de la integración europea. Desgraciadamente, como ya he contado, no iba a ser así.

Mi problema a lo largo de estas discusiones de la UEM era doble. Primero, por supuesto, estaba el hecho de que tenía muy pocos aliados: sólo Dinamarca, un país pequeño con mucho ánimo, aunque poco peso, estaba conmigo. Pero yo peleaba con una mano atada a la espalda por otra razón. En cuanto «futuro miembro» de la CEE, el Reino Unido había suscrito en octubre de 1972 un comunicado al término de una conferencia de jefes de Gobierno en París. En él se reafirmaba «la resolución de los Estados que constituyen la Comunidad Económica ampliada de encaminarse irrevocablemente [hacia] la Unión Económica y Monetaria, mediante la confirmación de todos los detalles de las actas aprobadas por el Consejo y por los representantes de los Estados miembros el 22 de marzo de 1971 y el 21 de marzo de 1972». Tal lenguaje debía de reflejar los deseos de Ted Heath, mas no por cierto los míos. Pero no tenía sentido desatar una controversia que habríamos perdido. Así es que preferí no despertar a los perros.

Luego, por supuesto, se despertaron y empezaron a ladrar en el transcurso de la negociación del Acta Única Europea de 1985-1986. Yo no había querido que se hiciese ninguna referencia a la UEM. Los alemanes no me apoyaron y por consiguiente se incluyó la referencia. Pero basé mi interpretación de lo que significaba la UEM en el artículo 20 del Acta, cuyo título era «Cooperación en Política Económica y Monetaria (Unión Económica y Monetaria)». Esto me autorizó a argumentar en los foros subsiguientes que ahora la UEM significaba cooperación económica y monetaria, no dirigirse hacia una moneda única. En todo esto había una ambigüedad estudiada. Los Consejos de Hannover en junio de 1988 y luego de Madrid en 1989 volvieron a referirse al objetivo del Acta Única Europea como «de obtención progresiva de la unión económica y monetaria». Lo cual, más o menos, me satisfacía, porque sólo significaba cooperación. El resto de los jefes de Gobierno europeos también estaban satisfechos, porque lo interpretaban como un avance hacia un banco central europeo y una sola divisa. Pero en algún momento, por supuesto, las dos interpretaciones entrarían en conflicto. Y cuando lo hicieron me vería obligada a luchar en un terreno que no había elegido.

El hecho era que cuanto más conocía la manera de operar de la Comunidad, menos me atraía dar nuevos pasos hacia la integración monetaria. Presentamos nuestra propuesta del «ecu fuerte». Emitimos bonos del Tesoro con denominación en ecus. Y (aunque lo hicimos por nuestro propio interés, y no con el fin de agradar a nuestros socios europeos) habíamos barrido los controles cambiarlos antes que nadie. Todo esto era muy communautaire a su manera, como no dejé nunca de señalar cuando se me criticaba por resistirme a entrar en el Mecanismo de Tipos de Cambio. Pero siempre he preferido los mercados abiertos, los tipos de cambio flotantes y los fuertes vínculos —políticos y económicos— con el otro lado del Atlántico. Al defender ese enfoque alternativo me encontraba limitada por el compromiso anterior con una «unión económica y monetaria» europea, o ciertamente por el de una «unión aún más íntima» contenido en el preámbulo del Tratado de Roma original. Tales frases predeterminaron muchas decisiones que pensábamos haber dejado para ulterior consideración. Esto otorgó una ventaja psicológica a mis adversarios, que nunca dejaron de aprovecharla.

EL DISCURSO DE BRUJAS

No era Jacques Delors el menor de tales oponentes. Para el verano de 1988 se había desembarazado por completo de su traílla de fonctionnaires y había levantado el vuelo en calidad de portavoz político del federalismo. La ambigüedad del papel de los funcionarios y representantes electos seguía más la tradición continental que la nuestra. Provenía de la desconfianza generalizada que los votantes sentían por los políticos en países como Italia y Francia. Esa misma desconfianza alimentaba la locomotora del tren federalista. Quien no tiene verdadera confianza en el sistema político o los dirigentes políticos del propio país, está sometido a preferir extranjeros de inteligencia, capacidad e integridad manifiestas, como por ejemplo el señor Delors, para que le indiquen cómo conducir sus asuntos. O para decirlo más francamente, si yo fuera italiana también podría preferir un gobierno de Bruselas. Pero el estado de ánimo británico era distinto. Podía sentirlo. Aún más que eso, lo compartía, y decidí que había llegado el momento de atacar lo que consideraba como la erosión de la democracia por la centralización y la burocracia, y de postular una concepción alternativa del futuro de Europa.

Era un momento decisivo. Estaba claro que el impulso hacia la plena unión económica y monetaria, que —era evidente— también implicaba la unión política, se estaba gestando. En julio Delors dijo al Parlamento Europeo que «no vamos a ser capaces de tomar todas las decisiones necesarias antes de 1995, a menos que consideremos la puesta en marcha de alguna forma de Gobierno europeo», y pronosticó que dentro de diez años la comunidad sería el origen del «80 por ciento de nuestra legislación económica y quizá incluso también de la fiscal y la social». En septiembre se dirigió al Congreso Sindical de Bournemouth proponiendo que se adoptasen medidas sobre negociaciones colectivas a escala europea.

Pero también había síntomas más sutiles, no tan fáciles de detectar pero quizá aún más importantes, del rumbo que tomaban las cosas. Ese verano encargué un documento a los funcionarios que especificaba con precisión de detalles la manera en que la Comisión estaba ampliando las fronteras de su «competencia» para abarcar nuevas áreas: cultura, educación, salud y seguridad social. La Comisión había acudido a toda una gama de técnicas. Estableció «comités consultivos» cuyos miembros no eran nombrados por los Estados individuales, ni respondían ante los mismos, y que por lo tanto tendían a tomar decisiones communautaires. Construyó cuidadosamente una biblioteca de un lenguaje declaratorio, en gran parte extraído de los vacuos sinsentidos que habían contaminado las conclusiones de los Consejos, con el fin de justificar las propuestas subsiguientes. Empleaba un procedimiento presupuestario especial, conocido como «actions ponctuelles» que le permitía financiar nuevos proyectos aunque careciese de base legal para hacerlo. Además, lo más serio de todo, aplicó de modo constante e incorrecto artículos del Tratado, que sólo requerían de una mayoría cualificada, para emitir directivas que no habrían pasado de aplicarse los artículos que establecían el requisito de unanimidad.

Muchas veces resultaba difícil explicar con precisión al público en general por qué nos oponíamos a medidas específicas que deseaba la Comisión, como sucedió respecto al medio ambiente, o después con la salud y las horas de trabajo. Cuando los comisarios emitían directivas más allá de su competencia tenían cuidado en elegir causas populares que gozaban del apoyo de grupos de presión en los países miembros, mostrándose de esta manera como los verdaderos amigos del trabajador, el jubilado o el ecologista británico. Esto hacía difícil resistir la insidiosa expansión de la autoridad de la Comisión. En teoría, hubiese sido posible combatir todo esto en los tribunales, ya que una y otra vez la Comisión distorsionaba las palabras y propósitos del Consejo Europeo para adaptarlos a sus propios fines. Lo cierto es que llevamos a juicio, y ganamos, una serie de casos así ante el Tribunal Europeo de Justicia (TEJ). Sin embargo, los abogados nos advirtieron que en cuestiones de competencia de la Comunidad y la Comisión el TEJ preferiría las interpretaciones «dinámicas y expansivas» del Tratado a las restrictivas. Los dados estaban cargados en nuestra contra.

Cuanto más pensaba en todo esto, más frustrada y furiosa me sentía. ¿Tendrían que subordinarse la democracia británica, su soberanía parlamentaria, el derecho consuetudinario, nuestro sentido tradicional de imparcialidad, nuestra capacidad para arreglar nuestros propios asuntos, a las exigencias de una remota burocracia europea que tenía raíces muy diferentes? Ya había escuchado sobre el «ideal» europeo todo lo que era capaz de soportar, y sospechaba que a muchos otros les ocurría lo mismo. En nombre de este ideal, se estaban alcanzando niveles de derroche, corrupción y abuso de poder que nadie de los que, como yo, había apoyado la entrada en la Comunidad Económica Europea hubiese podido prever.

Dado que Gran Bretaña era la democracia más estable y evolucionada de Europa, era quizá la que más tenía que perder en estas transformaciones. Pero también resultarían perdedores los franceses que quisieran ver a Francia libre para decidir su propio destino. También los alemanes que desearan conservar su propia moneda, el marco, que habían convertido en la más fiable del mundo.

Tampoco dejaba de recordar a esos millones de europeos del Este que vivían bajo el comunismo. ¿Cómo podría satisfacer sus aspiraciones una comunidad europea supranacional rígidamente centralizada y sumamente reglamentada? Resultaba posible afirmar que checos, polacos y húngaros eran los verdaderos —en realidad los últimos— europeos «idealistas», ya que para ellos Europa representaba un pasado pre comunista, una idea que simbolizaba los valores liberales y las culturas nacionales que el marxismo había intentado inútilmente extinguir.

Esta Europa más amplia, que llegase quizá hasta los Urales y que ciertamente incluiría esa Nueva Europa del otro lado del Atlántico, sería una entidad que al menos tendría un sentido histórico y cultural. Y en términos económicos, sólo un enfoque verdaderamente mundial daría resultado. Ésta era mi manera de pensar cuando concentré mi atención en lo que sería el «discurso de Brujas».

El recinto donde lo pronuncié estaba dispuesto de manera insólita. La plataforma desde la que hablé estaba en la mitad del lado largo, de modo que mi auditorio se extendía a mis costados, con sólo unas pocas hileras frente a mí. Sin embargo el mensaje logró llegar bastante bien a sus destinatarios. Y no fueron sólo mis anfitriones del Colegio de Europa de Brujas los que recibieron más de lo que habían pedido. Asuntos Exteriores me había estado presionando durante meses para que aceptara la invitación como manera de presentar nuestras credenciales europeas.

Comencé por hacer lo que Asuntos Exteriores quería. Señalé lo mucho que había contribuido Gran Bretaña a Europa a lo largo de los siglos y lo mucho que seguíamos haciéndolo, con 70.000 soldados estacionados en el continente. ¿Pero qué era Europa? Continué recordando a mi auditorio que, contrariamente a lo que pretendía la Comunidad Europea, no era ella la única manifestación de la identidad europea. «Debemos considerar siempre a Varsovia, Praga y Budapest como grandes ciudades europeas». A continuación pasé a argumentar que Europa Occidental tenía algo que aprender de la experiencia verdaderamente espantosa de sus vecinos del Este y del modo fuerte y bien ajustado a los principios en que estaba reaccionando:

Resulta irónico que justo cuando esos países, como por ejemplo la Unión Soviética, que han tratado de dirigir todo desde el centro, están aprendiendo que el éxito depende de distribuir el poder y las decisiones lejos del mismo, haya dentro de la Comunidad quien quiera ir en la dirección opuesta. No hemos hecho retroceder las fronteras del Estado en Gran Bretaña sólo para ver cómo se vuelven a imponer a escala europea, con un súper estado ejerciendo un nuevo dominio desde Bruselas.

Por añadidura, había poderosas razones no económicas para que los Estados nacionales retuviesen su soberanía y, en la medida de lo posible, su poder. No sólo tales naciones eran democracias en funcionamiento, sino que también representaban realidades políticas insolubles que sería una locura tratar de avasallar o suprimir en favor de una nacionalidad europea más amplia, pero sólo teórica por el momento. Señalé:

Una cooperación activa y voluntaria entre Estados soberanos independientes es el mejor camino hacia la construcción de una Comunidad Europea que pueda tener éxito […] Europa será más fuerte justamente porque conserva a Francia como Francia, España como España, Gran Bretaña como Gran Bretaña, cada una con sus costumbres, tradiciones e identidad. Sería un absurdo tratar de hacerlas encajar en alguna clase de retrato robot de la personalidad europea.

Expuse otras líneas de conducta para el futuro. Los problemas deben abordarse de manera práctica: y había mucho por abordar en la PAC. Debemos tener un Mercado Único Europeo con un mínimo de regulaciones —una Europa empresaria—. Europa no debe ser proteccionista: y ello debe reflejarse en nuestra posición sobre el GATT. Por último, subrayé la gran importancia de la OTAN y advertí contra cualquier promoción —como resultado de iniciativas franco-alemanas— de la Unión Europea Occidental como alternativa a la misma[66].

Terminé en un tono elevado, que estuvo lejos de ser «antieuropeo»:

Hagamos de Europa una familia de naciones que se comprendan mejor mutuamente, que se aprecien recíprocamente, que hagan más cosas juntas, pero gozando de nuestra identidad nacional no menos que de nuestra empresa común europea. Tengamos una Europa que desempeñe con plenitud su papel en el mundo, que mire hacia afuera y no hacia adentro, y que preserve esa Comunidad Atlántica —esa Europa a ambas orillas del Atlántico— que es nuestra herencia más noble y nuestra mayor fuerza.

Ni siquiera yo hubiese predicho el furor que desató el discurso de Brujas. En Gran Bretaña, para horror de los euroentusiastas que creían que la oposición por principio al federalismo había quedado en ridículo o silenciada por la ironía, se produjo una gran oleada de apoyo popular a lo que había dicho. Lo cual se pudo percibir ruidosamente cuando un mes después me dirigí a la conferencia del Partido Conservador en términos muy similares.

Pero la reacción en los corteses círculos europeos —o al menos la reacción oficial— fue de pasmo y dignidad ultrajada. La noche de mi discurso tuve una fuerte discusión después de cenar en Bruselas con el señor Martens, primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores belga. Pero tal vez era lo único que se podía esperar de un pequeño país convencido de poder ejercer más poder dentro de una Europa federal que fuera de ella.

Desde Bruselas volé a España en visita oficial —la primera que hacía un primer ministro británico— con la prensa persiguiéndome ansiosamente, a medida que iba difundiéndose el contenido de mi conferencia. Felipe González, mi anfitrión, fue como siempre un modelo de encanto y cortesía. Prudentemente, aunque no sin ambigüedad, me dijo que el «estudio cuidadoso» de mi discurso de Brujas «podía conducir a algunas conclusiones útiles». Sin embargo, la mayoría de nuestras conversaciones se centraron sobre temas de defensa y sobre Gibraltar. A pesar de que las relaciones habían mejorado mucho desde el Acuerdo de Bruselas de 1984, por el que se había vuelto a abrir la frontera entre España y Gibraltar, existían tensiones respecto al uso del aeropuerto. Sabía que España estaba sacando tan buen provecho de la Comunidad, que nunca se me ocurriría proponer a un primer ministro español socialista que cuestionase arreglos que su país encontraba tan lucrativos. Por otra parte, estaba convencida de que a largo plazo una nación vieja y orgullosa como España se resistiría a la pérdida continua de su autodeterminación nacional a cambio de subsidios de financiación alemana. Pero ese momento todavía no había llegado.

VISITA A DEIDESHEIM

El Consejo Europeo que se celebró en Rodas a principios de diciembre de 1988 fue algo así como un no acontecimiento en términos de la Comunidad, aunque la prensa le dio vida al difundir mis recriminaciones justificadas contra irlandeses y belgas por su miserable participación en el asunto de Ryan. La Comunidad era consciente —caso insólito— de que con el Informe Delors sobre la UEM en elaboración ya tenía bastante de qué ocuparse. Tampoco la presidencia griega estaba con ánimo para impulsar nuevas iniciativas: el señor Papandreu se hallaba mal de salud y las perspectivas de su Gobierno eran sobremanera inciertas, como resultado de escándalos financieros en que se encontraba envuelto.

De todos modos de Rodas salió un resultado positivo. Mantuve uno de mis encuentros bilaterales con Kohl, quien se sentía más afectado que yo por los cuentos que ahora salían regularmente en la prensa acerca de nuestras malas relaciones personales. Por cierto, había contraído el hábito de iniciar nuestras reuniones subrayando la importancia de dar la impresión pública de que nos hallábamos en buenas relaciones. En realidad no nos llevábamos mal en absoluto. El problema era que pensábamos de manera diferente respecto a ciertas cuestiones económicas y sociales. En Rodas insistió en invitarme, como ya había hecho en julio en Chequers, a visitar durante la primavera su casa de los alrededores de Ludwigshafen (Renania-Palatinado): acepté con el mayor gusto.

Como siempre sucedía en estas ocasiones, me acompañó Charles Powell. Charles fue mi secretario privado de Asuntos Exteriores desde 1984 hasta que dejé el cargo. Trabajaba rápida e infatigablemente, y poseía una capacidad para el esbozo que invariablemente hacía de sus informes una espléndida mezcla de sustancia y sabor, ambos en la medida justa. Siempre se las arreglaba para ser encantador y diplomático —aunque como yo, no olvidaba anteponer la política exterior a la diplomacia—. Era sencillamente un hombre que sobresalía en todos los aspectos.

Así fue como llegamos aquel domingo 30 de abril a la encantadora aldea de Deidesheim, para encontrarnos con el sonriente canciller federal en su propio hogar. En realidad, no tenía muchos motivos para sonreír. Tenía problemas políticos internos. Alemania Occidental estaba sacudida por el extraño fenómeno de la «Gorbymanía» y, ante la presión intensa de una opinión pública alemana que siempre había sido instintivamente neutralista, el canciller Kohl, tan encarnizadamente pro OTAN, había comenzado a ceder terreno en el asunto de las armas nucleares de alcance reducido. Lo reprendí por ello, desplegando todos los argumentos a favor de una disuasión nuclear de corto alcance confiable, y de ser fiel a las decisiones de la OTAN previamente tomadas. La discusión sobre este tema duró dos horas y se caldeó bastante. Pienso que el canciller Kohl se sentía profundamente incómodo, como lo estaría cualquier político cuyos instintos y principios lo impulsaran en una dirección mientras que sus intereses políticos inmediatos tiraban de él en la otra. Sin embargo ambos hicimos un esfuerzo para estar a la altura de lo que pretendían nuestros diplomáticos, aunque no la prensa, siempre al acecho de una historia de pugilato anglo-alemán.

Y ciertamente la atmósfera de Deidesheim era amistosa en todo lo demás. Era alegre, típica, sentimental y levemente exagerada —creo que la palabra alemana correspondiente es gemütlich—. El almuerzo consistió en sopa de patatas, panceta de cerdo (que el canciller alemán disfrutó sin duda alguna), salchichas, albóndigas de hígado y chucrut.

Luego fuimos a la cercana gran catedral de Speyer, en cuya cripta se encuentran las tumbas de los cuatro últimos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando entramos en la catedral el órgano inició una fuga de Bach. El canciller conocía mi amor por la música eclesiástica y había preparado esta atención para mí. Fuera se había congregado una gran multitud, que a mi entender estaba diciéndole al canciller lo acertado que había sido el sacar de Alemania los tanques británicos y norteamericanos y el suprimir los vuelos a baja altura.

Sólo después me enteré de que Helmut Kohl había llevado aparte a Charles Powell detrás de una tumba de la cripta para decirle que ahora que lo había visto en su hogar, junto a la frontera de Francia, yo seguramente comprendería que él —Helmut Kohl— era tan europeo como alemán. Entendí lo que Helmut quería decir y casi me conmovió por ello. Pero tenía que dudar de su razonamiento.

Este deseo que muestran los políticos alemanes modernos de fundir su identidad nacional en una europea más abarcadora resulta bastante comprensible, pero presenta grandes dificultades a los Estados nacionales europeos más inseguros. En efecto, como a los alemanes les produce inquietud tener que gobernarse a sí mismos, quieren establecer un sistema europeo en el que ninguna nación se gobierne a sí misma. Tal sistema no tiene más remedio que resultar inestable a largo plazo y, debido al tamaño y la preponderancia de Alemania, está condenado al desequilibrio. La obsesión por una Alemania europea corre el riesgo de terminar en una Europa alemana. En realidad, este enfoque del problema alemán es un error: también una distracción de la verdadera tarea del Estado alemán, que debe fortalecer y profundizar las tradiciones de la democracia germano occidental de posguerra bajo las nuevas condiciones del desafío de la unificación. Esto beneficiaría a Alemania tanto como tranquilizaría a sus vecinos.

ELECCIONES EUROPEAS

Por entonces la atención de la política británica se dirigió a dos asuntos que, por mucho que quise mantener separados, terminaron mezclándose: las elecciones para el Parlamento Europeo y mi décimo aniversario en el cargo. Respecto al segundo, había dado instrucciones estrictas a la sede central y al partido de que se manejase con la menor alharaca posible. Concedí un par de entrevistas, la unión nacional me entregó un jarrón conmemorativo, y el partido editó una publicación bastante atrayente que resultó un modesto éxito de ventas, sin llegar exactamente a bestseller. Pero, por supuesto, había multitud de periodistas ansiando escribir artículos «de reflexión» sobre los diez años de Thatcher, y de llegar a la conclusión, como yo bien sabía que llegaría, de que con diez años de esta buena señora ya era más que suficiente.

En un ambiente semejante era natural que el Partido Laborista proclamara que las elecciones europeas de 1989 representaban un «referéndum» sobre el thatcherismo en general y mi postura de Brujas en particular. Podría haber admitido que las elecciones europeas fueran una especie de juicio sobre Brujas si hubiésemos tenido candidatos «brujistas» además de los federalistas. Pero con unas pocas y notables excepciones, no era éste el caso.

Como diría cualquier experto en publicidad o estrategia política, tal vez el requisito más importante de cualquier campaña sea tener un solo y claro mensaje. Sin embargo parecía que el Partido Conservador tenía ahora dos mensajes bastante contradictorios que Peter Brooke, como presidente del partido, y Christopher Prout, como dirigente del Grupo Democrático Europeo (GDE, eurodiputados conservadores de Dinamarca, España y el Reino Unido), luchaban tratando de reconciliar. Muchos miembros dirigentes del GDE habían entrado en el Parlamento Europeo porque sus puntos de vista no coincidían con los del resto del partido: eran un residuo del heathismo. Sus críticas de la estrategia de campaña, de nuestra política general con respecto a Europa y —cada vez que creían poder hacerlo impunemente— de mi persona, les golpeaba de rebote a ellos mismos también. Ya que al socavar la credibilidad del partido sobre las cuestiones europeas, destruían sus propias posibilidades políticas.

Había encargado a Geoffrey Howe que preparara el manifiesto. Intentó lograr un consenso y por tanto resultó un documento poco interesante, aunque amenamente redactado por Chris Patten. En contraste, la propaganda fue fuerte, pero no muy buena. Me mostraron una última propuesta para la misma cuando estaba en la sede central, después de una de mis pocas conferencias de prensa electorales, y no me dejó satisfecha. Así es que, rodeada de varios expertos creativos estupefactos, proyecté la mía, que decía: «Los conservadores han creado una Gran Bretaña fuerte. Vote hoy por una Europa fuerte votando conservador». No muy inspirado, quizá, pero directo y bastante más efectivo que la publicidad frívola y poco clara que habíamos empleado antes.

La estrategia global era simple. Consistía en hacer que saliesen a votar los electores conservadores —muchos de los cuales estaban totalmente desilusionados de la Comunidad—. Tal vez habría funcionado si los mismos candidatos hubiesen transmitido el mensaje con más convicción y vigor, y si Ted Heath y otros no hubieran estado atacándonos de manera tan pública y notoria. Luego, en el último momento —como confirmó la información electoral que después recibí— se produjo un brote tardío del Partido Verde que nos restó votos. La gente había empleado las elecciones europeas como lo hubiera hecho con una elección parcial: no para introducir cambios reales en sus vidas, sino como protesta contra el presente Gobierno. Los laboristas fueron los beneficiados y nos ganaron 13 escaños. A pesar de todos los factores atenuantes, no me sentía contenta. El resultado daría aliento a todos los que intentaban minarme el terreno a mí y a mi punto de vista sobre Europa.

EL CONSEJO DE EUROPA DE MADRID

Esto último no tardaría en suceder. Ya he descrito cómo Geoffrey Howe y Nigel Lawson trataron de empujarme a fijar una fecha para la entrada de la libra esterlina en el Mecanismo de Tipos de Cambio, y cómo lo evité en el Consejo Europeo de Madrid en junio de 1989. En realidad, como había esperado, el Mecanismo fue casi una irrelevancia en Madrid. Los dos verdaderos problemas eran el tratamiento a dar al Informe Delors sobre la UEM y la cuestión de si la Comunidad debía tener su propia Carta Social.

Por supuesto, me oponía radicalmente a todo el enfoque del Informe Delors. Pero no me encontraba en una posición desde la que pudiese impedir que se emprendiera alguna acción basada en el mismo. En consecuencia, decidí subrayar tres puntos. Primero, el Informe Delors no debe ser la única base para posteriores acciones relativas a la UEM. Tenía que permitirse la entrada de otras ideas, tales como la nuestra de un ecu fuerte y un Fondo Monetario Europeo. Segundo, debe eliminarse todo automatismo en el proceso de avanzar hacia la UEM, tanto en el ritmo como en los contenidos. En particular, no estaríamos sometidos ahora a lo que pudiera suceder en la fase 2, o cuando ésta se llevara a efecto. Tercero, en el Informe no sin incluiría decisión alguna acerca de la necesidad de seguir adelante con una Conferencia Intergubernamental. Una posición de repliegue sería que la IGC debía ser objeto de una adecuada —y lo más prolongada posible— preparación.

Respecto a la Carta Social, el asunto era más sencillo. Me pareció un instrumento inapropiado para establecer normas y reglamentaciones sobre prácticas laborales o beneficios sociales a escala comunitaria. La Carta Social era simplemente una carta socialista —proyectada por socialistas de la Comisión y defendido sobre todo por los Estados miembros con gobiernos socialistas—. Siempre había estado dispuesta a adherirme (con cierto recelo) a la aseveración de los comunicados del Consejo sobre la importancia de la «dimensión social» del Mercado Único. Pero nunca fui de la opinión de que ello traería consigo ninguna ventaja comparable con el empleo y el nivel de vida que podían obtenerse por el mero procedimiento de plantearse un comercio más libre.

Asuntos Exteriores probablemente habría preferido que moderase mi postura. Se complacían en recordarme que Keith Joseph, en la oposición, había escrito un panfleto sobre «Por qué Gran Bretaña necesita una economía social de mercado». Pero es que la clase de «mercado social» que defendíamos Keith y yo casi no guardaba semejanza con el sentido en que había terminado por usarse Sozialmarktwirtschaft en Alemania. Allí se había convertido en una especie de sistema económico corporativista, altamente colectivizado, basado en el «consenso», que elevaba los costos, era cada vez más vulnerable a las rigideces de mercado y dependía por completo para funcionar de una autodisciplina teutónica. El que se extendiera por la Comunidad, por supuesto, haría un buen servicio a Alemania, al menos a corto plazo, ya que impondría los costos salariales y gastos generales alemanes a los países más pobres que de otro modo hubiesen competido con demasiado éxito con sus bienes y servicios. Los políticos alemanes parecían pasar por alto el hecho de que los enormes subsidios transnacionales requeridos para esta exportación del sistema tendría que salir del bolsillo de los contribuyentes alemanes. Pero es lo que pasa cuando las demandas de un cártel de producción se imponen a las del consumidor dentro de un sistema, pueda éste calificarse formalmente de socialista o no.

Cuando fui a Madrid llevé conmigo un documento que exponía todos los beneficios de que disfrutaban los ciudadanos británicos —servicio de salud, salud y seguridad en el trabajo, pensiones y beneficios para los minusválidos, fondos de capacitación y demás—. También argumenté que una Carta Social del Consejo Europeo de carácter voluntario era suficiente y que no hacía falta un documento de la Comunidad que luego serviría —me constaba— para basar en él toda una serie de directivas destinadas a introducir el socialismo a la Delors por la puerta trasera.

En su mayor parte, las discusiones del primer día de Madrid se centraron en la UEM. Era tarde cuando pasamos al mercado único y la «dimensión social». Ya he relatado cómo utilicé mi primer discurso para detallar mis condiciones de entrada en el Mecanismo. Pero también respaldé a Poul Schluter, que cuestionó el párrafo 39 del Informe Delors, donde esencialmente se postulaba el enfoque «lo mismo da ocho que ochocientos» que favorecían los federalistas. Francia representaba el otro extremo. El presidente Mitterrand insistía en fijar una fecha límite para la Conferencia Intergubernamental y para completar las fases 2 y 3, y en cierto momento sugirió que debería ser el 31 de diciembre de 1992.

Luego la discusión pasó a la Carta Social. Estaba sentada junto al señor Cavaco Silva, el primer ministro portugués, hombre bastante digno de confianza, que sin duda lo habría sido aún más si su país no fuese tan pobre y los alemanes tan ricos.

«¿No ve usted», le pregunté, «que la Carta Social está pensada para detener a los inversores alemanes que acuden a Portugal atraídos por sus costos salariales más bajos? Esto es proteccionismo alemán. Habrá directivas basadas en esto y perderán ustedes los empleos». Pero él no creyó que la Carta fuese otra cosa que una declaración general. Y tal vez pensó que si los alemanes estaban dispuestos a pagar bastante en «cohesión», el trato no resultaría tan malo. De manera que estaba sola en mi oposición a la Carta.

Resultó irónico que, cuando el segundo día del Consejo se llegó al esbozo de la sección del comunicado que trataba de la UEM, fuera Francia la excluida por distinta. En la medida en que pueda existir un texto aceptable que conduzca a una finalidad inaceptable, sentí que lo había conseguido. Satisfacía todos mis requisitos. No podíamos detener la convocatoria de una IGC porque lo único que necesitaba era una aprobación por mayoría, pero habían quedado indefinidos tanto su objetivo como su fecha de celebración. El intento que hizo el presidente Mitterrand de que se insertase en el texto una fecha límite para las etapas 2 y 3 resultó infructuoso. Para irritación del señor González, que había tenido la esperanza de evitar discusiones mayores, hice lo que denominé una «declaración unilateral». En ella decía:

El Reino Unido toma nota de que no existe un carácter automático ni para el avance, ni para el momento, ni para el contenido de la 2. El Reino Unido tomará sus decisiones sobre estos temas a la luz del progreso que se haya hecho para entonces en la etapa 1, en particular respecto al cumplimiento de todas las medidas acordadas como requisito para considerarla completa.

Las frases no eran poéticas pero el significado quedaba claro. Esto impulsó al presidente Mitterrand a efectuar su propia declaración, manifestando que la Conferencia Intergubernamental debía reunirse lo antes posible, pasado el 1 de julio de 1990. Y de este modo terminó el Consejo de Madrid, no con un portazo, sino con dos gemidos.

EL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA

Mis desavenencias con los franceses nunca llegaron a la animadversión. Era una suerte, porque pronto tenía que asistir a la cumbre del Grupo de los Siete en París, que había quedado casi ahogada en la carísima —y para los parisinos brutalmente incómoda— celebración del bicentenario de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es uno de los pocos parteaguas auténticos en la historia de las ideas políticas. La mayoría de los franceses —aunque no todos— la acepta actualmente como la base del Estado francés, de tal modo que hasta el francés más conservador parece poner todo su entusiasmo al entonar la Marsellesa. La mayoría de los restantes europeos la ven con sentimientos contradictorios, ya que condujo a los ejércitos franceses a devastar Europa, aunque también estimuló movimientos que finalmente llevaron a las independencias nacionales.

Para mí, conservadora británica que considera a Edward Burke, padre del conservadurismo y primer y perspicaz gran crítico de la Revolución, como su mentor ideológico, los acontecimientos de 1789 representan en política un perpetuo espejismo. La Revolución Francesa fue un intento utópico de derrocar un orden tradicional —que tenía desde luego muchas imperfecciones— en nombre de ideas abstractas formuladas por intelectuales vanos, que cometió el error, no por azar sino por debilidad y maldad, de incurrir en purgas, asesinatos masivos y guerra. Fue de muchas maneras un anticipo de la aún más terrible Revolución Bolchevique de 1917. La tradición de libertad inglesa, sin embargo, se desarrolló a lo largo de los siglos: sus rasgos más marcados son la continuidad, el respeto de la ley y su sentido del equilibrio, como demostró la Gloriosa Revolución de 1688. Cuando en vísperas de mi visita unos periodistas de Le Monde me preguntaron qué era lo que en mi opinión había supuesto la Revolución Francesa para los derechos humanos, me consideré en la obligación de señalar algo de todo esto. Dije:

Los derechos humanos no empiezan con la Revolución Francesa […] de donde realmente proceden es de la mezcla del judaísmo y del cristianismo […] En 1688 tuvimos [los ingleses] nuestra revolución pacífica, cuando el Parlamento impuso su voluntad al Rey […] No fue la misma clase de Revolución que la francesa […] «Libertad, igualdad, fraternidad» —olvidando mencionar los deberes y las obligaciones—. Y además, por supuesto, la fraternidad brilló por su ausencia durante largo tiempo.

El titular de Le Monde que precedía mis observaciones era: «Les droits de l’homme n’ont pas commencé en France», nous declare Mme. Thatcher.

Fue con esta introducción como llegué a París para el bicentenario. Le llevaba al presidente Mitterrand una primera edición de Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, que él, conocedor de estas cosas, recibió con grandes muestras de aprecio, pero en la cual se plasmaban de forma algo más elegante las mismas opiniones de mi entrevista. Las celebraciones en sí fueron de una magnitud que sólo un estudio de Hollywood —o Francia— podía manejar: un desfile interminable, una parada militar, una ópera en cuyo escenario ocupaba el lugar de honor una guillotina gigantesca.

La cumbre del Grupo de los Siete quedó definitivamente en segundo plano detrás de tanta magnificencia. Lo cual, sin duda, planteaba un problema potencial. Gran número de jefes de Gobierno del Tercer Mundo estaban en París invitados a los festejos, y existía cierta posibilidad de que el presidente Mitterrand intentase súbitamente relanzar otro diálogo Norte-Sur del tipo que por fortuna habíamos abandonado en Cancún. Alerté sobre esto al presidente Bush —que asistía a su primer G7— cuando mantuvimos una reunión bilateral en la Embajada de Estados Unidos antes de la cumbre. Dijo que en su opinión resultaría problemático bloquear tal iniciativa sin dar la imagen de una «pandilla de avaros desaprensivos». Le respondí que eso no me parecía que fuese un verdadero problema. Ni resultó serlo. Al final los franceses se pensaron mejor el proponer esta idea controvertida, y prefirieron mantenerse en el plano de las generalidades.

George Bush y yo realizamos los familiares llamamientos al libre comercio bajo el GATT. El presidente Mitterrand —con cierta ayuda por mi parte— logró que se aceptase casi palabra por palabra el texto de su Declaración de los Derechos Humanos (con su obvio simbolismo revolucionario). Hubo discusiones sobre el medio ambiente y las drogas. En realidad, todo el mundo se fue contento y no se tomó ningún acuerdo digno de nota. Fue esta clase de reuniones la que años antes habían dado mala reputación a las cumbres. Pero el banquete final que el presidente Mitterrand ofreció a los jefes de Gobierno en la nueva pirámide del patio del Louvre fue uno de los más deliciosos en que he participado jamás. Algunas tradiciones son tan importantes, que ni a los franceses se les ocurre abolirlas.

REAJUSTE MINISTERIAL

Regresé a Londres consciente de tener negocios pendientes. Los resultados de la elección europea no tuvieron una significación especial en sí mismos. Sin embargo habían revelado un descontento subterráneo que no podía ignorar. Este descontento se hizo muy evidente en el sector parlamentario del partido. Una minoría de diputados conservadores se sentía a disgusto con la línea que yo seguía respecto a Europa. Pero era más importante el hecho de que existiera una inquietud muy difundida relativa al aparente cierre de las vías de promoción a los puestos del Gobierno. Yo también tenía la sensación de que se necesitaban cambios. Cuando un primer ministro ha estado en el poder durante diez años, tiene que ser mucho más consciente del peligro de que el Gobierno en su conjunto dé la impresión de estar cansado o envejecido. Como nunca me había sentido seriamente cansada ni tampoco envejecida, no tenía el menor deseo de dar esa impresión. Decidí introducir algunos cambios en el Gabinete, para dejar vacantes en cada nivel e introducir algunas caras nuevas.

También había estado considerando mi propio futuro. Sabía que tenía unos cuantos años de servicio activo por delante y quería ver completada la restauración de nuestro poder económico, los resultados de nuestras reformas sociales radicales, y esa remodelación de Europa en que me había embarcado con el discurso de Brujas. Quería dejar cuando me fuera, quizá mediado el próximo período parlamentario, varios candidatos de carácter y experiencia probados entre los que pudiese elegirse mi sucesor. Por varias razones no creía que nadie de mi propia generación fuese adecuado. «Claro, qué va a decir ella» sería la réplica más obvia. Sin embargo, espero que una consideración más detenida demuestre que tenía mis buenos motivos. Si se examinan las posibilidades… Empecemos por quienes compartían mi manera de pensar: Norman Tebbit ahora estaba concentrado en atender a Margaret y en sus intereses financieros; Nick Ridley nunca soportó de buen grado a los tontos y no habría resultado aceptable para los diputados tories; Cecil Parkinson estaba condenado, en opinión de la vieja guardia… Pronto hablaré de Geoffrey Howe. Nigel Lawson no tenía interés en el asunto (ni yo lo tenía en alentarlo). Michael Heseltine no era jugador de equipo ni ciertamente capitán. De todos modos, no veía motivo para buscar a alguien que tuviera aproximadamente mi edad mientras seguía sintiéndome activa y capaz. Por el contrario, en la generación siguiente había muchos candidatos posibles, que merecían ser puestos a prueba en altos cargos: John Major, Douglas Hurd, Ken Baker, Ken Clarke, Chris Patten y quizá Norman Lamont y Michael Howard. Sabía que no me tocaba a mí elegir mi sucesor. Pero yo tenía la obligación de que hubiese varios candidatos probados entre quienes se pudiera optar.

Sin embargo, me equivocaba en un asunto importante. Por supuesto, comprendía que unos colegas del Gabinete estaban más a la izquierda y otros más a la derecha. Pero creía que en general estaban tan convencidos de lo acertado de los principios básicos como lo estaba yo: ortodoxia financiera, niveles bajos de reglamentación y tributación, un mínimo de burocracia, defensa fuerte, decidida defensa de los intereses británicos en cualquier lugar o momento en que fueran amenazados. No pensé que ninguno de estos principios constituyera una revelación para nadie, a estas alturas. Me parecía que ya se habían zanjado a su favor todas las discusiones. Ahora sé que las discusiones así nunca se ganan.

Unas líneas más arriba dejé de lado a Geoffrey Howe en mi examen de los posibles candidatos a la dirección. A Geoffrey le había pasado algo. Continuaba poseyendo una enorme capacidad de trabajo, pero su claridad de propósito y de análisis había disminuido. Ya no creía que fuese un dirigente posible. Pero, aún peor, no podía mantenerlo como secretario de Asuntos Exteriores —no, al menos, mientras Nigel Lawson estuviera en Hacienda—, tras su comportamiento en vísperas del Consejo de Madrid. Quizá si hubiese sabido que Nigel estaba a punto de dimitir habría conservado a Geoffrey en su cargo, al menos durante un tiempo. Tal como estaban las cosas, había tomado la resolución de sustituirlo por un hombre más joven.

Decidí que dos ministros debían abandonar definitivamente el Gabinete. Paul Channon era leal y lo estimaba. Pero Transportes se estaba convirtiendo en un departamento muy importante, donde era fundamental la comunicación con el público (¿de qué otro modo podía ser, con los desastres espantosos que proliferaron en aquella temporada y teniendo en cuenta los problemas de tráfico que trajo aparejados la nueva prosperidad del país?). Le pedí a Paul que se fuera y lo hizo de muy buen talante. Designé a Cecil Parkinson para que ocupara su lugar. La decisión de pedirle a John Moore que saliera del Gabinete me resultó más dolorosa. Era un hombre que compartía mi manera de pensar. Fue él en Salud quien —más que su sucesor Ken Clarke— había logrado encaminar la revisión de la salud pública. En Seguridad Social —cuando ya había dividido el DHSS en dos departamentos— había sido valiente y radical en su modo de pensar sobre la dependencia y la pobreza. Pero, como ya he explicado, John nunca se había recuperado por completo, al menos psicológicamente, de la enfermedad que sufrió mientras era secretario de Estado en el antiguo DHSS conjunto. De manera que le pedí que dejara paso a Tony Newton, figura flemática que se inclinaba hacia la izquierda, pero con buen dominio de la Cámara y de su especialidad. También introduje en el Gabinete a Peter Brooke, que había sido un presidente del partido muy querido y totalmente digno de confianza. Quería ser secretario del Ulster y le di el puesto, cambiando a Tom King al Ministerio de Defensa, que había dejado vacante George Younger, porque quería dedicarse a sus negocios. La partida de George fue un verdadero golpe. Valoraba su sentido común, confiaba en su juicio y en su lealtad. Su carrera constituye una prueba de que, en contra del mito, los caballeros todavía tienen su lugar en la política.

Pero había tres cambios principales que definieron la forma del reajuste y la reacción que produjo. En orden inverso de importancia: nombré a Chris Patten para el departamento de Medio Ambiente como sucesor de Nick Ridley, que pasó al departamento de Comercio e Industria (David Young pidió dejar el Gabinete y se convirtió en vicepresidente del partido); designé presidente del partido a Ken Baker, y su sucesor en Educación fue John MacGregor. Y John fue sustituido en Agricultura por John Gummer, que entró así al Gabinete.

Pero primero, y eso era lo crucial, convoqué a Geoffrey Howe para decirle que quería que dejase Asuntos Exteriores, donde pretendía colocar a John Major. Era predecible que a Geoffrey no le gustase. Se había acostumbrado a disfrutar de las galas de su oficina y de sus dos casas, la de Carlton Gardens en Londres y la de Chevening en Kent. Le ofrecí el liderazgo de la Cámara de los Comunes en un momento en que ésta iba a aparecer en televisión por vez primera. Era un gran cargo y tuve la esperanza de que así lo reconociera. Pero se limitó a enfurruñarse un poco y contestar que tendría que hablar primero con Elspeth. Esto, por supuesto, dejó todo el proceso en el aire. No podía ver a otros ministros hasta que no se decidiera este asunto. Creo que además Geoffrey vio a David Waddington, el Chief Whip del partido, que me había aconsejado mantener a Geoffrey en algún cargo dentro del Gabinete. David lo hizo con buena intención, pero quizá debí pedirle a Geoffrey simplemente que se fuera del todo, ya que fue evidente que nunca me perdonó. Salieron muchos mensajes de Downing Street ofreciéndole el Ministerio del Interior —sabiendo por anticipado que lo más probable era que no aceptase— y luego, después de conferenciar con Nigel Lawson, Dorneywood, la casa de campo del canciller —acerté al pensar que la aceptaría— y finalmente, con cierta reluctancia y ante su insistencia, el título de viceprimer ministro, que había mantenido en reserva como guinda final. Es un título sin contenido constitucional, pero que había estado a punto de tenerlo gracias a la talla personal y la veteranía de Willie Whitelaw (pero su apoplejía de diciembre de 1987 le obligó a renunciar al mes siguiente). A Geoffrey, que tuvo que brujulear para obtenerlo, nunca le confirió el prestigio que él había esperado. En la práctica sólo significaba que Geoffrey se sentaba inmediatamente a mi izquierda en las reuniones de Gabinete, una posición de la que tal vez haya tenido que arrepentirse.

Era inevitable que el retraso en cerrar el reajuste suscitase especulaciones. Pero me dijeron que fueron los partidarios de Geoffrey los que dejaron filtrar el contenido de nuestras conversaciones, en un intento especialmente torpe de perjudicarme. Como resultado, se ganó muy mala prensa con lo de las casas, lo cual se tenía merecido, aunque seguramente me echará a mí culpa.

Al principio, John Major no tenía muchas ganas de convertirse en ministro de Exteriores. Era un hombre modesto, consciente de su falta de experiencia, y probablemente habría preferido un nombramiento menos imponente. Pero yo sabía que si quería tener alguna esperanza de llegar a dirigente del partido, sería mejor que hubiese pasado por uno de los tres grandes cargos del Estado. Debo añadir que, contrariamente a lo que se especuló, no había llegado a decidir con firmeza que John fuese mi sucesor predilecto. Sólo había llegado a la conclusión de que se le debía otorgar un reconocimiento público más amplio y ofrecerle la posibilidad de adquirir más experiencia, para que pudiese competir con la publicidad que sabrían hacerse sus muy capacitados rivales. Lamentablemente, la dimisión de Nigel Lawson no le dio oportunidad de mostrar lo que hubiera hecho en Asuntos Exteriores, porque tuvo que regresar a Hacienda.

En general se consideró que mi decisión de pasar a Nick Ridley a Comercio e Industria fue una respuesta a sus críticos del grupo de presión ecologista. Esto no era cierto. Yo sabía que él deseaba un cambio. Por supuesto, era muy consciente del hecho de que a los románticos y maniáticos del movimiento no les gustaba que insistiera en basar su política en la ciencia más que en las ideas preconcebidas. Además sospechaba que Chris Patten les ofrecería un enfoque más lenitivo. Pero lo cierto es que después me encontré muy a menudo en desacuerdo con su presentación poco sustancial de los asuntos medioambientales. Y también quería que Nick estuviera en el segundo departamento económico más importante, debido a mi necesidad de contar con su apoyo en las cuestiones clave de la industria y de Europa.

La designación de Ken Baker como presidente del partido fue un intento de mejorar la comunicación del gobierno. Ken, como Chris Patten, había comenzado en la izquierda del partido. Pero a diferencia de Chris, se había desplazado auténticamente al centro. En todo caso, su gran capacidad era la publicitaria. Y nunca olvidé que cada pocos Thatchers, Josephs y Ridleys se necesitaba por lo menos un Ken Baker que se concentrase en comunicar el mensaje. También me sentí feliz de nombrar a John MacGregor, con su devoción escocesa por la educación, como la persona indicada para ocuparse en los aspectos prácticos de la puesta en marcha de nuestras reformas educativas. La designación de Ken Baker para la presidencia del partido fue un gran éxito. Me sirvió hasta el final con vigor y entusiasmo, por más candente que se pusiese la cocina política. Nunca habíamos sido íntimos aliados políticos, por lo que estoy doblemente en deuda con él.

El impacto inmediato del reajuste fue mucho peor de lo que había esperado a causa de los bulos sobre lo que había ofrecido o no a Geoffrey, y lo que me había pedido o dejado de pedir. Una vez que hubo pasado la reacción inicial, quedó claro que nos habíamos beneficiado con el nuevo aspecto del Gobierno. Más serio, sin embargo, era que Geoffrey todavía estaba bien situado para causarme problemas, y que el equilibrio del Gabinete se había inclinado un poco más hacia la izquierda con el ascenso de Chris Patten y John Gummer y con la partida de John Moore, lo que no llegaba a compensar la incorporación del derechista Norman Lamont. Por supuesto, nada de esto importaba en la medida en que pudieran evitarse crisis que amenazaran mi autoridad.

EL EJE FRANCO-ALEMÁN Y LA «UNIÓN POLÍTICA»

En realidad los espías no vinieron de uno en uno, sino en batallones. El invierno de 1989 vio los cambios revolucionarios que llevaron al colapso del comunismo en Europa Oriental. A largo plazo la implantación de Gobiernos libres, independientes y anti socialistas en la región me hubiese proporcionado aliados potenciales en mi cruzada por una Europa más amplia y menos rígida. Sin embargo, debido a la perspectiva y luego la realidad de la reunificación alemana, el efecto inmediato fue fortalecer la mano del canciller Kohl y alimentar el deseo del presidente Mitterrand y del señor Delors de una Europa federal que «entrelazaría» a la nueva Alemania en una estructura dentro de la cual estaría controlada su preponderancia. Aunque luego trataré de ellas más detenidamente, estas cuestiones, en el contexto de las relaciones Este-Oeste, fueron el telón de fondo de una batalla sobre la unión política y monetaria aún más intensa que las sostenidas por mí.

La presidencia de la Comunidad Europea pasó de España a Francia. En parte con el objetivo de que Europa Oriental no dominase el Consejo Europeo previsto para diciembre en Estrasburgo, el presidente Mitterrand convocó para noviembre un Consejo especial en París para tratar específicamente de las consecuencias de los acontecimientos del Este y la caída del Muro de Berlín. También estaba ejerciendo mucha presión para la creación de un Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) con el fin de canalizar la inversión y la ayuda a las democracias emergentes. Yo tenía mis dudas respecto a la necesidad de tal institución. No se había dado una razón por la que una ayuda de tal dimensión debía necesariamente otorgarse a través de una institución europea, y no mediante una nacional u otra más amplia internacionalmente. Cedí en Estrasburgo, pero mis deseos acabaron cumpliéndose, porque ahora el BERD implica bastante a norteamericanos y japoneses, no sólo a los europeos. El presidente Mitterrand y yo finalmente concertamos un arreglo en 1990: acepté que su protegido Jacques Attali fuera presidente del BERD y él acepto que el banco quedara situado en Londres.

Hasta cierto punto la estrategia francesa de sostener un Consejo «no oficial» en París sobre las relaciones Este-Oeste funcionó, porque el Consejo de Estrasburgo se centró poderosamente —al menos en sus sesiones oficiales— en las cuestiones, más estrechamente europeas, de la UEM y la Carta Social. Yo, como siempre, me oponía a que se celebrase una Conferencia Intergubernamental sobre la unión económica y monetaria. De igual modo, casi no tenía esperanzas de poder impedirla. La intención de los franceses era fijar una fecha para la Conferencia y esto era lo que intentaría aplazar. Hasta unos pocos días antes del comienzo del Consejo me sentía optimista pensando que los alemanes nos apoyarían en lo tocante a la necesidad de «mayor preparación» antes de que se reuniese la Conferencia. Pero en una demostración clásica de cómo se reconstituía el eje franco-alemán siempre a tiempo para dominar las sesiones, el canciller Kohl se plegó a los deseos del presidente Mitterrand. Cuando llegué a Estrasburgo ya sabía que casi sólo contaba conmigo misma. Decidí ser dulcemente razonable todo el tiempo, ya que no tenía sentido causar problemas gratuitos cuando no podría conseguir lo que realmente quería. Se convino que la Conferencia Intergubernamental se reuniría bajo la presidencia italiana antes del fin de 1990, pero después de las elecciones alemanas. En cuanto a la Carta Social contra la cual yo había abierto fuego en Madrid, reafirmé que no estaba dispuesta a suscribir el texto, ya que mi determinación no había salido sino reforzada por el hecho de que la Comisión ahora pretendiera presentar no menos de 43 propuestas, incluyendo 17 directivas obligatorias legalmente, en las áreas cubiertas por la Carta. Desde nuestro punto de vista, esto cerró a todos los efectos la discusión sobre la Carta. Sobre la UEM volvería a la carga en Roma.

En la primera mitad de 1990, sin embargo, había que bregar con la presidencia irlandesa. El nada bienvenido hábito de convocar Consejos «informales» extraordinarios se había popularizado. Charles Haughey decidió que era necesario otro para considerar los acontecimientos del Este europeo y las consecuencias que tendría para la Comunidad la unificación alemana. Quizá eso era lo que realmente se proponía el señor Haughey, pero para otros fue sólo una oportunidad más para mantener vivo el impulso federalista.

La «unión política» se concebía ahora aparejada a la «unión monetaria». En cierto sentido, por supuesto, era lógico. En último término, una sola moneda y una sola política económica implican un solo gobierno. Pero detrás del concepto de «unión política» yacía una agenda especial franco-alemana. Los franceses querían limitar el poder alemán. Con ese fin imaginaron un Consejo Europeo con una más amplia mayoría de votantes: pero no querían que aumentase el poder de la Comisión o del Parlamento Europeo. Los franceses eran federalistas más por táctica que por convicción. Los alemanes deseaban la «unión política» por diferentes razones y por distintos medios. Para ellos era en parte el precio de alcanzar rápidamente la reunificación con Alemania del Este en sus propios términos y con todos los beneficios que se derivarían de ser miembro de la Comunidad, y en parte una forma de demostrar que la nueva Alemania no se comportaría como la antigua, desde Bismarck a Hitler. Por esta causa; los alemanes estaban dispuestos a ver la multiplicación de poderes de la Comisión y otorgaban una importancia especial a incrementar el poder y la autoridad del Parlamento Europeo. De modo que los alemanes eran federalistas por convicción. Los franceses ejercían más presión a favor de la unión política: pero era el orden del día de los alemanes, que cada vez más se mostraban como el socio mayor del eje, el que dominaba.

Yo, por mi parte, me oponía a cualquier clase de unión política. Pero la única esperanza que tenía de detenerla era apartarme del planteamiento vigente en la Comunidad, por el cual una combinación de declaraciones de principios de altos vuelos y diversas estratagemas de procedimiento impedía una discusión sustancial de lo que se trataba hasta que era demasiado tarde. Dentro de la Comunidad, debía intentar la profundización de las divisiones entre franceses y alemanes. En casa, señalar con un lenguaje que despertase interés lo que debería y no debería querer decir «unión política» si se tomaba en serio. Gran parte de la historia de la Comunidad había consistido en incluir frases nebulosas en tratados y comunicados, y luego cargarlas de un significado federalista que se nos había asegurado que nunca poseerían. En consecuencia, decidí que iría a Dublín con un discurso que explicitaría lo que no era ni debía ser jamás la unión política. Me pareció la mejor forma de hacer que todos los interesados definieran lo que era, o disintieran de tal definición.

No quedaban dudas de lo decididos que estaban franceses y alemanes en sus intenciones federalistas. Poco antes de que se reuniese el Consejo en Dublín, a fines de abril, el presidente Mitterrand y el canciller Kohl hicieron un llamamiento público conjunto a que el Consejo de Dublín «iniciase preparativos para una Conferencia Intergubernamental sobre la unión política». También apelaron a la Comunidad para que «defina y ponga en práctica una política exterior y de seguridad común». Ambos enviaron casi de inmediato una carta conjunta al presidente de Lituania, instando a que suspendiese temporalmente la declaración de independencia del país, con el fin de allanar el camino para las conversaciones con Moscú. Como señalé con cierto placer en mi siguiente discurso en el Consejo, esto se hizo sin consultar en absoluto al resto de la comunidad, por no hablar de la OTAN y demostraba que la probabilidad de una «política exterior y de seguridad común» era todavía algo remota.

Pronuncié mi discurso al principio de los actos, durante un almuerzo de trabajo. Dije que la manera de disipar miedos era aclarar lo que no queríamos dar a entender cuando hablábamos de unión política. No queríamos implicar que habría una pérdida de identidad nacional. Ni dejar de tener jefes de Estado por separado, ya fuesen de las seis monarquías de las que éramos devotos seis de los Estados miembros, o de las repúblicas que preferían los otros seis. No teníamos intención de suprimir los parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo no debía cumplir su papel a expensas de los mismos. No tratábamos de modificar los sistemas electorales de cada país. No alteraríamos el papel del Consejo de ministros. La unión política no debe significar ninguna clase de centralización de poderes en Europa a costa de los parlamentos o gobiernos nacionales. No debía debilitarse el papel de la OTAN, ni hacerse ningún intento de transformar la cooperación en política exterior en una restricción del derecho de los Estados a dirigir la suya propia.

Pronunciar un discurso de diez minutos conteniendo la risa es tanto un triunfo retórico como facial. Por supuesto, ésta sería la ruta que debería seguir la unión política si se plantease con seriedad. Tal vez sólo mis observaciones sobre jefes de Estado —que fueron ampliamente difundidas— añadieron un elemento nuevo a la agenda no muy oculta de la Comisión Europea y de quienes pensaban como ella. Mi discurso produjo también cierto efecto inmediato, ya que rápidamente quedó claro durante los parlamentos que los jefes de Gobierno eran incapaces —o quizá no lo deseaban en esta etapa— de explicar claramente qué significaba para ellos la unión política. Las mejores marcas de ambigüedad calculada, sin embargo, seguramente las logró el señor Andreotti, que sugirió que aunque debíamos convocar una Conferencia Intergubernamental sobre la unión política, resultaría peligroso intentar una definición tajante de lo que significaba. El señor Haughey cerró la discusión anunciando suavemente que casi todos los puntos que había mencionado en mis observaciones estarían excluidos de la unión política. Y quizá lo dijera con ironía, él también.

A fines de junio estábamos otra vez en Dublín. Se había dicho a los ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad que se reuniesen aparte para elaborar un documento sobre la unión política que debía someterse a la consideración del Consejo Europeo. Tenía la esperanza de al menos haber trazado un límite para el tipo de propuestas que era posible que se nos presentaran en alguna etapa futura. Pero no estaba en mis manos detener la convocatoria de la Conferencia. Destiné más tiempo a desarrollar nuestras últimas ideas sobre la propuesta del ecu fuerte. Cualquier cosa que pudiese hacer para influir las discusiones de la Conferencia Intergubernamental sobre la UEM, que serían paralelas a las de la unión política, resultaría de valor. Sin embargo, mi mayor satisfacción en este Consejo fue parar en seco al monstruo rodante franco-alemán respecto al asunto de los créditos financieros a la Unión Soviética. No me sentía convencida en general de que permitir que los antiguos países comunistas del Este europeo —por no hablar de la URSS comunista— siguiesen acumulando más deudas les hiciera ningún favor. Por encima de todo, toda ayuda debía tener un objetivo adecuado y estar dirigida a recompensar y promover reformas prácticas en vez de —como iba a decirlo en la reunión del Grupo de los Siete de Houston, un mes después— «proporcionar un balón de oxígeno para que sobreviva gran parte del viejo sistema».

El presidente Mitterrand y el canciller Kohl, sin embargo, se interesaban más en la política de poder y los grandes gestos. Poco antes del Consejo de Dublín habían acordado proponer un préstamo multimillonario en dólares para los soviéticos, y durante la cena del segundo día intentaron presionarnos al resto para que lo suscribiéramos. Dije que era absolutamente inaceptable. Ningún directivo de una compañía actuaría jamás de manera tan poco comercial. Nosotros no lo haríamos tampoco. Debía efectuarse un estudio adecuado antes de tomar una decisión de tal naturaleza. Después de mucha discusión, que continuó a la mañana siguiente, prevaleció mi postura.

LA UEM Y EL GATT

De las dos amenazas, la UEM y la unión política, la primera era la más inmediata. Lo que resultaba muy frustrante era que otros que compartían mis puntos de vista tenían diversos motivos para no expresarlos, y preferían dejar que yo recibiese las críticas por hacerlo. Las economías más débiles habrían resultado devastadas por la moneda única, pero tenían la esperanza de recibir las subvenciones suficientes como para que valiera la pena su consentimiento. Grecia era un caso clásico. Me cansé de escuchar un coro griego de apoyo a cualquier propuesta ambiciosa que hiciese Alemania.

Ni siquiera los alemanes estaban unidos en el avance hacia la unión económica y monetaria europea. De vez en cuando Karl Otto Pohl criticaba abiertamente la idea. A mi entender, la presión a favor de la UEM provenía de Francia, que encontraba inaceptable tener una política monetaria dominada por el marco y el Bundesbank. El Bundesbank no hubiese tenido ningún problema en contentarse con el Mecanismo de Tipos de Cambio, pero ahora la presión política a favor de la UEM era muy fuerte. Siempre he sentido el mayor respeto por el Bundesbank y su historial de contención inflacionaria en Alemania, y me parecía significativo que quienes habían contribuido más a este logro hubiesen otorgado a menudo su atención a una moneda única europea que, por supuesto, implicaría el final del marco.

Evadirme de la atmósfera, muchas veces parroquial, de los demasiado frecuentes Consejos de Europa para asistir a una reunión del Grupo de los Siete, constituía siempre un alivio. Ésa de Houston en julio era la primera que presidía Bush, que estaba imponiendo su estilo propio en la administración de Estados Unidos. Estas cumbres económicas ya no eran de ningún modo estrictamente económicas: ni podían serlo cuando el orden mundial político y económico estaba cambiando tan radical y rápidamente. Lo que tenía preferencia en nuestras mentes era qué debía suceder para asegurar el orden, la estabilidad y una prosperidad tolerable en los territorios de la Unión Soviética, que se estaba desintegrando. Pero no era menos importante para mí el hecho de que en el Grupo de los Siete podía esgrimir mis argumentos a favor del libre comercio con mucha más efectividad, reclutando aliados para mi causa, que dentro del marco más estrecho de la Comunidad.

En Houston hacía un calor tremendo; tanto calor, que mientras los jefes de Gobierno asistíamos a pie firme a las ceremonias inaugurales, los siempre previsores y tecnológicos norteamericanos nos habían proporcionado un acondicionamiento de aire especial que nos refrescaba las piernas soplando desde debajo del suelo. El presidente Bush me pidió que iniciase la discusión sobre la economía y, después de hacer notar las consecuencias del colapso del comunismo, me centré en el colapso inminente del libre comercio a menos que se completase con éxito la ronda del GATT. Dije que era fundamental que el mundo no se replegara en bloques, particularmente en cuestiones monetarias y comerciales. Sería un paso atrás de efectos perjudiciales en lo político y económico, particularmente para los países que quedasen excluidos. En realidad, tendríamos que estar mirando más allá de la presente ronda del GATT para imaginar la continuación efectiva del proceso de liberalización del comercio mundial de bienes y servicios.

La discusión volvió sobre el comercio al día siguiente. Apoyé vigorosamente a Brian Mulroney, que aducía que los mayores perdedores si fracasaba el GATT serían los países menos desarrollados. También recordé a los presentes las sumas enormes que se gastaban en subvenciones agrícolas tanto en la Comunidad Europea como en Estados Unidos o Japón. Ciertamente, la sección del comunicado de Houston que trata del comercio constituye la declaración más firme y acertada que sobre el tema hubiesen hecho hasta entonces las economías más poderosas. Lo trágico fue que el compromiso de la Comunidad Europea con la liberalización comercial era sólo epidérmico, como revelarían los acontecimientos que siguieron.

EL CONSEJO EUROPEO DE ROMA

Volé a Roma el mediodía del sábado 27 de octubre, sabiendo muy bien que sería un lance difícil. Pero todavía no imaginaba cuánto. Esta vez la excusa para sostener un Consejo «informal» antes del formal de diciembre era aún más transparente que en París o Dublín. El pretexto fue prepararse para la próxima cumbre de la CSCE y discutir las relaciones con la Unión Soviética. En realidad, los italianos querían adelantar los resultados de ambas Conferencias Intergubernamentales, sobre la UEM y la unión política, con el fin de que se decidieran en el término de su presidencia. A nadie se le ocurrió explicar por qué era necesario un Consejo especial antes de que informasen las Conferencias.

Como siempre pasa con los italianos, resultaba difícil distinguir la confusión de la astucia; pero era evidente que había mucho de ambas. En su «carta de ofertas» al Consejo, el señor Andreotti no mencionaba la necesidad de discutir la ronda Uruguay del GATT. Le contesté insistiendo en que si los ministros de Agricultura y Comercio de la Comunidad no habían alcanzado por anticipado un acuerdo sobre la propuesta comunitaria en agricultura, debíamos discutir la cuestión en Roma, porque el tiempo corría.

Más de una clave sobre las intenciones de los italianos podía quizá encontrarse en la carta de su ministro de Asuntos Exteriores, que llegaba a sugerir una disposición que permitiese la futura transferencia de poderes de los Estados miembros a la Comunidad, sin enmienda del Tratado. Los italianos anunciaron —y fue muy difundido por la prensa— que adoptarían una línea moderada, sin presionar para establecer una fecha específica de inicio de la etapa 2 de la UEM y haciendo notar que la propuesta británica de un ecu duro debía ser tomada en serio. La presidencia había preparado una lista de propuestas sobre la unión política, larga y con frecuencia contradictoria, que incluía planes para una política exterior común, mayores competencias para la Comunidad, más votación por mayoría, mayores poderes para el Parlamento Europeo, y otras cuestiones. El propósito concreto de este documento no quedaba claro. Lo que no sabía era que entre bambalinas los italianos habían apoyado una propuesta alemana suscrita por varios líderes democristianos europeos en un encuentro anterior, que consistía en que no debía discutirse el GATT en el Consejo. Si se hubiera dado tal discusión, por supuesto, que se les habría hecho bastante más difícil pintarme como la aislacionista y mostrarse a sí mismos como dechados de internacionalismo.

El canciller Kohl había hablado públicamente de la necesidad de establecer fechas límite al trabajo de las Conferencias Intergubernamentales y a la fase 2 de la UEM. Pero en vísperas del Consejo de Roma adoptó ante Douglas Hurd —ahora mi ministro de Asuntos Exteriores— una posición sorprendentemente suave respecto a sus intenciones. El señor Kohl sugirió que tal vez las conclusiones del Consejo especial podrían decir algo sobre «la construcción de un consenso alrededor de la idea» de una fecha específica de inicio de la fase 2. Pero Douglas tuvo la impresión de que el canciller alemán ni siquiera estaba muy empeñado en esto, y que podría estar abierto a que se le persuadiese para abandonar toda referencia a una fecha. Más aún, el canciller dijo que no se oponía a discutir el GATT en Roma. Dijo que reconocía la importancia de la oferta sobre agricultura hecha por la Comunidad en el GATT y que aceptaba que diciembre fuera la verdadera fecha límite para la ronda Uruguay. También reconocía que Alemania tendría que comprometerse. Él mismo estaría dispuesto a decirles algunas cosas fuertes a los agricultores alemanes en su debido momento, pero todavía no. Aparentemente le dio a entender a Douglas que podría haber un intercambio. Si yo estaba dispuesta a ayudarlo durante la discusión del GATT, él podría ayudarme durante la discusión de la Conferencia Intergubernamental sobre la UEM. Por supuesto, al final resultó que esta posición suya distaba de ser la verdadera.

Yo por mi lado almorcé el domingo con el presidente Mitterrand en la residencia de nuestra Embajada en Roma. El presidente no podría haber estado más ameno y amigable. Le dije que me preocupaba mucho la incapacidad de la Comunidad para pactar una posición negociadora con vistas a las conversaciones del GATT. Me había enterado de que casi se había llegado a un acuerdo el día anterior, después de dieciséis horas de negociaciones en la reunión de los ministros de Agricultura y de Comercio, pero que los franceses lo habían bloqueado. Mitterrand dijo que todo esto era muy difícil, que no podía considerarse la agricultura de manera aislada y que no debía esperarse que Europa —o más exactamente Francia— hiciese todas las concesiones en las negociaciones del GATT. Me preguntó cuándo me proponía plantear la cuestión en el Consejo. Le respondí que desde el mismo principio. Pediría que el Consejo dejase claro que la Comunidad presentaría propuestas en los próximos días. El que no se hiciese sería para el mundo señal de que Europa era proteccionista. El presidente Mitterrand exclamó que la Comunidad era por supuesto proteccionista: si ésa era su principal razón de ser. Quedaba claro que no tenía mucha utilidad continuar esta discusión en particular.

Sin embargo, el presidente francés coincidió conmigo, o al menos eso dijo, en lo relativo a las propuestas de unión política. De hecho criticó muchísimo algunas observaciones del señor Delors, y nunca tuvo tiempo que dedicarle al Parlamento Europeo. De modo más sorprendente, dijo que Francia, como Gran Bretaña, quería una moneda común, no una moneda única. Esto no era cierto. Pero permítaseme ser caritativa: quizá hubiera algún error de traducción. En todo caso, no lo percibí como hostil ni intentando arrinconarme.

Estaba demasiado versada en las costumbres de la Comunidad como para creerme tanta bonhomie. Pero aún así no estaba preparada para el rumbo que tomaron las cosas una vez que se inauguró formalmente el Consejo. El señor Andreotti aclaró desde el principio que no existía intención alguna de discutir sobre el GATT. Hablé brevemente y los reprendí por ignorar una cuestión tan crucial en un momento así. Había tenido la esperanza de que alguien más que yo interviniera. Pero sólo lo hizo Ruud Lubbers y sólo para elevar una tibia protesta. Aunque algo se abrió paso hasta el comunicado, nadie más estaba dispuesto a resaltar estas negociaciones inminentes y fundamentales.

Luego el señor Delors informó sobre su reciente reunión con el señor Gorbachov. Para mi sorpresa, propuso que el Consejo emitiera una declaración de que la frontera exterior de la Unión Soviética tenía que permanecer inalterada. Esperé otra vez. Pero nadie habló. Hablando llanamente, no podía dejar las cosas así. Afirmé que no le correspondía a la Comunidad decidir en lugar de los pueblos y el gobierno de la Unión Soviética. Señalé que en todo caso los Estados bálticos habían sido absorbidos ilegalmente por la URSS. En realidad, les estábamos negando su derecho a la independencia. El señor Delors dijo que el señor Gorbachov le había dado seguridad de que los Estados bálticos serían liberados, de modo que no debíamos alarmarnos por ellos. Me volví hacia él, diciendo que ya habíamos escuchado otras veces esa clase de seguridades en boca de los soviéticos y que en todo caso ¿qué pasaría con otras naciones de la Unión Soviética que también quisieran separarse? En este momento primero el señor González, luego el presidente Mitterrand y finalmente el canciller Kohl intervinieron apoyándome, y esa iniciativa imprudente fracasó.

Sin embargo la atmósfera fue de mal en peor. Los demás estaban decididos a insertar en el comunicado estipulaciones sobre la unión política, ninguna de las cuales estaba yo dispuesta a aceptar. Dije que no adelantaría el debate de la Conferencia Intergubernamental y obtuve que figurase en el texto una observación unilateral con este fin. También insistieron en apoyar la propuesta alemana de que la etapa 2 de la unión monetaria comenzara el 1 de enero de 1994. Tampoco lo aceptaría. Había insertado en el comunicado la frase siguiente:

El Reino Unido, aun estando dispuesto a avanzar más allá de la fase 1 mediante la creación de una nueva institución monetaria y de una moneda comunitaria común, cree que las decisiones sobre el contenido de tal avance deben preceder a las tocantes a su escalonamiento temporal.

No les interesaba llegar a una transacción de compromiso. Escucharon mis objeciones en medio de un silencio de piedra. No tenía ningún apoyo. Sólo podía decir que no.

En tres años la Comunidad Europea había pasado de discusiones prácticas sobre la restauración del orden en sus propias finanzas a planes grandiosos de unión política y monetaria con un firme calendario, pero sin contenidos acordados, todo esto sin un debate abierto o público por principio, ya fuese a nivel nacional o en foros europeos. Ahora en Roma se había iniciado la batalla final por el futuro de la Comunidad. Pero tendría que regresar a Londres para ganar otra batalla de la que podía depender el resultado en Europa: la batalla por el espíritu del sector parlamentario del Partido Conservador.

CAPÍTULO XXVI

El mundo al derecho

La caída del comunismo en Europa Oriental, la reunificación de Alemania y el debate sobre el futuro de la OTAN, 1987-1990

PANORAMA GENERAL

El panorama internacional en 1987 y 1988 no era muy diferente al anterior a las elecciones generales. El presidente Reagan estaba en la Casa Blanca y continuaba la política de defensa que, con el transcurso del tiempo, había obligado a los soviéticos a sentarse a la mesa de negociaciones. El señor Gorbachov proseguía con reformas de alcance cada vez mayor en la Unión Soviética que, le gustase o no, abrirían a la larga las puertas de la democracia, si no de la prosperidad. La estrategia de Occidente para derrocar el comunismo mientras garantizábamos nuestra paz y seguridad —una estrategia en la que yo creía con pasión y que procuré transmitir cuando fui a Europa Oriental— funcionaba. Su éxito suscitó nuevas preguntas sobre las relaciones exteriores de Gran Bretaña y de defensa de la OTAN.

No obstante, antes incluso de que esto sucediese, el panorama familiar cambió de una forma que yo no tenía prevista. Había suspirado de alivio cuando George Bush derrotó a su adversario demócrata en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, porque pensaba que aseguraba la continuidad. Pero con la llegada del nuevo equipo a la Casa Blanca, me encontré tratando con una Administración norteamericana que veía en Alemania a su principal socio en el liderazgo, que alentaba la integración de Europa sin parecer comprender enteramente lo que significaba y que a veces parecía no valorar la necesidad de una defensa nuclear sólida. Pensé que ya no podría contar siempre, como antes, con la cooperación norteamericana. Esto era de gran importancia en ese momento, porque en 1989 las rendijas del sistema comunista de Europa Oriental se estaban convirtiendo en grietas y pronto, paso a paso, todo el edificio se desmoronaría.

Esta bienvenida revolución de libertad que azotaba Europa Oriental suponía grandes problemas estratégicos, sobre todo en las relaciones de la Unión Soviética con Occidente. (En efecto, ¿qué era ahora Occidente?). También me daba cuenta de que tenía profundas implicaciones en el equilibrio de poder en Europa, donde una Alemania reunificada sería el país dominante.

Se presentaba un «problema alemán» nuevo y diferente que había que tratar de modo abierto y formal. Así lo hice.

La historia enseña que el peligro nunca es mayor que cuando los imperios se hacen pedazos, por lo que yo era partidaria de la precaución en nuestra defensa y política de seguridad. Las decisiones sobre nuestra seguridad deben ser tomadas, razonaba, sólo después de una cuidadosa reflexión y análisis de la naturaleza y dirección de las amenazas futuras. Sobre todo deben estar determinadas, no por el deseo de dejar una huella política con las «iniciativas» del control de armamento, sino por la necesidad creíble de detener la agresión.

Por pensar y hablar así llegaron a ridiculizarme, llamándome el «último combatiente de la Guerra Fría» (y, por añadidura, adversaria de la reconstrucción de Alemania). En realidad, decían, era una mujer molesta que alguna vez podía haber servido para algo, pero que no podía o no quería evolucionar con el tiempo. Podía vivir con esta caricatura; las había tenido peores; pero no dudaba que estaba en lo cierto y que tarde o temprano los acontecimientos lo demostrarían. Y, sin reclamar ninguna previsión del momento exacto de la caída del comunismo, descubrí que el planteamiento básico que yo preconizaba en 1990 se prolongaba por varios motivos.

En primer lugar, las relaciones anglo-norteamericanas perdieron frialdad porque el proteccionismo de esa Europa «integrada», dominada por Alemania, que los norteamericanos aceptaron alegremente, estimulándolo incluso, empezó de repente a darles miedo y a poner en peligro puestos de trabajo norteamericanos. Este cambio de sentimientos se veía confirmado con la agresión contra Kuwait de Saddam Hussein, que echó abajo toda ilusión de que la tiranía hubiera sido derrotada en todas partes. Las Naciones Unidas podían aprobar resoluciones; pero pronto habría una guerra a gran escala donde tendríamos que combatir. De repente, Gran Bretaña, con un ejército capacitado y un Gobierno resuelto a luchar al lado de Norteamérica, parecía ser el auténtico «socio» europeo en el liderazgo.

Después empezó a comprenderse mejor el significado total de los cambios en Europa Oriental. El que hubiese Estados democráticos con economías de mercado, tan «europeos» como los ya existentes en la Comunidad Económica Europea, haciendo cola como miembros potenciales de la CEE, hizo parecer más oportuna que retrógrada mi visión de una CEE abierta y más flexible. También quedó claro que los valientes líderes reformistas de Europa Oriental contaban con Gran Bretaña —y conmigo por mis credenciales anti socialistas— como un amigo que verdaderamente quería ayudarles, en vez de excluirles de los mercados (como los franceses) o buscar la dominación económica (como los alemanes). Estos estados europeos orientales eran —y son— aliados naturales de Gran Bretaña.

En la URSS, progresos más desagradables exigían una nueva valoración de los primeros juicios sobre las perspectivas de un establecimiento ordenado y pacífico de la democracia y la libre empresa. En la Unión Soviética me había ganado el respeto tanto del combatido señor Gorbachov como de sus oponentes anticomunistas. Nunca subestimé la fragilidad del movimiento reformista; por eso hablaba en Occidente con tanta energía a su favor (y del señor Gorbachov). Los sucesos actuales sugerían cada vez con mayor claridad que pronto se podría llegar en la URSS a una crisis política de largo alcance. Las consecuencias que ésta podía tener en el control de armamento nuclear, y sobre todo del arsenal que había acumulado la máquina militar soviética, no podían ignorarlas ni siquiera los más entusiastas defensores del desarme. Dicho en pocas palabras: el mundo del «nuevo orden mundial» demostró ser peligroso e inseguro, y las virtudes conservadoras de los endurecidos «combatientes de la Guerra Fría» estaban de nuevo en alza. Y así fue como en los últimos meses y semanas de mi mandato, mientras aumentaba la presión por problemas internos, me encontré, una vez, más en el centro de los grandes acontecimientos internacionales, con renovada capacidad para influir en ellos a favor de los intereses de Gran Bretaña y según mis propias convicciones.

VISITA A WASHINGTON EN JULIO DE 1987

El jueves 16 de julio de 1987, volé a Washington para entrevistarme con el presidente Reagan. Nuestra suerte política en aquel momento no podía ser más diferente. Yo acababa de ganar las elecciones con una mayoría decisiva, reforzando mi autoridad en temas internacionales. En contraste, mi viejo amigo y su Administración se tambaleaban bajo las continuas revelaciones del «Irangate». Encontré al presidente Reagan dolido y aturdido por lo que sucedía. Nancy se pasaba el tiempo escuchando las observaciones crueles y despectivas que desgranaban los comentaristas de los medios de comunicación liberales, y contándole lo que habían dicho, con lo que se deprimía más aún. Nada afecta tanto a la integridad de un hombre como ver cuestionada su honradez básica. Esto me enfadó mucho. Estaba decidida a hacer lo que pudiese para ayudar al presidente Reagan a librarse de la tormenta. No fue sólo un asunto de lealtad personal —aunque también lo era, por supuesto— todavía le quedaban 18 meses como presidente del país más poderoso del mundo, y a todos nos interesaba que su autoridad no sufriese merma. Así pues, comencé la tarea utilizando las entrevistas y declaraciones públicas que hice en Washington para transmitir este mensaje. Por ejemplo, le dije al entrevistador del programa, De cara al país, de la CBS:

Ánimo, ánimo; hay que estar más contentos. Norteamérica es un país fuerte, con un gran presidente, un gran pueblo y un gran futuro.

La centralita telefónica de nuestra Embajada quedó bloqueada con las llamadas de felicitación. Mis observaciones también emocionaron a otro público agradecido. El lunes por la tarde —después de regresar a Londres— recibí una llamada telefónica del presidente Reagan para agradecerme lo que había dicho. Estaba en una reunión ministerial y, en un momento dado, separó el receptor y me dijo que escuchase. Oí un fuerte y largo aplauso de los miembros del Gabinete.

Mi principal trabajo en Washington, no obstante, fue discutir las implicaciones en nuestra futura defensa del tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) que debían firmar los presidentes Reagan y Gorbachov en diciembre. Siempre tuve sentimientos encontrados sobre la «opción cero» de las INF. Por una parte, fue un gran éxito obligar a los soviéticos a retirar sus misiles SS-20, desplegando nuestros Cruise y Pershing. Pero, por otra, la retirada de nuestros misiles de tierra de alcance intermedio tendría dos efectos no deseados. En primer lugar, podía provocar precisamente lo que Helmuth Schmidt había querido evitar cuando invitó a la OTAN a desplegarlos: la disociación de Europa de la OTAN. Se podía mantener, como en la década de los setenta, que en última instancia los Estados Unidos no utilizarían armas nucleares para repeler un ataque convencional contra Europa del Pacto de Varsovia. Este argumento estimularía la tendencia, siempre presente, de la neutralidad alemana, una tendencia que había sido objetivo soviético magnificar, allí donde fuera posible, desde hacía mucho tiempo. En segundo lugar, la «opción cero» de las INF también arrojaba dudas sobre la estrategia de «respuesta flexible» por parte de la OTAN —aunque yo siempre expuse que en realidad no la minaría—. Esa estrategia dependía de la capacidad de Occidente para ir escalonando su respuesta a una agresión soviética según se fueran sucediendo las fases en el empleo de las armas nucleares y convencionales. Podía discutirse que la retirada de los misiles de medio alcance creaba un vacío en esa capacidad. De ello se desprendía que la OTAN debía contar con otras armas nucleares estacionadas en territorio alemán que tuvieran suficiente capacidad de disuasión, y que tales armas debían modernizarse y reforzarse cada vez que fuera necesario. Esta cuestión —evitar otra «opción cero» en las fuerzas nucleares de corto alcance (SNF)— iba a producir una seria escisión en la Alianza durante el período 1988-1989.

Los aspectos principales que expuse al presidente Reagan, en Washington, fueron la de adjudicar tanto submarinos con misiles de crucero como más aviones FI y FII al Comando Supremo Aliado en Europa, para compensar la retirada de nuestros misiles de crucero y nuestros Pershing, y la necesidad de resistir la presión que ejercían los alemanes para adelantar las negociaciones sobre la reducción de las SNF en Europa. También quería yo que se mejorara el misil Follow-on to Lance (FOTL), aumentando su alcance. Estos misiles, desarrollados por los norteamericanos, tenían que hallarse desplegados a mediados de la década de los noventa. También me parecía fundamental que los misiles tácticos aire-tierra (TASM) reemplazasen nuestras bombas de caída libre. En los temas relacionados con el fortalecimiento de nuestras SNF, el presidente norteamericano y yo opinábamos lo mismo. En lo que estaba de acuerdo con los alemanes —pero no pude convencer a los norteamericanos— era en que me habría gustado conservar los viejos misiles balísticos alemanes Pershing IA durante el resto de su vida natural (unos cuantos años), sin incluirlos como parte del paquete INF. Pero era el futuro de las SNF lo que consideraba el elemento más importante en nuestra disuasión nuclear; y desde luego, resultó ser el más polémico.

CONVERSACIONES CON EL SEÑOR GORBACHOV EN DICIEMBRE DE 1987

Los intereses en materia de seguridad de la propia Gran Bretaña estaban estrechamente ligados a las negociaciones soviético-norteamericanas sobre armamento. Por lo que se refiere a las SNF, estas armas eran una protección vital para nuestras tropas estacionadas en Alemania. Las conversaciones entre las dos grandes potencias sobre armamento nuclear estratégico eran, también, de interés inmediato para nosotros en la medida en que afectaban la posición de nuestro disuasor nuclear Trident. De modo general, nunca dejé de creer en la importancia de las armas nucleares como medio de disuasión no sólo en la guerra nuclear, sino también en la convencional, aunque en este aspecto me constaba que no podía dar por sentado el apoyo de la Administración norteamericana.

Por tanto, aunque no tenía intención de permitirme ser una especie de intermediaria entre los norteamericanos y los soviéticos, me encantó que el señor Gorbachov aceptara mi invitación de hacer una escala en Brize Norton con ocasión de su viaje a los Estados Unidos para firmar el tratado INF. Esto me daría la oportunidad de sondear su opinión antes de que se entrevistara con el presidente Reagan y de abordar con él otros problemas, como los derechos humanos y los conflictos regionales, sobre los que pensaba que podía ejercer una influencia beneficiosa. Los norteamericanos me habían pedido, concretamente, que presionara al señor Gorbachov en el tema de Afganistán, donde estaba claro su intento de encontrar un modo de sacar las tropas soviéticas de tan desastrosa aventura.

Dentro de la Unión Soviética había señales contradictorias. El señor Gorbachov había llevado a su aliado, el señor Yakovlev, al Politburó; pero —en un movimiento que iba a tener enormes consecuencias a largo plazo— Boris Yeltsin, en otro tiempo protegido de Gorbachov, que había sido designado jefe del partido en Moscú como reformista radical incorruptible, había salido humillado públicamente. Dentro de la dirección soviética, además del propio señor Gorbachov, parecía probable que sólo el ministro de Asuntos Exteriores, Shevardnadze, y el señor Yakovlev estuvieran totalmente a favor de las reformas de Gorbachov.

Al iniciarse nuestra conversación, saqué mi ejemplar del libro del señor Gorbachov, Perestroika, lo cual le gustó. Hizo una larga descripción de las dificultades con que se enfrentaba para llevar a cabo los cambios que quería. En el idioma de los soviéticos —fielmente reflejado en el lenguaje de los medios de comunicación occidentales— a los adversarios de la perestroika se les llamaba «conservadores». Le dije lo irritante que encontraba esto y que yo no tenía nada que ver con los «conservadores» del señor Gorbachov: no podíamos ser más diferentes. Luego tratamos exhaustivamente el control de armamento. No había mucho que decir ahora sobre las INF y nos centramos en el proyectado START[67], que conduciría a recortes en armas nucleares estratégicas. Había grandes diferencias entre ambas partes en lo relativo a definición y verificación. También repetí mi decisión de mantener armas nucleares, lo que el señor Gorbachov comentó diciendo que yo prefería «sentarme en un barril de pólvora que en una silla cómoda». Repliqué recordándole la gran superioridad que tenían los soviéticos en fuerzas convencionales y químicas. Después saqué el tema de la retirada soviética de Afganistán y el problema de los derechos humanos, sugiriéndole que cualquier medida que tomase era muy probable que ayudara a la Administración norteamericana a vencer la oposición del Senado al tratado INF. Pero no adelanté nada: Gorbachov dijo que la solución en Afganistán sería más fácil si dejábamos de suministrar armas a los rebeldes, y que los derechos humanos era una cuestión interna de cada país. (Fue esta actitud la que ya había provocado una mala impresión en los Estados Unidos como resultado de las observaciones del señor Gorbachov sobre derechos humanos en una entrevista con la NBC). Nada pude hacer en esta ocasión para hacerle cambiar de opinión.

Terminé la conversación diciéndole que los esperaba a él y a su esposa en visita oficial el próximo año. Aceptó encantado. A pesar de su malestar por el tema de los derechos humanos, fue un encuentro intenso, agradable, e incluso bastante cordial. Almorzamos en el comedor de oficiales, donde se unieron a nosotros Ken Baker y Raisa Gorbachov, que había visitado una escuela local, charlando con los chicos y los profesores, y había asistido a una obra teatral navideña. Sin embargo, en un tema concreto no prevaleció el espíritu de la Navidad. Esperando el momento oportuno y a que el intérprete soviético no pudiera oírnos, pregunté al señor Gorbachov, que me había recitado una canción popular rusa delante del árbol de Navidad levantado en el vestíbulo, si permitiría que la familia de Oleg Gordievsky abandonara la Unión Soviética para reunirse con él en Gran Bretaña. Frunció los labios y no dijo nada: la respuesta estaba muy clara.

A mi regreso a Londres llamé por teléfono al presidente Reagan para informarle de nuestra conversación. Le conté lo que Gorbachov había dicho sobre Afganistán y el control de armamento. También le dije que aunque debía abordar el tema de los derechos humanos, debería estar preparado para una reacción brusca. El presidente Reagan contestó que esperaba algunas sesiones difíciles con el señor Gorbachov, pero que yo le había preparado el terreno. Me preguntó si en mi opinión sería oportuno llamar por el nombre de pila al líder soviético, prescindiendo de las formalidades. Le aconsejé que fuese con prudencia: el señor Gorbachov era sin duda un hombre amigable y abierto, pero también era muy serio, como corresponde a la rigidez del sistema soviético.

CUMBRE DE LA OTAN EN BRUSELAS, MARZO DE 1988

La cumbre Reagan-Gorbachov, en Washington, fue un éxito. Se llegó a un acuerdo en el tratado INF y se concertó una cumbre en Moscú, para la primera mitad de 1988, en la que se firmaría el tratado y, posiblemente, se llegaría a un acuerdo sobre el START. En febrero de 1988, el señor Gorbachov anunció que la retirada soviética de Afganistán comenzaría en mayo. Sin duda, entrábamos en un terreno nuevo y me parecía el momento adecuado para definir nuestra actitud en la cumbre de la OTAN. La primera cumbre de jefes de Gobierno de la OTAN en seis años —la primera a la que asistía un presidente francés en veintidós años— se programó para el mes de marzo en Bruselas.

Era evidente, desde el principio, que los alemanes federales serían con toda probabilidad la primera fuente de dificultades. El señor Gorbachov había organizado, con éxito, una campaña de propaganda dirigida a ganarse a la opinión alemana sobre una Alemania desnuclearizada. Dentro del Gobierno alemán federal, el canciller Kohl se mantenía todavía firme en la necesidad de evitar tanto el «tercer cero» como la desnuclearización. No así, en cambio, Herr Genscher, el ministro federal de Asuntos Exteriores. El canciller Kohl insistía en la adhesión de la OTAN a lo que él llamaba «concepto total» —es decir, considerar los diferentes elementos de defensa estratégica, uno más de los cuales eran las SNF, como un todo—. Dentro de este «concepto total», él estaba dispuesto a apoyar las medidas acordadas, después del adecuado y necesario estudio por parte de la Alianza, para mantener una respuesta flexible; pero había dicho públicamente en Washington que actualmente no había necesidad de tomar una decisión sobre la modernización de las SNF. Ambos, norteamericanos y británicos, estábamos en condiciones de tener en cuenta las susceptibilidades alemanas a la hora de redactar el de la OTAN, sin dejar por ello de defender la postura correcta en lo tocante a la doctrina militar y a la modernización de las armas nucleares. De ahí que no me disgustara en absoluto la fraseología resultante. Los jefes de Gobierno acordaron «una estrategia de disuasión basada en la correcta combinación de fuerzas nucleares y convencionales adecuadas y eficaces, que seguirán modernizándose mientras siga siendo necesario». Con eso bastaba.

Tras la clausura oficial de la cumbre de Bruselas, me reuní con el presidente Reagan para analizar los resultados. Le dije que pensaba que la cumbre había sido un gran éxito, porque Gran Bretaña y los Estados Unidos habían permanecido unidos. Esta demostración de unidad de la OTAN le ayudaría cuando fuese a Moscú para entrevistarse con el señor Gorbachov, en mayo. Lamenté que no hubiera sido posible conseguir que los alemanes aceptasen explícitamente que las negociaciones para reducir las armas nucleares de corto alcance en Europa sólo debían producirse una vez alcanzado el equilibrio en las armas convencionales y la prohibición de las armas químicas. Pero dije que para mí quedaba claro que éstas eran, de hecho, las únicas circunstancias en las que la OTAN debía negociar sobre sistemas de corto alcance. El presidente Reagan se manifestó totalmente de acuerdo con el planteamiento, y dijo que la OTAN no podría avanzar en esa dirección hasta que no se dieran tales condiciones. Estuvimos igualmente conformes en el planteamiento del START Yo dije que, aun apoyando el START en cuanto objetivo, era más importante la calidad del acuerdo que la prisa en conseguirlo. El presidente Reagan dijo que él también había tenido cuidado en sus comentarios públicos. No quería que la gente dijese que la cumbre de Moscú era un fracaso si no se firmaba el START. Reconocí que las negociaciones sobre el START eran bastante más complejas que las del INF, sobre todo en lo concerniente a verificación. Abandoné Bruselas habiéndome confirmado en mi idea de que el presidente norteamericano y yo estábamos completamente de acuerdo en cómo arrostrar las difíciles y complicadas negociaciones de controles de armamento que vendrían a continuación.

VISITA DEL PRESIDENTE REAGAN A LONDRES, JUNIO DE 1988

El presidente Reagan cumplió su palabra cuando fue a Moscú. Aunque se firmó el tratado INF, las negociaciones fueron difíciles y no hubo compromiso sobre el START, donde los soviéticos querían que los Estados Unidos incluyesen los misiles de crucero lanzados desde el mar (SLCM). Pero, seguramente lo más importante, como ocurrió en mi visita de 1987, fue la oportunidad de que el presidente Reagan y el pueblo ruso se encontraran cara a cara. Me dijo cuando pasó por Londres el jueves 2 de junio, a su regreso de Moscú, cuánto le había impresionado la buena acogida de la inmensa multitud. Lo único que le molestó fue la forma brutal en que el KGB había tratado a todo el que intentaba acercarse a él. Le dije que ahora que los rusos habían visto, por sí mismos, la clase de persona que era el presidente de los Estados Unidos, sería mucho más difícil para las autoridades soviéticas convencerles de que era un enemigo peligroso. El presidente Reagan dio gran importancia al tema de los derechos humanos —en particular la libertad de culto— cuando estuvo en la Unión Soviética y yo le comenté lo bien que me parecía su actitud. También me habló sobre las difíciles conversaciones sobre control de armamento. Dijo que no había cedido un milímetro en el SDT, y que no iba a precipitarse con el START. Mientras tanto, la OTAN debía seguir adelante con la modernización de sus fuerzas nucleares de corto alcance, convenciendo a los alemanes de que adoptaran una postura positiva al respecto. Él continuaría insistiendo en que se tenía que conseguir el equilibrio en las fuerzas convencionales en Europa antes de que pudieran entablarse negociaciones tendentes a la supresión de las armas nucleares de corto alcance.

Al día siguiente, en el Guildhall, el presidente Reagan se dirigió a un amplio público de diplomáticos y hombres de negocios. Fue una intervención excelente e importante, a la luz de los posteriores acontecimientos. Recordó el discurso que había dirigido a los miembros del Parlamento en 1982, cuando enunció lo que vino a llamarse la «doctrina Reagan». Ni él ni yo sabíamos lo cerca que estábamos de su triunfante afirmación; pero lo que sí estaba claro es que se habían conseguido grandes progresos en la «cruzada por la libertad», por la que tanto habíamos luchado. Ahora era el momento de reafirmar la causa, tanto en lo espiritual como en lo político y económico. Como señaló el presidente Reagan:

Tenemos puesta nuestra fe en una ley más elevada […] creemos que la humanidad no está destinada a que la humille un Estado omnipotente, sino a vivir a imagen y semejanza de su Creador.

VISITA A POLONIA, NOVIEMBRE DE 1988

Cinco meses más tarde —en noviembre de 1988— visité Polonia. Quien buscara una prueba de lo acertado de la visión del presidente Reagan, la habría encontrado en ese país, donde la fe católica, la conciencia nacional y la frustración económica se habían concertado para mostrar la vacía esterilidad del marxismo y para sacudir hasta los cimientos la dominación comunista. Decidí aceptar la invitación que había recibido anteriormente del general Jaruzelski para ir a Polonia. Siempre sentí afecto y admiración por esta nación de patriotas indomables, cuyas tradiciones e identidad habían tratado vanamente de extinguir los prusianos, austríacos y rusos (en los siglos XVIII y XIX), y los nazis y comunistas (en el siglo XX). No podía olvidar a los aviadores polacos que combatieron con la RAF en contra del nazismo, ni cómo una guerra que empezó por la libertad de Polonia había terminado dejándolos atrapados bajo la tiranía. Por todas estas razones, entraba en aguas diplomáticamente traicioneras; y lo sabía.

El principal objetivo de mi viaje a Polonia era seguir adelante con la estrategia dirigida a los países del bloque oriental que había puesto en marcha en Hungría en 1984. Quería abrir estos países —sus Gobiernos y sus pueblos— a la influencia occidental, ejerciendo presión a favor del respeto de los derechos humanos, e insistiendo en las reformas políticas y económicas. Pero el pasado reciente de Polonia demostraba cómo dependían los acontecimientos en estos países de las intenciones de la Unión Soviética. Ya se considerara al general Jaruzelski como un patriota —interviniendo para impedir que sucedieran cosas peores a sus conciudadanos—, o sólo como una marioneta soviética, las circunstancias en que se había impuesto la ley marcial y desarticulado el sindicato Solidaridad, en 1981, eran una inolvidable lección en lo tocante a la realidad del poder político. La bancarrota política y económica del Gobierno de Jaruzelski era evidente, de nuevo, y su autoridad estaba viéndose desafiada por una renacida Solidaridad. El papel de Occidente —sobre todo de un dirigente occidental de visita— consistía en dar ánimo a los anticomunistas, instándolos a que pusieran especial cuidado y cálculo en aprovechar cualquier oportunidad que se les presentase para mejorar las condiciones políticas y reforzar su influencia; y al tratar con el Gobierno había que combinar las conversaciones sinceras sobre la necesidad de cambio con una actitud que evitase un conflicto definitivo y contraproducente. No era una tarea fácil.

Por su parte, las autoridades estaban decididas a hacerlo todavía más difícil. La víspera de mi visita, el Gobierno anunció su intención de cerrar los astilleros Lenin de Gdansk, reducto de Solidaridad. Era una trampa no por torpe menos peligrosa. Los comunistas esperaban que me viese obligada a aprobar el cierre de una planta antieconómica y a condenar la resistencia de Solidaridad basándome en la economía «thatcherista». Algunos comentaristas, sin duda, esperaban que cayese en esta trampa. Por ejemplo, uno de ellos escribía en The Times la víspera de mi visita:

La primera ministra parte hoy para una visita que muchos dirán que no debería hacer. Su viaje a Polonia fue siempre una medida cuestionable, susceptible de ser interpretada como un gesto de apoyo al régimen de Jaruzelski. Ahora lo es doblemente.

En realidad, hasta los propios datos oficiales publicados sugerían que los astilleros Lenin estaban en una posición económica débil, pero que no arrojaban pérdidas gravísimas, lo que claramente implicaba que la decisión de clausurarlos se basaba en motivaciones políticas y no económicas. En cualquier caso, puesto que el 90 por ciento del trabajo en los astilleros se hacía para la Unión Soviética, su viabilidad dependía casi exclusivamente del tipo de cambio entre el rublo soviético y el zloty polaco. Donde no hay un mercado real no puede haber un auténtico cómputo de pérdidas y ganancias. Pero había bastante más que eso. No se puede esperar que la gente comparta la clase de responsabilidad económica deseable en una economía occidental, si no se le conceden las libertades vigentes en una sociedad occidental.

Vista la maniobra, me alegré de haber insistido desde el principio en que en mi visita tuviera una parte oficial y otra no oficial. No iba a tolerar que me impidieran entrevistarme con Lech Walesa y los principales adversarios del régimen. Bueno será decir en honor del general Jaruzelski que no puso objeción alguna a que lo hiciera. En otro caso, por supuesto, habría corrido de veras el riesgo de servir inconscientemente a la causa de la propaganda comunista.

En el momento de planificar mi visita había consultado al Papa, cuya propia visita en junio de 1987 había constituido a su vez una fuerte presión a favor de la reforma, aportado el ímpetu necesario para el renacimiento de Solidaridad. Estaba claro que el Vaticano pensaba que mi visita podía influir positivamente, pero también que la Iglesia procedía con gran cautela (lo que se me hizo todavía más evidente cuando el primer día de mi visita me entrevisté con el cardenal Glemp).

También preparando el viaje, hubo otro tema sobre el que me pareció que debía consultar a la autoridad competente: la ropa. Una dama polaca que me atendió en Aquascutum me dijo que el verde era el color de la esperanza en Polonia. Así que verde fue el color del traje que elegí.

Mi primera reunión oficial en Varsovia, la tarde del 2 de noviembre, fue con el recientemente designado primer ministro polaco, señor Rakowski. No era un defensor impresionante o convincente de la línea que el Gobierno polaco estaba adoptando con los astilleros Lenin, aunque hacía lo que podía. Manifestó cuan de acuerdo estaba con mis declaraciones sobre la necesidad de una reforma económica y describió el cierre de los astilleros como parte de este proceso. En un tono «thatcherista» algo forzado, me dijo que la racionalización era el único camino para sacar a Polonia de su crisis, y que la mayor debilidad histórica de Polonia había sido la falta de lógica. Algo que él estaba decidido a cambiar. Le contesté que pasar de la economía centralizada a la economía basada en la empresa privada y la competencia era inmensamente difícil. Pero no era sólo cuestión de cambiar la política económica. Tenían que producirse cambios en lo espiritual, en lo político y en lo personal. Bajo el comunismo, los ciudadanos eran como pájaros enjaulados: aunque se les abriera la puerta les daba miedo salir. La tarea vital a la que se enfrentaba su Gobierno, dije, era conseguir que el pueblo polaco hiciese suyos los cambios; y el problema residía en que no había mecanismos políticos para consultar sus opiniones y permitirles expresar sus puntos de vista. La diferencia entre la situación a la que yo me había enfrentado en 1979 y la situación a que se enfrentaba el señor Rakowski estaba en que yo había sido elegida democráticamente —y dos veces reelegida— para llevar a cabo los cambios necesarios.

Más adelante, aquella misma tarde, me reuní con cierto número de opositores al régimen y aprendí a conocer un poco mejor los defectos del sistema. Sabía que los comunistas, en Polonia, nunca habían llegado al nivel de colectivización de la agricultura al habían llegado en otras partes y que esto —junto con la influencia de la Iglesia católica— había dado a los polacos un grado de independencia único en un país comunista. Dije a los presentes que, puesto que al menos tenían la tierra, no les tenía que ir tan mal. Me contestaron que no, que no era así. ¿No sabía yo que el Estado encauzaba la mayor parte de las semillas, fertilizantes, tractores y otros equipos —por no hablar de los repuestos— hacia el sector agrícola colectivo? Las autoridades también controlaban los precios y la distribución. En tales circunstancias, los beneficios de la propiedad eran limitados. En efecto: el socialismo, que no pasa de ser una forma menos desarrollada del comunismo, estaba cumpliendo con su tarea de siempre: el empobrecimiento y la desmoralización de los ciudadanos. Luego le planteé ese mismo tema al señor Rakowski, que no puso énfasis alguno en negarme los hechos.

El jueves por la tarde tuve mi primer encuentro con la Polonia real —la Polonia que los comunistas habían intentado destruir, sin éxito—. Visité la iglesia de San Estanislao de Kostka, al norte de Varsovia, donde el padre Jerzy Popieluszko estuvo pronunciando sermones anticomunistas hasta 1984, cuando lo secuestraron, para luego asesinarlo, los servicios secretos polacos. (También fui a su casa para hablar con sus padres, que estaban destrozados por el dolor, pero también orgullosos de su hijo). La iglesia se hallaba abarrotada de gente de todas las edades que había venido a verme y que a mi llegada entonaron un himno polaco. Evidentemente, habían encontrado un mártir en el padre Popieluszko, y me marché convencida de que era su credo y no el de sus asesinos el que prevalecería en Polonia.

Le dije todo ello al general Jaruzelski, más tarde, cuando me entrevisté con él. El general estuvo exponiendo sus planes para Polonia durante una hora y tres cuartos, sin interrupción alguna. En esto, al menos, sí que era un comunista típico. Llegó a afirmar que le parecían admirables las reformas sindicales que yo había introducido en Gran Bretaña. Cuando concluyó, le señalé que la gente en Gran Bretaña no estaba obligada a pasar por los sindicatos para expresar sus opiniones políticas, porque nosotros teníamos elecciones libres. Acababa de experimentar la fuerza de Solidaridad en aquella iglesia al norte de Varsovia. Dije que, como política, mi sentido común me indicaba que este movimiento era bastante más que un sindicato, que era un movimiento político cuyo poder no podía negarse. El Gobierno tenía que comprender lo antes posible que estaba en la obligación de negociar con Solidaridad, y esperaba que los líderes de Solidaridad aceptasen la invitación.

El día siguiente, viernes, fue uno de esos días que nunca se olvidan. Volé a Gdansk, a primeras horas de la mañana, para unirme al general Jaruzelski en la ofrenda de una corona de flores en Westerplatte, donde en 1939 se produjo el primer enfrentamiento entre los polacos y los invasores alemanes. Era una península yerma, en la bahía de Gdansk, y el viento soplaba con fuerza. La ceremonia se prolongó durante media hora. Fue un alivio subir a bordo del pequeño barco que nos llevaría río abajo, camino de la propia Gdansk, y guarecerme en el camarote. Cambié mi sombrero y abrigo negro por otros de color verde esmeralda y regresé a cubierta. Las escenas que se produjeron a la llegada de nuestro barco a los astilleros de Gdansk fueron increíbles. Cada metro de terreno parecía estar tomado por los trabajadores de los astilleros ondeando banderas y gritando de entusiasmo.

Tras dar un paseo por la ciudad vieja, me llevaron en coche al hotel en una de cuyas habitaciones había de encontrarme con Lech Walesa y sus colegas. En aquel momento, Walesa se hallaba en una situación ambigua, sometido a una especie de arresto domiciliario no riguroso, y lo gracioso del caso es que fue conducido hasta el hotel por la propia policía de seguridad polaca. Le entregué el regalo que le había traído —un equipo de pesca, porque era un gran pescador— y salimos otra vez hacia los astilleros. De nuevo había miles de trabajadores esperándome, gritando consignas y ondeando banderas de Solidaridad. Coloqué un ramo de flores en el monumento a los trabajadores de los astilleros muertos por la policía y el ejército en 1970, y luego me dirigí a casa del padre Jankowski, confesor y consejero del señor Walesa, para una reunión seguida de almuerzo.

Los dirigentes de Solidaridad eran una mezcla de trabajadores e intelectuales. El señor Walesa pertenecía al primer grupo, pero tenía una gran presencia física y una talla política que le permitía dominar la reunión. Me contó que Solidaridad estaba en contra de aceptar la invitación del Gobierno a una serie de conversaciones de mesa redonda, creyendo —con toda probabilidad tenía razón— que su propósito era dividir y desacreditar a la oposición. Señaló que el objetivo de Solidaridad era el «pluralismo», es decir un Estado en el que el partido comunista no fuera la única autoridad legítima. No obstante, lo que me sorprendió fue que no tuvieran un plan de acción concreto, con objetivos prácticos inmediatos. Cuando dije que creía que Solidaridad debía asistir a las conversaciones y presentar sus propias propuestas en forma de orden del día detallado con documentos de apoyo, mis anfitriones me miraron asombrados.

Durante la comida —uno de los mejores platos de caza que he probado en mi vida— analizamos cuál podía ser su posición negociadora y cuál mi posible ayuda en las conversaciones finales con el Gobierno polaco. Decidimos que la cuestión más importante que le plantearía al general Jaruzelski era la necesidad de legalizar Solidaridad. El reconocimiento de facto no era suficiente. Desde el principio hasta el final me impresionó la moderación y elocuencia del señor Walesa y sus compañeros. En un momento dado dije: «La verdad, tiene usted que poner los medios para que el Gobierno oiga todo lo que me está diciendo». «En eso sí que no hay problema», contestó, señalando al techo: «en cualquier caso nuestras reuniones están controladas».

Después del almuerzo me sugirieron una visita a la cercana iglesia de Santa Brígida. Mi asombro fue estupendo cuando el señor Walesa y yo entramos y descubrí la iglesia entera llena a rebosar de familias polacas que se ponían en pie y cantaban el himno de Solidaridad, «señor devuélvenos nuestra Polonia libre». No pude contener las lágrimas. Tuve la impresión de ir estrechando cientos de manos, mientras recorría la iglesia. Hice un emocionado discurso y Lech Walesa también habló. Cuando salí, había gente en la calle llorando de emoción y gritando: «Gracias, gracias», una y otra vez. Regresé a Varsovia más decidida que nunca a presentar batalla a las autoridades comunistas.

En la reunión final con el general Jaruzelski, esa tarde, mantuve la palabra dada a Solidaridad. Le comuniqué mi agradecimiento porque no hubiese puesto ningún obstáculo a mi visita a Gdansk —aunque también hay que decir que las autoridades habían sometido a censura total las noticias sobre mi visita, incluidas las anteriores y posteriores a ella—. Dije lo impresionada que me había sentido por la moderación de Solidaridad. Si valían para tratar con ellos en mesa redonda, también tenían que valer para que los legalizaran. No me dio la impresión de que el general Jaruzelski estuviera abierto a la posibilidad de cambiar de opinión. Repetí que no creía que Solidaridad pudiera ser ignorada, e incluso que todo intento de ignorarla conduciría al desastre. Fue una discusión fría, pero de buen talante. En cualquier caso, el general Jaruzelski era un interlocutor algo incómodo, hasta que uno se acostumbraba a él: sus gafas oscuras y su postura extrañamente rígida (causada por problemas de espalda) le hacían parecer bastante más distante de lo que era en realidad. Pero no menosprecié su inteligencia (ni sus contactos, porque sabía que estaba muy cerca del señor Gorbachov). La prueba de que el general era polaco, y no sólo comunista, fue que justo antes de que mi avión despegase, en una imprevista aparición, se detuvo su coche con un frenazo junto al avión y el general saltó del vehículo con un enorme ramo de flores en las manos. Ni el propio marxismo consigue eliminar la galantería polaca.

LA ADMINISTRACIÓN BUSH

Quince días más tarde me hallaba otra vez en Washington como última invitada oficial del presidente Reagan. Esta visita me brindó la oportunidad de hablar con el presidente electo, Bush. El señor Bush estaba eligiendo, lentamente, su propio Gobierno. En esta ocasión también me entrevisté con Dan Quayle, el vicepresidente —quien, a pesar de las crueles burlas de que era objeto, siempre me pareció una persona muy bien informada y con buen sentido político—, y con el futuro secretario de Estado, Jim Baker, cuyos puntos de vista comentaré en breve. Tanto el presidente saliente como el presidente electo hablaron de la importancia de hacer frente al déficit presupuestario de Estados Unidos, que llevaba cuatro años descendiendo, pero que seguía planteando serios problemas. Esto, inevitablemente, daba lugar a muchas interrogantes en materia de defensa, de modo que tuve el gusto de volver a exponer al señor Bush mis opiniones sobre las SNF y la gran importancia que concedía al mantenimiento del programa SDI.

El vicepresidente Bush siempre había sido una persona con la que resultaba fácil llevarse bien, y a mí me parecía que había prestado un buen servicio a Norteamérica manteniendo a la Administración Reagan en contacto con el pensamiento europeo. Es uno de los norteamericanos más patriotas, honrados y decentes que he conocido nunca. Tiene gran ánimo personal, como demostraban su carrera anterior y su capacidad de recuperación durante la campaña electoral. Pero nunca se había visto obligado a reflexionar sobre sus propias creencias y luchar por ellas —aun estando desesperadamente pasadas de moda—, como habíamos tenido que hacer Ronald Reagan y yo. Ello quería decir que se pasaba gran parte del tiempo buscando solución a problemas que yo iba despachando según se me planteaban, sin más que acudir a mis convicciones básicas.

Más tarde supe que al presidente Bush le exasperaba a veces mi costumbre de estar hablando sin parar sobre los asuntos que me fascinaban, en vez de dejarlo dirigir la discusión, como él pensaba que debía hacer. Más importante era el hecho de que, como presidente, George Bush se sentía en la necesidad de distanciarse de su predecesor; y una forma de hacerlo era retirarme en público la posición especial y la confianza de que había disfrutado durante el mandato de Ronald Reagan. Era comprensible; y al llegar mi último año en el cargo ya habíamos establecido mejores relaciones. Para entonces había aprendido que era mejor cederle el protagonismo en las conversaciones y no escatimar nunca los elogios. Si era menester, en beneficio de Gran Bretaña y de su influencia, no me importaba ingerir una pequeña dosis de humildad.

Desgraciadamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos siguió emitiendo instrucciones en contra mía y de mi política —sobre todo en lo tocante a Europa—, hasta que el comienzo de la crisis del Golfo les hizo cambiar a toda prisa de postura. Hasta cierto punto, la relativa inclinación de la política exterior norteamericana en contra de Gran Bretaña, en este período, puede haber sido fruto de la influencia del secretario de estado, James Baker. Siempre fue muy cortés conmigo, pero no estábamos tan identificados como lo habíamos estado el admirable George Schultz y yo. Aunque esto no tenía importancia, sí que la tenía, y bastante más, el hecho de que todos los numerosos talentos de Jim Baker estuviesen localizados en el ámbito de lo superfluo. En ese sentido tenía un confuso historial: había sido responsable, como secretario del Tesoro de Estados Unidos, de los imprudentes convenios Plaza y Louvre, que volvieron a situar la estabilidad del tipo de cambio en el centro de la política económica occidental, con grandes efectos perjudiciales. Ahora, en el Departamento de Estado, Jim Baker y su equipo aplicaban a la política exterior de EE. UU. un método parecido, supuestamente «pragmático», de resolver problemas.

El efecto principal de esta forma de abordar los problemas, hasta donde a mí me afectaba, fue el de anteponer la relación con Alemania a la «especial relación» de Estados Unidos con Gran Bretaña. Soy la primera en mantener que si se opta por ignorar la historia y las fidelidades, el planteamiento resultante puede parecer bastante racional. Después de todo, había cierto peligro en que Alemania —primero bajo el hechizo del señor Gorbachov y más tarde con el señuelo de la reunificación— pudiera desplazarse de la alianza con Occidente a la neutralidad. Una vez unificada Alemania, había otro argumento —propagado por los franceses, pero asimilado también por el departamento de Estado de EE. UU.—: que sólo una «Europa unida» permitiría un razonable control del poder alemán, o, dicho de modo más positivo, que el liderazgo alemán de la «Europa unida» permitiría a los norteamericanos recortar el volumen de dinero que gastaban en la defensa de Europa.

Todos estos argumentos —que en nada se distinguían de los que habrían podido esgrimir nuestros propios funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña— eran falsos. El peligro de que Alemania rompiese sus lazos con Occidente era exagerado. Lejos de contribuir a controlarlo, la Europa unida haría más fuerte el poder de la Alemania unificada. Alemania perseguiría su propio interés tanto dentro como fuera de Europa. Por otra parte, una Europa edificada sobre bases corporativistas y proteccionistas, implícitas en la alianza germano-francesa, con toda seguridad vería con peores ojos a los norteamericanos que la Europa más flexible que yo prefería. Finalmente, la idea de que se pudiera confiar en los europeos —con excepción de Gran Bretaña y posiblemente Francia— para defenderse a sí mismos o a cualquier otro país era francamente ridícula. Los lazos de sangre, cultura y valores tradicionales que unían a Gran Bretaña y Norteamérica eran la única base firme de la política norteamericana en Occidente: había que ser muy inteligente para no caer en un detalle tan obvio. Pero éste era el tipo de consideraciones políticas y personales que afectaban las relaciones de Estados Unidos con Gran Bretaña, mientras yo trataba de cumplir con mi triple objetivo de que las defensas de la OTAN siguieran siendo fuertes, de que la Unión Soviética no se sintiera amenazada hasta el punto de ponerse en marcha e invadir el este de Europa, y de afrontar los efectos de la reunificación alemana.

ENFRENTAMIENTOS INTERNOS EN LA OTAN POR CAUSA DE LAS FUERZAS NUCLEARES DE CORTO ALCANCE (SNF)

A finales de 1988 no lograba yo imaginarme ni cómo iban a desarrollarse las relaciones anglo-norteamericanas, ni hasta qué grado iban a llegar las dificultades con los alemanes por causa de las SNF. Mi postura básica era que las armas nucleares de corto alcance resultaban esenciales en la estrategia de respuesta flexible de la OTAN: cualquier agresor potencial debía saber que si cruzaba la línea de la OTAN podía encontrarse con una respuesta nuclear. Si tal temor se evaporaba, el enemigo consideraría posible organizar un ataque convencional que lo llevara hasta la costa del Atlántico en unos pocos días. Y ésta, por supuesto, era la situación existente. Pero una vez que se suprimieran las armas nucleares de alcance intermedio con base en tierra, con la entrada en vigor del tratado INF firmado en Washington en diciembre de 1987, los misiles de corto alcance con base en tierra se harían vitales. Lo mismo ocurriría, por supuesto, con los misiles intermedios de base marítima.

En el Consejo Europeo de Rodas, a primeros de diciembre de 1988, hablé del control de armamento con el canciller Kohl; lo encontré muy firme en su posición. Estaba muy contento de que fuera a celebrarse inmediatamente una cumbre de la OTAN, lo cual le permitiría obtener un acuerdo sobre el «concepto total» del control de armamento antes del fin de su mandato. Yo le di la razón en ese punto: cuanto antes, mejor. Debíamos tomar decisiones sobre la modernización de las armas nucleares de la OTAN, en concreto sobre la sustitución del LANCE, a mediados de año. El canciller Kohl dijo que quería que estas dos cuestiones estuvieran resueltas antes de las elecciones europeas de junio 1989.

Antes de la siguiente cumbre anglo-alemana de Frankfurt, la presión política sobre el canciller alemán había aumentado bastante y él había empezado a argumentar que no hacía falta tomar una decisión en lo tocante a las SNF hasta 1991-1992.

Una semana antes de acudir a Frankfurt, traté el problema con Jim Baker durante un almuerzo en Chequers. Le dije que seguía considerando al canciller Kohl un hombre valeroso, sólido aliado de Estados Unidos: el problema era Hans-Dietrich Genscher, que se inclinaba por un acercamiento más suave y complaciente a los soviéticos. Predije que otros Gobiernos también flaquearían en el asunto de las SNF, porque los sondeos de opinión demostraban que la gente ya no creía en la amenaza soviética. Por, tanto, era vital que los Estados Unidos y Gran Bretaña se mantuvieran firmes. Jim Baker se manifestó de acuerdo con mi postura. La Administración norteamericana necesitaba garantías sobre el despliegue o no recibirían fondos del Congreso para desarrollar un sucesor del LANCE. Pero Baker se preguntaba si el precio del acuerdo alemán sería aceptar unas promesas vagas en las negociaciones de las SNF. Contesté que aunque había espacio suficiente para que la OTAN hiciese reducciones unilaterales en sus arsenales de artillería nuclear, no podíamos negociar las SNF sin quedar atrapados en otro «cero». Jim Baker, desde luego, estaba más predispuesto a soportar las susceptibilidades alemanas que yo, pero yo aún creía que veíamos las cosas del mismo modo.

En consecuencia, cuando me encontré con el canciller Kohl en Frankfurt fui bastante franca. Le dije que al explicar el despliegue de las SNF a sus compatriotas debía limitarse a hacerles la pregunta fundamental de si valoraban su libertad. Para los alemanes, la libertad había comenzado el día en que terminó la Segunda Guerra Mundial, y la OTAN la había preservado durante cuarenta años. La Unión Soviética continuaba representando una amenaza militar. Gran Bretaña, Alemania y los Estados Unidos representaban la fuerza real de la OTAN. Comprendía sus dificultades al tratar con la opinión pública alemana pero pensaba que él y yo estábamos fundamentalmente de acuerdo. La OTAN tenía que modernizar su armamento; en caso contrario los Estados Unidos, tarde o temprano, retirarían sus tropas de Alemania. Gran Bretaña y Alemania, juntas, debían señalar el sentido de la marcha. A pesar de la presión a que estaba sometido el canciller federal, me fui de Frankfurt con la idea de que lo convenido en materia de las SNF aún podría mantenerse.

Por supuesto que los soviéticos no tenían ninguna duda sobre la importancia estratégica de las decisiones que tomáramos con respecto a las SNF. El señor y la señora Gorbachov llegaron a Londres, a las once de la noche del miércoles 5 de abril, en una visita que habíamos tenido que posponer el anterior mes de diciembre debido al terremoto de Armenia. Los recibí en el aeropuerto y nos dirigimos a la Embajada soviética, donde el número de brindis sugería que el temprano abandono del vodka por parte del líder soviético no era de aplicación universal. En mis conversaciones con el señor Gorbachov le encontré frustrado y sorprendentemente receloso de la Administración Bush. Pero el contenido real de nuestras discusiones versó sobre control de armamento. Le dije directamente al señor Gorbachov que teníamos pruebas de que los soviéticos no nos decían la verdad sobre la cantidad y el tipo de armas químicas que poseían. Después, él sacó a colación el tema de la modernización de las SNF. Le dije que las armas obsoletas no disuadían y que las SNF de la OTAN, por supuesto, tendrían que modernizarse. La próxima cumbre de la OTAN confirmaría esta intención. El señor Gorbachov volvió a tratar el tema en su discurso del Guildhall, que contenía una especie de sección amenazadora sobre el efecto que las conversaciones de control de armamento tendría en las relaciones Este-Oeste, sobre todo si la OTAN seguía adelante con la modernización.

Toda esta presión estaba teniendo un efecto: el canciller Kohl se batía en retirada. En abril se difundió ampliamente —antes de ponerlo en conocimiento de ningún aliado, excepto los norteamericanos— la nueva posición de los alemanes sobre la modernización y negociación de las SNF. El documento de la posición alemana no excluía un «tercer cero», no exigía que la Unión Soviética redujera unilateralmente sus SNF a los niveles de las de la OTAN y expresaba dudas sobre la modernización de las SNF.

Sostuve agrias discusiones con el canciller Kohl, entre bastidores del escenario de paz y concordia que se había montado para nuestro encuentro en Deidesheim de finales de abril. El canciller Kohl presentó una extensa justificación de la reciente conducta de Alemania: quería que la OTAN discutiese un mandato para negociar las SNF, aunque dijo que se oponía totalmente a un «tercer cero». Simplemente dijo: no se podía sostener políticamente en Alemania que las armas nucleares que más directamente les afectaban fueran la única categoría no sujeta a negociación.

Le contesté recordando al canciller Kohl algunos antecedentes. Él había sido el único que había propuesto, originalmente, la necesidad de una cumbre de la OTAN anticipada para tomar la decisión de la modernización, y yo lo había apoyado. Le leí la declaración conjunta que publicamos en Frankfurt. A nosotros no nos había informado el Gobierno alemán de su nueva posición hasta varios días después de comunicárselo a la prensa. La OTAN tenía que tener SNF y éstos debían modernizarse, como él mismo había admitido recientemente. No podíamos enredarnos en las negociaciones sobre las SNF, que conducirían inexorablemente a un «tercer cero». Le expuse al canciller Kohl los informes que habíamos recibido de las intenciones y opiniones reales de la Unión Soviética: estaban satisfechos de haber obtenido ventaja con la modernización de sus propias SNF y el retraso de las nuestras en el mismo proceso. También confiaban en poder influir en la opinión de Alemania Federal a favor de las negociaciones sobre las SNF. Repetí que Gran Bretaña y los Estados Unidos se oponían frontalmente a negociar sobre las SNF y mantendrían su postura. Nuestras fuerzas actuales eran un mínimo no negociable, si queríamos mantener la estrategia de respuesta flexible y, por tanto, en su momento tendrían que ser modernizadas. Aun en el caso de que se pospusiera la decisión de desplegar los misiles FOLT, debía haber pruebas claras, en la próxima cumbre de la OTAN, del apoyo al programa de desarrollo de los Estados Unidos. En realidad, el comportamiento del Gobierno alemán había sometido a la OTAN a una grave tensión.

El canciller Kohl empezó a agitarse. Dijo que no necesitaba lecciones sobre la OTAN, que creía en la respuesta flexible y repitió su oposición a un «tercer cero». Pero el hecho era que a Alemania le afectaban más que a nadie las SNF y que por ello había que dar prioridad a los intereses de Alemania. Contesté que, al contrario de lo que decía, las SNF no afectaban sólo a Alemania, porque nuestras tropas estaban en suelo alemán. Nunca ha sido posible confiar en todos los aliados de la OTAN; siempre había eslabones débiles. Pero hasta aquel momento, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania habían constituido la fuerza real de la OTAN.

En ese momento, el canciller Kohl se excitó aún más. Dijo que durante años se le había echado en cara que fuese un mero vasallo de los norteamericanos, y ahora, de repente, se le calificaba de traidor. Repitió que no creía que una vez alcanzados los acuerdos INF nadie pudiera negarse a negociar sobre las SNF, pero añadió que pensaría de nuevo lo que yo había dicho y se mantendría en contacto con los norteamericanos sobre este tema. Informé al presidente Bush de nuestra conversación en un mensaje que concluía así: «con tal de que Gran Bretaña y Estados Unidos se mantengan absolutamente firmes, aún podemos conseguir un resultado satisfactorio en la cumbre de la OTAN».

En los días anteriores a la cumbre de la OTAN los periódicos siguieron centrándose en las desavenencias en el seno de la Alianza. Era una actitud especialmente mezquina, porque tendríamos que haber estado celebrando el cuarenta aniversario de la OTAN y destacando el éxito de nuestra estrategia para garantizar la paz por medio de la fuerza. Además de los norteamericanos, sólo los franceses estaban de acuerdo con mi postura sobre las SNF, y ellos, en cualquier caso, no formaban parte de la estructura del mando integrado de la OTAN y no tenían gran importancia en la decisión final. Anoté, el martes 16 de mayo: «si conseguimos hacer ‘no negociable’ una sola sección de las SNF, será suficiente, combinándolo con un fuerte apoyo a la investigación sobre las mismas». Todavía me sentía optimista.

Más tarde, el 19 de mayo, supe que la postura de los norteamericanos había cambiado de pronto. Ahora estaban dispuestos a iniciar negociaciones sobre las SNF. Jim Baker sostuvo, en público, que nosotros habíamos sido consultados sobre el cambio de táctica de Estados Unidos, pero en realidad no fue así. Sin suscribir de ninguna forma el texto norteamericano, que consideraba torpemente equivocado, envié dos observaciones importantes a los norteamericanos. Debería rectificarse que la apertura de las negociaciones sobre SNF dependiera de la decisión de desplegar un sucesor de los LANCE. Debía incluirse la exigencia de una reducción sustancial de las SNF soviéticos, hasta situarlas en el nivel de las de la OTAN. Jim Baker contestó que dudaba que los alemanes aceptaran esto. La actitud de Brent Scowcroft —consejero de Seguridad Nacional del presidente— era más firme. Y el punto de vista del presidente no me resultaba claro en absoluto. En cualquier caso, me encontré con que acudía a Bruselas en calidad de disidente única. Todo el mundo aceptó la apertura de negociaciones sobre las SNF, y sólo hubo diferencias en cuanto a las condiciones que tendrían que cumplirse antes. Yo no quería ninguna negociación. Y si alguna tenía que haber, quería condiciones más firmes que las del texto norteamericano. Sobre todo, no debía haber un equívoco de lenguaje en lo relativo al «tercer cero».

Esto no era como el Consejo Europeo: era importante que pusiéramos de manifiesto la unidad de la OTAN, para que ésta tuviera alguna eficacia, de modo que me hice a la idea de que había circunstancias en que, por razones éticas y sin incurrir en debilidad alguna, más valía lograr una transacción. No obstante, expuse mi postura enérgicamente en el discurso que hice. Dije que era profundamente escéptica en lo relativo a que las negociaciones sobre las SNF pudieran ser beneficiosas para la OTAN. Estaba dispuesta a estudiar un texto que planteara tales negociaciones, pero sólo después de obtener un acuerdo para la reducción de fuerzas convencionales, y de que este acuerdo se materializase al menos parcialmente. Todo ello, además, sólo sobre la base de excluir totalmente un nuevo «cero».

De hecho, en el último momento, los norteamericanos presentaron propuestas exigiendo la reducción de fuerzas convencionales y no sólo nuevos recortes más amplios, sino que se aceleraran las conversaciones sobre fuerzas convencionales en Europa que se estaban celebrando en Viena, de modo que las nuevas reducciones pudieran lograrse en 1992 o 1993. Este juego de manos abrió la posibilidad de un acuerdo sobre las SNF, dejando a los alemanes en condiciones de argumentar ante sus ciudadanos que seguía en pie la perspectiva de abrir el diálogo en lo tocante a las SNF. Sin embargo, como destaqué durante mi posterior intervención en la Cámara de los Comunes, el hecho era que sólo después de alcanzar un acuerdo sobre reducción de fuerzas convencionales y de que la ejecución de ese acuerdo estuviese en marcha, podían los Estados Unidos emprender negociaciones para la reducción parcial de los Misiles de Corto Alcance. No se harían reducciones en las SNF de la OTAN hasta que no estuviera completamente cumplido el acuerdo de reducción de fuerzas convencionales.

Pensé que había hecho todo lo humanamente posible —sin el firme apoyo de Estados Unidos a la línea que yo realmente deseaba— para impedirnos caer en otro «cero». Pude admitir el texto resultante de las difíciles negociaciones de Bruselas. Pero había visto, por mí misma, que el nuevo planteamiento norteamericano subordinaba la clara declaración de intenciones sobre la defensa de la Alianza a las susceptibilidades políticas de los alemanes. No me pareció que ello presagiara nada bueno.

Las observaciones del presidente Bush, en su discurso de Mainz del 31 de mayo de 1989, refiriéndose a los alemanes como «asociados nuestros en la dirección», confirmaban el camino que seguía la opinión norteamericana sobre Europa. Cuando el presidente Bush vino a Londres pretendió resolver los problemas que esas observaciones habían provocado, diciendo que nosotros también éramos asociados en la dirección. Pero el daño ya estaba hecho. Mientras discurría el año 1989, la marcha de los acontecimientos en Europa Oriental y la perspectiva de la reunificación alemana añadían un nuevo elemento, llevando a los Estados Unidos a tomar más en serio aún los problemas alemanes.

LA CAÍDA DEL COMUNISMO EN EUROPA ORIENTAL EN 1989 Y SUS CONSECUENCIAS

A finales del verano de 1989 aparecieron los primeros signos de un inminente colapso del comunismo en Europa Oriental. Solidaridad ganó las elecciones a primeros de junio en Polonia y el general Jaruzelski aceptó los resultados: lo felicité cuando vino a Londres unos días más tarde. En Hungría se imponía la liberalización, que abrió la frontera con Austria en septiembre y supuso la llegada de gran cantidad de refugiados de Alemania Oriental. La huida de la población de Alemania Oriental y las manifestaciones de principios de octubre en Leipzig provocaron la caída de Erich Honecker. La demolición del muro de Berlín comenzó el 10 de noviembre. Al mes siguiente le tocó el turno a Checoslovaquia. A finales de año, Václav Havel, el dramaturgo disidente que había sido encarcelado en febrero, fue elegido presidente de Checoslovaquia; y el malvado Ceaucescu fue derrocado en Rumania.

Estos sucesos marcaron el cambio político más agradable de mi vida. Pero por mucho que me alegrase la caída del comunismo en Europa Central y Oriental, no iba a permitir que la euforia empañase la razón ni la prudencia. No creía que fuera fácil establecer la democracia y el sistema de libre empresa. Algunos de los países liberados y liberalizadores tenían tradiciones de libertad más fuertes para poder recuperarse que otros. Pero era demasiado pronto para estar seguros de qué clase de regímenes surgirían. Además, Europa Central y Oriental —y todavía más la Unión Soviética— eran un complicado entramado de naciones. La libertad política traería pronto disputas étnicas y conflictos fronterizos, que podían remover épocas pasadas en la memoria de las gentes. No cabía excluir la guerra.

Los cambios positivos que se estaban produciendo eran resultado de la firmeza y resolución de Occidente, pero también de que el señor Gorbachov y la Unión Soviética habían renunciado a la doctrina Brezhnev. De la supervivencia de un Gobierno reformista y moderado en la URSS dependía el futuro de las nuevas democracias. Habíamos visto en el pasado —en 1956 en Hungría y en 1968 en Checoslovaquia— lo que sucedió cuando los demócratas salieron a la calle creyendo que Occidente, en última instancia, daría un paso para ayudarles contra los soviéticos y luego se vieron abandonados. Era demasiado pronto para suponer que las naciones cautivas se habían liberado definitivamente: los carceleros soviéticos aún podían ser peligrosos. Por lo tanto, era esencial proceder con cuidado y evitar acciones que pudieran juzgarse como provocadoras tanto por la dirección política soviética como por la militar.

Esto nos llevaba directamente a una tercera consideración: el futuro de Alemania. Porque nada era más probable que despertase antiguos temores en la Unión Soviética —temores que los partidarios de la línea dura estarían ansiosos de explotar— que la perspectiva de una Alemania unificada, poderosa y con renovadas ambiciones sobre su flanco oriental.

EL PROBLEMA DE ALEMANIA Y EL EQUILIBRIO DE PODER

Había —y todavía hay— una tendencia a considerar el «problema alemán» como algo demasiado delicado para que un político bien educado lo discuta; siempre me ha parecido un error. El problema tiene varios elementos que sólo pueden tratarse si los no alemanes los consideran abierta y constructivamente. No creo en la culpabilidad colectiva: cada individuo ha de responder moralmente de sus acciones. Pero sí creo en el carácter nacional, que se modela por una serie de factores complejos: el hecho de que las caricaturas nacionales sean, con frecuencia, tan absurdas e inexactas, no les resta valor. Desde la unificación de Alemania bajo Bismarck —quizá porque la unificación nacional se produjo tan tarde— Alemania ha oscilado imprevisiblemente entre la agresión y la inseguridad. Los vecinos inmediatos de Alemania, como los franceses y los polacos, son más profundamente conscientes de este comportamiento que los británicos, por no mencionar a los norteamericanos; aunque esa misma preocupación conduce con frecuencia a los vecinos de Alemania a abstenerse de hacer comentarios que podrían parecer faltos de sensibilidad. Los rusos también son agudamente conscientes de todo esto, aunque en su caso la necesidad de crédito e inversiones alemanas ha tenido, durante mucho tiempo, el efecto de mantenerlos en calma. Pero tal vez los primeros en reconocer el «problema alemán» sean los alemanes modernos, la inmensa mayoría de los cuales desea que Alemania no sea una gran potencia capaz de imponerse a expensas de los demás. La Angst —angustia— alemana empieza en el autoconocimiento.

Como ya he indicado, esa es una de las razones por las que tantos alemanes quieren —yo creo que erróneamente— ver a Alemania estrechamente vinculada a una Europa federal. En realidad, es mucho más probable que Alemania domine dentro de ese marco; porque una Alemania unificada es, sencillamente, demasiado grande y poderosa para ser sólo un miembro más de Europa. Por otra parte, Alemania ha mirado siempre al Este tanto como al Oeste, aunque es la expansión económica más que la expansión territorial la manifestación moderna de esta tendencia. Alemania es, por su propia naturaleza, una fuerza desestabilizadora más que estabilizadora en Europa. Sólo el compromiso militar y político de Estados Unidos en Europa y las estrechas relaciones entre los otros dos Estados soberanos fuertes de Europa —Gran Bretaña y Francia— son suficientes para equilibrar el poder alemán: y nada de esto sería posible dentro de una Europa súper Estado.

El único obstáculo para lograr ese equilibrio de poder, cuando yo era primera ministra, fue la negativa de Francia, con el presidente Mitterrand, a seguir su sentido común y el de los franceses y desafiar los intereses alemanes. Ello habría supuesto el abandono del eje franco-alemán, en el que Mitterrand confiaba; y, como ya diré, el impacto resultó demasiado difícil para él.

LA REUNIFICACIÓN ALEMANA

En principio, parecía probable que los soviéticos se opusieran enérgicamente a la reaparición de una Alemania poderosa, unificada en los términos de Occidente y acompañada por el descrédito del comunismo. Por supuesto, los soviéticos podían haber calculado que una Alemania unificada conduciría a un Gobierno de centro-izquierda que consiguiera su objetivo, a largo plazo, de neutralizar y desnuclearizar Alemania Federal. (Lo que de hecho sucedió fue que los soviéticos —quizá con una idea más clara que la nuestra de los verdaderos sentimientos de los alemanes orientales— estaban dispuestos a trocar la reunificación por una modesta ayuda financiera de Alemania a su desmoronada economía).

Estos temas tenían prioridad en mi mente, cuando decidí hacer un alto en Moscú para conversar con el señor Gorbachov en mi viaje de regreso de la Conferencia de la Unión Democrática Internacional celebrada en Tokio en septiembre de 1989. En realidad, mi avión VC10 se detuvo primero para repostar combustible en la ciudad de Bratsk, en Siberia. Tuve una conversación de dos horas con los dirigentes del partido comunista local, mientras tomábamos café en un frío edificio parecido a un granero. Estaban entusiasmados con la perestroika, pero la conversación empezó a languidecer tras una hora de charla sobre la cosecha local de remolacha. Mi condición de celebridad sirvió para rescatarme: John Whittingdale entró a preguntarme si quería dedicarle una foto a Oleg, el policía de la KGB que estaba en la puerta. Accedí al momento. Mis anfitriones conferenciaron rápidamente en ruso y luego dijeron que ellos también querían fotografías firmadas. Habíamos roto el hielo.

Al día siguiente, en Moscú, durante el almuerzo, hablé francamente con el señor Gorbachov sobre Alemania. Le expliqué que aunque la OTAN hacía tradicionalmente declaraciones apoyando la aspiración alemana a la reunificación, en la práctica éramos bastante reticentes. No estaba hablando sólo en mi nombre, lo había discutido con otro líder occidental, implicando sin mencionarlo al presidente Mitterrand. El señor Gorbachov confirmó que la Unión Soviética tampoco quería la reunificación alemana. Esto reforzó mi resolución de entorpecer la embriagadora marcha a que se desarrollaban los acontecimientos. Por supuesto, no quería que los alemanes orientales —ni nadie— tuvieran que vivir bajo el comunismo. Pero me parecía que una Alemania Oriental verdaderamente democrática emergería pronto y que la cuestión de la reunificación era un tema diferente, en el que los deseos e intereses de los vecinos de Alemania y otras potencias debía tenerse plenamente en cuenta.

Los alemanes federales parecían desear hacerlo así. El canciller Kohl me llamó por teléfono la tarde del viernes del 10 de noviembre, después de visitar Berlín, mientras comenzaba la demolición del muro. Estaba muy animado por las escenas que había presenciado: ¿Qué es lo que no debían hacer los alemanes? Le aconsejé que se mantuviese en contacto con el señor Gorbachov, que evidentemente estaría muy preocupado con lo que estaba sucediendo. Prometió hacerlo así. Esa noche vino a verme el embajador soviético con un mensaje del señor Gorbachov donde expresaba su preocupación porque pudiera haber algún incidente —quizá un ataque a los soldados soviéticos instalados en Alemania Oriental o en Berlín— que tuviera consecuencias decisivas.

Sin embargo, en lugar de frenar las expectativas, el canciller Kohl, muy pronto se ocupó de alentarlas. En unas declaraciones al Bundestag dijo que el núcleo de la cuestión alemana era la libertad y que al pueblo de Alemania Oriental había que darle la oportunidad de decidir su propio futuro sin necesidad de consejos ajenos. Eso afectaba a la «cuestión de la reunificación y también a la unidad alemana». El tono ya había empezado a cambiar y cambiaría más; no obstante, en privado, el ministro de Asuntos Exteriores, Genscher, todavía aseguraba a Douglas Hurd que los alemanes querían evitar que se hablase de reunificación.

Este era el ambiente cuando el presidente Mitterrand solicitó una reunión especial de los jefes de Gobierno de la Comunidad Europea en París para estudiar lo que estaba sucediendo en Alemania, donde Egon Krenz, el nuevo dirigente de Alemania Oriental —que era, según me habían dicho los soviéticos, protegido del señor Gorbachov—, se hallaba en situación precaria.

Antes de ir envié un mensaje al presidente Bush reiterándole mi opinión de que debería darse prioridad al establecimiento de una auténtica democracia en Alemania Oriental y que la reunificación de Alemania no era lo que había que buscar por el momento. El presidente Bush me llamó por teléfono más tarde, para darme las gracias por el mensaje, con el que estaba de acuerdo, y para contarme cuánto le apetecía «encontrarnos los dos en Camp David y mantener una buena conversación».

Casi igual de amistosa fue la reunión de París la tarde del sábado 18 de noviembre. El presidente Mitterrand la abrió planteando una serie de preguntas, entre ellas si el problema de las fronteras de Europa debía someterse a debate. Luego intervino el canciller Kohl. Dijo que la gente quería «oír la voz de Europa». Entonces se complació hablando durante cuarenta minutos. Concluyó diciendo que no debería haber problemas de fronteras, pero que a los alemanes se les debería permitir decidir su futuro por sí mismos y que la autodeterminación era primordial. Después de que interviniese el señor González, sin mayores consecuencias, hablé yo.

Dije que aunque los cambios que se estaban produciendo eran históricos, no debíamos sucumbir a la euforia. Los cambios sólo estaban empezando y llevaría varios años conseguir una auténtica reforma democrática y económica en Europa Oriental. No debía plantearse la cuestión de modificar las fronteras. Se debía aplicar el Acta Final de Helsinki[68]. Cualquier intento de hablar sobre cambios de fronteras o la reunificación alemana minaría la autoridad del señor Gorbachov y abriría, además, la caja de Pandora de las reclamaciones fronterizas en toda Europa Central. Dije que debíamos mantener tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia intactos para crear un contexto de estabilidad. Cualesquiera que fueran las reservas que el canciller Kohl pudiera tener no las expresó en voz alta. Si ya había decidido su próximo movimiento para acelerar el proceso de reunificación, no lo sé.

El viernes siguiente —24 de noviembre— discutí los mismos problemas en Camp David con el presidente Bush, pero no exactamente a gusto. Aunque estaba muy simpático, el presidente parecía distraído e inquieto. Yo puse mucho empeño en persuadirlo de que mi análisis de lo acontecido en el desmoronado bloque comunista era correcto. Reiteré lo que había dicho en París respecto a las fronteras, la reunificación y la necesidad de apoyar al líder soviético, de cuya continuidad en el poder tantas cosas dependían. El presidente Bush no me llevó la contraria, pero me preguntó, con mucha intención, si mi postura había provocado dificultades con el canciller Kohl y cuál era mi actitud hacia la Comunidad Económica Europea. También estaba claro que diferíamos en la prioridad en los gastos de defensa. El presidente me habló de las dificultades presupuestarias con que tenía que enfrentarse, y expuso que si las condiciones en Europa y la Unión Soviética habían cambiado realmente, con toda seguridad debía de ser posible para Occidente recortar los gastos de defensa. Le contesté que siempre quedaba la amenaza desconocida contra la que teníamos que estar en guardia. En este sentido los gastos de defensa eran como una póliza de seguros: uno no dejaba de pagar los recibos porque la calle esté libre de ladrones durante un tiempo. Pensaba que el presupuesto de defensa de los Estados Unidos no debía hacerse en función del señor Gorbachov y sus iniciativas sino de los intereses de defensa de los Estados Unidos. Tal vez no fui sensible a sus dificultades con el Congreso. En cualquier caso, la atmósfera no mejoró como resultado de nuestras discusiones.

Poco después de mi regreso a Gran Bretaña supe que, sin consulta previa con los aliados y en clara ruptura con el espíritu de la cumbre de París, el canciller Kohl había propuesto en un discurso al Bundestag un plan de «diez puntos» sobre el futuro de Alemania. El quinto punto de este plan era la propuesta de desarrollo de «estructuras confederadas entre los dos Estados de Alemania con el objetivo de crear una federación». El décimo punto era que su Gobierno trabajaba por la «unidad, reunificación y restablecimiento de la unidad del Estado alemán».

La cuestión real, ahora, era cómo reaccionarían los norteamericanos. No tuve que esperar mucho para saberlo. En una conferencia de prensa informativa, Jim Baker explicó detalladamente el planteamiento norteamericano sobre la reunificación alemana, que, dijo, se basaría en cuatro principios: se proseguiría la autodeterminación «sin prejuzgar los resultados», y Alemania no sólo debía permanecer en la OTAN, con lo que yo estaba francamente de acuerdo, sino que debía formar parte de «una Comunidad Económica Europea progresivamente integrada», con lo que yo no estaba de acuerdo. El tercer punto era que los movimientos hacia la unificación debían ser pacíficos, graduales y basarse en un proceso que fuera paso a paso, lo que estaba bastante bien. Estaba totalmente de acuerdo con el punto final: que los principios del Acta Final de Helsinki, sobre todo los relacionados con las fronteras, debían apoyarse. Lo que quedaba por ver, sin embargo, era si los norteamericanos iban a dar más importancia a la noción del futuro de Alemania en una Europa «integrada», o al concepto de que la reunificación debía producirse sólo lenta y gradualmente.

Correspondió al propio presidente Bush facilitar la respuesta en su discurso en la reunión de jefes de Gobierno de la OTAN, convocada en Bruselas a primeros de diciembre para oír su informe sobre las conversaciones con el señor Gorbachov en Malta. Hizo unas declaraciones, evidentemente preparadas con todo cuidado, sobre la «arquitectura futura de Europa», pidiendo una «relación más madura y nueva» con Europa. También reafirmó los principios que Jim Baker había expuesto sobre la reunificación. Pero el hecho de que el presidente Bush pusiera tal énfasis en la «integración europea», en un encuentro predominantemente europeo en Bruselas, se tomó inmediatamente como una señal —que quizá no estaba lejos de la verdad— de que Norteamérica se alineaba con el federalismo más que con mi objetivo de un desarrollo europeo al estilo del que expuso en Brujas. No había razón alguna para que los periodistas, que sabían perfectamente en qué sentido apuntaba el informe previo emitido por el departamento de Estado, interpretasen de otro modo las palabras del presidente. El señor Bush me llamó por teléfono para explicar sus comentarios y aclarar que se refería al mercado único más que a una integración política más amplia. Yo quise creer que así era, o por lo menos que así iba a ser desde ese momento en adelante. La realidad era que no había nada que pudiese esperar de los norteamericanos en cuanto a retrasar la reunificación alemana, ni posiblemente, por mucho que yo lo deseara, para evitar el impulso hacia la unidad europea.

¿UN EJE ANGLO-FRANCÉS?

Si quedaba alguna esperanza de detener o retrasar la reunificación alemana sólo vendría de una iniciativa anglo-francesa. Sin embargo, aunque el presidente Mitterrand intentara dar un efecto práctico a lo que yo sabía era su temor secreto, no encontraríamos muchos caminos abiertos. Una vez decidido que Alemania Oriental podía unirse a la Comunidad Económica Europea sin detalladas negociaciones —y yo me resistía por mis propias razones a modificar el tratado y a toda ayuda de la Comunidad Económica Europea— poco podíamos hacer para retrasar la reunificación a través de las instituciones de la CEE. Puse algunas esperanzas en el sistema que ofrecían las «Cuatro Potencias» —Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética— que eran responsables de la seguridad de Berlín. Pero Estados Unidos —y a continuación también los soviéticos— dejaron de verlo como otra cosa que una reunión de negocios para discutir los detalles de la reunificación. Este marco era también de uso limitado. La CSCE —en la que expondría mis ideas al año siguiente— proporcionaba una base para frenar cualquier intento desafortunado de cambiar las fronteras en toda Europa Oriental; pero no obstaculizó el camino de la reunificación alemana. Así que la última y mejor esperanza parecía la creación de un eje político anglo-francés sólido que garantizase en cada etapa de la reunificación —y en el desarrollo político y económico del futuro— que los alemanes no pudieran hacerlo todo a su manera.

En el Consejo Europeo de Estrasburgo, en diciembre de 1989, el presidente Mitterrand y yo —por sugerencia suya— tuvimos dos reuniones privadas para discutir el problema alemán y nuestra reacción. Él estaba todavía más preocupado que yo. Era muy crítico con el plan de «diez puntos» del canciller Kohl. Observó que históricamente los alemanes eran un pueblo en constante movimiento y cambio. En ese momento saqué del bolso un mapa en que se reflejaban las diversas configuraciones de Alemania en el pasado, lo cual no ofrecía grandes garantías para el futuro. Hablamos de lo que podíamos hacer exactamente. En la reunión que él había presidido en París habíamos alcanzado la respuesta correcta sobre las fronteras y la reunificación. Pero el presidente Mitterrand observó que el canciller Kohl ya había ido bastante más lejos. Dijo que en los momentos de grandes peligros, Francia, en el pasado siempre había establecido relaciones especiales con Gran Bretaña y pensaba que ese momento había llegado de nuevo. Debíamos unirnos y estar en contacto. Me pareció que aunque no habíamos encontrado los medios, ambos compartíamos al menos el deseo de someter a control la amenaza del monstruo alemán. Era un comienzo.

La discusión en las reuniones oficiales del Consejo de Estrasburgo se hacía, por supuesto, en un tono muy diferente, aunque el primer ministro holandés, señor Lubbers, dijo en el almuerzo de jefes de Gobierno que pensaba que el plan de «diez puntos» del canciller Kohl incitaba a la reunificación, que había cierto peligro en hablar de autodeterminación y que era mejor no referirse a un «pueblo alemán». Hacía falta valor para decir todo aquello. Pero el caso es que apenas sí sirvió para desalentar al canciller Kohl, quien dijo que Alemania había pagado por la última guerra perdiendo una tercera parte de su territorio. Fue impreciso en la cuestión de las fronteras —demasiado impreciso para mi gusto— arguyendo que la línea Oder-Neisse, que marcaba la frontera con Polonia, no debía convertirse en un problema legal. No parecía comprender, ni en ese momento ni más tarde, el temor y la susceptibilidad polaca.

Tenía previsto reunirme con el presidente Mitterrand en enero de 1990 y pedí que me prepararan documentación analizando el mejor modo de reforzar la cooperación anglo-francesa. El presidente francés había estado poco antes de Navidad en Berlín Oriental para hacer valer los intereses franceses en el futuro de Alemania. Pero su actitud pública apenas revelaba sus opiniones privadas y en su conferencia de prensa en Alemania, adujo que él no era «uno de esos que ponían el freno». Yo esperaba vencer, durante nuestra próxima reunión, esa tendencia suya a la esquizofrenia.

Casi toda la conversación que tuve con el presidente Mitterrand en el palacio del Elíseo el sábado 20 de enero versó sobre Alemania. Recogiendo las observaciones que él mismo expuso en Estrasburgo, le dije que era muy importante para Gran Bretaña y Francia resolver juntas como controlar lo que estaba sucediendo en Alemania. Alemania Oriental parecía próxima al colapso y no era del todo imposible que tuviéramos que enfrentarnos en el transcurso de ese año con la decisión, en principio favorable, a la reunificación. El presidente francés estaba claramente molesto con la actitud y con el comportamiento de los alemanes. Aun reconociendo su derecho a la autodeterminación, no le parecía que estuviesen legitimados para alterar las realidades políticas de Europa; ni podía aceptar que la reunificación alemana tuviera prioridad sobre cualquier otra cosa. Se quejó de que los alemanes se tomaran como una crítica personal cualquier alusión a la necesidad de tomar precauciones. O se era partidario entusiasta de la reunificación, o se veía uno tildado de enemigo de Alemania. El problema era que no había fuerza en Europa capaz de detener el proceso de reunificación que se estaba produciendo. Mitterrand coincidió en mi análisis de los problemas, pero dijo que no sabía qué podíamos hacer. Yo no era tan pesimista. Discutí que debíamos, al menos, hacer uso de todos los medios disponibles para retrasar la reunificación. El problema era que otros Gobiernos no estaban preparados para hacer oír su voz abiertamente —ni tampoco el Gobierno francés, podría haber añadido, pero me abstuve—. El presidente Mitterrand continuó diciendo que compartía mis preocupaciones sobre la llamada «misión» de los alemanes en Europa Central. Los checoslovacos, polacos y húngaros no querrían estar bajo la exclusiva influencia de Alemania, pero necesitaban su ayuda e inversiones. Dije que no debíamos aceptar que sólo los alemanes tuvieran una influencia concreta sobre esos países, sino hacer todo lo posible para aumentar también nuestros propios lazos. Al final de la reunión acordamos que nuestros ministros de Defensa y Asuntos Exteriores se reunieran para hablar de los problemas de la reunificación y examinar las perspectivas de una más estrecha colaboración franco-británica en materia de defensa.

El hecho de que poco o nada saliera, en términos prácticos, de estas conversaciones entre el presidente Mitterrand y yo sobre el problema alemán reflejaba su resistencia básica a cambiar la dirección de toda su política exterior. En esencia, tenía que elegir entre avanzar más rápidamente hacia una Europa federal para sujetar al gigante alemán o abandonar este planteamiento y volver al preconizado por el general De Gaulle, la defensa de la soberanía francesa y el establecimiento de alianzas capaces de proteger sus intereses. Tomó la decisión equivocada para Francia. Además, la falta de armonización entre su discurso público y su discurso privado contribuyó a acrecentar mis dificultades. Pero hay que decir que su juicio de que no había nada que pudiéramos hacer para detener la reunificación alemana fue correcto.

En febrero, el canciller Kohl —de nuevo sin consultar con sus aliados— se trasladó a Moscú y obtuvo el acuerdo del señor Gorbachov de que «la unidad de la nación alemana debía ser decidida por los propios alemanes». (El quid pro quo se hizo pronto claro. En julio, en una reunión en Crimea, el canciller alemán federal aceptó hacerse cargo del coste de la retirada de tropas soviéticas de Alemania Oriental —lo que a los soviéticos les debió de parecer una suma enorme, aunque en realidad podrían haber conseguido mucho más—. Por su parte, el señor Gorbachov aceptaba en público, finalmente, que la Alemania reunificada formara parte de la OTAN).

El sábado 24 de febrero mantuve una conversación telefónica de tres cuartos de hora con el presidente Bush. Rompí mi costumbre habitual de intentar evitar discusiones detalladas por teléfono y procuré explicarle cómo creía que debíamos actuar ante la perspectiva de una alianza occidental y una Europa con Alemania reunificada. Resalté la importancia de asegurar que la Alemania unida permaneciese dentro de la OTAN, y que las tropas de Estados Unidos continuasen estacionadas allí. Sin embargo, el hecho de que todas las fuerzas soviéticas tuvieran que salir de Alemania Oriental supondría problemas para el señor Gorbachov, y pensaba que era mejor permitir que algunas permaneciesen, durante un período transitorio sin una fecha específica de salida. También dije que debíamos reforzar el marco de la CSCE, que no sólo ayudaría a evitar el aislamiento soviético, sino también a equilibrar la dominación alemana de Europa. Había que recordar que Alemania estaba rodeada de países a la mayoría de los cuales había atacado u ocupado a lo largo de este siglo. Analizando el futuro, sólo la Unión Soviética —o su sucesora— podía proporcionar ese equilibrio. El presidente Bush, como después supe, no llegó a comprender que yo hablaba de un equilibrio de poder en Europa a largo plazo más que de proponer una alianza alternativa a la OTAN. Fue la última vez que confié en una conversación telefónica para explicar semejantes temas.

El canciller Kohl había conseguido transmitir la peor impresión posible por su resistencia a ultimar un tratado en que se definiera correctamente la frontera entre Alemania y Polonia. El primer ministro Tadeusz Mazowiecki, con quien me había encontrado por primera vez en circunstancias muy diferentes en Gdansk en noviembre de 1988, me expresó sus temores cuando vino a Londres en febrero de 1990. Presioné sobre este tema —aunque no recibí una respuesta concreta— cuando me encontré con el canciller Kohl en el comienzo de la cumbre anglo-alemana de Londres, a finales de marzo. También puse los medios para que a los polacos se les concediera un status especial en las conversaciones «dos más cuatro» (o «cuatro más dos», como yo prefería llamarlas; la denominación se refería a las cuatro potencias de Berlín y las dos Alemanias). Finalmente, tras muchas presiones, el canciller Kohl aceptó fijar la frontera con Polonia por un tratado especial firmado en noviembre de 1990.

LA CSCE Y LA «ALIANZA POR LA DEMOCRACIA»

Un efecto benéfico menor, consecuencia de la epopeya de la reunificación de Alemania, fue el reforzamiento del papel de la CSCE (Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa). Al principio yo me había tomado con gran escepticismo todo el proceso de Helsinki. Pero cualesquiera fueran sus limitaciones durante la crisis de la Guerra Fría, ahora se presentaba como un marco de trabajo útil donde al menos podían abordarse algunos de los problemas surgidos en la nueva Europa democrática. Nunca podría sustituir a la OTAN, que debía seguir siendo la base de nuestra defensa, por muchos cambios de estrategia y prioridades que fueran necesarios; pero sí aportó el marco de trabajo para las negociaciones sobre el armamento de las Fuerzas Convencionales en Europa (CFE) entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, que condujeron al acuerdo firmado en la que fue mi última cumbre de París, en noviembre de 1990. La CSCE no podía dar a las nuevas democracias la garantía de seguridad que querían, y ellas persistían en su deseo de conseguir algún tipo de asociación con la OTAN.

Pero la CSCE supuso tres importantes ventajas. Primera: implicaba a Estados Unidos y a la Unión Soviética en el futuro de Europa. Europa nunca podría ser estable sin la presencia y el compromiso norteamericano. Segundo: la CSCE reunía condiciones para ser el foro de cualquier discusión sobre conflictos fronterizos, aunque no podía pasar de la conciliación a la imposición. (Hacer cumplir lo dispuesto debería ser una cuestión de la OTAN, la Naciones Unidas o si era necesario de uno o más países bajo la dirección inevitable de los Estados Unidos). Tercero: yo preveía que, ampliando el contenido de los principios de Helsinki en materia de derechos humanos, debíamos añadir los principios complementarios de la propiedad privada y el mercado libre. Debíamos utilizar la cumbre de la CSCE en noviembre para crear las bases de una «gran alianza para la democracia, que se extendiese desde el Atlántico hasta más allá de los Urales y más lejos», tal como dije en la Conferencia anglo-alemana Königswinter, en la localidad de Cambridge y en el mes de marzo.

Volví sobre el tema en el discurso de Aspen, Colorado, el sábado 5 de agosto. En Aspen expliqué lo que calificaba de «principios fundamentales de la verdadera democracia». Estos principios no se referían sólo al sufragio: destaqué que Gran Bretaña era libre mucho antes de que el derecho al voto se hubiera extendido a la mayor parte de la población. La democracia, sostuve, necesitaba la limitación del poder del Gobierno, una economía de mercado, la propiedad privada —y el sentido de la responsabilidad personal sin la cual ningún sistema podía mantenerse—. Pedí a la cumbre de la CSCE que aprobara lo que yo llamaba una «Carta Magna Europea» que comprendiese todos estos principios básicos, incluido el derecho a conservar la propia nacionalidad. Recomendé una asociación más estrecha entre Europa Oriental y Occidental. También pedí que se ayudase a la Unión Soviética a entrar en el sistema económico occidental. (Estas ideas fueron la base de la Carta de París que firmé a la mañana siguiente de saber que había fracasado, al no conseguir la mayoría que necesitaba en la primera ronda, en las elecciones para la jefatura del Partido Conservador).

LA UNIÓN SOVIÉTICA: 1989-1990

A lo largo del último año de mi mandato fueron surgiendo cada vez más dudas sobre lo acertado de apoyar al señor Gorbachov en sus reformas. Pero seguí haciéndolo y no lo lamento, porque no soy por naturaleza de la clase de personas que abandona a quienes le gustan y le han dado muestras de amistad, solamente porque cambia su fortuna. Esta lealtad puede tener sus desventajas, pero contribuye a que nos granjeemos el respeto de las demás personas con que nos relacionamos. Y el respeto es un verdadero tesoro, como podrían confirmar en secreto todos aquellos que en política son incapaces de inspirarlo. Y más importante: en ese momento no me parecía que nadie estuviese más capacitado que el señor Gorbachov para seguir adelante con la reforma. Quería asistir al derrumbamiento del comunismo —en realidad quería verlo caer no sólo en Europa Oriental y la Unión Soviética, sino en todas y cada una de las esquinas del globo terráqueo—, pero deseaba que se produjese pacíficamente. Las dos amenazas evidentes para la paz eran la toma del poder —encubierto o público— por los partidarios de la línea dura entre los militares soviéticos o la desintegración violenta de la Unión Soviética. Durante todo el verano de 1990 se recibieron inquietantes informes de posibles actividades sediciosas dentro de las fuerzas armadas soviéticas. Su autenticidad nunca fue confirmada, pero no carecían de cierta credibilidad. Aunque fue la cuestión de las nacionalidades —es decir el futuro de la misma Unión Soviética— lo más difícil de valorar para los extraños.

Hoy en día creo que en Occidente sobrevaloramos la resistencia al ataque de las libertades políticas por parte de un imperio soviético cuyo núcleo estaba constituido por la ideología marxista y la nomenklatura comunista, un imperio levantado por la fuerza y por la fuerza sostenido. Quizá escuchamos demasiado a los diplomáticos y expertos occidentales, y demasiado poco a los emigrados. Es decir: yo no estaba de acuerdo con muchas de las opiniones características del Ministerio de Asuntos Exteriores británico y del Departamento de Estado norteamericano sobre el problema de las nacionalidades o el carácter de nación.

El caso era que todos veíamos con mucha claridad la especial condición legal de los Estados bálticos: no se discutía su derecho a la libertad, sino el cuándo de la cuestión. (Me interesaba por su futuro desde hacía tiempo, habiendo votado en 1967 en contra de un acuerdo entre el Gobierno laborista de entonces y la Unión Soviética para utilizar las reservas de oro de los Estados bálticos —congeladas en el banco de Gran Bretaña desde la invasión soviética de éstos en 1940— para saldar las reclamaciones financieras pendientes). Advertí a los soviéticos de las graves consecuencias que podría acarrear el uso de la fuerza en contra de los Estados bálticos cuando vi al señor Gorbachov en junio. Pero recomendé la máxima precaución al presidente de Lituania, Landsbergis, en su visita del mes de noviembre a Londres. Y presioné a ambas partes para negociar todos los temas, aunque sólo desde la clara comprensión de que el destino final de los Estados bálticos era la libertad.

El caso de otras repúblicas estaba menos claro. Ucrania y Bielorrusia, por una equivocada concesión a Stalin en 1945, eran en aquel momento miembros de las Naciones Unidas, así que quizá también ellas podían reclamar una posición algo diferente. Yo no compartía la opinión —aparentemente sensata, pero en realidad muy analfabeta desde el punto de vista económico— de que un Estado ha de tener determinado número de habitantes, o tal producto nacional bruto, o una gama de productos naturales, para ser «viable»: es el espíritu del pueblo y el marco económico general creado para utilizarlo lo determinante en tal aspecto. Tampoco estaba satisfecha, en términos generales, con el razonamiento de que nos correspondía a nosotros, en Occidente, decidir la forma futura —e incluso la existencia— de la URSS. Nuestra obligación residía en pensar las consecuencias que tendría para nuestra propia seguridad el desarrollo de los acontecimientos allí. Y fue esta última consideración la que me indujo a ser muy cuidadosa. Una cosa es esperar que una superpotencia militar, aunque se encuentre tan enferma como la Unión Soviética, introduzca modificaciones tanto en su política interna como en la externa, para sobrevivir, y otra es esperar que se haga tranquilamente el haraquiri. Cuando estuve en París en noviembre para asistir a la cumbre de la CSCE, le comenté al presidente de Rumania Iliescu, en un almuerzo de jefes de Gobierno, que para resolver una negociación hay que tener siempre claro el tope, el punto del que uno no va a pasar en sus concesiones. El señor Gorbachov, que estaba escuchando, se inclinó por encima de la mesa y dijo que estaba de acuerdo: su tope era el perímetro externo de la Unión Soviética. No acepté este planteamiento —y, como ya he señalado, ya me había opuesto a él cuando lo expuso Jacques Delors en Roma—, pero no dejé de tomarme en serio las palabras del señor Gorbachov.

Todo el problema del futuro de las repúblicas que formaban la Unión Soviética en 1990 se convirtió en la fuente principal de controversia en los temas políticos soviéticos. Era uno de los asuntos que había tratado con el señor Gorbachov durante mi escala en Moscú del pasado mes de septiembre. Gorbachov había celebrado un pleno sobre el problema de las nacionalidades. Se habían producido también algunos cambios significativos en el Politburó. El antiguo dirigente comunista ucraniano, señor Shcherbitsky, había abandonado el partido. El señor Pugo, antiguo jefe del Partido Comunista de Letonia —y uno de los futuros cabecillas del golpe de Estado de 1991— había sido promocionado a aspirante a miembro del Politburó. El señor Kryuchkov, jefe del KGB —también involucrado en el golpe— fue ascendido a miembro de pleno derecho. El señor Ryzhkov, con quien el señor Gorbachov mantenía estrechos vínculos personales, pero que no entendía nada de economía, siguió como primer ministro. Durante el almuerzo en el Kremlin, el señor Gorbachov recordó cómo se había quejado una vez el general De Gaulle de lo difícil que resultaba gobernar un país que tenía más de 200 quesos: cuánto más difícil era gobernar con más de 120 nacionalidades; «especialmente cuando el queso está racionado», apostilló el viceprimer ministro, señor Albakin. Y, naturalmente, las frustraciones por el fracaso de la reforma económica se tradujeron cada vez más en disidencias nacionales, según pasaban los meses.

La aparición de Boris Yeltsin como defensor radical de la reforma, tanto en lo político como en lo económico, debería quizá haber reforzado la posición del señor Gorbachov. Si los dos hubiesen sido capaces de olvidar sus diferencias y si el señor Gorbachov hubiese estado dispuesto a cortar sus lazos con el partido comunista, tal vez se hubiera renovado el ímpetu de la reforma. Pero eran demasiados «si», demasiados condicionamientos. Sus relaciones siguieron siendo malas y el señor Gorbachov fue comunista hasta el final.

Había una fuerte tendencia en círculos occidentales a presentar al señor Yeltsin como un bufón. Yo no podía creer que este juicio, si se podía llamar así, fuera correcto. Pero quería comprobarlo por mí misma. En consecuencia, tomando la precaución de notificárselo al señor Gorbachov por adelantado y de dejarle claro que recibía al señor Yeltsin como recibiría a cualquier otro jefe de la oposición, con mucho gusto acepté reunirme con él cuando vino a Londres la mañana del viernes 27 de abril de 1990. El informe que había recibido sobre el señor Yeltsin resumía la actitud entonces predominante. En este informe se le calificaba de «hombre controvertido», porque había sido el único miembro del Comité Central del partido que votó contra del Proyecto de Cambio, argumentando que era el largo monopolio de poder del partido comunista lo que había llevado a la URSS a su crisis actual y sumido a decenas de millones de personas en la pobreza. Dijo que el centralismo democrático debía ser rechazado y sustituido por una democracia auténtica, y había solicitado una ley de partidos que terminase con la posición especial del partido comunista. Tres hurras, pensé. El informe continuaba diciendo —con bastante poca perspicacia— que «algunos especialistas llegan a sugerir que si el señor Yeltsin es elegido presidente de la Federación Rusa puede terminar en un cargo más importante que la presidencia del señor Gorbachov sobre una Unión Soviética en derrumbe. Lo cual puede considerarse exagerado».

Sólo hablé con el señor Yeltsin durante tres cuartos de hora. Al principio no sabía muy bien a qué carta quedarme con respecto a él. Respondía más a mi idea del ruso típico que el señor Gorbachov: alto, corpulento, cara eslava cuadrada y melena de pelo blanco. Se le veía seguro de sí mismo, sin llegar a la arrogancia, educado, con una sonrisa llena de buen humor y un toque de capacidad para no tomarse en serio. Pero lo que más me impresionó fue que había analizado algunos de los problemas fundamentales con mayor claridad que el señor Gorbachov. Comencé diciendo que apoyaba al señor Gorbachov y quería dejarlo claro desde el principio. El señor Yeltsin contestó que sabía que apoyaba al líder soviético y a la perestroika y que en algunos de estos temas nuestras opiniones diferían, pero él básicamente también apoyaba al señor Gorbachov y la causa de la reforma. El señor Gorbachov debía, no obstante, haber prestado más atención a algunas de las cosas que habían dicho los partidarios de la reforma hacía tres o cuatro años. La perestroika había intentado, originalmente, hacer más eficaz el comunismo. Pero eso era imposible. La única opción seria era, con gran diferencia, conseguir la reforma política y económica, incluida la introducción de la economía de mercado. Pero se estaba tardando demasiado en conseguirlo.

Yo estuve totalmente de acuerdo en ese punto. Lo que me impresionó fue que el señor Yeltsin, a diferencia del señor Gorbachov, había escapado del modelo y del lenguaje comunista. Él fue también el primero en advertirme de la relación existente entre la reforma económica y el problema de qué poderes debían devolverse a las repúblicas individuales. Explicó lo pequeña que era la autonomía que tenían, en realidad, los Gobiernos de las repúblicas. Fundamentalmente eran agentes, muchas veces incompetentes y corruptos, de las decisiones centrales. Dijo que ahora había que poner en sus manos el presupuesto adecuado, además del poder de decisión en cuanto a cómo gastarlo. Cada república debía tener sus propias leyes y constitución. Razonó que era el fracaso para resolver los problemas de la descentralización lo que había originado los conflictos actuales. Dada la enormidad del país, era sencillamente imposible dirigir todo desde el centro. Esta conversación me hizo ver de modo distinto no sólo al propio señor Yeltsin, sino también los problemas fundamentales de la Unión Soviética. Cuando puse en conocimiento del presidente Bush que el señor Yeltsin me había causado muy buena impresión, él dejó claro que los norteamericanos no compartían ese punto de vista. Era un grave error.

VISITA A LA UNIÓN SOVIÉTICA, JUNIO DE 1990

En mi visita a la Unión Soviética de junio de 1990 iba a encontrarme con todos los diferentes elementos que integraban la política soviética del momento —no sólo el presidente Gorbachov, sino también reformistas más radicales, nacionalistas y aquéllos en cuyas manos estaba la mayor amenaza potencial para la reforma, es decir los militares—. Volé a Moscú la noche del jueves 7 de junio y allí me recibió el primer ministro Ryzhkov. A la mañana siguiente me reuní con el alcalde de Moscú, el reformista señor Gavriil Popov. Nunca he conocido a un ruso como Popov. Se apartaba por completo del adusto prototipo del burócrata soviético; no era dado al formalismo, iba un poco sucio y seguramente se había puesto una corbata por primera vez en su vida, en honor a mi visita (o al menos eso fue lo que me dijeron).

Me encontré ante un auténtico devoto de Milton Friedman y la Escuela de Economía de Chicago. Tenía muy clara una cuestión fundamental: que no se puede establecer una economía de mercado en Moscú —ni en ningún otro sitio— sin propiedad privada ni marco legal claramente delimitado. El hecho era que la distribución de la propiedad se estaba quedando muy retrasada con respecto a las demás reformas y esto constituía la verdadera raíz de la vorágine política actual. Lo que él quería era animar a la gente a que fuera dueña de sus pisos y de sus tiendas, y pretendía que las industrias de servicios se traspasaran a manos privadas.

A continuación vinieron más conversaciones, y luego un almuerzo de trabajo con el presidente Gorbachov. Lo encontré bastante menos vehemente que de costumbre, pero afable y de buen humor. Aproveché la oportunidad para decirle que seguía creyendo apasionadamente en lo que intentaba conseguir en la Unión Soviética. Muchos comentaristas y periodistas parecían hartos ya de tanto cambio. Yo le garanticé que podía contar con mi total apoyo, tanto en público como en privado.

En cuanto a los cambios que se estaban produciendo en Europa Central y Oriental, intenté convencerle de que iba en interés de la Unión Soviética que una Alemania unificada formase parte de la OTAN, porque en otro caso no habría justificación para la presencia de las fuerzas norteamericanas. Esta presencia era condición esencial para la paz y estabilidad en Europa. También le expuse mis ideas sobre la evolución de la CSCE. Un poco para sorpresa mía, observé que en ningún momento dijo que la pertenencia de una Alemania unida a la OTAN fuera inaceptable; pensé que, al menos en este tema, estábamos haciendo progresos. Sólo surgieron diferencias significativas entre nosotros cuando tratamos el tema de Lituania —como ya he mencionado antes— y cuando tomé la decisión de mencionarle que teníamos pruebas de que la Unión Soviética estaba realizando investigaciones en el campo de las armas biológicas —algo que negó rotundamente, pero no obstante prometió investigar.

Aquella tarde mantuve una conversación de una hora con el mando militar soviético. Había tomado la resolución de averiguar cómo pensaban y de darles a conocer exactamente cuáles eran mis puntos de vista. El mariscal Yazov, ministro de Defensa soviético, fue quien llevó la conversación, mientras los demás —incluido el mariscal Moiseev, cuyas intervenciones y conducta indicaban que era un hombre de inteligencia poco común y fuerte carácter— sólo hablaban cuando el ministro de Defensa no tenía nada que decir. Fue una pena, porque todo lo que el mariscal Yazov decía era convencional y predecible. Cambié rápidamente la conversación al tema de las relaciones Este-Oeste. Dije que era bueno que estuviésemos entrando en un período de mejores relaciones, pero que todos debíamos comprender la necesidad de una defensa fuerte. Había margen para reducir las fuerzas convencionales y el armamento nuclear, así como para modificar nuestra estrategia de acuerdo con las nuevas circunstancias. Pero aún necesitábamos algunas armas nucleares, que eran la única disuasión eficaz. El mariscal Yazov siguió la línea que había oído tantas veces exponer a los soviéticos, insistiendo en la necesidad de suprimir todas las armas nucleares. Yo dije que dudaba de que los puntos de vista del mariscal Yazov y sus colegas se apartaran mucho de los míos en materia de armamento nuclear. Al fin y al cabo, lo tenían en enormes cantidades y había que suponer que sería por alguna razón. A diferencia del presidente Gorbachov, el mariscal Yazov afirmó sencillamente que los soviéticos no aceptarían una Alemania unida dentro de la OTAN. Pero no pude discernir si su opinión era en verdad distinta de la del líder soviético, u ocurría que la expresaba con menos sutileza.

A la mañana siguiente volé a Kiev. El propósito de mi visita era asistir a la exposición «Días británicos», devolución de un intercambio abierto con la exposición «Mes soviético» celebrada en Birmingham en 1988. La primera vez que se discutió la idea de que yo asistiera, pregunté al Ministerio de Asuntos Exteriores cuánto dinero iba a costar la exposición y —como de costumbre— me encontré con que la tenían sometida a ciertas apreturas económicas. En parte como resultado de mis presiones, la exposición de Kiev se presentó realmente muy bien. La intención era representar una calle típica de una ciudad del norte de Gran Bretaña, con tiendas y, en particular, con la casa de una familia trabajadora normal. Cuando la gente de Kiev observaba el equipo de alta fidelidad y los restantes enseres domésticos, además de lujos como el coche dentro del garaje, al principio no podía creer lo que veían sus ojos. Durante el recorrido me estuvieron preguntando si de verdad era cierto: ¿Viven así los ingleses? Dije que era verdad, que vivían así. Bueno, contestaban, todo lo que nos han dicho era mentira, esto lo demuestra. De hecho, todo en esa casa era representativo, incluso la habitación de los adolescentes, donde —como suele ocurrir en los cuartos de los chicos jóvenes— reinaba un desorden de ropa y toda clase de objetos esparcidos por el suelo. Mi reacción inmediata fue que recogieran y ordenaran todo, pero después me convencieron de que así era más auténtico.

Los ucranianos no estaban preparados para entender la vida británica, pero yo pronto descubrí que no había sido informada adecuadamente sobre la situación en Ucrania. Allí donde iba me encontraba con banderas y enseñas azules y amarillas (los colores de la Ucrania pre soviética) y carteles pidiendo la independencia de Ucrania. Ello me puso en algún que otro apuro. Por mucho que admirase al general De Gaulle, no iba a ofender a mis anfitriones soviéticos proclamando el equivalente ucraniano de «Vive le Québec Libre». No sólo era que estuviese convencida de que el señor Gorbachov no iba a permitir nunca a Ucrania marcharse de la Unión Soviética sin lucha; también estaba convencida de que la emergencia de una Ucrania independiente podía constituir una amenaza para la URSS y también, llegado el momento, para la propia Rusia. De hecho, los rusos no comunistas eran también de esa opinión. (En efecto, tras la disolución de la URSS, la aparición de una Ucrania independiente ha demostrado ser estratégicamente ventajosa para Europa y Occidente y hay muchas cosas que siguen dependiendo de su estabilidad político-económica y de su éxito).

Pronto perdí toda esperanza de no decir nada que pudiera ser mal interpretado por unos o por otros. El recién nombrado primer secretario del Partido Comunista Ucraniano, señor Ivashko, dijo que era una pena que no tuviese tiempo en mi programa para reunirme con los miembros del nuevo Soviet Supremo ucraniano. ¿Estaba dispuesta a hacerlo? Acepté imaginando que sería una recepción modesta e informal. Entré en el edificio del Parlamento y atravesé la puerta que daba a la Cámara, encontrándome, para mi horror, con que el hemiciclo estaba lleno. No traía ningún discurso preparado, y era evidente que lo esperaban. Pensé que al menos se me ocurriría algo que decir mientras hacían mi presentación. Pero el señor Ivashko se limitó a darme la bienvenida e inmediatamente invitarme a tomar la palabra. Lo solucioné bastante bien, como siempre hago. Pero luego vinieron las preguntas. Uno de los que preguntaban me dijo que diez de los diputados allí presentes habían sido prisioneros políticos. Dijo que sabía que se debía a mis esfuerzos y a los del presidente Reagan el hecho de que él estuviera hoy allí como diputado y pudiera verme sin seguir en la cárcel. Pero lo que yo no podía era estar de acuerdo en abrir una embajada en Kiev; ni era concebible que incluyera a Ucrania en la misma categoría que a los Estados bálticos. Pensé que los había defraudado. Pero salí de allí habiendo comprendido la magnitud del problema de las nacionalidades y albergando dudas sobre si la Unión Soviética podría —o debería— mantenerse unida a la larga.

La etapa final de mi visita a la URSS fue Leninakan, localidad de Armenia donde inauguré un colegio edificado con ayuda británica tras el terremoto de 1988. Fue otra ocasión políticamente delicada, porque se habían producido serios enfrentamiento armados entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj y los soviéticos estaban muy inquietos por mi seguridad. El colegio era uno de los pocos edificios reconstruidos: la actuación soviética para reconstruir el área había sido lamentable. Me encontré absorbida por una enorme y entusiasta multitud, hasta tal extremo que el personal de seguridad me hizo regresar sin haber concluido la visita. Aunque tuve que acortar la estancia, salí de allí, como de Ucrania, muy consciente del inmenso fervor nacionalista que había entre la gente.

VISITA A CHECOSLOVAQUIA Y HUNGRÍA EN SEPTIEMBRE DE 1990

Siempre me alegraré de haber visitado dos antiguos países comunistas, mientras todavía era primera ministra. En Checoslovaquia y Hungría, en septiembre de 1990, hablé con personas que poco antes habían estado totalmente excluidas del poder por los comunistas y se esforzaban en resolver la herencia comunista de fracaso económico, contaminación y desaliento.

Me había impresionado profundamente el discurso de toma de poder del presidente de Checoslovaquia, Havel. El presidente se refirió al hecho de «vivir en un medio ambiente moral deteriorado […] (en el que) las nociones de amor, amistad, comprensión, humildad y caridad habían perdido su profundidad y dimensión». Hablando de la desmoralización que trajo consigo el comunismo, dijo: «el régimen anterior, armado de su ideología arrogante e intolerante, degradó al hombre, trocándolo en fuerza de producción, y degradó a la naturaleza, trocándola en herramienta de producción. Así agredieron la esencia más pura del hombre y de la naturaleza, incluida la relación entre ambos».

Checoslovaquia tenía mucha suerte al poder contar con el presidente Havel como fuente de inspiración: pero no era menos afortunada teniendo en el Ministerio de Hacienda a Václav Klaus, un economista dinámico, convencido partidario de la libre empresa (en el momento de escribir estas líneas ocupa el cargo de primer ministro checo). Juntos estaban reconstruyendo las bases económicas y sociales del país. Además de los evidentes problemas a que se tenían que enfrentar, existía también la tensión entre los checos y eslovacos de la república federal. Pasé la mayor parte del tiempo en Praga, una ciudad que no conocía, pero donde todo lo que me rodeaba me recordaba que estaba en el corazón de Europa. También visité Bratislava, en cuya economía y medio ambiente se percibían mucho más las cicatrices del vandalismo comunista. El primer ministro eslovaco, señor Merciar, me aseguró que Checoslovaquia continuaría siendo un Estado federal, lo que me pareció sensato mientras no se hicieran más progresos económicos. Pero no sería así.

De regreso a Praga tuve conversaciones con el presidente Havel. Lo había conocido antes, cuando vino a Gran Bretaña, y aunque su política estaba a la izquierda de la mía era imposible no apreciarlo y admirarlo. Él, por su parte, compartía mis puntos de vista sobre la necesidad de que los países de Europa Oriental entrasen en la Comunidad Económica Europea tan pronto como fuera posible. También le gustaban mi idea de la Carta Magna Europea y mi forma de ver la evolución de la CSCE. Pensé que sería un aliado en la tarea de conseguir la Europa que yo me planteaba.

Después fui a Hungría. Entre los países de Europa Oriental, Hungría tenía tres ventajas importantes. Primera: había conseguido una reforma económica sólida y varias reformas políticas bajo el anterior régimen comunista, por tanto, la transición resultaba menos difícil y dolorosa. Segunda: con Jozsef Antall, el primer ministro húngaro, el país estaba en las manos seguras de un auténtico conservador. Había hablado con señor Antall varias veces y ambos compartíamos el mismo planteamiento político. Tercera: los húngaros habían mantenido unida su coalición de Gobierno, en vez de disgregarse por cuestiones de menor importancia. El señor Antall era hábil y estaba haciéndose rápidamente con la autoridad para dar a Hungría la dirección y continuidad que le hacían falta.

A pesar de todo, la tarea de la reforma económica era intimidante. Los húngaros estaban abordando las cuestiones claves relativas a la propiedad, como la propiedad privada de la tierra, que los exiliados y sus familias querían recuperar y la privatización de la industria. Había un problema estratégico de gran amplitud. Los húngaros iban aún más lejos que los checos y los polacos en su deseo de liberarse de toda influencia soviética. El señor Antall había anunciado que Hungría abandonaba el Pacto de Varsovia y quería mantener relaciones más estrechas con la OTAN, o al menos con la Unión Europea Occidental (UEO). Polonia y Checoslovaquia especulaban con la misma idea. El primer ministro me aseguró que el Pacto de Varsovia estaba, realmente, en sus últimos momentos. Cuando al fin expiró, apoyé que se ofreciera a los europeos orientales ser miembros asociados especiales de la OTAN.

Otro problema al que se enfrentaban los húngaros, checos y polacos era que sus servicios de seguridad estaban profundamente infiltrados por el KGB, y éste era un obstáculo importante para que asumiesen completamente su papel de cooperación con los servicios secretos de Occidente. Mi conversación con el señor Antall en su despacho del Parlamento —utilizado ahora para su propósito original, a diferencia de cuando lo visité en 1984— fue buen ejemplo del cuidado con que tenían que andarse todos. En un momento dado señaló una estatua, regalo a su predecesor comunista liberal, señor Nemeth, del primer ministro soviético, señor Ryzhkov. Parece ser que tras detenido examen se descubrió que estaba llena de micrófonos. Quise suponer que seguía estando bajo control. Aunque, pensándolo mejor, le aconsejé que se deshiciera de ella, porque era feísima. Ojalá hubiera sido tan fácil eliminar el resto del legado comunista.

REMODELACIÓN DE LA OTAN

A pesar de lo fascinada que estaba por los sucesos de la Unión Soviética y Europa Oriental, no podía olvidar que la fuerza y seguridad de Occidente dependían, en última instancia, de la relación anglo-norteamericana. Por razones que he explicado —en parte por motivos humanos y en parte por auténticas diferencias políticas—, dicha relación se había vuelto algo tensa. Consideré esencial, por tanto, que se vieran acompañadas por el éxito las conversaciones que iba a mantener con el presidente Bush en las Bermudas, en abril de 1990. Sería una cuestión tanto de tono como de contenido. Esta vez esperaría a que el presidente Bush expusiese sus puntos de vista, antes de explicar los míos. En las Bermudas hicimos un esfuerzo consciente por crear la clase de atmósfera relajada que a él le gustaba. Fue casi una reunión familiar, y terminó con el presidente y Denis jugando 18 hoyos de golf bajo la lluvia, algo de lo más británico.

Lo que ocupaba el primer lugar en mi mente y en la del presidente Bush era el futuro de la OTAN y las decisiones sobre la defensa de Europa. Buscaba dejarle claro mi enérgico compromiso con la OTAN, que mi anterior conversación telefónica sobre la CSCE y las razones para mantener el Pacto de Varsovia habían aparentemente oscurecido. El presidente valoraba positivamente la idea de celebrar una cumbre anticipada de la OTAN. También el secretario general de la OTAN, doctor Woerner. Yo habría preferido que fuese en otoño, a fin de tener más tiempo para los preparativos. Pero era evidente que el presidente Bush quería una cumbre en junio y que deseaba que Gran Bretaña la acogiese. (De hecho, se celebró a primeros de julio). También puso en mi conocimiento que el Congreso iba a negar los fondos necesarios para el desarrollo de los misiles Follow-on to LANCE. Quería, por consiguiente, anunciar la cancelación del proyecto. Acepté que había muy poco que pudiera hacerse al respecto, pero seguía pareciéndome de fundamental importancia que se garantizase por todos los medios el futuro estacionamiento de armas nucleares en Alemania, en particular de misiles tácticos tierra-aire. El auténtico problema era cómo llevar mi deseo a la práctica. De hecho, este planteamiento se convirtió en la clave de la actitud norteamericana durante la preparación de la cumbre de la OTAN. Su objetivo era hacer una relación pública de éxitos, de forma que pudiéramos lograr el apoyo alemán para las SNF y la conformidad soviética de que Alemania debía permanecer en la OTAN. Cuando regresé a Londres dispuse lo necesario para que diéramos acogida a la cumbre de la OTAN. Sólo había una complicación: que para el mes de junio estaba programada en Turnberry, pocos kilómetros al sur de Ayr, en la costa occidental de Escocia, una reunión del Consejo del Atlántico Norte —compuesto por Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN—. Yo deseaba que dicha reunión se llevase a efecto, porque era en ella, probablemente, donde se tomarían las decisiones más importantes sobre cómo remodelar las fuerzas de la OTAN.

No por primera vez, me encontré en una situación de discrepancia con los norteamericanos, y también con el secretario general de la OTAN, en cuanto al modo en que debíamos plantearnos la cumbre de la OTAN. En ella los norteamericanos pretendían anunciar una serie de iniciativas, proponer profundos recortes en las fuerzas convencionales y recortes todavía más profundos en el arsenal nuclear. Los mensajes entre el presidente Bush y yo eran constantes y algunas de las propuestas más llamativas y menos interesantes se abandonaron. No es que estuviese en desacuerdo con todo lo que los norteamericanos esperaban de la cumbre. En concreto, estaba a favor de las ideas de Jim Baker sobre reforzar las consultas políticas, en oposición a la exclusiva planificación militar, como una de las funciones de la OTAN. Creía —lo mismo que los norteamericanos— que la importancia de la OTAN como medio de evitar la fricción entre Norteamérica y Europa era más importante que nunca.

Lo que me disgustaba era la propuesta formal norteamericana de cambiar, en el comunicado, la tradicional estrategia de respuesta flexible de la OTAN. Se empeñaban en añadir una frase donde se afirmara que las armas nucleares eran «armas de último recurso». Esto, pensaba yo, minaría la credibilidad de las SNF de la OTAN. Debíamos abstenernos de calificar el papel de las armas nucleares dentro de la OTAN, como siempre habíamos hecho. Nos deslizábamos —aunque sin llegar a ella— hacia la posición fatal de tener que comprometernos a «no ser los primeros en utilizar armas nucleares», sobre lo que tanto había insistido la propaganda soviética. Semejante compromiso haría que nuestras fuerzas convencionales fuesen vulnerables a un ataque superior en número. Al final, la frase prevista apareció entre circunloquios, del modo siguiente:

Finalmente, con la retirada total de las fuerzas soviéticas estacionadas y la puesta en práctica de un acuerdo sobre fuerzas convencionales en Europa, los aliados a quienes afecte pueden reducir su dependencia de las armas nucleares. Éstas continuarán desempeñando un papel esencial en la estrategia conjunta de la Alianza para prevenir la guerra, garantizando que no haya circunstancias en que las represalias como respuesta a acciones militares pudieran ser desaconsejables. Sin embargo, dentro de una Europa transformada, podrán adoptar una nueva estrategia de la OTAN, haciendo de las fuerzas nucleares verdaderas armas de último recurso. (La cursiva es mía).

No puedo afirmar que me quedase satisfecha con este compromiso difícil de manejar. Pero en último término la estrategia no depende de trozos de papel, sino de los recursos para lograr objetivos militares prácticos. La revisión que iba a comenzar en Turnberry y que, en el caso de Gran Bretaña se llevaría a efecto a través del ejercicio «Opciones para el Cambio» que Tom King dirigió en su calidad de secretario de Defensa, se tenía que concentrar en el orden de prioridades para la inevitable reducción de gastos.

Un mes antes de la cumbre de la OTAN expliqué, en mi discurso al Consejo del Atlántico Norte, mis propios puntos de vista sobre el tema. El acento que puse en el mantenimiento de la presencia militar de Estados Unidos en Europa y la puesta al día de las armas nucleares no sorprendió a mi audiencia. Pero también destaqué que la OTAN debía tener en cuenta la posibilidad de desempeñar un papel «fuera del área». Hice una pregunta:

¿Debería la OTAN conceder más importancia a posibles amenazas contra nuestra seguridad procedentes de otras direcciones? No hay garantías de que las amenazas a nuestra seguridad se detengan en alguna línea imaginaria que parta en dos el Atlántico. No hace mucho, algunos de nosotros tuvimos que acudir al golfo Pérsico para mantener los suministros de petróleo. Seguiremos dependiendo en gran medida del petróleo de Oriente Medio en el próximo siglo. Con la entrada de armas y tecnología militar de vanguardia en áreas como Oriente Medio, las amenazas potenciales contra el territorio de la OTAN pueden originarse fuera de Europa. Ante tales circunstancias, sería prudente que los países de la OTAN conservaran la capacidad de desempeñar una multiplicidad de papeles, con fuerzas más flexibles y versátiles.

Este pasaje reflejó mi opinión de varios años. Había visto por mí misma lo importante que podía ser la presencia occidental para asegurar los intereses occidentales en extensas zonas del mundo, no sólo en Oriente Medio. No creía que, aún cuando la amenaza militar soviética hubiese disminuido, no pudiera surgir la de otros dictadores. Pero no podía saber que dentro de dos meses nos enfrentaríamos a una explosiva crisis en el Golfo.

REFLEXIONES

Cuando miro hacia atrás, la evolución internacional de la última década parece abrumadoramente positiva: derrota del comunismo, restablecimiento de la libertad en sus antiguos países satélite, fin de la cruel división de Europa, la Unión Soviética recibiendo ayuda para emprender el camino de la reforma, la democracia y los derechos humanos; y Occidente, en concreto los Estados Unidos, dueños del campo, mientras sus valores políticos y su sistema económico van siendo asumidos tanto por sus antiguos adversarios como, cada vez más, por los países del Tercer Mundo.

El mérito de estos logros históricos debe atribuirse principalmente a los Estados Unidos y en particular al presidente Reagan, cuya política de competencia militar y económica con la Unión Soviética obligó a los dirigentes soviéticos, en concreto al señor Gorbachov, a abandonar sus ambiciones de hegemonía y a embarcarse en el proceso de reformas que al final acabó estrepitosamente con el sistema comunista. Pero esto nunca se habría conseguido sin la larga y valerosa resistencia de los pueblos de la Unión Soviética y de Europa Central y Oriental. Jamás sabremos los nombres de todos los que sufrieron y perecieron en esa batalla, pero podemos honrar a sus líderes, de Vladimir Bukovsky a Václav Havel, de Alexandr Solzhenitsin al cardenal Mindszenty, sin olvidar a los cuatro jóvenes héroes que dieron sus vidas defendiendo la Casa Blanca rusa en los últimos días del antiguo régimen.

Mientras el viejo orden se desmoronaba y el pueblo salía a la luz, parpadeando, el presidente Bush supo dirigir la peligrosa y volátil transformación con gran habilidad diplomática. Tampoco debe negarse el mérito a los más decididos aliados europeos de Norteamérica, que resistieron tanto la presión como los halagos soviéticos, para mantener una fuerte defensa occidental: en particular, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Francois Mitterrand y… Modestia obliga.

El mundo es un sitio mejor para vivir. Pero también un sitio anticuado, en ciertos aspectos. La Europa que ha aparecido detrás del telón de acero conserva muchas características de las Europas de 1914 y 1939: luchas étnicas, disputas fronterizas, extremismo político, pasiones nacionalistas y atraso económico. Y hay otra pesadilla familiar del pasado: la cuestión alemana.

Si hay un tema en que mi política exterior fracasara inequívocamente fue mi postura sobre la reunificación alemana. Mi táctica consistía en alentar la democracia en Alemania Oriental mientras se moderaba la velocidad de su reunificación con Alemania Federal. Con la primera mitad de esa política nadie está en desacuerdo. Ni en, en su momento, llegó nadie a expresar su disconformidad con la segunda, que recibió no pocas alabanzas, evidentemente con la boca chica. A la mayoría de los observadores se les pasó por alto la pasión nacionalista por la unidad alemana que ardía en Alemania Oriental. De hecho, se les pasó por alto incluso a los disidentes germano orientales que lideraron la serie de manifestaciones que terminaron por llevar a su país a la libertad: ellos querían una Alemania Oriental independiente, reformada y libre, y no una ampliación de Alemania Federal. Y todos los vecinos de Alemania esperaban evitar este último resultado, porque temían que contribuyese a la desestabilización de un continente ya bastante inestable.

Tal como se desarrollaron las cosas, el deseo de unidad entre los alemanes de ambos lados del río Elba resultó irresistible. Por eso, fracasó mi política.

Pero ¿era equivocada? La pregunta es compleja, y requiere una respuesta matizada. Veamos primero las consecuencias de la rápida reunificación, tal y como resultaron. La absorción por Alemania Federal de su pariente vecino ha sido económicamente desastrosa, y el desastre se ha extendido al resto de la Comunidad Económica Europea por mediación de los elevados tipos de interés del Bundesbank y del Mecanismo de Tipos de Cambio. Todos hemos pagado el precio, en desempleo y recesión. La inmadurez política de Alemania Oriental ha afectado a todo el país en la forma de un renacimiento (aunque contenible) del extremismo neonazi y xenófobo. Internacionalmente, ha creado un Estado alemán tan grande y dominante que no se puede ajustar fácilmente a la nueva configuración de Europa.

Veamos también qué beneficios circunstanciales trajo consigo esta política. Obligó al Gobierno alemán a clarificar la cuestión de las fronteras con sus vecinos orientales. En términos más generales, dio ocasión a que se estableciera el marco de la CSCE, como garante de que las fronteras existentes no sufran modificaciones por acción unilateral o sin acuerdo de todas las partes. Reforzó la relación entre Gran Bretaña y los demás países de Europa Central y Oriental, que ahora, hasta cierto punto, nos ven como atentos guardianes de sus intereses. Pero el argumento fundamental para retrasar la unificación alemana era darnos a todos un poco de tiempo para concebir una nueva arquitectura europea donde la Alemania unificada no fuese una influencia tan desestabilizadora, por exceso de poder, como un elefante en una cacharrería. Llegando tan prematuramente como ha llegado, la Alemania unida ha tendido a alentar tres líneas de cambio nada deseables: la aceleración del federalismo europeo, como modo de atar al suelo a Gulliver; el mantenimiento de un bloque franco-alemán, con el mismo propósito; y la gradual retirada de los Estados Unidos de territorio europeo, dando por supuesto que una Europa federal dirigida por Alemania tendrá la necesaria estabilidad y, al mismo tiempo, será capaz de atender a su propia defensa.

No voy a repetir aquí todas las razones que he dado anteriormente para considerar perjudiciales estas líneas de cambio. Pero aventuraré la previsión de que una Europa federal será más inestable internamente y será un obstáculo para la obtención de acuerdos armónicos —en materia de comercio, política y defensa—, con Estados Unidos; que el bloque franco-alemán se irá convirtiendo, a toda prisa, en un bloque alemán (en economía, en un bloque de marco alemán), con Francia, en todo caso, como socio de segunda categoría; y que, como resultado de todo ello, Norteamérica empezará por retirar sus legiones, y luego acabará por no sentirse identificada con el nuevo jugador que salta al campo de la política mundial.

Estas líneas de cambio no son inevitables. El fracaso de la política alemana de Gran Bretaña ha puesto de manifiesto el evidente nerviosismo de Francia ante el poder y la ambición de los alemanes. No debería estar fuera del alcance de algún futuro primer ministro británico la reconstrucción de una entente anglo-francesa para contrarrestar la influencia alemana. Ni, como parte de esta política, hacer que cambie la escala de valores de Europa, para volver a la idea gaullista original de una Europe des patries, Europa de las patrias. Estos nuevos planteamientos, sin embargo, dependen de que la élite política francesa reconozca el hecho de que todo equilibrio del poder europeo, para ser estable, necesita de la presencia más o menos permanente de los Estados Unidos en Europa. Y esto es algo que los presidentes franceses, hasta ahora, sólo reconocen en privado.

CAPÍTULO XXVII

No era momento de indecisiones

La respuesta a la invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990

ACONTECIMIENTOS EN ASPEN

La mañana del miércoles 1 de agosto de 1990 mi equipo y yo despegamos de Heathrow en un VC10 rumbo a Aspen, Colorado. Estaba previsto que el presidente inaugurara la Conferencia del Aspen Institute el jueves, y que yo la clausurara el domingo. Había salido temprano con el fin de asistir a la conferencia del presidente. En el momento de mi partida ya sabía que los iraquíes estaban movilizando tropas hacia la frontera con Kuwait. Las negociaciones entre Irak y Kuwait que se habían estado celebrando en Jeddah se habían interrumpido aquel día, pero teníamos entendido que se reanudarían. Por lo tanto parecía que la acción militar iraquí era un caso de simples amenazas. Pronto descubrimos que no era así. A las 2 de la mañana (hora kuwaití) del jueves 2 de agosto Irak llevó a cabo una invasión militar a gran escala, aunque sostenía que se trataba de un golpe de Estado interno, y asumió el control absoluto.

Una hora más tarde (a última hora de la tarde del miércoles, hora de Colorado) Charles Powell me llamó por teléfono desde su hotel para darme la noticia y decidí ordenar inmediatamente a dos barcos en Penang y Mombasa, ambos a una distancia de una semana de navegación, que se dirigieran hacia el Golfo mientras se iba desarrollando la situación. Ya teníamos un barco de la patrulla de Armilla en el Golfo: el HMS York, en Dubai. A la mañana siguiente, nada más levantarme, recibí una nota de Charles sobre los últimos acontecimientos. Evidentemente, los demás Gobiernos árabes estaban igual de desconcertados. La Liga Árabe de ministros de Asuntos Exteriores que se encontraba reunida en El Cairo no había logrado un acuerdo sobre una declaración. El rey Hussein intentaba justificar la acción iraquí diciendo que los kuwaitíes habían creado dificultades innecesarias. Las familias que ostentaban el poder en el Golfo estaban alarmadas. Con fuerte apoyo británico, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución condenando a Irak por su acción e instando a una retirada total y a unas negociaciones inmediatas. En Londres, Douglas Hurd, como excelente profesional que era, había ordenado la congelación de los activos kuwaitíes en Gran Bretaña, ya que los iraquíes, desgraciadamente, sólo tenían deudas. La cuestión inmediata entonces era si Saddam Hussein cruzaría la frontera y tomaría los campos de petróleo de Arabia Saudí. Esto sin duda era importante, pero yo estaba convencida desde el principio de que aquello no debía distraernos de la urgencia de sacar a Saddam Hussein del territorio que ya había conquistado en un acto de agresión ilegal.

Mientras sucedía todo esto yo estaba en el ala de huéspedes del rancho del embajador Henry Catto. Leí la nota de Charles, escuché las noticias y salí a dar un paseo para ordenar mis pensamientos. A la vuelta me esperaban Charles y sir Antony Acland, nuestro embajador. La Casa Blanca nos informó que el presidente Bush mantenía su viaje a Aspen, y que llegaría en el transcurso de la mañana. Como es mi costumbre, repasé el problema entero con ellos y al final había definido los dos puntos principales. Cuando llegó el momento de reunirme con el presidente en la parte principal del rancho, tenía bastante claro lo que teníamos que hacer.

Afortunadamente, el presidente empezó por preguntarme qué pensaba yo. Le expuse mis conclusiones en los términos más claros y directos. En primer lugar, que jamás hay que hacer concesiones a los agresores. Eso ya lo habíamos aprendimos en carne propia en los años 30. En segundo lugar, que, si Saddam Hussein lograba cruzar la frontera con Arabia Saudí podía seguir hasta alcanzar el Golfo en cuestión de días. En ese caso controlaría el 65 por ciento de las reservas mundiales de petróleo, y podría chantajearnos a todos. Por lo tanto, no sólo teníamos que movernos para impedir la agresión, sino que también debíamos hacerlo con rapidez.

Al establecer estos dos puntos me parecía que la experiencia, además de la intuición, me permitían confiar en mi propio juicio. Estaba, naturalmente, la experiencia enormemente valiosa de haber sido primera ministra durante la guerra de las Malvinas. Mis visitas al Golfo también me habían permitido establecer lazos de confianza con los dirigentes de muchos de aquellos Estados, que con frecuencia tenían vínculos más estrechos con Gran Bretaña que con Estados Unidos. Entendía sus problemas y podía calibrar sus reacciones.

El presidente Bush me escuchó, y después me informó de que había estado hablando con el presidente Mubarak y el rey Hussein. El mensaje que había recibido era que Estados Unidos debía permanecer en calma y darles una oportunidad a los árabes para que encontraran una solución. Él dijo que aquello estaba muy bien, pero que también tenía que incluir la retirada de los iraquíes y la restauración del Gobierno legal de Kuwait. Mientras tanto, había autorizado un boicoteo a los productos iraquíes, la interrupción de los créditos y la congelación de activos iraquíes y kuwaitíes. También había dado instrucciones a barcos de la Flota norteamericana para que se trasladaran en dirección Norte desde el océano índico hacia el Golfo, aunque por el momento estaban bloqueados por el mal estado de la mar.

Pasamos a debatir qué era lo debíamos hacer a continuación. Dije que si Saddam Hussein no se retiraba, el Consejo de Seguridad tendría que imponer un embargo total. Sin embargo, sólo resultaría eficaz si todo el mundo lo acataba. Sería necesario cerrar los oleoductos que atravesaban Turquía y Arabia Saudí, por medio de los cuales Irak exportaba la mayor parte de su petróleo. No serían decisiones fáciles. Arabia Saudí, en especial, podía temer que Irak aprovechara una acción de este tipo como excusa para atacarla. Podíamos enviar tropas para que protegieran a Arabia Saudí, pero sólo a petición expresa del Rey. (De hecho, unos días después, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Dick Cheney, viajó a Arabia Saudí para tratar precisamente ese tema con el Rey).

En aquel momento avisaron al presidente Bush de que el presidente de Yemen quería hablar con él por teléfono. Antes de que el presidente atendiera la llamada, le recordé que Yemen, miembro provisional del Consejo de Seguridad, no había respaldado la resolución que exigía la retirada de las fuerzas iraquíes de Kuwait. Resultó que el presidente de Yemen también quería tiempo para lograr una solución árabe. El presidente Bush le dijo que para que se pudiera aceptar esa «solución», ésta debía incluir la retirada de las fuerzas iraquíes y el regreso del Gobierno legítimo de Kuwait. El presidente de Yemen aparentemente le contestó comparando lo ocurrido en Kuwait con la intervención estadounidense en Granada, lo cual naturalmente irritó a George Bush. A su regreso, el presidente Bush y yo coincidimos en que todo aquello no parecía demasiado prometedor. A continuación dimos una conferencia de prensa. Preguntaron al presidente si excluía el uso de la fuerza. Contestó que no, una declaración que la prensa entendió como un fortalecimiento de su posición contra Saddam Hussein. Pero a mí no me había parecido débil en ningún momento.

Ya había empezado la avalancha de telegramas que me informaban de las reacciones a la invasión. La evaluación que hacía el Gabinete era que el ataque contra Arabia Saudí no parecía inminente, dado que probablemente hiciera falta una semana para reunir a las fuerzas necesarias. A mi modo de ver aquello aumentaba la necesidad de una acción inmediata y contundente, en lugar de reducirla.

Resulta comprensible que en aquellos momentos sólo dedicara la mitad de mi atención al programa de actividades que se me había organizado. Dicho esto, me fascinó lo que vi. El viernes fue un día de presentaciones y debates sobre ciencia, medio ambiente y defensa, salpicado de noticias sobre lo que estaba sucediendo en la crisis que atenazaba a la comunidad internacional. Estaba hablando con los jóvenes científicos que trabajan en las Instalaciones de Pruebas Nacionales del SDI en Falcon, cuando me avisaron de que me llamaba el presidente Bush por teléfono. Me dio la buena noticia de que el presidente Ozal de Turquía había declarado que tomaría medidas para cortar el petróleo iraquí que atravesaba el oleoducto turco. No me sorprendió. En mis dos visitas a Turquía me había impresionado mucho la inflexibilidad del presidente. También me había impactado la importancia estratégica del país. Como estado laico pero predominantemente musulmán con un gran ejército, mirando en dirección al Oeste hacia Europa, pero lindando también con Oriente Medio, Turquía sería un importante baluarte frente al agresivo fundamentalismo islámico u otras manifestaciones de nacionalismo revolucionario árabe, como el de Saddam Hussein.

Después del almuerzo fui en helicóptero al Centro Estratégico de Control de Defensa Aérea en el Monte Cheyenne, que controla todos los satélites en órbita. De nuevo sentí admiración por la sofisticación de los logros científicos y tecnológicos de Estados Unidos. Desde aquella montaña hueca el país podía observar el espacio más lejano con fines militares y científicos. Dos días más tarde el general a cargo de la operación me informó de que habían observado que los soviéticos acababan de situar dos satélites sobre el extremo norte del Golfo. Era una señal de gran utilidad respecto a su implicación.

El sábado por la mañana hablé por teléfono con el presidente Mitterrand. Al igual que en la cuestión de las Malvinas, adoptó una posición de fuerza: a pesar de un discurso de inspiración equivocada en las Naciones Unidas, en el que intentaba vincular una solución a la crisis del Golfo con las demás cuestiones de Oriente Medio, el presidente Mitterrand y Francia demostraron a lo largo de la crisis que eran el único país europeo, aparte del nuestro, con valor para luchar.

Ya he descrito el discurso que pronuncié el domingo por la mañana en el Instituto Aspen. Aunque trataba de asuntos internacionales más generales, incluí una sección sobre el Golfo. Decía lo siguiente:

La invasión de Kuwait por parte de Irak es un desafío a todos los principios que representan las Naciones Unidas. Si permitimos que triunfe, ningún país pequeño podrá volver a sentirse seguro. La ley de la selva reemplazaría al peso de la Ley.

Las Naciones Unidas deben reivindicar su autoridad y aplicar un embargo económico total, a no ser que Irak se retire sin demora. Tanto Estados Unidos como Europa apoyan esto. Pero para ser plenamente efectivo debe recibir el apoyo colectivo de todos los miembros de las Naciones Unidas. Todos tienen que comprometerse porque está en juego un principio vital: jamás debe permitirse que un agresor se salga con la suya.

Dirigí mi atención a los próximos pasos prácticos que podíamos dar para ejercer presión sobre Irak. Los países de la Comunidad Europea habían acordado apoyar un embargo económico y comercial completo a Irak. Pero la cuestión crucial era el tema de las exportaciones de petróleo de Irak y la voluntad de Turquía y de Arabia Saudí de impedirlas. Los norteamericanos aún albergaban dudas sobre la actuación de Turquía y Arabia Saudí. Yo tenía más confianza. Pero aquellas dudas aumentaban la importancia de recurrir a otras medidas que tuvieran una efectividad aún mayor. Di instrucciones al Ministerio de Asuntos Exteriores para que prepararan los planes para un bloqueo naval en el noreste del Mediterráneo, el Mar Rojo y el norte del Golfo, a fin de interceptar cargamentos de petróleo iraquí y kuwaití. También pedí que se tuvieran en cuenta unas garantías militares concretas para Arabia Saudí, y solicité detalles de qué aviones podíamos enviar al Golfo de manera inmediata.

Tenía pensado pasar unos días de vacaciones con mi familia después de la conferencia de Aspen, pero tras una invitación de la Casa Blanca decidí volar a Washington y retomar mis conversaciones con el presidente. A pesar de toda la amistad y colaboración que había recibido por parte del presidente Reagan, jamás recibí tales muestras de confianza por parte de los norteamericanos como durante las dos horas que pasé en la Casa Blanca aquella tarde. La reunión comenzó con una sesión muy restringida, con sólo el presidente, Brent Scowcroft, Charles Powell y yo. Media hora más tarde se unieron Dan Quayle, Jim Baker y John Sununu. Los últimos veinte minutos de conversación transcurrieron en presencia del secretario general de la OTAN.

Aquel día el presidente se mostró bastante más confiado de lo que yo le había visto en mi trato con él hasta la fecha. Demostró firmeza y tranquilidad, y las cualidades decisivas que el comandante en jefe de la mayor potencia del mundo debe poseer. Cualquier duda se desvaneció. Siempre me había gustado George Bush. Ahora mi respeto por él aumentaba por momentos.

El presidente empezó por informarnos de lo que se sabía acerca de la situación y de los planes de Estados Unidos. Saddam Hussein había jurado que si las fuerzas norteamericanas entraban en Arabia Saudí libraría al Reino de la familia real saudí. Ahora disponíamos de nítidas fotografías, que el presidente nos fue pasando, en las que se veía que los tanques iraquíes habían alcanzado la frontera con Arabia Saudí. Dije que era vital apoyar a los saudíes. El principal peligro era que Irak atacara a Arabia Saudí antes de que el Rey solicitara formalmente la ayuda de Estados Unidos.

De hecho, durante nuestras conversaciones, Dick Cheney telefoneó al presidente desde Arabia Saudí y le informó de que el rey Fahd apoyaba plenamente el plan de Estados Unidos para transportar a la División Aérea 82 junto con cuarenta y ocho cazas F-15 a Arabia Saudí. La única condición impuesta por el Rey era que no se hiciera público hasta que las fuerzas llegaran a su destino. Eran excelentes noticias. Pero ¿cómo íbamos a ocultar todo aquello a los medios de comunicación internacionales y a los iraquíes que, si se enteraban, quizás decidieran invadir Arabia Saudí de inmediato? De hecho, nos sirvió de ayuda que toda la atención se centrara en las Naciones Unidas, que en esos momentos debatía la Resolución 661 del Consejo de Seguridad, que prohibía el comercio con Irak y con Kuwait, aun cuando no planteaba medidas explícitas para su puesta en vigor. Los aviones norteamericanos llevaban ocho horas de vuelo cuando la prensa descubrió que habían despegado.

Esta reunión también supuso el comienzo de una discusión casi interminable entre los norteamericanos, en especial Jim Baker, y yo acerca de si era necesaria la autorización de las Naciones Unidas para tomar medidas contra Saddam Hussein, y de ser así, qué tipo de medidas habían de ser. Yo opinaba que la Resolución ya aprobada por el Consejo de Seguridad, junto con nuestra capacidad para invocar el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas sobre la propia defensa, era suficiente. Aunque no la expuse en aquella ocasión, había demasiadas cuestiones urgentes que determinar, mi actitud, que se había reforzado por las dificultades con la ONU durante la guerra de las Malvinas, se basaba en dos consideraciones. En primer lugar, no había ninguna certeza de que el texto de una resolución, que siempre estaba abierta a posibles enmiendas, resultara satisfactorio. Si no lo era, podía acabar atándonos de pies y manos de manera inaceptable. Claro está que, tras el fin de la Guerra Fría, era probable que la Unión Soviética se mostrara más dispuesta a colaborar. La China comunista, temerosa del aislamiento, tampoco deseaba crear demasiados problemas. Pero seguía siendo cierto que si se podía alcanzar un objetivo sin la autorización de la ONU, no tenía sentido correr los riesgos inherentes a lograrla.

En segundo lugar, aunque creo firmemente en las leyes internacionales, no me gustaba recurrir innecesariamente a la ONU, porque daba a entender que los estados soberanos carecían de autoridad moral para actuar en nombre propio. Si se aceptaba que la fuerza sólo se podía emplear, incluso en defensa propia, con la aprobación de las Naciones Unidas, no se estaría defendiendo los intereses de Gran Bretaña ni los de la justicia y el orden internacionales. Para algunos asuntos vitales la ONU constituía un foro útil. Pero estaba lejos de ser el núcleo de un nuevo orden mundial. Y aún no había sustitutos al liderazgo de Estados Unidos.

Mi conversación con el presidente Bush en Washington siguió su curso. Subrayé la importancia de responder en el caso de que Irak empleara armas químicas. También subrayé que debíamos luchar enérgicamente en la guerra propagandística. Era una acción defensiva por parte de Occidente para conservar la integridad de Arabia Saudí, y debía evitarse cualquier asunto que complicara o enturbiara aquel hecho. Por lo cual, por ejemplo, debíamos hacer todo lo posible por mantener a los israelíes fuera del conflicto. También prometí emplear mis contactos con los dirigentes de Oriente Medio para intentar aumentar el apoyo a la acción norteamericana en defensa de Arabia Saudí y aumentar la presión sobre Irak.

Regresé a Londres el martes. Al día siguiente mantuve una conversación telefónica de una hora con el rey Fahd para recibir su petición formal de que enviáramos aviones y (en caso de que fuera necesario) nuestras Fuerzas Armadas a Arabia Saudí. Expresó su incredulidad ante el hecho de que el rey Hussein se hubiera puesto de parte de Saddam Hussein, cuyo partido había asesinado a los parientes del rey de Jordania. Pero el rey Fahd se mantuvo tan firme como siempre en su determinación por resistir a la agresión.

Unas horas después cumplí con la triste obligación de asistir al entierro de Ian Gow. Fue uno de mis consejeros más leales y francos, y en muchas ocasiones echaría de menos sus perspicaces consejos y su sutil sentido del humor.

PREPARATIVOS BÉLICOS

El Partido Conservador no me permitió participar hasta el final en la campaña para expulsar a Saddam Hussein de Kuwait. Pero en los siguientes meses, y a pesar de otras dificultades a las que me enfrentaba, mi atención rara vez se apartó del Golfo. Nombré un comité ministerial, integrado por Douglas Hurd (ministro de Asuntos Exteriores), Tom King (ministro de Defensa), John Wakeham (ministro de Energía), Patrick Mayhew (fiscal general), William Waldegrave (ministro de Estado para Asuntos Exteriores), Archie Hamilton (ministro de Estado para las Fuerzas Armadas) y el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Fue este grupo, que se reunía regularmente, más que el Consejo Ministerial completo, el que tomó las decisiones más importantes.

Una de nuestras primeras tareas fue enviar el apoyo prometido a Arabia Saudí. El jueves 9 de agosto Tom King anunció el envío de dos escuadrones de aviones: uno compuesto por cazas de defensa aérea Tornado F3, y otro de aviones Jaguar de ataque a tierra, 24 en total. Dos días más tarde estaban listos para la acción. También enviamos aviones Nimrod de reconocimiento marítimo y aviones cisterna VC10. A finales de agosto enviamos refuerzos, en forma de otro escuadrón de Tornados, pero esta vez en su versión GR1 para ataque a tierra, con destino a Bahrein para poder defendernos día y noche de los acorazados. También se emplearon destacamentos de defensa aérea Rapier como apoyo.

Naturalmente, seguí manteniendo un frecuente contacto telefónico con el presidente Bush. Me aseguré de que estuviera al tanto de nuestras disposiciones militares, y de nuestras respuestas a sus solicitudes. También comentábamos regularmente la información más reciente sobre las intenciones de Saddam Hussein. La opinión general parecía ser que, a pesar de lo que hubiera planeado en un principio, no atacaría a Arabia Saudí, una vez que se hubieran desplegado las fuerzas norteamericanas. Sin embargo, a mí me parecía que la lección importante para nosotros era que Saddam Hussein sencillamente no era previsible. Como indiqué en una nota al ministerio de Defensa el domingo, 12 de agosto:

Pensábamos que Irak no entraría en Kuwait, a pesar de que sus fuerzas se amontonaban en la frontera. No volvamos a cometer el mismo error. Pueden entrar en Arabia Saudí. Debemos estar preparados.

Aquellas fueron semanas de intensa diplomacia telefónica. Animé a Turquía en su resuelta oposición a Irak. La economía turca se resintió gravemente porque, a diferencia de Jordania, Turquía aplicaba las sanciones de las Naciones Unidas. Hablé de ello por teléfono con el presidente Ozal el viernes 24 de agosto. Me expresó su apoyo ante lo que el describió como la vergonzosa explotación televisiva de los rehenes británicos por parte de Saddam Hussein. Pensaba que aquella exhibición en realidad le había perjudicado, y había demostrado el tipo de persona que era realmente. Nunca dejé de recordar a los saudíes y a los Gobiernos de los Estados del Golfo todo lo que debían a Turquía y les insté a que le brindaran una generosa compensación económica.

Un aliado menos atractivo frente a Saddam Hussein resultó ser Siria, país con el que aún no manteníamos relaciones diplomáticas formales. No me gustaba el régimen y no albergaba ilusiones acerca de su voluntad de recurrir al terrorismo y a la violencia si aquello les ayudaba a alcanzar sus objetivos. Pero era un hecho que la rivalidad entre Siria e Irak nos daba una oportunidad de la que no podíamos prescindir. Además, no tenía sentido que nuestras fuerzas lucharan mano a mano con los sirios si aún no teníamos canales diplomáticos para la comunicación. Por lo tanto, accedí de mala gana a reanudar las relaciones diplomáticas, aunque el anuncio formal no se hizo hasta unos días después de que yo abandonara mi cargo en noviembre.

La tarde del 26 de agosto el presidente Bush me telefoneó desde Kennebunkport. Le indiqué lo satisfecha que estaba con la Resolución 665 del Consejo de Seguridad que se había aprobado el día anterior, y que nos permitía hacer valer el embargo. Teníamos que emplear nuestras fuerzas para impedir los envíos iraquíes. No era momento de indecisiones. Había que publicar la información obtenida de fuentes secretas para exponer el incumplimiento de las sanciones. El presidente estaba de acuerdo. Le dije que el único terreno en el que pensaba que no estábamos teniendo éxito, era en la batalla propagandística. Probablemente estuviéramos entrando en un período bastante largo de comprobación del efecto de las sanciones, y no podíamos permitir que creciera el grupo de los pusilánimes. Al presidente también le preocupaba el uso del puerto de Aqaba en Jordania para evadir las sanciones, y le dije que plantearía la cuestión en mi próxima reunión con el rey Hussein, prevista para unos días más tarde.

En el caso de Siria, el enemigo de mi enemigo tuvo que convertirse en mi amigo. Pero me entristecía el hecho de que parecía que uno de los amigos más antiguos de Gran Bretaña se ponía de parte del enemigo. Yo había mantenido las más amistosas de las relaciones con el rey Hussein de Jordania, pero no era posible permitir que siguiera haciendo caso omiso de las sanciones y justificando la invasión iraquí. De modo que cuando vino a comer conmigo el viernes 31 de agosto no pude ocultar mis sentimientos.

El sentía una evidente desazón por la actitud que había adoptado. Empezó por hacer una declaración de cuarenta minutos de duración, que justificaba una vez más lo que habían hecho los iraquíes. Le dije que me asombraba su versión de lo que en realidad era un flagrante acto de agresión. Irak era un país que había empleado armas químicas, no sólo en la guerra sino también contra su propio pueblo. Saddam Hussein no sólo era un bandido internacional, también era un perdedor que había perjudicado enormemente la causa de los palestinos así como a los árabes, y a lo largo de ocho años había enviado inútilmente a miles de jóvenes iraquíes a la guerra contra Irán. Le dije que el Rey no debía de intentar negociar en beneficio de Irak, sino cumplir con las sanciones contra este país. No podía haber sido más directa. Pero no había presión que valiera ante la conclusión a la que él había llegado: no podía oponerse abiertamente a Saddam Hussein y sobrevivir.

El jueves, 6 de septiembre la Cámara de los Comunes fue nuevamente convocada para debatir nuestra posición en el Golfo. A diferencia del Congreso de los Estados Unidos, el Parlamento apoyó firmemente la actitud del Gobierno. Al día siguiente, la votación, tras el debate, arrojó un resultado de 437 contra 35. También presté atención a la campaña militar que creía que acabaría siendo necesaria. Esa misma tarde mantuve una conversación respecto a la situación con Douglas Hurd. Le dije que estaba cada vez más segura de que Saddam Hussein no abandonaría Kuwait, a no ser que se le echara. Douglas se inclinaba más al optimismo, en la creencia de que las sanciones podrían tener éxito si conseguíamos convencer a Saddam Hussein de que sufriría una derrota militar si se quedaba. Yo estaba de acuerdo en que había que dar algo más de tiempo a las sanciones para que surtieran efecto. Pero no debíamos perder de vista el peligro de dejar a nuestras fuerzas demasiado tiempo en el desierto, y del riesgo del desmoronamiento del frente árabe y del frente internacional contra Saddam Hussein.

No quería un plazo inamovible, pero teníamos que empezar a contemplar las fechas que limitarían las opciones para una acción militar. También dije que no debíamos hacernos ilusiones: si las sanciones contra Irak no surtían efecto, y los norteamericanos y la Fuerza Multinacional no actuaban, Israel lanzaría un ataque.

Resultaba muy difícil saber en qué medida sería eficaz el Ejército iraquí. Yo tenía ciertas dudas respecto al espíritu de lucha de sus soldados, basadas en la evaluación de su preferencia por bombardeos de gran altura y armas químicas, antes que por la lucha de la Infantería en la guerra contra Irán. Pero la Guardia Republicana era considerada como mucho mejor. Los norteamericanos se mostraban enormemente cautos, ya que querían introducir grandes cantidades de acorazados en el Golfo antes de dar el primer paso. Por el contrario, algunos de los vecinos de Irak pensaban que los iraquíes se vendrían abajo rápidamente, y al final se demostró que tenían razón.

En cualquier caso, como en la guerra de las Malvinas, estaba resuelta a garantizar que nuestras fuerzas tuvieran el mejor equipo, y en grandes cantidades. Los norteamericanos querían que reforzáramos nuestras tropas en el Golfo, y habían propuesto que enviáramos una brigada acorazada equipada de tanques Challenger I para unirse a las Fuerzas Aliadas. Sabía que el Challenger tenía una buena reputación por ser fácilmente manejable, pero que no era muy fiable. De modo que el jueves 13 de septiembre convoqué una reunión con Tom King, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el jefe del Estado Mayor del Ejército y con representantes de Vickers. Les interrogué acerca de todas las posibles debilidades del Challenger. No podía olvidar cómo en tiempos de Jimmy Carter el intento por parte de los norteamericanos de rescatar a los rehenes iraníes había fracasado porque los helicópteros empleados no fueron capaces de aguantar las condiciones del desierto. Tras muchas discusiones me convencieron. Pero dije que tenían que llevarse todas las piezas de repuesto que les hicieran falta, y que no esperaran a que se les enviaran posteriormente, y también insistí en que se me entregara una garantía por escrito de una disponibilidad del 80 por ciento, bastante mejor de lo que el Challenger había conseguido en Alemania.

También quería que el comandante de nuestras fuerzas fuera alguien en quien yo, y ellos, pudiéramos confiar plenamente. El ministerio de Defensa propuso varios nombres, pero sólo un hombre parecía adecuado para la tarea: sir Peter de la Billiére. Tom King se resistía a su nombramiento; a Peter de la Billiére le faltaba una semana para jubilarse, y los demás candidatos tenían muchos puntos a su favor. Pero yo quería un general combativo. Conocía las cualidades de Sir Peter puesto que él había sido el comandante encargado de la operación del SAS en el asedio a la Embajada de Irán en 1980, y también de la guerra de las Malvinas. También sabía que hablaba árabe: algo que tenía cierta importancia en una fuerza multinacional con un componente árabe esencial. De modo que le dije a Tom King que sir Peter no se iba a jubilar en aquel momento si de mí dependía, y que si no iba al Golfo en calidad de comandante de nuestras fuerzas, vendría a Downing Street como asesor personal para la guerra. Fue al Golfo.

Llamé por teléfono a George Bush a la mañana siguiente para decirle que estaba a punto de anunciar la decisión de enviar la Séptima Brigada Acorazada al Golfo, que estaba compuesta por dos regimientos acorazados, con 120 tanques, un regimiento de artillería de campaña, un batallón de infantería acorazada, helicópteros antitanque y todo el apoyo necesario. Sería una fuerza completamente autosuficiente, que ascendía a unos 7.500 hombres. Eran los sucesores de las «Ratas del desierto» de Alamein. El presidente se mostró contento. «Dios mío, un compromiso maravilloso; esto sí que es extraordinario», dijo.

Volví a reunirme con el presidente en Nueva York la tarde del domingo 30 de septiembre. Oficialmente estábamos allí para asistir a la «Cumbre de la Infancia» de la ONU, un acontecimiento en el que el único momento de interés lo aportó un inspirado discurso del presidente Havel de Checoslovaquia. El presidente Bush estaba muy cansado, después de haber volado a Washington desde Nueva York para acabar las negociaciones con el Congreso sobre el fatídico compromiso para el presupuesto de 1990, que le minaría políticamente, para después regresar a tiempo para esta reunión. Pero estaba animado. Hablamos del deseo de Jim Baker de que hubiera otra Resolución por parte del Consejo de Seguridad de la ONU que apoyara específicamente el empleo de la fuerza para lograr la retirada de Irak. Como siempre, yo tenía mis dudas, y prefería depender del Artículo 51. Pero lo que ahora resultaba evidente para todos nosotros era que se acercaba rápidamente el momento de emplear la fuerza. No había pruebas de que las sanciones surtieran ningún efecto real sobre las decisiones de los iraquíes, y eso era lo que importaba. Yo veía aún más claramente que no podíamos ceder en nuestra determinación de derrotar, y que se viera que lo hacíamos, a la agresión de Saddam Hussein.

Como tantas otras veces en aquellos meses, estaba reviviendo de manera tan sólo ligeramente diferente, mis experiencias de la preparación para la batalla por las Malvinas. Nunca falta gente deseosa de evitar el empleo de la fuerza. Por muy pocas posibilidades que haya de que una negociación tenga éxito, y por muchas dificultades que genere para las tropas que intentan prepararse para la guerra, siempre se busca una defensa para otro intento diplomático más.

En esta ocasión fue el señor Yevgeniy Primakov, el emisario especial del señor Gorbachov para el Golfo, quien presentó todos los argumentos clásicos. Fue a verme a Chequers la tarde del sábado 20 de octubre, nada más haber vuelto de Bagdad ese mismo día. Defendía «vínculos flexibles» entre la crisis del Golfo y el problema árabe-israelí para salvarle las apariencias a Saddam Hussein y «dejar cierto espacio para maniobrar». Dije que Saddam Hussein era un dictador, que deberíamos fijarnos en sus acciones más que en sus palabras, y que no había acuerdos posibles con un hombre así. Naturalmente, todos teníamos la obligación de volver con mayor determinación a resolver el problema árabe-israelí, pero esa obligación era una cuestión totalmente independiente de la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein. No podíamos ceder ante él. Después supimos que el señor Primakov había informado a Moscú de que la señora Thatcher era la más difícil y resuelta de todos.

La tarde del martes 23 de octubre, me reuní con Tom King y Douglas Hurd. Nuestro objetivo principal era proporcionar directrices al jefe del Departamento de Defensa para sus reuniones, dos o tres días más tarde en Estados Unidos, con el general Colin Powell, jefe del Alto Estado Mayor de los Estados Unidos. Empecé por elaborar una lista de nuestros objetivos estratégicos. Estos proporcionarían las directrices según las cuales se determinaría la política británica en la próxima guerra. Saddam Hussein debía abandonar Kuwait; el Gobierno kuwaití había de ser reinstaurado. Todos los rehenes debían ser liberados. Irak debía pagar indemnizaciones. Los responsables de atrocidades debían ser juzgados por un tribunal internacional. Había que eliminar la capacidad nuclear, biológica y química de Irak en el caso de hostilidades y, si por el contrario, las tropas iraquíes se retiraban pacíficamente, se debía desmantelar. Para lograr todo aquello era necesario mantener una alianza lo más amplia posible de Gobiernos árabes contra Irak, y evitar la participación de Israel. También sería necesario establecer un sistema de seguridad regional para inhibir a Irak en el futuro.

En cuanto al propio Saddam Hussein, aunque nuestro objetivo específico no era derrocarlo, podría ser una consecuencia deseable de nuestras acciones. Debíamos procurar una situación en la que tuviera que enfrentarse a su propio pueblo como el derrotado líder de unos ejércitos derrotados. Dije que hacía falta trabajar más sobre los objetivos en Irak. Había que evitar los objetivos puramente civiles. Pero quedaba por determinar si las centrales de energía y las presas podían ser consideradas como objetivos legítimos. No había ninguna intención de que nuestras fuerzas ocuparan ninguna zona del territorio iraquí, pero posiblemente tuvieran que entrar en Irak en persecución de las fuerzas iraquíes. Dije que era necesario conseguir que los norteamericanos aceptaran que la acción militar debía empezar antes de finales de año. También les dije que teníamos que intentar convencerles de que dejaran de pedir autorización a la ONU para utilizar la fuerza, instándoles a que, en su lugar, se acogieran al Artículo 51.

Defendí este último punto ante Jim Baker cuando vino a verme la tarde del viernes 9 de noviembre. Pero no pude persuadirle. Dijo que la autoridad de la ONU era esencial para mantener el apoyo de la opinión pública norteamericana a las acciones militares. También le planteé mis preocupaciones respecto al retraso de la opción militar hasta que hubieran llegado al Golfo las fuerzas norteamericanas suplementarias, que ahora se encontraban en camino. Le dije que era esencial no perder una oportunidad que se cerraría a principios de marzo. Me tranquilizó sobre este punto. Pero para aquel entonces el tiempo se nos estaba acabando, tanto a mí como a Saddam Hussein.

En respuesta a la solicitud de Jim Baker, en el último Consejo en que tomé parte el jueves 22 de noviembre, en el que anuncié mi dimisión como primera ministra, se tomó la decisión de duplicar nuestro compromiso militar y de desplegar otra brigada más en el Golfo. Enviaríamos a la Cuarta Brigada desde Alemania, con un regimiento de tanques Challenger, dos batallones de infantería acorazada, y un regimiento de la Artillería Real, con servicios de reconocimiento y de apoyo. En conjunto ambas brigadas formarían la Primera División Acorazada. El número total de fuerzas británicas implicadas ascendería a más de 30.000 hombres.

Desde la mañana del jueves 2 de agosto no había transcurrido ni un día en el que no me hubiera implicado en acciones diplomáticas y militares para aislar y derrotar a Irak. Una de las pocas cosas que lamento es el no haber estado allí para presenciar el desenlace final. El hecho de que no se desarmara a Saddam Hussein y se procurara la victoria hasta sus últimas consecuencias, a fin de humillarle públicamente ante sus súbditos y sus vecinos musulmanes, fue un error que derivaba del excesivo énfasis que se le dio desde el principio al consenso internacional. Se le concedió excesiva importancia a la opinión de la ONU y muy poca al objetivo militar de derrotar al agresor. Y así, Saddam Hussein conservó la posición y los medios para aterrorizar a su pueblo y crear más problemas. En la guerra hay muchos argumentos que esgrimir a favor de la magnanimidad de los vencedores. Pero no antes de la victoria.

CAPÍTULO XXVIII

Hombres con salvavidas

La campaña de 1990 para la jefatura del Partido Conservador; antecedentes, desarrollo… y dimisión

ANTECEDENTES DE LA CAMPAÑA DE 1990 PARA LA JEFATURA DEL PARTIDO

En 1975, fui la primera persona que retó, en calidad de candidata a la jefatura del Partido Conservador, a un jefe de partido en el poder, en virtud de unas normas que había implantado sir Alec Douglas-Home, unos diez años antes. Tras presentarme como candidata desconocida, obtuve la jefatura en buena lid. De manera que sería la última persona en quejarme por haber tenido que enfrentarme a un reto a mi propia jefatura. Sin embargo, las circunstancias de 1990, cuando Michael Heseltine me disputó la jefatura, fueron muy diferentes. Yo había ganado tres elecciones generales y no había perdido ninguna, mientras que Ted Heath había perdido tres de cuatro. Yo ostentaba el cargo de primera ministra con once años y medio de ejercicio, mientras que Ted era un jefe de la oposición recién derrotado. Las creencias y las políticas cuya pionera había sido yo en Gran Bretaña estaban contribuyendo a una modificación en la naturaleza de los asuntos internacionales. Además, nuestro país estaba en aquel momento al borde de la guerra en el Golfo.

Por supuesto, la democracia no es algo que respete a las personas, como pudo comprobar mi gran predecesor Winston Churchill, cuando, tras haber dirigido a Gran Bretaña en su lucha suprema contra la tiranía de los nazis y en medio de unas negociaciones cruciales para el orden mundial de la posguerra, fue derrotado en las elecciones generales de 1945. Sin embargo, al menos en su caso fue el pueblo británico el que le retiró del cargo. A mí no se me dio la oportunidad de encontrarme con los votantes; y ellos tampoco pudieron manifestarse en cuanto a mi último mandato, salvo por delegación.

Por acuerdo implícito, los procedimientos de 1965 para la elección del jefe de los tories no estaban destinados a aplicarse cuando el partido estaba en el poder. En teoría, se me tenía que volver a elegir todos los años; no obstante, puesto que nadie más se presentaba, esto era una mera formalidad. Sin embargo, desde que Michael Heseltine se marchó dando un portazo del Gabinete, en el mes de enero de 1986, había venido llevando a cabo una campaña constante, aunque sin declarar, para sustituirme. A medida que los problemas fueron aumentando a finales de 1988 y en 1989, resultó inevitable que se prestara más atención a los detalles precisos del sistema.

Ya he descrito el aumento del descontento político durante el verano y el otoño de 1989. Entre sus causas, la más importante fue la economía, ya que se tuvieron que aplicar unos tipos de interés elevados para poner freno a la inflación que se había generado como resultado de la política de Nigel Lawson, que consistía en ir pisando los pies al marco alemán. Este asunto agravó los que de otro modo hubieran sido unos problemas más manejables, como por ejemplo la agitación en relación con los cargos comunitarios, una herida abierta que el año siguiente se recrudecería considerablemente. También existía un núcleo de oposición a mi punto de vista en cuanto a la Comunidad Europea, aunque este núcleo era muy minoritario. Además, por supuesto, había una serie de diputados de las últimas filas que, por varios motivos idiosincrásicos, estarían encantados de ponerse en mi contra. Incluso se llegó a hablar de que uno de ellos se presentara como candidato para engañar a la oposición, actuando en calidad de pantalla para el verdadero candidato, que no era otro que Michael Heseltine.

De hecho, sir Anthony Meyer decidió plantear un reto, por motivos que él sabría, en 1989, y era necesario que hubiera una contienda. Mark Lennox-Boyd, mi secretario privado parlamentario, George Younger, Ian Gow, Tristan Garel-Jones (ministro de Estado de Asuntos Exteriores), Richard Ryder y Bill Shelton componían mi equipo electoral; con gran discreción identificaron a las personas con quienes podíamos contar, a los indecisos y a los que estaban en nuestra contra. Desempeñaron muy bien su trabajo. Yo misma no hice campaña, y nadie pensaba en serio que debiera hacerlo. Los resultados no fueron en absoluto insatisfactorios. Obtuve 314 votos; sir Anthony Meyer obtuvo 33. Hubo 24 votos nulos y 3 abstenciones. Sin embargo, el proceso había revelado, según me dijo George Younger, cierta medida de insatisfacción.

Por tanto, aumenté el tiempo dedicado en mi agenda a mantener reuniones con los diputados de las últimas filas. Hice más frecuentes mis visitas al salón de té de los Comunes, verdadero centro del cotilleo. También empecé a celebrar reuniones habituales con grupos de diputados de las últimas filas, generalmente reunidos por regiones con el fin de obtener un amplio abanico de puntos de vista. Durante estas reuniones, que por lo general se celebraban en mi despacho de la Cámara, solía pedir a todas las personas que se sentaban alrededor de la mesa que manifestaran su opinión, tomando la palabra al final para responderles, punto por punto. Se hablaba con franqueza desde ambos lados; en una ocasión, uno de estos diputados me dijo que había llegado el momento de mi partida. Quizás no le hice caso, pero sí le escuché.

Sin embargo, ningún debate o la atención prestada a las sensibilidades personales podía compensar la situación política del verano de 1990. Las elevadas facturas correspondientes a los cargos comunitarios causaban ansiedad entre los parlamentarios conservadores respecto a sus escaños. Los tipos de interés y la inflación seguían siendo altos. Las divisiones dentro del grupo parlamentario y del propio Gobierno en cuanto a Europa se agudizaron a medida que fue acelerando el ritmo del programa federalista. Los militantes de base del partido seguían conmigo, como lo demostrarían durante la Conferencia del Partido de 1990; de hecho, quizás su apoyo era más fuerte que nunca. Sin embargo, un número excesivo de mis colegas sentía un desprecio silencioso hacia los miembros fieles del partido, a quienes consideraban como carne de cañón para la organización, desprovistos de un verdadero derecho a mantener opiniones políticas. De hecho, y a pesar de que se les consultó formalmente y de que se manifestaron en enorme medida a mi favor, nadie les escuchó en serio cuando llegó el momento de sellar mi destino.

En lo que a mí respectaba, seguía confiando en que superaríamos aquellas dificultades y ganaríamos las próximas elecciones. Los tipos de interés elevados ya estaban logrando reducir la inflación, con independencia de lo que indicaran los índices que se publicaban en los titulares. Yo me limitaba a esperar que aparecieran indicios que apuntaran a que las fuentes de dinero estaban bien controladas antes de reducir los tipos de interés, y de continuar reduciéndolos aunque aquello implicara una modificación de la paridad en el mecanismo de tipos de cambio. A finales de abril, mantuve mi primera conversación seria con la Policy Unit[69] en relación con las políticas que podrían incluirse en el siguiente programa electoral. Además, aquel verano celebré conversaciones con mis colegas en relación con el establecimiento de grupos de política para el programa electoral. Mi discurso ante la Conferencia del Partido de octubre de 1990 levantaba ligeramente el velo en este sentido, esbozando propuestas correspondientes a la privatización, a los vouchers de formación (esbozando también unos posibles vouchers de educación) y al aumento del número de escuelas subvencionadas. Aún no había decidido cuándo convocaríamos elecciones generales; sin embargo, quería estar lista para el verano de 1991.

También había estado pensando en mi futuro más allá de las siguientes elecciones. Aún quería hacer muchas cosas. De manera más inmediata, teníamos que derrotar a Saddam Hussein y establecer un marco de seguridad duradero para el Golfo. La economía era esencialmente fuerte, pero yo deseaba superar la inflación y la recesión y volver a instaurar un marco estable para el crecimiento. Me parecía que había buenas perspectivas para barrer el comunismo de Europa central y oriental, y para establecer en las nuevas democracias gobiernos limitados al amparo de la ley. Por encima de todo, esperaba ganar la batalla y conseguir la Comunidad Europea que yo deseaba, una donde un estado nacional libre y emprendedor como Gran Bretaña pudiera florecer cómodamente. Sin embargo, sabía también que el marco amplio de las relaciones internacionales que era necesario en el mundo en la época posterior a la Guerra Fría, un marco en que los organismos internacionales como la ONU, el GATT, el FMI, el Banco Mundial, la OTAN y la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) ostentaran la posición predominante mientras que los estados nacionales y el comercio internacional quedaran libres para desarrollar sus actividades en las esferas que les correspondían, no se podía construir en un día. Se trataba de un programa considerable, y a largo plazo.

Mi problema estribaba en la carencia de un sucesor en quien yo pudiera confiar, tanto para asegurar mi legado como para continuar desarrollándolo. Sentía simpatía por John Major, y opinaba que compartía sinceramente mis planteamientos. Sin embargo, era una persona con relativamente poca experiencia, y su tendencia a aceptar la sabiduría convencional me había dado qué pensar. No obstante, y por los motivos que ya he explicado, ningún otro candidato gozó más de mi favor. Con el tiempo, podría aumentar la estatura de John, o quizás aparecería otra persona. En consecuencia, debido tanto a la magnitud de los retos como a mi incertidumbre en cuanto a la sucesión, no deseaba retirarme antes de las siguientes elecciones.

Por otra parte, tampoco pensaba en serio en continuar eternamente. Me parecía que el momento oportuno para marcharme sería unos dos años después de haberse constituido el siguiente Parlamento. Naturalmente, incluso entonces marcharme me causaría pena. Estaba tan llena de energía como siempre; no obstante, aceptaba el hecho de que algún día sería mi deber dejar el Número 10, con independencia de que el electorado lo pidiera o no.

Sin embargo, lo que no me persuadiría a marcharme era el tipo de razonamiento que me planteó Peter Carrington durante una cena que tuvo lugar en su casa, en una tarde de domingo del mes de abril de 1990. Denis no estaba allí: se había marchado a pasar fuera el fin de semana. Peter argumentó que el partido deseaba que yo dejara mi cargo con dignidad y en un momento que yo misma hubiera elegido. Yo interpreté estas palabras como un mensaje en clave: la palabra «dignidad» podría querer sugerir una marcha algo más temprana de la que yo hubiera elegido en otro caso. Sospecho que Peter hablaba en nombre de al menos una sección de las fuerzas tories. Mi propia forma de ver las cosas era que yo me iría cuando llegara el momento oportuno. Hice la reflexión de que, de haberse cumplido los deseos de los grandes del partido tory, yo jamás hubiera llegado a ser jefe del partido, y mucho menos primera ministra. Tampoco tenía el menor interés en las apariencias ni en los oropeles del cargo. Lucharía; y, de ser necesario, moriría luchando por mis creencias durante todo el tiempo que pudiera. La «dignidad» no tenía nada que ver en aquel asunto.

LA DIMISIÓN DE GEOFFREY HOWE

La intranquilidad de los diputados tories de las últimas filas se convirtió en pánico declarado de resultas de las elecciones parciales de Eastbourne, más entrado el mes de octubre. El escaño que anteriormente pertenecía a Ian Gow pasó a los liberales con un margen del 20 por ciento. En cuanto a los sondeos de opinión, tampoco eran muy halagüeños. No era éste un trasfondo muy alegre para la cumbre de Roma, en la que participé durante el fin de semana del 27 y el 28 de octubre. Sin embargo, en el mismo momento en que yo luchaba en solitario en Roma, Geoffrey Howe apareció en la televisión y dijo a Brian Walden que en realidad nosotros no nos oponíamos al principio de una única moneda, implicando que era posible que se me llegara a convencer. Estas palabras fueron o desleales o notablemente estúpidas. En la primera ocasión tras mi regreso, y de forma inevitable, tuve que responder a las Preguntas al primer ministro en relación con sus comentarios. Respondí a las puyas de la oposición diciendo que Geoffrey era «un hombre de mucha talla que no necesitaba que un hombrecito como [Neil Kinnock] le defendiera». Sin embargo, no pude dar mi apoyo a lo que había declarado.

Por otra parte, mis dificultades acababan de empezar. Ahora tenía que presentar ante la Cámara mi informe sobre los resultados de la cumbre de Roma. Insistí debidamente en que «una moneda única no es la política de este Gobierno». Sin embargo, existían dos reservas a esta declaración, que por otra parte me parecía esencial. La primera de estas reservas era que nuestra propia propuesta de moneda paralela o «común» bajo la forma del ecu duro podría evolucionar hacia una moneda única. La segunda era una forma de expresión que los ministros habían dado en usar; que no dejaríamos que «se nos impusiera» una moneda única. Además, era inevitable que se produjeran interpretaciones diferentes en cuanto al significado preciso de aquella expresión oracular. Tales reservas hipotéticas podrían utilizarse por una persona como Geoffrey para mantener abierta la posibilidad de que en algún momento termináramos con una moneda única. No era aquella nuestra intención, y me parecía que había una falta de honradez esencial en esta interpretación. Es probable que fuera la eliminación de este disfraz lo que, en el supuesto de que importara cualquier diferencia individual en cuanto a las políticas, proporcionó el motivo para la dimisión de Geoffrey.

Contesté a las preguntas diciendo que «desde mi punto de vista [el ecu duro] no llegaría a tener un uso generalizado a lo largo y ancho de la Comunidad; posiblemente, su utilización más generalizada sería la correspondiente a transacciones comerciales. Habría muchos que seguirían prefiriendo a su propia moneda». También manifesté mi firme acuerdo con Norman Tebbit cuando planteó el asunto esencial de que «la señal de una moneda única no es sólo que todas las demás monedas tengan que desaparecer, sino también que tiene que desaparecer la facultad de emitir monedas por parte de las demás instituciones». Mi respuesta fue la siguiente: «Este Gobierno cree en la libra esterlina». Y rechacé con energía el concepto Delors de una Europa federal en la cual el Parlamento Europeo sería la Cámara de Diputados, la Comisión su Ejecutivo, y el Consejo de Ministros su Senado. «No, no, no», insistía.

Esta actuación abrió el camino para la dimisión de Geoffrey. El motivo preciso sigue sin estar claro, para él quizás, y para mí sin duda. No sé si él de verdad deseaba una moneda única. Ni entonces ni más tarde, que yo sepa, llegó a manifestar cuál era su posición; sólo dijo cuál no debería ser la mía. Quizás el apoyo entusiasta —abrumador, incluso— que obtuve de los diputados de las últimas filas lo convenció de que tenía que golpear inmediatamente, ya que de otro modo yo llegaría a convencer al Grupo parlamentario para que apoyara la plataforma que yo había planteado anteriormente en Brujas.

A pesar de todo, y con independencia de lo que yo hubiera dicho, antes o después Geoffrey habría mostrado su desacuerdo y se habría manchado. Para entonces, la distancia que nos separaba, al igual que mis disputas con Nigel Lawson, se debía tanto a la antipatía personal como a las diferencias en cuanto a las políticas. Ya he explicado cómo reaccionó Geoffrey cuando le pedí que dejara Asuntos Exteriores. Nunca llegó a entregarse a la jefatura de la Cámara. En el Gabinete era ahora una fuerza obstructiva; en el partido, un centro de resentimiento; en el país, una fuente de división. Además de todo eso, nuestra mutua compañía nos parecía prácticamente intolerable. Me sorprendió la justificación inmediata de su dimisión. Sin embargo, en ciertos sentidos es aún más sorprendente que permaneciera tanto tiempo ocupando una posición que abiertamente le disgustaba y le causaba resentimiento.

El miércoles 31 de octubre no tuve ninguna noticia de Geoffrey. El jueves por la mañana, durante la reunión del Consejo de Ministros, le reconvine, probablemente en exceso, en relación con los preparativos correspondientes al programa legislativo. En aquel momento yo sentía una ligera curiosidad ante lo poco que él tenía que decir. Más tarde, comí en el apartamento, trabajé en mi discurso para el debate sobre la Leal Alocución, celebré una breve reunión con Douglas Hurd en relación con la situación del Golfo, y a continuación me dirigí a la calle Marsham, donde, en los sótanos situados bajo los Ministerios de Energía y de Transportes, se desarrollaban las operaciones de la Unidad de Supervisión del Embargo del Golfo. Llevaba allí poco tiempo cuando me llegó recado de que Geoffrey quería verme con urgencia en el Número 10. Tenía intención de dimitir.

Allí estuve a las seis menos diez de la tarde, para estar presente en lo que resultó ser casi una repetición de la dimisión de Nigel Lawson. Le pedí a Geoffrey que retrasara su decisión hasta la mañana siguiente: yo ya tenía mucho en qué pensar, y sin duda era posible esperar un poco. Sin embargo, el insistió. Dijo que ya había anulado el discurso que tendría que haber pronunciado aquella noche en la Royal Overseas League, y que era inevitable que se filtrara la información. De modo que se redactaron las cartas y se anunció su dimisión.

En cierto sentido, su marcha fue un alivio. Sin embargo, yo no tenía ninguna duda en cuanto al perjuicio que causaría a nivel político. Volverían a empezar todos los dimes y diretes acerca de la candidatura de Michael Heseltine para la jefatura del partido. Salvo yo misma, Geoffrey era el único superviviente del Gabinete de 1979. La prensa no dejaría de insistir con desaprobación en mi longevidad. Era imposible saber cuáles eran los planes del propio Geoffrey. Sin embargo, lo más probable era que no permaneciera en silencio. Era esencial que los cambios en el Gabinete, inevitables tras su partida, reafirmaran mi autoridad y unificaran al partido. Aquello no sería fácil; de hecho, ambos objetivos podrían entrar en conflicto ahora.

No me resultaba posible comentar todo esto con mis asesores de forma inmediata, sin embargo, porque tenía que actuar en calidad de anfitriona en una recepción que se daba en el Número 10 a los Lord’s Taverners, la organización benéfica con que colaboraba Denis. Sin embargo, tan pronto como me fue posible, les dejé y me fui a mi estudio, donde Ken Baker, John Waheham y Alastair Goodlad, que estaba desempeñando las funciones de Tim Renton en su calidad de adjunto al jefe de los whips[70] o jefe de disciplina del grupo parlamentario, se dedicaron a debatir lo que tendría que hacerse.

Yo ya sabía cuál sería mi solución ideal: el regreso de Norman Tebbit al Gabinete, como ministro de Educación. Norman compartía mis puntos de vista sobre Europa, al igual que sobre tantas otras cosas; era duro de pelar, se expresaba bien y era digno de confianza. Hubiera sido un magnífico ministro de Educación, capaz de convencer de su programa al país y de poner la zancadilla al Partido Laborista. No pudimos encontrarle aquella noche, pero establecimos contacto con él al día siguiente (el viernes 2 de noviembre), y acordó venir a hablar del tema. Como me temía, no se dejó convencer. Se había marchado del Gabinete para ocuparse de su mujer, y ese deber tenía precedencia sobre todo lo demás. Me daría desde fuera todo el apoyo que estuviera en sus manos, pero no podía volver a ocupar un cargo en el Gobierno.

Cuando Norman se hubo marchado entró Tim Renton, jefe de los whips, que había regresado a Londres. Sin duda, respiró con alivio cuando se enteró de que Norman no pensaba volver. Ahora insistía en que William Waldegrave —del ala izquierda del partido— debía incorporarse al Gabinete. William era delgado, cerebral y distante, una especie de Norman St. John Stevas sin las bromas, y con aún menos posibilidades de ser un aliado. Sin embargo, jamás cerré el paso a mis Consejos de Ministros a personas de talento por el mero hecho de que no compartieran mi forma de pensar, y no pensaba hacerlo, ni tan siquiera entonces. Le pedí que se hiciera cargo del Ministerio de Sanidad.

No obstante, seguía deseando ver una cara nueva en el Ministerio de Educación, donde las limitaciones de John MacGregor en tanto que portavoz público nos estaban costando muy caro en una esfera de gran importancia. Por tanto, designé a Ken Clarke; una vez más, no era un hombre de mi propio ala del Partido, pero era enérgico y persuasivo, y resultaría muy útil en una reyerta o en unas elecciones. A John MacGregor le pasé al antiguo cargo de Geoffrey, el de jefe de la Cámara. Todos los nombramientos obtuvieron una acogida favorable. A pesar del fracaso de la estrategia que yo hubiera preferido, que hubiera sido conseguir que volviera Norman, mi objetivo de unir al Partido parecía estar teniendo éxito.

Cualquier posibilidad de volver a una situación normal, sin embargo, pronto quedó descartada. Pasé el sábado 3 de noviembre en Chequers, trabajando con mis asesores en mi discurso para la Alocución, que, por supuesto, ahora había adquirido nueva importancia a la luz de la dimisión de Geoffrey. Aquella tarde, Bernard Ingham se puso en contacto telefónico conmigo para leer una carta abierta que Michael Heseltine había dirigido al presidente de su jurisdicción. Aparentemente hablaba de la necesidad de que el Gobierno marcara un nuevo rumbo en cuanto al asunto de Europa. De hecho, suponía el intento de un primer paso en público en la candidatura de Heseltine para la jefatura del partido. Como era de prever, los periódicos del domingo 4 de noviembre estaban llenos de información sobre la jefatura. También reflejaban los resultados de los primeros sondeos de opinión realizados tras la marcha de Geoffrey. Como era de suponer, estos resultados eran malísimos. En uno de los sondeos, el Partido Laborista tenía una ventaja del 21 por ciento. Dediqué el día a trabajar en otro discurso, en este caso sobre el medio ambiente, que tenía que pronunciar el martes, en Ginebra.

Siempre que me resultaba posible, los lunes por la mañana solía reunirme con Ken Baker y el equipo de la Oficina Central para revisar el programa correspondiente a la semana que empezaba. Durante la comida, también solía comentar la situación política con Ken, los encargados de negocios y algunos otros colegas del Gabinete. Aquel lunes, hablamos de casi todo menos de lo que a todos nos preocupaba: si habría o no candidatos para la jefatura del partido.

Este extremo estaba muy lejos de estar claro. Para entonces en la prensa británica era evidente la sensación de que quizás a Michael se le había ido la mano en su carta abierta. Si no se presentaba, se le acusaría de cobardía. Si se presentaba, por otra parte, era probable que perdiera, a pesar del revuelo producido por la marcha de Geoffrey. La mayoría opinaba que hubiera hecho mejor en probar suerte después de unas elecciones generales, elecciones que mis enemigos esperaban y deseaban que yo perdiera.

Estos fueron los antecedentes de la conversación que celebré con Peter Morrison, mi secretario privado parlamentario, y Cranley Onslow, presidente del Comité 1922[71], en la tarde del martes 6 de noviembre, tras una breve visita a Ginebra que efectué para dirigirme a la Conferencia Mundial sobre el Clima. A todos nos preocupaba el hecho de que la especulación en cuanto a la jefatura del Partido estuviera teniendo unos efectos muy negativos, tanto para el Partido en sí como para el Gobierno. Parecía que lo mejor sería intentar llegar al final del asunto y acabar pronto con la campaña previa a la jefatura, si es que había de celebrarse. La correspondiente elección debía tener lugar dentro de los veintiocho días siguientes al inicio del nuevo período parlamentario, pero era el jefe del partido, tras efectuar consultas con el presidente del Comité 1922, quien tenía que decidir la fecha específica. Por tanto, acordamos adelantar la fecha tope para los nombramientos al martes 15 de noviembre, con lo cual la primera votación se celebraría el martes 20 de noviembre. Esto significaba que yo estaría en París, participando en la cumbre de la CSCE, cuando se celebrara la primera votación, si es que llegaba a celebrarse. Naturalmente, el inconveniente de esta fecha consistiría en que yo no estaría en Westminster para reunir apoyo. En cualquier caso, Peter Morrison y yo no teníamos previsto que yo hiciera campaña en mi propio nombre. Tal como salieron las cosas, quizás esta decisión fue equivocada. No obstante, es importante comprender por qué se tomó.

En primer lugar, hubiera sido absurdo que una persona que había ostentado el cargo de primer ministro durante once años y medio —y la jefatura del partido durante quince años— se comportara como si se estuviera presentando por vez primera. Los parlamentario tories me conocían, y conocían mi historial y mis puntos de vista. Si no estaban convencidos en aquel momento, yo podía hacer muy poco para persuadirles. Los primeros ministros pueden intentar encantar a la gente, y asegurarse de escuchar: yo llevaba escuchando semana tras semana las quejas de los parlamentarios, pero en aquel momento no hubiera sido creíble que le dijera a un diputado preocupado con los cargos de la Comunidad que me había convencido con sus palabras y que tenía intención de olvidarme de todo el asunto. Tampoco se me hubiera ocurrido hacerlo. Existían por tanto unos límites estrictos en cuanto a las actividades electorales que hubiera podido realizar para obtener el número máximo de votos. Sin embargo, un oponente como Michael podía prometer cargos a los que no los ostentaban, y también seguridad en los suyos a los que los ostentaban entonces; se beneficiaría de todos los resentimientos de los parlamentarios de las últimas filas.

En segundo lugar, yo opinaba que, al igual que en 1989, la campaña más eficaz sería la desarrollada por otras personas en mi nombre. En mi opinión, Peter Morrison era un miembro experimentado de la Cámara de los Comunes que podría reunir un buen equipo para trabajar para mí. Peter y yo éramos amigos desde que llegó a la Cámara. Fue uno de los primeros diputados de las últimas filas que me instó a presentarme en 1975. Yo sabía que podía fiarme de su lealtad. Desgraciadamente, aquella misma calidad de optimismo tranquilo que hacía de Peter una persona tan eficaz para animarnos a todos no era necesariamente la más conveniente para calcular las intenciones del más escurridizo de los electorados: los parlamentarios del Partido Conservador. Naturalmente, yo también preveía que Peter incluiría a otros pesos pesados en mi equipo, entre ellos George Younger, que tan buena labor había llevado a cabo en 1989.

El debate sobre la Alocución me proporcionaría una oportunidad para renovar mi autoridad y el ímpetu del Gobierno. Por tanto, dediqué unos esfuerzos extraordinarios al discurso. En la fecha en sí (el miércoles 7 de noviembre), me resultó de ayuda aún otro débil ataque por parte de Neil Kinnock, de cuya metamorfosis más reciente como socialista de mercado me mofé con estas palabras: «Al jefe de la oposición le complace hablar del socialismo de la oferta. Sabemos lo que eso significa: los laboristas ofrecerán cualquier cosa que exijan los sindicatos». Sin embargo, también tenía que ocuparme del asunto más delicado de la dimisión de Geoffrey. Y allí había trampas ocultas.

En su carta de dimisión, Geoffrey no especificaba ninguna diferencia importante en cuanto a las políticas entre él y yo. En lugar de esto, se centraba en lo que él describía como «el ambiente que había producido… en Roma el pasado fin de semana, y en la Cámara de los Comunes este martes». Por tanto, me sentía con derecho a recalcar durante mi discurso que «de leer el jefe de la oposición la carta de mi honorable y docto amigo, se vería muy apurado si deseara encontrar cualquier diferencia importante en cuanto a la política europea entre mi honorable y docto amigo y el resto de quienes estamos de este lado».

Esto era verdad, y servía para mis necesidades inmediatas. El debate se desarrolló positivamente. Sin embargo, pronto resultó evidente que a Geoffrey le había indignado mi declaración. Por lo que parecía, opinaba que había puntos de diferencia esencial en cuanto a las políticas entre él y yo, a pesar de que hasta entonces no había logrado manifestar cuáles eran. No alcanzamos nada más que una ligera calma antes de una tempestad política, que no haría sino golpearnos con más fuerza.

Al final de la reunión del Consejo de Ministros del martes 8 de noviembre, dimos el paso poco habitual de interrumpirla para celebrar una sesión política; los funcionarios salieron de la Sala del Consejo. Ken Baker advirtió acerca de la probabilidad de unos resultados muy negativos en las elecciones parciales de Bootle y Bradford North. Las cosas salieron tal como él temía. El peor resultado fue el obtenido en Bradford, donde descendimos hasta el tercer lugar. A primera hora de la mañana siguiente (viernes 9 de noviembre), Ken me llamó por teléfono para comentar estos resultados; como siempre, yo me había quedado levantada hasta tarde para saberlos. Hice de tripas corazón, diciendo que no habían sido peores de lo que esperaba. Sin embargo, fueron bastante malos, y se produjeron en un momento inoportuno.

Lo que de verdad dio que hablar a los comentaristas políticos fue una declaración que hizo Geoffrey aquel día, en la que decía que «a lo largo de los días siguientes buscaría una oportunidad para justificar ante la Cámara de los Comunes los motivos —los de forma, pero también los de fondo— que [le] habían llevado a tomar una decisión tan difícil». Las especulaciones en el sentido de que Michael Heseltine se presentaría fueron en aumento a lo largo del fin de semana, como era natural. De hecho, los asuntos políticos pasaron a una de esas fases nerviosas y febriles en las que los acontecimientos parecen estar dirigiéndose hacia una culminación tremenda pero desconocida, con práctica independencia de los deseos de los actores. Además, yo podía hacer muy poco al respecto. Continué cumpliendo con impasibilidad con el programa previsto para mí dentro de la circunscripción el sábado 10 de noviembre, y durante la ceremonia de la conmemoración del Armisticio, el 11 de noviembre.

El lunes 12 de noviembre, al igual que durante la semana anterior, sólo pensábamos en una cosa durante mi reunión de la mañana para estudiar el programa con Ken Baker y durante la posterior comida con los colegas; y una vez más, y esto es indicativo, ninguno de nosotros deseaba hablar del tema. Nadie sabía qué era lo que Geoffrey diría, ni tan siquiera cuándo lo diría. Sin embargo, jamás un discurso de Geoffrey había causado tanta expectación.

Pronuncié mi propio discurso durante el banquete del alcalde, celebrado aquella noche en el Ayuntamiento de Londres, en un tono intencionadamente desafiante. Sin embargo, las palabras empezaban a fallarme. Utilicé una metáfora del cricket que aquella noche obtuvo una cálida ovación, pero que más tarde se volvería en mi contra:

Sigo en la línea del bateador, aunque últimamente los tiros han sido bastante hostiles. Y por si alguien lo duda, les puedo asegurar que no habrá rebotes, ni juego defensivo, ni intentos de ganar tiempo. Los tiros se van a devolver desde todo el campo.

EMPIEZA LA CAMPAÑA PARA LA JEFATURA DEL PARTIDO

Para entonces, yo sabía que Geoffrey hablaría ante la Cámara sobre su dimisión al día siguiente, martes 13 de noviembre. Por supuesto, yo me quedaría después de haber contestado a las preguntas de la Cámara para escucharlo.

El discurso de Geoffrey fue una actuación poderosa en la Cámara de los Comunes; la más poderosa de su vida política. Si fracasó en su supuesto objetivo de explicar las diferencias sobre las políticas que habían causado su dimisión, logró un éxito en su verdadero objetivo, que consistía en perjudicarme. Fue un discurso frío, forense, ligero en algunos momentos y venenoso. Su rencor, oculto durante tanto tiempo, dotó a las palabras de Geoffrey de una fuerza mayor que la que jamás había logrado. Utilizó en mi contra la metáfora del cricket con la habilidad de un abogado defensor, alegando que mis comentarios anteriores acerca del ecu duro minaban al ministro del Tesoro y al gobernador del Banco de Inglaterra: «Es algo así como enviar a la línea a los primeros bateadores sólo para que, tan pronto como se tengan que enfrentar con los primeros tiros, se den cuenta de que el capitán del equipo les ha roto los bates antes de que empezara el partido». Caricaturizó de manera persuasiva mis razonamientos de principio en contra de la deriva de Europa hacia el federalismo, presentándolos como simples tics de tozudez temperamental. Sus palabras finales —«ha llegado el momento de que otros sometan a consideración su propia reacción ante el trágico conflicto de lealtades con el que quizás he luchado demasiado tiempo»— fueron una invitación abierta a Michael Heseltine para competir en mi contra que electrificó a la Cámara de los Comunes.

Fue una experiencia peculiar la de escuchar esta serie de alegatos, parecida a la del acusado durante el resumen final del fiscal en un proceso capital. En realidad, yo misma compartía con Geoffrey, y en igual medida, el centro de atención. Si el mundo le escuchaba a él, me observaba a mí; y debajo de la máscara de la compostura, yo experimentaba unas emociones turbulentas. No tenía la menor duda de que el discurso me perjudicaba profundamente. Parte de mi mente se dedicaba a realizar los cálculos políticos habituales acerca de cómo deberíamos reaccionar yo y mis colegas ante éste en los pasillos. Michael Heseltine había recibido algo más que una invitación a incluir su nombre en las listas; había recibido también un arma. ¿Cómo podríamos quitarle filo?

Sin embargo, a un nivel más profundo que el del cálculo, yo estaba dolida y conmocionada. Quizás, dada la irritabilidad que había sido moneda corriente durante mis relaciones con Geoffrey en años recientes, era una tontería que el asunto me estuviera afectando tanto. Sin embargo, cualquier malestar que existiera entre nosotros siempre se había manifestado tras las puertas cerradas, a pesar de que en algunas ocasiones se filtrara a las columnas de cotilleo político. En público, siempre le había dado mi enérgico apoyo en todos los cargos que había ostentado. De hecho, el recuerdo de las batallas en las que habíamos luchado juntos desde la oposición y a principios de la década de los ochenta me había llevado a conservarle en el Gabinete como viceprimer ministro cuando, de haber prestado una atención más estrecha a mis propios intereses políticos en cuanto a Europa, los tipos de cambio y toda una multitud de otros temas me habría llevado a sustituirle con una persona más afín a mi forma de pensar.

Sin embargo, a él no le habían afectado de manera similar estos mismos recuerdos. Tras haber experimentado tantos momentos difíciles y haber compartido tantos éxitos, se había dedicado intencionadamente a derribar a una colega política de esta forma tan brutal y pública. ¿Y con qué resultados? Aún no estaba claro qué me depararía el futuro. Fuera lo que fuera, sin embargo, a partir de entonces a Geoffrey Howe no se le recordaría por su firmeza como ministro del Tesoro ni por su habilidad diplomática como ministro de Asuntos Exteriores, sino por su acto final de resentimiento y traición. La misma brillantez con la que manejaba el puñal se encargó de que la personalidad que asesinó fuera en última instancia la suya propia.

Al día siguiente (miércoles 14 de noviembre) Cranley Onslow me llamó por teléfono para decirme que había recibido una notificación oficial de la intención de Michael Heseltine de presentarse para el cargo de jefe del partido. Douglas Hurd propuso entonces mi nombramiento, John Major apoyó la propuesta; todo esto tenía la intención de ser una demostración del apoyo conjunto del Gabinete a mi persona. Rápidamente, Peter Morrison estableció y puso en marcha un equipo de apoyo para mi candidatura, a pesar de que hubo quienes dijeron más tarde que esta metáfora era excesivamente enérgica. Las personalidades clave habían de ser George Younger, Michael Jopling, John Moore, Norman Tebbit y Gerry Neale. A los diputados se les preguntaría discretamente su punto de vista para que supiéramos quiénes nos daban su apoyo, quiénes estaban indecisos y quiénes se nos oponían. Michael Neubert era quien llevaría la cuenta. No se insistiría con quienes se nos oponían, pero en el caso de los indecisos el miembro del equipo que pareciera tener mayores probabilidades de persuadirles les haría una visita.

Se acordó que utilizaría las entrevistas en la prensa como principal plataforma para la presentación de mi caso. Por tanto, en la tarde del jueves 15 de noviembre concedí una entrevista a Michael Jones, del Sunday Times, y a Charles Moore, del Sunday Telegraph. No eludí el tema europeo que se había vuelto a plantear durante el discurso de Geoffrey. De hecho, dije que sería necesario celebrar un referéndum antes de poder hablar de la posibilidad de una moneda única. Este asunto era constitucional, y no meramente económico; no sería correcto no consultar al pueblo directamente.

Cuando se me explicaron los detalles de mi campaña, me parecieron bien. Lamentablemente, no estaba muy claro cuánto tiempo podrían conceder a la campaña algunos de los principales miembros de mi equipo. Peter había abordado a Norman Fowler, que accedió a formar parte del mismo, pero se retiró inmediatamente, alegando su pasada amistad con Geoffrey Howe. George Younger, a punto de acceder a la presidencia del Royal Bank of Scotland, estaba muy atareado con sus asuntos profesionales. También Michael Jopling se retiró. John Moore no siempre estaba en el país. Posteriormente, varios de los más jóvenes de mis partidarios que estaban decididos a que siguiéramos adelante, alarmados ante la dirección que estaba tomando la campaña, se incorporaron como ayudantes y lucharon en todos los frentes. Su ayuda fue bien acogida; pero, ¿por qué se había hecho necesaria? Esto tendría que habernos advertido de lo peligroso de la situación. Sin embargo, la campaña siguió su curso, y yo seguí adelante con el programa que ya tenía plasmado en mi agenda: el viernes 16 de noviembre hice una visita a Irlanda del Norte.

Mientras tanto, la campaña de Michael Heseltine iba viento en popa. Había prometido una revisión fundamental de los cargos comunitarios y hablaba de pasar el coste de ciertos servicios como la educación a los impuestos centrales. Yo ya había observado en la Cámara que esto podría traducirse en 5 peniques adicionales de impuesto sobre la renta, o en considerables reducciones en otros gastos públicos, o en un déficit presupuestario en el momento preciso en que habíamos disfrutado de cuatro años de superávit y habíamos rescatado parte de la deuda.

En aquel momento, remaché el ataque al enfoque de Michael en una entrevista de Simon Jenkins para el Times en la que llamaba la atención sobre los puntos de vista corporativistas e intervencionistas que Michael llevaba mucho tiempo sosteniendo. Esta entrevista se publicó el lunes y fue criticada inmediatamente en algunos círculos, en los que se dijo que era demasiado agresiva. Sin embargo, no había nada ni lo más remotamente personal en la misma. Michael Heseltine y yo estábamos fundamentalmente en desacuerdo en cuanto a todo lo que constituye el núcleo de la política. Se tenía que recordar a los parlamentarios que ésta era una lucha entre dos filosofías, y no sólo entre dos personalidades. El hecho de que se negaran a ver que algo más que sus escaños estaba en juego era un indicio de la frivolidad de todo el asunto.

En la tarde del sábado 17 de noviembre, Denis y yo invitamos a algunos amigos y asesores a cenar en Chequers: Peter Morrison, los Baker, los Wakeham, Alistair McAlpine, Gordon Reece, los Bell, los Neubert, los Neale, John Whittingdale y, por supuesto, Mark y Carol. (George Younger no pudo estar presente porque tenía otro compromiso en Norfolk). Disfrutamos de la cena e inmediatamente después pusimos manos a la obra. Mi equipo me informó de la situación, que según los datos parecía bastante favorable. Peter Morrison me dijo que creía que habría 220 votos a favor, 110 en contra y 40 abstenciones, con lo cual la victoria sería fácil. (Para ganar en la primera vuelta, necesitaría una mayoría de un mínimo del 15 por ciento de las personas con derecho a voto). Incluso si se tenía en cuenta el «factor mentira», las cosas irían bien para mí. Sin embargo, yo no estaba muy convencida, y le dije a Peter: «Me acuerdo que Ted pensaba lo mismo. No te fíes de los números; hay quienes están en las listas de ambas partes». Todos los demás parecían mucho más confiados, y de hecho se dedicaron a comentar lo que se tendría que hacer para unir al partido tras mi victoria. Yo deseaba que no se equivocaran; mi instinto me decía lo contrario.

LA CUMBRE DE LA CSCE EN PARÍS

Al día siguiente, domingo 18 de noviembre, marché a la cumbre de la CSCE en París. Esta marcó el inicio formal —aunque lamentablemente no el real— de aquella nueva era que el presidente Bush denominó un «nuevo orden mundial». En París se tomaron decisiones de largo alcance para dar forma a la Europa posterior a la Guerra Fría que había surgido tras la derrota pacífica del comunismo. Entre estas se incluían unas profundas reducciones por ambas partes en las fuerzas armadas convencionales dentro del marco de la CFE, una «Magna Carta» europea que garantizaba derechos políticos y libertad económica (idea que yo había propugnado de manera especial), y el establecimiento de los mecanismos de la CSCE para fomentar la conciliación, para evitar el conflicto, para facilitar las elecciones libres y para alentar las consultas entre gobiernos y parlamentarios.

Como siempre, celebré una serie de reuniones bilaterales con jefes de Gobierno. El Golfo casi siempre estaba en primer plano durante nuestras conversaciones, aunque mi mente no dejaba de volver a lo que estaría sucediendo en Westminster. El lunes 19 de noviembre desayuné con el presidente Bush, firmé en nombre del Reino Unido el acuerdo histórico para la reducción de fuerzas convencionales en Europa, participé en la primera sesión plenaria de la CSCE y almorcé con los demás dirigentes en el palacio del Elíseo. Aquella tarde pronuncié mi propio discurso ante la cumbre, recordando los beneficios a largo plazo del proceso de Helsinki, recalcando la importancia continuada de los derechos humanos y del imperio de la ley, señalando su estrecha relación con la libertad económica y advirtiendo en contra de cualquier intento de reducir la importancia de la OTAN, que era «el núcleo de la defensa occidental». Hablé más tarde con el secretario general de la ONU sobre la situación en el Golfo, antes de realizar las funciones de anfitriona en una cena que se celebró en la Embajada británica en honor del canciller Kohl.

Un aspecto característico de Helmut Kohl era que, a diferencia de los otros líderes que yo había conocido, iba derecho al grano; en este caso, a la elección para la jefatura del partido. Dijo que era bueno hablar de estos asuntos, en lugar de guardárselos uno en su interior. No había dudado en dedicarme aquella velada como muestra de su apoyo total. Era inimaginable que me quedara sin el cargo.

Dado que el canciller y yo teníamos considerables diferencias de opinión en cuanto al curso futuro de la Comunidad Europea y que con mi marcha desaparecería un obstáculo para sus planes —como de hecho sucedió— éste fue un gesto magnánimo por su parte. En el caso de un político más viperino, hubiera dado por sentado que aquello era meramente un seguro para el caso de mi victoria. Sin embargo, el canciller Kohl, ya fuera en calidad de aliado o de oponente, jamás actuaba de manera tortuosa; por tanto, me emocionaron mucho sus palabras y la cordialidad auténtica de sus sentimientos. Intenté superar mi confusión explicando las peculiaridades del sistema electoral tory para la jefatura del partido, pero me respondió que mis explicaciones no hacían sino confirmar su sospecha de que el sistema era una auténtica locura. Para entonces yo había llegado a la conclusión de que él estaba en lo cierto. Entonces, para mi alivio, la conversación giró hacia las perspectivas para las conferencias intergubernamentales y la unión económica y monetaria, en relación con las cuales el canciller Kohl parecía dispuesto a llegar a ciertos compromisos, al menos en cuanto a los plazos. No sabría decir si se habría derivado algo más de aquello que de las anteriores promesas, pero me gustaría pensar que sí.

Al día siguiente conocería los resultados de la primera votación. Peter me había llamado por teléfono el lunes por la noche, y seguía derrochando confianza. Ya se había dispuesto todo para que viniera a París a darme «las buenas noticias», que le llegarían por teléfono desde el despacho del Whip. También se había acordado exactamente lo que yo haría y diría en el supuesto de casos muy diversos, desde una victoria abrumadora hasta una derrota en la primera vuelta. Como sabía que yo no podía hacer nada más, el martes dediqué todas mis energías a celebrar más reuniones con jefes de Gobierno y al programa de la CSCE. Por la mañana (el martes 20 de noviembre) celebré conversaciones con el presidente Gorbachov, así como con el presidente Mitterrand y con el presidente Ozal, y almorcé con Ruud Lubbers, primer ministro holandés. Después del almuerzo mantuve una conversación con el presidente Zhelev de Bulgaria; me dijo que el presidente Reagan y yo compartíamos el mérito de haber llevado la libertad a Europa oriental, y que nadie lo olvidaría jamás. Quizás nadie sino el dirigente de un país que llevaba décadas bajo la opresión del terror comunista sería capaz de comprender qué era exactamente lo que había sucedido en el mundo, y por qué había sucedido.

La sesión de tarde de la CSCE concluyó a las cuatro y media de la tarde. Después de tomar el té y de comentar los acontecimientos del día con mis asesores, subí a mi habitación de la residencia para arreglarme el pelo. Justo después de las seis, me dirigí a una habitación que se me había reservado para esperar los resultados. Bernard Ingham, Charles Powell, nuestro embajador sir Ewen Fergusson, Crawfie y Peter estaban allí. Peter tenía línea abierta con el Chief Whip, y Charles tenía otra con John Whittingdale en Londres. Yo me senté en un escritorio con la espalda vuelta a la sala, y me puse a trabajar. Aunque entonces no me di cuenta, Charles fue el primero en recibir los resultados. Fuera de mi vista, hizo una señal con el pulgar hacia abajo a las personas que estaban en la sala, pero esperó a que Peter recibiera la información oficial. Entonces pude oír a Peter Morrison recibir la información del despacho del whip. Leyó las cifras: yo había obtenido 204 votos, Michael Heseltine 152, y había 16 abstenciones.

«Los resultados no son tan buenos como había esperado», dijo Peter, demostrando por una vez ser un maestro del eufemismo, mientras me entregaba una nota en la que había apuntado las cifras. Inmediatamente hice los cálculos en mi mente. Había vencido a Michael Heseltine y logrado una clara mayoría en el grupo parlamentario (de hecho, obtuve más votos en la derrota de los que más tarde obtendría John Major en la victoria); sin embargo, no había ganado con un margen suficiente como para evitar una segunda votación. Si hubiera recibido dos votos que en aquel caso habían ido a Michael, le habría vencido con el número necesario. Sin embargo, de poco valía ahora hacer los cálculos precisos en relación con las consecuencias de la falta de un minúsculo elemento. A continuación, se produjo un breve silencio.

Lo rompió Peter Morrison, que intentaba telefonear a la habitación de Douglas Hurd en la residencia; Douglas tenía ocupada la línea, ya que entonces estaba hablando con John Major en Great Stukeley, donde el ministro del Tesoro se estaba recuperando de la extracción de sus muelas del juicio. Unos minutos más tarde establecimos contacto con Douglas, quien inmediatamente vino a verme. No tuve que pedir su apoyo continuado. Declaró que debería presentarme a la segunda votación, y prometió su propio apoyo y el de John Major. Fue fiel a su palabra; me fue muy grato tener a mi lado a un amigo tan leal. Tras haberle dado las gracias, y tras una breve conversación adicional, bajé tal como estaba previsto a reunirme con la prensa y pronunciar mi declaración:

Buenas noches, caballeros. Naturalmente, estoy muy satisfecha de haber obtenido el voto de más de la mitad del grupo parlamentario, y decepcionada ante el hecho de que el resultado no haya sido suficiente para ganar en la primera vuelta, con lo cual confirmo mi intención de presentar mi candidatura para la segunda votación.

A continuación, Douglas dijo lo siguiente:

Quisiera solamente hacer un breve comentario acerca del resultado de la votación. La primera ministra sigue mereciendo mi total apoyo, y lamento que esta lucha destructiva e innecesaria se tenga que prolongar de este modo.

Volví a subir a mi habitación, desde donde efectué varias llamadas telefónicas, entre ellas una a Denis. Había poco que decir. Los peligros eran evidentes, y el teléfono no era el medio adecuado para una franca discusión acerca de lo que se debía hacer. De cualquier manera, todos en Londres sabían por mi declaración que seguiría adelante.

Me quité el traje de lana negra con cuello color tostado y negro que llevaba cuando llegaron las malas noticias. Aunque algo aturdida, quizás estaba menos consternada de lo que habría cabido suponer. La prueba está en que, aunque otras prendas que me traen recuerdos tristes nunca vuelven a ver la luz del día, sigo poniéndome ese traje negro con el cuello color tostado y negro. Sin embargo, en aquella ocasión tenía que vestirme de noche para cenar en el palacio de Versalles; antes de la cena se representaría un ballet. Mandé recado al presidente Mitterrand para advertirle de que llegaría tarde, y pedirle que empezaran sin mí.

Antes de salir para Versalles, pasé a ver a mi vieja amiga Eleanor (antes lady) Glover, en cuya casa de Suiza había pasado tantas horas agradables durante las vacaciones y que había venido desde su apartamento de París para consolarme. Hablamos durante algunos minutos en la salita del embajador. Su doncella, Marta, que estaba con ella, «lo había visto en las cartas». Pensé que quizás sería útil incorporar a Marta al equipo electoral.

A las ocho de la noche salí de la Embajada con Peter Morrison; fuimos en coche a toda velocidad, en un Citroën negro muy grande con escolta, a través de las calles vacías de París, que habían sido despejadas para los presidentes Bush y Gorbachov. Sin embargo, mi mente estaba en Londres. Sabía que nuestra única oportunidad consistiría en que la campaña se llevara a toda marcha y en que se pudiera convencer a todos los que tuvieran posibilidades de apoyarme para luchar por mi causa. Esto se lo recalqué una y otra vez a Peter: «Tenemos que luchar». Unos veinte minutos más tarde llegamos a Versalles, donde el presidente Mitterrand me estaba esperando. «Por supuesto que nunca se nos habría ocurrido empezar sin usted», me dijo el presidente; y con el gran encanto que siempre mostraba, me acompañó al interior como si acabara de ganar unas elecciones en lugar de perderlas a medias.

Será fácil imaginar que no pude centrar toda mi atención en el ballet. Incluso la cena que se celebró a continuación, siempre un acontecimiento memorable en la mesa del presidente Mitterrand, me exigió algo de esfuerzo. La prensa y los fotógrafos nos estaban esperando al salir, y mostraron un especial interés en mi persona. Al observarlo, George y Barbara Bush, que estaban a punto de marcharse, se me unieron rápidamente para que saliera con ellos. Fue aquella una de esas pequeñas acciones amables que nos recuerdan que incluso la política del poder no se basa en el poder solamente.

Desde París ya se estaban efectuando disposiciones para mi regreso a Londres. Yo estaría presente en la ceremonia de la firma del documento final de la cumbre, pero se anularía la rueda de prensa que estaba prevista, con el fin de que pudiera volver a Londres antes. Se había concertado una reunión con Norman Tebbit y John Wakeham para inmediatamente después de mi regreso; más tarde se unirían a ellos Ken Baker, John MacGregor, Tim Renton y Cranley Onslow. Mientras tanto, se habían lanzado tres sondas de opinión. Para mi equipo de campaña, Norman Tebbit evaluaría mi apoyo en el grupo parlamentario; Tim Renton haría lo propio para los whips; y John MacGregor indagaría en el Gabinete. Esta última tarea, de hecho, tendría que haber sido la responsabilidad de John Wakeham, a quien yo había decidido involucrar de manera mucho más estrecha en mi campaña; sin embargo, puesto que se estaba preparando para hacer una declaración pública acerca de la privatización de la energía eléctrica, delegó en John MacGregor.

Ahora sé que éste era el momento en que los otros ministros de Londres se estaban disponiendo a abandonar mi causa. Sin embargo, nada sabía de aquello entonces, cuando me acosté a última hora de aquel martes. Mi primera sospecha acerca de lo que estaba sucediendo me asaltó al día siguiente cuando desde mi despacho privado me dijeron que, en cumplimiento de mi solicitud, habían llamado por teléfono a Peter Lilley —thatcherista declarado a quien yo había designado para suceder a Nick Ridley en Comercio e Industria en el mes de julio de 1990— para pedirle que me ayudara en la redacción de mi discurso para el debate de censura de aquel jueves. Según parecía, Peter había respondido que no veía ninguna utilidad en esto, ya que yo estaba acabada. Viniendo de tal fuente, este comentario me trastornó sobremanera. El asunto iba a ser más difícil de lo que yo había imaginado en mis peores pesadillas.

REGRESO A DOWNING STREET: CONSULTAS

Llegué al Número 10 inmediatamente antes de mediodía del miércoles, 21 de noviembre. Siguiendo la indicación de Peter Morrison, había convenido en que vería a los miembros del Gabinete uno por uno tras mi regreso. Se efectuaron las disposiciones precisas tan pronto como regresé a Londres, donde las apariencias iniciales eran decepcionantes. El personal del Número 10 aplaudió y vitoreó cuando llegué; uno de mis partidarios me había enviado mil rosas rojas; y a medida que el largo día fue transcurriendo, un flujo ininterrumpido de ramos de flores se fue acumulando por los pasillos y las escaleras.

Me dirigí directamente al apartamento para ver a Denis. El afecto jamás melló la sinceridad entre nosotros. Me aconsejó que me retirara. «No sigas, cariño», me dijo. Pero yo sentía que tenía que seguir luchando. Mis amigos y mis partidarios esperaban de mí que luchara, y yo se lo debía mientras existiera una posibilidad de victoria. Pero, ¿la había?

Después de algunos minutos, bajé al estudio con Peter Morrison; al poco rato se nos unieron Norman Tebbit y John Wakeham. Norman compartió conmigo su evaluación. Dijo que era muy difícil saber cómo votarían los parlamentarios, pero que muchos lucharían hasta el final por mí. Mi zona de mayor debilidad estaba entre los ministros del Consejo. El objetivo tenía que ser el de parar los pies a Michael Heseltine, y Norman opinaba que yo tenía todas las posibilidades de hacerlo. Yo a mi vez le hablé con mucha franqueza. Le dije que si me fuera posible ver el fin de la crisis del Golfo y la reducción de la inflación, sería capaz de elegir el momento de mi partida. Desde la perspectiva que proporciona el tiempo, me doy cuenta de que esto no era sino una clave que les aseguraba que yo dimitiría poco después de las siguientes elecciones.

Sin embargo, teníamos que tener en cuenta otras posibilidades. Si Michael Heseltine era una posibilidad impensable, ¿quién sería la persona idónea para cerrarle el paso? Ni Norman ni yo creíamos que Douglas pudiera derrotar a Michael. Además, por mucho que yo admirara la personalidad de Douglas y su capacidad, y por muy agradecida que le estuviera por su lealtad, yo dudaba que pudiera continuar las políticas en las que yo creía. Y aquello era un factor esencial para mí; de hecho, fue la consideración que me llevó a mirar con buenos ojos a John Major. ¿Qué posibilidades tenía él? Si yo me retirara, ¿sería él capaz de ganar? Sus posibilidades, en el mejor de los casos, seguían siendo inciertas. Por tanto, llegué a la conclusión de que la opción correcta era que yo siguiera luchando.

John Wakeham dijo que tendríamos que pensar en la reunión más amplia que estaba a punto de empezar. Tendría que prepararme para el razonamiento de que, si yo luchaba, sufriría una humillación. Era la primera ocasión en la que oiría este razonamiento aquel día, pero no la última. El propio John sentía cierta inclinación a rechazar esta lógica —dijo que uno no podía ser humillado por el hecho de luchar por aquello en lo que uno creía— al menos mientras que este hecho no fuera más que hipotético.

Norman, John, Peter y yo bajamos a continuación a la Sala del Consejo, donde se nos unieron Ken Baker, John MacGregor, Tim Renton, Cranley Onslow y John Moore. Ken abrió la discusión diciendo que la clave del asunto consistía en ver cómo parar a Michael Heseltine. En su opinión, yo era la única persona que podría hacerlo. Douglas Hurd no deseaba el puesto con suficiente fuerza, y en cualquier caso representaba al ala antigua del partido. John Major atraería más apoyo: estaba más cerca de mis puntos de vista y tenía pocos enemigos, pero carecía de experiencia. Ken dijo que dos cosas eran necesarias para mi victoria: mi campaña necesitaba una revisión de primera magnitud, y yo tenía que comprometerme a estudiar de manera radical los cargos comunitarios. Se manifestó en contra de una campaña muy destacada en los medios de comunicación.

A continuación tomó la palabra John MacGregor. Dijo que había sondeado a los ministros del Consejo, quienes a su vez habían consultado con sus viceministros. Añadió que muy pocos tenían pensado modificar su apoyo, pero que el problema subyacente estribaba en que no tenían fe en mi éxito final. Les preocupaba el hecho de que el apoyo hacia mí se estaba erosionando. De hecho, me enteré más tarde de que ésta no era la imagen completa. John MacGregor había hallado que existía una gran minoría de ministros del Consejo cuyo apoyo era dudoso, ya fuera porque de hecho quisieran verme fuera o porque creyeran de verdad que no podría vencer a Michael Heseltine, o porque estuvieran a favor de algún otro candidato. No se creía con libertad para transmitir esta información con franqueza delante de Tim Renton, ni tampoco de Cranley Onslow, y no había logrado ponerse en contacto conmigo para darme esta información con anterioridad. Esto era importante, ya que, de haber conocido yo el estado real de las cosas en un momento anterior de aquel mismo día, quizás nos hubiéramos pensado mejor el asunto antes de solicitar individualmente el apoyo de los ministros del Consejo.

La conversación continuó. Tim Renton presentó una evaluación característicamente desalentadora. Dijo que la Oficina de los whips había recibido muchos mensajes de los diputados de las últimas filas y de los ministros, que decían que yo debería retirarme de la lucha. Dudaban que yo pudiera derrotar a Michael Heseltine, y querían un candidato que pudiera reunir el partido a su alrededor. Dijo que esta tendencia iba empeorando, pero admitió que, puesto que aún faltaban cinco días para la votación, se podría recuperar el apoyo por medio de una campaña mejor planteada y llevada por unos miembros más jóvenes.

Sin embargo, a continuación venía el resto de su mensaje. Dijo que Willie Whitelaw había solicitado verle. A Willie le preocupaba el hecho de que quizás me vería humillada en la segunda votación —era conmovedor ver que a tanta gente parecía preocuparle mi humillación— y le producía temor la posibilidad de que, aunque venciera por un pequeño margen, me resultaría difícil unir al partido. No quería llevar a cabo el papel del «hombre del traje gris». Sin embargo, de solicitársele, vendría a verme «en calidad de amigo».

Cranley Onslow procedió entonces a presentar su evaluación. Dijo que no traía ningún recado del comité en el sentido de que opinaran que me debiera retirar; si acaso, sucedía lo opuesto; pero tampoco deseaban transmitir ningún recado a Michael Heseltine. En efecto, puesto que la votación iba a seguir adelante y el resultado era incierto, el 1922 hacía profesión de neutralidad. Cranley presentó su propio punto de vista en el sentido de que la calidad de una administración Heseltine sería inferior a la de una administración dirigida por mí. En cuanto a los asuntos importantes, no opinaba que Europa fuera el principal: no sería esencial en unas elecciones generales. A la mayoría de la gente le preocupaban los cargos comunitarios, y él esperaba que se pudiera hacer algo sustancial en ese aspecto. Yo intervine para decir que no podía hacer un milagro en cinco días. John MacGregor me dio su apoyo; ahora yo no podía hacer una promesa creíble en cuanto a una revisión radical de los cargos comunitarios, por muy conveniente que pareciera.

John Wakeham dijo que la gran pregunta era si existía un candidato con más posibilidades de derrotar a Michael Heseltine. El no veía indicios en este sentido. Por tanto, todo dependía de un refuerzo a mi campaña, que no podía sino llegar a buen puerto si todos mis colegas luchaban con energía a mi favor. Tanto Ken Baker como John Moore manifestaron sus puntos de vista acerca de las personas a quienes tendría que ganarme. Ken observó que aquellos que temían que no podría ganar eran mis mejores partidarios; personas como Norman Lamont, John Gummer, Michael Howard y Peter Lilley. John Moore recalcó que yo necesitaba un compromiso total por parte de los ministros, especialmente de los viceministros, para lograr el éxito. Norman Tebbit llegó hasta el final. Al igual que Cranley, opinaba que Europa había perdido importancia en tanto que asunto de interés en la campaña para la jefatura del partido; el único otro asunto de política importante eran los cargos comunitarios, donde la promesa de acción por parte de Michael estaba resultando ser especialmente atrayente para los parlamentarios del Noroeste. A pesar de este extremo, sin embargo, Norman manifestó insistentemente que yo podría obtener más votos contra Michael, siempre y cuando mis principales colegas me dieran su apoyo.

El mensaje de la reunión, incluso el procedente de quienes me instaban a seguir luchando, era implícitamente desmoralizador. Aunque jamás había sido derrotada en unas elecciones generales, conservaba el apoyo del partido en el país y acababa de obtener el apoyo de una mayoría del partido en el Parlamento, lo mejor que de mí se podía decir, por lo que parecía, era que estaba mejor situada que otros candidatos para derrotar a Michael Heseltine. Sin embargo, ni tan siquiera esto estaba seguro, ya que quienes con más fuerza me apoyaban dudaban de que pudiera ganar, y otros creían que, incluso si lo lograba, sería incapaz de unir al partido más tarde para las elecciones generales. Además, sobre todo esto flotaba el tan temido asunto de la «humillación», al que con tanta frecuencia se invocaba, en el caso de que yo luchara y saliera derrotada. Levanté la sesión diciendo que reflexionaría sobre todo lo que se había dicho. Mirando hacia atrás, puedo ver que mi decisión se había visto debilitada por estas reuniones. De momento seguía inclinándome por seguir luchando. Sin embargo, me parecía que en realidad la decisión se tomaría en las reuniones que celebraría con mis colegas del Consejo aquella noche.

Antes tendría que redactar mi declaración para la Cámara sobre el resultado de la cumbre de París. Al salir del Número 10 dije a los periodistas reunidos en Downing Street: «Sigo luchando, luchando para ganar»; me resultó interesante ver en las noticias, algo más tarde, que en mi aspecto había mucha más decisión que en mis sentimientos.

La declaración no fue una ocasión fácil, salvo para la oposición. A la gente le interesaban más mis intenciones que mis palabras. Más tarde, regresé a mi despacho en la Cámara, donde me recibió Norman Tebbit. Ya era hora de que empezara a pedir apoyo para mi jefatura directamente. Norman y yo empezamos a hacer una ronda por el salón de té. Jamás había experimentado una atmósfera igual. Una y otra vez, oía lo siguiente: «Michael ya me ha pedido mi voto dos o tres veces; esta es la primera vez que le vemos a usted». Los miembros a los que conocía bien desde hacía muchos años parecían padecer los efectos del sortilegio de la adulación y las promesas de Michael. Al menos, esa fue mi primera reacción. Entonces me di cuenta de que muchos de estos eran partidarios que se quejaban de que no parecía que en mi campaña se estuviera luchando de verdad. Se mostraban desesperados ante nuestro aparente abandono.

Regresé a mi despacho. Para entonces ya no tenía ninguna ilusión en cuanto a lo mal que iban las cosas. Si quería tener alguna esperanza, tendría que dar un giro completo a mi campaña, incluso en aquella fase tardía. Por tanto, pedí a John Wakeham, que yo creía que tenía la autoridad y los conocimientos para hacerlo, que se hiciera con el mando. Dio su conformidad, pero me dijo que necesitaba gente que le apoyara: desde el punto de vista físico, jamás se había recuperado por completo de los efectos de la bomba de Brighton. De manera que se marchó a pedir a Tristan Garel-Jones y Richard Ryder —ambos habían tomado parte muy directamente en la campaña de 1989 para la jefatura del partido— que fueran sus principales lugartenientes. A continuación me entrevisté con Douglas Hurd, y le pedí formalmente que me nominara para la segunda votación. Dio su acuerdo a este extremo, inmediatamente y de buena gana. Acto seguido llamé por teléfono a John Major a su casa de las afueras de Huntingdon. Le dije que había decidido volver a presentarme y que Douglas iba a proponer mi candidatura. Pedí a John que apoyara mi nombramiento. Se produjo un momento de silencio. La vacilación se podía palpar. Sin duda, la extracción de las muelas del juicio le estaba causando problemas a John. A continuación dijo que si era eso lo que yo quería, que lo haría. Más tarde, mientras instaba a mis partidarios a que dieran a John su voto para la jefatura del partido, dije que él no había vacilado. Sin embargo, los dos sabíamos que la verdad era otra.

A continuación me dirigí a Palacio, donde la Reina me había concedido audiencia. Le informé de que me presentaría para la segunda votación, como de hecho aún tenía la intención de hacer. A continuación regresé a mi despacho en la Cámara para entrevistarme con los miembros del Consejo, uno por uno.

LOS PUNTOS DE VISTA DEL CONSEJO

Evidentemente, yo podría haber concentrado mis esfuerzos para la segunda votación con el fin de ganarme directamente a los diputados de las últimas filas. Quizás debería haberlo hecho. Sin embargo, las anteriores reuniones me habían persuadido de que era esencial movilizar a los ministros del Consejo, no sólo para dar su apoyo formal sino también para persuadir a los viceministros y a los diputados de las últimas filas de que me respaldaran. Sin embargo, al pedir su apoyo también me estaba poniendo a su merced. En el supuesto de que un número considerable de colegas del Consejo me negaran su apoyo, más tarde no habría manera de ocultar este hecho. Recordé una queja de Churchill, entonces primer ministro, a su Chief Whip, en el sentido de que los comentarios acerca de su dimisión dentro del Grupo parlamentario —en poco tiempo le sucedería Anthony Eden— estaban minando su autoridad. Sin dicha autoridad, no podría ser un primer ministro eficaz. Del mismo modo, cuando un primer ministro sabe que su Gabinete le ha retirado el apoyo ve su posición fatalmente debilitada. Yo sabía —y estoy segura de que también lo sabían ellos— que no permanecería ni una hora en el Número 10 de Downing Street de buena gana si no contara con auténtica autoridad para gobernar.

Como dije, ya había hablado con Douglas Hurd y John Major, aunque no había pedido su opinión directamente acerca de lo que debería hacer. Ya me había reunido con Cecil Parkinson tras regresar del salón de té. Me dijo que debería seguir en la lucha, que podía contar con su apoyo inequívoco y que la batalla sería dura, pero que yo podía ganar. Nick Ridley, que ya no formaba parte del Consejo pero cuya personalidad más que compensaba este hecho, también me aseguró su apoyo total. Ken Baker dejó claro su compromiso total hacia mi persona. El presidente de la Cámara de los Lores y lord Belstead, jefe de los lores, no eran en realidad actores de importancia en el juego. Y John Wakeham estaba a cargo de mi campaña. A todos los demás los vería en mi despacho de la Cámara de los Comunes.

A lo largo de las dos horas siguientes, aproximadamente, cada ministro del Consejo entró en mi despacho, se sentó delante de mí en el sofá y me manifestó sus puntos de vista. Casi sin excepción, su fórmula era la misma. Decían que personalmente me respaldarían, pero que lamentablemente no creían que yo pudiera ganar.

De hecho, como yo sabía muy bien, habían estado discutiendo acaloradamente lo que tenían que decir en las salas próximas al pasillo de la Sala de Consejo de los Comunes, situadas sobre mi propio despacho. Al igual que todos los políticos en situaciones difíciles, habían decidido qué «postura debían adoptar» y se aferrarían a ella pasara lo que pasara. Al cabo de tres o cuatro entrevistas, casi me sabía de memoria el estribillo. Sin embargo, a pesar de la monotonía de aquella canción, el tono y las reacciones humanas de quienes entraron en mi despacho aquella noche presentaban unos contrastes espectaculares.

Mi primer visitante ministerial ni tan siquiera era miembro del Consejo. Francis Maude, hijo de Angus y ministro de Estado en Asuntos Exteriores, a quien yo consideraba un aliado digno de fiar, me dijo que apoyaba con toda su alma aquellas cosas en las que yo creía, que me apoyaría mientras siguiera allí, pero que no creía que yo pudiera obtener la victoria. Se marchó un tanto trastornado; tampoco me había animado demasiado.

A continuación pasó Ken Clarke. Su actitud era robusta dentro del estilo brutal que ha dado en cultivar: el del amigo sincero. Me dijo que este método para cambiar de primer ministro era una farsa, y que por lo que a él respectaba, estaría dispuesto a darme su apoyo para cinco o diez años más. Sin embargo, la mayoría de los miembros del Consejo opinaban que debería retirarme. De no hacerlo, no sólo perdería sino que experimentaría una «tremenda derrota». De suceder aquello, el partido pasaría a Michael Heseltine y acabaría por dividirse. De manera que debía liberar a Douglas y a John de su obligación hacia mí para que pudieran presentarse, ya que cualquiera de los dos tenía más posibilidades que yo. A continuación, la parte sólida del partido podría reagruparse. En contra de los rumores persistentes, Ken Clarke no amenazó con dimitir en ningún momento.

Peter Lilley, evidentemente inquieto, entró a continuación. De resultas del mensaje que había recibido en París, yo sabía más o menos lo que podría esperar de él. Me anunció, tal como estaba previsto, que me daría su apoyo si me presentaba pero que mi victoria era inconcebible. No se debería permitir que Michael Heseltine se hiciera con la jefatura del partido; de ser así, todos mis logros se verían amenazados. La única manera de evitarlo era dejar paso a John Major.

Naturalmente, yo no había sentido demasiado optimismo en cuanto a Ken Clarke y a Peter Lilley, por motivos bastante diferentes. Sin embargo, había dado por perdido de antemano a mi siguiente visitante, Malcolm Rifkind. Tras la marcha de Geoffrey, Malcolm había sido quizás mi crítico personal más mordaz en el Consejo, y no suavizó sus críticas en esta ocasión. Me dijo sin rodeos que yo no podría ganar, y que o John o Douglas obtendrían mejores resultados. A pesar de todo, ni siquiera Malcolm se manifestó en mi contra. Cuando le pedí si obtendría su apoyo en caso de presentarme, me dijo que se lo tendría que pensar. De hecho, me dio su palabra de que jamás haría campaña en mi contra. Di gracias a Dios para mis adentros por estas pequeñas mercedes.

Tras tanta conmiseración, fue un alivio hablar a Peter Brooke. Como siempre, estuvo encantador, considerado y leal. Me dijo que me daría su pleno apoyo con independencia de lo que yo decidiera hacer. Al estar en Irlanda del Norte, no mantenía un contacto estrecho con la opinión parlamentaria y no podía ofrecer una visión autorizada de mis posibilidades. Sin embargo, opinaba que yo podría ganar si abría fuego en todos los frentes. ¿Qué sucedería si no se abriera fuego en todos los frentes? Esto era algo que yo misma empezaba a plantearme.

Mi siguiente visitante fue Michael Howard, otra estrella ascendente que compartía mis creencias. La versión que Michael presentó en cuanto al tema del Consejo fue mucho más fuerte y más alentadora. Aunque dudaba de mis posibilidades, no sólo me daría su apoyo sino que llevaría a cabo una enérgica campaña en mi nombre.

William Waldegrave, la persona a quien más recientemente había nombrado para el Gabinete, llegó a continuación. William estuvo muy solemne. No podía esperar mucho más de alguien que no compartía mi visión política. Sin embargo, declaró con gran sinceridad que no sería honorable aceptar un puesto en mi Gabinete una semana, y no darme su apoyo tres semanas más tarde. Votaría por mí mientras yo fuera candidata. Sin embargo, tenía malos presentimientos en cuanto al resultado. Sería una catástrofe que las políticas de cabildeo predominaran, lo cual, por supuesto, no era sino otra forma de decir que se debería mantener alejado a Michael Heseltine.

En aquel momento, me entregaron una nota de John Wakeham, que deseaba hablarme urgentemente. Por lo que parecía, la situación era mucho peor de lo que él había creído. Esto no me causó ninguna sorpresa. Desde mi perspectiva, las cosas no tenían un aspecto mucho más halagüeño.

John Gummer entró a continuación. Su postura, a primera vista, no era fácil de prever. Era un europeo apasionado, pero aparentemente compartía conmigo la misma filosofía general de gobierno. De hecho, yo sentía una cierta curiosidad sobre cómo resolvería esta tensión. Sin embargo, repitió la fórmula habitual de que me apoyaría si yo decidía presentarme, pero que como amigo tenía que advertirme que yo no podía ganar, y que por tanto debería retirarme y dejar que se presentaran John y Douglas.

Después de John Gummer pasó Chris Patten. Chris y yo habíamos colaborado durante muchos años, desde cuando él era director del Departamento de Investigación de Partido Conservador y hasta que lo llamé a formar parte del Gabinete en 1989. Sabía manejar las palabras, y quizás este hecho me había convencido con excesiva facilidad de que él y yo siempre las interpretábamos de la misma manera. Sin embargo, era un hombre de izquierdas. Por tanto, me hubiera resultado difícil quejarme cuando me dijo que me apoyaría pero que no podría vencer, y demás.

Incluso en los melodramas se producen intervalos; incluso en Macbeth tiene lugar la escena del portero. A continuación mantuve una breve conversación con Alan Clark, ministro de Estado en el Ministerio de Defensa y amigo galante, que se pasó por mi despacho para darme ánimos y alentarme con el consejo de que debería seguir adelante, costara lo que costara. Lamentablemente, continuó diciendo que debería seguir adelante a pesar de que no tenía posibilidad de ganar, ya que era mejor desaparecer en un resplandor de gloriosa derrota que apagarse silenciosamente. Dado que yo no sentía una especial simpatía por los finales wagnerianos, estas palabras me animaron muy escasamente. Sin embargo, me alegró contar con alguien decididamente a mi favor, incluso en la derrota.

Para entonces, John Wakeham y Ken Baker vinieron a hablarme; las noticias que traían no eran buenas. John me dijo que ahora dudaba que yo pudiera obtener el apoyo del Consejo. Lo que yo había podido oír no sugería que estuviera equivocado. Añadió que había intentado reunir un equipo de campaña pero que no estaba teniendo éxito, ni tan siquiera en eso. Para entonces, yo ya me había dado cuenta de que no estaba tratando con oficiales de caballería del ejército polaco; sin embargo, me sorprendió que ni Tristan Garel-Jones ni Richard Ryder estuvieran dispuestos a actuar en calidad de lugartenientes de John debido a que no creían que yo pudiera ganar.

Tristan Garel-Jones, por supuesto, había trabajado en mi equipo electoral el año anterior, cuando mi posición no se veía seriamente amenazada. No obstante, me consideraba incapaz de sentir una auténtica decepción respecto a él en aquel momento. Su visión de la política conservadora siempre había sido la de que la línea de menor resistencia es el mejor camino, y supongo que se estaba limitando a ser fiel a sus principios. Sin embargo, sentí una fuerte impresión personal además de política al enterarme de que Richard, que había llegado conmigo al Número 10 hacía tantos años en calidad de mi secretario político, y al que yo había hecho ascender con toda la rapidez que la decencia permitía, estaba desertando nada más oír el primer barrunto de metralla.

Ken Baker informó a continuación de que la situación se había deteriorado desde nuestra conversación de aquella mañana. Se había encontrado con entre diez y doce miembros del Consejo que no opinaban que yo pudiera ganar. Y si era eso lo que opinaban, el entusiasmo no sería suficiente para salir vencedores. A pesar de todo, él creía que yo debería continuar. Sin embargo, dejó escapar la sugerencia de Tom King —que yo misma podría oír de los labios de Tom algo más tarde— de que debería prometer retirarme después de las Navidades en el supuesto de que llegara a vencer. La idea era que de esta manera yo podría llevar a su fin la guerra del Golfo. Era algo que yo no podía aceptar; no tendría ninguna autoridad mientras tanto, y necesitaría toda la autoridad posible para las batallas venideras en la Comunidad Europea.

Cuando John y Ken se hubieron marchado, entró Norman Lamont y repitió el estribillo. Dijo que la situación no tenía solución. Todo lo que habíamos logrado en relación con la industria y con Europa correría peligro en el caso de que Michael Heseltine lograra la victoria.

A continuación pasó John MacGregor, y con algo de retraso me informó de que yo carecía de apoyo en el Consejo, información que se había sentido incapaz de transmitirme en un momento anterior del día. También renunció a cualquier originalidad y se ciñó a la fórmula. Tom King dijo lo habitual, aunque con más calor que la mayoría. Añadió la sugerencia insinuada por Ken Baker de que yo debería ofrecer mi renuncia en alguna fecha futura específica. Yo rechacé la sugerencia, pero agradecí la diversión.

En cualquier circunstancia, fue un alivio ver a David Waddington entrar y tomar asiento en el sofá. Era éste un amigo constante, pero, como pronto pude ver, invadido por la más profunda de las turbaciones. Los instintos de David le decían que había que seguir luchando. Para él, el razonamiento de que no se debía uno incorporar a aquella batalla, porque había probabilidades de derrota, no resultaba tan atractivo como para algunos de sus colegas. No era una evasión, ni una amenaza camuflada, ni una manera de abandonar mi causa sin admitirlo. Era un reconocimiento, de mala gana, de la realidad. Sin embargo, en tanto que antiguo Chief Whip —y con qué frecuencia había deseado yo en días recientes que hubiera seguido ostentando ese cargo— sabía que su apoyo para mí en el Consejo se había venido abajo. David dijo que quería que yo ganara y que me apoyaría, pero que no garantizaba una victoria. Salió de mi despacho con lágrimas en los ojos.

La última entrevista fue con Tony Newton, quien, aunque manifiestamente nervioso, casi logró declamar el estribillo acordado. No creía que yo pudiera ganar, etc., etc. Para entonces, tampoco lo creía yo. John Wakeham volvió a entrar, y glosó lo que me había dicho antes. Yo había perdido el apoyo del Consejo. Ni siquiera podía reunir un equipo de campaña creíble. Había llegado el final.

Me sentía descorazonada. Podría haberme resistido ante mis oponentes y mis rivales en potencia, e incluso haberles respetado por el hecho de serlo; pero lo que me dolía era la huida de aquellos a quienes siempre había considerado como amigos y aliados, y las palabras equívocas con las que habían intentado transformar su traición en consejos sinceros y preocupación por mi suerte. Dicté una breve declaración de dimisión para su lectura durante la reunión del Consejo del día siguiente. Sin embargo, dije que volvería al Número 10 para hablar con Denis antes de tomar mi decisión final.

Estaba preparándome para regresar cuando llegó Norman Tebbit con Michael Portillo. Michael era ministro de Estado en el Ministerio de Energía, y ostentaba la responsabilidad correspondiente al gobierno local y a los cargos comunitarios. Era, sin posibilidad de cualquier sospecha, un ardiente defensor de todo lo que nosotros representábamos. Intentó convencerme de que el Consejo estaba interpretando equivocadamente la situación, de que se me estaba engañando y que con una campaña enérgica aún sería posible cambiar las cosas. Con sólo una gota de este espíritu en puestos más altos, la cosa verdaderamente hubiera resultado posible; pero sencillamente allí no se podía encontrar. A continuación, otro grupo leal del Grupo de parlamentarios vino a mi despacho: estaba compuesto por George Gardiner, John Townend, Edward Leigh, Chris Chope y varios otros. Me traían un mensaje parecido al de Michael. Agradecí inmensamente su apoyo y su cordialidad, y les dije que pensaría en lo que debía hacer. Entonces, por fin, regresé al Número 10.

LA DIMISIÓN

Subí a ver a Denis nada más regresar. No había mucho que decir, pero me consoló. Me había dado su propio veredicto anteriormente, y resultó que tenía razón. Después de algunos minutos, bajé a la Sala del Consejo para empezar a trabajar en el discurso que tendría que pronunciar en el debate de Censura del día siguiente. Mi despacho privado ya había elaborado un primer borrador, concebido en unas circunstancias muy distintas. Norman Tebbit y —no sé por qué motivo— John Gummer vinieron a ayudarme. La situación era dolorosa. De cuando en cuando, tenía que secarme alguna lágrima cuando me abrumaba la enormidad de lo que había sucedido.

Mientras trabajábamos hasta altas horas de la noche, Michael Portillo volvió con Michael Forsyth y Michael Fallon, otros dos amigos leales hasta el último momento. No se les permitió verme, ya que estaba ocupada con la redacción del discurso. Sin embargo, cuando me dijeron que se les había dicho que se marcharan, dije que por supuesto que les recibiría, y se les dijo que regresaran. Llegaron alrededor de medianoche, e intentaron en vano convencerme de que no todo estaba perdido.

Antes de acostarme aquella noche, insistí en la importancia de cerciorarse de que los documentos para la propuesta de John Major estuvieran listos para su presentación antes de la fecha límite si de hecho yo me retiraba. Dije que consultaría mi propia dimisión con la almohada, como lo hacía siempre con los asuntos importantes, antes de tomar una decisión final; pero que sería muy difícil prevalecer si los ministros del Gabinete no ponían su corazón en la campaña.

A las siete y media de la mañana siguiente —el jueves 22 de noviembre— llamé por teléfono a Andrew Turnbull para decirle que por fin me había decidido a dimitir. El despacho privado puso en marcha el plan de acción que ya se había acordado para obtener una audiencia con la Reina. Peter Morrison habló por teléfono con Douglas Hurd y John Major para informarles de mi decisión. John Wakeham y Ken Baker también fueron informados. Di mi visto bueno al texto de la nota de prensa que se emitiría más tarde aquella mañana; dediqué media hora a una sesión informativa un tanto desorganizada con Bernard, Charles y John para las preguntas en la Cámara; luego, justo antes de las nueve de la mañana, bajé para presidir mi última reunión del Consejo de Ministros.

Generalmente, los ministros solían hacer corrillos en la antecámara de la sala del Consejo, bromeando y discutiendo. En esta ocasión, reinaba el silencio. Estaban de pie, dando la espalda a la pared y mirando en todas las direcciones salvo la mía. Se produjo un breve retraso: John MacGregor estaba atascado en el tráfico. A continuación, el Gabinete entró en fila india, siempre en silencio, a la Sala del Consejo.

Dije que tenía una declaración que pronunciar. Entonces la leí en alta voz:

Tras efectuar extensas consultas entre mis colegas, he llegado a la conclusión de que la unidad del partido y las perspectivas de triunfo en unas elecciones generales se beneficiarían si yo me retirase, con el fin de permitir que mis colegas del Gabinete presenten su candidatura a la jefatura del partido. Deseo dar las gracias a todas las personas de dentro y fuera del Gabinete que me han entregado su dedicación y su apoyo.

El presidente de la Cámara de los Lores leyó a continuación un elogio de mi persona, que los ministros acordaron constara en las actas de la reunión del Gabinete. Durante gran parte de aquel día y de los días siguientes, me sentía como si estuviera soñando en lugar de experimentar en la realidad todo lo que sucedió. De cuando en cuando, no obstante, me abrumaba la emoción de los sucesos y me deshacía en lágrimas. La lectura del homenaje del presidente de la Cámara de los Lores fue uno de estos momentos difíciles. Cuando él hubo terminado y yo recuperé mi compostura, dije que era esencial que el Gabinete se mantuviera unido para salvaguardar todo aquello en lo que creíamos. Por eso me estaba retirando. El Gabinete debería unirse para dar su apoyo a la persona que tuviera más probabilidades de derrotar a Michael Heseltine. Al retirarme, yo había permitido que se presentaran otras personas que no llevaban la carga de un legado de amargura por parte de los ex ministros que habían sido despedidos. La unidad del partido era esencial. Con independencia de que fueran uno, dos o tres los colegas que se presentaran, era esencial que el Gabinete se mantuviera unido y diera su apoyo a sus favoritos dentro de ese espíritu.

Ken Baker, en nombre del partido, y a continuación Douglas Hurd en su calidad de miembro más antiguo del Gabinete, pronunciaron su propios breves homenajes. Yo ya no podía soportar más palabras de este tipo, ya que temía que perdería mi compostura por completo, y puse fin a la sesión manifestando la esperanza de poder ofrecer al nuevo jefe mi apoyo leal y total. A continuación se produjo un descanso de diez minutos para efectuar llamadas de cortesía a los despachos del presidente de la Cámara, del jefe de la oposición y del jefe del Partido Liberal (no se pudo encontrar a Jim Molyneaus, de los sindicalistas); se hizo pública la correspondiente declaración a las nueve y veinticinco de la mañana.

Acto seguido, la reunión del Gabinete continuó. Fue prácticamente rutinaria. Los asuntos tratados iban desde temas triviales —una reunión del Consejo de ministros de Pesca malograda por incompetencia de la presidencia italiana— a unos asuntos de enorme importancia, como la decisión de aumentar el número de nuestras fuerzas en el Golfo por medio del envío de una segunda brigada armada. De alguna manera, pude llegar al final concentrándome en los detalles y la reunión oficial del Gabinete se terminó alrededor de las diez y cuarto. Sin embargo, invité a los ministros a que siguieran allí un rato. Me causó un gran alivio la posibilidad de mantener una conversación más o menos normal sobre el asunto que ocupaba nuestras mentes, esto es, los posibles resultados de la segunda votación, mientras tomábamos café.

Después de la reunión del Gabinete, firmé misivas personales para los presidentes Bush y Gorbachov, los jefes de gobierno de la Comunidad Europea y del Grupo de los Siete, y también para varios dirigentes de la zona del Golfo. Para entonces, Douglas y John estaban dedicados activamente a la organización de sus campañas, ya que ambos habían optado por presentarse.

Luego me dediqué a redactar un discurso para el debate de aquella tarde. Para entonces, empezaba a sentir que me había quitado un gran peso de encima. Un debate de censura hubiera sido una prueba tremenda de haber seguido adelante con tantos miembros del Gabinete, viceministros y diputados de las últimas filas en mi contra. Sin embargo, ahora que había anunciado mi marcha, volvería a disfrutar del apoyo unido del partido tory. Ahora todo iría como la seda hasta el final. Además, puesto que ésta sería mi última gran actuación parlamentaria en tanto que primer ministro, tomé la decisión de defender los logros de los once últimos años con el mismo espíritu con el que había luchado por ellos.

Tras una breve audiencia con la Reina, regresé al Número 10 para almorzar. Dediqué algunos minutos a tomar una copa con los miembros de mi personal en el estudio. De repente, me di cuenta de que también ellos tenían un futuro en el que pensar, y me vi consolándoles a ellos casi en la misma medida en que ellos intentaban consolarme a mí. Crawfie había empezado a hacer las maletas. Joy estaba clasificando los asuntos pendientes correspondientes al distrito electoral. Denis estaba vaciando su escritorio. Sin embargo, yo tenía más deberes públicos que llevar a cabo. Celebré mi reunión informativa habitual para las preguntas, y a continuación me puse de camino hacia la Cámara pocos minutos antes de las dos y media de la tarde.

FIN DE LA REPRESENTACIÓN

Nadie puede comprender la política británica si no comprende el funcionamiento de la Cámara de los Comunes. La Cámara no es un órgano legislativo cualquiera. En ocasiones especiales, se convierte en el centro casi místico del sentimiento nacional. Tal como lo demostrarán los comentarios aparecidos en la prensa y las reflexiones de quienes estuvieron presentes, no era yo la única que percibía la emoción concentrada de aquella tarde. Además, parecía que esta misma intensidad, mezclada con el sentimiento de alivio por haber llegado al final de mi gran lucha contra unos obstáculos crecientes, prestó alas a mis palabras. A medida que iba respondiendo a las preguntas, mi seguridad fue aumentando poco a poco.

A continuación tomé asiento para recuperar aliento y escuchar el discurso inicial de Neil Kinnock dentro del debate de censura. El señor Kinnock, en todos sus años de jefe de la oposición, jamás me decepcionó. Hasta el final mismo, siempre pronunció las palabras menos apropiadas. En aquella ocasión pronunció un discurso que podría haber valido si yo hubiera anunciado mi intención de presentarme a la segunda votación. Era el habitual discurso rimbombante y partidista. Una concesión a la generosidad que la Cámara suele sentir en tales ocasiones (y que su propio diputado de las últimas filas Dennis Skinner, en absoluto un moderado y con quien yo desde hacía mucho tiempo practicaba la lucha verbal, estaba a punto de manifestar durante una intervención memorable) podría haber explotado la incomodidad que se sentía ir creciendo en los bancos tories. Podría haberme desarmado, haciéndome perder el control de mis emociones, que ya tenía casi perdido. En vez de esto, sin embargo, consiguió llenarnos a mí y a los bancos que me apoyaban de su propia indignación partidista y por tanto intensificó la unidad tory recién recuperada; dadas las circunstancias, el logro fue considerable, aunque perverso.

El discurso que pronuncié a continuación no pasará a los anales por su elocuencia. Cuando se lee su transcripción, resulta ser una enérgica defensa del historial del Gobierno que responde, punto por punto, al ataque de la oposición, y que debe más al Departamento de Investigación del Partido Conservador que a Burke. Sin embargo, para mí, en aquel momento, cada frase formaba parte de mi alegato ante el tribunal de la historia. Era como si estuviera hablando por última vez, y no sólo por última vez en tanto que primer ministro. Y aquel poder de convicción se pudo transmitir y grabar en las mentes de quienes estaban presentes en la Cámara.

Tras las palabras partidistas habituales dirigidas a quienes desde la oposición interrumpían para hacer preguntas molestas, volví a manifestar mis creencias en cuanto a Europa y a reflexionar sobre los cambios enormes que se habían producido en el mundo desde mi llegada al Número 10. Dije:

Hace diez años, la parte oriental de Europa estaba bajo el poder totalitario; sus pueblos no conocían ni derechos ni libertades. En la actualidad, contamos con una Europa donde la democracia, el imperio de la ley y los derechos humanos fundamentales se van extendiendo sobre una zona cada vez más amplia; donde la amenaza a nuestra propia seguridad por parte de las fuerzas convencionales abrumadoras del Pacto de Varsovia ha sido eliminada; donde el Muro de Berlín ha sido derribado, y la Guerra Fría ha llegado a su fin.

Estos cambios enormes no se han producido por casualidad. Han sido logrados por medio de la fuerza y la resolución en la defensa, y por una negativa a dejarse intimidar. Nadie en Europa del Este cree que sus países serían libres si no fuera por aquellos gobiernos occidentales que estaban dispuestos a defender la libertad, y que mantuvieron viva la esperanza de que algún día también la Europa del Este sería libre.

Mis reflexiones finales se centraron en las guerras de las Malvinas y del Golfo; esta segunda era la guerra que entonces nos estábamos disponiendo a librar.

Hay otra cosa que se puede sentir. Es la sensación del destino de este país: los siglos de historia y experiencia que aseguran que, cuando se deben defender los principios, cuando se ha de apoyar al bien y de vencer al mal, Gran Bretaña empuñará las armas. El hecho de que quienes estamos en este bando nunca hayamos dudado ante las decisiones difíciles hace que hoy esta Cámara y este país puedan confiar en este Gobierno.

Tal fue mi defensa del historial del Gobierno que yo había encabezado durante once años y medio, al que había llevado a la victoria en tres elecciones, que había sido el pionero de la nueva ola de libertad económica que estaba transformando a los países desde el este de Europa hasta Australasia, que había devuelto a Gran Bretaña su reputación en tanto que fuerza con la que se tenía que contar a nivel internacional, y que en el momento mismo en que nuestra victoria histórica en la Guerra Fría se estaba ratificando en la Conferencia de París había decidido prescindir de mis servicios. Me senté entre los vítores de mis colegas, comprometidos o no, aliados u oponentes, valientes o timoratos; y, con estos vítores resonando en mis oídos, empecé a pensar en lo que haría a partir de entonces.

LA DESPEDIDA

Sin embargo, aún me quedaba un deber por llevar a cabo, y éste era el de cerciorarme de que John Major fuera mi sucesor. Yo quería —necesitaba, quizás— creer que era el hombre adecuado para asegurar y salvaguardar mi legado y llevar adelante nuestra política. Así que sentí malestar cuando me enteré de que algunos de mis amigos estaban pensando en votar por Michael Heseltine. Desconfiaban del papel que habían tenido en mi caída ciertas personas que apoyaban a John Major, tales como Richard Ryder, Peter Lilley, Francis Maude y Norman Lamont. También opinaban que Michael Heseltine, a pesar de sus defectos, era un peso pesado que podía hacer sentir su presencia en una sala tal como le corresponde hacerlo a un mandatario. Yo hice todo lo posible para hacerles cambiar de opinión, no sólo durante el transcurso de conversaciones privadas, sino también durante el almuerzo que celebré el lunes para las personas que me apoyaban. En la mayoría de los casos, obtuve resultados positivos.

Antes de ese momento, no obstante, tenía que viajar a Chequers para pasar mi último fin de semana allí. Llegué a Chequers el sábado por la tarde, tras emprender el viaje después de un almuerzo íntimo muy animado que compartí con mi familia y algunos amigos en el Número 10. El domingo por la mañana Denis y yo fuimos a la iglesia, mientras que Crawfie llenaba un Range Rover de sombreros, libros, y una enorme variedad de pertenencias personales que había que transportar a nuestra casa de Dulwich. Gersons se llevó nuestras pertenencias más voluminosas. Denis y yo compartimos un aperitivo con el personal de Chequers para despedirnos de ellos y agradecerles toda su amabilidad demostrada a lo largo de los años. Había disfrutado mucho con Chequers y sabía que lo echaría de menos. Decidí recorrer las habitaciones una última vez, y así lo hice, acompañada de Denis, mientras se iba apagando aquella tarde de invierno.

Desde el momento en que hube anunciado mi dimisión, el interés público, como es natural, se centró en la identidad de mi sucesor. Como ya he dicho, hice todo lo posible para lograr apoyo para John sin decir en público que yo deseaba que ganara. Más o menos a partir de este momento, no obstante, pude observar que había una cierta ambigüedad en su postura. Por una parte, era comprensible su preocupación por atraerse a las personas que me apoyaban. Por la otra, su campaña deseaba recalcar que John era una persona independiente. Una broma sobre mis habilidades con el «mando a distancia» —hecha en el contexto de los comentarios acerca del Golfo— causó un revuelo de preocupación entre los seguidores de Major. Lamentablemente, esta sería la forma que tomaría el porvenir.

No obstante, me produjo auténtico deleite el resultado cuando lo conocí: John Major, 185 votos; Michael Heseltine, 131; y Douglas Hurd, 56. Desde el punto de vista oficial, a John le faltaban dos votos; sin embargo, a los pocos minutos Douglas y Michael anunciaron que le darían su apoyo en la tercera votación. Era de hecho el nuevo primer ministro. Yo le di la enhorabuena y me uní a la fiesta en el Número 10. Sin embargo, no me quedé mucho tiempo: ésta era su noche, no la mía.

El miércoles 28 de noviembre fue mi último día como primera ministra. El equipaje estaba prácticamente hecho. A primera hora de aquella mañana, bajé de mi apartamento al estudio por última vez para comprobar que no se nos olvidaba nada. Me produjo una fuerte sensación ver que no podía entrar, porque ya se había retirado la llave de mi llavero. A las nueve y diez, bajé a la entrada principal. (Tenía que estar en Palacio poco después para mi última audiencia con la Reina). Al igual que en el día de mi llegada, todo el personal del Número 10 estaba reunido allí. Estreché las manos de mis secretarios privados y de aquellas otras personas que tan bien había llegado a conocer a lo largo de los años. Algunas de ellas lloraban. Intenté retener mis propias lágrimas, pero empezaron a correr tan pronto como crucé el vestíbulo pasando al lado de quienes me aplaudían cuando dejaba mi cargo, de la misma manera que me habían recibido once años y medio antes, cuando tomé posesión del mismo.

Antes de salir, y flanqueada por Denis y Mark, me paré un momento para poner en orden mis pensamientos. Crawfie me borró una mancha de rímel que había en mi mejilla, huella evidente de una lágrima que yo no había podido retener. Se abrió la puerta, dejándonos a la vista de la prensa y los fotógrafos. Salí y me coloqué ante el grupo de micrófonos, y leí una breve declaración que acababa como sigue:

Ha llegado el momento de iniciar un nuevo capítulo, y yo le deseo a John Major toda la suerte del mundo. Contará con una ayuda espléndida, y tiene todas las características distintivas de un gran primer ministro, que estoy segura que es lo que en breve será.

Saludé y entré en el coche con Denis a mi lado, donde siempre ha estado; y el automóvil nos llevó a través de la prensa, de la policía y de las altas verjas negras de Downing Street; lejos de las carpetas rojas de documentos oficiales y las preguntas parlamentarias, de las cumbres y las conferencias del partido, de los presupuestos y las comunicaciones, de los salones de gala y de los teléfonos confidenciales, y hacia el destino desconocido que el futuro pudiera deparar.

Cronología

1979 |
3 de mayo | Elecciones generales.
7 de junio | Elecciones europeas.
12 de junio | Presupuesto de 1979. Se reduce el tipo normalizado del impuesto sobre la renta al 30 por ciento y el tipo máximo al 60 por ciento.
28 de junio | Cumbre del Grupo de los Siete en Tokio.
1-8 de agosto | Conferencia de Jefes de Gobierno de la Commonwealth en Lusaka.
27 de agosto | Asesinato de lord Mountbatten / Bomba en Warrenpoint.
23 de octubre | Geoffrey Howe anuncia que han sido abolidos los controles de cambio que aún quedaban en vigor.
29-30 de noviembre | Consejo Europeo en Dublín: discusiones sobre el presupuesto.
16 de diciembre | Viaje de dos días a Washington de la primera ministra y lord Carrington.
25 de diciembre | Afganistán: la URSS comienza la invasión.

1980 |
2 de enero | Empieza la huelga siderúrgica. Acaba el 3 de abril.
5 de mayo | El SAS irrumpe en la embajada de Irán.
2 de junio | El Gabinete aprueba en acuerdo presupuestario de la CE.
22 de junio | Cumbre del Grupo de los Siete en Venecia.
22 de septiembre | Comienza la guerra de Irán en Irak.
10 de octubre | La primera ministra se dirige a la Conferencia de los Conservadores en Brighton: «La dama no dará marcha atrás».
27 de octubre | Comienzo de la primera huelga de hambre en la prisión de Maze. Termina el 18 de diciembre.
4 de noviembre | EE. UU.: Ronald Reagan elegido presidente.
8 de diciembre | Cumbre anglo-irlandesa en Dublín.

1981 |
5 de enero | Norman St. John Stevas y Angus Maude abandonan el gobierno. Francis Pym se convierte en lider del partido en la Cámara de los Comunes, John Nott va a Defensa. Leon Brittan entra a formar parte del Gabinete como primer secretario.
10 de febrero | La NCB anuncia cierres en las minas. El Gobierno anuncia la retirada del plan de la NCB el 18 de febrero.
1 de marzo | Bobby Sands comienza la segunda huelga de hambre del IRA. Finaliza el 3 de octubre tras 10 muertes; bomba en ChelseBarracks.
10 de marzo | Presupuesto 1981.
26 de marzo | Formación del SPD. Formación de la Alianza el 16 de junio.
30 de marzo | Carta de 364 economistas criticando la política económica.
11-14 de abril | Disturbios en Brixton.
10 de mayo | François Mitterrand elegido presidente de Francia.
3 de julio | Disturbios en Southall. Distubios en Toxteth y en Moss Side del 4 al 8 de julio.
20 de julio | Se inicia la cumbre del Grupo de los Siete en Ottawa.
23 de julio | Discusiones en el Gabinete para el gasto público.
14 de septiembre | Reorganización ministerial: Ian Gilmour, Mark Carlisle y lord Soames abandonan el Gobierno. Nigel Lawson, Norman Tebbit y Cecil Parkinson entran a formar parte del Gabinete de ministros. Jim Prior nombrado para Irlanda del Norte.
30 de septiembre | Se inicia la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Commonwealth en Melbourne.
13 de diciembre | Polonia: se declara la ley marcial.

1982 |
25 de marzo | Roy Jenkins gana en Glasgow, en las elecciones parciales de Hillhead.
2 de abril | Argentina invade las islas Malvinas.
3 de abril | Debate del sábado en los Comunes sobre las Malvinas. Aprobación de la Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU.
5 de abril | Las primeras unidades navales dejan Portsmouth. Lord Carrington y otros funcionarios de Asuntos Exteriores dimiten. Francis Pym pasa a ser ministro de Asuntos Exteriores y John Biffen, lider del partido en la Cámara de los Comunes.
25 de abril | Se recupera Georgia del Sur.
2 de mayo | El HMS Conqueror hunde al General Belgrano.
4 de mayo | El HMS Sheffield fue alcanzado por un Exocet.
21 de mayo | Tropas británicas desembarcan en San Carlos.
5 de junio | Se inicia la cumbre del Grupo de los Siete en Versalles.
14 de junio | Cae Port Stanley. Rendición argentina
20 de julio | Bombas en Hyde Park y en Regent’s Park.
26 de julio | Misa de acción de gracias en Saint Paul.
17 de septiembre | Alemania Occidental: cae el gobierno de Helmut Schmidt. Le sucede como canciller Helmut Kohl.
20 de septiembre | La primera ministra inicia una visita a Japón, China y Hong Kong.

1983 |
6 de enero | Reorganización ministerial: John Nott dimite, Michael Heseltine va a Defensa, Tom King a Medio Ambiente.
23 de marzo | EE. UU.: el presidente Reagan anuncia la SDI.
28 de mayo | Se inicia la cumbre del Grupo de los Siete en Williamsburg.
9 de junio | Elecciones generales.
11 de junio | Formación del nuevo Gobierno: Nigel Lawson, ministro de Hacienda; Leon Brittan, ministro del Interior; Geoffrey Howe, ministro de Asuntos Exteriores; cese de Francis Pym.
14 de octubre | Dimisión de Cecil Parkinson.
25 de octubre | EE. UU. invade Granada.
14 de noviembre | Llegan los misiles Cruise a Greenham.
4 de diciembre | Consejo Europeo en Atenas.
17 de diciembre | Bomba en Harrods.

1984 |
9 de febrero | URSS: muerte de Andropov. La primera ministra asiste al funeral.
8 de marzo | Comienza la huelga de los mineros.
25 de junio | Consejo Europeo en Fontainebleu: presupuesto.
10 de julio | Huelga portuaria nacional (finaliza el 20 de julio).
24 de agosto | Segunda huelga portuaria nacional (finaliza el 18 de septiembre).
12 de octubre | Bomba en Brighton.
25 de octubre | El Tribunal Supremo ordena el embargo de la NUM.
31 de octubre | India: asesinato de Indira Gandhi.
6 de noviembre | EE. UU.: reelección del presidente Reagan.
20 de noviembre | Vuelve a sacarse a flote la British Telecom.
15 de diciembre | Visita del señor y la señora Gorbachov a Chequers.
19 de diciembre | China: la primera ministra firma en Pekin el acuerdo de Hong Kong.

1985

20 de febrero
La primera ministra visita Washington y habla en una sesión conjunta del Parlamento

5 de marzo
Los mineros vuelven al trabajo.

11 de marzo
URSS: el señor Gorbachov nombrado nuevo líder soviético. La primera ministra viaja a Moscú para el funeral de Chernenko.

4 de abril
La primera ministra inicia una gira de siete días por el Lejano Oriente.

2 de mayo
Se inicia la Cumbre del Grupo de los Siete en Bonn.

2 de septiembre
Reorganización ministerial. Peter Rees, Patrick Jenkin y Lord Gowrie dejan el Gobierno. Norman Tebbit es el nuevo presidente del partido. Leon Brittan al Ministerio de Comercio e Industria. Douglas Hurd a Interior. Kenneth Clarke, John MacGregor y Kenneth Baker entraron a formar parte del Gabinete de ministros.

9 de septiembre
Dirturbios en Handworth (continuaron hasta el 10 de septiembre). Brixton, 28 de septiembre.

16-19 de septiembre
La primera ministra viaja a Egipto y Jordania.

25 de septiembre
Acuerdo Plaza para reducir el valor del dólar.

6-7 de octubre
Disturbios en Broadwater.

16-23 de octubre
Conferencia de Jefes de Gobierno de la Commonwealth en Nassau: discusión sobre Suráfrica.

24 de octubre
La primera ministra y el presidente Reagan hablan ante la Asamblea General de la ONU.

15 de noviembre
La primera ministra firma el Acuerdo angloirlandés en Hillsborough.

3 de diciembre
Consejo Europeo en Luxemburgo.

1986 |
9 de enero | Westland: dimisión de Michael Heseltine.
24 de enero | Westland: dimisión de Leon Brittan.
28 de enero | Publicación de la Community Charge Green Paper.
15 de abril | Ataque de los EE. UU. a Libia.
3-6 de mayo | La primera ministra visita Corea del Sur y asiste a la cumbre del Grupo de los Siete en Tokio.
21 de mayo | Reorganización ministerial. Dimisión de Keith Joseph. Kenneth Baker le sucede en el Ministerio de Educación.
24-27 de mayo | La primera ministra visita Israel.
3 de agosto | Cumbre especial de la Commonwealth en Londres sobre Suráfrica.
24 de octubre | Gran Bretaña rompe relaciones diplomáticas con Siria después del asunto Hindawi.
15-16 de noviembre | La primera ministra visita Camp David, después de la cumbre de Reykjavik.
5 de diciembre | Consejo Europeo en Londres.

1987 |
22 de febrero | Acuerdo Louvre para estabilizar el dolar.
28 de marzo | URSS: la primera ministra inicia un viaje de cinco días por la URSS (que finaliza el 2 de abril).
8 de junio | Inicio de la cumbre del Grupo de los Siete en Venecia.
11 de junio | Elecciones generales.
17 de julio | EE. UU.: la primera ministra visita al presidente Reagan en Washington.
6 de octubre | Conferencia del Partido Conservador: abandono de la decisión de aplicar por fases la tasa comunitaria.
13 de octubre | Conferencia de Jefes de Gobierno de la Commonwealth en Vancouver.
19 de octubre | «Lunes negro».
8 de noviembre | Bomba en Enninskillen: 11 muertos y 60 heridos.
7 de diciembre | La primera ministra mantiene conversaciones con Gorbachov en Brize Norton.
8 de diciembre | Firma en Washington del tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio.

1988 |
4-8 de enero | Viaje por África de la primera ministra.
10 de enero | Lord Whitelaw dimite por razones de salud.
7 de marzo | Se retira el límite a la libra esterlina.
15 de marzo | Presupuesto 1988. El tipo medio del impuestomsobre la renta se reduce en un 25 por ciento, el máximo se fija en el 40 por ciento.
Marzo | Cumbre de la OTAN en Bruselas.
6-8 de abril | La primera ministra visita Turquía.
18 de abril | Derrota de la enmienda presentada por Michael Mate para declarar ilegal la tasa comunitaria.
21 de mayo | La primera ministra dirige la palabra a la Asamblea General de la Iglesia de Escocia.
2 de junio | Los tipos de interés suben del 7,7 al 8 por ciento.
19-21 de junio | Cumbre del G7 en Toronto.
17 de julio | La primera ministra anuncia la reincorporación de Alan Water en calidad de asesor económico.
25 de julio | Reajuste ministerial. El ministerio de Sanidad y Seguridad Social se reparte entre Kenneth Clarke y John Moore.
30 de julio | La primera ministra inicia un recorrido de once días por Extremo Oriente y Australia.
20 de agosto | Bomba del IRA en Ballygawley, condado de Tyrone. La primera ministra da por terminadas sus vacaciones en Cornuelles.
20 de septiembre | Discurso de Brujas.
2 de noviembre | La primera ministra inicia una visita de tres días a Polonia.
8 de noviembre | George Bush es elegido presidente de los Estados Unidos.
17 de noviembre | La primera ministra visita Washington para despedir al presidente Reagan y entrevistarse con el presidente Bush.
21 de diciembre | Atentado de Lockerbie.

1989 |
31 de enero | Publicación del Libro Blanco de NHS (servicio nacional de salud).
27 de marzo | La primera ministra emprende una visita de seis días a África.
1 de abril | La primera ministra visita Namibia.
5 de abril | El señor Gorbachov emprende una visita de tres días al Reino Unido.
29-30 de mayo | Cumbre de la OTAN en Bruselas, por el cuarenta aniversario de la organización.
3 de junio | Matanza de la plaza de Tiananmen en China.
26 de junio | Consejo Europeo de Madrid.
14-16 de julio | Segundo Cetenario de la Revolución Francesa y cumbre del G7 en París.
24 de julio | Reajuste ministerial: John Moore, Paul Channon, Lord Young y George Younger salen del Gobierno. Geoffrey How pasa de Asuntos Exteriores a Lord Presidente y líder de la Cámara de los Comunes. Le sucede sucede John Major en Asuntos Exteriores.
19-22 de septiembre | La primera ministra visita Japón.
18-24 de octubre | Conferencia de Jefes de Gobierno de la Commonwealth en Kuala Lumpur.
26 de octubre | Dimisión de Nigel Lawson. John Major lo sustituye en Hacienda y Douglas Hurd recibe la cartera de Asuntos Exteriores.
9 de noviembre | Alemania Oriental anuncia la apertura de sus fronteras con Alemania Occidental. El 10 de noviembre comienza la demolición del muro de Berlín.
5 de diciembre | La primera ministra derrota a Sir Anthony Meyer en la votación por la jefatura del partido (314 votos contra 33, con 27 abstenciones).
10 de diciembre | Checoslovaquia: fin del régimen comunista.
22 de diciembre | Rumanía: caida de Ceausescu.

1990 |
2 de febrero | Suráfrica: el presidente De Klerk anuncia la legalización del Congreso Nacional Africano. Nelson Mandela sale en libertad el 11 de febrero.
31 de marzo | Dirturbios en Trafalgar Square.
24-25 de abril | La primera ministra visita Turquía en el setenta y cinco aniversario del desembarco de Gallipoli.
6 de julio | Cubre de la OTAN en Londres.
9 de julio | Cumbre del Grupo de los Siete en Houston.
14 de julio | Dimisión de Nick Ridley.
30 de julio | El IRA asesina a Ian Gow.
2 de agosto | El Golfo: Irak invade Kuwait. La primera ministra mantiene conversaciones en Aspen (Colorado) con el presidente Bush.
17-19 de septiembre | La primera ministra visita Checoslovaquia y Hungría.
3 de octubre | Reunificación alemana.
27-28 de octubre | Consejo Europeo en Roma.
1 de noviembre | Dimisión de Geoffrey Howe.
19-21 de noviembre | Cumbre en París de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa.
20 de noviembre | Primera votación a la presidencia del Partido Conservador: Margaret Thatcher 204, Heseltine 152, abstenciones 16.
22 de noviembre | La primera ministra anuncia su decisión de no presentarse a la segunda votación. Último discurso como primera ministra en la Cámara de los Comunes.
28 de noviembre | Dimisión de Margaret Thatcher como primera ministra.

El Gabinete y otros cargos de importancia

Los nombres marcados con un asterisco corresponden a ministros que cambian de cargo o que entran en el Gabinete por primera vez al comienzo del período señalado.

Los nombres en cursiva corresponden a ministros que salieron del Gobierno al final del período señalado.

Los nombres en negrita corresponden a miembros del Gabinete. Los demás van en redonda.

Lista de cargos | Mayo 79 - Enero 81
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | HOWE
Chief Secretary | BIFFEN
Foreign Secretary | CARRINGTON
Home Secretary | WHITELAW
Leader House of Commons | STEVAS
Leader house ol Lords | SOAMES
Lord Chancellor | HAILSHAM
Lord President | SOAMES
Lord Privy Seal | GILMOUR
Chllr of the Duchy | STEVAS
Agriculture | WALKER
Defence | PYM
Education | CARLISLE
Employment | PRIOR
Energy | HOWELL
Environment | HESELTINE
DHSS | JENKIN
Industry | JOSEPH
Northern Ireland | ATKINS
Paymaster-General | MAUDE
Scotland | YOUNGER
Trade | NOTT
Transport | no ministro
Without portfolio | —
Wales | EDWARDS
Attorney-General | HAVERS
Solicitor-General | PERCIVAL
Chairman Party | THORNEYCROFT
Chief Whip | JOPLING
Chmn 1922 Cttee | DU CANN

Lista de cargos | Enero-Septiembre 81
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | HOWE
Chief Secretary | *BRITTAN
Foreign Secretary | CARRINGTON
Home Secretary | WHITELAW
Leader House of Commons | *PYM
Leader house ol Lords | SOAMES
Lord Chancellor | HAILSHAM
Lord President | SOAMES
Lord Privy Seal | GILMOUR
Chllr of the Duchy | *PYM
Agriculture | WALKER
Defence | *NOTT
Education | CARLISLE
Employment | PRIOR
Energy | HOWELL
Environment | HESELTINE
DHSS | JENKIN
Industry | JOSEPH
Northern Ireland | ATKINS
Paymaster-General | *PYM
Scotland | YOUNGER
Trade | *BIFFEN
Transport | *FOWLER
Without portfolio | —
Wales | EDWARDS
Attorney-General | HAVERS
Solicitor-General | PERCIVAL
Chairman Party | THORNEYCROFT
Chief Whip | JOPLING
Chmn 1922 Cttee | DU CANN

Lista de cargos | Sept. 81-Abril 82
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | HOWE
Chief Secretary | BRITTAN
Foreign Secretary | CARRINGTON
Home Secretary | WHITELAW
Leader House of Commons | PYM
Leader house ol Lords | *LADY YOUNG
Lord Chancellor | HAILSHAM
Lord President | *PYM
Lord Privy Seal | ATKINS
Chllr of the Duchy | *PYM
Agriculture | WALKER
Defence | NOTT
Education | *JOSEPH
Employment | *TEBBIT
Energy | *LAWSON
Environment | HESELTINE
DHSS | *FOWLER
Industry | *JENKIN
Northern Ireland | *PRIOR
Paymaster-General | *PARKINSON
Scotland | YOUNGER
Trade | BIFFEN
Transport | HOWELL
Without portfolio | —
Wales | EDWARDS
Attorney-General | HAVERS
Solicitor-General | PERCIVAL
Chairman Party | *PARKINSON
Chief Whip | JOPLING
Chmn 1922 Cttee | DU CANN

Lista de cargos | Abril 82-Enero 83
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | HOWE
Chief Secretary | BRITTAN
Foreign Secretary | *PYM
Home Secretary | WHITELAW
Leader House of Commons | *BIFFEN
Leader house ol Lords | LADY YOUNG
Lord Chancellor | HAILSHAM
Lord President | *BIFFEN
Lord Privy Seal | *LADY YOUNG
Chllr of the Duchy | *PARKINSON
Agriculture | WALKER
Defence | NOTT
Education | JOSEPH
Employment | TEBBIT
Energy | LAWSON
Environment | HESELTINE
DHSS | FOWLER
Industry | JENKIN
Northern Ireland | PRIOR
Paymaster-General | PARKINSON
Scotland | YOUNGER
Trade | *COCKFIELD
Transport |
Without portfolio | —
Wales | EDWARDS
Attorney-General | HAVERS
Solicitor-General | PERCIVAL
Chairman Party | PARKINSON
Chief Whip | JOPLING
Chmn 1922 Cttee | DU CANN

Lista de cargos | Enero-Junio 83
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | HOWE
Chief Secretary | BRITTAN
Foreign Secretary | PYM
Home Secretary | WHITELAW
Leader House of Commons | BIFFEN
Leader house ol Lords | LADY YOUNG
Lord Chancellor | HAILSHAM
Lord President | BIFFEN
Lord Privy Seal | LADY YOUNG
Chllr of the Duchy | PARKINSON
Agriculture | WALKER
Defence | *HESELTINE
Education | JOSEPH
Employment | TEBBIT
Energy | LAWSON
Environment | HESELTINE
DHSS | FOWLER
Industry/DTI | JENKIN
Northern Ireland | PRIOR
Paymaster-General | PARKINSON
Scotland | YOUNGER
Trade | COCKFIELD
Transport | FOWLER
Without portfolio | —
Wales | EDWARDS
Attorney-General | HAVERS
Solicitor-General | PERCIVAL
Chairman Party | *PARKINSON
Chief Whip | JOPLING
Chmn 1922 Cttee | DU CANN

Lista de cargos | Junio-Octubre 83
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | *LAWSON
Chief Secretary | *REES
Foreign Secretary | *HOWE
Home Secretary | *BRITTAN
Leader House of Commons | BIFFEN
Leader house ol Lords | *WHITELAW
Lord Chancellor | HAILSHAM
Lord President | *WHITELAW
Lord Privy Seal | *BIFFEN
Chllr of the Duchy | *COCKFIELD
Agriculture | *JOPLING
Defence | HESELTINE
Education | JOSEPH
Employment | TEBBIT
Energy | *WALKER
Environment | *KING
DHSS | FOWLER
Industry/DTI | *PARKINSON
Northern Ireland | PRIOR
Paymaster-General | Vacante
Scotland | YOUNGER
Trade | Ver DTI
Transport | FOWLER
Without portfolio | —
Wales | EDWARDS
Attorney-General | HAVERS
Solicitor-General | PERCIVAL
Chairman Party | PARKINSON/GUMMER
Chief Whip | WAKEHAN
Chmn 1922 Cttee | DU CANN

Lista de cargos | Oct. 83-Sep. 84
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | LAWSON
Chief Secretary | REES
Foreign Secretary | HOWE
Home Secretary | BRITTAN
Leader House of Commons | BIFFEN
Leader house ol Lords | WHITELAW
Lord Chancellor | HAILSHAM
Lord President | WHITELAW
Lord Privy Seal | BIFFEN
Chllr of the Duchy | COCKFIELD
Agriculture | JOPLING
Defence | HESELTINE
Education | JOSEPH
Employment | *KING
Energy | WALKER
Environment | *JENKIN
DHSS | FOWLER
DTI | *TEBBIT
Northern Ireland | PRIOR
Paymaster-General | Vacante
Scotland | YOUNGER
Transport | RIDLEY
Without portfolio | —
Wales | EDWARDS
Attorney-General | HAVERS
Solicitor-General | *MAYHEW
Chairman Party | GUMMER
Chief Whip | WAKEHAN
Chmn 1922 Cttee | DU CANN

Lista de cargos | Sep. 84-Sep. 85
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | LAWSON
Chief Secretary | REES
Foreign Secretary | HOWE
Home Secretary | BRITTAN
Leader House of Commons | BIFFEN
Leader house ol Lords | WHITELAW
Lord Chancellor | HAILSHAM
Lord President | WHITELAW
Lord Privy Seal | BIFFEN
Chllr of the Duchy | *GOWRIE
Agriculture | JOPLING
Defence | HESELTINE
Education | JOSEPH
Employment | KING
Energy | WALKER
Environment | JENKIN
DHSS | FOWLER
DTI | TEBBIT
Northern Ireland | *HURD
Paymaster-General | GUMMER (no ministro)
Scotland | YOUNGER
Transport | RIDLEY
Without portfolio | *YOUNG
Wales | EDWARDS
Attorney-General | HAVERS
Solicitor-General | MAYHEW
Chairman Party | GUMMER
Chief Whip | WAKEHAN
Chmn 1922 Cttee | ONSLOW

Lista de cargos | Sep. 85-Enero 86
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | LAWSON
Chief Secretary | *MACGREGOR
Foreign Secretary | HOWE
Home Secretary | *HURD
Leader House of Commons | BIFFEN
Leader house ol Lords | WHITELAW
Lord Chancellor | HAILSHAM
Lord President | WHITELAW
Lord Privy Seal | BIFFEN
Chllr of the Duchy | TEBBIT
Agriculture | JOPLING
Defence | HESELTINE
Education | JOSEPH
Employment | *YOUNG
Energy | WALKER
Environment | *BAKER
DHSS | FOWLER
Industry/DTI | *BRITTAN
Northern Ireland | *KING
Paymaster-General | *CLARKE
Scotland | YOUNGER
Transport | RIDLEY
Without portfolio | —
Wales | EDWARDS
Attorney-General | HAVERS
Solicitor-General | MAYHEW
Chairman Party | TEBBIT
Chief Whip | WAKEHAN
Chmn 1922 Cttee | ONSLOW

Lista de cargos | Enero 86-Mayo 86
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | LAWSON
Chief Secretary | MACGREGOR
Foreign Secretary | HOWE
Home Secretary | HURD
Leader House of Commons | BIFFEN
Leader house ol Lords | WHITELAW
Lord Chancellor | HAILSHAM
Lord President | WHITELAW
Lord Privy Seal | BIFFEN
Chllr of the Duchy | TEBBIT
Agriculture | JOPLING
Defence | YOUNGER
Education | JOSEPH
Employment | YOUNG
Energy | WALKER
Environment | BAKER
DHSS | FOWLER
Industry/DTI | *CHANNON
Northern Ireland | KING
Paymaster-General | CLARKE
Scotland | *RIFKIND
Transport | RIDLEY
Without portfolio | —
Wales | EDWARDS
Attorney-General | HAVERS
Solicitor-General | MAYHEW
Chairman Party | TEBBIT
Chief Whip | WAKEHAN
Chmn 1922 Cttee | ONSLOW

Lista de cargos | Mayo 86-Junio 87
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | LAWSON
Chief Secretary | MACGREGOR
Foreign Secretary | HOWE
Home Secretary | HURD
Leader House of Commons | BIFFEN
Leader house ol Lords | WHITELAW
Lord Chancellor | HAILSHAM
Lord President | WHITELAW
Lord Privy Seal | BIFFEN
Chllr of the Duchy | TEBBIT
Agriculture | JOPLING
Defence | YOUNGER
Education | *BAKER
Employment | YOUNG
Energy | WALKER
Environment | *RIDLEY
DHSS | FOWLER
Industry/DTI | CHANNON
Northern Ireland | KING
Paymaster-General | CLARKE
Scotland | RIFKIND
Transport | *MOORE
Without portfolio | —
Wales | EDWARDS
Attorney-General | MAYHEW
Solicitor-General | LYELL
Chairman Party | TEBBIT
Chief Whip | WAKEHAN
Chmn 1922 Cttee | ONSLOW

Lista de cargos | Junio 87-Oct. 87
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | LAWSON
Chief Secretary | *MAJOR
Foreign Secretary | HOWE
Home Secretary | HURD
Leader House of Commons | *WAKEHAM
Leader house ol Lords | WHITELAW
Lord Chancellor | *HAVERS
Lord President | WHITELAW
Lord Privy Seal | *WAKEHAM
Chllr of the Duchy | *CLARKE
Agriculture | *MACGREGOR
Defence | YOUNGER
Education | BAKER
Employment | *FOWLER
Energy | *PARKINSON
Environment | RIDLEY
DHSS | *MOORE
Industry/DTI | *YOUNG
Northern Ireland | KING
Paymaster-General | *BROOKE (no ministro)
Scotland | RIFKIND
Transport | *CHANNON
Without portfolio | —
Wales | *WALKER
Attorney-General | MAYHEW
Solicitor-General | LYELL
Chairman Party | BROOKE
Chief Whip | WADDINGTON
Chmn 1922 Cttee | ONSLOW

Lista de cargos | Oct. 87-Enero 88
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | LAWSON
Chief Secretary | MAJOR
Foreign Secretary | HOWE
Home Secretary | HURD
Leader House of Commons | WAKEHAM
Leader house ol Lords | WHITELAW
Lord Chancellor | *MACKAY
Lord President | WHITELAW
Lord Privy Seal | WAKEHAM
Chllr of the Duchy | CLARKE
Agriculture | MACGREGOR
Defence | YOUNGER
Education | BAKER
Employment | FOWLER
Energy | PARKINSON
Environment | RIDLEY
DHSS | MOORE
Industry/DTI | YOUNG
Northern Ireland | KING
Paymaster-General | BROOKE (no ministro)
Scotland | RIFKIND
Transport | CHANNON
Without portfolio | —
Wales | WALKER
Attorney-General | MAYHEW
Solicitor-General | LYELL
Chairman Party | BROOKE
Chief Whip | WADDINGTON
Chmn 1922 Cttee | ONSLOW

Lista de cargos | Enero-Julio 88
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | LAWSON
Chief Secretary | MAJOR
Foreign Secretary | HOWE
Home Secretary | HURD
Leader House of Commons | WAKEHAM
Leader house ol Lords | *BELSTEAD
Lord Chancellor | MACKAY
Lord President | *WAKEHAM
Lord Privy Seal | *BELSTEAD
Chllr of the Duchy | CLARKE
Agriculture | MACGREGOR
Defence | YOUNGER
Education | BAKER
Employment | FOWLER
Energy | PARKINSON
Environment | RIDLEY
DHSS | MOORE
Industry/DTI | YOUNG
Northern Ireland | KING
Paymaster-General | BROOKE
Scotland | RIFKIND
Transport | CHANNON
Without portfolio | —
Wales | WALKER
Attorney-General | MAYHEW
Solicitor-General | LYELL
Chairman Party | BROOKE
Chief Whip | WADDINGTON
Chmn 1922 Cttee | ONSLOW

Lista de cargos | Julio 88-Julio 89
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | LAWSON
Chief Secretary | MAJOR
Foreign Secretary | HOWE
Home Secretary | HURD
Leader House of Commons | WAKEHAM
Leader house ol Lords | BELSTEAD
Lord Chancellor | MACKAY
Lord President | WAKEHAM
Lord Privy Seal | BELSTEAD
Chllr of the Duchy | *NEWTON
Agriculture | MACGREGOR
Defence | YOUNGER
Education | BAKER
Employment | FOWLER
Energy | PARKINSON
Environment | RIDLEY
DSS | MOORE
DH | *CLARKE
DTI | YOUNG
Northern Ireland | KING
Paymaster-General | BROOKE (no ministro)
Scotland | RIFKIND
Transport | CHANNON
Without portfolio | —
Wales | WALKER
Attorney-General | MAYHEW
Solicitor-General | LYELL
Chairman Party | BROOKE
Chief Whip | WADDINGTON
Chmn 1922 Cttee | ONSLOW

Lista de cargos | Julio-Oct. 89
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | LAWSON
Chief Secretary | *LAMONT
Foreign Secretary | MAJOR
Home Secretary | HURD
Leader House of Commons | *HOWE
Leader house ol Lords | BELSTEAD
Lord Chancellor | MACKAY
Lord President | *HOWE
Lord Privy Seal | BELSTEAD
Chllr of the Duchy | *BAKER
Agriculture | *GUMMER
Defence | *KING
Education | *MACGREGOR
Employment | FOWLER
Energy | *WAKEHAM
Environment | *PATTEN
DSS | *NEWTON
DH | CLARKE
DTI | *RIDLEY
Northern Ireland | *BROOKE
Paymaster-General | *CAITHNESS
Scotland | RIFKIND
Transport | *PARKINSON
Without portfolio | —
Wales | WALKER
Attorney-General | MAYHEW
Solicitor-General | LYELL
Chairman Party | *BAKER
Chief Whip | WADDINGTON
Chmn 1922 Cttee | ONSLOW

Lista de cargos | Oct. 89-Enero 90
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | *MAJOR
Chief Secretary | LAMONT
Foreign Secretary | *HURD
Home Secretary | *WADDINGTON
Leader House of Commons | HOWE
Leader house ol Lords | BELSTEAD
Lord Chancellor | MACKAY
Lord President | HOWE
Lord Privy Seal | BELSTEAD
Chllr of the Duchy | BAKER
Agriculture | GUMMER
Defence | KING
Education | MACGREGOR
Employment | FOWLER
Energy | WAKEHAM
Environment | PATTEN
DSS | NEWTON
DH | CLARKE
Industry/DTI | RIDLEY
Northern Ireland | BROOKE
Paymaster-General | *RYDER
Scotland | RIFKIND
Transport | PARKINSON
Without portfolio | —
Wales | WALKER
Attorney-General | MAYHEW
Solicitor-General | LYELL
Chairman Party | BROOKE
Chief Whip | *RENTON
Chmn 1922 Cttee | ONSLOW

Lista de cargos | Enero 90-Mayo 90
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | MAJOR
Chief Secretary | LAMONT
Foreign Secretary | HURD
Home Secretary | WADDINGTON
Leader House of Commons | HOWE
Leader house ol Lords | BELSTEAD
Lord Chancellor | MACKAY
Lord President | HOWE
Lord Privy Seal | BELSTEAD
Chllr of the Duchy | BAKER
Agriculture | GUMMER
Defence | KING
Education | MACGREGOR
Employment | *HOWARD
Energy | WAKEHAM
Environment | PATTEN
DSS | NEWTON
DH | CLARKE
Industry/DTI | RIDLEY
Northern Ireland | BROOKE
Paymaster-General | RYDER
Scotland | RIFKIND
Transport | PARKINSON
Without portfolio | —
Wales | WALKER
Attorney-General | MAYHEW
Solicitor-General | LYELL
Chairman Party | *BAKER
Chief Whip | RENTON
Chmn 1922 Cttee | ONSLOW

Lista de cargos | Mayo-Julio 90
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | MAJOR
Chief Secretary | LAMONT
Foreign Secretary | HURD
Home Secretary | WADDINGTON
Leader House of Commons | HOWE
Leader house ol Lords | BELSTEAD
Lord Chancellor | MACKAY
Lord President | HOWE
Lord Privy Seal | BELSTEAD
Chllr of the Duchy | BAKER
Agriculture | GUMMER
Defence | KING
Education | MACGREGOR
Employment | HOWARD
Energy | WAKEHAM
Environment | PATTEN
DSS | NEWTON
DH | CLARKE
Industry/DTI | RIDLEY
Northern Ireland | BROOKE
Paymaster-General | RYDER
Scotland | RIFKIND
Transport | PARKINSON
Without portfolio | —
Wales | *HUNT
Attorney-General | MAYHEW
Solicitor-General | LYELL
Chairman Party | BAKER
Chief Whip | WADDINGTON
Chmn 1922 Cttee | ONSLOW

Lista de cargos | Julio-Nov. 90
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | MAJOR
Chief Secretary | LAMONT
Foreign Secretary | HURD
Home Secretary | WADDINGTON
Leader House of Commons | HOWE
Leader house ol Lords | BELSTEAD
Lord Chancellor | MACKAY
Lord President | HOWE
Lord Privy Seal | BELSTEAD
Chllr of the Duchy | BAKER
Agriculture | GUMMER
Defence | KING
Education | MACGREGOR
Employment | HOWARD
Energy | WAKEHAM
Environment | PATTEN
DSS | NEWTON
DH | CLARKE
Industry/DTI | *LILLEY
Northern Ireland | BROOKE
Paymaster-General | RYDER
Scotland | RIFKIND
Transport | PARKINSON
Without portfolio | —
Wales | HUNT
Attorney-General | MAYHEW
Solicitor-General | LYELL
Chairman Party | BAKER
Chief Whip | WADDINGTON
Chmn 1922 Cttee | ONSLOW

Lista de cargos | Nov. 90
PM | MRS THATCHER
Chllr Exchequer | MAJOR
Chief Secretary | LAMONT
Foreign Secretary | HURD
Home Secretary | WADDINGTON
Leader House of Commons | *MACGREGOR
Leader house ol Lords | BELSTEAD
Lord Chancellor | MACKAY
Lord President | *MACGREGOR
Lord Privy Seal | BELSTEAD
Chllr of the Duchy | BAKER
Agriculture | GUMMER
Defence | KING
Education | *CLARKE
Employment | HOWARD
Energy | WAKEHAM
Environment | PATTEN
DSS | NEWTON
DH | *WALDEGRAVE
Industry/DTI | LILLEY
Northern Ireland | BROOKE
Paymaster-General | RYDER
Scotland | RIFKIND
Transport | PARKINSON
Without portfolio | —
Wales | HUNT
Attorney-General | MAYHEW
Solicitor-General | LYELL
Chairman Party | BAKER
Chief Whip | RENTON
Chmn 1922 Cttee | ONSLOW

NOTA DEL EDITOR ESPAÑOL:

Las denominaciones de los ministros británicos no siempre coinciden con las españolas y, además, responden en algunos casos a una larga tradición que ningún Gobierno ha querido modificar. La siguiente lista se ofrece a título de orientación:

Prime Minister | Primer Ministro
Chancellor of the Exchequer | Ministro de Hacienda
Foreing Secretary | Ministro de Asuntos Exteriores
Home Secretary | Ministro del Interior
Lord High Chancellor | Ministro de Justicia
Chancellor of the Duchy of Lancaster | Ministro sin departamento

Ministerios: |
Agriculture | Agricultura
Defence | Defensa
Education | Educación
Employment | Empleo
Energy | Energía
Environment | Medio Ambiente
DHSS | Salud y Seguridad Social
Industry | Industria

Lista de abreviaturas

ABM | Anti-Ballistic Missile (Misil antibalístico)
ACAS | Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Servicio de Asesoramiento, Conciliación y Arbitraje)
AGR | Advanced Gas-cooled Reactor (Reactor avanzado refrigerado por gas)
ALCM | Air-launched Cruise Missile (Misil de crucero lanzado desde el aire)
AUEW | Amalgamated Union of Engineering Workers (Sindicato Mixto de Trabajadores de Ingeniería)
BERD | Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo
BL | British Leyland (Posteriormente, Rover Group)
BMA | British Medical Association (Asociación Médica Británica)
BMD | Ballistic Missile Defence (Defensa por misil balístico)
BR | British Rail (Ferrocarriles Británicos)
BSC | British Steel Corporation (Corporación Británica del Acero)
CBI | Confederation of British Industry (Confederación de la Industria Británica)
CDN | Campaña de desarme nuclear
CDU | Unión Cristiana Democrática, partido alemán
CE | Comunidad Europea
CEGB | Central Electricity Generating Board (Junta Central de Energía Eléctrica)
CEST | Convención Europea para la Supresión del Terrorismo
CFCs | Clorofluorocarbonos
CFE | Conventional Forces in Europe (Fuerzas Convencionales de Europa)
CHOGM | Commonwealth Head of Governments Meeting (Conferencia de Jefes de Estado de la Commonwealth)
CIG | Conferencia intergubernamental
CNA | Congreso Nacional Africano
CPRS | Central Policy Review Staff (Grupo de seguimiento de la política central)
CPS | Centre for Policy Studies (Centro de Estudios de Políticas)
CSCE | Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa
DES | Department of Education and Science (Departamento de Educación y Ciencia)
DHA | District Health Authority (Jefatura de Salud del Distrito)
DHSS | Department of Health and Social Security (Departamento de Salud y Seguridad Social)
DoE | Department of the Environment (Departamento del Medio Ambiente)
DTI | Department of Trade and Industry (Departamento de Comercio e Industria)
DUP | Democratic Unionist Party (Partido Demócrata Unionista)
E | Comité Económico del Gabinete
E(A) | Subcomité principal del E
EAU | Emiratos Árabes Unidos
ECOFIN | Consejo de la Comunidad Europea para Asuntos Económicos y Financieros
Ecu | European Currency Unity (Unidad de cuenta europea)
EFL | External Financing Limit (Límite a la financiación exterior)
EFMP | Estrategia financiera a medio plazo
EFTA | European Free Trade Association (Asociación Europea de Libre Comercio)
EPG | Eminent Persons Group (Grupo de notables, enviado a África)
EXCO | Executive Council (Consejo Ejecutivo de Hong Kong)
FCO | Foreign and Commonwealth Office (Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth)
FMI | Fondo Monetario Internacional
FMN | Fuerza multinacional
FNAI | Fuerzas nucleares de alcance intermedio
FNCA | Fuerzas nucleares de corto alcance
FSBR | Financial Statement and Budget Report [«the Red Book»] (Declaración financiera e informe sobre el presupuesto)
G7 | Grupo de los Siete
GATT | General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio)
GDE | Grupo Democrático Europeo
GLC | Greater London Council (Consejo del Gran Londres)
GLCM | Ground-launched Cruise Missile (misil de crucero lanzado desde tierra)
GM | General Motors
GM school | Grant-Maintained School (colegio subvencionado)
GP | General Practitioner (médico de medicina general)
H | Comité de Asuntos Internos del Gabinete
HAT | Housing Action Trust (Consorcio de la Vivienda)
HMI | Her Majesty’s Inspectorate (Inspectores de Colegios de Su Majestad la Reina)
IDE | Iniciativa de defensa estratégica
IEA | Institute of Economic Affairs (Instituto de Estudios Económicos)
ILEA | Inner London Education Authority (Jefatura de Enseñanza del Londres Central)
INLA | Irish National Liberation Army (Ejército Irlandés de Liberación Nacional)
IPC | Índice de Precios al Consumo
IRA | Irish Republican Army (Ejército Republicano Irlandés)
ISTC | Iron and Steel Trade Confederation (Confederación del Comercio del Hierro y del Acero)
ITC | Independent Televisión Commission (Comisión de la Televisión Independiente)
IVA | Impuesto sobre el Valor Añadido
L | Legislation Committee of the Cabinet (Comité Legislativo del Gabinete)
LEA | Local Education Authority (Jefatura Local de Educación)
MO | Base monetaria
£M3 | Libra esterlina M3
MIRV | Multiple independentily targettable re-entry vehicles (Proyectil con cabeza múltiple independientemente dirigida)
MoD | Ministry of Defence (Ministerio de Defensa)
MSC | Manpower Services Commission (Comisión de Servicios de la Fuerza Laboral)
MTC | Mecanismo del Tipo de Cambio (dentro del SME)
NACODS | National Association of Colliery Overmen, Deputies and Shotftrers (Asociación Nacional de Capataces, Delegados y Dinamiteros)
NADs | National Armaments Directors (Directores Nacionales de Armamentos)
NCB | National Board Coal; later, British Coal (Junta Nacional del Carbón, posteriormente, Carbón Británico)
NCC | National Curriculum Council (Consejo Nacional de Planes de Estudio)
NDLS | National Dock Labour Scheme (Plan Nacional de Trabajadores Portuarios)
NEB | National Enterprise Board (Junta de la Empresa Nacional)
NEDC | National Economic Development Council [«Neddy»] (Consejo para el Desarrollo Económico Nacional)
NGA | National Graphic Association (Asociación Nacional de Artes Gráficas, del ramo de la publicidad)
NHS | National Health Service (Servicio Nacional de la Salud)
NICs | National Insurance contributions (Aportaciones al Seguro Nacional)
NIO | Northern Ireland Office (Oficina de Irlanda del Norte)
NIS | National Insurance Surcharge (Recargo del Seguro Nacional)
NRC | National Reporting Centre (Centro Nacional de Informes)
NUM | National Union of Mineworkers (Sindicato Nacional de Minería)
OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo
OD | Comité de Ultramar y Defensa del Gabinete
OD(SA) | Subcomité del OD, que tuvo a su cargo la guerra de las Malvinas
ODA | Overseas Development Administration (Administración del Desarrollo de Ultramar)
OEA | Organización de Estados Americanos
OECO | Organización de Estados Caribeños Orientales
OLP | Organización para la Liberación de Palestina
OPEP | Organización de Países Exportadores de Petróleo
OTAN | Organización del Tratado del Atlántico Norte
OUP | Official Unionist Party (Partido Unionista Oficial)
PAC | Política Agraria Común
PIB | Producto Interior Bruto
PNB | Producto Nacional Bruto
PPS | Parliamentary Private Secretary (Secretaría Privada Parlamentaria)
PSBR | Public Sector Borrowing Requirement (Necesidades crediticias del sector público)
PSDR | Public Sector Debt Repayment (Devolución de la deuda del sector público)
QL | Comité para los Discursos Reales y la Legislación Futura del Gabinete
QUANGO | Quasi-autonomous non-governmental organization (Organización no gubernamental cuasi autónoma)
RCNU | Resolución del Consejo de las Naciones Unidas
RFA | República Federal de Alemania
RHA | Regional Health Authority (Jefatura Regional de Salud)
RUC | Royal Ulster Constabulary (Real Policía Uniformada del Ulster)
SALT | Strategic Arms Limitation Treaty (Tratado para la limitación de las armas estratégicas)
SAS | Special Air Service (Servicio Aéreo Especial, fuerzas especiales de seguridad)
SCM | Sumas de compensación monetaria
SDLP | Social Democratic and Labour Party (Partido socialdemócrata y del trabajo)
SDP | Social Democratic Party (Partido Socialdemócrata)
SLCM | Misil de crucero de lanzamiento desde el mar
SME | Sistema Monetario Europeo
SSA | Standard Spending Assessment (Evaluación del gasto normal)
START | Strategic Arms Production Treaty (Tratado para la reducción de las Armas Estratégicas)
SWAPO | South West Africa People’s Organization (Organización Popular de África Suroccidental)
TASM | Tactical Air-to-Surface Missile (Misil táctico aire-tierra)
TEJ | Tribunal Europeo de Justicia
TGWU | Transport and General Workers’ Union (Sindicato General y del Transporte)
TMI | Tipo mínimo de interés
TSRB | Top Salaries Review Board (Junta para la revisión de los salarios máximos)
TUC | Trade Union Congress (Congreso de Sindicatos, organización nacional de los sindicatos o «unions» británicos)
UDE | Unión Democrática Europea
UDI | Unión Democrática Internacional
UDM | Union of Democratic Miners (Sindicato de Mineros Democráticos)
UDR | Ulster Defence Regiment (Regimiento de Defensa del Ulster)
UEM | Unión Económica y Monetaria
UEO | Unión Europea Occidental
ZEM | Zona de exclusión marítima
ZET | Zona de exclusión total

MARGARET HILDA THATCHER, Baronesa Thatcher de Kesteven, (de soltera Roberts; Grantham, 13 de octubre de 1925 - Londres, 8 de abril de 2013 ) fue una política británica que ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990, siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX y la única mujer que ha ocupado este puesto en su país. Apodada «La Dama de Hierro» por su firme oposición a la Unión Soviética, implementó una serie de políticas conservadoras que llegaron a ser conocidas como thatcherismo.

Ejerció inicialmente como química y luego como abogada. En las elecciones generales de 1959 Thatcher se convirtió en miembro del Parlamento (MP) por Finchley, desde donde juzgó duramente la política fiscal del gobierno laborista. Edward Heath la nombró ministra de Educación y Ciencia en 1970. En 1975 venció a Heath en las elecciones del Partido Conservador y pasó a ocupar la presidencia del partido, convirtiéndose en líder de la oposición y la primera mujer en dirigir uno de los principales partidos políticos en el Reino Unido. Después de triunfar con su partido en las elecciones generales de 1979, Thatcher se convirtió en la primera ministra del Reino Unido.

Después de llegar al número 10 de Downing Street, Thatcher introdujo una serie de iniciativas políticas y económicas para revertir lo que percibía como un precipitado declive nacional en el Reino Unido. Su filosofía política y política económica hicieron hincapié en la desregularización (especialmente del sector financiero), la flexibilización en el mercado laboral, la privatización de empresas públicas y la reducción del poder de los sindicatos. Durante sus primeros años de gobierno la popularidad de Thatcher disminuyó en medio de la recesión y el alto desempleo, hasta que la recuperación económica y la victoria en la Guerra de Malvinas de 1982 le brindaron un aumento en su popularidad, que se tradujo en la reelección en 1983. Llevó adelante una férrea política exterior caracterizada por su oposición a la formación de la Unión Europea y un completo alineamiento con la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, firmó el Acta Única Europea, que establecía formalmente el mercado único y una cooperación más estrecha en Europa. Introdujo un cambio socioeconómico radical en el Reino Unido, aunque fue criticada por la venta de bienes del Estado y el debilitamiento de los sindicatos.

Thatcher fue reelegida para un tercer mandato en 1987, pero su impuesto a la comunidad (conocido popularmente como poll tax) fue muy impopular y otros miembros de su gabinete no compartían sus puntos de vista sobre la Comunidad Europea. Así, en noviembre de 1990 renunció al cargo de primera ministra y líder del partido, después de que Michael Heseltine desafiara su puesto como cabeza del partido para luego ser sucedida por John Major como primer ministro. Obtuvo el título nobiliario de Baronesa Thatcher de Kesteven, en el condado de Lincolnshire, que le otorgaba el derecho vitalicio y no hereditario de ser miembro de la Cámara de los Lores.

Notas

[1] Hombre de Estado y primer ministro del siglo XVIII (1766-1808). <<

[2] Los primeros cincuenta años de mi vida se relatarán en un segundo volumen. <<

[3] Una especie de jamón cocido y enlatado de baja calidad. <<

[4] El término es de Harold Wilson y se inspira en el nombre del Selsdon Park Hotel donde el Gabinete en la Sombra del Partido Conservador puso a punto su programa de derechas para las elecciones generales de 1970. <<

[5] La Policy Unit, unidad de seguimiento de la política gubernamental, fue creada en 1974 por Harold Wilson y mantenida luego por James Callaghan. El interés de la Unidad —cuyo número de miembros yo incrementé en lo sucesivo— reside en su flexibilidad y en su participación en el día a día de la política, sobre la base de una estrecha colaboración con el primer ministro. <<

[6] El Privy Council, Consejo Privado, es una de las más antañonas instituciones políticas del Reino Unido. Entre sus miembros se cuentan los más ilustres asesores de la Corona, incluidos los ministros. Sus reuniones —generalmente unos pocos ministros en presencia de la Reina— son ahora una mera formalidad, pero el juramento que se toma a los nuevos miembros refuerza la obligación de secreto en la gestión gubernamental, y la apelación a las decisiones tomadas en Consejo Privado sigue siendo un importante procedimiento para la entrada en vigor de normas legales que no requieren aprobación parlamentaria. <<

[7] QUANGO: Quasy-Autonomous Non-governmental Organization, organización no gubernamental cuasi autónoma. <<

[8] Ver en el capítulo II. REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. <<

[9] El Comité 1922 está integrado por todos los miembros conservadores del parlamento que no ocupen un cargo gubernamental. En sus reuniones (incluidas las de sus subcomités) se analizan las posiciones y políticas vigentes; sus conclusiones se dan a conocer al Gobierno por medio de los whips y los secretarios privados principales. Es también el Comité 1922 el que tiene la última palabra en la elección de portavoz cuando el Partido Conservador está en el poder. <<

[10] Ver capítulo III para más detalles acerca de las negociaciones para la contribución británica al presupuesto de la Comunidad Europea. <<

[11] El 32 de Smith Square es la sede central del Partido Conservador. En Belgrave Square se halla la residencia del embajador alemán. <<

[12] La proporción de funcionarios públicos creció incesantemente, del 24 por ciento en 1961, al 30 por ciento para cuando yo asumí el cargo. En 1990, después de la privatización y demás medidas adoptadas, el volumen volvió a situarse por debajo del nivel de 1961. <<

[13] El Informe Griffiths de 1983 fue la base para establecer la dirección general en el NHS, sin lo cual las reformas posteriores no habrían sido posibles. Ver en el capítulo XX, LA REFORMA DE LA SANIDAD PÚBLICA (NHS). <<

[14] Wet (literalmente «mojado» o «húmedo»), en jerga escolar quiere decir «tímido» o «débil». Los que se oponían a la política económica del Gobierno de principios de los años 1980 eran denominados wets por sus oponentes, en el convencimiento de que evitaban las actitudes definidas y las dificultades. Como suele suceder con las etiquetas políticas despectivas (tory, por ejemplo, que en un principio se refería a los bandidos políticos irlandeses), wet fue adoptado por los oponentes a nuestra estrategia política, que a su vez llamaban dries (secos) a los nuestros y a quienes nos apoyaban. <<

[15] Ya Patrick Jenkin había anunciado, en junio de 1979, que eliminaríamos la obligación estatuida por ley de adecuar las tasas de los beneficios a largo plazo al lugar donde fueran más altas, para lograr que la equiparación estuviera acorde con los precios. <<

[16] Para lo referente a las medidas establecidas en el presupuesto de 1980, ver en el capítulo IV, EL PRESUPUESTO DE 1980 Y LA ESTRATEGIA FINANCIERA A MEDIO PLAZO (MTFS). <<

[17] Para las cumbres a que acudí y las visitas que llevé a cabo en este periodo, ver capítulo III. <<

[18] La solución de esa protesta y nuestra respuesta a las huelgas de hambre, en el capítulo XIV. <<

[19] El petróleo del mar del Norte no tardaría en otorgar a Gran Bretaña una posición de privilegio entre las grandes potencias industriales, al convertirnos en exportadores de crudos. Pero, claro está, la recesión internacional tuvo su impacto en los mercados de nuestras industrias; de modo que no fuimos inmunes a las consecuencias internacionales de la subida de precios del petróleo. <<

[20] El informe era condenatorio. SLADE había estado usando su fuerza en el sector de la impresión para reclutar a artistas que trabajaban por cuenta propia, estudios fotográficos y agencias de publicidad mediante amenazas de poner en la lista negra la impresión de sus trabajos a menos que se afiliaran al sindicato. El informe concluía diciendo que «la campaña era dirigida sin miramiento alguno hacia los sentimientos, intereses o bienestar de los presuntos reclutados». <<

[21] El Plan Ryder, de 1975, proponía que el Gobierno invirtiera 1.400 millones de libras esterlinas en el plazo de siete años para modernizar la planta y fabricar nuevos modelos. <<

[22] Ver la nota 14 en el capítulo II. [Nota del editor español]. <<

[23] La huelga de funcionarios civiles comenzó en marzo de 1981 y duró cinco meses. Los miembros del sindicato bloquearon selectivamente instalaciones oficiales cruciales, incluyendo el equipo encargado de los ordenadores que contenían toda la información de recaudación de impuestos, costándole al Gobierno más de 350 millones de libras esterlinas en pago de intereses de los préstamos que tuvo que pedir para cubrir los ingresos fiscales demorados o perdidos. La huelga también afectó al GCHQ (Government Communications Headquarters), sede de las comunicaciones gubernamentales, lo que finalmente nos llevó, en enero de 1984, a prohibir la sindicación de los funcionarios adscritos a este órgano. <<

[24] Nuestro tipo trimestral era del 13 por ciento. Por el contrario, los tipos de interés en Estados Unidos ascendían al 18 por ciento, y en Francia, Italia y Canadá iban del 18 al 20 por ciento. Los tipos de interés alemanes, a un 13 por ciento nominal, eran realmente muy altos en términos reales, y aún así, el marco alemán se había devaluado entre el 40 y el 45 por ciento frente al dólar en los últimos doce meses. <<

[25] En el original inglés, este capítulo se denomina «The Falklands War: Follow the Fleet». Falklands es el nombre que los ingleses, en memoria del vizconde de Falkland, dan a las que nosotros llamamos islas Malvinas. Utilizamos el topónimo español para evitar la confusión entre nuestros lectores. [Nota del editor español]. <<

[26] Más tarde, cuando se hubo ganado la guerra, Enoch Powell volvió al tema en una pregunta parlamentaria: «¿Tiene conocimiento la honorable señora de que se ha recibido el informe del analista público acerca de determinada sustancia sometida a análisis, y de que he obtenido una copia de dicho informe? Demuestra que la sustancia sometida a prueba se compone de materia férrea de calidad superior, y que está dotada de una excepcional resistencia a la tracción, al desgaste y al esfuerzo, y se puede utilizar con resultados positivos para todos los fines nacionales». Ian Gow mandó imprimir y enmarcar ambas citas y me las ofreció como regalos de Navidad en 1982; siguen adornando la pared de mi despacho. <<

[27] ZEM, Zona de Exclusión Marítima: círculo de 200 millas de radio trazado en torno al centro geométrico aproximado de las islas Malvinas. Una vez en vigor, todo navío de guerra o auxiliar de la Armada argentina que se hallara en la zona sería considerado hostil y podría ser objeto de ataque por parte de las fuerzas británicas. <<

[28] A finales de la década, se estimaba que representaba entre un 25 por ciento y un 30 por ciento del PNB. <<

[29] Alemania había renunciado a las armas nucleares, químicas y biológicas al incorporarse a la OTAN en 1955. <<

[30] Ver la nota 2 en el capítulo I. [Nota del editor español]. <<

[31] Ver la nota 5 en el capítulo I. [Nota del editor español]. <<

[32] Chief Whip, encargado de vigilar el cumplimiento de la disciplina del partido en las votaciones parlamentarias, la asistencia a las sesiones, etc. [Nota del editor español]. <<

[33] De hecho, desde entonces he tenido acceso a documentos que sugieren que estaba perfectamente al tanto, y que se encontraba entre quienes autorizaron el pago. <<

[34] La Unión Nacional de Asociaciones Unionistas y Conservadoras, el ala voluntaria del Partido. <<

[35] En este capítulo y otros la expresión «nacionalista» suele emplearse como sinónimo de «católico» y «unionista» de «protestante». Aunque es cierto que la división política y étnica en Irlanda del Norte está relacionada y a veces incluso afectada por la división religiosa, sería errado describirla en términos meramente religiosos. Los pistoleros del IRA que asesinan y los que hacen huelgas de hambre hasta el suicidio no son «católicos» en el sentido estricto de la palabra, como tampoco son «protestantes» los asesinos sectarios «leales». Desde un punto de vista estricto no son, ni siquiera, cristianos. <<

[36] En la provincia había existido un sistema de gobierno de la mayoría desde la creación de Irlanda del Norte, en la partición de 1920 a 1972, conocida como Stormont (debido a la ubicación de los edificios del Gobierno en el límite de Belfast). <<

[37] En gaélico, primer ministro. <<

[38] A los criminales convictos sentenciados a más de nueve meses de cárcel que alegaban motivaciones políticas y que eran considerados aceptables por los líderes paramilitares de la cárcel, se les concedía un estatuto especial que les permitía usar su propia ropa, no realizar trabajos obligatorios y reunirse en grupos. <<

[39] Los presos en Gran Bretaña recibían un 33 por ciento de reducción de la pena: tomamos medidas para eliminar aquella extraordinaria anomalía, reduciendo al año siguiente la pena en la misma proporción para Irlanda del Norte. <<

[40] La prisión preventiva, prisión sin juicio, fue introducida cuando los disturbios de 1971 y abolida en 1975. <<

[41] El informe Stalker-Sampson fue el resultado de una investigación policial sobre una serie de accidentes fatales, en 1982, en los que se alegaba que la RUC había llevado a cabo una política de «tirar a matar» cuando se trataba de sospechosos de terrorismo. <<

[42] Los «Seis de Birmingham» fueron seis irlandeses convictos de múltiples asesinatos como resultado de la bomba puesta por el IRA en dos pubs de Birmingham en 1974. Se llevó a cabo una larga campaña para probar que la culpabilidad no era segura y el juicio acabó dejándolos en libertad. Para aquel entonces, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones había rechazado su última apelación. <<

[43] De acuerdo a la ley irlandesa, toda persona nacida en Irlanda es ciudadana nativa irlandesa, pero las nacidas en Irlanda del Norte no son consideradas irlandesas hasta que reclamen serlo. <<

[44] Desde 1984 se había aprobado en la Cámara de los Lores la paga de tres meses de desempleo para los ministros, y presentamos un proyecto de ley que ampliaba este beneficio a la Cámara de los Comunes en julio de 1990. Debido a la falta de tiempo, el proyecto no se aprobó hasta febrero de 1991. <<

[45] En febrero de 1993, funcionarios soviéticos de alto rango confirmaron este punto concreto en una conferencia pronunciada en la Universidad de Princeton, una vez terminada la guerra fría. <<

[46] El 22 de julio de 1946, noventa y una personas resultaron muertas al ser bombardeado el hotel por un grupo de terroristas judíos a las órdenes de Menahem Begin. <<

[47] Para un comentario sobre la reunión del Consejo Europeo de Atenas, ver en el capítulo XII. LA REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO EN ATENAS. <<

[48] Soy una gran coleccionista de menús. Reproduzco, para el lector gourmet, el menú correspondiente a la cena del 25 de junio: Assortiment de foie gras d’oie; Homard bretón róti, beurre Cancalais; Carré d’agneau aux petites girolles; Asperges tiédes; Fromages de la Brie el de Fontainebleau; Soufflé chaud aux framboises; Mignardises et fours frais. Todo ello acompañado de los mejores vinos. <<

[49] A Gran Bretaña e Irlanda, en su calidad de países insulares, se les permitió retener o tomar nuevas medidas basadas en motivos de sanidad, seguridad, medio ambiente y protección de los consumidores. <<

[50] El título incluye un juego de palabras entre hat (sombrero) y HAT (Housing Action Trusts). <<

[51] Ver mi discurso en la Rand Afrikans University de mayo de 1991. <<

[52] El Departamento de Sanidad y Seguridad Social (posteriormente, sólo de Sanidad) era responsable de la planificación estratégica de la atención sanitaria en Inglaterra y Gales. Por debajo suyo están las autoridades sanitarias regionales (RHA), responsables de una serie de servicios especiales, proyectos de capital y planificación regional; y por debajo de ellas se encuentran las autoridades sanitarias de distrito, cuyas funciones se comentan más adelante. Los especialistas de medicina general, los dentistas, los farmacéuticos y los oftalmólogos son competencia de otros organismos, hoy conocidos como Servicios de Salud Familiar. En Escocia, existe un único escalón en la jerarquía sanitaria a cargo de las autoridades escocesas (Scottish Office). <<

[53] También examinamos brevemente la idea de instituir una lotería nacional para contribuir a la financiación del NHS, pero si bien me parecía que las loterías locales tenían cierto valor de cara a ayudar al sector voluntario a recaudar pequeñas cantidades para determinados proyectos, no me gustaba la idea de una lotería para la sanidad nacional, ya que no creo que el Gobierno deba favorecer el juego y menos aún vincularlo a la salud pública. <<

[54] Acepté con gusto, sin embargo, un ligero ajuste, con objeto de compensar fiscalmente la creación de guarderías en el lugar de trabajo. <<

[55] En Gran Bretaña, las Administraciones públicas y territoriales son también competencia del ministerio de Medio Ambiente. <<

[56] La subvención por parte del Gobierno central cubre una gran proporción de los gastos de las autoridades locales. Las GREA fueron un intento de asignar subvenciones a la Administraciones locales sobre la base de su «necesidad de gastar», definida por el Gobierno central por medio de docenas de indicadores que cubrían todos los aspectos, desde el número de habitantes de la zona hasta el estado de sus carreteras. El sistema de paquetes de subvenciones modificó el reparto de las subvenciones del Gobierno central, de modo que se cubría una menor proporción de los gastos de las Administraciones locales que superaban significativamente sus GREA; en otras palabras, cuanto más se excedía un ayuntamiento en sus gastos, mayor sería la proporción de gastos que tendrían que afrontar directamente los contribuyentes locales. Posteriormente se introdujeron las «metas» para Administraciones locales individuales (basadas en gastos anteriores), en un intento por garantizar reducciones de un año para otro en los gastos de las autoridades locales: los ayuntamientos que rebasaran sus metas llegaban a ver retenidas sus subvenciones. La Comisión Auditora se creó en 1982 con el encargo de censurar las cuentas de las autoridades locales en Inglaterra y Gales, y con poderes para emprender o instar estudios sobre rentabilidad y eficiencia. <<

[57] Los impuestos se cobraban a tantos peniques por libra (el «libraje») sobre la base del valor en alquiler de la propiedad, que se calculaba dentro de los términos establecidos por el fisco. Debido a que el mercado de alquileres para la propiedad doméstica era pequeño y decreciente, las valoraciones solían ser muy artificiales. Además, obviamente, su exactitud iba disminuyendo con el tiempo; de ahí la necesidad de nuevas valoraciones. <<

[58] La legislación sobre restricciones nos permitía actuar basándonos en diferentes criterios. Ahora los abogados nos comunicaban que podíamos ser mucho más rigurosos de lo que habíamos pensado a la hora de imponer restricciones a autoridades que hubieran elevado excesivamente el impuesto de un año para otro (frente a la imposición de restricciones a quienes arrojaran un nivel de gasto excesivo en un año en concreto). <<

[59] Ver también el capítulo XX. <<

[60] La regulación referente a los ingresos limitaba en los primeros años de jubilación la cantidad que podía ganar un jubilado sin que se viese reducida su pensión. <<

[61] En este campo es necesario distinguir entre los tipos de interés nominales y los reales. Los tipos de interés elevados son, fundamentalmente, una consecuencia de las expectativas en el mercado de una inflación alta. Si se espera, por ejemplo, que se sitúe en torno a un 10 por ciento, se requieren —incluso ignorando los impuestos— tipos de interés de un 10 por ciento, simplemente para compensar la erosión inflacionaria de los ahorros familiares. De hecho, son los tipos de interés reales —la diferencia porcentual entre tipos y la inflación prevista— los que afectan al ahorro y las inversiones de los particulares y las empresas. <<

[62] La sugerencia de que la inflación, que comenzó a finales de 1988 y duró hasta mediados de 1991, podía explicarse por las decisiones sobre los tipos de interés y la política monetaria de 1985, asumía un retraso de casi cuatro años en el efecto sobre la inflación de la expansión monetaria. Sabemos que los retrasos, en palabras de Milton Friedman, son «largos y variables» con una duración media de unos dieciocho meses. Por lo tanto, un retraso de tres o cuatro años es posible, pero difícilmente plausible. <<

[63] Los tipos de interés habían subido a un 13 por ciento en noviembre de 1988, y a un 14 por ciento en mayo de 1989. <<

[64] Tras la negativa recepción que tuvo nuestra propuesta original de competencia entre monedas, empezamos a desarrollar este nuevo enfoque sobre el ecu basándonos en las sugerencias de sir Michael Butler, antiguo embajador británico ante la CEE, que entonces trabajaba en la City. <<

[65] En Fontainebleau. Capítulo XVIII. LA REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO EN FONTAINEBLEAU. <<

[66] La Unión Europea Occidental se constituyó en 1948 para fines de cooperación militar entre Gran Bretaña, Francia y el Benelux. Alemania e Italia se incorporaron en los años cincuenta. La UEO fue antecesora de la OTAN, en cuyo seno quedó luego absorbida. <<

[67] Tratado para la reducción de las armas estratégicas, cuya negociación entre soviéticos y norteamericanos se puso en marcha durante el primer año de la Administración Reagan. <<

[68] El Acta Final de Helsinki de 1975 contenía los siguientes compromisos: «Los Estados participantes consideran inviolables todas las fronteras de unos con otros, así como las fronteras de todos los Estados de Europa, y por lo tanto se abstendrán, ahora y en el futuro, de violar estas fronteras. De conformidad con lo anterior, también se abstendrán de cualquier demanda o acto tendentes a apoderarse y usurpar, en todo o en parte, el territorio de cualquier Estado participante». Sin embargo, el Acta Final también estipulaba que «las fronteras se pueden modificar, de acuerdo con las leyes internacionales, por medios pacíficos y por acuerdos». <<

[69] Ver la nota 2 del capítulo I. <<

[70] Chief Whip, encargado de vigilar el cumplimiento de la disciplina del partido en las votaciones parlamentarias, la asistencia a las sesiones, etc. [Nota del editor español]. <<

[71] Ver la nota 5 del capítulo I. <<