Sergio Gómez-Alba

Los años de
Aznar

Una crónica histórica de quien
estuvo allí para contarlo

© Sergio Gómez-Alba, 2020

© Almuzara, s.l., 2020

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Almuzara • Pensamiento político

Director editorial: Antonio Cuesta

Edición de Humberto Pérez-Tomé

Ebook: R. Joaquín jiménez R.

pedidos@almuzaralibros.com - info@almuzaralibros.com

ISBN: 978-84-18578-49-6

A todos mis muchos amigos del Partido Popular dedicados a la política en los tiempos que aquí se relatan,
para que recuerden esos años intensos, felices y sufridos
y se sientan orgullosos de haberse hallado allí.

1

Introducción

Todo lo que el hombre ha hecho
en la historia lo ha soñado antes.

María Zambrano

Este libro trata sobre los ocho años de gobierno del Partido Popular, comprendidos entre 1996 y 2004. No es una crónica pormenorizada de esos años, ya que, de lo contrario, sería farragoso, inabarcable e impreciso. He escogido una serie de episodios que, en su momento, impactaron en la opinión pública generando amplias controversias y que aún hoy siguen siendo recurrentes en muchas conversaciones. Con otros episodios no ha sido así, pero constituyeron hitos importantes en la trayectoria de esos gobiernos.

Es un libro escrito por alguien que vivió de cerca los hechos que se narran. No lo ha escrito un historiador; los historiadores estaban en las bibliotecas, los archivos o en sus cátedras. No está escrito por un periodista; los periodistas estaban en sus redacciones o en la calle. Está escrito por alguien que estaba allí y por los que allí estaban. En este sentido, puede considerarse un libro coral. Casi todos los protagonistas están vivos, afortunadamente. ¡Qué buen momento, ahora que se cumplen 25 años de la llegada al Gobierno del Partido Popular, para mirar atrás y, desde la distancia, comprobar qué representó para España un gobierno que, cuando llegó, lo hizo, claramente, con las asignaturas muy bien estudiadas!

El camino que el partido hubo de recorrer hasta 1996 fue necesario para encuadrar un espacio ideológico propio, buscar las personas adecuadas y capaces de armar un programa de gobierno que resolviese los grandes problemas y los desajustes que la nación sufría, para luego ofrecérselo a los ciudadanos pidiendo su confianza.

La persona que, tras difíciles negociaciones, ocupó la Presidencia del Gobierno, José María Aznar, venía sabiendo lo que había que hacer, lo que España necesitaba. Faltaba comprobar si, realmente, estaba en lo cierto, o si, por el contrario, tanto él como todos nosotros estábamos equivocados.

En 1996, los ciudadanos nos dieron una raquítica victoria, quizá porque no se fiaban del todo. Sin embargo, tras cuatro años de prueba, el entusiasmo de los electores otorgó, en el año 2000, una mayoría absoluta al partido de gobierno y a su presidente.

Lo que aquí narro no es totalmente objetivo; no puede serlo porque yo no soy una cosa o un objeto inanimado, hay objetos inanimados que tampoco son objetivos una cámara fotográfica, por ejemplo, dado que la maneja un sujeto. Somos personas y estamos ceñidos a nuestros propios puntos de vista, que no son más que las posiciones en las que nos situamos para mirar algo. Si nos ubicásemos en posiciones diferentes, veríamos algo distinto aun cuando mirásemos lo mismo. Puede que no sea absolutamente objetivo, pero es verdadero. La palabra verdad viene del latín verus, que expresa la correspondencia entre lo que se dice y lo que es; y los hechos, como los datos, no se discuten, sino que se comprueban. Muchos no quieren comprobarlos, porque los niegan. Negar lo que no nos gusta ver es habitual en la condición humana, porque nos permite ser más felices.

Como la política la hacen las personas, aquí aparecen muchas de estas y sus opiniones. La mayoría son políticos que vivieron de cerca estos hechos, como ya he dicho. A casi todos los conozco: a unos los he entrevistado, a otros no ha sido necesario, porque lo que tenían que decir de interés sobre un asunto ya lo han plasmado en libros, artículos, conferencias, declaraciones… Puesto que los ministros están obligados a guardar secreto sobre las deliberaciones de los Consejos, mi principal interés ha estado en lo que podían opinar otros actores muy directos: secretarios de Estado, portavoces parlamentarios de las diferentes áreas políticas, diputados…

Al contrario de lo que la gente cree, la mayoría de ellos han sufrido, y a veces mucho, en un momento u otro de su actividad pública. No se han escapado a la sentencia del conde de Romanones, que decía que el que no quiera sufrir que no se dedique a la política. El sufrimiento es inherente a ella.

Los hemiciclos de las cámaras los ocupan políticos llegados hasta allí por las más diversas razones. A unos les mueve el romanticismo de cumplir viejos y nobles sueños; a otros les invade un deseo insano de venganza, quieren volver al ayer y cambiar la historia, en un acto de espiritismo convocan al pasado para que regrese, sin pensar que, si el pasado regresa, puede ser aterrador. Algún otro pertenece, sin más, a esa minoría de gente a los que el triunfo del daño les hace felices; son esos que en un rincón del corazón llevan enraizado el odio a la excelencia. También hay trepadores decentes, es decir, con principios —aunque es evidente que es más fácil silenciar nuestras conciencias que nuestros deseos. Asimismo, hay otra clase de políticos —que pueden encontrarse en diferentes partidos— cuyo principal objetivo es cambiar una realidad que no les gusta. Estos últimos saben que no podemos elegir de dónde venimos, pero sí adónde vamos. Están dispuestos a todos los sacrificios necesarios para conseguir una sociedad mejor. Luchan por sus ideales, abriéndoles paso entre los hechos que se resisten a ser cambiados. Y si, además, están dispuestos al sacrificio por el interés general, en ese momento crecerán y se elevarán; serán entonces apreciados por todos, porque la gente hoy solo busca alguien a quien respetar. Estos estarán en el camino de convertirse en hombres de Estado si cuentan con las dos mejores cualidades de un político : la ética y el sentido de la realidad. Si antes o después es capaz de un cierto nivel de autocrítica, eso le engrandece y humaniza. Pero en el fondo de cada ser humano hay un animal, una criatura cuyo único objetivo es la supervivencia. La mayoría puede controlar ese animal interno, pero todos conocemos a gentes que ceden ante sus impulsos más elementales y cuyos actos, en ocasiones, tienen terribles consecuencias. Si, en un momento, tomamos un camino equivocado, todos podemos llegar a convertirnos en gente lamentable.

Mas bajando ahora a la vida concreta, hay que decir que los políticos comparten lo que decía Churchill —y eso tranquiliza mucho— de que la diferencia entre la guerra y la política es que en la política te pueden matar muchas veces. Pero suele ocurrir que, cuando regresas de nuevo a la vida, nunca más rías ni vuelvas a ser el mismo. Pero un hombre que sufrió mucho en la política, Georges Pompidou, decía: «Al final, la felicidad es una butaca junto al fuego, por la noche y en compañía de un alma amiga». Yo añadiría: «Y con una copa de vino en la mano».

2

La marcha al centro

Solo puedes decir la verdad cuando hablas del pasado. Porque, cuando las cosas suceden y las explicamos en presente, aún no sabemos calibrarlas; y el futuro solo es especulación.

James Ellroy

Se llega lejos cuando se viene de lejos. Esto no es un proverbio chino, sino una obviedad, pero es evidente que para ello te has cansado, has persistido y has hecho el esfuerzo. Aun así, quizás todavía no has alcanzado tu meta. A la gente del Partido Popular le costó mucho tiempo y esfuerzo alcanzar la suya.

En 1976, una federación de diferentes organizaciones políticas, lideradas por antiguos altos cargos franquistas a cuyo frente estaba Manuel Fraga1, fundaron Alianza Popular. En 1983 la banca y los empresarios dando por hecho de que Manuel Fraga era incapaz de batir a Felipe Gonzalez, en una operación auspiciada por CIU, crearon el partido Reformista Democrático, PRD, presidido por Antonio Garrigues Walker, nutrido de liberales y centristas huérfanos de la UCD. Entonces CIU buscaba votos indirectos allí donde pensaba que no podía obtenerlos y el PRD no se presentó en Cataluña. El candidato a la presidencia del Gobierno en las Generales del 1996 fue Miguel Roca, por lo que se bautizó esta apuesta como “operación Roca” u “operación reformista”. El resultado fue magnífico para CIU a quien votaron liberales y centristas en Cataluña y el PRD no sacó ni un diputado en el resto de España.

En 1989, Alianza Popular fue sustituida por el Partido Popular, al que se incorporó el Partido Liberal y un gran número de cuadros de la Democracia Cristiana. En el verano de 1989, Fraga se reúne en Perbes, en su casa de vacaciones, con sus más importantes colaboradores, con el fin de deliberar para proponer un nuevo presidente del Partido Popular, dado que él había tomado la decisión de no presentarse a nuevas elecciones generales. Se analizaron tres candidatos: Isabel Tocino, favorita de don Manuel; Miguel Herrero de Miñón, quien, a pesar de su potente cabeza, no gustaba al anfitrión; y José María Aznar, el único entre los tres candidatos que poseía experiencia de gobierno en Castilla y León.

Los convocados —Francisco Álvarez–Cascos, secretario general del partido; los secretarios generales adjuntos de Organización y Acción Electoral, Juan José Lucas y Rodrigo Rato; y el coordinador parlamentario del grupo en el Congreso, Federico Trillo, quien se unió posteriormente— acordaron proponer a la Junta Directiva Nacional del partido, a principios de septiembre, el nombre de José María Aznar como candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno.

Cuando Felipe González llegó al Gobierno en 1982, su proyecto era modernizar España, que “España funcione”. Era un patriota y fue un hombre de Estado. Tiempo atrás se había puesto al frente de un partido marxista y lo había conducido al centro político, al centro izquierda genuinamente social demócrata2. Cuando González ganó por primera vez las elecciones, en 1982, compuso el primer gobierno socialista absolutamente puro, dado que en la segunda República el PSOE gobernó siempre con diferentes coaliciones. Una de las primeras decisiones fue la devaluación de la peseta respecto al dólar en un 7,6%; a continuación, cogió el programa económico electoral, con el que había ganado las elecciones, y lo echó a la papelera. Este programa se basaba en las tesis doctrinarias de Keynes y confiaban la recuperación a la expansión de la demanda con el estímulo estatal, el gasto público. Poco antes, François Mitterrand en Francia, en coalición con los comunistas (¡qué antiguo todo!), había apostado por Keynes y por las nacionalizaciones de grandes grupos económicos. Eso era lo contrario de lo que estaban haciendo sus vecinos alemanes, que habían adoptado claras políticas antiinflacionistas corrigiendo el gasto. El franco francés se devaluó tres veces en poco tiempo y la inflación se situó en el 11%.

La crisis generada por la subida del precio del petróleo en el año 1973-74 se llevó por delante a gran número de talleres y fabricas dado que las subidas de carburantes liquidaron sus beneficios. Los pactos de la Moncloa de 1977 consiguieron activar la economía, de nuevo, pero a costa de una disminución del valor neto de los salarios que se los comía una inflación cercana al 30% pero que de esta manera pudo ser embridada. Desde luego a nadie se le ocurrió una reindustrialización de nuestro tejido productivo de manera que cuando la revolución de Irán provocó la siguiente subida de los precios del petróleo en 1979-80 desarboló aun más nuestra economía sufriéndolo especialmente nuestras pequeñas industrias a la vez que afectaba también seriamente las de los demás países industrializados. El resultado fue un desempleo masivo. A esto se sumaron las crisis financieras que comenzaron a finales de los ochenta para remitir entre 1984–1985. En España esta crisis alcanzó su máxima repercusión en la nacionalización–expropiación de RUMASA.

Los sindicatos achacaban al Gobierno políticas de derechas, mientras este decía que esa era la única política económica posible. Llevaron su malestar al límite y plantearon al Gobierno una huelga general el 14 de diciembre de 1988. Esa huelga fue una de las más exitosas conocidas. El gobierno socialista entró en shock e interpretó que las críticas sindicales aportaban un doloroso efecto deslegitimador. Su inmediata reacción fue dar un volantazo a la izquierda. Entre otras cosas, revalorización de las pensiones con la inflación, catorce pagas a pensionistas, equiparación de las pensiones de jubilación y viudedad al salario mínimo interprofesional. Estos indudables avances llevaron al imaginario general la creencia de que las pensiones y la Seguridad Social que disfrutamos se deben a los gobiernos socialistas3. Dado que un gran porcentaje de los empleos creados desde el año 1985 eran contratos temporales, el gobierno del PSOE pudo afrontar tan duro ajuste.

A pesar de que José María Aznar recibió su candidatura solo unos meses antes de las elecciones de 1989, en medio de una dura recesión, consiguió 108 diputados igualando el techo electoral de Fraga. Por primera vez el PSOE perdió la mayoría absoluta, pero continuaba siendo indiscutido por todos los sectores económicos y sociales del país, dado que no se vislumbraba alternativa al liderazgo felipista.

Ya en el año 1988, en una conferencia en el club Siglo XXI, Aznar había expuesto las líneas maestras de lo que debería ser la acción de gobierno de su futuro Partido Popular.

En dicha conferencia expuso la necesidad de articular con urgencia un proyecto con un hilo conductor general sólido y resistente sobre el que se pudiese sostener un programa que, ya que el socialismo había perdido sus aristas y rasgos más singulares, permitiese a la oposición salir de la perplejidad de pensar que le habían arrebatado su espacio e ideas. Era necesario definirse nítidamente como la otra política, que sí podía hacerse desde la óptica liberal.

El papel del Estado había arrebatado parcelas de actuación a la sociedad que tenían que ser devueltas a los ciudadanos. El espacio de centro derecha, decía Aznar, tiene que sustentarse en el fortalecimiento de la sociedad civil y la recuperación del vigor democrático de la sociedad y sus instituciones. Lo contrario alejaba a los políticos de los ciudadanos que los percibirían como gente solo pendiente de sus intereses personales y de partido. Una conducta liberal, por el contrario, es la que hace del compromiso con la gente su principal guía. Es la que se basa en la moderación, la tolerancia y el diálogo. Para Aznar, esto era en sí mismo una estrategia legítima y sincera para ganar, para pasar de una resistencia sin opciones a liderar una alternativa de victoria, que en su opinión representaba el Partido Popular.

Tiempo después, Aznar reflexionaba: “Cuando la UCD trasmitió el poder, aprobada la Constitución, había cumplido un necesario papel de manera admirable, pero el equilibrio que el centro político representaba había desaparecido, porque la auténtica realidad de la vida política, social, cultural y económica de España se hallaba cabalmente representada”. Y sigue: “A partir de ese momento, dedicaría todos mis esfuerzos, toda mi capacidad política e intelectual, a recomponer el centro político español”. Continúa: “En la posibilidad de articular un poderoso centro político radicaba una de las claves de la historia contemporánea española”. Añade: “Sería preciso ir elaborando un modelo de partido que permitiera sentirse representado con holgura a un amplio espacio de la ciudadanía. Era el momento, para nosotros, de construir de manera lenta, pausada y sólida esa fuerza de centro derecha, que, cuando fuera llamada a gobernar por los españoles, tuviera rodados sus motores”4.

En el año 1989, tras las elecciones, José María Aznar se pone manos a la obra, tenía que hacer un viaje similar al que González había hecho, llevar su partido desde la derecha al centro político. Propuso a la Junta Directiva Nacional el nombramiento de lo que va a ser su equipo de confianza. Contando con Álvarez Cascos como Secretario General, designa a Rodrigo Rato Portavoz Parlamentario; Juan José Lucas, Secretario General Adjunto de Organización; y a Arturo Moreno Garcerán, Secretario General Adjunto de Acción Electoral y Formación, con la misión de profesionalizar el aparato electoral del PP, convirtiéndolo en un permanente agente electoral. Asimismo, se aborda una reestructuración del partido suprimiendo todas las vicepresidencias, hasta un total de siete. Álvarez Cascos, sin cuyo concurso el proceso que llevó el Partido Popular al poder no hubiera sido posible, lo resumió diciendo que se trataba de adelgazar y muscular ese partido. Se concentró todo el poder en la Presidencia, Secretaría General y Secretarías Generales Adjuntas. El objetivo era reorganizar, reconstruir y refundar el centroderecha.

Con este propósito auténticamente refundador, se celebró el mítico Congreso de Sevilla (31 de marzo y 1 de abril de 1990), auténtico punto de arranque del viaje al centro, a la vez que constituyó el bautismo de Aznar como líder de un partido moderado, unido e independiente, y a quien Manuel Fraga pasó públicamente la antorcha, en un momento especialmente emocional para todos, cuando en público rompió la carta de dimisión de Aznar fechada en blanco, afirmando que le dejaba “sin tutelas ni tutías”.

En el Secretario General Adjunto, Arturo Moreno, recayó la organización de este Congreso bajo el lema “Centrados con la libertad”, como síntesis del proyecto liberal y centrado que se ponía en marcha. La derecha se echó a un lado para ceder sitio y compartir un espacio con el centro liberal. Era necesario, en primer lugar, ampliar el espectro social del Partido incorporando personas de reconocido prestigio que hubieran trabajado y militado en la UCD. Asimismo, se necesitaba una renovación generacional y también intergeneracional. Jóvenes políticos curtidos en las juventudes de UCD, liberales, incluso antiguos militantes comunistas. Abogados, economistas, sociólogos, politólogos, profesores, empresarios, etc. Estos debían cohabitar, en perfecta complementariedad, con personas procedentes de Alianza Popular y otros de diferentes círculos políticos que pertenecían a generaciones precedentes. Era necesaria una apertura política a nuevos sectores sociales y crecer hacia el centro a través de una renovación de los dirigentes del partido preparados y solventes con marcado perfil moderado, abierto. Se trataba de fijar una nueva orientación política sobre tres pilares: el centro, el cambio, la continuidad Nacional5.

En la clausura del congreso, Aznar aseguró: “Prometo llevar este partido al poder… empeño mi palabra, me comprometo solemnemente a llevar este partido a la victoria”.

Pero, como dijo Ortega, la acción sin reflexión es barbarie. Para la reflexión se creó la Fundación para Análisis y Estudios Sociales (FAES). Aznar tenía interés en conocer cómo funcionaban los “think tanks” anglosajones que habían potenciado a Reagan y a Thatcher. Por ello entró en contacto con los embajadores de EEUU y Reino Unido, a fin de que facilitasen un “visitors program” al que envió a Miguel Ángel Cortés, el cual estuvo durante dos semanas en EEUU y Reino Unido, y estudió su método y funcionamiento. Este es el origen de FAES, un laboratorio de ideas, que posteriormente se revelaría como un formidable instrumento de análisis y propuestas políticas, indispensable en los posteriores años de gobierno.

Sobre la dificultad de la tarea de relevar al Gobierno y el cómo la sociedad lo percibía, dan una idea las palabras de Graciano Palomo al respecto: “Resultaba una quimera pensar siquiera en la sustitución del más formidable líder político democrático español de todo el siglo”6.

En ese esfuerzo se estaba en el mes de abril de 1990, cuando una rocambolesca historia de seguimiento y escuchas telefónicas a un concejal del Partido en Valencia, Salvador Palop (cuyo hermano estaba siendo investigado por narcotráfico), descubrieron un caso que la propaganda del PSOE calificó de financiación irregular del PP. Nada se pudo demostrar, porque nadie se enriqueció. El juez instructor de Valencia dictó auto de procesamiento contra varios miembros del PP, entre los que se encontraba su tesorero Rosendo Naseiro y Ángel Sanchís, diputado por Valencia y también antiguo tesorero del partido. Eduardo Zaplana, el prohombre valenciano del partido y tiempo después ministro, también aparecía en las grabaciones.

Políticamente, este caso se produjo muy poco tiempo después del “caso Juan Guerra”, de modo que Aznar solicitó una comisión de investigación en el Congreso y otra en el Partido, condicionada a las Conclusiones del Tribunal Supremo. El Supremo abrió juicio oral y, como cuestión previa en dicha vista, declaró la nulidad del caso al ser ilegales las escuchas, ya que estas no habían contado con tutela judicial; un juez las había rechazado previamente, y la policía las siguió manteniendo en su poder (con la posibilidad de ser manipuladas), con la intención de que, por reparto, el asunto pasara a un juez de izquierdas, el juez Manglano.

Con un Aznar recién llegado, se necesitaba un conflicto abierto para demostrar lo distintos que éramos del PSOE. “Dos por el precio de uno”, dijo Felipe González al respecto, cuando se pidió la dimisión de Alfonso Guerra por lo de su hermano. Porque en España solo se dimite “in articulo mortis”. Arturo Moreno, uno de los políticos más prometedores del partido en ese momento, que no fue ni imputado ni procesado, ni siquiera llamado como testigo, asumió la responsabilidad de unas cintas ilegales, juzgadas por los medios que exigían cabezas. Él puso la suya voluntariamente en el tajo, para que no siguiese creciendo la marea y para que la asunción de responsabilidades políticas quedase en su nivel7. Una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo, que declaraba la nulidad del proceso, el Partido no reabrió sus conclusiones, con lo que pareció, contra el criterio legal, que daba por buenas las cintas. Arturo Moreno quedó en la sombra colaborando con la FAES y con el partido en épocas electorales.

En septiembre del año 1992, con un gobierno socialista en pleno deterioro, que, tras la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, tenía la economía en tasas negativas de crecimiento y un monumental paro, pero que conservaba una potente estructura organizativa en todo el territorio nacional, José María Aznar aseguraba a la Junta Directiva Nacional del PP que éste había iniciado la transformación definitiva que le permitiría convertirse en el partido de gobierno. Para ello, no solo era preciso desplazarse hacia el centro, sino conseguir agrupar el voto disperso del mismo.

A finales de 1992, Aznar ofreció a Rafael Calvo Ortega, presidente del CDS, integrarse de manera significada en la candidatura del PP a las Elecciones Generales. Este prefería una alianza parlamentaria de los dos partidos, pues decía que sumarían más por separado que juntos. En las elecciones de 1993 el CDS obtiene 415.000 votos y no saca ni un diputado, tampoco un senador.

En el Congreso del Partido Popular de 1993, antes de las elecciones, Aznar pronunció una aclamada y profética frase que Arturo Moreno introdujo en su discurso: “ prefiero abrir las ventanas a levantar las alfombras, las cuentas claras a las auditorias de infarto8, el aire puro al ventilador de la porquería, decir la verdad a la ambigüedad calculada y servir a los demás que morir de éxito”. Estaba poniendo de relieve la ausencia de cualquier idea de revancha o revisionismo, su deseo de continuidad, de no saltarse páginas de la historia de España, la búsqueda de la concordia nacional.

El 26 de enero de 1993, meses después de las elecciones, José María Aznar es entrevistado en un programa monográfico de Antena 3 por Mercedes Milá, con inusitada expectación mediática y popular. Al terminar el programa es felicitado por la presentadora; resultaba evidente que el candidato del Partido Popular tenía la talla y el nivel suficiente como para dirigir la alternativa al gobierno socialista. En ese momento ya contaba con un partido que, sin perder su origen de derechas, había sabido desplazarse al centro, condición indispensable para situarse en la linde con el centro izquierda y disputar su hegemonía.

Destacados periodistas aconsejaban a Aznar que, para perfeccionar este camino, debía superar el problema del PP y permitir que PNV y CiU se sintieran cómodos y que asumiese y resolviese este reto9. Se iniciaba un año electoral repleto de grandes esperanzas para el partido de la oposición.

En mayo de 1993, en Antena 3, se lleva a cabo el primer debate electoral televisado en directo de la historia de España entre dos candidatos: Felipe González y José María Aznar. Contra todo pronóstico, el debate lo gana de una manera contundente Aznar. He leído por algún sitio que Fidel Castro, cuando meses después se reunió en la Habana con Rosa Díez, le dijo que sintió escalofríos cuando se enteró que el primer debate lo había ganado Aznar.

En el segundo debate, días después y en Telecinco, Aznar, buscando cuajar una alternativa concreta al Gobierno, dejó a un lado el tema que más divierte y encrespa a las audiencias: la corrupción. Intentar explicar detalladamente, a según qué horas, un programa electoral en la televisión lleva de inmediato a la gente a la somnolencia o a centrarse mentalmente en sus problemas cotidianos. De pronto, González resucitó a la audiencia y espetó a Aznar: “Usted lo que quiere es quitar ocho mil pesetas a los pensionistas”. Se acabó el debate.

En esa época, sacar el dóberman a pasear siempre daba excelentes resultados. Durante la campaña electoral, en los mítines andaluces y extremeños del PSOE se exhibieron las cartillas de racionamiento de después de la guerra, para decir que eso es lo que nos traería la derecha. Las encuestas poco favorables a González, le llevaron a utilizar políticamente, quizá por primera vez en democracia, la guerra civil. Se inició así la manipulación espúrea de la Historia con fines electorales. Posteriormente, cuando el perro se quedó sin dientes por viejo, Zapatero y sucesores optaron por sacar a Franco a dar una vuelta cada vez que convenía estimular el aguerrido voto frente al fascismo que guadaña en mano cabalga un espectral caballo. Cualquier cosa era útil al Gobierno para intentar paliar el aluvión de malas noticias.

El 13 de mayo se anuncia la tercera devaluación de la peseta, el paro se situaba en niveles extraordinarios y la tendencia era al alza. Las inmediatas Elecciones Generales del 6 de junio las ganó Felipe González. El PSOE obtuvo 9.150.083 votos y 159 diputados. El PP, 8.201.463 y 141 diputados. Las esperanzas del centro derecha se frustraron, pero era evidente que, si hacíamos las cosas bien, a la próxima iría la vencida.

Era necesario buscar una mayoría más amplia para el nuevo gobierno socialista. González pensó casi de inmediato en Pujol, cuyos apoyos ya había tenido, pero también existían otras posibilidades. Julio Anguita cuenta que Alfonso Guerra le llamó; Guerra cuenta que Anguita le llamó a él, porque prefería explorar otras opciones. “Yo le envié un proyecto de acuerdo y al día siguiente anunciaron el pacto con CiU y PNV”10. Esto da idea de lo difícil que siempre ha sido para el PSOE pactar con los comunistas. En nuestros tiempos, el dilema de la sartén o el fuego nuestro presidente Sánchez lo ha resuelto con la agilidad que le caracteriza, optando por ambos. ¿Por qué no?

En los días posteriores a las elecciones generales de 1993, Aznar pidió a sus diputados que nos comportársenos como lo que ya éramos, una alternativa real con credibilidad. Para evitar las fuertes demandas nacionalistas a cambio de apoyar los presupuestos del nuevo Gobierno, Aznar ofreció al futuro presidente el apoyo incondicional en asuntos claves de interés político general y en materia económica. El Gobierno ya contaba con Pujol, y lo rechazó para no dar protagonismo al PP.

Fue un difícil momento para su líder, que vio su figura puesta en cuestión una vez más. Se le acusaba de ejercer una oposición destructiva, de no tender puentes con el Gobierno y despreciar el diálogo, de no ser capaz de utilizar el enorme caudal de votos que tenía en sus manos para influir en la marcha de la nación y defender los intereses de las pequeñas y medianas empresas, que al final son los creadores de empleo y bienestar.

La estrategia de ácida confrontación del PP se suavizó conforme avanzó la legislatura, buscando lo que se dio en llamar “impulso democrático”, que defendía la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, la elección del Defensor del Pueblo, y la renovación del Consejo de RTVE y del CGPJ. Los acuerdos no fueron posibles, a pesar de que la situación político–económica del país era insostenible. El presidente González anunció su deseo de presentarse a un quinto mandato.

Por esas fechas, se fraguó una operación política planificada concienzudamente. Se buscaba situar a Mario Conde al frente de la oposición, bien como sustituto de Aznar, o bien creando un nuevo partido. “Financiaba seminarios políticos en Moscú a los que el presidente popular no era invitado, visitaba oficialmente al Papa, saneando las deterioradas arcas vaticanas, y pocas semanas antes se había hecho con el control de Antena 3 Televisión11. La figura de Conde alcanzó proporciones de estrella entre amplios sectores de la población, especialmente entre los jóvenes que admiraban sus logros y carisma.

El Partido Popular, en tanto, perfilaba su programa económico. Rodrigo Rato estaba al frente de ello. Los progresistas, como les ha dado por autodefinirse a las izquierdas, lo son en el sentido del progreso hacia la quiebra, el paro y el control del individuo. Pero ocurre que el progreso o es irreversible o no es progreso. Y todas, o casi todas, sus medidas y políticas han tenido que ser revertidas, cuando la situación a la que abocan a la nación y a sus ciudadanos llega a límites intolerables. Llega un día en que la gente quiere tener trabajo, servicios sociales, infraestructuras culturales y viarias, etc., y prefieren ser libres a que se lo controlen todo. Y prefieren gastarse ellos su dinero, en lugar de que lo gaste un señor ideologizado e instalado en un despacho desde donde hace los presupuestos del Estado y subvenciona a sus amigos. Y la gente, como no es idiota, sabe que tiene que pagar impuestos, porque la sociedad que quiere cuesta mucho dinero, pero también quiere que se le permita vivir razonablemente bien y ahorrar un poco para financiar sus proyectos emprendedores e ilusiones. Todo eso solo es posible en un escenario generador de riqueza, que no tiene nada que ver con los esquemas mentales instalados en las mentes “progresistas” e imposibles de erradicar.

Pero las derechas socio–liberales tampoco son progresistas del todo, porque si nos atenemos a la anterior definición de que el progreso o es irreversible o no es progreso, en cuanto llegan las izquierdas lo primero que hacen es revertir todas las políticas y medidas de sus predecesores que el realismo más elemental les permite. Esos progresistas odian a Rodrigo Rato, no por lo malo que haya podido hacer años después, y que todos recusamos, sino por lo bueno que hizo. Consiguió lo que ellos nunca consiguieron.

El programa económico de Rodrigo Rato era el clásico programa liberal condensado en: menos impuestos, reducción del sector público privatizando las empresas en ruina, fin del derroche a los sectores subvencionados, bajar el déficit.

Una importantísima parte de militantes, unos cien mil, había participado en seminarios y cursos de formación que el Partido había organizado a lo largo y ancho del territorio nacional e interiorizado la labor que nuestro futuro gobierno tenía por delante; y, lo más importante, se sentían partícipes de ella. En el Congreso Nacional del PP de 1996, tres meses antes de la victoria electoral, se crearon 26 comisiones de estudios a las que se incorporaron diferentes expertos junto a los parlamentarios nacionales y portavoces autonómicos: en total unas 2.500 personas. El programa electoral y nuestra futura obra de gobierno estaban listos para “pasar de las musas al teatro”. La fundación FAES había marcado el camino desde hacía tiempo, con diferentes áreas de estudio en las que los más destacados expertos colaboraron. En Cataluña también nos preparábamos para asaltar el fortín. El PP de Cataluña (PPC) montó también comisiones de estudio sobre diferentes ámbitos de actuación a las que se incorporaron destacados expertos y profesionales que aportaron significativas iniciativas al programa nacional del partido.

El fortín inexpugnable se basaba en la mayoría absoluta de CiU en el Parlament (desde 1984 hasta 1995; mayoría relativa hasta 2003), la personalidad de Jordi Pujol en el ámbito catalán, verdadero Dalai Lama de los viejos tiempos, en esa mezcla de poder temporal y espiritual que controlaba una sociedad clientelizada y un aparato de partido que llegaba hasta el último rincón de Cataluña.

En ese escenario había mucha gente que creía que CiU, a pesar de su poderosa posición, no representaba todo el sentir ciudadano, que en absoluto estaban de acuerdo en la existencia de dos clases de catalanes: el buen catalán o el mal catalán según el pasaporte que te endosasen; que solo había una clase de catalán, el catalán libre.

Alejo Vidal-Quadras y yo éramos viejos amigos unidos por lazos familiares. Yo estaba volcado en un par de pequeñas empresas que tenía y en la administración de mi patrimonio, no muy sobrado en esa época. Me licencié en su día en Ciencias Políticas y Sociología, y como eso no servía para gran cosa, como decía mi padre, aparte de amueblarte la cabeza como cualquier otra carrera universitaria, me obligó a espabilarme en otros ámbitos. Cuando Alejo, ya presidente del PPC, comenzaba a encarar sus primeros asaltos electorales como candidato a la presidencia de la Generalitat, me pidió que le ayudase como sociólogo que yo era y como alguien de quien se fiaba. Recientemente habían sido descubiertos micrófonos ocultos en su despacho y habían grabado conversaciones importantes. Yo no había ejercido nunca de sociólogo, pero evidentemente sabía de sondeos, encuestas, análisis de opinión, etc., algo más que otros —todos, gente valiosa, que andaban por allí—. De todas maneras, cuando hablábamos de sondeos electorales, yo le decía que estuviese tranquilo, porque los sondeos eran respuestas condicionadas por una pregunta que luego da pie a una conjetura. Había que echarse unas risas de vez en cuando. Pero, cuando los sondeos no nos gustaban, él me decía: “Podrán los encantadores quitarnos la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo no podrán, amigo Sancho”. Me pidió que fuese gerente de las campañas electorales y especialmente la de las autonómicas de 1995. En esta exitosa campaña contamos con la total entrega de Javier Arenas, vicesecretario de Organización del PP, con amplia experiencia práctica en estas lides; nosotros éramos unos novatos. Arenas tiene una fascinante personalidad, producto de su fuerte empatía. También es sabio, muy sabio; a su lado siempre se aprende algo. Tras el espectacular avance en esas elecciones, en 1993 Alejo me puso en la lista de diputados al Congreso, con el apoyo y amparo inicial de Javier Arenas12.

A finales de 1995, todas las patronales y los diferentes sectores de actividad económica cerraron filas con Aznar; la estabilidad política era indispensable para el crecimiento y las reformas de un modelo ya agotado.

Jordi Pujol adelantó las elecciones en Cataluña cinco meses antes. Resultaba ya insoportable el largo abrazo con el PSOE que, prácticamente, era el partido democrático más desprestigiado de Europa. Josep Antoni Duran i Lleida dijo la noche electoral que ese abrazo había durado demasiado tiempo y había constituido un grave error.

En junio de 1994 ocurrió en Barcelona un hecho extraordinario. En las elecciones al Parlamento Europeo el Partido Popular superó por cinco mil votos al Partido Socialista de Cataluña. Esto era el anuncio de lo que vendría después. En noviembre de 1995, en Cataluña se produjo un vuelco electoral. Alejo Vidal-Quadras consigue un extraordinario resultado para nuestro partido. CiU baja diez escaños y pierde la mayoría absoluta. PSC baja seis, Partido Popular de Cataluña sube diez y se convierte en la tercera fuerza. Sin un resultado como este, el PP no podía aspirar a gobernar España, porque el número de diputados que Cataluña aporta al Congreso en unas elecciones generales hace indispensable una fuerte posición en la autonomía. Para CiU supuso no solo perder la mayoría absoluta, sino algo muy doloroso para Pujol: perder la presidencia del Parlament. Cuando la combinación de los grupos de la oposición consiguió para Joan Raventós, del PSC, la presidencia de la cámara catalana, Jordi Pujol no daba crédito a lo que sus ojos veían. Focalizó todo su odio en Alejo Vidal-Quadras, a quien hacía responsable de esto. En los últimos meses de gobierno del PSOE, los ataques personales al candidato del PP alcanzan una extrema virulencia, se orquestan encuestas que reducían la intención de voto a la oposición y se retoman los argumentos del miedo a “la Derecha”.

Felipe González se vio obligado a convocar elecciones, cuando aún no habían pasado tres años de las anteriores, al no conseguir el apoyo a los presupuestos por haber roto el pacto de gobierno su socio de Convergència i Unió. En plena campaña electoral, Santiago Carrillo escribe el prólogo del libro La tierra prometida, escrito por Graciano Palomo. En él, Carrillo afirma: “Los españoles están escaldados de las políticas de derechas. Si gobierna el PP, ha de demostrar que es democrático, así como su respeto por las libertades ciudadanas, también su consideración por los Derechos Humanos, y habrá que ver cuál es su actitud el día que pierda las elecciones y tenga que entregar el poder. Habrá que ver, asimismo, si combate al terrorismo sin saltarse el Estado de Derecho”. Acababa alertando, de que “hay que estar en guardia ante la política social del PP, no sea que entre a saco en el Estado de Bienestar”.

El domingo tres de marzo de 1996 se llevaron a cabo las Elecciones Generales para la VI legislatura, con una participación del 73,38%. El PP obtiene 156 diputados, sube 15, con el 38,79% de los votos (Arriola había pronosticado 168 diputados, lo que generó cierto desaliento en el PP). El PSOE, 141 diputados; baja 18, con el 37,63%. IU, 21 diputados, y sube 3 con el 10,54%. CiU, 16 diputados, baja 1. Otros partidos, 11 diputados con el 5,25% de los votos.

Al día siguiente, el periódico El País titulaba: “El PSOE, con 141 escaños, supera los 9 millones de votos de 1993”, y añade: “El PP, con 15 escaños más de los que tenía hasta ahora, está por debajo de los 159 del PSOE en 1993”. El PSOE pierde 18 diputados, pero sus 9,3 millones de votos superan los logrados en las anteriores Generales y su diferencia con el PP es solo de 340.000 votos13.

La Vanguardia, el 4 de marzo, señala: “Ni absoluta ni suficiente”. Y en su editorial: “Los resultados de ayer son una práctica reproducción de los de 1993… el PP no ha sabido o no ha podido aprovechar la excelente plataforma de lanzamiento que le brindaron sus notables avances en las recientes elecciones autonómicas”. Añadía: “Eso implica una llamada a la responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria… la aritmética electoral determina que no habrá más remedio que avanzar en la senda de los pactos y las coaliciones, si no se quiere convocar de nuevo al electorado anticipadamente”.

El ABC, tras subrayar que, con casi el ochenta por ciento de participación, es una de las más altas de la democracia, en un artículo de sus páginas interiores dice: “Destacados dirigentes de CiU descartaron ayer la posibilidad de dar su apoyo a la investidura de José María Aznar como jefe del Gobierno, con el argumento de que el buen resultado de la coalición se ha debido en gran parte a su compromiso electoral de ‘parar al PP’. En los dos partidos que integran CiU, según EFE, se afirmaba anoche que ‘es prácticamente imposible’ que CiU pueda apoyar la investidura de Aznar, por lo que habrá que decidir si se vota en contra o la coalición se abstiene.”14 Por otra parte, Pujol pedía al PP que reflexionase sobre el hecho de que “da miedo a los catalanes”15.

Según estas noticias, “el PNV aseguró estar dispuesto a respetar el liderazgo de Aznar y propondrá que las próximas presidencias del Congreso y del Senado recaigan en los grupos minoritarios”. Se leía en el periódico: “El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, declaró por su parte que ‘es necesario un gobierno sólido por el bien de todos’ y se comprometió en sus primeras declaraciones a no poner zancadillas a José María Aznar en su tarea de formarlo”.

1 Manuel Fraga Iribarne fue ministro de Información y Turismo (1962–1969), embajador de España en el Reino Unido, y, tras la muerte de Franco, vicepresidente del Gobierno y ministro de Gobernación (1975–1976). Presidió Alianza Popular hasta 1987, cuando Antonio Hernández Mancha se hizo cargo de la formación. Una vez que Alianza Popular se transformó en el Partido Popular, Hernández Mancha dejó de liderar la organización y, durante unos meses, Fraga volvió a tomar las riendas del partido.

2 El canciller alemán Helmut Kohl, gran amigo de España y de González, se refería coloquial y cariñosamente a este como Morgenstern, es decir “lucero del alba” o “estrella de la mañana”. Javier Ybarra cuenta que en el entorno de la cancillería alemana llaman, también coloquial y afectuosamente, al presidente Sánchez, a quien consideran un hombre correcto y educado, Abendstern, “lucero vespertino”.

3 Estas afirmaciones ignoran que el creador de la Seguridad Social moderna en España fue José Antonio Girón de Velasco, ministro de Franco desde 1941 a 1957. Instauró la obligatoriedad de las pagas extraordinarias de Navidad y verano. Creó las Magistraturas de Trabajo, el Instituto de Medicina Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Seguro de Enfermedad, el seguro de vejez e invalidez, la pensión de viudedad, las universidades laborales, las vacaciones retribuidas, las festividades laborales retribuidas, la jornada laboral máxima, la legislación sobre Viviendas de Protección Oficial, las Escuelas de Capacitación Social de los trabajadores, el subsidio de vejez. Recuperó un nivel de vida superior al de los felices años veinte elevando el nivel de dignidad del mundo del trabajo. Vid. José Martín Brocos, Diccionario Biográfico Español, tomo 23 (Real Academia de la Historia, 2010).

Como curiosidad reseñamos que Girón de Velasco prologó un libro en 1952 de Manuel Iglesias en el que se destacaban los logros en materia de derechos sociales del régimen de Franco. Manuel es abuelo del actual vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, del que yo esperaba algo parecido a lo que su abuelo dice que consiguió Girón.

4 José María Aznar, la Segunda Transición, Espasa Calpe (Madrid 1994).

5 El viaje al centro se convirtió en la obsesión del X Congreso. El secretario general Álvarez Cascos proclamaba “Si queremos evitar un posible bandazo a la izquierda, debemos marchar hacia el centro por el camino de las reformas”.

6 Graciano Palomo y J.A. Martínez Vega, la tierra prometida. Madrid. Editado por Javier Vergara (Madrid, 1996).

7 Es evidente que la capacidad personal de sacrificio en aras de lo colectivo se ha devaluado con el tiempo. Arturo Moreno fue sustituido como vicesecretario general por Mariano Rajoy.

8 El primer gobierno socialista amenazó a la UCD con auditoras de infarto.

9 José L. Martín Prieto en el Prólogo de El Túnel. La larga marcha de José María Aznar y la derecha española hacia el poder, de Graciano Palomo (Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1993).

10 José María Brunet, La Vanguardia (8 de julio de 2019).

11 Graciano Palomo. El Tunel.

12 Estas no son mis memorias, por lo que es irrelevante lo que he contado; lo hago por no aparecer de pronto en el hemiciclo del Congreso sin que se sepa cómo llegué allí.

13 “La dulce derrota”, que dijo Alfonso Guerra.

14 Esos acalorados portavoces ignoraban la experta reflexión del conde de Romanones, cuando aclaraba a sus diputados que, cuando él decía “nunca jamás”, quería decir “por el momento”.

15 Evidentemente, el miedo se lo había metido él para justificar su largo y cálido abrazo al felipismo y el dóberman con collar de pinchos en el cuello y espumarajos en la boca que había soltado el PSOE a lo largo de toda la campaña.

3

El PACTO DEL MAJESTIC
Y Vidal-Quadras

Desengáñese, Madariaga,
la política es siniestra en todas partes.

Gregorio Marañón a Salvador de Madariaga.

Rodrigo Rato y José Carlos Mauricio, por parte de Coalición Canaria (CC), sellaron sin mayores problemas un acuerdo de legislatura de alguna manera, venía impulsado por la existencia de un pacto en las islas entre PP y CC. Acordaron la reforma del Estatuto de Canarias, un estatuto permanente ante la Unión Europea y mejora del régimen económico fiscal, así como la revisión del Plan Director de Infraestructuras de las islas. Todo lo referente a financiación quedó a la espera de lo que se acordase con PNV y CiU tras la investidura.

El acuerdo que más tardó en lograrse fue con el PNV. Tras semanas negociando Jaime Mayor Oreja y Juan José Ibarretxe, mes y medio después seguían sin conseguirlo. El PNV pedía el desarrollo del Estatuto y las transferencias de la Seguridad Social. Esto último fue absolutamente vetado por el PP, porque significaba romper la caja única, algo fundamental en la configuración de su funcionamiento. Pedían también la reforma del Concierto Económico y la transferencia del Instituto Nacional de Empleo, INEM. Se reunieron Aznar y Arzalluz. El PNV quería la gestión del pago por las prestaciones de desempleo, los impuestos especiales, la gestión ocupacional y poder subir o bajar las tarifas del IRPF. Los sindicatos se oponían frontalmente a muchas de estas cosas. Finalmente, se acordó aumentar las facultades de las Haciendas Forales vascas respecto al IRPF. Capacidad de decisión sobre los impuestos especiales, suprimir la figura del Gobernador Civil, transferencia de la Seguridad Social, gestión de puertos y aeropuertos, competencias en Formación Profesional y creación de una comisión de investigación sobre los GAL y la devolución a los partidos políticos del patrimonio de que la dictadura se había incautado. El acuerdo lo alcanzó Jaime Mayor y en Burgos lo firmó con Ibarretxe. El PP concedía equiparar el Concierto Económico Vasco, modificándolo, con el de Navarra.

En el posterior encuentro entre Aznar y Arzalluz se significó que el pacto se fundamentaba en la idea de una colaboración inicial que, tras la formación del Gobierno, iniciaría un proceso de negociación sobre el Estatuto Vasco. El acuerdo se selló en la calle Génova, sede del PP. No hubo firma, Aznar puso la mano sobre una carpeta verde. Esto generó una amplia satisfacción en el futuro partido del Gobierno, no solo por el desbloqueo final de la situación. Se llegó a pensar que, sin acuerdo, el PNV se iría inhibiendo de la política nacional y buscado colaboración más estrecha con los abertzales. Otros sectores del PP estaban contentos con la devolución del patrimonio incautado a los partidos políticos, porque les añadía una legitimidad antifranquista.

El periodista Román Cendoya había estado al frente de las campañas electorales de Jaime Mayor Oreja y tenía con él un buen nivel de confianza. Román me contó un día que le había preguntado a Mayor el porqué de una negociación tan complicada y lenta con el PNV, cuando en realidad numéricamente ya no era necesario. Jaime Mayor le contestó que era una oportunidad que se le estaba dando al PNV para integrarse en un proyecto de Estado.

Respecto a la relación de Aznar con Arzalluz, Duran i Lleida dice: “Me atrevería a afirmar que su relación desde 1996 hasta 1999 rozó el idilio”. “En enero de 1999, el PNV, junto con Arnaldo Otegui y Carlos Garaikoetxea, apoyó la manifestación de Bilbao para exigir el acercamiento de los presos. Era más de lo que podía digerir Aznar”16.

Las reticencias al pacto con el PP por parte de Pujol venían de lejos y tenían diversos orígenes y temores. En diferentes conversaciones con destacados empresarios y políticos, Pujol llegó a decir: “Yo no puedo apoyar al Partido Popular, porque Cataluña perdió la Guerra Civil”. Sorprende la automática adscripción del PP con los ganadores de la guerra, la de Cataluña con la causa republicana y la absoluta falta de reflexión que, desde una mentalidad burguesa como la suya, supone ignorar qué hubiese sido de Cataluña si la guerra la hubiese ganado el otro bando. Consciente de las reservas de muchos catalanes hacia su figura y viendo acercarse las elecciones generales, José María Aznar aprovechó el verano de 1995 para iniciar un cierto desembarco en Cataluña. Previamente, había fichado para encabezar su lista, en el primer y tercer puesto, a José María Trías de Bes, antiguo secretario de la Mesa del Congreso en representación de CiU, y al abogado Trías Sagnier. Se buscaba dotar de cierto barniz —¿catalanista?— a la candidatura del PP trufándola con los sufridores diputados de perfil vidalquadrista que se habían batido el cobre durante tantos años.

En el verano de 1995, se reunieron muy privadamente en la casa de Aiguablava del prestigioso abogado Pepe Colls, suegro de Duran i Lleida y consuegro mío en la actualidad, Aznar, Rato, Pizarro, Sánchez Llibre y sus respectivas esposas. Se trataba de conocer un poco más Cataluña y fomentar las relaciones personales. La espectacular vista de Aiguablava desde la casa Colls, la sabiduría del anfitrión y los buenos deseos de todos generaron un clima que, tras el almuerzo del día siguiente en el Bulli de Rosas, permitía pensar en una sincera colaboración futura.

Las anteriores navidades Aznar y Duran se habían frecuentado en Baqueira Beret, las relaciones y coincidencias políticas eran magníficas. Estas reuniones suscitaban la desconfianza de Pujol, que las consideraba el proyecto de una OPA hostil a CiU, además de diversificar el diálogo que él pretendía monopolizar. Pujol no sabía cómo manejar la relación con el PP. Alejo Vidal-Quadras era su obsesión. Alejo desmitificaba su figura, hacía burletas y, con certera precisión, evidenciaba todo lo que el pujolismo representaba y que constituía la otra cara de la moneda que el Muy Honorable no gustaba exhibir; él prefería proyectar la del estadista que contribuía a la gobernabilidad y regeneración de España.

Pero después de las elecciones había que pactar. Ya en 1993 el destacado periodista Jose Luis Martín Prieto recomendaba a Aznar, sin sospechar la situación que tendría que manejar en 1996, que superase el problema del Partido Popular y permitiese que el PNV y CiU se encontrasen cómodos con él, y que asumiese y resolviese este reto. Felipe González, tras perder las elecciones, animó a Pujol a pactar con el Partido Popular; alguien tenía que gobernar. No se podía hurtar la victoria a quien había ganado en España. Le pidió que apoyase a Aznar con las condiciones que acordasen. Hay que tener presente que la alternativa al pacto era un gobierno en minoría entre el PSOE e IU, algo que ni se la pasaba por la cabeza a González.

Pujol desconfiaba, aunque el PP le venía asegurando la gobernabilidad en Cataluña desde 1995. Creía que quizá en un momento determinado no los necesitarían y entonces saldrían su auténticas intenciones. Posteriormente, con la mayoría absoluta, cuando Aznar ofreció a CiU una serie de importantes ministerios, Pujol lo interpretó como un intento de absorber a los nacionalistas en Cataluña. Eso es lo que dijo y dice, pero la realidad es que no quería permitir a sus destacados barones, Molins, Duran, Roca, asumir un protagonismo que solo quería para sí mismo, y veía ese tipo de colaboración como una forma de diluir las esencias nacionalistas. ¿Además… cómo iba a ir protocolariamente tras uno de ellos?

Tiempo después, en el acto de entrega de la vara de mando a Artur Mas, decía clamando de ira e indignación: “Vienen y nos ofrecen cargos y prebendas. ¿Quién se han creído que somos nosotros? Nosotros no estamos en política por los cargos, estamos al servicio de un proyecto de país. Es como mi abuela cuando iba al gallinero y gritaba a las gallinas diciendo: ‘titas, titas, titas, titas’. Nosotros no hacemos política por comedero”17.

En una ocasión hablé con Duran sobre este asunto, pero me parece que en su citado libro lo explica bien: “la oferta de Aznar de ofrecer ministerios a CiU no era inofensiva; el líder del PP sabía que, si no habíamos entrado en el Gobierno cuando su partido no tenía mayoría, menos aún lo haríamos cuando habían obtenido mayoría absoluta. Con esta oferta, Aznar había trasmitido a la ciudadanía de Cataluña, a los sectores que oscilaban electoralmente entre PP y CiU, que, si Cataluña no tenía más presencia en la cabina de mando española, no era porque él no quisiera, sino porque CiU lo rechazaba”.

Rodrigo Rato y Joaquim Molins anunciaron el 26 de abril de 1996 que sus delegaciones, Rato y Juan Costa por un lado, y Molins, Alavedra y Sánchez Llibre por otro, habían conseguido un acuerdo. Rato lo calificó de “colaboración política y parlamentaria, Molins de “investidura y gobernabilidad”. Quedaba sometido a la aprobación de los consejos nacionales de CiU y al Comité Ejecutivo del PP.

Aznar había solicitado con anterioridad a la Junta Directiva Nacional, máximo órgano de gobierno del partido, autorización para iniciar los pactos, prometiendo que el contenido de estos volvería a la Junta Directiva, pero no fue así porque los llevó a ratificar al más reducido ámbito, núcleo duro, del Comité Ejecutivo. Pujol dijo al respecto que defendería con “plena convicción” el pacto ante el Consejo nacional de CDC, porque “lo que se ha hecho es lo que se debía hacer”. Las desconfianzas “no están justificadas”. La experiencia debe hacer entender a la opinión pública que CiU no está “para hacer la puñeta, ni para destruir nada”, sino para hacer “un juego leal” y para conseguir una estructuración del Estado “que no genere desconfianzas”.

En ese momento no se especificaron todos los términos del acuerdo. Posteriormente se destacó que Cataluña recibiría en los próximos cuatro años unos 400.000 millones de pesetas. Se supo que la Generalitat asumiría gradualmente las competencias de Tráfico, hasta ahora reservadas a la Guardia Civil y que pasarían a gestionar los Mossos d’Esquadra. Lo más destacado del acuerdo era el establecimiento de un nuevo sistema de financiación autonómica que elevaba del 15% al 30% la cesión del IRPF. Las autonomías participarán en una agencia tributaria territorial, compartida con el Estado y tendrán capacidad normativa sobre los impuestos compartidos y cedidos.

El acuerdo recoge la profesionalización total del Ejército con el compromiso de suprimir el servicio militar obligatorio en el plazo de seis años, elaborando una nueva ley que tenga en cuenta las necesidades defensivas y presupuestarias, con cuatro años más para su total implementación (a la larga se ha visto que a pesar de las cosas positivas de este acuerdo, la supresión de la “mili” conllevó un efecto perverso como fue prescindir de uno de los más eficaces instrumentos que el Estado tenía para la vertebración de España y la adhesión a la patria común de los hombres que la hacían).

Se acordó la desaparición de los gobernadores civiles, que serían sustituidos por subdelegados provinciales, sin rango político, nombrados por los delegados del Gobierno.

Las políticas de promoción de empleo del INEM se traspasarían a la Generalitat, sin incluir las prestaciones económicas a los desempleados. También se transferían la gestión de los puertos de Barcelona y Tarragona y el Consorcio de la Zona Franca. No se especificó en un documento, pero se dijo que había un acuerdo político para que el PP apoyase la política de normalización lingüística y una eventual reforma de la ley del catalán de 1993. Jordi Pujol declaró que el acuerdo era una oportunidad para que la derecha “demuestre si sabe gobernar”, que garantizaba la gobernabilidad y que era para toda la legislatura. En sus posteriores memorias, Pujol diría que el pacto fue sin duda bueno porque se puso fin a la agresividad de Vidal-Quadras y a los ataques al catalán. Posteriormente, veremos qué es lo que él llamaba agresividad de Vidal-Quadras y lo que consideraba ataques al catalán.

Se habían necesitado casi tres meses y varias entrevistas personales, en el máximo secreto, entre Aznar y Pujol. Al día siguiente, el pacto, no firmado, se selló con una cena, en el hotel Majestic de Barcelona, entre José María Aznar, Jordi Pujol, Duran i Lleida, Mariano Rajoy, Rodrigo Rato y Joaquim Molins. El acuerdo ha pasado a la posteridad con el conocido nombre de Pacto del Majestic. El citado pacto era algo de todo punto necesario para el país, que se encontraba en uno de los momentos más difíciles desde el restablecimiento de la democracia y estaba pidiendo con urgencias medidas, reformas y cambio en las políticas ya agotadas del anterior agónico gobierno. Se había dicho que la “Transición” política española no estaría completa hasta que la natural alternancia no se produjera, de la misma manera que había sido imprescindible para la misma que el Rey llegase a tener un gobierno socialista, y para el Partido Popular era necesario gobernar y disipar las dudas y fantasmas que sobre un gobierno de derechas se habían volcado. Gustasen o no los pactos con los nacionalistas vascos y catalanes, era evidente que la razón de Estado, y razón es sinónimo de motivo, pide priorizar el interés general sobre las apreciaciones particulares. Tiempo después, el pacto se reveló como el instrumento que permitió la recuperación económica, el crecimiento, el empleo; se retomó la credibilidad y prestigio de la nación, se hizo frente al terrorismo con una movilización social nunca vista, sentando la bases para su posterior derrota, y se logró entrar en el euro como Estado fundador, cuando apenas poco antes esto se consideraba una entelequia. El pacto del Majestic es uno de esos episodios que más polémica ha generado, y de manera permanente en nuestra reciente historia política.

A José María Aznar se le ha acusado de ser el mejor presidente para los intereses del nacionalismo catalán. Se barajan para esta apreciación las muchas concesiones que el pacto hizo a los nacionalistas. Aparentemente, la más importante fue la puesta en marcha del nuevo modelo de financiación autonómica, cediendo una participación de la recaudación del IRPF del 33% y el 35% de IVA, más el 40% de los impuestos especiales. Esto se aplicó a todas las Comunidades, por lo que no podía hablarse de una cesión tributaria singular a Cataluña. Los voceros de partido y mediáticos de CiU, buscando magnificar los logros de la negociación para justificar los tratos de los que hacía poco renegaban, presentaron ciertos acuerdos como trofeos arrancados al Partido Popular. La realidad fue otra.

La supresión de los Gobernadores Civiles y del servicio militar obligatorio era algo que nuestro partido llevaba en su programa desde hacía tiempo. A finales del 92, tras una larga elaboración del programa electoral, en cuya redacción final participaron cientos de cuadros dirigentes, se aprobó la reducción gradual y profesionalización de los ejércitos, así como la supresión de los gobernadores civiles. En 1993 se propuso aumentar el presupuesto del Ministerio de Defensa en 100.000 millones, un servicio militar voluntario y profesional con unas Fuerzas Armadas más reducidas, mejor dotadas, más operativas y la plena incorporación de la mujer a los Ejércitos.

Cuando mi Grupo Parlamentario me encargó la defensa en el Pleno del Congreso de la “proposición de ley orgánica de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña”, que había sido presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán de CiU, lo primero que pensé fue que este traspaso no estaba previsto en la Constitución. Pero de inmediato reparé en que el artículo 150.2 de la misma permite transferir o delegar mediante ley orgánica lo acordado. Por otra parte, el anterior gobierno del PSOE ya había pactado con la Generalitat la sustitución de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por los Mossos d’Esquadra, en un acuerdo entre ambos gobiernos y la Junta de Seguretat de Catalunya. Naturalmente que ese pacto no nos obligaba de manera taxativa y exacta a su implementación, pero, al haberlo acordado nuestro partido, no vi ningún inconveniente en defender algo que ya tenía la Policía Foral en Navarra y la Ertzaintza en el País Vasco. Digo esto, porque esta transferencia ha sido anatemizada en varias ocasiones como una debilidad más del PP.

Con respecto al pacto, según un estudio del CIS en mayo de 1996, obtuvo el respaldo mayoritario de todos los españoles, especialmente en Cataluña. Los votantes del Partido Popular lo apoyaban en un 76,1%. Aznar fue alabado, años después, por Duran i Lleida (UDC), Ramon Tremosa (CDC), Heribert Barrera (ERC) y el propio Pujol. Sin embargo, sorprende que hoy en día Aznar sea vilipendiado en Cataluña por uno y otro bando.

La Vicesecretaria de Organización del PP Dolors Montserrat confesaba en 2015: “No compartí el pacto del Majestic que Aznar subscribió con CiU y que permitió a Cataluña incrementar sus competencias”. No sabemos si en esa época no quería que el Partido Popular gobernase, o si no era partidaria del desarrollo autonómico constitucional. Una de las personas claves de este acuerdo fue Mariano Rajoy, que un año después la nombraría ministra de Sanidad.

Muchos de los sólidos votantes del PP que en su día tenían devoción por Fraga, y hoy denigran los Pactos del Majestic, no recuerdan que Fraga, no sospechoso de falta de amor a España, no tuvo el menor atisbo de crítica o reserva sobre lo acordado. Es más: estaba orgulloso de la capacidad de pacto de su pupilo, cualidad esencial en cualquier hombre público.

Un tiempo después, en el seno de CiU se compartía la opinión de que estos pactos aceleraban la caída de Pujol por su supeditación a Aznar. CiU dependía en Cataluña del PP, y, aunque ahí el PP fuese un manso cordero, ellos decían que el PP gobernaba como si tuviese mayoría absoluta sin tenerla. El hecho es que CiU aplicaba los pactos en Madrid ateniéndose a lo acordado, pero en esos pactos no se mencionó en absoluto cuál sería el papel del PPC en el Parlament.

Nada más ser nombrado Coordinador General del PP, Ángel Acebes le pidió al aún presidente del PPC Vidal-Quadras que “modulara su discurso”. Con posterioridad, el resultado fue una sobreentendida entrega y sumisión del Grupo Popular a las líneas de gobierno que CiU marcaba.

Esa ausencia de oposición en el Parlament no fue nunca reconocida, ni agradecido por CiU, sino muy al contrario. Un mal resultado de Pujol en 1999 y la consecución de la mayoría absoluta para Aznar en las inmediatas elecciones del año 2000 llevaron al ánimo de destacados cuadros de CiU que el precio a pagar a un Aznar cada vez más crecido y centralista, decían, era inasumible. Eso constituía una clamorosa falta de visión, porque lo que se les entregó y no se escribió en los pactos no tenía precio. Es paradójico que muchos de los que renegaban de los pactos del Majestic a la vez lo hacían de las mayorías absolutas.

La animadversión nacionalista hacia Aznar puede tener su origen, aunque no sea el único motivo, en el retroceso electoral que estos sufrieron en el período 1996–2003. La suma de CiU y ERC descendió en votos y escaños en las elecciones autonómicas y generales. En las autonómicas, desde 1.625.000 hasta 1.568.000 votos; desde 73 hasta 69 escaños y desde el 50,4% del voto hasta el 47,3%. En las generales, desde 1.314.000 en 1996 hasta 1.160.000 en 2000, de 17 a16 escaños y desde el 25,7% del voto sobre censo hasta el 21,9. Además, la media de la escala de nacionalismo catalán elaborada por el CIS (1=mínimo grado de nacionalismo, 10=máximo grado de nacionalismo) descendió durante esos años desde el 5,72 en 1995 hasta el 5,42 en 2003. Quienes declaraban un grado máximo de nacionalismo catalán han pasado de ser el 10,2% de los catalanes en noviembre de 2003 —mínimo valor de toda la serie histórica— al 24,7% en noviembre de 2012.

De estos datos podría deducirse que, cuando en España se gobierna bien y ese gobierno cubre las expectativas ciudadanas en Cataluña, la gente no ve mucho lugar para el nacionalismo. Por lo menos en esos tiempos. Por el lado de los no nacionalistas se ha llegado a constituir una opinión generalizada que atribuye el origen del actual estado de rebeldía catalán a las transferencias en Educación que Aznar realizó en su día, dado el adoctrinamiento que en las escuelas catalanas se hace de los alumnos.

El desarrollo del Estado autonómico que la Constitución acordó llevaba necesariamente a traspasar una serie de competencias de este a las diferentes autonomías y los medios para ejercerlas.

Leopoldo Calvo Sotelo, presidente del Gobierno en 1981, firmó con Felipe González el primero de los pactos para el desarrollo territorial, los llamados “Acuerdos Autonómicos”. El objetivo era “lograr en un plazo razonable una distribución homogénea del poder”. Entre 1981 y 1984 el Estado transfirió 486 funciones y servicios a las autonomías. Posteriormente, se fueron implementando los organismos institucionales tales como parlamentos, gobiernos, presidentes, etc. En 1992, el presidente Felipe González firmó el segundo pacto autonómico con José María Aznar, en el que se transfirieron 32 nuevas competencias, incluida Educación, para igualar a las diferentes comunidades con las llamadas “históricas”. A lo largo de 1993 las reformas estatutarias pendientes se completaron en el Congreso, a fin de incorporar las nuevas funciones. Durante la presidencia de González se transfirieron 1.368 competencias. Se convirtió en el presidente que mayores transferencias realizó a las autonomías. En cualquier caso, los traspasos de competencias en Educación formaban parte del desarrollo autonómico constitucional, y no vamos a culpar ahora a la Constitución de lo que pasa en Cataluña.

En el debate de investidura del 3 de mayo de 1996, Aznar dice: “Nos proponemos, asimismo, completar el proceso de transferencias acordado en los pactos de 1992, para que las Comunidades del régimen del artículo 143 asuman la plenitud de sus competencias previstas en sus propios estatutos y, muy singularmente, la competencia en materia educativa. Una renovación de aquel pacto debe servir para que dichas Comunidades alcancen sus máximos niveles de autogobierno”. Al respecto se ha dicho: “El error no consistió en transferir. El error consistió en creer que las cosas iban a ir mejor en las Autonomías, si se transferían las competencias educativas. En Cataluña empezó entonces una lenta pero constante batalla por imponer el catalanismo radical contra la idea de España”18. Si hay que buscar culpables, no cabe duda de que estos son los que ignoraron el artículo 27.8 de la Constitución, que dice: “Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes”.

En 1993 se introdujo una reforma de la enseñanza en Cataluña que supuso para todas las escuelas la necesidad de elaborar un proyecto lingüístico que definiera el momento y la forma de la introducción del castellano entre los alumnos. La Generalitat atribuyó esta decisión a los consejos escolares, en lugar de optar por una reglamentación uniformadora para que cada colegio, público o privado, se adaptase a las necesidades de su entorno. Otra circular insistía en que “normalmente” el catalán sería la lengua de enseñanza, pero no recordaba los derechos individuales recogidos en la legislación. Las líneas de enseñanza en castellano desaparecieron.

La ley de Política Lingüística de 1998 fue aprobada en el pleno del Parlamento de Cataluña con los votos a favor de CiU, PSC, IC y parte del grupo mixto. ERC y PP no la votaron por razones opuestas. Ante una ley con semejante calado como el de esta, y con los pactos de investidura aún frescos, el debate en el Partido Popular y especialmente en el PPC sobre nuestra posición fue tremendamente agitado y controvertido. Insignes diputados catalanes del PP preconizaban la abstención. El jefe de Gabinete de Aznar, Carlos Aragonés, nos pidió a Salvador Sanz y a mí, ambos diputados por Barcelona, una opinión al respecto. Le dijimos que se la pondríamos por escrito, y días después se la entregamos en mano en la Moncloa. Resumo básicamente nuestras consideraciones: nunca ningún régimen político se atrevió a llegar a tanto como pretendía CiU con esa ley. Ni siquiera en época franquista, en la que el catalán fue objeto de una calculada marginación, se atrevió el Legislador a imponer el uso del castellano bajo normas coercitivas. Dicha Ley incidiría negativamente en lo que hasta entonces venía siendo una convivencia civilizada y espontánea entre las dos lenguas, en modo alguno antagónica. Se estaba intentando iniciar el camino para sustituir en el orden institucional y social el castellano por el catalán. Los ciudadanos castellano–hablantes, más de la mitad de los catalanes, serían forzados coercitivamente, bajo la amenaza de sanciones, incluso de orden económico, a integrarse al catalán, con o sin su voluntad. Se buscaba el desiderátum nacionalista de conseguir como única lengua el catalán. Inclinarse por la abstención en el debate parlamentario daría una imagen de inconsecuencia ante nuestro electorado, y especialmente ante terceros indecisos políticamente que fueran castellano–parlantes. Aconsejábamos una oposición rotunda a dicha Ley, con lo cual daríamos una imagen coherente con nuestra doctrina política proclamada hasta esa fecha, y ampararíamos y atraeríamos a los votantes del PSC que este dejaba abandonados. Finalmente, esta oposición fundada, firme y razonada, estaría defendiendo derechos humanos y constitucionales de la mayor parte de la población catalana.

El acuerdo de fondo entre CiU y el PSC jugó un importante papel en la aprobación de esta ley que discriminaba a los castellanohablantes en los ámbitos comerciales y educativos. Esta posición del PSC, con la que nunca estuvieron demasiado cómodos un gran número de cuadros socialistas, ha pesado como una permanente losa sobre ellos y dañado gravemente el ADN de este partido en Cataluña, al que hoy muchos ven como los permanentes colaboracionistas del nacionalismo. Las decisiones que se tomaron a continuación desembocaron en la inmersión lingüística. Esta ley de 1998 significaba el inicio de un programa de ingeniería social que fue implementándose desde aquellos años y que ha eclosionado con la actual situación catalana. No es concebible en ningún régimen democrático europeo la operación de “ortodoncia” social que se ha llevado a cabo en Cataluña.

A pesar del voto en contra de nuestro partido, Aznar no recurrió la ley ante el Constitucional y convenció al Defensor del Pueblo para que no lo hiciese tampoco él. Puede que otra vez la razón de Estado se impusiese al gobernante, pero si el PSOE y el PSC hubieran estado donde tenían que estar, es decir, con su gente, con la gente que les votaba y que confiaba en ellos, y hubieran recurrido al Tribunal Constitucional la ley, las libertades en Cataluña se habrían salvado. Ellos no se debatían ante la “razón de Estado”, y solo tenían que recordar que eran un partido obrero, es decir, de emigrantes en Cataluña, y español, porque Cataluña suponemos que también era España para ellos.

Cuando Alejo Vidal-Quadras fue apartado de la dirección del PPC, fundó una plataforma que se llama Convivencia Cívica Catalana, que agrupa a las asociaciones que luchan por una Cataluña libre de nacionalismo secesionista. Ahí estaban Pepe de Mingo, letrado de la Seguridad Social y que hoy encabeza la asociación Impulso Ciudadano, Paco Caja, Marita Rodríguez y toda una serie de gente que luego ha continuado defendiendo la Cataluña plural frente al nacionalismo hegemónico.

Convivencia Cívica Catalana se dirigió al Defensor del Pueblo con un informe muy elaborado en el que, gratis et amore, trabajó incansablemente el reputado catedrático de Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández, así como un grupo de abogados integrados en esa plataforma. El resultado fue un magnifico informe que se entregó al Defensor del Pueblo para pedirle que presentase un recurso de inconstitucionalidad, cosa que entra de lleno en sus competencias de acuerdo con la Constitución. El Defensor del Pueblo y su equipo tuvieron varias reuniones con los proponentes y decidieron presentarlo.

El president Pujol, al conocer que esto se estaba gestando, le dijo a Aznar que, si este recurso se presentaba, rompía el pacto y le dejaba en minoría. El presidente Aznar envío a un distinguido diputado perteneciente a la misma familia política democristiana que el Defensor del Pueblo, Álvarez de Miranda, y con el que este tenía antiguos vínculos de militancia y amistad. El emisario le explicó que, si presentaba el recurso, provocaría una catástrofe, porque España entraría en la inestabilidad e incertidumbre, fatales para la economía y para las necesidades de todos los españoles. Por muy fundamentadas que estuviesen las razones del recurso, los aspectos difícilmente compatibles con la Constitución y lo que tenía de violación de los derechos de los catalanes, había un bien mayor a preservar que era la estabilidad gubernamental, el interés general, la razón de Estado. El Defensor del Pueblo aparcó el recurso y lo sustituyó por un dictamen en donde criticaba la ley de política lingüística, pero no presentó el recurso.

Dice Alejo Vidal-Quadras:

El PSOE es culpable por colaboracionismo activo, y el PP por tolerancia pasiva, pero los dos son culpables y el gobierno de Aznar no hizo nada para garantizar el derecho de los padres a la educación en español y catalán de sus hijos, como ordenó el Tribunal Constitucional en 1994, y consintió la continuada aplicación de la inmersión lingüística en catalán de manera obligatoria.

Continúa:

Pasado mañana (27 de febrero de 2020) en un congreso de la sociedad civil que se realiza en Madrid, se abre el congreso con una conversación–debate de Felipe González y José María Aznar. Yo he dicho y escrito que todo lo que digan los dos expresidentes en esa charla, que no es la primera ya, carecerá de valor, si no va acompañado de un sincero y dolorido acto de contrición, porque los dos, los dos junto con José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, todos ellos sin excepción, han permitido con su pasividad a veces, con su actuación activa en otras, con su falta de visión histórica siempre, con su oportunismo, su pusilanimidad… todos ellos, todos nos han traído a donde estamos hoy, donde la existencia de España como nación está amenazada y puesta en cuestión.

Resulta curioso que dos personalidades tan opuestas como Alejo Vidal-Quadras y Gregorio Morán, ambos con alto nivel analítico, coincidan, aparte de en su libertad verbal, en su consideración hacia las figuras de González y Aznar. Lo notable entre Aznar y González no son sus políticas, sino la renuencia, en ambos, a aceptar que se han equivocado19.

En una charla que, hace poco, hemos mantenido sobre estos asuntos, Alejo continúa con una triste y amarga reflexión difícil de rebatir:

Vale que en los cuatro años en que Aznar necesitaba a Pujol esterilizase su partido en Cataluña, pero, cuando los españoles en el año 2000 le dan la mayoría absoluta, ¿no hubiera sido el momento de haber rectificado, y volcarse en la defensa de los derechos civiles de los catalanes, y volver al Partido Popular de Cataluña firme y beligerante contra el catalanismo independentista que, paso a paso, tomaba la sociedad catalana, la amordazaba, le endosaba carnets de buena o mala catalanidad? A ese partido que quitó la mayoría absoluta a CiU y crecía, crecía, crecía con la abnegación y esfuerzo de todos nosotros, abucheados, escupidos y apedreados. Al día de hoy, cualquier planteamiento tendente a restablecer los derechos y libertades de los ciudadanos es considerado por la Generalitat como un ataque a Cataluña.

El Pacto del Majestic es también recordado por muchos como la ocasión en la que Pujol pidió la cabeza de Vidal-Quadras a Aznar y este se la entregó. Salomé, Herodes y la cabeza del Bautista son una imagen demasiado potente para la gente como para resistirse a la comparación y que no quede en el recuerdo. Como sobre este episodio no hay nada escrito en los pactos, hemos de remitirnos a la declaración de Pujol en sus memorias, que ya hemos recordado antes y en las que dice que ahí se desactivó la agresividad de Vidal-Quadras. Llamaba agresividad a lo que era un marcaje a su gobierno y sus políticas, algo esencial en una democracia madura, pero a lo que el president no estaba acostumbrado, al vivir rodeado de pleitesía generalizada. Algo similar a lo que ocurre hoy, más exacerbado, en el mundo independentista, en el que todo el que no comparta sus ideas es un traidor a Cataluña. Pero no puedo dejar de transcribir lo que Vidal-Quadras me contó al respecto:

En marzo de 1996, fui invitado por Zaplana y Rita Barberá a las Fallas de Valencia. En el ayuntamiento, Aznar le dice a Rita: “He de hablar con Alejo”. Rita nos lleva a una lujosa salita y Aznar dice: “Bueno, Alejo, he hablado con Pujol y me pide tu relevo. Yo le he dicho que no, pero has de adaptarte”.

Pasan unas semanas y, tras el Comité Ejecutivo Nacional, Aznar me dice: “Alejo, sube a mi despacho”. Yo le noto tenso, serio, y me dice: “Que sepas que iremos a Cataluña a cerrar el pacto con Pujol”. No me dice “ya nos veremos”, ni me adelantó acuerdos que sería lógico que el presidente del PPC conociese, aun someramente. En ese momento lo vi todo claro. Sentí una profunda decepción y desamparo. En Barcelona no fui invitado ni informado; era como si yo no existiese. En la televisión salió todo. Sergio, yo había cumplido su encargo, hacer crecer al PP de Cataluña, sacarlo de la insignificancia en que estaba, dotarlo de un discurso propio. Pedí verle y no me quiso recibir. En un curso de verano dije algo que no gustó sobre los nacionalistas y que se malinterpretó; El País sacó siete portadas al respecto, como que yo quería cargarme el pacto. No quiso recibirme. Yo decidí morir matando y presentarme como candidato al próximo Congreso del PPC. Ángel Acebes me llamó y me dijo: “El presidente te pide que no te presentes a la elección del PPC, piensa en ti para un importante puesto”. Yo pido hablar con él, pero no lo consigo. Amago con volverme a presentar y me llama Jaime Mayor Oreja, y me dice: “Si te presentas, ganarás el congreso, pero nombraremos una gestora y te destituiremos; generarás una crisis y un gran desgaste. Te pido por patriotismo que no lo hagas”. En el siguiente Comité Ejecutivo Nacional anuncié que no me presentaba. Miguel Ángel Cortes pidió a Aznar que me ofreciese FAES, Aznar lo hizo y no se refirió para nada al pasado, como si no existiera. Tiempo después, Javier Arenas me dice que iré al Parlamento Europeo y “si conseguimos una vicepresidencia, será para ti”20.

Miguel Ángel Cortes, hombre con absoluta adhesión a la figura de Aznar y buen amigo de Vidal-Quadras, me decía en una reciente conversación que él creía que, con respecto a ese desencuentro, Aznar tuvo un problema de comunicación y Alejo de rigidez. Podría haber dado un paso diciendo que no quería ser un obstáculo y pedirle la embajada de Washington, por ejemplo, pero Aznar también podía haber llamado a Alejo para hablar y decirse que contaban el uno con el otro. Comparto al cien por cien esta opinión.

En la siguiente cena de Navidad que el presidente Aznar ofreció a sus diputados, senadores y eurodiputados, acompañados de sus parejas —ya una tradición desde que asumiera la presidencia del partido—, un grupo de amigos nos sentamos juntos en una mesa. Los ministros y secretarios de estado se repartían por una u otra, por lo general con los de su circunscripción. No recuerdo si en esa ocasión Cristóbal Montoro se sentó con nosotros; lo había hecho en otras ocasiones. Pero sí recuerdo que estábamos con el antiguo alcalde y diputado por Salamanca, el brillantísimo, y admirado por Felipe González, Fernando Fernández de Trocóniz, además de Alejo Vidal-Quadras, el diputado por Barcelona Salvador Sanz con su mujer, la mía y yo y algún otro. Al llegar los postres, Aznar iba de mesa en mesa saludando y riendo, sí reía; con nuestras chicas y desplegando sincero afecto. Cuando llegó a la nuestra, todos nos levantamos y él se puso detrás de Alejo, que no se levantó. Aznar abrazó la silla por detrás y cruzó sus brazos sobre el pecho de Alejo impidiendo que este se levantase, cosa que, por supuesto, él no pensaba hacer. Ese gesto de Aznar me conmovió, y es la imagen que quiero conservar de mi presidente. Yo empecé a cantar por lo bajini la canción de los Panchos “Si tú me dices ‘¡ven!’, lo dejo todo…”, y le dije a Alejo: “Canta conmigo”. Él hizo un gesto negativo, pero Trocóniz, con quien habíamos cantado muchas veces ese bolero, en su castillo del Buen Amor de Salamanca en noches felices, comenzó a cantarlo de viva voz. No sé si Aznar llegó a escuchar a Trocóniz, pero yo creí percibir una mueca de incredulidad en la cara del presidente.

No cabe duda que la titánica tarea de Vidal-Quadras era reconocida y respetada por José María Aznar; no podía olvidar que, en los viejos tiempos, frente al máximo período de poder y fulgor de Pujol, Vidal-Quadras desplegó una de las más valientes tareas que en la política española de los últimas décadas se conoce21. El sacrificio personal y familiar llegó a límites de diario calvario por las descalificaciones, injurias, amenazas y agresiones por desempeñar la función de oposición de la que el PSC había abdicado por mor de los apoyos que el presidente González necesitaba del Molt Honorable. Vidal-Quadras tuvo que asumir esa función por incomparecencia del PSC y pasar a evidenciar el doble lenguaje, la deslealtad final a la Constitución, la perpetua manipulación de la opinión pública que, con ayuda de los subvencionados medios, se perpetraba día a día.

En esa tarea estaba condenado a la soledad, dada la adhesión al pujolismo por parte de los empresarios y gran parte de la influyente, entonces, burguesía catalana22. Alejo hablaba un catalán más perfecto que el de los que le denigraban, tenía más ascendencia catalana que la mayoría de ellos, y no creo que ninguno amase más a Cataluña que él. El profundo dolor que le producía ser calificado como enemigo de Cataluña, por defender a España, era una llaga que costaba cicatrizar. El resto del Partido Popular y las posiciones que defendía en Cataluña habían sufrido un semejante rechazo.

En octubre de ese año Julio Ariza Irigoyen, valiente y valioso diputado del PP en el Parlament, subió al atril y habló en castellano. El escándalo fue mayúsculo, los diputados de CiU, ERC, del PI (Partit per la Independència) de Ángel Colom, e Iniciativa per Catalunya, liderada por el hoy Sindic de Greuges Rafael Ribó, abandonaron el pleno y calificaron de acto de provocación. El hecho de hablar en el Parlamento de Cataluña la lengua de más de la mitad de los catalanes parece ser que era una provocación. Como hemos visto, el pacto con CiU se cerró el 26 de abril. El 29, durante el Comité Ejecutivo presidido por Aznar, Vidal-Quadras pidió autonomía para el PPC y anunció que seguiría con su oposición a CiU a pesar del acuerdo. Esto significaba claramente echar un pulso a Aznar que desembocó en todo lo relatado.

Tras ser relevado por Aznar en Cataluña, la decisión que tomó Vidal-Quadras de presentarse como candidato a presidente en el congreso del PPC la debatíamos todas las noches. Alejo, el diputado por Barcelona Salvador Sanz, y yo hablábamos hasta las tantas. Compartíamos un piso en Madrid. Razonábamos sobre la necesidad de entender que nuestro partido en Cataluña no podía ser un obstáculo para la gran ocasión y el histórico reto que teníamos y del que dependían tantas cosas necesarias para los españoles. Yo le recordaba la frase de Huxley de que lo importante no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Le decía que, si lo hacíamos bien, de esta salíamos. Le decía que era fundamental saber que en política no estábamos para hacer lo que nos pedía el cuerpo, sino para hacer lo que hay que hacer. Alejo, lógicamente, se encontraba en el momento más caldeado y estos razonamientos no le llegaban. Discutíamos y nos peleábamos. Ya en la cama, Salvador, que compartía dormitorio con Alejo, estiraba el brazo hacia la cama de este, en la otra pared, y este hacia lo mismo con el suyo, chocaban las manos y hacían las paces. A Alejo y a mí, a pesar de nuestro cariño y respeto, nos costó más hacerlas.

Vidal-Quadras ha explicado que se había perdido para el PP la posibilidad de tener un proyecto propio para Cataluña. Yo no entendí bien esto en su momento. Ayer como antes, y como hoy en España, o en cualquier país del mundo, pedir a un posible gobernante que renuncie a gobernar ahora, para construir otro proyecto de futuro que le permita hacerlo más adelante, resulta algo inimaginable, por muy elevado que sea el análisis que se le haga. Quien tiene la oportunidad de gobernar sabe que hoy la tiene y que posiblemente no la volverá a tener. Esto solo puede imponérselo su propio partido, si este es poderoso y está frente a un líder débil, pero ningún líder es débil tras haber ganado unas elecciones, por pequeño que haya sido el margen de su victoria. Y, por otro lado, siempre contará con el cierre de filas a su alrededor de sus equipos y cuadros ansiosos de llegar al poder.

Al comenzar este libro, le pedí a Alejo que me explicase cuál podía haber sido ese otro proyecto que él calificaba de propio y valiente. He de reconocer que me dejó deslumbrado, y estas son sus palabras:

Aznar perdió la ocasión de tener un proyecto independiente y con el espacio propio que se hubiera delimitado; perdió la ocasión. No cabe duda de que, para juzgar acontecimientos del pasado, hay que situarse en el contexto de la época. En aquella época, primera mitad de los años noventa, Pujol estaba en el apogeo de su poder. Tenía un planteamiento astuto y pragmático; su objetivo siempre ha sido la creación del Estado Catalán Independiente, separado de España. Pero él, de manera inteligente, ha aplicado el método que el mismo denominó como “el gradualismo”, que es ir dando pasitos de tal forma que cada pasito parece asumible, pero, cuando miras todos, te das cuenta de que lo que se ha producido es un cambio total e irreversible. Él tuvo una estrategia y la contraparte que serían los sucesivos gobiernos nacionales, los dos grandes partidos nacionales, nunca la tuvieron. Al final, hemos llegado a la situación en la que estamos.

Cuando unos saben a dónde ir y cómo hacerlo, y los otros están en el corto plazo, en la defensiva y en la coyuntura, acaban fracasando.

En ese gradualismo surgió un obstáculo para él, que era el Partido Popular de Cataluña, capaz de aglutinar todo el voto de millones de catalanes que querían seguir siendo españoles, que rechazan el nacionalismo, que quieren una Cataluña plural, que quieren educación en español y seguir siendo españoles, y esa masa de catalanes que, desde mi punto de vista, son más liberal–conservadores, más de izquierdas… pero que tienen ese elemento común y no disponían de una oferta política, clara y firme que les permitiera votar con convicción para defender sus creencias, porque el PSC siempre ha sido colaboracionista, un apéndice del secesionismo. Entonces, ese PPC nuestro de la época empieza a cubrir ese campo y pasa de seis diputados en el Parlament de Cataluña a 17, de cuatro diputados en Madrid a ocho, de 120 concejales en Cataluña a 480, de tres concejales en Barcelona a seis. Pero, sobre todo, genera un cuerpo de pensamiento y proyecto político con el que muchos catalanes se identifican. Y comienza a votarnos gente del PSC, en las autonómicas, en el cinturón de Barcelona. Eso es lo que sucedió después con Ciudadanos. Si ese PPC no hubiera visto cortada su existencia de raíz, como hizo Aznar, y sin la posterior ausencia de Rajoy, Ciudadanos no habría nacido. Me lo han dicho a mí: “Nosotros no habríamos nacido; si aquel PP hubiera seguido, estaríamos en el PP”, y lo mismo podría decirse de Vox. El pacto que comprendía IRPF, trafico, IVA, minoristas, etc., que se hizo para garantizar la gobernabilidad, podría haberse hecho sin neutralizar al PP de Cataluña.

Si Aznar en eso no hubiera cedido, Pujol habría hecho el pacto igual. Pujol estaba obligado al pacto por una razón. España estaba en el proceso de entrar en el euro, y no cumplía ni una de las condiciones necesarias; Aznar en dos años tenía que poner a la economía española en condiciones de entrar. Todo el empresariado catalán estaba aterrado del gobierno socialista del que venían, y a favor clamoroso de las políticas del PP.

Las presiones que sufría Pujol de las elites empresariales catalanas, que le apoyaban, le financiaban y proporcionaban el soporte social y financiero que utilizaba para llevar adelante su proyecto político y ganar elecciones, le exigían que hiciera el pacto. La petición de Pujol de que yo fuera apartado de la presidencia del PP de Cataluña la hizo, no creyendo que se le daría, sino buscando poner más presión sobre Aznar. Sabiendo que no la obtendría, estaba dispuesto para ceder ahí. Si Aznar no hubiera cedido, Pujol no habría tenido más remedio que ceder él”.

Cuando hemos de analizar un tipo de decisiones como esta, o la de no recurrir la ley de Política Lingüística, decisiones que en ciertos momentos han de tomar los líderes políticos, es recurrente acudir a la contraposición que Max Weber ha hecho célebre entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Aznar, Álvarez de Miranda, Vidal-Quadras se enfrentaron a este dilema ya clásico. Las convicciones han de ser ponderadas de acuerdo con la responsabilidad del momento. Weber nos aclara que “no es que la ética de la convicción sea idéntica a la falta de responsabilidad, o la ética de la responsabilidad a la falta de convicción”. No da por hecho que una esté por encima de la otra. Corresponde al político adaptar los valores absolutos a los límites de la realidad social, con convicción y mesura que Weber entiende que se ha de aplicar a uno mismo. Lo que Maquiavelo definió como el arte dello Stato, en el siglo XVI, Giovanni Botero lo definiría como las medidas extraordinarias que un gobernante toma para preservar un bien superior. Y de esto también trata el próximo apartado.

Cabe preguntarse si Aznar , en ese momento tenia ya en la cabeza lo que tiempo después propuso a Artur Mas y que este cuenta en sus memorias (Cabeza fría corazón caliente. Ediciones península 2020).

En un momento dado, entre 2001 y 2003, se reunieron en Doñana Rajoy, Zaplana y Matas con Artur Mas. El objeto era proponerle la unión entre PPC y CIU. El Partido Popular desaparecía en Cataluña dejando todo el espacio de centro derecha a CIU. Ofrecían ademas, incorporarlos al Gobierno con carteras ministeriales. Esto venia a ser la contraoferta a Puyol en su solicitud de ampliar el autogobierno de Cataluña. La oferta fue rechazada por Mas en nombre del President.

16 Josep Antoni Duran i Lleida, El riesgo de la verdad. Memorias de una pasión política: desde el final del franquismo al colapso del independentismo, editorial Planeta (Barcelona, 2019).

17 Ibidem.

18 Carlos Salas.

19 Gregorio Morán. Vozpopuli, 7 de marzo de 2020: “Jarrones chinos o floreos deslucidos”.

20 Cuando Esperanza Aguirre fue nombrada en 1996 ministra de Cultura, Educación y Deporte, le comentó a Aznar que había pensado nombrar como Secretario de Estado de Cultura a Miguel Ángel Cortés y a Alejo Vidal-Quadras Secretario de Estado de Educación, Aznar le respondió: “¡Pero bueno, ¿tú quieres un ministerio o un polvorín?”.

21 Dejo a un lado, y no mido ni comparo, la resistencia frente a ETA de la policía, el ejército, los partidos constitucionalistas y la sociedad española en general.

22 Sus padres y abuelos, los que habían sobrevivido a las checas y paseos, recibieron con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos a Franco. “Después de Dios, es al generalísimo Franco y su valeroso Ejército a quienes debemos la terminación de nuestro cautiverio”; palabras de Manuel Gorina, presidente del Gremio de Fabricantes de Sabadell (1942). Archivo del Gremio de Fabricantes de Sabadell, Expediente 447. El “cautiverio” retornó tras poner Artur Mas a sus votantes, básicamente las clases medias, en manos de la CUP, anticapitalistas, comunistas, etc.

4

LOS PAPELES DEL CESID

El hombre sabio tiene dos lenguas: una para las cosas verdaderas y otra para las oportunas.

Proverbio árabe

Un mes después de las elecciones generales de 1996, Felipe González y José María Aznar se reúnen para almorzar en la Moncloa, a petición de González. El objetivo era coordinar el relevo en el Gobierno. Al almuerzo estaba invitado el expresidente Adolfo Suárez. Tras los convulsos años de la corrupción y los GAL, González valoraba la intervención de Suárez como hombre neutral y moderador. “El expresidente socialista quería arrancar a su oponente, en el transcurso de aquel almuerzo, el compromiso formal de que, una vez que el PP asumiera el poder, nadie iba a pasarle factura, ni a él, ni al resto de dirigentes de su partido. Los errores cometidos y los graves escándalos de corrupción debían entenderse, según González, como una cosa del pasado”. “José María Aznar estuvo de acuerdo en la necesidad de no mirar al pasado, de olvidarse de los últimos acontecimientos”. “El dirigente del PP renunciaba así a una de las más importantes promesas electorales que había hecho durante la campaña pasada a millones de españoles que le votaron: la regeneración de la vida política cuando llegara al poder”. “El máximo responsable de los populares aceptó la pesada carga de una herencia cuyo hedor era insoportable, como parte del traspaso de poderes, probablemente sin darse cuenta de que, al hacerlo, se convertía automáticamente, cuando menos, en cómplice de la situación anterior”. “Ignoraba seguramente que acababa de hipotecar y de echar por tierra la imagen de su partido”23.

Sin embargo, mucha gente destacada era partidaria de la opacidad. En 1995, durante un almuerzo de Jordi Pujol con los potentes empresarios de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), les dijo: ¿Ustedes creen que es de recibo que un partido que aspira a gobernar España apoye un debate en el Parlamento sobre los Fondos Reservados, o comisiones de investigación que no se llevan a cabo en ningún parlamento del mundo…? ¡Por favor! Pujol estaba olvidando lo que aquí sucedió con los fondos reservados, cosa que ningún parlamento del mundo democrático hubiera ignorado. Cuando posteriormente el Congreso debate la creación de una comisión de investigación sobre los GAL a propuesta del PP, CiU votó en contra junto al PSOE. Un mes después se sometió a votación en el Congreso la petición del suplicatorio del Tribunal Supremo para investigar cómo inculpar a José Barrionuevo, ex ministro del interior, respecto al GAL. El Congreso lo autorizó con el voto en contra de CiU.

En el nuevo Gobierno, el Ministerio de Defensa era en ese momento un puesto de principal importancia, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver. En una primera intención del nuevo presidente, el elegido para el puesto era Rafael Arias Salgado, prestigioso y respetado. Aznar le encomendó hacerse cargo de los correspondientes traspasos del ministerio. Tras la entrevista del presidente con el Rey Juan Carlos I, Arias Salgado pasó a ministro de Fomento, y Eduardo Serra se convirtió en el ministro de Defensa.

En una entrevista para el diario ABC Eduardo Serra explica así su nombramiento: “Me lo propuso indirectamente un amigo mío, Juan Manuel Urgoiti. Me citó con urgencia, y un señor que no conocía, Arturo Moreno Garcerán, que había estado en el PP, me preguntó si estaba dispuesto a ir al gobierno de Aznar. Era abril del 96; dije que era un privilegio, pero que no quería”. Tras comentar el periodista que, después de que Aznar se reuniera con el Rey, hubo un cambio por una sugerencia de Su Majestad, Serra responde: “No lo sé, lo he oído muchas veces, incluso se lo pregunté al señor Aznar, y me dijo que había sido iniciativa suya. Le tengo mucho respeto y, si me dijo eso, me lo creo”.

Le pregunté a Arturo Moreno cómo fue ese episodio; es importante, porque se ha insistido mucho sobre que fue el Rey quien pidió a Aznar que nombrase a Eduardo Serra ministro de Defensa. Arturo me dijo que conoció en una cena a Eduardo Serra junto a otras personas en casa de Juan Manuel Urgoiti. Charlaron un rato y cambiaron impresiones.

Arturo, que había trabajado desde FAES en la reciente campaña electoral, comentó en círculos cercanos a Aznar la excelente impresión que Serra le había causado y cómo necesitábamos incorporar al Gobierno a gente de prestigio, independientes y con trayectorias importantes. Poco después, le pidieron a Arturo que sondease a Serra, para ver si estaría dispuesto a integrarse en el nuevo equipo de gobierno. Le ofrecieron varias carteras y el optó por la del Ministerio de Defensa.

Serra conocía muy bien el Ministerio, porque había sido secretario de Estado en los gobiernos de Adolfo Suárez y Felipe González. Además, era un gran conocedor del CESID y hombre de confianza de los dos anteriores presidentes.

El 2 de agosto de 1996, el Consejo de Ministros decide no desclasificar los “papeles del CESID”. “Con esta decisión, el gabinete —al no autentificar unos documentos publicados en la prensa y conocidos por la opinión pública— entorpecía y dificultaba la acción de la Justicia, coloca un obstáculo casi insalvable para determinar la posible responsabilidad de Felipe González en la trama, e impedía que cinco procesos abiertos sobre los GAL y los malos tratos a presos de ETA, cuatro en Madrid y uno en San Sebastián, se desarrollaran con la celeridad debida”24. “Francisco Álvarez Cascos, vicepresidente, los ministros Loyola de Palacio, de Agricultura; Ana Mariscal de Gante, de Justicia; Jaime Mayor Oreja, de Interior; Esperanza Aguirre, de Educación y Ciencia; Mariano Rajoy, de Administraciones Públicas; Rafael Arias Salgado, de Fomento; e Isabel Tocino, de Medio Ambiente, son partidarios de que los documentos se entreguen a los jueces”25.

El asunto comenzó con las revelaciones del diario El Mundo. El 12 de junio de 1995, publicó un impactante titular: “El CESID lleva más de 10 años espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas”.

El artículo se refería al hecho de que se habían grabado conversaciones privadas del Rey don Juan Carlos I con algunos de sus amigos. También las conversaciones del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez de los ministros José Barrionuevo, Francisco Fernández Ordóñez, del diputado Enrique Múgica, del vocal del Consejo General del Poder Judicial Pablo Castellano, del presidente del Real Madrid Ramón Mendoza, del empresario José María Ruiz Mateos, del director de El Mundo Pedro J. Ramírez, del director de ABC Luis María Ansón etc., etc. En estas grabaciones, aparecían conversaciones sobre temas políticos, periodísticos, judiciales, internacionales, empresariales y de relaciones sentimentales.

A raíz de esto, el Fiscal General del Estado Carlos Granados abrió una investigación interna. Las investigaciones responsabilizaron al teniente coronel Emilio Alonso Manglano y al ministro de Defensa desde 1982 a 1991, Narcís Serra. Desde el CESID se respondía que las grabaciones se habían hecho al azar y sin fines torticeros. Reconocían que existía cierto descontrol y sugerían que alguien de dentro de la casa las había robado. Felipe González se apresuró a aclarar que el Gobierno jamás ordenó realizar escuchas ilegales.

En junio de 1995, dimitió Emilio Alonso Manglano, el ministro de Defensa Julián García Vargas (1991–1995) y el entonces todopoderoso vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. Unos días antes de su dimisión, Narcís Serra compareció ante el pleno del Congreso para dar explicaciones. Esta es la jornada parlamentaria más escandalosa que se recuerda en democracia. Cuando subió a la tribuna, antes de que empezase a hablar, se escuchó: “¡Que lo grabe!”. A partir de ahí, se sucedieron más de sesenta interrupciones, prácticamente una por minuto. Insultos, pateos, abucheos. El presidente de la Cámara Félix Pons suspendió la sesión durante diez minutos. Uno de los “padres de la Constitución”, Gabriel Cisneros, gritaba: “¡Intolerable, intolerable, intolerable!”. Aznar y Rato subieron a la tribuna del presidente para protestar. Rato dijo luego en rueda de prensa que se había suspendido por indicación de Felipe González. Serra regresó retador a la tribuna, defendió a Manglano y dijo a Álvarez Cascos que, al lado de Manglano, él era un cero a la izquierda; luego, chistoso, dijo que un cero a la derecha. Cascos le acusó de haber callado ante el saqueo de los fondos reservados, Filesa, Roldán, los GAL, y cómplice del comportamiento mafioso de quienes se dedicaban a espiar desde el CESID. Se oían voces de “ladrones, golfos, payaso”. Los gritos de dimisión se oían hasta en la Carrera de San Jerónimo. Los diputados guerristas no protestaban del trato a Serra; muchos habían sido espiados también. Cuando este terminó de hablar, Guerra, impasible, no le aplaudió. López de Lerma, diputado de CiU, estuvo brillante y demoledor con el compareciente.

La crisis no cesaría hasta la derrota del PSOE en el año 1996. En 1997, el excoronel Juan Alberto Perote, antigua mano derecha de Manglano, fue condenado a siete años de cárcel por un tribunal militar, por sustraer 1.245 microfichas del servicio secreto, hoy denominado Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Estos documentos y fichas se publicaron en el diario El Mundo y se dijo que fueron utilizados por el exbanquero Mario Conde para chantajear al Gobierno.

Cuando hablé sobre este asunto con Mario Conde, me dijo: Eso fue uno de los tantos inventos urdidos por el Grupo Prisa. Jamás se utilizó por nadie ninguna documentación con el intento de chantajear al Gobierno. El dueño de esos papeles, el coronel Perote, es un militar honesto, leal a su país y para nada pretendió una finalidad espuria. Lo encarceló Narcís Serra. Le condenaron los militares. Finalmente, Estrasburgo anuló su condena.

Mario Conde prosiguió con su explicación: Con esa excusa, el propio Felipe González quiso presionar, añadiendo que se estaba haciendo un chantaje al Rey. Ni más, ni menos. Un chantaje a don Juan Carlos. Me consta de toda constancia que don Juan Carlos no entró en ese juego, en el que intervinieron Belloch y el propio González. Pero, claro, ante la falta de testimonio de don Juan Carlos, la tesis absurda del chantaje no podía prosperar. Adolfo Suárez personalmente le entregó a Felipe González todos los papeles que llevó en una maleta a la Moncloa. Me consta de toda constancia.

En una entrevista al presidente José María Aznar, a cargo de Juan Tapia y Juan María Brunet y publicada el 29 de septiembre de 1996 en La Vanguardia, se le pregunta: “¿Cree que Mario Conde es un sujeto activo en el tema de los ‘papeles del CESID’?”. El presidente Aznar responde: “Digamos que es posible que ese tema lo están removiendo terceras personas. Lo cual, indudablemente, no tiene por qué influir para nada, ni para nadie en lo que significa la condena de unos hechos que deben ser condenados. Pero puede haber terceras personas detrás de todas estas cosas”.

Otra pregunta: “Sobre esos manejos de terceras personas, ¿cobra cuerpo para usted la teoría del chantaje?”. Respuesta: “Yo no diría eso. Creo que aquí hay algunos problemas que solucionar, que vienen del pasado, que están sustancialmente en el ámbito judicial y que debemos entender que la justicia ha de actuar cuanto antes y con la mayor facilidad”.

Pregunta: “¿Hubo en España terrorismo de Estado?”. Respuesta: “Creo que la herencia de los últimos años es en algunos aspectos complicada para la sociedad española, y cuanto antes contribuyamos a salir de ella, tanto mejor. No es cuestión de adjetivar las cosas. Hay, al parecer, veintiocho asesinatos, sobre los cuales se está buscando una responsabilidad. Y me parece bien que la Justicia busque esas responsabilidades, y establezca aquellas a las que haya lugar”.

Respecto a las revelaciones del diario El Mundo y la desclasificación de los “papeles del CESID”, Mario Conde me contó lo que pensaba él: Los famosos papeles formaron parte decisiva en la estrategia de Aznar de acoso y derribo contra Felipe González, para lo que utilizó como medio de comunicación a El Mundo de Pedro J. Ramírez. Esos papeles, en lo que importaba en aquel momento, se ocupan, como recordarás, de la guerra sucia contra ETA, de modo que, al estar involucrado el CESID en dicha guerra, el tema ya no era una cuestión de unos cuantos desarrapados policías, sino todo un montaje del Estado. Por ello, se buscó por todos los medios la publicación de dichos papeles. Uno en especial: el que vino en llamarse el acta fundacional de los GAL. Tenía como particular ese documento, como recordarás, que en él figuraba esta palabra ‘Pte.’. Y el despacho era del general Manglano. La duda era: ¿significa pendiente o presidente? La cuestión no era baladí. Pedro lo intentó hasta el último minuto, pero no consiguió el documento. Sin embargo, el PP organizó un pleno en el Congreso tan ruidoso que acabó con la dimisión de Manglano, Serra y García Vargas, y aupó a Belloch. Una vez que Aznar consiguió la presidencia del Gobierno, creo que ya no le interesaban esos papeles y decidió, seguramente con previo pacto con Felipe González, que no era conveniente desclasificarlos. Supongo que sería así.

Miguel Ángel Rodríguez, portavoz de Gobierno, declaró en esta época: “la decisión justifica la no entrega de los documentos a las peticiones judiciales por afectar a la seguridad del Estado. Ningún país occidental va contando por ahí sus secretos”.

Pregunté sobre esto a Miguel Ángel Cortes, persona muy cercana a Antonio Fontán. Me contó que Fontán le dijo a Aznar, antes de que se convirtiera en el presidente, que el primer gobierno de izquierdas del Rey no podía terminar procesado, porque este era un gran logro de don Juan Carlos, gobernar con la izquierda, no como Alfonso XIII. Fontán había estado en el Consejo Privado del Conde de Barcelona y cuenta que, cuando llegó Primo de Rivera al poder, al establecerse la Dictadura bajo el reinado de Alfonso XIII, la reina —que no se metía en política, pero que ya se llevaba mal con el rey— le dijo: “Mi primo Jorge tiene de Primer Ministro un laborista, y tú tienes un militar”. Parece ser que el rey le dijo que estaba hasta los cojones de su primo Jorge y de ella.

A este respecto Aznar, en sus memorias, recuerda las palabras de Antonio Fontán: “En la galería de retratos de los presidentes del Gobierno de la Corona, tú tienes que estar al mismo nivel que al que estuvieron Cánovas, Sagasta, Canalejas. También tienen que estar Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González, y no puede ser que todos vayáis de civil y uno con traje de rayas”. Aznar continúa: “Una fina raya separa la regeneración de la revancha, y no la quería traspasar”26.

Situaciones como esta se han dado siempre a través del tiempo. Aquí quiero relatar una ocurrida en los Estados Unidos de América unos años antes.

Tras la forzada dimisión de Richard Nixon, la opinión pública quería que pagase por sus actos, pero el presidente Gerald Ford le exoneró. Defendió el indulto y aseguró que volvería a hacerlo, por considerarlo una decisión tomada en el interés de la Nación. Fue una medida muy impopular que le costó perder las elecciones de 1976 frente a Jimmy Carter. Posteriormente, esta decisión fue analizada como un acierto.

En el 2001, el Centro Kennedy, le galardonó por este servicio a la vida pública. William Howell, profesor de Harvard, dice al respecto que un juicio a un expresidente habría sido un escándalo contrario a los intereses de la Nación. The New York Times recordaba, al morir Ford, que existía una sensación de “alivio colectivo”, cuando Ford declaró en su toma de posesión en 1974: “Nuestra larga pesadilla nacional está superada”. Tras una década de división nacional por la guerra de Vietnam y los escándalos del Watergate, solo hubiera faltado un juicio a un presidente. Sin embargo, otros medios como Los Angeles Times lo consideraron un error, porque todo el mundo, incluido el presidente, es igual ante la ley.

El mismo estado de opinión pública nacional teníamos en España en relación con los papeles del CESID. En un sondeo de Sigma Dos publicado por el diario El Mundo en enero de 1997, se afirma que los españoles consideran desacertada la decisión del Gobierno, que preside José María Aznar, de no desclasificar los papeles del CESID, relativos a la guerra sucia contra ETA.

23 José Díaz Herrera e Isabel Durán, Pacto de Silencio. Saqueo de España II. La herencia socialista que Aznar oculta. Editado en Grandes Temas (Madrid, 1996).

24 José Díaz Herrera e Isabel Durán, Pacto de Silencio. Saqueo de España II. La herencia socialista que Aznar oculta. Editado en Grandes Temas (Madrid, 1996).

25 Ibidem.

26 José María Aznar, Memorias I, Planeta (Barcelona, 2012), página 250.

5

PRIVATIZACIONES

Una mente libre y un mercado libre son corolarios mutuos.

Ayn Rand

En los lejanos días de febrero de 1988, en una conferencia del Club Siglo XXI, Aznar se dirige a los asistentes y les dice que la inmensa máquina de poder socialista, con una moderación en las formas, ha ido ocupando de manera progresiva la sociedad y el Estado. En cinco años, el Estado en su conjunto ha pasado de controlar el 37% de la riqueza nacional al 43%. Un proyecto liberal tenía que revertir esto.

La Europa libre venía de dilatados años de gobiernos socialistas o socialdemócratas que habían aplicado fuertes políticas de intervencionismo estatal y dirigismo socioeconómico en las actuaciones de sus gobiernos. Esto llevó a unas sociedades fuertemente reguladas en el que la iniciativa privada se encontraba estigmatizada y los empresarios a menudo caricaturizados como chupópteros de la sangre proletaria. Los empresarios se encontraban con enormes dificultades en mercados en los que las pérdidas en las empresas estatales, torpemente dirigidas por políticos designados por los partidos de turno, eran pagadas por todos los ciudadanos, acribillados a impuestos, mientras las pérdidas de sus empresas salían de sus propios bolsillos y los posibles beneficios eran recortados por la voracidad fiscal. Esto revenía en detrimento de la inversión, solo posible si existen excedentes que permitan invertir los propios recursos o poder pagar los préstamos bancarios, en una época en que los intereses de los bancos giraban alrededor del 15, 16, 17%.

Ante ese panorama, la primera en reaccionar fue Margaret Thatcher, que comenzó vendiendo los centenares de miles de viviendas de los consejos municipales, para continuar privatizando la British Petroleum, British Aeroespace, Cable and Wireless y Associated British Ports. En 1984 vende British Telecom, British Steel, British Airways, Power Gen, National Gen, Rolls Royce, Jaguar, British Leyland, British Gas y Water Holding. Thatcher realizó la mayor transformación económico–social, y una de las más importantes desde la II Guerra Mundial. Su lucha feroz fue contra los sindicatos del carbón y del acero, auténticos poderes fácticos de la economía que solo estaba al albur de sus intereses.

Estos procesos se extendieron por Francia, donde el peso del sector público era apabullante. El sector público controlaba el 94% del agua y la energía, todos los transportes aéreos y de ferrocarril y el 40% de banca y seguros. En Italia las empresas públicas se repartían entre los cargos de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista Italiano, así como las comisiones de los negocios que se hacían, siendo consciente de ello la opinión pública.

En su libro España, la Segunda Transición, Aznar había escrito que los poderes públicos debían favorecer la competitividad de todas las empresas, del conjunto de la economía, suprimiendo las restricciones y distorsiones existentes. Era urgente la tarea de liberalizar los mercados de servicio, suelo, energía y telecomunicaciones. Ese programa de privatizaciones tenía tres puntos básicos. Devolver recursos a la sociedad liberando los mal aprovechados, para que sirviera para que el sector público se centrase en la resolución de las cuestiones que realmente le competen. El Estado, cuando “juega” a empresario, lo hace y con alto coste. Finalmente, las privatizaciones constituían un objetivo prioritario, integrado en un proyecto global de la economía española.

El proceso privatizador del PP tenía, pues, el objetivo de reducir el peso del Estado y dar mayor protagonismo a la iniciativa privada. La mayor diferencia con respecto a las privatizaciones de la época socialista consistía en que en ella se llevaban a cabo para hacer caja, pero se mantenía un peso del Estado como accionista, un núcleo duro, que permitía total control y dirigismo (con lo que, por consiguiente, todo seguía igual). En los años de gobierno del PP se produjo un camino de deconstrucción del sector público empresarial que cambió la participación del Estado en los más importantes sectores económicos españoles. Paralelamente, se generó un “capitalismo popular”, al entrar mediante Oferta Pública de Venta (OPV), por tanto, en un proceso transparente y abierto, más de ocho millones de pequeños accionistas.

El profesor Joaquín Trigo Pórtela, director del Instituto de Estudios Económicos y profesor de Fundamentos de Estudios Económicos de la Universidad de Barcelona, analiza las privatizaciones llevadas a cabo en España en los últimos años27. Trigo sostiene que, sea cual sea el perfil ideológico de los gobiernos, las privatizaciones están motivadas por la reducción del déficit público, el fomento de la competencia, la contención del aumento de precios, mejora del servicio y la promoción del llamado “capitalismo popular”. “Como resultado adicional, ampliaron la dimensión de los mercados de valores, aconsejaron la adopción de nuevas normas que garantizaran la libertad de acceso a las actividades económicas y libre concurrencia y que, a la vez, reforzaron la capacidad de inspección y sanción de conductas lesivas para los consumidores, tanto en áreas privatizadas como en los propios mercados de valores y la información que ofrecen las empresas”28. Trigo señala que, desde la llegada del PP al Gobierno, se contó con un procedimiento reglado que dio trasparencia y rigor a las decisiones. La combinación de privatizaciones con regulación, estabilidad monetaria y fiscal, así como las expectativas de continuidad basadas en un marco legal coherente, explican el diferencial de crecimiento económico español respecto al de la Unión Europea. Trigo acaba pidiendo continuidad en el proceso, esto es, transferir activos del Estado como terrenos o edificios a particulares, evitar que alguna administración pública entre en actividades susceptibles de ser desarrolladas por la iniciativa privada, y, finalmente, continuar con las medidas que favorezcan la competencia del mercado.

El profesor y economista, José Ignacio Conde Ruiz, en un artículo en ElDiario.es de 2013, sostenía: “la venta de una empresa pública en un año concreto supone un ingreso extraordinario para ese año, pero, al año siguiente, vuelves a tener los ingresos del año anterior, lo que significa que las privatizaciones sirven para reducir la deuda pública, pero no tienen efecto sobre el déficit estructural”. Siento discrepar en esto, pero no es cierto: si la empresa pública tiene pérdidas, o por mala gestión no tiene los ingresos debidos.

A este respecto, en un debate el uno de diciembre de 1999 en la sede de la UGT, que realizó el diputado Salvador Sanz con portavoces de otros partidos y diversos agentes sociales, Sanz aportó una consideración interesante: la rentabilidad de las empresas públicas es muy baja y condiciona su capacidad de autofinanciación, por lo que tienen que recurrir a fuentes de financiación externas avalada por la Administración Pública. Pero el nuevo sistema de contabilidad europeo tiene previsto computar como deuda de la Administración la de cualquier compañía que tenga una participación pública superior al cincuenta por ciento. La deuda, algo fundamental para acercarnos a los criterios de convergencia europeos.

A esto hay que sumar que las privatizaciones ya habían amortizado un importante volumen de deuda pública, y permitieron reducir el gasto en intereses y una menor utilización de fondos por parte del Estado, lo que redundaba en un acceso más fácil de las empresas privadas a recursos financieros más abundantes y baratos.

En enero de 2004 Rodrigo Rato dio una rueda de prensa para detallar los resultados de algunas de sus políticas. Según dijo, la venta de empresas públicas había aumentado un 10% el empleo en ellas, un 40% su facturación, y un 60% sus inversiones. Esto fue el resultado de cómo se acometieron los procesos de privatizaciones del gobierno popular, que, en sus normas de licitación y adjudicación, analizaba en las ofertas no solo las ganancias económicas de las mismas, sino que entraba a valorar y cualificar los futuros planes de inversión de la oferta postulante, el plan de mantenimiento del empleo y su viabilidad en un entorno de competencia global, por lo que básicamente solo empresas líderes en su sector tenían posibilidades. Esto contradice de nuevo a Ignacio Conde, quien, en su citado artículo, afirma que las grandes empresas están dispuestas a pagar más por otra con poder de mercado, buscando “monopolizarlo”. Piensa que es mejor privatizar una gran compañía en partes, “trocearla” para que el sector tenga más competencia en beneficio de los consumidores, aunque se venda más barata. No tiene en cuenta, por tanto, que el objetivo no solo era recaudar, sino incrementar la inversión y el empleo, y que solo el potente tamaño de la empresa fusionada podía ofrecer la oportunidad de hacer las inversiones precisas para competir en los grandes mercados mundiales. Esto permitió el liderazgo extracontinental de muchas de ellas que pasaron a ser referentes mundiales.

Un buen ejemplo es la privatización de INESPAL a la multinacional estadounidense ALCOA, líder global del sector del aluminio. La multinacional estadounidense, además de abonar más de 30.000 millones de pesetas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se comprometió a cumplir un plan industrial que incluía inversiones por 65.000 millones de pesetas en diez años, de los que 25.800 se destinaban a mejoras medioambientales, así como al mantenimiento del empleo, casi 45.000 trabajadores. Se daba la circunstancia de que la multinacional había empezado sus contactos con el grupo público para la compra de INESPAL ya en 1990, pero el alto precio de la energía eléctrica en España les echó para atrás. La liberalización de eléctrica impulsada por el gobierno del PP permitió la operación.

Otro ejemplo destacable fue la compra de la industria de defensa Santa Bárbara Sistemas por la norteamericana General Dynamics, líderes del sector. La propuesta económica era de varios miles de millones de pesetas, pero además preservaba el empleo y se comprometía a un plan de inversiones por cientos de miles de millones que aumentaron por cinco la facturación de la compañía.

Entre 1996 y 2003, el Gobierno privatizó total o parcialmente 52 empresas. El Estado ingresó 31.747 millones de euros. Se había buscado acabar con la sangría de pérdidas de las empresas del Estado, obtener ingresos para enjugar el déficit de la Hacienda pública, tarea en esos momentos urgente, si se quería cumplir con los requisitos exigidos por la Unión Europea para acceder al mercado monetario único. Las privatizaciones sirvieron para reducir el nivel de deuda pública, pero no resolvieron el déficit estructural de muchas de ellas que posteriormente tuvieron que resolver los compradores.

La oferta era impresionante: Telefónica, Red Eléctrica, Repsol, Tabacalera, Argentaria, Aceralia, Indra, Iberia, Transmediterránea, etc. Y Endesa, que constituyó la mayor privatización de la historia nacional.

El 75% de las ventas se realizó por OPV bursátiles, y los mercados recibieron ansiosos estas oportunidades de entrar en el capital social de estas destacadas empresas. En las ofertas de Tabacalera y Argentaria la demanda fue quince veces superior a la oferta. Cuando Indra salió a bolsa, la demanda superó 35 veces la oferta de las acciones. El Estado pasó de tener el 12,2% de capital de la bolsa española al 0,52.

Desde las desamortizaciones de finales del siglo XVIII y especialmente del XIX, las privatizaciones han supuesto el mayor cambio de manos de propiedad realizado en España. Antes, las desamortizaciones beneficiaron exclusivamente a las clases altas, pero, tras las privatizaciones, el pequeño ahorro pudo acceder a lo que en el siglo pasado solo estuvo al alcance de los ricos. Ni que decir tiene que el gran capital también obtuvo su tajada en esta ocasión.

Naturalmente que el proceso de privatizaciones no estuvo exento de críticas. El PP, al controlar una buena parte de las estructuras económicas del país, concedió la presidencia, de las por el momento empresas públicas, a personas afines para asegurarse que el proceso de privatizaciones marchara bien.

Francisco González, que tenía una sociedad bursátil y era amigo de Rodrigo Rato, fue puesto al frente del sector financiero público a la cabeza de Argentaria (que después se fusionó con el Banco Bilbao Vizcaya). El pez pequeño se comió al grande —dice Joaquín Estefanía, de quien tantos datos he sacado al respecto—, quedando Francisco González al frente del segundo grupo financiero español, tras Emilio Botín. Juan Villalonga, amigo de colegio de Aznar, era puesto al frente de la principal multinacional española de telecomunicaciones, Telefónica. Alfonso Cortina fue puesto en Repsol y César Alierta en Tabacalera. Posteriormente a Miguel Blesa, compañero en las oposiciones de inspector de Hacienda de Aznar, le tocaba Caja Madrid, la segunda caja de ahorros del país. Javier de Irala fue a Iberia y, a última hora, en 2003, al exministro Martín Villa, del que se decía que no había bajado del coche oficial desde jovencito, le cayó Endesa. José Javier Fernández Norniella, secretario y hombre de confianza de Rato, fue nombrado presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, y devenía en el cargo el de consejero independiente de más de media docenas de empresas, muchas del antiguo sector público. Esto puede interpretarse como ejemplo de nepotismo, o solamente como el hecho de que pones al frente de cosas que te importan mucho a personas a las que crees óptimamente capacitadas, y en las que depositas tu confianza porque las conoces de lejos. Me viene a la memoria un antiguo dicho que me encanta: “Viejos libros para leer, viejos leños para quemar, viejos vinos para beber y viejos amigos para confiar”.

Ni que decir tiene que esto no fue nada comparable a las privatizaciones seguidas tras la expropiación de RUMASA, y pongo como muestra la privatización de Galerías Preciados al Grupo Cisneros. Tras la expropiación de RUMASA en 1983, Gustavo Cisneros compró Galerías por 1.500 millones de pesetas, y a los tres años la vendió por más de 30.000. Y esto no es un “tú más”, porque en el caso de las privatizaciones del PP no sucedió nada parecido, ni ha vuelto a suceder por el momento en esta España en la que todo es posible.

El proceso de privatizaciones tuvo tal éxito, que, cuando el PSOE pretendió colocarlo bajo la sombra de la sospecha, solicitó una Comisión de Investigación en el último año de la primera legislatura Popular. El Gobierno aceptó y fueron compareciendo todos los presidentes de cada compañía, explicando los elevados precios pagados al erario público, las multimillonarias inversiones comprometidas y el mantenimiento de todo el empleo. El PSOE, después de impulsar esa Comisión, no se molestó en comparecer en ninguna de las sesiones parlamentarias de ella; sabían mejor que nadie que el éxito del proceso era difícilmente cuestionable.

En el 2005, después de haber perdido las elecciones el PP, el Tribunal de Cuentas, en un Informe de Fiscalización Global de las operaciones de privatización de empresas estatales entre 1996 y 2002, reconoce que “en la mayoría de los supuestos, los procesos de privatización se han llevado a cabo de conformidad con la normativa aplicable, y en particular con las prescripciones y principios del acuerdo del Consejo de Ministros de 28 junio de 2006”.

27 Joaquín Trigo Portela, Veinte años de privatizaciones en España, Instituto de Estudios Económicos (Barcelona, 2004).

28 Ibidem.

6

UNA POLÍTICA INDUSTRIAL
PARA LA COMPETITIVIDAD

Esto es un partido entre lo que pueda interesar a los
consumidores de servicios tan esenciales, como pueden ser el gas o la electricidad, y los intereses legítimos de empresas muy importantes que están por todo el mundo.

Josep Piqué, septiembre de 2005

Uno de los aspectos más relevantes de la obra de gobierno del período que nos ocupa fue la creación de una auténtica política industrial para recuperar nuestra competitividad.

Josep Piqué era titular del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del primer gobierno de José María Aznar. Sentó las bases del resurgimiento industrial español en los primeros años del siglo XXI, esos años en los que en España se creaban cuatro de cada cinco nuevos empleos en la Unión Europea. Cuando hablamos de estrategia industrial, cabe incluir conceptualmente el sector de la energía y el propio sector turístico de aquellos años, en la medida en que las políticas que se diseñaron para ellos tenían un enfoque netamente industrial.

El gradual desmantelamiento de la protección arancelaria de nuestra industria, iniciado con nuestra entrada en la Unión Europea, era ya, en los años 90, una realidad que denunciaba los problemas de competitividad del sistema industrial español. Nuestras políticas orientadas a bajar los costes de las empresas formaron un abanico de medidas que incluían la rebaja de la presión fiscal, la flexibilización y modernización del mercado laboral, una financiación competitiva, así como las reducciones de costes asociadas al consumo de energía, telecomunicaciones y tecnologías digitales.

Las reformas estructurales en el sector energético español durante el primer gobierno de Aznar pueden ser calificadas de colosales.

En el año 1996 se firmó el denominado Protocolo Eléctrico, que sentó las bases de una reforma pactada con el sector para pasar de manera ordenada desde un modelo sin competencia y férreamente regulado por el Gobierno —el marco legal estable—, a un mercado abierto a la competencia y a las reglas de libre mercado. Así, en 1997, se aprobó la Ley del Sector Eléctrico, y en 1998, la Ley de Hidrocarburos. En el mismo año 1998, se creó el primer Programa de Fomento de Energías Renovables, que fija por primera vez objetivos cuantificables y mecanismos para alcanzarlos junto al primer Plan de Eficiencia Energética.

Poco más de seis años después, España había reducido los costes de la factura eléctrica en términos reales de casi un 40% en comparación con 1996, siendo una de las más económicas de la UE. Al mismo tiempo, las compañías españolas eran líderes en los sectores industriales de la energía eólica y fotovoltaica. La UE llegó a calificar el mecanismo de promoción “feed in tariff” de España como el más eficiente de la UE. El camino que hubo que recorrer para alcanzar esos resultados no fue sencillo.

La lógica resistencia y la capacidad de influencia de las poderosas compañías energéticas que dominaban, en régimen de cuasi monopolio u oligopolio, sus respectivos subsectores fue muy fuerte. En el equipo de Piqué se integraba, como Secretario de Estado de Energía, Nemesio Fernández–Cuesta, que reunía la doble condición de excelencia empresarial e independencia partidaria, porque no era militante del PP. El Secretario de Estado envió al Congreso, en los primeros días de 1998, el entonces Proyecto de Ley de Hidrocarburos, que diseñaba la prometida liberalización en un sector hasta entonces usufructuado en régimen de práctico monopolio por la compañía catalana Gas Natural SDG. Cuando el proyecto llegó a manos del Portavoz parlamentario de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, el diputado vasco Javier Peón, y lo estudió junto al resto de diputados que se ocupaban de las reformas del sector, quedaron muy insatisfechos de la corta ambición liberadora que contenía el proyecto de ley remitido por nuestro propio gobierno.

Tras las consultas oportunas, el Grupo Parlamentario Popular presentó 467 enmiendas al proyecto de Ley que había presentado la Secretaría de Estado de la Energía. Algo insólito y que en el fondo constituía una enmienda a la totalidad. Es obvio decir que, tras las muchas, y a veces acaloradas, discusiones entre Carmen Becerril, la jefe del Gabinete del Secretario de Estado, y Javier Peón, las enmiendas fueron aprobadas, muchas de ellas transaccionadas con otros grupos de la Cámara, y el proyecto de ley original salió reconvertido con el nuevo enfoque que la Ley definitiva de 1998 incorporó a las profundas reformas que experimentó el sector a partir de esa fecha.

En el sector del gas natural, también pasaron muchas cosas. Gas Natural SDG había conseguido, por mediación del gobierno socialista de Felipe González, un importante contrato de aprovisionamiento de gas de Argelia, que llegaba a la península a través de Marruecos, cruzando el estrecho en un tramo submarino. Ese aprovisionamiento había permitido una incipiente competencia entre el sector eléctrico y el de hidrocarburos, para ofrecer una alternativa energética a los usuarios domésticos e industriales. También el uso del gas natural, para la generación de energía eléctrica en las centrales de ciclo combinado y las instalaciones de autoconsumo de cogeneración en instalaciones industriales, comenzaron a articular un nuevo competidor en el mercado eléctrico, especializado en la generación basada en gas natural.

Si la Ley de Hidrocarburos de 1998 apostó decididamente por la apertura a la competencia en el sector del gas, los planes de desarrollo de infraestructuras gasistas aprobados por el gobierno de Aznar acabaron por decretar el pistoletazo de salida de una nueva carrera, desde el punto de vista de las infraestructuras de transporte. La planificación imperativa y de obligado cumplimiento dictada por el Gobierno permitió que, desde la única entrada de suministro de gas natural que tenía España por el gaseoducto argelino–marroquí, se pasará, en pocos años, a seis entradas adicionales con otras tantas plantas de regasificación, que permitían la entrada a España de gas, previamente licuado a muy bajas temperaturas, por medio de buques metaneros. Esas elevadas inversiones, que convirtieron a nuestro país en el tercer lugar del mundo con más entradas a su sistema gasista, superado solo por Japón y Corea del Sur, sirvieron para diversificar las fuentes de aprovisionamiento, mejorando la garantía de suministro e incrementando la competencia entre los industriales y los nuevos operadores, que procedían en esta primera fase fundamentalmente del sector eléctrico, y que, junto con la inversión desarrollada en la extensión de la red de distribución de gas, contribuyeron a generar un marco de competencia cruzada entre el sector eléctrico y el gasístico por los consumidores industriales y, en sucesivas fases de liberalización, también por los consumidores domésticos.

La planificación indicativa en lo relativo a generación eléctrica preveía unas necesidades de inversión en nuevas centrales que atendieran el incremento previsto de la futura demanda, preservando la garantía de suministro eléctrico. La decisión estratégica fue establecer un modelo que enviara las señales económicas adecuadas para enfocar la inversión hacia la construcción de centrales de ciclo combinado y las energías renovables, fundamentalmente la eólica en sus fases iniciales. La inversión de la iniciativa privada en las centrales de ciclo combinado incrementaron el consumo de gas natural y ayudaron a rentabilizar las inversiones en las infraestructural del gas, pero, además, también contribuyeron a rebajar los precios del mercado eléctrico mayorista, dados los favorables precios que se obtenían del contrato “pay or take” del gas argelino.

Un año antes, en 1997, se había aprobado la Ley del Sector eléctrico, que acogía los principios pactados con el sector en el Protocolo Eléctrico de 1996, para una transición ordenada. Los miembros del sector, que disfrutaban de un oligopolio cerrado a la competencia, recibían del Gobierno las retribuciones pactadas para cada tipo de tecnología y actividad que desarrollaban, en un modelo que se denominaba “Marco Legal Estable”. Con la liberalización, fruto de las políticas del Gobierno, pero igualmente inevitable por las exigencias de la UE, las tres empresas generadoras y distribuidoras de energía, Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, debían empezar a competir entre sí y con incipientes nuevos operadores, como Gas Natural. Pero aún no habían recuperado las inversiones comprometidas con la garantía retributiva del Gobierno recogidas en el marco legal estable, de modo que la liberalización y la competencia tendrían que introducirse de manera gradual y con mecanismos que garantizaran, con los precios que fijara el nuevo mercado abierto, la recuperación de las inversiones. La solución se encontró con un ingenioso sistema que fue denominado Costes de Transición a la Competencia (CTC), que garantizaba a las empresas la recuperación de las inversiones del marco legal estable con un complemento que podía sumar —si el precio de mercado era insuficiente—, o restar, si el precio de mercado estaba por encima de la retribución necesaria, para recuperar la inversión.

Con la liberación del sector eléctrico, las tres compañías, acostumbradas a actuar al unísono con su potente asociación gremial UNESA, comenzaron a diversificar sus estrategias competitivas. Endesa, resaltando su compromiso con la garantía de suministro. Iberdrola, con la energía verde. Unión Fenosa, con la eficiencia energética. Gas natural, por la integración eficiente de gas y electricidad.

En pocos años, las disputas y enfrentamientos entre estas cuatro grandes compañías fueron marcando un escenario con alta capacidad competitiva que, comenzando en las primeras fases de la liberación con los “consumidores calificados” o industriales, acabaría alcanzando también a los pequeños consumidores, y facilitando la aparición de nuevas compañías nacionales y extranjeras en los mercados de generación y comercialización eléctrica.

El otro pilar, en ese camino de desarrollo inversor, por el que el Gobierno apostó fue el del fomento de las energías renovables, con un Plan de Fomento de las Energías Renovables aprobado en 1998, que incorporaba objetivos a alcanzar en 2010 y diseñaba mecanismos retributivos para desarrollar, a nivel comercial, lo que hasta ese momento habían sido proyectos piloto más o menos anecdóticos.

Pocos días antes de finalizar su segundo mandato, el Gobierno presidido por Aznar aprobó una nueva e innovadora normativa que incorporaba las energías renovables al modelo de mercado eléctrico en competencia. Para entonces, España ya era una potencia mundial en generación eólica y de manera incipiente en fotovoltaica, y había sido capaz de construir un ecosistema industrial que colocaba a empresas españolas entre las cinco primeras del mundo, tanto en industria fotovoltaica, como en industria eólica. Pocos años después, la UE definiría el modelo español, de retribución y fomento de energías renovables desarrollado esos años, como el más eficiente de Europa.

No podemos acabar este capítulo sin referirnos a las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Aunque la liberalización de los servicios de telecomunicaciones no dependía directamente del Ministerio de Industria y Energía, su vinculación con las actividades de red propias del sector energético dio lugar a sinergias que en aquellos años fomentaron el desarrollo posterior de ese mismo sector.

Las tecnologías Power Line Comunnication (PLC), para transmitir datos a través de la red eléctrica y la creciente incorporación de las tecnologías digitales a las redes, permitieron desarrollar programas para la implementación a gran escala de contadores inteligentes, que se consumaría ya en los años 2000, caracterizando a la red de transporte y distribución eléctrica española como una de las más “inteligentes” del mundo, es decir, con capacidades de operar con sistemas digitales. Esa digitalización de nuestras redes eléctricas en tiempo muy temprano respecto a lo observado en otros países permitió un mayor avance en las energías renovables de nuestro sistema eléctrico. Las denominadas energías renovables —fluyentes o discontinuas— deben ser monitoreadas en tiempo real por el operador del sistema, a fin de dar entrada a la generación tradicional, cuando la oferta decae, al dejar de soplar el viento generador de energía, o cuando el sol se oculta. La necesidad de operar en tiempo real en miles de instalaciones de generación habría sido imposible sin los desarrollos tecnológicos digitales en los que se invirtió en esos años, y que llevaron a Red Eléctrica Española (REE) a ser el primer operador en el mundo en contar con un Centro de Control de Energías Renovables, en los que se invirtió en esos años, y que llevaron a Red Eléctrica Española (REE).

A finales de febrero de 2020, salta la noticia en la prensa de que el sector publico adelanta a la industria como la primera en su aportación al PIB, son los viejos males del sector: falta de competitividad, de productividad, costes altísimos de la energía, exceso de regulaciones y huérfana de reformas estructurales en la nación.

Han pasado 25 años y hoy todo el mundo habla de reindustrialización, hasta hace poco la palabra industria se había convertido en algo de otros tiempos. En el año 1983 el ministro Carlos Solchaga consideraba que “la mejor política industrial es la que no existe” esa frase ocultaba la impotencia del gobierno socialista de detener el cierre masivo de plantas industriales incapaces de competir sin los pródigos subsidios estatales. El PSOE interiorizó el destino de la industria española como inevitable y así durante el largo mandato de Felipe González desde 1982 hasta 1996 el tejido industrial retrocedía del 28% al 18% del PIB.

Afortunadamente los gobiernos del PP que les sucedieron apostaron por una industria competitiva y a lo grande, como hemos explicado, pero esa política reindustrializadora de Aznar o el Pacto de Estado por la Industria que propuso el presidente Rajoy, quedó frustrado prácticamente en el momento final de su firma, por la moción de censura de Sánchez. Seguimos anclados en el papel que la entrada de España en la UE parecía habernos asignado en lo económico, crecimiento turístico y agroindustria, la huerta de Europa.

En los años 70 al clima de agitación político y social, especialmente virulento en el entorno fabril, vino a sumarse la crisis energética del petróleo, se la llamó “guerra del petróleo” porque los países productores utilizaron el precio del crudo como arma política para debilitar a occidente. En ese momento España dependía en un 90% de ese suministro externo para nuestra industria, aunque la política de instalación de centrales nucleares y grandes proyectos hidroeléctricos pudo paliar algo esa dependencia. Pero pronto se vio afectada por la misma agitación social que perturbó la normalidad de las grandes fábricas. ETA tuvo también su ración de protagonismo y consiguió la paralización del proyecto de la central nuclear de Lemóniz tras asesinar al ingeniero Ryan.

El desarrollo industrial de España, que llegó a ser la décima potencia del mundo en ese aspecto, empezó a acusar los altos precios de la energía con un modelo tan dependiente.

En la actualidad, con el desmoronamiento del sector servicios generador de los dos tercios del PIB, la debacle del sector del ocio y el turismo, y con un paro estructural y coyuntural en cifras insólitas el problema es como se atiende el urgente gasto social financiando a la vez las inversiones publicas necesarias. En esta tesitura parece evidente que los recientemente otorgados fondos comunitarios resultaran vitales para nuestra economía especialmente al subvencionar proyectos orientados a una política industrial de calidad necesariamente vinculada a determinadas políticas energéticas.

Recientemente la cumbre de la CEOE pedía el aumento del peso de la industria en nuestra economía que en estos momentos representa el 11,5 cuando el mínimo deseable debería ser el 20% del PIB.

Las estadísticas demuestran que desde finales de la época de los setenta hasta 2015, el peso de la industria en el PIB se mantiene e incluso aumenta solo durante el período de gobierno de José Mª Aznar (1996-2004) y durante el período de gobierno de Mariano Rajoy (2013-2018)29 de nuevo con un gobierno del PSOE, Rodríguez Zapatero al frente, los costes de la energía se dispararon y la crisis financiera del 2008 asoló la economía real y con ella la industria dejando la participación de esta en el PIB en el 14,2% en 2015.

Hemos de señalar que la industria en Portugal representa el 21% y en Alemania supone el 31% del PIB. Los empresarios de la CEOE veían a la industria como el motor de la recuperación económica y señalaban que suponía el 50% de las exportaciones, que la industria representa el 60% de la inversión en I+D+i y que tres cuartas partes de los empleos del sector son indefinidos.

Si hablamos de empresarios de la CEOE enseguida pensaremos en grandes industrias. El hecho de que la caída de la economía española sea de las mayores de Europa no solo se debe a lo dicho anteriormente sino que resulta de capital importancia señalar que el 99% de nuestras empresas son pymes o tienen menos de 10 empleados, lo que significa una muy frágil estructura financiera que no ha podido aguantar el tsunami, por lo que no es tan importante el tamaño sino la facturación y la rentabilidad que solo puede venir con el crecimiento de las ventas y la innovación tecnológica.

La competencia de EEUU y China ha incentivado una política industrial propia para Europa. Francia y Alemania quieren que el próximo Consejo Europeo del 21 y 22 de marzo del 2021 se ocupe del asunto. El documento que ambos han publicado “Manifiesto bilateral para una política industrial acorde al siglo XXI” pide una estrategia industrial europea con objetivos para 2030 y pide una inversión masiva en innovación e inteligencia artificial. Es tal el interés demostrado por estos dos líderes europeos en la competitividad de las empresas que están dispuestos a cambiar las reglas de juego, las reglas europeas sobre fusiones y adquisiciones, para poder competir a escala mundial. La reciente negativa de la Comisión europea respecto a la fusión de los fabricantes de trenes Alstom de Francia y Siemens de Alemania, —fundada, en una reducción de la oferta en el mercado europeo si se produjese—, han impulsado la propuesta de que sea el Consejo Europeo quien pueda, en ocasiones, saltar por encima del veto de la Comisión Europea en aras del fortalecimiento empresarial.

Hemos dicho, anteriormente, que los fondos comunitarios irán vinculados a determinadas políticas energéticas. En este aspecto podemos permitirnos ser optimistas. Tenemos los recursos naturales (sol, viento, territorio y mar) necesarios para impulsar el desarrollo económico sostenible necesario en el siglo XXI y los objetivos de la lucha contra el cambio climático. El coste de la energía fotovoltaica es ya el más competitivo del mercado eléctrico global. España cuenta con empresas con tecnología propia en los elementos de mayor valor añadido en la cadena de un proyecto fotovoltaico, elementos que suman más del 65% del coste de una planta. Nuestro país cuenta con empresas lideres a nivel mundial y las empresas españolas de fabricación de componentes fotovoltaicos tienen presencia entre los 10 mayores fabricantes mundiales de seguidores solares (PVH, Soltec, STI, Norland, Nclave, Gombarri) e inversores (Ingeteam, Power Electronic) a lo que hemos de sumar que las estructuras son una parte de la cadena de fabricación eminentemente local.

Solo nos queda pedir de los poderes públicos una Estrategia Nacional Integral para la Competitividad, que naturalmente pasa por un pacto de Estado a largo plazo entre los diferentes partidos políticos. ¿Alguien cree esto posible?

29 El Proceso de cambio estructural de la Economía Española desde una Perspectiva Histórica) Víctor González Diez y Enrique Moral Benito. Documento Nº1907. 2019 Banco de España)

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La ENTRADA EN EL EURO

Era lo bastante irlandés por nacimiento como para no
conceder al dinero sino una ínfima parte
del interés de la aventura.

Rudyard Kipling, Kim

Cuando el Partido Popular ganó las elecciones en marzo de 1996, España todavía no cumplía ninguno de los criterios de convergencia exigidos para entrar en la zona euro que el Tratado de Maastricht preveía. Esto es: tener inflación y tipos de interés bajos, tipo de cambio de la peseta estable, déficit público no superior al 3% del PIB, y deuda pública inferior al 60% del PIB.

En los últimos años de gobierno PSOE, Pedro Solbes es puesto al frente de la economía con el encargo del presidente González de acercar a España a la Europa del euro, para lo que era necesario corregir los desequilibrios económicos que se habían producido durante los muchos años de gobiernos socialistas. Rodrigo Rato reconocería tiempo después la labor positiva, aunque claramente insuficiente, de Solbes.

El impulso extraordinario que para la economía norteamericana supuso la llegada a la Casa Blanca de Bill Clinton significó el más largo despegue económico de la historia contemporánea en los Estados Unidos. Tras cien meses seguidos de crecimiento económico, el semanario Bussines Week bautizó el fenómeno con el nombre de “Nueva Economía”. Todo ello tuvo una importante influencia en la economía española, en la que, además, confluían otra serie de factores positivos: las devaluaciones de la peseta de los años 1992–1993, con sus consiguientes efectos favorables en la competitividad industrial; los ajustes que las empresas españolas tuvieron que hacer para salir de la recesión de los años 1990–1991; el impulso expansivo que la economía mundial recibió en 1994, gracias al fuerte despegue estadounidense que, prácticamente, inició una nueva era con el surgimiento de la Cuarta Revolución Industrial.

En una entrevista incluida en un libro de Victoria Prego30, Aznar dice refiriéndose a la entrada de España en el euro: “Eso, para nosotros los españoles, ha sido como uno que va durante muchísimo tiempo a la estación y siempre viaja en los últimos vagones, y entonces un día llega a la estación y se monta en el vagón principal. Pues esto es lo mismo. España llevaba ya demasiado tiempo en los últimos vagones, pero llegó un día en que dijimos: a la hora que llega el tren nosotros nos subimos al vagón principal. Ni más, ni menos”.

A este respecto, Joaquín Estefanía, en su libro La Larga Marcha31, afirma: “Desde la firma del Tratado de Roma en 1957, que dio carta de naturaleza a la Europa unida, España no había figurado en el pelotón de cabeza en ninguna de sus etapas históricas, hasta la llegada del euro. Este ingreso entre los primeros países que iban a disponer de la moneda única era una representación justa de los cambios económicos y sociológicos que se habían producido en nuestro país en poco más de tres generaciones… En medio siglo, se había pasado de una moneda no convertible, la peseta, como símbolo de soberanía nacional, al euro, que significaba todo lo contrario: la renuncia a una parte de la soberanía a cambio de la integración regional, en el marco de referencia de la globalización”.

Lo cierto es que cuando se aprobaron los requisitos para acceder a la moneda única, España no estaba, ni se la esperaba en el primer grupo de países que contaban con entrar. ¿Puede alguien creer que los socialistas estaban, o están, en algún momento dispuestos a recortar el gasto, por poner un ejemplo?

El déficit público era de casi el 7% del PIB. La deuda pública era cercana al 70% del PIB, los tipos de interés del 12%, la inflación próxima al 5%. En los cajones de los ministerios había facturas por pagar por importe de 700.000 millones de pesetas. Había un abultado déficit en la Seguridad Social, y un sistema de pensiones en suspensión de pagos. El ministro de Hacienda recomendaba a la gente que suscribiese un plan de pensiones, porque él mismo dudaba de la sostenibilidad de las pensiones públicas. El 23% de la población activa estaba en paro, la tasa de paro femenina era del 34%, y la de los jóvenes, del 48%.

El empeño de entrar en el euro en la primera fase generó en España un enorme cambio estructural. El modelo económico Aznar–Rato–Montoro, como lo llama Juan Velarde, creó las bases necesarias para el encaje español, permitiendo, además, una economía más competitiva que impulsó la internacionalización de nuestras empresas, algo inimaginable hacía poco.

Otro factor, no menor, para tener en cuenta en el balance del euro, fue que la economía española, que históricamente se había visto fuertemente sujeta a los cíclicos económicos, se transformó en anticíclica. Esto se puso de relieve en la crisis de 2002–2003, cuando EEUU entró en recesión, la UE se situó en crecimiento cero, y en España crecimos un 2,5%. Esto se ha visto, asimismo, en diversas ocasiones tiempo después.

Alberto Recarte, en un coloquio para analizar la entrada en el euro, diez años después, decía que las reformas, necesarias, fueron más importantes que el mero hecho de entrar en el euro. La euforia europeísta se convirtió en motor de las reformas, pero, una vez hechas estas reformas, y si se hubiese continuado por ese camino —según Recarte—, no habría sido necesario integrarse en el euro. Nuestra situación, decía, hubiera sido parecida a la de Suecia. Eso no supone que Recarte propusiera abandonar el euro a esas alturas.

Este asunto de “euro o no–euro” constituye un viejo debate. ¿Valía la pena perder nuestra soberanía monetaria de la peseta para pasar al euro? Hay gente que alude a la experiencia de posteriores años, cuando se han incumplido los objetivos del déficit que Bruselas impone, y dice que con un gasto fiscal deficitario se estimula el crecimiento y la economía prospera. Se revuelven contra la Comisión Europea, cuando proclama el éxito de las políticas de austeridad. Y, como buen ejemplo, señalan la ausencia de crecimiento desde 2008 al 2016, cuando la producción ha estado estancada con el consiguiente empobrecimiento, paro y desesperanza. Estas posiciones son el regreso a las antiguas políticas de gasto público financiado con subidas de impuestos, que tantas veces se han visto letales.

En junio de 2005, Rafael Termes —con el que compartía una antigua y estrecha relación familiar— y yo coincidimos en la cabecera de una manifestación en Barcelona a favor del verdadero matrimonio y contra la adopción de niños por parejas homosexuales. Cuando terminaba, fuimos a tomar un café, y su precio nos llevó a una conversación sobre el euro. Al salir, Termes me estaba contando sus dudas sobre la moneda única, cuando una masa de gente nos arrolló. Yo le acompañé como pude a su coche, y entre el chofer y yo le introdujimos en el vehículo. Al subir al coche, me dijo que me mandaría algo sobre lo que casi no habíamos podido hablar.

Pocos días después recibí una cariñosísima carta y un pequeño libro escrito por él en 1997, en el que decía:

Ha sido un error identificar Europa con el Tratado de Maastricht. Yo soy europeísta, pero pienso que Maastricht es un mal camino para llegar a la Europa que yo quiero. Yo quisiera una confederación de estados, cada uno con su identidad cultural, que delegarían en la Confederación, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, aquello y solo aquello que los confederados no puedan hacer. Antes se habrán puesto de acuerdo sobre las cosas necesarias para constituir un área, tan amplia como sea posible, en la que exista libertad de movimientos de bienes, servicios, capitales y personas.

Claro que hay gente que busca un proyecto federalista para convertir Europa en un súper–Estado en el que todo quede unificado y centralizado. Es lógico que los socialistas estén a favor de un Maastricht redactado por el socialista Delors, e inspirado en el intervencionismo estatal. Hay que dejar al mercado que produzca la convergencia, donde sea necesario, sin pretender imponerla a fuerza de reglamento.

Es cierto que la exigencia de las condiciones de convergencia ayuda a los gobiernos a implantar políticas de crecimiento sano y sostenido, con precios estables, equilibrio de las cuentas públicas y de la balanza corriente con exterior; pero, si los gobernantes no están convencidos de la necesidad de estas, o aducen razones políticas para conculcarlas, no servirá de nada.

Sorprende hoy el carácter profético de estas últimas palabras. No sorprende, al contrario, la opinión de un viejo liberal que atisba la voracidad burocrática y reglamentarista que justifica, en parte, el Brexit y las reticencias de muchos estados miembros.

Otras voces populistas achacan a la pérdida de la soberanía económica europea el que la tasa de desempleo de la zona euro sea más del doble que la de los Estados Unidos, olvidando que los EEUU es una economía que fomenta la competencia y políticas de libre mercado de las que carece nuestro ámbito económico.

La Posterior ley de Estabilidad presupuestaria de 2001, que llanamente venía a decir a las diversas administraciones del Estado lo que las abuelas enseñaban a sus nietos de no gastar más de lo que ingresasen, venía a consolidar y reglamentar ese principio tan sencillo que, cuando se quebranta, produce a posteriori los grandes desequilibrios generadores de deuda, que hay que pagar, paro y pobreza. Esa política la resumió el gobierno del PP, cuando popularizó el fácil de entender concepto de “déficit cero”, que constituyó la piedra angular de las recetas de crecimiento del PP. Los gobiernos de izquierda odian el “déficit cero”, que impide las políticas populistas y las siembras dadivosas del dinero público tendente a captar voluntades. El mejor ejemplo reciente fue el presidente Zapatero.

José María Aznar creía que la entrada en el euro era uno de los grandes objetivos nacionales. Tenía la convicción de que deberíamos estar entre los países fundadores porque esta era la decisión más importante que, tras el tratado de Roma, habían tomado los europeos. De no ser así pasaríamos a ser un país de segunda velocidad en Europa. El euro era así mismo visto como un avance hacia el modelo económico que queríamos para España. Las condiciones para la entrada nos obligaban a la estabilidad fiscal, la flexibilidad económica y las reformas estructurales indispensables para el crecimiento de nuestra economía y del empleo. Esto último era prioritario. A pesar de nuestro crecimiento desde 1976, en los últimos veinte años no habíamos conseguido crear ni un empleo neto y estábamos un 78% por debajo de la renta media europea. El 1 de enero de 1999, España entró en el euro. Habíamos conseguido cerrar 1998 con un déficit público del 3%. España crecía al 4% y la tasa de paro bajaba velozmente, nuestra prima de riesgo pasó de los 500 puntos a la mitad un año después. Posteriormente dejo de existir dado que nuestra deuda estaba valorada mejor que la alemana.

Finalmente, se cumplió la profecía que tras la segunda Guerra Mundial anunció Keynes: Europa ha sido para los españoles “un ansia de seguridad, de seguridad personal y social”.

30 Victoria Prego, José María Aznar, un presidente para la modernidad (1996–), Biblioteca El Mundo, Unidad Editorial (Madrid, 2002).

31 Joaquín Estefanía, la Larga Marcha. Medio siglo de política (económica) entre la historia y la memoria, Atalaya (Madrid, 2007).

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LUCHA ANTITERRORISTA

Miré, y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con mortandad, y con las fieras de la tierra.

Libro del Apocalipsis, 6:8

Euskadi Ta Askatasuna, ETA. Quiere decir “País Vasco y Libertad”. Durante sus sesenta años de existencia, el objetivo de ETA fue conseguir la independencia del País Vasco franco–español para implantar un Estado socialista, la Euskal Herria. Para ello asesinó a 853 personas y causó más de 3.000 heridos. Extorsionó, aterrorizó, secuestró, destrozó la moralidad de muchos de sus conciudadanos a los que por medio del terror hizo cómplices, por acción u omisión, de sus crímenes, y hasta corrompió las conciencias de una gran parte de la Iglesia católica vasca que se olvidó del sagrado mandato de no matarás y, en lugar de amar y consolar a las víctimas, en múltiples ocasiones las repudió y apartó como apestados.

En psicología social existe el termino “disonancia cognitiva”, algo que se da cuando existe una potente adhesión ideológica a una causa. Esta disonancia permite ignorar las evidencias reales y los datos que contradicen nuestras ideas preconcebidas al objeto de justificar nuestros comportamientos. Esto es lo que sucedió en amplios sectores de población del País Vasco.

Pero no tiene sentido describir aquí pormenorizadamente todo eso, solo quiero recordar especialmente tres sucesos, todos ellos cercanos entre sí en el tiempo, que marcaron un antes y un después en la larga lucha contra la banda. Tres secuestros con tres finales distintos. He de relatarlos como tres ejemplos de comportamiento infame y de cómo el corazón humano puede llegar a convertirse en un basurero que contagia esa podredumbre a muchos de los que le rodean.

El 17 de enero de 1996, José Antonio Ortega Lara, de treinta y siete años, fue secuestrado en el garaje de su casa de Burgos, al volver de su trabajo como funcionario del Centro Penitenciario de Logroño. En ese momento, ETA, que se hizo responsable de la acción, mantenía secuestrado a José María Aldaya desde mayo de 1995. Unos días antes, el 19 de abril de 1995, ETA había intentado matar, sin éxito, a José María Aznar.

Para liberar a Ortega, ETA exigió el traslado de los presos de la banda a cárceles vascas. Lo metieron en el maletero del coche, y lo llevaron a un zulo de tres metros de largo, dos y medio de ancho y uno con ochenta de altura. La proximidad del río Deva hacía que los muros sin ventanas estuvieran permanentemente húmedos. Tenía una bombilla, y tres veces al día le daban un vaso de agua, verdura y fruta. Por la mañana, le traían dos cacharros: uno para que hiciese sus necesidades y otro con agua para asearse. Permaneció allí 532 días. Cuando lo liberaron, había perdido 23 kg de peso y sufría trastornos depresivos, ansiedad y deseos de morir. Hablaba con voz muy baja, y no se sabía si hablaba consigo mismo o con otras personas. Tuvo suerte de sobrevivir, ya que unos días antes los secuestradores dejaron de alimentarle, porque habían recibido la orden de dejarlo morir de hambre.

El despliegue de las fuerzas de seguridad para intentar liberarle fue enorme y continuado; el país entero estaba pendiente del secuestro etarra más largo de la historia. El cómo se encontró el hilo conductor que permitió su liberación es propio de un guion cinematográfico.

En Francia se estaba juzgando a un miembro de la banda. Durante el juicio, los servicios de información franceses detectaron un gesto raro, como una señal de las que se hacen jugando al mus, entre el etarra al que juzgaban y un hombre que se encontraba entre el público. Detectado el hombre, ya en España, la Guardia Civil lo vigiló y siguió hasta Mondragón, donde un día lo vieron entrar y salir de una nave industrial a horas no laborables. A veces solo, en otras ocasiones acompañado de otra persona y cargando bultos. Tras muchos meses, los agentes estaban convencidos que el secuestrado se encontraba allí.

La operación de registro de la nave la dirigía el juez Baltasar Garzón. Los secuestradores estaban ya detenidos, pero se negaban a colaborar y, tras un minucioso registro, los agentes no encontraban nada en la nave industrial, y el juez Garzón empezó a temer que se habían equivocado. Mayor Oreja le rogó que les permitiera seguir buscando un poco más. Un agente que llevaba detenido a uno de los etarras se acercó fortuitamente al lado de una gran máquina; el terrorista pensó que había vislumbrado algo, y se vino abajo. Desplazaron la máquina, y debajo estaba la tapa del zulo.

Cuando salió del zulo, Ortega Lara que tenía treinta y ocho años, aparentaba sesenta. A pesar suyo, se había convertido en un símbolo de resistencia y dignidad. Su liberación generó un estallido de alegría en toda la nación. Los ciudadanos habían asistido con el corazón encogido a las primeras imágenes del secuestrado, que llegaban a través de los medios de comunicación. La gente vitoreaba a la Guardia Civil por su trabajosa e impecable actuación. Los españoles necesitaban ese triunfo que les devolvía la confianza en el Estado de derecho. Un miembro destacado de la llamada Mesa Nacional de Herri Batasuna sentenció: “Tras la borrachera policial, vendrá la resaca”.

El 11 de enero de 1996, Cosme Delclaux es secuestrado al salir de su trabajo en Zamudio (Vizcaya). Al declararse autora del secuestro, la banda terrorista lo definía como un golpe a la aristocracia financiera de Neguri, que ellos consideraban como una de las más responsables de la opresión económica y política de Euskal Herria.

Cosme era hijo del empresario Álvaro Delclaux Barrenechea y de Carmen Zubiría Garnica, que tuvieron seis hijos. Cosme era el cuarto hijo del matrimonio. Familia muy unida, con intereses en las finanzas y la economía vasca (Álvaro Delclaux había sido vicepresidente de la Diputación Foral de Vizcaya, que posteriormente presidió). ETA pidió a la familia 2.500 millones de pesetas de rescate. Tras diversos tratos, se acordó un pago de 1.000 millones y otro de 500 millones, que fue aplazado tras la liberación. La tensión de las negociaciones se hizo insoportable para el negociador que la familia nombró, y tuvo que ser sustituido.

Los terroristas mandaron a los Declaux dos balas nueve milímetros Parabellum, junto con un ultimátum en el que se fijaba una fecha para el asesinato, si no procedían al pago del rescate. Los Declaux empezaron a vender lo que podían, y un grupo de familiares y amigos aportaron dinero para conseguir la suma pedida, que era la más alta conseguida por ETA32. Se da la circunstancia de que la familia había tenido suscrita una póliza de seguro antisecuestro que, por las razones que fuesen, no se renovó. El pago se hizo en dos diferentes entregas, a primeros de abril, y otro a últimos de mayo, dentro de un garaje. Las cajas con billetes de 5.000 pesetas pasaron del maletero del coche de un amigo de la familia al de los etarras.

Para los padres y hermanos comenzó un nuevo calvario. Pensaban que, al pagar el rescate, Cosme sería liberado, pero pasó mucho tiempo hasta que lo hicieron, porque los secuestradores necesitaban ese tiempo para ponerse a salvo.

El 1 de julio, tras 232 días de cautiverio, le soltaron. Al salir del furgón de la Ertzaintza que lo llevaba a casa, los íntimos que le esperaban haciendo guardia a la puerta del domicilio familiar, sus padres, hermanos, su novia y periodistas empezaron a corear “¡Cosme, Cosme!”. Él se volvió a los periodistas, y levantando los brazos les dijo: “¡Os quiero!”. La familia siguió siendo hostigada por ETA, al no hacer el pago final tras la liberación. En el verano de 2002 hicieron estallar un vehículo frente a la casa de la abuela de Cosme. Al año siguiente la Ertzaintza desactivó la eclosión en otro vehículo que estaba cerca de la casa de su primo. En el 2002, unos días antes del juicio a los secuestradores, pusieron otro coche bomba cerca de la casa de su madre.

La liberación de Declaux coincidió con la operación que horas después arrancaba para rescatar a Ortega Lara. Tras ser liberado Declaux, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, llamó a Mayor Oreja para comunicarle la noticia y le dijo: “¡Felicidades!”. A Mayor se le heló la sangre en las venas, al creer que se las daba porque el Gobierno había localizado la nave donde Ortega estaba, pero se tranquilizó al darse cuenta de que no existía ninguna filtración y que Atutxa no sabía nada.

“Tras la borrachera policial vendrá la resaca”. Esa era la sentencia.

Miguel Ángel Blanco era concejal de la localidad vizcaína de Ermua por el Partido Popular. Tenía 29 años. En un tiempo trabajó como albañil con su padre, luego se licenció en Ciencias Económicas. Se trasladaba cada día a trabajar a Éibar, a la consultoría Eman Consulting; siempre iba en tren. El 10 de julio de 1997, nueve días después de la liberación de Ortega Lara, tres miembros de ETA lo secuestraron. Tras ello, en la sede del PP se recibió una llamada del diario Egin en la que les trasladaban un mensaje de ETA que reivindicaba el secuestro y ponía, como condición para liberarlo, el acercamiento de los presos terroristas a las cárceles del País Vasco. La voz camuflada daba al Estado un plazo de cuarenta y ocho horas para hacerlo; de no ser así, garantizaban que sería “ejecutado”.

Carlos Iturgaiz llamó a Mayor Oreja, este llamó al consejero de Interior vasco Atutxa y, posteriormente, a casa de los padres de Miguel Ángel, donde su madre y su hermana se encontraban muy alarmadas por la presencia en la calle de muchos periodistas. Carlos Iturgaiz contactó con los miembros de la Mesa de Ajuria Enea. Habló con Carlos Garaikoetxea y con los demás miembros de la Mesa, pero no logró hacerlo con Xabier Arzalluz, que representaba al PNV en esa Mesa y era presidente del EBB. Arzalluz no se puso al teléfono, tampoco devolvió la llamada a Jaime Mayor Oreja. Mientras tanto, Mayor habló con Aznar, que inmediatamente llamó a la familia de Miguel Ángel. Lo siguiente fue pedir a Mayor que pusiera todos los medios posibles para encontrarlo, y después comunicó a su Gobierno que no se movería ni un preso. Jaime Mayor advirtió que estábamos ante un asesinato a cámara lenta.

José Antonio Ardanza convocó una reunión del Pacto de Ajuria Enea para las doce de la mañana del viernes. En ella, Arzalluz dijo que ese foro no podía convertirse “en una mesa de plañideras”.

El plazo terminaba el sábado a las cuatro de la tarde. Ardanza hizo un llamamiento a todos los vascos para que acudieran a una manifestación, el sábado por la mañana, en Bilbao, y llamó a Aznar para que la encabezara, condicionando su participación y la del PNV a ello. Aznar acudió junto a numerosos ministros, dirigentes de todos los partidos, varios presidentes autonómicos y más de medio millón de personas. Es la mayor manifestación nunca celebrada en el País Vasco. Los ayuntamientos de toda España convocaron a sus vecinos a manifestarse en más de mil quinientos lugares diferentes. En la Puerta del Sol de Madrid, en la Plaza de San Jaime de Barcelona, en Valencia, Zaragoza, Sevilla, la gente se echó a las calles pidiendo a gritos a ETA que abandonase su siniestro proyecto. En Ermua, 10.000 de los 18.000 vecinos con su alcalde socialista al frente, Carlos Tortorika, tomaron las calles. Este fue el nacimiento de lo que después se llamó “el espíritu de Ermua”33. En un último intento, el Gobierno habló con un intermediario que mantenía en Francia contactos con el todopoderoso miembro de la dirección de la banda, José Luis Álvarez Santacristina, alias “Txelis”. “Txelis” confirmó que la sentencia no tenía vuelta atrás y que la suerte de Miguel Ángel estaba echada. Aunque quisieran revocarla, era imposible porque, cuando el comando en España recibió la orden del secuestro, a las cuarenta y ocho horas tras el secuestro, se rompió la comunicación, por motivos de seguridad, y no podían restablecerse hasta finalizar el “encargo”.

En la fecha señalada, el concejal fue trasladado a un camino secundario, con las manos y los pies atados. Lo obligaron a arrodillarse, y luego le dispararon dos tiros en la nuca.

Uno de los terroristas más encallecidos, García Gaztelu —que había asesinado a Gregorio Ordóñez, el concejal y candidato a alcalde en San Sebastián, y a Fernando Múgica Herzog, hermano de Enrique, ministro de Justicia con el gobierno del PSOE y Defensor del Pueblo nombrado por Aznar—, sintió tal asco por lo que acababa de hacer, que pasó varios días vomitando. Otro de los responsables, Mujika, se suicidó dos años después del asesinato.

En esas horas se generó en toda España una movilización social contra ETA, sin precedentes, tan fuerte y poderosa, que hasta los más condescendientes con el entorno político de los terroristas se vieron desbordados por ella. En la televisión, el lendakari afirmó: “No podemos actuar conjuntamente en la defensa de ninguna causa, por legítima que sea, con quienes, con su palabra de apoyo o su silencio cobarde, se han hecho cómplices de tan abominable asesinato… Señores de HB, vosotros sois los verdugos de esta sociedad, y nosotros las víctimas. Basta ya”.

En las “herriko tabernas” permanecieron encerrados y mudos sus habituales clientes. En las sedes de Herri Batasuna un escalofrío de miedo recorrió las espaldas de sus miembros. Durante muchos días sus simpatizantes, en sus casas a puerta cerrada, no podían dormir; por primera vez el miedo lo tenían ellos.

Unos voluntarios de la Cruz Roja recogieron el cuerpo aún vivo de Miguel Ángel, descubierto por unos cazadores. Todavía le manaba sangre por la boca y, con incontrolados espasmos, fue trasladado al hospital de San Sebastián, donde le dictaminan un coma neurológico profundo de madrugada. Quedaban en la clínica la madre, la hermana y la novia de Miguel Ángel. A su lado estaban unos compañeros del PP. El doctor que le atendía dijo a la portavoz del PP en el ayuntamiento de Ermua, Ana Crespo, que se tenía que comunicar a la familia el verdadero estado del agonizante y que creía bueno que alguien de confianza de ellos la acompañase. Ana le pidió a Javier Peón, que estaba allí, que fuesen juntos. Javier Peón había sido Secretario General del PP vasco con Mayor Oreja, y en ese momento era diputado por Bilbao en el Congreso. Comunicaron la noticia a la familia.

Javier y yo éramos vecinos de escaño y nos hicimos grandes amigos. Javier me contó días después que la reacción de las tres mujeres, de cada una de ellas, fue personal y distinta, todas trágicas, pero cada una íntima y diferente. Nunca me dijo en que consistió esa diferencia, y yo nunca se lo he preguntado. Siempre he respetado que protegiese la intimidad de esa familia. Tampoco necesitamos que nadie nos explique que el dolor personal cada uno lo vive a su manera34.

La noticia de la muerte de Miguel Ángel provocó una reacción masiva de solidaridad con la familia y de repudio e indignación contra ETA y sus entornos. El funeral en Ermua, presidido por el Príncipe de Asturias, fue extraordinariamente dramático.

El 14 de julio, un lunes laborable, toda España se echó a la calle: era el “espíritu de Ermua”. Las imágenes del centro de Madrid convertido en una marea cívica y democrática dieron la vuelta al mundo. En sus memorias, Aznar dice que Clinton le manifestó su tristeza e indignación por el asesinato y le aseguró que los Estados Unidos estaban al lado de España frente al terrorismo. Kohl le trasmitió el horror e indignación de toda Alemania. Tony Blair le expresó su admiración por el coraje y determinación del Gobierno para afrontar ese azote. Chirac le aseguró que, en esa prueba, toda Francia se situaba al lado de España. Poco después, en un encuentro oficial, el primer ministro sueco, Göran Persson, le contó que en esos momentos él estaba con su mujer de vacaciones en España y se habían sumado a las concentraciones impresionados por el espíritu de Ermua.

De todos los cientos de asesinatos de la banda criminal, es imprescindible detenerse en el de Miguel Ángel Blanco, porque cambió el curso de la historia del PP en el País Vasco.

La relación de Aznar con Miguel Ángel Blanco al principio no fue fácil; este pertenecía a la época de Hernández Mancha, y Aznar estaba montando sus propios equipos. En el País Vasco los cuadros del PP no eran ni manchistas, ni fraguistas, eran lo que había: gentes con convicciones, valientes y luchadores que no estaban por politiquerías en esos momentos. Desgraciadamente, eso cambió años después.

En las elecciones al parlamento europeo del 12 junio de 1994, el PP fue la lista más votada en San Sebastián. La periodista con el apellido homónimo, Isabel San Sebastián, cuenta en un libro35 cómo esto resultó intolerable para el PNV. El 20 de noviembre se publicó un artículo en el órgano oficial del PNV en el que se escribía: “Si la política conservadora en Euskadi la marcan los energúmenos como Gregorio Ordóñez, la prudencia nacionalista se convierte en razón suprema”.

Isabel San Sebastián cuenta también lo que Arzalluz dijo en una ocasión a Aznar respecto a Ordóñez: “Tened cuidado con él, porque será desleal y traicionará al partido”. Arzalluz odiaba a Ordóñez, porque ni siquiera él podía manejarlo. Ordóñez era diputado en el Parlamento Vasco y con 24 años había sido elegido concejal de San Sebastián. Aznar se dio cuenta de la valía de Ordóñez y apostó por él, se volcó con él.

Aznar fue a la Tamborrada de San Sebastián el de 19 enero de 1995. Ese día se nombró a Gabriel Ordóñez candidato del PP al Ayuntamiento de San Sebastián. Las encuestas le daban ganador. Podía haber sido el alcalde de San Sebastián. El 23 le mataron de un tiro en la nuca. Hubo que improvisar un nuevo candidato, que fue Jaime Mayor Oreja. Cuatro meses después, el PP fue el partido más votado.

En un informe del Grupo de Estudios Estratégicos, GEES, se analiza el cómo durante la presidencia de Aznar se puso en marcha una política antiterrorista firmemente encaminada a derrotar al grupo independentista vasco. Su máximo responsable era ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. El mejor hombre que podía estar al frente de esa batalla del Estado democrático contra la banda criminal. Su determinación y valentía, su serenidad unida a su inteligencia y capacidad de análisis, junto a sus fuertes convicciones personales, hicieron de él un referente moral en la nación.

Se diseñó un plan basado en cinco puntos de actuación. En primer lugar, se reforzaron los medios materiales y humanos de la Policía Nacional y Guardia Civil. Después se cortaron de raíz todas las negociaciones con los terroristas. Los dos únicos contactos que se mantuvieron fueron para pedir la disolución de la banda, pero sin ofrecer nada a cambio. Se continuó dando un especial protagonismo a las víctimas, buscando la movilización y concienciación social. Mayor Oreja acuñó una frase impactante: “Las víctimas siempre tienen razón”.

El siguiente importantísimo paso fue la serie de reformas legales que buscaban cerrar cualquier ámbito de impunidad que le pudiera quedar al entramado terrorista. Se persiguió a la cantera de la banda con una reforma de la Ley del Menor que aumentó las penas de la kale borroka. Se endurecieron las penas de terrorismo en el Código Penal, y se aprobó la Ley de Partidos, para ilegalizar cualquier formación política que amparase al terrorismo. Finalmente, se gestionó una campaña diplomática que propiciaba la colaboración internacional, con importantes resultados en la Unión Europea y los Estados Unidos. Estas medidas dejaron a la banda terrorista al límite de la desaparición.

Entre todas estas líneas de actuación, hay que destacar tres decisiones fundamentales que a posteriori podemos ver como extraordinariamente decisivas: el despliegue de una estrategia internacional frente a las democracias occidentales, la ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna.

El impacto que produjo el 11S cambió el punto de vista internacional sobre el terrorismo que si era de raíz nacionalista se entendía que eran problemas políticos internos de los países que lo sufrían. El 11S fue decisivo para la cooperación internacional. El 21 de Septiembre de 2001 en un Consejo Europeo Extraordinario de los Jefes de Estado y Gobierno, celebrado en Bruselas, el primer ministro belga Guy Verhafstad expuso la necesidad de desarrollar e instaurar una política europea antiterrorista que fuese global y perdurable en el tiempo. España instó a que se aprobara la Orden Europea de Detención y Entrega, la euroorden, y la creación de una lista europea de todos los grupos y organizaciones terroristas. También propusimos que la UE promoviera una resolución en Naciones Unidas para incluir el terrorismo como crimen contra la humanidad. Con motivo de la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid en 1997 el presidente Clinton vino a España en visita oficial, el viaje estrechó la relación entre los dos gobiernos y se generó una gran sintonía con el Rey Juan Carlos. La llegada de George Bush a la Casa Blanca desarrolló esta relación que fraguó una especial sintonía y gran amistad de este con el presidente Aznar. La colaboración de las agencias de seguridad de EEUU con las españolas, los medios tecnológicos de que disponían y su capacidad para el tratamiento de la información resultaron de extraordinaria importancia en la lucha contra ETA. El Departamento de Estado norteamericano incluyó, además de a ETA a 21 personas y organizaciones de su entorno, congelando sus cuentas y activos en territorio USA.

La mayoría absoluta que el PP consiguió en el año 2000 le permitió llevar a término una serie de iniciativas que la oposición del PSOE le había impedido aprobar antes, tales como el cumplimiento integro de las penas para los delitos terroristas. Recuerdo mi personal asombro y rabia cuando tiempo atrás esta iniciativa era rechazada en el Congreso, varias veces lo fue, con el argumento que los portavoces del PSOE esgrimían que era anticonstitucional porque ponía en peligro la reinserción de los presos. Finalmente en diciembre del 2002 Aznar y Zapatero firmaron un “Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo”. El objetivo era concertar voluntades y no hacer uso partidista ni electoral del mismo. Posteriormente ya vimos lo que valió en el 11M del 2004. El 25 de agosto de 2020, el presidente Sánchez anunció que propondría a los partidos “desterrar la pelea partidista de la lucha contra la pandemia”.

En junio del 2006 en una operación conjunta de las policías hispano francesa se detuvo a Julen Madariaga, fundador de ETA, Cuando le llevaron ante el juez francés le dijo a este que mientras se firmaba el pacto antiterrorista, entre el PSOE y el PP, el presidente de los socialistas vascos Jesús Eguiguren se reunía con el para negociar de espaldas al PP.

El PSOE no se sentía cómodo con esta iniciativa pero la presión ciudadana y el sentido común le hicieron sumarse a ella.

El Congreso aprobó la ley con los votos del 95% de la Cámara. Votaron en contra el PNV, IU, EA, ERC, BCN.

Javier Arzalluz dijo que era una vuelta a los tiempos de la Guerra Civil. El Lendakari Ibarretxe que “todo proceso de ilegalización nos aleja de la paz”. Muchos que estaban en política sostenían que la ilegalización era socialmente inviable, a mi en Cataluña mucha gente de alto nivel me decía que era una barbaridad que empeoraría las cosas. Los obispos vascos publicaron una pastoral en la que se mostraban muy preocupados por “algunas consecuencias sombrías que prevemos como sólidamente probables… la división y la confrontación cívica se agudizarán”.

En agosto de ese año ETA atentó contra un cuartel de la Guardia Civil. Murió un hombre y una niña de 6 años hija de un guardia, hubo 40 heridos y 200 evacuados. Había gente que decía que ya lo habían dicho ellos y otros pronosticaron más violencia y culparon al Estado como responsable.

El Gobierno convocó un Pleno Extraordinario del Congreso el 26 de agosto durante el cual se le solicitó que iniciase el procedimiento de ilegalización de los entornos proetarras. Se aprobó con 295 votos. CIU y IU se abstuvieron, PNV votó en contra, se ve que quería las nueces. El Gobierno tomó la decisión y el 21 de Marzo de 2003 el Tribunal Supremo declaró ilegales a Batasuna, Herri Batasuna, y Euskal Herritarrok ordenando su disolución.

La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que la ratificó. Luego fue recurrida ante el Tribunal de Derechos Humanos, que sentenció: “la ilegalización era una necesidad social imperiosa” y añadió que “no solo el apoyo al terrorismo justifica la ilegalización de un partido, también que este proponga un programa incompatible con un régimen democrático de libertades”.

Respecto a todo esto Aznar dijo: “la operación jurídica y política más compleja que se había llevado a cabo en España desde la Constitución”36. Hoy en 2020 muchos niños vascos ven a los asesinos como héroes.

32 ETA secuestró el 20 de mayo de 1977 a Javier de Ybarra Bergé, un referente ético y empresarial en el País Vasco, padre de mi sabio amigo Javier. Al detener la policía a uno de los secuestradores, no hubo tiempo de nada. El 18 de junio lo asesinaron de un tiro en la cabeza, y su cuerpo apareció dentro de una bolsa de plástico colgada de un clavo. Tenía los ojos vendados y las manos atadas a la espalda.

33 La frase fue acuñada por Javier Peón, que se lo dijo a un periodista y se convirtió en titular.

34 Pocos meses después, en octubre de 1997 la policía vasca detuvo al miembro de un comando etarra mientras ponía una bomba entre la jardinería del Museo Guggenheim, para atentar contra los reyes cuando lo inaugurasen. Entre la información que le encontraron, estaba el plan para asesinarme el sábado siguiente en Barcelona, en una circunstancia en la que mi mujer e hijas estarían presentes. Me lo comunicó Mayor Oreja y me dijo que le había llamado el Conseller de Governació de la Generalitat, Xavier Pomés, a quien se lo había comunicado Atutxa para que me informase. La gran experiencia en esos trances de Javier Peón me ayudó mucho a digerir la noticia. Aunque he de confesar que todos los diputados, del PP y PSOE, especialmente, estábamos mentalizados para algo así, a mí lo que más me impresionó fue que mi mujer y mis hijas hubiesen podido presenciarlo.

35 Isabel San Sebastián, Mayor Oreja. Una victoria frente al miedo, la Esfera de libros (Madrid, 2002).

36 José María Aznar, El compromiso del poder, Memorias II, Planeta (Barcelona, 2013).

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PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Si no soy yo, ¿quién?; si no es ahora, ¿cuándo?

Rabino Hillel, siglo I a. C.

La primera querella jurídica documentada en la Península Ibérica está fechada en el 15 de mayo del año 87 antes de Cristo. Es un texto grabado en una lámina de bronce que apareció en 1979 en unas excavaciones arqueológicas en Botorrita (Zaragoza). Recoge un pleito entre los habitantes de Salduie, la actual Zaragoza, y los de Alaun, la actual Alagón. Es un pleito por una canalización de aguas que querían hacer unos y que los otros decían que les perjudicaba. Ganó Zaragoza y hasta tuvo que intervenir el procónsul de Roma.

En Almonacid de la Cuba, en tiempos del emperador Augusto, se construyó una presa durante la segunda mitad del siglo I. También construyeron un canal para regadíos de ocho kilómetros de longitud, que en la actualidad sigue prestando funciones semejantes. En Mérida en el siglo I antes de Cristo, los romanos construyeron el embalse más grande que se hizo en los países mediterráneos; abarca unas 72 hectáreas, y es la llamada presa de Proserpina. En Valencia el Tribunal de las Aguas lleva funcionando mil años.

Es evidente que en España los debates sobre el agua, ni son nuevos, ni constituyen un tema menor.

En el último gobierno de Felipe González, Josep Borrell era ministro de Obras Públicas. Los gobiernos de González llevaban cerca de diez años preparando el Plan Hidrológico Nacional. El Gobierno lo aprobó, pero el máximo organismo consultivo, el Consejo Nacional del Agua, exigió unos requisitos que el Plan no reunía.

Para darnos idea de cómo discurren los debates sobre el agua en nuestro país, sirve el duelo que sobre el tema tuvieron en las Cortes el ministro Borrell y la portavoz del Partido Popular, Loyola de Palacio, el 24 de febrero de 1995. El ministro le dice a la diputada portavoz: “Sra. Palacio, sus conocimientos sobre el agua se acaban en el agua bendita. Sí, sí de agua bendita es todo lo que sabe la Sra. Palacio”. Loyola —cuyo carácter yo admiraba y conocí a fondo, una noche que se quedó encerrada en el ascensor de mi casa a las dos de la madrugada, tras una reunión de amigos— le contestó: “Sr. ministro, a usted se le conocen muchas aficiones… se habla de muchas aficiones respecto a su Señoría”. El plan Hidrológico de Borrell incluía transferencias de aguas entre cuencas. Incluso en su transvase previsto del Ebro a Levante, el volumen de agua a enviar superaba al que finalmente aprobó el gobierno del PP.

Uno de los primeros asuntos importantes que Aznar abordó, nada más llegar al Gobierno, fue el Plan Hidrológico Nacional (PHN). Aznar consideraba que era una necesidad vital y básica. Una iniciativa histórica en España. Una deuda pendiente del país consigo mismo desde el punto de vista de su vertebración, cohesión territorial, solidaridad y necesidades reales. En marzo de 2001, un año después de ganar las elecciones con mayoría absoluta, el Gobierno presentó en el Congreso el proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional.

Jaume Matas, el ministro de Medio Ambiente, lo expuso a la Cámara en nombre del Gobierno. El ministro calificó el plan de acontecimiento histórico: “Estamos hablando de una cuestión de Estado”. “El Plan trasciende su específica función hidráulica, para incidir en la materialización de los grandes principios de solidaridad interregional, redistribución de recursos y vertebración del Estado; todos ellos principios que constituyen el telón de nuestra Constitución”. Se trataba de resolver el importante déficit hídrico que tiene un conjunto de territorios del Mediterráneo español, y abordar las obras necesarias de una serie de cuencas que tenían agua, pero no podían convertirla en útil. El ministro explicaba que era una cuestión secular pendiente, el eje esencial en torno al cual se vertebraba el Plan que se resumía en que hay una “España húmeda” que tenía excedentes de agua y una “España seca” que necesitaba del agua que a otros sobraba. La obligación del Estado, a través del Gobierno, era armonizar estas dos realidades, y corregir las disfunciones sin perjudicar ni a unos ni a otros. Añadía que esto no sería posible si no estuviese basado en dos requisitos fundamentales: solvencia científica y técnica del proyecto y, especialmente, la integración participativa de todos los afectados, requisitos que creía cumplidos. El ministro continuó: los principios que presidían la normativa que se presentaba son los de solidaridad, equidad y participación, referidos especialmente a la cuenca del Ebro, eje vertebrador de toda la zona. Sin embargo, Aragón y las tierras del Ebro serían unas de las principales beneficiarias del plan, tanto en el orden infraestructural como en el de mejor y mayor uso y disponibilidad del agua, necesaria para su desarrollo económico.

El diputado del Grupo Socialista Sr. Caldera defendió las enmiendas a la totalidad presentadas por su grupo. Dijo que el plan había de ser consensuado o no sería. Insinuó que se presentaba este plan contra Aragón, porque allí no gobierna el PP y que trataban de castigarlos, porque no les han votado. Que este plan tenía en contra más votos de la gente, si se suman los de los partidos que se oponen, que los que el partido del Gobierno tenía. Que el Gobierno consideraba el agua solo como un bien al servicio de la producción, minusvalorando las connotaciones sociales, culturales y emocionales. Los problemas hidrológicos de nuestro país, decía Caldera, no se resuelven solo con obras hidráulicas, sino con una gestión mejorada del agua. Reutilización del agua, ahorro y plantas desaladoras. Acabó cuestionando la viabilidad económica del plan, del que dijo que costaría 700.000 millones de euros, frente a los 400.000 millones que costaba la propuesta alternativa del PSOE.

En junio de 2001, el Senado aprobó el PHN con los votos del PP, CiU, CC. El portavoz de la Plataforma para Defensa del Ebro anunció ese mismo día que, desde ese momento, comenzarían a realizar movilizaciones y presentar quejas y querellas ante la UE, con la intención de paralizar las obras previstas. El PHN y el no al trasvase se convierte en una causa popular en Aragón y Cataluña, y enfrentan a estas comunidades con las de Murcia y Valencia. En las importantes manifestaciones de Barcelona, lideradas por los partidos de izquierda, se pedía a la Comisión Europea que no financiase el trasvase. Los organizadores explicaban a la prensa que era necesaria una “nueva cultura” del agua.

En sus memorias, Duran i Lleida dice al respecto: “la política hidráulica del PP, que contó con el apoyo inicial de CiU, provocó que se desenterrara el hacha de guerra en las comarcas del Ebro… la presión de la calle, la prepotencia de la mayoría absoluta de Aznar, y la reflexión de dirigentes hicieron que, en la primera semana de marzo de 2001, nos posicionásemos en contra del proyecto del PHN en el Parlament de Cataluña, y votásemos a favor de una iniciativa de la oposición”. Según cuenta Duran, Jordi Pujol, conversando con él, le trasladó la necesidad de hacer lo mismo en las Cortes. Posteriormente Trías, Mas y Puig comieron con Rato, Matas y Álvarez Cascos y pactaron el apoyo. “¿Qué ofreció el PP para ese cambio? Nunca lo he sabido”37.

Tras este cambio de posición, Maragall dijo que incumplir sin justificación el acuerdo del Parlament era una losa para CiU que Cataluña difícilmente olvidaría.

En Alcanar, Tortosa… por donde iba Pujol en Tierras del Ebro se le recibía con insultos de vendido, traidor, botifler, español, y las correspondientes pancartas de indignación. Cuando las visitaba el presidente del PPC, Josep Piqué, le tiraban huevos y le llenaban de lindezas. Pujol decía en esos ámbitos: “CiU aguanta bien la presión, porque tenemos la convicción, no solo voluntarista, sino basada en hechos y estudios, de que la política que hacemos es buena para las Terres del Ebre”.

En el año 2003, temiendo el coste electoral del apoyo, Pujol decía asumirlo con “la cabeza bien alta”, porque es la consecuencia de haber sido el “único que nunca ha engañado a nadie” en este asunto. En sus memorias, dice que el PHN del PP habría podido ser beneficioso también para Cataluña. Asegura que “vio el cielo abierto” ante la posibilidad de obtener compensaciones para las Tierras del Ebro. El PHN “hizo despertar en mí el reflejo de solidaridad con Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería”.

Pujol justificaba su respaldo al PHN recordando que, gracias a CiU, se introdujo una cláusula por la que el Gobierno se comprometía a estudiar otras alternativas al trasvase del Ebro, tales como el trasvase del Ródano que preconizaba Artur Mas, proyecto prioritario para él como solución definitiva al déficit de agua de algunas comarcas catalanas. A Artur Mas lo que le reventaba, supongo, era que Cataluña tuviera que depender hídricamente de España. A todo esto, Maragall respondía que “no tiene sentido traer el agua del Ródano, para que nosotros podamos llevar la del Ebro a Almería”.

En 2003, la ministra de Medio Ambiente Elvira Rodríguez, en una entrevista a El Periódico, afirmaba que el presidente de la Generalitat Jordi Pujol le había dicho que el apoyo al trasvase no les estaba saliendo a cuenta políticamente, y que le pidió que aplazara la aplicación del Plan, hasta las elecciones autonómicas catalanas. Rápidamente, la diputada del PSC Monserrat Tura la replicó: “CiU votó a favor, a pesar de que su apoyo no era necesario, a fin de garantizar tiempo y asegurarse los votos necesarios del PPC en el Parlament”. Y reprochó: “El gobierno de CiU no se ha movido para defender prioritariamente los intereses de Cataluña, sino ventajas de partido. Que ahora venga con oponerse a la aplicación del Plan, si no se garantiza el mínimo caudal del Ebro para proteger el Delta, no es una posición sincera; es algo temporal hasta que pasen las elecciones, un maquillaje de su colaboracionismo.”

Como podemos ver —¡y para qué seguir con más testimonios!—, el debate alcanzó las cotas de apasionamiento que los asuntos del agua siempre generan en nuestro país.

En febrero de 2004, Aznar había puesto la primera piedra en el extremo sur del proyecto, Almería. Ese mismo año, cuatro meses después, el trasvase fue cancelado. Tras la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, el ejecutivo socialista, con Cristina Narbona como titular de Medio Ambiente, se derogó el trasvase.

Se puso en marcha entonces el proyecto hidrológico “Agua”. La ministra decía: “El trasvase del Ebro no se hará ahora, ni en ningún caso, porque es inviable”. Ella garantizaba “1.063 Hm3 frente a los 620 reales del trasvase del Ebro”; también prometió que sería más rápido, porque, “con la ampliación de algunas plantas desaladoras y la reutilización del agua donde existen depuradoras, para la primera mitad del año 2005 puede empezar a llegar agua con un mínimo coste”.

En el 2016, el diario El Mundo titulaba un artículo: “Desaladoras, un sobrecoste del 128%”. Decía: “El llamado programa AGUA contemplaba la construcción de quince nuevas desaladoras. El presupuesto oficial para todo ello se fijó en 721 millones de euros”.

Cuando llegó el PP al poder en 2011, de las quince previstas se encontró con que había solo una desaladora en funcionamiento, la de Marbella, que se adquirió ya construida. En la etapa socialista anterior, los sucesivos ministros de Medio Ambiente, Cristina Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar, fueron elevando al alza la inversión y de 721 millones se llegó a un presupuesto de 1. 337 millones de euros. Ya entonces, esta cifra representaba un 85,4% más de sobrecoste, y sin haber pasado la redacción de los proyectos. El Gobierno actual ha llegado finalmente a invertir 165 millones de euros para completar las infraestructuras necesarias de aquel programa, y adquirir hasta doce desaladoras previstas, según datos oficiales.

Desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo–Segura, su presidente Lucas Jiménez declaró al periódico La Gaceta: “Fue un error dejar de lado del PHN el trasvase. En un país con marcados desequilibrios hídricos, siempre es un error fatal dejar de lado los proyectos que implican la realización de obras de vertebración hídrica del territorio. Evidentemente, el PHN habría acabado con el déficit estructural que el propio Plan de Cuenca de Segura manifiesta tener… Las famosas desaladoras de Narbona no se pueden contemplar como un sustituto válido del resto de captación de fuentes de recursos, por cuanto presentan un coste energético que les hace excesivamente caros para ser utilizados en exclusividad. El agua que proporcionan tiene un fuerte contenido en boro, por lo que debe ser diluida en otras aguas para evitar sea tóxica para el cultivo”.

El conflicto del trasvase perjudicó notablemente las posibilidades electorales del PP en Aragón. En julio de 2011, Luisa Fernanda Rudi tuvo que pactar con el Partido Aragonés Regionalista para poder asumir la presidencia de la autonomía. En el pacto se asumía “velar especialmente por evitar transferencias de aguas de la cuenca hidrográfica de las que forma parte Aragón, que afecten intereses de sostenibilidad”. El agua del trasvase se “evaporó” del programa electoral del Partido Popular.

Y así seguimos 2000 años después...

37 El dicho popular en Cataluña llama a eso hacer “la puta y la Ramoneta”.

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HUELGA GENERAL, 20 DE JUNIO, 2002

En una negociación hay que partir con
un ideal en mente y finalizarla con un trato.

Karl Albrecht

Hay momentos en la política, en que un determinado asunto acapara las portadas de toda la prensa, editoriales, entrevistas, declaraciones, análisis, y los más enconados debates y acusaciones. Pasan tres o cuatro años, y de ese tema apenas se acuerdan los protagonistas. Eso sucede con una cuestión tan importante para cualquier gobierno como es una huelga general. El tiempo relativiza todas las pasiones pero una huelga general, acabe como acabe, sigue siendo un hito en la trayectoria de todo gobierno .

En 2002 la economía española atravesaba buenos momentos; las relaciones del Gobierno con los agentes sociales eran muy satisfactoria. Aznar pensaba que era una buena ocasión para llevar a cabo una reforma laboral que ayudase a incidir en una situación de paro, todavía elevada, y abundase en la competitividad de las empresas españolas

La Cumbre del Consejo Europeo, celebrada en Barcelona los días 15 y 16 de marzo de 2002 bajo la presidencia de España, se abogaba por suprimir obstáculos en los mercados laborales y por la generación de incentivos. Para la búsqueda de puestos de trabajo, también se añadía a la estrategia del reciente Consejo de Luxemburgo que buscaba impulsar el crecimiento económico en la UE a través de reformas estructurales y políticas de empleo, lo que sin duda animó al Gobierno a acometer dicha reforma.

Se buscaba también pulir una legislación del empleo agrario, que chirriaba en muchos aspectos y que, si bien en 1986, bajo el gobierno de Felipe González, pretendía mejorar las condiciones laborables de amplias zonas agrarias de Andalucía y Extremadura, con el paso del tiempo, y las malas prácticas, derivó en tácticas de puro clientelismo con el trabajo de la mano de obra del campo, con pagos en la sombra y sin cotizaciones. Eso, a la postre, generó una mayor desprotección del asalariado y fomentaba el pago en dinero negro. En muchas zonas rurales la situación estaba totalmente normalizada. No era extraño que si un particular o empresario requería un tipo de trabajo determinado, no encontrase quién lo llevase a cabo si no era bajo contratación y pago no declarado. Las pérdidas —aparte de otras consideraciones—, para la Hacienda Pública y para las arcas de la Seguridad Social, eran evidentes y no precisamente menores.

Juan Carlos Aparicio era entonces el Ministro de Trabajo y preparó el contenido de la reforma. Tenía de plazo hasta el verano para su aprobación e incluso llegó a decir que pensaba que una buena fecha para su entrada en vigor pudiera ser enero del 2003.

Entregó las líneas básicas de la reforma a los secretarios de CCOO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez respectivamente, que las consideraron inaceptables porque según ellos suponían una merma de los derechos de los trabajadores desempleados. El 1 de mayo, los sindicatos comenzaron las movilizaciones en contra de la reforma y solicitaron la respuesta del Gobierno y su retirada. El ministro Aparicio había tenido una reunión el 20 de mayo in extremis con los dirigentes de CCOO y UGT. La reunión no acercó posturas y el ministro los culpó de no querer negociar, calificando a esta postura de predeterminada, dado que no presentaron alternativa

El gobierno no cambió su posición y los sindicatos convocaron un paro general para el 20 de junio. Como respuesta, el 24 de mayo el Consejo de Ministros aprobó dos Decretos Ley modificando el vigente sistema de prestaciones por desempleo y el subsidio agrario, antiguo PER. Se habían suavizado ciertos aspectos del proyecto inicial, pero sindicatos y oposición lo calificaron de “Decretazo” y desafío a los trabajadores. Los decretos se publicaron en el Boletín Oficial del Estado para posteriormente, como es preceptivo, ser debatido y convalidado en las Cortes.

La rápida respuesta del Gobierno se debía a la evidencia de que la huelga no se desconvocaría una vez que la aprobaron los máximos órganos de gobierno sindicales y por tanto la ley tampoco tenía vuelta atrás. El ministro justificó el uso del Decreto Ley, una vez escuchadas todas las opiniones, porque es un instrumento que permite su aplicación inmediata mientras se tramita parlamentariamente. Aparicio recalcó que “todos los cambios laborales se han hecho por Real Decreto, nunca se ha usado otro formato”.

Aparicio defendía su Ley: “La huelga general no está justificada porque ningún parado va a cobrar un euro menos ni un día menos de prestación, en cambio, todo el sistema mejorará”.

La reforma ha recogido cambios propuestos por las organizaciones agrarias, empresarios y comunidades autónomas, añadió: “queremos saber quien está dispuesto a trabajar para apoyarlo y poder distinguir entre las personas disponibles y las que no lo están, estas son inactivas”.

Las líneas maestras de la reforma eran las siguientes: Cuando un parado llevaba un año percibiendo la prestación por desempleo, estaba obligado a aceptar cualquier trabajo que se le ofreciese en un radio de 30 Km de su residencia, aunque el sueldo fuese menor que el percibido por la prestación. Se podría rechazar una oferta de empleo o un curso formativo como máximo tres veces. Si rechazaba la primera oferta se le penalizaría con un recorte de la prestación de tres meses, la segunda con seis meses, el tercer rechazo significaría la extinción del derecho a desempleo.

Hasta entonces eran necesarias 30 jornadas de trabajo, o peonadas, para poder percibir el subsidio agrario. La reforma establecía la necesidad de acumular 360 jornadas para poder cobrar durante seis meses el PER. A esto se le denominó Prestación por Desempleo Contributivo Agrario y se hizo extensivo a todo el país, con la excepción de Andalucía y Extremadura.

Se suprimía el pago de los salarios de tramitación por despido improcedente, por lo que si el despido era injusto el trabajador perdía este complemento.

Se suprimía el subsidio asistencial que se otorgaba cuando finalizaba la percepción de la prestación contributiva mensual para los trabajadores despedidos mediante expediente de regulación de empleo.

Aznar argumentaba en una de las sesiones de control parlamentario que el subsidio por desempleo “no es un salario permanente, sino una ayuda transitoria, y los trabajadores no tienen porqué estar sufragando que los parados rechacen un empleo por tres veces”.

El hecho de que la huelga hubiese sido convocada la víspera de la Cumbre del Consejo Europeo en Sevilla, exasperó los ánimos del Gobierno y su presidente la tachó de “perfecto despropósito…” “…para hacer daño conscientemente a la imagen y el interés de España”.

Ana Mato, Javier Arenas, Álvarez Cascos, Ángel Aceves, Rafael Hernando, salieron en tromba advirtiendo de los daños gratuitos que ocasionaría una huelga claramente política sin justificación alguna.

Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía, de quien se decía que era la “mano que mece la cuna”, o sea el verdadero promotor de la reforma, señaló que “lo mas probable” era que la reunión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (ECOFIN) previo a la Cumbre de Sevilla, se reuniese el 20 junio en Madrid.

Conforme los días avanzaban, el debate parlamentario se tornó más crispado. José María Aznar, en la sesión de Control parlamentario del día 22, dirigiéndose a Zapatero, le decía que “un líder de la oposición, responsable o que quiere serlo, no puede, ni debe justificar ni apoyar una Huelga General en plena Presidencia española un día antes de que se reúna en España y en Sevilla el Consejo Europeo, eso es hacer daño conscientemente a la imagen y al interés de España”. Zapatero respondió: “en sus manos está evitarla y volver al diálogo”. Gaspar Llamazares dijo que esa huelga la había provocado el Gobierno: “Han sido ustedes los que han dicho que los parados cometen fraude, que los trabajadores andaluces y extremeños están en la indolencia”. “Esta huelga no es una guerra, que forma parte del eje del mal, porque usted no es George Bush y Fidalgo y Méndez, por mucho que lleven barba, no son Bin Laden”.

Era evidente que la huelga estaba guiada por motivaciones políticas. Los sindicatos podían haberse sentado con el Gobierno y negociar los puntos que hubiesen considerado mas lesivos, pero no lo hicieron y no presentaron ni una sola propuesta porque el objetivo predeterminado era cumplir lo que, al ganar las elecciones José María Aznar en el 2000, habían sentenciado: “Habrá que hacer, como sea, en su momento una huelga a este gobierno, para que no se marche, al menos, sin una huelga”.

El 14 de junio de 2002, Telefónica denunció el corte “intencionado y planificado” de 20 líneas de la red que durante más de 10 horas afectaron a teléfonos fijos, móviles, internet, líneas de cajeros y terminales de pagos. Más de 48 cables de fibra óptica, que afectaron el corazón de las telecomunicaciones en España, fueron cortados con una motosierra y dejaron incomunicadas 15 provincias. Fuentes del sector lo consideraron como un preámbulo de lo que sería la huelga general.

El ministro Piqué declaró que “si alguien piensa que el éxito de la huelga se va a conseguir a través de la coacción y el sabotaje, se equivoca rotundamente”.

El 20 de junio los sindicatos cifraron el seguimiento en un 80%, el Gobierno aseguró que fue del 16%. Cándido Méndez y José María Fidalgo encabezaron la manifestación celebrada en la Puerta del Sol de Madrid a la que se sumó José Luis Rodríguez Zapatero. Los organizadores cifraron en 500.000 el número de manifestantes, la policía aseguró que no superaban los 20.000. También hubo manifestaciones en Barcelona, Valladolid, León, Burgos y Salamanca. El mayor seguimiento fue en la industria, la construcción y el transporte, donde los piquetes tenían más facilidades para forzar el paro. La huelga, como tal, constituyó un fracaso, pero tras ella se reanudaron negociaciones que constituyeron un éxito para los convocantes.

El 4 de julio, José María Aznar y Rodrigo Rato pidieron retomar el diálogo social, aunque el 15 de julio siguieron las movilizaciones en la calle por la celebración del debate sobre el estado de la Nación. El ministro Aparicio fue sustituido por Eduardo Zaplana.

Para acabar la cuestión, tal como la terminó posteriormente el gobierno, con Zaplana al frente del ministerio, es evidente que a lo largo del tira y afloja con los sindicatos y la oposición, sobró rigidez gubernamental y falta de cintura política, porque era incuestionable que desde el principio la huelga se iba a hacer sí o sí por lo que se podía haber empezado por el final, restando argumentos a la oposición que quedaría retratada con una huelga con poca justificación, es decir, meramente política.

Una reforma laboral apoyada por el presidente, impulsada por el vicepresidente y el ministro de Economía, y que ganó el Gobierno, acabó costando el cargo al ministro que hizo lo que le habían pedido que hiciese. Resulta simpático pensar, como en tantas ocasiones, cuando un cargo relevante hace lo que le piden sus jefes acaba costándole la cabeza.

En todo caso, Aparicio siguió contando con el aprecio del presidente Aznar que reconoció su difícil papel.

El 17 de julio los sindicatos se reunieron con Zaplana. El 26 lo hicieron con Rato, que posteriormente anunció ofertas significativas e importantes que permitirían el consenso, porque los objetivos del Ejecutivo “no son excluyentes”, “no somos insensibles a las críticas”, aseguró Rato, “sabemos que nosotros no tenemos toda la razón” por lo que el Ministerio de Trabajo está “trabajando para incorporar esas reflexiones y hacerlo sin perder tampoco nuestros propios objetivos”. El objetivo era “mejorar el texto” y recoger “algunas de las opiniones formuladas en los últimos tiempos”.

El 7 de octubre, Zaplana, Fidalgo y Méndez se reunieron para estudiar las modificaciones. Ese mismo día, el Pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Ley de Reforma de la Protección del Desempleo, que eliminaba los aspectos más conflictivos de la polémica reforma laboral

A finales de marzo del 2007, el Tribunal Constitucional anuló el “decretazo” por estimar que no contenía ninguna medida de extraordinaria y urgente necesidad que justificara el uso del Decreto Ley. Como el decreto fue retirado posteriormente, con alguna de las medidas ya muy edulcoradas, se tramitaron como ley en el Parlamento. La sentencia podemos considerarla como meramente simbólica, pues solo tuvo consecuencias para los trabajadores que se vieron afectados durante los seis meses que estuvo en vigor.

Es inevitable ver las dificultades de los gobiernos del Partido Popular a la hora de cambiar una legislación laboral que perjudica al empleo y la competitividad empresarial. El reciente empeño progre de “cargarse” la eficaz, timorata y ponderada, reforma laboral de Fátima Báñez es un buen ejemplo de cómo se antepone la ideología a los intereses de la nación.

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PEREJIL

El cielo nunca ayuda al hombre que no quiere obrar

W. Shakespeare

La isla de Perejil es un islote deshabitado situado en el estrecho de Gibraltar, a unos 250 metros de la costa marroquí y a 8 kilómetros de la ciudad española de Ceuta. Tras finalizar el protectorado español sobre Marruecos, la isla estuvo ocupada militarmente por España hasta el año 1960, cinco años después del fin del protectorado. En julio de 1963, se estableció un acuerdo entre el jefe del Estado español, el general Francisco Franco, y el rey Hasan II de Marruecos, que posteriormente se definió como “secreto”, por la poca difusión que tuvo; y se le llamó “el espíritu de Barajas”. El rey de Marruecos buscaba el diálogo sobre Ifni y el Sahara español. Se enfatizó que las mutuas relaciones estarían basadas en la cooperación, el entendimiento y el acuerdo. En esta ocasión se estableció una resolución sobre Perejil en la que el islote pasaba a ser “tierra de nadie”, en la que ninguno de los dos países tendría presencia militar o civil de manera permanente. Cinco años después, en 1968, fruto del “espíritu de Barajas” fue la retrocesión de Ifni a la soberanía marroquí.

Durante el año 2001, se llevaron a cabo unas importantes negociaciones entre Marruecos y la Unión Europea para buscar un nuevo acuerdo pesquero entre ambos. A finales de abril el Consejo de Ministros de la UE, por unanimidad, puso fin a las negociaciones con Rabat, al entender que las pretensiones de este eran inasumibles para los comunitarios. Esto suponía un tremendo impacto para la flota pesquera española, que se veía obligada a buscar caladeros imposibles para la pesca de bajura, artesanal, así como el desguace de muchas unidades, y la posterior reconversión de los marineros a tareas ajenas a su profesión, tales como el turismo y la hostelería. A su vez, representaba un tremendo error de cálculo por parte de Marruecos, que maximizó sus demandas, pensando que tenía la sartén por el mango, pero se exponía a consecuencias muy negativas para su economía.

El enfado de Aznar fue monumental, y repetidamente declaró que “nadie puede pensar que eso no produzca consecuencias entre las relaciones de Marruecos y España, y de Marruecos y la Unión Europea”. Para la agricultura de Marruecos, era vital alcanzar los acuerdos en este sector con la UE. Marruecos tomó esto como una fuerte amenaza. Pero los grandes temores de Rabat giraban en torno a que Madrid se estuviera refiriendo a entorpecer la Operación Paso del Estrecho, por lo que envió a dos ministros a España a los que nuestro gobierno dio garantías de que no pensaba tal cosa.

En los primeros días de julio, cuatro corbetas, un buque de desembarco de la Armada, y un helicóptero del Ejército hicieron maniobras en torno al Peñón de Alhucemas, a menos de 600 metros de la playa de la ciudad. Esto fue entendido por el rey de Marruecos y su círculo más cercano como una insolencia y una nueva amenaza.

El 25 de octubre en el Parlamento Andaluz se celebró un simulacro de referéndum sobre la independencia del Sahara anexionado por Marruecos. Era la continuación de la campaña emprendida por Plataforma Cívica Andaluza de Apoyo al Referéndum Libre en el Sahara, formada por diversas ONG, sindicatos, CCOO, UGT, y diferentes colectivos que apoyaban la independencia de la ex–colonia (o antigua provincia). Esa diversidad de colectivos tenía un nexo común. Los independentistas del Polisario contaban con el apoyo de Argelia y Rusia. ¿En qué lugar tenía que estar nuestra izquierda?

En un día de pleno parlamentario, se introdujeron dos mesas en sus instalaciones, y se permitió la participación de diputados autonómicos, personal de los grupos parlamentarios, funcionarios y periodistas. Votaron a favor 381 personas, tres en contra y se registraron diez votos en blanco. Solo votaron cinco diputados y el Consejero de Asuntos Sociales, Manuel Chaves.

Poco antes, el Gobierno español había dado su apoyo al censo de saharauis realizado por la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara occidental (MINURSO), que se basó en el censo español de 1971. Era necesario para un futuro referéndum de autodeterminación saharaui, como medio de solucionar el contencioso. El apoyo de España consistía, simplemente, en seguir el mandato de Naciones Unidas, que, mediante un referéndum, buscaba completar el proceso de descolonización del Sahara. Esto resultaba insufrible para Marruecos.

El 27 octubre de 2001, Marruecos llamó a consultas a su embajador en Madrid. Con muy pocas explicaciones, Rabat justificó la decisión por “cierto número de actitudes y posturas españolas respecto a Marruecos”. Alberto Aza, director de la Oficina de Información Diplomática, se manifestó “tranquilo” sobre el futuro de las relaciones bilaterales entre ambos países. Posteriormente, se dijo que Marruecos había querido dar un aviso sobre las relaciones mutuas, buscando intentar que su vecino, por fin, se sentase a solucionar mediante el diálogo todos los litigios y contenciosos bilaterales y, cuando este ofreciera resultados, el embajador volvería a Madrid.

El 11 de julio de 2002, un grupo de marineros marroquíes, al mando de un suboficial, desembarcaron en el islote. Izaron dos banderas de Marruecos y se aprestaron a instalarse. Una lancha de la Guardia Civil que se encontraba en los alrededores, al percibir los movimientos, se acercó y, al desembarcar sus tripulantes, fueron encañonados y amenazados por los marroquíes, por lo que optaron por retirarse. Ese mismo día, desde Rabat se anunció que el islote no sería abandonado, porque pertenecía a Marruecos, pero que, en cualquier caso, se había procedido a la acción, para controlar la emigración ilegal, el narcotráfico y el terrorismo en el estrecho de Gibraltar.

El presidente Aznar convocó urgentemente una reunión ministerial y llamó al primer ministro marroquí Abderramán Yusufi, exigiendo una explicación y la retirada inmediata. Yusufi le contestó que no sabía a qué se refería, ni de qué le hablaba; le dijo que el gobierno marroquí no había ordenado nada. Cuando la ministra de Asuntos Exteriores Ana de Palacio pudo hablar con su homólogo marroquí, para pedir explicaciones, este le dijo que no tenía ni idea de a qué se refería. Por la noche Aznar pidió a Federico Trillo, ministro de Defensa, que preparase una acción militar en función de los acontecimientos.

Al día siguiente, Aznar, tras entrevistarse con altos cargos de las Fuerzas Armadas, se reunió con los vicepresidentes Mariano Rajoy y Rodrigo Rato, con Trillo y un grupo de asesores. Aznar reconoció que el islote tenía un valor simbólico para nosotros, pero para ellos también. Les dijo que, si no reaccionábamos, sería interpretado como debilidad, y no sabríamos cuál sería el siguiente paso que darían.

El presidente tenía ya la decisión tomada, pero tardó unos días en ejecutarla. Dijo en privado que no quería contaminar con el asunto Perejil el próximo debate sobre el estado de la nación. Posteriormente, explicó en alguna entrevista que la dilación era debida a que él quería buscar el respaldo de la UE, de la Alianza Atlántica, la comunidad internacional y el Congreso.

El día 12 de julio, la OTAN consideró el asunto como algo puramente bilateral; posteriormente, corrigió su posición y calificó la acción de Marruecos como no amistosa, y pidió la retirada de sus efectivos. La Comisión Europea expresó su “gran preocupación” y denominó a Perejil “territorio de la Unión”. Francia se mostró también “preocupada”, y pidió que se pusiese fin a la degradación de las relaciones entre “dos países amigos” y proclamó que la solución era exclusivamente bilateral.

Ana Palacio, ministra de Asuntos Exteriores, la misma tarde del 12 julio, solicitó a las instituciones europeas que reaccionaran en apoyo de Madrid.

El día 13 de julio, la Unión Europea se manifestó a favor de España y presionó a Marruecos para buscar una solución. El primer ministro marroquí, tras una “tensa, franca y larga” conversación con Romano Prodi, presidente de la CE, que le advirtió de “las consecuencias dañinas” que podría traer para Marruecos el asunto, se comprometió ante Prodi a “mantener la situación bajo control y trabajar para una solución muy rápida”.

El día 14 de julio, la presidencia danesa de la UE expresó su plena solidaridad con España y pidió a Marruecos que retirase sus fuerzas; ante esto, Francia se mostró molesta y sorprendida, no consideraba oportuna la declaración, y criticó que se hubiese hecho sin consultar a los socios comunitarios. Desde fuentes cercanas a Javier Solana, Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, se especificó que la crisis “no guarda relación alguna” con la Política de Seguridad de la UE. Sin embargo, Solana estuvo en permanente mediación entre los ministros Benaissa y Palacio.

El Gobierno español analizaba distintas posibilidades. Una consistía en instalar en una punta del islote un destacamento de la Guardia Civil y situar nuestra bandera para evidenciar un uso compartido. Otra medida a estudiar podía ser decretar un bloqueo naval que impidiera el avituallamiento de los ocupantes. Otra idea era encargar la recuperación de la isla a la Guardia Civil en lugar de al Ejército, reduciendo así la intensidad del conflicto a una mera operación de mantenimiento del orden, y evitar una mayor humillación al adversario. El ministro de Exteriores de Marruecos ofreció a Ana Palacio que los españoles se instalasen en el islote y compartirlo. Palacio insistió en que se retirasen primero, y luego ya se vería si se compartía o no.

El día 15 de julio, Marruecos anunció su decisión de no retirar las tropas, porque esa acción se enmarcaba en el ejercicio de su soberanía sobre su territorio nacional. La presidencia europea de Dinamarca anunció a sus socios comunitarios que estaba activa diplomáticamente, para conseguir restablecer el statu quo anterior a la crisis. La ministra Palacio dio a Marruecos un ultimátum que expiraba a las 4 de la madrugada del miércoles 17 de julio. La ministra no se fiaba de su homólogo marroquí de Asuntos Exteriores, sabía que para el 17 habían convocado prensa y cámaras internacionales para una visita a Perejil, junto a funcionarios ministeriales marroquíes, por lo que eso haría inviable una toma militar de la isla. La ministra Palacio insistió en que el ultimátum acababa a las 4, y Benaissa le dijo que “de acuerdo”, pero que tenía que consultarlo con el rey. “¿Cree usted que voy a sacar al rey de la cama a estas horas?”, y la ministra le dijo: “Pues sí”.

Marruecos ya había tomado la decisión de retirarse el miércoles 17, y una comitiva con el ministro al frente se dirigió a la residencia de la embajadora americana para comunicárselo. Después llamaron a Ana Palacio, y esta les dijo que quería la retirada inmediata. “Quiero la evacuación ahora mismo”.

El día 16 de julio, el Gobierno español consideró agotada la negociación diplomática, y retiró al embajador en Rabat, decidiendo la operación de desalojo y recuperación de la isla.

El día 17 de julio, un comando de Operaciones Especiales de Tierra se trasladó al islote en helicópteros, detuvo a los militares marroquíes sin reacción alguna. Los soldados marroquíes salieron de la tienda de campaña que ocupaban y se rindieron; no hubo que disparar un solo tiro. Parece ser que los hombres en Perejil tenían órdenes de no resistirse al enemigo. A continuación, se izó la bandera de España y se pasó a entregar los prisioneros a las autoridades marroquíes en la frontera de Ceuta. En el Congreso de los diputados, el PSOE, CiU y CC apoyaron sin reservas la actuación del ejecutivo. IU y PNV, condenaron la operación.

El miércoles, tras la derrota, Marruecos era un país impresionado y humillado. Las fotografías que posteriormente se vieron, en las que los prisioneros marroquíes esposados y ensombrecidos, con las cabezas bajas acompañados de la Guardia Civil, fueron tan denigrantes para la dignidad nacional, que muchos medios rehusaron publicarlas y fueron censuradas por los medios gubernamentales. Posteriormente, la opinión pública de Marruecos pudo verlas, y esas imágenes todavía siguen escociendo en el país vecino. Constituyó un tremendo error por parte del Gobierno español facilitar la difusión de las fotografías de los prisioneros. No era necesario echar sal a la herida. Gustavo de Arístegui, que entonces era portavoz de Exteriores en el Congreso, y en la actualidad reside en Marruecos, dice que, en ese país, desde ese momento se consideró, y hasta en sectores conservadores, que el Partido Popular era profunda e irremediablemente antimarroquí.

El secretario de Estado de los EEUU Colin Powell pidió a España y Marruecos que iniciasen un diálogo. El 18 de julio, Benaissa dice que “de acuerdo”, que España debe retirar sus tropas “de todas las costas marroquíes”. El diálogo que Powell pedía era casi imposible. Para Mohamed VI la aventura del islote era algo muy difícil de digerir. Su abuelo Mohamed V consiguió la independencia del país; su padre, Hassan II, consiguió duplicar su tamaño, anexionándose el Sahara español; y en cambio, en vísperas del tercer aniversario de su subida al trono y justo después de su boda, Mohamed VI pierde un islote. El semanario marroquí Demain presentaba una caricatura de Benaissa magullado y con cardenales en la puerta de una sala de negociaciones de la que salía triunfante Ana Palacio. “Quería hablar de statu quo y he acabado en status kao”, decía el ministro marroquí. Todos los altos mandatarios y componentes del gobierno o su entorno dejaron de atender las llamadas telefónicas españolas.

Powell habla de las grandes dificultades para establecer contacto con el rey de Marruecos, y pasa por encima de la verdadera situación, y que consistía en que el rey no quería firmar. El rey estaba ilocalizable. Powell pidió hablar con él por teléfono. Finalmente, lo consiguió, y el rey le dijo que estaba en el desierto y que el documento no podía llegar, ni por tanto firmarlo. Powell le dijo: “Conocí y traté a su padre; tenemos que firmar, confía en los EEUU”. Se produjo un extenso silencio, y luego contestó: “de acuerdo”. Los gobiernos español y marroquí diferían en la manera de llamar el islote, Perejil o Leila, por lo que propuso simplemente llamarla “la isla”. Esta idea fue desestimada, lo que obligó a desplazarse al departamento de Cartografía para localizar sus coordenadas exactas y nombrarla mediante la ubicación geográfica. El visto bueno español tardó solo treinta minutos en llegar, pero hubo grandes dificultades para establecer contacto con el rey de Marruecos. La crisis se solucionó tras escribir una carta a los dos países en los que se fijaban los términos del acuerdo. Posteriormente, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Richard Boucher, puntualizó que “obviamente, no se trata de una estúpida islita, sino la disputa entre dos importantes aliados”.

Habíamos reconquistado la isla, pero era tan imposible negociar el necesario “statu quo”, como tan imposible era prever las próximas acciones de Marruecos. ¿Estábamos acaso libres de una nueva versión de la Marcha Verde? ¿Qué hubiéramos hecho, si un millón de hombres desarmados, mujeres y niños se hubiesen dirigido hacia Ceuta o Melilla? ¿Les hubiésemos ametrallado?

José María Aznar pidió a Ana de Palacio que llamara a Powell. Tiempo después, el Secretario de Estado cuenta cómo fue esta conversación, en una entrevista para la revista masculina GQ: “Esa estúpida islita del tamaño de dos campos de fútbol ni siquiera es una isla, es una peña… Cuando estalló el conflicto sobre la soberanía del islote, la Unión Europea inmediatamente apoyó a España, y los países musulmanes a Marruecos. ¿Qué hacen? ¿Llamar a la ONU? No. Llaman al Secretario de Estado de EEUU. Ana Palacio, que ahora es una de mis mejores amigas, me llamó y me dijo: ‘Tienes que ayudarme, tienes que arreglar mi problema’”. Powell recuerda las cerca de cuarenta llamadas que recibió de Palacio, de Aznar, del rey de Marruecos. Las dos partes enfrentadas “solo aceptaban como acuerdo el que les enviara una carta a ambos diciendo lo que debían de acordar hacer, y si yo suscribiría dicha misiva”.

El día 21 de julio, España y Marruecos llegan a un acuerdo en el contencioso, que supone la vuelta al statu quo anterior al 11 de julio. Las tropas españolas se retiran. Marruecos dio la noticia del acuerdo alcanzado anunciando la retirada de España del islote.

El imán de la mezquita Mohamed V de Tánger, en presencia del rey, que asistió el 26 de julio a la oración del viernes, ensalzó la sabiduría del soberano por su enfoque del conflicto “que se basa en los preceptos del islam, y ofrece una opción civilizada que consolida los ideales de paz, fraternidad y tolerancia”. La prensa oficialista de Marruecos explicaba a su opinión pública que, frente al uso de la fuerza por España, la sabiduría del rey optó por la vía diplomática, confiado en que la razón estaba de su lado, y que el rey era un hombre de paz.

El 22 de julio, Ana Palacio viaja a Rabat para reunirse con Benaissa y firmar el acuerdo, y en septiembre el embajador de Marruecos regresó a Madrid. Se puso así fin al primer conflicto armado del siglo XXI entre España y Marruecos.

Resulta evidente que la Unión Europea no estuvo al nivel que exigía un conflicto entre un Estado de la UE y otro asociado a esta. La petición de ayuda de uno de sus miembros, tras una agresión, no pudo recibir una respuesta más contundente y fiable por parte de la Unión ante las diferentes posturas de sus miembros. La pregunta clave era: ¿cuáles fueron las razones que llevaron a Marruecos a tomar una decisión tan inesperada y delicada, como fue plantar su bandera en el islote y abrir semejante conflicto con España? Solo podemos hacer especulaciones. ¿Fue una toma de temperatura, para ver hasta dónde podía llegar Aznar? ¿Una muestra de irritación? ¿Un error de cálculo y mal consejo del entorno del monarca?

Como pasa con muchos acontecimientos, la respuesta no es un solo hecho, sino quizá una variedad de motivos, algunos verdaderos, y otros inventados después para presentar a la opinión pública un balance positivo de logros gracias al golpe de mano. Lo que sí está claro es que las relaciones entre ambos no pasaban por su mejor momento.

Pero era evidente que Marruecos consiguió algo importante. Ante las instancias internacionales se subrayó la presencia del colonialismo español en Ceuta, Melilla y los islotes de soberanía a lo largo de la costa. El “anacronismo colonial” español se puso sobre el tablero. El diario progubernamental Le Matin significaba que el gobierno marroquí había logrado abrir, con escasos esfuerzos, el asunto de los enclaves ocupados. Explicaba que los editorialistas y analistas internacionales resaltaban que España es un país europeo que no había terminado su proceso de descolonización y que pretendía ser el gendarme del estrecho reivindicando a su vez Gibraltar. Al reanudarse las conversaciones entre Londres y Madrid sobre el Peñón, la prensa británica tomó la idea. La prensa marroquí lo tenía fácil para señalar la doble vara de medir de España, que quería descolonizar el Peñón, pero no aceptar la “célula de reflexión” que el rey Hassan II, en los años ochenta, había propuesto para buscar fórmulas no traumáticas que permitiesen la incorporación a Marruecos de las dos ciudades españolas. La evidencia final es que la isla se recuperó, con lo que salvamos el fuero, pero no el huevo, que pasó a ser de nadie.

La crisis de Perejil puso de relieve lo acertado de la apuesta atlántica en la política exterior española desde la llegada al gobierno del PP. Por supuesto, llama la atención la posición de Francia en este conflicto; nuestro socio europeo impidió una declaración conjunta de la Unión a favor de España. Posición, asimismo, divergente en el posterior conflicto de Irak, y que evidenció que la prioridad que el gobierno daba a la creación de un especial vinculo de confianza y colaboración con los EEUU fue extraordinariamente acertada. Con una UE bloqueada y una OTAN que había considerado que la crisis no guardaba relación alguna con la seguridad europea, quedó claro quién estaba dispuesto a sacarnos las castañas del fuego si algo semejante, o incluso más grave, volviese a suceder.

12

El PRESTIGE

Momentum catastrophicum

Pío Baroja

La zona costera coruñesa entre el Cabo Roncudo y Finisterre es conocida como Costa de la Muerte, o Costa da Morte en gallego. Finisterre es el límite occidental de Europa. Durante muchos siglos, los europeos situaban aquí el fin del mundo, la puerta del más allá. Y, ciertamente, que por ella entraron los miles y miles de personas que en estas costas perdieron la vida. Naves romanas, vikingas, galeones, pesqueros, submarinos, fragatas, petroleros… Las duras condiciones climatológicas y la escarpada costa llena de rocas. Los temporales, las nieblas que súbitamente convierten el día en noche hacen de esa zona, donde se juntan las corrientes del Cantábrico y el Atlántico, una de las costas más peligrosas del mundo. Fue la escritora inglesa Annette Meakin la que a finales del siglo XIX la denominó “Coast of Death”. Meakin tenía presente los naufragios de 1870, del Captain Royal Navy en el que perdieron la vida 487 guardiamarinas, y el de 1890, del HMS Serpent, buque de guerra inglés, cuando se salvaron tres personas de las 175 que llevaba. Estos naufragios causaron una honda impresión en la opinión pública inglesa, que aceptó el nombre y le dio carta de naturaleza.

En 1992, los EEUU adoptaron la decisión unilateral de prohibir el transporte de mercancías peligrosas a los buques de un solo casco. Las compañías armadoras y petroleras siguieron usándolos por todo el mundo, con el fin de ahorrar costes. de modo que auténticos basureros a flote, potenciales bombas ecológicas, seguían surcando los mares. Para hacernos una idea del entramado de intereses que hay detrás de estos buques, baste decir que, por ejemplo, el Prestige tenía registro griego, navegaba con bandera de Las Bahamas, el propietario era de la compañía Mare Shipping, de Liberia; lo explotaba la naviera griega Universe Maritime, la carga era propiedad de la compañía petrolera rusa Crown Resources, con sede en Suiza, y había sido construido en Japón en 1976.

En febrero del año 2000, la Comisaria Europea de Energía y Transporte Loyola de Palacio presentó una propuesta, apoyada por España, en el ámbito de la Organización Marítima Internacional, en la que se pedía la retirada de los barcos de casco simple. Constituían, básicamente, las mismas normas de seguridad marítima que había aplicado los EEUU. Los Quince la rechazaron y no fue aceptada.

El 13 de noviembre de 2002, el petrolero monocasco Prestige tuvo un accidente, aún sin aclarar del todo sus causas, mientras transportaba 77.000 toneladas de fuelóleo de alta densidad, frente a la Costa da Morte. Tras varios días de maniobras y dudas sobre qué hacer con él, se acabó remolcándolo a mar abierto, donde se partió y hundió a unos 250 kilómetros de la costa. El buque, a pesar de haber pasado todas las inspecciones y haber tenido toda la documentación en regla, se encontraba en un estado lamentable antes del accidente. En el año 1996, se llevaron a cabo en Constanza tratamientos contra las corrosiones de su casco. En 1999, el buque fue sancionado en Nueva York y Rotterdam por fallos graves de seguridad. En 2001, lo repararon en Cantón para corregir una deformación del casco y, nuevamente, corrosiones. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos lo tenía en su lista negra. El viaje en el que naufragó era el último previsto antes de su desguace.

En el Centro de Salvamento de Finisterre se recibieron varios mensajes de emergencia procedentes del Prestige para pedir ayuda. El Ministerio de Fomento envío un helicóptero y un remolcador. Una hora más tarde los tripulantes son evacuados, solo queda en el barco el capitán Apostolos Mangouras, el primer oficial y el jefe de máquinas. El remolcador se acerca al Prestige, pero el capitán no permite iniciar los trabajos de salvamento, porque quien consiga rescatar el barco tiene una recompensa millonaria. El capitán recaba instrucciones de los armadores griegos que aceptan pagar un 30% del valor de la carga y del barco al salvador. Las consultas han retrasado tremendamente el remolque, y no se inicia hasta muchas horas más tarde en medio de un tremendo oleaje y con fuertes vertidos de fuel en el mar.

La duda estaba en llevar el barco al puerto de la Coruña, para trasvasar el fuel a otro barco, pero el puerto de la Coruña tiene un acceso complicado. Por otra parte, el fuel del Prestige era tan pesado, que para trasvasarlo había que calentarlo previamente, y allí no había un barco en condiciones de realizar esa operación. En último lugar, si se hubiera vertido el fuel en el puerto, habría supuesto el cierre de este al menos un año, con las ingentes pérdidas, aparte de la catástrofe ambiental que se hubiera ocasionado, al ser un sitio tan cerca de las costas.

El capitán Mangouras se resistía a las labores de remolque, porque los armadores habían contratado a una prestigiosa empresa holandesa para el rescate, y quería ganar tiempo. El capitán recibió instrucciones de las autoridades de alejarlo de la costa, ante el temor de que quedase varado en ella, pero no hizo caso y mandó poner rumbo 180 grados Sur. Al no cumplir la orden, cinco horas después, Marina Mercante tuvo que intervenir. Francia y Reino Unido se oponían a que el barco mantuviese rumbo al norte, y Portugal se negaba a que lo hiciese hacia el sur, por lo que se destinó una corbeta y un avión de la Armada para vigilar que eso no sucediese. Con los motores parados, solo cabía remolcar el buque. Ante el peligro de que el barco se partiese en dos, se amarró también la popa para, así, poder remolcar las dos mitades. Pero quienes lo remolcaban metieron el barco hacia la llamada Corriente de Navidad, que desplazó, por su propio efecto, hacia las costas gallegas el crudo que soltaba.

El barco seguía perdiendo fuel y se desplegaron 18 kilómetros de barreras anticontaminantes, que resultaron inútiles ante el fuerte oleaje que las superaba y destrozaba. La grieta en el Prestige crecía y el vertido también. El alcalde socialista de la Coruña, Paco Vázquez, recomendó que se cañoneara el Prestige, para incendiar la carga y que no se vertiese al mar. Se desechó la idea; además de la contaminación atmosférica que resultaría, no estaba claro que el fuelóleo, muy viscoso, ardiese. El martes 19 noviembre, el barco se partió en dos partes, que se hundieron finalmente. Se encontraba a unas 132 millas, 260 kilómetros, de la costa de Finisterre.

La marea negra ya había llegado el día 16 de noviembre a 190 kilómetros de la costa; la Costa da Morte recibió su primer baño de fuel. Se prohibió la pesca y el marisqueo. El Gobierno creó un gabinete de crisis en el que participan once ministerios bajo la dirección del vicepresidente Mariano Rajoy. Los científicos dijeron que el fuel no se solidificaría debido a su mezcla con gasoil. La temperatura en profundidad es de 2–3 grados, el fuel solidifica a 6 pero el gasoil necesita temperaturas bajo cero. Se desvaneció así una esperanza de las autoridades. La cifra del vertido se cifró en 20.000 toneladas. Y, al analizar en laboratorios muestras recogidas, se confirmó una alta toxicidad del chapapote. Posteriormente, se barajaron cifras de 63.000 toneladas de petróleo.

La junta de Galicia comenzó a sellar, mediante barreras artificiales, los espacios naturales de la costa coruñesa y de El Grove. Dos buques anti–contaminación se hicieron cargo de las manchas que, a lo largo de casi 200 kilómetros, se habían extendido. En la costa de Asturias aparecieron otras, mientras las imágenes por satélite permitían ver que el Prestige seguía soltando fuel.

En poco tiempo, miles de voluntarios acudieron de España y del extranjero para sumarse, junto a militares y personal contratado, a la limpieza de costas y playas. Las previsiones fueron catastróficas y resultaba muy difícil facilitar los medios necesarios para las tareas. A primeros de año en Vigo había 11.000 personas esperando sumarse. Se estima que acudieron más de 65.000 para trabajar en la recogida del chapapote. A pesar de mascarillas y trajes protectores, muchos vieron afectada su salud, sufrieron vómitos, dolores de cabeza, dificultades respiratorias, entre otros efectos. Los que pudieran resultar a largo plazo eran desconocidos. Las fotografías de los voluntarios trabajando con sus trajes blancos dieron la vuelta al mundo. Antes, las precedieron las de la quilla del Prestige sobresaliendo del agua mientras se hundía, y poco después de esto las de tortugas y aves marinas chorreando alquitrán ocupaban las portadas.

El 5 de diciembre, Mariano Rajoy, vicepresidente y portavoz del Gobierno, compareció a petición propia en la Comisión Mixta Congreso–Senado para la Unión Europea, a fin de informar de las medidas adoptadas en el ámbito naval y de la UE, en relación con la catástrofe del Prestige. Comenzó refiriéndose a la decisión de qué hacer con el barco siniestrado; relató la imposibilidad de trasvasar el fuel, por lo que se optó por alejar el buque de la costa. Apoyando esta opción, citó el acta de la reunión técnica celebrada en la Delegación del Gobierno en la Coruña, a la que habían asistido diecisiete personas, entre técnicos, ingenieros navales, capitanes de marina mercante, profesores de la Escuela Superior de Marina Civil de la Coruña, de la Escuela de Ingenieros navales de El Ferrol… que certificaron textualmente: “Todos los asistentes entienden que las medidas que se adoptaron por las autoridades marítimas españolas son las correctas y más adecuadas a las situaciones que se han ido produciendo desde el primer momento del siniestro. La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos calificó de acertada la decisión del alejamiento. Cualquier solución de llevar el buque a puerto era muy peligrosa, por cuanto el buque podía partirse todavía más cerca de la costa y el desastre habría sido mayor”. El Colegio Oficial de la Marina Mercante ratificó el día 22 todos los anteriores análisis.

Constatada la magnitud del siniestro y los previsibles efectos para la actividad económica gallega, el Gobierno se movilizó para diseñar un plan integral con que atemperar las negativas consecuencias, desde una perspectiva social y económica, conscientes de los graves perjuicios a trabajadores, mariscadores, acuicultores, familias y empresarios. Por lo que nueve días después aprobó el Real Decreto Ley que contemplaba el plan integral.

El vicepresidente pasó a enumerar sus contactos directos con afectados de las cofradías de pescadores de diferentes municipios; citó, como ejemplo, la reunión en Mugía, con 200 o 300 personas, para escuchar y tomar nota.

Rajoy aseguró haber actuado con una celeridad sin precedentes en España. Citó el Decreto Ley aprobado por unanimidad en la Cámara solo días después, y, como referencia reciente, citó el naufragio del petrolero Mar Egeo el 3 diciembre de 1992, cuando hubo de esperarse 43 días para que se aprobara el Real Decreto. También recordó el naufragio del Casón, cuando el Consejo de Ministros tardó 25 días para decidir la contratación urgente de servicios de reparación de daños.

La respuesta por parte del Grupo Socialista estuvo a cargo del Secretario General Rodríguez Zapatero. Comenzó calificando su actitud igual de reprochable que su gestión. Reprochable era el no haber puesto el énfasis necesario en destacar el admirable trabajo de los voluntarios en las tareas de limpieza. Reprochable era también el no haber comparecido antes en el Congreso a dar explicaciones, que no lo hiciera en el Pleno y que las explicaciones no las diera el presidente del Gobierno. Se refirió a la insuficiencia de material de trabajo para proporcionar a los voluntarios; faltaban medios y contenedores en donde depositar los residuos. Aún más grave, según Rodríguez Zapatero, era la insuficiencia de medios para el Salvamento Marítimo. Acusó a Rajoy de mentir negando la realidad y de hablar de manchas en vez de reconocer que había marea negra, para restar importancia a la gravedad del asunto. Rajoy le contestó diciendo que no había escuchado ni una propuesta alternativa sobre qué haber hecho con el buque, ni tampoco una sola idea sobre el futuro. Solo veía el ansia de la oposición de rentabilizar políticamente el incidente.

El 17 de diciembre se produjo la segunda comparecencia del Vicepresidente Portavoz, en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso. Rajoy repitió más o menos lo anteriormente expuesto, y le contestó el señor Caldera, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Reprochó a Rajoy las tres decisiones que tomó el Gobierno: alejar el buque mar adentro, cuando, supuestamente, el barco podía haberse dirigido a las rías de la Coruña, Areso o Corcubión; dejarlo sin tripulación y cambiar el rumbo del barco. Y la acusación principal estaba fundada en que el cambio de rumbo “provocó la catástrofe”, y culpó del dicho cambio al Gobierno.

Le acusó de mentiroso por decir que el cambio de rumbo lo decidió la empresa en vez de las autoridades; el cambio de rumbo “transformó el accidente en catástrofe”. Caldera pidió la dimisión de Mariano Rajoy.

Rajoy sacó un papel con una secuencia de hechos elaborado por SASEMAR (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Entidad Pública Empresarial), que había sido entregado en el juzgado de Corrubedo que llevaba el caso. Se descubrió que en el folio que Caldera había entregado a la prensa faltaban las dos primeras líneas, en las que se decía: “El capitán del Prestige mandó poner rumbo 180 grados Sur”. Se evidenciaba que el cambio de rumbo no lo había decidido la autoridad portuaria. Rajoy pidió la dimisión de Caldera por manipular documentos a fin de justificar falsas acusaciones.

En otro momento y ya fuera del Parlamento, viendo la evolución de la tragedia que contradecía todos sus vaticinios, Rajoy llegó a decir: “Habremos tenido muchas equivocaciones, como es evidente, pero se ha trabajado con la mayor intensidad”.

Pero el protagonismo estaba fuera del parlamento. Con el desastre del Prestige, nació en España una etapa de enconada confrontación y exaltación de la emotividad, a la que posteriormente se sumó la demagogia. Comenzaba una forma destructiva de hacer política en la calle. Dos días después del accidente, el 21 noviembre de 2002, se creó el movimiento Nunca Mais, como una plataforma ciudadana y de movimientos populares gallegos, para exigir responsabilidades medioambientales, políticas y judiciales. Las manifestaciones que lideró se extendieron por toda Galicia pidiendo ayudas económicas para limpiar las zonas afectadas por vertidos tóxicos y ayudas a los sectores afectados. Al movimiento se sumaron cerca de 200 asociaciones relacionadas con la sociedad civil gallega. Lo lideraba el escritor Manuel Rivas y destacados militantes del BNG. El 1 de diciembre, 200.000 personas, lo nunca visto, se manifiestan en Santiago de Compostela bajo el lema de Nunca Mais. de las lógicas peticiones del principio, se pasa a culpar al Gobierno del desastre. Las cabezas visibles del movimiento Nunca Mais hacían declaraciones dirigidas a la población, avisando de que lo que estaba enterrado debajo del mar era una bomba de relojería, que destrozaría no solo a la costa gallega, sino también a la de Portugal y Francia con duración de decenas de años. Otros avisaban de que el PIB de España bajaría, y concretamente el gallego lo haría en un 4%.

El 23 de febrero de 2003, cien días después del suceso, se organizó otra magna manifestación en la Puerta del Sol de Madrid que reunió a 240.000 personas para dirigir críticas en contra de Fraga, Rajoy y Aznar, a los que culpaba del desastre.

Todos los grupos con representación parlamentaria, excepto el PP, apoyaron la manifestación convocada por Nunca Mais. PSOE, IU, CiU, PNV, BNG y Eusko Alkartasuna apoyaban a los organizadores frente a la campaña de “persecución” del gobierno Aznar por la vía judicial. La Fiscalía General del Estado había abierto una investigación de las cuentas de Nunca Mais tras una denuncia sobre irregularidades.

El nivel de odio hacia el Gobierno alcanzó niveles asombrosos. El escritor Suso de Toro, reconocido activista de Nunca Mais y posterior biógrafo de Zapatero, en la presentación de un libro en 2004, al referirse a Aznar expresó su deseo de “verlo procesado”: “Considero que debería estar preso. Nunca se lo perdonaré —el desastre del Prestige. No pienso olvidarlo. Ni pienso perdonar”, añadió.

Los que sí parece que tardaron menos en olvidar fueron los en principio más afectados: los habitantes de Mugía. Las elecciones municipales de mayo de 2003 las ganó el Partido Popular. Mugía era la “zona cero” del Prestige.

Con el paso del tiempo Nunca Mais ha estado presente en todas las manifestaciones sobre los desastres medioambientales y ecológicos de Galicia. A los pocos días de su creación el 17 diciembre, su cabeza visible, Manuel Rivas, era entrevistado en el diario El Pais para explicar las causas que, según él, motivaban a los ciudadanos a sumarse a esa iniciativa: “la gente no se ha encerrado a rumiar a solas su resignación, como le gustaría al poder. A la sociedad gallega se la ha tratado como una sociedad infantilizada por el poder caciquil. Ahora ha nacido la ciudadanía”. Esa ciudadanía sufrió una notable caída de entusiasmo, al perder Manuel Fraga la presidencia de la Xunta de Galicia y ocupar el gobierno el bipartito formado por el socialista Pérez Touriño y el nacionalista Anxo Quintana.

Tras la sentencia que, a finales de 2013, absolvió, once años después, de responsabilidades a los acusados por la gestión del Prestige, los ayuntamientos franceses afectados emitieron un comunicado en el que deploraban el fallo judicial, porque consideraban que era la consagración del “permiso para dar impunidad total a armadores, fletadores, compañías petroleras, barcos con bandera de conveniencia y aseguradoras”.

Hay una tendencia humana a identificarse con ciertos grupos y a discriminar a quienes se cree que no pertenecen a estos grupos. No es una cuestión de justicia; solo quieren ver cómo se castiga a los que no están de acuerdo con sus puntos de vista o no comparten sus posiciones. La plataforma Nunca Mais obvió las quejas francesas llenas de sentido, y dirigió su clamor al Gobierno. Llamó a los ciudadanos a mostrar su repulsa ante el desamparo en que quedaban los gallegos. Las manifestaciones volvieron a extenderse por todas partes. Bajo el lema “Non esquecemos. Non a impunidade”, se citó a la gente en todas las ciudades gallegas y algunas cabeceras de comarca a las 20 h. Gobernaba de nuevo en España el PP.

Pero ¿cómo se había actuado en catástrofes similares sucedidas en tiempos cercanos?

En 1976, el petrolero Urquiola quedó embarrancado en una zona rocosa frente a las rías de Betanzos, Ferrol y Ares. El capitán pidió entrar en un puerto, los organismos competentes lo sacaron a alta mar a 220 millas de la costa, el barco explotó, y la ligereza del fuel permitió que ardiesen tres cuartas partes de la carga. Sin embargo, la mancha de fuel inundó las rías de Ferrol, Betanzos y Ares.

En 1989, frente a las costas de Canarias, el superpetrolero iraní Khark–5 sufrió los embates atlánticos y registró un inmenso boquete por el que fluyeron 50.000 toneladas de crudo. Desalojado, el barco quedó a la deriva, y las autoridades de Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que Josep Borrell encabezaba, mandaron un remolcador que podríamos decir que mimetizó las operaciones realizadas con el Prestige, si no fuese porque esto sucedió después.

En 1992, el petrolero griego Mar Egeo se dirigía a la Coruña para descargar, con poca visibilidad y malas condiciones atmosféricas, pero las fuertes olas lo llevaron a embarrancar hasta la Torre de Hércules. El barco se partió en dos y soltó 67.000 toneladas de crudo de las 79.000 que portaba. La escasez de barreras anti–manchas hizo que el chapapote llegase a Ferrol, Perbes, Ares y Chanteiro. La SGHN (Sociedad Gallega de Historia Natural) afeó el triunfalismo de las autoridades y criticó la “hiperactividad declaratoria”. La Dirección General de la Marina Mercante denunció como falsas las afirmaciones de que el humo no era tóxico y el crudo ligero, bajo en azufre.

En diciembre de 1999, el petrolero Erika, por defectos estructurales y por los envites, marinos se partió en dos. Vertió 70 toneladas de crudo frente a las costas de Bretaña mientras un remolcador le llevaba mar adentro.

No tiene sentido continuar con estos relatos que, sin embargo, sirven para evidenciar que en situaciones semejantes el sentido común lleva a adoptar similares soluciones, y que los problemas operativos y logísticos ante catástrofes parecidas también se repiten. Ya desde décadas anteriores, se encadenaban una sucesión de accidentes de este tipo. En 1970 el Polycommander, el Andros Patria en el 1979, el Casón en el 1988, y los anteriormente descritos. Es por tanto necesario hacerse una pregunta: ¿por qué nació Nunca Mais en el 2002?

Con la victoria por mayoría absoluta del Partido Popular, el PSOE y la oposición al Gobierno sufrieron una autentica conmoción. La posibilidad de que el gobierno del Partido Popular estuviese instalado al frente de la Nación doce años, con la satisfacción ciudadana que evidenció esa mayoría, resultaba algo insoportable; porque amenazaba destruir todos los dogmas de la izquierda, cada vez más reaccionaria, y evidenciar a las claras que, si se progresaba algo, era gracias a las políticas del PP, que ciertamente eran liberales, pero también socialdemócratas, porque hacía ya muchos años que el centro derecha lo había asumido, garantizando con la creación de riqueza y trabajo todos los logros sociales del estado del bienestar. Dadas las evidencias, no era nada descartable, para los analistas del PSOE, que el PP se convirtiese en lo que Otto Kirchheimer denominó partido Catch–all, es decir, partido “atrápalo–todo”; algo que, con poner un mínimo acento suplementario en lo social —y la mejor política social es la creación de empleo—, podía estar siempre en puertas del Gobierno.

A las izquierdas cada vez se les iba achicando más difícil el espacio aquí y en toda Europa, y para ellos esto también era evidente. Tras la crisis financiera del año 2000, la izquierda había sido incapaz de ofrecer una alternativa válida. El paso de una sociedad industrial a otra de servicios, las dificultades para enfrentarse a la globalización, la masiva inmigración que preocupaba y asustaba a sus votantes tradicionales y la pérdida definitiva del papel fundamental de la socialdemocracia (cuál era la de mediador entre capital y trabajo), sumieron al PSOE en un pesimismo nebuloso que no le permitía una clara visión de su futuro papel. Dando por perdida la lucha de clases, había llegado el momento de reinventarse. Frente al liberalismo socialdemócrata del PP, el PSOE podría haber optado por algo así como la llamada tercera vía de Blair, que no era otra que la socialdemocracia liberal que tan positivos frutos había dado en el norte de Europa. Pero pronto se vio que el PSOE venía dispuesto a obstinarse en su clásica posición anti–liberal, con el consiguiente resultado de no conseguir la mayoría absoluta en ninguna de sus legislaturas.

Pero las decisiones las toman los hombres, y el Secretario General del PSOE era José Luis Rodríguez Zapatero, que, en lugar de reorientar ideológicamente su partido para la batalla política, dejó eso a un lado para asumir el insano camino revanchista que las izquierdas más radicales deseaban: la revisión de la etapa constitucional y la impugnación moral y política de la Transición.

Llegados a esto, solo les quedaba la extrema ideologización de la confrontación política, las reivindicaciones idealizadas de la II República como supremo momento, la equiparación de derechos de los colectivos homosexuales, el “matrimonio gay” y adopción de hijos, el feminismo supremacista, la identidad de genero, la eutanasia, el cambio climático, las víctimas del franquismo, el conflicto social permanente —a esto Zapatero lo llamó tensionar—, la descripción del centro derecha como herederos del régimen dictatorial y, por tanto, sin legitimidad democrática, y, finalmente, sacar a Franco a pasear como recurso último. En alguna ocasión, aunque fugazmente, la tentación de arremeter contra la Iglesia Católica asomaba la patita, pero seguía vigente la frase que, en cierta ocasión, cuando se debatía la expulsión o no de España del obispo Añoveros, Franco, con todo su poder, le dijo a Carrero Blanco: “Desengáñese, Carrero, la carne de cura es muy indigesta”.

El 13 de mayo de 2001, se celebraron elecciones en el País Vasco. El PSE y el PP partían por primera vez llenos de esperanzas. El resultado no fue el previsto y el PNV ganó las elecciones. Con este motivo, unos días después, uno de los periodistas más influyentes del panorama nacional, Juan Luis Cebrián, CEO del grupo Prisa, publicó en El País uno de los artículos más corrosivos y deslegitimadores que sobre un partido político democrático se ha escrito en España. Se titulaba “El discurso del Método”. En él, celebraba el triunfo del PNV, que era lo contrario a lo que pretendían los “agitadores del PP”, que habían alimentado un “espíritu de cruzada” contra el PNV. Acusaba al PP de utilizar a las víctimas del terrorismo y de haberse “apropiado indebidamente de la Carta Magna… acostumbrado como estaba al todo vale en la consecución del poder y no parar en barras”. Tildaba al PSE y a Nicolás Redondo de hacer seguidismo del PP. Reconocía un “mayor pedigrí democrático del PNV sobre el PP”( parece ser que no se acordaba de lo de las nueces) y terminaba reclamando “un cambio urgente en la política antiterrorista del Gobierno, hábil en encabezar las manifestaciones de los que sufren”, pero no en soluciones y resultados. Al día siguiente, José Antonio Zarzalejos, el director del ABC, lo tituló como “El discurso del buitre”.

Pero el artículo de Cebrián supuso el fin político de Nicolás Redondo, y tuvo una extraordinaria influencia en la política de alejamiento del PNV de los tradicionales esquemas de acuerdos con PP o PSOE, para adoptar la deriva soberanista del Plan Ibarretxe.

En el año 2001 una delegación de parlamentarios españoles viajó a Cuba. La presidía el diputado del PP Guillermo Gortázar, un referente para el exilio cubano en la Isla y en el Sur de la Florida. Esas delegaciones las componen de manera proporcional diputados de los principales partidos políticos. Formaba parte de ella el portavoz parlamentario socialista Jesús Caldera. En esos viajes hay mucho tiempo para hablar, especialmente entre diputados que, por ser de diferentes ideologías, no acostumbran a hacerlo, y, sin embargo, es algo muy importante, porque se genera empatía, comprensión, y te das cuenta de las muchas cosas que compartes. Cuando regresas al hemiciclo, la comunicación y el acuerdo es más fácil, aunque, desgraciadamente, tiempo después, la batalla política regrese en toda su crudeza. En aquella ocasión, el diputado Caldera, al que no le gustó el discurso de Guillermo Gortázar por las libertades en Cuba, le manifestó en esta delegación que “él se sentía más cerca de Fidel Castro que del PP”, a lo que contestó Gortázar: “yo pensaba que la Constitución de 1978 nos unía a ambos partidos”. Posteriormente, durante la cena oficial en el Palacio Real en honor del presidente de Polonia Caldera le comentó a Gortázar cuál era su intención, dada la mayoría del PP prevista en 2004; y era que tenía decido retornar a su puesto de funcionario de la Administración de Justicia. El estado de ánimo de Caldera lo compartían la mayoría de los altos cargos y miembros del aparato del PSOE. Hay que entender que esa hegemonía podría extenderse, asimismo, a los gobiernos autonómicos y municipios pequeños y medianos, en la mayoría de las ciudades ya gobernaba el PP.

Tras la masiva manifestación en Madrid del 23 de febrero de 2003, en la que participó todo el arco parlamentario, Nunca Mais, toda la progresía nacional y foránea, junto con grupos de ciudadanos en los que caló la idea de que el desastre del Prestige fue originado por la gestión del PP, la anterior percepción del portavoz parlamentario Jesús Caldera cambió radicalmente. Diez días después, entre el 3 y 12 de abril, en una reunión en Santiago de Chile de la Unión Interparlamentaria Internacional, los diputados Ignacio Gil Lázaro, Ana Tórme, el director regional del BBVA y Salvador Sanz, formaron un pequeño corrillo durante un receso. Salvador cuenta que, en un momento dado, Jesús Caldera manifestó al directivo bancario que el PSOE ganaría, sin ningún género de dudas, las próximas Elecciones Generales en España. Parece ser que los recientes acontecimientos le habían insuflado inspiración y ánimo. En 2004, Zapatero nombró a Caldera ministro de trabajo. El Secretario General del PSOE Rodríguez Zapatero había decidido, ya tiempo atrás, iniciar una corriente combativa, no ya en el Parlamento, sino en todos los ámbitos y con todas las armas.

Fue el inicio de una etapa que posteriormente se potenció cuando llegó al poder Rodríguez Zapatero y culminó con la presidencia “Frankenstein” de Sánchez, en la que el revanchismo, el odio y el resentimiento fueron motores de la acción política que llegaron a romper el contrato generacional. Felipe González entregó un país con posibilidades de futuro. José María Aznar, a su vez, entregó otro mucho mejor que el que había recibido. A partir del 2004, una vez que se agotó el impulso de los gobiernos del Partido Popular los sucesivos gobiernos del PSOE ofrecieron a los jóvenes un legado de negras perspectivas sin apenas posibilidades —nosotros si las tuvimos— y en franco retroceso luego, para sus legitimas aspiraciones, la vida se hizo muy difícil para muchos.

Hoy, en noviembre del 2020, el país está cada vez más lleno de odio, rencor, división y ausencia de los acuerdos que la gente reclama. Pero aun peor, ni siquiera existe el dialogo interpartidista y el aislar a los opositores se considera una gran estrategia. Hoy los jóvenes no pueden tener esperanza o algún tipo de aspiración profesional y si tienen 30 años tienen que irse al extranjero.

Las elecciones generales estaban convocadas para el 14 de marzo de 2004. A un mes vista, la “Asamblea de Intervención democrática”, una plataforma integrada por artistas, escritores, tertulianos y rectores de universidad, consideró el 16 de febrero que no se podía perder más tiempo para informar a los españoles de lo que se les venía encima.

Partiendo de la masacre de las Torres Gemelas de Manhattan, consideraron que la utilización de la fuerza se estaba justificando por encima de cualquier límite legal y democrático, para legitimar arbitrariedades generadoras de inseguridad e injusticia, lo que conllevaba a una “contrarreforma de la democracia a la que estamos asistiendo, que se traduce en menos libertad y mayor desigualdad, acompañadas de un creciente deterioro de las instituciones”. Reprochaban el vínculo atlántico del Gobierno, contra el que proponen que Europa se sitúe frente a los EEUU, dada la “tradicional postura europeísta”. El PP deslegitimaba las instituciones, según ellos. Respecto al Congreso de los Diputados, el Gobierno no se dejaba controlar, decían. También criticaban el uso del poder mediático y la utilización del Fiscal General de Estado, abusiva en su opinión.

La nueva plataforma distinguía entre promotores y firmantes. Entre los promotores figuraban Carlos Carnicero —que creía que “si Lenin levantara la cabeza, se iría a jugar al pádel con Aznar”—, José María Ridao, Almudena Grandes, Santiago Belloch, Fernando Valderrama, Ángel Gabilondo. de los firmantes, entre otros, destacaban Miguel Ángel Aguilar, Juan José Millás, Javier Cercas, Joaquín Estefanía, Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Joaquín Sabina, José Luis Borau, Fernando Trueba, Elías Querejeta etc., además de representantes de asociaciones de fiscales y jueces autoproclamados progresistas. Su conciencia progresista les obligó a terminar con un angustiado aviso: “Ante la grave situación planteada, desde la Asamblea de Intervención Democrática hacemos un llamamiento a todos los sectores sociales para que se opongan activamente a este proceso de regresión democrática”.

13

IRAK, 2003

Entreme donde no supe,
y quedeme no sabiendo.

San Juan de la Cruz

El muro de Berlín había caído a finales de 1989. Se iniciaba una nueva era de ilusiones, paz y prosperidad para Occidente. Desaparecidos los bloques comunistas, el llamado “socialismo real”, víctima del agotamiento del sistema y de su derrota cultural frente a las ideas capitalistas, daba la impresión de que el mundo ya no necesitaba las ideologías. La sociedad norteamericana, las sociedades liberales, encarnaban la única realización posible del sueño marxista. Una sociedad permeable, con igualdad de oportunidades en la que podías estar hoy abajo pero mañana arriba. Una sociedad sin clases. Fukuyama proclamó el “fin de la Historia”. Se terminaron las revoluciones sangrientas. Los hombres satisfarían sus necesidades en esa sociedad abierta; se acabaron las guerras. Los Estados Unidos de América habían ganado la Guerra Fría. Sus ideas habían conquistado el mundo.

Esa hegemonía económica, política, militar y moral de los EEUU le permitió liderar una coalición con casi medio mundo, para liberar Kuwait de un tirano que había invadido el país contra todo derecho, Saddam Hussein, el presidente de Irak. Era una oportunidad para construir un nuevo orden internacional. El 16 de enero de 1991 comenzó la operación militar llamada “Tormenta del desierto”38, que se iniciaba arropada con una resolución de la ONU. España participaba en esa coalición. El día que comenzó la invasión, Felipe González, el entonces presidente del Gobierno, telefoneó a Aznar preguntándole si podía contar con su ayuda. Aznar pidió tiempo para analizarlo. Posteriormente, le aseguró su apoyo.

El Partido Popular se alineó con la posición del Gobierno en el conflicto que suponía, por parte de España, el envío de unidades aéreas y navales con soldados de remplazo a la zona de bloqueo, en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas. Le aseguró todo el apoyo del PP en el proceso logístico que nuestra participación exigía. Aunque esa guerra no llegó a los niveles de rechazo que generó la del 2003, en España se produjeron protestas en Madrid, Barcelona y frente a algunas bases militares como la de Rota. España estaba rompiendo su ya secular no–intervención fuera de nuestras fronteras. Esta intervención militar no era para proteger nuestra integridad territorial; sin embargo, era legal según la decisión de la ONU. Pero podríamos preguntarnos si tenía la legitimación social que se requiere para mandar tropas de reemplazo a una zona de conflicto. Destacados miembros del PSOE no estaban de acuerdo con la posición de su partido. Pablo Castellanos y Juan Francisco Martín Seco tampoco. Intelectuales de talla como Antonio Gala, Muñoz Molina, Altares, Ramón Tamemes, o Umbral se manifestaron en contra39. El PP podría haber alentado estas protestas, alimentarlas, inflamarlas… No hizo nada de eso; estaba en la oposición, pero pensaba que no todo valía para desgastar al adversario y llegar al poder.

Los gobiernos de Irak y Kuwait arrastraban desde largo tiempo todo tipo de diferencias políticas. Irak acusaba a Kuwait de extraer ilegalmente petróleo en la región iraquí de Ar Rumaleh desde 1980. También de haber construido bases militares en territorio iraquí. El 2 de agosto de 1990, Irak invadió Kuwait y decretó su anexión. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó este acto, al igual que lo hizo la Liga Árabe.

La coalición que se organizó para liberar Kuwait reunió un ejército de 956.000 hombres (415.000 eran de los EEUU), 2.000 carros de combate, una flota de 100 barcos de guerra, seis portaaviones y 1.600 aviones. Frente a ellos se encontraba la que en 1991 era considerada la cuarta potencia militar del mundo. Saddam Hussein calificó proféticamente este conflicto como “la madre de todas las batallas”. El 28 de febrero de 1991 Irak se rindió, no sin haber incendiado durante su retirada los pozos petroleros de Kuwait y producido con los vertidos cerca de 300 lagos de petróleo que contaminaron más de 40 millones de toneladas de tierra.

El 3 de marzo, Irak aceptó las condiciones impuestas por la ONU y devolvió la soberanía a Kuwait.

Por primera vez en la historia, los ciudadanos del mundo entero pudimos ver una guerra y los noticiarios transmitidos en directo por los corresponsales y periodistas acreditados, a través de los canales de televisión internacionales, especialmente la CNN. Las imágenes nos dejaban anonadados, deslumbrados… No era una película; era la guerra tal cual es. La ONU impuso fuertes sanciones a Irak, entre ellas la prohibición de exportar petróleo. Irak pagó a Kuwait 52.000 millones de dólares por daños de guerra.

De hecho, la primera Guerra del Golfo nunca terminó de manera oficial, a pesar de la rendición de Irak, porque nunca se firmó un armisticio. Los Estados Unidos y la ONU mantuvieron el cerco a Irak con sanciones económicas, zonas aéreas restringidas, embargos petroleros y continuas inspecciones en el programa de fabricación de armas de Irak.

Siendo ya Bill Clinton presidente, tuvo noticia de que, aprovechando los actos conmemorativos de la liberación de Kuwait, los servicios secretos iraquíes pretendían servirse de la asistencia del expresidente Bush para asesinarlo. Clinton denunció la existencia de un arsenal químico y biológico en Irak, el continuado incumplimiento de las obligaciones de desarme y su empeño en desarrollar armas nucleares. Afirmó que “la fuerza no puede ser la primera respuesta, pero a veces es la única respuesta”.

En 1998 el presidente Clinton firmó el “Acta de Liberación de Irak”, se expresaba en ella el deseo de la administración norteamericana de auspiciar un gobierno democrático en Irak para sustituir tirano. Se especificaba, no obstante, que esto no significaba necesariamente el uso de la fuerza. Sin embargo, poco después USA y Gran Bretaña bombardearon Irak en la llamada Operación Zorro del Desierto que trataba impedir la fabricación de armas nucleares, biológicas y químicas por el régimen de Saddam. Los ataques terroristas en los EEUU del 11 de septiembre de 2001 dispararon la beligerancia de los equipos de la Casa Blanca. En poco tiempo, estaban debatiendo la invasión de Irak. El 27 de noviembre de 2001, el Secretario de Estado Donald Rumsfeld consideraba seriamente una guerra con Irak en un memorándum interno. El problema —añadía— era: ¿Cómo empezar? Finalmente se optó por intervenir en Afganistán, porque su gobierno se negó a entregar a los talibanes responsables del ataque del 11 de septiembre.

Los equipos de asesores que rodeaban al vicepresidente Dick Cheney y a Donald Rumsfeld estaban formados casi en su totalidad por neocon”, abreviatura de “neoconservadores”. Muchos de ellos provenían de las filas de las izquierdas, incluso comunistas no estalinistas, que, con la fe de los conversos, se transformaron en conservadores y liberales extremos que abogaban por la promoción de la democracia y el intervencionismo en política exterior, si la defensa de los intereses americanos lo exigía. Eran partidarios de imponer la paz y la democracia, donde hiciera falta, aun recurriendo al uso de la fuerza militar. Muchos podrían haber dicho: “Te hago demócrata a palos”. Irving Kristol los definió, con cierto tono de humor, diciendo que un “neocon” era un liberal asaltado por la realidad. La realidad, supongo, era el realismo de Kissinger, que ponía el énfasis en la fuerza, la seguridad y la estabilidad. Uno de los más destacados, Paul Wolfowitz, era adjunto de Rumsfeld; y a otro notable “neocon”, Elliott Abrams, lo escuchaban atentamente Cheney y Bush. La posterior intervención en Irak se fundamentaba fuertemente en el apoyo ideológico de estos equipos.

Hagamos un poco de historia. España se había convertido en el miembro número 16 de la OTAN el 30 mayo de 1982. La primera posición del candidato al Gobierno Felipe González era contraria al ingreso. Su lema para las elecciones era: “OTAN, de entrada, no”, y amenazaba con sacarnos de ella. Al cambiar de opinión, se vio obligado a convocar un referéndum para que la opinión pública se manifestase al respecto.

El antiguo diputado e historiador Guillermo Gortazar cuenta muy bien este episodio, de modo que le doy voz:

Tras convocar el referéndum sobre la OTAN, el presidente de AP Manuel Fraga se encontró con un dilema. Si votaba sí, se interpretaba como un apoyo al Gobierno; si se abstenía o votaba no, AP quedaba ante la opinión pública occidental como un anti–atlantista. Fraga mordió el anzuelo de González y se abstuvo.

Lo que había sido un triunfo parlamentario de la derecha española —la UCD y Calvo Sotelo fueron los que incorporaron a España— pasó a ser un triunfo internacional socialista, del PSOE, y dejó a la derecha española en una posición imposible ante EEUU.

El rectificado izquierdismo internacional del PSOE culminó, ni más ni menos, en 1995, con la Secretaría General de la OTAN en manos del socialista Javier Solana, a quien no le dolieron prendas en bombardear Yugoslavia en 1999. Curiosa forma de no entrar en la estructura militar de la Alianza.

Como todos sabemos, el sí se impuso con un 53% de los votos emitidos, y un 59% de participación.

La política española promovía activamente el fortalecimiento del vínculo trasatlántico, fundamental para nuestra seguridad. El 1 de enero de 1999 España se incorporó a la estructura militar de la OTAN. Clinton, en una entrevista con Aznar, celebró esta nueva posición de España, “un muy valioso aliado y socio”. Él esperaba que España asumiera un papel de liderazgo.

Cerca de un par de años antes, en mayo de 1997, el presidente del Gobierno José María Aznar había visitado por primera vez la Casa Blanca. Le acompañaban el vicepresidente Rodrigo Rato y Abel Matutes, ministro de Exteriores. Lo recibieron cordialmente en el despacho oval el presidente Bill Clinton, el vicepresidente Al Gore y la Secretaria de Estado Madeleine Albright.

Clinton alabó la participación de España en la pacificación de Bosnia y la excelente labor de Javier Solana como Secretario General de la Alianza Atlántica. Posteriormente, Aznar destacó el clima de gran cordialidad y confianza política y personal que reinó durante el encuentro. Aznar buscaba colocar a España como uno de los aliados destacados de USA, al igual que ya lo eran Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Clinton daba mucha importancia a la cumbre que debía celebrarse poco tiempo después en Madrid con los jefes de Estado y de Gobierno; todo ellos asistirían a una reunión de la OTAN extraordinariamente importante, pues tenía como uno de sus objetivos principales despejar los recelos de Rusia a la ampliación de la Alianza Atlántica hacia los países del Este de Europa, tan sensibles estratégicamente para Rusia.

Cuando ya llevaba tres meses en el cargo un nuevo presidente, George W. Bush, un miembro del Gobierno español hizo por primera vez, una visita oficial a la Casa Blanca. Federico Trillo se entrevistó con Donald Rumfeld, Secretario de Estado, y este le confesó que solo había dos gobiernos entre los cinco grandes países con los que los EEUU estaban en plena sintonía. El de Aznar en España, y el de Berlusconi en Italia. Le dijo que habían escogido a España como aliado preferente.

La primera visita de Bush como presidente, después de hacerlo con sus vecinos México y Canadá, fue a España. Podría haber ido a ver a su tradicional “mejor amigo”, Reino Unido, o a Alemania, o Francia —las grandes potencias europeas—, pero vino a España.

Entre finales de 2001 y principios de 2002, las relaciones de los EEUU con Saddam Hussein eran de una desconfianza absoluta. Saddam se negaba a facilitar información veraz o significativa sobre su capacidad armamentística, dificultaba al límite la labor de los inspectores y, según los informes de la inspección de la ONU (ONUSCOM), almacenaba una importante capacidad de medios químicos y bacteriológicos. Se sabía que tenía armas químicas, porque las había utilizado contra Irán en la guerra de los 80, y después contra los kurdos. Si, a finales de 1991, el problema del secretario Rumsfeld era cómo empezar, los informes de inspección de la ONU lo resolvieron. Además, ¿dónde estaba la duda? Si Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva, ¿por qué impedía a los inspectores que lo certificasen, y evitar así una intervención militar y su propia caída?

En enero de 2002, George W. Bush había comenzado a popularizar el concepto de “Eje del mal”, el formado por Afganistán, Corea del Norte e Irak. Decía: “Los EEUU de América no permitirán que uno de los regímenes más peligrosos les amenace con las armas más destructivas”.

El 8 de noviembre de 2002, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó de manera unánime la resolución 1441, dándole a Irak “una última oportunidad para cumplir sus obligaciones de desarme”, solicitando que permitiera inspección sin restricciones para la Comisión de Verificación e Inspección de Naciones Unidas y la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Hussein aceptó la resolución el 13 de noviembre. Los inspectores entraron en Irak y la conclusión fue que no se encontraron evidencias de continuidad o restablecimiento de los programas nucleares, o de fabricación de armas de destrucción masiva, aunque manifestaron que necesitarían meses para tener la certeza total.

En un acto público en octubre de 2002, George W. Bush había dicho que la política de los EEUU era la de propiciar un cambio de régimen en Irak, pero, si Saddam Hussein decidía cumplir las condiciones que la ONU le había pedido, eso por sí mismo sería señal de que el régimen había cambiado. En noviembre, Tony Blair aseguró que no le cabía duda de lo malo del régimen de Saddam para sus ciudadanos, pero que “nuestro reto y el de las Naciones Unidas es el desarme de las armas de destrucción masiva y no un cambio de régimen”. El 31 de enero de 2003, en una conferencia de prensa, Bush dijo que “Saddam Hussein ha de entender que, si no se desarma, en busca de la paz, nosotros junto con nuestros aliados, desarmaremos a Saddam Hussein”.

El 5 de febrero de 2003, el presidente del Gobierno de España compareció ante el Pleno de la Cámara, a petición propia y de los grupos PSOE, Izquierda Unida y Mixto, para informar sobre las últimas sesiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Afirmó que la crisis era consecuencia del reiterado incumplimiento por parte de Irak de sus obligaciones internacionales y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El Gobierno español había mantenido desde el comienzo de esta última crisis una postura coherente con la legalidad internacional, la defensa de los intereses de la nación y sus obligaciones internacionales. Resumió en cinco ejes fundamentales la posición del Gobierno: primero, el Gobierno está trabajando por mantener la paz y la seguridad; en segundo lugar, la paz y la seguridad se garantizan mediante el respeto a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU; en tercer lugar, es imprescindible el cumplimiento de las resoluciones de la ONU que obligan a Irak a desarmarse, eliminando los arsenales de destrucción masiva que ya se han comprobado que poseen; en cuarto lugar, este Gobierno ha querido desempeñar un papel activo en esta crisis internacional, pensando en la nueva amenaza que hoy supone el terrorismo, especialmente si tiene a su alcance medios de destrucción masiva; en quinto lugar, España es partidaria decidida de que la resolución de la crisis permanezca en el seno de la ONU y de que la comunidad internacional demuestre una posición de firmeza ante quienes incumplen sus mandatos. Termina demostrando su respeto por todas las posiciones, porque “nadie”, dice, “tiene el monopolio de los buenos sentimientos y se trata de decisiones difíciles de afrontar”. Sin embargo, afirmó, “es preciso desterrar de una vez la ambigüedad calculada de la política exterior de España y decir a los españoles las cosas con claridad, manifestando sin complejos ni dudas que nuestro país tiene principios, valores, posiciones e intereses, y tiene que asumir dignamente las responsabilidades que le corresponde como nación, como europeos y como miembros de la comunidad internacional”.

El Secretario General del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, expuso la posición de su Grupo Parlamentario. Rechazaban la idea del ataque preventivo, una intervención militar que no estuviese plenamente justificada. Rechazaban una acción unilateral sin el amparo de la ONU. Teníamos un consenso, preguntaba: ¿no había un consenso en que España debía trabajar dentro de la legalidad internacional y a favor de esta? Acusaba al Gobierno de haberlo roto. Recordó a Aznar que apoyó al Gobierno en la guerra del Golfo en 1991, porque en aquel conflicto, hubo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, seguido de otras varias que justificaban la intervención. La Resolución 1441, para el grupo socialista, no era suficiente. La ONU tenía que dar más tiempo y medios a los inspectores.

Xavier Trías, el portavoz de CiU, partido que apoyaba al Gobierno, empezó dudando de la implicación de Irak con Al-Qaida o con el terrorismo internacional; eso solo era una hipótesis. “El conflicto bélico es la última opción. Decimos no al conflicto bélico unilateral mientras queden otras alternativas”. Respecto al voto de CiU en esa ocasión, Duran i Lleida dice en sus memorias: “la razón que provocó la ruptura definitiva con Aznar fue la guerra de Irak. No compartíamos las decisiones, ni las formas, y nos fueron muy bien para distanciarnos del PP, y para romper la imagen de proximidad con ellos que nos habían legado los años de colaboración”40.

A día siguiente del debate, la prensa titulaba:

El País: “Aznar se queda solo en su defensa de la guerra preventiva. Zapatero dice que España debe oponerse al ataque, aunque haya una segunda resolución. Todos los partidos, incluidos los socios del PP, rechazan una acción unilateral”.

ABC: “Aznar defiende una segunda resolución de la ONU, que tampoco aceptará Zapatero. Las discrepancias del PSOE con el Gobierno rompen el consenso en política exterior”.

El Mundo: “Ni las pruebas de Powell convencen a la ONU, ni las razones de Aznar a los demás grupos”. El editorial decía: “Hay motivos para mantener a Saddam a raya, pero no para iniciar una guerra”.

La Razón: “Aznar vincula a Bagdad con el terrorismo de Al-Qaida. Asegura ante el parlamento que el dictador da cobijo a integristas de Ben Laden y responde a Tarek Aziz que ‘España no acepta amenazas de nadie, y menos sobre terrorismo’”.

La Vanguardia: “Powell y Aznar no vencen la oposición a la guerra. Aznar, ‘un plazo sine die a los inspectores daría alas a Saddam’. Trías: ‘Creo que Aznar es la única persona que tiene entusiasmo por la guerra’. El servicio secreto británico filtra un dosier que niega el lazo Irak–Al-Qaida”.

Ese mismo día de 5 de febrero de 2003, Colin Powell, Secretario de Estado de Seguridad de los EEUU, compareció ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Enseñó fotografías de satélite de depósitos de armas y municiones evacuados antes de la llegada de los inspectores. Imágenes de una lanzadera de misiles de alcance superior al permitido por la ONU y de un avión L–29 capaz de dispersar armas químicas o biológicas. Aseguró que Saddam había prohibido a sus científicos, bajo amenaza de muerte, hablar a solas con los inspectores de la ONU. Acusó a Irak de dar refugio a Zarqawi, uno de los lugartenientes de Bin Laden, que ha creado una red con un campo de entrenamiento en el noreste de Irak.

Tras esta comparecencia, la prensa española y extranjera, en su gran mayoría, la calificó de no concluyente, ni convincente. Y Colin Powell no logró vencer las dudas de la mayoría del Consejo de Seguridad de la ONU.

El diplomático, y posteriormente embajador de España, Gustavo de Arístegui era portavoz de Exteriores del PP en el Congreso. Tenía un extraordinario conocimiento de la política en Oriente Próximo, dado que el puesto de su padre, embajador en El Líbano durante la guerra civil de ese país, le había permitido vivir de cerca los conflictos de la zona desde muy joven.

Durante la primera Guerra del Golfo, estaba destinado en Jordania como jefe del Servicio sobre Oriente Próximo. Como, debido a la guerra, no teníamos embajador en Kuwait, él se desplazaba regularmente a Bagdad para entrevistarse con todos los altos cargos del régimen de Saddam y realizar informes para nuestro país; conoció muy de cerca el régimen y sus hombres. Yo le pregunté sobre cómo veía él nuestra posición en la segunda Guerra del Golfo, las armas de destrucción masiva, y si la resolución de la ONU daba suficiente cobertura a la intervención militar. Arístegui me dijo que él compartía totalmente la posición de nuestro Gobierno en el asunto, pero que él la había defendido haciendo hincapié en otros aspectos. Las armas de destrucción masiva habían existido, porque Saddam las había empleado contra su gente. Un día, en un pueblo del interior de Irak, gaseó y asesinó, en quince minutos, a 5.000 personas con armas químicas. Arístegui cree que la intervención estaba más que justificada. El régimen de Saddam era un régimen repugnante y él un atroz tirano. Constituía una amenaza para la paz de la región, era un permanente desestabilizador de la zona. Si la comunidad internacional había intervenido militarmente en acciones humanitarias en Bosnia y Kosovo, sin resolución de la ONU. ¿Cuál era ahora la diferencia, cuando existía una declaración que permitía entrever una autorización? La declaración de la ONU que permitió la primera Guerra del Golfo para liberar a Kuwait, y que había sido aceptada por todos, era extraordinariamente semejante a la 1441 que ahora muchos rechazaban. Un día, Arístegui cogió las dos, las barajó, quitó datos y nombres, y las dio a sus amigos, para que averiguasen cuál era una y otra, y no supieron responder. No había interpretación jurídica válida, porque igual de posible era la intervención como la no intervención.

La pregunta sostenida en el tiempo es: ¿hubo o no armas de destrucción masiva en Irak?, independientemente de los otros discutidos aspectos de la intervención. Porque las armas de destrucción masiva no aparecieron.

Durão Barroso, anfitrión de la cumbre de las Azores y que se posicionó apoyando la guerra, dijo en el año 2007, siendo presidente de la Comisión Europea, que le “engañron” en la reunión, ya que en ella se habían mostrado documentos que, supuestamente, probaban la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, pero que posteriormente resultaron falsas.

El 25 de octubre de 2015, el ex primer ministro británico Tony Blair, en una entrevista en la CNN, pidió perdón por aceptar como válidos datos “erróneos” con los que se justificó la invasión y posterior guerra de Irak. La información provenía de los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses, y aseguraba que el gobierno de Saddam poseía armas de destrucción masiva listas para atacar a otros países. Sin embargo, Blair rechazó disculparse por sacar del poder al dictador iraquí. Aunque reconoció errores en la planificación y por no haber previsto lo que sucedería con la eliminación del régimen de Saddam, terminó reconociendo una parte de responsabilidad en el surgimiento del Estado Islámico.

En el año 2016, tras siete años de investigaciones sobre el papel del Reino Unido en la Guerra del Golfo, la comisión presidida por sir John Chilcot elaboró una serie de conclusiones; entre ellas, que los servicios de inteligencia “no concluyeron más allá de la duda razonable de que Saddam Hussein producía armas químicas y biológicas”. La siguiente pregunta es: ¿quién mintió, si es que hubo mentiras?

Si yo tuviese que hacer una hipótesis, diría que los servicios de inteligencia de los EEUU juntaron una serie de indicios y “pruebas” que, sumados al oscurantismo del régimen iraquí, sirvieron para cocinar un guiso que al ejecutivo de los EEUU le apetecía hacía tiempo. El no haber forzado en 1991 la salida de Saddam, tras su derrota y capitulación, fue algo que pesó en las sucesivas administraciones americanas como una asignatura pendiente de resolver. A partir del atentado de las Torres Gemelas, en los EEUU se llegó al convencimiento de que se había abierto una guerra no declarada contra ellos; de manera manifiesta, los enemigos eran Afganistán e Irak. Ignoramos por qué se obvió el seguimiento de las conexiones con Arabia Saudí de los terroristas de las torres gemelas, viniendo de ese país los principales implicados.

¿Quién se equivocó más: los servicios de inteligencia americanos o los británicos? Por las declaraciones de Barroso y Blair, se deduce que ambos se reconocen engañados. Y ¿José María Aznar? Yo creo que viene bien aquí la frase de Bernard Willians: “Es harto difícil mentir sin conocer la verdad”. ¿la conocía? ¿Tenía dudas? En algún momento, puede que sí.

La neurocientífica Shelley Toylor dice que la decisión correcta no es la más pensada, sino la mejor informada. Pero, en cualquier caso, Aznar estaba convencido de que lo que convenía a España era estar con los americanos. ¿Quién mentía entonces? Esa pregunta la contestó Javier Rupérez, que, en los momentos de la guerra de Irak, era embajador de España en Washington, en un programa de 24Horas de la Televisión Española: “El que engañó a todos fue Saddam Hussein. Fue un gran engaño; al final de la historia, el único que sabía que no había armas era él. Engañó, porque de eso dependía su propia imagen frente a los iraquíes y frente al resto del mundo árabe. Él tenía un sistema de información enormemente centralizado, de manera que ni sus propios mandos militares lo sabían. No hubo ningún servicio de inteligencia occidental que pudiese concluir que no las había”.

Yo coincidí con Javier Rupérez en el Congreso durante la quinta legislatura. Él había sido senador, varias veces diputado, diplomático, embajador en la OTAN, y portaba un currículo político que a un recién llegado como yo solo le producía admiración y respeto. Como curiosidad, él dice que ha sido el único español secuestrado dos veces. Una por la ETA y otra el 23-F, en el Congreso de los Diputados. Yo quería que me contase lo de Saddam y otras tantas cosas interesantes que un embajador en Washington, durante el ataque a las Torres Gemelas, la Guerra de Irak y el 11S, podía contar.

En la actualidad vive en Chicago y, a través de un amigo común, quedamos que en el próximo viaje que lo trajese a Madrid nos veríamos para charlar. Nos citamos para almorzar el 16 de marzo en Madrid, pero, con la pandemia galopante del coronavirus, tuvimos que cancelarlo y el se quedó en América. Tuve la suerte de encontrar una entrevista suya, en YouTube, que le hicieron tres periodistas en el Programa 24 horas. Todos los temas que me interesaban se trataban en ella. Aquí recojo contestaciones a preguntas que se le hicieron.

Comienza con: “Hay una época que se inaugura con el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Cambió la historia”. Respecto a los contactos que se producen en la ONU después del 11S y también antes del ataque a Irak, dice:

“El alma de nardo” que habita en la ONU permite que los terroristas tengan derechos, mientras que sus víctimas carecen de ellos. Es la doctrina de Naciones Unidas. El Comité de Derechos Humanos de UN mantiene como teoría que los únicos que pueden violar los derechos humanos son los Estados, y no los terroristas porque no son estados. Y, como consecuencia, no se puede acusar a un terrorista de violar los derechos humanos. Para algunos diplomáticos que representan a sus países en UN, la misma persona puede ser un terrorista para unos y libertadores para otros.

En cuanto el conflicto:

Siempre creí que lo que se tenía que hacer era buscar un amplio consenso en el seno del Consejo de Seguridad, como se hizo en la primera Guerra del Golfo, y luego actuar. Pero no fue así, y creo que también la culpa no es únicamente de los americanos; la culpa fue también de franceses, rusos y de los chinos, que no quisieron de ninguna manera encontrar un acomodo. Porque, al fin y al cabo, el Consejo de Seguridad son ellos y tienen capacidad de veto, y acabó en un encontronazo.

No era la primera vez que se producía un conflicto bélico sin el consentimiento del Consejo de Seguridad. Todos fuimos a Bosnia en el año 99 y ahí España sí que tuvo tropas, tuvo pilotos, tuvo aviones, sin el permiso del Consejo de Seguridad y en contra de los rusos.

Respecto a la Resolución 1441:

¿Era o no suficiente? Como todas las cosas que tienen que ver con las interpretaciones legales. Yo creo que hay una interpretación que sí, que sí era posible, y otra que dice que no. Pero en la textualidad de la 1441 se puede deducir que había un permiso implícito para actuar, y eso es lo que pensaron los americanos, y luego los demás dijeron que no. Ambas interpretaciones son igualmente válidas.

Pregunta: ¿Hubiera sido razonable que, ya que Aznar daba apoyo político a la invasión, hubiese participado militarmente?

Respuesta: Aznar sabía perfectamente que este país no aguantaba la participación militar.

Pregunta: Tampoco aguantó la no participación militar.

Respuesta: Lo que no aguantó este país no fue la no participación militar, sino el 11S.

Muchos años después, en el 2020, el ex director del FBI Louis J. Freeh, figura legendaria en los años ochenta por su lucha contra la mafia, concedió a el diario El Mundo en exclusiva una de las pocas entrevistas de su carrera. El periodista Esteban Urreitztieta le realizó una serie de preguntas sobre la posición de España en la guerra de Irak y sobre el posterior 11S.

P: EEUU denunció que Irak tenía armas de destrucción masiva, y países como España e Inglaterra secundaron la guerra. Con la información que usted manejó, ¿qué había de cierto?

R: Fue un grave error de inteligencia, el más grave que alguien pueda imaginar. Eso llevó a EEUU a la guerra con un discurso que era erróneo. Es una cuestión muy seria. Es como si estás planeando una intervención policial, en mucha menor escala, contra un grupo armado y peligroso, vas a detenerlos y resulta que tienen armas, pero son cazadores, no milicia. Se intentó rectificar, pero ¿cómo puedes hacerlo, cuando tu ejército está en otro país?

P: ¿Qué opina del apoyo de Aznar a la guerra de Irak?

R: EEUU iba actuar de todas maneras, de manera unilateral, aunque no tuviera ningún otro apoyo. Sin embargo, se buscó una coalición, como ya se hizo en Afganistán o en Vietnam.

P: España sufrió el mayor atentado de la historia de Europa el 11S, en 2004. ¿Tiene información de quién planeó los ataques?

R: No tengo suficiente información, pero si miras París, Sri Lanka, India, Argentina… No estoy seguro de que exista una lógica exacta, solo hay que mirar qué célula u organización ha cometido los atentados y su relación con los estados que los apoyan.

P: En estos momentos, el mundo se enfrenta a un nuevo enemigo: el ciberterrorismo.

R: El problema es que los criminales están tan preparados como los encargados de detenerlos. Cualquier compañía o gobierno tiene ahora un plan de ciberseguridad que sabemos, al mismo tiempo, que puede ser saboteado. Es un problema enorme contra el que nadie dispone de una solución universal.

El 16 de marzo de 2003 se celebró en las islas Azores una reunión entre los líderes de los EEUU, George W. Bush; Reino Unido, Tony Blair; y España, José María Aznar. Los EEUU y Reino Unido habían propuesto celebrarla en las islas Bermudas. Aznar propuso Azores, por la fuerte tradición de reuniones atlánticas en la isla. En aquella cumbre, se adoptó la decisión de dar un ultimátum de 24 horas a Saddam Hussein, presidente de Irak, para su desarme. Si no se cumplía, la guerra era inminente. La fotografía de aquella reunión situó a España en el primer plano de la política internacional. Esa foto se convirtió en un símbolo para los detractores y los defensores de la intervención. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras. Así es, una fotografía sintetiza una situación y, como sucedía con las antiguas, es un fogonazo que penetra en nosotros a través de nuestras retinas. Pero una fotografía tan simbólica solo transciende, si los protagonistas quieren. Bush necesitaba que se viese que, además del Reino Unido, tenía aliados en Europa, y neutralizar la oposición de Francia y Alemania. A Aznar le venía bien, porque sabía que su apoyo era valioso para los EEUU, y resumía el fulgurante papel de España en el mundo. En esta época, su consejero áulico en política exterior era Rafael Bardají, destacado “neocon” español, estrechamente vinculado al grupo de intelectuales de Bush. Bardají aportó seguridad a Aznar en los momentos de dudas, si es que llegó a tenerlas.

En una entrevista televisiva, años después, Aznar aseguró que nunca había tenido mejor foto que la de las Azores. Me parece acertado que la defienda; yo creo que es un momento cumbre para España.

Hay que separar el hecho de si hubo o no armas de destrucción masiva en Irak —y más adelante hablaremos de ello— de lo que supuso situar a España en el tablero internacional, donde ya la posición de nuestras multinacionales —en construcción, obra pública, banca, hoteles, ferrocarriles, energías limpias, producción editorial, etcétera—, que campaban en ese momento por en el mundo, nos había ganado el respeto y reconocimiento mundial.

El historiador y antiguo diputado Guillermo Gortázar me comentaba así el asunto de la foto: “Después de la caída de Napoleón en 1814, en el tratado de Viena donde se estableció el nuevo orden europeo, España, que había contribuido de manera relevante a su derrota, fue marginada. Fue el único de una decadencia internacional derivada de la inestabilidad política, guerras civiles carlistas y decadencia imperial. Fue necesaria la recuperación de nuestro prestigio durante el reinado de Alfonso XIII, para volver a ser partícipes de importancia en Europa por el Tratado de Algeciras de 1906 y los acuerdos con Francia e Inglaterra. Desde entonces hasta nuestra incorporación a la Unión Europea, habíamos jugado en Europa un papel marginal, hasta que el decidido atlantismo de Aznar en el año 2000 nos permitió mejorar las relaciones con los Estados Unidos y el Reino Unido, y ocupar una posición muy relevante. Aquello, y la invasión de Perejil, encendieron el resquemor de Marruecos. Lo cierto es que, desde 2004, España no ha vuelto a tener unas relaciones fluidas y positivas con las dos principales potencias atlánticas, y eso forma parte de nuestro ensimismamiento internacional. Hemos vuelto al provincianismo socialdemócrata”.

Entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003, se produjo la invasión de Irak por una coalición de países encabezados por EEUU junto con Reino Unido, Australia y Polonia. Comenzó la segunda guerra de Irak. Si en la primera guerra la comunidad internacional había participado como un solo bloque, la segunda dividió a las potencias occidentales. Los EEUU, Reino Unido, España, Polonia, Portugal… la apoyaron pública y decididamente. En otro sentido, Francia, Bélgica, Alemania, Rusia y China se posicionaron activamente en contra.

La oposición a la guerra de Irak produjo la primera manifestación ciudadana global contra un conflicto bélico de la historia.

En todas las guerras se habían producido manifestaciones callejeras de mayor o menor envergadura; los partidos de la oposición, los sindicatos, los pacifistas tomaban las calles y se manifestaban frente a los parlamentos o las embajadas de los países contendientes, con muestras de apoyo o rechazo. Pero, en muy poco tiempo —tan poco, que los gobiernos aún no habían comprendido la transcendencia del cambio que no ha mucho se había producido—, eclosionó algo nuevo, decisivo: un antes y un después. La popularización del concepto de globalización —que por primera vez mucha gente oía mencionar— se conoció a la vez que el amplio rechazo, por parte de grandes colectivos de todo el mundo, que el fenómeno concitaba.

La “globalización” no era algo nuevo. La inició España a principios del siglo XVI. Habíamos dado la vuelta al mundo por vez primera, nuestra moneda, el real de ocho, o dólar español, fue moneda de uso universal, la divisa mundial, y la primera moneda de uso legal en los EEUU desde 1795 hasta 1857. En Wall Street, hasta 1997, el precio de las acciones se media en octavos de dólar, ya que el dólar español equivalía a ocho reales. El que la globalización penetrase hasta los últimos rincones de los últimos pueblos del mundo, se debió, naturalmente, a las nuevas tecnologías, internet y redes sociales. La cumbre de la Organización Mundial del Comercio organizó una conferencia entre los días 29 noviembre y 3 de diciembre de 1999, en Seattle. El objetivo era debatir la llamada Ronda del Milenio. Se buscaba impulsar el libre comercio mundial con medidas desregulatorias, la internacionalización del sistema productivo, la globalización de la producción de bienes y servicios, la interdependencia mundial de los mercados financieros, la ciencia y la tecnología. La globalización del mundo contemporáneo.

El 30 de noviembre acudieron a Seattle 40.000 personas dispuestas a reventar la cumbre y manifestarse en una masiva protesta que acabó siendo conocida como la “batalla de Seattle”. El semanario Newsweek destacaba días después que los sindicatos habían sido capaces de superar antiguas posiciones para “aliarse con estudiantes, intelectuales, y defensores del medio ambiente”.

Las gentes fueron convocadas no por partidos políticos, sino por profesores, anarquistas, comunistas, sindicatos, ecologistas y ciudadanos que querían expresar su rechazo a unas políticas que generaban pérdidas de empleo por la mayor competitividad y condiciones de trabajo más precarias. Pero, por algo no menos importante, los ciudadanos sentían perder el control que las democracias de sus respectivos países permitían con el voto individual y secreto, y pasaban a ser víctimas pasivas, en lo social y lo político, de un sistema globalizado.

El lema de la contracumbre de Seattle: “No a la globalización sin representación”, resumía el meollo del asunto. Este lema contra la gobernanza mundial mutó posteriormente en el “No nos representan” de las distintas concentraciones y diversas manifestaciones y lugares del mundo41. Seattle fue el momento fundacional de la antiglobalización, o del altermundismo, la idea de que otro mundo era posible. Un reparto más equitativo de la riqueza, rechazo al trabajo infantil, desarrollo sostenible, la amenaza al planeta, etc. La hiperglobalizacion a la que nuestras sociedades se dirigían, y que parecía imparable, por sus muchos beneficios, no se frenó por las protestas ciudadanas, sino por algo impensable que algunos años después sucedió y que puso de relieve la otra cara de la moneda. El coronavirus que asuela el planeta en 2020 ha iniciado una corrección de la tendencia globalizadora, al obligar a los gobiernos a relocalizar las industrias vitales para su seguridad nacional, y evitar la extrema dependencia de componentes necesarios para sus industrias nacionales fabricados en otros países. Si a eso añadimos la restricción de movimientos humanos, y el mayor control de fronteras, incluso el cierre de algunas, nos demuestra cómo los avances sociales no son nunca lineales.

Lo novedoso era la transversalidad de estas reivindicaciones, que cualquiera de nosotros, del partido político que votásemos, estábamos en condiciones de compartir. La siguiente novedad era que algo que sucedía en Irak o Galicia movilizaba a la ciudadanía de los cinco continentes. Finalmente, las redes sociales, los SMS e Internet disparaban en cuestión de horas un estado generalizado de opinión pública, echando a la gente a la calle a protestar.

En Europa, la mayor manifestación contra la guerra en Irak se produjo en Roma, y entró en el Libro Guinness como la mayor antibelicista conocida, con tres millones de personas. En apenas tres meses, 36 millones de ciudadanos participaron en multitud de manifestaciones.

En sus memorias, Aznar dice sobre su decisión:

Yo sabía muy bien que mi decisión sería utilizada torticeramente por la izquierda. Primero, para contraponer de forma ridícula y falaz a los partidarios de la guerra con los partidarios de la paz. También, para potenciar su ya de por sí implacable campaña política contra el PP. Algunos sectores de la izquierda no me habían perdonado la victoria del 2000. No aceptaban que pudiera haber alcanzado un cierto grado de influencia para España en el mundo, y, menos aún, que lo hubiera conseguido sin un compromiso militar propiamente dicho. Es decir, sin poner soldados sobre el terreno42.

Miguel Ángel Cortés ha sido, al menos hasta este momento y desde la época de Valladolid, uno de los políticos más cercanos a José María Aznar, el cual valora su lealtad y brillante inteligencia. Sus amigos lo califican como el mayor “aznarólogo” del reino. Cuando él era portavoz en la Comisión de Cultura en el Congreso, yo era secretario de esa comisión; colaboramos mucho en aquella época, y aprendí mucho de él. Al llegar a esta parte del libro, le pedí que me hablase de los motivos que movían al presidente en esa época de las Azores. Miguel Ángel lo explica así:

Es un patriota. La proyección internacional de España era una de sus obsesiones. Poner al país al nivel donde le correspondía estar. De la misma manera que Felipe González quería modernizar a España, Aznar la quería colocar en primera división.

Hay un momento fundamental, que es la reunión de la OTAN en Madrid en el año 96, en otoño. Ahí se produce un cambio notorio. Clinton era presidente de los EEUU y la relación con él era excelente. España entra en la OTAN, en el comité nuclear; finalmente, entra en plenitud, y le ofrece a Clinton ser su aliado más fiel, no someterse a Francia. Le dijo: “España es tu aliado, el español es la segunda lengua en los EEUU; pero España no gritará nunca lo que de Gaulle en Canadá en el balcón del ayuntamiento de Montreal —‘Quebec libre, Quebec libre’—, porque España es un aliado leal”. Es un giro en nuestra política exterior. Es la ruptura del “pacto de familia” y es lo que Francia, con el gobierno de Chirac, no le perdonará a Aznar. La foto de las Azores, ese entendimiento con los EEUU, ser ese aliado fiel que tenía una visión triangular de la política exterior española: USA, España, América Latina. Eso se fragua en la cumbre de la OTAN en Madrid, se mantiene y se convierte en la posición internacional de España.

A la vez, España exige a la UE ser considerado un país de primera. En nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores se decía que en las reuniones de la UE hablábamos en quinto lugar, después de escuchar lo que decía Alemania, Francia, Reino Unido, e Italia y sumarse luego, en cualquier caso, a Francia y Alemania. Aznar dice a nuestros diplomáticos que España debe tener una posición propia; no buscar la confrontación, pero sí defender nuestros intereses, que habíamos de tener muy claros. Esto fue una revolución.

En España el Consejo de Ministros de 21 marzo de 2003 autorizó el despliegue español en Um Qasar. La izquierda política movilizó a la ciudadanía que, mayoritariamente de buena fe, apoyó el “no a la guerra”. El 90% de la opinión pública de España estaba en contra de la guerra. Se calcula que en España se manifestaron entre ocho y once millones de personas. En la XVII edición de los premios Goya del cine español, los actores y directores llevaban placas con el “no a la guerra”. En esas fechas Aznar tuvo el índice de popularidad más bajo de la legislatura. Las encuestas dieron coyunturalmente cuatro puntos de ventaja al PSOE.

Por entonces, Blair vino a España y le preguntó a Aznar sobre qué opinaba aquí la gente, y Aznar le dijo que había una encuesta en la que el 90% estaba en contra. Entonces Blair le contestó que no se preocupase, que había otra en el Reino Unido que decía que el 45% de la gente pensaba que Elvis Presley seguía vivo. Naturalmente, era un chiste para animarle.

Los politólogos norteamericanos Christopher Achen y Larry Bartels, en su libro Democracia para realistas, dicen lo siguiente: “El electorado es cada vez menos racional y sofisticado. La mayoría de las personas carecen de ideología; tienen opiniones con frecuencia contradictorias e inconsecuentes, desconocen qué es lo que piensan en muchos temas aquellos políticos a los que votan; y se guían por las sensaciones, por el instinto”.

En el propio gabinete del Gobierno hubo ciertas dudas. Cuando el presidente expuso su postura, reinó el silencio. El vicepresidente Rodrigo Rato manifestó su opinión en contra. Parece ser que Mayor Oreja tampoco era partidario de esa posición. No veía claro que la legalidad internacional diese suficiente cobertura. Tiempo después, Aznar reconocía que fue una decisión personal “para sacar a España del rincón de la historia”.

Pocos días antes, el 13 marzo de 2003, en sesión parlamentaria, el líder de la IU Gaspar Llamazares, dirigiéndose al presidente del Gobierno, le dijo: “Señor Aznar, en su propio grupo van a aparecer voces, seguramente de sus delfines, que digan que tiene usted que asumir ya la responsabilidad, que no pueden soportar más la actual situación política”. Estaba incitando a la rebelión al grupo parlamentario del Gobierno. Por esas fechas, en el parlamento británico se sometió a votación una moción de apoyo al primer ministro laborista Tony Blair sobre la postura de su gobierno en Irak. La votación fue secreta y una parte de los diputados laboristas no votaron a favor de la posición de su líder.

Esto inspiró al siempre emprendedor Coordinador General de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, para proponer que fuese secreto el voto a la Proposición no de ley del Gobierno relativa a la intervención en Irak que se iba a plantear en las Cortes. Llena de esperanza, toda la oposición se sumó a esa propuesta. Llamazares había asegurado que muchos diputados del PP estaban en contra y les pidió que votasen en conciencia, si los dirigentes del PP se lo permitían. El portavoz socialista Jesús Caldera también apeló a la conciencia: “contribuir con tu voto a forzar una guerra termina siendo una cuestión de conciencia, que está muy por encima de las ideologías y los partidos”. Parece ser que en esa ocasión todos los diputados tenían conciencia, excepto los del PP.

Gaspar Llamazares olvidaba que los españoles no somos ingleses, por muy admirables que ellos sean en tantos y tantos aspectos. En las sobremesas que, después de las cenas, los diputados del Gobierno tenían en los pequeños restaurantes y tascas de los alrededores del Congreso, en sus pasillos y en el bar reservado a diputados, los del PP discutían sus puntos de vista. En sus circunscripciones les hacían llegar opiniones variadas que no siempre eran alentadoras. Me consta cómo muchos de ellos, aun estando básicamente de acuerdo en la colaboración con los EEUU, que implicaba bases, espacio aéreo y apoyo internacional, no estaban de acuerdo en el planteamiento del Gobierno, que consideraban sobreactuado. Sé de varios que me manifestaron que votarían en contra de la Proposición no de Ley del Gobierno. Al solicitarse la votación secreta, estos entendieron que escudarse en el anonimato, para votar en contra de las posiciones de nuestro Gobierno, no era algo digno. Creo que, en una tesitura semejante a la nuestra, los diputados del PSOE se habrían comportado del mismo modo.

Yo voté al igual que mis compañeros, entendía la postura de Aznar, lo que no entendía era la decisión de Busch. Era evidente que Saddam era un tirano sanguinario y un peligro para sus ciudadanos pero se le podía haber metido en cintura de muchos modos aunque no creo que constituyera un peligro para Occidente, como Hitler por ejemplo, al que inevitablemente había que vencer porque el dilema era él o Europa. Ir a esa guerra, con las consiguientes catástrofes de todas las guerras, sigo sin entenderlo hoy. Faltó templanza y finura en la decisión de los americanos, pero cómo pedir eso a los que llevaban tanto tiempo buscando ese momento.

El voto secreto y mediante papeleta arrojó 183 votos a favor de la proposición del Gobierno, frente a 163 en contra. Todos los diputados del PP votaron a favor. La presión sobre ellos en sus circunscripciones de origen era tremenda. El Grupo Parlamentario Popular se vio obligado a hacer, de manera solemne, una declaración: el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso representante mayoritario de la Soberanía Nacional. En aquella declaración se rechaza cualquier intento de otros Grupos políticos de establecer algún tipo de supremacía moral sobre los cargos electos o militantes del PP. Se afirma que ningún grupo colectivo tiene el monopolio de los sentimientos humanitarios ni pacifistas. Reconoce a los ciudadanos el derecho a manifestarse, pero, respecto a los grupos políticos nacionales y extranjeros, “asistimos al mayor ejercicio de hipocresía, que desprecia de manera consciente el mínimo de decencia con el que hay que actuar en la vida pública”. Se recuerda que los que tienen ejércitos interviniendo en marcos ajenos al conflicto de Irak se dicen contrarios a la intervención en Irak. Los que violaron el embargo, y compraban un millón de barriles de crudo diarios a Irak, claman contra la guerra. Los que defienden y abrazan al más antiguo dictador de América llaman dictador al presidente del Gobierno de España. Los viejos estalinistas dan lecciones morales. Los que en el 1991 autorizaban las salidas de nuestras bases de cazabombarderos que descargaban en Irak, y volvían a repostar, critican hoy el uso del espacio aéreo español. Se intenta deslegitimar al Gobierno legítimo, y legitimar las coacciones y atropellos a los cargos electos de los que nos sentimos orgullosos por su entereza y convicciones. No entendemos que los que defendieron la intervención en Kosovo, sin resolución de las Naciones Unidas, hablen hoy de la legalidad de la intervención en Irak. Queremos significar que la unidad de posición de nuestros grupos parlamentarios no obedece a ninguna manera de disciplina impuesta, sino a la convicción y ejercicio de responsabilidad. Frente al caos, la agresión y el insulto, la serenidad y el apoyo al Gobierno que sustentamos; es el mejor servicio a la ciudadanía que nos dio su confianza. Termina diciendo que “lo anterior no significa la renuncia al análisis y debate, pero, en el seno de los órganos legítimos de nuestro partido, y en el momento que consideremos pertinente”.

Aquella declaración venía a expresar el hartazgo e indignación que embargaba a nuestros diputados.

El día 15 de marzo se concitó en Madrid la manifestación más multitudinaria conocida desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Alrededor de un millón de personas se concentraron en los aledaños de las Cortes, en la Plaza de Neptuno, camino de la Puerta del Sol, donde José Saramago leería un manifiesto. Se coreaban lemas de “no a la guerra”, “Gobierno dimisión”, “esto nos pasa por un Gobierno facha”. Los manifestantes llevaban pancartas con las fotografías de los 183 diputados del PP, que habían votado sí a la propuesta del Gobierno. También se pegaron en árboles y farolas. Las fotografías habían salido del Congreso de los Diputados. Cuando nos envuelven las emociones, los juicios son duros, sin matices.

El trasfondo de la posición europea era complejo. Ni Francia, ni Alemania dudaban de que Hussein era un peligro para paz y seguridad del mundo. Por otra parte, la actitud de Irak con los inspectores internacionales inducía a pensar que tenía determinadas armas secretas.

Francia y Alemania —ellos, los europeos “de siempre”— se aprestaban a liderar Europa. Eran el autoproclamado núcleo duro de la “Europa Europea”. Chirac venía a defender, frente a Polonia, Hungría y Chequia, que bastante era que les hubieran admitido en el club, y que lo que les tocaba a ellos era acatar lo que dijeran franceses y alemanes. En ese grupo de países considerados “de segunda” se incluían Italia, Holanda, Portugal Dinamarca y España.

Fue entonces cuando Putin vio la oportunidad soñada, lo que no había sido capaz de conseguir la antigua Unión Soviética: romper la solidaridad atlántica. Se lo encontraba servido en bandeja, y la ira francesa recaía, precisamente, sobre los países que se habían liberado del dominio soviético.

Aznar, se erigió en adalid de la respuesta y fue el ponente de un texto que inicialmente suscribieron ocho países: Italia, Reino Unido, Dinamarca, Hungría, Polonia, Chequia, Portugal y España. El texto fue publicado como artículo (“United we stand”) en el periódico The Wall Street Journal y, una vez publicado, fue recibiendo nuevas adhesiones. de los veinticinco estados que entonces formaban la Unión Europea, dieciocho apoyaron el texto. Buscaban evitar una grave quiebra en la relación atlántica. En todo caso, el resultado era que en ese momento la alianza atlántica se divide, la OTAN peligra, la política exterior y de seguridad europea se cuestiona, el proyecto de la Unión Europea vive su primera crisis más importante. El consenso sobre política exterior entre los dos partidos políticos españoles mayoritarios, que tanto había costado conseguir en la Transición, se rompe agriamente.

En el 2003 en España existía un debate alimentado por la oposición y ciertos medios extranjeros en el que se achacaba al gobierno del PP haber alterado la anterior posición de la política exterior española, vinculada a nuestros socios europeos, que había sido uno de los consensos de la transición. Se nos reprochaba haber dado prioridad a Washington antes que a Bruselas. El gobierno había explicado una y otra vez que tras el 11 -S la posición americana era más sensible ante el fenómeno terrorista, incluido nuestra ETA, que Bruselas. La colaboración antiterrorista de EEUU respecto al aislamiento internacional de la banda fue fundamental sin olvidar la también colaboración francesa en este terreno.Por esas fechas Emilio Lamo de Espinosa escribió un articulo en el que destacaba que mientras Alemania y Francia fuesen el núcleo duro de Europa y ambos países estuviesen volcados en una Europa geográficamente continental, ese creciente desinterés por Iberoamérica no convenía a España. Deberíamos buscar una Europa atlántica interesada en Iberoamérica por lo que nuestra atención debería girar hacia Portugal y Reino Unido en lugar de sumarnos a un eje que fuese de Francia a China pasando por Alemania y Rusia, “ pretender construir una Europa contra los EEUU es una temeridad que quizá pueda permitirse Francia, pero que nosotros, como los países del este, debemos evitar…nadie puede exigir que España renuncie a su vocación atlántica, ni Washington, por supuesto, que renunciemos a Europa o a América Latina”.

Las manifestaciones, los debates, las protestas estaban aquí, pero los tiros y la guerra estaban en Irak. En abril de 2003, el cámara de Tele 5 José Couso, murió tras impactar un misil en el Hotel Palestina de Bagdad, donde se encontraban alojados la mayoría de los corresponsales extranjeros. Otro periodista de la agencia Reuters murió y dos más resultaron heridos. Un oficial estadounidense confirmó el disparo contra el hotel, porque pensaban que los cámaras eran francotiradores. El episodio fue posteriormente interpretado por otros como el deseo de ahuyentar testigos indeseados. El día antes, el periodista de El Mundo Julio Anguita Parrondo, hijo del ex Coordinador General de IU, murió en otro ataque con misiles contra la unidad en la que viajaba como reportero. Los corresponsales en Bagdad se sentían “blancos” de las tropas de EEUU. Las reacciones de condena contra los ataques aliados al Hotel Palestina y a Al–Jazeera se sucedieron en el Parlamento Europeo, donde miembros de la Eurocámara calificaron de “asesinatos” los ataques.

A finales de 2003, siete agentes españoles del CNI murieron en una emboscada en una zona de Irak que controlaba EEUU. Previamente, el 9 de octubre, había muerto otro miembro de la inteligencia española, y antes, en agosto, un capitán de navío español murió en un atentado contra la sede local de la ONU. En la base de España en Diwaniya un sargento falleció de un disparo fortuito de un compañero. Como puede comprenderse, estas noticias afectaron terriblemente a la opinión pública.

España no mandó soldados a la guerra de Irak, ni tiró bombas, como repetidamente reiteró Aznar. Las fuerzas españolas se desplegaron en Irak para participar en dos misiones. La primera, de ayuda humanitaria, denominada “Sierra Juliet”, se desarrolló en Um Qasar, entre abril y junio de 2003. Los españoles llevaron a cabo labores de asistencia sanitaria a bordo del buque de asalto anfibio “Galicia” y con un hospital de campaña. La primera necesidad, que fue el restablecimiento de los sistemas de distribución de alimentos, se completó en el mes de agosto. El abastecimiento de agua a final de año ya era superior al anterior de la intervención militar. Se repararon plantas potabilizadoras en el canal de Basora, que aumentaron el abastecimiento para seis millones de personas. Se limpiaron miles de canales de irrigación agrícola. En electricidad se inició la producción de megavatios buscando alcanzar los 6.000 Mw en unos meses, lo que acercaría la producción a la demanda estimada en Irak, que es de 7.000 Mw. Se reconstruyeron aeropuertos y puertos, y se reconstruyeron puentes de carretera y ferrocarril. En agosto se produjo el despliegue de la Brigada Multinacional “Plus Ultra”, con la misión de contribuir a la seguridad y la reconstrucción en las provincias de An Nayaf y Al Qadisiya. España aportó un contingente de 1.300 militares. La brigada “Plus Ultra” se completó con tropas de El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

Sin embargo, a los ojos de la mayoría ciudadana, España había ido a la guerra, a una guerra que, también para muchos, era ilegal.

El 25 de mayo de 2003, en momento tan crucial para el Gobierno, hubo elecciones municipales y autonómicas. Era “la gran prueba”, porque los españoles tenían la oportunidad de manifestarse, esta vez en la intimidad de la cabina de votaciones. La izquierda quería convertir estas elecciones en un plebiscito contra el gobierno de Aznar. Era una ocasión para el cambio. Aznar se volcó en la campaña más intensa que realizó nunca (más de cuarenta mítines por toda España). Era la ocasión de reencontrarse con nuestro partido, con la gente que había sufrido los acosos, insultos y amenazas. Todos los cargos electos nos dejamos la piel en ella; era nuestro momento de ir a los mercados, a los pueblos, a las pequeñas asociaciones ciudadanas, para contarles lo que las algaradas callejeras nos impedían explicar.

Las elecciones las ganó el PP. Ganamos en 35 de las 52 capitales de provincia. En nueve de las trece comunidades autónomas que celebraban elecciones. Teníamos más alcaldes y concejales que ningún otro partido. El Partido Popular seguía siendo el partido mejor valorado y más apoyado por los españoles. Volvió a tener razón Javier Rupérez, cuando dijo que los españoles no habían soportado mal nuestro papel en la guerra, que lo que los españoles no soportaron fue el 11S.

El hecho de que parezca imposible que ocurra algo no quiere decir que no suceda.

Y sucedió. Tras unos meses de gobierno del nuevo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que, como sabemos, lo primero que hizo fue sacar unilateralmente las tropas españolas de Irak, donde, según él, habían ido de manera ilegal, el Ministerio de la Presidencia del Gobierno dirigido por la ministra María Teresa Fernández de la Vega consideró que la guerra de Irak fue legal. En un decreto ley 8/2004, de 5 de noviembre sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, se dice en la memoria justificativa: “la participación española, amparada por las Resoluciones 1441 (2002), 1483 (2003) y 1511 (2003), se concretó el envío de dos diferentes tipos de unidades con la misión de ayuda humanitaria y restablecimiento de la seguridad”.

En la citada memoria, se distinguen las acciones no amparadas por resoluciones de las Naciones Unidas de otras que sí lo fueron, tales como Bosnia, Burundi, Sudán, y la Operación Libertad Iraquí. Como vemos, se reconoce que las misiones eran de ayuda humanitaria y restablecimiento de la seguridad, que se participó en la reconstrucción y no en la guerra. Javier Rupérez tenía razón respecto a la Resolución 1441 de la ONU; se puede interpretar primero que no, y luego interpretar que sí. El intríngulis es que las interpretaciones diversas no venían de partidos distintos, como podría ser lógico, sino del mismo partido que, con el “no”, tomó las calles de España.

El uno de mayo de 2003, George W. Bush proclamó el fin de las principales operaciones militares en Irak. Pero ahora venía lo más difícil, que era responder a la siguiente pregunta: ¿para qué se hizo la Guerra? Para deponer a Saddam Hussein. Y ¿y luego? Poner en marcha la democracia no era tan fácil como pensaban. El presidente Bush nombró a Paul Bremer director de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria para Irak, bajo la supervisión de Donald Rumsfeld. Bremer, principal autoridad ejecutiva del país, prohibió el partido Baaz, desmontó todos los sectores de la Administración Pública, que, en su mayoría, eran contrarios a los Hussein y habían sido víctimas del nepotismo de su familia y clanes. Y, finalmente, desmanteló el ejército iraquí, que odiaba al dictador tras largos años sometido al despotismo férreo de los generales de Saddam. Los militares, al verse en la calle, se sumaron a la insurgencia iraquí contra los EEUU.

Pregunté a Arístegui cómo fue posible tal desastre. Me lo explicó así:

El problema era que no había plan posterior a la deposición de Saddam. Un plan de reconstrucción nacional no consiste solo en facilitar agua y electricidad, sino en la reconstrucción social y política del país. Desmontaron las fuerzas armadas, policía, servicios de seguridad, administración, que odiaban a Saddam. Los mandaron a sus casas, los echaron al basurero de la historia. El odio a Saddam se trocó en odio a USA.

Parece ser que los americanos pensaban que, después de Hussein y la liberación, vendrían por sí solas, por haber sido reprimidas, las demandas sociales y culturales de democracia, capitalismo, sociedad civil, imperio de la ley.

Bremen no se dio cuenta de que, detrás de todo y extensamente infiltrados, estaban los iraníes intrigando, azuzando unos contra otros en un país absolutamente heterogéneo, con diferentes religiones, minorías que se odiaban unas a otras, clanes rivales…

En diciembre de 2002 —dice Arístegui— asistí a una reunión en la German Marshall Fund, en la que había acreditadas unas doce o quince personas, entre ellos Scooter Libby, el jefe de gabinete de Cheney que sostenía que había que disolver Fuerzas Armadas, Seguridad y buena parte de la Administración. Yo le repliqué que me parecía increíble que los servicios de inteligencia recomendasen que había que romper la espina dorsal de un país. Le dije que ellos tenían un modelo de actuación que funcionó bien tras la Segunda Guerra Mundial. El que se aplicó en Japón y Alemania con enorme éxito. Ni que decir tiene que los planes que describió Libby en sus intervenciones no eran suyos, sino de todos los halcones, especialmente Rumsfeld y Wolfowitz. Buena prueba del fracaso de todo esto fue el hecho de que Rumsfeld fue relevado por el moderado y eficaz Robert Gates.

Respecto a Paul Bremer III, como se hacía llamar, era considerado un sujeto ambicioso, limitado de capacidades intelectuales, e incapaz de aprovechar el enorme caudal de sentimientos positivos que afloró tras la caída de Saddam. Bremer y su gestión catalizaron el proceso que llevaba a la inestabilidad y violencia permanentes a la que el plan de los halcones de Cheney iba a llevar inevitablemente. Bremer desapareció en el olvido por su grave fracaso y responsabilidad en el desastre de la gestión.

El presidente del Consejo de Relaciones exteriores de EEUU, R.H. Haass calificó la operación sobre Irak de “éxito catastrófico”.

Algo similar ocurrió años después, en el 2011, con la caída de Gadafi. La consiguiente desestabilización de Libia propició el paso al Sahel de los mercenarios del dictador, entrenados y bien armados, uniéndose a los grupos yihadistas, cada vez más expandidos y fundamentalistas, esto ha conducido a los países de la zona a una permanente desestabilización, prácticamente de todo el sur del Magreb. Hoy Libia, un país sin estado, sufre una complicada guerra civil en la que sus codiciados recursos en gas natural y petróleo se los disputan Turquía y Rusia.

El 16 de mayo, el presidente americano hizo una llamada de alerta mundial avisando de posibles ataques terroristas. Unos minutos después, se produjeron unos atentados en serie en la ciudad de Casablanca, en Marruecos. Los peores de su historia, la primera acción terrorista en Marruecos desde 1994. Los atacantes eran miembros del grupo yihadista la Vía Recta, en conexión con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, conectado con Al-Qaida.

El ataque más cruento y primero en llevarse a cabo fue en la Casa de España: tres terroristas, tras penetrar en el recinto, degollaron al vigilante, dos de ellos hicieron estallar las bombas en el restaurante, y el tercero hizo explotar el suyo en el colindante patio de la Cámara Española de Comercio. Los terroristas se inmolaron en el interior. En estos ataques murieron 23 personas. Después se dirigieron al hotel Farah, donde mataron al portero y a un vigilante. Luego otro terrorista asesinó a tres transeúntes. Otros atacaron a una comunidad judía, sin víctimas. Al mismo tiempo, otro comando se dirigió al restaurante “Le Positano”, frente al consulado de Bélgica, que antes había sido sede del consulado americano. Se detuvo a 3.000 personas, de las que se inculparon a unos mil: diecisiete fueron condenadas a muerte, y otras a grandes penas de cárcel.

Daba la impresión de que Fukuyama, con su elaborada y atractiva teoría de la desaparición del “último hombre” del viejo mundo, caído el Muro de Berlín, no resultaba más convincente, en ese momento, que el inquietante planteamiento de Samuel Huntington en el que el fin de las ideologías no significaba el fin de la Historia y la implantación de la hegemonía del “Nuevo Orden” democrático, sino el principio de otra Historia, la del “choque de las civilizaciones”, fundamentada no en criterios económicos o ideológicos, sino en otros de orden cultural y religioso. Según Huntington, las sociedades existen en un estado de permanente confrontación y no se pueden satisfacer los deseos de todos al mismo tiempo.

Entonces, respecto al “final de la Historia”, tal como Fukuyama la planteaba, podemos acogernos, con optimismo, a lo que Fidel Castro decía a un visitante: “Esto no es que no sea cierto, es que aún no ha sucedido” (esto es una pequeña broma que gasto al lector).

Fukuyama rectificó posteriormente gran parte de sus planteamientos. En su libro Después de los Neocons, afirma que el intento de combatir el terrorismo no va por buen camino mediante la guerra y el proyecto de reforma democrática en Oriente Próximo. Los regímenes democráticos de Oriente Próximo no resolverían el problema del extremismo y el terrorismo islamista, porque se trata de problemas no característicos de Oriente Próximo, sino de musulmanes en Occidente que se enfrentan a la pérdida de su identidad. Los precursores sociales del terrorismo están en las afueras de París, Hamburgo o Londres. Los resentimientos generados por la pobreza, la desigualdad, la búsqueda de la integración social de los musulmanes y el apetito de sus clases medias de integrarse en la pluralidad de la Europa contemporánea.

Podemos pensar, sin embargo, que las extraordinarias tensiones creadas en el escenario global por los flujos migratorios, el fanatismo, la automatización y robotización laboral, las deslocalizaciones empresariales y los desequilibrios de toda índole de nuestras sociedades modernas, no tienen otra salida que la profundización en el modelo democrático liberal que asegure la igualdad de oportunidades, —no el igualitarismo castrador de todo progreso—, la educación de calidad, la cultura, el bienestar social, el estado de derecho, las libertades individuales y colectivas, por encima de cualquier otra consideración.

38 La coalición la formaban: Argentina, Arabia Saudí, Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Kuwait, Marruecos, Países Bajos, Níger, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Paquistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Senegal y Siria.

39 En aquella época, los artistas y actores no acostumbraban, con notables excepciones, a posicionarse en contra del Gobierno.

40 Ibidem.

41 Con motivo de la Asamblea del Milenio de la ONU, su Secretario General Kofi Annan presentó una encuesta en la que dos terceras partes de los ciudadanos del mundo no se sentían representado por sus gobernantes. Hay que decir que el peso de esta encuesta lo aportaban los países del tercer mundo o en vías de desarrollo, caracterizados por la absoluta falta de democracia o las pseudo democracias.

42 Ibidem, Memorias II, página 263.

14

ATOCHA.
11 DE MARZO 2004

El país no perdonará a quienes traten de sacar
rédito político de una tragedia nacional.

José Luis Ávalos
(Ministro de Transporte y Movilidad, 22 de marzo de 2020)

Aznar había anunciado, hacía tiempo, su decisión de no concurrir por tercera vez como candidato a unas terceras Elecciones Generales.

El 28 de agosto de 2003, Jaime Mayor Oreja se encontraba de vacaciones en Zahara de los Atunes. Román Cendoya, que había llevado las campañas electorales de Mayor, y su mujer Sara Martín, jefa de protocolo de Jaime, decidieron hacerle una visita y tomar el aperitivo con él. Cendoya me contó un día que, dada la gran confianza existente, le preguntaron: “Bueno, Jaime, ¿podemos felicitarte?”. Se referían a su posible designación para suceder a Aznar como candidato del PP a las próximas Elecciones Generales de 2004. Los sondeos de opinión que se habían hecho indicaban las preferencias de los encuestados por Mayor Oreja. El exministro del Interior contestó lo siguiente: “No seré designado. Si se me necesitase para ganar las elecciones, sí lo sería. Si el problema estuviese en la economía, lo sería Rodrigo. Como no es ni lo uno, ni lo otro, lo será Rajoy”. El 3 de setiembre de 2003, Aznar cita a los tres y les comunica que será Rajoy. A este respecto siempre, inevitablemente, recuerdo la frase de santa Teresa, que dice: “En ocasiones, se vierten más lágrimas por las plegarias atendidas que por las que no lo son”.

Rajoy era el candidato electoral cuando se produjeron los atentados del 11 de marzo de 2004. Como se puede recordar, fueron una serie de ataques terroristas en unos trenes de cercanías de Madrid, realizados por una célula de filiación yihadista. En ella murieron 193 personas y 1.857 resultaron con heridas de mayor o menor consideración43. Ese día, entre las 7.36 horas y las 7.40 horas se produjeron diez explosiones en cuatro trenes de Madrid, de manera casi simultánea. Después, la policía hizo estallar dos cargas explosivas más. En el pabellón 8 de IFEMA se organizó un equipo de más de 200 psicólogos para atender a los cientos de familiares de los fallecidos. En el contiguo pabellón 6 se depositaron objetos y pertenencias de las víctimas que habían sido recogidos en la estación de El Pozo.

El día 12 de marzo, un policía que hacía identificaciones de cadáveres en IFEMA escuchó el sonido de un teléfono proveniente de una mochila que llevaba allí varias horas. Al abrir la mochila, se dio cuenta de que allí había un artefacto explosivo. Este fue trasladado a la comisaría de Vallecas, donde, instalado en un descampado los TEDAX, la desactivaron tras casi tres delicadas horas. Eran conscientes de que quizá esta era la principal pista que podía conducirlos hacia los autores del atentado. La mochila contenía medio kilo de Goma–2, metralla, un detonador y un teléfono móvil que servía como temporizador para que, al recibir la llamada, el detonador estallase.

Seis horas después, el presidente del Gobierno José María Aznar comparecía ante los medios para reiterar que había dos líneas de investigación sobre la matanza, pero que la más lógica apuntaba a ETA.

El 11 de marzo, en Londres, el periódico Al Quds Al Arabi recibió una carta que atribuía a las Brigadas de Abu Hafs Al Masri el atentado de Madrid. El Centro Nacional de Inteligencia, junto con otros servicios de inteligencia extranjeros, no solo puso en duda la autenticidad del comunicado, sino la existencia misma del grupo que lo remitía, que se había hecho también responsable del apagón de Nueva York del verano de 2003. Precisamente esa noche, el mismo medio de comunicación que, a las 20 horas, afirmaba tener en su poder las fotografías de los nueve presuntos miembros de ETA que habían podido intervenir en este atentado afirmaba tener informaciones contrastadas con diversas fuentes, según las cuales, en el primer tren que estalló en Atocha iba un terrorista suicida.

Aznar, en su posterior comparecencia en la correspondiente Comisión de Investigación del Congreso, se refirió a ese episodio en los siguientes términos: “Semejante bulo no era simplemente una información fallida. Se empezaba a fabricar la teoría de la ocultación del Gobierno. El dato del supuesto inexistente suicida no era inocente. La ausencia de suicidas era un dato extraordinariamente importante para excluir entonces la hipótesis islamista… A pesar de que a primera hora de la madrugada del viernes 12 de marzo concluyeron las 192 autopsias de las víctimas iniciales del atentado, se insistió en la falsa información del suicida inexistente. Es más, se aportaban nuevos datos igualmente falsos que hablaban de que una de las víctimas llevaba tres capas de ropa interior y estaba muy afeitada, práctica habitual entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse”.

El 13 de marzo, por la tarde alguien llamó a Telemadrid indicando que en una papelera cerca de la Mezquita de la M–30 había un paquete con un vídeo. En él, un hombre con acento marroquí, dijo ser Abu Dujan al Afgani, se declaraba portavoz en Europa de Al-Qaida y reivindicaba el atentado. Las Elecciones Generales estaban convocadas para el 14 de marzo. Era evidente que la atribución del atentado era un factor decisivo en el resultado que diesen las urnas.

La primera reacción lógica era atribuir el atentado a ETA. El ministro del Interior Ángel Acebes, el presidente Aznar, el Secretario General del PSOE Rodríguez Zapatero, que condenó los atentados mencionando a ETA, el lendakari Ibarretxe, y los medios de comunicación así lo creyeron también. La ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio envió telegramas a las embajadas y consulados comunicando la autoría de ETA. Se ha destacado la hora en que se envió el telegrama: a las 17.28 horas, cuando ya las sospechas ponían en duda la autoría de ETA, y se la acusó de tener la intención de confundir y manipular a nuestros Servicios Exteriores. Sin embargo, los telegramas se redactaron tras las declaraciones del ministro del Interior, a las 13.30 horas, y las del presidente Aznar, a las 15 horas, cuando no estaba cuestionada la hipótesis ETA. Después de la declaración del presidente, el telegrama fue redactado, luego supervisado por un alto funcionario, luego enviado por fax al departamento de cifrado (estos telegramas siempre van encriptados), y, tras cifrarse, finalmente se envió. Estas operaciones tardan entre una y dos horas.

El jefe del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Dezcallar, habló con Ana Palacio al menos en siete ocasiones ese mismo día. La ministra se movilizó y consiguió que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas suscribiera una clara condena a la banda ETA como responsable de los atentados. Los firmantes de la declaración representaban a los países más poderosos y, por tanto, con los mejores servicios secretos del mundo. La resolución se tomó por unanimidad.

El ministro del Interior Acebes dio una rueda de prensa seis horas después del atentado, en la que señaló cómo la investigación prioritaria era ETA, según el criterio unánime de los responsables de la lucha antiterrorista y contando con el análisis de nuestros servicios de inteligencia.

El mismo día 11 de marzo, a las 15 horas, el jefe de los TEDAX, comisario Juan Jesús Sánchez, afirmó que las autoridades policiales y políticas fueron informadas de que ETA no había reivindicado el atentado. Las bombas que no habían explotado llevaban un explosivo diferente del que usaba ETA. Que en una furgoneta encontrada en Alcalá de Henares se encontraron restos de Goma-2 ECO, tampoco el usado por ETA, y unos detonadores de fabricación nacional que no eran los que los etarras utilizaban. También había un casete con grabaciones de rezos del Corán. A media mañana el juez Garzón, buen conocedor del modus operandi etarra, en una inspección ocular, había manifestado que no veía clara la autoría.

Al iniciar este capítulo, le pedí a Gustavo de Arístegui que me contase lo que pensó en las primeras horas del atentado. Esto es lo que me contó:

La noche antes yo había regresado a Madrid de un acto electoral en Ciudad Real. Por la mañana temprano, escuché atentamente las noticias y las distintas conexiones de los medios con el lugar de los hechos. Muy pronto me llamó Esperanza Aguirre pidiéndome opinión. “Yo creo”, le dije, “que esto es islamista; no Al-Qaida, sino una célula independiente formada por radicales”.

Posteriormente me fui a Atocha y me sumergí en el caos; prácticamente pasé la mañana allí. Alguien me preguntó qué pensaba y le dije eso. Unas horas después me llamó un importantísimo empresario de medios de comunicación y me dijo: “Si quieres ser ministro de Exteriores con Rajoy, no digas eso”. Cuando la prensa me preguntaba, maticé mi opinión y dije que no se descartaba ninguna hipótesis.

Yo seguía pensando ya en un comando islamista de radicales y mercenarios. El verdadero responsable del comando nunca apareció, ni se supo quién era. de los diecinueve juzgados, apenas unos eran radicales; el resto, mercenarios. No es una certeza, sino una deducción, que el atentado tuviera una relación directa con nuestra posición sobre Irak; Inglaterra fue a la guerra y no hubo atentado. España era una obsesión de Bin Laden: al-Ándalus. No hubo ni una declaración de Bin Laden en la que no hablara de al-Ándalus.

A primera hora de la tarde del 11 de marzo, Miguel Sebastián insistía en querer hablar con Rodríguez Zapatero, colapsado de llamadas telefónicas. Sebastián quería trasmitirle que un financiero de Nueva York, amigo suyo, le decía que en la City corría la voz de terrorismo islámico. Nunca en la historia la bolsa de Nueva York había bajado por un atentado de ETA; ese día, nada más abrir, la bolsa bajó. La explicación fueron los atentados de Madrid. El 12 de marzo ETA negó su participación en los hechos. Arnaldo Otegui, líder de Batasuna, atribuyó la matanza a la resistencia árabe.

Ese mismo día a las siete de la tarde tuvo lugar una reunión en el despacho de Rajoy en la calle Génova. No era una reunión formal; entraban unos y salían otros. Estaban Matos, Zaplana, Arístegui, Elorriaga, Arriola, entre otros. Arriola afirmó que estaba claro que, si la opinión pública pensaba que aquello era de ETA, ganábamos las elecciones; pero si creía que era islamista, no.

Es muy importante destacar que el día 11, en cuanto apareció la furgoneta y los nuevos datos, una vez analizados, a las 20 horas, Aznar comunicó esta información al Secretario General y candidato del Partido Socialista, y a los directores de medios de comunicación, y mandó abrir una segunda vía de investigación, a la luz de las novedades aparecidas, en las que se buscaba ya la implicación de las células árabes.

Javier Rupérez, que entonces estaba de embajador en Washington, cuenta que el día 12 de marzo44 el presidente de los EEUU visitó nuestra embajada para darnos su pésame. Antes de depositar una corona, Bush estuvo hablando un rato con él, y le preguntó qué era lo que él creía y lo que en nuestro Gobierno creíamos. “Le dije que pensábamos en la tesis de ETA”, dice Rupérez, a lo que Bush respondió: “Pues, nosotros estamos en otra duda”. Era la primera indicación de duda que yo recibía.

Preguntado tiempo después, en una entrevista, si el día del 11S relacionó los atentados con nuestra participación política en Irak, su respuesta fue: “Sí, sí, sin ningún tipo de duda. Pero primero yo, como ustedes y el 99% de la población española, de los que hay que excluir a los que pusieron la bomba y al señor Otegui, que tenía alguna razón para saber que no era ETA. Todos los demás, incluido yo, estábamos convencidos de que era ETA. Era evidente, y así lo han dicho ellos: que los que organizaron el atentado tenían por finalidad impedir que el PP ganara las elecciones”.

El 12 de marzo once millones de personas se manifestaron en España para repudiar los atentados. En Madrid a las 19 horas se celebró la manifestación convocada por el Gobierno y los partidos políticos bajo el lema “Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo”. Asistieron más de dos millones de personas, incluidos el entonces príncipe Felipe y sus hermanas las Infantas; la primera vez en la historia que miembros de la Familia Real española participaron en una manifestación en las calles de la capital. El presidente del Gobierno fue recibido con gritos de “¿Quién ha sido?”. El cardenal arzobispo de Madrid, el presidente de la Comisión Europea Romano Prodi, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, el primer ministro francés Jean Pierre Raffarin, ministros de exteriores de Marruecos, Suecia y Alemania, también asistieron.

La noche del 12 de marzo de 2004, un estudiante de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid escribió en su móvil: “¿Aznar de rositas? ¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 13M, a las 18 horas Sede PP, C/ Génova, 13. Sin partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!”. Ese estudiante siempre ha mantenido su anonimato. Nada más escribirlo se lo envió a un profesor que en la actualidad está fuertemente vinculado a Podemos45. En apenas poco tiempo, el mensaje llegó a la totalidad de profesores y alumnos de Ciencias Políticas de esa universidad. El SMS también llegó a los principales partidos de la oposición. Muy poco después, en el PSOE e IU conocían la próxima concentración ante la sede del PP.

Ariel Jerez, un ideólogo de Podemos y vicedecano de la facultad de Ciencias Políticas, reconocía en un libro que fue un acierto haber ampliado la lista de distribución a los dirigentes del PSOE e IU.

Y, como la gente te hace caso cuando hace cosas que quiere hacer, cinco mil personas se congregaron a las puertas de la sede del PP en Madrid. Se gritaba: “Mentirosos, mentirosos”, “¿Quién ha sido?”, “Vuestra guerra, nuestros muertos”. Luego, la gente se dirigió a la Puerta del Sol y más tarde a Atocha. Las manifestaciones se celebraron en Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela, Sevilla, Gijón, Valencia, Zaragoza… la Junta Electoral Central se reunió de urgencia, tras denunciar el PP estos hechos, y después de horas de consultas, de madrugada, declaró “contrarias a la regulación de la campaña electoral” las concentraciones, y acordó trasladar a la Fiscalía las actuaciones por si podían ser constitutivas de delitos. El candidato del PP a la presidencia de Gobierno, Mariano Rajoy, intervino ante los medios para pedir a los convocantes de estas manifestaciones “ilegales” que cesaran por ser “antidemocráticos actos de presión sobre las elecciones” y pidió a los partidos que desautorizasen esos actos.

Alfredo Pérez Rubalcaba compareció el día 13 de marzo en plena jornada de reflexión, para exigir al Gobierno de José María Aznar la “verdad” sobre los atentados. Rubalcaba lo hizo minutos después de la comparecencia del candidato del PP Mariano Rajoy. Rubalcaba afirmó que los españoles se merecían un Gobierno que no les “mintiera”, que les dijese la verdad y tuviese la limpieza que el juego político exige “la verdad, toda la verdad se acabará sabiendo, ese es nuestro compromiso”, añadía.

Con el gobierno del PP aún en funciones, el 3 de abril la policía localizó a varios miembros del comando terrorista en Leganés, una ciudad próxima a Madrid. Los terroristas se atrincheraron en una casa y, tras un tiroteo y verse cercados, se suicidaron cuando un GEO comenzaba el asalto. Murieron los ocho miembros de la célula islamista refugiados y un agente de la policía.

Las elecciones generales se celebraron el 14 de marzo. El PSOE ganó las elecciones con una mayoría simple de 164 escaños en el Congreso de los Diputados, el PP obtuvo 148. Fueron las elecciones con mayor número de votantes de España, con más de 26 millones, y las más polarizadas, hasta entonces; PP y PSOE recibieron el 82% de los votos. Los atentados constituyeron un revulsivo para los ciudadanos tradicionalmente abstencionistas e indecisos.

El informe con las conclusiones de la policía finalizó a primeros de julio de 2006, fue remitido al juez Juan del Olmo, que lo incorporó al sumario judicial del 11S. Parece ser que los ejecutores materiales del atentado se inspiraron en un documento de Global Islamic Media, consultado en una página web. Del informe se deduce que, en el caso español, buscaban una serie de objetivos estratégicos:

1) Provocar un cambio de Gobierno;

2) Conseguir la retirada de las tropas españolas en Irak;

3) Estimular el aislamiento de las tropas estadounidenses en Irak;

4) Inspirar acciones terroristas en terceros países.

¿En qué medida consiguieron el primer objetivo con los atentados? No es fácil cuantificarlo, pero sabemos que las diferentes encuestas de la semana anterior daban como ganador al PP con diferentes porcentajes; solo entre un 6 y un 12% de personas veían ganador al PSOE. Encuestas posteriores a las elecciones arrojaban el dato que el 64% de los consultados creían que “el PSOE no hubiera ganado sin los sucesos de 11 de marzo”. Con respecto al segundo objetivo de los terroristas, el nuevo presidente José Luis Rodríguez Zapatero tomó posesión de su cargo el sábado 17 de abril, y el lunes 19 anunció la retirada de las tropas españolas de Irak.

Conocemos las opiniones de la oposición sobre los hechos de esos días. Creo interesante ahora recoger qué pensaba un antiguo socio de gobierno del presidente Aznar sobre cómo desde el Ejecutivo en funciones se administró el atentado. Josep Antoni Duran i Lleida en su citado libro dice al respecto:

Las elecciones las perdió políticamente Aznar… No me refiero al hecho de que en su día hubiera acordado secundar a Bush en la guerra de Irak, sino a la pésima administración política que hizo alrededor de los autores del atentado. En lugar de convocar a todos los dirigentes políticos y afrontar la tragedia de Atocha desde la unidad, se empeñó en adjudicar los hechos a ETA… Los errores de Aznar permitieron, al mismo tiempo, constatar un par de cosas: la primera, la capacidad de aprovecharlos por parte de la maquiavélica estrategia de Pérez Rubalcaba. La segunda, la pasividad de Rajoy frente a los acontecimientos y la actitud de los dirigentes de su partido, que permitieron que se perdiesen miles y miles de votos y se movilizaran miles y miles de votantes a favor del candidato socialista.

El 27 de mayo de 2004 el Congreso de los Diputados creó una comisión de investigación sobre los atentados del 11-S para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las actuaciones políticas del Gobierno en funciones y las actuaciones policiales posteriores. La Comisión finalizó el 30 de junio de 2005.

El 28 de julio de 2004 Ángel Acebes, ex ministro del Interior, compareció en la Comisión. Su testimonio es de gran relevancia. A las preguntas, indicaciones y sugerencias de los diputados respondió:

¿Como hablar de manipulación, retraso u ocultación, cuando la única instrucción que recibieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según han reconocido en esta comisión sus miembros unos tras otros, fue la de actuar con toda celeridad para aclarar la autoría del atentado? ¿No ven que no existe ni un dato que avale semejante calumnia? Si en algo insistí, fue en impulsar la investigación sin reparar en esfuerzos ni en medios.

Señorías, afirmo solemnemente en esta Cámara que el Gobierno contó a los ciudadanos en cada momento los datos relevantes que la policía iba poniendo en mi conocimiento, y cuya reserva no fuese indispensable para proseguir la investigación. En cuanto se constató la existencia de una cinta con caracteres árabes próxima al lugar del crimen, se puso en conocimiento de los ciudadanos, con mi advertencia de que se abría otra vía de investigación, por muchas sombras e interrogantes que tal hallazgo suscitase policialmente. Fue el Gobierno, por tanto, el que el mismo día 11 abrió la línea de investigación sobre un atentado del islamismo radical y comunicó a la opinión esa posibilidad. En cuanto se produjeron las primeras detenciones del día 13 de personas de origen hindú o marroquí, así lo hice público en el mismo día de reflexión electoral.

Mientras yo informaba honesta, personal y fielmente de lo que conocía y en los términos en los que me lo trasladaban los servicios policiales y de información, tal y como han reconocido los propios mandos policiales expresamente en esta Comisión, personas y entidades fácilmente identificables desarrollaron una campaña para socavar la fiabilidad del Gobierno, explotando la sacudida emocional provocada por el atentado.

Si aquel Gobierno consiguió aclarar la ejecución material, fijar la autoría, detener y neutralizar a los responsables y evitar más muertes, al actual Gobierno han atribuido los españoles la responsabilidad de aclarar hasta sus últimos extremos los detalles de la ejecución material y profundizar en los importantes interrogantes que todavía existen sobre la autoría intelectual de la masacre y sobre el cambio político provocado por la comisión del atentado.

A nosotros se nos exigió que contestáramos en 24 horas a la pregunta” ¿Quién ha sido?”. Pues bien, ahora pregunto yo junto a millones de españoles: “¿Quién ha sido?”. Falta saber, en opinión de uno de los mayores expertos en España en la lucha antiterrorista, don Jesús de la Morena, quién hay por arriba y por abajo. No encaja que unos delincuentes comunes, en poco tiempo, se conviertan en terroristas sin conexión alguna con Al-Qaida; no encaja que en esas condiciones sean capaces de diseñar y ejecutar el mayor atentado de la historia de Europa. Habría que investigar otras conexiones que debieron existir. Quién diseñó la fecha, diseñó el atentado, programó al detalle la secuencia de las pistas, el día y hora de la reivindicación, los vínculos y colaboraciones externas de los ejecutores materiales.

Tras el atentado, hicimos las cosas, pensando en las víctimas, en sus familias, en la seguridad de los españoles. Fueron momentos muy difíciles. Percibí en muchas personas gestos de grandeza que rondaron el heroísmo, y junto a ellos, no puedo negarlo, algunas miserias y un afán mezquino por sacar partido a un dolor que merecía algo más que demagogia y oportunismo.

Fue de una enorme gravedad la afirmación permanente, detallada y reiterada que había uno o dos terroristas suicidas y que se lo estábamos ocultando a la opinión pública. Fue determinante en esas horas. Una de las cuestiones a investigar es quién dio esa información a los medios de comunicación. ¿Quién manipuló, quién falsificó esa información, facilitándola a los medios, para que la trasladasen a los ciudadanos? Tuvo que ser alguien con credibilidad, con cierta autoridad ante esos medios de comunicación que después divulgaban, como una confirmación, hechos que después han resultado falsos.

Cuando, años después, tuve que leer esta comparecencia, que duró ocho horas, para la redacción de este capítulo, me dio pena que el Gobierno en ese momento no hubiera tenido en su seno a alguien con las sólidas convicciones al respecto, o lo que sea, de la ministra del señor Pedro Sánchez, Isabel Celaá, la cual, en una entrevista en TVE el 21 de abril de 2020, y hablando sobre la crisis del coronavirus, manifestó: “Hay que proteger a la ciudadanía de mensajes falsos”. “No podemos aceptar que haya mensajes negativos, en definitiva, falsos”, e instaba a perseguir e identificar bulos y desinformaciones “susceptibles de generar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”.

He de reconocer que ese día me gustó mucho la ministra. Dos días después el ministro Grande Marlaska se sumó a la opinión de su colega y declaró, con temblorosa indignación, que “hay que perseguir los bulos y la desinformación” que propagan unos desaprensivos.

El 29 de noviembre de 2004, en el Congreso de los Diputados, se realizó la comparecencia del expresidente Aznar ante la Comisión de Investigación de los hechos del 11S. Declaró unas 14 horas. Tengo que reproducir, parte de ella, porque es extremadamente clarificadora:

A lo largo de la mañana del día 11, en la conversación mantenida con el candidato a la Presidencia del Gobierno por el Partido Socialista, en la información y el análisis que recibí de los responsables de la lucha antiterrorista y los servicios de inteligencia extranjeros, era la banda ETA, y no el islamismo, la línea sobre la cual trabajar. El Partido Socialista hizo llegar al Gobierno su misma convicción en la tarde del jueves 11. En esa tarde se realizó una investigación sobre el contenido de una furgoneta hallada en Alcalá, en la que aparecieron una cinta con grabaciones del Corán y unos detonadores. A las 16.45 el ministro me informa de la inspección ocular de la furgoneta, y a última hora de la tarde se obtiene toda la información, que es inmediatamente comunicada a la opinión pública por el ministro del Interior a las 20.20 de esa tarde. Antes de esa comparecencia, hablé con el Secretario General del Partido Socialista y con directores de medios de comunicación a los que había llamado horas antes. A todos ellos les adelanté la información que luego facilitaría el ministro, así como mis instrucciones para abrir una segunda línea de investigación a partir de los elementos encontrados en el vehículo.

Convoqué un “gabinete de crisis”; es absurdo pensar que en una situación como esa el presidente del Gobierno no estuviese asistido de los vicepresidentes, de los ministros más directamente afectados, del director del CNI y sus colaboradores más próximos.

No convoqué el Pacto Antiterrorista, porque el pacto nunca se ha reunido como tal en respuesta a un atentado. En las dos conversaciones que tuve con el candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno, este no planteó en ningún momento dicha convocatoria con un criterio acertado. Sus declaraciones públicas se refirieron a actuaciones conjuntas de todos los partidos. Así ocurrió en el Congreso con la declaración institucional del día 12, y ese fue el sentido de la convocatoria del Gobierno a la movilización ciudadana que se anunció la misma mañana del 11.

Quiero recordar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que el Partido Socialista firmó con el Gobierno y que ha sido la clave de la lucha contra la banda y sus organizaciones. Este obliga a no hacer del terrorismo campo de batalla partidista, justo lo contrario de lo que ya en aquellas horas comenzaba a perfilarse como la estrategia a seguir contra el Gobierno.

Permítanme ir al día 12, viernes, para destacar el avance que se produce en la investigación. En las primeras horas de la madrugada concluyen la finalización de las autopsias, sin indicio alguno de suicidas. También a primera hora de la madrugada, a las 2.40, el hallazgo de una mochila sin estallar y el posterior análisis del contenido aportan nuevos datos sobre la realización de los atentados. Ese mismo viernes el Consejo de Ministros aprueba la ampliación del fondo de indemnización a las víctimas de terrorismo.

Una hora antes del inicio de las manifestaciones, el ministro del Interior comparece en conferencia de prensa para informar del desarrollo de la investigación policial.

Ya para entonces empezaba a estar claro que el Gobierno no solo tenía que hacer frente a la situación creada por los atentados a pocas horas de unas elecciones generales; debía afrontar un monumental empuje manipulador de los que vieron en aquellos momentos no la conmoción de la sociedad ante una tragedia, sino la gran oportunidad que hacía tiempo habían dado por perdida. Debió ser una casualidad, pero el candidato a la Presidencia del Gobierno por el Partido Socialista, que, en la tarde del día anterior, en nuestra segunda conversación, me decía que le daba igual que hubiera sido la banda terrorista ETA o Al-Qaida, esa misma mañana, en una emisora de radio, afirmaba que la respuesta política sería distinta si fuera ETA o Al Queda.

No pongo en cuestión los resultados electorales, ni la legitimidad democrática del Gobierno. Simplemente, dije, y sostengo, que partidos de la oposición y medios de comunicación conocidos por su delirante obsesión contra el Gobierno del Partido Popular mintieron, fabricaron una gran mentira en torno a la gestión del Gobierno, jugaron a desestabilizar, y tuvieron un papel en la jornada de reflexión, utilizado para alentar el acoso organizado contra un partido democrático, responsable todavía del Gobierno de la nación, en uno de los momentos más difíciles que podemos recordar y a pocas horas de las elecciones generales. Al Gobierno se le acusó de conocer y ocultar desde la mañana del 11 el contenido de la furgoneta aparecida en Alcalá; acusación falsa, falsa entonces, y falsa con certificado después de los testimonios producidos en esta comisión. Se propagó el bulo de una dimisión masiva de los responsables policiales en protesta contra el Gobierno; de nuevo información falsa. Se fabrica la historia de una supuesta audiencia con Su Majestad el Rey del ministro del Interior en la que este habría sometido a la firma del Rey un decreto de suspensión de las elecciones; bulo malintencionado, dirigido a crear un clima de anormalidad y deslegitimación del Gobierno, mediante la calumnia y la intoxicación. Se llegó a decir que la Casa Blanca iba a hacer pública la autoría de Al-Qaida.

Aznar terminó expresando su satisfacción de que “los españoles pudieron hacer lo que los terroristas de todo signo han querido impedir”. Los españoles votaron con el recuerdo vivo de la tragedia, con el dolor que habían contemplado en las víctimas y sus familias, pero los españoles votaron.

En marzo de 2005, la Comisión del Congreso aprobó unas recomendaciones para trasladarlas al Gobierno. Fueron apoyadas por todos los grupos parlamentarios, con la excepción del Grupo Popular, que se abstuvo de participar en la votación. Se indicaba al Gobierno la adopción de nuevas medidas de seguridad para impedir, en el futuro, atentados como el analizado y mejoras de atención a las víctimas.

Determinaban que el gobierno de José María Aznar no previno de forma adecuada la amenaza del terrorismo islamista radical y tergiversó los datos de la autoría del atentado en los días posteriores, insistiendo en hablar de ETA cuando la investigación policial tomaba otros rumbos. En un documento de conclusiones, no de la Comisión, sino del PSOE, este acusaba al anterior Gobierno de una grave falta de previsión que, en parte, hizo posibles los atentados. Añadía que, tras la tragedia, el gobierno del PP había manipulado la información con claro objetivo electoral. El PP solicitó la continuación de los trabajos de la Comisión y nuevas comparecencias; la Comisión rechazó ambas propuestas. En abril de 2005, el Grupo Popular remitió un documento al Congreso donde planteaba diecisiete cuestiones que consideraba que no habían obtenido respuesta. Sin embargo, las conclusiones de la Comisión fueron aprobadas por 184 votos a favor, 145 en contra.

El juicio a los autores del atentado se celebró el 15 de febrero de 2007 en la Audiencia Nacional. Quedó visto para sentencia cuatro meses y medio después. La sentencia encontró como autores de los atentados a nueve personas, de diferentes orígenes islamistas, cuyos nombres detalla, y a otra persona no identificada. Consideraron que formaban parte de una célula terrorista yihadista que colocó trece explosivos en los cuatro trenes, en la mañana del 11S del 2004. La célula terrorista estaba formada por doce personas más, a las que nombraba, y fueron absueltos siete de los 29 procesados; otro más fue exonerado durante el juicio oral. A Otman El Gnaoui lo condenaron a 42.919 años de prisión, a Jamal Zougam a 42.917, y a José Emilio Suárez Trashorras a 34.715 años. La Sala no encontró pruebas para condenar, como autores de un delito de conspiración terrorista, a otros tres procesados a los que la Fiscalía atribuía este delito. La sentencia avalaba la instrucción que el Juzgado había hecho y descartaba la participación de ETA. La audiencia no entró a analizar las motivaciones del atentado.

La sentencia fue impugnada por el Ministerio Fiscal, dos asociaciones de víctimas y diversos particulares. Los recursos fueron revisados por el Tribunal Supremo a finales de junio y principios de julio de ese año. En la sentencia posterior se recoge que, aunque la autoría de los atentados presenta una dependencia ideológica con Al-Qaida, no aparece ninguna otra relación con otros grupos ideológicos de esa organización, y pasa a identificarlo como grupo terrorista independiente.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ratificó las condenas de dieciocho de los condenados y absolvió a otros cuatro. Mantuvo las anteriores absoluciones de la Audiencia Nacional.

Youssef Belhadj, cerebro de los atentados del 11S, salió de la cárcel doce años después. Estaba reconocido como el “portavoz militar de Al-Qaida en Europa”. Es evidente que conocía las pruebas y la secuencia de los hechos. Quedaban muchas cuestiones sin resolver.

Las posteriores sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo continuaron dejando lagunas en el relato de los acontecimientos, y nunca entraron a valorar las motivaciones del atentado.

Las conclusiones de la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sirvieron, aparte de para echar todas las culpas de la tragedia al PP, para confirmar la frase de Napoleón Bonaparte de que, si quieres que algo se demore eternamente (sin averiguar nada), crea una comisión de investigación.

Las teorías conspiratorias nacieron apenas días después de los atentados y las elecciones. Por Madrid corría el rumor de que el Gobierno había estado urdiendo un golpe de Estado para suspender las garantías constitucionales. Alguien envió un texto que se hizo circular mediante blogs, foros y listas de correo, y se mandó también a varios periodistas de diferentes medios de comunicación. En ese texto se decía que el Gobierno, el sábado, víspera electoral, a las 12 de la medianoche, había redactado dos comunicados que debía firmar el rey, y mediante los cuales se convocaba el estado de excepción y se retrasaban las elecciones al otoño, o bien para dentro de dos meses. Seguidamente, se decía que el ministro Acebes se estaba desplazando con otros miembros del Gobierno a la Zarzuela, para conseguir la firma del rey, como requisito indispensable para convocar el estado de excepción. Se decía que, según fuentes anónimas de la Casa del Rey, este se negó por considerarlo “un golpe de estado de facto”. Se acababa confirmando la noticia “de fuentes autorizadas”, añadiendo que responsables de los servicios informativos de distintos medios decidieron no divulgar la noticia en diarios, televisiones y radios, hasta pasado el proceso electoral, si es que se realizaba.

En un cine de la Gran Vía repleto de periodistas españoles y extranjeros, dos días después de las elecciones, Pedro Almodóvar se hizo eco de estas teorías y afirmó: “Tenemos que entender algo terrorífico. El PP estuvo a punto, el sábado a las doce de la noche, de provocar un golpe de Estado. No quiero ser fino, ni delicado. No se trata de tirar piedras, pero hay que ver cómo se ha ido el PP. Pero, por fin, volvemos a estar en una España democrática donde se puede hablar claro. Ha sido el pueblo español el que salió a la calle a pedir información y con aquello, afortunadamente se pudo parar… El domingo hemos vuelto a la democracia, estamos volviendo, cosa que habíamos dejado hace ocho años. A pesar del precio altísimo, estoy muy contento de volver a ser ciudadano de un país solidario y libre, porque nos lo habían quitado”. Almodóvar continuó celebrando que “ya podamos ser nosotros mismos”.

Rafael Hernando, coordinador de comunicación del PP, le respondió: “Un director de prestigio como Almodóvar no puede, basándose en rumores, hacer manifestaciones que son una infamia”. Almodóvar se disculpó, días después, de manera sui generis. Pasó el tiempo y el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid votó a favor en el Pleno, para que al cineasta se le otorgase el título de Hijo Adoptivo de Madrid. Siendo graves las palabras de Almodóvar, lo más importante era que estaba expresando la idea de que la derecha es incompatible con la democracia.

Pero lo que se han llamado “teorías de la conspiración” son las hipótesis de un número, no menor, de destacados periodistas que habían estudiado la instrucción del sumario del 11S, y se basaban en investigaciones y análisis propios que afirmaban ajustarse a los hechos y al propio sumario. Planteaban incógnitas, no desdeñables, sobre cuestiones que era necesario esclarecer, porque podrían ofrecer una alternativa, parcial o total, a las sentencias judiciales. Estas opiniones e hipótesis fueron recogidas en la prensa escrita, radios y diferentes televisiones. La cuestión seminal de estas teorías se basaba en la aplicación del principio “Cui prodest?”; esto es, ¿a quién beneficia?

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno había anunciado tiempo atrás que, si él ganaba las elecciones, retiraría las tropas de Irak. La investigación policial y judicial sostiene que este fue uno de los propósitos de los terroristas. Las teorías conspirativas mantienen que los autores intelectuales serían de origen local y el verdadero objetivo sería el cambio de gobierno, que no se hubiera producido sin el atentado.

A partir de ahí el debate fue interminable. No tiene sentido reproducirlo, porque es suficientemente conocido y figura en las hemerotecas. Con motivo del décimo aniversario del 11S, el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, del PP, afirmó: “ETA no fue la causante del 11S”. Es un caso formalmente cerrado. El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, del PP, declaró: “Yo nunca entendí la teoría de la conspiración”. La diputada de UPyD Irene Lozano proclamó que “la teoría de la conspiración ha muerto de inanición, es un caso cerrado”. El nuevo director de El Mundo, Casimiro García–Abadillo, en un editorial, reconoció haber cometido errores, al dar crédito a algunas informaciones faltas de rigor, y acusaba a los “servicios secretos” de haber desorientado a los partidarios de la conspiración hasta hacerles parecer como “una pandilla de iluminados”. Pedro J. Ramírez, ex director de El Mundo, dijo: “Veo improbable la participación de ETA, aunque no la descarto”. Antonio Rouco Varela, cardenal arzobispo de Madrid: “Hubo personas… dispuestas a matar inocentes a fin de conseguir oscuros objetos de poder”.

En diferentes ocasiones, y en distintos círculos, todos hemos oído opiniones de por qué el Gobierno permitió la celebración de unas elecciones en circunstancias tan anómalas, en las que era constatable la imposibilidad material de realizar, en condiciones mínimas razonables, los debates electorales. Momentos llenos de enormes presiones contra los candidatos del PP, con sus sedes asediadas. La absoluta violación, a los más altos niveles, de una jornada de reflexión repleta de acusaciones de toda índole contra los candidatos del Gobierno en funciones. En su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Congreso, Aznar declaró de forma inequívoca que “no pongo en cuestión los resultados electorales, ni la legitimidad democrática del Gobierno”.

Pero ¿pudo el Gobierno en funciones haber actuado de otra manera, dentro del más absoluto respeto de la legalidad constitucional? ¿Tenía instrumentos a su alcance para suspender temporalmente o retrasar las votaciones? Esta es la pregunta que, en distintos momentos, incluso años después, nos planteábamos los antiguos diputados en nuestras charlas de sobremesa. Se la hice, ahora de manera formal, al jurídico militar, antiguo diputado en el Congreso a lo largo de múltiples legislaturas, y reputado ex miembro del Consejo General del Poder Judicial, Julio Padilla.

Este es su dictamen:

La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, no contiene referencia alguna a los efectos de la declaración de alguno de ellos en el desarrollo de convocatorias electorales en curso.

Dice esta ley sobre el Estado de Excepción, Artículo 13:

Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 116 de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción.

A los anteriores efectos, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una solicitud de autorización que deberá contener los siguientes extremos:

– Determinación de los efectos y mención expresa de los derechos cuya suspensión se solicita.

– Relación de las medidas a adoptar.

– Ámbito territorial del estado de excepción y duración de este, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos.

La decisión el 12 de marzo de 2004 era competencia de la Diputación Permanente del Congreso, con arreglo al artículo 116.4 de la Constitución antes reproducido. Y 162 y 163 del Reglamento del Congreso.

En ese momento, el PP tenía mayoría absoluta en la Diputación Permanente del Congreso, siendo suficiente la mayoría de dicho órgano para autorizar el estado de excepción.

Solo hay que considerar si se daba el 12 de marzo de 2004 alguno de los supuestos que justificara la declaración del Estado de Excepción.

El alcance del impacto del atentado, la reacción de muchos medios de opinión, el desconcierto, la incidencia en el proceso electoral, la conducta de grupos y responsables políticos, la influencia en la decisión del voto, ajena a razones democráticas y a la libre decisión de los electores, que en alguna medida fue mediatizada o condicionada por el atentado y su afirmada vinculación con el conflicto de Irak y la postura de España en el mismo, cosa nunca acreditada ni antes ni después, y la afectación del libre ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, claro que justificaban la declaración del Estado de Excepción, para lo que debió convocarse la Diputación Permanente el viernes 12 o el sábado 13 por la mañana, para la autorización, y acordarlo el Consejo de Ministros por la tarde, publicándolo en edición especial el BOE, de tal manera que, por similares razones que las aducidas para suspender las elecciones en Galicia y País Vasco (coronavirus, 2020), y porque se desprende del texto constitucional, dado que la prohibición de convocar elecciones en tanto esté declarado el Estado de Excepción lleva a la conclusión de que, si se declara el Estado de Excepción estando convocadas, deben suspenderse estas.

Por otra parte, el Rey, desde luego, no podía negarse a firmar el Decreto acordado en Consejo de Ministros que declarara el estado de excepción, ni el que a continuación suspendiera las elecciones, una vez obtenida la autorización de la Comisión Permanente del Congreso.

Una vez más le pregunté a Arístegui lo mismo que a Julio Padilla: ¿Podía el Gobierno haber actuado de otra manera? Desde luego que sí, si desde, pasada la confusión de las primeras horas, decimos que no lo tenemos claro y convocamos, en el cercano Ministerio de Agricultura, por ejemplo, el Pacto Antiterrorista y se hace una declaración conjunta de los líderes políticos. De esta forma, quizá las cosas habrían ido de otra manera.

43 Era el mayor atentado cometido en Europa después del de Lockerbie de 1988, en el que un avión camino de Londres a Nueva York estalló en el aire durante el vuelo, causando 270 víctimas, y adjudicándose la autoría al líder libio Gadafi. España sufrió en 1985 el primer atentado yihadista. Tuvo lugar en el restaurante El Descanso, situado en la carretera entre Madrid y Barcelona. Fallecieron 18 personas y resultaron heridas 82. Fue reivindicado por una célula de la Yihad Islámica.

44 Programa “24 horas”, de TVE.

45 Tiempo después de surgir Podemos, en una entrevista concedida a Iñaki Gabilondo, Pablo Iglesias aseguró que “el famoso SMS” se urdió en su entorno. No creo que extrañase a mucha gente esta confesión.

15

EL GOBIERNO (1996–2004)

La gente se harta pronto de lo bueno, busca lo mejor,
encuentra lo malo y se aferra a ello, temiendo lo peor.

Príncipe de Ligne, Memorias.

Los gobiernos de Felipe González fueron períodos socialdemócratas con tintes liberales, y los de José María Aznar, liberales con tintes socialdemócratas. En España la vida cotidiana en todos los niveles está sometida a un altísimo grado de intervencionismo estatal y autonómico. Los presupuestos, el gasto público y la avalancha normativa reflejan la omnipresencia del Estado frente al individuo. Es la vieja lucha del individuo contra la expansión castradora del Estado. González venía con un proyecto, pretendía que “España funcione”, modernizarla. El proyecto de Aznar era colocarla en el lugar prominente, que creía que le correspondía, en el mundo. Para ello era imprescindible quitar los viejos corsés que asfixiaban a la economía y permitir que respirásemos a pleno pulmón.

Aznar había bebido en las fuentes de los regeneracionistas del 98 y, en cierto modo, esa era la tarea de fondo que se propuso. Corregir y sanar “los males de la patria”, que decía Picabea.

Ortega y Gasset era, antes que filósofo, el pensador de España, de la España que había que buscar, vertebrar y conseguir para los españoles. El 23 febrero de 1908, publicó un artículo en El Faro titulado “la reforma liberal”. Había que resucitar el liberalismo, pero ese en el que los partidos liberales “ o son partidos fronterizos con la revolución, o no son nada”. En definitiva, un liberalismo socialdemócrata, que diríamos hoy. Un tiempo después, el 15 octubre de 1909, en el Ateneo de Madrid, pedía “una larguísima era de reconstitución liberal”. Esa fue la obra de Aznar y su partido, en gran parte cumplida.

Si embargo, parece ser también que el castigo de Sísifo le ha sido aplicado a la derecha liberal española, y hoy volvemos a ver cómo destacados líderes políticos no dudan en pedir nacionalizaciones como panacea de la crisis. Solicitan más inversión del Estado y más gasto público “social”, financiado a cargo de más impuestos. Estas son las llamadas “políticas de demanda” que, desde la crisis americana del año 1929, la izquierda aplica; se trata de conseguir el crecimiento con más gasto público y estímulos de la demanda. Está demostrado históricamente que son menos eficaces, pero son las más aceptadas por la “progresía” y por los medios de comunicación. Siguen siendo las que aplicaron en las últimas crisis.

Cuando, a principios de 1997, el indicador de venta de coches empezó a dar muestras de recuperación, resultó una magnífica noticia. Entre febrero y marzo los concesionarios de coches estaban encantados. La confianza en el nuevo Gobierno, unos menores tipos de interés, la importante bajada del coste de financiación de nuestra economía, en gran parte debida a que la moneda única eliminó el riesgo de tipo de cambio entre los países componentes del euro, y el esfuerzo de consolidación fiscal, pusieron en marcha un proceso fascinante. Se inició lo que se dio en llamar el círculo virtuoso de crecimiento económico y creación de empleo. Ricardo Martínez Rico, ex Secretario de Estado de Presupuestos, resumió así las cuatro características más importantes del “círculo virtuoso”:

La mejor muestra de estabilidad económica es el equilibrio de las cuentas públicas y la evolución estable de los precios. En un modelo de estabilidad el crecimiento del PIB, se sitúa por encima del crecimiento de los precios.

Creación de empleo. El modelo de crecimiento producía una traslación inmediata del crecimiento económico a la creación de empleo.

Financiación de la economía. Los tipos de interés empezaron a bajar. El diferencial con el bono alemán, de 550 puntos básicos a comienzo de los 90, se fue reduciendo y desapareció en cuanto el Congreso ratificó la Ley de Estabilidad presupuestaria. Entonces desaparecieron los 30 puntos básicos de diferencial que nos restaban.

Internacionalización de la economía. Las empresas, apoyadas por esa política de estabilidad macroeconómica y de reformas estructurales, se hicieron cada vez más competitivas e incrementaron sustancialmente sus inversiones en el exterior.

Todo ello fue el resultado de la aplicación a la política económica de una fundamentación teórica que previamente se había asumido: las “políticas de oferta”. Posteriormente, se desarrolló el marco institucional para consolidar el equilibrio presupuestario con un conjunto de leyes aprobadas por el Parlamento. Las políticas de oferta buscan el crecimiento a través de una mejora de la oferta —apoyar el emprendimiento y un tejido productivo competitivo— con acciones encaminadas a mejorar la financiación, tributación y marco administrativo empresarial.

Vicente Martínez Pujalte y yo llegamos el mismo año de 1993 al Congreso. Allí él fue Portavoz de Economía muchos años. Recientemente, comentábamos esa etapa y me decía que, cuando accedimos al Gobierno en el año 1996, su principal preocupación era el “despilfarro” en las cuentas públicas. Teníamos un Estado con altos déficits públicos, una deuda que algunos economistas calificaban de explosiva por la incapacidad de parar su crecimiento. Hay que remarcar que el pago de esos intereses era la principal partida presupuestaria; sobre eso había que endeudarse más para pagar los gastos corrientes del ejercicio. Podría haber sido necesario y positivo el endeudamiento para gastos de inversión, porque aumentas el capital físico que dejas a otras generaciones. Pero lo que estaba ocurriendo entonces era un despropósito: endeudarse para los gastos de consumo ordinario que se realicen, pero la factura la paga la siguiente generación.

Ese análisis de Martínez Pujalte sobre la etapa a la que nos hemos referido, me obliga ahora, que estoy en la actualidad de la pandemia del año 2020, a referirme a nuestra situación presente.

Nos encontramos con una crisis de oferta y de demanda simultaneas, las tradicionales recetas de las derechas y las izquierdas no pueden ser aplicadas en su puridad, solamente una combinación de ambas sumadas a la colaboración con el tejido empresarial podrán dar resultados positivos, y no de inmediato. Para comenzar es necesario una política de perfil keynesiano que garanticen los ingresos y rentas ciudadanas, la liquidez de las empresas y el impulso a las inversiones. Pero el ejemplo del plan E. del gobierno Zapatero nos alerta de que la cuestión no es gasto publico con lo que se creen que se arregla todo, ni el gasto social en subsidios y pagas vitalicias, el meollo es como se gasta para potenciar nuestro tejido productivo, el que genera empleo, y como conseguimos un gasto social eficiente que permita la incorporación a la normalidad de la masa ingente de parados y aumente los beneficios sociales que reciben las familias de menor renta, implicando un determinado efecto redistributivo extremadamente necesario actualmente.

Pero este gasto no se puede financiar hoy con subida de impuestos, autentica locura en este momento, sino con deuda. Ello nos avoca a que tras un par de años con presupuestos expansivos, relativamente estabilizada la situación, nos veamos obligados a un recorte del déficit estructural durante muchos años y eso solo será posible aplicando la vieja receta de las abuelas y los tenderos: menos gastos y más ingresos.

Nada más llegar al Gobierno, José María Aznar nombró a Juan Costa Climent Secretario de Estado de Economía y Hacienda. Costa era sobradamente conocido por Aznar, dado el especial protagonismo que tuvo en las negociaciones del llamado Pacto del Majestic, en las que un capítulo importante fue la cesión a la Generalitat de una parte de los impuestos que correspondía recaudar al Estado. A Juan Costa, con el que tengo la suerte de mantener una ya vieja relación de amistad, le pregunté sobre la reforma fiscal del PP. Esto es lo que me contó:

Aznar me llamó y me comunicó que quería poner en marcha una reforma fiscal; lo consideraba una cuestión de credibilidad, porque él había prometido bajar los impuestos. Me dijo: “Quiero que se cumplan tres condiciones. La primera, que se bajen a todos. Después, que tenga progresividad y, finalmente, que sea significativa”. Yo me puse a ello y, cuando la tenía ultimada, para mayor seguridad, le apliqué el coeficiente y el índice Gini46, y me tranquilizó ver el grado de equidad que arrojaba.

Yo creía en la propuesta que iba a presentar al Consejo de Ministros, pero la noche antes estaba un poco preocupado, y decidí hacer un ejercicio práctico. Tomé de manera aleatoria, y en diferentes niveles de renta, una serie de declaraciones, y apliqué la nueva ley a la realidad de los datos de los contribuyentes. Todos ganaban y la bajada media me salió muy importante. Una vez aprobada la Ley, yo en el fondo pensaba “a ver qué va a pasar aquí, porque una cosa es la teoría, y otra los resultados reales”. Al aplicarse a la declaración de 1999, la recaudación había subido.

Aunque se pagasen menos impuestos, la recaudación subió, al ensancharse las bases imponibles; pagar menos, pero más personas y sociedades, porque había más ocupados y más empresas. En los años de los gobiernos presididos por Aznar se incrementaron las declaraciones de IRPF en más de 500.000, y las empresas que declaraban por el Impuesto de Sociedades en cuota positiva subieron a 200.000.

Eso es lo que se hizo desde 1996. En los primeros meses, bajar los impuestos: se bajó el tipo impositivo de las plusvalías desde el marginal a un tipo fijo del 20%, para que se movilizara el ahorro privado. Se mejoró sustancialmente el régimen tributario de los holdings, para que España se convirtiera en un país de empresas matrices y no de filiales; se bajó la imposición de los directivos extranjeros, para atraer talento y hacer de España un país atractivo para instalarse. Se mejoró la tributación de la empresa familiar. Todo eso generó confianza y permitió que bajara la prima de riesgo, con la consiguiente mejora de la confianza en nuestra economía, y su correspondiente traslado directo a los tipos de interés que pagan las empresas, las familias y el Estado (de hecho, el capítulo del presupuesto público —pago de intereses— pasó del 5,2%, al del PIB al 3,2). Los tipos de interés para la compra de la vivienda pasaron de más del 11% al 3%.

Al año siguiente, se abordó una reforma total del IRPF, se rebajó a todos la factura fiscal, pero, además, se priorizaron objetivos. Se estableció el mínimo vital para proteger a las familias. Dice Martínez Pujalte que se adoptó el principio básico de “primum vivere, deinde tributo solvere”. Para ello, se regularon deducciones en la base imponible, dependiendo de las características familiares de los contribuyentes. Se redujeron los tramos de impuestos, de dieciocho a cinco, y, como hemos dicho, se bajaron todos los tipos: desde el más bajo hasta el más alto. El marginal máximo pasó del 56% al 45%, y el tipo efectivo global del 17,3% al 13,8%.

Se suprimió el IAE, que era un impuesto a la actividad, y que había que pagar con independencia de los rendimientos. de ese modo, se facilitaba la actividad suprimiendo barreras de entrada. Más de dos millones de pequeños empresarios dejaron de pagar este impuesto. En el impuesto de sociedades, se priorizaron objetivos económicos, como el empleo, la “I+D más I”, o la internacionalización. Se estableció un tipo reducido para pymes y bonificaciones fiscales a las actividades a proteger.

Tras los dos primeros años de gobierno del PP, la reducción del déficit público fue extraordinaria. En el 1996 la deuda pública se acercaba al 70% del PIB, y el déficit público se situaba en el 6,6%. En 2004 la deuda pública había bajado 12 puntos y las cuentas, sin déficit, alcanzaron el equilibrio.

Martínez Pujalte recuerda un debate parlamentario sobre el presupuesto para el año 1996; un debate celebrado a finales de 1995 —o sea, poco antes de las elecciones que ganaría Aznar en marzo—, y unos presupuestos del Estado que no se aprobaron. El Portavoz Socialista mantenía que la argumentación del PP —bajar impuestos, controlar el déficit público y aumentar el gasto social— era la cuadratura del círculo. Pues bien, dice Pujalte, la política económica del PP lo consiguió.

Los tipos de interés a largo plazo cayeron a menos de la mitad, y la inflación cerró en 1998 con el 1,7%. Compaginar un poderoso crecimiento económico con tasas de inflación semejantes es algo raro y extremadamente complicado.

La clasificación obtenida por España en el Índice de Libertad Económica en el mundo pasó del puesto 65 en 1996 al 29 en el 2004. El PIB per cápita creció un 64%. La inflación pasó del 4,3% al 2,2%. La deuda pública cayó del 64%del PIB al 51%. La riqueza neta de las familias se duplicó. La remuneración de los asalariados alcanzó un crecimiento del 75% en ese período. En comparación con la UEM, el crecimiento fue 5 puntos superior a la media.

Los gastos de las Administraciones Publicas pasaron de 44,2% al 38,6% del PIB. La tasa de apertura al exterior —es decir, la internacionalización de nuestra economía— pasó del 45% del PIB en el 96 al 62% en 2004. Las exportaciones crecieron un 94% entre 1996 y 2004. El peso de las empresas públicas sobre el mercado bursátil pasó del 10% de la época González al 1% en 2004.

Como dicen Lorenzo Bernaldo de Quirós y Ricardo Martínez Rico, la política económica del PP fue la demostración del éxito de las políticas contrarias al socialismo clásico que se fundamentaban en las teorías de la postguerra de Keynes. Cortando el gasto, el déficit y la deuda no solo no se produjo una contracción económica, sino que se disparó el crecimiento. Tal como ellos lo explican,

En el período que va de 1996 a 2003 España ha experimentado el ciclo expansivo más largo de los 25 últimos años. Desde una perspectiva global, el ciclo socialista solo logra superar al del PP, en lo que se refiere a crecimiento del PIB, en la legislatura 1986–1989. Ahora bien, ese brillante resultado se ve acompañado de un déficit público y un desempleo muy abultados, es decir, de los síntomas patentes de un desequilibrio macroeconómico. En ninguna de las variables macroeconómicas relevantes, los catorce años del PSOE logran batir los ocho del PP47.

Aunque estrictamente no forme parte del objeto de este libro, que versa sobre los gobiernos del presidente Aznar, debo referirme brevemente a la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, porque es la plasmación, en paralelo, de las políticas del PP y de sus logros.

Entre los años 2003 y 2012, los decretos y programas para desarrollar el bilingüismo (español–inglés), en centros de enseñanza públicos y concertados, constituyeron una decisión emblemática. Se puso en marcha en todo el territorio de la Comunidad de Madrid una Zona Única Educativa, a los efectos de facilitar la libertad de elección de las familias, a la hora de escolarizar a sus hijos en el centro escolar de su elección, sostenido con fondos públicos. A esto se unía la Ley de Autoridad del Profesor, así como las importantes inversiones en infraestructuras de transporte, educación, servicios sociales, sanidad. Sumemos la aprobación en 2006 de la bonificación del 99% del Impuesto de Donaciones. También las deducciones en IRPF por nacimiento o adopciones, la eliminación en 2007 del Impuesto de Sucesiones, la supresión en 2008 del Impuesto de Patrimonio, la eliminación en 2010 del recargo autonómico al Impuesto de Actividades Económicas. Los sucesores de Aguirre al frente de la Comunidad han ido continuando su estela. Todo ello ha logrado configurar un marco de actuación pública en el que la libertad se ha erigido como una política auténticamente transformadora.

No podemos dejar de analizar uno de los aspectos más transcendentes y de mayor interés para la opinión pública española, como es el del empleo y las pensiones, asunto de permanente actualidad en nuestro país.

Las pensiones se financian y pagan en España con cargo a las cotizaciones de los trabajadores en activo. Existen también las pensiones no contributivas, que tienen un carácter asistencial y se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Entre los años 1996 y 2004, el número de trabajadores en activo pasó de 12,6 millones a 17,6 millones. Se creaban 620.000 empleos cada año. El paro se redujo a la mitad. En 1996 el paro era el dato que resumía la mala situación económica de nuestro país. La tasa superaba el 22% de la población activa; entre los jóvenes la tasa de desempleo superaba el 48%, y en el caso de las mujeres el porcentaje era cerca del 34%.

A ese crecimiento laboral hay que añadir el aumento en la calidad del empleo, que supuso el incremento del trabajo indefinido, pues se acrecentó en términos globales un 58%. Y hay que sumar el que se produjo respecto al trabajo de la mujer, algo que representó una verdadera revolución feminista, al crecer el empleo femenino en 2,5 millones. El porcentaje de mujeres ocupadas aumentó un 58%, y el de las que consiguieron un empleo indefinido un 85%. El dato nos permite ver no solo la consolidación de las pensiones, sino también las consecuencias para el consumo y la economía en general. Por primera vez, la Seguridad Social tuvo superávit y permitió crear el Fondo de Reserva, llamado coloquialmente la “hucha de las pensiones”. Este fondo llegó a tener una dotación de 15.182 millones de euros. ¡Créanlo!

Como había cotizaciones más altas (contratos indefinidos y a jornada completa), se pudo subir la cuantía económica de las pensiones de tal forma, que la pensión media mensual creció un 50%, siendo las de jubilación las que más vieron aumentar su importe, pues crecieron un 45%, y las de viudedad un 58%. Todo ello, en medio de un diálogo social en el que surgieron grandes acuerdos entre sindicatos y patronales48.

No quiero acabar este capítulo sin mencionar la cultura. España es una potencia cultural de primer orden de alcance global, aunque a algunos españoles les moleste. Aznar otorgaba una importancia capital a esta realidad, a la que quería se diese una atención no menor que la que se estaba prestando al mundo económico y empresarial.

Aznar consideraba que la cultura española era un valor que se debía cuidar, organizar, promover y exportar. Y pensaba que no siempre había tenido el apoyo que un activo de esa envergadura exigía. Cuando en 1996 Miguel Ángel Cortes fue nombrado Secretario de Estado de Cultura, ese fue el encargo que le hizo el presidente. Siempre he creído que una parte nuclear de la política de vigorización cultural que emprendió el Partido Popular buscaba, implícitamente, conseguir una suerte de hegemonía, palabra que viene del vocablo griego que significa liderazgo, para contraponerlo a la hegemonía cultural anglosajona ejercida durante el último siglo. Curiosamente el término “hegemonía cultural” fue acuñado por el ideólogo comunista italiano Antonio Gransci con un significado diferente al dotarlo de un componente agresivo que consistía en la imposición de una cultura sobre otra. Básicamente se refería a la imposición de los valores de la cultura burguesa a la clase trabajadora.

Una de las decisiones más importantes que se tomó fue consolidar en el presupuesto de Cultura los 12.000 millones de pesetas que se venían pagando, durante cuatro anualidades, por la compra de la colección Thyssen (tras finalizar el pago en 1997). En el proyecto de presupuestos de 1998, esos 12.000 millones, en lugar de quedar disponibles para Hacienda, como quería Rodrigo Rato, se destinaron íntegramente a inversiones en infraestructuras culturales, lo que permitió acometer el Plan Nacional de Inversiones en Instituciones Culturales de Cabecera, un ambicioso proyecto del que se beneficiaron veintisiete de las más importantes instituciones de toda España: Museo del Prado, Reina Sofía, Arqueológico Nacional, Nacional de Escultura de Valladolid, Nacional de Artes Decorativas de Valencia, Bellas Artes de Sevilla, Archivo Histórico Nacional, de la Corona de Aragón, de Indias, de Simancas, Filmoteca Nacional, Biblioteca Nacional y del Born de Barcelona, etc.

En los ocho años de gobierno, en paralelo, se diseñó un plan estratégico de impulso e internacionalización de nuestra cultura, en el cual la creación de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y de la Sociedad Estatal de Acción Cultural Exterior (SEACEX) fueron piedras angulares. Miguel Ángel Cortes, tras ser nombrado en el año 2000 Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, se dedicó a la tarea de impulsarla; era una apuesta personal de Aznar, como dice Cortés.

La SEACEX se convirtió en el eje central de la política cultural en el extranjero. Se buscaba la proyección exterior de España, sobre la base de un pasado, en gran medida, compartido en Europa, Iberoamérica, Estados unidos y Asia. Un objetivo siempre presente era cambiar la impresión general de que España, fuera de la edad de oro imperial, no había vuelto a aportar gran cosa en el campo cultural o científico. Se organizaron exposiciones, muchas de ellas itinerantes, y se editaron catálogos en inglés, italiano, alemán, japonés…, además de conciertos, conferencias. Las piezas más potentes de nuestros creadores contemporáneos, junto con los viejos maestros del Prado, recorrieron el mundo.

46 El coeficiente Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico Corrado Gini, y se utiliza para medir la desigualdad de ingresos dentro de un país. El coeficiente sirve para elaborar el índice de Gini, expresado en referencia a cien o cero. Cien es la desigualdad absoluta y cero la total igualdad.

47 Lorenzo Bernaldo de Quirós y Ricardo Martínez Rico, El modelo económico español 1996-2004. Una revolución silenciosa, publicado por el Instituto de Estudios Económicos (Madrid, 2005) y disponible en:

https://www.elcato.org/el-modelo-economico-espanol-1996-2004-una-revolucion-silenciosa.

48 Al final de este libro se incluye un anexo que contempla todos los datos indicadores del cambio realizado en España durante esos ocho años. Están recapitulados en una docena de apartados: Demografía, Economía, Empleo, Políticas Sociales, Medio Ambiente, Infraestructuras y Transporte, Ciencia y sociedad de la Información, Seguridad ciudadana y Justicia, Defensa y Relaciones Exteriores, Parlamento y vida política, Descentralización y Cultura. Ellos fundamentan lo que se ha dado en llamar, quizá de manera pretenciosa, la revolución conservadora.

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NO SIEMPRE HA SIDO ASÍ

No permitas que se olvide que, durante un breve, brillante momento, existió un lugar conocido como Camelot.

Palabras finales del musical Camelot. Broadway, 1960.

Los museos europeos más destacados, Prado, Louvre, Británico y tantos otros repartidos a lo largo y lo ancho de nuestro continente, están llenos de piezas únicas y maravillosas, muchas de ellas mundialmente conocidas por la mayoría de la gente con un nivel cultural medio. ¿Quién no conoce, aunque sea a través de grabados o fotografías, cuadros como Las Meninas, la Gioconda y tantas obras extraordinarias que están depositadas en palacios y museos, protegidas y resguardadas para los amantes de la belleza? Forman parte de lo mejor que el hombre ha sido capaz de crear a lo largo de los siglos y, en ocasiones, el último refugio para todo el dolor y la tristeza que antes o después visitan el alma humana.

Fuera de esos famosos espacios, y no tan conocidas comúnmente, hay dos obras maestras en Europa que puede que sean las más bellas, enigmáticas, fascinantes y fastuosas que nadie pueda contemplar. En la catedral de San Bavón, en Gante, hay un retablo, un políptico de considerables dimensiones, de mediados del siglo XV. Es la obra de arte más codiciada de todos los tiempos. La adoración del Cordero Místico, de los hermanos Van Eych. Nuestro Emperador Carlos I, que había nacido en Gante y lo habían bautizado en San Bavón, pasaba horas de jovencito, extasiado y sumergido en su contemplación, hasta tal punto que se ha estudiado la influencia que esto tuvo en la formación de su carácter. Ha sido robada seis veces. La robó Napoleón Bonaparte y la robó Adolf Hitler. Los avatares a los que se ha visto sometida dan para una novela y sorprende que aún siga en Gante. La pintura trasmite un intenso resplandor, un fulgor divino. El rostro del Cordero, cuando lo miras detenidamente, te das cuenta de que es un rostro humano.

En una ocasión, después de estar en Gante, mi esposa y yo fuimos a Florencia. Como habían pasado las Olimpiadas de Barcelona hacía poco, el deseo de mi mujer y mío era limpiar y refrescar los ojos de tantos deportes y sudores. En la ciudad de Florencia hay tal cumulo de maravillas, que muchos viajeros han sufrido el llamado Síndrome de Stendhal: un trastorno psicosomático transitorio, producido por la acumulación de tantas sensaciones y emociones que la suma de tanta belleza produce y acaba abrumando al visitante. Hay tanto que ver, y a veces con tan poco tiempo, que fácilmente se pasa por alto la visita al palacio Medici Riccardi, que no ofrece por fuera un especial atractivo; hay que ir directamente a la capilla del palacio.

En el altar, un precioso Niño Jesús de Fra Filippo Lippi; y, en las tres paredes restantes de la capilla, una narración maravillosa que nos deja sin aliento. Es El cortejo de los Reyes Magos. El minucioso y mágico realismo convive con el total simbolismo, porque no hay nada que no signifique algo. Lo pintó Benozzo Gozzoli, también a mediados del siglo XV. Los tres reyes cabalgan entre campos de la Toscana. Cipreses, viñas, castillos y lejanísimas ciudades. Cada rey representa una de las edades del hombre. Casi todos los personajes importantes están identificados.

El rey Mago joven es Lorenzo de Medici en todo el esplendor de la belleza juvenil: su suntuosa ropa dorada, los especiales arreos de su caballo blanco. Cabalga acompañado de heraldos, pajes y amigos. Su cara muestra cierta ingenuidad acompañada de desconfianza y algo de desdén. A la cabeza del cortejo, el Mago de edad madura —por el parecido con las monedas, pudiera tratarse del basileus de Constantinopla Juan Paleólogo, ya fenecido junto con su imperio cuando se pintó la escena. Su semblante refleja todas las preocupaciones y dudas que la madurez conlleva. Lo rodean todos los personajes florentinos mediceos; socios, amigos, clientes, aliados, sabios y filósofos. El propio Gozzoli se autorretrata lleno de suficiencia y seguridad en sí mismo. Entre los personajes, y sin presentarse destacadamente, Cosme el Viejo va montado en una humilde mula, como entró Nuestro Señor en Jerusalén. Cierra el cortejo el rey Mago anciano, con su blanca barba y su mirada que nos dice, y también nos advierte, que todo lo ha visto, todo lo sabe. Hay duda sobre si el representado es el emperador Segismundo de Luxemburgo o el Patriarca de Constantinopla, que pasó en Florencia sus últimos días.

Cuando Rosa, mi mujer, y yo salimos deslumbrados del palacio, nos dirigíamos a un bar donde, según dicen, se inventó el delicioso negroni. En una callecita adyacente pasamos por una tienda de numismática, de reducidas dimensiones y que tenía pequeños objetos y curiosidades en su escaparate. Un entalle sobre nácar tardorromano, pequeñas piezas de marfil, algún objeto de ámbar… ¿quién podía resistirse a entrar y echar un vistazo? El dueño de la tienda me dejó curiosear un rato, y luego me preguntó si buscaba algo. Yo le respondí que en sitios como ese yo no buscaba nada, porque las cosas me buscaban a mí, esperándome desde hacía tiempo. Creo que había leído la frase por algún lado, pero esa respuesta le encantó y, como me había oído decir a Rosa que quería hacer un regalo a mi hermana —algo especial, por cómo se comportaba con nuestra madre—, sacó de una cajita una pequeña placa, de cerca de 2,5 cm, de ágata y que tenía envuelta en papel de seda. Era del siglo XVIII y mostraba una inscripción otomana. El dueño de la tienda me dijo que había estado engarzada en un anillo; a estos anillos les quitaban la piedra, en sí no muy valiosa, para fundir el oro.

Cuando, ya en la calle, vi al sol el precioso tono miel de la piedra, sentí no conocer el significado de la inscripción. Volví a la tienda y se lo pregunté a quien me la había vendido. Me dijo: “Espere usted, mi joven amigo” (yo me quedé encantado, porque en esa época yo tenía unos cuarenta y pico años). Sacó una libreta de un cajón y, con la larga uña del dedo meñique, fue repasando un listado de inscripciones. “A ver, a ver… sí, ahí pone: ‘No siempre ha sido así’”, y, sonriendo, me dijo que era algo que servía para todos los momentos, buenos o malos, de la vida. Copié un engarce sencillo de un anillo del XVIII que vi en Topkapi y se lo regalé a mi hermana.

En la memoria colectiva de los españoles está el año de 1898, en el que perdimos los restos de nuestro antiguo imperio colonial. La evidencia de nuestra decadencia como nación sacudió a todos los estamentos sociales, y un negro pesimismo sobre nuestro presente y futuro se extendió entre los conciudadanos, de manera que, sin exageración, podríamos decir que ese fue uno de los momentos más bajos de nuestra historia y de nuestra autoestima nacional. En las cancillerías europeas de finales del siglo XIX se decía que en el continente había dos puertas cerradas a cal y canto a la civilización moderna: la Sublime Puerta y la Puerta del Sol.

Cien años después, España era otra. Nuestros bisabuelos no se lo habrían creído, si se les hubiera vaticinado. El final del siglo XX español se caracteriza por la salida al exterior de España y la internacionalización de nuestra economía. Es quizá el mayor desarrollo de las empresas españolas desde la creación del Instituto Nacional de Industria en 1941.

Desde la democracia, ya éramos una economía abierta que recibía millones de turistas e importantes inversiones extrajeras. A ese respecto, hay que decir que la Exposición Universal de Sevilla, junto a las Olimpiadas de 1992 en Barcelona, supuso la promoción a nivel mundial de nuestro país, que muchos entonces comenzaron a descubrir. No es ocioso recordar cómo la intensa colaboración entre la Administración española y la catalana consiguieron las más altas cotas deseables de beneficio mutuo, y que ese momento significó, asimismo, poner a Barcelona en el primer plano del escaparate global.

La entrada en el euro, los cambios, privatizaciones y la liberalización de los mercados nacionales, junto con la creciente llegada a España de nuevos competidores que operaban en el escenario global, obligó a las compañías españolas con capacidad competitiva a desarrollarse en otros mercados, para compensar las cuotas que perdían en el nacional.

Como ya he contado en el capítulo de Política Industrial, operaciones como la compra por parte de Endesa de la chilena Enersis, con presencia en la mayoría de los países iberoamericanos, o la compra de la argentina YPF por parte de Repsol, consolidaron las primeras multinacionales del sector energético. Mientras, dentro del mercado nacional se sucedían las fusiones y adquisiciones en otros sectores económicos o industriales, como fórmula para ganar tamaño y capacidad de salir; era el caso del grupo ACS con la fusión en 1997 de distintas compañías y la compra de una participación de control en 2002 en Dragados, hasta llegar a ser la gran multinacional que hoy es. Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima (CASA) se incorporó en 1999 al grupo aeronáutico europeo EADS, actual Airbus Group, pasando a llamarse EADS CASA. En la actualidad lidera el mercado global de la aeronáutica y la industria del espacio. Es de resaltar, por su interés, la evolución de la empresa pública Corporación Siderúrgica Integral (CSI), que mediante su reorganización de 1997 dio lugar a la creación de Aceralia Corporación Siderúrgica, con el fin de consolidar para su privatización un gran grupo siderúrgico global, y buscar una primera alianza estratégica con el Grupo Arbed, una de las siderurgias más importantes del mundo. Además de la adquisición del Grupo Aristrain y la compra del Grupo Ucin, dando lugar al nacimiento de Arcelor, en 2002, uno de los más importantes grupos siderúrgicos del mundo.

Otras de nuestras empresas supieron establecer, en su salida al exterior, y esto fue fundamental, un modelo de colaboración público–privado en países con cierta estabilidad institucional y un escenario legal estable. En 1980 invertíamos fuera el 0,9% del PIB. En el 1999 la inversión directa de España en el extranjero era el 17%. Desde 1997 las inversiones directas de España en el exterior con destino a Europa e Iberoamérica superaron a las entradas de inversión extranjera en nuestro país. Entre el año 2002 y el 2004 España se situó como el primer inversor en Argentina, por delante de los EEUU. En Chile en 2004, el 80% de la inversión extranjera directa era española. En la misma época en México, éramos el más importante inversor de la UE, y muy cerca de USA, su principal inversor. En Marruecos, el segundo después de Francia, en la actualidad el primero. En Brasil, asociados a Portugal, nos situamos los segundos tras EEUU.

En Iberoamérica y Caribe entre los diez mayores bancos transnacionales, según activos, estaban Santander, Central Hispano y BBVA, siendo España el principal país de origen. Nuestras empresas, algunas centenarias, como Telefónica, Iberdrola, Gas Natural, Cepsa, Enel, Acciona, Ferrocarriles y Contratas, Ferrovial, Sacyr, OHL, Técnicas Reunidas, ACS y muchas otras, consiguieron que se les reconociese un amplio “know how” que les permitió asumir proyectos complejos y concurrir a concursos públicos, en solitario o en colaboración con otras empresas. Todo ello les posibilitó abordar la construcción de aeropuertos, puertos, autopistas, canales, puentes, obras hidráulicas, redes de distribución de gas, desaladoras, alta y media velocidad, parques eólicos, etc.

No toda nuestra internacionalización corría a cargo de las grandes empresas citadas y en unos sectores concretos. Había cerca de 900 compañías españolas invirtiendo en el extranjero49. Lo que demuestra la efervescencia de medianas y relativamente pequeñas empresas, muchas de ellas familiares, que aprovechaban sus activos intangibles, como marcas o tecnología, y operaban en sectores ajenos a las obras públicas o las finanzas. Por ejemplo, Nutrexpa, Chupa–chups, Campofrío, Viscofan, Freixenet, Miguel Torres, Cortefiel, Inditex, Promovías, Acerinox, Talgo, Prisa, Planeta, Hola, NH, Sol Meliá. Prosegur. Nuestros laboratorios farmacéuticos tenían reputación internacional: Esteve, Uriach, Almirall, Ferrer. El Departamento de Estado de EEUU declaró a los laboratorios Grifols, con sede en Cataluña y especializados en hemoderivados, como empresa estratégica. Resulta interesante destacar el papel de muchas de nuestras cooperativas que se sumaban a ese proceso. La más destacada de ellas, Mondragón, es el mayor grupo cooperativo del mundo, con 25.000 trabajadores, una facturación, en ese momento, de 3.500 millones de dólares, y con inversiones en Europa, América, norte de África y Asia.

Hay que señalar, asimismo, que éramos líderes mundiales en trasplantes de órganos, en exportación de libros a Iberoamérica, y que figurábamos entre los primeros en producción de vino y de aceite de oliva.

En paralelo, nuestros cocineros, con Ferrán Adriá a la cabeza, Arzak, Carme Ruscalleda, Berasategui, Arguiñano, Subijana, acaparaban las estrellas Michelin. Mientras, nuestros deportistas —Severiano Ballesteros, José María Olazábal, Sergio García, Arantxa Sánchez Vicario, Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, Carlos Sanz, Alex Crivillé, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa— lo ganaban todo, a la vez que el F.C. Barcelona y el Real Madrid se ponían a la cabeza de los mejores equipos del mundo. Nuestros científicos e investigadores se convirtieron en referentes mundiales: Mariano Barbacid, Joan Massagué, Margarita Salas, Bernat Soria, Izpisúa Belmonte, Valentín Fuster, García Bellido, Borja Arsuaga y sus colegas y discípulos que investigaban en los centros científicos más prestigiosos. El museo de El Prado y el Reina Sofía figuraban entre las cinco mejores pinacotecas del mundo. Tàpies, Saura, Palazuelo, Chillida, Gordillo, Barceló, Campano, Sicilia, Arrollo, Valdés, Antonio López… colgaban sus cuadros en los más importantes museos. Rafael Moneo y Santiago Calatrava no daban abasto a los proyectos arquitectónicos que de todo el mundo recibían.

Los teatros de ópera más selectos del Viejo y Nuevo Mundo se disputaban las agendas, repletas de compromisos, de Josep Carreras, Alfredo Kraus, Plácido Domingo y Monserrat Caballé. Raphael, Rocío Jurado, Julio Iglesias, Alaska, Pantoja, David Bisbal, Joaquín Cortés, Paco de Lucía y tantos más se paseaban aclamados allá por donde fuesen. Finalmente, y por acabar, el mundo del cine y el teatro, huérfano hacía mucho de Buñuel y Berlanga, eclosionó con una pléyade de talentos: Almodóvar, Amenábar, Garci, Álex de la Iglesia, Querejeta, Trueba, Javier Bardem, Antonio Banderas, Penélope Cruz… Mientras, la vigencia de nuestros clásicos felizmente vivos, como Fernando Arrabal o Núria Espert, seguía deslumbrándonos50. No podemos acabar este libro sin preguntarnos: ¿todo lo relatado en este capítulo fue obra del Gobierno que en este momento se encontraba al frente de la nación? Claro que no. Todos los gobiernos de la democracia fueron dando pasos en el largo proceso de situar a España en el lugar que en ese momento ocupábamos en el conjunto de las naciones. El fulgor de ese período fue obra del pueblo español en todo su conjunto.

A la entrada del Museo Reina Sofía de Madrid, hay una monumental pieza del extraordinario escultor Alberto Sánchez; estaba a la entrada del pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937 que habían diseñado su cuñado Luis Lacasa y José Luis Sert. Allí se exhibía el Guernica de Picasso. Alberto, también llamado “Alberto el socialista”, murió exiliado en Moscú, en 1962. La escultura la tituló “El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella”.

El pueblo español siempre, nuestra mayor esperanza.

49 Según datos de United Nations Center on Transnational Corporations, enero 2004.

50 La relación de empresas y personas aquí mencionadas no pretende ser exhaustiva. Estoy seguro de que habré dejado fuera, de manera inconsciente, muchas otras de extraordinaria valía.

Sergio Gómez-Alba, en la tribuna del Congreso en una intervención que presidía Federico Trillo Figueroa.

El autor, Sergio Gómez-Alba, con Josep Piqué en las elecciones en Cataluña del año 2000.

El autor, intercambiando opiniones con el entonces presidente de España José María Aznar.

La nostalgia es un error. Treinta años atrás.

De izq a dcha. Salvador Sanz, Sergio Gómez-Alba, Juan Costa, Alejo Vidal-Quadras, Rafael Hernando, Javier Peon, José Ignacio LLorens

De izq a dcha.: Irene Vázquez, Miguel Ángel Cortes, Pilar del Castillo, Mª Rosa de Caralt, Alejo Vidal-Quadras, José María Michavilla, Rosa Valls-Taberner, Guillermo Gortazar, Sergio Gómez-Alba.

De Izq a dcha. Paco Maruenda, Sergio Gómez-Alba, Pepe Jover, Salvador Sanz, Juan Costa.

De Izq a dcha. Carlos Aragonés, Alejo Vidal-Quadras, Sergio G-A, Miguel Ángel Cortes.

Primer equipo de Gobierno presidido por José María Aznar ante las puertas del Congreso: ministros, diputados y senadores. VI Legislatura, 1996-2000.

Anexo I

Los logros más importantes de los gobiernos
del Partido Popular (1996–2004)

Demografía

Población

–El porcentaje de mujeres que trabaja fuera de casa creció un 51,4%.

–Se incrementó en un 85% el porcentaje de mujeres que se acogieron el permiso de maternidad.

–Aumentó en un 51,6% el número de plazas para mayores en residencias y centros de día.

–Más de medio millón de madres trabajadoras recibieron la paga de 100 euros al mes por tener hijos menores de tres años.

–Se suprimió el servicio militar obligatorio.

Inmigración

–Se multiplicó por siete la desarticulación de redes de traficantes de personas.

–Se multiplicó por cinco el número de plazas de centros de internamiento de inmigrantes.

–Se llegó a 1,6 millones de extranjeros residentes y 3 millones de extranjeros empadronados.

–Se suprimió el servicio militar obligatorio

Economía

Indicadores económicos generales

–El PIB per cápita creció un 64% (en paridad de poder adquisitivo).

–La convergencia con Europa creció en diez puntos.

–La inflación se redujo del 4,35% al 2,2%.

–La deuda pública (en porcentaje del PIB) se redujo en 12 puntos.

–La riqueza total neta de las familias se duplicó.

–El tipo de interés de las hipotecas pasó del 11,15% al 3,39%.

Cuentas públicas

–Se logró el equilibrio presupuestario (desde un déficit público del 6,6% del PIB).

–El peso del gasto social en los Presupuestos del Estado creció casi cinco puntos.

–La Administración General del Estado recortó en 10 puntos su peso en el gasto público total, en beneficio de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Impuestos

–La recaudación por el IRPF aumentó un 50%.

–La recaudación por Impuesto de Sociedades casi se triplicó.

–La recaudación por el IVA casi se duplicó.

–El tiempo promedio de devolución de impuestos pasó de 100 días a 32 días.

Reformas fiscales

–Se suprimió el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

–El tipo máximo del IRPF pasó de 56% al 45%.

–Se simplificó la tarifa del IRPF al pasar de dieciocho tramos a sólo cinco.

–La reforma fiscal de 1999 incrementó la renta neta de las familias en un 3,44%. Y la de 2003 en un 1,7%.

–La reforma de 1999 redujo la cuota líquida en un 23,14% y la de 2004 en un 11,53%.

Empleo

–El número de ocupados pasó de 12,6 millones de personas a 17,6 millones de personas.

–La tasa de paro pasó del 22,8% de la población activa al 11,5%.

–Los asalariados con empleo indefinido crecieron un 58%.

–El número de mujeres ocupadas también creció en un 58% y las que tenían empleo indefinido un 85%.

–El número de jornadas de trabajo perdidas por huelga se redujo a la mitad.

Políticas sociales

Seguridad social

–El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó un 37%.

–Se creó un Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que llegó a tener una dotación de 15,182 millones de euros.( no serán 15.000 )?

–La pensión media mensual creció un 50%.

–La pensión media mensual de ciudad creció un 58%.

–La pensión media mensual de jubilación creció un 45%.

Sanidad

–El gasto sanitario medio por persona con cobertura médica creció un 79%.

–Se abrieron 1.182 nuevos centros de salud, lo que incrementó en un 70% las existentes.

–La valoración positiva del Sistema Nacional de Salud entre la población creció en 7 puntos porcentuales.

Educación

–El gasto público en Educación aumentó un 64,5%.

–El gasto público por alumno se incrementó un 85%.

–La cuantía de las becas y ayudas creció en un 64%.

–El número de becarios MEC creció un 52%.

–El número de profesores de la enseñanza pública universitaria también creció un 30%.

Vivienda

–El número de hogares creció en dos millones y medio.

–El número total de viviendas familiares creció en 3,6 millones.

–Siguió creciendo la preferencia por la propiedad de la vivienda principal.

–El número de metros cuadrados por persona creció un 19%.

–El gasto público en vivienda creció un 67%.

Medio ambiente

–Aumentó en un 19% el número de árboles por habitante.

–Aumentó en un 65,2% el consumo de papel reciclado.

–Se triplicó el número de contenedores para la recogida selectiva de vidrio.

–Aumentó en un 75% la superficie de Parques Nacionales.

–La potencia eólica instalada se multiplicó por 52.

Infraestructuras y transporte

– Los kilómetros de ferrocarril de alta velocidad pasaron de 476 a 1.233, lo que supone un incremento de 160%.

–Aumentó en 2.500 kilómetros la red de carreteras de alta capacidad, al pasar de 6.000 kilómetros a 8.500 kilómetros.

–Las inversiones de Fomento, en porcentajes del PIB, se duplicaron.

–El tráfico aéreo, en número total de pasajeros, aumentó un 62,5%.

Ciencia y sociedad de información

–Se duplicó el gasto en Investigación y Desarrollo.

–Aumentó en un 58% el número de investigadores.

–Se quintuplicó el número de parques científicos y tecnológicos.

–El número de hogares con ordenador personal pasó de dos millones a más de siete millones.

–Menos de 100.000 hogares tenían acceso a Internet en 1996. En 2004, eran más de 4,5 millones de hogares col conectados a Internet.

–Las declaraciones del IRPF presentadas por Internet se multiplicaron por 110.

–Se pasó de dos líneas de teléfono móvil por cada 100 habitantes a 92, es decir, casi una por habitante.

–El precio de las llamadas telefónicas nacionales se redujo un 73%.

Seguridad ciudadana y justicia

Lucha contra el terrorismo y seguridad ciudadana

–La ayuda a las víctimas del terrorismo se multiplicó por 8,5.

–El número de acciones de terrorismo callejero se redujo en un 90%.

–El número de extradiciones y entregas temporales de delincuentes más que se duplicó.

–La oferta de empleo público del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil más que se duplicó.

–El número de incautaciones por tráfico de drogas más que se triplicó.

Justicia

–El número de jueces y magistrados aumentó en un 40,4%.

–El número de fiscales de carrera aumentó en un 26,6%.

–El número de asuntos resueltos por juzgados y tribunales creció un 33%.

–El número de juicios rápidos se multiplicó por 17%.

Relaciones exteriores y defensa

–Se suprimió el servicio militar obligatorio.

–El número de mujeres en las Fuerzas Armadas se multiplicó por 6,6.

–Se cuadruplicaron los efectivos desplegados en el Exterior en misiones humanitarias.

–Se duplicó la ayuda oficial al desarrollo.

–El número de extranjeros que visitó España al año se incrementó en casi 17 millones.

Parlamento y vida política

–El presidente Aznar contestó a 325 preguntas orales formuladas en el Pleno en sus dos legislaturas de Gobierno. En las cuatro anteriores legislaturas, los presidentes solo contestaron 91.

–La corrupción dejó de ser vista como un problema principal para España.

–Mejoró la percepción de los españoles sobre la situación política.

Descentralización

–El número de funcionarios de la Administración central se redujo casi a la tercera parte.

–Se duplicó el número de funcionarios de las Comunidades Autónomas.

–La Administración del Estado bajó más de 10 puntos su peso en el gasto total de las Administraciones Públicas, en beneficio de las CCAA y de los Ayuntamientos.

–La deuda de las Administraciones Públicas sobre el PIB se redujo en 13,5 puntos porcentuales.

Cultura

–El número de pantallas de cine creció un 80%.

–El número de representaciones teatrales aumentó un 96%.

–Los espectadores de obras de teatro se multiplicaron por 2,5.

–Aumentó en un 30% el número de conciertos de música clásica.

–La producción editorial, en títulos, creció un 25%.

Anexo II

Cuadros y datos más relevantes

Nota metodológica

A modo de álbum, este trabajo pretende ofrecer dos amplias “fotografías” de la sociedad española. La primera “fotografía” es capturada a principios de 1996; la segunda, a principios de 2004. El gran angular empleado permite cubrir ámbitos muy diversos, desde la demografía a la economía, pasando por el empleo, las políticas sociales, las infraestructuras o las relaciones exteriores, por citar solo algunos.

El objetivo propuesto ha sido que el contraste entre las dos “fotografías” permita observar el alcance del cambio experimentado por la Nación española en esos ámbitos.

Para ello hemos recurrido a indicadores de uso generalizado y, en la medida de lo posible, de fácil interpretación, intuitivos.

La publicación de este trabajo se efectúa en 2006, transcurridos dos años desde la fecha de referencia de la “fotografía” final. La decisión (creemos que prudente) de esperar hasta este momento para la publicación del trabajo ha estado motivada por la certeza de la revisión a lo largo de 2004 y 2005 de los datos relativos a determinados indicadores de gran importancia.

Este trabajo, que ha sido coordinado por Jaime García-Legaz, no hubiera sido posible sin la colaboración de destacados profesionales y fieles colaboradores de la Fundación, a saber, María José Alonso, Valentín Bote, Pedro Corral, Gerardo del Caz, Lucía Figar, Mario Garcés, Pedro Landeras, Percival Manglano, Miguel Marín, Oscar Martínez, Juan Luis Revuelta, Juan Pablo Riesgo, Verónica Lipperheide y María Viver.

Nota metodológica

Las fuentes utilizadas en este trabajo son siempre las fuentes oficiales, cuando están disponibles. Los datos estadísticos ofrecidos han sido publicados por organismos estadísticos oficiales españoles (Instituto Nacional de Estadística, Ministerios), europeos (Eurostat) e internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial). Se trata, por tanto, de datos oficiales contrastados.

Cuando no existen datos publicados por fuentes oficiales, se ha recurrido a fuentes estadísticas de carácter marcadamente independiente y profesional, como, por ejemplo, la Fundación de las Cajas de Ahorro o las asociaciones sectoriales.

Se ha escogido siempre el último dato disponible publicado, lo más cercano posible a las fechas de referencia: marzo de 1996 y marzo de 2004. Cuando se trata de estadísticas con periodicidad mensual o trimestral, se ofrecen los datos correspondientes a esas dos fechas; en el caso de las estadísticas de periodicidad anual, se ha optado por los ejercicios cerrados de 1995 y 2003 como períodos de referencia inicial y final, respectivamente. Cuando no se ha publicado el dato relativo a marzo de 2004 o al ejercicio 2003 o no se ha publicado el dato referido a marzo de 1996 o el ejercicio de 1995, se ha optado por el dato publicado más cercano en el tiempo.

Con carácter muy puntual, algunos indicadores admiten ser clasificados en más de un apartado. Con el fin de facilitar el acceso a los datos relativos a esos indicadores, se ha optado por ofrecerlos en ambos apartados.

Los siguientes cuadros de datos están cedidos por FAES.

A continuación se glosan las abreviaturas utilizadas en este trabajo:

AEAT: Agencia Estatal

de Administración Tributaria AENA: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

APTE/COTEC: Asociación de Parques Tecnológicos de España

ASPAPEL: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón

BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BCE: Banco Central Europeo

BOE: Boletín Oficial del Estado

CCU: Consejo de Coordinación Universitaria CE: Comisión Europea

CGPJ: Consejo General de Poder Judicial CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas CMT: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

CNTR: Contabilidad Nacional Trimestral (INE) CONGDE: Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de España

CRE: Contabilidad Regional de España (INE) DGAC: Dirección General de Aviación Civil DGCS: Dirección General

de Cohesión Sanitaria

DGDR: Dirección General de Desarrollo Rural DGEI: Dirección General

de Extranjería e Inmigración DGPEM: Dirección General

de Política Energética y Minas

DGSP: Dirección General de Salud Pública DGT: Dirección General de Tráfico

DIRCE: Directorio Central de Empresas (INE)

ECAI: Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional

EGM: Encuesta General de Medios ECL: Encuesta de Coyuntura Laboral EITO: European Telecommunications Observatory

EPA: Encuesta de Población Activa (INE) EGPE: Estadística del Gasto

Público Educativo

EENU: Estadística de la Enseñanza no Universitaria

ES: Encuesta de Salarios Eurostat: Oficina Estadística de la Comisión Europea

FMI: Fondo Monetario Internacional FUNCAS: Fundación de las Cajas de Ahorro IDAE: Instituto de Diversificación

y Ahorro Energético

IET: Instituto de Estudios Turísticos

IGAE: Intervención General

de la Administración del Estado

IIS: Instituto de Información Sanitaria IMSERSO: Instituto de Migraciones

y Servicios Sociales

INE: Instituto Nacional de Estadística INSS: Instituto Nacional

de la Seguridad Social

IPC: Índice de Precios de Consumo (INE) IPCA: Índice de Precios de Consumo Armonizado con la UE (INE)

MAE: Ministerio de Asuntos Exteriores MAP: Ministerio

de Administraciones Públicas

MCT: Ministerio de Ciencia y Tecnología MCU: Ministerio de Cultura

MDE: Ministerio de Defensa

MEH: Ministerio de Economía y Hacienda MEC: Ministerio de Educación y Ciencia MFO: Ministerio de Fomento

MIN: Ministerio del Interior MITC: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

MJU: Ministerio de Justicia

MMA: Ministerio de Medio Ambiente MPRE: Ministerio de la Presidencia MSC: Ministerio de Sanidad y Consumo MTAS: Ministerio de Trabajo

y Asuntos Sociales

MV: Ministerio de la Vivienda

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa

ONT: Organización Nacional de Transplantes PPGGE: Presupuestos Generales del Estado PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SEAC: Secretaría de Estado de Aguas y Costas

SECIPI: Secretaría de Estado de Cooperación Internacional

SEDISI: Asociación de empresas de Tecnologías de la Información SEPI: Sociedad Española

de Participaciones Industriales SGAE: Sociedad General

de Autores y Editores TGSS: Tesorería General de la Seguridad Social

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones

POBLACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN

INMIGRACIÓN

INDICADORES ECONÓMICOS GENERALES

INDICADORES ECONÓMICOS GENERALES

CUENTAS PÚBLICAS

CUENTAS PÚBLICAS

IMPUESTOS

IMPUESTOS

REFORMAS FISCALES

REFORMAS FISCALES

REFORMAS FISCALES

REFORMAS FISCALES

EMPLEO

SANIDAD

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

VIVIENDAS

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

TELECOMUNICACIÓN Y
SOCIEDADES DE LA INFORMACIÓN

TELECOMUNICACIÓN Y
SOCIEDADES DE LA INFORMACIÓN

TELECOMUNICACIÓN Y
SOCIEDADES DE LA INFORMACIÓN

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y
SEGURIDAD CIUDADANA

JUSTICIA

RELACIONES EXTERIORES Y DEFENSA

RELACIONES EXTERIORES Y DEFENSA

PARLAMENTO Y VIDA POLÍTICA

DESCENTRALIZACIÓN

CULTURA

Cargos presidenciales, Ministros,
en los Gobiernos de José María Aznar

Primera Legislatura
1996-2000

Vicepresidente primero
y Presidencia

Francisco Álvarez-Cascos Fernández

Vicepresidente segundo
y Economía y Hacienda

Rodrigo Rato Figaredo

Portavoz

Miguel Ángel Rodríguez Bajón (1996-1998)

Josep Piqué i Camps
(1998-2000)

Asuntos Exteriores

Abel Matutes Juan

Justicia

Margarita Mariscal
de Gante Mirón

Defensa

Eduardo Serra Rexach

Interior

Jaime Mayor Oreja

Fomento

Rafael Arias-Salgado Montalvo

Educación y Cultura

Esperanza Aguirre
y Gil de Biedma (1996-1999)

Mariano Rajoy Brey
(1999-2000)

Trabajo y Asuntos Sociales

Javier Arenas Bocanegra (1996-1999)

Manuel Pimentel Siles (1999-2000)

Juan Carlos Aparicio Pérez (2000)

Industria y Energía

Josep Piqué i Camps

Agricultura, Pesca y Alimentación

Loyola de Palacio Vallelersundi (1996-1999)

Jesús Posada Moreno (1999-2000)

Administraciones Públicas

Mariano Rajoy Brey (1996-1999)

Ángel Acebes Paniagua (1999-2000)

Sanidad y Consumo

José Manuel Romay Beccaría

Medio Ambiente

Isabel Tocino Biscarolasaga

Segunda Legislatura

2000-2004

Vicepresidente primero
y Presidencia

Mariano Rajoy Brey

(2000-2003)

Rodrigo Rato Figaredo

(2003-2004)

Vicepresidente segundo

Rodrigo Rato Figaredo

(2000-2003)

Javier Arenas Bocanegra

(2003-2004)

Portavoz

Pío Cabanillas Alonso

(2000-2002)

Pío Cabanillas Alonso

Mariano Rajoy Brey
(2002-2003)

Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro (2003-2004)

Presidencia

Mariano Rajoy Brey (2000-2001)

Juan José Lucas (2001-2002)

Mariano Rajoy Brey (2002-2003)

Javier Arenas Bocanegra
(2003-2004)

Asuntos Exteriores

Josep Piqué i Camps (2000-2002)

Ana Palacio (2002-2004)

Justicia

Ángel Acebes Paniagua (2000-2002)

José María Michavila (2002-2004)

Defensa

Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde

Economía

Rodrigo Rato Figaredo

Hacienda

Cristóbal Ricardo Montoro Romero

Interior

Jaime Mayor Oreja (2000-2001)

Mariano Rajoy Brey (2001-2002

Ángel Acebes Paniagua (2002-2004)

Fomento

Francisco Álvarez Cascos

Educación, Cultura y Deporte

Pilar del Castillo

Trabajo y Asuntos Sociales

Juan Carlos Aparicio Pérez
(2000-2002)

Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro (2002-2004)

Ciencia y Tecnología

Anna María Birulés Bertrán
(2000-2002)

Josep Piqué Camps (2002-2003)

Juan Costa Climent (2003-2004)

Agricultura, Pesca y Alimentación

Miguel Arias Cañete

Administraciones Públicas

Jesús Posada Moreno (2000-2002)

Javier Arenas Bocanegra
(2002-2003)

Julia García-Valdecasas Salgado (2003-2004)

Sanidad y Consumo

Celia Villalobos Talero
(2000-2002)

Ana María Pastor Julián (2002-2004)

Medio Ambiente

Jaume Matas Palou (2000-2003)

María Elvira Rodríguez Herrer (2003-2004)

AGRADECIMIENTOS

A todos los que aquí aportan sus testimonios, declaraciones y análisis, sin su amabilidad, experiencia y sabiduría no hubiera podido elaborar este libro. Gran parte de mis colegas de este tiempo no aparecen aquí pero de la mayoría de ellos aprendí alguna cosa. Conocerlos, tratarlos y gozar de su amistad ha supuesto para mi uno de los mejores regalos de mi edad adulta.

Tengo que dar las gracias a Javier Zarzalejos, ex Director General de la Presidencia del Gobierno, eurodiputado y director de FAES, por permitirme utilizar “Los indicadores del Cambio” que en su día elaboraron.

A Bettina Rodríguez-Salmones, exdiputada en el Congreso, ex directora de la Asesoría Parlamentaria del Grupo Popular,inteligente, culta, guapa y bondadosa que me prestó “El Manual del Candidato” de las diferentes ocasiones electorales.

También a Mª de los Llanos de Luna, ex Delegada del Gobierno en Cataluña y hoy diputada en el Congreso, por sus importantes análisis de los datos de la Seguridad Social, y a Guadalupe Borreguero, funcionaria del Banco de España que tanto me ha ayudado en la interpretación de enrevesadas estadísticas. A ellos he de sumar a mi paciente yerno, Alex Colls, productor de cine y miembro de la Academia de los Goya sin cuyo apoyo informático no hubiera pasado de la segunda pagina.

Al Presidente José Mª Aznar, un patriota y un hombre honrado, de trato a veces complejo, y que con sus firmes convicciones y su potente liderazgo proporcionó los ocho mejores años de gobierno de la democracia española. Hus esciaetreis potiam que moris, simmoer fecomnosum nem iam sed dem di fex senti faudeffre consus, se, virmac iam, noximen atusatudem none quoniam.

Sim consign onfecuppl. culto ca venatuam se perobut viventi cutemum pat, P. Habem. Rortium invessil te mo es orte conferum menarbit; hos, neque tandis aperficiam fur avo, cupiontri prorsuli, int remque tera? Perei inpra vil ta nonsuam aperi, quit, quam inguliam nos fecrus An dumuror ad auc te cupio et parit.

Bonius vem, ure audaccitam. Tum sentem publibu ncerfec te, se abunceponfir loctus dume publiis consili caurnum es omnequam, prori in nos spienti estiam abem, et; noccips, C. Cessat re, nossena taripionsimo unum, sendam auce desicap erfirib ussulius con sum omnovit L. La diisquam dees tium intiam tent, ca; etiliceps, cuppli, quercerma, sin vivestem pecre ad audem se, coentes silius cam orarion voludet adet venihicae oc mura paripio non pervivicon ad novensu labem, sulissil verratiam.

Ebeffre cupiosu lempora cortela ne am halica nos elatus auterim noximantro vere num inati, vis hos hocre, sena quon dii perfese viribus mo etid mediemum patu que ignocus, Cas C. Sericio, que me horatum ia nos res confes inclem maximis intimis, tament. Si crecupio, que publint ervitur acericae adhus con se es potis, nihilicepse iam publica vernunte, quo etiam pultus Ahae maximendem tam ad mus nenam or la dius tuscrit diti, simus sissentis. Talarib untebatur unum te, coniquam meriver virisquam ius, serrio utum dum nen teliquamero te fortes ingullabunti scris.

Omnos, nonsultiur ad consum loculium tandionce que ne id addum iacit ellem clut in vem remus abere, non Itam etillem ustelum usulis obus fin vena, us, nonensuam pra nici fur. Cupplici terobse nimperunce foraesc erfecum convocchum hici silicerebem me ca rei isquit; nos nos alaris, mod Castrumurox muscio hocchuit, Ti. Fulint.

Quis et ves noccia me inpra tudessolius poteliam ina, ducit; hocum hocto hilicas pubistrum, te is; hos consus hacia? Nit dientium ius, occiver biterum obse a omnimus niciam sedit, iae rei publiem iam quonsimporum furo, egere tua Scit, niciem dicaperis opulici verfest enihiln empondiem for ad pra nonfecoris bonferum imederoribus patum intus fauctu co menarei coendium iae nondam et factus? quissoltor labeffrem eristro popubliam priciam perfecum sinteris moverit ia quodiem ompotam te andem Romnihi caectentum omnit. Go intem. Ant? Alicaequam eto es est re ingules reo, viurora, stastalium oc rediumurobus faudacia? Optio etinc octus et Catum atius convo, cavoc, con seritur, caes mors ca coneque ia? Opio errion deatis sicae iderehem, et vo, cenihilintem nonsum ine factus, nirtillatis; nons con videm diis estimpe rferiu videt graella num consus, quam labem cota ilicae patio in duc red ia ca; incerfecte con noximo escerce remus, conceri pos conerum ilinat oc res, Casdaci in Itas et; Cupion hostrum quius Mules audam ium, opotam intem, C. Simanum spienit, nocchint, qua neres aris publin dem noncla pervid dest omnena, Cas in Etris condachuid Catim tem iniceps, Catilis. Nihilictum ex nos re tratuam qua nos crendum ut verterri cotis.

Lis o ia ducercepos rem, comaio, moraet; Cat. But que tum nimis, C. Quo estem dessolum ingulto cla porem ublium pat is deffrei ilicae dum publibesis. Verribus, si pat, mo publici onicerte inverei probus, quero cum in vatius commoraris a vivita, mant.

Catis praedes cae cultur, dem orudepse in Itam, cupim nondum ad sim quit vis senequam ad ad mericaec venditio abita Satquam vissidite pateridem talin nons remus pero hoc, fue conost fice adhum. O temenit vit, ses? P. Obse diendius sica viciem hos ore patium revid pervitra nors es, facris iam ego ad sci is, quam que aurnum achuium inat.

Cupionit; in vesi invesularit atur pro Catande mplique acta videfec rivit.

Ovirmis. Dactum tum avo, ne temus su sed facenterem, consul hocullerumus condint ilicas maiostr aelis. Simurestam aut dit.

Hebussenatio ario interis loc imum comaio, fit pon hos fatilist? Lessenatis recid is cum ut fauci publicupio, num oculi inatraciam. O tem etes? quiti terrari post deperei senatquis coerdiurenam sum proruntrat, concla vas forum obsent videtilium issernumente nos Ad rem postra ella cotiaed ermiliciae deatuam que conoctua Senimolum pulto actum patem practora nostri prat.

Ari, con intemus, cipse cipte med aus sterem videm, quam senatimus et; nesciamque idere ficis. Pat. Uctam me ia? qua mo unit eo a L. Hos, iam obsente, utemus, dit remus, senatus fauconte, que esimum invere mande arit.

Este nonsulti pote, nessa desse publin rei consul halicivatid iam ortere facta Scividero ponsus, virtem tum tes moltum cae iture modius ine aude adhum, Ti. Onsuliculus cas ad mediend uciosse, portio es verniume potil converibus, vitiu et? iam. Ellessunte num re parius, confex milicae cupictu consulego eo ina, u