Julián Maradeo
Ignacio Damiani

Lobby

Cómo se construye el (verdadero) poder detrás del poder

Ediciones B

© 2019, Julián Maradeo e Ignacio Damiani

Diseño de cubierta: Penguin Random House Grupo Editorial / Agustín Ceretti

Edición en formato digital: mayo de 2019

© 2019, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A.

Humberto I 555, Buenos Aires

www.megustaleer.com.ar

ISBN 978-987-780-051-7

Conversión a formato digital: Libresque

Cada corporación despliega su abanico de recursos ante cualquier gobierno. Los bancos financian, las empresas acompañan, los sindicatos esperan, la política dialoga, la Iglesia es piadosa y la Justicia mide el tiempo de sus fallos. A cambio, siempre obtienen beneficios. Aunque el poder es reacio a las alteraciones, saben adaptarse al carácter cíclico, que permite el retorno de algunos actores a escena.

Julián Maradeo e Ignacio Damiani exponen la matriz de intereses heterogéneos que dominan la Argentina: la Iglesia, los sindicatos, las corporaciones empresariales y financieras, la política y el universo judicial. Esta investigación le quita, meticulosamente, el velo a lo que los poderosos pretenden ocultar.

Introducción

Sin música de película de acción. Sin un plano que aumente la intriga. Sin una luz tenue que se ensamble con lo que cualquiera puede imaginar. El poder detrás del poder se mueve a ritmo burocrático.

Empresarios que invierten en el momento adecuado para los tiempos políticos. Obras públicas cartelizadas. Banqueros-instrumento para las fortunas que desaparecen tras la bruma off shore. Banqueros que reclaman seguridad jurídica. Un juez que duerme un expediente. Fiscales que hacen caso omiso de pruebas que perjudican a X, y realzan otras que afectan a Y. La familia judicial y los padrinos. Holdings de medios de comunicación que demonizan a funcionarios de cualquiera de los tres poderes, o ponderan negocios que nadie vio, pero ya tienen dueño. Familiares desperdigados por toda la estructura estatal. Los ejecutivos y la puerta giratoria. Políticos que gruñen en público, pero en privado se someten virtuosamente. Teléfonos pinchados, y el espionaje punteril. Un sacerdote que adoctrina desde el púlpito ante la devota mirada de los fieles. Un papa que dispara mensajes, a priori, universales, pero que están teledirigidos. Un sindicalista que pega con la izquierda, y acumula y recauda con la derecha. El Senado spa y el balneario municipal de Diputados.

La microfísica del poder es imperceptible para el ciudadano de a pie. No se trata de la oscuridad, ni de reuniones cargadas de exotismo. Ni siquiera de un sistema abrumador. Se trata de su carácter relacional: son movimientos precisos realizados sobre los actores adecuados. Una mínima distorsión puede hacer implosionar una red de vínculos y, fundamentalmente, la finalidad para la que fue constituida, su razón de ser.

El vocablo anglo lobby tiene un significado más amplio que el que le da la Real Academia Española: “Conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social”. La trama constituida en cada campo presenta un trasfondo histórico que demanda sacar a la superficie las reglas y la propia dinámica interna de cada uno de los seis actores corporativos que se analizan en este libro: Iglesia, política, sindicatos, mundo financiero, empresarial y judicial.

En su sentido positivo, institucionalizado, el lobby es una actividad legítima que, por caso, permitiría enriquecer el debate público en el Congreso. Sin embargo, hay otra cara: sin una adecuada regulación, aumenta las oportunidades para que se cometan actos de cohecho y cooptación de cualquiera de los tres poderes por parte de aquellos que buscan incidir en las eventuales medidas de cada uno de ellos.

La presión tiene fases. Grosso modo, la mayoría de los actores aplica un lobby personalizado, territorial, público y sectorial. O sea, sobre los actores y resortes estatales más sensibles; en la geografía del lobbeado en cuestión o sobre la comunidad que se debe persuadir; a través de campañas públicas, redes sociales y los medios de comunicación, entre otras formas; y, por último, por medio de jornadas, coloquios, conferencias, etcétera.

Cada corporación despliega su abanico de recursos a merced de los eventuales gobiernos. Los bancos financian, las empresas acompañan, los sindicatos esperan, la política dialoga, la Iglesia es piadosa y la justicia impone la cronoterapia de sus fallos. A cambio, siempre obtienen beneficios. Aunque el poder es reacio a los cambios, saben adaptarse al carácter cíclico que permite el retorno de algunos actores a escena.

El lobby torna más complejo aún el concepto de corrupción, ya que el tan mentado interés general se deforma en favor de intereses particulares a raíz de actividades diversas no solo ilegales. Asimismo, no es extraño en la historia política argentina que determinadas iniciativas sean presentadas como trascendentales pero, de fondo, escondan demandas surgidas a partir de la interacción entre las coaliciones gobernantes y las corporaciones.

En el lapso analizado (2003-2018), emergen figuras paradigmáticas que no solo serán los lobistas que hegemonizaron su campo de acción, con la necesaria contraparte, sino que, a la vez, se verá cómo cambian las condiciones para su caída y respectivo ascenso de otras. En esa descripción se trazan regularidades como: cursus honorum¹, franja etaria preponderante, origen, educación, permanencia en el cargo, mecanismos de ascenso, las relaciones entre corporaciones, su agenda permanente, continuidades y rupturas.

Aunque el colectivo de mujeres es una evidencia que gana las calles de las principales ciudades argentinas, casi no tiene reflejo en cada uno de los actores corporativos, donde los avances son más que nada discursivos con escaso correlato en los hechos.

A su vez, en cada uno de ellos, surgen movimientos a tono con el olfato político que impone la coyuntura. De ahí que las cúpulas tengan una dinámica pendular en función de la fortaleza/debilidad de cada gobierno. En los sectores judicial, empresarial y sindical se ve con mayor nitidez. Los puentes en pos del diálogo, la inclinación y receptividad son notorios y se deben a una sola razón: el tangible volumen de poder.

Cada uno tiene engranajes que funcionan como intermediarios, generalmente colonizados por los jugadores de mayor tamaño. Sus jugadas van acompañadas por el paratexto necesario, según la ocasión. Para ello, los medios de comunicación de mayor alcance son un elemento tan preciado como imprescindible.

El lobby es federal. Se expande por todo el país. Las alianzas tácticas para lograr sus cometidos son una constante. El trabajo de la iglesia en contra del matrimonio igualitario y el aborto es un caso paradigmático. O la potencia de las multinacionales para trabajar articuladamente y concebir una ley de semillas a medida de sus intereses. O la coerción de los líderes sindicales en la latitud que sea en función de sus objetivos gremiales o empresariales. El inventario podría extenderse por carillas.

No se trata de demonizar las formas ni menos las corporaciones. Este libro quita lenta y cuidadosamente las múltiples capas que tiene la cebolla del poder. Fundamentalmente, cómo opera en muchas ocasiones a la vista de todos, pero con una eficacia sin igual.

1. El recorrido interno que debe hacer cada actor para ascender en cada corporación.

Parte I

El empresariado

Capítulo 1

La corporación

Cada país tiene el empresario que se merece en virtud de su capacidad de constituir un Estado nacional desarrollista e impulsar la transformación de la estructura productiva […]. No hay nada genético en el ADN del empresario argentino cuando privilegia la especulación sobre la producción, o cede el protagonismo a las filiales de empresas extranjeras, en vez de asumir el liderazgo de la industrialización. Si se trasplantaran al país los empresarios más innovadores del mundo en desarrollo —por ejemplo, los coreanos—, al poco tiempo tendrían el mismo comportamiento que los argentinos.

ALDO FERRER²

Luego de la crisis que se llevó puesto al gobierno de Fernando de la Rúa, quedó a la vista de quien quisiera ver la silenciosa y no menos feroz pelea que se estaba dando entre los empresarios que pedían a gritos que se pesificase la economía y los que sostenían la convertibilidad.

Ganaron los que apostaron a la devaluación. Dentro del mundo de la Unión Industrial Argentina (UIA), vencieron los Industriales en desmedro de la línea Celeste y Blanca, al menos eso quedó en claro desde el momento en que el flamante presidente interino Eduardo Duhalde nombró a José Ignacio Vasco de Mendiguren como ministro de Producción.

El lobby empresarial tiene fases. La pública es una de ellas. Como bienvenida, La Nación le calzó el mote al Vasco de “industrial alborotador”³. Mientras 250.000 ahorristas trinaban en la puerta de los bancos por su dinero, la salida del 1 a 1 tensaba la cohesión ficticia entre los industriales argentinos. Durante esos días, especialistas económicos de diferentes corrientes ubicaban dentro de los perdedores a los pequeños y medianos ahorristas y a los deudores. Y entre los ganadores, a los grandes ahorristas y a las corporaciones empresariales.

En realidad, lo que revelaba la semblanza trazada desde la “tribuna de doctrina” era el descontento que había de parte de varios empresarios con el dirigente, ahora funcionario, una de las caras visibles de la UIA y, a su vez, voz de las pymes. Esa diferencia no tardaría en salir a la superficie.

Apenas unos meses después, el 28 de mayo de 2002, se presentó la Asociación Empresaria Argentina⁴ (AEA) en el Museo de Arte Fernández Blanco, de la ciudad de Buenos Aires. La flamante cámara patronal contaba en su nómina con Techint, Arcor, Loma Negra, Telecom, Laboratorios Bagó, Mastellone y Disco, entre otros. Sin que casi nadie lo notase, luego se incorporaría el Grupo Clarín. Este era un signo de que los tiempos cambiaban en el universo empresarial argentino. La pesificación y el consiguiente incremento de la deuda en dólares marcaban a fuego su agenda. Sus detractores dijeron que lo que querían era que se aplicase el seguro de cambio como en la última dictadura.

Al calor de la década menemista y la debacle del gobierno de la Alianza, en el discurso inaugural, a cargo del titular de AEA y vicepresidente de Pérez Companc, Oscar Vicente, se hizo evidente desde dónde hablaban: “Nos anima la certeza de que debemos trabajar en un sistema económico basado en la libertad de mercados, con la empresa privada como palanca de recuperación económica”. Las primeras medidas del ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, molestaron a las firmas que explicaban una cuota importante de su flujo de dinero a partir del vínculo que tenían con el mercado externo.

Nuevamente, sería La Nación la encargada de darle un lugar protagónico, reforzando su mirada en extremo liberal de la economía. Esta vez, la pluma sería la de Joaquín Morales Solá, quien, dando la bienvenida a la AEA, fustigó a De Mendiguren:

El peor error fue, quizás, confiar la representación en una Unión Industrial en la que ni ellos creían, en manos de presidentes que eran exempresarios en muchos casos y liberados estos a su propio saber y entender. De hecho, varios expresidentes de la Unión Industrial terminaron en las listas duhaldistas de diputados nacionales, comprometiendo a la organización con una fracción política. El caso más patético fue el del último presidente de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren, uno de los más convencidos autores intelectuales de una devaluación brutal, que destruyó tanto el salario como el capital de los empresarios.

Como si fuera en clave, el artículo guardaba una advertencia: “Si la Asociación Empresaria Argentina, nacida en parte como fruto de la pérdida de representatividad de la Unión Industrial Argentina, busca ser meramente una entidad gremial empresaria con visión cortoplacista, más afín a los lobistas que a los técnicos, indefectiblemente fracasará y estará lejos de servir a un proyecto de país”. Comenzaba una nueva etapa para el capital argentino y, por ende, para las cámaras patronales y los dirigentes que los representaban.

CONDUCCIÓN Y CONTINUIDAD

En el mundo industrial, la presión puede darse corporativamente a través de sus cámaras o por el peso propio del actor en cuestión, y en muchas ocasiones por ambas a la vez. A la salida de la convertibilidad, desde la UIA se buscó un camino que vinculase al empresariado argentino con otros sectores, motivo por el cual se creó el Grupo Productivo, del que también formaron parte la Cámara Argentina de la Construcción y Confederaciones Rurales Argentinas. La particularidad era la silla era ocupada por el Grupo Clarín, representante del sector de las telecomunicaciones. El discurso predominante reclamaba una salida devaluacionista, que incentivara la producción por encima de la bicicleta financiera. No se trató de otra cosa que de “hacer pasar un interés particular (corporativo) como si fuera general”⁵.

El enfrentamiento interno quedó a la vista de todos cuando, a punto de realizarse las elecciones para decidir quién presidiría la entidad entre 2003 y 2005, el empresario Héctor Massuh advirtió que se corría el riesgo de que la UIA “se transforme en una mera extensión del Departamento de Relaciones Institucionales de una empresa o sector”. No se quedó ahí, puesto que cuestionó a Techint en sus métodos, ya que consideró que “la renovación no consiste en comprar propuestas de consultoras para bautizarlas pomposamente como Nuevo Contrato Industrial”. Massuh estaba alistado dentro de Consenso, la línea interna que, grosso modo, bregaba porque se mantuviera una política de mercado aperturista. Finalmente, la presidencia quedó en manos de Alberto Álvarez Gaiani, afín a esta mirada. Su propuesta se daba de bruces con el discurso de Néstor Kirchner, que enfatizaba el rol que debía cumplir la burguesía argentina: el fortalecimiento del mercado y el consumo interno.

Marina Dossi estudió las formas por las que los dirigentes acceden a los principales cargos en la UIA. Identificó dos. Uno, por la pertenencia a cámaras asociadas a la UIA y la ocupación de distintos cargos en los órganos de conducción de la entidad. Dos, por el hecho de formar parte de cámaras asociadas a la entidad, pero sin haber ocupado otros cargos de gestión en el seno de la UIA.

Dossi eligió varios nombres para ejemplificar el recorrido descrito. Adrián Kaufmann Brea, de Arcor, como emblema de quienes ocupan lugares clave sin trayectoria gremial. Su ascenso está relacionado “con su filiación estructural económica y por su pertenencia a una cámara empresaria asociada a la UIA, como Copal y Arcor, ambas con incidencia y relevancia en el Comité Ejecutivo”⁶. Juan Carlos Lascurain, en cambio, representa a la otra corriente, puesto que su trayectoria gremial en ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) y en la Cámara de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero, más los diferentes cargos que ocupó dentro de la UIA desde 1987, fueron decisivos a la hora de determinar su camino hacia la presidencia de la entidad en 2007.

Una particularidad en las diferentes composiciones del Comité Ejecutivo es la permanencia, más allá de que pueda variar la nomenclatura del sitio ocupado dentro de la estructura de la organización, de los nombres a lo largo del tiempo. Cada vez que se realizan elecciones, la continuidad en los cargos del Consejo Directivo suele rozar el 90%. Por supuesto, las corporaciones (Techint, Arcor, Aceitera General Deheza, entre otras) se garantizan que sus elegidos ocupen lugares preponderantes siempre.

CUERPO FABRIL

A la hora de analizar qué pasó en la cúpula empresarial argentina desde 2001 en adelante, los analistas concluyeron en que, durante el primer decenio del siglo XXI, se agudizaron rasgos estructurales de los 90, como la presencia de empresas extranjeras entre las doscientas más importantes. Otro elemento que aparece en el diagnóstico es el crecimiento exponencial de las firmas que se dedican a la extracción y procesamiento de recursos naturales o la elaboración de productos sin mucho valor agregado.

Durante la década menemista, se produjo la extranjerización de los principales capitales, en buena parte gracias a la privatización de las empresas públicas. Con un Estado que abandonaba sus funciones regulatorias, a medida que avanzaba la convertibilidad, las fusiones y adquisiciones de compañías privadas profundizaron el predominio del capital foráneo.

Según Alejandro Gaggero y Martín Schorr, los ganadores fueron aquellos que “lograron potenciar sus exportaciones, principalmente en la actividad agroindustrial y en menor medida en la producción de metales básicos y químicos. Los servicios también representaron un refugio para que algunos grupos empresarios nacionales pudieran crecer relativamente protegidos de los efectos del contexto de negocios resultante del shock institucional neoliberal implementado”⁷. Sin duda, los perdedores fueron los perjudicados por la apertura del mercado, la desventajosa competencia externa y la recesión posterior a 1998. Es clave para entender por qué, a comienzos de la nueva centuria, el capital extranjero no solo tenía un lugar protagónico en el proceso de acumulación local, sino también al interior del bloque de poder económico.

A pesar de la devaluación y la creciente intervención del Estado posterior al menemismo, la cantidad de empresas nacionales en el listado de las 200 más importantes, entre 2001 y 2015, apenas pasó de 59 a 63. En tanto que las extranjeras pasaron de 93 a 114. En este período, continuó la venta de grupos locales a capitales extranjeros, como fue el caso de Loma Negra, Pecom Energía, Molfino, Acindar, etcétera.

Estatizadas las AFJP⁸, la presencia del Estado en diferentes directorios empresariales modificó levemente el cuadro. Esto fue leído no como “un plan diseñado para incrementar estratégicamente la presencia del sector público en la economía, sino que más bien fueron respuestas tácticas que se ensayaron en diversas coyunturas”⁹.

Los mencionados autores consideraron que, con Cristina Fernández en la Casa Rosada, se revirtió en parte la extranjerización, sin que la cúpula registrase cambios de fondo. Eligieron como caso emblemático el de YPF, que pasó de estar controlada por Repsol a conformar una asociación: al principio por la participación del grupo Petersen y, desde 2012, con la presencia estatal —expropiación mediante—, cuyo peso accionario escaló hasta el 51%.

Entre los grandes ganadores de los años kirchneristas se encuentran firmas agroindustriales con perfil exportador dentro de los aceites y las harinas. Como novedad aparece el Grupo Clarín, núcleo del sector de las telecomunicaciones, y los que explotaron el ensamblado y la comercialización de productos electrónicos, como Garbarino y Frávega. Entre los nuevos, aparecen Nicolás Caputo, amigo y exsocio de Mauricio Macri, ODS —de Ángelo Calcaterra y la italiana Ghella—, IRSA y Electroingeniería, con la obra pública como clave para explicar su expansión.

Ya con Macri como presidente, cuya primera medida fue una devaluación del orden del 50% de la moneda nacional, sobresalió el predominio de la actividad petrolera seguida por el sector financiero, mientras que algo lejos quedó la siderurgia. De acuerdo con el informe realizado por Pablo Tiscornia y Ana Rameri, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la diferencia de cambio no solo consolidó la centralidad estructural de un puñado de empresas concentradas en no más de tres sectores, “sino que permitió que los activos financieros dolarizados presentes en las firmas colocaran a esas actividades entre las principales de la cúpula económica”¹⁰. Su análisis giró en torno de las empresas que componen la cúpula en la Bolsa de Valores de Buenos Aires.

Con el macrismo en el poder, se dio algo muy particular. Primero, un gabinete atravesado por funcionarios con pasado como ejecutivos, lo que a muchos analistas los llevó a intuir erróneamente que el vínculo sería más efectivo. Segundo, durante su tercer año, luego de una durísima corrida del dólar a cerca de 40 pesos en cuestión de meses, y la inflación a más de 40 puntos, a pesar de que la expectativa oficial la ponía en 15%, el Gobierno recibió un baño de realidad de parte del establishment vernáculo.

En septiembre de 2017, se conoció la encuesta de D’Alessio IROL, realizada a 278 ejecutivos socios de IDEA. En ella, las expectativas del 86%¹¹ de los CEO para el siguiente semestre eran positivas. Ese dato marcaba un récord: eran el mejor indicador en 22 años, cuando comenzaron a hacerse las mediciones. Nada menor si se tiene en cuenta que el estudio, que se realiza dos veces al año desde 2000, toma a un grupo de empresas que representa entre el 70% y 80% del PBI.

En junio de 2018, todo había cambiado drásticamente. El 68% de los 230 ejecutivos consultados afirmaba que en el primer semestre del año les había ido peor que en el período anterior. Solo una vez, desde que se realiza la encuesta, hubo una diferencia mayor entre las expectativas y la realidad: fue entre mayo y octubre de 2001. En el medio, se produjo el atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en Nueva York.

PRAGMATISMO

El pulso de la UIA, generalmente, corre a la par de los gobiernos de turno. Por eso, cuando cualquiera ve la secuencia histórica se observa que, en las vísperas de las elecciones presidenciales de 2007, Lascurain, presidente de la entidad, expresaba abiertamente su apoyo a Cristina Fernández: “Espero que los industriales no apoyen candidatos que postulen atraso cambiario, tibieza en las negociaciones internacionales y fórmulas cercanas al neoliberalismo. […] El Gobierno revalorizó a la industria. Tenemos fresco lo que pasó en la década del 90 y por eso debemos valorar y trabajar para consolidar la recuperación industrial”. Nueve años después, ocupando el mismo sitio, Adrián Kaufmann Brea (Arcor) afirmó que el daño que el kirchnerismo le había hecho a la industria tardaría años en resolverse.

La llegada al poder de Consenso, en 2003, mostró las dificultades que tenía la dirigencia empresarial para alcanzar acuerdos entre sus asociados. Del lado opuesto estaba Industriales, con el textil Guillermo Gotelli, respaldado por Techint, al frente. La primera promovía el desarrollo sobre la base de sectores alimenticios y petroleros, con Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) como referente ineludible. En tanto que Industriales lo hacía pugnando por el mayor desarrollo de las pymes y de las firmas textiles, gráficas, metalúrgicas y autopartistas, requiriendo una mayor participación del Estado. Según De Mendiguren, “ellos —en referencia a Consenso— dominaban la UIA, pero la llegada al gobierno, por Techint, la teníamos nosotros”. El enfrentamiento se buscó saldar en 2005, con el arribo del conciliador Héctor Méndez a la presidencia.

Dos años después, con Lascurain en el mando, las dos líneas históricas volvían a enfrentarse. En ese momento, Industriales, cuya cosmovisión postula políticas en pos de fortalecer el mercado interno y medidas proteccionistas, tenía, entre sus referentes, a los mencionados Lascurain y De Mendiguren y, en parte, también a Paolo Rocca. En tanto que la aperturista Celeste y Blanca contaba con Cristiano Rattazzi (Fiat), Daniel Funes de Rioja (Copal), Federico Nicholson (Ledesma) y Miguel Acevedo.

En 2008, ocurrió un hecho clave: el conflicto desatado por la Resolución 125, a través de la cual el gobierno nacional elevaba las retenciones a la soja y las declaraba móviles. En los hechos, implicaba un aumento del gravamen a la soja del 35% al 44,1% y al girasol del 32% al 39%. A la vez, reducía la alícuota del trigo del 28% al 27,2% y del maíz del 25% al 24,2%.

En esos meses, quedó expuesta la fractura entre ambas facciones. Por un lado, Lascurain fue una de las voces que pidió por el diálogo en momentos en que la coalición agraria endurecía sus expresiones. La UIA, que no se pronunció durante el conflicto, se mantuvo “en una postura que osciló entre el apoyo claro al Gobierno y el llamado al diálogo como actor ‘neutral’ del conflicto”¹². De fondo estaba la idea de que la medida garantizaba que se mantendría el tipo de cambio competitivo y, en particular, el modelo de funcionamiento del dólar alto surgido en 2002 por las devaluaciones del peso y su posterior estabilización en torno a 3,20 pesos. En cambio, la otra corriente acompañó a la Mesa de Enlace en diferentes actos. Lo relacionado con la resolución y cómo afectaba al sector agropecuario, motivos por los que, a priori, habían desencadenado el choque, quedaron a un lado para dejarle lugar a un discurso opositor que tomó el centro de la escena. Entre ellos, estaban Juan Carlos Sacco, Funes de Rioja, Nicholson, Luis Betnaza (Techint), Alberto Álvarez Saavedra (Gador) y Acevedo.

La aparición no tan fugaz de la Mesa de Enlace¹³, que no estaba encuadrada en la UIA, sino que emergió en la coyuntura, aportó otro ejemplo sobre cómo se desarrolla el lobby dentro de los sectores de la producción. Aquella se convirtió en el órgano centralizado desde el que se intentó elaborar y comunicar la estrategia a lo largo de los casi cinco meses que duró la puja. Allí se tramaron tanto las alianzas como las medidas de fuerza que subrayaban que el nuevo esquema impositivo afectaba sus márgenes de rentabilidad. Para ello, no dudaron en realizar cortes de ruta e implementar el cese de comercialización de carnes y granos. Sin embargo, esa fase se agotó, por lo que la Mesa de Enlace se diluyó al fragor de la contienda política.

Con el avance del conflicto, terminó por imponerse la segunda corriente. Hasta el punto de que la Mesa de Enlace logró que la UIA exigiese al Gobierno que los incluyera en el Acuerdo del Bicentenario, porque, de lo contrario, no firmarían ningún documento. A partir de ahí, la entidad fabril bregó, incluso a través de solicitadas, para que se pusiera especial énfasis en lograr el armisticio, algo que finalmente ocurrió, al menos formalmente, en julio de 2008.

GOLIAT

En los corrillos donde los industriales se mueven como políticos todo tembló cuando el titular de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, le quitó el velo a la interna de la UIA. No cortó el hilo por lo más delgado, fue directamente a la parte más gruesa: Paolo Rocca, cara visible de Techint.

Hace ocho años, como mínimo, que tengo choques importantes con Paolo Rocca; tenemos una visión distinta sobre el rol de las empresas líderes en el gremialismo empresario. En el caso de Paolo, él asume un rol personalista, desde que existe un grado de alto involucramiento en el funcionamiento de la asociación empresaria. El involucramiento debe ser en la agenda; en el día a día debe haber profesionalismo, algo que hace tiempo la UIA no tiene. De hecho, tampoco me he involucrado en la conformación de AEA.

Corría febrero de 2011. En la UIA se discutía si debía haber elecciones para reemplazar al renunciante Héctor Méndez o mantener el sistema de rotación.

Más allá de las permanentes tensiones, se visibilizaba el peso de la multinacional Techint. La empresa de los Rocca, conceptualmente situada dentro de las firmas que rechazan la apertura indiscriminada del mercado, es un caso aparte que se tratará específicamente en el capítulo “Vaca ajena”. Valen algunos trazos con espesor simbólico para percibir qué clase de partidas juega.

Cuando Lascurain llegó a la presidencia de la UIA, muchos lo señalaban como un hombre de Techint, entre otras cosas porque su hija Lara trabajaba en la multinacional. Cada vez que escuchaba eso, Lascurain respondía que ella lo había logrado sin palanca, por tozuda y aguerrida. Lo cierto es que, durante la 125, estuvieron en lugares opuestos. Mientras el presidente de la entidad fabril apoyaba abiertamente al Gobierno, AEA, con Rocca y Pagani, se mostraba cerca de la Mesa de Enlace.

En agosto de 2010, con las tensiones a flor de piel, se produjo un cónclave inédito entre la UIA y AEA. Ambas reclamaron la tan mentada “seguridad jurídica”. En el centro de las miradas se encontraba Héctor Magnetto, quien la noche anterior se había reunido con Mauricio Macri, Eduardo Duhalde, Carlos Reutemann, Felipe Solá y Francisco de Narváez, este último se encontraba en el cénit de su carrera política luego de derrotar a Kirchner en la provincia de Buenos Aires en 2009. Al lado del hombre del Grupo Clarín estaba Rocca, plenamente consciente de lo que eso significaba.

El enfrentamiento entre las entidades se profundizó. En 2011, las diferencias se volvieron públicas, casi irreconciliables en el momento en que les tocaba conducir¹⁴ la UIA a los Industriales, luego de la renuncia de Méndez. De un lado estaba De Mendiguren, quien aún tenía una aceptable sintonía con el oficialismo, y del otro la facción que había creado AEA, con Techint y Grupo Clarín a la cabeza. Eran tiempos en que la figura de Magnetto comenzaba a popularizarse, e incluso demonizarse, a raíz del enfrentamiento abierto con el kirchnerismo. La postulación de Adrián Kaufmann Brea para la presidencia de la UIA era leída por la otra franja de Industriales como un intento de que la central fabril se convierta en una AEA paralela, ultraanti-K.

Con Macri en la Casa Rosada, Rocca no dudó en mostrarse cerca del presidente, hasta el punto de que reclamó apoyarlo durante una entrevista televisiva con Carlos Pagni: “El país no puede aceptar más conflictos entre gobierno y oposición. Necesitamos asegurar la gobernabilidad”. En medio del caos que desató la causa que se inició a partir de los cuadernos del chofer de Roberto Baratta, Macri devolvería la gentileza recorriendo Vaca Muerta secundado por el empresario.

LA LLUVIA

Durante el último mandato de Cristina Fernández, los números del sector industrial no fueron buenos. Se dieron a conocer en el marco del VIII Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC): entre 2011 y 2014 cerraron 798 fábricas. El documento llevaba la firma del economista Diego Coatz, y señalaba que en 2011 había 60.029 industrias, mientras que en 2014 había 59.231 compañías del sector.

El esqueleto industrial del país, según datos de la Secretaría de Transformación Productiva, en 2018, se compone de 856.300 empresas, 83% de las cuales son microempresas; 16,8%, pymes, y solo 0,2%, grandes compañías. Además, las firmas de hasta 200 empleados representan el 66% del empleo formal privado del país. A su vez, hay 910 entidades, entre cámaras empresariales (797) y asociaciones de criadores (113). El promedio de miembros por cámara era de 103 personas, con un máximo de 4613 socios y un mínimo de dos.

Cuando Macri llegó a la presidencia, anunció, aún en estado de discurso proselitista, que se avecinaría una lluvia de inversiones. Sin embargo, los especialistas repetían que, tras doce años de un modelo más cerrado y con el track record de la Argentina en materia de reglas cambiantes, era muy difícil que una mera renovación de autoridades provocara una ola repentina de confianza.

La relación del mandatario nacional con los empresarios tuvo curvas ascendentes y descendentes. Comenzó con una cálida bienvenida, más allá de que, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante diputados y senadores, advirtió que la inflación bajaría con el correr del año y que no serían “tolerantes con las empresas”. Tras años de ser un espacio crítico, en octubre, el 52 Coloquio de IDEA agasajó al flamante presidente. Ante la cúpula empresarial, Macri emitió un discurso distendido, casi de campaña, frente a una concurrencia que lo vitoreaba: “En el camino de la productividad, el primero que tiene que dar los pasos más rápidos es el Estado, que no puede ser una carga, no puede ser un obstáculo, sino que debe ser un facilitador”.

El presidente de la UIA, Adrián Kaufmann Brea, ya lo había elogiado en pleno proceso electoral, sugiriendo que su proyecto político era más “preciso” para los industriales que el de Daniel Scioli, su contendiente. Al año siguiente, el hombre de Arcor fue reemplazado por Miguel Acevedo, a quien secundó el hombre de Techint, Luis Betnaza. Una de las críticas a la nueva conducción fue que habían perdido lugar las pymes, eje de muchos cuestionamientos al nuevo gobierno por los efectos de sus políticas respecto de la creciente apertura a la importación.

No bien asumió, el gobierno se esforzó por mostrar que había alineado a los empresarios. Los medios afines lo expresaban a la perfección: “Pasadas las cinco de la tarde, el salón Sur de la Casa Rosada se llenó de empresarios de primera línea que, ordenados y sin chistar, hacían fila para firmar un documento tan breve como concluyente”. Una hora después, y mientras buena parte de la conducción gremial del país se reunía a menos de cien metros, Macri les agradecía a los hombres de empresa por estampar su firma, “porque todos tenemos que poner el hombro en esta delicada y difícil transición”. Más allá del deseo, en los hechos eso no pasó. De acuerdo con un documento difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante ese año se produjeron 241.774 despidos y suspensiones.

El año 2018 reavivaría el vínculo tormentoso entre el Gobierno y los industriales. El 6 de marzo, en el marco de la causa iniciada a partir de un pago de 50 millones de pesos efectuado en noviembre de 2015 a la empresa de Lascurain, Fainser S. A., para la repavimentación de la ruta que llega a la mina de carbón de Río Turbio, Santa Cruz, el expresidente de la UIA fue detenido.

Todo empezó en junio de 2016, cuando el intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, le mandó una carta documento al nuevo interventor de YCRT (Yacimiento Carbonífero Río Turbio), Omar Zeidán, en la que le reclamaba una definición sobre la repavimentación. Además, señalaba que si la obra no se iba a continuar debía pedirse el reintegro de los 50 millones de adelanto ejecutando la garantía que estaba a nombre de YCRT, porque esa empresa fue la que pagó el adelanto.

Zeidán hizo la denuncia contra Lascurain y Pérez Osuna, entre otros. El propio Pérez Osuna sería detenido en simultáneo con Lascurain. Después de los tres primeros pagos hechos a Fainser, las nuevas autoridades de YCRT suspendieron los desembolsos. La empresa envió una carta documento a las autoridades locales, ya que la obra se hacía en convenio con el municipio e YCRT, reclamando un anticipo de más de 25 millones de pesos.

En ese contexto, ante el descontrol en la suba de precios y tarifas, a comienzos de año, las críticas públicas a los empresarios por parte de Francisco Pancho Cabrera, por entonces ministro de Producción nacional, cayeron muy mal: “Conocemos perfectamente cuáles son los procesos de inversión, cuáles son las razones, cuál es la historia de la producción y la industria en la Argentina. Creemos que hay que tener una agenda positiva y dejar de llorar. Hay que mirar hacia adelante, ganar nuevos mercados; hay que competir, tener mejoras de competitividad, y los precios van a bajar”¹⁵.

El funcionario estaba respondiendo a las críticas que los ejecutivos habían vertido durante una reunión del Comité Ejecutivo de la UIA sobre los miles empleos industriales perdidos y la creciente capacidad ociosa que oscilaba, según la estacionalidad, entre el 50 y el 60%. El propio Acevedo tocó un punto sensible: “Me llamó la atención la declaración de Cabrera, quizás están un poco susceptibles”¹⁶. Ya no era un secreto para nadie que las variables económicas y el humor social se deslizaban negativamente. Acevedo intentó una salida conciliatoria, sin dejar de marcar las diferencias: “En líneas generales, estamos completamente de acuerdo con las medidas del Gobierno, que son a largo plazo, difíciles de tomar. Después también estamos en la línea de batalla para decir ‘esto lo estamos viendo mal’, estamos viendo entrar productos que para nosotros son subsidiados. Eso no se puede tomar como una crítica, sino como algo por lo que nos tenemos que sentar a dialogar”¹⁷.

Cabrera no lo sabía, pero a partir de ese cruce el reloj de arena de su duración en el cargo se había volteado. El 16 de junio, en pleno Mundial de Fútbol, celebrado en Rusia, se conoció que abandonaba la silla ministerial. Uno de los puntos que explicaban su salida era una disputa en torno a la inflación con la gobernadora María Eugenia Vidal. Según se pudo reconstruir, la mandataria bonaerense le reclamó a Cabrera que pusiera especial atención sobre la estructura de costos de supermercados y de grandes empresas de consumo masivo. La respuesta de aquel no fue satisfactoria, por lo que Vidal hizo el mismo pedido a su ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien sostuvo que era imposible porque los técnicos y los recursos para semejantes informes los tenía la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Después de un tiempo fuera de escena, Pancho reapareció en la UIA acompañando a la comitiva oficial. Ciertas versiones señalaron que se incorporó como asesor sin puesto en la Rosada.

GLORIA

El año 2018 guardaba su carta más cinematográfica, la cual enrarecería todo más aún: en agosto se sucedieron, a partir de las notas tomadas por Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, las detenciones de empresarios y exfuncionarios. Muchos de ellos, conocidos como “los capitanes de la obra pública”, decidieron declararse arrepentidos en función de aportar datos para que se profundice la investigación judicial encabezada por el juez federal Claudio Bonadio, y así beneficiarse en lo que a su condena respecta.

Entre los de más nombre y peso, cayeron Betnaza, Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción, Armando Losón, de Grupo Albanesi, y Lascurain nuevamente, entre otros. La estrategia de los titulares de firmas que operaban en el exterior, en parte, fue ceder lo mínimo indispensable para no ver gravemente afectadas sus inversiones en el exterior.

Más allá de que el caso se desarrollará en el capítulo a continuación (“La voz de las corporaciones”), la clave fue el mensaje institucional del propio Acevedo cuando la mancha comenzaba a diseminarse: “En la industria, en estos últimos años uno de los sectores que más crecía era la obra pública; ahora quién va a poner plata en la Participación Público-Privada (PPP); quién va a dar garantías. Todo el sector está sospechado y eso significa que todo lo que se mueve alrededor sufrirá”. El mensaje era claro, relacional: no solo los empresarios se verían perjudicados, sino también su principal socio, el Estado.

2. Aldo Ferrer: El empresario argentino. Buenos Aires, Capital Intelectual, 2014, selección de los autores.

3. Ver: www.lanacion.com.ar/364054-el-industrial-alborotador-que-llego-al-poder

4. Fue el resultado de la fusión del Consejo Empresario Argentino y la Fundación Invertir.

5. Daniel Schteingart: “La concepción del desarrollo de la Unión Industrial Argentina (2000-2010)”. Documentos de Investigación Social. Idaes. N.º 17, 2011.

6. Marina Dossi: “La elite corporativa industrial: un análisis de las trayectorias corporativas”. Revista Perspectivas de Políticas Públicas. Año 4, N.º 8, enero-junio de 2015.

7. Alejandro Gaggero y Martín Schorr: “Las grandes empresas nacionales de la Argentina bajo los gobiernos del kirchnerismo”. Revista de Historia de la industria, los servicios y las empresas en América Latina. Año 11, N.º 21, diciembre de 2017.

8. A través de la Anses, el Estado pasó a tener participación en Telecom, Petrobras, Siderar, Aluar, Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía, Mirgor, Transener, Solvay Indupa, Grupo Clarín y Edenor.

9. Alejandro Gaggero y Martín Schorr: op. cit.

10. Pablo Tiscornia y Ana Rameri: “Los ganadores de la Argentina de Macri. Una caracterización de la cúpula empresarial”.

Disponible en: ipypp.org.ar/descargas/2017/Caracterizacion%20Cupula%20Empresarial.pdf

11. De ese 86%, el 65% evaluó que el crecimiento sería moderado, mientras que un 21% estimaba que habría un escenario “mucho mejor”. Por otro lado, solo un 5% consideró que las perspectivas empeorarían y un 9% no preveía cambios.

12. Ramiro Coviello: “La estrategia de la Unión Industrial Argentina frente a la Resolución N.º 125/08. Cambios de posicionamiento, dinámica del conflicto y representatividad empresaria”. Revista Realidad Económica. Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE). N.º 282, febrero-marzo de 2014.

13. Estuvo compuesta por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro.

14. De 2004 en adelante, las corrientes internas de la UIA acordaron alternar en la presidencia de la entidad cada dos años.

15. www.lanacion.com.ar/2113865-el-ministro-de-produccion-francisco-cabrera-enfatizo-en-que-los-empresarios-se-dejen-de-llorar-y-generen-una-agenda-seria

16. Lo dijo el 4 de marzo de 2018 en El fin de la metáfora, programa que se emite por Radio 10.

17. Ibid.

Capítulo 2

La voz de las corporaciones

—¿Conoce el sistema de corrupción?

—Claro, desde hace cuarenta años. Si te metías en ese sector era muy difícil operar sin llegar a la coima. […] El sistema y las reglas de juego se perpetúan, y se perpetúan hace décadas.

EDUARDO COSTANTINI, “Destino: hacia dónde vamos”,
LN+, 30 de noviembre de 2018

A Luis María Betnaza lo suelen llamar el “ministro de Interior de Techint”. En el universo corporativo, todos saben que donde está él, está Paolo Rocca. La historia cuenta que, cuando el hermano menor de Roberto decidió partir hacia México, buscando hacer su propio camino a distancia, Betnaza lo siguió convencido cual soldado que se mueve eclipsado por la figura de su líder.

A pesar de que suele ser presentado como director corporativo de Relaciones Institucionales de la multinacional ítalo-argentina, muchos directamente consideran a Betnaza como el principal lobista de la industria vernácula. Cada vez que habla, todos entienden que lo hace Paolo, como cuando en diciembre de 2009 participó de un acto antikirchnerista con la Mesa de Enlace. En 2011, antes de las elecciones primarias, en relación con la entonces presidenta confesó: “No veo la hora de que llegue el 14 de agosto, así se termina esta farsa y se confirma que la gente no los quiere”. Con Mauricio Macri como presidente, más allá de que su apuesta siempre fue su amigo Ernesto Sanz, pasó de elogiarlo a cuestionar el tarifazo y la política comunicacional: “La gente no entiende por qué se le pide un esfuerzo”.

Cuando pidió el estatus de arrepentido en la causa por los cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, nadie dudó de que era Rocca a quien le rozaban las balas del expediente que llevaba el juez Claudio Bonadio. Por eso fue el propio empresario quien defendió a su subordinado durante un cónclave organizado por AEA en el Hotel Sheraton: “Se había militarizado la empresa. En esa circunstancia, Betnaza accedió a una exigencia de apoyo. La salida de Venezuela ha sido un trauma enorme”. A eso se sumó un video que editó la empresa para circulación interna, buscando demostrar el presunto clima de violencia al que se habían visto expuestos en Venezuela. Lo cierto es que Betnaza, como cualquier otro lobista, había quedado atrapado en la telaraña urdida a lo largo de años entre los diferentes gobiernos y las empresas.

¿ADÓNDE VA LA PLATA?

Muy pocos trabajos profundizaron el modo en que las empresas “invierten” en la política. Uno de ellos es el que desarrolló, en 2006, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el informe titulado La política de las políticas públicas. En él, se cotejaba la intensidad del uso de diferentes carteras de inversión empresarial para incidir en las decisiones gubernamentales de cinco países latinoamericanos: la Argentina, Colombia, Brasil, México y Chile.

La clave, a la hora de elegir hacia dónde volcar ese dinero, era identificar el momento, la forma y el canal. La tendencia general indicaba que las empresas “tienden más a intensificar sus inversiones cuando se enfrentan con políticas más estrechas que afectan directamente a sus intereses a corto plazo. El problema en estos casos consiste en evitar que los grupos más interesados capten la política”¹⁸.

Los mecanismos identificados fueron cinco: las asociaciones empresariales, el cabildeo, las contribuciones a elecciones y campañas electorales, las redes de contactos personales y la corrupción. La definición que desplegó el trabajo, sin explicitarlo, dejaba a las claras que se trataba de un tipo de presión que se ejerce principalmente sobre los poderes ejecutivos, y no tanto sobre los legislativos: “[…] se trata de una forma de influencia muy hermética y opaca. La corrupción tiende a estar conectada a políticas muy específicas y generalmente está más relacionada con su implementación (cuando se adjudican fondos, contratos u otras oportunidades a determinadas firmas) y la vigilancia de su cumplimiento (cuando se fijan y aplican sanciones)”¹⁹.

Una de las conclusiones que arrojaba era que, tanto en la Argentina como en Brasil, donde los encargados de formular políticas prestan menos atención a las asociaciones, las empresas tienden a no invertir mucho tiempo o dinero en ellas. Asimismo, en la Argentina, puntualmente, las firmas inyectaban, en un nivel medio, dinero al lobby, las contribuciones electorales y las redes.

Los temas de agenda en los que percibieron injerencia creciente de las empresas fueron en los relacionados con los cambios de tasas y la reforma de las pensiones, entre los inmediatos, y las modificaciones programadas en los impuestos o las jubilaciones, entre los de largo plazo.

Más allá de todo lo mencionado, la mayor atención giró en torno de cuánto, en cada uno de estos cinco países, destinaban las empresas a la corrupción. En ese ranking, solamente la Argentina aparecía como el único con un uso “alto” de ese recurso.

Pero ¿las empresas reconocen que esto es así? ¿Que hay plata usada para obtener beneficios de sus gestiones con los diferentes gobiernos? ¿Que esa plata puede ser el medio para hacerlo lícita o ilegalmente?

Para ello, la corporación empresarial robusteció el área de Asuntos Públicos. Según la encuesta²⁰ realizada, en 2014, por el Instituto de Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), entre 114 grandes empresas, el 77% cuenta con un sector determinado para estos temas.

La explicación que dan los especialistas es que sucedió así a raíz de que durante el kirchnerismo hubo dificultades para iniciar procesos de diálogo, motivo por el cual las firmas inyectaron mayores recursos con el objetivo de acercar sus posiciones, lo que le dio al área de Asuntos Públicos un lugar preponderante. El informe también indicó que durante 2013, a través de estos departamentos, el 87% de las empresas realizó gestiones de asuntos públicos con el Poder Ejecutivo, y el 68%, con el Poder Legislativo.

La relevancia que presenta para las organizaciones se refleja en que el 81% de los responsables del sector tiene reporte directo con el CEO o presidente de la compañía; y, también, en el notorio aumento del presupuesto destinado al departamento.

Aparecieron actores que se han vuelto fundamentales en esta relación entre el mundo corporativo y el mundo público: las cámaras y asociaciones. El 89% de las empresas dijo utilizar a estas instituciones para realizar gestiones gubernamentales, mientras que el 90% señaló que actuar a través de cámaras y asociaciones es medianamente o muy efectivo.

***

El lugar donde se teje el lobby de las empresas tiene nombre en cada corporación: Comunicación Institucional y Asuntos Públicos. “Me parece genuino que las empresas hagan lobby. Es una forma de decir: ‘Tomen mi punto de vista, porque sé de esto’”, sentenció la politóloga Cecilia Mosto.

En la Argentina, el lobby encuentra su explicación en el artículo 14 de la Constitución Nacional, al momento de establecer el derecho de los ciudadanos a “peticionar ante las autoridades” por sus intereses. Esa es la postura de Juan Pablo Maglier, quien tiene experiencia en Telecom y La Rural S. A. Para él, el lobby tiene mala prensa, pero es indispensable. En ese sentido, trazó una diferencia entre quienes se dedican a la comunicación institucional y quienes trajinan despachos de políticos. El predominio de uno por sobre el otro se da según el contexto: durante los últimos años kirchneristas, “el perfil que se buscaba era de lobista porque el contexto era desafiante, complicado o imposible en algunos escenarios, y eso obligaba a las compañías a buscar esos perfiles”.

Más allá de los matices, los especialistas coinciden en que la ruptura en el área de Asuntos Públicos se produjo a comienzos del siglo XXI. Hasta ese momento, generalmente, se contrataba a periodistas para que se encargasen de la prensa sin mayor capital que su formación académica y su paso por los medios de comunicación:

Después de la crisis de 2001, con un gobierno con un perfil más estatista, las compañías buscaron desarrollar el blindaje comunicacional, fundamentalmente en las empresas que necesitaban construir legitimidad para operar. Cuando la Argentina creció mucho en regulación desde el kirchnerismo hasta el presente, comenzó a ser necesario un dircom con un marcado perfil más orientado a operar en mercados regulados. Se trataba del lobista más tradicional, acostumbrado a resolver problemas en las dependencias gubernamentales correspondientes. Hoy ya es directamente gestión de intereses²¹.

Mosto, cuyo métier es la comunicación política empresarial, suele encabezar investigaciones focalizadas en las relaciones políticas de las empresas. Para ella, la mayor profesionalización se dio a la par del fortalecimiento de la institucionalidad en democracia. Ese robustecimiento conllevó la conformación de equipos multidisciplinarios. Ya no formaban parte de ella solamente quienes hacían prensa, sino también politólogos, antropólogos y sociólogos, entre otros. No casualmente, Mosto integró el equipo que creó en 2012 el posgrado de Asuntos Corporativos en la Universidad Católica Argentina (UCA).

¿Cuándo conviene tener a un lobista y cuándo a alguien con un perfil más corporativo? “Si tuviera que elegir —admitió Mosto—, prefiero un corporativo que sea político. Es muy difícil conseguirlo. Con el macrismo se dio un caso particular, ya que muchos corporativos pasaron al gobierno, pero muchos de ellos te confiesan que están agotados, porque la lógica de la política es asfixiante”.

Facundo Etchevehere es un caso de un político que se supo insertar exitosamente en el mundo corporativo y, a su vez, hacer aportes. Así lo ven en el sector. Formado en Ciencias Económicas de la UCA, Etchevehere fue asesor de gabinete de la Secretaría de Agricultura de la Nación y coordinador de gabinete del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. En 2007, se convirtió en gerente de Relaciones Institucionales de la tabacalera Nobleza Piccardo. En 2010, migró a Danone, que desde 2015 lo instaló en Francia, país de origen del gigante de los lácteos, que lo nombró head de Asuntos Corporativos. O sea, en su director de Comunicación a nivel mundial. “Facundo armó una estrategia que le sirvió muchísimo a la compañía, porque le dio mirada política. Les hizo entender que no venden solamente yogur, sino que hay un mundo, el cual puede cerrarte la operación. Hoy una ONG ambientalista te para un negocio, son quince tipos que te dicen ‘acá no’”, indicó Mosto.

Generalmente, ante las crisis de fondo, las empresas se apoyan en sus áreas de relaciones institucionales. Desde las privatizaciones, el área se profesionalizó, ya que empezaron a tener un mayor vínculo con su público externo, dado que tuvieron que competir. En 2013, el trabajo realizado por la consultora de estrategias McKinsey, que entrevistó a 2000 ejecutivos de asuntos públicos de distintos países y especialidades, llegó a la conclusión de que “alrededor de un tercio de un negocio depende de las decisiones que toman los decisores gubernamentales”.

Santiago Lacase, ex titular de Burson-Marsteller en la Argentina, es miembro fundador de la consultora Ágora y especialista en gestión de crisis. Consultado para este libro, aclaró que, por estándares éticos, su firma no toma empresas afectadas por casos de corrupción. Sus clientes son multinacionales que cotizan en bolsa. Ante una circunstancia de las características del caos desatado por los cuadernos de la corrupción, el también profesor de la UCA estableció qué etapas deben afrontarse: “Más allá de qué tipo de empresas, primero hay que pedir detalles para conocer en profundidad el caso. Soy como el médico, si me mentís a mí, el resultado puede ser espantoso para entender el grado de gravedad de la crisis. Segundo paso, abrirse a la comunidad para plantear cómo va a ser la solución. Tercer paso, la recuperación. Cómo hacemos control de daños y que se vuelva a recuperar confianza de cara a la comunidad”²².

***

Promediando 2018, se conoció lo que en una reunión empresarial había dicho Javier Madanes, de Fate Aluar, en torno de las diferentes detenciones y arrepentimientos de sus pares: “Espero que las nuevas generaciones tengan claro que cinco delincuentes no pueden ensuciar a toda la sociedad argentina”. De fondo, salía a la superficie la inquietud de los corporativos que sentían que habían sido empujados al barro sin tener acusaciones que pesasen sobre ellos.

Eso quedó de manifiesto cuando se dio a conocer un relevamiento sobre cómo se había visto afectada la imagen corporativa. El 64% de los encuestados encontraba poco o nada confiable el rol de los empresarios. Mientras que el 63% afirmaba que el caso Odebrecht representaba la forma tradicional de actuar de las empresas, solo un 26% pensaba que era una excepción.

La corrupción no es propiedad exclusiva de la Argentina, pues los ejemplos proliferan en todo el mundo. Ante este problema, las multinacionales comenzaron a darles mayor espacio a equipos encargados de enfrentar las crisis que se desatan. Para los expertos en gestión de crisis corporativa, lo que pasó en Toyota, en 2009, es un caso testigo. Tras desbancar a General Motors del primer lugar, la multinacional nipona debió reconocer que debía ejecutar una exhaustiva revisión en muchos de sus modelos por fallos principalmente en el acelerador. A la compañía le terminó costando alrededor de 22.000 millones de euros de capitalización en Bolsa. Y, lo que es más grave, una enorme erosión en su imagen de marca. De manera unánime, los especialistas sentenciaron que la coyuntura había sido pésimamente manejada.

Según un estudio elaborado por Deloitte²³, en 2016, con trescientos miembros de juntas directivas de empresas a nivel mundial, solo el 39% dijo que estaba preparado para enfrentar una crisis. ¿Cómo se define esa situación? Como un cambio repentino que ocasiona una situación de riesgo a la que se le debe prestar atención de inmediato, ya que tiene el potencial de causar un daño grave a la reputación de la empresa o a la integridad de sus trabajadores, con consecuencias negativas sobre los resultados.

Quienes se ocupan de investigar las consecuencias sobre la reputación empresarial señalaron que inciden en que los diferentes stakeholders²⁴ no quieran trabajar, invertir, defender o relacionarse con la empresa afectada.

Ante una crisis de envergadura, el especialista mexicano Carlos Suárez Sanz²⁵, a cargo de la comunicación corporativa de Ecopetrol, estableció cuatro puntos como norte para intervenir:

1. Cómo estructurar un modelo de gestión de crisis. Con ello se logrará definir roles, políticas y procesos para asegurar la gobernanza.

2. La alineación a la cultura empresarial de la gestión de crisis. Esto promoverá que los valores corporativos sean los que direccionen los comportamientos ante la adversidad.

3. La identificación de las vulnerabilidades del negocio. Esto facilitará identificar los riesgos de entorno y operación, así como las señales que podrán indicar lo que ocurrirá, y medir su gestión.

4. El desarrollo de un sólido plan de gestión crisis. Este proceso deberá contar con los lineamientos para gestionarla: antes, durante y después de que ocurra. Asimismo, contemplará las estrategias más convenientes para utilizar según cada caso y cómo enfrentarse a los medios de comunicación. Los aprendizajes incluyen lineamientos para sobrevivir a los ataques en las redes sociales y trabajar en la recuperación de la credibilidad.

Cuando estalló el escándalo de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, la mencionada Cecilia Mosto publicó, en Perfil, un artículo en el que se reflexionaba sobre cómo lo enfrentarían las empresas:

El “affaire cuadernos” ofrece, como toda crisis, una gran oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva y ordenar un diálogo multidireccional que incluya a los tres vértices de este triángulo. Para ello es clave que las empresas se acicalen, abran sus puertas, muestren sus procesos y le cuenten a la sociedad cuál es su papel en este país. Para eso se inventó, en la parte del mundo donde las cosas funcionan, la “reputación corporativa”. La reputación corporativa es un concepto complejo, tanto para gestionarlo como para medirlo. Son solo dos palabras, pero incluyen múltiples dimensiones, y cada una de ellas, una enorme cantidad de aspectos²⁶.

Su respuesta fue tan sencilla como compleja, y quizás inaccesible ante la opacidad imperante en el mundo corporativo: deberían abrir las puertas de las empresas al ojo de la sociedad.

***

En menos de veinte días, promediando agosto de 2018, cinco empresarios habían cedido la conducción de sus compañías. Un sismo de dimensiones incalculables sacudía a la burguesía nacional. Eran las primeras consecuencias del “Cuadernogate”, tal como se conoció a lo que aconteció luego de que, el 1 de ese mes, el país se paralizara al saberse que durante la madrugada habían sido detenidas doce personas: siete exfuncionarios²⁷ vinculados al Ministerio de Planificación Federal, conducido por Julio De Vido durante el kirchnerismo, y cinco empresarios²⁸.

El caso se apoyó inicialmente en una serie de anotaciones, que en ocho cuadernos había realizado Oscar Centeno entre 2005 y 2015, cuando se desempeñaba como chofer de Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación.

El material había sido entregado por el exmilitar y compañero de trabajo de Centeno en una remisería, Jorge Bacigalupo, al periodista de La Nación Diego Cabot, quien, luego de fotocopiarlos, se los llevó en abril de 2018 al fiscal Carlos Stornelli. Mientras La Nación enfatizaba el carácter casual de Bacigalupo, el periodista Horacio Verbitsky subrayaba su pasado en las Fuerzas Armadas, dando a entender que no cerraba la versión dada por Cabot:

[…] remisero y sargento retirado de la Policía Federal, Jorge José Bacigalupo, de 73 años, Documento Nacional de Identidad (DNI): 4.519.826, un hombre difícil de encasillar... Es un decidido defensor de sus camaradas detenidos por crímenes de lesa humanidad, a quienes considera presos políticos. Votó a Mauricio Macri, pero ahora está desilusionado porque como presidente no reivindica lo que Bacigalupo sigue llamando “lucha contra la subversión” y no piensa votar su reelección. En cambio, simpatiza con María Eugenia Vidal y detesta a Elisa Carrió porque teme que rompa la Alianza Cambiemos. Su mayor recelo es el regreso del kirchnerismo y esa fue una de sus motivaciones para entregarle a su vecino Cabot los cuadernos que su amigo Centeno le dejó en custodia cuando el doctor Glock detuvo por primera vez a Baratta en la causa por las compras de Gas Natural Licuado. También exige que se reponga el nombre del comisario Alberto Villar, creador de la Triple A, a la escuela de suboficiales y agentes de la policía…²⁹.

En función de lo que se relataba en los cuadernos, semanalmente, Baratta y De Vido iban en persona a la residencia presidencial para entregar el dinero a Kirchner. Esos ingresos quedaron asentados en el libro de visitas. En cambio, otros bolsos con menores cantidades eran entregados a Daniel Muñoz, el entonces secretario del expresidente, en el domicilio privado del matrimonio Kirchner en la calle Juncal.

La publicación de los cuadernos desató una serie de arrestos de los empresarios más poderosos del país, quienes comenzaron a declararse culpables y requerir que se los considerase “arrepentidos”, para poder obtener beneficios a partir de sus declaraciones. Sin embargo, el primero en pedirle al juez Claudio Bonadio que le conceda ese status fue el propio Centeno, quien inicialmente dijo que los cuadernos se encontraban en su casa para, tras un allanamiento fallido, afirmar que los había quemado.

Después fue el turno del primer empresario. Se trató de Juan Carlos de Goycoechea, exejecutivo de Isolux. Frente a Stornelli, declaró que “pagaba para destrabar los certificados de obra de la usina de carbón de Río Turbio”. Isolux había quedado como adjudicataria para la construcción de la Usina Termoeléctrica en Río Turbio (Santa Cruz), cobró el primer certificado de obra. A partir de ese momento, “Baratta empezó a exigir que para liberar los próximos teníamos que pagar”. Los pagos eran de 300.000 dólares cada uno y podían ser trimestrales.

Le siguió Javier Sánchez Caballero, exejecutivo de Iecsa, la empresa que Franco Macri le había vendido a Ángelo Calcaterra, hijo de su hermana Pía. Cuando Macri asumió como presidente, la firma pasó a estar controlada por Pampa Energía, de Marcelo Mindlin. Sánchez Caballero ya aparecía en un intercambio de mail con Marcelo Couri Ribeiro, CEO de la brasileña Odebrecht. De inmediato, hizo lo propio Calcaterra, quien señaló que, presionado, realizó aportes en negro para las campañas del kirchnerismo. Lo sucederían los ejecutivos de Impsa (Pescarmona), Francisco Valenti, y el ex Techint, Héctor Alberto Zabaleta, entre otros.

La estrategia de los empresarios se percibió rápidamente. Volcar la carga de responsabilidad en la política, y situarse en un lugar casi de víctimas forzadas. El propio ministro de Justicia, Germán Garavano, advirtió que parecía que algún abogado había guionado el arrepentimiento de los empresarios. Entrevistado para este libro, el funcionario se explayó sobre este aspecto:

Me parece que están guionadas las declaraciones. Creo que es porque nuestros penalistas no están acostumbrados a este tipo de procesos. Ellos tienen que contar lo que saben, pero se resistieron porque están acostumbrados a los procesos eternos y que no pasa nada. Entonces sugirieron que no digan mucho. Pero se les vino todo encima. En la Argentina nadie tenía práctica. Lo cierto es que en muchos casos hicieron decir cosas a sus clientes que no tenían por qué decir. En este tipo de situaciones o sos escueto y preciso o contás todo. Nunca le recomendaría a mi defendido quedarse en el medio buscando la conducta menos gravosa.

En esa línea, por varios medios, Mariano Cúneo Libarona, abogado del empresario Sergio Taselli, arriesgó aún más: “Si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno. No va a presentarse como arrepentido, salvo que quede preso y tenga que inventar algo, confesar algo, involucrar a alguien. […] Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente, quedás preso. Hay que ir y confesar, si no quedás preso. ¿Qué querés que haga? ¿Se va a quedar preso un hombre de 74 años que tiene un hijo de 4 años?”.

Algo comenzaba a quedar en claro: más allá de qué dirigentes se vieran afectados, las empresas se perjudicarían tanto en sus negocios locales como internacionales. Las malas noticias no se quedaban ahí, puesto que, entre el 31 de julio y el 17 de agosto, 22 empresas del Merval perdieron 8857 millones de dólares en capitalización bursátil, lo que significaba una caída del 18%³⁰.

Una primera reacción por parte de los involucrados fue correrse de la dirección de sus empresas, en pos de procurar no perder sus negocios. Por ejemplo, Armando Losón fue reemplazado por su hijo homónimo al frente del Grupo Albanesi. El lugar de Benito Roggio fue ocupado por Graciela Amalia, su hermana. Gerardo Ferreyra, que no se amparó en la figura de arrepentido, pidió licencia en Electroingeniería. Juan Chediack renunció, y quedó la empresa en manos de Marcela, su hermana, y Clara, su hija. Finalmente, Manuel Santos Uribelarrea tomó una licencia por ocho meses, y quedó el mando de MSU Energy en manos de su padre, Manuel Santos de Uribelarrea Duhau.

El 24 de agosto, Bonadio enrareció todo al difundir por medio del Centro de Información Judicial (CIJ), la página informativa de la Corte Suprema, un escrito de quinientas páginas, en el que acotaba el proceso de la investigación de 2008 a 2015. Las alarmas sonaron rápidamente: quedaban afuera, entre otros, Franco Macri y, en parte, Betnaza, de Techint. Sobre este último, Claudio Uberti había precisado que entre 2005 y 2006 había recibido seis veces dinero de parte de él, lo que desacreditaba los dichos de Rocca, quien solo circunscribía los hechos a la nacionalización de Sidor, en Venezuela, en 2008. Uberti aseguró que el dinero que le entregaba Betnaza en sus oficinas iba dirigido a Néstor Kirchner. También, quedaba al margen Wagner, quien había declarado que en 2004 De Vido lo había llamado para decirle que por orden de Kirchner debía garantizar el éxito de las licitaciones en función de los intereses del Gobierno. Según lo difundido, tenía que ser así porque la obra pública iba a ser uno de los métodos de la recaudación de dinero para la política. El empresario involucró en esta modalidad a las empresas Losi S. A., Chediack S. A., Marcalba S. A., Fontana Micastro S. A., Iecsa S. A., Equimac S. A., Coarco S. A., Cartellone S. A., Biancalani S. A., Perales Aguiar S. A. y Vialco S. A.

También, quedaban afuera varias revelaciones del financista Ernesto Clarens, quien tejió un vínculo funcional desde los 90 con Kirchner, por entonces gobernador de Santa Cruz. Inicialmente, la relación se dio por medio de Credisol, una financiera a través de la cual la provincia pagaba los sueldos. Entre otras cosas, cambiaba los cheques oficiales que se pagaban a 30 o 60 días por efectivo. Después, con el patagónico en la presidencia, la constructora Gotti, que ya era controlada por Austral Construcciones, de Lázaro Báez, cedió sus derechos de cobro de certificados de varias obras públicas en Santa Cruz a la financiera Invernes. Así, Clarens quedó a cargo de los pagos del Estado, impidiendo que a Gotti le trabaran los cobros para pagarles a acreedores que reclamaban en la Justicia. Muchos lo señalaron como el financista de los Kirchner en las sombras. Según los medios que tuvieron un acceso privilegiado a la causa, Clarens entregó una lista de las obras donde se pagaron sobornos.

El 5 de octubre fue el turno del propio Rocca, quien se presentó en Comodoro Py a declarar. Cuando lo interrogaron sobre pagos efectuados, según Centeno, en el subsuelo del edificio de la calle Della Paolera 299, sede de Techint, entre diciembre y marzo de 2008, de parte de Zabaleta, supuestamente por orden de Betnaza, Rocca negó haber estado al tanto de que se hubieran hecho pagos a funcionarios argentinos durante el proceso de estatización de su empresa Sidor en Venezuela. Llamativamente, el empresario dejó a la buena de Dios a su lugarteniente: “Con referencia a esta imputación yo no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me ha hecho referencia, ni los autoricé ni estuve en conocimiento de ellos hasta que surgieron en la prensa en las últimas semanas”. Quizás como parte de una estrategia general, Rocca enfatizó que “el ámbito de autonomía y delegación en todo el grupo ha sido siempre muy amplio”.

Hasta ese momento, los empresarios que confesaron haber hecho pagos ilegales eran Juan Chediack, Wagner, Calcaterra y Sánchez Caballero, Romero, Roggio, Pescarmona, Valenti, Zabaleta y Betnaza, De Goycoechea, Losón, Claudio Glazman, Thomas y Taselli. Todos estaban libres, excepto Taselli, hermano de Alberto, que quedó preso al igual que Carlos Mundin, de BTU. En tanto que Otero, Vertúa, Ferreyra y Lascurain no integraban la lista de arrepentidos, motivo por el cual permanecían detenidos.

Asimismo, el juez procesó a Cristina Fernández por considerarla jefa de una asociación ilícita, integrada por De Vido y Baratta. Bonadio trabó un embargo de 4000 millones de pesos sobre las cuentas de la exmandataria, que ya tenía congeladas sus cuentas judiciales e intervenidas varias de sus empresas por orden de la Justicia en otras investigaciones que se llevaban a cabo en simultáneo. También fueron procesados José López y Claudio Uberti, ambos acogidos a la figura de “imputados colaboradores”. El magistrado había sacado una cuenta: los empresarios “pagaron sumas de dinero por un monto aproximado de 55.460.000 dólares, en un sinnúmero de oportunidades entre 2003 y 2015, lo que permite acreditar la permanencia en el tiempo de la organización delictiva”³¹.

A fines de noviembre, Rocca fue procesado como miembro de una supuesta asociación ilícita y por cohecho activo. A pesar de que rápidamente tuvo un rebote negativo —por ejemplo, en Milán donde las acciones de Tenaris cayeron 7%—, el ejecutivo sostuvo que no renunciaría a la dirección de la organización y que no había formado parte del club de la obra pública, descrito en la causa por Wagner. Su argumento de fuerza era que durante el kirchnerismo solo recibió menos del 1% de las obras licitadas. La presunción del magistrado al tomar esa medida era que el ítalo-argentino no podía desconocer lo relatado por Zabaleta y Betnaza.

Los fiscales Stornelli y Rívolo aumentaron la tensión al pedir su prisión preventiva, por considerar que es “dentro de este esquema donde resalta la irrupción presuntamente criminal de varios empresarios, cuyas voluntades se plegaron de manera decisiva a otros integrantes de la organización, entonces funcionarios públicos, y cuyos roles adquieren una singular trascendencia, puesto que ayudaron a estructurar un esquema de organización que excedió el mero acuerdo de voluntades entre quienes decidieron participar”. Sin embargo, el fiscal ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes desistió de pedir la prisión preventiva.

El 10 de diciembre las esquirlas rozaron al presidente cuando se supo que habían sido citados a indagatoria alrededor de treinta empresarios, entre los que se encontraban su padre, Franco Macri³², y su hermano Gianfranco. Apoyándose en el testimonio de Uberti, el objetivo era determinar si entre los concesionarios de los corredores viales existía un mecanismo de pagos de sobornos.

Por esos días, mientras las crónicas bursátiles señalaban que la mitad de las empresas argentinas habían visto caer dramáticamente su valor en 2018, Eduardo Costantini, titular de Consultatio, dejó una definición que exponía que si algo dejaba a la vista esta causa era un hecho conocido por todos los empresarios y políticos, pero que ninguno se había animado a contar frente a una cámara de televisión. Ante la consulta sobre si conocía el sistema de corrupción reinante, contestó: “Claro, desde hace cuarenta años. Si te metías en ese sector era muy difícil operar sin llegar a la coima. […] El sistema y las reglas de juego se perpetúan, y se perpetúan hace décadas”³³.

18. Informe del Banco Interamericano de Desarrollo: “La política de las políticas públicas. Progreso económico y social en América Latina”. Nueva York, BID, 2006, p. 102.

19. Ibid., p. 101.

20. El estudio de benchmarking sobre relaciones institucionales se llevó a cabo entre mayo y junio de 2014.

21. Entrevista realizada para este libro el 5 de agosto de 2018.

22. Entrevista realizada para este libro el 29 de agosto de 2018.

23. Ver: http://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/a-crisis-of-confidence.html

24. Se trata de una persona, organización o empresa que tienen contacto con una firma.

25. Antiguamente Empresa Colombiana de Petróleos S. A., es la primera compañía de petróleo de Colombia.

26. Ver: www.perfil.com/noticias/columnistas/la-reputacion-es-un-buen-negocio.phtml

27. Roberto Baratta, Hernán Camilo Gómez, Ezequiel García, Enrique Llorens, Walter Fagyas, Nelson Lazarte y Hugo Martín Larraburu.

28. Carlos Wagner, Javier Sánchez Caballero, Gerardo Ferreyra, Luis Neyra y Armando Roberto Losón.

29. Ver: www.elcohetealaluna.com/la-ruleta-de-la-justicia/

30. Ver: www.lanacion.com.ar/2163935-las-grandes-empresas-valen-us8800-millones-menos

31. Ver: www.lanacion.com.ar/2173018-una-trama-delictiva-empresarios-no-fueron-victimas

32. Los peritos médicos que evaluaron la salud del empresario, de 88 años, a pedido de Claudio Bonadio, dictaminaron que no estaba en condiciones de salir de su casa.

33. Ver: www.lanacion.com.ar/2197836-eduardo-costantini

Capítulo 3

Vaca ajena

Durante mi mandato, hubo más lobby por medio de las multinacionales de la producción que de las cámaras bancarias. Por ejemplo, a mí me tocó negociar con Techint. Es un caso paradigmático de “si no te gusta, me voy a producir a otro lado”. En ese momento, Techint estaba pagando una patente de algo que se inventó en la Argentina. Es la forma de las multis para hacer una fuga encubierta. Era una tuerca que se había desarrollado en la Argentina, pero que después se había vendido la patente por un dólar a Luxemburgo. Era una forma clarísima de elusión de la normativa. Cuando me puse firme, amenazaron con irse. ¿Cómo se resolvió? Me tuve que ir yo. Una vez, en pleno tironeo, Rocca le dijo a Kicillof: “Podés llevar el caballo al río, pero no obligarlo a tomar agua”. No hay mucho para agregar.

(Anécdota relatada a los autores por un exfuncionario del segundo gobierno de Cristina Fernández)

Vaca Muerta es un tanque de reserva de gas situado en la cuenca neuquina. Fue descubierto por el geólogo Charles Edwin Weaver cuando exploraba para la empresa petrolera Standard Oil, hoy conocida como Chevron. En 1931, Weaver publicó sus revelaciones. Ochenta años después, en 2011, YPF constató los informes de Weaver y calculó que el potencial del lugar podía convertir al país en el segundo reservorio mundial de shale gas. Desde ese momento, en la zona, creen que Neuquén será la Dubái argentina.

En ese lugar árido están parados Paolo Rocca y Mauricio Macri. En términos de poder, el empresario más importante del país y el primer mandatario nacional. Macri anuncia que el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta generará “medio millón de puestos de trabajo”. Mientras habla, en la City porteña los mercados están eléctricos porque el dólar llega a un nuevo tope histórico. Por eso, Macri dirá en Neuquén que Vaca Muerta permitirá exportar “30.000 millones de dólares en gas y petróleo”. Aún falta un día para que el presidente emita otro escueto discurso informando al país que pedirá el adelanto total del préstamo que acordó tres meses antes con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Minutos después, el dólar se descontrolará y el peso argentino se devaluará un 7,6%, lo que da un 80% acumulado en el período anual.

Pero ahora, están en Neuquén, mimetizados con los operarios. Visten antiparras, cascos industriales blancos y mamelucos azules de Tecpetrol, la empresa de Rocca. Paolo mantiene su acento italiano a pesar de que se radicó en la Argentina desde la apertura democrática. No le hacen falta los protectores visuales, porque tiene puesto su propio par de anteojos. La imagen muestra sonrisas forzadas de algunos de los productores que los rodean. Otros asienten con gusto. El viento patagónico les da de frente.

La foto queda estampada y carga con un fuerte contenido simbólico. Se construyó en el marco de las acusaciones de empresarios arrepentidos luego de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno. En ellos aparecía Techint como parte de un sistema de coimas para la ejecución de la obra pública en la Argentina. Entre las acusaciones se destacaba la del exfuncionario Claudio Uberti, quien precisó que durante 2005 y 2006 cobró entre cinco y seis coimas de 100.000 dólares que emergían de las empresas de Paolo. Este tipo de imputaciones no parte solo de las notas del chofer de Roberto Baratta o de un exfuncionario despechado: a Techint la acusan del mismo modus operandi en la obra pública en países como Brasil, Italia, Suiza, Perú y Venezuela.

Ante esta situación, Rocca no tardó en reconocer que él y sus empleados jerárquicos solo emitieron “contribuciones” en torno a la obra pública, pero aseguró que “no fue cómplice ni partícipe” de los hechos de corrupción.

En 2015, Tecpetrol adquirió cinco áreas en la cuenca neuquina: Los Toldos, Loma Ranqueles, Huacalera, Medanito Sur y Rinconada Norte. Con Macri como presidente, Tecpetrol extendió la concesión de Fortín de Piedra y Punta Senillosa hasta 2051. A cambio, Paolo invertiría en el reservorio 2300 millones de dólares para convertirse en el verdadero dueño de la vaca.

Rocca no tardó en elogiar a Macri. A los cinco meses de que Mauricio tomara el bastón presidencial, el dueño de Techint se envalentonó, pidiendo la rebaja de salarios para atraer inversiones, atacó las protestas sindicales y calificó de “notable” el rumbo económico del Gobierno. Las aclamaciones se repitieron en distintos foros empresariales en los que el italoargentino se mostró más activo y participativo.

José Ignacio de Mendiguren, expresidente de la Unión Industrial Argentina, pintó su actitud: “El nivel de chupamedismo de Rocca con Macri fue tan obsceno como innecesario”. Sin demorar en caracterizarlo, De Mendiguren completó el cuadro comparándolo con su padre: “Roberto Rocca era otra cosa, era un verdadero industrial, a Paolo solo le interesa hacer negocios”.

Ahora Macri y Rocca están en Fortín de Piedra. El presidente aprovechará en su discurso para incorporarse al desarrollo y a los beneficios que brotarán del gasoducto: “En estos dos años hemos demostrado que somos capaces de hacer cosas muy importantes”, se incluyó. Rocca, atento, lo observa y en su rostro no se mueve un músculo. Está tranquilo. Sabe que Vaca Muerta no le es ajena.

EL PESO DE ROCCA

Paolo Rocca es empresario, politólogo, primera fortuna nacional, cuarta de Italia y uno de los mejores ejecutivos del mundo, según la revista Harvard Business Review. Para la revista Forbes, su fortuna, en 2018, ascendía a 9700 millones de dólares gracias a la Organización Techint, el gigante industrial fundado en 1945 en Italia. Paolo encabeza el holding, líder mundial en la producción de tubos de acero sin costura en la industria petrolera, que factura 15.000 millones de dólares anuales y cuenta con 48.000 empleados a nivel global. El grupo es el mayor proveedor de acero en el país y uno de los principales formadores de precios de la economía local.

En los 90 los Rocca gozaban de marcar diferencias con los empresarios, como los Macri, que formaban parte del jet set argentino. Austeridad y bajo perfil, Rocca padre apenas si se jactaba de su afición por el montañismo y los sobrevuelos de grandes escenarios naturales. Justamente, sobrevolando el Paraje Tejedor, con destino final El Calafate, a las 5.30 de la mañana, cayó el Cessna en el que viajaba Agostino hijo, quien falleció a los 56 años en 2001. La histórica alianza entre Techint y La Nación quedó en evidencia en esa tragedia, pues entre quienes perecieron se encontraba el secretario general de ese diario, Germán Sopeña (54).

Desde allí, Techint sería conducido en su totalidad por Paolo, que, si bien sintió el golpe emocional, no permitió que este se trasladase a la expansión de sus empresas: en ese entonces, el grupo se extendía a 27 países y facturaba anualmente 7000 millones de dólares.

Durante el delarruismo, Paolo Rocca arguyó en una nota de opinión que “la candidatura de José Luis Machinea como posible ministro de Economía también genera expectativas positivas entre los inversores externos y los empresarios argentinos. Es una figura experimentada, que sabe cómo administrar y que entiende los problemas del país, fundamentalmente, los productivos”. Un mes después de estas declaraciones, Machinea asumió como ministro.

En ese lapso, Techint creó Tenaris, la fábrica de caños petroleros, un bien estratégico a escala global donde es la empresa más importante del mundo. Eran años de apogeo para el petróleo, que le permitieron a Rocca mantenerse a salvo en plena crisis de la convertibilidad, e incluso sacar provecho del colapso. Techint fue parte de los grupos más ligados al capital financiero que propugnaban la dolarización como salida. Paradójicamente, se convirtieron en los mayores beneficiarios de la salida de la convertibilidad.

Luego del estallido de 2001, Rocca no tardó en darle la bienvenida a Néstor Kirchner y acordar distintas inversiones del grupo con la intención de cooperar con el patagónico para salir del default. Kirchner quería ordenar una burguesía nacional, y Rocca se dispuso a ayudarlo con la promesa de invertir 1000 millones de dólares en la construcción del Gasoducto del Noroeste Argentino (GNA) en 2003. La participación de Techint recibiría a cambio jugosos beneficios gracias al modelo económico que propuso el incipiente kirchnerismo: fomento a la industria local, dólar devaluado, proteccionismo interno, salarios baratos en dólares, congelamiento de tarifas, etcétera.

Entre las distintas medidas que favorecieron al grupo, hubo una puntual que expuso la capacidad de lobby de la multinacional y que pasó prácticamente inadvertida: la resolución que firmó Roberto Lavagna para poner un 40% de retenciones a la exportación de la chatarra. Gracias a esta disposición, la siderurgia local podía comprar a menor precio la materia prima que utiliza en la fabricación de acero. El lobby partió del Centro de Industriales Siderúrgicos (CIS), cámara en cuya presidencia se turnan hombres de Techint. El CIS forma a su vez parte de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), que preside Enrique Mantilla, de Techint. En aquel momento, otros empresarios masticaban bronca porque “resoluciones como la de la chatarra pertenecen a la categoría de las normas con nombre y apellido, cortadas tan a medida como el mejor traje sastre”.

Trabar la competencia importada impide el desarrollo de nuevos jugadores en la rama siderúrgica. Ergo, los Rocca protegen la concentración de mercado. De este modo, el acero, exceptuado del arancel externo común del Mercosur, goza de una protección significativamente alta, que le permitió a Rocca aplicar precios altos a los clientes cautivos y así exhibir una rentabilidad extraordinaria. Uno de los hombres que se ocupó de implementar este esquema fue Javier Tizado. Su nombre saltaría a la luz cuando la gobernadora María Eugenia Vidal lo nombró como ministro de Producción bonaerense, un lugar neurálgico para mantener el sistema de concentración que posee Techint.

Con Macri en la presidencia, Techint ubicaría a varios de sus CEO en distintos casilleros del gobierno. Por citar algunos ejemplos, Mario Dell’Acqua se ubicó en Aerolíneas Argentinas y su reemplazo, Luis Malvido, también provino del grupo de los Rocca; el exvicejefe de Gabinete, Mario Quintana, tiene acciones en la empresa; Ernesto Rona trabaja en el Ministerio de Coordinación y Gestión Pública de la Provincia de Buenos Aires y Miguel Ángel Ponte, un exjefe de Recursos Humanos de Techint, fue designado en la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo. Declaraciones de Ponte todavía retumban cuando se le consultó sobre los despidos: “La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema laboral, como lo es en el organismo humano comer y descomer”.

Apenas asumió Macri, Techint envió 200 telegramas de despido. Desde entonces, según datos de la UOM, el sector perdió, entre 2015 y 2018, 28.000 puestos de trabajo. En ese contexto, el intendente de Campana, Sebastián Abella (PRO), le condonó por decreto el pago de la tasa anual municipal de Seguridad e Higiene a la siderúrgica que Rocca tiene en ese distrito, mientras se las aumentaba al resto de los vecinos. La medida fue a pedido del grupo, que sostenía que estaba en crisis. Sin embargo, en el primer trimestre de 2017 cosechó una ganancia de 206 millones de dólares, siete veces más que los 28 millones que acopió en 2016.

Al galope de estas medidas, Paolo Rocca no tardaría en tenderle una mano al flamante presidente. En marzo de 2017, el grupo³⁴ anunció una inversión de 2300 millones de dólares en la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en Neuquén. A cambio, le planteó al mandatario nacional que para generar un shock de inversiones hacía falta un escenario de precios del gas de 7,5 dólares el millón de BTU, similar al precio del gas que importa el país. En otras palabras, le fijó el precio del valor del gas, a lo que Macri accedió. Tenía sus razones, el “tarifazo” le permitió pegar un salto al sector gasífero que lo tiene al empresario Marcelo Mindlin como uno de los máximos ganadores. El plan de gas oficial, a la medida de Rocca y Mindlin, obtuvo mayores rentabilidades también por la reapertura de exportaciones ilimitadas a Chile, como ocurrió en los noventa.

Meses después continuarían las buenas noticias para el holding que concentra su riqueza en dólares. En dos años y medio de gobierno, la gestión económica de Macri había devaluado la moneda en un 200%. La rentabilidad por la devaluación no sería el único beneficio que el gobierno de Macri le permitió amasar a los Rocca. Con la ley de sinceramiento fiscal, directivos y familiares lograron blanquear al menos 9100 millones de pesos.

EL LOBBY POR SIDOR

La capacidad de lobby de Techint se puede definir a través de dos ejes: el primero, su carácter expansivo, más agresivo, para obtener activos y comprar empresas; el segundo, de repliegue, en pos de conservar su poderío en el caso de que parte de su riqueza se vea amenazada.

El segundo aspecto, de proteccionismo o repliegue, quedó de manifiesto cuando Paolo Rocca influyó sobre Néstor Kirchner frente al intento de estatización de Hugo Chávez, que amenazaba con expropiar la empresa Sidor. En 2005, Paolo Rocca le pidió a Néstor Kirchner que tabicara el deseo de Chávez de expropiarle su empresa, la segunda petrolera venezolana más importante. Estaba en juego un ingreso de 1650 millones de dólares y sobre todo un activo estratégico para el plan de expansión a nivel global que tenía la empresa en ese rubro.

Kirchner realizó la gestión en el Hotel Hermitage de Mar del Plata, cuando se estaba realizando la contracumbre contra la Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Chávez, Kirchner y Lula Da Silva estaban ocupándose de fortalecer el Mercosur, por lo que el venezolano accedió al pedido, retrasando sus planes un tiempo más.

Para llegar directamente a Kirchner y para tener capacidad de influencia sobre él, Rocca tuvo que construir una relación de confianza ante un mandatario que se mostraba, al menos públicamente, como reacio a la opulencia empresarial. El primer interlocutor entre Kirchner y Techint fue Roberto Lavagna, que venía del gabinete de Eduardo Duhalde y había sido secretario de Industria con Alfonsín. Se sumó De Vido, ministro de Planificación, que interactuó directamente con el lobista principal de Techint, Luis Betnaza, y con Daniel Novegil.

Las utilidades de Techint crecieron exponencialmente. Solo entre 2004 y 2012, sus dos principales holdings registraron ganancias mundiales por un total estimado de 21.131 millones de dólares, el equivalente de la mitad de las reservas del Banco Central de la República Argentina a marzo de 2013. Las matemáticas permiten vislumbrar que Rocca mantuvo en promedio ganancias por 2300 millones de dólares anuales. Pero el crecimiento no fue solo económico, durante el kirchnerismo Techint realizó compras enormes: entre 2003 y 2011 concretó adquisiciones por más de 12.242 millones de dólares.

Parte de las ganancias, sin embargo, no fueron destinadas a los compromisos fiscales. Como muchos de los grupos económicos, el de Techint no escapa a la lógica de inscribir sus empresas bajo un entramado de corporaciones cuya ubicación se establece en la geografía de los paraísos fiscales. Por citar solo un ejemplo, Tenaris tiene domicilio en islas Vírgenes británicas, que luego mudó su dirección postal a las islas Caimán. Como modus operandi, Techint suele cambiar nombres y direcciones para aminorar las cargas y tributos impositivos. Un estudio de la Administración Federal de Ingresos Brutos (AFIP) estableció que por estas maniobras entre 2008 y 2010 Techint evitó tributar al menos 80 millones de pesos.

DEFENDER SIDOR, ESA ES LA CUESTIÓN

La jugada para impedir que Venezuela expropiara Sidor afianzó la relación con los Kirchner. La construcción del GNA era la segunda parte del plan de negocios. Si la primera acción fue de defensa y repliegue, la segunda fue de expansión. Así, Siderca fabricaría los tubos para el gasoducto, Techint diseñaría la construcción de la obra y el transporte de gas desde Bolivia, serviría para nutrir de ese fluido a Siderca y Siderar, empresas insignia de los Rocca, que serían abastecidas por esta obra. Lo que se conoce vulgarmente como “sacarle provecho a un acuerdo”.

En 2008, sin embargo, la capacidad de presión del grupo no bastó para frenar la nacionalización de Sidor. Los hechos se sucedieron en el medio del escándalo por las denuncias de corrupción que cayeron sobre Skanska, uno de los casos que más afectaron al kirchnerismo.

El arte de negociar estuvo a cargo de Betnaza, quien viajó sucesivamente a Venezuela y llegó a conversar directamente con el líder bolivariano. Por su parte, desde el gobierno nacional, De Vido hacía las veces de intermediario para favorecer a la multinacional.

Techint intentó de distintos modos torcer la decisión del bolivariano, hasta el punto de que llegó a ofrecer mantenerse en Sidor, aunque sea como socio minoritario. A pesar de los intentos de lobby y las promesas de inversión de 500 millones de dólares en Venezuela, con el objetivo de frenar la expropiación, Chávez se salió con la suya.

Finalmente, en mayo de 2009, Venezuela acordó pagarle al grupo de Rocca 1970 millones de dólares por su participación de casi el 60% en Sidor. Como muestra de poder, el gobierno de Chávez le giró de entrada 400 millones de dólares.

Si bien la expropiación significó un verdadero negocio para Sidor, ya que sus acciones se dispararon un 16,3%, Rocca, indefectiblemente, sintió el golpe. No se trataba de hacer dinero, sino de la pérdida de una cuota de poder. Para colmo, Cristina, de inmediato, le asestó otro golpe simbólico en un acto político en el que entre otras palabras resaltó la gestión de su gobierno defendiendo a una empresa nacional e inquirió a Rocca a depositar esos 400 millones de dólares en el país, algo que no hizo.

Rocca no solo depositó los millones de dólares en un banco de Alemania, sino que avanzó con sigilo en otros planos. En tiempos en donde el kirchnerismo estaba en medio de la pelea con el campo, Rocca, junto a Héctor Magnetto y Luis Pagani (Arcor) comenzó a ejercer presión a través de la UIA y AEA con críticas al gobierno. Meses después, con ese mismo grupo de empresarios al que se sumaron Carlos Miguens (Sadesa) y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), visitaron al entonces titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para sumar su preocupación sobre la persistente presión sobre los medios de comunicación y para reclamar “una mayor previsibilidad” para los negocios.

Con el tiempo, las fricciones se sucedieron. Una de ellas, fue gracias a la cuña que metió el Grupo Clarín cuando difundió las críticas que Rocca había vertido sobre el Gobierno en una charla que dio para la Academia de Ingeniería. El mandamás italoargentino criticó la falta de “competitividad” de la economía argentina. Cristina y varios de sus ministros no tardaron en contestarle al dueño de Techint. Axel Kicillof, por caso, llegó a decir en el programa oficialista 6, 7, 8 que “habría que fundir a Rocca, pero no lo vamos a hacer”.

Techint jugó una ficha para bajar el tono a la disputa. Le envió una carta a la presidenta con el afán de consensuar las miradas y habló de “supuestas” palabras que habría utilizado y se despegó de las “operaciones políticas”. Cristina hizo una jugada a dos bandas: le respondió haciendo pública su carta, con una propia, para que se enteraran los 40 millones de argentinos. “Los argentinos tienen que conocer el modus operandi de cierto monopolio”, dijo responsabilizando al diario Clarín y poniendo de su lado a Rocca.

UN LOBBY CHINO

Techint es el grupo con más capacidad de lobby en el país porque es también el más potente. El mecanismo de influencia se da a través de todos sus sellos empresariales y de los actores que operan en las distintas cámaras. La estrategia se basa en obviar el uso del nombre propio y pelear por medidas que las favorezcan solapando estos intereses bajo el paraguas del sello institucional. Por caso, la UIA suele estar a disposición cuando el gigante de la siderurgia trabaja la remarcación y formación de precios. El caso que expuso la presión del grupo quedó de manifiesto en la compra de caños a empresas chinas para la obra de los gasoductos en la provincia de Córdoba.

Cuando el gobierno cordobés negoció con el gigante asiático la provisión de caños para la red troncal de gasoductos, Techint intervino para no quedar afuera de una de las obras más importantes de la historia de Córdoba por un costo total de 14.300 millones de pesos.

Al verse fuera de la obra, el holding salió a denunciar que China subsidiaba los precios mediante la práctica desleal del dumping —que consiste en vender por debajo del costo de producción para ganar mercados— y pidió que, más allá de la “necesidad de generar una agenda de competitividad” en el país, “se defienda el trabajo nacional, sobre todo en un contexto como el actual, que es durísimo”. De manera articulada a estas expresiones, se sumó la UIA, con el envío de una carta al gobernador Juan Schiaretti y al gobierno nacional repitiendo los argumentos de Techint. Rocca, en paralelo, le puso voz a la intervención y públicamente salió a criticar los acuerdos con China a los que llamó “un pacto con el diablo”.

El lobby ante China tenía antecedentes. Cada vez que el gobierno argentino profundizó relaciones con el gigante asiático, Paolo Rocca mostró los dientes. Con la premisa de defender a los industriales, Techint oportunamente ejerció presión ante los distintos gobiernos para que Beijing no penetre en su negocio.

Advertido de esta situación, el gobierno cordobés no tardó en acusar a la compañía de Paolo Rocca de hacer lobby para cerrar acuerdos que le permitan quedarse con el negocio. El gobernador Schiaretti fue tajante: “No debemos pensar que 40 años de capacidad de lobby implica que defenderlos es hacer política industrial. Debemos decidir si protegemos a los productores o a los vendedores de insumos como celulosa, acero y aluminio. Queremos insumos a precios competitivos, eso es defender la industria. No nos dejemos engrupir por los productores de insumos que nos venden más caro”³⁵.

La respuesta de Rocca fue inducir a un grupo de empresas del acero que responden a su holding para que opere en bloque y realice una demanda por dumping ante la Secretaría de Comercio que conducía Miguel Braun. En ella, solicitaron un arancel de casi el 140% para equiparar el precio de sus tubos que ofrecía China. El pedido significaba que los tubos que vendían los chinos pasarían a aumentar de 1100 dólares por tonelada a 2500, el precio que fijó Techint. Con el arancel, los tubos chinos superarían el costo de los insumos nacionales. En efecto, el gobierno de Córdoba y las empresas contratistas deberían optar por realizar el gasoducto con la empresa de Rocca.

Cuando Miguel Braun aseguró con vehemencia que los empresarios “deberán adaptarse a la quita de aranceles”, no se imaginaba que cinco meses después sus palabras se irían por un tubo de acero y que ese tubo sería construido por Techint.

Braun firmó la resolución 429-E/2016 dando lugar al aumento de arancel del 139% y abrió “la apertura de investigación por presunto dumping en operaciones de exportación hacia la República Argentina de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, soldados o sin soldadura (sin costura), [...] originarias de la República Popular China...”³⁶.

En paralelo, el propio presidente Macri decidió intervenir y le indicó al gobierno cordobés que el 50% de los tubos de los pliegos fueran de producción nacional. La orden del presidente, más la resolución de la Secretaría de Comercio, forzó a las empresas Odebrecht y Iecsa —que participaban de la obra— a utilizar los caños argentinos. Los chinos, en efecto, no tardaron en retirar sus inversiones.

Al poco tiempo, Betnaza celebró públicamente que el “ciento por ciento” de los tubos que se usan en la obra son, finalmente, de producción nacional. Lo que no dejó trascender es si la baja de precios realmente se hizo efectiva. A comienzos de este año, sí se hizo público que el financiamiento de los bancos chinos para la obra, que tiene un presupuesto de 12.500 millones de pesos, se cayó porque el Gobierno no aceptó las condiciones que querían imponerle. Para resolverlo, la provincia decidió colocar deuda para financiar esa ejecución. Pero eso ya no era cosa de Techint.

34. La crisis económica llevó hasta el límite las tensiones entre Tecpetrol y el Gobierno, cuando en febrero de 2019 se anunció el recorte de subsidios. Acto seguido, la firma petrolera de Techint presentó un recurso administrativo ante el Ministerio de Hacienda a modo de protesta. En una nota que envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y que lleva la firma de su presidente, Carlos Ormachea, la empresa consideró que los cambios constituyen una “clara violación” del artículo 17 de la Constitución Nacional. Para la firma de Rocca, de esta manera afectaron “derechos adquiridos de la Sociedad que habían sido reconocidos por la propia conducta del Estado”.

35. Ver: www.lanacion.com.ar/1924524-vuelve-la-pelea-entre-cordoba-y-techint-con-apoyo-de-macri

36. Resolución de la Secretaría de Comercio 764/17. Ref. Dumping - Tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, soldados o sin soldadura (sin costura) (NCM 7304.19.00 y 7306.19.00) de China, 29/09/2017 (BO 04/10/2017).

Capítulo 4

El club de la semilla

Apenas un llamado telefónico neutralizó una ordenanza votada por el Concejo Deliberante de Rosario. Para que el lobby sea eficaz, de un lado y del otro del teléfono deben estar las personas adecuadas. Lejos de la primera plana nacional, lo que ocurrió a fines de 2017 en la ciudad santafecina pasó desapercibido prácticamente para todos. Fue un verdadero ejemplo de real politik.

El 16 de noviembre de ese año, los 28 concejales aprobaron por unanimidad el proyecto de Osvaldo Miatello (PJ) y de Pedro Salinas (Ciudad Futura), para prohibir el uso del glifosato en el ejido urbano de Rosario. Consciente de la trascendencia y eufórico, a la salida de la sesión, Miatello explicó que “en su momento una ONG había planteado la prohibición de la comercialización, pero a nosotros nos pareció que eso iba a dejar muchos huecos desde el punto de vista jurídico porque no tenemos forma de regularlo, de modo que le encontramos la vuelta con este proyecto. Planteamos el no uso basado en razones de preservación de la salud de la gente”³⁷.

Las miradas se trasladaron del Concejo Deliberante a la Intendencia, bajo el mando de la socialista Mónica Fein. A ella la llamó el presidente de la poderosa Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Pedro Vigneau, quien, entre otras cosas, le advirtió que si avanzaba aumentaría el costo y se reduciría la superficie sembrada. El subtexto implicaba consecuencias: empobrecimiento, malhumor rural y afectación del mercado local.

Aapresid se define a sí misma como una ONG sin fines de lucro, que es “integrada por una red de productores agropecuarios que, a partir del interés en la conservación de su principal recurso, el suelo, adoptaron e impulsaron la difusión de un nuevo paradigma agrícola, basado en la siembra directa”.

Greenpeace no tiene una imagen tan inocua sobre Aapresid: “Se presenta como una ONG integrada por una red de productores agrícolas que comparte conocimientos. Entre las empresas miembro que apoyan con financiamiento se encuentran BASF, Bayer, Dow, DuPont y Monsanto. Esta es una organización clave para camuflar el uso de agrotóxicos con un discurso sustentable”³⁸.

Una parte de lo señalado por la ONG ambientalista se concretó en Rosario. Fein esperó a diciembre, un mes festivo, para tomar una decisión controvertida: no vetar ni aplicar la ordenanza. Y lo que es más grave: no comunicarlo a la ciudadanía.

Lo cierto es que, a pesar de que se pretendió torcer lo legislado, la iniciativa se trabó en la Comisión de Ecología, al contar con una mayoría de votos en oposición a una enmienda de último momento. De los siete concejales que la integraban solo dos apoyaron la modificación, Agustina Bouza (Cambiemos) y Carlos Comi (Coalición Cívica). Al no llegar a los cuatro votos para ser mayoría, el tema no fue debatido y la comisión levantó la reunión pocos minutos después de comenzada.

A partir de ahí, se abrió un plazo de 10 días para que Fein modificase la norma sancionada. Eso no ocurrió, y la intendenta se llamó a silencio. El 27 de diciembre se publicó con el número 9789³⁹. Su primer artículo establece: “Prohíbase en todo el ejido de la ciudad de Rosario la utilización y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes, tanto para uso agronómico como también para espacios públicos y jardines particulares”.

Lo ocurrido en Rosario forma parte de una cadena que se extiende a lo largo de la última década. El médico cordobés Medardo Ávila Vázquez, referencia nacional de la lucha frente a los agrotóxicos y sus consecuencias, lo contextualizó:

Ya tenemos más de 400 pueblos en la Argentina y hay cerca de 90 pueblos en Córdoba que han dictado sus ordenanzas, la mayoría de ellos a instancias de los vecinos, que se organizaron y reclamaron a las autoridades. Pero también, por las mismas autoridades que antes de que los vecinos los insten a dictar normativas de protección, por voluntad propia lo han hecho ellos. Nos hemos encontrado con muchos pueblos que ya tenían ordenanzas que prohibían fumigar o entrar con los mosquitos o tener depósitos de agrotóxicos en su ejido. Lo bueno es que crece la conciencia, crecen los reclamos y las soluciones a nivel local⁴⁰.

Sin embargo, estos casos representan apenas un rasguño en el cuerpo de un gigante al que no lo detiene ninguna frontera. El lobby biotecnológico atraviesa países, gobiernos sin distinción del color político, el mundo académico y comunicacional, cadenas productivas y dietas alimentarias.

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Mucho antes de que en marzo de 2017 Greenpeace publicase el informe titulado Ley de semillas: del campo al plato, el lobby de las empresas químicas, la puja en torno de los avances de la biotecnología y su aplicación en el país ya era ardua.

Oficialmente, luego de que en 1996 el entonces secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación nacional, Felipe Solá, aprobase un expediente de 136 folios de los cuales 108⁴¹ eran en inglés y redactados por Monsanto, el primer cultivo transgénico que se autorizó en el país fue la soja resistente al herbicida glifosato.

El paquete Roundup Ready (RR) de Monsanto calzó a medida en un país innovador a través del método de siembra directa, el cual es parte de un sistema integral de producción de granos que evolucionó hacia la implantación del cultivo sin remoción de suelo y con una cobertura permanente de este con residuos de cosecha⁴². Casi el 80% de la superficie sembrada en la Argentina es a través de esta forma.

Todo interés poderoso necesita del lobby. Así nació, en 2000, el Grupo Biotecnología, que definió como una de sus principales finalidades el que se consideren como política de Estado el uso y la producción de cultivos obtenidos a partir de OGM (organismo genéticamente modificado) y que no se alteren las normas vigentes en el rotulado de alimentos y bebidas. Por lo bajo, durante la presentación en la Bolsa de Cereales, aseveraban que se oponían a que en las etiquetas de los productos se especifique si contienen OGM. Sería una lucha que a la larga ganarían: casi dos décadas después, los productos que se adquieren en las góndolas siguen sin proporcionar esta información.

Las fundadoras fueron 15 entidades en total. Las principales eran la Copal, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria (ACTA) y el Foro Argentino de Biotecnología (FAB).

La creación del Grupo Biotecnología fue una reacción frente a la campaña de Greenpeace contra el lobby de las multinacionales químicas, el surgimiento de más de veinte proyectos de ley en favor del etiquetado de alimentos y lo que ellos consideraban como morosidad por parte del Gobierno para aprobar cultivos que contengan OGM.

En ese enfrentamiento con Greenpeace, Monsanto estaba teniendo pérdidas considerables. Así lo registró la consultora sobre inversiones y medio ambiente Innovest Strategic Value Advisors en el informe titulado Monsanto e ingeniería genética: riesgos para los inversores, encargado por la mencionada ONG. En él le otorgó la “categoría C” a la multinacional, advirtiendo que se había expuesto demasiado, lo que le había causado pérdidas por 1700 millones de dólares en 2002, sin lograr abrir nuevos mercados para sus controvertidos productos transgénicos. Lo más preocupante, según la consultora, era que insistía en su estrategia de apostar a una rápida y generalizada aceptación global de los alimentos transgénicos, como el trigo transgénico, que, antes de ser aprobado por la Food and Drug Administration⁴³, estaba siendo criticado por los productores agropecuarios y por la industria alimentaria.

Greenpeace Argentina se subió a las críticas y, a la hora de difundir el informe en el país, señaló que la firma enfrentaba el riesgo que conlleva la contaminación genética y el sostenido rechazo a los alimentos transgénicos en los principales mercados mundiales, a lo que había que sumar la organización de ciudadanos para oponerse al modelo productivo y alimentario que se desarrolla a la par.

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En ese momento, en la Argentina, se estaba empezando a palpitar una sorda lucha entre Monsanto y los productores locales por el cobro de regalías, lo que, generación de divisas mediante, afectaba directamente a la economía de la administración nacional.

Cuando Monsanto desembarcó en la Argentina menemista se abocó a la venta del paquete RR. Eso cambió, en 2004, cuando la empresa quiso negociar con las entidades de productores argentinos un sistema de cobro. La firma norteamericana había advertido que de no alcanzarse un acuerdo litigaría contra los barcos cargados con granos en el exterior, donde posee la patente del gen. El conflicto se extendería por más de una década.

Todo se hizo público desde el momento en que la empresa endureció su reclamo por el cobro de regalías por la patente del gen de la soja transgénica e inició acciones judiciales en los puertos, como los de Holanda y Dinamarca, por caso, a los que llegaban los barcos con granos argentinos. Corría 2005. En ese momento el gerente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Alberto Rodríguez, admitió que era “una clara presión de Monsanto. Decidieron accionar contra los importadores, pero los efectos prácticos de esas acciones recaen sobre nosotros”⁴⁴.

Las exportaciones de porotos de soja rondaban los 1700 millones de dólares al año, clave en la economía del país. Monsanto, primero, hizo el reclamo ante el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Agricultura, Miguel Campos. La firma pretendía cobrar 15 dólares por tonelada exportada.

No conforme con la intimidación, buscarían hacer un torniquete. Mal no les iba, en Brasil habían alcanzado un entendimiento con la asociación de semilleros de ese país para cobrar regalías sobre la venta de bolsas de semillas de soja certificadas. En la Argentina, anticipaban que también se cobraría en la exportación de granos cuando los agricultores no puedan acreditar su volumen de producción con la cantidad de semillas adquiridas en el circuito legal.

Por esos días, estaba en el país la periodista francesa Marie Monique Robin, en plena producción de El mundo según Monsanto, el libro y documental homónimos por los que entrevistó a Campos. Mientras el funcionario se quejaba por la supuesta traición de Monsanto, que, de acuerdo con su versión, había cambiado las reglas de juego, Robin le explicaba que en realidad de eso se trataba la estrategia de la empresa. El diálogo es una pieza ejemplar.

—¿No cree usted que era una trampa? —Miguel Campos finge no entender mi pregunta.

—¿Una trampa? —farfulla.

—Pues, sí. Monsanto primero creó las condiciones favorables para que la soja Roundup Ready se extendiera por todo el país y luego la compañía les pide que pasen por caja…

—Si era una estrategia, estaba muy equivocada. No se cambian las reglas del juego diez años después…⁴⁵.

El tiempo no le daría la razón a Campos, quien en febrero de 2007 abandonó el cargo. El ciudadano de a pie no podía enterarse leyendo los diarios que sobre el gobierno argentino se estaba aplicando una estrategia de pinzas. Mientras Monsanto atacaba los barcos, el embajador norteamericano Lino Gutiérrez presionaba en las oficinas gubernamentales.

Ante todo, del análisis de esos despachos quedaba de manifiesto un movimiento que constaba de cuatro etapas: promover los intereses comerciales de la industria biotecnológica, relajar las regulaciones en materia de biotecnología en el extranjero, proteger las exportaciones de la industria biotecnológica estadounidense y fomentar que los países en desarrollo adoptaran los cultivos biotecnológicos.

Las presiones diplomáticas quedarían expuestas recién el 28 de noviembre de 2010 cuando Wikileaks dio a conocer 251.000 cables o comunicaciones entre el Departamento de Estado norteamericano con sus embajadas por todo el mundo. Conclusión: Monsanto no llegaba sola a un país, lo hacía escoltada por el gobierno de Estados Unidos, sin importar quién gobernase. Era una política de Estado. La megafiltración exponía que las presiones habían comenzado en 2004 durante la presidencia de George W. Bush y continuaron con el mismo tenor durante el mandato de Barack Obama.

Los argumentos de Gutiérrez eran los de Monsanto, cuando afirmaba que el 85% de la soja que se producía en la Argentina se hacía con su fórmula, pero menos de un tercio pagaba regalías, porque los demás usan semillas argentinas que vienen de esas plantas, pero no tributan a la multinacional: “Los granjeros argentinos tienen derecho a replantar —no a revender— semillas generadas en una cosecha originada en semillas registradas sin pagar regalías, pero no a venderlas”, decía en un cable de marzo de 2006.

Ese año pareció que se lograba un principio de acuerdo, al menos eso intuyeron después de una comunicación del embajador tras reunirse, el 17 de enero, con la ministra Felisa Miceli.

El embajador mencionó el caso de la empresa de biotecnología Monsanto al final de la reunión. Explicó que Monsanto había intentado todas las medidas posibles para atender su necesidad de obtener una regalía por su semilla de soja GMO Roundup Ready. En ausencia de una solución doméstica, está progresando con acciones legales en un número de países europeos que importaron soja argentina. Miceli contestó que había hablado con las cuatro asociaciones agrícolas más interesadas en el tema. Estas asociaciones dijeron que Monsanto tenía derecho a exigir una regalía. El problema era ponerse de acuerdo en el precio. “Creo que podemos ponernos de acuerdo”, dijo ella⁴⁶.

Pero el lobby no se circunscribía al embajador, tal como lo demostró la llegada del presidente del Comité de Finanzas, Charles Grassley, del estado cerealero de Indiana, quien se cruzó con el entonces secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Alfredo Chiaradía. En la reunión, de la que participó también Campos, Chiaradía reiteró que el Gobierno planeaba negociar, pero “que no lo haría con una pistola apuntándole”, en referencia a las acciones legales que tomó Monsanto en Europa en contra de los cargamentos de soja argentina. Con la prepotencia del que sabe que pone sobre la mesa una carta obvia, pero potente, Grassley le contestó que el tema no era solo de patentes, o sea, con una empresa, sino comercial, lo que involucraba al gobierno de Estados Unidos. Al lobista del sector se le sumó, en junio de 2006, el congresista de Virginia, Bob Goodlate, quien “sacó el tema de las regalías de la soja biotecnológica de Monsanto, haciendo notar que la fuerza de la economía estadounidense estaba atada a la capacidad de innovar de empresas como Monsanto...”. Chiaradía argumentó que el caso estaba basado en un malentendido sobre qué debe ser protegido. Mientras dijo que Monsanto debería “capturar la recompensa” por el uso de su producto, la idea se aplicaba a la semilla misma, no a los productos derivados de la soja.

Las negociaciones no llegaron a buen puerto. En agosto de 2008, visitó la embajada el presidente de Monsanto Argentina, Juan Ferreira, para agradecer los esfuerzos diplomáticos a favor de su empresa. Por entonces, las acciones legales en Europa habían perdido efectividad.

(Ferreira) explicó que Monsanto continúa con su estrategia revisada de focalizarse en el futuro y asegurarse protección legal para sus nuevas tecnologías que introducirá en el futuro... Monsanto no tuvo discusiones de alto perfil con el gobierno por las regalías durante el extendido paro granjero, pero ha mantenido contactos con organizaciones agrarias y gobernadores provinciales para asegurarse que los proveedores sean pagados para introducir nuevas tecnologías para mejorar la producción en la Argentina⁴⁷.

Ya con Obama en la Casa Blanca, cambiaron los actores, pero no el tema ni las formas. En marzo de 2009, el embajador Earl Anthony Wayne sacó nuevamente el tema. Esta vez, ante el nuevo secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, y la ministra de Producción, Débora Giorgi. “El embajador señaló la importancia de solucionar la prolongada disputa entre el gobierno y Monsanto por el pago de regalías”. Cheppi anticipó que el gobierno estaba trabajando en una nueva ley de semillas con aportes de todas las partes involucradas, para resolver el problema, pero que la disputa con el sector del campo frenó el movimiento. Dijo que ya había un acuerdo general sobre lo que se necesitaba hacer.

Cuando se conocieron estos cables, el director ejecutivo de la Asociación de Consumidores Orgánicos, Ronnie Cummins, sostuvo que “no es extraño que Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer y Dow intenten mantener y ampliar su control del mercado global de semillas, de un valor total de 15.000 millones de dólares, pero sí es lamentable que el Departamento de Estado sea cómplice de los objetivos de la industria, a pesar de las fuertes críticas por parte de la opinión pública y de la oposición en varios países”.

El acuerdo en torno al uso de las semillas se anunció en varias oportunidades. Por ejemplo, en abril de 2012, cuando se comenzó a avanzar en la autorización de la soja 2 de Monsanto, técnicamente llamada RR2BT, cuyo nombre comercial es Intacta. A diferencia de lo ocurrido en 1996, la multinacional ya la había patentado en el país. Sin embargo, quedó trunco. A mediados de 2015, se logró un principio de solución para el entuerto entre exportadores, acopiadores y empresas semilleras, con una particularidad: el Instituto Nacional de Semillas (Inase), organismo a cargo de la fiscalización del sector, pasaba a tener el control en los análisis sobre la soja que antes hacía Monsanto. Para eso hizo un convenio con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires: para sostener un sistema que permite gestionar esa información y si la soja comercializada por el productor tiene o no la tecnología de la empresa.

Había una particularidad. Lo que hacían las empresas pasó a la órbita del Estado, ya que, con la resolución 207, el Inase comenzó a perseguir a los productores que eventualmente hubieran utilizado semilla sin un origen legal. A cambio, Monsanto bajó una cláusula que los exportadores ponían en los contratos de compraventa de granos y que obligaba a los productores a someterse a la prueba de la firma.

Lo propio hizo el gobierno de Mauricio Macri al asumir, procurando extender el entendimiento conseguido. En ese contexto, el oficialismo anunció, en 2016, el envío de un proyecto de ley de semillas, que rápidamente se convertiría en el objeto del lobby de las empresas biotecnológicas.

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En el momento en que se conoció que el Gobierno pretendía avanzar firmemente con un proyecto para dar lugar a una ley de semillas que actualice la de 1973, se difundió el informe de Greenpeace en el que se demostraban 30 conexiones⁴⁸ entre diferentes integrantes de los gabinetes macristas y las empresas y asociaciones del sector con una clara tendencia favorable a los deseos de las multinacionales de la biotecnología. El dato clave era que cuatro grandes empresas multinacionales (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y BASF) controlaban el 59,8% del mercado mundial de semillas. Parte de la redacción y la búsqueda de consensos por el oficialismo quedó en manos del diputado Pablo Torello. Rápidamente, quedaron divididos los bandos que apoyaban y rechazaban el proyecto.

Fue ahí que se dio a conocer el trabajo de treinta páginas de Greenpeace, firmado por Franco Segesso:

El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías más grandes. Los mismos responsables de que en la Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de agrotóxicos al año, que afectan la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía exposición directa [poblaciones rurales] o por medio de los alimentos y el agua [poblaciones urbanas])⁴⁹.

Según la ONG, el lobby se hizo por medio de cinco vías: la diplomática, la del Poder Ejecutivo, la del Poder Legislativo, la del campo y la industria alimentaria. El mecanismo se ejerció con funcionarios públicos que tienen (o tuvieron en algún momento) vínculos⁵⁰ con las empresas o por medio de organizaciones que se presentan como “independientes”, “apartidarias”, pero en realidad son el brazo técnico y de presión de las empresas.

Uno de los casos paradigmáticos de puerta giratoria es el de Leonardo Sarquís, quien pasó de gerente de Monsanto a ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Es considerado uno de los principales impulsores de la nueva ley de semillas.

Asimismo, el foco recayó sobre funcionarios como Martín Lema, director nacional de Biotecnología en el Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia). Dentro de sus obligaciones, Lema tenía que controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de intereses escribió artículos científicos con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Otro nombre era el de Gustavo Idígoras, quien fue el responsable del Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: “Mesa de Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia”). Idígoras se encargó de la coordinación del sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio pleno de “puertas giratorias”, pasó a trabajar a Monsanto.

Respecto del proyecto de ley de semillas que se anunció el 14 de octubre de 2016, según el trabajo de Greenpeace, por pedido de Estados Unidos y Monsanto⁵¹, el oficialismo:

[…] avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Los críticos señalaban que el proyecto del Gobierno anulaba cualquier posibilidad de que en la Argentina se desarrollase “un sistema alimentario saludable y de acceso popular”. Como consecuencias remarcaron que mientras se echaba por tierra la promesa de “hambre cero”, a la par el cobro de regalías por el uso de semillas registradas creaba un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. Se producía así la avanzada del modelo agroindustrial, que entre otros efectos acelerará el desplazamiento territorial de la agricultura familiar, tanto como el uso de agrotóxicos y los desmontes, concluyeron. Lo cierto es que el macrismo no pudo concretar el acuerdo con las cámaras que reúnen a los distintos tipos de productores y tuvo que dormir el expediente.

A fines de 2017, Macri corrió a Buryaille y puso en su lugar a Luis Miguel Etchevehere, quien al momento de ser nombrado era el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Las críticas desde todos los flancos políticos se agudizaron cuando se conoció que el flamante ministro de Agroindustria había recibido un bono de 500.000 pesos de parte de la SRA en concepto de “liquidación final” por desempeñar el cargo.

Rápidamente, el caso se judicializó, luego de la denuncia presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero el 28 de diciembre de 2017. En ella, afirmaba que “el bono que aprobó la Comisión Directiva de la SRA no contempla aportes ni contribuciones, por lo tanto, no puede ser salario. Además, el estatuto de la Sociedad Rural dice que los cargos son ‘no rentados’ y el Acta que se aprobó por 14 votos a favor y 11 en contra no dice que son salarios”. Por su parte, la SRA informó que paga honorarios a su presidente y vice desde 1990. Tras ser imputado por el fiscal federal Ramiro González, el funcionario comunicó, en febrero de 2018, que había transferido desde su propia cuenta el igual al importe recibido.

Ese año, el macrismo volvió a la carga, nuevamente con Torello al frente, en busca de sancionar una nueva ley de semillas. El legislador aseguraba que pueblos originarios, agricultores familiares anotados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) y los productores que definan el Inase y la Comisión Nacional de Semillas (Conase), por volumen o escala, quedarían al margen del pago. No obstante, al cierre de este libro no lo había logrado, a pesar de que, a fines de 2018, en el plenario de comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación de la Cámara de Diputados, el oficialismo (Pro-UCR y sector de Martín Lousteau) firmó el proyecto.

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El lobby se torna silencioso y capilar cuando penetra en la academia. Sin embargo, si las condiciones cambian se puede volver un componente explosivo.

El finlandés Mark Blainey, científico integrante de la Agencia Europea de Sustancias Químicas, estipuló las distintas etapas para insertar una verdad científica dentro de una sociedad:

1) Emplear y dirigir a científicos externos para conducir investigaciones destinadas a demostrar la seguridad de los procesos y productos particulares, suscitar controversias y conducir ataques contra cualquier científico que muestren los peligros.

2) Organizar grupos de científicos terceros y amigos de las empresas para apoyar sus posiciones científicas ante organismos de representación y de fijación de las normas, tribunales y opinión pública. Estos grupos se llaman generalmente asesoría científica.

3) Crear o utilizar grupos de presión, organismos industriales y think tanks para dar una apariencia de legitimidad.

4) Utilizar e influenciar los medios de comunicación para dominar las opiniones populares⁵².

Algo así pasó en Córdoba en 2012 cuando la universidad de esa provincia anunció la celebración del Convenio específico de cooperación y asistencia técnica entre la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Facultad de Ciencias Agropecuarias, y Monsanto Argentina.

El texto revelaba la profundidad de hasta dónde iba a calar el acuerdo, ya que explicitaba, casi poniendo a Monsanto en un lugar de ONG, que no solo llevarían a cabo investigaciones conjuntas, sino que también intervendría en la capacitación de docentes y estudiantes, la integración de jóvenes profesionales al mercado laboral y la difusión del conocimiento. Por lo que la mencionada facultad quedaba casi en una función subsidiaria.

Quienes desde el Consejo Directivo del claustro estudiantil cuestionaban el convenio remarcaron que “estamos ante un proceso totalmente antidemocrático, ya que el acuerdo se firmó en un marco totalmente informal, a espaldas de la comunidad educativa, que quedó al margen del proceso de elaboración y decisión”⁵³.

En paralelo, ese año, se había anunciado que se instalaría una planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, ciudad perteneciente al departamento de Colón. Del acto oficial participaron la entonces presidenta Cristina Fernández y el gobernador José Manuel de la Sota. Haciendo caso omiso del descontento de una buena parte de la ciudadanía, festejaron la promesa de megainversión de la multinacional Monsanto: 1500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. Supuestamente, se crearían 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando —en una ciudad cuya máxima generación de empleos era de 35 puestos— y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional.

En septiembre de 2013, se instalaron carpas denunciando que la empresa no contaba con autorización oficial para continuar con las obras, ya que la Secretaría de Ambiente del gobierno de la provincia de Córdoba había rechazado el estudio de impacto ambiental presentado por esta. A eso se sumaba un fallo de la Justicia provincial que había declarado arbitrarias e inconstitucionales las decisiones municipales que autorizaban la radicación de la planta de semillas por no cumplir mandatos legales.

El enfrentamiento se trasladó a las elecciones locales de 2015. En ellas, ganó por estrecho margen la radical Silvina González, secretaria de Gobierno de la gestión de Daniel Arzani, que autorizó el proyecto. Venció por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.

Hubo apoyos simbólicos a la manifestación en contra: desde una foto del papa con la bandera que decía “Asamblea Malvinas lucha por la vida”, a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además de respaldos locales que crecieron y derivaron en marchas en las calles de Córdoba. A lo que hay que sumar la frenética agitación a través de redes sociales y la resistencia pacífica en los ingresos al predio.

Finalmente, la justicia paralizó las obras. Hasta ese momento, no se había acreditado sobre la base de qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto. A pesar de los distintos intentos para que el acampe fuera levantado, se extendió hasta noviembre de 2016, luego de que se confirmase que el predio de 28 hectáreas había sido vendido a Regam/AMG tras desmontar las estructuras que ya se habían edificado.

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Pero ¿por qué se erigió Córdoba en un caso testigo de resistencia y conflicto?

La provincia mediterránea ya tenía antecedentes. El más notorio era el del barrio Ituzaingó Anexo, situado en las afueras de Córdoba capital, donde, a comienzos de siglo, residían alrededor de 5000 personas. Allí, en 2001, un grupo de madres se organizó para reclamar que el municipio controlase las aspersiones con agroquímicos que, según la intensidad y dirección del viento, caía sobre ellos. Venían de notar que muchos vecinos estaban padeciendo distintas clases de enfermedades, entre ellas, diversos tipos de cáncer. A partir de ese momento, se realizó un mapa y se tomó una variedad de medidas, para tratar de mitigar los efectos inmediatos y a mediano y largo plazo sobre su salud.

El primer análisis en los tanques de agua de las viviendas y en el suministrador del barrio detectó la presencia de compuestos de nombres extraños para ellas. Por ejemplo, endosulfán, un agroquímico luego prohibido. Había también otros químicos desconocidos, pero uno que en la Argentina y el mundo llevaba décadas prohibido: DDT⁵⁴.

En 2005, la Municipalidad de Córdoba hizo sus análisis. De 30 chicos, de entre cuatro y catorce años, 23 presentaron en sangre niveles excesivos alfa hexaclorociclohexano, una sustancia cuya fabricación o uso está prohibido en la Argentina desde 1980 y, por ser “probablemente cancerígena”, fue retirada del mercado en Estados Unidos en 1976.

Aparte de realizar diferentes acciones en el espacio público, hicieron una presentación en la justicia. Su lucha sentó precedente, ya que el 22 de agosto de 2012, la Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Córdoba⁵⁵ condenó a tres años de prisión condicional al productor rural Francisco Parra y al piloto aeroaplicador Edgardo Pancello por contaminación ambiental a partir de fumigaciones ilegales en campos lindantes con este barrio.

El 12 de septiembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el fallo. Con el voto de la mayoría absoluta integrada por los vocales Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por los abogados defensores de los condenados.

Fue en este contexto en que el convenio por ratificarse por la Facultad de Agropecuarias se convirtió en parte de esta escalada. Mientras quienes dirigían la unidad académica enfatizaban que serían recursos para desarrollar la investigación, quienes se oponían indicaban que Monsanto buscaba penetrar en los currículos educativos, una forma de colonizar el saber.

El convenio debía debatirse en la sesión del Consejo Mayor de la UNC del martes 21 de octubre, pero el encuentro ni siquiera comenzó. Estudiantes independientes y algunas organizaciones se movilizaron para exigir la derogación del acuerdo y para difundir e informar acerca de los motivos de este pedido.

Desde La Voz del Interior, en su editorial, Juan Carlos Carranza indicó:

Lo cierto es que 200 militantes anti-Monsanto bastaron para que el máximo órgano de gobierno universitario aprobara una resolución solo para descomprimir la tensión. Está claro que el rector Francisco Tamarit no quería que el edificio Claustrorum en Ciudad Universitaria amaneciera con las carpas de los ambientalistas adentro. Una decisión pragmática, tal cual es su estilo, aunque nada tuvo que ver con lo que distingue a una universidad: un debate con pluralidad de opiniones⁵⁶.

Un dato no menor es que el diario La Voz está controlado por el Grupo Clarín, que desde su suplemento rural aboga por la expansión de los negocios que las multinacionales biotecnológicas proyectan sobre la superficie del país. Asimismo, Clarín y La Nación organizan anualmente una jornada donde el lobby se pavonea frente a los ojos de los asistentes y lectores de sus medios: Expoagro.

La apuesta a los medios de comunicación por parte del interés de las firmas biotecnológicas es clave, pues desde allí es que pueden inocular sus verdades tantas veces y de tantas formas como les plazca.

El suplemento sabatino Clarín Rural es un ejemplo paradigmático. Su director, Héctor Huergo, es uno de los mayores defensores de los OGM. Con solo ver quiénes publicitan, se comprende por qué comunica lo que presenta como información: Dow AgroSciences, Rizobacter, Syngenta, Don Mario Semillas, y Bayer, entre otros. El propio Huergo se jacta de ello: “Cada uno en la sociedad tiene el papel que elige, yo elegí el de la promoción de nuevas tecnologías. Eso genera valor en general y ese valor es apropiado por distintos actores. Yo no me apropié mucho. Sí me capitalicé como nombre, por eso estoy acá, a ustedes les interesa. Traté de traer la innovación, contar lo que estaba pasando en el mundo, ir a buscarlo y promocionarlo a través de distintos mecanismos”⁵⁷. El periodista devenido lobista fue quien lanzó la idea de organizar FeriAgro, a la postre convertida en ExpoAgro. A su vez, tuvo su propia consultora para inversiones en el sector.

Distante de su imagen autoalabatoria, su excompañero en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Lapolla, consideró que, durante su breve paso por el INTA, en el mandato de Felipe Solá al frente de la Secretaría de Agricultura, lo arruinó “sin ningún tipo de escrúpulos, transfirió el capital genético estratégico para el país a distintas multinacionales del agronegocio, como Monsanto y Nidera. También les permitió el acceso a los archivos secretos del organismo. Quienes estaban en desacuerdo, eran despedidos inmediatamente. Hoy Huergo es el máximo defensor de la soja transgénica y el glifosato”. Tiempo atrás, el extinto Lapolla había definido al director de Clarín Rural como el principal ideólogo de la transformación “del otrora granero del mundo argentino en la republiqueta sojera monsantiana a que nos conduce el monocultivo, arrasando nuestro suelo, nuestra biodiversidad y nuestra soberanía alimentaria”⁵⁸.

Cuando Macri anunció la eliminación de las retenciones de algunos cultivos y la reducción en el caso de la soja, Huergo fue uno de los más enfáticos defensores de esa medida. Hasta el punto de que, cuando se rumoreaba que retornarían, producto del acuerdo con el FMI en 2018, motivo por el cual Macri volvió a desmentirlo, fue el director del suplemento agrario de Clarín quien les pidió a los productores que fueran a fondo y sin desconfianza.

Uno de los mayores gestos de apoyo de Huergo al macrismo fue en julio de 2018, en plena crisis económica, momento en que reclamó al campo que valore los esfuerzos del oficialismo porque “el gobierno hizo su parte. Tras la debacle de la era K, vino un giro copernicano. Se liberaron las exportaciones, se eliminaron las retenciones y hasta hubo un reintegro como a cualquier industria. Comenzó la lucha para terminar con el jubileo fiscal y sanitario”⁵⁹.

A pesar de su potente discurso pro OGM, nada informó Clarín Rural cuando, en 2017, se supo cómo se conformaba la Conabia, creada en 1991, como instancia de evaluación y consulta previa a la autorización de los OGM. Justamente en sus manos había quedado la aprobación técnica de la soja resistente al glifosato.

A nivel local, todo se tensó cuando advirtieron que la organización inglesa contra el lobby transgénico GMWatch, el 13 de junio de 2017, había publicado la nota “Corrupción transgénica”⁶⁰, en la que se hacía eco de la investigación del periodista Darío Aranda, publicada en el mensuario La Vaca⁶¹. Allí, el cronista desplegaba las múltiples conexiones entre el ente a cargo de la aprobación de los OGM, funcionarios, las multinacionales semilleras y dirigentes del sector.

Según Aranda, cuando los integrantes de la Conabia estuvieron al tanto de la difusión internacional, tomaron la decisión de hacer pública la composición e iniciar una caza de brujas para que no se filtre más información.

Un dato clave es que, desde 1996, la Conabia aprobó 41 transgénicos (de soja, maíz, algodón y papa). Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, Tecnoplant, Pioneer y Nidera, entre otras. Las mismas empresas que dominan la Conabia y prometen que “los transgénicos son seguros”. De los 34 integrantes que se dieron a conocer, 26 pertenecían a las empresas o registraban conflictos de intereses.

Se sigue el punteo desgranado por Aranda: Miguel Rapela y Fabiana Malacarne, de la Asociación de Semilleros de la Argentina (ASA), donde confluyen todas las empresas multinacionales de semillas transgénicas; Gabriela Levitus, de Argenbio (organización de lobby científico-político fundado por las empresas Syngenta, Monsanto, Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera y Pioneer); Alejandro Petek y Luis Negruchi (de la organización de empresarios Aapresid, espacio de lobby transgénico, hoy presentes en el Ministerio de Agroindustria), Silvia Lede (con pasado en la multinacional Basf), Abelardo Portugal, expresidente y referente de Aianba (Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires) y parte de la organización Maizar (donde participan todas las empresas del sector). Aianba es auspiciada por Bayer, Dow y Monsanto.

También aparecieron científicos con paso por instituciones públicas, pero con un claro conflicto de intereses con las multinacionales biotecnológicas: Dalia Marcela Lewi, Fernando Bravo Almonacid, Mónica Liliana Pequeño Araujo, Hugo Permingeat, Lucas Lieber, Mariano Devoto, Elba María Pagano.

El periodista aportó otro elemento clave. La movida del Ministerio de Agroindustria para ocultar a quienes hasta hace poco tiempo tuvieron influencia: Miguel Álvarez Arancedo (Monsanto), Magdalena Sosa Beláustegui (Bayer), Mirta Antongiovanni (Don Mario), Gerónimo Watson (Bioceres/Indear), Atilio Castagnaro (Estación Experimental Obispo Colombres, de los grandes ingenios azucareros de Tucumán), Alejandro Tozzini (ex Monsanto, actual de Syngenta), Gustavo Abratti (DuPont-Pioneer), Claudio Gabriel Robredo (ex Monsanto), Mauro Meier (de la Asociación de Cooperativas Argentinas).

A diferencia de otros casos, el lobby de las empresas biotecnológicas es diverso: modula normas, penetra el campo, hegemoniza los laboratorios, doblega el saber, engorda las billeteras de empresas multinacionales, deja a veces algo en las arcas de la administración pública y termina en un plato o sobre un barco camino a otro país.

37. Ver: www.conclusion.com.ar/la-ciudad/el-concejo-municipal-aprobo-la-prohibicion-del-glifosato-en-la-ciudad/11/2017

38. Informe de Greenpeace Argentina: Ley de semillas: del campo al plato, el lobby de las empresas químicas, 23 de marzo de 2017. Ver: www.greenpeace.org/archive-argentina/Global/argentina/2017/3/INFORME-Ley-de-semillas-30-vinculos-entre-el-Gob-y-las-agroquimicas.pdf

39. Ver: http://www.rosario.gob.ar/normativa/ver/visualExterna.do?accion=verNormativa&idNormativa=130549

40. Entrevista realizada para este libro el 18 de julio de 2018.

41. Ver: www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-123932-2009-04-26.html

42. La definición corresponde al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Entre los beneficios se encuentran la mejora del aprovechamiento del agua; la protección contra la erosión; la mejora del balance de la materia orgánica; la disminución de la formación de costras superficiales; la posibilidad de sembrar donde arar no era posible por falta de agua.

43. La Food and Drug Administration, conocida por su sigla FDA, es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos.

44. Ver: www.lanacion.com.ar/717236-la-puja-por-las-regalias-afecta-las-ventas-de-soja

45. Marie Monique Robin: El mundo según Monsanto. Barcelona, Península, 2008, p. 379.

46. Santiago O’Donnell: Argenleaks. Buenos Aires, Sudamericana, 2011, pp. 226-227.

47. Ibid., p. 130.

48. Más de treinta vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios y legisladores.

49. Informe de Greenpeace Argentina: Ley de semillas: del campo al plato, el lobby de las empresas químicas, 23 de marzo de 2017. Ver: www.greenpeace.org/archive-argentina/Global/argentina/2017/3/INFORME-Ley-de-semillas-30-vinculos-entre-el-Gob-y-las-agroquimicas.pdf

50. Para graficarlo, hicieron un punteo esquemático. Monsanto-Bayer tiene vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Conabia, Conase, CRA, Fundación Pensar, el director nacional de Agricultura Ignacio Garciarena, la coordinadora de Políticas para Desarrollo Sustentable Beatriz Giraudo, el exjefe de Gabinete Gustavo Lopetegui, ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, por su sigla en inglés), el ministro de Agroindustria bonaerense Leonardo Sarquís, la Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), el exministro de Agricultura nacional, Ricardo Buryaile, Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), el director de Senasa Ricardo Negri, el secretario de Agricultura nacional Guillermo Bernaudo y el diputado nacional Pablo Torello.

Syngenta-Chem China, con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, Torello, Garciarena, Giraudo, ILSI, el Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, el jefe de Gabinete Marcos Peña, Negri, Red BPA y el senador Alfredo De Angeli.

Dow-Dupont, con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Bernaudo, Casafe, Conabia, Conase, CRA, los diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Garciarena y Giraudo, ILSI, Negri, RAP (Red de Acción Política), Red BPA, Buryaile, la senadora Cristina Fiore y la vicepresidenta Gabriela Michetti.

BASF, con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, Torello, ILSI, Red BPA.

51. Desde septiembre de 2016 pasó a estar controlada por Bayer.

52. Marie Monique Robin: El veneno nuestro de cada día. La Plata, De la Campana, 2012, pp. 161-162.

53. Ver: notasperiodismopopular.com.ar/2014/09/18/monsanto-cordoba-facultad-ciencias-agropecuarias

54. El dicloro difenil tricloroetano es un insecticida organoclorado sintético de amplio espectro, acción prolongada y estable, aplicado en el control de plagas para todo tipo de cultivos desde la década del cuarenta. En la Argentina, fue prohibido por medio del Decreto N.º 2121 de 1990.

55. En 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena en la causa Gabrielli Jorge Alberto y otros p.s.a. Infracción Ley 24051.

56. Ver: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/monsanto-y-la-universidad-del-conocimiento

57. Ver: revistacrisis.com.ar/notas/el-tecnocrata-mesianico-0

58. Manuel Alfieri: “Por qué Clarín y La Nación apoyan el uso de glifosato en la Argentina”. Tiempo Argentino, 6 de marzo de 2011.

59. Ver: www.clarin.com/rural/ahora-excusas_0_SJfpXRtVm.html

60. Ver: http://www.gmwatch.org/en/main-menu/news/latest-news/17671-transgenic-corruption

61. Darío Aranda: “Corrupción transgénica”. La Vaca. N.º 112, 8 de junio de 2017.

Capítulo 5

El poder detrás del poder

“Los negocios no tienen ideología”.

MIGUEL MICKEY CASTELLANO, accionista de London Supply

“Detrás del poder, para construir poder”, podría ser el lema de Jorge Brito. El caso Ciccone tal vez ayude a definir algunas de sus múltiples caras: como aportante y financista, como un bombero del incendio político que mayor daño causó al kirchnerismo, dispuesto a acercar actores y la estructura que auxilie a sortear el conflicto. En otras palabras, un fantasma de la trama inhallable en los papeles, un verdadero armador: un lobista.

El caso que se mantuvo con intensidad en la agenda pública, fundamentalmente, durante el segundo mandato de Cristina Fernández puede resumirse en 10 puntos centrales.

1) Julio de 2010, la AFIP se presentó a pedir la quiebra de Ciccone Calcográfica por una deuda con el fisco de 60 millones de dólares, que se ordenaría el 15 de ese mes.

2) La empresa London Supply se presentó ante la Justicia y pagó 1,8 millones de pesos, lo necesario para permitir el trámite de levantamiento de la quiebra de Ciccone. London Supply pagó el dinero en nombre de la empresa fantasma llamada The Old Fund, representada por Alejandro Vandenbroele, quien, como resultado, pasó a ser el presidente de la empresa.

3) El 24 de septiembre de 2010, la Justicia levantó la quiebra de la ex Ciccone. En octubre de 2010, Ciccone Calcográfica pidió a la AFIP una moratoria que incluyera quita de intereses, multas y honorarios. El jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, sugirió consultar al, en ese entonces, ministro de Economía, Amado Boudou.

4) A mediados de 2011, The Old Fund tomó el control de la planta y en julio fue renombrada como Compañía de Valores Sudamericana S. A.

5) En agosto de 2012, en la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó una ley para “expropiar la empresa” y se indicó que la totalidad de los bienes pasarían a integrar el patrimonio de la Casa de la Moneda.

6) El caso tomó visibilidad cuando, el 6 de febrero de 2012, el periodista Nicolás Wiñazki entrevistó a Laura Muñoz, exesposa de Vandenbroele, para el programa radial Lanata sin filtro, de Radio Mitre. En ella, lo acusaba de ser testaferro de la empresa Ciccone y denunciaba que el dueño real era Amado Boudou.

7) En abril de 2012, la justicia comprobó el vínculo entre Amado Boudou y Alejandro Vandenbroele, quien pagaba las expensas, el alquiler y el servicio de televisión por cable de un departamento perteneciente al entonces vicepresidente.

8) La causa recayó al principio en el juez Daniel Rafecas, quien luego fue apartado por dudarse de su imparcialidad tras comprobarse un intercambio de mensajes con un abogado vinculado a José María Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou, y acusado de haber sido el nexo con Vandenbroele. La Cámara Federal designó al juez federal Ariel Lijo.

9) En mayo de 2014, el exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, dijo haber sido amenazado días antes de la fecha en que fue citado a declarar en la causa. Abandonó el país temiendo por su vida. En junio de 2014, Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone, declaró haber sido amenazado por Núñez Carmona luego de rechazar que lo sobornaran.

10) El 27 de junio de 2014, el juez Ariel Lijo procesó a Amado Boudou por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su condición de funcionario público. También fueron procesados su socio Núñez Carmona y Vandenbroele, ambos por el delito de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles. Además, se dictaron procesamientos para Nicolás Ciccone (dueño de la imprenta) por el delito de cohecho activo y a Guillermo Reinwick por ser considerado partícipe necesario del delito de cohecho activo. El magistrado consideró que Boudou y su socio José María Núñez Carmona compraron la imprenta Ciccone Calcográfica a través de la sociedad The Old Fund y Alejandro Vandenbroele “con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial”. Según el juez, Boudou y Núñez Carmona acordaron con Héctor y Nicolás Ciccone, fundadores de la imprenta, así como con Guillermo Reinwick, la cesión del 70% de la empresa “a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la administración pública”.

Si bien estos ítems resumen el caso, es necesario profundizar la trama del lobby que tuvo en el centro al exvicepresidente.

Los hermanos Ciccone necesitaban salvar la imprenta de la quiebra. De este manera desembarcaron The Old Fund y London Supply como inversores para aportar el dinero y evitar el cierre de la empresa.

El periodista Hugo Alconada Mon lo explica así:

Puestos a buscar inversores privados, nadie imaginó, sin embargo, que Boudou avanzaría sobre la imprenta como lo hizo. Es decir, juntó a un puñado de amigos de Mar del Plata, que incluyó a “Nariga” (N. d. A.: En referencia a Núñez Carmona, amigo de la infancia de Boudou) y socio suyo, Jorge Enrique Capirone [luego número dos en la nueva Ciccone], y con una sociedad, The Old Fund, en la que aparecían el primo de una novia de Nariga, Alejandro Vandenbroele, que era un abogado monotributista con reporte de operaciones sospechosas de lavado en España; y otro amigo de Mardel, Sergio Gustavo Martínez, prófugo de la justicia de Estados Unidos. Toda una pinturita⁶².

En efecto, The Old Fund adquirió el 70% de las acciones de la empresa y levantó la quiebra. Las gestiones provenían de las más altas esferas del poder. Y no se trataba solo del poder político.

EL ROL DE BRITO

Brito y Boudou se conocieron en 2006, a través de los negocios que desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) realizaron con el Macro. Eran los años dulces de la relación del banquero con el matrimonio Kirchner. Los lazos se extendían al plano familiar: Núñez Carmona fue parte, por caso, del exclusivísimo casamiento del hijo homónimo del banquero, con quien tejió una sólida amistad. Amante de los festejos, Jorge Brito hijo ya había festejado su cumpleaños con Nariga en el Faena Hotel de Puerto Madero en 2009. Eran momentos donde sobraban motivos para festejar, “Aimé” Boudou en pocos días pasaría de la Anses al Ministerio de Economía y ellos ya contaban con esa información. El 25 de julio de 2011, Cristina Fernández anunció que Aimé sería su compañero de fórmula como vicepresidente. Luego del anuncio, Boudou volvió a festejar con los Brito.

En simultáneo, The Old Fund ajustaba los linajes de la imprenta. Alejandro Vandenbroele, a cargo de la nueva Ciccone, sería secundado por Máximo Macho Lanusse, un fiel ladero del banquero Jorge Brito. No hay que husmear mucho en su currículum para advertir que pasó por el Macro, luego fue un tiempo a trabajar a otra de las empresas de Brito, Inversora Juramento, hasta retornar, nuevamente, al Macro. Lo que se dice, un hombre de confianza.

Dos semanas después de la quiebra de la imprenta, el 29 de julio de 2010, Boudou y Nicolás Ciccone se encontraron en el estudio de Telefe. Allí el en ese momento ministro de Economía indicó a Ciccone que continúe las negociaciones con su socio Núñez Carmona. Vertiginosamente, Ciccone Calcográfica pasó a ser manejada por el tándem Vandenbroele y el hombre de Brito, Lanusse. Con Macho en Ciccone, llegaron los créditos a The Old Fund. Muchos de ellos se hicieron a través de la firma Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Limitada. En la atmósfera de las finanzas se sabe que los bancos suelen operar con sus propias cooperativas y Macro solía hacerlo a través de Crédito Marítima del Sur. Una de las partidas de casi 5,5 millones de pesos se destinó para arreglar las máquinas que se utilizarían para imprimir papel moneda. En las elecciones presidenciales de 2011, en la que el binomio Cristina Fernández-Amado Boudou ganaría con más del 54% de los votos y por una diferencia de más de 37 puntos frente al candidato del Frente Amplio Progresista, Hermes Binner, las boletas se imprimieron en la imprenta de Ciccone. En números, los Ciccone emitieron la factura de 1.952.303 pesos por casi 31 millones de boletas días antes de las elecciones primarias del 14 de agosto y luego, el 29 de septiembre de 2011, otro cheque por 2.949.502 pesos.

No tenía dos meses Cristina como presidenta reelecta cuando, el 6 de febrero de 2012, desde el programa radial de Jorge Lanata, en Radio Mitre, la exesposa de Vandenbroele, Laura Muñoz lanzó munición gruesa: acusó a su ex de ser testaferro de Boudou en la empresa Ciccone.

Ante los dichos, en el Banco Macro se hizo una estrategia interna de control. De inmediato, tuvo el tino de remitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) después de varias transacciones de dinero en dirección a la ignota The Old Fund. Su unidad antilavado concluyó en que esos movimientos no tienen relación con los antecedentes de su cliente e incluyó en la advertencia a The Old Fund y a Alejandro Vandenbroele. Naturalmente, eligió mirar para otro lado y proteger a su hombre en Ciccone: Lanusse no figuró en el ROS. Macho, sin embargo, se mostró preocupado y no tardó en revolear epítetos contra los nuevos gestores de Ciccone: “Estamos en manos de unos locos”, fue una de las frases más benévolas que lanzó al referirse a Núñez Carmona. Porque cuando aludió a Vandenbroele llegó a compararlo con “una persona con deficiencia mental”. Las palabras se las soltó a sus compañeros del Macro, a quienes Lanusse cada vez que tenía oportunidad les transmitía su preocupación⁶³. Macho no tardó en avisarle a Brito que la cosa venía mal y que tenían que abrirse.

Mientras tanto, los inversionistas se diversificaron y a los fondos de la Cooperativa Marítima del Sur se le sumó la firma Maxifarm del exbanquero Raúl Moneta. En los papeles, Moneta figuró como fiador “solidario, liso, llano y principal pagador” de The Old Fund. Se cree que más allá de la persistente idea de hacer negocios, el rol de Moneta, con el escándalo que crecía al ritmo del dinero que fluctuaba en la nueva empresa de impresión de billetes, fue el de poner el rostro por proteger a su amigo Jorge Brito. Se debían favores. Años atrás, fue Brito el que salió al salvataje de los bienes de Moneta, cuando, a punto de perder el edificio República, el Banco Macro terminó por recuperarlo.

Es cierto que Moneta tenía poco para perder y mucho para ganar con el caso Ciccone. Por eso se hizo cargo por los más de 40 millones que había recibido The Old Fund o la nueva Ciccone durante los últimos dos años. Pero no se trataba solo de solidaridad entre banqueros y políticos, sino que, detrás del fronting, el banquero icónico del menemismo pretendía sumar porotos con el gobierno nacional, ya que en carpeta tenía intereses en hacer negocios con el sector petrolero, como también, siendo un viejo hombre de los manejos de medios, quería obtener una parte de Cablevisión en plena disputa de los Kirchner con el Grupo Clarín. Moneta deseaba que el favor de protección a Amado Boudou y de su amigo Jorge Brito le cambiaran el panorama judicial donde mantenía una pelea con Javier Fernández, distanciados desde hacía unos años por un tema de negocios que pasó a mayores (N. d. A.: Fernández le atribuyó los tres balazos que le tiraron desde un Ford K blanco a su auto oficial, un Citroën C4). Moneta creía, por su parte, que el embargo de 25 millones de pesos que le había estampado un juez subrogante que lo procesó por tentativa de extorsión se dio a raíz de las órdenes del operador peronista. Ciccone podía saldar esa disputa. Al fin y al cabo, Fernández era muy amigo de Darío Richarte y Diego Pirota, en ese momento defensores de Boudou y Núñez Carmona.

La secuencia que planeaba Moneta fue resumida así por Hugo Alconada Mon: “Moneta, garante de The Old Fund; Moneta, pagador; The Old Fund, deudor; Ciccone, responsable por los actos de The Old Fund; Ciccone, deudor de Moneta y, si no pagan la deuda para agosto de 2013, Moneta dueño de Ciccone”⁶⁴. Según el acuerdo que presentó Vandenbroele ante la justicia, “para la devolución del préstamo, The Old Fund/Ciccone cuentan con 12 meses de plazo desde la formulación de la oferta”. En efecto, el plazo venció en agosto de 2013. Moneta conocía la trama. Brito, también.

Lo que no calcularon fueron las declaraciones del arrepentido Vandenbroele luego de que el juez Ariel Lijo lo llevase a indagatoria en el juicio que se desató por la causa Ciccone. El desmadre que generó la caída en desgracia de Boudou y su salida del poder arrastraría al director y presidente del Banco Macro, directamente. Cuando Vandenbroele puso en su boca el apellido Brito, el impoluto banquero tuvo que pedir licencia en su grupo: “Hasta la próxima asamblea general ordinaria, circunstancia en la que vence mi mandato”, las “vacaciones forzadas” tenían olor a renuncia a su cargo. Las complicaciones llegaban al plano económico. La licencia llegó luego de que las acciones del banco se desplomaran 14% en Wall Street.

Vandenbroele aseguró que Brito fue clave para financiar el negocio. “Raúl Moneta me prestó, a través de la firma Dusbel, 620.000 dólares vía Uruguay para capitalizar a The Old Fund. Dusbel es la herramienta societaria para el ingreso de Brito. Digo Brito cuando firmó Moneta, porque así me lo dijo Núñez Carmona”. No tardaría en agregar más detalles ante la justicia: “La primera etapa fue la negociación con los Ciccone. Allí Núñez Carmona tenía un rol preponderante que luego se fue desdibujando conforme ingresó el Grupo Macro en la operatoria. La segunda etapa era el levantamiento de la quiebra y lo importante era obtener un plan de pagos de la AFIP. Respecto de mis funciones en Ciccone yo hacía el fronting, daba la cara, porque Brito no podía. Yo respondía al Grupo Macro, los sueldos los pagaba el grupo”⁶⁵.

La trama de Ciccone concluyó con el juicio oral que dictó la sentencia. El 7 de agosto de 2018 Amado Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por el Tribunal Oral Federal 4, quien condenó al exvicepresidente por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

José María Núñez Carmona fue hallado culpable de ser partícipe necesario con 5 años y 6 meses de prisión. Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa, fue reprimido con 4 años y 6 meses de cárcel. Por su parte, Alejandro Vandenbroele recibió la pena de 2 años de prisión en suspenso. En tanto que Rafael Resnnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, y Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía, también fueron condenados a 3 años y 2 años y medio en suspenso, respectivamente.

62. Hugo Alconada Mon: La piñata. Buenos Aires, Planeta, 2013, p. 65.

63. Hugo Alconada Mon: Boudou-Ciccone y la máquina de hacer billetes. Buenos Aires, Planeta, 2013, p. 126.

64. Ibid., p. 234.

65. Ver: http://www.lanacion.com.ar/2104468-vandenbroele-a-la-justicia-respondi-a-brito

Parte II

Los sindicatos

Capítulo 6

Compañeros poetas

“Pongan la fecha, hijos de puta, pónganla de una vez que el pueblo se está cagando de hambre”. El grito cortó el aire a pesar de la liturgia sindical. La voz se escuchó entre el acogotado sonido que escupían las trompetas, la prolija percusión de los bombos y redoblantes y los cánticos de la barra sindical que rodeaba el escenario principal del acto. El paro general tenía como fondo un paquete de reclamos: el rechazo a la apertura de importaciones llevada a cabo por el gobierno de Mauricio Macri, el freno a los despidos, los aumentos de tarifas y la exigencia de paritarias libres.

Las centrales obreras se anticiparon veinticuatro horas al Día Internacional de la Mujer o Huelga Internacional Feminista, conocida como 8M, una demanda que en la Argentina creció exponencialmente en los últimos tiempos e insufló oxígeno a la lucha social. La marcha, a la que los sindicatos destinaron buena parte de sus recursos, cerraría con un portentoso discurso a las 16 horas. En ese momento, hablaría el triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) compuesto por Carlos Acuña, Juan Carlos Schmid y Héctor Daer. Trabajadores, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y gremios aliados sumaron 300.000 personas concentradas a lo largo del centro porteño. Estaban diseminadas por la avenida 9 de Julio, y las transversales Belgrano y Corrientes, llegando hasta la Plaza de Mayo.

En el aire predominaba el perfume de la ebullición social, algo que las cúpulas sindicales no olían desde hacía un buen tiempo. A las 15, se lanzó al micrófono el primer miembro del triunviro, Carlos Acuña. Su advertencia al Gobierno desnudó lo lejos que estaba de la masa de trabajadores ávidos de un plan de lucha. El abucheo comenzó e iría in crescendo. Acuña, notablemente nervioso, cerró apresuradamente prometiendo que “si el gobierno no da respuesta, esta CGT le va a poner fecha a un paro nacional en marzo o en abril”.

En el escenario, sus compañeros aplaudían como focas. Eran una isla en el mar de trabajadores. Schmid tomó la palabra, pero fue lo mismo. Volvió a dar rodeos sobre una medida contundente. Fuegos de artificio, un Chasqui Boom. Finalmente, el cierre del acto quedó en manos de Daer, quien sería el encargado de avizorar un paro general no sin antes cometer un furcio imperdonable para los presentes: “Antes de fin de año, perdón, de fin de mes…”. Fue suficiente.

El canto de los trabajadores se volvió masivo. “Poné la fecha, la puta que te parió”. A la par, varias columnas atacaban el escenario principal. Las piñas se mezclaron con los empujones, los gritos con los reclamos, las corridas con el caos. Un sector de los trabajadores tomó el lugar de los jerarcas sindicales. Coparon el palco, arrebataron el histórico atril desde donde Juan Domingo Perón pronunció varios de sus discursos y los principales dirigentes de la CGT tuvieron que huir. Al taburete con el logo de la CGT le pusieron una cruz, en referencia a la muerte de la central obrera. Finalmente, lo utilizaron como una tabla de surf en medio de la marea humana.

Mientras todo era destrozado, la orquesta cambió de sinfonía: “Se va a acabar, se va a acabar, la burocracia sindical”. Entre los desmanes, los dirigentes custodiados por sus guardaespaldas escaparon del palco y fueron perseguidos por gremialistas, que les arrojaban botellas y les gritaban “traidores”. El 7 de marzo de 2017, la CGT tuvo su propio 2001.

SER SINDICALISTA

El fortalecimiento del sindicalismo luego del colapso de la crisis de 2001 tuvo su base en las políticas del kirchnerismo que buscaron la construcción de un Estado fuerte, con empresariado nacional y sindicatos poderosos. Una antojadiza remake del primer peronismo. El eje discursivo era reducir el índice de desempleo que hacia 2002 había llegado al 21%, un hecho sin precedentes en la historia argentina.

Entre las políticas específicas que favorecieron al sector de los trabajadores se destacaron la recuperación de la negociación colectiva, la reestatización del sistema jubilatorio, la implementación de la Asignación Universal por Hijo y la inclusión por ley de dos nuevos regímenes laborales: en 2011, se creó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) y, en 2013, el de trabajo en casas particulares, en su mayoría mujeres.

Estas medidas fortalecieron a los sindicatos. ¿El objetivo? Aplacar el conflicto social y definir una topografía gremial más clara. A un lado quedó el sector informal de la economía popular, que recién pudo encuadrarse en 2011, con el nacimiento de la Confederación General de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que se ocupó de los trabajadores de movimientos sociales y territoriales, cooperativas, cartoneros, fábricas recuperadas. Es decir, aquellos a quienes el sistema formal dejó afuera y que el kirchnerismo no supo, no pudo o no quiso contener, y que sobre el fin de los gobiernos kirchneristas tuvo como resultado que uno de cada tres trabajadores no estuviese registrado.

Los sindicatos⁶⁶, sin embargo, recuperaron jerarquías y su tasa de afiliados creció notablemente. Asimismo, se inscribieron y obtuvieron la personería gremial más de 650 nuevas asociaciones. El interés de los sindicatos no solo se basa en la inscripción, sino que persiguen el objetivo de obtener la personería gremial para poder negociar con otra legitimidad, ya que esta condición es la que les permite, además, discutir la paritaria, retener automáticamente la cuota sindical y administrar sus propias obras sociales. Por su parte, el Estado reconoce a los gremios bajo esta condición y los distingue como interlocutores: es con ellos con quienes discute la regulación de sus fuentes de financiamiento, partidas de fondos para obras sociales y recursos para capacitaciones de los propios sindicalistas a través del Ministerio de Trabajo.

Actualmente, la cifra de sindicatos en la Argentina, según datos oficiales, es de 3376 gremios. La cifra de asociaciones sindicales con simple inscripción orilla los 1708. En cambio, solo 1668 sindicatos tienen personería gremial. Durante la gestión del kirchnerismo se inscribieron —con o sin personería gremial—, en promedio, 60 sindicatos por año. Desde que asumió Macri se habilitaron menos de una decena en tres años de gobierno. Con la alianza Cambiemos, la cantidad de convenios colectivos homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación en el primer semestre de 2018 cayó un 69% en comparación con el mismo período del año anterior. El desplome de los acuerdos colectivos se ubicó entre los niveles más bajos desde la crisis de 2001.

EL CIRCO

Los cinco principales gremios en términos de afiliación son el Sindicato de Comercio, con un millón de afiliados; la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con 440.000; Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), con 340.000; la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con 294.000; la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con 220.000, y el Sindicato de Choferes de Camiones, con 200.000⁶⁷.

La cantidad de afiliados es sustancial por varias razones: establece el número de delegados que les corresponden en el Congreso que elige autoridades; es relevante a la hora de obtener la personería gremial y de acuerdo al porcentaje también reciben fondos para el ejercicio de sus obras sociales.

El poder de los sindicatos, a su vez, se basa en la renovación de las segundas líneas. A diferencia de otros sectores corporativos, el movimiento sindical es muy dinámico en su endogamia y va rotando sus consejos directivos. Esta característica se debe a la necesidad de crear sujetos que puedan adaptarse a los tiempos y las necesidades políticas. El sociólogo del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Nicolás Damin, analizó los matices de un modo pedagógico:

Los sindicatos deben tener la capacidad de rotar sus segundas líneas para tener los mejores actores con capacidad para mantener ese poder. Un sindicato tiene un referente que resiste, otro que negocia, uno que se infiltra, un representante para la obra social, un interlocutor con el gobierno, un actor destinado a trazar redes con la trama política. Es decir, tienen plan A, plan B, plan C. Por estas razones, se mantiene aceitada la maquinaria y no es tan fácil quitarles poder a los sindicatos. Incluso, si a los sindicalistas se les pregunta si tienen aspiraciones de salirse de su sector para saltar a la corporación política, prefieren quedarse administrando el poder del sindicato, por eso son tan fuertes⁶⁸.

Hugo el Negro Moyano lo definió de un modo menos académico: “En el sindicato tengo una frase: hay monos, payasos, equilibristas, maestro de ceremonias, pero manda uno solo: el dueño del circo. Y ese soy yo”.

LA ESCENA SINDICAL

Héctor Recalde oficia de anfitrión en el estudio de la calle Tucumán que mantiene desde la década del 70. Amable y locuaz, acomoda sobre su escritorio lleno de recuerdos un termo y un mate que nunca va a cebar. Lo llaman el cerebro jurídico de la CGT, un mote que se ganó por haber patrocinado a la principal confederación sindical desde 1964. Ante la consulta sobre cuáles son los escenarios de disputa de poder de un sindicato, Recalde no titubea: “El verdadero poder de los sindicatos está en la calle. El resto de los escenarios es secundario. Los trabajadores en la calle representan la verdadera fortaleza de un sindicato, mucho más cuando van más allá de un paro y establecen un plan de lucha”.

Si bien a todas luces la definición del abogado gremialista parece elemental, es, más bien, una muestra minimalista de la naturaleza del sector. La sindicalización y la movilización territorial resultan herramientas imprescindibles en la disputa poder. Y también, por supuesto, de lobby.

Adriana Marshall, investigadora superior del Conicet, advirtió que “si bien existió una reactivación económica y del empleo desde 2003, en donde creció la cantidad de afiliados sindicales, esto no implicó necesariamente el crecimiento en la tasa de sindicalización”⁶⁹. Marshall distinguió la importancia de diferenciar cantidad de afiliados con tasa de sindicalización porque, precisamente, este particular es el que provee, entre otras herramientas sindicales, la capacidad de movilización. Aun así, la Argentina tiene uno de los mayores índices de sindicalización de la región —junto con Uruguay comparte la tasa de cerca del 30% de afiliados como porcentaje de los asalariados—, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que indica además que la tasa de cobertura de la negociación colectiva alcanzó el 40% en la Argentina hasta la salida del último gobierno de Cristina Fernández.

Los gremialistas miden sus fuerzas de acuerdo a su capacidad de movilización. Resulta determinante a la hora de discutir derechos en las distintas instancias de negociación, ya sea frente al poder político en el Consejo del Salario o la discusión de paritarias; en el plano social en fechas históricas (1 de mayo, 17 de octubre, entre otras); e internamente, en la disputa gremial, los congresos sindicales y las elecciones internas para la renovación de autoridades.

Para Mariano Martín, periodista especializado en temas sindicales, existen incluso otros escenarios clave donde los sindicatos disputan poder: “En las elecciones ejecutivas y legislativas a cambio del apoyo buscan acuerdos y recursos; en este último tiempo en las audiencias por tarifas se establecen como aliados para acompañar los aumentos; también son espacios de disputa y negociación, los acuerdos precios-salarios, los ámbitos de diálogo social y el siempre meneado, pero jamás convocado, Consejo Económico y Social”. Internamente, los escenarios de discusión de poder se dan “en los órganos internos de la CGT como el Consejo Directivo, los congresos de renovación de autoridades, el Comité Central Confederal o los plenarios de secretarios generales o regionales y los acuerdos entre curas y sindicalistas para trabajar frentes territoriales”⁷⁰.

LA CAJA

“El Gobierno tiene que entender que debe consensuar porque los dineros son de los trabajadores y a estos los representamos nosotros, los sindicatos. Y en esto coincidimos todos, la central de Moyano, la de Barrionuevo, todos... Lo peor que puede pasar es que a los sindicatos nos quieran imponer cosas a la fuerza. Nosotros definimos si lo que se quiere cambiar está bien o está mal. Nos tendrán que matar si tocan la plata de las obras sociales”⁷¹, sentenció Oscar Lescano.

Los sindicatos tienen su propio mecanismo de financiamiento basado en el sistema de las obras sociales, los aportes de los trabajadores y empleadores en la cuota sindical que representan entre el 2 y 3% del salario bruto, la cuota solidaria que pagan los no afiliados en ocasiones y los tributos que realizan, dependiendo del convenio colectivo, los empresarios. Para que se tome dimensión, en la actualidad, entre 17 y 20 millones de personas en la Argentina se atienden en las obras sociales sindicales.

Tiempo atrás, los fondos eran regulados por la Administradora de Programas Especiales de obras sociales (APE), que tenía entre sus misiones financiarles a las obras sociales las prestaciones de alta complejidad, con costos que los sindicatos supuestamente no pueden asumir a través del Fondo Solidario de Redistribución (FSR). En 2012, la APE fue disuelta y todos los fondos quedaron bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el lugar estratégico que todos los sindicalistas quieren ocupar.

¿Por qué? Las explicaciones las ofrecen los cálculos matemáticos. Cada trabajador en relación de dependencia aporta automáticamente un 3% de su sueldo para financiar su obra social y su empleador paga otro 5%. De ese total, entre un 80% y un 85% —dependiendo de los ingresos del trabajador— se destina a la obra social para la prestación del servicio y el restante 15% o 20% se destina al FSR. En efecto, la cobertura en materia de salud del sindicato depende de la cantidad de afiliados para obtener fondos.

Tanto la administración de Cristina Fernández como la de Mauricio Macri usaron esa herramienta para intentar dominar a los sindicatos. Durante el kirchnerismo fue materia de pleitos, porque los fondos se congelaban, y durante el macrismo, cuando el conflicto social creció y las centrales sindicales se endurecieron, los fondos se convirtieron, una vez más, en un activo negociable como modo de disciplinamiento.

LA SSS

Dos años de gestión al frente de la SSS estuvo Héctor Capaccioli, quien tuvo que dejar el cargo en 2008 sospechado de ser parte de lo que se conoció mediáticamente como la “mafia de los medicamentos”. Capaccioli, junto a Juan José Zanola, titular del gremio de los bancarios,y su mujer Paula Aballay, titular del Policlínico Bancario, fueron acusados de crear una asociación ilícita en la que, según la investigación judicial, habrían aplicado medicamentos oncológicos adulterados. Capaccioli, además, fue acusado por utilizar la SSS como un órgano recaudador de la campaña electoral del kirchnerismo en 2007. Hoy, los tres están procesados y son parte de una megacausa. Zanola estuvo 2 años y un mes preso y espera su juicio oral en libertad.

Con la salida de Capaccioli de la SSS, Moyano logró ubicar a Juan Antonio Rinaldi en 2008. Un funcionario de alto rango del Ministerio de Trabajo que fue testigo del desembarco de Rinaldi en la superintendencia cuenta que la llegada del hombre de Moyano vino atada a la furia de poder del camionero:

Todo comenzó cuando pidió el lugar de Rinaldi y nosotros se lo dimos. Una de las designaciones de los directores corresponde al Ministerio de Trabajo, entonces se avanzó en ese sentido y se nombró a una contadora de carrera. Cuando eso pasó, Moyano realizó un llamado por teléfono y a los gritos dijo: “Ese cargo es mío, me importa tres carajos si es tu amante la mina que designaste. Ahora yo soy el dueño de la SSS, no va a salir un peso para los gordos”. Por supuesto que el lugar se lo quedó él y la contadora no pudo asumir. Arrasó con todo⁷².

Sin embargo, Rinaldi cambió su lealtad con el camionero por la de la entonces ministra Graciela Ocaña, una de las enemigas más fuertes que tiene el sindicalista. Si bien al principio reportaba a Moyano, Rinaldi hizo un reparto de fondos a varios de los sindicalistas más pesados. Ocaña decidió retener el dinero de aportes a Moyano, quien de inmediato hizo lobby para que tanto Ocaña como Rinaldi comiencen su éxodo del gobierno. La fuerza de Moyano forzó la renuncia de la entonces ministra, quien le dedicó palabras de despedida: “No quiero formar parte de Moyanolandia, una tierra donde vale el ‘no te hago un paro si das tal cosa’ o el ‘me garantizás tal negocio a cambio de paz social’”⁷³.

Rinaldi, por su parte, fue reemplazado por Ricardo Bellagio, quien asumió el 4 de agosto de 2009 y, tres años después, fue procesado por el juez Oyarbide por entender que había incurrido en similares irregularidades que su antecesor Capaccioli.

Luego de la gestión de Bellagio, llegó el momento en 2012 de Liliana Korenfeld, exdiputada kirchnerista, quien acompañó a Cristina hasta el final de su mandato. Meses atrás, la relación entre Cristina y el camionero se había roto, por lo que no llamó la atención que una de las primeras medidas que tomó Korenfeld fue la de ejecutar el desplazamiento del yerno de Moyano, Christian Asorey, que tenía la dirección de tecnologías de la APE. Lo propio había hecho con Daniel Colombo Russell, asesor del gremio de Camioneros y gerente de los fondos de la APE hasta ese momento. En 2016, Moyano le devolvería la gentileza, cuando la denunció penalmente por “defraudación por retención indebida” de fondos correspondientes a la obra social de los Camioneros.

Cuando Macri tomó la presidencia, el lugar de la SSS fue para Luis Alberto Scervino, quien se quedaría a cargo de 6000 millones de pesos de presupuesto, el tercer organismo descentralizado con más fondos del país. Su designación fue un guiño político a José Luis Lingeri, titular del Sindicato de Obras Sanitarias, pero también contó con el aval de Moyano y del metalúrgico Antonio Caló. La luna de miel en lo que respecta a los fondos del sindicalismo tuvo su pico de éxtasis en 2016 cuando la SSS prometió transferir a las obras sociales un total de 8100 millones de pesos a través del Sistema Único de Reintegros (SUR) por decisión del presidente Macri. Los gremios que más fondos recibieron fueron el de empleados de Comercio, con 689 millones de pesos; UPCN, con 677 millones de pesos; y UOCRA, con 455 millones de pesos. Se trata de tres de las obras sociales con más afiliados.

El tránsito de los fondos hacia los sindicatos encontró su tope cuando la CGT decidió realizar una fuerte movilización el 22 de agosto de 2017. La respuesta del gobierno fue castigar al triunviro de la CGT eyectando a Scervino y designando a Sandro Taricco, un hombre que respondía a Jorge Triaca, titular de la cartera de Trabajo hasta noviembre de 2018. Una de las medidas que tomó Taricco fue la de desactivar la devolución de los 2700 millones de pesos a las obras sociales sindicales e ir dosificando esos fondos con cuentagotas ante la amenaza de los sindicatos de judicializar su medida.

En septiembre de 2018, Macri disolvió el Ministerio de Trabajo, y la administración de los fondos de las obras sociales sindicales se transfirió a la órbita de Desarrollo Social. La ministra Carolina Stanley pasó a ser quien tiene la última palabra. Si se historiza en relación con lo que representa el uso de la caja sindical como un lugar de negociación permanente entre los distintos gobiernos y el sindicalismo, no se avizora un cambio de modelo. No se trata de cambios de nombres, sino de un sistema. Ya lo advirtió el exánime Lescano ante una retención de fondos durante el kirchnerismo: “Nos tendrán que matar si tocan el dinero de las obras sociales. Y en esto coincidimos todos”.

CONTINUIDADES Y RUPTURAS

En el inicio del primer gobierno de Carlos Saúl Menem, la CGT se dividió entre los que apoyaron su gobierno y los que se opusieron. Así, Luis Barrionuevo y los Gordos⁷⁴ (Comercio, UOCRA, Luz y Fuerza, Sanidad, UPCN) se aliaron al expresidente, mientras que Hugo Moyano, con el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), se enfrentaba. En esa época se reconoce, además, la aparición de una nueva central, la CTA, liderada por los entonces dirigentes estatales Víctor De Gennaro y Germán Abdala.

Con Fernando de la Rúa se produjo una nueva división, entre lo que se llamó la CGT oficial y la disidente. Rodolfo Daer (Alimentación) condujo la primera y Moyano se mantuvo en la segunda. Al poco tiempo y tras la caída del radical, en 2002 asumió la conducción de la CGT un triunvirato⁷⁵ integrado por Moyano (Camioneros), Susana Rueda (Sanidad) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). Un año después la conducción quedaría en manos de Moyano. Eran tiempos en los que la relación con el gobierno de Néstor Kirchner se mantenía sólida y los trabajadores encontraban respuestas del gobierno a las demandas del sector.

Desde allí y hasta 2008, la CGT se mantuvo sin grandes desmembramientos, hasta que surgió una nueva ruptura cuando Barrionuevo decidió enfrentarse al kirchnerismo y creó la CGT Azul y Blanca. El dirigente de Gastronómicos lo hizo poco después de que Moyano fuera reelecto en su cargo al frente de la CGT oficial. Entre sus razones, criticó que lo habían dejado fuera del control de los comicios, por lo que retiró a sus congresales y rompió. El verdadero quiebre sindical se dio en 2011, cuando Moyano se alejó del gobierno de Fernández, tras su reelección.

EL QUIEBRE

El 16 de octubre de 2010, Moyano moviliza todo su aparato para mostrar, una vez más, su poder. Las gradas del Monumental están repletas. En el palco observa la plana mayor del Gobierno. Se festeja el Día de la Lealtad. El contexto ideal para que el líder de la CGT lance su sueño: “Deseo que alguna vez un trabajador llegue a la Casa de Gobierno”. Una tos precipitada lo obliga a hacer una pausa en el discurso. Mientras toma agua, la ovación del estadio celebra como si sonara un riff de los Rolling Stones o gritase un gol de Enzo Francescoli.

Cristina Fernández aguarda su turno. Finalmente, se sube al atril revestido con el sello de la CGT para explayarse a lo largo de quince minutos. En el séptimo, el aire se corta por completo: “Compañero Moyano, usted que anda pidiendo como presidente a un trabajador, yo quiero decirle que trabajo desde los 18 años. Estudié y trabajé… Estuve toda la vida laburando”.

El vuelto no tardaría en llegar. A seis días de iniciarse el segundo mandato de Cristina, el 16 de diciembre de 2011, Moyano llenó el estadio de Huracán y, ante 70.000 personas, ató sus reclamos al Gobierno por una abultada deuda con las obras sociales y le advirtió, de cara a las paritarias, que la crisis no la iban a pagar los trabajadores. Luego, decidió renunciar a la presidencia interina del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y a la vicepresidencia primera del PJ nacional.

Una mañana primaveral, con sus espaldas resguardadas por un sinfín de símbolos de la mitología peronista en su oficina de Camioneros, Moyano rememoró ese momento:

Nosotros discutíamos muy bien con Cristina. Una vuelta la voy a ver por el tema de la asignación. Me acuerdo que estaba 70 pesos la asignación y le pedí que la lleve a 120. Cristina me decía que no. Acordamos cerrar en 95. “Ya está, Negro”, cerró Cristina. Pero le volví a insistir para que cerremos en 100 y ella me dijo: “Son 5 pesos, dejate de joder”. A lo que le respondí para correrla por izquierda: “Cinco pesos son tres kilos de pan”. Así discutíamos. Yo era exigente. Pero no nos peleamos por eso. Los que están cerca de ella dicen que en realidad se enojó porque yo pedí que un sindicalista llegue a Casa de Gobierno⁷⁶.

Moyano recordó la tensión que se vivió en la cancha de River: “Cuando ella me contestó que trabajó durante toda la vida, yo estaba al lado de Néstor y él me dijo: ‘Viste, boludo, que la ibas a hacer enojar’. Pero para mí era todo en joda. Pero es cierto que con eso se enojó”.

El quiebre había tenido como punto de partida un exhorto de la justicia de Suiza para investigar los antecedentes judiciales del líder de la CGT. Moyano sentía que la filtración de esa información provenía del propio gobierno. Héctor Recalde descartó esa teoría, pero reconoció que “desde la muerte de Néstor la relación con Cristina venía larvada y el caso del exhorto complicó todo mucho más. Desmontar la hipótesis de que no estaba el gobierno detrás y hacerle creer a Moyano, desconfiado por naturaleza, que no fue un tema de la Cancillería cuando Héctor Timerman hacía 10 días tenía el exhorto en su despacho me costó muchísimo. Ese, sin dudas, fue un factor de quiebre en la relación con Cristina”⁷⁷.

Tal fue su encono contra Cristina que en 2013 lo llevó a trabar una alianza con el empresario Francisco de Narváez. Su propio hijo Pablo reconoció que fue un error “haber hecho una alianza con uno de los empresarios más oligarcas que hubo en los últimos años”. Tiempo después, el líder camionero trabaría un acercamiento con Mauricio Macri. Para un alto funcionario del gobierno kirchnerista el tema de fondo fue que “cuando se murió Néstor se creyó que iba a ser él quien iba a repartir las barajas. El problema con Cristina fue por su condición de misógino, no aceptó ser conducido por una mujer. Además, después de la pelea, veía todo rojo. Si la competencia era Menem, hubiese ido con él”.

Con todo, la conducción cegetista terminó por partirse: Cristina reconoció a la CGT de Alsina en manos del metalúrgico Antonio Caló. Moyano, por su parte, pasó a conducir la CGT Azopardo y Luis Barrionuevo sostendría su parcela sindical con la CGT Azul y Blanca. Meses antes, en 2010, la CTA se había fracturado y se repartía entre Hugo Yasky y la CTA Autónoma a cargo de Pablo Micheli. El primero tenía el aval oficialista. El segundo, por su posicionamiento opositor, tuvo que esperar hasta 2014 para obtener el reconocimiento legal a la CTA autónoma.

Del ordenamiento del mapa sindical de los inicios kirchneristas ya no quedaría prácticamente nada. En esa coyuntura, Moyano decidió atomizar su fuerza, no tenía muchas alternativas. Había perdido línea directa con Casa Rosada. En la genética del cuerpo sindical no ser recibido por el poder real es inconcebible. Según la mirada del especialista Damin: “El sindicalista es tiempista, ellos son los que fijan sus propios comportamientos. Priorizan tres cosas, ser reconocidos por el poder, ser escuchados y ser parte de la línea del poder. El problema con Cristina era que no los recibía. Ellos quieren estar en la foto, aunque sean piantavotos en la clase media. Quieren ser parte de la elite de poder y, cuando los sacás de la mesa de toma de decisiones, se endurecen”.

El propio Moyano reconoció que la ruptura con Cristina llegó fundamentalmente porque dejó de convocarlo:

Estábamos discutiendo asignación y mínimo imponible y no nos pusimos de acuerdo. Ella me dijo: “Tengo que viajar a Estados Unidos, pero cuando venga seguimos discutiendo”. Cuando ella regresó nos llamó a Casa de Gobierno y largó el anuncio sin haber discutido lo pendiente. Ese fue el quiebre. Si no te daba bola, yo no iba a hacer el papel del che pibe. Por eso al poco tiempo, el 15 de diciembre, que es el Día del Camionero, en el acto de Huracán me bajé de la presidencia del PJ. Chau, me fui. Después recibimos divisiones del gremio en algunas provincias y pasaron varias cosas más, pero no somos de andar llorando⁷⁸.

66. En el sistema sindical argentino existen dos formas convencionales de organización de los sindicatos: las uniones y las federaciones nacionales o provinciales. Las primeras son sindicatos con jurisdicción directa en todo el territorio en el que actúan y sus representantes locales son elegidos por los líderes nacionales o provinciales. En cambio, las federaciones están constituidas por varios sindicatos asociados y sus representantes locales son elegidos por el voto directo de sus miembros. Por esta razón, la fuente del poder sindical se basa en el reparto de fondos en las federaciones intermedias, capaces de distribuir el dinero del aporte de sus afiliados en las seccionales, y en las uniones entre sindicatos, que es en donde se concentra la recaudación de fondos para que administre el poder del dinero de la cúpula.

67. Las cifras fueron extraídas del informe publicado por el sitio chequeado.com sobre la base de un estudio de Sebastián Etchemendy, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.

68. Entrevista realizada para el libro el 24 de agosto de 2018.

69. Ver: http://chequeado.com/el-explicador/iquienes-paran/

70. Entrevista realizada para el libro el 13 de septiembre de 2018.

71. Oscar Lescano fue secretario general del gremio Luz y Fuerza desde 1984 e integrante del grupo de dirigentes de la CGT históricamente conocido como “Los Gordos”. Falleció en 2013. Ver: www.iprofesional.com/notas/147900-Lescano-Nos-tendran-que-matar-si-tocan-la-plata-de-las-obras-sociales

72. Entrevista realizada bajo resguardo de identidad. Las copias están en poder de los autores.

73. Ibid.

74. Los Gordos se llama al grupo de gremios del sector de servicios. Aglutina a Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Aguas), Carlos Mario West Ocampo (Sanidad), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Armando Cavalieri (Comercio), entre otros.

75. El 14 de julio de 2004, Moyano, Rueda y Lingeri asumieron con el voto de 1550 congresales sobre un total de 1787.

76. Entrevista realizada para el libro el 4 de octubre de 2018.

77. Entrevista realizada para el libro el 16 de septiembre de 2018.

78. Entrevista realizada para el libro 4 de octubre de 2018.

Capítulo 7

CGT

La CGT tuvo un rol preponderante en la historia moderna argentina. En cada gobierno desde la apertura democrática mostró su poder a través de 42 paros generales con un promedio de una medida de fuerza cada diez meses. Centralmente, los paros más fuertes tuvieron como punto máximo de conflictividad la gestión de Raúl Alfonsín⁷⁹, a quien la CGT le realizó trece huelgas generales. Con Carlos Menem hubo ocho, con Fernando de la Rúa nueve, con Eduardo Duhalde tres, con Néstor Kirchner una. Durante el primer mandato de Cristina Fernández, no hubo paros generales. En el segundo, el nivel de conflictividad aumentó. Hubo cinco. Desde 2015, con Mauricio Macri como presidente, la CGT realizó tres paros generales.

Conviven distintas centrales sindicales. Las más determinantes son:

CGT: Confederación General del Trabajo, de la calle Azopardo. Con la conducción del triunvirato Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid⁸⁰, quien se alejó de la conducción el 30 de septiembre de 2018, producto de las tensiones entre Moyano y el gobierno. Tuvo en sus primeros meses en su consejo directivo a Hugo Moyano, que renunció en el congreso de la CGT el 29 de agosto de 2018, y Luis Barrionuevo. Antonio Caló (UOM) se sumó más tarde.

CTA: Central de Trabajadores de la Argentina. Conducida por el dirigente docente Hugo Yasky.

CTA: Central de Trabajadores Autónoma. Con la conducción del dirigente estatal Pablo Micheli.

CTA Perón: responde a Víctor de Gennaro y a Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional.

Con la llegada de Macri, las vertientes negociaron la “unificación”, por lo que la CGT replicó el triunvirato. Así, asumieron Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid. Moyano y Barrionuevo ubicaron parte de su gente en los consejos directivos. Eran tiempos en los que había que negociar.

El triunviro asumió en el Congreso del 22 de agosto de 2016. Contó con el voto de 1582 congresales sobre un total de 2191. El número, en términos gremiales, representaba el 72% de los delegados. Al acto eleccionario, asistieron 124 gremios de un total de 213.

Moyano dejó la conducción que ejercía desde 2004. Schmid⁸¹ tomaría la posta camionera, escoltado por Pablo y Facundo Moyano, quienes se quedaron con las secretarías Gremial y Cultura, respectivamente. Abel Frutos (del gremio de Panaderos y moyanista) quedó a cargo de las Finanzas, una secretaría central porque es la que recibe los fondos de todos los gremios que aportan para mantener la estructura.

El reparto de las comisiones fue una distribución de “pagos” para el resto del mapa sindical. En el momento de la votación, la joven Corriente Sindical Federal⁸² que lidera el bancario Sergio Palazzo, y el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) no participaron de la reunificación. El MASA que conduce Omar Viviani⁸³, de Taxistas, retornaría a la CGT tiempo después. El difunto Gerónimo Momo Venegas (UATRE)⁸⁴, aliado de Macri y conductor de las 62 organizaciones peronistas históricas, tampoco los acompañó.

Afuera de la representación quedaron los más de 3,5 millones de monotributistas, más los 2 millones de desocupados y un tercio de trabajadores en negro representados bajo la contención de los distintos movimientos sociales, como la CTEP, que dirige Esteban Gringo Castro y tiene entre sus referentes a Juan Grabois, cercano al papa Francisco. La socióloga Paula Abal Medina caracterizó a este espacio en contraposición de lo que ocurre con la CGT: “Vos entrás al edificio de la CGT y te preguntás: ‘¿habrá alguien acá adentro?’. Entrás a la CTEP y es una ebullición, un quilombo andante, hay una realidad viva que está pasando por ese lugar, que claramente es una unión de trabajadores y no una construcción de estructuras”⁸⁵.

La diáspora y las reestructuraciones son parte de las corrientes internas que se manifiestan permanentemente en el universo sindical. Por eso no es casual que, en los últimos tiempos, el movimiento sindical se haya fragmentado como nunca en su historia. A pesar de ello, el 21 de febrero (21F) de 2018 marcó un punto de inflexión para que muchos movimientos virasen en dirección hacia la añorada unidad del espacio sindical. El 21F fue motorizado por Camioneros, pero tuvo un apoyo transversal del sector. La marcha, que tuvo como epicentro la concentración en la avenida 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires, movilizó entre 400.000 y 500.000 personas y se replicó en las principales ciudades del país.

Luego del 21F, llegó el 29 de abril, el momento en que sindicalistas cegetistas y dirigentes de los movimientos sociales confluyeron en la calle, hasta el punto de que la CTEP abrió diálogos para incorporarse a una nueva CGT unificada. La demanda de las bases y la crisis económica con una devaluación de la moneda de más del 100% en 2018 y una inflación del 42% fueron el principal factor de reordenamiento.

Uno de los referentes del sindicalismo estatal porteño, Daniel Tano Catalano, hizo esfuerzos para ser prudente: “Hay dos modos de leerlo. Hay un espanto que los une por la crisis económica y la falta de trabajo; y hay otra forma de leerlo que es la de querer un país distinto lo que los une. Yo tiendo a pensar que se trata de la segunda opción”. Catalano, secretario de ATE Capital, sumó un matiz político:

Es un acuerdo superestructural, la base no está atenta a si forma parte o no de la CGT, porque se ocupan de una disputa cotidiana y permanente. Sobre su incorporación institucional hay una contradicción ahí. Es bueno que integren la CGT, pero a la vez puede ocurrir que se legitime su informalidad y que su situación no se puede transformar. Aceptar es parte del problema. Es un debate que lleva mucho tiempo, nosotros celebramos que la CGT haya absorbido esa representación porque es un reconocimiento. Pero falta mucho más. En este contexto, son acuerdos necesarios e inclusivos si se piensan estratégicamente para resolverle la vida a la gente. Si eso no sucede, serán acuerdos coyunturales de los que nos vamos a dar cuenta rápido y van a morir ahí⁸⁶.

ORÍGENES

Las cúpulas de los sindicatos tienen como característica principal la perdurabilidad de su conducción. Hasta 2018, el récord estuvo en manos de Ramón Baldassini con 55 años al frente de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) a la que arribó en 1963. Dejó su cargo con la llegada de Macri a la presidencia, quien, lejos de jubilarlo, lo incorporó del otro lado del escritorio: de referente gremial pasó al directorio del Correo Argentino en 2017.

Omar Viviani se encuentra al frente del gremio de los taxistas desde hace 35 años, al igual que Amadeo Genta en la entidad que agrupa a los empleados municipales porteños. Un dato clave: a este último, desde que el macrismo fue gobierno en la ciudad, no se le conoce un paro de relevancia. Rodolfo Daer, por su parte, lleva 33 años al frente de Alimentos al igual que Luis Barrionuevo, que conduce el gremio Gastronómico, Carlos West Ocampo (Sanidad) y el petrolero Guillermo Pereyra. Los históricos dirigentes cercanos al menemismo, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Armando Gitano Cavalieri (Comercio), están al frente de sus gremios desde hace 32 años. Hugo Moyano llegó a la conducción del gremio camionero hace 31 años. El Negro cuenta con un récord propio: fue el único en estar 12 años al frente de la CGT. Andrés Rodríguez gobierna la UPCN desde hace 28 años, al igual que titular de la UOCRA Gerardo Martínez. Respecto de la plana mayor del actual triunviro de la CGT, Schmid tiene un cuarto de siglo al frente del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Daer lleva 18 años en Sanidad y Acuña, 13 años en Estacioneros.

La longevidad en la conducción de los gremios se debe fundamentalmente a la capacidad de sus conductores de manejar los mecanismos de ascenso dentro del sindicato. Las votaciones internas dependen de los estatutos de cada gremio y, como se expuso, sus mandatos no tienen límite temporal.

El modo de pensar y actuar del buró sindical quedó escenificado en palabras del histórico dirigente del Sindicato Argentino Docentes Particulares (SADOP), Horacio Ghilini: “Cuando discutíamos con West Ocampo el estatuto de la CGT nos decía: ‘No es conveniente que un secretario de la CGT sea secretario de los trabajadores y no de los gremios’. Me quedó grabado esto que me dijo hace como 25 años. Yo creo que en el fondo es una expresión bastante fascista, ¿no? Es decir, en el fondo la imagen de un líder, de un secretario general para ciertas estructuras, es que sea líder de estructuras y no de trabajadores”⁸⁷.

En primer lugar, la estructura orgánica de un sindicato es “vertical “y “piramidal”. Las bases son representadas por comisiones internas y delegados, que suelen ejercer cierta presión hacia la afiliación, además de asegurar el normal cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo, asegurando así un elevado nivel de sindicalización. Para disputar la cúpula sindical hay que tener una carrera dentro del sindicato, que recorra la función de delegado, luego integrar una comisión interna zonal y posteriormente una provincial; caso contrario, difícilmente —dependiendo del estatuto del gremio— se pueda ser secretario general. Para ser presidente del país, por caso, se piden dos requisitos: ser nativo y tener más de 35 años.

Pero la clave de la traba del ascenso interno se basa en la lista única. A los representantes más importantes de la lista disidente en la previa del acto eleccionario los “invitan a renunciar” a cambio de secretarías dentro del gremio. Si el candidato decide presentarse de todos modos, suelen recordarle que si llega a perder la elección lo expulsarán con toda la fuerza. La Junta Electoral es elegida por la propia cúpula del sindicato que controla la elección.

Los anquilosados jefes sindicales aguzan sus sentidos cuando avanzan líneas internas, porque entienden que si esto ocurre se debe a que la conducción no está haciendo bien las cosas. Cuantos más sectores combativos hay en un gremio, más fuerte se considera el fracaso de su dirección. Para Aurelio Tomás, periodista especializado, “si en un gremio crece la izquierda, en la CGT creen que su secretario general algo mal está haciendo”. En una entrevista con la Izquierda Diario, el periodista de Perfil sintetizó: “En el cegetismo más tradicional muchos te dicen: mientras que los sectores combativos y la izquierda crecen y ganan poder en el conflicto, el sindicalismo peronista tradicional gana poder evitando el conflicto”⁸⁸.

En 2016, Facundo Moyano, presentó un proyecto en la Cámara Baja sobre democratización sindical que, si bien no cuestiona las reelecciones de las autoridades, se limita a garantizar derechos a las minorías en las elecciones. El proyecto no tuvo recorrido, ya que el grueso de las centrales sindicales no lo apoyaron: “Si las bases están de acuerdo con su referente, ¿por qué van a limitar su mandato?”, lanzó Recalde.

A fines de julio de 2018, un caso extremo mostró la lógica de la democracia interna del Sindicato de Comercio, conducido por Armando Cavalieri, cuando la Justicia intervino y suspendió la Asamblea Extraordinaria debido a la presencia de casi 6000 muertos en el padrón que el gremio había presentado ante el Ministerio de Trabajo. Cavalieri buscaba de esa manera obtener su noveno mandato al frente del sindicato. Luego de la intervención judicial, el Gitano se dio un nuevo gusto: el 29 de septiembre de 2018 se impuso con el 50,43% (10.955 votos) sobre Ramón Muerza, un hombre surgido de su propio riñón, que obtuvo el 48,52% (10.540 votos).

EL MACHO SINDICAL

La perentoriedad en la cúpula no solo impide la renovación generacional en la conducción del gremio, sino que además la identidad de quienes conducen mantiene un sesgo machista desde sus orígenes. A pesar de que la ley 25674 que se sancionó en 2002 exige un cupo femenino en los sindicatos, en la práctica no se cumple. El texto de la legislación indica que la cantidad de mujeres delegadas se decide de acuerdo con el nivel de afiliación femenino y que debe haber una participación proporcional.

De un total de 37 secretarías que conforman la central obrera, solo dos de ellas quedaron en manos de mujeres: Sandra Maiorana (Asociación de Médicos) al frente de la Secretaría de Salud, y Noé Ruiz (Asociación de Modelos Argentinas) en la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género.

Susana Rueda fue la única mujer en América Latina que llegó a ser secretaria general de la CGT cuando participó del triunviro de 2004. Rueda fue impulsada por Carlos West Ocampo, representante de los Gordos, y era un emergente del Sindicato de Sanidad.

Hay dos lecturas posibles: su nombramiento se trató de un avance en materia de género o un intento estratégico de los históricos sindicalistas que pretendían mostrarse más amplios ante la necesidad de mejorar su imagen. La respuesta se encuentra en lo fáctico: desde la salida de Rueda, que estuvo un solo año como parte del triunviro, ninguna mujer estuvo al frente de la CGT. No solo se trata de cargos de relevancia: de cada 10 puestos de trabajo en negro, 7 son para las mujeres, que además están incorporadas mayoritariamente en actividades de servicios. En la industria, donde trabajan mayoritariamente los varones, los salarios son más altos.

El machismo condicionó el vínculo entre Cristina Fernández y Hugo Moyano. Esa es la tesis de Recalde, un testigo de las relaciones entre la expresidenta y el líder camionero: “En la ruptura entre Cristina y Moyano tuvo que ver muchísimo el sesgo machista. Entre las explicaciones de por qué se distanciaron debe analizarse ese elemento que no solo se visibiliza en el sindicalismo, sino en toda la sociedad. Ahora menos, porque hay avances, pero las asimetrías están vigentes, porque la mujer aún ocupa mucho de su tiempo en espacios que deberían ser repartidos con el hombre para que sea más justo”⁸⁹.

Había un antecedente ineludible: cuando la mencionada Rueda compartió la conducción de la CGT, la bienvenida al triunvirato del Negro fue montar una pared para impedirle el acceso al baño: “Las oficinas de los tres secretarios estaban en el quinto piso y el único baño era contiguo al despacho de Moyano. Hugo no tuvo mejor idea que tapiar el pasillo delante del sanitario e instalar una puerta con timbre y con un dirigente de Camioneros apostado durante el día. Resultado: cuando Rueda quería hacer pis debía tocarle el timbre y pedirle a permiso a Moyano para usar el baño”⁹⁰. Sus acólitos del gremio consideraban que era una “picardía del Negro” al tiempo que le celebraban el gesto entre risotadas.

Eso no fue todo. En agosto de 2004, a Rueda la dejaron afuera de la discusión en el Consejo del Salario. No tardó en denunciarlo en los medios. Sin rodeos, afirmó haber sido discriminada por ser mujer. Para bajarle el tono, la respuesta llegó de la mano de Cavalieri, quien le ofreció su lugar en la mesa de discusión. “Lo hago —deslizó el Gitano— como muestra de generosidad”.

AL QUE NO LE GUSTA SE JODE

“Hay dos obras de ingeniería política que nosotros no negociamos: el unicato sindical y las obras sociales. Con el unicato sindical, manejamos nosotros, y con las obras sociales tenemos a la persona bajo nuestra conducción desde el día que nace en nuestros sanatorios hasta el día que se muere y lo velamos en nuestra empresa de sepelios”. Esta cita corresponde a Armando Cavalieri.

Para obtener sus demandas, las cúpulas sindicales mantienen la máxima instalada por Augusto Timoteo Vandor, líder de los metalúrgicos en los 60: “Golpear para negociar”. La definición de Vandor en ocasiones es literal. No es casual que muchos de los estigmas que le han surtido al sector tengan que ver con su estructura como fuerzas de choque en conflictos sociales, a lo que se suma que distintos referentes sindicales, como Moyano y Barrionuevo, controlan clubes de fútbol.

No hay que remontarse muy lejos en el tiempo para que las viejas prácticas sindicales muestren su prontuario más violento. En 2006, la virulencia sindical se transmitió en vivo durante el acompañamiento de los restos de Juan Domingo Perón, que eran trasladados a un mausoleo en la quinta de San Vicente. Emilio Madonna Quiroz, chofer de Pablo Moyano, se incrustó en los primeros planos de las cámaras televisivas que cubrían el evento, disparando un arma de fuego contra grupos de la UOCRA, que lideraba Juan Pablo Pata Medina. Fueron 11 disparos, que generaron una batahola entre los sindicalistas. Resultado: más de 50 heridos.

En 2010, la patota de José Pedraza, extitular del gremio de la Unión Ferroviaria (UF), asesinó a Mariano Ferreyra, dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y militante del Partido Obrero, que exigía junto a un grupo de trabajadores tercerizados el pase a planta permanente en la Línea Roca.

Quizás por estos motivos, desde hace años, los principales sindicalistas del país se manejan en autos blindados, tienen guardaespaldas y viven en barrios privados. Según un sondeo de opinión de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), la imagen negativa de los sindicatos creció 14,5% en 2017. Los sindicatos, de acuerdo con esa medición, eran las instituciones con peor nivel de confianza entre los argentinos: el 70% poseía “poco o ningún” grado de confianza en las organizaciones gremiales, mientras que apenas 8% los consideraba “bastante o muy” confiables. Algo similar expresó el trabajo hecho por la consultora CIO, de Cecilia Mosto, en agosto de 2018. El 90% de los consultados indicó que la imagen de Moyano era mala o muy mala. En tanto que el índice de confianza, cotejado con la justicia y los medios de comunicación, dio 49% positivo para los medios y 7% para los otros dos actores indicados.

Este reflejo social es el que tomó el macrismo cuando llegó al poder y lo puso en práctica a través de las intervenciones de sus ministros. Se avizoraba una puja muy particular, a partir de la notable cantidad de ejecutivos desperdigados en las diferentes carteras.

En concreto, horas antes de la movilización del 21 de febrero, se filtró a la prensa un audio según el cual desde el Gobierno se habrían dado indicaciones al canal América para que las imágenes que se mostraran de la movilización transmitieran la idea de que “los camioneros son todos borrachos”. El audio exponía la conversación de un periodista de A24, donde aseguraba que la decisión editorial era atacar la protesta trabajadora mostrando “recortes” de grupos de asistentes tomando alcohol o en actitud violenta, con el objetivo de desprestigiar la marcha.

MACRI, EL CONDUCTOR

De entrada, el gobierno de Macri les preguntó a los dirigentes sindicales qué necesitaban. Abrió canales de diálogo, los recibió, los escuchó y en mayor o menor medida fue cumpliéndoles algunas de sus demandas, fundamentalmente, cuando el conflicto sindical se mostraba amenazante. Un manual básico de conducción de gremios cuando se desembarca en el poder: atender los tres ejes fundamentales: por un lado, la subsistencia y financiamiento de las obras sociales sindicales; por otro, conservar inalterable el modelo sindical —esto es: mantener la personería gremial para negociar salarios, representar a trabajadores en el conflicto, permitirles recaudar cuotas de afiliación sindical—; y, finalmente, generar ámbitos de discusión paritaria.

Los sindicalistas, en muy poco tiempo, se toparían con un gobierno que avanzaría con la reforma laboral, vetaría la ley antidespidos, cambiaría los administradores de la SSS, lanzaría multas a los sindicatos y los mantendría disciplinados retaceándoles recursos. En el plano económico, se produjo la destrucción de puestos de trabajo, acompañada de suspensiones que generaron el temor constante de perder el trabajo o no poder reintegrarse.

Del mismo modo, el gobierno modificó la Ley de Riesgos del Trabajo a través de un decreto de necesidad y urgencia, e instauró la obligatoriedad del trabajador accidentado de presentarse ante las Comisiones Médicas del sistema antes de iniciar cualquier juicio en reclamo de una indemnización. Lo que buscaba el Poder Ejecutivo era evitar juicios por accidentes y abaratar el seguro que pagan las empresas.

Lo que ocurrió, para el abogado laboralista Recalde, es una “flexibilización de facto. La mayoría de los gremios negoció paritarias a sabiendas de una pérdida de, al menos, 10 puntos porcentuales con respecto a la inflación. El sector que logró un mayor aumento fue el de los aceiteros con 30%, pero la inflación va a estar por arriba del 40%. Diez puntos de pérdida. Eso es la flexibilización de facto”.

Los indicadores fueron un caldo de cultivo para el conflicto social. Presionado por las movilizaciones, el propio presidente definió la actitud de los sindicatos, que se disponían a llevar adelante un paro general, como “comportamientos mafiosos”.

Para reforzar este punto de vista, el macrismo se jactó de que, en su gestión, varios sindicalistas terminaron presos o investigados por delitos como lavado, extorsión y asociación ilícita. Los casos de Omar Caballo Suárez, ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), quien fue arrestado en septiembre de 2016 por ser considerado jefe de una asociación ilícita; el Pata Medina, exsecretario general de la UOCRA Seccional La Plata, protagonista de una escandalosa detención, tras permanecer seis horas atrincherado en la sede gremial en septiembre de 2017, investigado por un sinnúmero de delitos; y el caso de Marcelo Balcedo, exsecretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), detenido en Punta del Este y acusado de evasión fiscal y lavado.

Para el sindicalismo, la actitud del Gobierno no era más que un mecanismo de contención del conflicto, cuyo objetivo final era el disciplinamiento de los trabajadores y la obstaculización de las luchas. Según un informe del Observatorio de la CTA Autónoma, solo en los primeros seis meses de gestión de Cambiemos se detuvo a 35 dirigentes y activistas sindicales.

Quien fue abrazado por la sorpresa fue el diputado nacional Omar Plaini en julio de 2017, cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó su procesamiento y el allanamiento y la intervención del Sindicato de Vendedores de Diarios, que conduce desde 2006. El juez mandó la orden en el marco de una causa por supuestas irregularidades en las elecciones internas de 2013, sobre la que la Corte Suprema falló a favor de la actual conducción del gremio. Para Plaini, se trató de “una maniobra de persecución judicial y jurídica y un ataque directo al movimiento sindical argentino”.

No era descabellado pensar que todo respondía a un clima de época. En Mendoza, el gobierno radical de Alfredo Cornejo intervino el Sindicato de Judiciales, organizado bajo la órbita de la CTA Autónoma. En Jujuy, gobernada por Gerardo Morales, la empresa Ledesma pidió que se arbitre la obra social del sindicato azucarero. El Ministerio de Trabajo de la Nación cooperó con el gobierno provincial y suspendió las elecciones del Sindicato de Trabajadores de la Caña de Azúcar. En Tucumán, el Ministerio de Trabajo dispuso la intervención de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA). A poco de asumir en el gobierno, se logró que en el SOMU la interventora fuese Gladys González, la exdiputada nacional macrista. Tiempo después, hizo lo propio en el gremio del personal de seguridad (Upsra), que conducía el barrionuevista Ángel García y ubicó a Rodolfo Alonso, un dirigente radical, cercano a Enrique Coti Nosiglia, como nuevo administrador gremial.

La estrategia para intervenir sindicatos quedó expuesta cuando el Poder Ejecutivo envió lo que, a priori, parecía un auspicioso proyecto de “equidad de género en el mundo laboral”. Sin embargo, en él no había argumentos, por caso, para equiparar sueldos entre hombres y mujeres. Vanesa Siley, parte de la mesa intersindical de mujeres, denunció que el proyecto tenía atrás una finalidad de flexibilización encubierta. Siley, que destronó a Julio Piumato del gremio de judiciales y tuvo que armar el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) —porque Piumato judicializó la elección que perdió por el 87% de los votos— denunció que el proyecto era una “excusa para intervenir organizaciones sindicales fundadas en discriminación de género”. La diputada del Frente para la Victoria (FpV) dio un ejemplo concreto: “En SITRAJU CABA resolvimos la modificación de estatuto incorporando paridad de género en todos los sentidos. El Ministerio de Trabajó no homologó el estatuto, esto es porque no les interesa. Lo que les importa es tener potestad para intervenir en aquellos sindicatos que pelean contra su política económica”.

En esa línea, en 2018, Triaca dispuso la intervención del Sindicato de Trabajadores Mensualizados de los Hipódromos Argentinos (SITRAMEN) por incumplir con el cupo femenino. Lo curioso, según un informe de la Dirección de Equidad de Género del Ministerio de Trabajo, publicado ese año, es que de 26 sindicatos solo 4 cumplían con la ley de cupo que exige un 30% de presencia femenina en la cúpula del sindicato. Como siempre, cuando el objetivo es claro, los datos concretos están de más.

79. Alfonsín fue el que más paros generales recibió y se debió, entre otras razones, a que impulsó una ley de reordenamiento sindical, llamada ley Mucci, por el apellido de su ministro de Trabajo, que tuvo como fin la democratización total del gremialismo, partiendo de elecciones en los lugares de trabajo, para continuar luego en las provincias y terminando en las federaciones. La medida contemplaba la participación de las minorías en la conducción y el control de la Justicia Electoral en las elecciones internas de los gremios. La iniciativa de Alfonsín fue aprobada en Diputados y rechazada por solo dos votos de diferencia (24 a 22) en el Senado. Fue ese el último intento serio por modificar una ley de asociaciones gremiales.

80. Acuña, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicios (Soesgype) desde 2006, fue diputado provincial bonaerense por el Frente Renovador entre 2013 y 2017. Acuña tiene como padrino político al gastronómico Luis Barrionuevo, quien lo impulsó para que ocupe una de las tres sillas de la CGT. Daer conduce el gremio de Sanidad desde 2000. También forma parte del massismo. Ingresó como diputado nacional en 2013 como parte de la lista del Frente Renovador. Sin embargo, la relación con Massa no es necesariamente orgánica, ya que el sindicalista mostró independencia cuando se desmarcó de su bloque y votó la ley antidespidos sin modificaciones. Su hermano Rodolfo es la referencia del Sindicato de Alimentos y fue quien condujo la CGT entre 1996 y 2002. Schmid es el líder del gremio de Dragado y Balizamiento desde 1993. Fue parte del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), una fuerza sindical que creó Moyano en la década del 90 y que se opuso a las privatizaciones.

81. Schmid dejó su cargo el 30 de septiembre de 2018, producto de la pelea del gobierno con Moyano y las disidencias con el resto de la cúpula cegetista más predispuesta al diálogo con el gobierno.

82. Se lanzó en agosto de 2016 y aglutina 30 gremios.

83. El MASA se creó a mediados de 2012 con un corte FpV-PJ. En su formación original integró a la UOM, taxistas, SMATA, FOETRA, Luz y Fuerza, La Fraternidad, Personal Legislativo, entre otros.

84. Falleció el 26 de junio de 2017. Ramón Ayala lo reemplazó como secretario general en el sindicato.

85. Ver: http://www.lapoliticaonline.com/nota/111575-el-gobierno-le-tiene-mas-miedo-a-los-movimientos-sociales-que-a-la-cgt/

86. Entrevista realizada para el libro el 18 de septiembre de 2018.

87. Ver: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/las-formas-politicas-del-trabajo/

88. Ver: http://www.laizquierdadiario.com/Tomas-Si-en-un-gremio-crece-la-izquierda-en-la-CGT-creen-que-su-secretario-general-algo-mal-esta

89. Entrevista realizada para el libro el 16 de septiembre de 2018.

90. Emilia Delfino y Mariano Martín: El hombre del camión, Hugo Moyano. La historia secreta del sindicalista más poderoso de la Argentina. Buenos Aires, Sudamericana, 2008, p. 258.

Capítulo 8

Pescuezo

Mientras el movimiento obrero argentino recibía un golpe demoledor por parte del terrorismo de Estado, Daniel Funes de Rioja se convertía en consejero y delegado por el sector empresario ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Precavido sobre la mirada del exterior, el dictador Jorge Rafael Videla le encomendó esa tarea a quien era su asesor en el Ministerio de Planeamiento.

Décadas después, el apellido Funes de Rioja quedó estampado en el Boletín Oficial del martes 21 de mayo de 2013, como vicepresidente del poderoso laboratorio Roemmers. Multipremiado por el sistema empresarial mundial, tomó fama de eficaz interventor en conflictos sindicales. Por eso Alberto Roemmers, Luis Pagani, dueño de Arcor, y Carlos Pedro Blaquier, de Ledesma, lo impulsaron para que se convirtiera, además, en el presidente del Departamento de Asuntos Laborales de la poderosa Copal.

Seducida por estos galardones, Coca-Cola lo consideró como el mejor dispositivo para destrabar el conflicto sindical que nació a partir de prescindir de los servicios de unos trescientos camioneros. La firma quería ocuparse de la logística y la distribución de sus gaseosas.

Sin embargo, lo que no calculó una de las multinacionales más poderosas del mundo era la reacción de Hugo Moyano, quien decidió bloquear las salidas de las empresas. En poco tiempo, las góndolas de los supermercados se vieron desabastecidas. Con el freno de mano puesto, Moyano se sentó a esperar un escenario de negociación con el interventor.

Conocedor de las artimañas de los sindicalistas, Funes de Rioja apeló al desgaste y propuso estratégicamente un cuarto intermedio: “Mañana continuaremos con el diálogo”, le espetó a Moyano, quien llevaba horas esperando que la empresa reincorporase a los camioneros. De inmediato, el abogado comenzó a caminar alrededor de la mesa de negociación hasta emprender la salida. Cuando se acercó a la puerta, se topó con el abrazo poco afable del marplatense. Sus ojos no alcanzaron a ver el movimiento por medio del cual Moyano lo tomaba del cuello. De a poco, fue aumentando la presión sobre la nuez de su garganta. Mientras hacía esfuerzos por tomar aire, escuchaba un estribillo de insultos. Así lo refirió el empresario en la biografía de Moyano⁹¹.

“Tomátelas, de esto nos ocupamos nosotros con los empresarios”, le sugirió, vehementemente, el dirigente gremial. Funes de Rioja le hizo caso y se retiró del conflicto. Coca-Cola no tardó en indemnizar a los trescientos camioneros y, como gesto de cordialidad, los invitó a reincorporarse a una nueva empresa de la línea. Entonces, Hugo Moyano ordenó mover sus camiones.

HUGO

Cuando arribó a la presidencia, Néstor Kirchner buscó un interlocutor en el universo sindical: “Es con Hugo”. Por esa razón, trabajó para que Moyano fuera quien concentrase mayor poder. Le pidió a Carlos Tomada que se reuniera cada veinte días con él.

El exministro de Trabajo se acomoda en el extremo de su mesa de reuniones en la Legislatura. Cuando recuerda esos días, aparece un rictus. A sus espaldas, la Plaza de Mayo y la Casa Rosada:

Néstor me mandó para que nos reuniéramos con Hugo cada veinte días. Lo hacíamos en el sindicato o en el ministerio. Me llamaba la atención cómo me hablaba de las cosas que hacía, a diferencia de otro líder sindical que hablaba de sí mismo. Moyano hablaba mucho de lo que construía, hoteles, clínicas. Era un modo de mostrar poder, es un gran lobista de sí mismo. Muchas cosas él las cerraba por arriba, por eso fue difícil controlarlo. Una vez, nos reunimos Néstor, Moyano y yo. Cuando se puso pesado con las demandas, Kirchner tomó unas llaves y se las puso en la mano al tiempo que le decía con sarcasmo: “Hagamos una cosa, tomá las llaves y manejá la Casa Rosada vos, Negro. Listo”⁹².

Si bien el Negro sacó provecho del desmantelamiento del sector ferroviario monopolizando el transporte sobre ruedas en todo el país, una de las primeras medidas concretas que ayudaron a su expansión partió desde el Ministerio de Trabajo a cargo de Tomada cuando firmó la Resolución 255/2003⁹³, que le permitió al líder camionero absorber a los empleados de carga y descarga que pertenecían al gremio de Comercio de Armando Cavalieri y casi triplicar la cantidad de sus afiliados: pasó de 60.000 a 150.000 afiliados en un santiamén.

Sobre la firma de esa resolución, quienes trabajaron en ella agregaron un matiz, según cuenta en estricto off the record uno de los participantes: “Moyano recuperó cosas que le habían afanado en los 90, época donde Cavalieri fue más elegante para afanarle afiliados a Camioneros. En el menemismo, Cavalieri nunca tuvo un conflicto de encuadramiento, y le afanó cosas inauditas. Las patronales tenían mucha influencia y le pasaban trabajadores a Comercio y no había reacción sindical. Como ahora, el ministerio casi no tenía injerencia”.

A pesar de que el Sindicato de Camioneros no encabeza el ranking de cantidad de afiliados, una mirada transversal del sector le reconoce al gremio de Hugo Moyano como el único con capacidad real de parar el país si así lo decidiera, ya que en la Argentina el 84% de las mercancías se traslada en camión y solo un 10% lo hace por ferrocarril. De proponérselo, Camioneros puede parar la marcha de la distribución del combustible, desabastecer de alimentos a los grandes supermercados, dejar sin dinero a los cajeros de los bancos y frenar la recolección de residuos, entre otras medidas que influyen directamente en la economía de un país.

Para lograr su poder de fuego, Moyano maniobró lo necesario para federalizar el gremio y otorgar autonomía de los fondos a cada seccional, algo impensado entre los dirigentes sindicales de la época. El Negro lo hizo desde 1984 cuando leyó que su sindicato debía desarrollar las extremidades. En efecto, motivó el crecimiento de las seccionales, bajo el desarrollo de sedes, sanatorios propios y campings.

Cuando Moyano tomó la conducción del gremio, en 1987, tenía una sede antigua, un hotel en Córdoba y un camping chiquito. Ahora le pertenecen al menos 14 sanatorios, más de 30 hoteles, más de 100 campings y los mejores salarios. Desde que Hugo maneja Camioneros pasó de 20.000 a 220.000 afiliados.

En poco tiempo, Moyano armó su base de poder: se convirtió en líder de la CGT, amplió su base de afiliados y se quedó con la rama sindical de la logística —un rubro neurálgico de poder—, dotó de paz social al gobierno kirchnerista a cambio de subsidios y desarrolló federalmente su sindicato hasta transformarlo en una herramienta de poder central por su capacidad para condicionar al gobierno de turno.

Si bien casi todo se dio bajo el paraguas del kirchnerismo, el exministro Tomada argumenta por qué constituyeron de ese modo el modelo sindical:

Cuando llegamos al poder Moyano nos dio una lista de 24 pedidos y Néstor me dio la orden de resolverlos. De los 24, cumplimos 23. Nosotros pusimos en ejercicio un disciplinamiento virtuoso. Concesivo, puede ser, pero disciplinamiento al fin. Esto fue posible porque el movimiento obrero nos tenía confianza, ya que la gran mayoría veníamos con experiencia con el movimiento. Nos conocían los dirigentes sindicales, sabían cómo pensábamos, entonces las diferencias fueron disolviéndose día a día. Cuando no sos negociador de una sola vez, se construye un vínculo de confianza. Así resolvíamos conflictos permanentes que nos dotaron de un gran margen de maniobra. Néstor y Cristina querían que los problemas se resolvieran rápido. Algunos sectores sindicales que se maltrataron no fueron en el sector de trabajo⁹⁴.

Las expresiones de Tomada dejan de lado el análisis del desmembramiento del movimiento obrero en el segundo mandato de Cristina. Un funcionario del gobierno K que pide estricto off señaló que los problemas sindicales aparecieron “por el toma y daca que estimulaba el Ministerio de Planificación del cual dependían sectores sindicales como la construcción, el petróleo, la energía, el agua, entre otros. El darles y quitarles para regular las actividades fue para conflicto, porque una vez que les concedías a esos gremios, ya no los podías manejar. Por eso los mayores conflictos sindicales partieron desde esa cartera”.

Moyano se mantuvo al margen de esos choques. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria no todo estuvo en la cuenta de los bienes. Su grandilocuente crecimiento generó internas con tintes mafiosos, que tuvieron su clímax de violencia en 2008 con el asesinato de Abel Beroiz, tesorero de Camioneros, quien fue atacado en un garaje en Rosario: tres disparos y siete cuchilladas. El ex convicto Raúl Flores, de 23 años, confesó haber cometido el hecho por encargo en el marco de una interna sindical. La disputa por la filial santafesina fue la excusa, pero Moyano sabía que se trataba de algo más grande. El hecho se había dado en vísperas de su reelección en la CGT. Aun así, se ocupó de lo que mejor sabía hacer: construir más poder.

CAMIONERO SOY

En palabras de Moyano:

Nosotros tenemos en el gremio compañías de seguros, ART propias, hoteles, escuela de capacitación y formación con dos simuladores que valen millones de dólares, todo tenemos. Tenemos 2300 millones de pesos ahorrados en el banco. ¿Vos pensás que Macri me pone el patrocinador en Independiente por generosidad? Es porque yo tengo 1000 millones de pesos en el Banco Ciudad… Hay que tener espalda para todo. Yo le digo: “No te estoy pidiendo que me des, te estoy pidiendo que me devuelvas algo de lo que te estoy dando”⁹⁵.

El líder sindical no tardó en explotar su faceta empresarial. En primer lugar, Moyano advirtió rápidamente el negocio de ser el transportista de la basura. Ocuparse del trabajo sucio generaría la dependencia del poder político. En este sentido, si el acuerdo táctico con el kirchnerismo lo dotó de poder, el macrismo le dio un primer aventón cuando fueron socios como prestadores del servicio de la basura con Manliba. El vínculo se extendió durante los 90, con el transporte del servicio de correo que administraba la familia Macri y se mantuvo incluso en el Belgrano Cargas, que manejó Franco Macri. En este último caso, el sindicato de Moyano se alzó con el 6% de las acciones gracias a la habilitación de Kirchner.

La expansión de Moyano le permitió avanzar en la soberanía de sus negocios. La máxima del camionero, “hay que tener espalda”, le sirvió para expandir sus tentáculos en distintos rubros. Moyano creó su propio holding al adquirir la empresa Organización de Seguridad Las Marías, que les da cobertura a sus afiliados; otra de sus empresas es Iarai, que se dedica a las prestaciones médicas; Dixey es una textil que se ocupa de las vestimentas de los trabajadores; Ancora es la constructora que refacciona los establecimientos y la cadena de hotelería del líder camionero; Chenyi ofrece servicios integrales de logística y transporte, y Caminos Protegidos es la propia ART de los afiliados.

Así, Moyano construyó su propio Estado, al que le agregó su pata deportiva como parte de su espíritu expansionista. Creó el Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros en 2009; hizo pie en Alvarado de Mar del Plata, club que presidió su hijo Facundo en 2012. Dos años después, Hugo se quedaría con la presidencia de Independiente que le permitió, además, convertirse en protesorero de la AFA e imponer a su yerno Claudio Chiqui Tapia, que provenía de la presidencia de Barracas Central, como máximo referente de la institución.

Chiqui fue barrendero en Manliba, se afilió al Sindicato de Camioneros y ahí conoció a Paola, la hija de Moyano, con quien se casaría. Tapia se convirtió en 2017 en presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Hugo, en vicepresidente segundo.

Para ser presidente de Independiente, Moyano tuvo que construir desde adentro. Su ingreso al club en 2005 fue de la mano de Julio Comparada, dueño de El Surco, una aseguradora vinculada al sector sindical. Hugo fue representante de socios hasta 2008, el año en que Pablo accedió a una vocalía de la Comisión Directiva y a la presidencia del fútbol amateur.

Desde allí, acercó auspiciantes (Banco Ciudad, OCA, entre otros), aportó afiliados de Camioneros para estructurar una fuerza de choque y articular con la barra brava, y logró, además, gracias a sus gestiones políticas a través del exgobernador Felipe Solá, que la provincia de Buenos Aires le entregara 27 hectáreas en noviembre de 2007, que ahora son patrimonio del club.

Independiente se convirtió en una vidriera, a través de la cual se podían observar los vínculos con el macrismo. En 2013, Moyano mudó los ahorros que el gremio tenía del Banco Provincia al Banco Ciudad, administrado por el PRO. Según informó La Nación, la operación se concretó el 10 de septiembre de 2013, cuando el Sindicato de Choferes de Camiones y Afines retiró 4.411.314,14 pesos de una cuenta que tenía en la sucursal N.º 1 del Bapro, monto que transfirió a un plazo fijo en el Banco Ciudad. A partir de este lazo, se avanzó en un convenio de patrocinio con Independiente por el cual el Ciudad abonó 5 millones de pesos por 18 meses a cambio de publicidad en la camiseta, en la estática del estadio y facilidades para que los socios accedan a tarjetas de crédito o débito. Las acciones fueron monitoreadas por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien formó parte de la Comisión Directiva de Independiente.

El tejido traería buenos resultados: el domingo 6 de julio de 2014, Hugo Moyano ganó las elecciones con el 69,44% de los votos de los socios de la institución de Avellaneda. En 2017, fue reelecto con el 89% de los votos.

TE LLEVO PARA QUE ME LLEVES

El promedio de afiliados sindicalizados que tiene Camioneros es de 80%. De 90% si se incluye al personal de recolección de basura. Con estos indicadores, no sorprende que, cuando Moyano decide activar los mecanismos de presión a través de un paro, rara vez no consiga sus objetivos. Aunque se trate de camiones pesados, el gremio de Moyano es el más rápido y efectivo para activar una medida de fuerza.

A su vez, sus representados suelen obtener mejoras salariales por arriba de la media en cada discusión paritaria. Moyano sabe aceitar ese círculo vicioso. Y lo que no sabe lo aprendió a resolver trabando alianzas con actores que ayuden a su construcción política. Quienes lo conocen remarcan su capacidad para conducir y aprovechar las necesidades del poder político. Por eso desde el sindicalismo suelen señalar que “Moyano juega para Moyano”.

En cambio, el líder camionero siente que durante su conducción de la CGT logró hacer crecer al grueso de los sindicatos. Su lógica se impuso a lo largo de doce años: “Moyano es el dirigente que logró reposicionar a la CGT en la discusión política. Ese es un saldo que hay que ponérselo en su factura. Lo hizo mal, a lo camionero, si querés, eso de ‘te tiro el camión encima’. Pero me parece que esa idea de que el peronismo no podía ser solo un partido profesionalizado, sino que debe representar otros intereses, eso lo pone en juego Moyano”⁹⁶, precisó la socióloga Ana Natalucci, especializada en el análisis del movimiento sindical.

Moyano dispersó a toda su familia en todo el organigrama sindical, político, deportivo y empresarial. Para empezar, asignó tareas centrales a varios de sus nueve hijos. Pablo, el mayor de todos, es secretario adjunto del sindicato. Combativo y frontal, con el macrismo en el poder, se vinculó con el kirchnerismo a pesar de que alguna vez expresó que “los kirchneristas se hacen los Rambo y su gobierno fue el que más precarizó a los trabajadores”.

Para Moyano, Pablo es su sucesor natural y trabaja para que sea su heredero. El sociólogo Damin sostuvo que “Macri al principio estaba muy fuerte, pero su modelo era inviable. Hugo calculó que se iba a generar un espacio para que su hijo Pablo creciera, ese es su desvelo. La estrategia fue darle aire a Pablo a través de una oposición dura. Cuando se afirma en ese sentido, corre las mayores peleas hacia la izquierda: lleva tres décadas confrontando con el Estado de ese modo, por eso Moyano es el más hábil de los sindicalistas”⁹⁷.

Los Moyano han sabido esparcirse y tener presencia en los distintos espacios políticos: lo que se conoce en el lenguaje popular como “poner un huevo en cada canasta”. Facundo, su quinto hijo, fue diputado nacional por el Frente Renovador. Como se dijo, su yerno Chiqui Tapia oficia de vice en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). Por su parte, otro de sus hijos, Huguito, lleva la parte legal, asesora sindicatos y es abogado de la CGT. Su tercera esposa, Liliana Zulet, controla la parte empresarial.

El poder de los Moyano puso un pie en Roma. Hugo ha mantenido una estrecha relación con el papa desde que Jorge Bergoglio era cardenal. El Vaticano recibió a Pablo en varias oportunidades y, si bien Hugo mantuvo contactos fluidos, no viaja “porque les teme a los aviones”. Con el sumo pontífice los une su origen peronista. Tal es el vínculo que Moyano creó, junto al titular de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, Marcelo Sánchez Sorondo y el exlegislador Gustavo Vera, la Red Antimafia Argentina. Su fundación se realizó días después de recibir una acusación indirecta del presidente sobre los “comportamientos mafiosos” de los sindicalistas.

MARCHE PRESO

Cada vez que Moyano lanza un dardo contra sus contrincantes, utiliza un apodo. A Graciela Ocaña le puso “Cucaracha”, a Florencia Arietto “Bebota” —en alusión al barrabrava de Independiente Pablo Bebote Álvarez— y para develar la incógnita del mote que le dedicó a uno de sus rivales en los últimos tiempos plantea un interrogante.

Apenas pasaron unos minutos después de las ocho de la mañana y desde el tercer piso de la sede porteña de Camioneros, de la calle San José, desafía: “A ver, a ver. Ustedes que están tan informados. ¿Saben quién es el Chapulín Colorado?”.

La respuesta de los interpelados es negativa. Levanta el conmutador y pide que traigan el meme. “Miren esto”, dice. La pantalla de su celular muestra un montaje que contiene en el margen inferior derecho la figura exaltada del presidente Mauricio Macri exclamando auxilio y a su lado se puede observar la irrupción del periodista Luis Majul, disfrazado de Chapulín Colorado, vociferando el dicho tradicional del personaje mexicano: “No contaban con mi astucia”.

Cuando la risa acaba, llega la reflexión política: “Como no pueden agarrarme con nada judicialmente, lo mandan a este. ¿Saben por qué lo hacen? Porque la mujer del Chapulín Colorado es pariente del procurador Julio Conte Grand⁹⁸. Y Conte Grand es hombre de Lilita (Carrió). De ahí salen las acusaciones. Esa es la política del gobierno”.

***

Cuando el camionero tomó velocidad en su ascenso hacia el poder sindical, recibió un duro golpe que provino de la Secretaría de Inteligencia, conducida en ese momento por Juan Bautista el Tata Yofre. El Tata, quien negó esta acusación, habría sugerido al juez Miguel Ángel Zitto Soria que un tipo del Sindicato de Camioneros guardaba cocaína en su oficina. El juez se lanzó y dio con el cometido. En el escritorio de Moyano se encontró una bolsa con 450 gramos de cocaína.

El camionero recurrió al estudio jurídico de Hugo Anzorreguy. La peculiaridad del caso es que mientras Moyano denunciaba que le habían plantado la cocaína y acusaba que la operación partió del seno empresarial del menemismo, el estudio de abogados que lo ayudó era un eje central de la trama tejida entre espías y jueces. Finalmente, el líder sindical fue sobreseído. La experiencia le sirvió de aprendizaje.

Moyano estaba convencido de que le plantaron la cocaína y no descartaba que la operación proviniese del sector de Alfredo Yabrán, Amadeo Juncadella u Oscar Andreani a los que tanto molestaba. El líder gremial no tardaría en atacar sus bases y, con el paso del tiempo, quedarse con el negocio de transporte de correo y de caudales. Así, Moyano cooptó a las bases de los tres sectores que representaban parte del poder económico de los 90. En síntesis: deglutió a su contraparte.

Sus problemas judiciales retornaron cuando levantó el perfil combativo contra las políticas del gobierno macrista. Así, se dispararon diferentes causas en donde se lo investiga por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y empleo de los fondos de los afiliados, el sindicato, su obra social y el club Independiente para favorecer a empresas que pertenecen a sus familiares.

Para Moyano, los ataques no tienen legitimidad porque hay que saber de dónde provienen: “Los tres premios Nobel me atacan —suelta con sorna—: el Pata Medina, Bebote Álvarez y el Caballo Suárez. Los tres están presos. La Cucaracha levanta las denuncias del Pata, la Bebota levantó las del Bebote y la tercera denuncia la hace el Caballo Suárez cuando lo sacan de la cárcel para que hable mal de mí. Está todo armado”. Ante la pregunta de por qué le arman las causas, el líder camionero propone historizar su relación con el poder: “Denuncié la Banelco por la flexibilización laboral y buscaron torcernos. Ahora, nos mandaron una multa absurda que la justicia rechazó. Lo hizo Triaca, que, para mí, lo digo con todo respeto, es un pibe resentido por su problema, si no, no hay forma de entender la forma en la que actúa. No hace nada a favor de los trabajadores. El padre de él era el ministro de Trabajo cuando me metieron la droga a mí. Me querían doblegar, pero nunca pudieron doblegarnos”⁹⁹.

Una de las causas que lo tienen en vilo es la de la empresa postal OCA, a la cual siempre se lo vinculó. La acusación se centra en pases de fondos, transferencias y giros sospechosos entre las empresas de Patricio Farcuh, presidente de OCA, y Moyano. La AFIP estimó que habría existido una evasión impositiva que podría alcanzar los 4000 millones de pesos¹⁰⁰.

La relación con OCA data de la década del 90. Moyano se ocupó del transporte de la firma del empresario Alfredo Yabrán, por eso buscó acuerdos para garantizarle la logística al dueño de OCA. Con el tiempo, Camioneros logró afiliar a 6300 empleados de un total de 7000. OCA pertenece al Grupo Ruho, el mismo que afilió a trabajadores de sus múltiples empresas al gremio de Moyano. A Ruho lo preside Farcuh, un fanático del fútbol que en 2010 viajó junto a Pablo y Facundo Moyano al Mundial de Sudáfrica, y compartió la tribuna con la barra de Independiente.

Sin embargo, en ningún papel de OCA, ni tampoco de Covelia, la empresa recolectora de residuos que extiende sus tentáculos en la provincia de Buenos Aires, aparece el apellido Moyano. El camionero se encarga de despegarse con vehemencia. “Juro por mis hijos que no tengo un carajo que ver con Covelia. Dicen que Moyano maneja las empresas. Que las tengo cagando para que cumplan con los trabajadores, que no te quede duda. Cuando viene una empresa a una licitación, tengo que saber todos los antecedentes, para ver si cumple con los trabajadores. Me acusan de ser el dueño de Covelia. Traigan a un escribano y al que demuestre que la empresa es mía se la entrego de inmediato”, desafía. Más allá de la controversia, la suerte de Farcuh al frente de OCA quedó sellada el 26 de febrero de 2019 cuando el juez de Lomas de Zamora que entendía en el concurso preventivo de la firma postal, Pablo Tejada, rechazó el pedido del empresario para permanecer al frente de la compañía, a la vez que decidió poner en marcha un salvataje que permitiera la continuidad de OCA.

Para los Moyano, las causas judiciales son una persecución por defender a los trabajadores. Así lo explica Pablo, su más fiel discípulo en las prácticas de presión: “Tenemos combustible, transporte de caudales, recolección de basuras. Si Camioneros para, no se mueve ni una tapa de gaseosa en la Argentina. Hemos crecido porque siempre hemos defendido a los trabajadores. Pero si te enfrentás al poder te van a inventar que sos feo, negro y sucio”.

BLOQUEAR ES LA CONSIGNA

“No voy a negar los aprietes sindicales. Lo reconozco: aprieto a las empresas para que cumplan con la gente. Pero ninguna le va a venir a decir a usted que yo los quise coimear, porque eso no es cierto”¹⁰¹, declaró Hugo Moyano.

De joven, el Negro desarrolló sus condiciones de pugilista. Las enseñanzas del ring las aplicó en la política. Moyano no solo sabe pegar, sino que además maneja los tiempos y toma el centro de la escena sindical cuando los gobiernos se ven debilitados. La enseñanza se la debe a los consejos del sindicalista Lorenzo Miguel: “Nunca abandonen el centro del ring, el movimiento obrero tiene que ubicarse siempre en el mismo lugar; en el medio del ring. Manejen ustedes la pelea, obliguen a su contrincante a moverse en el cuadrilátero constantemente mientras ustedes están firmes en el centro del ring, dominando la escena. Y siempre recurran a las bases, el dirigente que se aleja de las bases está dejando su sindicato”¹⁰².

Sobre la imagen inicial de este capítulo, Moyano se resiste a reconocer el hecho: “¿Funes de Rioja dijo que lo acogoté? Es un charlatán. Hemos discutido fuerte, pero no puede decir que lo agredí”. Sin embargo, después pidió poner en contexto la situación: “Es cierto que una vez hubo un conflicto de las dos partes. Pero lo que pasó es que en un momento, cuando llegamos a un acuerdo, di la orden de levantar el bloqueo y esperamos que se instrumente el acuerdo que habíamos resuelto. Ahí escuché que uno dijo: ‘No le des una mierda si ya se levantó el paro’. Entonces ahí le di. Pero hubo de los dos lados. Ellos no se quedaron atrás”.

Una de las armas más potentes que tiene el sindicalista es la utilización del bloqueo: el cerco a la empresa Coca-Cola lo extendió a otras firmas, desde empresas de Techint, pasando por cerealeras, petroleras, supermercados, el Grupo Clarín, hasta el Banco Central de la República Argentina. En cada bloqueo, Moyano sacó provecho: mantuvo lo que podía perder y, en ocasiones, según el caso, resolvió a su favor los conflictos de encuadramiento de afiliados de otras ramas sindicales.

Moyano definió su propio manual de conducción:

La estrategia que tenemos en un reclamo es saber las formas y los momentos. Yo les transmito a los muchachos: cuando se puede avanzar, se avanza. Cuando no se puede avanzar y uno quiere avanzar, uno no está avanzando, está retrocediendo. Tenemos que tener esa habilidad. El dirigente tiene que poner las bolas, no solamente para que te aplaudan. Las tenés que poner para decir: “Esto no se puede hacer”. Yo no quiero ser el general de las Malvinas, yo lo que quiero proteger es las fuentes laborales. Aunque no sea simpático lo que se le transmite a la gente, el dirigente tiene que saber decir: “Hasta acá llegamos”. No hay que decir siempre que sí, ni tampoco decir siempre que no. Así se construyeron las mejoras para el gremio de Camioneros.

La premisa moyanista se extendió en varios conflictos patronales. Al igual que con la empresa de gaseosas, cuando Carrefour intentó ocuparse por sí mismo de la logística, Camioneros bloqueó sus salidas de distribución. La firma francesa pidió auxilio a la embajada de su país y el conflicto escaló hasta las más altas esferas. La presión camionera obligó la intervención del presidente francés Jacques Chirac.

Sin embargo, Moyano volvió a salirse con la suya y su estrategia de bloqueo y presión superó al lobby del mandatario y del empresariado galos. Después de ese conflicto, obtuvo la firma del Ministerio de Trabajo que le permitió absorber a los afiliados del Sindicato de Comercio. Luego haría lo propio con los afiliados de la recolección de basura, de los camiones de caudales y de OCA, por citar algunos ejemplos.

La cooptación de afiliados de transporte de caudales es estratégica para quedarse con el manejo y el control de los fondos de dinero. Una herramienta de poder central a la hora de negociar con el poder político. A los franceses, por su aversión al empresariado extranjero, también logró vetarles el proyecto de desarrollo del tren bala que el kirchnerismo quería desandar y a cuyo cargo estaría la empresa francesa Anton. Mediante la prédica de defender el nacionalismo en obras de estas características, Moyano les bajó el pulgar a los empresarios europeos.

Este instrumento de presión fue puesto a disposición del kirchnerismo, cuando, en su pelea con Clarín y La Nación, bloqueó la distribución de los diarios. Sus métodos generaron la antipatía de un sector importante del sistema político y social. Los cuestionamientos llegaron a la mesa de Mirtha Legrand, en vísperas del paro del 21 de febrero de 2018. Apremiado por los cuestionamientos inquisitivos de la diva, Moyano nunca se movió del centro del debate. En términos ajedrecísticos, otro de los comensales, Alfredo Leuco iba como un caballo detrás de la reina. Pero Hugo nunca llegó a las cuerdas: “Seguramente en mesas como estas no se entiende este tipo de cosas, pero en mesas donde falta un plato de comida entienden la lucha de los trabajadores”.

BASURERO

“No vamos a juntar la basura hasta que nos den una solución”, arengaba, en los primeros meses del nuevo siglo, el delegado gremial de los barrenderos, Chiqui Tapia. Faltaban diecisiete años para que se convirtiera en la autoridad máxima del fútbol argentino. Hasta entonces, oficiaba de delegado sindical y era uno de los organizadores de la revuelta que convirtió a Lomas de Zamora en un basural. Veinte camiones recolectores cercaron el municipio y dejaron de recoger la basura hasta tanto se garantizara la fuente laboral de trescientos camioneros. La ciudad se tapó de mugre y olor. La huelga era por falta de pago y deuda con los recolectores, pero de a poco los camioneros fueron corriendo el eje: el problema era la empresa. Luego de dieciséis años suministrando el servicio, los huelguistas lograron que el municipio le rescindiera la concesión a la firma Álvarez-Patiño y le dejara su lugar a la sugerida por los sindicalistas: Covelia.

El 22 de diciembre de 2004, la ciudad de Buenos Aires hedía. En cada esquina, las bolsas negras se apilaban y se pudrían al calor del cemento y del verano que acababa de comenzar. El alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, denunció que el porteño era “rehén de una disputa entre Camioneros y un sector empresario”. Una semana después, Ibarra ya no podría ocuparse más de ese problema: quedó tapado por la tragedia de Cromañón. Por el conflicto de la basura, tuvo que intervenir el presidente Néstor Kirchner. Moyano levantaría la protesta a la espera de un nuevo jefe porteño, no sin antes llevarse la promesa del patagónico de ser parte del sistema de recolección de basura del nuevo intendente.

En 2008, a poco de asumir la intendencia en Esteban Echeverría, Fernando Gray se topó con la firma de su antecesor, Alberto Groppi, quien por decreto había firmado un aumento de un 20% del presupuesto para el negocio de recolección de residuos, en manos de la empresa Covelia. El municipio, además, tenía una deuda de 7,5 millones de pesos. El flamante intendente decidió anular el decreto, hacer números e intentar rescindir el contrato con la empresa.

De inmediato, los recolectores realizaron una huelga de diecisiete días, los camioneros sitiaron el palacio municipal y quemaron residuos en la plaza de Montegrande. Ante esto, el jefe comunal ordenó que un camión de la municipalidad realizase la recolección de la basura, pero el recorrido tuvo pocos metros: los huelguistas lo prendieron fuego. La situación obligó a que interviniese el gobernador Daniel Scioli, quien intercedió para calmar las aguas. Gray desistió de cambiar de empresa de recolección de basura.

En 2014, el intendente de Quilmes, Francisco Barba Gutiérrez, tenía decidido municipalizar la recolección de residuos. Su Concejo Deliberante ya había obtenido la aprobación. El histórico dirigente de la UOM pretendía bajar un presupuesto leonino de 35% para el servicio de la basura. Repentinamente, recibió un recado del secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, para que depusiera su actitud: “Si tiene que haber muertos, va a haber un muerto, dos, tres, porque la gente está dispuesta a defender su puesto de trabajo y su dignidad”.

En Avellaneda, el intendente Jorge Ferraresi saludó la maniobra de su par y sugirió transitar el mismo camino. En poco tiempo, tuvo que desdecirse y renovar la concesión a Covelia, producto de las advertencias que recibió de Camioneros. Gabriel Katopodis, en San Martín, hizo lo propio e incluso llegó a frenarle un pago de 2 millones de pesos para medir las reacciones. Los camioneros no tardaron en marcarle la cancha, y el jefe comunal congeló la maniobra.

En los 90, Berazategui, a contramano de las privatizaciones, logró municipalizar el servicio. El exintendente Juan José Mussi habla pausado mientras rememora cómo logró mantener bajo el mando de su municipio el servicio de la basura: “Nos adelantamos antes de que Moyano concentrase todo el poder. Aun así volvieron a la carga, pero no les permitimos que ingresen. Hasta hoy el municipio tiene municipalizados todos los servicios”. Para frenar el lobby de los camioneros, el exintendente cercó a sus empleados municipales para que no fueran seducidos por los sueldos que ofrece el gremio de Camioneros:

Buscamos mecanismos de mejoras de la calidad de vida de los recolectores, ofreciéndoles premios por alcanzar objetivos, porque es cierto que no podemos equiparar los sueldos del Sindicato de Camioneros. Es muy difícil frenar la presión, lo hemos logrado con muchas dificultades y nunca permitimos que ingrese el sector privado al negocio porque una vez adentro te convierten en rehén de sus intereses. Si el municipio está complicado económicamente, es vulnerable. Es muy difícil terminar con la licitación de las empresas recolectoras. Hay un lobby muy fuerte¹⁰³.

En 2006, Pablo Moyano le sugirió al intendente de Necochea, Daniel Molina, terminar el contrato con la empresa Servicios Ambientales S. A., y hacer ingresar a Covelia. Sugestivamente, le insinuó al jefe comunal que Covelia fuese parte de la solución trayendo sus camiones para la recolección de residuos. Moyano ofrecía la solución a un problema que ellos mismos habían creado. Cuando al más frontal de los Moyano le endilgaron que estaba haciendo lobby, se desmarcó de inmediato: “¿Cómo el gremio va a tener participación en Covelia? Es un disparate. Si Covelia no paga, le hacemos paro”, se excusó. El modus operandi tiene un mecanismo ensamblado: “Moyano y Covelia funcionan articulados, como socios: cuando el municipio plantea que necesita bajar el presupuesto, la empresa responde: ‘Está bien. Mañana despedimos 200 trabajadores’. A lo que Moyano agrega: ‘Vamos al paro’”¹⁰⁴.

En el conurbano, los intendentes señalan, por lo bajo, que Covelia está ligada a Camioneros, y que Moyano usa la estructura sindical para hacer lobby a favor la empresa. Lo han denunciado recurrentemente cada vez que quisieron terminar con la concesión de los servicios por los altos costos y se toparon con la represalia gremial del Sindicato de Camioneros. Sobre estos corrillos, Hugo Moyano respondió de un modo tajante: “No tengo un carajo que ver con Covelia”.

Sin embargo, en 2008, dos exjefes del Sindicato de Camioneros, Eduardo Lorenzo Alderete, exprotesorero de la sede Mar del Plata, y Juan Carlos Robles, exsecretario gremial, admitieron a Clarín que, por orden de Moyano, ambos debieron viajar, en 2008, a la municipalidad costera para hacer lobby en favor de Covelia. Al poco tiempo, Pinamar contrató a la empresa.

Ricardo Champancito Depresbiteris, titular de Covelia, fue vinculado con el gremio de Moyano, pero siempre lo negó. Su trayectoria tuvo un salto abrupto cuando pasó de chofer de un ejecutivo de Techint a ser el dueño de la empresa que desde su nacimiento estuvo denunciada por irregularidades. En 2011, salió a la luz el célebre exhorto que pidió la justicia suiza en la que se bloqueó un depósito por 1.800.000 dólares en una cuenta en Ginebra del dueño de Covelia. La justicia helvética pidió estudiar el entramado de relaciones entre Depresbiteris y Moyano, para investigar el presunto lavado de dinero.

En 2010, la empresa de recolección de residuos poseía 800 camiones y 3000 empleados registrados y afiliados al sindicato de Moyano, con los que cubría el servicio en una docena de municipios de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, en los papeles, no figura ningún vínculo.

Según su página web, Covelia actualmente ofrece sus servicios a los municipios de Lomas de Zamora, Merlo, Lanús, San Martín, Escobar, Esteban Echeverría, Pinamar y el Partido de la Costa. Como queda expuesto, solo Quilmes logró municipalizar los servicios. A cambio, el municipio tuvo que llegar encuadrar a los camioneros en el sindicato municipal, manteniéndoles categoría, sueldos y antigüedad. Moyano no iba a perder la pulseada, sin lograr beneficio para los suyos.

COMPAÑERO MACRI

22 de octubre de 2012. Encuentro del Grupo Profesional de Trabajadores Agrícolas (GPTA). “Tomá, Hugo, un regalo para vos”. Moyano estira su brazo y recibe una rosa blanca del jefe porteño.

28 de septiembre de 2015. Usina del Arte. “Si no te molesta, te digo compañero”, pide permiso el camionero Moyano. Mauricio sonríe.

8 de octubre de 2015. “El gobierno no está para reprimir a los trabajadores, ni para manipularlos políticamente, está para sentarse con ellos a la mesa y dialogar”, propone el candidato a presidente Mauricio Macri. Moyano aplaude.

Quedan pocos días para la elección presidencial y Moyano apuesta a que Macri va a ser el próximo conductor de los destinos del país. Macri necesita de Moyano para serlo. El camionero sabe que ayudarlo le traerá jugosos beneficios a su sector. Por eso, desnudan juntos un busto de Perón.

El arquitecto del acto de homenaje es el Momo Venegas, que se encuentra rodeado por la candidata a gobernadora María Eugenia Vidal y el expresidente Eduardo Duhalde. En primera fila se ubica el hombre del bombo, el célebre sindicalista y asiduo asistente a los mundiales de fútbol, “el Tula”, un viejo animador de los actos de Menem y luego de Duhalde que ahora aplaude a rabiar a Mauricio Macri.

No se equivocó el Negro: ganó Macri. Alguna vez, el fallecido Oscar Lescano impuso una premisa: “Ser siempre oficialista”. En efecto, la plana mayor del movimiento social se sentó a dialogar con el flamante presidente para ocuparse de conservar las demandas de su sector.

Durante esa luna de miel con el flamante presidente almorzaron y lo hicieron, según el sindicalista, “entre carcajadas y milanesas que cocinó Juliana Awada”. El clima cambió vertiginosamente cuando el presidente le hizo una serie de pedidos: “Fui a almorzar a Olivos con Macri cuando se estaba discutiendo la reforma laboral. Él creía que con el almuerzo me iba a convencer. Quería que firmemos un aumento de salario y yo le dije que no iba a firmar. Entonces, me quiso apurar y me dijo: ‘Tenés que poner los huevos como puso Cavalieri’. Yo le respondí: ‘Sí, poner los huevos para cagar a la gente. Si es para eso, no, querido, para eso no cuentes conmigo’”.

Después de la reunión, el diálogo se rompió y Moyano comenzó a movilizar su aparato por “la falta de respuesta” y “las actitudes de muchos” de los ministros del Gabinete: “No dan solución a nadie, es todo verso”, se quejó. Ahora, Moyano no da rodeos para definir al gobierno de Macri “como el peor de la historia”.

Mientras la conflictividad crecía, en la ciudad de Buenos Aires las peripecias de los conflictos políticos expusieron los vínculos de los negocios entre Hugo y Mauricio cuando el jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aumentó de 4000 a 80.000 los espacios pagos de la red de parquímetros y acarreo porteño para estacionar en la Capital. De este modo, la ciudad pretendía doblar la cantidad de espacios públicos del estacionamiento medido y triplicar las treinta grúas. Lo cierto es que, de acuerdo con la licitación, por cada grúa que recorre la Capital hay tres trabajadores: dos del Sindicato de Camioneros y un agente de tránsito que pertenece a la planta del Estado.

Cuando Moyano motorizó los paros, el presidente le advirtió que no toleraría “comportamientos mafiosos”. Detrás de él, el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue en sintonía: “Las actitudes mafiosas, provengan del sector que provengan y que perjudican el derecho de los ciudadanos argentinos, ya no pueden ser toleradas”. Triaca plasmó sus palabras en una multa sin precedentes de 809 millones de pesos al Sindicato de Camioneros por el presunto incumplimiento de una conciliación obligatoria dictada en diciembre de 2017. Al poco tiempo, se comió un sorpresivo revés de la Cámara del Trabajo, que levantó el embargo por 266 millones de pesos sobre el Sindicato de Choferes de Camiones.

Sin embargo, las declaraciones más fuertes estuvieron en manos de Elisa Carrió, quien acusó al gremialista de ser la “mafia sindical”. Pero fue más allá: “Es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo seguro. Y cuando digo criminales digo criminales, no solo de robo de dinero… Que marchen, pero que también marchen a la Justicia”.

Cuando Moyano rompió relaciones con Macri, vio venir una marea de avances judiciales. Fue ahí cuando sacó a la luz los históricos acuerdos con la familia del presidente y lo arrastró al fango, un terreno harto conocido para el líder camionero. Con sorna, desafió al mandatario nacional: “Si voy preso, que sea en la celda de al lado del padre de Macri”.

91. Emilia Delfino y Mariano Martín: op. cit.

92. Entrevista realizada para el libro el 3 de octubre de 2018.

93. La reforma estatutaria del Ministerio de Trabajo estableció que al gremio de los camioneros le corresponde la afiliación de trabajadores que conducen los vehículos y también de los empleados de carga y descarga, y quienes cumplen tareas de depósito. El Ministerio firmó la resolución luego del Caso Carrefour. El conflicto se produjo a partir de que la empresa incorporó a 200 empleados efectivos que trabajaban para su proveedor. De ese plantel, 33 pertenecen al Sindicato de Camioneros y 167 al de Comercio. El Sindicato de Empleados de Comercio era liderado por Armando Cavalieri y el Sindicato de Camioneros estaba a cargo de Hugo Moyano. Ambos sindicatos se disputaban la representación de los trabajadores ubicados en el centro de distribución de Esteban Echeverría (recientemente adquirido por la empresa). En octubre de 2003, el Sindicato de Camioneros tomó medidas de acción directa paralizando diversos centros de distribución de la cadena de supermercados, y a raíz de esto, intervino el Ministerio de Trabajo que falló a favor de Camioneros y determinó que los trabajadores del centro debían comenzar a regirse por el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

94. Entrevista realizada para el libro 3 de octubre de 2018.

95. Ver: revistacrisis.com.ar/notas/un-camion-agazapado

96. Ver: http://www.infonews.com/nota/313135/hugo-moyano-arremetio-contra-los-macri

97. Entrevista realizada para el libro el 24 de agosto de 2018.

98. Moyano se refiere a María Elizabeth Conte Grand, prima del jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires y exsecretario de Legal y Técnica de la gobernadora Vidal.

99. Entrevista realizada para el libro el 4 de octubre de 2018.

100. En la causa N.º 1145/2016 caratulada “Organización Coordinadora Argentina S.R.L. y otros sobre Infracción Ley 24769”, el juez Javier López Biscayart, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 9, procesó a Patricio Farcuh y Jorge Mario Aste por apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social. En ese mismo expediente, AFIP denunció que Farcuh había vaciado OCA.

101. Entrevista al aire con Nelson Castro en TN.

102. Ibid., p. 69.

103. Entrevista realizada para el libro el 26 de septiembre de 2018.

104. “Rebelión de intendentes K contra Moyano: dicen que maneja el negocio de la basura”. Perfil, 24 de mayo de 2008.

Parte III

La justicia

Capítulo 9

Homo judicial

No hay lobby en la justicia, hay operadores. El lobby puede ser simpático y legal, en cambio el operador no es legal. Es un señor que pide favores a los jueces y, a su vez, le pide favores a la política. Favores que demandan los jueces. Supuestamente, los operadores son orgánicos, pero hay operadores que atraviesan distintas etapas políticas, que son cuentapropistas. Siempre, por supuesto, se atañen al gobierno de turno”.

JORGE RIZZO, expresidente del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires

Un juez de primera instancia, que pidió reserva de identidad, detalla:

El lobista hace su trabajo, representa intereses, está en el juez dejarse influir. Cierto interés lo manifiesta, en general, por el lado de lo lícito desde el punto de partida. El problema es cuando un juez o camarista habilita otra relación y de inmediato se pasa al hecho ilícito. Normalmente es abogado, es alguien del sector, alguien que patea tribunales con vínculos y contactos. El paradigma de los 90 fueron Hugo Anzorreguy y su hermano Jorge. A partir de ahí, aparecieron los servicios de inteligencia con impronta mafiosa. De mostrar un interés específico pasaron a prácticas extorsivas, empezaron a tomar medidas en represalia si algún juez o fiscal se resistía, comenzaron a realizar operaciones de prensa, denuncias en el Consejo.

Hay una imagen extrema, potente, que pinta de cuerpo entero la concentración de poder y la casta judicial. El protagonista es quien fue, hasta 2006, presidente de la Corte:

(Enrique) Petracchi¹⁰⁵ es fanático de la caza y coleccionista de armas. Quienes lo acompañan escopeta al hombro afirman que es el único momento en el que el juez se distiende e incluso se permite alguna broma. El exmenemista Miguel Ángel Toma suele integrar ese pelotón: los animales que son víctimas del certero ojo de Petracchi terminan servidos en su mesa. Un juez que fue invitado a compartir en un almuerzo una de esas presas quedó impactado con la escena que le tocó presenciar: “Comimos los dos solos —cuenta— y, cuando terminamos, Petracchi tocó una campanita, enseguida apareció una señora hermosa, que según supe después era su esposa. Sin que nadie le dijera nada, la mujer sacó un cigarro de una caja, lo prendió, se lo puso en la boca a su marido y se retiró”. La historia no debería sorprender a quienes tuvieron oportunidad de ver alguna vez a Petracchi por los pasillos de Tribunales. El juez camina sin mirar a nadie, con el mentón hacia arriba y escoltado por un policía que le va abriendo las puertas. A su paso, los empleados se ponen de pie como si se tratara de un alto jefe militar. En una época hacía cortar el tránsito de la calle Talcahuano para cruzar a buscar el auto con su chofer¹⁰⁶.

La escena podría resultar un retrato exagerado de la trayectoria del expresidente de la Corte, quien ha sido señalado también como uno de los que más avanzó en términos de transparentar las acciones del máximo tribunal. Sin embargo, muestra cabalmente algunas de las tantas formas en las que se expresa el lenguaje del poder.

Según el estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA de 2018, el índice de credibilidad de la Justicia es solo del 11,7%¹⁰⁷. El escepticismo social se basa, fundamentalmente, en dos ejes: el primero, la carencia de resultados en las causas de corrupción; y el segundo, el Poder Judicial visto como una casta que goza de privilegios, que durante años no ha tributado ganancias ni ha publicado sus declaraciones juradas, y que se mantienen en sus cargos sin tener que rendir, en términos institucionales, cuentas a casi nadie.

Sobre el primer punto, los datos que surgieron de la primera auditoría integral sobre la Justicia Federal, presentada a mediados de 2018, por el Consejo de la Magistratura de la Nación, son contundentes. El informe señaló que casi el 90% de las causas de corrupción no llega ni siquiera a un procesamiento. Solo el 8% de los expedientes más sensibles para la vida institucional del país en las últimas décadas llegó a juicio oral.

El estudio de los casos de corrupción que abarcó la investigación incluyó casi 10.000 expedientes en el período 1996-2016, comprendió 147 sedes judiciales y 294 magistrados federales. En promedio, solo el 12% de las más de mil causas vigentes en Comodoro Py llegó al procesamiento. Abarcó un total de 9476 causas, de las cuales 2178 se encuentran en trámite y 7298, culminadas. A lo largo de 434 páginas, señalan que menos de 100 casos de corrupción llegaron a juicio oral sobre los 1151 expedientes concluidos. El juzgado federal que instruye Rodolfo Canicoba Corral es el que más demoró las causas: 13 de ellas tardaron más de 10 años en resolverse. Este mismo juzgado registró la menor cantidad de procesamientos de Py (8%) y la mayor cantidad de expedientes de corrupción cerrados por prescripciones (10%) sobre las causas en trámite.

Le sigue el juzgado N.º 5, que estuvo a cargo de Norberto Oyarbide durante todo el período de la auditoría, con 9 expedientes de corrupción que se resolvieron en más de una década. Por su parte, al podio lo completa el N.º 9, a cargo de Luis Rodríguez desde 2012, también señalado por la demora de ocho expedientes que tardaron más de una década en resolverse.

Respecto al segundo punto, un ejemplo paradigmático sobre el usufructo de beneficios en el Poder Judicial es el de Carlos Santiago Fayt, quien se jactó públicamente de que se quedaría en la Corte “hasta que Dios quiera”. Quien cargó las tintas contra el nonagenario ministro fue la exmandataria Cristina Fernández antes de dejar su cargo como presidenta: reclamó que Fayt dejase su cargo por haber superado el límite de 75 años que estipula la Reforma Constitucional de 1994. En ese momento, Fayt ya era miembro de la Corte, tenía 76 años. Sin embargo, logró un fallo favorable que lo mantuvo en su lugar a pesar de todo. La disputa con la exmandataria llegaría hasta el fin de sus días con un desenlace membretado por un recado político: recién un día después de que Cristina abandonara su cargo, el 11 de diciembre de 2015, a sus 97 años y luego de 32 años como cortesano, Fayt, finalmente, dimitió. Su legajo no solo incluyó ocho períodos de gobierno, sino una última jugada sombría que le garantizó la continuidad en la Corte hasta el último de sus días: votó irregularmente¹⁰⁸ desde el living de su casa para garantizar la cuarta reelección anticipada de Ricardo Lorenzetti como presidente del tribunal.

EL PAÍS JUDICIAL

Es común que al Poder Judicial se lo defina como una “familia judicial” que tiene como una de sus lógicas de acceso las filiaciones sanguíneas, es decir una relación vincular entre parientes que permite el ingreso a este mundo. En este sentido, funciona como un dispositivo que opera como una red de relaciones, favores y compromisos que sujeta a los operadores y a la vez da sentido a sus acciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, las formas de reclutamiento se fueron complejizando y a la filiación sanguínea se sumó el padrinazgo político.

A partir de su trabajo de campo, la antropóloga María José Sarrabayrouse matizó la definición de familia judicial interrelacionándola con la idea de intercambio de favores:

En principio, cuando la utilizamos podemos pensar en términos de relaciones de parentesco concretas: mismos apellidos que se repiten a lo largo y a lo ancho de la guía judicial. Pero creo que la acepción más interesante, al menos para este análisis, es lo que yo denomino la acepción simbólica: definir la familia judicial en función no solo de las relaciones de consanguinidad, sino de la pertenencia a ciertos clanes o grupos de interés que conforman una malla de relaciones tejida en función de lazos de amistad, camaradería, compañerismo, vecindad. Y la importancia de esta categoría radica en que es a través de ella que se pueden comprender las formas de reclutamiento y ascenso dentro de la justicia. Formas estas que se han sostenido a lo largo de los años y han trascendido los regímenes institucionales¹⁰⁹.

Ahora bien, esta acepción de familia judicial no se puede entender, siguiendo la propuesta de la autora mencionada, sin notar la existencia de un circuito de intercambio de favores que se establece en ese judicial, cuya traducción son:

Designaciones, ascensos, promociones, recomendaciones. A su vez, estos dones se devuelven con “agradecimientos”, los cuales pueden adoptar diferentes formas: reconocimientos verbales directos o ante terceros, o designaciones, recomendaciones, acceso a información determinada. A su vez, estas relaciones de intercambio instauran un doble vínculo entre quienes participan: por un lado, establecen una “relación solidaria”, entendida en función del acercamiento de los actores que forman parte del intercambio, pero, por el otro, implican la implantación de una “relación de superioridad”, en la medida en que quien recibe el don contrae, inmediatamente, una deuda con el donador. Si la jerarquía ya existía, el don no hace otra cosa que reforzarla; en su defecto, la crea. Las relaciones de intercambio establecen, de esta manera, un tipo de coerción moral sobre quienes participan en ellas —básicamente, sobre los deudores—, que se expresa en la idea en el valor de la lealtad¹¹⁰.

El sistema se retroalimenta a partir del momento en que alguien accede a uno de estos espacios gracias al intercambio de favores, motivo por el cual ingresa a un determinado grupo, lo que, por un lado, le otorga “seguridad y respaldo” y, por el otro, afirmó Sarrabayrouse, lo “constriñe en su accionar y en la tan mentada independencia”.

Los nombramientos cruzados son otro camino. Es por eso por lo que no resulta azaroso que una multiplicidad de funcionarios judiciales describa que su ascenso se debe a la selección y el acuerdo entre magistrados que “negocian” colocar algún familiar en su dependencia para que el otro haga lo mismo en la suya. Las relaciones de parentesco concretas, con apellidos homónimos diseminados por todo el mapa judicial, también tienen un punto de contacto en los espacios de sociabilización, clubes, colegios, lugares de veraneo, barrios específicos y restaurantes distinguidos.

Existen tertulias particulares, una de ellas es la célebre Rody Cup, un torneo de truco que nació en Tandil hace más de dos décadas y que lleva este nombre en homenaje al juez Rodolfo Canicoba Corral, uno de los animadores de la competencia. El peculiar evento es uno de los tantos escenarios recónditos en donde se relacionan un sector importante de la justicia, miembros del establishment y la política, entre otros actores del poder. Suelen participar fiscales como Eduardo Taiano y Guillermo Marijuán, los hermanos Alfredo y Fredy Lijo, el exfiscal y diputado Guillermo Montenegro, pero también lo hacen camaristas, políticos y empresarios de fuste que prefieren no aparecer en la lista de participantes.

Canicoba Corral, que hace veinticinco años es juez federal y atravesó siete gobiernos, es el centro de una foto que publicó la revista Noticias en 2017, en la que se lo ve rodeado de vinos, champán, habanos y varios billetes como parte del premio por obtener la copa. A su alrededor, sonríen el mencionado Montenegro y el procesado por la justicia y excolaborador de Daniel Scioli, Guillermo Scarcella.

En su despacho del quinto piso de Comodoro Py, Canicoba lee, fundamentalmente, La Nación. En el momento en que se hizo la entrevista para este libro, está enojado. Viste un traje inglés. Con dos anillos, uno negro y otro plateado, jugaría durante la charla, pasándolos del anular al índice y viceversa. “¿Me vienen a entrevistar por la presión en la justicia, no?”, se anticipa. “¿Quieren saber lo que es presión? Esta nota es presión”, dice a la par que lanza el diario creado por Bartolomé Mitre hecho un manojo sobre su escritorio. Ese día, la información que reproduce el matutino de los Saguier advierte que investigarán el origen de sus bienes. Mientras desarruga la página en cuestión, no para de largar insultos al aire acusando a los dueños del matutino por su sesgo ideológico.

En el escritorio del juez se encontraba su último recibo de haberes: 273. 481 pesos de sueldo bruto; 220. 676 pesos netos. Sobre el centro, una navaja suiza Victorinox y un reloj encadenado, bañado en oro fantasía.

Hay un mito sobre la Rody Cup. Es más simple, yo la gané siete veces, el premio es una copa grandota y se reparte con los aportes de los participantes, puede llegar a 50.000 o 60.000 pesos. En la competencia hay jueces, fiscales y empresarios, pero no es la jabonería de Vieytes¹¹¹. Ahí no llega nadie si no es por invitación. No se hace con el sentido que han reconstruido los medios, que suelen decir que es una timba con intercambio de coimas. Eso es una construcción mediática que daña nuestra imagen. Lo muestran como un lugar pecaminoso¹¹².

Existen otros lugares en donde se congregan los jueces y políticos con tinte más político: las universidades, los estudios jurídicos, las cátedras universitarias, los congresos y foros judiciales y uno muy especial: cada 4 de julio, los jueces más importantes del país se reúnen en la embajada de los Estados Unidos para brindar por la independencia de ese país.

PADRINOS

Ascender en la carrera judicial depende de un padrino político-judicial, que es quien suele entablar negociaciones por los cargos de los magistrados con una lógica puramente política y de puja por espacios de poder. A esta descripción hay que sumar que el sentido de pertenencia no se da de un modo lineal. No hay una “lealtad” repentina del juez a un político, sino que la fidelización nace en el recorrido del empleado judicial, en el aprendizaje naturalizado y hasta a veces no percibido de que la condición de éxito no depende tanto de vender su fuerza de trabajo intelectual como abogado, sino de comprar y vender permanentemente su influencia en el mercado de favores.

“Este funcionario no vende ni resigna de un momento a otro su honestidad intelectual, sino que aprende a militar por una causa a la vez personal, ideológica, partidaria (de ascenso, competencia, lealtad mutua y aumento de poder), y a construir su saber jurídico práctico a partir de esta causa, acomodando las herramientas de su formación universitaria a las necesidades de la práctica laboral y sus metas”¹¹³, precisaron los investigadores del Instituto Gino Germani, Mariano Hernán Gutiérrez, María Valeria Álvarez y Ezequiel Kolker.

A su vez, el padrinazgo político necesita de otro aliado intangible: el tiempo. La dilación en las designaciones tiene como corolario para que se sostengan en el cargo jueces que son “afines” al poder político de turno o, en su defecto, que se tomen decisiones arbitrarias. Ambos resultados se dan bajo el manto de la opacidad en algunos concursos.

Según un informe de 2017 de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los concursos con plazo vencido representan el 32,9% del total. “En la etapa previa al concurso, desde la producción de la vacante hasta el sorteo de jurados se producen las demoras más prolongadas. Si se tiene en cuenta el plazo resultante de la sumatoria de los promedios entre el llamado a concurso y la entrevista personal (635 días corridos) y se lo compara con el promedio entre la vacancia y el sorteo de jurados (519 días corridos), se puede concluir en que la demora en este paso previo es casi la mitad del total de duración de los concursos abiertos. El período entre el sorteo de jurados y el llamado a concurso, el cual tampoco está regulado con un plazo determinado, tiene una demora promedio de 378 días corridos, lo que implica más de la mitad del plazo que lleva realizar las evaluaciones en el concurso”¹¹⁴.

¿Qué significa ese letargo? Que los tiempos políticos suelen influir formal e informalmente en la construcción del sistema judicial. De un modo directo, cuando el poder político interviene en la acción para que se seleccione a un concursante por sobre otro; o de un modo indirecto, cuando opera por omisión y permite un ejercicio laxo de las subrogancias e interinatos.

El tiempo permite trabajar una distribución específica de la atención de casos. Para la fiscal general Mónica Cuñarro existe otro modo de orientar investigaciones y obtener fallos favorables. Estos se ven en la mecánica del sorteo de asignaciones de causas que suelen estar bajo el manto de la opacidad. La fiscal advierte lo llamativo que resulta que muchas de las causas que afectan al gobierno actual no recayeran, por caso, en fiscales que podrían incomodar al macrismo:

Hay que prestar atención a los movimientos de la secretaria general de la Cámara, Susana Echevarría, que está a cargo de los sorteos. Cuando Servini de Cubría dijo: “Me parece que acá hay algo raro con los sorteos”, no estaba diciendo una pavada. Hay una mesa judicial que está empezando a jugar, que es la de Irurzun, con el tema de los sorteos. A esa señora hay que visibilizarla, porque esa es la que toca la maquinita. Porque no puede ser que las causas les toquen siempre a los mismos jueces y fiscales. Paloma Ochoa no tiene ningún caso, por ejemplo, desde que está el gobierno de Macri. Tampoco lo tiene Franco Picardi. Y en tercer lugar, Jorge Di Lello y Federico Delgado.

Sobre este aspecto puntual, Garavano puso la responsabilidad sobre la histórica disputa entre la Corte y el Consejo de la Magistratura de la Nación: “El sistema informático del Poder Judicial es muy frágil, no solo en los sorteos. No tuvieron inversión ni en tecnología ni en lo edilicio en los últimos diez años. Sin dudas, aparte de debilidad puede haber interés político. Hoy dudo de que pueda haber irregularidades porque están siendo muy observados. Me parece que la responsabilidad recae sobre la Cámara, el Consejo y la Corte. No avanzaban en inversiones en muchos casos por desavenencias entre las partes”.

¿QUIÉNES LLEGAN?

Garavano tiene una certeza: su gobierno desarticuló la línea de operadores que urdían la designación de jueces, que luego quedaban prendidos a ellos.

Los órganos institucionales que intervienen en la carrera judicial y en el acceso a la justicia tienen un rol central. El Consejo de la Magistratura, por caso, se ha vuelto decididamente un escenario político que funciona como filtro o apertura del recorrido en el universo judicial.

Sentado en la cabecera de la larga mesa de conferencias de la ex ESMA, una mañana alborotada por los ataques de Carrió, Garavano no se anima a decir que los operadores judiciales se encuentran en retirada. Sin embargo, defiende esta idea:

A pesar de que operadores, bajo este aspecto, siempre va a haber, Macri rompió los circuitos paralelos de designación de jueces. Vos, antes, si querías ser juez, tenías que tener una serie de entrevistas con personas que no tenían que ver con el andamiaje institucional. Hoy, si querés ser juez tenés que tener entrevistas con el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el secretario de Justicia, el ministro o uno de los integrantes de la Mesa de Justicia. Antes era al revés. Entonces, en el medio hay un montón de personas que ofrece sus servicios y gestiones. Estos presuntos intermediarios han tratado de llegar al presidente para que cambie las decisiones de esa mesa. Pero hasta ahora, que yo sepa, las ha bancado.

Consultados al respecto, los fiscales federales Federico Delgado y Jorge Di Lello, el expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, Jorge Rizzo, y la mencionada Cuñarro disintieron con matices.

Explica Delgado:

No es cierto. Me remito al caso de Alan Iud que describo en mi libro Injusticia. Me parece un error identificar los procesos de designación con coaliciones de gobierno. Basta para eso ver cómo distribuye el poder el reglamento de concursos, de modo tal de asegurar a la corporación político-judicial el control de las designaciones. Además, si no existiese ese circuito paralelo las designaciones no insumirían tanto tiempo. La clave para mí es comprender que las corporaciones con representación en el Consejo de la Magistratura garantizan a la corporación político-empresaria la designación de jueces.

Di Lello sostiene que “no es así, el Gobierno tiene la bolilla. Son mucho más eficientes que Cristina Fernández que no nombró a ninguno. Todos los que llegan están vinculados al macrismo. Es más, cuestionaron a Alejandra Gils Carbó con el tema de los traslados de los fiscales federales, pero nombraron a Pablo Bertuzzi, que tendrá el absurdo de ser camarista de instrucción y juez oral que juzga lo propio que hizo él. El Gobierno nombra jueces afines”.

Por su parte Cuñarro señala:

Lamentablemente no puedo compartir su respuesta por varias razones: haber intentado nombrar a dos ministros de la Corte Suprema por decreto; haber remitido sin éxito tres proyectos de reforma de las leyes de los ministerios públicos Fiscal y de Defensa, que borraban el artículo 120 de la Constitución Nacional; las reformas que profundizaron lo negativo de los proyectos anteriores al Consejo de la Magistratura; haber intentado desplazar a la exprocuradora Gils Carbó por decreto y no haber respetado los órdenes de mérito de los concursos específicamente en los aspectos que hacen al puntaje de las entrevistas, entre otros aspectos. Cada gestión es perfectible, como cada proyecto de ley, pero si al cabo de tres años de gestión la confianza de gran parte de la población en la justicia menguó, es que como mínimo la gestión no fue mejor que la anterior, que de por sí fue bastante mala.

Por último, cuestiona Rizzo: “¿Así que se acabaron los operadores judiciales? Je, je, je. Cómo se explica entonces que Daniel Angelici haya preparado una lista para competir en el Consejo de la Magistratura por el interior y otra por Capital Federal. Esto sin perjuicio de haber salvado a Lijo que estaba hasta las manos, a Canicoba Corral y a Calcaterra”.

Pocos observaron que de los jueces que nombró el macrismo en Comodoro Py cinco (Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Germán Castelli, Juan Mahiques, Herminio Fernando Canero) fueron a partir de traslados: “Están yendo más allá de lo que fue el kirchnerismo, que intentó hacerlo con la ley de subrogancias. Esto es peor”, coinciden en indicar distintas fuentes judiciales.

Un caso paradigmático es el de Alan Iud, quien, en 2014, ganó el concurso para fiscal y quedó primero en la suma de puntos en los exámenes oral y escrito. Estaba entre los cinco seleccionados para la misma cantidad de vacantes. Ese mismo año, la expresidenta Cristina Fernández envió su pliego al Senado de la Nación. Cuando asumió Mauricio Macri, la orden fue paralizada con el afán de revisar varios pliegos.

Una vez estudiada la foja de Iud, en octubre de 2016, el Poder Ejecutivo finalmente envió su folio, pero su nombramiento se “congeló” por decisión de la justicia en lo Contencioso Administrativo que suspendió el concurso en febrero de 2017, luego de una medida cautelar que presentó la Asociación Civil Será Justicia.

Esta entidad hizo un lobby directo para impugnar las designaciones, porque consideraba que estas eran impulsadas por la entonces procuradora Gils Carbó, en abierto conflicto político con el Gobierno, y porque además este candidato en particular tenía como antecedente haber sido abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo. En junio de 2017, la cautelar quedó sin efecto y el concurso volvió a su senda natural. Un mes después, la Comisión de Acuerdos del Senado se disponía a aprobar el nombramiento de Iud, cuando de repente llegó la orden de Macri y del ministro Garavano para retirar el pliego.

La trayectoria de Iud, vinculada a organizaciones de derechos humanos, bastó para que los sectores relacionados con el conservador Colegio de Abogados (CACBA) y su asociación vinculante, Será Justicia, interviniesen en su designación. A Iud no le quedaron dudas:

Hubo una resistencia muy fuerte de sectores vinculados a la administración de justicia como es el caso de Será Justicia y el Colegio de la calle Montevideo, que tienen una mirada sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad que es diametralmente opuesta a lo que yo vengo trabajando desde hace doce años. Estas fueron las razones por las cuales ejercieron una presión muy grande para que mi pliego no prospere. Ellos fueron los que pusieron principal énfasis para frenar mi concurso¹¹⁵.

En estricto off, un funcionario del Gobierno señaló que si bien los movimientos visibles para bajar el pliego de Iud provinieron del CACBA y de Será Justicia, ellos no fueron más que el brazo ejecutor de un pedido de un sector más poderoso: el del Grupo Clarín, que no le perdonó su actuación como abogado de Abuelas en el caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, Felipe y Marcela, por la presunta apropiación ilegal de dos hijos de desaparecidos. De ser así o no, el lobby fue un éxito: casi tres años después de haber tenido el puntaje más alto en los exámenes del concurso y no tener objeciones desde la perspectiva legal, Iud no pudo ser fiscal.

LA FORMA

Para comprender cómo se desarrolla el lobby es imprescindible entender que en muchas ocasiones la independencia o dependencia judicial no es netamente una influencia de un poder sobre otro, sino que se construye principalmente desde adentro del mundo judicial y sus normas. Este rasgo no es menor, porque se suele sostener en ocasiones que existen operadores y lobistas capaces de influir sobre la orientación de un fallo de un juez y, sin embargo, el potencial dominio sobre una causa judicial tiene que ver con otro mecanismo. En ocasiones, el lobby es efectivo sin necesidad de que un operador o lobista invada o presione sobre determinado actor judicial, sino que la construcción de la plataforma de presión comienza en la génesis del funcionario en potencia.

Una vez que se ingresa como empleado en el Poder Judicial, la idea del ascenso forma parte del mandato cultural de éxito que el sociólogo Pierre Bourdieu llamó habitus judicial. ¿Cómo funciona? Como se dijo, la familia judicial se amplía y reproduce por adopción y en esa construcción de la relación se enseñan jerarquías y el pertinente sentido de la obediencia. En efecto, con el tiempo, los ascensos dependerán en gran medida del padrinazgo político y las relaciones con otros funcionarios. Esta situación, de todos modos, no es lineal. Un juez federal la descarta: “La dependencia no es absoluta. Todos tienen derecho a acumular poder y de hecho están quienes juegan partidos personales, otros que juegan en tándem con el poder de turno y también existen jueces que actúan en bloque y responden a un determinado sector, pero hacen negocios para sí mismos. No puede definirse la caracterización en una mirada homogénea”.

A la hora de considerar el funcionamiento de la Justicia, los sociólogos Luis Miguel Donatello y Federico Lorenc Valcarce precisaron que los magistrados deben ser considerados como artífices de su propia autonomía o, al contrario, de su heteronomía:

Su acción contribuye a crear las condiciones en las cuales operan. Y la naturaleza de esa acción es objeto de controversia en los debates públicos. En caso de inclinarse hacia el primer polo, los magistrados son señalados como defensores, aunque no siempre concertados, de un interés común difuso, que los convierte en una casta cerrada que se ocupa solo de su propia reproducción y la expansión de su poder social. En caso de inclinarse hacia el segundo, se denuncia la subordinación a poderes empresariales, mediáticos o partidarios. Y allí se pone en entredicho la ideología de la independencia judicial¹¹⁶.

En síntesis, el acceso al Poder Judicial está mediado por algún tipo de vínculo personal, sea familiar, universitario o político, por lo cual la trayectoria típica de un juez sigue las siguientes fases. Existen dos maneras de llegar. Por promoción interna en la carrera judicial, o por padrinazgo político-partidario: “En virtud de esta segunda modalidad, muchos individuos ingresan a la Justicia directamente como jueces. Es decir, sin haber pasado por los distintos estamentos del Poder Judicial. Lo cual puede llevarnos a conjeturar que lo hacen reconvirtiendo capitales académicos o administrativos. Pero, sobre todo, con un respaldo que es esencialmente político”.

Un ejemplo paradigmático es el del juez federal Claudio Bonadio, a cargo de una de las causas más relevantes de los últimos tiempos, que surgió a partir de los cuadernos de Centeno (ver Parte I, capítulo “La corporación”). Bonadio fue impulsado por el exministro menemista Carlos Corach, no concursó nunca por un cargo, encabeza el ranking de apartamientos de causas por irregularidades y recibió más de cincuenta denuncias en el Consejo de la Magistratura para ser removido de su cargo.

La complejidad de la carrera interna de un magistrado tiene además un largo recorrido en donde interviene la decisión política. Para ser juez o fiscal hay que cumplir reglas formales, pasar por un concurso, luego ser escogido por el presidente, obtener el acuerdo del Senado, ser designado por el presidente y, finalmente, prestar una promesa de fidelidad a la Constitución. El fiscal Delgado agregó otras connotaciones: “También hay reglas informales: no basta con ganar el concurso, hay que tener amigos en el sistema que empujen a favor en el momento indicado. Los aspirantes a un cargo de juez, fiscal o defensor oficial saben que para obtenerlo, además de tener solvencia técnica, necesitan apoyo político”. Luego se preguntó: “¿Qué pasa una vez que asumen el cargo? ¿Están dispuestos a pagar ese favor político que pidieron o su única lealtad será con los ciudadanos y con la Constitución Nacional por la que juraron?”.

La respuesta la dio, hace varios años, el fallecido Enrique Petracchi cuando atacó sin rodeos el tabú de la independencia de los jueces frente a su condición de actores políticos en una exposición en la Facultad de Derecho: “Se dice que los jueces no son políticos, pero ¡cómo no van a ser políticos! Son políticos les guste o no. A lo sumo les va a pasar como al cangrejo, que es crustáceo, pero no lo sabe. Sus decisiones, especialmente en la Corte Suprema, son políticas. Lo que sucede es que no son solo políticas, son además jurídicas, se tienen que adecuar a la Constitución. Claro que la Constitución es un marco de posibilidades que dependerá de la ideología del juez”¹¹⁷.

105. Falleció el 12 de octubre de 2014.

106. Pablo Abiad y Mariano Thieberger: Justicia era Kirchner. La construcción de un poder a medida. Buenos Aires, Marea, 2005, p. 94.

107. Según el estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la credibilidad en la Justicia registra un descenso en el índice de credibilidad del 19,7%, en 2015, al 11,7%, a fines de 2017. La caída fue de ocho puntos, pero es mayor si se la compara con los datos de 2010, cuando la confianza en la Justicia llegaba al 21,4% de la población. Además, el índice de 2018 del 11,7% es el más bajo que registran los tres poderes del Estado, dado que mientras el gobierno nacional mantenía una confianza del 25,6%, el Congreso mostraba una adhesión favorable del 16,3%.

108. La polémica surgió por la posibilidad de falsedad ideológica en un documento público, ya que la Acordada dice que fue firmada por todos los ministros en el Salón de Acuerdos y Fayt la firmó desde su casa por intervención del secretario de la Corte Cristian Abritta.

109. María José Sarrabayrouse: “Desnaturalización de categorías: independencia judicial y acceso a la justicia. Los avatares del proceso de democratización de la Justicia en la Argentina”. Revista Pensamiento Penal, agosto de 2015.

110. Ibid.

111. En Buenos Aires, a comienzos de 1800, eran frecuentes las reuniones en salones de casas privadas donde se hablaba sobre las novedades sociales y políticas. Una de las sedes más conocidas fue llamada “jabonería de Vieytes”, en lo que era una fábrica de jabón perteneciente a Nicolás Rodríguez Peña y a Hipólito Vieytes. Allí se reunían los patriotas desde 1809, donde debatían acerca del futuro del Virreinato del Río de la Plata. Desde allí se impulsaron acciones revolucionarias.

112. Entrevista realizada para el libro el 1 de agosto de 2018.

113. Estudio de los investigadores Mariano Hernán Gutiérrez, María Valeria Álvarez y Ezequiel Kolker del Instituto Gino Germani.

114. Ver: https://acij.org.ar/demoras-en-los-concursos-abiertos-en-el-consejo-de-la-magistratura-de-la-nacion/

115. Entrevista realizada para el libro el 12 de julio 2018.

116. El Poder Judicial de la Nación contempla a más de 700 magistrados en total y a nivel federal deben añadírsele al menos 400 jueces de distintos fueros e instancias a nivel federal. Por lo que caracterizar de modo conclusivo al sector sería obtener una generalización sesgada. Sin embargo, los autores señalan que existe un patrón que parece bastante plausible a la hora de construir sus hipótesis. Luis Miguel Donatello y Federico Lorenc Valcarce coinciden con esta mirada en su estudio “Ascenso a la elite judicial. Una reconstrucción de los orígenes y las trayectorias de jueces a partir de entrevistas biográficas”. Revista Argentina de Sociología. N.º 11, 2017.

117. Ver: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/pub_lye_entrevista_petracchi.php

Capítulo 10

El sistema

La crisis de 2001 obligó a caminar en dirección de una necesaria reconstrucción institucional. Néstor Kirchner la puso en marcha para poder afianzarse ante la escasa legitimidad con la que obtuvo la presidencia. El patagónico reunió voluntades para la aprobación de la renovación de la Corte con una mirada plural, que recibió el consenso de las diferentes fuerzas políticas. Hasta allí llegó “la corte adicta”. Se libró un juicio político contra Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Eduardo Moliné O’Connor. Los tres primeros renunciaron antes de que se iniciara, mientras que Boggiano fue destituido por la Cámara de Senadores a fines de 2005. Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carlos Fayt fueron los únicos sobrevivientes. Era el tiempo de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen María Argibay y Eugenio Raúl Zaffaroni.

El exjefe de Gabinete Alberto Fernández defiende con orgullo la decisión que tomó su gobierno. Se inclina hacia adelante, bebe un sorbo de café y centra su mirada en la privilegiada panorámica que le da la vista de su departamento, situado en el corazón de Puerto Madero: “La Corte se fue armando sobre la marcha y fue muy valiente de parte de Néstor el hecho de remover la Corte menemista. El segundo movimiento osado fue proponer los pliegos de Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay que tenían orientaciones ideológicas muy interesantes para la tradición de la Corte. Ergo, le dieron mayor legitimidad a una Corte plural”¹¹⁸. En su libro Políticamente incorrecto, agregó precisiones: “La información con la que contábamos decía que los miembros de aquella ‘mayoría automática’ trabajaban afanosamente para condicionar al nuevo gobierno, amenazando con reponer la dolarización de la economía y convalidar las leyes de impunidad. Temerosos de ser desplazados de sus funciones, hacían circular todo tipo de versiones tratando de abrir la puerta de negociación con el gobierno que les permitiera permanecer en sus cargos”¹¹⁹.

Era un momento en el que el lobby de los miembros de la Corte Suprema, con el objetivo de quedarse en sus cargos, se radicalizaba, advirtiendo que habían cambiado los tiempos políticos. Fue Julio Nazareno quien tomó la lanza con expresiones públicas en las que sugirió una maniobra escabrosa del flamante gobierno con el afán de poner en duda su honorabilidad: “Si ahora sacan a esta Corte, ¿a quiénes cree usted que van a poner? ¿A jueces enemigos?”.

Kirchner no titubeó. Bajó la orden de que no se abriesen canales de comunicación con los miembros del máximo tribunal, y por cadena nacional le requirió al Congreso que iniciara un juicio político de los miembros cuestionados: “Pedimos con total humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el Congreso de la Nación, marquen un hito hacia la nueva Argentina, preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias… no queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema como institución de la nación, de alguno o algunos de los miembros de la tristemente célebre ‘mayoría automática’”¹²⁰.

Fernández agregó elementos al contexto en el cual se tomaron esas decisiones:

Kirchner apuntó contra mecanismos muy arraigados y lo hizo en medio de fallos que se encontraban en manos de la Corte, que eran muy complejos. Incluso, fueron audaces los hombres y mujeres que pensó para su composición. El ánimo de Kirchner no estaba en privilegiar la obediencia judicial, sino en construir una magistratura incuestionable. El lema que nosotros nos planteamos de entrada incluía un fuerte contenido de decisión política: contar con jueces probos y no con los jueces que estén en el mercado. Los jueces que podamos comprar mañana se venderán a otros.

Al poco tiempo de haber asumido, el expresidente sacó el Decreto N.º 222/03, estableciendo un procedimiento público y con participación ciudadana, para designar a los miembros de la Corte Suprema, antes de la designación presidencial y al acuerdo del Senado en audiencia pública. De ese modo, se dieron las designaciones de Eugenio Raúl Zaffaroni en 2003 y de Elena Highton de Nolasco, Carmen María Argibay y Ricardo Lorenzetti en 2004. Como presidente del cuerpo, fue designado Enrique Petracchi, quien ejerció ese rol hasta 2006 y que, junto a Maqueda y Fayt, terminó de conformar un equipo de siete cortesanos con un marcado consenso de todo el arco político.

Hasta 2014, producto de las muertes de Petracchi y Argibay y de las renuncias de Fayt y Zaffaroni, la Corte no registró modificaciones sustanciales. Con los decesos y las dimisiones, el tribunal quedó reducido a tres miembros. En cuanto asumió como presidente, Mauricio Macri intentó nombrar por decreto a dos cortesanos, desconociendo los mecanismos institucionales. La acción le mereció críticas de todo el arco político y el flamante mandatario tuvo que dar marcha atrás. Finalmente, envió los pliegos de Horacio Rosatti¹²¹ y Carlos Rosenkrantz¹²², quienes obtuvieron la aprobación del Senado.

Los orígenes académicos de cada uno de los integrantes se encuentran repartidos: Lorenzetti y Rosatti obtuvieron el título de la Universidad Nacional del Litoral (ambos son santafesinos), Maqueda (cordobés) egresó de la Universidad Católica de Córdoba, y tanto Highton como Rosenkrantz le deben su formación a la Universidad Nacional de Buenos Aires. La diversidad en sus designaciones responde a diferentes terminales políticas: Lorenzetti y Highton fueron promovidos por Néstor Kirchner, Maqueda por el presidente Eduardo Duhalde —además contó con el padrinazgo del exgobernador cordobés José Manuel de la Sota— y Rosenkrantz fue una decisión de Macri. El caso de Rosatti es peculiar, ya que ejerció como ministro de Justicia de Néstor Kirchner, pero fue nominado por el líder del PRO por sugerencia de la doctora Elisa Carrió. Rosatti viene del ámbito de la justicia, pero también de la política, ya que, entre 1995 y 1999, fue intendente de Santa Fe por el Partido Justicialista.

La trayectoria académica de los miembros de la Corte no escapa a la línea de continuidad histórica. En general, los cortesanos son emergentes de universidades nacionales, en especial de la UBA y la UCA: “Desde un punto de vista estadístico, puede señalarse que el 60% de los jueces de la Corte Suprema se graduaron en la Universidad de Buenos Aires, el 22% en la Universidad de Córdoba, el 10% en la Universidad Nacional de La Plata, el 2% en la UCA, el 2% en la Universidad Nacional del Litoral, el 2% en la Universidad de la República del Uruguay, el 1% en la Universidad Católica de Córdoba”¹²³.

La única mujer es Highton, luego del deceso de Argibay, quien se autodefinía como feminista y atea, y apoyaba la despenalización del aborto. Designada por el general Roberto Levingston, Margarita Argúas fue la primera mujer en llegar al máximo tribunal en 1970, lugar que ocupó hasta 1973.

La propia dinámica del universo judicial no escapa a lo que sucede en las diferentes corporaciones tratadas en este libro. No obstante, una sociedad regida por el patriarcado modela una justicia tan desigual y verticalista como violenta y restrictiva. El tipo de vínculo entre los integrantes de la justicia es una puerta para comprender los mecanismos que la rigen.

Los escasos ejemplos de la participación femenina en el estamento judicial superior resultan un indicador del carácter desigual de la Corte Suprema de Justicia. No son las únicas limitaciones con las que las mujeres se encuentran en la justicia. Los escritos internos, las notificaciones y el lenguaje de los fallos y expedientes hacia las magistradas se redactan bajo el género masculino. Este aspecto en particular, comparado con la potencia corporativa del machismo a la hora de emitir fallos, parece anecdótico. Una cifra lo expone: el 67% de los magistrados nombrados en las últimas dos décadas son hombres¹²⁴.

Siempre tomando Comodoro Py como muestra, de los doce fiscales federales de primera instancia, hay solo dos mujeres: Paloma Ochoa y Alejandra Mangano. Mientras que Servini es la única mujer que comanda uno de los doce juzgados federales. La brecha quedó expuesta en el informe de la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal: del total de fiscales designados por concurso entre 2000 y 2016 (187 nombramientos), el 27% (51) son mujeres y el 73% (136) son varones.

Los abusos de poder se cuentan a granel. En 2017, se conoció el caso del extitular de la Unidad Fiscal contra Delitos Sexuales (Ufisex), Julio César Castro, que fue propuesto por el Ministerio de Justicia de la Nación para ser camarista federal. Cuando el ministro Garavano acercó su pliego, las impugnaciones se sucedieron por sucesivas denuncias de amenazas, lesiones, violencia de género y abuso sexual. Su chance se vio frustrada porque una de sus exempleadas decidió no callarse y presentó el caso en la Procuración. La acusación incluía meses de acoso laboral y sexual, vejaciones, tareas arbitrarias o congelamiento laboral ante cualquier rechazo a sus presuntos avances. Cuando saltó la acusación, aparecieron otras en cadena: por ejemplo, salieron a la luz mensajes que el fiscal general le envió a una menor de edad.

El proceso de las víctimas no fue fácil. La corporación judicial al principio protegió a Castro. Sus colegas se excusaban cuando les caía la causa. Federico Paruolo, asesor de la denunciante, precisó que “la justicia no se está manejando bien. La Procuración no está avanzando como debería contra Castro. Hay una reacción corporativa por la que se tapan entre ellos. Por eso fue tan difícil presentar esta denuncia”. Cuando se sucedieron las presentaciones con pruebas decisivas y contundentes, más la certificación de los peritajes, la justicia, finalmente, logró frenar el ascenso del fiscal.

Otro ejemplo paradigmático de las formas en que se expresa el abuso de poder y el machismo que opera en el Poder Judicial quedó expuesto con el accionar del camarista de Casación Juan Carlos Gemignani. El magistrado pidió el arresto de la secretaria del tribunal María Amelia Expucci por negarse a acatar una orden suya para inventariar el contenido de unas cajas durante el último día de la feria judicial. Expucci se negó porque la tarea escapaba a sus funciones durante esa etapa. Gemignani la hizo detener por los policías que estaban de custodia allí. Es un hecho sin precedentes.

Luego de dejarla dos horas encerrada e incomunicada, el camarista la denunció y, naturalmente, ella también hizo lo propio con él. La investigación quedó a cargo de la mencionada Paloma Ochoa, quien le pidió al juez Canicoba Corral que citara al camarista a indagatoria. Cuando eso ocurrió, Gemignani recusó a la fiscal. En la presentación de su escrito, argumentó que “le pegaron un panfleto en la puerta de su despacho” en el marco de una marcha de #niunamenos en la que Ochoa participó en el edificio de tribunales.

El miércoles 19 de octubre de 2016, buena parte de las mujeres que trabajan en el edificio de los tribunales federales de Retiro fueron vestidas de negro, como forma de participar de la protesta contra la violencia machista y tras el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. Pegaron volantes en todo el edificio de Py, en todos los pisos, en casi todos los despachos a la par que proclamaban la consigna “Ni una menos”.

Para Ochoa, “su actitud no hace más que dejar en evidencia que la teoría del escrache solo vuelve más verosímil la acusación por la que está siendo investigado, como producto de un abuso de poder basado en el desequilibro entre varones y mujeres”¹²⁵. Canicoba Corral rechazó apartar a Ochoa, Gemignani apeló a la Cámara Federal y recibió un nuevo revés. Sin embargo, el camarista insistió en llegar a la Cámara de Casación, donde, en un fallo dividido, los jueces Eduardo Riggi y Carlos Mahiques abrieron la queja y dijeron que debía ser la Cámara Federal la que revisara si Ochoa debía ser apartada. Finalmente, el juez fue sobreseído sin siquiera haber sido citado a indagatoria. La rúbrica estuvo en manos de sus compañeros de sala, los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.

CONTINUIDAD

El ministro Garavano utiliza una frase que describe el fondo del problema: “Está el tiempo de los mortales, y está el tiempo de los jueces”.

La edad de los jueces es importante a la hora de identificar procesos democráticos, la perdurabilidad en el ejercicio del poder, las continuidades y las rupturas. Se vuelve un factor importante para el análisis, fundamentalmente, por lo que indica el artículo 99 de la Constitución Nacional, que limita a 75 años su actividad como magistrados. En efecto, todos los jueces deben ser ratificados por el Senado para seguir en sus cargos al cumplir esa edad.

A fines de 2016, Highton de Nolasco presentó un amparo para continuar en el cargo de jueza de la Corte Suprema¹²⁶ más allá de los 75 años (los cumplió en diciembre de 2017). Logró el beneficio porque obtuvo un fallo favorable en el fuero Contencioso Administrativo que se encuentra firme porque no fue apelado por los abogados del Estado.

Al ejemplo de Highton se le suma el de Servini, quien ejerce desde hace 24 años el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1, con competencia electoral a nivel nacional. Con 82 años, es una fiel exponente de un sistema judicial que desconoce un propio fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el límite de edad. Sin embargo, la longevidad en los cargos en el más alto tribunal tiene una línea histórica. Por caso, Lorenzetti estuvo 14 años al frente de la Corte.

La discusión por la edad sirve para explicar algunos mecanismos de lobby que intervinieron en la discusión. Cuando asumió el gobierno de Macri, su necesidad de terminar con algunos jueces que no le resultaban afines generó una diáspora¹²⁷ de algunos magistrados. Pero hubo excepciones relevantes.

La propia Servini comprendió que retomar la medida para jubilar a los jueces que superen la edad de 75 era un ataque judicial dirigido por Lorenzetti, por lo que salió a denunciarlo mediante una nota en Ámbito Financiero: “Pienso que este fallo está digitado en mi contra. ¿No llama la atención que lo hayan apurado para salir ahora? A mí me llama la atención que salga en este momento, justo cuando los medios me están imputando que estoy en contra del doctor Lorenzetti”. Servini había dado lugar a una investigación de la diputada Carrió contra el titular de la Corte.

Tengo la causa del fútbol, en la que Lilita se presenta, sobre una mutual que está en Rafaela —ciudad santafesina de donde es oriundo el presidente de la Corte—, en la que estaría involucrada la familia de Lorenzetti, y él mismo. Esa mutual está desde 2014 en la causa y la Cámara Federal, en la confirmación que hizo, me dice que yo investigue, y sé que están queriendo que yo cierre el tema de la mutual. Varias veces me han llamado para que dé vista al fiscal, porque están arreglados con el fiscal.

Tiempo atrás, los chispazos entre Servini y Lorenzetti tuvieron como epicentro al hijo de la jueza, encargado de administrar los fondos del Poder Judicial. Juan Carlos Cubría comenzó denunciando públicamente que el rafaelino buscaba desplazarlo para “diluir” erogaciones de parte de un plazo fijo de 11.000 millones de pesos de la Corte que, según el hijo de la jueza, estarían depositados en el exterior.

El Consejo de la Magistratura tiene un presupuesto mensual de 1600 millones de pesos de los cuales 1500 son para salarios. Entonces, el remanente para atender todas las necesidades de la justicia es de 100 millones. El Consejo tiene 18.500 empleados para 1000 tribunales en todo el país, es decir unos 15 empleados por tribunal. Mientras que la Corte tiene para 5 ministros 2800 empleados.

Juan Carlos Cubría puso el foco en los privilegios del alto tribunal. Sus dichos trajeron consecuencias. Primero, le contestó el entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, y el representante de los jueces, Luis Cabral, quienes lo descalificaron de inmediato: él “no es la voz institucional” del Consejo de la Magistratura, dijeron. Servini no se quedó en silencio y salió a denunciar las presiones del gobierno en general y de Lorenzetti en particular: “Esto yo no lo he vivido con ningún Gobierno. Estos no dejan de ser aprietes y en 42 años de justicia no los he vivido nunca… Primero fue mi hijo y ahora soy yo, porque tengo una denuncia contra el doctor Lorenzetti y no la cerramos y necesitan cerrarla”.

La puja tuvo un alto al fuego con una decisión salomónica. En febrero de 2017, Cubría dejó su cargo y el Consejo nombró a Agustín Cinto, un joven de 28 años que venía de trabajar en el Municipio de Mar del Plata y en el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, la justicia no avanzó con la renuncia de Servini, quien una vez más logró hacer su propio lobby para no perder su cargo.

118. Entrevista realizada para este libro el 4 de junio de 2018.

119. Alberto Fernández: Políticamente incorrecto. Buenos Aires, Ediciones B, 2011, p. 132.

120. Ver: http://www.cfkargentina.com/nestor-kirchner-discurso-de-la-renovacion-de-la-corte-suprema-de-la-nacion/

121. Horacio Rosatti fue intendente de Santa Fe. Volvió a la función pública en junio de 2003, cuando Kirchner lo nombró procurador del Tesoro de la Nación. Ocupó ese cargo durante un año, hasta que fue nombrado reemplazante de Gustavo Béliz en el Ministerio de Justicia.

Durante esos años, además, fue conjuez de la Corte Suprema, lo que le permitió intervenir en una causa en la que rechazó que los jueces no paguen el impuesto a las ganancias.

122. Rosenkrantz fue asesor de la Honorable Convención Constituyente en 1994. Es, por su parte, un emergente del Grupo Clarín. Su estudio Bousat, Rosenkrantz y asociados representó al Grupo Clarín por la ley de medios y en los litigios contra el Estado. Tiene como clientes de su estudio jurídico a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires (Carpab), el holding del diario La Nación y Pan American Energy, entre otros. Rosenkrantz egresó en la UBA, pero profundizó sus estudios en Estados Unidos. Desde 1998 ejerció como rector de la Universidad de San Andrés, previamente se desempeñó como asesor del Banco Mundial.

123. Santiago Alfonso: Historia de la Corte Suprema Argentina. Buenos Aires, Marcial Pons, 2014, t. III, pp. 2046 y 2048-49.

124. Ver: www.lanacion.com.ar/2205549-las-mujeres-ocupan-solo-un-tercio-de-los-cargos-judiciales-en-todo-el-pais

125. Entrevista realizada para el libro el 1 de agosto de 2018.

126. En el caso de los ministros de la Corte, Rosenkrantz es el más joven con 59 años, lo siguen de modo ascendiente Rosatti, con 61 años, Lorenzetti, con 62, Maqueda, con 68 y Highton, con 75.

127. Los tres magistrados afectados por la medida son Jorge Pisarenco, miembro del Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 1 (TOPE1) que funciona en el edificio de Comodoro Py 2002; Roberto Torti, titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Federal 3 de la Capital Federal; y José María Pérez Villalobo, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba. Ellos son los únicos tres de los 27 magistrados que superan los 75 años que no están alcanzados por las excepciones fijadas por el Consejo de la Magistratura.

Capítulo 11

De operadores y lobistas

Afirmar que un fallo judicial ha sido producto de las presiones políticas o de otra índole es muy difícil y complejo. Sin embargo, exhibir los mecanismos de lobby permite visibilizar un modo de acción del sistema que opera para orientar las decisiones de los magistrados. ¿Cómo se expresa fácticamente un lobby sobre un magistrado? La respuesta la emite un juez federal, que exige el off the record:

El mecanismo se da a través de dos instancias que tienen un carácter extorsivo: el lobby mediático, a través de operaciones de prensa para condicionar, desprestigiar o atacar a un juez y hacerle saber cuáles tienen que ser los destinos de la firma de su fallo. El otro camino es la denuncia judicial y el pedido de recusación o juicio político a través del Consejo de la Magistratura. Estas acciones no ocurren sin la articulación de los servicios de inteligencia. Es incontrolable, porque te inventan causas o te arman carpetazos de manera grotesca.

Como se ha visto, durante el menemismo la ampliación de la Corte Suprema a nueve miembros tuvo su correlato en los juzgados federales, que pasaron de seis a doce representantes. Menem, además, ascendió a los jueces que investigaban las denuncias de corrupción que afectaban a su gobierno y los convirtió, en algunos casos, en camaristas. La maniobra poco sutil le permitió quitarse de encima a los magistrados molestos. No fue el único ardid judicial del menemismo. Su estrategia de control se basó en un eje fundacional de un modo de mantener el control judicial y se estableció bajo el aporte imprescindible de los servicios de inteligencia. Quien la condujo en los 90 fue Hugo Anzorreguy. Su hermano, Jorge Antonio, se ajustó con precisión a la figura de lobista. Entre ambos, convirtieron en poco tiempo en ministro de la Corte al cuñado de Hugo, Eduardo Moliné O’Connor, y dieron el visto bueno para que María Servini desembarcara en Comodoro Py.

En esa época, se construyó el sistema que, detalles más o menos, sigue vigente. La tríada —poder político, servicios de inteligencia y jueces influenciables— dio forma a un mecanismo de control que se afianzó con Menem, y se perfeccionó a lo largo del tiempo. Sin embargo, la continuidad de la relación promiscua entre servicios y Poder Judicial, con el aval del poder político tuvo un quiebre en 2013. Si con Menem, los hermanos Anzorreguy fueron los lobistas que más penetraron en la justicia, desde 2002 hasta unos años antes de la salida de Cristina Fernández del poder, existió un mecanismo de presión que tuvo como referentes al actual auditor Javier Fernández, al abogado Darío Richarte y al exdirector de Operaciones de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), Jaime Stiuso. En síntesis, un actor de la política, un lobista con un fuerte estudio jurídico y un operador de los servicios. Al engranaje hay que sumarle jueces receptivos de los deseos de este tándem o los “jueces que estaban en el mercado”¹²⁸, según la definición de Alberto Fernández.

LLÁMENLO A ÉL

El expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, suelta un paquete de cigarrillos que resbala sobre el blindex transparente de la mesa de reuniones que tiene en su despacho de la avenida Corrientes. Las volutas de humo que larga son espesas. Se dispone a hacer referencias sobre el lobby, pero antes advierte la importancia de distinguir los escenarios en donde se realizan las operaciones: “Existen operadores de Comodoro Py, pero también existen operadores en el Contencioso Administrativo, esos son más peligrosos, aunque la gente no los vea. La gran llave para la corrupción está en el Contencioso Administrativo, no en Comodoro Py, porque está el dinero más importante, ahí se juega la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, ahí está el polo más importante”¹²⁹.

Javier Fernández fue el hombre que movió los hilos en la justicia durante los años del kirchnerismo. Trascendieron sus aceitados vínculos con jueces, fiscales y camaristas a partir de su cargo como auditor general de la Nación, sitio al que accedió en 2001. Exhibió su mayor poder en el Fuero Contencioso Administrativo, donde su hermano Sergio fue camarista de la Sala III. Su otro hermano, Claudio, fue secretario de la Sala V, pero tuvo que renunciar envuelto en un escándalo por un supuesto pedido de coimas, caso por el cual fue procesado bajo la figura de cohecho.

El poder que construyó Fernández camina por multiplicidad de fueros y llega hasta la Corte Suprema. La ascendencia del auditor se fue elucubrando al ritmo de la información que le facilitaba Stiuso. Entre ambos domesticaron a la mayoría de los jueces federales. “Cuando el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, necesitaba la asistencia de jueces federales para un acto institucional, no llamaba ni al ministro de Justicia ni al vice. Lo llamaba a él, a Javier Fernández”¹³⁰.

Su construcción se apoya en tres columnas:

1) La relación con los servicios de inteligencia.

2) Los vínculos precedentes a su cargo en la Auditoría General de la Nación en la época de la Alianza, que no solo incluían a magistrados, sino también a la estructura de poder que había heredado Darío Richarte en los fueros judiciales luego de su paso por la ex SIDE.

3) La construcción de puentes entre la política, los servicios y la justicia, que tuvo el aval de Néstor Kirchner y, después, de Cristina Fernández hasta 2013.

Javier Fernández construyó la base de su poder durante el menemismo, primero como secretario privado del ministro de Justicia Rodolfo Barra, para mutar, luego, en su interlocutor en Tribunales. Allí trabó relación con Stiuso, con quien caminó los pasillos de Tribunales, ofreciendo sus servicios a los jueces que manejaban causas delicadas para el poder. En Comodoro Py, señalaron, por ejemplo, que tal es la cercanía de Fernández y Stiuso que se los ha visto almorzar abiertamente en ese edificio con la jueza Servini. Stiuso, por caso, mantenía un vínculo personal con la jueza María Servini, ya que durante el gobierno de la Alianza, una de las hijas del espía trabajó en el juzgado de “la Chuchi”, como también se la conoce a Servini.

La conexión entre los servicios y algunos jueces llega además al plano afectivo. Javier Fernández no solo es compadre del juez federal Luis Rodríguez¹³¹, sino que además tiene la misma vinculación con Darío Richarte. Fernández, Richarte y el propio Stiuso han compartido fiestas de cumpleaños y casamientos. A su vez, Richarte conoce a Fernández desde la Facultad de Derecho de la UBA, donde forjaron una fuerte amistad siguiendo al club de sus amores: Boca Juniors. Los dos son habitués cada vez que Boca juega en la Bombonera con Angelici haciendo las veces de anfitrión. La trama de relaciones tiene, asimismo, puntos de encuentro laborales: a Stiuso, Richarte lo conocía tras su paso como exsubjefe de la Secretaría de Inteligencia. Entre los tres se ocuparían de lograr el monopolio del control sobre Comodoro Py. Durante la etapa del kirchnerismo, Stiuso y Fernández operaban frente a los jueces y fiscales, intentando convencerlos de la conveniencia de no avanzar con las causas sensibles del poder de turno. Por si acaso, el estudio Richarte actuaba como reaseguro en los expedientes que podían otorgarle garantías beneficiosas al poder político.

El poder de lobby de estos actores no se reducía a las relaciones judiciales, sino que a la agenda de contactos e influencias le sumaron un esquema de negocios y sociedades con los sectores de medios, un dispositivo necesario para lanzar operaciones de prensa, uno de los mecanismos más eficaces para el condicionamiento de jueces y fiscales.

Fernández y Richarte aprovecharon la plataforma mediática de un amigo en común: Sergio Szpolski, uno de los dueños del Grupo Veintitrés. Pero la relación con los medios de comunicación y los servicios de inteligencia no puede reducirse al grupo que condujo Szpolski. Existen otros empresarios de medios, como Daniel Hadad, que han sido parte del mecanismo. Incluso, Fernández comenzó a negociar con él y construyeron un acuerdo entre ellos que significó el desembarco de Richarte en el grupo de medios del exproductor de Bernardo Neustadt y fundador de C5N e Infobae. Allí se repartieron negocios. Tiempo después, Hadad se desprendería de sus acciones y se las vendería al Grupo Indalo, de Cristóbal López.

El Grupo Veintitrés quedó en manos de Richarte, Szpolski y Matías Garfunkel. El tridente no tardó en sumar a otro actor de relieve de la ex SIDE: Juan José Gallea, quien administró los fondos de la agencia de espionaje estatal durante la presidencia de De la Rúa. Fue denunciado al poco tiempo por las coimas que se habrían pagado en el Senado para la votación de la ley de flexibilización laboral¹³². Las partidas habrían salido desde su sector. Según el periodista Alejandro Alfie, Richarte se convirtió en socio oculto de Sergio Szpolski, mientras que Gallea pasó a ser el gerente general del Grupo Veintitrés: “Gallea era un tipo muy pesado, que venía de la SIDE, él te transmitía que teníamos que tenerle miedo, miedo permanente. La terminología de él era: ‘¿Sabe de dónde vengo yo? Vengo de la SIDE’”¹³³.

La manipulación de una plataforma de medios era necesaria para el lobby: los medios serían un soporte para cualquier potencial operación de prensa, y permitían que Stiuso tuviera al alcance de su mano la posibilidad de lanzar lo que se conoce, en el argot político, como “carpetazos”.

Richarte supo moverse, pendularmente, con las distintas fuerzas que dominaron el sistema político. Su poder es fáctico y trasciende los cambios de gobierno. El exseñor 8 aprovechó la agenda de relaciones y la estructura que le dejó Javier Fernández. El auditor Fernández suele reunirse con el senador Miguel Ángel Pichetto. Celoso de su visibilidad, no da entrevistas y prácticamente no hay imágenes de él en ningún portal. Sin embargo, cuando salió a la luz la investigación por los cuadernos de Oscar Centeno sobre la corrupción en la obra pública, su nombre figuraba entre los nexos del poder político y los empresarios que tenían que pagar coimas para obtener las licitaciones. En esa causa, el auditor fue acusado por el exjuez Oyarbide de haberlo presionado en la causa por el patrimonio de los Kirchner. Sin embargo, Fernández fue beneficiado con falta de mérito y no se mantuvo su procesamiento.

AVENIDA BELGRANO

Un actor judicial de fuste señaló algunas características indispensables para poder ser lobista y operador: cumplir con la palabra, ser creíble y confiable. Luego de la descripción, subrayó: “Javier Fernández cumple”. El mecanismo se mantuvo a lo largo del tiempo. Si bien el bloque de Fernández tuvo una retracción durante la salida del kirchnerismo, en la administración PRO retornó, aunque con otro caudal de poder.

Una avezada integrante de la familia judicial, con varias décadas trajinando los pasillos de juzgados y fiscalías, comenzó a reírse irónicamente antes de enumerar las mesas judiciales que cohabitan durante el macrismo:

Ahora, no hay mesa judicial. Es verdad que hay relación institucional entre Garavano con la Corte y la Procuración, pero detrás de Garavano de tanto lobby que hay ya parece la avenida Belgrano, donde desde que empieza hasta donde termina hay 800 mueblerías. Los jueces y los fiscales no saben ni con quién hablar. Por ahí una cuestión institucional la hablan con Germán Garavano, pero por atrás otro habló otra cosa. Todo el mundo está desorientado. Hay de todo. Está la mesa Boca: Daniel Angelici, Darío Richarte, Raúl Pleé, Carlos Stornelli. La mesa de Pablo Clusellas. Volvieron los hermanos Javier y Sergio Fernández, a quienes consultan para asuntos puntuales. La mesa de los estudios de abogados. Entre estos, el que más opera es el de Ricardo Gil Lavedra. Ricardo es asesor de Germán Garavano, desde donde opera. Otra mesa es la de los que van y vienen con la Agencia Federal de Inteligencia: Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, por ejemplo. Otra mesa es la de la familia Mahiques: esta es la mesa católica. Otra es la del Colegio de la calle Montevideo. En las sombras son los que hacen lobby en el fuero Contencioso permanentemente para cualquier cosa. Muchas veces se presentan como agraviados y piden que los fiscales sean echados por decreto. Que se hayan presentado el Ministerio y este Colegio con representación de la matrícula está aún latente en la Cámara de lo Contencioso.

Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, se encontró con el aparato de la SIDE intacto. Debía tomar una decisión central para descabezar “La Casa” o ponerla a traccionar en función de sus intereses, como lo había hecho la mayoría de los presidentes. En su estrategia judicial, Kirchner dio un primer paso con la remoción de la Corte Suprema y se planteó avanzar sobre el fuero federal. La ruptura con la Corte estuvo acompañada además de la voluntad de una reforma judicial que tenía como fin licuar el poder de los 12. Fue a través de una iniciativa del ministro de Justicia, Gustavo Béliz, quien planteó la idea de quitarles el poder exclusivo a los “dueños de Py” y permitir que cualquiera de los 70 jueces penales de la ciudad pudiese intervenir en las causas de corrupción.

Sin embargo, el lobby en contra de la reforma fue fenomenal. Desde Comodoro Py, llamaron a sus padrinos políticos, se expresaron públicamente en contra de la transformación, influenciaron a los congresales para quitarle apoyo al proyecto de ley y se expresaron mediáticamente para voltear la medida. La estrategia venía atada al apoyo de los servicios de inteligencia que puso en funcionamiento sus mecanismos extorsivos. Tal fue la presión de la SIDE en esta y otras situaciones que afectaban la seguridad que Béliz denunció públicamente el accionar y visibilizó el rostro de Jaime Stiuso en los medios de comunicación. Los resultados de su maniobra quedaron tatuados en la historia: Kirchner se apoyó en la vieja estructura de la Casa y no solo le pidió la renuncia a su ministro, sino que construyó lazos con esos sectores que viven en la nebulosa.

Desde 2003 hasta 2013, la conducción de los servicios de inteligencia se mantuvo controlada y fue, en efecto, el momento de mayor esplendor de Javier Fernández y el sector de Stiuso. Las alianzas estratégicas entre el poder político y la SIDE quedaron de manifiesto en el caso AMIA, cuando los servicios cooperaban con el fiscal Alberto Nisman. “Nisman levantó el teléfono y le pidió a la SIDE que ayudara a su mujer a convertirse en jueza. […] Quien lo hizo fue Jaime. Lo resolvió él mismo o a través de Javier Fernández”¹³⁴. El 8 de junio de 2006, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N.º 713, con la firma de Kirchner y del ministro de Justicia, Alberto Iribarne, por el nombramiento de Sandra Arroyo Salgado como titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N.º 1.

A Kirchner lo encontraría la muerte el 27 de octubre de 2010. Para Cristina Fernández fue un golpe emocional y político. Sin el manejo caudillesco del expresidente, Cristina debió tomar partido en medio de una interna dentro de la SIDE. La línea Stiuso y Francisco Paco Larcher, que controlaba Néstor Kirchner, pasó a depender de los actores que respondían a Cristina. Así el sector compuesto por Héctor Chango Icazuriaga, Fernando Pocino y la participación del exgeneral César Milani, tomó la conducción de la vieja guardia de La Casa. Stiuso y Larcher no se quedaron de brazos cruzados y tendieron puentes con fuerzas opositoras. Precisamente, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Chino Zannini, le advirtió a Cristina Fernández sobre la peligrosa relación del principal competidor opositor en las PASO de 2013, Sergio Massa, con Paco Larcher. Astuta, Cristina le encargó a los servicios de inteligencia que investigaran la potencial candidatura de Massa para las elecciones de medio término de ese año. Larcher descartó esa posibilidad durante un buen tiempo. Días previos a la elección, Paco corrió a advertirle a la presidenta que Massa finalmente iba a ser candidato. Era tarde. Con la especulación sobre un supuesto ofrecimiento para que el agente integrara la lista de candidatos a diputados del Frente Renovador, Cristina tomó esta omisión como una traición, por lo que avanzó contra la estructura de los operadores de la SIDE. Por su parte, Larcher y Stiuso, que notaron cómo iban quedando formalmente afuera de las decisiones, no permanecieron quietos. En esos días ambos espías compartieron la fiesta de casamiento del hijo de Larcher. En la mesa principal, había lugar para un invitado especial: Sergio Massa.

Vertiginosamente, el Poder Ejecutivo avanzó, en abril de 2013, sin muchos rodeos y envió al Congreso el proyecto de Reforma Judicial. La reacción fue inmediata. La generalidad de los jueces emitió una decena de fallos en contra de la iniciativa del Gobierno, que incluyó la declaración de inconstitucionalidad de una serie de artículos de la nueva ley por parte de la Corte Suprema.

Con la medida, los principales interlocutores del kirchnerismo, Javier Fernández y Stiuso, quedaron desautorizados frente a los jueces a los que de manera estable les transmitían los deseos del Ejecutivo. Los jueces por su parte no habían sido advertidos de la reforma con la suficiente anticipación.

Poco tiempo después, Cristina tensaría aún más la cuerda. El 27 de enero de 2013, dio un giro en la causa y propuso el Memorándum de Entendimiento con Irán. El canciller Héctor Timerman firmó un acuerdo con el gobierno de Mahmud Ahmadineyad, que el Parlamento argentino aprobaría un mes después. Para Stiuso, esta decisión fue una declaración de guerra personal, ya que el espía no tardó en descifrar el mensaje en clave política: Cristina ya no confiaba en los servicios, ni respetaba las investigaciones que llevaban a cabo Nisman y Stiuso, apoyados por la línea de la embajada norteamericana y los servicios de inteligencia de Israel.

Firmar un entendimiento con Irán significaba mucho más que cambiar el enfoque sobre el caso de la AMIA, era terminar con el poder político-judicial de Stiuso. Cristina, sin embargo, avanzó con la reforma judicial que fue aprobada el 8 de mayo de 2013 mediante la ley 26855.

La corporación judicial salió a jugar y consideró ilegales los artículos 2, 4, 18 y 30 de la mencionada norma, que contemplaba la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Para muchos jueces prestigiosos a quienes se los podía relacionar con el oficialismo, la reforma dejaba bastante que desear, amén del trabajo en bloque que hizo el sector judicial para que no tuviera mayor recorrido. De repente, los jueces que solían fallar a favor del Gobierno comenzaron a destapar casos de corrupción que afectaban al kirchnerismo.

El quiebre quedó expuesto a través de la estadística: la información precisa la exhibió el especialista Gustavo Arballo por medio de un relevamiento en el que demostró que, entre 1983 y 2013, ninguna Corte firmó tantas sentencias en contra de un gobierno como con el de Fernández. Resolvió 43,75% casos a favor de la presidenta, con Néstor Kirchner 62,50%, con Alfonsín 85,71% y con Carlos Menem llegó al 100% en sus comienzos.

La pirueta de los fallos judiciales no sucede por responder orgánicamente a una línea judicial, o por lealtad a sus padrinos políticos. Los cambios en las decisiones judiciales tienen otra cualidad que puede verse a lo largo del tiempo y que se guía por el faro del volumen del poder.

El periodista Hugo Alconada Mon, especialista en temas vinculados a la corrupción, indicó:

La justicia en la Argentina es un lugar donde, salvo honrosas excepciones, los jueces y los fiscales son procíclicos, según muestran las estadísticas. Es decir, no investigan al funcionario mientras ejerce el poder. Por el contrario, le garantizan impunidad. Pero lo pasan por encima en cuanto se marcha de la función pública. Un lugar donde un fiscal puede pisar (N. d. A.: frenar adrede) una investigación durante años, pero en cuanto percibe que el funcionario perdió poder, llama a un periodista y le anuncia que pidió la indagatoria del hasta entonces protegido porque quiere “pasar a los libros de historia como el primero que pidió su indagatoria”.

La guerra entre el Poder Ejecutivo y los servicios de inteligencia llegaría a niveles dramáticos. El 19 de enero de 2015 apareció muerto en su departamento el fiscal Alberto Nisman. Estaba a horas de presentar su testimonio en la Cámara de Diputados por su denuncia contra Cristina Fernández. De acuerdo al entrecruzamiento de los llamados telefónicos efectuados desde y hacia la línea de Alberto Nisman, se desprendió que se realizaron reiteradas comunicaciones al Nextel de Jaime Stiuso. Estas fueron efectuadas desde el número del fallecido fiscal.

La ruptura del gobierno de Cristina Fernández con el Poder Judicial y las estructuras de los servicios de inteligencia, sumada a su salida del gobierno y el desembarco de Mauricio Macri, generó una reapertura en las relaciones entre el poder político y judicial. Así, operadores y lobistas fagocitaron su capacidad de presión, otros la revitalizaron, algunos se mantuvieron ocultos estratégicamente durante un tiempo y muchos se sumaron al nuevo esquema.

A comienzos de febrero de 2019, esta trama y su nebulosa ofreció otro ejemplo tan ridículo como peligroso. A través de una nota de Horacio Verbitsky, en el portal El Cohete a la Luna, se supo que el empresario Horacio Etchebest había denunciado a Marcelo D’Alessio por extorsión en el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla. Según el denunciante, D´Alessio sostuvo que lo hacía en nombre del fiscal Stornelli para sacarlo de la causa —en la que nunca figuró— que tramita Bonadio. D’Alessio, que se presentaba como abogado experto en narcotráfico en numerosos canales televisivos, ofrecía sus servicios jactándose de tener llegada, entre otros, al periodista de Clarín Daniel Santoro, para lo cual enviaba fotos de ambos disfrazados junto a sus respectivas familias. Al cierre de esta investigación, Stornelli sostuvo que se trataba de una operación en su contra para sacarlo del expediente sobre la corrupción entre empresarios y funcionarios del kirchnerismo. A la vez, mientras D’Alessio permanecía detenido se conoció que había actuado de igual manera con el empresario Gabriel Traficante. En ambos casos, aseguraba tener información sensible, aportada por servicios de inteligencia, mostrando datos sobre sus patrimonios y movimientos. Como si faltase algo, la DEA y la AFI negaron cualquier tipo de vínculo con D’Alessio.

LOBBY JUDICIAL

La bienvenida que le dio el sistema judicial a Mauricio Macri quince días antes de tomar la banda presidencial fue el fallo firmado por Lorenzetti y Maqueda —Highton no votó—que declaró inconstitucional la ley que les descontaba a las provincias el 15% de la coparticipación para financiar a la Anses. De este modo, el Gobierno debía terminar con el descuento que le propinaba a Córdoba, Santa Fe y San Luis, por año, que significaban unos 7000 millones de pesos de la recaudación coparticipable. Pero, además, lo obligaba a devolverles a Santa Fe y San Luis lo que se les retuvo indebidamente desde 2006. En términos económicos, significaba una cifra aproximada a unos 30.000 millones de pesos más intereses.

La jugada contenía un mensaje institucional y, a la vez, político. El movimiento ajedrecístico contaba con el antecedente de la Corte de Nazareno, cuando maniató al expresidente Eduardo Duhalde a través del fallo de inconstitucionalidad del congelamiento de los depósitos bancarios y habilitó a todos los argentinos a reclamar ante la Justicia la devolución del dinero que tenía retenido en el sistema financiero. Los condicionamientos se extendieron hasta la llegada de Néstor Kirchner: la Corte intentó manejar los tiempos en las decisiones de la pesificación asimétrica y la devolución de los depósitos afectados por el corralito.

El fallo de la Corte de Lorenzetti tuvo resonancias sísmicas. En su oficina en el barrio de Recoleta, Ernesto Sanz despliega una hoja con anotaciones y describe el caso con minuciosidad: “Lorenzetti le zampó a este gobierno días antes de asumir lo que para mí es el caso más trascendente en la justicia de los últimos tiempos. El reparto del dinero 2016-2020 obligó a que en 2017 el Gobierno haga un pacto fiscal que generó un acomodamiento del modelo económico. En el lote había solo 6 provincias con superávit, y ahora son 15 las provincias con superávit”. El mendocino hace una pausa para enfatizar: “¡Eso es un fallo!”. Luego continúa con el análisis: “Si el Gobierno pudiese sentarse con la Corte e influirla para no afectar las cuentas públicas me parece natural, no lo veo como una acción de lobby. El diálogo institucional es válido, pero el problema es cuando no se trata de gobernabilidad o cuando las presiones se manifiestan en otros sentidos”¹³⁵.

Con este movimiento, el jefe de los supremos mostró una vez más su destreza judicial, pero también política. Lorenzetti forma parte del máximo tribunal desde 2004. Dos años después, fue elegido como presidente de la Corte en lugar de Enrique Petracchi. Desde que asumió ese rol el 1 de enero de 2007¹³⁶, el santafesino utilizó su inteligencia y versatilidad política para atravesar los gobiernos kirchneristas y buena parte del primer mandato de Mauricio Macri.

Jorge Rizzo hace una pausa para prender un cigarrillo. Aspira, piensa y gesticula con el humo en la boca. Luego, encuentra una definición: “Es el político más hábil que hay en la Argentina, es el dueño absoluto de la Corte. Mirá que lo han querido desestabilizar. Rosatti llegó para quitarle su lugar y no ha podido desequilibrarlo. Lilita también fue muy fuerte contra él, pero no pudo. Es que logró que la gente precise de él porque él no necesita de la gente. Los lobistas llegan hasta el fuero federal, pero no llegan a Lorenzetti”.

Un juez federal de Comodoro Py lo define de un modo particular:

Lorenzetti ha construido en paralelo el poder propio y lógico que le da su condición de titular de la Corte. Ha tejido vínculos personales con camaristas, de lealtades recíprocas y flujo de poder recíproco, que han dejado de lado la imparcialidad en algunos puntos. Él tiene una relación estrecha con los jueces Ariel Lijo y Julián Ercolini, y los camaristas Martín Irurzun, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, que va más allá de la institucionalidad. Desde que asumió maneja el mensaje de unidad, dice que tenemos que actuar monolíticamente y que hay que pelear como factor de poder con otros sectores. El problema es que “sos la justicia”, tenés que ser imparcial. No podés encabezar una campaña, por ejemplo, para destruir a una candidata presidencial.

El santafesino, a poco tiempo de asumir, comenzó a tender puentes para cristalizar una unidad de jueces y fiscales en lo que el propio supremo llamó “ritual corporativo”. La Primera Conferencia Nacional de Jueces se realizó el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril en la Universidad del Litoral, en Santa Fe. Lorenzetti convocó a representantes del Consejo de la Magistratura y a las asociaciones que nuclean a jueces de todo el país. En definitiva, ponía en movimiento un engranaje que le permitió aglutinar poder. No solo porque los encuentros brindaban contención a las quejas de los magistrados, sino porque además de compartir información le permitió mostrarse como un armador político para construir unidad.

La primera conferencia estuvo cerrada a la prensa y al público en general, a pesar de que tenía la finalidad de que el Poder Judicial se acercase a la sociedad, tradujera sus sentencias y las diera a conocer de modo transparente. Lorenzetti fue generoso y emitió pasajes pagos, estadía en confortables hoteles, comidas con el glamour acorde a la tradición de la jerarquía de investidura que requieren las togas. La conferencia sirvió además para el lanzamiento de un brazo mediático: la creación del CIJ, un portal de fallos de la Corte y algunos juzgados a cargo de María Bourdin, una periodista emergente del grupo de medios de Daniel Hadad.

Bourdin escribió un libro al respecto con un epígrafe jactancioso: “La revolución comunicacional de la Corte Suprema. Cómo abrir a la sociedad la puerta de los tribunales”. Allí el prologuista Lorenzetti señaló: “Durante el primer año en que asumí la Corte Suprema comencé a insistir en esta revolución comunicacional, recorriendo el país, hablando con los magistrados de todas las regiones, hasta que el cambio fue aprobado masivamente en la Conferencia Nacional de Jueces, realizada en Santa Fe, en 2006, que dio lugar al nacimiento del Centro de Información Judicial”¹³⁷. Según la autora de Justicia y medios, “había que comunicar de otra manera. La noticia judicial requería un tratamiento específico que eliminara ruidos en la relación con los periodistas y con la sociedad”¹³⁸.

Si bien las mejoras que propuso el CIJ en materia informativa pudieron advertirse a través de la posibilidad de contar con un caudal informativo relevante, no se tardó mucho en orientar esas informaciones hacia un enfoque con contenido político.

La periodista Irina Hauser señala:

El portal CIJ hizo una publicación culposa y con algo de trampa. El título decía que la Corte había declarado la constitucionalidad de la ley de medios. Hasta ahí, correcto. El siguiente párrafo que debía resumir la noticia, decía: “Deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización”; “deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial” y “los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno o una vía para eliminar voces disidentes”; “la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) debe ser independiente”. La realidad es que nada de eso era la sentencia, sino un agregado que había permitido hacer Lorenzetti en su voto. Se llama, en derecho, obiter dictum, que quiere decir “dicho de paso”. Es una agregado que no hace a la esencia de la decisión, pero que a la larga podía ser utilizado por Clarín para nuevos reclamos¹³⁹.

Voraz, el Grupo Clarín leyó entre líneas el guiño de la Corte y, de inmediato, su equipo jurídico haría usufructo del intersticio comunicacional que dejó el jefe de los cortesanos.

En marzo de 2011, el CIJ volvería a quedar en el centro de las críticas, cuando difundió un cable en el que se relacionaba a Hugo y Pablo Moyano con la investigación de la justicia de Suiza sobre lavado de dinero, lo que no tardaría en ser desmentido por aquella.

Horacio Verbitsky apuntó directamente contra Bourdin, a quien acusó de jugar en tándem con Hadad, su anterior jefe:

La solicitud suiza fue recibida por el coordinador de Cooperación Internacional en Materia Penal de la Cancillería, Diego Martín Solernó, quien detectó que no se cumplieron los requisitos que fija el tratado de cooperación y los reclamó a Suiza. Pese a ello, envió el requerimiento a la Justicia, y ni siquiera avisó a las autoridades de su ministerio. Algo similar hizo el CIJ. El texto de la fiscal Bino dice que el Ministerio Público helvético abrió una causa “contra personas desconocidas por blanqueo de dinero”. La directora del CIJ, María Bourdin, tituló el jueves que se investigaba a los Moyano, padre e hijo, información que de inmediato fue levantada por el portal de noticias de Daniel Hadad, Infobae. Si algún delito real estuviera en investigación, esa nota del CIJ la habría obstaculizado, al hacerla pública en forma prematura. Pero es ostensible que solo se buscaba el impacto mediático¹⁴⁰.

La periodista rememoró el conflicto en diálogo con la revista Noticias. En esa oportunidad, arguyó:

Nosotros en 2011, cuando arrancamos con el CIJ, publicamos un exhorto (del caso Moyano) que llegaba desde Suiza. Fue un pedido de Oyarbide. A las pocas horas, Moyano convocó al primer paro general. Desde esa semana, comenzó un seguimiento muy intenso de Horacio Verbitsky, que se replicaba en los programas de Víctor Hugo Morales, atribuyéndome a mí un lugar de conspiradora, que no sé de dónde salía. Diciendo que con mis vinculaciones con Hadad, que en ese momento era dueño de C5N, yo tenía intencionalidad. Me enloquecieron.

En su libro Periodistas en el barro, Edi Zunino reconstruyó la escena del momento en que Bourdin se enteró de la columna del Perro Verbitsky. La imagen no solo buscaba mostrar su ira, sino también que tenía llegada directa al juez: “Entró sin avisar a bordo de esos indomables zapatos de plataforma, la mini siempre a punto de ovación, los ojos como de husky rabiosa, casi le tiró encima (a Lorenzetti) el diario abierto en la nota de Verbitsky, titulada en su honor La quinta columna”. Según el editor de Perfil, en Bourdin el rafaelino encontró “mucho más que una mano derecha”, ya que “le encomendó el manejo de su imagen pública y la relación con el periodismo”.

En plena producción de esta investigación, los autores pudieron conocer de primera mano la capacidad de obstaculizar una nota por parte de Bourdin, quien fue contactada más de una decena de veces.

Cuando en 2018 los supremos decidieron imponer la sucesión de Rosenkrantz en la presidencia del Cuerpo, Lorenzetti emitió, el 27 de septiembre, la resolución 5648, a través de la cual Bourdin pasaba de la Secretaría de Comunicación y Gobierno a su vocalía. La periodista supo rendir culto, por eso no sorprendió que poco antes del 1 de octubre Clarín e Infobae hayan publicado dos artículos calcados. “A días de la salida de Ricardo Lorenzetti, la Corte informó que cuenta con 26.000 millones de pesos de ahorro” y “Ricardo Lorenzetti dejará la presidencia de la Corte con más de 26.000 millones de pesos de reservas”, respectivamente.

Poco después, el conflicto estalló. Rosenkrantz firmó una resolución en la que responsabilizaba a Lorenzetti de haber desmantelado, poco antes de dejar su cargo, la Secretaría de Comunicación de la Corte, haberla dejado acéfala y haber puesto “en riesgo la continuidad operativa del Centro de Información Judicial (CIJ)”. De inmediato, al calor de la pelea, el flamante presidente de la Corte le encomendó al secretario general de Administración de la Corte que recuperase la “totalidad de los dispositivos tecnológicos que posibilitan el manejo del sitio web” del CIJ y los ponga a su disposición.

La respuesta de Lorenzetti fue tan dura como aleccionadora: “Hace muy pocos días, usted se apersonó en el despacho de la Secretaría de Comunicaciones efectuando expresiones que contrarían las directivas de la política de Estado en materia comunicacional, proponiendo una suerte de privatización del Centro de Información Judicial (CIJ)”. El santafesino se refirió a insultos contra Bourdin, hasta el punto de que habló sobre violencia de género: “Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no solo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un secretario de Corte (que tiene el rango de un juez de Cámara), de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante, y de la independencia que se le debe a un periodista profesional”. El último tramo de la misiva dejó un recado que no se direccionaba únicamente hacia el nuevo titular del máximo tribunal: “Creo firmemente que el cambio de presidencia de la Corte Suprema no puede modificar los principios fundamentales de su funcionamiento y de su jurisprudencia. Ha costado mucho sacrificio cambiar lo que había, sufrimos muchas presiones, pero construimos una estructura de principios y valores que nos sostuvo todos estos años y que defenderé”.

LOBISTAS

Con la llegada de Mauricio Macri, la estrategia del Poder Ejecutivo fue diseminar diversos actores en función de la presión judicial. El ministro de Justicia, Germán Garavano, el presidente de Boca, Daniel Angelici, el abogado Fabián Simón Rodríguez, el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, conformaron, entre otros, la mesa judicial que dialoga formal e informalmente con los jueces.

En síntesis, si durante el kirchnerismo el diálogo lo concentraba el trío que conducía Javier Fernández, con el macrismo las tareas de lobby judicial fueron repartidas.

Precisa Ernesto Sanz:

La relación de este gobierno con la justicia se puede mirar desde dos puntos de vista: que no tiene un solo operador como podía ocurrir en el gobierno anterior, o en todo caso, puede mirarse desde otro punto de vista, que se vincula a que existen tantos operadores como ningún otro gobierno y que probablemente al haber tanta gente que juega de operador del gobierno, en definitiva, ninguna tenga influencia en los jueces. El gobierno salió de un esquema tradicional de operadores, que desorienta a muchos jueces acostumbrados a dialogar con un solo operador.

Su correligionario Mario Cimadevilla sopesó esta situación en una entrevista radial cuando fustigó al gobierno por sus intentos de influir sobre el Poder Judicial: “De la Justicia argentina ya no me asombro de nada. El ministro Garavano no maneja el ministerio, tiene operadores por todos lados y todo el mundo lo sabe”¹⁴¹. El extitular de la Unidad Especial de investigación del atentado denunció el lobby de Angelici en la causa AMIA sin dar rodeos. Lo acusó de intervenir para que la querella del Estado pidiera la absolución de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, acusados de encubrimiento: “A mí me consta que Angelici opera en la Justicia, porque el abogado Juan José Console —secretario del Tribunal de Disciplina de Boca Juniors— me lo dijo. Me consta esa intervención en la absolución de los exfiscales AMIA”. El dirigente radical denunció a Garavano, porque, según él, las órdenes del abrupto cambio de estrategia de la querella en representación del Estado partieron de la cartera del Ministerio de Justicia.

En lo concreto, el Poder Ejecutivo cubrió más de doscientas vacantes en la justicia, derogó la ley de transparencia para los servicios de inteligencia, y le volvió a otorgar fondos reservados a la Agencia Federal de Inteligencia, le cedió las escuchas a la Corte Suprema, permitió el retorno de viejos actores de la ex Side, obtuvo la renuncia de la procuradora Gils Carbó, logró que dimitiera el camarista Jorge Ballestero, corrió a Eduardo Farah, desplazó a Eduardo Freiler y jubiló al polémico juez federal Norberto Oyarbide. Además, provocó la salida del procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien había confeccionado un informe crítico contra la familia presidencial por el caso del Correo Argentino.

El macrismo se presentó en campaña como lo “nuevo” y “transparente” con la idea de que llegó al poder para terminar con las estructuras corruptas, garantizando la independencia judicial. En los hechos, la estrategia de marketing discursiva se desplomó repentinamente. Un ejemplo fue el lobby que realizó el gobierno para destituir a Gils Carbó, quien dejó su mandato a fines de 2017. Las esquirlas de la presión sobre la exprocuradora llegaron hasta el entonces presidente del Colegio de Abogados cuando realizó un homenaje institucional a distintas mujeres del sector judicial. Para Rizzo, “ese fue el momento más álgido de presión que recibí y fue en represalia a lo de Gils Carbó. Quisieron disciplinarme, pero no pudieron. Sostuve que el proyecto de remoción de la procuradora era inconstitucional, fuimos dos los que sostuvimos esto: Elisa Carrió y yo. En medio del embate contra Gils Carbó, hicimos un acto de mujeres en el Colegio de Abogados y ella vino. Eso fue todo. A los pocos días tuve el incidente de la moto”.

El episodio al que se refiere Rizzo fue un confuso problema de tránsito en el microcentro porteño en donde según el expresidente del Colegio de Abogados se trenzó en la calle con un motociclista que, siguiendo la versión de Rizzo, se arrojó sobre su auto y tuvo como desenlace una discusión de alto voltaje: “Nos vinieron con todo con los servicios, me cruzaron una moto y se encargaron de molestar hasta el acoso laboral a mi hija. Los medios dijeron que yo estaba armado en esa discusión y no fue así, a mí me tiraron la moto encima y fueron los servicios. La cobertura de los medios fue que yo estaba armado, pero fue todo una operación”.

Las acciones del lobby en este universo no son materia estricta de los servicios de inteligencia. El poder político juega permanentemente con los ascensos de las carreras judiciales a través del freno o la marcha de las causas. Rizzo citó un ejemplo actual:

El juez Marcelo Martínez de Giorgi tiene una orden de la Cámara Penal para que llame a indagatoria al primo de Macri, Calcaterra. De Giorgi no la mueve porque su mujer está concursando. Desde que el juez tiene la orden de indagatoria suspendieron el concurso. En efecto, su mujer no puede buscar ese ascenso. Este mecanismo venía desde antes, pero este gobierno no tiene ninguna diferencia con las peores formas del gobierno anterior. Son los mejores alumnos de los K, son iguales.

Otro ejemplo es el de Hernán Ordiales, representante del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura durante las gestiones de Cristina Fernández. Ordiales funcionó como uno de los lobistas que recorrían los pasillos judiciales y fue señalado como uno de los actores que buscaban disciplinar a los jueces federales bajo la amenaza de denuncias y avances de las investigaciones en contra de magistrados para lograr digitar las resoluciones judiciales.

En la caracterización de los distintos lobistas a lo largo del tiempo, al consejero le cabe un denominador común a la mayoría de los operadores. Ordiales respondía a Javier Fernández, el jefe de este tipo de maniobras judiciales, y entre sus prácticas se destaca su trabajo para “reunir voluntades” y llevar adelante el controvertido concurso 140 a través del cual se nombró a jueces federales, entre ellos, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez Di Giorgi, Luis Rodríguez y Sebastián Ramos. Testigos de esa votación le adjudicaron a Ordiales el lobby necesario para que Alejandro Fargosi emitiera el noveno y decisivo voto para poder aprobar las ternas que fueron al Ejecutivo.

LA CADENA DE LA FELICIDAD

Como se ha visto, en el mecanismo del lobby están presentes los servicios de inteligencia, los operadores y lobistas como enlaces entre la justicia y los distintos poderes; la permanente presencia del poder político intentando orientar causas judiciales y el poderío de los medios de comunicación. A este elenco estable hay que sumar el rol de los estudios jurídicos.

En la época de Menem, el estudio por excelencia era el del titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, quien, junto a su hermano Jorge Antonio, dominó los principales contubernios judiciales. Jorge se convertiría en un reconocido abogado penalista y patrocinante de la familia Noble, accionista principal del Grupo Clarín. El estudio Anzorreguy nutría a su clientela por la tarea que Hugo desempeñaba en la SIDE. Esa sociedad judicial se hizo conocida como “la cadena de la felicidad”. Entre los casos peculiares de esa época, pocos recuerdan que el Estudio Anzorreguy contaba entre sus abogados con Alejandro Macfarlane, yerno del titular de la SIDE y que sus conocimientos jurídicos diseñaron la ingeniería legal de la privatización de YPF. Al poco tiempo Macfarlane pasó a trabajar para Repsol, la empresa que se quedó con los yacimientos estatales.

Durante los primeros años del kirchnerismo, el estudio jurídico paradigmático fue el del exprocurador general, Esteban Righi. El estudio García, Labat, Musso y Righi supo ser dirigido por Righi y mantuvo como clientes a Néstor y Cristina Kirchner, a De Vido y su esposa Alessandra Minnicelli, a Guillermo Moreno, entre otros.

En 2004, cuando asumió como funcionario, el estudio quedó en manos de su exesposa Ana García, y su hijo Federico Righi. En aquel momento, las críticas de la oposición apuntaban a que el estudio actuaba ante los propios fiscales que dependían del procurador. Al estudio lo completaba María José Labat, esposa del exministro porteño Guillermo Montenegro.

Hasta su salida del cargo, el estudio pisaba fuerte. Sin embargo, la dimisión de Righi permitió que volviera a emerger el estudio de abogados más mencionado por los jueces federales de Comodoro Py: el de Darío Richarte y Diego Pirota. En Comodoro Py lo señalan como uno de los más activos. Suelen vender influencias, contactos y resultados que benefician a sus clientes a través de la posibilidad de orientar a los jueces en la toma de decisiones. No solo trabajan para ser garantes del caudal del poder de turno, sino que funcionan como una unidad de negocios que acumula para sí mismos.

Afirma Garavano:

En la Argentina hay mucha viveza criolla. Hay mucha gente que se presenta como lobista, pero en realidad no tiene capacidad real de hacerlo. Antes te tenías que reunir con alguien del estudio Richarte-Pirota, Javier Fernández o Stiuso para llegar, lo que generaba un tipo de deuda con ellos. Eran estudios y sus satélites. Era una cartelización de estudios asociados a la defensa. A mí como ministro mismo me pasó: había muchos abogados que me querían ver, pero ya eso no pasa porque no consiguen resultado. No digo que se licuó su influencia, sino que se redujo, porque en la justicia son procesos largos.

Pirota defendió, por caso, al exvicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone y al “revoleador de bolsos” José López. Tiempo atrás, había realizado una exitosa defensa del expresidente Fernando de la Rúa y del señor 5 de la Side, Fernando de Santibáñez, quienes fueron absueltos por las coimas en el Senado. Richarte era el lugarteniente del banquero. Para lograr estos resultados, la ingeniería del lobby necesita de un paso previo: el momento en que un sector puja por ubicar jueces o fiscales en lugares estratégicos para que luego respondan a sus intereses.

Este movimiento fue advertido por Alberto Fernández cuando ejercía como jefe de Gabinete:

¿Cómo me entero yo de la existencia de ellos? Me pide una reunión un concursante en lo Penal y Económico. Le habían dicho que si quería conseguir su designación tenía que ir a una reunión a un estudio. Lo citaron en el estudio Richarte, en donde estaban Javier Fernández, Stiuso y Richarte. Los tres le hicieron saber que ellos tenían la llave de su designación. Son un gran mal y creo que por este tipo de estructuras la justicia argentina tiene una crisis terminal, sobre todo en el fuero federal donde hay que barajar y dar de vuelta¹⁴².

Para Fernández no hay dudas, en este tipo de casos no se trata de lobby: “Esos no son influyentes, son malandras. Influyentes son aquellos a quienes se les puede llegar a tener consideración. La aparición de este estudio surgió sobre el final del gobierno de Néstor y yo puse el grito en el cielo. Luego se afianzaron con Cristina. El estudio de Richarte y su séquito de operadores son los más nocivo de estos tiempos y se mantienen ahora, ya que han sumado operadores”¹⁴³.

Los tentáculos de Richarte y Pirota van más allá de tribunales. El primero, vicepresidente tercero de Boca Juniors, representa al club en el Tribunal de Disciplina de la máxima entidad del fútbol argentino. Allí revisa decisiones arbitrales junto a otros protagonistas del Poder Judicial como el exjuez de la Cámara Federal Jorge Ballestero y el camarista del fuero Contencioso Administrativo, Sergio Fernández, hermano de Javier. Pirota, por su parte, fue ubicado en la Comisión de Disciplina de la Conmebol, un lugar indispensable para mantener el control de la justicia deportiva.

La influencia en la justicia no se extralimita solo a los estudios jurídicos, sino también a la trama de relaciones que estos construyen. Si bien el de Richarte es un ejemplo paradigmático, naturalmente existen otros, como también es importante señalar el rol de algunas ONG y asociaciones vinculadas a la justicia como es el caso de Fores, Unidos por la Justicia y Será Justicia.

UNIDOS POR LA JUSTICIA

El Foro de Estudio sobre la Administración de la Justicia (Fores) fue creado en 1976 por Jaime Lamont Smart¹⁴⁴, ministro de Gobierno de facto de la provincia de Buenos Aires. Entre sus posicionamientos políticos, se destaca su defensa corporativa de la última dictadura argentina. En 1979, Fores informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en la Argentina la justicia era “independiente como nunca antes”.

“A la derecha de la propia dictadura, en 1983 Fores cuestionó el Documento Final firmado por la última Junta Militar, porque no analizó ‘las razones de la renuncia a las vías legales para reprimir’. Con toda coherencia, reclamó la estabilidad de los jueces designados por las Fuerzas Armadas y llegó a sostener que ‘jamás los jueces actuaron con tanta libertad como durante el Proceso de Reorganización Nacional’”¹⁴⁵. Veintiocho años después, en marzo de 2007, en plena democracia, esta organización sostuvo que el Poder Ejecutivo amenazaba y presionaba a los jueces y ponía en peligro la independencia judicial¹⁴⁶.

El foro diseñó estructuras para poder desarrollar sus mecanismos de lobby. Por caso, en 1994 creó su Escuela de Abogacía, con el apoyo de la Universidad Austral, la unidad académica del Opus Dei. Al año siguiente, Smart disertó durante un almuerzo sobre la tan mentada reforma judicial. Tiempo después, cuando estaba detenido por delitos de lesa humanidad, varios integrantes de Fores, que también pertenecían al Colegio de Abogados de la calle Montevideo, reclamarían a la Corte Suprema una “amnistía general”, que incluía, por supuesto, a Smart y a José Alfredo Martínez de Hoz. Precisamente, el Colegio de Abogados de la Ciudad se convirtió en uno de sus brazos político-judiciales. Tan estrecho es el vínculo de Fores con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que, según su estatuto, en caso de disolución, sus bienes deben pasar al colectivo de letrados de la calle Montevideo.

El ministro Garavano, consultado por su paso por Fores, recordó que, cuando trabajaba en la justicia de menores, “quería irme a estudiar afuera el tema de la justicia… Cuando me estoy yendo a España, me contactan de Fores y me dicen que iban a hacer una investigación sobre justicia, y me propusieron que colaborase. Fue un contacto profesional”. En 1998, a su regreso de España, Garavano se convirtió en director académico de Fores, cargo que ocupó hasta 2000. Luego, fue asesor de Ricardo Gil Lavedra durante su lapso como diputado nacional. Su intento por desmarcarse del marco ideológico de Fores se debilita por su participación de un seminario sobre “Áreas urbanas fuera de control: la experiencia de Río de Janeiro”, junto con Julio Alberto Cirino, el exagente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército que durante la dictadura fue enlace con la embajada de Estados Unidos.

Si algo heredó Garavano de Fores es el arte del lobby, por eso no llama la atención que los integrantes de Unidos por la Justicia estén diseminados en los diferentes gobiernos macristas y la estructura judicial. Cuando pasó de la ciudad a la nación, Garavano se llevó a su socio en el estudio jurídico, Santiago Otamendi, actual viceministro de Justicia. Formado en la UCA, el exjuez fue secretario de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos en el Ministerio Público Fiscal cuando Garavano era su titular. En Unidos aparece como investigador. Alan Martín Nessi, presidente de la ONG, es titular del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, tras su paso por el Ministerio de Seguridad en tiempos de Montenegro.

No bien asumió, Garavano lanzó su proyecto de Justicia 2020, con tres objetivos de claro corte macrista: que la Justicia sea más cercana a la comunidad, que sea moderna y que sea transparente e independiente. Al frente de la comisión designó a su exjefe, Ricardo Gil Lavedra.

Quizás por eso no haya sido casual que el estudio de Gil Lavedra quedase abrazado por la polémica cuando fue contratado por el extitular de la AFIP, Alberto Abad, para llevar adelante el pleito de manera privada contra la empresa petrolera Oil Combustibles del poderoso hombre de medios vinculado al kirchnerismo, Cristóbal López. Los honorarios de esa causa son exorbitantes, a pesar de que los especialistas del sector no comprenden la decisión de que el patrocinante de la causa sea el estudio del radical, ya que señalan que el cuerpo de abogados de la AFIP es reconocido por su prestigio.

Si bien el estudio de Gil Lavedra adquirió mayor predominio con la administración de Macri, el asesoramiento data, en algunos casos, de antes. Desde 2007, defendió al entonces CEO de Shell, Juan José Aranguren, en la disputa judicial con el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno. Gabriela Michetti también eligió a Gil Lavedra en la causa por el origen del dinero robado en su casa. El resultado fue un éxito: en poco tiempo, la vicepresidenta fue sobreseída.

Justamente, sobre este aspecto recayó un informe de la asociación civil Bajo la Lupa, que conduce la exdiputada nacional Margarita Stolbizer. Dado a conocer en noviembre de 2018, el trabajo subrayó que, aunque el Estado tiene un cuerpo de abogados, compuesto por 5000 asesores letrados, el gobierno nacional contrató, entre 2016 y 2018, a más de un centenar de abogados externos¹⁴⁷.

Aparte de marcar que no hay un control sobre el potencial conflicto de intereses de los contratados, desde la administración nacional no informaron el costo que implicaba contratarlos¹⁴⁸. Luego de subrayar “el nulo control que existía con la contratación de abogados externos y ante evidentes casos de conflictos de interés”, hubo una resolución de la Procuración del Tesoro que obligó a los abogados contratados en forma tercerizada a firmar una declaración jurada en la que sostienen que “no asesoran, patrocinan o representan a la parte contraria al Estado nacional en causas judiciales o arbitrales, en sede nacional o internacional” y que no tienen entre sus clientes a empresas que sean proveedoras o contratistas del Estado. La Superintendencia de Seguros clasifica como primera entre las que más tercerizó: 46 abogados.

De acuerdo con el informe de Bajo la Lupa, Gil Lavedra cobró 181.500 pesos mensuales: “El monto total abonado a Gil Lavedra desde agosto de 2016 hasta julio de 2018 asciende a la suma de 4.198.216 pesos”.

CALLE MONTEVIDEO

Un actor relevante en el mundo judicial es el Colegio de Abogados de Buenos Aires (CACBA) presidido por Guillermo Lipera. Esta institución tiene entre sus filas a José Alfredo Martínez de Hoz hijo, quien dirige la revista del Colegio, y a su socio Mariano Grondona hijo, a un descendiente directo y homónimo del dictador Pedro Eugenio Aramburu y a Juan Curutchet, ex dirigente de UPAU (Unión para la Apertura Universitaria) en Derecho, convertido al menemismo y vicepresidente del Banco Ciudad designado por Macri, entre otros exponentes de la derecha argentina.

Lipera, por su parte, fue abogado defensor de los genocidas de la última dictadura cívico-militar, es socio gerente del estudio de abogados Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, Torassa, y ha recibido el beneplácito de conducir el colegio por el defensor de empresas extranjeras litigantes contra la Argentina, Jorge Pérez Alati. En simultáneo, Lipera ejerce el cargo de vicepresidente primero del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). No es casual que desde el sector le lluevan las críticas por ser “un empleado del poder económico concentrado”. Una de las últimas diatribas que le lanzaron desde el sector judicial fue por su respaldo a la política tarifaria del gobierno: “Cuando todos estábamos luchando para proteger a los usuarios, él salió a defender al gobierno. No hacía falta la felpudización”. Lipera sumó su nombre en una solicitada junto a los miembros del Foro de Convergencia Empresarial que respaldaban el aumento de tarifas que aplicaba el gobierno. Motorizando la campaña a través de sus redes sociales, desde CACBA publicó un comunicado que señalaba que “recién ahora, luego de más de 14 años de un irresponsable congelamiento tarifario, el Ministerio de Energía y Minería (MINEM) ha dispuesto un incremento en las tarifas de gas que perciben las empresas distribuidoras y transportistas de gas, el cual debe ser aplicado a obras esenciales de mantenimiento de las redes de transporte y distribución, en aras de permitir la continuidad del servicio en condiciones de seguridad”.

Sin embargo, el posicionamiento del Colegio de la calle Montevideo, favorable a las políticas del gobierno de Macri, no fue una excepción. Basta revisar los recurrentes comunicados donde sentaron posición sobre diversos temas encuadrados en la “posición institucional”. Se destacan, por ejemplo, el pedido de juicio político a la procuradora Gils Carbó, la solicitud de investigar agresiones al presidente Macri o la declaración de inconstitucionalidad al proyecto de despenalización del aborto, entre otros.

Consultada por los autores, Alejandra Gils Carbó detalló que “efectivamente, uno de los sectores que más fuerza hizo para destituirme del cargo en la procuración fue el Colegio de la calle Montevideo, el propio Lipera buscaba pujar por convertirse en procurador”¹⁴⁹.

Para este tipo de maniobras el CACBA creó Será Justicia, una versión aggiornada de Fores. Desde su nacimiento, Será Justicia se mantuvo activa en las intervenciones judiciales, siempre en consonancia con los deseos del macrismo. Por citar algunos ejemplos: además de realizar el pedido de remoción de Gils Carbó, intervino en el Consejo de la Magistratura con dos denuncias contra el camarista Eduardo Freiler —finalmente, destituido— y motorizó los juicios políticos contra los jueces de Comodoro Py, Lijo y Daniel Rafecas, por demorar causas orientadas contra los exfuncionarios kirchneristas.

La trama de relaciones entre la administración de Macri y el Colegio de Abogados queda al descubierto a través de las conexiones con los estudios jurídicos. Muchos de ellos se ven ligados al gobierno, pero además están conectados con el Fores.

Por ejemplo, el estudio de Bullo, Tassi, Estebenet, Torassa, tiene entre sus socios al presidente del CACBA, y los poderosos estudios de Beccar Varela, el de Marval, O’Farrell y Mairal y el de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz (h), son patrocinantes de ambas entidades. Tanto es así que en la revista jurídica que presenta el CACBA y en el listado de auspiciantes de Fores figuran sus sellos.

Sobre el estudio de Pérez Alati se conoció, por caso, que fue el organizador de una de las manifestaciones contra Cristina Fernández en 2012 en una visita de agenda oficial a Nueva York. Cuenta la crónica del diario La Nación que “se presentaron manifestantes a las afueras del Hotel Mandarín donde se hospedaba la exmandataria (sic), reclamando por la compra de dólares y por ‘libertad de expresión’, al grito repetido de ‘Ar-gen-ti-na’”. El diario de los Saguier continuó el relato: “Tomás Pérez Alati, un becario de Derecho, adujo como motivo ‘la injusticia, la corrupción, la falta de división de poderes’, y agregó que se mantiene con su tarjeta de crédito porque no lo dejaron comprar dólares. Felicitas Fuentes Benites, también becaria, se movilizó para ‘apoyar a todos los argentinos que marcharon el 13 de septiembre y por la falta de libertades y la violación del derecho a la propiedad’”¹⁵⁰.

El medio presentó a Tomás Pérez Alati como un supuesto “becario de Derecho” en Nueva York que alegó participar en la manifestación por “la injusticia, la corrupción, la falta de división de poderes”. A su vez, Felicitas Fuentes Benites fue descripta como una becaria que dijo cacerolear por “la falta de libertades y la violación del derecho a la propiedad”. Lo que omitió el diario es que Tomás Pérez Alati es hijo de Jorge Pérez Alati, accionista de LAN Argentina, y Felicitas Fuentes Benites es la sobrina de Manuel Benites, el otro socio de Piñera. Pérez Alati, además de ser parte de los estudios que patrocinan al CACBA, fue el mayor aportante de la campaña presidencial de Macri con casi un millón de pesos.

Al poco tiempo, se conoció que Pérez Alati logró colocar a uno de sus empleados, Dámaso Pardo, como presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), organismo descentralizado del Ministerio de la Producción, que condujo Pancho Cabrera hasta que fue reemplazado por Dante Sica.

El de Pérez Alati no es el único ejemplo sobre cómo los estudios jurídicos nutren el sistema político. José Torello, que en 2003 había dejado Llerena & Asociados Abogados —un estudio que tenía como socio a Rodríguez Simón— se convirtió en jefe de asesores del actual presidente y uno de los lobistas judiciales. El secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, es parte de Romero, Zapiola & Clusellas, desde donde ofició de intermediario entre su estudio jurídico y Mossack Fonseca, la firma panameña especializada en crear sociedades offshore alrededor del mundo. Juan Ernesto Curutchet, integrante del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA), pasó sin escalas de Curutchet & Odriozola a la vicepresidencia del Banco Ciudad, primero, y luego, a la presidencia del Banco Provincia. Por su parte, el propio Lipera, fue candidato del oficialismo porteño para integrar el Consejo de la Magistratura en 2014. El procurador interino de la Ciudad, Gabriel Astarloa, hasta 2011 fue socio del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Osvaldo Norte Sabino, socio del estudio jurídico Marval, O’Farrell & Mairal, especialista en mercado de capitales, quedó como segundo de Sergio Brodsky en la Inspección General de Justicia.

EL SECTOR DE LOS PRIVILEGIOS

Si existe una polémica que rodea a la Justicia es por su posición privilegiada de encontrarse eximida del impuesto a las ganancias. La crítica tiene un recorrido histórico, que puede observarse en dos planos: el económico y, fundamentalmente, el simbólico, ya que resulta difícil de explicar que el conjunto de los trabajadores deba afrontar el gravamen y aquellos que imparten justicia tengan un beneficio de estas características.

Sucintamente, el pleito por estos aportes nació en 1936 cuando la Corte Suprema consideró que los magistrados estaban exentos del tributo. En 1973, la ley 20628 fortaleció el fallo legitimándolo. Recién en 1996, el Congreso derogó el beneficio para los judiciales y los legisladores, pero de inmediato se impuso la capacidad de lobby del Poder Judicial. Tres días después de que se publicó la norma, a través de la acordada N.º 20, el máximo tribunal declaró inaplicable la derogación que los afectaba a ellos mismos. En ese escrito, los supremos Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Gustavo Bossert remarcaron que el pago del impuesto a las ganancias atentaba contra la independencia de este poder. Según el escrito, “la intangibilidad de las compensaciones asignadas a los jueces por el ejercicio de sus funciones no constituye un privilegio, sino una garantía establecida en la Constitución Nacional para asegurar la independencia del Poder Judicial”.

El investigador del Conicet, Mauro Benente, en su artículo “Crónica de un privilegio: Poder Judicial e impuesto a las ganancias”, distinguió un aspecto cualitativo que va más allá del plano económico:

En un marco institucional de democracia representativa, en donde los cargos son electivos y periódicos, resulta al menos inquietante que los jueces, cuya función no es otra que aplicar instrumentos políticos por excelencia como son las leyes, sean eternos en sus funciones. Ellos deciden sobre la libertad de las personas, el sentido y los alcances del derecho de propiedad, de los derechos de los trabajadores, sin rendir cuentas por el ejercicio de sus funciones, que se pueden prolongar por décadas. Ellos deciden sobre sus propios privilegios¹⁵¹.

En 2006, las peripecias judiciales obligaron a la Corte a sentar postura nuevamente a partir del caso del juez sanjuanino Oscar Gutiérrez. Una vez jubilado, la Anses le retuvo el impuesto a las ganancias en sus haberes previsionales. La mayoría de los supremos se excusó. Los camaristas que intervinieron le dieron la razón a Gutiérrez, a diferencia de Horacio Rosatti y Héctor Méndez. Rosatti, que con el tiempo sería miembro de la Corte, se amparó en el artículo 16 de la Constitución: “Todos los ciudadanos son iguales ante la ley”. Su postura expuso al resto, ya que el peculiar privilegio provenía de una acordada que la propia Corte podía derogar y terminar con años de beneficios.

Sin embargo, la Corte evitó poner el tema en el debate de la agenda pública. Tanto es así que en lo posterior nunca tomó una actitud activa frente a la cuestión y rechazó al menos en siete oportunidades revisar la polémica acordada. El presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, tenía una razón y era la de sostener la tensión con el resto del sector. Sin embargo, consultado oportunamente, cuando defendía su pliego como aspirante al cargo de ministro de la Corte, el santafesino expresó que “los jueces deberían tributar como cualquier hijo de vecino”.

Con la llegada de Macri a la presidencia, el Congreso modificó la Ley de Impuesto a las Ganancias y los legisladores incluyeron como ganancias de cuarta categoría a las provenientes de “los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir de 2017”. Sin embargo, varios de los integrantes del Poder Judicial lograron embarrar la cancha y salieron a hacer el lobby necesario para enfriar la medida. Desde diversos sectores señalaron que la palabra “nombramiento” podía ser interpretada de dos formas: por un lado, que cada persona que reciba un “nombramiento” luego de 2017 sería alcanzada por el impuesto y, por el otro, que nombramiento hacía referencia al ingresante.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) salió a frenar la medida buscando judicializarla. El juez Esteban Furnari, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, dio lugar a los amparos, pero tomó una decisión salomónica: solo a los que ingresaron después de 2017 se les retiene el impuesto. Ante esta situación, el ministro Germán Garavano aseguró que él sentía que era “uno de los impulsores de que los jueces paguen ganancias” y que por eso pedía públicamente a “la Corte Suprema que saque una acordada aclarando la medida. Es un gran avance que empiecen a pagar los que ingresan en 2017”.

Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el hecho de que desde el Poder Judicial no se pague el impuesto a las ganancias le impide a la AFIP dejar de recaudar 6991 millones de pesos. La cifra adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que, entre 2016 y 2017, el Estado dejó de recaudar 4607 y 5759 millones de pesos, respectivamente. Según el estudio, “los 4077 millones de pesos perdidos en 2015 superaron el valor asignado al seguro de desempleo o al Programa de Ayuda Alimentaria que atiende a la población más vulnerable, con necesidades básicas insatisfechas”¹⁵².

Por su parte, el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX) que dirigen los economistas Victoria Giarrizzo y Dardo Ferrer, también abrevó en el cálculo de ingresos que deja de percibir la AFIP por este privilegio concedido a los magistrados. Según el informe que presentó el CERX, “la cifra de los 5151 millones de pesos no contempla que en la mayoría de las provincias y en la propia ciudad de Buenos Aires el beneficio se extendió a buena parte de los empleados administrativos del Poder Judicial, que tampoco pagan ganancias y hacen suponer que lo que realmente deja de recaudar el Estado es bastante superior a los 5151 millones de pesos”.

Al margen de la situación individual de los jueces que componen el sistema judicial, en términos constitucionales, el Poder Judicial además de tener autonomía de control institucional, no rinde cuentas y es casi imposible conmensurar la actuación de cada juez y fiscal. Según el fiscal Federico Delgado, “la porosidad del sistema es cada vez mayor, con la ventaja de que el Poder Judicial ha construido un Estado dentro de otro Estado”. En cuanto a los salarios, los ministros de la Corte, en promedio, perciben 260.000 pesos y 270.000 pesos en bruto y no pagan impuestos a las ganancias, como sí están obligados los trabajadores. En marzo de 2016, el presidente de la Corte ganaba 210.000 pesos.

El CIJ, finalmente, salió a aclarar la situación: “En el proyecto originariamente aprobado por la Cámara de Diputados se incluyó una norma para el pago de ganancias en el Poder Judicial: quienes ingresen en 2017 pagan, los anteriores están exentos […]. De este modo, de aprobarse esta norma, queda claro que todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores, magistrados que están en funciones no pagarán el impuesto. En cambio, quienes ingresen a partir de 2017 estarán obligados a pagarlo”.

Casi pisando la feria judicial, el 28 de noviembre, en fallo unánime, la Corte, salomónicamente, revocó una medida cautelar que eximía de pagar el impuesto a las ganancias a los jueces nombrados desde 2017 que habían hecho carrera en Tribunales. Apenas 300 personas quedaban alcanzadas por la medida cortesana.

Según la definición de la jueza en lo Contencioso Administrativo, Elena Liberatori, “ladran, pero no ocurre nada al final. Hacia atrás no se tocan los privilegios, es hacia adelante y sin atacar el fondo de la cuestión, que son los beneficios de toda la corporación judicial”¹⁵³.

128. Entrevista realizada para este libro el 4 de junio de 2018.

129. Entrevista realizada para este libro el 18 de julio de 2018.

130. Gerardo Young: Código Stiuso. Buenos Aires, Planeta, 2015, p. 381.

131. Al cierre de esta investigación, Carolina Pochetti, viuda del ex secretario presidencial Daniel Muñoz, aseguró haber pagado coimas millonarias en dólares al juez federal Luis Rodríguez para que los beneficiara en una causa por lavado de dinero que tenía como protagonista a su marido.

132. En 2013, el Tribunal Oral Federal N.º 3 absolvió a todos los acusados al estimar que no se probaron las coimas. Allí los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez consideraron no probada la existencia del supuesto delito denunciado por Pontaquarto.

133. Alejandro Alfie: Los agentes de Néstor y Cristina. Buenos Aires, Margen Izquierdo, 2015, p. 89.

134. Gerardo Young: op. cit., p. 334.

135. Entrevista realizada para este libro el 27 de junio de 2018

136. En octubre de 2018 fue reemplazado por Carlos Rosenkrantz.

137. María Bourdin: Justicia y medios, la revolución comunicacional de la Corte Suprema. Cómo abrir a la sociedad la puerta de los tribunales. Buenos Aires, Sudamericana, 2014, p. 14.

138. Ibid., p. 33.

139. Irina Hauser: Los supremos. Buenos Aires, Planeta, 2017, pp. 231-32.

140. Ver: www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-52612-2011-03-20.html

141. Ver: radiocut.fm/audiocut/mario-cimadevilla-en-manana-sylvestre/#f=radio&l=related

142. Entrevista realizada para este libro el 4 de junio de 2018.

143. Entrevista realizada para este libro el 4 de junio de 2018.

144. Según Horacio Verbitsky, Smart fue uno de los fundadores de Fores. Ver: www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-121584-2009-03-15.html

145. Horacio Verbitsky: “¿Qué te puedo cobrar?”. Página/12, 15 de marzo de 2009.

146. Lo dijo Patricio Petersen, presidente de FORES, el 21/11/2007 en entrevista con El Dial. www.eldial.com/nuevo/lite-tcc-detalle.asp?id=3275&id_publicar=4220&fecha_publicar=21/12/2007&camara=Entrevista&base=99

147. Ver: https://www.margaritastolbizer.com.ar/irregularidades-en-las-contrataciones-de-abogados-externos-por-el-poder-ejecutivo

148. El 11 de mayo de 2018, Margarita Stolbizer, como titular de la Asociación Civil Bajo la Lupa, realizó un pedido de información sobre la contratación de estudios jurídicos o abogados ante la Jefatura de Gabinete. Los datos aportados por la Procuración del Tesoro no contenían, en la mayoría de los casos, el monto de la contratación.

149. Entrevista realizada para este libro el 31 octubre de 2017.

150. Ver: www.lanacion.com.ar/1511721-cacerolas-frente-al-central-park

151. Ver: http://revistabordes.com.ar/cronica-de-un-privilegio-poder-judicial-e-impuesto-a-las-ganancias/

152. Ver: https://acij.org.ar/la-afip-deja-de-recaudar-7000-millones-por-la-exencion-de-ganancias-de-los-jueces/

153. Consulta realizada para esta investigación el 2 de julio de 2018.

Parte IV

La política

Capítulo 12

Lobby político

Según Alberto Fernández:

Hay que entender que en la sociedad moderna los intereses son un dato de la realidad. Algunos van a estar por sobre otros, es parte de la disputa de esa sociedad. Si esto lo hace alguien de manera legítima, no hay mucho que cuestionar. Como el lobby existe, es mejor que lo reglamentemos. Cuando el lobby se convierte en una relación perversa, hay que liquidarlo porque es muy malo. En la actualidad, esto ocurre porque es un tema tabú, y hay que transparentarlo. Se debe transparentar quién es quién. Muchas de las demandas del sector empresarial convierten las propias del sector en objetivos de la nación. Esa lógica de lobby es perversa y hay que terminarla.

De acuerdo con Ernesto Sanz:

Si hay un lobby político legitimado, de todos los días, es el de los senadores, porque representan a sus provincias. ¿Ese lobby es igual al de intereses privados? Sí, claro. Existiera o no existiera, ¿cuál es el problema? El problema es del funcionario, no del tipo que va. […] No hay una deliberada intención del sector político para mantener oculto el lobby. Es una asignatura pendiente, entre tantas otras, pero no es para ocultar algo deliberadamente. Diría más: es un tema en el que muchas veces cuesta meterse porque está el mito, el prejuicio de que todo el mundo se puede transformar en lobista con la ley.

El lobby forma parte de la gimnasia política. Sin embargo, sin una legislación apropiada se vuelve un instrumento que afecta las bases del funcionamiento democrático, creando las condiciones para que actores con capacidad de acceder a los despachos gubernamentales o legislativos puedan ejercer presiones sutiles.

Como resultado de un sistema hiperpresidencialista, en la Argentina el cabildeo se ejecuta fundamentalmente sobre el Poder Ejecutivo y sensiblemente menos sobre el Congreso, a pesar de que sobran los ejemplos en los que se lleva a cabo en pos de incidir en, por caso, medidas o sanciones de nuevas leyes. Un caso histórico fue el de la Reforma Laboral sancionada en 2000. Esta, también conocida como la “ley Banelco”¹⁵⁴, marcó el quiebre del gobierno de Fernando de la Rúa en la relación con la sociedad.

En la Argentina, el lobby no tiene ley, se encuentra en un limbo. En 2003, por medio del Decreto N.º 1172 se reglamentó, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la gestión de intereses en busca de dar forma a “mecanismos que incrementan la transparencia de los actos de gobierno, a los que permiten un igualitario acceso a la información y a los que amplían la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración”. Por un lado, su cumplimiento fue defectuoso. La letra de la norma reza que uno de sus objetivos era que “se conozcan los encuentros que mantienen con funcionarios públicos las personas que representan un interés determinado, así como el objetivo de estos encuentros, para que grupos sociales interesados, ya sean empresariales, profesionales o ciudadanos en general, puedan acceder a tal información”. El macrismo activó el Registro Único de Audiencias, herramienta útil a pesar de que la información que brinda resulta escueta y esquemática. En ese sitio se puede acceder a las reuniones que desde diciembre de 2015 mantuvieron el presidente y los funcionarios del Poder Ejecutivo, quién la solicitó, cuándo se realizó y qué motivo se alegó para llevarla a cabo.

Por otro lado, hay otras normas que procuran reforzar lo antedicho: la Ley N.º 25188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública; el Decreto N.º 1172/03 de Mejora de la calidad de la democracia y de sus instituciones, y la Ley N.º 27275 de Acceso a la Información Pública.

En septiembre de 2018, se anunció que en el Senado se estaban debatiendo, en comisión, tres proyectos para regular el lobby. Ninguno de ellos era el enviado en abril de 2017 con la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Se trataba de los proyectos de los senadores Miguel Ángel Pichetto y Magdalena Odarda, a los que se sumó el de la exlegisladora Liliana Negre de Alonso. Sintéticamente, propusieron la creación de un registro de lobistas y la obligación de blanquear las reuniones por parte de funcionarios. Salvo el de Negre de Alonso, los otros dos nuevamente enfocaban puntualmente al Poder Ejecutivo, dejando al margen el Congreso y el Judicial. No obstante, como en tantas oportunidades, no llegó al recinto.

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No es casual que el decreto mencionado que regula la gestión de intereses solo haya recaído sobre uno de los poderes, ya que, de acuerdo con los especialistas, en pleno siglo XX argentino, cuando las dictaduras eran moneda corriente, el lobby generalmente se ejecutaba sobre los funcionarios de carrera del Ejecutivo y no tanto sobre los legisladores. Lo cierto es que, en la práctica, depende del tema para identificar sobre cuál de los poderes conviene tratar de influir.

En 2006, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) elaboró un “Mapa de riesgos de corrupción”¹⁵⁶, que señalaba siete puntos débiles, los cuales, según su análisis, generaban riesgos de cohecho. Lo llamativo quizás sea que casi tres lustros después todo se mantenga prácticamente igual.

Deficiencias en el sistema regulatorio en materia de gestión de intereses y de su cumplimiento; o ausencia de reglas básicas para el cabildeo; o debilidad del sistema de prevención, monitoreo y sanción del conflicto de interés; o fallas en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

Ausencia de canales institucionales de participación y deliberación; o debilitamiento del rol del Congreso en su calidad de órgano de formación, deliberación y sanción de leyes, así como en cuanto a sus facultades de control de la gestión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN); o ejercicio informal de la gestión de intereses en el Legislativo; o ejercicio informal de la gestión de intereses en el Poder Ejecutivo y altos niveles de discrecionalidad en la gestión pública

Insuficiencia de expertise y apoyo técnico de o a los legisladores.

Falta de acceso a la información pública como condición fundamental para la participación y el control social.

Carencia de una visión integral de responsabilidad social empresaria y políticas relacionadas.

Debilidad de los espacios colectivos del sector privado.

Problemas con los mecanismos de control social independiente.

Se proponía, también, ampliar el concepto de corrupción de manera que incluyera distorsiones del interés general a favor de intereses particulares a raíz de actividades de incidencia no solo ilegales, presupone que se puede definir un concepto de “interés general” y visualizar un proceso de formulación de políticas públicas, implicando la interacción entre el Estado y los grupos de interés, conducente a este.

La conclusión era simple y compleja a la vez: el sistema es vulnerable, puesto que está desprovisto de cualquier límite para el funcionamiento de este tipo de mecanismos que tienen como objetivo la primacía de un interés particular por sobre el general. A su vez, está fuera del campo de control del resto de la ciudadanía.

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El equipo dirigido por Ana Castellani y Paula Canelo, de la Universidad Nacional de San Martín, detalló los tipos de lobby que se ejercen en la Argentina.

El lobby individual: representación de intereses privados ante autoridades públicas para incidir en la toma de decisiones en favor de los intereses de un sector determinado.

El lobby corporativo: acciones colectivas llevadas adelante por las corporaciones empresarias (cámaras, asociaciones, etcétera) a los efectos de hacer conocer las demandas sectoriales para que sean consideradas a la hora de formular e implementar políticas públicas o sancionar leyes.

La colusión público-privada: consiste en acuerdos secretos que implican la cooptación de los funcionarios mediante sobornos o dádivas para obtener prebendas o regulaciones favorables para los intereses de un sector.

La colonización de espacios estratégicos del entramado estatal: para esto se ubican dirigentes corporativos o directivos de empresas en cargos públicos que impulsen demandas sectoriales o particulares y logren convertirlas en políticas públicas.

Nuevamente se arriba a la misma conclusión: más allá de los diferentes canales y actores en danza, los datos exponen la enorme asimetría entre la capacidad de presionar por parte de corporativos y el ciudadano de a pie.

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Los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Mauricio Macri han tenido formaciones cualitativamente diferentes. Por ende, la entrada, acercamiento o intento de ejercer lobby sobre ellos han impuesto —e imponen— diferentes caminos.

Los gabinetes de Kirchner y Fernández fueron eminentemente políticos, a tono con su prédica de recuperar el control por sobre los tecnócratas de las finanzas. El cursus honorum de sus integrantes estaba marcado por su paso partidario y su recorrido por diferentes espacios estatales cada vez que el grupo al que pertenecían pasaba a controlar algún estamento gubernamental. En el de Néstor, en función de la alianza que lo catapultó, podían dividirse según su origen: estaban los “pingüinos”, es decir aquellos que lo acompañaban desde Santa Cruz, o el Grupo Calafate. Por ejemplo, su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el titular de Planificación, De Vido. Los “duhaldistas”, a quienes heredó el mandatario de parte de su antecesor, Eduardo Duhalde: el ministro de Economía, Roberto Lavagna, el ministro de Salud, Ginés González García, y el ministro de Defensa, José Pampuro. Del peronismo provincial con paso por la Alianza estaba el canciller Rafael Bielsa, en tanto con pasado menemista estaba el ministro de Justicia, Gustavo Béliz. Este listado de ministerios tenía al frente a nueve hombres y a una sola mujer. El rango de edad iba de los 50 a los 60: el más joven era Béliz con 41 años, y Lavagna, con 61 años, era el más grande. Excepto por el santafecino Bielsa y la santacruceña Kirchner, era un equipo eminentemente porteño y bonaerense. Todos los integrantes del gabinete tenían título universitario en instituciones públicas, fundamentalmente de la UBA (7), en tanto que Bielsa se recibió en la de Rosario, Ginés en la de Córdoba y Alicia Kirchner en la de Comahue. El mandatario nacional se había formado en la de La Plata.

En el caso de Cristina, se mantuvieron los trazos gruesos: recorrido político, formación en universidades públicas —fundamentalmente la UBA—, origen porteño y bonaerense, mayoría de varones. Discursivamente, los núcleos fueron dar un salto cualitativo en cuanto a la institucionalidad y, a posteriori, con la primera derrota electoral (2009), la muerte de Kirchner y el nacimiento del cristinismo —mucho más vertical y cerrado sobre sí mismo—, la idea de sintonía fina, que buscaba mayor receptividad de demandas y problemas. Cristina heredó a Alberto y Aníbal Fernández, Carlos Tomada, Alicia Kirchner y De Vido, e incorporó un ministerio más, el de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a cargo de Lino Barañao. En su primer equipo, hubo tres mujeres: Alicia, Nilda Garré (Defensa) y Graciela Ocaña (Salud). El más joven(36 años) y nuevo de su gabinete fue su ministro de Economía, Martín Lousteau. Mientras que el titular de Educación, Juan Carlos Tedesco, con 60 años, era el techo de edad. Salvo Florencio Randazzo (43) y Ocaña (47), el resto superaba los 50 años. En el período 2008-2010, Fernández amplió la estructura del Estado, llevando a quince los ministerios. En su segunda gestión, permanecieron en sus cargos quienes asumieron a mitad del primer mandato: Garré en Seguridad (2009), el pingüino Arturo Puricelli quedó al frente de Defensa (2010), la exaliancista Débora Giorgi en Industria (2008), Enrique Meyer en Turismo (2010) y Julio Alak en Justicia (2009). Todos ellos juraron en diciembre de 2011.

Con Macri, los integrantes de su gabinete tendrían características absolutamente diferentes. El Observatorio de Elites de la Universidad de San Martín hizo un detallado informe al respecto, en el cual detectó la penetración de los funcionarios de primera, segunda y tercera jerarquía con pasado como ejecutivos en la actividad privada. La política cedió espacios que pasaron a ser ocupados por agentes del mundo empresarial que habían decidido “meterse” para gestionar, sin otro norte que la efectividad aséptica de cualquier ideología.

Las carteras ministeriales pasaron de 16 a 20, aparte de la Secretaría de Presidencia y la Jefatura de Gabinete. Puntualmente, hubo cambios de fondo en el área económica, que fue fragmentada en Agroindustria, Energía, Hacienda y Producción. Tomando el antecedente porteño, desapareció el Ministerio de Planificación Federal y se creó el de Modernización. Mientras la mayoría era originaria de la ciudad de Buenos Aires y la provincia, el promedio de edad era de 50 años. Como con Cristina, tres mujeres ocuparon ministerios. En un conteo más general, el informe de la universidad precisó que “la distribución de género es marcadamente desigual en detrimento de las mujeres, que representan solo el 22,6% (83) del gabinete contra el 77,4% de los hombres”. El 75% posee un título universitario, y el 42% cuenta, además, con algún posgrado, generalmente maestrías.

En cuanto a la trayectoria, el 28,1% lo hizo dentro de las ONG o fundaciones consideradas “orgánicas” del PRO: Pensar (34 casos), Grupo Sophia (7) o Creer y Crecer. Solo 63 individuos (17%) había participado en algún partido, a la vez que 53 de ellos están afiliados a algún partido: los funcionarios del PRO representan el 68,3%, seguido por un 23,8% de la Unión Cívica Radical (UCR).

Una peculiaridad detectada fue que el 22% (79) de los funcionarios tenía únicamente “trayectorias privadas puras”, sin registrar ninguna experiencia en gestión pública. La mayoría de ellos, si se considera su distribución en el conjunto del gabinete, se concentraba en 7 carteras, que explican el 70,9% de los casos: Producción, Agroindustria, Energía, Jefatura de Gabinete de Ministros, Trabajo, Desarrollo Social, Hacienda y Finanzas. Los CEO representaban el 69,6% de la cúpula de la Jefatura de Gabinete. Defensa, Desarrollo Social y Educación son las carteras con menos presencia de estos exgerentes. En todas las carteras del gabinete nacional hay al menos un CEO ocupando un alto cargo público.

Otro rasgo distintivo del gabinete inicial de Macri era la importante presencia que alcanzaban los dirigentes de las principales corporaciones empresarias: el 10,9% de los funcionarios (40/364) ocuparon cargos directivos en alguna de estas poderosas organizaciones. A diferencia de los CEO, extendidos por todo el gabinete, los corporativos se concentraban selectivamente en pocos ministerios: Agroindustria (32,5%) y Producción (25%).

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En menos de doce años, la Argentina pasó de la idea de salir del infierno, atravesando por la institucionalización y la sintonía fina, hasta la de meterse en política para higienizarla de los sospechosos de siempre. Discursos notoriamente diferentes en contextos distintos para prácticamente la misma ciudadanía. Todos con un afán fundacional y de irreversibilidad de cara a sus predecesores inmediatos o mediatos. Un hilo los conecta: la fragmentación del peronismo fue clave tanto para la victoria de Néstor Kirchner en 2003 como para la de Mauricio Macri en 2015.

A comienzos de siglo XXI, más allá de lo que se especulaba, el hartazgo social expresado durante los meses previos y posteriores a la renuncia de De la Rúa no tuvo correlato electoral. Cual hermeneuta, Kirchner trazó discursivamente su línea histórica, apoyada en la imagen de “salida del infierno” menemista y como “hijo de una generación diezmada”, que erigía a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en dos de sus sostenes simbólicos. O sea, captó que era ineludible reconocer la gravedad del estado de situación del país y, también, identificó qué sujetos sociales, alejados de cualquier crítica política —al menos en ese momento—, podían inocular las dosis necesarias de autoinmaculación.

Que tres de los cuatro candidatos con más votos (Menem, Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá) en 2003 hayan sido peronistas ponía sobre la mesa la mutilación de la que había sido objeto el partido durante la década anterior. Si el bipartidismo sufrió su primer quiebre¹⁵⁷ en 1995, en 2000 potenciaría la atomización política en todos los niveles: nacional, provincial y municipal. “Peronismo es ganar”, sintetizó María Esperanza Casullo. Esto significa que, en función de competir con claras posibilidades de vencer, “la ideología, la coherencia y la trayectoria biográfica de sus dirigentes son secundarias en relación con su capacidad de ganar elecciones”¹⁵⁸.

Kirchner era un líder sin partido, que en 2005 se empoderó dentro del peronismo derrotando a Eduardo Duhalde, luego de las elecciones de medio término en las que Cristina Fernández apabulló a Chiche, su esposa. Ya estaba empezando a dejar su lugar como núcleo discursivo la idea de recuperar la preponderancia de la política por sobre el mercado, para dejárselo a la transversalidad, cuyo fallido y forzado intento se materializaría en las elecciones de 2007 con la fórmula que compusieron Cristina y el radical mendocino Julio Cobos.

Para Casullo no debe hablarse de crisis del sistema político, sino “de una crisis de la mitad no peronista del sistema. Lo que está en crisis no es la totalidad, sino las identidades políticas que se identifican con el no peronismo. A pesar de la debilidad de su institucionalización partidaria (o quizás a causa de ella), el peronismo es capaz de generar patrones bastante estables de prácticas políticas; sin depender solo de los mecanismos partidarios para generar representación y autoridad política”.

El PRO representó, tal vez, la herida final del bipartidismo, hasta el punto de que terminó deglutiendo al radicalismo tras la Convención de Gualeguaychú, en la que la UCR decidió formar parte de Cambiemos para enfrentar al FpV. Cuando Macri se calzó la banda presidencial, la crítica periodística no alcanzó casi ningún acuerdo. En realidad, quizás solo uno, que, más allá de lo que estuviese ocurriendo en sí, se estaba produciendo una rareza en la política argentina desde 1983.

A diferencia de cada corriente peronista con pretensiones hegemónicas, el macrismo es un proyecto de poder que interesa muy poco a los estudiosos. Apenas si ocupa un lugar marginal en la academia y en la bibliografía que llega a las librerías. Suele irrumpir el interés tras cada resultado electoral que, desde la candidatura de Macri, en 2005, para diputado nacional en adelante, resulta exitosísima. Eso que Jaime Durán Barba llamó “el círculo rojo”, es decir, una franja habitada por las corporaciones económicas e intelectuales, queda siempre descolocado, porque, como resulta obvio, en sus formas el macrismo es eficaz y, a la vez, subestimado.

Uno de los trabajos señeros fue Mundo PRO. Anatomía de un partido fabricado para ganar, de Gabriel Vommaro, Sergio Morresi y Alejandro Bellotti, publicado a comienzos de 2015. El libro procuró abarcar extensamente cada costado de esta formación política, vista, hasta la llegada de Macri a la Casa Rosada, como un partido de alcance local, compuesto, fundamentalmente, por dirigentes que provienen del estrato más alto de la sociedad. Esta simplificación, propia de demonizaciones a la carta durante la última década, tuvo su fecha de vencimiento el 20 de noviembre de 2015, cuando Macri venció a Daniel Scioli.

Discursivamente, desde la idea de “meterse”, el PRO interpela a un destinatario que se pretende el todo, sin distinción alguna. De fondo está el “consenso negativo”¹⁵⁹ sobre una buena parte de la clase política que representaría “lo viejo”, y particularmente sobre el kirchnerismo como expresión máxima de esto en el último decenio, como elemento sustancial a la hora de preguntarse sobre el ascenso del macrismo: “Su conversión de empresario en dirigente, cuando PRO era Compromiso para el Cambio, se presenta como un paso que cualquiera puede dar: meterse en política. Meterse para aportar moralidad. Meterse para aportar gestión”¹⁶⁰. Hijo de dos crisis que pusieron a la clase política contra las cuerdas, diciembre de 2001 y Cromañón (diciembre de 2004), Macri se “metió en política” oportunamente cuando el lema de la clase media era “que se vayan todos”. Siguiendo con esta línea, es lógico que el actual mandatario nacional lo sintetice bajo la idea de “gente nueva”. El predicativo no habla de edad, sino de ausencia de pasado político, lo que los tornaría “sospechosos”. De ahí que hayan aparecido el Midachi Miguel del Sel, el exárbitro Héctor Baldassi, el rabino Sergio Bergman, o, aunque su paso fue fallido, el escritor Abel Posse. Más allá de las disquisiciones que puedan hacerse sobre el verdadero sentido de cuándo se “metió” realmente en política Macri, no hay nada nuevo bajo el sol, puesto que el menemismo y el kirchnerismo también lo hicieron. Es más, cualquiera que busque detenidamente quiénes formaron parte del PRO, y quiénes lo componen en la actualidad, rápidamente notará que la “gente nueva” en lugares jerárquicos no abunda. Entonces, la clave residiría en la imagen, en la forma en que esta se engarza con el discurso. Y por qué no, tal como aportó Fernando Rosso, en el clímax del consenso negativo que se vivió en 2015. Un consenso negativo que fue potenciado, muy a su pesar, por Cristina Fernández.

El kirchnerismo y el macrismo tienen referencias intelectuales ineludibles en campos distintos de la política vernácula. Uno, Ernesto Laclau, habló desde el panteón de los intelectuales con un reconocimiento que supera las fronteras nacionales. El otro, Jaime Durán Barba, lo hizo desde el éxito de las campañas electorales, cuyo sustento sociológico se encuentra explicado en el libro El arte de ganar, que escribió junto a su socio, Santiago Nieto.

Para el discípulo de Jorge Abelardo Ramos, “el kirchnerismo viene de la tradición peronista, pero en la tradición peronista vino de todo: vino López Rega, pero también Néstor Kirchner. O sea que el kirchnerismo es, en muchos sentidos, un posperonismo. ‘Pos’ en el sentido no de romper con el pasado peronista, que no lo está haciendo, sino en el sentido de que está prolongando algunas cuestiones que estaban licuadas”¹⁶¹.

En cambio, Durán Barba prefirió bajar línea cruzando disciplinas en función del éxito proselitista, ya que para el ecuatoriano quienes se deciden a lanzarse a la arena política de grandes corren con ventaja a la hora de “adoptar actitudes ‘triviales’, que los ayudan a comunicarse con los nuevos electores que odian la política tradicional”¹⁶². Por eso, insistió con el ejemplo de la campaña de 2007, cuando empujó a Macri y su equipo a mostrarse saltando ante cada bache que había en la ciudad. Otro elemento en pos de, presuntamente, reducir la brecha con el ciudadano, es el timbreo o las comunicaciones por medio de redes sociales. Según su visión, el expresidente de Boca se erigió en quien más acertadamente supo “comprender a esas personas comunes y poco informadas porque, en democracia, son los protagonistas que determinan quiénes son los que pierden y los que ganan en los comicios”.

SKANSKA/PANAMA PAPERS/HOTESUR/CORREO ARGENTINO

Los casos de corrupción más controvertidos de los gobiernos kirchnerista y macrista son otra forma de notar las diferencias cualitativas que devienen de su origen y conformación.

En 2005, el de Skanska, cuyo eje es la presunta utilización de facturas apócrifas para disimular sobornos a funcionarios en el marco de la construcción de dos gasoductos, fue el primer caso de corrupción que conmovió al kirchnerismo y dejó marcada a una parte de sus integrantes, como De Vido, a la par que generó el primer enfrentamiento público de alto voltaje con la multinacional Techint.

Grosso modo, comparativamente con los acaecidos durante el menemismo, no había diferencias de fondo. El sistema era: un grupo de privados corrompiendo a una red de funcionarios situados en lugares clave, que les permitían hacerse con una obra multimillonaria. El enclave era el mismo de los últimos 40 años: la obra pública, caja deseada si las hay. El mecanismo que investigó el juez Javier López Biscayart incluía licitaciones preacordadas, sobreprecios, coimas, órganos de control que hicieron la vista gorda y la novedosa utilización de fideicomisos, una herramienta financiera que contaba con una “fiscalización limitada”. En su libro sobre Skanska, Pablo Abiad explicó el sistema, el cual sobrepasaba este caso puntual:

Las empresas que se ponen de acuerdo en simular que compiten para construirle a la nación un plan de viviendas, una autopista o un gasoducto no coimean a un ministro para que les entregue en bandeja una licitación. El trato consiste en que el Estado les pague de más para que la que resultó favorecida en esa oportunidad se quede con la ganancia que le corresponda, para que el funcionario que interviene tenga su incentivo y para que la diferencia —los 5 por sobre el precio— retorne al ministerio que organizó la inversión. El soborno es un estímulo para untar el bolsillo del funcionario; el sobreprecio hace a la obra. El sobreprecio es el sistema¹⁶³.

La mega filtración mundial, en abril de 2016, de la documentación del estudio Mossack Fonseca, conocida como Panama Papers, primer mojón durante el macrismo, significó un hecho absolutamente distinto, pero que afectó a una nueva elite en el poder: dirigentes políticos que utilizaron los instrumentos financieros internacionales para eludir los fiscos de cada uno de sus países, creando sociedades offshore. En el extenso listado aparecían el presidente de la nación, flamantes funcionarios o aliados del macrismo, entre otros actores muy diversos. Nada muy diferente a lo que ya se venía registrando cada vez que surgían denuncias a partir de la utilización de la unidad de banca privada de las corporaciones financieras transnacionales, como JP Morgan o HSBC.

La coartada que utilizó el propio Macri era notoriamente distinta a la que se usaba durante el kirchnerismo: responsabilizó a Franco Macri, su padre, uno de los grandes capitanes de la obra pública por décadas. La fortuna familiar encuentra su explicación a partir del complejo vínculo con el Estado sin importar si los contratos eran con los gobiernos democráticos o con las dictaduras militares. Por décadas, Franco tuvo la certeza de que para hacer negocios siempre hay que ser oficialista, dejando de lado los escrúpulos.

Eso volvió a salir a la superficie cuando se conoció el intento de condonación de deuda¹⁶⁴ por parte del Estado a la familia del presidente; la deuda había empezado a crecer desde la década del 90 cuando la familia Macri adquirió la empresa del Correo y no pagó el canon correspondiente al Estado por la concesión. A punto de realizarse la operación, todo quedó paralizado luego de que se hiciese público el dictamen de la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, quien denunció, en febrero de 2017, que el Grupo Macri pretendía pagar de forma onerosa para el Estado la deuda acumulada por no abonar el canon hasta el momento en que entró en concurso preventivo en 2001. La oferta de los Macri apuntaba a no contemplar el pago de interés, no tomar en cuenta la inflación ni tampoco la devaluación. La familia presidencial calculó casi arbitrariamente una deuda nominal de 300 millones de pesos. Proponían 15 cuotas a una tasa de interés anual del 7%.

Ahí se puso en funcionamiento el andamiaje. El 28 de junio de 2016, Juan Manuel Mocoroa, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación cuya designación por Oscar Aguad había sido transitoria, dio lugar a la propuesta que planteó el Correo Argentino. Boquín elaboró un minucioso dictamen en el cual advirtió que la propuesta del Correo “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”. Entre las irregularidades, la fiscal incluyó el potencial desfalco que significaría una homologación del acuerdo. Boquín detalló, en el dictamen con firma del 30 de diciembre de 2016 que, si bien Franco Macri no es directivo de Correo Argentino S. A. ni ocupa cargos gerenciales, “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma S. A., controlante de Sideco Americana S. A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S. A.”. Cabe subrayar que los hijos de Franco recibieron el control de Socma, entre ellos, el presidente, quien cedió en 2009 su participación accionaria en Correo Argentino a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco Juan.

Los dimes y diretes de los funcionarios quedarían solapados por la propia voz del presidente, que finalmente dio una conferencia de prensa cuando el escándalo del Correo ya se había desperdigado por toda la agenda mediática. Para tomar el control de los daños, Macri utilizó la misma estrategia que con el escándalo de los Panamá Papers: le tiró la responsabilidad a su padre por ser “el concesionario del Correo”; luego defendió la labor del ministro de Comunicaciones y, finalmente, propuso una solución que rozó el realismo mágico: “He instruido para que volvamos a fojas cero porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado, acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se cobró, no se pagó… volvamos a la Cámara y empecemos de cero. Queremos un acuerdo integral para este problema que heredamos”. Al cierre de esta investigación, producto de una serie de ardides cuyo fin era generar dilaciones en el avance de la causa, seguían sin alcanzar un acuerdo.

Nuevamente aparecen las diferencias. El exponencial y polémico crecimiento patrimonial de la familia Kirchner se dio con Néstor y Cristina ocupando lugares de poder. La diversificación de sus inversiones también. Nada nuevo en la Argentina. Un caso paradigmático es el de Hotesur S. A., una firma a través de la cual la familia de la exmandataria compró hoteles. Según denunció Margarita Stolbizer en 2014, se alquilaban habitaciones a diversos empresarios, las cuales no eran ocupadas. La sospecha es que era una forma de blanquear dinero proveniente del sobreprecio de la obra pública.

A diferencia de Macri, no se trata de una familia empresarial que se vuelca a la política y se sirve de ella, sino que las denuncias señalaron que sería justamente el ejemplo contrario. En 2003, cuando Néstor se sentó en el sillón de Rivadavia, declararon un patrimonio de 7 millones de pesos. En 2015, cuando Cristina entregó la banda presidencial, era de 64 millones de pesos. En 2010, era de 80 millones, pero la muerte de su pareja provocó modificaciones. En su presentación como candidato a diputado, Máximo Kirchner declaró bienes por otros 36 millones de pesos.

Resulta harto complejo proyectar si la novedad, a priori, que representa el macrismo en varios de los aspectos reseñados se convertirá en la etapa inaugural de una forma de habitar y hacer política en la Argentina. Las dificultades a la hora de gestionar recuerdan, más allá de las diferencias de forma, a los sucesivos fracasos de la derecha cada vez que llegó al poder, aunque en este caso la particularidad es que se produjo respetando las normas democráticas.

154. Así se denominó a las denuncias por presuntos pagos realizados por la Alianza, en abril de 2000, a senadores peronistas para que acompañen la ley de Reforma Laboral N.º 25250. La referencia surgió a partir de que Hugo Moyano dijo públicamente que el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, en un encuentro en el gremio de Obras Sanitarias, le había dicho que “para convencer a los senadores tenemos la Banelco”.

156. Silke Pfeiffer: “Bajo sospecha: el lobby empresarial en la Argentina. Cómo reducir riesgos de corrupción y convertirlo en una actividad legítima”. Cippec, octubre de 2006.

157. Para María Esperanza Casullo, el primer quiebre del bipartidismo se produjo en 1995, cuando, aún bajo el efecto del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, en las elecciones de ese año la UCR obtuvo menos votos que en 1989. El Frente País Solidario (Frepaso) fue el segundo más votado en 1995, con casi el 30% de los votos.

158. María Esperanza Casullo: “La Argentina: del bipartidismo a la ‘democracia peronista’”. Nueva Sociedad. N.º 258, julio-agosto de 2015.

159. Ver: www.tiempoar.com.ar/nota/del-mito-de-la-derecha-inteligente-al-ajuste-sin-anestesia-por-fernando-rosso

160. Gabriel Vommaro, Sergio Morresi y Alejandro Bellotti: Mundo PRO. Buenos Aires, Planeta, 2015, p. 16.

161. Ver: http://revistaeypp.flacso.org.ar/files/revistas/1414737896_entrevista-1.pdf

162. Jaime Durán Barba y Santiago Nieto: El arte de ganar. Buenos Aires, Debate, 2009, p. 54.

163. Pablo Abiad: El club K de la obra pública. Buenos Aires, Planeta, 2007, p. 12.

164. El monto final está en controversia. Para la fiscal Boquín, que tomó en cuenta los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la quita proyectada a 2033 superaría los 70.000 millones de pesos.

Capítulo 13

El instrumentista

Desde la banca de senador que ocupa desde 2001 Miguel Ángel Pichetto tomó el micrófono en el marco de la discusión del proyecto de ley de extinción de dominio¹⁶⁵. Como si fuese un Maquiavelo legislativo se puso a explicar cómo funciona el sistema político moderno:

Como dice un gran escritor español de la modernidad, que seguramente Durán Barba debe haber leído, que se llama (Daniel) Innerarity —un apellido medio complicado—, se construye la política en las sociedades modernas sobre la base de la indignación. Política de la indignación, con periodistas que se indignan, con sociedades que están frustradas y que tienen insatisfacciones económicas. Entonces, el elemento gravitante, mediante el sistema de redes de comunicaciones, es poner a los demonios… El infierno siempre es el otro y hay que indignarse mucho, todos los días, frente a los funcionarios del Estado, de la administración.

Lo que hasta allí parecía una mera descripción de una de las formas de hacer política en los últimos tiempos se fue desfigurando a medida que el senador profundizaba su oratoria:

Aparecen economistas, que además están en todos los canales de televisión, que pululan alentando el fracaso o la derrota, la inexistencia de futuro. Y ustedes lo permiten. Porque como no pagan pauta a nadie, cada uno dice lo que quiere en la televisión argentina. Ustedes creen que todo se resuelve en las redes, toda esta pavada. Nadie maneja la opinión pública, nadie maneja el horario prime time de la televisión, por lo tanto dicen cualquier cosa de todos. En fin: política de la indignación¹⁶⁶.

Así, Pichetto sinceró uno de los ardides más opacos del mecanismo de lobby que es el manejo de la opinión pública a través del dinero de pauta que proviene de fondos públicos para “disciplinar” lo que debería ser la expresión libre de cualquier periodista. En otras palabras, el senador estaba sincerando un modo de lobby para usufructo político. En el mundo de Pichetto “porque no se paga pauta a nadie, cada uno dice lo que quiere en la televisión argentina”. Entonces cabe la inquietud: ¿habrá sido esta una de las herramientas de control desde el 30 de diciembre de 2002, el día en que Pichetto se convirtió en presidente del bloque Justicialista en la Cámara de Senadores de la Nación?

Para un miembro del ala más política de Cambiemos, la creación de “las oleadas de opinión pública” son formas directas y efectivas de hacer lobby:

El lobby principal que tiene la Cámara de Diputados, por ejemplo, no es el de un sector corporativo, sino de la opinión pública. Si vos creás una corriente de opinión, se logra mucho más que un cabildeo. El diputado es una persona que se referencia más con la sociedad, por lo cual la opinión pública lo afecta más. En el Senado la influencia directa es de los gobernadores. En este sentido cabe la definición de Mario Negri, si la Cámara de Diputados es un balneario municipal, el Senado es un spa.

El concepto de “balneario municipal” y de “spa” distingue los sectores a los que apuntan la creación de las corrientes de opinión. Mientras que el lobista político en Diputados está atento a trabajar las opiniones de la sociedad, en el Senado se piensa en los intereses de los gobernadores. Para este dirigente, si se desmaleza el mecanismo, se advierte que “no se trata de la opinión pública, sino de la opinión publicada”. Alberto Fernández, por su parte, considera que cuando esto ocurre y “la publicidad prevalece, la política se deteriora”.

LA POLÍTICA DEL LOBBY

En el universo político es harto complejo determinar los límites entre el arte de la política y la negociación, y lo que se trata de un mero lobby —liso y llano— para intereses particulares. Pues bien, el poder político parece, sobre todas las cosas, un punto de fuga, el intersticio por donde las distintas formas del lobby pueden obtener sus objetivos. ¿Cuándo hay un lobby legítimo? ¿Cuándo las demandas son representaciones válidas de un sector? ¿En qué momento se pasa del ejercicio político a un lobby particular o privado en función del arte de la política?

Ernesto Sanz se toma su tiempo para elaborar una respuesta. Mientras suspira, mira un punto fijo pensando cómo darle precisiones a su argumento:

Para empezar hay que enmarcar el lobby: ¿cuánto de sutileza, de presión, de lobby existe en la política? ¿Quién define eso? En el lobby político todos los senadores y diputados son lobistas, lo son de sus provincias. Ese es un lobby legítimo. He sido senador por Mendoza y he hecho lobby por los intereses de mi provincia. Eso es lobby puro, puro; y es igual al del sector privado. Ahora, cuando un tipo de la política va a pedir al gobierno por intereses privados, es distinto. Eso existe, pero el problema es del funcionario. El verdadero problema del lobby es el “lobeado”.

Ahora bien, la caracterización del lobista político ayudará a comprender los matices. Miguel Ángel Pichetto llegó al Congreso como diputado en 1993, en pleno gobierno de Menem. Desde allí fue la espada legislativa de todos los gobiernos. Si bien nació en Banfield, Buenos Aires, en los albores de la dictadura se mudó a Río Negro, donde abrió su estudio jurídico. No tardó en volcarse a la política. Primero como concejal, luego se convirtió en intendente de Sierra Grande entre 1985 y 1987.

Fue legislador provincial en dos oportunidades, desde 1988 hasta 1993. Paralelamente, fue nombrado miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, por el período 1998-2001, para ser reelecto por el período 2001-2005. Durante esos años, trabó relación con el juez federal Claudio Bonadio, con quien comparte el padrinazgo político de Carlos Menem. Fue el exmandatario quien impulsó a Pichetto a la senaduría. La pleitesía con el riojano se mantiene hasta el presente hasta el punto de que su discípulo halagó el polémico fallo absolutorio que recibió el mandatario por tráfico de armas en octubre de 2018.

En los pasillos palaciegos dicen que fue José Luis Gioja, el titular del PJ, quien se divirtió poniéndole a Pichetto el apodo de “jugador de metegol”, porque le pega con las dos piernas. El mote alude a la versatilidad que tuvo para acomodarse a los gobiernos de Menem, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri. En vísperas de la asunción del kirchnerismo, Pichetto se ocupó de convencer a algunos indecisos: “Acá no hay nadie que tenga un proyecto en serio, salvo el espacio kirchnerista. Además, nadie tiene más poder que los Kirchner”. El poder al que refiere Pichetto es central para comprender su concepto de lealtad: “Que digan lo que quieran de mí. En la Argentina sobran los adjetivos calificativos. Yo soy peronista. Siempre defendí al gobierno que pertenecí”.

A pesar de ello, con el desembarco de Cambiemos, trascendieron escuchas privadas en las que la exmandataria Cristina Fernández aseguraba que Pichetto era “un traidor, hijo de puta”. Las palabras de Cristina iban en respuesta a la relación de diálogo que el senador había establecido con el presidente Mauricio Macri. Ante los epítetos de Cristina, respondió en modo zen: “Yo he actuado con suma lealtad en los doce años que gobernaron los Kirchner”.

Es cierto que, si bien nunca fue ministro ni funcionario durante los gobiernos kirchneristas, ofició de brazo ejecutor de las políticas del matrimonio K a pesar de que este nunca lo apoyó en su carrera a gobernador. En 2007, perdió la competencia por la gobernación de su provincia en manos de Miguel Saiz, quien contó con el apoyo directo de la Casa Rosada. En una entrevista que le realizó Jorge Fontevecchia reveló: “Perdí de manera ajustada con el gobierno nacional, por una decisión táctica de Kirchner, que fue la Concertación, una alianza con gobernadores radicales. Eso me dejó descolocado. De repente me encontré con que yo, siendo opositor de Miguel Saiz, gobernador por la UCR, pasaba a ser su aliado”.

Entre las tareas que el kirchnerismo le pidió que afrontara en Río Negro estuvo la instrumentación en 2013 de la salida “ordenada” del exintendente de Bariloche, Omar Goye, quien cumple una condena de cuatro años de prisión efectiva por la Causa ARBOS¹⁶⁷. En una entrevista al diario Río Negro se le consultó si su presencia en la zona no implicaba una intromisión institucional. Pichetto respondió lacónico: “Tenemos responsabilidades institucionales y tenemos que aportar a una salida institucional ordenada y responsable. Hay que restablecer un principio de autoridad. Es fundamental. Todo lo que hay que hacer se debe hacer, si eso es intromisión, es intromisión”¹⁶⁸.

El senador volvería a intentar ser el gobernador en 2015, pero cayó estrepitosamente frente a Alberto Weretilneck, quien obtuvo el 52% de los votos contra apenas el 33% del histórico jefe de la bancada de senadores peronista. Tras la derrota electoral de 2015, perdió la jefatura del Partido Justicialista de Río Negro.

A pesar de la tirria histórica que los distancia, tendió puentes con el intendente de General Roca e hijo del extinto Carlos Gringo Soria¹⁶⁹. Pichetto aúna voluntades con los Soria porque son fuertes en la zona del Valle de Río Negro. Sin embargo, necesitan de la construcción política en el resto de la provincia, donde Pichetto tiene redes tendidas hace mucho más tiempo. A cambio, los Soria podrían ofrecerle a Pichetto la intendencia de Viedma, por la cual su hijo Juan Manuel tiene aspiraciones de competir en 2019.

Al margen de la política territorial, Pichetto le mantuvo al kirchnerismo los manejos del Senado con brazo de hierro. Una de sus grandes derrotas legislativas fue durante la extenuante discusión por la resolución 125. En esa oportunidad, no pudo torcer la decisión del exvicepresidente Julio Cleto Cobos. En las horas previas a la votación, sentó postura: “Si Cobos vota en contra, debe dejar su cargo”. Luego de la decisión del mendocino, no tardó en acusarlo de Judas. Desde su entorno, negaron que haya querido tomarlo a trompadas afuera del recinto, como se dijo por esas horas.

EL SALVADOR

Pichetto cada semana se reúne con empresarios, políticos, economistas. No suele perderse las congregaciones diferidas que tiene el club de la política. En 2001, festejó el cumpleaños de su socio y amigo, el histórico operador judicial Javier Fernández, en el hotel Cuatro Reyes. En ese momento, participaron de los festejos tres miembros de la Corte, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano y Guillermo López, la camarista Luisa Riva Aramayo, los jueces Claudio Bonadio, Sergio Torres, Jorge Ballestero, el exministro menemista Rodolfo Barra y el director electoral Alejandro Tullio. En 2003, se lo vio en la boda del exintendente porteño Carlos Grosso, donde nuevamente actores de peso de la política y la justicia se hicieron presentes. Se sabe: en política, los brindis no son azarosos.

En 2018, el periodista Roberto Navarro publicó que “el 17 de julio a las 16 horas Miguel Pichetto sostuvo una reunión de dos horas con el juez Claudio Bonadio. Una semana después, el juez salió de redada y denunció a Cristina por asociación ilícita. La reunión se realizó en sus oficinas de Paraná 776 y duró dos horas, desde las 16 hasta las 18”. Al cónclave al que refiere el sitio de noticias El Destape asistieron “el gobernador Gerardo Morales y el radical Ernesto Sanz”. Sin embargo, Sanz descartó de plano esa versión: “No existió nunca esa reunión, no sé de dónde sacó eso”.

Cierto es que Pichetto mantiene una relación con Bonadio desde hace décadas. El vínculo se ha ido nutriendo de leyendas varias. Según la revista Crisis:

Un día de fines de 2014, el amigo Bonadio se acercó a verlo con un mensaje destinado a la presidenta. Había caído en su juzgado la denuncia de Margarita Stolbizer que involucraba a Cristina Kirchner en la llamada causa Hotesur, por los hoteles fantasmas de El Calafate. Bonadio le dijo que se podía arreglar sin mayores inconvenientes, que debía elegir un abogado que facilite las cosas y acredite buena llegada a Comodoro Py. Mencionaba, por ejemplo, el caso de Juan Carlos Relats, el dueño del hotel Panamericano que también estaba involucrado en la causa y tenía como abogado a Joaquín Da Rocha, el fugaz procurador del Tesoro en 2010. La entonces presidenta quedó en contestar. Cuando lo hizo, afirmó que su hijo Máximo consideraba el ofrecimiento una extorsión destinada a sacarle plata a la familia.

Desde el entorno kirchnerista desmintieron la versión de Pichetto y descartaron el envío de ese mensaje por medio de él. Como si fuese una contrapartida de la oferta, en 2015, el senador Marcelo Fuentes denunció por lavado de dinero al hijo del juez, Mariano Fulvio Bonadio, dueño del sello MCL Records. Mariano Bonadio posee un estudio de grabación valuado en más de un millón de pesos y estaba inscripto en la AFIP como monotributista en la categoría para personas que facturaban hasta 150.000 pesos al año.

Ninguna de estas disputas hubiese existido si no fuese porque fue el propio Pichetto quien salvó a Bonadio del juicio político que promovió Alejandro Rúa, entonces titular de la Unidad Especial AMIA. Rúa lo acusó de dormir el expediente en el que se investigaba el encubrimiento al atentado. Sin el salvataje de Pichetto, Bonadio hubiera quedado fuera de su carrera como juez federal.

EL PODER DEL SENADO

Para un lobista político es determinante construir puentes, mantener contactos con el poder fáctico, tener anclaje territorial, disponer del manejo de recursos: son las llaves para ofrecer soluciones. En el Senado existe un capital fundamental que se sustenta sobre la base de la relación con los gobernadores: los senadores son representantes de las provincias y, salvo naturales excepciones, suelen responder a los intereses de los mandatarios provinciales. El poder de Pichetto se lo da la presidencia del bloque justicialista que integran casi veinte senadores¹⁷⁰, lo que le permite establecerse como interlocutor ante los gobernadores a los que estos legisladores responden.

El Senado es una fuente de poder. En esa disputa, es importante el reparto de comisiones, en las que primero se negocian en el interior del bloque para dar luego una disputa entre las otras fuerzas. Presidirlas permite avanzar o frenar dictámenes que lleguen a los respectivos tratamientos sobre tablas en el recinto. Las comisiones más importantes son la de Asuntos Constitucionales —por su capacidad para reformar leyes, y que actualmente preside Pichetto—, la de Presupuesto —el ámbito de negociación por excelencia con el Poder Ejecutivo— y la de Relaciones Exteriores —que dota de la autorización y los recursos para que los legisladores puedan viajar—. Cristina Fernández, por caso, integra las tres.

La disputa por los despachos también es una muestra de poder. Las oficinas en el palacio, que son más amplias y mantienen la mejor ubicación, suelen ser para los senadores de fuste. El resto se ubica en el anexo. En la simbología de poder, las ubicaciones de las bancas también dan muestras de la potencia de los senadores. Por tradición, los jefes de bloque se ubican en la segunda fila y a su lado se ubica el senador de mayor confianza. Los senadores periféricos suelen ser los habituales lobistas del jefe de bancada.

Si bien en la naturaleza del Congreso el cabildeo es el mecanismo interno para orientar una ley, existen deformaciones. Las “coimas en el Senado” mostraron el lado más obsceno de los mecanismos del lobby.

La crisis institucional que generó el caso no extinguió, sin embargo, el sistema oculto de dádivas en el marco de las negociaciones para aprobar una ley. El 14 de noviembre de 2010 el diario La Nación publicó que, en el marco de la votación de presupuesto, Pichetto utilizó todo lo que tenía a su alcance para obtener la aprobación. De acuerdo con lo difundido por el matutino, la senadora rionegrina Lorena Rossi, del Peronismo Federal, fue tentada con varios ofrecimientos: “La primera llamada que recibió fue de su referente político en la provincia, Julio Arriaga, a pedido del senador Pichetto, jefe del bloque oficialista. Le ofrecieron dinero y, como no cedía, le dijeron que pidiera lo que quisiera”, relataron dos compañeros de su bloque¹⁷¹.

Otro de los legisladores que prefiere el off suscribe lo que publicó La Nación: “Estaban operando como locos, llamando tres o cuatro veces al mismo diputado. Era un total desmadre porque se superponían las llamadas de ministros, funcionarios, legisladores”.

SOLDADO

Según describe la versión taquigráfica del Senado:

¿Cuándo ocurrió la causa del soldado Ledo? En 1976. Era subteniente. Tenía 19 años. En el Ejército de ese tiempo, un subteniente no podía hablar ni siquiera con un capitán. Existía un orden de prelación y de mando totalmente distinto de lo que es hoy un ejército democrático… Sin embargo, en este caso, Milani no tiene nada que ver. Nunca fue imputado, nunca fue mencionado y los hechos aparecen, qué casualidad, en los últimos 4 o 5 meses. A partir del momento en que se decide elevarlo al rango de teniente general, de repente se convierte en un demonio. Hay una decisión política, que vamos a acompañar, que es acompañar a la presidenta de la nación. Así que vamos a votar positivamente el pliego del general Milani para que sea teniente general de la nación¹⁷².

Circunspecto, como suele mostrarse en cada intervención, Pichetto bajó a la praxis la decisión política del Poder Ejecutivo y logró reunir 39 votos para la aprobación de la jefatura del Ejército de César Milani. El instrumentista del poder convenció a una porción mayoritaria de senadores para imponer la voluntad política del Poder Ejecutivo, desconociendo cuestionamientos de distintos sectores de derechos humanos.

El 17 de febrero de 2017, el exjefe del Ejército fue detenido en La Rioja por orden del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. Además de la causa que lo vincula a la desaparición de Alberto Ledo en Tucumán, Milani fue apresado porque el Poder Judicial consideró, luego de su indagatoria, que fue partícipe del operativo de secuestro de Pedro Adán Olivera y su hijo, Ramón Olivera, en 1977, y la detención ilegal de Verónica Matta, en 1976.

Tiempo después, Pichetto volvería a exponer su postura castrense cuando pidió una “reconciliación” con el Ejército. Sin rodeos, recomendó que las Fuerzas Armadas “tengan una presencia disuasoria en la Patagonia” porque, advirtió, en esa zona hay “mucho promontonerismo” y grupos “preinsurreccionales” con “tufillo a Sendero Luminoso”. Con estas palabras, Pichetto se sumó a la avanzada del gobierno nacional contra la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un grupo al que se le endilgó desde el Poder Ejecutivo tareas vinculadas al “terrorismo” y sobre el cual echó un manto de sospechas por la desaparición de Santiago Maldonado.

LA POLÍTICA CORRECTA

El exdirector de Ámbito Financiero, Roberto García, monta el escenario en Canal 26 sin pretender interrumpirlo. En su espacio televisivo, Pichetto se siente a gusto, aunque mueva sus hombros de manera inquieta, consciente de que está por señalar algo contundente. Luego, se inclina, apoya sus brazos sobre la mesa y se lanza con seguridad: “El problema en la Argentina es la cultura igualitaria. Tenemos que dejar de ser tontos. El mundo está cambiando, es un mundo que se cierra. Todo noviembre el Hospital Rivadavia está ocupado por ciudadanos paraguayos que tienen turnos ya establecidos con anterioridad. No cuestiono esto, lo que digo es que tiene que haber mecanismos para que esos países compensen al Estado”.

Pichetto detuvo su marcha solo unos segundos y luego profundizó: “El problema es que nosotros funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú… Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos y argentinos cómplices de peruanos, no quiero discriminar. Ellos mejoran el problema de sus propios países y la Argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control migratorio… ¿Cuánta miseria puede aguantar la Argentina recibiendo inmigrantes pobres?”.

Las expresiones valieron una misiva de los diplomáticos de Perú y Bolivia, quienes lo denunciaron ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Inconmovible, Pichetto respondió desde el diario Clarín: “No me importa que me digan xenófobo”.

En 2013, durante el debate por la aprobación del Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán, Pichetto validaría que efectivamente no le importaba su xenofobia cuando se refirió a las víctimas del atentado a la AMIA: “El atentado a la AMIA les costó la vida a argentinos de religión judía y a argentinos argentinos que estaban en ese lugar”. De inmediato, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) lo denunció por considerar discriminatorios sus dichos. Pichetto, atento al error, se disculpó públicamente: “Indudablemente cometí un error, en virtud del calor del debate. Es mi deseo pedir disculpas, y por su intermedio a toda la colectividad judía, por esta desafortunada frase”.

Con todo, en 2019 finalizará su mandato en el Senado. Ese día cumplirá 18 años sentado en una banca.

Una de las primeras intervenciones del senador Pichetto en la era Cambiemos fue el apoyo al acuerdo con los fondos buitre. Aliviado, señaló: “Recuperé la capacidad de pensar. Ya no estoy atado por las obligaciones de ser gobierno”.

De esta manera, el jefe de la bancada peronista se presentó ante el nuevo gobierno como un garante de la gobernabilidad, el diálogo y el constructor de una oposición institucionalmente responsable. Rápidamente trazó un puente directo entre gobernadores y la Casa Rosada; dándole al oficialismo en minoría la posibilidad de aprobar los proyectos de ley que le serían necesarios para llevar reformas de ajuste. Entre ellas, el bloque pichettista acompañó el proyecto para reformar el sistema previsional, que implicó un recorte de aproximadamente un tercio en los haberes de futuros jubilados. En el debate, no se establecía el aumento de la edad jubilatoria obligatoria y Pichetto fijó la idea de elevarla a 70, cinco años por encima de lo que indica la norma. En el fragor de la discusión el senador mostró su lado misógino: “Hay mucha gente que no quiere jubilarse a los 65. Por ahí en la casa está la mujer, es mejor quedarse afuera”. Fiel a su tradición reparadora, horas después intentó arreglar su prédica alegando que se trató de un chiste.

El 26 de marzo de 2018 el presidente y Pichetto almorzaron de manera reservada en Casa Rosada. El deseo de Macri era persuadir al jefe del bloque peronista para que sus senadores le den el voto al pliego de Inés Weinberg de Roca al frente de la Procuración. En esos almuerzos reservados, solo el tiempo permitirá advertir qué se negoció exactamente.

Aun así, el bloque justicialista no votó linealmente todas las iniciativas oficialistas. Por caso, Pichetto se negó a aprobar el desafuero de Cristina Fernández. Su actitud le valió la opinión a la aliada de Elisa Carrió, Mariana Zuvic, representante en el Parlasur por Cambiemos, quien lo tildó de ser “quien garantiza la impunidad en el Senado de la Nación y el statu quo. Es don Corleone, y esto no es peyorativo, es descriptivo. Yo analizo las conductas de las personas y no sus dichos”.

Su actitud corporativa tenía antecedentes. En 2003, el senador Luis Barrionuevo exhibió sus aspiraciones de ser gobernador de Catamarca. Sin embargo, la Justicia Electoral no lo habilitó. Amenazante, el sindicalista advirtió que habría hechos de violencia y de sabotaje de la elección de ser necesario, si la justicia no lo habilitaba a competir. Todo esto a pesar de que no contaba con los requisitos constitucionales de mantener cuatro años de residencia previa.

La profecía se cumplió y la patota del gremialista prendió fuego las urnas electorales suspendiendo las elecciones, causal para que se exigiera su pedido de expulsión del Senado. Así lo hicieron. La votación dirimiría el futuro del gremialista, pero cuando el quórum era un hecho, la luz del recinto se cortó sospechosamente, ya que en las adyacencias de la Cámara no existían problemas eléctricos. Tres horas sin luz bastaron para postergar el tratamiento ese día y dar vuelta con tiempo los votos de algunos indecisos.

Cuando la senadora Cristina Fernández retomó su intervención, Pichetto intentó limitarle el uso de la palabra. Los miembros del PJ no soportaban más que Cristina expusiera argumentos para que Barrionuevo fuera expulsado. Conocedora de los mecanismos de lobby de su bloque, la exmandataria le pidió a la senadora Vilma Ibarra que hablase con Diana Conti, porque temía que esta sea persuadida por Pichetto.

Ibarra recuerda que “intenté comunicarme en vano con Diana por el celular, la busqué en su despacho y en las salas contiguas sin éxito. Finalmente, un senador radical me dijo que perdiera las esperanzas porque Diana estaba en el comedor de la Cámara, cenando con Pichetto, quien ya la había convencido de que votara a favor del gremialista acusado”. Pichetto cerró el debate con un discurso que hizo eje en la defensa del peronismo y del Partido Justicialista. Ya tenía contados los votos. Barrionuevo se saldría con la suya, y no sería expulsado de su banca. Pichetto lo hizo.

LA CORPORACIÓN

En el primer año de gobierno de Macri, el presidente de bloque de diputados, Emilio Monzó, propuso un aumento para los legisladores del 47%. Salvo la izquierda, la resolución contaba con el apoyo de todos los bloques, entre ellos el de Pichetto. El “dietazo” se daba en el medio de un fuerte ajuste y una inflación del 40,3%, la más alta desde 2002.

Entrevistado por Julio Blanck y Eduardo Van Der Kooy, Pichetto alzó la voz: “El salario de un senador, además, es más bajo que un subsecretario del Poder Ejecutivo donde se incrementaron el 41% los sueldos. Macri se puso un sueldo de 160.000 y un ministro gana entre 140.000 y 150.000 y nos parece bien. Porque en la administración pública, en general, el destino final es estar procesado y los sueldos tienen que ser razonables. Es hasta lógico que un senador gane 100.000 pesos”.

Con todo, como consecuencia de la polémica, Monzó decidió bajar el aumento para la clase política. De 47%, terminaron cerrando en un 31%.

En cada discusión legislativa, Pichetto funciona de ariete. Parco, elige dar entrevistas con los medios que lo complacen. Los autores de este libro lo buscaron durante más de dos años. Al principio, negó cualquier posibilidad de reportaje, después prometió que se efectuaría, pero nunca se concretó. Su perfil bajo no impidió que se estableciera como el undécimo hombre más influyente de la política nacional, según un informe anual de la consultora Poliarquía. En 2017, un año de mucho trajín legislativo, Pichetto se ubicó como el tercer peronista con más peso, detrás de Sergio Massa y Cristina Kirchner y en el undécimo lugar, después de Macri, el papa Francisco, Elisa Carrió, María Eugenia Vidal, Sergio Massa, Héctor Magnetto, Cristina Fernández, Marcos Peña, Marcelo Tinelli y Jorge Lanata.

Tal vez por eso Pichetto creyó que era un buen momento para ir por su viejo sueño presidencial y comenzó a cerrar alianzas conformando un espacio común con Sergio Massa y los gobernadores Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti.

Su padrino político no tardó en bendecirlo. En la presentación de su libro de memorias, Carlos Menem lo estimuló: “Lo aliento al querido amigo y hermano a que no afloje, siga y continúe porque va a seguir triunfando. Y si se lo mete en el alma, va a llegar a la Presidencia de la nación. No tengo ninguna duda… Querido senador, puede contar conmigo. Porque si yo llegué, ¿por qué no va a llegar usted?”.

El 9 de agosto de 2018, Pichetto presentó su candidatura en La Plata. Con un atril pintado con el símbolo del PJ, entre críticas a Macri y a Cristina Fernández y elogios al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se largó por la presidencia.

Del acto participaron el diputado Diego Bossio, los senadores Alberto Luenzo, Miguel Peirano, Carlos Camau Espínola, Carlos Caseiro, Eduardo Camaño (el expresidente interino y operador de Eduardo Duhalde y luego de Daniel Scioli), Daniel Chicho Basile y Raúl Álvarez Echagüe, entre otros dirigentes históricos del PJ bonaerense. En su intervención dijo: “No somos la avenida del medio, somos el futuro”. A pesar de su entusiasmo, su candidatura no tuvo prácticamente repercusiones. El resultado fue un espejo difícil de aceptar, aunque su inteligencia política le habrá permitido percibir una conclusión: ser un instrumento del poder no es lo mismo que desempeñarlo.

EL ARQUITECTO

El silencio incómodo del auditorio fue la primera consecuencia que no calculó Ernesto Sanz luego de soltar una crítica opositora que se transformó en una prédica segregacionista:

Algunas herramientas, que son buenas en teoría, terminan desvirtuándose en el camino. En el Conurbano bonaerense la Asignación Universal por Hijo, que es buena, en términos teóricos se está yendo por la canaleta de dos cuestiones, el juego y la droga. Usted advierte del dos al diez de cada mes —cuando se liquida la asignación— cómo aumenta la recaudación de los bingos y de los casinos y, cómo se nutre el circuito ilegal de la droga a través de la plata que recaudan los famosos dealers de la droga.

Luego de estas palabras, el proselitismo de Sanz se marchitó como las hojas de ese otoño. Promediaba mayo de 2010 y en una de las habituales giras de campaña por diferentes ciudades santafesinas, el mendocino, que suele calcular cada intervención política, derrapó en una de las visitas a la ciudad de Reconquista. Las expresiones se viralizaron azuzadas por el oficialismo, en especial por el programa 6,7,8 que, desde ese día, lo eligió como el opositor radical preferido y lo ayudó a romper el umbral del desconocimiento.

De todas formas, el de San Rafael reconocería tiempo después, en su libro Apuntes de trabajo, que “el aparato de propaganda del gobierno que se valió de una respuesta confusa que di en un programa radial, donde equivocadamente mezclé el tema de la asignación con la ausencia del Estado en el control del juego y de las drogas. La verdad es que mezclé mal las cosas y no debería haberlo verbalizado de esa manera. Fue uno de esos momentos en que la vorágine cotidiana nos juega una mala pasada”¹⁷³.

Distendido, en sus oficinas de Recoleta, se dispone a hablar del lobby. Los tiempos han cambiado. Si en aquel momento su rol era el de un opositor acérrimo, ahora quien habla es uno de los arquitectos que llevó a Macri a la presidencia. Sentado sobre la cabecera de su mesa de reuniones, plantea una mirada aguda respecto a los poderes corporativos: “El poder del Estado es el que realiza el verdadero lobby cuando ejerce una presión absoluta de su poder sobre otro. No tengan dudas. ¿O ustedes creen que el lobby lo hace solo un sector privado? No hay lobby más pesado, con más influencia y con mejores resultados que el que se hace desde el poder real del Estado”.

Por esa razón pujó por ser presidente o de otro modo construir un candidato potable para que pueda serlo. En 2015, fue artífice del acuerdo establecido entre la Coalición Cívica y Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI) de Elisa Carrió, el partido de Macri, Propuesta Republicana (PRO) y la estructura de la UCR, que el mendocino logró poner a disposición para convertir al jefe porteño en primer mandatario nacional.

Para eso puso todo lo que tuvo a su alcance. El ariete radical no suele esconder su agenda de contactos: a Miguel Pichetto lo llama “su amigo” y tampoco ha hecho esfuerzos por ocultar su relación con el operador político de Paolo Rocca, Luis Betnaza. Justamente, fue Techint quien apoyó sus distintas candidaturas. Su última aventura electoral fue la que mayores tensiones generó dentro del partido. Para la línea interna del radicalismo que ejercen Julio Cobos y Ricardo Alfonsín su postulación fue testimonial para fortalecer la candidatura de Macri. En las PASO de 2015, apenas cosechó un 3,4% de los votos y perdió la interna con Macri. Desde su partido, plantearon que fue el “mariscal de la derrota”. Un sector pidió su expulsión. Sin embargo, a los pocos meses, Macri asumió la presidencia en alianza con el partido centenario. Sanz, afuera de cualquier cargo ministerial, publicó una carta en la que anunciaba que se retiraba de la política. En un tramo destacó: “Creo con todo mi corazón que Mauricio Macri y Gaby Michetti serán el catalizador de un cambio positivo, no tan solo de rumbo hacia el progreso y desarrollo, sino un cambio más profundo y más intenso en aquello que no se ve a simple vista, pero que inunda a toda una gestión”.

RADICAL

Su actividad política comenzó poco antes del advenimiento de la democracia en 1982 y un año después sería electo presidente de la Juventud Radical (JR) de San Rafael. Fue creciendo: en 1987 fue delegado al Comité Nacional por la JR mendocina. Nueve años después de involucrarse en política tomó las riendas como presidente del partido del Departamento de San Rafael. Esto lo ayudaría a convertirse en intendente de su ciudad en 1999.

La crisis de 2001 le dio una oportunidad dentro de su partido, que lo eligió en 2002 como delegado al Comité Nacional. En 2009, se convirtió en el presidente del Comité Nacional de la UCR. En su recorrido, sus maniobras de construcción política no estuvieron exentas de polémicas. Fue Sanz quien propuso en la Convención radical del 14 de marzo de 2015, de Gualeguaychú, que la UCR liderase una amplia coalición opositora al kirchnerismo para las elecciones presidenciales del 25 de octubre, en acuerdo táctico con las fuerzas de Elisa Carrió y la de Macri. La contraparte la conformaban el exvicepresidente y coterráneo Julio Cobos, el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el diputado Ricardo Alfonsín.

En ese cónclave entrerriano se cocinó la alianza. Mientras que el tridente radical obtuvo 114 votos, la postura sostenida de Sanz fue respaldada por 186 congresales. Lo que pareció en ese momento una victoria pírrica, terminó luego con Macri en la presidencia y con la UCR de Sanz tomando un protagonismo prácticamente inesperado.

En comparación, tanto a Sanz como a Pichetto los unen varios puntos. Ambos han sido referentes en el Senado de los dos partidos que marcaron el siglo XX argentino. Se mantuvieron en sus cargos —Pichetto, 18 años, y Sanz, 12, entre 2003 y 2015—, fueron intendentes, tuvieron un rol en el Consejo de la Magistratura, presidieron la Comisión de Asuntos Constitucionales, mantienen anclaje territorial en sus provincias, dialogan, reciben y asesoran a intendentes, empresarios y referentes de la justicia. En suma, han sido arquetipos de los engranajes del poder.

Oportunamente, los dos quedaron expuestos en el lobby público que le hicieron a Julio Cobos cuando tuvo que desempatar la votación por la 125. Mientras que Pichetto le sugería a Cobos que si no votaba en favor del oficialismo debía dejar su cargo; Sanz, que fue el último representante de la oposición en intervenir en el recinto, le recordó con sutileza en varias oportunidades de su discurso que “le hablaba de mendocino a mendocino”. En otras palabras, el senador le recordaba al vicepresidente que si le daba el voto al gobierno, se iba a ocupar de que en Mendoza lo supiese hasta el último coterráneo.

Alberto Fernández recuerda el diálogo con Julio Cobos en la víspera de la votación para pedirle su apoyo: “Es que no puedo, Alberto. Mi hija me dice que si voto con el gobierno no puedo caminar en paz por las calles”, insistió Cobos, con la voz quebrada. Ante esa respuesta, el jefe de Gabinete lo presionó: “De haber sabido esto, conversaba con tu hija, pero yo pensaba que el vicepresidente eras vos. No tengo más que decirte, Julio, solo espero que no te equivoques”.

***

Desde que Macri asumió como presidente, a Sanz lo llaman el “el ministro sin cartera” o “el consejero”. Comparte con el presidente el fanatismo por Boca. A partir de diciembre de 2015, se ocupó de colaborar con el gobierno desde la periferia. A poco que asumió Cambiemos, el mendocino reivindicó dos medidas del gobierno para disciplinar políticamente a distintos sectores corporativos. Celebró que hayan quitado a Luis Scervino de la Superintendencia de Seguros para disciplinar a los sindicatos, y destacó la apertura del juicio político que terminó con la destitución de Eduardo Freiler. Para Sanz, fueron un ejercicio del poder puro y duro: “Dos mensajes contundentes del gobierno a dos corporaciones: la judicial y sindical”.

Sanz considera que en política el lobby se presenta de otro modo. Concretamente, “un mecanismo de lobby es la amenaza de la judicialización de las medidas. En el Congreso funciona mucho la amenaza de judicializar que parte desde distintos lugares. Es un modo de hacer lobby. Muchas veces esto además de hacerse de manera mediática se ejecuta puerta por puerta, despacho por despacho. Eso es lobby”.

PUERTA GIRATORIA

Durante la entrevista, Sanz se empeña en minimizar los errores del Gobierno. Para él, la gestión de Macri mantiene la pulcritud de la camisa blanca que lleva puesta. Sin embargo, por momentos no encuentra alternativas para aceptar las decisiones del Ejecutivo. Ante la pregunta: “¿Qué piensa sobre el desembarco de ejecutivos al Estado que luego garantizan beneficios para el sector privado?”. Contesta:

Reflexiono lo siguiente, ¿los gobiernos deben tener funcionarios que sean de gobierno con vinculación con los sectores, o deben tener funcionarios de los sectores dentro del gobierno? Yo creo que la primera opción es la que debe ejecutarse. Mi visión es esa. Tengo muchas diferencias dentro de la coalición de gobierno que formamos con el presidente en este punto. Esto tiene que ver con la concepción de quien conduce. En este caso tenés un presidente que viene con una trayectoria en el sector empresarial, por eso conformó de ese modo el gabinete. Yo no lo comparto.

Sanz tiene razones para no compartirlo: la coalición de gobierno a la que ayudó a constituir tuvo reiterados casos de lo que se conoce como “puerta giratoria” o revolving doors, es decir, el mecanismo por el que un empresario ingresa al sector público con el afán de dar beneficios al sector al que luego retornará. El gabinete de Macri tuvo ejemplos paradigmáticos, como fueron los casos de Juan José Aranguren, CEO de Shell, Luis Etchevehere del sector rural o el exsecretario de Energía, Javier Iguacel, a quien no le tembló el pulso para resarcir al sector energético con la firma de una resolución para que se paguen en 24 cuotas las pérdidas devaluatorias. La compensación a las empresas sería pagada por los usuarios, pero gracias a la intervención de los sectores radicales, finalmente, el resarcimiento correrá en manos del Estado. Menuda solución.

165. La ley apunta a que el Estado pueda recuperar los bienes y fondos obtenidos de forma ilícita, para casos de delitos federales como corrupción, narcotráfico y lavado de dinero.

166. Versión taquigráfica período 136, 7.ª sesión especial, 22 y 23 de agosto de 2018.

167. Goye era contador del Policlínico ARBOS y desvió un aporte de dos millones de dólares del Estado para evitar la quiebra hacia sociedades en las que eran accionistas.

168. Ver: www.rionegro.com.ar/portada/nacion-y-PROvincia-llevan-la-presion-a-bariloche-NQRN_1041903

169. El Gringo murió como consecuencia de un disparo de su esposa, luego de tres semanas de ser gobernador electo, el 31 de diciembre de 2011. Antes de su trágico deceso, en mayo de 1994, se publicó una foto histórica en la que Soria compartía la mesa con Erich Priebke, el criminal de guerra nazi acusado por el asesinato de 335 personas en las Fosas Ardeatinas de Roma, que se ocultó en la ciudad de Bariloche. Después de haber sido ministro de Seguridad y Justicia de Duhalde, diputado nacional, y dos veces intendente de Roca. En julio de 2002 como responsable de la SIDE ocurrieron los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Fue la entonces senadora Cristina Fernández quien denunció a Carlos Soria de hacer espionaje ilegal y perseguir desde la SIDE a ella y a su marido, Néstor Kirchner. Las vueltas de la política harían que Cristina apoyase la candidatura de Soria que lo consagró a la gobernación.

170. El bloque se dividió luego de la votación del Proyecto de Presupuesto 2019, un momento en el que los tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin rompieron y se salieron del armado de Pichetto.

171. Ver: www.lanacion.com.ar/1324707-historias-de-promesas-y-presiones-en-la-madrugada

172. Versión taquigráfica del 18 y 19 de diciembre de 2013. Período 131, reunión 21.

173. Ernesto Sanz: Apuntes de trabajo. Buenos Aires, Del Nuevo Extremo, 2015, p. 119.

Capítulo 14

El dragón

La pelota se detiene en la mitad de la cancha de fútbol que se empotró especialmente para las actividades proselitistas de la campaña presidencial de Daniel Scioli. Son las diez de la mañana, corren los primeros días de enero y el escenario deportivo está de estreno. Alrededor del miniestadio, el océano Atlántico se muestra calmo y apenas recorre la bahía curva que a fines del siglo XIX respondía al apelativo de Playa de los Ingleses, por entonces el lugar preferido para veranear de la clase alta porteña. Tiempo después, a esta costa artificial marplatense terminarían por llamarla Varese.

El sol raspaba las espaldas de Alberto Pérez —jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015, bajo la gobernación de Daniel Scioli— que se disponía a participar del pleito futbolístico. Su equipo vestía remeras naranjas, cruzadas de modo vertical por bastones negros. Llevaban estampada una publicidad con el eslogan sciolista: “Activa Buenos Aires”. Adentro de la cancha, deambulaban ministros, secretarios y subsecretarios, un diputado y funcionarios bonaerenses. La torpeza de varios desató algunas riñas. Más allá de los enojos, se respetaba la jerarquía política. Harto de la paupérrima actuación, Pérez echó de la cancha a su arquero, el subsecretario administrativo, Walter el Gordo Carbone, quien se fue refunfuñando no sin antes revolear la pechera, como un niño caprichoso. Con sorna, un ministro le gritó que la prenda le quedaba como un babero.

Los jugadores pujaban por pertenecer a la selecta “Banda de Alberto”. Por esa razón, no faltaron a la cita. El reto de Pérez a Carbone era un ejercicio de poder que excedía el ocio deportivo. En La Banda (una organización interna dentro del gabinete) casi todo tenía un metamensaje, y sus miembros debían comprender el lenguaje. ¿En qué consistía? Cumplir con una exacción: una tarifa impuesta por la cartera de la poderosa Jefatura de Gabinete.

Para ser parte de ella, exigían un diezmo del presupuesto asignado a cada área de Gobierno. Los propios titulares de las carteras del Gabinete se encargaban de hacerlo llegar a través de terceros. A los flamantes ministros les daban la bienvenida con las suficientes señales para que comprendiesen el mecanismo. Si no decodificaban el mensaje, les dejaban otro tipo de recado: probablemente, tendrían que sufrir los embates del “fuego amigo”. Saber cómo funcionaba el sistema permitía, por caso, la protección de Jefatura de Gabinete para que el funcionario se mantuviera en el cargo si alguna crisis política lo afectaba. De lo contrario, las trapisondas estaban a la orden del día. Los buenos intérpretes, rápidamente, tenían que ubicar a Carbone. Y el Gordo recaudaba.

Veinte meses después de dejar la cancha mascullando bronca, los medios masivos de comunicación imprimieron en sus pantallas diferentes planos de su casa 46, del privilegiado lote de Las Araucarias, ubicada en el Country Abril, en Hudson. La tevé volvió viral la imagen de un dragón de metal alado incrustado entre una piscina y una cancha de fútbol. El enorme lagarto de casi tres metros de alto no era más que una escultural caja fuerte revestida de metal. En su extremidad derecha sostenía una bandera argentina.

El allanamiento se ejecutó por una denuncia de la legisladora Elisa Carrió por presunto lavado de dinero, que es parte de la mega causa conocida como “Las cajas negras de Scioli”. Se investiga, entre otras líneas, el origen de 17 millones de pesos. La pesquisa permitió advertir que el exsubsecretario se habría beneficiado con el cobro en efectivo de más de 10,7 millones de pesos durante 2014 y 2015, luego de manejar órdenes de pago avaladas por su jefe, Alberto Pérez, en 25 expedientes respaldados con facturas apócrifas.

El fiscal Álvaro Garganta, de histórica disputa política con el exgobernador, calculó que el origen de los fondos provenía del arca provincial y que habrían sido utilizados para la campaña presidencial de Scioli. A su vez, consideró que las “cajas negras” son parte del sistema que se utilizó para el financiamiento de la política y que tenía como arquetipo la utilización de facturación ficticia, empresas fantasmas, gastos sobredimensionados, entre otras artimañas. Carbone, que en 2007 figuraba como monotributista, ejerció como apoderado del FpV y fue el responsable económico y financiero de la campaña de 2015.

Para Alberto Pérez, el hallazgo del dragón fue un “show montado”, porque era una “bóveda para guardar cloro”. “Estaba vacío”, se excusó. Las fotos del allanamiento que publicaron los portales dejaban ver el revestimiento del reptil que incluía una placa que, entre sus versos, destacaba: “Dragón de metal, posee grandes valores como la honestidad”.

PLATA NEGRA

El aporte del empresario asesinado, Sebastián Forza, a la campaña presidencial de 2007; la valija con casi 800.000 dólares que el empresario venezolano-estadounidense Antonini Wilson intentó hacer ingresar sin declarar con el aparente destino de fondos para la campaña de Cristina Fernández; el inefable dragón de Walter Carbone; los bolsos que revoleó por arriba del convento el exfuncionario José López; las coimas que denunciaron los empresarios arrepentidos por la causa que desataron los cuadernos de Centeno; el listado de aportantes falsos que le quitó el velo de pulcritud a la gobernadora María Eugenia Vidal; las fundaciones de funcionarios del PRO como cáscaras vacías para recaudar; la denuncia de Lorena Martins contra su padre, el exagente de inteligencia y proxeneta Raúl Martins, por aportar a la campaña para la reelección de Mauricio Macri en la ciudad; los 300 empresarios que insuflaron 84 millones de pesos a la campaña presidencial del presidente, etcétera. Todos estos hechos tienen, al menos, tres denominadores en común:

El financiamiento espurio de la política y el uso de dinero negro.

La imposibilidad de la corporación política para poder explicar la trazabilidad y el origen de los fondos de campaña.

La continua conformación de estrategias para incumplir con la ley de financiamiento de partidos políticos.

En suma, el problema del financiamiento de la política es histórico, sistémico, transversal y estructural. La opacidad de la recaudación del dinero que sostiene las estructuras partidarias quedó expuesta tan solo con la desaprobación de los balances de las principales fuerzas políticas que compitieron en las últimas elecciones presidenciales. El fiscal Jorge Di Lello, encargado de estudiar los balances, mostró que, en la de 2017, la alianza Cambiemos, el FpV, el Peronismo Federal y el Frente Renovador no pudieron explicar en qué gastaron y de dónde provino el origen de los fondos que utilizaron para la campaña Estas cuatro fuerzas representaron el 90% del padrón electoral. Por su parte, el Cippec, Poder Ciudadano y la fundación RAP advirtieron que el 80% de los aportes de los fondos de campañas no está blanqueado.

“No es casualidad que se desconozca realmente quién financia a la política. Nuestros representantes se sienten cómodos no indicando realmente de dónde salen sus fondos”, advirtió el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi. Para él, los partidos han desarrollado un sistema montado sobre la falacia cuidadosamente, o no tanto, trabajada:

Los partidos políticos mienten, siempre, en todas las campañas. El de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires es un caso más en el cual se usan nombres para blanquear dinero del sector privado. Se sospechó de eso también en la campaña del FpV de 2015, donde 500 monotributistas de la categoría más baja aparecían como donantes en los informes, y esto fue alertado por la Cámara Nacional Electoral. Los indignados de hoy son los acusados de ayer. Los impolutos de ayer son los investigados hoy. En el medio, como siempre, los ciudadanos.

FORZA, CRISTINA

El antecedente que puso la lupa sobre el financiamiento de la política tuvo su punto de inflexión en la campaña de Cristina Fernández de 2007,cuando trascendió que uno de los más importantes contribuyentes a la campaña fue el empresario Sebastián Forza, asesinado en 2008, presuntamente por una banda narco. Ese homicidio fue conocido como el triple crimen de General Rodríguez¹⁷⁴.

El caso fue asociado además con la “Mafia de los medicamentos”, por el cual el juez federal Ariel Lijo procesó a Héctor Capaccioli (exsuperintendente de Servicios de la Salud), al sindicalista Juan José Zanola, al exlegislador porteño por el FpV Sebastián Gramajo, al empresario Gabriel Brito y a Solange Bellone (viuda de Sebastián Forza), entre otros. En su dictamen señaló que hubo 886.000 pesos aportados a la campaña del FpV por tres farmacéuticas: Multipharma, Global Pharmacy (de Gabriel Brito) y Seacamp (de la mujer de Forza).

En la misma campaña, el empresario Guido Antonini Wilson fue detenido luego de bajar de un avión privado contratado por Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) e intentar ingresar una valija con 790.550 dólares sin declarar. El propio Wilson reconocería públicamente que el dinero que intentó ingresar ilegalmente “era para la campaña de Cristina”.

Con todo, la legislación sobre los aportes de campaña sufrió modificaciones con la aprobación de la Ley N.º 26215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, que se promulgó en 2007 y que volvió a reformarse en 2009. A partir de allí, se prohibieron contribuciones anónimas, de empresas concesionarias de servicios u obras públicas y asociaciones sindicales, entre otras. La normativa advirtió que en períodos de campaña tampoco pueden hacerlo las personas jurídicas y fijó topes de personas físicas que no pueden superar los 3,5 millones.

Sin embargo, como la norma no les pone tope a los aportes en efectivo, las donaciones por esos montos se realizaron con el uso de billetes. En torno de la transparencia, esta situación es problemática, ya que garantiza el anonimato del donante, se dificulta el control sobre los fondos y, en efecto, se facilita el lavado de dinero. Desde 2007, los aportes privados declarados por las campañas que fueron realizados en efectivo representaron el 88%; en 2011, el 92%; y en 2013 y 2015, el 90% del total.

ESTADO NEGRO

La reforma electoral de 2009 estableció la Ley N.º 26571, conocida como de “Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”; tenía como finalidad reducir las diferencias de recursos entre los partidos políticos, transparentar el origen del dinero que se utiliza para sus actividades proselitistas y reducir los gastos de campañas.

Desde la reforma, el total de los fondos que emite el Estado a las distintas fuerzas políticas se reparten del siguiente modo: 50% distribuidos en todos los partidos y 50% se distribuye entre los 24 distritos en proporción al total de electores correspondientes a cada uno, es decir de forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección general. Bajo estos preceptos, se restringió el uso de recursos privados —se prohibieron los aportes de personas jurídicas para campañas y la contratación de publicidad en radio y TV— y se dispuso la distribución de espacios de publicidad en medios audiovisuales para todas las agrupaciones que participen de cada elección.

Aun así, el financiamiento de la política tiene al menos cinco problemas centrales que conspiran contra la transparencia:

1) La falta de control.

2) La utilización de los fondos que se asignan para la impresión de boletas.

3) Los fondos para realizar pauta publicitaria.

4) Los recursos destinados a la web y publicidad virtual que no tienen ningún tipo de monitoreo.

5) El aporte privado.

La falta de control es uno de los principales déficits para mejorar el accionar de los partidos políticos. Fundamentalmente, porque el Cuerpo de Auditores cuenta a la fecha con apenas siete auditores y un coordinador. Durante 2017, recibió 3727 informes financieros para analizar. Este cuerpo que depende de la Cámara Nacional Electoral (CNE), además, subcontrata una empresa privada que realiza el relevamiento de las actividades proselitistas siguiendo los actos públicos que los partidos publican en los medios de comunicación. Sin embargo, no logran evitar que la política subejecute fondos y presente sus ejercicios financieros con números reales.

Las burlas están a la orden del día: una fuerza política utiliza cartelería urbana para visibilizar un candidato. Cuando la empresa llama a la fuerza política para justificar gastos, alegan que ellos no fueron, que “tal vez haya sido algún militante de su fuerza”.

Por otro lado, el letargo de la justicia favorece que los partidos políticos diseñen presentaciones ante la justicia para “blanquear” el dinero utilizado en la campaña. Con todo, casi dos años después de la elección presidencial de 2015, la juez María Servini no aprobó los gastos de las campañas presidenciales de las alianzas Cambiemos, FpV, Unidos por una Nueva Argentina (UNA) y Compromiso Federal por no haber podido explicar el origen de los fondos de sus campañas. Incluso, los 32 partidos del orden nacional presentaron irregularidades en relación con la ley de financiamiento.

En la Argentina, las represalias son las sanciones exiguas que prevé la Ley N.º 26215. Contempla, como pena máxima, la pérdida del derecho a recibir todo recurso de financiamiento público anual por un plazo de uno a cuatro años. Según datos de la CNE, la multa más severa en la última década fue de 256.000 pesos al FpV, la fuerza que recibió mayores apercibimientos: 47 multas. Le siguen la Coalición Cívica con 15 sanciones, la UCR, con 11 y el PRO, con 6. Naturalmente, en términos de recursos, los castigos son menores en relación con los fondos que recaudan y administran las distintas fuerzas políticas.

Ni lentos, ni mucho menos perezosos, los estudios jurídicos que defienden a los empresarios involucrados en la causa de los cuadernos de Centeno actualizaron sus declaraciones alegando que, en realidad, “no pagaron coimas”, sino que el dinero que ofrendaron a la clase política fue en concepto de “aportes a la campaña”. Los “arrepentidos” prefirieron el sayo de la benévola ley electoral que no incluye penas de prisión.

Las impresiones de boletas son el rubro donde las fuerzas políticas obtienen mayor dinero. En la última elección presidencial el Estado aportó más de 180 millones de pesos para que los partidos puedan contar con los recursos suficientes para la impresión de boletas. Como el reparto de los fondos según la ley es por cantidad de votos recibidos, en las elecciones de 2017 el FpV fue el más favorecido con 64 millones.

Desde la fiscalía con competencia electoral a nivel federal, que conduce Jorge Di Lello, reconocieron que el principal problema es la imposibilidad que tienen para comprobar la cantidad de boletas, porque además de los fondos que el Estado destina para la impresión, las fuerzas vuelcan sus propios recursos para el mismo fin. Ergo, es prácticamente imposible saber cuál es el número real de boletas que maneja cada fuerza política.

¿Cómo funciona el mecanismo para recaudar?

Se crea un partido para recibir parte de los fondos que la Dirección Nacional Electoral les deposita para la impresión de boletas electorales. En oportunidades, se crean varias listas internas para cuadruplicar los gastos y justificar en sus balances.

El partido encarga una impresión real de boletas, y una imprenta elegida o creada para la ocasión será la encargada de emitir las facturas por una cantidad todavía mayor de boletas que no se imprimirán.

La imprenta que se asocia con las autoridades del partido le vende estas facturas por la impresión no realizada a un precio de entre el 10 y el 15% del monto de la operación. Tener una imprenta “amiga” permite obtener facturas que no coinciden con las impresiones reales de las boletas. El kirchnerismo tuvo su caso paradigmático con el caso Ciccone Calcográfica (ver Parte I, capítulo “El poder detrás del poder”).

El partido le paga a la imprenta estas facturas y luego las presenta en el Informe final de campaña.

Este mecanismo es un “manual de recaudación” que podría caberle a la mayoría de las fuerzas políticas. En la última elección quedó expuesto de manera obscena el caso del candidato Daniel Madeo del Peronismo Federal (PF), que compitió en las elecciones intermedias de 2017.

Madeo habría recibido 12 millones de pesos para la impresión de boletas. Su partido solo gastó en impresión real un millón de pesos. Los 11 millones de pesos restantes fueron presuntamente facturados por una sociedad anónima creada una semana antes de las elecciones. La firma que ofició de imprenta se hizo llamar “Esta S. A.” y no tenía antecedentes comerciales, ni equipamiento: su domicilio legal declarado fue, aunque usted no lo crea, la sede del PF. El candidato logró facturar por la totalidad del padrón y solo imprimió un 15% de boletas.

Flavio Madeo, hijo del presidente del PF y su apoderado en Buenos Aires se presentó a cobrar en el Banco Provincia 5.490.000 pesos correspondientes al aporte para la impresión. El caso está en manos de la justicia.

Si bien la reforma de 2009 equilibró el reparto de pauta oficial y obligó a los partidos políticos a devolver aquellos fondos públicos que no fuesen utilizados para la campaña, la pauta oficial fue durante muchos años una enorme caja para que esos recursos tengan otros fines. Distribuida de modo discrecional por el oficialismo, generó el efecto de “cancha inclinada”, un modo de dotar de mayores recursos a aquellas fuerzas que son oficialismo para que obtenga ventajas electorales.

Un análisis de la Fundación UADE mostró que el reparto de publicidad oficial entre 2000 y 2017 superó los 51.000 millones de pesos. En 2000, Darío Lopérfido durante la gestión de Fernando de la Rúa administró 16.316.127 dólares, al tipo de cambio de 2018 serían más de 650 millones de pesos. En 2004, se dio el primer gran salto de fondos para la difusión cuando la administración de Kirchner incrementó 135% y superó los 1700 millones de pesos (según el valor del dólar de enero de 2018). Desde allí nunca se bajó de los 100 millones de dólares anuales. El récord lo tuvo la gestión de Cristina Fernández que en 2009 invirtió 6000 millones de pesos. Las imponentes cifras se mantuvieron hasta la última elección intermedia de 2017, en la que el Poder Ejecutivo destinó casi 3000 millones de pesos. Con lo que se destinó a la “difusión de actos de gobierno” durante el período 2000-2017 podrían haberse realizado 1700 kilómetros de autopista. La extensión de estas en la Argentina es de 2900 km en todo su territorio.

Con la reforma de 2009 se distribuyó más equitativamente la pauta publicitaria. Sin embargo, las distintas fuerzas políticas volcaron sus esfuerzos económicos en internet, donde la regulación todavía no encontró límites. En este aspecto, el fiscal Jorge Di Lello admitió que “la justicia casi siempre está detrás de los hechos”¹⁷⁵.

Los recursos destinados a la web y publicidad virtual no tienen ningún tipo de monitoreo. La creatividad del sistema político para adulteración de los gastos es inagotable. Los lugares comunes suelen ser la contratación de encuestadoras, el estudio de focus group, la contratación de informes políticos, entre otros. En la actualidad, la falta de legislación en las campañas por internet se ha tornado un verdadero problema, no solo para la Argentina, sino a nivel global.

La oscuridad en el uso de recursos se traslada a la “campaña sucia”. En 2018, el mundo conoció el escándalo de la “campaña de Trump”, cuando trascendió que el presidente norteamericano Donald Trump contrató los servicios de la consultora Cambridge Analytica en 2016 y destinó más de 6,2 millones de dólares, según datos de la Comisión Electoral Federal. El sitio admitió que “aportó a la campaña presidencial de Trump la experiencia y el conocimiento que lo ayudaron a ganar la Casa Blanca”. Alexander Nix, CEO de Cambridge Analytica, aceptó que la compañía participó en cientos de campañas electorales en todo el mundo. Incluso, el CEO admitió, durante una audiencia de la Comisión de Asuntos Digitales, Cultura, Medios y Deporte del Parlamento británico, que la compañía “trabajó en la Argentina”, donde realizó una campaña “anti-Kirchner”, pero no reveló para qué cliente.

A nivel local, existe otro problema que es la utilización de consultoras que aportan y que luego son las principales beneficiadas por el Estado.

Por citar apenas algunos ejemplos: el corredor de rally, Orlando Terranova, creador del portal MDZ Online, fue aportante de la campaña de Mauricio Macri en la ciudad. Una vez que fue reelegido, su grupo de medios fue el tercer beneficiado de pauta oficial del gobierno porteño en el primer semestre de 2013. El sistema se trasladaría con Macri ya en la Presidencia de la nación. La firma Health Services aportó 1,5 millones de pesos a Cambiemos en 2017. Al poco tiempo, recibió seis contratos provenientes de distintos ministerios cuya facturación, como es obvio, recaería en el Estado.

Por estas razones, muchos legisladores opositores en la ciudad de Buenos Aires recuerdan el veto de Macri a la ley de publicidad oficial en 2010. La normativa regulaba los abusos de la publicidad oficial. Fundamentalmente, prohibía “incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector público de la ciudad de Buenos Aires”.

Además de los opacos recursos privados que reciben los partidos políticos, existen otros tipos de mecanismos para obtener dinero. Los más habituales son los eventos de fundraising, como las cenas de recaudación. La cara visible del fundraising PRO es Flavia Martini, presidenta de la Fundación G25, que es la encargada de recaudar en este tipo de eventos bajo la supervisión de José Torello, apoderado del PRO y jefe de Asesores de la Casa Rosada. La primera cena de campaña para las elecciones intermedias de 2017 recaudó 2,5 millones de pesos. El cubierto valía 2500 pesos. En la actualidad, casi no existe fuerza política que en campaña no realice esta acción como modo de recaudar fondos.

A su vez, existen otras maneras que provienen del aporte del sector privado. Allí, los lobistas están a la orden del día. El sistema es circular. En las elecciones presidenciales la política sale a recaudar fondos; pero muchas veces es al revés: los empresarios son los que buscan a los operadores políticos para acercar sus jugosos dividendos. No solo se trata de dinero, sino de estructuras para la campaña: hotelería, aviones para los traslados, servicios de todo tipo. Todo sea para que el candidato alcance su objetivo, y ese apoyo retorne con beneficios cuando sea presidente.

Un ejemplo de este dispositivo circular es el empresario Juan Carlos Goycochea, ex CEO de la empresa Isolux Argentina S. A., quien aportó dinero al financiamiento de la campaña del PRO y fue retribuido por su apoyo. Durante la gestión de Macri, Isolux vendió a la firma Sideco Americana, que lidera Gianfranco Macri (hermano del presidente), seis parques eólicos que había obtenido por licitaciones poco transparentes. De inmediato, Sideco le vendió estas concesiones a la firma Genneia y obtuvo una rentabilidad de 15 millones de dólares. La operación abrió una causa que está en manos del fiscal Eduardo Taiano.

El problema de la opacidad de los aportes es transversal y no tiene ideología política. Ángelo Calcaterra, el primo del presidente, figuró como aportante en 2007 por 398.000 pesos para la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos a través de su empresa Creaurban S. A.

Citado como testigo, Alconada Mon precisó que, entre 2014 y 2015, “lo que hacía Macri era reuniones con empresarios muy importantes, uno a uno, en encuentros individuales, y con el resto de los empresarios, pero de a 25 personas. A todos Macri les pedía el 1% del patrimonio de ellos, y ante el asombro, les argumentaba que él exigía el 1% porque el 99% restante iba a valer mucho más con él como presidente de la nación”. En un tramo de su testimonio, el periodista de La Nación señaló a Nicolás Caputo y Edgardo Cenzón como los encargados de recaudar para la campaña presidencial de Macri:

Estos dos referentes coordinaron un equipo abocado a recaudar fondos que terminó superando los 1700 millones de pesos, apoyado en la recaudación que obtuvieron de medianos y grandes empresarios, aportes de funcionarios y militantes, y en un determinado momento, un adelanto financiero del propio Nicolás Caputo, cuando las encuestas mostraban tercero a Macri. Entre los empresarios que aportaron fondos aparecen empresas constructoras, empresas de seguridad privada con contratos vigentes o ya vencidos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como también algunos de los empresarios que figuran hoy en la causa “cuadernos de la corrupción”, al igual que cámaras sectoriales, como CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos).

Luego explicó cómo se habrían hecho los pagos:

Con respecto a los aportes en efectivo, recuerdo que uno de los mayores problemas que tuvieron todos los equipos de campaña es que las donaciones se entregaban en dólares, y siendo aportes clandestinos, debían recurrir a cuevas financieras, lo cual llevaba a otras dificultades, porque no en todas las provincias contaban con cuevas financieras de confianza y liquidez suficiente para cambiar los montos requeridos, lo cual llevó a su vez a los equipos de campaña a la necesidad de transportar fortunas en efectivo, en avión o en camionetas por todo el país.

LA POLÍTICA A SU SERVICIO

Las estratagemas para evadir la ley en muchas ocasiones rozan la torpeza y la obscenidad a las que casi ningún partido político escapa. Por caso, en la campaña 2015, las formas sciolistas de justificación de los aportes de campaña se mantuvieron bajo el sistema “Smurf Laundry” o “Lavado Pitufo” —en referencia al pequeño personaje animado de color azul—, que consta en licuar los aportes más voluminosos, una especie de blanqueo a través de pequeñas cantidades de dinero sobre un amplio número de personas físicas.

El sciolismo presentó 4248 “soldados” que aportaron para justificar los 110 millones de pesos que declaró ante la justicia. Una de las “torpezas” que cometió el apoderado del partido, Walter Carbone, fue la de presentar un listado con 700 monotributistas de las categorías más bajas que llegaron a donar 40.000 pesos cuando su límite de facturación anual era inferior a los 48.000 pesos. Según el informe financiero, aparecían, además, 212 aportantes. Entre ellas, 182 eran funcionarios de la Agencia de Recaudación Buenos Aires (ARBA). Esto recibió el rechazo de plano de la Junta Electoral por inconsistencias. Lo que hizo el equipo de Scioli fue llevarse el listado y cambiarlo de modo íntegro. Alegaron que se equivocaron de nombres.

Si bien este tipo de tributos no viola la Ley N.º 26615, lo que muestra es el ardid de las fuerzas políticas que, ante la prohibición de que lo puedan hacer las empresas, lograron obtener los recursos adquiriendo el aporte a título personal. Existe un punto ciego: si los aportes son realizados por los empleados y funcionarios que integran el Estado, ¿quién termina pagando, a ciencia cierta, la campaña proselitista?

Las impericias se repiten: en la campaña de 2013, figuró como principal aportante el empresario del juego Cristóbal López, cuando la ley en su artículo 15 prohíbe expresamente las donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar, una de las cajas políticas por excelencia.

Por las irregularidades, Miguel del Sel, exdiputado, excandidato a gobernador y exembajador en Panamá, fue inhabilitado por la Justicia —con un fallo del juez Reinaldo Rodríguez— para ocupar cargos públicos por el plazo de seis meses por no poder justificar ni dar certeza sobre el origen de sus fondos para la campaña electoral de 2012. A su vez, el fallo indicó que ni el presidente ni el tesorero, responsables políticos y económicos de esa fuerza, pudieron explicar quién hizo los aportes y cómo se gastó ese dinero¹⁷⁶.

Como si fuese un acuerdo tácito, el macrismo, por su parte, no pudo acusar desde la ética a su principal fuerza opositora de utilizar formas irregulares, ya que el estilo de recaudación de Cambiemos fue la de ridiculizar la ley haciendo que los aportes los realizaran las segundas líneas empresariales a título personal. Así, gerentes, directivos, accionistas y hasta empleados aportan sus dineros a la campaña. No hay que irse muy lejos en el tiempo para encontrar que, en la última campaña presidencial, la fuerza política del presidente quedó expuesta por haber recibido 3 millones de pesos de empresas, a pesar de que la ley impide la contribución de las compañías contratistas del Estado.

Tiempo atrás la ingeniería de recaudación del PRO fue más sofisticada y creó fundaciones para la ocasión. Este tipo de instituciones fueron la mecánica para reemplazar el sistema de aportes de las empresas. Sin embargo, las desprolijidades y los hechos de corrupción quedaron a la luz de un modo sistémico. A los casos de Fernando Niembro y de la vicepresidenta Gabriela Michetti, se sumaron los aportantes truchos de la gobernadora María Eugenia Vidal en las elecciones de 2017.

Con todo, la CNE informó que, en las últimas dos elecciones, se falsificaron, en total, 7000 aportantes, entre los de Cambiemos, el sciolismo y el Frente Renovador, de Sergio Massa. En un informe publicado en La Nación, Alconada Mon indicó que si bien en 2015 Cambiemos oficializó que gastó 160 millones de pesos, el cálculo real rondaría los 1500 millones. Según la CNE, en 2015, el límite de gastos de campaña que se fijó por resolución fue de 86 millones para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y 172 millones para las generales.

EL APORTE DE VIDAL

Si bien la gobernadora Vidal no fue candidata en las elecciones intermedias de 2017, su imagen honesta y de luchadora épica contra las mafias bonaerenses se puso a traccionar para las listas que encabezaron Graciela Ocaña y Esteban Bullrich como candidatos a diputados y senadores nacionales, respectivamente.

En julio de 2018, su figura impoluta quedó hecha trizas luego de que se conociera la investigación del periodista Juan Amorín, quien expuso una serie de irregularidades en la financiación de la campaña electoral legislativa de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Quedó al desnudo el sistema de recaudación con falsos aportantes que utilizó la alianza Cambiemos para justificar los 155 millones¹⁷⁷ que recibió el PRO para hacer la campaña.

El escándalo fue creciendo proporcionalmente al ritmo de las irregularidades hasta el punto de que miembros de la propia alianza Cambiemos, como es el caso del intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, desestimó haber aportado 50.000 pesos pese a que figuraba en los listados. Lo mismo ocurrió en el caso del titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Ramón Ayala, y Oscar Marasco, candidato a intendente de Ituzaingó, que dijo que usaron su lista completa de candidatos para justificar aportes de entre 18.000 y 50.000. Marasco se presentó en la justicia para contar que “se usaron los nombres de candidatos oficialistas para blanquear cerca de 40 millones de pesos como “aportes privados” en 81 municipios bonaerenses.

Según la justicia, 99 de 100 casos de aportantes negaron haberlo sido y se encontraron afiliados al PRO sin saberlo.

La justicia verificó que, al menos, 189 personas figuran como aportantes a la campaña de Cambiemos de 2017 que son beneficiarias de la Anses, cobran Asignación Universal por Hijo, Programa Hogar, Progresar, o están dentro del Programa Ellos Hacen o Argentina Trabaja y Hacemos futuro.

La lista de aportantes al PRO combinó a 100 grandes empresarios y compañías que aportaron entre 500.000 pesos y 3 millones de pesos, y que sumaban 130 millones de pesos.

El juez Ernesto Kreplak identificó a 4721 aportantes físicos a esta campaña. Entre estas personas, unas 1147 eran beneficiarios de planes sociales (567) y monotributistas sociales (580). Según el juez, conformaron el universo de los contribuyentes más sensibles de Cambiemos y equivalen al 24,3% del total. Muchos de ellos habitan en zonas humildes del Gran Buenos Aires.

Luego los casos fueron sucediéndose de forma simultánea. Según el informe financiero que la alianza Cambiemos presentó ante la justicia electoral, más de 500 personas que viven en villas del conurbano y reciben planes sociales, y cerca de 350 monotributistas sociales figuran como aportantes de campaña.

Una vez que el caso tomó estado público, la gobernadora empezó a deslindar responsabilidades. Primero, acusó a su principal fuerza opositora: “Es una denuncia del kirchnerismo”. Sin embargo, los aportes fantasmas brotaban en una veintena de municipios bonaerenses. Quien habría montado el sistema fue Federico Salvai, jefe de Gabinete y responsable de la campaña. Supuestamente, diseñó un sistema para utilizar los datos personales de los propios candidatos municipales de Cambiemos y, de esta manera, tabular las sumas de los aportes que iban de los 13.000 pesos a los 50.000 pesos.

La dinámica incluía los nombres de dirigentes oficialistas que no estaban anoticiados de que sus nombres figuraban como aportantes. En municipios donde no había una disputa partidaria figuraron como contribuyentes listas completas desde el primer candidato a concejal hasta el último consejero escolar suplente.

A Vidal no le quedó alternativa que tomar decisiones políticas. En medio del escándalo, quiso fortalecer a su mujer de íntima confianza y tesorera de la campaña 2015 y 2017, María Fernanda Inza, nombrándola contadora general de la provincia de Buenos Aires. Cinco días después, tuvo que pedirle la renuncia por su presunta participación en la recaudación irregular del PRO. Inza quedó imputada por la justicia.

La mandataria provincial avanzó en la lucha por transparentar su gestión. Pidió una auditoría interna que puso en manos de sus propios funcionarios: Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la nación, Gustavo Ferrari, ministro de Justicia, y Patricio Ilari, asesor del gobierno provincial. La maniobra estuvo acompañada de un reacomodamiento del tablero judicial. El procurador interino Eduardo Casal desplazó de la investigación a Hernán Schapiro, reconocido fiscal con actuación destacada en causas de lesa humanidad. Fue reemplazado por el fiscal Guillermo Ferrara, quien meses atrás había emitido dictámenes favorables a los “tarifazos” que planteó el Ejecutivo provincial.

El juez federal La Plata, Ernesto Kreplak, devolvió parte de la causa de los aportantes truchos al juzgado federal de Sebastián Casanello y de esta forma vuelven a investigar presunto lavado de dinero en la campaña de Cambiemos correspondiente a 2015.

Tiempo después, el control del expediente tuvo otro giro cuando la Cámara Federal porteña apartó a Casanello de la causa y ordenó remitirlo al juez electoral de La Plata, Adolfo Ziulu. Así lo decidió el juez Martín Irurzun, de la Sala II de la Cámara Federal, al hacer lugar a un pedido del fiscal Carlos Stornelli. Luego del escándalo, Cambiemos planteó un nuevo proyecto sobre financiamiento de la política para 2019. Probablemente, el combustible que dinamiza la política se mantendrá en negro.

174. Los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron hallados muertos el 13 de agosto de 2008. El caso tuvo vínculos con el tráfico ilegal de efedrina. Por el hecho, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci fueron condenados a prisión perpetua. Esteban Ibar Pérez Corradi fue sindicado como autor intelectual del crimen y tiene pedido de captura internacional desde 2012. Pérez Corradi era quien financiaba una droguería de Forza. Ambos eran socios en la importación ilegal de efedrina, un precursor químico que permite elaborar drogas sintéticas, que terminaba en manos del narcotráfico.

175. Entrevista realizada para este libro el 8 de octubre de 2018.

176. El 15 de julio de 2018, el juez federal Reinaldo Rodríguez inhabilitó a Miguel del Sel por seis meses para ejercer cargos públicos.

177. Unidad Ciudadana presentó en 2017 un informe ante la justicia donde detalló que el 97,7% de sus aportes fue bancarizado. Cambiemos declaró ante la Justicia Electoral que gastó 69,3 millones de pesos (42 millones de aportes del sector privado) en las intermedias de 2017, tres veces más que Unidad Ciudadana que utilizó 23,3 millones. Unidad Ciudadana se ubicó debajo incluso de Florencio Randazzo, quien declaró que gastó 37,5 millones. El PRO recibió 155 millones de grandes firmas y empresarios en 2017. El campo y la agroindustria desembolsaron un tercio de ese dinero: Aceitera General Deheza, Molino Cañuelas, entre otras empresas.

Parte V

Los financieros

Capítulo 15

El grupito

Mediodía del 15 de mayo de 2003. En la cabecera de la mesa se encuentra Mirtha Legrand, conductora del clásico almuerzo televisivo que en ese momento se emitía por América TV. A la derecha de la pantalla, la senadora Cristina Fernández. A la izquierda, el presidente Néstor Kirchner. La conversación recorre diversos temas. Tiene curvas ascendentes y descendentes: hablan tanto sobre la corrupción y los problemas económicos del país como sobre intimidades de la pareja. En un tramo de la charla, Kirchner endurece sus facciones y lanza un mensaje que será rápidamente desencriptado: “Yo conozco al grupito que ha hecho operaciones que no corresponden: algunos de ellos manejan bancos que fueron privatizados en las provincias”. El gesto siguiente es demoledor, mira a cámara y remata: “Yo los conozco, ¿eh?”.

El aludido era Jorge Brito, presidente del Macro y de la renacida Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA). El metamensaje del mandatario nacional apuntaba a los banqueros que se habían dedicado a hacer política y no a “prestar plata”.

Brito le respondió, de inmediato, desde Posadas: “Kirchner tiene preconceptos”. Sin embargo, lejos de reconocer que en la década del 90 habían sido uno de los más activos demandantes en pos de una privatización plena del Estado, pidió revisar lo hecho: “Al sector financiero le corresponde hacer una verdadera autocrítica por no haber sabido explicar el rol que ocupó en momentos complejos, como cuando se dispuso la pesificación. Somos responsables de no haber explicado qué pasaba ni qué papel jugábamos. Nos callamos, entonces la gente arremetió contra el sistema bancario”. Sin decirlo, se encontraban en medio de una etapa de mutaciones.

***

El sector financiero, como casi ninguno, expresa las catacumbas del poder. Son escuchados por muy pocos; sin embargo, son los que con su decisión afectan los intereses de muchos.

Ya sea para reclamar la privatización de los bancos estatales, como el Nación o el de la provincia de Buenos Aires, o el sistema de salud, la voz más enfática durante la década del 90 fue la de Eduardo Escasany, presidente de ADEBA¹⁷⁸ y ejecutivo del Banco Galicia. Acostumbrado a la crema que rodea a quienes ocupan los más altos cargos en las entidades financieras, Escasany jugó políticamente como integrante del Grupo de los 8, el cual estaba conformado por Julio Gómez (Asociación de Bancos de la República Argentina [ABRA]), Julio Macchi (Bolsa de Comercio), Jorge Di Fiori (Cámara Argentina de Comercio), Gregorio Chodos (Unión Argentina de la Construcción), Aldo Roggio (Cámara Argentina de la Construcción), Enrique Crotto (Sociedad Rural) y Claudio Sebastiani (Unión Industrial Argentina).

En ADEBA, Escasany sucedió a Roque Maccarone, a posteriori presidente del Banco Central en el tramo final de la Alianza. Sobre su tarima, pidió desde la desregulación de la salud hasta la flexibilización laboral. Nunca temió llegar a los extremos, hasta el punto de que reclamó que saliese por ley o por decreto. Era un fundamentalista del neoliberalismo.

En su estudio sobre las elites económicas, Mariana Heredia remarcó:

A diferencia de las asociaciones que representaban a los bancos cooperativos y a los bancos públicos, ADEBA no se opuso a la extranjerización. Por el contrario, la asociación bancaria decidió modificar sus estatutos para estar en condiciones de representar también a los bancos extranjeros. Así, en 1998, la entidad aceptó la incorporación del Citibank. Paralelamente, y bajo la presión de sus miembros, los dirigentes de ADEBA y los de la organización madre, de la cual aquella se había desprendido, comenzaron a negociar la fusión. Se concretó en 1999 con la creación de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)¹⁷⁹.

Esta se erigió en la voz de lo más concentrado del sector. A lo largo de ese decenio, la dinámica había reducido fuertemente el tamaño del universo financiero. En 1993, los bancos públicos eran 31 contra los 131 privados. En 1999, los primeros eran solo 14, mientras que los segundos eran 85. Las diferentes crisis (Tequilazo 1994, Arroz 1997, Argentina 2001) acentuaron esta tendencia. Por ejemplo, en diciembre de 1994, sobre el filo del cimbronazo que desató la devaluación mexicana, en la Argentina había 205 entidades financieras con 4309 sucursales y 121.253 empleados. Dos años después, quedaban en actividad 151 instituciones con 4102 filiales y 108.839 trabajadores.

No obstante, en el sector coincidieron en que la concentración bancaria no significaba que en el sistema financiero permaneciesen en actividad solo unas pocas entidades, que la competencia fuera baja, que se hubieran adquirido pérdidas de calidad en los servicios o que se generasen dificultades de acceso al crédito para la sociedad. Sino al revés: sostuvieron que podían coexistir grandes entidades, que concentraran la mayor parte de los activos y depósitos del sistema, con entidades pequeñas que se dedicaran solo a un aspecto en particular del negocio bancario.

Sobre el final del menemismo, se produjo una dura pelea que marcó poco a poco el paso al costado de Escasany. A finales de 1998, se conoció que María Isabel, hermana menor de Eduardo, había iniciado más de 40 juicios mediante los cuales cuestionaba el esquema societario del Galicia, cuyo valor en ese momento se calculaba por encima de los 1700 millones de dólares. El eje de su reclamo era acceder a la propiedad directa de su participación accionaria, estimada en el 5,66% y valuada en 95 millones de pesos. Las familias Escasany, Ayerza y Braun Menéndez se repartían de manera igualitaria el 51% de las acciones.

Los problemas se acrecentarían en julio de 2000, cuando el exfiscal del Juicio a las Juntas, Luis Moreno Ocampo, defensor de María Isabel, presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción contra el banquero y titular de la SIDE, Fernando de Santibañes, el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, y también la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, por “tráfico de influencias” en beneficio de directivos del Banco Galicia en la causa mencionada. Para Moreno Ocampo, un “emisario” del Gobierno había visitado en forma personal al fiscal Pablo Lanusse y a un camarista para manifestarles la “preocupación” que existía en el seno del Gobierno por la marcha del expediente en el que se investigaba la “administración fraudulenta” contra directivos del Galicia.

El eje de la presentación de Moreno Ocampo versaba sobre que, con Escasany al frente, el Grupo Financiero Galicia había lanzado un canje accionario para que los tenedores minoritarios de papeles del banco los cambiasen por títulos de ese holding. A través de esta operación, el Grupo pasaría a controlar diversos emprendimientos, entre ellos el propio banco. Sin embargo, el poder político de los accionistas minoritarios de esa entidad financiera quedaría licuado, de acuerdo a lo denunciado por Moreno Ocampo.

En abril de 2003, mientras preparaba su salida, Escasany invitó a su amigo Norberto Peruzzotti a pasarse de ABA a ADEBA. De fondo estaba la puja que había desgastado al primero tras los escraches que habían padecido el año anterior varios bancos en medio del conflicto por la pesificación de los ahorros. Escasany, que se los atribuía al extitular de la SIDE, Carlos Soria, comenzaba a armar la cámara que predominaría durante la siguiente década. La cara visible sería Brito, con Peruzzotti como operador. Los que trajinan los pasillos bursátiles caracterizaron a este como un conciliador con llegada a la política. La clave era el contexto: un reagrupamiento del capital nacional, con la certeza de que, a partir de la crisis del sistema financiero que se inició a mediados de 2001 —fuga de depósitos, corralito y corralón—, la banca extranjera había quedado en el ojo del huracán.

El ocaso de Escasany ocurrió en simultáneo con el realineamiento de la dirigencia bancaria del país, que había atravesado por fusiones, cierres de entidades, pérdidas de activos y la consecuente y drástica reducción de los gastos de estructura.

Más de una década después, en 2016, cuando Escasany fue el banquero más valorado en una encuesta realizada por El Cronista Comercial¹⁸⁰, Peruzzotti se deshizo en elogios obviando el evidente cambio de contexto histórico: “Con su liderazgo, ADEBA se transformó en una entidad empresaria del más alto nivel. Supo reunir a la banca internacional con la nacional en ABA, una entidad que se fundó con un claro objetivo de unidad empresarial”. No obstante, que haya perdido su lugar estelar en el mundo financiero no significó que su ojo para los negocios resignase eficacia, tal como quedó demostrado cuando se supo, a fines de febrero de 2019, que la Central Termoeléctrica Brigadier López, en la provincia de Santa Fe, había sido adjudicada a la compañía Central Puerto, entre cuyos accionistas se encuentran Nicolás Caputo y el propio Escasany.

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Después de casi cuatro años, el 8 de abril de 2003 se presentó la nueva ADEBA. Atrás había quedado la fusión, de 1999, con ABRA, la casa natural de las entidades extranjeras. Entre ambas habían compuesto ABA, tal vez la cámara que resultó más golpeada por la crisis de 2001. No solo por lo que implicó, sino también porque habían visto caer su poder de presión y representatividad frente a los elencos gubernamentales.

El contexto no era un dato menor. ABA, con Escasany como cara visible, había apoyado los reclamos de los organismos internacionales de crédito que, entre otros aspectos, pedían la reducción del gasto público¹⁸¹, excepto en lo concerniente al pago de la deuda con aquellos. En cambio, la nueva ADEBA se adaptaba a los tiempos que corrían, por lo que era previsible que se presentara como el paraguas necesario para quince bancos privados de capital nacional. Por esto no fue casual que filtrasen a la prensa que ya no coincidían con los objetivos que perseguía la banca extranjera. Ambas facciones se enfrentaron, lobby mediante, en busca de presionar al gobierno de Duhalde para que profundizara la dolarización de la economía o para que devaluase. Vencieron los segundos, que tenían el apoyo del Grupo Productivo, compuesto por la UIA, la Cámara Argentina de la Construcción y Confederaciones Rurales Argentinas.

Para muchos, la puja era puro ruido. Una figura con paso por el área financiera de los gobiernos de Cristina Fernández definió a los banqueros argentinos como “una casta. Son como una clase social. Se hablan a sí mismos, tienen sus símbolos. La mayoría es neoliberal: piensa en maximizar la ganancia lo más rápido posible. Los que pasan por la función pública saben que cuando terminan de trabajar en los respectivos bancos centrales vuelven al sector privado”.

El mencionado Brito, por Macro, se convirtió en la cabeza de la nueva versión de ADEBA. Fue escoltado por Guillermo Cerviño (Comafi/Del Tucumán), Alejandro Estrada (Privado de Inversiones) y Antonio Garcés (Galicia). El liderazgo de Brito —en 2001 se había abierto de ABA, cuestionando mediante una carta la “escasa utilidad” de esa cámara para representar los problemas que enfrentaba la banca de capital local— se justificaba porque su firma era la que más se había expandido al pasar a controlar los bancos provinciales de Jujuy, Salta y Misiones, tras adjudicarse los procesos licitatorios respectivos, y adquirirles luego a los mexicanos de Banamex el Bansud, además de absorber un 40% de la red del ex Scotiabank-Quilmes en el marco de un proceso de adjudicación compartido con el Comafi.

Asimismo, significaba una clara reestructuración del mundo de las entidades bancarias, ya que, por un lado, al sumarse Galicia, Mariva, Roela y Piano, entre otros, condenaban a ABA a representar solo a la banca extranjera. Asimismo, dejaba a Abappra (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina) como la casa de la banca pública nacional y provincial (aunque allí se mantendría el Credicoop) y ponía contra las cuerdas a la Asociación de la Banca Especializada (ABE), ya que cinco de sus más importantes asociados se pasaron a ADEBA, manteniendo una doble afiliación.

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En una entrevista realizada por Diego Sehinkman para el diario La Nación en 2013, Brito expuso la forma en que se construye un lazo con un político en ascenso en un país quebrado. Señala el periodista: “Su romance con Néstor empieza cuando con otros bancos de ADEBA le ponen 500 millones de pesos como crédito para obras viales. Eso es conquistarlo con un buen ramo de flores”. Brito se ríe: “¡Y un poquito más también! Imaginate que en ese momento no había plata”¹⁸².

En esa charla Brito indicó que la manera de edificar ese vínculo con un político en ascenso en un país en crisis es inyectando flujo de dinero. Por un lado, mostró la relación que desde la cámara que presidía trabó con Kirchner, pero también la posterior ruptura con Cristina Fernández, a quien en ese momento cuestionó por no escuchar “la voz del pueblo”. Sin querer, sintetizaba una etapa, desde su perspectiva banquera.

La alianza entre ADEBA y el kirchnerismo tuvo gestos objetivos, como cuando nadie de esa cámara aceptó fotografiarse con la Mesa de Enlace, en plena disputa a raíz de la Resolución 125, luego de una reunión con empresarios. Durante el enfrentamiento, Brito había oficiado de mediador, infructuosamente, a través de reuniones con Luciano Miguens, expresidente de la Sociedad Rural Argentina.

Otro ejemplo concreto se dio en enero de 2010, en medio del conflicto con Martín Redrado, por entonces presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En esa oportunidad, las rispideces acumuladas se visibilizaron cuando el Gobierno decidió usar, mediante DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) N.º 2010/09, las reservas federales del Tesoro para pagar la deuda. Fue ADEBA quien dio un empujoncito más hacia el abismo al otrora golden boy. Cuando el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le pidió la renuncia, Redrado le respondió que continuaría en su cargo porque su mandato vencía el 23 de septiembre y estaba resguardado por la autonomía que disponía la Carta Orgánica del Banco Central. Asimismo, le explicó que el BCRA había demorado el trámite porque inició un análisis jurídico de la medida. Pero el Gobierno interpretó que Redrado había incumplido una directiva de la presidenta.

En pos de dejar al economista sin apoyo en el universo financiero, el comunicado de ADEBA, con la presidencia de Brito, cayó como anillo al dedo. “Creemos firmemente —precisaron— que el mencionado Fondo del Bicentenario contribuirá a la reducción del riesgo país, y con ello se darán las condiciones para un mejor funcionamiento del mercado financiero. […] el presidente del BCRA debería tener en cuenta esta realidad y, con su renuncia, contribuir a preservar la estabilidad del sistema por la que tanto ha trabajado”.

Hubo quienes especularon con que el objetivo de fondo tramado por los banqueros era que el Gobierno congelase los proyectos de modificación de la ley de Entidades Financieras. Según Carlos Pagni, fue el propio Kirchner quien “sugirió el texto”¹⁸³. El columnista de La Nación tenía una hipótesis, que los banqueros avanzaron en ese sentido con la idea de convencer al Gobierno para que no mantuviera algunos anuncios:

El año 2010 iba a ser el año en que el kirchnerismo avanzaría, envuelto en la bandera de la distribución del ingreso, sobre el sistema financiero. Se promovería una nueva ley de entidades bancarias, se impondría un gravamen sobre la renta financiera, se crearía un nuevo Banade. Por ahora las cosas son distintas. El gobierno nacional y popular capturó las reservas del Banco Central para asegurar a los tenedores de bonos —la mayoría de ellos agrupados en ADEBA— que ya no tendrán que temer por la solvencia fiscal del Tesoro porque su plata está a salvo.

La muerte de Kirchner marcó un antes y un después en la relación entre el Gobierno y ADEBA. Más allá de las diferencias que se filtraron alrededor de distintos temas de agenda, la derrota en las elecciones de medio término de 2013, a manos de Sergio Massa, dejó ver la ruptura. En ese contexto, Cristina Fernández apuntó contra Brito, señalado como uno de los impulsores de la candidatura del tigrense. Según se reconstruyó, la mandataria había reclamado una reunión con quienes mandaban en el mundo empresarial: “Quiero a los titulares para discutir, quiero a los directores técnicos para discutir, los suplentes no me sirven”. Lo cierto es que la relación ya no tenía retorno.

En 2014, ADEBA integró el Grupo de los 6, que también componían la Cámara de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la UIA, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural. La reunión cumbre fue en enero de ese año, en Mamá Gansa, la chacra que Brito tiene en Punta del Este. Entre otros, asistieron Aldo Roggio y Carlos Weiss (Cámara de la Construcción); Cristiano Rattazzi, José Ignacio de Mendiguren y José Urtubey (UIA); los banqueros Stuart Milne (Banco Patagonia), Jorge Sánchez Córdova (Finansur) y José Luis Pardo (Mariva); Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio) y el empresario Guillermo Willy Stanley. Desde allí se emitió una batería de críticas hacia las políticas del gobierno, aunque siempre, como es costumbre en la dirigencia empresarial, sin esgrimir posturas radicalizadas.

Finalmente, en agosto de ese año, ADEBA quedó en el centro de la polémica cuando a pesar de que una parte del Gobierno, liderada por Jorge Capitanich y Carlos Zannini, impulsó un acuerdo para que los bancos locales compraran la deuda impaga a los fondos buitre y así evitaran el default, Kicillof movió sus fichas para que la mandataria nacional lo voltease. El propio ministro apuntó directamente a Brito: “Mientras estábamos teniendo esa discusión tan extensa y extenuante con los buitres, al mismo tiempo, aparentemente se gestaba esta solución patriótica por este personaje que decía que iba a salvar el país”.

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Alejada de la función pública, la expresidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, lidera la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo. En la cabecera de la mesa de reuniones recuerda:

El lobby más alevoso de parte del sistema era cada vez que teníamos que ir a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Ahí, Adelmo Gabbi le decía a la presidenta: “Cristina, levantá la restricción al encaje”. Querían que bajáramos el 30% de piso y la estadía mínima que se les pedía a los capitales financieros para venir a la Argentina. Esa decisión había desestimulado el ingreso de capitales especulativos, que lo único que generan es burbuja e inestabilidad.

La ruptura con Gabbi, según él mismo aseveró durante un desayuno organizado por Ámbito Financiero varios años después, se dio cuando se negaron a la “intervención” de Papel Prensa y Clarín: “Fue lo que disparó todo. En todo caso esto apresuró los tiempos, pero de todas formas íbamos al modelo actual en que la Comisión Nacional de Valores es la figura central del mercado de capitales”.

Lo cierto es que el extitular de la Bolsa de Comercio había quedado pegado a las acusaciones del entonces vicepresidente Amado Boudou, tocado por el caso Ciccone. El marplatense lo imputó, junto a Esteban Righi —en ese momento cabeza de la Procuración General de la Nación—, de sugerirle un arreglo: “Gabbi me pidió una entrevista el 3 de marzo de 2011. Me dijo que el señor (Antonio) Tabanelli me iba a destruir, pero que le podía poner un número, que él se iba a encontrar con Tabanelli en Punta del Este y le podía entregar un número. Yo les dije que estas cuestiones de mafiosos las arreglaran en otro lado”. El suceso terminaría con la renuncia de Righi.

Marcó del Pont fue la primera, y única hasta ahora, mujer en conducir el BCRA. Para ella, la entidad fue cooptada por los intereses del sistema financiero desde Pedro Pou en adelante: “No tenías instrumentos de regulación del sistema financiero. Los presidentes de los bancos pensaban que la tasa de interés que remuneraba las Lebacs debía ser el principal objetivo, sin embargo, nosotros les decíamos que salieran a prestar”.

No obstante, a modo de revisión de su gestión, que incluyó la presidencia del Banco Nación, indicó que el mayor lobby fue el ejercido en pos del ingreso de capitales especulativos. De ahí que haya realizado una autocrítica sobre la política económica ejecutada al respecto: “No vimos la capacidad desestabilizadora de la fuga de capitales. En la dictadura o en el menemismo esa fuga se financiaba con deuda. Nosotros no lo vimos tanto porque, como teníamos superávit externo, la gente compraba dólares, seguía habiendo fuga, y no se notaba en términos de reserva porque te lo financiaba el superávit comercial. Ahora, cuando se acabó el superávit comercial, nos dimos cuenta de que no se podía mantener”.

Para la exfuncionaria, las pulseadas cambiarias que afrontó el gobierno de Cristina Fernández fueron timoneadas gracias a que “teníamos superávit externo. Cuando no lo tuvimos más, tuvieron una capacidad de desestabilizarnos enorme. Ahí fue cuando se decidió poner una regulación a la compra de dólares, y me hago cargo”. Este fue el origen del “cepo cambiario”, anunciado en noviembre de 2011. Desde ese momento, la AFIP pasó a ser la encargada de autorizar la compra de divisas.

Marcó del Pont se jactó de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, puesta en vigencia el 6 de abril de 2012. La idea era atacar lo que la exfuncionaria denominó como la “trinidad imposible”: “Si vos tenés liberalizada la entrada y salida de los capitales de corto plazo, olvidate de manejar la tasa de interés y el tipo de cambio. Eso es pérdida de capacidad soberana para decidir sobre variables clave”. Según ella, hasta ese momento, la entidad era “un sujeto pasivo”.

Para el oficialismo, se recuperaban los objetivos originales del BCRA hasta 1992¹⁸⁴. Uno de los ejes era el artículo 3.º, por medio del cual se establece un mandato múltiple para el BCRA, promoviendo la estabilidad monetaria y del sistema financiero. A esto se le suman el pleno empleo de los recursos y el desarrollo de la economía con equidad social. La Carta se propuso recuperar y fortalecer la injerencia de la autoridad monetaria en el canal del crédito.

La oposición utilizó un artículo de The Economist para cuestionar la norma. Según la publicación inglesa, la entidad perdía independencia: “Ahora pueden requerirle transferir al Tesoro efectivo hasta por el 20% de la recaudación más el 12% de la base monetaria, utilizar las reservas a voluntad para pagar las deudas del Gobierno y jugar un rol más activo regulando a los bancos y conduciendo el crédito a industrias favorecidas”.

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En 2011, cuando la revista Forbes difundió la lista de millonarios, emergieron tres nombres diferentes a los acostumbrados: Enrique Eskenazi, Marcelo Mindlin y Jorge Brito. El primero fue considerado unánimemente como el banquero preferido del kirchnerismo.

Originalmente vinculado a la construcción, el exejecutivo de Bunge y Born y titular del grupo Petersen Inversiones comenzó a jugar fuerte controlando tres bancos provinciales: Santa Cruz (desde la segunda gobernación de Kirchner), Santa Fe y San Juan. En ese momento, la nueva ADEBA no le permitió su ingreso, por lo que rápidamente trascendieron sus roces con Brito, motivo por el cual lanzó la idea de crear una cámara que agrupase a los bancos del interior. Uno de los principales cuestionamientos era que las asociaciones no ofrecían a sus bancos ventajas operativas, como la posibilidad de compras y contrataciones conjuntas para bajar costos.

Eskenazi es recordado, entre otras cosas, porque fue el depositario de los 594 millones de dólares de la provincia patagónica que Kirchner colocó en el exterior antes de la crisis de 2001. El punto más alto de esa relación fue en diciembre de 2007, cuando el Grupo Petersen adquirió el 14,9% de Repsol YPF por 2235 millones de dólares. El acuerdo preveía que el grupo encabezado por Eskenazi tuviera la posibilidad de ampliar su participación hasta el 25%, mediante una opción de compra de un 10,1% adicional, en un plazo máximo de cuatro años. Finalmente, avanzaron en este sentido y adquirieron ese porcentaje.

El anuncio incluía que Antonio Brufau pasaba a convertirse en el presidente del Consejo de Administración, mientras que “a título personal” Eskenazi ocupaba la vicepresidencia. En tanto que su hijo, Sebastián Eskenazi, se ubicaba como vicepresidente ejecutivo y Antonio Gomis, como Chief Operating Officer.

Así sería hasta mayo de 2012, cuando Cristina Fernández firmó el Decreto N.º 660 para promulgar la Ley N.º 26741 de nacionalización de YPF, aprobada el 3 de ese mes en el Congreso de la Nación. Tras la expropiación, las acciones de YPF quedaron así: el Estado nacional se quedó con el 26,03%; el Grupo Petersen, con el 25,46%; las provincias petroleras, con el 24,99%; Repsol, con el 6,43%, mientras el 17% continuaba cotizando en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.

Esto abriría un litigio a partir de la demanda presentada por el Grupo Petersen por alrededor de 3000 millones de dólares. Los derechos de aquella fueron comprados por el fondo buitre Burford Capital que, en julio de 2018, recibió una buena noticia, cuando la Corte del Distrito Sur de Nueva York decidió que la demanda debía seguir curso en Estados Unidos y no ser trasladada a Buenos Aires. Todo comenzó en el momento en que, después de la nacionalización de 2012, las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora dejaron créditos sin pagar, no afrontaron deudas y cayeron en quiebra. Un síndico remató esa quiebra, cediendo el derecho de hacerle juicio al Estado argentino. El comprador fue Burford, que planteó que la reestatización violó el estatuto de YPF, según el cual se omitió hacer una oferta a los accionistas minoritarios.

Los fondos buitre, parte del entramado del lobby financiero mundial, serían un capítulo central en la historia económica del ciclo kirchnerista.

Al cierre de esta investigación, de acuerdo con el matutino porteño La Nación¹⁸⁵, Sebastián Eskenazi había sido nombrado por el contador Víctor Manzanares ante Claudio Bonadio. El hijo del ex accionista de YPF habría recibido millones de dólares ilegales por parte de Daniel Muñoz.

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¿Cómo actúa el lobby financiero internacional? Los hechos son diversos en extremo, van desde enormes cifras con la finalidad de impedir o generar determinada sanción de leyes a la detención de una fragata en un puerto extranjero.

Los lobbies financieros a nivel mundial “se constituyen con el fin de ejercer influencia sobre los representantes legítimos de la política, principalmente del Poder Legislativo y del Ejecutivo, aunque del análisis de la realidad podemos deducir que también se ejercen sobre el Poder Judicial”. La definición corresponde al español Juan Hernández Vigueras, autor de Los lobbies financieros. Tentáculos del poder¹⁸⁶. La Argentina se convirtió en un caso testigo.

Los más críticos los definen como una herramienta de bancos y fondos financieros para presionar a los gobiernos. Uno de los más conocidos a nivel mundial es el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), con sede en Washington. Considerado el mascarón de proa de los grandes bancos globales, ejerció su influencia capilar durante la crisis de la deuda soberana del euro, y fundamentalmente en la negociación de la quita de la deuda griega para beneficio de los bancos alemanes y franceses.

Otro actor de relevancia mundial es la American Task Force Argentina (ATFA), a cargo de atacar en los tribunales internacionales a la Argentina. La particularidad es que esa acción de los fondos buitre —liderado por Elliott Management Corporation y EM Ltd., de Kenneth Dart— fue robustecida por una agresiva estrategia comunicacional dentro y fuera del país. ATFA era conducida por tres funcionarios de las presidencias de Bill Clinton entre 1993 y 2001: el presidente Robert Raben fue fiscal general adjunto del Departamento de Justicia; Robert Shapiro fue subsecretario de Comercio para Asuntos Económicos, mientras que Nancy Soderberg fue embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas.

En relación con la Argentina, sus primeros movimientos aparecieron tras el primer canje de deuda en default, en 2005, que obtuvo una aceptación del 76% de los acreedores. Ese porcentaje se elevaría al 92,4% en 2010 cuando la operación se llevó a cabo por segunda vez. El principal financista de ATFA, Paul Singer, hizo que confluyeran en este objetivo demócratas y republicanos.

El hecho más resonante sucedió el 2 de octubre de 2012, cuando se produjo la retención en el puerto de Tema, en Ghana, del buque de guerra ARA Fragata Libertad¹⁸⁷, a pesar de que tenía inmunidad soberana, protección ratificada por el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar. En esa oportunidad, la oposición vernácula quiso sacar provecho del conflicto proponiendo una colecta para pagar la demanda con el objetivo de levantar el embargo.

Pero el mayor hito fue el fallo de la Corte del segundo distrito de Manhattan que reproduce, como lo hizo antes el juez de primera instancia Thomas Griesa, cada uno de los puntos reclamados por los fondos buitre, hasta la utilización de un lenguaje desmesurado en adjetivos despectivos hacia la Argentina, similares a los incorporados en comunicados de prensa y solicitadas de ATFA publicadas en los principales diarios de Estados Unidos. Fue así hasta el 23 de abril de 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri abonó 9300 millones de dólares a los bonistas minoristas, entre los que se encontraba Singer. El estadounidense embolsó alrededor de 2400 millones de dólares. Para Alfonso Prat-Gay, la operación nos volvía a “conectar con el mundo”.

Los lobbies lograron colocar a sus agentes en las más altas esferas del poder, tanto en Estados Unidos como en Europa. El citado Vigueras indicó que “los grandes bancos y firmas financieras de Wall Street gastaron en estas actividades 3400 millones de dólares de 1998 a 2008, impidiendo reformas legales que habrían podido prevenir la crisis financiera”.

Otro referente internacional es la Asociación Global de Mercados Financieros (GFMA, por su sigla en inglés), que pretende la simplificación de las regulaciones financieras nacionales para facilitar las operativas mundiales de la gran banca y grupos financieros.

Más allá de cada uno de estos jugadores de expansión mundial, en cada país el código de acceso clave para penetrar gubernamentalmente es la vieja e inclaudicable puerta giratoria. “Los lobbies —definió— de los grandes bancos y firmas financieras se sirven de ‘la puerta giratoria’ (revolving door), el flujo de idas y vueltas de expertos entre el sector privado y la tecnocracia pública, y de la financiación privada de las campañas de los partidos políticos para ganar influencia o poder en el campo político”. Este mecanismo encontraría en el gobierno de Mauricio Macri un ejemplo irrefutable.

VEINTISIETE SOLDADOS

“Un banquero es una persona que presta su paraguas cuando sale el sol y lo reclama de vuelta cuando se larga a llover”. Esa frase atribuida a Mark Twain explicaría metafóricamente la causa de fondo por la cual los representantes del universo financiero no tienen apoyo popular.

El 8 de agosto de 2016, El Cronista Comercial publicó la columna titulada “¿Por qué son tan pocos los banqueros que llegan a gobernar un país?”¹⁸⁸, de Martin Burbridge. La pregunta surgía luego de la victoria del economista Pedro Pablo Kuczynski¹⁸⁹ en Perú, quien, antes de lanzarse a la política, había pasado por el Banco Mundial, el Banco Central peruano y por Tenaris, de la multinacional italoargentina Techint.

El artículo enumeraba casos disímiles; sin embargo, no abordaba ningún tipo de respuesta y, menos aún, intentaba comprender por qué ninguno de ellos se aproximó siquiera a lograrlo en la Argentina. Las candidaturas fallidas de Domingo Cavallo y Ricardo López Murphy son un claro ejemplo. Ambos están identificados con dos etapas críticas del país, marcadas por el ajuste y la desindustrialización. Otros, más cercanos en el tiempo, son los de Alfonso Prat-Gay, quien transitó por varias fuerzas políticas sin despeinarse, y Martín Redrado. Solo López Murphy logró crear una fuerza política, Recrear, que alcanzó niveles de apoyo estimables a nivel nacional. Luego, fue absorbida por el PRO.

Los creadores de las usinas de pensamiento podrían pensar que ese interrogante parte de una premisa errática. Lo importante no es que un banquero ocupe un lugar para el que haya sido elegido a través de los votos, sino ejercer el poder.

Tras la victoria de Mauricio Macri, Bloomberg, sitio especializado en finanzas, publicó, en marzo de 2016, un artículo titulado “Wall Street, a cargo de la Argentina (otra vez)”¹⁹⁰. Era en referencia al rápido acuerdo labrado con los fondos buitre por el cual el Gobierno se comprometió a pagar en efectivo la sentencia del juez Griesa. Poco después, hizo lo propio el Financial Times en la nota “La Argentina recupera su relación con Wall Street”, de Benedict Mander, quien detalló cómo era la relación del macrismo con las finanzas internacionales.

Pero lo que escapaba al ojo de los cronistas era que el flamante elenco gubernamental contaba con 27 financistas¹⁹¹ de la banca internacional y, en menor medida, nacional, que pasaron a ocupar distintos roles dentro de las más diversas áreas. Con el JP Morgan (Alfonso Prat-Gay, Luis Caputo, Vladimir Werning y Demian Reidel) al frente del ranking, también aparecían exejecutivos del Deutsche, Morgan Stanley, Citi, Barclays, Merrill Lynch, Goldman Sachs y Chase.

El periodista Alfredo Zaiat profundizó la mirada y percibió que “la banca nacional está representada solamente por el Galicia con un par de ejecutivos que pasaron a ocupar cargos en el Banco Nación”. El gran perdedor fue el Macro, a partir de la identificación de Brito con opositores al oficialismo. Para el columnista de Página/12:

Esa exclusión se explica por cuestiones políticas vinculadas al exhombre fuerte de la entidad, Jorge Brito, un banquero que creció con el alfonsinismo, se consolidó con el menemismo, avanzó con el duhaldismo y se expandió con el kirchnerismo, hasta ser un importante financista del massismo. Este recorrido, sumado a diferencias políticas con su socio histórico (Delfín Ezequiel Carballo), tuvo como consecuencia la marginación del Macro en estos meses del macrismo, y un golpe de timón en el manejo del banco impulsado por Carballo en alianza con la Anses (el organismo estatal tiene el 30,9% de las acciones), que dejaron a Brito como presidente formal.

UN PUENTE

Durante los años en que Macri gobernó la ciudad de Buenos Aires fue Federico Tomasevich, titular de Puente Hermanos, quien destacó en el firmamento de los banqueros que apostaron por el líder del PRO. Para muchos fue el Brito de Macri en su etapa porteña. No lo disimularon, ya que el financista fue uno de los que festejó en el vip del búnker de Cambiemos cuando Mauricio fue elegido para ocupar la primera magistratura. Al lado de él estaban Daniel Novegil (Techint), Gustavo Lopetegui (antes de convertirse en parte del gabinete, era uno de los principales accionistas de LAN), Juan Carlos Villa Larroudet (Omint), Luis Etchevehere (a la postre ministro de Agricultura), Luciano Miguens (de La Rural), Nicolás Caputo y José Torello, entre otros.

Creada en 1915, desde 2005 la firma es liderada por Tomasevich, quien sigue los pasos de Olga Martínez Blanco, su madre, referencia del mundo bursátil en la década del 80. Ya en el siglo XXI y a pesar de lo hermético que es el mundo de las finanzas, Puente Hermanos figuró varias veces en estado crítico en la agenda pública. Por ejemplo, apareció en los anexos del informe realizado por la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero, liderada por Elisa Carrió, a causa de la realización de tres transacciones sospechosas.

En franca etapa de expansión internacional, Puente se define como agente del Mercado Abierto Electrónico y como sociedad de bolsa, donde asesora a sus inversores en relación con productos y derivados de los mercados locales e internacionales. Lo hace por medio de una sociedad de bolsa, una consultora, una administradora de inversiones y un portal de inversiones financieras en línea. Quienes trabajan allí prefieren describirla con menos tecnicismos: “Es una escuela de maltrato. Vale un ejemplo: los que están en el área de Capital duran como mucho un año y medio. La exigencia y el maltrato son una constante”.

El exdiputado Claudio Lozano fue tajante cuando le tocó definir la injerencia de Puente en la ciudad: “Puente Hermanos definía las obras”. La frase hace ruido por donde se la mire: ¿cómo una firma cuyo accionar se desenvuelve en el universo bursátil determina obras públicas? En 2012, dijo la economista Mariana Rivolta, quien formó parte del equipo de asesores del exlegislador Martín Hourest y fue testigo de la operatoria, empezaron “a aparecer los proyectos con Puente Hermanos. Lo raro es que, por ejemplo, en mayo o junio caían en comisión con propuestas de financiamiento a obras que no estaban en el presupuesto. A esa propuesta la alcanzaba Puente Hermanos”. Todo se tornaría cristalino cuando se aprobó la Ley N.º 4315, que creaba el Programa de Financiamiento en el Mercado Local.

De acuerdo con ambos estuvo (la ex Lilita) Rocío Sánchez Andía, quien, en la sesión del 27 de septiembre de 2012, cuando se aprobó por 31 votos positivos y 26 negativos un endeudamiento por 100 millones de dólares a través de la modalidad dollar linked, sostuvo:

La propuesta no la debe realizar una consultora, sino que debe partir, por lo menos, de una gestión y luego procurar el financiamiento. Cuando nos vienen a plantear una propuesta de deuda nos dicen que los fondos serán destinados a una obra y luego que serán para otra obra. Entonces, la cuestión puntual es que la ciudad de Buenos Aires necesita de esa obra y encima para la realización de esa obra se solicita un endeudamiento. Nos parece que no es una cuestión para plantear. Piden 100 millones de dólares sin siquiera especificar para qué los quieren y cambian en el transcurso de la discusión su destino, porque simplemente necesitan el dinero. Entonces demos la discusión para establecer para qué necesitan ese dinero. Eso sería más sincero y podría ser más productivo el resultado.

En 2013, luego de firmar un acuerdo con la Cámara Argentina de Servicios Mineros, Tomasevich anunció el lanzamiento del primer banco minero en San Juan. Un año después, pasó a tener participación de control en Ecogas¹⁹² y Distribuidora de Gas Cuyana¹⁹³, hasta ese momento en manos de la italiana ENI y la alemana EON. Los otros accionistas de las distribuidoras que prestan servicio en varias provincias son Central Puerto, holding del que también forma parte Sadesa, firma de Nicolás Caputo, y el fondo de inversión Magna, conducido por el ex Citibank, Rony Strazzolini. Desde el momento cero, según fuentes del sector, la apuesta de Tomasevich y Caputo fue el aumento de tarifas. El gobierno de Macri los satisfizo.

Cuando Macri llegó a la Casa Rosada, quien se erigió en uno de sus principales interlocutores del mundo bancario fue el presidente del Banco Santander, Enrique Cristofani, que, lejos de cualquier ambigüedad, afirmó que “los empresarios tenemos que participar (en el crecimiento del país) y a nosotros nos van a ver como facilitadores y protagonistas de ese proceso”. Quienes siguieron sus pasos en detalle destacaron su estrategia agresiva e innovadora, como fue cuando el Santander se convirtió en el primer banco en abrir una sucursal en una villa o la compra, en marzo de 2017, de la banca minorista del Citi en la Argentina, lo que le permitió pasar a tener 480 sucursales, más de 3,5 millones de clientes individuos, 260.000 clientes pymes y 1300 empresas corporativas.

Habitual invitado a las reuniones de los empresarios con el presidente, Cristofani fue parte de la saga que terminó con la llegada de Luis Caputo al BCRA en lugar de Federico Sturzenegger. Según se supo, el 9 de junio en la casa del banquero, Sturzenegger “les solicitó a los banqueros que acompañaran al Gobierno y renovaran el total del stock de Lebacs que se vencían. Pero no lo logró”¹⁹⁴. Al día siguiente, a solicitud del propio Macri, Caputo convocó otra vez a los banqueros del HSBC, BBVA, ICBC, Macro y Galicia, y se consiguió un resultado favorable tras ofrendarles la reducción de los encajes. De esa reunión, Caputo se fue, a su vez, con la promesa de que grandes fondos de inversión comprarían los bonos BOTE por 3000 millones de dólares, lo que, de momento, permitió parar la corrida cambiaria.

En ese tipo de situaciones, Cristofani se erigió en el enlace con los empresarios, creando las condiciones para que el macrismo desplegara la “agenda positiva”. Fue tal la adhesión del CEO del Santander que en el momento en que el Gobierno anunció el acuerdo con el FMI fue uno de los pocos que salió a respaldarlo abiertamente. Lo hizo desde París, donde participaba de la reunión de la usina de pensamiento Crecimiento Financiero e Infraestructura del B-20, de la cual era vicepresidente: “Yo llamo a este episodio ‘volatilidad’ y no crisis. Porque en el pasado acudíamos al FMI cuando ya estábamos con los mercados cerrados, totalmente asfixiados. Para mí, acudir ahora al FMI es, en cierta forma, la compra de un seguro”¹⁹⁵.

Como para que no quedasen dudas del partido que había decidido jugar, en el encuentro de banqueros de fin de 2018, Cristofani alzó la copa y se largó con un mensaje que sonaba a arenga: “Este país tiene una decadencia de décadas y para salir de eso se necesitan tiempo y esfuerzo. Reconociendo eso, pienso y siento que tenemos grandes chances de ganarle la batalla al populismo”.

178. Eduardo Escasany dirigió la entidad entre 1993 y 2002.

179. Mariana Heredia: “Reformas estructurales y renovación de las élites económicas en la Argentina: estudio de los portavoces de la tierra y del capital”. Revista Mexicana de Sociología. N.º 1, vol. 65, 2003, pp. 77-115.

180. Ver: www.cronista.com/infoespecial/Escasany-la-vocacion-de-un-hacedor-20160707-0070.html

181. Lorena Cobe: La salida de la convertibilidad. Buenos Aires, Capital Intelectual, 2009.

182. Ver: https://www.lanacion.com.ar/1615623-jorge-brito-cristina-no-esta-escuchando-la-voz-del-pueblo

183. Ver: www.lanacion.com.ar/1219688-kirchnerismo-explicito

184. En 1992, se modificó la Carta Orgánica del BCRA mediante la Ley N.º 20539. Las reformas, con el objetivo de “preservar el valor de la moneda”, fueron en dirección de las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Menem. En cambio, la Carta Orgánica de 1973 establecía que la finalidad era “regular el crédito y los medios de pago a fin de crear condiciones que permitan mantener un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, un alto grado de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda”.

185. Ver: www.lanacion.com.ar/2222198-manzanares-acuso-al-banquero-eskenazi-ocultar-dinero

186. Juan Hernández Vigueras: Los lobbies financieros. Tentáculos del poder. Madrid, Clave Intelectual, 2013.

187. La fragata fue retenida entre el 2 de octubre y el 19 de diciembre de 2012. El 9 de enero de 2013 arribó a Mar del Plata.

188. Ver: www.cronista.com/finanzasmercados/Por-que-son-tan-pocos-los-banqueros-que-llegan-a-gobernar-un-pais-20160808-0013.html

189. En marzo de 2018, Kuczynski renunció en medio de denuncias por sobornos y corrupción, luego de que Odebrecht informase en diciembre de 2017 al Congreso peruano que pagó 4,8 millones de dólares a dos firmas de asesoría vinculadas a Kuczynski, una de ellas cuando era funcionario del gobierno de Alejandro Toledo.

190. Ver: www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-09/jpmorgan-and-deutsche-bank-boys-are-running-the-new-argentina

191. Ver: www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-299968-2016-05-22.html

192. En 2014, cuando la adquirieron, tenía presencia en Córdoba, La Rioja y Catamarca, donde abastecía a 675.000 usuarios.

193. Al momento de la compra, brindaba servicios a casi 600.000 personas de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis.

194. Ver: www.infobae.com/economia/2018/06/15/la-historia-secreta-de-la-llegada-de-luis-caputo-a-la-presidencia-del-bcra/

195. Ver: www.lanacion.com.ar/2139088-enrique-cristofani-para-mi-acudir-ahora-al-fmi-es-en-cierta-forma-la-compra-de-un-seguro

Capítulo 16

Un paso adelante

Vuela sobre sus propios campos piloteando un avión de alta gama Citation Excel. Hasta hace un tiempo lo hacía en el helicóptero Bell 407, pero prefirió obtener más de dos millones de dólares cuando se lo vendió al empresario devenido político Francisco de Narváez, quien lo utilizó para su campaña como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Siempre es bueno hacerle un favor a un político.

El banquero Jorge Brito desanda uno de sus hobbies volando, sin descuidar sus negocios. Recorre parte de las 90.000 hectáreas de su campo en Joaquín V. González, a 260 kilómetros de la capital de Salta. Observa, desde el cielo, las 86.000 cabezas de cría de sus ganados que se transformarán en los mejores cortes de carne del país y serán exhibidos en las góndolas de alguna de sus veinte selectas carnicerías que se distribuyen en lugares de alto poder adquisitivo de San Isidro, Tigre y Puerto Madero.

Brito controla cada fase de producción de su carne premium: siembra, cría, engorde de corral, industrialización, comercialización y la venta directa al público. Monitorea su riqueza desde el aire. Le debe su oficio a Napoleón Brito, su padre, un expiloto de la Fuerza Aérea, que le dejó como legado sus conocimientos como aviador a la dinastía Brito. Jorge junior, vicepresidente de River y parte del holding de su padre, cada fin de semana pilotea su propia aeronave hasta Los Federales, el campo familiar que está ubicado a solo una hora de la ciudad de Buenos Aires. A su hijo lo llamó Napoleón, en honor a su abuelo. Cada fin de semana, se reúnen los seis hermanos, los nietos y el abuelo. Todos, hinchas de River.

Su padre se quedó con Los Federales en 1983 y se lanzó a diversificar sus negocios con la cría de caballos y ganado. El negocio agropecuario se fue expandiendo. Luego, compró campos en las tierras más fértiles del país. Apuntó a la región del noroeste argentino (NOA), Formosa, Reconquista y Salta.

Banquero, político, empresario, Jorge Brito siempre estuvo un paso adelante a la hora de hacer negocios. Promediando los 70 se lanzó a ser financista. En la apertura democrática, se estableció como un banquero dispuesto a tender préstamos y financiamiento al sistema político, una condición que no abandonaría hasta el presente. En los 90, creció aprovechando la privatización de bancas públicas, lo que le permitió sortear la crisis de 2001, el momento en que dio su gran salto absorbiendo más de 10 bancos tras el colapso del sistema financiero. Fue el “banquero de los Kirchner” y logró su condición de billonario con Mauricio Macri, que lo llevó a ubicarse entre los cinco empresarios más pudientes detrás de Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Alberto Roemmers, Gregorio Pérez Companc.

Su fortuna, según la revista Forbes, es de 1660 millones de dólares. Probablemente, cuando usted termine de leer estas líneas, su riqueza habrá crecido. Su arquitectura de poder se basa en, al menos, cuatro máquinas de producir riqueza: el Banco Macro, el Real Estate —con Vizora, la empresa de bienes raíces— basado en el desarrollo inmobiliario en las tierras mejor valuadas de la ciudad, la explotación agrícola-ganadera a través de Inversora Juramento, Cabaña Juramento y Frigorífico Bermejo, y el sector energético, a través de Genneia, en donde se posicionó, con el desembarco de Macri a la presidencia, como uno de los jugadores más fuertes del sector eólico y la energía solar.

Desde el sector de las finanzas se lo suele elogiar por estar “un paso adelante”. Pero muy pocos se preguntan si esta condición se debe estrictamente a su olfato, intuición o inteligencia para desandar negocios o, simplemente, a que sus movimientos audaces están sustentados en la información que le anticipan sus alianzas políticas.

¿Un paso adelante? La respuesta quizás esté en el aire. Por eso, Brito vuela.

***

Jorge Brito nació el 23 de julio de 1952 en Salta y diez años después recibió un duro golpe con la muerte de su padre. A los 17, apenas salido del secundario bilingüe, ya había comenzado a hacer sus primeras changas y, en paralelo, se anotó en la UCA para realizar sus estudios de Ingeniería. Un compañero recordó que su ambición era moderada. “Solo me interesa tener mi casita”, solía decir el joven estudiante.

Con el tiempo, construyó una numerosa familia junto a Marcela Carballo. Juntos tuvieron seis hijos: Milagros, Jorge, Marcos, Constanza, Santiago y Mateo. Precisamente, la relación con su esposa le proveyó a su principal socio, su cuñado, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, con quien realizaría su primera inversión en el mundo de las finanzas gracias a un préstamo de 10.000 dólares que recibió de su parte, y del aporte de su madre. Con ese dinero, cuenta la versión oficial, hizo su ingreso al sector financiero con 23 años, cuando juntos lanzaron la financiera Anglia, en 1976.

Rodrigazo¹⁹⁶ mediante, poco antes del comienzo de la última dictadura, la devaluación de la moneda nacional fue del 160%. A posteriori, la reforma financiera de 1977, firmada por el exgeneral Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, significó el inicio del proceso de extranjerización del sistema financiero y de liberalización de las tasas, por lo cual este sector se encontró con enormes facilidades para su expansión. En simultáneo, Jorge Brito construyó su propio sistema mercantil que le permitiría estar cerca del poder.

Una década después, junto a su cuñado, adquirieron el Banco Macro. En ese entonces, se lo asoció al Coti Nosiglia. En los pasillos políticos se decía que el de Brito era el banco de la Coordinadora. Razones no faltaban: la persona que fundó la financiera Macro era el economista radical Mario Brodersohn, uno de los que funcionaba como interlocutor y representante ante los grupos económicos de la Coordinadora. A la vez, era secretario de Hacienda de Raúl Alfonsín. En 1984, la financiera se convertiría en el Banco Macro. En su directorio figuraba Chrystian Colombo, cuñado del Coti, que con el tiempo se convertiría en el jefe de Gabinete de Fernando De la Rúa en la frustrada Alianza. En los 80, no tardaron en caerle sospechas al Macro por disponer información privilegiada ante las devaluaciones radicales. Llamativamente, los empresarios se anticiparon al Plan Primavera, adquirieron tres millones de dólares y obtuvieron descomunales ganancias con la corrida inflacionaria posterior.

Las sospechas apuntaron a la amistad que habían construido Jorge Brito y el Coti Nosiglia. Hasta tal punto llegaba la relación entre ellos que, cuando el Macro iba en busca del banco provincial de Misiones, privatizado por el gobernador Ramón Puerta, Brito preguntó “si había que hablar con el Coti”¹⁹⁷ para avanzar. Bajo el paraguas de las relaciones políticas, el Macro recibió del Banco Central la autorización para operar como banco mayorista. En simultáneo, Brito comenzaría a diversificar sus apuestas económicas e invertiría en 1982 en un campo en Santa Fe. Lo haría por pasatiempo y por diversión, diría años después. Al poco tiempo, el divertimento se transformó en rentabilidad: “Hice un análisis y observé que en el NOA el 85% de la carne se importaba de Buenos Aires y Córdoba. Y me di cuenta de que si armábamos un feedlot¹⁹⁸ en esta zona íbamos a tener dos ventajas inmejorables: la primera, campos secos, sin inundaciones; la segunda, podíamos producir carne con un maíz 30% más barato que en otro lugar, porque no teníamos gastos de flete”.

Si en los 80 Brito se posicionó como un banquero de fuste, durante los 90 su expansión se profundizó gracias a la crisis del Tequila y la consecuente privatización de bancos provinciales en la que pudo alzarse desde enero de 1996 con los bancos de Misiones (93%), Salta (98%) y Jujuy (100%). Cada vez que hubo un cimbronazo financiero, el Banco Macro estuvo entre las entidades que más se beneficiaron. Sin dudas, cada crisis le ha servido de trampolín. Pero ¿cómo?

Al igual que en los 80, fueron las relaciones políticas con los gobernadores las que le permitieron a Brito expandirse y, a la vez, le dieron protección cuando en 1995 el Tequilazo empujó al Macro a la quiebra. Prácticamente fundido, la dupla Brito-Carballo utilizó su poder de lobby empleando los puentes políticos. El círculo vicioso de favores entre la política y los financistas permitió que su amigo, el gobernador Ramón Puerta, le permitiera adquirir el banco provincial de Misiones. Había comenzado la era de las privatizaciones, las cuentas públicas de las provincias se mantenían difusas y qué mejor que un banco amigo para evadir controles institucionales. Si se iba de lo público a lo privado, los negocios podrían hacerse con mayores garantías entre bambalinas.

Por estos motivos llegaría asimismo la privatización del Banco de Salta, que comenzó durante la gestión de Roberto Ulloa y en 1996 completaría la faena otro viejo amigo de Brito, el gobernador Juan Carlos Romero. Tiempo atrás, Brito había sido secretario privado del gobernador. Aun así, la amistad suena a un eufemismo. Se trata lisa y llanamente de una sociedad. Para la licitación de este banco provincial, el Banco Macro fue el único que se presentó. En paralelo, el gobierno salteño y el banquero firmaron un convenio para que el Banco Macro sea el agente financiero de la provincia por diez años. La relación se mantiene vigente: durante el primer mandato de Juan Manuel Urtubey el convenio se renovó por una década más.

La federalización de Brito llegaría hasta Jujuy. A través del gobierno justicialista de Carlos Ferraro, el Banco Macro nuevamente sería el primero en presentarse en la licitación. Se convirtió en dueño del 90% del capital social del Banco de Jujuy S. A. En 2005, se quedaría con la mayoría de las acciones del Banco Empresario de Tucumán y del Banco del Tucumán, integrando ambas entidades al Grupo Macro. En 2018, terminó de adquirir el 100% de la banca provincial. A Brito el modelo privatizador del menemismo le calzó anatómicamente. El Banco Macro, que antes de empezar con las privatizaciones mencionadas poseía 8 sucursales en todo el país, pasó a tener 65, y logró así posicionarse como una de las principales bancas nacionales.

El mecanismo de lobby de Brito se basa en la relación político-financiera con el gobierno de turno. Se da de un modo transversal. Lo señalan como un tipo sencillo, amigable, que mantiene la cordialidad en proporción a su versatilidad para hacer negocios. Coloca bonos en las provincias de sus gobernadores amigos y está dispuesto a “salvar” a otros que se ven complicados, a la par que crecen sus negocios. En 2013, por caso, estuvo presente cuando las acciones del grupo español Codere, la firma más pesada de la industria del juego, quedó atrapada en una grave crisis de liquidez. A su salvataje corrió el gobernador Daniel Scioli, quien le extendió a la firma española las licencias de 5 a 14 bingos que operan en la provincia de Buenos Aires. La multinacional del juego corría riesgo de caer en default según la calificadora Moody’s. Sin embargo, Codere se puso a salvo y envió una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde informó los acuerdos a los que llegó con el Banco Macro, mostrando garantías de solidez económica y financiera.

El colapso que sufrió el sistema bancario en 2001 le permitió a Brito posicionarse definitivamente como uno de los principales banqueros argentinos. Con la crisis política, económica y social, Brito no se quedó atrás y fue por el Citibank, uno de los bancos más poderosos de la década menemista. Para comprender por qué Brito hizo este movimiento, primero hay que entender cuál era la escuela del banquero icónico de los 90, Raúl Moneta, “el constructor del mayor instrumento financiero del menemismo”, en palabras de su biógrafa Susana Viau. Tal fue el poder que desarrolló en los 90 que, en sociedad con Telefónica, le propuso a Julio Saguier —presidente del directorio de La Nación— que, en un cheque en blanco, pusiera la cifra que deseara para quedarse con el diario.

Brito construyó una sólida relación con Moneta y tomó nota de la construcción de su poder financiero. El banquero menemista no tardó en diversificar sus inversiones. Por citar solo un ejemplo: en 1994, como comienzo de inversión, compró 2000 hectáreas en Mendoza y terminó, años después, cercando bajo su propiedad 80.000 hectáreas. Una cifra similar a las que maneja Brito en Salta, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.

¿Pero por qué Brito quería el Citi y cuál fue el vínculo de Moneta con esa entidad bancaria? En la burbuja financiera era vox populi que el Citi era el instrumento financiero del poder político:

En los 90, aquella única sucursal extranjera se había multiplicado de manera geométrica, el Citibank tenía presencia en 89 países, 92.000 empleados y sus ejecutivos estaban impregnados de una misma cultura. Y esta enseñaba que un citibanker sabe moverse en el riesgo, juega al límite y apuesta fuerte. Esa impronta agresiva generó desde siempre una cuota de envidia y otra, tal vez mayor, de recelo entre sus competidores, que los consideran los halcones del sistema financiero”¹⁹⁹.

A comienzos del siglo XXI, el Citi quedaría en el centro de la polémica por denuncias de lavado de nivel internacional. “Cuando Elisa Carrió presentó un informe de lavado de dinero, detalló las relaciones entre el Macro y el Citibank de la Argentina, donde tenía peso Willy Stanley, otro viejo amigo de Nosiglia. En el mundillo financiero porteño solía rebautizarse en broma al Macro como el “Citi chico”, por ocuparse de operaciones que no podía hacer el “Citi grande…”. A fines de 2002, Willy Stanley y Carlos Giovanelli dejaron el Citibank tras la renovación surgida por el escándalo de lavado que se descubrió en el Senado de los Estados Unidos. De allí se basó Elisa Carrió para el informe argentino, que nombraba a varios de los amigos de Nosiglia²⁰⁰.

Las denuncias de lavado provenían del Subcomité de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos, que difundió un informe en el que confirmó que el banquero argentino Raúl Moneta era propietario de uno de los bancos involucrados, el Federal Bank, y que esa entidad mantuvo una intensa relación comercial y financiera con el Citibank de Nueva York sin haber aplicado los códigos para verificar el origen de los fondos. Las conclusiones a las que arribó la investigación es que Moneta y el banco estadounidense aceptaron depósitos millonarios: “entre noviembre de 1991 y mayo de 2000 más de 4500 millones de dólares en esa cuenta”. Esos fondos eran parte de una cadena de lavado.

La trama de relaciones era mucho más amplia e incluía a otro grupo icónico de la década menemista como era el de la familia Yoma. En el informe de la Comisión de Antilavado presentada en el Congreso se lee:

Durante el gobierno de Carlos Menem el Banco Macro fue uno de los conductos por los cuales fluyeron fondos oficiales hacia las empresas del excuñado presidencial Emir Yoma. Por ejemplo, durante la crisis del Tequila, en 1995, el Macro recibió redescuentos por 29 millones de pesos y otros 20 millones de una línea de crédito de Comercio Exterior, que casi en su totalidad fue otorgada a la Curtiembre de Emir Yoma, que para entonces ya debía más de cien millones a los bancos oficiales. De los acreedores de Yoma, el único que tuvo la suerte de cobrar su deuda fue el Banco Macro. Además, el Macro recibió en el último cuatrimestre de 1995 y el primer semestre de 1996 diversas transferencias de fondos provenientes del MTB Bank a favor de Yoma S. A. por cuenta de Elthan Trading en concepto de aporte de capital, que corresponden a parte de los 36 millones que Emir no puede explicar por qué recibió y que se sospecha que serían coimas por distintos negocios como la venta ilegal de armas, el contrabando de oro, etcétera²⁰¹.

Yoma usaba una cuenta del Macro para realizar operaciones con el Citi de Nueva York, según reconocieron los directivos del Macro. El exvicepresidente de IBM Argentina, Gustavo Soriani, dijo en aquel momento que Brito tenía uno de los palcos privados de River, y su invitado permanente era Willy Stanley, el vicepresidente del Citibank que manejaba las relaciones con el gobierno y la Coordinadora.

Probablemente, a pesar del escándalo, a Brito le interesaban la estructura y los lazos que habían quedado de la banca. Si bien la adquisición del banco le fue esquiva al titular del Macro, sin embargo, pudo absorber a los directivos más importantes del grupo. Así se dio el desembarco de Willy Stanley, el papá de la actual ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Pocos recuerdan que el padrino de bautismo de la funcionaria fue el socio de su padre: Coti Nosiglia.

El presidente del Citi era Carlos Giovanelli, quien años más tarde se asociaría a Brito a través de D&G, el fondo de inversión que crearon junto al exjefe de gabinete de Fernando de la Rúa, Chrystian Colombo, que fue por años jefe de la sociedad de Bolsa del Macro, y el otro exCiti, Willy Stanley.

Brito presentó avales para una nueva inversión del trío Stanley, Giovanelli y Colombo, quienes se dispusieron a realizar varias inversiones fuertes, entre ellas la productora marplatense de alfajores Havanna, que aún se mantiene en las manos de los banqueros.

Al mismo tiempo que la crisis de 2001 generaba una diáspora de bancos internacionales, Brito avanzaba como un devorador: en poco más de tres años logró quedarse con el Bansud de los mexicanos del Banamex; en agosto de 2002, compró la mitad de la red del Scotiabank-Quilmes (se quedó con sus 36 sucursales), y en 2004, tomó la conducción del Suquía. Luego se quedaría con el Bisel y el Banco de Entre Ríos, que el francés Crédit Agricole abandonó intempestivamente en plena crisis. Brito no solo se ocupaba de realizar adquisiciones, sino que su poder de lobby estaba un “paso adelante” en las relaciones políticas.

El banquero le reclamaba al gobierno de De la Rúa “poder de decisión”. En sus expresiones, iba constituyéndose como uno de los nuevos voceros de un sector debilitado por el esquema del corralito. El empresario saldría a la pesca de los banqueros nacionales que estaban nucleados en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA). A partir de ahí, recreó la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) con el objetivo de “discutir cómo hacer para recrear la burguesía nacional”. Brito utilizaba la crisis para alzar la voz: “Necesitamos que nuestra voz se escuche. Tenemos mucho para aportar a la reconstrucción del sistema financiero y del país. Por eso vamos a interactuar con otras cámaras y otros sectores para constituir un foro donde se debatan los problemas que tenemos como país y cómo solucionarlos”.

En su caracterización, se suele elogiar la capacidad de olfato e intuición política que tiene el banquero. Algunos arguyen que esta cualidad se debe a su condición de banquero oficialista permanente, percepción que el propio protagonista no elude: “Si dialogar con un gobierno es ser K o menemista, indudablemente voy a ser K, voy a ser menemista y del próximo gobierno que venga”. Sin embargo, sus devaneos con las distintas administraciones han quedado de manifiesto en varias oportunidades. Una de ellas fue con la llegada de Néstor Kirchner; allí apuntó a la gestión de “este señor Lavagna que no solucionó ningún problema. La devaluación no ayudó a que la Argentina exportase más en 2002, por el contrario, exportamos menos. Acá hay cosas que tenemos que manejar con cautela y alguna vez la historia juzgará a aquellos que causaron daño, destruyeron el país y empobrecieron a la gente como ocurrió con el valor de las casas, los autos, la caída del salario, que hoy equivale a la mitad. Todo el país terminó empobrecido”. Eran tiempos donde Brito hacía campaña por Carlos Menem. Luego de la renuncia de De la Rúa, manifestó su apoyo en las elecciones presidenciales de 2003 a favor de la fórmula que encarnaban Menem y el gobernador salteño Juan Carlos Romero, su viejo socio y amigo.

Cuando Kirchner destronó al riojano, Brito le envió de inmediato un mensaje contemporizador al manifestar su optimismo por la continuidad de Roberto Lavagna al frente de la cartera de Economía. “Es fundamental que siga —afirmó—, ya que viene trabajando con eficiencia en la refinanciación de la deuda y mantiene buenas relaciones con los inversores externos”.

El flamante presidente Néstor Kirchner le dedicó unas palabras mirando directamente a la cámara de Mirtha Legrand, como se comentó anteriormente. El banquero no tardó en reiterar su mensaje conciliador: “Entiendo que el presidente electo puede manejar algunos preconceptos, pero los empresarios somos conscientes de que atravesamos la peor crisis de los últimos cincuenta años y confiamos en que para superarla todos tenemos que tirar del mismo carro. Solo así, unidos, con un país en crecimiento, los negocios caminan”.

La reconciliación llegó. Se necesitaban mutuamente, y no desaprovecharían la oportunidad de trabajar juntos. El viernes 20 de junio de 2003, a solo 26 días de la llegada de Kirchner al poder, Brito haría de anfitrión en ADEBA ante la atenta mirada del ministro Lavagna: “Desde la banca privada nacional estamos convencidos de que todos los argentinos debemos acompañar al presidente Néstor Kirchner, porque en ese camino y en esa oportunidad histórica está en juego el destino del país”.

Pero la política no vive de ilusiones. El mecanismo de lobby para obtener negocios a cambio se tradujo en un apoyo económico que ADEBA destinó a créditos para obras viales por 500 millones de pesos (unos 167 millones de dólares). Fue el primer préstamo al que accedió el gobierno de un país todavía en cesación de pagos. A partir de ahí, la relación entre Kirchner y Brito no encontraría límites. Con el tiempo, trascendió que la embajada de Estados Unidos catalogó a Brito como “el banquero de Kirchner”, en un cable fechado el 4 de febrero de 2008, revelado por WikiLeaks. Durante los años kirchneristas, el Macro se convirtió en el banco de capital nacional más importante del país: sus activos crecieron en diez años 863%; sus ganancias, un 650%. La entidad triplicaría su cantidad de sucursales mediante la adquisición de bancos con fuerte presencia en el interior. Al cierre de este libro, cuenta con 417 en todo el país.

Con Kirchner, el sector financiero fue uno de los que más ganaron. Entre 2008 y 2013, las ganancias netas del sistema bancario crecieron de 4757 millones de pesos a 29.143 millones de pesos, un salto de 512% en solo cinco años. El Macro se ubicó primero en el ranking de bancos de capitales locales. El poder que acumuló el banquero le permitió desatar en 2010 un fuerte lobby para lograr la renuncia del titular del BCRA, Martín Redrado, en medio de la polémica por la cantidad de reservas que pretendía utilizar el Poder Ejecutivo para pagar deuda.

Hasta allí, el kirchnerismo y Brito eran partes complementarias de un mismo sistema. Sin embargo, meses después, la muerte de Néstor Kirchner marcó un quiebre irreversible. Si con Néstor la comunicación era asidua, con Cristina el vínculo fue distante. Aunque siguió teniendo línea con el Gobierno por intermedio del ministro de Planificación, De Vido, la ruptura con el gobierno de Cristina se dio por las políticas que partían de la Secretaría de Comercio a cargo de Guillermo Moreno. WikiLeaks expuso a Brito, quien calificó al secretario como “un psicópata que se cree un genio”. Moreno, por su parte, solía señalarle a Cristina que el Macro era uno de los bancos que articulaba las corridas cambiarias con la intención de desestabilizar al Gobierno. No tardó en enviarle un mensaje amenazante por medio del vicepresidente Amado Boudou y ante la atenta mirada de la presidenta: “Decile a tu jefecito Brito que lo voy a meter preso”²⁰², le espetó.

La distancia entre Cristina y Brito fue proporcional al acercamiento que el banquero estableció con uno de los jefes de Gabinete de la presidenta: Sergio Massa. El tigrense había sido titular de Anses antes de la estatización de las jubilaciones. Anses no tardó en ser accionista minoritaria del Macro, lo que lo convirtió en depositario de más de 1400 millones de pesos, alrededor del 20% de la suma que había heredado de las AFJP tras el final de su régimen. Lo que se dice un negocio redondo.

El vínculo entre ambos quedaría estampado en la camiseta del Club Tigre, cuando Massa era dirigente. Tiempo atrás, el Macro había acompañado a Racing, el cuadro por el que hinchaba Néstor Kirchner. El vínculo con Massa se mantendría sólido incluso cuando el tigrense enfrentó a Cristina en las elecciones parlamentarias de 2013. El banquero era uno de los principales sostenes económicos del candidato a diputado. Fue el más importante inversor de su campaña y formó parte en los equipos que formulaban la política económica del Frente Renovador.

Fue por intermedio de Massa que Brito conoció a Amado Boudou. Sin Néstor, el vicepresidente sería otro de los interlocutores con el poder de turno. En 2010, Boudou acudió a Brito por la compra de Ciccone Calcográfica, que adeudaba 200 millones de pesos a la AFIP. Al poco tiempo estalló uno de los escándalos políticos más grandes de los últimos tiempos.

CAMBIEMOS

A pesar de haber ayudado a Daniel Scioli con Codere, Jorge Brito no dudaría en poner medio millón de pesos para la campaña presidencial de Mauricio Macri, según consta en los estados contables del PRO para la campaña a presidente de 2015. Su socio y amigo Willy Stanley haría lo propio, sabiendo que en el potencial gabinete tendría un lugar su hija Carolina. El Banco Macro sumaría además aportes a la Fundación SUMA de la vicepresidenta Michetti, que al poco tiempo fue investigada por la escasa transparencia a la hora de acumular el dinero de los aportantes.

Brito tenía razones para apostar por el gobierno de Cambiemos. La rápida devaluación y liberalización del mercado financiero que dispuso el gobierno de Macri le permitió cosechar mayores márgenes de ganancias. El Macro fue uno de los primeros en comprar títulos públicos y Letras de Cambio del Banco Central (Lebacs). En el primer trimestre del nuevo gobierno, registró un alza del 43,9% en la Bolsa de Buenos Aires. Las ganancias del Macro saltaron un 26% en el primer trimestre (93 millones de dólares) gracias a las más altas comisiones. Según los datos del informe del BCRA sobre bancos en 2018, en medio de la crisis económica que afectaba la mayoría de los indicadores de la economía del gobierno, el sector bancario, sin embargo, volvía a tocar la vara más alta de rentabilidad desde junio de 2016. En términos nominales, la ganancia fue de 14.555 millones de pesos, la más alta en la historia registrada en un mes para el sistema financiero local.

El poder económico de Brito no solo se debe a las arcas del sistema financiero. La quita de retenciones al agro permitió que la Inversora Juramento S. A. haya aumentado su capital un 36% en dólares. En efecto, con la llegada de Macri, Brito se volvió billonario, según un informe de la agencia internacional Bloomberg: (superó) “la barrera de los 1000 millones de dólares en su fortuna personal, que ahora llega a los 1200 millones. Lo consiguió por ser dueño del 20% de las acciones de Macro, valuadas ahora en más de 850 millones de dólares. Las acciones de ese banco subieron en lo que va del año 21% en dólares —N. d. A.: en referencia a 2016—, mostrando el mejor desempeño entre las cuatro entidades financieras argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York”.

Las loas del banquero al flamante presidente no tardaron en llegar: “Con Macri estamos de acuerdo en todo. Me parece muy bien que vaya a Davos, donde no le va a generar nada, pero la Argentina se había caído del mundo. Es muy importante cómo nos mira el mundo para invertir, y nos veían tal vez peor de lo que estábamos. Tenían la sensación de que la Argentina era un auto a toda velocidad yendo a Venezuela, y ahora cambió de rumbo”.

El poder de acumulación que hoy amasa el banquero se basa en la empresa Vizora, con desarrollos inmobiliarios en Puerto Madero, Árboris (Las Lomas y La Horqueta, San Isidro), el nuevo edificio sustentable del Banco Macro (Catalinas Norte) y Central Tucumano (San Miguel de Tucumán). En la parte agropecuaria desde Inversora Juramento S. A. produce para comercializar a través de los frigoríficos Bermejo S. A. y dejar el producto “boutique” y de “cortes exclusivos” en las góndolas de las carnicerías Cabaña Juramento S. A. Esta empresa se convirtió en una de las más fuertes del sector agrícola-ganadero.

El holding de Brito tiene presencia a su vez en uno de los sectores más beneficiados por la presidencia de Macri. Por caso, sus inversiones se basan en las energías renovables a través de Genneia S. A., que se presenta en su página web como “una compañía líder en generación de soluciones para el sector energético, basadas en la creatividad y sustentabilidad”. Cierto es que la apuesta de Brito fue el desarrollo de parques eólicos y, de ese modo, pudo intervenir en las provincias de Chubut, en la Central Térmica Paraná (Entre Ríos) y en Buenos Aires, a través de la Central Térmica San Lorenzo y Central Térmica Bragado, el Programa Energía Distribuida I (en Pinamar), el Programa Energía Distribuida II (en Matheu), Olavarría, entre otras. Pero como en todos los negocios, el holding de Brito no ingresa si no controla el todo. Por eso, en la apuesta energética se ocupa además de la comercialización de gas natural y transporte a través de su subsidiaria, Enersud Energy S. A.

La geografía indica dónde quedan los negocios de Brito como también permite vislumbrar con quién los ha realizado. Los tentáculos de Brito tienen la pretensión de extenderse al infinito.

196. El Rodrigazo se llamó a la crisis económica que sufrió la Argentina en 1975 durante el gobierno de Isabel Perón. El 4 de junio el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, dispuso un ajuste económico y decidió llevar a cabo una fuerte devaluación de 160% para el cambio comercial y 100% para el cambio financiero.

197. Darío Gallo y Gonzalo Álvarez Guerrero: El Coti, el dueño de todos los secretos. Buenos Aires, Sudamericana, 2005, p. 272.

198. El feedlot o engorde de corral es una estrategia para intensificar la producción. Consiste en encerrar a los animales en corrales donde reciben el alimento en comederos. En vez de alimentarse de los pastos naturales el ganado de los feedlots se nutre con alimentos balanceados.

199. Susana Viau: El banquero. Raúl Moneta, un amigo del poder en la ruta del lavado. Buenos Aires, Planeta, 2001, p. 44.

200. Darío Gallo y Gonzalo Álvarez Guerrero: op. cit., p. 273.

201. Ver: www.pagina12.com.ar/2001/01-09/01-09-10/pag09.htm

202. Federico Mayol: Amado. La verdadera historia de Boudou. Buenos Aires, Planeta, 2013, p. 269.

Capítulo 17

La fuga

El movimiento fue de película de intriga. Imperceptiblemente grotesco. Pero, como suele ocurrir, la insondable burocracia estatal a la larga logra invisibilizar lo que necesariamente debe ser oculto. Todo ocurrió en meses. Por eso es que la enumeración, cual inventario, sirve para comprender la jugada.

Primero. Recién asumido, Mauricio Macri puso al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF) a Mariano Federici, que había sido asesor del FMI y consultor externo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, ligada a Juan Félix Marteau, “cuyo estudio jurídico se dedica precisamente al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores”²⁰³. Lo secundó María Eugenia Talerico, abogada defensora del banco HSBC en investigaciones por lavado de activos. A ellos se sumó María Celeste Pleé, hija del fiscal Raúl Pleé y con paso por el estudio de Marteau y su fundación.

Segundo. Enterada de que, el 23 de junio de 2016, el ex JP Morgan Hernán Arbizu se subiría, custodiado por dos agentes del FBI, a un avión de línea de American Airlines, la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, tuiteó un flyer: “¡Otro prófugo capturado! Esta vez: Hernán Arbizu. Delito por fraude bancario. Pedido de captura internacional”.

Tercero. El 29 de junio de 2016 se aprobó la Ley de Blanqueo de Capitales. Uno de sus artículos ordenaba el traspaso de la UIF de la órbita del Ministerio de Justicia al de Hacienda.

***

Para quienes conocían en profundidad el caso, el mensaje de Bullrich contenía varias connotaciones. La primera era que, después de mucho tiempo, la Argentina había decidido no avanzar en las denuncias por fuga de dinero de las fortunas locales a través de la banca privada (private banking) de grandes bancos internacionales. La segunda era el hecho de sostener una falacia: lejos de estar prófugo, Arbizu había transitado sin problema alguno por canales, juzgados federales y hasta el Congreso nacional a lo largo de casi una década.

En Estados Unidos, Arbizu enfrentó cargos por fraude bancario y robo de identidad agravado. Durante los ocho años en que estuvo boyando en el país, las dos causas que se iniciaron por lavado de dinero apenas si registraron algún movimiento.

Puntualmente, la causa por lavado y evasión quedó en manos del juez Sergio Torres, quien prácticamente no la movió. Luego, un expediente conexo fue a parar al juzgado de Sebastián Casanello, quien, recién en 2013, lo llamó a declarar, pero después todo quedó en un limbo.

Lo cierto es que durante esos años no solo Arbizu aportó datos concretos al respecto, sino que el mismo procedimiento se había registrado en los casos de Hervé Falciani, en el HSBC, y de Stéphanie Gibaud, en Unión de Bancos Suizos (UBS). Sin embargo, la justicia argentina no avanzó, sin importar la magnitud del acceso a una base de datos secreta.

***

Corría 2009. Mientras el periodista Claudio Díaz presentaba su libro Diario de guerra. Clarín, el gran engaño argentino²⁰⁴ en la sede de la CGT, de traje sin dobleces, un hombre rubio que rondaba los cuarenta años miraba, sin hallarse en el lugar, desde la tribuna. Arbizu estaba sin rumbo. Se había escapado de Estados Unidos con información sobre centenares de millonarios argentinos que eludían al fisco gracias a un ardid financiero. Pero nadie lo quería escuchar. Lo gritaba a los cuatro vientos, y no lograba otra cosa más que indiferencia y desdén de parte de todo el arco político.

Esa desesperación lo llevó a aceptar sentarse con quien fuese con tal de que se supiera lo que procuraba demostrar. La jugada era arriesgada. Admitía que había cometido un delito, pero, a la vez, exponía el que desde hacía décadas llevaban a cabo los poderosos a los que nadie ve, solo, quizás, en las revistas donde ostentan sus fastuosas casas en alguna ciudad del exterior.

Nacido en 1968 en Punta Alta, Arbizu trabajó 20 años en la industria financiera. Empezó en una compañía argentina para luego pasar por el Citibank, el Deutsche Bank, el Bank Boston, UBS y, finalmente, el JP Morgan. Este tránsito se explica porque “es un ambiente tan chico que somos siempre los mismos. Siempre las mismas caras, te van a buscar de un banco al otro. El mercado financiero argentino es muy chico, hasta el punto de que, si se va tu jefe a UBS, te lleva a vos. Toda mi vida trabajé exactamente de lo mismo. En los últimos diez años trabajé haciendo negocios de banca privada. ¿Esto qué es? Administrar las fortunas de familias, empresas o grupos económicos”²⁰⁵.

Arbizu confesó que cometió fraude al pasar dinero de una cuenta a la otra, tomando la plata que pertenecía al exdueño de Musimundo, Natalio Garber, para girársela a los hermanos paraguayos Acevedo Quevedo, acusados por narcotráfico:

De todo lo que han dicho de mí, nunca el banco dijo que el dinero me lo quedé yo. Es obvio que no me lo quedé. Porque fue de la cuenta de él a otra cuenta. Fue por presión de los paraguayos que me apuraron. Yo estaba sentado con el paraguayo y pensaba de dónde saco guita para darle, y se me ocurrió Natalio Garber. Me fui de la oficina de ellos e hice la transferencia. Por lo que el fraude lo hice, falsifiqué la firma e hice el fraude, pero no lo hice en mi beneficio porque si no el banco para desprestigiarme lo hubiera dicho y no lo dijo²⁰⁶.

Cuando el JP Morgan le notificó del problema, Arbizu pidió que la causa se tramitase en la Argentina, a lo que el banco se negó. La hipótesis de aquel era que no les convenía, porque “obviamente tenían terror de que me quedara acá y abriera la boca”.

¿Qué significaba “abrir la boca”? Contar en detalle el procedimiento para evadir impuestos que los bancos internacionales ponen a disposición de sus clientes más valiosos. El banquero se había convertido en el vicepresidente de la filial local del JP Morgan. En ese momento, cobraba 200.000 dólares al año. La zanahoria era el bonus, que podía escalar hasta los 2 millones de dólares. Esto era, según Arbizu, parte del “lavaje de cerebro”:

Con esa zanahoria de ser el mejor para conseguir el bonus nos tenían, esa era una parte del lavaje de cerebro. Yo en 2007 en viajes me gasté casi 220.000 dólares, porque viajaba en primera, porque si tenía ganas de tomar un café llamaba al chofer, me llevaba al bar y lo tenía esperando fuera del bar mientras tomaba el café como si fuera Amalita (Fortabat). Te hacían creer que eras como los ricos. Otra parte es autoconvencimiento. Te decís: “La Argentina es un desastre, entonces cómo la gente no se va a llevar la plata afuera”. Y es todo lo contrario. La Argentina es un desastre porque la gente tiene la plata afuera.

Cuando supo que lo habían descubierto, Arbizu extrajo archivos confidenciales de numerosos clientes latinoamericanos, la mayoría de ellos argentinos. Lo copiado contenía números de cuenta, los montos, información sobre transferencias de fondos a paraísos fiscales y nombres propios de la cúpula del poder económico nacional, en su mayoría clientes de la entidad²⁰⁷. Entre los locales, en una lista de alrededor de 500 nombres, se hallaban accionistas del Grupo Clarín, Carlos Pedro Blaquier, Carlos Bulgheroni, las familias Costantini y Bemberg, etcétera.

A cualquiera que se le acercara, sin importar la bandería política, le comentaba que su objetivo era que la gente se enterase de lo que él hacía. De fondo, estaba la idea de que “en la Argentina no se investigaba lo que denuncio porque la mayoría de los políticos tienen la plata afuera. Yo me he llevado una sorpresa, la mayoría no lo hace no porque tenga la plata afuera, sino por desconocimiento de cómo hacerlo”.

***

Entre la llegada de Arbizu al país y su retorno a Estados Unidos como arrepentido, aparecieron los casos del italofrancés Hervé Falciani y la francesa Stéphanie Gibaud. Un denominador común: bancos que ponen sus estructuras para el lavado de dinero, entre otros, de argentinos.

Mientras una parte de las legislaciones de Occidente avanza en la creación de la figura de informante interno (whistleblower) —e incluso se bonifican los aportes de información sustancial—, en la Argentina, quien se anime a revelar ilegalidades de este tipo se expone a un enorme riesgo.

El especialista Mateo Bermejo, coordinador de la maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Nacional de Cuyo, explicó que fue “Ralph Nader quien propuso por primera vez, en 1970, que el whistleblowing fuera utilizado como un medio de controlar las infracciones legales de las empresas y la administración pública”. Luego de citar el caso Commerzbank en Alemania y de Enron y WorldCom en los Estados Unidos, donde los informantes internos cumplieron un rol clave en el descubrimiento de los delitos cometidos por las empresas y sus directivos, Bermejo puso como ejemplo la ley británica Public Interest Disclosure Act (1998) y la estadounidense Sarbanes Oxley Act (2002), en cuyos articulados se incorporaron formas de protección a quienes exponen las irregularidades cometidas por las empresas. En ese sentido, concluyó: “Si los incentivos legales no son los adecuados, existen buenas razones prudenciales para que los individuos eviten los riesgos que supone reportar irregularidades”.

En 2008, Stéphanie Gibaud, directora de Comunicaciones y Ceremonial de UBS, comenzó a archivar las fichas de miles de clientes que evadían impuestos. Había entre 3000 y 4000 cuentas de argentinos, presuntamente no registradas en el país, las cuales estaban radicadas en UBS de París y Ginebra. Hostigada por el banco y los servicios de inteligencia, en 2014 publicó el libro titulado: La mujer que sabía verdaderamente demasiado. Los entretelones de la evasión fiscal en Suiza²⁰⁸.

En julio de 2008, luego del allanamiento que se produjo en la oficina del director general de UBS, le exigieron a Gibaud que se deshiciera de una parte importante de los datos que almacenaba en su disco duro:

Como yo estaba ocupada organizando un torneo de golf con colegas de Ginebra, no le presté mucha atención a su petición. Después hice algunas preguntas sobre el allanamiento, pero no obtuve respuesta alguna. En vez de informarme sobre la causa del allanamiento, me pidieron nuevamente que destruya mis archivos, que representaban más de ocho años de trabajo. Entre esos archivos se encontraban numerosas fichas de clientes, con sus nombres, apellidos, datos de contacto y los nombres de los trabajadores del banco encargados de los negocios de estos clientes en Francia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica o en otros países. Me llevó más de seis meses comprender que algo no iba bien. Como llevaba mucho tiempo trabajando en el banco, todo el mundo me conocía y algunos empezaron a notar que estaba incómoda. Fue entonces cuando varios compañeros comenzaron a acercárseme, sobre todo gestores bancarios, para explicarme que tenían sospechas de que sus superiores jerárquicos los estaban forzando a cooperar con gestores suizos, lo que era ilegal y por tanto los ponía en riesgo de ser imputados penalmente.

A partir de ese momento, todo se desmoronó. El eje de la ilegalidad residía en que los gestores bancarios suizos no tenían autorización para ejercer la profesión bancaria en Francia, a lo que se añadía que los helvéticos proponían la compra de productos no autorizados para la venta en el país galo. En simultáneo, luego de un entrecruzamiento de datos, identificaron que existía una contabilidad paralela, en la que constaban las operaciones no oficiales.

Amenazada por sus superiores, decidió convertirse en una whistleblower, una figura sin regulación legal en la Argentina, donde un caso como el suyo la dejaría sin protección alguna, lo que podría costarle el puesto de trabajo como mínimo: “Prácticamente no podía vivir por las presiones que tuve que soportar, que tenían como objetivo aplastarme como un insecto. Después de irme estuve enviando mi currículum durante casi un año sin ningún resultado. Por primera vez en mi vida, mi trayectoria profesional no interesaba a ninguna empresa”.

A partir de la denuncia de Gibaud se iniciaron dos procesos judiciales y, a la par, la investigación del UBS AG (la casa matriz del UBS en Suiza), con la posterior imposición de una fianza de 1100 millones de euros contra esta, y de 40 millones de euros para el UBS Francia. Asimismo, UBS la demandó por difamación en 2010 y perdió. En cambio, en marzo de 2015, ganó 30.000 euros en su juicio contra UBS ante el Tribunal Social, que reconoció el hostigamiento que padeció.

***

Como para que quede claro en qué dirección corría el gobierno nacional, Mauricio Macri puso al frente de la Unidad de Información Financiera a los abogados Mariano Federici y María Talerico.

Desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) impugnaron ambos nombramientos, ya que los dos funcionarios hasta asumir se habían desempeñado como “defensores de personas y empresas investigadas por lavado de activos. La mayoría de estos profesionales se agrupan en torno a la figura del abogado Juan Félix Marteau, cuyo estudio jurídico se dedica precisamente al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores”.

Marteau, nombrado por Macri como titular de la oficina de Combate contra el Lavado de Dinero del Ministerio de Justicia, era identificado en un cable de Wikileaks, de 2009, como informante de la embajada de Estados Unidos. Según publicó Página/12 en mayo de 2017, “Marteau fue uno de los convocantes de las reuniones en las que se trató el plan de convertir a la oficina de escuchas (antes Ojota, ahora Dicom) en una nueva y gigantesca agencia de espionaje e inteligencia”. Poco después, presentó su renuncia, sobre la cual hubo varias versiones. Una de las más fuertes versaba sobre una discusión a los gritos con integrantes de la Oficina de Anticorrupción, conducida por Laura Alonso, a raíz de que se le había abierto un expediente por un presunto conflicto de intereses. Marteau desmintió haber sido abogado de Clarín y el JP Morgan en causas por lavado, pero reconoció haber tenido al primero como cliente, aunque aseguró que renunció a todos los casos que tenía abiertos y que podían ser motivos de incompatibilidad.

Según el director ejecutivo de Cipce, Agustín Carrara, en la legislación penal hay legislación de fondo, o sea los delitos financieros concretamente:

La de forma, o sea la Ley Procesal Penal, que dice cómo se hacen la investigación y el juicio; y algunas cuestiones generales que no son solo para esos delitos, como el decomiso de los bienes —el Estado pasa a ser propietario de las ganancias ilícitas—; y la legislación administrativa, que es la que varía con mayor facilidad, ya que son las normas de los organismos de control como el Banco Central, que muchas veces regulan cuestiones generales del ámbito económico y no están pensando en delitos.

Como este tipo de delitos se da en forma de mercado, que generan estructuras similares a las de una economía, solo que en este caso delictiva, cualquier regulación que se lleve a cabo incide directamente sobre los mercados informales y legales. Por caso, cualquier iniciativa de estas características que pueda llevar a cabo el Banco Central en lo concerniente al control de cambios, fuga de capitales, exportaciones e importaciones, etcétera.

El referente del Cipce identificó un problema en el Código Procesal Penal, es decir no tanto en la legislación “dura” sobre esos delitos, sino en las formas en que se investiga, lo que en definitiva influye sobre la legislación de fondo. Sintetizó:

La legislación penal de fondo fue mejorada en 2011 con la Ley de Delitos Financieros y Bursátiles. En lo que sí hay problemas es en la de forma, por lo que venimos pidiendo una reforma procesal penal. Por ejemplo, en Comodoro Py funciona todo escrito. Es un sistema muy lento, muy secreto, opaco y que funciona de espaldas a la sociedad. Concretamente, no solo impide investigaciones eficientes y un juicio rápido, sino que también permite el desarrollo de todas las prácticas oscuras que están detrás, como el cajoneo de causas. Por eso, pedimos que se implemente el nuevo Código Procesal Penal de la Nación.

En cuanto a lo penal, en lo que tiene que ver con una generalidad de delitos, que no solo se relaciona con lo financiero, en lo referente al decomiso, se está discutiendo la ley general de extinción de dominio. Quienes la impulsan precisaron que es importante avanzar hacia formas de decomiso sin condena, donde se pueda recuperar bienes cuando ya se puede probar que estas ganancias son ilícitas, por más que todavía no haya condena. En charla con los autores, Carrara precisó el alcance de la figura de informante interno en casos locales.

—¿Cuál es su opinión sobre el caso de Hernán Arbizu?

—Nosotros nos presentamos en la causa del JP Morgan, pidiendo acceder al expediente como un tercero con un interés legítimo. La idea era ver qué y cómo se estaba investigando. Nunca nos admitieron. Por esto, la información que manejo es a partir de lo que se conoce por los medios de comunicación. Como reflexión más general de una serie de casos, la principal razón por la que no se avanza es la falta de voluntad política de los distintos actores involucrados. A su vez, esta falta de voluntad política está condicionada porque el delito económico no está cometido por algún funcionario falto de ética, sino por algunos de los principales actores económicos a nivel mundial, y que por ende tienen la posibilidad de ejercer una cuota de poder enorme. Hay un informe del Centro Politécnico de Zúrich que dice que el JP Morgan es la sexta corporación con mayor capacidad de influencia en el mundo. Eso no es un dato menor a la hora en que jueces y fiscales decidan si avanzan o no. A eso se suma la falta de recursos, de capacitación, etcétera.

—¿Qué opina sobre la posibilidad de crear figuras como el informante interno (whistleblower)?

—Se dio la discusión con un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo sobre técnicas especiales de investigación, donde regulaban la figura de informante, pero en realidad era el buchón de la policía. Es también un problema de voluntad política el querer regularlo porque en la actualidad, con el desarrollo que hay de la tecnología de la comunicación, si un legislador quiere hacer las cosas bien, rápidamente accede a modelos de legislación de otros países. La información está, la cuestión es si se quiere aplicar o no. Pensar que el crimen organizado solo pasa por el mercado de la droga, por ejemplo, es un error, ya que el buchón de la policía no va a aportar absolutamente nada sobre formas de delincuencia empresarial, que en definitiva son formas de criminalidad organizada. Creemos que es muy importante que se regule esta figura.

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El 6 de mayo de 2015, Hernán Arbizu se presentó ante la Bicameral creada para investigar los miles de cuentas de argentinos en la sede de Ginebra del HSBC. Allí afirmó, entre otras cosas, que podía dar el nombre de 60 banqueros que estaban ayudando a fugar dinero en el país. A su vez, nombró bancos extranjeros y argentinos con atención al público como el Macro, Mariva, Patagonia, Comafi, Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley y Crédit Suisse.

En su ponencia, Arbizu volvió a apuntar contra Alfonso Prat-Gay, a quien consideró como el “facilitador” de la apertura de cuentas para evadir impuestos, a lo que añadió que cobraba “2 millones de dólares al año por administrar el dinero de Fortabat”. Esto provocó la respuesta del radical Ricardo Buryaile, quien marcó que Arbizu había “venido a la Argentina a autoincriminarse para no estar preso” y que “la verdad, en boca de un mentiroso, parece mentira”. Quien le respondió fue Carlos Heller: “El señor Arbizu reconoció que cometió delitos. Lo mismo hizo el contador de Al Capone y la justicia norteamericana no dudó en usar su información para avanzar en la investigación. Hay un intento de quitarle validez a lo que dice. Yo sé cuál es su situación judicial, lo que hizo estaba mal. Pero nos viene a ofrecer detalles sobre el sistema montado para facilitar la fuga y la evasión”.

Un mes antes de su presentación, la Bicameral había dado a conocer el listado de empresas argentinas que habían abierto cuentas en la filial suiza del HSBC. Entre ellas, se encontraban Cablevisión, Central Térmica Güemes, Telecom Argentina, Herbick, Instituto Massone, Plavenar, Exolgan, Neprosil, Powerco, Taltech International, Beckong Trade, Shawbury, Mastellone Hermanos, Multicanal, Artrium, Loma Negra, Comarine, Inmobal Nutrer, Laboratorios Rontag, Yermuk, Caspian, Via Toronto, Bridas, Edesur, Laboratorios Ingens, Plunimar, Central Puerto y Audio Systems, entre otros. A esa información se había accedido tras la reunión entre el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y Falciani.

Luego de reunir, desde 2006, 130.000 cuentas que administraba el HSBC en Suiza, el ingeniero tecnológico Falciani fue detenido en 2008 por las autoridades helvéticas. Recluido en Francia, antes de instalarse en España, se dio a conocer la “lista Falciani”, donde entre los miles de nombres aparecen 4040 cuentas no declaradas de argentinos. Una de las consecuencias locales fue el desplazamiento de Gabriel Martino, presidente del HSBC Argentina, por parte del Banco Central. Precisamente, la Resolución N.º 259 subrayaba que Martino “no dirigió las acciones necesarias para mitigar y abordar adecuadamente el riesgo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. Casi sin que avance la causa en manos de la jueza María Verónica Straccia, Martino reasumió a fines de abril de 2016.

Muy cercano a Macri y formado en la UCA, el banquero, que se movió para destrabar conflictos sectoriales como, por ejemplo, las medidas de fuerza de la Bancaria liderada por Sergio Palazzo, formó parte del Grupo Lunes, creado por el fugaz vicejefe de Gabinete Mario Quintana. Este estaba compuesto por el presidente del Ente de Turismo porteño, Gonzalo Robredo, el extitular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier, el consultor Sergio Berensztein, el funcionario del Ministerio de Desarrollo, Gabriel Castelli, el exviceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, y el especialista en derecho, Martín Böhmer. A poco de reasumir la dirección del HSBC, gracias a que la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al recurso de amparo por el que suspendió los efectos de la resolución del Central, Martino halagó, en una entrevista con Pablo Waisberg, la gestión del primer año de Macri: “Ha sido un muy buen año en términos institucionales, en el cual la Argentina recuperó el funcionamiento normal de la república. Por otra parte, en un contexto económico y social extremadamente difícil, se tomaron las medidas macroeconómicas necesarias para dirigirnos en la dirección correcta. Estoy convencido de que los resultados comenzarán a notarse cada vez con más fuerza en beneficio de todos”.

Una particularidad que marca la relación entre el gobierno de Macri y los grandes bancos es que, en 2016, el flamante Directorio del Banco Central aprobó la toma del “crédito puente” de los bancos HSBC, Santander, Citi, UBS, BBVA, JP Morgan y Deutsche Bank por 5000 millones de dólares, dando inicio a lo que, a la postre, constituiría “el tercer ciclo histórico largo de endeudamiento externo” de la Argentina.

De acuerdo con los especialistas, entre las revelaciones de Gibaud y Falciani se calculó que más de 100.000 millones de dólares están en juego. Se trataría de dinero negro sin tributar, parte del cual podría recuperarse y volver a las arcas públicas tras realizar las intimaciones o los procedimientos judiciales que resulten pertinentes. Gibaud y Falciani formaron parte de Plataforma Internacional de Activadores de Alerta, cuyo objetivo es la protección de los informantes internos.

En agosto de 2017, la jueza Straccia dictó 84 procesamientos por evasión agravada en la causa de las cuentas no declaradas de argentinos en Suiza. En octubre de ese año, el gobierno de Estados Unidos entregó a la justicia argentina 75.000 archivos sobre los contribuyentes implicados. Algunos de los procesados consiguieron que se revirtiese la medida por considerar que el período investigado estaba prescrito. Esto fue apelado por el fiscal Claudio Navas Rial.

En febrero de 2018, se dio a conocer el reporte financiero del HSBC, en el cual se estimaba que las investigaciones que se estaban labrando en diferentes países le costarían miles de millones de dólares de penalización: “Varias administraciones tributarias, autoridades regulatorias y organismos de control alrededor del mundo, incluidas las de Estados Unidos, Bélgica, la Argentina, India y España, están llevando adelante investigaciones y evaluaciones del HSBC Private Bank (Suiza) y otras empresas del HSBC relacionadas con acusaciones de evasión impositiva o fraude fiscal, lavado de dinero y el ofrecimiento de servicios financieros internacionales sin autorización”. Este informe añadía que tuvo que hacer previsión de 1500 millones de dólares ante eventuales acuerdos y condenas por lo que se conoció mundialmente como “Swissleaks”.

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Solo los avezados comprendieron en profundidad lo que significaba que Macri hubiera firmado el Decreto N.º 1206/16 de Régimen de Sinceramiento Fiscal, por medio del cual modificaba la ley de blanqueo de capitales. De esta manera, permitía que ingresasen familiares cercanos a los funcionarios. Con la modificatoria, les abría las puertas para acogerse al beneficio a aquellos que con los bienes acreditaran que “se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad” a la asunción de sus respectivos cargos por parte de sus familiares.

Todo se mantenía bajo control hasta que el 27 de agosto de 2017, Horacio Verbitsky publicó, en Página/12, parte de la lista de familiares y empresarios cercanos al PRO que habían aprovechado la puerta abierta:

A la cabeza de esa nómina de allegados figura Mindlin, quien blanqueó bienes por 770 millones de pesos, equivalentes a 44 millones de dólares, una suma homóloga a la que trascendió que habría pagado por la constructora de los Macri: entre 40 y 50 millones. Lo sigue Gianfranco Macri, con 622 millones de pesos, o 35,5 millones de dólares. Gianfranco integra los directorios de varias empresas familiares. Nicky Caputo, a quien Macri describe como “hermano de la vida”, socio en la primera empresa que inició aparte del holding familiar (Mirgor, fabricante de aire acondicionado para automotores), testigo de su última boda y asesor de facto de la presidencia, blanqueó 465 millones de pesos, o 26,5 millones de dólares²⁰⁹.

Mauricio Macri recién habló sobre el tema el 22 de octubre, luego de la victoria de Cambiemos en las elecciones de medio término. “Que mi hermano haya blanqueado es un derecho que le daba la ley, y lo hizo dentro de la ley”, sostuvo el mandatario durante una conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada.

Felipe Solá denunció que el DNU era inconstitucional, ya que cambiaba una norma vigente sin haber pasado por el Congreso. Pero no tuvo suerte. Inicialmente, la jueza María Biotti le impidió presentarse como litigante y cerró la causa. Sin embargo, la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un planteo del Estado para presentarse a litigar y lo habilitó a reclamar judicialmente. No obstante, en mayo de 2018, la jueza María José Sarmiento la consideró abstracta. Enterado, el diputado nacional hizo su descargo desde su cuenta de Twitter: “La jueza Ma. José Sarmiento cerró la causa que presenté contra el decreto que les permitió blanquear a los familiares de los funcionarios. Dice que es ‘abstracta’ porque el blanqueo finalizó. Como ya ocurrió, no hubo delito. Insólito. Renunció. ¿Y la ley? ¿Y la Constitución?”.

En junio de 2018, de acuerdo con los registros a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el marco de los Panama Papers, el hermano del presidente declaró ante la AFIP “que él era el dueño de la sociedad offshore BF Corporation y exteriorizó más de 63,5 millones de pesos en el blanqueo de capitales”²¹⁰.

Los especialistas señalaron que una de las claves para entender en qué punto falla la investigación se da a partir del traslado de la UIF de la órbita del Ministerio de Justicia a la de Hacienda. Cuando se conoció esta medida, Roberto Durrieu Figueroa, especialista en derecho penal y tributario, dijo desde La Nación:

Se dijo que la iniciativa “iba en línea con las recomendaciones y buenas prácticas internacionales que así lo aconsejan”. Pero el argumento es confuso: no existe estándar supranacional que exija a los países ubicar la unidad antilavado en la órbita del Ministerio de Hacienda; y mucho menos concederle funciones ligadas al control de la evasión y las finanzas públicas. […] uno de sus roles clave debe ser el de denunciar y acompañar la pesquisa criminal en la detección de pruebas ligadas al fruto económico del crimen. Y por su nexo con la justicia penal se resolvió, más de una década atrás, ubicar a la UIF en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El mencionado Carrara resaltó la forma de la estratagema y la fragilidad de los argumentos, ya que, a su juicio, el traslado de la UIF, que se incluyó a último momento, es algo consistente con la cooptación del organismo que estaba en proceso al incorporar a “las personas que defendían a los investigados por lavado. Se dio la designación de un titular con conflicto de intereses, despidos masivos y recorte de funciones. El traslado de la UIF se dio con argumentos engañosos, como que las prácticas internacionales sugieren que sea así, cuando no es cierto, porque hay muchos modelos de UIF”. Y detalla:

La ley de blanqueo, además, tiene una regulación muy confusa y bastante mala sobre cómo queda funcionando el sistema de prevención de lavado de dinero, porque dicen que el Estado mantiene la capacidad de controlar, pero al mismo tiempo a la UIF le impide informar a la justicia cuestiones cuando la información provenga de este programa de blanqueo. No se puede informar ni quién es la persona investigada ni quién aporta la información. Entonces no se entiende qué es lo que se puede informar. Una crítica desde lo económico es que permite que el dinero se quede fuera del país.

***

Sin representar ninguna novedad en la política, pero a contramano de lo que discursivamente se jactaba el macrismo, la contratación de María Pía Monkes Calcaterra como profesional experta en Gestión de Recursos Humanos de la UIF era un indicador sobre cómo se movería esa unidad.

Su currículum la puso a tono con los nombramientos del oficialismo desde que tomó las riendas del gobierno nacional. Sobrina del primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, María Pía fue apoderada de Socma, la nave insignia del Grupo Macri, y administradora de la Inversora Andina Ibérica SL, que figura en la lista de grandes evasores por parte del gobierno español.

Andina S. A., financiera radicada en Chile y que controla a Andina Ibérica, aparece como parte del holding conformado entre la sociedad Isolux/Macri. Monkes Calcaterra la condujo hasta 2015. En mayo de 2016 fue nombrada en la UIF. ¿Paradójico? Ni un poquito.

203. Ver: http://www.cipce.org.ar/articulo/lavado-impugnacion-candidatos-para-uif-2016

204. Claudio Díaz: Diario de guerra. Clarín, el gran engaño argentino. Buenos Aires, Gárgola, 2009.

205. Entrevista realizada el 14 de septiembre de 2009.

206. Entrevista realizada el 14 de septiembre de 2009.

207. Ignacio Chausis y Leandro Renou: Morgan papers. Buenos Aires, Marea, 2016.

208. Stéphanie Girbaud: La mujer que sabía demasiado. Los entretelones de la evasión fiscal en Suiza. París, Cherche-Midi, 2014.

209. Ver: www.pagina12.com.ar/59215-gianfrancamente-hablando

210. Ver: www.lanacion.com.ar/2145755-panama-papers-un-hermano-de-macri-blanqueo-ante-la-afip-63-millones-tras-la-difusion-de-panama-papers

Parte VI

La Iglesia

Capítulo 18

Corpus

“[…] En caso de que finalmente el matrimonio gay se apruebe, sectores católicos emprenderán una campaña para recordar, en vísperas de las elecciones de 2011, los nombres de los legisladores que fueron dóciles al matrimonio presidencial y no votaron según sus propias convicciones”.

MARIANO DE VEDIA, “La pulseada en su máxima tensión”, La Nación, 10 de julio de 2010

“Mi número de teléfono fue viralizado, jamás se había violado mi intimidad de esa forma. Se han metido hasta con mis nietos. Un verdadero católico no amenaza ni desea el mal. No apoyo el aborto, solo creo que la criminalización de la mujer fracasó. Por suerte hay personas más tolerantes”.

Tuit del diputado nacional Mario Negri (UCR) durante el debate del proyecto sobre la interrupción voluntaria del embarazo

La Iglesia tiene aquello que cualquiera cuyo objetivo sea bajar línea e influir en el pensamiento de multitudes desea: un cura y un templo en todos los pueblos del territorio argentino sin importar el tamaño ni su lejanía. También posee algo más: las puertas abiertas de casi todos los lugares y un par de horas semanales frente a un grupo considerable y diverso de sujetos que escuchan al borde de la admiración y la piedad el discurso del representante de Dios en la tierra.

Los ciclos de la cúpula católica son lentos, opacos y arbitrarios. Nada de esto quita que mantengan una intensa relación con lo que sucede en el resto de la sociedad. Un repaso sencillo de los datos duros sobre la Iglesia católica en la Argentina permite alumbrar varias claves sobre los movimientos que se están dando en su interior. A medida que se repasan las últimas dos décadas dentro de este campo, los diferentes hechos y pujas internas sitúan en el centro a Jorge Mario Bergoglio, figura fundamental del universo católico vernáculo y, desde 2013, universal.

Para hacer un mapeo es clave la información generacional. De los 89 nombres que aparecen en la página de la Conferencia Episcopal²¹¹, entre arzobispos, obispos y obispos auxiliares, el 22% nació en la década del 40; el 49%, en la del 50; el 25%, en la del 60, mientras que el 4% lo hizo en la del 70. O sea, casi la mitad de ellos tiene entre 60 y 70 años. Unos pocos no llegan a los 50 años. El 28% se ordenó como sacerdote en los 70; el 48%, en los 80; en tanto que el 24% lo hizo en los 90.

¿Qué significa esto según las corrientes imperantes dentro de la corporación eclesiástica? Casi la mitad de ellos se convirtió en cura en momentos en que la cúpula católica local enfrentaba una crisis de magnitud luego de que una fracción importante promoviese activamente la alianza con las Fuerzas Armadas a lo largo de décadas. Uno de los objetivos de la tan mentada renovación pretendió sin éxito reducir a los preconciliares²¹², fracción emblema de la etapa que se buscaba superar, a un lugar marginal.

Entre los arzobispos, la consagración episcopal²¹³ de la mayoría (42%) —teniendo en cuenta a monseñor Héctor Aguer, que se jubiló en mayo de 2018— se dio en la década del 90. Durante ese decenio, Antonio Quarracino, cardenal y arzobispo de Buenos Aires, era el nombre clave en el vínculo con el gobierno menemista. Justamente, él fue quien señaló a Bergoglio como el indicado para reemplazarlo en la conducción de la arquidiócesis porteña.

Ahora bien, incorporando a Víctor Tucho Fernández, quien el 16 de junio de 2018 ocupó el lugar de Aguer en la arquidiócesis de La Plata, los arzobispos nombrados por Francisco representan un tercio (4) del total (14), un dato fundamental a la hora de comenzar a ver cómo fue evolucionando la construcción estructural y territorial de poder de Bergoglio en el país desde que se sentó en la silla petrina.

La capacidad de influencia del sumo pontífice también creció entre los obispos argentinos. Desde marzo de 2013, nombró a 13 de los 49 titulares de obispados. Pero la principal semilla germina entre los obispos auxiliares, es decir, aquellos que posiblemente reemplacen a sus superiores del presente: designó a 19. Uno de los casos más resonantes fue el nombramiento del cura villero Gustavo Carrara²¹⁴ como obispo auxiliar de Buenos Aires. Es un hecho sin precedentes.

NACIÓN CATÓLICA

Según la encuesta realizada por el Conicet en 2008, único dato oficial y riguroso hasta el presente, el 76,5% de los argentinos se declaró católico, por lo que, si se extrapola a la actualidad, habría cerca de 34 millones de católicos en el país. Asimismo, el 95% dijo estar bautizado, y el 73% que se casó o se casaría por la Iglesia o el templo. De acuerdo con el mismo trabajo, los “indiferentes” (ateos, agnósticos y otros) representaban el 11,3%, los evangélicos el 9% y los testigos de Jehová el 1,2%.

A nivel mundial, el informe²¹⁵ realizado por Pew Research Center, en 2011, precisó que aproximadamente la mitad del universo cristiano es católica, mientras que más de un tercio son protestantes (37%), en tanto que las comuniones ortodoxas comprenden el 12%.

Según el Anuario Pontificio de 2015, de un total de 1285 millones de católicos en todo el mundo, América aglutina al 64%²¹⁶. Brasil encabeza el ranking con 172 millones de personas, seguido por México con casi 111 millones. Ese trabajo detalló que en todo el orbe hay 5304 obispos, 415.000 sacerdotes, 54.000 religiosos, 670.000 religiosas y 116.000 seminaristas. Estas últimas tres categorías registraron una caída si se las compara con 2010. La mayor, del orden del 7%, se dio entre las religiosas. En tanto que los seminaristas disminuyeron casi un 2%.

Entre 2010 y 2015, el número de católicos creció globalmente en un 7,4%. La dinámica es diferente en cada continente. El desarrollo más constante se dio en África: los bautizados crecieron un 19,4%, pasando de 186 millones a 222 millones. Aunque levemente menor, la tendencia positiva se mantuvo en América y en Asia: aumentaron 6,7% y 9,1%, respectivamente. En cambio, en Europa la tasa positiva no alcanzó el 1%, mientras que en Oceanía se estancó, manteniéndose en 10 millones de fieles al igual que cinco años atrás.

El Anuario Pontificio de 2017 sitúa a la Argentina como el décimo país con mayor cantidad de católicos a nivel mundial con 40,8 millones de personas. No consignaron de qué manera llegaron a ese número. Entre los datos cuantitativos se encuentra que la cantidad de sacerdotes bajó 0,5%, al pasar de 5632 a 5606. A la par, los seminaristas disminuyeron un 5%, pasando de 987 a 938.

Más allá de la crisis de legitimidad que atraviesa en sus bases la Iglesia católica en todo el mundo —la cual se vio agravada por la puesta en evidencia del sistema de encubrimiento de abusos sexuales cometidos por miembros del clero— y en la Argentina en particular, que se mantenga el bautismo —sin importar cuántas personas son practicantes— como un acto tradicional en numerosas familias, garantiza la reproducción institucional, ya que es la base para que a lo largo del tiempo pueda seguir mostrándose como representativa de una buena parte de la sociedad argentina y, por ende, recibir beneficios de distinto tipo de parte del Estado.

Sobre ese aspecto pone énfasis la campaña “Apostasía colectiva”²¹⁷, con la finalidad de que quienes no quieran seguir formando parte puedan “darse de baja de la Iglesia católica”. El trámite, en apariencia sencillo, se inicia a partir de una carta dirigida a la diócesis en la que el solicitante está inscripto. La misiva debe ir acompañada por el acta de bautismo y una copia de DNI. Ante eso, el obispado debe responder advirtiendo las consecuencias de tal decisión y adjuntando un formulario, que debe ser llenado frente a una autoridad eclesiástica para que tenga validez.

LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL

Cada vez que la imagen pública de la Iglesia queda en entredicho, se reflota la interminable discusión interna sobre si cortar o no el lazo económico que la une con el Estado. La fortaleza de este es tal que el vínculo no solo está inscripto en la Constitución Nacional, sino que también tiene una partida presupuestaria específica año a año. La Carta Magna, en su artículo 2, compromete al Gobierno nacional a sostener el culto católico apostólico romano.

El jurista Ángel Centeno, asesor de la cúpula católica, dejó plasmado en un boletín de la Agencia Informativa Católica Argentina el espíritu del aporte eclesiástico a la Reforma Constitucional de 1994: “La Constitución no debe quedar vacía de una referencia al papel histórico de la Iglesia católica en la Argentina sin que esto signifique un privilegio. La Argentina no es un Estado católico, pero sí una nación católica. El papel de la Iglesia católica no es de privilegio, sino de preponderancia, basado no en un poder político, sino en su permanencia histórica, cultural y geográfica”.

Sin embargo, como si fuese un secreto de Estado al que se le quitaba el velo, en marzo de 2018, cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó en la Cámara de Diputados qué suma recibía la corporación eclesiástica, se despertó una antigua controversia al respecto. El funcionario nacional indicó que solo para salarios la Iglesia recibiría, durante ese año, 130 millones de pesos.

Esto se encuentra reglamentado por la Ley N.º 21950, a través de la que se le otorga a la jerarquía eclesiástica una “asignación mensual” equivalente a un porcentaje de la percibida por un juez nacional de primera instancia. De acuerdo con la información oficial, un obispo diocesano cobraba 46.800 pesos mensuales; un obispo auxiliar, 40.950 pesos; un obispo emérito, 40.950 pesos; mientras que los administradores apostólicos y diocesanos percibían 46.800 pesos.

La norma —aunque tiene modificaciones en democracia— data de 1979, y cuando fue impuesta llevaba la firma del presidente de facto, el general Jorge Rafael Videla, y del ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz. Su letra se encuentra atravesada por la alianza labrada a lo largo de décadas entre una fracción importante de la Iglesia argentina y los militares.

Fue el titular del obispado cordobés de San Francisco, Sergio Osvaldo Buenanueva, una de las voces ascendentes dentro de la curia argentina, el encargado de matizar, por medio de las redes sociales, el debate. Primero, chicaneó al Congreso por las críticas: “El monto destinado al culto católico está en el Presupuesto Nacional, que aprueban los mismos diputados que preguntan”. Luego, sin querer, hizo gala de la discrecionalidad con la que manejan el dinero público: “Lo que recibimos los obispos no es un sueldo. No nos hacen ninguna de las retenciones propias de un salario ni pagamos ganancia. Se trata de una asignación que llega a nombre de los obispos y que, por lo general, se destina al sostenimiento de los obispados”.

El debate y las críticas de una buena parte de la opinión pública permitieron notar que hasta los curas villeros se encolumnaban detrás del verticalismo que caracteriza a la Iglesia. Por ejemplo, para José María Pepe Di Paola, párroco en la Villa 21, dar a conocer lo que ganaban los prelados fue “una jugada política” del macrismo, que así buscaba ocultar otras problemáticas.

Sin embargo, más allá de que por la incomodidad que genere se pretenda saldar rápidamente, la discusión sobre el presupuesto de Culto viene de larga data. En 1949, se publicó un libro titulado Antecedentes del presupuesto de culto en la República Argentina, cuyo autor es Enrique Udaondo. La idea núcleo de esa obra parte de que, como el Estado durante el gobierno de Bernardino Rivadavia había expropiado, en 1822, propiedades a la catedral y a varios conventos de Buenos Aires, existía una deuda que debía saldarse sin fin: “El origen del Presupuesto de Culto es conocido: la Iglesia tenía sus bienes y sus recursos propios. Rivadavia echó mano a los bienes raíces de la Iglesia cuyo valor era muy grande, y el 21 de diciembre de 1822 abolió dichos recursos, los diezmos […]. Es, pues, el Presupuesto de Culto no una dádiva, sino un deber”. Sus principales críticos señalaron que “el absurdo deriva de que el Gobierno no expropió a esas instituciones por los valores de 1949, sino por los de 1822”²¹⁸.

Pero la controversia es una constante desde que la Argentina comenzó a darle forma a una administración centralizada, en un contexto marcado por la supresión de los diezmos y la expropiación de tierras eclesiásticas. La Iglesia se vio favorecida por la decisión tomada en 1853, de establecer un presupuesto nacional de culto, mediante el cual se financiaría al clero. Según Miranda Lida, “el presupuesto de culto, lejos de atentar contra la autonomía de la Iglesia, contribuyó en la Argentina a construirla sobre bases más sólidas que la que ofrecía el muy confuso sistema de diezmos que continuó funcionando, con sus bemoles, hasta 1853 en las provincias del interior”²¹⁹.

Cuando Peña informó ante los diputados nacionales, el conservador Héctor Aguer, por medio de una columna en La Nación, buscó cerrar el debate, marcando que se había usado el tema para distraer a la población de las dificultades económicas. Según el arzobispo emérito de La Plata, era “humo” con un objetivo muy claro: “En la medida en que se difunda oportunamente, la población se distrae un poco de sus aflicciones: la inflación que no baja, el dólar que sube, la violencia desatada en la sociedad, los femicidios, la sensación de inseguridad, el drama creciente de los jóvenes sin trabajo”²²⁰.

A diferencia de Buenanueva, Aguer refinó su oratoria encabalgándose sobre otra cara de la doctrina social de la Iglesia, aquella que arguye que muchas veces llega adonde los gobiernos no pueden o no quieren:

Comienzo con el cuestionamiento de nuestro sueldo, confesando en qué lo gasto. Once o doce mil pesos se convierten en nafta, y no en la más refinada; el territorio de la arquidiócesis suma 4652 km², y para cumplir mi oficio como corresponde debo trajinar continuamente. Tengo varios “clientes” fijos —dicho con todo cariño—, personas a las que ayudo, pobres de veras, más algunos sacerdotes y seminaristas. Gasto muy poco para mí mismo, en compra de libros, sobre todo. Me gusta la ópera y el año pasado pude frecuentar el Colón porque me regalaron un abono. Hay gente dadivosa que se inquieta si sabe que falta algo o pone en mis manos ofrendas para obras de caridad. Algunos legisladores han propuesto que se nos reduzca el sueldo; me parece bien, podría llevárselo al nivel de lo que cobra un diputado. Después de todo, unos y otros somos servidores del pueblo y debemos dar ejemplo de austeridad; además, los obispos y sacerdotes no tenemos secretarios y asesores pagados por el Estado. Sugiero encarar la cuestión con objetividad, sentido común y deponiendo prejuicios ideológicos.

Como al pasar, Aguer cuestionó las dietas de los legisladores, a quienes pone en el mismo nivel, obviando que, más allá de que pueda discutirse cuánto ganan, fueron elegidos a través de elecciones.

Sin embargo, a fines de 2018, la cúpula católica anunció que renunciaba paulatinamente a la partida presupuestaria. No a los subsidios de cientos de millones de pesos que recibe de cada gobierno provincial. Nuevamente, fue Buenanueva el encargado de lanzar el mensaje que, en este caso, dejaba a la vista de todos que la controversia estaba lejos de cerrarse: “El Estado dejará esta forma —bastante anacrónica, por cierto— de aportar a la misión de la Iglesia. Podemos, sin embargo, preguntarnos: el Estado, en cualquiera de sus niveles, ¿puede desentenderse sin más de las actividades religiosas de los ciudadanos? La respuesta es clara: no, no puede”.

AGENDAS

Cada corporación posee como mínimo dos tipos de agenda: la permanente y la coyuntural. Una se mantiene a lo largo del tiempo. La otra es por época, aunque generalmente, por las características de la Iglesia, la vincula con cuestiones troncales de su identidad. Un ejemplo de la primera es su lucha con el aborto, el principio de subsidiariedad del Estado y la educación religiosa. En tanto que, por caso, el divorcio vincular y el matrimonio igualitario son parte de la segunda.

En los siguientes capítulos se desarrollará la forma en que la Iglesia busca en su interrelación con el Estado imponer su cosmovisión utilizando recursos heterogéneos cada vez que alguna de esas cuestiones sale a la superficie del debate público e, incluso, ingresan al Congreso nacional con fuerza, ya sea impulsado desde el gobierno de turno genuinamente o a raíz de la presión de minorías con capacidad de movilización.

Un antecedente obligatorio es lo que ocurrió en torno del divorcio vincular en 1984. La estrategia tiene semejanzas con la que pusieron en práctica durante los debates sobre el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo. El destino de la patria se juega en cada una de estas discusiones, según la perspectiva eclesiástica. Por ende, agrede a la nación. Ante este ataque, la Iglesia se presenta como la última barrera en defensa de lo más elemental y sagrado de la argentinidad. En palabras del entonces obispo de Mercedes, Emilio Ogñénovich, son el resguardo de la tradición: existe una campaña divorcista “totalmente extraña a nuestra tradición argentina. La Iglesia, al defender la indisolubilidad del matrimonio, sirve irrefutablemente a los más altos intereses de la comunidad nacional y el devenir mismo de la patria”.

A medida que avanzaba el siglo XXI, tomó relieve la figura de Bergoglio, considerado el lobista paradigmático en este trabajo, motivo por el cual se trazará su semblanza atravesada por la capacidad de negociación y de generar escenarios de conversación, la trama reticular que lo tiene como núcleo, la silenciosa introducción de personas de su entorno en lugares clave del Estado y la forma de enviar mensajes desde que llegó al Vaticano.

211. No se tuvo en cuenta a quienes conducen las eparquías. Relevamiento realizado en mayo de 2018.

212. Son aquellos que se opusieron a las modificaciones con el objetivo de renovar el vínculo entre la Iglesia y sus fieles, impuestas por el Concilio Vaticano II en 1962.

213. “La consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, también las funciones de enseñar y gobernar”, afirma el inciso 1558 de la Segunda Parte del Catecismo.

214. Carrara se desempeñó como cura párroco en María Madre del Pueblo en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

215. Ver: www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-traditions/#catholic

216. El 39,9% vive en Europa; el 26,4% en Oceanía; el 19,4% en África y el 3,2% en Asia.

217. Ver: www.apostasia.com.ar

218. Ver: www.revistacriterio.com.ar/bloginst_new/2010/12/06/en-torno-del-presupuesto-de-culto-y-sus-raices-historicas/

219. Miranda Linda: “El presupuesto de culto en la argentina y sus debates. estado y sociedad ante el Proceso de construcción de la iglesia (1853-1880)”. Revista Andes. Antropología e Historia. N.º 18, 2007.

220. Ver: www.lanacion.com.ar/2130239-una-discusion-seria-sobre-el-presupuesto-de-culto

Capítulo 19

Santa mano

La voz de los más necesitados, la austeridad como forma de vida, un pastor antiestablishment, el “Che” Bergoglio, el cardenal primado que prefiere el tren antes que el auto privado y con chofer, las ovejas antes que el príncipe, el sucesor del cardenal menemista, el encargado de convocar a una “guerra de Dios” contra el matrimonio igualitario, el que, según los tradicionalistas, dejó entrar el Anticristo a la Iglesia. Estas son, apenas, algunas de las referencias que pesaban sobre Jorge Bergoglio entre sus seguidores y oponentes en diferentes campos. Todo mutaría a partir del 13 de marzo de 2013 cuando los cardenales lo eligieron papa, y, a lo largo de un buen tiempo, ganó el elogio de propios y extraños.

Durante su etapa prepapal, Bergoglio no fue un dirigente religioso de claustro, sino más bien uno carismático que gozaba de moverse en territorio árido. Se sentía cómodo tanto en las villas como en el trato con políticos, a quienes fustigó más de una vez desde el púlpito. No es casual, ya que fue señalado para reemplazarlo por otro clérigo que cultivó un vínculo intenso y poroso con la política: Antonio Quarracino.

Su figura creció públicamente luego del Diálogo Argentino posterior a la crisis de 2001, en el que la Iglesia estableció los parámetros éticos sobre los que debía reconstruirse la nación. En esa ocasión, secundado por el presidente Eduardo Duhalde, el presidente del Episcopado, Estanislao Karlic, indicó que “el diálogo tiene su origen y su más alta expresión en la relación de Dios con el hombre. Este origen revela la naturaleza y manifiesta la dignidad del diálogo”.

En 2005, Bergoglio se convirtió en presidente del Episcopado, sucediendo en la presidencia a Eduardo Mirás. Las tensiones tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Fernández no le impidieron construir un vínculo estratégico y en apariencia improbable con la administración porteña de Mauricio Macri, aunque hubo sobresaltos como en el caso del protocolo del aborto. El conservador Héctor Aguer fue, a su vez, dentro de la Iglesia, y muchas veces fuera de ella, su contrafigura ideal para delinear un discurso “progre” hacia el interior de la institución milenaria.

DISCURSO Y HECHOS

Sus biógrafos, con el fin de dar forma a una mística de rebaño más que de príncipes purpurados, sintetizaron las cualidades de Bergoglio a través de una frase de Oscar Crespo, uno de sus amigos, a quien, cuando le contó que iba a ser cura, le dijo: “No voy a ser sacerdote de ninguna basílica; voy a ser jesuita, porque voy a querer salir a los barrios, a las villas, para estar con la gente”²²¹.

Cuando en marzo de 2013, luego de la quinta votación llevada a cabo por los cardenales en la capilla Sixtina, se comunicó que Bergoglio había sido elegido como el sucesor de Benedicto XVI, se produjo un invisible reordenamiento de fichas en la Argentina. Desaparecieron las disidencias políticas y, poco después, hasta las notas firmadas por Horacio Verbitsky, el periodista más crítico acerca de su participación durante la última dictadura en el secuestro de los padres Orlando Yorio y Francisco Jalics en 1976.

El propio Verbitsky brindó una explicación insostenible:

Varios medios impresos y digitales descubrieron ayer que algunas de mis notas sobre Jorge Mario Bergoglio no estaban disponibles en la edición digital de Página/12 y lo atribuyeron a censura editorial, dado el giro del gobierno de Cristina Fernández hacia el papa Francisco. La verdad es mucho más aburrida, como suele ocurrir. Yo pedí al diario que bloqueara los accesos porque no quería darle la información premasticada a la nube de periodistas europeos que cayeron sobre Buenos Aires para preparar instant books sobre el personaje, ya que sigo investigando el tema y no me gusta regalar mi trabajo. Fue una táctica exitosa, puesto que la información contenida en esas notas casi no fue replicada por terceros. El resto sigue en el mismo lugar de siempre²²².

Demoraría un tiempo para que los analistas se atreviesen a correr el velo sagrado que la nueva investidura le asignaba, y volviesen a enfocar la cara política del jesuita.

Nacido el 17 de diciembre de 1936, cuando adolescente, Bergoglio se incorporó a la Acción Católica (AC) de Flores. Esta era el brazo popular de la juventud católica, una forma de disputar la calle en épocas de alta movilización. El especialista Fortunato Mallimaci destacó que la AC no solo le aportó a sus integrantes el roce que daba hablar en público y, a la vez, dirigir grupos y grandes asambleas, sino que también fue determinante la posibilidad de integrar la burocracia de esta entidad, ya que “al igual que los rectores y profesores del seminario, estas posiciones brindaban mayores posibilidades de tener contacto cotidiano con las autoridades romanas y sus representantes locales en la nunciatura. De esa regulación saldrá el primer papa latinoamericano”²²³.

Sobre su relación con el primer peronismo, las fuentes no concordaron. En plena década del 50, cuando recrudecía el enfrentamiento entre el gobierno de Juan Perón y la cúpula eclesiástica, algunas indicaron que sentía simpatías por el general presidente, mientras que otras aseguraron que no. En 1961, ingresó al seminario de la Compañía de Jesús, una orden atravesada por la filosofía de San Ignacio de Loyola. Allí, Bergoglio conoció los retiros espirituales como forma de introspección y fortalecimiento colectivo. También, experimentó el exilio, producto de las diferencias con la conducción luego de haber sido superior provincial de los jesuitas en la Argentina entre 1973 y 1979.

Al cumplir 52 años, Bergoglio, confinado, tuvo, como él mismo dijo en una entrevista con Antonio Spadaro, “un momento de gran crisis interior estando en Córdoba”²²⁴. Una crisis distinta de la de su juventud, motivada por las lecturas marxistas que le daba su jefa de laboratorio y una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Esther Ballestrino de Careaga, que estuvo a punto de poner a prueba sus creencias, o incluso de la que tuvo al regresar de Santiago de Chile y enamorarse. Fue Quarracino quien, durante el menemismo, lo rescató de la penitencia en la provincia mediterránea a la que lo había enviado la Compañía.

Al frente de la Conferencia Episcopal desde 1990, Quarracino fue la “correa de transmisión”²²⁵ entre la Iglesia y el menemismo. Líder personalista, “era visualizado por muchos de sus pares como la figura ideal para dar batalla a la secularización y recuperar el lugar de la religión en la vida pública”²²⁶.

En ese contexto eligió a Bergoglio, su vicario general, quien fue aceptado y nombrado por Juan Pablo II. El especialista Juan Cruz Esquivel marcó que el flamante arzobispo destacaba por su habilidad política e interés por las problemáticas sociales; sin embargo, muchas de sus posturas reflejaban una línea de continuidad con las más conservadoras dentro de la curia. Desde ese momento, Bergoglio y Héctor Aguer actuaron como contrapartes casi perfectas.

Aunque una parte de la crítica prefiere verlo como rupturista, Bergoglio ha dado muestras claras de su verticalismo institucional a rajatabla, a partir del cual respeta lo que la cúpula católica local decida. Cuando llegó al Vaticano, el sacerdote Guillermo Marcó, su vocero durante más de una década, lo precisó: “Bergoglio, por lo que lo conozco, es un conservador, que no va a hacer cambio de doctrina, sino en las formas”.

El libro El jesuita²²⁷, de Sergio Rubin, extitular de la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal durante los noventa, y Francesca Ambrogetti, dio ejemplo de ello cuando se plegó a la postura oficial eclesiástica sobre el rol de la Iglesia en la dictadura que comenzó en 1976: “Estoy esperando que los partidos políticos y otras corporaciones pidan perdón como lo hizo la Iglesia (el Episcopado difundió en 1996 un examen de conciencia y, en 2000, realizó un mea culpa con motivo del Jubileo)”.

En los casos sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes actuó de igual manera, aunque las pruebas demostrasen que la postura oficial se apoyaba en falacias. No casualmente fue él quien encargó un informe²²⁸ a un estudio de abogados, el cual exculpaba al cura Julio César Grassi, condenado a 15 años por corrupción agravada de menores.

Aunque con notables diferencias en su estratégico protagonismo a raíz de su investidura, durante los debates sobre el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo, la primera como arzobispo de Buenos Aires, mientras que la segunda ya como papa, hizo lo propio. Nada de esto quita que, como pocos, maneje la sutil distancia que hay entre el discurso y los hechos.

***

El temperamento de Néstor Kirchner ya era noticia entre los matutinos porteños cuando Bergoglio lanzó un duro mensaje en medio de la homilía del 25 de mayo de 2004, en la catedral de Buenos Aires: “El mundo mira asombrado a un país como el nuestro, lleno de posibilidades, que se pierde en posturas y crisis emergentes y no profundiza en sus hendiduras sociales, culturales y espirituales; que no trata de comprender las causas, que se desentiende del futuro”. A metros de él se encontraban el primer mandatario y la entonces senadora Cristina Fernández. Una foto captó perfectamente el momento en que Kirchner lo miraba fijo, con gesto grave.

A partir de ahí, no volverían a estar cara a cara en un tedeum. Esas diferencias irreconciliables serían las que, a fines de 2006, a Kirchner, en franco contrapunto con el mencionado Marcó, lo llevaron a asegurar que “nuestro Dios es de todos, pero cuidado, el diablo también llega a todos, a los que usamos pantalones y a los que usan sotanas”. En medio de la polémica por la participación del obispo Joaquín Piña en las elecciones para convencionales constituyentes de Misiones, Marcó había acusado a Kirchner de “alentar odios” y, a la par, había considerado que “si un presidente fomenta alguna cierta división, termina siendo peligroso para todos”. No tardaría en ser desautorizado y removido de su cargo.

Según Bergoglio, puso todos los medios de la Iglesia en función de restañar heridas y reconciliarse con Kirchner, pero no fue posible: se puso en juego “mi esfuerzo y el de toda la Iglesia para tender puentes, pero con dignidad”²²⁹.

Durante ese mismo año, el arzobispo porteño mostró que era uno de los pocos curas con capacidad de jugar en diferentes canchas como, por caso, las cámaras patronales. Así quedó expuesto cuando asistió a una jornada organizada por ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), que aglutina a los empresarios de medios de comunicación gráficos del país. Una particularidad: en su alocución se dirigió a ellos como periodistas, y no como lo que realmente eran, los dueños de empresas con intereses que, en muchos casos, exceden a los de la prensa y, por lo tanto, condicionan su libre ejercicio. El enfrentamiento entre el Gobierno y aquellos era abierto y sin trincheras. Dispuesto a evangelizarlos, Bergoglio dio un discurso desvaído, lejano a los hechos: “A ustedes se les plantea este desafío de hacerse prójimo para que —a través de esa comunicación de cercanía— se implanten la verdad, la bondad, la belleza, que trascienden la coyuntura y la espectacularidad y que, mansamente, siembran humanidad en los corazones”.

El suceso que habría resquebrajado por completo cualquier posibilidad de acercamiento fue relatado por los mencionados Rubin y Ambrogetti, quienes se refirieron a una presunta estrategia del gobierno kirchnerista para perjudicar a Bergoglio en su contienda con Joseph Ratzinger a la hora de dirimir quién reemplazaría a Juan Pablo II en 2005:

[…] se asegura que, en las vísperas del cónclave, que debía elegir al sucesor del papa polaco, una copia de un artículo —de una serie del mismo autor— con la acusación fue enviada a las direcciones de correo electrónico de los cardenales electores, con el propósito de perjudicar las chances que se le otorgaban al purpurado argentino. En la denuncia se le atribuía al cardenal una cuota de responsabilidad por el secuestro de dos sacerdotes jesuitas, que se desempeñaban en una villa de emergencia del barrio porteño de Flores, efectuado por miembros de la Marina en mayo de 1976, dos meses después del golpe. De acuerdo con esa versión, Bergoglio —quien, por entonces, era el provincial de la Compañía de Jesús en la Argentina— les pidió a los padres Orlando Yorio y Francisco Jalics que abandonaran su trabajo pastoral en la barriada y, como ellos se negaron, les comunicó a los militares que los religiosos ya no contaban con el amparo de la Iglesia, dejándoles así el camino expedito para que los secuestraran, con el consiguiente peligro que eso implicaba para sus vidas.

Los autores se referían a las notas de Verbitsky en Página/12.

En 2013, cuando Bergoglio ya era Francisco, fue el periodista Román Lejtman quien echó a andar una versión similar, aunque con sensibles diferencias, en torno del cónclave que lo eligió ese año: “En el Vaticano aseguran que la falsa denuncia contra Bergoglio fue cocinada por un diplomático argentino de apellido histórico en el peronismo, tramada por un legislador nacional vinculado a los organismos de derechos humanos y filtrada a los electores del papa por un cardenal que conoce las desavenencias entre Francisco y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”²³⁰. La referencia era a Juan Pablo Cafiero, quien se desempeñaba como embajador argentino ante el Vaticano, y el cardenal italoargentino Luis Sandri, amigo de Aguer. El propio Cafiero lo desmintió.

Por ese tema, en calidad de testigo, Bergoglio había declarado durante cinco horas el 8 de noviembre de 2010 frente al Tribunal Oral N.º 5, por pedido del abogado Luis Zamora, integrante fundacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). No resulta casual, ya que su creador, Emilio Mignone, en su libro Iglesia y dictadura²³¹, de 1986, había apuntado contra él: “Por distintas expresiones escuchadas por Yorio en su cautividad, resulta claro que la Armada interpretó tal decisión y posiblemente, algunas manifestaciones críticas de su provincial jesuita Jorge Bergoglio, como una autorización para proceder contra él”.

Sintéticamente, acusaban a Bergoglio de no haber protegido a Yorio y Jalics luego de que se disolviesen las comunidades de base en las que participaban y ambos decidiesen permanecer. Todo esto luego de ser puestos en “disponibilidad”, buscasen en qué diócesis incardinarse y, según un informe escrito por Yorio al padre Moura, Bergoglio hubiera emitido informes desfavorables. El provincial lo negó. El 23 de mayo de 1976 la Armada los secuestró en una casa de chapones situada en la Villa 1.11.14.

El propio exarzobispo de Buenos Aires reconoció, en el libro de Rubin y Ambrogetti que vio dos veces al general Jorge Videla y al almirante Emilio Massera:

En uno de mis intentos de conversar con Videla, me las arreglé para averiguar qué capellán militar le oficiaba la misa y lo convencí para que dijera que se había enfermado y me enviara a mí en su reemplazo. Recuerdo que oficié en la residencia del comandante en jefe del Ejército ante toda la familia de Videla, un sábado a la tarde. Después, le pedí a Videla hablar con él, siempre en plan de averiguar el paradero de los curas detenidos. A lugares de detención no fui, salvo una vez en que concurrí a una base aeronáutica, cercana a San Miguel, de la vecina localidad de José C. Paz, para averiguar sobre la suerte de un muchacho.

EL ESPÍRITU SANTO

Con Mauricio Macri la relación fue zigzagueante. El punto de mayor crispación que se recuerde fue cuando el entonces jefe de Gobierno decidió no apelar las sentencias judiciales luego de que, en marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitiese el fallo FAL, sentando precedente sobre la interpretación que se le debía dar al artículo 86 del Código Penal de la Nación. Sintéticamente, estableció que el aborto no es punible cuando la salud o la vida de la mujer están en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación o “un atentado al pudor de una mujer idiota o demente”. Asimismo, dictaminó que las autoridades nacionales y provinciales debían dar forma a la implementación de protocolos hospitalarios “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

Cuando el 10 de septiembre el gobierno porteño anunció que, mediante una resolución del Ministerio de Salud, reglamentaba el protocolo, Bergoglio salió a presionar públicamente, considerando como “lamentable” la decisión, para luego reiterar los lugares comunes del discurso eclesiástico: “Una vez más se avanza deliberadamente en limitar y eliminar el valor supremo de la vida e ignorar los derechos de los niños por nacer”.

En ese momento, todos miraban a los diferentes interlocutores del macrismo con los distintos sectores de la Iglesia: Santiago “el Obispo” de Estrada y Gabriela Michetti, fundamentalmente. Sin embargo, nadie notó cómo el propio Bergoglio había incorporado a dos de sus personas más cercanas en un área central para la cosmovisión eclesiástica: la educación.

Comúnmente, a la hora de observar el vínculo, en el plano educativo, entre la derecha católica y el macrismo, las miradas se dirigen hacia Esteban Bullrich, protagonista, por caso, de numerosas intervenciones en la Universidad Austral, casa académica del Opus Dei en el país. Sin embargo, para mensurar la penetración que alcanza la perspectiva de la Iglesia, el objetivo debe enfocar a Victoria Morales Gorleri, expresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña y, desde 2015, directora nacional de Responsabilidad Social en el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley.

Hija del militar retirado Claudio Morales Gorleri, formado en la Universidad del Salvador y director de la maestría en Historia de la Guerra en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos”, la funcionaria nacional fue durante diez años secretaria de Bergoglio, en momentos en que este conducía el arzobispado de Buenos Aires. Allí formó parte de la Vicaría General de Educación (VGE). A principios de 2015, entrevistada en el programa Diálogos con valor, espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural, Morales Gorleri sostuvo que Francisco está realizando “una revolución amorosa, de paz. Eso es lo que Francisco nos vino a traer, el Espíritu Santo lo ilumina. He tenido la oportunidad de verlo tres veces desde que asumió el pontificado y, sinceramente, yo veo al Espíritu Santo”.

Nicolás Balero Reche, uno de los asesores de Morales Gorleri e integrante de La Macacha, agrupación juvenil que responde a esta, trazó con precisión qué busca la organización: “Reflejar los valores de la Iglesia en la política […]. Es una militancia extraña, es una militancia desde la Iglesia en la política, específicamente en el partido del PRO”. No casualmente Beatriz Jáuregui fue situada por Morales Gorleri al frente de la Dirección General de Educación de Gestión Privada desde 2010 hasta el cierre de este libro. Entre otras cosas, a ambas las une la militancia en contra del aborto.

En 2012, Morales Gorleri encabezó el ataque contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la interrupción del embarazo en mujeres violadas. El Tribunal superior dictaminó, en el caso de una joven de 15 años, que había sido abusada por su padrastro, un oficial mayor de la policía de Chubut, que podía abortar sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. En esa ocasión, preparó un proyecto para detener el tratamiento del elaborado por Carmen Polledo, también macrista. En los fundamentos, la exsecretaria del papa sostenía que “la repercusión del fallo de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de no ser vinculante jurídicamente, hizo que dichas iniciativas parlamentarias fuesen reflotadas por algunos sectores políticos. Y en este contexto político, y solo frente al avance de dichos proyectos de ley, me veo en la necesidad de presentar una iniciativa parlamentaria propia, que salvaguarde los derechos de los niños por nacer”.

Luego, sacó a relucir los ya clásicos argumentos de la cúpula católica sobre el aborto: “Así como este proyecto busca la protección de las mujeres violadas, también busca proteger los derechos de la vida de los niños por nacer, en concordancia con diferentes tratados internacionales de rango constitucional y el Artículo 63 del Código Civil”. Sin embargo, la Legislatura porteña terminó aprobando el proyecto que comparte el mismo criterio que el fallo de la Corte.

Quizás por todo esto no sorprende que, en 2015, cuando el PRO impulsó en la Legislatura porteña la cesión de propiedad de una veintena de inmuebles al arzobispado de Buenos Aires, Morales Gorleri lo justificó: “Hace muchos años que la Iglesia católica está desarrollando en estos terrenos tareas sociales con población de alta vulnerabilidad”, a lo que añadió que “sería hipócrita desconocer que el Estado no ha llegado a esos lugares”.

AJEDRECISTA

La compleja y multidimensional figura de Francisco no admite simplificaciones, justamente por eso se ridiculiza a quienes analizan desde blanco o negro. El papa vive en la intersección. Ahí donde se entrecruza su pasado argentino y su presente como jefe de Estado.

Pero ¿cuál es el verdadero? ¿El que reconoce a Palestina o el mismo que se opone al aborto? ¿Es el que operó para que Estados Unidos rompa el bloqueo sobre Cuba o el que acompañó con su silencio cómplice los múltiples casos de abuso sexual cometidos por curas y encubiertos por obispos? ¿Cuáles son las diferencias entre el cardenal Bergoglio, que militó en contra del matrimonio igualitario, y este papa, que ha sugerido a la comunidad homosexual que la Iglesia debe modernizarse y aceptarlos? ¿Cómo y cuánto afectan sus múltiples facetas a los distintos actores (obispos, laicos, políticos, medios de comunicación, etcétera)? ¿Es admisible interrogar a Francisco desde Bergoglio?

La clave es el matiz. En cuanto arzobispo, Bergoglio fue un jugador de partidas simultáneas. Supo adecuar su estrategia según el tipo de juego que teje en la puja con su rival. Como hombre de Estado, al frente del Vaticano, Francisco se adaptó, velozmente, a las nuevas circunstancias.

Bergoglio fue erigido papa en medio de una crisis signada por los Vatileaks²³², la multiplicación de casos de pedofilia y el escándalo en el Banco del Vaticano por fraude y corrupción. Todo esto conspiró contra Benedicto XVI. En 600 años, el de Baviera fue el primero en dimitir, aspecto nada menor si se tiene en cuenta que una de las características fundantes, a nivel institucional, es la perentoriedad.

Por eso, como buen líder carismático, Francisco comprendió desde el inicio el peso de la cercanía. Si, como dice la citada encuesta del Conicet, los fieles se han alejado de los templos, el nuevo ocupante de la silla petrina salió a buscarlos. En efecto, la simbiosis entre la estrategia del Vaticano y la necesidad de los fieles resulta circular y, a la vez, diseñada desde la necesidad. No sorprende que apenas haya asumido, procuró contactarse con los fieles que festejaban su elección en Plaza de Mayo; con una abuela por su cumpleaños; con el portero del arzobispado de Córdoba; con una docente de una escuela de Ameghino, Misiones; con la novia del cantante de Callejeros; con la madre de un financista al que se lo tragó la tierra y con un periodista enojado (Alfredo Leuco). Pero, también, por ejemplo, llamó a un joven abusado por curas en el arzobispado de Granada, España; a cristianos refugiados en el campo de Ankawa, en el Kurdistán iraquí; a la familia de un periodista norteamericano asesinado por ISIS. Las llamadas de Francisco no serían tales sin el efecto multiplicador de los medios de comunicación. Hasta el punto de que el diario italiano Corriere della Sera publicó un breve protocolo para saber cómo reaccionar si alguien recibe una.

En los próximos capítulos, se verá a Bergoglio/Francisco como parte central de un mecanismo de lobby, por momentos, tan silencioso y asfixiante como violento y torpe, en otras ocasiones. Pero, fundamentalmente, se desplegará el arsenal de recursos de la Iglesia ante lo que titularon como una guerra contra el plan de Dios.

221. Austen Ivereigh: El gran reformador. Buenos Aires, Ediciones B, 2015, p. 63.

222. Ver: www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-260119-2014-11-18.html

223. Fortunato Mallimaci: El mito de la Argentina laica. Buenos Aires, Capital Intelectual, 2015, p. 101.

224. Ver: w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130921_intervista-spadaro.html

225. Juan Cruz Esquivel: Detrás de los muros. Quilmes, Universidad de Quilmes, 2004, p. 148.

226. Ibid., p. 152.

227. Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti: El jesuita. Buenos Aires, Vergara, 2010.

228. Fueron cuatro tomos titulados “Estudios sobre el caso Grassi”. El trabajo, que abarca casi 2600 páginas, fue encargado, en 2010, por Bergoglio al abogado Marcelo Sancinetti.

229. Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti: op. cit., p. 131.

230. Ver: www.cronista.com/elecciones/Exclusivo-por-que-fracaso-un-informe-secreto-K-para-bloquear-la-eleccion-de-Bergoglio-20130318-0049.html

231. Emilio Mignone: Iglesia y dictadura. Buenos Aires, Colihue, 2006.

232. Se conoció así a la filtración de documentos secretos que involucraban al Vaticano en hechos de corrupción, que iban desde sobreprecios hasta el encubrimiento de abusos sexuales.

Capítulo 20

El plan de Dios

¿En qué cambió la estrategia de la Iglesia entre el debate sobre el matrimonio igualitario y el del aborto? ¿Pesó que en 2010 Jorge Bergoglio fuera aún el arzobispo de Buenos Aires, y en 2018 el papa Francisco? ¿El fracaso en 2010 y el éxito en 2018, desde la perspectiva eclesiástica, se explican por una creciente confesionalización del Congreso nacional? ¿La alianza entre las estructuras católica y evangelista son solo coyunturales? ¿Es efectiva la amenaza velada de la corporación eclesiástica de bajar un mensaje opositor en tiempos electorales si se la desafía?

Pocas veces la jerarquía católica abandona la serenidad de los templos para ocupar la calle, trajinar los pasillos, saturar teléfonos y escrachar casas de legisladores. Todo con un discurso atravesado por la moral. En la Argentina, 2010 y 2018 ofrecieron dos ejemplos ineludibles sobre cómo un factor de poder ejerce presión sobre el Estado cuando se siente atacado.

LA IMAGEN

Cuando llegó de Córdoba, luego de ser designado obispo auxiliar por el cardenal Antonio Quarracino, uno de los primeros sacerdotes jóvenes a los que conoció Jorge Bergoglio fue Guillermo Marcó, por entonces vicario de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en el barrio de Flores. Fue por intermedio del cura Rafael Morán Díaz, excompañero en el Seminario de Buenos Aires antes de ingresar a la Compañía de Jesús.

Con el jesuita al frente de la arquidiócesis, Marcó pasaría a integrar su equipo. Atento al rol central de la prensa como mediadora con el resto de la sociedad, Bergoglio le ordenó que reorganizara el área de Comunicación. Oficialmente, se convirtió en su vocero, una función que cumplió durante diez años. El enfrentamiento público de Marcó con Néstor Kirchner en 2006 obligó a Bergoglio a desplazarlo. Sin embargo, siguió cumpliendo ese rol informalmente.

Por eso no llamó la atención cuando, en nombre del arzobispo y presidente del Episcopado, Marcó se contactó, a comienzos de 2010, con la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) para intentar alcanzar un consenso en torno del matrimonio igualitario. El enviado admitió que Bergoglio estaba obligado a cuestionar el proyecto, pero podía ejercer una “oposición leve” si acordaban algunas condiciones. Puntualmente, no quería críticas fuertes en su contra ni que figurase la palabra matrimonio, sino unión civil. Este último aspecto impidió cualquier pacto, ya que era justamente lo que resultaría un salto cualitativo para dejar de ser “ciudadanos de segunda”.

Un poco de historia. El primer matrimonio entre personas del mismo sexo en Latinoamérica se consumó el 28 de diciembre de 2009 en Tierra del Fuego, después del Decreto N.º 2996/09 de la gobernadora Fabiana Ríos. El 1 de diciembre de ese año, Álex Freyre y José María Di Bello intentaron casarse en la ciudad de Buenos Aires, pero el Registro Civil les denegó su solicitud porque el Código Civil no contemplaba la posibilidad. Después, presentaron un recurso de amparo y consiguieron que la jueza Gabriela Seijas los autorizara. A pesar de que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, no apeló la decisión, la boda no pudo realizarse debido a que la Corporación de Abogados Católicos presentó un recurso de amparo en el juzgado de Martha Gómez Alsina, lo que fue confirmado por la Cámara Civil. La apelación de Freyre y Di Bello ante la Corte Suprema quedó trunca por errores de procedimiento del procurador general porteño Carlos Guaia, quien, por el repudio generalizado, debió renunciar. Aún faltaban meses para que comenzase el recorrido del proyecto en el Congreso Nacional, no obstante, ya tenía historia en la Argentina reciente.

Hasta 2010, el mayor avance se había registrado en diciembre de 2002, cuando la Legislatura porteña aprobó la Ley N.º 1004 de Unión Civil, a partir del proyecto presentado por la CHA. De esta experiencia se sirvieron Río Negro y las ciudades cordobesas Carlos Paz y Río Cuarto. Esto no conformó a una buena parte de los activistas, ya que las uniones no reciben los derechos y protecciones que afectan a los matrimonios. En 2005, la CHA presentó el proyecto de Unión Civil Nacional, pero no fue tratado. En su libro Matrimonio igualitario²³³, el periodista Bruno Bimbi reconstruyó el camino escarpado que debieron atravesar para lograr la sanción de la ley. Desde 2007, se presentaron, en muchos casos orquestadamente, amparos por medio de los cuales se reclamaba que se declarase la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que impedían el derecho al matrimonio entre parejas conformadas por personas del mismo sexo.

Uno de los más simbólicos fue el impulsado por María Rachid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), junto con su pareja, Claudia Castro. Por medio de un recurso extraordinario, la demanda llegó a la Corte, que, según se supo, iba a fallar favorablemente, pero no debió hacerlo porque durante ese lapso se aprobó en el Congreso la reforma del Código Civil. El de Seijas es otro antecedente clave, ya que el 13 de noviembre de 2009 declaró inconstitucionales los artículos 172 y 188 del mencionado código.

Por otro lado, el andarivel legislativo. Fueron varios los proyectos de ley presentados para instituir el matrimonio civil, en muchos casos originados en el contenido que estaba difundiendo la FALGBT. Entre ellos, se encuentran el del socialista Eduardo Di Pollina y el de la kirchnerista Vilma Ibarra. Pero, como es usual en temas que generan posturas radicalizadas, se necesitó de la voluntad política del Poder Ejecutivo, en ese momento a cargo de Cristina Fernández. Entre octubre y noviembre de 2009 se debatió por primera vez en las comisiones de Legislación General —que presidía Ibarra— y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia —que conducía Juliana Di Tullio—, de Diputados, dos proyectos para incluir a las parejas gays en la ley de matrimonio, uno de autoría de la propia Ibarra y el otro de Silvia Augsburger. Finalmente, el que se trató ingresó el 5 de marzo de 2010.

***

Durante los meses en que se desarrolló el debate público, la Iglesia aplicó dos tipos de lobby. Uno centralizado y otro personalizado. Ambos fungieron cual pinza. El primero, de alcance nacional, tuvo como cara visible a Bergoglio, por medio de quien se dio la presión pública. Esto no significa que haya sido la voz oficial. Esa función la cumplió Antonio Marino, en ese momento obispo auxiliar de La Plata. Marino recurrió a todo lo que estaba a su alcance para criticar el proyecto, incluso llegó a inventar una estadística sin precisar la fuente: la fidelidad “en las uniones homosexuales es muy difícil”, ya que las personas que las integran “tienen hasta ocho parejas por año y hasta 500 en toda la vida”, a lo que añadió que “en las uniones homosexuales no hay permanencia. La duración es aproximadamente y en promedio de 1,5 años a 3, según los distintos estudios”. Hacia dentro de la Iglesia, Bergoglio tenía como contraparte al arzobispo platense Héctor Aguer, quien logró que su par endurezca aún más su postura para no perder la puja interna.

En el mismo plano, actuó la mencionada Corporación de Abogados Católicos San Alfonso María de Ligorio, bajo el comando de Eduardo Sambrizzi y el activismo tribunalicio de Pedro Andereggen. La idea de Sambrizzi quedó plasmada en una entrevista con la revista Newsweek: “Sería asimilar lo que es inasimilable. Sería desperfilar el matrimonio. El matrimonio ya sería una especie de chicle, que se podría estirar: cualquiera podría casarse. Y no, el matrimonio es algo, no tendríamos por qué darle cabida a cualquier tipo de unión. Es como si usted dijera: vamos a darle cabida al matrimonio de dos chicos menores de edad, de 5 años”.

El abogado Alberto Solanet, hermano de Manuel (secretario de Hacienda durante la última dictadura militar) fue uno de los últimos presidentes de la corporación, antes de pasar a conducir la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, creada en 2009. Entre otros, esta asociación es integrada por el abogado Alberto Rodríguez Varela, quien fue ministro de Justicia entre 1978 y 1981 del último gobierno de facto. Mariana, su hija, se destacó como una activista antiaborto, que se hizo conocida luego de que, a través de las redes sociales, se la viese repartiendo bebés de yeso. Enrique, su hermano, es secretario del Juzgado Criminal y Correccional N.º 11 que dirige Claudio Bonadio. Asimismo, en 2018, se supo que Ignacio, su hermano, estaba entre los postulados por el Poder Ejecutivo como magistrado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

TAREA PARA EL HOGAR

El 1 de julio de 2010, se conoció que la Comisión de Laicos del Episcopado había “invitado” a los padres de 400.000 chicos que concurren a las 2500 escuelas católicas bonaerenses a firmar la “Declaración ciudadana por la vida y la familia”. La finalidad era concreta: rechazar el matrimonio igualitario.

La faz inorgánica de la presión sobre los legisladores nacionales estuvo bajo el mando de cada obispo. Estos no dudaron en utilizar la estructura educativa católica fundamentalmente en las provincias más conservadoras: “Se dio una presión por abajo: obispos llamando a legisladores y sus familias, buscando generar contradicciones dentro de ellas. También hubo amenazas a legisladores, diciéndoles que las escuelas católicas iban a ser utilizadas en su contra en las siguientes campañas electorales, sobre todo en las provincias católicas. Usaron toda su estructura, como Cáritas, parroquias, escuelas y universidades. Se dio una presión más directa y menos centralizada”²³⁴.

Pero no se quedaron ahí, ya que hubo escuelas en las que se daba como tarea juntar firmas contra el proyecto. Cuando eso no ocurría, los directores llamaban a los padres de los alumnos preguntando por qué no se habían sumado, en muchos casos amenazándolos con quitarles la beca. El punto más alto fue el de la Universidad Católica de La Plata, cuyo órgano rector, con Aguer a la cabeza, envió por mail un petitorio para que las familias de los alumnos firmaran oponiéndose al proyecto. A su vez, el día de la votación en el Senado, declararon asueto, convocando y poniendo micros para que fueran a las marchas.

Dentro del Congreso, cuando después de la media sanción²³⁵ en Diputados llegó el turno de la Cámara Alta, la figura sobresaliente en contra del matrimonio igualitario fue la puntana Liliana Negre de Alonso, vinculada al Opus Dei. La senadora, que presidía la estratégica Comisión de Legislación General, organizó una serie de audiencias públicas en provincias. Mientras los oradores en favor del proyecto denunciaban las dificultades que les imponían para participar, Negre de Alonso, acompañada por el obispo de San Luis, Jorge Luis Lona, llegó a sostener que, de aprobarse, se abriría las puertas a un gran negocio: “Estamos abriendo la puerta al comercio ilegal de óvulos, espermas y vientres”. De acuerdo con la versión de Bimbi, que hizo un seguimiento pormenorizado como periodista y activista, “la senadora había jugado al desgaste, paseando a los activistas de norte a sur y de este a oeste, recorriendo sus fiestas democráticas en las que, con compromiso cívico, debían escuchar maravillosos insultos, maravillosos gritos de fanáticos, maravillosos sermones que los mandaban al infierno y salir custodiados por maravillosos policías para que los maravillosos manifestantes de las maravillosas iglesias no se les tiraran encima maravillosamente”.

Un caso paradigmático que dejó a la vista la verticalidad que caracteriza al gobierno de la Iglesia fue el de Nicolás Alessio, quien en 2010 era cura en Córdoba capital. Allí participó de la marcha organizada el 26 de junio por la Multisectorial por la Democratización del Matrimonio Civil. La jerarquía eclesiástica logró que fuese inmediatamente suspendido, primero, y finalmente, expulsado de su estado clerical en 2013, ya con Francisco al frente del Vaticano.

En pleno debate público, Bergoglio jugó una ficha que lo ubicaría a la derecha del propio Aguer, al enviar una carta a las religiosas carmelitas de Buenos Aires, apelando a sus argumentos más radicales: “No se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva del plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo (este es solo el instrumento), sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios”. En la misiva, el entonces presidente del Episcopado pidió que convoquen a los fieles para que se movilicen en rechazo del proyecto, recordándoles “lo que Dios mismo dijo a su pueblo en un momento de mucha angustia: ‘Esta guerra no es vuestra, sino de Dios’. Que ellos nos socorran, defiendan y acompañen en esta guerra de Dios”.

EL QUIEBRE

Los bloques políticos en el Congreso quedaron partidos. Aunque en el FpV, a raíz del apoyo de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, muchos acompañaron la iniciativa, hubo quienes la rechazaron.

Las principales exponentes fueron las diputadas Patricia Fadel y Rosana Bertone. En el caso de la mendocina Fadel, que en ese momento era vicepresidenta segunda de la Cámara Baja, eso le costó la banca, ya que al año siguiente no fue incluida en la lista de candidatos. En cambio en el PRO la división fue tajante. Por un lado, a favor, estaban el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario de Comunicación, Miguel Ángel Godoy. En contra, estaban Gabriela Michetti y Santiago “el Obispo” de Estrada. Según Bimbi, “Michetti fue la portavoz de Bergoglio en el Senado, mientras que De Estrada, a pesar de que se jactaba de representar a Bergoglio, era más la voz del conservadurismo católico”.

Luego de Diputados, el lobby se intensificó. Por ejemplo, la Universidad Austral, ligada a la prelatura del Opus Dei, difundió entre los legisladores un documento de más de 170 páginas, que incluía cerca de cien argumentos, entre jurídicos, psicológicos, antropológicos y sociológicos, para invalidar el proyecto de ley de matrimonio entre parejas de un mismo sexo.

Ante el inminente tratamiento del proyecto en el recinto, la presidenta Cristina Fernández, sabiendo que el bloque oficialista votaría partido, explicitó su posición: “Todos tenemos la responsabilidad de hacer una sociedad más igualitaria y para que las mayorías y las minorías tengan los mismos derechos”. La mandataria fue criticada por la Iglesia a causa de haber subido al avión que la llevó a China a dos senadoras del FpV, Ada Iturrez (Santiago del Estero) y Marina Riofrío (San Juan), que iban a votar en contra. Por otro lado, como ya se mencionó, la amenaza llegó por medio de la columna clerical de Mariano de Vedia en La Nación: “[…] en caso de que finalmente el matrimonio gay se apruebe, sectores católicos emprenderán una campaña para recordar, en vísperas de las elecciones de 2011, los nombres de los legisladores que fueron dóciles al matrimonio presidencial y no votaron según sus propias convicciones”²³⁶. Como si fuera poco, la nota daba detalles de cómo se llevaría a cabo. No solo por laicos a través de folletos, volantes y cadenas de internet, sino gracias a que “muchos sacerdotes mantendrán presente el tema en sus homilías y mensajes”. Palabras más, palabras menos, la curia anticipaba que el conflicto no iba a concluir con la votación en el Congreso.

Finalmente, el matrimonio igualitario fue aprobado en la madrugada del 15 de julio por 33 votos a favor y 27 en contra. Además, hubo 3 abstenciones y 9 ausencias.

***

Cuando el 23 de febrero de 2018 se conoció que Mauricio Macri, supuestamente influido por su jefe de Gabinete, Marcos Peña, le levantaba el pulgar al tratamiento parlamentario del proyecto para legalizar el aborto, la Iglesia ya había aprendido la lección.

Por eso no llamó la atención que, rápidamente, la corporación eclesiástica y sus satélites se esforzasen por dejar al margen lo negativo dentro del plano discursivo a diferencia de cómo se habían parado ocho años atrás: ahora, la lucha era por las dos vidas. Ese fue el lema de base que se blandió en cada una de las manifestaciones públicas y las marchas “provida”. Esa misma frase fue tomada incluso por los legisladores de corte confesional que habitaban las distintas fuerzas políticas.

A pesar de que muchos podrían creer que, a la hora de mover la voluntad de un legislador hacia uno u otro lado, conviene apostar por la masividad, suponiendo que el número es garantía de algo, no era así en el caso del lobby de la Iglesia católica. Para ello corría con una ventaja: dejando de lado el Estado, es la única institución cuyo brazo alcanza a todo el país. Un ejemplo cabal es la presión que ejerció sobre el diputado nacional radical Sergio Buil en Rivadavia, un municipio situado en el noroeste bonaerense.

El cura Juan Carlos Maturana fue el activista clave. Primero, desde las misas en las que promovió, durante quince días, la junta de firmas para hacérselas llegar al exintendente que desde 2015 ocupaba un escaño en la Cámara Baja. Luego, para pedirle una reunión en la que deslizaría una de las advertencias más sensibles —y extorsivas— a los políticos: de no votar en contra, en época de elecciones, los templos se convertirían en sitios desde donde se bajaría un discurso opositor²³⁷.

Cinco días antes de la votación en Diputados, Buil recibió una nota con señalamientos de fondo: “Preocupados por el debate sobre la despenalización del aborto en nuestra querida patria Argentina, apelamos a su sano criterio para que apoye la defensa de las dos vidas, una por nacer y otra de la madre que la lleva en su seno, cualesquiera sean las circunstancias por las que ese ser humano está en su vientre”. En un fragmento, dejaron entrever el salto cualitativo de la estrategia: no solo rechazar el proyecto, sino pedir que se implementen medidas para resolver el problema desde otros ángulos. “[…] hay testimonios muy valiosos en defensa de la vida —concluyó Maturana—, por lo que estamos convencidos de que es el camino para que nuestra sociedad madure en el respeto y cuidado de los más débiles. […] Deseamos que apoye políticas de Estado para contener, ayudar, asistir a las dos vidas que se ponen en juego por la falta de compromiso desde lo social, profesional, sanitario y de ausencia de legislación”.

Ante el descenso de creyentes que presencian las misas y, por ende, de la cantidad de firmas, el cura movilizó a los fieles para que logren el apoyo de sus familiares y adjunten su nombre a la planilla. Cuando se supo públicamente, Maturana salió a excusarse brindando una explicación poco creíble: “Fue una inquietud de un grupo de personas que hicieron un modelo de carta. Me parece bien que se expresen y se la hagan llegar al diputado. En el ámbito de la misa no hablé absolutamente nada, solamente permití que la gente la leyera y expresara, no arengué la situación, algo que podría haber hecho, pero que no hice”²³⁸.

Sin embargo, ejemplos como el de Maturana serían menores en comparación con lo que ocurriría durante y luego de la media sanción del proyecto. Por caso, el testimonio aportado por el diputado macrista Daniel Lipovetzky, en una declaración recogida por el periodista Gabriel Sued. El legislador señaló que autoridades eclesiásticas estaban llamando a los legisladores de sus distritos para transmitirles cara a cara la posición de la Iglesia: “Están asumiendo una actitud equivocada. Eso lo puede hacer una ONG, pero no la Iglesia en un país laico como la Argentina”.

TEÍSMO SPRAY

A diferencia del matrimonio igualitario, el aborto forma parte de la agenda católica desde hace décadas. La Reforma Constitucional, en 1987, en Córdoba, es un antecedente claro.

Con el radical Eduardo Angeloz como gobernador de la provincia mediterránea, la voz de la Iglesia tuvo un lugar preponderante en su articulado. Hasta el punto de que en el Preámbulo ya quedaba explicitada la mención a la “Protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”. El artículo 4 establecía el punto de partida en la discusión que la Iglesia defiende: “La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos”. Por otro lado, como para que no queden dudas sobre la influencia del poder eclesiástico, en el artículo 6 se establece: “La provincia de Córdoba reconoce y garantiza a la Iglesia católica apostólica romana el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre esta y el Estado se basan en los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio, sin más limitaciones que las que prescriben la moral, las buenas costumbres y el orden público”.

El 25 de marzo de 2004 el flamante presidente del Episcopado y cardenal primado, Jorge Bergoglio, dio una conferencia en la Universidad Católica, que había organizado una jornada “Por la vida”. Bergoglio no se salió ni un centímetro de la postura oficial de la Iglesia al respecto, tomando como contexto la crítica cultural para concluir que los niños se convertían en cosas:

[…] Hoy también a los niños, y a los niños por nacer, los amenaza el egoísmo de quienes sufren la sombra de la desesperanza en su corazón, la desesperanza que siembra miedo y lleva a matar. Hoy también nuestra cultura individualista se niega a ser fecunda, se refugia en un permisivismo que nivela hacia abajo, aunque el precio de esa no fecundidad sea sangre inocente. Hoy también estamos influenciados por un teísmo biodegradador de lo humano; ese teísmo spray que pretende suplir a la gran verdad: “el verbo es venido en carne”. Hoy también la propuesta cultural de replegarse sobre sí mismo en una dimensión egoísticamente individualista se construye a costa de los derechos de las personas, de los niños. Estos son rasgos del Herodes moderno.

Un año después, en enero de 2005, a propósito de las declaraciones de Juan Antonio Martínez Camino, secretario general del Episcopado español, quien había dicho que la Iglesia estudiaba aprobar el uso del preservativo, el Episcopado argentino salió a rechazar cualquier posibilidad de que ello ocurra. Los ejes de la declaración episcopal eran que el único camino para prevenir cualquier enfermedad de transmisión sexual es la fidelidad y la abstinencia; que se fomente el uso del profiláctico para favorecer la promiscuidad y que el Estado tiene la obligación de informar a la población sobre estos aspectos, no engañando sobre beneficios que no son ciertos.

PENA DE MUERTE

A menos de veinte días de la votación que se llevaría a cabo el 13 de junio en la Cámara Baja, comenzó el trabajo territorial de los obispos sobre cada uno de los diputados. El resultado no fue negativo, ya que, por ejemplo, en Tucumán, seis de nueve votaron en contra²³⁹.

En Salta, el encargado de bajar el mensaje fue el arzobispo Mario Cargnello: “Hoy los pobres son, por excelencia, los niños por nacer, que nos piden a los responsables de tomar decisiones: déjennos vivir. Nosotros queremos ser su voz”. Ante la mirada del gobernador Juan Manuel Urtubey, se largó a denunciar a las “empresas sanitarias abortistas, responsables de favorecer esta mentalidad del permisivismo sexual, en menosprecio de la maternidad y en clara indiferencia frente a la violencia de género contra la mujer”. Rodolfo, el hermano del mandatario norteño, no tardó en anunciar que votaría en contra.

Sugestivamente, durante esos días, la gobernadora María Eugenia Vidal, su jefe de Gabinete, Federico Salvai, y la ministra de Desarrollo Social de la nación, Carolina Stanley, viajaron hacia Roma a reunirse con el papa. Lejos de ser casual, el bloque oficialista crujía. También lo visitó el en ese momento ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el secretario de Culto, Santiago de Estrada. Por su parte, la macrista Carmen Polledo hizo una comparación violenta: “Es como si me dijeran que hay que votar una ley por la pena de muerte”. En tanto que el radical Mario Negri denunció que viralizaron su número de teléfono y lo amenazaron horas antes de la sesión.

La Iglesia se expresó públicamente a través de cada uno de sus satélites, compuesto, entre otros, por la UCA, la Universidad Austral, la Agencia Informativa Católica Argentina, el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, la Corporación de Abogados, la Academia nacional de Medicina, etcétera.

Tres ejemplos:

Este proyecto no pasa el test de constitucionalidad. […] No se abordaron criterios científicos ni religiosos²⁴⁰.

GUILLERMO LIPERA, presidente del Colegio de Abogados Montevideo

No quiero hablar sobre este tema desde la religión, sino desde la razón y los sentimientos. Además pido disculpas al hacerlo, porque este asunto conlleva muchos sufrimientos, y soy consciente de mis propios errores e incoherencias. El niño que fue gestado como resultado de una violación está molestando. Es el testigo mudo que recuerda un hecho doloroso. Surge el deseo de eliminarlo, como si de ese modo se borrara lo que pasó. Esa vida aparece en un momento inoportuno, perturba, complica la existencia. Es comprensible que brote el deseo de destruirlo. Pero simplemente no podemos. Es un ser humano, biológicamente distinto del óvulo, diferente a la vida de su madre y con el mismo código genético que tendrá cuando sea un adulto. No lo dice la religión, lo enseña la ciencia.

Víctor Fernández, rector de la UCA²⁴¹

Pienso en tantos niños que, sin ser los culpables de lo que pudiera haber ocurrido, nunca van a tener la posibilidad que tengo yo de vivir, de tener un proyecto de vida, de disfrutar de momentos hermosos con su familia (porque con tantas familias argentinas que quieren recibir hijos, seguro hubieran encontrado a una familia que los ame, de la misma manera en la que yo me siento amada por mi familia), de conocer al amor de su vida (como yo conocí al mío), de proyectarse y tener ilusiones. ¿Por qué yo sí tendría el derecho y ellos no?

Carolina Sánchez Agostini, magíster en Matrimonio y Familia de la Universidad Austral

A esto le siguieron llamadas, marchas a casas de legisladores, hostigamiento público, entre otras cosas. En simultáneo, el 25 de mayo se conoció que Irlanda despenalizaba el aborto luego de un referéndum histórico. El resultado fue una victoria del Sí a la liberalización con el 66,4% y 33,6% en contra. La participación fue del 64,1% de la población habilitada para hacerlo. En total, la despenalización cosechó 1.429.981 votos frente a los 723.632 en contra.

Finalmente, cuando se aprobó la media sanción, el presidente del Episcopado, Oscar Ojea, sostuvo: “Seguimos sosteniendo la necesidad de que en el debate legislativo que continúa pueda haber diálogo. La situación de las mujeres frente a un embarazo no esperado, la exposición a la pobreza, la marginalidad social y la violencia de género siguen sin tener respuesta. Simplemente se ha sumado otro trauma, el aborto. Seguimos llegando tarde”. Formalmente, daba inicio a lo que sería una intensificación de la presión sobre los senadores.

Francisco no demoró en aludir a lo que había pasado en el país. Lo hizo a su manera, sin nombrar a la Argentina. “En el siglo pasado todo el mundo se escandalizaba por lo que hacían los nazis para cuidar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, pero con guantes blancos”, sostuvo en un discurso improvisado frente al Forum Familia. Luego, se explayó comparando el apoyo masivo a la despenalización con una moda: “Está de moda, es habitual. Cuando en el embarazo se ve que quizás el niño no está bien o viene con cualquier cosa: la primera oferta es ‘¿lo tiramos?’. El homicidio de los chicos. Para resolver una vida tranquila, se tira un inocente”. Cuando las críticas crecieron exponencialmente, dado el tipo de parangón usado, el Vaticano salió a desmentir que se hubiera referido a lo sucedido días antes en Diputados.

Devenido en hermeneuta de los discursos del sumo pontífice desde La Nación, el italiano Loris Zanatta consideró:

Que el papa condene la despenalización y lo haga con fuerza es obvio desde su perspectiva. Que intente convencer a los fieles y a los ciudadanos es totalmente legítimo y no veo por qué criticarlo por eso. Pero una cosa es hacerlo defendiendo sus principios y la doctrina de la Iglesia y algo muy diferente es señalar con el dedo y cubrir de infamia a los que discrepan: ¡son como los nazis! Si me ofendés, se acabó el diálogo y comienza el choque entre hinchadas. ¿No fue él quien dijo que golpearía a quienes ofendían a su madre? A veces parece que al papa Francisco le cuesta contener la ira: arroja sal sobre las heridas, ulcera plagas ya profundas.

Como pocas veces, el clero mostró su cara más reaccionaria, casi preconciliar. Dos hechos, entre tantos, lo dejaron a la vista de quien quisiera ver.

El primero. El 9 de julio, en Suncho de Corrales, Santiago del Estero, 307 niños del instituto privado católico del bachillerato San Miguel Arcángel marcharon con un pañuelo celeste colgado de sus cuellos. El organizador, el padre Juan Cruz Fariña, lo justificó, sosteniendo que “somos un colegio provida, esta es una ciudad provida y los que manifestamos que estamos a favor de las dos vidas hicimos todo esto. Estamos orgullosos”. A través de su cuenta de Twitter, el politólogo Andrés Malamud puso el foco sobre tres elementos: “El estilo militar de la marcha, el uniforme antiabortista y el hecho de que disfrazaran la actividad como voluntaria (el pañuelo que cada alumno hizo). Los alumnos de secundaria tienen criterio propio, pero usar alumnos de primaria para satisfacer las necesidades de los curas se está volviendo rutina”.

El segundo. El arzobispo Rafael del Blanco, de Resistencia, Chaco, advirtió que en caso de que se aprobase el proyecto, Macri podría ser excomulgado: “El derecho canónico es muy explícito cuando se refiere al aborto. Para la Iglesia es un delito y un pecado moral grave. Y los pecados de materia grave son de excomunión automática. Toda persona que contribuyera a producir un aborto queda excomulgada”.

LA ALIANZA

Pero la Iglesia católica no estaba sola, puesto que comenzaron a ganar la calle los evangelistas. Inicialmente, el 15 de marzo, el consejo directivo de La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), una organización que representa a unas 15.000 congregaciones evangelistas de todo el país, se pronunció en contra de la despenalización del aborto: “Defendemos el derecho a la vida, como derecho fundamental y superior a todos los demás. Estamos a favor de la vida de la madre y del niño por nacer. Por eso estamos en contra del proyecto de la despenalización del aborto, en el marco del debate que se ha instalado en el Congreso nacional”.

Luego, a días de la votación en el Senado, se unieron a los católicos y llegaron masivamente, en alrededor de mil micros, a la 9 de Julio. Los cálculos estimaron que hubo 650.000 personas en lo que se denominó la “Marcha por las dos vidas”, donde hubo discursos y recitales. El público cantaba a los gritos, rezaba con los brazos en alto, hacía “pogo” y sacudía bebés de plástico que simbolizan a los fetos.

Según el sociólogo Fortunato Mallimaci:

Los católicos pusieron el lobby político y los evangélicos, la gente en la calle. En el caso de los evangélicos, han apostado, por ejemplo, a sus bandas de rock, que llevan 50.000 personas cuando tocan en Tecnópolis. También están jugando a sus superstars. Ese marketing y esa política que están llevando a cabo, que cuenta con el apoyo de determinados medios, es parte de un sector que no se había pronunciado antes. Eso impactó en distintos medios, que hasta entonces daban señales de que más o menos apoyaban la despenalización del aborto, porque que no tenían otro camino, pero ahora muestran a la gente movilizada contra el proyecto, como parte de una polarización que antes nos mostraban así, porque había una multitud a favor de la despenalización y del otro lado, muy poca gente.

El 8 de agosto, cuando se votó en el Senado, la zona aledaña al Congreso estaba dividida por ambas facciones. En medio de la lluvia y el viento, miles de personas aguardaron desde el mediodía hasta la madrugada del 9 el resultado, que a priori se conocía favorable al rechazo del proyecto.

El senador entrerriano Pedro Guastavino fue uno de los que, en medio de la sesión, expuso las presiones por las que tuvo que atravesar: “Me lo pasé atajando y esquivando crucifijos de un sector de la Iglesia que quizás sea el mismo que cuando nos desaparecían daba vuelta la cara. También cuando torturaban a nuestras compañeras en los centros de detención clandestino miraban para otro lado”. En cambio, la gobernadora María Eugenia Vidal sostuvo que la aliviaba saber que el día siguiente a la votación no debía implementar la ley si eventualmente se rechazaba, lo que finalmente ocurrió por 38 votos en contra y 31 a favor.

233. Bruno Bimbi: Matrimonio igualitario. Buenos Aires, Planeta, 2011.

234. Entrevista realizada para este libro a Bruno Bimbi el 19 de junio de 2018.

235. El proyecto fue aprobado en Diputados el 5 de mayo de 2010.

236. Ver: www.lanacion.com.ar/1283416-una-pulseada-en-su-maxima-tension

237. Esta información proviene de una fuente primaria que solicitó resguardo de identidad.

238. Ver: rivadaviaonline.com.ar/diario/en-nombre-de-la-pobreza-la-violacion-el-embarazo-no-deseado-estamos-matando-una-vida-hay-que-defender-las-dos-vidas

239. En contra votaron Beatriz Ávila, José Manuel Cano, Facundo Garretón, Gladys Medina, José Orellana y Mirta Soraire. A favor, Walter Santillán, María Teresita Villavicencio y Pablo Yedlin.

240. Ver: www.lanacion.com.ar/2142376-guillermo-lipera-el-proyecto-que-legaliza-el-aborto-es-inconstitucional

241. El 2 de junio de 2018 fue designado por Francisco como el reemplazante de Héctor Aguer al frente del arzobispado de La Plata.

Capítulo 21

Educar

El dominio de la corporación católica sobre la justicia salteña abrió paso a un capítulo impensado, cuando, el 12 de febrero de 2012, el juez de la Cámara Civil y Comercial de Salta, Marcelo Domínguez, rechazó el pedido de inconstitucionalidad del artículo 49 de la Constitución provincial y de dos artículos de la Ley de Educación N.º 7546. A su vez, prohibió las prácticas religiosas en las escuelas públicas y ordenó al gobierno salteño que adoptase “las medidas necesarias para que cesen las conductas que se desarrollan en las instituciones públicas de educación primaria que imponen prácticas de la religión católica”.

Luego, el Tribunal Superior de Justicia (STJ), con la firma de Guillermo Posadas, Guillermo Catalano, Guillermo Díaz, Abel Cornejo, Gustavo Ferraris y Sergio Vittar, sostuvo que la decisión de no impartir la religión católica en escuelas públicas perjudicaría “a los niños de los sectores carentes de recursos, que no pueden concurrir a una escuela privada o que viven en lugares alejados de los centros urbanos, y cuyos padres, muchas veces por razones laborales, no tienen posibilidades de instruirlos en la religión”.

Los demandantes, un grupo de padres y la Asociación para los Derechos Civiles (ADC), presentaron un recurso ante la Corte Suprema, que en 2013 revocó el fallo del STJ, sosteniendo que “la Argentina está jurídicamente estructurada desde su fundación como una nación católica apostólica romana y la provincia de Salta —en particular— tiene una población mayoritariamente católica”.

Cuando, en 2017, la Corte convocó a una serie de audiencias para decidir si la religión debía ser parte de la matrícula en las escuelas públicas de esa provincia, la cúpula clerical comprendió que debía abocarse a otra fase del lobby: el mano a mano con los gobernantes, lejos de las presiones públicas, dado que esta puja estaba prácticamente perdida.

El fallo del Máximo Tribunal se dio a conocer el 12 de diciembre. Con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, se declaró la inconstitucionalidad²⁴² de la ley provincial de educación, a través de la cual, en Salta, la enseñanza religiosa integraba los planes de estudio, se impartía dentro de los horarios de clase y cuyos contenidos y habilitación docente requerían el aval de la respectiva autoridad religiosa. También, invalidó la obligación de los padres de manifestar si desean que sus hijos reciban “educación religiosa”.

La Corporación de Abogados Católicos emitió un comunicado, por medio de la agencia oficial de la Iglesia. En él señaló:

El Estado salteño no impone obligatoriamente la educación católica a los no católicos. Esa es la falsa acusación de la que se ha defendido la provincia de Salta a través de sus órganos, incluyendo su propia Corte de Justicia. Lo que está en discusión en Salta es si los padres tienen derecho a que el Estado provea a sus hijos la educación religiosa que ellos quieren, en horario de clase. Ese derecho está reconocido en los tratados internacionales y solo se respeta (sic) si se ejerce en horario de clase. Prohibir que se hable de religión fuera del currículo oficial abriga un grado más profundo de persecución religiosa, un “laicismo extremo” (como dijo el arzobispo de Salta), como se impuso en la Rusia soviética, y por pocos años. Pero el “laicismo extremo” no era la cuestión en debate²⁴³.

Sin embargo, una encuesta realizada por el Ministerio de Educación salteño desarmó este argumento por completo. En junio de 2018, se detalló que apenas el 8,6% de los alumnos de primaria había elegido cursar religión en horario extracurricular: 16.000 dentro de una población estudiantil conformada por 184.000 alumnos.

Lejos de ser casual, el dato lo dio a conocer la ministra Analía Berruezo durante una jornada sobre la aplicación del programa de Educación Sexual Integral (ESI), el cual representa un espacio de sorda lucha entre la jerarquía católica y quienes bregan por un Estado realmente laico. En ese contexto, la funcionaria salió a responderle al relevamiento de Unicef en el que se decía que los chicos salteños estaban entre los que menos usaban métodos de prevención en las relaciones sexuales.

Berruezo, primero, negó que haya demora en la aplicación de la ESI arrojando algunos datos estadísticos, para después sostener que “Unicef compartió su informe con nosotros a principios de año. Fue muy interesante el trabajo que trajeron. Nosotros trabajamos mucho con Unicef, pero en este caso no lo realizó con el Ministerio de Educación. Vino desde el Ministerio de Salud y el trabajo con ese ministerio se hizo compartido entre todos. Es importante tener en cuenta las cifras de Unicef”.

***

Como toda corporación, la Iglesia tiene una agenda permanente, que atraviesa toda época. Uno de sus ejes es la educación. Ella representa una piedra angular sobre la que la curia no solo proyectó su injerencia, sino que también se convirtió en un espacio de resistencia que define cómo ha ido mutando el vínculo entre esta institución y el Estado a lo largo de más de una centuria.

Promediando el siglo XX, la Iglesia había ido labrando un preocupante diagnóstico a raíz del avance del laicismo, que tenía entre sus principales hitos nacionales a la Ley de Educación Común N.º 1420, la creación del Registro Civil, el matrimonio civil y la reforma universitaria.

En ese contexto, el Ejército se convirtió en la viva esperanza de la Iglesia argentina, que desde fines del siglo XIX venía denunciando el proceso de descristianización social. Con el objetivo de realizar, de una vez por todas, el mito de la nación católica, cuyo orden social debía estructurarse a partir de cuerpos intermedios regidos por el principio de subsidiariedad —como lo había dictaminado el sumo pontífice Pío XI en la encíclica Quadragesimo Anno—, la ortodoxia católica vio en el Ejército no solo su brazo armado, sino también el último refugio de la tradición hispánica. Los militares fueron el principal actor contra la apostasía que representaba el dominio del número, la soberanía popular, en fin, la democracia.

Durante la dictadura que comenzó en 1976, una de las dos corrientes de civiles que participaron directamente dentro del Gabinete del general Jorge Rafael Videla fue la de los nacionalistas católicos, que tuvo por un tiempo muy breve como ministro de Educación al santafesino Ricardo Pedro Bruera, ejecutor del Operativo Claridad, por medio del cual se propusieron identificar en las escuelas a los potenciales subversivos.

A mediados de 1977, Bruera fue reemplazado por Juan José Catalán, integrante del grupo que comandaba Jean Jacques Perriaux. Un año después, Catalán dejaría su lugar a otro defensor de la educación católica: Juan Rafael Llerena Amadeo. Integrante de la Corporación de Abogados Católicos y profesor de la UCA, fue quien más duró en esta cartera, pues su gestión finalizó en 1981. Durante su gestión, anunció un viejo anhelo de la jerarquía eclesiástica: una nueva ley de educación que contendría el eterno retorno de los católicos, aunque ahora con el suficiente poder para tomar decisiones sobre este campo. Según Llerena Amadeo, “nosotros siempre hemos hablado de que no puede ignorarse la existencia de Dios en las escuelas, cuando la realidad es que nuestra misma Constitución nos habla de la existencia de Dios como fuente de toda razón y justicia”²⁴⁴. Este fue el núcleo de una vieja polémica al introducir la materia Formación Moral y Cívica, considerada como el puntapié para el ingreso de la religión en las escuelas.

De fondo, en toda esta disputa, se encontraba la cosmovisión de una parte de la Iglesia, que consideraba que cuestionar a “la religión católica como fundamento de la nacionalidad argentina resulta, pues, tan inconsistente como ridículo es cuestionar su necesaria consecuencia: todo ciudadano debe contar con formación religiosa. Tal es lo que dice el sentido común y lo que la tradición nacional enseña”²⁴⁵.

***

Según cálculos extraoficiales, los ministerios de Educación de los distritos más importantes del país destinan alrededor del 20% del presupuesto educativo a financiar las actividades de los colegios religiosos. Uno de los casos paradigmáticos es el de la ciudad de Buenos Aires que, en el presupuesto de 2018, destinó 6000 millones de pesos para la educación privada que se brinda en alrededor de 1700 colegios porteños. Trescientos dependen de la curia. Hay quienes estiman que estos reciben casi la mitad, o sea unos 3200 millones de pesos. En la provincia de Buenos Aires, esa cifra crecería hasta alcanzar un estimado de 10.000 millones de pesos.

El poder eclesiástico va más allá de lo palpable en las sumas de dinero que recibe de parte del Estado. Didácticamente, la especialista Guillermina Tiramonti describió la complejidad del lobby católico: “La Iglesia católica en la Argentina tiene poca capacidad de regular la conciencia de la gente, pero mucha capacidad de influir sobre el poder”²⁴⁶.

Un dato importante sumó el Mapa de la laicicidad educativa, elaborado por Manuel Jerónimo Becerra²⁴⁷. En él, detalló que hay 9 provincias²⁴⁸ en las que la educación laica se encuentra explicitada en la Constitución provincial o en la ley de educación; 4²⁴⁹ en las que no hay referencia concreta a la laicicidad, pero se la sugiere constitucional o normativamente; 7²⁵⁰ en las que no hay ningún tipo de alusión o hay ambigüedad religiosa en alguna norma; y, finalmente, 3²⁵¹ distritos en los que la educación religiosa aparece en la constitución o ley de educación.

El tránsito al siglo XXI introdujo un elemento a la discusión que encendería las alarmas eclesiásticas: la educación sexual integral. Traducido en código católico: una amenaza para la idea de familia que defiende la Iglesia. La antesala sería la Ley de Educación, sancionada a nivel nacional el 14 de diciembre de 2006. Una de las críticas de la curia fue que no se hizo mención “de manera explícita a la educación de gestión privada, en particular la católica, que está presente en nuestro país desde 1566”²⁵². Para sorpresa de muchos, en esa norma no aparece ningún artículo vinculado a la laicidad del sistema educativo argentino, lo que se vio agravado en 2015 cuando se derogó la Ley N.º 1420 por la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico. ¿Cuáles son las consecuencias? Al no estar regulada en ninguna otra ley, queda a criterio de cada legislación provincial la posibilidad o no de garantizar la laicidad de la educación.

La especialista Adriana Puiggrós recordó que “cuando se estaba por sacar la ley de educación nacional, hubo un lobby muy fuerte de la Iglesia para incluir la educación católica. Recuerdo que Yasky decía que, si la incluían, CTERA iba al paro. La Iglesia apretó hasta último momento”.

No casualmente, la aplicación de la Ley de Educación N.º 26206 se trabó desde el momento en que tocó el turno a cada provincia de legislar al respecto. El territorio bonaerense, uno de los que rápidamente la discutió, expuso la dura pelea que se vivió para poder avanzar.

Públicamente, el mano a mano fue entre Puiggrós, por entonces directora general de Educación, y el obispo de Chascomús, Carlos Malfa. En su ponencia en el Congreso de Filosofía 2007, la funcionaria explicó:

La discusión sobre la relación entre escuela pública y religión se resolvió remitiendo en el artículo 16 de la ley al artículo 14 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional para nosotros y es la única convención suscripta por la Iglesia. El artículo 14 garantiza la libertad de los padres (no de la escuela pública) de educar a sus hijos en la religión o creencia que quieran. Con la introducción del término “creencia”, los agnósticos, ateos, tenemos derecho a transmitir nuestras “creencias” a nuestros hijos. En la Iglesia argentina no han desaparecido los grupos fundamentalistas, pero su poder es menor y, al menos en esta circunstancia, han dejado lugar a tendencias más liberales y social cristianas.

Malfa fue la cara visible de la respuesta de los obispos bonaerenses. Los prelados reclamaron que se mantuviese la preponderancia católica que otorga la Constitución provincial a la Iglesia a través del artículo 199, en el que se subraya que la educación “tendrá por objeto la formación integral de la persona con dimensión trascendente y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, formando el carácter de los niños en el culto de las instituciones patrias, en el respeto a los símbolos nacionales y en los principios de la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia”. Tomando esto como punto de partida, Malfa intentó que se reconociera el derecho al ideario católico de cada institución, y se incluyera la trascendencia espiritual como parte del articulado de la norma destinada a regular el mayor sistema educativo del país²⁵³.

Para los especialistas del sector, el resultado fue un empate. Aunque no pudieron introducir en forma taxativa la formación cristiana en el articulado de la ley, lo que relativamente garantizó mayor autonomía del Estado a las instituciones privadas para fijar su ideario, en materia de financiamiento se garantizaron que el Estado siguiera subsidiando a la mayoría de los servicios privados, con una partida que actualmente supera los 15.000 millones de pesos solo en la provincia de Buenos Aires. En el terreno de las ideas, no lograron su objetivo: la formación bajo los principios de la moral cristiana no aparece en la letra de la nueva norma. Los tira y afloja entre purpurados y funcionarios se saldaron con la ratificación de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, que reconoce “el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”.

Más de una década después, entrevistada para este trabajo, Puiggrós recordó:

La Iglesia, como muchos otros, fue consultada durante el debate sobre la ley de educación provincial. Vieron que era imposible avanzar en contra de lo que proponíamos. Aunque no figura la palabra laica, hicimos una ley laica. No hay enseñanza religiosa a pesar de que la Constitución provincial todavía le da una importancia muy grande a la religión católica. La que nosotros sacamos fue la primera ley de educación de la provincia de Buenos Aires que excluye la enseñanza de la religión.

GÉNERO

La investigadora Moira Severino dio un ejemplo concreto sobre cómo se produce la colisión entre una gestión gubernamental que se pretende laica y la corporación eclesiástica en el diseño del currículo. Como caso, tomó un antecedente: el debate sobre los contenidos básicos comunes (CBC) de la materia Formación Ética y Ciudadana para la educación general básica, dentro de la que, en 1995, se incorporó la categoría de género como una novedad.

Cuando se dio a conocer el cambio, la curia reaccionó, rápidamente, pidiendo que quiten la asignatura. Las críticas se centraron en la teoría de la evolución de Darwin y la noción de género, ya que su aparición en los CBC significaba que llegarían a todos los alumnos transversalmente: “La palabra género se introducía en los contenidos de derechos humanos como forma de discriminación, derecho a la no discriminación por religión, raza, género o ideología”²⁵⁴. Concretamente la Universidad Católica de La Plata publicó un documento denominado Informe sobre los CBC de la educación argentina, donde se denunciaba un sesgo ideológico incompatible con la doctrina católica. Liderada por Cayetano Licciardo, entonces vinculado a monseñor Aguer, las sugerencias de la Universidad Católica se incorporaron a los CBC de la Educación General Básica a través de la Resolución N.º 40 del 20 de junio de 1995. Se eliminó la palabra género y se la reemplazó por sexo o sexualidad, connotando a lo referido al mundo de “lo natural”²⁵⁵. La influencia de la Iglesia en las políticas educativas y de salud durante el menemismo fue una constante.

Durante el decenio siguiente, la injerencia en las políticas educativas federales mermó; sin embargo, como señala Moira Severino:

Aunque la capacidad de presión, influencia o éxito de la Iglesia en la orientación de las políticas educativas cambió según el período histórico, lo que no cambió fue su interés por la educación como un espacio privilegiado de difusión de su doctrina. Si la Iglesia como grupo de determinación curricular se vio mermada en la década pasada, mientras su declaración en contra de determinadas políticas no tuvo como efecto su modificación, esto no quiere decir que en el futuro la política educativa no sea permeable a las voces de este sector²⁵⁶.

En 2007, se reabriría la disputa, cuando la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires aprobó curricularmente la materia Construcción de Ciudadanía para ser dada en las secundarias. Ya como arzobispo de La Plata, Aguer atacó no solo el marco conceptual, sino también que se haya introducido “Género y sexualidad” como uno de los ámbitos de ejercicio de la ciudadanía.

El prelado repitió los consabidos tópicos: lo que él denomina como “ideología de género” pone en riesgo a la familia y la sociedad, desnaturalizando los roles históricamente asignados al varón y a la mujer, según la doctrina católica. Aún al frente de la comisión episcopal, Aguer cuestionó la incorporación y el contenido de “género” en los diseños curriculares oficiales, alertando a los docentes sobre cómo estos cambios se oponen a la doctrina cristiana.

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

El 4 de octubre de 2006, se sancionó la Ley N.º 26.510, por medio de la que se creó el Programa de Educación Sexual Integral (ESI). Esta norma fijó que, en 2010, la ESI debía alcanzar a todas las escuelas públicas y privadas del país. No pasó. En su primer artículo, estipula: “Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”.

La ley incorporó la educación sexual de forma transversal en el currículo, no en una materia específica. Entre sus objetivos, busca quebrar los estereotipos de género, fomentar el cuidado del cuerpo propio y el ajeno, promover actitudes responsables y el respeto por la diversidad sexual.

La implementación de la ley requiere de la articulación entre múltiples actores: el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales y las instituciones educativas. Luego de que se aprobaran en el Consejo Federal de Educación los contenidos mínimos curriculares —elaborados por una comisión de expertas—, en 2008 se creó el programa.

No se pudo llevar a cabo por varias causas. Falta de presupuesto y de voluntad política, de coordinación fallida entre provincias, la insuficiente realización de las capacitaciones²⁵⁷ de los docentes, etcétera. Además, en los sindicatos que lo reclaman, no dudan: “Doy por supuesta la presión de la Iglesia para que no se lleve a cabo. Esto está relacionado con lo que han hecho por ejemplo con el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género y el aborto. Su nivel de injerencia es silencioso y profundo. Por ejemplo, recibimos denuncias de que, en escuelas de Lugano, algunas ONG de corte católico han bajado contenido sobre el matrimonio”²⁵⁸, contó Carolina Brandariz, docente y secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la UTE (Unión de Trabajadores de la Educación)/CTERA.

Adriana Puiggrós prefirió matizar:

No atribuiría el no desarrollo de la ESI solo a la Iglesia, sino a la conjunción de la Iglesia y los sectores más conservadores de la sociedad. Es obvio que la Iglesia es el impedimento más importante para que pueda progresar el conjunto de políticas respecto de la educación sexual, lo relacionado con el género, el aborto, etcétera. Pero el fenómeno es más complejo cuando uno ve que hay escuelas católicas de clase media en donde sin decir nada y por abajo se tiene otra política institucional²⁵⁹.

En octubre de 2016, el Programa Nacional dejó de depender de la Subsecretaría de Gestión y Políticas Socioeducativas del ministerio que conducía en ese momento Esteban Bullrich, para pasar a estar bajo la órbita de una dirección. O sea, fue desjerarquizado. Según Brandariz, hay que tener en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires no hay una política de capacitación docente en ESI, en realidad lo que hay son “postítulos optativos. Y es claro que cuando no hay ESI en las aulas se reproduce el llamado currículo oculto que plantea seguir la heteronormatividad como único destino posible para los pibes y la subordinación de las mujeres. La posibilidad de que los alumnos tengan ESI depende de la voluntad de los docentes”.

Por su parte, Laura Velasco, de Libres del Sur, aportó datos contundentes: solamente el 4,5% de los docentes fueron capacitados en 12 años, y en los últimos dos años incluso descendieron de 16.000 a 2000 los postítulos de formación docente, mientras los materiales de ESI entregados a las escuelas se redujeron de 800.000 a 40.000.

En Santa Fe, el lobby incluyó a los evangelistas. Allí, el proyecto que había sido impulsado por el diputado socialista Julio Garibaldi, ya tenía despachos en las comisiones de Educación y de Presupuesto. Entre bambalinas, en mayo de 2017, en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, una asesora de Garibaldi propuso dos modificaciones al proyecto, señalando que eran a partir de indicaciones de “grupos católicos y evangélicos”. Una de las “sugerencias” era agregar dos palabras al artículo 2 que definía el concepto de educación sexual para incorporar la “dimensión espiritual” en los contenidos del programa. Y la segunda, un artículo nuevo que reconociera “el derecho de las familias a decidir sobre la educación sexual de sus hijos”. El movimiento de mujeres logró frenar los cambios para que la ESI incorporase la “dimensión espiritual” en los contenidos y reconozca “el derecho de las familias a decidir sobre la educación sexual de sus hijos”. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados decidió congelar el proyecto resolviendo que se lo discuta como un capítulo de la ley de educación provincial que trataba una comisión bicameral, integrada por el Poder Ejecutivo.

Como si faltasen elementos, un informe de Unicef, difundido en julio de 2017, precisó que la mayoría de los estudiantes consultados a nivel nacional asociaron educación sexual integral únicamente con relaciones sexuales.

***

Pero los contextos cambian. Eso debió haber interpretado Esteban Bullrich en abril de 2017, cuando, en un acto en Esquina, Corrientes, siguió la línea trazada previamente por el sacerdote Juan Carlos Mendoza, quien, después de bendecir las aulas, le pidió que se vuelva a impartir la educación religiosa en las escuelas, dado que “no es imposible”. “Está pasando lo que está pasando porque hemos sacado a Dios de nuestras vidas, hemos sacado los crucifijos de los juzgados, todos los signos de Dios los vamos sacando y hay que recuperarlos”, sostuvo. Envalentonado, el funcionario aseveró que estaba convencido de “que las enseñanzas del Evangelio deben ser aprendidas, el ejemplo de Jesús debe ser aprendido, pero también el ejemplo de Mahoma, las enseñanzas del budismo y el hinduismo, otras religiones también para crecer juntos reconociendo al otro”.

Perceptiva, la Conferencia Episcopal no perdió el tiempo e hizo pública su propuesta sobre la ESI en febrero de 2018, a través de la carta titulada Respetuosos de la vida. En ella, repitieron que “la vida humana es un don”, y que “esta es una experiencia compartida de muchos hombres y mujeres, sean creyentes o no”. Luego destacaron que “a veces en la historia de otras personas no es así, no es algo deseado, esperado, decidido, aunque en ocasiones en los meses siguientes se redescubre la belleza de esa vida que viene en camino. Para otros, la concepción de esa vida no fue fruto de un acto de amor, y hasta pudo haber sido consecuencia de una acción de abuso y violencia hacia la mujer”. Casi como preámbulo de lo que sería el debate legislativo sobre la interrupción voluntaria del embarazo, los obispos subrayaron que “la eliminación de la vida humana del que no se puede defender instaura el principio de que los más débiles pueden ser eliminados; acepta que unos pueden decidir la muerte de otros”. La conclusión del texto aportaba un matiz no menor, la Iglesia no se paraba como la portadora de la verdad, sino como uno de los actores que participaban del debate: “Junto con todos los hombres y mujeres que descubren la vida como un don, los cristianos también queremos aportar nuestra voz, no para imponer una concepción religiosa, sino a partir de nuestras convicciones razonables y humanas”.

Sin embargo, en octubre de 2018, la Resolución 340, aprobada por el Consejo Federal de Educación, no agregó ningún tipo de contenido a la ley de 2006, aunque la hizo efectiva en todo el territorio nacional. Nuevamente, los hechos demostrarán el alcance de esta determinación.

242. Se declaró la inconstitucionalidad del artículo 49 de la Constitución Provincial y de los artículos 27, inciso ñ, y 8, inciso m, de la Ley Provincial N.º 7546. El artículo 49 habla de las bases del sistema educativo y sostiene que los padres tienen derecho a que sus hijos “reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Por otro lado, los dos artículos mencionados de la Ley N.º 7546 imponen, en resumen, que la enseñanza religiosa integra los planes de estudios y se imparte dentro del horario de clase. Esta ley se sancionó en diciembre de 2008, durante el primer mandato del actual gobernador, Juan Manuel Urtubey (Partido Justicialista), y mantuvo la enseñanza religiosa, que ya estaba contemplada en leyes educativas previas.

243. Ver: http://www.aica.org/31636-educacion-religiosa-en-salta-abogados-catolicos-deploran-el-fallo-de.html

244. Laura Rodríguez: “La influencia católica en la educación. El caso del ministro Juan Rafael Llerena Amadeo (1978-1981)”. Estudios. N.º 25, 9, 2011, pp. 141-157.

245. Juan Octavio Lauze: “El desafío de una esperanza II”. Verbo. N.º 165, agosto de 1976, p. 27.

246. Ver: www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-42225-2004-10-12.html

247. El mapa se encuentra en su blog: “Fue la pluma. Debate educativo desde las aulas”.

248. Neuquén, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, San Juan, Tierra del Fuego, Río Negro, Ciudad de Buenos Aires y Jujuy.

249. Córdoba, La Pampa, San Luis y Chubut.

250. Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y La Rioja. Formosa, Misiones, Santa Cruz y Santiago del Estero no hacen ninguna referencia al estatus de su educación pública en términos de laicidad/religión.

251. Catamarca, Tucumán y Salta.

252. Revista Consudec (Consejo Superior de Educación Católica). N.º 1029, junio de 2006.

253. La provincia de Buenos Aires tiene más de 5 millones de alumnos, 320.000 docentes y 21.000 servicios educativos.

254. Moira Severino: “Disputas curriculares en clave de género. La posición de la Iglesia católica frente a dos procesos de reforma”. IV Congreso de Género y Sociedad. Córdoba, 2016.

255. Ibid.

256. Ibid.

257. Respecto de las capacitaciones, según datos oficiales, en 2012 comenzaron las capacitaciones masivas a docentes, que en ese año alcanzaron a 12.000 en todo el país; en 2013, a 20.000 docentes; en 2014, a 28.000 y en 2015, a 29.400. Durante el mencionado lapso, que corresponde a la gestión de Alberto Sileoni en Educación, pasaron por las capacitaciones presenciales 89.400 docentes y directivos, de 37.400 escuelas de gestión pública y privada de las provincias de Formosa, Salta, La Pampa, Chubut, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Buenos Aires, Misiones, Mendoza, Santa Cruz, Río Negro, Jujuy, San Luis, Corrientes y Catamarca.

258. Entrevista realizada para este libro el 28 de junio de 2018.

259. Entrevista realizada para este libro el 2 de julio de 2018.

Epílogo

En pleno otoño porteño de 2018, sobre el final de una larga charla con el radical Ernesto Sanz, le consultamos cómo podía ser que, siendo que cualquier político, generalmente opositor, lo primero que suele cuestionar es la capacidad de presión de actores con intereses particulares y la discrecionalidad de los funcionarios, no se haya sancionado una ley que regule el lobby —o gestión de intereses— en la Argentina. Su respuesta fue tan sincera como brutal: “No está entre los principales temas de la agenda pública”.

En el país, los numerosos proyectos presentados no superaron el umbral del tratamiento en las comisiones del Congreso Nacional. Incluso, al cierre de este libro, en febrero de 2019, el que tenía el apoyo oficialista corría la misma suerte.

En Estados Unidos, el lobby es una actividad desarrollada por personas que se encuentran acreditadas para tal fin. Hay un registro de lobistas que se puede consultar y un código de conducta. A nivel federal está regido por la ley Lobbying Disclosure Act, de 1995, la cual fue perfeccionada por otras normas.

Asimismo, en 2006, la Comisión de las Comunidades Europeas publicó el Libro verde. Iniciativa europea a favor de la transparencia²⁶⁰, por medio del que busca controlar y visibilizar la actividad de los actores con capacidad de presión. Para esto, elaboró un registro de agentes y un código de deontología para estos.

En la Argentina, el lobby no tiene ley. Lejos de ser casual, apenas hubo algunos tímidos pasos en esa dirección. Todos ellos pusieron el foco sobre el Poder Ejecutivo Nacional. Aunque resulta comprensible en un país hiperpresidencialista, lo cierto es que no contemplar a los poderes Judicial y Legislativo es obviar la complejidad que el problema tiene.

En 2003, por medio del Decreto N.º 1172 se reglamentó, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la gestión de intereses en busca de dar forma a “mecanismos que incrementan la transparencia de los actos de gobierno, a los que permiten un igualitario acceso a la información y a los que amplían la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración”. Su cumplimiento quedó a mitad de camino. Puntualmente, el objetivo de ese decreto era que se pueda acceder a los encuentros que mantienen con funcionarios públicos las personas que representan un interés determinado.

En septiembre de 2018 se anunció que en el Senado se estaban debatiendo, en comisión, tres proyectos para regular el lobby. Se trataba de los trabajados por los senadores Miguel Ángel Pichetto y Magdalena Odarda y también el de la exlegisladora Liliana Negre de Alonso. Sintéticamente, proponen la creación de un registro de lobistas y la obligación de blanquear las reuniones por parte de funcionarios. Los de Pichetto y Odarda restringen su campo de acción al Poder Ejecutivo, dejando al margen el Legislativo y el Judicial. Es previsible que, ante los días agitados que se viven durante los años electorales, en 2019 corran la misma suerte.

Más allá de esto, el espíritu de cada uno de esos proyectos no logra abarcar el fenómeno en toda su complejidad.

A medida que se desplegó el estudio de cada sector corporativo, se detectaron, naturalmente, vasos comunicantes y formas de ejecutar el lobby de un modo singular, según el actor en cuestión. A pesar de que cada corporación tiene identidad y dinámicas propias, cuando se trata de obtener o defender su capital los mecanismos para obtener sus objetivos tienen puntos convergentes. Si a eso se suma la opacidad de las corporaciones para influenciar sobre el sector político, el resultado es obvio: una democracia de baja intensidad, sin accountability²⁶¹. O sea, sin una real posibilidad de control responsable de la administración por parte del ciudadano.

Quedó expuesto a lo largo de esta investigación que el sector político es el receptor de los embates del lobby. Por esa razón, resulta interesante observar cómo los gobiernos kirchneristas y macrista —de acuerdo con el período estudiado— muestran denominadores comunes en la relación con los poderes fácticos. En efecto, los movimientos pendulares, la retracción y el avance de las corporaciones ante estos gobiernos dependen de la postura de cada administración ante esos poderes. Observar cada etapa histórica es imprescindible para tomar dimensión de cómo se ejerce la presión, pero también qué fue lo que hicieron ante estos poderes los sucesivos gobiernos.

Por su parte, respecto al sector judicial, debe prestarse atención al rol de los estudios jurídicos como una herramienta central para obtener fallos favorables. El lobby de estos, definidos por un juez federal como “usina de negocios”, es en ocasiones muy efectivo. Contar con un buen estudio de abogados no solo permite obtener ciertas garantías en la defensa legal, sino, lo más determinante, contar con los nexos y vínculos en la justicia para lograr la orientación de un fallo. Por eso, en estos últimos años, es importante advertir que se ha dado una especie de “cartelización de los estudios jurídicos”, que operan transversalmente para aportar soluciones judiciales al poder de turno. Un ejemplo de esto es el caso desarrollado del estudio de Ricardo Gil Lavedra.

En el sector empresarial, la gama de artilugios para lograr cometidos de cualquier índole ya es parte de su geografía. El caso paradigmático es el de Paolo Rocca, que tuvo su expansión empresarial a fuerza de su potencia de lobby.

Algo similar ocurre en el sector financiero con la particularidad de que cada crisis es una verdadera oportunidad. Así lo entendieron el banquero de los 90 Raúl Moneta y el vigente Jorge Brito, quienes ante cada crisis económica avanzaron como verdaderos devoradores para quedarse con bancas públicas.

Por su parte, el sector sindical se vuelve un espacio representativo de las contradicciones entre el discurso y los hechos. La tan mentada “defensa de los derechos” puede ser una proclama de lucha, o convertirse, de inmediato, en un factor de extorsión o de acumulación para líderes sindicales que funcionan con lógicas patronales a las que deberían combatir.

En tanto que la iglesia, por su tradición milenaria, es la que ciertamente pone menos esfuerzos en ocultar su arsenal de lobby. Aprovechando su estructura verticalista en extremo, sus estrategias para influenciar ante el poder político son las más cohesivas. Ergo, logran a través de su plan de acción no perder terreno en el plano simbólico y, fundamentalmente, el económico, ante la mirada protectora de un dios a quien bien podría caberle el mote de “gerente espiritual”.

Si bien este trabajo busca mostrar cómo funciona el sistema del lobby, también repara en quienes administran poder actualmente. En este aspecto, es importante señalar los movimientos del presidente Mauricio Macri, respecto de la UIF, donde ubicó a Mariano Federici, que había sido asesor del FMI y consultor externo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, ligada a Juan Félix Marteau, “cuyo estudio jurídico se dedica precisamente al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores” . Lo secundó María Eugenia Talerico, abogada defensora del banco HSBC en investigaciones por lavado de activos. A ellos se sumó María Celeste Pleé, hija del fiscal Raúl Pleé y con paso por el estudio de Marteau y su fundación.

La trama de actores incluye el retorno de Gabriel Martino, presidente de HSBC, desplazado por no abordar adecuadamente el riesgo por lavado de activos de esa entidad cuando el banco fue el centro de las denuncias del arrepentido Arbizu. Como si fuese poco, durante la gestión actual, María Pía Monkes Calcaterra fue contratada en Gestión de Recursos Humanos de la UIF. Todo un indicador sobre cómo se movería esa unidad.

Estos movimientos tomaron relevancia luego de la enorme filtración mundial, en abril de 2016, de la documentación del estudio Mossack Fonseca, conocida como Panama Papers, primer mojón durante el macrismo que afectó a una nueva elite en el poder: dirigentes políticos que utilizaron los instrumentos financieros internacionales para eludir los fiscos de cada uno de sus países, al crear sociedades offshore.

Un último aspecto central para comprender la potencia del lobby es su carácter intangible. Se presenta de un modo persuasivo, inteligente, voraz. Para ello necesita de la fase pública y la utilización de los medios de comunicación. El debate simbólico de la opinión pública ya no es un espacio estricto de la política, las empresas invierten en pos de su reputación corporativa. La necesidad de abordar la agenda mediática llega hasta el Vaticano, donde el papa construye sus estrategias mediáticas para suturar la distancia entre sus dichos y los hechos. El lobby en ocasiones va más allá, con la premisa de incorporar en los medios masivos de comunicación a sujetos de sus propias entrañas. Un ejemplo paradigmático es Héctor Huergo, máximo defensor de la soja transgénica y el glifosato, hoy director de Clarín Rural y uno de los lobistas principales de la empresa Monsanto.

Un denominador común en el uso de los mecanismos identificados que se presentan en las asociaciones empresariales, el trabajo subterráneo del cabildeo, las contribuciones a elecciones y campañas electorales, las redes de contactos personales y, como hilo conductor, la corrupción.

260. Comisión de las Comunidades Europeas: Libro verde. Iniciativa europea a favor de la transparencia. Bruselas, mayo de 2006.

261. Concepto desarrollado por el politólogo argentino Guillermo O’Donnell en sus estudios sobre la teoría del Estado.

Agradecimientos

A Silvia Itkin por estos años de confianza y valentía absolutas, apostando rigurosamente por nuestras ideas y proyectos, muchas gracias.

Ignacio Damiani y Julián Maradeo

A mi familia, por el amor y la comprensión incondicionales. A Germán Uriarte, por todo.

I. D.

A Maite Alvado por su infatigable virtud para escuchar y sugerir pacientemente. El silencio, la cerveza y el maní son nuestros. A Valen por todo. A Carlos Caro por el caminito que lleva a Pulgarcito.

J. M.

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JULIÁN MARADEO

Nació en General Madariaga, Buenos Aires, el 22 de octubre de 1981. Es licenciado en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata. Sus investigaciones, vinculadas a las estrategias de comunicación de los movimientos sociales, el integrismo católico, las cárceles bonaerenses, Jaime Perriaux y el sistema de encubrimiento de curas abusadores, entre otros temas, fueron publicadas en Página/12, Diario Público (España), La Voz del Interior (Córdoba), Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, y en las revistas Noticias, Ajo y Anfibia. Es autor de La derecha católica. De la contrarrevolución a Francisco: pedofilia, ocultamiento, política (Ediciones de la Campana, 2015); de El Tano. Quién es Daniel Angelici (Ediciones B, 2016) y Radiografía de la corrupción PRO (2018), en coautoría con Ignacio Damiani, y de La trama (Ediciones B, 2018). Además coprodujo el documental No abusarás (2017).

Foto: © Matías Flores

IGNACIO DAMIANI

Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1984. Es licenciado en Comunicación Social y Periodismo por la Universidad Nacional de La Plata y tiene una tecnicatura otorgada por la escuela Tea & Deportea. Ejerció como docente en ambas casas de estudios. Realizó diversas publicaciones en las revistas Anfibia, Ajo y Un Caño, y en los diarios Tiempo Argentino y Río Negro. Es coautor, con Julián Maradeo, de la biografía no autorizada El Tano. Quién es Daniel Angelici (Ediciones B, 2016) y de Radiografía de la corrupción PRO (2018).

Foto: © María Laura D’amico