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A mi mujer, Mónica, y a mis hijos, Blanca y Néstor,

por un futuro sin humo

INTRODUCCIÓN

Fumar no es una forma de libertad, sino de esclavitud.

ROBERT N. PROCTOR

Con quince años tuve la suerte de participar en la representación teatral de la obra Momo, de Michael Ende. Me tocó el papel de jefe de los hombres grises y, con un gran cigarro en la mano derecha, mi voz fría retumbó ante un escaso foro estudiantil: «Todos sabemos que nuestros almacenes de tiempo albergan ya tal cantidad de reservas, que incluso un múltiplo de la pérdida de la que se trata no nos pondría en un peligro serio. ¿Qué es una vida humana? ¡Una pequeñez!». Las grandes multinacionales del tabaco se han convertido en el auténtico Banco del Tiempo de la Humanidad y, como aquel que gestionaban los hombres grises —que querían eliminar a Momo porque sabía la verdad—, hace acopio de los minutos, horas y años de los millones de personas que cada día ven menguada su vida bajo el influjo de una existencia supuestamente más placentera. Un trueque, el del negocio de la nicotina, que no parece nada justo: fumar a cambio de enfermedad y una muerte prematura. De la eficacia de la estrategia comercial de las tabaqueras depende la vida de millones de seres humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre cinco y seis millones de personas fallecen cada año en el planeta a causa de enfermedades tabáquicas y augura que serán siete millones de víctimas a partir de 2030.¹ En España, las bajas anuales ascienden a cerca de 60.000.²

Sin sus grandes cigarros, los hombres grises no podían existir, se desvanecían como el humo, igual que los magnates de la nicotina no podrían incrementar sus fortunas si las personas no consumiesen un pitillo tras otro. Y es que el negocio del tabaco es el perfecto ejemplo de capitalismo sanguinario: cuantas más personas mata, mayores son sus beneficios. El truco reside en asegurar el relevo generacional y en colonizar países en desarrollo a medida que la parte del planeta supuestamente más avanzada va poniendo coto a tanta barbarie con leyes antitabaquismo. Compañías como Philip Morris, British American Tobacco, Brown & Williamson o R.J. Reynolds han dedicado grandes esfuerzos a poner cigarrillos en la boca de los adolescentes, la capa de la población más fácil de manipular y la que más beneficios les reportará a lo largo de su vida. La nicotina es un veneno que ofrece una muerte lenta y les convienen adictos de temprana edad para exprimir su existencia. Lo explicó muy bien Terence Sullivan, responsable de ventas de R.J. Reynolds, en su declaración ante el gran jurado durante los litigios de los años noventa en Estados Unidos:

«Estábamos convirtiendo a los niños en nuestro objetivo, y yo dije en ese momento que lo que hacíamos no era ético y probablemente era ilegal, pero me dijeron que esa era justamente la política de la compañía». Sullivan recuerda que alguien preguntó sobre el tipo de jóvenes a los que la compañía se dirigía, ¿estudiantes de secundaria, niños o incluso más jóvenes? La respuesta fue: «¿Tienen labios? Los necesitamos». No es de extrañar que los españoles se inicien en el tabaco a los 13 años, una edad también bastante habitual en otros países. Además de incitar a los menores a fumar e ir en contra de su salud, hay que recordar que las tabaqueras jamás han reparado en los terribles efectos sobre el asma infantil, pues muchos menores han sido convertidos en fumadores pasivos forzosos. En una junta de accionistas de 1988, el presidente de R.J. Reynolds, Charles Harper, aseguró sobre estas cuestiones que «si los niños no desean estar en una habitación llena de humo, se irán». Cuando un accionista le preguntó sobre el caso de los bebés, Harper le contestó sin inmutarse: «Antes o después aprenden a gatear».³

Sobre los 13 años empezaron a fumar mis tres hermanos mayores. En mi caso, la decisión de no fumar fue un acto de rebeldía, puesto que también fumaban mis padres, mis abuelos, mis tíos… Fumar no era una novedad. Lo nuevo, lo realmente transgresor para mí era rechazar los pitillos de Winston, Lucky Strike o Fortuna, las marcas familiares junto a los Ducados y Rex que fumaba mi abuelo, que un día dejó de respirar, muy lentamente. Aún recuerdo las manchas amarillas de su mano derecha de cuatro dedos —uno lo perdió durante la Guerra Civil— sujetando un Rex consumido hasta el filtro mientras daba sorbos al austero café con leche de cada mañana. También me viene a la memoria cuando mi hermano mayor llegaba a casa de madrugada, un sábado por la noche, y cómo podía seguir sus pasos en la penumbra hasta la cama de enfrente gracias al destello de un incandescente y humeante Lucky Strike. De esa misma marca eran los cigarrillos de chocolate que cada día de Reyes encontraba en mis zapatillas. Mis padres los compraban sabiendo que me encantaban, y no por sugerencia de los Reyes Magos precisamente. Ellos no lo sabían, pero la industria se preocupó de que los fabricantes de golosinas elaborasen pitillos para niños para ir educándolos de cara al futuro, tal como revelan algunos de los documentos desclasificados durante los juicios contra las tabaqueras americanas. Aquí es donde nace la verdadera perversión del negocio del tabaco: en el engaño. Los mercaderes de la muerte saben desde hace más de medio siglo las consecuencias reales que acarrea fumar, y no solo las han ocultado durante décadas, sino que han perfeccionado la adicción mortal con nuevos aditivos para potenciar los efectos de la droga. Y lo paradójico es que todo es legal y no hay que disculparse por ello, al menos en España y en el resto de Europa. En Estados Unidos, las grandes multinacionales han pedido perdón por mantener engañados durante décadas a los consumidores y han tenido que compensar a los fumadores enfermos con indemnizaciones millonarias por su macabra estrategia comercial, mientras que, en Europa, los Estados y el poder judicial ofrecen inmunidad a las compañías de cigarrillos; tienen licencia para matar. Aquí lo único que se penaliza es el contrabando, es decir, defraudar a la Hacienda pública.

Pero imagínense por un momento que el tabaco no ha existido hasta el día de hoy y que alguien lo inventa y pide los permisos necesarios para poderlo comercializar. ¿Los gobiernos darían su visto bueno a un producto que es adictivo, que hace esclavos de una nicotina potenciada con numerosos aditivos y que mata a millones de personas cada año tras hacer estragos en los recursos de los sistemas sanitarios y hace sufrir a millones de personas a las que provoca cáncer y otras muchas enfermedades? Yo creo que no, y es evidente que algún día habrá que plantearse seriamente la abolición gradual del tabaco. De hecho, ya hay algunas instituciones como Citigroup, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, que augura que no habrá ni un solo fumador en 2050 en el Reino Unido y en algunos otros países desarrollados⁴ porque, tal como asegura el historiador Robert N. Proctor, «fumar no es una forma de libertad, sino de esclavitud».

En este libro se analiza la estrategia comercial que han seguido las tabacaleras en España, el país que descubrió el tabaco en el Nuevo Mundo, así como las dificultades del movimiento antitabaquista en su lucha contra esta epidemia y cómo el sistema político y judicial español ha protegido en muchas ocasiones al gran poder económico que representan las grandes multinacionales de la nicotina frente a los miles de enfermos que piden justicia en los tribunales por haberse envenenado a través del engaño.

1

EL ORIGEN DEL MAL

El origen del tabaco se pierde en el tiempo, aunque está claro que proviene de América, en donde crecen desde la Prehistoria la Nicotiana rustica y la Nicotiana tabacum, las dos especies más apreciadas de las 68 variedades de esta planta. Los expertos calculan que su historia podría remontarse a unos 18.000 años atrás. Algunos se atreven a situar los primeros cultivos en la zona amazónica entre Ecuador y Perú, entre 5.000 y 3.000 años antes de Cristo. A diferencia de la patata, el maíz o el chocolate, el tabaco no es alimenticio, aunque los indios lo tomaban entre otras cosas para apaciguar el hambre, y lo hacían de una forma hasta el momento inédita en Europa, la inhalación. Cuando una persona fuma, la nicotina llega muy rápidamente a la sangre a través de los pulmones y de ahí pasa en pocos segundos al cerebro. Solo una inyección intravenosa puede ir más rápido. Los indios también consumían el tabaco en polvo, que aspiraban por la nariz, como luego la Francia de Luis XIV pondría de moda entre la aristocracia europea. Lo masticaban, bebían, comían y hasta se lo untaban en el cuerpo para quitarse los piojos o antes de mantener relaciones sexuales, ya que creían que incrementaba la fertilidad de las mujeres cuando iban a perder su virginidad. Era útil como pesticida ante las plagas o incluso como enema. Aún hoy hay quien dice, seguramente con razón, que un café y un pitillo a primera hora de la mañana son el mejor purgante.

Pero el éxito del tabaco radica en su condición de droga, muy utilizada por los chamanes en sus ritos mágicos y medicinales. Sus propiedades analgésicas y antisépticas podían ser útiles ante un fuerte dolor de muelas o la mordedura de una serpiente. Los primitivos sacerdotes consumían grandes dosis, cigarros de hasta un metro de longitud que a veces mezclaban con otras drogas en sus ritos de iniciación y viajes espirituales con los que el brujo de la tribu buscaba defender a los suyos de enfermedades y espíritus malignos. Los viejos chamanes o los behiques de Cuba debieron ser, a buen seguro, los primeros en sufrir cáncer de pulmón hace centenares de años.

El tabaco tenía una importante función social y los indios lo obsequiaban como muestra de amistad y hospitalidad. Cristóbal Colón no supo apreciar a primera vista la utilidad de la planta al despreciar el obsequio de unas hojas secas, junto a frutos y abalorios, que le regalaron los primeros indígenas con los que mantuvo contacto. El 11 de octubre de 1492 fue el propio Colón el que vio las primeras señales de vida tras cruzar el océano Atlántico en busca de nuevas rutas hacia Asia. Desde alta mar vio unas lucecitas que se apagaban y encendían y que, según relata fray Bartolomé de las Casas en su Historia de las Indias, provenían de las pequeñas antorchas o «candelillas» que los indios utilizaban por la noche para llegar hasta las letrinas y «cumplir con sus necesidades naturales». Al día siguiente, 12 de octubre, la exhausta tripulación llegó a la costa, a la isla que Colón bautizó como San Salvador y que hoy forma parte de las Bahamas. Pese a que el Almirante se hizo con la propiedad de la isla en nombre de sus Majestades los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, los indígenas salieron pacíficamente al encuentro e intercambiaron presentes con los recién llegados. Decidió proseguir su camino convencido de que estaba muy cerca de una importante ciudad de Oriente, cuando en realidad ya había descubierto América, el Nuevo Mundo. El 28 de octubre, las tres carabelas españolas llegaron a la isla de Cuba. Colon quería hablar directamente con el rey de los nativos y envió tierra adentro a dos de sus hombres de mayor confianza, Rodrigo de Jerez y Luis de Torres, los primeros cristianos que probaron el tabaco. Su misión era hallar al rey de las nuevas tierras para entregarle algunos presentes en nombre de los soberanos de Castilla. Rodrigo de Jerez, amigo personal de Colón, y Luis de Torres, un judío converso experto en latín, hebreo y que chapurreaba el árabe, partieron un viernes 2 de noviembre y regresaron el lunes siguiente. Como los escritos de Colon sobre el descubrimiento de América se perdieron, la primera referencia de lo que relataron los expedicionarios hay que buscarla en la transcripción que Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, realizó años más tarde del Diario de a bordo de Colón o en su Historia de las Indias. De ahí sale la primera referencia histórica y bibliográfica sobre el tabaco, fechada el 6 de noviembre de 1492: «Hallaron estos dos cristianos por el camino mucha gente que atravesaba à sus pueblos, mujeres y hombres, siempre los hombres con un tizón en las manos, y ciertas hierbas para tomar sus sahumerios, que son unas hierbas secas metidas en una cierta oja, seca también, à manera de mosquete hecho papel, de los que hacen los muchachos la pasqua del Espíritu Santo, y encendido por una parte dél por la otra chupan, ó sorben, ó reciben con el resuello para adentro aquel humo, con el cual se adormecen las carnes y cuasi emborracha, y así, diz que, no sienten el cansancio. Estos mosquetes, ó como los llamaremos, llaman ellos tabacos». Rodrigo de Jerez y Luis de Torres se engancharon rápidamente al tabaco, una costumbre que Bartolomé de las Casas desaprobaba porque «era vicio» y que los nuevos adictos justificaban al ser reprendidos por la Iglesia en «que no era en su mano dejarlos de tomar». «No se qué sabor ó provecho hallaban en ellos», se lamentaba el obispo, aún desconocedor de las propiedades adictivas de la nueva planta. La adicción al tabaco no se vio al principio con buenos ojos por parte de la Iglesia, sobre todo por su utilización por parte de los chamanes, en lo que vieron la invocación a Satanás. A su regreso a España, Rodrigo de Jerez, el primer fumador europeo, fue encarcelado durante tres años por la Inquisición acusado de haber fumado en público. Este desprecio por el tabaco se observa asimismo en el relato que hizo en 1535 Gonzalo Fernández de Oviedo, gobernador de La Española, la isla que hoy comparten Haití y la República Dominicana: «Entre otros malos hábitos, los indios practican uno que resulta especialmente nocivo: la ingestión de cierto tipo de humo que denominan tabaco, y que los deja sumidos en un estado de estupor. Sus jefes emplean un tubo en forma de Y, repleto de la planta a la que han prendido fuego, y se insertan en las narices los dos extremos de la horquilla. Y así es como aspiran el humo hasta quedar inconscientes y tirados en el suelo como sumidos en un estado de extrema ebriedad». Fernández de Oviedo recuerda cómo los soldados españoles incrementaron el consumo de tabaco cuando los indígenas les contagiaron la sífilis porque, tal como relata en su Historia general y natural de las Indias, «dicen que cuando se encuentran en el estado de éxtasis que les produce el tabaco, no sienten dolor».

COLÓN NO BAUTIZÓ AMÉRICA PERO SÍ LOS CIGARRILLOS

Bartolomé de las Casas es la primera persona que deja constancia de la utilización de la palabra tabaco, y lo hace para referirse más al acto de fumar que al producto propiamente dicho. La palabra «tabaco» la toma de la forma con que los indígenas del Caribe denominaban a los utensilios, en forma de Y, que utilizaban para consumir la solanácea. Hay quien también se atreve a aventurar que proviene de las palabras toaka o twakatako que los indígenas de la América precolombina utilizaban para referirse al tabaco. Los nativos de Cuba denominaban a la planta cohíba o cojiba, tal como se conoce hoy a los mejores puros habanos del mundo, mientras que en la zona de Brasil se la llamaba petun, en la región azteca picietl, en Paraguay pety... palabras que recuerdan al coloquial «pito» o «pitillo». Más adelante, los indianos españoles llamaron «tigarrillos» a los rollos de la planta que elaboraban para fumar, palabra que evolucionaría hacia la de «cigarrillos» debido a que la t se escribía muy baja y curvada y se acabó transformando en una c. Otra de las primeras descripciones históricas del tabaco fue recogida por el religioso Ramón Pané entre 1493 y 1496 al explicar cómo actuaban los «médicos» de las tribus indígenas: «Es preciso que el médico se purgue también como el enfermo, y para purgarse toma cierto polvo llamado cohoba, aspirándolo por la nariz, el cual les embriaga de tal modo que luego no saben lo que se hacen». La misión española de Cristóbal Colón no dio nombre a su mayor descubrimiento, pues el continente finalmente fue bautizado en honor del italiano Américo Vespucio, pero sí logró etiquetar la que a la postre sería la droga más extendida en todo el mundo, el tabaco.

Europa iba así descubriendo poco a poco, con recelo, la costumbre de fumar tabaco, una de las materias primas que acabó llevando a España y a otros países europeos como Inglaterra a colonizar el Nuevo Mundo. Pero antes que tabaco, los españoles buscaban oro y fue una de las primeras expediciones, en 1518, la que dio pie a Bartolomé de las Casas a volver a referirse al tabaco en sus escritos. Se trata de la expedición del capitán Juan de Grijalva, al que el gobernador de la isla de Cuba, Diego Velázquez, mandó proseguir con el descubrimiento de la región del Yucatán, iniciado por Francisco Hernández de Córdoba y que remataría posteriormente el indomable Hernán Cortés con la colonización de México y la aniquilación del pueblo azteca. En uno de sus encuentros con los nativos, a los que Grijalva y sus hombres no cejaban de interrogar sobre dónde podían encontrar el preciado metal, los indios «dieron a cada español un cañuto encendido, lleno de cosas aromáticas, muy odoríferas a la manera de unos mosquetes hechos de papel de los cuales traen hacia sí el humo con el resuello, y sáleles por las narices». Gracias a las experiencias de Grijalva, que acabó siendo otro fumador empedernido, el obispo de Chiapas se atrevió no solo a pulir su descripción inicial del tabaco y del mecanismo de fumar, jamás visto hasta el momento en Europa, sino a hablar del placer del olor del tabaco. Hay que recordar que en otros continentes, desde tiempo inmemorial, fumar iba asociado al placer. Es el caso de África, en donde se fumaba cannabis, y el de Asia, consumidor de opio, aunque en ambas culturas se trataba de un tipo de consumo mucho más restringido y con efectos severos en la conducta del fumador.

Hernán Cortés y sus hombres también fueron refractarios al tabaco, sobre todo al ver cómo era utilizado por los aztecas y su todopoderoso rey Moctezuma, que lo inhalaba cada día tras comer de los 300 platos que le preparaban sus hermosas sirvientas. Cortés vio en el pueblo azteca y su religión, muy dada al sacrificio humano, un motivo para rechazar un hábito impío y casi diabólico. La colonización española aniquiló a pueblos enteros como el azteca o el inca, a millones de indios que murieron esclavizados o infectados por las nuevas enfermedades que portaron los europeos. Un genocidio que, paradójicamente, los pueblos nativos de América han vengado sin saberlo con la propagación de su original planta, que tantas muertes ha venido causando en Europa y en todo el mundo durante estos últimos cinco siglos. Así lo vio ya Francisco de Quevedo, que en un pasaje de sus obras completas dijo: «Allí llegaron el diablo del tabaco y el diablo del chocolate, que, aunque yo los sospechaba, nunca los tuve por diablos del todo. Estos dijeron que ellos habían vengado a las Indias de España, pues habían hecho más mal en meter acá los polvos y el humo y jícaras y molinillos, que el Rey Católico a Colón y a Cortés y a Almagro y a Pizarro».

Pese a los lógicos inicios dubitativos, el tabaco acabó propagándose con rapidez a través de las rutas marítimas y de los que fueron sus primeros directores de marketing, los marineros, grandes consumidores de nicotina. Los italianos comerciaron con él en el Mediterráneo y Oriente Próximo, y portugueses y españoles lo hicieron por Asia y África. El tabaco llegó a China antes que Colón, un país que incrementó su consumo a partir de la creencia de que fumarlo protegía de la malaria. Como ha estudiado Iain Gately, África fue donde el tabaco tuvo un impacto más profundo, por el rápido incremento de su consumo y porque además su pueblo acabó esclavizado para trabajar en América como mano de obra en las plantaciones, en donde los indios se morían rápidamente explotados y enfermos. Los portugueses fueron los primeros en comprar esclavos a cambio de tabaco. Fue Vasco de Gama quien llevó en primera instancia la planta adictiva al corazón de África desde Brasil, y el continente no tardó en cultivarlo. La cultura africana ya tenía sus propias técnicas para fumar porque, como muchos indios americanos, utilizaban la pipa, aunque en su caso era para consumir el cannabis.

A pesar de sus críticas a la nueva planta, la Iglesia católica fue quien acabó introduciendo el tabaco en España. Fue en 1499, cuando el monje jerónimo Román Pané envió a la Península desde La Española las primeras semillas. Diez años más tarde haría lo propio Hernán Cortes desde México, aunque en 1558 se atribuyó a Francisco Hernández, médico de cámara de Felipe II, ser el introductor oficial de la planta en España tras regresar este naturalista de un viaje de estudio de los productos de México encargado por el soberano español. Fue en ese momento cuando la solanácea empezó a ser cultivada en España, primero en los alrededores de Toledo, de forma muy restringida en jardines de palacios de nobles, más por la belleza de su flor hermafrodita que con la intención de crear una plantación de consumo. Hay historiadores que creen que los indios que acompañaron a Colón en su viaje de regreso a España, en 1493, debieron ser los primeros fumadores en suelo europeo, una deducción lógica de la que no obstante no hay constancia documentada. Fuere quien fuere el primero en fumar o en traer la planta, lo que está claro es que la costumbre de fumar se propagó pronto en España de la mano sobre todo de los marineros y, a diferencia de otros países como Inglaterra o Francia, a través de las capas más bajas de la sociedad. «De los hombres del mar pasó el uso del tabaco a la gente ruda y viciosa de los puertos, de donde se propagó luego a las demás clases bajas de la sociedad», relata el etnólogo José Pérez Vidal en su Historia del cultivo del tabaco en España. En el resto de Europa fue al principio una hierba de príncipes y se cultivó en jardines palaciegos y conventos. El embajador francés en Portugal, Jean Nicot, envió muestras de la planta a París, en donde la apadrinaron la reina Catalina de Médici y el gran prior Francisco de Lorena. Nicot, el médico que dio pie al nombre de la nicotina cuando fue descubierta como sustancia por dos químicos alemanes en 1828, estaba en Portugal para concertar el matrimonio entre el hijo del rey luso y una hija de Enrique II de Francia. Durante su estancia aprovechó para pedir unos esquejes de la planta al humanista Damião de Góis y hacer unas primeras pruebas en los jardines de la embajada francesa en Lisboa, de cuyo cultivo envió tabaco en polvo a Catalina de Médici para aliviar sus migrañas y las de su hijo. El tabaco se empezó a conocer en Francia como la «hierba de la reina». De Portugal pasó a la Toscana de la mano del obispo Niccoló Tornabuoni, representante italiano en la corte francesa, y del hombre más rico de Europa, el gran duque Cosme de Médici. Al Vaticano, sin embargo, llegó directamente de Portugal gracias a las simientes que llevó el nuncio apostólico Prospero de Santa Croce, motivo por el que el Estado católico bautizó al tabaco como la «hierba de Santa Croce».

UN PRODUCTO CANCERÍGENO QUE CURÓ TUMORES

Pese a su inicial rechazo, el cristianismo acogió y cultivó la sigilosa droga en toda Europa, en donde se propagó como la pólvora y era consumida por todas las clases sociales desde principios del siglo XVII. Su cultivo en el continente estaba más extendido que el de las patatas y los tomates. Un médico de la Real Armada de Galones afirmó: «Apenas hay en la república viviente racional a quien no le comprenda esta epidemia o se le haya pegado este contagio». El tabaco arraigó en España sobre todo por placer, pero a su buena fama contribuyó la idea de que se trataba de una planta medicinal que curaba desde el mal de madre hasta los sabañones, pasando por el envaramiento de la cerviz, el mal de pecho y el dolor de cabeza, de muelas o de ijada. Paradojas de la historia, al tabaco se le atribuyó incluso la curación de los tumores, del cáncer. Jean Nicot experimentó, al parecer con algún supuesto éxito, el tratamiento de tumores con ungüentos a base de hojas de tabaco. No se quedó corto el médico español Francisco Hernández, que recomendaba el tabaco fumado o inhalado para el asma. El químico y farmacéutico toledano Félix Palacios ofrecía, ya entrado el siglo XVIII, un zumo de tabaco con goma de amoníaco como remedio a tumores escirrosos del hígado. El zumo de tabaco, fruto de la maceración de la hoja, servía asimismo para curar las heridas de flechas envenenadas, como ya hacían los indios americanos. El boticario cordobés Juan de Castro ofrecía en 1620 un bálsamo de tabaco para heridas frescas.

Pero el impulso como remedio de muchos males se lo dio ya antes, en 1565, el médico sevillano Nicolás Monardes, que llegó a recomendarlo para combatir el mal aliento de los niños que habían comido demasiada carne. Su Historia medicinal de las cosas que se traen de Nueva España, obra que fue traducida de inmediato al latín, inglés, francés e italiano, superó en aquella época el impacto de cualquier campaña publicitaria de las actuales multinacionales de la nicotina y suscitó el interés de toda Europa, que cada vez reclamaba más tabaco del otro lado del Atlántico, de mejores propiedades, emergiendo así el gran negocio internacional de la nicotina. Monardes fue el iniciador de la corriente científica a favor de las propiedades médicas del tabaco y fue seguido a su vez por otras personalidades de la salud como Juan Fragoso, Juan de Castro, Cristóbal Hoyo, Francisco Hernández, Antonio Lavedán y un largo etcétera de científicos que durante 300 años recomendaron el tabaco como panacea universal. Monardes llegó a realizar experimentos con perros, junto al doctor Bernardo, médico de Felipe II, para demostrar que el tabaco era un buen antídoto ante ciertos venenos.

El médico sevillano Juan de Cárdenas se sumó a principios del siglo XVII a los panegiristas del tabaco, aunque en su caso le honra el haber sido el primero en ponerse en guardia sobre sus perjuicios si no se aplicaba con tino: «Sabiéndole bien usar y aplicar a nuestras enfermedades, remedio del cielo, tanto quanto es dañoso, pernicioso y pestilencial, si no se sabe usar del». Un mal uso del tabaco como medicinal podía conllevar, según este médico formado en México, «la inflamación del hígado, riñones y flema salada». También adoptó una postura cautelosa el médico toledano Francisco Hernández, quien tras regresar de Nueva España en 1615 pormenorizó las afecciones que curaba el tabaco, que por aquel entonces consumía en polvo el escritor Garcilaso de la Vega porque, como recordaba Hernández, «le descarga la cabeza por las narices». Bien consumido por las personas apropiadas, sobre todo los flemáticos, el tabaco tenía propiedades milagrosas: ayudaba a la digestión, consumía todo malhumor embebido en los nervios y toda ventosidad, era provechoso para los paralíticos y expurgaba las flemas de la cabeza, pecho y estómago. Pero Hernández dejó claro que el tabaco no era bueno para los «coléricos», sobre todo si esas personas vivían en lugares calientes y secos. A Hernández le siguió Juan de Castro, que en 1620 escribió Historia de las virtudes y propiedades del tabaco, una obra en la que cita a otros médicos centroeuropeos de la época para señalar que el humo de tabaco fue un «gran preservativo y correctivo del aire pútrido y corrompido» para preservar la vida de los médicos que trataban epidemias de peste y también de párrocos que sobrevivieron gracias a sus caladas tras administrar los sacramentos a muchos apestados. De Castro llegó a enumerar un mínimo de veinte efectos beneficiosos de la nicotina, un producto que «agudiza el ingenio», la vista, el oído, perfecciona el sentido del gusto, el olfato y hasta aumenta la memoria. Llegó a la conclusión de que fumar provocaba la menstruación a las mujeres, por lo que lo desaconsejaba a las preñadas ya que «se las ha visto malparir».

Una mención aparte se merece la obra de Antonio Lavedán, cirujano del ejército español y de la familia real, quien recogió y desmontó uno por uno los argumentos de los que a finales del siglo XVIII empezaron a expresar sus dudas sobre los efectos del tabaco en la salud. En su Tratado de los usos, abusos, propiedades y virtudes del tabaco, café, té y chocolate, Lavedán enumeró las razones que esgrimían los primeros antitabaquistas: en polvo destempla el cerebro y provoca perturbaciones de los sentidos interiores, provoca sueño, esterilidad tanto en hombres como en mujeres, e incluso impotencia, además de la «descortesía» que supone un humo molesto. Frente a los calumniadores del tabaco, Lavedán aseguró que fumar o esnifar rapé aumenta el material seminal, es un purgante que en ningún caso llega al cerebro y se sitúa en la «mayor y superior jerarquía de las demás medicinas», gracias a la cual «no se siente soledad y ayuda a estudiar y entender». Por si acaso, Lavedán recordó que «toda demasía es enemiga de la naturaleza» y si el tabaco se usa con moderación, es bueno y eficaz, quita el cansancio y «sana tantas enfermedades».

El tabaco y sus efectos sobre la salud empezaron a dividir a los españoles a partir del siglo XIX, como se apunta en un artículo publicado en la Gaceta de Madrid —lo que hoy es el BOE— en 1861.¹ El texto habla de «detractores» y «apologistas» e intenta poner un poco de sentido común al debate sobre el uso del tabaco y sus efectos sobre la salud pública porque «no es un veneno ni un néctar». En todo caso, el texto informaba a los ciudadanos españoles de que empezaba a detectarse que la nicotina era la causa de algunas enfermedades del sistema nervioso, aunque al final indultaba al tabaco porque «es casi una necesidad» y «todos los esfuerzos por hacerlo desaparecer del número de nuestras costumbres han sido infructuosos». Mantenía la tesis de que el uso moderado no debía acarrear problemas y se atrevía a aventurar que «para ciertos individuos es un estimulante útil y casi indispensable», ya que grandes figuras como Federico El Grande, Lord Byron, Schiller o Newton «han pagado su tributo al tabaco» sabedores de que la nicotina les daba «más lucidez» y una «imaginación más viva». Además, una de las notas curiosas de esta suerte de primer artículo sobre la salud pública dedicado al tabaco es que introdujo uno de los argumentos que sería utilizado un siglo más tarde por las grandes multinacionales: los efectos beneficiosos sobre las arcas públicas. Según el texto publicado en el BOE de la época, «el creciente aumento del consumo en Francia desde hace 30 años es una de las causas del progresivo aumento de la renta pública», que pasó de 27 millones de francos en 1787 a varios centenares de millones en menos de un siglo.

De mediados del siglo XIX eran los «cigarrillos higiénicos» que el experto tabaquista Santiago Godó i Rodés recuerda en una de sus obras,² elaborados en las fábricas cubanas y que fueron prescritos inicialmente por 35 médicos y profesores con un certificado para su fabricación que llegó a contar con el aval personal y real privilegio de Su Majestad Isabel II. Según este certificado, los cigarrillos contenían preparaciones pectorales y picadura mezclada con una planta higiénica, y estaban enrollados en papel saturado. Fueron empleados por médicos de todos los países para el tratamiento de enfermedades de garganta, cabeza y en especial para las afecciones de pecho. Estos pitillos eran considerados muy útiles para facilitar la expectoración, frenar catarros de pecho, tisis incipiente, anginas, llagas en la laringe y pérdida de voz. Años después salieron al mercado los cigarrillos antiasmáticos de los Laboratorios Sagalá, así como los cigarrillos balsámicos del Doctor Andreu, con gran éxito en Europa y América. Ambas marcas de cigarrillos «medicinales» contenían preparados de efectos inmediatos para la curación del asma, sofocos o dificultades de respiración. Los que más éxito tuvieron fueron los del Doctor Andreu, que los creó en 1876, apenas ocho años después de sacar al mercado sus míticas pastillas para la tos. Las farmacias dispensaron durante décadas estos cigarrillos, que se pusieron a la venta junto a los papeles azoados, también indicados para el asma y el sofoco y que debían quemarse en cuartos cerrados. Los cigarrillos milagrosos, que sin duda ayudaron aún más a la aceptación social del hábito de fumar, estaban compuestos de una picadura de hojas de Datura stramonium (estramonio), la planta más venenosa de la familia de las solanáceas y que los chamanes mezclaban en pequeñas dosis con tabaco normal para entrar en trance en sus ritos mágicos. A los pocos años de su comercialización se extendieron a Francia, Italia y Portugal y ayudaron a engordar la fortuna de un barcelonés, el doctor Andreu Grau, cuyos descendientes finalmente vendieron en 1978 sus marcas y laboratorios a la multinacional farmacéutica Hoffmann-La Roche, que retiró los cigarrillos supuestamente antiasmáticos. No es de extrañar que, tras centenares de años considerando al tabaco como algo saludable e incluso como una importante medicina dispensada en las farmacias, haya costado tanto convencer primero a los propios médicos y luego a las autoridades políticas de que el tabaquismo es severamente perjudicial para la salud. De hecho, las primeras campañas para dejar de fumar fueron dirigidas a médicos y enfermeras, colectivos que tradicionalmente contaban con grandes fumadores. Hasta hace poco era normal ver en las farmacias agresivos anuncios que ponen a la venta cigarrillos electrónicos de dudosa utilidad junto a parches de nicotina para quien necesite su dosis diaria.

LOS BANDOLEROS PUSIERON DE MODA LOS CIGARRILLOS

Aunque el tabaco fumado fue la primera forma de consumo conocido, con gran relevancia de la pipa, el cigarro y el cigarrillo, no fue la manera preferida de consumir nicotina en España hasta mediados del siglo XVIII, después de las guerras napoleónicas, y en gran parte gracias a los bandoleros, auténticos precursores del «hombre Marlboro». Durante los siglos XVI y XVII se impuso el tabaco en polvo, acogido por la élite y los eclesiásticos, ya reconciliados con la nueva costumbre gracias a las alabanzas médicas, y fue catapultado por la Francia del Rey Sol, que marcó la moda europea de esnifar el rapé, muy fino y aderezado con otras sustancias olorosas, como flores o arcillas. Además, estornudar estaba considerado como algo no solo placentero, sino sano, puesto que podía servir para mejorar la vista, la memoria o incluso en los casos en los que era necesario acelerar un parto. La provisión de la hoja de la planta de tabaco provenía principalmente del área antillana, aunque también se comerciaba con Brasil y Virginia, colonia inglesa que posteriormente formaría parte de Estados Unidos. En el estado de Virginia reside hoy la sede internacional de Philip Morris, la multinacional tabaquera más poderosa del mundo.

De tabaco en polvo había diversas calidades, desde el cucarachero al fino o el exquisito. El polvomonte de Indias, procedente de Cuba, era el top one de la Nicotiana molida. El dato más claro de la prevalencia del tabaco en polvo es que todas las fábricas españolas se centraban en elaborarlo, sobre todo la de Sevilla, en donde era perfumado con agua de azahar y alcanzó fama internacional por su calidad. En Sevilla solo se trabajaba con la hoja de tabaco que llegaba de La Habana, Trinidad, Puerto Rico y Santo Domingo. El tabaco español debía competir no obstante con el rapé francés y el groso florentín italiano, que llegaba a España gracias a los contrabandistas, aunque los primeros en consumirlo fueron los oficiales del Ejército.

La moda francesa del rapé puso en un brete al tabaco en polvo español, lo que llevó a la Hacienda española a reprimir con dureza el contrabando con multas, azotes, penas de cárcel y destierros, según la condición social del delincuente. En el caso de «los hombres llanos, humildes y de baja suerte» podían hasta recibir la pena de muerte. Se dio orden al Superintendente de Estafetas de que no pusiese trabas en la inspección de las valijas de Correos, y al ver la Hacienda Real que sus medidas no surtían efecto puesto que muchos de los consumidores eran de la Corte o trabajadores de la propia Hacienda, se amenazó con la pérdida de empleos y multas. Al final, las sanciones en la lucha contra el contrabando de tabaco se aplicaron por igual a las diferentes condiciones sociales en España, en lo que fue uno de los primeros hitos en la igualdad de los ciudadanos ante el Estado de derecho. Tal como se recoge en los archivos del Ministerio de Hacienda, una orden general de la Renta establecía a finales del siglo XVIII las mismas penas «a los de cualquier estado y condición que sean introdujeren, fabricaren, expendieren, usaren, ocultaren o retuvieren tabaco rapé o groso florentín».

Según datos de Rodríguez Gordillo, es entre 1740 y 1798 cuando los porcentajes del 65 % y 35 % se invierten en favor del consumo de cigarros y rama en detrimento del tabaco en polvo.³ El clero fue el estamento más fiel al tabaco en polvo o al rapé, que consumió incluso hasta casi el siglo XX. El escritor Josep Pla recuerda en su obra Un señor de Barcelona como el obispo de la capital de Cataluña, el doctor Morgades, obsequiaba al autoritario papa León XIII con una cajita con rapé, sabedor de la afición del Santo Padre. Fue el único tabaco de esta clase que salió de la fábrica de Sevilla después de que su fabricación y consumo se extinguiesen en España.

Entrado el siglo XVIII adquirió un notable desarrollo el cigarro, fabricado en Sevilla y Cádiz, que convivió con el declive del tabaco en polvo y el rapé. El preferido era el denominado papante, un cigarro mediano de más calidad respecto al pequeño gaditano o al largo. Pero en los estancos enseguida se encontró el cigarro puro por excelencia, el habano. El más apreciado y el más caro era el de Vuelta Abajo, proveniente de Cuba. Eran los preferidos de Fernando VII —se elaboraban partidas para su real uso—, un monarca gran aficionado al tabaco de humo, diestro liando cigarrillos e impulsor de los primeros intentos de cultivo en la Península. Nombres de puros como Imperiales, Trabucos, Cazadores o Regalías de la Reina dejan bien claro el origen hispano-cubano del puro. En España, el consumo de puros estaba más extendido que en otros países, en donde se prefería la pipa, y los fumaban hasta los niños y los adolescentes, lo que dio origen a canciones populares como la recogida por Pérez de Castro en El tabaco y los fumadores:

En el salón del Prado

no se puede jugar,

porque hay niños que gozan

en venir a estorbar.

Con un cigarro puro

vienen a presumir;

más vale que les dieran

un huevo y a dormir.

Envueltos en hoja de maíz, los cigarrillos, tusas o pajillas fueron la primera manera conocida de fumar y la preferida inicialmente por los españoles por ser más suave que la pipa, un tabaco más económico, cómodo y sencillo de liar. Goya inmortalizó en sus cuadros de finales del siglo XVIII a los bandoleros que dejaron atrás la costumbre afrancesada del rapé y el tabaco en polvo, y que preferían los cigarrillos que se liaban, sin papel engomado ni filtros como ahora. Su consumo fue creciendo gracias al contrabando y la venta fraudulenta pese a que estaba prohibida con penas de prisión. Con el cambio de siglo se empezaron a comercializar ilegalmente, como tabaco blanco, cigarrillos ya elaborados que se fabricaban con «hoja extranjera» por los «enemigos del Estado», que no pagaban a la Hacienda española. No obstante, el español era amante de liarse sus propios cigarrillos, un ritual asociado al placer y al descanso. En los contratos a los labriegos se hacían constar los cigarrillos que podían fumarse durante la jornada de trabajo como el mejor mecanismo para establecer el tiempo de descanso. Al final, el aumento del consumo obligó a dar cauce legal al cigarrillo y, tras la guerra de la Independencia, empezaron a venderse liados, sueltos y en cajetillas de doce. Pero el español siguió fiel a la tradición de liarse sus propios cigarrillos, de tabaco negro, y prueba de ello es que la fábrica de Sevilla en 1848 empleó 152.000 libras de tabaco para pitillos, mientras que destinó cuatro veces más para picadura, concretamente 640.000 libras, según datos de la Sociedad Económica Matritense.

Por su parte, los fumadores de pipa nunca entendieron la afición al cigarrillo, de un consumo demasiado rápido y poco intenso. La pipa, muy propia de los marineros de ultramar, tuvo poco arraigo en España, a diferencia de otros países como Inglaterra u Holanda. No es hasta el siglo XIX que la pipa entra a formar parte de círculos más elitistas, como un símbolo de intelectualidad entre artistas y escritores. Fue más frecuente su uso en regiones fronterizas como el País Vasco o Cataluña, en donde la frágil pipa de barro era guardada en txapelas y barretinas. La pipa ha sido utilizada hasta hace muy poco en fiestas populares de pueblos catalanes, como en el municipio costero de Arenys de Mar (Barcelona), en donde desde 1655 por la festividad de la Purísima se permitía fumar a los niños pequeñas pipas —y más recientemente cigarrillos— preparados de matalahúga y semillas de hinojo, mezcladas a veces con la paja del cacao para darles un aroma más agradable. En el día de la Mare de Déu Fumadora, los padres consentían fumar a sus hijos, hasta que en el año 2002 se dejó de celebrar. En Cataluña, los niños eran protagonistas fumadores en pueblos del Pallars (Lleida) o en otros municipios costeros como Palamós (Girona).

EL ESTANCO, CUATRO SIGLOS AL SERVICIO DE HACIENDA

Tuvo que pasar más de un siglo desde su descubrimiento para que la Corona española echase mano del tabaco para financiarse, en un momento en el que la monarquía de Felipe IV presentaba graves problemas económicos por la guerra europea de los Treinta Años. Tras centrar el fomento del cultivo del tabaco en las colonias, en 1616 se impuso el primer gravamen a su comercialización en la Península, con una Real Cédula con la que se estipuló la tasa de un real y medio a cada libra de tabaco que saliese al extranjero. Veinte años más tarde y tras fracasar el estanco de la sal por la oposición del clero y de Vizcaya, las Cortes de Felipe IV decretaron en 1636 el estanco del tabaco en Castilla, es decir, que el Estado se hacía ya definitivamente con el monopolio de la adquisición, distribución y venta del tabaco con el objetivo de incrementar sus ingresos fiscales, un papel que en mayor o menor medida ya ejercía en las colonias del Nuevo Mundo. La decisión, promovida por el conde-duque de Olivares, se tomó tras tres años de intensas discusiones en las Cortes castellanas para ver cómo se podía llevar a cabo el deseo del monarca y de su Gobierno. La principal oposición provino de los comerciantes sevillanos, temerosos del control administrativo sobre una actividad muy lucrativa y en alza. Al final, el estanco del tabaco entró en vigor el 1 de enero de 1637 y de una u otra forma perduró en nuestro país durante 362 años, cuando el Reino de España decidió privatizar Tabacalera en 1998.

El estanco se hizo extensivo en 1707 a la antigua Corona de Aragón, al reino de Navarra —a través de su Diputación—, Baleares y Canarias. Solo el País Vasco quedó libre del control fiscal del Estado hasta principios del siglo XIX. Los pocos cultivos que había en la Península pasaron a ser clandestinos y la importación no autorizada se convirtió en un delito de contrabando. Estas decisiones fueron clave en el devenir del Estado español, de su economía y, sobre todo, de la Hacienda pública. Para hacer operativo el control de la renta del tabaco, el Estado situó a la Real Fábrica de Sevilla como el centro de compra y elaboración del tabaco que se consumía en el país. Son los orígenes de lo que a la postre sería el monopolio de Tabacalera. La fábrica de San Pedro, que arrancó como manufacturera de tabacos en 1620, tuvo como primer director al armenio Juan Bautista Caraffa, al que más adelante se le adjudicaría el arrendamiento del estanco puesto que la Corona subcontrató a administradores particulares la renta del tabaco hasta 1730. En ese año, la Hacienda pública se hizo con el control directo a causa de los fraudes sistemáticos por parte de los adjudicatarios, que tuvieron una gran rotación ya que se sucedieron hasta 14 distintos hasta 1700. El primero de estos fue Antonio Soria, tesorero de la ciudad de Murcia, como cesionario a su vez de Francisco Rodríguez Cardoso al precio de 678.529 reales al año. Las Cortes arrendaron el estanco del tabaco al precio de 2,5 millones a pagar en seis años, lo que significaba 416.000 ducados al año con el derecho de cobrar tres reales por libra de tabaco. Rodríguez Cardoso logró la concesión tras una dura puja con otros interesados, principalmente Felipe Lobo, que se quedó con la miel en los labios puesto que llegó a acordar el pliego de cláusulas de la Real Cédula. El arrendatario del tabaco se erigió en una figura de gran poder en España porque controlaba uno de los negocios con más proyección del Reino, ostentaba el título de tesorero de la Renta y tenía la facultad de nombrar a los ministros, estanqueros, guardas y jueces que necesitase para gestionar el negocio de la nicotina.

El epicentro del tabaco en España estuvo situado durante tres siglos en la Real Fábrica de Sevilla, fundada partir de la manufacturera de San Pedro, con la actividad principal de producir tabaco en polvo o rapé a partir de la planta que llegaba al Guadalquivir procedente de los barcos de las colonias. La fábrica se ubicó frente a la parroquia sevillana de San Pedro, en una casa que había servido para recoger a mujeres escandalosas. Por contra, la gran fábrica de tabaco acabaría incorporando a las mujeres en el mercado de trabajo a principios del siglo XIX, como elaboradoras de cigarros y cigarrillos tras muchos años de resistencia de los trabajadores varones que entendían no obstante que esta era una tarea para manos femeninas. La mayoría de las empleadas como cigarreras eran gitanas del barrio sevillano de Triana y en verano, debido al asfixiante calor de Andalucía, muchas de ellas trabajan en ropa interior, lo que impresionó a los franceses que, liderados por José Bonaparte, hermano de Napoleón, ocuparon España por aquel entonces. El escritor Prosper Mérimée, figura destacada del movimiento romántico francés, se inspiró en la fábrica de tabaco de Sevilla para escribir la novela en que posteriormente se basó la ópera Carmen, de Bizet. Los franceses llevaron a su país la costumbre de las chicas andaluzas de fumar papelotes, un tabaco picado enrollado en papel que Théophile Gautier, poeta que trabajó de periodista en España tras la guerra carlista, acabaría bautizando como cigarette o pequeño cigarrillo español. Los franceses asociaron este producto manipulado por chicas en enaguas al erotismo y la sexualidad; unos cigarrillos que también fumaron las prostitutas descritas por Baudelaire a mediados del siglo XIX. Como revela Iain Gately en su deliciosa obra La diva nicotina, en los registros de la Real Fábrica de Sevilla consta la expulsión de una tal María del Carmen García, una apasionada y revoltosa cigarrera de 15 años, una gitana morena y de ojos negros que fue castigada en varias ocasiones y finalmente despedida de la fábrica por atacar con unas tijeras a una compañera de trabajo. Ella debió ser la inspiración de la que a la postre fue la ópera francesa más conocida de la historia.

La fábrica de Sevilla fue convertida en 1684 en centro y cabecera de la Renta de Tabacos por una real disposición que le concedía la exclusiva de la producción de tabacos en España, con un nivel de acabado que debía permitir evidenciar los casos de fraude frente a un mercado negro en el que se comercializaban productos de menor calidad. Con esta idea se eliminaron otros centros productivos como los de Gijón, Betanzos o Valencia, cuyos productos eran más burdos y fácilmente imitables. La original fábrica de San Pedro sufrió al menos cuatro importantes remodelaciones, hasta que se construyeron otros edificios anexos a finales del siglo XVIII. Los superintendentes de la fábrica siempre tenían la presión de no producir lo bastante ante una demanda creciente y tenían la imperiosa necesidad de ir ampliando la fábrica para dar cabida a nuevas piedras para moler la planta y a caballos para hacerlas girar. En 1726, el superintendente Juan Carlos Mirail llegó a ordenar jornales nocturnos, desbordado por las peticiones de tabaco, y eso que la fábrica no paraba de incrementar su producción. Por ejemplo, si en 1701 fabricó 1,1 millones de libras españolas de tabaco en polvo, en 1722 pasó a elaborar 3,1 millones y en 1737, 3,6 millones.

La fábrica de Sevilla acabó convirtiéndose en la mayor del mundo; era una ciudad en sí misma, con una prisión, una capilla y un sistema de seguridad propios. Era un mundo aparte en forma de ciudadela militar, rodeada por un coso y una muralla al frente, con un puente levadizo por el que los empleados se registraban al entrar y al salir, y en donde reinaba una ley interna que castigaba a los empleados que robaban tabaco con la expulsión del trabajo o el arresto en la cárcel de la propia fábrica. Esta pequeña ciudad se inició con 50 empleados, que llegaron a ser 1.200 en 1747. Por esas fechas, las caballerizas se ampliaron con unos 200 caballos, imprescindibles para mover las piedras de los molinos de los que se extraía el tabaco en polvo. A pesar de las constantes ampliaciones de la planta de Sevilla, la creciente demanda obligó a volver a situar otras manufactureras en diferentes lugares de España, como Cádiz, Alicante, León, Málaga, Santander, Almería o San Sebastián, además de las factorías de La Habana y otros puntos de América.

El estanco español fue el primero en implantarse en Europa, en un momento de crisis económica y epidemias que no impidieron el crecimiento del negocio de la adicción a la nicotina. En aquel período, el momento de mayores beneficios de la renta del tabaco se registró a finales del siglo XVII, bajo el reinado de Carlos II, momento en el que el 5 % de los ingresos globales de la Hacienda pública provenían del tabaco. Este porcentaje se elevó nada menos que al 30 % en 1741. Es por aquella época en la que hay constancia de lo que podríamos definir como las primeras compensaciones del negocio del tabaco a los estragos sociales que siempre cometió, aunque la ciencia y la menor esperanza de vida de entonces no lo hicieran evidentes. El 15 de octubre de 1723, un decreto asignó 70.000 reales al año al Monte de Piedad en Madrid como renta fija extraída del incremento del precio de la libra vendida de tabaco, y poco más tarde 11.000 reales para las Descalzas Reales y 26.441 para el Colegio de Niñas del Amparo, a lo que siguió una larga lista de compromisos para la construcción y mantenimiento de hospitales, como los hospicios de Madrid y San Fernando. La manutención de la real biblioteca de La Corte fue sufragada ya desde 1715 con 173.000 reales anuales procedentes de la renta del tabaco, de los que la Real Academia recibía por su parte 60.000. Felipe V fue así el primer rey que destinó a obra social y cultural parte del negocio extraído de la venta del tabaco español.

Pero si de algo sirvió el control político sobre el negocio del tabaco fue para sufragar guerras. El negocio de la nicotina no solo mataba a los que eran adictos, sino que los fumadores pagaban para sufragar las batallas del decadente imperio español y de otros países como Inglaterra o Francia. La guerra de los Treinta Años, entre 1618 y 1648, fue el detonante de la implantación del estanco en España en un momento en el que la Corona necesitaba recaudar más dinero para hacer frente a la contienda. Un real decreto de 15 de marzo de 1780 estableció una carga del tres por ciento sobre la renta de tabaco para hacer frente a los gastos de la guerra contra Inglaterra, que interrumpió las remesas de plata que traían consigo los barcos españoles procedentes de América. Posteriormente, en 1793, se promulgó una real cédula que tuvo por fin pagar con dinero del negocio del tabaco la guerra con Francia, y tres años más tarde se hizo lo propio para hacer frente a los altos costes de una nueva contienda con Inglaterra. Los soldados fumaban mucho y extendieron este hábito al norte de Europa. Los comerciantes holandeses tuvieron mucho que ver con la propagación de la nicotina a países nórdicos como Suecia, un negocio en alza al que se abrazaron con fervor. Por aquella época era normal ver a los niños de Ámsterdam fumar en pipa por las calles mientras los barcos holandeses pirateaban el tabaco asaltando en el Caribe a los galeones españoles, costumbres todas ellas que compartían con los ingleses. Su floreciente comercio naval de esclavos llevó en muchas ocasiones a vender a hombres a cambio de tabaco, un producto cada vez más apreciado en los puertos de los cinco continentes que se convirtió en moneda de cambio para adquirir cualquier cosa. En el siglo XVII se puede hablar de una auténtica fiebre del tabaco, como fue antes la del oro anhelado por los colonos que descubrieron el Nuevo Mundo.

Solo las Cortes de Cádiz pusieron en cuestión el estanco del tabaco en España, aunque su propósito de liberalizar el negocio tuvo al final un escaso recorrido: se aprobó el desestanco en diciembre de 1813 y al cabo de siete meses se derogó con el restablecimiento de la monarquía de Fernando VII. Hubo, no obstante, un gran debate transversal sobre la necesidad de abrir el negocio del tabaco a la iniciativa privada sin dejar de cobrar una tasa para las necesidades del Estado, lo que se denominaba un «derecho de introducción». En un breve período de dos años, que va de 1821 a 1823, se volvió a establecer el desestanco y la libre importación y cultivo del tabaco. Después se instauró de nuevo el monopolio sobre todo por los malos efectos sobre la Hacienda y porque no solo no consiguió frenar el contrabando, sino que lo aumentó. El contrabando fue un quebradero de cabeza para el estanco desde su primer día. A mediados del siglo XVIII, la Corona decidió unificar los «resguardos de la reserva», los agentes destinados a luchar contra el fraude de todo aquel negocio controlado por el Estado. El único resguardo de rentas generales y tabacos contaba con 2.814 hombres en 1756. Solo 20 años más tarde ya contaba con 3.844 agentes, a pie y caballo, aunque carecían de medios, estaban mal pagados y formaban parte de un sistema tan burocratizado que apenas era efectivo.

LOS PRIMEROS PROHIBICIONISTAS

Los primeros aduladores del tabaco fueron los que después empezaron a introducir algunas dudas sobre sus consecuencias en la salud. Pero fue la Iglesia católica la que impuso las primeras prohibiciones en España y no precisamente por su preocupación por el cuerpo de los hombres. La Inquisición decretó que solo Satanás podía conferir al hombre «la facultad de expulsar el humo por la boca» y condenó a prisión al que fue el auténtico descubridor del tabaco en el Nuevo Mundo, Rodrigo de Jerez, el colaborador de Colón que se enganchó desde el primer momento a una costumbre que «tiene algo de pacto con el implícito». Cuando volvió a su pueblo natal, Ayamonte, en vez de ser laureado por haber participado del hito más importante de la historia española, sus vecinos le trataron con recelo al verlo expeler por la boca un humo que solo podía ser fruto del maligno. Rodrigo de Jerez fue denunciado por su propia esposa a la Santa Inquisición, que lo condenó a diez años de prisión. Al final cumplió tres y al salir de la cárcel vio que fumar y sobre todo esnifar tabaco en polvo ya era algo habitual, incluso entre los clérigos que le condenaron.

Fue precisamente la rápida propagación de la nicotina entre los eclesiásticos lo que obligó a intervenir al papa. Urbano VIII dictó una bula el 30 de enero de 1624 en la que prohibió por primera vez el consumo del tabaco, en concreto en el interior, patios y pórticos de las iglesias de la diócesis de Sevilla, bajo la amenaza de la excomunión fulminante: «No hace mucho que se nos ha informado que la mala costumbre de tomar por la boca y las narices la yerba vulgarmente denominada tabaco, se halla totalmente extendida en muchas diócesis, al extremo que las personas de ambos sexos, y aun hasta los sacerdotes y los clérigos, tanto los seculares como los regulares, olvidándose del decoro propio de su rango, la toman en todas partes y principalmente en los templos de la villa y diócesis de Hispale, sin avergonzarse, durante la celebración del muy santo sacrificio de la misa, ensuciándose las vestiduras sagradas con los repugnantes humores que el tabaco provoca, infestando los templos con un olor repelente —con gran escándalo de sus hermanos que perseveran en el bien, y aparentando no temer en nada la irreverencia de las cosas santas».

El esnifado del tabaco en polvo y los consiguientes estornudos alteraban la celebración de las misas y, ante esta situación, el papa Urbano VIII escribió la pionera prohibición de fumar en España. «Por medio de la presente, pongamos en entredicho y prohibamos en consecuencia, a todos en general y a cada uno en particular, a las personas de uno y otro sexo, a los seculares, a los eclesiásticos, a todas las órdenes religiosas y a cuantos formen parte de una institución cualquiera de esa naturaleza, el tomar tabaco bajo los pórticos y en el interior de las iglesias, ya sea mascándolo, fumándolo en pipa o aspirándolo por la nariz; en fin usarlo en cualesquiera formas que sean. Si alguno contraviniese estas disposiciones será excomulgado inmediatamente, ipso facto, sin más ni menos, de acuerdo con los términos del presente interdicto».⁴

Fue el archidiácono de Écija y obispo electo de Tortosa, Francisco de Quesada, el que convenció al papa para que pusiera orden ante una costumbre que detestaba hasta tal punto de que cambiaba de acera si veía a alguien fumando por la calle. Francisco de Quesada recordó a su Santidad que ya estaba prohibido comer y beber en las iglesias, así como guardar bienes y alhajas o hacer ruido y alboroto. Además, el tabaco ensuciaba los suelos de los templos «profanando iglesias, sacristías, coros y otros lugares sagrados», por lo que suplicó al papa que para remediar estos inconvenientes, «profanamientos e indecencias», prohibiese severamente el uso del tabaco en las iglesias de la ciudad de Sevilla y de su Arzobispado. Sus quejas tuvieron éxito y, como era propio en estos casos para dar a conocer las órdenes papales, siempre escritas en latín, el jesuita Antonio de Quintanadueñas se encargó en 1642 de explicar con detalle la bula papal, de obligada observancia bajo pecado mortal y con la que por primera vez se acotaba consumir tabaco en España. El jesuita dejó claro que la prohibición incluía «tabaco en hoja, polvo o humo, en infusión» o consumido de cualquier otra manera.

El ámbito de aplicación era las iglesias de Sevilla, lo que incluía cualquier templo, ermita o capilla pública, sus patios y lo que se denominó sus «ámbitos», algo parecido a la prohibición actual de fumar a las puertas de hospitales y colegios. Quintanadueñas interpretó no obstante que la prohibición no afectaba a forasteros ni peregrinos, como tampoco a los sevillanos cuando estos visitaban otras diócesis. Las prohibiciones sobre la «hierba del demonio» se extendieron a las diócesis de Valencia y Canarias. Esta bula duró más de un siglo y fue un papa amante del tabaco, Benedicto XIII, el que la anuló así como toda norma contraria al consumo de la solanácea, lo que influyó en gran medida en una mayor aceptación social del tabaco, un producto que al fin y al cabo se plantaba en muchos huertos de monasterios y conventos y del que la Iglesia católica fue protagonista en su propagación por medio mundo. De todas formas, las acciones contra el consumo de tabaco en España no tuvieron la virulencia de otros países, entre otros motivos porque la monarquía castellana enseguida decretó su estanco y estableció su comercialización como una regalía. Así que, al margen de cuestiones fiscales, los ataques se centraron en tres cuestiones: la suciedad que generaban los llamados despectivamente «peones de la polvareda», las molestias del humo y la falta de respeto a los lugares sagrados, pues los curas esclavizados por la nueva droga llegaron a esnifar tabaco en polvo hasta en los altares.

La religión fue también el trasfondo que animó al mayor antitabaquista que ha tenido Europa, Jacobo I, quien en los albores del siglo XVII escribió A Counterblaste to Tobacco: «La costumbre de fumar resulta aborrecible a la vista, odiosa al olfato, dañina para el cerebro y peligrosa para los pulmones, y a lo que más se asemeja esa negra y apestosa humareda que desprende es el horrible humo estigio que brota del pozo que no tiene fondo». Jacobo I de Inglaterra fue antes Jacobo IV de Escocia y era conocido por su afición a quemar cada año a centenares de brujas y ser un impenitente torturador. Relacionaba el tabaco y su humo con las brujas, en cuyas pócimas eran habituales el beleño o la belladona, solanáceas como la planta del tabaco, que durante un tiempo fue conocido como «el beleño del Perú».

Tras suceder a Isabel I y firmar la paz con España, el rey inglés inició su propia guerra contra la «engañosa planta» y los fumadores, a los que comparó con los salvajes que adoraban al diablo, pues su adicción la consideraba pecado. Jacobo I solo tuvo un problema en su país, uno de los más fumadores del mundo, y es que sus súbditos se mofaban de él y de sus obsesiones, así que para castigar la desobediencia de su pueblo decidió incrementarles en un 4.000 por cien los aranceles. Para garantizarse la materia prima y no tener que pagar tantos impuestos, los ingleses se vieron obligados a hacer diversas incursiones en América financiando embarcaciones para establecer colonias a través de la Virginia Company. En 1612, John Rolfe, que se casaría años más tarde con la princesa india Pocahontas —Walt Disney se inspiró en esta historia para una de sus películas—, plantó las primeras semillas de Nicotiana tabacum y en poco tiempo logró un tabaco de una fragancia que dejaría una profunda huella en el mercado.

Más allá de casos originales como el de Connecticut (Estados Unidos), en donde una ley prohibía fumar sin un certificado médico, la primera mitad del siglo XVII se convirtió en la etapa de mayor prohibicionismo de la historia. En Rusia, el primer zar Romanov, Mijaíl Fiódorovich, persiguió a los fumadores desde el denominado Tribunal del Tabaco —en Suiza también se instauró para desterrar este vicio de sus cantones— para juzgar a los que incumplían las leyes antitabaquistas. Uno de sus castigos más habituales era rajar los labios de los fumadores o azotarlos salvajemente. Algunas veces se aplicaba la castración, y si el delincuente era rico se lo enviaba a Siberia y se confiscaban sus bienes. La Iglesia ortodoxa colaboró en esta persecución tras llegar a la conclusión de que fue el tabaco lo que embriagó a Noé y le llevó a exhibir sus genitales ante sus hijos. En 1689, el zar Pedro el Grande revocó las prohibiciones y tuvo su particular pulso con el patriarca de Moscú. Pedro el Grande, que se cree que se enganchó a la nicotina por su amistad con el general inglés Patrick Gordon, llegó a gravar con un impuesto las largas barbas de los religiosos ortodoxos por su actitud hostil hacia el tabaco.

En el imperio turco hubo inicialmente una mayor tolerancia puesto que el Corán no decía nada sobre el tabaco, aunque Murad IV, conocido como El Cruel, prohibió en un gesto de autoridad el tabaco, el alcohol y el café bajo pena de muerte. A Murad el Cruel le gustaba ir de incógnito por Estambul y cuando alguien le invitaba a fumar mandaba que le cortaran la cabeza. En 14 años mató o hizo ejecutar a unos 25.000 fumadores.⁵ La dinastía Ming también dictó pena de muerte en China para los fumadores, lo que impulsó el consumo de rapé, mientras que en Persia el castigo por aquel entonces era verter plomo en la garganta del adicto. En Japón, el tabaco se prohibió entre 1609 y 1612 por ser un producto extranjero y se establecieron multas y penas de prisión. Los sacerdotes católicos del estado alemán de Sajonia rechazaron públicamente el tabaco a mediados del siglo XVII, y hasta 1691 en Lüneburg se castigaba al fumador con pena de muerte.

Volviendo a España y tras las prohibiciones papales, la primera orden dictada por el Estado se sitúa en el reinado de Carlos IV, en un momento de gran nerviosismo por la propagación de las ideas de la Revolución francesa. En ese contexto, Carlos IV dictó una Real Orden el 28 de abril de 1791 sobre las reglas que debían regir la convivencia en fondas, cafés y «demás casas públicas de esta clase en la Corte», es decir, en Madrid y alrededores. Además de dar instrucciones más rígidas para otorgar licencias, se prohibieron las «conversaciones deshonestas», sobre todo si se referían a asuntos del Gobierno, y las «quimeras y disputas». Pero la Real Orden estableció lo siguiente: «No se permite juego ninguno de naypes, ni traviesas en los trucos, bochas, chaqueteó villar; ni se leerán gazetas ni otros papeles públicos, ni se permitirá tampoco fumar». Carlos IV debió pensar en ese momento más en ambientes saludables para su gobierno que en los efectos que podía tener el tabaco sobre la salud de su pueblo. Pero también es cierto que la instauración de esta prohibición coincidió con que los españoles empezaron entonces a dejar atrás el tabaco esnifado para decantarse por el tabaco fumado, sobre todo cigarrillos, con lo que se empezaron a crear las primeras atmósferas irrespirables en locales públicos cerrados. No queda claro cuánto duró este manual de convivencia en las fondas madrileñas, ni si tuvo mucho éxito su aplicación dada la gran propagación del hábito de fumar. Sí queda claro que Carlos IV fue más reformista en este terreno que la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, una de las políticas españolas que más se ha destacado por su rechazo a toda medida regulatoria.

Pero la que realmente puede considerarse como la primera ley que prohíbe fumar en España, dado su detalle regulatorio, data del 5 de agosto de 1886 y hay que encontrarla en el Reglamento de Policía de Espectáculos promulgada por el entonces ministro de Gobernación, Venancio González, tras un consejo de ministros presidido por el liberal Sagasta en la época del turno pacífico de partidos y bajo la regencia de María Cristina. En un momento en el que no existía aún el Ministerio de Sanidad, fue el departamento de Gobernación el que promulgó un Real Decreto, de conformidad con el Consejo de Estado, en el que se establecía lo siguiente: «Queda prohibido fumar en todo espectáculo público que no se verifique al aire libre fuera de las salas destinadas al efecto». Asimismo, el artículo 18 del título II de dicho reglamento dejaba claro que los empleados de las salas de espectáculos debían «invitar» a los espectadores que no cumpliesen las normas a dejar de fumar so pena de ser expulsados de las salas. La cuestión pasó casi desapercibida en los diarios de la época, por lo que no debió de ser una prohibición muy polémica, pensada más para evitar posibles incendios en lugares cerrados que por la salud de los fumadores pasivos, un concepto ignorado en aquella época. En todo caso supuso una pica en Flandes y tuvo continuidad con diversas actualizaciones posteriores. En octubre de 1913, la nueva normativa de Policía de Espectáculos trajo una novedad importante: la creación por vez primera de salas para fumadores, para lo que las empresas de entretenimiento debían destinar «un salón o dependencia especial, cuyo aire se renueve» de tal forma que «no pueda impurificarse la atmósfera de la sala del espectáculo directa ni indirectamente». También se contemplaron «fumaderos» para los músicos. En caso de que los clientes no obedeciesen las indicaciones, los empleados de cines y teatros podían requerir del auxilio de los agentes del orden, «quienes obligarán a cumplir sin demora esta disposición». Se conminó a los locales a situar en lugares visibles anuncios en los que se expresase «la prohibición de escupir en el suelo y la de arrojar colillas los fumadores». La actualización de este reglamento en 1935 recogió la proliferación de las nuevas salas para proyectar películas, material altamente inflamable, por lo que también especificó que «en el local de manipulación de las películas» quedaba prohibido «rigurosamente» fumar. No se establecieron sanciones para ninguno de estos supuestos puesto que aún no se vinculaba la prohibición de fumar a una cuestión de salud pública. Un ejemplo de la gran tolerancia hacia el tabaco que todavía existía en España lo demuestra que Federica Montseny, la primera mujer ministra de la Europa Occidental y en 1937 titular del joven Ministerio de Sanidad, recibía cada mes dos paquetes de cigarrillos como obsequio del representante del Estado en el Arrendamiento de Tabacos, Arturo Fernández Noguera, tal como consta en los archivos del Ministerio. Un detalle que hoy resultaría del todo inapropiado para un ministro de Sanidad.

VUELTA ARRIBA, VUELTA ABAJO

El siglo XIX fue clave en la expansión de la nicotina puesto que se duplicó el consumo en España, que centró su explotación en las colonias de Cuba y Filipinas, a punto de independizarse, y se convirtió durante un largo tiempo en la primera renta de la Corona. Se pasó de una importación anual media de 715 toneladas a las 10.000 en 1854, en un período en el que se produjo un progresivo dominio del tabaco de humo gracias al cigarrillo frente al cigarro puro y la picadura a granel. Durante la guerra de Secesión americana, España importó gran cantidad de hoja de tabaco de Estados Unidos (Virginia y Kentucky), aunque centró su explotación en las áreas cubanas de Vuelta Arriba y Vuelta Abajo y en Filipinas, en las zonas de Cagayán, Isabela, Igorrotes y Bisayas. En cuanto a la calidad, la hoja más apreciada era la de Vuelta Abajo, seguida de Vuelta Arriba, la hoja filipina y el boliche de Puerto Rico. En el momento en el que empezó a operar la Compañía Arrendataria de la Renta del Tabaco, Filipinas representaba el 38 % del negocio, Estados Unidos el 30 % y Cuba descendía al 8 %. Pero Cuba, por razones históricas y de calidad, fue siempre el epicentro mundial del tabaco, al menos por lo que se refiere al mejor tabaco. Colón lo descubrió allí y allí lo cultivaron los españoles hasta la independencia del país caribeño en 1889.

La antesala de la derrota española en la guerra cubana fue la venta a compañías de Estados Unidos de la casi totalidad de las fábricas, tabaquerías y marcas de cigarrillos y puros que ostentaban industriales catalanes y asturianos. La planta del tabaco cultivada en las riberas de los arremansados ríos cubanos fue el principal producto de riqueza y sustento de los cubanos durante el siglo XVIII y uno de los motores para que La Habana se convirtiese en unas de las mayores urbes americanas. A ello ayudó mucho la real prohibición de cultivar tabaco en España para potenciar la economía de las colonias, una decisión tomada en 1701 por el rey Felipe V que llevó al Fiscal de la recién creada Dirección y Administración General de la Renta a convocar una cumbre urgente en Madrid con el nuncio papal. El tabaco se convirtió en un asunto sensible en las relaciones internas entre la Corona y la Iglesia católica ya que existía una fuerte preocupación por el hecho de que en muchos conventos, casas y monasterios se cultivaban grandes cantidades de tabaco en huertos y cercados, con lo que el clero daba muy mal ejemplo a los feligreses incitándoles con su ejemplo al cultivo clandestino, una alternativa de subsistencia nada desdeñable para muchas familias pobres.

La Corona española ganó mucho dinero con el tabaco cubano, del que Felipe V se hacía traer para su consumo personal rama y polvo a la fábrica de Sevilla a través del contador Manuel García de Palacios. Por aquel entonces, muchos cultivadores cubanos dejaron el azúcar para pasarse a la solanácea, muy apreciada por los piratas que merodeaban las costas caribeñas. Los vegueros se organizaban en milicias y hacían de guardacostas para hacer frente a los asaltantes y evitar el contrabando de barcos ingleses y holandeses. Las tres galeotas de la armada española, con escaso apoyo, siempre estaban con averías o faltas de tripulación. Pese a la tradicional dejadez española, había mucha presión de la Corona para que se enviase a Sevilla una mayor cantidad de tabaco, y fue el gobernador Laureano Torres de Ayala el primero en poner orden en la isla y lograr unas exportaciones récord que se tradujeron en amplias ganancias para el fisco español, lo que llevó a Felipe V a nombrarlo marqués de Casa Torres. Desde entonces, el desarrollo del sector tabaquero marcó las relaciones políticas entre la colonia y la metrópoli, hasta que el líder cubano José Martí, apoyado entre otros por los tabaqueros de Tampa y Nueva York, desembarcó en Playitas de Cajobabo para iniciar la insurrección a la Corona española. Martí enviaba sus mensajes a sus correligionarios del Partido Revolucionario Cubano dentro de cigarros torcidos que entraban y salían de los múltiples buques que conectaban el puerto de La Habana con los cayos de Florida. Las cajas de tabaco fueron así el transporte desde el que se coordinó la insurrección cubana.

Antes de que Estados Unidos asestara el golpe definitivo para facilitar la independencia de Cuba, las liberales Cortes de Cádiz decretaron el desestanco del tabaco en las provincias ultramarinas —que luego mantuvo Fernando VII—, lo que abolió los privilegios de la fábrica de La Habana y desató lo que se conoció como «la fiebre del tabaco»: el libre cultivo, fabricación y venta de un tabaco cuyas mezclas empezaron a ganarse fama internacional. Se crearon grandes fortunas que invirtieron a su vez en vapores, azúcar, banca, petróleo y esclavos. Las cigarrerías y tabaquerías daban empleo a un gran número de empleados que no eran fijos puesto que era costumbre que se elaborasen los cigarros en domicilios particulares y en los ratos de ocio de soldados acuartelados y porteros de casas y mansiones. También elaboraban cigarrillos los presos, a un precio más barato puesto que cobraban una cuarta parte que los demás elaboradores, lo que provocó en más de una ocasión insólitas huelgas en cárceles y presidios, como la que le hicieron al empresario Pedro Coll, que se vio obligado a aumentar el jornal de los presos para no ver disminuidos sus stocks. Fortunas de indianos de origen catalán como Coll, Bernardino Rencurrel, Juan Conill, José Gener o Jaime Partagás estuvieron estrechamente ligadas al comercio del tabaco. Este último apellido, que dio nombre al cigarro habano más conocido del mundo, protagonizó uno de los acontecimientos más controvertidos del sector tabaquero en Cuba, lleno de rencillas, odios y envidias que llevaron al asesinato de Jaime Partagás Rabell en 1868 por un disparo de trabuco. Hombre enérgico y tozudo, se negó a alejarse de sus vegas para ser atendido en un hospital y murió un mes más tarde del atentado, a la una de la tarde del 17 de julio de dicho año, en sus tierras de Pinar del Río. Nacido en Arenys de Mar (Barcelona) en una familia de sastres, partió hacia Cuba con licencia paterna a la temprana edad de 14 años. A los 18 ya tenía negocios con Juan Conill, el gran referente de los primeros tabaqueros españoles, y en 1844 fundó su propia fábrica y su tabaquería con marcas como La Flor de Cabañas de Partagás y Cía. Cabañas ya era utilizado como marca por el asturiano Manuel Carvajal, que pleiteó con Partagás en una época en la que no había mucha cultura de patentes. Además de Carvajal, Partagás se enemistó con los catalanes Ramón Novell y Pedro Mató, según relata en su estudio de los archivos tabaqueros cubanos Santiago Godó. Tras un proceso con 78 testigos, se acabó procesando y encarcelando a Pedro Díaz, un negro que había logrado dejar atrás la esclavitud y que amenazó con dar nombres sobre los autores intelectuales del asesinato de Partagás. Díaz apareció muerto en la enfermería de la cárcel y dejó abiertos muchos interrogantes. Antes de su muerte y tras ser galardonado por sus vitolas en la Exposición Universal de Londres de 1851, Partagás cambió el nombre de su marca —obligado por la justicia—, que pasó a denominarse Flor de Tabacos de Partagás y Cía., y jamás llegó a saber que la calidad de sus puros habanos pasaría a la historia por su apellido real y no por el controvertido nombre de Cabañas.

Otro apellido ilustre que intentó subirse al carro de la fiebre del tabaco cubano fue el inventor Narcís Monturiol. El heterodoxo ampurdanés pasó a la historia por ser el inventor del submarino, entonces denominado ictíneo, un artilugio que sin embargo le arruinó la vida a pesar de sus éxitos de inmersión ya que no logró convencer a un anticuado Ministerio de Marina. El ejército español seguramente jamás habría perdido Cuba si hubiese invertido seriamente en este proyecto en vez de mofarse de él, como hicieron muchos oficiales españoles. Monturiol tuvo algo más de aceptación con la primera patente española de una máquina para elaborar cigarrillos. Tras diversos intentos consiguió colocar una copia de la máquina en la fábrica de la familia Susini, una de las tabaquerías españolas más importantes de La Habana de mediados de siglo y que aceptó el reto de la elaboración industrial del pitillo tras regatear a fondo el precio de la patente. En ese momento, Monturiol realizaba importantes pruebas para ponerle un motor a un nuevo submarino, para lo que necesitaba de una gran cantidad de dinero que iba logrando con más pena que gloria a través de la compañía La Navegación Submarina, empresa que acabó en quiebra. El barco pez fue finalmente vendido como hierro viejo en 1868. Para sobrevivir, Monturiol tuvo que aceptar el cargo de jefe de la Fábrica Nacional del Sello y fue diputado a Cortes, años en los que vivió en Madrid y utilizó para lograr cobrar una indemnización por su patente cigarrera que jamás llegaba y por la que al final consiguió 16.940 pesetas, según relata J. Passarell en su obra L’inventor Narcís Monturiol. Esto le animó a intentar perfeccionar la máquina de cigarrillos con un nuevo modelo, que jamás llegó a acabar. Ya enfermo, en los últimos días de su vida se instaló en el domicilio barcelonés de su hija Anna, casada con el director de la fábrica de tejidos La Española. Su familia hizo que llevasen a la cámara personal de Monturiol la máquina de cigarrillos que quería perfeccionar y en la que estuvo trabajando hasta el día de su muerte, en septiembre de 1885.

En aquella época, los tabaqueros y vegueros eran a la vez los líderes militares de grupos de voluntarios que llegaban de la Península para defender Cuba de las ansias separatistas y, así, mezclaban con naturalidad los intereses políticos, económicos y militares. Los industriales del tabaco eran unionistas por patriotismo y sobre todo porque querían mantener a toda costa sus posesiones y grandes fortunas. Uno de los ejemplos más destacados fue José Gener Batet, natural de L’Arboç (Tarragona), uno de los españolistas más intransigentes, que llegó a Cuba a los 13 años y que era conocido por el maltrato al que sometía a sus obreros, muchos de ellos esclavos a los que castigaba con el cepo, artilugio que los mantenía inmóviles cogidos de pies y brazos. Fue uno de los industriales tabaqueros más ricos y uno de los hombres de negocios más acaudalados de España, tuvo un pabellón propio en la Exposición Universal de Barcelona de 1888, en donde situó una réplica de la estatua de Colón de las Ramblas barcelonesas que acabó en el establecimiento comercial Las Américas de su pueblo natal. Fue el propietario de la emblemática fábrica La Escepción, nombre que mantuvo pese a portar una falta ortográfica en un ejemplo de incultura y testarudez que no le hizo menos hábil para los negocios. Gener era coronel del sexto batallón de cazadores voluntarios de La Habana y presidió un polémico consejo de guerra en el que se juzgó a una cuarentena de estudiantes de medicina por profanar las tumbas de Castañón y Guzmán, héroes del partido gubernamental enterrados en el cementerio cubano de San Lázaro. Los grupos de militares voluntarios presionaron para que los estudiantes recibiesen un castigo ejemplar, y ocho de los detenidos fueron ejecutados y 31 condenados a trabajos forzosos. Con el tiempo se supo que los panteones de los héroes nacionales apenas habían recibido unos rasguños en sus vitrales. El testamento del empresario José Gener es imprescindible para poder narrar lo que fue la pérdida de Cuba, que logró la independencia de España gracias al Tratado de París, bajo custodia de Estados Unidos, país al que además se malvendieron Filipinas y Puerto Rico. Los herederos de Gener vieron languidecer su imperio tabaquero y acabaron vendiendo sus marcas a los americanos. La emblemática fábrica La Escepción pasó a manos del Estado cubano tras su expropiación por el régimen de Fidel Castro.

Antes de que el régimen comunista se hiciese con el negocio del tabaco, los trusts estadounidenses entraron en la isla a finales de siglo XIX a través de la Havana Cigar and Tobacco Company, que compró todo tipo de marcas y fábricas en la etapa final de dominación española. Los americanos compraron las tabaquerías y pusieron máquinas como las que Monturiol quiso implantar medio siglo antes sin apenas éxito. Los trabajadores cubanos, con los que contaron las nuevas compañías de Estados Unidos y que fueron tratados mejor que por los españoles, se resistieron no obstante a los avances industriales. La American Tobacco Company compró al marqués de Pinar del Río, Leopoldo Carvajal, la mundialmente famosa Hoja de Cabañas y Carvajal por un millón de dólares. En la etapa de dominación estadounidense, los cubanos no solo siguieron produciendo tabaco, sino que se consolidaron como el pueblo más enganchado a la nicotina. Como recuerda Paul Preston en su obra Cuba, los cubanos eran los mayores consumidores de puros a principios del siglo XX. En 1918 fumaban 100 habanos al año por habitante, contando mujeres y niños. En los años cincuenta, al final del mandato de Batista y de la influencia de Estados Unidos en la isla caribeña, unos 130.000 cubanos trabajaban en tareas agrícolas o industriales relacionadas con el tabaco.

El siglo XIX unió a Cuba, Filipinas y Canarias en una suerte de ruta del tabaco español. A Cuba, adonde emigraron muchos canarios que con el tiempo regresaron para plantar tabaco en su tierra natal, llegaron varios miles de «chinos Manila», como se conocía entonces a los hábiles operarios chinos que llegaron a La Habana a través de Filipinas. Eran muy solicitados en las tabaquerías cubanas por su capacidad de producción y calidad de acabado, en un pequeño país en el que ya trabajaban blancos, negros, mulatos y judíos en una auténtica amalgama de razas. En 1852 llegaron de golpe 6.000 chinos, lo que llevó al gobernador español a consultar con el arzobispo de Cuba, Antonio María Claret, sobre las consecuencias de tal avalancha de asiáticos. Preocupado, Claret alertó a los explotadores españoles sobre si esta nueva raza sería tan dócil y fuerte como la negra y si soportarían el clima tropical.⁶ Pero lo que más inquietaba al arzobispo era que con esta oleada de «chinos Manila» se podía romper la exclusividad que en materia de religión tenía la Iglesia católica. De todas formas, Claret no se opuso a la importación de esta mano de obra cualificada, pero recomendó que recibieran «instrucción religiosa y recepción del Santo bautizo» a cargo de jesuitas y franciscanos en las fincas rurales. En 1861 ya había censados en la isla 34.825 chinos, que trabajaban con un contrato de semiesclavitud puesto que se contempló la carta de libertad si durante ocho años eran capaces de trabajar 14 horas diarias. Murieron el 70 % de todos ellos y sus condiciones de vida eran tan penosas que tuvo que intervenir el Gobierno imperial, que envió a La Habana una comisión presidida por el mandarín Chin-Lan para defender los intereses y la dignidad de sus compatriotas. Muchos chinos acabaron huyendo o comprando su libertad para emigrar en vapores hasta Estados Unidos.

FILIPINAS Y EL MARQUÉS DE COMILLAS

España tenía grandes intereses económicos en Filipinas, otra de sus colonias y de donde sacaba las mayores cosechas de tabaco. A diferencia de Cuba, en el archipiélago asiático el estanco fue más duro y prolongado. Precisamente, una de las tareas de la Iglesia española en Filipinas era defender el monopolio del tabaco. Así lo hizo en 1782 el arzobispo de Manila al publicar una pastoral en la que defendía el control de la corona española del tabaco filipino y recordaba a sus diocesanos que «al Rey ha encargado Dios que conozca y dé providencia sobre lo político y económico de todo el Reyno, y él tiene derecho para exigir de sus vasallos lo que juzgue necesario».⁷ La apertura del Canal de Suez en 1869 hizo del comercio con Filipinas un auténtico filón en el que se volcaron hombres de negocios como el marqués de Comillas, creador de la Compañía General de Tabacos de Filipinas, empresa que fundó en 1881 y que se convirtió durante años en la primera multinacional española, hasta que un siglo más tarde fue dinamitada por Tabacalera y vendida por el Gobierno del PP a un grupo norteamericano en 1997.

Con el turno pacífico de partidos como telón de fondo, la Compañía nació en 1881 de la mano de sus fundadores, el marqués de Comillas, Isidoro Pons en nombre del Banco Hispano Colonial y apoderado de Banque de Paris et des Pays Bas, y José Carreras en representación de la Sociedad General de Crédito Mobiliario Español. La constitución de la empresa, en la que tuvo mucho que ver el senador Manuel Girona, se realizó poco después de que el primer Gobierno liberal de la Restauración, con Fernando León y Castillo de ministro de Ultramar, decretase el desestanco gradual del tabaco en las Islas Filipinas. La Compañía se hizo cargo rápidamente de las fábricas de tabaco del Gobierno español en el archipiélago y, en poco tiempo, montó un negocio floreciente de la mano del ambicioso Antonio López y López, distinguido por Alfonso XII como Grande de España y que también fue mecenas cultural y protector de mosén Jacint Verdaguer, que le dedicó el emblemático poema catalán «L’Atlàntida». El marqués de Comillas, conocido como López el Negrero por amasar fortunas con el mercado de esclavos al inicio de su carrera empresarial en Cuba, gozó poco tiempo del lucrativo negocio de la nicotina pues murió el 16 de enero de 1883, pocas horas después de presidir una reunión del consejo de administración de la Compañía General de Tabacos de Filipinas.

El legado del marqués de Comillas, que cimentó gran parte de su fortuna en el comercio de esclavos, sobrevivió durante más de cien años a la pérdida de la soberanía española en Filipinas, a la Primera y Segunda Guerra Mundial y al dominio japonés y de Estados Unidos del archipiélago. El peor momento de la empresa se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por la destrucción que sufrieron sus factorías a causa de los enfrentamientos entre tropas japonesas y americanas. Al acabar el conflicto, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Philippine Rehabilitation Act, dotando a una comisión especial, la War Damage Commission, con 400 millones de dólares para compensar a Filipinas por las pérdidas, destrucciones o daños ocasionados por la guerra. En nombre de la Compañía General de Tabacos de Filipinas, el jurista Juan Ventosa presentó en febrero de 1948 una reclamación de más de 11 millones de pesos, además de otros 5 millones por daños en las filiales del grupo. La War Damage Commission rechazó la petición por la naturaleza española de la empresa, abriendo un litigio legal que llevó al entonces presidente, el conde de Gamazo, a buscar el asesoramiento del prestigioso bufete de abogados de Estados Unidos Breed, Abbott & Morgan, que elaboró un memorándum de alegaciones de 141 páginas.

La Compañía desplegó todo su potencial de relaciones públicas y, así, el presidente de la República de Filipinas, Elpidio Quirino, intercedió ante el presidente Truman por la importancia de la compañía en la economía filipina. Por ejemplo, Tabacos de Filipinas fue clave en la instalación de luz eléctrica en Manila. En la propia memoria publicada por la Compañía General de Tabacos de Filipinas se explica con detalle cómo se pagó al exgobernador de Nueva Jersey Henry Moore para que hablase personalmente con su amigo Truman y desencallase el asunto. Moore se entrevistó en la Casa Blanca con Truman el 27 de enero de 1950 y convenció al presidente americano de lo beneficioso que sería para la maltrecha economía filipina que la compañía española volviese a funcionar con fuerza. Uno de los ayudantes de Truman llamó finalmente a la War Damage Commission para hacer saber que el presidente estaba interesado en una resolución favorable, una gestión por la que el gobernador Moore cobró de la Compañía 25.000 dólares y que le sirvió para convertirse en «enlace» permanente con las autoridades políticas de Washington. Después de que Tabacos de Filipinas presentase pruebas de que no apoyó en ningún momento a los japoneses y quedase exonerada del cargo de «colaboracionismo», la War Damage Commission consideró a la Compañía «cualificada» para recibir una compensación de poco más de 8 millones de pesos, casi el 70 % de lo reclamado, lo que le fue abonado por el Gobierno americano en dos plazos.

Doce años después, el Gobierno japonés también compensó a la Compañía —se calcula que murieron 25 de sus trabajadores en la invasión nipona de Manila—, aunque solo le pagó 18,7 millones de pesetas. Los japoneses destruyeron totalmente las fábricas de La Flor de la Isabela y, entre otras, la hacienda La Lusita. En este caso fue el Gobierno español quien dirigió la reclamación, una vez finalizado el cerco diplomático sobre el régimen de Franco, y el encargo lo recibió por «actos bélicos ilícitos» el jurista José María Trías de Bes. El papel protagonista del Gobierno español era lógico puesto que en 1945 se convirtió en el primer accionista de la Compañía General de Tabacos de Filipinas. Tres semanas después de acabada la guerra en el Pacífico, se convocó en Barcelona una Junta General Extraordinaria de accionistas para aprobar la entrada en la sociedad del Instituto Español de Moneda Extranjera, que sumó dos representantes a los accionistas tradicionales. El Estado fue así durante 20 años el principal accionista de la Compañía, hasta que el grupo Roviralta se hizo con el control en 1966, dejando al Instituto Español de Moneda Extranjera como segundo accionista, seguido del grupo Arnús-Garí, vinculado a los fundadores y al Banco Español de Crédito. Siguieron como grandes accionistas el Banco Exterior de España, el Banco Central (sucesor del Hispano Colonial) y el Banco Español de Crédito. Las dos décadas de control estatal ofrecieron a la Compañía una estabilidad que le sirvió para reconstruir el negocio, organizar la empresa y ponerla a punto para obtener una gran rentabilidad y diversificación de sus inversiones, repartidas por medio mundo y en diversas materias primas. La Flor de la Isabela pasó de producir en 1949 unos 2,2 millones de cigarros y 7 millones de cajetillas de cigarrillos a, en 1965, fabricar 6,5 millones de cigarros y 25 millones de cajetillas de cigarrillos. La Compañía acabaría teniendo más trabajadores que el Gobierno filipino y se convirtió en el emblema económico, social y cultural de España en Filipinas. Cuando el Estado entró en la Compañía, los beneficios tan solo eran de 387.000 pesetas y, cuando dejó el timón al sector privado, los beneficios rondaban los 70 millones. Los consejos de administración estaban compuestos siempre de nombres ilustres que hoy todavía resuenan en nuestra memoria, como Alfonso Escámez, Manuel Ortínez, Ramón Guardans, Luis de Urquijo, Alberto Oliart, Luis y Jaime Gil de Biedma, Manuel Meler o Alfonso Güell. Y también fue cantera de ministros, como Gregorio López Bravo, titular de Industria con Franco entre 1962 y 1965 y de Exteriores (1969-1973). Diputado en las Cortes constituyentes por Alianza Popular, este supernumerario del Opus Dei pudo ser presidente del Gobierno porque estuvo en la terna junto a Federico Silva para sustituir al presidente dimisionario Carlos Arias Navarro en 1976, pero el Rey se decantó finalmente por Adolfo Suárez como jefe del Ejecutivo español.

La participación pública en la empresa no impidió hechos insólitos como que, fruto del proteccionismo sobre Tabacalera, La Flor de la Isabela vendiese cigarros por 25 países del mundo y entre ellos no se contase España. No fue hasta 1978 que empezaron a comercializarse en las tiendas Duty Free de los aeropuertos internacionales españoles y en Ceuta y Melilla. La Compañía vivió como un «acto de rectificación histórica» que en 1981, justo un siglo después de su fundación, el Estado permitiese vender en los estancos españoles los afamados puros de la cigarrería más antigua de Asia. La celebración del centenario de la Compañía llevó a Manila al secretario general de su consejo de administración, el poeta Jaime Gil de Biedma. En una ocasión, el posteriormente premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez se acercó a la sede de Tabacos de Filipinas para verse con Gil de Biedma, cuya firma sirvió para ejecutar innumerables ampliaciones de capital, y quedó impactado por el vetusto inmueble de aire colonial ubicado en las Ramblas barcelonesas, un edificio «a lo Joseph Conrad», le dijo. El emblemático edificio, testigo del desarrollo de la ciudad de los prodigios, fue adquirido por tres millones de pesetas en 1928 y estuvo a punto de quemarse en 1936, si le hubiesen alcanzado las llamas de la anexa parroquia de Nuestra Señora de Belén. Un joven Manuel Meler, entonces subalterno en la empresa que acabaría dirigiendo durante 30 años, colaboró personalmente en la extinción del incendio provocado por los anticlericales en los albores de la guerra civil española.

A mediados de los ochenta, dos hechos marcarían el principio del fin de la compañía. El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) y la entrada de Tabacalera en Tabacos de Filipinas con el 24 % de sus acciones, compradas al Banco Exterior, heredero del legado público iniciado por el Instituto Español de Moneda Extranjera de la época franquista. La entrada de España en la CEE obligó al Gobierno a dar marcha atrás en el monopolio del tabaco, pero lejos de beneficiar a la iniciativa privada española, la destruyó. La nueva legislación permitió a Tabacalera diversificar sus inversiones y ser más agresiva en su política de beneficios antes de ser privatizada. Como primer paso, se enfrentó al veterano Manuel Meler, al que jubiló entre pleitos en 1988 y lo relevó por José Carlos Martínez de la Escalera. La Compañía entró rápidamente en pérdidas pese a sus contratos millonarios en China, en donde jugó históricamente el papel de lobby empresarial español en Asia. Los malos resultados de Tabacos de Filipinas no impedían que la agresividad de Tabacalera, en una década de pelotazos y yuppies, la convirtiese en el segundo grupo español por volumen de facturación a finales de los ochenta. Pero la mala gestión llevó al Gobierno de Felipe González a relevar al equipo directivo impuesto por Tabacalera por otro nuevo acuñado desde Fomento del Comercio Exterior (Focoex), organismo público que entró en ese momento en el accionariado de Tabacos de Filipinas por decisión del ministro de Economía, Carlos Solchaga, que situó en el consejo de administración a, entre otros, Ernesto Aguiar, posteriormente salpicado por el denominado caso Hacienda. Este último asunto, una trama corrupta de inspectores fiscales, llevaría a Josep Borrell a dimitir como candidato del PSOE a la Moncloa. Borrell era secretario de Estado de Hacienda cuando Aguiar se colocó en la tabaquera. El Estado era de nuevo, desde que ayudó a reflotar a la empresa en la primera etapa franquista, el principal accionista de la Compañía. Tabacalera pudo superar el 25 % de las acciones sin que la autoridad competente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores —también controlada por el Estado—, le exigiese presentar una oferta pública de adquisición de acciones. No tuvo que presentarla como tal hasta 1992, cuando se hizo con el 90 % de la empresa tras equilibrar sus finanzas a base de vender activos, es decir, tras vaciarla de contenido.

El sector público tabaquero murió matando y el Gobierno del PP, con César Alierta al frente de Tabacalera, vendió el 99 % de las acciones de Tabaco de Filipinas al grupo norteamericano Dimon Incorporated, después de haber vendido una parte a la sociedad luxemburguesa Intabex. Solo quedó, por poco tiempo, la propiedad del emblemático edificio de las Ramblas, vendido después de que los pactos del Majestic entre CiU y PP llevasen al exconseller catalán Lluís Alegre a ser el último presidente de Tabacos de Filipinas. Como premio de consolación, Alegre acabó gestionando el patrimonio inmobiliario de Tabacalera antes de que esta fuese privatizada en 1998. Manuel Meler presentó una oferta por la compañía que mejoraba la de Dimon, pero Tabacalera hizo oídos sordos y se deshizo de la firma que emprendió Antonio López y López, primer marqués de Comillas. En doce años, el Estado se llevó por delante a la multinacional privada del tabaco en rama más importante que jamás tuvo España, desmantelada por el Gobierno del PSOE y vendida por el del PP con la connivencia de los nacionalistas catalanes. El último pelotazo fue la venta del edificio de las Ramblas. Tabacalera lo compró en 1997 por 1.400 millones de pesetas y lo vendió por 1.800 en menos de un año, justo cuando la empresa acababa de ser privatizada. Fue el primer gran pelotazo de los nuevos gestores privados en plena burbuja inmobiliaria española.

DE LA CAT A TABACALERA

Después de un período de 150 años de gestión directa por parte de la Hacienda pública del monopolio tabaquero, Carlos III creó la Compañía Arrendataria de Tabacos (CAT). Mientras media Europa prohibía el tabaco invocando razones espirituales, en España se creó la primera tabaquera del mundo y la empresa española que más perduró a lo largo de la historia: Tabacalera. Esto es lo que dicen la mayoría de los libros sobre el tabaco en España, muchos de los cuales fueron editados por la propia industria. Aunque lo cierto es que no fue del todo de esta manera, ya que el Estado español sí fue pionero en instaurar el monopolio público del tabaco, pero siempre fue por detrás en el fomento del cultivo de la planta y en la creación de una auténtica industria de la que se beneficiasen en toda su extensión las arcas públicas. La fecha clave fue 1636, cuando, como hemos dicho, se produjo la declaración del monopolio de la fabricación y venta del tabaco por parte de la Corona. Tabacalera no nació hasta 1945, como continuación de la Compañía Arrendataria del Tabaco (CAT), que gestionó el monopolio desde 1887. En 1636, lo que la Corona española estableció fue el monopolio del tabaco, que tuvo una gestión tortuosa y a veces chapucera por parte de los particulares subcontratados, que dañaron los intereses de la Hacienda española en beneficio propio, aunque la cuantía recaudatoria para el Tesoro siempre fuese muy importante y motivo de satisfacción para el Estado.

La gestión de este monopolio y sus efectos en la historia de la economía española son una demostración de mala planificación estratégica y de falta de eficiencia en la defensa de los intereses públicos por parte de un país que descubrió el tabaco y no supo cultivarlo en su tierra hasta cinco siglos más tarde. Este ejemplo de incompetencia acabó con la privatización de Tabacalera en 1998, cuando se fusionó con la francesa Seita para ser engullida, diez años más tarde, por la compañía anglosajona Imperial Tobacco. La guinda del pastel la puso el último presidente de Tabacalera, César Alierta, presidente de Telefónica posteriormente, que fue exonerado de la acusación de uso de información privilegiada por prescripción del delito tras un largo proceso. Casualmente, el Tribunal Supremo dio a conocer la absolución, pese a quedar probada la imputación, la mañana del 22 de diciembre de 2010, justo en el momento en el que España solo tenía oídos para los niños de San Ildefonso en el sorteo de la lotería nacional de Navidad.

La curiosa naturaleza jurídica de Tabacalera hizo que incluso durante el franquismo, una época poco dada a las críticas, muchos juristas y economistas pusiesen en duda que fuese una auténtica empresa pública: los expertos afines a la dictadura veían en Tabacalera una concesión a unos privados que impedían el lógico control del Estado. Los gobiernos españoles nunca supieron exprimir como debían el gran negocio del tabaco. El Reino de España dejó atrás las dudas surgidas en las Cortes de Cádiz por el monopolio público del tabaco y, tras la extensión en toda la Península del estanco al incorporarse a este sistema las Vascongadas, el Gobierno de Sagasta, bajo la regencia de María Cristina, adjudicó al Banco de España la gestión del monopolio del tabaco. El Banco creó la Compañía Arrendataria del Tabaco, en la que se introdujeron inversores privados como la Compañía General de Tabacos de Filipinas, el marqués de Campo, el Banco Urquijo, el Banco Hispano Colonial, el marqués de Cubas o el Crédito Mobiliario Español.

La sociedad arrancó con un capital de 60 millones de pesetas y 120.000 acciones, y el ministro de Hacienda López Puigcerver puso como presidente a Juan Francisco Camacho, exministro liberal que paradójicamente se había opuesto frontalmente en las Cortes al arrendamiento del monopolio. El contrato con el Banco de España fue más duro que en concesiones anteriores, por lo que el Gobierno compensó al mismo tiempo a la institución con la adjudicación del Servicio de Tesorería del Estado. El arriendo del tabaco se firmó por 12 años con un canon fijo garantizado de 90 millones de pesetas anuales y el derecho al 50 % de lo ingresado por encima de esta cantidad. El tabaco fue la primera experiencia industrial del Banco de España, que se reservó la mayoría de las acciones de la CAT, una sociedad anónima de la que se beneficiaron cerca de un millar de accionistas.

En los primeros años del siglo XX, el control del Ministerio de Hacienda y del Banco de España convirtieron a la concesionaria en una compañía politizada de la que salían y entraban ministros, gobernadores y afines a los partidos liberal y conservador. Por ejemplo, Segismundo Moret compatibilizó su presidencia en el Congreso con su participación del consejo de administración de la CAT, en el que también estuvo Niceto Alcalá Zamora cuando ejercía de ministro de Fomento. La falta de profesionalización hizo que la Compañía presentase resultados mediocres, mientras aumentaba el contrabando y las fábricas carecían de disciplina laboral, lo que provocó la rebelión de unos accionistas que empezaron a poner dificultades en las votaciones de las asambleas. En alguna de ellas tuvo que lidiar José de Echegaray y Eizaguirre, presidente de la CAT entre 1913 y 1916 y que pasó a la historia por otros dos hechos relevantes y poco comunes para un gestor del monopolio del tabaco: en 1874, siendo ministro de Hacienda, concedió al Banco de España el monopolio de la emisión de billetes, y en 1904 recibió el Nobel de Literatura, el primer español en recibirlo, para escándalo de los escritores de la Generación del 98.

IDEALES, DUCADOS, FORTUNA

La CAT vendía los cigarrillos, cigarros y picaduras con nombres que describían el producto con denominaciones interminables e imposibles de memorizar. La necesidad de importar tabaco extranjero ya elaborado tras la Primera Guerra Mundial y la imposibilidad de abastecer a una creciente demanda trajo a España las primeras marcas extranjeras. La política internacional de patentes llevó a la Arrendataria a crear, en 1933, las primeras marcas españolas de cigarrillos: Americanos, Ideales y en 1934, Bisonte. Los Americanos duraron poco por el carácter nacionalista de los gobiernos españoles, pero Ideales y Bisontes aguantaron décadas en el mercado e hicieron frente a las marcas de las multinacionales norteamericanas que cada vez entraban con más fuerza en España ayudadas por un contrabando en auge. Durante la dictadura de Primo de Rivera se crearon los cigarros Nacionales, los primeros con nombre propio después de los Farias, a los que siguieron ya en 1929 los Predilectos, Cazadores, Selectos y Exquisitos. La importación de tabaco elaborado se inició en los años veinte y llegaron a censarse 33 marcas de cigarros con 314 vitolas y 22 fabricantes de cigarrillos con 209 clases distintas. Es un momento importante porque España empieza a comercializar a comisión las primeras marcas de las grandes multinacionales norteamericanas e inglesas. En 1922, el rubio americano empezó a venderse en los estancos y las primeras marcas que se dispensaron fueron las de British American Tobacco, como Pall-Mall, Embassy o Commander Turkish. Un año más tarde entrarían Dunhill y las marcas de Philip Morris de «tabaco amarillo». Tras el parón de la guerra civil española, se inició la implantación del rubio americano y el franquismo vio nacer la marca Tritón, un paquete de 20 cigarrillos de lujo tipo norteamericano al precio de 6 pesetas, al tiempo que se siguieron incorporando en las expendedurías pequeñas cantidades de marcas como Lucky Strike y Philip Morris.

En plena autarquía, Tabacalera lanzó en 1945 la marca Bubi, al estilo americano, un nombre que era la españolización de los dibujos infantiles Dumbo, de Walt Disney. Sin duda, este tabaco debió de ser un acicate para que en España se fumase de forma cada vez más precoz. A Bubi le siguieron otras marcas, como Ganador (los nuevos Ideales), Diana, Timonel y se relanzó Bisontes, cuyo empaquetado dejó atrás la estética del Far West por una patriótica reproducción del bisonte de Altamira. A finales de los cincuenta apareció una de las marcas estrella, los Celtas cortos sin filtro, llamados los «Chéster obreros», un cigarrillo negro de hebra que se fabricaba en Tarragona y que revolucionó el mercado, como haría aún más Ducados a partir de 1962, una labor de tabaco negro suave que arrancó a 9 pesetas el paquete y que fue protagonista de la primera campaña de publicidad seria. El nombre que se pensó para este nuevo cigarrillo, que desbordó las previsiones y agotó inicialmente todos los suministros, fue Ducal, pero problemas en el registro llevó al nombre que hoy perdura en las estanterías de los estancos.

Por aquellos años también aparecieron marcas entrañables como Bonanza, que tomó el nombre de la famosa serie de televisión, y Habanos, otro éxito que ha superado el paso del tiempo. Empezaron a aparecer los primeros cigarrillos mentolados como Reno y Piper, marcas asociadas al consumo femenino que haría desnivelar la balanza con el paso del tiempo a favor de los tabacos rubios y suaves, más bajos en nicotina. Pero en 1970 reinaban las marcas de tabaco negro: ese año se vendieron 1.000 millones de cajetillas de Celtas y 490 millones de Ducados; entre ambos sumaban el 80 % del consumo de cigarrillos. El pulso lo acabaría ganando Ducados, que arrasó durante años y se convirtió en la segunda marca europea más vendida. Tras la aparición de Sombra, Lola y el Rex canario, Tabacalera dio a luz en 1974 a su mayor éxito comercial, Fortuna, que gozó de la primera campaña de publicidad moderna bajo el eslogan «El sabor rubio americano». El lema no era porque sí, ya que realmente los americanos tuvieron algo que ver. En el tardofranquismo, multinacionales como Philip Morris firmaron convenios de colaboración con Tabacalera para crear nuevos productos más acordes con los tiempos y con el objetivo de captar principalmente a consumidores jóvenes y a mujeres. El primer fruto fue Lola, una marca con asistencia técnica de Philip Morris Europa con hoja procedente de Estados Unidos que en 1974 se convirtió en el cigarrillo más vendido de Tabacalera. La compañía española y Philip Morris mantuvieron su colaboración para sacar poco después al mercado Fortuna, que incluso empezó a fabricarse en las instalaciones de Philip Morris en Canarias, en donde se «salseaba y aromatizaba» la hoja, es decir, se agregaban al tabaco los aditivos necesarios para hacer el producto lo más adictivo posible. Solo en los primeros seis meses se vendieron 700 millones de cigarrillos Fortuna y al año siguiente 2.000 millones, muy por encima de marcas de renombre como Winston. Toda esta política no fue desinteresada por parte de las grandes multinacionales americanas, que con su estrategia lograron volcar los hábitos y el consumo de tabaco rubio, que pasó de ser del 12 % en 1975 al 44 % en 1985. Con el tiempo, las marcas anglosajonas como Marlboro, Winston, Camel o Lucky Strike fueron creciendo en un mercado ya educado y fue Tabacalera quien tuvo que suscribir al final acuerdos con estas multinacionales para fabricar o distribuir sus marcas a partir de los años noventa. Los americanos ya marcaban la pauta.

A partir de finales de los años ochenta, en Tabacalera hubo una preocupación creciente en sus servicios de ventas y producción por el efecto de las incipientes campañas antitabaco. Por este motivo nació la marca BN (sigla de bajo en nicotina), una marca que bajó la cantidad de nicotina a 0,61 mg/kg y el del alquitrán a 13,8. Era para fumadores que «velan por su salud», según se explicaba en un momento en el que surgieron nuevas marcas de tabacos suaves, como Nobel, y denominaciones light. Estas últimas se acabarían prohibiendo a nivel internacional por el engaño evidente que supusieron para la salud, tal como dictaminó la Unión Europea.

LOS REPUBLICANOS TAMBIÉN PERDIERON LA GUERRA DEL TABACO

El negocio del tabaco fue sin duda uno de los síntomas más precoces de que los republicanos acabarían perdiendo la Guerra Civil. En un momento de graves dificultades para obtener materia prima por los estragos de la Primera Guerra Mundial y la Depresión, la Compañía General de Tabacos de Filipinas, uno de los proveedores de rama más importantes de la Compañía Arrendataria de Tabaco, optó por el bando nacional y no cumplió con sus contratos en favor del nuevo Gobierno de Burgos. Tabacos de Filipinas acumuló existencias en el puerto de Marsella y desvió el tabaco a las autoridades franquistas, lo que paralizó en 1937 las fábricas de Tarragona, Valencia y Alicante. La CAT llegó a una situación límite por falta de materia prima y tuvo graves dificultades para suministrar la «labor de guerra» al ejército republicano. Cada soldado tenía derecho a 10 cigarrillos al día y el racionamiento funcionó con dificultades, aunque misiones diplomáticas como la de la URSS enviaban bajo mano generosas remesas, tal como recogen los archivos de la CAT. El Gobierno republicano decidió administrar directamente el monopolio de tabaco y fósforos mientras que en territorio franquista se iba organizando la nueva CAT, a partir de una disposición de la Junta Nacional de Defensa del 23 de septiembre de 1936 que reunió a los miembros del consejo de administración original que no estuviesen en «territorio ocupado». El presidente y director-gerente fue el marqués de Amurrio, mientras que el legítimo, Luis de Albacete, fue apresado y encarcelado en Madrid por los republicanos y falleció al poco de salir de prisión. Inicialmente, Franco contó con cuatro de las doce fábricas para suministrar a su población y sobre todo a su ejército, siempre con más pitillos en la cartuchera que los soldados de la República. A las fábricas de La Coruña, Logroño, Sevilla y Cádiz se sumarían poco después las de San Sebastián, Santander, Bilbao y Gijón. Cuando Cataluña quedó a merced de la batalla del Ebro, la fábrica de Tarragona fue cerrada y se situaron a precario en Vic (Barcelona) y Sabadell (Barcelona) los últimos centros de producción. Mientras, siempre que las tropas de Franco ocupaban una población española, detrás llegaban camiones cargados de cigarrillos.

En todas las fábricas de la tabacalera franquista se abrieron expedientes de depuración entre los obreros. La nueva CAT hizo suyo el decreto de purga del funcionariado y, de entrada, suspendió de empleo y sueldo a todo el personal porque todo el mundo era sospechoso. Se dieron diez días para regresar al trabajo y pasar un examen de adhesión al régimen, de lo contrario se perdía el empleo. En Bilbao se cerró la fábrica por falta de personal. Se anularon los sindicatos, se encarceló a sus dirigentes y se establecieron condiciones muy duras de trabajo, cambiando la jornada de ocho horas por la de diez, festivos incluidos, y no se pagaban las horas extras para asegurar el suministro de las tropas combatientes. Eso sí, se promocionó a todo aquel que certificó una trayectoria adicta al régimen. La Guerra Civil tuvo los mismos efectos en el consumo que en el resto de Europa la Primera Guerra Mundial. Los cigarrillos pasaron a ser lo más fumado ante la falta de materia prima para hacer cigarros, la falta de papel para liar y la mejor producción de los pitillos gracias a la mecanización.

El franquismo dio por finalizados los plazos para los ensayos del cultivo de tabaco en la Península, nada menos que 450 años después de descubrirlo en América, e incorporó la planta a la agricultura nacional. El Ministerio de Agricultura estableció las normas, los precios y las superficies de cultivo. Antes de recoger las primeras cosechas, que dieron un tabaco de mala calidad durante bastante tiempo, en España se impuso el racionamiento. Son años de autarquía, estraperlo, fraude y contrabando a gran escala. El 4 de mayo de 1940 se decretó el racionamiento de tabaco para los mayores de 18 años y se instauró la denominada tarjeta del fumador por cupones, que estuvo vigente durante 12 años. La ración semanal era de dos paquetes de picadura de 25 gramos o un paquete de 50 gramos o dos cajetillas de 18 o 20 cigarrillos, o bien un paquete de picadura de 25 gramos y una cajetilla.

En los primeros años posteriores a la Guerra Civil, en las estanterías de los estancos solo se podían encontrar cigarrillos superiores o finos, Ideales o de la marca Tritón, así como cigarros Farias, Peninsulares, Entrefinos, Marca Grande y Marca Chica. Hubo un momento en que la crisis obligó a que la ración fuese cada diez días debido a la falta de existencias. En estos años se llegaron a implantar hasta 10 tarjetas distintas para luchar contra el fraude y se repartieron entre 4,5 y 5 millones de unidades de cada una de ellas, con lo que el Estado emitió 50 millones de tarjetas de racionamiento para fumar en apenas 12 años. Se dio una tarjeta a cada ciudadano, fuese o no fumador, el cual debía matricularse en el estanco del barrio si quería obtener su dosis. Hubo un gran tráfico ilegal de tarjetas y se abrieron millares de expedientes sancionadores con multas que oscilaban entre las 500 y las 2.000 pesetas. El tabaco era, por cierto, de muy mala calidad y llegó a presentar problemas de combustión.

UNA INDUSTRIA FEMENINA

Desde que las gitanas del barrio de Triana entraron en la fábrica de Sevilla, la industria tabaquera se fue feminizando hasta llegar al 95 % en la plantilla de la Arrendataria durante los años treinta. Trabajar en la CAT y luego en Tabacalera suponía socialmente un cierto privilegio puesto que, en líneas generales, las condiciones eran buenas y los trabajadores gozaban de ciertos privilegios sociales. El envejecimiento del personal llevó en 1905 a abrir en las fábricas de la CAT «talleres de faenas auxiliares», asilos de cigarreras donde las trabajadoras de avanzada edad solo debían personarse para recibir el jornal. En una suerte de jubilación encubierta, los geriátricos de cigarreras llegaron a ser financiados con donativos y debían ser autorizados por el Ministerio de Hacienda. También se implantó «la paga de toca» para viudas y huérfanos, a los que se enviaba a orfanatos financiados por la renta y la propia compañía. Cuando eran mayores, tenían trabajo fijo en la tabacalera. Asimismo, la Arrendataria instaló en los centros de producción los «asilos de lactancia», conocidos popularmente como «gota de leche», un espacio en el centro de trabajo en donde las operarias podían amamantar a sus hijos y tenerlos a buen recaudo.

Todos estos beneficios sociales llevaron a que las cigarreras fuesen tachadas de insolidarias durante las huelgas de los años veinte y treinta por el emergente movimiento sindical. Las trabajadoras de la CAT tenían un apego casi familiar hacia la compañía y no se sentían identificadas con unos sindicatos controlados totalmente por hombres. Sus salarios eran superiores a los de los obreros y contaban con mayores prestaciones: espacios de lactancia, asistencia médica, asilos y además un horario flexible con el que podían hacer media jornada durante determinadas épocas de su vida que podían compensar en el tiempo con horas extras bien remuneradas. La única huelga nacional de cigarreras y tabaqueros se declaró el 23 de diciembre de 1919 y duró hasta el 28 de enero de 1920, afectando a todas las fábricas. Aunque tuvo más peso Severino Chacón como líder de la Federación Tabaquera Española —que llegó a comprar 100.000 pesetas en acciones para discutir la gestión en el propio consejo de administración—, la auténtica líder de cigarreras y pitilleras fue Eulalia Prieto, trabajadora de la fábrica de Madrid y comprometida líder obrera en contra del fascismo. Ella tuvo mucho que ver a la hora de negociar mejoras en las medidas para conciliar la vida laboral y familiar.

El victorioso régimen franquista depuró todo atisbo de reivindicación en la nueva Tabacalera y, a partir de 1946, toda operaria que contrajese matrimonio debía acogerse a una excedencia forzosa. En concepto de dote, se le daba una indemnización en función de su calificación y antigüedad. Si se quedaban viudas o el marido quedaba incapacitado, podían volver a la fábrica hasta la edad máxima de 45 años. Las mujeres regentaron buena parte de los estancos, expendedurías heredables que el régimen concedía dando prioridad a las viudas y huérfanas solteras de fallecidos en acción de guerra del bando nacional, así como a familiares de asesinados «bajo la dominación marxista».

LA PRIVATIZACIÓN DE TABACALERA Y LOS TIEMPOS MODERNOS

Tabacalera, como se ha dicho, nació en 1945 como continuación de la Compañía Arrendataria del Tabaco, una nueva sociedad que partió con un capital social de 287 millones de pesetas y con un mayor peso del sector privado (300.000 acciones de la denominada serie A) que del público (274.000 acciones de la serie B, intransferibles). Se pasó del arriendo de un servicio público a un sistema de empresa mixta en el que el Ministerio de Hacienda solo controlaba un tercio del consejo de administración, aunque debía dar su visto bueno a todos sus directivos y el delegado del Gobierno en el monopolio podía ejercer su derecho de veto sobre cualquier decisión. El primer presidente de Tabacalera fue Luis de Urquijo, marqués de Amurrio, avalado por Franco y que aguantó en puestos destacados de la empresa durante la democracia e incluso hasta la plena privatización de la compañía en 1998. Por entonces, Tabacalera contaba con cerca de 20.000 millones de capital social, un 53,36 % en manos del Estado.

El desarrollo de Tabacalera fue de la mano del progreso general de España, sobre todo después de que Estados Unidos decidiese apoyar al régimen a partir de 1953 por su anticomunismo, al que facilitó el acceso a divisas y a desarrollo tecnológico para la tabaquera española. En 1954, tal como recoge Tabacalera en sus memorias económicas, el Gobierno de Estados Unidos concedió 1,6 millones de dólares para adquirir en 1954 nueva maquinaria en las fábricas españolas de tabaco. Este nuevo contexto quedó rubricado con la visita a España del presidente de Estados Unidos Dwight D. Eisenhower en diciembre de 1959 y la instalación en España de las bases militares americanas de Torrejón de Ardoz, Rota, Morón de la Frontera y Zaragoza. España pasó de ser el descubridor de América y del tabaco a, cinco siglos más tarde, estar bajo el influjo de los americanos.

Cada español fumador había pasado de consumir 390 cigarrillos al año de media en 1935 a nada menos que 2.100 en 1970. El desarrollo y la modernidad hicieron que Tabacalera elaborase en 1972 su primer estudio de mercado serio. Se concluyó que el 48 % de los españoles eran fumadores, principalmente los de entre 34 y 54 años, y el 72 % correspondía a clases media-baja y modesta. El 81 % fumaba cigarrillos negros por solo el 9 % de rubios. Ese año Tabacalera lanzó una campaña de promoción para un «uso racional» del tabaco bajo el eslogan «¿Fuma mucho? Fume menos, sabe mejor». En 1982 realizó un nuevo estudio de mercado, más detallado y que acotó la población fumadora al 38 % de los españoles de más de 16 años, el 96 % de los cuales fumaba cigarrillos con filtro. Una de las novedades era que los estancos perdían peso como puntos de venta directo puesto que cerca de un 40 % de los compradores, principalmente los de tabaco rubio, preferían hacerlo en bares, restaurantes, cafeterías y quioscos. Un tercer estudio de Tabacalera, de 1985, aportó un dato alarmante para la salud pública: el 42 % de los españoles se iniciaba en el hábito de fumar entre los 14 y los 16 años, y un 18 % antes de los 14, con lo que el 60 % de los ciudadanos se enganchaba a la nicotina antes de los 16 años. Además, Tabacalera certificó que el 58 % de los que empezaban a fumar a esa edad mantenían el hábito a lo largo de toda su vida.

La avalancha de españoles adictos a la nicotina hizo de Tabacalera un negocio floreciente con un crecimiento anual de ingresos de entre el 12 % y el 16 %. El negocio tabaquero pasó de recaudar 1.050 millones de pesetas en 1946 a 197.905 millones en 1985, un 90 % de lo cual correspondía a la empresa española de referencia, que pasó a tener unos beneficios cercanos a los mil millones anuales a mediados de los ochenta. El Estado fue el principal beneficiario por la renta del monopolio y sobre todo por los impuestos sobre el consumo de tabaco. Por este último concepto pasó de ingresar 225 millones de pesetas en 1945 a 90.560 millones en 1985.

Los años ochenta fueron un punto de inflexión para Tabacalera y el monopolio del Estado puesto que se inició la cuenta atrás de lo que sería la definitiva privatización de la compañía en 1998. Son años de lucha contra el contrabando, de modificaciones legislativas por la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, con la consiguiente supresión de la renta de tabacos y su sustitución por un impuesto especial sobre las labores y por el IVA, una subida generalizada del precio de las cajetillas y de la presión fiscal para armonizar el mercado europeo. También es una época de ajustes de plantillas y de alta robotización de la producción. Atrás quedaron los más de 20.000 empleados que la Arrendataria tuvo en 1887, ya que en 1996 se contabilizaron tan solo 6.718 empleados. Las máquinas elaboraban 14.000 cigarrillos y 700 cajetillas por minuto, y se informatizó la distribución. La prohibición de los monopolios comerciales del Tratado de Roma y la nueva ley española del Monopolio Fiscal del Tabaco llevó a Tabacalera a una nueva estrategia de la mano de su presidente Cándido Velázquez-Gaztelu, en la órbita del PSOE de Felipe González. Modernizó la estructura directiva y planificó una diversificación corporativa ante la saturación del mercado, el surgimiento de las campañas antitabaco y la entrada cada vez mayor de la competencia extranjera, con la que firmó contratos para producir el 50 % sus marcas, como los Chesterfield que se elaboraban en Tenerife. Tabacalera se acabaría aliando con las multinacionales y crearía empresas españolas con Philip Morris, British American Tobacco y R.J. Reynolds. Pero el acento se puso en la diversificación del negocio y, al hilo de lo que hicieron multinacionales extranjeras, Tabacalera invirtió en el sector de la alimentación y se gastó 35.000 millones en hacerse con la propiedad de 26 sociedades, como el grupo Nabisco (elaborador de las galletas Marbú y Artiach) y adquirir empresas con dificultades del Instituto Nacional de Industria que se dedicaban a la producción de leche, carne, pastas, postres, aceite. Cándido Velázquez dejó el cargo para hacerse con la presidencia de otra gran compañía española que sería privatizada, Telefónica, una trayectoria que copiaría una década más tarde el último presidente de Tabacalera y después de Telefónica, César Alierta.

El Gobierno del PP presidido por José María Aznar afrontó un proceso general de privatizaciones de empresas públicas o de venta de sus participaciones industriales con la idea de que el Estado solo debía tener un papel regulador de la libre competencia. Para pilotar este proceso en Tabacalera, Aznar fichó a Alierta solo tres meses después de acceder en 1996 a la Moncloa. El Consejo de Ministros aprobó dos años más tarde la supresión definitiva del monopolio de la fabricación, importación y comercio al por mayor de labores de fuera de la Unión Europea y se mantuvo solo el del comercio al por menor a través de los estancos por su repercusión aduanera y tributaria, y para asegurar el suministro. El Gobierno del PP creó el Comisionado para el Mercado de Tabaco y autorizó ese año la venta del paquete accionarial del Estado en Tabacalera a través de una oferta pública de venta de acciones gracias a la cual el Gobierno captó 307.492 millones de pesetas, principalmente de inversores minoristas españoles. Un año más tarde, Tabacalera se fusionaría con la francesa Seita para crear Altadis, que en 2008 acabaría en manos del grupo británico Imperial Tobacco.

En el momento de su privatización se vendían en España más de 4.300 millones de cajetillas anuales, cerca del 50 % de marcas de Tabacalera. Alierta dejó saneada la empresa —es considerado un hábil gestor—, pero en su último tramo en la compañía protagonizó el denominado «caso Tabacalera» o, tal como lo definió el Tribunal Supremo, «caso Alierta». La Audiencia Provincial de Madrid en primera instancia y después el Tribunal Supremo consideraron probado que Alierta obtuvo un incremento patrimonial en bolsa, que la Fiscalía Anticorrupción cifró en 1,86 millones de euros, por el uso de información privilegiada medio año antes de privatizar la compañía. Alierta y un sobrino suyo se aprovecharon del proceso de adquisición de Havatampa, una empresa cigarrera americana, que hizo subir como la espuma la cotización de las acciones de la tabaquera española. El juez instructor tardó más de medio año en admitir a trámite la querella presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Banca y Bolsa y el juicio se dilató lo suficiente como para que prescribiese el delito de insider trading, que en España caduca a los cinco años. La historia siempre se repite y el último presidente de Tabacalera hizo gala de lo que ya tres siglos antes hicieron los adjudicatarios del estanco: utilizar el monopolio español del tabaco en beneficio propio.

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LA MAYOR CONSPIRACIÓN CIVIL DE LA HISTORIA

Cada año fallecen en España cerca de 60.000 personas a causa del tabaco, un producto legal en todo el mundo que genera adicción y es la causa de muerte prematura más importante. Para tener una idea de la magnitud de esta trágica pandemia basta con decir que el tabaquismo ha causado a nivel mundial más muertes que todas las guerras juntas, una cifra que algunas organizaciones internacionales sitúan en mil millones de personas. El tabaco mata entre cinco y seis millones de personas cada año en el mundo —la OMS calcula que serán 10 millones en 2030— y ocasiona unos costes de 500 billones de dólares anuales. Los inofensivos pitillos matan más que el sida, el alcohol, las drogas ilegales, los accidentes de tráfico y los homicidios juntos. En España, el número de bajas desde que fumar dejó de ser un hábito minoritario y se convirtió en un artículo de gran consumo asciende a al menos dos millones de personas. Los últimos datos, de 2012, cifran en 60.459 las muertes atribuibles a la nicotina y sus aditivos, el 14,7 % en españoles mayores de 35 años, que en el caso de los varones llega a ser nada menos que la causa de una de cada cuatro muertes.¹ Las bajas entre los fumadores obedecen en primer lugar a la aparición de tumores malignos (24.058), especialmente cáncer de pulmón (16.482), a enfermedades cardiovasculares (17.560), sobre todo cardiopatía isquémica (6.263) e ictus (4.823), y a enfermedades respiratorias (11.537), en primer lugar por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (9.886). El humo del tabaco ha matado en las últimas décadas a más de mil empleados de la hostelería. Estos son los fríos datos de los que nada dicen las decenas de libros, memorias y documentos sobre la historia del tabaco, una historia financiada y editada por la propia industria del tabaco.

Históricamente, muchas empresas privadas y hombres de negocios sin escrúpulos se han lucrado con la adicción a la nicotina. Ya en el siglo XIX el marqués de Comillas comerciaba con el tabaco que traía desde Filipinas tras el desestanco. O empresas más modernas como Miquel y Costas surten a las grandes compañías del papel necesario para liar los cigarrillos, a veces incluso modificando de manera controvertida su composición en aras de ampliar el margen de beneficios. Los millones de documentos desclasificados en 1998 por las grandes multinacionales americanas a raíz de los litigios de los consumidores revelaron la auténtica intrahistoria del tabaco, la de aquellos que tienen licencia para matar, una información que revela cómo estas compañías y sus socios comerciales maniobraron para sacar el máximo provecho económico a costa de la salud de la población. No obstante, esta macabra historia de la industria de la nicotina siempre quedará incompleta, ya que muchos de los documentos secretos de las multinacionales jamás saldrán a la luz. El antiguo ejecutivo de Imperial Tobacco en Canadá Roger Ackman así lo confirmó ante el Tribunal de Apelaciones de Quebec, en donde aseguró que entre 1980 y 1990 destruyó al menos 60 documentos, algunos de ellos investigaciones encargadas por su empresa sobre la relación entre el tabaquismo y el cáncer.² Qué no habrán destruido los directivos de las grandes multinacionales. La compañía de seguros Blue Cross, codemandante en el macrojuicio del estado de Minnesota, denunció la existencia de un fondo oculto de 39.000 documentos con «los secretos más profundos y oscuros» de las tabaqueras.

En la década de 1990, estados como los de Misisipi y Minnesota impulsaron una serie de demandas que sentaron por primera vez en el banquillo a las siete principales tabaqueras del mundo, que posteriormente también tuvieron que afrontar denuncias de colectivos de fumadores y de la Fiscalía General de Estados Unidos por conspiración criminal contra la salud pública, publicidad engañosa y fraude al haber silenciado durante cincuenta años que la nicotina es adictiva y provoca cáncer. En 1953, los presidentes de las grandes compañías se citaron en un hotel de Manhattan para crear el Tobacco Institute, del que la Fiscalía americana certificó que su objetivo fue sellar un pacto de sangre de la industria para ocultar los efectos negativos del tabaco en la salud.³ Los magnates del cigarrillo acordaron mentir sobre las enfermedades de los fumadores pasivos y sumar esfuerzos para dirigir su publicidad hacia los más jóvenes, la capa de la población más vulnerable y la que les asegura un mayor y prolongado futuro comercial. «Haz fumadores tan jóvenes como sea posible», fue su lema durante décadas.

Los máximos responsables de las tabaqueras mintieron a sabiendas en su comparecencia del 14 de abril de 1994 ante el Congreso americano y ocultaron los datos que tenían sobre las enfermedades que genera la adicción a la nicotina, pues hacía casi 30 años que conocían los efectos nocivos del humo ambiental sobre los fumadores pasivos. Cometieron «perjurio», según la fiscal general Janet Reno, y con ese talante afrontaron posteriormente una lluvia de demandas hasta que vieron que el asunto se les escapaba de las manos. Jeffrey Wigand, que fue el director de investigación de la tabaquera Brown & Williamson, marcó un hito al revelar en 1996 al programa de la CBS 60 minutos que su empresa conocía perfectamente los efectos perniciosos de fumar. Asimismo, un científico exempleado de Philip Morris, Ian Uydess, comunicó a las autoridades de la Food and Drug Administration de Estados Unidos que la compañía controlaba el nivel de la nicotina de sus cigarros para asegurar las ventas.⁴ Los peces gordos de una de las compañías más cotizadas en Wall Street decidían así cuál era la dosis de marcas como Marlboro o Winston para asegurar la cuenta de resultados.

Los litigios en Estados Unidos se fueron acumulando y la presión fue tal que para atajar las demandas, en octubre de 1999, Philip Morris reconoció por primera vez públicamente que fumar provoca cáncer y que la nicotina es adictiva.⁵ Hasta entonces solo había admitido que fumar era un factor de riesgo. Su gesto, a las puertas del nuevo milenio, no pretendía ser un paso a favor de la salud de los americanos ni fue en aras de la transparencia en el consumo, sino que buscó acotar las consecuencias económicas de las demandas y evitar futuros litigios puesto que, ahora sí, ya nadie podría decir que no estaba avisado por el fabricante de las consecuencias de ser adicto a los cigarrillos. No obstante, fue Liggett Group la primera tabaquera en reconocer dos años antes que los cigarrillos de sus marcas, como Chesterfield o L&M, son adictivos y producen cáncer, después de un macrolitigio en el que accedió a pagar 750 millones de dólares en un acuerdo con 22 estados norteamericanos.

En todo caso, entre los documentos desclasificados de la industria se puede certificar que hace al menos medio siglo que las tabaqueras sabían que fumar provoca cáncer y es adictivo. En un informe «estrictamente privado y confidencial» de Brown & Williamson del 17 de julio de 1963, revelado por el fiscal Ness Motley en su defensa del estado de Misisipi, los expertos de esta tabaquera concluían: «Estamos pues en el negocio de la venta de la nicotina, una droga adictiva eficaz en la liberación de los mecanismos de estrés […] que tiene unos efectos poco atractivos: causa o predispone al cáncer de pulmón, contribuye a ciertos problemas cardiovasculares y bien puede ser la causa del enfisema».

De las múltiples demandas que se produjeron en Estados Unidos hubo una que supuso un antes y un después. Las grandes tabaqueras y 46 estados del país firmaron en 1998 un acuerdo según el cual la industria resarció a los afectados con 206.000 millones de dólares en 25 años a cambio de blindarse de futuras querellas. Querían inmunidad para el futuro, pero no la consiguieron ya que, poco más tarde, el presidente Bill Clinton impulsó una ley antitabaco para proteger a los menores de la adicción al tabaco, un producto que su Gobierno catalogó en 1994 como una droga adictiva. Clinton tiene el honor de haber sido el presidente estadounidense más comprometido en la lucha contra el tabaquismo. Y no es para menos puesto que los datos que le llegaban a su mesa de la Casa Blanca eran dramáticos y alarmantes: cada año morían en Estados Unidos más de 400.000 personas a causa del tabaco al tiempo que nada menos que un millón de niños y jóvenes se enganchaban al rubio americano. La justicia estadounidense reclamó por los gastos sanitarios del programa de cobertura médica Medicare un total de 206.000 millones de dólares a Philip Morris y su casa madre Altria, a R.J. Reynolds, Brown & Williamson (en 2004 se fusionó con Reynolds), Lorillard (Loews Corporation), British American Tobacco y Liggett. Esta cantidad fue rebajada a 7.000 millones de dólares por el fiscal general nombrado posteriormente por el presidente George W. Bush y, finalmente, en 2006 las compañías fueron absueltas de pagar. La jueza Gladys Kessler no pudo imponer una multa acorde a los daños causados y se limitó a prohibir la publicidad del tabaco light o denominado «suave», y obligó a las tabaqueras a pagar una campaña publicitaria a gran escala sobre las consecuencias de fumar. El Gobierno de George W. Bush acotó el problema. Es públicamente conocido que las tabaqueras financian onerosamente las campañas de los republicanos a la Casa Blanca; también la de los demócratas, pero en mucha menor cuantía.

PRIMEROS OBJETIVOS:

LAS CANARIAS Y MODIFICAR EL CULTIVO ESPAÑOL

Los procesos judiciales condenaron a las tabaqueras a publicar 30 millones de documentos internos en los que detallan su estrategia continente a continente y país a país. Lo que revela esta información estremece porque da la dimensión de su gran poder sobre la salud de los ciudadanos de otros países, y eso sin tener en cuenta aquellos informes que a buen seguro habrán sido ocultados o destruidos. El documento desclasificado más antiguo relativo a España data de junio de 1970 y corresponde a un alto directivo de Reynolds en Europa, quien desde su oficina en Ginebra (Suiza) desvelaba el interés de esta compañía americana por abrirse paso en el sur de Europa desde las islas Canarias.⁶ Son muchos los documentos de Reynolds, Philip Morris y British American Tobacco que en aquella época hablaban del archipiélago canario como un trampolín comercial. Las islas acapararon el interés de las multinacionales por sus beneficios fiscales y porque se detectó que era la mejor zona como puerta de entrada al sur de Europa del cigarrillo rubio americano, sobre todo ante la futura adhesión de España a la Comisión Económica Europea. Empezaron a adquirir empresas canarias y a controlar y modificar las prácticas tradicionales del cultivo del tabaco en España, un país en el que los fumadores siempre habían preferido el negro.

En 1984, durante el primer Gobierno socialista de Felipe González, las multinacionales utilizaron a sus mejores científicos para modificar definitivamente las labores de tabaco en España y fomentar el consumo del rubio americano, un tabaco más suave y adictivo. De entrada, detectaron que los agricultores españoles eran mucho más pobres y con una menor formación que sus homólogos americanos y, muy importante, que el tabaco cultivado era bastante bajo en nicotina. Aplicaron nuevos fertilizantes, modificaron el riego y el secado de la planta y, con el tiempo, lograron un tabaco más acorde a los parámetros del cigarrillo americano. Un documento confidencial de Reynolds cita a dos agrónomos brasileños, Horst Deeke y Elizeu Testolin, contratados para asesorar al Servicio de Extensión Agraria, un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura del Gobierno español encargado de dar apoyo técnico a los agricultores siguiendo el modelo norteamericano.⁷ Los agrónomos de Reynolds se ubicaron en Talavera y Granada, en una reconversión del tabaco español a partir de una acción concertada a gran escala puesto que otras multinacionales tabaqueras (Philip Morris, British American Tobacco y Dibrell) se repartieron el resto de las regiones españolas productoras de la planta del tabaco. El objetivo de estas compañías fue transformar el cultivo tradicional del tabaco español para reorientar el consumo del clásico negro fermentado a la mezcla americana. En aquel momento, un directivo de Reynolds recordaba: «Los españoles han decretado que las marcas estadounidenses (por ejemplo Winston) realizadas bajo licencia por el monopolio deben contener un mínimo del 10 % de hoja doméstica en 1985 y hasta el 25 % en 1989».⁸ La preocupación de las multinacionales extranjeras era evidente: «Hemos de mejorar el cultivo y la calidad del tabaco español» para vender más cigarrillos. Esta inquietud está ampliamente documentada puesto que existen muchos informes en los que se demuestra que compañías como Reynolds Tobacco International realizaban análisis mensuales para evaluar todas sus marcas.

Modificado el tipo de cigarrillos que debían consumir los españoles y ajustada la dosis para la Península, las multinacionales americanas ponían paralelamente su punto de mira en influir en los partidos políticos, el Gobierno y en la opinión pública para eludir todo tipo de restricciones o hacer que estas se aplicasen con la mayor lentitud posible. Fue un auténtico despliegue de relaciones públicas a golpe de talonario que demuestra que las grandes tabaqueras prácticamente dirigieron la regulación en España. El primer español citado como gran colaborador de la industria fue el doctor Rafael Picó. En una carta interna entre directivos de Reynolds del 12 de marzo de 1974 se recomendaba «felicitar» a Picó por su intervención decisiva a la hora de «liquidar» (kill) un proyecto de ley que pretendía introducir en los paquetes de cigarrillos advertencias sanitarias sobre los perjuicios del tabaco para la salud.⁹ Grandes despachos de abogados empezaron en el tardofranquismo a trabajar para las multimillonarias multinacionales del cigarrillo. En un documento desclasificado fechado el 26 de julio de 1976, el abogado Antonio Alonso Lasheras se dirigía por carta al entonces presidente de Philip Morris España, Guillermo Arruza, al que daba cuenta sobre su coordinación con Tabacalera para frenar las «severas restricciones» que el Gobierno quería introducir en la publicidad del tabaco y, así, «reducir el consumo de tabaco mentalizando al público sobre los excesos en la utilización del mismo».¹⁰ Cuarenta años después, el despacho Garrigues, al igual que otras firmas de respetables abogados como Roca o Cuatrecasas, sigue trabajando para las tabaqueras, a las que han defendido a capa y espada en las demandas de consumidores españoles desde finales de los años noventa.

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA AMERICANA

El círculo de la antirregulación iniciado en los años setenta lo cierra Tabacalera, cuyos directivos ejercían de administradores del monopolio público según convenía a la industria. En la correspondencia interna de Philip Morris Internacional se demuestra que Tabacalera era aliada de las corporaciones privadas al margen de toda consideración sobre el bien general. Hay constancia de que, en julio de 1976, altos directivos de la compañía norteamericana comentaron el trabajo de lobby que ejercían por entonces el director de marketing de Tabacalera, Fernando Pi, y el director general de la empresa pública española, Vicente Barberá.¹¹ Ellos debían influir en el Gobierno para elaborar una «respuesta adecuada» a las incipientes medidas de regulación para frenar el tabaquismo.

El control desde los despachos de Manhattan sobre las primeras regulaciones del tabaco en España era tal que entre la documentación desclasificada se recoge información detallada del primer intento de poner coto a la publicidad del tabaco en España. Esta iniciativa buscaba pasar a horario nocturno cualquier publicidad del tabaco en televisión para proteger a los menores y, curiosamente, se proponía poner fecha de caducidad en los paquetes de cigarrillos, algo que jamás se ha llegado a aplicar a día de hoy. Al parecer, el tabaco en España no caduca nunca. Estos primeros movimientos del Gobierno, influidos por los pasos regulatorios dados en Estados Unidos y los países nórdicos, generaron el 20 de julio de 1976 un télex «urgente» de Tabacalera a los directivos de Philip Morris Internacional en el que se les reclamaba ayuda y asesoramiento.¹² En una reunión celebrada en Santiago de Compostela el 21 de julio 1976 se analizó el proyecto de reglamentación para la publicidad del tabaco que impulsaba el ejecutivo español. El director de publicidad de Tabacalera, Fernando Pi, aseguró en este encuentro haber comunicado a Philip Morris la necesidad de dar una respuesta en diez días al Gobierno, ante lo que Carlos E. Salguero, vicepresidente de Philip Morris en España, recomendó a Tabacalera solicitar un informe jurídico al despacho Garrigues y tener en cuenta a todos los sectores involucrados.

A la reunión de Santiago de Compostela asistió la plana mayor de Philip Morris, y en los archivos de esta compañía se cita a Gabriel Cisneros, poco más tarde uno de los padres de la Constitución Española, como la persona designada por el exministro Manuel Fraga Iribarne como «promotor e impulsor» de esta primera regulación.¹³ Solo 24 horas más tarde de la reunión, el director gerente de Tabacalera, Vicente Barberá, envió una carta a Mario Trinidad, jefe de Ordenación de la Publicidad del Ministerio de Información y Turismo, en la que expresaba su rechazo al proyecto de regulación de la publicidad del tabaco, que pretendía poner las primeras advertencias en las cajetillas e informar sobre las cantidades de nicotina y alquitrán de los cigarrillos. «Queremos hacer constar que en ocasiones, según las variedades, los contenidos nicotínicos del tabaco de los cigarrillos fabricados en nuestro país son superiores a los del tabaco cultivado en otros países, con lo que cualquier especificación que se realizara en la actualidad podría dar lugar a serias perturbaciones para los agricultores nacionales», advirtió Barberá. El mismo día, Philip Morris España transmitía a los despachos de la multinacional en Nueva York un mensaje tranquilizador: «Las investigaciones realizadas en altos niveles del Gobierno sugieren que la propuesta de la autorregulación fue patrocinada por el anterior ministro del Interior, Manuel Fraga, y que el nuevo ministro del Interior tiene otras muchas nuevas preocupaciones y más acuciantes».

UN LOBBY PAGADO POR LOS YANQUIS

El lobbying de las multinacionales tabaqueras se fue perfeccionando a medida que crecía la concienciación científica y gubernamental sobre los efectos nocivos de fumar. El documento quizá más devastador, porque revela el poder en España de la tabaquera más importante del mundo, lo elaboró Philip Morris en 1990 y se titula «Plan de trabajo de asuntos corporativos. España y Portugal».¹⁴ La compañía americana explica cómo dirigió la creación de la Asociación Española del Tabaco (AET) en febrero de 1990, la patronal del tabaco, al frente de la cual colocó de presidente a Óscar García Siso. La industria americana lograba así tener voz directa («vis a vis») ante el Gobierno, sin intermediarios. El nuevo presidente de la patronal española, con la «intervención personal» de empleados de Philip Morris España, en concreto Carlos Salguero y Carlos Rodríguez, provocó que Tabacalera preparase un documento de oposición al real decreto que en aquel entonces estaba a punto de aprobar el Consejo de Ministros. Para blindar el flanco sur europeo de su negocio, Philip Morris no tenía reparos en admitir por escrito que además necesitaba reclutar «políticos y burócratas» en Bruselas para defender sus intereses comerciales en la zona. También se propuso influir en la comunidad científica y en los medios de comunicación a través de personalidades o famosos ante la «falta de justificación científica de la drástica lucha contra el tabaco» en España. El objetivo de todo ello era bloquear cualquier medida restrictiva en la publicidad del tabaco e influir para que científicos e intelectuales, con más credibilidad, les ayudasen a relativizar los efectos del tabaco en los fumadores pasivos.

Philip Morris creó así su propio lobby en España, la AET —hoy forma parte de la CEOE—, que influyó en científicos, médicos, periodistas e intelectuales, pues incluso logró la colaboración del Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela. En este documento desclasificado se narra cómo el 7 de mayo de 1990 se creó de forma «exitosa» el foro Libertad, un «grupo muy visible y creíble de personas en España y Portugal» para defender la libertad de publicidad comercial. En un coloquio en Madrid, organizado por la Fundación Libertad, participaron Camilo José Cela, Julián Marías, Pedro Laín Entralgo y José Luis Pinillos. No se trató el tema del tabaco, pero el objetivo de la industria era tener una fuerte repercusión en los medios de comunicación en la defensa de las libertades individuales en un momento en el que se debatían en la sociedad española las regulaciones del Estado sobre la libertad individual del fumador. Los agasajos a los intelectuales españoles fueron permanentes por parte de la industria, que trató a muchos de ellos a cuerpo de rey. El académico Julián Marías, por ejemplo, participó en unas jornadas organizadas por la Cámara de la Industria del Tabaco de Argentina, de la que forman parte Philip Morris y British American Tobacco, para disertar sobre «libertad personal y libertad pública». Fueron tres días en un hotel de cinco estrellas en la turística localidad de Bariloche, en noviembre de 1991, una reunión repleta de tiburones del tabaco en la que, entre varios columnistas sudamericanos, participó el periodista español Moncho Alpuente, al que se le encargó hablar de los derechos de los fumadores. Nadie habló en esta reunión de los derechos de los fumadores pasivos.

Los estrategas americanos de Philip Morris se propusieron «establecer un contacto directo y personal con periodistas de buena reputación y visión imparcial» en España y Portugal, para lo que organizaron una conferencia en Buenos Aires entre el 18 y 20 de junio de 1990. La industria admitió haber realizado «listas de periodistas a favor y en contra del tabaco», es decir, que elaboró listas negras de periodistas. En paralelo, Philip Morris impulsó los primeros contactos entre la industria tabaquera y el sector de la restauración para sumar esfuerzos. Un portavoz de la Asociación de Restauradores de Beverly Hills (Estados Unidos) viajó a Madrid para contactar con importantes propietarios de restaurantes y miembros de la industria. «Durante estos encuentros, los restauradores españoles fueron informados del impacto negativo de las restricciones del tabaco que ha tenido lugar en Beverly Hills y de cómo las medidas de presión forzaron a las autoridades locales a variar sus decisiones para permitir fumar», relata el plan de trabajo, en el que se confirma que los encuentros los organizó Philip Morris España a través de un «excelente contacto» en la Confederación de Hoteles y Restaurantes, institución que hoy ya no existe como tal y que entonces copresidían Antonio Rubio (Hoteles) y Francisco Izquierdo (Restaurantes).

DE ADOLFO SUÁREZ AL GRAN WYOMING

El segundo documento clave de los que Philip Morris manejó para planificar su estrategia comercial en España lo encargó a la empresa de comunicación Burson-Marsteller y data de enero de 1992.¹⁵ Es un documento sin ningún tipo de escrúpulos que buscaba la máxima eficacia comercial de la tabaquera, que para eso pagaba una buena minuta. Bajo el título «Programa de aceptación social. Primeras recomendaciones para España», Burson-Marsteller expuso la idoneidad de contactar con el expresidente español Adolfo Suárez para que este liderase el mensaje de «la libertad individual de elección». «Este asunto está muy cercano a su corazón: él es uno de los pocos políticos y personalidades que fuman en público», se asegura en el informe hecho público por Philip Morris. Esta compañía utilizó la misma estrategia en Portugal ya que invitó a su entonces presidente, Mario Soares, a actos que la industria esponsorizó en un gesto de acercamiento al poder luso para influir en él y evitar futuras restricciones. Volviendo a España, «un microcosmos en el que el hábito de fumar es socialmente aceptado» aunque hay que tener cuidado con los «antis», la industria se propuso reclutar para su causa a «portavoces famosos», como el presentador de televisión José Ángel Monzón (Gran Wyoming), considerado «moderno y progre y sin afiliación política, buen profesional y disciplinado en su trabajo». No hay pruebas que certifiquen que Wyoming fuese finalmente tocado, aunque colaboró con el periodista y escritor Moncho Alpuente en el disco Todo por el humo. Un par de años antes, un documento enviado desde la empresa consultora Booz-Allen & Hamilton a las oficinas centrales de Reynolds en Winston-Salem proponía dar apoyo a la financiación de una campaña a favor de restricciones «más liberales que las previstas en España» y para la que se había ofrecido la Asociación de Músicos Profesionales de España, que ya había decidido sufragar Philip Morris.

La industria pensó en Moncho Alpuente como el portavoz del Grupo de Fumadores que Philip Morris impulsaría más tarde bajo el nombre de Club de Fumadores, pero desechó la idea: «Alpuente no es recomendable porque no es una persona controlable». A pesar de todo, la tabaquera pagó al periodista una gira durante dos años por España y Sudamérica para defender los derechos de los fumadores. «Nunca hablé de marcas y jamás entré en el juego que me proponían algunos directivos americanos de que si les hacía caso viviría a lo grande», relata Alpuente. El periodista segoviano es miembro del Club de Fumadores, luego Fumadores por la Tolerancia, presidido durante años por el dibujante Antonio Mingote, entidad que cuenta con célebres periodistas y escritores de gran influencia en los medios de comunicación. También creó la organización Adicta, que él ha definido como una «asociación de fumadores pacíficos en pro del consumo consciente y libre y contra el peligro de la dictadura sanitaria».

A principios de los noventa, Philip Morris creó grupos en defensa de los fumadores en España, Italia, Francia, Holanda y Grecia, clubes considerados por la industria como «elementos esenciales para la presentación de opiniones a favor de soluciones razonables porque no tienen ningún interés comercial y son una voz más creíble que la propia industria, y porque son capaces de posicionarse como una minoría de personas que también tienen sus derechos». El soporte a los clubes de fumadores ha sido prolongado en el tiempo ya que hay varios dosieres internos que hablan de «continuar con el apoyo proporcionado por Philip Morris y la industria para ayudarles a ampliar su número de miembros e influencia», sobre todo en los medios de comunicación. Para una mayor eficiencia se planteó la organización de un organismo de coordinación paneuropeo de clubes de fumadores que «representase a 100 millones de europeos fumadores (y electores)», una iniciativa de Philip Morris por la que la compañía Rothmans Int. había expresado su interés y ofreciéndose como cofundadora.

El objetivo último del plan de Burson para Philip Morris en España era «crear un clima social donde el fumar esté bien aposentado en la sociedad, aunque contradiga las cuestiones de salud». Para ello había que actuar sin contemplaciones, «presionar a los funcionarios de salud» e influir sobre los medios de comunicación para vender más cigarrillos. Burson-Marsteller llegó a recomendar insertar publicidad en diversas publicaciones destinadas a adolescentes, lo que la industria hizo con asiduidad en revistas como Nuevo Vale o Superpop. Y eso pese a que solo cuatro años antes los capitostes de las principales compañías en España, incluido el cliente de Burson, Carlos Rodríguez Sánchez (Philip Morris), habían firmado con el ministro de Sanidad, Julián García Vargas, un acuerdo de autorregulación publicitaria en el que se comprometieron a no insertar anuncios en las publicaciones dirigidas a niños y adolescentes. Este es un ejemplo de que la tan reclamada autorregulación publicitaria por parte de las tabaqueras siempre ha formado parte de su estrategia de distracción y regateo, ajena a toda conciencia sobre su responsabilidad en la salud de los menores de edad y del común de los ciudadanos.

Los planes de Burson para Philip Morris no fueron los primeros elaborados para defender los intereses comerciales en España de una gran multinacional tabaquera. Otra consultora internacional, Booz Allen Hamilton, se encargó dos años antes de orientar los negocios de Reynolds en la Península. Documentos desclasificados de sus archivos en Minnesota recogen una extensa batería de acciones para frenar un real decreto que por aquel entonces elaboraba el Gobierno y tratar de influir en la legislación europea para restringir la publicidad del tabaco.¹⁶ El plan de Reynolds era muy ambicioso y establecía ejercer «presión» en distintos frentes y de forma urgente, puesto que alertaba de que el decreto ya estaba esbozado y tenía «fecha crítica»: el 3 de diciembre de 1990. En primer lugar había que entrevistarse con los ministros de Interior, Agricultura, Sanidad, Finanzas y Justicia, y hacerlo de forma coordinada con otros ministros europeos, «con especial énfasis» en los de Alemania, Francia y Reino Unido. El Gobierno español tenía que ser consciente del «impacto» de sus medidas en la pérdida de fiscalidad por la previsible bajada de ventas de cigarrillos, los costes del incremento del desempleo, el «efecto dominó» en otros sectores, en las importaciones y exportaciones. Para alertar de todo ello, el plan contempló entrevistas con asociaciones de medios de comunicación, empresas publicitarias, otros fabricantes de tabaco, empresas beneficiarias del patrocinio y organizaciones de consumidores. La supuesta «pérdida de bienestar» debía derivar la situación hacia la no adopción de medidas regulatorias, o menos estrictas, y la apuesta por la «autorregulación» del sector. De lo contrario se amenazaba al Gobierno español con la apertura de un debate europeo sobre el mantenimiento de su monopolio en la regulación del tabaco y el impacto de su actitud en la «limitación de la competencia». Este plan estaba pensado no solo para España, sino también para el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, bajo la dirección internacional de Booz Allen Hamilton. En España, el responsable de llevarlo a cabo fue Hernando Madero, vicepresidente y director general de la consultora americana en el país. Madero tenía miedo en ese momento de que España adoptase una regulación incluso más dura que la europea.

Uno de los denominadores comunes de muchos de los informes, planes o correspondencia de los directivos de la industria fue su obsesión por tener controlados a los gobiernos. El 19 de diciembre de 1990, las oficinas de Philip Morris en Madrid enviaron un fax para informar a la central del segundo borrador de un real decreto del Gobierno de España para regular el etiquetado y la publicidad del tabaco. En este informe, los directivos de Philip Morris en España se congratulaban de que el Ministerio de Sanidad aceptase las reclamaciones de la Asociación Española del Tabaco, controlada por ellos, y suprimiese incluir en los paquetes de cigarrillos la leyenda «Defienda su salud, no fume». No obstante, lamentaba la prohibición de fumar en los vuelos peninsulares y las nuevas restricciones en materia publicitaria. También criticaba la posición «dura y firme» del subdirector general de Programas de Promoción y Prevención del Ministerio de Sanidad, Enrique Gil López, que se negó a ampliar el plazo para presentar alegaciones al decreto. Otro ejemplo es la carta que el presidente europeo de Philip Morris, Walter Thoma, envió el 26 de octubre de 1993 al presidente de Tabacalera, Pedro Pérez: «Me apresuro en hacerle llegar el documento prometido sobre el proyecto de la Comunidad Económica Europea de prohibición de publicidad y esperamos sinceramente que usted será capaz de convencer a su ministro de Sanidad para que vote a favor del compromiso de armonización mínimo».¹⁷

LISTAS NEGRAS DE PERIODISTAS

A la industria la ha obsesionado la capacidad de influencia de los periodistas, de los que elaboró listas negras y a los que intentó «educar», según sus propias palabras. En un par de informes de Philip Morris de 1995 se hace seguimiento de la visita de dos periodistas españoles a sus instalaciones en Estados Unidos (Nueva York, Richmond y Oak Ridge). Se trataba de los entonces responsables de los suplementos de salud de dos grandes diarios españoles, El Mundo y La Vanguardia. Su aceptación a ir al viaje ya supuso un «éxito» para Philip Morris Spain. Jesús de la Serna y Antonio Salgado eran considerados «luchadores contra el tabaquismo» y el humo ambiental del tabaco. La compañía los enjabonó todo lo que pudo, entre otras cosas invitándoles a eventos deportivos patrocinados por Philip Morris, como la Fórmula 1 o el campeonato mundial de motos, lo que supuso «la mejora de nuestra relación de amistad» y la creación de un «canal de comunicación». Pero en este caso no debieron lograr el control deseado porque lo máximo que lograron, desde su punto de vista, fue que los artículos de Salgado y De la Serna fuesen, a su juicio, «no más agresivos que antes sobre el humo ambiental del tabaco». En un documento anterior, Philip Morris hablaba de «educar a los medios de comunicación y en particular a los periodistas de sociedad y ciencia», y llegó a seleccionar a una cincuentena de profesionales europeos de la información para informarles sobre las «deficiencias científicas» de muchos estudios sobre el humo ambiental a través de la empresa S&T. Diez años antes, Philip Morris Internacional organizó una conferencia de periodistas latinoamericanos en Madrid en la que diferentes expertos intentaron convencer a editores, escritores y profesionales de la información de que el humo ambiental del tabaco no era dañino, del impacto positivo en la economía de la industria del tabaco y su necesario papel en la esponsorización de determinados acontecimientos. Philip Morris presentó en la conferencia un vídeo titulado Más allá de la duda razonable para hacer hincapié en la supuesta inexistencia de efectos dañinos causados por el tabaquismo pasivo. La conferencia estuvo conducida por Francisco Moreno, «clave» en el desarrollo de la misma.

Tabaqueras como Philip Morris no solo elaboraron listas negras de periodistas e intentaron seducir a especialistas en información sobre la salud para moderar sus críticas hacia el negocio mortal de la nicotina, sino que tenían periodistas a sueldo. No se puede hablar de sobornos, pero sí de una red de periodistas que cobraban por determinadas informaciones. A través de la consultora Burson-Marsteller, Philip Morris pagaba a finales de los años noventa unas 50.000 pesetas (300 euros) al mes a determinados periodistas españoles por elaborar informes sobre iniciativas políticas en el ámbito autonómico y municipal encaminadas a introducir regulaciones sobre el hábito de fumar. Incluso se valoraba que en esos informes, enviados habitualmente por fax, se detallasen datos como posibles nuevos consejeros autonómicos de Sanidad en momentos como crisis de gobiernos autonómicos o formaciones de ejecutivos tras las elecciones regionales. Philip Morris quería saber antes que nadie a qué políticos debía presionar para poder seguir mercadeando con su macabro negocio entre unas autonomías españolas que cada vez iban ganando más competencias en detrimento de los servicios centrales del Ministerio de Sanidad.

CIENTÍFICOS A SUELDO

La industria también utilizó a su antojo a los científicos e investigadores en defensa de sus intereses comerciales. Varios documentos de Philip Morris demuestran que trató de influir en investigadores españoles, a los que invitó a sus laboratorios en Oak Ridge y a su fábrica de Richmond impresionándolos por la «sensación de poder» de la multinacional.¹⁸ Lo más destacado de la visita en 1995 de un grupo de científicos españoles, a los que no se identifica en los informes desclasificados de Philip Morris, es que quedaron convencidos de que no se había podido demostrar que el humo ambiental causase enfermedades en los no fumadores, y que la nicotina, si bien crea adicción, no es una droga, cuando la propia Administración de Estados Unidos ya la había declarado como tal hacía un año. Pocos años antes, directivos de Philip Morris tuvieron una reunión con el epidemiólogo español Enrique Nájera para ver cómo este científico podría contribuir a una «revisión» bibliográfica a favor de la industria sobre cuestiones relacionadas con el cáncer de pulmón y el tabaquismo. Nájera, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Sevilla, falleció en 1994 cuando era representante de la OMS en Argentina, y había sido el director general de Salud Pública del primer Gobierno de Felipe González. Hay ejemplos de cómo, desde la universidad española, se apoyaron los argumentos de la industria tabaquera. El 3 de junio de 1994, el gerente de asuntos corporativos de Philip Morris España, Francisco Javier Braña Pino, envió una copia a la central de Philip Morris en Estados Unidos del discurso que él mismo iba a pronunciar, en calidad de profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, en las XIV Jornadas de Economía de la Salud que se celebrarían pocos días más tarde en Santiago de Compostela.¹⁹

A mediados de los noventa, Philip Morris tenía dentro de la universidad portavoces propios que propagaban su siniestra estrategia. Braña utilizó los foros universitarios, como en este caso documentado, para hablar de la intervención del Estado a la hora de fumar en lugares públicos. Su doble papel le permitió decir que prohibir fumar en el trabajo, «un lugar privado», era propio de un Estado «paternalista», y aseguró que había «serias dudas» sobre los «supuestos» efectos adversos en la salud del humo ambiental del tabaco, sobre todo en su vinculación con el cáncer de pulmón. Cuando la industria ya sabía lo pernicioso que era el humo ambiental, Braña, un alto directivo de Philip Morris en España, se permitió la osadía de cuestionar en calidad de respetable profesor universitario la existencia de «fumadores pasivos» y denunció la base «subjetiva» de los estudios epidemiológicos. ¿Qué pesó más en Braña? ¿Su nómina como pez gordo en España de la tabaquera más importante del mundo o su austero salario como profesor de Economía de la Complutense? La lectura de los 19 folios de su ponencia, revisados en los despachos de Philip Morris en Manhattan, resulta ahora muy elocuente en lo que fue la gran manipulación de la industria en ámbitos científicos y universitarios. Braña acotó el problema del humo ambiental del tabaco a una «molestia e incomodidad» entre no fumadores y fumadores que, apelando al economista Stiglitz, denominó «externalidad espiritual», ajena por completo a un problema de salud. «No habría pues por qué recurrir a prohibiciones que perjudican claramente actividades privadas y pretenden imponer estilos de vida; por el contrario, lo que en este caso se necesita es una llamada a la tolerancia y al acuerdo entre las partes involucradas». La conclusión de Braña se basó en el denominado «teorema de Coase», del que fue Premio Nobel de Economía: «Es posible concebir mundos mejores que el que vivimos; no obstante, el problema se encuentra en determinar unas medidas o acuerdos prácticos que corrijan los defectos del sistema sin causar más daños a otras partes del mismo». Una idea sin duda perversa en este caso, pero que veinte años más tarde se convertiría en la velada coartada de la justicia española para no condenar a las tabaqueras ante las demandas de los fumadores enfermos. Francisco Javier Braña Pino generó informes, ponencias, libros y publicaciones académicas relacionadas con los presuntos beneficios fiscales del consumo de tabaco en los que implicó a otros profesores del ámbito de la economía de la salud.

El caso español no fue ni mucho menos aislado. Las multinacionales del tabaco actuaron en muchos países de Europa, como por supuesto Alemania, el país del Viejo Continente más permisivo con el tabaco, o como Grecia, que cuenta con el porcentaje más alto de fumadores. Philip Morris, Reynolds y Brown & Williamson pagaron millones de marcos a científicos alemanes, como Karl Übela, que fue presidente del departamento federal de Salud Pública de Alemania, y Jürgen von Troschke, director de la agencia alemana coordinadora de la Salud Pública. Un estudio del Centro Alemán de Investigación Oncológica en Heidelberg basado en los documentos desclasificados certificó, con gran revuelo en el mundo científico alemán, que al menos cuatro de los quince expertos más reputados en salud pública del país habían recibido grandes sumas de dinero por parte de la industria para elaborar informes sobre los perjuicios o beneficios de fumar.²⁰ La mayor cifra de dinero se la llevó Übela, que se embolsó cerca de un millón de marcos en 1982 a través de una asociación ligada a una tabaquera para realizar un estudio sobre el tabaquismo pasivo. Su trabajo se publicó en 1990 en la revista alemana Münchener Medizinische Wochenschrift, e interpretaba a la baja los riesgos de la nicotina y sus aditivos. También se han certificado otros casos fuera de Europa. En Brasil, James Parry, que fue director de la revista científica Mutagenesis, editada por Oxford University Press, recibió 5.000 libras por trabajos de consultoría para British American Tobacco.²¹ Estudios publicados por Mutagenesis han sido utilizados por las tabaqueras para sugerir que los vínculos entre el humo del cigarrillo y el cáncer de pulmón no son tan explícitos como la comunidad científica dice. Parry tuvo que abandonar la publicación acusado de conflicto de intereses. British American Tobacco no fue ni mucho menos el garbanzo negro de la industria. En los documentos desclasificados se puede leer una nota de una reunión informativa de varias tabaqueras en 1988: «La estrategia mundial de Philip Morris consiste en coordinar y en pagar a todos los científicos internacionales que haga falta para mantener viva la controversia relativa al humo ambiental del tabaco».²² Así de claro.

LA INSTRAHISTORIA DE PHILIP MORRIS

En todos estos documentos desclasificados por la industria a raíz de los litigios en Estados Unidos se puede certificar que las tabaqueras utilizaron todos los mecanismos posibles para lograr el máximo beneficio al margen de toda consideración sanitaria. Philip Morris es el caso más documentado y en sus archivos hay incluso un informe en el que explica a sus empleados, con todo lujo de detalles, cómo colonizó nuestro país en pocos años para vender el cigarrillo rubio americano. En «Corporate Affairs training program» (21 de julio de 1992), Philip Morris narra cómo se estableció en Madrid a finales de los sesenta en una oficina con solo tres personas, en un momento en el que el 92 % de los cigarrillos que se consumían en España era de tabaco negro. Sus primeros datos comerciales son de 1970: Philip Morris logró vender 298 millones de cigarrillos, lo que supuso una cuota de mercado de solo el 0,6 %.

El «fuerte control» del monopolio ejercido por Tabacalera dejaba poco margen a la iniciativa privada, estimulada por el Estado a iniciar sus actividades a partir de las islas Canarias. En 1971, Philip Morris compró en Santa Cruz de Tenerife una empresa «con problemas y una fábrica inacabada», La Lucha, y tras aliarse con la familia Cifuentes, el socio español designado por el régimen franquista, puso en marcha su primera marca española de Cigarrillos: Roy. La presión de la industria española, reacia a la presencia extranjera en un país que empezaba a salir de la autarquía, hizo que Roy pasase a la historia del tabaco por su efímera vida. Solo estuvo en el mercado siete horas. Tabacalera aprobó su distribución a partir de las ocho de la mañana del 14 de abril de 1972, pero la Asociación de la Industria del Tabaco logró que fuera retirado del mercado a primera hora de la tarde al denunciar que Philip Morris disfrazaba de cigarrillo negro lo que en realidad era tabaco rubio. En efecto, la marca más fugaz de la historia era tabaco negro con sabor a rubio americano y eso quebrantaba las normas establecidas, puesto que en aquellos años desde las islas Canarias solo se podía enviar a la Península tabaco negro.

Philip Morris tuvo que esperar un año para empezar a hacer negocios a gran escala en España y, tras arduas negociaciones con la Tabacalera franquista, logró hacerse con la fabricación del 50 % de una nueva marca de cigarrillos, Lola. Los acuerdos con Tabacalera fueron dando sus frutos y permitieron a Philip Morris diseñar una marca de cigarrillos rubios pensada solo para España y, así, sacó al mercado en 1974 Fortuna, marca en la que ya introdujo de lleno la mezcla americana, con «sus sabores y aromas». El año decisivo para el arraigo y expansión de la industria americana fue 1980, puesto que Philip Morris acordó entonces con Tabacalera fabricar Marlboro en España y, un año más tarde, desarrollar Nobel, un rubio light que con el tiempo se sabría que era igual de dañino que el resto de las marcas.

Pero más allá de este recorrido histórico explicado por la propia compañía, este informe desclasificado dedica un apartado a la cuestión del «tabaco y la salud» en un momento social que considera «prohibicionista», un «péndulo» que oscila en la historia de la humanidad y que en otros momentos se hizo notar en ámbitos como «el comportamiento sexual, el alcohol o incluso la literatura y la música», argumentaron los directivos de la multinacional americana. Sin más, Philip Morris afirmó que «como empresa reconoce que el tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón y algunas enfermedades, porque existe una relación estadísticamente significativa entre el tabaquismo y la aparición de algunas enfermedades. Pero esto es sustancialmente diferente a decir que fumar mata». Curiosa paradoja que Philip Morris justifica en que la estadística no certifica la causalidad, otro argumento que la justicia española utilizaría años más tarde para rechazar las demandas de miles de exfumadores enfermos de cáncer. «Un famoso humorista dijo que ‘la estadística es la ciencia que me permite afirmar que, con la cabeza en el horno y los pies en el congelador, me siento, en promedio, muy a gusto’, o en otras palabras, si yo como un pollo y tú ninguno, el promedio diría que cada uno de nosotros ha comido la mitad.» Son los sólidos argumentos científicos de una de las empresas con más poder del mundo. Este peligroso relativismo le llevó a recordar, en un argumentario dirigido a sus empleados, que hay otros muchos factores de riesgo para contraer cáncer, como la dieta, la herencia genética, la falta de ejercicio, el estrés, el tipo de trabajo y la contaminación del medio ambiente. Philip Morris se atrevió a emitir un vídeo en una reunión de sus empleados españoles en el que utilizó al doctor Chavarría, director de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, para decir que fumar es un simple factor de riesgo, uno más entre otros muchos.

ALIANZA CON EMPRESARIOS Y SINDICATOS

Otro documento de los archivos de Philip Morris muestra su estrategia entre 1994 y 1996 para hacer frente a las numerosas restricciones que surgían en Europa, sobre todo en el ámbito laboral, ante lo que se propuso «aliarse» con empresarios y sindicatos, sobre todo en aquellos países que, como España, aún no habían prohibido fumar en el puesto de trabajo. «Vamos a movilizar a los sindicatos y a los empleadores para oponernos a las restricciones legislativas y promover soluciones locales razonables y voluntarias en las oficinas de propiedad privadas y en las fábricas para evitar, si es posible, la adopción de medidas legislativas restrictivas».²³ Philip Morris ya daba por perdido el sector público, en cuyos espacios la mayoría de los países europeos ya habían prohibido fumar, y fue entonces cuando ubicó en Bruselas una Oficina de Información del Tabaco para difundir los mensajes de la industria y establecer contactos con gobiernos, estrechar el diálogo con los funcionarios de la Comisión Europea y «alentar a los sindicatos y a los empresarios en particular a actuar de forma concertada» e influir en los procesos legislativos.

El plan no era genérico sin más, sino que llegaba al detalle de establecer que había que «investigar a los directores de recursos humanos (de las empresas) para determinar su actitud» sobre la cuestión de fumar en el trabajo. A través de las patronales europeas del tabaco y con la ayuda de consultorías internacionales de recursos humanos, la poderosa industria de la nicotina desarrolló un modelo de política laboral para los empresarios europeos con la «promoción y ascenso» de profesionales de recursos humanos convencidos de que prohibir el tabaco en el ámbito laboral reduciría la productividad de los trabajadores. Una vez labrado el camino, Philip Morris tendió puentes con las patronales europeas para oponerse a cualquier directiva contraria a fumar en el trabajo. Al mismo tiempo, la multinacional apuntó a las centrales sindicales: «Los sindicatos son importantes aliados para apoyar la adopción de políticas para poder fumar en el trabajo. Su apoyo será garantizado directamente en el plano nacional a través de su representación en la Confederación Europea de Sindicatos». Philip Morris tenía claro que «el acceso a los dirigentes sindicales se hará a través de los sindicatos nacionales de trabajadores del tabaco y de cultivadores», y contaba también con la complicidad de los sindicatos de la construcción. El anzuelo era la supuesta creación de puestos de trabajo por los planes que deberían desarrollarse para adaptar los edificios existentes a una mejora de los sistemas de ventilación en respuesta a las necesidades de una mayor calidad del aire ambiental.

UN VENENO NECESARIO

La estrategia de la gran industria en España pasó en primera instancia por los planes de Philip Morris y Tabacalera, pero existieron otras compañías y otros países en los que los documentos internos dan cuenta de la siniestra actuación del tabaco a nivel internacional. Es el caso, por ejemplo, de British American Tobacco y el Reino Unido. En un informe, fechado en noviembre de 1978, British American Tobacco estableció la estrategia de relaciones públicas de la industria británica de cara a los años ochenta, un «momento crítico» por los «ataques sin precedentes» hacia el tabaquismo.²⁴ El movimiento regulatorio en el Reino Unido, cuna del liberalismo, fue iniciado en 1955 —un cuarto de siglo antes que en España— por el ministro de Salud, Iain Macleod, tras aceptar las conclusiones del Consejo de Investigación Médica que relacionaba el hábito de fumar con el cáncer de pulmón. Pese a ello, British American Tobacco criticaba que «en ningún ámbito como el de la salud la invasión del Estado ha sido más evidente» cuando, a su juicio, el Gobierno «debe ser más el siervo que el capitán o la nannie de su gente». British American Tobacco ya tuvo claro que el Labour Party recogía más el sentimiento de los «antis» e «intervencionistas», mientras que los conservadores, liderados en los ochenta por Margaret Thatcher, eran más proclives a «dejar la decisión sobre si se fuma o no a la persona informada». Tras dejar el número 10 de Downing Street, la Dama de Hierro cobró un millón de dólares como consultora de Philip Morris, precisamente para ayudar a la tabaquera más importante del mundo a frenar los intentos de la Unión Europea de prohibir la publicidad del tabaco y en su estrategia de introducirse de lleno en la Europa Oriental y el Tercer Mundo. Entre los muchos informes geopolíticos que ha manejado la tabaquera virginiana se pueden leer algunos que analizan la posibilidad de que Turquía ingrese algún día en la Unión Europea, lo que endurecería su normativa antitabaco y no sería bueno para el sector. No iban desencaminados ya que Turquía está endureciendo sus leyes antitabaquismo, seguramente para agradar a la UE y mejorar sus posibilidades como futuro miembro.

La izquierda siempre ha estado más concienciada de las consecuencias del tabaquismo, aunque hay países como Alemania en los que la industria ha financiado tanto a la derecha (CDU) como a la izquierda (SPD), tal como recuerda el experto Lluís Granero en su tesina sobre las políticas de control del tabaquismo.²⁵ La industria consiguió captar al canciller alemán Helmut Kohl, lo que explica el papel de fuerte aliado de las tabaqueras que Alemania ha ejercido durante años en Europa, impidiendo la aprobación de directivas regulatorias junto al Reino Unido de Margaret Thatcher. En España, el PSOE ha liderado las regulaciones frente a un PP más cercano a la industria tabaquera, aunque los socialistas también hicieron en algunas etapas sospechosas concesiones a la industria. En Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton fustigó a las multinacionales, mientras Bush y el Partido Republicano se financiaban gracias a los cigarrillos. British American Tobacco, que veía como en Estados Unidos los no fumadores eran «más militantes» que en el Reino Unido, se propuso «evitar un desarrollo en paralelo» y llegó a ver la cuestión como una justificación para que el país no entrase en el mercado común europeo, cuya legislación sobre responsabilidad civil en los «productos defectuosos» daba una posición «privilegiada» y de protección a los consumidores. Esto no era bueno para la venta de la nicotina. En una espeluznante reflexión del think tank de British American Tobacco, la industria británica del cigarrillo defendía de esta manera el tabaco y sus letales consecuencias: «Desde un punto de vista brutalmente realista, con una prolongación generalizada de la expectativa de vida, realmente necesitamos algo para que la gente muera. En sustitución de los efectos de la guerra, la pobreza y el hambre, el cáncer, como la enfermedad de los ricos en los países desarrollados, puede tener algún papel que desempeñar. El argumento no es, obviamente, para que la industria del tabaco lo utilice públicamente. Sin embargo, su peso, como un factor psicológico en la perpetuación del gusto de la gente por fumar como un hábito agradable y con riesgo, no debe ser subestimado». Además, en comparación con drogas fumadas como el cannabis, British American Tobacco entendía que el tabaco, «a pesar de sus enormes efectos secundarios, no tiene consecuencias indeseables o peligrosas para la conducta o el cerebro. Como una droga de relajación, el tabaco todavía podría ser una bendición para la humanidad en un mundo estresado».

Bajo esta aterradora filosofía, los asesores de British American Tobacco recomendaron mantener y profundizar «los estrechos vínculos que se han forjado durante muchos años con el Gobierno, los miembros del Parlamento, los científicos, el estamento médico, círculos académicos y profesionales, los sindicatos y medios de comunicación. A través de ellos, la industria está en condiciones de aplicar su influencia, a menudo sin publicidad, sobre la mayoría de las cuestiones relacionadas con el tabaco. Son especialmente importantes los contactos con la Casa Blanca y Westminster, círculos en los que la importancia de la industria del tabaco es muy apreciada. Son aliados en el ámbito legislativo y reglamentario». Lo dicho es un buen resumen del caso británico, que no es ajeno al español. El presidente de British American Tobacco España S.A., Juan Antonio Pérez Ramírez, presidió la Asociación Española del Tabaco en 1995, cuando la patronal estaba formada, además de British American Tobacco, por Tabacalera, Philip Morris España, Cita, Rothmans España, la Confederación de Tabaco de Canarias, R.J. Reynolds España y Gallaher. Elevó el presupuesto de la AET y fijó, según consta en los archivos abiertos de British American Tobacco, cuatro grandes objetivos: reducir la presión fiscal, limitar las restricciones en publicidad y promociones, reducir el contrabando y crear una opinión favorable en la sociedad española hacia los derechos del fumador. Pérez se dio cuenta del creciente peso de las comunidades autónomas y se propuso «influir» en las Administraciones regionales y locales para evitar una legislación más restrictiva con los fumadores.

EL GLAMUR DE ANTONIO BANDERAS

El nombre del presidente de British American Tobacco España aparece asimismo en los documentos internos de la multinacional cuando fue requerido en 1999 sobre su opinión para captar a otro de los sectores al que las tabaqueras también exprimieron durante décadas: el cine y sus estrellas de Hollywood. En este caso, la idea era aprovecharse del boom español en las pantallas de todo el mundo gracias a las películas de Fernando Trueba, Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar, y a la entrada en el mercado americano de actores como Antonio Banderas, un referente para el pujante ámbito latino. ¿Quién no ha tenido ganas de encender un pitillo tras ver como Humphrey Bogart se despedía de Ingrid Bergman en Casablanca? «Creemos que las más impactantes y positivas de las imágenes de los cigarrillos y del fumar han sido creadas por el cine y la televisión. Hemos visto a nuestros héroes fumar en Wall Street, Cocodrilo Dundee y ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Mickey Rourke, Mel Gibson y Goldie Hawn quedarán en nuestra retina para siempre, dentro o fuera de la pantalla, con un cigarrillo encendido. Es razonable asumir que el cine y sus celebridades tienen mucha mayor influencia en los consumidores que un anuncio estático.»²⁶ Es la sencilla conclusión de la directiva de Philip Morris Kelly Weedon en 1989, preocupada por las cuestiones publicitarias en un momento de auge del movimiento antitabaquista en Estados Unidos. Los guapos artistas de Hollywood dan glamur al tabaco y generan pautas de conducta entre los adolescentes, convirtiéndose en una eficaz herramienta de publicidad del tabaquismo capaz de llegar a todos los públicos y sortear todo tipo de restricciones. Las tabaqueras jamás han incorporado un compromiso expreso en ninguno de sus pactos de autorregulación publicitaria en España que hable de evitar que el humo se cuele en las pantallas de nuestros cines.

Las multinacionales americanas vieron muy pronto el filón que suponía filmar a los actores y actrices fumando, por lo que invirtieron en la producción de películas de Hollywood. En la información desclasificada por las tabaqueras existen pruebas de su relación con el cine desde al menos 1972, y entre sus documentos más conocidos figura el contrato de medio millón de dólares que firmó en 1983 Sylvester Stallone en el que se comprometía a fumar las marcas de Brown & Williamson, como Lucky Strike, durante sus siguientes cinco películas, entre ellas Rambo o Rocky IV.²⁷ Los directivos de B&W, a través de la firma Associated Film Promotions, hicieron llegar a Stallone su especial interés en que el personaje Rocky Balboa fumase sus cigarrillos «en todas sus películas».

El cine español no interesó a las grandes multinacionales hasta que Trueba, Almodóvar y Amenábar empezaron a ganar premios Oscar y millones de espectadores en todo el mundo. Pero antes, para la conquista de Hollywood, ahí estuvo la ayuda de Tabacalera. Es cierto que no hay pruebas claras de que la industria de la nicotina hiciese fumar a los actores españoles a golpe de talonario. En España, todas las cuestiones relacionadas con la financiación de una película y la nómina de los que en ella salen, pasan por manos de la productora y los directores del filme. Pero eso no quiere decir que las tabaqueras no intentasen asociar su imagen con el glamur del nuevo cine español. Tabacalera, por ejemplo, esponsorizó en 1992 la promoción de una de las grandes cintas españolas, Belle Époque, en la que se cercioraron de que se fumase mucho. La productora de Fernando Trueba niega que el dinero recibido fuese a incentivar que en los labios de Ariadna Gil o Penélope Cruz colgase un cigarrillo e incluso llegaron a advertir a Tabacalera de que en uno de los pasajes de la película el actor Agustín González, el socarrón cura don Luis, advertía de lo malo que era fumar. Daba igual, Tabacalera lo aceptó de buen grado porque logró su principal propósito: vincular su imagen y la de sus marcas con la de aquellos que mejor proyectan el tabaco a la sociedad.

Pocos años después, desde su despacho en Londres, el directivo de British American Tobacco Shabanji Opukah remitió en 1999 una carta a todos los responsables de CORA (Corporate & Regulatory Affairs), una división de la compañía encargada de «construir el reconocimiento del grupo como una empresa responsable en un sector objeto de controversia», en la que proponía incorporar en sus programas el patrocinio del desarrollo de la industria cinematográfica en España. «Hasta donde yo sé, no hay contribuciones privadas de este tipo en España. Nosotros estaremos liderando e innovando en un campo que tiene un gran impacto social y es pionero en la moda.» Opukah recuerda la «relación histórica y única entre el cine y una de nuestras marcas estrella a nivel internacional, Lucky Strike». Sorprende que un programa de responsabilidad social de una multinacional se base en conseguir que los actores de las películas españolas fumen los mismos pitillos que Rocky Balboa. Los directivos de British American Tobacco no pasaron por alto que «la industria cinematográfica de España ha recibido un reconocimiento en todo el mundo durante los últimos años por la calidad de sus nuevos talentos (ganadores de Oscar como Fernando Trueba, Pedro Almodóvar, el ganador del premio Goya al mejor director novel Alejandro Amenábar)». British American Tobacco barajaba otros programas para cultivar una buena reputación, como el apoyo a la forestación y plantación de árboles «en las comunidades donde cultivan tabaco y otras partes del mundo en donde no se cultiva», y el patrocinio de becas universitarias, un terreno en el que Reynolds España ya se les había avanzado puesto que, como recordaba Opukah, «RJR España es un patrocinador desde hace muchos años de las becas Fulbright de estudios de Periodismo en Estados Unidos». Hoy en día, Reynolds ya no aparece entre los patrocinadores privados de estas prestigiosas becas.

Curiosamente, un año antes de esta propuesta de British American Tobacco dirigida a las productoras de cine español, los fiscales generales de Estados Unidos y las grandes compañías del tabaco habían firmado el Tobacco Master Settlement Agreement, un pacto de conciliación que prohibía a las tabaqueras americanas pagar para que sus marcas apareciesen en las películas. Pero un estudio publicado en 2005 en el Journal of the American Medical Association aseguraba que no se había producido un descenso en la aparición de cigarrillos en las películas dirigidas a adolescentes, lo que al margen de si obedeció o no al pago de las multinacionales, socavó el pacto de la industria con la justicia americana.

En los archivos de las multinacionales existen miles de documentos y copias de publicaciones que demuestran el exhaustivo seguimiento que hicieron de las estrellas del cine, que también promocionaban las marcas al aparecer en las revistas fumando cigarrillos. Un artículo del USA Today de 1995 relacionado con la controvertida actriz Melanie Griffith, que luchaba por abandonar el abuso de drogas y alcohol, la describía «fumando su primer mentol de Benson & Hedges». Si bien había prometido dejar de fumar en su anterior cumpleaños, la actriz americana admitía públicamente que el tabaco se había convertido inevitablemente en su «último vicio». Al año siguiente, Griffith se casó con Antonio Banderas, cada vez más introducido en las producciones de Hollywood, algo que no pasó desapercibido a tabaqueras como Philip Morris, que buscaba nuevos modelos para influir en el consumo de cigarrillos de la comunidad hispana de Estados Unidos y en Latinoamérica. En 1997, Philip Morris contrató al actor malagueño para relanzar la marca Parliament en Argentina. Banderas participó junto a otros famosos latinos como Gloria Estefan en algunos espectáculos televisados que esponsorizó la industria del tabaco.

TOPOS EN LA OMS

Las multinacionales del tabaco han actuado durante décadas con el deliberado propósito de frenar la defensa de la salud de los consumidores en cualquier país del mundo y cualquier nivel administrativo. Incluso urdieron todo tipo de planes para minar los esfuerzos de la propia Organización Mundial de la Salud, una actuación «minuciosa, bien financiada, sutil e invisible».²⁸ Un informe interno de la OMS de 2000 sugirió que existían pruebas en documentos confidenciales de las compañías tabaqueras en los que estas explicaban sus esfuerzos para evitar la aplicación de políticas de salud pública y reducir la financiación de la lucha antitabáquica en el seno de las organizaciones de las Naciones Unidas. La entonces directora general de la OMS, Gro Harlem Brundtland, clamó al cielo y encargó a un comité de expertos una investigación a partir de los informes desclasificados en los pleitos de Estados Unidos procedentes de Philip Morris, Reynolds, Brown & Williamson, American Tobacco Company, Lorillard Tobacco Company, Tobacco Institute, Council for Tobacco Research y British American Tobacco. El demoledor informe fue elaborado por cuatro reputados expertos: Thomas Zeltner, director de la oficina federal de Salud Pública de Suiza; David Kessler, exdirector de la Food and Drug Administration de Estados Unidos y decano de la facultad de Medicina de Yale; Fazel Randera, miembro del consejo de la Asociación Médica Mundial; y Anke Martiny, directora de la organización alemana Transparencia Internacional.

El comité de expertos averiguó que, en 1988, Philip Morris elaboró una estrategia de acción internacional llamado Plan de Acción de Boca Ratón, la localidad de Florida en donde reunió a su plana mayor, que tuvo como primer objetivo anular el programa antitabaco de la OMS, contener sus fuentes privadas de financiación y desacreditar a personas clave de la organización. Con el entonces presidente de Philip Morris Internacional a la cabeza, Geoffrey Bible, en la cumbre de la multinacional se decidió pagar a políticos, científicos y periodistas para que defendieran sus intereses y desacreditasen a la OMS, apoyando asimismo a organizaciones teóricamente independientes e incluso infiltrando expertos. Las tabaqueras introdujeron topos en la OMS para desvirtuar la lucha antitabáquica en los años ochenta y noventa y reorientar las prioridades de la organización.²⁹ El abogado estadounidense Paul Dietrich, vinculado durante mucho tiempo a Philip Morris y a British American Tobacco, se introdujo en el comité de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que funciona como oficina regional de la OMS, desde donde trató de que el tabaco no figurase entre las prioridades de la OPS. Según revelan los documentos de la industria, Dietrich intervino para que la OPS organizara y patrocinara un importante evento que las tabaqueras utilizaron para desviar el interés público de la VIII Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud patrocinada por la OMS en Buenos Aires en 1992. Su estrategia estuvo a punto de llevar a un equipo español de fútbol a jugar a favor del tabaco sin saberlo, ya que el «juego sucio» de compañías como British American Tobacco y Philip Morris las llevó a intentar organizar un partido de fútbol entre un club español y otro estadounidense para el mismo día en que el expresidente Jimmy Carter debía asistir a la conferencia en la capital argentina: «Esto reduciría la cobertura periodística de su llegada. El partido debería ser transmitido en directo por televisión y las principales autoridades tienen que ser invitadas». Finalmente, la asistencia de Carter fue cancelada y el partido de fútbol, del que se desconoce qué clubes fueron tanteados, nunca se llegó a celebrar.

Esta no fue la única maniobra de distracción de la industria. El topo Dietrich también adiestró a periodistas para que persiguieran al senador Edward Kennedy preguntándole, durante su visita a la conferencia mundial sobre tabaco, sobre sus excesos en la bebida y las acusaciones de acoso sexual, lo que debía ayudar a «reducir la importancia de su presencia en la conferencia». En su plan para debilitar informativamente la cumbre antitabaco, el topo orientó la atención de la opinión pública sobre la idea de que el gasto sanitario en América Latina no debía centrarse en la lucha contra la nicotina sino en otros problemas como la vacunación infantil y la prevención del sida. Tal como relatan los investigadores de la OMS, «el programa requería que la popular artista estadounidense Gloria Estefan fuese la estrella de un espectáculo ampliamente televisado destinado a defender, durante una gira para salvar niños, cercana a las fechas de la conferencia, la importancia de vacunar a los niños». Un memorando de Dietrich enviado directamente a British American Tobacco explicaba de qué forma el acontecimiento ayudaría a las tabaqueras: «Disponemos ya de un importante acontecimiento mediático con el que trabajar. También contamos, en segundo lugar, con una estrella de primera magnitud que atraerá a un público muy numeroso. Se nos ha asegurado, igualmente, que dispondremos del comienzo de las horas de máxima audiencia en el programa especial de televisión del 19 de marzo. Todo ello está perfectamente sincronizado con nuestra iniciativa en la VIII Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud. Durante el mes anterior a la conferencia, la prensa se centrará en el problema prioritario de América Latina que es vacunar a todos los niños».

El caso Dietrich no fue el único y los expertos de la OMS han llegado a cuestionar el establecimiento de «relaciones impropias» entre su personal y las tabacaleras. Las multinacionales de la nicotina ofrecieron empleo y contrataron a antiguos funcionarios de la OMS o de las Naciones Unidas con el fin de obtener contactos valiosos en el seno de esas organizaciones que pudieran ayudarles en su objetivo de influir sobre las actividades de la OMS: «Todavía más preocupante es el hecho de que, en algunos casos, empresas tabacaleras colocaron a sus propios consultores en puestos de la OMS, pagándoles por favorecer sus objetivos mientras trabajaban para la OMS». Son muchos los interrogantes que se abren ante esta situación, que ha dejado la credibilidad de esta institución en entredicho y que permite llegar a pensar si no ha venido ocurriendo algo parecido con otros sectores y situaciones, como por ejemplo con las farmacéuticas y el alarmismo ante la pandemia de la gripe aviar. En todo caso, los expertos de la OMS realizaron una certera conclusión: «El tabaco es una amenaza para la salud diferente a otras. Invertir el sentido de la epidemia del tabaquismo requerirá algo más que luchar contra la adicción y la enfermedad; requerirá vencer a una industria poderosa y decidida, muchas de cuyas más importantes estrategias de resistencia se llevan a cabo en secreto».

El mandato de la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, la primera mujer que llegó a la cúspide de la OMS —pasó el testigo a otra mujer, Margaret Chan, antigua directora regional de Salud de Hong Kong—, dejó huella en la alta institución internacional. Gro Harlem, médica de profesión, se propuso luchar contra la droga más demoledora. En 1999, clamando en el desierto, la directora general de la OMS pidió que la venta de cigarrillos se realizase solo con receta médica: «El cigarrillo es un producto fabricado de forma ingeniosa para proporcionar la cantidad necesaria de nicotina que la haga adictiva, aunque el consumidor acabe por morir».

La política noruega no logró su objetivo, pero sí fue capaz de tejer una alianza para aprobar en 2003 un tratado internacional, el primer Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), una suerte de «acuerdos de Kioto» para la salud pública adoptados por cerca de 180 países de todo el mundo. El Gobierno de George Bush puso todas las trabas posibles al proceso y Estados Unidos es todavía hoy uno de los países que no ha ratificado el convenio pese a firmar en 2004 su disposición a hacerlo. Bush vetó una ratificación que significaba severas restricciones en el comercio, publicidad, contrabando y espacios para fumar. El doctor Tom Novotny encabezó la delegación de Estados Unidos en la elaboración del CMCT hasta que renunció desilusionado con las intenciones de su país y sobre todo del sucesor de Bill Clinton. La Administración Bush, que alcanzó el poder por el canto de un duro en su pugna con Al Gore tras una campaña presidencial sufragada por las multinacionales del tabaco, ató en corto el asunto por el miedo a las restricciones de la publicidad de tabaco y a que se frenase la expansión de las tabaqueras americanas en los mercados del Tercer Mundo. Bush tuvo en su gabinete de la Casa Blanca a personas como Karl Rove y Kirk Blalock, que trabajaron como asesores de Philip Morris, e incluso situó en el consejo de la Food and Drug Administration a Daniel Troy, que representó a la industria cuando esta demandó a la agencia estadounidense por sus regulaciones sobre el tabaco. Hay otros casos dignos de mencionar de la etapa Bush, como el del secretario de Salud Tommy Thompson, que recibió 72.000 dólares de ejecutivos de Philip Morris en contribuciones cuando fue gobernador de Wisconsin. Está cifrado en hasta 20 millones de dólares el dinero que las multinacionales del tabaco han dado a candidatos republicanos para asumir cargos federales desde 1997, según el grupo americano Common Cause. Philip Morris en concreto ha sido el principal contribuyente de las campañas de los republicanos desde 1989. Ahora es el turno del demócrata Barack Obama, pero pasan los años y existe una fuerte preocupación en medios científicos y médicos de Estados Unidos porque este país sigue sin adherirse al Convenio Marco de la OMS. Tú puedes, Obama. Al menos su esposa Michelle lo ha convencido para que deje de fumar.

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ESPAÑA LEGISLA CONTRA LA EPIDEMIA

Un millón de muertos en los últimos treinta años y la presión de la Unión Europea y de la OMS para hacer frente a la epidemia de la nicotina era demasiado para una España que acabó replanteándose su tradicional tolerancia hacia un hábito que además le supone una sangría económica en la factura sanitaria. Si bien la primera ley antitabaco no pensó en todo esto —el ministro Venancio González solo quería orden y seguridad en los espectáculos públicos a finales del siglo XIX—, sirvió de primer paso para abrir el melón legislativo en un largo camino que culminaría con las dos grandes reformas bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. La primera ley española, de 1886, no fue actualizada hasta 1935 por el Gobierno de la Segunda República, que se limitó a poner al día el reglamento de Policía de Espectáculos Públicos en una iniciativa pionera en Europa y que curiosamente estuvo en vigor 47 años, hasta que fue derogada en 1982 por el primer Gobierno de Felipe González.

El franquismo supuso cuatro décadas perdidas en la lucha contra el tabaquismo porque no favoreció ni siquiera la traducción del conocimiento científico de las consecuencias sobre la salud. Las políticas españolas de control del tabaquismo nacieron tardíamente y de forma tímida porque quizás, a diferencia de otros países europeos, los efectos sobre la salud llegaron algo más tarde pues el incremento masivo del consumo fue también posterior por motivos económicos y sociales. Si en países como Inglaterra o Francia la Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión en el consumo de cigarrillos, en España este hay que buscarlo en la Guerra Civil. Las trincheras y las contiendas bélicas siempre han sido grandes aliadas de la macabra industria tabaquera. Cuando la vida pierde valor, también lo pierde cuidar de la propia salud. La pobreza de la posguerra ayudó a matar a muchos fumadores con un consumo bajo.

Los albores de la nueva democracia española tampoco ayudaron mucho. Las prioridades entonces eran otras; había que cimentar el nuevo sistema político y, en el terreno sanitario, el objetivo era mejorar el sistema público de salud. La existencia de Tabacalera, el sempiterno monopolio reconvertido en empresa pública, tampoco ayudaba porque la impresión que llegaba al ciudadano era que la industria no tenía afán de lucro y que el Estado velaba por su dosis de nicotina en cualquier esquina del país a través de los miles de estancos. A todos estos factores hay que añadir la elevada tasa de fumadores entre sanitarios y maestros —mal ejemplo—, así como la silenciosa pero contundente y tenaz presión de la industria a través de los despachos lobistas. La Transición política y la crisis económica postergaron hasta principios de los ochenta los primeros pasos regulatorios siguiendo tímidamente la estela de Estados Unidos, el Reino Unido o los países nórdicos. Uno de los pioneros en la lucha contra el tabaquismo en España fue el doctor Gerardo Clavero, uno de los primeros responsables de medicina preventiva del Gobierno democrático y que, a las órdenes del ministro Ernest Lluch, dirigió las primeras encuestas de prevalencia pues en España ni siquiera se era consciente del número de ciudadanos que tenían enfermedades tabáquicas. Es decir, primero había que cifrar la magnitud de la tragedia.

Dos años más tarde de que España entrase en la Comunidad Económica Europea, la OMS organizó la primera conferencia sobre el tabaco e inició una estrategia en contra del hábito de fumar que sirvió de faro internacional de las políticas de control. El ministro de Sanidad en 1988, el socialista Julián García Vargas, no fue ajeno a las nuevas políticas sanitarias y dio empuje a una regulación más contundente a través de un real decreto sobre las limitaciones en la venta y uso del tabaco que, en caso de conflicto, dejaba claro, al menos sobre el papel, que prevalecía el derecho a la salud de los no fumadores sobre los fumadores. La Unión Europea marcó a partir de entonces la agenda contra el tabaquismo y, fruto de su orientación, en 1988 se aprobó en España la ley general de publicidad: la lucha antitabaco fue subiendo peldaños en la agenda institucional, que culminaría en 2002, con Ana Pastor (PP) al frente del Ministerio, encargada de aprobar el primer Plan Nacional de Prevención del Tabaquismo. Los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero cerraron el ciclo con una profunda reforma del marco legislativo en dos etapas: la ley de Elena Salgado de 2005, que prohibía fumar en el trabajo y lo limitaba en la hostelería, y la ley de Trinidad Jiménez de 2010, que homologó a España definitivamente a los países europeos con claras limitaciones en los espacios públicos y la restauración. Fumar quedó restringido prácticamente al ámbito privado.

LA DROGA DEL SIGLO XX

Cuando un paciente llega a la consulta del eminente neumólogo Ferran Morell, este le entrega una hoja en blanco con apenas 20 líneas escritas a máquina que detallan las penalidades que acarrea ser fumador: «Cada cigarrillo fumado acorta en 5,5 minutos la vida del fumador». Morell, como tantos especialistas acostumbrados a combatir los efectos de la nicotina —al menos el 85 % de los cánceres de pulmón son atribuibles al tabaco—, es consciente de que por muchas cifras que se den sobre la sigilosa enfermedad, el fumador siempre piensa que a él no le tocará, que los infartos, tumores o aneurismas son para los demás. El autoengaño es típico de los drogadictos. La mayoría de las personas que se enganchan al tabaco lo hacen en su etapa adolescente, arropados por familia y amigos, influidos por una sibilina publicidad y a una edad en la que se ansía la aceptación social. Por todo ello y desde hace muchos años, Morell prefiere ofrecer por escrito la cruda realidad. Da más tiempo para reflexionar, sobre todo cuando cuesta respirar.

La que es sin duda la droga del siglo XX tuvo su eclosión en España con la Guerra Civil, cuando fumaba el 90 % de los combatientes. Por aquel entonces, las máquinas de las tabacaleras ya elaboraban 3.500 cigarrillos por hora, lo que influyó sobre todo en abaratar el producto y facilitar su consumo a gran escala. En la actualidad y pese a la fiscalidad que incorpora, el precio del tabaco es muy similar al que tenía en los años sesenta si tenemos en cuenta el poder adquisitivo de los españoles. El cénit del consumo se alcanzó en 1980, cuando fumaba el 68 % de los españoles de entre 21 y 30 años.¹ El incremento de mujeres fumadoras era de un 1 % anual. Entre 1978 y 1992, el número de muertes ascendió a un total de 621.678 personas y esto solo si tenemos en cuenta los fallecimientos vinculados a cáncer de pulmón, EPOC, cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular. Eran cerca de 60.000 fallecimientos prematuros anuales, el 14 % de la morbilidad en España. Se puede hablar de un millón de muertos en treinta años de democracia española, según los expertos, y es que en España el tabaco mata más que la suma de los fallecimientos por el sida, las drogas, los accidentes de tráfico, los suicidios y los asesinatos juntos. En este contexto, la OMS dictaminó en 1988 que fumar crea adicción y declaró una guerra abierta a la industria causante de la pandemia que por aquel entonces seguía negando que fumar provocara cáncer y diversas enfermedades graves, pese a saberlo desde hacía décadas.

UN HÁBITO MUY CARO

El Banco Mundial, una entidad que suele estar más preocupada por la economía que por la salud pública, emitió un informe devastador en 1999 dirigido por George A. O. Alleyne. Este estudio cifraba en al menos 500 millones las personas muertas por la adicción a los cigarrillos y auguraba que la nicotina será la principal causa de muerte en todo el mundo en 2030, fecha a partir de la cual el número de bajas anuales será de 10 millones de fumadores, principalmente en la parte del planeta menos desarrollada. Este desolador panorama tiene consecuencias también económicas, sobre todo cuando más de mil millones de seres humanos siguen inhalando humo cada día y se prevé que sean 1.600 millones en 2025. El Banco Mundial lanzó un órdago a nivel internacional: «La amenaza que el tabaquismo supone para la salud mundial no tiene precedentes, pero lo mismo se puede decir del potencial que tienen las políticas de elevada relación costo-efectividad para reducir la mortalidad relacionada con el tabaco». El Banco Mundial recomendó a todos los Estados incrementar impuestos (subir el precio un 10 % reduce la demanda un 4 % y sube los ingresos fiscales hasta un 7 %), prohibir la publicidad y la promoción de marcas, así como restringir el consumo en espacios públicos (puede rebajar un 7 % el consumo), reorientar las ayudas al cultivo del tabaco y ofrecer a los ciudadanos tratamientos de deshabituación. Dio argumentos frente a unos poderes económicos y políticos que temían pérdidas de puestos de trabajo, de ingresos fiscales y un aumento del contrabando. Porque lo que no se gasta en cigarrillos se gasta en otros bienes y servicios y genera, por tanto, otros puestos de trabajo. Es economía elemental.

La ecuación es básica: los costes de atención a los fumadores son mayores que a los no fumadores, aunque los primeros mueran antes. La mitad de los fumadores crónicos perderán la vida a causa del tabaco y la mitad de estos perderán antes entre 20 y 25 años de su etapa productiva. De entrada, hay que señalar que el tabaco se ceba más en las capas pobres de la sociedad y que no es lo mismo analizar este coste en un país desarrollado que en uno en el que ni tan siquiera existe un plan público de pensiones. La horquilla que ofrece el Banco Mundial es que entre los países de ingresos económicos altos la atención a la salud relacionada con el tabaco representa entre el 6 % y el 15 % del total de los gastos sanitarios. Según estos cálculos, los economistas de la salud cifraron en 2010 la sangría para el sistema sanitario español en 7.695 millones de euros. A esto habría que añadir las pérdidas en productividad derivadas de la enfermedad, costes laborales por las bajas reiteradas, los gastos sociales derivados de una menor calidad de vida, los daños realizados a los fumadores pasivos, los costes perdidos en inversiones públicas en los fallecidos (educación, ayudas en vivienda), etcétera. ¿Y la propia vida? ¿Cuánto vale vivir 10, 15, 20 años menos? El economista Guillem López Casasnovas tiene claro que los expertos que aseguran que los fumadores no suponen un coste neto para el Estado lo hacen de acuerdo con un ejercicio desaprensivo ya que consideran beneficios de los fumadores los ahorros derivados de su muerte prematura, porque no cobrarán las pensiones cotizadas. Se hace una evaluación económica que considera la muerte como un beneficio social.

LA OMS SE ALÍA CON LA CASA REAL

La preocupación por el alto consumo de nicotina en los países mediterráneos llevó a la OMS a escoger España como sede de la I Conferencia Europea sobre Tabaco y Salud. Con el ministro Julián García Vargas de anfitrión, Madrid alumbró la Carta contra el Tabaco, un primer plan de actuación para una Europa sin tabaco basada en un decálogo de iniciativas, entre las que destacaba una que jamás prosperó: dedicar un céntimo de cada cajetilla a las campañas de prevención. Una de las aportaciones de esta conferencia fue que sirvió de espoleta para que la Casa Real española diese el primer paso a favor de la protección de los no fumadores. La reina doña Sofía protagonizó la inauguración y apeló a los fumadores a que respetasen los derechos de los que no tenían el hábito, un gesto que fue muy bien valorado por la OMS ante la amenaza sanitaria que se cernía sobre España o el propio país de origen de la reina, Grecia, el Estado europeo que siempre ha destacado por ser el más fumador del Viejo Continente. La familia real nunca fue muy fumadora y desde el principio tuvo claro que no debía hacerlo en público para dar ejemplo. Doña Sofía, por ejemplo, solo fuma un cigarrillo al día, después de comer y siempre en privado. El rey Juan Carlos fue un gran fumador de joven y con la edad pasó a serlo de puros, un hábito que dejó tras su operación de pulmón. Por el contrario, su sucesor en la Corona, Felipe VI, desdeñó desde siempre el tabaco. El ministro Ernest Lluch convenció en 1984 a Felipe González para vetar el tabaco en los Consejos de Ministros, aunque algunos responsables políticos se mordían las uñas para cumplir la norma, como el ministro de Interior entre 1988 y 1993, José Luis Corcuera. Moncloa solo permitía los pitillos una vez acabada la sesión, una costumbre de la que nadie se quejó, aunque sí que se hicieron algunas bromas entre los más enganchados a la nicotina. Felipe González, fumador de cigarrillos primero y de puros después, evitó consumir el tabaco en público desde que así se lo aconsejó el malogrado Ernest Lluch, asesinado por ETA años más tarde.

La conferencia de la OMS celebrada en Madrid ejemplificó el papel activo del Gobierno del PSOE en aras de modernizar el país tras entrar en la Comunidad Económica Europea, en este caso en el terreno de la prevención del cáncer. El gran artífice de la cumbre antitabaco fue el ministro de Sanidad, Julián García Vargas, cuya labor contra el tabaquismo ha sido muy poco reconocida entre otros motivos porque, tras su paso posterior por el Ministerio de Defensa, acabó trabajando en el campo de la industria armamentística y de la aeronáutica, desvinculándose así del sector sanitario. Pero este inspector fiscal de carrera llegó a sorprender en Bruselas por su determinación al mantener un duro pulso con el Gobierno de Margaret Thatcher durante la primera presidencia española de la UE, cuando impulsó de golpe dos directivas que suscitaron el rechazo de la poderosa industria tabaquera: la limitación a 12 miligramos de alquitrán en los cigarrillos y la normativa sobre advertencias sanitarias en las cajetillas. García Vargas viajó para recabar apoyos a las principales capitales europeas, Londres, París, Bonn —por entonces la capital de la República Federal de Alemania—, Roma, en una misión en la que tuvo presiones hasta el último momento. El influyente secretario general del Consejo Europeo, el italiano Lamberto Dini, llegó a decirle antes de someter a votación la directiva sobre advertencias sanitarias: «¿Está usted seguro de que quiere seguir adelante? ¿Realmente tiene mayoría?»; el ministro García Vargas contestó con un seco «¡Cállese!».

Las directivas salieron adelante con el visto bueno del presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y gracias al apoyo entusiasta de los países nórdicos y la concienciación generalizada del tremendo problema del cáncer, salvo en el caso del Gobierno de la Dama de Hierro —Thatcher posteriormente fue asesora de lujo de Philip Morris—, ya que los británicos pusieron todos los inconvenientes que pudieron alegando que la UE se inmiscuía en políticas de ámbito nacional. El Gobierno español interpretó que Londres trabajaba más pensando en los intereses económicos de una industria muy arraigada en Inglaterra, pese a que su entonces ministro de Sanidad, Kenneth Clark, tenía claras las razones sanitarias pues se las hacía llegar la comunidad científica de su propio país, pionera en Europa a la hora de advertir de la nocividad del tabaquismo. Alemania, sin embargo, apoyó a España gracias a su ministra Ursula Lehr, que supo hacer frente a las presiones de un país también tradicionalmente aliado a los intereses de la industria.

Pero las presiones de las tabaqueras no llegaban solo del Reino Unido. En España, el ministro García Vargas tuvo que lidiar con poderosos sectores como el de la hostelería, amigo fiel de la industria, y con determinada prensa que no dudó en atacarlo e incluso ridiculizarlo. A pocos días de inaugurar la cumbre de Madrid contra el tabaquismo, el ministro de Sanidad convocó una rueda de prensa e hizo suya de forma pública una recomendación de la OMS. Se dirigió a los periodistas y proclamó: «Digan que fumar no es moderno». Algunos periódicos no dudaron en burlarse del ministro, del que llegaron a publicar una foto de juventud con un purito en la mano bajo el titular «¡Al fin lo cazamos!». Algunos programas de radio se reían del ministro. La lucha contra el tabaco siempre ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación conservadores y no tan conservadores, que la han equiparado a la Ley seca y han relativizado su justificación bien por prejuicios o simplemente por la influencia de los anuncios de las marcas de cigarrillos. El contexto tampoco ayudaba pues en aquella época el Ministerio de Sanidad tenía otras prioridades; era el momento del auge del sida, la eclosión de la heroína y la cocaína, había tensión por las listas de espera en un sistema de salud que estaba en fase de asentamiento y que se enfrascaba en polémicos debates como el de la ley del aborto. La lucha contra el tabaquismo estaba en sus albores y, pese a los avances, la percepción seguía siendo que el tema no era importante y que al Estado solo debía preocuparle tener llenas las repisas de los estancos a través de Tabacalera.

Pero el equipo de García Vargas dejó huella pues, además de impulsar dos importantes directivas, se encargó de trasponer en España otras tres, una de ellas un hito en la lucha contra el tabaco: la prohibición de la publicidad en televisión a través de la ley general de publicidad de 1988. Además del apoyo brindado en Europa por el ministro de Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, y del vicepresidente de la Comisión Europea, Manuel Marín, en el equipo de García Vargas destacaron el subsecretario José Luis Fernández Noriega, el secretario general de Consumo César Braña, el jefe de gabinete Rodríguez Agulló y el asesor Ignacio de Diego, que recopiló e informatizó todos los artículos científicos que iban arrojando luz sobre el daño de la nicotina en la salud de las personas. También tuvo un papel importante el enlace con Felipe González, el director del Gabinete, Roberto Dorado Zamorano. Pero lo que resultó capital fue la implicación de la comunidad científica y médica española, muy especialmente de la Sociedad Española de Neumología. En aquella época, el PP no fue especialmente beligerante con el Gobierno, aunque sus dirigentes mantenían la típica reacción escéptica que cae simpática entre muchos ciudadanos, por lo general poco sensibles a visualizar rendimientos a largo plazo en la salud pública.

Otro de los avances importantes del ministro fueron las campañas de deshabituación dirigidas a médicos y enfermeras, paradójicamente unos colectivos muy enganchados a la nicotina, con unas iniciativas que fueron clave para predicar con el ejemplo ante la ciudadanía y que tuvieron un rápido apoyo de la comunidad científica. García Vargas era muy puntilloso en estos temas y una vez entró en el Clínico de Madrid e hizo limpiar de cigarrillos una pequeña cornisa de la puerta sur del hospital, en donde médicos y pacientes apagaban sus colillas. Era una época difícil, consumía tabaco la mitad de la población y la industria pagaba importantes sumas de dinero por campañas de publicidad dirigidas a los jóvenes, a los menores de edad, a través de revistas, conciertos, moda o eventos deportivos. Pese a que a nivel personal García Vargas nunca fue antitabaco —acostumbraba a fumar puros en su despacho del Ministerio cuando se enfrascaba en el estudio de algún tema importante—, la industria tuvo la oportunidad de vengarse de él. Fue a través de su mujer, que por aquel entonces buscaba trabajo. Llegó al final de una serie de entrevistas para entrar en una importante fundación radicada en Madrid y, en el último suspiro, un representante de dicha institución le dijo que no podía darle el trabajo porque habían descubierto que era la esposa del ministro de Sanidad —ella tampoco lo había ocultado— y la fundación recibía importantes sumas de dinero de la industria del tabaco.

El BOE acababa de publicar el real decreto 182/1988 titulado «Tabaco. Limitaciones en su venta y uso para protección de la salud de la población». Declaraba el tabaco sustancia nociva para la persona y establecía que el derecho a la salud de los no fumadores prevalecía sobre el de los fumadores en cualquier lugar y circunstancia. El decreto no se quedó en una mera declaración de intenciones. Prohibió la venta a menores de 16 años y obligó por primera vez a la industria a poner en las cajetillas advertencias sanitarias con las leyendas «Fumar perjudica seriamente la salud», «Fumar provoca cáncer», «Fumar provoca enfermedades cardiovasculares» y «Fumar en el embarazo daña al futuro hijo». La nueva normativa intentó acotar a la baja los contenidos de alquitranes y nicotina, sobre todo ante la constatación del engaño que suponían las marcas light, tan nocivas como las normales y que la UE acabaría retirando del mercado por engañosas. Otro dato muy interesante: la administración sanitaria se reservaba el derecho a exigir a los fabricantes o importadores información sobre el contenido de aditivos u otras sustancias si existía la evidencia de riesgos adicionales para la salud. Jamás lo llevó a la práctica. Mientras, la industria seguía incorporando nuevos aditivos para incrementar la adicción a la nicotina. El decreto también prohibió la venta de tabaco en centros sanitarios y educativos y en transportes colectivos urbanos e interurbanos, y acotaba zona de fumadores en las últimas filas de los transportes con asiento garantizado.

Ese mismo año, 1988, el Gobierno del PSOE aprobó la ley general de publicidad, que prohibió a partir de entonces emitir anuncios de marcas de tabacos por medio de la televisión y poner publicidad en los lugares en donde estaba prohibido venderlo o consumirlo, tal como se exigía en las directivas europeas. El campo ya estaba marcado. Julián García Vargas dejó Sanidad para convertirse en ministro de Defensa y fue relevado por Julián García Valverde, que recibió entre otras herencias del prolífico mandato de su antecesor la presentación en 1991 del denominado Informe Abril, capitaneado por el exvicepresidente español Fernando Abril Martorell, que había recibido a su vez el encargo de Felipe González de analizar el sistema nacional de salud para su reforma. Abril Martorell era un fumador empedernido —acabó muriendo de un cáncer de pulmón—, pero en su informe tuvo claro que una de las mayores amenazas para la salud de los españoles era el consumo de cigarrillos. Y acertó.

GRO HARLEM BRUNDTLAND LLEGA A LA OMS

Con la crisis económica de 1992, la Unión Europa levantó el pie del acelerador de las regulaciones del tabaco. El caso más emblemático fue la difícil digestión de la directiva que pretendía prohibir la publicidad directa e indirecta de tabacos y sus actividades de patrocinio. Salió adelante en 1998 tras nueve años de penurias con los votos del PP en contra, y fue denunciada por la República Federal de Alemania ante la Corte Europea de Justicia, que la anuló en el año 2000 por contravenir algunos aspectos del mercado interno abierto. Tal como señalan los estudiosos de este emblemático caso —A. Bitton, M. Neuman y S. Glantz—, Alemania actuó bajo una gran presión del lobby de las tabaqueras, que logró implicar en su causa al canciller alemán, Helmut Kohl, y a otros dirigentes europeos, como el secretario de Estado británico Kenneth Clarke y el comisionado europeo Martin Bangemann. Alemania se convirtió en un aliado estable de la industria y lideró una minoría de bloqueo junto a Holanda, Dinamarca y el Reino Unido.

La posición alemana, jaleada por sus medios de comunicación —receptores de grandes sumas de dinero por parte de la industria a través de la publicidad—, no pasó inadvertida para muchos analistas, que alertaron de que las tabaqueras estaban financiando a los partidos CDU (conservadores) y SPD (socialdemócratas) a cambio de contraprestaciones en aras de un incremento de las ventas de cigarrillos. Un debate parecido se suscitó en el Reino Unido justo antes de la llegada al poder de Tony Blair, quien al entrar en Downing Street viró hacia una doctrina prorregulación y prohibió al Partido Laborista recibir dinero de las tabaqueras. Además, el acceso a la presidencia de la OMS en 1998 de la noruega Gro Harlem Brundtland, que a la postre sería la gran enemiga de las tabaqueras, produjo un punto de inflexión que entre otras cuestiones sirvió para crear el marco adecuado para que la maldita directiva europea, ya menos pretenciosa, saliese adelante en 2002. Entre sus primeras consecuencias se encuentran la eliminación del calendario internacional de Fórmula 1 del gran premio de Bélgica —al carecer del apoyo financiero de las marcas de cigarrillos tras eliminarse la publicidad directa o indirecta del tabaco— y de las actividades de patrocinio de, por ejemplo, los eventos deportivos.

Pese a las presiones de la industria y sus conexiones con los países más poderosos de Europa, las evidencias sobre los costes en la salud y la economía de los ciudadanos europeos permitió a los legisladores sacar adelante entre 1989 y 2001 media docena de directivas europeas que han sido claves en la lucha contra el tabaquismo, y que entre otras cuestiones han prohibido la publicidad del tabaco, han fomentado el etiquetado con advertencias sanitarias, han sacado del mercado tabacos de muy alto contenido en alquitrán o los engañosos light, han fijado impuestos mínimos en todos los países de la UE y han regulado los contenidos máximos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono. Ahora, bien entrado el siglo XXI, la lucha vendrá por el control de los aditivos de los cigarrillos, un terreno en el que la industria va muy por delante de los laboratorios públicos. La UE trabaja en una futura directiva de control de los aditivos del tabaco en la que colabora el laboratorio agroalimentario de la Junta de Andalucía, institución altamente comprometida en la lucha contra el tabaquismo y la única Administración europea que ha seguido las recomendaciones de la OMS de presentar un pleito a las multinacionales del tabaco para reclamar una compensación económica por el coste de su engaño. El laboratorio andaluz trabaja en el terreno del control del amoníaco, una sustancia que multiplica el efecto de la nicotina.

LOS PARTIDOS ESPAÑOLES TAMBIÉN TOMAN NICOTINA

El debate sobre la financiación de la industria tabaquera a las fuerzas políticas de Alemania o el Reino Unido jamás se ha producido en España, país que aún cuenta con una opaca ley de partidos que permite donaciones anónimas de empresas y particulares. El caso Bárcenas ha demostrado que grandes empresas se saltan la ley para dar dinero a un partido en cuya mano está la concesión de grandes contratos públicos y la elaboración de las leyes cuando está en el Gobierno y domina las cámaras legislativas. ¿Quién puede negar de forma taxativa que la industria del tabaco no ha financiado al PP? Oficialmente dicen que no es así, pero su argumentario en este terreno es casi idéntico al de las tabaqueras y al menos un alto directivo del sector del tabaco ha sido eurodiputado del PP. Y este no es un tema de un solo partido. Un informe del Tribunal de Cuentas, que trascendió a raíz de una investigación abierta contra Unió Democràtica de Catalunya (UDC) entre los años 2009 y 2013, demostró que Philip Morris España había donado dinero a la fundación del partido democristiano. Solo se certificaron 15.000 euros en 2013 pero hay que tener en cuenta tanto el período investigado, que era muy corto, como la opacidad que rodea siempre este tipo de información.²

En España, además, como ya se ha dicho, el tabaco computa dentro del Índice de Precios al Consumo (IPC), con lo que el Gobierno de turno presenta esta excusa para ser timorato a la hora de subir el precio de los cigarrillos, no solo por la impopularidad de la medida entre los fumadores —también votantes— sino por su efecto sobre la inflación. Ningún Gobierno se ha planteado sacar de este indicador, pese a las recomendaciones de la OMS, un producto que nada tiene de necesario y que compra cada vez menos gente. El tabaco computa en el IPC español, un índice que regula pensiones y salarios, igual que la leche o el pan, cuando es un producto que consume como máximo uno de cada cuatro españoles. ¿Por qué no poner la Coca-Cola, por ejemplo, dentro del IPC? Al fin y al cabo, incrementar un 10 % el precio final de la cajetilla aumentaría alrededor del 0,02 % el IPC, teniendo en cuenta que a diferencia del siglo XIX, cuando el tabaco representaba el 16 % de la recaudación fiscal, hoy en día contribuye en apenas un 1,3 %. En Francia hay desde hace años dos IPC, uno que incluye el tabaco y otro que no y que es el que utiliza el Gobierno galo para calcular las pensiones y los salarios de los funcionarios. Bélgica fue mucho más allá y en 1994 suprimió para el cálculo del IPC el tabaco, el alcohol, la gasolina y el gasóleo. España es además uno de los países europeos con el tabaco más barato, tanto es así que en el aeropuerto de Girona la compañía Ryanair fleta cada semana vuelos cargados con toneladas de cajetillas para ser vendidas en el Reino Unido. Los franceses fumadores también hacen acopio de cigarrillos cada vez que cruzan los Pirineos y compran en estancos fronterizos de Cataluña, Navarra, Aragón o el País Vasco. Los expertos aseguran que, para homologarnos a Europa, el Gobierno debería subir al menos un 36 % de forma lineal el precio de todos los productos tabáquicos.

Al margen de que todas las fuerzas políticas españolas están de acuerdo en la lucha contra el contrabando y la prohibición de fumar en el lugar de trabajo, existen diferencias entre ellas respecto a su actitud ante el tabaco, hasta tal punto que este es un tema que genera confusión dentro de las propias filas políticas. El PP maneja un argumentario muy cercano al de la industria y cuenta con dirigentes que van y vienen entre las cámaras legislativas y las empresas tabaqueras, en una posición que da que pensar sobre si se defienden los intereses de los españoles o los de las multinacionales. Los populares son sin duda los grandes aliados de la industria y su posición se resume en no tomar apenas iniciativas y agotar al máximo los plazos impuestos por la UE para trasponer las directivas prorregulación acordadas muchas veces en contra de su opinión. Por su parte, el PSOE ha protagonizado las grandes reformas legislativas, la liderada por Elena Salgado en 2005, que prohibió fumar en el trabajo, y la ley de 2010, que bajo la batuta de Trinidad Jiménez puso a España a nivel europeo y sacó definitivamente el humo de la hostelería y la restauración. No obstante, en todo este proceso hay claroscuros debido a la presión de la industria, la hostelería, los distribuidores, los agricultores e incluso almacenes comerciales como El Corte Inglés, que cuenta con estancos y un enorme poder económico y capacidad de presión. Respecto al resto de las fuerzas políticas tradicionales, IU-ICV es la más contundente a favor de la regulación y la prevención, mientras que los nacionalistas catalanes basculan entre ser activos a favor de la regulación y mostrar en ocasiones una actitud pasiva parecida a la del PP, sobre todo en el caso de algunos dirigentes de UDC. Podemos y Ciudadanos son un misterio y no tienen este detalle programático.

Es en el Parlamento Europeo en donde se ha podido apreciar con claridad la actitud de los políticos españoles, sobre todo gracias a las actas de las votaciones nominales. Hay dos ejemplos importantes que desnudan a los partidos y a sus dirigentes. El primero fue en 1998 con una enmienda en contra de la propuesta de directiva sobre la regulación de la publicidad y el patrocinio del tabaco, una importante iniciativa que acabaría con la publicidad directa e indirecta del tabaco a partir de 2002 y del patrocinio a partir de 2006. El otro ejemplo se conoce como la «enmienda Hautala», que propuso endurecer la directiva sobre patrocinio gracias a la iniciativa de la eurodiputada finlandesa Heidi Hautala presentada en 2002. En el primer caso, los 25 eurodiputados del PP votaron a favor de ablandar la normativa frente al resto de los partidos, que votaron en contra a excepción de uno de los tres diputados de CiU, que se abstuvo.³ En este caso, el Parlamento Europeo mantuvo la solidez de la directiva con un centenar de votos de diferencia. En ese momento hacía solo dos años que José María Aznar gobernaba España, la primera legislatura de su etapa como presidente, en la que puso al frente del Ministerio de Sanidad al conservador José Manuel Romay Beccaría, posteriormente presidente del Consejo de Estado. Romay Beccaría fue secretario general de Sanidad bajo el franquismo, entre otros cargos. El 4 de diciembre de 1997, tras más de doce horas de una crispada discusión en la reunión de consejo de ministros de Sanidad, Europa dio el visto bueno a la propuesta de directiva que prohibía la publicidad total del tabaco con el voto en contra de Alemania y Austria, y con la abstención de España y Dinamarca. España se desdijo de un preacuerdo previo que fue justificado posteriormente por el ministro Romay Beccaría con un genérico «razones políticas de fuerza mayor». En aquella reunión eran vitales los votos de España puesto que se necesitaban 62 de los 87 sufragios y la posición de España dejaba la votación con 57 votos. En aquella reunión, los ministros de salud pública de los quince se vieron abocados, por sorpresa, a discutir sobre los ingresos de la publicidad en la prensa, la supervivencia de la Fórmula 1 sin el patrocinio y el mantenimiento o no de la publicidad indirecta, todo un listado de temas que nada tenía que ver con las funciones de los mandatarios reunidos en Bruselas, asuntos además que ya habían sido largamente analizados desde que en 1989 se iniciaron los debates sobre la directiva en cuestión.

Pero dos países habían cambiado de posición: el Reino Unido del laborista Tony Blair abandonó la estrategia Thatcher y se alineó a favor de la regulación, y el Reino de España, cuyo Gobierno quiso marcar distancias con el felipismo. Blair dio su apoyo definitivo tras lograr una moratoria del patrocinio de la Fórmula 1 hasta 2006 para gloria del todopoderoso Bernie Ecclestone. Aznar tenía otras preocupaciones en una etapa en la que impulsó la operación de privatizaciones más importante de España, lo que incluía Tabacalera. Desde las asociaciones europeas contra el cáncer se alertó de que el interés de España, presionada por los lobbies tabaqueros, por sacar una buena tajada por Tabacalera podía truncar su tradicional posición a favor de la regulación. La Liga Europea contra el Cáncer llegó a hablar de presiones directas de Philip Morris a la cúpula del Gobierno del PP. España se acabaría absteniendo en la propuesta de una directiva a la que luego votarían en contra los eurodiputados del PP. El Gobierno de Aznar se mostró duro en contra de la reducción a las subvenciones del cultivo del tabaco en España y el ministro Romay Beccaría se opuso siempre a subir los impuestos de las cajetillas como medio para combatir el tabaquismo, en contra de la opinión internacional en materia de salud pública.

A Romay Beccaría lo sustituyó en el año 2000 Celia Villalobos, protagonista de la descentralización definitiva del sistema sanitario español, pero también de una desafortunada actitud ante los medios de comunicación. Una perla de la señora: «Fumar es una opción libre y uno puede dejar de fumar cuando quiera, sin tratamientos». La comunidad médica tiene claro que muchos adictos a la nicotina necesitan tratamientos y el debate es precisamente si estos deben ser sufragados por la Administración. Una segunda perla: «El tabaco es un problema cultural que mediante políticas preventivas, campañas e información deben llevar a un cambio cultural, sobre todo entre los más jóvenes». Seguramente de Villalobos pasarán a la historia otras frases más ocurrentes de la que fue máxima responsable de la salud de los españoles, como aquella en la que recomendaba a las amas de casa no utilizar hueso de vaca sino de cerdo para hacer caldo durante los primeros episodios del «mal de las vacas locas». Lo cierto es que sus dos años en el Ministerio no supusieron un avance para frenar el tabaquismo, aunque sirvieron para poner los cimientos para que su sucesora en el cargo, Ana Pastor, pudiese aprobar en 2003 el primer Plan de Prevención y Control del Tabaquismo 2003-2007, consensuado con las Comunidades Autónomas y los actores proprevención.

Villalobos tuvo buenas intenciones, como por ejemplo acelerar la trasposición de la directiva europea sobre productos del tabaco, pero fue frenada públicamente por el senador Tirado Ochoa, de su propio partido, quien desautorizó a la ministra al decir que la normativa se aplicaría agotando los plazos, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2002. También fue desautorizada por su partido cuando dijo que en las advertencias sanitarias en las cajetillas sería dura y pondría la frase «Fumar mata», que además, explicó, era «cortito» y cabía en los paquetes de cigarrillos. Nuevamente el PP, con el consentimiento de Aznar, la enmendó en las Cortes y el aviso sanitario quedó más que aguado: «Fumar puede matar». Villalobos quiso que Hacienda acometiese una rápida armonización fiscal del tabaco español con el resto del de la Unión Europea, por lo que debía incrementarse el precio de las cajetillas. Pero con el ánimo de no incrementar el IPC, el Gobierno apuró todos los plazos que permitía la Unión Europea, que marcaba por entonces como fecha tope el 2008. El aliento de las tabaqueras estaba muy presente en las altas esferas del Gobierno.

LA LEY SALGADO

La privatización de Tabacalera permitió a la sucesora de Villalobos, Ana Pastor —por fin una licenciada en Medicina al frente de Sanidad—, apoyar las directivas europeas contra el tabaquismo con más entusiasmo. El fin de la etapa Aznar tras la calamitosa gestión de los hechos del 11-M supuso un brusco cambio en el Gobierno de España que llevó a los socialistas al poder de una forma inesperada. José Luis Rodríguez Zapatero puso al frente del Ministerio de Sanidad a una gestora, Elena Salgado, que abrió el camino para erradicar el humo de la vida laboral de los españoles. Lo anunció formalmente el 2 de noviembre de 2004 en la sede de la Organización Médica Colegial, en un acto en el que se declaraba este edificio libre de humos cuando todavía no lo era ni el del Ministerio de Sanidad. «No fumo ni he fumado nunca», reveló la ministra en un momento en el que un tercio de la población española fumaba y morían en España 56.000 personas al año por enfermedades tabáquicas, seguía aumentando la tasa de mujeres fumadoras —en la última década habían crecido un 20 % los cánceres de pulmón entre las mujeres— y la edad de iniciación a los cigarrillos se resistía a subir de los 13 años. Salgado tomó la determinación de sacar adelante la ley durante un consejo de ministros europeo en Luxemburgo, en el que se analizaron los últimos documentos sobre tabaquismo de la OMS.

El anteproyecto de ley se presentó en diciembre de 2004 y, aunque no estaba articulado, fue la prueba palpable de que el Estado quería un punto de inflexión en la lucha contra el tabaquismo en España, muy retrasada en comparación con el resto de los países europeos. Zapatero dio luz verde a la iniciativa de Salgado, quien hizo ver al presidente que había un gran vacío en materia de prevención y salud pública en un ministerio cuya gestión estaba descentralizada en favor de las Comunidades Autónomas. Zapatero estuvo de acuerdo desde el principio, aunque recomendó a Salgado que hiciese un gran esfuerzo por dialogar y convencer a los partidos, sabedor de que una parte importante de los diputados fumaban y de que este era un tema polémico en el que acostumbran a salir cuestiones personales. También le comentó que tuviera en cuenta que había una comunidad, Extremadura, gobernada por el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, especialmente sensible con estas cuestiones por ser productora de tabaco. Salgado le hizo caso, pero no pudo evitar el rechazo de algunos ciudadanos. En uno de sus viajes privados a Extremadura, que Salgado frecuentaba para hacer excursiones y caminatas, un grupo de personas la acosó con ramas de tabaco en la mano en protesta por su política restrictiva hacia el consumo, y la ministra tuvo que regresar a Madrid.

Lo cierto es que la iniciativa de Salgado no tuvo una acogida entusiasta en el PP, pero tampoco en amplios sectores del PSOE. Muchos diputados de ambos partidos coincidían en argumentar en privado a la ministra que no sería positivo poner prohibiciones a las libertades de los ciudadanos, que habría consecuencias económicas tanto en la recaudación de impuestos como con la pérdida de puestos de trabajo, que lo que había que hacer era educar y concienciar... Pero la ministra fue inflexible y les recordó que ni tan siquiera las ordenanzas que prohibían fumar ante una mujer embarazada se estaban cumpliendo debido a que el nivel normativo en España estaba a un nivel extraordinariamente bajo. Hubo algún líder autonómico que se dirigió directamente a la ministra para criticarle su propuesta, como fue el caso del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien vio cómo sus aliados socialistas le obligaban a fumarse los puros en el balcón de la sede gubernamental.

Entre las filas socialistas destacó la oposición de Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid y en aquel momento diputado en el Congreso. Baste con recordar una columna suya en el diario El País titulada «Fumadores, gordos y otros proscritos», en la que se quejaba de que a los fumadores se los había colocado en la posición de leprosos y auguraba que luego les pasaría lo mismo a los gordos, razón por la cual los políticos españoles en ascenso solo podían ser delgados, entre los que citó a Elena Salgado. Cuando Salgado anunció sus intenciones en la Organización Médica Colegial, Leguina, que teóricamente debía dar apoyo a las propuestas de su Gobierno, puso incluso en duda las estimaciones médicas de las muertes atribuibles al tabaco y el coste económico que genera el tabaquismo.

La determinación de Salgado y la voluntad modernizadora de Zapatero se abrieron paso. La ministra compareció en el Senado el 19 de abril de 2005, justo un año después de la llegada de Zapatero a la Moncloa, con una intervención calificada por muchos como la más importante en defensa de la salud pública de las últimas décadas en España. Los objetivos principales de la ley Salgado fueron erradicar el tabaco de los centros de trabajo, elevar la edad de prohibición de venta de los 16 a los 18 años y proteger a la población no fumadora acotando los espacios para el consumo de nicotina. Como todo proyecto de ley, pasó por trámite de audiencia, para recibir así las alegaciones del sector sanitario y de la industria, fue discutido con las autonomías en el Consejo Interterritorial de Salud, y el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado analizaron su viabilidad con sendos dictámenes antes de que las Cortes diesen luz verde para su aprobación en junio de 2005. Todo este proceso no fue fácil pese a la determinación de la ministra de lograr un giro radical en la lucha contra el tabaquismo, lo que sin duda logró aunque acabase reculando en algunos aspectos ante la presión de la poderosa industria tabaquera. La ley Salgado abrió un amplio debate público en España, pues el tabaco es uno de aquellos temas, como el fútbol o los toros, que genera grandes polémicas ciudadanas y ocupa a tertulianos y opinadores de los medios de comunicación. Por fortuna, las enormes presiones externas no hicieron mella en una ministra que tuvo en todo momento el apoyo incondicional de la clase médica, de la Organización Médica Colegial y del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo.

Salgado planteó la cuestión en una reunión del Consejo de Ministros y, al contrario de lo que puede esperar una ministra de Sanidad, contó con todo el apoyo de su homólogo de Economía, el vicepresidente Pedro Solbes, quien le comentó que él tenía muy claro que estudios rigurosos certificaban que, pese a que el Estado recibe una gran cantidad de dinero de la fiscalidad del tabaco, la Administración gasta mucho más por los costes de la atención médica que provoca la nicotina. Seguramente la situación económica española de ese momento favoreció la situación puesto que gracias a la actividad económica y la entrada de ingresos, el Estado acababa de cerrar su primer ejercicio con superávit. Tampoco el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, puso objeción alguna a Salgado, aunque se lavó las manos y le dijo que debía ser ella quien hablase con los sindicatos. Y así lo hizo. La ministra se reunió con los máximos dirigentes sindicales, Cándido Méndez (UGT) y José María Fidalgo (CC.OO.), y para su sorpresa, ambos se opusieron radicalmente a la iniciativa de prohibir fumar en el trabajo, lo que supuso iniciar una complicada negociación que dio muchos quebraderos de cabeza a la ministra. Los secretarios generales de UGT y CC.OO. temían que, si se prohibía fumar en las empresas, se produjesen problemas serios, que los fumadores rompiesen la convivencia por los nervios derivados de la adicción, y veían complicaciones en muchos centros si se tenía que salir fuera de la empresa para fumar; había temor a las sanciones si alguien contravenía la ley, etcétera. Así que los líderes sindicales intentaron que se creasen recintos especiales en las empresas para fumadores, algo que Salgado vetó para no descafeinar la ley y asegurar su aplicación. El tiempo demostró que los sindicatos estaban equivocados, ya que los españoles cumplieron desde el primer día la normativa sin alterar el orden en las empresas. Solo pasará a la historia la pequeña rebeldía de un importante empresario barcelonés, José Manuel Lara, que, según se dice, declaró su despacho como residencia privada para poder seguir fumando sin contravenir la ley.

LA INDUSTRIA Y SUS ALIADOS

Las comparecencias en la comisión de Sanidad del Congreso en el proceso de aprobación de la ley Salgado sirvieron para dejar en evidencia la pugna entre los que defendían su mero interés económico y los que intentaban mejorar la salud de los españoles. Los primeros en comparecer en la comisión del Congreso fueron los actores pro-tabaco y los principales motivos de discusión fueron las limitaciones para fumar en la hostelería y los puntos de venta autorizados. La intención de Salgado era erradicar totalmente el humo de bares y restaurantes, pero presiones directas e indirectas de la industria la convencieron de una fórmula intermedia en aras del consenso: separar espacios de fumadores y no fumadores en los locales de más de 100 metros cuadrados y dejar a la elección del propietario de los establecimientos pequeños si se dejaba o no consumir nicotina. La industria logró en este apartado descafeinar en parte una norma que, como era de esperar, se acabó corrigiendo en 2010 con la revisión que impulsó Trinidad Jiménez, que logró finalmente la prohibición total del tabaco en la hostelería y la restauración. Salgado era consciente de que la delimitación de espacios entre fumadores y no fumadores en bares y restaurantes sería un fracaso. Años más tarde pudo ver cómo la industria tabaquera puso como ejemplo el «modelo español» en otros países en los que se pretendía la prohibición total, y Philip Morris incluso defendió al Gobierno español por su respeto a la libertad de elección.

Lo cierto es que Salgado recibió muchas presiones del sector de la hostelería y la restauración, que tras conseguir convencer a la ministra de que no hubiese una prohibición total en sus establecimientos buscó además recibir subvenciones para financiar la separación de espacios, lo que no consiguió. En cuanto se aplicó la ley, aprobada finalmente por unanimidad en el Congreso, se vio que no fue una buena solución puesto que los establecimientos de menos de 100 metros cuadrados se convirtieron en auténticos fumaderos y muchos de los más grandes no aplicaban correctamente la separación de espacios, pese al esfuerzo y la comprensión de importantes cadenas como VIPS. Salgado sabía que con los años se acabaría prohibiendo fumar en la restauración, una vez asumido el cambio cultural que ya suponía dejar de fumar en el trabajo. Los empleados de las peluquerías fueron de los que más agradecieron una medida que impedía a las señoras, cada vez más adictas, fumar entre rulos. Salgado pensó que con los años caería por su propio peso la necesidad de proteger también al millón de empleados de la restauración, como así fue a partir de 2011. La ministra tenía tan claro que la prohibición debía ser total que así se lo recomendó en 2006 al entonces ministro francés de Sanidad, Xavier Bertrand, quien siguió su consejo superando la regulación española, como hicieron países como Italia o Reino Unido. El decreto antitabaco de Francia descartó las zonas de fumadores en los lugares públicos, y en los locales de restauración que las tuvieron se prohibió la entrada de los camareros.

Logrado el objetivo de descafeinar de entrada el proyecto de ley, el presidente de la Asociación Española del Tabaco (AET), José Manuel Barreiros, un hombre de aspecto impoluto, de trajes cruzados y gestos educados, se presentó en el Congreso para defender con gran dureza sus objetivos. En la sede central de la patronal del tabaco en Madrid hay una suerte de frontispicio en su entrada que reza «Smoking Area», toda una declaración de intenciones en un lugar en el que está prohibido fumar por ser un centro de trabajo. También lo está, como en tantos edificios públicos y áreas de trabajo, en el Congreso, pero muchos de los diputados incumplen la ley. Los legisladores de todas las formaciones políticas, pero especialmente del PP, no cumplen sus propias normativas y todo el mundo lo sabe.

Al Congreso, en el que en pocos meses ya no se podría fumar, acudió Barreiros, que dejó constancia de que la industria es consciente de que fumar comporta «riesgos para la salud», es decir, que hay quien fuma y no enferma. Además de relativizar el incontestable poder destructivo de la adicción, Barreiros mintió: «La industria del tabaco, señorías, no quiere que los menores fumen». Luego llegaron las amenazas del poderoso lobby tras mostrar su rechazo al objetivo del Ministerio de vetar la venta allí donde se prohibía el consumo, una medida que puso en riesgo la supervivencia de algunos pequeños negocios, como los quioscos de prensa: «Si se elimina el 40 % de puntos de venta, ante la imposibilidad de cambiar hábitos sociales sino en años, nos encontraremos con la aparición de organizaciones clandestinas que satisfarán la demanda […] caerá la recaudación fiscal, se incrementarán las redes mafiosas, aparecerán falsificaciones, se venderá producto sin control sanitario, se incrementará la inseguridad ciudadana y repuntará el contrabando». Parecía que la industria ya tenía un plan B para dar salida a sus productos, habida cuenta de que muchos documentos internos de las multinacionales han demostrado que durante décadas incentivaron el contrabando, eludieron toda consideración a la salud y defraudaron a Hacienda.

Falto de toda autoridad moral, Barreiros fue apoyado en toda regla por el diputado del PP Miguel Ángel Martín Soledad, quien comparó la voluntad de Salgado de prohibir la venta de cigarrillos en espacios libres de humo con la limitación del consumo del alcohol en Estados Unidos durante la ley seca y la creación de una «industria paralela» en el mercado negro. «El tabaco sigue siendo legal a pesar del proyecto de ley», llegó a decir el diputado popular por Baleares. Un año más tarde y con la ley ya en vigor, Martín Soledad volvió a comparar el tabaco con el alcohol cuando defendía una modificación de la norma para permitir que en Baleares, gobernada por su partido, se permitiese vender tabaco en los comercios turísticos, para lo que pedía una excepción parecida a la de Canarias, territorio también insular pero en el que a diferencia de Baleares, no existen los estancos. Este diputado, psiquiatra de profesión, no tuvo reparos en criticar la nueva ley por «fundamentalista».

El 13 de junio de 2005 comparecieron en el Congreso los fieles aliados de la industria tabaquera: la Federación Española de Hostelería (FEHR), la Unión de Asociaciones de Estanqueros, la Federación Nacional de Empresas de Publicidad y el Comisionado para el Mercado de Tabacos, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que, como tantos otros organismos reguladores, trabaja más en defensa del interés del sector que del bien general. En España había en ese momento 240.000 bares, 66.000 restaurantes, 14.000 cafeterías y 23.000 hoteles que daban empleo a un millón de personas, con una facturación de 82.000 millones de euros, un sector que representaba nada menos que el 7 % del PIB. Compareció el adjunto a la presidencia de la FEHR, José Luis Guerra Sánchez, que puso el grito en el cielo por las pretensiones del Ministerio de Sanidad y advirtió que, según un «riguroso» estudio de la consultora KPMG, el sector perdería un 8 % de ventas y una facturación de 1.640 millones, lo que iba a suponer la pérdida de 23.000 empleos: «Recogemos la preocupación de nuestros clientes [...]. ¿Ustedes saben lo que va a significar esto socialmente en España?».

Cinco años más tarde, la facturación de la hostelería ascendió a los 120.000 millones de euros y el sector creó 300.000 puestos de trabajo —100.000 en los dos primeros años de aplicación de la ley—, manteniéndose en el 7 % del PIB de la economía española. Esta tendencia se mantuvo en aquellos países que aprobaron medidas similares, como Italia, Francia, Irlanda o Noruega. Las predicciones de las organizaciones de hostelería sobre el impacto de las prohibiciones de fumar se han demostrado fallidas en todos los países en que han entrado en vigor leyes de locales libres de humo. Sin embargo, la diputada del PP María Mercedes Roldós Caballero, fiel a las tesis de su partido, llegó a pedir compensaciones económicas para un sector que en los últimos años sufre, como todos, los efectos de la dura crisis económica. Pese a estas evidencias, la FEHR sigue achacando muchos de sus problemas al tabaco y mantiene abierto en su web un apartado dedicado a la «ley antitabaco» y los males que les acarrea. Por cierto, su web ha estado patrocinada por Philip Morris.

El turno posterior fue del secretario general de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, Miguel Ángel Torinos González. Por sus manos pasaba en ese momento la venta de cerca de 5.000 millones de cajetillas anuales que comportaban 7.000 millones de euros de ingresos fiscales para el Estado. Evidentemente, la ley buscaba no solo proteger al fumador pasivo sino también reducir significativamente el consumo. De ahí la beligerancia de los estanqueros en contra de la nueva normativa, a la que llegó a comparar con la ley seca de los años treinta porque «prohíbe el tabaco». Torinos se atrevió a citar de forma torticera en sede parlamentaria a un catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma de Madrid, José Ramón Banegas, para afirmar: «El tabaco por sí mismo no causa ninguna enfermedad, es un factor de riesgo junto con otra serie de factores, que al final devienen en una enfermedad». No se cortó Torinos González, responsable de los cerca de 15.000 estancos que hay en España, que aseguró ante sus señorías: «No hay datos fiables para decir que el tabaco mata cada año 55.000 personas. Se puede decir que se supone que es la causa de ciertas enfermedades. Estoy de acuerdo. Yo estaría muy preocupado si fuese total y absolutamente cierto que 55.000 ciudadanos mueren en este país a causa del producto que yo estoy vendiendo porque yo tendría que estar en la cárcel, ya que indirectamente sería un asesino». En ese momento, los murmullos inundaron la sala de la comisión de unos diputados incrédulos ante los comentarios del representante de los estanqueros, que de forma algo más tímida matizó: «Puedo admitir que el tabaco enferma a 55.000 personas (cada año), pero no que mueran por el tabaco». No hubo respuesta de los diputados, no hacía falta.

Antes de irse, Torinos González solicitó que se retirara del proyecto de ley la prohibición de venta a los menores de 18 años y apeló al Estatuto de los Trabajadores para que en los estancos se pudiese trabajar a partir de los 16 años a pesar de que este prohíbe expresamente que los menores puedan trabajar en situaciones de insalubridad o con productos nocivos o peligrosos para la salud o la formación profesional y humana. La diputada de ERC Rosa Maria Bonàs Pahisa le dio la razón en este punto para que los hijos de los estanqueros pudiesen vender. Pero ahí no queda la cosa; los estanqueros fueron más lejos que la industria y reclamaron en el Congreso retirar la prohibición de fumar en los centros de trabajo «salvo acuerdo de los trabajadores y la empresa», y apelaron al «derecho constitucional de expresión» para evitar restricciones publicitarias y de promoción de los productos del tabaco. Más vendo, más gano. Las consecuencias no importan.

Llegó la hora a los publicitarios. Antonio Alonso Salterain, entonces director general de la Federación Nacional de Empresas de Publicidad (FNEP), defendió la teoría del «mercado maduro», un concepto muy utilizado por la industria para alegar que la publicidad no cumple una misión de extender el mercado sino que se limita conseguir cambios de marca. Como si cada año miles de jóvenes menores de edad no se incorporasen en el consumo de nicotina, nuevos consumidores que relevan a los que van muriendo. La realidad de sus preocupaciones reside en 52 millones de euros en juego con la prohibición de la publicidad y el patrocinio. La FNEP pronosticó en 2005 la desaparición de 2.500 puestos de trabajo, sobre todo de personas dedicadas a la publicidad exterior. Sin embargo, en los dos primeros años de aplicación de la ley (2006 y 2007), la inversión en publicidad convencional tuvo incrementos cercanos al 10 % y en la no convencional (patrocinios) la factura ascendió a varios centenares de millones de euros. Pero Alonso Salterain se comportó como un aliado fiel de la industria tabaquera, de la que recordó que vivían directa o indirectamente 450.000 personas en España y generaba una riqueza de 9.000 millones de euros anuales. «Quieren convertir el tabaco en clandestino», llegó a exclamar en la comisión del Congreso.

Alonso Salterain estuvo arropado por un ilustre publicitario, José Antonio Llorente, socio director de Llorente & Cuenca, muy cercano a la industria del tabaco. Llorente defendió también la teoría del mercado maduro o «inelástico», al que comparó con el mercado de las maquinillas de afeitar. Los hombres no se afeitan más, sino que cambian de marca de hojas de afeitar. Por supuesto no tuvo en consideración aquellos hombres que se afeitan con una máquina eléctrica y que pueden optar por cambiar a la hoja. Achacó los datos del incremento del consumo de cigarrillos a la absorción del contrabando por parte del mercado legal y al incesante aumento del turismo en España. Y negó taxativamente que la publicidad influyese en la decisión de comenzar a fumar: «La industria no dirige su publicidad a los menores». La reiteración de estos argumentos molestó a algunos diputados, como a la republicana Bonàs Pahisa, quien le hizo ver que «debe haber un aumento del consumo porque la gente se muere», y se preguntó por qué hay tanta resistencia de las marcas a dejar de patrocinar eventos deportivos muy seguidos entre los jóvenes, como la Fórmula 1 o las carreras de motos. «Son argumentos trampa», espetó al prestigioso publicitario. Al hilo de esta argumentación se enganchó la socialista Isabel Pozuelo Moño, quien recordó a Llorente que la reducción del consumo de cigarrillos se estaba registrando en adultos y no en adolescentes, pues la edad de iniciación seguía siendo los 13 años y crecía de forma preocupante el porcentaje de chicas.

Para redondear el reguero de dudas sobre la ley se presentó en el Congreso el presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT), un organismo autónomo del Gobierno adscrito al Ministerio de Hacienda y cuya función es regular el sector. Felipe Sivit, un hombre siempre opaco con la prensa, fue durante siete años el interlocutor de la industria tabaquera con el Gobierno. Alertó en la comisión de que con la nueva ley quedarían afectados 40.000 de los 240.000 puntos de venta con recargo, aunque hay que decir que, sabedor de la determinación del Gobierno Zapatero, en general mantuvo una postura neutral hacia el proyecto de ley y se limitó a dar las grandes cifras del tabaco.

La industria española estaba dominada en ese momento por Altadis (la suma en su día de Tabacalera y la francesa Seita, hoy en manos del grupo Imperial Tobacco), además de cuatro fabricantes canarios, ocho fabricantes de puros en Valencia y 22 importadores registrados, además de seis distribuidoras, aunque una de ellas, Logista, controla el 97 % del mercado español. Confirmó el incremento de ventas de los estancos fronterizos y zonas turísticas, algo que agradó a la diputada de ERC Rosa Maria Bonàs, que llegó a decir: «Hay que promocionar esta tendencia [...], que compren aquí y se vayan enfermos a sus países». Una curiosa e irónica manera de defender a los vendedores y comerciantes catalanes del tabaco que venden cerca de la frontera con Francia.

El CMT es el heredero de lo que antaño, hasta 1998, era la Delegación del Gobierno en Tabacalera. Se encarga del control del mercado del tabaco para garantizar la libre competencia y una de sus primeras funciones es la de ser concesionario de las expendedurías de tabaco y timbre, los cerca de 14.500 estancos que hay en España, así como de autorizar los puntos de venta con recargo, es decir, las máquinas automáticas de cajetillas que hay en quioscos y bares. Felipe Sivit recordó a sus señorías que el 72 % del coste de los cigarrillos es parte impositiva y que los expendedores se quedan con solo el 8,5 % del precio de venta. La facturación en ese año de cigarrillos, cigarros y picadura de liar ascendió a un total de 10.891 millones de euros, 800 millones más que en 2003. No obstante, Sivit se acogió a los datos de ese último año para asegurar que se había apreciado una ligera tendencia a la baja en el consumo, algo que no era cierto si se miran con detalle los datos del quinquenio 1999-2003: en 1999 se vendieron 4.293 millones de cajetillas de veinte unidades y en 2003 4.616 millones, con un crecimiento medio anual del 1,5 % y una recaudación récord que pasó de los 7.074 millones de euros a los 10.078. Solo las leyes contra el tabaquismo que entraron en vigor en 2006 y en 2011 han servido para reducir el consumo en España y sin reducir la recaudación, que se ha estabilizado en los últimos años. Un dato evidente: en 2006, el primer año de aplicación de la ley Salgado, la facturación de ventas alcanzó los 10.764 millones de euros, una cifra que ha ido progresando anualmente hasta llegar a los 12.184 millones de euros en 2012. La punta máxima del negocio del tabaco fue en 2010, con una facturación de 12.992 millones de euros, con lo que se puede decir que seguramente este mercado ya ha tocado techo en España. En paralelo, el número de cigarrillos vendidos sí que ha ido decreciendo de una forma significativa pues en 2006 en España se vendieron 4.504 millones de cajetillas, una cifra que salvo un leve repunte en 2008 ha ido menguando a marchas forzadas hasta llegar a casi la mitad: 2.671 millones de paquetes vendidos en 2012. Es verdad que el incremento de precios tiene que ver con la estabilidad de la facturación, pero también es cierto que se han producido cambios en los hábitos de consumo de los españoles. El primer año de la ley Salgado apenas se notó puesto que en 2006 se registró un récord en la venta de cajetillas de cigarrillos (4.504 millones), pero a partir de entonces muchos españoles se pasaron a los cigarros y a la picadura de liar, productos más baratos y de los que corre el infundado tópico de que son más sanos y naturales que los cigarrillos. En 2006, por ejemplo, en España se vendieron 1.035 millones de cigarros y 55 millones de bolsas y latas de picadura para liar cigarrillos. En 2012, el número de cigarros vendidos se duplicó con creces (2.223 millones de unidades), mientras que la picadura tuvo un crecimiento estratosférico y sin precedentes al llegar a los 88.181 millones de bolsas y latas vendidas en 2008, un efecto evidente del inicio de la crisis económica que llevó a muchos fumadores a refugiarse en las labores más baratas. No obstante, esta tendencia se ha corregido y en 2012 el número de paquetes de picadura vendidos se ha estabilizado en 6.519 millones. A pesar de esta tendencia, el 88 % del mercado de tabaco sigue perteneciendo a los cigarrillos industriales empaquetados en cajetillas de 20 unidades.

LA LUCHA ESPAÑOLA CONTRA EL TABAQUISMO

«Yo que ustedes no me creería absolutamente nada de lo que diga la industria tabaquera porque llevan años engañándonos a todos, a los políticos, a los médicos y, sobre todo, a los consumidores». Con estas palabras inició su intervención en el Congreso el presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), Rodrigo Córdoba, quien recordó una de las máximas de la industria tabaquera para contrarrestar muchas de las cosas dichas por sus acólitos en la sesión de la mañana: «La duda es nuestro producto».

El CNPT es una organización que aglutina a cerca de las 40 sociedades científicas más prestigiosas de España coordinadas en la lucha contra el tabaquismo. Es, en definitiva, la organización que agrupa al movimiento de prevención del tabaquismo en España. Nació el 15 de septiembre de 1995, tras la IX Conferencia sobre Tabaco celebrada en París, en un momento de gran efervescencia internacional en la lucha contra la nicotina a raíz de los cada vez más contundentes estudios científicos que alertaban de la peligrosidad del tabaco al tiempo que los medios de comunicación se hacían eco de que en Estados Unidos se desencadenaba una lucha judicial contra las grandes multinacionales, que ocultaban información ante la justicia para defender su negocio. Los avances en la lucha contra el tabaquismo no se entenderían en España sin este movimiento, liderado en sus orígenes por una quincena de médicos: Víctor López-García Aranda (cardiólogo sevillano que fue su primer presidente), José Ramón Banegas, Teresa Salvador Llivina, Alejandro Tejedor, Francisco Megías, Elisardo Becoña, Carlos Jiménez Ruiz, José Manuel González de Vega, Leopoldo Sánchez Agudo, Dolors Marín, Ramón Mendoza, Paloma Herrera, Ricardo Pérez Gerada, José Ángel Arranz, Joaquín González Quintana y Jerónimo Melchor García San Cornelio. Algunos de estos especialistas fundaron el comité a título individual, como expertos en tabaquismo, mientras que otros lo hicieron en representación de sociedades científicas de gran prestigio, las de Cardiología, Epidemiología, Medicina Familiar y Comunitaria, Enfermería Docente, Odontólogos y Estomatólogos, Toxicomanías, Oncología Médica, Neumología y Cirugía Torácica, Socidrogalcohol y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.

Rodrigo Córdoba recogió el testigo diez años más tarde y compareció en el Congreso como presidente del CNPT para aclarar las dudas que la industria y sus colegas habían extendido entre los diputados, muchos de los cuales no tenían las ideas claras sobre un asunto que tradicionalmente se había encasillado en la esfera privada y no como principal problema de la salud pública. Córdoba, médico zaragozano y un luchador incansable para erradicar el tabaquismo, fue desmontando muchos de los mitos que existen en torno al tabaco: en los países en que no se adoptan medidas de prevención y regulación, crece la mortalidad; hay al menos 69 productos cancerígenos en el tabaco; si se aumenta un 10 % el precio de los cigarrillos, se reduce un 4 % el consumo sin generar mercados alternativos; la prohibición de fumar en el trabajo permite respirar un aire no cancerígeno, reduce el absentismo laboral, aumenta la productividad media en un 3 %, hay menos accidentes laborales y, para dejar claras algunas patrañas de los acólitos de la industria, solo el 2 % de los fumadores cambia de marca de tabaco pese a los miles de millones de una publicidad que en realidad se dirige a los más jóvenes, especialmente a los de entre 14 y 18 años. En ese momento, el tabaco en España era un 15 % más barato que la media europea y en comparación con el incremento del poder adquisitivo de los españoles, los médicos recordaron a los políticos que el precio real del tabaco se había quedado prácticamente estancado en los últimos 40 años. Era el momento de actuar, había que frenar una adicción que mataba a más de 55.000 españoles al año a causa de 25 enfermedades derivadas del tabaco. Los médicos españoles apoyaron incondicionalmente el proyecto de ley de Elena Salgado y advirtieron a los políticos de que si dejaban huecos en asuntos como la publicidad, la ley fracasaría. Se limitaron a pedir que el Gobierno incrementase el precio del tabaco y que la ley se cumpliese a rajatabla, con inspecciones y sanciones.

Por aquellas fechas de la primavera de 2005, una importante empresa de estudios de mercado, Synovate, envió a Córdoba una carta en la que le invitaba a participar en un «programa de Responsabilidad Social Corporativa» de uno de sus clientes. «Permítame decirle que usted es un interlocutor clave para nosotros en este momento porque creemos que podría aportar importantes conceptos, opiniones y valoraciones», le escribió la directora de Estudios de Synovate, Ana Martín Hermosilla, en una misiva en la que le recordaba que su compañía cumple con un código deontológico y una estricta ética profesional que garantizaba la confidencialidad de la participación en sus estudios. Más aún, Synovate, siguiendo los criterios metodológicos de su empresa, advertía a Córdoba de que no era recomendable dar a conocer la identidad de su cliente. Al poco tiempo recibió una oferta proveniente de la agencia de comunicación y relaciones públicas Tinkle Consultants, que a su vez tenía un encargo de la multinacional Reckitt Benckiser, dedicada a la fabricación y comercialización de productos para el hogar y la higiene. Se trataba de elaborar un informe sobre «Infecciones en el hogar», una cuestión algo alejada de su línea de trabajo. El objetivo era presentar el informe en un acto público en Madrid y por todo ello querían pagarle 3.600 euros. Córdoba, sabedor de los tentáculos de estas grandes compañías, declinó la oferta porque intuyó que la industria tabaquera podía estar detrás y era un intento de aproximación. Tinkle trabaja para importantes compañías tabaqueras como Altadis, y algunos de sus directivos lo hicieron para Philip Morris cuando estaban en Burson-Marsteller.

Las sospechas sobre presuntos intentos de soborno se vieron reforzadas cuando, cinco años más tarde, la sucesora de Córdoba al frente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, María de los Ángeles Planchuelo, tuvo una oferta durante la tramitación de la ley de 2010. En este caso, el contacto fue más directo. British American Tobacco, la segunda tabaquera más importante del mundo, le propuso una entrevista de responsabilidad social con el sorprendente objetivo de «mejorar la reputación» de la multinacional tabaquera «y por extensión de todo el sector», es decir, que le pedían asesoramiento para ayudar nada menos que a uno de los principales comerciantes de cigarrillos del mundo. Fue a través de un correo electrónico que llegó a la cuenta corporativa del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, unas semanas antes de que su presidenta compareciese en el Congreso para defender los postulados de las cuarenta sociedades científicas más importantes del país en contra del tabaco y las devastadoras consecuencias que este negocio inflige en la salud de los españoles. El fabricante de Lucky Strike había encargado a una de las mejores consultoras a nivel mundial, Reputation Institute, un diagnóstico en profundidad para conocer el prestigio de la tabaquera, y la consultora había sugerido al director de Asuntos Corporativos de British American Tobacco, Juan José Marco Jurado, que había que entrevistar a Planchuelo por ser una persona «de especial importancia en el sector». El ejecutivo de British American Tobacco aseguró en su email que la entrevista quedaría en el anonimato y que sería analizada junto con otras que se iban a realizar en este proyecto. El CNPT debatió el asunto en un consejo de dirección y no tardó ni cinco minutos en rechazar de forma colegiada y tajante el ofrecimiento, puesto que los objetivos de una multinacional tabaquera y la organización antitabaquismo más importante de España distan mucho entre sí, son de hecho irreconciliables. Y eso British American Tobacco —que ocupa el cuarto lugar en cuota de mercado en España, con cerca del 12 % del sector, un negocio de 160 millones de euros anuales gracias a la venta de 7.000 millones de cigarrillos, básicamente de las marcas Lucky Strike y Pall Mall— ya debía saberlo. ¿Qué buscaba realmente la compañía con una entrevista anónima de una hora y media?

Cuando la aproximación, el cortejo o el soborno indirecto no tienen impacto en las personas que lideran la lucha contra el tabaquismo, la industria echa mano de la intimidación o la amenaza a través de sus aliados tradicionales. Una muestra: el director de la Iniciativa Libre de Tabaco de la OMS, Armando Peruga, puso en 2010 como ejemplo de la estrategia de proclamar pérdidas económicas con informes poco rigurosos uno realizado por aquel entonces por la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Tras sus declaraciones, ATA negó la manipulación y pidió una rectificación amenazando con exigir responsabilidades legales. Peruga no rectificó y ATA no dio ni un solo paso legal.

OBJETIVO: RECLUTAR A LOS NIÑOS

Rodrigo Córdoba, que apoyó activamente la ley Salgado, abrió en 2005 el camino en el Congreso a otros comparecientes prorregulación. Cedió el testigo a otros fundadores del CNPT y a reconocidos expertos en la lucha contra el tabaquismo, como el epidemiólogo barcelonés Joan Ramon Villalbí, que también asesoró al Ministerio de Salgado desde el principio de la elaboración de la ley. Villalbí fue muy duro en su intervención: «Este es un negocio, el negocio del tabaco, que se basa en reclutar niños que no tienen edad para decidir, que no saben lo que están haciendo y que empiezan a fumar de forma impulsiva y emocional, porque no saben que luego fumarán durante décadas; esa es la esencia del negocio del tabaco». Villalbí recordó los documentos desclasificados de las tabaqueras americanas que hablan de España y quiso subrayar que en nuestro país hubo una conspiración: «Roger Rabbit o los Muppets han cobrado por matar a través de la publicidad». La dureza de Villalbí no pasó desapercibida al PP, cuyo portavoz ese día —a cada momento había uno distinto—, el diputado José Félix Vadillo Arnáez, salió al paso en defensa de su grupo para recordar que él mismo había sufrido presiones cuando, como director general de Salud Pública en La Rioja, creó una ley contra las adicciones y pusieron una foto suya con una diana en los estancos de su comunidad. Pero el argumentario de Villalbí quedó reforzado por la experta Teresa Salvador Llivina: «La industria necesita cada día 450 nuevos fumadores para mantener su mercado». En ese momento había vallas publicitarias de marcas de cigarrillos cercanas a colegios, en chiringuitos de golosinas y en eventos deportivos, una publicidad «inmoral» que ya estaba prohibida en países como Noruega o Francia, mientras que en España solo se prohibía publicitar armas y medicamentos con prescripción médica. Cada año mueren poco más de 400 españoles por arma de fuego o arma blanca, frente a los miles que fallecen a causa del tabaquismo.

Ese día no parecía haber mucho interés en la comisión de Sanidad. A Víctor López García-Aranda, eminente cardiólogo sevillano y primer presidente del CNPT, solo le escuchaban los portavoces del PP y del PSOE. Dio muchos datos de cómo el tabaco hace estragos en las enfermedades cardiovasculares y cómo el mayor porcentaje de fallecimientos por infarto que no llegan a ser atendidos por una fibrilación ventricular es de fumadores. Lamentó que el Gobierno no dedicase los mismos recursos a prevenir el tabaquismo que a los accidentes de tráfico cuando mata doce veces más, y ofreció un dato interesante para aquellos que dicen que fuman muy poco y que «controlan»: fumar entre uno y cinco cigarrillos diarios multiplica por dos la posibilidad de tener un infarto de miocardio. «No hay una dosis inocente del tabaco […]. Yo pienso que el sueño dorado de las tabaqueras sería decir que una dosis pequeña del tabaco no es mala, como probablemente es bueno tomar una o dos copas de vino, pero eso no es así».

El resto de los expertos, como los doctores Carlos Andrés Jiménez Ruiz y Ana Mañas Rueda que comparecieron ese mismo día, manifestaron su total apoyo al proyecto de ley del Ministerio. Recomendaron no permitir fumar en lugares de ocio y restauración, sobre todo por el bien de la salud de camareros y demás empleados de esos establecimientos. Ana Mañas, presidenta de la Asociación Española de Radioterapia y Oncología, mencionó el mito que hay entre las mujeres de que fumar adelgaza, uno de los motivos por los que el impacto y la adicción del tabaco estaban creciendo entre el sexo femenino, pues fumar reduce la sensación de hambre. Fumar no adelgaza, sino que lleva a comer menos, algo que puede ser peligroso sobre todo si se suma el hecho de que fumar aumenta el colesterol, la hipertensión, las caries, la disfunción eréctil en el caso de los hombres y envejece la piel.

EL CLUB DE LAS PRESIONES

En el debate sobre la limitación del consumo de tabaco y las regulaciones legislativas nunca aparecieron los directores generales de Philip Morris España, Altadis, British American Tobacco o Imperial Tobacco, algo que realmente resulta extraño puesto que, cuando un Gobierno toma una iniciativa que puede afectar a un sector determinado, casi siempre aparecen los altos directivos de las empresas para defender sus intereses. En realidad este caso no fue una excepción, aunque las comparecencias tuvieron lugar de forma discreta, en privado y muy en función de las relaciones personales de la ministra. Salgado se reunió con Cándido Velázquez-Gaztelu y Pablo Isla. El primero fue presidente de Tabacalera en los años ochenta y llegó a liderar la Asociación Empresarial del Tabaco. Isla era en ese momento el copresidente de Altadis aunque, como Velázquez, iba tomando distancias con la industria puesto que en junio de ese año, 2005, justo cuando se debatía el proyecto de ley del tabaco, saltó al grupo Inditex como consejero delegado.

Ambos gestores, buenos conocedores del mercado del tabaco, aconsejaron a Salgado subir el precio de los cigarrillos para mitigar el tabaquismo sin perder ingresos fiscales, una medida de la que la ministra era partidaria, pero a la que se oponía con todas sus fuerzas la patronal del tabaco. Todo quedó en el terreno privado puesto que no trascendieron los contactos de la ministra con representantes de la industria en plena elaboración de la ley. Las tabaqueras tienen claro que no pueden ser la cara de un debate cuyo negocio va estrechamente ligado a las muertes y enfermedades que provoca. Por eso se esconden, dejan la interlocución en manos de la Asociación Española del Tabaco y esta a su vez recurre a otros actores para que defiendan indirectamente a la industria, como son la hostelería, el sector publicitario, los estanqueros o incluso los agricultores. Pero hay otras vías más directas y mediáticas, otros canales que se abanderan a partir de la defensa de un mal entendido ejercicio de la libertad. Los documentos desclasificados de la industria muestran ejemplos del acercamiento interesado a políticos, periodistas e intelectuales. También revelan que las empresas tabacaleras fueron las creadoras de los denominados «clubs de fumadores» en toda Europa. En España existe Fumadores por la Tolerancia, una entidad ya mencionada en este libro que lucha contra toda medida regulatoria y que se presenta ante la opinión pública como portavoz de los ocho millones de fumadores que hay en España. Funciona como una suerte de extrema derecha del tabaco y su referente político es Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, a la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo que parar los pies en su intento de boicotear la ley Salgado en su comunidad ante la complaciente mirada de la dirección de su partido, el PP.

El Club de Fumadores, posteriormente bautizado como Fumadores por la Tolerancia, fue creado por la industria, en sus albores por Philip Morris, en una estrategia internacional impulsada en los años noventa con el objetivo de defender los intereses de los fabricantes de cigarrillos aparentando que estas organizaciones representaban a unos consumidores «perseguidos» por los malévolos prohibicionistas, principalmente izquierdistas y nacionalistas. Para lograr respetabilidad y credibilidad ante los medios, el Club de Fumadores captó a reputados intelectuales que bombardeaban con sus opiniones a través de artículos de opinión y tertulias en radios y televisiones, convirtiéndose en un contrapoder frente a los intentos por limitar el tabaquismo y mitigar el número de víctimas de la nicotina. Entre estos aliados de la industria destacaron Antonio Mingote, Javier Marías —siempre aparece en sus entrevistas fumando—, Alfonso Ussía, Arturo Pérez-Reverte y un largo etcétera de plumas reconocidas. Hay muchos ejemplos del daño que durante años, bajo una pose intelectual y no necesariamente a sueldo de la industria, estos escritores han realizado en la opinión pública frente a quienes se preocupaban por salvar vidas. Incluso llegaron a ponerse del lado de la industria cuando miles de enfermos españoles demandaron a las tabacaleras por una enfermedad a la que llegaron por una adicción de la que solo fueron prevenidos cuando ya llevaban décadas enganchados. «Lo que me produce choteo personal es la singular pretensión de los damnificados por sacar pasta», escribió Pérez-Reverte en El Semanal bajo el título «Fumar y trincar», en medio de la polémica por los litigios de los exfumadores enfermos de cáncer. El periodista y escritor, no obstante, calificó a los magnates del tabaco de «mafia de golfos» y «sinvergüenzas» que «se lucran con el humo que mata a otros».

Menos equilibrados eran los editoriales de la revista El Fumador, órgano publicitario del Club de Fumadores. En uno de sus más furibundos editoriales calificó de «chivato» a Víctor López García-Aranda, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, organización que comparó con el Ku-Kux-Klan y la Santa Inquisición, todo ello ilustrado con un dibujo de Mingote mofándose de que los gobiernos se preocupasen por que los ciudadanos dejasen de fumar. Corría el año 2000 y el cardiólogo López García-Aranda, tildado de «intolerante» y «limpiador étnico» por la revista, remitió una carta abierta al director de El Fumador en la que le recomendó que, cuando quisiese insultar, solicitara el «editorial a cualquiera de los escritores fumadores, verdaderamente exquisitos, que tiene en su club; ellos pueden ser demoledores pero con gracia, con arte, sin agredir». Más allá de la proyección pública de sus socios, Fumadores por la Tolerancia tiene un activo portavoz que se encarga del trabajo sucio, es decir, de verter las críticas más duras, el que difunde estudios de dudosa fiabilidad y recoge firmas en contra de las nuevas regulaciones. Se trata de Javier Blanco Urgoiti. En una ocasión, la cosa se le fue de las manos y presentó a los medios de comunicación un sondeo sin ficha técnica y con una muestra demoscópica tan sui generis que llamó la atención del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. El delegado en Canarias del CNPT, Francisco Rodríguez Lozano, acusó al Club de Fumadores de ser una franquicia de la patronal del tabaco —ambas organizaciones fueron creadas por Philip Morris— y presentar una encuesta sin validez demoscópica hecha por una empresa que trabajaba para British American Tobacco. El estudio en cuestión contaba con 1.817 entrevistas en toda España, 270 de ellas en las islas Canarias, más del doble de lo que le tocaría proporcionalmente a esta comunidad por su peso demográfico, y con unos resultados que en nada se parecían a todas las encuestas publicadas hasta el momento, puesto que aseguraba que el 73 % de los canarios eran tolerantes con el humo de los fumadores y el tabaquismo pasivo.

Por aquel entonces, López García-Aranda había hecho unas manifestaciones en las que barajaba la posibilidad de denunciar ante la OMS al presidente del Gobierno, José María Aznar, por invitar a almorzar en La Moncloa al Club de Fumadores. Aznar jamás se entrevistó con los médicos del CNPT ni se interesó directamente por su lucha contra el problema de salud más importante que hay en España. El gesto de Aznar hacia los fumadores y el lobby protabaco indignó a amplios sectores médicos, máxime cuando no fue el único que hizo el PP pues los representantes del club fundado por Philip Morris se habían entrevistado también con los ministros de Sanidad —algo insólito en Europa— y con el titular de Cultura. Este último, Mariano Rajoy, posteriormente presidente del Gobierno, recibió el carné de socio del Club de Fumadores por decir que «fumar, más que un vicio, es una virtud» en una entrevista a la que la revista dedicó la portada de su número 35.

A Rajoy se le recuerdan otras frases ya como máximo líder del PP, como cuando el Gobierno del PSOE estudiaba en 2009 la prohibición total de fumar en establecimientos públicos: «Al final, el que fume se va a tener que ir al océano Atlántico», ironizó. Rajoy siempre ha estado alineado con las tesis de la industria, a favor de esa falsa libertad de elección para que consumidores y restauradores pacten zonas de fumadores y establecimientos libres de humo. Sin embargo, jamás ha tocado una coma de las leyes heredadas puesto que sabe que es nadar contra corriente en Europa. Otro detalle muy significativo fue cuando un fotógrafo de la publicación electrónica Libertad digital captó a Rajoy fumándose un puro durante un partido de fútbol infantil en las instalaciones deportivas de una exclusiva urbanización de Madrid, sin duda un mal ejemplo para los niños en una actuación que sin ser ilegal, puesto que la ley prohíbe fumar en instalaciones deportivas salvo cuando se está al aire libre, chirría en gran medida cuando se trata de deporte infantil y cuando hay campos de fútbol como el del FC Barcelona en el que está prohibido fumar.

Ya en La Moncloa, Rajoy protagonizó una imagen que trajo cola, cuando ya como presidente del Gobierno se paseó relajadamente por las calles de Nueva York fumándose un puro de forma ostensible junto a su inseparable jefe de gabinete, Jorge Moragas, como si no fuesen con él la profunda crisis económica y las tensiones territoriales que España vivía en ese momento. La relación del PP con la industria del tabaco genera muchas dudas en un momento en el que se sabe que importantes empresas han hecho onerosas donaciones para su financiación, al parecer por encima de lo que marca la ley y en negro. Esto no obsta para que José María Aznar prohibiese fumar en 1997 en el Consejo de Ministros, una tradición que había implantado Felipe González y que el PP rompió durante casi un año pero que volvió a retomar para disgusto de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, y el entonces titular de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, los más fumadores del primer gabinete del PP. Cómo no, la decisión del presidente del Gobierno trascendió a la opinión pública gracias a la revista del Club de Fumadores. Información privilegiada.

ESPERANZA AGUIRRE, LA GRAN ALIADA DEL TABACO

Elena Salgado sacó adelante su ley en 2006 para hacer frente al tabaquismo: se prohibió la venta a los menores de 18 años y que estos pudiesen dispensar en un estanco, se erradicó el humo de los lugares de trabajo, en centros comerciales, grandes superficies, en medios de transporte colectivos e incluso se prohibieron aquellos cigarrillos de chocolate que me traían cada año los Reyes Magos y que el Gobierno suprimió con, por fin, una mención especial en la ley: «En particular, se prohíbe la venta de dulces, refrigerios, juguetes u otros objetos que tengan forma de productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los menores». Y se acotó en la restauración y la hostelería con zonas de fumadores con ventilación independiente en aquellos bares y restaurantes de más de 100 metros cuadrados.

Fue un gran salto adelante y sobre todo un cambio cultural —no se podía ni comprar los cigarrillos sueltos— contra el que siguieron luchando la poderosa industria y sus no menos poderosos aliados de la hostelería. Y no perdieron el tiempo. No habían pasado ni cuatro meses cuando la Comunidad Valenciana de Francisco Camps aprobó un decreto de desarrollo de la ley que permitía a los establecimientos no hacer una separación de espacios libres de humo con sistemas independientes de ventilación y relajaba la ley con un procedimiento sancionador que descafeinaba la normativa en bares y restaurantes. Tres meses más tarde, otra autonomía dirigida por el PP, la Junta de Castilla y León, hacía lo propio y fue un poco más lejos al permitir fumar en locales arrendados total o parcialmente para celebraciones privadas. Castilla y León dictó un decreto de desarrollo que suavizaba la ley estatal, sobre todo a la hora de calcular la superficie de los establecimientos y evitar que muchos de ellos fueran considerados de menos de 100 metros cuadrados y así estar obligados a instalar separaciones para el humo. El Gobierno de Juan Vicente Herrera (PP) excluyó del recuento de superficie escaleras, guardarropas, cortavientos e incluso pasillos, vestíbulos y vestuarios. El Tribunal Supremo lo tumbó en 2009, aunque permitió fumar cuando los establecimientos fueran reservados para celebraciones privadas. Una nueva brecha en el territorio. La Rioja aprobó también en 2006 un decreto similar que fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, aunque posteriormente el Supremo dio la razón al Gobierno regional del PP a la hora de suavizar la medición de la superficie de un bar o cafetería si estando en un centro de trabajo público o privado constituía por sí mismo una unidad diferenciada. Lo curioso fue que si bien las autonomías del PP fueron las que más trabas pusieron y las menos rigurosas a la hora de separar de forma salubre a fumadores y no fumadores en bares y restaurantes, posteriormente fueron las que, con la ley de 2011, más quejas presentaron para reclamar que sus empresarios fuesen compensados por sus inversiones en los locales.

Con ánimo de capitalizar esta corriente, la Comunidad de Madrid liderada por Esperanza Aguirre aprobó un decreto que abrió una brecha definitiva en la legislación al permitir fumar en las cafeterías y bares de los centros de trabajo, en los salones de bodas, en los reservados de restaurantes y en actos institucionales. «¿Cómo no van a poder fumar los españoles un puro en las bodas de sus hijos?», se preguntaba Aguirre, que ya por aquel entonces era foco de atención de los medios por buscar un lugar propio dentro de la dirección del PP superando por la derecha a un Rajoy debilitado tras perder las elecciones frente a Zapatero. El boicot a la ley Salgado fue tal que incluso el Gobierno regional no tuvo reparos en descafeinar las áreas específicas para fumadores, pues mientras la ley nacional dejaba claro que debían estar separadas físicamente y completamente compartimentadas y con sistemas de ventilación independientes, Aguirre estableció por decreto que la separación no requería de compartimentos estancos. De ahí se llegó al hecho de que, en la mayoría de los bares y restaurantes madrileños, la separación entre fumadores y no fumadores se hizo con un simple biombo, tal como sugirió la propia presidenta madrileña. La agresión hacia la ley la vivió la ministra Salgado en sus propias carnes cuando iba a comer por los aledaños de la carrera de San Jerónimo, durante los recesos de las sesiones del Congreso. En uno de esos restaurantes que frecuentaba, el Errota Zar, Salgado tuvo que sufrir los reproches de su propietaria, María Eugenia Antia, quien preguntó a la ministra si era ella quien debía prohibir fumar a su compañero de filas en el Congreso Pepe Acosta, que comía a escasos metros de la ministra de Sanidad con un puro en la mano y separados por tan solo dos mesas y un biombo. Acosta, fiel guerrista, evitaba sin embargo el tabaco cuando se reunía con Alfonso Guerra en un reservado del mismo restaurante, sabedor de que el exvicepresidente no soporta el humo del tabaco.

Salgado vio cómo Aguirre atacó la ley allí donde era más débil bajo el paraguas ideológico de un liberalismo mal entendido y, así, el Gobierno regional publicó un decreto elaborado por su consejero de Sanidad, el controvertido Manuel Lamela, en el que se atrevió a redactar que «la labor de los poderes públicos no ha de ser imponer normas de conducta por muy saludables que sean», en una línea contraria a lo que establece la propia Constitución Española, que recoge que los poderes públicos deben velar por la salud de los ciudadanos. La relación entre Salgado y Aguirre no fue fácil y ambas dirigentes volvieron a enfrentarse poco más tarde por el rechazo de la presidenta regional al decreto sobre los bancos de sangre de cordón umbilical. Aguirre lo recurrió ante el Tribunal Constitucional por invasión competencial e ir en contra de la libertad individual —otra vez la libertad— al no permitir a los padres guardar la sangre del cordón umbilical de sus hijos y estar obligados a cederla, si así era su deseo, de forma altruista a los bancos de sangre de cordón umbilical.

En el terreno del tabaco, Aguirre logró una victoria política puesto que su decreto regional, además de desvirtuar la ley en la hostelería, relajó la inspección y lideró un modelo seguido por muchas comunidades del PP que no quisieron convertirse en los malos de una película cuyo argumento no compartían. De hecho, el Ministerio de Sanidad se vio obligado a recurrir ante los tribunales las normas de desarrollo de la ley estatal dictadas por la Generalitat Valenciana, la Junta de Castilla y León, La Rioja y la Comunidad de Madrid. Todas casualmente gobernadas por el PP. El sucesor de Salgado, el ministro Bernat Soria, tuvo que perseguir judicialmente los decretos autonómicos auspiciados por un partido que paradójicamente había dado su apoyo a la ley en el Congreso. Los jueces tampoco ayudaron mucho ya que, en el caso de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia hizo caso omiso a la petición del Ministerio de paralizar el decreto mientras deliberaba sobre el recurso presentado. Pese a que era clamoroso que el Gobierno regional torpedeaba la línea de flotación de la ley, lo que llevó a sumarse al recurso a la asociación nofumadores.org y a la Organización de Consumidores y Usuarios, la magistrada Margarita Pazos Pita argumentó de forma sorprendente que la cuestión trataba simplemente de una «ponderación de intereses» entre dos Administraciones sin posibilidad de que se diese lugar a situaciones irreversibles. Dos años más tarde, la magistrada ponente del fallo, Berta Santillán Pedrosa, resolvió anular de pleno derecho el decreto del Gobierno de la Comunidad de Madrid por carecer, tal como había alertado la OCU, del informe preceptivo del Consejo de Consumo y no entró a analizar las alegaciones de salud pública planteadas en el recurso. La juez ni siquiera obligó al Gobierno regional a pagar las costas del proceso porque no apreció temeridad ni mala fe por ninguna de las partes, ni tan siquiera de las asociaciones empresariales de la hostelería que fueron codemandadas y que arroparon a Aguirre durante este proceso. Sin duda era más cómodo para la justicia madrileña no entrar en el fondo de la cuestión y ceñirse a la observancia del reglamento de consumo puesto que habría quedado claro que el decreto de Aguirre menoscabó la salud de miles de madrileños durante esos dos años, con daños seguramente irreparables. ¿Cuántos trabajadores de la hostelería enfermaron durante esos 24 meses por la relajación de la ley contra el tabaquismo en la Comunidad de Madrid? Esa es una pregunta sin respuesta aunque cada año como mínimo morían en España en ese momento más de 1.200 personas por exposición involuntaria al humo del tabaco. Los médicos madrileños celebraron la decisión judicial: «¿De qué libertades hablamos cuando un ciudadano de la Comunidad de Madrid está expuesto día tras día de forma involuntaria a polonio, cianuro, benceno, arsénico, plomo y a otros 4.000 componentes del tabaco de los cuales 43 son cancerígenos?», se preguntaron desde la Asociación Madrileña de Salud Pública. Elena Salgado pudo volver al restaurante Errota Zar, ya como ministra de Administraciones Públicas, y no tener que ver tras un biombo a ningún Pepe Acosta fumándose un habano.

Pese a las dificultades políticas y judiciales, de todas estas sentencias fue la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la que sirvió para animar de nuevo un debate en España que debía acabar con la lógica y plena erradicación del tabaco en bares, restaurantes y en cualquier espacio público compartido. Pero Aguirre dejó en herencia la promesa de que el PP modificaría la ley para permitir fumar en Eurovegas, el gran complejo de casinos y hoteles que impulsó sin éxito en la Comunidad de Madrid la empresa americana Las Vegas Sands. En pleno pulso con Barcelona por lograr el favor del magnate republicano Sheldon Adelson y antes de abandonar la presidencia de la Comunidad, Aguirre dijo que «evidentemente, la prohibición de fumar cambiará», en la línea de lo que permiten países como Singapur o Estados Unidos, muy estrictos con el tabaquismo pero que establecen excepciones en este tipo de actividades de ocio. Lo que no dijo Aguirre es que esas excepciones en el estado de Nevada de Estados Unidos, donde está Las Vegas, solo se dan de forma amplia en los casinos cuya licencia se otorgó a las reservas indias en compensación por los estragos a su población, mientras que en los casinos de Adelson hay separaciones de espacios entre fumadores y no fumadores. La Universidad de Stanford ha hecho mediciones de contaminación en estos casinos y abogó por acabar con estas situaciones porque las zonas de fumadores acaban contaminando todos los espacios, incluidos los accesibles a menores, cuando la mayoría de los clientes de estos establecimientos no son consumidores de cigarrillos. Sheldon Adelson y Mariano Rajoy cenaron juntos en Madrid para hablar de los 17.000 millones de dólares que iba a invertir Las Vegas Sands en España —y que al final jamás llegaron— y ver cómo se podía facilitar el honorable negocio del juego a gran escala en España. Está demostrado que el tabaquismo y la ludopatía se retroalimentan mutuamente.

AL FIN, LIBRES DE HUMO

Si las excavadoras de Adelson hubiesen llegado a la Comunidad de Madrid se habrían encontrado un país que decidió definitivamente restringir el tabaco de los lugares públicos a partir de 2011, una de las herencias del Gobierno de Zapatero. La ministra Trinidad Jiménez tuvo la determinación para conseguirlo y cerró el círculo trazado antes por Salgado y defendido en los tribunales por Bernat Soria ante el acoso territorial del PP. Con Pepe Martínez Olmos de número dos del Ministerio e Ildefonso Hernández como director general de Salud Pública, la ministra Jiménez dijo: «Debemos ser valientes con la nueva ley». En primer lugar, se reunió con el presidente del Gobierno para exponerle sus objetivos y hacerle ver que había que pensar sobre todo en los fumadores pasivos, en el millón de empleados en la hostelería y en las muertes y enfermedades que aún acarreaba la nicotina en España. El papel de Zapatero fue determinante y expuso el proyecto de Jiménez hasta en tres ocasiones en el Consejo de Ministros, donde la mayoría del Gabinete se opuso, críticos con unos cambios en la ley que interpretaron como una amenaza a la libertad y que podían llevar a España a ser etiquetada de país prohibicionista, argumentos muy cercanos a la industria. Había sectores del PSOE reacios a apoyar la ley por las mismas razones y por sus preocupaciones electorales, en un momento de crisis económica y con un menor apoyo ciudadano.

La cuestión electoral pesó en las reticencias de muchos ministros, inmersos algunos de ellos en unas primarias para liderar el PSOE. Finalmente, un Zapatero molesto con algunos de sus ministros tuvo que imponer su autoridad para que Trinidad Jiménez pudiese llevar la ley al Parlamento, y dejó claro al equipo del Ministerio de Sanidad que «Moncloa no está bajo la presión del lobby, solo faltaría». Zapatero no recibió presiones directas de las compañías tabaqueras, aunque miembros del Gobierno explican en privado que este tipo de compañías siempre trasladan sus intereses a través de personas interpuestas, personas de confianza con acceso a los círculos del poder y que en reuniones informales advierten de que las prohibiciones no están bien vistas, que te harán perder votos en las elecciones, que se van a destruir puestos de trabajo, etcétera. La ministra Trinidad Jiménez, el subsecretario Olmos y el director general Ildefonso Hernández sí recibieron presiones. Se veían obligados a recibir a los representantes del tabaco en la CEOE, como hacían con los sindicatos de los trabajadores. En algunas de esas reuniones se podía cortar la tensión con un cuchillo por la irritación de los representantes de las empresas tabaqueras y de la hostelería al comprobar que las expectativas de doblegar la determinación para llevar adelante la ley eran nulas. Los más incisivos fueron los representantes de las salas de juego y casinos. Los estanqueros, teóricamente más directamente implicados por la posible merma del negocio, no fueron tan hostiles y su preocupación se centró en los lugares de venta del tabaco.

«Te voy a dar mi apoyo, pero tienes que lograr un fuerte consenso parlamentario y trata de lograr un acuerdo con todos.» Fiel a su talante, Zapatero dio a Trinidad Jiménez el mismo consejo que a Elena Salgado en 2005. Salgado era entonces la ministra de Economía y fue quien más apoyó a Zapatero en este asunto frente al resto del Gabinete, cuando lo habitual en estos casos es que sea el responsable de las finanzas del Estado quien más dudas exprese a una medida que puede mermar los ingresos fiscales. A partir de ahí, Trinidad Jiménez urdió un plan para devolver a España al primer nivel europeo en la lucha contra el tabaquismo: decidió dejar al PP para el final de la negociación parlamentaria y tejió complicidades primero con Izquierda Unida —Gaspar Llamazares lo tenía muy claro— y luego con los nacionalistas de Convergència i Unió —Josep Antoni Duran i Lleida acababa de superar una operación en el pulmón por un tumor— y con el Partido Nacionalista Vasco. También encontró apoyos en el grupo mixto, como Esquerra Republicana de Catalunya. En paralelo, la ministra se alió con las sociedades científicas para que la apoyasen en todo el proceso y se pertrechó de tanta documentación sobre la necesidad de la medida que a la oposición le iba a costar mucho justificar su oposición. Ya con un amplio apoyo en la Cámara Baja, Trinidad Jiménez se vio con los dirigentes del PP, partido en el que nuevamente los socialistas encontraron poca receptividad. Pero la ministra, a diferencia de otras épocas, detectó una división interna en las filas populares en este asunto. Jiménez supo explotar esa brecha, muy ligada a la cuestión generacional en el PP, y se alió para la reforma de la ley con Soraya Sáenz de Santamaría, que posteriormente se convertiría en vicepresidenta del Gobierno, y con el diputado navarro y médico Santiago Cervera, alejado después de la vida política por un asunto judicial. En paralelo, representantes del Ministerio mantenían contactos con algunos miembros del PP que estaban a favor de la nueva ley, como la exministra de Sanidad Ana Pastor. En aquel momento se gestaba en el PP un relevo interno de cargos intermedios que se preparaban para dar un vuelco electoral en España bajo el liderazgo de un Rajoy que quería marcar distancias con la herencia de Aznar. Soraya Sáenz de Santamaría lideró ese tránsito como portavoz del grupo parlamentario popular y distribuyó a sus afines de forma sectorial. Santiago Cervera, exconsejero de Sanidad de Navarra, recaló en el área sociosanitaria y fue el encargado de ser la sombra de Mario Mingo, veterano portavoz en la comisión de Sanidad, para que virase sus posiciones tradicionalmente tolerantes con el tabaco pese a ser médico de formación, eso sí, un gran fumador también. Sáenz de Santamaría se reunió con la ministra de Sanidad y tuvo claro desde el principio que la ley de 2005 cojeaba y que había que extender la prohibición de fumar a todos los espacios públicos y la hostelería. En el PP no gustó, no obstante, que el Ministerio decidiese ir por la vía directa a través de una proposición de ley que eludía comparecencias y sobre todo los informes del Consejo de Estado y de otros organismos que actúan de forma garantista cuando la reforma se vehicula como un proyecto de ley. Eso espoleó el frentismo de la hostelería en un momento en el que comenzaba a notarse la crisis económica en España y este sector, una vez más, auguraba una catástrofe si se impedía fumar en bares, cafeterías y restaurantes.

Esas críticas fueron aprovechadas por el PP para desgastar al Gobierno, tal como se pudo constatar en las comparecencias en el Congreso que logró forzar. En cuatro horas comparecieron en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo los sindicatos, los hosteleros, el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, la patronal de los casinos y el juego, y la Asociación de Economía de la Salud. El cambio cultural iniciado con la ley de 2005 se notó desde el primer momento. Los representantes de CC.OO. y de la UGT defendieron a capa y espada la prohibición total de fumar en espacios públicos por la lógica defensa de la salud del millón y medio de trabajadores de bares, cafeterías y restaurantes. Tanto José Luis Linares como Marisa Rufino, responsables confederales de salud pública de CC.OO. y UGT, recordaron a sus señorías que aún morían en España 1.200 personas cada año por exposición al humo ambiental. Rechazaron de plano poner en la misma balanza los argumentos de los que auguraban una gran destrucción de empleo y las muertes de camareros y trabajadores de la hostelería por inhalar humo al menos ocho horas diarias. Es más, los sindicatos pusieron el acento en las debilidades del sistema de vigilancia y control para la buena aplicación de la ley y en la protección de los empleados de prisiones y centros psiquiátricos. Menos miramientos por sus empleados mostró José María Rubio, el presidente de la Federación Española de Hostelería. Para impresionar abocó todas las cifras del sector: 375.000 establecimientos, 128.000 millones de euros en ventas y 1.450.000 personas empleadas en bares, cafeterías y restaurantes de toda España, el 7 % del PIB del país. Después vinieron los habituales malos augurios: la prohibición total de fumar iba a provocar una pérdida de facturación en el sector de una media del 10 %, un porcentaje añadido a las bajadas de ventas desde 2008 a raíz de la crisis económica. «Es una situación insostenible.» Los hosteleros pidieron zonas especiales para fumadores —quién les iba a creer si no cumplieron la ley de 2005—, un «plan renove» para adaptar sus instalaciones con extractores de humos independientes, trasladar la responsabilidad de las infracciones a los clientes y una carencia de 18 meses para la aplicación de la nueva ley.

Acto seguido compareció la presidenta del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, María de los Ángeles Planchuelo, en representación de 37 asociaciones científicas españolas, que trató de convencer a los diputados de que con la primera ley tan solo se había logrado el 50 % de los objetivos marcados por el convenio marco de la OMS y que uno de los factores que había que abordar seriamente es que España se había convertido en el estanco de Europa debido al bajo precio de las marcas de tabaco más vendidas, por lo que pidió un incremento fiscal sobre los cigarrillos, responsables del 10 % del gasto sanitario (15.000 millones de euros en 2009), cuando solo aportan unos ingresos al Estado de 7.000 millones. «El tabaquismo es el problema de salud que ocasiona el coste sanitario, social y económico más elevado al que debe hacer frente nuestra sociedad.» Propuso que el Gobierno hiciese una campaña de comunicación potente contra el tabaquismo con un gasto de 46 millones de euros —el 0,05 % del presupuesto sanitario— a partir de estudios que certifican que cada millón de dólares invertidos en prevención salva 7.000 vidas: un coste efectivo, superior al cribado de la hipertensión o del cáncer de cuello uterino.

En este contexto, la doctora Planchuelo advirtió a los partidos de que en sus manos estaba la posibilidad de evitar que cada día 400 niños españoles con una media de edad de 13,2 años se hiciesen nuevos adictos al tabaco. Las consecuencias de esta dinámica provocaban en ese momento la muerte diaria en España de 142 personas por fumar y 6 por respirar un ambiente contaminado por el tabaco. Las ofertas de British American Tobacco no hicieron mella en sus convicciones. Ningún partido le hizo preguntas y tomaron nota de lo dicho por Planchuelo, a la que sí requirieron su opinión sobre la posibilidad de prohibir fumar en los parques infantiles, como ya se hacía en Nueva York, el encaje del tabaco en las unidades de psiquiatría y la existencia de los clubes de fumadores. Mario Mingo mostró su talante más agrio: «No iremos más allá de lo que diga la OMS», le dijo. Lo cierto es que su partido siempre había tratado, al menos hasta ese momento, de retrasar al máximo la aplicación de las directrices marcadas en este terreno por la Organización Mundial de la Salud. Planchuelo le sacó los colores al recordarle los parámetros de la OMS en la lucha contra el tabaquismo: el aumento fiscal del 25 % baja la prevalencia un 14 %, la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados lo hace un 11 % (si fuese parcial, solo un 3 %), la prohibición total de la publicidad, promociones y patrocinios, campañas educativas y de publicidad logra una rebaja del consumo de un 6 % a largo plazo, un buen etiquetado con imágenes impactantes en las cajetillas ayuda en un 2 %, e impulsar los tratamientos de deshabituación podría suponer entre un 2 % y un 3,5 % de menor consumo.

Pero para números había que escuchar muy atentamente a la Asociación de Economía de la Salud. Compareció en su nombre el profesor Jaime Pinilla, que de entrada desmontó los malos augurios de los hosteleros cinco años atrás ya que entre 2005 y 2008, en vez de perderse 20.000 puestos de trabajo en bares, cafeterías y restaurantes, se habían creado 34.000 al año. En el primer año de aplicación de la ley de 2005 no se perdieron 1.600 millones en facturación, sino que el aumento fue de 2.200 millones en consumo de comidas y bebidas. Con la nueva ley solo entre el 10 % y el 20 % de los locales de menos de 100 metros cuadrados se declararon libres de humo: había municipios en los que era imposible encontrar un local en el que estuviese prohibido fumar. En los locales de más de cien metros cuadrados, donde había que crear zonas independientes de fumadores y no fumadores, la ley naufragó por los «importantes incumplimientos de la norma». En todo caso, había datos interesantes que permitían mantener la tesis de que una regulación más estricta con el tabaco no afectaría a la hostelería, teniendo en cuenta que más del 70 % de los españoles no fuma. Establecimientos libres de humo como Burguer King, McDonald’s o Telepizza habían aumentado su facturación, las cafeterías de los aeropuertos vendieron un 10,47 % más en 2006 y un 12,59 % más en 2007. En Cataluña, con 15,3 inspecciones por cada 10.000 habitantes, el gasto medio en comidas y bebidas fuera del hogar ascendió un 5 % entre 2006 y 2007, mientras que en la Comunidad de Madrid, con solo 5,9 inspecciones por cada 10.000 habitantes, esta facturación apenas creció un 1,5 %. A más cumplimiento y control de la ley, mayor negocio.

LA ÚLTIMA NOCHEVIEJA CON HUMO

La ley de Trinidad Jiménez, defendida en su tramo final por la nueva y joven ministra Leire Pajín, entró en vigor el 2 de enero de 2011. A Zapatero, cada vez más cuestionado en su liderazgo por los efectos de la crisis económica, no le gustó el papel jugado por algunos medios de comunicación, a los que vio poco sensibles hacia una medida que iba a favorecer a la larga la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno trabajó la nueva ley bajo el convencimiento de que algunos periódicos de Madrid podían estar financiados por la industria del tabaco. De ahí la exquisitez con que abordaron la aplicación de la regulación y evitaron por todos los medios que la normativa entrase con mal pie, así que prefirieron no aplicarla hasta el 2 de enero para esquivar confusiones en las celebraciones de Nochevieja y se pospuso 24 horas su entrada en vigor, algo poco usual.

Pese a sus temores electorales, el PSOE no se arredró —los diputados Alberto Fidalgo y Pilar Grande fueron muy activos en el Congreso— y sacó adelante la nueva normativa tal y como Salgado la hubiese querido cinco años antes: con una prohibición total de fumar no solo en el trabajo sino también en bares y restaurantes, así como en todo espacio público cerrado. El trámite de enmiendas sirvió para pulir algunos aspectos y gracias a la concienciación general se prohibió fumar en las puertas de colegios y hospitales, en los parques infantiles y se acotaron las excepciones permitiendo solo salas de fumadores ventiladas en centros psiquiátricos y prisiones. Se permitió a los hoteles ofrecer hasta un 30 % de sus habitaciones a fumadores siempre y cuando dispusiesen de un sistema de ventilación independiente y, muy importante, solo se permitió consumir tabacos en clubes de fumadores bajo la condición inexcusable de que no hubiese personal trabajando en el mismo y bajo unos estrictos requisitos que impedían camuflar salas de conciertos o afterhours. Y es que con la anterior ley se dio el caso de empresas de eventos, como Sinnamon, que organizaba conciertos en la sala barcelonesa Razzmatazz en los que para acceder no solo había que comprar la entrada, sino que de forma obligatoria había que afiliarse a un club de fumadores. Pocos meses antes, el País Vasco se avanzó en términos muy similares a la ley estatal y fue un poquito más allá al prohibir fumar en cualquier tipo de transporte privado en presencia de menores de edad.

La ley estatal se aprobó por amplio consenso, pero su tramitación tanto en la Cámara Baja como en el Senado demostró una vez más que hay políticos que negocian con la salud. De entrada, dos diputados (uno del PP y otro del PSOE) no se unieron al consenso del Congreso para tramitar la reforma de la ley en junio de 2010. También se registraron cuatro abstenciones (dos del PP, una de UPN y otra de UPyD). El PP con su portavoz a la cabeza, Mario Mingo, intentó hasta el último momento desvirtuar la ley en la Comisión de Sanidad del Congreso para que permitiese a los establecimientos crear espacios reservados para los fumadores y que hubiese una moratoria de seis meses para la entrada en vigor de la nueva normativa, de forma que se permitiese al sector de la hostelería adaptarse a las nuevas condiciones. «No creemos más paro en un sector que aporta miles de millones al erario público», justificó Mingo haciendo suyos los argumentos de la industria y de la hostelería.

Por su parte, CiU capitaneó la posibilidad de compensar con beneficios fiscales a los hosteleros que reformaron sus locales tras la ley de 2006 para separar espacios entre fumadores y no fumadores, una iniciativa que acabaría no prosperando, a pesar de insistir en ello en el Senado. En la Cámara Alta hubo precisamente un cierto descontrol en algunos grupos, como en el de los nacionalistas catalanes, que, contra la opinión de la ponente de la ley Conxita Tarruella, se aliaron con el PP en una enmienda para permitir fumar en casinos y bingos. CiU quiso que se incluyese el humo ambiental del tabaco como riesgo laboral, cuando fumar ya estaba prohibido en los centros de trabajo y lo iba a estar en la hostelería, el último reducto.

El 21 de diciembre de 2010 llegó el día esperado y la nueva ley fue defendida en el Congreso por la ministra Leire Pajín, en lo que calificó con acierto como «paso decisivo a favor de la salud pública». Recordó las decenas de miles de personas que cada año mueren en España por enfermedades tabáquicas y los 1.200 fumadores pasivos que fallecen anualmente por cáncer de pulmón y patologías cardiovasculares. Precisamente, hacía 15 días que José María, un icono de la lucha contra el tabaquismo en España y cuya familia nunca quiso desvelar su identidad completa por miedo a represalias, acababa de fallecer en Zaragoza de un cáncer de pulmón tras 47 años trabajando en la hostelería sin haber encendido un solo cigarrillo. Así lo recordó en su intervención la diputada del PSOE Pilar Grande entre los aplausos desde el palco de invitados, adonde acudieron a la cita representantes de la lucha contra el tabaquismo en España. Los socialistas, con la ayuda de IU y ERC, vetaron la habilitación de zonas de fumadores en bingos y casinos, las ayudas fiscales a los hosteleros que en realidad boicotearon la ley y los puntos de venta fronterizos que no fuesen estancos autorizados. Grande advirtió de que la ley caería sobre los «insumisos individuales e institucionales», como sucedería en algún caso puntual, como un conocido asador de Marbella. «Estamos hablando de vidas humanas frente a los intereses de las compañías tabaqueras», recordó Gaspar Llamazares (IU). No era el día para que interviniera Mario Mingo: por el PP lo hizo Santiago Cervera, quien, pese a insistir en una moratoria de seis meses para aplicar la ley, defendió la nueva normativa como una «intervención legislativa plenamente justificada» que trataba de regular, más allá de lo que dicta el liberalismo, aquello que la convivencia no había podido solucionar.

La ley empezó a caminar en 2011 y enseguida se percibieron algunas dificultades, pese a que su cumplimiento ha sido bastante ejemplar. Los primeros en disparar contra la ley fueron los intelectuales próximos a la nicotina y su poder económico. En este caso y de forma sorprendente fue Francisco Rico, prestigioso miembro de la Real Academia Española, que a través de un artículo en el diario El País publicó una columna de opinión sobre «la realidad de la ley contra el fumador», en lo que definió como «un golpe bajo a la libertad, una muestra de estolidez y una vileza». Tras afirmar que «no pocos de los argumentos contra el tabaco carecen de rigor científico y son simple fruto del desconocimiento, por las actuales insuficiencias de la investigación», Rico concluyó que «domina la ley el espíritu persecutorio» y que «con absoluta desestima de los datos, de la voluntad y el sufrimiento ajeno, sacrifica al individuo cercano en el altar de un remoto ideal genérico». En una suerte de postdata, el académico terminaba: «En mi vida he fumado un solo cigarrillo». La redacción del diario se llenó de cartas de queja, en su mayoría de médicos indignados con las frívolas afirmaciones del autor. Tres años antes, en el mismo diario, Francisco Rico era definido en una entrevista como una persona que «fuma como una chimenea». El académico mintió para defender su dosis diaria y cuando fue requerido por tal cuestión solo se le ocurrió decir: «La ley es una escuela de malsines porque casi todos los que se pronuncian contra mi artículo lo hacen buscando hurgar en mi vida y costumbres, espiando a mis amigos y buscando antecedentes incriminatorios». Además, calificó de vileza el veto de fumar a los enfermos hospitalizados, especialmente, a los terminales.

La nueva ley contra el tabaquismo no tardó mucho en abrir una primera brecha que disgustó profundamente a la clase médica. En septiembre de 2011, el Gobierno aprobó ampliar la venta de tabaco a las tiendas de conveniencia, un tipo de establecimientos que tiene como estandarte a la cadena Opencor, que cuenta con 187 locales y que es propiedad de El Corte Inglés. Pocas semanas antes, el presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, se había visto con Rodríguez Zapatero en La Moncloa para pedirle una modificación de la ley de horarios comerciales en zonas turísticas, a partir de la cual ampliar la venta de tabaco a otras tiendas de conveniencia.

La influencia de la poderosa cadena comercial era motivo de chanza entre militantes socialistas desde hacía años, que llegaban a hablar de «la agrupación socialista El Corte Inglés», como una más del partido, como la de Móstoles, pero con alto poder de influencia en el secretario general. De hecho, la ley de 2005, que prohibió fumar en los centros comerciales, fue escrita de tal manera que se permitió seguir vendiendo tabaco en los estancos que hay dentro de los centros de El Corte Inglés de toda España y que facturan millones de euros anualmente. En febrero de 2006, el Gobierno del PSOE hizo otra excepción y modificó la ley a solo dos meses de su entrada en vigor para permitir que se volviesen a vender cigarrillos en los quioscos de prensa, muy afectados económicamente por una medida que ahora acercaba de nuevo el tabaco a los más jóvenes. La cosa prosiguió a finales de 2009, cuando nuevamente el Gobierno del PSOE permitió, a través de una ley ómnibus, que más de 4.000 locales de venta de prensa pudiesen vender tabaco a través de máquinas expendedoras.

Aunque aún es muy pronto para valorar en toda su dimensión el impacto de la nueva ley, sobre todo en el terreno del cáncer, desde su entrada en vigor han bajado los casos de infarto agudo y de asma infantil, y lo que es más importante, la última encuesta nacional de salud ha certificado una bajada del consumo en alrededor de un millón de fumadores desde 2006, puesto que hoy representan el 23,9 % de los españoles mayores de 15 años, una cifra aún preocupante y que no permite bajar la guardia. El consumo de cigarrillos va a la baja desde la ley Salgado. En el primer año de la nueva normativa, en 2011, se vendieron 2.482 millones de cajetillas, un 10 % menos que en 2010, en el que ya se había experimentado un descenso en ventas del 17 % en el marco de una crisis a la que solo sobreviven cómodamente el tabaco de pipa, los puritos y la picadura para liar.

Los epidemiólogos implicados en la lucha contra el tabaquismo ya cuentan con datos esperanzadores que certifican una mejora en la salud de los españoles. Se calcula que la mortalidad por infarto ha caído un 11 %, una cifra que asciende al 18 % entre las personas de entre 65 y 74 años, tal como ha revelado un estudio fechado en enero de 2013 que se basó en los datos del pionero registro coronario de Girona. Cerca de medio centenar de estudios de 33 países con leyes antitabaco demuestran que al año de entrar en vigor las nuevas regulaciones desciende en un 15 % el número de infartos, un 16 % los ictus y un 24 % los ingresos por insuficiencias respiratorias. El tabaco daña tan rápidamente las arterias coronarias como rápida es su recuperación cuando se deja de inhalar humo. En el Hospital de Valencia detectaron una disminución de nada menos que el 60 % en infartos de miocardio entre los hombres y de un 20 % entre las mujeres. En el Hospital La Paz de Madrid también registraron una reducción del 15 % en los ingresos por asma infantil. La reducción de estas patologías hay que buscarlas en la menor exposición al humo ambiental ya que la contaminación por partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5) se ha reducido en un 90 % en bares y restaurantes, y hay expertos en la Universidad de Zaragoza que apuntan que es más sano estar dentro de un local de restauración que en la calle de muchas ciudades.

CONTRABANDISTAS

Aún queda mucho camino por recorrer a la hora de proteger a los no fumadores, sobre todo a los menores, como abordar la prohibición del tabaco en los campos de fútbol, en espacios de ocio como Port Aventura o el parque Warner, en las playas —en algunas comunidades como Canarias ya hay algunas con el 75 % de su espacio libre de humo—, prohibir fumar dentro de los coches y, ya en un extremo, regular el tabaco dentro de los domicilios, en donde hay menores desprotegidos y en donde fumar también es una de las causas de gran número de incendios de personas que se quedan dormidas en la cama con un cigarrillo en la mano. ¿Por qué los seguros del hogar no penalizan en sus pólizas a los domicilios con fumadores? Tener un vecino que consume nicotina es un riesgo para la comunidad. Y esto por no hablar de la gran cantidad de incendios que provocan las colillas lanzadas desde vehículos. Pero más allá de las nuevas metas para ganar en salud y en espacios sin humo, España tiene que superar tres retos a corto plazo: evitar la relajación de la ley con excepciones como la de Eurovegas, el repunte del contrabando y la nueva directiva europea, que por primera vez y de forma seria, entra en el sofisticado campo de los aditivos.

La crisis ha devuelto el contrabando al primer plano en España, donde llegó a suponer alrededor del 20 % de los cigarrillos consumidos a mediados de los años noventa. Oficialmente no hay datos globales sobre el mercado negro de tabaco y el Gobierno apenas es capaz de sumar las cajetillas de contrabando que requisan cada año la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera. Tal era el comercio ilegal en los noventa que la Comisión Europea presentó una demanda en los juzgados de Nueva York contra Philip Morris, R.J. Reynolds y Japan Tobacco por favorecer la entrada ilegal de cigarrillos en territorio comunitario y promover el fraude. La UE calculaba en 4.200 millones de euros las pérdidas anuales en impuestos y tasas aduaneras. La multinacional Reynolds llegó a crear un tabaco especial de contrabando para vender en España conocido como Pata Negra, un negocio que eludía los impuestos especiales y el IVA y cuyo contenido no tenía ningún tipo de control sanitario. Hay quien sostiene la teoría de que introducía cajetillas con un alto nivel adictivo que luego revertía en una mejora de sus marcas en los canales legales de venta. Las autoridades aduaneras españolas jamás han analizado estos cigarrillos. Philip Morris intentó negociar desde el principio un acuerdo, mientras otras compañías como Reynolds persistían en su engaño e incluso se aliaban con narcotraficantes como Laureano Oubiña para dar salida a un producto que muchos de los papeles desclasificados en Estados Unidos han descrito con detalle como destinado al contrabando, para lo que se empleaban eufemismos o palabras en código, como DNP (Duty Not Paid) o GT (General Trade). Europa, con la comisaria de Presupuestos, Michaele Schreyer, a la cabeza en su lucha contra el fraude presentó una nueva demanda a finales de 2002 contra Reynolds por blanqueo de miles de millones de euros anuales a través de grupos terroristas, traficantes de armas y drogas y diversas redes criminales. Una de las bases operativas del tráfico ilegal de Reynolds era el puerto de Valencia, que junto con el de Amberes recibía los contenedores de tabaco ilegal para redirigirlos a Chipre y Turquía. Organizaciones como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) lo distribuían en Irak en colaboración con uno de los hijos de Sadam Hussein, Udai Hussein, en el mismo momento en que el presidente Bush pedía sanciones comerciales contra Irak. La Comisión Europea dio incluso detalles en su demanda de las cuentas de Lugano (Suiza) en las que se depositaban los miles de millones facturados por el contrabando de Reynolds.

La Fiscalía Anticorrupción en España cifraba por entonces en 60 millones el dinero que movía el tabaco ilegal y recogió en su memoria de 2001: «Existe un entramado organizativo internacional, perfectamente estructurado y jerarquizado, sobre el tráfico ilegal de tabaco, pareciendo estar en la cúspide de la estructura jerárquica dos empresas tabaqueras: Philip Morris y Reynolds». En una ocasión, durante el verano del año 2001, Pere Torras me llamó para hablar conmigo sobre el contrabando de tabaco. Quedamos en el Café de la Ópera, en las Ramblas de Barcelona, y me explicó su historia: había trabajado durante años en Estados Unidos en la distribución ilegal de tabaco dirigido a Europa en una red organizada por una multinacional que le echó de su puesto sin demasiados miramientos. Guardaba mucho rencor y mucha documentación que demostraban su denuncia, pero Torras pedía que se le pagase una cantidad de dinero por dicha información habida cuenta, me dijo, de que se jugaba la vida con ello. Entonces yo trabajaba en el diario El País, que declinó la oferta porque, me dijeron sabiamente mis superiores: «Nosotros no pagamos por información». Torras murió hace algunos años y su familia destruyó toda la información de un episodio de sus vidas que recuerdan como una pesadilla. Es probable que muchos de aquellos datos acabasen llegando de una manera u otra a la OLAF, la oficina europea de lucha contra el fraude fiscal, que se pasó años investigando estas conexiones, como la del narco gallego Laureano Oubiña, cliente de Reynolds desde antes de 1990 y quien, según la demanda comunitaria, utilizó la compra de cigarrillos para blanquear parte de sus ganancias del narcotráfico. Oubiña compraba el tabaco a través de la filial North American Duty Free y su contacto era Michael Haenggi, que en una entrevista en The New York Times en 1997 llegó a reconocer que distribuía al por mayor cigarrillos de Reynolds a conocidos criminales. La multinacional además los asesoraba para blanquear su dinero a través de tortuosos sistemas de pago en un negocio que le hizo subir ventas y márgenes comerciales gracias a unos precios y unas condiciones que lógicamente eran mejores que en las operaciones legales. Estas mismas compañías tabaqueras eran las que en paralelo trataban de evitar nuevas regulaciones en España, contrataban a los mejores bufetes de abogados para hacer lobbying, hablaban de códigos de autorregulación y defendían la libertad en defensa del fumador y en contra del prohibicionismo paternalista del Estado.

La situación era tan insostenible y evidente que Philip Morris Internacional decidió llegar a un acuerdo con Bruselas, en un gesto insólito que dejó tras de sí muchas dudas sobre la protección de la salud de los europeos. La Comisión Europea retiró la demanda contra Philip Morris a cambio de mil millones de euros a pagar en 12 años para sufragar la lucha contra el contrabando y el comercio de un tabaco que empezaba a competir con las grandes tabacaleras americanas, los cigarrillos falsificados procedentes de China. «Cada día se venden en Europa más de un millón de paquetes de cigarrillos falsificados», dijo por entonces el presidente de Philip Morris Internacional, André Calantzopoulos. El pago no fue desinteresado pues si bien la multinacional americana se comprometió a regular mejor su producto para poder evitar el contrabando, también pagó para que la Administración europea luchase contra sus competidores, el tabaco falsificado que cada vez con más frecuencia llega en contenedores procedentes de China y otros países de Asia y Oriente Medio, marcas copiadas con gran sofisticación para venderlas en el norte de Europa.

El sabor americano procedente de China suele ser Winston, Marlboro o Camel. Circula asimismo una suerte de marca blanca que se denomina Yesmoke o el Cheap Whites, muy populares entre los inmigrantes que residen en España. Aunque el 80 % del tabaco falsificado proviene de China, desde 2005 se han clausurado en la UE más de 50 fábricas de tabaco falsificado, en países como Alemania, Lituania, Inglaterra, Polonia, Chequia, Eslovaquia y Grecia. En España ya se han cerrado varias plantas. Las autoridades españolas no han analizado hasta ahora la composición del tabaco falsificado, un proceso muy caro si se quiere hacer con detalle, y que no se realiza porque se parte de la base de que el consumidor ya sabe que fumar perjudica seriamente la salud.

Además de los puertos de Barcelona, Valencia o Algeciras, hablar de contrabando en España es hablar de Galicia, así como de Andorra y Gibraltar, paraísos fiscales que históricamente han tenido en el tabaco una gran fuente de ingresos vendiendo cajetillas sin impuestos y de dudosa procedencia, y, por supuesto, sin control sanitario. La crisis ha reactivado un comercio ilícito que ha llevado a Bruselas a tomar conciencia de que se deben revisar las bajas sanciones que establecen los Estados. En el caso de España, 2011 fue el primer año en el que Hacienda detectó el primer descenso en 25 años en los ingresos por la fiscalidad del tabaco, concretamente 1.279 millones menos. Las tabaqueras opinan que la alta fiscalidad estimula el contrabando, pero lo cierto es que en España, como en tantos otros países europeos, el porcentaje de cigarrillos ilegales cayó a niveles más bajos cuando mayor fue el incremento de la carga impositiva. Han sido la crisis y la relajación de los controles policiales y aduaneros las que han llevado al repunte de un negocio que alcanza el 18 % según la Unión de Asociaciones de Estanqueros tras triplicarse el mercado negro en los últimos años, una cifra que esta entidad acostumbra a exagerar y que según el Eurobarómetro de 2013 se situaría sobre el 8 %, pero sería más elevada en regiones fronterizas. La guinda del pastel la puso el Gobierno del PP, que hizo aprobar en junio de 2011 en el Congreso una modificación de la ley orgánica de represión del contrabando que elevó de 6.000 euros a 20.000 —más del triple— el importe mínimo del tabaco ilegal aprehendido para ser considerado un delito penal y no una mera falta administrativa. Los estanqueros pusieron el grito en el cielo porque entendieron que la medida favorece el contrabando de forma descontrolada y supone una práctica despenalización del comercio ilícito. Lo cierto es que los controles aduaneros cada vez se ven más desbordados.

El contrabando de tabaco es una actividad que da empleo y saca de la miseria a muchas familias, como es el caso de La Línea de la Concepción, la ciudad gaditana más próxima a la verja de Gibraltar y donde se han llegado a producir manifestaciones de protesta pidiendo a los agentes de aduanas que mirasen para otro lado para sacar más cartones para la venta ilegal. Los jornaleros de la nicotina ilegal se sacan tres euros por cartón de Marlboro y muchos ingresan mil euros limpios al mes en una zona con el 40 % de paro. El ir y venir de las motos de los cartoneros permite que en Andalucía haya zonas en donde el consumo de cigarrillos ilegales llegue al 30 % y es una actividad que no está mal vista, pese a que en La Línea ya solo quedan tres de los ocho estancos que había y la caída de ventas de cajetillas legales ha descendido un 50 % en Cádiz. Y la cosa va a más, con redes que tienen en nómina hasta cien empleados y una mafia rumana en auge.

También está en auge el contrabando de tabaco en Andorra, cuya orografía hace que la actividad sea menos visible y más costoso su control. Antiguos caminos de contrabandistas vuelven a ser transitados y la Guardia Civil detiene asiduamente vehículos cargados de cartones que intentan pasar la frontera de día y de noche. Solo en 2012, la Guardia Civil aprehendió un total de medio millón de cajetillas de tabaco, más del doble respecto al año anterior. Andorra siempre ha favorecido el contrabando de tabaco, tiene media docena de plantas de fabricación de las primeras marcas norteamericanas y existen grandes fortunas, como la de la familia Reig —la de los puritos Reig—, que son muy influyentes. El negocio del tabaco les ha llevado incluso a inaugurar su primer museo del tabaco, en un país poco dado a invertir en cultura. Son múltiples los caminos forestales por los que burlar las aduanas, aunque se dan casos detectados en conexiones tradicionales como el la de La Seu d’Urgell, en Lleida, más concretamente el paso de La Farga de Moles. El caso más peculiar fue el del político de ERC Jordi Ausàs, condenado a tres años y nueve meses de cárcel por contrabando y otros tres meses por pertenecer a un grupo criminal, una actividad que la justicia demostró que había empezado en 2010 siendo consejero de Gobernación del Gobierno catalán. Ausàs se consideraba inmune a posibles controles policiales por ser un miembro del ejecutivo autonómico y persona conocida en la zona, pues durante años fue alcalde de La Seu d’Urgell. El dirigente independentista cruzaba la frontera asiduamente en un vehículo Audi de su propiedad o en un Suzuki de su esposa si quería cargar más.

Hay casos menos conocidos pero más relevantes, como la operación que llevó a la detención de 35 personas en 2013, entre ellas el distribuidor de cajetillas ilegales en el barrio barcelonés de la Barceloneta, que durante 25 años construyó una red en seis pisos que funcionaban como estancos clandestinos cada uno de los cuales vendía semanalmente entre 600 y 700 cartones de tabaco libres de impuestos. Todas las cajetillas vendidas provenían de Andorra, en donde es un 60 % más barato que en España, gracias a tres contrabandistas de La Seu, dos de los cuales eran montañistas que cada día cargaban en sus espaldas 40 kilos de tabaco por pistas de difícil acceso. También las fuerzas del orden se han visto salpicadas en más de una ocasión por el contrabando andorrano. Son numerosos los casos de agentes de la Guardia Civil corruptos que han sido detenidos y condenados por aceptar dinero a cambio de dejar pasar caravanas de coches con cartones ilegales de tabaco. En 1999 se llegó a detener hasta seis guardias civiles en diferentes localidades de la provincia de Lleida por pertenecer a una red organizada que utilizaba el paso de La Farga de Moles para perpetrar las operaciones.

Han existido conexiones políticas entre el contrabando y la política en Galicia, otro punto caliente. El comercio ilegal en esta comunidad ha sido una actividad casi mítica e incluso trascendió a la literatura y el cine, un modus vivendi bien visto en muchas capas sociales hasta que las redes de la nicotina de las rías gallegas empezaron a ser usadas para drogas como la heroína y la cocaína. Aunque dejaron menos muertos que los cigarrillos, su virulencia rompió a muchas familias en pocos años. Contrabandistas y políticos compartían mesa y mantel de forma natural en localidades como Villagarcía de Arousa, el centro de operaciones en las Rías Baixas, popularmente conocida como Villa Winston. Algunos contrabandistas se afiliaron a la Alianza Popular de Manuel Fraga y se hicieron con algunos ayuntamientos, y mantuvieron estrechas relaciones con el Gobierno de la Xunta de Galicia. Cuando accedió al poder Felipe González se intensificó la lucha contra el contrabando y se produjo la primera gran redada en las Rías Baixas en 1983. Muchos de los perseguidos por la justicia se refugiaron en un hotel de Viana do Castelo, en Portugal, a esperar que amainara el temporal. Los fugitivos contrabandistas pudieron hablar allí con el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Gerardo Fernández Albor, presente en un acto en el municipio portugués. Albor accedió a hablar con ellos y le pidieron que intermediara para negociar su regreso a España. Al cabo de unos meses, los contrabandistas se entregaron voluntariamente en la Audiencia Nacional, donde el caso se archivaría años más tarde por la prescripción de los delitos. Uno de esos fugitivos era Marcial Dorado, del que El País publicó unas fotos en su embarcación por las rías gallegas junto con Alberto Núñez Feijóo, cuando este tenía unos 34 años y era presidente del Instituto Nacional de Salud (Insalud).⁴ Hoy es el presidente de la Xunta de Galicia. Las fotos son de mediados de los noventa y ya era conocida la actividad de contrabandista de tabaco de Dorado, actualmente en la cárcel por una condena de 14 años por narcotráfico de cocaína. Marcial Dorado ya había estado implicado en la redada de 1983 y en la operación Nécora, dirigida en 1990 por Baltasar Garzón. Núñez Feijóo y Dorado tenían una amistad en común, Manuel Cruz López, testaferro del contrabandista en múltiples negocios y militante del PP en Ferrol, así como chófer de consejeros de la Xunta como el de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, después ministro de Sanidad y presidente del Consejo de Estado, además de uno de los padrinos políticos del actual jefe del Gobierno gallego, al que promocionó en diversos cargos cuando era ministro de Sanidad. El tabaco y su comercio ilícito han forjado extrañas amistades en Galicia.

LA NUEVA DIRECTIVA

El negocio del tabaco en la Unión Europa mueve 140.000 millones de euros, en un 90 % gracias a unos cigarrillos que dejan tras de sí 700.000 muertos cada año y un gasto sanitario de 25.000 millones de euros para tratar las seis principales enfermedades tabáquicas, a lo que hay que añadir 8.300 millones en pérdidas de productividad y la difícil evaluación de los años de vida malbaratados de tantos miles de seres humanos. Son 28 millones los europeos que fuman, de los que un 50 % morirán prematuramente una media de 14 años antes que los no fumadores tras padecer alguna enfermedad derivada de la nicotina y sus aditivos. En un nuevo gesto para tratar de civilizar semejante barbarie, la UE se adentra en el siglo XXI con una nueva Directiva sobre Productos del Tabaco (DPT) con el modesto objetivo de reducir el 2 % del consumo en cinco años, una iniciativa legislativa tortuosa en su tramitación y nada exenta de presiones por parte de la industria tabaquera, que incluso se llevó por delante al comisario de Salud John Dalli, un político maltés acusado por la oficina antifraude europea, la OLAF, de corrupción.

Legislar en la UE sobre el tabaco es material de alto riesgo pues es un producto que consumen en el mundo más de mil millones de personas cada día. La última DPT se preparó en una reunión ministerial en Bruselas en 1996 y no se aprobó hasta 2001, años en los que la industria no cejó de presionar contra las pretensiones regulatorias. Un trabajo de investigación a partir de los documentos desclasificados en Estados Unidos a las multinacionales demostró la inquietud que generó en la industria una normativa europea que se limitó a reducir el alquitrán, la nicotina y el monóxido de carbono —las compañías ofrecían datos engañosos—, amplió las advertencias sanitarias y prohibió los cigarrillos light y ultralight. Durante más de cinco años la industria activó un marco de respuesta global basándose en tres argumentos principales: la directiva estaba fuera del alcance de las competencias de la UE, se contravenían acuerdos comerciales amparados por la Organización Mundial del Comercio y la propiedad intelectual, y las habituales amenazas de efectos económicos desastrosos y de destrucción de empleo. Los papeles de la industria revelaron que, durante aquellos años, empresas como British American Tobacco y Philip Morris ejercieron un importante cabildeo directo e indirecto para proteger sus intereses comerciales, irreconciliables con la protección de la salud de los europeos. Trataron de influir de forma directa sobre funcionarios de la Comisión Europea, eurodiputados, diputados nacionales y ministros, y llegaron a construir una minoría de bloqueo en el Consejo de Ministros a partir de su influencia sobre los intereses alemanes. De forma más indirecta, la industria trató de presionar a través de agricultores, proveedores, distribuidores y sindicatos, aprovechando el impacto de estas organizaciones en los medios de comunicación. Al final, la directiva logró hacerse camino gracias al liderazgo del entonces comisario de Salud, el irlandés David Byrne, ex fiscal general en su país, y a la hábil gestión de los debates en la Comisión de Medio Ambiente del holandés Jules Maaten, un liberal que supo resistir los envites de la industria. No obstante, las tabaqueras lograron influir en la evaluación del impacto económico de la directiva que hizo la comisión a partir de datos exagerados facilitados por compañías como British American Tobacco.

La revisión de esta directiva se impulsó una década más tarde con la idea de no repetir el mismo proceso y acotar al máximo un lobbying que sonroja a muchos políticos, que saben que con cada una de las renuncias regulatorias que aceptan se pone en juego la vida de cientos de miles de europeos. «No debemos sacrificar la vida de nuestros niños por los intereses de la industria», manifestó el ministro irlandés de Sanidad, James Reilly, responsable del área durante la presidencia rotatoria de la UE. Al final, los Estados europeos se inclinaron por no prohibir los cigarrillos delgados (slim) y por una rebaja sustancial en el tamaño de las advertencias sanitarias, dejando atrás el objetivo del 75 % de la superficie de la cajetilla. También se acordaron períodos de transición para prohibir los cigarrillos mentolados, un producto ya vetado en países como Brasil. La industria de nuevo tejió una minoría de bloqueo influyendo especialmente en países del Este con menos cultura en salud pública como Polonia, la República Checa, Bulgaria y Rumanía y, sobre todo, soslayó la aprobación de severas restricciones en los aditivos de los cigarrillos. Solo se vetaron saborizantes como la fresa y la vainilla, pero el amoníaco ni se tocó y eso pese a que, como se ha dicho, el laboratorio agroalimentario de la Junta de Andalucía certificó, por encargo de la UE, su letal servicio a la industria del tabaco. Se orilló además la regulación de los cigarrillos electrónicos, un nicho de negocio que muchos ven como un filón a corto plazo y del que proliferan miles de tiendas especializadas por todas partes pese a que los e-cigarettes generan una gran inquietud entre sectores médicos por sus dosis de nicotina y la peligrosidad de sus vapores contaminados. Por este motivo, Bruselas abogó por comercializar solo cigarrillos electrónicos de bajo nivel de nicotina y que su venta no fuese una exclusiva de las farmacias. Hasta hace poco, España había convertido sus 21.000 farmacias en una gran red de distribución de droga con la venta de cigarrillos electrónicos. En algunos países, como Francia, estos cigarrillos aún solo se pueden comprar en farmacias.

Los miles de millones de euros que hay en juego en cada directiva del tabaco agitan siempre las aguas en Bruselas. La nueva normativa no podía ser menos y se llevó por delante al comisario John Dalli en uno de los casos más oscuros que ha vivido la Comisión Europea tanto por lo que se sabe del caso como por lo que no se sabe, ya que la publicación del informe de la oficina antifraude (OLAF) sobre Dalli fue vetada. El caso partió de un apartado de la normativa europea que prohíbe vender en la UE el snus, un tabaco de boca que ni se fuma ni se masca y que solo se comercializa en Suecia gracias a una excepción que impuso ese país en 1997 para adherirse a la Unión. El snus está muy arraigado en Suecia desde el siglo XIX y lo consumen más de un millón de suecos. Según lo poco que trascendió por declaraciones del director general de la OLAF, el italiano Giovanni Kessler, y de portavoces de la compañía Swedish Match, el comisario Dalli urdió un plan para levantar el veto a la exportación en Europa del snus —algo insólito puesto que apenas había presión para ello— a cambio de 60 millones de euros. Un intermediario y político maltés de confianza de Dalli, Silvio Zammit, pidió a la empresa sueca Swedish Match 10 millones de euros de entrada y 50 más para cuando las gestiones hubiesen dado sus frutos. Zammit está considerado en Malta un personaje algo pintoresco, es propietario de un restaurante y diversos negocios y en el momento de los hechos era teniente de alcalde del municipio maltés de Sliema. Swedish Match, en un gesto honorable poco habitual en la historia de la industria, denunció el caso a la Comisión Europea y a su presidente, José Manuel Durão Barroso, ya escaldado por el caso de corrupción que hizo caer a todo su gabinete en 1999. Barroso cortó por lo sano el asunto y tras una de las más rápidas investigaciones que se le conocen a la OLAF hizo dimitir a Dalli, que cedió el testigo a otro maltés, Tonio Borg, como nuevo comisario de Salud. La OLAF habló de «pruebas circunstanciales no ambiguas» y de que Dalli no hizo nada para evitar que alguien próximo a él pidiese dinero a una empresa a cambio de modificar la directiva del tabaco. Dalli no tuvo acceso al informe de la OLAF y lo negó todo, pero no tenía credibilidad ante la opinión pública: en 2004 tuvo que dejar la cartera de Exteriores de su país por otro presunto soborno. Lo cierto es que la industria, a través de sus habituales intermediarios, no tardó en aprovechar las circunstancias para pedir que la directiva empezase de cero. Mientras, la OLAF derivó la causa a la justicia maltesa, que archivó rápidamente el caso por falta de pruebas. La situación fue rocambolesca y posponer la DPT hubiese dado la impresión de lo que el propio Dalli denunció en sus escasas explicaciones sobre el caso: que la industria tabaquera le había puesto una trampa y que había sido víctima de un plan para paralizar o retrasar la nueva directiva del tabaco.

La Comisión Europea intentó acelerar la nueva DPT para asegurar su aprobación porque lo contrario hubiera sido impúdico. La organización Smoke Free Partnership puso el grito en el cielo y alertó a los políticos europeos de las artimañas de la industria para influir de nuevo en la legislación, por lo que hizo un llamamiento a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros para defender la salud de sus ciudadanos. No es para menos si se tiene en cuenta que multinacionales como Philip Morris llegaron a crear un fichero de seguimiento detallado de los eurodiputados para influir en la orientación de sus votos y atraerlos hacia sus intereses. Tal como reveló el diario francés Le Parisien, en documentos internos de Philip Morris de entre 2012 y 2013 se podían leer comentarios como este, en relación con la eurodiputada Christine de Veyrac: «Ferviente opositora a la industria del tabaco. Es necesario vigilar de cerca sus eventuales iniciativas antitabaco. Rechaza reunirse con la industria». La tabaquera asignó un presupuesto de más de medio millón de euros repartidos entre 161 lobbystas de Bruselas, un dinero que el movimiento antitabaquista vinculó sin pruebas a una posible compra de votos de eurodiputados o, cuando menos, a un plan para intentar retrasar la directiva europea, para que esta se renegociase bajo la presidencia de Grecia, uno de los países más protabaco de la UE, o incluso postergar la normativa a después de las elecciones al Parlamento europeo (mayo de 2014). Todas estas informaciones generaron gran inquietud en Bruselas, en donde se temió que información protegida del grupo de trabajo del Consejo Europeo, que ayudó a elaborar la nueva DPT, hubiese acabado en manos de alguna compañía tabaquera. En este caso, las sospechas recayeron en Imperial Tobacco puesto que esta multinacional transmitió a la Dirección General de Salud su preocupación por la posibilidad de que se aprobase el empaquetado genérico de las cajetillas de cigarrillos en un momento en el que aún no se había hecho pública tal iniciativa. Cuando Salud requirió a Imperial Tobacco sobre su fuente para plantear tal queja, la multinacional se negó a revelarla, y es que las reuniones del Consejo Europeo están sujetas al secreto profesional. Por tanto, la deducción es obvia: la industria tiene topos en las instituciones europeas. Por cierto, la obligación del empaquetado genérico, una de las grandes reclamaciones de las organizaciones médicas para evitar hacer de las cajetillas de cigarrillos un producto atractivo, nunca se llegó a aprobar.

El caso Dalli dio mucho que hablar en Bruselas porque entre los motivos para el cese del comisario se adujo que había mantenido reuniones no reveladas con grupos de presión del tabaco, una lógica que sin embargo no se aplica habitualmente con otros funcionarios de alto nivel de la Comisión Europea o directores generales. El director de la OLAF acusó a Dalli de transgredir el artículo 5.3 del convenio marco de la OMS para el control del tabaco, que reza: «A la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativas al control del tabaco, las partes actuarán de una manera que proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional».

El lobbying es una cuestión espinosa en Bruselas porque las instituciones europeas no lo han regulado bien. El registro de grupos de presión es voluntario, cuando debería ser obligatorio al menos para lobbies de alto riesgo como es el del tabaco. La Dirección General de Salud y Consumidores es la única que da transparencia a todas sus reuniones a través de su página web. Pero la cosa falla cuando en el registro europeo de lobbies no están inscritos importantes actores protabaco, como la tabaquera alemana Reemtsma, la industria del cigarrillo electrónico, la consultora que trabaja para Imperial Tobacco y Altadis (Bell Pottinger) o la firma de abogados Clifford Chance, que asesora a Philip Morris en Bruselas. En el último tramo en la elaboración de la directiva, según el Corporate Europe Observatory, se detectaron al menos tres reuniones que no fueron declaradas por parte del director general de Salud, Robert Madelin, y en las que participaron representantes de British American Tobacco y de la Confederación Europea de Fabricantes de Cigarrillos. Asimismo, representantes del propio gabinete del presidente de la Comisión Europea y de la Secretaría General se reunieron en diversas ocasiones con directivos de la empresa sueca Swedish Match, con la Cigar Association, la Bundesverbant der Zigarrenindustrie o Phillip Morris International. ¿Por qué no dimitieron ellos también? Hay que recordar además que la OMS rechaza la práctica de la «puerta giratoria», es decir, que trata de evitar que funcionarios europeos relacionados con temas de salud se pasen directamente a la industria del tabaco. El último caso está aún fresco: el checo Pavel Telicka dejó su cargo como comisario de Salud en 2004 para ir a trabajar a BXL Consulting, una consultora que hace lobby para British American Tobacco en Bruselas. De hecho, constan varias reuniones de Pavel Telicka con representantes europeos en 2006 y 2007 para defender los intereses de British American Tobacco.

La Comisión Europea aún no ha desarrollado, o no ha querido hacerlo, normas para regular estas situaciones, en las que un político puede contemplar la posibilidad de ser indulgente con la industria del tabaco en el último tramo de sus responsabilidades para luego irse con un buen sueldo a la empresa privada del sector que ha favorecido. Estas malas prácticas son además generalizadas. Sin ir más lejos hay algún eurodiputado español del PP que ha ido y venido entre la industria del tabaco y el Parlamento Europeo con toda normalidad. Es el caso de Javier Areitio, fichado por Philip Morris España en 1992. Dos años más tarde fue elegido miembro del Parlamento Europeo, del que formó parte de la Delegación para las relaciones con Estados Unidos. La puerta giratoria volvió a rodar y Areitio regresó —sin pasar por el paro— a la estadounidense Philip Morris, en donde trabajó hasta 2007 como presidente en España para Asuntos Corporativos. Javier Areitio es ahora consultor y consejero de Burson-Marsteller, una consultora que trabaja para Philip Morris desde principios de los años noventa elaborando planes para la multinacional americana para frenar los intentos de regulación del tabaco del Gobierno español.

En la cámara europea ha habido auténticos hooligans protabaco. Ha sido el caso de Godfrey Bloom, un eurodiputado británico de extrema derecha que fue miembro del Instituto de Asuntos Económicos, un think tank cofinanciado por la industria. Bloom es un histriónico político repudiado incluso por los suyos, el Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP, por sus siglas en inglés), debido a sus comentarios negacionistas sobre el cambio climático, por agredir a periodistas y porque en una ocasión llamó «putas» a las militantes de su partido. Bloom, acusado de intervenir ebrio en más de una ocasión en la Eurocámara, fue el encargado de solicitar al Parlamento Europeo que albergase la I Conferencia Mundial contra la Prohibición por encargo de la TICAP, la Coalición Internacional contra la Prohibición, una oscura organización de dudosa financiación que ve en regulaciones como la del tabaquismo una seria amenaza para la democracia y para una sociedad libre. Aunque el movimiento antitabaquismo ve a sus miembros como simpáticos antiprohibicionistas convertidos en sicarios de la industria, la TICAP recibió el visto bueno de Bruselas para celebrar esta primera conferencia que, bajo el título de «Las prohibiciones de fumar y las mentiras», pretendía reunir a científicos e intelectuales a sueldo del lobby del tabaco que tenían por objetivo principal sembrar dudas sobre los estudios dedicados a los efectos en la salud de los fumadores pasivos. Alertada de todas estas circunstancias por los movimientos europeos de salud pública y bajo el liderazgo de Smoke Free Partnership y la Alianza Libres de Humo de Bruselas, la oficina del Parlamento Europeo canceló finalmente la conferencia dos semanas antes de su celebración. Los antiprohibicionistas clamaron al cielo por lo que vieron como un «intento de acallar la libertad de expresión en el corazón de la UE».

Pocos años más tarde y en un contexto ya de severa crisis económica que parece que lo legitima todo, España protagonizó una situación insólita de connivencia consumada entre el poder político institucionalizado y el macabro negocio del tabaco. En una iniciativa liderada por el presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), cinco comunidades autónomas se reunieron en una fábrica de Altadis para frenar o suavizar la nueva directiva europea del tabaco. A la cita acudieron, además del cántabro, los presidentes de Extremadura, José Antonio Monago (PP); de La Rioja, Pedro Sanz (PP); de Canarias, Paulino Rivero (Coalición Canaria), y la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina (UPN-PP). Andalucía estuvo representada por el entonces consejero de Agricultura, Luis Planas, una presencia de menor rango para rebajar la contradicción que suponía que un socialista acudiese a una cumbre de la derecha nacional y regional, sobre todo cuando la comunidad andaluza mantenía en los tribunales una demanda contra las tabaqueras y el Estado por los gastos sanitarios derivados del negocio del cigarrillo. Agasajados en las instalaciones tabaqueras de Entrambasaguas por los presidentes de Altadis, Dominic Brisby, y de Tabacalera, Fernando Domínguez, a la cita también acudieron el Comisionado para el Mercado de Tabacos del Gobierno de España, Juan Luis Nieto, y representantes de Logista, de la Asociación Empresarial del Tabaco, la CEOE, los sindicatos UGT y CC.OO. y de asociaciones de la hostelería. La industria, cinco comunidades autónomas y el Gobierno español reunidos en defensa del sector del tabaco, una movilización de recursos que no se recuerda en cambio para defender la salud de los fumadores pasivos. En torno a la denominada Mesa del Tabaco, los participantes firmaron una declaración institucional conjunta sin precedentes en la que se pidió un «equilibrio» entre la protección a la salud y la actividad económica de un sector que aporta una recaudación de 9.300 millones de euros anuales (IVA incluido) y emplea directa e indirectamente a cerca de 60.000 personas en España. También es cierto que el cultivo de tabaco representa solo el 0,05 % de la producción agraria española, concentrada en más de un 90 % en Extremadura. Precisamente, el dirigente más agresivo con la nueva directiva fue el presidente extremeño, José Antonio Monago, que aseguró que la UE había planteado su última propuesta de regulación de forma «tramposa» y «amañada» porque, en aras de proteger la salud, la DPT se había metido en cuestiones comerciales no propias de la Comisaría de Salud. Otras voces como la del presidente canario, Paulino Rivero, instaron al Gobierno de Mariano Rajoy a defender con «uñas y dientes» un sector que da de comer a 5.000 familias canarias —25.000 en el caso de Extremadura—. Lo cierto es que todos los altos dirigentes reunidos en la sede de la multinacional tabaquera (Altadis-Imperial Tobacco) pidieron implícitamente que el Gobierno contraviniese el Convenio Marco para el Control del Tabaquismo de la OMS, suscrito por España en 2003 y en el que nuestro país se comprometió a no llegar a acuerdos con la industria ni a recibir parabienes de las multinacionales. Esa reunión supuso un daño muy importante en la imagen que España se había labrado como nación avanzada en la lucha contra el tabaquismo. El Ministerio de Salud calló ante la incomodidad de muchos de sus funcionarios y dejó solo al Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo en su denuncia del caso.

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LOS ENFERMOS CLAMAN JUSTICIA

El 7 de diciembre de 1990, Linda Iverson envió una carta al presidente y consejero delegado de R.J. Reynolds, J.W. Johnston, a sus oficinas de Winston-Salem, en Carolina del Norte (Estados Unidos): «Querido señor Johnston. He recibido con su tarjeta de felicitaciones unos cupones de regalo de un dólar para comprar sus cajetillas de tabaco dirigidos a mi marido, Ken Iverson. Deseo que usted sepa que mi marido, que tiene 44 años, está muriéndose de un cáncer de pulmón. Se va a morir y me va a dejar a mí y a mis dos niños, uno de los cuales tiene solo 11 años. Hemos tenido que dedicar miles de dólares a gastos médicos durante el pasado año, debido a la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Él necesita 24 horas diarias de cuidados, por lo que no puedo trabajar y sostener a mi familia. ¿Cómo puede usted en buena conciencia trabajar y dar apoyo a una compañía que promueve este producto tan mortífero? ¿Tendría usted el coraje de contestar a mi carta? Sinceramente suya, Linda Iverson, madre de dos niños que cuida a su marido moribundo».¹

Las grandes compañías de tabaco americanas recibieron una oleada de pleitos durante los años noventa de enfermos de cáncer indignados por el engaño al que les habían sometido las multinacionales de la nicotina, sobre todo después de conocer los denominados cigarettes papers, los documentos secretos de las multinacionales desclasificados gracias a la justicia. En paralelo, diferentes estados como Misisipi y Texas lograron compensaciones millonarias por los gastos sanitarios derivados de las enfermedades tabáquicas. Las noticias de estas iniciativas llegaban en grandes titulares a Europa, en donde se veía con cierta perplejidad cómo los máximos directivos de las grandes multinacionales eran juzgados por engañar durante décadas a los consumidores americanos al no advertirlos de las consecuencias del hábito de fumar. Ante el gran jurado, las tabaqueras tuvieron que reconocer públicamente y por primera vez que fumar provoca cáncer y que la nicotina es adictiva. Su engaño traspasó fronteras y fue practicado a nivel internacional, lo que también abrió los ojos a otros muchos enfermos de cáncer de toda Europa, que de forma tímida empezaron a presentar reclamaciones en los juzgados de Francia, Italia, Holanda o Noruega.

En España se ha registrado hasta el momento una treintena de demandas admitidas a trámite contra las tabaqueras de reclamaciones por enfermedades vinculadas al hábito de fumar, algunas de ellas de tipo colectivo representando a miles de exfumadores. Estas querellas han abierto el camino de la litigiosidad en España contra los fabricantes de un producto que les ha causado dolor y desgracia.

LA CRUZADA DE ÁFRICA PULGAR Y GUSTAVO CIRAC

El primero en dar el paso en España fue el abogado Gustavo Cirac, que en enero de 1998 presentó la primera demanda contra Tabacalera en representación de África Pulgar, la hasta hacía pocos meses portera de la finca en la que el letrado vivía en el barrio barcelonés de L’Eixample. África Pulgar es la viuda de Emilio Carramiñana, muerto en noviembre de 1993 a causa de un cáncer de pulmón tras fumar durante más de 20 años dos cajetillas diarias de Ducados. El abogado riojano, afincado en Barcelona y experto en responsabilidad civil como representante de la aseguradora Lagunaro en Cataluña, vio la oportunidad de ayudar a su antigua portera, desde hacía poco en paro y con dos hijos a su cargo, la misma situación que tuvo que afrontar la estadounidense Linda Iverson, que finalmente vio morir a su marido, un empedernido fumador de Winston.

Cirac era consciente de las muchas dificultades que se iba a encontrar por el camino, de que las legislaciones estadounidense y española son muy diferentes y de que delante tenía a un monstruo empresarial, Tabacalera, a punto de ser privatizado y que recibió por cierto la noticia con el paso cambiado ya que el novedoso pleito podía bajar y mucho su precio en el mercado. Pero Cirac entendió que merecía la pena intentarlo, como en otras ocasiones había hecho, cuando ganó algún pulso sonado como el de los famosos overbookings que dejaban en tierra y sin indemnización a pasajeros que habían pagado religiosamente su billete. Cuando menos, pensó, su arriesgada apuesta daría publicidad a su pequeño bufete de la Gran Vía y eso, legítimamente, le reportaría más clientes. Cirac jamás cobró un duro a la viuda de Carramiñana y asumió el riesgo de pagar las costas al enfrentarse a despachos de abogados de primera división. A Tabacalera, a los pocos meses ya bautizada como Altadis tras fusionarse con la francesa Seita, la representó en el juicio el despacho de abogados Cuatrecasas.

El abogado barcelonés aprovechó sus buenas relaciones con una exjuez de Manresa (Barcelona) para asesorarse en los fundamentos jurídicos de la demanda. Basó su estrategia en demostrar que Carramiñana había suscrito un contrato tácito con Tabacalera al comprar sus marcas de cigarrillos para experimentar el placer de fumar, un hábito que adquirió a la temprana edad de 14 años. Corría el año 1965 y Tabacalera no informaba por aquel entonces de los peligros para la salud de los cigarrillos ni de su adicción. El abogado recordó en su demanda la relación causal y directa entre la enfermedad de Carramiñana y la adicción al tabaco, un hábito que anulaba la facultad volitiva de su cliente. El mismo día en que se sabía que el estado de Texas iba a recibir 14.500 millones de dólares de las tabaqueras a pagar en 25 años —aún hoy los abonan en cómodos plazos—, Tabacalera emitía un comunicado para anunciar una demanda contra la familia Carramiñana por los «daños y perjuicios» que la iniciativa legal iba a causar «en el buen nombre de la compañía». Fue un golpe bajo, un rápido intento de amedrentar a una viuda en paro y a sus dos hijos —cofirmantes de la demanda— para frenar el efecto contagio y la presentación en España de miles de nuevas demandas.

La denuncia de la tabaquera contra la familia Carramiñana jamás fue presentada pero surtió efecto, ya que no se produjo una avalancha de demandas por tabaquismo. No obstante, la segunda querella se registró dos semanas más tarde; fue la de un profesor de Logofoniatría, Joaquim Auqué, que culpó a Tabacalera de provocarle un cáncer de laringe. Aquel año de 1998 murieron en España más de 50.000 personas por fumar. Tanto Carramiñana como Auqué presentaron como prueba ante el juez sus «tarjetas de fumador», expedidas por Tabacalera durante la época del racionamiento. La familia Carramiñana no pedía mucho, solo 60 millones de pesetas (360.000 euros) por daños y perjuicios psicológicos y morales, una indemnización parecida a la de un accidente de tráfico, pero la tabaquera española vio en la causa la chispa que podía provocarle un gran incendio, es decir, colas ante sus puertas de miles de enfermos de cáncer esperando ser resarcidos de una vida de dolor, enfermedad y muerte prematura. Los abogados de Tabacalera-Altadis negaron la relación directa y exclusiva del tabaco con el cáncer de Carramiñana porque decían que podían concurrir otras causas genéticas y ambientales. La tabaquera recordó que su producto se elaboró de acuerdo con la normativa vigente y que la familia Carramiñana no podía invocar desconocimiento de las nefastas consecuencias del tabaco porque los medios de comunicación venían informando de ello «desde los años sesenta» y las cajetillas llevan advertencias sanitarias desde 1982. También negó una relación contractual porque ni los fabricantes de cigarrillos ni los grandes distribuidores podían por ley ser titulares de expendedurías ni puntos de venta, por lo que Altadis-Tabacalera no vendió directamente el tabaco a Carramiñana.

La demanda civil del abogado Gustavo Cirac se presentó ante el juzgado de instrucción número 34 de Barcelona, que no resolvió hasta marzo de 2001 para desestimar íntegramente la denuncia e, incluso, condenar a costas a la viuda de Carramiñana. Durante esos tres años, el magistrado titular José Manuel Terán López —fumador de un paquete diario— pudo escuchar declaraciones como las del juez decano de Barcelona, Joaquín Bayo, asegurando que las posibilidades de que la demanda fuese estimada eran «obviamente menores que en Estados Unidos», o las del fiscal Víctor Alegret, para quien «sostener que una persona que fuma tres paquetes diarios no está suficientemente informada sobre los riesgos del tabaco es un poco temerario». Incluso intervino en contra de la familia Carramiñana la consejera catalana de Justicia, Núria de Gispert, que se limitó a decir: «Si un adulto quiere fumar, es su problema».² De Gispert fue durante décadas una alta dirigente de UDC, partido que recibió dinero de la industria como ha certificado el Tribunal de Cuentas.

La primera sentencia judicial en España se cargó de un plumazo la ciencia epidemiológica porque si bien la aceptó formalmente como «criterio de causalidad», estableció que era «más riguroso» hablar de factor de riesgo a la hora de contraer la enfermedad. La juez asumió las tesis de Altadis de que podía haber otros factores ambientales, contaminantes o genéticos «que pueden ser —no lo demostró— de influencia en la enfermedad». Sorprendentemente también compró la tesis de la tabacalera de que el fallecido tenía que ser consciente de sus actos al fumar porque los medios de comunicación ya informaban de las maldades de la nicotina desde los años sesenta. Por un lado, la magistrada evidenció no ser consciente de los nulos esfuerzos de la Tabacalera franquista por advertir a los fumadores del veneno que consumían y menos aún de la política de manipulación y engaño que practicaron las multinacionales hasta mediados de los años noventa. Además, no tuvo reparos en hablar de una opción personal —a los 14 años— que debía asumirse «con responsabilidad y mesura», cuando los médicos han alertado de que esta opción no existe; no hay una manera de consumir tabaco que sea mesurada y responsable puesto que por bajo que sea el consumo de cigarrillos se disparan todas las probabilidades de contraer enfermedades graves y mortales.

Pero el primer portazo judicial dejó a la vez entreabierta una puerta: la sentencia apreció una relación contractual entre Altadis y el fumador, al estilo de una compraventa, porque detectó los elementos jurídicos necesarios para esta relación, que son el consentimiento, el objeto y la causa. Apeló a un extraño «exceso de hermenéutica» para descartar un contrato de adhesión, tal como pedía la viuda de Carramiñana, porque la relación era «compleja» al ser el Estado el titular del monopolio de la venta del tabaco, que es un negocio reglado. En cualquier caso, rechazó que hubiese una responsabilidad derivada del contrato al no quedar demostrado que el adenocarcinoma de Carramiñana fuese fruto de fumar, cuando la epidemiología habla de que el 85 % de los casos de cáncer de pulmón tienen su raíz en los alquitranes que acompañan a la nicotina. Es decir, si eres un fumador empedernido desde hace años y tienes un tumor en los pulmones, el tabaco es siempre la causa principal. El abogado Gustavo Cirac vio una luz al final del túnel porque, si había relación contractual, el posible delito prescribía a los 15 años, por lo que decidió recurrir ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Altadis, ganadora de su primer pleito, apeló porque era consciente de que se le había abierto una vía de agua que debía taponar. En segunda instancia, la Audiencia de Barcelona volvió a dar la razón a Altadis, esta vez incluso revocando el carácter contractual de la relación con Carramiñana, desmontando el razonamiento jurídico del juzgado de primera instancia. El ponente de la sentencia debía haber sido en esta ocasión el magistrado Antonio P. Nuño de la Rosa y Amores, pero sus tesis claramente contrarias a Altadis frente a las otras dos magistradas de la Sección Primera de la Audiencia lo relegaron a una situación poco habitual, y tuvo que dejar el asunto en manos de la presidenta de la Sección, que determinó en el fallo que no hubo relación contractual alguna entre Altadis y Carramiñana, sino que la hubo entre el fallecido y los estancos. En todo caso, la sentencia admitía que esta situación no eximía a Altadis de toda posible responsabilidad, que la encuadró bajo el concepto de «responsabilidad aquilina», siempre que se demostrase un defecto de fabricación o falta de información sobre el producto. El tribunal pudo no haber entrado a valorar esta última cuestión puesto que, al no haber relación contractual, los hechos ya habían prescrito hacía años. Sin embargo, se arrogó la potestad de hacerlo y dictaminó que «el tabaco es un producto de consumo tremendamente reglamentado, cuyo correcto uso es perjudicial para la salud, esto es, la causación del daño es consustancial al propio producto». Es decir, que lo que no valió para establecer una relación causal entre fumar dos cajetillas diarias de Ducados durante 20 años y padecer un cáncer de pulmón sí sirvió al tribunal como argumento para sentenciar que «las consecuencias dañosas no quedan protegidas por el principio de responsabilidad objetiva» al suministrar Altadis un producto que en sí mismo es dañino para la salud y cuyo suministro está legalizado y regulado por el Estado. «Altadis no debe asumir el riesgo de vender tabaco por su propia naturaleza de riesgo.» La magistrada Laura Pérez de Lazárraga, con su terminología jurídica, dejó claro por primera vez que las tabacaleras, en este caso Altadis, tienen licencia para matar, que las compañías tabaqueras que comercializan sus productos con el timbre del Estado tienen el aval legal para matar cada año a cerca de 60.000 españoles. Lo tienen ahora y lo tenían en 1965, cuando un adolescente e inmaduro Carramiñana empezó a fumar y las tabacaleras ocultaban en sus despachos la verdad sobre la nicotina. El tabaco se acabó llevando también por delante a la propia magistrada del caso, una fumadora empedernida que moriría años más tarde de cáncer. Una adicta a la nicotina dictaminó así sentencia a favor de las tabaqueras antes de morir por fumar. La Audiencia exoneró de toda responsabilidad a Altadis-Tabacalera de informar sobre la adicción de los cigarrillos porque no había ninguna normativa que le obligase a hacerlo y porque, atención, «no tenemos fundamento alguno para pensar que la referencia a la adicción pudiera ser determinante en la conducta de los consumidores para alejarse del hábito del tabaco y conseguir lo que ninguna otra de las advertencias efectuadas ha logrado». En definitiva, la Audiencia concluyó que consumir cigarrillos «constituye un acto que pertenece a la esfera de la libertad de la persona». Al menos, el tribunal se apiadó de la familia Carramiñana y de su abogado y revocó la condena a pagar las costas del pionero proceso.

Quien no quiso tener mala conciencia fue el magistrado Nuño de la Rosa y Amores, que elaboró un voto particular en la sentencia para que quedase bien claro que él no estaba ni por asomo de acuerdo con un fallo que satisfacía plenamente los intereses de la industria. El magistrado, a quien inicialmente correspondía elaborar la sentencia, defendió que la relación entre Altadis y Carramiñana era contractual y apeló a la denominada «unidad de culpa civil», una acción que no prescribe en el supuesto tanto de relación contractual como extracontractual: «El hecho de que el producto cumpla los requisitos legales no concede a su fabricante patente de corso para exonerarse de todo tipo de responsabilidad». El juez entendió que Altadis había faltado al principio de buena fe que deben presidir las relaciones contractuales porque debió incluir advertencias sobre la adicción y las que existían no afirmaban con rotundidad lo realmente nocivo que es el hábito de fumar. Efectivamente, las primeras advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos no llegaron hasta 1982 —Carramiñana ya llevaba 17 años fumando por entonces— y las leyendas eran del tipo «La Dirección General de Salud Pública advierte que el uso del tabaco puede ser perjudicial para la salud», por lo que solo avisaban de posibles efectos adversos. «Cabe reprochar el negligente proceder del que se deriva el daño más que al fumador, que no controla su vicio como consecuencia de su adicción, a la tabacalera que lo posibilita y no extrema su deber de información avisando de forma rotunda de las consecuencias de la adicción y sus peligros.» Sin ser consciente de ello, el magistrado discrepante importaba a España una de las vías de litigación del tabaco en Estados Unidos, que es apuntar al fraude o a la ocultación dolosa de los riesgos conocidos de productos intrínsecamente peligrosos. Pero esto obligaba a probar que el fabricante, Tabacalera, conocía el carácter perjudicial y extremadamente adictivo del producto, un extremo que el tribunal no investigó al no ser la tesis mayoritaria de la Audiencia. Nuño de la Rosa y Amores se quedó solo al afirmar: «El libre albedrío conlleva que la asunción del riesgo sea fruto de un ponderado análisis de los inconvenientes y en este caso faltó la vendedora al deber de informar sobre los peligros de la adicción al tabaquismo». El magistrado, en su voto particular, incluso se permitió condenar a Altadis a una indemnización de 108.182,18 euros, el 30 por ciento de lo reclamado por la familia Carramiñana, un dinero que lógicamente jamás cobraron por no tener el aval de la mayoría del tribunal.

Pese a que las puertas de la justicia cada vez se cerraban más, el abogado Cirac convenció a la familia Carramiñana para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, un organismo que crea jurisprudencia y que llegado el día analizó con detalle la primera causa de tabaquismo que cayó en sus manos. El ponente de la sentencia fue Juan Antonio Xiol Ríos. El Supremo certificó las tesis de la Audiencia de Barcelona, apuntó a una relación no contractual entre el fumador y Altadis y prescribió así toda posible responsabilidad, que entendió que no existía porque, ratificó, «el perjuicio que causa el tabaco es consustancial al mismo y derivado de sus características esenciales y, por tanto, no atribuible a defecto alguno […]. No se puede pedir responsabilidad por un producto legal que es dañino en sí mismo».

Xiol Ríos sentó jurisprudencia sobre la barra libre que el Estado otorga a las tabacaleras para matar en España a decenas de miles de personas al año. Una licencia para suministrar un producto, el tabaco, que «puede ser un factor de riesgo» para contraer determinadas enfermedades, «especialmente si se consume en exceso». Otra vez la justicia española demostraba su desconocimiento en cuestiones elementales de salud pública, como es el hecho de que no existen dosis sanas a la hora de fumar ya que todas tienen consecuencias graves en la salud de los fumadores y la de los que les rodean. Asimismo, el tribunal volvió a infravalorar la epidemiología al considerar no demostrada la causa directa y exclusiva de la muerte de Carramiñana, al que no se le practicó una autopsia. Para el Supremo, la decisión de Carramiñana de engancharse al tabaco a los 14 años fue una «opción personal» e hizo suyas las tesis de la Audiencia de que la omisión de advertencias sobre la adicción no debía conllevar responsabilidad alguna. A Carramiñana Tabacalera jamás le informó de que fumar genera adicción y solo empezó tímidamente a advertirle, a veces con lemas algo surrealistas, de las posibles consecuencias en su salud cuando ya llevaba 17 años enganchado a los Ducados. Murió con 44 años, casi 40 años antes de la esperanza de vida en España, dejando a su esposa y a sus hijos sin tan solo una reparación moral al daño sufrido. Como él, miles de españoles fueron engañados y, a diferencia de los estadounidenses, jamás nadie se ha disculpado por ello y menos les ha compensado económicamente por el daño causado.

El año en el que los Carramiñana presentaron su demanda, Tabacalera logró unos beneficios de 11.537 millones de pesetas. África Pulgar y el veterano abogado Gustavo Cirac ya no tuvieron fuerzas para llevar la causa al Tribunal Constitucional, al que sí fue promocionado el magistrado progresista Juan Antonio Xiol Ríos. El juez, un exfumador por prescripción médica, firme defensor de que la ley debe evolucionar y adaptarse a las nuevas realidades, tuvo que ser muy cauteloso a la hora de dictar sentencia por las enormes y a veces imprevisibles consecuencias que pueden acarrear las decisiones judiciales. El magistrado temió un alud de demandas contra la industria si fallaba a favor de un exfumador muerto y al efecto económico que ello podía comportar. Creyó de buena fe que una sentencia favorable al fumador fallecido podía tener unas consecuencias más negativas que beneficiosas para la economía y la sociedad españolas.

LA DESESPERADA LUCHA DE LOS ENFERMOS DE BUERGER

La enfermedad de Buerger es rara. Clínicamente se denomina tromboangeítis obliterante (TAO) y llega a provocar la amputación de extremidades debido a una vasculitis severa que solo puede frenar la cesación del tabaquismo, un hábito con el que se relaciona esta patología puesto que los que la padecen acostumbran a ser grandes consumidores de cigarrillos. Están tan enganchados que en algunos casos no pueden dejar la adicción pese a ver cómo se les van amputando partes del cuerpo. Es un ejemplo claro, y extremo si se quiere, de que no todas las personas reaccionan igual al tabaco y que para unos es más fácil que para otros superar la adicción a la nicotina y sus aditivos. La fuerza de voluntad va ligada al grado de dependencia que cada fumador tiene, lo que su vez lo determina el nivel de consumo y de cómo cada cuerpo, cada persona, absorbe y reacciona a todas las sustancias químicas que componen los cigarrillos, muchas de ellas no declaradas por los fabricantes y que irritan el revestimiento de los vasos sanguíneos. Es tan positivo dejar de fumar para un enfermo de Buerger que para los cirujanos la relación es innegable. Esto fue lo que llevó a ocho españoles con esta patología a presentar demandas contra las tabaqueras, un grupo de afectados por el tabaquismo pionero en los tribunales en su lucha contra el engaño que les amputó literalmente la vida. Nadie les advirtió de que podían contraer con más facilidad esta enfermedad, nadie les avisó de que fumar les podía dejar sin dedos, sin piernas, sin brazos.

El primero en reclamar justicia fue, en octubre de 1998, José Calderón Crespo, al que en 1983 le diagnosticaron síndrome de Buerger. Fumador de dos paquetes diarios de Ducados, a este leonés le fueron amputando las extremidades una a una: primero una pierna, luego la otra, después un brazo y, por último, el otro. En esos años no dejó, no pudo dejar de fumar pese a ver como su cuerpo se reducía a un muñón. Calderón pidió 350 millones de pesetas a Tabacalera —privatizada al cabo de dos meses— y al Ministerio de Economía como responsables civiles de un producto que le dejó irreconocible. Se dan muchos casos en los que un enfermo de Buerger sigue fumando con la ayuda de alguien después de perder todas sus extremidades. Alguien les tiene que facilitar la dosis. La magistrada del juzgado número 70 de Madrid, María Begoña Pérez Sanz, no quiso entrar en estas disquisiciones. No rehuyó el pleito que le planteó Calderón, puesto que bien pudo haberlo enviado al contencioso-administrativo al estar implicada la Administración, pero en su fallo de abril del año 2000 Tabacalera ya estaba privatizada y consideró que una «reclamación mixta» de estas características le competía pese a las peticiones de la empresa y del abogado del Estado de ir por la vía del contencioso.

En aquel momento, Calderón estaba hospitalizado por un infarto debido a la mala evolución de su enfermedad, lo que ayudó a que la jueza tampoco aceptase la reclamación de prescripción formulada por los demandados, más allá de si la relación entre el fumador y Tabacalera era extracontractual. Calderón se moría y quería ser resarcido antes de dar una última calada como esclavo del tabaco. No lo consiguió porque la magistrada desestimó la causa por «etiología desconocida» de la enfermedad de Buerger, basándose en el informe médico del hospital de León: «La causa de la enfermedad es de origen desconocido y el tabaco es un factor de riesgo». Difícilmente se podrá investigar más y tener más datos sobre una patología rara que solo afecta al 0,02 % de los fumadores y máxime cuando las tabaqueras no ofrecen toda la información sobre las sustancias químicas que llevan cigarrillos como los Ducados, con el consentimiento de la Administración.

La misma suerte tuvieron el resto de los demandantes por Buerger. El siguiente enfermo en llevar su caso a los tribunales fue, un año más tarde, Ángela Ávila Andrade. En 1996 le amputaron ambas piernas en un intervalo de tres meses y al cabo de dos años le extirparon un dedo de la mano derecha. Tanto el juzgado de primera instancia de Palma de Mallorca como la Audiencia Provincial de las Islas Baleares rechazaron su demanda por causa desconocida de la enfermedad. En la apelación, el juez llegó a comentar en su fallo que no quedaba acreditado que los cigarrillos que fumaba Ángela Ávila contuviesen sustancias distintas al propio tabaco y que enumeró: hojas de tabaco, vapor de agua, 12 mg de alquitrán y 0,8 mg de nicotina por cigarrillo. Solo se olvidó de los varios miles de sustancias químicas que llevan los pitillos: los aditivos.

Cuando uno ve cómo se le está amputando la vida va a por todas. Es por ello que los enfermos de Buerger pelearon duro y fueron los primeros en llevar a las tabacaleras hasta el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, unas demandas que pasaron casi inadvertidas debido a la rareza de la enfermedad y las dudas que ello plantea. El primer caso que falló el Supremo, en noviembre de 2005, fue despachado sin miramientos ni contemplaciones con una «inadmisión por interposición defectuosa» del recurso y «falta de técnica casacional». El magistrado Clemente Auger criticó al abogado de una demandante por la «artificiosidad» de reproducir sin más su «particular planteamiento» ya realizado en instancias inferiores y le llegó a recriminar que hablase del tabaco como «el causante de la enfermedad de la recurrente» cuando en la sentencia previa el juez había establecido que no estaba acreditado en absoluto que la enfermedad fuera provocada por fumar. Algo más sensible fue, cinco años más tarde, Juan Antonio Xiol Ríos, al que muchos abogados echan de menos en el Supremo por la claridad y concisión de sus sentencias. Le llegó el caso iniciado en 2005 en un juzgado de primera instancia de Madrid —el de Las Palmas se declaró incompetente anteriormente— por la denuncia del canario Víctor Santacana Tejera, un fumador empedernido de Winston que demandó a J.T. International Iberia para que le sufragase un tratamiento de desintoxicación por un especialista acreditado y para obtener una compensación de 419.000 euros por la amputación de sus dos piernas. La tabaquera, que explicó todo un entramado de compraventas de sociedades para tratar de convencer al juez de forma sorprendente de que ella no vendió ni fabricó Winston para Víctor Santacana, pidió la prescripción de la causa porque la última amputación de una de las piernas del fumador había sido en 1999 y se superaba el año de plazo que se estipula para presentar una denuncia en una relación extracontractual, en la que el fumador lo fue además de forma voluntaria. La antigua Reynolds presentó un informe médico del doctor Alfredo Calcedo Barba en el que afirmó: «La nicotina no afecta a la capacidad del individuo de tomar decisiones y el uso de aditivos, incluso si incrementasen los niveles de nicotina ingeridos por el fumador, no afecta a la capacidad del individuo para tomar la decisión de dejar de fumar. No incrementan el efecto adictivo de la nicotina». El psiquiatra, que cobró su correspondiente minuta por el informe pericial, no tuvo empacho en concluir en su informe: «Del mismo modo que la nicotina no afecta a la capacidad del individuo para tomar decisiones y actuar sobre la base de dichas decisiones (como dejar de fumar), el uso de aditivos, incluso si incrementaran los niveles de nicotina ingeridos por el fumador, no afecta a la capacidad del individuo para tomar la decisión de dejar de fumar y llevar a efecto dicha decisión. De este modo, cualquier aditivo que pudiere incrementar los niveles de nicotina de los cigarrillos (cuyo efecto y propósito rechaza) no incrementaría el efecto adictivo de la nicotina». J.T. International recordó que desde 2002 los fabricantes de productos del tabaco proporcionan anualmente al Ministerio de Sanidad una lista con todos los ingredientes del tabaco.

El abogado de oficio de Santacana, Armando Sánchez Padrón, presentó dos documentos con un listado de los aditivos químicos y compuestos tóxicos del humo de los cigarrillos a los que J.T. evitó referirse en sus alegaciones. La tabaquera se limitó a hablar del uso de aditivos permitidos y negó que su empleo estuviese dirigido a potenciar los efectos de la nicotina y de la adicción. Al final, el magistrado del Supremo no entró en esta cuestión al negar la mayor, pues decretó la prescripción de la causa al pasar más de un año desde la última amputación a este taquillero de un céntrico cine de Las Palmas. El magistrado Xiol Ríos fue implacable en este caso al imponer además las costas al enfermo.

Pero lo más llamativo de este último caso fue la participación en favor de la multinacional tabaquera del reputado cirujano Hipólito Durán, en aquel entonces presidente de la Real Academia Nacional de Medicina. El abogado Vicente Sierra Rocafort, del potente despacho internacional Freshfields Bruckhaus Deringer, encargó al doctor Durán un informe pericial en el que el aún hoy presidente de honor de la alta institución de los médicos españoles decretó que no existe una causa conocida para desarrollar el síndrome de Buerger y si bien el consumo de tabaco «puede» hacer que la enfermedad progrese, «no se puede afirmar que los cigarrillos Winston hayan causado la enfermedad» de Santacana. El alto representante de los médicos españoles se puso del lado de la multinacional tabaquera con un informe pericial que sorprendió al propio abogado de Santacana, quien había adjuntado en el razonamiento de su demanda literatura científica escrita por el propio doctor Durán. El presidente de la Real Academia Nacional de Medicina rechazó dar la cara en el juicio y no se presentó ante el juez para ratificarse en su informe para J.T. International, algo que normalmente es preceptivo para convalidar al cien por cien las tesis de quien firma el estudio pericial. En todo caso, la tabaquera que pagó por su informe al doctor Durán recordó por escrito en sus alegaciones ante el juez que el cirujano era el presidente de la Real Academia Nacional de Medicina. Más allá de la discusión del caso en cuestión y de las razones de unos y otros, cuando menos es sorprende el apoyo de Durán a una de las multinacionales del tabaco más importantes del mundo, cuyo negocio ataca directamente al principal problema de salud pública de los españoles. El eminente cirujano, que más de una vida habrá salvado de un fumador con cáncer, debía saber perfectamente al elaborar su informe que miles de españoles mueren cada año en España por fumar marcas de cigarrillos como Winston.

Las sillas de ruedas de los enfermos de Buerger llegaron también a la Audiencia Nacional. Los familiares de José Ignacio —prefieren no dar sus apellidos— presentaron un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Economía como responsable patrimonial al no ejercer sus deberes de protección de la salud que marca el artículo 43 de la Constitución, por lo que reclamaron 120.370 euros en concepto de indemnización según el baremo de daños corporales que se estipulaba en 2004 por accidentes de tráfico. La magistrada Mercedes Pedraz dictó sentencia en junio de 2008, cuando José Ignacio había fallecido en la Clínica Atollano de León hacia cinco años, sin dejar de fumar un solo día, reo de su adicción. El fallo estipuló que José Ignacio era libre de fumar, un ejercicio voluntario porque «quien lo hace conoce los riesgos», por lo que desestimó la demanda. Pedraz ha sido uno de los jueces que hasta el momento más cerca ha estado de reconocer la relación causal entre el tabaco y el síndrome de Buerger: «Fumar está relacionado íntimamente con la aparición y desarrollo de esta enfermedad, si bien también puede aparecer en personas que no han fumado nunca, aunque podrían ser fumadores pasivos». Pero a fin de cuentas, los enfermos de Buerger no consiguieron lo que buscaban, un resarcimiento a su mortal adicción, seguramente por la rareza de su patología. Al margen de todo razonamiento judicial, los médicos de todo el mundo siguen prescribiendo a estos pacientes dejar de fumar inmediatamente porque hacerlo frena en seco esta terrible enfermedad.

LOS LARINGECTOMIZADOS: UNA VIDA SIN VOZ

Cada año se diagnostican en España más de 2.000 nuevos casos de cáncer de laringe, una patología de la que este país es líder europeo. En febrero del año 2000, el casero del local de la Asociación de Laringectomizados y Mutilados de la Voz de Barcelona avisó a los responsables de la entidad, Carlos Puertas y Andrés Moreno, de que se les acababa el contrato de alquiler y que ya se podían ir buscando otro piso porque quería sacar más jugo al local situado en el barrio del Eixample, en un momento de pleno boom inmobiliario. Por aquel entonces, Puertas era miembro, en representación de los usuarios, del comité de ética asistencial del Hospital Sagrado Corazón de Barcelona, en donde le habían extirpado la laringe hacía solo dos años. Allí coincidió con José Ángel Mañoso, un abogado experto en cuestiones jurídicas del ámbito de la medicina. «Necesitamos un abogado», le dijo Puertas a Mañoso, al que trasladó la angustiosa situación financiera de una entidad que siempre ha recibido escasos apoyos institucionales y que, sin embargo, lleva adelante una tarea encomiable y heroica, la de enseñar a volver a hablar a aquellos enfermos que han sufrido la extirpación total o parcial de la laringe y las cuerdas vocales. «Cualquiera de nosotros podría ganar el concurso al beso más largo», acostumbra a bromear Puertas al referirse a las personas que como él, tras una larga etapa de su vida fumando, un día se vieron obligados a respirar gracias a una traqueotomomía en el cuello, una suerte de agujerito que les permite seguir ventilando.

El talante dinámico y emprendedor de este exempleado de una óptica hacía que muchos médicos le animasen a presentar una demanda contra las tabaqueras influidos por el eco de las indemnizaciones millonarias que recibían enfermos con su misma patología al otro lado del Atlántico. «Esto nos puede dar mucho trabajo, pero dinero, poco», le comentó el abogado Miguel Mercado a su socio Ángel Mañoso cuando ambos decidieron impulsar lo que a la postre serían las primeras demandas colectivas en España de enfermos de cáncer en contra de la industria de la nicotina. Su estrategia buscó más la eficacia que padecer un proceso largo y costoso, pero las tabaqueras no querían ni oír hablar de pactos y el sistema judicial tampoco lo puso nada fácil. Los abogados decidieron presentar una reclamación colectiva de conciliación contra Altadis, Logista y Cita Tabacos de Canarias el 31 de mayo del año 2000, coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco. Se llegaron a presentar hasta 13 por todo el territorio español de las asociaciones de laringectomizados de ciudades o comunidades como León, Barcelona, Valladolid, Burgos o Cantabria. Andalucía y Extremadura, tierras cultivadoras de tabaco, se quedaron al margen.

En las demandas de conciliación, los enfermos de cáncer de laringe recordaron a los fabricantes que se engancharon a sus cigarrillos en una época en la que no había advertencias sanitarias, que su producto adictivo mermó seriamente su capacidad de elección y censuraron que no informasen de las más de 40 sustancias cancerígenas de las 4.000 que diversos informes han contabilizado en los cigarrillos. Los abogados adujeron que esta actividad no respetaba la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios al no ofrecer publicidad de todos los componentes de las cajetillas de tabaco, que el papel de los cigarrillos contravenía lo estipulado en el Código Alimentario Español al haber cambiado la porosidad de su materia prima sin el visto bueno de la Administración y que se incumplía la Ley General de Sanidad puesto que entendían que los productos puestos en el mercado a disposición de los consumidores no debían implicar jamás serios riesgos para la salud. Mañoso y Mercado elaboraron un documento de preguntas que fue rellenado por más de 500 socios de la entidad de laringectomizados explicando su historia clínica con la firma de sus respectivos médicos, quienes vinculaban su adicción al tabaco con un tipo de cáncer del que mueren más del 50 % de las personas que lo padecen a los dos años del diagnóstico. Fue una demanda colectiva de supervivientes a la enfermedad y a la exclusión social, puesto que la sanidad pública los envía a su casa a los 15 días de extirparles la laringe, sin ayudarles en su rehabilitación para poder comunicarse pues se quedan mudos. Ese hueco lo intentan cubrir la veintena de asociaciones de laringectomizados que hay en España, en cuyos locales sociales los veteranos enseñan a los nuevos discapacitados cómo modular sus eructos para recuperar su capacidad de comunicación a través del orificio del cuello. Lo único que no es recuperable es el olfato y el gusto. El resto se puede conseguir, pero mucho mejor y en menos tiempo si se hace con la ayuda de logopedas, foniatras, psicólogos y asistentes sociales, una tarea cuyo costo económico es inasumible para estas entidades.

Su iniciativa legal, de entrada, echó atrás el desahucio al que le abocaba el casero del local, temeroso de la mala publicidad que podía reportar un inquilino que empezaba a levantar su eructada voz en los medios de comunicación. Los laringectomizados pidieron una indemnización a las tabacaleras para poder sufragar sus locales y los equipos de profesionales que la Administración les negaba, y reclamaron que se insertase en los productos de tabaco la relación de todos sus componentes y que sobre todo se destacasen los que son cancerígenos. A la cita del 12 de julio del año 2000 solo acudió el abogado de Altadis. La conciliación fue un fiasco, puesto que ni Cita Tabaco de Canarias ni Logista se dignaron a acudir a la reunión y porque Altadis rehusó cualquier acercamiento amistoso rechazando toda competencia territorial y jurídica del tribunal. Los actos de conciliación los acostumbra a llevar un oficial del juzgado, que deja la iniciativa a las partes. Pero en este caso se desarrolló en la sala de vistas, como si se tratase de un juicio ordinario, en el que el juez era quien realizaba las preguntas. En todas las ciudades se practicó la misma liturgia, lo que hizo sospechar a los letrados que se había producido una coordinación previa de los magistrados a instancias del Poder Judicial, incluso se habló en los pasillos de los tribunales de una supuesta reunión en la Audiencia Nacional de los juzgados implicados. Eso molestó a los letrados de la defensa, puesto que, partiendo de la base de que los jueces son teóricamente soberanos, contaban con que al menos alguno de ellos tuviese la valentía y la sensibilidad de entender su causa. Como se temieron, las respuestas fueron negativas en todos los pleitos judiciales que los laringectomizados plantearon en todas las provincias. Fue un callejón sin salida porque la nicotina en España no entiende de pactos.

Pero el 31 de enero de 2001, 16 asociaciones españolas de laringectomizados que representaban a 4.339 exfumadores volvieron a la carga y, tras abandonar la vía muerta del acuerdo, demandaron a Altadis, Tabaco de Canarias, Logista, Philip Morris España, Reynolds y British American Tobacco. Reclamaron 24 millones de euros en total en lo que fueron ya las primeras demandas colectivas de estas características en España, votadas con entusiasmo en las asambleas de las entidades de afectados de cáncer de laringe ante una gran expectación mediática y social. Recibieron el apoyo del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, escéptico pese a todo con las posibilidades de éxito, pero satisfechos por una estrategia que sumaba esfuerzos a la hora de abrir los ojos a la sociedad sobre las graves consecuencias que acarrea el hábito de fumar. Muchos médicos se implicaron personalmente, con notables informes como los del jefe de servicio de Otorrinolaringología del Clínico de Barcelona, Manuel Bernal, un experto en operaciones de cáncer de laringe y sabedor de que todos sus casos tenían como origen el hábito de fumar. Al fin y al cabo extirpaba laringes contaminadas con nicotina.

Técnicamente, las demandas eran de mayor cuantía por responsabilidad por daños y en muchos casos se logró el beneficio de la justicia gratuita por la utilidad pública de unas asociaciones que no tienen ánimo de lucro. Pero todas las demandas obtuvieron de nuevo la misma respuesta y, recogiendo las sugerencias de los grandes despachos de abogados que representaban a las tabaqueras, los jueces fueron decretando sistemáticamente incompetencia de jurisdicción por ser procedimientos que debían celebrarse en el ámbito del contencioso-administrativo, es decir, que se debía juzgar también al Estado por haber ostentado el monopolio del tabaco hasta 1998 y por ser el regulador de una actividad que le reporta mucho dinero, ya que el 70 % de lo que paga el fumador por cada cajetilla son impuestos. La coordinación desde arriba de los juzgados de primera instancia fue más que evidente, pues en pequeñas ciudades como León se dio por seguro que el juzgado se haría competente —desde la fiscalía se filtró a los laringectomizados que así sería— y hubo casos como el de Valladolid, en donde incluso se pensó en ganar debido al perfil del juez. Craso error. Todas las demandas cayeron en saco roto.

Al despacho de la calle Balmes de Mañoso y Mercado llamó por aquel entonces gente de todo tipo, atraída por una publicidad que llegó hasta el The New York Times. Desde exempleados de empresas vinculadas al tabaco que les pedían ir por la vía penal a dirigentes del Partido Humanista que querían hacer suya la causa contra el tabaco para dar un salto en las encuestas electorales. Incluso un día apareció en el bufete la abogada Teresa Bueyes, defensora de personajes del espectáculo, acompañada de Malena Gracia, cuerpo escultural del programa Crónicas marcianas de Xavier Sardá, en aquel momento el de mayor audiencia en España. Quería una copia de la demanda para un cliente que no quiso revelar e ir a porcentajes en un asunto que tampoco concretó. En un ambiente extraño y perfumado, los veteranos letrados no llegaron a ningún acuerdo con Bueyes. Una tenista profesional de Canarias también llamó a la puerta de Mercado y Mañoso porque su padre era un laringectomizado, pero el asunto no fructificó en demanda alguna porque no se dio el paso a la hora de la provisión de fondos. Los abogados de los laringectomizados trabajaron de forma altruista para las asociaciones de enfermos y su compensación vino, como suele pasar en estos casos, de la publicidad que les daba aparecer en prime time en programas de radio y televisión. No todo fueron halagos, ya que recibieron duras críticas desde sus tribunas de insignes escritores y opinadores como Mario Vargas Llosa o Arturo Pérez-Reverte.

Las asociaciones de laringectomizados tiraron al final la toalla en los tribunales, pero han seguido con su labor callada en ayuda de quienes pierden la voz por culpa de una adicción que ha provocado que España sea el país europeo con más casos de cáncer de laringe. Solo dos enfermos siguieron su propio camino y llegaron hasta el final, hasta la sala del contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Fueron dos ancianos de 75 años, fumadores desde niños de Ducados, Celtas, Fortuna e Ideales, cuya adicción les llevó a perder la laringe y las cuerdas vocales. La ponente en ambas demandas, falladas en 2008, fue la presidenta de la sala del contencioso, la magistrada María Asunción Salvo Tambo. El argumentario fue el reiterado por los jueces de instancias inferiores: fumar es un acto libre y voluntario y quien lo hace conoce sus riesgos, y no queda acreditado que la causa de la enfermedad fuese única y exclusivamente el tabaco.

En ambos casos se pidieron 300.000 euros por daños y perjuicios al considerar que el Estado tenía responsabilidad patrimonial. Lo curioso es que uno de los argumentos para rechazar las demandas fue que la fabricación del tabaco es una «actividad privada», cuando muchos jueces de instancias inferiores habían argüido que las demandas civiles no podían prosperar porque el monopolio del tabaco hasta 1998 por parte del Estado hacía que este tuviera que ser codemandado por la vía del contencioso-administrativo. Pues bien, dos laringectomizados lo hicieron y la jueza lo primero que les dijo fue que esto era una actividad propia del sector privado, creando así un círculo vicioso, una suerte de laberinto legal en el que al final quedaron atrapados miles de enfermos de cáncer en su lucha contra las multinacionales de la nicotina. No obstante, y seguramente sin pretenderlo, la Audiencia Nacional creó jurisprudencia al asumir la tesis científica de que el tabaco provoca cáncer: «Punto de partida insoslayable es que el consumo de tabaco es causa eficiente de daños a la salud y, particularmente, cancerígeno». La sentencia en el caso del valenciano Francisco Muñoz Bermúdez añadió: «La evidencia científica sobre los riesgos que, en efecto, conlleva el consumo de tabaco para la salud de las personas es del todo punto concluyente. Por lo tanto, que el consumo de tabaco puede ser causa del cáncer padecido del recurrente no es en absoluto algo que la Sala cuestione». Muñoz Bermúdez lo intentó todo para demostrar que él era un ejemplo claro de lo que la magistrada estimaba como una evidencia científica. Presentó tres testigos que certificaron que era adicto al tabaco desde los 13 años y a través de un perito químico pidió a Altadis y al Ministerio de Sanidad la composición exacta de los cigarrillos negros que fumó durante 50 años, la composición del papel de los cigarrillos y una lista de todos aquellos componentes potencialmente cancerígenos que se encuentran en el tabaco y en el papel de los Ducados o Fortuna. No fue una petición fuera de la ley puesto que el real decreto 1079/2002 establece que dicha información debe ser presentada anualmente en el Ministerio de Sanidad por parte de las tabaqueras. Sin embargo, ni Altadis ni el Ministerio de Sanidad facilitaron la información a la Audiencia Nacional, y la magistrada Salvo Tambo tampoco quiso financiar que el perito químico pudiese realizar de forma independiente los análisis requeridos. La jueza ni tan siquiera hizo referencia alguna a estas cuestiones en su sentencia final.

La Audiencia Nacional no pudo, no supo o no quiso dar la razón a ningún enfermo, pese a los informes de eminentes médicos que certificaron la relación causa-efecto entre la condición de fumadores y el cáncer de los demandantes. Además, hubo dos casos previos que pasaron desapercibidos pero que dieron algunas pistas sobre la que iba a ser, a la postre, la posición del alto tribunal. El primero fue fallado el 16 de julio de 2003 y su protagonista, Luz —prefiere no revelar su apellido—, tuvo la osadía de reclamar al Ministerio de Economía 25.253 pesetas (unos 152 euros) por la terapia de deshabituación del tabaco y las facturas médicas tras un cuadro de ansiedad, insomnio y pérdida de autoestima que le había generado el tabaquismo y su incapacidad de controlar la adicción. Un curioso caso que la magistrada ponente, Margarita Robles Fernández —exsecretaria de Estado del Ministerio de Interior y vocal del Consejo General del Poder Judicial— desestimó por ser el negocio del tabaco una actividad privada, el acto de fumar una acción libre y voluntaria y no ver acreditado que el tabaco fuese la causa del cuadro de ansiedad de la demandante. El abogado de este caso, el malagueño Pedro Martín, aconsejó a su cliente pedir una cantidad pequeña de indemnización para no arriesgar en costas e intentar culpar a la Administración. La estrategia contemplaba una segunda fase en la que, si previamente se consideraba culpable a la Administración, una querella posterior hubiese reclamado una cuantía más jugosa por daños y perjuicios. Pero para lograr relacionar la adicción de Luz con el Estado por su monopolio en la venta al por menor, el abogado Martín pidió como prueba pericial a RTVE que remitiese la relación de anuncios de marcas de tabaco emitidos en sus medios de comunicación por Tabacalera entre los años sesenta y setenta, cuando su cliente empezó a fumar seducida por los mensajes publicitarios de la televisión y la radio. Como pasa en tantos juicios en que la Administración pública no cumple con los requerimientos judiciales, RTVE hizo caso omiso de la petición y el juez soslayó la actitud del ente estatal a la hora de dictar sentencia.

La otra demanda la protagonizó Mauricio, un preso de la cárcel de La Moraleja (Dueñas, Palencia) que demandó a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por haberle mantenido durante diez años en módulos de presos en los que había fumadores pese a sus reiteradas quejas ante el juez de vigilancia penitenciaria de Castilla y León, quien le transmitió la imposibilidad de clasificar los presos entre fumadores y no fumadores porque ello conllevaría duplicar servicios: «Es absolutamente inviable la habilitación de módulos para no fumadores». Mauricio fue el primer caso en España de una demanda de un fumador pasivo. Pedía 250.000 euros por los daños causados en su salud al tragar a diario el humo del resto de los presos, las 24 horas del día, de día y de noche, los 365 días al año, durante toda una década. El magistrado de la sección quinta de la Audiencia Nacional José Arturo Fernández García desestimó la demanda porque la ley, por aquel entonces, no prohibía fumar en las celdas y sugirió a Mauricio que visitase más la zona abierta del patio de la cárcel para respirar aire puro. Hoy en día ya está prohibido fumar en las prisiones y la ley habilita zonas específicas para consumir tabaco. No obstante, el cumplimiento de la normativa deja mucho que desear y se prima la paz interna en las prisiones sobre la salud de unos presos que muchas veces poco importan a la sociedad y a la Administración, como fue el caso de Mauricio.

La Audiencia Nacional ha tenido que decidir así en hasta cinco demandas por tabaquismo desde que recibió el primer caso en 2003, además de la interpuesta por los abogados valencianos Antonio Antón y Juan Fernández en su reclamación al Instituto Nacional de Consumo para intentar que el consumidor fuese informado de la fecha de producción, suministro y fecha de caducidad de los productos del tabaco. Uno de los enigmas de los paquetes de cigarrillos es que es el único producto de consumo en España que no tiene fecha de caducidad. Está tan asumido que los cigarrillos matan que da igual si caducan o no: la única fecha de caducidad es la de los propios fumadores. La Audiencia Nacional estableció que el tabaco cumple la normativa de etiquetaje pero hizo una curiosa reflexión ante las reclamaciones de los abogados valencianos: «El recurso contencioso-administrativo, por su naturaleza, no puede poner remedio a todos los casos de indolencia, lentitud e ineficiencia administrativas, sino tan solo garantizar el exacto cumplimiento de la legalidad». Unos años más tarde, este tribunal ni siquiera entró de nuevo en el tema ante el recurso de la asociación de consumidores Ausbanc, que había denunciado la misma cuestión en primera instancia ante la Comisión Nacional de la Competencia por considerar que las multinacionales habían pactado no poner la fecha de caducidad de los cigarrillos. La Audiencia Nacional inadmitió el recurso porque consideró que Ausbanc Consumo no estaba legalmente habilitada para defender los derechos colectivos de los fumadores. Las cajetillas de cigarrillos siguen sin tener fecha de caducidad en España.

LA JUNTA DE ANDALUCÍA, CASO ÚNICO EN EUROPA

Otras cinco demandas de tabaquismo acabaron en dique seco en el Tribunal Supremo, órgano que crea jurisprudencia junto con la Audiencia Nacional si dejamos al margen al Tribunal Constitucional, al que ningún enfermo de tabaquismo ha osado o ha podido llegar. El primer exfumador en recurrir al Supremo fue, como hemos explicado, un enfermo de Buerger de Palma de Mallorca en 2005, al que siguieron otros dos exfumadores con la misma enfermedad. El Supremo también rechazó la que fue la primera demanda de tabaquismo presentada en España, la de la familia Carramiñana, que también hemos mencionado. Pero la verdadera patata caliente que llegó a los altos tribunales españoles fue la demanda de la Junta Andalucía, la única Administración de Europa que siguió la recomendación de la OMS y reclamó en los tribunales a las tabaqueras una compensación económica por los gastos de la sanidad pública en su tarea de poner paños calientes a tantos daños causados a los fumadores andaluces enfermos. Todo empezó el 24 de abril del año 2000, cuando en la parte final de su discurso de investidura, el presidente andaluz, Manuel Chaves, dedicó un momento a un «tema de especial importancia, tanto por sus efectos humanos y su impacto socio-sanitario como por los elevados costes económicos que representa». En ese punto, Chaves dijo: «Quiero anunciar que la Junta de Andalucía viene desarrollando los estudios médicos, jurídicos y económicos necesarios para, en los próximos meses, requerir formalmente a las empresas tabaqueras la compensación de dichos gastos por la vía de la negociación. Si no fuese posible alcanzar un acuerdo satisfactorio, interpondremos la demanda judicial correspondiente en defensa de los intereses generales de Andalucía». Un murmullo invadió la sala de plenos y el presidente del Parlamento andaluz tuvo que llamar al orden. Chaves fue muy criticado por la derecha, que vio en la medida una maniobra de distracción de corte populista y sin fundamentos jurídicos. Algo parecido esgrimió la patronal del tabaco, que no tardó en recordar que la industria aportaba en aquel momento en impuestos alrededor de un billón de pesetas anuales a las arcas del Estado. Al día siguiente del anuncio de Chaves, Altadis caía un 3,04 % en la bolsa. El ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría (PP), puso tierra de por medio y aseguró al poco tiempo que los servicios jurídicos del Estado habían concluido que no había base jurídica para emprender tales medidas. Por el contrario, las asociaciones de consumidores, con más o menos entusiasmo, apoyaron a la Junta de Andalucía, que sí tuvo como incondicional aliado al Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, en aquel momento dirigido por un sevillano y amigo personal de Chaves, Víctor López García-Aranda. El socialismo andaluz, emulando las iniciativas de muchos fiscales federales de Estados Unidos, fue en serio porque creía en lo que hacía. La diputada andaluza en el Congreso de los Diputados Carmen Romero, exmujer de Felipe González, llegó a explicar que la intención del PSOE, entonces en la oposición, era plantear la misma medida a nivel nacional cuando el socialismo recuperase La Moncloa. Los socialistas planeaban que un futuro Gobierno de España llevase a los tribunales a las grandes tabaqueras para que pagasen por el mal causado, ni más ni menos que lo que tuvieron que hacer los gobiernos federales en Estados Unidos.

Chaves encargó al catedrático en Derecho Civil y exconsejero socialista Ángel López, junto con un grupo de 13 expertos, la argumentación jurídica para presentar la demanda basándose en la ley de protección de los consumidores ante los productos defectuosos y la publicidad engañosa. «Tienen perdida la batalla jurídica», llegaron a decir desde la Junta de Andalucía, que inicialmente calculó en 60.000 millones de pesetas (360 millones de euros) anuales la compensación por los gastos del Servicio Andaluz de Sanidad en la atención de fumadores enfermos. «El que la hace, la paga», proclamó Chaves en la inauguración del I Congreso Nacional sobre Prevención y Tratamiento del Tabaquismo, ovacionado en su determinación de no permanecer impasible antes los estragos del tabaco. La comunidad vecina de Castilla-La Mancha estudió también medidas legales, pero no pudo llevarlas a cabo porque aún no tenía transferidas las competencias en materia sanitaria. Andalucía pidió sin éxito el apoyo del resto de las Administraciones en un pleno del Consejo Interterritorial de Salud de marzo del 2001 presidido por la ministra Celia Villalobos. Pocos días antes, el secretario de Estado de Hacienda del Gobierno del PP, Enrique Giménez-Reyna, marcó distancias y aseguró que los impuestos especiales sobre los paquetes de cigarrillos ya «financian los costes sociales del tabaco». Envalentonadas por la cobertura gubernamental, las multinacionales tabaqueras se negaron a negociar y así se lo hizo llegar por carta la Asociación Empresarial del Tabaco a Francisco Vallejo, consejero andaluz de Sanidad. Ante la falta de voluntad para llegar a un acuerdo, Vallejo y el máximo hombre de confianza de Chaves, el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, viajaron a Madrid en 2002 para presentar la demanda con 300 historias clínicas de andaluces gravemente enfermos por tabaquismo debajo del brazo. Habían pasado ya dos años desde que Chaves había anunciado la medida, pero finalmente la Junta cumplió su promesa. Tras el ninguneo de la industria del tabaco al arbitraje, el Gobierno andaluz presentó la primera demanda civil en Europa de una Administración contra las empresas tabaqueras, en concreto contra Altadis, Philip Morris España, Tabacos Canary Island, British American Tobacco España, J.T. International y Cita. La demanda incluyó informes científicos que demostraban que los cigarrillos tenían valores de nicotina y alquitrán superiores a los establecidos y que incluían una sustancia no declarada, el amoníaco, que potencia la adicción. También se demostró la relación causa-efecto entre los cigarrillos y algunas enfermedades como la EPOC, cuyos casos son atribuibles casi al cien por cien al hábito de fumar. Fueron 450 kilos de papel que el Juzgado de Primera Instancia número 68 de Madrid solo tardó ocho días en admitir a trámite; en aquel momento, el 33 % de la población andaluza era fumadora. La patronal AET puso el grito en el cielo de nuevo por ser el tabaco un producto legal y «extraordinariamente regulado», mientras que la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, acusó de «deslealtad» a Andalucía por no informarla de una demanda que, no obstante, estuvo anunciada a los cuatro vientos. Ni el Gobierno ni ninguna otra comunidad autónoma apoyaron a Andalucía en su lucha contra Goliat. Tampoco cundió el ejemplo en el resto de la Unión Europea e incluso Chaves fue recibido con cierta frialdad por el comisario europeo de Salud, David Byrne, al que pidió sin éxito que impulsase una prohibición europea de los aditivos de los cigarrillos que potencian la adicción.

Sola ante el peligro, la Junta de Andalucía presentó el 21 de febrero de 2002 la primera demanda civil en Europa de una Administración contra empresas tabaqueras para exigirles responsabilidades por los daños causados a los fumadores enfermos de su región y al sistema andaluz de salud. Como muchos auguraron, el camino judicial fue largo y tortuoso y, a cada paso, la Junta fue perdiendo fuelle, tanto en la convicción de sus argumentos como en el número de historias clínicas —bajaron a 135— y en la reclamación económica a la industria, que pasó de los anunciados 60.000 millones de pesetas (36 millones de euros) a tan solo 1,77 millones de euros anuales. El juzgado 68 de lo Civil de Madrid tardó cerca de tres años en dar la razón a las tabaqueras en su declinatoria de jurisdicción y conminó a la Junta de Andalucía a demandar al Estado e ir, por tanto, por la vía del contencioso-administrativo. La Junta recurrió y obtuvo la que a la postre sería la única batalla que ganó a la industria, ya que la Audiencia Provincial de Madrid rechazó la vía contenciosa y aceptó la civil. El magistrado ponente, Modesto de Bustos Gómez-Rico, protagonizó el primer gran revés a la industria al considerar que en la privatización de Tabacalera se produjo una «transmisión de su patrimonio en su totalidad», con todos los derechos y deberes, a los que la nueva firma privada, Altadis, debía hacer frente. Pero la alegría duró bien poco y las tabaqueras se salieron con la suya en la apelación.

Chaves tuvo que incluir finalmente al Estado en una nueva demanda en 2006 contra las tabaqueras coincidiendo con el final del primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), quien si bien destacó por su lucha contra el tabaquismo, renunció en todo momento a la vía judicial con la que había coqueteado el PSOE cuando estaba en la oposición. Chaves versus Zapatero. Un Gobierno socialista (regional) demandó a otro Gobierno socialista (estatal). El pleito, que muchos socialistas no entendieron, acabó en la sala del contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en manos de la magistrada María Asunción Salvo Tambo. El Gobierno andaluz no quiso arrojar la toalla bajo el argumento de su responsabilidad política para recuperar el dinero gastado en la sanidad y por su deber de ayudar a los ciudadanos ante la indefensión sufrida por las acciones «ilícitas» de las tabaqueras. La Junta actualizó en su nueva demanda los informes de los peritos sobre la composición, estructura y manipulación de los cigarrillos, basándose en que las tabaqueras utilizan de forma «fraudulenta» sustancias que no declaran para fomentar la dependencia del cigarrillo, como es el caso del amoníaco. Precisamente, en su compromiso en la lucha contra el tabaquismo, el Gobierno andaluz abrió un laboratorio dedicado a analizar los cigarrillos y puros, la «máquina del tabaco», que forma parte de la red de la OMS y que ha estado muchos años analizando el efecto del amoníaco. En aquel momento morían 10.000 personas cada año en Andalucía a causa de enfermedades tabáquicas y fumaba el 33 % de la población mayor de 12 años. La Junta calculó que el coste sanitario de todo ello se aproximaba a los 4.000 millones de euros anuales. Nada de esto convenció a la magistrada Salvo Tambo, que decretó la inadmisión del recurso y obligó a Chaves a recurrir al Tribunal Supremo. Cuando el Supremo zanjó definitivamente el asunto, Chaves ya era vicepresidente de Política Territorial del Gobierno del Estado. El Estado se defendió así de las reclamaciones de su vicepresidente, de un pleito que este le había puesto antes de serlo. Una situación paradójica e inusual que el Supremo fulminó sin miramientos al aducir una defectuosa articulación jurídica en la demanda andaluza, cuyo máximo valedor fue el consejero de Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías. La mano derecha de Chaves también cruzó la línea con él, ya que fue designado secretario de Estado de Cooperación Territorial del Gobierno Zapatero medio año antes de la definitiva sentencia del Supremo. Por aquella época el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, se vio obligado a criticar públicamente la demanda andaluza, y en consecuencia, al vicepresidente del Gobierno, en una situación realmente sin parangón en la historia política y jurídica española. Fuentes Bardají, director de los servicios jurídicos del Estado, vio «incomprensible» que el Estado tuviera que asumir de los fumadores no solo la carga sanitaria sino también la indemnizatoria y dijo que, «por suerte», en España no hay un modelo de responsabilidad civil como el de Estados Unidos, ya que, para él, el español es «más racional» porque quien consume tabaco debe asumir el riesgo; 24 días más tarde de estas declaraciones del abogado general del Estado, el Tribunal Supremo confirmó la decisión de la Audiencia Nacional y cerró definitivamente el paso a la demanda andaluza. El Supremo rechazó la reclamación de Andalucía basada en la responsabilidad civil objetiva, que indica que aquel que se enriquece produciendo un daño a un tercero debe pagar por el perjuicio. La ponente del Supremo, Celsa Pico Lorenzo, no entró en el fondo del asunto y calificó de «ornamentales» los preceptos invocados por la Junta.

Manuel Chaves y Gaspar Zarrías no fueron los únicos en cambiar de bando antes del sonoro revés judicial, el último capítulo de lo que fue una larga partida de ajedrez para poner en jaque a la industria de la nicotina en España. El máximo responsable jurídico de la demanda, el catedrático en Derecho Civil y exconsejero andaluz Ángel López también cruzó la línea, en su caso de una forma más sorprendente, pues se fue directamente al sector privado y de influencia de las tabaqueras. Dos años después de fracasar la demanda andaluza ante el Tribunal Supremo, la compañía suiza KPMG fichó a Ángel López para su área legal en España con el objetivo de reforzar los contenciosos de empresas privadas frente a la Administración pública, en especial en cuestiones de responsabilidad por daños. KPMG tiene una larga y estrecha relación con las principales multinacionales tabaqueras, como Philip Morris Internacional o British American Tobacco, a las que ha ayudado desde su sede central en Suiza a cambiar su imagen de responsabilidad social corporativa, para que sean vistas como organizaciones globales verdaderamente responsables, desde la asunción de que fumar mata y provoca enfermedades graves. También ayudó en la privatización de compañías tabaqueras cuando se desmoronó la URSS. Su última aportación a la industria es en el terreno del contrabando de cigarrillos. A raíz de un acuerdo de cooperación con la Unión Europea en 2004, Philip Morris encargó a KPMG un informe anual del mercado ilícito de tabaco en los 25 estados miembros de la UE, un trabajo al que años más tarde se añadirían British American Tobacco, Imperial Tobacco y Japan Tobacco International. Por ejemplo, el Gobierno de España no ofrece datos de contrabando de tabaco y el Ministerio de Economía cita los informes de KPMG como referencia del mercado negro de nicotina. Sin embargo, diferentes expertos universitarios han cuestionado sus conclusiones sobre la magnitud del tabaco ilícito por falta de independencia y transparencia en su metodología, entre otras cuestiones porque han detectado que ha incrementado el volumen de contrabando en sus informes como arma para luchar contra las políticas de empaquetado genérico que impulsan algunos países para reducir el atractivo de las marcas y así el consumo de cigarrillos. Y es que KPMG ha trabajado a favor de la industria del tabaco en terrenos como la fiscalidad, las restricciones de la publicidad, las políticas regulatorias y en la responsabilidad social corporativa de muchas compañías.

POR LO CIVIL O POR LO CRIMINAL

Tras el varapalo de la justicia a la demanda andaluza, pocas brechas judiciales han quedado por explorar. Sin embargo, el creciente número de casos de cáncer y la sensación de injusticia social que acarreaban llevó a un bufete de abogados a probar una nueva vía en la lucha contra el tabaquismo en los tribunales. En nombre de un enfermo de cáncer de 55 años de Palma de Mallorca, el abogado Fernando Osuna presentó en agosto de 2013 una denuncia contra altos cargos del Ministerio de Sanidad por consentir la presencia y comercialización de productos altamente tóxicos en los cigarrillos, capaces de provocar cada año cerca de 60.000 muertes en España además de graves enfermedades a cientos de miles de ciudadanos, entre ellos a miles de niños indefensos que hoy son fumadores pasivos. Agotada la vía civil, el bufete sevillano decidió innovar planteando una querella criminal contra el secretario general del Ministerio de Sanidad y Consumo, los directores generales de Salud Pública del Ministerio y de la comunidad balear y contra el presidente del Comisionado del Mercado de Tabaco. A todos ellos les acusó de un delito contra la salud pública tipificado en los artículos 408 y 450 del Código Penal por tolerar la introducción en los cigarrillos de más de 300 sustancias químicas altamente perjudiciales para la salud, aditivos tóxicos y cancerígenos de los que el Ministerio de Sanidad, que debe velar por la salud de todos los españoles, jamás informó. Otros enfermos por tabaquismo se sumaron a la iniciativa en ochos ciudades españolas y en todos los juzgados recibieron la misma respuesta de inadmisión a trámite. Las demandas están en apelación y el abogado Fernando Osuna tiene el propósito de ser el primero que, si es necesario, llegará al Tribunal Constitucional en recurso de amparo e incluso al Tribunal de Estrasburgo, en lo que considera que es una violación de derechos fundamentales como es el derecho a la protección de la salud.

Los demandantes, que jamás han querido salir a la luz pública pero que están vinculados a movimientos antitabaquistas, solicitaron una pena de seis meses a dos años de inhabilitación de empleo y sueldo para los altos cargos del Ministerio de Sanidad sobre la base del artículo 408 del Código Penal, que establece esta pena para aquellas personas que «faltando a la obligación de su cargo dejaren intencionalmente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables». Asimismo, se apeló al artículo 450 para pedir una pena de prisión de dos años por «no impedir la comisión de un delito que afecta a las personas en su vida, integridad o salud». Las demandas argumentaron que las advertencias en las cajetillas de cigarrillos, tales como «El tabaco mata», no pretenden advertir al consumidor del riesgo de fumar, sino que buscan la «impunidad legal» de los fabricantes, puesto que de lo único que realmente se informa es de la nicotina, el alquitrán y el monóxido de carbono, pero no de las 300 sustancias que la industria añade a los cigarrillos con total impunidad sin que los consumidores hayan sido jamás informados de su peligrosidad. Y el Ministerio de Sanidad tiene la obligación de pedir pruebas de inocuidad, máxime cuando se trata de un producto de consumo masivo que es responsable del 16 % de todas las muertes de personas mayores de 35 años, cuyo hábito de fumar inician de media a los 13 años.

El argumento de las tabaqueras de que el fumador acepta libremente un riesgo ha sido asumido por la Administración y la justicia. Pero los fumadores, enganchados a una temprana edad, creen en su mayoría que consumen solo tabaco e ignoran los cientos de sustancias tóxicas y los miles de productos químicos que generan el humo de los cigarrillos y que son añadidos a escondidas por las tabaqueras. Su decisión de fumar está por tanto manipulada, porque al añadirse sustancias adictivas se altera la voluntad del consumidor, anulando así su libertad de elección. Este razonamiento del bufete Osuna se basa en el hecho de que no sea conocida la composición de los cigarrillos en su totalidad ni las interacciones de sus componentes cuando son sometidos a altas temperaturas en la combustión. Los consumidores no tienen, pues, toda la información para valorar realmente el riesgo, máxime cuando la obligación legal de todo fabricante es comercializar productos seguros y la obligación de la Administración es velar por que sea así. Lo cierto es que las tabaqueras posibilitan el envenenamiento masivo de cientos de millones de personas a diario y la Administración les da cobertura legal, en lo que los denunciantes por la vía penal han visto una «ocultación dolosa y criminal de los riesgos que comportan los cigarrillos […]. La dejación de responsabilidad de la Administración incurre en responsabilidades penales porque el resultado de su comportamiento negligente es un envenenamiento masivo de ciudadanos, en muchos casos con resultado de muerte.» Realmente, nada justifica que a un producto se le puedan agregar impunemente venenos.

Los ocho denunciantes que optaron por la vía penal, dos de los cuales ya han fallecido por un cáncer de garganta, buscaron castigar a los responsables de la Administración sanitaria por dejación de sus funciones constitucionales de protección de la salud de todos los consumidores, pero su objetivo último era ir a por la industria tabaquera, cuyas fórmulas en la composición de sus marcas de cigarrillos siguen siendo secretas con el beneplácito de la Administración y de todos los Gobiernos de turno, independientemente de su ideología.

LOS ADITIVOS, LA CARA OCULTA DEL TABACO

La protección que ofrece la Administración a la ocultación de los componentes de los cigarrillos es activa. El 5 de mayo de 2006, el doctor en Química Industrial Luis Pertejo pidió al Ministerio de Sanidad y Consumo, concretamente a la Dirección General de Salud Pública, que, en calidad de perito químico de oficio designado por la Audiencia Nacional en un caso de tabaquismo, proporcionase en el litigio los componentes del tabaco negro, en especial los de las marcas fumadas por el demandante, Francisco Muñoz Bermúdez, enfermo de cáncer de laringe: Ideales, Celtas, Ducados y Fortuna. Asimismo, requirió la composición del papel de fumar de dichas marcas y una relación de todos aquellos componentes o elementos potencialmente cancerígenos que se encuentren en el tabaco y en el papel de fumar de estos cigarrillos. Pertejo hizo la solicitud invocando el artículo 6 del Real Decreto que, literalmente, asegura que el Ministerio de Sanidad exigirá a todos los fabricantes, importadores y marquistas de productos de tabaco la lista de todos sus ingredientes y sus cantidades utilizados en la fabricación de los cigarrillos.³ Esta lista debe incluir los datos toxicológicos de los ingredientes, con combustión o sin ella, mencionando los efectos sobre la salud e indicando sus posibles efectos adictivos. Los fabricantes deberían presentar esta lista de forma anual desde 2002 y la normativa obliga al Ministerio a difundir dicha información para informar a los consumidores, aunque matiza que «se tendrá debida cuenta de la protección de toda información sobre la fórmula de productos específicos que constituyan un secreto comercial». Eso lo conoce muy bien Luis Pertejo, que trabajó para la Coca-Cola, cuya fórmula es uno de los secretos mejor guardados del mundo, aunque, a diferencia del tabaco, su fórmula mágica no se relaciona con millones de muertes en el planeta cada año. Pero como si se tratase de un gran secreto industrial sin consecuencias para la salud pública, ni Altadis ni el Ministerio de Sanidad facilitaron información alguna ante la Audiencia Nacional. En ninguno de los más de 30 pleitos por tabaquismo que se han admitido a trámite en España se ha hecho una autopsia —en caso de fallecimiento— ni una analítica para averiguar todos los componentes de los cigarrillos —es caro y requiere de alta tecnología—, ni tan siquiera se ha exigido bajo amenaza de sanción la entrega por parte de las tabaqueras de la lista de aditivos de sus marcas. El Ministerio de Sanidad, de hecho, incluso se ha negado a facilitar dicha información ante los más altos tribunales españoles, muy probablemente porque la mayoría de las multinacionales incumplen con su deber legal de ofrecer todos los datos cada año. Eso es mejor no reconocerlo, piensan desde el Ministerio. Solo consta que Altadis lo haya hecho una vez, un listado de 289 aditivos que publicó el diario El País en 2007 en un momento en el que el Gobierno socialista quería marcar terreno con las multinacionales en su apuesta regulatoria.⁴ Al margen de esta excepción, siempre que un periodista se dirige al Ministerio de Sanidad, ya sea bajo mandato del PP o del PSOE, la respuesta es la misma: todas las empresas cumplen con el decreto e informan de los contenidos de los cigarrillos, y la mayor parte de ellas lo hacen siguiendo desde 2008 lo que establece la Comisión Europea en su guía práctica «Reporting on tobacco product ingredients». Respuestas siempre genéricas de buena voluntad que nada tienen que ver con la transparencia en defensa de los fumadores. ¿Cuánto amoníaco ponen? ¿Y cuántos productos cancerígenos hay? ¿Por qué se lo aceptan? ¿Por qué no publican los componentes y los aditivos de las marcas si realmente los tienen? ¿Por qué niegan dicha información a la justicia? ¿A quién buscan proteger, a los ciudadanos o a las tabaqueras? ¿Me dejarían a mí suministrar un producto en el mercado que fuese adictivo y que provocase la muerte prematura de 60.000 españoles cada año? Preguntas sin respuestas. Lo que parece claro es que, mientras el Ministerio se niegue a dar toda la información, si es que la tiene —muy probablemente solo debe tener datos parciales de algunas empresas—, el tabaco se ha convertido en España en el único producto de consumo que no tiene que declarar su composición.

Pero hasta donde sabemos, sobre todo gracias a los papeles desclasificados en los juicios de Estados Unidos y lo poco con lo que Altadis nos ha ilustrado en contra de su voluntad —fue el Ministerio quien filtró sin su autorización los datos—, no son 289 los aditivos conocidos en un cigarrillo como dice la multinacional hispano-francesa, sino que son al menos 599 los que reconoce la propia industria, tal como estableció el profesor Michael Rabinoff de la Universidad de California en su estudio «Efectos farmacológicos y químicos de los aditivos de los cigarrillos», publicado en la revista de la Sociedad Americana de Salud Pública de Estados Unidos. Según los documentos desclasificados de las grandes multinacionales, las tabaqueras admiten que más de cien de los 599 aditivos de sus cigarrillos tienen efectos farmacológicos que aumentan el poder adictivo de la nicotina (el amoníaco), dan mejor sabor y hacen al pitillo más deseable (edulcorantes), atraen a los más jóvenes con broncodilatadores que llevan la nicotina con más facilidad a los alveolos (cacao) y hay aditivos (aromatizantes) que buscan hacer más soportable la vida a los fumadores pasivos, que no menos dañina.

Antes de 1970 se utilizaban poco los aditivos. Pero por aquellos años, Philip Morris disparó sus ventas y puso en guardia a la competencia, que empezó a analizar minuciosamente marcas como Marlboro para entender el tirón que tenían entre los fumadores. La clave estaba en los aditivos, que permitían hacer del cigarrillo un producto de ingeniería de precisión para esclavizar al fumador. Y uno de los productos estrella para aumentar la potencia de la nicotina era y es el amoníaco. «El amoníaco es la clave de la tecnología del Marlboro», concluyó un informe de Brown & Williamson de 1992 sobre la marca estrella de Philip Morris, en el que desveló que las compañías tabaqueras llevaban años estudiando cómo añadir compuestos químicos derivados del amoníaco.⁵ Philip Morris, en esta perversa espiral, llegó a trabajar con aditivos en los cigarrillos para que aumentasen el deseo sexual y hacerlos más placenteros. Lorillard también se sumó al carro en los noventa sabedor de que con aditivos como el amoníaco sus cigarrillos podían aumentar en hasta cien veces la disponibilidad de la nicotina en sangre gracias a un proceso químico utilizado para aumentar los efectos de la cocaína. No es de extrañar que un estudio de la Universidad de California dirigido por Stanton A. Glantz determinase que con los aditivos se aumenta la toxicidad de los cigarrillos incrementando el número de partículas en el humo, lo que promueve aún más la posibilidad de contraer enfermedades cardíacas y cáncer.

Los estudios realizados sobre los aditivos han llegado a la conclusión de que los cigarrillos modernos son muy diferentes de los cigarrillos del pasado porque aumentan la concentración de la nicotina en sangre, tratan los síntomas negativos de fumar y hasta enmascaran la nocividad del humo ambiente mediante la reducción de su visibilidad, del olor y la irritabilidad de la corriente secundaria. Para Rabinoff, que recuerda que ha habido tabaqueras como B&W que llegaron a trabajar genéticamente el tabaco para manipular los niveles de nicotina, la consecuencia desde el punto de vista de la salud pública de incrementar el potencial adictivo de los cigarrillos con los aditivos es que aumenta la posibilidad de que los nuevos fumadores se conviertan en adictos y que los ya fumadores habituales tengan más dificultad para dejar de fumar. Por tanto, habrá mayores niveles de morbilidad y mortalidad asociados al tabaquismo, un hábito que matará a mil millones de personas durante el siglo XXI. ¿Qué siguen estudiando y aplicando los ingenieros, los químicos y los científicos de las poderosas multinacionales tabaqueras para envenenar aún más los cigarrillos? Es muy difícil saberlo porque las Administraciones reconocen que van muy por detrás de los laboratorios privados y cuando determinan un aditivo y sus consecuencias, las tabaqueras ya han podido sacar otro con más poder adictivo y más cancerígeno sin posible control alguno. El objetivo es vender más, que se fume más, que se expanda la epidemia para que cuantos más seres humanos mueran lentamente, mejor, porque más beneficios económicos obtendrán algunos. Los mercaderes de la muerte responden solo ante sus accionistas, no ante los Gobiernos, la OMS o la humanidad. El beneficio justifica la sangría.

EL EXTRAÑO CASO DE MIQUEL Y COSTAS

El 3 de febrero de 1999, un accionista y exempleado de la empresa Miquel y Costas & Miquel, actualmente el único fabricante de papel de tabaco en España, envió una carta al entonces presidente de Tabacalera, César Alierta, en la que le advertía de que desde hacía algunos años estaba siendo engañado por la papelera porque le suministraba un papel para sus cigarrillos «cuyas especificaciones técnicas no se corresponden con la realidad» ya que, para abaratar los costes de producción, se había sustituido la reglamentaria pasta de papel de fibras textiles (lino, cáñamo, algodón) por otras de madera y esparto. Miquel y Costas aumentó sus beneficios de forma considerable al rebajar el coste de la materia prima «a expensas de la calidad y el riesgo» que ello podía representarle a Tabacalera y a los fumadores de sus marcas, alertó Juan Viñas, exdirector financiero de Miquel y Costas & Miquel. No tardó ni veinte días en contestarle el director de Fabricación de Cigarrillos y Plantas de Tabacalera, Buenaventura Jiménez Sánchez-Cañete, quien desdeñó la recomendación de Viñas de analizar el papel de sus cajetillas en el Instituto Papelero de Grenoble —los controles en compañías como Philip Morris y Reynolds son mucho más rigurosos y tecnificados— y sostuvo que la tabaquera española mantenía unos controles de calidad que garantizaban que los contenidos de los cigarrillos se ajustasen a la ley. Unos meses más tarde, Juan Viñas presentó una denuncia ante la Guardia Civil para certificar con informes universitarios y científicos que las cajetillas de Ducados y Celtas y el papel de liar de la marca Smoking contenían un papel distinto al establecido en el Código Alimentario Español, y que era altamente nocivo para la salud. La Policía Judicial elaboró un informe titulado «Fraude al consumidor» que remitió al juzgado, que a su vez abrió diligencias por un posible delito contra la salud pública e imputó por ello a los máximos responsables de Miquel y Costas, Jordi Mercader y Luis Collados. Mercader era en aquel momento un hombre poderoso en Barcelona. Director general del Instituto Nacional de Industria (INI) en la etapa de Felipe González y hombre de confianza del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, Mercader era por aquellos años, además de máximo gestor de la papelera, presidente de la compañía Aguas de Barcelona (Agbar) y vicepresidente de la entidad financiera La Caixa, en donde mantenía una estrecha relación con Ricard Fornesa y Josep Vilarasau, hombres clave de la caja catalana y de su conglomerado de empresas. Por ese motivo importantes medios de comunicación tuvieron dificultades para informar sobre el proceso abierto en los juzgados de Barcelona contra Mercader, calificado en algunos círculos políticos y mediáticos de «intocable» por su poder económico y sus apoyos políticos y financieros.

En algo debió influir todo ello para que el juez sustituto del juzgado número 16 de Barcelona archivase la causa en pocos días pese a las notables evidencias que presentaba el caso. La Audiencia de Barcelona tuvo que corregir al juez y ordenó que se reabriese la causa porque vio indicios claros de delito, por lo que el juzgado de instrucción se vio obligado a seguir el proceso y entrar en la denominada fase de investigación. En primer lugar, se dirigió al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que dictaminase si se había adulterado o no el papel de los cigarrillos de Tabacalera-Altadis. Efectivamente, el Ministerio constató que los cigarrillos Ducados y Celtas estaban liados en un papel que no era de pasta textil, sino de maderas como el pino y el eucalipto, en contra de lo establecido en el Código Alimentario Español, cuyo apartado 3.25.80 deja claro que el papel de los cigarrillos de tabaco debe ser elaborado con «fibra de lino, cáñamo, cereales, algodón, cargas autorizadas y los edulcorantes autorizados incluidos en las listas de este Código». Toda esta información se trasladó a su vez al Ministerio de Sanidad, que se declaró incompetente para determinar la toxicidad del papel para tabacos por no contar con la tecnología necesaria para ello y, en vez de acudir a algún instituto independiente, se limitó a solicitar a Altadis la información requerida por el juez. La tabacalera admitió que, como ya indicaban los informes universitarios y científicos que les había remitido Viñas, el papel de sus Ducados y Celtas estaban elaborados principalmente con fibras de madera y esparto. El peritaje judicial posterior concluyó que en la combustión del cigarrillo con este tipo de papel se generan una mayor cantidad de hidrocarburos policíclicos aromáticos, es decir, sustancias muy cancerígenas como benzopireno, pireno y dibenzopireno, que con el tiempo causan en los fumadores cánceres de labio, pulmón, mucosa bucal y laringe.

Se demostró que Miquel y Costas & Miquel, la empresa del intocable Jordi Mercader, suministraba a Tabacalera-Altadis un papel fuera de la legislación, con una materia prima gracias a la cual abarató sus costes —en diez años el kilo de pasta de papel pasó de 1,7 euros a 40 céntimos— y logró ser una de las compañías que más rentabilidad ofrecía en la bolsa española, con la consecuencia, eso sí, de hacer aún más nocivo un producto, los cigarrillos de tabaco, favoreciendo que los fumadores de marcas como Ducados y Celtas enfermasen de diferentes tipos de cáncer. Un razonamiento y unas pruebas que, tras seis años de investigaciones, cayeron en saco roto pese a la contundencia de las conclusiones. Una vez realizadas las diligencias previas, el juez Jaime Conejo Heredia remitió un auto a las partes implicadas en el caso en el que imputaba de un posible delito contra la salud pública al presidente de Miquel y Costas & Miquel, Jordi Mercader, y a su representante legal, el ingeniero Luis María Collados, y las instaba a que formulasen su acusación con la apertura de un juicio oral de procedimiento abreviado o bien reclamasen el sobreseimiento de la causa. Todo indicaba que Mercader y Collados iban a ser procesados —la acusación pedía diez años de prisión y 15 millones de euros para los enfermos de tabaquismo— cuando un segundo recurso para pedir el sobreseimiento de la causa llegó a la Audiencia de Barcelona. El tribunal, formado por la ponente Ana Ingelmo Fernández, Pedro L. García Muñoz y Ana Rodríguez Sanmiguel, decretó el sobreseimiento «provisional» de la causa y dejó el asunto en el limbo basándose en una particular interpretación del informe de Emilio Huguet, catedrático en Medicina Legal. El perito determinó en la causa que la celulosa de madera ofrecía en su combustión una mayor cantidad de sustancias cancerígenas, pero no dejaba claro si esto se producía en una cantidad significativa para causar un peligro adicional al que ya representa la principal causa del daño, que es fumar cigarrillos. La Audiencia de Barcelona, que recordó que en esta fase del procedimiento ya no bastaba con indicios racionales de criminalidad sino que se debía presentar una «base sólida» para culpar a los imputados, no vio claro que la fabricación y comercialización del papel de Miquel y Costas destinado a los cigarrillos supusiese un «peligro adicional para la salud de los fumadores» y se olvidó del hecho objetivo del cambio en su composición, claramente fuera de lo establecido en la legislación española. De forma pretendidamente salomónica, la jueza Ana Ingelmo acordó el sobreseimiento provisional de la causa porque «cabría la posibilidad de realizar un estudio experimental, que no está realizado, para determinar las diferencias entre la combustión de cigarrillos fabricados con ambos tipos de papel», el de plantas arbóreas y el fabricado a base de materias como el lino o el algodón. ¿Qué pasó después? Nada. La justicia no movió un dedo más, la Fiscalía tampoco, lógicamente tampoco Mercader y Collados —este último hoy ya fallecido—, y el denunciante, el abogado Juan Viñas, en su día despechado porque Mercader lo despidió de Miquel y Costas, ya estaba cansado de años y años en los tribunales y tiró la toalla, ya jubilado, sabedor de que el sistema judicial seguiría poniéndoselo difícil. La rentable Miquel y Costas & Miquel, empresa puntera a nivel internacional, mantiene su sistema de producción de papel para cigarrillos, que vende a la gran mayoría de las multinacionales tabaqueras de todo el mundo, que en su mayoría combinan papeles de madera y textiles en sus marcas de cigarrillos.

ESPAÑA VERSUS ESTADOS UNIDOS

El pleito contra la papelera Miquel y Costas y la treintena de demandas de enfermos por tabaquismo que han sido admitidas a trámite en los tribunales españoles se fueron al traste. Pero hay que rebobinar en la historia para darse cuenta de que esta no es una lucha fácil y que aún hay camino por recorrer. Las denuncias en España y en el resto de Europa se presentaron al calor de las millonarias indemnizaciones decretadas por la justicia estadounidense en casos de cáncer provocados por fumar. Pero para encontrar la primera demanda en Estados Unidos hay que remontarse a 1950, por lo que tuvieron que pasar más de 45 años para que una de ellas obtuviera recompensa. Tal como queda documentado en la tesis «Tobacco litigation in the US and Spain», elaborada en la Universidad Berkeley por el abogado español Juan Antonio Ruiz García, la primera oleada de demandas en Estados Unidos contra la industria se produjo entre 1950 y 1965, tras los primeros informes médicos que relacionaban el cáncer con los pitillos. Se presentaron 150 denuncias de particulares y solo 10 de ellas llegaron a juicio. Los jurados siempre dictaron veredictos favorables a la industria. Al igual que en el caso español, la primera querella que logró superar las trabas del sistema fue por la muerte de un ciudadano, Frank J. Lartigue, a causa de un cáncer de pulmón. Su viuda, como la de Carramiñana, llevó a los tribunales a las tabaqueras, concretamente Liggett & Myers y R.J. Reynolds, puesto que Lartigue, que empezó a fumar a los nueve años, en 1899, consumió durante 55 años las marcas de cigarrillos de estas dos compañías, primero las cajetillas Picayunnes y Jing Bee y luego Camel, a razón de dos paquetes diarios. Murió en 1955 tras superar un cáncer de laringe, pero con el posterior de pulmón, siempre más agresivo, ya no pudo respirar. Los demandantes alegaron vicios ocultos en el producto, negligencia, fraude o engaño y responsabilidad objetiva. El Tribunal Federal de Luisiana dictó sentencia a favor de la industria y el tribunal de apelaciones desestimó el recurso. Las compañías alegaron imprevisibilidad de los daños, falta de pruebas en la relación de causalidad y la asunción voluntaria del riesgo por parte del fumador. El influyente American Law Institute aprovechó para emitir un restatement of torts (una suerte de norma general sobre los agravios) constriñendo los requisitos necesarios para considerar a un fabricante responsable de los daños causados por un producto defectuoso, lo que favoreció a la poderosa industria tabaquera y frenó así nuevas demandas. Algo parecido a lo dictado por el magistrado del Tribunal Supremo español Juan Antonio Xiol Ríos cuando estableció, medio siglo más tarde, que «no se puede pedir responsabilidad por un producto legal que es dañino en sí mismo».

Pero en 1983 se reactivó la litigación por tabaquismo a raíz de las millonarias indemnizaciones que la justicia de Estados Unidos dictaminó en los casos en este país de intoxicación por el amianto. El aumento de denuncias también tuvo su origen en una mayor concienciación de los americanos, puesto que en 1964 se había publicado el primer gran informe que relacionaba fumar con el cáncer, el «Smoking and Health: Report of the Advisory Committee to the Surgeon General of the Public Health». A raíz de esto, el Congreso americano aprobó dos leyes a finales de los años sesenta con las que obligaba a las tabaqueras a insertar en sus cajetillas la advertencia «Caution: cigarette smoking may be hazardous to your health» («Precaución: fumar cigarrillos puede ser peligroso para su salud») y prohibió asimismo anuncios de tabaco en la radio y la televisión. Estas medidas, más allá de ayudar a contener el consumo y el aluvión de casos de cáncer, tuvo como principal objetivo proteger a la industria de las demandas, puesto que dejaba claro que los fumadores ya quedaban informados del riesgo que asumían. Pero los casos del amianto tóxico provocaron una segunda oleada en la litigación por tabaquismo en Estados Unidos con 200 nuevas demandas entre 1983 y 1992, en las que principalmente se alegó responsabilidad por producto defectuoso. Todas fracasaron y la justicia adujo lo aprobado por el Congreso para recordar a los fumadores que eran ellos los que asumían voluntariamente el riesgo de consumir cigarrillos. Hubo incluso un estado, el de California, que aprobó el denominado Napkin Deal (el acuerdo de la servilleta, porque fue cerrado en un restaurante de Sacramento), que durante una década concedió inmunidad a la industria tabaquera al considerar que el fabricante o el vendedor no eran responsables si el producto era inherentemente inseguro y esto era conocido por el consumidor.

No obstante, en 1992 se produjo el primer caso en el que la justicia de Estados Unidos dio la razón en primera instancia al demandante, que luego perdió en la apelación. Fue el caso Cipollone versus Liggett Group. Rose Cipollone, fumadora desde 1942, demandó en 1983 a Ligget por incumplimiento de garantía, defectos de advertencia, representación engañosa y fraude, y conspiración por mantener una falsa representación de la realidad. Durante el litigio, Rose Cipollone murió de cáncer de hígado, pero su viudo siguió adelante con la causa. El Tribunal de New Jersey vio responsable en un 20 % a la demandada y como la ley exigía un mínimo del 50 % para una indemnización, no condenó a Liggett. Pero las características del sistema judicial norteamericano permitieron al jurado otorgar 400.000 dólares por daños y perjuicios al viudo. El Tribunal Federal de Apelaciones revocó el veredicto sobre la base de las leyes aprobadas por el Congreso a finales de los sesenta, tal como había solicitado la tabaquera. El caso llegó al Tribunal Supremo y el magistrado Stevens avaló la revocación de la condena, un proceso que costó a la familia Cipollone 6,2 millones de dólares aunque recibió la solidaridad del movimiento antitabaquista de Estados Unidos, que vio en este caso un primer triunfo al poner contra las cuerdas a la gran industria y dejar en evidencia su intencionalidad en los daños.

Pero fue una caja con 4.000 páginas de documentos secretos provenientes de Brown & Williamson lo que cambió realmente la historia de la litigación por tabaquismo en Estados Unidos. El profesor Stanton Glantz, catedrático de medicina de la Universidad de California, recibió el 12 de mayo de 1994 en San Francisco una información confidencial en la que se demostraba con todo lujo de detalles que las compañías tabaqueras sabían desde principios de los años cincuenta de los riesgos para la salud derivados del consumo del tabaco y que pese a ello no solo habían omitido sus advertencias sino que habían incrementado las dosis de nicotina para expandir su negocio. El origen de la filtración estaba en Jeffrey Wigand, por aquel entonces despedido como vicepresidente de Investigación y Desarrollo de Brown & Williamson y cuya historia se popularizó porque fue la base de la película El dilema (The insider). La información que facilitó a la universidad, su declaración en el juicio del estado de Misisipi y sobre todo la entrevista que emitió, no sin presiones, la CBS dejaron muy mal parada a la industria, cuyos magnates acababan de declarar en el Congreso que la nicotina no era adictiva y que fumar no generaba cáncer. Jeffrey Wigand, al que llamaron el «soplón» y que recibió varias amenazas de muerte, desmontó las mentiras de las grandes tabaqueras y hoy está considerado uno de los principales héroes de la lucha contra el tabaquismo, causa por la que sigue trabajando desde la dirección de la ONG Smoke Free Kids. Los cigarettes papers llegaron a los demandantes y confirmaron la relación entre el hábito de fumar y el cáncer, una causalidad de la que ya Harris B. Parmele, químico de Lorillard, advirtió en 1946, cuando pidió por escrito a su compañía investigar en esa línea. Dos semanas después de publicarse los cigarettes papers, 22 fiscales de otros tantos estados federales presentaron pleitos que exigían el reembolso de los gastos médicos derivados del tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.

El primer veredicto favorable a los enfermos de cáncer se produjo justo por aquel entonces, concretamente en septiembre de 1995, pero fue porque se demostró que los filtros de unos cigarrillos contenían amianto. En el caso Horowitz versus Lorillard Tobacco, el psicólogo clínico Milton Horowitz alegó haber contraído cáncer de pulmón después de fumar durante años pitillos de la marca Kent con un filtro que contenía amianto, por lo que incluyó en esta particular denuncia a la empresa suministradora de filtros. El jurado condenó a ambas compañías a pagar a partes iguales un total de 1,3 millones de dólares por daños compensatorios y 700.000 más por daños punitivos. El Tribunal de Apelaciones de California confirmó la sentencia y el Tribunal Supremo rechazó revisar el caso. Los herederos de Horowitz, que murió en 1996, fueron los primeros particulares en recibir una indemnización por el consumo de cigarrillos. Pero la mano se abrió definitivamente en 1998, en lo que sería el primer caso ganado gracias a la influencia de los cigarettes papers en los jurados. Lo protagonizó el ex controlador aéreo Grady Carter, que fumó durante 44 años, desde 1947, y al que le diagnosticaron un cáncer de pulmón en 1991. Cuatro años más tarde demandó a Brown & Williamson y, en 1996, un jurado de Florida condenó a la tabaquera a abonar una indemnización de 750.000 dólares por ser el tabaco «un producto irrazonablemente peligroso y defectuoso». El Tribunal de Apelaciones de Florida revocó esta decisión por considerar prescrita la acción y por errores en la admisión de determinadas pruebas. Finalmente, el Tribunal Supremo de Florida sí que estimó el recurso en el año 2000 y confirmó el veredicto más los intereses, con lo que elevó la indemnización a 1,1 millones de dólares. El Tribunal Supremo Federal rechazó revisar el caso y convirtió a Grady Carter en el primer enfermo del planeta en obtener de forma efectiva una indemnización judicial por daños causados por su tabaquismo. Ante las cada vez mayores evidencias, el vecino estado de California suprimió la inmunidad de la industria tabaquera con su Repeal Statute.

En paralelo, y a partir de la primera demanda presentada el 23 de mayo de 1994 por el fiscal general del estado de Misisipi, Michael Moore, 40 de los 150 estados americanos emprendieron su propia línea legal para resarcirse de los gastos médicos derivados de las enfermedades tabáquicas y demandaron a The American Tobacco Company, American Brands, R.J. Reynolds, Philip Morris, Liggett, Brooke Group, Lowes Corp., Lorillard, The Council for Tobacco Research, The Tobacco Institute, Hill & Knowlton, Williams Tobacco Company y a un largo etcétera de compañías tabaqueras. La base legal era sencilla: la industria había conspirado para ocultar la naturaleza adictiva del tabaco y que fumar causa diferentes enfermedades. La presión sobre la industria fue tal que en 1997 se produjo un giro copernicano en su estrategia y esta negoció con los estados abonar 368.500 millones de dólares (un aumento del impuesto de 0,62 dólares en el paquete) a pagar a lo largo de 25 años a los estados demandantes, introducir nuevas y más severas advertencias en las cajetillas, restringir aún más la publicidad y controlar las ventas a los menores a cambio de inmunidad frente a demandas estatales, acciones de clase y reclamaciones por daños punitivos. Ahí empezó una pugna política entre demócratas y republicanos sobre el aumento del impuesto que llevó a las compañías a retirar su oferta de un acuerdo general. Pero Misisipi pactó el 2 de julio de 1997 con las cuatro grandes compañías (Reynolds, B&W, Philip Morris y Lorillard) recibir 3.600 millones de dólares. Un mes después fue el turno de Florida, que recibió 11.300 millones. El año siguiente, Texas obtuvo 15.300 millones de dólares, y Minnesota, 6.600. El resto de los estados al final firmaron conjuntamente un acuerdo marco por valor de 206.000 millones de dólares a pagar en 25 años, que sumados a las indemnizaciones ya acordadas con los cuatro estados les permitió ahorrar unos 100.000 millones de dólares respecto de su propuesta inicial. No obstante, no lograron la inmunidad buscada y las demandas individuales pudieron seguir su curso.

¿Por qué en España no prosperan las demandas? De entrada hay que recordar que este tipo de litigios solo tienen 15 años de antigüedad en el caso español, mientras que Estados Unidos lleva más de medio siglo adaptando su legislación a las nuevas realidades, en este caso, a la epidemia del tabaquismo causada por un hábito que se convirtió en masivo tras la Primera Guerra Mundial. Pero además existen diferencias entre los sistemas judiciales español y estadounidense que explican por qué en la práctica los americanos protegen mejor al consumidor en los derechos por daños. En Estados Unidos, los veredictos son elaborados por jurados compuestos por 12 personas que representan a la comunidad y siempre son más influenciables a la coyuntura que un juez, como sucedió cuando se destapó con los cigarettes papers el engaño de las grandes tabaqueras, que mintieron ante el Congreso y la justicia asegurando que el tabaco no generaba cáncer y no era adictivo. En España eso no pasó factura. Además, la legislación estadounidense recoge la figura legal del «daño punitivo» (punitive damage), una suerte de compensación añadida que permite que las indemnizaciones puedan ser ejemplares y mucho mayores que en España. Esto facilita captar el interés y la dedicación de importantes bufetes de abogados, que por este motivo no solo representan a las poderosas multinacionales, sino también a los particulares. En España los grandes despachos son los que representan a las tabaqueras, mientras que los consumidores son defendidos por bufetes muy pequeños y con escasos medios, en los que aunque sus abogados sean buenos profesionales del derecho civil, su lucha se convierte en la de David contra Goliat. Los grandes bufetes que han trabajado para las tabaqueras en España, como Garrigues, Roca o Cuatrecasas, se coordinan en reuniones periódicas para aunar esfuerzos ante unos pleitos que salpican a clientes con el mismo perfil e intereses, ya sea Altadis, British American Tobacco o Philip Morris España, por poner algunos ejemplos. Por tanto, detrás de cada uno de los cerca de cuarenta pleitos que se han sustanciado en los tribunales españoles hay alrededor de un centenar de abogados de primera línea en defensa de los intereses de una compañía tabaquera, frente a uno o dos abogados bien intencionados, que lo más que pueden sacar desde el punto de vista económico en la defensa de los enfermos de cáncer es algo de publicidad para sus despachos, ya que este tipo de casos son bastante mediáticos por su novedad.

EPÍLOGO

POR UN FUTURO SIN HUMO

Un millón de personas ha dejado de fumar en España desde 2005. Las leyes se cumplen con cierta normalidad y ya es imposible fumar en el trabajo, en los hospitales, en los centros educativos, en bares, restaurantes, cines… pero la industria de la nicotina sigue reclutando cada día a 325 jóvenes mientras los cementerios reciben también a diario 160 ataúdes de personas fallecidas prematuramente por enfermedades tabáquicas. En el mundo hay 1.100 millones de fumadores y cada año fallecen seis millones, según la OMS. Uno de cada tres jóvenes chinos morirá por fumar. El Banco de Tiempo de los hombres grises sigue haciendo acopio de las horas, días y años de miles de personas que caen en una droga legal que mata más que todas las ilegales juntas. No sé si es cierto que en la adicción al tabaco influye, como decía León Tolstói, «el deseo de ahogar el remordimiento». Lo que sí que es cierto es que España, aunque ha dado un paso de gigante, se ha relajado en la lucha contra el tabaquismo mientras la industria se ha reorganizado para pasar al contraataque. Todavía fuma el 24 % de la población de más de 15 años, más de 7 millones de personas; cuando empiezan a detectarse constantes incumplimientos de la ley en lugares públicos de ocio nocturno, el Gobierno no ha lanzado ni una sola nueva medida entre 2012 y 2016, ha bajado los brazos en las campañas de prevención entre adolescentes y, lo que es aún peor, ha sucumbido a las presiones de la industria en terrenos como el cigarrillo electrónico, en su veto al empaquetado genérico y en la lucha contra el contrabando de tabaco.

Las iniciativas contra el tabaquismo deben volver a la primera línea de la agenda política, pero, enfrente, la industria se ha reorganizado alrededor de la denominada Mesa del Tabaco, que aglutina por primera vez a cultivadores, fabricantes y distribuidores, un sector que dice emplear a 60.000 personas. Pero los empleos directos reales son solo 3.000, tras el cierre de la última fábrica de cigarrillos de la Península. El número de hectáreas de cultivo de tabaco ha descendido a la mitad, de 21.000 en 1990 a 10.500 en 2014 y el máximo de ventas registrado en España en 2004 con 4.663 millones de cajetillas cayó en picado en 2014 con 2.340 millones de cajetillas vendidas. La patronal, la Asociación Empresarial del Tabaco, se ha visto obligada a un lavado de imagen para sobrevivir y ahora se hace llamar Adelta, entidad que critica la «hiperregulación» o «regulación extrema» y alerta de mayores restricciones en ámbitos privados. La industria se rearma para recuperar terreno y ha construido un relato que difunde bajo los conceptos de «Smart Regulation» o «Better Regulation», sobre todo ante el aumento del tráfico ilícito de cigarrillos, la merma de los ingresos fiscales y los comportamientos elusivos de los consumidores ante tantas restricciones. Pide así replantear de forma integral las bases de la normativa antitabaquismo para las próximas décadas bajo la antigua idea de la autorregulación. Ya hay un nuevo think tank español, Foro Europa Ciudadana, que trabaja para ello y que se mueve bien en los pasillos de Bruselas. En esta nueva etapa, incluso las propias compañías tabaqueras se han puesto al frente de esta particular reconquista tras muchos años invisibles para los medios durante los debates prorregulación. Hay dos ejemplos claros. La firma entre la Guardia Civil y Philip Morris Spain a finales de 2015 de un acuerdo para la aportación de medios para la lucha contra el contrabando, un mercado ilícito del que el Gobierno no da datos pero que ha pasado en España del 3,5 % al 12,5 %, según la patronal Adelta. Este porcentaje se dispara al 30 % en comunidades como Andalucía y Extremadura. La multinacional americana Philip Morris ha suministrado a la Guardia Civil equipos de cámaras acuáticas para examen de carga, sistemas de visión nocturna para el servicio marítimo y, entre otra tecnología, dos furgonetas tipo escáner. El propio director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, estampó su firma en el acuerdo junto al director general de Philip Morris Spain, Mario Alejandro Masseroli, y el director de Asuntos Corporativos, Francisco Javier Figaredo. El movimiento antitabaquista recibió la noticia como todo un gol a la salud y al sentido común porque consideró que aceptar la ayuda de quien es el origen del problema es como meter al zorro dentro del gallinero. La Organización Médica Colegial, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y entidades de referencia como el Instituto Catalán Oncológico y la acción ciudadana XQNS tomaron la iniciativa y enviaron una carta a Mariano Rajoy para denunciar el acuerdo por vulnerar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, firmado por España, que en uno de sus artículos especifica que se deben proteger las políticas de salud pública de los intereses comerciales de la industria. Incluso, con la firma de esta colaboración, España contraviene el protocolo internacional para la eliminación del comercio ilícito de los productos del tabaco, también firmado por el Reino de España. Dicho protocolo establece que el sistema de seguimiento y rastreo del contrabando debe ser controlado por el Estado de forma independiente de la industria tabaquera. Hasta se hizo eco de la anomalía la prestigiosa revista científica British Medical Journal, en cuya editorial denunció que «la policía española permite que Philip Morris aparezca como la solución al contrabando del tabaco y no como la causa de este problema», y pidió al Gobierno declarar nulo el acuerdo, además de hacer públicos de forma íntegra este y otros pactos firmados con la industria del tabaco. Hay que recordar que no hace mucho que España y otros países de la UE denunciaron a Philip Morris por contrabando y la compañía tuvo que pagar una millonaria multa por sus actividades ilícitas.

La reconquista española de la industria del tabaco no se queda aquí. Hay un segundo ejemplo de mala praxis: nada menos que diez universidades andaluzas aceptaron la colaboración de Philip Morris Spain en los premios anuales al emprendimiento, un patrocinio bajo el eslogan «Ilumina tus ideas» que ayuda a normalizar y prestigiar a una compañía que tiene prohibidos la publicidad y el patrocinio de sus productos, una industria que causa una importante carga sanitaria y social. El convenio marco de la OMS recuerda que no hay que contribuir al lavado de imagen de una industria que alimenta el problema de salud pública del tabaquismo. Andalucía ha pasado de demandar a las tabaqueras a colaborar con ellas en los centros universitarios.

EL MODELO A SEGUIR ES AUSTRALIA

Poner la lucha contra el tabaquismo en la primera línea de la agenda política no es fácil. La crisis económica y la volatilidad política lo hacen complicado. La trasposición de la última directiva europea puede ser un buen inicio, pero no la solución, sobre todo porque nació muy limitada. Obliga a incluir en los envases de los productos de tabaco advertencias sanitarias que deben cubrir el 65 % de su superficie. Un avance importante que sin embargo ya fue superado por Australia desde 2012 y, posteriormente, por Irlanda, Reino Unido y Francia. Estos países han adoptado el empaquetado genérico, una de las medidas que más teme la industria y que intenta frenar en los tribunales. Es por este motivo que el movimiento contra el tabaquismo está muy vigilante en las negociaciones entre Europa y Estados Unidos para el Tratado Transatlántico de Comercio (TTPI), que pretende que tribunales de arbitraje privados diriman las demandas de multinacionales contra los Estados en los casos en que se sientan perjudicadas. El envasado genérico o neutro, conocido en el sector médico como la «revolución caqui» o plain packaging, busca que todas las cajetillas sean iguales, más allá del nombre del fabricante y la marca de cigarrillos, ocupando todo el espacio para advertencias sanitarias, de forma que reste atractivo a los paquetes y aumente la percepción de riesgo. Una cajetilla de cigarrillos no debe emular un frasco de colonia, un pintalabios, un reproductor de mp3 u otros iconos de culto. Hay que recordar que el 80 % de los fumadores se hace adicto cuando es menor de edad y el empaquetado genérico resta mucho atractivo a las marcas entre los jóvenes.

MÁS ESPACIOS PROTEGIDOS

Otro de los retos que tiene la lucha contra el tabaquismo es ampliar los espacios libres de humo. La industria estuvo décadas intentando frenar la regulación en espacios comunes entre fumadores y no fumadores apelando a la tolerancia mientras pagaba informes de científicos que restaban credibilidad a los que alertaban de las consecuencias para la salud del consumo pasivo. La sociedad médica jamás olvidará la actitud que tuvo la industria y de ello no hace tanto tiempo. Por ello, muchas instituciones médicas piden cada vez más transparencia en las motivaciones y la financiación de las investigaciones científicas, sabedores de que en muchas ocasiones lo que buscan es crear incertidumbre porque la duda es su negocio, el negocio de las multinacionales, como dice David Michaels en su libro Doubt is their product.

Ahora el reto es seguir adelante y extender espacios saludables en los estadios deportivos, como ya han hecho importantes clubs de fútbol, algo que sin duda la Liga de Fútbol Profesional debería hacer extensivo a todos los estadios y categorías, y que debería implantarse en el deporte base. Hay iniciativas para que las playas se conviertan en auténticos lugares de descanso sin humo y no en arenas llenas de colillas. Un país eminentemente turístico que desee proteger esta gran actividad económica no se merece menos. También hay mucho camino por recorrer en la protección de los menores, alejando a los fumadores de los parques y prohibiendo fumar en los coches y vehículos que transporten niños, tal como ya hacen otros países.

Pero si en un espacio han recuperado terreno las tabaqueras es en el cine y la televisión gracias a las películas y las series. El responsable de la iniciativa Tobacco Free de la OMS, el aragonés Armando Peruga, tiene claro que las películas son la última frontera que intenta aprovechar la industria para burlar la creciente dificultad que encuentra para la promoción del tabaco. La OMS pide a la industria del cine que se comprometa a la desaparición de las marcas en la pantalla, que se certifique en los créditos de cada filme que no ha sido financiado por la industria tabaquera, que se proyecten en las salas anuncios antihumo antes de los pases de las películas y, muy importante, que las cintas en las que salen cigarrillos y actores fumando sean clasificadas como no recomendadas para menores de edad. En cuanto a las producciones españolas, además, una película con presencia del tabaco no debería recibir subvenciones públicas.

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, EL NUEVO ENGAÑO

La última directiva europea no ha supuesto ningún avance en espacios libres de humo, pero sí que ha entrado por primera vez en un asunto que podría representar una regresión en este y otros terrenos: el cigarrillo electrónico. Básicamente se centra en cuestiones de seguridad de uso y advertencias sanitarias de los e-cigarrillos. El problema de los pitillos electrónicos es que busca brechas en la normativa para volver a normalizar el hábito de fumar cuando cada vez hay más evidencias de su efecto pasarela hacia un futuro consumo de cigarrillos tradicionales. En España se ha prohibido en centros educativos y sanitarios y en medios de transporte, pero se ha colado en la hostelería. El vapeo ha puesto a la clase médica en guardia, y con razón. De entrada, no hay ninguna evidencia científica que avale su eficacia para dejar de fumar. Incluso la OMS los desaconseja porque teme por su toxicidad y porque hay claros indicios de que nuevamente la industria tabaquera está detrás. La revista The Lancet ya desenmascaró uno de los primeros informes científicos a favor del vapeo avalado por el Public Health England, que defendía que el e-cigarrillo es menos nocivo que el cigarrillo convencional. La publicación médica observó que las conclusiones tenían una base extraordinariamente débil y, lo que es más llamativo, reveló que once de los autores del estudio habían sido asesores de las tabaqueras. La comunidad científica anda algo revuelta sobre estas cuestiones, y se dividen entre los que ven claramente que el cigarrillo electrónico es un nuevo engaño de la industria —un caballo de Troya— y los que se contentan con reducir daños. A la espera de que haya estudios más concluyentes sobre la toxicidad de este producto, lo que está claro es que detrás de este negocio —por un momento se convirtió en un boom— está la industria tabaquera. Al principio no daban la cara, pero ahora ya es más que evidente. Por ejemplo, Philip Morris ha informado de que ha invertido 670 millones de euros en una planta en Bolonia para fabricar cigarrillos electrónicos y ha admitido que lleva más de diez años de investigaciones en los que se ha gastado 2.000 millones en I+D. Las multinacionales aprovechan este negocio para impulsar líneas de productos supuestamente «menos dañinos» —así se atreven a describirlos— que el cigarrillo tradicional y mantener su negocio a largo plazo. El gran cambio consiste en que el nuevo dispositivo caliente el tabaco a 250 grados, por debajo del punto de combustión de 800 de un cigarrillo convencional, y libere menos toxicidad. A partir de aquí, el problema vuelve a ser el de los aditivos. Nadie sabe cuáles son y qué efectos provocan en la salud. En todo caso, sorprende que si el tabaco se ha demostrado tan dañino, ahora se vuelva a tropezar en la misma piedra y se permitan nuevos productos porque, teóricamente, matan menos.

MEDIDAS ECONÓMICAS

La lucha contra el tabaquismo es poliédrica y se deben tomar iniciativas desde diferentes ámbitos. La industria del tabaco representa hoy menos del 1 % del PIB español —supuso el 16 % del PIB en el siglo XIX— y, pese a no ser un bien de primera necesidad, forma parte, como hemos dicho, del denominado Índice de Precios del Consumo (IPC). Esto dificulta incrementar el valor de las cajetillas de cigarrillos porque afecta a un índice que es básico en la economía, ya que, por ejemplo, es un referente en gran número de convenios con cláusulas de revisión salarial ligadas al coste de la vida. Pero incrementar solo un 5 % el precio del paquete salvará 3.000 vidas al cabo de 20 años, según el CNPT, y el valor del tabaco en España es aún muy inferior al de otros países, por lo que hay margen para subir el precio. En 2014, el precio medio de la cajetilla en España era de 4,30 euros, mientras en Noruega costaba 10,78; en el Reino Unido, 9,45; Irlanda, 9,30; Suiza, 6,83, y en Francia, 6,60. Así las cosas, una buena medida sería sacar el tabaco del cómputo del IPC, como han hecho otros países, y evitar así secuelas innecesarias en una política de precios y carga fiscal que debe ir claramente al alza para restringir el consumo y reducir los estragos en la salud pública. En paralelo, y a la vista de que es una actividad que va claramente a la baja, el Estado y la UE deberían subvencionar a los agricultores españoles del tabaco para que de forma paulatina vayan cambiando sus cultivos. No parece que los partidos políticos tengan estas iniciativas entre sus propuestas, sobre todo después de los cientos de reuniones que los lobbies mantienen con ellos para influir en sus programas. Por ejemplo, en la campaña de las elecciones generales de finales de 2015, el PSOE admitió haber recibido a 180 grupos, entre ellos a British American Tobacco.

LA VACUNA

Más allá de las medidas regulatorias de tipo económico y social, la clase médica debe hacer frente a la epidemia con todas sus armas. El Ministerio de Sanidad tendría que recuperar el terreno perdido en materia de campañas de prevención e información, sobre todo entre los adolescentes y en los centros educativos. No se entiende que el Ministerio del Interior impulse campañas impactantes para evitar los accidentes de tráfico, que provocan menos de 2.000 muertos al año, y Sanidad, en cambio, no haga lo propio para disminuir el hábito de fumar, que mata anualmente a cerca de 60.000 españoles. El Ministerio debería fomentar asimismo el aumento de la demanda de las terapias para dejar de fumar y subvencionarlas en proporción a su eficacia. Hace años que se espera la llegada de una vacuna, que no dará inmunidad para toda la vida, pero que sí deberá servir como bloqueante de la nicotina durante unos meses y ayudar a dejar de fumar de forma efectiva y duradera. Sanidad también debería realizar algún gesto simbólico hacia los enfermos y, tal como se ha sugerido desde algunos ámbitos sanitarios, podría bautizar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) como «tabacosis», habida cuenta de que en más del 90 % de los casos el origen de la enfermedad proviene de la adicción al tabaco.

Pero la gran lucha de la Administración sanitaria deben ser los aditivos al tabaco y obligar a las tabaqueras a informar de ellos en su totalidad, cosa que no ocurre actualmente. El tabaco es aún uno de los pocos productos de consumo humano para los que no hace falta informar de la lista completa de sus ingredientes. El consumidor solo está siendo informado de la nicotina, el monóxido de carbono y el alquitrán que llevan los cigarrillos, y eso pese a que hay estudios que hablan de 100 aditivos con efectos farmacológicos poco deseables y de 69 que son directamente cancerígenos tras la combustión. Se sigue engañando al consumidor puesto que, sin un conocimiento exacto de lo mortífero que es el tabaco, el fumador siempre relativizará su hábito. Los ciudadanos deben saber que, como dice el historiador Robert N. Proctor en su obra Golden Holocaust, «las armas o las bombas no son los artefactos más mortíferos de la historia de la civilización, sino los cigarrillos». La lucha contra el tabaquismo debe continuar.

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Juzgado de primera instancia n.º 8 de Las Palmas; procedimiento n.º 0000495/2001, 17 de julio de 2001.

Audiencia Provincial de las Islas Baleares; sentencia n.º 725/2001, 6 de noviembre de 2001.

Juzgado de primera instancia n.º 9 de Valladolid; auto de 20 de febrero de 2002.

Juzgado de primera instancia n.º 23 de Valencia; juicio ordinario n.º 226/02, 7 de mayo de 2002.

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Juzgado de primera instancia n.º 68 de Madrid; auto 148/2002 de 29 de julio de 2002.

Juzgado de primera instancia n.º 10 de León; recurso de mayor cuantía 17/2001, 27 de diciembre de 2002.

Juzgado de primera instancia n.º 56 de Madrid; juicio ordinario n.º 988/2002.

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 2006/126063; recurso de casación 43/2002.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona; África Pulgar y familia, 1 de diciembre de 2003.

Audiencia Provincial de Alicante; sentencia n.º 2/2003, 7 de enero de 2003.

Audiencia Provincial de Madrid, auto 741/2002 de 6 de mayo de 2003.

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo; sentencia 2004/370, 16 de julio de 2003.

Audiencia Provincial de Barcelona; voto particular del magistrado Antonio P. Nuño de la Rosa y Amores, 1 de diciembre de 2003.

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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Olot, 31 de marzo de 2004.

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Audiencia Provincial de Madrid; sentencia n.º 267/2006, 26 de abril de 2006.

Juzgado de instrucción n.º16; diligencias previas 1916/2000 contra Miquel & Costas; auto de 22 de mayo de 2006.

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Carta del perito de la Audiencia Nacional en la que reclama al Ministerio de Sanidad los aditivos de los cigarrillos de Altadis, 5 de mayo de 2006.

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo; sentencia 2007/423, 20 de junio de 2007.

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso; sentencia, n.º de recurso 371/2005, 23 de abril de 2008.

Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 6.ª; 2008\643, 26 de junio 2008.

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo; sentencia n.º 2008/359379, 22 de octubre de 2008.

Sentencia de la Audiencia Nacional n.º 02942/2005 de Francisco Muñoz Bermúdez contra el Ministerio de Economía y Hacienda, 23 de abril de 2008.

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil; sentencia n.º 135/2009, 4 de marzo de 2009.

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo; 2010/668, 30 de septiembre de 2009.

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil; sentencia n.º 272/2010, 5 de mayo de 2010. Informe sobre la etiología de la enfermedad de Buerger de D. Hipólito Durán Sacristán. Informe pericial psiquiátrico de Alfredo Calcedo Barba.

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal; sentencia n.º 1136/2010, 21 de diciembre de 2010.

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil; sentencia n.º 906/2011, 30 de noviembre de 2011.

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo; sentencia n.º 06551/2009, 4 de julio de 2012.

EPÍLOGO

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«El tabaco matará a uno de cada tres jóvenes chinos», El País, 9 de octubre de 2015.

«Los lobbies tratan de influir en los programas con cientos de reuniones», El País, 16 de noviembre de 2015.

«Me sorprende que los directivos de las tabaqueras puedan mirarse al espejo», El Mundo, 23 de julio de 2007.

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«El tabaco pata negra aumenta con la crisis», El País, 7 de enero de 2016.

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Notas

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3. Charles Harper, presidente de R.J. Reynolds, en una junta de accionistas. Información publicada por USA Today el 17 de abril de 1988.

4. Informe del analista de Citigroup, Adam Spielman, publicado en Financial Times, 2010.

1. «Variedades. Del uso del tabaco – De sus efectos sobre la salud pública», publicado en Gaceta de Madrid, 1861.

2. Santiago Godó i Rodés, La industria tabaquera en Cuba (1817-1900), La Habana, 1994.

3. José Manuel Rodríguez Gordillo, La creación del estanco del tabaco en España, Madrid, Fundación Altadis, 2002.

4. Bula del papa Urbano VIII en la que prohíbe el tabaco en el arzobispado de Sevilla en 1620. Universidad de Sevilla, disponible en: http:// fondosdigitales.us.es/fondos/libros/746/7/explicacion-a-la-bula-en-quensp-urbano-viii-prohibe-en-sevilla-el-abuso-del-tabaco-en-las-iglesiasen-sus-patios-y-ambito/.

5. J. J. Moreno Ardenillo et al., Tabaquismo. Programa para dejar de fumar, Madrid, Ediciones Díaz de Santos, 2003.

6. José Rivero Muñiz, Tabaco. Su historia en Cuba, La Habana, Instituto de Historia, Comisión Nacional de la Academia de Ciencias de la República de Cuba, 1964.

7. Emili Giralt i Raventós, La Compañía General de Tabacos de Filipinas 1881-1981, Barcelona, Compañía General de Tabacos de Filipinas, 1981.

1. Eduardo Gutiérrez-Abejón et al., «Impacto del consumo de tabaco sobre la mortalidad en España en 2012», Medicina Clínica, 2015; 145: 532-533.

2. EFE Toronto, «Destruyeron documentos sobre riesgos del tabaco», La Razón, 8 de abril de 2012.

3. VV. AA., Tobacco explained. The truth about the tobacco industry... in its own words, Londres, Action on Smoking and Health, 25 de junio de 1998.

4. EFE Washington, «Un científico exempleado de Philip Morris sabía del impacto de la nicotina sobre el consumidor», 18 de marzo de 1996.

5. EFE Nueva York, «Philip Morris reconoce pruebas científicas que confirman los daños del tabaco», 13 de octubre de 1999.

6. Correspondencia interna de R.J. Reynolds, asunto: Islas Canarias, 17 de junio de 1970. Documento n.º 500817921-7922.

7. Memorándum interno de R.J. Reynolds, 9 de abril de 1985. Documento n.º 50534/8493/RJR.

8. Agronomic Research Program – Spain 1984/1985, documento confidencial de R.J. Reynolds, 15 de octubre de 1986. Documento n.º 50535/0128.

9. Carta de P. K. Mc Knight a J. J. Murphy, 12 de marzo de 1974. Documento n.º 2024975054 de R.J. Reynolds.

10. Carta de Antonio A. Lasheras (J &A Garrigues Abogados) a Guillermo Arruza (Philip Morris España), 26 de julio de 1976. Documento n.º 2024975070 / 2024975069 de Philip Morris.

11. Carta de Vicente Barberá (Tabacalera) a Mario Trinidad (Ministerio de Información y Turismo), 22 de julio de 1976. Documento interno n.º 2024975077 de Philip Morris.

12. Télex de Salguero a Hugh Cullman, 20 de julio de 1976. Documento interno n.º 2024975090 de Philip Morris.

13. Apuntes sobre una reunión para tratar el proyecto de reglamentación para la publicidad del tabaco en España, 21 de julio de 1976. Documento interno n.º 2024975083 de Philip Morris.

14. Corporate Affairs Work Plan, Spain and Portugal, mayo de 1990. Documento interno n.º 2501026750 de Philip Morris.

15. Burson-Marsteller, Social Acceptability Program. Initial recommendations for Spain, enero de 1992. Documento interno n.º 2500120653 de Philip Morris.

16. Carta-documento de H. Madero (Booz Allen Hamilton, Inc.) a J. Planas, A. Ruizdeassin, O. García y R. Forero, 2 de octubre de 1990. Documento interno n.º 507832563-2576 de R.J. Reynolds.

17. Carta de Walter Thoma a Pedro Pérez, 26 de octubre de 1993. Documento interno n.º 2501029012 de Philip Morris.

18. Carta de Francisco Javier Braña y Jacinto Hombravella a Javier Areitio sobre «Viaje de científicos españoles a Estados Unidos», 2 de agosto de 1995. Documento interno n.º 2050765957 de Philip Morris Spain.

19. Artículo de Francisco Javier Braña para la presentación en las Jornadas de Economía de la Salud, Manager Corporate Affairs, 3 de junio de 1994.

20. Ángeles López, «¿Por qué Alemania tiene unas leyes permisivas con el tabaco?», El Mundo, 24 de junio de 2005.

21. Jamie Doward, «Scientist was paid consultant to tobacco firm», The Observer, 23 de junio de 2005.

22. J. R. Villalbí et al., «Los documentos internos de la industria tabaquera y la prevención del tabaquismo en España», Gaceta Sanitaria, v. 17, supl. 3, 22 de julio de 2003.

23. Philip Morris Corporate Affairs Europe, «Smoking restrictions 3 year plan 1994-1996», diciembre de 1993. Documento interno n.º 2025497291/7303 de Philip Morris.

24. Una estrategia de relaciones públicas. «Informe para el Consejo Consultivo del Tabaco. Evaluación y propuestas elaboradas por CampbellJohnson Ltd», British American Tobacco Co Ltd, Depósito Minnesota, 20 de noviembre de 1978.

25. Tesina de Lluís Granero titulada «Las políticas de control y prevención del tabaquismo en España y los actores a favor y en contra del tabaco», Universidad Pompeu Fabra, 2002.

26. Shabanji Opukah, «Thoughts on Global CSR Programmes», 28 de abril de 1999. Documento interno de British American Tobacco sobre el cine español.

27. Carta de compromiso de Sylvester Stallone con Brown & Williamson para fumar sus marcas en sus películas, 28 de abril de 1983. Documento confidencial n.º 690132319.

28. Informe del Comité de Expertos sobre documentos de la industria del tabaco: «Estrategias de las empresas tabacaleras para socavar las actividades de lucha antitabáquica de la Organización Mundial de la Salud», julio de 2000.

29. «Boca Raton Action Plan. Summary Report», 3 de diciembre de 1988. Documento interno n.º 2503005015/5050 de Philip Morris.

1. J. R. Banegas et al., «Tendencia de la mortalidad atribuible al tabaquismo en España, 1978-1992: 600.000 muertes en 15 años», Medicina Clínica, 9 de septiembre de 1996.

2. «Donaciones a la fundación de Unió», El País, 15 de septiembre de 2015

3. Tesina de Lluís Granero titulada «Las políticas de control y prevención del tabaquismo en España y los actores a favor y en contra del tabaco», Universidad Pompeu Fabra, 2002.

4. Xosé Hermida y Elisa Lois, «Feijóo y el contrabandista», El País, 30 de marzo de 2013; y Sonia Vizoso y Elisa Lois, «Feijóo mantuvo contactos con Dorado cuando se le investigaba por narcotráfico», El País, 4 de abril de 2013.

1. Carta de Linda Iverson al presidente y consejero delegado de de R.J. Reynolds, J.W. Johnston, a sus oficinas de Winston-Salem, 17 de julio de 1990. Documento interno n.º 507668146 de R.J. Reynolds, disponible en: http://legacy.library.ucsf.edu/tid/ttb24d00.

2. M. J. Cañizares, «La demanda contra Tabacalera, asignada al Juzgado número 34 de Barcelona», en ABC, 17 de enero de 1998.

3. Carta del perito de la Audiencia Nacional en la que reclama al Ministerio de Sanidad los aditivos de los cigarrillos de Altadis, 5 de mayo de 2006.

4. Rafael Méndez, «Ingeniería de precisión para esclavizar al fumador», en El País, 21 de octubre de 2007.

5. Myriam López, «Cigarrillos más adictivos», El Mundo, 26 de octubre de 1995.

Licencia para matar

Carlos Escolà

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