CARMEN REMÍREZ
DE GANUZA

LEONOR

El futuro condicionado

de la monarquía

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A mis padres,

Amparo y Valentín

Prólogo

Antes de que las imágenes virales de la familia real a la salida de la catedral de Palma dieran la vuelta al mundo el 1 de abril de 2018, muy pocos españoles menores de treinta años habrían acertado a pronunciar de manera instantánea el nombre de la princesa de Asturias. ¿Hay muchos, aún hoy, que sepan que se llama Leonor? Diría que no suman una mayoría técnica. Y, desde luego, serían una exigua minoría los capaces de apuntar alguna característica, no ya de su vida, su entorno o su personalidad, sino de su propia función institucional. Sin embargo, esa niña rubia de sonrisa angelical y mirada ausente, que poco tiempo atrás apenas se colaba en el cuché de las peluquerías y que ya ha irrumpido en la España real, será mediado el siglo... su reina. Y una reina curiosamente inserta en una Europa de reinas de su propia generación, con las raras excepciones de las coronas británica y danesa.

Claro que Leonor lo será... o no. La monarquía en España tiene un pasado apabullante —aunque intermitente—, un presente cambiante y un futuro inquietante, valga la consonancia. A su favor, cuenta con un sistema, la democracia parlamentaria, jurídica e intrínsecamente vinculado a la Corona en su forma de Estado. En su contra, la desafección de los nuevos partidos de izquierda, la crisis de la propia clase política y unas poderosas fuerzas nacionalistas e independentistas que tensionan la territorialidad de ese Estado y amenazan seriamente su propia estructura. Y, en medio, una sociedad de la información poderosa, apremiante, aduladora y cainita, transparente y volátil, de la que, en última instancia, depende que la balanza se incline del uno o del otro lado.

No hay manera de culpar a los españoles de no conocer a la heredera. Como no hay manera de discutir la familiaridad con que los británicos incorporan en sus vidas a los príncipes Carlos, Guillermo y Jorge. Sólo en clave histórica, la ininterrumpida y feliz convivencia entre los Windsor y el pueblo anglosajón pesa lo suyo frente a la accidentada relación de los españoles con los Borbones a lo largo de los últimos trescientos años, plagados de guerras intestinas y abdicaciones. En todo caso, y pese a la buena entrada del reinado de Felipe VI, las circunstancias han recibido a Leonor con un perfil particularmente bajo en relación con las demás casas reales europeas. En la eclosión de las redes, la revolución tecnológica y la globalización, la Corona española optó por proteger la infancia de la princesa, si no por esconderla. Y es ahora, en los albores de su adolescencia, cuando la Casa del rey comienza a dar señales de cambio; un cambio lento, hipercontrolado —pese a algún error de bulto, como el ya mencionado—, pero confesado y perceptible, hacia la presentación progresiva de la heredera.

A lo largo de sus cuatro primeros años, precisamente para asegurar el futuro de la dinastía, el padre de Leonor se concentró en apuntalar su propio reinado. Y lo hizo sobre dos premisas. La de más difícil recorrido, convencer al país tanto de la neutralidad política de la Corona como de su pragmática utilidad. Toda una cuadratura del círculo que Felipe VI acometió en 2016, primero, con el arbitraje del bloqueo postelectoral más largo de la democracia, y luego, en 2017, con su singular e histórico discurso televisado a la nación frente al órdago independentista en Cataluña.

La otra gran premisa de este arranque de reinado, la más expeditiva, descansó en el borrado del pasado inmediato de la Casa. Se trataba de que la sociedad española desvinculara a la nueva jefatura del Estado de la anterior familia real, y que le perdonara, a él y a su descendencia, no sólo los desvaríos de la infanta Cristina y de su finalmente encarcelado marido, sino los de su propio padre, el rey Juan Carlos. La revocación del ducado de Palma a su hermana, en el primer aniversario de la proclamación de Felipe VI, constituyó el gran «discurso del rey». El primero y más importante, en términos simbólicos, hasta el que pronunció en televisión dos años y medio después, y le descubrió como líder catódico de la unidad de España. En cuanto a su predecesor, el nuevo monarca marcó un pase de página que, salvo en rachas puntuales, lo mantuvo tan desaparecido para los españoles como la propia Leonor. Si el heredero de Franco a título de rey traicionó felizmente a su mentor para traer la democracia, el primer rey constitucional apartaba a su familia —sutil o duramente, según los casos— para, primero, regenerar la institución y salvar su propia dinastía y, segundo, cargar las pilas de la gastada maquinaria constitucional del «régimen del 78» (en el vocabulario de la nueva izquierda). O, al menos, intentarlo.

Marcados pues sendos propósitos, tocaba poner el foco, muy poco a poco, en algo tan consustancial a la Corona como es la figura de la heredera. La distribución de la primera foto oficial de Leonor (en portada con la fachada del Palacio Real de fondo) en su duodécimo cumpleaños (31 de octubre de 2017) y, sobre todo, la ceremonia de entrega del Toisón de Oro en el Palacio Real (30 de enero de 2018), trasladaron la mejor imagen de la niña y de la propia Corona como institución hereditaria. Ni un solo fallo en aquel arranque. El factor humano entre padre e hija, entre rey y heredera, agrandaba la corrección de un acto institucional y familiar al mismo tiempo, como singularmente corresponde a las monarquías.

Los españoles recuerdan vivamente a Froilán —primogénito de la infanta Elena y cuarto en la sucesión a la Corona—, cuando siendo niño y vistiendo de gala en la ceremonia nupcial de su tío —el futuro monarca—, se entretenía dando patadas a sus primos. Pero nunca habían visto a Leonor en una postura incorrecta o ligeramente encorvada siquiera... hasta que la reina Letizia cometió el error de enfrentarse a su suegra doña Sofía a la salida de la catedral de Palma. El «manotazo» con que los medios retrataron el gesto de la niña al retirar por dos veces de su hombro la propia mano de su regia abuela —empeñada en vano en hacerse una foto con sus nietas— no fue en realidad un acto de rebeldía sino de ciega obediencia infantil a su vigilante madre; el acto reflejo de una princesa disciplinada... con el estricto entorno en el que ha crecido. No obstante, la escena resultó el primer paso en falso de la ahora mediática princesa, y un aviso serio a la familia real de la fuerza de una opinión pública en contra.

Hasta la misa de Palma, el sumun de la cotidianeidad en la imagen de la heredera —habitualmente enlatada por los posados de Mallorca o los christmas de Navidad— se había alcanzado, dos años antes, en su puntual visita de abril de 2016 a su primer partido de fútbol, de la mano de su padre, en el estadio Vicente Calderón. Pero, sobre todo, en el reality de la comida familiar difundido por la Zarzuela en enero del 18 con motivo del cincuenta cumpleaños del rey. Pese a lo envarado de la actuación, los españoles pudieron descubrir a una niña, curiosamente zurda, que acertaba educadamente a taparse con la mano derecha la boca entreabierta, escaldada por la sopa.

Aún con la mayor difusión que permiten las nuevas tecnologías, algunas de estas fórmulas mediáticas marcaron ya en su día la entronización en sociedad del propio príncipe Felipe, quien también acompañó de niño a su padre al fútbol; o posó a la entrada del colegio de la mano de su madre, la reina Sofía. Y, en todo caso, la exposición pública de la actual familia real sigue siendo mucho menor que la que tuvo la antigua.

Por entonces, en los albores de la Constitución, la desafección hacia la Corona era mayor si cabe que la actual, pero la beligerancia en su contra era políticamente irrelevante. En las Cortes apenas la representaban dos políticos independentistas: Heribert Barrera (Esquerra Republicana) y Francisco Letamendia (Euskadiko Ezquerra). En la XII legislatura, los antimonárquicos suman ya noventa escaños en el Congreso. Ello explica que, décadas atrás, el rey presentara a su hijo de ocho años a la prensa y se dejara fotografiar con él en su despacho; o que la Casa tolerara y hasta alentara la literatura divulgativa acerca del heredero. Se sabía lo que comía, vestía y estudiaba aquel príncipe de anuncio de champú, llamado algún día lejano a reinar en España. Aunque, la verdad, pocos se mataran por conocerlo. Hoy, en cambio, las escasísimas confidencias de las madres de alumnos del colegio de Los Rosales acerca de la pequeña Leonor constituyen el sustento de la escasa bibliografía al uso (Carmen Enríquez, Felipe VI: la monarquía renovada, 2015).

La política informativa de la Zarzuela es cordial pero férrea e implacable en la disciplina del silencio. Y el acuerdo de la pareja real en preservar la disciplina y la privacidad de la niña sólo se ha visto interrumpido en ocasiones ceremoniales de alto y estricto significado constitucional o dinástico; tan alto como para permitirle —junto a su hermana— abandonar el colegio en día lectivo. Ejemplo de lo primero fue la solemne apertura de las Cortes al cabo del año 2016, el más complicado de la democracia desde el punto de vista institucional. Muestra de lo segundo fue la mencionada ceremonia de entrega del Toisón de Oro, de enero de 2018, en el Palacio Real; la verdadera entronización, de hecho, de la heredera.

Una ceremonia que llegaba con dos años de retraso desde que Felipe VI concedió la ilustre insignia a su primogénita en su décimo cumpleaños, y que venía a aportar la pompa y el boato que no vivió el rey a la misma edad que Leonor (sólo un año más), cuando se convirtió en Caballero de la Orden, por Real Decreto y de la mano de su padre, Juan Carlos I. Tal vez no fue casualidad que el hoy rey emérito eligiera para llevar a cabo aquel simbólico gesto dinástico la fecha de mayo de 1981, apenas dos meses y medio después del golpe de Estado del 23-F y, por tanto, en plena ola de popularidad. De la misma manera cabe intuir que, al imponer con la mayor solemnidad el Toisón a su heredera, Felipe VI aprovechaba en esa fecha el viento de cola que empujaba a la Corona ante la opinión pública desde su discurso del 3 de octubre de 2017 frente al «golpe» independentista.

De acuerdo con estos signos, el estreno de Leonor a la vida civil española no está tan lejano. Desde el punto de vista constitucional, tiene marcada una fecha, el 31 de octubre de 2023, día en que la princesa de Asturias cumplirá dieciocho años y, como exige la Carta Magna e hizo su propio padre, jurará la Constitución ante las Cortes. Antes la princesa hará su aparición en Oviedo para presidir los Premios que llevan su nombre y que hoy representan para la Corona española una plataforma de particular prestigio internacional. Desde esa tribuna, aquel año clave de 1981, el príncipe Felipe habló a los españoles a los trece años, la edad que cumplirá Leonor pocos días después de la cita de los Premios de 2018, y que todavía tendrá en la de 2019.

Pero antes aún la primogénita de Felipe VI pondrá pie de manera oficial en el viejo principado al que su padre, el rey, acudió con nueve años. Será este mismo mes de septiembre de 2018, y será en Covadonga, un lugar emblemático para la Corona. La heredera participará en los actos de celebración del 1.300 aniversario de la victoria de don Pelayo que inició la Reconquista, y del doble centenario de la coronación de «La Santina» y de la creación del Parque Nacional (los Picos de Europa). Toda una ocasión para no ser pasada por alto. En principio no está previsto que la princesa hable —sí lo hará, se entiende, en los Premios de Oviedo—, pero la Casa abre ya la mano a su protagonismo.

Y es que, de no producirse esta serie de apariciones, la Casa correría dos riesgos. El primero, que la sociedad española se desayunara un buen día —entre la incredulidad y la indiferencia— con la presentación de una princesa ya adulta. El segundo —y ahora ya más evidente—, que la opinión pública sólo se fuera formando de ella la imagen de las fotos no controladas, o las robadas a una adolescente en su etapa más difícil, como de hecho ya ocurrió con su primo Froilán. Por no hablar de las también robadas en 2016, celebrando su undécimo cumpleaños de incógnito y oculta bajo una gorra, al estilo de las estrellas de Hollywood, de la mano de su madre y de su hermana, por las calles de Madrid.

Sean dos, sean tres o más los que decida la Casa, esos serán pues los momentos que enmarcarán la adolescencia institucional de una princesa destinada a reinar a mediados de siglo. Un destino hoy muy probable para Leonor, pese a las enormes incertidumbres políticas y los coyunturales juicios de la opinión pública, al que quedará subordinada no ya su formación, sino su libertad y hasta su matrimonio. La Constitución española no es una excepción entre las que rigen en las demás monarquías europeas cuando en su artículo 57.4 establece: «Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes».

La futura Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, además, habrá previsiblemente de vestir de uniforme y hacer instrucción militar antes aún de entrar en la universidad, o de formarse en el extranjero, como hizo su padre. Más allá de sus íntimas creencias, Leonor habrá de afinar en la creciente aconfesionalidad oficial de los actuales reyes, pero sin arriesgarse a romper con los signos del catolicismo en el que está siendo educada y que constituyen un intangible de la tradición monárquica. Y habrá de mantener a buen recaudo sus afectos, si no quiere pasar por los mismos apuros que agobiaron y aún agobian a su abuelo, y hasta a sus propios padres, para lidiar o romper con algunas amistades peligrosas —léase el ahora investigado empresario Javier López Madrid— en materia de corrupción. Caminará por el alambre jurídico e institucional a falta, no ya de un aforamiento, pero sí de un Estatuto del heredero y de una ley orgánica de la Corona que resultan ya descartables; tanto o más que esa reforma constitucional para corregir la discriminación de género en la Corona, que habría blindado su propia condición de heredera.

Pero, sobre todo, Leonor habrá de conectar con su digitalizada generación, y heredar de Felipe VI su discreta afición por la política —además de la historia y el derecho constitucional—, y cultivar la relación con los sucesivos representantes de las instituciones. Más si cabe —como hacía alarde su abuelo— con los que le son especialmente contrarios.

Así que la pregunta ya no es tanto cómo es hoy la princesa preadolescente sino cómo será la reina. O mejor, cómo se hace una reina para la España democrática y parlamentaria del siglo XXI. Y al cabo, es hora también de tomar el pulso a la clase política para aventurar si, efectivamente, Leonor reinará. Si lo hará en función de que siga vigente esa misma España y ese mismo modelo político dentro de dos o tres décadas; y cuánto dependerá de ella y de su propio padre que los españoles perciban la utilidad y la ejemplaridad de la Corona.

Si Juan Carlos I trajo la democracia, si Felipe VI está tratando de traer la regeneración y la identificación de la Corona con la unidad del Estado, a Leonor también le hará falta su propio relato. La primera mujer llamada a ocupar el trono de España en doscientos años tal vez se convierta en «la reina de la igualdad»... o tal vez no.

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Esa niña oculta bajo la gorra

Existen libros muy interesantes acerca de las figuras históricas que habrían inspirado a los actuales reyes el nombre de Leonor para su primogénita. Reinas aguerridas, heroínas del más épico feminismo en pleno Medievo, como la singular Leonor de Aquitania; o su propia hija, Leonor de Inglaterra, que fue la primera de las reinas consortes que trajo el nombre francés a la Corte hispana; o su nieta, Leonor de Castilla, abadesa de Las Huelgas... Incluso llegó a especularse, de manera inexplicable, con uno de los dos personajes femeninos de El doncel de Don Enrique el Doliente de Mariano José de Larra —que Letizia regaló al príncipe en su pedida de mano—, pese a que ninguno de ellos se llama Leonor.

Pero existe una interpretación mucho más pragmática que la del feminismo y la literatura para la elección de un nombre tan poco común, y es que en la España de hoy, tan afectada por las tensiones nacionalistas, el de la sucesora de Felipe VI no ofrece dudas territoriales. Se lo escuché a un militar ilustre con muchos años de servicio a sus espaldas en los gobiernos de PP y PSOE, y me pareció una teoría tan válida como cualquier otra. Leonor será —decía— la primera soberana con ese nombre en Aragón y en todos los antiguos Reinos de España... Con la rara excepción, cabría apostillar, de Leonor de Navarra, de la dinastía de Évreux; la única soberana «propietaria» —esto es, no consorte— en la Historia hispana que, no obstante, apenas reinó... trece días del año 1479.

El propio nombre de Felipe (VI) resultó pacífico, porque no hubo ningún rey con ese nombre desde Felipe V, el primero de los Borbones (y el que más años ha reinado, cuarenta y cinco, en la primera mitad del siglo XVIII). De haberse llamado Fernando, por ejemplo, se habría suscitado alguna controversia, ya que al infausto Fernando VII los catalanes lo llamaban Fernando II, por haber tenido antes un Fernando I en la Corona de Aragón.

Sea cual sea la verdad, estamos aún lejos de averiguarlo. Porque desde el nombre de pila hasta los planes de futuro, pasando por las personas que constituyen su entorno, todo lo que se sabe acerca de la primogénita del rey más teóricamente transparente de la Historia es pura especulación.

Se conocen datos de carácter administrativo, como que Leonor de Borbón ostenta el número 22 del DNI, entre los cincuenta primeros que el Registro tiene reservados a los miembros de la Casa Real. Pero su propio nacimiento vino envuelto por una espesa capa oficialista que el enjambre de reporteros no llegó a romper. El príncipe Felipe tardó cuatro horas y media en comparecer, desde la 1.46, hora de la cesárea; hasta las intempestivas 6 de la mañana de aquel lunes 31 de octubre de 2005; y su pequeña heredera (3,550 kilos, 47 centímetros) no abandonó el Ruber Internacional, en brazos de su madre, la princesa Letizia (treinta y tres años entonces), hasta ver cumplidos sus primeros nueve días y ocho noches de vida.

De Cristián de Dinamarca, nacido apenas dos semanas antes (15 de octubre de 2005), se comunicó que fue ingresado unos días porque sufría una leve ictericia neonatal de la que se recuperó sin problemas. También llegó a saberse que Victoria de Suecia fue tratada en Estados Unidos de un problema de anorexia en 1996. En los años sucesivos, sobre las accidentadas operaciones del abuelo de Leonor, el rey Juan Carlos, también se conocieron todos los detalles. Pero sobre la salud de la heredera de la Corona no ha habido noticias de ninguna clase, más allá de las discretas y correctas declaraciones del doctor Luis Ignacio Recasens, bisnieto de Sebastián, el médico que atendió los partos de la reina Victoria Eugenia.

Claro que tampoco tendría por qué haber noticias en sí mismas, dada la muy saludable apariencia física de Leonor. Y ésta es, desde luego, la explicación más razonable y más certera, si bien de niña cundió un rumor —aún vivo en ambientes políticos cuando la princesa visitó el Congreso en 2016— acerca de un posible problema de audición con el que algunos justificaban el aire despistado y angelical de la heredera y su aparente falta de reflejos ante las llamadas. Hubo en su día quienes llegaron a relacionarlo con el pequeño angioma que el bebé lució bajo la nariz al nacer. Desde la Zarzuela se atendía con desdén a estos comentarios.

El interés por la salud de la princesa de Asturias tiene en todo caso raíces seculares. No en vano, la Historia de los Borbones y de sus vástagos está plagada de tragedias y enfermedades, derivadas en los siglos XVIII y XIX de la mezcla de sangre, fruto de las bodas concertadas en la propia familia —aunque mitigada en realidad por las infidelidades de las reinas Isabel y María Luisa—, y en el siglo XX, de la hemofilia importada muy a su pesar por la reina Victoria Eugenia.

Pero está probado que ni Juan Carlos I ni Felipe VI heredaron ninguna de estas dolencias. Muy al contrario, los reyes de la democracia han exhibido una formación física excepcional. Además, Leonor es la heredera del primer matrimonio morganático de esa larga historia dinástica; el primero en trescientos años entre un rey y una plebeya, lo que en términos biológicos sin duda favorece a la nueva generación. Además, y de cara al futuro, los propios adelantos médicos abonan la salud de la sucesora de la Corona, y en caso de necesidad podría recurrirse a sus propias células madre, conservadas desde su nacimiento en una clínica estadounidense.

MÁS GRECIA QUE BORBÓN

Los españoles tampoco han conocido las notas académicas, las habilidades o las aficiones de la princesa. Sin embargo, ello no ha abonado ningún tipo de especulación. Es casi una verdad tautológica que Leonor es una niña responsable y educada, disciplinada y feliz, una buena estudiante que cumple con sus obligaciones y que no sólo es bilingüe (castellano e inglés), sino que conoce las tres lenguas autonómicas. Al parecer, goza de buena memoria y ha heredado la facilidad y la constancia de sus padres para el estudio y los idiomas.

Más Grecia que Borbón —éste es un tópico con fundamento—, más dulce que extrovertida, más trabajadora que intuitiva, más tranquila que temperamental, la niña llamada a ser reina parece haber salido al padre, el rey, y a la abuela, la reina Sofía, lo que en la España de hoy se considera, literalmente, una pequeña «suerte» para la monarquía parlamentaria, cada vez más fría y temerosa de personajes carismáticos, sobresaltos y genialidades.

Ni en el físico ni en el carácter de Leonor se advierte de momento la ascendencia de su madre, de acusada personalidad, competitiva, extrovertida y nerviosa. Sin embargo, la omnipresencia de la reina Letizia en la vida y la educación de la princesa ha sido clave en la formación y el desarrollo de la niña. Para bien, sobre todo, porque la educación, la disciplina y la corrección en público de la pequeña princesa es una labor unánimemente reconocida a la antigua periodista, que le ha hecho acreedora de un respeto inédito años atrás en el propio entorno de la Zarzuela. Para mal, no obstante, por el riesgo que la sobreprotección materna y el exclusivismo en su formación y en su imagen pueda tener en el futuro y en el propio perfil institucional de la princesa.

El perfeccionismo de la reina Letizia llegó a contaminar la imagen de la sucesora de Felipe VI cuando se supo que la niña que menos caramelos había consumido en España advertía a su hermana pequeña del efecto benéfico de los antioxidantes en las verduras; o cuando, el 2 de junio de 2017, se filtró a la revista Tiempo su afición por el teatro alternativo, el cine de Akira Kurosawa (Dersu Uzala) o Hayao Miyazaki (El viaje de Chihiro), amén de los libros de Lewis Carroll, J. R. R. Tolkien, Charles Dickens o Frank Kafka. Y ello sin olvidar sus conocimientos de robótica y programación, así como sus clases de música y ballet. En la actualidad —no existe fuente oficial al efecto— se cree que Leonor ha dejado ya las clases extraescolares, porque abandona el cole a las cinco de la tarde. Si recibe clases de refuerzo en la Zarzuela o formación específica para su oficio de reina, la propia Casa lo desconoce. Las reverencias a su padre y a su abuelo con que la princesa sorprendió en la ceremonia del Toisón fueron ensayadas en el más estricto ámbito familiar, del que esta pareja real es tan celosa.

Lo que no ha abandonado en absoluto Leonor es el esquí. La alumna de Los Rosales se desplaza con sus compañeros de clase muchos fines de semana para practicar el deporte de la nieve. Y en alguna ocasión los reyes la han acompañado junto a los demás padres, como ocurrió el fin de semana de febrero del 17, cuando, de manera singular, la Zarzuela convocó a los fotógrafos. En otras esquían en familia, casi siempre en paradero desconocido.

La niña ha visto inclinarse ante ella a las «personas importantes», en palabras de su padre, que éste le ha ido presentando de manera informal. Pero ni la sobreformación ni su reconocida conciencia dinástica parecen haberla convertido, de momento, en una marisabidilla. Lo que trasciende de las familias del colegio es que la niña es «normal», hace cursos «normales» y saca notas «normales», amén de tener una madre a la que le gusta hacer corrillo «con normalidad» entre las demás madres. Lo único anormal consiste en la puerta del colegio por la que Leonor y su hermana Sofía entran a diario en el centro —habitualmente en el Lexus conducido por la reina— y que es la de los autobuses. Cuestión de seguridad.

Sobre su entorno personal, el comentario es unánime: Leonor está muy unida a su hermana Sofía. Ambas son cómplices, sin jerarquías, por más que las dos sean plenamente conscientes de la prevalencia de la primogénita. Así lo fueron su padre y sus tías de pequeños, hace ya medio siglo, lo que invita a pensar que esto pudiera llegar a cambiar. O no. De momento, las dos reciben la misma educación personal e institucional. Y lo hacen en un contexto familiar y social absolutamente favorable y protegido. Leonor, como Sofía, viaja, esquía, hace fiestas de pijamas en casa de sus amigas, va de campamento veraniego... sin que un solo fotógrafo la haya molestado.

LA ADOLESCENTE Y LA PRENSA

La privacidad de la que goza la familia real al completo en sus horas libres, en sus vacaciones —casi siempre en el extranjero— y en sus fines de semana apenas se ha visto empañada por algunos «robados», como cuando fueron «pillados» navegando por aguas de Croacia en el verano del bloqueo de 2016; o aquella imagen de noviembre del mismo año, en la que la princesa fue sorprendida junto a su madre y su hermana paseando de incógnito por Madrid con una gorra bien calada sobre los ojos, al estilo más propio de las estrellas de Hollywood que de la heredera al trono de España.

Claro que ese blindaje puede tener más agujeros de aquí en adelante. Las agencias de comunicación consultadas reconocen el interés creciente por la heredera en puertas de su adolescencia, y recuerdan con detalle las exclusivas que arrancaron al príncipe en sus años de correrías por Madrid y por el extranjero. Algunas de ellas gracias a la pericia y la inversión de los propios medios, que llegaron a fotografiar en octubre de 1997 a don Felipe en su primer encuentro con Eva Sannum a través de la ventana de un restaurante de la calle Cuchilleros, apostados en un andamio de la casa de enfrente. Otras veces, atención, gracias al «topo» de la propia Zarzuela, sin el que habría sido imposible, por ejemplo, hacer en 2000 las fotos de la entonces pareja de moda en el Taj Mahal. Además, ha habido ocasiones —como el segundo «robado» de doña Letizia en biquini, en las islas griegas (2007)— en que los medios se limitaron a pagar las fotos de un turista espontáneo.

El actual rey sufrió mucho con el acoso de la prensa en aquellos años y es fácil suponer que intentará preservar de él a su hija. Otra cosa es que lo consiga. Sobre todo si la Zarzuela persiste en la falta de exposición de la heredera y si, como aseguran en el sector, el «topo» sigue existiendo. Las imágenes del vídeo familiar distribuidas con ocasión del cincuenta cumpleaños del rey, aunque enlatadas, sí parecen haber marcado un antes y un después en la política de comunicación de la Casa. Sin embargo, los profesionales sostienen que sólo se trata de una actualización del esquema inaugurado por los anteriores reyes: en efecto, hubo imágenes en su día de doña Sofía llevando al cole a sus niños pequeños, y cenando en casa... Pero hoy en día, ellos se quejan de que la heredera de la Corona está «presuntamente escolarizada» porque no existe una sola imagen de la niña en clase y, desde luego, el colegio está blindado; algo que, en el mundo real de las redes sociales, será más difícil de garantizar en la universidad o en sus previsibles cursos en el extranjero.

Además, mucho han cambiado —aunque no del todo— las relaciones entre la prensa y la Zarzuela desde aquel verano de 1991 en que llegó a las redacciones españolas el primer y último desnudo integral del rey Juan Carlos en la cubierta del yate Fortuna. «Si tienen c... que las publiquen», fueron las palabras del monarca, según se recuerda. Y nadie las publicó... en España (Antonio Asensio se negó a hacerlo en Interviú); ni siquiera pagó nadie por ellas (según Alfredo Fraile, Javier de la Rosa se ofreció, pero el entonces jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, rechazó el chantaje). Eso sí, la revista italiana Novella 2000 las sacó a la luz en 1995.

¿TREGUA A LOS CONFLICTOS FAMILIARES?

Hoy por hoy, entretanto se define la política de comunicación para la heredera, los Borbón-Ortiz podrían pasar a veces por una de tantas familias de la alta burguesía que puebla el entorno de Aravaca-Pozuelo, si no fuera por los miles de hectáreas, salpicadas de bucólicas manadas de ciervos, que conducen a su acristalada mansión y a los jardines que la rodean; o la plantilla de empleados —nannies incluidas— que pululan por su interior sin que se note. Los horarios, las clases, los deberes o los amigos —aún sin nombre para los medios— se suceden con el mismo rigor y relajo que se alterna en otras casas. Además, la conciliación es un hecho —y esto revela también el cambio generacional— que diferencia a esta familia real de la anterior: Leonor y Sofía no sólo tienen madre, sino también padre.

Cuenta un sacerdote que en una visita de los antiguos reyes a uno de sus centros asistenciales, don Juan Carlos se echó a un niño a los hombros, momento en que doña Sofía comentó: «Ya podrías hacer lo mismo en casa con tus hijos...». Felipe VI juega con sus hijas y controla sus estudios, si bien son raras las ocasiones en que, pese al vídeo difundido en enero del 18 —«Ten cuidado con la puerta, que pesa», le advierte a la reina al salir—, las lleva al cole en su coche. Si Letizia cumple con el papel de madre protectora, Felipe cumple con el de padre consentidor. «Son una familia normal, donde se riñe como todas, y que se quiere», dice este testigo, cuyo mayor reproche va dirigido precisamente a las niñas: «Son demasiado disciplinadas».

Para suerte de Leonor —y también en esto podrían pasar por una de tantas familias de la zona—, sus padres ya superaron su propia crisis. Y no una crisis menor. La armonía del matrimonio es tan aparente hoy a su entorno como lo fue su tempestuosa relación en sus últimos años como príncipes de Asturias (2013 fue el más crítico). Aquella situación trascendió a los medios, llegó a conocerse con todo tipo de detalles en los círculos bien informados y todavía sobrevive en la rumorología callejera como eco lejano. No faltan conocedores de la Casa que apuestan por un «pacto» de los príncipes en las puertas del reinado. Pero no es ésa, desde luego, la sensación que hoy transmite la pareja real.

Conforme se acerca a la adolescencia, por otra parte, Leonor ha visto recosidas con alfileres las relaciones entre sus padres y abuelos. Ya antes de que el minuto viral de la salida de la catedral de Palma de abril del 18 hiciera saltar por los aires cuatro largos años de trabajo en torno a una pretendida imagen de paz familiar, la princesa había contado con unos abuelos disciplinados y casi entrañables en sus escasas apariciones ante los focos. Realmente, don Juan Carlos y doña Sofía —una pareja separada de hecho, pese a residir bajo el mismo techo de la Zarzuela— no han vuelto a dar señales de tensión en público desde su paso al segundo plano. Frente a lejanas y desagradables escenas del final del pasado reinado, ambos siguen cumpliendo juntos —y cada vez más— con su papel oficial de reyes eméritos y miembros natos de la familia real. Hay quien apunta que su común apartamiento les ha convertido en aliados.

Las costuras, como toda España sabe ya, se rompen más bien entre cada uno de los eméritos y su nuera, la reina. Claro que en el caso del abuelo y la madre de Leonor, la relación se había templado de manera aparente. Sabido es que don Juan Carlos no vio con buenos ojos en su día el compromiso de su hijo con la periodista, y muchas son las anécdotas que trascendieron con los años sobre sus litigios privados —«Cuando seas reina, no podrás llevar esa minifalda», «Cuando sea reina, llevaré lo que me dé la gana...», fue el tono de la conversación transmitida por un testigo directo en julio de 2012—. Los fotógrafos de prensa no dejaron de captar esta frialdad en las contadas ocasiones en que el emérito y la ya reina coincidían en actos públicos. Pero el tiempo y la distancia habían limado bastantes asperezas... Hasta el incidente de Palma, en que el anciano rey no sólo afeó la conducta de Letizia sino que pidió cuentas a su hijo con un expresivo gesto atrapado por las cámaras.

Y es que la mayor tensión persistía, aunque soterrada, entre la madre de Leonor y su abuela, doña Sofía. Los españoles asistieron atónitos en ese momento a la caída del mito de la ya lejana alianza entre las dos reinas. La propia princesa Leonor se vio envuelta en aquella discusión pública. Pese a ser la primera ocasión en que el abuelo acudía a la cita en los cuatro años de reinado, las imágenes divulgadas en los dos días posteriores pusieron en evidencia una tensión familiar que unos creían inexistente y otros, enterrada; en todo caso, una realidad muy poco regia. Para escándalo de la opinión pública, las cámaras retrataron a doña Sofía intentando hacerse una fotografía con sus nietas —de frente a las cámaras— y a su nuera —de espaldas— determinada a impedirlo. Por si fuera poco, con sus propios ojos pudieron ver cómo, ante la actitud y las palabras de su madre, la propia Leonor intentaba zafarse por dos veces del abrazo de su abuela, y cómo el propio rey Felipe, demudado, trataba de mediar entre las dos soberanas.

Lo de menos tal vez fue que la imagen abonara las informaciones periodísticas sobre las quejas de la madre del rey —«No le dejan ver a sus nietas, y en una ocasión, en ausencia de Letizia, el servicio le impidió la entrada en casa para visitarlas» (Pilar Eyre)— y sobre los reproches de su nuera —«Pretende paliar su soledad con las niñas o interferir con caramelos en su alimentación, y presiona para que se rehabilite a la infanta Cristina, o para que se dé mayor exposición pública a la princesa» (Consuelo Font)—; lo de menos, incluso, fue que Marie-Chantal Miller, la esposa de Pablo de Grecia, arremetiera en Twitter contra la reina de España —«Ninguna abuela merece ese tipo de trato. Ella ha mostrado su verdadera cara»— y que sacara a la luz el rencor de la familia materna del rey por las desatenciones y desplantes de su esposa. Lo peor para la memoria colectiva fue que el gesto de la reina Letizia, en su control y dominio exclusivo sobre la imagen de sus hijas, ponía en evidencia al rey y, más aún, a la propia heredera. Aquel episodio fue, de hecho, el primer accidente de Leonor ante la opinión pública —en amplios sectores la niña empezó a «caer mal»—, y el primer motivo que dio la reina a quienes comenzaron a reivindicar para la princesa, no ya una esmerada educación pequeñoburguesa, sino una formación y una exposición propias de quien va a ser reina.

La familia real respondió con prontitud al revuelo en los medios, al disparado tráfico de las webs españolas en todo el mundo, a la profusión de «memes» en las redes y al notorio rechazo de la calle. En apenas tres días, la abuela no sólo tuvo su foto con las nietas, sino la imagen de una nuera afectuosa y un clan aparentemente unido, en su visita hospitalaria a don Juan Carlos. Toda una rectificación, aunque resultara impostada, con la que la Casa tomaba nota del aviso —serio— de la sociedad española; un gesto que sería el preludio de algunos más en meses venideros —ya en mayo, doña Sofía posó junto a sus nietas y la propia reina Letizia a la salida de un musical en Madrid—, hasta ver crecer las apuestas en torno a un posible reencuentro familiar en Marivent.

Por el contrario, el cariño paternofilial entre el emérito y el monarca ha ido superando los serios roces de su convivencia en la Corona. El padre de Leonor, muy unido a su madre y que sufrió lo suyo por la vida privada del rey, arrancaba su reinado con un pase de página del anterior, y sometía a su antecesor en el trono a un notorio apartamiento de la agenda real. El abuelo, por su parte, se dolía de esta estrategia —aunque hacía más responsable al jefe de la Casa que a su propio hijo— y hasta explotó en julio de 2017 con un enfado retransmitido a los cuatro vientos por no haber sido invitado a la conmemoración de las primeras elecciones democráticas en el Congreso. Pero, a la vez, tampoco el rey jubilado le ahorraba disgustos al monarca de la austeridad, con su disipado y lujoso tren de vida privado. Los celos se colaban, a decir de sus entornos, entre el rey que con tanto esfuerzo personal tuvo que reconquistar el trono, y el que con menor épica y carisma, pero con mucha mayor disciplina y no poco mérito, aún trata de consolidarlo. No obstante, ambos dieron muestras de entendimiento, y a ello se aplicaron especialmente en presencia de la princesa, en el inicio de 2018 —primero, con el ochenta cumpleaños de don Juan Carlos y, segundo, con el cincuenta cumpleaños de Felipe VI—, con una agenda oficial repleta de actos conjuntos.

Del entorno familiar de Leonor, lo más singular es su escasa relación con tíos y primos. Si el príncipe Felipe creció prácticamente junto a sus primos Pablo y Nicolás de Grecia, Leonor apenas ve a los hijos de sus tías Elena y Cristina en momentos puntuales. En realidad, la ruptura con la que fuera la hermana preferida del monarca es una de las claves de toda la tensión familiar, acrecentada por el aislamiento de la pareja real y sus hijas y su rechazo —salvo una futura enmienda— a las viejas vacaciones familiares en Palma de Mallorca. La reina Sofía lleva cinco años sin lograr reunir a sus ocho nietos en su residencia favorita. El rey se dejó «sorprender», en el verano del 17, saliendo de una cena en la isla con sus sobrinos Urdangarín poco después de la absolución judicial de su hermana; pero la reina Letizia sigue exhibiendo distancias y rehuyendo las citas y fiestas familiares en las que pudieran coincidir o ser fotografiadas. La familia culpa a la reina de la dureza del monarca, quien si bien ha acudido solo a todas esas citas privadas, se mantiene inflexible en el cordón sanitario-institucional que protege a la Corona. Y la Zarzuela, desde luego, sigue siendo territorio prohibido para los exduques de Palma. Ahí queda la imagen del ochenta cumpleaños de don Juan Carlos, en el que faltaba toda la familia Urdangarín.

Ya la decisión de los padres de Leonor de prescindir de las tías como miembros de la familia real fue mal recibida por las afectadas y por sus respectivos entornos —aunque asumido con cierta deportividad en el caso de la infanta Elena—, que mantienen sus propios lazos de unión y sostienen que lo que afecta a un miembro de la familia siempre afecta a la familia como marca.

La última vez que Cristina visitó la Zarzuela —que se sepa, dado que días antes del juicio del caso Nóos, en febrero de 2016, hizo un viaje relámpago a Madrid— lo hizo acompañada por su hija Irene, quien apenas es cuatro meses mayor que Leonor. La infanta acudió con ella a la comida familiar y privada que se organizó con ocasión de la primera comunión de la princesa de Asturias (mayo de 2015). Un mes después, tras persistir en su decisión de no renunciar a sus derechos de sucesión, su hermano, el rey, le retiraba el título de duquesa de Palma.

LOS ORTIZ ROCASOLANO

En aquella ocasión, Leonor contó también entre sus invitadas con su prima Amanda (dos años y medio más pequeña) y su tía, Telma Ortiz, quien protagonizó un matrimonio fugaz con Jaime del Burgo, antes estrecho amigo de Letizia. Pero la distancia con ellas es un hecho desde que viven en Barcelona. Y aún mayor se presupone la que media con su otra prima, Carla (cinco años mayor), que vive en Aranjuez con su padre y su segunda pareja... desde el suicidio de su madre, Érika. Aquella tragedia (2007) marcó por completo a los Ortiz Rocasolano, que a partir de ese momento desaparecieron del foco mediático, y a la propia Letizia. Y en ella —antes aún que en la infanta Cristina—, está el origen de algunas de las desavenencias entre la madre de Leonor y el resto de la familia real. La obsesión de la reina por proteger a sus hijas de los medios guardaría alguna relación con el problema que acabó con la vida de su hermana pequeña. El acoso mediático, según testimonios de la familia, incidió en su muy vulnerable personalidad. Además, y sobre todo, la tragedia condujo a una particular ruptura con consecuencias, como fue la que se produjo entre el abogado David Rocasolano y su prima, la entonces princesa de Asturias. Rocasolano —hoy en residencia desconocida fuera de España— publicó un libro despechado (Adiós, princesa, 2013) en el que no sólo culpó a Letizia de la situación que desbordó a su hermana, sino que la acusó de haberse sometido a un aborto años atrás. Y esto —un asunto tabú, nunca confirmado por la Casa, desde luego— fue lo que, según la periodista Paloma García Pelayo, abrió su primer gran cisma con la conservadora reina Sofía («El engaño de Letizia», Look, 5 de abril de 2018).

Pero para las fuentes consultadas cerca de la Casa, el foco de la tensión en la familia real sigue estando en la herencia «envenenada» que don Juan Carlos dejaba en manos de su hijo, y en el empeño de los nuevos reyes en hacer borrón y cuenta nueva de los años de Nóos y de Corinna, la amiga «entrañable» del anterior monarca. Un empeño particular en el caso de la reina, quien pese a «dejarse llevar» al principio por doña Sofía, chocó con la Casa «desde el primer día», «quiso cambiar las cosas de arriba abajo» y llevó más lejos la ruptura con el «monopolio» de sus hijas.

Ajena a todo este confuso pasado, la princesa ve con frecuencia a su abuelo materno, Jesús Ortiz, y a su segunda mujer, Ana Togores. Pero, sobre todo, ha crecido junto a la abuela, Paloma Rocasolano —nexo de unión entre nietas—, a la que la reina Letizia ha integrado prácticamente en la vida familiar y a quien ha acudido para mostrar a sus hijas la vida de la gente... normal. Sobre todo desde su prejubilación, la antigua sindicalista ha sido la sustituta natural de doña Letizia en la casa cuando ésta ha debido viajar al extranjero. Ocasiones puntuales, en todo caso, dada la dedicación permanente y el estrecho control que su madre ejerce sobre la niña; algo que se hizo especialmente visible en el cóctel privado que se sirvió en el Palacio Real tras la ceremonia de entrega del Toisón de Oro. Hasta veinte niños de su edad —ganadores de las sucesivas ediciones del concurso «¿Qué es un rey para ti?»— fueron invitados a aquel acto a puerta cerrada, pero Leonor no tuvo oportunidad de hablar a solas con ellos. Si algo llamó la atención a los asistentes es que la reina no soltó de su mano a la heredera ni un solo momento.

Todo un síntoma que permite presumir que la sucesora de la Corona tendrá en su adolescencia menos libertad de la que goza, por ejemplo, la princesa Catalina Amalia de Holanda. Porque a tenor de la entrevista que el rey de los Países Bajos dio en la televisión de su país con motivo de su cincuenta cumpleaños (abril de 2017), los escoltas de la heredera tienen licencia para no informar a los reales padres de las trastadas de la heredera. Según el soberano holandés, la princesa tiene que equivocarse y cometer errores para tomar conciencia de sus propias limitaciones: «Es bueno hacerlo, sin que llegue a ser de dominio público», declaraba Guillermo de Holanda (Monarquía Confidencial). Cuesta imaginar a Leonor con una cerveza en la mano a espaldas de sus padres. Y eso que su progenitor, el príncipe Felipe, sí lo hizo (José Antonio Alcina, Felipe VI, la formación de un rey, 2014), delante de doña Sofía, en una fiesta privada de la aristocracia y realeza europeas... a los trece años.

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Por qué princesa de Asturias

Decir princesa en la sociedad puerilizada del siglo XXI es decir personaje de Disney. Como mucho, una imagen fósil rescatada de los cuentos. Una broma cursi del mundo global. Decir princesa le traslada a uno hasta la almena de un castillo para descubrir a una niña de ojos azules y larga cabellera rubia que suspira y suspira a la espera de un enamorado rescate. Desde luego, ni los tópicos ni los excesos de la literatura han crecido sobre la nada, y Leonor, sin ir más lejos, responde al arquetipo con su propio físico; pero en la España real las princesas que lo han sido antes que ella tuvieron que hacer algo más que mover la rueca de hilar para ser, como su título indica, las «primeras». Empezando por Isabel la Católica, la más popular hoy de las antecesoras de la actual princesa, aunque no gracias a la ESO sino a la reciente serie de televisión Isabel. Ella fue quien, seis siglos atrás, dio al título de princesa de Asturias su mayor contenido político, al reclamarlo para sí, antes y por encima de la propia Corona de Castilla.

Y es que la Católica renunció a disputar a su hermanastro, Enrique IV, el trono con que le tentaron los nobles castellanos. Prefirió asegurarse la sucesión frente a Juana la Beltraneja, la otra posible heredera, a quien los propios nobles deslegitimaban por entender que no era hija del rey sino de su valido, Beltrán de la Cueva —Enrique IV tuvo fama de invertido—. Con ese propósito Isabel negoció con su hermano el acuerdo de Guisando en 1468. Así se garantizó el Principado de Asturias antes de convertirse en reina siete años más tarde.

En nuestros días, a Leonor le bastó con que su padre fuera proclamado rey —tras la abdicación de su abuelo Juan Carlos, en 2014— para convertirse automáticamente, a los nueve años, en la trigésima sexta princesa de Asturias. Pero los primeros herederos de la Corona no lo tuvieron tan fácil. El propio Enrique IV tuvo que reclamar en 1444 el título a su padre, el rey Juan II. Éste, que no llegó a ostentar el nuevo título porque le tocó reinar con sólo dos años, era hijo a su vez del primer príncipe de Asturias de la Historia de Castilla, que lo fue durante diez años, antes de reinar como Enrique III y convertirse, a todos los efectos, en el abuelo de la primera reina «católica», y, por cierto, en el Enrique el Doliente recreado por Larra que la madre de Leonor regaló al futuro rey en su pedida de mano.

Pero mejor pongamos otra vez del derecho el calendario de la Historia y empecemos sólo una generación atrás. Fue el bisabuelo de Isabel la Católica, Juan I, el que en 1388 creó el título de príncipe de Asturias y se lo concedió a su heredero, Enrique (III). Aquél no fue un acto unilateral ni caprichoso, sino un acuerdo histórico con el que se ponía fin a una guerra por el trono de Castilla y aseguraba el hecho sucesorio para siempre, según se vio pasados los siglos. Juan acababa de ganar en el campo de batalla la encarnizada disputa por la Corona, desatada entre su padre, Enrique II de Trastámara, «el Bastardo», y Pedro I de Castilla, «el Cruel». La victoria —a la que contribuyó la ayuda de Francia— le permitió a Juan imponerse sobre la hija del Cruel, Constanza, y su marido, el duque de Lancaster, quien a su vez era hijo nada menos que de Eduardo III de Inglaterra. El duque había llegado, en vano, a mandar tropas británicas hasta La Coruña en defensa de sus derechos sobre Castilla. Sin embargo, y pese a su clara victoria, Juan I optó por pactar con sus viejos enemigos la boda de sus respectivos vástagos, aún niños. De esta manera, los primeros príncipes de Asturias —Enrique (diez años) y Catalina de Lancaster (dieciséis)— fueron un símbolo, no ya de unidad dinástica o política para Castilla, sino también de compromiso de paz. Por cierto que Catalina, la primera princesa de Asturias (consorte) de la Historia, y descendiente de la rama legítima de Alfonso XI, llegó a ejercer de regente de Castilla a la muerte de su marido.

¿Y POR QUÉ NO PRINCESA DE VIZCAYA?

Claro que todas estas batallitas parecen estar muy lejos de la niña —ciertamente rubia, como en los cuentos— que de vez en cuando sale en los pantallazos de nuestros días y que en poco más de un lustro jurará la Constitución ante las Cortes. Pero no hay que perder el hilo de la Historia para zurcir el presente, y aun para reparar en algunas curiosidades. Por ejemplo, y como cuenta Fernando Suárez Bilbao («En torno a los orígenes del Principado de Asturias», La figura del Príncipe de Asturias en la Corona de España, Centro Universitario CRC Ramón Carande, Ed. Dykinson, 1998), en el hecho de que Juan I eligiera el señorío de Asturias para convertirlo en principado en favor de su heredero, en lugar de optar por el más antiguo y por entonces indiscutido señorío de Vizcaya, en el que el propio monarca había hecho su aprendizaje de gobierno durante nueve años.

A la luz del momento actual, desde luego, habría resultado bien incómodo a los nacionalistas que el heredero de la monarquía española llevara el título de un territorio vasco, tan ligado en todo caso, o mucho más que la propia Asturias, a la Corona de Castilla del siglo XIV. Es muy probable que los Trastámara —una dinastía, como apuntaba el apodo de Enrique II, de origen bastardo— quisieran asegurarse aquellos dominios astures heredados que todavía les disputaban tanto los señores del lugar —los Quirós, los Quiñones...— como la Iglesia. De hecho, como dice Bruno Aguilera («La figura constitucional del Príncipe de Asturias», La figura del Príncipe de Asturias en la Corona de España, Centro Universitario CRC Ramón Carande, Ed. Dykinson, 1998), eso es lo que habían hecho pocos años antes las monarquías vecinas: lo hizo el rey Eduardo de Inglaterra, al nombrar a su heredero «príncipe de Gales», para consolidar su Corona en aquella tierra recién conquistada, o el de Aragón, Pedro IV, al nombrar a su sucesor, Juan, «duque de Gerona»...

Pero por encima de aquella coyuntura europea, la elección de Asturias como cuna, raíz y seña de identidad de la monarquía hispana obedecía ya en aquel siglo XIV a un mito creciente y vivo —del que tanto escribió Claudio Sánchez Albornoz en el siglo XX—, como fue el arranque de la Reconquista (718) del antiguo reino visigodo frente al también secular dominio musulmán.

La vocación pacifista y unionista del título que hoy ostenta Leonor se vio materializada en el heredero de los Reyes Católicos, Juan; probablemente el más indiscutido y querido de los príncipes de Asturias que lo han sido, hasta que murió, jovencísimo, tras su muy fogosa boda con Margarita de Austria.

A partir de ese momento, consolidada la dinastía con Carlos I de España y V de Alemania, los Austrias apenas se pelearon por el título. La reina Isabel había logrado con el arte de la política el control de un territorio que su beligerante antecesor y hermanastro, Enrique, nunca llegó a dominar. A cambio de unos fueros, y no sin tensiones por la jurisdicción y las rentas, la Católica retuvo para la Corona la administración del principado, y desde los tiempos de su nieto, el emperador Carlos, los herederos de la dinastía fueron perdiendo el interés por el gobierno directo de aquel territorio. En el siglo XVI, los hijos de los soberanos se hacían más bien llamar regentes, herederos o príncipes de las Españas. Pero lo cierto es que ninguno de ellos renunció a aquella dignidad, y de hecho, con Felipe IV (que reinó entre 1621 y 1665) se fijó el ceremonial de la jura del príncipe de Asturias. Como sentencia el propio Aguilera, el título sobrevivió y se consolidó como unificador en aquella monarquía de reinos confederados.

Fue la familia de Leonor, la dinastía de los Borbón-Anjou, la que tomó afición al Principado de Asturias desde su llegada a España, en el siglo XVIII, y la que en la práctica lo convirtió en representativo de todos los reinos, antes confederados y ahora unidos. Cuentan los historiadores que lo hicieron en agradecimiento a la ayuda de Castilla en la guerra de Sucesión frente al archiduque Carlos de Austria-Habsburgo (lo que los soberanistas catalanes rebautizan ahora como la guerra de «secesión»). Pero la clave es que los Borbones cumplieron con ello una máxima histórica: la de que el principado siempre fue reclamado, tanto por quienes aspiraban al trono como por quienes, una vez conquistado, necesitaban legitimarse en él.

El primer rey Borbón, Felipe V, duque de Anjou, era nada menos que hijo del delfín de Francia. Su real abuelo, Luis XIV, se interesó en que no olvidara su origen ni renunciara a unir sendas coronas —justo lo contrario de lo que dejó escrito en su testamento su coetáneo español y último de los Austrias, el rey Carlos II, antes de dar paso al Borbón—.Y algo trabajó en ese propósito el nuevo soberano de España, con el proyecto de unos enlaces matrimoniales para sus vástagos que, en todo caso, resultaron finalmente frustrados. Pero lo interesante es que, al mismo tiempo, el cabeza de la estrenada dinastía se dio prisa en hacerse con el título habilitante de la sucesión en la Corona española. Si bien como monarca, lógicamente, él nunca lo ostentó, Felipe V hizo que su sucesor, el futuro Fernando VI, jurara como príncipe de Asturias en 1724, y que lo hiciera, por cierto —como también cuenta Aguilera—, ante las primeras Cortes españolas (castellanas, leonesas, aragonesas, navarras, valencianas, catalanas...), reunidas en el Monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid.

En todo caso fue una reina —la única de la Casa de Borbón hasta hoy, Isabel II— quien tuvo la iniciativa de vincular jurídicamente el título de príncipe de Asturias a la figura del sucesor en la Corona. Hasta entonces, todos los herederos habían debido jurar el título (ella misma lo había hecho en Los Jerónimos... a los tres años). Así lo instituyó siglo y medio después de la llegada de los Borbones a España, en 1850, mediante Real Decreto, y extendiéndolo, por cierto, tanto a los herederos varones como a las hembras, ambos ya por derecho, «príncipes de Asturias» (lo cuenta, entre otros, Santos M. Coronas, en su artículo «Príncipe y Principado de Asturias: Historia dinástica y territorial de un título», publicado en la revista Anuario de historia del derecho español, n.º 71, 2001).

Y transcurrido un tiempo similar —más de un siglo— fue el tataranieto de Isabel, Juan Carlos I, quien constitucionalizó en 1978 el Principado de Asturias de manera definitiva. Si bien antes hubo dos cartas magnas que citaron expresamente el título, la de 1812 y la de 1869 —por presión de sendos políticos asturianos, Argüelles y Posada Herrera, respectivamente—, la mayoría de las constituciones del XIX no habían hecho ni mención. Ni siquiera la de 1876, que es la que restauró la monarquía alfonsina.

Cabe abrir aquí un paréntesis para contar que catorce años después de la Restauración, en 1888, el presidente del Gobierno conservador, Antonio Cánovas, dictó una reforma —que estuvo poco tiempo en vigor— por la que los hijos varones del rey se convertían automáticamente en príncipes de Asturias y las hembras, sólo si el monarca lo establecía de manera expresa. Cuestión por la que Alfonso XII se apresuró a nombrar princesa de Asturias, a los tres días de nacer, a su primogénita, María de las Mercedes, quien por cierto ostentó su título hasta su propia muerte. La primogénita de Alfonso XII fue desplazada de la sucesión por el nacimiento de su hermano, el futuro Alfonso XIII, quien, como hijo póstumo de Alfonso XII, nació rey. Pero éste aún no había tenido descendencia cuando la princesa y aún heredera murió repentinamente, al poco de casarse.

Y es que —cerrando el paréntesis— el título no fue del todo pacífico durante la Restauración, y su atribución tampoco fue siempre automática. Al igual que había ocurrido en las Cortes de Cádiz (1812), conservadores y liberales de final de siglo se pelearon en torno a la conveniencia de dar al sucesor el más histórico y dinástico título de «príncipe de Asturias», o el más genérico e integrador de «príncipe de España» o «de las Españas». El citado Cánovas fue el último en perder la batalla a favor de la denominación de «príncipe», desligado del de Asturias. Pese a llegar bien lejos en este propósito con la promulgación del ya mencionado Real Decreto, éste fue luego derogado por el liberal Práxedes Mateo Sagasta.

LA TRAMPA DINÁSTICA DEL ABUELO

Se diría que, ochenta y un años después, Franco ganó aquella batalla canovista, dado que eligió para su «sucesor a título de rey» el título de «príncipe de España». Para desgracia de Juan Carlos I, en efecto, él nunca llegó a ejercer como príncipe de Asturias, pese a haberlo sido a la muerte de Alfonso XIII (1941). Pero las memorias de Laureano López Rodó desvelaron que, por razones de oportunidad histórica, él mismo esquivó el título. Fue el propio abuelo de Leonor quien hizo ver a López Rodó —al redactar la Ley de 1969 junto a Gonzalo Fernández de la Mora, bajo el tutelaje de Luis Carrero Blanco y Antonio Iturmendi— la conveniencia de cambiar el título dinástico «de Asturias» que, curiosamente, figuraba en el borrador. Según este testimonio (recogido por Manuel Rodríguez de Maribona en «La figura del Príncipe de Asturias en la Corona española», La figura constitucional del Príncipe de Asturias, Ed. Dykinson, 1998, pp. 107-122), Juan Carlos advirtió de que «aunque a él le gustaba mucho ese título, entendía que podría dar lugar a equívocos, pues es el que ostenta el primogénito del rey». En otras palabras, el abuelo de Leonor ponía al Régimen sobre aviso de que si le nombraban príncipe de Asturias, Franco estaría reconociendo jurídicamente a don Juan como rey legítimo. Y como escribían los historiadores Álvaro Soto Carmona y Pedro A. Martínez Lillo (El País, 8 de junio de 2011), en «el franquismo no se puede hablar de un Estado de Derecho sino de Estado con Derecho, que es algo muy distinto».

No hace pues tantos años que el Principado de Asturias se convertía en una piedra a sortear por la monarquía franquista, que fue inesperadamente instaurada en 1947 —ocho años después de ganar la guerra a la Segunda República, y por empeño personalísimo de Franco—, pero no fue atribuida a ningún monarca hasta 1969, fecha en que el heredero de Juan Carlos, Felipe, ya tenía un año y parecía asegurada la continuidad de la «nueva» dinastía. Insiste también López Rodó en que el nombre de «príncipe de España», con que el Régimen y la propia Corona salvaron los muebles del problema dinástico, fue plenamente respaldado por los futuros reyes. Juan Carlos dijo recordar que su propio abuelo, Alfonso XIII, pensó durante el exilio en cambiar la «Casa de Borbón» por la de «España». Y la propia princesa Sofía abundó en la idea, dada la pertenencia de su propia familia —ya destronada— a la «Casa de Grecia». Pero nada de esto ocurrió finalmente, porque si algo hizo el rey al verse con las manos libres de su difunto mentor, fue validar los títulos dinásticos y, en particular, el histórico título de príncipe de Asturias, a favor de su propia descendencia.

Sólo a la muerte del «Generalísimo», y a los pocos días de aprobarse la Ley de Reforma Política con que arrancó la Transición, el ya Juan Carlos I se dio una prisa notable y muy particular en legitimar su posición y rehabilitar su dinastía. «Soy heredero del Caudillo, es cierto», le dijo el monarca a José Luis de Vilallonga, «pero soy heredero, sobre todo, de los diecisiete reyes que desde Isabel la Católica han construido España».

Lo hizo, de manera significativa, antes de ceder a la soberanía nacional y a las primeras Cortes democráticas el poder recibido de Franco. El abuelo de Leonor, que entre noviembre del 75 y diciembre el 78 fue un rey con verdaderos poderes, impulsó un Real Decreto —por supuesto, firmado por Adolfo Suárez— en el que muy pocos repararon aquel 21 de enero de 1977. Y el Decreto tenía su pequeña trampa, porque ya desde el trono «disponía» que el heredero, Felipe de Borbón, «ostentara» los títulos inherentes al sucesor de la Corona —el primero, el de príncipe de Asturias— sin haberlos recibido del todavía jefe de la Casa, don Juan de Borbón.

De nuevo, el título del sucesor venía a cobrar la importancia legitimadora que la propia Corona española le había conferido desde el siglo XIV, «renovando», según rezaba la norma, «la tradición española sobre títulos y denominaciones que corresponden al heredero de la Corona». En puridad, Felipe de Borbón tenía ya asegurada la sucesión según la Ley de Franco —que excluía expresamente a la mujer del trono— y también según la tradición canovista, por la que los príncipes de Asturias varones lo eran de manera automática; pero Juan Carlos I se las arregló para que ello dejara de ser sólo fruto de la decisión del Régimen o de una costumbre únicamente apoyada en una decimonónica norma derogada. Sus prisas en aquel invierno del 77 fueron encaminadas a que, antes de redactarse la Carta Magna, y antes aún de celebrarse las primeras elecciones democráticas de junio, su sucesor fuera expresamente reconocido con el título seis veces centenario de la Corona española, y su Casa, su linaje, quedaran vinculados a la continuidad de una dinastía histórica que meses después quedaría constitucionalizada. El sucesor de Franco cedía sus poderes al pueblo español no sin antes blindar su propia Casa y asegurar su continuidad en la jefatura del Estado según la tradición borbónica: primero los hombres, después las mujeres.

Don Juan, que el 21 de noviembre del 75 —al día siguiente de la muerte de Franco— había firmado un comunicado reivindicando sus derechos como rey y sucesor de Alfonso XIII—, no llegó a ceder sus derechos dinásticos a favor de Juan Carlos hasta cuatro meses después de aquel Real Decreto de hechos consumados. Lo hizo el bisabuelo de Leonor el 14 de mayo —previa carta de renuncia genérica de primeros de abril—, recién legalizado el Partido Comunista, en una discreta ceremonia celebrada en la Zarzuela que fue clave para la legitimación de lo que Javier Tusell llamó «La Segunda Restauración» en España.

El único representante del Gobierno que asistió a aquella ceremonia fue el entonces ministro de Justicia, Landelino Lavilla —hoy consejero de Estado—, quien ejerció como notario mayor del Reino. Lavilla, a las órdenes de Suárez, cocinó a fuego lento la estrategia jurídica de la Moncloa y la Zarzuela, esa «mecánica del proceso» de la Transición que, según sus recientes memorias (Una historia para compartir: al cambio por la reforma, 1976-1977, 2017), no arrancó en las elecciones del 77 ni, mucho menos, en el pacto constitucional, sino en la Ley de Reforma de noviembre del 76, de la que el Decreto de legitimación del título de príncipe de Asturias —publicado en el BOE apenas dieciséis días más tarde— fue un curioso peldaño, un paso más. El rey contaba con la legitimidad formal de la legalidad vigente, pero hizo lo imposible por ganarse la legitimidad dinástica, antes aún de alcanzar la definitiva legitimidad constitucional y democrática.

Luego —otro peldaño en la escalera mecánica del proceso de Transición—, el 1 de noviembre del mismo año 77 se produjo la visita ceremonial a Covadonga, en la que por primera vez en la Historia de los príncipes de Asturias el sucesor de Juan Carlos I juraba su título en tierra asturiana (tradicionalmente, y durante siglos, ésta se oficiaba en el Convento de los Jerónimos de Madrid). «Se consagra y renueva en este acto», declaró el monarca ante su hijo Felipe, «una tradición de seis siglos, lo que exige que el Heredero de la Corona sea príncipe de Asturias». El padre de Leonor tenía entonces nueve años.

Y tres años más que su padre tendrá la propia Leonor cuando —según la información recabada para estas páginas— visite Covadonga en septiembre de este año 2018. Si los preparativos llegan a buen puerto, la princesa participará en la celebración de un triple aniversario: el centenario de la coronación canónica de la imagen de «La Santina»; el centenario también de la declaración de Parque Nacional a la antigua montaña de Covadonga (hoy Picos de Europa), y, más aún, los mil trescientos años de la mítica batalla de Covadonga que dio inicio a la Reconquista española, de la mano de don Pelayo. Demasiadas coincidencias para no ser sorteadas por una Casa Real que, ya en enero de este año, con la ceremonia de entrega del Toisón de Oro en el Palacio Real, ponía en marcha el reloj oficial de la heredera de la Corona.

DE LA TRANSICIÓN A LA ABDICACIÓN

Sabido es que la sucesión entre don Juan y don Juan Carlos fue mucho más accidentada que la habida entre éste y Felipe VI. No ya por la calidad de las relaciones familiares —que tampoco han sido ni son idílicas en el segundo caso—, sino por el singular contexto histórico en que se produjo. El hombre designado por Franco para «instaurar» una monarquía ex novo para la perpetuación de su propio Régimen se aplicó en «restaurar» la dinastía borbónica en cuanto tuvo la oportunidad. El encaje de bolillos que supusieron aquellos primeros pasos del monarca —ideado por el que fuera director de sus estudios universitarios en los años sesenta, Torcuato Fernández Miranda, y ayudado por Landelino Lavilla y por el propio firmante del decreto, Adolfo Suárez— legitimó su dinastía y la aseguró ante los constituyentes; al precio, eso sí, de renunciar enseguida al omnímodo poder político recibido, y de cederlo en favor de un sistema democrático de monarquía parlamentaria. O dicho al revés, el blindaje de su dinastía fue el precio que él mismo estableció a la llegada de la democracia.

Claro que habrá que creer a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ponente de la Constitución del 78, cuando «jura» que la Zarzuela no influyó en absoluto en la redacción del Título II, que atañe a la Corona. Éste no fue debatido en comisión sino que fue exclusivamente redactado por los siete «padres» de la Carta Magna —sobre el borrador de un importante jurista y letrado del Consejo de Estado, Jaime Guasp Delgado—, y sólo fue revisado por el centrista Fernando Abril Martorell y por el socialista Alfonso Guerra. En opinión de Herrero, la cita que dicho Título hace del Principado de Asturias «no tiene relieve constitucional» y sólo «se incluyó para hacer una referencia a la tradición de la monarquía». En todo caso, y como mínimo, habrá que decir que el temprano Decreto del 77 fue muy inspirador en la constitucionalización del título del principado y en la designación de su titular. Tanto como para que muchos expertos, incluido el propio Herrero, consideren hoy que la monarquía de la que será titular Leonor «precedió a la Constitución», y que fue históricamente «restaurada», entroncada con la dinastía borbónica de la Restauración del siglo XIX, y no «instaurada», como siguen sosteniendo juristas no menos escrupulosos, como Antonio Torres del Moral o Yolanda Gómez. Estos últimos no reparan en enfoques históricos y argumentan que, en puridad, la Constitución del 78 creó una monarquía parlamentaria de nuevo cuño que rompía con la anterior, la también monarquía «instaurada» que estableció Franco en 1947. «La Constitución de 1869 habla de monarquía parlamentaria, pero a diferencia de la instaurada con Juan Carlos, la del rey Alfonso mandaba sobre el Parlamento», explica Gómez. Ciertamente, la monarquía alfonsina era constitucional, mientras que la juancarlista es —mucho más— verdaderamente parlamentaria (el poder reside en las Cámaras). En todo caso, la propia Gómez resume así la discrepancia: «Los juristas vemos ruptura en el 78, y los historiadores ven restauración».

En realidad, el abuelo de Leonor hizo, con mucho más éxito, lo que un siglo antes intentó en vano Amadeo de Saboya. Elegido directamente a dedo por el general y presidente del Gobierno Juan Prim en 1870 —fue votado por las Cortes pasados dos años de «la Gloriosa» y el mismo día en que el propio Prim fue víctima del atentado que acabó con su vida—, el rey Amadeo de Saboya inauguró dinastía en España. Y una de las cosas que se apresuró a hacer fue nombrar príncipe de Asturias a su hijo Manuel Filiberto, un bebé al que no dio tiempo siquiera de pisar España. Y es que dos años después, su padre —y con él la dinastía Saboya— renunciaba para siempre a la Corona. «Si fueran extranjeros los enemigos de la dicha de España, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero todos los que con la espada, la pluma o la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles», dejó escrito el italiano (por cierto, por la pluma de José Olózaga, el entonces presidente del Consejo de Estado, al que el rey agradeció su ayuda con uno de los raros retratos suyos que quedan, y que aún cuelga de las paredes de la institución). Aquella renuncia vino a saldar el fracaso de la que, según Jordi Solé Tura (uno de los «padres» de la Constitución de 1978), fue la primera (1869) Constitución democrática española (Ignacio Astarloa, El Parlamento moderno: importancia, descrédito y cambio, 2017, pp. 67-68).

El padre de Leonor tuvo mucha más suerte que aquel bebé italiano, y fue testigo de la larga aceptación de los españoles a su padre, el rey Juan Carlos, al tiempo que crecía la democracia en la España contemporánea. En tanto estudiaba a sus antepasados, el príncipe Felipe fue tomando conciencia de cómo, por primera vez en la Historia de los Borbones, y a diferencia del siglo XIX (como escuché en una conferencia al historiador Fusi), «las elecciones hacían Gobiernos; no eran los Gobiernos los que hacían para sí las elecciones».

Pero hasta los mejores ciclos se acaban y, al igual que hizo treinta y siete años antes, Juan Carlos I actuó con discreción y especial celeridad en 2014 para lograr el blindaje jurídico e institucional de su abdicación; algo que fue tan esencial para la continuidad de su dinastía como lo había sido en 1977 su constitucionalización. Lastrado por su salud, sus problemas personales, el caso Nóos y su propia contribución al hundimiento de la imagen de la monarquía en las encuestas —su cacería de lujo en Botsuana en plena crisis económica y la relación con su «amiga entrañable» Corinna Zu Sayn-Wittgenstein— borraron de un plumazo los treinta largos años de popularidad que siguieron a su actuación frente al golpe de Estado del 23-F. Consciente, además, del imperioso empuje electoral de los populistas y de los independentistas, Juan Carlos I decidió su relevo en la Corona. En otras palabras, la salvó. Lo hizo con la ayuda de la derecha gobernante —ya entonces menguante— y con la de la vieja guardia del felipismo —también en retirada en aquellas fechas—. Juntos construyeron un diligente engranaje jurídico y un rápido ceremonial con el que se sorteó no tanto el temido debate parlamentario como el aún más temido debate social sobre la monarquía.

En 2014, como en 1977, Juan Carlos se apoyó en la clase política. Fue muy significativo que el propio rey emérito, en el cóctel privado que se celebró en el Palacio Real tras la ceremonia de abdicación, presentara coloquialmente de esta manera a su nieta Leonor (ocho años) el grupo de políticos con los que compartía corrillo: «¿Sabes? Estos señores me han ayudado mucho...» (El Mundo, 15 de junio de 2014).

3

Heredera sin agenda ni cartera

De aquel Real Decreto preconstitucional de 1977 que blindaba los títulos dinásticos del príncipe Felipe procede hoy la legitimidad jurídica de los tres principados, el ducado, el condado y el señorío —todos ligados al título principal— que suma Leonor en la actualidad. Gracias a su abuelo, la niña llamada a ser la «segunda monarca constitucional» del presente régimen parlamentario de 1978 es por derecho princesa de Asturias, de Girona y de Viana, duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer. Curiosamente, la mayoría de estos títulos están vinculados al Reino de Aragón y, por tanto, a la hoy díscola Cataluña.

Y es que, pese a haber llegado a ser el más importante —por su propia vinculación a Castilla—, el de Asturias no es el principado más antiguo que ostenta la futura reina de España. Cuando Juan I lo instituyó (1388) a favor de su primogénito y sucesor en la Corona, Enrique (III), ya existía el título de príncipe de Gerona (1351) para el heredero de la Corona de Aragón. De hecho, todos los títulos mencionados son anteriores al de Asturias, salvo los de señora de Balaguer (1418) y de princesa de Viana (1423); este último lo lucieron los herederos del Reino de Navarra, incorporado a las coronas de Aragón y Castilla en el siglo XVI.

El propio título de príncipe de Gales (1301), con el que se identifica hoy a Carlos de Inglaterra, es anterior al de Asturias. Sin embargo, su atribución siempre es potestad de la soberana británica y, a diferencia del de Asturias en España, no está jurídicamente vinculado a su condición de heredero. De fallecer Isabel II, el príncipe Guillermo —hoy duque de Cambridge— sólo sería príncipe de Gales si así lo decidiese su padre, Carlos, desde el trono. Claro que en todo caso heredará un título mucho más rentable, como es el de duque de Cornualles (también será duque de Rothesay, un título escocés). De hecho, el ducado de Cornualles es el único europeo, ligado al heredero de la Corona, que mantiene en su favor el cobro efectivo de las rentas de dicho territorio. El ducado, según el letrado del Consejo de Estado, Leandro Martínez Cardós, funciona como una corporación de derecho público de la Corona con un régimen fiscal propio —similar a una diputación foral del País Vasco en España—, que se ocupa de cobrar los impuestos (IBI, transmisiones, sucesiones... todos, menos el IVA) y de dar servicios (hospitalarios o de enseñanza primaria). Sólo que allí el dinero sobrante de ingresos y gastos va a parar al bolsillo mismo del duque de Cornualles. Eso sí, desde 1994, por decisión voluntaria de Carlos, el ducado paga una parte (bonificada) del impuesto de sociedades, como si fuera una sociedad mercantil.

La mayoría de estos títulos, además de reforzar el dominio de la Corona sobre determinados territorios, como se ha dicho, estaban originalmente justificados en la necesidad de otorgar al heredero dicho sustento. Hoy en día, ni el príncipe de Orange (un título que da origen a la Corona holandesa en el siglo XVIII, cuando, al poco de independizarse de España, el viejo Flandes consiente en que el cargo de Estatuder sea hereditario) ni el príncipe de Lieja (caído en desuso para la Corona belga) cobran emolumento alguno. Tampoco tiene rentas asociadas a su título de Crowns Princip («príncipe de la Corona») el heredero danés, ni mucho menos su plebeya esposa, Mary, pese a que, además de «princesa de la Corona», es condesa Monpezat.

Por su parte, Leonor está muy lejos de poder beneficiarse de ningún viejo tributo. Y no sólo porque las costumbres feudales desaparecieran muchos siglos atrás, antes de la llegada de los Borbones, sino porque el reinado de Felipe VI arrancó en 2014 con un nuevo y estricto código ético, precisamente, en materia de ingresos y hasta de recepción de regalos. La relajación y los excesos del final del reinado de su abuelo —unos, objeto de juicio, como el que condenó al yerno del rey por delitos de corrupción; otros, de la indignación de la opinión pública, como el viaje del propio monarca a Botsuana; algunos, sólo objeto del boca a boca— obraron un grave deterioro de la imagen de la Corona en la opinión pública. El empeño del nuevo rey en enmendar dicha imagen es lo que obligará a Leonor —nunca hasta ahora por una norma escrita— a depender estrictamente de la discrecionalidad de su padre hasta el momento mismo en que le suceda en el trono. Curiosamente, el reparto de la asignación de los Presupuestos Generales a la jefatura del Estado (7,88 millones de euros) es una de las escasísimas potestades que el rey puede ejercer libremente, sin refrendo del Gobierno.

Esta prerrogativa poco favorece a la sucesora de la dinastía en términos históricos. Definitivamente, la aleja de los grandes emolumentos con que, antes del advenimiento de la República, las Cortes dotaban de manera directa a cada uno de los miembros de la familia real. Valga como dato anecdótico (José María Zavala, Infantas, 2012) la partida anual de 2,4 millones de reales que las Cortes de la Restauración llegaron a autorizar a favor del rey consorte Agustín Fernando Muñoz, el segundo marido de María Cristina de Borbón, viuda de Fernando VII. Una cantidad que quedó «reducida» en 1856 a un millón de reales, la misma dotación de los príncipes de Asturias en aquella monarquía alfonsina.

Que se sepa, y a diferencia de sus hermanas Elena y Cristina, el padre de Leonor nunca hizo negocios o percibió remuneración alguna por cuenta ajena mientras fue príncipe de Asturias. Pero en el caso de Leonor, la transparencia autoimpuesta en la Casa lo hará imposible. Porque fue por decisión expresa de su padre que los «hombres de negro» de la Intervención General del Estado irrumpieran de lleno en la Zarzuela, y que lo vengan haciendo, desde 2014, todos los años. En su último ejercicio como príncipe de Asturias, Felipe VI cobraba 146.376 euros, una cantidad asignada por su padre, correspondiente en origen a la mitad de su propio sueldo de monarca. En 2017 su asignación como rey era de 238.908 euros brutos, y la del rey emérito, de 191.124 (de un presupuesto de 7,8 millones, ampliado en 2018 un 0,9 %). Y éste será el baremo por el que se medirá la futura asignación de Leonor, no antes de su jura ante las Cortes y, probablemente, no antes de haber completado su formación. Leonor cuenta además con el hándicap de que, a diferencia de sus colegas europeas, no hay norma que le asegure oficialmente una asignación propia el día en que se case. Estará, como se ha dicho, a merced de la voluntad de su padre, el rey.

LOS DINEROS DE LA FAMILIA

Cosa bien distinta es el patrimonio familiar del que pudiera disfrutar la futura reina; un asunto tabú al que no han llegado las normas de transparencia. A falta de declaración pública de Renta y Patrimonio en la Casa Real —sobre la que no existe intención alguna, según lo consultado—, queda para la memoria colectiva lo publicado por The New York Times en 2013 sobre una supuesta fortuna de Juan Carlos I, cifrada en 2.300 millones de dólares (según versión oficiosa de la Zarzuela, le habían atribuido hasta los palacios y bienes de Patrimonio Nacional); o la tabla de EuroBusiness de julio de 1999, difundida por Isabelle Bricard en Las dinastías reinantes en Europa (2002), que calculaba la «fortuna» del rey español en 600 millones de euros, y aún la triplicaba, hasta 1.865 millones, al sumar las que tendrían cada uno de los miembros de la familia real, incluidos los fallecidos condes de Barcelona.

Bricard contaba (lo publicó la revista Point de Vue) que la dote de la princesa Sofía de Grecia «votada por el Parlamento griego» (unos 39 millones de pesetas en los años sesenta) había resultado pequeña a los ojos de la Casa Real noruega cuando buscaba novia para Harald; apuntaba además que Franco había restituido en 1939 a Alfonso XIII «la totalidad de sus bienes confiscados en 1931», y ayudado a don Juan con «el pago de una renta por sus propiedades en España», y también a su «sucesor» con un «importante patrimonio»; por otra parte, situaba a la dinastía española en el «sexto puesto de las casas reinantes» por sus «activos» pese al declive económico de Alfonso XIII en el exilio... (EuroBusiness calculaba la fortuna de la Corona holandesa en más de 4.000 millones).

Poco habían influido en Bricard las declaraciones del propio Juan Carlos I a José Luis de Vilallonga seis años antes (El rey, 1993): «Desde pequeño siempre he oído hablar en casa de problemas económicos». Contaba el abuelo de Leonor que su padre, don Juan, no tenía medios para calentar el Palacio de Miramar en el que él mismo se alojaba cuando estudiaba en San Sebastián. Y recordó que «a su regreso a España», ya convertido su hijo en rey, don Juan vendió dicho palacio, y el de la Magdalena de Santander, «que también era de su propiedad».

Sea como sea, lo que permanece mucho más fresco en la opinión pública española es el millonario testamento de don Juan, del que de manera mucho más documentada informó El Mundo también en marzo de 2013. La fortuna que el bisabuelo de Leonor dejó al morir en 1993 superaba los 1.000 millones de pesetas. Y parte de aquella herencia procedía de tres cuentas en sendos bancos suizos, con un capital cercano a los 8 millones de francos (728 millones de pesetas de entonces) a repartir entre sus tres hijos.

Según los datos publicados, el reparto sólo afectó a dos de las cuentas (de 148,6 y 253,8 millones de pesetas, respectivamente), porque la tercera (un remanente de 229 millones en 1993) procedía de la «cuenta de socorro» abierta por Alfonso XIII para su exiliada familia, que el propio don Juan había heredado en 1941, y que correspondió al entonces rey de España. Ya dos meses antes (enero de 2013), José García Abad había escrito (Don Juan: náufrago de su destino) que aquel antiguo usufructo se acordó repartir entre don Juan Carlos y su hijo Felipe —«la persona que estuviese llamada a ser rey», según disposición de Alfonso XIII—, por mediación del albacea de don Juan, el conde de los Gaitanes. Y aún en abril, el autor declaró en La Voz de Galicia que, antes del acuerdo, aquel dinero había provocado un conflicto entre el monarca y el príncipe.

Desde la Casa se desdeñaron oficiosamente estas informaciones sin avenirse —fiel a su política— a desmentirlas. El Gobierno, por su parte, se abstuvo de contestar a las preguntas que sobre el particular habían registrado todas las fuerzas del arco parlamentario, menos el PP. Pero, pasados unos meses, la Zarzuela confirmó la herencia (finalmente 375,6 millones de pesetas, según lo publicado), diez años atrás, de una cuenta que «nunca fue transferida a España» y que fue cancelada en 1995, después de abonar «obligaciones y deudas contraídas por los condes de Barcelona», amén de otros «gastos determinados».

Ésta fue, de hecho, la inconcreta conclusión a la que llegó el jefe de la Casa tras abordar su propia investigación interna. Fue el mismo monarca quien proporcionó a Rafael Spottorno el contacto de un abogado suizo, quien a su vez remitió a la Casa la documentación en su poder. El resultado de su estudio no fue al parecer mucho más clarificador de lo que se desprende del propio comunicado. El caso es que la rumorología persistió, y la propia Izquierda Unida refrescó la polémica en abril de 2018 —aniversario de la Segunda República— con una pregunta parlamentaria acerca de las posibles cuentas de la familia real en Suiza. Entretanto, los colaboradores más próximos a la institución —incluidos algunos políticos del PSOE— seguían desdeñando la existencia de un patrimonio secreto de la Corona. Insistían en que los miembros de la familia real son «muy mirados» para los gastos y el dinero, en general. Pero el escándalo de las cintas de Corinna (El Español y OKdiario, julio de 2016) volvía a complicar esta última versión con sospechas sobre el patrimonio de don Juan Carlos.

Con todas estas ambigüedades, en el horizonte cercano de Leonor no se dibuja hacerse rica ni, desde luego, emanciparse. El título de princesa de Asturias no otorga a su «Alteza Real» más alegrías que la expectativa —nada despreciable, desde luego— de un empleo vitalicio, una vida holgada y protegida, y el mencionado tratamiento protocolario —este último sólo en ocasiones ceremoniales—. De hecho, hoy en día, y por indicación de la Corona, sus compañeros tutean a Leonor, y sólo el personal de la Casa la llama «Alteza».

Eso sí, en algún lugar de la Zarzuela guarda una joya particularmente valiosa. Se la regaló su padre al cumplir diez años y se llama el Toisón de Oro. Un regalo muy peculiar para una niña con el que, a falta de una reforma constitucional que le asegure jurídicamente el trono, Felipe VI vino a dotarle de unos hechos dinásticos consumados. Algo parecido a lo que hizo con él su padre, Juan Carlos, al reconocerle, vía Real Decreto, el Principado de Asturias (los anteriores reyes, incluido el abuelo de Leonor, lo recibieron en el bautizo, prendido del faldón de cristianar). Dicho desde la Zarzuela, se trataba de que la sociedad española percibiera —sin ambicionar que fuera trending topic— la importancia institucional de la Corona y, sobre todo, su «continuidad» en la princesa de Asturias.

Pasaron dos años más hasta que el rey hizo solemne la entrega del collar, en una ceremonia sorpresa en el Palacio Real con la que celebró su propio cincuenta cumpleaños, el 30 de enero de 2018. Felipe VI rentabilizó la bonanza mediática de la Corona tras su discurso antiindependentista de octubre del 17, y solemnizó el primer acto propiamente dinástico de su reinado, centrado, como es propio de las monarquías, en la persona de la heredera. Un acto al que otorgó una pompa inédita. De hecho, no queda registro de ceremonia alguna cuando un Real Decreto de mayo de 1981 —dos meses después del 23-F— convertía al propio príncipe Felipe en caballero de esta «insigne» Orden del Toisón. Tenía trece años, un año más que su hija Leonor.

UN COLLAR MUY PESADO PARA UNA NIÑA

La primera mujer que se colgó en el pecho semejante cadena de noble metal macizo fue Isabel II, no sin escándalo de los carlistas. Primero, claro, porque los partidarios de su tío Carlos Isidro le disputaban el trono, pero, además, porque el exclusivo ornamento era el distintivo de una prestigiosa y muy masculina orden de caballería creada en 1429 por el duque de Borgoña, que había sido integrada por insignes cruzados, todos ellos varones, comprometidos en la defensa del catolicismo y de Roma, primero frente a los musulmanes y luego frente a los protestantes.

Ciertamente, la vinculación de la Corona de España con esta vieja Orden del Toisón procede de Carlos I de España y V de Alemania, y arrancó de la imposibilidad de la nieta de Felipe III de Borgoña —su fundador— de heredar el cargo de Gran Maestre. Éste recayó en su marido, Maximiliano I de Austria, que resultó ser el padre de Felipe el Hermoso y abuelo de nuestro emperador.

Claro que cabe aquí hacer hueco a dos historiadores —el primero de tiempos de Carlos V y el último del siglo XIX— que apuntaron a un origen particularmente procaz del Toisón. En su opinión, la historia blanqueada del insigne collar escondía la impúdica costumbre de su fundador de regalar a sus caballeros un peculiar estuche con el vello púbico de sus respectivas esposas, en cínica muestra de agradecimiento por su forzada generosidad. Con el tiempo, esto ha quedado aparcado en el terreno de la leyenda.

El Toisón pasó de padres a hijos entre los Austrias españoles, hasta que el primero de los Borbones, Felipe V, ganó la guerra de Sucesión frente al Habsburgo. Desde entonces (siglo XVIII) existen dos «toisones», el austríaco y el español, que se arrogan la misma legitimidad. La rivalidad fue un hecho durante siglos, pero hoy en día ha vuelto a ser pacífico el uso de los símbolos de esta orden secular de los Habsburgo-Borbón, sólo parangonable a la aún más antigua y «nobilísima» Orden de la Jarretera, que instituyó en 1348 el rey Eduardo III de Inglaterra, y de la que Isabel II hizo miembros «extranjeros» tanto a Juan Carlos I, hace tres décadas, como a Felipe VI, en su reciente visita a Reino Unido de 2017.

La forma de las insignias varía, pero el motivo que cuelga de éstas y del propio collar es el mismo: un carnero de oro yacente, doblado por el espinazo. El motivo guarda relación con el animal que durante siglos fue símbolo de Brujas —la ciudad natal del fundador de la Orden—, pero, a la vez, con el origen y la tradición cultural de Europa. En concreto, y por anacrónico que hoy resulte imaginarlo en Leonor, con el mítico vellocino de oro: la piel de oro de un carnero que, según la leyenda griega, colgaba de un árbol del Cáucaso y Jasón debía robar a la serpiente para convertirse en rey.

Leonor no tendrá que someterse a míticas pruebas, pero ya hemos visto lo difícil que les resultó hacerse con el trono a tantos de sus predecesores, y como se sabe, lo más fácil aún que les fue perderlo en una reciente historia plagada de luchas y abdicaciones. De momento, el Toisón es un símbolo para la princesa preadolescente. Y un símbolo tan importante que su representación enmarca su escudo de armas desde 2015, nada más serle concedido por su padre, al igual que figura en los propios escudos de Felipe VI y Juan Carlos I.

Claro que no se trata de una dignidad exclusiva de la Corona española. Y de hecho, hasta hace bien poco subsistía la duda sobre si el Toisón es una condecoración de la dinastía o del propio Estado. Alfonso Cevallos-Escalera, marqués de la Floresta, y Joaquín Azcárraga Servet, catedrático de Historia del Derecho que fue de Zaragoza y de la UNED, han defendido sendas tesis enfrentadas. Azcárraga sostenía que la Orden tenía carácter estatal; y así fue, ciertamente, durante el reinado de Alfonso XIII, según Leandro Martínez Cardós. La «administración» de la Orden se llevaba antes de la Segunda República en el Ministerio de Estado (luego Ministerio de Asuntos Exteriores), a través de su subsecretario, quien hacía las funciones de Greffier de la Orden. Sin embargo, la Historia dio definitivamente la razón al marqués de la Floresta por defender el carácter dinástico de la Orden. Así lo fue en el siglo XVIII, y ni la Segunda República ni el propio Franco —tan aficionados a las condecoraciones— otorgaron nunca el Toisón. Ya con Juan Carlos I, siempre fue la Casa del rey la que lo otorgaba, sin que el Ministerio de Asuntos Exteriores interviniera en absoluto. En todo caso, eso sí, al igual que el de Felipe VI a Leonor, y como vestigio del siglo XIX, su otorgamiento se hacía mediante Real Decreto, acordado en Consejo de Ministros.

El caso es que la mayoría de los escudos de las coronas europeas han ido incorporando el Toisón conforme lo han recibido de manos de una de las dos ramas, española o austríaca. Hasta lo ostenta el propio emperador de Japón, quien lo recibió del rey Juan Carlos en 1985 —lo incorporó en su propio escudo—, nueve años antes de que, curiosamente, la joya desapareciera de manera misteriosa en un vuelo a Madrid (durante su visita oficial a España tuvo que lucir otro ejemplar prestado de la Orden).

El abuelo de Leonor fue muy pródigo en la entrega del Toisón a «caballeros» civiles, como el socialista español y exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, o el expresidente francés, Nicolas Sarkozy. Si el primer político de la Historia que recibió el collar fue el presidente del Gobierno Luis González Bravo, de manos de Isabel II, el último de la mano de Juan Carlos I, fue Adolfo Suárez. Como es preceptivo en la Orden, dado el valor material de la joya, a su muerte, su hijo lo devolvió al rey.

Leonor recibió el Toisón con más complacencia que la que rodeó a la precursora, Isabel II. Además, tenía ya el terreno abonado por esta proliferación de condecoraciones de los últimos años, que desde 1985 fueron a recaer en tres reinas: Isabel de Inglaterra, Margarita de Dinamarca y Beatriz de Holanda. Por otra parte, hacía ya tiempo que las condecoraciones de la única orden femenina, la Orden de María Luisa —réplica de la más masculina Orden de Carlos III—, habían caído en desuso. Pero tampoco le faltaron detractores por el lado de la izquierda populista; particularmente del líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien aprovechó para arremeter contra la monarquía en los pasillos del Congreso: «No es adecuado y de mal gusto que habiendo millones de ciudadanos que están en situación de pobreza energética y pensionistas que pierden poder adquisitivo, haya algunos que tengan que lamer las pisadas del monarca y felicitarle el cumpleaños por regalarle un Toisón de Oro de 50.000 euros a una niña de doce años». Desde la Zarzuela se informó de que el collar de Leonor fue el que había pertenecido a su bisabuelo don Juan (todos están numerados). No en vano, la secretaría general de la Orden se encuentra en la propia Casa del rey.

¿Y PARA QUÉ UN ESCUDO DE ARMAS?

Pero si en la España del siglo XXI resulta difícil de asimilar una herencia tan secular para una princesa adolescente, todavía cabe preguntarse: ¿y para qué necesita un escudo de armas? Desde luego, las «armas» (así llamadas porque, técnicamente, el «escudo» es sólo la parte central del emblema, encabezado por una corona y rodeado por el propio toisón de oro) guardan una larga tradición histórica, pero ya muy alejada de los centenarios conflictos bélicos. Los heraldistas sostienen que constituyen un sello intrínseco de los monarcas y de sus herederos en toda Europa, y que recoge todo el capital simbólico de la dinastía y de la nación a la que representan. «La heráldica se asocia al pasado, pero, hoy en día, hasta las empresas crean sus logos», apunta Feliciano Barrios, secretario de la Real Academia de la Historia y uno de los tres expertos de esta institución —junto a Faustino Menéndez Pidal de Navascués, «el primer heraldista de Europa», y Hugo O’Donnell y Duque de Estrada (duque de Tetuán)— que hicieron a la Casa Real la propuesta de las dos últimas «armas»: la del rey Felipe y la de la princesa de Asturias.

Ya las de Felipe VI supusieron una verdadera revolución en la heráldica, porque —en los pocos días de junio de 2014 que tuvieron para elaborar su dictamen, entre la abdicación y la proclamación— los académicos decidieron romper con el color del «guion»; esto es, la tela (o el papel o cualquier otro soporte) sobre la que «campean» las «armas»: un color rojo carmesí, que puede distinguirse en el banderín que acompaña al monarca en todos sus desplazamientos, y que recoge toda la tradición de los Austrias y los Borbones, hasta Fernando VII.

Curiosamente, ningún historiador ha acertado a explicar por qué la reina gobernadora María Cristina (la cuarta esposa de Fernando VII) ordenó estampar en el guion de su hija Isabel (II) el color morado. El caso es que —para posible sorpresa de la actual formación «morada», Podemos— el morado fue el guion de todos sus sucesores: Alfonso XII, Alfonso XIII e incluso el del propio don Juan. Luego el abuelo de Leonor, Juan Carlos, innovó con un azul oscuro del que no constan explicaciones autorizadas (a falta de documentación, cabe recordar que sus armas contienen el yugo y las flechas, utilizadas por el Régimen de Franco, pero cuidadosamente separados, al modo del escudo de los Reyes Católicos).

Con Leonor, la Real Academia de la Historia volvió a innovar un año después. Esta vez, coincidiendo con los deseos de la propia Casa del rey, los expertos eligieron para el guion de la heredera el color azul claro, que no es otro que el del Principado de Asturias. En cuanto a las armas, apenas se distinguen de las de su padre por un lambel liso, una especie de tronco con tres patas, que atraviesa en horizontal la parte superior del escudo. Y también la corona es distinta: en lugar de las ocho diademas de perlas que adornan la de Felipe VI, la que representa a la princesa de Asturias tiene cuatro, de la que sólo se ven tres. Lo probable, según el criterio actual, es que cuando sea reina, Leonor asimile sus armas a las de su padre y, sobre todo, adopte el guion carmesí.

Curiosamente, fue la recomendación de la Academia, en su informe de 30 de octubre de 2015, la que precipitó la concesión del Toisón de Oro a Leonor: «Estaría dentro de la tradición dinástica más acrisolada que la princesa de Asturias formara ya parte de una Orden de la que está llamada a ser soberana». El rey —cuya Casa había hecho la consulta— respondió de manera inmediata. Justo al día siguiente, Leonor cumplía diez años y estrenaba sus armas, adornadas por el mítico collar.

La princesa de Asturias carga pues con un legado de peso en lo que se refiere a la Historia, las luchas dinásticas y los símbolos que ha ido conquistando la Corona desde el siglo XIV hasta el presente más inmediato. Un presente reforzado hoy por la coyuntura de que la propia madre de Leonor y su predecesora, la reina Letizia, fuera la primera asturiana de origen en ostentar el título. Suficientes detalles, pues, para asegurar que será en tierra astur donde la princesa adolescente celebre su primera gran presentación.

UNA FUNDACIÓN Y UNA PERCHA PARA LA HEREDERA

Desde luego, no hay certeza sobre la fecha que los reyes elegirán para el primer discurso de su hija, pero sí algunas señales sobre su proximidad. Señales como la inédita distribución de una fotografía oficial de la princesa el día de su duodécimo cumpleaños, el 31 de octubre de 2017, o la propia entrega del mencionado Toisón por parte del rey, que constituye el preludio del primer acto oficial de la princesa, en septiembre del 18, en Covadonga.

El precedente empujaba a favor de que fueran los Premios Princesa de Asturias de 2018 el primer escenario para el estreno de Leonor. Y es que su padre recibió el Toisón en mayo de 1981 (con trece años) y cinco meses después pronunciaba sus primeras palabras en público en el Teatro Campoamor. Además, la primogénita de don Felipe cumplirá a finales de ese mismo mes de octubre —días después de los Premios— la edad que su padre tenía en aquella ceremonia.

Desde la Zarzuela se insiste en que no tienen por qué reproducirse con exactitud el calendario y «los esquemas» ya vividos. Pero sea en el 18 —o más bien en el 19— cuando Leonor pronuncie su primer discurso, lo cierto es que la historia se repite de alguna manera. Porque Covadonga fue el mítico enclave al que Juan Carlos llevó a su hijo Felipe para jurar como príncipe de Asturias. Y allí viajó también el malogrado primogénito de Alfonso XII, Alfonso. Lo hizo a los diecisiete años, poco antes de renunciar a sus derechos dinásticos a causa de su hemofilia, y de adoptar, precisamente, el título de conde de Covadonga. Y éste será, en definitiva, el primer enclave al que acudirá la futura reina de España para simbolizar la toma del testigo de la milenaria monarquía hispana. La monarquía del futuro, que lucha por sobrevivir en la revolución digital y la era global del 3-D, sigue regando sus raíces, ancladas en la Historia.

A diferencia de Leonor, las primeras apariciones del príncipe Felipe obedecieron a contextos políticos singulares: el de Covadonga (a los nueve años), a la restauración constitucional y dinástica de la Corona; el del discurso de Oviedo (a los trece) en aquel significativo año 1981, a su convalidación democrática pasados pocos meses del ahora mítico 23-F.

No hay más que volver a escuchar al por entonces joven poeta José Hierro, primer premio Príncipe de Asturias de las Letras, dirigiéndose desde el escenario del Teatro Campoamor a aquel niño rubio de gesto serio, sentado a la derecha de sus padres los reyes: «Este aire de libertad que respiramos tiene una fecha, 24 de febrero. Vuestra Alteza no tiene que prestar demasiada atención a mis palabras sino que le basta con mirar alrededor. Señor, si el presente no hubiese empezado el 24 de febrero, sin lo que se llamase la tarde del 23 de febrero, no estaríamos aquí. (...) Tal vez algún día comprenderéis la importancia que para España ha tenido esta actitud de vuestro augusto padre, que no ha permitido dar un paso más hacia la tiranía; ha ido hacia la tolerancia, es decir, hacia la democracia, que consiste en el respeto mutuo; en que Santiago Carrillo pueda decir lo que antes no podía, y Blas Piñar pueda seguir diciendo lo mismo que decía».

Pero si el estreno de Felipe vino favorecido por la gesta de su padre el 23-F, el de Leonor bien podría llegar precedido del particular efecto que entre los españoles tuvo el discurso televisado de su padre el 3 de octubre del 17 y su indubitada posición frente al desafío independentista catalán... Claro que quizá sea prematuro basar en dicho discurso el relato legitimador del nuevo reinado. No en vano, la crisis soberanista hizo mella en los Premios Princesa de Girona de 2018 a los jóvenes emprendedores e investigadores. La Fundación, particularmente creada en su día por el empresariado catalán para abonar la conexión entre la Corona y Cataluña, hubo de buscar en 2018 un nuevo emplazamiento para sortear la expulsión decretada por el Ayuntamiento soberanista, gobernado en su día por el propio Carles Puigdemont. Además, dos de los premiados en ediciones anteriores renunciaron como acto de protesta.

Volviendo a los primeros Premios Príncipe de Asturias del 81, Hierro se vanaglorió desde la tribuna de que el mecenazgo de la Corona en la naciente fundación no iba a degenerar, en democracia, en la gestación de un elenco de artistas e intelectuales de cámara, como así ha sido. Pero algo menos certero fue el poeta en el pronóstico de que este nuevo mecenazgo se dirigiría más al descubrimiento de nuevos valores —a lo que realmente se dedicaría años después la Fundación Princesa de Girona— que a los talentos consagrados.

El padre de Leonor supo aprovechar a lo largo de su principado este instrumento de conexión entre la Corona y los referentes sociales, intelectuales y artísticos, dentro y fuera de España. Y ése es el contexto que tocará a la joven princesa alimentar, también, para su propia proyección. Porque los Princesa de Asturias han acabado por ser una plataforma singular para la monarquía cuyo prestigio internacional ya ha empezado a jugar en la misma liga que los Premios Nobel, otorgados por la Corona sueca, seriamente «tocados» por primera vez por los escándalos de acoso sexual y las filtraciones que desembocarían en la suspensión del máximo galardón de Literatura en 2018.

Por la vinculación de la Fundación al título de la heredera, lo más parecido en Europa a la Fundación Princesa de Asturias es la Fundación Orange. En todo caso, y aunque es mucho más poderosa desde el punto de vista patrimonial y presupuestario, ésta no está directamente vinculada a la heredera de la Corona, sino a los propios reyes holandeses. Por su parte, las fundaciones del príncipe de Gales y la del rey Balduino tienen un carácter más particular y menos institucional.

Sea como sea, el lema de la Zarzuela se resume en un «no a las ansiedades» y en un «nunca adelantar acontecimientos». La Casa asegura que «todo vendrá por su orden, paso a paso, con tranquilidad» y, sobre todo, cuando tenga «sentido». Cuando el padre de Leonor juró la Constitución a los dieciocho años —cuenta Isabelle Bricard que el rey Juan Carlos le regaló el collar de la Gran Orden de Carlos III y las llaves de un Seat Ibiza— ya era un personaje público, y hasta había hecho un viaje oficial a Cartagena de Indias con quince años. Hoy por hoy, la preadolescente princesa de Asturias sigue siendo una figura desconocida, sobre la que pesa una Historia igualmente desconocida por la España real. Su presente es exiguo; en cuanto a su estreno, sólo cabe decir que es inminente.

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Una Europa de reinas

No hay en el horizonte cercano de las monarquías europeas otra reina —excepción hecha de las muy longevas Isabel II (noventa y dos años) y Margarita de Dinamarca (setenta y ocho)— que Victoria de Suecia (cuarenta). Ella vendrá a ocupar en su día el hueco que deje su padre Carlos Gustavo, y se sumará —previsiblemente junto a Federico de Dinamarca, Haakon de Noruega o a Carlos de Inglaterra— a los reyes de su generación que lo han sido antes que ella gracias a la abdicación de sus respectivos progenitores: Felipe de Bélgica, Guillermo de Holanda o Felipe VI de España.

Pero a la vez, y en poco tiempo, Victoria se transformará en la avanzadilla de un elenco de reinas europeas —Isabel de los belgas, Catalina Amalia de Holanda, Ingrid Alexandra de Noruega y la propia Leonor de España— sobre las que, por diferencia de edad y de tiempo en el trono, está destinado ejercer el papel de matronas.

Claro que nada tendrá que ver el papel de la reina sueca con el que siglos atrás ejerció Victoria de Inglaterra o con el que hoy mismo ejerce Isabel II sobre el raro universo de democracias coronadas. La monarquía sueca es la más simbólica y con menor poder político de las europeas; y, al mismo tiempo, una de las más condicionadas por las leyes y por sus propias reglas dinásticas. La actual heredera es una princesa particularmente atada a las leyes de su país que, sin ir más lejos, le prohíben viajar al extranjero sin conocimiento y aprobación expresa del rey Carlos Gustavo, su padre. Una exigencia que el parlamentarismo español sólo le impuso al heredero de la Corona en su primera Constitución de 1812; y no por casualidad, sino coincidiendo con el «cautiverio» —autoexilio, en realidad— del entonces príncipe Fernando en la Francia napoleónica (Bayona).

La Corona sueca no ejerce ningún poder estatal, ni siquiera de forma compartida, como dice Lucrecio Rebollo Delgado, catedrático de Derecho Constitucional por la UNED. Ni propone candidato a la presidencia del Gobierno ni sanciona siquiera las leyes. Sólo preside el acto protocolario de apertura de las sesiones parlamentarias. Pero, como precursora de símbolos, a la Corona del Premio Nobel no le gana nadie. Trece años de ventaja, nada menos, llevaron los suecos sobre los holandeses, y diez sobre los noruegos, a la hora de reformar su ordenamiento y posibilitar que algún día reine la princesa Victoria; y, tras ella, su hija, la princesa Estela (23 de febrero de 2012).

No sólo cambiaron la ley en 1980, sino que revocaron los derechos de primogenitura del hermano pequeño de Victoria, Carlos Felipe, pese que ya había sido oficialmente declarado heredero al nacer. Claro que aquélla fue una curiosa circunstancia política. Pese a lo que muchos creen, no fue la determinación de los políticos suecos en contra de la discriminación de género en la Corona lo que hizo retroactiva la ley. La realidad es que el desacuerdo de última hora entre socialdemócratas y conservadores en torno a otro asunto político de la legislatura impidió aprobarse la disposición transitoria que establecía la aplicación de la ley a partir de Carlos Felipe, lo que habría salvado la propia sucesión del benjamín. Hasta ese punto la Corona es rehén de los políticos en Suecia.

Ya en 1990, el Parlamento noruego hizo sus deberes, permitiendo que la princesa Ingrid Alexandra (nacida catorce años después, en enero de 2004) se convierta un día en la primera reina de la historia de su país. Y es que su padre Haakon, a diferencia de Carlos Felipe en Suecia, sí vio consolidados sus derechos como heredero, pese a que la reforma favorecía a su hermana mayor, Marta Luisa (Yolanda Gómez, La monarquía parlamentaria: familia real y sucesión a la corona, 2008).

Sólo un año después (1991) Bélgica consagró, con sobrada antelación, los derechos de la futura Isabel (25 de octubre de 2001), la hija mayor del rey Felipe. Y dos años más tarde (1993) Holanda seguía el ejemplo. Pese a que la Corona de los Países Bajos ya sumaba tres reinas —Guillermina, Juliana y Beatriz—, se modificó la Constitución para suprimir la preferencia del hombre sobre la mujer en la Corona (ya a finales del siglo XIX se suprimió la Ley Sálica para dar paso a Guillermina, la hija única de Guillermo II). Pero lo más interesante es que la reforma se hizo, como recuerda Yolanda Gómez, pese a que «no existía problema de desigualdad», dado que la reina Beatriz tuvo tres hijos varones. De hecho, ni siquiera la siguiente generación habría tenido problemas, dado que Catalina Amalia, la princesa primogénita del actual rey Guillermo (nacida el 7 de diciembre de 2003, dos décadas después de la reforma), no tiene ningún hermano pequeño que amenace sus derechos.

También Dinamarca hizo su reforma en 2009, pese a que tampoco hay mujeres en la línea de sucesión, y pese a que, en realidad, ya se había adelantado a Suecia en 1953 con una enmienda constitucional contra la Ley Sálica que permitió reinar a Margarita en 1972. Por su parte, Luxemburgo lo hizo en 2012, para igualar los derechos de sucesión del gran duque. Y aquel mismo año, hasta la Gran Bretaña de David Cameron hizo un gesto por acabar con la preeminencia del varón en la Corte de los Windsor, en prevención de que el primer vástago del duque de Cambridge fuera niña. Pero, nacido el pequeño Jorge, la iniciativa quedó suspendida a la espera de la firma, aún pendiente, de algunos países de la Commonwealth.

LEONOR, AMALIA E ISABEL, TRÍO DE CORONAS

Así que, gracias a las reformas y a la propia biología, en el umbral del siglo XXII, los reyes de Inglaterra y Dinamarca serán los dos únicos varones en una Europa de reinas.

Leonor nació apenas quince días después que Cristián de Dinamarca (15 de octubre de 2005), el hijo de los aún príncipes Federico y María Isabel, más conocida como Mary de Dinamarca. Pero con quien parece más destinada a coincidir en el trono es con Catalina Amalia de Holanda (diciembre de 2003) y con Isabel de los belgas (octubre de 2001), apenas dos y cuatro años mayores que ella, respectivamente. Además, se da la circunstancia de que sus respectivos padres, Guillermo y Felipe, accedieron al trono en 2013, y ambos lo hicieron por la abdicación de los anteriores monarcas, la reina Beatriz y el rey Alberto. Exactamente la misma situación que se dio un año después en España, con la abdicación de Juan Carlos I en Felipe VI. Estas coincidencias, curiosamente, vienen a acercar a tres reinos que cinco siglos atrás estuvieron unidos bajo la Corona española de los Austrias. Las propias coronas belga y holandesa estuvieron unidas unos años (1815-1830) en el siglo XIX.

Por largos y prósperos que sean los tres reinados —ni siquiera cabe descartar una segunda sucesión de abdicaciones cuando los actuales reyes cumplan setenta años—, Leonor, Amalia e Isabel serán el trío de jóvenes reinas europeas de mediados de siglo. (Tanto Ingrid Alexandra de Noruega como Cristián de Dinamarca habrán de aguardar turno hasta que los príncipes Haakon y Federico, sus respectivos padres, cumplan con su propio reinado.) Y las tres tendrán funciones parecidas. Además de representar a su país —como hará Victoria de Suecia—, Leonor, Isabel y Amalia —esta última, por encima de las anteriores, asistirá a los consejos de ministros y presidirá el Consejo de Estado— moderarán y hasta arbitrarán el normal funcionamiento de las instituciones en España, Bélgica y los Países Bajos.

De hecho, Leonor debe a los ponentes de la Constitución de 1978 que dejaran de lado el modelo sueco de monarquía, para perfilar un panel de competencias más parecido al de las coronas belga y holandesa. Según Herrero de Miñón, Manuel Fraga estaba muy interesado en adoptar el modelo sueco, y fue la ayuda de socialistas y comunistas la que posibilitó que se impusiera el poder mediador del rey: «Todo el mundo se dio cuenta de que una propuesta de presidente de Gobierno necesitaba ser hecha por una institución neutra e imparcial», recuerda ahora, al tiempo que insiste en que, en cuanto a sus funciones, el rey en España es lo más parecido al jefe del Estado electivo de las repúblicas (francesa, portuguesa, italiana...).

De hecho, fue la Constitución de la República Federal de Alemania la que sirvió de modelo para la redacción del artículo 99 de la Constitución española por la que el rey (como el presidente germano) es el encargado de disolver las Cámaras si, fracasado el debate de investidura, el Parlamento no aprueba su propuesta de candidatura a la presidencia del Gobierno. Con una diferencia a favor del modelo germano: allí el jefe del Estado, además de disolver, puede nombrar discrecionalmente al que ha sido más votado en dicho debate de investidura, para formar un Gobierno en minoría; y lo que es más importante, en caso de optar por la convocatoria electoral, puede hacerlo en unos pocos días de plazo, en lugar de los dos largos meses estipulados por la Carta Magna española, que tan gravemente pesaron sobre el bloqueo de 2016. Ésta sería, de hecho, una de las posibles reformas pendientes de la Constitución del 78.

A lo largo del difícil 2016, en España llegó a ponerse a la Corona belga como contrapunto y modelo a seguir frente al largo bloqueo político vivido. Es sabido que el rey de los belgas nombró varios mediadores entre 2010 y 2011 para buscar una salida a la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios en torno a un candidato a la presidencia del Gobierno. No sólo lo nombró, sino que se apuntó el éxito de lograr el acuerdo al cabo de año y medio de negociaciones (541 días de bloqueo, nada menos). Por su parte, el propio soberano de los Países Bajos (Gómez, La monarquía parlamentaria: familia real y sucesión de la corona), nombra a «informadores» y al «formador» que debe constituir el nuevo Gobierno, según los resultados del escrutinio electoral.

LA FUNCIÓN NO RECONOCIDA POR LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES

En la España actual, el margen de actuación de la monarquía parece mucho más constreñido. Sin embargo, pese a que los políticos de los dos grandes partidos no se dan por enterados, los expertos constitucionalistas señalan al presidente del Congreso como el mediador natural, la figura equivalente al mediador de la Corona belga y el informador de la Corona holandesa; el responsable formal, en todo caso, de llevar a la Zarzuela el necesario acuerdo parlamentario.

Desde luego, el socialista Patxi López, expresamente advertido de esta responsabilidad en la primera mitad del año 16, no acusó recibo del recado que le transmitió en este sentido algún experto constitucionalista y compañero de partido, según las fuentes consultadas. A juicio del actual diputado de base, él puso todo de su parte, al constatar, primero, el desacuerdo político y al trasladar a la Zarzuela, finalmente, el ofrecimiento del líder socialista como candidato. Tampoco su sucesora, la popular Ana Pastor, hizo otra labor que la de servir de pulcrísimo correo institucional entre la Zarzuela, los grupos parlamentarios y el propio presidente del Gobierno en funciones. El resultado fue una larga serie de rondas de consultas y un infructuoso desfile de políticos que iban colocando la pelota de su desacuerdo sobre el propio tejado de palacio.

Como dice un docto jurista, el problema no es sólo que falte cultura institucional en España, sino que ni siquiera los políticos saben —o quieren saber— lo que establece la Constitución y las obligaciones que a ellos mismos les competen. Les bastaría para ello con acudir a los propios debates del proceso constituyente y recordar —como hacía Lucrecio Rebollo en «La función arbitral del jefe del Estado», capítulo 9 del libro XXV años de monarquía parlamentaria, de Yolanda Gómez, Editorial Sanz y Torres, 2006, pp. 203-204— que el Partido Comunista y Esquerra Republicana de Catalunya se opusieron a otorgar al rey la prerrogativa de proponer candidato a la presidencia del Gobierno a las Cortes. Y no fue por casualidad. El PC sólo aceptó retirar su voto particular en contra del artículo 86 del borrador cuando, precisamente, a la propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno por parte del rey se le añadieron en comisión estas seis palabras: «... a través del presidente del Congreso». El líder de ERC, Heribert Barrera, mantuvo no obstante su oposición a esta facultad del monarca por entender que la propuesta de candidato a jefe del Ejecutivo debía corresponder directamente al propio presidente de la Cámara Baja.

En todo caso, y como también apunta el catedrático de Historia del Derecho de la UNED Javier Alvarado (capítulo 1 del libro XXV años de monarquía parlamentaria, de Yolanda Gómez, p. 16), el desempeño de ese papel arbitral de las coronas constitucionales española o belga «dependerá de la impronta personal que en cada momento marque el monarca en su nivel de influencia y relación directa con los órganos e instituciones de la nación».

O sea, que si Leonor sigue los pasos de su padre, será aséptica hasta el escrúpulo con la letra de la Constitución —que Felipe VI sí ha demostrado conocer muy bien—, haciendo hincapié en que sean las Cortes las que conformen los acuerdos, y sin correr otro riesgo que el de quedarse corta en su función arbitral. Si sale al abuelo —lo que de momento no parece—, la próxima reina se permitirá un poco más de iniciativa y flexibilidad. Como decía gráficamente el periodista y ensayista hispano-británico Tom Burns, en una mesa redonda convocada por FIES en febrero de 2017 en Madrid, «Juan Carlos I habría reunido a los portavoces en una sala de la Zarzuela y les habría cerrado las puertas hasta que se pusieran de acuerdo en algún candidato».

REGENTES POR HORAS

Entretanto se convierten en reinas, las herederas de las coronas europeas comparten una situación jurídica y mediáticamente ambigua. Pero en el caso de Leonor, su función principal, la regencia, es un asunto más rígido y complicado de acometerse que en el resto. En España difícilmente se daría una circunstancia como la que vivió la Corona noruega en enero de 2004, cuando el rey Harald fue operado de un tumor y el príncipe Haakon fue llamado a ocupar la regencia. Y es que éste no pudo ser regente porque se había acogido a una baja por paternidad, y fue su hermana Marta Luisa quien la ocupó de manera temporal. En España, la regencia es automática e indelegable para el príncipe heredero si es mayor de edad (si es menor, la regente sería la reina consorte, Letizia); pero en opinión de Antonio Torres del Moral, Leonor sólo la ocuparía en una circunstancia de tal gravedad que probablemente —no hay una ley que desarrolle este extremo— exigiría una expresa inhabilitación del monarca por parte de las Cortes.

Aunque en la práctica todas las monarquías parlamentarias europeas tienen funciones parejas, la mayoría de ellas conservan una carta de derechos históricos algo más amplia que la española. Así, los herederos de las coronas británica y belga son miembros natos de la Cámara de los Lores y del Senado, respectivamente. En el caso de la futura Isabel de los belgas, tendrá incluso derecho teórico a voto cuando llegue a la mayoría de edad. Igualmente, el rey noruego y el holandés conservan el derecho de veto regio sobre las leyes, pero no lo han usado desde 1835. Lo mismo ocurre con la Corona británica, pero en su caso, la última vez que se ejerció el veto fue en el siglo XVIII.

Claro que se trata de reminiscencias de un pasado lejanamente compartido por la monarquía española —los hijos de los Borbones también fueron senadores en los siglos XVIII y XIX— que sólo han sobrevivido en aquellos países que han mantenido una ininterrumpida convivencia con sus reyes. Y eso sólo de manera teórica. Leonor procede de una dinastía que tuvo que vérselas —para bien o... para mal, casi siempre— con las más recias tormentas políticas en los dos últimos siglos. Sus colegas europeas heredarán una Corona mucho más joven —en particular la holandesa, que nace en 1750, y aún más la belga, de 1830—, pero más unida a la propia evolución de su sistema político. Y ésa es la causa de que, al menos sobre el papel, y según Göran Rolhert (Universidad de Valencia), el rey de Dinamarca pueda dictar normas provisionales con fuerza de ley, sujetas a ratificaciones parlamentarias a posteriori; o que el rey de Holanda presida el Consejo de Estado y resuelva por decreto los conflictos entre organismos públicos no atribuidos a los jueces; o que el rey belga fije las atribuciones de las secretarías de Estado; o que el rey de Noruega pueda llamar al Consejo de Ministros a personas ajenas a éste o al propio Parlamento... Aun así, ninguno de estos viejos atributos —reminiscencias sólo teóricas del viejo absolutismo regio— otorga a las monarquías continentales la presencia e influencia real que tiene la Corona en Reino Unido: allí, dice Rolhert, «no es que la Corona represente al Estado, sino que la Corona y el Estado son una misma cosa».

ELLAS SÍ TIENEN AGENDA

Hoy por hoy, Isabel de los belgas lleva ventaja a Amalia y Leonor en lo que a agenda pública se refiere. Pese a alcanzar su condición de heredera (21 de julio de 2013) tres meses después que la princesa holandesa (30 de abril de 2013), la belga ha sido la primera en estrenar actividad institucional. Apenas tardó año y medio en pronunciar su primer discurso... por cierto, en las tres lenguas oficiales de Bélgica: francés, alemán y flamenco. De hecho, se trata de la primera sucesora al trono belga escolarizada en este último idioma y la primera heredera realmente trilingüe. Desde luego, poco se sabe sobre esta princesa adolescente, más allá de su afición a la música, el ballet y el arte. Pero su estreno ya permite adivinar el perfil políglota y tranquilo de la futura soberana, llamada a reinar en un país no ya territorialmente complejo como España, sino, más aún, en peligro constante de descomposición por las pulsiones nacionalistas de las dos comunidades en permanente litigio: flamenca y valona. No por casualidad, cuando acceda al trono, Isabel habrá de jurar «mantener la integridad territorial» de Bélgica.

A Amalia no le ha hecho falta agenda para estar en el ojo del huracán de la opinión pública. De hecho, los desvelos de sus padres, Guillermo y Máxima, por preservar su minoría de edad de la publicidad no evitaron la reciente polémica generada en la opinión pública acerca de... sus kilos de más. Una dura carga para una niña a la que se la retrata como presumida y aficionada al hockey. Amalia, como Leonor, cuenta con una madre celosa de su vida privada, pero la de Orange ya se ha expuesto a los focos. De hecho, a los trece años accedió a dar una entrevista en televisión, junto a sus hermanas pequeñas. Una rareza, aunque no una excepción entre las princesas europeas, ya que Ingrid, la hija del todavía príncipe Haakon de Noruega, también hizo sus pinitos al declarar a sus diez años lo «aburridos» que le resultaban los posados fotográficos: «Lo de estar sentada, sentada y sentada, y que no te saquen la foto perfecta...».

El propio padre de Amalia, Guillermo de Holanda, colgó un vídeo de la heredera el primer día de curso (2015), en el momento en que salía pedaleando del jardín de su casa, rumbo al Instituto Christelijk Gymnasium Sorghvliet de La Haya (por cierto, el mismo al que fue el rey, tras hacer primaria en la escuela pública).

Amalia, además, sabe muy bien lo que será de su vida pública cuando cumpla los dieciocho. Más aún, tiene la certeza —como los propios holandeses— de lo que cobrará: 1,5 millones de euros anuales. Una cifra de vértigo vista desde España —y no exenta de polémica en el propio Parlamento holandés— de la que la heredera del trono podrá utilizar 263.000 euros en concepto de sueldo (el doble que la reina Letizia). El resto, lo destinará a su actividad oficial propiamente dicha.

Afortunada pues en dinero, Amalia goza también de una protección familiar y de una estricta política de comunicación basada en un pacto entre la Casa Real holandesa y los medios. Un pacto que consiste en el suministro de material gráfico y literario en determinadas fechas y eventos, a cambio de una entera libertad de movimientos. Algo que, en la era de internet, mitiga pero no ahorra a la princesa adolescente las mencionadas polémicas sobre el sobrepeso o el supersueldo.

De momento, Leonor vive mucho más tranquila que sus colegas.

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¿Crea precedente la abdicación del rey?

La nutrida sucesión de abdicaciones reales habidas en Europa en el arranque del siglo XXI permite especular sobre una nueva serie de retiradas al cabo de treinta años, y aun de sólo veinte. Hoy por hoy parece haberse instalado en la opinión pública el efecto saludable de una práctica que, no obstante, sigue sin ser pacífica entre los doctos. En España, los mismos que participaron en el asesoramiento jurídico del singular y exitoso relevo entre Juan Carlos I y Felipe VI lo señalan como una circunstancia necesariamente excepcional. Según reconocen los expertos consultados, la abdicación fue la «solución», el instrumento, la herramienta que la Corona utilizó en 2014 para su supervivencia. El hoy rey emérito habría podido envejecer en el trono, lleno de achaques pero con tanta salud institucional como Isabel II en el de Inglaterra, de no haber sido por el peligroso deterioro que el prestigio de la institución llegó a sufrir a raíz de su actuación y la de su familia, en un momento de alta sensibilidad social frente a la crisis económica y la corrupción; en plena eclosión de los populismos y en medio de una progresiva quiebra de los partidos tradicionales, que han sido el verdadero sustento de la Corona.

De hecho, la sucesión en el trono, sumada a la regeneración de costumbres y de transparencia operada por Felipe VI, ha representado la única renovación institucional de la España de la crisis, auténtica precursora de una catarsis aún pendiente —sobre todo en los partidos— en el resto del entramado político del 78. La abdicación de la Corona precedió en uno, dos y hasta tres años a la impactante y forzada cadena de dimisiones en el PP de Madrid y de confesiones judiciales en el de Valencia por la corrupción; y en cuatro, al relevo en la cúpula del partido tras la moción de censura de Pedro Sánchez y la pérdida del Gobierno. Precedió también la guerracivilista sucesión del PSOE, y al desembarco de jóvenes diputados de Podemos o Ciudadanos en el Congreso.

Hoy en día la mayoría cree que, al igual que ocurrió con su padre, tendrían que producirse circunstancias «excepcionales» para que Felipe VI decidiera abdicar en favor de Leonor llegados los setenta años, es decir, en apenas dos décadas. La monarquía parlamentaria, más aún que la antigua, requiere la máxima estabilidad, y la española apenas va por su segunda generación. Si existe un precepto, éste es el de que la Corona estará siempre por encima del propio rey, que no es más que el eslabón de una cadena dinástica, de un linaje. Pero en tanto no se desaten amenazas para la propia institución, y precisamente para apuntalar la sucesión de su heredera, el rey tratará de ejercer hasta su último día. Ésa es la tesis dominante entre las élites de la España de hoy, contagiada por el buen momento que vive un Felipe VI en plena madurez. De ser así, el actual monarca tomará el relevo a Alfonso XII, el último de los reyes de España que moría en el trono, pese a hacerlo, por cierto, tuberculoso y a la temprana edad de veintiocho años.

Sin embargo, existen también poderosas razones para aventurar una segunda oleada de reyes eméritos en Europa de aquí a veinte años. La primera es de carácter biológico: los hombres de nuestro tiempo cada día viven más. Basta haber asistido a los esforzados y públicos intentos del octogenario emperador de Japón de jubilarse —finalmente previsto para abril de 2019, tras abierta resistencia de su Gobierno— para entender que los monarcas empiezan a ver en la retirada no sólo una herramienta de renovación y rejuvenecimiento de la institución, sino de justificación para su propio descanso. En España, además, el estilo de la pareja real, firme partidaria de acotar y blindar sus funcionariales libranzas o sus vacaciones privadas, permite especular con la reivindicación de una jubilación dorada como la que ha alcanzado, aunque a regañadientes, su antecesor en el trono.

La segunda razón es de carácter ejemplarizante: lo de morir con las botas puestas ha empezado a perder valor en la sociedad actual; sobre todo en la función pública. Pero también en otras altas instancias, como el Vaticano, donde la inédita abdicación de Benedicto XVI fue precursora en el mundo y ejerció sobre Juan Carlos una secreta influencia. En España, de hecho, la abdicación del rey se recibió como ejemplo de una nueva sensibilidad social y de una regeneración que, como decía, no llegó a darse en los partidos políticos hasta tiempo después, y de manera parcial y forzada.

UNA COSTUMBRE ANCESTRAL

Pero existe aún una tercera razón de carácter histórico: son demasiadas las abdicaciones habidas en la monarquía española para no advertir ya, salvando todas las grandes distancias de contexto, una cierta tradición en esta forma de poner fin al reinado. Claro que lo que en el siglo XVIII pudo ser simple tradición con los ejemplos de Carlos I —retirado sus últimos años en Yuste— y Felipe V —el primero de los Borbones, cuya abdicación vino frustrada por la súbita muerte de su primogénito Luis—, en el siglo XIX se convirtió en maldición. Carlos IV —por dos veces—, Fernando VII, Isabel II y Amadeo de Saboya —este último renunció también para sus descendientes— abdicaron la Corona no por deseo, cansancio, cálculo o convicción, sino forzados por las circunstancias políticas.

Desde luego, cuesta encontrar precedentes entre la sucesión de Juan Carlos I en su hijo Felipe VI y la que se produjo entre Carlos IV y Fernando VII. Porque dos siglos atrás fue el propio Fernando el que conspiró contra su padre para hacerse con la Corona. Como cuenta Enrique Aguilera en «Las abdicaciones regias en el siglo XIX», pp. 22-31 (El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, n.º 47, octubre de 2014), lo hizo dos veces. La primera, según confesión propia y pública, en la frustrada «conspiración de El Escorial»; y pocos meses después, en el «motín de Aranjuez», que no sólo se llevó por delante al rey, sino a su valido, Manuel Godoy, amante, por más señas, de la reina María Luisa.

Tampoco es cuestión de forzar el precedente de la reciente sucesión entre el abuelo y el padre de Leonor con aquella que tuvo lugar en la época de mayor vergüenza para la historia de los Borbones en España; una fecha, 1808, en la que ambos reyes en litigio familiar, padre e hijo, abdicaron en Bayona sus derechos dinásticos ante Napoleón —por sí y por sus sucesores—, al tiempo que los españoles tomaban las armas contra la invasión de las tropas francesas. Un episodio que no le impidió luego a Fernando retomar la Corona de manos del derrotado emperador francés y regresar a España envuelto en un falso mito de héroe patrio, o simple víctima de un secuestro; lo que hoy se habría llamado la posverdad. De aquel episodio proceden la prevención y la tradición por las que todas las constituciones del siglo XIX y la propia Carta Magna del 78 han venido exigiendo que las Cortes refrenden la posible abdicación del monarca.

Isabel, la tatarabuela de Juan Carlos I, tampoco habría querido abdicar cuando, a sus treinta y ocho años y veinticinco de reinado, triunfó La Gloriosa y se vio obligada a cruzar la frontera de los Pirineos; la misma frontera, por cierto, que veintisiete años antes había atravesado su propia madre, la reina viuda de Fernando VII, María Cristina, junto a su segundo esposo, el sargento de su guardia de corps, Agustín Fernando Muñoz, tras ceder de mala gana la regencia al general Espartero. María Cristina de Borbón aún pudo volver a residir temporalmente en España —y hasta hacer negocios, al tiempo que cobraba una asignación— durante los reinados de su hija y de su nieto, Alfonso. Pero en el caso de Isabel II, la corrupción del régimen de los moderados la arrastró para siempre, hasta el punto de morir en el exilio de París, treinta y seis años después de aquella revolución, y cuando ya reinaba en España su nieto Alfonso XIII. Mucho le costó a Isabel desprenderse del armiño. «¡Que abdique su padre!», fue la queja que recoge Aguilera de sus primeros años en Pau. Hasta que en 1870, presionada por los propios monárquicos españoles, y en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en su palacete de París, cedió la Corona a su hijo de trece años: Alfonso (XII, sólo cuatro años después).

Pero antes de que llegara con Alfonso la Restauración de los Borbones, España aún vería renunciar a otro rey. Un rey elegido a dedo por los generales liberales de la Revolución Gloriosa de 1868 y luego ratificado por las Cortes, como fue Amadeo de Saboya. El hijo de Víctor Manuel II —el rey que había unificado Italia— aceptó a regañadientes la Corona que le había brindado el general Juan Prim —curiosamente, apenas seis meses después de que Isabel II abdicara en Alfonso—, y con cierto alivio renunció a ella, para sí y por sus descendientes, apenas dos años después. Si malogrado resultó Prim —mortalmente herido en atentado el mismo día en que las Cortes sancionaban la designación de Amadeo—, fugaz fue este rey extranjero y liberal en el trono de España, al que vencieron los atentados, la desafección popular, las algaradas políticas y, sobre todo —como incide Aguilera—, el guerracivilismo entre Mateo Práxedes Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla, los dirigentes del partido progresista del que política y constitucionalmente dependía el monarca. Lecciones para el futuro...

EL PAPEL DE GONZÁLEZ, RAJOY... Y AZNAR EN LA ABDICACIÓN

Y es que los reyes que lo han sido en España no sólo han debido el trono o el exilio al pueblo y a los pronunciamientos militares de uno u otro signo, sino también, de manera muy determinante, a la clase política, de la que la actual monarquía parlamentaria depende especialmente.

En nuestros días, la idea de la abdicación creció en la mente del abuelo de Leonor casi como un anatema. «Sabes, Juanito, un rey no debe abdicar jamás. No tiene derecho», le había inculcado su padre, don Juan (Vilallonga, El rey). Y sin embargo, la palabra llegó a estar en boca de don Juan Carlos desde el principio de su reinado. Recuerda Juan Francisco Fuentes en Con el rey y contra el rey (2016, p. 328) que el periodista de The Washington Post Jim Hoagland se basó en off the records del rey durante su viaje a Estados Unidos en 1987 para apostar por un relevo en la Corona de España hacia 2003, cuando el monarca cumpliera sesenta y cinco años y el príncipe de Asturias, treinta y cinco. En todo caso, los once años de retraso que mediaron sobre estos planes dan idea de lo mucho que debió de costar al abuelo de Leonor su autocumplimiento.

Hoy por hoy, ni periodistas ni historiadores han logrado escribir la crónica de la abdicación de Juan Carlos I. Sí se han hecho aproximaciones fidedignas, pero no existe un relato definitivo, pautado y personal, de lo que, más allá de la verdad oficial, sigue siendo en España un asunto tabú. Lo único que se atisba es una intuición poderosa del monarca en medio de la mayor crisis de la Corona en la historia democrática; un núcleo duro de fieles soldados a su servicio remando hacia el relevo, y dos grandes partidos, PSOE y PP, que sutilmente se arrogan el último empujón de la operación.

El más sugestivo y arriesgado de los relatos publicados es el que apunta a Felipe González como instigador último de la renuncia del rey. Lo cuenta el mismo Juan Francisco Fuentes en su citado libro: «Todo el mundo en el entorno de Juan Carlos I, empezando por Felipe González, su principal consejero, coincidía en que al mejor rey de España desde Carlos III se le había acabado el tiempo. (...) La clase política le da la espalda, la prensa y los intelectuales reclaman ejemplaridad. Sólo se fía de Felipe González. (...) La abdicación se había cocinado a fuego lento, pero tal vez había llegado el momento de darle el último hervor, de emplatarla y servirla. González es partidario de cortar por lo sano. Había que ir preparándolo todo. Así se lo dice al rey, sin mentiras piadosas ni paños calientes. Era el único que podía convencerle de una medida que don Juan Carlos siempre vio como una claudicación ante sus enemigos, aquellos que, según él, habían tejido esa tupida red de infortunios personales y familiares en la que estaba atrapado desde el procesamiento de su yerno, Iñaki Urdangarín».

Sin embargo, el pequeño círculo que rodea a Rajoy hace un relato bien distinto. Pese a convenir en que Felipe González tuvo su papel en la decisión de Juan Carlos I de tirar la toalla, en absoluto le confieren la idea ni el motor de la abdicación. Se trata de una tesis de muy difícil contraste, puesto que el gallego —como el propio González— se muestra contrario a confirmar nada que guarde relación alguna con la Corona. Pero es a él, al mismísimo Mariano Rajoy, a quien las fuentes de mayor solvencia dentro del partido y de su antiguo Ejecutivo atribuyen la trastienda del relevo real, como una operación conjunta —Corona-Gobierno— de salvamento de la institución y del propio sistema político levantado en la Transición. Y por ello se molestaron cuando, pasado año y medio, el nuevo monarca se negó a corresponder a Rajoy y a ayudarle durante el bloqueo parlamentario.

Lo curioso es que no fue ni Felipe González ni Mariano Rajoy quienes estaban físicamente en el despacho del rey Juan Carlos cuando, una mañana de abril de 2013 —casi un año antes de la fatídica Pascua Militar del 14 y de la decisión definitiva—, el monarca llamó al entonces jefe de la Casa, Rafael Spottorno, y le pidió que le enseñara el borrador secreto sobre la abdicación en el que llevaba meses trabajando. No era González ni Rajoy, sino... José María Aznar. Una presencia contrastada en fuentes de la casa y confirmada por su jefe de Gabinete (Javier Zarzalejos, No hay ala oeste en la Moncloa, 2018) que, sin necesidad de desmontar el mito de su mala convivencia con don Juan Carlos durante el primer Gobierno popular, revelaba una confianza de fondo del monarca en el exmandatario, inimaginable para el propio entorno de la Zarzuela.

Habían pasado poco más de seis meses desde que —como de manera minuciosa cuenta Ana Romero en El rey ante el espejo (2018)— el monarca habló por primera vez del asunto (noviembre de 2012) con el general Félix Sanz Roldán, director del CNI, y el propio Spottorno. En realidad, el rey ya se había confesado antes con su amigo Félix. Desde entonces, y a sugerencia del propio monarca, Spottorno había organizado una suerte de «mesa redonda de caballeros del rey Arturo» en la que sentó a los otros dos últimos jefes de la Casa del rey, Fernando Almansa y Alberto Aza; una «mesa» constituida en puente de mando de una operación autorizada por el propio Juan Carlos I.

A los tres había citado Spottorno en noviembre del 12 en la privacidad de su propia casa para someter a contraste un primer borrador de apenas un folio en el que por primera vez se afrontaban los aspectos jurídicos, políticos y prácticos de la abdicación. Habían pasado siete meses de la crisis de Botsuana (abril de 2012) y apenas unos días de que el entonces ojeroso y achacoso rey pronunciara por primera vez en privado la palabra «abdicación». Dicho por testigos de excepción para estas páginas, el monarca no se sentía con fuerzas físicas ni mentales para romper con su amiga Corinna y corregir el rumbo de la Corona, ya desbocado, además, por la implicación familiar en el caso Nóos.

Pero habrían de pasar tres meses más para que Spottorno completara su borrador —en febrero de 2013 volvió a reunir a los «caballeros» e hizo entrega del documento al rey—, y otros dos meses aún hasta que Aznar se apareciera en carne mortal en la Zarzuela (en abril, como ya se ha mencionado). El expresidente se ofreció ese día a ayudar y hubo intercambio de informes entre Faes y la Zarzuela.

Ahora sí, la decisión parecía haber trascendido y tomado cuerpo. El plan pasaba por abdicar en esa misma legislatura. Sin embargo, a lo largo del verano y el otoño de aquel extraño 2013... sólo hubo silencio administrativo en la Zarzuela. Ni una noticia tuvo su entorno sobre las intenciones del rey hasta un año después: febrero de 2014, días más tarde de que el propio monarca se pusiera en evidencia al trastabillarse de manera ininteligible en el discurso de la Pascua Militar —«¿Va en serio, señor?, ¿no hay marcha atrás?»...—. Pero aun así, el momento definitivo llegó en marzo de 2014, en el curso de una comida privada del monarca con sus cuatro «caballeros» en un lugar discreto y próximo a la Zarzuela, en la que se puso de verdad en marcha la maquinaria del relevo.

Entraban ahora en escena Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, amén del propio príncipe de Asturias. Sobre Felipe González, al que sin duda se le atribuye un conocimiento directo de la decisión del monarca, la única certeza incontestada es que estuvo en el despacho del rey quince días antes del anuncio. En cuanto a José Luis Rodríguez Zapatero, lo que él mismo contó a Telemadrid: que se enteró «días antes» del anuncio oficial.

DE REY CARISMÁTICO A «JARRÓN CHINO»

Todas las dudas que el monarca dejó entrever en 2013 se disiparon en 2014. Durante aquel último invierno el monarca sólo jugó con el calendario, hasta convenir en que había de hacerse justo después de las elecciones europeas del 25 de mayo y antes de que los diputados y senadores se fueran de vacaciones. De hecho, la fecha prevista inicialmente, al término de la semana postelectoral, se retrasó dos días, hasta el lunes 2 de junio.

Las circunstancias políticas no le dieron opción de apurar los cuarenta años de reinado como, según se asegura en su entorno, le habría gustado. Todas las encuestas daban para 2015 unas Cortes fragmentadas, que nunca habrían aprobado una operación parlamentaria como la que se hizo (del 2 al 19 de junio) en apenas dieciséis días. Pero tampoco pudo Juan Carlos I culminar el año 2014, como era su intención. En julio iban a tener lugar las primarias del PSOE que traerían la renovación hacia no se sabía dónde. Rubalcaba suponía para el monarca la garantía del apoyo del principal partido de la oposición. Una confianza a la que el todavía secretario general correspondió negándose a dimitir la noche de las elecciones europeas, pese a los pésimos resultados, y culminando el encargo regio del aval parlamentario al relevo en la Corona.

Para el entorno del rey emérito, fue el derrumbe del prestigio de la monarquía en la opinión pública, unido al estado físico del monarca y las agitaciones de su vida privada, lo que le decidió a abdicar, no una pretendida conspiración de unos u otros políticos. Pero lo cierto es que los presidentes del Gobierno de la democracia ayudaron de manera activa a Juan Carlos I en su decisión; que de una manera u otra tomaron parte en el propio relevo, y que luego se ocuparon de acompañar al rey en su tránsito de monarca carismático a «jarrón chino» —según la metáfora del político nacionalista Iñaki Anasagasti con que en su día describió la propia jubilación de los expresidentes del Gobierno—. Ellos se encargaron de dar cariño al emérito en algunas cenas convenientemente fotografiadas, en medio del olvido y del notorio apartamiento al que fue sometido en los tres primeros años de reinado de Felipe VI.

Pese a este apartamiento y pese a algunos episodios singulares —como su polémica exclusión, en junio de 2017, del acto conmemorativo del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en el Congreso, y su monumental enfado filtrado a los medios—, el padre del actual monarca goza de un estatus con el que su antepasada Isabel II no se habría atrevido a soñar mientras vio reinar desde París —con contadas visitas y cortas estancias en España— primero a su hijo Alfonso XII y luego a su nieto Alfonso XIII. Desde luego, Juan Carlos cuenta con una visibilidad mucho mayor que la que tuvo la reina María Cristina, desaparecida tras los muros del Palacio Real, cuando Alfonso XIII se hizo con la mayoría de edad en el trono. Y, por supuesto, disfruta de un tratamiento que nunca conoció su padre, otro «jarrón chino» de la cercana Historia —«hijo de rey, padre de rey»— con el que el propio Juan Carlos hubo de convivir en sus primeros años de reinado y que, pese a dignificar luego con un monumental entierro en el panteón de los reyes de El Escorial, nunca tuvo su sitio en la nueva Casa ni se le dispensó el título de Majestad, sino de Alteza Real.

Por su parte, pasados cuatro años de reinado, el sucesor de Juan Carlos I goza del respaldo de los políticos constitucionalistas, pero el grado de aceptación popular está muy lejos del que disfruta en Holanda el primero de los reyes europeos que lo han sido gracias a una abdicación. Cuatro años después de su ascenso al trono, la consultora Ipsos registró un 63 % de holandeses que calificaban a su nuevo soberano de «humano»; un 60 % lo creía comprometido con su trabajo y su país; un 48 % lo tachaba de compasivo, y un 45 %, de simpático. Tanto es así que, pese a considerarlo excesivo, nadie ha puesto en cuestión su sueldo (866.000 euros) o el de la reina (343.000); prácticamente el triple del que perciben sus homólogos en España. (Sí está siendo polémico el futuro sueldo de la princesa de Orange, 263.000 euros, como ya se ha dicho.) Conocidos fueron los fastos que el rey Guillermo organizó en abril de 2017 para celebrar su cincuenta cumpleaños —acudieron los reyes Felipe y Letizia, pocos días antes de que los reyes eméritos cumplimentaran a sus más coetáneos reyes de Noruega—; y curiosa fue su iniciativa de invitar a los holandeses de a pie que cumplían su mismo aniversario. Pero tan interesante o más resultó, en clave de popularidad, la cuenta de Instagram que inauguró en esa fecha la Casa Real holandesa. Más de 30.000 seguidores cosechó el perfil en pocas horas.

Sobre la popularidad de Felipe VI nada se sabe a ciencia cierta, pese a las modestas encuestas de los medios de comunicación, en tanto el CIS ha dejado de preguntar por ello. Por otra parte, la inveterada prudencia de Felipe VI en una España que, pese a haberse recuperado de la crisis, mantiene mucho lastre social, le disuadió de imitar los fastos de su colega holandés en su propio cincuenta cumpleaños, el 31 de enero de 2018. Sin embargo, el padre de Leonor aprovechó la efeméride y la luna de miel generada con la opinión pública española por su discurso sobre Cataluña, para hacer el primer gran gesto de lanzamiento de su heredera, un acto puramente monárquico y de difícil digestión apenas meses antes, como fue la solemne imposición del Toisón a la princesa de Asturias. «Un gesto inteligente», opinó un político socialista, «con el que muchos españoles habrán caído en la cuenta por primera vez de que van a tener una reina». Y es que nunca es demasiado pronto para preparar la sucesión. Si Felipe siguiera los pasos de su padre, ésta tal vez se diera en apenas veinte años. El rey cumpliría setenta años; Leonor, treinta y dos.

6

Sucesora en el limbo jurídico. Adiós a la reforma

A diferencia de sus colegas europeas, el futuro de Leonor no está jurídicamente garantizado. Pese a todas las evidencias de tipo físico, político y simbólico —ceremonia del Toisón incluida—, la biología todavía podría poner en apuros al establishment y comprometer el plan marcado para la primogénita. Cuesta imaginarlo, pero aún cabría repetirse la historia de la princesa de Asturias María de las Mercedes, hija de Alfonso XII, desbancada de la sucesión por un hermano póstumo al que ya nadie esperaba. La voluntad de no engendrar un tercer hijo por parte de los reyes Felipe y Letizia forma parte de los más sólidos sobreentendidos de la «Corte» española. En todo caso, la incertidumbre sobre un nuevo embarazo se asumió desde hace años como un riesgo infinitamente menor para la Corona que el de una reforma constitucional que, pese a acabar de una vez por todas con la discriminación de género, abriría un indeseado debate político sobre monarquía o república. Hasta ese punto sigue siendo «delicada» —como gustan decir los altos representantes del Estado— la institución en España. Una reforma, en todo caso, altamente improbable aun con el cambio de Gobierno de junio de 2018.

Curiosamente, lo que al nacer Leonor parecía urgente, pasados trece años resulta a los doctos sencillamente improcedente. Para constatar el cambio basta recordar el optimismo del mismísimo Felipe de Borbón, aún príncipe de Asturias, el día en que nació su primogénita, la entonces infanta. Un optimismo sobre la reforma constitucional acorde con sus propias expectativas como padre: «Más de dos hijos, y menos de cinco», llegó a recoger la prensa en su boca. «La lógica de los tiempos», afirmó al ser preguntado por si la recién nacida sería reina, «indica que si se produce la reforma que está prevista, o que propone el Gobierno, y que deberían valorar y decidir las Cortes Generales, creo que plasmando el sentir mayoritario de los españoles, así será». «En todo caso», insistió el príncipe, prudente y siempre escrupuloso con la Carta Magna, «las Cortes serán las que deban valorar la oportunidad del momento político, que sin duda requerirá el mayor consenso posible».

Faltaban entonces pocos meses para que el Consejo de Estado se pronunciara a favor de la reforma constitucional propuesta por el Gobierno Zapatero, que pretendía corregir, entre otras tres cuestiones, el artículo 57 de la Constitución, y suprimir esa anomalía machista que ya sólo comparten en el mundo civilizado las coronas de España, Mónaco y Liechtenstein. Pero la famosa reforma se ahogó en el disenso entre socialistas y populares. Los primeros querían hacer coincidir la corrección del Título II con una modificación del Senado con la que los populares no estaban de acuerdo. Lo curioso es que, pasados once años, uno de los miembros de dicho Consejo, y «padre» de la Constitución por más señas, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, enmendaba la plana a sus predecesores en el órgano asesor del Estado. «Que el Gobierno, en su consulta de 2005, señalara esta reforma como prioritaria fue un error; que el Consejo de Estado no subrayara su inoportunidad, otro», afirmó en una conferencia organizada en abril de 2016 por La Caixa. Herrero tildaba la reforma de «justa», y hasta apostaba por que «sin duda se hará en el futuro»; sin embargo, subrayaba que le parecía igualmente «innecesaria e inoportuna». En su opinión, «la eliminación de la cláusula de varonía en el artículo 57 será un paso más de alto valor simbólico en la buena dirección, pero nada más que simbólico». Su tesis, tácitamente compartida hoy por los actuales miembros del Consejo de Estado, era que «el supuesto sucesorio parece felizmente muy lejano y, más que probablemente, asegurado a favor de una mujer». Así, «la reforma no es urgente. Además, su coste es desproporcionadamente alto. Porque el artículo 57 se encuentra situado en el Título II de la Constitución, cuya reforma exige el procedimiento reforzado del artículo 168; una mayoría de dos tercios en el Congreso y en el Senado, disolución de las Cámaras, repetición de la mayoría reforzada en las nuevas Cámaras y referéndum nacional. Un procedimiento harto complejo y costoso para una reforma que no apasiona a la opinión pública pero que, precisamente por eso, daría pie en las Cámaras y en la calle, ante las elecciones y el referéndum, y en el seno de los propios partidos políticos con una noble tradición republicana felizmente sacrificada en aras del consenso constitucional, a poner en tela de juicio la monarquía parlamentaria como forma de Estado». No es difícil deducir de las palabras de Herrero que de quien ahora recelan los defensores de la monarquía parlamentaria y constitucional no es del Partido Socialista sino de las formaciones populistas e independentistas (Podemos, ERC...), situadas a su izquierda.

Ya dos años antes de aquella ponencia, en el curso de otra conferencia celebrada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Herrero fue interpelado acerca de su tesis no reformista por el diputado socialista Ramón Jáuregui y por el magistrado emérito del Tribunal Constitucional Francisco Rubio Llorente, fallecido en 2016. El consejero de Estado insistió en que si el problema español hoy es la reforma de la cláusula de varonía es que no hay problemas en España.

LA TESIS DEL «YA SE VERÁ»

Los políticos, por lo general, se pronuncian a favor de ésta y de otras reformas legislativas en relación con la Corona. Así lo hacen en estas páginas Albert Rivera o Margarita Robles... Pero lo cierto es que la tesis no reformista está mucho más extendida hoy de lo que parece, dados los testimonios forzosamente anónimos recogidos en los más altos cargos del Estado. Tanto que, en estos tiempos de inestabilidad política, apenas asimilada la irrupción de nuevos partidos, superado el año de bloqueo parlamentario e inmersos en la crisis de Cataluña y en el tsunami político derivado de los casos de corrupción del PP y el triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez, el verdadero consenso no estriba tanto en acabar con la discriminación de género en la Corona como en no exponer a la institución al vendaval del debate político, a la tensión independentista, al escaparate de los medios y a la selva de las redes sociales.

Antes del nacimiento de la infanta Sofía —que aplazó el problema de un vástago varón—, la única duda jurídica sobre la reforma constitucional del Título II se basaba en la manera de salvar como sucesor al menor de los hijos del rey Juan Carlos y ya príncipe de Asturias. Recordemos que la reforma del Parlamento sueco en 1990 sí arrebató la sucesión al ya designado príncipe Carlos Felipe en favor de su hermana mayor, Victoria.

Pero con Felipe VI en el trono, lo que se impuso fue la tesis de la no reforma, y la única discusión que quedó fue en torno a un desarrollo legislativo —o sólo reglamentario— de la Carta Magna que aclare las dudas sobre la abdicación, la inhabilitación, la regencia, el papel del príncipe y tantas otras cuestiones que atañen a la Corona, o bien sobre si se ha de «resolver» —éste es el verbo que menciona la Constitución— cada «duda» o cada una de estas eventualidades de una manera puntual y no predeterminada.

Y es esta última tesis, a su vez, la que hoy en día está triunfando. Una tesis que cabe resumir en la máxima coloquial del «ya se verá», o en otras palabras, «doctores tiene la Iglesia del Derecho para resolver en cada caso lo que nos vaya llegando...». Así se hizo con la sorpresiva abdicación de Juan Carlos I —con una «ley-acto» elaborada ad hoc, sólo revisable por el Tribunal Constitucional—, y así se haría si, inopinadamente, naciera un hermano de Leonor.

UNA HISTORIA PLAGADA DE NORMAS A LA CARTA

La inconcreta voluntad reformista del actual régimen político retrotrae —salvando todas las distancias, que son muchas— al momento en que Carlos IV decidió abolir la Ley Sálica (1789) que el primer Borbón —su abuelo, Felipe V— trajo a España en 1713, y que prohibía a las mujeres el acceso al trono. Hasta entonces, los Austrias habían tenido dos reinas (Isabel y Juana) de acuerdo con el viejo orden sucesorio de las Partidas, que primaban al varón sobre la mujer, pero sin excluir a ésta. Desde la introducción de la francesa Ley Sálica, todo fueron problemas, si no cruentas guerras, como las carlistas en el siglo XIX. Claro que el indolente Carlos IV no resolvió nada, porque pese a declarar derogada la norma que excluía a las herederas al trono, no llegó a promulgar formalmente dicha decisión.

Fue su hijo Fernando (VII) quien lo hizo en 1830 por motivos bien prácticos, como el de asegurar la sucesión de su hija, la futura Isabel II, frente a las aspiraciones de su hermano Carlos... Y eso, desde luego, «mientras Dios no me conceda un varón». Una coletilla, esta última, que hacía suya la vieja ley española y que llevó a que su nieta Isabel —la primogénita de Isabel II y la más castiza de las princesas de Asturias, popularmente conocida como «la Chata»— tuviera que renunciar, por dos veces, a sus derechos a la Corona en favor de su hermano, el futuro Alfonso XII. De nada le sirvió a la Chata que para entonces su madre, la reina «liberal», hubiera aprobado ya otra norma dinástica clave, el Real Decreto de 1850, por la que se determinaba que el título de príncipe de Asturias correspondería jurídicamente al primogénito, «sin distinción de varones o hembras». Toda una tradición familiar y dinástica, pues, la de primar al varón sobre la hembra, que la propia Chata asumió sin problemas, y que hizo suya en el siglo XX el propio Juan Carlos; primero, al beneficiarse de ella sobre sus hermanas y, luego, al predeterminar la Constitución del 78 en favor de su hijo menor.

En realidad, cada uno de estos reyes iba legislando a su mejor conveniencia, y con el objetivo claro de blindar su propia descendencia. Lo hizo antes que Carlos IV, su padre Carlos III —el antecesor más «ilustrado» y admirado por el padre de Leonor, cuyo retrato preside la pared de su despacho de la Zarzuela— al apartar de la sucesión a su hermano menor, Luis, en 1776. Luis amenazaba la sucesión del futuro Carlos IV porque, a diferencia de todos los hijos napolitanos de Carlos III, él había nacido en España, condición indispensable para la sucesión en el trono, según había prometido a los españoles de manera solemne su padre Felipe V.

Aquella promesa de Felipe —no estampada en ningún documento vinculante— acabó por ser olvidada, pero Carlos III se las apañó para promulgar, esta vez sí, una norma, la Real Pragmática de Matrimonios, que obligaba a apartarse del trono a quien no se casara con persona de sangre real. Una estrategia a la que el rey napolitano sumó, sin recato alguno, su «autorización»/instrucción por escrito para que su hermano Luis —que había llevado una vida licenciosa tras abandonar el hábito de cardenal— contrajera matrimonio con «persona desigual», a saber, la zaragozana María Teresa de Vallabriga. (Lo cuenta el historiador Ángel Alcalá en su primera novela histórica: La infanta y el cardenal, 2015.)

Esta norma centenaria fue la misma que sirvió dos siglos después para privar de los derechos históricos a los hermanos de don Juan, el conde de Barcelona. Y el propio Juan Carlos la observó al casarse con Sofía de Grecia —y sus hermanas Pilar y Margarita, al renunciar a sus derechos dinásticos para contraer matrimonios «desiguales»—. Sin embargo, y aunque a regañadientes, fue a su mejor conveniencia como luego obró al obviar para su hijo Felipe aquella Pragmática, que le habría impedido casarse con Letizia Ortiz y protagonizar el primer matrimonio morganático de la historia dinástica. Hay autores que creen implícitamente derogada la Pragmática de Carlos III por la propia Constitución de 1978. Pero lo cierto es que la discrecionalidad del monarca, discretamente refrendada por el Gobierno socialista, fue equiparable a la que treinta años antes le había llevado a revalidar, también en favor de su hijo, la preferencia dinástica por el varón.

Cabe apuntar que, en los dos casos, Juan Carlos contaba con el plácet de la opinión pública. Décadas antes del triunfo mediático de las bodas morganáticas, la sucesión en favor de Felipe resultó más digerible en aquella España franquista, tan poco aficionada a la monarquía, que la expectativa de una futura reina en la persona de la infanta Elena. Hay que recordar, además, que la propia Ley de Franco de 1947 privaba a las princesas del acceso al trono con la misma rotundidad que la Ley Sálica de los primeros Borbones.

Sólo hubo, por cierto, una voz femenina en aquellas Cortes Constituyentes que abogaba por la igualdad de sexo en la sucesión a la Corona. Se llamaba María Teresa Revilla; fue diputada de UCD por Valladolid y la única mujer de la Comisión Constitucional que redactó la Carta Magna, compuesta por treinta y nueve miembros. «Yo creo que ninguna de las diputadas de aquella legislatura constituyente estuvimos conformes en la regulación de la Corona en lo que se refiere al derecho sucesorio. ¿Cómo se pudo entonces discriminar a la mujer en flagrante contradicción con lo que se decía en el artículo 14 de la propia Constitución?», seguía protestando la abogada cuarenta años después. También se significó el senador de Izquierda Democrática Manuel Villar Arregui, al sugerir un orden sucesorio igualitario, aun salvando —como luego hizo la reforma constitucional noruega en 1990— la designación previa del príncipe Felipe. Nadie les hizo el menor caso. Ambos son hoy anécdotas para la Historia.

Claro que al propio anecdotario de las desigualdades de género —esta vez en favor de la mujer— cabe sumar, por ejemplo, el que la Constitución del 78 distinguiera entre la reina consorte o el consorte de la reina; o que la viuda del rey sea reina y merezca el tratamiento de Majestad, mientras que el viudo de la reina sólo sea príncipe y sea tratado de Alteza.

QUE NADIE NOS REGULE

La actual tesis del «ya se verá» no deja, pues, de ser histórica. Y es la misma que apunta a la inconveniencia de las tantas veces demandada Ley Orgánica de la Corona, o la del —menos reclamado— Estatuto del heredero. Según Herrero de Miñón, así como algunos asesores mucho más próximos a la Casa que no han querido ser citados, la ley a la que hace expresa mención la propia Constitución sería «no menos innecesaria y perjudicial» que la propia reforma de la Carta Magna. Estos juristas apelan a los usos y costumbres como norma regulatoria de la función del monarca y de la actividad del heredero. Su tesis doctrinal es que las funciones de arbitrar y moderar que la Constitución atribuye al rey «responden a conceptos jurídicos indeterminados cuya falta de explicitación remite a la práctica».

En el fondo de esta tesis —insisto, muy compartida— se encuentra una posición contraria a la regulación de la Corona, en tanto pone a la institución en manos de los demás poderes del Estado. Se trata de evitar el sometimiento del rey o de su sucesor a los cambios de mayorías políticas y a los vaivenes de los debates parlamentarios, que convierten en provisional cualquier regulación de la institución y comprometen su neutralidad o el automatismo de su continuidad dinástica. En este mismo sentido, hace ya una década, Ángel Martínez Rexach advirtió del peligro de transformar la monarquía hereditaria en electiva, a través de una regulación intervencionista por parte de las Cámaras legislativas en materia, valga el caso, de inhabilitación. Así, según esta tesis dominante, con la Constitución correctamente interpretada en cada momento es suficiente.

Más recientemente, en octubre de 2014, cuando Leonor apenas había cumplido cuatro meses como princesa de Asturias, leíamos al catedrático y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, en su artículo «Un nuevo rey en nuestra monarquía parlamentaria» (El Cronista, n.º 47): «No cabe, en mi opinión, regular las abdicaciones o renuncias a la Corona, ni resolver las dudas de hecho o de derecho que ocurran en el orden sucesorio, mediante una ley orgánica general de desarrollo de la Institución, sino dictar una ley orgánica singular para el caso concreto. (...) Tampoco sería conveniente poner en manos del legislador ordinario, sino únicamente en las del legislador constitucional, la regulación sustancial (no administrativa) de la Corona». Según Aragón, que fue uno de los educadores del actual monarca, la auctoritas del rey es mayor que la potestas en una monarquía parlamentaria, y su correcto funcionamiento no se basa sólo en su regulación jurídica, sino en unas reglas políticas que competen a todos los poderes: «El monarca desarrolla sus funciones por medio de unas competencias sin poder y de una capacidad de actuación que ni descansa, ni puede descansar, en todos los casos, en una expresa y tasada precisión constitucional».

Lo cierto es que, a diferencia de otras monarquías, el sistema político que heredará Leonor sería capaz de destronarla de manera legal y democrática. Como razona alguien tan poco sospechoso de republicanismo como Albert Rivera, «está muy bien que el modelo constitucional español sea abierto y permita que los españoles podamos elegir lo que queramos ser, monarquía o república. Es el mejor incentivo para que el rey se gane al pueblo, porque no está ahí por tradición sino por decisión de los españoles, y ésa es la clave de nuestra monarquía parlamentaria». E insiste: «Eso es algo que tenemos muy claro los que hemos nacido en democracia. Los españoles somos soberanos para decidir el modelo que queremos».

Pero lo curioso es que, muchos años antes que Rivera, así mismo llegó a admitirlo en declaraciones públicas el propio padre de Leonor, siendo príncipe de Asturias. «La Constitución española permite un marco para el cambio de sistema, incluso la posibilidad de que se modifique la jefatura del Estado. Es una flexibilidad constitucional de España que es muy encomiable y que obliga al soberano a demostrar cada día que está a la altura de su puesto», afirmaba a su vuelta de Georgetown. El hoy monarca es mucho más discreto en sus expresiones y, en todo caso, su Casa siempre mantiene un respeto escrupuloso a la voluntad de las Cortes en lo que atañe, particularmente, a la decisión de emprender o no una regulación legislativa y expresa de la Corona.

Así, en términos doctrinales, la monarquía parlamentaria no es ya esa «forma política no jurídica» de la que hablaba Georg Jellinek en 1900, (Manuel Aragón, El Cronista, 2014) y la Constitución del 78 tiene mecanismos para cambiar la forma de Estado en favor de una república. Sin embargo, y de acuerdo con la tesis hoy dominante en España —aparente y tácitamente compartida por la institución, pese a su silenciosa corrección política—, ni el PP, ni el PSOE, ni Podemos ni ningún otro partido deberían condicionar con leyes y normas regulatorias la neutralidad de la Corona, su funcionamiento dinástico o la propia sucesión del rey en favor de Leonor.

La solución que esta mayoría jurídica silenciosa da para cualquier coyuntura que afecte a la Corona es elaborar una «leyacto» ad hoc, como la que sirvió para la abdicación de Juan Carlos I; una ley, por cierto, que se supo redactada por el subsecretario de la Presidencia Jaime Pérez Renovales, pero en cuyo borrador original participó, entre otros, el mismo jurista que cocinó las leyes de la Transición y que fuera ministro de Justicia con Adolfo Suárez, Landelino Lavilla. La aportación esencial del actual miembro del Consejo de Estado, dicho por fuentes de la Casa, fue evitar en los escritos que las Cortes «autorizaran» al rey a abdicar, y que se limitaran a «ratificar» la decisión del monarca.

Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, discípulo del fallecido Francisco Rubio Llorente y uno de los antiguos profesores del príncipe Felipe, es de esta misma opinión: «La manera impecable en que se desarrolló la abdicación y hasta la solución dada al posterior bloqueo político demuestran que la Casa tiene asesores muy competentes y que no es necesaria una ley de la Corona. Hay que evitar que el Gobierno o los partidos intervengan demasiado. Si regulas la institución, desconstitucionalizas. No sé si es lo más correcto, pero sí es lo más prudente».

Sea como sea, a todas estas digresiones jurídicas cabría añadir una explicación puramente política, como la que hace el mismo Albert Rivera sobre la merma del impulso reformista por parte de la propia Corona: «Sería bueno legislar, tal como establece la propia Constitución. Yo soy partidario. Y me consta que la regulación de una ley de la Corona estuvo bien vista por la Casa y que quienes la vinieron impidiendo fueron PSOE y PP. Hace años que Juan Carlos y Felipe lo querían, y de hecho corrió un borrador al respecto, pero es posible que esto haya cambiado. Ellos ven ahora que dos tercios de la Cámara les pueden ayudar a la hora de regular cosas razonables, pero que Podemos siempre puede sacar pecho en contra, y que puede arrastrar a una parte del PSOE y de los separatistas... Puede ser que ahora no les interese», admite, «porque las cosas les van razonablemente bien en otro plano».

El líder de Ciudadanos huye de responsabilizar a la Corona de cualquier interés inmovilista. «No podemos los políticos echar la culpa a los que no queremos que hagan política. Si hay que reformar alguna institución, si hay que regular un Estatuto de la Corona que no se ha hecho en treinta y cinco años... tenemos que hacerlo los políticos, no el rey. La monarquía parlamentaria es institucional, vacía de poderes políticos.»

7

Aforada, pero tan «responsable» como su tía Cristina

Pese a ser dominante la tesis no reformista ni reglamentista, ésta no es unánime. Hace ya treinta años, Alfredo Pérez de Armiñán y Manuel Fernández-Fontecha (La Monarquía y la Constitución, 1987) abogaban por una ley general que desarrollara los tres supuestos sobre los que indica legislar el artículo 57.5 de la Constitución: abdicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de la sucesión a la Corona. Y también hoy algunos de los juristas consultados —varios anónimos— siguen apuntando que una ley general previa habría tenido la ventaja de automatizar las renuncias, de manera que, a diferencia de las leyes-acto —como la de la abdicación de Juan Carlos I—, no se haría necesario un debate parlamentario, siempre comprometedor para la Corona.

Entre ellos —y pese a estar de acuerdo con el grueso de los expertos en que la reforma del Título II de la Constitución es ahora políticamente inoportuna, con la irrupción de los nuevos partidos y su impronta plebiscitaria— se cuentan los profesores Antonio Torres del Moral y Yolanda Gómez. Ambos niegan cualquier poder residual a la Corona y consideran necesaria una ley que sirva de marco legislativo —genérico, abierto, pero básico— a una nueva abdicación o una posible regencia de la princesa de Asturias, prevista por la Carta Magna. Cabe recordar, porque hay muchos españoles que lo desconocen, que si Felipe VI sufriera una enfermedad grave mientras Leonor fuera menor de edad, la regente y firmante de los reales decretos sería la reina Letizia. Sin embargo, nadie sabe cómo se llevaría a efecto esta disposición constitucional.

Para entender la reivindicación de estos juristas basta con aludir al caso de la infanta Cristina de Borbón, procesada por presunta corrupción sin menoscabo de sus derechos de sucesión a la Corona, en una causa (Nóos) que culminó con su absolución penal y su condena por responsabilidad civil. Torres del Moral no llega tan lejos como el propio rey Felipe, cuando motu proprio firmó un Real Decreto —refrendado por el Gobierno, claro— por el que revocó a su hermana el título de duquesa de Palma, pocos días antes de que la Audiencia de Palma de Mallorca decidiera sentarla en el banquillo. El profesor se conforma con que una nonnata ley de la Corona arrebatara de manera automática sus derechos de sucesión a los condenados en sentencia firme.

Y es que, a falta de una ley expresa, ni el (ya descartado) paso por la cárcel habría sido suficiente para arrebatarle a la hija del rey Juan Carlos esos derechos sucesorios que, según el entorno de la propia infanta, por cierto, son jurídicamente irrevocables e irrenunciables. Lo primero porque, según este entorno abiertamente crítico con la Zarzuela, el gesto del rey Felipe fue sólo político o simbólico: «Desde el 8 de diciembre de 1978, los títulos no son revocables. Y nunca, en todo caso, pueden revocarse por decreto. Siempre requieren de un expediente, como señalan los artículos 103 y 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo», argumenta un letrado. Y añade: «Además, tampoco podría renunciar la infanta, porque técnicamente los derechos sucesorios son expectativas de derechos que sólo se materializan en el momento de aceptar o rechazar la Corona. Su renuncia sólo habría tenido un carácter igualmente simbólico».

Claro que estos argumentos jurídicos son abiertamente contestados por un experto en Derecho nobiliario y letrado del Consejo de Estado como es Leandro Martínez Cardós: «Existen tres clases de títulos: los títulos de soberanía, que son los que corresponden al monarca, y son indelegables; los títulos nobiliarios de la Corona, que cede el rey con carácter personal a miembros de la familia real, y los títulos nobiliarios normales —unos son perpetuos o hereditarios; otros sólo vitalicios—. Pues bien, el título de duquesa de Palma, como el de Lugo o los de Cádiz y Badajoz, pertenecen a la segunda categoría: son todos vitalicios —es decir, los hijos de doña Cristina e Iñaki Urdangarín nunca habrían heredado el ducado, como no lo heredaron los hijos del duque de Badajoz, cuñado del rey Juan Carlos—, pero sí son perfectamente revocables por el propio rey».

Los nombres de los profesores Torres del Moral y Gómez se repiten inevitablemente por ser los pocos que ponen hoy su firma a esta corriente contestataria que, en todo caso, no es ideológicamente homogénea. Siempre desde el anonimato, altos funcionarios del Estado dictaminan la «fragilidad» institucional de la Corona española, no tanto por la ausencia de regulación como por la paradoja que supone negarse a elaborar una ley de la Corona y permitir al mismo tiempo que ésta se vea afectada por algunas leyes ordinarias. Así ocurrió, por ejemplo, con el aforamiento de la familia real, aprobado mediante una enmienda de urgencia a la Ley del Consejo General del Poder Judicial, pocos días después de dar luz verde a la Ley de abdicación de Juan Carlos I.

LOS TRUCOS PARLAMENTARIOS DE LA ABDICACIÓN

«¡Pues no le dimos vueltas a aquello!», confiesan dos directos responsables de aquella operación jurídico-parlamentaria. Las demandas de paternidad contra don Juan Carlos —finalmente rechazadas fechas después— se agolpaban en las puertas del Tribunal Supremo aquel junio de 2014, al mismo tiempo que el monarca cedía la Corona y su constitucional inviolabilidad. Había que preservar, al menos, su aforamiento ante el alto tribunal. Pero el PSOE de Rubalcaba no quería mezclar la abdicación con el aforamiento del rey. Aunque partidario de la medida, no quería cargar al nuevo rey con la mochila del aforamiento del padre. Y no sólo le preocupaba separar lo fundamental de lo accesorio, sino garantizar la unidad del Grupo Socialista en el apoyo a lo más importante, esto es, a la abdicación. Un cálculo que se reveló razonable, porque si el relevo en la Corona arrojó 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones, la extensión del aforamiento al rey emérito, la reina Letizia, la reina Sofía y la princesa de Asturias, dos semanas después, sólo se aprobó con los votos del PP, Foro Asturias y UPN: obtuvo 184 síes, 32 noes (UPyD, PNV, Izquierda Plural y el resto del Grupo Mixto) y la abultada cifra de 109 abstenciones (PSOE, CiU y Coalición Canaria).

Aun así, la verdadera batalla jurídica fue la que se libró intramuros en torno a la necesidad o no de una ley de abdicación. En realidad, la Historia pesaba más que el Derecho. Desde que el infausto Fernando VII entregara la Corona a Napoleón, todas las constituciones fueron copiando a «la Pepa» de 1812 la salvaguarda de exigir la intervención de las Cortes en esta eventual decisión regia. También la de 1869 requería una «ley especial» para «autorizar» al rey a abdicar la Corona, pero las Cortes que luego dieron paso a la Primera República se limitaron a aceptar la carta de renuncia que Amadeo de Saboya les remitió en febrero de 1873 para «devolver» la Corona «a la nación». Con este precedente, y la propia ausencia de un mandato expreso en la Carta Magna de 1978, hubo partidarios de no hacer pasar a la Corona por las «horcas caudinas» de una votación parlamentaria. De hecho, una vez conocida la abdicación, hubo públicas críticas en este sentido.

Pero las razones jurídica y política se impusieron. La razón jurídica, en tres fases: primero, a través del borrador redactado por el propio jefe de la Casa, Rafael Spottorno, entre noviembre de 2012 y febrero de 2013; segundo, con las aportaciones del think thank Faes, al que el propio monarca pidió asesoramiento en la primavera de aquel año; ya en 2014, con la discreta opinión del Consejo de Estado (Landelino Lavilla y Guadalupe Hernández Gil); y, finalmente, con la puesta en marcha de la propia maquinaria de abogados del Estado de la Moncloa: «Me parece que nos han puesto trabajo...», le dijo discretamente Soraya Sáenz de Santamaría a Rafael Spottorno en aquel decisivo mes de febrero. La abdicación, dicen ahora algunas de estas fuentes, podría haberse visto anulada por el Tribunal Constitucional sin una ley orgánica de por medio; una ley, como se ha dicho, no para «autorizar» al rey su decisión, como se decía en la Carta Magna de 1869, sino sólo para «hacerla efectiva», como rezaba el propio enunciado del proyecto legislativo de 2014.

En cuanto a la razón política, tanto el Gobierno de Rajoy como el PSOE de Rubalcaba coincidieron en que la monarquía parlamentaria del 78 no podía despojar del atributo de parlamentaria a la propia abdicación. En la exposición de motivos del proyecto de ley («Memoria de análisis de impacto normativo»), la vicepresidencia dirigida por Soraya Sáenz de Santamaría argumentaba que debía «optarse por la solución que propicie una mayor intervención de los representantes del titular de la soberanía, el pueblo español en su conjunto», y «hacer efectivo el principio democrático frente a quienes niegan debate y posibilidad de enmienda propios de la tramitación parlamentaria».

Sin embargo, lo cierto es que no fueron estrictamente «enmiendas propias de la tramitación parlamentaria» las que la Mesa del Congreso acabó por autorizar. El truco que se sumó al procedimiento de urgencia y lectura única del proyecto remitido por el Ejecutivo fue sustituir las habituales enmiendas con texto alternativo al proyecto de ley orgánica por las enmiendas de devolución; una fórmula no prevista en el viejo Reglamento del Congreso, pero puesta en práctica, desde los años ochenta, para ratificar o rechazar con un sí o con un no determinados acuerdos gubernamentales —como la firma de un tratado internacional o el cupo vasco—, pero sin opción alguna a variar su contenido. El truco parlamentario de la abdicación acabó por ahogar todas las protestas.

En realidad, la Moncloa y la Zarzuela habían estado dispuestas a dar luz verde al procedimiento habitual. Pero las advertencias jurídicas entre bastidores les pusieron en alerta sobre lo que vendría después: un aluvión de enmiendas, por parte de la oposición de izquierda y nacionalista, casi todas de carácter plebiscitario y hasta ajenas al contenido propio del proyecto legislativo. Compromís, Equo, Izquierda Plural, ERC, BNG, Geroa Bai... no sólo enmendaron el proyecto de ley de abdicación para pedir un referéndum sobre monarquía o república... en perentorios plazos de tiempo, por cierto, de uno a tres meses. Además, unos (Compromís, Equo) exigieron que el texto incluyera una declaración pública de bienes del monarca «para conocer en qué medida se ha enriquecido durante sus años de ocupación del cargo público». Otros (ERC) aprovecharon también para exigir un referéndum de autodeterminación, al tiempo que denunciaban el «carpetazo a la sucesión dinástica», el «todo atado y bien atado», el «pacto entre el actual bipartidismo» y la «burla a la democracia y al principio de igualdad»...

Había ganado la vía legislativa del relevo en la Corona, pero la cúpula del Estado empezaba a echar mucho en falta un Reglamento conjunto de Congreso y Senado, que habría facilitado los trámites y blindado más a la institución en un trance como aquél. En la Cámara Alta, donde los grupos parlamentarios vinieron a reproducir sus escritos del Congreso, ni siquiera se admitieron a trámite las enmiendas. La incómoda tesitura del Parlamento se saldó con un debate desairado en la tribuna —el primer debate real sobre la forma de Estado desde 1978—, pero con un resultado óptimo para la muy delicada sucesión en la Corona.

SIN ESTATUTO DE HEREDERA NI PREVISIONES SOBRE LA REGENCIA

Y es ese resultado, precisamente, el que augura improbables reformas en el futuro. Leonor parece destinada a crecer, no sólo sin una reforma constitucional contra la discriminación de género, no ya sin una ley que regule sucesiones, abdicaciones, regencias o tutorías en la Casa, sino ni siquiera con un Estatuto propio que determine sus funciones.

Sólo el sobrevenido aforamiento distingue la situación jurídica de Leonor de la de su tía Cristina. La heredera, a diferencia del monarca, ni es irresponsable ni es inviolable, lo que no la exime, como a su tía, de sentarse eventualmente en un banquillo. Si se diera el caso de que, en unos pocos años, tuviera un accidente con consecuencias penales al volante de un coche, la hija del rey debería someterse a la jurisdicción del Tribunal Supremo. «Si ocurriera algo, ya se verá», insisten los constitucionalistas más conservadores ante cualquier eventualidad. O, como opina con ironía Herrero de Miñón, «la heredera hará bien en conducir con precaución y el juez, en no llamarla a declarar...».

Hasta el presente, la fortuna ha sonreído tanto como la biología al príncipe de Asturias, quien, ya como rey, en una visita a la Dirección General de Tráfico de abril de 2015, reconoció haber tenido que pagar años atrás una multa por una infracción al volante.

Hay, entre los juristas próximos a la Casa, quien asegura que la princesa estaría amparada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para, por ejemplo, declarar por escrito como otros aforados (artículo 412.2). En todo caso, se trata de un privilegio que está cayendo en desuso por parte de los jueces, como bien se vio con la declaración del entonces presidente Rajoy como testigo en el primer juicio por el caso Gürtel.

Es curioso recordar que el aforamiento sirvió históricamente a los parlamentarios para defenderse de los reyes. La inmunidad les salvaba de los abusos económicos o de las presiones de la Corona. En nuestros tiempos, sin embargo, son los reyes los que piden protección al Parlamento —y los que juran su cargo ante él—, y fue el propio Parlamento, como se acaba de apuntar, el que hubo de improvisar un aforamiento al rey Juan Carlos cuando, con la abdicación, el antiguo monarca quedó por unos días desprovisto de la inmunidad e inviolabilidad de la Corona. De esta manera, el pequeño aluvión de demandas de paternidad que cayeron sobre el emérito pudieron ser instruidas, si no sofocadas, por el Tribunal Supremo. Hoy en día, el aforamiento es sólo una prerrogativa proporcional al nivel de representación de la persona que se trate. Parece de sentido común que Leonor no sea objeto de una vista en los juzgados de Plaza de Castilla, pero lo cierto y verdad es que su padre no estuvo exento de ese riesgo.

Ésta es sólo una de las razones por las que Torres del Moral pide —se diría que muy en soledad— un Estatuto para la heredera. Desde 1997 el jurista reclama (El príncipe de Asturias: su estatuto jurídico) una regulación poco encorsetada, genérica, de apenas dos artículos, pero específica, que subraye el precepto de que el heredero no ejerce funciones constitucionales pero sí una actividad pública como portavoz del rey y en actos refrendados por un ministro. Con ello viene a dar solución a lo apuntado una década antes por Fernández Fontecha y Pérez de Armiñán en La Monarquía y la Constitución. Según dichos autores, el heredero de la Corona «no tiene prerrogativas ni funciones propias», salvo, se entiende, la de ocupar eventualmente la regencia. Ni siquiera la de representar al rey en determinados actos. Si lo hace por delegación del monarca, seguirá siendo responsable de sus actos. Sólo si hablara en nombre del rey —lo que tampoco está regulado— podría beneficiarse del refrendo del Gobierno y de la consiguiente irresponsabilidad.

Pero ni la propia Yolanda Gómez está de acuerdo con la idea de aprobar un Estatuto específico para Leonor. Aunque también es partidaria de regular aspectos relativos al heredero en esa demandada Ley General de la Corona, opina que cuando a los dieciocho años la princesa de Asturias haga ante las Cortes el mismo juramento que el rey, estará asumiendo sus mismas funciones. Claro que no las funciones tasadas (firmar decretos, proponer candidato a la presidencia del Gobierno, disolver las Cámaras), pero sí las simbólicas y representativas. Gómez empieza por admitir (La monarquía parlamentaria: familia real y sucesión a la corona) que extender la irresponsabilidad a Leonor cuando actúe como «portavoz» de su padre, el rey, «resolvería no pocos problemas jurídicos»; sin embargo, añade, «presentaría otros». Así, advierte de que la Constitución no permite al rey decidir en qué actos puede ser sustituido, salvo que lo haga el Gobierno. De hecho, apunta, la inhabilitación del monarca que contempla la Carta Magna «tendría escasa aplicación si el rey pudiera ser sustituido por el heredero». Además, añade, la Constitución tampoco permite que «el príncipe o la princesa de Asturias, como enviado del rey, esté sujeto a mandato».

Desde la Zarzuela, las cosas se ven mucho más sencillas. Así como la Casa se muestra prudente en lo que se refiere a la facultad de las Cortes de promulgar una Ley de la Corona, las fuentes consultadas dan por superada la idea de un Estatuto para el heredero y la descarta con escaso disimulo. Y para ello se acogen a la mera experiencia, y al hecho de que el príncipe Felipe no tuviera problemas ni recibiera crítica alguna a su labor durante tantos años, pese a que no sólo no estaba regulada su función mediante estatuto, sino que ni siquiera estuvo aforado. Al juicio expreso de la reina Sofía (en el libro de Pilar Urbano, La reina, 2001), un Estatuto del heredero sólo serviría para «encorsetar» a la institución. Y ya desde el trono, el propio Felipe VI ha mostrado tanta cordialidad como desinterés de fondo hacia las teorías de Torres del Moral.

Quien mejor resume este punto de vista es Miguel Herrero, cuando vuelve a tirar de ironía y aserto, poniendo fin a la polémica: «No hay un estatus jurídico del heredero en todo el mundo. El heredero lo que hace es... heredar».

No obstante, algo debieron de calar las advertencias del jurista Torres del Moral cuando, desde 1997, cada vez que el príncipe Felipe viajaba a Latinoamérica para asistir a la toma de posesión de un mandatario, el Gobierno dictaba un decreto que lo habilitaba como representante del Estado. Así lo reconoció, de hecho, un ex alto cargo de la Casa para estas páginas. Aun así, se trató de una solución que tampoco era tal, porque reducía al príncipe a la condición de mero representante diplomático.

Sobre Leonor —el «príncipe heredero»—, la Constitución apenas dice tres cosas: que tendrá la dignidad de princesa de Asturias y demás títulos asociados a la Corona (artículo 57.2); que prestará juramento de fidelidad a las Cortes y de obediencia al rey al cumplir dieciocho años (artículo 61.2), y que —lo que ya se ha dicho—, a partir de esa misma edad, será regente de manera inmediata si se produce la inhabilitación del rey. Se trata de su función esencial, pese a que tampoco hay ley que defina las condiciones para que las Cortes inhabilitaran a Felipe VI (¿cabría una inhabilitación forzosa?, ¿qué grado de gravedad debería revestir la enfermedad?...). Tampoco es posible adivinar cómo se «resolvería», con una ley-acto, la regencia de Leonor, que en todo caso nunca sería reina hasta la muerte de su padre, el rey. Mucho menos está prevista la inhabilitación del sucesor, o sea, de Leonor, como recuerda el citado Ángel Martínez Rexach.

De nuevo en este caso, la Casa ha venido corrigiendo y acomodando sus actos a la mejor práctica, sin regulación expresa de por medio, ni interés conocido en ella. Así que éste será el alambre que tocará ir desenrollando a Leonor, y sobre el que habrá de caminar la heredera a medida que el reinado de Felipe VI se prolongue. «No existe un rol definido para un príncipe heredero. El príncipe mismo debe crearlo (...) con su propia personalidad, siempre cuidando de no tapar a la reina», decía una ilustrativa nota del Ministerio de Asuntos Exteriores danés de 1996, citada, curiosamente, por el propio Torres del Moral.

8

Cómo se hace una reina

Muchas han sido las princesas de Asturias pero muy pocas entre ellas las que luego fueron reinas. Apenas tres: Isabel la Católica; su hija, Juana la Loca, e Isabel II. Demasiado abismo histórico las separa de Leonor para buscar precedentes en el camino que las llevó al trono. La Católica hubo de firmar pactos y librar guerras. La Loca lo hizo contra los mismos fantasmas que le impidieron reinar. Isabel bastante tuvo con defenderse de los primeros carlistas antes de huir de los revolucionarios, y en todo caso, su incultura fue proverbial y su educación, muy deficiente. Lo cuenta en sus memorias la condesa de Espoz y Mina, que fue aya de la reina y de su hermana, durante la regencia de Espartero. Apenas tenía conocimientos de aritmética, gramática, geografía y pintura. Sólo le interesaba el canto. De hecho, participaba en las representaciones de palacio (José Luis Comellas, Isabel II, 2011) y Donoso Cortés se vio sorprendido una vez cuando fue a despachar y la reina le contestó cantando. Por si fuera poco, hacía alarde público de competir con el general Narváez en quién cometía más faltas de ortografía (Carmen Llorca, Isabel II y su tiempo, 1986).

Ninguna de ellas se enfrentó a los libros y a los exámenes que sin duda —más allá de otros imponderables aún más serios— pondrán a prueba a la reina del siglo XXI. Y sin embargo, como cuenta Bruno Aguilera, la educación del heredero de la Corona fue una materia de la que se ocupó de manera muy expresa la primera de las constituciones liberales. La mitificada la Pepa de Cádiz de 1812 supeditaba el plan de estudios del príncipe-princesa de Asturias a la estricta aprobación de las Cortes. Éstas, por cierto, exigían su propio juramento como príncipe «en defensa de la religión católica y en obediencia al rey», y le asignaban una remuneración desde su nacimiento.

Muy lejos de semejante control, España verá crecer a Leonor sin que populares, socialistas o «morados» siquiera opinen sobre si «progresa adecuadamente» o no. «No me lo he planteado nunca, pero creo que hay personas suficientemente preparadas para que los políticos no metamos la zarpa», dice Albert Rivera sobre el desconocido plan de estudios de la heredera. «Estoy convencido de que en el siglo XXI la única manera de que la monarquía dure en el tiempo es que el monarca se prepare mejor que cualquier político», es todo lo que añade el líder de Ciudadanos. «No tengo nada que decir sobre la educación de la futura reina», dice por su parte el exministro de Educación del Gobierno Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, «porque es hija de sus padres»... «¡Que dejen en paz a la niña!», abunda el popular Pablo Casado, recién llegado a la presidencia del PP al cierre de estas páginas, y añade: «Es princesa, pero también es Leonor, y su felicidad de ahora tiene mucho que ver con la fortaleza institucional del futuro». Pero también la diputada socialista Meritxell Batet, actual ministra de Política Territorial y Función Pública coincide, al asegurar que la formación de la futura reina «no debe formar parte del debate público en la Cámara». Eso sí, apunta que sería «bueno» para el propio rey que consultara sus planes con los políticos de manera informal; aunque, advierte, «las opiniones serían muy distintas». Y en efecto, su propio compañero de bancada Ignacio Urquizu, miembro como ella de la misma generación de jóvenes profesores de universidad, es mucho más reticente aún a la intervención de los políticos en la educación de la princesa: «Los políticos somos contingentes y, desde luego, ya no somos hoy referentes. Si hubiera políticos visionarios quizá podrían hacer aportaciones a la educación de la futura reina, pero dado el cambio social que se avecina con el cambio tecnológico, mejor será que lo hagan los sociólogos, los economistas, los ingenieros...».

Claro que la izquierda de base es, obviamente, mucho menos liberal. «Una vez admitido el disparate de que ella vaya a ser la jefa del Estado», dice otro profesor universitario y tertuliano de la SER, Luis Alegre, de Podemos, «los partidos deberían opinar sobre su educación. Aunque tendría derecho a estudiar lo que quiera, lo mínimo es que hiciera Derecho y, desde luego, que fuera a la universidad pública. De hecho, debería estudiar siempre en centros públicos. Ésta debería ser una obligación para los que tengan una responsabilidad pública, y habría que exigírsela».

Pero más allá de estos dogmas de la izquierda, la realidad es que ni Pablo Iglesias ni la actual cúpula de Podemos se han mostrado interesados por la formación de la heredera de una Corona a la que combaten de manera particularmente directa desde la crisis catalana. En el caso de la diputada Carolina Bescansa —única adversaria interna declarada de Iglesias... aunque por un error informático—, su desinterés es aún más explícito: «No soy partidaria de que los políticos controlen la educación o la agenda de la princesa. Yo creo en los derechos humanos. La educación es competencia exclusiva de los padres».

Lo cierto es que, hoy por hoy, nadie parece interesarse por la formación de la futura reina fuera de los muros del Monte del Pardo. Y lo que es más curioso, la hoja de ruta ni siquiera está marcada. Los planes se diseñan en el más estricto ámbito de la Casa Real, donde, por extraño que resulte, se asegura no haberlos iniciado siquiera. Tal vez ocurre, como apunta Juan José Laborda, expresidente del Senado con el felipismo y hoy presidente de la primera cátedra institucional sobre Monarquía Parlamentaria en la Universidad Rey Juan Carlos, que hoy en día no existe un «espejo de príncipes» como los que se escribían en el siglo XVIII. Y ya hasta los doctos han olvidado aquel De Rege et Regis institutione del jesuita Juan de Mariana, que en los albores del XVII decía: «Educar a un príncipe no es más, en fin de cuentas, que hacer de un hombre, una institución...». En España, además, ni siquiera hay normas ni tradiciones al respecto, como en Reino Unido. La Casa tiene sus límites y referencias constitucionales, pero lo cierto es que cuenta con una plena libertad en la educación y proyección de la personalidad y del perfil intelectual de la futura Leonor. Es libre, en todo caso, hasta para crear su propia tradición. Una corta tradición, de hecho, dado que arranca con su propio padre.

NO HAY NADA ESCRITO

Y es que el precedente de su abuelo no es trasplantable. Juan Carlos I tenía casi la misma edad que ahora su nieta (diez años) cuando llegó a Madrid, un martes 9 de noviembre de 1948, en un tren procedente de Lisboa, para comenzar su formación en España, instalarse en un palacete y emprender unos estudios exclusivos, estrechamente tutelados, y en compañía de un pequeño grupo de niños vip de la época. Por cierto, que el abuelo de Leonor —luego un rey reconocido— fue, sin ambages, un mal estudiante; esto probablemente favoreció a Franco en su pugna constante con su padre, don Juan, para hacer de él un militar al uso. En lugar de ir a Lovaina, como quiso el jefe de la dinastía, el general hizo de Juan Carlos un «hombre» a su paso por las tres academias militares de Tierra, Mar y Aire. El sueño universitario se quedó reducido a unas clases magistrales a la carta, primero en El Escorial y luego en la propia Zarzuela; eso sí, bajo la dirección del que luego sería el cerebro de la Transición española, Torcuato Fernández Miranda. Un esquema aparentemente similar al adoptado para su sucesor. Juan Carlos mantuvo el orden en la educación de su heredero (primero la formación castrense, luego la universitaria y, finalmente, la del contacto directo con la calle y las instituciones), pero otorgó a Felipe una instrucción más completa y mucho más abierta, acorde con su propia época.

Hoy por hoy, al menos de momento, quienes luego asesoraron a Juan Carlos I en la formación de su heredero apuestan sin fisuras por que se repita el mismo esquema del príncipe Felipe para la actual princesa de Asturias: colegio privado, último curso de bachiller en el extranjero, academias militares, universidad pública y máster, de nuevo, en el exterior, para finalizar con un periplo geográfico e institucional por el territorio nacional. De alguna manera, en la Casa persiste el apego a la tradición, por corta que ésta sea.

Nadie sabe —ni desde luego ha pedido explicaciones sobre ello— por qué el actual rey, a diferencia de sus hermanas, eligió su propio colegio para educar a su hija en sus primeros años. La infanta Elena eligió San Patricio, en Madrid, y la infanta Cristina, el Liceo Francés, en Barcelona, para sus respectivos vástagos. Pero la elección sí da cuenta del espíritu conservador de un rey que, a la hora de elegir a su equipo en la Zarzuela, o de confiar la formación de su hija, opta, sencillamente, por aquello que conoce bien.

A diferencia del de sus colegas europeas, la mayoría matriculadas en la escuela pública, el de Leonor es un colegio privado, laico pero de formación católica, y de clima tan protector como exclusivo y, por tanto, dotado de buen profesorado y buen nivel académico; un entorno cómodo, en todo caso, en lo que a ambiente y seguridad se refiere. Se trata, en definitiva, de uno de esos centros a los que cualquier familia de la alta burguesía querría llevar a sus hijos, en justa competencia con el Instituto Británico, el Liceo Francés o el Colegio Estudio (entre los laicos) o con los pocos colegios no concertados de instituciones religiosas. Una institución docente, si no de élites, sí de gente muy acomodada, con la que Leonor está forjando no sólo su carácter sino sus primeras y siempre importantes amistades, que probablemente la acompañarán toda la vida.

El desapego de la sociedad española hacia la monarquía y el propio desinterés de la clase política en la formación de la heredera han permitido a la familia real escapar a la crítica —fácil para la demagogia— hacia esta educación privilegiada. Claro que la situación podría cambiar en breve. No por casualidad, el primer plan de estudios para el príncipe Felipe se elaboró cuando el actual rey cumplió los dieciséis años. De hecho, el 4 de julio de 1984, la Zarzuela difundió un comunicado que dio pie a todo un debate mediático, en el que por primera vez se informaba de que el heredero realizaría su curso preuniversitario en el extranjero (el colegio Lagelfield, de Canadá). Se trata de un esquema que en muy pocos años podría repetirse en Leonor para que pruebe, como hizo su padre, las primeras mieles de la libertad... antes de volver e ir a la universidad.

LA SOLDADO LEONOR

Antes aún, la Casa habrá de resolver sobre el más que probable paso de la princesa por las academias militares; una decisión que podría no ser del todo pacífica —ya hoy genera las opiniones más encontradas dentro de cada formación política—, pero con la que la heredera seguiría también los pasos de su padre y crearía un hito sin precedentes en la historia de la monarquía.

En realidad, el padre de Leonor hizo una carrera calcada de la del padre; una carrera a la carta que duró los cuatro años preceptivos (hoy son cinco), pero que se repartió entre las tres academias militares de Zaragoza (Tierra), Marín (Mar) y San Javier (Aire). Decía Sabino Fernández Campo (José Apezarena, Felipe y Letizia: la conquista de un trono, 2014) sobre la futura educación castrense de la princesa de Asturias: «Hacer un curso en las tres academias me parece un poco exagerado». Se trata de una aseveración compartida ahora por algunos de sus sucesores. En su opinión, Leonor no necesitaría hacer una carrera militar completa como sus predecesores, y le bastaría con una suerte de máster condensado en las Fuerzas Armadas, mediante un año de formación en las tres academias. Ésta es, de hecho, la apuesta más repetida entre los políticos y profesionales consultados.

No obstante, para los antimilitaristas, la función representativa y la neutralidad política de la Corona sería poco conciliable con la imagen de una futura reina fusil en ristre y uniformada. En cuanto a los feministas, podría resultar una conquista de género que la hija de Felipe VI compitiera con los soldados de su reemplazo en absoluta igualdad de condiciones físicas. Sin embargo, el movimiento feminista, que ni siquiera ha levantado la bandera de la reforma constitucional para la supresión de la discriminación de género en la Corona, está muy lejos de hacer causa con la «soldado Leonor». «Me resulta indiferente que la heredera sea mujer. Isabel II no ha reportado mucho bien al feminismo», dice la edil de Madrid y portavoz del Ayuntamiento de Manuela Carmena, Rita Maestre.

La mujer en el Ejército, en todo caso, hace tiempo que ha dejado de ser una anécdota, y el propio Felipe VI ha hecho entrega de despachos a algunas de las más destacadas alumnas del Estado Mayor. Así que la simbólica llegada de Leonor a los barracones sería un hito para la monarquía, más que para el propio Ejército.

Es curioso constatar cómo los políticos más veteranos se inclinan por la formación militar de la heredera, frente a los representantes de la nueva política. Valga incluir entre estos últimos a Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso: «Si no es porque le gusta de manera especial, la princesa no tiene por qué tener formación militar. Hoy en día ni el ministro de Defensa es un militar ni lo es el presidente Donald Trump, pese a comandar las Fuerzas Armadas estadounidenses»... O a Albert Rivera: «La monarquía del siglo XXI tiene más que ver con la diplomacia, la formación humanística y los idiomas que con la formación militar. El saber no ocupa lugar, pero no creo que la formación académica deba ser militar porque sí. No es una condición sine qua non. Cuanto más sepa, mejor, pero su trabajo va a tener más que ver con la diplomacia, como se está viendo con su padre». «La formación militar», opina el nuevo líder de la derecha Pablo Casado, «no tiene por qué ser coger un fusil y hacer guardias. Seguramente tendrá más que ver hoy con la ciberseguridad y la ingeniería». Y algo similar opina el socialista Ignacio Urquizu: «Yo le daría a conocer los ejércitos, pero no la formaría como piloto de las Fuerzas Armadas». Se trata de jóvenes a los que también se une algún que otro veterano, como José Luis Ábalos, el «número dos» del nuevo PSOE de Pedro Sánchez y actual ministro de Fomento: «El hecho de que vaya a ser un día jefa de las Fuerzas Armadas no requiere que haga una formación castrense, de la misma manera que no obliga a hacer lo propio a un delegado del Gobierno, que es jefe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o a un alcalde, que lo es de la Policía Local».

No obstante, la tradición, la demanda implícita del estamento militar y el propio reconocimiento que los españoles tienen hacia las Fuerzas Armadas —particularmente la Guardia Civil, pero no sólo— pesan a favor de que la heredera pruebe la disciplina castrense. Así lo cree, por cierto, la propia colega de Ábalos, Meritxell Batet: «El que Leonor pase por las academias militares el tiempo que los especialistas estimen oportuno le garantizaría el respeto de las Fuerzas Armadas y su propio aprendizaje y aprecio por los valores que éstas representan».

Existen, desde ese mismo ángulo, razones de índole pedagógica y pragmática. «Es bueno que lo haga, porque la formación castrense proporciona capacidad de organización», apunta un militar en la reserva con muchos años de destino en las instituciones gubernamentales. Cuenta este militar que desde que el socialista Lluís Reverter sustituyó a los diplomáticos por militares en el protocolo de Presidencia del Gobierno, quedó demostrada su eficacia. Añade que son muchas empresas, españolas y americanas, las que fichan a militares retirados como directivos, precisamente, por sus dotes organizativas. Algo muy útil también para el oficio de reina.

Pesa, además, el precedente inmediato. Y es que, según cuenta un ministro de la época —y corrobora un exjefe de la Casa—, el rey Juan Carlos tuvo que convencer a un reacio Felipe González cuando le comunicó su intención de formar al príncipe en el Ejército. «Yo cedí todos mis poderes, pero no me quites el derecho de cualquier padre sobre la educación de sus hijos», argumentó el monarca. No es difícil imaginar un empeño similar en Felipe VI ante el jefe de Gobierno que en su día le corresponda. No sólo por su talante conservador, sino por su propia convicción, expresada cuando era teniente de Infantería y del Aire, y alférez de navío Borbón: «Me considero un miembro más de las Fuerzas Armadas. Lo más importante ha sido el conocimiento del hombre como profesional militar, con sus valores morales, humanos y profesionales».

Hoy en día, si hay una institución fiable e integrada en el sistema constitucional del 78 («sujeta», en lenguaje administrativo), ésa es el Ejército. Así lo argumenta el que fuera ministro de Defensa con el primer Gobierno del PP, Eduardo Serra. Por ello, y «por esa poco reconocida pero verdadera disposición de los militares a dar la vida por el Estado», subraya Serra, «la futura jefa del Estado deberá conocer cómo viven, y vivirlo de cerca». «Yo sería partidario de que la princesa pasase por las academias», añade, sumándose a lo declarado años atrás por el que fuera preceptor del príncipe Felipe, José Antonio Alcina: «Flaco favor se le haría a la futura reina si se le impidiera conocer esta institución nacional» (Apezarena, Felipe y Letizia: la conquista de un trono).

No todos lo tienen tan claro entre quienes gobernaron España. El propio compañero de gabinete de Serra, Josep Piqué, expresa sus dudas, pero también se inclina por la «tradición»: «Ni hay riesgo de involución que justifique el paso de la reina por las academias militares, ni ello hace falta en las demás monarquías consolidadas. Pero sí hay un elemento de tradición, un plus de autoridad que debería contemplarse».

Sea cual sea la decisión final sobre la formación castrense, en la Casa del rey se traslada la convicción de que el Gobierno de España tendrá una intervención directa y, desde luego, más determinante de la que, más adelante, podría tener en relación con los estudios universitarios. No en vano, apuntan, la propia carrera militar del príncipe fue objeto en su día de una ley específica.

¿Y SI ESTUDIA EN LA POMPEU FABRA?

Si pasa por las academias, Leonor será algo más mayor que sus compañeros de aula cuando finalmente llegue a cursar una carrera civil. Una carrera sobre la que —al igual que con su padre, para el que se realizaron cuatro planes diferentes— hay más dudas en torno al dónde que en torno al qué. Los profesores que acompañaron al príncipe tienen muy claro que Derecho sigue siendo hoy, como ayer, la base imprescindible para la formación de un monarca constitucional. Y ello aunque la biología le hubiera favorecido con la aptitud hacia las matemáticas. Al fin y al cabo, como recoge Apezarena en boca de Sabino Fernández Campo, su trabajo va a ser «firmar leyes».

Pero, como es evidente, no sólo va a ser eso. Curiosamente, alguno de los sucesores de Sabino apunta hoy a la necesidad de que la futura reina se forme en disciplinas que no están de moda, como las Humanidades; y algunos jóvenes políticos señalan la importancia que para el futuro tendrán las Ciencias Sociales (Económicas, Sociología, Política...). En cualquier caso, cabe apostar por alguna de las múltiples carreras mixtas que hoy en día existen, y que se adaptan muy bien a la idea con que se configuró el paso del padre de Leonor por la Universidad Autónoma de Madrid. Allí cursó Derecho más unas asignaturas de Economía; una formación universitaria a la carta aunque exigente, académicamente contrastada e internacionalmente convalidada, pero diferente de la más convencional carrera de Políticas cursada en la Universidad Complutense por su hermana Cristina —la primera infanta titulada, también, de la Historia—; o la de Ciencias de la Educación, en la que se licenció la infanta Elena, por la Universidad Pontificia de Comillas.

La Autónoma, entre las universidades públicas, tenía una cierta fama progresista por entonces que venía como anillo al dedo a la institución (durante un tiempo se apostó por Salamanca), según reconocen los que participaron en aquella formación. Tal vez por eso hay quienes ahora apuntan a otras posibles opciones, particularmente convenientes para Leonor, léase la Pompeu Fabra de Barcelona. Un centro público y catalán, con prestigio académico, podría ser una apuesta redonda para el futuro reinado. La «opción» le pareció perfecta, por razones obvias, a la que antes de convertirse en ministra del gabinete socialista fue profesora de Derecho Constitucional en dichas aulas durante más de veinte años, Meritxell Batet: «La educación sentimental configura tu forma de pensar, y en este sentido sería bueno que Leonor estudiara fuera de Madrid. Aunque no hay fórmulas mágicas en relación con Cataluña, sí se neutralizaría la beligerancia contra la Corona si se produjeran cosas concretas de manera simultánea, tales como que pase allí alguna larga estancia, y que hable perfectamente el catalán —la lengua es clave en Cataluña—, como que aprenda y use con normalidad el resto de las lenguas cooficiales de España». No obstante, otros políticos próximos a la Corona juzgan «impostada» la posibilidad de que Leonor estudie en una universidad catalana, y apuestan en todo caso por que el rey, de acuerdo con su temperamento prudente, lo rechace. De hecho, poco persistió el propio padre de Leonor en el consejo de otro socialista catalán, Pasqual Maragall, al anterior rey cuando, siendo príncipe, residió un tiempo (2002) en el barcelonés Palacio de Pedralbes (Apezarena, Felipe y Letizia: la conquista del trono).

Claro que, llegado el momento, tal vez no sea el rey el único en opinar. En 1988 los poderes públicos y los medios de comunicación polemizaron lo suyo acerca de la elección de estudios universitarios del príncipe. Pero lo cierto es que ni siquiera entonces hubo instrucciones directas del Gobierno. Y hoy basta escuchar a Rivera, por ejemplo, para adivinar un clima semejante en el caso de Leonor: «La formación y educación de Leonor no debería responder a criterios o guiños territoriales. Lo que tenemos que tener es una futura jefa de Estado igual o más preparada que su padre, absolutamente capacitada para el mundo que le toque vivir, que conozca los entresijos de la historia, la cultura y la Constitución de España, además de las lenguas cooficiales, que son un modelo en sí mismo de unidad y diversidad del país. Esto último no lo hace Rajoy ni otros presidentes, y es el tipo de gestos que un jefe de Estado tiene que hacer».

Lo probable es que la joven heredera haga también su Erasmus. El propio Aurelio Menéndez (fallecido en enero del 18), principal consejero universitario del actual rey, sugería en su día que Leonor fuera a una universidad no estadounidense sino europea, según recoge Apezarena en su libro. Lo seguro es que, como en el pasado hicieron el propio Menéndez o Manuel Aragón, algunos profesores se encargarán de completar sus estudios y guiar las visitas de la heredera por las instituciones. Y es que, a decir verdad, hacerse reina es algo más esforzado de lo que pueda parecer. Leonor no sólo habrá de aprobar su carrera —con notas dignas, contrastables—, sino también visitar las sedes de los órganos constitucionales y refrescar sus conocimientos de Historia, como hacía su padre todos los sábados por la mañana con la actual presidenta de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias.

Pero como afirma Yolanda Gómez, el mejor de los planes de formación no garantizaría una buena reina. Es imprescindible que Leonor resulte una joven personalmente dispuesta para el cargo: «Un heredero que poseyera virtudes personales (inteligencia, prudencia, disposición al trabajo y al sacrificio...) podría suplir la ausencia de una educación específica para la función de reinar; no estoy segura, sin embargo, de que lo contrario llevara al mismo resultado» (La monarquía parlamentaria: familia real y sucesión a la corona). Por eso, sea cual sea la estrategia, o el perfil de Leonor, toca esperar.

9

La primera jefa de los ejércitos

Leonor será la primera mujer llamada a ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Una función ciertamente pomposa que, no obstante, apenas ocupa el octavo lugar de las que le atribuye la Constitución (apartado H del artículo 62), y sólo es simbólica, carente de cualquier poder real. Aunque la princesa de hoy se convierta algún día en capitán general —el más alto rango militar, que sólo compartirá con su padre y abuelo mientras éstos vivan—, la futura reina no podrá dar una sola orden sin el refrendo del Gobierno. Herrero de Miñón lo llama «mando eminente, no operativo». Y no han faltado altos cargos, aún más desmitificadores, para los que la futura reina podrá vestir el uniforme de los tres ejércitos de la misma manera que se pondrá la toga en la apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo. Sin mayor implicación.

Sin embargo, la identificación de la Corona con las Fuerzas Armadas ha pervivido en la memoria colectiva desde el arranque de la democracia, tanto o más que la habida en regímenes anteriores. Desde 1978 —desde 1975, en realidad—, ambas instituciones la han alimentado con una ininterrumpida puesta en escena. Y es que la jefatura de los ejércitos representó un papel esencial en el reinado con que Juan Carlos reinauguró su dinastía. La Constitución llevaba ya tres años de andadura cuando, secuestrado el Gobierno de UCD en el Congreso por el teniente coronel Tejero, el monarca convirtió su mando simbólico en un auténtico poder ejecutivo. Aquel monarca ojeroso y uniformado que, desde la pantalla de televisión, saldó de madrugada ante los españoles el fracaso del golpe de Estado del 23-F, fue la imagen que salvó a la monarquía y de la que ésta vivió durante décadas, en realidad.

Fue su propia formación castrense en los ejércitos de Franco la que permitió al monarca frenar aquel conato de involución armada. No es superfluo recordar la anécdota que cuenta Fernando Puell en Rey de la democracia (VV. AA., 2017, pp. 115116), por la que, en medio de su paso por las academias militares, Juan Carlos se negó en una ocasión a obedecer a la llamada de su padre, don Juan, para que volviera a Estoril: «Soy un militar, ésa es mi carrera», se justificó ante el general Juan Castañón de Mena, para pedirle un cambio de destino que le impidiera en aquel momento abandonar España.

La personalidad del «patrón» sumó a esta circunstancia histórica y política el ambiente «cuartelero» que imprimió a su propia Casa. Cabe matizar que Juan Carlos rompió con la división que Franco había hecho entre las casas Civil y Militar —esta última, la de mayor peso— para recuperar la tradicional Casa del rey de la monarquía alfonsina, dentro de la cual siempre hubo un Cuarto Militar subordinado al propio jefe de la Casa. Pero el caso es que el abuelo de Leonor colocó en la jefatura de su Casa a un militar, el marqués de Mondéjar —que si bien era general de brigada de Caballería, fue para el monarca más un padre que un profesional de carrera—, y en la secretaría general, a otro que se haría particularmente famoso años después: Alfonso Armada.

Por cierto que, pocos años antes de implicarse y de ser condenado por el 23-F, el que fuera «número dos» de la Casa fue objeto de un discreto litigio entre el monarca y Adolfo Suárez. El presidente del Gobierno nunca le perdonó a Armada que hiciera propaganda por Alianza Popular en una carta con membrete de la Casa Real, y éste acabó saliendo de la Zarzuela para ocupar el cargo de gobernador militar de Lérida. Allí seguía en los meses previos al golpe de Estado, y allí tuvieron lugar sus conocidas conversaciones con políticos y sus pretendidas confidencias con don Juan Carlos a su paso por Baqueira. Pese a la insistencia del rey, Suárez se negó a nombrarle segundo jefe del Estado Mayor en diciembre del 80. Sólo con la dimisión de Suárez, el monarca logró del Gobierno de UCD el traslado a Madrid de su entonces amigo, quien nunca dejó de abonar la idea de la implicación del monarca en el preludio del golpe.

Pese a la sólo teórica condición simbólica de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, sabido es que Juan Carlos I seguía de cerca los ascensos. Esta tendencia natural del abuelo de Leonor recogía la tradición de sus antecesores en la Corona y la de las propias constituciones —la liberal de 1812 y la canovista de 1876— que conferían al monarca, éstas sí, un mando efectivo y material sobre las tropas. Pero sólo se trató de una disposición, por parte del monarca, porque a partir de julio de 1976 nunca llegó a la supervisión efectiva, y los propios gobiernos democráticos se esforzaron en mantenerla embridada. Al menos eso es lo que cuenta José Bono en sus memorias: que el rey le reprochó algunos de sus nombramientos como ministro de Defensa: «Yo sé más que tú de los ejércitos», le advirtió, si bien Bono se limitó a seguir el consejo de Felipe González a José Luis Rodríguez Zapatero: «Al rey hay que tratarle con deferencia pero, por su bien, no debe decidir los ascensos y los destinos de los generales, aunque se le deben consultar» (Fuentes, Con el rey y contra el rey).

El ambiente en el que ha crecido Leonor, desde luego, es sensiblemente distinto. Desde su paso efectivo por las tres academias, Felipe VI cultiva con pulcritud castrense al Ejército y con verdadera familiaridad a sus compañeros de promoción, con los que se reúne en cenas informales, y a cuyas prácticas ha llegado a llevar a la reina y a sus hijas. Además, ha mimado el ceremonial de las audiencias militares con la inédita solemnidad del Palacio Real. El padre de Leonor se siente cómodo junto a los militares de su generación, profesionales formados, de alta competencia técnica e internacional, y cuidada preparación física.

Su relación de camaradería con ellos es muy distinta y mayor de la que mantuvo su padre. Al «Juanito» de finales de los años cuarenta casi todo el mundo, sus propios compañeros de promoción —excepción hecha de algunos amigos— le llamaba de usted, y era conocido como «SAR» (Su Alteza Real). «¡Caballero cadete, cómo se atreve a tutear y a llamar por su nombre a una persona a la que yo, un teniente general, doy el tratamiento de Alteza Real!», le reprendió el duque de la Torre a uno de sus íntimos, a los que invitó a comer en Zaragoza (Vilallonga, El rey); al actual rey le tuteaban desde el principio, y aún hoy lo hacen, y le llaman «Felipe», o «Pipe», como asegura el coronel Jiménez —compañero de la 44 promoción de Zaragoza—, o «comandante Esteban» (Romero, El rey ante el espejo).

El padre de Leonor dormía en los cuarteles y se sometía a novatadas. El abuelo, a su paso por la Academia de Zaragoza, vivía en dos pequeñas dependencias ubicadas encima de la enfermería, y sólo compartía con los demás cadetes las horas de prácticas y de estudio. Comía los fines de semana en el Gran Hotel, estrechamente tutelado por el mencionado duque de la Torre, quien antes le había sometido a una férrea y singularizada disciplina para lograr el ingreso en la Academia. Ya en el trono —según testimonio directo—, Juan Carlos ponía firmes a sus ayudantes, llegado el caso. Felipe, dentro de los límites de su corrección formal, puede llegar a coleguear con ellos.

El abuelo de Leonor era tan militar como amante de la jerarquía castrense. En el 69, cuando siendo teniente fue nombrado príncipe de España, no puso reparos al título honorífico de general de brigada, general del Aire y contraalmirante de la Armada. Al llegar el 23-F, los tres ejércitos lo veían, para bien en aquel momento, como el nuevo Generalísimo. A ojos de los militares, el rey mandaba.

Sin embargo, el padre de Leonor —que a los nueve años había sido uniformado como soldado honorífico del Regimiento Inmemorial del Rey— rechazó ascender en el escalafón cuando (con treinta y un años) el primer Gobierno del PP le exoneró de los cursos preceptivos para ascender en su empleo de teniente coronel de Tierra y Aire y capitán de corbeta de la Armada (Decreto 1461/1999, de 17 de septiembre). Tampoco aceptó un ascenso en el escalafón cuando, fechas antes de su boda, se rumoreó la oportunidad de que luciera el uniforme de general, en lugar del que entonces le correspondía como comandante de Tierra. Eso sí, el día de su proclamación como rey y mando supremo de las Fuerzas Armadas, se convertía en capitán general.

CONTRA «LA MILI»

Aunque se siente feliz en el ambiente castrense y ejerce con los militares una camaradería sincera, menos jerarquizada que la de su padre, el actual rey es más que nada un político y un diplomático, un jefe de Estado especialmente versado en la Historia y el Derecho —basta hablar con no pocos académicos—, y no ya sólo informado sino realmente «enganchado» a los asuntos de la sociedad civil. El padre de Leonor se ha leído todos los libros que su padre nunca llegó a ojear u hojear siquiera. Eso sí, aunque igualmente deportista, ha invertido menos tiempo en desarrollar su instinto de cazador. Menos intuitivo que el abuelo, pero más instruido y reflexivo, y con criterio propio sobre los asuntos públicos. Siempre dentro de la discreción de los corrillos, el monarca demuestra verdadero dominio sobre cualquier asunto de las políticas nacional e internacional, y un conocimiento detallado de lo que se publica en prensa, sea española, europea o anglosajona. Algunos de sus profesores, precisamente, se vieron sorprendidos en su día por la claridad de ideas del príncipe cuando se pronunció en privado a favor de la suspensión de «la mili», el servicio militar obligatorio, antes aun de que el Gobierno del PP promulgara la ley.

Por otra parte, el «cuartel» de la Zarzuela, al que el propio Juan Carlos fue dando creciente entrada a civiles en los años noventa —en los ochenta apenas cabía distinguir uno, el jefe de Prensa, Fernando Gutiérrez—, sigue siendo un lugar habitado por militares, pero dominado ya por diplomáticos y abogados del Estado. Y a diferencia de su padre, Felipe VI no tiende a retener a sus ayudantes cuando ascienden en el escalafón. Los militares que se turnan en el servicio permanente al joven monarca son comandantes y capitanes de corbeta de los tres ejércitos, que se van sucediendo conforme ascienden a tenientes coroneles (de este empleo sólo quedaba uno en 2018, pero ya de salida).

En su primer año de reinado trascendió una pequeña polémica sobre la supresión del izado diario de la bandera en la Zarzuela y su drástica reducción a sólo tres ceremonias al año. Cundió la especie —nunca confirmada— de que los toques de corneta molestaban a la reina Letizia (sí se dijo que, reglamento en mano, sólo deberían hacerse en el cuartel de la Guardia Real, sito en El Pardo, pero fuera del recinto de la Zarzuela). También en el inicio del reinado, desde las Fuerzas Armadas no faltaron las quejas —siempre soterradas— acerca de la aminorada presencia de actos militares en la agenda oficial de la Corona. No obstante, ésta supo corregir el rumbo con gestos crecientes, como el de albergar en el Palacio Real algunas de las recepciones castrenses más importantes.

Pero quizá lo más significativo en la herencia de Leonor sea que, a diferencia de su abuelo (1975), de su tatarabuelo Alfonso XIII (1902) y de su trastatarabuelo Alfonso XII (1874), su padre Felipe VI obvió por completo a las Fuerzas Armadas en su mensaje de proclamación (2014). Eso sí, esa misma mañana, y antes de dirigirse al Congreso, lo primero que hizo fue recibir de su predecesor, el rey Juan Carlos, el fajín de capitán general, en una sencilla ceremonia dentro de la Zarzuela.

Y es que en el segundo reinado de la democracia, las Fuerzas Armadas habían dejado de ser un estamento autónomo, un poder del Estado en sí mismo, como efectivamente lo habían sido en su arranque, para convertirse en una institución modernizada y absolutamente dependiente del Ejecutivo de turno.

Así las cosas, y sea cual sea su educación castrense —de momento, su padre la ha exonerado de actos como el que a él mismo le convirtió en soldado honorario a los nueve años—, lo natural es que la sucesora de Felipe VI continúe por esta misma senda desmilitarizante. Se trata de la tendencia de la propia Historia. Más si cabe cuando ni siquiera los mandos operativos de las Fuerzas Armadas conservan la soberanía de antaño, antes de la plena integración de España en la OTAN y otras estructuras supranacionales. Al fin y al cabo —ésta sería otra manera de ver las cosas—, cualquier otra función que no fuera honorífica chocaría con el sarcasmo de que la reina quedara bajo el mando integrado en manos de un general extranjero.

LOS REYES SOLDADO

Aunque para sarcasmo, el que hoy representa el paso de los ancestros de Leonor por las filas de otros ejércitos. Empezando por Alfonso XII, el rey soldado, que se formó, primero, en la Academia Militar Teresiana de Viena (como argucia de Cánovas para separar al heredero de la camarilla que rodeaba a la exiliada Isabel II en París), y luego, en la Royal Military Academy de Sandhurst, como oficial británico, antes de volver a España y desplazarse, en su primer día en el trono, a la primera línea de la guerra carlista.

La identificación de Alfonso XII con el estamento militar fue fomentada por el propio Gobierno de la Restauración. Cánovas puso tanto empeño en que el joven monarca vistiera de uniforme de capitán general a su llegada al puerto de Barcelona —procedente de París—, que envió a Marsella al marqués de Benalúa para que le suministrara uno antes de embarcarse. Lo curioso es que el propio marqués —de complexión similar al joven Alfonso— había servido de percha para el sastre militar de Madrid (Fernando Puell, «El premilitarismo canovista», en Florentino Portero y Javier Tusell, editores, Antonio Cánovas y el sistema político de la Restauración, 1998, pp. 289-312.

Cabe hablar también del propio bisabuelo de Leonor, don Juan, al que la Guerra Civil sorprendió en la Escuela Naval de San Fernando, Cádiz, y que obtuvo en la de Darmouth el despacho de alférez de navío de la Armada británica, donde se formó por expresa petición de su padre, el exiliado Alfonso XIII, a su primo, el rey Jorge V. Y ello —atención— antes de ofrecerse por dos veces al general Franco a unirse a la rebelión contra la República; la primera vez llegó a volver en secreto a España con el nombre de Juan López (Bricard, Las dinastías reinantes en Europa). José María Zavala (La maldición de los Borbones, 2007) es quien más detalles aporta —cartas, nombres y fechas incluidas— sobre la implicación de toda la familia en la causa franquista, empezando por el propio Alfonso XIII y terminando por los trece Borbones muertos en la contienda. Estaban convencidos de que el Caudillo restablecería la monarquía.

«Me es grato recordar que entre esa juventud admirable habéis intentado formar, solicitando reiteradamente un puesto de soldado», le escribiría más tarde al bisabuelo de Leonor el avieso general, alimentando en el hijo de Alfonso XIII las expectativas de una Corona no implicada en la guerra. Habría de pasar un lustro aún para que don Juan quemara sus naves con Franco al publicar el «Manifiesto de Lausana» de 1945, y de que el «Generalísimo» se la jugara al hijo de Alfonso XIII con la Ley de Sucesión de 1947, con la que el Caudillo se reservaba para sí la jefatura del Estado y la libre designación de un futuro monarca.

Claro que por esos años, que fueron los de la Segunda Guerra Mundial, los reyes europeos andaban literalmente alistados. El rey (electo, en 1905) Haakon de Noruega fue venerado por sus súbditos por su militante resistencia a los nazis desde el exilio de Londres —y eso que el monarca, de origen danés, nunca aprendió el noruego—, y su hijo Olav, que recibió una importante preparación militar, fue nombrado jefe de Defensa por el Gobierno noruego, también en el exilio. Ya de vuelta en Noruega, Olav participó en operaciones militares y dirigió, como comandante en jefe del Ejército noruego, el desarme de las fuerzas alemanas de ocupación. De hecho, como cuenta el catedrático Lorenzo Cotino (Universidad de Valencia), la Constitución noruega no sólo confiere al monarca el mando de las Fuerzas Armadas, sino «el derecho de reclutar tropas» y «emplearlas en hostilidades en defensa del Reino».

También la reina Guillermina de Holanda mantuvo un beligerante activismo contra los nazis desde su exilio en Londres, y su yerno, el príncipe Bernardo, fue nombrado comandante en jefe del Ejército, antes de participar en la liberación de los Países Bajos.

Como contraste, el que precisamente se llevó la peor parte fue Leopoldo III de Bélgica, al que también la Constitución reconoce que «manda las Fuerzas Armadas», pero cuya capitulación como comandante en jefe ante las tropas de Hitler le forzó a abdicar la Corona seis años después de la liberación de los aliados. Leopoldo se negó al exilio y, bajo un duro cautiverio, decidió compartir destino con sus tropas y negociar con el propio Hitler la liberación de buena parte de ellas. Ni el Gobierno ni el pueblo belga llegaron a perdonarle, y tras un difícil lustro acabó por ceder el trono a su hijo Balduino.

En España, antes de la Gran Guerra, entre el rey soldado que fue Alfonso XII y el marino en busca de trono que ensayó ser don Juan, Alfonso XIII tuvo una intensa y tortuosa relación con el Ejército. No sólo influyó directamente en la política de ascensos, sino que alentó los privilegios de los militares en África y, luego, la propia guerra que acabó en el «Desastre de Annual» de 1921, con 10.000 españoles muertos o desaparecidos.

En la huida hacia delante de aquel desastre —por el que algunos osados políticos se atrevieron a señalar a la Corona en el propio Parlamento— radicó probablemente la causa de la alianza de Alfonso XIII con la dictadura del general Primo de Rivera en 1923. «Éste es mi Mussolini», llegó a afirmar (Fuentes, Con el rey y contra el rey, p. 46). Un comentario que fue curiosamente replicado siete años después por el dictador cuando, ungido por el rey a césar (1930), pronunció su propio sarcasmo: «¡A mí no me borbonea nadie!» (ibidem, p. 51).

El caso es que, sentenciados los errores de la Corona, políticos y militares contribuyeron a la pérdida del trono del tatarabuelo de Leonor. El pueblo tampoco le perdonó a Alfonso el descontento por preservar de la movilización militar en las guerras de África a los hijos de la clase dirigente. La implicación del rey en la esfera militar fue pues caldo de cultivo, con los años, para el advenimiento de la República.

Pese a ser el más militarista, a diferencia de su padre y de su hijo y su nieto, Alfonso XIII nunca pasó por las academias. Pero tenía verdadera afición por el estamento castrense —creció rodeado de uniformados y de clérigos—, hasta el punto de hacer instrucción de niño en palacio con armas de juguete, y de jugar a hacerla con sus propios hijos; los ponía firmes y los abroncaba cuando rompían el desfile, según contaba la infanta María Cristina (Zavala, Infantas). Además, como ironizaba Antonio Fontán (Apezarena, Felipe y Letizia: la conquista de un trono), al último rey exiliado le gustaba lucir todo tipo de uniformes desde muy temprana edad.

Y eso mismo, los uniformes —amén de los discursos de la Pascua Militar y alguna participación en maniobras y en conmemoraciones castrenses—, son lo que queda de las viejas guerras para los titulares de las monarquías parlamentarias de hoy en día, constreñidos hasta en su propio presupuesto de asistencia militar.

UN CUARTO MILITAR REDUCIDO

El Gobierno federal de Bélgica, sin ir más lejos, está inmerso en un drástico plan (2015-2019) de reducción del gasto militar de la monarquía, a razón de un 2 % anual. En 2014 el coste total de los 34 militares destinados al servicio de la Corona belga ascendió a 2.249.328 euros, y un año después descendió a 2.111.582 euros. Además, se eliminará la obligación del rey de viajar al extranjero en un avión de las Fuerzas Armadas. Felipe de los belgas cuenta con un Falcon como el que usa el rey de España, que dejará de estar a su disposición. En 2016 el rey belga gastó 84.000 euros en viajes privados en el Falcon, según informó en España Monarquía Confidencial.

Pese a los notables progresos de la Casa Real española en materia de transparencia, sus datos no son tan detallados. Claro que, en realidad, los de la Casa belga los aportó el Gobierno a petición parlamentaria, pero en lo que atañe a la Corona española, apenas se sabe que el rey viaja sin cortapisas en el Falcon de las Fuerzas Armadas, y que su Cuarto Militar es reducido, «más reducido por voluntad propia que el que tuvo su padre», según aseguran fuentes castrenses.

De acuerdo con la única información oficial facilitada, el actual Cuarto, que se aloja en el Palacio Real, se compone de una «decena» de miembros: un asesor jurídico militar, un interventor militar y un gabinete, a las órdenes del almirante Juan Ruiz Casas; de este gabinete también dependen, por delegación del jefe de la Casa, los alrededor de 700 guardias reales acuartelados en El Pardo, que constituyen la propia guardia militar, de escolta y de honores de la Corona.

Tanto ha cambiado la relación de la institución con las Fuerzas Armadas que no han faltado estudiosos en reflexionar sobre la posibilidad de que la futura reina de España pudiera optar por la objeción de conciencia. Pese a tratarse de política ficción, lo significativo es que esta remota posibilidad crearía un verdadero problema constitucional en España, semejante al que generó el rey Balduino al negarse a firmar la Ley del Aborto aprobada por las Cortes belgas. Según asegura María José Ciaurriz, catedrática de Derecho de la UNED, la cosa sería tan seria en términos constitucionales que requeriría la inhabilitación de la monarca. Pero, así como la Constitución permitiría inhabilitar a la reina Leonor por este motivo, no lo haría posible mientras fuera princesa heredera. Como ya se ha dicho, no está prevista inhabilitación alguna del sucesor al trono.

En el plano real, y con mucha mayor probabilidad, es factible que no tardemos en ver a una crecida Leonor reptando por los matorrales, embutida en el verde y marrón del Ejército de Tierra, al igual que hizo su padre y, más recientemente, también hizo Victoria de Suecia —hasta ahora la única heredera europea que se ha uniformado coyunturalmente—, cuando en 2003 participó en un curso básico de tres semanas en la Unidad de Misiones Internacionales del Centro Internacional de las Fuerzas Armadas Suecas, la Swedint. Leonor lo hará, de cualquier modo, igual que las 15.000 mujeres que ya jalonan los tres ejércitos. Además, la futura reina podrá en su día presidir los desfiles del 12 de Octubre, a los que asiste desde muy pequeña, y pronunciar su discurso anual a los mandos de las Fuerzas Armadas, reunidos en el Palacio Real por la Pascua Militar... Pero lo seguro es que no tendrá más margen de actuación que el muy estrecho que tuvo su propio abuelo Juan Carlos durante la crisis política, mediática y social que generó el apoyo de España a la intervención militar liderada por Estados Unidos en Irak.

DEL 23-F A LA GUERRA DE IRAK

Ni siquiera el propio Juan Carlos I pudo saltarse la letra de la Carta Magna cuando la izquierda le reclamaba que se opusiera a la política de José María Aznar. Como recuerda Ignacio de Otto y Pardo —discrepando de García de Enterría y otros autores, que atribuyen al monarca un poder residual para situaciones de extrema excepcionalidad—, el abuelo de Leonor tuvo que limitarse, en marzo de 2003, a pronunciar un discurso; un discurso, eso sí, lleno de guiños, que en cualquier caso pocos españoles recuerdan. Juan Carlos I admitió primero su personal «preocupación» por «el desarrollo de esta crisis», e hizo una pública llamada a la paz. Pero a continuación reconoció de manera escrupulosa la legitimidad del Gobierno del PP en su decisión de apoyar la intervención armada, tanto como la de la propia sociedad plural (la mayor parte de la opinión pública, desde luego) para contestarla y debatirla. Sólo en último lugar, el monarca reivindicó su propio «papel integrador» en la sociedad española como titular de la Corona.

En realidad, la irrelevante intervención del rey Juan Carlos en la crisis de Irak fue tan formalmente constitucional como lo había sido años atrás la mucho más decisiva del 23-F, porque en aquella lejana noche de 1981 el monarca no actuó solo, sino con la cobertura y el refrendo formal de los subsecretarios del Gobierno en funciones de la UCD, excepcionalmente reunidos tras el secuestro del Ejecutivo en el Congreso. Hasta en la máxima excepcionalidad política que representó aquel golpe de Estado, los poderes del rey —ciertamente ejecutivos esa noche— estuvieron reglados.

La diferencia, la clave para medir la trascendencia de la actuación de la Corona, estriba en el mayor o menor margen de actuación del Gobierno en ese preciso momento. En la crisis de Irak, Aznar tenía y ejercía sin recato su mayoría absoluta. Por el contrario, lo que en buena parte acerca, por su notorio efecto, los discursos de Juan Carlos el 23-F (frente al golpe militar) y de Felipe el 3-O (frente al golpe independentista) tiene mucho que ver con la debilidad de los ejecutivos de UCD y de Rajoy, respectivamente. En la crisis de Cataluña había un Gobierno, desde luego, pero parecía estar noqueado por la contestación interna y europea a los incidentes del referéndum del día 1 de octubre, sólo dos días antes del discurso de Felipe VI. No por casualidad —según fuentes recabadas del propio Partido Popular— el rey presionó lo suyo para obtener luz verde a su comparecencia.

A MENOS GOBIERNO, MÁS CORONA

A menos Gobierno, más Corona, cabría decir en momentos puntuales. Claro que semejante consideración resulta particularmente delicada en el terreno de la Defensa. No por casualidad, la joven izquierda reclama de manera insistente una reforma constitucional en el capítulo de las relaciones entre el Ejército y la Corona. Para Pablo Echenique (Podemos), sin ir más lejos, el que el rey ostente el mando de las Fuerzas Armadas no es nada simbólico y representa una «anomalía» democrática tan importante como que sea «inviolable»: «No es correcto decir que no tiene poderes, porque los tiene, y muy grandes, aunque no los utilice. Su poder es simbólico... hasta que hay problemas y sale el rey a poner orden». Además, insiste el «número dos» de Pablo Iglesias en otro orden de cosas, «que sea capaz de negociar contratos multimillonarios en el extranjero significa que tiene capacidad para hacerlo. Tiene más poder que el que utiliza».

«La jefatura suprema de las Fuerzas Armadas responde a un contexto concreto de salida de la dictadura, y habrá que actualizarla en el marco de una reforma constitucional», dice el exmiembro de la dirección de Podemos Luis Alegre, quien se remite a la propuesta de otra colega caída de las filas pablistas, pero diputada en activo, como Carolina Bescansa. Tal como reza la página 13 de su propuesta de reforma de la Carta Magna presentada a finales de 2017, es el presidente del Gobierno, directamente elegido en las urnas para el cargo, quien debería «asumir» el mando supremo de las Fuerzas Armadas. La propia Bescansa lo explica así: «En tanto las Fuerzas Armadas tienen encomendada la unidad de España, su mando supremo debe ser democratizado y pasar a manos del Ejecutivo o, si no, del Parlamento». Y añade, para que no quepan dudas: «Se trataría de aminorar la anomalía democrática que representa la monarquía». De momento, más allá de los «círculos» juveniles de la formación morada, nadie se ha hecho eco de la propuesta.

No obstante, el asunto lleva mucho tiempo dando vueltas. Y la Corona, desde luego, lo sabe. Cuando el catedrático Antonio Torres del Moral le dijo al joven monarca en una conversación informal que era partidario de la supresión del artículo 63.3 de la Constitución —«Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz»—, Felipe VI replicó con pragmatismo: «¡Pero si las guerras ya no las declara nadie!».

Con reforma o sin reforma constitucional —el horizonte político apunta más bien a lo segundo—, la futura reina, como Felipe VI, será un mando simbólico en la defensa de España. En vez de lidiar con los riesgos de involución de tiempos de su abuelo, habrá de sortear —un paso atrás de la élite castrense española y de la OTAN— los desafíos de la geopolítica internacional, y desenvolverse con conocimiento en el mundo de la Inteligencia. Y en todo caso, se forme o no en las academias, también habrá de mantener unas relaciones especiales y privilegiadas con uno de los estamentos básicos del Estado al que representa; el único, al fin y al cabo, que —como apunta el exministro de Defensa Eduardo Serra y tiende a olvidar la sociedad actual— está integrado por «hombres y mujeres que han jurado dar su vida por España».

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La reina y la religión

Leonor está siendo educada en la religión católica. Primero, por decisión de sus padres; después, por tradición histórica y dinástica, y sólo por último, por una concordancia tácita con la Constitución del 78, que además de establecer de manera expresa la libertad religiosa en España, consagra unas singulares «relaciones de cooperación» (artículo 16.3) con la Iglesia de Roma. Un modelo semejante al de la Constitución republicana de Italia, según apunta el historiador Juan Pablo Fusi, que cabe definir como aconfesional, pero con un «guiño» católico que «no compromete a nada, salvo a un cierto respeto a los símbolos».

Su primera comunión con los compañeros del colegio; la anual misa de Resurrección en Palma; su ceremonioso bautizo en la Zarzuela en presencia del Gobierno y del ministro de Justicia, notario mayor del Reino; su propia presentación, siendo bebé, a la Virgen de Atocha, siguiendo la tradición de la Casa Real desde Isabel II; el envío de flores de la Casa Real, el día de su nacimiento, a la catedral de la Almudena, la basílica de la Virgen de Atocha, y la iglesia sacramental de San Isidro de Madrid...

Los signos de su crecimiento público y privado en la fe de sus mayores han sido elocuentes y continuados, pese a su prolongada privacidad como princesa. No obstante, y al mismo tiempo, sus padres, los reyes, han protagonizado un singular, notable y progresivo vaciado de significación religiosa a la agenda pública de la jefatura del Estado. Y ello, hasta el extremo de renunciar a conectar con algunas muestras de la cultura local y popular de alto interés turístico. Felipe VI, valga el ejemplo, apenas ha asistido una vez, y a título personal —no oficial—, a las procesiones de la Semana Santa sevillana. La reina Letizia nunca lo ha hecho. Eso sí, en marzo del 18 el padre de Leonor sorprendió —y mucho— con una visita, también privada, al Jesús de Medinaceli de Madrid. En otro orden de cosas, los christmas de Navidad de los reyes han suprimido las imágenes e incluso los textos religiosos —que sí conservan en sus felicitaciones los reyes eméritos—, adaptándose a los usos actuales de la fotografía familiar y a la genérica expresión de buenos deseos. Además, como jefe del Estado, el monarca introdujo cambios puntuales, como el de ofrecer a los nuevos altos cargos la retirada del crucifijo, a voluntad, en las ceremonias de jura o promesa en la Zarzuela. Curiosamente, hasta la constitución del gobierno de Pedro Sánchez, ninguno se había acogido a ese derecho. Para la derecha gobernante de los primeros cuatro años de reinado, incluso para los no creyentes, el gesto habría representado una apostasía demasiado explícita para sí mismos y para su propio electorado.

La evolución de la sociedad española apunta a un retroceso aún mayor de estos signos religiosos de la Corona, enraizados no sólo en la tradición monárquica o en la antigua confesionalidad del Estado, sino en la propia cultura del pueblo español. Sin embargo, el cambio nunca será drástico. Ni siquiera a veinte años vista cabe apostar por una boda civil de la heredera del trono. O eso es lo que sostienen la mayoría de las élites del Estado. Leonor no encontraría trabas en la Constitución, pero sí habría de librar batalla con la Historia y tal vez también con una de las «dos Españas», sin olvidar la decepción de una amplia base social ávida del glamour de las catedralicias bodas reales. El divorcio —que nadie descarta como un derecho, también para la reina— ni siquiera está contemplado por la Carta Magna, pese a ser la primera aconfesional de la Historia de la nación, incluida la muy liberal Constitución de Cádiz.

Ni por ley ni por costumbres, la España secularizada de hoy le exigirá nunca a la futura reina que haga muestras de fe. Pero su condición sí la obligará a hacer equilibrios y medir muy bien sus apariciones públicas. Primero, porque la Constitución del 78 establece la conllevanza del Estado con todas las confesiones religiosas, lo que, por cierto, llegado el caso de ser invitada por la confesión musulmana, podría conducirla a la disyuntiva de ponerse o no el velo islámico (en 2014, su madre se lo puso en viaje oficial a Marruecos); un signo de identidad religiosa que en la Europa de hoy también puede serlo de discriminación de género. Esto es en todo caso lo que le dijo su padre de modo explícito en la ceremonia de entrega del Toisón de Oro, en el Palacio Real: «Deberás respetar a los demás, sus ideas y creencias...».

Pero también le tocará a Leonor hacer equilibrios con la propia confesión católica, porque un desapego con la todavía mayoritaria tradición del pueblo podría pasarle factura, como en algunas ocasiones ha ocurrido con la propia reina Letizia. Pese a no trascender a los medios, más de una vez se ha escuchado el desagrado de los fieles (en la catedral de Santiago, por ejemplo, durante la misa del Peregrino de su primer Año Compostelano) por la aparente falta de devoción de la soberana. A diferencia del monarca, y dicho por asistentes a funerales y otros ritos litúrgicos, la madre de Leonor rara vez se santigua o sigue los rezos en voz alta. Sin embargo, el clero la defiende con convicción frente a estos creyentes críticos sotto voce.

EL CLERO, CON LA FAMILIA REAL

De hecho, el padre Ángel, quien mantiene una relación informal y frecuente con la actual familia real, se permite desmentir la creencia popular con dos rotundas palabras: «Ella cree». Amigo personal de la abuela paterna de la reina, la periodista Menchu Álvarez del Valle, el párroco de San Antón sostiene que la reina Letizia mamó la fe de sus abuelos, con los que vivió de pequeña. Añade el creador de Mensajeros por la Paz que su labor solidaria con las ONG, los niños con enfermedades raras y otras obras sociales son «reflejo» de esa misma formación. Y aun insiste: «Son profundamente religiosos. También ella, aunque es más liberal. Y los dos lo están inculcando a sus hijas».

Claro que para el padre Ángel la religión no es un concepto confesional ni exclusivo, sino una actitud, la de «hacer el bien a los demás». «Yo no voy a tirar piedras sobre mi propio tejado», bromea, «pero lo lógico es que los reyes mantengan relación con todas las confesiones, y que en el futuro estén más pegados al suelo. Si cincuenta años atrás era impensable que el rey se casara con una divorciada, dentro de otros cincuenta no nos podría extrañar que la reina se casara por lo civil o con un novio evangelista... La ejemplaridad no está en casarse por la Iglesia sino en quererse de verdad. Lo importante es que tengan libertad...».

La reina no sólo parece contar con el sincero plácet del padre Ángel, sino también con el de la propia jerarquía eclesiástica. Cuenta un testigo presencial cómo en los días previos a la boda de los príncipes de Asturias, un comensal de Casa Ciriaco abordó al deán de la catedral de la Almudena, Antonio Astillero: «Hay que ver, qué horror, una divorciada...», a lo que monseñor replicó: «No tiene importancia, fíjese qué poca importancia tendrá, que se va a casar».

Por otra parte, no hay más que recoger la opinión del actual arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, para certificar el grado de satisfacción de la Iglesia con la actual familia real. Primero, a nivel institucional: el primado recuerda la visita de los reyes a la sede de la Conferencia Episcopal (22 de noviembre de 2016) en la que Felipe VI resumió el 50 aniversario de esta institución como el «tiempo en que España pasó de ser un Estado confesionalmente católico a declarar constitucionalmente su aconfesionalidad», y en el que la cúpula de la Iglesia, «desde el diálogo con los poderes públicos, ha cumplido con el principio de cooperación reconocido constitucionalmente y se ha convertido en herramienta imprescindible para hacer real y efectivo el derecho fundamental de libertad religiosa». Además, el arzobispo bendecido por el papa Francisco evoca al cardenal Tarancón cuando el 27 de noviembre de 1975 proclamaba: «La Iglesia nunca determinará qué autoridades deben gobernarnos, pero sí exigirá a todas que estén al servicio de la comunidad entera. (...) La Iglesia no pide ningún tipo de privilegio. Pide que se le reconozca la libertad que proclama para todos; pide el derecho a predicar el Evangelio entero».

Pero Osoro tampoco renuncia, ni mucho menos, a la condición católica del monarca: «Tenemos una Constitución en la que el rey lo es de todos los españoles y nos une a todos desde un amor entrañable y apasionado a España. El que el rey sea católico no solamente no impide que lo sea de todos los españoles, sino que, entendido el amor a todos tal y como nos lo enseña el Evangelio y lo describe el Concilio Vaticano II, con su proclamación y énfasis de la libertad religiosa, ese amor debe extenderse a quienes piensan de manera distinta a la nuestra, pues nos urge la obligación de hacernos prójimos de todo hombre». Además, aunque sin entrar en detalles, celebra el «ejemplo» de la pareja real en «su compromiso personal e institucional en obras solidarias...». Y celebra, de manera particular, la educación religiosa de la heredera: «Es evidente para todos los españoles que Sus Majestades los reyes educan a la futura reina, la princesa de Asturias, así. Es evidente que su presencia pública manifiesta el amor y cariño, la entrega para que los más altos valores entren en el corazón de sus hijas. Donde la verdad reine, donde ningún modo de violencia y muerte sacuda nuestra convivencia, donde nada esclavice, donde todos se conozcan y compartan la alegría de vivir, donde todos quepan sin ninguna discriminación...».

«Valoro de una manera especial», insiste uno de los prelados que más cerca han tratado a la pareja real desde que, siendo novios, él fue obispo de Asturias, «en coherencia con la tradición de la monarquía española, y con ello no discriminan a nadie, que eduquen cristianamente a la futura reina de España, porque la inserción del ser humano en la comunidad adquiere así una dimensión política que el cristianismo debe asumir bajo la inspiración evangélica del amor al prójimo, que elimina todo tipo de fronteras».

Sea como sea, atrás quedan para la Historia los piadosos peregrinajes de la reina viuda María Cristina por todos los santuarios e iglesias inimaginables para pedir el feliz alumbramiento del hijo póstumo de Alfonso XII; o el papismo de la muy licenciosa Isabel II, quien tanto empeño puso en que Pío IX apadrinara al futuro Alfonso XII pese a su dudosa paternidad (Zavala, La maldición de los Borbones). O la forzosa conversión al catolicismo de la anglicana Victoria Eugenia de Battenberg, para casarse con Alfonso XIII. Y, sin ir tan lejos, la de la propia abuela de Leonor, Sofía, de la fe ortodoxa al catolicismo. El propio Juan Carlos I, quien tanto hizo por la secularización de la monarquía, se presentó por dos veces como «rey católico» ante los papas Pablo VI y Juan Pablo II.

Pese a los rumores, la madre de Leonor, divorciada, finalmente casada por la Iglesia y fiel observante en los bautizos y comuniones de sus hijas, se ha visto ya libre de signos externos. Y la princesa de Asturias, por ejemplo, difícilmente habrá de atender a indicaciones como las que el que fuera preceptor del príncipe Felipe, José Antonio Alcina, le hacía a su padre en su primer curso en el extranjero: asistir a misa católica todos los domingos para evitar «una posible crítica» por su asistencia diaria a los servicios religiosos anglicanos del colegio canadiense (Felipe VI: la formación de un rey). Pero la monarca Leonor tendrá también difícil desentenderse de la religión que, como mínimo y de manera pública, profesa su padre, y que hasta el presente sigue siendo una marca indeleble de la Casa.

Sea cual sea su íntima creencia, la futura reina habrá de atender en todo caso a las nuevas sensibilidades y a la propia evolución de la Iglesia; a un concepto de religión tal vez menos ritual pero más solidario. Decía Sabino Fernández Campo: «Los valores de la religión católica me parecen básicos para inspirar a quien ha de desempeñar un papel destacado en la Historia de España». En los valores está, pues, la clave. Y en este sentido, podría resultar más predecible una joven Leonor en la trastienda de un banco de alimentos que de la mesa petitoria de la Cruz Roja el día de la banderita; una princesa de Asturias de visita en una residencia de mujeres maltratadas que en la cola del Jesús de Medinaceli, tan cultivada, en todo caso, por su abuela, la reina Sofía, por su tía, la infanta Elena, y por el propio rey, en su visita sorpresa de marzo del 18.

MÁS LIBRE QUE SUS COLEGAS EUROPEOS

Con probabilidad, Leonor navegará entre la tradición y la libertad; todo un lujo en relación con lo que acontece en el resto de las monarquías europeas. Sobre el papel, en Reino Unido ni Carlos, ni Guillermo ni Jorge podrían alcanzar el trono si se hicieran católicos. La Bill of Rights de 1689 aún vigente prohíbe a los papistas acceder al trono, lo cual no deja de ser coherente con la circunstancia —chirriante para los españoles— de que el monarca de Inglaterra no sólo ha de ser protestante, sino que ocupa la más alta magistratura de la Iglesia anglicana. Hasta 2011 ni siquiera podía casarse con una persona católica, si bien todos miraron para otro lado cuando el príncipe de Gales contrajo matrimonio civil (2005) con Camila Parker Bowles, duquesa de Cornualles, destinada a ser, técnicamente, la primera reina consorte de Inglaterra de origen católico.

Aunque, en la práctica, los ingleses se quedan cortos en comparación con los suecos. Por paradójico que resulte, este avanzadísimo país europeo «excluye de todo derecho a la sucesión» al heredero del trono que no profese la religión luterana. Aún más, la ley sueca obliga a la familia real a «educar» a sus hijos en dicha confesión. Pese a que la Iglesia protestante se ha ido separando progresivamente del Estado, la Constitución de 1974 declaró expresamente en vigor dicha ley, que data del siglo XVIII; esto significa que Victoria sólo puede elegir entre ser luterana... o luterana si quiere reinar.

Y no es la única. La misma disyuntiva aguarda a Ingrid Alexandra (como a su padre, Haakon) de Noruega, o a Cristián de Dinamarca (y antes a su padre, Federico), si sus respectivos países no modifican sus constituciones. Catalina Amalia de Holanda no estará condicionada por las normas, pero es de prever que continúe con la tradición en la Corona de formar parte de la Iglesia reformista de los Países Bajos; como que Isabel de los belgas persevere en la confesión del más católico de los reyes europeos, su tío abuelo Balduino, quien abdicó por el plazo de dos días para no firmar la Ley del Aborto.

En España, sin embargo, antes aun de entrar en vigor la Carta Magna del 78, Juan Carlos I libró una significativa batalla, no ya por la aconfesionalidad actual sino por la efectiva separación entre Iglesia y Estado. Cuenta Charles Powell en Rey de la Democracia (pp. 161-162) que una de las gestas que el monarca ganó al primer presidente del Gobierno postfranquista, Carlos Arias Navarro, fue la renuncia a la presentación de obispos. No obstante, el monarca sólo lo logró después de cesar a Arias y de haber asistido, aún impotente, a las amenazas de expulsión del presidente del Gobierno a los prelados incómodos al Régimen. Esta impronta liberal de la Corona española se compadece, no obstante, con una tradición confesional de carácter familiar en los Borbones a la que la hija de Felipe y Letizia no será indiferente.

En todo caso, Leonor crecerá con dos espejos en que mirarse: por un lado, su padre, el más ceremonioso en lo que a actos confesionales se refiere; por el otro, su madre, quien, sean cuales sean sus convicciones, exhibe una mayor distancia del culto. El perfil que transmita Leonor en este sentido será analizado con lupa por la ciudadanía. También, y de manera muy particular, por la España descreída. La Constitución del 78 es aconfesional, no laica, pero el laicismo forma parte de otra de las grandes tradiciones españolas desde los años de la Segunda República, que permanece viva en una parte también significativa de la población especialmente visible en la nueva izquierda.

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Boda por amor... si no la vetan

La sociedad actual quiere ver en su monarquía un remedo de los antiguos cuentos de hadas. A falta de la vieja mística religiosa y política de la Corona, buscan en este arcano de la jefatura del Estado una suerte de novela contemporánea bien ilustrada, en la que la mezcla de sangre y los dictados del corazón convivan —sin demasiado sobresalto— con la grandeza de los símbolos y el peso de siglos de bodas de Estado. Ello favorece claramente la tendencia de los príncipes y reyes contemporáneos a casarse con quien les plazca. Una tendencia histórica radicalmente nueva, que apenas se ha impuesto en unas décadas y que, a pesar de sus tropiezos, ha llegado para quedarse. No han pasado más de ocho décadas (1936) de la obligada y escandalosa renuncia del rey Eduardo al trono de Inglaterra para casarse con una americana divorciada; y a punto estuvo de hacerlo también el príncipe Harald de Noruega, al que costó nueve largos años (1968) convencer a su padre y a su Parlamento de que su novia, la plebeya Sonja Haraldsen (quien también presionó con una amenaza de suicidio), sería una buena reina.

Apenas tres años antes de él, toda una huelga de hambre tuvo que librar la princesa Beatriz de Holanda para vencer las resistencias de la reina Juliana y de su propio Parlamento hacia su futuro marido, el diplomático alemán Klaus von Amsberg. Por otra parte, antes de que las nuevas generaciones de príncipes europeos siguieran su ejemplo, hace sólo veinte años que el propio Felipe de Borbón hubo de lidiar seriamente con un panel de candidatas regias (Marta Luisa de Noruega, Victoria de Suecia...) al tiempo que encadenaba amores reales (Isabel Sartorius, Gigi Howard, Eva Sannun, o la propia Letizia Ortiz Rocasolano) hasta convertirse en el primer rey de la Historia de España en contraer matrimonio morganático; uno más entre los príncipes de su generación que hoy reinan en Europa.

La implantación de las nuevas bodas por amor rompe con siglos de enlaces concertados entre casas dinásticas y, en particular, con la secular y muy poco saludable consanguineidad ejercida por los primeros Borbones, así como con una larguísima lista de matrimonios desgraciados y, aún más, con la sorprendente relación de herederos fruto del adulterio en la Corona. En el caso de Isabel II, la «reina ninfómana», sólo la madre otorgó la legitimidad a sus diez descendientes. Su esposo y primo, Francisco de Asís, no fue el padre de ninguno. El de Alfonso XII, en concreto, se llamaba Enrique Puigmoltó, y fue un oficial. Así se lo insinuó la propia reina: «Hijo mío, la única sangre Borbón que corre por tus venas es la mía» (César Cervera, ABC, 16-5-2015). El general Serrano, quien la derrocó del trono, había sido, casualmente, uno de sus primeros amantes (Bricard, Las dinastías reinantes en Europa).

Desde los tiempos de Alfonso XII y María de las Mercedes, los Borbones no han protagonizado ninguna verdadera historia de amor en el trono. Y aun aquélla tuvo sus sombras, dado que el rey mantuvo amante y dos hijos fuera de palacio (Aurora García Mateache, La favorita, 2015). De momento, sólo Felipe VI puede acreditar una convivencia aparentemente feliz, acorde con el modelo que representa; un precedente que favorece a la heredera, pero que no la libera del todo.

Porque lo que no ha cambiado de momento es que, sea con «iguales» o con «personas desiguales», las monarquías europeas siguen formalmente constreñidas —antes por las leyes dinásticas, ahora por las constituciones y los parlamentos— por la institución del matrimonio. El propio Felipe VI, al tiempo que obviaba la Pragmática Sanción de su admirado antepasado Carlos III —a raíz de un discretísimo y aún desconocido informe del Gobierno socialista solicitado por la Zarzuela—, declaraba en sus años de príncipe: «En una monarquía, el matrimonio y la descendencia son consustanciales a la propia institución».

El automatismo de la sucesión, con el que este viejo sistema sustituye al mecanismo electivo de la presidencia en las repúblicas, se ha regido por el principio esencial de legitimidad, unido a la concepción de los esposos legal y canónicamente casados. Un principio muy rigorista en la Historia que en las dos últimas generaciones de las casas reales europeas sólo fue conculcado en Mónaco, con la princesa Carlota, la hija ilegítima de Luis II, que éste hubo de adoptar en 1919 para salvar su sucesión directa, y que se convirtió en la madre de Rainiero III y abuela del actual rey Alberto.

Como dice Yolanda Gómez, la monarquía «es la única institución pública que se asienta en una institución privada», o sea, sobre una familia; lo que significa, dicho al revés, que la familia que encarna la monarquía parlamentaria es la única sujeta al servicio y arbitrio de la soberanía nacional. No obstante, pese a todo el peso de la Historia, lo consustancial a la Corona, según señala Gómez, no es tanto el matrimonio como la familia; una institución mucho más amplia en la España contemporánea que la que ha representado el modelo tradicional. Así, y por impensable que ahora resulte, la monarquía podría convivir en el futuro con nuevas fórmulas, como las parejas de hecho, jurídicamente igualadas ya a las parejas casadas. En realidad, este cambio en el derecho civil ha afectado de lleno al propio principio de legitimidad en el derecho nobiliario. Según el letrado Leandro Martínez Cardós, la vieja legitimidad derivada del matrimonio ha mutado a una pura legitimidad de sangre, hasta el extremo de que los únicos excluidos hoy de la herencia del título son los hijos adoptivos. Claro que, según incide otro letrado, la monarquía no se rige por el derecho nobiliario. En todo caso, vista la rapidez con que se están acometiendo los cambios en la institución, la legitimidad de sangre podría llegar a ser la única limitación, también, para la sucesión directa de un eventual rey homosexual en la España del futuro.

EN MANOS DEL REY, MÁS QUE DE LAS CORTES

Hoy por hoy, Leonor tiene suerte de no haber nacido heredera de la Corona holandesa, porque Catalina Amalia quedará literalmente «excluida de la sucesión» si se le ocurre contraer matrimonio sin autorización expresa de la Cámara. De ahí los problemas que tuvo su abuela Juliana —su novio había militado en las Juventudes Hitlerianas— y su propio padre, Guillermo, cuando, siendo príncipe, se empeñó en casarse con Máxima Zorreguieta, hija del exsecretario de Agricultura de Argentina con la dictadura militar de Jorge Videla. La actual reina de Holanda tuvo que hacer una declaración de rechazo expreso a la dictadura y renunciar, por supuesto, a que su padre asistiera a la boda. Catalina Amalia no tendrá mayor libertad si espera a heredar el trono. La ley holandesa considera «abdicado» al monarca que se case sin autorización legislativa. Cabe recordar, de hecho, que el príncipe Johan Friso, hermano menor de Guillermo de Holanda —fallecido en 2013 tras un año en coma profundo por un alud de nieve— se vio obligado a renunciar a sus derechos sucesorios para casarse en 2004 con una mujer (Mabel Wisse) que confesó haber convivido con un narcotraficante (Klaas Bruinsma). El Gobierno y el Parlamento de los Países Bajos se habían opuesto a la boda.

Algo muy parecido le pasará a Cristián de Dinamarca, al que la Ley de Sucesión obliga a someter su boda a la aprobación del Consejo de Ministros. Y ello, bajo advertencia de exclusión del trono para él y para su descendencia. Una circunstancia por la que ya ha pasado la futura Victoria de Suecia. En cambio a Isabel de los belgas le bastará con el consentimiento de su padre, el rey Felipe; y a Ingrid Alexandra, con el del suyo, Haakon, cuando éste llegue al trono de Noruega.

Por lo tanto, excluidos estos dos últimos casos, Leonor puede sentirse la más afortunada de las princesas europeas. Podrá casarse con quien quiera... salvo que lo prohíban de manera expresa su padre el rey y las Cortes Generales, quedando así «excluida» de los derechos de sucesión, para sí y para sus descendientes (artículo 57.4 de la Constitución). En otras palabras, la princesa de Asturias no necesitará pedir un permiso expreso para su boda, mientras que el rechazo sí deberá serlo, por razones inconcretas pero se entiende que graves. Sin oposición formal, hay aprobación tácita.

En realidad, según sostienen los expertos consultados, el único veto serio a los planes de la princesa provendría de su padre, el rey: la función de las Cortes consistiría en validar dicho veto, igual que en su día refrendaron la abdicación de Juan Carlos I. Así lo apuntaba Alfredo Pérez de Armiñán (Comentarios a la Constitución Española de 1978, capítulo «Sucesión a la Corona», 2006, en la edición ampliada de la obra compartida con el fallecido Joaquín Tomás Villarroya de 1997, p. 163): «La razón consiste en evitar una discrepancia o enfrentamiento entre las Cortes Generales y el monarca en el caso de que las primeras tomen la iniciativa de la prohibición y el segundo la rechace». Así, «de no darse iniciativa regia y voluntad consiguiente de prohibición, no intervendrían las Cortes Generales, a las que no se cercena con ello su potestad, ya que ésta debe ejercerse necesariamente con el Rey». Y así se desprende también de las consultas oficiosas que se evacuaron en las fechas inmediatas al compromiso nupcial anunciado por los príncipes de Asturias. Desde el Parlamento se informó —de manera discreta— que, sin el veto de Juan Carlos I, las Cámaras no tendrían por qué poner objeciones a la boda del príncipe Felipe con Letizia Ortiz Rocasolano.

Curiosamente, son los antimonárquicos los más reacios a este veto constitucional en España: «No puede haber ningún poder del Estado no sometido al principio democrático. Es una violación de los derechos fundamentales y un disparate que las Cortes puedan vetar un matrimonio, como lo es que, según la Constitución, Letizia pudiera convertirse en regente», opina la diputada de Podemos Carolina Bescansa, autora, como se ha dicho, de una propuesta singular de reforma de la Carta Magna. Pero no son los únicos; algunos socialistas consideran el veto parlamentario «obsoleto». Y la diputada de Ciudadanos, Marta Rivera, lo considera hoy en día directamente «inimaginable».

MÁS LIBRE REINA QUE PRINCESA

Y es que la sociedad española ha cambiado mucho desde 1978; y, desde luego, resulta irreconocible si se echa la vista más atrás. Cuesta imaginar a Leonor en un trance semejante al sufrido por su antecesora, María de las Mercedes, hija primogénita de Alfonso XII. Poco más de un siglo ha pasado desde que, en 1900, aquella joven heredera al trono quisiera casarse con su primo, Carlos de Borbón, para escándalo de las Cortes españolas, particularmente de los políticos liberales. Éstos no reprochaban al novio su consanguineidad con la princesa, sino su condición de hijo del conde de Caserta, quien había luchado en su juventud junto a las tropas carlistas. Y eso que el joven había batallado luego del lado de la Corona en la guerra de Cuba... Almudena Martínez-Fornés lo cuenta con detalle en Las hijas de Alfonso XIII (2015): la contundente defensa de la boda por parte de la reina María Cristina acabó por levantar el veto de las Cortes.

Sin embargo, parecida situación se le podría presentar ahora a Leonor si, pongamos por caso, se encaprichara de un corrupto. Salvo —atención— que llegue al trono soltera, porque la Constitución no confiere al Parlamento ninguna cortapisa a la elección de cónyuge consorte por parte del monarca. La Carta Magna holandesa, en cambio, advierte expresamente a la Corona del castigo que merecería por contraer matrimonio sin la «autorización» reglada —mediante un proyecto de ley— del Parlamento: al heredero le advierte con la «exclusión» de la sucesión; al monarca, directamente, con la «abdicación».

Aun así, si se casa siendo princesa —es de prever que Felipe VI reine al menos dos décadas—, habrá de lidiar, desde luego, con un contexto legal menos restrictivo que el de sus abuelos. Las constituciones del siglo XIX en España se parecían bastante a las que hoy están en vigor en Europa, e imponían un consentimiento expreso del rey o de las Cámaras sobre los matrimonios de los herederos.

A favor de Leonor, además, está la caída en desuso de la Real Pragmática de Matrimonios de Carlos III. Fue su propio padre quien la enterró, de hecho, al convertirse en el primer rey español casado con plebeya. Como se ha dicho, aquella norma de 1776 que obligaba a renunciar a la sucesión al que contrajera matrimonio «desigual» le sirvió al rey ilustrado para librarse de su hermano Luis de Borbón —que tenía más derechos a la sucesión que sus hijos napolitanos—, al que oportunamente él mismo mandó casar con una aristócrata sin sangre real.

Pero lo importante es que la Pragmática se observó disciplinadamente en la Casa de Borbón hasta la generación anterior a Leonor. Sin ir más lejos, benefició en el acceso al trono a su abuelo, Juan Carlos I, en tanto que su padre, don Juan, obtuvo los derechos sucesorios tras una cadena de renuncias de sus hermanos mayores en el exilio: la del hemofílico Alfonso, primogénito de Alfonso XIII, para casarse con una mujer cubana (se divorció dos veces y murió en Miami); la del sordomudo Jaime —de nada le valió arrepentirse—, casado con Emmanuella Dampierre, y la de sus hermanas Beatriz y María Cristina, que también decidieron contraer matrimonios morganáticos (el pequeño, Gonzalo, también hemofílico, murió joven).

El propio Juan Carlos puso buen cuidado en casarse con una princesa de sangre real. Pero cuando sus hijos se casaron con plebeyas —incluido el heredero—, se olvidó de la vieja Pragmática. No la derogó expresamente, como exigían algunos legitimistas; sino que la obvió, con el respaldo de los juristas que, como Antonio Torres del Moral y Yolanda Gómez, la consideraban automáticamente derogada con la «instauración» monárquica del 78 y con la propia letra de la Constitución. Lo hizo sobre todo, el abuelo de Leonor, con el respaldo de un discretísimo informe elaborado ad hoc por el Servicio Jurídico del Ministerio de Relaciones con las Cortes y la secretaría de Gobierno de Felipe González, en tiempo de Virgilio Zapatero. Según el preceptor del príncipe, José Antonio Alcina (Felipe VI: la formación de un rey), el informe establecía que «la única norma vigente a aplicar en ese asunto era la Constitución, que en la disposición derogatoria dejaba, y deja, sin efecto cuantas disposiciones se oponen a ella».

«HACER NORMAL EN LA CORONA LO QUE EN LA CALLE ES NORMAL»

Lo cierto es que hoy en día ya no hay más que matrimonios «desiguales» en las familias reales, a excepción hecha de la Casa Imperial de Japón, donde las princesas no sólo no pueden reinar sino que deben renunciar a sus títulos si se casan con plebeyos. En otras palabras, son ya absolutamente iguales a las plebeyas. Tanto como para protagonizar divorcios; y ello, ojo, pese a que estos últimos no están en absoluto regulados en el caso español, según advierten los juristas. Es sintomático que un ahora exministro de centroderecha y declaradamente monárquico como Rafael Catalá, jurista y también exnotario mayor del Reino, opine de esta manera: «Una cosa es la institución y otra, la persona que la ocupa, y yo creo que la persona que ocupa la Corona debe ser de su tiempo. A mí no me gustaría que la futura reina fuera una disparatada, pero, llegado el caso, sí creo que podría divorciarse. La Constitución, si es que lo impidiera, ya se reformará. Pero de lo que se trata», añade parafraseando la doctrina Adolfo Suárez, es de «hacer normal en las instituciones y en la Corona lo que en la calle es normal».

Hasta ahora, pese a las citadas reservas jurídico-constitucionales, el mayor indicio de que el divorcio está previsto en la Corona española es la referencia acerca de unas capitulaciones matrimoniales presuntamente firmadas entre Felipe y Letizia en las vísperas de su boda. Se trata de una de las revelaciones del citado libro maldito Adiós, princesa (p. 36) —escrito por su primo, David Rocasolano— que más han perdurado en el tiempo. Según dicho relato, la reina habría renunciado ante notario a la custodia de su futura prole en caso de divorcio, y la Casa se habría comprometido, en su caso, a aportarle una manutención y sendas residencias de verano e invierno. Por supuesto, ninguna autoridad ha dado fe de dicho documento, ni mucho menos —pese a lo que se sigue publicando— llegó a inscribirse en el Libro de Registro de la familia real del Ministerio de Justicia. Tampoco los juristas españoles se han mostrado muy dispuestos a atribuir garantías jurídicas a esta noticia, dado que se trata de un caso de cesión de derechos de custodia a futuro. Pero lo cierto es que tampoco se ha desmentido. Desde la Casa se traslada tanto desdén hacia estas informaciones como determinación para no comentarlas, por pertenecer al ámbito privado de la familia real. Y de ahí que la noticia —verosímil, en todo caso— persista.

Hasta ahora, el cordón de seguridad que rodea a la Casa Real en España ha bastado y sobrado para tapar de manera prolongada algunos de los comportamientos menos ortodoxos de la esfera privada, pero desde Botsuana y las mediáticas filtraciones del comisario José Manuel Villarejo sobre las amigas de Juan Carlos (Romero, El rey ante el espejo), la vida de los reyes ha ido quedando al descubierto. Así, sin contar siquiera con nuevas crisis familiares en la Corona, es fácil aventurar en el futuro algunas situaciones inéditas; por ejemplo, el que la princesa Leonor pudiera plantear abiertamente la decisión de vivir con su pareja y mantener oficialmente relaciones prematrimoniales.

¿VIVIR CON EL NOVIO EN LA ZARZUELA?

Esta situación se ha venido dando, por ejemplo, entre los nietos de Isabel II de Inglaterra, pero, hoy por hoy, resultaría incómoda para la Casa Real española. Llevando el asunto al terreno doctrinal, y en virtud del poder de veto que el Parlamento tiene sobre el matrimonio de la heredera al trono, se podría generar un debate jurídico sobre la conveniencia de dar cuenta de dicha decisión a las Cortes; así lo apunta Torres del Moral (El Príncipe de Asturias. Su estatuto jurídico, p. 161): «El problema más delicado lo plantea el de la vida en pareja del heredero esperando al trono». Torres considera «prudente» para el caso lo que Pérez de Armiñán (Sucesión a la Corona) apunta para los futuros contrayentes» (p. 155): «Sería conveniente imponer a las personas con derecho a la sucesión a la Corona la obligación de comunicar al Rey su intención de casarse, para que éste, si lo considera necesario, tome la iniciativa de prohibir el matrimonio, con el refrendo del Gobierno, y así lo comunique a las Cortes Generales, a fin de que, por parte de éstas, se adopte el acuerdo oportuno».

En el mismo terreno, la eventual decisión de Leonor de vivir con su novio antes de casarse daría pie a discusiones acerca de que un eventual hijo ilegítimo en la familia real pudiera igualar a otro legítimo en sus derechos, como ocurre en la legislación civil ordinaria española, y disputarle por tanto la primogenitura en la Corona. Sólo se trata, claro, de una digresión teórica. Pero lo cierto es que en fecha tan reciente como 2009, al votar la reforma de la sucesión igualitaria en la Corona, los noruegos descartaron de manera expresa el trono para un hijo del rey fuera del matrimonio.

Y es que el principio de legitimidad —cualquiera que sea su definitivo significado en las próximas décadas— sigue siendo tan nuclear para la institución monárquica que complicaría seriamente a sus titulares algunas prácticas tan comunes hoy entre la ciudadanía española como la inseminación o la propia adopción. Muestra de que existe ya toda una doctrina al respecto es que, según Yolanda Gómez, Leonor podría perfectamente someterse a técnicas de reproducción asistida, pero nunca a la donación de ovocitos. Claro que la sucesión siempre estaría asegurada acudiendo a la siguiente persona en la línea de sucesión. «Si un monarca, o la propia Leonor, fuera homosexual, podría reinar sin problemas y sucederle luego su hermana o su sobrino... No sería un drama», apunta el diputado socialista Ignacio Urquizu.

En todo caso, lo más probable es que, aun si Leonor quisiera asumir y dar publicidad a esta costumbre generalizada en la sociedad española, sólo lo haría por un tiempo muy limitado. Porque de momento, salvo que medie una reforma de la Constitución, si a algo está obligada la futura reina es a casarse. Y no tanto por una cuestión moral —la muy liberal sociedad española podría llegar a asumir, mediado el siglo, un heredero reconocido fuera del matrimonio—, como porque a ello la obliga la letra de la propia Carta Magna.

La del 78 no incluye de manera taxativa la exigencia del matrimonio, pero, como dice la profesora Gómez, al hablar de la reina consorte o del consorte de la reina, presupone un matrimonio real. Y, como se ha repetido, tampoco prevé la Constitución del 78 la separación o el divorcio de los reyes, porque designa al viudo consorte (la reina Letizia, si Felipe VI muriera) como tutor del rey menor de edad. ¿Se imaginan que el viudo de la reina Leonor se convirtiera en regente y en tutor de sus hijos después de haberse divorciado?

Fabulaciones aparte, lo cierto es que, a falta de reforma, la Constitución aplica a la Corona unas disposiciones ancladas en un derecho civil ya superado. De hecho, desde un entorno próximo a la Casa se señala que no se puede privar a los miembros de la familia real de derechos «fundamentales» y comunes a los ciudadanos, como el propio divorcio o el matrimonio civil; y que la legitimidad de la Corona debe estar ligada al ejercicio de sus funciones, no a la vida privada de su titular. En todo caso, personas cercanas al anterior monarca argumentan que en las relaciones conyugales el principio moral que debe regir —y que a su juicio rigió en el caso de Juan Carlos I hacia la reina Sofía— no es la fidelidad sino la «lealtad». El rey emérito, aseguran, siempre habló bien de su consorte y respetó tanto su trabajo regio como su papel de madre.

Sin embargo, no es ésta una opinión mayoritaria. Cabe aventurar, ciertamente, que en la segunda mitad del siglo XXI la ejemplaridad de la Corona no estribará tanto en la estricta moralidad privada como en una carta social de valores: austeridad, transparencia, mérito, trabajo, disciplina y solidaridad. Pero lo seguro es que Leonor estará presa de ese concepto —la ejemplaridad—, que su abuelo asumió por primera vez de manera expresa en su discurso de Navidad de 2011 para tomar distancias del caso Urdangarín. Es un concepto muy exigente que no sólo alcanza al ámbito público sino también al privado, como dijo su verdadero inventor, el filósofo Javier Gomá (Ejemplaridad pública, 2009, p. 260), y que acabó por volverse contra el propio rey desde su viaje a Botsuana; un viaje legal y desde luego privado, pero definitivamente mal visto por los españoles, como prueba de infidelidad y de falta de austeridad, por el que el monarca acabó por pedir perdón a los españoles.

Así, sobre el papel, y pese a las pequeñas limitaciones que le marca la Constitución, Leonor tiene un amplio margen de elección en su vida privada; desde luego, muy superior al de sus colegas europeas. Pero en la práctica, como titular de la Corona, su margen será más estrecho, y vendrá marcado, primero, por la no desaprobación del rey y del Parlamento; pero, además, por el asentimiento implícito de los propios españoles.

NO SERÁ UN ASUNTO PRIVADO

Y es que aún con todas estas expectativas de cambio en torno al principio de legitimidad y a las costumbres, lo que parece perdurable para la futura boda de Leonor es el principio de responsabilidad, un concepto que ha venido a sustituir en los dos últimos siglos a la vieja razón de Estado. Cuando Jorge V (que reinó entre 1910 y 1936) fue preguntado en la Cámara de los Comunes cómo se iba a casar el príncipe de Gales, el rey sorprendió a sus señorías citando al Polonio de Hamlet: «El príncipe», declamó, «acomodará su vida a las necesidades del Estado». Sin condicionantes tan graves, y pese al transcurso de los siglos, también la princesa tendrá que acomodar su elección, y hacerla compatible con la jefatura de un Estado y el marco de una Constitución que la obliga en su función representativa. Así que boda por amor, sí, pero también... por España. Sin olvidar el propio interés de la dinastía en no «desacralizar» en demasía la Casa con uniones no ya plebeyas, sino poco edificantes.

Elija a quien elija, Leonor tendrá que lidiar con la desventaja que ha acompañado a la mayoría de las reinas que lo han sido en los tronos europeos: la queja de todos los príncipes consortes en búsqueda permanente de un lugar propio en la vida. Una difícil cuestión que ha retratado con acierto la serie británica The Crown en la caracterización del duque de Edimburgo; que llegó a la caricatura en la vida real del príncipe Enrique, el ridiculizado esposo de la reina Guillermina de Holanda, y que sumió en la depresión clínica al último príncipe consorte de aquel reino, el príncipe Klaus. El «siglo de la igualdad» en España requerirá de un compañero para la reina que no sólo practique la conciliación familiar, sino que tenga ocupaciones compatibles, tanto con la función real —no crematística— de la institución como con su propia realización personal. Complicado para un hombre sin que haya un verdadero cambio de mentalidad social y cultural en España.

El matrimonio de Leonor, en todo caso —y esto es lo básico—, nunca será un acto privado. Aunque no existan restricciones en torno a la nacionalidad, religión o condición social del novio real, y aunque tampoco hubiera prohibición expresa de las Cámaras o del rey, a la futura reina se le haría difícil convivir con una opinión pública que le afeara la elección de una pareja sin estudios, de holgado tren de vida o de aficiones demasiado frívolas, valga el ejemplo. La sociedad española se ha demostrado mucho más liberal en cuestiones de sexo y costumbres que de dinero, con lo que sería más predecible que aceptara a un príncipe consorte divorciado —algo por lo que ya pasó, de hecho, la institución con doña Letizia— que emparentado, aunque sea de manera tangencial, con algún miembro de una trama de corrupción o violenta. Sin llegar al ejemplo de Johan Friso, éste será el tipo de limitaciones a las que habrá de enfrentarse Leonor.

De la misma manera, los españoles podrían llegar a asumir con cierta naturalidad un posible divorcio de la propia princesa, pese a que —como ya se ha dicho— la Constitución no lo contempla siquiera. La situación tendría un coste importante para la Corona en términos de opinión pública, pero no sería irreversible si la pareja colaborara disciplinadamente en el arreglo. Pero en materia de responsabilidad, y tratándose de España, ni el divorcio ni ninguno de los viejos tabús serán tan definitivos para Leonor como el de la transparencia frente a la corrupción, cualquiera de que se trate. Éste será, de hecho, tanto o más que el desenlace de la deriva independentista, el baremo de su propia supervivencia.

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La huella de la corrupción

La Historia obliga a ser cautos en lo que se refiere al futuro de la monarquía en España. Lo resume con desparpajo un ex alto cargo del Gobierno del PP: «Carlos IV se exilió, Fernando VII volvió del exilio, Isabel II se exilió, Alfonso XII volvió del exilio, Alfonso XIII se exilió, Juan Carlos volvió del exilio... A Felipe VI le tocaría exiliarse y Leonor lo tendría muy difícil para volver y reinar». Pero si hay algo en lo que coinciden todas las élites en España es que Leonor, como el actual Felipe VI, sólo reinará en tanto demuestre que el modelo que ella representa funciona y es eficaz. A diferencia de las demás monarquías europeas, la española tiene escaso sustento sentimental y popular. Ni la tradición ni la cultura políticas de las últimas generaciones —particularmente escasa a raíz de los últimos planes educativos— la favorecen; y la reacción social frente a la crisis prolongada, la pérdida generalizada del nivel de vida y la corrupción de la clase dirigente también han perjudicado y hasta alcanzado a la propia institución.

De acuerdo con el CIS, la valoración de la Corona por parte de la opinión pública española se mantuvo estable durante décadas (con cuotas del 7,5 de 1994 hasta 1998), para suspender de repente en 2011 en los albores del caso Nóos, caer en picado hasta el 3,72 en 2013 y no remontar hasta 2015, tras el relevo en el trono, pero sólo hasta el 4,34, sin alcanzar el aprobado (eso sí, el 57,4 % valoraba positivamente al nuevo monarca). Y desde entonces, la agencia estatal se ha olvidado de que existe jefatura del Estado coronada en España.

La razón del desplome y de su incipiente recuperación es sobradamente conocida: los españoles dejaron de apreciar la crucial contribución de Juan Carlos I a la democracia para reprocharle su nivel de vida, los manejos de su familia y su propia vida privada; y no empezaron a «perdonar» a la Corona hasta después de saldarse la abdicación del monarca y de comprobar que su joven sucesor mejoraba las expectativas.

Y es que ni la crisis, ni el desgaste de las instituciones, ni la falta de cultura institucional, ni la eclosión de una nueva y joven izquierda ocupando el hueco de la desaparecida clase media han minado tanto a la Corona como los propios errores de la anterior familia real. El juicio, sin ir más lejos, contra la hermana y el cuñado del actual monarca por medrar a costa de las Administraciones Autonómicas ha seguido dañando la imagen de la Casa pese a todos los blindajes y cordones sanitarios levantados por Felipe VI. Y las cuentas bancarias de la «amiga entrañable» del rey Juan Carlos, plagadas de «transferencias de empresarios españoles a su favor, con la falsa justificación de trabajos de apertura de mercados, pero movidas en realidad por el afán de quedar bien con el monarca», son, en palabras de un hombre de la Casa, testigos mudos de un desgraciado y todavía cercano final de reinado. Repárese en que este testigo niega el lucro personal de Juan Carlos I en estas actividades, sobre las que no obstante ya existía una insinuante literatura antes de que la princesa Corinna las convirtiera en acusación directa.

Meses antes de su difusión, Carolina Bescansa sentenciaba: «La familia real completa se ha financiado de manera corrupta». Se decía convencida de que «la justicia» afloraría en poco tiempo la implicación de la Corona —tanto o más que otras instituciones— en asuntos de corrupción que ya instruyen los tribunales. La diputada de Unidos Podemos se adelantaba pues a este escándalo y a otras amenazas del ahora procesado y preso comisario Villarejo, con su maleta de grabaciones y vídeos sobre las andanzas del rey Juan Carlos y sus amigas; el «pequeño Nicolás»..., o los tres procesos en curso contra el «compi-yogui» de la reina Letizia y el rey Felipe, Javier López Madrid, el empresario detenido en abril de 2017 por las presuntas comisiones al PP investigadas en el caso Lezo... «Y si no, que expliquen cómo se pasa de ser la familia real más pobre de Europa a tener un patrimonio multimillonario», llega a decir Bescansa, buceando a ciegas en el agujero negro que aún ofrece la falta de información patrimonial de la Corona. Agujero que seguirá creciendo hasta que la Corona no acepte revelar voluntariamente su patrimonio.

LOS AÑOS «HORRIBILIS» DE LAS CORONAS EUROPEAS

En tanto la verdad judicial confirme o desmienta estas sospechas, lo cierto es que la Casa Real española no ha sido ni la primera ni la única de las europeas en verse envuelta en escándalos. Y algunos, mucho más explícitos, graves y sonados. No hay más que recordar el que se organizó en Holanda en 1976 —Juan Carlos I arrancaba su reinado en España—, cuando se hizo público que el príncipe Bernardo, consorte de la reina Juliana y alto cargo del Ejército, había aceptado un soborno de casi un millón de dólares (740.000) de la empresa estadounidense Lockheed Corporation para que influyera en el Gobierno en la compra de varios aviones de combate; por cierto, de probada siniestralidad. A diferencia de lo ocurrido en España con el caso Nóos, entonces el Ejecutivo holandés se las arregló para cubrir por completo la responsabilidad del príncipe —quien también llegó a reconocer a dos hijas ilegítimas— y dejó prescribir los delitos. Cuatro años después de aquel escándalo, y desprovisto su consorte de todo tipo de cargos y honores, la reina Juliana abdicaba en su hija Beatriz.

Ahora, como se ha dicho, el rey Guillermo de Holanda es uno de los soberanos europeos más populares de la Historia de su país. Pero todavía pesan sobre su armiño las consecuencias de aquel affaire. Fue en fecha tan reciente como octubre de 2016 cuando la prensa holandesa descubrió —y el primer ministro Mark Rutte se vio obligado a reconocer— que desde los años setenta hasta el presente, la familia real había visto aumentar secretamente su asignación, a petición del propio príncipe Bernardo, para compensar la obligatoriedad, recién decretada para la Casa, de pagar impuestos. Al asunto se sumó una polémica generada por el lucro obtenido por la familia real en la venta —también secreta— de un cuadro y una colección de dibujos. Y es que pese a ser una de las casas reales más ricas y asentadas de Europa, la monarquía holandesa también está bajo la lupa de la soberanía popular.

Cabe asimismo recordar el annus horribilis de la Casa Real británica, reconocido por Isabel II en 1992, cuando los sucesivos divorcios de la familia y los problemas conyugales de los príncipes de Gales minaban la popularidad de la Corona. Y eso que lo peor estaba por llegar cinco años más tarde, con la muerte de Lady Di. Pero en su caso, también, el pueblo llegó a perdonar y a recomponer su afinidad con una institución que, en todo caso, puso de su parte en la tarea de rehabilitarse. No hay más que volver a ver esa joya cinematográfica que fue The Queen (Stephen Frears, 2006) para recordar la imagen en que la regia soberana se plegaba a las sutiles instrucciones del primer ministro —my advice («mi consejo»), decía un joven Tony Blair— de volver de Windsor a Londres para unirse al homenaje póstumo a la princesa de Gales, someterse a pie de calle al escrutinio y la previsible condena popular, y hacerse perdonar finalmente por el pueblo, tanto la regia guerra familiar como la propia y muy trágica desaparición de su idolatrada Diana.

Pero a diferencia de lo ocurrido en otras monarquías, la española todavía debía purgar sus pecados con alguna penitencia añadida a la propia abdicación de Juan Carlos I. El pueblo español es mucho más exigente con sus reyes —aunque no cainita, como la Francia y la Rusia revolucionarias— que el resto de los europeos. Al menos eso es lo que dice la Historia. Ya lo escribió Santos Juliá (El País, 19 de marzo de 1995): «El español es el único pueblo que, desde 1808, ha expulsado a casi todos sus reyes sin haber dado nunca muerte al rey. La restauración monárquica quedaba siempre con una posibilidad abierta: si somos los que más tronos hemos derrocado, somos también los que más tronos hemos restaurado».

LA CONDENA CIVIL DE LA HERMANA DEL REY Y EL ENCARCELAMIENTO DEL CUÑADO

Y eso es lo que, más allá de lo que deparen las cintas de Villarejo en los tribunales o en el Congreso, demandaba el pueblo español en relación con el cuñado del rey: un castigo real y tangible que se saldó el lunes 18 de junio de 2018, día en que Iñaki Urdangarín entró en prisión. Los largos meses que mediaron entre la condena de la Audiencia de Palma y la casación en el Supremo tuvieron, de hecho, su propio coste para la Casa en términos de opinión pública. Fue significativo escuchar a Álvaro López, antes «el Bigotes» —en la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP, celebrada en febrero de 2018—, quejarse, ante el retrato del rey que colgaba de la pared del Congreso, de su condición de preso frente a la acomodada estancia en Suiza de su también condenado cuñado.

La propia absolución de la infanta Cristina de un doble delito fiscal vino acompañada de una pequeña polémica popular —alentada por la convicción del juez instructor acerca de su participación en la trama—, si bien su condena civil como partícipe a título lucrativo en los delitos de su marido —curiosamente, la resolución judicial sobre la infanta, fue similar a la del PP en la primera sentencia del caso Gürtel, que precipitó su salida del gobierno el 1 de junio de 2018— pasó casi inadvertida en términos de opinión pública. Pero lo cierto es que, pese al impacto familiar, la confirmación de la condena a Urdangarín por parte del Alto Tribunal supuso en realidad más un alivio que un varapalo para la institución. Y el paso de la hermana del rey por el banquillo de los acusados representó en sí mismo una suerte de auto de fe para la Corona, casi una vacuna para la salud del Estado. Con el desenlace del caso Nóos se vio justificada no ya sólo la Corona, sino el propio «régimen del 78» (en expresión de Podemos) en su conjunto; la España constitucional que, en todo caso, más lejos ha llegado —en el mundo y en la Historia— en materia de igualdad ciudadana ante los tribunales. Muestra de esta firmeza institucional vino a representar la no rehabilitación de la infanta por parte del monarca. Su absolución penal —que no civil— no fue suficiente para que el escrupuloso rey reintegrara a su hermana en el entorno de la Casa.

Cosa distinta será el tiempo que tarde el cuñado del rey en progresar de grado penitenciario o en aliviar su estancia; otro frente, menor, para la institución. Pero en palabras de Albert Rivera, algo más indulgente con el sistema que la propia opinión pública, «el día que le toque reinar a Leonor seguramente nadie se acordará del tiempo de prisión que cumplió su tío. Lo importante es que el cuñado del rey haya sido juzgado». Añade Rivera que el proceso del matrimonio Urdangarín, «pese al ruido del momento, con los años no será visto como un punto débil de la monarquía sino como una normalidad en democracia». Ésta no es una tesis unánimemente compartida en el entorno de la Zarzuela. Hay quienes, aunque en franca minoría, todavía creen que la condena al yerno de don Juan Carlos perjudica a Felipe VI, en tanto lo que es malo para un miembro de la familia es malo para la propia familia en la que se sustenta la institución.

Se trata de los mismos que critican la decisión del joven monarca de distinguir a la familia real de la familia del rey, ciñendo estrictamente la primera a la pareja real, sus hijas y los reyes eméritos, y desentendiéndose de los posibles desvaríos del resto, aunque ocupen puestos importantes en el orden sucesorio. «No se puede tener un trato desconsiderado con la familia que es el fundamento del principio de pertenencia en el que se basa la institución monárquica», asegura una persona próxima a la Casa y, en particular, a la anterior familia real. El caso es que, relaciones personales aparte, Felipe VI cortó simbólicamente con los Borbón como en su día su padre cortó con la nobleza, al negarles de manera expresa un lugar al sol en el «tiempo nuevo» de la España democrática.

MONARQUÍA RENOVADA, SÍ, EN UN «TIEMPO NUEVO» QUE NO LLEGA

El legado de Felipe VI, desde luego, influirá en la suerte de su heredera. De momento, y a la luz de los testimonios recogidos, cabe decir que el segundo monarca de la España del 78 ha logrado erigirse con éxito en el regenerador de la propia Corona —con mensajes de austeridad, códigos éticos y medidas de transparencia en la administración de su Casa, que le hacían merecer las mejores calificaciones del «Informe de evaluación de los órganos constitucionales y reguladores» de 2017—, pero no así en el impulsor de la regeneración de las demás instituciones.

Esa «monarquía renovada para un tiempo nuevo» que anunció en su proclamación el padre de Leonor sólo se ha cumplido —aparentemente, al menos— en su primera parte. De hecho, el bloqueo político de 2016, que mantuvo a España sin Gobierno casi hasta el final del año, puso de manifiesto el escaso margen del monarca para enderezar entuertos como aquél. Pese a la corrección con la que se manejó el recién llegado a la Corona y el final feliz en el que desembocó la crisis, la opinión pública comenzó a preguntarse no ya sobre la antigua falta de ejemplaridad de la institución, sino sobre su posible irrelevancia.

Por su parte, la cacareada reforma de la Constitución, que revivió con el arranque del nuevo Gobierno de Sánchez y que acompañó como un mantra el nacimiento del propio reinado de Felipe VI, está aún lejos de producirse a falta de mayorías. Algo que, en opinión de Albert Rivera, frustra los deseos del propio monarca: «Yo creo, y es una opinión, que el rey sí quiere una actualización de la Constitución; es una cosa casi generacional. A mí, que soy moderado y prudente, también me pasa, y es que hay algunas cosas que se pueden mejorar y no hay que tenerle miedo a la reforma si los que la hacemos sabemos lo que queremos; ésa es la clave». Y añade: «Eso sí, no hay que mezclar el tema de Cataluña con la actualización de la Constitución».

Carolina Bescansa tiene su propia opinión al respecto: «Hubo una oportunidad para la fantasía regeneracionista entre 2014 y octubre de 2017. Pero ninguno de los poderes del Estado han acometido esa regeneración». Bescansa reduce a una «operación de comunicación» el éxito del relevo en la Corona y los mensajes de austeridad y transparencia. Es lo que el secretario general de Podemos, Pablo Echenique, llama la «perestroika de Felipe VI», haciendo suyo el título del libro de Jaime Miquel (2015). En todo caso, Bescansa abunda en el fracaso del anunciado y pretendido «tiempo nuevo»: «El rey tiene una enorme fuerza simbólica y, sin necesidad del paraguas gubernamental, podría haber inspirado transformaciones en lugar de mantener el statu quo. Si en lugar de llevarte bien con Villar Mir (presidente de OHL y amigo del rey Juan Carlos), te llevas con López Madrid (yerno del primero, directivo de la consultora y amigo de Felipe VI), ¿qué cambia? No hay ninguna señal...».

Curiosamente, el «tiempo nuevo» del que habló Felipe VI en las Cortes el 19 de junio de 2014 fue literalmente asumido y copiado del «tiempo nuevo» que había pedido pocos días antes el entonces portavoz del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante el debate de la Ley Orgánica para la Abdicación de Juan Carlos I. «No se trata únicamente de un relevo generacional», recoge el Diario de Sesiones del 11 de junio, «debería ser algo más. Debería significar la apertura de un tiempo nuevo (...) un tiempo nuevo de diálogo y de renovación institucional [que] exige el esfuerzo de todos, no sólo del nuevo rey, y en particular de los grupos políticos representados en esta Cámara. (...) Un tiempo nuevo que nos permita hacer frente a la crisis social, política y económica que vive nuestro país, que vive España». Para Rubalcaba, político probadamente vinculado a la Corona, la proclamación de Felipe VI debía «servir para abrir paso a un tiempo de cambios y reformas pactadas y consensuadas, cambios institucionales y cambios constitucionales, también. No deberíamos desperdiciar ni la oportunidad política que hoy se nos abre ni el impulso asociado a la llegada de un nuevo rey».

Y no era el único: la también retirada portavoz de la extinta Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, decía en la tribuna del hemiciclo: «Queremos que el nuevo jefe del Estado esté a nuestro lado, al lado de la sociedad española en el proceso de regeneración de la democracia. (...) Le corresponde al nuevo jefe del Estado estar a la altura de las nuevas circunstancias y de los nuevos anhelos de la sociedad española del siglo XXI».

Las expectativas hacia Felipe VI eran altas, pero de momento, y a falta de reforma constitucional, nuevos pactos de Estado y más regeneración en los propios partidos, sólo parecen haberse cumplido en lo que la propia Rosa Díez demandaba aquel 11 de junio de 2014: «Un rey que entienda su cargo como una dignidad llena de obligaciones y no de privilegios, sin corruptelas para él o su familia, o para sus amigos de la Corte; un rey que se comporte con transparencia, con honradez, con neutralidad ideológica y con espíritu de servicio».

También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, le pedía al rey «valentía» en ese «nuevo tiempo», claro que no sólo en materia de «transparencia», sino, barriendo para su casa, en la tarea de «encaminar al Estado a un nuevo modelo». «Sólo así dará sentido a la monarquía», afirmaba, frente a un presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que circunscribía la sucesión en la Corona a la más estricta normalidad y al más simple automatismo constitucional. «Cambiamos de página, pero seguimos escribiendo el libro de nuestra convivencia», resumía en el hemiciclo.

El caso es que Felipe VI empatizó textualmente con ese tiempo nuevo —más voluntarista que reformista— del que hablaba la oposición, pero su función hubo de arrancar de manera acompasada con un Ejecutivo conservador, el único con el que ha convivido en su reinado hasta la llegada de Sánchez en junio del 2018; y lo hizo navegando con dificultad, y aun pecando de «quietismo» en su función arbitral, sobre las tormentas de una clase política en crisis y fragmentada. Lo que resulte de este tiempo nuevo —que en el mejor de los casos ya, y a la luz de los acontecimientos, como máximo se limitará a una consolidación del propio sistema del 78— tendrá una incidencia directa en el futuro de Leonor, en el horizonte posible de una reina.

13

Por qué sobrevive la monarquía

Actualmente, la monarquía en España todavía no ha conseguido el aprobado de la opinión pública, y no lo conseguirá hasta el día en que la agencia oficial, el CIS, vuelva a preguntar sin complejos por la que, por unos años, fue la institución más castigada por los sondeos. De momento —y antes de que algunas encuestas puntuales de enero de 2018 registraran el efecto beneficioso del discurso televisado del rey frente al procés—, el sondeo de Metroscopia de 6 de marzo de 2017 apuntaba que los mayores de sesenta y cinco años le otorgaban un 5 raspado, mientras que la valoración de los comprendidos entre los veinticinco y los treinta y cuatro caía al 3,8. Pero, en realidad, la puntuación por franjas de edad era bastante homogénea (4,4/4,5 de media); mucho más, desde luego, que la brecha ideológica detectada en torno a la Corona. Porque una vez superada la crisis de 2013, lo que ha ido surgiendo es un mayor apoyo a la institución por parte de la derecha sociológica y una clara desafección de la izquierda: exactamente, 6,5 sobre 10 frente a un 3,7, respectivamente (eso sí, por encima de la valoración recogida por el entonces Gobierno popular, con un bajísimo 3,2, y los partidos políticos, con un 2,8).

La brecha ideológica volvía a darse, ya como una constante, en alguna encuesta más pequeña, como la de PanelConfidencial de marzo del 18. Pese a que la aprobación del rey tras el discurso del 3 de octubre alcanzaba el 60 %, los votantes de Unidos Podemos daban a la Corona una nota muy mala (34,4 %) o mala (25,3 %).

Cabría decir, por lo tanto, que la institución ha sobrevivido al hundimiento de su reputación, pero lo ha hecho con algunos daños estructurales. No por casualidad, las dos tareas sobre las que pivota el reinado de Felipe VI consisten, por un lado, en borrar las huellas de la corrupción y la falta de austeridad y, por otro, convencer a los españoles de que la Corona sigue siendo necesaria para el normal funcionamiento del sistema; a todos los españoles: a los de derechas y, tal vez con mayor interés, a los de izquierdas. Justo lo contrario de lo que ocurre entre los políticos de sendos signos (véase el capítulo 14).

En todo caso, Felipe y su heredera, Leonor, cuentan a su favor con que los españoles, no siendo monárquicos, tampoco son realmente republicanos. En España la izquierda sociológica todavía vive del mito «república-democracia-socialismo», frente al «monarquía-autoritarismo-militarismo» que se instaló a finales del siglo XIX, y que perduró en el XX pese al fracaso de los dos experimentos republicanos. Lo recogía de manera certera el presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, en un trabajo elaborado en la primavera de 2017, que hizo suyo y divulgó en noviembre de dicho año el Círculo Cívico de Opinión —al que pertenece—, y que también acogió en una conferencia de marzo del 18 el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Un trabajo que, por raro que parezca en una monarquía centenaria, constituye una de las poquísimas aproximaciones sociológicas y científicas en España a este modelo de jefatura del Estado.

En el internet del XXI, de hecho, y según el informe, este mito es medible y constatable. La voz «república» en lengua española tiene en Google nada menos que 134 millones de entradas, mientras que la voz «monarquía» sólo suma 5,4 millones; y la monarquía parlamentaria —exactamente el sistema vigente en España—, no más de 243.000. La Corona parece, pues, no estar de moda. Y sin embargo, no sólo sigue viva, particularmente en Europa, sino que el grueso de los españoles la vienen asumiendo sin notable beligerancia y con un pragmatismo ayuno de ideologías.

Un pragmatismo de conformidad o, como diría el propio Lamo, de «conllevanza» con este anacrónico modelo de Estado, que aparentemente sólo se apoya en la convicción de que abrir ese melón supondría un lío innecesario. El rebrote republicano que trajo la crisis de las instituciones (2009-2015) y la irrupción de Podemos no llegó a generar un verdadero caldo social de cultivo contra la Corona. Pese a la nostalgia de la nueva izquierda por la malograda y muy idealizada Segunda República, y a falta de una sistematización de las ventajas e inconvenientes del sistema monárquico vigente, el grueso de los españoles parece tener claro que un cambio del modelo en la jefatura del Estado traería más problemas que soluciones.

LOS DATOS A FAVOR DEL MODELO

Y lo cierto es que los españoles podrían apoyar su pragmatismo en una buena porción de datos. A falta de más trabajos específicos por parte de una ciencia social y una clase política hasta ahora indiferentes, cabría apuntar los datos aportados en el citado informe, por los que la jefatura del Estado en la República Francesa es diez veces más cara que la Corona española: 106,2 millones de euros frente a 7,9, según Herman Matthijs en su artículo «How Much Does A (European) Head Of State Cost?», publicado en 2013 en Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies. Valga aquí añadir el pequeño detalle de que el presupuesto de Patrimonio Nacional, 109 millones de euros, es similar al que Francia dedica (100 millones) sólo al mantenimiento del Palacio de Versalles.

Cabría apuntar también otros datos según los cuales, las monarquías parlamentarias lideran los países más avanzados en democracia, renta per cápita y bienestar social. Así, emplaza este trabajo a acudir al ranking mundial de calidad democrática que elabora The Economist (The Economist Intelligence Unit) para concluir que entre las diecinueve mejores democracias del mundo —en las que, curiosamente, no aparecen Estados Unidos ni Francia— figuran seis monarquías parlamentarias, incluida España (en el puesto 17). La otras dos monarquías parlamentarias que existen, Japón y Bélgica, se sitúan respectivamente en los puestos 20 y 38 de la lista, pero ya como «democracias imperfectas». Reino Unido, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suecia y también España son reconocidas por The Economist como «democracias completas». Curiosa comparación, a la luz de la odisea judicial de Carles Puigdemont en Europa.

Pero hay más indicadores, porque seis vuelven a ser las democracias coronadas (incluida Japón) que figuran entre los veinte primeros puestos del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas del mismo año 2016; siete, de nuevo, las monarquías parlamentarias que en su informe de 2017 cita el Reputation Institute entre los países más prestigiosos (aquí España repite con el puesto 17); ocho las de mayor eficiencia económica (ahí ya no está España, porque ocupa el puesto 29), y ocho, igualmente, las destacadas como monarquías ejemplares en el índice de percepción de la corrupción (en el que España, por cierto, se desploma por completo para caer al puesto 41).

Y es que, de creer a Tyler Roylance en «La democracia salva al rey» (incluido en el informe anual sobre Democracia del think thank Freedom House), sólo el 43 % de la población mundial vive bajo regímenes políticos libres, pero, entre ellos, el 76 % de las monarquías obtienen la mejor puntuación (76 %), frente a las repúblicas (48 %). Datos que invitarían a revisar el prejuicio antidemocrático sobre la monarquía o, al menos, a «salvar», como dice Roylance, la paradoja de que el sistema hereditario sea en la práctica el más compatible con la democracia. «En otras palabras», como reza la «posición 24» del citado Círculo Cívico de Opinión, «no es sólo que monarquía y democracia sean perfectamente compatibles, o que algunas de las mejores democracias del mundo sean monarquías. Lo relevante es que todas las monarquías parlamentarias (ocho en Europa) están entre las mejores democracias del mundo (...) y algunas de ellas, en la vanguardia».

EL INTANGIBLE DE LA MONARQUÍA

A falta, en todo caso, de una verdadera reflexión doctrinal y colectiva, Emilio Lamo añade que un país siempre puede improvisar a un jefe de Estado republicano, pero no puede inventarse un rey, que, a diferencia de cualquier prohombre de partido, ostenta una posición neutral, suprapartidista, casi apolítica y arbitral entre territorios e ideologías. Un rey, además, formado para el puesto a lo largo de muchos años. «Lo que aportan Felipe o Leonor a la estructura política y territorial del futuro del país», abunda otro intelectual orteguiano como el propio Lamo, «es una simbología de la que carecen los presidentes republicanos; una continuidad estructural, no coyuntural, unida a la propia historia de la nación y al recuerdo de su pasado remoto. Ésa es la verdadera justificación de una figura que —mecanismos de actuación aparte, y debidamente vaciada de poder— puede seguir resultando rentable en una democracia moderna como la española, aún avanzado el siglo».

«Lo que a primera vista parece ser el principal inconveniente (no ser elegido) podría resultar a la postre la principal ventaja», añade el presidente del Real Instituto Elcano. No se refiere sólo a la cuestión práctica —importante— de que la agenda de los reyes es mucho más amplia y más beneficiosa para el país que la de los presidentes de república —Juan Carlos I conoció nada menos que a siete presidentes de Estados Unidos—; se refiere, además, a la mayor proyección de su simbología representativa, a la ventaja del largoplacismo de los reyes sobre el cortoplacismo de los presidentes republicanos. «Ese doble apartidismo (en el tiempo y en el espacio) es la principal cualidad de un monarca, porque no sólo representa a toda la nación y no a una parte, sino también a todas las generaciones, las pasadas y las venideras», reza el propio informe.

Y este último argumento no es literatura, sino Historia. Lo puso de manifiesto —y también lo subraya el Círculo Cívico de Opinión— el presidente de Costa Rica, Daniel Oduber, en 1977, cuando dio la bienvenida a Juan Carlos I con estas palabras: «Señor, hace quinientos años que esperábamos la visita del rey de España». Por otra parte, tampoco es casualidad que en medio del desafío del separatismo catalán, algunos llegaran a especular con la idea de una «Commonwealth hispánica» bajo la Corona, como modelo último de ensamblaje territorial entre «naciones» españolas; algo, desde luego, del todo impensable entre estados republicanos.

Existe, además, un argumento de andar por casa para los pocos monárquicos doctrinales que, aun de manera incipiente, defienden la racionalidad y la ventaja de este sistema en España: «Todos los padres desean lo mejor para sus hijos, pero sólo en las democracias coronadas ese sencillo principio doméstico paternalista sale del ámbito privado para penetrar directamente en el derecho público». Así, de hacer caso a este estudio, el más interesado en dejar a su hija una España mejor es el propio Felipe VI.

REINAR EN UNA REPÚBLICA

En cualquier caso, todas estas monarquías —también la española— se han ido «republicanizando» de manera progresiva. Lo explica desde una perspectiva notablemente optimista Juan José Laborda. Asegura que lo que las monarquías europeas hicieron en décadas, esto es, pasar de absolutas a constitucionales (el Gobierno responde ante el rey) y, finalmente, a parlamentarias (el Gobierno responde ante el Parlamento), la española lo hizo en un solo año, el que medió entre el arranque de la Transición (1977) y la promulgación de la Constitución (1978).

Según matiza el mencionado informe del think thank español, la monarquía de la Restauración ya supuso en la Historia de España un paso de la vieja monarquía absoluta a una monarquía constitucional homologable y más avanzada que sus coetáneas en Europa. Alfonso XII, la reina regente María Cristina o Alfonso XIII, sucesivamente, arbitraban la ordenada alternancia de los gobiernos, pero ya no tenían el poder autocrático que seguía ostentando el káiser en Alemania. La prueba, dice su autor, es que el uso del poder, inédito ya en España, como intervenir en la guerra de África o avalar la dictadura de Primo de Rivera, «le costó la Corona a Alfonso XIII».

Pero para Laborda, lo importante es que «el rey Juan Carlos abrió las Cortes del 77, a las que yo llegué como político republicano, y el mismo rey firmó, voluntariamente desprovisto de poder, la Constitución del 78». «Eso, en un año, insisto. Por eso la monarquía española es diferente», subraya el socialista, en línea con aquella «república coronada» de la que hablaban Enrique Curiel, Luis Gómez Llorente y José Prat (según recoge Francisco Fuentes); o con el «republicanismo cívico» y el «patriotismo constitucional» del que hablaba José Luis Rodríguez Zapatero. Teorías, todas ellas, a las que contribuyó el propio rey Juan Carlos. «Lo que yo querría es llegar a ser el rey de una república», le dijo el abuelo de Leonor a un complacido presidente del partido socialdemócrata alemán, Gustav Heinemann, en 1972 (Powell, Rey de la democracia).

Aquellos socialistas juancarlistas premiaron la implicación del rey, primero con la democracia y luego contra el golpismo, así como la feliz cohabitación de la Corona con el partido fundado por Pablo Iglesias. Pero en el caso de Laborda, la convicción monárquica alcanza al plano teórico, a la propia ciencia política.

«Soy hijo y nieto de republicanos», insiste Laborda, «y soy un convencido de que la monarquía se sitúa hoy en el mismo plano de legitimación que el republicanismo clásico. La sucesión en la monarquía se justifica en que no tiene poder. Lo inaudito es que esa sucesión se dé en repúblicas como la estadounidense, con los Bush, los Clinton... Y lo cierto es que Felipe VI representa hoy mucho mejor que Trump o Le Pen el republicanismo clásico frente al despotismo». Como historiador, Laborda apela al concepto de república de Cicerón para asegurar que el rey español está «comprometido con la austeridad y la defensa de las ideas». Pero, además, el expresidente del Senado apunta que el padre de Leonor ha dado un paso más en la republicanización de la monarquía al sustituir el carisma ejercido por su propio padre por un liderazgo «racional» con el que se ha adelantado a los propios políticos.

Así, Juan Carlos I actuó como líder carismático y Felipe VI —hecha la excepción puntual del 3 de octubre frente al desafío independentista— está imprimiendo a la jefatura del Estado un perfil más plano, más «racional» y frío. Está por ver cómo será, en su caso, el de Leonor.

14

El PSOE y la Corona, animales de compañía

Pese al crecimiento de una izquierda sociológica desafecta en las encuestas de opinión pública, los políticos socialistas —Laborda es sólo un ejemplo— son hoy mucho más partidarios y confiados en el futuro de la monarquía que los conservadores. Se trata de una paradoja reciente en la Historia, que ha enmendado con Juan Carlos I y Felipe VI las décadas de beligerancia de la izquierda con Alfonso XIII, y sus desencuentros y decepciones con don Juan.

El centenario PSOE —el del interior y el del exilio— nunca perdonó al bisabuelo de Leonor aquel viaje con Franco en el Azor de agosto de 1948 en el que el general logró de su invitado, el traslado del príncipe Juan Carlos para ser educado en España. Aquel paseo marítimo dio al traste con los contactos directos ya habidos entre el partido —primero Largo Caballero y luego Indalecio Prieto— y el círculo más estrecho del Borbón. Unos contactos encaminados a derribar al Régimen —siempre alentados en la sombra por la diplomacia de Reino Unido—, que los socialistas dificultaron con su empeño en un referéndum sobre la restauración monárquica, y que el propio pretendiente al trono contribuyó a frustrar.

«Incorregible familia», sentenciaba desde su exilio londinense Luis Araquistain, ante esta última «borbonada». Así lo recoge Juan Francisco Fuentes en Con el rey y contra el rey en una cita de la carta que el mencionado socialista dirigía a Indalecio Prieto al conocerse el paseo del Azor: «Ya ve usted la jugadita de don Juan, yendo a rendir pleito homenaje a Franco, y acaso pactar con él, llevando en la mano la carta de las negociaciones con usted». Palabras a las que Fuentes replicaba con otras aún más expresivas del propio Prieto: «¡Ahora mismo tengo unos cuernos que no me caben por esa puerta!».

Aun con todo, y como ahora recuerda Juan José Laborda, la verdadera ruptura entre el PSOE y el bisabuelo de Leonor llegó con el famoso «Contubernio de Munich», el primer gran manifiesto antifranquista, rubricado en la ciudad bávara en 1962 por representantes de los dos bandos de la Guerra Civil. Don Juan se desmarcó del manifiesto, hasta el punto de desautorizar a los políticos monárquicos que lo firmaron.

Muy al contrario, el hombre elegido por Franco para instaurar su propia monarquía supo enseguida entenderse con el PSOE. Ni Juan Carlos I ni Felipe González disimularon nunca su complicidad, que se extendió a José Luis Rodríguez Zapatero. El propio rey se lo explicó en Noruega a un antiguo ministro español de la UCD. «Tengo que estar a bien con los socialistas. Mi abuelo (Alfonso XIII) se llevó mal con ellos y...», dijo haciendo el simbólico ademán de rasgarse la garganta, «mientras que aquí Harald se lleva bien con ellos y hasta preside el Consejo de Ministros».

Pero Juan Carlos I no sólo se llevó bien con los socialistas españoles —un camino que sabiamente había abierto ya cinco décadas atrás el rey Jorge de Inglaterra con el primer Gobierno laborista de 1924—, sino que forjó una larga y estrecha cohabitación con ellos. Y no sólo se entendió con Felipe González, sino que lo quiso retener como presidente del Gobierno al punto de llegar a presionarle para que volviera a presentarse a sus terceras elecciones, en 1989. Aún más —también lo cuenta Fuentes—, en su intervencionismo de facto, el abuelo de Leonor llegó a protestar ante los obispos en 1988 por la dureza opositora de los programas y tertulias de la Cope frente al Ejecutivo del PSOE.

Con José Luis Rodríguez Zapatero, y tras una etapa complicada en la que el presidente Aznar se empeñaba en «atar corto» al monarca —enviarle a algunos viajes de Estado contra su voluntad, o apartarle de otros, valga el ejemplo—, Juan Carlos I no sólo tuvo un presidente amable sino absolutamente permisivo, si no impotente, hacia su libertad de movimientos y su ya desordenada vida privada. Al final de su mandato la Corona se había transformado en uno de los grandes problemas de Estado. Así lo reconoció expresamente el propio Zapatero a un sorprendido jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, en la reserva del traspaso de poderes. Claro que la alerta de Zapatero no sirvió para que la situación cambiara en aquellos primeros meses de Ejecutivo popular. Cabe recordar que era Rajoy quien gobernaba en España —en aquellos días de lucha contra el rescate financiero—, cuando sin oposición alguna por su parte, que se sepa, el rey viajó con su amiga a Botsuana y la crisis de la monarquía alcanzó sus cotas más altas.

EL REY Y LA DERECHA

Hecha esa excepción —fatídica para la propia Corona—, el rey y la derecha han venido funcionando en España con la conformidad y las asperezas de los viejos matrimonios. Mítica es ya la falta de química que dificultó las relaciones de Juan Carlos con el presidente Aznar mientras éste ocupó su cargo. Y mayores fueron luego los equilibrios entre Felipe VI y Mariano Rajoy para defender sus respectivos intereses en el año de bloqueo político.

La desafección de la derecha política española hacia la institución, soterrada, sutil, creciente en términos históricos, merecería su propio libro. Cabría arrancar, un siglo atrás, con la huella de rencor que dejó en los conservadores de 1909 el «borboneo» de Alfonso XIII al expulsar a Antonio Maura del Gobierno, rompiendo en interés propio, en el epílogo de la «Semana Trágica», el turno de la Restauración a favor de los liberales; recordar luego que los monárquicos del franquismo —una absoluta minoría entre una masa influida por el falangismo republicano del Régimen— nunca entendieron las ambigüedades de don Juan; que el primer líder de la derecha democrática, Manuel Fraga, era regencialista —no monárquico— y mantuvo una recíproca mala relación con Juan Carlos I, y que el PP —el de la oposición a González y Zapatero, y el del Gobierno de Aznar y de Rajoy— siempre se dolió en privado de la parcialidad de Juan Carlos.

Charles Powell (Rey de la democracia) narra con detalle los desencuentros entre Aznar y el monarca en materia de política exterior, un terreno marcado por los celos mutuos y por la reivindicación del timón y el protagonismo de la representación internacional. Aznar, como Suárez al final de su breve mandato, siempre vio con malos ojos la libertad con que el rey ejercía su función representativa en el exterior, sobre todo en Marruecos y los países árabes. Más allá de los celos y los desplantes retratados por Powell —Aznar no invitó al rey cuando el matrimonio Chirac visitó Córdoba y Granada en 1999, ni cuando trajo a los Bush a la finca de Quintos de Mora en 2001—, las anécdotas privadas son el mejor resumen de la distancia entre el anterior monarca y el expresidente popular. Lo contó el propio empresario Alberto Alcocer al periodista Pepe Hervás: «Acabábamos de aterrizar, tras un viaje de caza con el rey, cuando se oyó la voz del comandante: “Majestad, le comunico que el avión del presidente del Gobierno viene detrás de nosotros y ya está entrando en pista...”. A lo que Juan Carlos replicó ante sus amigos: “Sentaos, sentaos, que salga primero el presidente, que este tío nos echa una bronca...”».

Claro que el hecho de que el rey hiciera partícipe a Aznar en secreto de su decisión de abdicar —y que él le ayudara— viene a arrojar mucha agua sobre este mito. En todo caso, el refundador del PP en España nunca fue lo que se llama un amigo del monarca.

Siempre discretos, los líderes de la derecha han guardado en muy pequeños círculos sus reproches hacia la Corona. De los labios de Aznar nunca salió una crítica, claro, y tampoco de los de Rajoy, pero los suyos sí dejaron traslucir en los primeros meses de 2016 un encono hacia Felipe VI que llegó hasta la prensa. Le reprocharon que no atendiera a la estrategia del Gobierno en funciones de dilatar el tiempo de la propuesta de candidatura a la presidencia, o de convocar elecciones —sin pasar por el fracaso de una investidura de Rajoy—, según la fórmula que sirvió en 2003 para el desbloqueo en la Asamblea de Madrid tras el célebre «tamayazo». A la Moncloa —según confesaron tiempo después— le valía con que el joven monarca hubiera dado al presidente en funciones un margen más amplio de tiempo para negociar, o que hubiera celebrado, al menos, una segunda ronda de consultas, porque lo evidente era que el líder del PP iba a resultar «achicharrado» por la oposición en un rápido intento de investidura. Sin embargo, el nuevo rey optó por ceñirse escrupulosamente a la letra de la Constitución, que le faculta/obliga a proponer un candidato —a través del presidente del Congreso—; y lo hizo con premura, salvando su propia responsabilidad y señalando a Rajoy como único culpable del bloqueo. En un comunicado que sobresaltó a los populares, la Casa desveló que el líder del PP había «declinado» la propuesta regia de formar Gobierno.

En el corazón de la calle Génova, sede del PP, se guarda con siete llaves la secreta convicción de que lo que intentó en aquellos días el sucesor de Juan Carlos I —respaldado por la reina y, particularmente, por el jefe de la Casa, Jaime Alfonsín— fue procurar un Gobierno de izquierdas PSOE-Podemos con el que «consolidarse» como rey. Un error estratégico a ojos de los populares, porque Pedro Sánchez —quien luego se ofreció expresamente al rey como candidato— no logró alumbrar entonces un pacto parlamentario (sí lo hizo dos años más tarde), ni repetir la entente habida entre Felipe González y la Corona; mientras que, además, el centroderecha español empezó a mirar con abierto recelo al nuevo monarca.

Sea como sea, pasadas las segundas elecciones, el 26 de junio del 16, y aumentada la representación parlamentaria del PP, las relaciones de la Zarzuela con Génova cambiaron de manera radical. Desde entonces, dicho en las bambalinas de la Moncloa, todo fueron facilidades desde palacio para que Rajoy conformara pacientemente su pacto de Gobierno. Facilidades que Rajoy aprovechó sin recato, desde luego, para prolongar su investidura; primero, con sus negociaciones de verano con Ciudadanos, y luego, hasta más allá del golpe de mano, en octubre, de Felipe González y los barones socialistas contra Pedro Sánchez, que finalmente le procuró la abstención del PSOE.

La confesión de Albert Rivera sobre la actuación del rey matiza esta versión de los populares: «Lo que hizo Felipe VI fue arbitrar, que es lo que dice la Constitución. Contar escaños lo hace cualquiera, pero explorar si hay candidatura o no, el rey lo hizo de facto. Al menos, hablo por mí. No sé lo que habló con los demás, pero cuando Rajoy renuncia, a mí el rey me tantea: oye, si la lista más votada no acepta, tendré que proponer a la segunda... Y nosotros dijimos que si había propuesta de un segundo partido constitucionalista —que era mi condición—, yo estaba dispuesto a sentarme y poner el crono en marcha. No nos lo van a reconocer nunca, pero Ciudadanos fue decisivo para desatascar la situación. El PP no estaba dispuesto ni a ir a la investidura».

En todo caso, el PP apreció en aquellos primeros días de 2016 un gesto de «ingratitud» por parte del titular de la Corona. Y es que la gente de «Mariano» sostiene que por encima de la ascendencia personal de Felipe González en la «operación abdicación» del anterior monarca, fue Rajoy quien hizo posible el relevo en favor de Felipe VI, de la propia Corona y del sistema institucional del 78.

Pese a su convicción de fondo, los populares nunca llegaron a reprochar a Felipe VI la parcialidad achacada a su padre, pero sí su inexperiencia: «Esto, con Juan Carlos, no habría pasado», llegaron a decir y aun a repetir en los pasillos del Parlamento.

Pero con el tiempo el PP pasó página, y hasta llegó a justificar la posición del monarca en 2016. «La monarquía está actuando con miedo; o, al menos, con prudencia, porque está buscando, no ya su futuro, sino su propia subsistencia», decía, pasado un año de la crisis, un alto dirigente de Génova. «Se trata de una tendencia natural el que la Casa trate de acercarse a los que no son suyos. Nosotros lo sabemos, pero somos unos clásicos: el centroderecha siempre va a defender a la monarquía, aunque la monarquía no nos defienda y aunque, en concreto, haya habido dificultades. Nuestro propio votante es así», añadía, para hacer finalmente una inquietante predicción de futuro: «La monarquía va a tener problemas. El del rey no va a ser un camino de rosas: la coyuntura política, los partidos antimonárquicos, las nuevas generaciones... Nosotros nos tenemos que presentar a elecciones cada cuatro años, pero ellos tienen que estar más atentos que nosotros a los cambios sociales. Sobre todo, porque a medida que nos alejamos de la Transición, la monarquía va perdiendo su relato. Felipe VI aún necesita construir su propio relato, y Leonor también necesitará renovar el suyo».

Los testimonios del centroderecha parlamentario —menos complacientes que lo reflejado por la derecha sociológica en las encuestas— eran muy parecidos antes de la crisis catalana, y sólo variaban en la graduación de sus desapasionados comentarios sobre la función y el futuro de la Corona. «La institución está ahora pisando huevos, y sólo sobrevivirá en cuanto sea, no sólo profesional —lo que ya parece ser—, sino también útil», decía un político de la generación de Felipe VI, quejoso de no haber sido nunca invitado por el rey a un normal intercambio de impresiones. «No cultiva a los que tiene de su lado», decía, al tiempo que aseveraba: «Ella (la reina) sí es del otro lado (la izquierda)»...

EL RECELO HACIA LETIZIA

... Y es que el recelo hacia doña Letizia es, por sí mismo, casi una seña de identidad de la derecha y, en todo caso, un factor que distorsiona su pretendida afinidad con la institución: «En los cócteles posteriores a los actos ella no nos hace caso y siempre se entretiene en hablar con el artista de turno...»; «Es propio de ella volcarse con muestras de enorme simpatía hacia una persona y, de repente, evidenciar que ha dejado de caerle bien». «Parece, por su actitud, como si todos los del PP fuéramos unos corruptos»; «La reina ha dejado en evidencia al rey en alguna ocasión, y eso, sin ser machistas, lo deja en mala posición»; «El personal no traga bien a unos reyes que ejercen de día y se convierten en particulares de noche; que cenan con Joaquín Sabina y salen por Malasaña... Si eres “normal”, lo eres para todo, y si no, tampoco puedes desaparecer en vacaciones como si fueras un funcionario...», dice otra voz de la derecha. «Quiere ser reina por horas, y eso no puede ser», añade un alto directivo vinculado a la política, e insiste: «Además, su perfil de “progre” representa el punto débil de toda esta historia». Una percepción, esta última, que se encargó de abonar el ex-Jemad y actual dirigente de Podemos, Julio Rodríguez, al ponderar a la reina en su biografía (Mi patria es la gente, 2018) en contraposición con la «persona muy conservadora» que, a su juicio, es el rey.

De poco le ha valido a la antigua periodista su muy notable profesionalización como consorte de la Corona, su tasado reconocimiento internacional como representante de causas sociales y de cooperación, su alto nivel de representación en actos oficiales y en viajes de Estado como el de Reino Unido, su correcta dicción en inglés o sus escasos errores en el trono —excepción hecha, por supuesto, de la filtración de su mensaje de apoyo a su «compi-yogui» Javier López Madrid, y su viral discusión con la reina Sofía—. Para la derecha, la reina sigue siendo el eslabón menos sólido de la institución, y no faltan quienes acarician la idea de que la mayoría de edad de Leonor acabe por desplazarla de su lugar preeminente. Así lo llega a manifestar un miembro del ya antiguo Ejecutivo de Rajoy: «Yo he visto encuestas no publicadas, y en todas el rey resulta mucho mejor valorado que la reina, quien ha registrado una baja en estos dos años. Y no creo que sea por esa falta de neutralidad que acusan los nuestros, sino, simplemente, por su falta de naturalidad, de empatía». Una visión en la que abunda un hombre largamente vinculado a la Casa del rey: «Por eso gustó tanto Felipe VI en su discurso sobre Cataluña, porque mostró una personalidad que no se le conocía tras esa imagen de hombre dominado por su esposa».

El desapego de la derecha hacia la institución llega a algún extremo particularmente áspero como éste, también recogido en los pasillos del Congreso: «Pero ¡qué va a reinar Leonor! Ella no reinará. Cuando nos hayamos ido los últimos de la Transición, esto cambiará de una forma o de otra hacia una república».

El propio líder de Ciudadanos, Albert Rivera, admite como «cierta» esta recelosa relación de la derecha con la Corona, si bien él se desmarca por completo: «Yo siempre digo que la derecha quiere apropiarse de España y la izquierda, de la democracia; y hay una parte de la derecha que no asume muy bien que el rey es el jefe del Estado. Yo creo que la estrecha relación entre Juan Carlos I y Felipe González fue algo más personal que político, porque también la hubo entre el rey y Suárez. No creo que haya habido un sesgo a la izquierda de la monarquía. No lo veo así. En cuanto a lo que pasó en el 16, no tiene tanto que ver con una mala relación como con un oportunismo táctico de Rajoy que a mí mismo me pareció irresponsable. Esa jugada del PP tensó la cuerda con la Casa Real y la Casa Real hizo lo que tocaba».

LOS MONÁRQUICOS DEL PP

En todo caso, Rafael Catalá, el que fuera ministro de Justicia con Rajoy y monárquico, negaba la mayor antes de dejar el Ejecutivo: «No hay brecha entre la Corona y la derecha; los votantes más monárquicos son precisamente los de derecha, y lo único que pasa es que, en lo que va de reinado, sólo ha habido gobiernos conservadores, y si ha habido alguna lógica tensión entre el Ejecutivo y la Corona —no con el rey sino con la Casa—, no ha sido más que por el distinto manejo de los tiempos en medio de una situación complicada; como ocurrió en 2016, cuando a nadie le interesaba comerse el marrón del bloqueo parlamentario. Nada más. En cuanto al 17, y el discurso televisado del monarca frente a la deslealtad independentista en Cataluña, al Gobierno le pareció muy bien que el país se enterara de verdad de que hay un rey».

Ciertamente, los testimonios de la derecha dieron un giro significativamente favorable al nuevo monarca tras su intervención televisiva en el conflicto catalán. Pero lo cierto es —dicho por fuentes solventes del propio PP— que Felipe VI hubo de insistir ante el Gobierno en su real empeño de hablar a los españoles.

La derecha, desde luego, tiene sus monárquicos confesos, confiados en la Corona antes aun del éxito de popularidad cosechado en octubre del 17. Además de Catalá, ahí está el exministro portavoz del mismo Gobierno de Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, quien no sólo no se reconoce en los recelos de la derecha, sino que se declara «no juancarlista ni felipista, sino monárquico». Eso sí, advierte, su postura en relación con la jefatura del Estado es «accidentalista». Claro que no lo dice en el mismo sentido que los socialistas. Si éstos asumen la monarquía no por principio sino por su compromiso con la democracia, el exministro popular la asume por su condición de español y por la identificación de la monarquía con la Historia de España: «Si fuera francés», explica, «sería republicano. Al ser español, soy monárquico, porque es lo que mejor representa lo que es España y es la forma de Estado que mejor ha funcionado, vista la breve y mala experiencia republicana». Su convicción va unida, además, al «elemento determinante» de la monarquía «en la unidad de España». Y en este sentido, ninguna duda en torno al discurso de Felipe VI hacia Cataluña, «tan decisivo», a su juicio, como el de Juan Carlos I en el 23-F.

Una visión similar viene a representar Pablo Casado, quien dedicó al rey sus primeras palabras como presidente del PP y está a caballo entre la generación de Felipe VI y la de Leonor: «Yo no me siento representado por los recelos del PP hacia la Corona, si es que de verdad existen. Desde luego, cada día soy más monárquico, y seguramente lo que le pasa al centroderecha es que está un poco harto de tener que ser el único que defiende a la jefatura del Estado, frente a los partidos de izquierda, que sólo parecen comprometidos con las causas sociales».

Casado cree, como los más fuera de su partido, que Felipe VI «estuvo impecable» en la crisis parlamentaria de 2016, tanto o más que en la crisis soberanista de 2017. En cuanto a Leonor, ni una mínima duda: «Reinará». No se trata tanto de un desiderátum como de una convicción razonada. A su juicio, «en España no existe un verdadero debate sobre la monarquía, sino sobre los monarcas. Pero Felipe VI está demostrando ser un rey de su tiempo, y lo mismo ocurrirá con Leonor». «La monarquía», asegura, «es una garantía frente a los salvapatrias de derecha e izquierda, y el discurso de Podemos contra el rey no va a durar más de seis meses». Antes de que estallara la polémica del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero, Casado insistía: «Las revoluciones de ahora, como la del 15-M, son revoluciones de expectativas truncadas. Hasta los que van contra el capitalismo reclaman mejoras desde la perspectiva capitalista; no son verdaderos antisistema».

También el expresidente del Congreso, Jesús Posada, el hombre que pilotó la ceremonia de abdicación del rey Juan Carlos en la Cámara Baja, milita en la monarquía: «Sí, Leonor va a reinar. Me atrevo a decirlo con seguridad. La monarquía es de lo que está más establecido en España, y sus alternativas se están diluyendo». Según quien también fuera ministro de Aznar, el único problema que amenaza la sucesión de Leonor «sería una república catalana: ésa sí sería una convulsión tremenda». En su opinión, «el sistema bancario o la Iglesia están más amenazados que la monarquía por formaciones como Podemos, cuya principal motivación no es en absoluto derribar la Corona». E insiste: «Yo creo que doña Leonor será proclamada reina. Lo que pase después, ya no lo sé. Pero, hoy por hoy, de los problemas que tenemos, el de la monarquía es el menos importante».

LOS BROTES REPUBLICANOS: «SI EL REY “BAJA AL BARRO”, NOSOTROS, TAMBIÉN»

Esto es algo en lo que Posada coincide con la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. A pesar de las advertencias de Podemos, la que fuera portavoz socialista en el Congreso sostiene que «la monarquía no está en el debate político», que la Constitución «blinda» la forma de Estado con una reforma agravada, y que la sucesión de Leonor sólo estaría amenazada por «errores de bulto» de la propia Corona, como sería el «tomar partido» en los dos problemas que hoy afectan y dividen a España: el social y el territorial; problemas ambos que han venido a sustituir al del terrorismo, que durante largos años presidió la vida política. Pero además de ese posible error, haría falta que la propia crisis social generara, «como ha ocurrido en el caso de Cataluña», un «caldo de cultivo» contra la monarquía que hoy por hoy no existe.

Robles cree que Podemos «nunca improvisa nada», y si de cuando en cuando saca a debate el tema de la monarquía es sólo «para asustar». Está convencida, como Casado, de que la gente joven no tiene interés real en el asunto y que cuanto afecta a la jefatura del Estado es un «debate muy elitista» que «no está en el debate político». «Desde el 78, en estos cuarenta años se ha hecho todo muy rápido, y ha habido tantas prioridades que abordar que no ha habido un momento para reflexionar sobre la jefatura del Estado.» Y el resultado, a sus ojos, es un statu quo muy estable según el cual, «mientras el rey no se meta, nadie se meterá con él». O dicho al revés, en expresivo consejo al monarca: «Si tú bajas al barro, nosotros bajamos al barro».

El PSOE de Pedro Sánchez es notablemente más frío que el de González y Zapatero en relación con la Corona. Pero su compromiso con la institución sigue vigente. Robles no llegó a criticar al rey ni en julio ni en octubre del 17; de hecho, como el propio Pedro Sánchez, lo ensalzó, si bien éste criticó la ausencia de una evocación al «diálogo» político en el discurso real. Pero la reflexión de la ministra socialista sobre el monarca y el «barro» de la política pone en contexto el precio político que la Corona ha empezado a pagar ya por sus tres discursos de 2017 sobre Cataluña: 28 de julio en el Congreso, y los televisados de 3 de octubre y 24 de diciembre.

Aquel día de julio en que se celebraba el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas, y faltaban poco más de dos meses para el choque de trenes en Cataluña, el monarca asumió la estricta defensa de la ley y la convivencia que el propio Gobierno de Rajoy oponía al independentismo, lo que le valió la primera arremetida crítica de Pablo Iglesias en tres años de simpática convivencia. «Si el rey no defiende la ley en Cataluña y la unidad de España, apaga y vámonos», contradecían los dirigentes de PP y Ciudadanos; pero Iglesias reprochó al monarca su falta de reconocimiento de la «plurinacionalidad» española, y marcó aquella jornada como el antes y el después de un nuevo y mucho más explícito republicanismo.

EL GIRO DE PODEMOS

Si en el mes de marzo de 2017 Iglesias había utilizado por dos veces el «quizá» para advertir que el «espíritu republicano deba dejar de ser una nostalgia asociada a símbolos del siglo XX», en julio (curso de verano de El Escorial) ya se preguntaba públicamente: «Y el rey, ¿para qué?». Aquel verano del 17 fue el punto de inflexión en el cambio de una nueva izquierda que ocupa 71 escaños en el Congreso y que está ya comprometida con el discurso soberanista de la plurinacionalidad.

Aquel día de verano Iglesias todavía descartaba una «enmienda a la totalidad de la forma de Estado», pese a abogar ya por «soluciones republicanas» a la España de hoy. Pero fue el discurso televisado del 3 de octubre, instando a la actuación de los poderes del Estado contra la «deslealtad» del Govern independentista, el que precipitó la ruptura. Una ruptura resumida ese mismo día con un tuit lacónico y particularmente duro: «Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre». Y fue ya el 13 de enero del 18, en la oficialidad del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, cuando Pablo Iglesias daba el paso definitivo, al denunciar un «cierre de filas oligárquico con la jefatura del Estado para que en este país no haya acuerdos de avance progresista». «Una monarquía constitucional no permite la intervención en política del jefe del Estado», sentenciaba, para volver a lanzar a «todos los jóvenes» su «pregunta laica» y envenenada: «¿Para qué sirve la monarquía?».

En enero de 2018, Pablo Iglesias había pasado ya por delante de Alberto Garzón (Izquierda Unida) en su beligerancia antimonárquica. En su primera aparición ante los medios tras un largo paréntesis navideño (el 19 de enero en la SER) se afanó en distinguir entre partidos «independentistas» y «monárquicos»; en vincular a la Corona con la corrupción mediante menciones repetidas a Urdangarín, y en arremeter contra «los que doblan la rodilla ante el rey mientras abren cuentas en Suiza»... Se habían acabado los días dulces del «juego de tronos» y el descubrimiento de los ciervos del monte de El Pardo en sus audiencias de tú a tú con el rey.

Pero el republicanismo de la nueva izquierda, cumplido el cuarto año de reinado, no se reducía al discurso oficial de la formación, sino que se extendía a la zona templada de Podemos, a ese ámbito de políticos no «pablistas», doctrinarios antimonárquicos pero poco beligerantes hasta el discurso de octubre. «Si renuncia a su papel arbitral, el rey podrá encontrarse con dificultades», advertía Luis Alegre, antiguo miembro del núcleo duro, hoy de regreso a las aulas de la Complutense. «El rey acierta al posicionarse del lado de la mayoría de españoles», matizaba por su parte Rita Maestre, la mano derecha de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, «pero cometió un error muy grande el 3 de octubre al no dirigirse a los independentistas ni mostrarse más inclusivo». Un «juego peligroso», en palabras de la diputada Carolina Bescansa, quien juzgó la intervención televisada como una «orden» del monarca al Gobierno y a los partidos para activar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Por supuesto, Iglesias pasó rápidamente de la advertencia, a la sentencia. «En España», decía ante el Consejo Ciudadano Estatal, «se ha revelado un problema en relación con la monarquía. En 2014 dijimos que la Casa Real había tomado una decisión inteligente, al tomar nota de lo ocurrido en las (elecciones) europeas y montar un relevo a toda velocidad. Daba la impresión de que la monarquía era capaz de blindarse tomando distancia. Pero eso ha cambiado por el espíritu autoritario que (el rey) está imprimiendo en los últimos tiempos hasta la ruptura institucional». Para el nuevo Iglesias —políticamente mermado entonces por el propio efecto de las elecciones catalanas—, no es el independentismo el que «rompe» con el pacto constitucional, sino la propia Corona. Y así lo corroboraba meses después en estas páginas su «número dos», Pablo Echenique: «Lo que ha cambiado es la actitud de la monarquía, no nuestra estrategia. Podríamos haber asistido a una actualización, una regeneración del sistema democrático, liderada por Felipe VI, pero lo que hemos visto, lamentablemente, es lo contrario». Según Echenique, «el rey se ha colocado en un lugar concreto, se ha posicionado, dañando su propia legitimidad como mediador y dejando fuera a millones de españoles». Claro que para la dirección de Podemos «nunca ha estado en peligro la unidad de España», y el órdago independentista de la Generalitat de Cataluña sólo fue «discursivo», porque ni se llegó a crear una Hacienda propia ni fue reconocido internacionalmente. Desde la izquierda, lo que «rompe España» no son los territorios sino la brecha «social», y el posicionamiento del rey le convierte en una pieza más del puzle político. Así se puso de manifiesto meses después con la petición de una comisión de investigación en el Congreso a raíz de la divulgación de las grabaciones a Corinna; toda una oportunidad para horadar en la monarquía como símbolo y referencia máximo de la España del 78. En ellos encontraba, pues, el monarca la cruz de la moneda del éxito de octubre, los daños colaterales de su nuevo liderazgo como jefe de Estado.

15

¿Creen los partidos que Leonor reinará?

De la seguridad de determinados políticos de centroderecha acerca de las expectativas de Leonor ya se han apuntado algunos ejemplos. En cambio, sea por la brecha territorial o por la social, sea por el posicionamiento del monarca o por la propia crisis del «régimen del 78», hay políticos de la izquierda que no dan ninguna posibilidad a una futura reina. Claro que sólo Bescansa se atreve a hacer una apuesta taxativa. «No creo que la monarquía aguante», dice la diputada, para quien «la Corona forma parte de un sistema seriamente amenazado —también en su forma territorial y parlamentaria— por la corrupción».

A su lado, el oficialismo de la formación morada se muestra algo más dubitativo. «¿Leonor, reina?», se pregunta Pablo Echenique. «Si tengo que hacer una apuesta, diré que de momento, con la actual correlación de fuerzas, se van a mantener las estructuras. Ahora bien, hemos visto tantos cambios... Nadie se imaginaba la entrada de Podemos y Ciudadanos, o la llegada de alcaldesas como Carmena y Colau en Madrid y Barcelona. Hay resistencia a lo viejo, pero soy optimista. El cambio ha venido para quedarse, y el cambio llevará a una reforma constitucional en la que se hable de todo y se someta todo a referéndum. También la elección del jefe del Estado.»

Lo cierto es que la combatividad de los sucesores del 15-M hacia la Corona crecía de manera exponencial en el cuarto año de reinado de Felipe VI, y arreciaba hasta en el uso de un nuevo y corrosivo lenguaje con la primera aparición pública de la princesa Leonor. En Navidad, al día siguiente del discurso del rey, Echenique escribía que «no debería haber ningún motivo para que el jefe del Estado tenga un mandato vitalicio y lo reciba a través de la fertilización de un óvulo por parte de un espermatozoide». En febrero, días después de la imposición del Toisón de Oro a Leonor, Juan Carlos Monedero daba un paso más y se descolgaba con esta frase: «Es un disparate que un coito decida la jefatura del Estado».

El caso es que a los jóvenes políticos de Podemos la figura de Leonor les «chirría». No acaban de asumir el «anacronismo» de una niña de trece años llamada a ser en pocas décadas, y sólo por su apellido, la próxima jefa del Estado. En el mejor de los casos, como el de Rita Maestre, el personaje le da «pena»: «Tan pequeña y tan mayor al mismo tiempo, por la presión a la que está sometida»... Para Luis Alegre, la figura de Leonor se define simplemente como una «anomalía premoderna».

«Cuando veo a la familia real», dice Echenique a propósito del vídeo difundido por la Zarzuela en enero de 2018, «comiendo con una vajilla de tres platos en una mansión rodeada de jardines; cuando veo el sueldo del rey y el collar de la niña... todo me parece arcaico y lejano. Yo nací en el siglo XX y las monarquías ya sonaban a viejo».

Ninguno de ellos admite como inexorable la sucesión monárquica en España, pero conviven con esa realidad «a falta de alternativas razonables». A Bescansa no le parece nada bien que «el jefe del Estado no sea elegido democráticamente», pero reconoce que «la sociedad española no está en ese debate y no merece la pena dedicar energías a este asunto. Aunque es difícil de medir, porque hace años que el CIS no pregunta por esto, la verdad es que no hay manifestaciones republicanas. De momento, no es oportuno».

Para Maestre, «el futuro de la monarquía depende, primero, de que sea capaz de representar a una mayoría, pero también depende de acontecimientos políticos y sociales impredecibles. Nosotros planteamos una reforma constitucional, pero la monarquía no es uno de los ejes fundamentales, y Podemos no va a hacer de eso su bandera».

Sin embargo, Alegre —hoy en día sólo un exponente de la formación en las aulas de la universidad— se muestra más doctrinario: «No tiene sentido abrir ese debate de modo aislado, pero sí si se reforma la Constitución. Yo siempre he sido partidario de un referéndum, pero es preferible hacerlo junto a la actualización del marco constitucional completo. La continuidad monárquica tendría en ese caso una legitimidad renovada, sobre todo de cara a la brecha generacional que representamos los jóvenes nacidos en democracia. Podemos es republicano, pero puede convivir con la monarquía, como el PSOE, siempre que no se la deje fuera del debate público».

REFORMA O COLADERO

Sea como sea, el PSOE no parece nada partidario de abrir en canal el debate sobre la forma de Estado. Aun siendo la reforma constitucional una de las soluciones defendidas por su partido en relación con el tema territorial, la socialista, Margarita Robles, se muestra partidaria de dejar las cosas como están en lo que atañe a la Corona: «Yo no tocaría nada, salvo el precepto de varonía en la sucesión, porque el texto de la Constitución consagra la desigualdad. Pero soy consciente de que poner este debate encima de la mesa sería un factor desestabilizador, y en todo caso, no es una prioridad para España».

En sólo cuatro años de reinado, el «tiempo nuevo» que se asociaba a la reforma constitucional se ha extinguido en realidad. Curiosamente, casi todos los políticos, cualesquiera que sean sus siglas, admiten que una reforma abrirá el melón del modelo monárquico de jefatura del Estado. «El futuro de la monarquía en España», dice la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, «dependerá de que haya cambio constitucional y de la fuerza de los partidos no constitucionalistas: Podemos, ERC, un sector del PSC..., que si pueden, desde luego, la cambiarán». «Hoy por hoy», sostiene, «hay una mayoría que valora la independencia política y el grado de representación internacional de la Corona, pero hay que reconocer que el futuro es imprevisible. Están sucediendo cosas de ciencia ficción en Reino Unido, Portugal, Francia... Le Pen ha estado a punto; y quién iba a pensar lo de Trump, o que el Partido Socialista desapareciera en Grecia... Yo no digo que fuera imposible un cambio en la jefatura del Estado, y en todo caso, en ese futurible, la personalidad de la niña es lo que menos importaría».

Uno de los dirigentes más partidarios de la reforma constitucional es Albert Rivera. Pero él se muestra bastante más optimista respecto a la continuidad del modelo de jefatura de Estado. Firme partidario de la reforma constitucional, da por hecho que la revisión de la cláusula de varonía en la Corona —lo que él llama «la enmienda Leonor»— formaría parte de ella. A su parecer, y siempre evitando aislarlo, sería el único cambio que suscitaría un consenso absoluto entre otros, siempre perfectamente acotados, y relativos a los aforamientos, la ley electoral o el Senado.

A diferencia de Oramas, no ve el joven político catalán en la reforma constitucional un posible coladero para las fuerzas republicanas. A su juicio, el reinado de Leonor llegará o no en función de cómo lo haga (o cómo lo siga haciendo) su padre. Y de momento lo hace... muy bien: «Dependerá de que su padre haga un buen trabajo, como primer funcionario del Estado y su primer representante en el exterior. Y en este sentido, yo creo que sí, que reinará. Para mí, que no soy un monárquico tradicionalista sino un pragmático, creo que los monarcas del siglo XXI no dependen tanto de la tradición sino de su gestión al frente de la jefatura del Estado. Si los ciudadanos perciben una jefatura del Estado útil, austera, profesional, que nos represente a todos, que es lo que está haciendo Felipe VI en estos años, creo que puede perdurar en el tiempo». «Ahora», añade en línea con la propia ministra socialista, «si se mete en política y divide a la sociedad española, si hay casos de corrupción, si no nos representa bien internacionalmente... La monarquía en España tiene más que ver con una cuestión pragmática, de si nos sirve o no, que con un debate teórico o tradicionalista. La mayoría de los españoles no somos monárquicos tradicionalistas pero entendemos que la monarquía parlamentaria tiene sus ventajas». «Es “mejor”, más práctico», dice, «un rey que cualquier presidente de República que inevitablemente procedería de la órbita del PP, del PSOE o del propio Ciudadanos». «Yo creo», reflexiona en voz alta, «que el rey es consciente además de que lo que también tiene en juego es la continuidad de su hija en el trono».

Rivera, con treinta y ocho años en 2018 —uno menos que Pablo Iglesias—, y como Pedro Sánchez (cuarenta y seis años) guarda buena sintonía personal con el monarca (cincuenta). Algo fundamental también en el secretario general del PSOE. Y es que Sánchez confesó públicamente que nunca olvidaría el gesto que tuvo con él Felipe VI, cuando, recién descabalgado del PSOE y en medio de su soledad y el silencio de los teléfonos, recibió su alentadora llamada. Hasta Pablo Iglesias —antes de su reciente beligerancia con la Corona— cifraba en la personalidad de Felipe VI su tolerancia con la monarquía. «Le tengo respeto porque es alguien preparado políticamente», decía en el arranque de la legislatura el líder de Podemos.

Se trata, por tanto, de una circunstancia más pragmática y hasta empática que puramente teórica la que sustenta la adhesión de estos líderes al modelo de Estado vigente. «Si el rey Felipe no valiera», dice Rivera, «si no fuera un buen profesional, una persona con capacidad de diálogo institucional, con buena presencia, con buena imagen, a lo mejor muchos diríamos que la monarquía no nos es útil, pero, hoy por hoy, en el balance nos sale a cuenta».

La respuesta de Rivera es la que más se repite cuando uno pregunta si reinará Leonor: «Depende». También la utilizaba la antigua «número dos» del PP, María Dolores de Cospedal, con palabras prácticamente calcadas a las del líder de Ciudadanos: «Dependerá de cómo lo haga su padre». Pero de lo que más dependerá, decía meses antes de la crisis independentista en Cataluña de octubre de 2017, es de que la institución se perciba por los ciudadanos como «útil»; «no útil para los partidos», matizaba la exsecretaria general del partido del Gobierno popular y entonces ministra de Defensa, «sino útil para España, para su unidad y su vertebración territorial».

«Depende»... Ésa es la palabra, también, que pronuncia el exministro popular y hombre de empresa Josep Piqué: «Depende, primero, de que su padre, Felipe VI, no cometa errores que contradigan las dos ventajas de esta institución, la estabilidad y la neutralidad; una institución, por cierto, cuyo anacronismo se ve realmente contradicho por la solidez de las monarquías parlamentarias en Europa». En opinión de Piqué, el rey —como la propia Leonor en su día— habrá de «tejer complicidades» y «cultivar, a base de ejemplaridad, ese vínculo afectivo del pueblo con la Corona que la Historia le ha negado, precisamente, por los errores de los monarcas que le han precedido».

LA CORONA Y CATALUÑA

Pero si de algo «depende» el trono de Leonor es de la deriva que lleve el problema de Cataluña. Por eso fue tan importante el discurso televisado de su padre del 3 de octubre de 2017. Un discurso excepcional en sí mismo, que puso nombre a la «deslealtad» del Gobierno independentista, que emplazó a los partidos y a las instituciones a la reacción constitucional, recompuso el ánimo del pueblo español, rompió con la imagen distante y meliflua de la Corona y reveló un monarca comprometido con esa unidad de España que la propia institución encarna, y que ya como joven príncipe asumió como un «deber permanente».

El discurso fue absolutamente exitoso en la mayor parte del país y sólo comparable, por su singularidad histórica, a la actuación de Juan Carlos I la noche del 23-F. Claro que esta equiparación suscitó su propia polémica; particularmente, por quienes negaban el uso de la fuerza en la aventura independentista y reivindicaban la peligrosidad que para la democracia representó el golpe militar del 81 frente al órdago independentista del 17. Pero en términos institucionales, lo cierto es que el discurso de Felipe VI del 3-O acarreó para la Corona un riesgo mayor que el propio discurso de Juan Carlos I en la ya mítica noche de 1981.

Primero, porque frente al cierre de filas que la Corona cosechó tras el 23-F, la intervención de Felipe VI la noche del 3-O generó una abierta y muy nueva reacción política, particularmente crítica hacia la institución, protagonizada por la izquierda (Podemos) y las propias fuerzas soberanistas, a la que se sumaron los recelos de algunos socialistas.

Pero, sobre todo, porque el golpe militar del 81 se zanjó del todo con el juicio a sus promotores —solos o en compañía de otros—, mientras que los independentistas —también procesados y encarcelados— volvieron a ser votados en las elecciones por dos millones de ciudadanos, y fueron defendidos por movilizaciones populares, mientras Felipe VI veía abrirse ante él una inédita, visible y ruidosa bolsa de antimonárquicos, aún por medir, en uno de los grandes territorios del Estado. «El actual rey tuvo su 23-F, desde luego», corrobora Marta Rivera, «y salió muy airoso. Pero estuvo más solo que su padre. El 23-F todo el mundo tenía muy claro quiénes eran los buenos y quiénes los malos, y además no habría sido lo mismo con redes sociales. El 3-O ha sido mucho más difícil».

En cualquier caso, no fue casualidad que el príncipe Felipe acompañara a su padre en la noche del 23-F (con trece años), y que Leonor (con doce) acompañara al suyo en la noche del 3-O. El paralelismo de las imágenes en sendas jornadas de crisis de Estado ejerce una similitud histórica superior a todas las diferencias de contexto.

La cercana andadura oficial de Leonor como heredera tendrá, con seguridad, algún acento catalán. Veintidós años tenía su padre, príncipe de Girona, cuando en su primera visita oficial a una Comunidad Autónoma (1990), se estrenó con un discurso ante el Parlament; un discurso del que se ausentaron tres diputados de ERC y dos del Partido Comunista catalán, y en el que, como bien se encargó de recordar veintiocho años después el independentista Quim Torra en su discurso de investidura a la presidencia de la Generalitat, llegó a decir: «Cataluña es lo que los catalanes quieren que sea». Aquel jovencísimo heredero de Juan Carlos I, acompañado por Jordi Pujol, habló además de «nacionalidad catalana» en su visita a Cervera, uno de los viejos condados del que es titular. Claro que, pese a la cita descontextualizada de Torra, el entonces joven heredero de la Corona también ensalzó el «pactismo catalán», y advirtió: «Se equivocan quienes todavía contemplan la España autonómica como un problema». Lo que no evitó el príncipe Felipe —heredero de siglos de desencuentros entre la Corona y Cataluña— es que, durante el último acto de su viaje oficial, explosionaran unos cohetes en los alrededores del Palacio de Pedralbes y fueran detenidos dos dirigentes de ERC, entre ellos, Joan Puigcercós.

Cuesta todavía imaginar a Leonor en trance semejante, que, de repetirse, le tocaría afrontar en sólo una década. Pero lo cierto es que su horizonte catalán aparece todavía más negro que el que recibió a su padre.

NUEVOS ALIADOS, ADVERSARIOS NUEVOS

Hoy por hoy, Ciudadanos es el partido que más vincula su apoyo a la monarquía a la necesidad de un contrapeso al «conflicto territorial» de Cataluña. Antes de que el nuevo monarca irrumpiera en las televisiones del país para denunciar la falta de lealtad del Govern, Rivera ensalzaba la política de gota fina de la Zarzuela: «Yo he vivido en primera persona cómo los independentistas respetan y reconocen a Felipe VI como una persona preparada, profesional, apartidista y respetuosa cuando viene a Cataluña. (...) Felipe VI habla por el Estado, por España, no por el PP o por el PSOE. Si uno mira la agenda, está en Cataluña más que el presidente del Gobierno (Mariano Rajoy)».

Muy lejos estaba Rivera de quienes, precisamente en términos de eficacia, se quejaban de la falta de utilidad de la Corona en el problema catalán, y pedían al rey una iniciativa mayor ante el riesgo de ruptura del propio Estado que representa. «Con Cataluña, lo que tiene que hacer el rey es lo que hizo en su discurso de julio (2017) en el Congreso: decir que la ley está para cumplirla, y representar la unidad institucional. Pero convencer a Puigdemont y Junqueras —no sé si lo intentó en privado— era inútil porque nadie iba a convencerlos a esas alturas. Echarle al rey esa responsabilidad por la incapacidad de unos irresponsables de cumplir la ley y la del resto de los partidos de tener un proyecto común más atractivo para seducir a más catalanes no tiene sentido... Si el 44 % de los catalanes se han vuelto independentistas en los últimos años es porque unos han mentido mucho, pero además, porque otros, el relato español no lo hemos sabido hacer.»

Pero dicho esto, tampoco le pareció mal que el monarca protagonizara el dialéctico golpe en la mesa del 3 de octubre. Todo lo contrario, aseguró que «el rey ha dado la cara por todos». Y aun siguió apoyándolo dos meses después frente a los decepcionados por el discurso de Navidad —un discurso más suave, mucho menos enérgico, tras el resultado electoral y la previsible repetición de la mayoría independentista en el Govern—. Rivera volvió a aplaudir a Felipe VI: «El discurso del rey nos representa», declaró, en la clásica expresión de la izquierda, mientras ésta clamaba ya: «No en nuestro nombre».

Y es que para Podemos, por el contrario, la posición de la Corona ante el problema de Cataluña es lo que consolidaba su definitiva oposición a la institución. Pablo Echenique le acusaba, el 25 de diciembre del 17, de que no hubiera reconocido «el fracaso estrepitoso del 3 de octubre» tras constatar la «mayoría independentista» salida de nuevo en las urnas. Echenique se descolgaba en El Confidencial con un artículo que titulaba «¿Para qué sirve la monarquía?», y su tesis era que, a diferencia de Juan Carlos I tras el 23-F, su hijo ya no tenía una justificación «pragmática» para los españoles: «La gente ya no tiene miedo al Ejército; para ser un buen embajador o superdelegado comercial de España no hace falta que sea vitalicio, impune ni jefe supremo de las Fuerzas Armadas. A lo mejor podría haber servido para mediar entre las partes, para resolver problemas desde un lugar neutral, pero lo que ha elegido es meterse en política...».

Así que cabe inferir que entre los dos nuevos partidos que han irrumpido en la España democrática con su propio reinado, Felipe VI y la futura Leonor tienen un firme aliado (Ciudadanos) y un adversario ya declarado y creciente (Podemos).

«Con aquel discurso de octubre, que yo desde luego entendí como una orden (de aplicación de artículo 155 en Cataluña), el rey hizo un juego peligroso», opina Bescansa. La fundadora de Podemos recuerda al autor ruso Vladímir Propp para argumentar que Felipe VI necesitaba una «prueba habilitante», similar a la que protagonizó su padre el 23-F. La diferencia, a su juicio, es que a él le ha resultado «regular»: «Hay un problema democrático. El Estado no sabe resolver su crisis territorial, salvo a golpes de autoridad».

ENTRE LA OVACIÓN Y EL ABUCHEO

Desde el flanco ideológico opuesto, no obstante, el exministro del PP Josep Piqué aplaude el riesgo afrontado por el rey: «El quietismo, en el caso de la Corona, no es equiparable a la prudencia. El rey debe ser prudente y no estar jamás en debates decisivos, pero no puede estar quieto sino muy activo en la defensa de la unidad territorial —también con su presencia física en Cataluña, advierte—, así como en la cohesión social». Por su parte, Pablo Casado tiene muy claro que «la sociedad española está con el rey» y «no hay un verdadero caldo de cultivo contra la monarquía». Y desde Ciudadanos, los elogios llegan a ser sentencias: «Cataluña nos ha refrescado la memoria de para qué sirve el rey», dice Marta Rivera, y añade: «La gente de mi generación, aunque poco beligerante contra la monarquía, había olvidado ya el 23-F y empezaba a dudar sobre su utilidad. Pero en esto, sale el jefe del Estado y en unos pocos minutos de inyección moral por televisión se dieron cuenta de que hacía falta alguien con liderazgo moral y emocional. La mayoría de los que viajaron a la manifestación de Barcelona (8 de octubre) compraron los billetes a partir del discurso del rey. Es lógico que los independentistas y la izquierda sean ahora más antimonárquicos, porque se han dado cuenta de que el rey pinta más de lo que creían».

Son versiones optimistas que vienen a coincidir con la de la propia Zarzuela. Cerca de la institución se entiende que la nueva beligerancia contra el rey es «indisociable» con la propia beligerancia contra el Estado; algo que explicaría el caso de los independentistas. En cuanto a Podemos, su combatividad hacia la Corona se relativiza como una consecuencia del propio giro imprimido en el congreso de Vistalegre, cuando la formación liderada por Iglesias abandonó la vía de la transversalidad política.

Ciertamente, pese a las críticas cosechadas y el agujero negro generado en Cataluña, la popularidad del rey entre el grueso de los españoles creció a raíz del 3 de octubre. Según una encuesta de Sociométrica para El Español, Felipe VI sumaba en noviembre una valoración récord de 7,2 puntos sobre 10, sólo comparable al 7,5 que el CIS llegó a otorgar a la Corona en el año top de 1995 —con una salvedad importante, claro: los votantes de Podemos le suspendían con una valoración de 3,6—. En otra encuesta también pequeña, de apenas un millar de entrevistados, PanelConfidencial rebajaba el apoyo en febrero a un 60 %.

Mejor muestra de este ascenso de popularidad fue el primer aumento de audiencia que obtuvo, casi tres meses después, el discurso de Navidad del 17: 6,2 millones de telespectadores (5,8 el año anterior). Un discurso, éste, plagado de advertencias a la nueva mayoría soberanista salida de las elecciones, pero constreñido de nuevo a la normalidad institucional; tanto, que a algunos partidos y a no pocos españoles el rey los volvió a decepcionar...

Pero ni para bien ni para mal, el sociólogo y diputado Ignacio Urquizu llegó a «percibir un seísmo» en la opinión pública tras el discurso del rey. En opinión de este joven profesor y militante del PSOE, «a Rufián (ERC) nunca le va a gustar la monarquía, diga lo que diga el rey» y «sólo los moderados habríamos mejorado nuestra valoración sobre la institución si el monarca hubiera tenido algún gesto hacia el mundo independentista en aquel discurso; un discurso que, desde luego, no rompió la neutralidad de la Corona, pero sí le faltó algo de empatía o cinco frases en catalán». En su opinión, la institución no ha sufrido un verdadero desgaste en relación con Cataluña.

En todo caso, y a falta de encuestas de alta fiabilidad, la única manera de medir la temperatura del pulso independentista y populista con la Corona estaba en la calle: la cacerolada y los desplantes de la alcaldesa y el president del Parlament, con que fue recibido el monarca en su primera visita a Cataluña de febrero de 2018, con motivo de la feria internacional del Mobile World Congress de Barcelona. Hacía seis meses que no pisaba Barcelona, desde el atentado yihadista de las Ramblas de agosto de 2017, en que por primera vez en la Historia un rey participó en una manifestación de protesta y, no obstante, también fue abucheado. Un pulso trasladado igualmente a otros ámbitos municipales, como el del Ayuntamiento soberanista de Girona, que decidía expulsar de su sede tradicional a la Fundación Princesa de Girona y obligar a ésta a buscar otro inmueble —privado, y blindado por fuertes medidas de seguridad— para celebrar la anual entrega de premios a talentos jóvenes (junio 2018). Y también al ámbito judicial, en el que se alternaban las sentencias a favor de la reposición de un busto real en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal, y la consagración europea de la quema de retratos reales como meros gestos de la libertad de expresión... La Corona se validaba en el Estado, pero acusaba el rechazo de buena parte de Cataluña.

Es pronto para saber si la temperatura habrá bajado o no cuando llegue Leonor al trono, pero lo seguro es que, con guiños o sin ellos, la institución seguirá sin tirar la toalla del Estado en Cataluña. Le va en ello su propia supervivencia.

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En busca de un relato

Así pues, el futuro de Leonor «depende» de su padre y de Cataluña, pero en todo caso, como acabamos de ver, de los políticos; de todos ellos, de los viejos y, más aún, de los nuevos, que han venido para quedarse. Y no tanto por debilidad de la institución como porque, en realidad, así lo establece el sistema: una democracia de partidos —cuyo poder sobrevive, cuarenta años después, a la creciente pérdida de representación y a su propia fragmentación— que el rey nunca podría cambiar ni salvar unilateralmente, porque, sencillamente, forma parte de él. Felipe, Leonor... nunca sobrevivirían a los políticos. «La monarquía es Corona más Gobierno más Parlamento; es la cabeza de un sistema del que depende. El rey puede hacer todo con los partidos, nada sin ellos o contra ellos, y mucho entre ellos», apunta un alto cargo, que otorga a la monarquía la función «suprapartidista» que España necesita para vencer las dos tensiones internas que la amenazan de manera secular: el nacionalismo y las luchas fratricidas entre izquierda y derecha, entre revolución y reforma, entre laicidad y religión. Algo que, curiosamente, y a excepción hecha del nacionalismo, une a España y a... Francia. Los dos son «estados europeos históricamente construidos desde arriba», según apunta el mismo interlocutor: España, por sus reyes, y Francia, primero por Napoleón y luego por De Gaulle; ambos monarcas republicanos, herederos del viejo régimen de Versalles.

Según esta misma perspectiva, la monarquía actual la trajeron a España —o la devolvieron— los vencedores de la Guerra Civil, y los vencidos la aceptaron. Si sobrevivió fue porque sirvió en aquella coyuntura, como reconocible promotora de la democracia. Pero hoy la realidad es que las nuevas generaciones antimonárquicas relativizan aquel compromiso de la Corona: «Yo creo en la geopolítica», argumenta Bescansa, «y los reyes —que no son de derechas ni de izquierdas sino conservadores... de su propia institución— se han hecho democráticos porque ése es el contexto geopolítico en el que les ha tocado vivir. Juan Carlos I fue rey porque lo puso Franco y fue demócrata porque no podía sobrevivir de otra manera».

Una perspectiva que convive en el hemiciclo del Congreso con otra totalmente contraria, como es la del popular Pablo Casado, para quien la Transición fue el tercero y último de los episodios que hacen «indisociable» a España con la monarquía, a lo largo de toda la Historia. El primero de estos episodios está en el propio origen de «la nación más antigua de Europa», y es que «España nació como una unión de reinos», y «las pulsiones territoriales que vivimos hoy son centenarias». El segundo hito, «sólo comparable a Roma y Grecia en la Historia de la Humanidad», es a su juicio el hecho insólito de «la Hispanidad», por el que el Reino de España y el continente descubierto en el siglo XV han «compartido lengua, cultura y religión durante seis siglos».

DE «CORONA = DEMOCRACIA» A «CORONA = ESTADO»

Lo cierto es que este último episodio, el paso de la dictadura a la democracia, ha dado título a la monarquía durante casi cuatro décadas. Luego, como se sabe, vinieron mal dadas para la institución, y tras el relevo en la Corona, la monarquía pugna ahora por renovar su discurso.

Y es que, tal como cuenta la profesora y ministra Meritxell Batet, con veinte años de experiencia explicando la Transición a las nuevas generaciones, está claro que los universitarios de hoy son «inmunes» al relato de la Transición que incluye a la Corona como instrumento en favor de la democracia. «Hasta hace unos años, la explicación aséptica de aquel período llevaba a casi todos los estudiantes —95 de cada 100, republicanos por principio— a aceptar la monarquía como forma de Estado», cuenta la ya exdiputada socialista, «pero ahora el golpe de Estado del 23-F les queda muy lejos en el tiempo y les parece un argumento antediluviano o medieval».

Además, Batet está convencida de que esta experiencia directa la tendría en cualquier otra universidad española. Su «certeza» es de carácter más generacional que territorial. Y, por tanto, a su juicio el futuro de la monarquía depende, más que de su justificación histórica como piloto de la democracia, de su propia «interiorización» y encarnación de «los valores democráticos».

Para bien o para mal, el fin del relato «monarquía igual a democracia» entre los jóvenes españoles es una realidad que no sólo suscribe una parte de la clase política. La socióloga Belén Barreiro, exdirectora del CIS y autora del libro La sociedad que seremos (2017) —toda una proyección demoscópica hacia la España del futuro—, cree que ya el actual monarca ha perdido ese «enganche», esa justificación histórica, y Leonor va a recibir un «cuestionamiento mayor» que el que tuvo su abuelo Juan Carlos. «Los jóvenes son cada vez más republicanos, y lo son de manera transversal: conservadores y progresistas no ven un encaje natural en la monarquía, y ya no tienen ataduras con la Constitución.» Ahora bien, el que en el futuro pueda haber una «abrumadora mayoría republicana», ello no implica que ésta haga nada por cambiar el sistema: «Las nuevas generaciones son indiferentes. La monarquía, sencillamente, no les interesa nada».

Se diría, pues, que el pueblo español ya ha amortizado el que la Corona trajera a España la democracia; lo que ahora parece pedirle —y Felipe VI ha hecho gestos en esa dirección— es que dé ejemplo de virtud cívica y privada, de austeridad, de superación individual y colectiva, y dé impulso unitario al país y sus instituciones. En otras palabras, una vez amortizado el discurso «monarquía igual a democracia», el sucesor de Juan Carlos parece estar construyendo el suyo propio: «monarquía igual a Estado». Sobre todo desde el discurso del 3 de octubre, la Corona se proyecta, al modo británico, no como una parte del Estado sino como el Estado mismo, su propio símbolo y garantía; como la institución valedora de la continuidad histórica del Estado frente a los desafíos a la unidad territorial. Sin la fuerza simbólica de un rey, dice un intelectual, «España dejaría de ser la monarquía española para ser... las repúblicas españolas». En este sentido, el lema que hizo famoso a Juan Carlos I al procurar la reconciliación nacional —«el rey de todos los españoles»— representa un nuevo reto para la Corona en términos territoriales.

Pero aun en el supuesto de que Felipe VI consolidara este relato, Leonor necesitará el suyo propio. Si Juan Carlos fue el «rey de la democracia», si Felipe está intentando ser el «rey del Estado» y el de su «regeneración», la futura reina habrá de llegar con su particular sello. Tal vez necesitaría —además de apuntalar lo anterior— representar a la España de las nuevas generaciones nacidas de la revolución digital. O tal vez le baste simplemente con aprovechar su condición de mujer y transformarse en la «reina de la igualdad» de género del siglo XXI.

MUJER, GENERACIÓN Z Y REINA 4.0

La condición de mujer de Leonor es un signo en el que algunos políticos de la izquierda han puesto sus esperanzas hacia la institución. El propio presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, subrayó el género de la futura reina en el documental que Telemadrid elaboró con ocasión del cincuenta cumpleaños del rey Felipe. «La llegada de una mujer al trono», argumenta por su parte un viejo político de la izquierda felipista, «sintoniza a la monarquía con el propio devenir de la sociedad española». «Por muchas razones, y una de ellas es ésta, la monarquía es más moderna de lo que parece», dice Ignacio Urquizu, un diputado socialista de la nueva generación que, pese a decirse republicano, dice «creer en las instituciones» y en que la de la monarquía «hay que tomarla en serio». Así, califica de «muy positivo» que España vaya a tener una reina en lugar de un rey: «La monarquía, como se vio con la abdicación en plena crisis, va por delante de los partidos. Yo siempre he dicho que el primer partido que presente una mujer a la presidencia del Gobierno gana las elecciones». El que Leonor sea mujer es una casualidad, pero es también «un símbolo, que tiene su importancia en la conexión de la institución con la ciudadanía, y supone un paso a la normalización de la igualdad real».

En realidad, los socialistas son los más entusiastas en lo que al género de la Corona se refiere, porque en el PP, siendo algo que se ve con simpatía, en absoluto se le concede la importancia que le otorgan sus adversarios políticos. «Precisamente porque estoy a favor de la igualdad», argumenta el exportavoz del Gobierno y exministro de Educación del PP, Íñigo Méndez de Vigo, «me da igual que reine un hombre o una mujer. No hago distingos sobre la regla dinástica, que es la que debe regir en la sucesión».

«La diferencia entre el PP y nosotros», analiza la socialista Batet, «es un problema de nivel de lenguaje: en materia de igualdad los populares hablan un lenguaje prescriptivo, o sea, de lo que debería ser; y nosotros, descriptivo, sobre lo que es en realidad. Así, a nuestro juicio, para alcanzar esa igualdad real que no existe, son tan importantes las leyes como los símbolos. Y entre éstos, tan importante fue el Gobierno paritario de Zapatero o el pase de revista de la ministra de Defensa embarazada, Carme Chacón, como que en su día haya una reina; porque formará parte de esa simbología y supondrá toda una oportunidad, precisamente, para que la sociedad interiorice la igualdad, y la Corona represente uno de esos valores constitucionales básicos». Ciudadanos comparte en este caso el discurso socialista. La diputada Marta Rivera otorga un «gran valor simbólico» al género femenino de la futura reina, pero «no sólo para la causa feminista, sino para la propia modernidad».

Paradójicamente, el relato de una mujer en el trono de España no será lo que seduzca, ni lo más mínimo, al feminismo y a la nueva izquierda. La Corona no «vende» entre los jóvenes radicales ni siquiera en femenino. Para las mujeres de Podemos, el que la futura jefa del Estado comparta su género les resulta del todo «indiferente», en palabras de la edil de Madrid Rita Maestre, o de Carolina Bescansa. «La monarquía difícilmente puede encarnar los valores del feminismo», argumenta esta última. «El que fuera de alegres costumbres no convirtió a Isabel II en feminista; y mucho menos lo es hoy la reina Isabel de Inglaterra...», abunda la diputada.

Los varones de la formación son sólo un poco más condescendientes. Pablo Echenique admite que el hecho de que la heredera sea mujer, «dentro de lo malo, dentro de nuestra discrepancia, está bien. Es buena noticia que haya mujeres», dice, «en los puestos de poder». Ser reina en lugar de rey no parece, pues, condición suficiente en sí misma para construir un relato ante este ámbito político y social.

Claro que, a ojos del centroderecha, no será precisamente el ideologizado espectro de izquierda el que reciba a Leonor en el trono. Tal como lo ve Pablo Casado, «el concepto de casta ya no cuela. El rey ni cobra tanto ni trabaja tan poco como algunos pretenden; hace su labor como jefe del Estado y el único problema que algunos le achacan es que no sea elegido, cuando lo relevante es que esté lo bastante preparado y sea lo bastante conocido para representar a España en foros internacionales como Davos, donde nadie conoce ni invita al presidente de Alemania, cuyo nombre casi nadie recuerda».

Casado, un exponente de la generación Y, la de los millenials (1980-1995), la primera generación nativa de la era digital, está convencido de que Leonor será la reina de la generación Z, de su propia generación (1995-2010): «Jóvenes que han nacido ya con el chip integrado en sus vidas; medioambientalistas, no consumistas —elegirán un coche por la domótica, no por la marca—, pragmáticos, poco ideologizados, ajenos a las oficinas bancarias y los grandes almacenes; clientes de las plataformas digitales; autónomos, impacientes... y, sobre todo, conectados. Leonor tendrá que responder a sus expectativas como antes lo hicieron su padre (generación X) y su analógico abuelo. Lo de menos, también desde esta perspectiva, es que sea mujer; lo importante es que sea la “reina de la revolución digital” y que sea ésta la que traiga la igualdad».

Urquizu da más importancia al símbolo de la mujer en el trono y menos al título con que se bautice a la generación de Leonor. Pero está significativamente de acuerdo con su colega de escaño en lo fundamental, y es que la futura reina habrá de «lidiar con el triple desafío que representan el cambio tecnológico, la globalización y la necesidad de recuperación y de crecimiento del país». En su opinión, «la monarquía se debe más a la opinión pública que, directamente, a los políticos. Y tiene que conocer a qué sociedad se dirige, conectar con ella. La sociedad en la que reinará Leonor habrá cambiado de paradigma. El cambio tecnológico conduce a un cambio social: desde la forma de consumir la información —ya lo estamos viendo— hasta la devaluación del trabajo como eje vertebrador de la persona —con el big data, la tecnología 3D...—, pasando por la constitución de las ciudades-estado... La nueva reina necesitará gente que la ayude a pensar estos temas... Pero lo básico es que la futura monarquía, la monarquía moderna o 4.0 tiene que ser una monarquía en la que lo social —la cultura, la educación, las relaciones sociales— pese mucho».

Por su parte, la socióloga Belén Barreiro parte de la premisa de que «en una sociedad digital, cada vez más horizontal, tiene mal encaje una institución vertical» como la monarquía. Aunque está de acuerdo en que el género de la futura reina le granjeará mayor «empatía», no cree que le permita simbolizar la defensa de la igualdad, porque la propia institución que representa «no es igualitaria». «Tendrá que elevar mucho sus niveles de autoexigencia, porque la futura sociedad no se va a sentir seducida por la Corona, ni le va a agradecer su labor», asegura. Aun así, Barreiro se dice convencida de que si la institución no comete «errores» y se demuestra «transparente y útil», no alentará oposición alguna y convivirá sin problemas con la «indiferencia» pragmática de las nuevas generaciones.

Los monárquicos se muestran mucho más confiados y menos interesados en el alcance del cambio que acarreará a la Corona el seísmo tecnológico hoy en ciernes. «Las consecuencias que va a tener la revolución digital en la que ya estamos instalados son difíciles de precisar», dice el popular Íñigo Méndez de Vigo, «pero los reyes no son ninguna excepción, y siempre han sido producto de su tiempo. Ningún rey es igual al anterior, y doña Leonor será, seguro, distinta de Felipe VI».

LOS CONSEJOS DEL PADRE

Creen los monárquicos convencidos que aunque el rey no hiciera nada y se limitara a «estar», «sin llamar la atención ni protagonizar escándalos», ya estaría haciendo algo útil por la estabilidad del Estado. Eso es algo de lo que, paradójicamente, años antes de la crisis de Botsuana, parecía convencido Juan Carlos I. Basta recordar las cartas que envió de su puño y letra al príncipe Felipe durante su estancia preuniversitaria en Canadá en los años ochenta (José García Abad, El Príncipe y el Rey, 2008) y los muchos consejos que le daba en su primera salida fuera de España: «Sé ejemplar, no des escándalos. (...) La cadena de la indiscreción es como un reguero de pólvora. (...) Saber callar es tan difícil como saber hablar. (...) Tienes que ser amable aunque no te apetezca. (...) No olvides jamás quién eres y el alto destino al que estás llamado; no dejes de pensar en que los ojos de los españoles están constantemente fijos en ti y que todas tus acciones serán comentadas y juzgadas al detalle...».

El príncipe interiorizó plenamente estos consejos, pero al término de sus estudios en Estados Unidos (con veintidós años) dio muestras de haberse contagiado de un espíritu más proactivo, y hasta peligrosamente competitivo para los principios monárquicos: «El cargo de rey no está asegurado para toda la vida», arriesgó el joven príncipe, y «debe demostrar cada día que está a la altura de su puesto».

El caso es que Felipe VI, que tenía dieciséis años al recibir las cartas de su padre, fue mucho más allá en su sermón laico a Leonor (doce años), al entregarle el Toisón. No sólo le advirtió de lo que no debía hacer, sino de lo que debía guiar su vida pública... y privada: «Tus acciones —todas—», subrayaba en presencia de las altas autoridades del Estado, «deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad, por la honestidad y la integridad, por su capacidad de renuncia y de sacrificio, por el permanente espíritu de superación y por tu entrega sin reservas a tu país y a tu pueblo». Pero el «primer rey constitucional» decía algo más: «Deberás respetar a los demás, sus ideas y creencias; y amarás la cultura, las artes y las ciencias, pues ellas nos dan la mejor dimensión humana para ser mejores y ayudar a progresar a nuestra sociedad. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola...».

De hacer pues caso al rey, Leonor sí habrá de hacer algo más que abstenerse de protagonizar escándalos. Lo que no le dice —por ahora— es cómo deberá ejercer en su día la labor de mediación a la que la obliga la Carta Magna del 78. Y se trata de algo muy importante, porque poco se parece la idea que Felipe VI tiene de esta función constitucional a la que su predecesor le explicaba en sus cartas. «Es de sumo interés estar preparado en materia política, seguir con afición e interés la que en cada momento se realiza en el país, y ser capaz de juzgarla para tratar de influirla con prudencia y con tacto», escribía Juan Carlos. Pero para Felipe VI —dicho y repetido por el alto personal de la Casa— la mediación y arbitraje constitucionales no implican influencia política, por prudente que ésta fuera. Así se pudo ver en la crisis de enero del 16 (cuando huyó del «borboneo» durante el bloqueo), aunque, de manera excepcional, ejerció su protagonismo como jefe del Estado en octubre del 17 (con su muy influyente discurso frente al órdago independentista).

No es descartable que el padre de Leonor, a diferencia del abuelo, leyera al profesor Francesc de Carreras y se convenciera del antagonismo de estos dos conceptos: autoridad e influencia. A juicio del intelectual catalán, «ejercer influencia resta sin duda autoridad al rey». Más aún, «la influencia es el peor enemigo de las monarquías parlamentarias». De su opinión se deduce que lo que garantizará la continuidad de la monarquía no es el poder entre bastidores que los ancestros de Leonor —incluido su abuelo— desplegaron en privado, sino de la conquista personal e institucional de una autoridad pública basada en conceptos intangibles pero certeros, como el respeto y la ejemplaridad. Una ejemplaridad que, como ya se ha dicho, asumió tarde Juan Carlos I en sus discursos y que se ha instalado de lleno en los de su sucesor.

El propio inventor de este concepto (Ejemplaridad pública, ya citado), el ensayista y filósofo Javier Gomá, escribía en Rey de la democracia sobre la tarea aún pendiente tras la abdicación de Juan Carlos: «El oficio de la Corona, en el pináculo del poder pero privado de coactividad, estriba casi exclusivamente en el deber de personificar la ejemplaridad en grado eminente. La Constitución dice que la persona del rey no está sujeta a responsabilidad, pero, bien mirado, le incumbe la responsabilidad no jurídica pero sí política, moral y estética, de ser ejemplar».

Y cuando Gomá habla de ejemplaridad (lo hacía también en 2012) no distingue entre vida «pública o privada», porque «una persona es simplemente ejemplar comprendiendo todas las dimensiones de su personalidad». En su opinión, «todos vivimos en una red de influencias mutuas, pero determinadas personas tienen un plus de responsabilidad y con su ejemplo pueden moralizar o desmoralizar y destruir la sociedad, y éstos son los funcionarios, los políticos y la Corona». Una Corona que si pierde su carácter simbólico, se convierte en «irrelevante».

LAS ASIGNATURAS PENDIENTES DE LEONOR

En este sentido, sea cual sea el relato (femenino, tecnológico, social), le harían falta a Leonor otros tres elementos de los que hoy por hoy adolece la Corona: el primero, la empatía, el sentimiento. Como dice el propio Gomá: «La Corona presenta un rasgo que sólo a ella le es propio: es un símbolo personal y concreto. Las personas concretas son capaces de suscitar un sentimiento que no producen un símbolo abstracto o una idea general, por estimable que sea. El respeto o incluso el entusiasmo hacia el orden constitucional, cuando se dirige a una persona, se ensancha en un rico surtido sentimental que va desde la simpatía, la adhesión o la identificación, hasta el mismo amor».

Si hay un flanco poco cultivado por la actual monarquía borbónica en España, ése es el de la calle. El primer funcionario del Estado en que ha gustado convertirse Felipe VI ha salido poco de palacio y de los edificios institucionales en sus cuatro años de reinado, y su contacto personal con los españoles se limita a los actos sectoriales: académicos, universitarios, profesionales, castrenses, deportivos o culturales. Pese al buen recibimiento popular dispensado en sus salidas, como la que hicieron en la primavera de 2016 por los pueblos de Castilla La Mancha, los reyes no ponen pie en tierra por los cuatro puntos cardinales del territorio español. Las visitas a hospitales —frecuentes en la monarquía británica— y barrios marginados están ausentes de la agenda de la Corona española pese al notable sesgo social de los discursos del monarca. La agenda «asistencial» de la Zarzuela sigue, como en el reinado de Juan Carlos I, prácticamente reservada a la reina consorte. He ahí un área casi expedita para la futura monarca Leonor. Como lo sería la recuperación de las vacaciones familiares en Palma o la asistencia a cualquier otra fiesta popular o destino promocionable para el turismo español.

A la vez, sin que ello sea incompatible con pisar la calle, la reina de mediados del siglo XXI habrá de cultivar una mística, una distancia, un cierto protocolo regio que procede del lejanísimo y ya perdido origen sacro de las monarquías. Hoy en día, las reverencias del pueblo y de las autoridades a los reyes Felipe y Letizia han caído en desuso con la complacencia de la propia Casa. Bastaba ver el desfile de «ministras y ministros en Zarzuela el día de su promesa del cargo: sólo los veteranos, como Borrell, inclinaron visiblemente su cabeza ante el rey, pero aquélla no las ha dejado en el olvido. No por casualidad, al recibir el Toisón, Leonor cumplió de manera escrupulosa con la reverencia a su padre y a su abuelo.

En este sentido, los españoles recibieron con verdadera satisfacción el empaque y la pompa que se dio a la recepción del presidente de Argentina y su esposa en febrero del 17, apenas pasados unos días de la sentencia del caso Nóos; y los medios reprodujeron con un significativo éxito las imágenes de una reina de origen plebeyo tocada (transformada más bien) con una tiara de diamantes heredada de otra reina de España, Victoria Eugenia. Aquella imagen vino a marcar la sutil diferencia entre los regios anfitriones y los republicanos invitados; una diferencia basada en la historia y los signos, en la representación más vetusta, superviviente en el mundo globalizado. Aquella estética vino a consolidarse con el exitoso viaje de los reyes a Reino Unido, donde la joven pareja real española se midió sin problemas con los soberanos británicos, titulares de la monarquía parlamentaria más antigua y reputada. Leonor habrá de alternar también los vaqueros de las escapadas con los brocados de palacio, las bandas de seda y las tiaras de diamantes.

Pero además, y en último lugar, a Leonor le hará falta una cierta cultura institucional, hoy inexistente en España, que se extienda a la ciudadanía y a los propios partidos. Una cultura que no sólo aporte conocimiento sobre las funciones constitucionales de la Corona o sobre su justificación histórica, sino, ante todo, que permita entenderla como elemento de estabilidad frente a la volatilidad de la política y el Parlamento; y no tanto como una parte más del Estado, sino como el reflejo mismo de ese Estado y de su propia unidad. Una cultura que abunde en la casi perdida relación entre monarquía y democracia y que, sencillamente, se divulgue, se enseñe y se aprenda. «Alfonso XIII no borboneó por gusto», argumenta un monárquico, pese a criticar que lo hiciera, «sino porque los políticos no se ponían de acuerdo».

Hoy por hoy, los españoles no tienen muy claro para qué sirve el rey, ni para qué serviría una reina —más allá de aportar glamour a su función de representación institucional e internacional—, dado que formalmente la Constitución le impide resolver problemas. Muchos creen que para lo que debería servir, sencillamente, es... para evitarlos. Pero a falta de esa cultura institucional, hasta el ejercicio más sutil e irreprochable de la Corona chocará con la España barroca que conocemos, y con una clase política cada vez menos dada a lealtades.

De hecho, la lealtad institucional hacia la Corona es una de las realidades más reconocibles en Reino Unido y una de las mayores carencias señaladas por los expertos en España. Basta recordar que el laborista Tony Blair respaldó a Isabel II en la crisis de Lady Di, pero tras el striptease del vídeo viral del domingo de Pascua, la familia real española aguantó su propia vela. De hecho, pocos han sido los políticos que han querido colaborar on the record para estas mismas páginas.

Antes de llegar al trono, Leonor tendrá ocasión de medir esa lealtad y esa sutileza en la manera en que las instituciones, y en particular el Gobierno —en teoría, el verdadero «asesor» de la Casa—, respalden y animen sus actos, ya constreñidos por las propias dotaciones presupuestarias. Y en el trono, la reina Leonor podrá también medir el grado de decadencia que en realidad ha venido padeciendo la clase política española —y también la europea— en tiempo de su padre —particularmente solo en algunos momentos de la crisis de Cataluña—, y que supone una amenaza sobre ella y sobre sus colegas.

Existen tesis pesimistas sobre el futuro, no ya de la monarquía española, sino de todas las monarquías. Algún erudito consultado dentro de las instituciones apunta como una constante histórica y universal que ningún reino ha sobrevivido a los grandes imperios; esto es, a una estructura política supranacional como la que, por ejemplo, y pese a todos los equilibrios y amenazas internas, constituye hoy la Unión Europea; ni las monarquías germanas sobrevivieron al Imperio austrohúngaro, ni las indias, al Imperio británico... Apenas un puñado de reyes tribales africanos constituyen una singular excepción hoy en día.

Se trata de una tesis interesante. Pero no deja de ser una reflexión teórica para el largo plazo. Porque aun con todas sus nubes y tormentas, con los enormes condicionantes políticos y ambientales, el horizonte inmediato de la futura reina aparece abierto. Será imprescindible, en todo caso, que las nuevas generaciones de la revolución digital y los políticos de las próximas décadas confirmen el nuevo eslabón dinástico para la España de la segunda mitad de siglo. Será necesario, además, que Leonor trabaje ya en ello.

Madrid, julio 2018

Agradecimientos

A Margarita, amiga, acicate y primera lectora. A Leandro, ese pequeño gran pozo de sabiduría y de generosidad que he descubierto gracias a este libro. A Pepe, viejo colega, por la idea de escribirlo. A Elena, compañera del metal y también amiga, por su decisiva ayuda. A Virginia, mi editora, por su apuesta y su sinceridad. A los autores que he leído, por haber podido devorar sus libros. A los políticos citados, por su valentía. A mis fuentes, por lo aprendido. Al periodismo, por lo vivido. A mis hijos, Gonzalo, Coro y Belén... y a Natalia y Álvaro, por su aliento. Y a Pedro, claro, por todo y por tanto.

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La pequeña heredera (3,550 kilos, 47 centímetros) fue presentada a los españoles por los entonces príncipes de Asturias, cumplidos sus primeros nueve días de vida. Su padre se declaró confiado en una reforma constitucional que garantizara sus derechos a la sucesión a la Corona ante un futuro hermano varón.

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El bautizo —de mano de monseñor Rouco Varela— y la primera comunión de Leonor han marcado las pautas de una educación católica, de larga tradición en la monarquía española, compatible con la aconfesionalidad del Estado que marca la Constitución de 1978.

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Leonor no había cumplido cinco años cuando tuvo en sus manos la copa del Mundial de Fútbol. La marea roja sonreía por entonces a España. Pero a la futura reina le harán falta algo más que triunfos deportivos para reeditar la ilusión colectiva y la idea de unidad.

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La exposición pública de Leonor se ha limitado durante toda su infancia a los bucólicos posados oficiales de verano y de Navidad, siempre en familia y en la estricta compañía de sus padres, los reyes, y de su hermana, la infanta Sofía.

(Portada cedida)

Pese al enorme control de su privacidad, en noviembre de 2016 la heredera de la Corona fue fotografiada de la mano de su madre paseando de incógnito por Madrid con una gorra calada sobre los ojos.

Estandarte de Juan Carlos I

Estandarte de Felipe VI

Estandarte de Leonor

Los escudos de armas son el «logo», la marca de la Casa del Rey. El color del guión —azul oscuro el de Juan Carlos I, rojo carmesí el de Felipe VI, azul más claro el de la princesa de Asturias— es la diferencia más visible entre los del pasado, el actual y la futura titular de la Corona. En cuanto a las «armas», sólo el abuelo de Leonor conserva el yugo y las flechas (por separado) que fueron símbolo de los Reyes Católicos.

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La sorpresiva abdicación de su abuelo, el rey Juan Carlos (2014), y la muy institucional recepción del Toisón de mano de su padre, Felipe VI (2018), han acercado a Leonor al momento —tal vez en sólo dos décadas— en que pudiera convertirse en monarca.

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Catalina de Lancaster

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Isabel la Católica

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Juana la Loca

Catalina de Lancaster fue la primera princesa de Asturias (consorte) de la historia (1388). Su boda con Enrique de Trastámara y la concesión del propio título por parte del padre de éste,Juan I, fueron símbolo de una unidad política y de un compromiso de paz para Castilla que resultó definitivo, tras años de guerras entre legitimistas y bastardos. Su nieta, Isabel la Católica,prefirió garantizarse el título legitimador de la corona, a aceptar el trono que le ofrecían los nobles y que logró ocupar siete años después. Su hija,Juana la Loca, también ostentó el Principado de Asturias antes que el trono, en el que sus particulares fantasmas le impidieron reinar.

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Isabel II

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Isabel la Chata

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María de las Mercedes

Isabel II, la última reina «propietaria» (no consorte) y única de la Casa Borbón hasta ahora, tuvo la iniciativa de asegurar jurídicamente al príncipe de Asturias la sucesión en la corona. Su hija Isabel, la más castiza de las herederas, popularmente conocida como «la Chata», fue desplazada en sus derechos por su hermano menor,Alfonso XII. Su sobrina, María de las Mercedes, fue princesa de Asturias hasta su muerte, sobrevenida antes de que su hermano Alfonso XIII tuviera descendencia.

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Isabel II de Inglaterra

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Margarita de Dinamarca

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Victoria de Suecia

Isabel II de Inglaterra (1926) y Margarita de Dinamarca (1940) son en la actualidad las grandes matronas de las casas reales europeas, tras la abdicación de Beatriz de Holanda. Toda una generación las separa de Victoria de Suecia (1977), llamada a ocupar en su día el trono de su padre,Gustavo.

Isabel de Bélgica

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Amalia de Holanda

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Leonor

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Isabel de los Belgas (2001), Amalia de Holanda (2003) y Leonor de España (2005) se perfilan como el trío de jóvenes reinas de la Europa de segunda mitad del siglo XXI; no sólo coinciden en edad sino en el momento de convertirse en herederas. Sus respectivos padres ciñeron la corona tras la abdicación de los reyes Alberto (2013), Beatriz (2013) y Juan Carlos (2014).

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El padre de Leonor fue soldado honorario con nueve años, una edad a la que su heredera nunca se ha uniformado, pero sí ha cumplido con el ceremonial de los desfiles castrenses. La futura jefa de las Fuerzas Armadas podría pasar por las academias militares.

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Fuera de las cámaras, la histórica noche del golpe del 23-F el príncipe Felipe acompañó a su padre. Casi cuatro décadas después, la princesa Leonor hacía lo propio la tarde del 3-O,en que el rey televisaba su discurso a la nación frente al órdago independentista.

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Leonor era sólo un bebé cuando la antigua familia real todavía posaba al completo en los exteriores del Palacio de Marivent (2006), antes del divorcio de sus tíos Elena y Jaime, la caída a los infiernos de sus otros tíos, Cristina e Iñaki, y la abdicación de su abuelo Juan Carlos.Y ocho años tenía la princesa en una de sus últimas fotografías veraniegas junto a sus primos Urdangarín.

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La blusa negra de topos en la espalda de la reina Letizia quedaría grabada en la retina de la opinión pública española en abril de 2018, interponiéndose entre el fotógrafo y la reina Sofía, quien intentaba en vano posar junto a sus nietas, a la salida de la tradicional Misa de Pascua en Palma. Una imagen de la que la propia Leonor quedaría muy mal parada. Mes y medio después, el grupo femenino de la familia real trataba de enmendar el error con su salida conjunta a un musical en Madrid.

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El factor humano resulta clave en la monarquía, la única institución pública basada en la familia, y para la que el sentimiento y la empatía resultan tan importantes como la transparencia y la ejemplaridad. Unas asignaturas siempre pendientes que, junto al consenso político y la paz territorial, condicionarán el trono de Leonor.

¿Será Leonor la futura reina de España?

CubiertaNo es mucho lo que sabemos de Leonor de Borbón y Ortiz. Trece años de educación privada y blindaje informativo han mantenido apartada de la opinión pública a la heredera del trono de España. La joven recoge el testigo de una Isabel la Católica que eligió ser princesa de Asturias antes que reina y se prepara para formarse según un plan educativo específico; para hacer equilibrios sobre el alambre jurídico de una función no escrita; para lidiar con una izquierda vigilante y una derecha desafecta; para distanciarse de los escándalos recientes; y para reinar en una Europa... de reinas.

¿Lo conseguirá Leonor? «Depende», responden los políticos preguntados por la autora. Depende de su padre, Felipe VI, y de ella misma. Ambos tendrán que construir su propio relato. Leonor. El futuro condicionado de la monarquía analiza a luz de la ley, la política y la historia los escenarios a los que ya se enfrenta la princesa desconocida.

Carmen Remírez de Ganuza es una periodista de largo recorrido tanto en medios escritos como audiovisuales. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, arrancó su carrera profesional en Actualidad Económica y Europa Press; a la que sumó dieciséis años de reportera en la revista Época, y un tiempo similar en el diario El Mundo, donde cubrió la información política y judicial, antes de especializarse en la relativa a la Casa Real. En la actualidad colabora como analista en TVE, Telemadrid y Cadena Ser.

Edición en formato digital: septiembre de 2018

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