¿Quién manda en este país? En su libro Las redes de poder en España Andrés Villena Oliver demuestra que la democracia española es una carcasa que oculta y protege los intereses de las élites que ejercen realmente el poder en España. Detalla quiénes son los miembros de esos grupos, denuncia sus complicidades, nos dice de dónde salen y cómo se encuentran, de qué manera dominan no solo la política sino también la economía, los medios de comunicación… Y así pone al descubierto un fenómeno mucho más decisivo y pernicioso que el de las «puertas giratorias».

Como dice en su prólogo Juan Torres López, en estas páginas encontramos «una exposición tan rigurosa como transparente de lo que hay detrás de lo que vemos en la política española. Una realidad que debiera conocer quien no quiera ser manipulado, quien desee ser libre y no una marioneta».

Y añade que su lectura permite «descubrir que las élites que nos gobiernan son en realidad amigos, primos, antiguos compañeros de colegio, hijos o nietos de las mismas familias» que mandaban durante el franquismo e incluso antes. Además, el libro también permite entender cómo, en defensa de sus intereses, «la élite que gobierna España no tiene empacho en poner en peligro la propia supervivencia del Estado, o la vida de sus compatriotas».

Andrés Villena Oliver

Las redes de poder en España

Élites e intereses contra la democracia

ePub r1.0

Titivillus 03.05.2020

Título original: Las redes de poder en España

Andrés Villena Oliver, 2019

Prólogo: Juan Torres López

Editor digital: Titivillus

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Acerca del autor

ACERCA DEL AUTOR

Andrés Villena nació en Elche (1980), pero ha vivido la mayor parte de su vida en Málaga. Es sociólogo y periodista. Se doctoró (cum laude) en Sociología por la Universidad de Málaga y ha obtenido sendos másteres en Sociología Aplicada y Sociología de los Problemas Sociales. Además, es licenciado en Economía y en Ciencias de la Comunicación. Ha trabajado como columnista y redactor en diversos medios como El Plural, el diario Público, Informativos Telecinco, la edición española del Huffington Post y la revista CTXT, entre otros.

Prólogo

PRÓLOGO

El libro del profesor Andrés Villena que tengo el honor de prologar es la demostración de que la democracia española es, en realidad, una carcasa que sirve para proteger los intereses de una élite reducida que viene manejando los hilos de la sociedad española desde hace decenios.

En las páginas que siguen, Andrés Villena pone al descubierto la tupida madeja de complicidades y relaciones personales y profesionales que mueve las fichas de la economía y la política en España. Y lo hace con una transparencia y con una naturalidad tan exquisitas que logra que el lector, o al menos ese ha sido mi caso, no pueda dejar de leer lo que está leyendo, ni de sorprenderse.

Villena utiliza con maestría los resultados de su extensa documentación para permitir que sus lectores se adentren en la tramoya y descubran por sí mismos que quienes parecen adversarios en la escena pública son en realidad amigos, primos, antiguos compañeros de colegio, hijos o nietos de las mismas familias, personas que llevan los mismos apellidos que nuestros padres y abuelos ya oían pronunciar cuando el parte daba la relación de nuevos ministros de la dictadura, o incluso mucho antes. O, más familiarmente, «compi yogui», como llama la reina de España al poco ejemplar empresario Javier López Madrid, varias veces imputado.

Este libro de Andrés Villena es el relato de lo que hay realmente en la sombra, fuera de lo que generalmente está a la vista de la gente normal. Y lo que descubre es realmente impresionante.

La descripción que Villena hace de las relaciones de todo tipo que se dan entre los actores de la política española permite descubrir la naturaleza auténtica de los mecanismos de poder que nos gobiernan y del tipo de grupo social que está detrás de lo que se hace, lo que se dice y lo que se piensa en nuestro país.

A medida que Villena va tirando del hilo, se comprueba que en España no gobierna realmente quien la gente cree que gobierna, sino una élite muy reducida de personas que tiene unas características muy concretas.

En primer lugar, que su posición de influencia y poder es, una gran medida, heredada, porque sus miembros forman parte de familias que vienen estando en la misma posición de privilegio desde hace decenios. Villena nos descubre efectivamente que los miembros de esa élite no son en realidad los personajes aislados que nos parece que son cuando intervienen en cada nuevo acto de la política española, cada veinte o veinticinco años. No brotan al azar ni como resultado de su inteligencia o cualidades, sino porque son las sucesivas prolongaciones de largos árboles genealógicos, la continuación de auténticas sagas.

En segundo lugar, el libro muestra que los miembros de la élite se encuentran fuertemente interconectados a través de lazos muy diversos pero permanentes, además de los familiares: la asistencia a los mismos colegios, la pertenencia a cuerpos de funcionarios muy exclusivos o a clubes sociales influyentes o la participación en consejos de administración empresariales. Y, al mismo tiempo, que dentro de la élite hay una especie de división social del trabajo que termina ubicando a cada uno de sus miembros en los diferentes espacios del poder. Si antiguamente un hijo era cura, el otro soldado y otro más el cuidador del patrimonio familiar, ahora es fácil comprobar que los apellidos de los hermanos (y, afortunadamente, cada vez más también de las hermanas) se distribuyen, a veces incluso sin solución de continuidad, unos en la administración, otros en las empresas, los de más allá en la política o las instituciones, y luego al revés, o cambiando a cada momento las posibles combinaciones, como puede ser, por ejemplo, el caso de Luis de Guindos y su familia, que se narra en el libro.

En tercer lugar, que su presencia como tal élite no se limita a la política, sino que se produce también en la economía, en los medios de comunicación y en todas las instituciones desde donde se toman las decisiones que dirigen la vida social.

En cuarto lugar, que su intervención en la vida social y política no responde exactamente a determinantes ideológicos sino a intereses, como demuestra que los apellidos de esa red se hayan encontrado siempre y se sigan encontrando hoy día en prácticamente la totalidad de los partidos políticos. Es curioso que un miembro de una de esas sagas, Miguel Ángel Fernández Ordóñez reconociera, tal y como también se recoge en el libro, que «el gobierno socialista privatizó el doble de empresas de las que privatizó posteriormente el PP […]. Pero hizo esto ocultándolo, sin enorgullecerse de haber sido —y lo sigue siendo— el gobierno más privatizador de la Historia de España».

En quinto lugar, el libro también muestra que la defensa de los intereses de esa élite se realiza de una forma cada vez más perfeccionada, diríamos que haciendo que «parezca un accidente», es decir, como algo natural e incluso lógico (es «la España de bien», la de los buenos españoles «de toda la vida», como diría Mariano Rajoy). Y para conseguirlo ha sido preciso fortalecer todos los mecanismos que permiten educar a la gente para que haga lo que le conviene a la élite. O, con las palabras del presidente de BlackRock, Larry Fink, que se citan en el libro, «para que elija al líder correcto que tome las decisiones correctas».

En sexto lugar, el libro señala algo que resulta muy importante para que el poder de la élite se mantenga y para entender cómo se forja y propaga. Sus miembros actúan en red y con un triple objetivo: garantizarse mutuamente la impunidad, generar un «sentido común ciudadano» (la expresión es de Villena) y evitar a toda costa que puedan ser desplazados de las fuentes auténticas del poder. Eso es lo que permite que, aunque a veces sea inevitable que caiga alguno, puedan hacer cualquier cosa sin apenas miedo a ser descubiertos o, si lo son, a pagar por ello.

Es interesante la tesis que sostiene Andrés Villena como interpretación de todo esto en el sentido de que no es del todo correcta la idea de que en España exista una constante puerta giratoria entre el espacio público y el privado. Lo que realmente parece existir, señala Andrés Villena, es una red de personas que son ellas mismas esos dos espacios, sin solución de continuidad. Aunque es verdad que eso no se produce siempre de la misma forma, como se deduce de los casos que se analizan en el libro. En unas ocasiones, las sagas proporcionan ese tipo de sujetos ambivalentes (Morenés, De Guindos, Calvo Sotelo, Solana… por no hablar de docenas de personajes de apellidos menos conocidos, aunque no menos influyentes). Pero en otras se trata se «externalizar» la gestión de los intereses de la élite a través de auténticos advenedizos que trabajan para esa red a cambio, generalmente, solo de las migajas para garantizar el acopio de rentas que es, al fin y al cabo, lo que se busca. Así han funcionado, por ejemplo, las redes complementarias tejidas en torno a la inspección de Hacienda o a otros cuerpos de élite, o las del Banco de España, y eso y no otra cosa es la corrupción que impregna a buena parte de la clase política.

Y todo eso es lo que ha permitido que se hayan podido realizar operaciones tan rentables para unos pocos como las de compras millonarias de material militar, la emisión de productos financieros fraudulentos, las ayudas menos conocidas a los bancos o a las grandes empresas, la construcción de innecesarias infraestructuras millonarias, o el criminal negocio del endeudamiento masivo de España… Por no hablar de la regulación del día a día que los grandes bufetes y los departamentos de las propias empresas resuelven discretamente con los cuerpos de élite de la administración para proporcionarse a sí mismas las rentas públicas que no son capaces de lograr compitiendo leal y legalmente en los mercados.

El libro de Villena muestra también que, cuando se trata de defender sus intereses, la élite que gobierna España no tiene empacho en poner en peligro la propia supervivencia del Estado o la vida de sus compatriotas. Siguen en este aspecto a Gunther Oettinger, comisario europeo de Presupuestos y antiguo jefe de la actual ministra de Economía, Nadia Calviño —una muestra, por cierto, de cómo las familias del PSOE, por muchos matices que pueda haber, no solo no son incompatibles sino perfectamente sustitutivas con las del PP, para hacer política económica bajo los mismos cánones neoliberales—. En plena crisis italiana, el comisario decía, tal y como Villena recuerda en el libro, que esperaba que la inestabilidad de los mercados —que la misma élite alienta o instrumenta cuando lo necesita, no se olvide— contribuyera a que los partidos populistas no resultaran elegidos.

Y Villena muestra, en fin, que esta élite está por encima de cualquier otro poder, ya sea el representativo, el judicial —como se ve en las vergonzosas sentencias urdidas por las máximas judicaturas del Estado para evitar la condena de Emilio Botín, por ejemplo—, o incluso de la Corona —y así lo expone Villena cuando comenta la coincidencia de la abdicación de Juan Carlos I con la destitución de directores de medios de comunicación o con investigaciones de los servicios de espionaje del Estado.

Andrés Villena subraya también que todo esto tiene un claro y alto precio que hay que pagar, la desigualdad y, a la postre, la debilidad de los poderes representativos, porque es imposible que la democracia exista como tal cuando las decisiones las toma a sus espaldas una minoría de personas que no rinden cuentas, que se garantizan la impunidad y que poseen, directa o indirectamente, los instrumentos que permiten controlar la información y la conciencia de la ciudadanía.

Las páginas que siguen son la brillante disección de todo esto, una exposición tan rigurosa como transparente de lo que hay detrás de lo que vemos en la política española. Una realidad que debiera conocer quien no quiera ser manipulado, quien desee ser libre y no una marioneta. Antonio Gala dijo en una ocasión, dirigiéndose a los de su oficio, «me gustaría pegarle una patada al teatro para que se despertara». Pues eso es justo lo que ha hecho el profesor Andrés Villena con este libro tan necesario como de atractiva lectura, tener la valentía de darle una patada a la sociedad española para contribuir a que despierte. Quizá no lo consiga del todo, porque es mucha y constante la anestesia que se le inyecta por todos los lados, pero es de agradecer que él lo haya intentado y que lo haya hecho, al menos en mi opinión, con tanto acierto.

JUAN TORRES LÓPEZ,

marzo de 2019

Introducción. Donde se decide lo importante no hay cámaras grabando

INTRODUCCIÓN

Donde se decide lo importante

no hay cámaras grabando

El presente ensayo desvela la articulación de las principales redes de poder que han conseguido poner la democracia española al servicio de una serie de minorías con intereses ajenos a los de los votantes; privatizando, por tanto, los beneficios de la vida política y económica. Como se verá en estas páginas, existe en España una red de poder perfectamente coherente y organizada que viene supervisando las decisiones políticas más relevantes que se han tomado durante las dos últimas décadas en nuestro país, condicionando nuestras vidas, nuestra percepción de la realidad y nuestro porvenir.

A lo largo de los nueve capítulos, este libro analiza, desde el punto de vista de las élites de poder, lo sucedido durante los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), los conservadores de Mariano Rajoy (2011-2018) y el mandato del presidente Pedro Sánchez. Y nos encontramos con unos poderes que no pasan de moda, que se adaptan a cada cambio político y que están siempre en la mente de los gobernantes para la adopción de decisiones.

Se trata de una historia alternativa en la que veremos, con nombres y apellidos, cuáles son los contextos y, sobre todo, las relaciones; de qué modo nuestros gobernantes terminan obedeciendo a las grandes corporaciones y otros grupos de influencia, olvidando el criterio de los electores. Sin querer buscar culpables sino causas, se dibuja aquí una estructura del auténtico mando y la verdadera influencia que todo ciudadano concienciado debe conocer para comprender el funcionamiento de una democracia como la española.

Con dichas redes queda definida una arquitectura del poder social alternativa al relato periodístico principal e incluso a los manuales de Ciencia Política convencionales, que se limitan a describir dicho poder como una serie de compartimentos legislativos, ejecutivos y judiciales, bajo el supuesto escrutinio constante de las cámaras de televisión y de los profesionales de la información.

No hay cámara de última tecnología capaz de retratar la verdadera configuración del poder nacional e internacional, que consiste en un conjunto de clanes organizados capaces de llegar a todos los confines de la vida pública y privada, gobernando la sociedad.

Al emplear la expresión «redes de poder», nos referimos a los principales partidos políticos del sistema, especialmente a los que han formado gobiernos recientes; pero también a las grandes empresas, españolas o no, integradas en el índice bursátil Ibex-35 o con bases en el extranjero; y por supuesto a las altas finanzas, verdadero poder internacionalista.

También incluimos a los grandes medios de comunicación, presentes en nuestras vidas y formas de contemplar, construir, conversar e incluso sentir; al poder burocrático de élite, ya sea judicial, diplomático, jurídico o fiscal, inserto en las instituciones estatales, y también en los grandes consejos de administración privados, en las autonomías, etc.

No pueden faltar los poderes supranacionales europeos e internacionales, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea como nuestros supervisores y gerentes más activos; el estratégico y lucrativo poder militar y su «corona», la Monarquía, productora de símbolos de unidad nacional, de legitimidad constitucional y de nexos comerciales para el suministro extranjero de materias primas y otros productos.

La mayoría de estas redes, que se superponen con una sorprendente facilidad y frecuencia, comparten una característica clave: no se presentan a elecciones democráticas y tienen sus propios mecanismos de autorregulación, con clubes exclusivos, restaurantes de postín, universidades de élite, fundaciones con finalidades benéficas —y benévolo tratamiento fiscal— y otras instituciones de convivencia para mantener una organización y un gobierno óptimo de la sociedad.

Cuando dentro de un Estado democrático y constitucionalmente regido existe otro Estado como este, las elecciones no son más que un simple trámite formal que incluso perpetúa el carácter autoritario de las relaciones sociales que cuentan de verdad, aquellas de las que depende que encontremos un empleo, nos sintamos seguros, seamos libres o podamos promover verdaderos cambios en nuestra vida.

El poder de estas redes se incrementa, además, gracias a su capacidad de hacer metástasis y afectar a los miles de millones de euros que el Estado decide invertir en distintas prioridades de acuerdo a las necesidades sociales.

Esto sucede cuando determinados diputados mantienen vínculos con grandes empresas; cuando un ministro ambiciona incorporarse, en unos años, a una gran auditora mundial; cuando existen redes policiales secretas en el seno del Estado; cuando un alto funcionario de la Comisión Europea es enviado a España para vigilar que las restricciones presupuestarias se cumplan; cuando un poder regional mantiene una universidad pública en el límite entre lo legal y lo regularmente irregular; cuando el titular de una cartera ministerial suscribe contratos millonarios con una empresa que gestionó solo unos años antes…

Esta red de redes que gobierna sin violencia constituye una maquinaria social, una institución híbrida que nos domina con nuestros votos de por medio; que, con sus infinitas conexiones nacionales e internacionales, acaba influyendo decisivamente en el estado de la economía y en nuestras vidas; que se renueva y se fortalece después de cada elección democrática, calmando las expectativas de los ciudadanos que han visto triunfar, aparentemente, a la formación política que habían apoyado; que se defiende, llegado el caso, con la fuerza y, de manera más difusa pero no menos efectiva, con la generación de miedo y de ficción social; que contribuye, con la aceptación pasiva de la mayoría de la ciudadanía, a plantear una lucha política entre dos o tres partidos e ideologías, cuando lo que está sucediendo es bien distinto y más complejo de explicar; que es capaz de absorber e institucionalizar las iniciativas contestatarias o, en caso contrario, de destruirlas; que se actualiza de manera constante con innumerables movimientos de «puertas giratorias» que garantizan que el flujo de información y compensaciones continúe bien engrasado…

Esta médula social tiene, además, una doble virtud: por una parte, sus miembros participan de un universo mínimo en el que todos se conocen de manera íntima y profunda debido a sus constantes interacciones y piensan de manera parecida por sus orígenes similares, valores e intereses compartidos. Por otra parte, esta telaraña de líderes corporativos estrechamente ligados facilita la cooperación entre los distintos sectores dominantes a los que aquellos representan. De esta manera, un reducido número de personas es capaz de organizar las estrategias de los sectores de la defensa, de la construcción de autopistas y de la importación de crudo, por ejemplo. Eso, y no otra cosa, es gobernar; lo demás es cortar cintas y pronunciar frases para quedar bien en los telediarios.

Se trata de un organismo social que adquiere vida más allá de sus componentes, alimentándose de incorporaciones procedentes de la Administración, de la gran empresa, de las universidades de élite y de numerosos parentescos o matrimonios. Una forma de «socialismo corporativo» que desafía las enseñanzas del libre mercado que sus portavoces predican siempre que pueden.

Naturalmente, el amor a la Patria que permite que estos fenómenos se puedan producir sin apenas crítica alguna es una característica manifiesta de los componentes de esta red, por lo que España, Monarquía y Constitución son tres emblemas que, no por casualidad, cuentan con una aceptación mayoritaria en nuestro país. El lector comprobará que, en las etapas de crisis política, estos símbolos aparecen en cualquier rincón de la vida social, mediática, política y económica. «España se rompe» cuando la red elitista tiembla o tiene que reorganizarse.

Con esta arquitectura de la dominación por consenso no es extraño que los líderes de derecha o izquierda fracasen voluntaria o involuntariamente en sus promesas electorales y programas de gobierno. Dichos líderes, con frecuencia miembros a tiempo parcial o completo de la mencionada red de redes de poder, llegan a las instituciones representativas con tantas hipotecas y compromisos que apenas cuentan con capacidad para gobernar para los ciudadanos. Ni siquiera para alcanzar a verlos.

La separación entre el gobierno representativo y la población se dispara con el desencanto de los votantes, que optan por la abstención o por votos de castigo que en nada contribuyen a la solución de unos problemas que tienen su origen en lugares más recónditos.

Los medios de comunicación mayoritarios, con sus historias obedientes al relato oficial, no serán nunca una guía para encontrar una explicación liberadora. Los periódicos que nacen con una vocación combativa se quedan frecuentemente sin financiación o tienen que modificar su línea editorial, entrando en el juego de los patrocinadores, públicos y privados.

Podemos seguir creyéndonos esa ficticia división política e ideológica que nos enfrenta y mantiene entretenidos en nuestra vida cotidiana y de consumo y pasiva contemplación: PP frente a PSOE, PSOE frente a Ciudadanos, Vox frente a Podemos, etc.

Pero también tenemos derecho a acceder a información que nos permita cambiar nuestra mirada y comprobar que, cuando tomamos conciencia de que nos une mucho más de lo que nos separa, la estructura de poder que hasta ahora nos ha dominado en silencio queda desnuda frente a nuestros ojos. Se trata de una experiencia a partir de la cual no hay vuelta atrás. El lector debe asumir ante todo este riesgo.

Primera parte. La era Zapatero (2004-2011): el gobierno del cambio que trajo más élites

PRIMERA PARTE

La era Zapatero (2004-2011):

el gobierno del cambio que trajo más élites

1. Lo que el simulacro de ZP esconde

1

Lo que el simulacro de ZP esconde

Los atentados del 11 de marzo del año 2004, la atribución de su responsabilidad a ETA por parte del gobierno Aznar y la polémica subsiguiente en medio del tremendo duelo por el elevadísimo número de víctimas que provocaron, fueron la causa inmediata de que se precipitase un cambio de gobierno y, con él, una sustitución de élites que no estaba prevista ni para el partido en el poder hasta entonces, el Partido Popular (PP), ni para la principal formación de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Con la primavera, sorpresivamente, llegó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se abrió un nuevo ciclo.

Los socialistas heredaron un país con un notable crecimiento económico cuyas causas no estaban dispuestos a cuestionar. Por esta razón, centraron su acción política en una serie de áreas relacionadas con los derechos individuales y sexuales, la Memoria Histórica y la reforma de los estatutos de autonomía. La derecha, sorprendida por el resultado electoral y por haber cedido el control de un país en aparente bonanza, organizó una oposición que describía al ejecutivo del PSOE como la encarnación de todos los enemigos de la nación, en consonancia con épocas pretéritas. Paradójicamente, este ejercicio benefició finalmente al gobierno socialista y facilitaría la reelección del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en la primavera de 2008.

Pero la polarización política, que incluyó acusaciones sobre posibles conspiraciones en los atentados del 11M, produjo otros efectos. Las discusiones que ocuparon las portadas de los periódicos, los grandes titulares de los telediarios y las tertulias se centraban en lo sucedido durante los atentados del 11 de marzo, en los problemas derivados del Estatut catalán y en una supuesta negociación con la banda terrorista ETA que implicaba cesiones inasumibles. Esta selección de temas, por una parte, subrayaba aquello sobre lo que se debía debatir y, por otra, excluía discusiones y reflexiones necesarias que, como los problemas económicos estructurales, quedaban fuera de la conciencia ciudadana.

Estos mecanismos de control electorales —pues la victoria socialista en las elecciones celebradas tres días después de los atentados había calmado a la izquierda, opuesta al PP de Aznar y a la invasión de Irak— y mediáticos, con un amplio control de la agenda y del imaginario social, dieron la impresión de que había un ejecutivo, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, que trataba de sacar adelante leyes progresistas ante una oposición dispuesta a llegar sin escrúpulos a casi todo. Una imagen en parte real, en parte incompleta, como toda buena obra de ficción que se transmite de manera masiva.

Zorros frente a leones: Maquiavelo vuelve

Zorros frente a leones: Maquiavelo vuelve

Zapatero explotó durante los primeros años de su presidencia un «talante» (la palabra clave de su primera legislatura) negociador que recordaba a las conocidas reflexiones del físico, economista y sociólogo Wilfredo Pareto. Este clasifica las élites dominantes, esas minorías que rigen toda sociedad, en dos tipos, zorros y leones, tomando la metáfora empleada por Maquiavelo en El príncipe[1]. Para hablar de los leones, caracterizados por emplear la fuerza, habrá tiempo en la segunda parte de este libro.

Los socialistas se correspondían más con la idea de unos zorros con gran ingenio, proyección mediática y capacidad de diálogo. Una actitud que en 2008 acabó con la vieja guardia aznarista, formada principalmente por Ángel Acebes y Eduardo Zaplana; que reduciría a un solo diputado el grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU) y que dejaría a la incómoda Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con solo tres de los ocho representantes que había ganado en 2004. Negociar con Zapatero significaba complicarse la vida: solo la crisis financiera que comenzó a desatarse en 2008 truncaría este estilo de «dominio por consenso».

Hay cosas que raramente cambian: la dominación de la mayoría por la minoría no cesa con los gobiernos de signo progresista. Los datos, cuando se extraen de fuentes fiables y se interpretan de manera desapasionada, suelen ser tozudos. Detrás del simulacro político mediático inaugurado en 2004, el primer gobierno de Zapatero se definía como una estructura de poder coherente, una red de dirigentes políticos que se habían conocido en puestos clave y que constituían un núcleo social en el que la mayoría de los grupos de poder de la sociedad se encontraban representados. ¿Quiénes eran los miembros de ese núcleo y cómo se interrelacionaban?

Si bien es falaz considerar que un ejecutivo del PSOE es prácticamente lo mismo que otro del PP, lo cierto es que hay factores comunes y también lo es que todo gobierno, pese a su origen democrático, reproduce la estructura social dominante, matizándola en función de sus votantes reales y potenciales.

En virtud de este principio fundamental, un gobierno como el de Zapatero no pudo prescindir de poderes transversales que son constantes en nuestro capitalismo financiero, como los bancos o las grandes organizaciones supranacionales, si bien no tuvo más remedio que tener en cuenta a los miembros de la ciudadanía que habían hecho posible su elección, como los sindicatos de clase, o determinadas profesiones significativas, por ejemplo los profesores universitarios, una de las principales dentro del sector de la educación pública. No podemos dejar de subrayar que tanto sindicatos como profesores constituyen grupos de interés cuyas demandas habría que satisfacer, a veces, de manera preferente. Un buen gobierno debe tener bien atendidos a sus principales apoyos.

Las dos caras del poder de un gobierno

Las dos caras del poder de un gobierno

Un análisis de los altos cargos más importantes del ejecutivo de Zapatero, es decir, de los ministros, los secretarios de Estado y los subsecretarios, revela la presencia subyacente de una estructura en red en la que cada contacto entre dos miembros del gobierno tiene su origen en una institución poderosa, como pueden ser ministerios de gobiernos socialistas anteriores (los presididos por Felipe González, entre 1982 y 1996), escaños en el Congreso de los Diputados, puestos directivos en el PSOE, altos cargos en empresas privadas o promociones de los denominados funcionarios de élite, esto último de una enorme trascendencia, como se expondrá en breve.

Esta perspectiva permite concebir un gobierno cualquiera como algo más que un conjunto de ministerios (la explicación más convencional), pues saca a la luz el hecho de que constituye una red social cuyos miembros, en su mayoría, están relacionados con los demás a partir de unos vínculos previos que contribuyen a conformar una unidad de pensamiento, una ideología compartida que es, además, la de la formación política que ha vencido en las elecciones.

Pero en una red de poder que aspire a dominar una sociedad por vías democráticas, la homogeneidad social e ideológica ha de venir compensada por una cierta diversidad, una heterogeneidad de origen que dote a la estructura gubernamental de diferentes especialistas que aúnen el conocimiento técnico y los engarces con grupos de poder específicos. En el gobierno de Zapatero coexistían diversas facciones sociales que colindaban con importantes grupos de influencia.

Dichos grupos, como la banca, los sindicatos o la Universidad, gobernaron de manera conjunta con la red del PSOE en una confluencia de instituciones difícilmente separable. Estas «dos caras del poder», homogeneidad y diversidad, representan sendos factores fundamentales de los que ninguna estructura de mando que pretenda persistir puede privarse. Los líderes políticos podrán ser sustituidos, pero estas condiciones estructurales se mantienen con el paso del tiempo y con los cambios electorales. Este es un hecho que comprobaremos en repetidas ocasiones a lo largo de estas páginas.

De entre las facciones de poder que aportan diversidad al gobierno es preciso destacar la comandada por el propio presidente. José Luis Rodríguez Zapatero había sido uno de los principales impulsores de la corriente política Nueva Vía, que se disolvió tras su victoria en el congreso del PSOE del año 2000. A esta corriente pertenecían los que fueron altos cargos del ejecutivo de 2004, como el ministro de Justicia, el catedrático Juan Fernando López Aguilar; el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, el diputado Jesús Caldera; el de Administraciones Públicas, el economista del Estado Jordi Sevilla; la vicepresidenta del congreso de los Diputados y posterior titular de las carteras de Vivienda y de Defensa, Carme Chacón, y el que sería ministro de Fomento en 2009, el secretario de Organización socialista, José Blanco.

Socialismo para ganar elecciones

Socialismo para ganar elecciones

El PSOE de Zapatero se asemejaba por entonces a las socialdemocracias europeas de principios del siglo XXI en que había hecho compatible la tolerancia hacia el capitalismo financiero con la ampliación de los derechos de la identidad, los que se suelen llamar «derechos civiles». El perfil de Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, es un buen ejemplo del proyecto económico de ZP desde antes de su victoria electoral; la vinculación de Sevilla con la ortodoxia presupuestaria de la Zona Euro puede rastrearse a partir de sus anteriores periodos de trabajo al lado del exministro de Agricultura (1991-1993) y Economía y Hacienda (1993-1996), Pedro Solbes, de quien Jordi Sevilla fue jefe de gabinete.

Además, Sevilla tenía antecedentes en la Administración: su hermano mayor, José Víctor, desempeñó durante dos años el cargo de secretario de Estado de Hacienda (1982-1984), puesto desde el que chocó con el ministro Miguel Boyer en una polémica sobre la primera amnistía fiscal de los socialistas. Por su parte, Jordi Sevilla, contrario a las subidas impositivas y a los incrementos de gasto público —algo que resumió en su libro De nuevo socialismo (2002)—, ejerció como ministro de Administraciones Públicas hasta 2007. Su conocimiento de la administración central le sirvió para trabajar, después de abandonar el gobierno, como consultor en la multinacional de la auditoría PriceWaterHouseCoopers (PwC), en la que coincidió con otro economista del Estado que fue muy importante en el posterior gobierno de Mariano Rajoy, Luis de Guindos.

Asociado a la multinacional de conferencias Thinking Heads y colaborador del diario El Mundo, Sevilla fue reclutado en 2016 como vicepresidente de la prestigiosa consultora de comunicación y asuntos públicos Llorente y Cuenca, desde la que defendió al banco BBVA por las denominadas cláusulas suelo. La ironía se cebó con Sevilla, que participó en la elaboración del programa económico del primer Pedro Sánchez criticando con dureza este tipo de cláusulas y proponiendo su eliminación. Su fidelidad a Sánchez ha sido posteriormente remunerada con la presidencia de la empresa Red Eléctrica.

La inevitable herencia burocrática

La inevitable herencia burocrática

La estructura del primer gobierno Zapatero revelaba una paradoja: la intención del nuevo presidente de romper con el pasado socialista solo se cumplió parcialmente, pues en realidad acabó contando con buena parte de la élite burocrática, es decir, con los economistas y con los abogados especializados de los ministerios de Economía y Hacienda que ya habían trabajado anteriormente con los gobiernos de Felipe González.

La juventud de la mayoría de los ministros de ZP chocaba con la importancia de la vieja guardia burocrática en el Ministerio de Economía y Hacienda. En este sentido, cabe destacar la presencia de Pedro Solbes, que repetiría como ministro de economía hasta ser relevado del puesto en la primavera del 2009; con Solbes entraron veteranos economistas del Estado como Manuel Conthe o Miguel Ángel Fernández Ordóñez, activos en la Administración desde la época de Unión de Centro Democrático (UCD) y fundamentales en las etapas de los ministros socialistas de Economía Miguel Boyer y Carlos Solchaga.

Otro ejemplo del regreso de políticos de etapas anteriores de gobierno socialista es el de la ministra de Fomento, la inspectora de Hacienda y consejera de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, antigua directora general del ministerio presidido por Solchaga en los años ochenta. También es un ejemplo de la misma tendencia Elena Salgado, la ministra antitabaco de la cartera de Sanidad, que además desempeñó las de Administraciones Públicas y Economía y Hacienda. Salgado ya había sido destacada burócrata en la cartera económico-financiera en los años ochenta.

Estos ejemplos sirven para insistir en que, a pesar de la renovación emprendida por Rodríguez Zapatero desde el año 2000, existía una fuerte continuidad profesional, en un proceso de «fusión» de élites que se ha detectado incluso en las grandes revoluciones políticas del pasado siglo XX.

ZP: UNA RENOVACIÓN APARENTE. El gobierno de 2004 se formó, oficialmente, rompiendo con los moldes del socialismo de Felipe González. No obstante, pese a que Zapatero estuvo rodeado por ministros como Sevilla, Caldera, López Aguilar o Moratinos, la mayoría de estos habían ejercido como ayudantes de ministros de la «vieja guardia» socialista. Detrás de los validos de ZP se escondía una «estructura de poder latente», una red social de influencia formada por exministros de González que otorgaban una entereza mayor al gobierno. Un ejemplo era Pedro Solbes, cuyo jefe de gabinete en los noventa, Jordi Sevilla, fue nombrado ministro de Administraciones Públicas en 2004. Pero casi todos los demás habían estado en los noventa e incluso en los ochenta: María Teresa Fernández de la Vega (mano derecha de Belloch en el último gobierno de González), Miguel Ángel Moratinos (con Javier Solana en los noventa), las andaluzas Magdalena Álvarez y Carmen Calvo (consejeras del presidente andaluz Manuel Chaves), Jesús Caldera (adjunto a Carlos Solchaga en el Congreso de los Diputados), Elena Salgado (técnica del Ministerio de Economía, presidido primero por Boyer y, después, por Solchaga), Cristina Narbona (directiva del Ministerio de Obras Públicas con Josep Borrell).

La importancia nuclear de la nobleza de Estado

La importancia nuclear de la nobleza de Estado

A pesar de que algunas de las voces críticas afirmaban que el rasgo distintivo de los gobiernos de Zapatero, tanto el de 2004 como el de 2008, era la juventud de la mayoría de sus ministros, y de que otras voces alertaran del laicismo político y del relativismo extremo de sus nuevos cuadros, lo cierto es que la sustancia de los ejecutivos del PSOE la formaron personas que venían de una carrera en la alta función pública. La mayoría de los principales altos cargos que se integraron en los dos gobiernos de ZP fueron miembros de los denominados cuerpos de élite de la Administración del Estado.

Dichos cuerpos atesoran una larga historia en la política española, pues su predominio representa uno de los rasgos principales del desarrollo económico, social e institucional español desde el Plan de Estabilización de 1959. Durante el franquismo, proscritos los partidos, estos cuerpos funcionariales constituyeron la mejor forma de acceder a la actividad pública. Por esta razón, buena parte de los ministros, pero también de los procuradores en las Cortes monocolores franquistas, así como de los directivos empresariales de las sociedades industriales estatales de los tiempos de la dictadura poseían títulos de catedrático universitario, de abogado del Estado o de ingeniero de caminos, entre otros.

Copiadas del modelo francés, pero sin una escuela que las agrupe, estas estructuras funcionariales representan lo que el sociólogo Pierre Bourdieu denominó la «nobleza del Estado»[2]. En efecto, son muchos los aristócratas y miembros de grandes familias poderosas con muchos años de abolengo acumulado que, dada la devaluación de su condición con el paso de las décadas, persiguen conservar su estatus mediante el triunfo en las oposiciones a esta clase de cuerpos de élite de las administraciones públicas, que otorgan una considerable proyección social y política.

La nobleza del Estado, la clase administrativa, se constituye como un conjunto de cuerpos de alta cualificación y fuerte espíritu corporativo que controla los puestos más importantes del aparato estatal, desde donde condiciona las políticas públicas y las decisiones gubernamentales hasta un punto inimaginable por la ciudadanía, centrada gracias a los medios en las denominadas «puertas giratorias» y en el poder de una supuesta casta política, pero privada de la posibilidad de escrutar un escenario que es harto más complejo y discreto.

Esta nobleza de Estado tiene una particular forma de ver el mundo que resulta coincidente o similar a la de la minoría dominante. Acostumbrada a trabajar en las más altas instancias estatales, en contacto continuo con representantes de las empresas privadas y de los organismos internacionales —de una importancia creciente conforme ha ido avanzando el proceso globalizador—, y con sueldos muy por encima de la media, acaban compartiendo una ideología similar a la de los principales miembros del resto de las esferas de influencia. Esta ideología dominante tiene, además, la propiedad de disfrazarse de pragmatismo, razón o incluso ciencia, imponiéndose como «sentido común» cuando de adoptar decisiones relevantes se trata.

Por eso, dicha ideología acaba siendo la que conduce realmente los caminos que sigue el Estado, al margen de los esfuerzos de determinados políticos progresistas que, normalmente, carecen de la formación técnica y del conocimiento institucional que los mencionados funcionarios han acumulado a lo largo de su carrera.

A dicha ideología oficial y convencional hay que añadir el hecho de que el carácter cohesivo de los distintos cuerpos técnicos les otorga una capacidad de resistencia que frena la implementación de las iniciativas políticas que pretendan ser rupturistas. Los altos funcionarios estatales no solo conocen profundamente los complejos aspectos burocráticos, sino que además comparten con sus compañeros objetivos, valores, formas de ver el mundo y determinados derechos adquiridos.

Esta visión compartida acaba por contagiar a los dirigentes estatales, incluso a los que pudieran pretender en algunos casos promover cambios, pues estos altos funcionarios de toda la vida tienen la capacidad de moderar o limitar muchos de sus aspectos clave, cuando no retrasar sin límite su puesta en práctica con razones o procesos legales. Las inercias estatales y la capacidad de las instituciones del Estado para pervivir representan un freno social a esos cambios que con tanta soltura y facilidad se prometen en declaraciones y en mítines electorales. Creer que se puede gobernar el Estado sin conocer a sus funcionarios más característicos significa no haberse enterado de nada.

Más allá de constituir una clase administrativa, los funcionarios de élite se organizan en confederaciones de cuerpos que pelean entre sí por colonizar los distintos ministerios y espacios de poder. Los estudios del sociólogo español Miguel Beltrán subrayan que los vínculos entre los altos burócratas pueden tener su origen incluso en períodos anteriores a la toma de posesión de un puesto público; este autor destaca que en las academias de formación y de preparación para los exámenes y oposiciones suele haber un proceso de reclutamiento informal, de tal manera que los futuros dirigentes públicos comienzan a participar desde bastante pronto de la comunidad de valores, puntos de vista e intereses que compartirán en un futuro[3].

Una «élite cerrada», en palabras del también sociólogo Amando de Miguel, pues consiste en un conjunto de puestos profesionales a los que normalmente acceden personas de las clases medias y medias-altas que, al menos en fechas pretéritas, estaba normalmente vedados a las clases populares. En pocos ámbitos se produce una movilidad social más reducida que en la élite burocrática, por mucho que el acceso a ella sea abierto y universal[4].

Las oposiciones y las academias donde se preparan los candidatos a ganar las oposiciones exigen desembolsos económicos difíciles de sufragar, más aún cuando este tipo de estudios suelen tenerse que cursar más de una vez, porque los candidatos a menudo han de presentarse a varias convocatorias antes de obtener la plaza codiciada, lo que multiplica el gasto.

Hay varios sectores especializados dentro de los cuerpos de funcionarios de élite. Por citar los más relevantes para los socialistas, destacamos a los técnicos comerciales y economistas del Estado, conocidos como «tecos», que normalmente trabajarán en el Ministerio de Economía y en las embajadas comerciales en el extranjero. Pedro Solbes, Jordi Sevilla y Miguel Ángel Fernández Ordóñez son ejemplos sobresalientes de miembros de este cuerpo de élite que luego han ocupado puestos relevantes de poder. Los administradores civiles del estado, los antiguos TAC (Técnicos de la Administración Civil), son quizá los más ubicuos, pues su perfil les permite ejercer funciones en prácticamente cualquier cartera.

Los diplomáticos, licenciados en Derecho y políglotas, tienen cargos normalmente en el Ministerio de Exteriores. Destaquemos entre ellos al ministro Miguel Ángel Moratinos y a quien fue su segundo en el año 2004, Bernardino León Gross —de buena reputación en el Club Bilderberg—. Las oposiciones a diplomático son ejercicios reglados en los que las arbitrariedades del tribunal son hoy en día extrañas. No obstante, las sagas familiares en este cuerpo son frecuentes.

Una posible razón para la existencia de tales sagas a pesar de un sistema duro de oposiciones podría ser el ambiente en el que se crían los hijos de estos altos funcionarios, obligados a cambiar de colegio y de país varias veces a lo largo de su infancia y, por tanto, forzados a aprender distintos idiomas; cuando están motivados a hacerlo, los vástagos de estos burócratas cuentan con más posibilidades que los demás, a lo que se añade el alto número de contactos con «preparadores» de oposiciones y otras ayudas que sus progenitores pueden proveerles, además de su elevado nivel de ingresos y otros complementos debidos a que tienen que vivir fuera de su país.

Otro cuerpo funcionarial relevante es el de los inspectores de hacienda del Estado, que se especializan en los aspectos tributarios. Tanto los ministerios de Economía como, sobre todo, el de Hacienda, cuentan con este tipo de altos funcionarios que, cuanto más conservadores son, más posibilidades tienen de migrar luego al sector privado, donde ponen sus conocimientos de la Administración y, en particular, de la Agencia Tributaria, al servicio de la minimización del pago de impuestos.

El caso que podríamos llamar «los inspectores contra el Estado» se puso de manifiesto sobre todo cuando Cristóbal Montoro regresó al Ministerio de Hacienda en 2012 tras haber pasado por una empresa de asesoramiento fiscal creada por él mismo y sus colaboradores más estrechos durante la etapa de José María Aznar como presidente del gobierno.

Los jueces y los fiscales son también muy importantes, en especial, en el gobierno socialista: José Antonio Alonso, íntimo amigo del presidente Zapatero, fallecido en 2017, fue ministro de Interior y también de Defensa. Alonso procedía de Jueces por la Democracia, un colectivo progresista minoritario en la judicatura española. Antonio Camacho, fiscal progresista, ocupó la titularidad de Interior en la segunda legislatura de Zapatero.

Sin presencia de los abogados del Estado, destaca en cambio en los equipos socialistas el número muy relevante de cargos que ocupan los catedráticos universitarios. Frecuentemente procedentes de la Universidad pública, tanto catedráticos como profesores titulares han realizado una auténtica carrera de obstáculos para llegar a sus puestos. De hecho, las últimas reformas educativas están complicando tanto el acceso a las cátedras que hace prácticamente imposible la entrada a las instituciones universitarias de quien no cumpla a rajatabla con los criterios dictados por la Agencia Nacional de Calidad y Acreditación (Aneca).

Dado que España carece de una escuela de formación de burócratas de élite, a diferencia de lo que ocurre en Francia con la École Nationale d’Administration, la ÉNA, la Universidad española ha sido desde hace muchas décadas un centro de extracción elitista. Muchos decanos, vicerrectores y rectores —cuando no titulares o catedráticos sin experiencia siquiera en gestión universitaria— se han visto situados, en razón de su puesto, en posición privilegiada para dedicarse a la política autonómica y nacional.

En el gobierno del PSOE de 2004 destaca la primera ministra de Educación, María Jesús Sansegundo, que llega a ese puesto político desde el de vicerrectora de la Universidad Carlos III de Madrid, y que estaba especialmente vinculada a su rector, el histórico socialista Gregorio Peces Barba, uno de los padres de la Constitución española de 1978. Sansegundo dimitió y fue sustituida por la catedrática de Pensamiento Político Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo; también es catedrático el que fue ministro de Educación del final de la segunda legislatura, Ángel Gabilondo; y lo son el primer ministro de Justicia de Zapatero, el canario Juan Fernando López Aguilar —que también ostenta una cátedra de Derecho Constitucional—, la primera ministra de Cultura con ZP —y vicepresidenta del gobierno con Pedro Sánchez—, Carmen Calvo, profesora titular de Derecho, y el portavoz gubernamental y después ministro de Interior y candidato presidencial en 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba, que a su salida de la política volvió al mundo universitario como titular de Química Inorgánica.

Otros miembros de los gobiernos de 2004 y 2008 proceden de la Universidad y acumulan experiencia de gestión en sus órganos de gobierno, algunos especializados en las áreas de ciencias sociales y jurídicas, como el propio presidente Zapatero, que, antes de hacerse con el control del PSOE local leonés, había trabajado como profesor ayudante de Derecho Constitucional en la Universidad de León.

La cooptación de la UGT: el sindicato se hace ministerio

La cooptación de la UGT: el sindicato se hace ministerio

El 29 de septiembre de 2010, las principales centrales sindicales españolas celebraron la primera huelga general contra un gobierno socialista en el nuevo milenio. El ejecutivo de Zapatero había cedido a las amenazas de la Troika y había aprobado una reforma laboral que era lesiva para la mayoría de los trabajadores.

Los sindicatos, generalmente próximos a los puestos de trabajo indefinidos, e incapaces, hasta el momento, de adaptarse al complejo y cambiante «mercado» laboral español, atestado de inmigrados, de precarios y de trabajadores con infinitos tipos de contratos, así como de un número elevadísimo de autónomos —o de «falsos autónomos»—, protestaron como pudieron, lastrados por el peso que para estos representantes del trabajo organizado suponían los cinco millones de desempleados acumulados en el curso del comienzo de la crisis, cuyos primeros síntomas mundiales aparecieron en 2007.

Uno de los protestatarios durante aquella huelga otoñal era un alto cargo de la Unión General de Trabajadores, Valeriano Gómez. Nombrado secretario general de Empleo del Ministerio de Trabajo en 2004, Gómez había dimitido en 2006 tras haber sido un mediador fundamental para el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, liderado por el ministro Jesús Caldera a principio de la legislatura. Solo tres semanas después de participar en la manifestación madrileña contra la reforma laboral, Valeriano Gómez fue nombrado ministro de Trabajo por el presidente Zapatero.

El fichaje de Gómez como «ministro de rostro humano» para la recta final de cara a las elecciones de noviembre de 2011 —su antecesor, el catalán Celestino Corbacho, nombrado ministro por Zapatero en 2008, había hecho gala de tener un plan de pensiones privado en pleno debate sobre la sostenibilidad del sistema público—, reflejaba el control que el ejecutivo socialista había tenido sobre su sindicato más afín desde antes de la entrada de Zapatero en La Moncloa.

La cercanía entre el exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, y el presidente socialista se puso de manifiesto con muchos de los primeros nombramientos y decisiones políticas; la relación privilegiada entre el sindicato, el gobierno y el PSOE se notó también en el resultado final de la reforma laboral propuesta por el gobierno de ZP en 2010.

Fueron muchas las voces conservadoras que criticaron el papel de freno ejercido por los sindicatos de clase ante el proyecto de flexibilización de los criterios para el despido, exigido por los organismos internacionales y por el guardián del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien por entonces parecía haber encontrado el Santo Grial de la reconversión de la economía española en el despido libre y en la laminación de la representación de los sindicatos.

Entre los altos cargos sindicales de la etapa Zapatero destacaron el mismo Valeriano Gómez, siempre en la cartera de Trabajo, y también Fernando Moraleda, líder de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), secretario general de Agricultura en 2004 y, sorpresivamente, secretario de Estado de Comunicación en 2005. Algunos han explicado la singular progresión de Moraleda hacia el ámbito comunicativo por la intercesión en su favor de uno de los mejores amigos del presidente —del que se hablará más adelante—, el también sindicalista y dirigente socialista juvenil Javier de Paz Mancho[5].

Sobrino de Jesús Mancho, histórico dirigente sindical de una línea más próxima al PSOE que la de Nicolás Redondo —impulsor este último de la huelga general de 1988—, Javier de Paz, vinculado también al moderado Cándido Méndez, es una versión extremadamente voluble del típico representante democrático del factor trabajo en las empresas. Tan voluble, que llegaría al consejo de Administración de la multinacional Telefónica en 2007. La evolución de determinados líderes sindicales ofrece una pista de por dónde van y por dónde continuarán las políticas económicas en los próximos años.

La mencionada élite sindical que integraba a Moraleda, Méndez y Valeriano Gómez, entre otros, incluyó también a la que fue nombrada en 2004 secretaria de Estado de Inmigración y Emigración y, en 2010, de Función Pública, Consuelo Rumí. Esta, funcionaria de enseñanza, había destacado como dirigente en la rama educativa de la UGT y, lo que es más importante, en la Comisión Ejecutiva Federal, la dirección reducida del PSOE que se forjó tras el Congreso de 2000, encabezada por Zapatero. A Rumí se sumó en el gobierno un histórico guerrista y miembro de la dirección confederal de UGT en los años ochenta, Justo Tomás Zambrana, que ocupó el cargo de subsecretario en el Ministerio de Defensa.

Esta representación sindical, ausente en los ejecutivos del PP y llamativa en unos tiempos de pertinaz y cruel desempleo, así como de cambios sociales que llevaron a los representantes de los trabajadores a una crisis existencial, mitigó el papel protestatario de unos sindicatos de clase que también tenían que atender a su propia supervivencia y a sus fuentes de financiación.

Con un gobierno moderadamente neoliberal como el de ZP durante sus primeros años, la UGT y CCOO mantuvieron unas relaciones cordiales con los políticos hasta que el colapso del Área Euro obligó a los ministros de Zapatero a abordar medidas muy contrarias a los intereses de los trabajadores. La institucionalización de la lucha de clases que los sindicatos representan quedó, con Zapatero, institucionalizada al cuadrado.

Un poder autonómico que vertebra el Ejecutivo central

Un poder autonómico que vertebra el Ejecutivo central

Dado que España es uno de los Estados que más competencias ha transferido a sus gobiernos autonómicos, para conocer las áreas clave de un Ejecutivo hay que prestar suma atención a las élites regionales y a sus relaciones con el Gobierno central. El mejor ejemplo en 2004 tal vez sea el que nos ofrece el ministro de Defensa José Bono. Parlamentario en la legislatura constituyente de la democracia española y presidente de la Junta de Castilla-La Mancha desde 1983 hasta 2004, Bono formaba parte de la dirección reducida del PSOE tras haber sido derrotado en el Congreso del año 2000 por Rodríguez Zapatero.

Bono llevó a Defensa a buena parte de su personal de confianza, de tal manera que los tres cargos más importantes del ministerio, dos secretarías de Estado —una de estas la dirección del Centro Nacional de Inteligencia— y una subsecretaría, quedaron ocupados por tres exconsejeros del gobierno autonómico manchego, mientras que un cuarto exconsejero pasó a ocupar la secretaría general del Ministerio de Sanidad.

Esta importación de poder regional al Ejecutivo estatal manifiesta el carácter estratégico y nada inocente de la mayoría de los movimientos gubernamentales: mediante estos nombramientos, Bono controlaba el ministerio con personas de su confianza que, además, estaban relacionadas con las instituciones de la comunidad manchega. El reclutamiento de estos altos cargos serviría para conectar de manera óptima dos instituciones gobernadas por el PSOE.

Un ejemplo nada anecdótico es el establecimiento en la provincia natal de Bono, Albacete, de la primera fábrica de helicópteros creada en España. En dura pugna con otras ciudades, y con el expresidente manchego todavía como titular de la cartera de Defensa, el destino de la fábrica de Eurocopter, perteneciente al consorcio Airbus, fue una prueba de lo que determinadas autonomías pueden ganar cuando uno de sus representantes alcanza posiciones relevantes en un ejecutivo estatal[6].

Otro tanto sucedió con las ministras Magdalena Álvarez y Carmen Calvo, hasta 2004 consejeras de Hacienda y de Cultura de la Junta de Andalucía, respectivamente, y, tras entrar en el gobierno de Zapatero, ministras de Fomento y de Cultura. Precisamente el jefe de ambas en la Junta hasta 2004, Manuel Chaves, entonces presidente del PSOE nacional, fue nombrado en la primavera de 2009 vicepresidente tercero del gobierno y ministro de Política Territorial. Fue un movimiento gubernamental que subrayaba el enorme poder y la influencia de las áreas geográficas en las que el partido del gobierno central tenía una holgada mayoría, sobre todo en este caso por ser una autonomía con cifra muy elevada de población.

Una región que había sido gobernada por el PSOE desde su creación hasta 2011, Extremadura, importó a su consejera de Vivienda, María Antonia Trujillo, como ministra del ramo en el ejecutivo ZP, acompañada por numerosos colaboradores de su equipo político anterior.

Cataluña, con el éxito relativo del PSC en 2003 —que gobernó hasta 2010 en coalición con Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) y ERC—, contó con el ministro de Industria, José Montilla —presidente de la Generalitat en 2006; otro movimiento de lo nacional a lo autonómico—, y con Carme Chacón como ministra de Vivienda y luego de Defensa. La misma Chacón fue finalmente candidata a suceder a Zapatero en la Secretaría General del PSOE, una vez perdidas las elecciones de noviembre de 2011.

Otro catalán, Joan Clos, sustituyó a Montilla en Industria en el año 2006, cuando este relevó a Maragall en la presidencia de la Generalitat, y Celestino Corbacho, también del PSC, sucedió a Jesús Caldera en la cartera de Trabajo en 2008.

Los ejemplos anteriores reflejan que los territorios son imprescindibles como fuentes de extracción de poder: el gobierno de ZP evocó en la configuración de sus élites gubernamentales toda una red de conexiones territoriales que tradujo a la política práctica un proyecto federal, cuya asimetría fue una de las causas principales del declive electoral posterior a 2010.

Puertas giratorias para la tecnocracia socialista

Puertas giratorias para la tecnocracia socialista

El problema de la separación de poderes en una democracia no solamente estriba en la influencia que el poder ejecutivo puede ejercer sobre el judicial, como suele comentarse actualmente en España con no poca preocupación. También es importante analizar lo que pasa entre las grandes empresas y los ministerios, ya que unas y otros conviven en un entramado relacional en el que las líneas de separación nunca quedan del todo claras.

Con una notable cantidad de sectores regulados, un proceso de privatización de empresas públicas culminado y un mecanismo de concesión de grandes obras públicas que supone enormes oportunidades para las empresas privadas, las instituciones más influyentes de la sociedad intercambian continuamente personal más o menos cualificado como forma de optimizar determinadas operaciones, de premiar comportamientos o de aprovechar los contactos de quienes acumulan una dilatada experiencia profesional en un ámbito o en el otro. Buena parte de estas empresas se encuentran situadas en Madrid y ejercen efectivos trabajos de lobby en restaurantes, clubes y urbanizaciones de lujo, además de en el famoso palco del Bernabéu. Como demuestran los casos de corrupción ya juzgados y otros en camino de serlo, el dinero encuentra diversidad de canales para garantizar su circulación.

Por estas razones, muchos altos cargos de los gobiernos de Zapatero han encontrado salida en empresas privadas relacionadas o no con su gestión política: Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad en tiempos de venta masiva de la vacuna contra una gripe de dudosa existencia real y, después, titular de Exteriores, ocupó posteriormente un puesto en la multinacional Telefónica, donde coincidió con una de sus asesoras más próximas en su etapa anterior, Paloma Villa, esposa del exdirigente socialista Eduardo Madina.

El caso de Cristina Garmendia se corresponde con el de un perfil empresarial que convierte su paso por la política en una magnífica inversión. Ministra de Ciencia y Tecnología durante la segunda legislatura socialista (2004-2008), volvió una vez finalizada esta etapa a su entidad de partida, la biotecnológica Genetrix, pero también fue reclutada por el consejo de Gas Natural —donde sustituyó al expresidente Felipe González—, por la Banca March, por la mutua Pelayo, por la tecnológica Everis, por la distribuidora cotizada Logista, por Mediaset España y por La Caixa.

Viajar proporciona contactos muy útiles. Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores durante la mayor parte del periodo Zapatero, reconvirtió parte de su equipo ministerial en el personal de una empresa de mediación y lobby con países del Tercer Mundo para la atracción y el establecimiento de inversiones empresariales. El exministro acudió a Cuba acompañado por el expresidente Zapatero y a Guinea Ecuatorial asistido por este último y por el extitular de Defensa José Bono[7]; el discurso del diálogo y de los Derechos Humanos no es incompatible con el trabajo de intermediario para la promoción de empresas en estos territorios.

¿Qué tiene de malo aprovechar la experiencia profesional para ganar un poco de dinero? Pedro Solbes ha completado su pensión, pública y privada, con los puestos de consejero y asesor en entidades como Enel-Endesa, Barclays España o el Consejo Asesor de CaixaBank. Elena Salgado también participó en Endesa-Chilectra y en un sinfín de entidades privadas, y estuvo a punto de presidir el Grupo Prisa.

El asesor de Zapatero David Taguas llegó a la presidencia de la patronal de las constructoras, Seopan. El secretario de Estado económico hasta 2009, David Vegara, ocupó luego un puesto en el consejo del Banco Sabadell; su sucesor en el ministerio, José Manuel Campa, pasó posteriormente a un puesto directivo en el Banco Santander…

El de las puertas giratorias es un debate complejo, pero, en cualquier caso, es un comportamiento que no causa precisamente admiración entre los ciudadanos, dado el potencial contacto que estos nuevos intermediarios político-empresariales mantienen con la Administración que rigieron en el pasado. La sospecha de que estos expolíticos, y ahora bien remunerados consejeros de empresas privadas, pueden llegar a presionar a las instituciones públicas a favor de sus negocios o de sus clientes es algo que les acompaña durante toda su carrera.

Los siguientes capítulos mostrarán cómo la apariencia de un gobierno acosado por los conservadores fue más bien una estrategia adoptada por la estructura de poder del PSOE. Socialistas o no, los ejecutivos de Zapatero tuvieron que gestionar la política y la economía en una sociedad globalizada en la que los estados pertenecientes a una moneda común apenas tienen poder para influir y en la que la ideología dominante ha dictado a los gobiernos de los países un estrecho rango de opciones políticas. No podían ni siquiera idear alternativas. El gobierno ZP no consiguió ser una excepción a la regla mundial y comunitaria.

2. El euro: neoliberalismo obligatorio

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El euro: neoliberalismo obligatorio

La década de 1930 supuso un periodo clave de la historia reciente. La revolución obrera lanzaba una amenaza palpable: mientras que las economías capitalistas habían visto fracasar la «mano invisible» del mercado por la explosión de una descomunal burbuja inmobiliaria y financiera, el crash del 29, seguido de la Gran Depresión, la URSS conseguía que su producto interior bruto alcanzara cifras de crecimiento cercanas al 10 por ciento. Los fascismos, el comunismo ruso y la política de choque emprendida por Roosevelt en los Estados Unidos para evitar el colapso representaban formas alternativas de gestionar la economía, muy distintas a como se había venido haciendo a lo largo de las décadas anteriores.

Los nostálgicos del liberalismo estaban aterrados: para intelectuales como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek o Milton Friedman, la intervención del Estado en la economía debía desaparecer para garantizar el desarrollo pleno de los seres humanos. Estas conclusiones se materializaron en la fundación de la Mont Pelerin Society en 1947 y en la puesta en marcha de una serie de iniciativas propagandísticas financiadas por el capital más reacio a la intervención estatal y a los impuestos sobre la riqueza. Este movimiento, que había sido bautizado por sus propios promotores como «neoliberalismo», obedecía a un proyecto de restauración del poder de clase, debilitado y puesto en cuestión desde los años treinta.

Este orden de prioridades sociales alternativo se entronizaría oficialmente —con la presidencia de Ronald Reagan y la llegada a Downing Street de Margaret Thatcher— en la década de 1980: las privatizaciones y la derrota sindical en el Reino Unido y en los EE. UU.; la promoción estatal de la deslocalización empresarial y la sacralización del comercio internacional como fin en sí mismo laminaron el poder de los Estados-nación y condenaron a las democracias nacionales a la crisis fiscal y, en muchos casos, de autonomía financiera.

La entrada del neoliberalismo en España se produjo también en los años ochenta, en un país que comenzaba a dar pasos decisivos después del final de la dictadura. En este caso particular, y dadas las necesidades españolas de avance económico y de desarrollo, las ideas de preeminencia del mercado y de concentración empresarial se confundieron frecuentemente con las de progreso, internacionalización y modernización.

El proyecto de construcción europea había aceptado los principios básicos del neoliberalismo y reservaba una posición débil para España en la nueva Comunidad Económica, un papel de país escasamente desarrollado, desindustrializado y poco competitivo, obligado a importar y a mantener déficits por cuenta corriente. Esta posición de desventaja se aceptó por parte española, a cambio de la esperanza de alcanzar una situación futura de estabilidad en una comunidad de Estados democráticos avanzados.

Se trata del «mito del Euro», que, junto con el de la «modélica transición democrática», es uno de nuestros dos relatos ideológicos fundacionales con más impacto. El mito del Euro hace referencia a un camino de reformas «necesarias» para que un país con los graves problemas de España consiguiera entrar en el oasis de la Moneda Única, transformando la solución orteguiana en un proyecto de política económica. Las cosas, como sabemos ahora, fueron bien diferentes a lo prometido y son cada vez más los que se preguntan si dicha entrada en el Euro no se produjo en unas condiciones que representan ahora mismo no solo una camisa de fuerza económica, sino incluso democrática.

Pedro Solbes, ministro económico del Gobierno de Zapatero entre 2004 y 2009, fue clave en el proceso de integración europea en las décadas de 1980, 1990 y 2000, y representó como pocos el innegable peso que el mencionado mito ha ejercido sobre las decisiones de políticas económicas de varias generaciones de dirigentes socialistas. Su perfil profesional y su conducta política marcaron los límites de lo que algunos comentaristas han denominado «la democracia en un solo país».

El Clan de La Dehesilla: tecnócratas para una democracia

El Clan de La Dehesilla: tecnócratas para una democracia

Pedro Solbes Mira, licenciado en Derecho, consiguió en 1968 su plaza como alto funcionario. Animado por el influyente izquierdista Ramón Tamames, abandonó las oposiciones a inspector de Hacienda para presentarse a las que unos años después se unificarían como las de técnico comercial y economista del Estado (teco), unas de las más exigentes del sistema español. Como teco ya en ejercicio, Solbes fue reclutado por el primer ministerio de Comercio de la democracia después de Franco, presidido por Juan Antonio García Díez.

García Díez, también teco, como Tamames y como el compañero de promoción de Solbes, Guillermo de la Dehesa, se adscribía a un interesantísimo y ya olvidado reducto de élites mayoritariamente progresista denominado el «Clan de La Dehesilla». La finca que dio nombre a dicho clan, propiedad del ministro republicano Justino Azcárate —descendiente del fundador de la laica Institución Libre de Enseñanza— representó en las décadas de 1960 y 1970 un refugio demócrata al que acudían con frecuencia numerosos técnicos, empresarios e intelectuales liberales y hasta revolucionarios que una vez llegada la democracia acabaron formando una parte esencial de la clase dirigente.

En La Dehesilla coincidieron el físico Miguel Boyer, el directivo del Instituto Nacional de Industria (INI) Juan Manuel Kindelán, los economistas Mariano Rubio y el profesor Luis Ángel Rojo, así como otros miembros de las nuevas y viejas élites como el presidente del INI Claudio Boada, los exministros franquistas José María López de Letona y Alberto Monreal Luque, el futuro ministro de UCD, Carlos Bustelo, los hermanos Entrecanales, los Fernández Ordóñez, los Solana Madariaga, los Garrigues-Walker[1]…

Para muchos, esta amalgama de líderes de distintas ideologías fue fundamental para conformar un importante bloque de poder económico y político. Dentro de este, destacaría por su popularidad y cierta ostentación la denominada «beautiful people». Esta oligarquía ilustrada sedujo a los gobiernos felipistas y representa un antecedente fundamental para entender el funcionamiento de la tecnocracia española de los años ochenta, inevitablemente tributaria de la antigua burocracia franquista y formada por una serie de líderes exquisitamente educados que pronto abandonaron su izquierdismo inicial para adoptar decisiones «responsables» y, en consecuencia, favorables para un mundo empresarial con cada vez menos ataduras.

La Dehesilla sirve como una maqueta de la Transición, pues allí convergieron como hemos visto una serie de empresarios cuya fortuna había quedado forjada en el franquismo, pero que terminaron apoyando a jóvenes talentos para colonizar la Administración y liderar los gobiernos de la UCD y del PSOE. Unos ejecutivos que favorecerían, de manera paralela, el paso de los otrora empresarios franquistas a los consejos de administración del sector privado. Un ejemplo relevante es el de los exministros económicos socialistas Miguel Boyer y Carlos Solchaga, reclutados en los años setenta por el Instituto Nacional de Industria presidido por Claudio Boada y que, como ministros, favorecieron el nombramiento de este último como presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos (futura Repsol) y, posteriormente, del Banco Hispano Americano.

Si bien es cierto que la presión sindical y ciudadana explica una parte importante de la transición democrática, ningún estudio serio puede pasar por alto lo acontecido entre los miembros de los cuerpos de funcionarios de élite, en los consejos de administración de las grandes empresas públicas y privadas, ni tampoco en organizaciones de carácter informal, entre las cuales el citado Clan de La Dehesilla es un ejemplo más que notable.

Solbes no probó las mieles de este refugio elitista, pero quedó profesionalmente vinculado a algunos de sus máximos representantes. Influido por el magisterio del tecnócrata opusdeísta Alberto Ullastres, uno de los grandes artífices del Plan de Estabilización de 1959, el alicantino entró en el ejecutivo de Felipe González como un ejemplo de la «herencia burocrática» de los gobiernos de transición de la UCD: frente a la imagen de cambio que reflejaba la foto de González y Guerra en la ventana del hotel Palace en octubre de 1982, la historia de las modificaciones ocurridas en la Administración General —donde, con una gran cantidad de empresas públicas, se adoptaban las grandes decisiones— fue claramente diferente. La espina dorsal del gobierno seguía en los años ochenta compuesta por un tipo de funcionarios que pasaban fácilmente de la Administración a las grandes empresas públicas, con la frecuente posibilidad de acabar participando después en los consejos de las entidades privadas.

Avalado principalmente por Miguel Boyer y por otro teco, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), Solbes ocupó el cargo de secretario general técnico hasta que los desencuentros de Boyer con Alfonso Guerra, enemigo acérrimo de «la biuti», llevaron al futuro marido de Isabel Preysler a marcharse del Ejecutivo socialista.

Tras esta salida, y gracias a su reputación de experto europeo al haber participado en las negociaciones para el denominado Tratado de Adhesión, Solbes recaló en el Ministerio de Exteriores como secretario de Estado de las Comunidades Europeas, precisamente el mismo año en que España ingresaba en lo que pronto sería la UE. Allí, su jefe sería otro ilustre político, Francisco Fernández Ordóñez, Paco Ordóñez, uno de los ministros —primero ucedistas y luego socialistas— más queridos y recordados, y también un hombre que, cuando estaba al frente del servicio de estudios del INI a principios de los setenta, había defendido a rojos del momento como Boyer o Solchaga, contribuyendo a reforzar con ello una red tecnocrática progresista que se adaptó, llegada la democracia, al clima de monetarismo y neoliberalismo económico imperante.

EL CLAN DE LA DEHESILLA: algunos de los maestros de solbes. Lo que algunos periodistas denominaron la «beautiful people» estaba formada por los economistas Mariano Rubio y Miguel Boyer (también físico), además de por los profesores universitarios Ángel Rojo (keynesiano) y Pedro Schwartz (liberal), y por los hermanos Fernández Ordóñez, entre otros. Estas promesas de la política y de la economía contaron con el apoyo de hombres de empresa del franquismo de los sesenta y setenta, como el presidente del Instituto Nacional de Industria Claudio Boada Villalonga, el factótum de Ferrovial, Rafael del Pino, y el futuro presidente del gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, a su vez cuñado de Del Pino. Pero el grupo de Boyer también contó con la colaboración de una serie de ministros relativamente aperturistas como José María López de Letona —que tras presidir Industria pasó al Banco de España— y Alberto Monreal Luque —que, como ministro de Hacienda, reclutó a un joven Francisco Fernández Ordóñez. Pedro Solbes no formó parte de este círculo, pero sí se relacionó con su núcleo gracias a su paso por los gobiernos de la UCD y del PSOE. No obstante, conviene subrayar la influencia que Solbes reconoce haber adquirido del ministro opusdeísta Alberto Ullastres. La cultura tecnocrática europeísta desembocaría en la optimista integración en la Zona Euro.

Una persona con las ideas muy claras

Una persona con las ideas muy claras

Lo expuesto arriba describe los círculos elitistas de los que Solbes había formado parte. Como ministro inició su carrera cuando fue designado en 1991 para la cartera de Agricultura y Pesca y, en 1993, como titular de Economía y Hacienda del último gobierno de Felipe González. El nuevo ministro impulsó entre 1993 y 1996 un conjunto de reformas estructurales destinado a hacer la economía española más atractiva para las inversiones internacionales, a controlar la siempre odiosa y endémica inflación y a tratar de reducir el déficit público a su mínima expresión (una de sus mayores obsesiones). Que de estos medios que debían traer el bienestar —y que acabaron siendo fines en sí mismos— se derivase un mayor sufrimiento social no supuso una erosión para el prestigio de Solbes, que pasó a ingresar, tras el triunfo electoral de José María Aznar en 1996, en la Comisión Trilateral.

La Trilateral, internacional liberal fundada en 1973 por el magnate financiero John D. Rockefeller, incluía a dirigentes políticos y empresariales de Estados Unidos, de Europa y de Asia en un contexto todavía de Guerra Fría, y concentraba sus esfuerzos en proveer de estudios y de medios para «consolidar la democracia en el mundo», así como para contribuir a que se tomaran decisiones adecuadas sobre los problemas globales. La centralidad e influencia de este organismo precedió a la del más opaco Club Bilderberg y tuvo como antecedente el estadounidense Council of Foreign Relations, nuclear en el orden capitalista occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Su primer informe, The Crisis of Democracy, publicado en 1975, explicitó sus posiciones ideológicas. Por ejemplo, advertía de que los elevados niveles educativos en Occidente podían contribuir a incrementar las protestas y las huelgas en un contexto de pleno empleo y de reivindicación de los derechos civiles[2]. La preservación de la democracia dependía de que el parlamentarismo fuera capaz de moderar sus propios excesos, como si existiese un límite a partir del cual se corriera el peligro de caminar hacia una democracia desestabilizadora o, peor aún, hacia el socialismo.

Esta paradoja democrática, según la cual más democracia puede implicar una disminución de los principios en los que se basa este sistema, presenta el término «democracia» como un vocablo de libre interpretación, al gusto de quien, contando con una generosa financiación, se encuentra en condiciones de establecer el orden de ideas dominante.

Pese a que la desaparición de la URSS y el ascenso de nuevas potencias cuestionan actualmente la idoneidad de la Trilateral, no son pocos los estudios que la consideran todavía una de las redes de planificación política más influyentes en las decisiones internacionales de los Estados Unidos[3]. La Trilateral contó desde sus comienzos con representación española en la persona de influyentes empresarios y banqueros como Claudio Boada o Antonio Garrigues Walker, pertenecientes también al Clan de La Dehesilla, lo que contribuye a subrayar la importancia de esta red.

Estas élites globales, atentas a los líderes empresariales y a los dirigentes políticos con ideas «responsables», contaron con la colaboración de Solbes, que en 1999 sería nombrado comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, precisamente el año en el que se ponía en marcha la Zona Euro. Toda una trayectoria profesional dedicada a la construcción de un área económica que parecía culminar con un puesto en el primer gobierno de la moneda única.

Solbes se convirtió en el guardián comunitario del Tratado de Maastricht, que, firmado en 1992, conminaba a la financiación del Estado a través de los mercados financieros, así como al candado del mantenimiento del déficit público al 3 por ciento del Producto Interior Bruto y de la deuda pública al 60 por ciento. La infracción de estos criterios conllevaba cuantiosas multas, lo que se convertiría en una limitación definitiva para la autonomía política de los futuros Estados miembros del euro.

El comisario financiero no pudo, sin embargo, sancionar a Francia y Alemania, que, habiendo violado tales límites, hicieron uso de su poder político para que, a pesar de que en la Zona Euro todos los países son iguales, algunos lo fueran más que los demás. Merece la pena recordar que, en esta ingenua tentativa, Solbes recibió el apoyo del entonces ministro económico español, Rodrigo Rato, cuyo gobierno ya caminaba hacia el denominado «déficit cero».

Su puesto en la Comisión Europea no le permitió tampoco advertir que la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo para ayudar a la Alemania reunificada había incrementado notablemente los préstamos baratos, pero difíciles de devolver, a economías inmobiliarias como la española. Solbes presidió posteriormente parte de la gestión de la crisis económica nacional presionando en favor de la reducción del gasto público. Una condición asociada al hecho de ocupar constantemente posiciones decisivas parece ser la de participar en las soluciones, o en el empeoramiento, de los problemas que no se quisieron o no se supieron evitar en un principio. La impunidad asociada a la minoría elitista permite a sus miembros gestionar situaciones y procesos sin la necesidad de sentirse responsables de sus errores u omisiones: la gente olvida pronto y, además, existen infinitas formas de confundirla. El poder puede, en definitiva.

2004: un ministro para no dar miedo

2004: un ministro para no dar miedo

El quinquenio europeo de Solbes concluyó en 2004, cuando aceptó el reclutamiento por parte del gobierno de Zapatero y fue despedido con honores por los burócratas del euro. Su entrada en el ejecutivo socialista tuvo diferentes interpretaciones, muchas de las cuales, pese a haber contado con mayores cajas de resonancia, fueron falsas.

Su aceptación se produjo después de que el mundo empresarial y financiero —sobre todo el BBVA, por razones que se explican en el capítulo siguiente— se pronunciara en contra de la candidatura de Miguel Sebastián, el principal asesor económico de Zapatero durante la campaña electoral. Los bancos no querían tener enfrente a un economista proactivo y poco contenido como Sebastián, y pesos pesados como el exgobernador del Banco de España Luis Ángel Rojo, el presidente de la patronal CEOE José María Cuevas y el expresidente del gobierno Felipe González acabaron por convencer a Solbes de que aceptara el cargo.

Dicha aceptación se produjo con dos condiciones impuestas por Solbes: la primera, el estricto respeto al «equilibrio presupuestario», y la segunda, el reclutamiento como secretario de Estado de Hacienda del futuro gobernador del Banco de España, su amigo Miguel Ángel Fernández Ordóñez, MAFO, de fuerte pedigrí liberal. El «sí» de Solbes se encuentra en el origen de su irrefrenable rivalidad con Sebastián que, entretanto, se refugió en la dirección de la Oficina Económica del Presidente.

Su fichaje no solo reflejaba el eterno celo de la izquierda por «no dar miedo» a las grandes empresas, sino que también suponía la confirmación fáctica de que, bajo la globalización neoliberal y la apretada correa del euro, las medidas de política social quedaban subordinadas al ajuste en los presupuestos y a las fetichizadas cifras del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Nada era más tranquilizador para el espíritu tecnocrático del Euro que colocar de ministro de un gobierno de izquierdas al comisario de hierro que intentó poner en vereda a Francia y Alemania por haberse desviado de las cifras presupuestarias pactadas. De manera similar al primer informe de la Comisión Trilateral, los excesos democráticos implican demasiado gasto público y, aunque muchas veces no provoquen inflación, están mal vistos.

Una prueba del conservadurismo fiscal de Solbes fue que la economía española registró durante el primer mandato del presidente Zapatero un superávit público en cada uno de sus ejercicios, lo que no obstó para el derrumbe fiscal cuando se acabaron los ingresos procedentes de la construcción y los préstamos baratos. La economía es mucho más que un ejercicio de contabilidad: haberse traído la Troika a casa no podía garantizar que las cosas fueran a marchar bien para todos.

Economía y Hacienda no son socialistas

Economía y Hacienda no son socialistas

Su equipo en el ministerio reflejaba asimismo las directrices de las entidades y los organismos que rigen los destinos de la economía y la política nacionales por encima de los Estados. Solbes, garante de la solvencia financiera en el período 2004-2009, tomó posesión de la cartera de Economía y Hacienda acompañado por una serie de viejos conocidos que conformaban una red tecnocrática curtida en la década y media de gobiernos de Felipe González e incluso de la UCD.

La mayoría de ellos habían sido funcionarios o asesores de los ministros Boyer, Solchaga y del propio Solbes, lo que subraya la continuidad burocrática con los ministerios socialistas de los años ochenta y noventa, a pesar de la renovación imprimida al PSOE por Zapatero, que no llegó al área de Economía y Hacienda.

Salvo excepciones, pocos en este ministerio habían militado en el PSOE: se trataba de una cartera técnica y para técnicos que, lejos de ser neutrales, profesaban una firme creencia en los principios del control presupuestario y de la Economía neoclásica, la escuela dominante tras la revolución neoliberal de los años ochenta y noventa, como ya hemos mencionado.

La competencia por el poder entre Solbes y Sebastián sería constante hasta la dimisión del alicantino en la primavera de 2009. Por esta razón, la guerra por ocupar una mayor cantidad de altos cargos se desató desde el principio. Solbes se impuso en el nombramiento de Manuel Conthe como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en el del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Conthe, con el mismo perfil burocrático que su jefe ministerial, teco, presenció operaciones de lucha política por el poder económico en entidades con vinculaciones a un pasado público y estatal, como Repsol, Endesa, Gas Natural y BBVA. Su dimisión se produjo en la primavera de 2007, y su salida de la CNMV constató una manifiesta división entre las facciones económicas del primer gobierno de Rodríguez Zapatero, que no había podido contar con los cuadros técnicos necesarios para lograr una total homogeneidad del ejecutivo.

Alejado de las tareas gubernamentales, Conthe se ha tenido que conformar con la presidencia del Consejo Asesor de Expansión y Actualidad Económica, con la participación en empresas como el bufete internacional de abogados Bird & Bird, la empresa de conferenciantes Thinking Heads y el primer fabricante mundial de acero inoxidable, Acerinox, perteneciente al Ibex-35. La similitud ideológica entre el aparato económico de aquel PSOE y la del partido Ciudadanos contribuyó probablemente a su posterior papel como asesor independiente de la formación liderada por Albert Rivera, al menos hasta las elecciones de 2015.

MAFO: el gobernador amnésico

MAFO: el gobernador amnésico

Más lejos llegaría Miguel Ángel Fernández Ordóñez, MAFO, que con el transcurrir de los años terminó por adquirir el ceño del magnate estereotipado que aparece en la mayoría de las películas de Frank Capra. Fernández Ordóñez desempeñó este difícil papel como gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012, convirtiéndose, junto con el entonces comisario europeo Joaquín Almunia, en el mayor portavoz de las ideas dominantes en la Zona Euro; su leitmotiv sería la exigencia de una «verdadera» reforma laboral para acabar con una crisis económica en realidad debida a causas que no tenían que ver con ese asunto, sino más bien con otras bien distintas y más relacionadas con decisiones que se tomaban en el organismo que él comandaba.

La dureza de MAFO no era una novedad en su conducta política. En el año 2003 se publicó La memoria recuperada, un libro de entrevistas realizadas por la periodista María Antonia Iglesias a muchos de los principales dirigentes políticos de los años de Felipe González. En un pequeño apartado, Fernández Ordóñez resumía sus impresiones sobre el período 1982-1996: «Dentro de cincuenta años, cuando los historiadores describan la política económica de los gobiernos de la democracia (UCD, PSOE, PP), no apreciarán muchas diferencias entre la orientación de las mismas. […] El gobierno socialista privatizó el doble de empresas de las que privatizó posteriormente el PP, habiendo iniciado la privatización de las mayores empresas públicas. […] Pero hizo esto ocultándolo, sin enorgullecerse de haber sido —y lo sigue siendo— el gobierno más privatizador de la Historia de España»[4].

Una buena muestra de que, en los aspectos técnicos, no cabe esperar que gobiernos de diferente signo político se diferencien sustancialmente: lo más relevante quizá consista en saber quién diseña e impone las directrices que siguen uniformemente estos partidos.

Esta postura ideológica, tan orgullosa de su sumisión al credo dominante, era coherente con los vínculos de MAFO. Generalmente, la conducta social y política de la mayoría de los individuos puede predecirse cuando se conocen dichos vínculos. En este sentido, MAFO, hermano del ministro Paco Ordóñez, fue otro de los tecos (economista del estado) reclutado por los gobiernos de la Unión de Centro Democrático durante la transición a la democracia.

En 1982, Miguel Boyer, ficha nuclear del Clan de La Dehesilla junto con Mariano Rubio (este último en el Banco de España), nombró a MAFO secretario de Estado de Economía, y en 1986 Carlos Solchaga lo situó como secretario de Estado de Comercio. Después de un período como director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional —poco compasivo con las economías latinoamericanas durante los años ochenta—, MAFO presidió el Tribunal de Defensa de la Competencia y más tarde la Comisión Nacional de la Energía.

Al principio de los años 2000, MAFO se había convertido en el comunicador económico de referencia del Grupo Prisa, donde desempeñó funciones tan destacadas como presentador del programa Hora 25 de los Negocios en la Cadena SER, asesor editorial del diario económico Cinco Días, columnista del diario El País y tertuliano de la extinta cadena televisiva CNN+. En este contexto, MAFO, que parecía haber detectado la formación de una burbuja inmobiliaria, publicó diversos artículos periodísticos criticando la gestión económica de los equipos de Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, de la que dijo que podría terminar con consecuencias sociales muy negativas.

En uno de estos artículos, MAFO anunció un apocalipsis parcialmente acertado: «¿Hasta cuándo podremos crecer apoyándonos en los desequilibrios? Ciertamente el colapso de este modelo no se producirá en corto plazo, en el que incluso una bajada de tipos podría llevar a aumentar aún más la tasa de crecimiento del PIB. Solo cuando Europa se recupere y los tipos suban nos arrepentiremos de haber forzado los desequilibrios durante estos años. Porque antes la salida era la devaluación. Pero esta vez nos encontraremos en una situación sin salida»[5].

Desde el año 2004 hasta 2012, MAFO, Solbes y otros dirigentes gubernamentales pilotaron esta situación que antes había parecido «sin salida», mientras el artículo publicado en el diario Cinco Días aquel 28 de febrero del 2004 quedó en el olvido, aunque sí permanece en la memoria de algunos coleccionistas de infamias políticas.

Poco menos de seis meses antes, el mismo experto vaticinaba el pinchazo de la burbuja de la construcción en el mismo diario, al afirmar lo siguiente: «Esta burbuja pinchará y caerá la actividad de este sector y el gobierno no ha preparado al país para este cambio en la estructura de la demanda y de la oferta. Para evitar esa crisis hubiera sido necesario adoptar políticas de aumento de la competitividad exterior y de la productividad, lo que no se ha hecho. […] El problema es que cuando uno anda a oscuras, corre el riesgo de darse fuertes batacazos, y el pinchazo de la burbuja de la construcción podría ser el primero de ellos»[6].

Probablemente, al hacer esa crítica certera en 2003, Miguel Ángel Fernández Ordóñez no contemplaba la posibilidad de que un año después fuese a ser nombrado número dos del Ministerio de Economía y Hacienda y, un poco más adelante, número uno del supervisor bancario. Tras estos nombramientos, comenzó una amnesia que le haría ignorar las advertencias de los inspectores del banco, las mismas pero cada vez más alarmadas a las que el antiguo gobernador, Jaime Caruana (en la actualidad, en el banco BBVA), había hecho también caso omiso. Lo cierto es que, a partir de abril de 2004, las palabras «burbuja», «pinchazo» y «crisis», prohibidas en el banco central, desaparecerían del lenguaje de MAFO. Misterios de la política económica, y misterios del poder político cuando toca ejercerlo.

Cabalgando la crisis

Cabalgando la crisis

Los mencionados dirigentes hicieron todo lo posible para que el Ejecutivo socialista no cumpliera buena parte de sus promesas electorales, con la justificación de que el equilibrio presupuestario habría quedado seriamente afectado. Pedro Solbes frenó muchas de las iniciativas sociales —«calderadas», en referencia al ministro de Trabajo Jesús Caldera— en el Consejo de Ministros, lo que le supuso no pocas discusiones y algún que otro amago de dimisión por parte del encargado de la cartera de Economía y Hacienda.

Sin embargo, los denodados esfuerzos por mantener el déficit a raya no impidieron que este se disparara cuando la crisis internacional y la voladura del modelo económico español se produjeron con tremenda brusquedad y realidad insoslayable. Sería en esos difíciles momentos posteriores cuando los dirigentes socialistas que seguían en el Gobierno con la crisis ya rampante experimentaron la fuerza de los virajes de una economía incontrolablemente en caída libre. Una situación dramática que en parte había sido promovida por actores que no se presentaban a las elecciones, pero que utilizaban como intermediarios a quienes sí lo habían hecho.

Estos cambios abruptos se produjeron fundamentalmente en el terreno de la Economía, e incluso provocaron una aislada modificación exprés de la Carta Magna, la Constitución Española, que acabaría priorizando el pago de los intereses de la deuda pública por encima de cualquier otra partida presupuestaria. El presidente Zapatero fue testigo, actor de reparto e intermediario de estos acontecimientos, junto con el futuro aspirante electoral Alfredo Pérez Rubalcaba y la nueva ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

El drama comenzó poco a poco, pero no se detuvo. En abril de 2009, Zapatero anunció una remodelación ministerial cuyo elemento más destacado era la salida del gobierno de Pedro Solbes y su sustitución por la hasta entonces ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado. El ministro alicantino no estaba de acuerdo con la política de estímulos fiscales que se estaba aplicando y quería, además, impulsar nuevas reformas laborales. Para Solbes, España había empleado ya todos los recursos posibles para luchar contra la crisis, una ortodoxia fiscal que un año más tarde se haría desgraciadamente mayoritaria.

La retirada de Solbes supuso la jubilación de un ministro serio y profesional, pero que era producto de una época que todavía persiste y en la que solo parece existir una forma de proceder en Economía. Probablemente en un futuro, bajo un clima de creencias diferente, pueda juzgarse con mayor perspectiva el papel desempeñado por este economista ortodoxo.

Solbes ha podido completar su pensión con los ingresos procedentes de la asesoría de grandes empresas como Barclays Capital, Enel-Endesa o CaixaBank, entidades que, sin embargo, el exministro dijo haber posteriormente abandonado. Si el lector quiere solicitar u organizar una conferencia de este gestor puede pedirla de manera formal a la empresa Thinking Heads, donde asimismo figuran numerosos exgobernantes y gestores empresariales de todo el mundo.

También puede seguir su recorrido durante algunos años en el think tank «para la acción global» Fride —extinto desde 2015—, cuyo patronato presidió en compañía de la exministra de Exteriores Ana de Palacio y junto a dirigentes público-privados como Eduardo Serra o Guillermo de la Dehesa, también altos cargos de los gobiernos del bipartidismo. Se trata de la retirada de quien no ha perseguido nunca la ostentación ni se ha dejado cegar por la ambición política; más bien la de un dirigente convencido de que las suyas eran las medidas que menos daño podían hacer al país, lo que subraya la honda huella de las ideas dominantes en cada época.

La gran inversión de la ministra Salgado

La gran inversión de la ministra Salgado

Un año después de la marcha de Solbes se produjo el giro hacia la austeridad que él había querido imponer desde que reconoció en público la crisis, pero restaban aún algunos meses de estímulos fiscales y la ilusión de un New Deal español, cuyo máximo exponente fue el Plan para el Estímulo de la Economía y el Empleo, el Plan E. Elena Salgado gestionó la distribución territorial de las ayudas del mencionado Plan E desde la cartera de Administraciones Públicas y al retirarse Solbes de la escena política pasó a ocupar la cartera de Economía y Hacienda.

Salgado no era precisamente nueva: ingeniera industrial y economista, había trabajado en el poco agradecido papel de gestionar la reducción de costes de personal en Economía con Boyer y Solchaga, y en 1991 había pasado a ser secretaria general de comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas cuando era una cartera desempeñada por su entonces amigo Josep Borrell. El progreso político de Salgado se encuentra íntimamente ligado a su acercamiento al Club de Amigos de la Sociedad de la Información, una sociedad de debate vinculada a Telefónica y a una serie de técnicos y dirigentes clave en la transición democrática y en el proceso de internacionalización de esta compañía.

Salgado ocupó en 1991 un puesto por designación gubernamental en el consejo de administración de Telefónica y también en el de Hispasat, el operador de satélites de comunicaciones. La victoria electoral del Partido Popular en 1996 no la dejó en el paro. Fueron numerosas las empresas que la acogieron hasta que en 2004 entró en el gobierno de Zapatero: entre estas destacaron Vallehermoso Telecom —filial de Sacyr—, Abertis Telecom, Telegate España, Continuity Capital, la desaparecida Arthur Andersen —implicada de lleno en el caso Enron— y Lenci Consulting, una empresa de consultoría estratégica especializada en sectores regulados, algo que la ministra conocía bien por su experiencia como alto cargo público.

Como se puede comprobar, al mando del Ministerio de Economía y Hacienda siguió hasta el final de la segunda legislatura socialista de Rodríguez Zapatero lo que el economista John K. Galbraith denominó la «tecnoestructura, una red de técnicos cualificados que adopta decisiones tanto en el ámbito público como en el privado»[7].

El paso de Salgado por los gobiernos de Zapatero no hizo disminuir sus oportunidades de triunfar en el sector privado, sino todo lo contrario. A su salida recaló en Endesa Chile-Chilectra, en el consejo de Abertis, en Nueva Pescanova (estas dos últimas, dominadas por La Caixa) y en la asesoría del Grupo Prisa, para cuya presidencia llegó a ser propuesta, recordando aquellos primeros años noventa en los que apoyó, desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y desde Hispasat, el nacimiento de Canal Plus, propiedad de esta empresa de comunicación, entonces presidida por Jesús de Polanco.

Sus salidas profesionales no terminaron aquí, sino que su experiencia en la gestión de sectores regulados y sus contactos con las Administraciones Públicas hicieron que su perfil pareciese interesante a empresas como Trilantic Capital Partners, fondo heredero de Lehman Brothers, y también para la consultora Maio Legal, fundada por exmiembros de la auditora KPMG. Además, destaca su incursión en el sector de los negocios farmacéuticos en Doppel Farmacéutica[8].

A partir de esta trayectoria no podía anticiparse un comportamiento excesivamente rebelde ante los intereses establecidos. Bajo el ministerio de Salgado, el país giró hacia una austeridad económica suicida y hacia la eliminación definitiva de la escasa autonomía política y económica de la que había disfrutado hasta entonces. Su conformismo ideológico y su éxito profesional posterior reflejan, además, los poderes que con el empeoramiento de la coyuntura financiera se habían hecho manifiestamente visibles.

La ilusión (para ilusos) del Plan E

La ilusión (para ilusos) del Plan E

Pero antes de que los nubarrones financieros se instalaran definitivamente quedaban unos meses en los que se aparentaría una patética recuperación y un simulacro de estímulos fiscales. El Plan E, un conjunto de fondos puestos en manos de los ayuntamientos españoles para la realización de obra pública y para la creación temporal de empleo, fue en realidad una parodia de plan keynesiano.

Dicho plan formaba parte de una primera reacción de las instituciones europeas contra la crisis y preveía un efecto inmediato sobre las cifras de desempleo que se calculó en unos 30 000 puestos de trabajo, en un momento en que el número de desempleados se aproximaba a los cuatro millones y en el que la oposición conservadora ensayaba ya su tradicional identificación entre gobiernos socialistas y paro.

La falta de previsión, el cortoplacismo del Plan E, el mal uso y la absoluta descoordinación de unas inversiones de aproximadamente doce mil ochocientos millones de euros, la dificultad para la coordinación con ayuntamientos de diferentes signos políticos y el efectismo electoral perseguido por el Ejecutivo convirtieron dicho plan en un desastre que creó empleo fugaz y sirvió sobre todo para incrementar el déficit sin apenas efectos positivos ni siquiera a medio plazo. Las sospechas de electoralismo surgieron cuando, a principios de mayo de 2009, un gráfico destacado en la sección de Economía del diario El País mostró cómo el incremento del desempleo se había ralentizado considerablemente, apuntando a un posible cambio de ciclo que se vería ratificado treinta días después[9].

La afirmación sobre la llegada de «brotes verdes»[10], copiada del presidente estadounidense Barack Obama, se produjo a principios del mes de junio, cuando el paro descendía por primera vez después de 14 meses, ya que se crearon 25 000 puestos de trabajo. El Gobierno, a solo cinco días de las elecciones al Parlamento Europeo, pretendía salvar los muebles mediante una creación de empleo cortoplacista y vinculada, de nuevo, a sectores de bajo valor añadido.

El PSOE salió derrotado de estos comicios por un reducido margen, con un PP liderado por el exministro ultraconservador Jaime Mayor Oreja, que logró el 42,12 por ciento de los votos y veintitrés eurodiputados y un PSOE que, con Juan Fernando López Aguilar como cabeza de cartel, se quedó con un 38,78 por ciento y veintiún representantes. El plan de estímulo había servido, al final, para prolongar unos meses más la creación de empleo parlamentario.

Eutanasia estatal, suicidio socialista

Eutanasia estatal, suicidio socialista

En el año 2010, la salida por la izquierda de la crisis estaba descartada. Elena Salgado había reclutado a un alto cargo que anunciaba la llegada de tiempos aún más difíciles. El elegido como secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, hizo saltar las alarmas dentro del PSOE. Campa, cercano, si no miembro, del Opus Dei, había defendido a César Alierta en el juicio que el expresidente de Telefónica afrontó por el caso Tabacalera, era partidario del despido libre y había ejercido como profesor del IESE Business School, fundado precisamente por José María Escrivá de Balaguer en plena dictadura.

A su salida del Gobierno, Campa entró en el Banco Santander, donde trabajó como director del Área de Relación con Supervisores y Reguladores. A buen seguro, ha aportado su experiencia como exsegundo espada del ministerio económico. En 2019 es nombrado presidente de la Autoridad Bancaria Europea, el regulador de la banca en la UE. De regulados a reguladores.

Su perfil indicaba el final de la ilusión del periodo Zapatero, pues confirmaba la emergencia de un poder tecnocrático que se ejerció sin prestar apenas atención a aspectos no contemplados ni previstos por la perspectiva ideológica del partido gubernamental. No había lugar para la heterodoxia: las ecuaciones de la Economía neoclásica regirían las principales decisiones por encima de cualquier criterio de los electores. Los cirujanos se habían instalado definitivamente en La Moncloa.

Economía y Hacienda afrontaba una etapa en la que las instrucciones más exigentes de Bruselas se adoptaron con obediencia y prontitud, para ofrecer una señal de que la economía española merecía la «confianza» de los inversores internacionales. No se trató en ningún caso de medidas voluntariamente adoptadas por el Gobierno, sino de una concatenación de acontecimientos que hicieron que estas decisiones «parecieran» inevitables, casi lógicas y naturales.

Estas presiones se recrudecieron cuando en el invierno de 2010 se hizo público que el gobierno conservador griego llevaba años falseando sus cifras de déficit presupuestario. La contabilidad maquillada, asesorada por el banco Goldman Sachs con el concurso del entonces presidente del Banco Central heleno Lukas Papademos, exejecutivo de ese mismo banco, había permitido a Grecia permanecer en el Euro con unas cifras envidiables. Cuando se hizo público el fraude, el incremento de la especulación sobre la deuda pública griega y sobre la de las economías europeas periféricas puso al Euro contra las cuerdas.

Un nuevo actor se sumaba al drama comunitario: numerosos hedge funds y otros clubes especulativos apostaron por el hundimiento de estas economías nacionales. Estos vendían al principio del día miles de millones de euros que habían invertido en deuda pública griega o española, publicaban poco después una noticia alarmante en algún diario controlado y compraban de nuevo, al final de la jornada bursátil, los mismos títulos de deuda notablemente abaratados. Una broma de miles de millones de euros que redundó en beneficios para unos pocos.

En vez de investigar estas operaciones, en lugar de denunciarlas ante la opinión pública y actuar en consecuencia como poderes independientes, los gobiernos de las naciones europeas respondieron con durísimos planes de austeridad pública, legitimando los ataques especulativos como fenómenos naturales e inevitables («son los mercados»). Una vez ejecutado el rescate de las finanzas griegas —a cambio de unas condiciones draconianas—, el presidente Zapatero anunció el 12 de mayo de 2010 una «devaluación interna», cuya principal consecuencia fue en realidad un empobrecimiento de la población. Empezaban los recortes.

El gobierno aprobó la cancelación de más de 6000 millones de euros en obras públicas, la reducción de las ayudas basadas en la Ley de la Dependencia, la disminución de hasta un 15 por ciento del salario de numerosos funcionarios —con un 5 por ciento de media en todos ellos—, la congelación de las pensiones y otras medidas de calado que, con el objetivo de «calmar a los mercados», llevarían a la economía española a una nueva recesión y a alcanzar una cifra de casi seis millones de parados, además de contribuir a que el Partido Popular consiguiera en las elecciones generales la mayoría absoluta.

La decadencia socialdemócrata enmascaraba una crisis más grave de los Estados democráticos. Estos, incapaces de gestionar los flujos financieros y de promover la participación democrática en las instituciones supranacionales, dieron paso en un gran número de países europeos a los distintos gobiernos de las derechas, intermediarios directos de los intereses de los poderes que están exentos del escrutinio ciudadano.

«Los mercados» o la dominación financiera

«Los mercados» o la dominación financiera

Es interesante comprobar cómo el fetiche de los mercados, ascendidos a categoría racional y casi natural, es directamente proporcional a la fuerza y a la influencia de quienes protagonizan la economía financiera sobre instituciones que son de naturaleza electoral y en teoría están al servicio de los ciudadanos. Dichos mercados, que en realidad son sobre todo concentraciones de fondos de inversión y de bancos frecuentemente coordinados entre sí, no tendrían una fuerza ni de lejos similar si no fuera por la lucrativa labor de mediación que en su nombre lleva a cabo una parte muy específica de la clase política.

No es casualidad que un actor fundamental de esos amos de las finanzas, el banco de origen hebreo Goldman Sachs, constituya un lugar de paso obligado para muchos dirigentes políticos clave. Entre estos destacan el expresidente de la Comisión Europea y exprimer ministro italiano Romano Prodi; y otro expresidente de la Comisión, José Durao Barroso, impulsor del proceso de consolidación de la deuda pública en el Euro, que sería incorporado a la dirección europea de este banco de inversiones, para el que ejercería en breve de lobista.

Otros exdirectivos de Goldman Sachs, Mario Monti y Lukas Papademos, fueron impuestos por la Troika como primeros ministros en Italia y en Grecia, respectivamente. Finalmente, y por no elaborar una lista inacabable, Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, a quien algunos consideran el salvador del Euro, cuenta con una amplia experiencia en esta multinacional del crédito y la titulización de activos financieros.

Afirmar que tanto la Comisión Europea como el BCE poseen formas de ver la solución a los problemas económicos similares a las de muchos de los grandes actores de los denominados mercados financieros no supone precisamente un disparate: sin ser sus portavoces oficiales, no parece existir una línea clara de separación entre unos y otros.

Todo indica, además, que una parte de los gestores de las hipotecas basura y de los especulativos seguros contra impagos —los denominados Credit Default Swaps, o CDS—, que fueron elementos aceleradores de la crisis, acabaron siendo luego destacados responsables dentro del gobierno de las naciones que habían asumido parte de sus errores financieros de largo alcance. Un ejemplo sería el del ministro de Economía español Luis de Guindos, procedente de Lehman Brothers.

Mientras una relevante porción de la deuda privada se había hecho pública en España mediante los préstamos y las facilidades a los bancos y a las antiguas cajas, por no hablar de la nacionalización y el saneamiento del gigante Bankia, muchos de los financieros privados pasaron a ser solemnes estadistas que dirigieron la digestión de la corrosiva deuda a base de planes de venta de activos públicos y de reducción de los servicios básicos del Estado del bienestar. Esta puerta giratoria generacional, consistente en dar entrada al gobierno a ejecutivos financieros tóxicos para precarizar el Estado social que había protegido a la gran empresa de una explosiva quiebra, representa la mayor victoria de la clase capitalista en lo que llevamos de siglo.

Que no se haya producido una reacción popular proporcional a esta confiscación del ahorro y de la renta por parte de las altas finanzas y de una minoría enriquecida se debe principalmente al hecho fatal de que a la cohesión interna de las élites económicas y políticas se opone frecuentemente la fragmentación, la desinformación y la desconfianza alienada de la masa poblacional.

El corolario de este expolio económico y humano lo vivimos en estas fechas, cuando la proliferación de los bulos sobre la inmigración, la búsqueda de enemigos internos y el ascenso de partidos de extrema derecha pueblan las principales noticias y los debates en España y el extranjero. En este sentido, nunca ha quedado más clara la tesis marxista de que las ideas dominantes suelen ser las ideas de la clase dominante.

Después de la socialización de las pérdidas vino la asunción de la penitencia presupuestaria sin debate previo ni oportunidad de réplica alguna. Los planes de «austeridad» —un término que, en principio, goza de connotaciones positivas— dictados desde Bruselas consistieron en abaratar la mano de obra —en neolengua, siguiendo a Orwell: «fomento de las exportaciones y de la competitividad»—, privatizar los activos públicos que se conserven —«liberalización y dinamización de sectores económicos para el incremento de la eficiencia»—, así como laminar el sector público para mostrar a los prestamistas la capacidad de las naciones para devolver la deuda contraída y, de paso, abrir un nuevo espacio de inversión para el capital privado.

El resultado en todos los casos fue la vuelta a la recesión y una bomba de desempleo que se «compensó», según el relato oficial, con una rebaja, muchas veces temporal, en la prima de riesgo nacional, es decir, la diferencia de pedigrí con la deuda alemana, que se suele colocar en los mercados financieros con mayor facilidad que la del resto de las naciones del Euro. Dicha prima de riesgo sería la referencia para los que identificaban el incremento del diferencial con Alemania como la proximidad a una quiebra del Estado o, peor incluso, a un rescate de las finanzas nacionales. Un motivo por el que determinados agentes especulativos, escasamente controlados y bien vistos por algunos, continuarían apostando en la Bolsa.

Puenteando a los representantes democráticos

Puenteando a los representantes democráticos

El PSOE ya sabía a mediados de 2010 que iba a perder las siguientes elecciones de manera humillante. Este tiempo de descuento hasta el 20 de noviembre de 2011 permitió comprobar qué grupos de poder liderarían el futuro. Durante este período, el gobierno socialista quedó relegado al papel de una mera gestora dedicada a aplicar una serie de medidas impuestas por organismos internacionales y comunitarios.

Hay varios ejemplos suficientemente ilustrativos: la ministra de Economía y su secretario de Estado asistieron a un foro de expertos del diario británico Financial Times para defender la solvencia de la deuda pública nacional; el presidente Zapatero se reunió en EE. UU. con representantes de las finanzas y con los editores del Wall Street Journal para anunciar el supuesto final de la crisis de la Eurozona…

Los ministros españoles, en funciones con un año de antelación, ejercían como comerciales del Tesoro nacional ante los representantes oficiales y oficiosos de los dos grandes centros financieros del mundo: Wall Street y la City londinense. Del «no nos falles», habíamos pasado al «España se vende», y mejor que consiguiera hacerlo.

Lo peor, no obstante, estaba aún por llegar. El ejemplo paradigmático de la devaluación a la que se estaba sometiendo desde el poder financiero a los que ese mismo poder consideraba como «entorpecedores procesos democráticos» fue la carta remitida en el mes de agosto del 2011 por el entonces presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, y firmada por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez[11].

En dicha misiva, este actor supranacional conminaba al gobierno a profundizar en las «reformas» y a ofrecer señales de una actitud decidida hacia «la responsabilidad presupuestaria». Quienes estaban todos los días en contacto con estas instituciones descifraron inmediatamente lo que estas amenazas veladas implicaban.

La respuesta se materializó a principios del mes de septiembre en la modificación, con el apoyo del Partido Popular, del artículo 135 de la Constitución española. El cambio supuso la obligación constitucional de priorizar el pago de los intereses de la deuda pública por encima de todo gasto público, estableciendo un límite del déficit público de solo el 0,4 por ciento del PIB. El estigma del 135 marcaba a los «nuevos judíos», los países «cerdos» (PIGS, por Portugal, Italia, Grecia y España), los manirrotos, holgazanes y escasamente fiables miembros de una Eurozona que había dejado de existir en un sentido moral.

La demonización de las políticas de gasto deficitario como nuevo estado de cosas constituye desde hace años una parte nuclear del ordenamiento jurídico español. El papel de España como colonia del imperio eurócrata quedó grabado a fuego por el partido que heredaba el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, preparado para llevar a su partido a la intrascendencia parlamentaria durante más de un lustro. La ideología económica había llegado a su «grado cero».

Muerta la democracia económica, algunos poderes vieron llegado el momento de realizar sus exhibiciones más crudas. En el mes de noviembre de 2010, una delegación encabezada por el empresario armamentístico y financiero Eduardo Serra y por el exsecretario general de Comisiones Obreras y ponente de FAES, José María Fidalgo, entregó al Rey, sin pasar por el presidente democráticamente elegido, el documento «Transforma España», en el que una supuesta «sociedad civil» —en realidad, el capital económico y financiero, con un Ibex-35 ampliado como referente principal—, consideraba la crisis como una «oportunidad» para llevar adelante cambios contundentes en la sociedad y en la economía española.

España podía dar mucho más de sí y, para ello, había que emprender «reformas valientes» sin considerar el coste político. Este grupo de empresarios consideraba amortizado al presidente del gobierno y pensaba ya en el próximo ejecutivo, en el que el Partido Popular remataría las medidas dolorosamente aplicadas por el PSOE, e iría más allá para lograr un adelgazamiento de la protección social que ni siquiera los acreedores de la deuda se habían atrevido a verbalizar. Las oligarquías locales son, a menudo, más virulentas con su propia población que los poderes situados lejos, en las metrópolis financieras.

Pero antes de que el Partido Popular llegara al poder, después de conquistar electoralmente casi todas las capitales de provincia, las autonomías, el Parlamento y el Senado, una imagen había reflejado de manera irónica la preeminencia de la economía privada sobre la política. En el otoño de 2009, el vicepresidente del Banco Santander y asesor de Goldman Sachs, el teco Guillermo de la Dehesa, presentó su libro de análisis sobre la crisis acompañado por cuatro exministros de Economía de la democracia: Miguel Boyer, Carlos Solchaga, el recién dimitido Pedro Solbes y Rodrigo Rato[12].

En la presentación, los cuatro dirigentes entablaron un debate sobre las medidas más adecuadas para la solución de la crisis. Todos ellos eran miembros de diversos consejos de administración de grandes empresas, y ninguno de ellos —salvo algunos matices del contradictorio Miguel Boyer— había osado oponerse a las ideas de la economía convencional.

Gobernar la economía de un país seguirá teniendo una única dirección durante bastante tiempo. Uno de los principales problemas de la mayoría de los líderes de la izquierda, cuando se les pregunta por ello, es que no contemplan la más mínima posibilidad de que existan alternativas factibles al pensamiento dominante. La experiencia económica del rescate y secuestro del Estado español con Zapatero pesará durante muchos años, incluso décadas, en la conciencia de los progresistas.

3. La izquierda que no pudo (ni quiso) ser

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La izquierda que no pudo (ni quiso) ser

La noche del domingo 12 de marzo del año 2000, la política española se había convertido en una gran fiesta «popular». El PP obtenía la mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas, el Congreso y el Senado. La izquierda se había hundido. Pocos se imaginaban por entonces que la dimisión del candidato socialista y futuro comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, daría lugar a un proceso de regeneración que concluiría con una victoria socialista solo cuatro años después.

Esa noche próxima al inicio de la primavera, muchos dirigentes del PSOE, militantes y afines afirmaron que había que hacer algo. Y los hubo que, en vez de comenzar un proceso conspirativo para quedarse con los restos del naufragio, iniciaron otro de elaboración de ideas para producir un programa ganador de inspiración tecnócrata, desde una izquierda que parecía tener cada vez menos margen para proponer alternativas.

Miguel Sebastián, profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y, por entonces, director del Servicio de Estudios del BBVA, compartió sus impresiones con su amigo David Taguas, segundo de a bordo en ese servicio de estudios.

La voluntad de proponer una alternativa tolerada por el neoliberalismo económico cristalizó en el autodenominado «Grupo Hazaña»[1] y, posteriormente, en el colectivo Economistas 2004, que terminó por elaborar el programa económico del candidato y futuro presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Economistas 2004 reunió a diferentes técnicos jóvenes junto a Miguel Sebastián y a David Taguas, como el entonces desconocido Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Además del grupo Economistas 2004, hubo otros economistas que contribuyeron a inspirar el relevo en el socialismo español. Entre ellos, el catedrático y presidente de Analistas Financieros Internacionales Emilio Ontiveros, el futuro gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el profesor Julio Segura y los financieros Carlos Arenillas y José Pérez, pertenecientes al bróker Intermoney. Todos ellos jugarían un relevante papel en el asesoramiento y en la elaboración de propuestas económicas para la candidatura socialista.

Con la ortodoxia bien aprendida

Con la ortodoxia bien aprendida

Pero ¿quién era Miguel Sebastián? Generalmente cuestionado por unos medios que no han querido entenderle, representó el fallido intento de probar algo diferente y lanzarse a hacerlo sin miedo a la fatal reacción propia de los poderes fácticos de la sociedad española, tan rígidos siempre en sus actitudes. En Sebastián encontramos a un reconocido docente que, sin embargo, pasó por los ejecutivos socialistas sin pena ni gloria: modificar el statu quo, aunque sea con perspectivas moderadas, resulta difícil y hasta doloroso, tal como él mismo acabó comprobando.

A pesar de todo, sus orígenes profesionales no eran demasiado distintos de los de Pedro Solbes y sus colaboradores: en su trayectoria estudiantil y política aparecen de nuevo el banquero central Luis Ángel Rojo y Carlos Solchaga, el ministro de Industria y de Economía que consiguió una aproximación a la clase capitalista española, algo que nunca lograron los ejecutivos de Zapatero.

Destacado estudiante de Economía, Sebastián consiguió una beca del Banco de España cuyo Servicio de Estudios dirigía entonces Ángel Rojo y se marchó a la Universidad de Minnesota. Allí cursó estudios de doctorado en compañía de dos amigas que le acompañarían en el futuro: Soledad Núñez, hija de un alto dirigente del Banco de España y compañero de Ángel Rojo en el servicio de estudios, e Inmaculada Rodríguez Piñero.

Los conocidos por algunos medios como «minnesotos»[2] ocuparon posiciones importantes durante los gobiernos de Zapatero, especialmente en la Oficina Económica del Presidente.

La adscripción de estos economistas a la Universidad de Minnesota y al magisterio de Ángel Rojo revela que no nos encontramos ante técnicos contestatarios a la ideología económica entronizada durante las décadas de 1980 y 1990.

A Luis Ángel Rojo, catedrático universitario y gobernador del Banco de España (1994-2000), posiblemente el Paul Samuelson español, se le considera el principal arquitecto de la independencia del banco central con respecto a los poderes políticos; una independencia política que, no obstante, quedó en manos siempre de tecnócratas que participaban y a día de hoy aún participan del consenso neoliberal dominante, lo que anula la quimérica independencia formal.

Rojo, que dirigió la intervención de Banesto en diciembre de 1993, acabó en 2005 en la Banca March y en el Consejo de Administración del Banco Santander, precisamente la entidad que se había quedado con el naufragado navío de Mario Conde.

Si bien la explicación de que el barco de Botín pretendía remunerar así los favores prestados por Rojo es tendenciosa, lo cierto es que dicho reclutamiento apunta, al menos, a una cierta convergencia ideológica entre el supervisor bancario y el gigante financiero: las decisiones adoptadas por los dirigentes públicos y las carreras profesionales que estos siguen una vez abandonado su puesto en la Administración suelen estar relacionadas.

Sebastián pasó por centros de poder relevantes para los gobiernos socialistas, como la Universidad Complutense de Madrid, el Ministerio de Economía y Hacienda —con Carlos Solchaga como titular—, el Banco de España —con Ángel Rojo como gobernador— y la Fundación Fedea, financiada por buena parte de la banca nacional y presidida en sus primeros años por su hermano, el catedrático Carlos Sebastián. Un conjunto de centros de extracción de élites en los que construyó importantes lazos con intelectuales económicos mayoritariamente respetuosos con los pilares teóricos de la economía neoclásica, un fuerte armazón internamente coherente pero defectuoso, ya que fue incapaz de predecir la crisis capitalista desatada en el año 2007.

Nada es para siempre en las finanzas

Nada es para siempre en las finanzas

Sebastián pasó en 1995 al sector privado, recalando en una sociedad de valores que dio mucho que hablar durante los años de Zapatero: Intermoney. Este bróker presta servicios especializados a bancos y cajas y, junto con Analistas Financieros Internacionales (AFI), representó el principal centro de reclutamiento de economistas para el gobierno de 2004.

En Intermoney, Sebastián coincidió con Carlos Arenillas, que en 2004 fue nombrado vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Dos años después, en 1997, Sebastián fue nombrado director del Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya, donde le esperaba otro futuro miembro del clan Intermoney, José Pérez. Este había sido la mano derecha de Ángel Rojo en el Banco de España, mientras que su hermano, Pedro Pérez, lo había sido, como secretario de Estado de Economía, de Carlos Solchaga, para pasar después a ser directivo en el sector inmobiliario. Como puede comprobarse, la red tecnocrática afín al PSOE superaba con facilidad la distancia que debería mediar entre el sector público y el privado.

El Banco Bilbao Vizcaya había sido un territorio cercano a los socialistas hasta su derrota electoral en 1996. La separación entre Estado y mercado, mito recogido en los libros de Economía, oculta una delgadísima línea roja en torno a la cual se adoptan las decisiones clave.

Durante la década de 1990, altos cargos vinculados al ministro de Economía Carlos Solchaga, como su amigo y socio Aureliano Recio, el exministro de Industria Claudio Aranzadi o el financiero Francisco Luzón, acabarían en relevantes puestos directivos del BBV o de la entidad pública Argentaria, que pocos años después sería la última letra del segundo banco del país, el BBVA.

La hegemonía política se había visto obligada a extenderse a las grandes empresas, dada la tendencia del capital a influir en las decisiones gubernamentales. Esta síntesis entre los intereses del Gobierno-partido y los de las grandes corporaciones representa la parte de la alta política que menos se analiza en los medios de comunicación. La entrada de Sebastián en el BBV se produjo como consecuencia de sus méritos individuales, pero no fue un resultado ajeno a estas redes tecnocráticas vinculadas al PSOE.

La victoria electoral de José María Aznar en 1996 y la posterior escalada de Francisco González —colega de Rodrigo Rato— al BBVA condujeron a una criba que permitió imponer a dirigentes afines al PP y controlar el banco de origen vasco. Sebastián resistió en su puesto del Servicio de Estudios hasta que sus críticas públicas al enladrillado milagro popular y a la burbuja inmobiliaria se convirtieron en una razón para su expulsión del banco.

Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, ministros de Economía y de Hacienda respectivamente y principales mentores del «círculo virtuoso» que estaba entonces experimentando la economía española en la década de 2000, pidieron a Francisco González, el presidente, que cesara al economista madrileño.

Hay una máxima en la economía capitalista que Sebastián iba a tener que grabar a fuego en su piel: sale muy caro quitar la música cuando todo el mundo está bailando. No obstante, las burbujas especulativas han nacido con una naturaleza salvaje que las lleva a explotar solas. Sebastián conocía el componente especulativo que actuaba detrás del incremento de los precios de la vivienda. A partir de aquel momento, pasaría a ser mucho más discreto en relación con este problema.

Despedido del BBVA con una notable indemnización, el futuro asesor del presidente Zapatero se centró en dar impulso al grupo de Economistas 2004 y en la elaboración de un programa económico de oposición que proponía, entre otras cosas, incentivar el alquiler, favorecer la Investigación y el Desarrollo, así como una reforma fiscal que supuestamente nos salvaría del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Dicha reforma se basaba en un impuesto plano —la renta de cada individuo se gravaría al mismo porcentaje—, que acabaría con la progresividad fiscal impulsada desde finales de los años setenta en España. El denominado «tipo único», promovido también por el secretario de Economía del PSOE, Jordi Sevilla, pretendía compaginar el incremento del mínimo exento con un gravamen que afectaría por igual a todas las clases sociales y que solucionaría, según sus promotores, los problemas de recaudación del Estado.

A pesar de que Economistas 2004 introdujo importantes críticas al statu quo y representaba una iniciativa que al menos buscaba solucionar graves problemas estructurales, este grupo participaba por omisión del consenso dominante: en primer lugar, la política de privatización y de potenciación de oligopolios industriales y financieros comenzada por el PSOE y rematada por el PP quedaba intacta y asumida como inevitable, incluso conveniente.

En segundo lugar, la reforma fiscal propuesta representaba una rendición del Estado ante la inveterada y consentida capacidad de la gran riqueza de escapar al control y a la fiscalización pública. En tercer lugar, la burbuja se interpretaba como la consecuencia de una serie de malas decisiones y no como resultado de la crisis de un sistema productivo que estaba haciendo aguas desde hacía décadas. Todo esto llevó a que, una vez en el poder político, la élite socialista intentara únicamente una tímida sustitución de inversiones y un cierto asalto al oligopolio empresarial construido por el PP.

MIGUEL SEBASTIÁN: LA POSICIÓN HACE AL LÍDER. Formado en la Universidad Complutense con el banquero central Ángel Rojo, Sebastián pasó por los principales centros de poder tecnocrático socialista de la época: el Banco de España, con Rojo y su mano derecha, José Pérez, el Ministerio de Economía y Hacienda, con Solchaga, y el Banco Bilbao Vizcaya, con todos ellos y otros más. Solchaga había creado una red en el Banco Vizcaya a finales de los años setenta: su presidente, Pedro de Toledo y sus amigos Pepe Recio y Francisco Luzón que, después de pasar por Argentaria, recalaría en el Banco Santander, donde coincidiría precisamente con un Ángel Rojo ya jubilado del Banco de España. El antiguo BBV, donde Miguel Sebastián dirigió durante unos años el Servicio de Estudios, cambiaría radicalmente en 1996 con la victoria de José María Aznar y con el ascenso a la presidencia de Francisco González. Una de las consecuencias fue el despido de Miguel Sebastián. Su excompañero en el servicio de estudios del BBVA, David Taguas, le sustituirá en la Oficina Económica de Zapatero cuando este marche a las elecciones municipales para el Ayuntamiento de Madrid; otro de los técnicos de BBVA, José Luis Escrivá, ha terminado ligado también al gobierno, en este caso presidiendo la Airef, el organismo encargado de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas. Los tecnócratas sobreviven con frecuencia a los cambios políticos, y Escrivá, presente también en el gobierno de Pedro Sánchez, es quizá el mejor ejemplo de ello.

Archipiélago sicav: los ahorrillos de la clase dominante

Archipiélago sicav: los ahorrillos de la clase dominante

La victoria socialista en 2004 tuvo, en pocos días, cierto sabor amargo para Sebastián. La banca, especialmente el BBVA, no le quería como ministro y exigió que el nombramiento recayera en el más ortodoxo Pedro Solbes. Sebastián, que había pasado a formar parte de la Comisión Trilateral, quedó relegado a la Oficina Económica del Presidente, desde donde, sin embargo, acabó adquiriendo especial protagonismo.

Comenzó entonces una carrera por la influencia entre los dos prebostes de la estrategia económica del gobierno de Zapatero. Por una parte, un Solbes que había llenado su ministerio de economistas del estado (tecos) y de inspectores de hacienda de la etapa de Felipe González, con lo que se había rodeado de un poder funcionarial con más de veinte años de experiencia. Y, por otra, un Sebastián que, a pesar de no tener cartera propia, había reclutado a técnicos afines, a los que había conocido a lo largo de su recorrido previo por el Banco de España y por la empresa privada.

Destacaba entre ellos el secretario de estado de Economía y número dos de Solbes, el catalán David Vegara. Este asesor económico de Felipe González en los años noventa había pasado por Banco Sabadell, el bróker Intermoney y la consejería de Sanidad de la Generalitat catalana. En este departamento, estuvo al servicio de la consejera Marina Geli, conocida porque un falangista reencarnado la llamó «puerca, guarra y zorra» desde Intereconomía Televisión[3] y, algo menos, porque encontró, al dejar la consejería, un destino profesional relacionado de algún modo con su cartera sanitaria, ya que terminó trabajando para la multinacional farmacéutica Abbot Laboratories.

La entrada de Vegara en el ejecutivo de Zapatero se debió sobre todo a la mediación del gobernador del Banco de España hasta 2000, Luis Ángel Rojo, lo que volvía a sacar a la superficie la influencia que seguía teniendo la tecnocracia de la transición y de los años ochenta sobre los gobiernos progresistas posteriores, que al parecer necesitaban para sus carteras técnicas altos cargos acreditados.

Más relevante incluso era el perfil de Carlos Arenillas, expresidente de Intermoney, que en 2004 fue nombrado vicepresidente de la CNMV, un regulador desde el que debía vigilar numerosas empresas de su propio sector de procedencia. Su jefe en el organismo, el teco Manuel Conthe, había sido socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), lo que situaba en los puestos más elevados de la CNMV a las dos empresas financieras de referencia para los socialistas.

La influencia de la red tejida en torno a Intermoney no se reducía a altos cargos reclutados para estos puestos de máxima relevancia: adquiría mayor importancia aún cuando se añadían otras conexiones. Carlos Arenillas, conectado con directivos de algunos relevantes hedge funds y de otros vehículos activos en los mercados financieros, había gestionado diversas sociedades de inversión en capital variable (sicav). Empleadas generalmente por los grandes capitales, de las sicav no se comenzaría a hablar hasta el estallido de la crisis financiera.

Las sicav, cuyos beneficios tributan al 1 por ciento —y no al 35% del Impuesto de Sociedades de entonces—, habían sido inicialmente concebidas como una fórmula para la generación de cooperativas de inversores y, de esta manera, favorecer un ahorro patrio que, según la teoría económica dominante, se canalizaría a inversiones generadoras de riqueza y empleo.

Sin embargo, y debido al escaso interés estatal, al desconocimiento o a razones ideológicas, estas sociedades de inversión se utilizan en la práctica como una fórmula para eludir legalmente al fisco: el propietario real crea una sicav con un mínimo de 99 firmantes adicionales, que apenas aportan dinero y que son denominados «mariachis» en la jerga financiera. Entre estos acompañantes figuran en ocasiones las propias empleadas del hogar del titular o los trabajadores del banco en el que la sicav se ha creado.

El dinero no sale de España y tributa patrióticamente al 1 por ciento, proporcionando seguridad y la tranquilidad de estar cumpliendo con la legalidad a un coste mínimo. Si los poderes públicos representativos decidieran aplicar verdaderamente la ley y sancionar estas prácticas irregulares, estos individuos y familias opulentas utilizarían su influencia para evitar el daño a toda costa. Dicha influencia podría manifestarse a través de amenazas de fuga de capitales, pero también se nota en el hecho de que sus afines estén colocados en posiciones decisivas del aparato del Estado, del Parlamento o de organismos supuestamente independientes.

El «archipiélago sicav», que alberga solo una parte de esa riqueza española, permite estudiar una cierta geografía de la opulencia. Porque hay fórmulas de fraude fiscal más imaginativas y extendidas, como se comprueba con demasiada frecuencia cuando las investigaciones ponen al descubierto listados de empresas pantalla situadas en paraísos fiscales. Como usuarios de la fórmula de las sicav para capitalizar el ahorro habían destacado precisamente el secretario de Estado de Economía David Vegara, el vicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas y su esposa, la ministra de Educación Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, que por la combinación entre sus apellidos merece un apartado propio.

Catedrática universitaria dedicada a la Historia del Pensamiento Político, Cabrera tiene un linaje familiar digno de reseña: hija de José Ignacio Cabrera, histórico ingeniero que fue el constructor de la primera central nuclear española, la situada en Zorita de los Canes (Guadalajara), es, además, sobrina del marqués de la Ría de Ribadeo, Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo, expresidente del gobierno español y perteneciente a la misma familia que José Calvo Sotelo, ministro del dictador Primo de Rivera, asesinado poco antes del golpe de Estado militar contra la Segunda República.

Calvo Sotelo pertenecía a una saga que hasta el momento ha resultado inseparable del Estado, más incluso que la Iglesia católica[4], y cuya trayectoria vital ha dado lugar a un entramado de apellidos vinculados por matrimonios, amistades, parentesco y otras coincidencias, que explican medio siglo o más de la historia de España. Una saga que está vinculada además a las García del Real, Bustelo, Del Pino… Se trata del Clan de La Dehesilla en estado (y Estado) puro, una constante tecnocrática de los gobiernos de finales de la dictadura y de principios de la democracia.

La conducta de los grandes liderazgos individuales no tiene lugar en un vacío social, un infantilismo sociológico y periodístico. Mercedes Cabrera no escapa a tan destacado ascendente familiar. Esta experta académica en dirigentes empresariales acabó siendo sujeto y objeto de investigación, ya que su herencia patrimonial, derivada mayoritariamente de la participación empresarial de su familia paterna en empresas eléctricas, la llevó a optar por fórmulas optimizadoras de la riqueza. Una ocupación nada despreciable de algunos de los miembros de las clases superiores es, según ha podido probar el sociólogo norteamericano William Domhoff, la docencia y la investigación universitaria[5]. Pero alguien tenía que hacerse cargo del patrimonio, con la inflación y los impuestos como amenaza constante: Cabrera compartió, hasta 2004, una sicav con su marido, Arenillas, y con Vegara, denominada «Tagomago-Ocejón», asociada a Intermoney. Además, gestionaba su riqueza a través de otra sicav, un vehículo controlado por su familia y denominado Olivenza Gestión Diversificada, a cuyo consejo de administración retornaría una vez concluida su experiencia gubernamental.

Olivenza da cabida a los Cabrera Calvo-Sotelo y a los Arenillas Lorente (los hijos del matrimonio), conectando estrechamente con otra sociedad de inversión del mismo tipo, la sicav Loyola 1951, que enlaza a estas dos familias con la burguesía vasca de los Ybarra, perteneciente al conocido barrio bilbaíno de Neguri. La absorción de las eléctricas de la familia Cabrera por Iberdrola y la relación de esta última con el capital financiero vasco debe de haber tenido una influencia decisiva en esta conexión.

Esta red de redes opulentas se prolonga infinitamente y revela que, en relación con el dinero, las diferencias ideológicas tienden a moderarse. Vegara y Arenillas, una vez fuera del Gobierno, se encontraron de nuevo en el fondo de inversión Equilibria Investment, que integra, además, a otros miembros del clan Intermoney, como José Pérez, expresidente de Intermoney y del investigado Banco Madrid, el catedrático de Economía Carlos Sebastián, hermano del que sería ministro de Industria, y directivos de la multinacional Telefónica como José Luis Gómez Navarro, hermano del exministro de Comercio socialista Javier Gómez Navarro.

Se trata de un grupo de ejecutivos próximos al PSOE que, insertados en el mundo empresarial, pueden llegar a ser intercambiables con los altos gestores del PP. La denominada «tecnoestructura» tiende a la homogeneidad ideológica, lo que queda probado por las decisiones de política económica más importantes de las últimas décadas en España, prácticamente independientes del partido en el Gobierno de la nación.

La elusión fiscal siempre ha sido una forma para mantenerse en la legalidad, pero minimizando el pago de los impuestos. Para C. W. Mills, posiblemente el mejor sociólogo norteamericano del siglo XX, el impuesto de sucesiones es el mayor enemigo de la desigualdad, y las clases opulentas, siendo todo lo progresistas que quieran, compatibilizan su apoyo a las sociedades de bienestar con las ventajas que las leyes les ofrecen a la hora de evitar que sus fortunas se marchen a otros paraderos[6].

La debilidad estatal se manifiesta en una posición constantemente a la defensiva cuando se trata de recaudar los ingresos que su autoridad brinda al Estado. Dicha debilidad se acrecienta aún más cuando el ingenio fiscal tiende a permanecer del lado de quien más puede pagar por su consejo.

El carácter de clase del gobierno Zapatero se manifestó en este tipo de actores. Unos habían acumulado riqueza gracias a su actividad empresarial, y los otros la atesoraban como consecuencia de jugosas herencias. Estos hechos acabaron restringiendo las políticas supuestamente de izquierdas que hubiera podido implementar el Gobierno formado en 2004.

Dicho de otra forma: que «no se pueda» hacer algo distinto a lo corriente no se debe únicamente a las presiones externas sobre nuestra democracia, sino también a los condicionantes ideológicos y sociales de buena parte de los altos cargos del Ejecutivo. La fuerte interdependencia entre procedencia social y dirección de las decisiones públicas se comprobará en los siguientes apartados. Pese a las buenas intenciones, la riqueza, como la nobleza, también obliga.

Llegados a este punto, cabe preguntarse sobre las motivaciones del presidente y de sus ministros para decidir determinados nombramientos técnicos: si para ello pesó más la carencia de expertos económicos de izquierda o si estos reclutamientos perseguían, en el fondo, el establecimiento de buenas relaciones con los poderes económicos. Una prueba de la segunda de estas posibles razones fue lo sucedido en el mes de junio del año 2005: una amnistía fiscal de la que pocos pudieron enterarse a través de los medios mayoritarios.

2005: la amnistía fiscal que no salió del armario

2005: la amnistía fiscal que no salió del armario

Jueves, 30 de junio, ocho de la tarde. Unas horas antes, el Parlamento español había aprobado una modificación en el Código Civil que permitía el matrimonio a los homosexuales y a las lesbianas, otorgándoles todos los derechos de las uniones heterosexuales. Los obispos, en la calle durante algunos meses junto con algunos colectivos próximos al Partido Popular y, en la actualidad, soportes morales del ultraderechista Vox, se habían rendido y pasaban a rezar por todos los pecadores. Se trataba de lo que los periódicos denominan «un día histórico».

Se hacía tarde, pero en el Congreso quedaban enmiendas parlamentarias por aprobar. Una pequeña porción de los diputados que habían participado en la votación del matrimonio LGTB se decantó por el sí a una enmienda del grupo Convergència i Unió, que exigía introducir una modificación en el Proyecto de Ley de Reformas Tributarias para el Impulso de la Productividad, la reforma fiscal impulsada por el ejecutivo de Zapatero.

Lo que los sucesores de Jordi Pujol pretendían era que se desvinculara el control y la fiscalización de las sicav de la Agencia Tributaria, entidad dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, para que fuera la CNMV la que decidiera si dichas sicav estaban cumpliendo con lo exigido y podían seguir tributando al 1 por ciento. Porque, si no lo estaban haciendo, el proyecto de ley en discusión permitía a la Agencia Tributaria obligarlas a pasar a ser gravadas al 35 por ciento, lo que hubiese representado un fatal castigo para los usuarios de estas fórmulas de minimización del coste fiscal del dinero albergado en esta clase de sociedades.

El apoyo del PSOE y de ERC (un partido siempre algo menos reivindicativo en el terreno económico que en el del soberanismo catalán), con el voto en contra de IU, permitió aprobar una iniciativa que contó con el sí de todos los grupos parlamentarios conservadores. La asociación de los Inspectores de Hacienda del Estado calificó esta decisión como una «amnistía fiscal»[7], dado que priorizaba el criterio de la CNMV sobre el organismo de Hacienda y porque, además, neutralizaba con carácter retroactivo las actas de inspección levantadas contra una larga serie de sicav durante meses y años anteriores.

Entre las sicav que se librarían de la inspección tributaria destacaba la de la familia de César Alierta[8], que en aquel entonces era presidente de Telefónica, y que dos años después nombraría a Javier de Paz, uno de los mejores amigos de Zapatero, consejero de la multinacional.

Esta modificación legal otorgaba el control de estos vehículos de ahorro a una CNMV cuyo número dos era Carlos Arenillas, un directivo financiero que venía de estar bien integrado en el laberinto de la elusión fiscal y cuyo apellido ya le suena ahora al lector. Lo sucedido al principio del verano del 2005 refleja, una vez más, que la procedencia institucional de determinados dirigentes gubernamentales los hace más sensibles a unos intereses que a otros.

Al cabo de solo dos años y medio, cuando el Estado experimentó un enorme descenso de ingresos fiscales como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, algunos periodistas comenzarían a referirse a las sicav como una oportunidad para recuperar los recursos financieros que el Estado y los ciudadanos deberían tener a su disposición para frenar el batacazo. Un gobierno estable sabe a quién no tiene que molestar para seguir siéndolo.

La facción Intermoney se vio reforzada a lo largo del transcurso de la primera legislatura de Zapatero. Mercedes Cabrera, nombrada ministra de Educación en 2006, reclutó como directora de su gabinete a Carmen Balsa, una teco, esposa de David Vegara, colega funcionarial y conocida del futuro ministro Luis de Guindos. El silencioso poder burocrático no ocupa portadas de diario alguno, pero explica conexiones incomprensibles para quien las mira con la limitada lógica de los partidos políticos.

Como se deduce de lo anterior, al matrimonio Cabrera-Arenillas (Educación y Economía, respectivamente) se unía el de Vegara-Balsa (Economía y Educación), como consolidación endogámica del clan Intermoney en puestos clave del Estado. En abril de 2007, el catedrático Julio Segura sustituyó al dimitido Manuel Conthe en la presidencia de la CNMV; Segura, discípulo también de Ángel Rojo y de Manuel Azcárate —sobrino este del propietario de la finca La Dehesilla, el refugio demócrata-elitista expuesto en el capítulo anterior—, confirmó en sede parlamentaria que Intermoney gestionaba su cartera de valores[9].

Además, Intermoney estaba presente en los medios de comunicación a través del economista José Carlos Díez. Este apareció en casi todas las terminales mediáticas del grupo Prisa realizando análisis favorables a los ejecutivos de Zapatero; tras despreciar, en 2007, la importancia de la burbuja inmobiliaria[10], vaticinó una recuperación de la economía española en el año 2010; su optimismo económico terminó con la derrota de Rubalcaba frente a Rajoy en noviembre de 2011, pero no su presencia en periódicos y televisiones, así como su colaboración con distintas ramas regionales del PSOE.

El protagonismo de Intermoney refleja un importante déficit en los equipos económicos de los gobiernos de Zapatero que no se produce en los ejecutivos conservadores y que se corresponde, además, con el estado de marginación de los puntos de vista heterodoxos en los estudios de Economía. El frecuente acuerdo entre élite académica, tecnocrática y política conlleva que los ejecutivos progresistas acaben aceptando de facto las decisiones de política económica propias de los gobiernos conservadores, ofreciendo a los ciudadanos la impresión de que sus vidas no se ven significativamente alteradas bajo el gobierno de unos u otros. Esta es, precisamente, una de las raíces de la crisis democrática o de representación que se está viviendo en las naciones europeas y que no debería achacarse únicamente a una dominación omnímoda por parte de finanzas y organismos supranacionales.

¿EXISTIÓ EL CLAN INTERMONEY? En un contexto de críticas al ejecutivo socialista en casi todas las áreas de su gestión, el denominado «clan Intermoney» remitía a una red social de altos funcionarios y dirigentes empresariales en los ministerios técnicos del gobierno de Zapatero. Mayoritariamente formados bajo el magisterio del banquero central Luis Ángel Rojo, sus elementos centrales fueron, en primer lugar, el jefe de la Oficina Económica del presidente y después ministro de Economía, Miguel Sebastián. Sebastián, hermano de un catedrático de la Universidad Complutense que fue, además, el primer presidente de la Fundación Fedea, había coincidido en el bróker Intermoney con José Pérez —ligado a Rojo en el Banco de España y, después, al BBV—, Carlos Arenillas —un exitoso financiero que en 2004 sería el número dos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores— y David Vegara, que había sido asesor económico del expresidente González y que sería recomendado por Rojo como número dos del ministro de Pedro Solbes. El matrimonio entre Arenillas y Mercedes Cabrera (ministra de Educación en 2006), por una parte, y el de Vegara y Carmen Balsa (directora de gabinete de la ministra Cabrera), contribuyó a reforzar esta red, que llegó a su cénit cuando el siguiente presidente de la CNMV, Julio Segura, declaró tener alojado su plan de pensiones en la empresa Intermoney. Miguel Ángel Lasheras, otro Intermoney procedente de los gobiernos de González, asesoró a través de esta empresa la operación del almacén de gas Castor.

Bailando con la oligarquía

Bailando con la oligarquía

Nada más ganar las elecciones y poco después de afirmar que el poder no le cambiaría —y que quería que Tony Blair, el de la guerra de Irak, venciera en los comicios del Reino Unido—, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que no «intervendría» en la economía. El presidente no pretendía ser especialmente sincero.

El Partido Popular había dejado un legado difícil de modificar. En efecto, Aznar finalizó la privatización de empresas estratégicas con beneficios como Repsol, Endesa, Telefónica y Argentaria, y colocó en su presidencia a directivos solidarizados con la causa: Alfonso Cortina, hijo del ministro franquista Cortina Mauri, presidía Repsol; Manuel Pizarro dirigía las operaciones de la eléctrica Endesa; el financiero César Alierta se encontraba en la cúspide de Telefónica; y la fusión entre Argentaria y el BBV había culminado con la presidencia de Francisco González, amigo de Rodrigo Rato y también de Pizarro.

El gobierno había cambiado en 2004, pero el poder económico continuaba en las mismas manos. Poco pudo hacer el PSOE pese a su victoria electoral, pero con sus intentos fallidos se pondría de manifiesto una máxima que la izquierda, ensimismada en debates generalmente autorreferentes y agotadores, frecuentemente olvida: un gobierno sin empresas y sin bancos propios está vendido. Las grandes privatizaciones, imprescindibles, en teoría, para participar de la nueva modernidad, habían modificado definitivamente el sentido de la política nacional.

Además, el poder autonómico catalán, muy de manifiesto en las dos legislaturas socialistas de Zapatero, movió ficha de inmediato: La Caixa, accionista mayoritario de Repsol, consiguió que su director general, Antonio Brufau, sustituyera a Alfonso Cortina en el antiguo monopolio público de hidrocarburos. Esa misma entidad financiera contaba con diversos intermediarios políticos: a los influyentes escaños de Convergencia i Unió en el Parlamento español se unían los ocho de ERC, que en abril de 2004 había firmado en Cataluña un pacto de legislatura con IU-ICV y con el PSC, la rama catalana del Partido Socialista.

El PSOE no logra gobernar las empresas

El PSOE no logra gobernar las empresas

Más difícil se presentaba el proyecto para sustituir al presidente del BBVA. Los medios de comunicación conservadores narraron esta «operación» como una conspiración auspiciada por un despechado Miguel Sebastián que solo pretendía con ella eliminar de la presidencia a su antiguo jefe, Francisco González, y situar en su lugar a un directivo afín al gobierno socialista. No obstante, esta síntesis ignora una parte fundamental de la historia.

El Banco Bilbao Vizcaya, desde su fusión en 1988, había representado un objeto de deseo para los sucesivos gobiernos españoles que, si bien no podían poseerlo, sí aspiraban a controlarlo. Tras la victoria de Aznar en 1996, el gobierno del PP ordenó la captura de esta plaza financiera, emprendiendo una campaña de acoso y derribo escasamente liberal dirigida a conseguir una fusión entre Argentaria, entonces presidida por el designado Francisco González, y el BBV.

González, posteriormente horrorizado por la intervención de la política en la economía, pero que había realizado desde Argentaria generosos préstamos a la familia de Rodrigo Rato, se hacía con la copresidencia del gigante fusionado acompañado por Emilio Ybarra, representante de las históricas familias vascas del barrio bilbaíno de Neguri.

No había sitio para los dos elefantes: en 2001, el Banco de España investigó unas cuentas secretas en las Islas Seychelles que afectaban a dichas familias. Estas iniciaron una retirada estratégica que dejó al valido de Aznar y de Rato en una presidencia omnímoda y con una estructura adaptada a su imagen y semejanza.

Con su ofensiva para conquistar la cúpula de poder del BBVA, el ejecutivo socialista de Zapatero no hacía nada distinto de lo que habían realizado los gobiernos anteriores, pero se enfrentaba a una entidad mucho más concentrada y en la que ya no cabía posibilidad de control alguno por parte del Estado.

A finales de 2004, el constructor y presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, anunció su intención de hacerse con un paquete significativo de acciones del BBVA; de conseguirlas, podría llegar a nombrar al presidente de la entidad. El incremento del valor de los pisos, del suelo y el enorme caudal de dinero que estaba entrando en las constructoras como consecuencia de las concesiones de obras públicas abría la posibilidad de que se produjera una situación anómala en el capitalismo español: las constructoras avanzaban tanto que estaban situándose de manera estratégica en los bancos y en las eléctricas.

Pero la operación parecía contar también con directrices políticas: algunos medios publicaron nombres afines al gobierno de Zapatero como posibles presidentes del banco, destacando entre estos el de José Pérez, presidente entonces de Intermoney y exdirectivo del BBV en los años noventa, lo que incrementaba notablemente la verosimilitud de esta posibilidad.

La candidatura de Pepe Pérez cobraba aún más sentido si se tenía en cuenta que su hermano Pedro —quien, como hemos visto, era un destacado economista, peso pesado del aparato privatizador del ministro Carlos Solchaga en los años ochenta— ocupaba la posición de consejero en la filial patrimonial de Sacyr, Testa Inmuebles y, además, fue nombrado presidente de otra importante empresa del grupo, Itínere Infraestructuras.

Daba la impresión de que Intermoney aparecía en escena para hacer posible el control político desde el gobierno socialista del segundo banco español, lo que para el Partido Popular representaba poco menos que un atentado contra el liberalismo y la democracia. El termómetro político estalló cuando la Cadena SER hizo referencia a la existencia de un dossier sobre Francisco González que aludía a supuestas irregularidades cometidas por el ejecutivo en su etapa previa a la presidencia del banco.

Las acusaciones de presuntas ilegalidades volvían a producirse como en los años noventa, pero lo poco convincente de la oferta de Sacyr, junto con un revuelo que afectó también a los organismos reguladores del mercado de capitales, dieron al traste con la operación. Destacó en aquel momento el papel del gobernador saliente del Banco de España, Jaime Caruana, que en la actualidad ejerce como consejero, precisamente, del BBVA.

El gran capital en parte español solo se abrió al control del Estado cuando la crisis financiera le hizo requerir ayudas públicas financiadas por los contribuyentes, frecuentes prestamistas a fondo perdido de las propias finanzas, como irónica condición de un capitalismo ensimismado. En cualquier caso, el ladrillo esgrimía todavía su fuerza. Estábamos todavía a tres años de su implosión y los socialistas trataron de aprovechar esta anómala situación para consolidarse más allá de las instituciones elegidas por los ciudadanos. Los electores, que en principio deberían ser el receptor irrenunciable de las decisiones de la política, habían quedado como un mero medio para la realización de este tipo de operaciones de cooptación por parte de grupos de poder relativamente autónomos.

OPA a Endesa: la crispación cotiza y la luz se dispara

OPA a Endesa: la crispación cotiza y la luz se dispara

La batalla empresarial y política que supuso la OPA de Gas Natural a Endesa, iniciada en el otoño de 2005, iba a ser aún más controvertida que el asalto al BBVA, principalmente porque el reparto de actores económicos fue mucho más amplio y abarcó numerosas dimensiones del poder. Esta operación comenzó su recorrido en septiembre de 2005, cuando Gas Natural, participada mayoritariamente por La Caixa, realizó una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por la eléctrica Endesa. Una OPA que el gobierno socialista aceptó con una serie de condiciones relativamente asequibles, una señal de complicidad para los más perspicaces.

Pocos días después, se aprobó en las cortes catalanas el Estatut, que otorgaba a la Generalitat el rango de nación, así como una Agencia Tributaria propia. El término «nación» aparecía en todas las portadas de los periódicos españoles. Las encarnizadas discusiones sobre las consecuencias del Estatut comenzaron a mezclarse con los complejos aspectos contenidos en la operación encabezada por Gas Natural. De nuevo, La Caixa podría dar un paso adelante, en esta ocasión, para controlar un macrogrupo energético español y con una alta probabilidad de trasladar su sede principal a Barcelona.

Sobraban sospechosos. A las pretensiones de Gas Natural y de La Caixa había que añadir que la solventísima entidad Caja Madrid, presidida por el gran amigo de Aznar, el malogrado inspector de Hacienda y cazador Miguel Blesa, había multiplicado a principios de año por dos, hasta el 10 por ciento, su participación en Endesa.

El entonces ministro de Industria, José Montilla, dirigente del PSC, controlaba la Comisión Nacional de la Energía, presidida por su compañera de partido Maite Costa, que había dirigido antes de su nombramiento una consultoría estratégica estrechamente relacionada con Gas Natural[11].

En el mes de noviembre de 2005, el diario El Mundo publicó que La Caixa había «condonado» más de seis millones de euros de un préstamo al PSC, además de haber renegociado los créditos pendientes, ampliando el plazo de devolución del principal y reduciendo los tipos de interés[12]. Para colmo, la esposa del ministro Montilla, Anna Hernández, figuraba como consejera de La Caixa desde el año 2004.

A Zapatero se le situó en la órbita de Gas Natural gracias a los partidos de baloncesto que supuestamente había jugado con su consejero delegado, Rafael Villaseca, amigo de su íntimo asesor Javier de Paz y proveniente del antiguo Instituto Nacional de Industria bajo los socialistas. Intermoney parecía también interesado, con millones de órdenes de venta en el mercado de renta variable, un ámbito en el que el bróker no estaba especializado[13].

En febrero de 2006, la eléctrica alemana EoN, controlada parcialmente por el Estado teutón, presentó una oferta por el cien por cien de Endesa. Detrás de esta aparición, muchos vieron una maniobra defensiva del PP, que quería alejar la eléctrica de Cataluña. Los reguladores parecían capturados por el PSC: la Comisión Nacional de la Energía impuso en esta ocasión unas condiciones draconianas a EoN, lo contrario de lo sucedido anteriormente con Gas Natural.

Los tribunales de justicia censuraron la actuación de gobierno y reguladores patrios: el sainete institucional había cruzado las fronteras, pero aún quedaban más actos en esta comedia de bulevar en la que no paraban de abrirse y cerrarse puertas. Cuando la batalla accionarial parecía ganada por el capital alemán, la entidad semipública italiana Enel se sumó a la pelea tras una supuesta conversación mantenida entre José Luis Rodríguez Zapatero y el entonces primer ministro italiano, Romano Prodi.

A Enel terminaría uniéndose la constructora Acciona, cuyos propietarios mantenían buenas relaciones con el presidente del gobierno español. Ambas entidades acabarían quedándose con Endesa ante la rendición de EoN y la retirada de Gas Natural. La pelea por Endesa incrementó en miles de millones de euros el valor de una compañía que acabó siendo mayoritariamente italiana.

Mucha gente ganó dinero con el cambio en el valor de las acciones y, si se comprueba la trayectoria posterior de algunos de los implicados, algunos de estos traspasaron la frontera de lo público a lo privado y viceversa. Veamos. La entonces presidenta de la CNE, Maite Costa, pasó a ser consejera de Abertis, concesionaria de infraestructuras que tiene a La Caixa como accionista mayoritario; además, volvió a la consultoría con las grandes empresas eléctricas como clientes de referencia. Manuel Pizarro, el entonces presidente de Endesa, concurrió como número dos del PP a las elecciones del 2008, con una implícita promesa de ser el ministro de Economía del posible futuro gobierno conservador, para después pasar por el consejo de Administración de El Corte Inglés y asesorar al candidato presidencial conservador Pablo Casado.

José María Aznar fue nombrado en 2011 asesor de Enel-Endesa, junto con la futura ministra de Economía, Elena Salgado, además del también ministro económico Pedro Solbes, poco beligerante en la contienda accionarial aquí resumida; Gas Natural contó con Felipe González y con Narcís Serra, presidente de Caixa Catalunya desde 2004, en su consejo de Administración.

No pasa desapercibido tampoco que el financiero Luis de Guindos, futuro ministro de Economía con Rajoy, se mantuviera en el consejo de Endesa desde 2008 hasta finales del año 2011. En esta retorcida batalla bipartidista se utilizaron ingentes recursos financieros, políticos y mediáticos, pero el precio de la luz no saldría en ninguna portada de los medios, lo que indica que la distancia social entre las élites y la ciudadanía se había disparado tanto o más que lo que hay que pagar al oligopolio eléctrico a final de cada mes.

Un sindicalista para el gran capital

Un sindicalista para el gran capital

Después de los movimientos en Repsol, en el BBVA y en Endesa, el presidente de Telefónica, César Alierta, se temía lo peor. Hijo de un alcalde franquista de Zaragoza y presidente del club de fútbol maño que construyó el Estadio La Romareda, Cesáreo Alierta Izuel había llegado —apoyado por Manuel Pizarro y por Rodrigo Rato— a la presidencia de Tabacalera, sociedad estatal que terminaría de privatizar. Y luego pasó, en el año 2000, a sustituir al quemado Juan Villalonga, amigo de Aznar, en Telefónica.

Alierta se adelantó a toda posible ofensiva con un movimiento clave: cooptar al adversario. Pese a que en un momento inicial la victoria socialista de marzo de 2004 hacía pensar en Carlos Solchaga como futuro consejero de la compañía líder en telecomunicaciones, Alierta se inclinó por un íntimo amigo del presidente del gobierno, un antiguo sindicalista y obrero de la construcción, Javier de Paz Mancho, que llevaba una carrera empresarial digna de ser novelada[14]. En De Paz puede observarse al hombre hecho a sí mismo que representa, al mismo tiempo, una metáfora de lo que ha sido este país en estas últimas décadas. También se adivina el bipartidismo empresarial en la operación llevada a cabo por Alierta desde la presidencia de Telefónica: el fichaje del vallisoletano puso fin a la batalla política en el seno de las anteriores compañías públicas del Estado, produciendo un equilibrio entre consejeros afines al PSOE y al PP.

De Paz no habría soñado jamás con un puesto así diez años antes: nacido en Valladolid en 1958, es hijo de un tornero de la constructora Agromán y sobrino del histórico dirigente de UGT Jesús Mancho, crítico con la ruptura del sindicato con el PSOE a finales de los años ochenta. Militó desde los quince años en las Juventudes Socialistas, a cuya secretaría general llegó en 1984 con una desbordante vocación política: «No soy secretario general de las Juventudes Socialistas porque considere que esto puede garantizar mi futuro. Muchas veces tengo la sensación de que puedo hacer otras cosas al margen de la política […]»[15].

Consternado por el paro, sempiterna enfermedad española, exigió al gobierno de Felipe González un plan de empleo juvenil. Pero fue su postura contraria al atlantismo la que irónicamente lo catapultó al estrellato político. En fechas próximas al referéndum de la OTAN, en 1986, mientras un contestatario De Paz hacía campaña por el «No», el presidente, Felipe González, le invitó al Palacio de La Moncloa. Y nada más salir de allí el rebelde sindicalista y pacifista gozaba ya de un sentido de Estado totalmente asentado: las Juventudes Socialistas se echaron a un lado y se negaron a favorecer una política de desgaste al Partido Socialista en el poder ejecutivo.

Dotado de no pocas habilidades sociales, la presidencia juvenil socialista de De Paz lo condujo a las más altas esferas políticas cuando el ministro de Comercio, Javier Gómez Navarro, lo nombró en 1993 director general de Comercio Interior. Fue entonces cuando este enlace estratégico de UGT contribuyó a cerrar la venta de Galerías Preciados a El Corte Inglés, interviniendo en la negociación con unos representantes sindicales que agradecerían su tono conciliador. Su carrera se disparó a partir de este punto: poco después de su destitución como alto cargo en el gobierno socialista, que ocurrió en 1996, fue nombrado director adjunto de Panrico y mano derecha del futuro número dos de Gas Natural, Rafael Vilaseca.

En Panrico, De Paz se convirtió en multimillonario gracias a una muy lucrativa venta de sus acciones, pero, sobre todo, hizo muy buenos amigos entre la burguesía catalana, lo que le supuso un activo para su posterior candidatura en Telefónica, donde, por cierto, sería inicialmente conocido como «Bimbo», en referencia a su trabajo previo.

Pero para triunfar hay que tener algo más: era el año 2001 y el nuevo secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, había puesto en venta su casa de León para trasladarse a Madrid. Según narran trabajos como el de José García Abad, El Maquiavelo de León, De Paz atrajo a Zapatero a una residencia situada cerca de la de su familia en Las Rozas, a unos minutos en coche del Palacio de La Moncloa. Fue una jugada maestra.

Los dos matrimonios, el de José Luis y Sonsoles Espinosa y el de Javier y Ana Pérez Santamaría, llevaron a sus hijas a las mismas clases del mismo colegio. La mujer de De Paz acabó trabajando, además, en el gabinete de la esposa del futuro presidente socialista. De Paz ocupó un discreto segundo plano en el primer ejecutivo de Zapatero, que lo nombró presidente de Mercasa, una empresa pública de abastecimiento a los mercados centrales. Pero utilizó ese puesto como plataforma desde la que aplicar sus dotes de negociador nato a favor del gobierno de su amigo.

El mencionado despliegue de talento político y de contactos clave de los que siempre hacía gala De Paz contribuyó a que, a finales de 2007, «el amigo» representara una fenomenal baza para César Alierta. De Paz podría en breve charlar con otro buen colega en el mismo consejo, pues Eduardo Zaplana no tardaría muchos meses en llegar, purgado del aparato de Rajoy tras las elecciones del 2008. De Paz y Zaplana aparecieron juntos en el Congreso de los Diputados en una actitud amistosa que enojó a los socialistas más coherentes y que remite al final de la alegoría orwelliana en el que los cerdos comienzan a caminar sobre sus dos patas traseras…

El reclutamiento de Zaplana, desde entonces hiperactiva correa de transmisión bipartidista, obligaba a quien quisiera hacer memoria a volver al ERE ejecutado por Telefónica en 2003, cuando el entonces ministro de Trabajo de Aznar, del mismo nombre y apellidos, contribuyó a negociar la jubilación y los despidos incentivados de casi 14 000 trabajadores en España[16].

Su colega De Paz sobrevivió a Alierta y coincidió en este ente privado pero estatal con José Luis Pepe Gómez Navarro, hermano del exministro de Comercio que lo reclutó inicialmente como consultor e intermediario con América Latina. Todos los nombres acababan encontrándose al final: su padrino ministerial, Javier Gómez Navarro, directivo en World Duty Free (antigua Aldeasa), y también en Iberia o en Técnicas Reunidas, presidió asimismo la entidad Asuntos Taurinos y Espectáculos. De Paz, dubitativo matador en sus tiempos mozos y acertado en su decisión de no dedicarse profesionalmente al toreo, bien podía rememorar con dicho padrino aquellos tiempos bravíos en los que estoque, capote y albero fueran sus mayores retos.

Como muestra de la transformación ideológica de este obrero de la construcción y dirigente de la juventud socialista, el suplemento «La Otra Crónica» del diario El Mundo narraba en la primavera de 2011 la celebración en el Palacio de los Duques de Pastrana, en Madrid, de la puesta de largo de su hija mediana, María de Paz[17]. En este monumento arquitectónico, declarado de interés cultural, se reunieron hasta 150 invitados procedentes de algunas de las mejores familias de la capital. La factura final, de 25 000 euros, en un momento en el que Telefónica negociaba un nuevo ERE, dejaba relucir una verdad incómoda: que este tipo de fiestas atraen, en realidad, a muchos líderes políticos nacionales, con independencia de su ideología.

Los amigos más ricos del presidente

Los amigos más ricos del presidente

Como se ha contado en este capítulo, el cerebro económico de buena parte de las complicadas operaciones llevadas a cabo por el gobierno con la oligarquía española fue el primer jefe de la Oficina Económica del presidente, Miguel Sebastián. Este tuvo que abandonar su puesto en el otoño de 2006 para encabezar una candidatura llamada al fracaso para el Ayuntamiento de Madrid, una prueba de lealtad que rindió posteriormente sus frutos y a la que Sebastián acudió acompañado, entre otros, del posteriormente presidente Pedro Sánchez, por entonces persona de su confianza.

Su sustituto sería precisamente su ayudante en el Servicio de Estudios del BBVA, David Taguas. Doctor en Economía —Sebastián formó parte del tribunal de su tesis— y reconocido económetra, Taguas fue uno de los primeros en advertir al presidente de la inminencia de la crisis, aviso que el presidente de gobierno ignoró, al menos, hasta después de las elecciones de 2008.

Economista ortodoxo reconocido hasta por los propios admiradores de la Mont Pelerin Society[18], David Taguas continuó la obra de ingeniería político-económica impulsada por su anterior jefe, Miguel Sebastián, que, a partir de la primavera de 2008, ocupó la cartera de Industria, Energía y Turismo.

Taguas continuó con la misión gubernamental de hermanamiento con la constructora Sacyr Vallehermoso, a la que, en primer lugar, ayudó a salir de la constructora francesa Eiffage, con la intervención de Zapatero y del flamante presidente galo Nicolas Sarkozy, y a la que, en segundo lugar, no puso obstáculo alguno para que adquiriera una buena parte de Repsol.

Pero quizá fue el caso del Canal de Panamá el que manifestó con más claridad la preeminencia de los intereses empresariales por encima de los populares: integrada en un consorcio internacional en el que había miembros con sospechosos lazos de parentesco con las autoridades del país caribeño, Sacyr logró la adjudicación de unas obras que, sobrecostes incluidos, ascendía a más de 5000 millones de euros. El gobierno panameño exigió a cambio al ejecutivo español que eliminara al país centroamericano de su lista de paraísos fiscales.

La publicación muy posterior de los «Papeles de Panamá» nos hizo rasgarnos las vestiduras ante una evasión fiscal que favorece el empobrecimiento de la mayoría. El del Canal representa un caso inequívoco de captura de las instituciones democráticas por parte de intereses políticos y empresariales. Entonces fue con el PSOE, después lo sería con el PP. Este tipo de evasión, que algunos presentan como inevitable y casi «natural», tiene, como puede comprobarse, un fuerte componente político e ideológico.

El gobierno de Zapatero había contribuido a potenciar el proceso de concentración empresarial propio de la actual fase capitalista. La constructora ACS, al frente de la cual se encuentra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se había hecho con parte de Unión Fenosa —posteriormente adquirida por Gas Natural— y preparaba lo que iba a ser un conflictivo asalto a Iberdrola. La constructora de Florentino Pérez, al igual que otras como Acciona o Sacyr —cuyos presidentes habían conseguido cable directo con La Moncloa, aunque con grosores de diverso tamaño—, se había colado en el capital de las empresas eléctricas, diversificando sus inversiones a pocos meses del comienzo del fin de la burbuja.

Que David Taguas, uno de los intermediarios en muchas de estas operaciones, pasara en el otoño de 2008 a la presidencia de Seopan, la patronal de las empresas de la construcción, representa un caso de manual para entender que lo que se encuentra al otro lado de las puertas giratorias es una relación de intercambio entre dos tipos de élite que generalmente operan juntas y al margen de la ciudadanía. Y, la mayoría de las veces, con desconocimiento de esta o con pasiva y cómoda complicidad.

La llegada de los nubarrones financieros se hacía notar también en el nacimiento de un lobby de las inmobiliarias, el G-14 o Grupo de las Inmobiliarias por la Excelencia; a cuya cabeza se encontraba otro socialista, Pedro Pérez, exsecretario de Estado de Economía con Solchaga, impulsor de las privatizaciones y presidente de la concesionaria de autopistas Itínere, hasta 2009 en poder de Sacyr.

Luis del Rivero, entonces número uno de Sacyr y número dos del Real Madrid Club de Fútbol, había hecho valer una empresa de mediano tamaño como socio preferente del gobierno socialista durante dos legislaturas; un ministro empresarial o empresario ministro que reflejaba la ilusión que el sector enladrillado había supuesto para una generación del bipartidismo español: concesiones públicas con sobrecostes, crecimiento económico prestado del futuro, viviendas y empleo para todos…

Mientras el presidente Zapatero dedicaba buena parte de su segunda legislatura a celebrar reuniones con los bancos y a presumir de la buena salud del sistema financiero español, fueron David Taguas y Miguel Sebastián los que actuaron como intermediarios con las grandes empresas constructoras y eléctricas, que, junto con la banca, representan los tres principales grupos de poder, que ejercen con absoluta independencia del criterio electoral de los ciudadanos españoles.

Industria se vio forzada a reducir las primas a las empresas de energías renovables por la crisis; dicha reducción afectó en un menor grado a la fotovoltaica sevillana Abengoa, empresa en la que Carlos Sebastián, hermano del ministro de Industria, figuraba como consejero independiente, acompañado por otros socialistas como el exministro Josep Borrell o el primer presidente autonómico andaluz José Antonio Escuredo.

Si bien hay que tener en cuenta que la relación entre los hermanos Sebastián no es precisamente la mejor, parece cuando menos llamativo que Carlos Sebastián saliera del consejo de la empresa energética unos meses antes de la victoria electoral del PP, para ser, además, sustituido precisamente por Ricardo Martínez Rico, mano derecha del futuro ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y hombre fuerte del despacho de influencias, asesoría y lobby Equipo Económico[19].

El bipartidismo de los consejos de las grandes empresas se constituye como un imprescindible recurso para abrir y cerrar puertas en los sectores en los que la negociación con el Estado conduce a la consecución de grandes beneficios. No olvidemos que, en España, muchos de los contratos más importantes económicamente se firman con lo que solo en pocas ocasiones se denuesta como un Leviatán burocrático.

No se puede, en ningún caso, dejar de destacar a Florentino Pérez. La empresa que preside, ACS, consiguió colocar el proyecto del almacén Castor al ministro de Industria Joan Clos y, posteriormente, a su sucesor, Miguel Sebastián. Dicho proyecto, concedido a la entidad participada Escal UGS, perseguía la construcción de una reserva de gas natural casi frente al Delta del Ebro, en la provincia de Castellón, para recurrir a ella en caso de escasez.

El proyecto incluía una cláusula que reducía cuantiosamente la incertidumbre del empresario porque en ella el Estado se comprometía a remunerarlo con 1350 millones de euros en caso de que no pudiera llevarse finalmente a cabo el proyecto: todo un seguro público, impropio de un sistema capitalista avanzado.

El proyecto Castor no llegaría nunca a ser terminado por completo debido a los incontables seísmos que la obra submarina estaba provocando en la zona, lo que no fue obstáculo para que, según la Organización de Consumidores y Usuarios, la factura final de la operación ascendiera a aproximadamente 5000 millones de euros, una factura a cambio de nada que tendrán que pagar los contribuyentes hasta el año 2044. Los estudios de impacto ambiental del proyecto no estaban bien hechos, pero el empresario madridista cobró igual que si todo se hubiera llevado a cabo adecuadamente.

ACS hizo un negocio redondo y su presidente no podía estar más contento con el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Que el exjefe de gabinete del ministro madrileño, Carlos Ocaña Orbis, haya dirigido después la web del Real Madrid Club de Fútbol no significa sino una pequeña propina a un intercambio enormemente beneficioso para la constructora.

La ubicua Intermoney había jugado también un importante papel de asesoría para la operación Castor, en particular a través de su filial Intermoney Energía, dirigida por el entonces consejero de Enagás Miguel Ángel Lasheras, vinculado en el pasado a varios miembros de este clan, como Sebastián y David Vegara.

Según el periodista Santiago Carcar[20], Escal UGS habría contratado a la consultora Intermoney Energía para obtener un trato favorable de los reguladores, teniendo en cuenta que la CNMV contaba todavía como vicepresidente con Carlos Arenillas (Intermoney), mientras que la CNE continuaba dirigida por María Teresa Costa (PSC), dirigentes afines a estos mediadores.

¿Una segunda «beautiful people»?

¿Una segunda «beautiful people»?

Parece difícil asimilar la red de Miguel Sebastián a la que en otros tiempos se ganó el apelativo periodístico de la «beautiful people». La carrera de este ministro ha continuado, por el momento, en la Universidad Complutense, exenta de ostentación y de puertas giratorias, más austera si cabe que la del exministro Pedro Solbes.

Si bien algunos de los actores de este drama, como Javier de Paz —más próximo al expresidente Zapatero— o Carlos Arenillas, acumulan un considerable capital y unos contactos envidiables, esta red, que tiene en Intermoney uno de sus principales centros de extracción, no se acerca ni de lejos a aquel Clan de La Dehesilla que hiciera tan poderosos a dirigentes como Mariano Rubio, Miguel Boyer o Carlos Solchaga.

Resulta llamativo, no obstante, que parte de quienes pertenecen a la red de Miguel Sebastián, como ocurre con David Taguas y Carlos Arenillas, proceda del Banco de España y de los ministerios de Economía y Hacienda presididos por los principales protagonistas de La Dehesilla, como si de una segunda o tercera cohorte tecnocrática se tratara.

La continuidad burocrática e ideológica se enmarca dentro de un proceso de renovación generacional: el grupo de economistas de la izquierda que pudo ser y que no fue lo forman en realidad los aprendices del período socialista de convergencia con Europa, los tiempos de privatizaciones y de consolidación del neoliberalismo nacional, que ha adjudicado al Estado el papel de mero intermediario para la asignación de los recursos y para que los negocios y las inversiones privadas prosperen y puedan maximizar sus beneficios y alcance.

4. El imperio de la imagen

4

El imperio de la imagen

Viernes, 18 de abril del 2008. En la base afgana de Herat, la flamante ministra de Defensa, Carme Chacón, embarazada de siete meses, pasó revista a las tropas españolas. Ese día, los medios no analizarían precisamente la guerra de Afganistán, donde permanecía nuestro contingente a pesar del entusiasmo pacifista expresado por Zapatero al principio de su primer mandato. Lejos de este debate, el acontecimiento se resumía en una imagen, en una realidad impuesta e innegociable: era la primera vez que una mujer era ministra de una cartera habitualmente en manos de hombres, y lo era en un avanzado estado de gestación.

Una fotografía para la historia, pero también una obra maestra de la propaganda política. Esta imagen dio la vuelta al mundo y concitó en España la adhesión de numerosos partidarios de la igualdad y del feminismo, representado por un gobierno que era paritario en el número de ministros y de ministras y que, además, integraba por primera vez una cartera ministerial de Igualdad.

Derrotado electoralmente un mes antes el PP, el PSOE parecía vivir un momento dulce. Pocos meses después, la victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa llevó a que la prensa internacional se refiriese a nuestro país como un Estado moderno en el que los éxitos deportivos eran consecuencia del avance económico y social. Quedaba entonces poco tiempo para que el derrumbe del sector de la construcción y los problemas de la banca, que había prestado sin ton ni son a rebufo del expansionismo constructor, condujeran al país a convertirse en un erial y al vacío socialista descrito en el capítulo dos. Entretanto, la primacía de la imagen siguió produciendo resultados: de hecho, ya había brindado un segundo mandato a Zapatero.

Unas semanas antes de la instantánea en la que una Chacón embarazada pasaba revista a las tropas españolas, varias personas conversaban en una habitación sobre la conformación del segundo gobierno socialista. Una de estas era precisamente la futura ministra de Defensa, Carme Chacón, entonces titular de Vivienda en funciones; la otra persona, prácticamente desconocida para el gran público, se llamaba Miguel Barroso. Este, periodista, empresario y uno de los consejeros que mayor influencia tenían en el presidente Zapatero, había contraído matrimonio con Chacón unos meses antes y ya estaba considerando la oportunidad mediática que supondría que su mujer pasara revista a las tropas en la etapa final de su embarazo.

Una imagen que en una España que venía de un pasado integrista sería todo un revulsivo. Y, además, una fotografía que iba a llevar a los políticos y a los periodistas más conservadores a exaltar las pasiones más reaccionarias de ese lado salvaje del Partido Popular que Zapatero tanto había aprendido a fomentar.

Este comportamiento de la derecha había supuesto uno de los vectores principales de la estrategia socialista entre 2004 y 2008, lo que había facilitado al PSOE ganar la segunda contienda electoral, y esta vez sin el 11M de por medio. Ya lo lograron con el ácido bórico y el ridículo de Rajoy, secuestrado voluntariamente por los predicadores mediáticos, con las manifestaciones en defensa de la familia tradicional y su oposición a lo que ellos llamaban la «rendición» ante ETA, a las que se sumaron otras manifestaciones a favor de la unidad de España. En esta legislatura, la igualdad de género y la liberalización del aborto deberían hacer el resto para seguir capturando a una parte del electorado y asustando a la otra.

La provocación de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, al referirse a «miembros y miembras» de una comisión del Congreso[1], no fue sino una muestra más de una forma de concebir la política que permitió al gobierno de Zapatero desviar la atención de la economía, un terreno en el que las diferencias con la gestión del Partido Popular son algo difusas. Adiestrado en el estudio de la imagen desde antes de ganar la secretaría general del PSOE en el año 2000, Rodríguez Zapatero confiaba en ella como un canal idóneo a través del cual emitir ideología y, como afirmaran de manera marcadamente distinta los intelectuales Walter Lippmann y Noam Chomsky, «fabricar consenso»[2]; en la práctica, imponer los mensajes oficiales.

La dominación raramente se ejerce por la fuerza y la propaganda constituye un arma mucho más efectiva que cualquier medida de castigo o disciplina. Si bien la imagen representó un activo irrenunciable de los gobiernos democráticos desde finales de la década de 1970, en el período 2004-2011 este aspecto de la lucha política fue una de las máximas prioridades de los gobernantes socialistas: para ganar elecciones es preciso vencer con claridad en la batalla de la comunicación.

El primer embajador mediático de ZP

El primer embajador mediático de ZP

El «imperio de la imagen» ha sido un rasgo definitorio de los gobiernos progresistas más recientes. Con estos, el entramado icónico emitido por los aparatos estatales ha generado toda una realidad paralela, una «hiperrealidad», fijando o reorientando la agenda política y enfocando determinados asuntos a conveniencia. Lo «importante» ha sido lo que quedara definido como tal: no se trataba tanto de imponer a los ciudadanos qué pensar como sobre qué materias hacerlo. Por tanto, la pelea por la fijación de la «agenda» adquiría la categoría de política pública.

La atención del presidente a esta dimensión icónica e informativa tuvo a varios maestros como responsables. Ignorar a Miguel Barroso implica perderse casi media película, pues aparte de su compromiso con el partido y con el gobierno, se trata de uno de los especialistas comunicativos con mayor reputación en la política reciente. Un ejemplo patente de todo lo que rodea a Barroso lo ilustra la entrevista que la ministra Chacón concedió, pocos días después de su visita a Afganistán, a la revista Yo Dona[3].

Dicha entrevista se enmarca en el «universo Barroso» al haber sido realizada por la directora del magazine, Charo Izquierdo, precisamente exesposa del entonces marido de Chacón. Izquierdo pasaría a ser directora de la Mercedes Fashion Week, la antigua Pasarela Cibeles, otra cita obligada del mundo de la imagen y de la persuasión. Además, esta periodista había trabajado en la subdirección de la revista de moda Vogue, que en el verano de 2004 sorprendería a sus lectores con una entrevista a las ministras de Zapatero ataviadas con sus mejores galas, lo que coparía la agenda mediática afín y hostil durante al menos una semana.

Miguel Barroso Ayats, nacido en Zaragoza, se había unido al proyecto de Rodríguez Zapatero en el año 2003, tras más de dos décadas de colaboración con el PSOE. En el primer gobierno de Felipe González fue director de gabinete del ministro de Educación, José María Maravall, tras haber trabajado en el diario El País y participado en la fundación de la revista marxista El Viejo Topo. Colaboró después en el ministerio de Educación con Alfredo Pérez Rubalcaba. Barroso y Rubalcaba tuvieron una muy notable sintonía personal que, según algunos testimonios, les llevó a analizar semanalmente las largas cartas que el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, publicó durante los últimos años de Felipe González.

Cuando Maravall salió de Educación en 1988, Barroso, que había cesado con este, creó el Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual (GECA). De nuevo en compañía de Rubalcaba y recomendado de manera expresa por el exministro Maravall, Barroso asesoró en 1993 al presidente Felipe González en su segundo debate televisivo frente al candidato conservador José María Aznar, que después culparía a los medios de su sorpresiva derrota electoral. En estos debates y estrategias le acompañó otro personaje clave de esta historia, su tocayo, el cofundador de GECA y directivo de Globomedia, José Miguel Contreras, un catedrático universitario que contribuyó a enriquecer la oferta de contenidos televisivos en pleno cambio social de las décadas de 1990 y 2000.

GECA analizó para los socialistas la utilización que el PP hizo de RTVE en sus dos gobiernos. En la última etapa de Aznar no lo tendrían difícil, ya que el presentador y director de informativos Alfredo Urdaci estaba dando todos los días una auténtica lección de cómo fijar la agenda mediática de manera que solo pudiera existir un punto de vista. Cuando los socialistas vencieron en el año 2004, Urdaci pasó a interpretar monólogos en La Sexta producidos por Globomedia, la empresa de quienes unos años antes le habían criticado por su falta de objetividad. Distintos géneros para un mensaje similar.

Pese a la prolífica actividad de estos expertos mediáticos como analistas de la comunicación, la asesoría de imagen prestada a los candidatos del PSOE no había sido exitosa: con Felipe González, pese a que resistiría hasta 1996, estaban al final de un ciclo irrecuperable; con Joaquín Almunia sería más difícil aún. Miguel Barroso, entretanto, había sido nombrado director adjunto y vicepresidente de la multinacional de origen francés FNAC, una gran cadena comercial fundada por un militante trotskista que veía en la venta a precios bajos una manera indirecta de empoderar a los consumidores.

La Corriente Alterna: la red mediática que viene

La Corriente Alterna: la red mediática que viene

El que luego sería esposo de la ministra de Defensa había participado también en la fundación de La Corriente Alterna (LCA), una sociedad en la que confluyeron comunicadores opuestos al Partido Popular, al que atacaron con motivo del hundimiento del Prestige, del «decretazo» y de la guerra de Irak.

LCA comenzó como un periódico digital de carácter alternativo, cultural y ecologista, dirigido por el periodista Javier Pérez de Albéniz —marido de una de las hermanas de Barroso— y dedicado a dar voz a colectivos diferentes de los favorecidos por la comunicación oficialista del Partido Popular, que por entonces no se conformaba con dominar omniscientemente la radiotelevisión pública, sino que también controlaba la mayoría de las privadas y contaba con medios de comunicación fervorosamente adeptos, como el diario La Razón.

LCA se haría relevante más por lo que supondría en el futuro que por su verdadera capacidad para influir: esta sociedad albergaba a un conjunto de periodistas y artistas diversos que en la etapa de Zapatero ocuparon importantes puestos de influencia: el ya mencionado Barroso; su colega José Miguel Contreras, entonces directivo de Globomedia; el exdirector de informativos de la Cadena Ser, Canal Plus y Telecinco Luis Fernández; el novelista y colaborador de Prisa Juan José Millás; el showman José Miguel Monzón Gran Wyoming —cuyo programa en Telecinco Caiga quien caiga había sido retirado de la pequeña pantalla—; los directores cinematográficos Alejandro Amenábar y Pedro Almodóvar; los humoristas de Globomedia, Florentino Fernández, Bermúdez y Enrique San Francisco; el productor y fundador de dicha productora, Emilio Aragón, y otros periodistas como Juan Ramón Lucas, Julia Otero y Melchor Miralles.

Este proyecto digital no llegó a prosperar en un periodo, el que va de 2001 a 2004, en el que los diarios de información progresista en la red representaban una especie algo novedosa. Las donaciones y participaciones de los fundadores, limitadas para que ninguno pudiera poseer un capital superior al de los demás, no fueron suficientes para que el proyecto resultara sostenible ni mucho menos rentable.

En un momento en el que el dominio del PP en toda España se materializaba en el control de la publicidad institucional para los medios y en las relaciones preferentes con las grandes empresas (algunas de las más importantes presididas por un clan de financieros colocados por Aznar y por Rato), criticar al ejecutivo conservador y poder comer de ello resultaba una utopía. LCA no tuvo ni siquiera tiempo para molestar al PP, dado que su recorrido fue breve y el escaso conocimiento del funcionamiento del periodismo en la red les impidió poner en marcha estrategias para captar ingresos publicitarios.

No obstante, el recorrido de esta sociedad cooperativa fue más amplio de lo esperado, a pesar de no haber disfrutado de las mismas facilidades financieras que otros proyectos más conservadores de información en Internet. Por ejemplo, Enrique San Francisco, Florentino Fernández y Bermúdez, miembros de LCA, participaron con una sección propia en el programa Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo en la Cadena SER; además, La Corriente Alterna tomó parte en el programa prime time de Globomedia en Telecinco La Noche de Fuentes y Cía, donde una edición dedicada a debatir sobre la guerra de Irak a finales de marzo de 2003, dirigida por José Miguel Contreras, alcanzó picos del 40 por ciento de la audiencia total o share, con dos millones de espectadores.

Esta cuota de pantalla reflejaba la capacidad de alcance de los programas de Globomedia en una cadena, Telecinco, en la que las tertulias de María Teresa Campos, con colaboradores como Enric Sopena, María Antonia Iglesias y Miguel Ángel Aguilar, habían necesitado del respaldo del presidente de la compañía, Paolo Vasile, frente a las presiones y a la particular forma de entender el cuarto poder del gobierno de José María Aznar.

El proyecto del digital LCA, que tendría réplicas con mayor apoyo financiero no muchos años después, se había conseguido diversificar para ejercer influencia capitalizando un sentimiento que iba siendo cada vez mayor conforme transcurría la segunda legislatura conservadora: el de una ciudadanía mayoritariamente joven y formada y un centro indeciso que percibía como una amenaza la deriva cesarista del gobierno del PP.

Fue entonces cuando el «No a la Guerra» se convirtió en la letra de una melodía que contribuyó en gran medida a la victoria de Zapatero en 2004: el grito del rechazo al último Aznar fue un producto más de la sociedad del espectáculo española.

Esta fórmula comunicativa no murió con la victoria de los socialistas, sino que se adaptó a la nueva situación, integrando en puestos decisivos de instituciones públicas y privadas a muchos de quienes habían sido sus promotores en los años de la oposición.

Globomedia: ideología progresista en las series de ficción más vistas

Globomedia: ideología progresista en las series de ficción más vistas

Si hubo un factor común en la embrionaria red mediática LCA fue la relevancia de la productora Globomedia. Dicha empresa había sido fundada en 1993, entre otros, por Emilio Aragón y por el cámara de Televisión Española Daniel Écija. Aragón y Écija se habían conocido en Telecinco después de que Écija regresara de colaborar con el padre de este, Miliki, en la fallida aventura gubernamental socialista de Canal 10. Écija, tras su paso por la Telecinco del VIP Noche, impulsó junto con Emilio Aragón una auténtica revolución televisiva: las cadenas privadas despegaban bajo el dominio de las series norteamericanas y Globomedia contribuyó a ganar terreno al capital icónico yanqui.

Este cambio comenzó con la emisión de Médico de familia en 1995, y continuó con la producción de series y de programas que aprovecharon el arranque de la televisión privada y la necesidad de contenidos de las teles públicas para copar buena parte del panorama mediático. Destacaban los programas de humor, películas, anuncios publicitarios y, sobre todo, series de ficción en español: desde el concurso El juego de la oca, hasta Los Serrano o Un paso adelante, además de Periodistas, Policías, El internado, Compañeros o la ya mencionada Médico de familia.

Un torrente de series de gran audiencia que reflejaban el cambio operado en España, con nuevos tipos de familias e identidades que se normalizaban en una sociedad que había demostrado una enorme permeabilidad. Para los socios de Globomedia, este éxito empresarial representaba una fuente de satisfacción profesional, unos nada despreciables ingresos económicos pero también, al mismo tiempo, la posibilidad de controlar buena parte de la oferta televisiva, de la ficción y, con ello, de la cultura popular y la imaginación social.

Reformar RTVE y externalizar la ideología

Reformar RTVE y externalizar la ideología

Inmediatamente después de la llegada del PSOE a La Moncloa se produjeron las medidas más reconocidas de sus dos mandatos: entre estas destacaron la retirada de las tropas de Irak, el impulso de leyes que garantizaban los derechos de la identidad y una ambiciosa reforma de los medios de comunicación públicos. Dicha reforma consistió en despolitizar Radiotelevisión española y en convertir el ente público en un conjunto de medios lo más independientes posibles del poder político.

Este propósito obedecía, según algunos altos cargos cercanos al presidente en sus primeros años, a principios éticos y profesionales irrenunciables; algunas de estas mismas fuentes añaden que todo eso tuvo además una intención ideológica: impulsar unos medios públicos neutrales a partir de la creencia de que estos terminarían por beneficiar a medio plazo a los socialistas, que no gozan de la misma capacidad económica que los conservadores para invertir en medios. El no haber blindado legislativamente la reforma de RTVE supuso el fracaso de esta estrategia, pues el PP volvió por sus fueros en 2012 y consiguió convertir los medios públicos en medios gubernamentales.

Para llevar adelante la reforma, los socialistas hicieron que se nombrara una presidencia interina, una directora general de RTVE, y que se llevara a cabo una limpieza ideológica que no solo afectó a los cargos favorecidos por los ejecutivos de Aznar, sino que limitó el control del aparato mediático público por parte del partido con sede en la calle Ferraz.

Un buen índice de la materialización de las intenciones de Zapatero fue la grieta que empezó a producirse entre sus expertos mediáticos y el aparato del PSOE, principalmente representado por el portavoz gubernamental, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuyas relaciones con Miguel Barroso se habían enfriado desde hacía unos meses[4].

Diversos medios revelaron que había dirigentes socialistas que desconfiaban de los «fontaneros» del presidente y pensaban que la reforma iba a quitarles posibilidades de contrarrestar los brutales esfuerzos de la oposición, para la que todo parecía valer para desgastar al ejecutivo.

La solución a este problema de indefensión mediática llegó con la externalización de la ideología, con el impulso de una serie de medios y de canales que contrarrestaron la neutralidad de los medios públicos y la propaganda antigubernamental procedente de los medios de línea editorial conservadora o incluso ultraconservadora.

La red de Contreras, al control del Ente

La red de Contreras, al control del Ente

La sospecha de que «los Migueles» —en despectiva referencia a Miguel Barroso y a José Miguel Contreras— estaban secuestrando al presidente tenía cierta base real: la independencia mediática es un concepto tristemente relativo, ya que se debe explicitar, en primer lugar, de quién se pretende ser independiente en un sistema social en el que los intereses representan una norma. Las redes de influencia son una condición inevitable que no tiene que ser por fuerza negativa.

Una buena muestra de ello era el perfil profesional y los vínculos de la presidenta temporal de RTVE, la catedrática universitaria Carmen Caffarel. Esta, profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos, no había sido seleccionada precisamente de manera aleatoria por el presidente Zapatero: desconocida para el jefe del ejecutivo e incluso para el secretario de Estado Miguel Barroso, la catedrática compartía departamento en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) —un feudo académico del PP— con José Miguel Contreras, que fue quien propuso su candidatura a los altos mandatarios socialistas.

La nueva directora general carecía de experiencia profesional en el terreno mediático. Para suplir esta carencia fue reclutado como su jefe de gabinete el también profesor de la URJC Mario García de Castro. Este, que ejerció buena parte de las funciones ejecutivas en la dirección general de RTVE, tenía una fuerte vinculación con Barroso y Contreras: compañero de este último en el departamento de Comunicación Audiovisual de la URJC, había estado también presente en el gabinete del ministro Maravall trabajando al lado de Barroso[5].

La trayectoria de De Castro había continuado precisamente en el gabinete de estudios audiovisuales GECA y en la productora Globomedia después del paso por el ministerio de Educación. Su tesis doctoral, dirigida por Contreras, versa sobre el neorrealismo presente en los contenidos de las series de Globomedia más exitosas, especialmente Médico de familia, Compañeros, Periodistas y Policías, entre otras.

La reforma despolitizadora iba a ser llevada a cabo, por tanto, por un círculo de profesionales que tenían fuertes conexiones con empresas de producción audiovisual que habían dominado el mercado de la ficción y del entretenimiento y con la Universidad como un importante centro de influencia.

Este clan se vio fortalecido con la marcha de la profesora Caffarel a finales de 2006. El proyecto televisivo de Zapatero llegó a su culminación con la elección del presidente de RTVE, que se aprobó con apoyo parlamentario y del Senado, teniendo en cuenta a los principales partidos y el criterio de los sindicatos.

El cambio en RTVE contó con un fuerte consenso, en un momento en el que el Partido Popular parecía decidido a decir «no» a todo lo que se le propusiera. El elegido para presidir la radio y la televisión española fue el periodista Luis Fernández, que atesoraba una gran experiencia periodística, pues había trabajado desde muy joven en la cadena COPE, en Canal Plus y en la SER, en la dirección de Informativos Telecinco y en ramificaciones internacionales de Globomedia.

La presidencia de Fernández vino marcada por el pluralismo ideológico —tachado de excesivo por aquellos dirigentes socialistas que consideraron que se desaprovechaba un gran potencial propagandístico—, por los altos niveles de audiencia y, en general, por una calidad informativa que llevó a muchos de sus responsables a la obtención de importantes premios y reconocimientos, destacando el director de informativos Fran Llorente, otro de los pilares de un proyecto que pretendía asimilar el funcionamiento del Ente al de la BBC británica, pública pero independiente.

Numerosos trabajadores del Ente RTVE se han negado luego a dar una perspectiva idílica del período Cafarel-Fernández. Por una parte, consideran que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), por el cual se jubiló de manera voluntaria a más de 4150 profesionales mayores de 52 años supuso un error, ya que retiró de circulación a trabajadores que se encontraban todavía en una etapa enormemente productiva.

La renuncia a este capital humano, considerada necesaria para amortizar parte de la deuda contraída en el pasado, se produjo al mismo tiempo que continuaba el proceso de externalización en la producción de los programas, una tendencia que ningún partido había buscado frenar en las últimas décadas y que tiende a favorecer a los grupos mediáticos afines a los ejecutivos.

Algunas fuentes añaden que el consenso en la elección del presidente de RTVE no era algo nuevo y recuerdan la etapa en la que Fernando Castedo fue elegido director general de RTVE con el acuerdo entre el Partido Socialista y la Unión de Centro Democrático, lo que dio lugar a una etapa de pluralismo y libertad profesional para la que todavía no se había encontrado parangón. Lo que parece ser de mayor acuerdo es que el resultado de estos cambios fue una televisión y una radio que ya no se parecían a las de los periodos de Aznar.

El fomento del pluralismo… y de la discordia mediática

El fomento del pluralismo… y de la discordia mediática

La etapa Zapatero fue un período de apertura favorecido por el contraste con las bajas cotas de libertad de expresión y de pluralidad mediática alcanzadas por los medios públicos durante los gobiernos anteriores del PP. Esta desintoxicación partidista tuvo lugar al tiempo que se adoptaban medidas que favorecían a una serie de televisiones privadas afines, en distintos grados, al ejecutivo socialista.

En primer lugar, la supresión de la publicidad en los medios públicos, que oficialmente perseguía incrementar la calidad de la programación —algo que surtió efecto inmediatamente—, supuso un impulso financiero indirecto a las televisiones privadas de futura creación; en segundo lugar, la Ley de Impulso del Pluralismo Televisivo fomentó la puesta en marcha de dos canales privados en abierto, Cuatro y La Sexta.

Para comprender la dirección de la reforma televisiva es necesario recordar el contexto político del año 2004, además de las exigencias de Europa en relación con el futuro «apagón analógico» y el nacimiento de la Televisión Digital Terrestre. El gobierno socialista experimentó una enorme soledad en sus comienzos de legislatura: a la «teoría de la conspiración» sobre los atentados del 11M impulsada por El Mundo, y repetida por otros medios conservadores, se unía la fría actitud de El País con el PSOE.

La ruptura pública de Zapatero con el pasado a partir del año 2000 no gustó al buque insignia de Prisa y las relaciones personales entre el secretario general del PSOE y su consejero delegado, el periodista Juan Luis Cebrián, íntimo amigo de Felipe González, no mejoraron las cosas. Para este último periodista, el candidato vencedor de las primarias socialistas del 2000 era poco más que un «chisgarabís», un recién llegado a la política nacional que apenas merecía crédito.

El compromiso de Zapatero con el rechazo a la guerra de Irak había escocido en una vieja guardia socialista que ya había estado en el Golfo Pérsico en una ocasión anterior y que mantenía, a través de Javier Solana (hasta 1999 secretario general de la OTAN), una excelente relación con los Estados Unidos.

Poco a poco se había ido conformando una escisión ideológica y generacional entre «viejos» y «nuevos» socialistas, así como entre los medios que apoyaron a Felipe González y los que seguían al grupo más joven que Rodríguez Zapatero había llevado a La Moncloa.

Este difícil panorama mediático se completaba con el auge de una serie de periódicos digitales, los entonces denominados «confidenciales», que pese a la novedad, a la curiosidad y a la juventud inherente al ámbito de las nuevas tecnologías, estaban en el año 2004 dominados por la derecha más conservadora.

Se trataba de un caldo de cultivo mediático e ideológico que podía dificultar con mucho el cumplimiento de la legislatura a un ejecutivo ya de por sí débil que, además, había tenido que firmar un pacto de legislatura con fuerzas como IU y ERC. La necesidad de contar con medios afines parecía haberse convertido en una condición al menos necesaria para llevar adelante un gobierno en condiciones de normalidad democrática.

La Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo desató la alarma entre numerosas empresas televisivas y productoras cuando estas tomaron conciencia de que la nueva normativa favorecería a la Cadena SER y a Canal Plus, ya que ampliaba la capacidad de concentración en el espectro radiofónico e iba a permitir al canal de Sogecable emitir en abierto como Canal Cuatro.

Este último hecho, en el período de transición hasta el inicio de la TDT, facilitó que Cuatro, entonces propiedad de Prisa, quedara fijada como la cuarta en el mando a distancia, lo que, a efectos de audiencia y publicidad, suponía el rescate financiero para un grupo mediático que soportaba una enorme losa de deuda. Los productores y directivos de Telecinco y Antena 3 se consideraban agraviados.

Pero, además de enfadar a estos grupos, la reforma no pareció suficiente a Prisa, cuyo consejero delegado, Juan Luis Cebrián, había exigido otro canal además del que le fue concedido; este último lo quería el dirigente de Prisa como soporte para la emisora de televisiones locales, Localia, por entonces aún en activo. La negativa del gobierno a ceder ante las exigencias de Prisa recrudeció aún más la fractura entre el ejecutivo y el mayor grupo mediático de España.

El peso de las licencias TDT en la «conspiración» del 11M

El peso de las licencias TDT en la «conspiración» del 11M

La salida de Cuatro y lo que se sospechaba que sería la concesión de un canal en abierto a una empresa impulsada por empresarios afines al partido en el gobierno puso en guardia también a grupos mediáticos con los que el presidente Zapatero mantenía una ambivalente relación de proximidad, como Unidad Editorial, empresa matriz del diario El Mundo.

Su director, el periodista liberal-conservador Pedro J. Ramírez, bestia negra de los gobiernos de Felipe González, amenazaba desde el primer día de la legislatura con sacar a la luz una serie de pruebas que podían demostrar una supuesta alianza entre altos cargos del Estado y mandos socialistas para descartar la supuesta autoría de ETA en el 11M y así desbancar al PP del gobierno.

A pesar de ello, y gracias a su trabajo en la oposición, Zapatero, consciente de la falta de apoyo por parte de Prisa, había tomado posesión de la presidencia del gobierno con la intención de que El Mundo desempeñara un papel menos crítico con el ejecutivo.

Esta estrategia implicaba, en primer lugar, frecuentes contactos entre los delegados comunicativos del gobierno y los principales directivos de este periódico; en segundo lugar, este acuerdo implícito se materializó en la prioridad en la concesión de entrevistas al rotativo del que partía la teoría de la conspiración —entre estas, la primera concedida a un medio de comunicación por el presidente—; en tercer lugar, el trato deferente al periódico conservador llevó a que la participación de Pedro J. Ramírez en el formato televisivo 59 segundos, a cambio de una remuneración supuestamente superior a la del resto de los tertulianos, provocara malestar entre periodistas afines al Partido Socialista, que se consideraban despreciados.

Pedro J. Ramírez siempre había aspirado a ser un actor político decisivo. Fascinado por la incidencia del «caso Watergate» en Estados Unidos en la década de 1970, el riojano mantuvo desde la dirección de Diario 16 en los años ochenta y desde El Mundo en los noventa una posición extremadamente crítica contra los delitos de financiación irregular del PSOE y los crímenes de Estado enmarcados en el denominado «caso GAL», pese a su categórico apoyo al terrorismo de Estado en tiempos de UCD[6].

Alineado con el Partido Popular hasta que los conservadores dieron su apoyo a la guerra de Irak, El Mundo comenzó en marzo del 2004 la publicación de una serie de reportajes de investigación sobre los supuestos «agujeros negros» del 11M, un perfecto caldo de cultivo para vender una considerable cantidad de periódicos en un contexto fuertemente competitivo.

Periodista pero también directivo, a Pedro J. Ramírez le afectaban las adjudicaciones de licencias televisivas. El volumen del suspense conspirativo se incrementó en agosto de 2005, dos meses después de que un editorial del mismo medio acusara al gobierno de Zapatero de «emplear los peores modos del felipismo» y de arruinar la viabilidad financiera futura del canal Veo Televisión como consecuencia de las adjudicaciones de las TDT en abierto.

En unas jornadas periodísticas celebradas en la localidad mallorquina de Son Servera, muy cerca de donde reside durante el verano, el director de El Mundo afirmó que «cada vez hay más indicios de que el 11M se gestó en los aparatos del Estado»[7]. La continuación de la teoría de la conspiración alcanzó sus mayores extremos cuando, en septiembre de 2006, el exminero esquizofrénico Emilio Suárez Trashorras denunció un supuesto «golpe de Estado»[8] del que se desdijo desde la cárcel para reconocer el cobro de una recompensa económica a cambio de difundir ese bulo[9], una práctica poco ortodoxa pero empleada en más de una ocasión por grandes medios periodísticos.

Pero la consolidación de la teoría conspirativa sobre los aparatos del Estado no fue el único efecto colateral de la ley de fomento del pluralismo televisivo. La derecha aprovechó la articulación autonómica española y la capacidad de las regiones para conceder licencias de televisión con el objeto de compensar la afrenta ideológica y económica que les había propinado el gobierno central.

El ejemplo más claro fue el de la Comunidad de Madrid, que en el mes de agosto de 2005 concedió la mayoría de las licencias TDT a canales afines a la derecha política, entre ellos Libertad Digital Televisión, Intereconomía, Veo TV y Popular TV (la actual 13 TV), entre otros[10]. En este caso, el orwelliano principio de «pluralidad» volvió a ser esgrimido por los dirigentes autonómicos, lo que nos lleva a reinterpretar dicho principio como «pluralidad compensatoria» para incrementar o mantener una determinada cuota ideológica en el mercado de los medios.

La Sexta y los refuerzos mediáticos

La Sexta y los refuerzos mediáticos

A esta tensión televisiva le restaban aún varios actos: tras el arranque de Sogecable en abierto, es decir, de la cadena Cuatro, le sucedió el inicio de las emisiones de La Sexta. Este nuevo canal pertenecía a un complejo accionariado en el que se combinaban intereses de la cadena mexicana Televisa con el denominado holding Imagina, en el que se encontraban los grupos Árbol (con Globomedia como protagonista) y Mediapro. La Sexta comenzó como una cadena centrada principalmente en los programas de entretenimiento y de deportes y esperó a introducir los siempre más caros servicios informativos cuando sus posibilidades financieras quedaran más claras.

Su presidente, el periodista Antonio García Ferreras, también profesor en la URJC, había sido director general de la Cadena SER, donde había tenido la oportunidad de coordinar la narración de lo sucedido durante los atentados del 11 de marzo.

De manera opuesta a otros ejecutivos y periodistas de Prisa que no habían visto con agrado los principales pronunciamientos del mandatario socialista como portavoz de la oposición, Ferreras, originario de León como José Luis Rodríguez Zapatero, se había mantenido próximo a este durante los tiempos duros y poco después de su victoria electoral se había marchado de la primera emisora radiofónica para ejercer como director de comunicación del presidente del Real Madrid Club de Fútbol, el constructor y presidente de ACS, Florentino Pérez.

Desde esta posición, Ferreras desempeñó un papel de mediador entre los intereses de la política y los del sector de la construcción, que también tenía al presidente de Sacyr, Luis del Rivero —muy activo durante los gobiernos de Zapatero, como se expone en el capítulo anterior—, en la directiva del club blanco. Una vez más, el palco y la dirección de este club deportivo, uno de los principales símbolos con que millones de habitantes del planeta asocian a España, demostraba ser parte de una entidad con una capacidad de influencia que desbordaba toda definición institucional.

Junto con el mencionado cambio en la televisión, algunos periodistas del sector digital y tecnológico llevaban mucho tiempo demandando la puesta en marcha de una información novedosa en los medios digitales, que pretendían que divergiera de los medios de derechas. Los diarios digitales predominantes habían recibido al nuevo presidente con distinto grado de hostilidad pero compartían su rechazo tanto frente a las decisiones observables —la aprobación de un aparato legislativo en favor de los derechos civiles y en favor de la diversidad—, como a las que algunos preferían intuir, es decir, a las oscuras intenciones de los satélites del ejecutivo progresista por reformular el mapa territorial y para realizar concesiones a la banda terrorista ETA.

Con los contactos empresariales de Miguel Barroso, el periódico digital progresista El Plural, dirigido por el exdirector de Informativos de TVE Enric Sopena, representó durante un par de años, hasta la salida del diario Público, un islote ideológico favorable al ejecutivo de Rodríguez Zapatero y crítico con el Partido Popular.

Desde El Plural, dirigido posteriormente por la exasesora presidencial Angélica Rubio, se describían las estrategias de una oposición conservadora que no parecía haber aceptado el resultado de las elecciones de marzo de 2004. Una oposición que aprovechaba cualquier excusa para salir a la calle, acompañada por los últimos partidarios de la ultraderechista Falange de las JONS.

El director de El Plural escribió una sátira en forma de cómic, La EsPPaña de Rajoy, publicado en el invierno del año 2007, que fue profética cuando, con Mariano Rajoy como presidente, la Cataluña irredenta hizo su Declaración Unilateral de Independencia[11].

La «guerra del fútbol» y el poder televisivo del balón

La «guerra del fútbol» y el poder televisivo del balón

El escenario mediático se complicaba aún más: cuando el ruido de la indescifrable teoría de la conspiración sobre el 11M comenzó a amainar, los dos grupos mediáticos más próximos al ejecutivo, Prisa y Mediapro, se enfrascaron en la que fue conocida como la segunda guerra del fútbol.

El denominado deporte rey representa una enorme fuente de ingresos para los titulares de los derechos de emisión y, al mismo tiempo, un imán de espectadores que termina por distribuirse entre el resto de los programas de la cadena que goza de estas exclusivas.

De ahí que el ejecutivo de Aznar, en sus primeros años, fuera tan beligerante con Prisa; este grupo empresarial, mediante Digital Plus, amenazaba con mantener todos los derechos de emisión frente a la plataforma Vía Digital, impulsada por el ejecutivo y con el concurso mayoritario de Telefónica. El PP quería construir un mastodóntico grupo mediático que consolidara el dominio del partido en el gobierno; se trataba de poner estos medios al servicio del poder político a cambio de generosas recompensas. Vía Digital necesitaba del fútbol para conseguir suscriptores, pero, pese al enorme apoyo político y a las acciones poco decorosas emprendidas para conseguirlo, la realidad se le tornaba hostil. Quizá por esa razón se llevaron a cabo acusaciones contra el grupo Prisa y, en particular, contra los consejeros de Sogecable, la empresa que, a través de Audiovisual Sport, ostentaba los derechos del fútbol.

Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián, números uno y dos de Prisa, tuvieron que desfilar ante los juzgados por un supuesto caso de estafa y de apropiación indebida. Las acciones del juez Javier Gómez de Liaño serían obstaculizadas por la Audiencia Nacional, en la que el también juez Baltasar Garzón había descubierto una coalición de intereses entre su colega magistrado conservador y medios afines al proyecto comunicativo de Aznar.

La condena por prevaricación de Gómez de Liaño supuso la liquidación del contencioso y, con ello, la apertura de un proceso que terminó con la adquisición de Vía Digital por parte de Digital Plus y condujo a la creación de un gigante televisivo por satélite.

La presidencia del nuevo ente, en manos del franquista Rodolfo Martín Villa —expresidente de honor del PP y protagonista de la privatización de Endesa—, representaba como ninguna otra el matrimonio entre dos dinastías de distinta sangre para poner punto y final a un enconado conflicto.

La segunda guerra futbolística fue menos cruenta pero reflejó asimismo la importancia enorme que en España tenía la retransmisión de este deporte como recurso financiero y político. El desarrollo de esa guerra se agravó con la salida del diario progresista Público y la emergencia de un empresario que parecía decidido a romper con todos los moldes del sector de la comunicación: Jaume Roures.

Productor audiovisual, Roures había ganado una fortuna realizando retransmisiones y espacios futbolísticos encargados principalmente a TV3. Desde Mediapro había formado equipo con Emilio Aragón y con José Miguel Contreras para constituir el holding Imagina, que ocupaba una parte central en el accionariado de La Sexta.

Definido como «trotskista», el presidente de Mediapro había participado en la producción de películas de contenido político o social, como Salvador y Los lunes al sol. Se trataba de un ejemplo excepcional en el que, como ocurre con más frecuencia en el espectro más conservador, se aunaban las inquietudes políticas y culturales con el afán de lucro. Pero la baza principal de Roures consistía en que con el paso del tiempo había conseguido hacerse con buena parte de los derechos futbolísticos de los principales equipos y, con ello, con la posibilidad de poner precio a las imágenes de la liga de fútbol más cotizada.

Sogecable había contado con él desde Audiovisual Sport para subcontratar la gestión de dichos servicios y poderlos emitir en exclusiva desde su televisión de pago. Esta obsesión por los supuestos beneficios potenciales de la subcontratación fue el gran error de Prisa, pues Roures pronto comenzó a organizarlo todo a fin de disponer de sus derechos sin otro destinatario final que su propia empresa.

Cuando La Sexta se puso en marcha, los medios de Prisa la acusaron de estar «pirateando» la señal de los partidos de fútbol, lo que dio lugar a un cruce de litigios judiciales con un frente mediático que era juez y parte y que reinterpretaba lo sucedido a su propia conveniencia[12].

El conflicto del fútbol sobrevivió a los gobiernos de Zapatero y se amplió a los de Rajoy, con la entidad Mediapro como principal vencedora. Una prueba de esta victoria fue el reclutamiento del exsecretario de Estado de Deportes Miguel Cardenal —hijo de un fiscal general del Estado con Aznar que era, además, supernumerario del Opus Dei— como responsable internacional de la compañía[13].

Cardenal había gestionado bajo los ejecutivos de Rajoy la venta de los derechos audiovisuales de la Liga Española con notables plusvalías para Telefónica y para la empresa presidida por Jaume Roures. Mediapro, con la incorporación de este catedrático de Derecho, integró otra «vaca sagrada» de las élites españolas como cierre temporal a un conflicto enormemente lucrativo. Es posible que esta sea la historia de la mayoría de los oligopolios.

Fuego amigo entre las élites mediáticas

Fuego amigo entre las élites mediáticas

Independientemente de su final, la guerra mediática Prisa-Mediapro tuvo un marcado impacto en la política española, ya que las terminales periodísticas de estos dos grandes grupos respondieron arremetiendo contra algunos de sus directivos e incluso contra determinados dirigentes gubernamentales.

El País publicó una serie de artículos contra el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Barroso, al que consideraba un apoyo de La Sexta. El diario de Prisa afirmó que Barroso había ocupado puestos directivos en empresas de promotores de la nueva cadena antes de su entrada en el ejecutivo de ZP, sugiriendo un fuerte conflicto de intereses[14].

De hecho, Barroso había salido del gobierno antes de la adjudicación del canal pero en las páginas de El País aparecía como el muñidor de una operación empresarial de la que había terminado por beneficiarse. Desde su nuevo puesto en la Casa de América, Barroso negó estas atribuciones hasta el punto de que El País tuvo que publicar una rectificación, cosa que hizo un Viernes Santo —fecha de distribución periodística nula—, tras el dictamen de un juzgado.

Por su parte, el diario Público de Roures no contribuyó precisamente a la paz cuando decidió la publicación de una foto en blanco y negro del presidente de Sogecable, Rodolfo Martín Villa, durante la dictadura franquista realizando un saludo a la romana. En aquellos tiempos, el expresidente de Endesa era el líder del Sindicato Español Universitario (SEU), parte del sindicalismo «vertical» del fascismo patrio.

El combate mediático tendría peores consecuencias aún: convertida en esposa del ya exsecretario de Estado, Carme Chacón, ministra de Vivienda desde 2007, también fue objeto de críticas que dificultaron su carrera política posterior. Ridiculizada por El País al haber presentado supuestamente un plan de emancipación juvenil calcado al de la titular anterior de la cartera[15], Chacón se vio directamente enfrentada con el diario más leído de España en sus dos tentativas para suceder a José Luis Rodríguez Zapatero como secretaria general del PSOE.

A principios de 2012, en lo que ya era una carrera para liderar el que solo podría ser el principal partido de la oposición, las primarias del PSOE dividieron a los medios progresistas: por una parte, Alfredo Pérez Rubalcaba era respaldado por Prisa, en cuyo consejo editorial participaba; por otra parte se situaba Carme Chacón, a la que apoyaba el otro flanco de los medios de izquierdas, integrados por La Sexta, por Público y por El Plural.

Lo que el expresidente Felipe González había llamado en 2007 «fuego amigo» se había recrudecido en un periodo en el que unos medios divididos se centraron exclusivamente en sus intereses inmediatos y dejaron pasar una gran ocasión para exigir reformas económicas al ejecutivo socialista, barrido por la crisis económica y por las medidas dictadas por la Troika.

Además, el proyecto de incremento del pluralismo en la TDT se vio diezmado por la debilidad financiera de Cuatro y de La Sexta que, fusionadas —cuando no absorbidas— por Mediaset y por Atresmedia, pasaron a integrar lo que se convirtió en un oligopolio mediático de facto con una fuerte participación del capital italiano.

Aun así, el surgimiento de estos dos canales mantuvo la emisión de espacios progresistas y permitió potenciar nuevas voces, como las de los profesores universitarios integrados en la formación política Podemos, algo que, de no haber mediado espacios de tertulia política en las mencionadas cadenas, habría sido prácticamente imposible.

El balance mediático de los gobiernos de Zapatero transmite claros y oscuros, de manera similar al de otros de los ámbitos de las legislaturas socialistas, pero se debe admitir que al menos en este campo la voluntad política de los ejecutivos del PSOE obtuvo resultados imposibles de percibir en otras áreas no menos importantes.

LA RED DE MIGUEL BARROSO: LA IMAGEN COMO POLÍTICA. Zapatero, con buena parte de los medios de comunicación en contra, desplegó una red mediática que descansaba en el ingenio organizativo del periodista y empresario Miguel Barroso. Barroso, hermano del realizador y director de la Academia de las Artes Cinematográficas españolas desde 2018, había trabajado en el gabinete del ministro socialista José María Maragall —en compañía de Rubalcaba, con el que después rompió— y, después, junto al catedrático José Miguel Contreras, uno de los fundadores de Globomedia y GECA. Parte de la red académica de Contreras en la Universidad Rey Juan Carlos participaría en la dirección de la nueva RTVE, con Carmen Caffarell como presidenta provisional, con Mario García de Castro como jefe de gabinete, y con Luis Fernández como presidente elegido con consenso parlamentario. Otro pilar de la red mediática fue Antonio García Ferreras, originario de León, como Rodríguez Zapatero y su directora de comunicación en el gobierno, Angélica Rubio, en la actualidad directora de El Plural. Ferreras había sido profesor en la URJC y pasó por la dirección de comunicación del Real Madrid durante los años de Zapatero, facilitando probablemente la conexión de Florentino Pérez con el presidente. La red de Barroso, Contreras y Ferreras conducía, a través del accionariado de La Sexta, al productor Jaume Roures, inevitablemente conectado con el presidente del Real Madrid. Uno de los directivos de comunicación del club blanco es Carlos Ocaña Orbis, exdirector del gabinete de Miguel Sebastián en el Ministerio de Industria, clave en la construcción del almacén Castor. Carme Chacón terminaría siendo el producto más acabado de la red mediática de ZP; pese a ello, la entonces esposa de Miguel Barroso fue derrotada en las primarias del PSOE por Alfredo Pérez Rubalcaba, próximo al expresidente Felipe González y al Grupo Prisa, presidido por Juan Luis Cebrián. «Fuego amigo», según Felipe González.

Segunda parte. La era Rajoy (2011-2018): la derecha remata el trabajo

SEGUNDA PARTE

La era Rajoy (2011-2018):

la derecha remata el trabajo

5. El gobierno «de los mejores»: la nacional-tecnocracia

5

El gobierno «de los mejores»: la nacional-tecnocracia

Como vimos al comenzar el análisis de los gobiernos del PSOE, el sociólogo y economista Wilfredo Pareto discriminaba a las élites gobernantes entre zorros y leones, principalmente en función de los instintos, dependientes de la genética y determinantes del carácter personal.

Dado que los capítulos anteriores los hemos dedicado a describir el papel de los astutos y persuasivos zorros durante el período 2004-2011, la segunda parte de este trabajo se centrará en los fieros leones, capacitados para la represión violenta y, en el caso español, ideales para situaciones de crisis económica.

La recesión, el rescate virtual al que España estaba siendo sometida desde el año 2010, y la consecuente desesperación de buena parte de la ciudadanía abocaron al país a una situación inevitable: fracasado Zapatero, había llegado el momento del PP.

La propaganda mayoritaria vaticinaba que, con la derecha en el ejecutivo, España enfilaría la recuperación, ya que la confianza en un gobierno más cercano a las empresas dispararía la inversión, la creación de empleo y los añorados círculos virtuosos, señales de otros tiempos en los que este país había logrado superar otra dura crisis y convertirse en la locomotora de Europa. El resultado fue la victoria electoral por mayoría absoluta del PP en noviembre de 2011.

Era de prever. El miedo difundido durante la quiebra de Lehman Brothers y el pánico bursátil posterior habían favorecido la aceptación pasiva de las ayudas bancarias y empresariales a cuenta del contribuyente; posteriormente, la amenaza de quiebra del Estado griego y su contagio a los países más débiles de la Zona Euro había llevado a los socialistas españoles al suicidio parlamentario con la aprobación de los recortes.

Las cajas de ahorro se habían privatizado y las más ruinosas habían sido nacionalizadas temporalmente para ser vendidas más adelante, una vez saneadas con el dinero público. La ciudadanía carecía de una alternativa en el Parlamento, e incluso en la imaginación: parecía que, después de haber permitido la libertad de expresión, en España se hubiera prohibido cierta autonomía de pensamiento político.

El dominio ideológico era, si cabe, mayor que antes de 2007: el presidente de la Comisión Europea, el futuro lobista de Goldman Sachs José Manuel Durão Barroso, había anunciado, unos treinta años después de Margaret Thatcher, el «no hay alternativas» para el sur de Europa. Las «reformas» tendrían que continuar.

En estas condiciones, casi todo dependía de los dirigentes de lo que se ha denominado «la Troika»: el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. La cercanía de estas instituciones, tanto en el discurso como en el intercambio constante de personal, a los grandes bancos de inversión y a los fondos revela que el actor preponderante en este Occidente en decadencia son los tecnócratas, unos líderes que, gracias a sus vínculos profesionales y a unas creencias acordes con las dominantes, se encuentran en condiciones óptimas para la adopción de las mejores decisiones.

Larry Fink, presidente de Blackrock, uno de los mayores fondos mundiales en gestión de activos, definía en el Foro de Davos de 2015 este renacimiento tecnocrático: «Hay que educar a la población de Europa para que elija al líder correcto que tome las decisiones correctas»[1]. Fondos como Blackrock poseen participaciones decisivas en casi todas las empresas del Ibex-35, de lo que puede deducirse cuál es su grado de influencia sobre la economía española. Mientras, y en ese mismo foro, otros líderes mundiales expresaban su malestar por el hecho de que el programa de reformas de la Zona Euro tuviera que verse expuesto a la opinión de los votantes de los diversos países implicados.

Cuando la revuelta de las masas amenazaba con truncar los acuerdos verticales, las instituciones europeas parecían haber adquirido derecho de veto: en mayo del año 2018, el comisario europeo de Presupuesto, el alemán Gunther Oettinger, expresó en voz alta su deseo de que la inestabilidad en los mercados financieros contribuyera a que los partidos populistas no resultaran elegidos[2]. Oettinger era por entonces el jefe de Nadia Calviño, nombrada solo unas semanas después ministra de Economía del gobierno del PSOE presidido por Pedro Sánchez, que acabó logrando la presidencia después de una moción de censura al PP de Rajoy, poniendo así fin al periodo que analizaremos en esta parte del libro. Las declaraciones de Oettinger se producían como consecuencia de una crisis política en Italia, donde los partidos emergentes habían anunciado un plan que cuestionaba la permanencia del país en la Zona Euro.

El dominio tecnocrático tiene dos pilares: por una parte, unos mercados especulativos que se defienden contra las que ellos entienden como «aberraciones democráticas»; por otro, unas instituciones supranacionales que exigen a las naciones que se pongan a merced de estos primeros agentes cuando no han sido obedientes: los mercados financieros atacaron a Italia en la primavera de 2018, pero dicho ataque coincidió precisamente con una disminución en el apoyo del Banco Central Europeo a la deuda pública de este país.

El continuo trasvase de altos directivos entre unas instituciones y otras permite deducir que existe una red elitista trasversal, una «tecnoestructura» en la que se decide el futuro financiero de las naciones del Euro y que no se somete a escrutinio alguno.

Discurso económico y privatización de la realidad

Discurso económico y privatización de la realidad

El nuevo régimen de la deuda y de la usura internacional había establecido sus prioridades. En España, las élites gubernamentales que gestionaron la nueva situación se conformaron a partir de dirigentes políticos educados en las mejores escuelas de negocios y curtidos en las multinacionales.

El golpe tecnocrático quedó legitimado y potenciado por unas elecciones nacionales a las que el PP presentó como activo principal una experiencia gubernamental aparentemente exitosa (1996-2004), la que había llevado a la interiorización de un mito económico ya propio del acervo cultural español: con el PP «España va bien». Con los conservadores, España gasta menos y crea empleo, y esa iba a ser la política social por antonomasia ante un «ejército de reserva» de desempleados que parecía no tener fin.

Operaba, de esta forma, una «privatización de la realidad», una inversión del discurso y del razonamiento económico capaz de convertir lo reaccionario en progresista, y viceversa. Con seis millones de parados en el año 2012, cualquier empresa que decidiera instalarse en una ciudad española y prometiera crear mil puestos de trabajo a 650 euros mensuales sería recibida con los mejores incentivos fiscales y con una inacabable demanda de aspirantes a ser contratados. De producirse una protesta sindical por las precarias condiciones ofrecidas, los primeros en golpear a los manifestantes serían los propios aspirantes.

La crudeza de este ejemplo, en donde la generación de puestos de trabajo para pobres es concebida como progresista por las personas que más lo necesitan, refleja el retroceso y el discurso defensivo en el que están sumidas las opciones de izquierda después de la crisis.

A lo largo del primer gobierno del PP (2011-2015), reformas como la laboral, que redujo el coste del despido y que lesionó definitivamente el papel de las organizaciones sindicales, serían presentadas como iniciativas responsables, frente a una izquierda electoralista y arcaica que prefería mantener al país en un preocupante estancamiento.

Cualquier espectador atento debería preguntarse por qué unos gobiernos legitimados por las urnas adoptarían decisiones perjudiciales para la ciudadanía, e incluso para sus intereses electorales. Esta incoherencia política se debe a un hecho constante en todo este relato: el Estado, superado por los flujos financieros y anulado en su legitimidad por las instituciones supranacionales, ha dejado de ejercer una verdadera soberanía política. El aparato estatal se ha visto forzado a obedecer las «recomendaciones» de los fondos de inversión, de bancos y vehículos especulativos y de las instituciones internacionales. Muy especialmente en la Zona Euro.

Por esta última razón, entre otras, se explicaba el ambiente punitivo desatado a partir de 2012 en casi todas las áreas de la vida social: el Estado necesitaba castigar con represión y sanciones precisamente porque su autoridad había menguado considerablemente. La generalización del castigo era señal de una pérdida de legitimidad que se había producido gracias a la acción de unos agentes que no se presentaban a las elecciones, pero que legitimaban sus intereses a través de las instituciones democráticas.

De la organización horizontal del 15M al reinado absoluto del PP

De la organización horizontal del 15M al reinado absoluto del PP

A finales de 2011, España viraba de las demandas de democracia radical encarnadas en el movimiento 15M a un gobierno conservador con mayoría absoluta. Las manifestaciones de mayo de 2011, que rechazaban la política tradicional y el sistema dominante, habían contribuido a que el país llegara a un resultado paradójico.

Pese a la ilusión de sus inicios, el 15M, organizado más por el rechazo a lo existente que en torno a un programa de reivindicaciones definido, persistiría en el tiempo solo a través de «mareas» sectoriales. La población española reclamaba un cambio, pero el único actor que iba a tomar el poder político tras las elecciones era el PP.

Los comicios municipales de mayo de 2011 presenciaron la victoria del PP en la mayoría de las capitales de provincia y de las regiones. Las elecciones generales anticipadas, a las que el presidente Zapatero no concurrió —el candidato socialista fue su lugarteniente, Alfredo Pérez Rubalcaba—, ratificaron el dominio parlamentario del PP, que batía récord de diputados, consiguiendo la mayoría absoluta y mandando al partido socialista al ostracismo, sin discurso, sin un liderazgo consistente y fuera de combate por un período prolongado.

La «renovación» de Rajoy: una red endogámica y ensimismada

La «renovación» de Rajoy: una red endogámica y ensimismada

La estructura del gobierno formado por Mariano Rajoy en 2012 reflejaba el equilibrio de fuerzas en el Partido Popular, los grupos de poder más influyentes sobre esta formación y los mensajes políticos que se querían enviar a una mayoría electoral que había votado al partido conservador convencida de que impulsaría la recuperación de la economía y la creación de puestos de trabajo.

A pesar de la renovación que Rajoy afirmaba haber fomentado desde la marcha de su antecesor en el PP, la herencia de José María Aznar en este gobierno era sobresaliente, lo que apuntaba a una fuerte inercia elitista. Su presidente, Mariano Rajoy, había sido ministro de Administraciones Públicas, Educación, Interior y Presidencia (1996-2003). Cristóbal Montoro y Miguel Arias Cañete repetían como ministros de Hacienda y Agricultura (2000-2004), respectivamente.

Si bien otros ministros ejercían por primera vez en este escalafón, de hecho no eran nuevos en las altas esferas, ya que habían ocupado un segundo escalón gubernamental en la era Aznar: Pedro Morenés, ministro de Defensa, había sido secretario de Estado de esta cartera (1996-2000), entre otras; Luis de Guindos, titular de Economía, fue la mano derecha de Rodrigo Rato (2002-2004); Jorge Fernández Díaz, número uno de Interior, acompañó a Rajoy, junto con Ana Pastor —hasta 2015 titular de Fomento y luego presidenta del Congreso de los Diputados—, por las carteras de Administraciones Públicas, Educación y Presidencia.

El primer gobierno de Rajoy fue una obra maestra del poder relacional: una red social cohesiva y organizada en torno al PP, al Grupo Parlamentario Popular y a los gobiernos de Aznar, que habían dejado una buena impresión en el electorado de centro derecha.

Reencarnación política de los ejecutivos conservadores previos, el gobierno de 2012 reproducía la estructura relacional fundada por Aznar e incorporaba conexiones empresariales gracias a los expolíticos que no regresaron a la política y pasaron a ocupar puestos en los consejos de Administración; y gracias, también, a quienes sí habían vuelto a cargos gubernamentales, no sin haber aprovechado los años de oposición a Zapatero para materializar económicamente sus conexiones ministeriales previas.

El gobierno regenerador de Rajoy demostraba su carácter de élite cerrada y endogámica al actualizar solo levemente las redes gubernamentales de Aznar, legitimadas por el éxito electoral del año 2000, y al incrementar, mediante la concesión de un creciente peso político a las grandes empresas y las finanzas, la distancia social entre la minoría gobernante y la masa poblacional.

Las consecuencias de este imparable divorcio se pusieron de manifiesto en las decisiones adoptadas y reflejaron la escasa representatividad social del ejecutivo y su proximidad a los grupos de poder real, como las finanzas, las instituciones de la Unión Europea y otras instancias decisivas.

Dicha distancia social explica en parte el posterior desencanto de la población y el favorecimiento de opciones electorales alternativas, como Podemos, primero, Ciudadanos, después, y Vox, en fechas más recientes. El ensimismamiento elitista de las grandes formaciones termina por fabricar monstruos políticos, como es el caso de esta última formación.

El comité ejecutivo de la burguesía, dos siglos después

El comité ejecutivo de la burguesía, dos siglos después

La tesis categórica de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista[3] parecía de plena aplicación a este gobierno. La mayoría de sus dirigentes procedía de las grandes empresas, principalmente de la banca, de las consultoras y de las auditoras más importantes, así como del sector del armamento y la seguridad, de la construcción…

Que muchas de estas entidades obtuvieran una relevante parte de su negocio a partir de relaciones prioritarias con las Administraciones Públicas hacía sospechar que el cambio de legislatura no solo se había materializado en meras sustituciones de personal en los poderes legislativo y el ejecutivo.

El perfil de estos altos cargos revelaba dos rasgos paralelos de este ejecutivo: por una parte, una élite de estadistas público-privados con cercanía ideológica al PP que habían permanecido de manera continuada en puestos de máxima influencia social, pertenecientes al sector público o al privado; por otra, el nuevo gobierno respondía a las exigencias de unas grandes empresas y fondos que, fortalecidos con el avance de la crisis, avistaban una oportunidad económica con la llegada de la nueva legislatura.

Altos funcionarios para impulsar la élite de poder

Altos funcionarios para impulsar la élite de poder

Pese a que lo que veremos a continuación pudiera resultar contradictorio con lo dicho más arriba, el de Rajoy no era un gobierno formado por empresarios: la realidad resultaba ser algo más compleja. Sus dirigentes habían iniciado su carrera profesional en el sector público, como funcionarios.

De manera similar al PSOE pero con rasgos distintivos, buena parte de los altos cargos del gobierno conservador pertenecía a los cuerpos burocráticos de élite, que como ya hemos visto a fondo es una pieza clave de los grupos con poder que ocupan posiciones de intercambio entre la Administración pública y la empresa privada.

Los altos burócratas construyeron la estructura administrativa del Estado en la época constitucional a partir del 78, impulsada en origen por los ministros tecnócratas de Franco en los años sesenta. Pero la maquinaria estatal, bajo el neoliberalismo, representa también una enorme oportunidad para que las empresas privadas —muchas procedentes del antiguo Instituto Nacional de Industria—, establezcan parte de sus directrices de negocio.

En la línea de separación entre el mundo público y privado, en caso de existir, se sitúan los cuerpos técnicos de mayor cualificación, experiencia, información y contactos. Destacan los abogados del Estado, juristas que alternan el servicio público con el trabajo en la secretaría de los consejos de Administración de las grandes empresas, así como en los bien remunerados bufetes de abogados, que con frecuencia defienden a las entidades del Ibex-35.

Los economistas del Estado, los teco, que generalmente se instalan en torno al ministerio de Economía, pueblan también los consejos de las grandes entidades privadas; los inspectores de Hacienda y los administradores civiles del Estado son reclutados asimismo por el mundo empresarial para capitalizar su experiencia pública. Otros posibles candidatos, como los catedráticos de Universidad, los jueces o los diplomáticos suelen permanecer en cambio dedicados a sus ocupaciones originales, aunque existen muchos ejemplos de trayectorias empresariales ligadas a este tipo de títulos.

El perfil de los aspirantes a estos cuerpos, estudiantes con más que respetables capacidades intelectuales, notables ambiciones y procedencia mayoritaria de la clase media y media-alta, los hace susceptibles de considerar el sueldo funcionarial como limitado y de probar suerte en el sector privado. Estas trayectorias individuales, con frecuentes retornos a la Administración, pueden causar perjuicios al funcionamiento del Estado.

Si un inspector de Hacienda, formado profesionalmente en la Agencia Tributaria, se dedica a asesorar a grandes empresas para conseguir eludir legalmente al fisco, este profesional estará contribuyendo con su experiencia, adquirida en el Estado, a la merma de los recursos fiscales con los que podría financiarse, por ejemplo, un programa social o de inversiones públicas.

Otro rasgo fundamental de estos cuerpos es la red que configuran, de tal manera que, más allá de una clase administrativa que conduce el Estado, nos encontramos con una confederación de intereses entrelazados, de grupos de altos funcionarios que luchan por copar determinados ministerios[4], y de constelaciones de burócratas que se mantienen unidos durante toda la vida, ya sea en la Administración, ya en los negocios privados.

Estos funcionarios representan una de las herramientas mejor cualificadas para facilitar las transacciones más importantes entre las instituciones de poder de la sociedad. Si la transición a la democracia en España contó con estos funcionarios como uno de sus pilares, las decisiones que se adoptan en la actualidad han de abastecerse de la información necesaria, de un asesoramiento profesional y de conexiones, condiciones para las que esta «nobleza del Estado» adquiere una enorme importancia.

Abogados del Estado: la trama burocrática de Sáenz de Santamaría

Abogados del Estado: la trama burocrática de Sáenz de Santamaría

El mencionado peso funcionarial en el gobierno otorgaba a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría Antón, una posición estratégica como centro de la red de los abogados del Estado, un cuerpo elitista que infunde un profundo respeto en la Administración.

Además de tener el Estado jurídicamente en la cabeza, la red social que conforman estos abogados posee la virtud de cohesionar fuertemente al reducido número de personas que pertenecen a este círculo y de superar toda barrera institucional, facilitando las interacciones privilegiadas con el resto de los grupos de poder de la sociedad española.

Un ejemplo relevante es la promoción de abogados del Estado del año 1996, denominada «La Gloriosa» por la meteórica carrera de sus componentes. En ella destacó Iván de la Rosa, marido de Soraya Sáenz de Santamaría, que desde 2012 es directivo de Telefónica. También Jaime Pérez Renovales, asesor jurídico de Rodrigo Rato, de Banesto y del Banco Santander, que ejerció como número tres de la vicepresidenta para regresar después al banco de Ana Botín.

No fueron estos los únicos ejemplos del éxito de esta promoción funcionarial, tres años previa a la de Sáenz de Santamaría: Marta Silva de Lapuerta fue nombrada en 2012 abogada general del Estado en el ministerio de Justicia, donde fue sucedida por el preparador de oposiciones de la vicepresidenta, Eugenio López[5]; Miguel Temboury Redondo —nieto de Onésimo Redondo, fundador de las JONS—, fue con Rajoy y De Guindos subsecretario de Economía y Competitividad; Luis Aguilera, que fue subsecretario de Interior; Leopoldo González-Echenique, Polo, que llegó a director general de Radio Televisión Española…

LA METÁSTASIS JURÍDICA DE SÁENZ DE SANTAMARÍA. Nunca habían sido tan prominentes los abogados del Estado como con Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta. Sáenz de Santamaría echó mano de la promoción de 1996, conocida como «La Gloriosa», a la que pertenecía su marido, Iván de la Rosa, no por casualidad contratado como directivo de Telefónica en 2012. La Gloriosa contaba también con Jaime Pérez Renovales, mano derecha de Sáenz de Santamaría en el Ministerio de la Presidencia, procedente del Banco Santander, a donde regresaría tras unos años de reformas difíciles; en dicho banco, Renovales coincidiría con Mónica López Monís, abogada del Estado de la misma promoción y esposa de Leopoldo González-Echenique, Polo, primer presidente de RTVE de la era Rajoy. Las ramificaciones de la citada promoción llegaron a casi todos los ministerios, como Interior (Luis Aguilera), Economía (Lourdes Centeno y Miguel Temboury, nieto del fundador de las JONS, Onésimo Redondo) o Justicia (Marta Silva de Lapuerta, de familiares próximos a la dictadura y a la Tesorería del Partido Popular). Algunos de estos juristas de élite pertenecían a una estirpe noble, como Miguel Temboury, o el asesor de la vicepresidenta Enrique María Lasso de la Vega, conde Lasso de la Vega y presidente de la Real Maestranza de Caballería Sevillana, que se encargaría de dirigir la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

La necesidad de la fuerza y del control de las conciencias

La necesidad de la fuerza y del control de las conciencias

Es inevitable que un sistema de dominación legal y burocrática compatibilice la prominencia de la representación empresarial con potentes mecanismos de control. Los ministerios de «redistribución invertida» (Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, Defensa y Exteriores) se complementaban con los del castigo, la contención y la ideología necesaria (Interior, Justicia, Educación, Cultura y Deporte, así como el latente Ministerio de la Opinión Pública y Medios de Comunicación).

España, que estaba sufriendo un grave empobrecimiento durante la crisis, requería de un aparato represivo a la altura de las circunstancias: el 15M había sido una grieta en el sistema, y debía ser soldada cuanto antes. Como reflexionó Karl Polanyi en La gran transformación[6], cuando el proceso de preeminencia de lo mercantil se radicaliza, se genera una respuesta contraria: el control estatal, directo o indirecto, resulta conveniente.

Si la revolución neoliberal durante los años ochenta incorporó, como correlatos políticos y culturales, al enemigo exterior y al extremismo religioso, el gobierno empresarial y corporativo de Mariano Rajoy necesitaba de instituciones preparadas para la represión de las previsibles protestas y para el control de una masa que había experimentado un importante empobrecimiento.

Lo primero serían las porras, y después, más efectivas, las multas y las sanciones. El 15M había derivado en «mareas» que se organizaban como futuros centros de reclutamiento para las denominadas «fuerzas del cambio». Las protestas se habían diversificado entre los sectores afectados por las últimas reformas de los socialistas y por las primeras de los conservadores: trabajo y derechos laborales, sanidad, educación, servicios sociales, etcétera.

Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior y candidato electoral en noviembre de 2011, había apostado por una vía negociadora con los acampados en Sol. El gobierno de Rajoy tomó posesión a finales de 2011 con una consigna que casaba a la perfección con su ideología de orden. No había que contemporizar: los nuevos leones de Pareto y Maquiavelo no tardaron en rugir y las calles quedaron paralizadas por el peso de la fuerza y del miedo.

Interior: una habitación a oscuras del Estado de Derecho

Interior: una habitación a oscuras del Estado de Derecho

La represión se incrementó de manera sobresaliente. El Ministerio de Interior estaba comandado en 2012 por un hombre de confianza de Rajoy, Jorge Fernández Díaz. Inspector de Trabajo y persona próxima, tal vez miembro, al Opus Dei, además pertenece a la Sagrada Orden Constantiniana de San Jorge, no reconocida por el Papado por su carácter radical.

Su trayectoria política reflejaba su perfil ideológico. La importancia que concedía a la institución familiar había quedado patente en un artículo publicado por el diario El País en 1983: «La gran familia de Jorge Fernández Díaz»[7], que describía el gran número de parientes que este ministro habría contribuido a incorporar a la Administración. Era, además, militante antiabortista, y llegó al extremo de comparar el aborto con las acciones de ETA[8].

Su posición sobre la Ley de la Memoria Histórica no era excesivamente favorable a la misma, que digamos: Fernández Díaz había confesado que viajaba frecuentemente al Valle de los Caídos a realizar ejercicios de meditación. El lobby ultraconservador alimentado por el PP durante sus años de oposición a Zapatero había obtenido con este ministro una adecuada recompensa.

Fernández Díaz había puesto al mando de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a altos cargos también cercanos a la Obra fundada en el franquismo por Josemaría Escrivá de Balaguer. Destacaba también la delegada ministerial en Madrid, Cristina Cifuentes, figura política entonces emergente, que dimitió en 2018 como consecuencia de la publicación de diversos escándalos relacionados con su trayectoria estudiantil y con su intimidad.

Cifuentes jugó un papel fundamental en la represión de las protestas contra los recortes. Las detenciones, los registros, los interrogatorios y las multas lograron que las manifestaciones decrecieran en gran medida. Pese a que, en teoría, una minoría no puede dominar por la fuerza durante mucho tiempo, el inicio de la desmovilización ciudadana podría atribuirse en buena medida al liderazgo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

La necesidad de seguridad, protección y vigilancia de un Estado se satisface gracias a una burocracia que en la mayoría de los países puede degenerar en redes de intereses poco transparentes. El conflicto catalán y la necesidad de construir una estrategia contra el independentismo llevarían a la adopción de decisiones que afectarían seriamente a la seguridad jurídica de diversos representantes democráticos. No era la primera vez, precisamente, que algo así ocurría en este país.

Altos cargos policiales fabricaron informes de dudoso contenido atacando a políticos nacionalistas e independentistas, cuando no a los líderes de Podemos[9]. El papel activo del ministro de Interior, que desaparecería de la foto gubernamental en la segunda legislatura de Rajoy, quedaría patente.

Junto a esta élite política conspirativa figuraba una cúpula policial que tenía nexos con la guerra sucia contra el terrorismo de los ochenta e incluso con la franquista Brigada Político-Social, lo que de nuevo refleja la existencia de fuerzas que trascienden no solo a los procesos electorales sino incluso a los cambios de régimen.

Destaca en este oscuro campo el comisario José Manuel Villarejo, personaje de ficción policíaca implicado en la mayoría de los tejemanejes de Interior, presente en el esperpéntico caso del «pequeño Nicolás» y ligado por medio de las academias jurídicas a una parte importante de la facción judicial más conservadora.

El mecanismo puesto en marcha por Interior consistía en la elaboración de dosieres enviados a medios de comunicación afines, lo que sirvió de inspiración para que determinadas asociaciones ideológicamente bien definidas presentaran querellas contra los políticos señalados.

Dicho mecanismo destila cierta semejanza con lo sucedido durante los años 2004, 2005 y 2006. En aquellos años, en primer lugar, el diario El Mundo publicaba una noticia relacionada con el supuesto descubrimiento de una pista en relación con los atentados del 11M; en segundo lugar, sindicatos o asociaciones de ultraderecha —algunas de estas procesadas en la actualidad— presentaban una querella de manera inmediata; en tercer lugar, el portavoz parlamentario del Partido Popular llevaba la noticia a la Sesión de Control del Congreso de los Diputados.

El funcionamiento de este entramado de intereses emergió de manera más completa en esta ocasión, incluyendo al estamento policial; gracias a ello, se deduce qué pieza faltaba en el mecanismo informativo sobre el 11M y de dónde podían provenir las supuestas pistas sobre los jamás demostrados vínculos etarras de los atentados.

Mordaza y Populismo Punitivo

Mordaza y Populismo Punitivo

El control no solo exige la actividad de los policías, sino que también requiere que haya jueces que apliquen las leyes más restrictivas. El Ministerio de Justicia fue otro de los puntales de esta estrategia, con un endurecimiento de las penas, la aplicación de la conocida como «ley mordaza» y la aprobación parlamentaria de la prisión permanente revisable.

Si bien el primer ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, fracasó con su ley contra el aborto, su sucesor, Rafael Catalá, impulsó con éxito una ley de Seguridad Ciudadana que, para numerosos analistas, nos retrotrajo a los tiempos del autoritarismo franquista.

Los sucesos transmitidos por los medios de comunicación tienen la ventaja de poder presentarse como espectáculos ficticios que han sucedido realmente. Las cadenas televisivas narran historias truculentas, explotadas al milímetro, sobre los acontecimientos más miserables que se producen periódicamente en un país de más de 46 millones de habitantes.

Los casos de pederastia, de asesinatos de niños y de violencia de todo tipo conmueven a una ciudadanía que teme ser algún día víctima de esta clase de historias. El mundo parece un lugar infinitamente más peligroso cuando se analiza desde el asiento del telespectador.

Se allanó el camino para que un sucedáneo de la cadena perpetua fuera aprobado por las cortes parlamentarias; la Policía comenzó a gozar de mayor discrecionalidad en la represión de las protestas y determinadas críticas en las redes sociales se encontraron con sanciones ejemplares que han hecho que la autocensura se consolide. Se aprovechó la dureza de la crisis y la generalizada atención a la sociedad del espectáculo para convertir principios ideológicos reaccionarios en los pilares del nuevo sentido común ciudadano.

El Ministerio de la Opinión Pública

El Ministerio de la Opinión Pública

Concienciar a la masa de que lo que está sucediendo no es solo inevitable sino que, con el tiempo, será beneficioso. Esa es una de las claves de la dominación por consenso. La estrategia mediática de Rajoy terminó con todo acuerdo previo en torno a la profesionalización de la Radiotelevisión pública, al aprovechar la mayoría absoluta para crear una dirección políticamente incondicional y para sembrar de profesionales afines las redacciones.

Los medios privados, muchos de estos con enormes deudas, tampoco escaparon a un control férreo. Los problemas del Grupo Prisa favorecieron el relevo en la dirección de El País, introduciendo una línea editorial comprensiva con el ejecutivo conservador y cada vez más afín al partido Ciudadanos.

El Mundo, activo en la revelación de los «papeles de Bárcenas», también conoció el relevo de su director y fundador, Pedro J. Ramírez. La Vanguardia presenció asimismo la modificación de su estructura directiva, que cortó de raíz que el diario burgués de Cataluña fuera defensor del independentismo en un periodo en el que el desafío de Cataluña requería de un frente periodístico constitucionalista unido.

Estos relevos periodísticos coincidieron con el conflicto catalán, pero también con la abdicación del rey Juan Carlos I y con los escándalos de corrupción del partido del gobierno. Se trataba de una crisis muy grave para el sistema y para el PP, y hacía falta articular los recursos judiciales con los mediáticos para lograr que la operación de resistencia numantina culminara con éxito.

Los ensordecedores debates televisivos, capaces de fijar la agenda política y mediática, habían diluido con su frivolidad la gravedad de los acontecimientos más amenazadores para el statu quo conservador. La presencia del exjefe de gabinete de Rajoy, Francisco Marhuenda, en casi todas las televisiones y en especial en La Sexta, de Atresmedia, ascendía a este periodista y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos a la categoría de la antigua carta de ajuste, y lo había convertido en un «trágala» para que los ciudadanos pudieran saber qué opinaban los periodistas de lo sucedido en España durante este período.

Marca España: inversiones extranjeras para salvar el capital patrio

Marca España: inversiones extranjeras para salvar el capital patrio

Además de la gran actividad de los ministerios del control social y político, las carteras del comercio y la atracción de inversiones iniciaron un periodo febril. España había experimentado un declive en su demanda interna como consecuencia de su empobrecimiento. Una alternativa era vender fuera. Pero no bastaba con hacerlo barato, gracias a las bajadas salariales que habían propiciado tanto el paro como las reformas en el mercado de trabajo.

Las grandes empresas necesitaban el apoyo del Estado para potenciar su internacionalización. Otras podrían seguir el mismo camino, produciendo de nuevo círculos virtuosos asociados al gobierno del partido conservador.

El Ministerio de Exteriores se concibió en este periodo político como una cartera para el apoyo empresarial en el extranjero, para la potenciación de una marca, la española, que había de generar demanda para sus productos. Era la única salida en un contexto en el que las familias y el Estado, que habían pagado la crisis, no estaban en condiciones de seguir contribuyendo a la expansión y mantenimiento de la economía del país.

Uno de los hombres clave para esta misión fue el ministro José Manuel García-Margallo y Marfil, un inspector de Hacienda que llevaba numerosas legislaturas como diputado en el Parlamento Europeo. Perteneciente al círculo de confianza de Rajoy, reunía las condiciones necesarias para formar parte de este gobierno: alto funcionario, había compatibilizado su cargo en Bruselas y Estrasburgo con la asesoría a empresas como Asedes-Sedesa, cuya titularidad pertenecía de manera mayoritaria a la familia Cotino Escrivá[10]. Dos apellidos, por cierto, que se encuentran bajo investigación por presuntas irregularidades cometidas en asociación con el exministro Eduardo Zaplana.

El ministro de Exteriores era un representante del poder regional valenciano, un buen mediador empresarial —había sido vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos en el Europarlamento— y un hombre de partido decidido a hacer de la cartera diplomática una plataforma de lanzamiento para la empresa privada.

Sus principales compañeros registraban un perfil similar al suyo: destacaba el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, barón de Claret, posteriormente ministro portavoz y de Educación. Este aristócrata había acompañado a Margallo en Estrasburgo como eurodiputado; su amistad les había hecho montar asimismo el bufete Krainem SL, destinado a actividades privadas supuestamente compatibles con su condición de representantes de la soberanía democrática europea.

El valioso abolengo de Méndez de Vigo, un tipo de buena reputación por sus maneras y por su elevado nivel político, lo aproxima a su primo segundo, Pedro Morenés Álvarez de Eulate, ministro de Defensa hasta 2016. Otros parentescos son algo menos honrosos, como el de su cuñado Íñigo Pérez de Herrasti, hermano de María Pérez de Herrasti y Urquijo, esposa de Méndez de Vigo. Considerado la «oveja negra» familiar, agredió en 2013 a varios consejeros autonómicos de CiU en un acto nacionalista celebrado en el centro cultural Blanquerna de Madrid. Pérez de Herrasti es un «nacional-evolucionario» que ha pertenecido al partido nazi Alianza Nacional, y que ha sido juzgado por acciones terroristas[11].

Más pragmático era otro de los miembros de este clan, Fernando Eguidazu Palacios. Teco de la promoción de Pedro Solbes, había hecho valer su condición de alto burócrata para ocupar cargos con gobiernos de la UCD, del PSOE y del PP. Asesor del Ministerio de Comercio con Juan Antonio García Díez, también teco, estableció buenos lazos con el Clan de La Dehesilla; probablemente por ello, el ministro Carlos Solchaga le promovió como director general del ministerio de Economía y como asesor del presidente de Argentaria, el amigo de Solchaga Francisco Luzón.

Antiguo vicepresidente del Aresbank —clave en los intercambios españoles con Arabia Saudí—, Eguidazu tenía una vocación ideológica sumamente conservadora, al pertenecer a organizaciones de la sociedad civil y think tanks de proclamas derechistas como la Fundación Acción Familiar. Sus colaboraciones en medios, antes de su llegada al gobierno Rajoy, representan un testimonio vivo que se puede consultar en Internet.

Pero el dirigente que dejaba más a las claras las intenciones de este ministerio era un viejo conocido de Eguidazu, compañero de promoción de este y de Solbes, el aristócrata Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, marqués de Valtierra, descendiente de una estirpe nobiliaria de economistas, empresarios y hombres versados en las relaciones exteriores.

Su tío abuelo, el general Eugenio Espinosa de los Monteros y Bermejillo, de manifiesta simpatía pronazi, fue embajador español en la Alemania de 1940 después de que sus tropas fueran las primeras en tomar Madrid en 1939. Presente en la foto de Hendaya con Franco y Hitler, figura en algunas otras instantáneas tomadas en la Alemania del Tercer Reich y en compañía de Serrano Suñer y de Heinrich Himmler.

En todas ellas, Espinosa de los Monteros luce un rostro espectral, como si de un personaje del cineasta Fritz Lang se tratara. Su trayectoria en el régimen franquista no fue afortunada debido a su eterna enemistad con Serrano Suñer, que lo relevó del puesto de embajador después de que Espinosa hubiera desaconsejado a Franco participar en la Segunda Guerra Mundial.

Su sobrino nieto había heredado la condición nobiliaria de su abuelo y ejercía de estadista privado, con una fuerte predilección por la privatización de la Seguridad Social impuesta en Chile por la dictadura de Pinochet[12]. Asesor de los primeros gobiernos de la democracia y exdirectivo del Instituto Nacional de Industria y de diversas empresas públicas, cuya desaparición considera necesaria, Carlos Espinosa de los Monteros potenció su perfil empresarial privado participando en la dirección de grandes empresas nacionales y multinacionales: Daimler Chrysler, Mercedes Benz, Schindler, González Byass (Tío Pepe), Acciona, Inditex…

Una trayectoria que convertía a este multimillonario expresidente del Círculo de Empresarios en un potente embajador de las corporaciones privadas en tiempos de paz. Nombrado en 2012 secretario de Estado de la Marca España, ejerció el cargo sin percibir sueldo alguno y representó el papel del perfecto intermediario empresarial, especialmente con las corporaciones con las que había adquirido contactos en su dilatada trayectoria.

Uno de sus hijos, Iván Espinosa de los Monteros —otro, Beltrán, hace carrera como alto ejecutivo en Inditex—, fundaría en 2014 el partido ultraderechista Vox. Casado con la presidenta del partido en Madrid, la activista cubano-española Rocío Fernández Monasterio, Iván Espinosa compatibiliza su trabajo como empresario con la defensa de la familia numerosa y la vida, la lucha contra la invasión islámica de Occidente y la eliminación del Estado de las Autonomías. Pocos días después de la fundación de Vox, Iván Espinosa declaró que el gobierno del Partido Popular aplicaba «políticas de izquierda o de extrema izquierda».

EL VERDADERO COLOR DE LA MARCA ESPAÑA. Mariano Rajoy encargó el Ministerio de Exteriores a José Manuel García Margallo, un líder democristiano procedente del Parlamento Europeo, conectado con el cuñado del presidente Francisco Millán y con el barón de Claret, el futuro ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. Margallo y Méndez de Vigo habían establecido juntos un bufete de abogados, Krainem, en Bruselas. Méndez de Vigo es primo segundo del entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés y Álvarez de Eulate; algo menos célebre es la conexión obligada de Méndez de Vigo con un hermano de su mujer, Íñigo Pérez de Herrasti, dirigente del partido nazi Alianza Nacional. García Margallo, relacionado a través de empresas con la familia valenciana Cotino Escrivá, organizó un Ministerio de Exteriores con diversos Economistas del Estado como Fernando Eguidazu Palacios, conectado con parte de la beautiful people de los años 80, y con Carlos Espinosa de los Monteros Bernaldo de Quirós, marqués de Valtierra y embajador de la Marca España. Su abuelo Eugenio había sido embajador español en la Alemania nazi y su hijo Iván es dirigente del partido de extrema derecha Vox. La esposa de Iván, Rocío Monasterio, de origen cubano, tiene también un alto cargo en el partido presidido por Santiago Abascal; su candidato para el Parlamento Europeo en 2014, Alejo Vidal-Quadras, había convivido en la cámara comunitaria precisamente con García Margallo, Méndez de Vigo y Millán Mon. Una señal más de que Vox es una formación desgajada del Partido Popular y, con ello, una escisión pintoresca de la clase dominante.

El ministerio de las incompatibilidades

El ministerio de las incompatibilidades

El titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2012, Miguel Arias Cañete, es un ejemplo de alguien que consigue todo aquello a lo que un individuo puede aspirar en la política, la empresa privada, el alto funcionariado y casi cualquier otro ámbito del poder social en España.

Su perfil representa la máxima expresión de la puerta giratoria, por su enorme diversificación, y la coincidencia e intersección en una sola persona de diversos sectores y círculos de influencia ajenos al escrutinio electoral. Reclutarlo para un ejecutivo implicaba conectar de manera directa o indirecta con casi todos los sectores empresariales.

Abogado del Estado, Arias Cañete había sido militante de Alianza Popular y del PP, diputado regional en Andalucía, senador, concejal en Jerez de la Frontera, parlamentario nacional y comunitario, ministro, alto dirigente del PP…

Perteneciente al equipo fiel a Mariano Rajoy después de la sorpresiva victoria de Rodríguez Zapatero en marzo de 2004, con su renovación en el cargo de ministro de Agricultura, reeditó la cartera ejercida entre 2000 y 2004 junto al presidente Aznar.

Es aristócrata consorte, pues está casado con la empresaria Micaela Domecq Solís-Beaumont, hija de los marqueses de Valencina, propietaria de la ganadería de Jandilla y una de las mayores latifundistas de Andalucía.

La familia Domecq ha recibido generosos fondos de la Política Agraria Común (PAC); esto influyó probablemente en la especialización parlamentaria de su marido, que fue presidente de la Comisión de Agricultura y Política Regional del Parlamento Europeo a principios de la década de 1990[13].

El cruce entre los apellidos Domecq y Arias produce toda una telaraña de intereses empresariales que, sin embargo, no parecen haber sido obstáculo alguno para la carrera política del exministro: suministro de combustibles o bunkering, empresas agrícolas, ganaderas, inmobiliarias, constructoras, financieras, de juego y apuestas…

El capital acumulado gracias a estos recursos había sido desviado en algunas ocasiones a destinos de gravamen fiscal laxo. Así lo mostraba la aparición de Micaela Domecq en los «Papeles de Panamá», una investigación en la que figuraba acompañada de varios miembros de su familia. El entramado de sociedades creado para eludir al fisco sugería que la cantidad de dinero en juego era más que considerable[14].

Los nexos empresariales de Arias Cañete no parecían tener fin: su único hermano, Alfonso, había sido director nuclear de Endesa y vicepresidente de Tecnatom, empresa de ingeniería nuclear que tiene a su cargo la central de Garoña.

Durante su desempeño al frente del ministerio, se encargó de asuntos como el futuro de esta central nuclear, los efectos de la nueva Ley de Costas sobre la construcción en primera línea de playa, las ayudas a la cría del toro de lidia, así como de las subvenciones a ciertas empresas agrarias en las que Arias Cañete había figurado como accionista…

Fue una gestión controvertida que le obligaría a inhibirse en diversas decisiones y que reflejaba que el posteriormente nombrado comisario europeo de Acción Climática y Energía era uno de los puntales de la invasión de los intereses privados en este gobierno de Rajoy.

Su marcha a la Comisión Europea supuso el ascenso como sustituta de su subalterna Isabel García Tejerina. Esta ingeniera no superaba la hiperactividad empresarial de Arias Cañete, pero su inclusión como ministra en el gobierno construyó otro puente más con una multinacional muy cercana al Partido Popular, OHL, implicada en supuestos pagos a través de donaciones en negro[15].

OHL es propietaria de Fertiberia, empresa de fertilizantes en la que García Tejerina había ejercido de directora de planificación estratégica entre 2004 y 2011, precisamente los años de gobierno socialista presididos por Zapatero.

El Ministerio de Agricultura tiene en común con otras múltiples carteras su condición de intermediario potencial para intercambios y transacciones entre diversos grupos de poder a un lado y al otro de la línea que separa virtualmente la Administración y las empresas. Este rasgo se presenta con detalle en los siguientes capítulos, dedicados, respectivamente, a las empresas financieras, las entidades de armamento y a la Hacienda pública.

6. Los banqueros de Rajoy: las finanzas, a la conquista del Estado

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Los banqueros de Rajoy: las finanzas, a la conquista del Estado

Concluidos los fastos de la gran victoria popular en noviembre de 2011, tocaba lo más difícil. El nuevo presidente, Mariano Rajoy, tenía un problema: la aplastante mayoría que había logrado tanto en el Congreso como en el Senado no iba a ser suficiente por sí sola para solucionar una crisis económica a la que había contribuido desde una oposición de todo menos constructiva y desde unos gobiernos de Aznar que fueron de todo menos sabios y previsores.

Pese a que todavía seguía vivo el mito del PP según el cual un gobierno de la derecha produce más empleo y menos deuda que cualquier ejecutivo de izquierdas, la situación era bien distinta a la de 1996, cuando José María Aznar relevó al expresidente Felipe González e impulsó el milagro económico español a base de fomentar la construcción y poniendo en grave riesgo, como así ocurrió después, el empleo y la riqueza de los siguientes veinte años.

Durante la segunda mitad de la década de 1990, los ministros del PP privatizaron el capital público restante con un trasfondo de claro crecimiento del PIB y un monto total de deuda pública y privada muy inferior al que se encontraron en el invierno de 2011.

Además, y pese a formar parte de la moneda única, a finales de 2011 ya hacía tiempo que los denominados mercados financieros habían retirado su confianza a la deuda pública del sur de la Eurozona, que se encontraba virtualmente rescatada y en manos de un triunvirato de instituciones supranacionales, la Troika, que había acordado canjear dichos rescates por un programa de reformas lesivas contra el poder adquisitivo y los derechos sociales de la mayor parte de la población, a fin de hacer estas economías más competitivas. En realidad, se trataba de asegurar que los bancos acreedores (sobre todo alemanes y franceses) cobraran sus préstamos.

Cuando las finanzas detentan el PIB

Cuando las finanzas detentan el PIB

La denominada prima de riesgo, es decir, la diferencia entre lo que le cuesta a España encontrar préstamos en los mercados financieros y lo que se le pide a cambio a Alemania, centro de la Eurozona y país considerado paradigma de la solvencia financiera, parecía el primer objetivo que atender para evitar la bancarrota, una palabra que se repetía —y por la que se apostaba mucho dinero— en los medios especializados desde hacía ya muchos meses.

Las cifras españolas eran de quiebra potencial, toda vez que el total de la deuda pública y privada superaba el 400 por ciento del PIB: las familias españolas, las empresas y la banca debían cuatro veces lo que eran capaces de producir de manera conjunta en un año.

Los gurús convencionales consideraban que solo una bajada significativa de los tipos de interés de la deuda pública podría dar algo de aire para caminar hacia una recuperación económica. El gobierno formado tras la victoria histórica del PP a finales de 2011 estaba convencido de que esta era la única dirección posible. Algunos de sus adláteres económicos y mediáticos consideraban, además, que esta dificilísima situación constituía un perfecto caldo de cultivo para hacer cambios que habrían sido imposibles en un contexto distinto.

Por estas razones, y también por el hecho de que, en ausencia de soberanía monetaria, los acreedores de nuestra deuda son los propietarios de facto de todo lo que seamos capaces de producir, los intermediarios con las finanzas fueron los dirigentes clave durante la legislatura que comenzó a principios de 2012.

Todo lo que sucedió a partir de entonces, por insultante que resulte, se explica a partir de este último hecho: los financieros eran los dueños de la nación española; el grabado a fuego del Artículo 135 de la Constitución demostraba jurídicamente que los acreedores y las fechas de vencimiento de los préstamos al Estado eran condiciones prioritarias para la política y para la economía nacional.

Mariano Rajoy y su gobierno necesitaban contar con una serie de directivos experimentados en las finanzas internacionales y bien conectados con toda la banca nacional, que estaba adquiriendo buena parte de la deuda pública española a medio y largo plazo y que, además, necesitaba ser asistida y recapitalizada para, si lo consideraba lo suficientemente rentable, volver a conceder préstamos a las familias y a las empresas.

Con Cristóbal Montoro como indiscutible titular de la cartera de Hacienda, Rajoy sondeó a diversos líderes, como el presidente del BBVA, el siempre agradecido Francisco González, para terminar seleccionando para la de Economía a quien había ejercido de asesor oficioso del presidente del PP durante los últimos años de oposición parlamentaria, el directivo empresarial y alto funcionario en excedencia Luis de Guindos.

Un ministro para desarmar el Estado

Un ministro para desarmar el Estado

Estudiar el perfil y la trayectoria de De Guindos permite ver con claridad una maqueta de la crisis política y social que se estaba viviendo en aquellos momentos, así como un mapa de cómo las relaciones de poder nacional e internacional estaban evolucionando dadas las dificultades económicas que vivía el país.

Este economista representa un perfecto cruce entre las empresas privadas, la banca nacional e internacional, determinadas instituciones de la Unión Europea y los altos dirigentes funcionariales: unas condiciones idóneas para la gestión de una crisis de solvencia en la que el Estado, forzado por la Unión Europea y con préstamos internacionales, había acudido a rescatar a las instituciones financieras maltrechas con dinero de los contribuyentes, poniendo el poder público al servicio de determinados oligopolios e intereses privados.

Las características principales del ministro económico y de sus colaboradores reflejaban el desarme de un Estado que había servido desde 2008 de avalista de las entidades privadas y que ahora tenía que adelgazar para que las instituciones internacionales permitieran a la economía patria seguir navegando por las aguas globales.

Nacido en Madrid, Luis de Guindos Jurado es uno de los cuatro hijos de una familia cuya madre, María Luisa Jurado, era propietaria de una farmacia. Dos de sus hermanos, Beatriz y Juan, heredaron el oficio materno e hicieron carrera en el sector farmacéutico.

Destaca en esta especialidad Juan de Guindos, exdirectivo de la principal cooperativa de distribución farmacéutica, Cofares, además de otras empresas del gremio profesional. El hermano mayor de la saga ostentó, además, la presidencia del Club de Tenis La Moraleja, lo que no deja de ser significativo.

Desde los estudios para los Estados Unidos del sociólogo C. W. Mills en la década de 1950 —incluso antes, con el economista Thorstein Veblen y su «teoría de la clase ociosa»—,[1] la pertenencia a clubes de élite como el aquí señalado se había considerado como un notable requisito para formar parte activa e influyente de la minoría dominante. Dichos clubes, determinadas escuelas universitarias y otras instituciones menos visibles sirven para reforzar la cohesión, los lazos sociales y los valores convergentes de los miembros de la clase que frecuentemente tendrá que presionar en favor de sus intereses. Por ello, la presidencia del club de tenis de esta codiciada zona madrileña no debe ser precisamente considerada un hecho anecdótico.

El sector farmacéutico parece tener un arraigo difícil de olvidar. Pese a que, como su hermano Antonio —mano derecha de Ana Botella en Madrid hasta su dimisión por el caso «Madrid Arena»—, Luis escogió dedicarse a la Economía, el más notorio de los De Guindos Jurado también participó en el sector farmacéutico y biotecnológico al ocupar un puesto de consejero en la entidad Traslational Cancer Drug Pharma SL, conocida como TCD Pharma y participada por la Junta de Castilla y León.

Después de la tramitación de la ley de liberalización de los colegios profesionales, algunos criticaron al ministro de Economía por haber protegido al sector de la Farmacia ante la amenaza de desembarco de mastodontes empresariales como la británica Boots, permitiendo la permanencia de una relativa protección en un sector al que había quedado inevitablemente ligado por razones familiares.

Pero su principal dedicación profesional ha sido la Economía y, en particular, las finanzas. Por ello cursó estudios en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, Cunef, centro privado hasta hace poco adscrito a la Universidad Complutense y, en la actualidad, participado mayoritariamente por la patronal de la banca española.

Como resultado de su disciplina y de su talento, De Guindos ocupó el primer puesto en la promoción de técnicos comerciales y economistas del Estado (de nuevo, los tecos) de 1984; en dicha promoción estaban algunos de sus futuros compañeros en el gobierno de Rajoy, como el ministro de Industria, José Manuel Soria; o el primer secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, así como futuros presidentes de empresas públicas con el PP de Rajoy, como Álvaro Rengifo (CESCE, nombrado por De Guindos) o Juan José Zaballa (Enresa, nombrado por Soria).

La exportación parcial de dicha promoción al gobierno es un buen ejemplo de la cohesión que produce el espíritu de cuerpos de élite. No obstante, esta se queda corta en comparación con lo logrado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y las distintas promociones de los abogados del Estado en los ministerios del ejecutivo de Rajoy, parte de lo cual se ha expuesto en el capítulo anterior.

La carrera de Luis de Guindos fue prometedora desde el inicio. Como joven teco, trabajó unos años en puestos destacados de la Administración y en 1988 fue nombrado consejero delegado de la empresa AB Asesores. Esta fue una entidad de asesoría bursátil que guio las numerosas operaciones de fusiones y adquisiciones en un mercado de valores que vivía las consecuencias del boom especulativo y de la financiarización de la economía, conocidos por entonces en España como «el pelotazo».

Nuestro protagonista se inició en este sector de la economía justo un año después del Lunes Negro de Wall Street de 1987 y veinticinco antes de que tuviera que hacer frente, desde la dirección de un ministerio estatal, a las consecuencias de la explosión de las burbujas que tenían en el mundo financiero su cuartel general. Viajes de ida y de vuelta, ironías de la vida profesional de las élites.

De Guindos abandonó la compañía en 1996 al ser reclutado por el primer ejecutivo de Aznar, para lo que vendió sus acciones en AB Asesores a un precio sensiblemente inferior al que unos años después pagó la gigantesca Morgan Stanley para quedarse con el negocio completo.

Una venta poco lucrativa que, no obstante, tendría sus compensaciones en el futuro, cuando el siguiente traslado del sector público al privado le supuso una multiplicación de sus salarios y beneficios.

Sus antiguos socios en AB Asesores, reintegrados en el banco de inversión Nmás1, lograron diversos contratos gubernamentales en el período durante el cual De Guindos dirigió el Ministerio de Economía[2]. Un reconocimiento al prestigio profesional de dicha empresa, no obstante, con el concurso de su antiguo socio, lo que confirma la oportunidad de mantener actualizadas las redes sociales en el mundo empresarial y financiero.

Algunos comentaristas han identificado el sacrificio económico de abandonar lo privado para gestionar lo público con una cierta noción de patriotismo. Sin tener datos para refutar esta hipótesis, lo cierto es que la puerta giratoria de la empresa a la Administración representa, en primer lugar, una inversión en contactos clave en los dos ámbitos y, en segundo, no debe dejar de entenderse como un movimiento dentro de una minoría en posesión de los puestos de decisión que, en realidad, no distingue entre Estado y sector privado de la manera en que esto queda definido en los manuales de Economía o Ciencia Política.

Se debe destacar, además, que uno de los socios y directivos de AB Asesores, el abogado del Estado madrileño Miguel Arias Cañete —de cuya multiactividad ya hemos hablado más arriba—, fue también nombrado ministro de Rajoy en 2012, en el mismo gobierno que De Guindos. Como puede comprobarse, en dicho gobierno el conocimiento y el contacto con el ámbito financiero fue una condición irrenunciable incluso para la mayoría de sus ministros. La clave de todo ello no eran las necesidades que atravesaba el país en este período crítico, sino sobre todo la existencia de una red de contactos que late bajo los distintos gobiernos y entidades.

Las denostadas puertas giratorias, presentadas por los medios como noticias que llaman a la indignación, no son sino uno solo de los numerosos mecanismos que permiten reactivar estos contactos y ponerlos en marcha. No es la puerta giratoria, sino la red que opera detrás de esta, lo que representa el objeto relevante de estudio para comprender este asunto. Sobre este fenómeno de concentración del poder, el presente capítulo ofrece numerosas anécdotas.

1996: el ministerio del «milagro económico»

1996: el ministerio del «milagro económico»

Seleccionado para trabajar con el promotor del gran milagro español de las décadas de 1990 y 2000, el exitoso y fiable Rodrigo Rato, De Guindos volvió a la Administración Central en 1996. Su carrera en el Ministerio de Economía fue más que notable, pues pasó de director general de Política Económica y Defensa de la Competencia a secretario general de la misma y, durante los dos últimos años del gobierno de Aznar, a secretario de Estado de Economía y número dos del ministerio.

Durante todos estos años, De Guindos fue un pilar clave en el impulso de la economía inmobiliaria, y siempre negó toda posibilidad de que se estuviera produciendo una burbuja. También promovió una reforma laboral, el denominado «decretazo», que fue rechazada por los sindicatos al principio del verano de 2002, que protestaron con una huelga general de 24 horas ese mismo año.

En una entrevista publicada a finales del año 2003 en el diario Abc, el entonces secretario de Estado, con un discurso casi exudado de un ordenador económico, consideraba inexistente la burbuja y preveía que los precios de la vivienda iban a moderarse en los años siguientes, más aún con las medidas previstas para favorecer el alquiler[3]. Lo afinado de sus previsiones le hizo especialmente adecuado para trabajar en Lehman Brothers.

La clave para su exitoso recorrido profesional posterior a los ejecutivos de Aznar residía también en su dominio del inglés, idioma clave en las finanzas, que Aznar solo había comenzado a balbucear por aquel entonces en sus encuentros con el presidente de los Estados Unidos George Walker Bush.

Este conocimiento y su capacidad comunicativa constituyeron para él un gran activo en las reuniones en el Ecofin, el consejo de ministros de finanzas de la Unión Europea —cuya presidencia ocupaba España en el segundo semestre de 2002—, así como en la asistencia y coordinación de otros foros dentro de las instituciones comunitarias.

Fue en este contexto donde el economista madrileño estableció lazos profesionales que le condujeron a desempeñar relevantes puestos en la banca de inversión internacional, en especial en Lehman Brothers, pocos días después de que las elecciones del 14M de 2004 expulsaran a Aznar y a Rajoy del gobierno.

Volando con los hermanos Lehman

Volando con los hermanos Lehman

La salida de De Guindos fue obligada tras la llegada de los socialistas al poder político en marzo de 2004. No perdió el tiempo: en solo un par de meses formaba parte ya del consejo asesor de Lehman Brothers para Europa, y al cabo de un par de años más era el responsable continental, especializado en el sector público, por lo que ponía su conocimiento de la Administración a disposición de un sector privado que le remuneraba de manera generosa.

Lehman Brothers fue, durante los años de incubación de la crisis financiera, un vivero de economistas internacionalizados que tuvieron posteriormente trayectorias divergentes, casi siempre asociadas a los servicios relacionados con la economía especulativa, de una sorprendente variedad y especialización. De Guindos trabajó en Lehman con otro teco en excedencia, Íñigo Fernández de Mesa, al que nombró en 2014 número dos del ministerio de Economía.

Los hermanos Lehman, banqueros judíos que ocupaban un prestigioso lugar en la historia financiera de los Estados Unidos, habían sido aliados corporativos del presidente Roosevelt en su lucha por transformar el capitalismo americano en un sistema de rostro humano que ahogase las posibilidades de revolución socialista en plena Depresión, en la década de 1930.

Contando también con el ejemplo de Goldman Sachs, esta banca hebrea formaba parte de la élite empresarial que consintió en apoyar al presidente de la denominada «Era progresista» frente a la antisemita «Liga de la libertad», opuesta a todo cambio regulatorio y fiscal que pudiera amenazar a los beneficios empresariales.

Pero ninguno de esos dos bancos se resistió a los cantos de sirena de la desregulación que comenzaron a soplar en las décadas de 1970 y 1980, ni a la creación de infinitas fórmulas matemáticas para diversificar supuestamente el riesgo y seguir ganando cada vez más dinero.

Cuando la insolvencia financiera pasó a ser una realidad y no una remota posibilidad estadística, Lehman Brothers resultó elegido como el banco sacrificado para mostrar que el capitalismo tenía riesgos que podían acabar pagándose.

La solución fue peor que el problema: antes del 15 de septiembre de 2008, día del derrumbe de Lehman Brothers —al que luego siguieron las caídas de algunas instituciones financieras norteamericanas—, pocos parecían haberse percatado del carácter sistémico de Lehman Brothers, una de las cuatrocientas entidades más centrales en la red de transnacionales que manejaban la economía capitalista global a finales del año 2007[4].

El análisis económico no puede renunciar a conocer la red de grandes empresas que rige el mundo: las consecuencias de este desconocimiento han demostrado ser nefastas.

La hoguera de los vanidosos: la especulación que no muere

La hoguera de los vanidosos: la especulación que no muere

La quiebra de Lehman había mostrado a los más atentos que no existe una discontinuidad clara entre los grandes bancos mundiales, sino que estas empresas están ligadas a las demás a través de otras entidades y productos compartidos, conformando una red que representa el sistema nervioso y el corazón de la economía mundial.

El poder financiero, como una única sustancia sin discontinuidades, supera todo tipo de barreras espaciales e institucionales. Probablemente por esta razón, De Guindos y sus compañeros en Lehman no fueron precisamente al paro en el otoño de 2008: el futuro ministro de Economía pasó a la multinacional aseguradora de matriz japonesa Nomura, que se hizo cargo de los restos del gigante quebrado.

La naturaleza creativa y destructiva a partes iguales del capitalismo proporcionó a estos ejecutivos grandes oportunidades. Otros exdirectivos de Lehman, después de colaborar en la colocación de hipotecas tóxicas, aprovecharon el problema que contribuyeron a crear para continuar obteniendo plusvalías, por ejemplo en entidades como el histórico banco Rothschild o en el más joven fondo Blackstone, que adquirieron flotas de viviendas que determinadas familias no habían podido terminar de pagar[5].

Un reciclaje perfecto en un nuevo eslabón de la cadena alimenticia capitalista, a la que volvió también Íñigo Fernández de Mesa, que tras la quiebra de Lehman pasó por Barclays, por el ministerio de Economía y Competitividad como número dos de Luis de Guindos, y terminó recalando en Rothschild.

La evolución y la fortuna de los chicos de Lehman revela que la red de poder corporativo, y en este caso financiero, persiste al margen de la suerte de determinadas instituciones: la quiebra del gigante norteamericano no impidió que sus directivos se recolocaran en empresas de servicios financieros, en altos puestos ministeriales o supranacionales.

La constante es que estos dirigentes continuarían en la cúspide de la estructura social, adoptando decisiones que afectan a todos. Que los mismos de siempre continúen haciendo cosas parecidas refleja que la crisis económica ha sido mucho más que un ciclo depresivo.

«Salir en los libros de Historia»: el pufo de la CAM

«Salir en los libros de Historia»: el pufo de la CAM

Un ejemplo de la reflexión anterior es el papel de Luis de Guindos, el ministro de la austeridad y la solvencia financiera, en la emisión de las fraudulentas cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que fue posteriormente considerada por el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como «lo peor de lo peor» del sistema financiero patrio.

Este caso, insuficientemente destacado por los medios, retrata de manera especial al actual vicepresidente del Banco Central Europeo y, mucho más importante, la cadena elitista que permitió este último ascenso.

Veinticuatro de mayo de 2008. Faltaban apenas cuatro meses para que Lehman Brothers colapsara, pero su director para España y Portugal, Luis de Guindos, actuaba como experto en Alicante, en un evento para la plantilla de la CAM al que no había podido acceder la prensa. Lehman Brothers había asesorado la emisión de 50 millones de cuotas participativas, sucedáneo de las acciones capitalistas sin derechos políticos.

En pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el ladrillo ya no llamaba la atención y procedía engatusar a los clientes potenciales con una nueva promesa de ahorro y riqueza futura: la finalidad era captar más fondos para poder seguir prestando y compensar las pérdidas crecientes.

De Guindos compareció en compañía de Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales, AFI, entidad que tendría un papel central en el proceso de «fusiones frías» de las Cajas de Ahorro españolas.

Los dos transmitieron confianza sobre esta sofisticada fórmula de capitalización del ahorro, pero el futuro ministro lo dijo en un tono muy exultante: «Yo creo que las cuotas participativas serán algo que, cuando le demos un poquito de tiempo, cuatro, cinco o seis años, será estudiado por las mejores escuelas de negocios del mundo (…) Estamos haciendo historia económica, que quedará en los libros de texto, historia económica que será analizada en las escuelas de negocios, que será analizada en las universidades (…) Yo también por supuesto voy a ir, y voy a intentar convencer a todos mis familiares próximos, y además seguro que van a ir porque creo que es una oportunidad única»[6].

Después de captar cientos de millones de euros por parte de inversores y de clientes de toda la vida, las cuotas participativas dejaron de cotizar a finales de 2011, cuando la CAM fue adquirida a cambio de un euro por el Banco Sabadell; casi al mismo tiempo, De Guindos juraba su cargo como ministro.

Lehman Brothers se llevó unos dos millones de euros por la operación de lanzamiento y asesoría de lo que luego fue denominado «lo peor de lo peor». De Guindos, por su parte, se llevó la cartera de Economía y Competitividad, así como la voluntad de sacar a España de la crisis financiera. Probablemente este puesto le ayudó a superar la animadversión causada entre sus «familiares próximos» menos opulentos.

«El mercado, amigos»

«El mercado, amigos»

Las cuotas participativas representan un caso especial dentro de las denominadas participaciones preferentes. Las preferentes comenzaron a comercializarse como productos extremadamente arriesgados y complejos en 1998, utilizando el paraíso fiscal de las Islas Caimán para evitar el pago de impuestos[7]. Por entonces, la burbuja inmobiliaria se hinchaba a buen ritmo y los bancos y las cajas necesitaban contar con capital suficiente para continuar concediendo préstamos a las familias y a las empresas. Un modus operandi que, analizado unos años después del derrumbamiento del modelo, parece a todas luces explosivo.

Con el entonces fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ocupado de este caso de evasión fiscal, había que actuar de manera decidida: la emisión de participaciones preferentes fue legalizada desde España en julio de 2003[8], incluyéndose una desgravación fiscal que las favoreció en un momento en el que el grito grouchomarxista «¡más madera!» exigía aprovechar cualquier fuente de financiación nacional o internacional para que el monstruo de las hipotecas continuara produciendo crecimiento, empleo y votos para el partido en el gobierno.

Cabe destacar que aquel mes de julio de 2003 el secretario de Estado de Economía era el propio Luis de Guindos, quien posteriormente impulsó la comercialización de las ya mencionadas cuotas participativas y que, a partir de 2012, gestionó desde el Ministerio de Economía la liquidación de las preferentes y la redistribución del castigo entre las familias y los bancos.

Las severas declaraciones en la prensa del responsable económico de Mariano Rajoy no contemplaron autocrítica alguna. El cemento no representaba únicamente el fundamento de la economía bajo los gobiernos del PP, sino también un destacado adherente facial del que en ocasiones no conviene desprenderse.

Como afirmó en sede parlamentaria uno de sus maestros en el oficio de servidor público, Rodrigo Rato: «Es el mercado, amigos». Las trayectorias profesionales y políticas de determinados miembros de las élites nacionales parecen divorciadas de los resultados y las consecuencias de sus decisiones. Esta ausencia absoluta de rendición de cuentas es un elemento clave en el déficit democrático español.

Hay vida después de 2008

Hay vida después de 2008

De Guindos seguía siendo necesario para el sistema refundado después del 15 de septiembre de 2008, todo un 11S financiero que afectó decisivamente al mundo entero. Además de pasar por el mastodonte japonés Nomura, en noviembre de ese mismo año ocupaba ya el puesto de responsable del sector financiero de Price Waterhouse Coopers (PwC), auditora de referencia del Ibex-35 y una de las denominadas big four: las cuatro grandes empresas mundiales en los servicios de auditoría y consultoría, entidades siempre cuestionadas por sus constantes conflictos de interés.

En PwC encontró cantera profesional para su futuro ministerio. Por ejemplo, coincidió allí con el también teco Antonio Carrascosa, director de cumplimiento regulatorio, que acabó siendo presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Este organismo, encargado del restablecimiento del sistema financiero español, iba a ser un cliente predilecto de las big four para los procesos de fusiones entre las entidades afectadas.

Se trata del mundo de las sinergias puestas al servicio de la gestión pública. Con experiencia profesional en PwC entraron numerosos gestores más en el gobierno de Rajoy, entre los que destacaba también el presidente de AENA José Manuel Vargas, un exconsejero delegado del grupo mediático Vocento que consideraba que un periodista en activo jamás debería cobrar más de 3000 euros o tener más de cincuenta años[9]. Lo ideal, sin duda, para que los fenómenos aquí descritos pasen desapercibidos.

La hiperactividad empresarial de quien iba a dirigir buena parte de las «reformas» de los ejecutivos de Rajoy no se detenía ahí: también fue consejero de la distribuidora cotizada Logista, de Endesa —privatizada por Aznar—, de Unedisa —editora de El Mundo y Expansión—, así como de Banca Mare Nostrum, fusionada con Bankia bajo su gestión ministerial.

Este enriquecedor recorrido por el sector privado se completó con el ejercicio como profesor en la escuela de negocios IESE Business School y en la Universidad de Navarra (la privada), ambas pertenecientes al Opus Dei, red elitista religiosa a la que De Guindos está muy próximo y de la que quizás sea miembro. Su presencia en la canonización de Álvaro del Portillo en Madrid junto a Jorge Fernández Díaz es una pequeña pista que, no obstante, requiere de más comprobaciones[10].

EL MINISTRO NECESARIO PARA LA TORMENTA. La hiperactividad empresarial de Luis de Guindos supuso que su reclutamiento situara una red de influencia financiera en el ejecutivo: banqueros de inversión (Lehman Brothers), reconvertidos después del crash en administradores de activos inmobiliarios (Blackstone), representaban contactos prioritarios, así como otros directivos del mundo de las farmacéuticas, de las eléctricas o de los propios medios de comunicación. Su recorrido en PwC, la mayor auditora del mundo, decidiría quién sería el primer presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada de Activos Bancarios, FROB, el también teco Antonio Morales, compañero suyo en la auditora. De Guindos era un cruce entre poder empresarial, administrativo, financiero e incluso con un matiz regional, con su participación en el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre. Como buen financiero de inversión, participó también en la venta de preferentes, gestionando posteriormente la nacionalización de su cuartel general. Un perfil, el de De Guindos, que ilustra lo cerca que está el alto mando administrativo del empresarial; una versión algo más discreta y modesta (salvando toda distancia) es el también Economista del Estado Pedro Solbes, exministro de Economía y temporalmente asesor de Endesa-Enel, Barclays y Caixa-Bank —donde De Guindos tenía o aún tiene un plan de pensiones privado.

La ideología darwinista de los consejos de administración

La ideología darwinista de los consejos de administración

El elevado caudal de consejos de administración de De Guindos correlacionaba con una mentalidad acorde. Este, que parecía adicto a esa cultura del esfuerzo tan propagada por la clase superior, había tenido tiempo también para coordinar un libro de FAES, la Fundación del Partido Popular, y para participar en el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, que es una suerte de círculo de sabios ultraliberales propuesto por el entonces boyante tándem Esperanza Aguirre-Ignacio González, lo que refleja que los contactos de la condesa consorte no se limitaban únicamente a la comunidad autónoma madrileña.

Su explicación sobre la crisis económica mundial parecía la de un abogado de las finanzas. El exdirectivo de Lehman publicaba en enero de 2010 un artículo de opinión en el suplemento económico de El Mundo titulado «Una perspectiva “austríaca” de la crisis». En dicho artículo, De Guindos atribuía a las instituciones públicas la creación de una burbuja inmobiliaria que precisamente había negado como secretario de Estado de Economía siete años antes.

Según este análisis a posteriori, la distorsión de los precios provocada por los bajos tipos de interés consentidos por los bancos centrales había acelerado el proceso de inflación de los activos, provocando la crisis financiera. Solo el respeto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el compromiso de mínima intervención estatal restablecería el equilibrio entre los agentes económicos[11]. Era el ministro perfecto para aquel momento.

Estas reflexiones «austríacas» —en referencia a una versión extrema del neoliberalismo que persigue la eliminación de casi todas las prestaciones sociales— remiten, en realidad, a refinamientos del pensamiento económico previo a la Gran Depresión de los años treinta, en especial a las teorías del ciclo que piden cautela a las instituciones públicas, pues las recesiones sin intervención estatal permiten fortalecer la economía, premiando a los negocios más resistentes y eliminando los menos productivos.

Un darwinismo social que el ya ministro De Guindos también reflejó en su entusiasmo por la reforma laboral aprobada durante los primeros meses del año 2012.

La segunda reforma del mercado de trabajo en pocos años fue presentada por De Guindos en el Eurogrupo como «extremadamente agresiva»; una cámara de televisión grabó furtivamente al ministro tratando de vender con esta expresión la nueva ley al comisario europeo Oli-Rehn, lo que refleja la sumisión del Estado español a la Troika y, además, sirvió para calentar aún más un ambiente que conducía inexorablemente a la segunda huelga general de la década[12].

De Guindos se ha defendido en sus memorias sobre este período afirmando que «agresiva» no es la traducción exacta del término inglés agressive, que se aproxima más bien a «ambiciosa»[13]. Pero, agresivo o ambicioso, el cambio en las condiciones laborales de dicha reforma representaba el mayor ataque sufrido por el mundo del trabajo en lo que llevamos de democracia.

Dicha reforma flexibilizó aún más los contratos, limitó decisivamente la negociación colectiva y condicionó el despido barato a los malos resultados empresariales, susceptibles siempre a movimientos contables realizados por expertos de las empresas.

La teoría neoliberal, según la cual el paro endémico en España se debe al exceso de protección de los trabajadores, reduce a una única variable la creación de empleo: cuantos más incentivos tenga un empresario para contratar, más trabajo se creará, sin atender a la capacidad de compra de los ciudadanos, a los puestos de trabajo ofertados en el sector público, al crédito bancario disponible, así como a otra serie de circunstancias económicas y sociales.

El resultado, transcurrido un tiempo, no ha sido otro que la devaluación del factor trabajo y una bajada de sueldos que permite exportar más barato y crear empleos en un contexto en el que el paro se sustituye por trabajadores pobres, pero cada vez más «empresarios de sus vidas».

2014: impedir el ascenso de los rojos

2014: impedir el ascenso de los rojos

Dios perdona a quien se confiesa.

Las finanzas internacionales, los grandes fondos de inversión y las instituciones de la Troika habían sido durísimos con España durante la crisis. El PP había importado al gobierno nacional clanes de financieros para solucionar el problema más acuciante: una prima de riesgo que en el verano de 2012 superó los 600 puntos, acelerando un rescate que las autoridades españolas disfrazaron como destinado únicamente a la banca.

De Guindos ha destacado posteriormente como mérito personal suyo la recapitalización y las exigencias de solvencia y provisiones para las instituciones financieras, así que se atribuye a sí mismo el haber promovido la recuperación de la confianza en la economía nacional[14].

En sus reflexiones por escrito apenas dedicó espacio a otras variables que, diga él lo que diga, contribuyeron mucho más a mejorar la situación de la economía española. Entre estas, tres palabras, las pronunciadas por el presidente del Banco Central Europeo en agosto de 2012.

Mario Draghi declaró entonces que haría todo lo necesario —«whatever it takes», en inglés— para salvar el euro, lo que se interpretó en los mercados internacionales de la deuda como una garantía de que el BCE compraría toda la deuda pública de los países del euro que fuera necesaria para mantener bien financiado dicho grupo de países, algunos de estos enormemente penalizados por la crisis[15].

Esas palabras, y el modo en que fueron interpretadas, supusieron el comienzo de una progresiva bajada de la prima de riesgo hasta niveles lo suficiente moderados como para hacer creer al sector financiero en la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Los programas de compra de deuda por parte del BCE, el descenso del precio del petróleo como consecuencia del aumento de su oferta, la devaluación del euro y la bajada de los tipos de interés —que el propio Draghi acabó colocando en un cero por ciento— constituyeron lo que se llamaron unos «vientos de cola» que permitieron que el Producto Interior Bruto español se incrementara pasados los dos primeros años críticos de la legislatura conservadora.

Se debe destacar, no obstante, un importantísimo factor adicional de carácter político: la permisividad por parte de las instituciones de la Troika para que las cifras de deuda y déficit de España superaran los límites inicialmente acordados.

Dicha permisividad, fruto de un acuerdo entre gobernantes ideológicamente convergentes, favoreció los resultados electorales del PP en diciembre de 2015 frente a una fuerza rupturista emergente como Podemos, que pronto quedaría atrapada en el sistema español de partidos.

La preeminencia del Banco Santander

La preeminencia del Banco Santander

Por mucho que dijera en su automitificación, De Guindos no había actuado precisamente solo. Sus equipos se habían nutrido de numerosos representantes de las finanzas, la mayoría de ellos formados originariamente en los ejecutivos de Aznar, que luego fueron exitosos directivos durante los años de oposición a los dos gobiernos presididos por Rodríguez Zapatero.

Habiendo mencionado ya el papel desempeñado en los equipos de De Guindos por quien fue su secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, habrá que añadir sobre todo el nombre de María Flavia Rodríguez Ponga, que actuó en el ministerio de Economía como directora general de Seguros y de Fondos de Pensiones. De ascendencia franquista y aristocrática, con varios hermanos vinculados al PP, esta inspectora de Hacienda provenía de la aseguradora Mutua Madrileña, participada mayoritariamente por La Caixa.

Este movimiento de puerta giratoria habría podido provocar no pocos conflictos de intereses y, sobre todo, posiciones ideológicas bastante definidas, en un momento en el que la llamada a los planes de pensiones privados era constante por parte de una banca todavía atrapada con llaves de pisos difíciles de colocar y con expertos que bramaban desde todos los medios de comunicación sobre los inevitables efectos del envejecimiento poblacional, que aboca a las nuevas generaciones a un ahorro privado casi obligatorio. En este sentido, el perfil profesional de nuestros principales decisores dice mucho de lo que se espera que acabemos haciendo.

Otro caso destacable fue el del abogado del Estado Jaime Pérez Renovales, en la actualidad secretario del consejo de administración del Banco Santander. Pérez Renovales fue central en la trama de los abogados del Estado que Soraya Sáenz de Santamaría distribuyó por buena parte de los ministerios de los sucesivos gobiernos Rajoy, así como el factótum de la reforma de las administraciones públicas que, con el objeto teórico de eliminar duplicidades, adelgazar el tamaño de estas instituciones y simplificar procesos administrativos, importó criterios de la gestión privada a la pública, una tónica muy habitual de las últimas décadas.

Mano derecha jurídica de la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, Renovales era un claro ejemplo de la preeminencia de los funcionarios de élite en España, figura cualificada por la que las empresas del Ibex-35 han de pasar necesariamente.

El Banco Santander, que había asimilado bien la máxima tradicional de que las grandes entidades financieras han de establecer siempre buenas relaciones con el gobierno de turno, contó con numerosos embajadores en la agencia pública que maneja el Boletín Oficial del Estado: de hecho, Pérez Renovales ejerció como director del BOE entre 2012 y la fecha de su retorno al banco de los Botín.

Un delicioso cuento familiar

Un delicioso cuento familiar

El protagonismo de los exdirectivos del Santander tuvo un ejemplo pintoresco con Luis Valero Artola, secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa entre 2012 y 2014. Teco —como su jefe en el ministerio de Industria, José Manuel Soria—, exdirectivo de Banesto y del Santander Consumer Finance, la rama de productos financieros minoristas del banco, Valero había destacado como vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Anfac.

Esta trayectoria en la patronal automovilística marcó su trabajo en Industria, donde ejerció como lobista a favor del mundo del automóvil, promocionando los planes de incentivos y ayudas directas que en el período de Zapatero se habían limitado a préstamos en condiciones ventajosas a los compradores de vehículos.

El reconocimiento de Anfac a la labor de Valero suponía un ejemplo más del pacto entre el Estado y determinadas empresas para la puesta en marcha de políticas públicas favorables a sus cifras de negocio, rescates que normalmente no trascienden a la opinión pública y que son presentados como una ayuda a los ciudadanos y a la economía nacional.

Anfac elogió, a su salida del ministerio, «el compromiso que Valero ha demostrado por la reindustrialización de España y su dedicación, profesionalidad y esfuerzo en el desarrollo de un sector comprometido con la sociedad y el país»[16]. Luis Valero fue reclutado después como consejero de la empresa Enagás, participada por el Estado, lo que culminaría una curiosa historia familiar que refleja, además, una versión particular de la movilidad de las élites.

Desde 1974 y hasta 1976, algunas revistas y publicaciones de marcado carácter involucionista e incluso nazi habían contado con la colaboración publicitaria de Enagás. La razón de esta filiación ultramontana residía en la personalidad del entonces presidente de la empresa nacional de transporte del gas, un abogado del Estado y comprometido patriota llamado Luis Valero Bermejo, padre de Valero Artola, y una de las figuras preeminentes del llamado búnker franquista que trató denodadamente de impedir la transición a un régimen constitucional[17].

Valero Bermejo, falangista y entusiasta guerrero civil con solo 19 años, fue también consejero del Movimiento Nacional, procurador en Cortes, director general de la Vivienda y de la empresa Butano. Sublevado ante el harakiri de la Ley para la Reforma Política tras la muerte del dictador, el padre del futuro secretario general de Industria en 2012 dirigió junto a su íntimo amigo, el exministro ultra José Antonio Girón de Velasco, la Confederación Nacional de Combatientes, editora del periódico El Alcázar, considerado caldo de cultivo periodístico para la trama civil del 23F.

Durante la transición, Valero Bermejo apoyó movimientos de extrema derecha, como el partido antiinmigración Juntas Españolas de Integración, que en su ideario llamaba a la creación de «una magna empresa de movilización popular encaminada, con la ayuda de Dios, a buscar una salida razonable a los males que afligen a nuestra Patria»[18]. La protesta exaltada por lo que consideraba una «traición» a los españoles llevaría a Valero Bermejo a ser procesado por supuestos delitos de propaganda ilegal e injurias al jefe del Estado en 1978.

El motivo del procesamiento fueron las declaraciones de Valero Bermejo y de uno de sus más idealistas compañeros de batalla, Alfonso de Figueroa y Melgar, duque de Tovar, en un mitin celebrado en Guadalajara. En dicho mitin Valero Bermejo fue el más moderado de los dos, afirmando en un discurso: «Nosotros sabemos perfectamente quiénes son los traidores, desde el más alto y rubio hasta el más bajo y moreno»[19]. Más lejos llegó el duque de Tovar, generoso en sus insultos al rey, al que tildó de «magnánimo» e «inmoral», no obstante lo cual lo dejó mejor parado que al «gitano morrudo» (Felipe González), el «leonés con cara de cura» (Rodolfo Martín Villa, que ya hemos dicho que fue líder del SEU, sindicato franquista de estudiantes), o el «peligroso» Enrique Tierno Galván[20]. La llamada a imponer un «Estado azul» y a ejecutar a la «canalla marxista» debió de poner en alerta a unas fuerzas del orden público que respondían a la necesidad imperiosa de impedir el fomento de un clima guerracivilista en una transición democrática que ya estaba costando muchos muertos.

El hijo de Valero Bermejo no tiene responsabilidad alguna por sus lazos familiares, pese a que la presencia como testigo de José Antonio Girón de Velasco en su boda apunta a una cierta afinidad ideológica con el régimen previo al de 1978[21].

Su cargo en Enagás refleja, más bien, la transferencia indirecta de puestos de mando entre dos generaciones diferentes unidas por la posesión de títulos de funcionarios de élite y por un movimiento constante entre la administración pública y las grandes empresas. Hubo una transición, pero por los pasillos de ese «cambio» avanzaron muchos descendientes de familias política y económicamente vinculadas al régimen dictatorial.

El BBVA pone al ministro de Economía

El BBVA pone al ministro de Economía

BBVA tuvo también una cuota significativa en el ejecutivo nombrado por Rajoy, tal vez con algún consejo externo. El presidente del banco originariamente vasco, Francisco González, ejercía como portavoz empresarial del partido conservador, que durante la década de 1990 catapultó su carrera financiera a la presidencia del segundo gran banco.

González exportó al ministerio de Economía a su director de relaciones institucionales, el teco Román Escolano, primero como presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), un germen de banca pública estatal, y, después, como el ministro de Economía del segundo gobierno de la era Rajoy.

Algunas fuentes afirman que el ascenso de Escolano en el gobierno, motivado por la marcha de Luis de Guindos al Banco Central Europeo, tenía como objetivo favorecer la permanencia de Francisco González en la presidencia de su banco[22].

En cualquier caso, el exgobernador del Banco de España con Aznar, Jaime Caruana, consejero del BBVA, quedaba en la reserva por si algún día era necesaria su presencia en la cúpula de esta entidad financiera, para garantizar que siempre mandara allí alguien afín al Partido Popular.

Como se puede observar, los gobiernos no solo pueden llegar a decidir sobre los asuntos de los ciudadanos, sino que tratan de estar presentes en grupos de poder que asimismo son determinantes en la Administración. Con estas relaciones prioritarias no es difícil olvidarse de los fines auténticos de la acción de gobierno, para la que los votantes que le han dado mayoría parlamentaria dejan de contar tras haber emitido su voto.

Escolano había trabajado en BBVA con otro ministro de Rajoy, José Ignacio Wert, quien había sido adjunto al presidente Francisco González. Wert, sociólogo experto en demoscopia, tenía una trayectoria política que iba desde la política municipal hasta la gran empresa.

Concejal del Ayuntamiento de Madrid por Alianza Popular, diputado en el Congreso y directivo del CIS, había presidido la primera empresa española de medición de audiencias, Sofres, que ahora se llama Kantar Media; Wert había también dirigido estudios demoscópicos para el PP a través de su empresa Inspire Consultores[23].

Vinculado a grandes consorcios mediáticos como Vocento y Prisa, Wert impulsó y defendió como ministro los recortes en Educación: reducción de las becas, incremento del precio de las matrículas universitarias y laminación de las plantillas en los institutos y en los departamentos de las facultades.

Sabía para qué había sido reclutado y, además, le esperaba un retiro dorado: en mayo de 2015 dimitió para ser nombrado embajador de la OCDE en París; allí le esperaba su multimillonaria pareja, número dos en el ministerio educativo, Montserrat Gomendio Kindelán.

Gomendio, que había declarado un patrimonio personal de casi quince millones de euros[24], es biznieta del aviador Alfredo Kindelán, destacado participante en el Golpe del 36. Si bien las perdices en París deben de tener un alto precio, el poder adquisitivo de esta pareja haría posible algún que otro banquete como final del cuento.

Si con los gobiernos del PSOE la banca había ocupado una posición privilegiada, bajo los ejecutivos del PP las entidades financieras hicieron posible que aquella afirmación de Marx según la cual «el gobierno constituye el comité ejecutivo de la burguesía» no pareciera ni mucho menos un delirio.

No obstante, la privatización del gobierno y de gran parte de las políticas públicas en este período consiguió contribuir a su objetivo: que la economía creciera en términos nominales y que este impulso y la descomunal liquidez generada por la producción mundial de dinero barato acabaran produciendo algunos nuevos puestos de trabajo, siempre temporales y mal pagados, a la ciudadanía. Quien puede comprar un gobierno puede también adquirir la realidad e, incluso, la razón: el PP era ya el partido de la recuperación económica.

LAS FINANZAS, ESPINA DORSAL DE UN GOBIERNO CONSERVADOR. El gobierno de Rajoy colocó en 2012 a exdirigentes de las finanzas en puestos clave del ejecutivo. En el centro, Luis de Guindos, procedente de Lehman Brothers; uno de sus manos derechas fue su compañero en aquel banco de inversión Íñigo Fernández de Mesa. En el Ministerio de Economía se situó también Carlos San Basilio, otro teco con una trayectoria profesional en el Banco Santander. Al Santander regresaría el abogado del Estado Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Soraya Sáenz de Santamaría e importante pilar de la estructura directiva del banco presidido por Ana Patricia Botín. Asimismo, el primer secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Luis Valero, había trabajado como directivo en la entidad Santander Consumer Finance. Pero el banco BBVA tenía también su cuota: dicho banco exportó a los exministros José Ignacio Wert (Educación) y Román Escolano (Economía). Cualquiera diría que los guardianes de la ortodoxia financiera y presupuestaria guardaban algún tipo de relación con quienes contribuyeron a acelerar el desenlace de la implosión financiera.

7. Los guerreros del Reino: el armamento exige su cuota

7

Los guerreros del Reino: el armamento exige su cuota

El 17 de enero de 1961, el presidente republicano saliente, Dwight D. Eisenhower, se despedía de los estadounidenses con un consejo inesperado. Les alertaba del peligro que para la democracia representaba el entramado formado por las grandes empresas de tecnología militar, el Ejército y otras entidades beneficiarias de esta red de intereses: «Debemos cuidarnos de la adquisición de influencia injustificada, tanto solicitada como no solicitada, del complejo militar-industrial»[1].

Este discurso, lejos de una postura pacifista —Eisenhower había combatido en la Segunda Guerra Mundial y había favorecido con muchas de sus decisiones al citado complejo—, denotaba cierta mala conciencia y, sobre todo, preocupación por este entramado de poder emergente.

Con una Guerra Fría en marcha, la intermitente amenaza del desencadenamiento de una Tercera Guerra Mundial, que en caso de producirse sería una guerra nuclear, había servido para engordar unos intereses que desde hacía décadas tenían vida propia: los fabricantes de armamento, los suministradores de material militar, las finanzas intermediarias, los miembros de todos los ejércitos y demás actores clave intercambiaban posiciones en los distintos puestos directivos, de modo que determinados líderes políticos o militares podían acabar dirigiendo empresas relacionadas con la Defensa. El ya expresidente tenía motivos de alarma.

El sociólogo norteamericano C. W. Mills había definido en los años cincuenta la «élite del poder» como un conjunto de «círculos» políticos, empresariales y militares; dentro de dicha élite, los sujetos que ocupaban posiciones de intersección entre los círculos eran los más poderosos[2].

Sus perfiles, «híbridos» y dotados de una capacidad de decisión superior al gozar de ubicuidad, mejores contactos e información privilegiada, son los principales protagonistas de este capítulo, que revela, además, una poco casual vinculación y amistad del sector armamentístico y militar con el monarca Juan Carlos I, hasta hace pocos años jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas.

La democracia militarizada

La democracia militarizada

Siguiendo con las reflexiones teóricas de Mills, la existencia de una dimensión tecnocrática que camina de manera independiente a las dinámicas electorales tiene consecuencias de largo alcance.

El resultado de todo este entramado de intereses imbricados es que la guerra se hace necesaria: las agencias de relaciones públicas de las industrias militares y de armamento influyen decisivamente a favor de realizar una «construcción militar de la realidad social», a partir de la cual cualquier acontecimiento puede ser presentado como una amenaza para la seguridad nacional[3].

El peligro soviético, el terror «amarillo», la amenaza cubana, las guerrillas sudamericanas, la del Vietnam… Una sucesión inagotable de episodios que aparecían como una amenaza coral contra los intereses humanistas de la nación de la libertad por antonomasia, Estados Unidos. Mantener este clima social, beneficioso para la clase política, además de servir para abrir o potenciar mercados en el exterior, permitía engrasar el mecanismo mercantil y militar para mantenerlo funcionando a buen ritmo.

2012: el «interés nacional» en tiempos de paz

2012: el «interés nacional» en tiempos de paz

Ninguna amenaza militar pendía sobre España a comienzos del año 2012. No obstante, la doctrina de la renovación periódica de las Fuerzas Armadas constituía una cuestión de «interés nacional» que debía ser transversal e independiente de la ideología del partido en el poder: al menos esto habían aprendido los políticos con vocación de «responsabilidad» a partir de la transición.

Algunos expertos alertan de que el gasto militar está notablemente inflado en España, y de que el mantra de la importancia económica de esta industria para la economía y el empleo obedece a intereses poco relacionados con las necesidades de la población española.

Para Pere Ortega[4], especialista en temas militares y presidente del Centro Delàs de Estudios por la Paz, «la supuesta relevancia económica de la industria armamentística es una falacia difundida tanto por los gobiernos como por las propias empresas militares. El peso de la industria militar en España es mínimo, del 1,5 por ciento del PIB, como es mínimo el de las exportaciones, el 1,5 por ciento del total. La gran mayoría de las empresas de armamento son más de carácter civil que militar. En el ámbito de la producción militar, no hay más de 21 500 trabajadores y se facturan unos 7500 millones de euros al año, lo que en relación con el PIB es solo un 0,6 por ciento. La mayoría de las empresas en manos del Estado son deficitarias, y las sufragamos todos los españoles con nuestros impuestos».

Unas cifras excesivas de gasto y comercio de armamento requieren de una justificación ideológica para persuadir a la mayoría. En este punto entran en juego los denominados «intereses» de Estado. Así lo explica el especialista Pere Ortega: «Este concepto implica que los ciudadanos no estamos preparados para opinar por qué está en juego la seguridad del Estado. Estos intereses son una entelequia, un engaño, pues la seguridad también afecta a otros aspectos como la sanidad, la educación, el trabajo, la vivienda… En cambio, el Estado utiliza la cuestión para mantener un ejército sobredimensionado de 124 000 efectivos porque detrás de ellos está la seguridad de los españoles: eso es una mentira. Porque si uno estudia las directivas de Defensa, ve que para los peligros y las amenazas actuales no hace falta tener tantos blindados, fragatas, submarinos, aviones de combate… El peligro máximo viene de eso que llaman “terrorismo yihadista”, contra el que los ejércitos no pueden hacer nada y para el que hace falta remitirse a otros ámbitos, Policía, información y Justicia».

«Por inercia de siglos de historia hemos de mantener un ejército para disuadir ataques de no se sabe quién. O para intervenir en el exterior, en Mali, Líbano, Afganistán, Somalia… ¿Cuántos soldados hay en misiones mal llamadas de paz? No llegan a 3000. Si tenemos 124 000 en España, de los que 44 000 son mandos que nos cuestan mucho dinero, 18 500 millones de euros al año, es por aquello de que el resto de Estados también tiene ejército: pura inercia, pero no por una necesidad de la ciudadanía. El responsable es ese complejo militar industrial, donde se mezclan los intereses particulares de algunos políticos, de los altos mandos militares y de los accionistas de las empresas militares: un conglomerado que condiciona que todo esto continúe».

El nombramiento de Pedro Morenés a finales de 2011 como ministro de Defensa del gobierno de Rajoy suponía una señal inequívoca de que el conglomerado militar industrial tenía poco que temer. Su perfil y las entidades de las que procedía confirmaban, por una parte, su pertenencia a los círculos del complejo militar industrial y sugerían, por otra, el tipo de intereses que su ministerio pretendía favorecer.

Pero la trascendencia de dicho nombramiento iba mucho más allá, y se entiende mejor cuando se estudia la trayectoria del principal mentor de Morenés en los últimos decenios, uno de los referentes del establishment empresarial español. Se trata del exministro de Defensa Eduardo Serra, al que cabe dedicar un espacio propio.

Eduardo Serra: el hombre-Estado

Eduardo Serra: el hombre-Estado

Eduardo Serra Rexach representa, como ningún otro prohombre del régimen actual, ese perfil intersección de círculos multiplicador del poder estudiado por Mills. Este jurista estrechamente vinculado a la Monarquía trasciende los intereses de los partidos de la democracia inaugurada en 1977 para constituir uno de los pilares sobre los que descansa la estabilidad del sistema elitista.

Serra puede presumir de haber sido uno de los pocos dirigentes que ha ocupado altísimos cargos del gobierno y la Administración tanto con la UCD como con el PSOE y el PP.

La biografía y los logros profesionales de este estadista público-privado, presente en numerosas empresas multinacionales españolas y extranjeras, representa el correlato individual de cómo una democracia debe prestar suma atención a una serie de intereses que se mantienen a pesar de los cambios electorales. En este caso, se comprueba que la vulnerabilidad del Estado democrático no solo es financiera, sino que hay otros factores determinantes en un contexto en el que la guerra produce enormes beneficios.

Abogado del Estado con 28 años, Serra trabajó en el Ministerio de Educación para el ministro monárquico Aurelio Menéndez, preceptor del príncipe Felipe y fundador del famoso despacho jurídico Uría y Menéndez. En 1977, el corporativismo de los abogados del Estado —posiblemente, la red funcionarial de élite más poderosa, homogénea y cohesiva— lo llevó a dirigir el gabinete técnico del ministro de Industria Alberto Oliart, gozne fundamental entre los ministros técnicos de la UCD y los del PSOE, los principales responsables de la estabilización económica de la democracia posfranquista.

La Transición, además de fraguarse en las calles y en el recién nacido Parlamento, también se había nutrido de personas del antiguo Instituto Nacional de Industria (INI), en el que un centenar de empresas públicas esperaban su renovación, reconversión o extinción con fuertes presiones del entorno europeo y mundial, que enfilaba el despegue de la globalización neoliberal.

Serra ejerció en el INI como secretario de su consejo de administración hasta 1982, cuando el recién nombrado ministro de Defensa Alberto Oliart volvió a reclutarlo, en esta ocasión, como subsecretario ministerial, encargado de la adquisición de material armamentístico. La prensa destacó entonces el carácter civil del nuevo responsable de la planificación de compras de armamento, justo dos meses antes de que España decidiera su entrada en la OTAN.

Como se ha podido observar en este trabajo, ideología y posición social son dos aspectos que se retroalimentan. Dotado de una apasionada vocación atlantista, el subsecretario Serra insistió en la oportunidad que la pertenencia a la OTAN suponía para una industria armamentística que (leitmotiv oficial) reportaba numerosos beneficios y ventajas directas e indirectas para la economía española.

Su pragmatismo contribuyó a permitirle desarrollar una carrera meteórica, incluso tras la mayoría absoluta obtenida por el PSOE en octubre de 1982 que le ratificó en el cargo: «No soy socialista ni por el forro, pero España necesita una pasada de modernización y yo estoy del lado de los que quieren dar el salto»[5].

Un mal trago, el de convivir con el socialismo democrático, que no obstante para un caballero de la libertad occidental como Serra tuvo numerosas compensaciones, más cuando la posición de los socialistas españoles no apuntaba precisamente hacia peligrosas aventuras. «En el mundo hay dos concepciones hegemónicas: yo estoy del lado de la libertad y hoy por hoy el país líder de esa concepción es EE. UU.», dijo Serra.

Unos Estados Unidos que, además de encarnar dicha libertad, ocupaban la primera posición en los intercambios comerciales mundiales de armamento y tecnología militar, con España como primer cliente occidental desde 1982.

Los F-18: la sombra de una duda

Los F-18: la sombra de una duda

Encargado de la adquisición y la venta de material y tecnología militar en un contexto de progresiva aproximación a los Estados Unidos de Ronald Reagan, Serra lideró las negociaciones para la compra de 72 aviones de combate F-18 a la empresa norteamericana McDonnell Douglas, desde 1997 perteneciente a la multinacional Boeing.

Esta compra, cuyo contrato se rubricó en 1983, estuvo rodeada de polémica, pues se realizó por un total de 300 000 millones de pesetas y se decidió frente a las alternativas de otros países pertenecientes a la Alianza Atlántica y a la Unión Europea[6].

Los F-18 —que serían empleados en la guerra de la antigua Yugoslavia—, resultaban entonces carísimos para las arcas públicas. Además, los Estados Unidos reconocieron defectos en ellos durante el proceso de negociación, lo que hizo crecer las especulaciones en un contexto en el que los partidos fundadores de la democracia necesitaban de no pocos métodos financieros heterodoxos.

Eduardo Serra negó el cobro de comisión alguna en esta y en otras transacciones. Hay que tener también en cuenta el peso global que seguía teniendo Estados Unidos como una razón verosímil para explicar la elección final de los F-18. No hay que minusvalorar tampoco el papel de intermediario del bufete Garrigues, integrado por los más sonados representantes españoles en la Comisión Trilateral, organización fundada y controlada por los Estados Unidos.

El complejo militar industrial y sus intereses suelen venir acompañados de una letanía ideológica y estratégica: la pertenencia a la OTAN parecía ser la letra que acompañaba a la música lucrativa; las estrofas se combinaban y se repetían hasta que en el estribillo final resultara imposible alternativa alguna.

La entrada de los socialistas de Felipe González no afectó a Serra. El ya exministro Alberto Oliart lo recomendó al nuevo ministro, Narcís Serra, como el mayor entendido en la transacción de los F-18, una compra que trajo aparejados correlatos de carácter económico y político.

Este importante papel y otros más llevaron a que Serra fuese promocionado al cargo de secretario de Estado con la protesta del aparato del PSOE, que comprobó cómo la tecnocracia neoliberal, con otros casos como los de Miguel Boyer, Carlos Solchaga o Claudio Boada, se hizo con los puestos clave del gobierno presidido por Felipe González.

La adquisición de los F-18 no proporcionó a la aviación española especiales ventajas de carácter industrial; además, entre las contrapartidas estudiadas no figuraba ningún acuerdo que implicara el acceso de España a tecnología puntera de la primera potencia mundial. Todo parecía adquirir un fuerte carácter político cuando lo que quedaba por concretar eran meros intercambios culturales.

De manera paralela, el gobierno de Felipe González, ya consolidado en las estructuras del poder estatal, reflexionaba desde el oportunismo electoral del «OTAN, de entrada, No» a la conveniencia de legitimar la entrada a la organización atlántica a través de un referéndum que acabó presentándose como un plebiscito.

¿Un hombre de la CIA en España?

¿Un hombre de la CIA en España?

Desde su entrada en el ministerio de Defensa, solo dos meses después del ingreso de España en la OTAN, hasta su salida en 1987, quince meses tras el victorioso referéndum que convirtió a nuestro país en miembro de la Alianza, Eduardo Serra fue un importante intermediario entre la Administración española y las empresas de armamento de diversos países, entre las que las norteamericanas ocupaban el primer lugar.

Sus frecuentes viajes a los Estados Unidos se produjeron con el objeto, al principio, de continuar la negociación sobre los mencionados F-18, pero también para ir llevando a cabo labores de representación empresarial.

En 1985, participó en la inauguración de la sucursal norteamericana de la empresa española DEFEX, entidad de comercio armamentístico que requeriría de la contratación de un lobby autóctono para lograr que hubiese demanda de los productos armamentísticos españoles[7].

Algunos de los contactos más importantes de Serra para llevar a buen puerto estas misiones político-comerciales fueron principalmente el histórico general, diplomático y director de la CIA Vernon Walters, así como el menos conocido Frank Carlucci, dirigente de los servicios secretos norteamericanos, consejero de Seguridad de Ronald Reagan y embajador norteamericano en Portugal durante la Revolución de los Claveles, liderada por unos militares revolucionarios que lo calificarían de persona non grata por sus vínculos con los servicios de inteligencia. Buenas compañías para que Serra llevase a cabo operaciones legitimadas por los poco cuestionados «intereses de Estado»[8].

Vinculado o no a la CIA, representante directo o indirecto de los intereses militares norteamericanos, Eduardo Serra permaneció en las más relevantes instancias estatales durante el período de reflexión sobre la OTAN, en un contexto de guerra fría que solo comenzó a declinar cuando empezaba a ser patente el hundimiento de la Unión Soviética.

En 1987 anunció su primera retirada de la política, actividad de la que afirmaba estar cansado: «Mi vida no son las armas». Con el tiempo, esta frase resultaría una ironía.

Un intermediario de este calibre solo podía tener una excelente carrera empresarial, una constante de las élites tecnocráticas bajo el capitalismo. Sus conexiones no tardarían en ponerse en marcha para conducirle a uno de los mascarones de proa mejor vistos de la clase dominante, las fundaciones.

Blanqueadas por sus fines benéficos y con un tratamiento fiscal muy favorable, estas entidades sin fines de lucro constituyen un nudo de confluencia de grandes empresarios y autoridades influyentes, con la frecuente presencia de miembros de la Monarquía.

Serra recibió a la salida del ministerio una llamada de otro de los próceres de la democratización del país, el exministro de Defensa Manuel Gutiérrez Mellado. Este, conmocionado por la epidemia de la drogadicción que acababa de cebarse con la vida del hijo de un amigo suyo, iba a presidir la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD) y le pidió a Serra que ocupase el cargo de director general.

Serra se integró en esta organización, que contó con la reina Sofía como presidenta de honor y que representaba un inmejorable trampolín para el sector empresarial. En este, Serra comenzó presidiendo Telettra España, empresa de tecnología para la defensa que tenía numerosos contratos con el Estado.

Serra, que todavía afirmaba «defender el interés público más que el privado», sería también presidente de Cubiertas y MZOV, posteriormente denominada Acciona y presidida por los hermanos Entrecanales, próximos al rey Juan Carlos. Cubiertas y MZOV participaba por entonces en el corrupto entramado empresarial que financiaba con sus comisiones el escándalo Filesa y que, además, efectuaba pagos al entonces director general de la Guardia Civil, el futuro prófugo Luis Roldán[9].

Unos años más tarde, Serra tuvo la oportunidad de explicarse en sede parlamentaria, pero como suele ocurrir el testigo solo afirmó que no tenía conocimiento de unos pagos que estaban en marcha antes de su entrada en esa compañía privada.

En 1991 aceptó presidir el Desafío España 92 Copa América de Vela, un deporte que practicaba el futuro rey Felipe VI, y por el cual competiría representando a España un año después en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

Antes de su inesperado regreso a la política, Eduardo Serra siguió rentabilizando su contacto previo con las entidades de tecnología militar y aplicaciones civiles: estuvo al frente de Alcatel Standard Ibérica, de Peugeot Talbot España y de la que aspiraba entonces a ser la segunda operadora de telefonía móvil de España, Airtel, posteriormente adquirida por Vodafone.

Tal como han reflexionado sociólogos norteamericanos como el ya mencionado C. W. Mills y también Michael Useem, los grandes empresarios de un país, los que encadenan y simultanean numerosos consejos de administración y, por tanto, pertenecen a un cierto inner circle o círculo interior, tienden a identificar el interés privado con el público, equiparando los objetivos de sus empresas con los de la nación a la que pertenecen[10].

La realidad desafía a las ciencias sociales dominantes: la gestión de las mayores entidades remite al ámbito internacional, por las necesidades de importación y exportación de materiales y productos. En dicho ámbito, las relaciones con altos mandos políticos son imprescindibles y los contactos adquiridos pueden ahorrar muchos quebraderos de cabeza. Además, estas empresas son receptoras de numerosas ayudas públicas y cuentan con una enorme capacidad de presión para mejorar sus resultados contables.

Por estas razones, y por otras más, este madrileño de entonces 50 años dio la sorpresa en la primavera de 1996 cuando José María Aznar decidió reclutarlo como ministro de Defensa. Un ministerio que no le iba a ser precisamente extraño y donde él ya sabía muy bien a qué iba y qué se suponía que tendría que hacer.

1996: las «cloacas» buscan un nuevo guardián

1996: las «cloacas» buscan un nuevo guardián

El inesperado regreso a Defensa de Eduardo Serra sorprendió al propio PP, el partido que formó gobierno en 1996, pero no a los garantes de los secretos del Estado. Sobre esta incorporación de última hora al ministerio de lo militar ha habido diversas especulaciones. La más ajustada a la trayectoria de un hombre-Estado como Serra es probablemente la del periodista Jesús Cacho en su libro El negocio de la libertad[11].

Para Cacho, el nombramiento de Serra como ministro de Defensa respondió a una exigencia del expresidente González, que había amenazado al rey Juan Carlos I con llevarse «por delante a quien haga falta» si con la entrada del gobierno conservador se publicaban los denominados «papeles del CESID», específicamente en lo que se refería a los archivos de la guerra sucia contra ETA.

El ministro de Defensa que iba a ser elegido por Aznar, Gabriel Arias Salgado, había expresado su intención de proceder a la publicación de dichos papeles. En una conversación telefónica, reconstruida en el trabajo del citado periodista, Felipe González exigió al expresidente Adolfo Suárez que se reuniera con el rey de inmediato para comunicarle este mensaje:

Felipe González. Que llame a capítulo a Aznar y le diga que arregle eso antes de que sea demasiado tarde para que todos tengamos la fiesta en paz, porque aquí no se ha contado toda la verdad de la lucha antiterrorista.

Adolfo Suárez. Pero bueno, habrá que llevar alguna idea preparada, tener una alternativa a Arias (Salgado), por si Aznar acepta el cambio o el propio monarca lo pide.

Felipe González. Esa alternativa existe.

Adolfo Suárez. ¿Cómo se llama?

Felipe González. Eduardo Serra.

La operación cumplió sus objetivos, pues el rey se reunió con Aznar y, como concluye Jesús Cacho, «el futuro presidente del gobierno entró en Zarzuela con un ministro de Defensa in mente y salió con otro»[12].

Pese a sus influyentes apoyos externos, los cuatro primeros años del gobierno de Aznar no fueron plato de buen gusto para Serra. Este rubricó el fin del servicio militar obligatorio y profundizó los lazos militares españoles con la OTAN. La guerra en la antigua Yugoslavia contó con la participación del ejército español y sus F-18, que se pusieron al servicio de quien había hecho posible su onerosa compra más de una década antes.

Entusiasta del atlantismo, Serra mantenía vínculos con pensadores como su asesor en Defensa Rafael Bardají, fundador del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES) y, en la actualidad, miembro de la dirección del partido de extrema derecha Vox, a través del cual mantiene contactos con el exestratega de Donald Trump Steve Bannon, que coordina un grupo de partidos ultra para destruir la Unión Europea.

El GEES es un think tank colindante con la Fundación FAES que asesoró a José María Aznar en relación con la guerra de Irak. Un artículo de Bardají a finales de 2008, en el que este se declaraba admirador de Chuck Norris[13], resulta suficientemente ilustrativo de la ideología de los ocupantes de La Moncloa entre 1996 y 2004.

El GEES representaba un pequeño asteroide ideológico dentro de la constelación neoconservadora y guerrera que vivió el mundo occidental después de los traumáticos atentados del 11 de septiembre. Para entonces, Eduardo Serra ya había cesado en su desempeño como ministro y dirigía el Real Instituto Elcano de estudios estratégicos, con Rafael Bardají como mano derecha.

La inspiración militar de dicho instituto y de sus publicaciones permiten deducir que su posición respecto a la contienda iraquí y la participación española en esa guerra era de firme aceptación. Unos ponían la guerra y otros, las redes de influencia, de pensamiento y de persuasión. La construcción militar de la realidad, tal como ya había sido analizada para los Estados Unidos de los años cincuenta, seguía funcionando de maravilla.

No obstante, el papel de Serra en la primera legislatura de Aznar no se limitó a la guerra, ya que paradójicamente también tuvo que poner paz en los bajos fondos del Estado, en las «cloacas» institucionales que, después de una compleja guerra contra el terrorismo etarra, libraban una difícil batalla.

Como hemos visto más arriba, la prensa conservadora exigía la desclasificación de los «papeles del CESID», algo que Aznar había prometido desde la oposición. Valedor de los intereses del Estado y consciente de su misión, Serra se opondría a estas revelaciones a pesar de las resoluciones favorables del Tribunal Supremo.

Quien fue ministro de Defensa entre 1996 y 2000 llegó a ser caricaturizado por el escritor Manuel Vázquez Montalbán como el Señor Lobo[14] de la democracia, tomando el mote del carismático personaje que en la película de Quentin Tarantino Pulp Fiction gestiona la desaparición de los rastros de sangre.

Para Vázquez Montalbán, Serra no ocultaba secretos de Estado, sino que era en sí mismo «el secreto de Estado». A la democracia, con los progresistas o con los conservadores en el gobierno, no se la puede dejar mucho tiempo sola.

Pero la gestión en Defensa no solo consistió en evitar escándalos que afectaban a la consagrada seguridad nacional. A Serra se le atribuyen también los denominados Programas Especiales de Armamento (PEA), unos planes que, en coherencia con el avance español en la Alianza Atlántica, exigen una ambiciosa y constante renovación de la tecnología militar armamentística.

En la puesta en marcha de los citados programas, Serra fue asistido por su secretario de Estado de Defensa y número dos, el abogado vasco Pedro Morenés.

Más adelante, cuando este último tomó posesión de la titularidad de la cartera de Defensa a principios de 2012, los PEA ya suponían al Estado una deuda de hasta 30 000 millones de euros que el gobierno iba a tener que asumir mediante numerosas operaciones contables y el incondicional y poco consciente apoyo de los contribuyentes.

«Gobernando» desde las empresas

«Gobernando» desde las empresas

De nuevo, y como ya le había ocurrido en 1987 con los socialistas, a principios del año 2000 Serra anunció que no continuaría como ministro; el gobierno de Aznar lo nombró presidente del Real Patronato del Museo del Prado. En el año 2001 ya dirigía el recién creado Real Instituto Elcano, fundación privada de estudios internacionales y militares.

Esta nueva organización ofreció su presidencia al entonces príncipe Felipe, que la rechazó, al considerar, con no poca habilidad borbónica, que estaba demasiado sesgada hacia el PP.

Las compensaciones por sus servicios políticos no han sido pocas. Serra ha acumulado presencias en numerosos consejos de administración, como los de las financieras UBS Warburg, Rotschild y Deutsche Bank, además de los de otras entidades clave como Nokia, Faes Pharma, Pharma Mar, Vodafone-Ono y Everis. De esta última cabe destacar su división aeroespacial y de defensa, lo que le ha llevado a establecer numerosos contratos con el Estado.

Seguir el rastro empresarial de Serra es tan complicado como encontrar el punto exacto de separación entre los intereses y las necesidades de un Estado tecnológicamente avanzado y el mundo de los negocios. A la vista de esta trayectoria se entiende mucho mejor el liderazgo de este empresario en la iniciativa Transforma España que, promovida precisamente por la Fundación Everis, propuso al rey Juan Carlos I en plena crisis del Euro un cambio sustancial en las estructuras de la sociedad y de la economía española.

En ella, Serra ejerció como delegado de las grandes empresas y exigió un impulso político para que el endeudado empresariado nacional recuperara la confianza del capital financiero.

Morenés: nobleza (y armamento) obliga

Morenés: nobleza (y armamento) obliga

La narración anterior describe el perfil del hombre de Estado, discretísimo homínido que contribuye con sus acciones más o menos diplomáticas a la estabilidad de las instituciones, se sometan estas o no al escrutinio democrático.

A este tipo de individuo privilegiado no se le debe confundir con la figura del «conseguidor», pues su elevado nivel educativo y su ideología le llevan a establecer prioridades que hacen que los beneficios materiales no crezcan de manera tan exponencial como ocurre en los casos de ese otro tipo de intermediarios.

No obstante, y llegados a ciertos niveles de gobernación de lo público y de lo privado, nadie pasa por grandes carencias. El sucesor más significativo de Serra fue Pedro Morenés, que sustituyó en enero de 2012 a Carme Chacón en el Ministerio de Defensa.

Su trayectoria puede extenderse hasta más allá de lo deseable. Su nombre y apellidos reflejan su entorno familiar y social: Pedro de Morenés y Álvarez de Eulate. Procede de la nobleza hispana por casi todos los costados: hijo de José María de Morenés y Carvajal, vizconde de Alesón, es, además, nieto de los condes de Asalto, biznieto del barón de Las Cuatro Torres y también del marqués de Mac Mahon.

Un repaso a su árbol genealógico permite encontrar algunos de los apellidos más célebres de la nobleza, de la política y de la riqueza española de ayer y de hoy: Carvajal, Urquijo, Mac Mahon, Aguirre, Hurtado de Mendoza[15]…

Los apellidos de su esposa, con la que ha tenido tres hijos que han prosperado en el mundo de la empresa, apuntan a cierta similitud social: Ysabel María Goretti de Euscariaza y Barreiro. Los diversos y constantes cruces de apellidos que la agitada vida de los Grandes de España ha llevado consigo generan una red aristocrática por la que, por ejemplo, el ahora ya exministro de Rajoy estaba vinculado a otros miembros de aquel gobierno, reforzando aún más la cohesión del ejecutivo conservador de 2012.

Por una parte, Morenés es primo de la esposa del exministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, barón de Claret; por otra, está relacionado con el exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, ya que su prima Teresa, condesa de Asalto, es viuda de un hermano de Micaela de Domecq y Solís Beaumont, esposa de Cañete, descendiente de la nobleza agraria española y una de las mayores latifundistas de Andalucía.

Su conexión con la Monarquía española era casi inevitable. Más aún cuando su primo segundo, Francisco de Borja Prado de Eulate, presidente de Endesa, es hijo del también noble Manuel Prado y Colón de Carvajal, descendiente directo de Cristóbal Colón y exadministrador de las finanzas de Juan Carlos I, con prisión de por medio.

A Morenés y a los Prado, padre e hijo, los unía asimismo su experiencia en el sector del armamento, en el que Manuel Prado destiló excelencia como intermediario y en el que su hijo Borja había trabajado con el traficante de armas saudí Adnan Kashogui[16] en los años ochenta, protegido por algunos ministros socialistas.

Un alumno aventajado

Un alumno aventajado

Titulado en la opusdeísta Universidad de Navarra, Morenés dirigió la armamentística Sapa Placencia, que en la actualidad se encuentra a la vanguardia de la tecnología militar y tiene relevantes contratos con los Estados Unidos.

Otra de sus especialidades fueron los astilleros, lo que lo llevó a la semipública Astilleros Españoles y a la Dirección Comercial del Instituto Nacional de Industria, en cuyo consejo de administración se sentaba por entonces Eduardo Serra. Este último se lo llevó, primero, al Desafío de la Copa España de Vela y, después, a la Secretaría de Estado de Defensa, el segundo escalón del ministerio.

Frente a la convulsa gestión de Serra durante el primer gobierno de Aznar, su mano derecha disfrutó en Defensa de un cuatrienio más pacífico que le permitió gestionar operaciones comerciales de armamento en países como Arabia Saudí, un país que es, valga la redundancia implícita, la Meca de la venta de tecnología militar española, así como del «oro negro» para una economía tan dependiente de la energía importada como la nacional.

Al reino saudita acudió acompañando al entonces Príncipe de Asturias, el actual rey Felipe VI, que parece continuar el legado diplomático y militar de su padre, el emérito Juan Carlos I.

Defensa no fue ajena a la gran privatización de los años noventa. Este ministerio asistió a la venta de empresas como Construcciones Aeronáuticas, CASA, que pasó a integrarse en el consorcio europeo EADS, en el que participa Airbus; por su parte, Santa Bárbara fue adquirida por la norteamericana General Dynamics.

Estas entidades y otras del sector privado muestran un rasgo característico del complejo militar industrial: la presencia entre sus directivos de altos mandos del Ejército español de Tierra, Mar y Aire. Se trata de un tipo de puerta giratoria del que no se habla nunca jamás en los medios de comunicación, que, además, no queda afectada por la Ley de Incompatibilidades y que contribuye con mucho a alimentar la red de la élite del armamento.

De los soldados a los espías

De los soldados a los espías

La renuncia de Eduardo Serra en el año 2000 llevó a Morenés a la secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior. Allí sustituyó a Ricardo Martí Fluxá, otro hombre de Estado vinculado al rey Juan Carlos I que ocupó posiciones directivas en empresas de tecnología militar y en otras entidades con y sin ánimo de lucro, como el Patronato del Museo Reina Sofía. Su sucesor en Interior, Morenés, gestionó el clima de inseguridad social provocado por los nuevos atentados etarras y por las consecuencias del 11 de septiembre de 2001.

Esta inseguridad representaba, además, una oportunidad de negocio irrenunciable. Especialmente para la familia Mayor Oreja, cuyo miembro más conocido había ocupado la titularidad de Interior hasta 2001. Xabier Arzalluz, presidente del Partido Nacionalista Vasco, insinuó en 2002 la existencia de intereses de dicha familia en entidades como Eulen, Securitec, Prosegur y Protección y Custodia, lo que le costó diversas querellas[17].

La dureza antiterrorista se correspondía con el éxito y el lucro en empresas del sector, lo que permite concluir que existen puertas giratorias para todos los ámbitos de la vida social. Pedro Morenés tampoco se privaría de ello.

Durante sus dos últimos años en el ejecutivo Aznar, gestionó desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología préstamos a interés cero para favorecer que la compra adicional de armamento no se reflejara en el presupuesto de Defensa. En 2004, cuando ganó las elecciones José Luis Rodríguez Zapatero, el sector privado lo recibió con los brazos abiertos.

Un momento para volar alto

Un momento para volar alto

Dirigir empresas privadas no significa olvidarse del Estado. Desde 2004, Morenés lo demostraría: en primer lugar, desde Kuitver Estudios, especializada en I+D militar que asesora al ministerio de Defensa; en segundo, desde Segur Ibérica, contratista del Estado encargada de velar por la seguridad de los atuneros españoles en el océano Índico; en tercero, desde Instalaza, fabricante de explosivos y de las denominadas bombas racimo, empleadas por el dictador Gadaffi contra la población rebelde y prohibidas por la Unión Europea.

Esta entidad, que también había contado en el pasado con directivos vinculados al PSOE, exigió una compensación por el lucro cesante derivado de dicha prohibición. El ministro Morenés suscribió a partir de 2012 suficientes contratos con Instalaza como para considerar saldado el desagravio, una discreta forma de satisfacer el interés privado con los fondos de todos los ciudadanos. Cosas de quienes tienen la sartén —y la información— por el mango[18].

La clase dominante parece hiperactiva cuando hay dinero de por medio. Morenés fue presidente de MBDA, la entidad europea más importante en la fabricación de misiles, participada por el gobierno español y por el gigante EADS, precisamente al que Defensa había vendido la entidad pública CASA.

Atesoró también puestos directivos en Gamo Outdoor, fabricante de pistolas y de rifles; en el astillero Construcciones Navales del Norte; y en Aritex Cading, empresa dedicada al diseño militar industrial. Todo un cóctel de discutibles compatibilidades que habría que considerar cuando este empresario jurara su cargo como ministro de Defensa de Mariano Rajoy. Pero eso no ocurrió, naturalmente.

Todos estos cargos le permitieron hacer buenos los presagios nobiliarios y proyectar su buena sangre a notables cuentas corrientes y otros tipos de activos. Pero a los estadistas privados como él se les exigen generalmente algunos peldaños adicionales de responsabilidades, pues la arquitectura de la dominación democrática alberga diversas instituciones que no por menos conocidas son irrelevantes.

Por una parte, ejerció como secretario general del Círculo de Empresarios, una de las asociaciones empresariales más importantes en España; algunos de sus compañeros en la dirección entraron también en el gobierno de Rajoy. Por otra, fue presidente del Club Puerta de Hierro, que no admite nuevos miembros desde 1987 y que acoge a los integrantes de la Monarquía, de la nobleza y de la élite empresarial. En este entorno, quienes se conocen bien pueden llegar a acuerdos que afectan a todos los ámbitos de la vida social. Como curiosidad, su número dos y vicepresidente del club fue entonces el marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro.

Los cuatro samuráis del Reino

Los cuatro samuráis del Reino

A finales de 2011 volvía Morenés al gobierno de un partido que había tenido tiempo de sobra para solicitar sus servicios. La red empresarial armamentística se reconfiguraba, y algunos de sus más importantes representantes regresaron al Estado.

El gijonés Pedro Argüelles, secretario de Estado de Defensa, había sido el jefe de gabinete del ministro Serra hasta 2000 y venía de presidir Boeing España. Puede no ser una casualidad que Boeing hubiera absorbido en 1997 a Mac Donnell Douglas, la entidad fabricante de los F-18 adquiridos gracias al trabajo de Eduardo Serra. El complejo militar industrial en España se encuentra a buen recaudo, en manos de unos pocos que, a su vez, se mantienen bien relacionados entre sí y con las empresas clave del sector.

Pedro Argüelles no puede circunscribirse únicamente al ámbito aeronáutico y militar; cabe destacar su pertenencia a una saga asturiana de la industria y las finanzas que dio nombre a un barrio madrileño. Biznieto del conde de Revillagigedo, el secretario de Estado de Defensa desciende de varios ministros de la monarquía borbónica, lo que hace que el Estado le resulte un lugar familiar.

Su familia había pugnado a finales de los años ochenta por el control del entonces primer banco español, Banesto, aunque cedió ante Mario Conde. Poseedores de una fortuna diversificada en numerosas empresas rústicas, inmobiliarias y de bebidas gaseosas, fundaron el Banco Alcalá, especializado en grandes patrimonios.

Morenés potenció las exportaciones de las empresas de armamento en un contexto de crisis nacional, así como la consolidación de un polo industrial para las entidades del país. Para ello intentó nombrar a su mentor, Eduardo Serra, consejero de Airbus. Esta tentativa, pese a fracasar, mostraba que la red de influencias gozaba de buena salud.

Lo que sí logró fue el reclutamiento de otro viejo conocido del clan, el abogado del Estado, Adolfo Menéndez, como presidente de la patronal de las empresas de armamento, TEDAE, precisamente en sustitución de Julián García Vargas, exministro de Defensa de Felipe González. Menéndez sumaría a este influyente cargo el de consejero de Indra por designación gubernamental.

Estos movimientos habían logrado reunir a cuatro «samuráis» del Reino de España y de las empresas más relacionadas con las Fuerzas Armadas: Morenés y Argüelles, empresarios de alta alcurnia, ocupaban el primer y segundo lugar del ministerio de Defensa; Serra, delegado de lujo de la Alianza Atlántica, presidía diversas fundaciones como Transforma España y figuraba en una entidad de armamento, Everis; Adolfo Menéndez no les iba a la zaga. Gijonés como Argüelles y sobrino de Aurelio Menéndez, que había sido ministro de Educación del primer gobierno de la Monarquía, era entonces secretario general de la Fundación Princesa de Asturias.

Experto jurídico en Ernest and Young y en el despacho de su tío, Uría y Menéndez, este enlace clave con la dinastía borbónica profesa asimismo el atlantismo, lo que le llevó a ser vicepresidente de la Asociación Atlántica Española. Esta está patrocinada por las principales empresas de armamento del país y había sido presidida, cómo no, por Eduardo Serra. Con Pedro Argüelles como presidente en el momento en que escribo estas líneas, esa entidad espera con paciencia la llegada, algún día, del cuarto guerrero monárquico, es decir, de Pedro Morenés. Relaciones endogámicas, de influencia y amistad que dan lugar a un universo sumamente cerrado.

El cambio de gobierno que se produjo en 2016 vio llegar a Defensa a la secretaria general del PP, la abogada del Estado Dolores de Cospedal, espina dorsal del partido conservador hasta finales de 2018. Cospedal no tenía vínculos directos con el armamento, pero sí indirectos con la seguridad y las telecomunicaciones: su marido, Ignacio López del Hierro, no había hecho asco alguno a los sectores de la construcción, eléctricos, financieros, de seguridad y de tecnología civil y militar.

También había financiado al PP por la puerta de atrás, y sus apellidos aparecen en diversos sumarios judiciales, pero esa es otra historia[19]. La última aparición mediática de López del Hierro y su esposa fueron las grabaciones hechas por el excomisario Villarejo en donde ambos figuraban en una supuesta trama que pretendía evitar que Luis Bárcenas pudiese delatar al partido político del que era tesorero[20]. El escándalo obligó a Cospedal a dimitir de sus cargos en el partido y el Congreso.

Entretanto, Morenés había cruzado el Atlántico para hacerse cargo, hasta el sorpresivo regreso de los socialistas al poder mediante la moción de censura de 2018, de la embajada española en Washington. Un destino estratégico para que vaya venciendo el periodo de incompatibilidades y para mantener contactos con el lobby de armamento norteamericano que tan bien conoce Eduardo Serra.

Los hombres del rey (del actual y de su padre), hermanos mayores de toda la intermediación bélica con el extranjero, siempre han preferido importar de los Estados Unidos. Compensaciones no les han faltado. Esta historia continúa con nombres distintos y una música similar.

DEFENSA… DE PRIVILEGIOS. El abogado del Estado Eduardo Serra fue uno de los mayores mentores del ministro de Defensa Pedro Morenés. Serra había trabajado como jurista de los ministros de la transición Alberto Oliart y Aurelio Menéndez —fundador de Uría y Menéndez, preceptor del Rey Juan Carlos y tío de Alfredo Menéndez—. Oliart recomendó al ministro socialista Narcís Serra que Eduardo Serra permaneciera en Defensa a partir de 1983, donde ascendió a secretario de Estado. Afín a los clanes monárquicos, Serra fue director de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y del Desafío España 92 Copa de América, instituciones presididas por miembros de la Familia Real. Cuando José María Aznar formó gobierno en 1996, Felipe González presionó al rey Juan Carlos para que el discreto y fiable Eduardo Serra fuera ministro de Defensa. Su mano derecha, su secretario de Estado, sería Pedro Morenés Álvarez de Eulate, primo del presidente de Endesa Borja Prado, precisamente hijo del administrador de las finanzas del Rey Emérito, el ya fallecido Manuel Prado y Colón de Carvajal. A Morenés se unieron Pedro Argüelles y Adolfo Menéndez, que, junto a Serra, han sido cuatro de los mayores guerreros del Reino y directivos de empresas relacionadas con el armamento, industria que mantenía y mantiene suculentos contratos con el Estado español.

8. El retorno de Montoro: asesores fiscales al mando de la Hacienda nacional

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El retorno de Montoro: asesores fiscales al mando de la Hacienda nacional

No habrá nunca un ministro de Hacienda universalmente querido, ninguno será para los españoles un nuevo Espinete. En plena crisis, y ante la carencia de una política monetaria autónoma, en el año 2012 España se vio abocada a someterse a un nuevo plan de choque. Con los socialistas masacrados y el «no hay alternativas» sancionado desde Bruselas, las urnas habían decretado el regreso de Cristóbal Montoro al poder ejecutivo.

Un ministro para una crisis fiscal que había sido consecuencia del pinchazo de un modelo productivo enfermo, pero que también resultó del hecho de que muchos de los más importantes deudores potenciales de Hacienda prefieren usar toda clase de agujeros legales para esconderlo en otro sitio.

Para que esa tarea de evitar el pago de impuestos que corresponde a las grandes corporaciones y grandes fortunas sea más sencilla, muchos de los vigilantes profesionales del fraude se dedican en su tiempo libre y no tan libre a formar a los grandes asesores de la elusión fiscal; sumemos a eso el funcionamiento escasamente independiente de la Agencia Tributaria en su cúpula, más el hecho de que un número importante de altos funcionarios del ministerio de Hacienda suelen desplazarse entre la Administración y las grandes empresas sin quedar afectados por la Ley de Incompatibilidades, un hecho escandaloso que ni siquiera es denunciado ni analizado por los medios de comunicación, que hasta ahora han concedido escasa relevancia a este tipo de traslados exentos de glamour político.

Todos estos fenómenos, que ya son estructurales, quedan ejemplificados por la conducta profesional del ministro Montoro. Su liderazgo en Equipo Económico, una empresa de lobby y consultoría dedicada a la planificación fiscal agresiva para determinadas empresas, es decir a ahorrarles el pago de impuestos de manera masiva aprovechando todas las fisuras del sistema fiscal que ellos, como expertos en la hacienda pública, conocen mejor que nadie, demuestra que jamás resolverán un problema quienes, primero, contribuyeron a generarlo y, después, no sienten verdaderamente ningún deseo de encontrar soluciones consistentes en que esas grandes fortunas y corporaciones paguen al fisco lo que deberían pagar. Tarde o temprano esos altos funcionarios volverán a ser asesores fiscales especializados en la evasión legal de las obligaciones fiscales de sus clientes.

Montoro regresó para otra cosa: nuestra crisis fiscal refleja en las cuentas nacionales el dominio de clase, fortalecido durante un período crítico que había incrementado las desigualdades y había entronizado en el poder a la derecha más dura y más entregada a los ricos.

La prepotencia verbal y de actitud que mostró siempre el ministro Montoro ilustraba la debilidad de nuestra democracia ante quienes no se presentan a comicios pero consiguen que sus deseos queden legitimados a través de las instituciones elegidas. La red tecnocrática que el ministro desplegó en Hacienda fue una excelente correa de transmisión para convertir eso en realidad.

Su gestión fue un fiel reflejo de lo arriba mencionado: aumentó los impuestos a las rentas del trabajo de manera prioritaria, y fue muy suave con un capital esquivo y dotado de infinitos asesores que le ayudaban a eludir su deber. Una condición que, según un medio cercano al capital financiero como el Financial Times, afecta a la mayoría de los países: después de la crisis, los grandes capitales y las mayores empresas tributan mucho menos que antes de que estallara el crash[1].

Que el ministro recaudador desde 2012 hubiera sido asesor fiscal de muchas de las grandes empresas españolas permite confirmar una ley social que ha estado presente a lo largo de este amplio relato: existe una relación relevante entre los centros de extracción de los dirigentes estatales, sus lugares sociales de procedencia y las decisiones que estos adoptan desde el gobierno público. Se trata, en definitiva, de un «blanqueo político» que consiste en la legitimación democrática de los intereses de una reducida élite económica sobre una mayoría anestesiada y carente de organización.

La vida política está llena de paradojas. El ascenso de Montoro al que fuera ya su ministerio en el año 2000 resultaba de unas elecciones en las que la mayoría había votado en consonancia con la voluntad e influencia de los mercados financieros y de las instituciones comunitarias.

Desesperados ante el desempleo, los ciudadanos prefirieron una cierta reactivación económica a cambio de menor protección y justicia social. Una nueva victoria de la ideología dominante y unas expectativas que este ministro y sus compañeros no iban a defraudar precisamente.

El funcionario que siempre estuvo allí

El funcionario que siempre estuvo allí

La recaudación fiscal, en un país que carece de soberanía monetaria, constituye la única vía para financiar la inversión pública y las transferencias sociales, lo que debe proporcionar oxígeno para el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad.

A pesar de las caricaturas de determinados medios de comunicación y de la escasa capacidad seductora del catedrático jienense, este compañero de fatigas de Mariano Rajoy puede considerar hoy que su gestión ha sido relativamente exitosa.

Montoro logró imponer una imagen de responsabilidad económica y financiera, el último recurso electoral que el PP podía esgrimir en un contexto de corrupción sistémica. Si a algo podían agarrarse sus más incondicionales votantes era a la capacidad de sus gobiernos de generar «confianza» en lo que se llaman «los mercados».

Dicha confianza, paradójica, se consiguió flexibilizando las exigencias fiscales para hacer de España un territorio económico más atractivo de cara a las inversiones. La gestión tributaria del Estado no podía ser muy distinta de la que estos dirigentes habían procurado para sus negocios particulares.

Pero hay mucho más, mucho que parece haberse olvidado. Una memoria que pretenda superar a la de los peces sugiere que el titular conservador de la cartera de Hacienda no solo no podía traer consigo la cura a la enfermedad económica española, sino que él mismo era parte nuclear del problema.

Primero como ministro de José María Aznar y, después, como asesor económico de la oposición a Rodríguez Zapatero, Cristóbal Montoro había formado parte significativa del entramado político y económico que había llevado a España a una quiebra virtual.

La burbuja inmobiliaria, la parálisis financiera, la epidemia de endeudamiento… Todas estas proezas se gestaron con este gobernante como ministro o como asesor, y el hecho de que esto no se recordara hasta la saciedad en los telediarios parece sin duda exclusiva responsabilidad de los programadores del espectáculo informativo y, secundariamente, de unos ciudadanos demasiado apáticos para una agotadora protesta cotidiana.

Una «sangre azul» adquirida con esfuerzo

Una «sangre azul» adquirida con esfuerzo

El origen de su pertenencia a la élite política no se encontraba, en el caso de Montoro, en la cuna. A diferencia de buena parte de sus compañeros, su sangre no es azul; su biografía se corresponde con la del directivo que ha llegado al despegue de su carrera gracias a su esfuerzo y al de sus progenitores y que, en el curso de esta trayectoria, ha adquirido las ideas necesarias para poder escribir una pequeña parte de la historia nacional.

Hijo de andaluces emigrados a Madrid, tanto su hermano Ricardo —que dirigió el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)— como él demuestran la selectiva movilidad ascendente del capitalismo español. Los dos hermanos lograron obtener sus respectivas licenciaturas en la Universidad Autónoma de Madrid. Ambos avanzaron en el mundo universitario hasta llegar a ser catedráticos, aunque Cristóbal solo lo consiguió desplazándose a Cantabria.

En la Universidad Autónoma, estos hermanos convivieron con futuros altos cargos del Partido Popular como José Folgado (en su momento mano derecha del luego caído en desgracia Rodrigo Rato), que llegó a ser presidente de Red Eléctrica, o como Fernando Becker, posteriormente consejero delegado de Iberdrola. El maestro de todos ellos fue el profesor José Ramón Álvarez Rendueles, un ejemplo más del poder de la tecnocracia española.

Álvarez Rendueles, catedrático de Economía, economista del Estado (teco) y gobernador del Banco de España entre 1978 y 1984, formó parte de esa élite que durante la Transición presidió las principales instituciones económicas españolas, dando los primeros pasos para la estabilización monetaria tras las dos crisis de la década de 1970.

Sus vínculos con futuros banqueros centrales como Ángel Rojo y Mariano Rubio, más próximos a los socialistas, muestran la inevitable influencia de la «tecnoestructura», esa red de tecnócratas y académicos a la que nos estamos refiriendo a menudo como marco teórico que explica los fenómenos españoles que analizamos en este libro. Una tecnoestructura que defiende las decisiones llamadas «de sentido común», generalmente coincidentes con los deseos de los poderes económicos nacionales, los inversores mundiales y las instituciones comunitarias.

Una señal de la omnipotencia de este persistente consejo de sabios es que ni la UCD, ni el PSOE ni el PP se han privado nunca de su asesoramiento. Con su típico desarrollismo productivo combinado con elecciones y cierta protección social, la economía española parece obligada a continuar con un modelo monolítico e invariable: nuestros banqueros centrales no han insistido demasiado en hacer algo diferente.

En las décadas de 1980 y 1990, Montoro asesoraba a la patronal de los empresarios, la CEOE, a través del Instituto de Estudios Económicos; además, alternaba como economista en el servicio de estudios del Banco Atlántico. Ya por entonces consideraba que la contención salarial y la congelación de los sueldos de los funcionarios y de las pensiones representaban las soluciones más adecuadas para la buena marcha de la economía corporativa.

En poco tiempo podría aplicar estas recetas, y cuando la coyuntura fue crítica, esgrimió como argumento indiscutible que las dificultades de la crisis le habían obligado a ello.

A través del sociólogo Pedro Arriola —marido de Celia Villalobos, diputada del Partido Popular—, Montoro pudo acercarse a un todavía entonces emergente José María Aznar, un inspector de Hacienda con escasa pegada mediática en quien a finales de los años ochenta casi nadie creía.

Montoro se prestó a ser el tutor económico del futuro presidente conservador, lo que lo llevó a estrenar escaño en un Congreso de los Diputados que, en 1993, presenciaba cómo el portavoz económico Rodrigo Rato denunciaba la corrupción socialista frente a una alternativa limpia y llena de ilusión por hacer llegar el empleo y la prosperidad a todos los ciudadanos.

El cemento es el futuro

El cemento es el futuro

La victoria de José María Aznar en la primavera de 1996 llevó a Montoro al segundo escalón del Ministerio de Economía y Hacienda, detrás de Rodrigo Rato, promotor del denominado «milagro económico español», un mito que, después de todo lo sucedido, merece una explicación alternativa a la más conocida.

Mientras las entonces desconocidas tramas de corrupción se extendían como metástasis por el mapa territorial del PP, la economía crecía a elevadas tasas del PIB, generando crecientes oportunidades de empleo, consumo, endeudamiento y ostentación. Todo el mundo podía tener un piso, y esto parecía deberse al impulso del gobierno Aznar.

La entrada en el Euro (1999) había igualado la solvencia de una serie de países que eran, en el fondo, muy distintos. En nuestro caso, a partir de entonces al Estado español, a las empresas patrias y, sobre todo, a las finanzas privadas les resultaba muy fácil endeudarse, ya que la moneda única generaba una enorme confianza a los acreedores.

Uno de los principales acicates para el modelo insostenible de la construcción fue la Ley del Suelo de 1998. Con dicha normativa se pretendió facilitar los trámites administrativos e impulsar la construcción, con la finalidad de hacer bajar el precio de la vivienda.

Las expectativas sociales produjeron un efecto diferente al inicialmente previsto: el suelo se vendía cada vez más caro. El atractivo de las casas no residía únicamente en sus prestaciones objetivas, sino en su naturaleza de activo. Al no prever este problema y no impedir, sino fomentar, la especulación, esta liberalización generó un problema adicional para la mayoría.

La Fundación Fedea, poco sospechosa de conspirar contra el ladrillo, ha cifrado en 5,7 millones las viviendas nuevas construidas en España entre 1998 y 2007[2]. El clima de disparatado optimismo crediticio creado por las instituciones gubernamentales y la explosión de burbujas financieras como las digitales —que podían haber constituido un destino alternativo para el ahorro— llevaron a que el precio de los pisos se duplicara. Todo el mundo se creía esa media verdad que decía que «el precio de los pisos siempre crece». Hasta que se desploma, claro.

En el año 2003, la inflación inmobiliaria interanual era del 18 por ciento. Nadie parecía haberse enterado: por una parte, el gobierno entreveía la posibilidad de repetir victoria electoral en el año 2004; por otra, la expectativa futura de incremento de los precios incentivaba la compra de más vivienda…

De la ilusión a la elusión

De la ilusión a la elusión

La burbuja produjo sus primeros resultados con la mayoría absoluta de Aznar en 2000. Los roces con Rato habían llevado al presidente a crear una cartera exclusiva para Montoro: el Ministerio de Hacienda. En este trabajó con un clan de funcionarios que, tras la sorpresiva derrota electoral de 2004 ante Zapatero, reorganizaron su red en el ámbito privado.

Se trataba del germen de la empresa de asesoría fiscal llamada Equipo Económico, una puerta giratoria colectiva que convirtió la experiencia como servidor público en un valioso activo empresarial.

El equipo de Montoro en el ministerio de Hacienda apuntaba maneras, lo que quedó reflejado en el «caso Gescartera». La Sociedad Gestora de Carteras, Gescartera, protagonizó en 2001 una estafa de 120 millones de euros que afectó a numerosas entidades, incluyendo la Iglesia y al Ejército. Gescartera persuadió con regalos a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la inspectora de Hacienda Pilar Valiente, que terminó por hacer la vista gorda. El equipo de Montoro tenía entonces mucho que ocultar, pues su entonces número dos, Enrique Jiménez Reyna, era hermano de una de las directivas de Gescartera. Este directivo había influido en el regulador para obtener el trato de favor necesario. El caso se saldó con su dimisión y también la de la presidenta de la CNMV. Montoro, imbuido en el «milagro» español, no parecía haber visto nada. El clima de dominio mediático conservador contribuyó probablemente a que este caso no pasara factura alguna al PP.

El siguiente secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, no sería menos controvertido. Este inspector de Hacienda del Estado parecía más bien un inspector que trabajaba sobre todo en contra del Estado, pues había vivido de la asesoría fiscal a empresas como Repsol, Caja Madrid o el BBV, donde había contribuido a alimentar una opaca red de evitación de impuestos[3].

Rodríguez-Ponga, perteneciente a una familia franquista de ascendente nobiliario bien asentada en el PP, era por entonces considerado la bestia negra de los inspectores fiscales que intentaban aplicar la legislación tributaria sobre las empresas.

Su reclutamiento como número dos de Hacienda tendía un puente entre el Estado y los grandes capitales a los que había asesorado. Este fichaje reflejaba, además, la ideología de los hacendistas conservadores. Para ellos su trabajo no consistía en buscar una fiscalidad más progresiva y luchar contra el fraude: sus prioridades eran justamente las opuestas.

Con Rodríguez-Ponga y Luis De Guindos como números dos de Hacienda y Economía, respectivamente, tuvo lugar la legalización de las participaciones preferentes, que habían permanecido alojadas hasta ese momento en paraísos fiscales.

Cuando las preferentes se llevaron por delante, años después, el ahorro de millones de españoles, De Guindos y Montoro fueron los ministros que se encargaron de controlar los rescates y las severas soluciones a la gigantesca crisis bancaria; Rodríguez-Ponga, consejero de Bankia, uno de los principales cuarteles generales de la estafa de las preferentes, ha sido condenado y encarcelado, pero por un problema relativamente menor: su uso más que generoso de la tarjeta black que Rato proporcionó a los consejeros de Caja Madrid. Problemas y soluciones tienen a los mismos protagonistas.

Esquilmar al Leviatán

Esquilmar al Leviatán

Llegó marzo de 2004 y el PP perdió las elecciones. Pero esto no significó irse al paro. Los miembros del gobierno conservador encontraron inmediato acomodo en importantes empresas del sector privado. El PP, la avanzadilla más cualificada del capital, se recompuso en otras instancias decisivas de la sociedad. Los altos mandos de Economía y Hacienda harían del mencionado «milagro español» una marca profesional que les permitió triunfar en los negocios, y llegaron a esos puestos porque así se les devolvían los favores que habían prestado a las élites económicas desde las instituciones democráticas.

Con el patriarca económico Rato nombrado presidente del Fondo Monetario Internacional (apoyado por Rodríguez Zapatero), Cristóbal Montoro y sus adláteres fundaron una nueva empresa, Montoro y Asociados, que se dedicó a la consultoría estratégica y que contó con activos clave: en primer lugar, una lucrativa red de contactos en el sector privado; en segundo lugar, sus vínculos con las administraciones territoriales del PP, encantadas de contar con el consejo de estos validos del aznarismo, míticos creadores de riqueza infinita para la nación.

Montoro replicó la estructura del ministerio en esta nueva entidad, llevándose consigo a numerosos altos funcionarios bien relacionados, conocedores de la Administración y de las lagunas fiscales, que procurarían beneficios después de impuestos a sus empresas clientes.

Uno de los principales directivos de Montoro y Asociados fue su hermano, Ricardo Montoro, que como hemos mencionado fue presidente del CIS en el año 2000, justo cuando su hermano Cristóbal se estrenaba como ministro.

Destaca también en este primer esquema organizativo quien sería presidente de esta compañía durante más tiempo, Ricardo Martínez Rico. Técnico comercial y economista del Estado (teco), Martínez Rico había sido uno de los más cercanos asesores de Cristóbal Montoro desde 1996. Haber cedido el Ministerio de Hacienda a los socialistas solo cambiaría la sede física de estas relaciones. Salvador Ruiz Gallud, director con Montoro de la Agencia Tributaria, se integró también en esta sociedad para ejercer su anterior oficio, pero en la dirección opuesta. El futuro Equipo Económico albergó a un grupo de economistas y abogados con información privilegiada que habían decidido hacer del milagro económico una causa corporativa.

Un clan ligado a Bankia

Un clan ligado a Bankia

El elenco de actores en torno a Montoro y Asociados recogía lo mejor de la era Aznar, lo que conducía inexorablemente a CajaMadrid, nudo en el que las élites nacionales se encontraban con las regionales madrileñas, las de más peso en el Partido Popular.

Que Rodrigo Rato fuese presidente de Bankia confirma esta suposición. Una de sus manos derechas, José Folgado, participó también en Montoro y Asociados desde dentro y desde la alcaldía de Tres Cantos, que engrosaría su lista de clientes municipales[4].

A Folgado se sumaban en esa época otros ayudantes de Rato, como José Manuel Fernández Norniella, futuro vicepresidente de Bankia, y Miguel Crespo, que acabó siendo consejero de dicha entidad. Asimismo, Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP madrileño y consejero de CajaMadrid y Bankia, consiguió que una hija, Covadonga, trabajara para la empresa fundada por los Montoro[5].

Este entramado empresarial y reticular tenía la virtud de moverse en distintas direcciones. A finales de 2011, Montoro y Asociados, que desde hace ya unos años se denominaba Equipo Económico y que tenía a su fundador como asesor parlamentario de la oposición a Zapatero, vio llegar con claridad la victoria electoral de Mariano Rajoy.

Según publicó el diario Abc, semanas antes de las elecciones generales, Montoro se reunió en diversas ocasiones en la sede central de Bankia con su presidente, Rodrigo Rato, y con dirigentes del Ibex-35. Estos empresarios y directivos esperaban conocer las medidas económicas que iba a aplicar realmente el PP, más allá de las ofertas electorales. A estas citas oficiadas por Bankia asistió también el número uno de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, que aprovechó las reuniones para repartir tarjetas ofreciendo sus servicios[6]. Que la de 2012 fuera la mejor cosecha de su empresa no parece casualidad[7]; además, Martínez Rico se incorporó en 2012 al consejo de Administración de Abengoa, sustituyendo a Carlos Sebastián, hermano del entonces ministro de Industria socialista en funciones[8].

Abengoa, líder en energía termosolar, continuó recibiendo las primas a las renovables en contra del criterio del ministro de Industria, José Manuel Soria. Montoro, ministro de Hacienda, jugó un papel fundamental que le llevó a enfrentarse a Soria. Pese al silencio mediático, la ubicación de Ricardo Martínez Rico en el consejo de Abengoa y la de su hermano, Felipe, como director de gabinete del ministro Montoro, no pueden considerarse precisamente casuales.

Los asesores fiscales regresan a Hacienda

Los asesores fiscales regresan a Hacienda

Equipo Económico fue la avanzadilla del ministerio de Hacienda a partir del año 2012. Diversos de sus miembros ocupaban puestos clave en la cartera, además del ministro y de su jefe de gabinete. Pilar Platero, inspectora de Hacienda vinculada desde los noventa a Montoro, sería, primero, subsecretaria y, después, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI.

Esta sociedad, titular de las últimas empresas públicas estatales, tiene participación mayoritaria en Red Eléctrica, presidida por José Folgado, y en Enagás, de cuyo consejo formaría parte el profesor universitario Gonzalo Solana. Tanto Folgado como Solana, pertenecientes al clan académico de Montoro en la UAM, habían pasado por Equipo Económico: esta red tecnocrática había vuelto a tomar el Estado en un contexto crítico para la ciudadanía.

UNA RED QUE CONDUCE DESDE HACIENDA HASTA BANKIA. Tanto Cristóbal Montoro como su subsecretaria en Hacienda, Pilar Platero, habían pasado por la consultora Equipo Económico, presidida por el teco Ricardo Martínez Rico, presente en el consejo de Abengoa desde 2012. El hermano de Ricardo, el también teco Felipe, ejercería como jefe de gabinete del ministro Montoro en 2012 y posteriormente de subsecretario. Los asesores fiscales habían tomado el Ministerio de Hacienda por asalto, con Miguel Ferre Navarrete, secretario de Estado, como embajador de PwC, implicada en los papeles de Luxemburgo. Pero Equipo Económico había hecho además de bisagra entre gobiernos, empresas y bancos, conectando con el gigante Bankia. Allí, el gran patriarca del milagro español de finales de los noventa, Rodrigo Rato, condujo trágicamente el navío acompañado por otros miembros de Equipo Económico como José Manuel Fernández Norniella o Miguel Crespo. En el consejo de Bankia se encontraba asimismo otro asesor fiscal, Estanislao Rodríguez-Ponga, hermano de una directiva del ministerio de De Guindos. Con Rato y Rodríguez-Ponga condenados por una dudosa gestión financiera, esta élite parece haber visto llegado su ocaso.

El ministerio de las incompatibilidades

El ministerio de las incompatibilidades

Sobre la cartera de Hacienda se cernía amenazador el conflicto de intereses. Destacaba la secretaría de Estado de Hacienda, puntal de la política recaudatoria, ocupada hasta 2016 por otro inspector fiscal, Miguel Ferre Navarrete. Este había trabajado a las órdenes de Montoro en el segundo gobierno de Aznar (2000-2004), pero permaneció con Zapatero en un puesto clave, el de subdirector de Asuntos Fiscales. Desde allí, representó al Estado en la ONU, la OCDE y la Unión Europea, participando en los acuerdos para definir la fiscalidad internacional y para intercambiar información fiscal relevante.

Pero el coste de oportunidad de estos roles siempre es alto: en octubre del año 2009, la auditora PriceWaterHouseCoopers (PwC) lo reclutó como experto en fiscalidad internacional. En PwC le esperaba un viejo conocido de los gobiernos de Aznar, Luis de Guindos, que también atesoraba experiencia en organismos multinacionales.

PwC es un Equipo Económico multinacional, una correa de transmisión del gran capital en su eterno esfuerzo por maximizar beneficios a base de un milimétrico análisis de los requisitos legales de los países en los que tributan.

Ninguna de las cuatro grandes auditoras mundiales, las denominadas big four (PwC, KPMG, Ernest & Young y Deloitte), escapa de prácticas moral y legalmente cuestionables, incluso perseguidas. Una de estas prácticas salió a la luz pública en el año 2014 cuando los medios recogieron la investigación denominada LuxLeaks o Papeles de Luxemburgo. Se había diseñado una estructura de desvío de fondos por parte de grandes multinacionales hacia el gran ducado luxemburgués. PwC y las ramas fiscales de las demás auditoras pusieron en marcha estas estrategias de planificación e ingeniería fiscal para que sus clientes pudieran ahorrarse sus obligaciones tributarias. El mundo del dinero cuenta con medios infinitos para comprar a los mejores especialistas y desarmar de manera legal a los Estados. Esa privatización de la ley genera un orden invertido en el que solo los trabajadores pueden ser obligados a tributar por los importes que les corresponden.

PwC había sido uno de los principales puntales de la operación fiscal descubierta en Luxemburgo. Cuando, en 2014, se conoció este escándalo, los españoles habrían sufrido ya unos incrementos del IRPF, del IVA y de otros impuestos indirectos que se comerían una buena parte del poder adquisitivo de la población, afectando, de nuevo, al empleo. Uno de los responsables de estas decisiones sería precisamente Ferre Navarrete, esta vez como secretario de Estado de Hacienda.

Esta esquizofrenia fiscal, que consiste en reducir los impuestos al capital e incrementar los tributos al trabajo, es un reflejo de la ideología que rige el mundo y, además, demuestra la eficacia de la red existente de intereses creados, siempre por encima del control electoral y de la voluntad —e incluso del conocimiento— de la mayoría de los ciudadanos.

Desarme democrático

Desarme democrático

La mayor violencia la esgrime frecuentemente quien ha perdido toda autoridad. El dominio del capital ha convertido a los Estados en organizaciones que solo pueden ya ejercer dureza contra sus ciudadanos. Estas grandes auditoras, las big four, que —por razones fáciles de adivinar— no habían sido capaces de advertir sobre la situación de quiebra de muchas cajas de ahorro, representan el brazo armado del Derecho al servicio de los grandes centros financieros, en los que se encuentran ubicadas sus sedes centrales.

Uno de los pilares de su poder reside en su capacidad de infiltración: en el gobierno de Rajoy, Ferre Navarrete ejerció, hasta marcharse a Ernst & Young y a Burson-Marsteller, como número dos de Hacienda; Luis de Guindos, responsable financiero de PwC desde 2008, fue ministro de Economía durante seis años, en los que impulsó la capitalización de las cajas rescatadas, en numerosas ocasiones, tras la auditoría de PwC o de sus entidades mellizas, que no denunciaron la crítica situación en la que esas entidades se encontraban.

Al lado de Ferre Navarrete se situó otra inspectora de Hacienda, Marta Fernández Currás, secretaria de Estado de Presupuestos. Su perfil revelaba importantes conexiones con las élites políticas conservadoras: empleada de la Agencia Tributaria, Fernández Currás había ejercido como consejera de Hacienda del gobierno regional de Alberto Núñez Feijóo en Galicia.

El proceso de fusión de las cajas gallegas, en buena medida quebradas a la espalda de los inversores y los ahorradores, había contado en 2010 con el visto bueno de la auditora KPMG, que unos años después declararía haber firmado un informe a la medida de su cliente[9].

En aquel momento, con Fernández Curras como garante política, todo había sido anunciado en términos positivos. Pasado lo peor de la crisis, Currás se marchó: no fue en KPMG, pero sí en una de sus competidoras, Ernest & Young, donde volvió a encontrarse con su compañero Ferre Navarrete, y también con otro exsecretario de Hacienda, el exministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa, hermano de Ricardo, encausado en la trama Gürtel.

Comisarios políticos para una crisis de régimen

Comisarios políticos para una crisis de régimen

En diversas partes de este libro se ha afirmado que se puede detectar una relación relevante entre la procedencia institucional, los puestos ocupados y las decisiones adoptadas por los líderes políticos de nuestra democracia, de tal manera que los grupos de origen no electoral de los que estos provienen acaban influyendo decisivamente en el modo en que se ejerce el poder.

Proceder del sector privado de las grandes empresas y los bancos se corresponde con la adopción de decisiones «responsables». La responsabilidad es en relación al mundo del dinero, claro, pues esas decisiones tomadas con ese especial sentido de la responsabilidad suponen a menudo un empobrecimiento de los ciudadanos, generalmente a cambio de una promesa de fortalecimiento futuro de la economía.

Dicha relación se puso de manifiesto entre los altos cargos del ministerio de Hacienda bajo el control de Cristóbal Montoro. Esta cartera reflejaba, por una parte, la cohesión y la ideologización homogénea del equipo del ministro y, por otra, la estrategia gubernamental ante los numerosos retos que el ejecutivo conservador afrontaba en aquellos momentos.

Los ejercicios políticos posteriores a la solución de la crisis de la prima de riesgo presenciaron una crisis de régimen, en la que los numerosos casos de corrupción que afectaban al PP y a la Monarquía, combinados con la adversa situación económica y el miedo a la multiplicación de las protestas. Una situación que exigió la aplicación de todos los recursos posibles.

Las distintas ramificaciones de los casos Gürtel y Bárcenas-Caja B del PP amargaron en parte el disfrute de la mayoría absoluta al partido en el gobierno, con el único consuelo de la pasividad y la debilidad del PSOE. La calle acusaba el cansancio de la falta de resultados y las consecuencias de la dureza policial.

En este contexto cobraba sentido la figura de Santiago Menéndez, apodado «Treméndez» por su conducta autoritaria al frente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Treméndez procedió a una purga funcionarial que se cobró el puesto de nada menos que veintinueve altos cargos del organismo encargado de la recaudación tributaria y de la prevención del fraude[10]. La mayoría de los inspectores de Hacienda defenestrados ocupaban delegaciones provinciales, pero la de Madrid no quedaría afectada. El apellido de su titular, Raquel Catalá, remite al entonces número dos de Fomento y futuro ministro de Justicia, Rafael Catalá[11].

Este había acompañado a Rajoy en los gobiernos de Aznar. Y antes de la victoria del PP a finales de 2011 figuraba como secretario general de Codere, multinacional del juego online. Codere había colaborado con Equipo Económico, que realizó acciones de lobby para beneficiar a esta empresa frente a sus competidores extranjeros[12]. Las relaciones del clan Montoro superaban el área del ministerio de Hacienda y se extendían por todo el gobierno de Rajoy.

Las primeras decisiones de la AEAT denotaban que el control político sobre este organismo batiría récords en este periodo. Menéndez había tomado posesión en 2013, procedente de la jefatura de la Oficina Nacional para la Investigación del Fraude, ONIF. Que su número dos en la ONIF hubiera sido precisamente Pilar Valiente, la expresidenta de la CNMV dimitida por el caso Gescartera, refleja el escaso decoro del ministerio de Hacienda con el PP[13].

El cometido de Menéndez en la Agencia Tributaria consistió en defender los intereses del PP y de la Monarquía en un contexto político paradójico, pues, a pesar de que la derecha copaba buena parte de las instituciones políticas en España, también estaba advirtiendo la amenaza de la protesta callejera, en un período crítico de indignación por la dureza de las medidas económicas adoptadas y por la multiplicación de las revelaciones delictivas en las que aparecía implicada la formación en el gobierno.

La Monarquía atravesaba también una encrucijada. Con la situación de la infanta Cristina bajo riesgo por la «trama Noos», la Familia Real estaba viviendo las consecuencias de los escándalos protagonizados por el todavía rey Juan Carlos I, especialmente, en ese momento, los relativos a su relación con la aristócrata centroeuropea Corinna y las cacerías en Botswana. La abdicación real se produjo finalmente con éxito, pero el relevo forzado de la mayoría de los directores de los periódicos nacionales y la intensa implicación de los ministerios de Justicia y Hacienda en las investigaciones y los juicios que afectaban a la institución real sugieren una compleja operación de régimen.

Tras dicha operación, la Monarquía renovada ha conseguido conservar e incluso reforzar su legitimidad; en cambio, el PP no ha logrado una voladura controlada de sus casos de corrupción.

Investigaciones que quedan en familia

Investigaciones que quedan en familia

Hacienda representaba un pilar muy útil para la autodefensa de las mejores familias. Su ariete tributario, Santiago Menéndez, reflejaba en sus lazos de parentesco la fuerte ligazón de este organismo con quienes iban a ser investigados. Los asturianos hermanos Menéndez Menéndez se encontraban diseminados por áreas clave del gobierno y otros grupos de influencia.

Destacaba Adolfo Menéndez, secretario de la Fundación Princesa de Asturias y uno de los hombres del rey y la Defensa de los que hemos hablado en el capítulo anterior. Abogado del Estado, había sido subsecretario con Eduardo Serra y había trabajado para su paisano Francisco Álvarez Cascos en la cartera de Fomento.

Otros hermanos son Anselmo, arquitecto de la Agencia Tributaria, y Rogelio, asesor del ministro Montoro. El tío de todos ellos, Aurelio Menéndez, fue ministro de Educación del gobierno de la Monarquía, preceptor del rey actual y marqués de Ibias.

Esta red de familiares, amigos y compañeros políticos condicionó el desarrollo de los acontecimientos, en ocasiones, con episodios grotescos. Uno de estos tuvo lugar durante el juicio por las supuestas donaciones ilegales empresariales al Partido Popular, parte del caso conocido como Caja B del PP, en el que Luis Bárcenas y buena parte de la dirección histórica del partido figuraban como acusados. Según publicó el diario digital El Plural, un argumentario filtrado a medios afines en el que se consideraba que dichas donaciones equivalían a las que se realizan a las ONG se ha atribuido con pruebas fehacientes a Rogelio Menéndez, a la sazón asesor del ministro Montoro[14].

Entretanto, su hermano Santiago, director de la Agencia Tributaria, se había arrogado el derecho de nombrar a los peritos judiciales para las investigaciones venideras[15], con lo que ponía a este organismo tributario al servicio de un partido que fue definido como «organización criminal» y condenado por distintos delitos relacionados con la corrupción[16].

Las decisiones suelen marchar en consonancia con el tipo de red elitista desde la que se adoptan. La exoneración de la infanta Cristina en relación con la trama corrupta liderada por su marido estaba cantada: la Agencia Tributaria aceptó que el matrimonio entre Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, a través de la entidad Aizoon, hubiera realizado facturas por prestaciones económicas que no habían tenido lugar. La importancia de salvar a la infanta no residía únicamente en su pertenencia a la institución real. Su marido, el duque de Palma, había contratado servicios con administraciones regionales del PP. Y él fue finalmente condenado a una pena de prisión por hechos probados de diversa naturaleza delictiva, al igual que su principal socio.

La Agencia Tributaria extraía, para la pareja formada por la infanta y el exjugador de balonmano, conclusiones dramáticamente opuestas a las que tienen que acatar los ciudadanos de a pie. Y, simultáneamente, la abogada del Estado Dolores Ripoll, vinculada a la red funcionarial de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, declaró que «el Hacienda somos todos es meramente un lema publicitario»[17]. La Justicia parecía haberse convertido en un eslogan legitimador de la «estabilidad social», esto es, la de las élites dominantes.

Pese a que las investigaciones se cobraron las cabezas de importantes dirigentes conservadores, la configuración de la red y el papel de los juristas, de los abogados del Estado y de otros responsables burocráticos permitieron reforzar la inmunidad, y la impunidad, del partido en el gobierno.

Otro ejemplo de este mismo hecho es la posición de quien fue la abogada general del Estado hasta 2017, Marta Silva de Lapuerta. Hija del ministro franquista Federico Silva, esta abogada perteneciente a la promoción del marido de Soraya Sáenz de Santamaría tuvo que abstenerse de participar en el juicio a la Caja B del PP. Razones no faltaban para ello: la señora Silva de Lapuerta era sobrina del extesorero popular, el nonagenario Álvaro Lapuerta. Además, había trabajado como secretaria del consejo de administración de la constructora Sacyr, que había donado presuntamente casi medio millón de euros al PP y que, además, había pagado supuestamente una comisión de 200 000 euros al gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla la Mancha, a cambio de la concesión de una contrata de limpieza[18]. La red endogámica, infectada de casos de corrupción y perseguida, necesitaba defenderse.

Silva de Lapuerta había sido, además, miembro de la junta directiva del Real Madrid, y tampoco intervendría como abogada del Estado en el caso de fraude Football Leaks, en el que el jugador del Madrid Cristiano Ronaldo concurrió como acusado. El jugador barcelonista Gerard Piqué criticó la presencia de Silva de Lapuerta en el palco del Bernabéu, bienvenida tras proteger a Ronaldo y tras haber sido la pesadilla fiscal de las estrellas Messi y Neymar[19]. Al igual que lo personal, lo futbolístico también es político.

Justicia, Hacienda y Presidencia contribuyeron a que la implosión del PP y los problemas que atravesaba una desgastada Familia Real no desestabilizaran decisivamente lo que algunos denominan el Régimen del 78 y que, a partir de los datos aquí apuntados, se concibe como una red cohesiva de influencias que necesita de la continua circulación interna y colaboración de sus miembros. A pesar de la sorpresiva moción de censura que expulsó en 2018 al PP del poder político, la gestión de dicha red ha permitido al partido conservador salir relativamente ileso.

COMISARIOS POLÍTICOS PARA SALVAR LA MONARQUÍA. La red de Montoro en Hacienda era de todo menos casual. Al frente de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, que había contado para dirigir la Oficina para la Investigación contra el Fraude con Pilar Valiente, una de las responsables del escándalo Gescartera. Menéndez llevó a cabo una criba en la AEAT de la que se salvaron solo perfiles afines como Raquel Catalá, inspectora de Hacienda y hermana de quien sería pronto el ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. Menéndez contaba con un hermano, Rogelio, como asesor del ministro Montoro y con otro de ellos, Anselmo, como miembro del propio organismo fiscalizador. Se trata de una saga de origen asturiano de la que también participa Adolfo, expresidente de la patronal de armamento TDAE, ex alto cargo de Defensa y exmiembro del despacho Uría y Menéndez, fundado precisamente por su tío Aurelio, preceptor del Rey Juan Carlos I. Todos ellos, monárquicos hasta la médula. De ahí que el juicio en el que la Infanta Cristina estuviera implicada no tuviera demasiadas consecuencias. Otra causa pendiente, la del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, tuvo que exigir que su sobrina, Marta Silva, por entonces abogada general del Estado, se inhibiera en el juicio correspondiente. Lazos de sangre que por alguna razón, aparte de la enorme competencia de sus propietarios, se pusieron de manifiesto.

Las desigualdades: el alto precio a pagar

Las desigualdades: el alto precio a pagar

Con todos estos condicionantes, los resultados eran previsibles: la España actual es más desigual e inestable que la que se encontraron los conservadores en el año 2012. Para los técnicos fiscales del sindicato Gestha, previamente críticos con el ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero, el ejemplo más sobresaliente de que la gestión no trató a todos por igual es el decreto de amnistía fiscal aprobado en 2012, rechazado por el Tribunal Constitucional a pesar de estar formado por miembros mayoritariamente conservadores del mundo judicial.

La posibilidad de rescatar sin sanción alguna a quienes tenían el dinero escondido mostraba de nuevo la debilidad del Estado en un contexto en el que quienes pretenden defraudar cuentan con muchos medios más que los presupuestados para que la Administración fiscalice a los poderosos. Que Luis Bárcenas, Rodrigo Rato o los hijos del president Pujol pudieran acogerse a esta medida se corresponde con el alineamiento de un ministerio congraciado con los negocios de sus afines.

El resto de las decisiones tomadas en ese periodo por Hacienda reflejan, con alguna excepción, coherencia con el desplante que supuso la amnistía. Frente a los anuncios iniciales de los conservadores, que hablaron de la necesidad de promover un reparto equitativo de los costes de la crisis, las cifras posteriores sugieren que lo que se hizo fue bastante distinto: Montoro abandonó pronto su lema electoral de bajar impuestos y subió enseguida el IRPF, el IVA y los tributos especiales, recortándolos solo en 2014, en pleno período preelectoral y con la Comisión Europea relajando los criterios de déficit para favorecer al partido en el gobierno.

No solo la izquierda ha clamado contra la injusticia fiscal. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, defensora de la aplicación de la doctrina de la austeridad en la Administración, se ha visto obligada a reconocer que las reformas impositivas han supuesto una traslación de la imposición directa a la indirecta y, dentro de la directa, del gravamen del capital al del trabajo. Instituciones como la fundación Fedea, la OCDE, el FMI o la Comisión Europea coinciden con la Airef en que el sistema fiscal español es uno de los que peor reducen la desigualdad en la UE.

A las grandes empresas no les ha ido tan mal: el Impuesto de Sociedades ha visto bajar su tipo nominal del 30 por ciento al 25 por ciento, y la subida del tipo efectivo —el que resulta una vez eliminadas bonificaciones y deducciones— no ha obstado para que estas vivan ahora mejor que antes del inicio de la crisis. La imagen de Montoro como viejecillo codicioso y alérgico a la Navidad, siempre dispuesto a poner tasas a todo negocio y a toda forma de vida económica, ha jugado a favor de maquillar una realidad en la que el capital obtiene un tratamiento fiscal incomparablemente mejor al del trabajo. La regresividad impositiva se ha correspondido, además, con la castración legislativa del gasto: de esta manera, la injusticia y la desigualdad, a la derecha del balance estatal, se han visto compensadas, a su izquierda, por la anorexia en las inversiones públicas y con unas reducidas y limitadas transferencias sociales.

La denominada Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley Montoro, con el «techo de gasto» y la prohibición de reinvertir los superávit de las Administraciones Públicas, supuso la sanción legal de la imposibilidad de aplicar ideologías de redistribución y protección social, una suerte de Estado de excepción contable con profundos efectos políticos.

La amenaza de intervención del Ayuntamiento de Madrid a principios de 2018 y la expulsión del concejal de Izquierda Unida Carlos Sánchez-Mato, crítico con los criterios de déficit y deuda, es uno de los ejemplos más claros de la calcificación neoliberal de las administraciones con los gobiernos del PP.

Lo peor de las puertas giratorias

Lo peor de las puertas giratorias

Este tratamiento desigual no habría sido posible sin los dictados de la Unión Europea, sin la actitud de los miembros centrales y nórdicos de la Eurozona, sin el papel desempeñado por el gobierno conservador, cuyos dirigentes apenas necesitaban imposiciones externas. Los apartados anteriores de este capítulo han mostrado cómo una buena parte del Ministerio de Hacienda trabajó de manera directa o indirecta para favorecer al sector privado de las corporaciones, cuyos objetivos compartía en casi todos los casos.

Además de reiterar la circunstancia sospechosa, por decir poco, de la marcha de los secretarios de Estado de Montoro a las mayores consultoras privadas, hay que añadir el caso no menos importante de numerosos funcionarios de la Dirección General de Tributos y de otros puestos clave, todos los cuales también han pasado a formar parte de grandes empresas, realizando funciones para las que son especialmente demandados por el mundo corporativo gracias a sus conocimientos técnicos, informativos y a sus capacidades relacionales.

El conflicto de intereses está servido, pero la fijación del foco mediático sobre los políticos ha dejado libres de toda sospecha a los miembros de la élite burocrática, gracias a que la regulación que les afecta en relación con esas idas y venidas de los ministerios a las empresas es mucho más laxa que la que se aplica a los políticos.

Un caso particular de la convergencia ideológica entre la cúpula de la Administración y la empresa privada ha sido también denunciado por el sindicato Gestha y por su secretario general, Carlos Cruzado[20]. Se trata de la impartición de cursos para asesores fiscales realizada por altos cargos de la Oficina Nacional de Investigación sobre el Fraude, ONIF, durante sus horas libres e incluso de trabajo como funcionarios. Dichos cursos se celebran en escuelas de negocios y universidades privadas; en ellos, altos cargos de la ONIF y también funcionarios que ocupan otras subdivisiones del ministerio —como la Dirección General de Tributos o la Delegación Central de Grandes Contribuyentes— forman a inversores internacionales y a asesores fiscales sobre cuáles son los regímenes nacionales más favorables, cuáles los agujeros legales y también sobre otros aspectos clave para la optimización fiscal de las compañías para las que trabajan.

Los precios de estas sesiones que asesoran a las empresas sobre cómo traer el paraíso fiscal a la Tierra garantizan, por un lado, una alta sobrerremuneración a los inspectores de Hacienda contratados como profesores de ahorro fiscal corporativo y, por otra, que solo clientes de alto potencial económico puedan asistir a sus seminarios.

Además, en estas sesiones se engrasan las futuras puertas giratorias, al constituir lugares de contacto entre la élite burocrática y los representantes de las empresas concurrentes. No existe responsabilidad estatal, institucional o democrática cuando solo se piensa en el oficio que vendrá después de los favores prestados.

La crisis fiscal representa una condición imprescindible para que una parte del colectivo de los inspectores de Hacienda desarrolle una carrera profesional satisfactoria. Del ministro Montoro, tras la experiencia de su Equipo Económico, poco podría esperarse. Estos inspectores contra el Estado, al igual que otros funcionarios de élite que cobran del Estado pero se ponen al servicio del mundo del dinero, representan la condición paradójica de un sector político implacable con los ciudadanos y ciego frente a las corporaciones.

Puertas giratorias o correderas, propias del régimen político anterior, son una señal inequívoca de que Estado y empresas no representan precisamente compartimentos estancos, sino más bien un «mundo pequeño» de personas influyentes, con una reducida diversidad ideológica, que dictamina las líneas económicas y fiscales a seguir. Este conjunto conduce una economía nacional que, como mucho, puede regar de beneficios colaterales a los ciudadanos que resulten agraciados por un crecimiento no concebido para ellos. El perfil de los mandatarios descritos en el presente capítulo y la red que los alberga figuran como las principales causas de este fenómeno.

9. Sánchez y los demás: el bipartidismo se defiende

9

Sánchez y los demás: el bipartidismo se defiende

En el año 2014 comenzó a definirse un hecho que podría resultar paradójico para un observador externo: la recuperación económica había comenzado pero, de manera paralela, se desencadenaba una crisis en el sistema parlamentario español. Los partidos tradicionales perdían apoyos y se dibujaban nuevas fuerzas que amenazaban con alterar los equilibrios establecidos hasta el momento. Las preocupaciones de un expresidente de la CEOE, para el cual el hundimiento del PSOE tras las elecciones de finales de 2011 representaba una seria amenaza para el país, se habían convertido en un análisis profético preclaro de quien tiene la virtud de observar la dinámica desde un punto de vista adecuado. Desde una perspectiva empresarial, referencia obligada para la mayoría de los medios de comunicación, los «riesgos políticos» habían sustituido a los financieros, una vez que las cifras de sostenibilidad de la deuda (prima de riesgo) se habían estabilizado tras la decidida intervención del Banco Central Europeo.

Desde el punto de vista de los partidos políticos, existía un clima de rechazo a las formaciones mayoritarias, una cierta resaca del 15M que exigía renovación y que constituía una oportunidad para otro tipo de formaciones, discursos y mensajes. Esta nueva situación, que se inició con el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2014 y que culminó en el período de incertidumbre política que se produjo entre enero y noviembre de 2016, representó un reto para los partidos tradicionales, pero también para los poderes que hemos estudiado a fondo en estas páginas, esos puestos de mando que son independientes de los ciclos electorales, pero que están ligados al sistema de influencias consolidado con el bipartidismo: los «poderes fijos» presentes, además, en cualquier régimen.

Estos poderes fácticos se pusieron manos a la obra para defender sus intereses, subsumidos en su discurso con los de la nación española. Que dichos poderes se manifestaran y que sus portavoces provinieran mayoritariamente de una red de exministros y grandes empresarios que ocupan posiciones privilegiadas en el mundo de las grandes multinacionales identifica el bipartidismo con una tupida red que conecta la alta política con el capital. Un análisis de los manifiestos políticos que, durante el período 2015-2017, llamaron al «acuerdo entre los principales partidos», al «gobierno de concentración» y a los «ejecutivos constitucionalistas estables» permite inferir que la identificación entre la estabilidad del sistema político y los intereses de esta red de decisores privados refleja una apropiación privada de los intereses nacionales que es común a las economías capitalistas: parece que el sistema democrático tuviera accionistas mayoritarios y que el resto adoptara decisiones poco vinculantes.

En los períodos de turbulencias, los delegados de la clase dominante realizan recomendaciones para restablecer el orden, procurando contagiar de su espíritu a la mayoría de la población, que generalmente accede a la «información» a través de las terminales mediáticas financiadas en buena parte por el mismo capital empresarial, cuando no por la publicidad institucional de los partidos instalados en los sucesivos gobiernos de España.

Elecciones europeas y fin de ciclo

Elecciones europeas y fin de ciclo

El transcurso del ejercicio económico de 2014 reflejó un cambio de tendencia, ya que el Producto Interior Bruto había pasado de decrecer un 1,2 por ciento —que es la cifra correspondiente al año 2013— a crecer un 1,4 por ciento. En 2015 y 2016, el crecimiento fue de 3,4 y 3,3 por ciento, respectivamente, lo que significó un despegue en términos nominales, con repercusiones positivas para el empleo.

Se trataba de un contexto ideal para construir un relato vencedor, según el cual el gobierno del PP había realizado reformas dolorosas durante dos años difíciles (2012 y 2013), precisamente los de la herencia política negativa que los populares atribuían a la mala gestión de los socialistas, para comenzar a recoger los frutos y consolidar la recuperación de la economía nacional. Las elecciones del año 2015 debían tener un ganador claro, con una mayoría parlamentaria suficiente para continuar en una senda parecida.

Pero no sería tan sencillo. Conforme habían ido transcurriendo los años desde la llegada de Rajoy a La Moncloa, el gobierno del PP había perdido fuerza. La conformación de una red de poder en la que cabían casi todos los grupos influyentes de la sociedad española no había sido suficiente para mantener una hegemonía que comenzó a resquebrajarse con una gestión de la crisis que dejaba en la sociedad signos palpables de pobreza, precariedad y exclusión.

Un drama social que además estuvo acompañado por una epidemia de escándalos de corrupción que el gobierno no había conseguido ocultar pese a su minucioso control de la prensa, ni tampoco frenar pese a sus continuas maniobras para impedir que el poder judicial actuara con independencia.

La implicación del núcleo duro del PP en el caso de «los sobres» de Bárcenas —las formulaciones más sencillas son las que más calan—, la persistencia de unos niveles de desempleo insoportables (en 2014 se alcanzaría más de un 24 por ciento, pese al inicio de la recuperación, a la desesperación de muchos desempleados y a la marcha al extranjero de numerosos jóvenes) y las consecuencias de los recortes produjeron las primeras amenazas constatables al bipartidismo en la primavera de 2014.

En los comicios para la elección de diputados al Parlamento Europeo, a los que los españoles concurren frecuentemente con menos interés y una cierta intención de castigo, tanto PP (16 escaños) como PSOE (14) presenciaron un hecho inédito: algunas formaciones minoritarias anteriormente testimoniales conseguían destacados avances. Así, Izquierda Unida se hacía con seis escaños y Unión Progreso y Democracia, con cuatro.

Pero fueron otros dos partidos los que convirtieron dichos comicios en el comienzo de una carrera que los llevó a integrarse en el nuevo equilibrio electoral: por una parte, Podemos, originariamente anticapitalista, obtuvo cinco representantes en la Eurocámara; por otra, Ciudadanos, formación centrista radicada en Cataluña, se hizo con dos.

Ambas sobrepasaron con facilidad a sus homólogas IU y UPyD, respectivamente, relegándolas, en el primero de los casos, a un papel de hermano pequeño en el Parlamento español y, en el segundo, a su desaparición del mapa político.

Cuando en el otoño de ese mismo año, el gubernamental Centro de Investigaciones Sociológicas dio a Podemos el primer puesto en intención directa de voto, pareció claro que el bipartidismo rígido se había ido para no volver y que para persistir tendría que flexibilizarse.

El problema de la «burocracia asamblearia» de Podemos

El problema de la «burocracia asamblearia» de Podemos

Podemos había surgido como escisión en forma de partido del movimiento 15M, liderada en un principio por un conjunto de profesores de la Universidad Complutense; estos, expertos en comunicación política, con un fuerte bagaje teórico y con experiencia en la asesoría gubernamental de algunos países latinoamericanos, habían logrado explotar determinados medios y programas de tertulias en la televisión para capitalizar el descontento ciudadano en la crisis y erigirse, primero, como un importante voto de castigo y, después, como una formación que traía la ilusión del cambio a buena parte de los votantes de izquierdas. Sin embargo, esta formación no lograría escapar de la denominada «Ley de Hierro de la Oligarquía»[1]. Esta regularidad social, que ha cumplido ya más de un siglo en su formulación más reciente, hace referencia a una condición que se produce generalmente en la vida política y en las numerosas organizaciones de cualquier sociedad.

En el año 1911, el politólogo alemán Robert Michels concluyó, a raíz de un estudio de los partidos socialdemócratas y sindicatos alemanes, que cualquier organización, por altruista, radical o revolucionario que fuera su objetivo, terminaba por adquirir un tamaño que obligaba a sus dirigentes a centrarse en la conservación de sus puestos políticos y de sus prerrogativas; de esta forma, llegaba un momento en que los medios se convertían en fines y en que la organización acababa siendo el centro de sí misma. Con esta investigación y estas aseveraciones, Michels aplicaba la idea de la «jaula de hierro» burocrática de Max Weber a los partidos políticos que pretendían desafiar al capitalismo, pero que acababan cooperando con este en un orden inherentemente racional. La revolución, por tanto, mutaría inevitablemente en burocracia, la forma de vida por excelencia en las sociedades modernas[2].

El lector puede encontrar infinitos ejemplos, hasta en la comunidad de vecinos más próxima o en cualquier organización no gubernamental, de la regla formulada por Michels. Pensar que «el poder corrompe» es realizar una atribución simplista sin parámetros para ser comprobada con fiabilidad; la Ley de Hierro representa, en cambio, una teoría de alcance medio aplicable a cualquier contexto político y social, y numerosas investigaciones posteriores la confirman. Que su descubridor, Robert Michels, acabara viendo en el líder fascista Benito Mussolini la vía para escapar de la burocratización de la política no invalida su acertado análisis del proceso de estancamiento de las revoluciones y de los partidos radicales durante el siglo pasado.

Nadie parece haber quedado a salvo, y esta ley social ha afectado, a su manera, a los mayores impulsores de la regeneración nacional desde la izquierda. El complejo entramado de círculos, asambleas y comités que habían definido y distinguido a Podemos desde su nacimiento, expresión de la voluntad de hacer algo distinto y de practicar un ejercicio de democracia radical, terminaría por convertirse en una rémora para sus fines iniciales y para su funcionamiento. Los nuevos barones territoriales, los líderes locales de las diversas tendencias y la rápida invasión de los «ismos» remiten a una formación progresivamente ensimismada. Una suerte de burocracia asamblearia, por paradójica que parezca la expresión, ha construido dirigentes adaptados a estas condiciones particulares, canalizadas y aprovechadas para un liderazgo que, para colmo, tiene que lidiar con un modelo oficiosamente confederal para albergar las ramificaciones periféricas, oficialmente denominadas «mareas» y, en algunos casos, partidarias del denominado «derecho a decidir». Maximizar los votos exige estirar el mapa de España mientras que las costuras puedan aguantarlo.

Las luchas dentro de la formación por ocupar los lugares de mando, disfrazadas de primarias; los problemas en la articulación del poder nacional y territorial; las delirantes escisiones en el ámbito municipal; las complejas coaliciones y los cambios de nombres en las candidaturas…

Todos estos hechos han acabado convirtiendo la experiencia política de esta formación en un tratado sobre las razones por las cuales tratar de cambiar cosas por vías políticas es altamente complicado. Y más cuando una sola formación tiene que hacerlo desde la nada y en un breve período.

Jugar en el terreno del adversario

Jugar en el terreno del adversario

Pero este análisis no hace justicia a la historia de Podemos como movimiento político. Si Michels gestó su descubrimiento en los años diez del siglo XX, en los años sesenta, otro investigador social, el laborista Ralph Miliband[3], contextualizaba la «regla de hierro» en un sistema de dominación capitalista en el que el resto de los grupos de poder de la sociedad no asistían precisamente impávidos al proceso de burocratización de las organizaciones políticas. En dicho proceso había que tener en cuenta, además, las presiones del mundo financiero, de los organismos internacionales, de los medios de comunicación y de otras instancias enormemente influyentes que, sumadas, forzaban a los nuevos partidos a moderar obligatoriamente sus propuestas para poder seguir adelante. El estancamiento de este tipo de formaciones y su autocensura al llegar al poder político, por tanto, no se producía precisamente en el vacío, por lo que había que tener otras variables en cuenta para poder decir la verdad.

Con Podemos ha sucedido así. Pese a la importancia de la lucha interna por el poder y al hecho de que dicha lucha ha eclipsado otros objetivos, su evolución ha venido marcada por las presiones de grupos que —al igual que otros grupos en otros contextos muy distintos— no pasan por comicios de ninguna clase, y que concentran gran parte de la atención de este trabajo.

Vamos a estudiar ahora ese peso de ciertas influencias supranacionales en el caso de las formaciones políticas de izquierdas en Europa. Entre estos núcleos de poder a los que aludimos destacan el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional que, junto con la Comisión Europea, constituyen la denominada Troika, un triunvirato de instituciones supranacionales que rige buena parte de las decisiones económicas y financieras de las naciones pertenecientes a la UE. Las recomendaciones y decretos de carácter económico pueden operar como armas políticas con capacidad de veto ejemplar. Estas entidades, precisamente, interrumpieron el préstamo-rescate a Grecia justo antes de que se celebraran las elecciones de enero del 2015, que encumbraron al partido izquierdista Syriza, una formación que decía ser contraria a los rescates y, en un principio, a la permanencia de Grecia en la Zona Euro. La voluntad griega de proceder a un cambio por la izquierda fue duramente castigada por quienes rigen las condiciones financieras desde arriba.

La continua fuga de capitales y la rendición del ejecutivo heleno a las medidas impuestas por la Troika —con una victoria a través de un referéndum que permitía a Syriza desafiar aquellos poderes exteriores— sirvieron como mensaje al resto de la Zona Euro y en especial a España, que a partir de junio de 2015 celebraba elecciones municipales, autonómicas y generales. La dimisión-cese del ministro griego Yannis Varoufakis, opuesto a la austeridad, representaba una demostración de que los experimentos contrarios a los principios rectores del Euro se reprimen con dureza.

El papel de estos organismos supranacionales, expresión de un orden global concebido como única alternativa, no ha servido solo para impedir de manera directa el avance de las formaciones críticas con el sistema, con Podemos como ejemplo español. Hay formas más discretas de liquidar a la oposición o de limitar su ascenso.

La Comisión Europea toleró durante los años 2014 y 2015 una generosa oscilación y desvío en las cifras de déficit público español, lo que, según un estudio del Center of Economic and Policy Research, un think tank norteamericano de carácter progresista, fue el principal motor para la recuperación del crecimiento económico en el período previo a las elecciones de diciembre de 2015 y de junio de 2016[4]. La recuperación, por tanto, no se debió tanto a la austeridad económica como a su ausencia temporal. Además, la política de estímulos monetarios del BCE —comprar deuda pública y privada, limitando el poder de los mercados financieros para fijar los tipos de interés—, la depreciación del Euro y la bajada del precio del petróleo durante este período permitieron al PP llegar a dichas elecciones en condiciones de poder vender una gestión económica positiva y, por supuesto, basada en la ideología de la austeridad. Las élites supranacionales también están ahí para tratar de que poco o casi nada cambie.

Todos estos factores financieros se combinaron con una presión mediática que hizo de la formación de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón un enemigo a batir. La participación de estos líderes y de otros dirigentes en la sociedad del espectáculo española ha convertido su imagen en un nuevo producto de consumo del que muchos simpatizantes han terminado por cansarse, como frecuentemente ocurre en este efímero ámbito de la vida social.

2016: el 15M de las patronales

2016: el 15M de las patronales

Pero estos factores no serían suficientes para acabar con Podemos como principal obstáculo a la estabilidad del sistema: las heridas sociales en la población eran profundas y esta opción continuaba resultando atractiva. Las elecciones municipales celebradas en la primavera de 2015 habían permitido la formación de coaliciones locales alternativas a los conservadores en algunas de las mayores ciudades españolas, en especial, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Alicante, Pamplona o Cádiz, entre otras.

La expulsión de la derecha en muchas de estas urbes reazaba el carácter simbólico de estos comicios. La sombra del 12 de abril de 1931 hizo temer a muchos que podía estar acercándose el peligro de un cambio político sustancial.

La estabilidad, como se ha comentado anteriormente, es lo primero. Las principales patronales empresariales y los grupos de interés al servicio del capital español y extranjero expresaron durante parte de 2015 y 2016 su profunda preocupación: los relevos políticos en las distintas Administraciones Públicas españolas amenazaban a sus resultados contables; sin embargo, sus portavoces se refirieron al futuro económico y político de España como principal razón para exigir un gobierno de coalición nacional. La frecuente identificación entre intereses empresariales y nacionales hace de los líderes de las corporaciones patriotas inequívocos.

Fue entonces cuando los mitos ideológicos ya expuestos en este trabajo —el Euro y el «espíritu de la Transición», principalmente— y los principales protagonistas de los poderes permanentes comenzaron a manifestarse para clamar por la conservación, con alteraciones, del sistema bipartidista. El primero, posiblemente el más influyente y efímero, fue el denominado Consejo Español para la Competitividad. Encabezado por empresarios de referencia como César Alierta (expresidente de Telefónica y principal mediador para las grandes operaciones político-empresariales de los últimos años), Florentino Pérez (ACS y Real Madrid), Ana Patricia Botín (Banco Santander), Francisco González (BBVA), Isidre Fainé (Caixabank y Gas Natural) y Antoni Brufau (Repsol), entre otros, reprocharon al PSOE de Pedro Sánchez haber traicionado la condición bipartidista con su alianza con las fuerzas de la denominada «nueva política» en numerosos consistorios[5].

El Consejo Español para la Competitividad cerró sus puertas en el año 2017, con la recuperación reafirmada, conservado el gobierno del PP, pero también con una antipatía creciente por parte del presidente Rajoy[6]. Su papel como lobby del Ibex-35 fue explícito, y su confusión entre intereses empresariales y nacionales, su principal enseña. Otros grupos patronales, como el Círculo de Empresarios, del que provenían el ministro Pedro Morenés y otros altos dirigentes del primer gobierno de Rajoy, se pronunció a principios de 2016 por un «gobierno estable» que, por supuesto, no debía incluir nunca a Podemos[7].

A esta patronal estatal se unieron pequeñas y grandes asociaciones empresariales regionales y autonómicas, y tuvieron la virtud de reunir y coaligar al capital catalán y al vasco. El peligro a conjurar parecía claro y las diferencias entre los territorios, siempre negociables ante esta clase de amenazas.

Otros pronunciamientos no menos llamativos mostraban las caras de exministros profundamente imbricados en el laberinto empresarial español. Por ejemplo, la portada del diario Expansión del 23 de diciembre de 2015[8], solo tres días después de las elecciones que no decidieron nada y supusieron un bloqueo parlamentario. En este diario de páginas salmón, una serie de ministros de la antigua UCD, del PSOE y del PP exigían un pacto entre los partidos constitucionalistas para hacer frente a los retos económicos y políticos que atravesaba nuestro país. La conjunción de estos tres partidos conformaba este espontáneo manifiesto como una aparición navideña de la Constitución de 1978: todos los esfuerzos realizados durante las últimas décadas podían haber sido en vano si nuestros representantes electos no adoptaban los acuerdos convenientes.

Los embajadores de esta delegación constitucional eran gente poderosa. Por ejemplo, exministros ahora integrados en esa cámara privada que son los consejos de Administración, como Eduardo Serra, buen conocedor del ámbito armamentístico, de las finanzas y de la mediación con la gran potencia americana y la Monarquía española. Y también empresarios, como Juan Manuel Villar-Mir, magnate de la construcción, con OHL y con un preciado asiento en el consejo del Banco Santander, cercano también a la Corona.

A los que se sumaban Javier Gómez Navarro, exministro de Comercio con Felipe González y en la dirección de distintas grandes empresas, como las privatizadas Iberia o World Duty Free; Carlos Solchaga, el gran ministro de Economía socialista que regenta una consultora estratégica al servicio del Ibex-35; Jaime Mayor Oreja, un duro del PP más conservador, ligado a una familia exitosa en las empresas de seguridad privada; Valeriano Gómez, exministro de Trabajo perteneciente a la UGT…

A este clamor capitalista para asegurar la recuperación económica se unía la exigencia de acuerdos fundamentales para mantener España unida. Pese a que había sido, entre otras razones, el rechazo del Tribunal Constitucional al Estatut catalán el que había dado la puntilla a un conflicto territorial de muchas décadas, el salto adelante del Govern hacia la autodeterminación había puesto en marcha un movimiento constitucionalista en el que confluían buena parte de los exmandatarios inquietos por el futuro económico de la nación.

La Fundación España Constitucional, impulsada en el año 2013 por dos políticos amigos y colaboradores, Eduardo Zaplana y José Bono —ambos promotores de Albert Rivera como mejor remedio al problema en Cataluña—,[9] reunió a una pléyade de antiguos titulares de las más variadas carteras de los gobiernos desde 1977 hasta esa fecha, todos clamando para salvaguardar a la nación de su desmembramiento.

Entre estos, destacaban las ministras empresariales de José Luis Rodríguez Zapatero Elena Salgado (Endesa Chile, Pescanova, Abertis) y Cristina Garmendia (Gas Natural, Mediaset, Banca March, Everis, Pelayo); la aristócrata conservadora Cayetana Álvarez de Toledo —hija del marqués de Casafuerte, combatiente de la Resistencia antifascista francesa—; los exministros anteriormente mencionados Carlos Solchaga y Javier Gómez-Navarro o los históricos Rodolfo Martín-Villa y Marcelino Oreja, entre muchos otros[10].

Las presiones se endurecían sobre el PSOE de Pedro Sánchez, al que se responsabilizaba de la repetición de las elecciones en junio de 2016, así como de flirtear políticamente con Podemos. Un nuevo manifiesto, en julio de ese mismo año, incluyó a seis exministros socialistas y sugería a este líder aparcar su ambición para permitir la gobernabilidad del país[11]. Los acontecimientos de otoño de 2016, con la defenestración de Sánchez a manos de su propio Comité Federal, terminaron con todo tipo de oposición interna a la investidura, por activa y por pasiva, del PP de Mariano Rajoy.

Pedro Sánchez, dimitido como diputado y contrario al apoyo a Rajoy, declaró en la televisión haber sido presionado por el diario El País y por dos grandes entidades financieras para no formar un gobierno con el partido de Pablo Iglesias[12]. Una vez reinventado tras su victoria en las elecciones primarias, Sánchez prefirió hacer borrón y cuenta nueva, una fórmula de olvido que haría difícil cualquier tipo de regeneración pero que le permitiría optar a la jefatura del gobierno español al cabo de poco tiempo. La valentía inicial del candidato socialista y después presidente ha servido para ilustrar con claridad lo que se viene comprobando durante todo este trabajo: el sistema bipartidista garantiza una estabilidad y una previsibilidad política muy apreciada por determinados grupos de poder.

Dicha estabilidad representa el mejor caldo de cultivo para que las grandes empresas, que frecuentemente conforman oligopolios opuestos al espíritu del mercado libre, maximicen sus inversiones y logren las mejores posiciones de salida y de llegada para optimizar sus resultados económicos. Los cambios bruscos que amenazan el statu quo serán siempre combatidos con ingentes recursos políticos, financieros y mediáticos. Están en juego, entre otras cosas, los más suculentos contratos con el Estado, principal inversor del país.

¿Quién financia a Ciudadanos?

¿Quién financia a Ciudadanos?

En todo este periodo crítico, no fueron pocos los que alertaron de la financiación venezolana e iraní, que los acusadores intuían fundada en la abundancia petrolífera, destinada a la formación dirigida por Iglesias, Íñigo Errejón e Irene Montero, entre otros. Poco se ha dicho, en cambio, de cómo Ciudadanos pagó sus campañas electorales, su exposición mediática y la promoción de líderes nacionales, regionales y locales en tan poco tiempo.

Ciutadans de Catalunya había sido fundado en el año 2005, impulsado por un grupo de intelectuales mayoritariamente de centro izquierda como contrapunto al emergente poder soberanista en la Generalitat presidida por Pasqual Maragall. Después de numerosas luchas internas y cuestionables procesos de selección, la formación presidida por Albert Rivera obtenía tres escaños en las elecciones autonómicas de noviembre de 2006. El apoyo incondicional de determinados medios generalistas hacía pensar que en este intento renovador de la política regional catalana se jugaba algo más.

Sin embargo, una vez cumplida la misión, Ciudadanos afrontó a partir de 2007 una travesía por el desierto: en las elecciones municipales de aquel año, consiguió poco más que una decena de concejales, todos fuera de las cuatro grandes capitales. La capacidad de adaptación de la formación de Rivera, manifiesta en el discurso mantenido por sus dirigentes durante estos últimos años, batiría todos sus récords en 2009. Ese año, Ciutadans concurrió a las elecciones al Parlamento Europeo coaligada en el seno de Libertas, un consorcio euroescéptico patrocinado por el multimillonario inglés Declan Ganley, opuesto al aborto y al matrimonio homosexual, en el que participaban partidos de ultraderecha polacos y franceses, entre otros[13].

La delegación española llevó a Miguel Durán, exdirectivo de la ONCE y de Telecinco —apodado Al Cupone en los años noventa—, como número uno; el dos fue José Manuel Villegas, significado representante parlamentario y dirigente del partido en la actualidad; la lista se completaba con miembros de asociaciones en defensa de la familia tradicional, así como del denominado Partido Socialdemócrata, formado por partidarios del exdiputado tránsfuga Eduardo Tamayo, artífice de la presidencia de Esperanza Aguirre en la comunidad madrileña[14].

Según diversas fuentes, la financiación de la aventura de Libertas en España podría haber ascendido hasta los tres millones de euros, pero no más de 22 000 españoles apoyaron esta iniciativa, pese a la generosidad de sus anuncios en prensa y a la dedicación prestada por el comprometido Grupo Intereconomía, en continuos enfrentamientos con el ejecutivo de Rajoy y bajo una creciente presión financiera.

Es relevante añadir, además, que el presidente de dicho grupo mediático, el catalán Julio Ariza, se ha mostrado favorable a la formación ultraderechista Vox, cuyo primer candidato al Parlamento Europeo fue, en 2015, su amigo Alejo Vidal-Quadras.

Pese a este deambular previo a la crisis política española, la llegada de Albert Rivera a la carrera por la presidencia de 2015 parecía providencial. Sus apoyos empresariales no quedan todavía claros. Algunos dirigentes bancarios, como Josep Oliu (Banco Sabadell), habían expresado la necesidad de impulsar «una especie de Podemos de derechas»[15] asimismo, el número uno de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se encontró más que satisfecho con la llegada al gobierno de una formación liberal conservadora con una visión más cualificada sobre la transición energética que la de los ministros técnicos de Mariano Rajoy. A falta de datos contrastados, las especulaciones periodísticas los han situado como uno de los grandes apoyos del Ibex-35; este último hecho, escasamente documentado, puede constatarse en base a la teoría de las élites: el mejor cambio es el que renueva a las personas en el mando pero mantiene intactas las estructuras de poder económico y facilita e incluso mejora los sistemas de intercambio entre los diferentes líderes y sectores.

Presidente Sánchez: una sorpresa petrificada

Presidente Sánchez: una sorpresa petrificada

Los arreglos temporales estaban demostrando ser parches que se desprendían cada cierto tiempo y volvían a dejar la herida de la crisis política al descubierto: el segundo gobierno del PP era el mejor ejemplo.

Llegados a este punto, lo mejor para mantener la estabilidad en un período todavía incierto —casi todos parecen serlo— era un cambio político que generara una cierta ilusión y nuevas expectativas en una parte del electorado y, al mismo tiempo, un fuerte deseo de que las alteraciones fundamentales fueran mínimas.

Este sería el mandato implícito del presidente Pedro Sánchez que, a través de una sorpresivamente triunfal moción de censura, sustituyó en el poder ejecutivo al presidente Mariano Rajoy en el mes de junio de 2018. El conservadurismo político y económico pasaba al bando progresista, que reafirmaría la estabilidad del sistema sin necesidad del gasto electoral de unos comicios que llegarían más adelante. El que sus enemigos llamaron «gobierno provisional» de Pedro Sánchez escenificó, de nuevo, la puesta en marcha de una red social de influencias que encajaba con el orden político, económico y mediático imperante, respetando las prioridades del electorado progresista. El ejecutivo socialista, surgido in extremis tras la condena al Partido Popular por uno de los sumarios de la trama Gürtel, representaba una exhibición de visión política y comunicativa al servicio de la recapitalización electoral a corto y medio plazo del PSOE, a la que se añadió la colaboración de una serie de figuras de elevado prestigio que habían dado el sí a este gobierno en una coyuntura que presentaba numerosos desafíos.

Dicho gobierno, necesario ante la avalancha de podredumbre que acosaba a los principales dirigentes del Partido Popular, adolecía de una debilidad parlamentaria —84 diputados en el Congreso— que convertía todas y cada una de sus acciones, gestos y discursos en decisiones proyectadas a optimizar un futuro resultado en las urnas. Paradójicamente, la socialización de los españoles en un nuevo régimen de competición política intensa hizo de los gestos gubernamentales una manifestación transparente de sus verdaderas intenciones.

La tecnocracia demoscópica

La tecnocracia demoscópica

Esta debilidad parlamentaria y el auge de la «tecnocracia demoscópica», muy avanzada en los partidos mayoritarios, condicionó decisivamente al gobierno socialista. Al frente de dicha tecnocracia Pedro Sánchez colocó a un consultor político formado en Estados Unidos, un hombre para el que el trabajo profesional se ejerce con total independencia de las creencias propias: Iván Redondo Bakaikoa.

Formado como comunicador en Deusto, Redondo había asesorado en el País Vasco al dirigente conservador Antonio Basagoiti; en Badalona había colaborado, con una campaña xenófoba, a que Xavier García Albiol se convirtiera en el alcalde de la localidad; en la Comunidad de Extremadura, a que José Antonio Monago pusiera fin a treinta años de hegemonía electoral del PSOE. Poco después de ser expulsado del gobierno autonómico extremeño —donde había ocupado el cargo de consejero sin cartera— por el retorno de los socialistas, Redondo entabló conversaciones con Pablo Iglesias y vio en Pedro Sánchez, sobre el que se cebaba la injusticia del Comité Federal a finales de 2016, un relato político del que obtener exitosas ventas.

Desde su blog The War Room, alojado en la web del diario Expansión[16], este consultor había afirmado en mayo de 2017 que «Sánchez puede ser presidente». Una campaña de primarias en la que el futuro mandatario socialista recorrió España en un turismo e hizo del militante comprometido la base de su discurso, sorprendió al denominado aparato y lo encumbró como secretario general y como definitivo aspirante a La Moncloa.

La recompensa que cobró Redondo fue la de dirigir el Gabinete del Presidente. Allí, este asesor político trajo incluso a compañeros de profesión pertenecientes en origen al Partido Popular y poco decorosos con el expresidente Rodríguez Zapatero[17].

La puesta en escena del gobierno socialista parecía, en tiempos de tribulaciones políticas, la base sobre la que edificar el breve mandato de Pedro Sánchez, y Redondo participó de pleno en la formación de un gobierno de impacto y en la concepción de las decisiones de mayor calado mediático.

La demoscopia fue uno de los rasgos definitorios del Ministerio de la Presidencia y del complejo de La Moncloa. El Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, terminal gubernamental de la constelación de las encuestas y la investigación social, fue concedido a un miembro de la dirección reducida del partido, el histórico guerrista José Félix Tezanos. Catedrático de Sociología retirado y director de las encuestas de su revista, Temas para el Debate —había calificado de «brujería» los estudios demoscópicos contrarios al candidato del PSOE realizados antes de la moción de censura—,[18] Tezanos, a cargo de fundaciones del PSOE como Sistema o Pablo Iglesias, encarnó el papel de analista sociológico y, de manera indirecta, de estratega político-mediático.

En este sentido, cabe subrayar que las encuestas del CIS, como las demás, no solo sirven para detectar tendencias, sino también para crearlas. A pocos sociólogos titulados se les escapa la profunda influencia de la denominada «profecía autocumplida»: una información referente a un supuesto incremento en intención de votos de un partido puede repercutir en una materialización real de dicho incremento; y qué decir de la necesidad de utilizar el «voto útil» cuando uno de los dos partidos de izquierda se desploma en las encuestas más difundidas, o cuando determinadas combinaciones políticas son necesarias para derrocar a los conservadores.

Los grandes medios son plazas clave para la conquista electoral que, en etapas de fuerte endeudamiento privado, luchan por la financiación institucional privilegiada. Además del consultor Iván Redondo, Miguel Ángel Oliver, jefe de Informativos de Cuatro y experiodista de la SER —donde trabajó en compañía de Antonio García Ferreras—, se encargó desde el equipo de Sánchez de las relaciones con las terminales mediáticas públicas y privadas, convirtiéndose en un mediador idóneo con el Grupo Prisa y, quizá, también con Mediapro.

Dada la imposibilidad de poner en RTVE a un directivo que hiciera del ente un gabinete de comunicación gubernamental, el ejecutivo Sánchez necesitaba de medios de centro izquierda e izquierda con capacidad de reconciliación. La coyuntura financiera y la pérdida de calidad reciente del diario El País llevó al comité directivo a una decisión afortunada para el gobierno al nombrar a la veterana periodista Soledad Gallego-Díaz como directora. Gallego-Díaz, forjada en el oficio del periodismo independiente —todas las formas de vida humana tienen ideología y prejuicios— ha hecho del primer diario español, de nuevo, un espacio de debate y opinión plural, alejado de la trayectoria que este rotativo mostró en los años anteriores, cuando su director Antonio Caño y su ahora presidente de honor, Juan Luis Cebrián, lo situaron en posiciones más cercanas al partido de Albert Rivera e, incluso, al de Mariano Rajoy y Sáenz de Santamaría.

No obstante, las ambiciones mediáticas del ejecutivo no quedarían ahí, y el fallido nombramiento del exministro de Cultura Màxim Huerta marchaba, en un principio, en esa dirección. Huerta, tertuliano de cadenas generalistas y próximo a los programas del corazón, culminaba con su perfil la capacidad de interlocución del nuevo gobierno con cadenas como Mediaset o Cuatro, capaces de llegar a millones de españoles susceptibles de caer en el desánimo, en la abstención o en el voto poco motivado a cualquier otro partido. No pudo ser.

Nadia Calviño: cómo traerse la Troika a Madrid

Nadia Calviño: cómo traerse la Troika a Madrid

Pero para gobernar con éxito y hacer del Estado una catapulta electoral había que establecer más conexiones clave: los espejismos mediáticos no son suficientes. Las élites económicas se tomarían más en serio a Sánchez gracias al reclutamiento de la ministra de Economía y presidenta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos —no es poco—, Nadia Calviño.

El perfil de esta alta funcionaria representaba, por una parte, un mapa de influencias clave para comprender por dónde quería y hacia dónde iba a marchar este gobierno. Y, por otra, la rigidez de los perfiles profesionales que dirigen la espina dorsal de los ejecutivos españoles. Titulada en Economía y Derecho, Calviño pertenece, como sus predecesores en el cargo, al cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado (teco). Según hemos ido viendo, los ministros económicos Pedro Solbes, Luis de Guindos y Román Escolano provenían de dicho cuerpo, como también sucedía con el fallecido Juan Antonio García Díez, titular de Comercio y Economía durante los gobiernos de UCD.

Un dato subraya, además, la capacidad de la red de los tecos para cohesionar a sus miembros, independientemente de la familia partidista de la que procedan o hacia la que se proyecten: la nueva ministra, en su toma de posesión, se refirió a su antecesor Román Escolano como a su preparador de oposiciones[19]. Este nexo del preparador es un importante mecanismo de reclutamiento para la élite funcionarial. Y representa una forma más de homogeneización ideológica; los lazos de confianza profesional y personal ofrecen consistencia a este cuerpo, que opera en las decisiones más relevantes de política económica del país.

Formada profesionalmente en el Ministerio de Economía bajo Solbes y el tándem Rodrigo Rato-Luis de Guindos, Calviño había trabajado como directora general de Defensa de la Competencia hasta el conflicto de la OPA de Gas Natural a Endesa. Fue entonces cuando se trasladó a la Comisión Europea realizando el camino opuesto a su jefe en la cartera económica, Pedro Solbes, antiguo comisario financiero de la UE atraído por Zapatero a su gobierno para calmar a mercados, empresas y organismos multilaterales. En la Comisión, la futura ministra trabajó como alta funcionaria al servicio de diversos comisarios, entre los que destacó el socialista Joaquín Almunia, cuyas críticas a la falta de reformas del gobierno Zapatero durante la crisis reflejaron hasta qué punto el espíritu tecnocrático se había apoderado totalmente del otrora ministro de Trabajo de Felipe González.

Su último cargo antes de ser reclutada por Pedro Sánchez fue el de directora de Presupuestos, bajo el mandato del comisario financiero Günther Oettinger, un poderoso ejecutivo de la UE que se había mostrado despectivo con las decisiones electorales del pueblo italiano y favorable al castigo de las naciones presupuestariamente díscolas por parte de los mercados financieros. Nadie mejor que Calviño para mostrar a la Eurozona que «España no es Italia». Con ella al frente de Economía quedaba claro que el ejecutivo socialista había sido configurado para respetar estrictamente las reglas presupuestarias de la moneda única.

Quizá por la ortodoxia de sus principales decisores económicos, el gobierno español de Pedro Sánchez consiguió transmitir a los gobernadores comunitarios la suficiente confianza como para poder gastar, generar empleo y llegar a las mejores condiciones posibles para los siguientes comicios. La felicitación de Ana Patricia Botín por el nombramiento de Nadia Calviño[20] señalaba que el gobierno socialista no quería dar miedo alguno al mundo económico. De nuevo, como en la primavera de 2004, la socialdemocracia oficial se asomaba al poder ejecutivo de manera sorpresiva y en un periodo de incertidumbre en el que había que ofrecer garantías a quienes ejercen la soberanía efectiva.

Mientras Calviño ejerció el papel de Pedro Solbes —un contable solvente encargado de que las cuentas cuadraran y de que los ministerios del gasto se mantuvieran controlados—, un discreto economista del PSOE parecía haber desempeñado el papel que le correspondió a Miguel Sebastián en 2004, cuando Zapatero le nombró director del programa económico socialista tras haberlo apartado a última hora de la cartera de Economía.

En el gobierno de Sánchez, un papel similar lo desempeñó el economista keynesiano Manuel Escudero, antiguo guerrista y representante de la facción «radical» de la nueva ejecutiva del PSOE surgida con la victoria en las primarias de Sánchez. La historia se repetía con distintos protagonistas y con similares decisiones de política económica: los mensajes a los militantes en las elecciones primarias no debían ser los mismos que los que recibieran las instituciones supranacionales y las grandes empresas.

No obstante, Escudero mantenía con Calviño un nexo en común, el guerrismo. Guerrista era el padre de la ministra, el abogado y expresidente de RTVE José María Calviño. Los guerristas, un apelativo que el exvicepresidente Alfonso Guerra siempre rechazó, representaban la facción ortodoxa de la socialdemocracia española y ocupaban una posición central en el aparato de financiación del PSOE en los años ochenta.

Este factor aportaba un matiz partidista al nombramiento de la ministra que, cuando se celebró el referéndum de la OTAN, acudió a votar pese a no haber rebasado los 17 años[21], lo cual resulta indicativo de una garra política que podría ponerse de manifiesto en la negociación presupuestaria con los mandatarios de su verdadero cuartel general, el que se erige en Bruselas.

Nadia Calviño no había venido precisamente sola. Su condición de alta funcionaria se manifestaba en el nombramiento de los altos cargos más importantes de su departamento, los denominados «segundos niveles» de la Administración. En Economía se desplegó una red de tecos que reiniciaba, con una renovación generacional, la establecida por su antecesor Solbes y que, incluso, mantenía a algunos miembros de los gobiernos conservadores previos.

Destacó la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva Fernández, expresidenta de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. De la Cueva, que fuera durante un año jefa de gabinete del también secretario de Estado David Vegara —quien entre 2004 y 2009 fue número dos de Solbes—, reflejaba que la condición de cualificada funcionaria se transmite también por vías familiares. El tío de Ana de la Cueva es el también teco y exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tan relevante en los ejecutivos de Zapatero.

Otros lazos de parentesco reforzaron la ya de por sí sólida cohesión del equipo de Calviño. La jefa de gabinete ministerial, la teco Carmen Balsa, es esposa del exsecretario David Vegara, uno de los miembros del ya mencionado Clan Intermoney, el conjunto de economistas ortodoxos estudiados en el capítulo tres de este trabajo. Balsa, colaboradora de De Guindos en el mismo ministerio durante los años dos mil, había sido también jefa de gabinete de la exministra de Educación Mercedes Cabrera, esposa del financiero Carlos Arenillas, vicepresidente de la CNMV y directivo del mismo broker financiero, Intermoney, en compañía del exministro de Industria Miguel Sebastián.

Un clan de altos burócratas que parecía desgajado de aquel gobierno socialmente progresista y económicamente conservador constituido en 2004 por Rodríguez Zapatero.

No obstante, Calviño no realizó una sustitución completa de los altos cargos del PP, sino que incluso mantuvo y promocionó a uno de estos, Carlos San Basilio Pardo (también teco), exdirectivo del Banco Santander.

El espíritu de cuerpo, la alta cualificación de quien fuera subalterno de De Guindos o la buena relación de la ministra con la presidenta del Banco Santander pudieron ser las principales motivaciones de este llamativo nombramiento, que subrayaba la continuidad profesional y administrativa de este equipo técnico.

Un ejecutivo para gobernarlos a todos

Un ejecutivo para gobernarlos a todos

La debilidad parlamentaria exigía más que nunca hacer de la formación de un gobierno la mejor combinación de poderes posible. Cada puesto destacado no solo lo era por su titular, sino por el tipo de recurso de poder que este activaba, como el del territorio relevante dentro del Estado.

En este ámbito, el presidente Sánchez hizo del ejecutivo un instrumento que le serviría para generar nuevos equilibrios dentro de un partido, el PSOE, que hasta hacía poco tiempo le había resultado esquivo y hostil. Con el PSOE, el diseño territorial siempre había sido diferente al del PP: Madrid perdería centralidad en la red gubernamental a favor de algunos de los mayores «graneros» electorales socialistas. Para este caso, Andalucía representaba una referencia obligada por dos razones: la primera, su enorme población y el hecho de que había contado con el gobierno socialista más resistente en los años de dominio popular. La segunda, quizá la más importante, que la comunidad andaluza era la sede de la mayor rival política del presidente, la líder regional Susana Díaz, perdedora en las elecciones primarias del PSOE en 2017 y nuevamente derrotada en las autonómicas que ella convocó para diciembre de 2018, y en las que quedó en primer lugar pero sin opción de tener mayoría ni en coalición con la izquierda.

En cualquier caso, estos factores llevaron a que la representación andaluza entre las ministras y los ministros de Sánchez fuera la mayor en todo el gobierno: la vicepresidenta gubernamental, ministra de Presidencia y de Igualdad, Carmen Calvo, exministra de Cultura con Zapatero y exconsejera del mismo ramo con Manuel Chaves en la Junta de Andalucía, desempeñó el papel de mano derecha de Sánchez en el enfrentamiento con los separatistas catalanes y en la difusión de la ideología de las identidades —especialmente el feminismo y la igualdad de género—, con la que, por una parte, competía con la izquierda de Unidos Podemos y, por otra, aspiraba a copar el debate político y provocar movimientos en falso por parte de la derecha conservadora, exactamente como ya ocurriera durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero.

Calvo, cordobesa, había sido crítica con el liderazgo de Susana Díaz y había apoyado a Pedro Sánchez en el proceso de primarias. Miembro de la Fundación España Constitucional, ente bipartidista de exministros para evitar la secesión catalana, representaba la dureza negociadora con el denominado Procés, posición a la que, además, aportaba su condición de profesora titular de Derecho Constitucional.

A Carmen Calvo se unía en el grupo crítico con Susana Díaz el ministro de Agricultura, Luis Planas, otro de los apoyos de Sánchez y fracasado aspirante a derrotar a Díaz en las primarias andaluzas.

Por su parte, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, abandonó la consejería de Hacienda en la Junta andaluza para trabajar en el gobierno de Sánchez. Montero, llamada a subir los impuestos a las grandes empresas para equilibrar el presupuesto nacional, ocupaba una posición intermedia entre los críticos y los seguidores incondicionales de la presidenta andaluza.

El reclutamiento de dirigentes de la consejería autonómica convertiría el ministerio de Hacienda en un departamento con enormes lazos hacia el gobierno regional. De esta manera, se establecían conexiones clave para las negociaciones sobre presupuestos y financiación autonómica; además, la probable complicidad Montero-Sánchez servía como contrapeso a la constante amenaza política que Susana Díaz representaba para el presidente del gobierno. Políticas públicas y de partido aunadas en una sola persona. El resto tendría que esperar.

Para Cataluña, que probablemente suponía el mayor reto para la permanencia y renovación del gabinete Sánchez, el gobierno central mostraría dos tipos de cartas: por una parte, la negociadora, con Meritxell Batet, titular de Administraciones Territoriales; por otra, la firmeza constitucional, esgrimida por Josep Borrell, ministro de largo recorrido, significado en las manifestaciones barcelonesas organizadas por la españolista Sociedad Civil Catalana. Una llamada de atención que no solo iba dirigida a los independentistas, sino también a aquellos votantes de centro que el PSOE aspiraba a recuperar en Cataluña: los que abandonaron el voto socialista para pasar a apoyar la candidatura de Inés Arrimadas (Ciudadanos) para la presidencia de la Generalitat.

La operación de formación del ejecutivo parecía haber sido un exitoso sudoku que se completaría con la anuencia del poder castellano manchego —la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio—, el valenciano —la de Sanidad, Carmen Montón—, el vasco —la titular de Educación y portavoz Isabel Celáa, próxima a Patxi López— y el madrileño, con Reyes Maroto, segunda de Ángel Gabilondo, como ministra de Industria, Comercio y Turismo. Los segundos niveles administrativos integrarían, además, a dirigentes de casi todas las comunidades.

Este gobierno no solo controlaba diversas autonomías, sino que también regía los aparatos políticos de cada una de estas zonas. Una doble condición que hacía de la política un ejercicio de combinación y cálculo: la articulación nacional regional y el control sobre el partido son dos exigencias estructurales que escapan a muchos ciudadanos e incluso a determinados analistas.

La estabilidad del cambio

La estabilidad del cambio

Pero este gobierno no solo fue un cúmulo de estrellas profesionales y mediáticas, como el astronauta Pedro Duque, el juez Fernando Grande-Marlaska… Tampoco una representación sólida de la Comisión Europea —Nadia Calviño y su equipo, por ejemplo—. Ni siquiera una configuración de carteras administrativas que, no por casualidad, habían puesto en manos del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, el Ministerio de Fomento, con numerosas obras públicas locales y autonómicas por entregar justo antes de las elecciones de la primavera de 2019.

Este ejecutivo, de feminista disparidad para recuperar a Pedro Sánchez en el voto de las mujeres, de relumbrantes fichajes y de estruendosas primeras medidas, fue también un gobierno de continuidad administrativa. Como con los anteriores, la sustancia fundamental del gobierno fue la alta función pública.

En él se mantuvieron algunos de los cuerpos funcionariales de élite predominantes con el PP y ascendieron los que el PSOE cuida con más ahínco: una modificación de élites funcionariales para adaptarse a la tendencia de voto potencial del centro izquierda, en un momento en el que Unidos Podemos parecía estar debilitándose en las encuestas.

Un ejemplo fue el jurídico, con jueces y fiscales de mayoritaria tendencia progresista, exceptuando al magistrado Grande-Marlaska, no obstante, perteneciente al mundo LGTBi, que es un frecuente recurso electoral del centroizquierda. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, es próxima al juez Garzón y experta en terrorismo yihadista, así como miembro de la Unión Progresista de Fiscales, colectivo presente en los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Las grabaciones publicadas de esta exfiscal en compañía del temible comisario Villarejo prueban lo difícil que resulta esquivar a los poderes fácticos de la seguridad en el seno del aparato estatal.

Otro nombramiento interesante fue el de la magistrada Margarita Robles. Robles, ministra de Defensa, había ocupado cargos clave en los ministerios de Justicia e Interior del último ejecutivo de Felipe González. Bajo el liderazgo del ministro Juan Alberto Belloch y en colaboración con la mano derecha de este, María Teresa Fernández de la Vega, Robles jueza tuvo que hacer frente en los noventa a la cascada de casos de corrupción socialista, con el GAL como principal desafío. Los choques que tuvo Robles con el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, fueron constantes.

La titular de Defensa recuperó el Centro Nacional de Inteligencia —que con Rajoy asumió la vicepresidenta Sáenz de Santamaría— y reafirmó, en su toma de posesión, su interés por la «defensa del Estado». Su primera decisión de renombre, la de mantener en sus puestos a los principales dirigentes militares estatales, permite subrayar la continuidad que, en aspectos estratégicos y de escasa repercusión mediática, mostró este ejecutivo[22].

Aparte de los burócratas judiciales, destacaban los diplomáticos, relevantes para los dos gobiernos, que necesitan de los mejores representantes para las negociaciones y los diálogos en el extranjero; los profesores universitarios no escasearían y, habiendo destacado ya el papel de los tecos economistas, habría que subrayar la práctica desaparición de los abogados del Estado, dominantes en la era Sáenz de Santamaría y limitados en esta ocasión a puestos de menor importancia en algunos ministerios.

Quizá fueran los Administradores Civiles del Estado, los más transversales, los que aumentarían proporcionalmente en un mayor número con respecto a las etapas pasadas. Poco parecía haber cambiado si nos atenemos a los perfiles que mayor capacidad de decisión adquieren en el aparato del Estado.

Un gobierno con energías renovadas… y renovables

Un gobierno con energías renovadas… y renovables

Aparte de las imprevisibles turbulencias financieras, de las exigencias presupuestarias, de la emergencia de las reivindicaciones feministas y del desafío independentista catalán, había problemas que eran a la vez urgentes e importantes, como el del cambio climático y la transición entre las diferentes modalidades de fuentes energéticas. El Ministerio para la Transición Ecológica, que englobaría las áreas de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía, pretendía establecer un contraste con el anterior ejecutivo; la connotación de esta cartera ecologista dejaría a sus predecesores como adictos al carbón y a la energía nuclear. Para su dirección, Sánchez eligió a Teresa Ribera, exsecretaria de Estado de Medio Ambiente con Zapatero y participante en foros multilaterales sobre transición y energías renovables.

Ribera, que había exhibido coherencia profesional al haber ejercido un puesto directivo en una empresa fotovoltaica, la desaparecida Isofotón, receptora de subvenciones —y denuncias— por parte de la Junta de Andalucía, sería la dirigente llamada a mostrar la cara de un gobierno que, con renovadas energías, prepararía la instauración definitiva de las energías renovables y el establecimiento de un modelo de crecimiento compatible con el respeto al medio natural. Las manifestaciones favorables de algunas organizaciones ecologistas subrayaban el establecimiento de un puente con este tipo de grupos de interés, otro terreno en el que marcar una diferencia con la derecha y adelantarse a la izquierda parlamentaria.

Pero hubo más actores relevantes en esta cartera. Ribera nombró como secretario de Estado de Energía a José Domínguez Abascal. Catedrático en la Escuela sevillana de Ingeniería Industrial, Domínguez era un referente técnico en Andalucía, donde había ejercido cargos de gestión técnica para la Junta y donde había formado a numerosas generaciones de ingenieros. Esta cualificación y su amistad con la familia Benjumea, aristocracia agraria próxima a la Monarquía y devenida en máxima propietaria de la termosolar Abengoa, había llevado al catedrático a cargos directivos en esta entidad del sector de las energías renovables. Durante el concurso de acreedores de esta compañía, Domínguez Abascal figuró como presidente. Allí coincidió con el consejero Josep Borrell, ministro de Exteriores y Cooperación con Pedro Sánchez, próximo también a Felipe Benjumea, al que se concedería una generosa indemnización por su cese en la multinacional de matriz sevillana; dicha indemnización, así como la venta de un paquete de acciones de esa sociedad de la que fue consejero, supusieron a Borrell más de un sobresalto[23].

Poco podía esperarse del gobierno Sánchez en términos de reforma del sistema y de sus deficiencias más lesivas: era un equipo que suponía simplemente una reválida de los ejecutivos anteriores y una continuación de los gobiernos técnicos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Se trataba, en realidad, de un gobierno que resultó en sus actuaciones sumamente conservador, pues su pretendida brevedad y su fragilidad parlamentaria harían de la amenaza del regreso de la derecha un mecanismo de control para mantener el aprobado del electorado afín, que es otra herramienta del sistema bipartidista de sustitución de élites español; las exigencias de las instituciones supranacionales le eximirían, además, de atreverse a adoptar medidas consideradas todavía poco ortodoxas, como, por ejemplo, el cuestionamiento de las cifras de déficit y deuda pública, algo que otros países de la Eurozona sí habían comenzado a hacer.

Proyección de los principales grupos de poder del escenario social, el ejecutivo socialista de Pedro Sánchez representó una respuesta del bipartidismo ante el auge de Ciudadanos y Podemos, pero no escapó a la crisis que se estaba experimentando en otros países: la sustitución de élites, de partidos y de individuos reforzaba paradójicamente las formas de mando —la estructura de poder, en definitiva—, sin ofrecer soluciones verdaderas ni de largo plazo a los problemas de exclusión, relativa o absoluta, de la población en un contexto crítico.

Quienes tengan capacidad de observar más allá de los calendarios y de los ciclos electorales podrán concluir que los problemas de la economía, de la sociedad y de la democracia española continúan. Una futura recesión o un estancamiento en el crecimiento agudizarán las tensiones y los conflictos territoriales y la mala administración del desafío migratorio operarán como combustible para que un nuevo populismo ultra, proveedor de soluciones sencillas y desacomplejadas, como el que ya ha surgido en España, vaya adquiriendo un apoyo creciente entre los sectores más ideologizados y más damnificados por las turbulencias financieras.

PEDRO SÁNCHEZ, PRESIDENTE: UNA RED QUE REMITE AL PASADO. Pedro Sánchez tuvo que contar con numerosos tecnócratas presentes en los gobiernos de Zapatero. Un ejemplo es el de Nadia Calviño, cuyo preparador de oposiciones (Técnico Comercial y Economista del Estado) había sido el exministro conservador Román Escolano, y cuyo anterior jefe había sido Gunther Oettinger en la Comisión Europea. Calviño, conectada con los clanes guerristas a través de su padre, José María, reclutó a tecos como Carmen Balsa —esposa de David Vegara y exjefa de gabinete de la exministra Mercedes Cabrera— o Ana de la Cueva —sobrina de Miguel Ángel Fernández Ordóñez—. La continuidad de los tecos remitía, en último lugar, a Pedro Solbes, máximo superior de Calviño en Economía en 2004. Otro clan relevante fue el de Josep Borrell, ministro de Exteriores, conectado con la empresa Abengoa, uno de cuyos presidentes, José Domínguez Abascal, sería nombrado número dos del Ministerio para la Transición Ecológica. Su titular, Teresa Ribera, está casada con Mariano Bacigalupo, jurista de familia tradicionalmente próxima al PSOE y, en especial, al presidente Felipe González. Otros núcleos de influencia son los territoriales, como el andaluz, gracias al nombramiento de las ministras Carmen Calvo, Luis Planas y María Jesús Montero, relacionadas de distinto modo con la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Por último, cabe destacar a los cerebros demoscópicos: por una parte, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, procedente del guerrismo aunque en relaciones mejorables con Alfonso Guerra; por otra, el más joven Iván Redondo que, después de asesorar a candidatos y presidentes autonómicos conservadores, había visto en Sánchez una notable materia prima a la que extraer jugo electoral.

Epílogo. Contar la verdad para que las cosas cambien

EPÍLOGO

Contar la verdad para que las cosas cambien

La narración que aquí concluye ha visto pasar a distintos presidentes por el complejo presidencial de La Moncloa. Ha presenciado la sorpresiva caída de Aznar en 2004, el ascenso y descenso en picado de Rodríguez Zapatero en lo peor de la crisis económica, la inevitable llegada de Rajoy y la aparición providencial de Pedro Sánchez cuando la mugre había salpicado hasta el plasma de la sede central del Partido Popular.

Este relato ha contado, además, con el surgimiento de actores políticos en un principio revolucionarios como Podemos, con el renacimiento de una formación de centro derecha como Ciudadanos, con la desaparición del partido bisagra UPyD y con la más reciente incorporación del búnker conservador y nostálgico Vox. La actualidad parece, a la luz de estos hechos, vibrante, frenética, impaciente, cruel e inmisericorde con quien ose distraerse solo dos minutos.

Pero dicha realidad es en su mayor parte falsa, salvo alguna cosa… Todos estos cambios coyunturales no han hecho sino disfrazar la estabilidad de un sistema capitalista nacional e internacional que ha conseguido sortear un periodo crítico sin ver afectada su tasa de ganancia ni sus beneficios privados.

Solo esto cuenta, porque es lo que influye en si tenemos empleo o no, en si necesitamos irnos a vivir a otro país para tener un salario decente, en si mañana nos despedirán sin garantías, en si podemos manifestarnos sin tener que pagar multas a plazos… Estas son las condiciones que se han modificado, empeorando de manera estructural, y que van a marcar nuestras vidas y las de los que vengan después.

De esto debemos responsabilizar a «nuestros políticos», por supuesto. Pero también, y como llegados a este punto muchos intuirán, a una inmensa y a la vez reducida retícula de poder. Una red de redes que organiza nuestras vidas, que condiciona nuestro futuro y que reinterpreta nuestro pasado a su gusto. Un entramado relacional que queda aquí en parte al descubierto.

Solo durante un breve intervalo, entre 2015 y 2016, algunos rostros que rigen nuestra economía y nuestra sociedad, miembros centrales de dicha red, se asomaron para recomendarnos cautela ante las amenazas que vivía entonces el sistema bipartidista. Estaban preocupados. Podemos y sus confluencias amenazaban seriamente el statu quo. Pero aquello ya pasó. No ha sido sorprendente que no hayan lanzado advertencia alguna con la entrada de Vox a las instituciones. Algún día se sabrá de las principales fuentes de financiación de este partido.

Este texto no es una llamada panfletaria a una revolución que, por sí misma, bien puede convertirse en un nuevo producto político. Ofrece, por el contrario, una invitación al mundo del periodismo y del análisis a un ejercicio sumamente crítico, que aspire a conectar con esa preocupación ciudadana tan frecuentemente saturada y estrangulada por la polución mediática del día a día.

Quién manda aquí; cómo se nos domina; qué mecanismos rigen la vida social… Necesitamos, en este momento, más preguntas que respuestas, gimnasia mental y social para un avance a medio y largo plazo, sin promesas electorales ni espectáculo televisivo.

El análisis político y periodístico que España necesita tiene una enorme responsabilidad: cualquier estudio de nuestra estructura social refleja que las necesidades de la mayoría de los españoles son muy similares y que, por tanto, la actual fragmentación y polarización política no responden a factores reales, sino a una serie de intereses corporativos diversos que nada harán para que las cosas cambien.

En este libro dichos intereses han quedado presentados en algunas de sus manifestaciones. Hay muchísimas más. La punta del iceberg que este ensayo ofrece es suficientemente preocupante como para manejar dos concepciones de la democracia: la primera, la teórica, la que sería deseable; la segunda, la realmente existente y la que aspiramos a mejorar. Nuestro progreso y avance social dependen de que la segunda definición se aproxime, poco a poco, a la primera. Ese, y no otro, debe ser el verdadero programa electoral del futuro.

Notas

[1] Aron, R. (1976) Las etapas del pensamiento sociológico: Durkheim, Pareto, Weber. Buenos Aires: Siglo XX. <<

[2] Bourdieu, P. (2013) La nobleza de Estado: educación de élite y espíritu de cuerpo. Buenos Aires: Siglo XXI Editora Iberoamericana. <<

[3] Beltrán, M. (1976) La élite burocrática española. Madrid: Fundación Juan March-Ariel. <<

[4] Linz, J. y De Miguel, A. (1968) «La élite funcionarial española ante la reforma administrativa». En Anales de moral social y económica. Madrid: Centro de estudios sociales del Valle de los Caídos. <<

[5] García Abad, J. (2010) El Maquiavelo de León: cómo es en realidad Zapatero. Madrid: La Esfera de los Libros. <<

[6] González, M. «Albacete gana la pugna para albergar la primera fábrica de helicópteros en España». El País, 13 de mayo de 2005. <<

[7] González, M. «Zapatero, Bono y Moratinos se reúnen con Obiang». El País, 2 de julio de 2014. <<

[1] Heras, R. (1990) El Clan. La historia secreta de la beautiful people. Madrid: Temas de Hoy. <<

[2] Crozier, M., Huntington, S. y Watanuki, J. (1975) The crisis of democracy. Report on the governability of democracies to the Trilateral Commission. New York: New York University Press. <<

[3] Van Apeldoorn, B. y De Graaff, N. (2014) «Corporate elite networks and US post-Cold War grand strategy from Clinton to Obama». European Journal of International Relations. <<

[4] Iglesias, M. A. (2003) La memoria recuperada. Lo que nunca han contado Felipe González y los dirigentes socialistas de sus años de gobierno. Madrid: Aguilar. <<

[5] Fernández Ordóñez, M. A. «Mejor y peor». Cinco Días, 28 de febrero de 2004. <<

[6] Fernández Ordóñez, M. A. «El pinchazo de la burbuja de la construcción». Cinco Días, 27 de septiembre de 2003. <<

[7] Galbraith, J. K. (1980) El nuevo Estado industrial. Barcelona: Ariel. <<

[8] Montero, L. M. (2016) El club de las puertas giratorias. De los escaños a la poltrona. Todos los privilegios de los políticos que pasan a la empresa privada… y viceversa. Madrid: La Esfera de los Libros. <<

[9] Bolaños, A. y Missé, A. «El paro da una mínima tregua». El País, 6 de mayo de 2009. <<

[10] Redacción. «El PSOE presume ya de “brote verde” en un vídeo electoral». El Mundo, 2 de junio de 2009. <<

[11] Ekaizer, E. (2012) Indecentes. Crónica de un atraco perfecto. Madrid: Espasa. <<

[12] Redacción. «Juntos contra la crisis». El Mundo, 28 de octubre de 2009. <<

[1] Noceda, M. A. «Un ortodoxo de la economía en La Moncloa». El País, 12 de noviembre de 2006. <<

[2] García Abad, J. (2010) El Maquiavelo de León: cómo es en realidad Zapatero. Madrid: La Esfera de los Libros. <<

[3] Redacción. «El juez condena a Intereconomía por insultar a Marina Geli». El Periódico, 7 de enero de 2014. <<

[4] Estefanía, J. «Historia de la tía Carlota». El País, 23 de marzo de 1986. <<

[5] Domhoff, W. G. (1969) ¿Quién gobierna Estados Unidos? Madrid: Siglo XXI. <<

[6] Mills, C. W. (2001) La élite del poder. México: Fondo de Cultura Económica. <<

[7] De Barrón, I. «El Congreso aprueba que la CNMV controle las sicav». El País, 1 de julio de 2005. <<

[8] Redacción. «Hacienda levanta acta a 40 sicav, entre ellas la de Juan Lladró». El País, 9 de enero de 2006. <<

[9] Redacción. «Julio Segura reconoce que su cartera de valores la gestiona Intermoney». El Confidencial, 4 de mayo de 2007. <<

[10] Díez, J. C. (2007) «El mito de la burbuja inmobiliaria». Economía Exterior. <<

[11] Esteller, R. «Maite Costa y Carlos Kinder crearon una consultora que no han disuelto». El Economista, 20 de junio de 2006. <<

[12] Redacción. «La Caixa perdona 6,5 millones al PSC del préstamo y acuerda que pague el resto al 3% en 15 años». El Mundo, 11 de noviembre de 2005. <<

[13] Tomás, C. (2006) OPA a Endesa. El que resiste gana. Madrid: La Esfera de los Libros. <<

[14] García Abad, J. (2010) El Maquiavelo de León: cómo es en realidad Zapatero. Madrid: La Esfera de los Libros. <<

[15] Jáuregui, F. «Javier de Paz, elegido nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas». El País, 1 de octubre de 1984. <<

[16] Blay, J. A. «Zaplana autorizó a Telefónica en 2003 un expediente que redujo en un tercio su plantilla». Levante, 7 de junio de 2008. <<

[17] Sota, I. «La hija del ex de las JJSS se pone de largo». El Mundo, 4 de junio de 2011. <<

[18] Rallo, J. R. «En recuerdo de David Taguas». Libertad Digital, 23 de febrero de 2014. <<

[19] Hernanz, C. «Abengoa prescinde como consejero del hermano del exministro Miguel Sebastián». El Confidencial, 28 de febrero de 2012. <<

[20] Carcar, S. «ACS contrató a Intermoney buscando un trato regulatorio favorable al almacén de gas Castor». Infolibre, 13 de noviembre de 2014. <<

[1] Redacción. «Las “miembras” de Bibiana Aído». 20 Minutos, 10 de junio de 2008. <<

[2] Lippmann, W. (2003) La opinión pública. Madrid: Cuadernos de Langre. Chomsky, N. y Herman, E. (2013) Los guardianes de la libertad. Madrid: Crítica. <<

[3] Pastor, A. «Yo Dona recuerda a Carme Chacón con su histórico viaje a Afganistán». Yo Dona, 10 de abril de 2017. <<

[4] Sánchez, I. «Pelea en el PSOE por RTVE». El Siglo de Europa, 28 de junio de 2004. <<

[5] Ibídem. <<

[6] Díaz Herrera, J. (2009) Pedro J. Ramírez, al desnudo. Madrid: Foca. <<

[7] Ruiz, M. A. «Ramírez: “Cada vez hay más indicios de que el 11-M se gestó en los aparatos del Estado”». El Mundo, 27 de agosto de 2005. <<

[8] Múgica, F. «Soy una víctima de un golpe de Estado encubierto tras un grupo de musulmanes». El Mundo, 3 de septiembre de 2006. <<

[9] Ekaizer, E. y Romero J. M. «El exminero procesado por el 11-M: “mientras El Mundo pague, yo les cuento la Guerra Civil”». El País, 13 de septiembre de 2006. <<

[10] Gómez, Rosario. «Esperanza Aguirre adjudica las televisiones de Madrid a la Iglesia y a grupos afines al PP». El País, 6 de agosto de 2005. <<

[11] Sopena, E. (2008) La EsPPaña de Rajoy. Barcelona: Comics Books. <<

[12] Redacción. «La Sexta y Mediapro piratean otros dos partidos de fútbol». El País, 17 de septiembre de 2007. <<

[13] Cabeza, G. «Escándalo de Miguel Cardenal: Roures le ficha (Mediapro) tras haberle hecho leyes “a medida”». El Confidencial, 24 de octubre de 2018. <<

[14] Mercado, F. «Barroso mantuvo vínculos con socios de La Sexta hasta su nombramiento». El País, 7 de diciembre de 2007. <<

[15] Redacción. «Zapatero presenta un plan estrella de vivienda que calca una medida en vigor». El País, 19 de septiembre de 2007. <<

[1] Segovia, C. «Hay que educar a la población para que vote al líder correcto». El Mundo, 25 de enero de 2015. <<

[2] Redacción. «El comisario europeo Oettinger dice que los mercados enseñarán a los italianos cómo votar y enfurece a la UE». El Economista, 29 de mayo de 2018. <<

[3] Marx, K. y Engels, F. (2011) [1848] El Manifiesto Comunista. Madrid: Alianza Editorial. <<

[4] Beltrán, M. (1976) La élite burocrática española. Madrid: Fundación Juan March-Ariel. <<

[5] Bustelo, G. y Ruiz-Hermosilla, A. (2017) La Vicepresidenta. Madrid: La Esfera de los Libros. <<

[6] Polanyi, K. (2011) La gran transformación. Crítica del liberalismo económico. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España. <<

[7] Lorente, E. «La “gran familia” de Jorge Fernández Díaz». El País, 20 de noviembre de 1983. <<

[8] Redacción. «Jorge Fernández Díaz: “el aborto tiene algo que ver con ETA”». El Mundo, 7 de mayo de 2013. <<

[9] Documental Las cloacas de Interior, producido conjuntamente por el diario Público y la productora Mediapro. <<

[10] Redacción. «El gobierno reconoce que Margallo asesoró a la familia en 2006». El Mundo, 6 de agosto de 2014. <<

[11] Font, C. «Pérez de Herrasti, el cuñado ultraderechista del ministro Íñigo Méndez de Vigo». El Mundo, 3 de marzo de 2018. <<

[12] García Abad, J. (2016) El malvado Ibex. Madrid: Ediciones El Siglo. <<

[13] Grasso, D. «La familia de Cañete cobró 1,8 millones en ayudas agrarias durante su etapa de ministro». El Confidencial, 18 de septiembre de 2014. <<

[14] Redacción. «La mujer de Cañete también aparece en “Los Papeles de Panamá”». El Diario, 3 de abril de 2016. <<

[15] Águeda, P. «Los papeles de Bárcenas confirman que OHL y ACS entregaron dinero negro al PP». El Diario, 14 de octubre de 2016. <<

[1] Veblen, T. (2014) Teoría de la clase ociosa. Madrid: Alianza Editorial. <<

[2] Marco, A. «N+1, los colegas de De Guindos, ganan otro concurso de Economía para lanzar un fondo». El Confidencial, 15 de julio de 2015. <<

[3] Gómez, Y. «Luis de Guindos, secretario de Estado de Economía: “Las cláusulas de salvaguarda de los salarios se deben ligar a la productividad, no al IPC”». Abc, 2 de noviembre de 2003. <<

[4] Vitali, S., Glattfelder, J. y Battiston, S. (2011) «The network of global corporate control». Plos One. <<

[5] Revista Mongolia. (2016) Crónicas del gran timo. Lo que el poder prefiere que no sepas. Editorial Mong SL. <<

[6] González, F. «Así vendría Luis de Guindos las cuotas de la CAM». El Mundo, 8 de enero de 2018. <<

[7] Missé, A. (2016) La gran estafa de las preferentes. Abusos e impunidad de la banca durante la crisis financiera en España. Barcelona: Alternativas Económicas. <<

[8] Ibídem. <<

[9] Redacción. «José Manuel Vargas, el amigo de los periodistas». Capital Madrid, 13 de abril de 2015. <<

[10] Ramírez Restrepo, E. «El Opus Dei reúne a 100 000 personas en Madrid con la beatificación de Del Portillo». El País, 27 de septiembre de 2014. <<

[11] De Guindos, L. «Una perspectiva “austríaca” de la crisis». El Mundo/Mercados, 10 de enero de 2010. <<

[12] Basteiro, D. «De Guindos: “la reforma laboral será extremadamente agresiva”». Público, 9 de febrero de 2012. <<

[13] De Guindos, L. (2016) España amenazada. Barcelona: Península. <<

[14] Ibídem. <<

[15] Verbatim of the remarks made by Mario Draghi. European Central Bank. (www.ecb.europa.eu). <<

[16] Redacción. «ANFAC valora la labor de Luis Valero al frente de la Secretaría de Industria». El Confidencial, 31 de enero de 2014. <<

[17] Sánchez Soler, M. (1996) Los hijos del 20-N. Historia violenta del fascismo español. Madrid: Temas de Hoy. <<

[18] Ibídem. <<

[19] Redacción. «El Duque de Tovar y Valero Bermejo, procesados por injurias al Jefe del Estado». El País, 11 de agosto de 1978. <<

[20] Ibídem. <<

[21] Ecos Diversos de Sociedad: «Boda Valero Artola-Cárdenas Gallego». Abc, 1 de junio de 1975. <<

[22] Marco, J. «FG promueve a Román Escolano, ex BBVA, como recambio de Luis de Guindos». Capital Madrid, 27 febrero de 2018. <<

[23] Paradinas, M. «La empresa de Wert facturó al PP casi medio millón de euros desde el año 2006». El Plural, 3 de junio de 2013. <<

[24] Uriondo, M. A. y Murga, A. «El top ten de los altos cargos forrados: todos tienen más de 5 millones». El Español, 29 de septiembre de 2018. <<

[1] Eisenhower, D. «Farewell Radio and Television Address to the American People», 17 de enero de 1961. Eisenhower Foundation. <<

[2] Mills, C. W. (2001) La élite del poder. México: Fondo de Cultura Económica. <<

[3] Ibídem. <<

[4] Entrevista personal a Pere Ortega (Centre Delás d’Estudis per la Pau). <<

[5] Redacción. «Un independiente aceptado por todos». El País, 5 de mayo de 1996. <<

[6] Ortega, A. «Los aliados europeos forman un frente común ante EE. UU. para crear su propia industria militar». El País, 4 de abril de 1984. <<

[7] Redacción. «Eduardo Serra promociona en EE. UU. la industria española de armamento». El País, 11 de marzo de 1985. <<

[8] Yárnoz, C. «Un exdirector adjunto de la CIA aspira a representar en Estados Unidos a las empresas españolas de armamento». El País, 24 de octubre de 1984. <<

[9] Redacción. «La tapadera de Cubiertas y MZOV». El País, 13 de julio de 1995. <<

[10] Useem, M. (1984) The inner circle. United States of America: Oxford University Press. <<

[11] Cacho, J. (1999) El negocio de la libertad. Madrid: Foca. <<

[12] Ibídem. <<

[13] Bardají, R. «Chuck Norris: patriotismo pata negra». Libertad Digital, 30 de octubre de 2008. <<

[14] Vázquez Montalbán, M. «Sr. Lobo». El País, 4 de mayo de 1998. <<

[15] Geneall. Portal de Genealogía. <<

[16] Díaz Herrera, J. y Tijeras, R. (1991) El dinero del poder. La trama económica en la España socialista. Madrid: Cambio 16. <<

[17] Medina, F. «El “negocio de la seguridad” era una víctima colateral del fin de ETA… Ahora, el PP le encuentra una salida». El Plural, 11 de diciembre de 2013. <<

[18] Sánchez, R. «Las empresas vinculadas a Morenés recibieron 115 millones del gobierno durante su etapa como ministro». El Diario, 5 de enero de 2017. <<

[19] Águeda, P. «López del Hierro: vida y sumarios del marido de Cospedal». El Diario, 24 de febrero de 2018. <<

[20] Redacción. «El marido de Cospedal encargó a Villarejo investigar el papel de Arenas en una fundación relacionada con Bárcenas». El Diario, 2 de noviembre de 2018. <<

[1] Toplensky, R. «Multinationals pay lower taxes than a decade ago». Financial Times, 11 de marzo de 2018. <<

[2] Arellano, M. y Bentolila, S. «¿Quién es responsable de la burbuja inmobiliaria?». El País, 22 de febrero de 2009. <<

[3] Redacción. «El fiscal acusa a Rodríguez Ponga de blanqueo de dinero en el “caso BBV”». El País, 24 de abril de 2002. <<

[4] Campos, M. A. «Equipo Económico contrató con Tres Cantos al ser elegido alcalde un excompañero del ministerio de Montoro». Cadena SER, 22 de mayo de 2015. <<

[5] Vélez, A. «El lobby fundado por Cristóbal Montoro y denunciado por Anticorrupción, refugio para afines del PP». El Diario, 25 de abril de 2017. <<

[6] Chicote, J. «Montoro llevó a Equipo Económico a cenas con banqueros y empresarios del Ibex organizadas por Rato». Abc, 28 de junio de 2017. <<

[7] Vélez, A. «La consultora que fundó Montoro reduce sus ventas un 23% tras la investigación de Anticorrupción». El Diario, 6 de octubre de 2016. <<

[8] Hernanz, C. «Abengoa prescinde como consejero del hermano del exministro Miguel Sebastián». El Confidencial, 28 de febrero de 2012. <<

[9] Lombao, D. «La consultora KPMG reitera que no “avaló” con una “auditoría” la fusión de las cajas gallegas, como afirmó la Xunta». El Diario, 9 de mayo de 2018. <<

[10] Sérvulo, J. «El director de la Agencia Tributaria hace una purga en la cúpula». El País, 5 de diciembre de 2013. <<

[11] Sánchez, R. M. «Hacienda destituye a otros cinco altos cargos de la AEAT». El Periódico, 6 de diciembre de 2013. <<

[12] Quintero, L. F. «Rafael Catalá abrió las puertas de Codere a Equipo Económico». Libertad Digital, 19 de abril de 2015. <<

[13] Redacción. «El gobierno nombra a Pilar Valiente “número dos” de la oficina antifraude». El Confidencial, 1 de marzo de 2012. <<

[14] Redacción. «El autor del “argumentario de Hacienda” pertenece a una casta, los Menéndez, con largos brazos en el Estado». El Plural, 18 de marzo de 2015. <<

[15] Redacción. «El PSOE ve “un despropósito” que el director de la Agencia Tributaria elija peritos en casos de corrupción». La Información, 28 de febrero de 2016. <<

[16] Águeda, P. «La sentencia Gürtel describe el fraude en el Partido Popular desde su fundación». El Diario, 24 de mayo de 2018. <<

[17] Manso, J. y Fuenteálamo, M. «El Estado defiende a la Infanta: “El lema Hacienda somos todos es solo publicidad”». El Mundo, 11 de enero de 2016. <<

[18] Águeda, P. «Un juez de Toledo investiga una mordida del 3% para el PP de la constructora Sacyr». El Diario, 26 de octubre de 2015. <<

[19] Redacción. «Quién es Marta Silva, la mujer a la que señala Piqué en el palco del Bernabéu». El País, 29 de marzo de 2017. <<

[20] Entrevista personal con Carlos Cruzado (Gestha). <<

[1] Michels, (1969) [1913] Los partidos políticos: un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Buenos Aires: Amorrortu. <<

[2] Ibídem. <<

[3] Miliband, R. (1983) El Estado en la sociedad capitalista. Madrid: Siglo XXI. <<

[4] Rosnick, D. y Weisbrot, M. (2015) «Has austerity worked in Spain». Center for Economic and Policy Research. <<

[5] Marco, A. «Los grandes del Ibex critican con dureza a Sánchez por “venderse” a Podemos». El Confidencial, 17 de junio de 2015. <<

[6] García Abad, J. (2016) El malvado Ibex. Madrid: Ediciones El Siglo. <<

[7] Redacción. «Los empresarios afirman que repetir las elecciones sería un fracaso incomprensible». Expansión, 23 de febrero de 2016. <<

[8] Redacción. «Por un pacto de Estado. Exministros de PSOE, PP y UCD piden un gran acuerdo». Expansión, 23 de diciembre de 2015. <<

[9] Redacción. «Bono se aleja (más) del PSC y se acerca a Albert Rivera en el Club Siglo XXI». El Confidencial, 29 de mayo de 2015. <<

[10] Romero, J. «Exministros de PSOE, PP y UCD abogan por un gobierno de gran coalición para España». El Confidencial, 26 de enero de 2016. <<

[11] Redacción. «Seis exministros del PSOE firman un manifiesto que pide formar ya un gobierno estable y evitar elecciones». RTVE.es, 21 de julio de 2016. <<

[12] Redacción. «Pedro Sánchez afirma en Salvados que recibió presiones de los poderes económicos y mediáticos para no intentar formar un gobierno alternativo a Rajoy». LaSexta.com, 30 de octubre de 2016. <<

[13] Campabadal, J. y Miralles, F. (2015) De Ciutadans a Ciudadanos. La otra cara del neoliberalismo. Madrid: Foca. <<

[14] Ibídem. <<

[15] Redacción. «Josep Oliú propone crear “una especie de Podemos de derechas”». El Periódico, 25 de junio de 2014. <<

[16] Blog The War Room (www.expansion.com/blogs/redondo). <<

[17] Redacción. «El nuevo asesor de Pedro Sánchez llamó “gilipollas” a Zapatero». El Plural, 14 de junio de 2018. <<

[18] Pérez Colomé, J. «El PSOE cree que las encuestas de los medios son “una especie de brujería”». El País, 17 de marzo de 2018. <<

[19] Martín, J. «Nadia Calviño toma posesión como ministra de Economía: “Los últimos días han sido un torbellino para mí”». La Razón, 7 de junio de 2018. <<

[20] Redacción. «Ana Botín felicita a Nadia Calviño: “Es una garantía de que España seguirá aumentando su peso en las instituciones europeas”». Público, 5 de junio de 2018. <<

[21] Redacción. «El voto “clandestino” de Nadia Calviño en el referéndum de la OTAN». Abc, 13 de junio de 2018. <<

[22] Lázaro, F. «Robles confirma a la cúpula militar de Cospedal y mantiene a Sanz Roldán en el CNI». El Mundo, 14 de junio de 2018. <<

[23] Redacción. «La CNMV multa con 30 000 euros a Borrell por la venta de acciones de Abengoa». La Vanguardia, 27 de noviembre de 2018. <<