Cuando más del 12% del total de reclusos en las cárceles españolas lo son por aplicación de la Ley de Violencia de Género, cuando esta norma acumula más de doscientos recursos de inconstitucionalidad —algo insólito en la historia de nuestra democracia—, cuando prestigiosos juristas afirman que dicha ley viola el principio constitucional de igualdad, el derecho a la presunción de inocencia, a la dignidad de la persona y a la tutela judicial efectiva, cabe concluir que algo muy grave está ocurriendo.

Una de cada cuatro separaciones se articula a través de denuncias por «malos tratos». El varón nace culpable y se le somete a una sistemática discriminación en sus derechos esenciales, discriminación amparada en la neo «perspectiva de género».

Este libro explica muchas de las situaciones inverosímiles que se han convertido en norma en la sociedad española del siglo XXI. Un nuevo fundamentalismo radical, el feminismo «de género» aliado con el poder político, está en su origen, y el retroceso al que asistimos en materia de derechos fundamentales no tiene parangón en nuestro entorno occidental. Los ciudadanos deben ser conscientes de que las soluciones no vendrán desde la esfera política. Solo la sociedad civil, con su reacción, puede impedir que lo «inverosímil» se adueñe definitivamente de nuestras vidas.

Diego de los Santos

Las mujeres que no amaban a los hombres

El régimen feminista en España

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Titivillus 25.06.2021

Título original: Las mujeres que no amaban a los hombres

Diego de los Santos, 2010

Editor digital: Titivillus

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Dedicado a todas las personas que sufren la injusticia. A las que ampara la justicia; y a las que no.

PRÓLOGO DEL AUTOR

En realidad empecé a escribir este libro para intentar entender qué nos estaba pasando. Porque, como dice el colombiano Juanes, «estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad, y estamos sentados tan lejos el uno del otro». Unos tiempos donde lo espontáneo se ve sistemáticamente cercenado por ideas impuestas, que a veces le impiden ser y, por lo tanto, poder cumplir su cometido, que no es otro que amar. Yo quería entender por qué muchas de las relaciones íntimas que conocía se habían ido contaminando de una tremenda confusión colectiva, que minaba la esencia misma del concepto de intimidad. Y descubrí que algo insólito y oscuro se estaba colando en la vida de todos nosotros. En este libro se realiza una dura crítica al feminismo radical, una ideología que se ha introducido en el poder y, desde ahí, ha llegado hasta el núcleo mismo de las emociones, los sentimientos y los derechos fundamentales de las personas, con efectos devastadores, tanto a nivel individual como colectivo.

Una faceta más, entre muchas otras, de la perversión general que la clase política induce en la sociedad, en su loca carrera por el poder donde el fin, casi siempre, justifica los medios. Una carrera marcada, de nuevo, por estrategias de «ingeniería humana» ya fracasadas en el pasado, no solo por sus nulos resultados, sino por su ingente coste en padecimientos humanos. Pero parece que reincidimos en el error, despreciando no solo siglos de decantación de los principios de nuestra convivencia, sino también todos los conocimientos actuales sobre el propio ser humano. De este modo, retrocedemos a unos métodos de hacer política que muchos creíamos superados hace tiempo. El desprecio general a un uso ético de la ciencia —la filosofía, la historia, la sociología, la psicología— que ostentan nuestros políticos a la hora de moldear la sociedad es, quizás, la cara más chocante de su pugna por el poder. Parece que solo interesan las técnicas mediáticas de manipulación de las personas o los sondeos estadísticos acerca de su intención de voto. A eso parece reducirse el uso que, en la organización social, se hace del inmenso acervo cultural y científico acumulado por la Humanidad.

En esencia pues, este libro es una crítica a todo uso bastardo del conocimiento, que definiría como aquél que no va destinado al progreso humano, sino que implica su retroceso. Su retroceso en felicidad. Todas las ideologías, en general, se caracterizan por un uso sesgado del conocimiento, cuando no por su tergiversación pura y dura. Las ideologías radicales llevan esto al extremo. Por eso, y dada la contaminación informativa imperante, creo que será inevitable que algunos se sorprendan por el contenido de estas páginas. Pero también creo que eso es lo único que las justifica: remover convicciones erróneas, tan arraigadas en nosotros, para así recuperar la libertad de pensar, y de «ser». El saber nos hace libres, porque entender lo que pasa nos ayudará a reconocer nuestro entorno y a nosotros mismos, y así pasar a formar parte activa en la conformación de todo aquello que, directamente, nos afecta. Un derecho esencial, el de saber, y en consecuencia otro, el de participar, que la democracia formal nos ha ido hurtando silenciosa y progresivamente. Un gravísimo déficit democrático, que se traduce en la configuración de nuestras vidas desde instancias políticas que solo persiguen la instrumentalización del voto, sin ninguna otra consideración.

Con todo respeto, y como ejemplo paradigmático de la intrusión del poder en el equilibrio social e individual, es hora de cuestionar al feminismo radical desde su raíz, porque es ya una raíz enferma, que está enfermando a toda la sociedad. Una ideología que florece en la España «políticamente correcta» del siglo XXI, eufemismo acerca del uso de la política como mero instrumento para la consecución y el mantenimiento del poder. Lo que, automáticamente, excluye a esta «corrección» de la verdad. Con las graves consecuencias de adulterar elementos clave, como los derechos fundamentales, que nos habíamos dado precisamente para nuestro equilibrio personal y el de nuestra convivencia.

Este ensayo es el relato pormenorizado de una muerte anunciada, y de los sufrimientos que la acompañan, escrito desde el compromiso de los que no queremos ser cómplices de lo que consideramos un retroceso no solo democrático, sino de un alcance mucho más profundo. Abriga la legítima esperanza de cambiar un poco la «perspectiva» de las cosas, hacia un estado más justo y, por lo tanto, más habitable. Pronto descubrí que no estaba solo en este empeño; muchas personas, de toda índole, de todo sexo, pero libres, me han prestado su apoyo, a veces material, a veces intelectual, y a veces moral, quizás el que más agradezco. Este hallazgo ha sido la mayor satisfacción al escribir este ensayo. La segunda, el poder contribuir a arrojar un poco de luz sobre las sombras, que se ciernen siempre sobre nosotros.

Como «la idea es la palanca que mueve el mundo», ahí va este libro. Que recoge, a mi entender, lo que mucha gente piensa pero calla, o tímidamente susurra, aunque poco a poco se oigan voces disonantes, que espero pronto sean un clamor. Porque la sociedad civil, las personas, intuyen en el fondo y de manera espontánea los caminos que no las llevan a ninguna parte. Pero no basta con intuirlo; es imprescindible hablar fuerte, claro y sin complejos cuando se habla de justicia e Igualdad. Y, sobre todo, cuando se habla de Libertad, con mayúsculas. Como la ignorancia es la negación misma de la libertad, ojalá que estas páginas puedan ayudar a muchas personas a ser un poco más libres. Y ojalá supongan, también, una esperanza para tantas otras heridas en su dignidad, a veces hasta lo indecible. Va por ellas. Va por todos nosotros, eso que llamamos la «familia humana».

INTRODUCCIÓN

Hitler abrió la cueva del poder con un abracadabra (…): «Sólo lo inverosímil es seguro». (…) Una «revolución legal» sepultó en los infiernos a la república de Weimar y, a partir de ese momento, la inverosimilitud quedó abolida por un espantoso etcétera.

Tomás Cuesta, 2009. Periodista.

La mayoría de los hechos e ideas que se exponen a continuación son obviedades, cuestiones reconocidas por la mayoría de los españoles, aunque algunos lo expresen más abiertamente que otros, por diversos motivos. Todo el mundo, hombres y mujeres, saben hoy en que consiste el feminismo radical, y la mayoría intuye su profunda ilegitimidad en la sociedad española, y también el profundo impacto negativo que está teniendo sobre la misma. Todos sabemos que se están cometiendo injusticias en nombre de este feminismo, y de eso, de lo que es justo y de lo que es injusto, de sus causas y de sus repercusiones, trataremos en estas páginas.

Argumentar para demostrar lo obvio, en puridad, desvirtúa un poco aquello que defendemos: lo obvio, lo evidente, debería ser capaz de defenderse por sí mismo. Pero esto no es posible cuando «lo inverosímil» se adueña del panorama. Y como esto es precisamente lo que está pasando, que en algunas cuestiones parece que «lo inverosímil es lo único seguro», la defensa y la reflexión acerca de lo obvio se hacen, tristemente, imprescindibles.

El tema central de este ensayo es la ilegitimidad del feminismo radical en nuestro Estado de Derecho, y las consecuencias de su aplicación, con rango de ley, sobre toda la sociedad. La primera dificultad para abordar esta crítica tan «incorrecta» es el entramado de ideas, clichés, prejuicios y falsos datos que, desde los albores de la democracia han ido configurando nuestra mentalidad social al respecto. El fomento de la «guerra de los sexos» como fuente de votos «baratos» se esconde detrás de este entramado. Por eso, a pesar de la amplia conciencia colectiva acerca de las consecuencias del feminismo radical, éste no solo permanece, sino que trata de reafirmarse cada día, política y mediáticamente hablando. Ocultando una discriminación silenciada, que todos conocemos y que, por silenciada, es doble: la discriminación «legal» hacia los varones. También ellos son víctimas. Y al no reconocérseles siquiera esta condición de víctimas, su desprotección es absoluta. Pero ya esta afirmación, por si sola, resulta «políticamente incorrecta».

Porque el régimen feminista radical, que representa a una minoría, pretende coartar la libertad de expresión, dando a entender que denunciar el maltrato institucional y sistemático que sufre la población masculina es estar en contra de las mujeres. La respuesta es clara: la lucha contra toda injusticia es siempre legítima, y está a favor de todos. Resulta paradójico que sea el feminismo, que tanto luchó a favor de los derechos fundamentales, quien promueva ahora su vulneración. Pero, por desgracia, hoy resulta evidente el atentado promovido por el feminismo radical en contra los derechos humanos y en contra de la igualdad. Por eso, cuestionar a este feminismo no solo no es estar en contra las mujeres, sino a favor de ellas, porque es estar del lado de la Igualdad y de la justicia. Es estar del lado de lo humano, de lo que nos une, frente a lo que nos disgrega. Todo ciudadano tiene el derecho y la obligación de indignarse ante toda injusticia. Porque la base de nuestra convivencia es algo que nos compete a todos por igual. Por lo tanto, el tema que tratamos no es algo tangencial o secundario. Todo lo contrario.

El hilo conductor de este ensayo es la injusta e injustificable Ley de Violencia de Género, última adquisición de la alianza del feminismo radical con el poder. Ley que nos servirá para entender lo que subyace tras esta ideología, así como para repasar muchas de las injusticias que, «por cuestión de sexo», se acumulan en el sistema normativo español. Una Ley para la que se han buscado diversas justificaciones «estadísticas», que nada tienen que ver, de hecho, con la misma, cuya aparición parece responder a cuestiones más prosaicas, concretamente políticas.

Cuando asistimos a injusticias «legitimadas» desde el poder, que nos afectan directamente, entramos en conflicto. Porque, de algún modo, nuestro silencio nos hace cómplices y merecedores de dicha injusticia. Pero no se puede vivir permanentemente en conflicto. Afortunadamente siempre tenemos la opción de rebelarnos. Lo contrario, la falta de rebeldía frente a lo que atenta el núcleo de nuestros principios vitales, desemboca en la indiferencia, que es una forma de muerte social e individual. Por eso, la rebeldía «con causa», aunque tenga un coste personal, tiene su recompensa. Aunque solo sea el hecho de no habernos traicionado a nosotros mismos, y tampoco a ninguna de las personas que íntimamente nos rodean. Aunque solo sea el contribuir, aunque sea un poco, a un estado de cosas más justo. Aunque solo sea por evitar que «lo inverosímil» se adueñe del espacio íntimo de nuestra vida.

Acatar la injusticia, por el contrario, sería la mejor manera de que ésta acabara invadiendo el inconsciente colectivo y, finalmente, la moral social. Una nueva moral «de diseño» político que quieren imponernos a la mayoría, la cual no puede seguir siendo silenciosa por más tiempo. Pero se requiere una rebeldía tenaz para enfrentar la falta de cordura y el conflicto en los que se está introduciendo a toda una sociedad, en un viaje sin retorno. La sociedad civil no debe dejarse amedrentar por los nuevos prejuicios y tabúes instigados desde el poder, y debe defender los principios innegociables de su convivencia. No puede construirse la justicia desde la injusticia, como no pueden contraponerse los derechos de las mujeres a los de los varones, como si de dos especies distintas se tratase. Resulta ya imprescindible recuperar el concepto de lo común, más allá de cualquier particularidad, de cualquier diferencia. Porque el único sentido que tiene la expresión de la diferencia es que sea un camino inequívoco hacia lo universal. El único «género» que confiere perspectiva es el género humano. Si miramos atrás en la historia, deberíamos tener la lección bien aprendida. Por eso el título de este libro, más allá de la necesaria provocación, tendría que haber sido «las personas que no amaban a nadie». Solo en lo humano está el futuro, y por eso no pueden perpetuarse esquemas periclitados. Solo el predominio de lo humano permitirá que evolucionemos con normalidad. Que recuperemos la intimidad. A pesar de los intentos del feminismo radical por separarnos cada vez más, aumentando el conflicto, porque es del conflicto de lo que se alimenta.

I. RETROCESOS EN EL SIGLO XXI

«Son inteligentes las sociedades justas. Y estúpidas las injustas. Puesto que la inteligencia tiene como meta la felicidad —privada o pública—, todo fracaso de la inteligencia entraña desdicha. La desdicha privada es el dolor. La desdicha pública es el mal, es decir, la injusticia.»

José Antonio Marina Filósofo y escritor

En junio de 2005 entraba en vigor en España la Ley Orgánica 1/2004, denominada «Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género», —en adelante Ley de Violencia de Género—, tras los preceptivos seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una Ley sin precedentes en nuestro entorno democrático occidental, que daba carta de legalidad al escarnio y condena del varón, «por el hecho de serlo», en el ámbito de la pareja. Que impone penas distintas a hombres y mujeres por los mismos hechos, y que lleva implícita la presunción de culpabilidad para los varones españoles. Que funda unos juzgados de excepción, encargados de juzgar a los hombres frente a las mujeres. Por cuestión de sexo. Una Ley según la cual prácticamente todo es delito de «maltrato», si el sujeto activo es varón. Todo o incluso nada, porque se invierte la carga de la prueba, y se presupone la culpabilidad masculina; un varón acusado tendrá que demostrar, si puede, su inocencia. Una Ley injusta, en definitiva, que no ha venido a resolver nada, y que está causando ingentes dosis tanto de desdicha privada —de dolor— como de desdicha pública: injusticia.

Una Ley que culmina el largo proceso de discriminación masculina «por cuestión de sexo» promovido por el feminismo radical en nuestro país. Porque hoy, para el aparato del Estado, el varón es un ciudadano de segunda en muchos aspectos de su vida. Hasta el extremo de negársele la propia condición de ciudadano, con la supresión de derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad de trato o a la presunción de inocencia. Un proceso discriminatorio que, en pleno siglo XXI, ha alcanzado cotas inverosímiles, al entrar expresamente en el código penal. Algo que reconocen renombradas feministas, como Cristina Alberdi, que afirmó que la Ley de Violencia de Género contiene «despropósitos jurídicos» que ponen los «pelos de punta». Una Ley que resucita el Derecho Penal de Autor, que se creía sepultado en los anales de la doctrina penalista nacionalsocialista, según Enrique Gimbernat, catedrático emérito de Derecho Penal de la Universidad Complutense. Que colisiona frontalmente con nuestra Constitución y con la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, según los juristas más cualificados, y también según el más mínimo sentido común.

No es casual que las primeras voces que osaron alzarse, públicamente y a título individual, contra la Ley de Violencia de Género fueran voces femeninas. Para el varón, la peor lacra del machismo es que no permite su queja, ni siquiera dentro de su propia conciencia. Él no puede ser nunca víctima por el hecho de ser varón, se le de el trato que se le de por el hecho de serlo. Esta actitud, que podría ser una virtud, y que de hecho lo es en la mayoría de los contextos normales, lo ha llevado por un camino erróneo en su relación colectiva con el feminismo. El dicho popular «los hombres no lloran», resume este cliché machista que, a la fecha, no hemos desterrado ni de nuestro interior ni de nuestro Estado de Derecho. Por más que se envíen mensajes mediáticos de que se requiere un «nuevo» varón sensible y capaz de llorar, para complacer a las «nuevas mujeres», por más que, de manera afortunada, se estimule al varón a expresar sus sentimientos con espontaneidad, los hechos hablan por sí mismos. Nos lo dice claramente el régimen feminista a través del aparato del Estado: «los hombres no lloran».

La ex-ministra socialista y además presidenta del Consejo Asesor contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, Cristina Alberdi fue contundente al decir en 2005 que «jamás el movimiento feminista había pedido la discriminación positiva, ni nada de estas características, en el código penal», y se refirió a la Ley de Violencia de Género como «un retroceso parecido a la época del adulterio cuando al hombre se le imponía una pena y a la mujer otra». (Europa Press, 17/11/2005).

La primera cuestión de inconstitucionalidad a la Ley de Violencia de Género (de las más de 200 que acumula, algo único en la historia de la democracia española) también la planteó en julio de 2005 una mujer, la magistrada María Pozas, ante la tesitura de tener que mandar a un hombre a la cárcel tras discutir con su esposa. Pozas afirma que la imposición de penas distintas en función del sexo del agresor vulnera tres artículos de la Constitución: el principio de igualdad del artículo 14, el derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 y el derecho a la dignidad de la persona establecido en el artículo 10.1. (El País, 17/08/2005). María Pozas realizó un laborioso análisis crítico, más allá de sus obligaciones como jueza, pero coherente con su condición de persona dedicada a la justicia. Este recurso es una joya no solo por su contenido, sino por el hecho de haber sido elaborado por una mujer. Según la magistrada, el art. 14 de la Constitución Española persigue la interdicción de determinadas diferencias contrarias a la dignidad de la persona, entre las que se cuenta la expresa prohibición de la discriminación por razón de sexo (Sentencia del Tribunal Constitucional 19/1989), lo que impide, en principio, considerar al sexo como criterio de diferenciación (STC 28/1992).

También la jueza decana de Barcelona, María Sanahuja, tuvo la valentía de alzar la voz públicamente en contra de esta Ley. En 2006 reconocía la realidad de que miles de hombres son detenidos por casos que luego acaban en nada. Si cada año se interponen más de 140 000 denuncias por malos tratos y el Observatorio de Violencia da datos de lo que ha ocurrido finalmente con 8000 o 10 000 casos, ¿qué ocurre con el resto de miles? (Alba, 24-30/04/ 2008). Paradojas de la vida, el juez decano que sustituyó a María Sanahuja, José Manuel Regadera, cruzó acusaciones de malos tratos con su mujer tras una fuerte discusión. Con la Ley de Violencia de Género en la mano, el juez habría cometido un delito, y sería suspendido de su ejercicio profesional. La cuestión lo obligó a enviar una misiva explicatoria a los jueces de su partido judicial acerca de que lo acaecido nada tiene que ver con el ejercicio de su cargo. (El Mundo, 17/4/2009) y tristemente, antes siquiera de ser juzgado, el juez dimitió como decano, presionado desde diversos sectores.

Las dos principales asociaciones de jueces, la progresista Jueces para la Democracia y la Conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), también coincidieron en dudar de que la Ley Integral contra la Violencia de Género respete la Constitución, al establecer agravamientos de las penas según el sexo del agresor. Jueces para la Democracia admite que el tratamiento penal diferenciado entre hombre y mujeres «podría llegar a ser considerado inconstitucional por vulneración del principio de igualdad del artículo 14», según afirmó su portavoz, Edmundo Rodríguez. La Asociación profesional de la Magistratura fue rotunda en su apreciación: «Esta ley es clarísimamente inconstitucional, sin duda de ningún tipo, porque genera una situación de desigualdad penal por el mero hecho de ser hombre», aseguró su portavoz, José Manuel Suárez. (El País, 17/08/2005).

También los Fiscales de Violencia doméstica fueron muy críticos con la Ley, como lo expresaron en las «Conclusiones del Seminario de Fiscales de Violencia Doméstica», en noviembre de 2004, afirmando que Se propone que en la «Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género» no se recoja la denominada «discriminación positiva» (…) por entender que ello puede implicar la violación del art. 14 de nuestra Carta Magna: ante un mismo comportamiento, el hombre comete un delito y la mujer una falta (amenazas y coacciones) o, de ser delito para ambos (en los demás supuestos), a éste se le va a imponer mayor pena, lo que puede constituir una clara discriminación por razón de sexo, y una vuelta al derecho de autor. Todo ello siguiendo la línea de los pronunciamientos del Consejo General del Poder Judicial.

Efectivamente, el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe demoledor en contra del anteproyecto de la Ley de Violencia de Género. Adelantar que, conociendo dicho informe, resulta inconcebible que esta Ley se aprobara en el Congreso de los Diputados. Es lo que sorprenderá a muchos lectores. Pero hay sorprendentes razones que lo explican.

Ninguna de las más que contundentes oposiciones a la Ley, provenientes de los organismos y personas más cualificadas de este país en la materia, y también más directamente implicados con su realidad diaria, pareció afectar a los políticos, enzarzados en su particular lucha por conseguir el voto femenino. Si la Ley de Violencia de Género fue una promesa electoral de Zapatero, no resulta menos chocante la paradójica actitud del Partido Popular, que votó a favor en el Congreso, pero que se opuso a su contenido durante la tramitación. En el Senado, antes de la aprobación definitiva de la Ley, tras una complicada votación de enmiendas, donde el PP volvió a insistir sin éxito en la necesidad de modificar la ley para proteger a todas las víctimas de la violencia doméstica, y no solo a la mujer, todos los senadores apoyaron el texto. (EFE, 02/12/ 2004).

Ya existían mecanismos específicos contra los denominados «malos tratos en el ámbito doméstico» antes de la Ley de Violencia de Género. Según el catedrático de Derecho Penal de la Hispalense Miguel Polaino Navarrete, por obra de la L03/1989, de 21 de junio, ya obtuvo carta de naturaleza en el Código penal español la conformación de un tipo de delito de «malos tratos en el ámbito familiar», configurado como una hipótesis delictiva de lesiones (…). En 1999 se impusieron las órdenes de alejamiento, hasta llegar a la LO 15/2003 y otras regulaciones relativas a la violencia doméstica, antecedentes inmediatos a la de Ley de «Género», y que deberían haber bastado para satisfacer las pretensiones más radicales en la lucha contra el fenómeno de la violencia en el ámbito familiar y de la pareja. Esta regulación de 2003 del PP había agravado el castigo a los actos cometido en el ámbito familiar, considerando delito el maltrato ocasional, aplicable al «cónyuge» sin distinción de sexo, aún sin convivencia, y protegiéndolos no solo a ellos, sino también a los menores, incapaces y ascendientes con medidas más que contundentes. O incluso excesivas, si atendemos tanto a las críticas de muchos juristas acerca de que el maltrato ocasional sin lesión fuera considerado delito, como al rechazo social a ciertas sentencias por malos tratos a menores, en aplicación de la regulación contra la Violencia Doméstica, que ha forzado el indulto del gobierno para los padres en no pocos casos.

Pero, como afirma Miguel Polaino, El delito de «malos tratos familiares» es —como el acoso sexual— un delito de «génesis coyuntural», nacido al calor de reivindicaciones sociales. Y, en el caso del feminismo radical, las reivindicaciones no iban a cesar nunca, situándose más allá de toda realidad objetiva. Pero, como afirma la magistrada María Pozas, las sucesivos cambios legales específicos en la materia han ido siempre acompañadas de una respuesta penal progresivamente más grave, con una cadencia temporal, en las reformas, que no ha permitido comprobar la eficacia de otras medidas, ni siquiera la agravación, todavía reciente, que significó la sanción como delito del maltrato ocasional. Es decir, ni siquiera se ha dejado tiempo entre las sucesivas reformas penales para comprobar su eficacia, o bien su ineficacia.

Sin embargo, la Ley de Violencia de Género surgió como respuesta política a los grupos de presión más radicales. Una Ley que es punta de lanza del feminismo radical, y ejemplo paradigmático del denominado «relativismo jurídico», cuando el Derecho no es un límite del ejercicio del poder, sino coartada para la acción política, según definición de José Luis Requero, Magistrado de la Audiencia Nacional. Una Ley que rompe con la Constitución según las opiniones más cualificadas, por más que el Tribunal Constitucional haya legitimado su aplicación, como no podía ser de otra forma. Porque un Constitucional cuyos miembros son nombrados por el poder político pierde su fundamento: la independencia. En palabras del catedrático de Derecho Constitucional Gerardo Ruiz-Rico, la Constitución debe estar por encima de cualquier pacto político que se configure en forma de ley, incluso si tiene detrás un amplio consenso parlamentario, como el que se exige para aprobar una Ley Orgánica o un Estatuto de Autonomía. (…) Pero para que nadie pueda poner en duda la autonomía del máximo interprete de la Constitución es imprescindible, también, que este último no de la impresión, una vez más, de ser una mera institución comparsa de los partidos políticos y la infinita capacidad de éstos de generar polémica informativa y división social.

Una vez «legitimada» la Ley por el Constitucional, por el estrecho margen de siete votos contra cinco, ya estaba lista para su uso. Se ponían en marcha los mecanismos penales del Estado, sin garantizar el respeto a los derechos fundamentales, en contra de muchas personas. La Ley de Violencia de Género supone la posibilidad de ejercer violencia «legal» contra los varones, desde la total impunidad (no ha habido hasta ahora ninguna mujer en prisión por denuncia falsa). Impunidad y menoscabo de la presunción de inocencia con rango de Ley, en seguimiento de una doctrina que ya en el año 2000, con una sentencia del Tribunal Supremo acababa «de un plumazo» con la presunción de inocencia recogida en el artículo 24 de la Constitución. Como expone Díaz Herrera (2006), En una sentencia sobre malos tratos, la Sala Segunda del Alto Tribunal decidía que «basta el testimonio de la víctima aunque no haya otros testigos del hecho para fundamentar la condena contra el marido». Son ya cientos de miles los afectados. El catedrático de Derecho Penal Miguel Polaino Navarrete, vaticinaba en 2005 que la Ley de Violencia de Género era un texto «llamado a marcar una época». Como así ha sido. Una época que comienza con su aprobación en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2004, su entrada en vigor seis meses más tarde, y que continúa con los insólitos resultados de su aplicación, que marcarán un antes y un después no solo en el ámbito legislativo y judicial español sino, sobre todo, en el ámbito de las relaciones de pareja, es decir, de toda la sociedad. En palabras del filósofo Gabriel Albac (2009), cualquiera que esté en contacto con la realidad sabe hasta qué extremos la ley ha envilecido cualquier afecto conyugal.

A 31 de octubre de 2008, trascurridos poco más de tres años desde su entrada en vigor, el 10% de la población reclusa española estaba en la cárcel por aplicación de la Ley de Violencia de Género (Gayo, Alberto, 2008). Todos varones, por definición de la propia Ley, que está incrementando de forma alarmante la cifra de personas privadas de libertad en un país donde tenemos, como triste récord, el índice de penados más alto de Europa. Aunque no seamos los peores, ni mucho menos. Tanto el índice español de delitos violentos como el de criminalidad «de género» se encuentran, con diferencia, entre los más bajos de Europa, como veremos. Pero, según Enrique Gimbernat, tanto el Código Penal más represivo de toda Europa occidental como la metastásica creación de nuevos delitos y los bárbaros incrementos de penas —a pesar del bajo índice español de criminalidad— explicarían el hacinamiento irracional que se vive hoy en las cárceles españolas. Factores todos a los que hoy contribuye, de manera decisiva, la Ley de Violencia de Género.

Desde su entrada en vigor hasta junio de 2009 se acumulaban en España más de 600 000 denuncias por los denominados «malos tratos», de las que hasta un 86% podrían ser denuncias falsas o abusivas, según el estudio de los datos llevado a cabo por el magistrado Francisco Serrano. (El Correo de Andalucía, 9/02/2009). Al amparo de esta Ley, a esa fecha eran ya más de 100 000 los hombres condenados a algún tipo de medida penal. Y la mayoría de los denunciados sometidos al protocolo de detención «obligatoria», ante la mera denuncia, y a una serie de medidas cautelares desproporcionadas, que van desde la orden de alejamiento a la salida inmediata del domicilio, la suspensión del régimen de visitas a los hijos o la anotación de sus nombres en un registro central de maltratadores. Todo esto antes de haber sido juzgados y, generalmente, antes de haber sido siquiera escuchados.

Una vez calificado un varón como «maltratador», como delincuente, antes o después de ser juzgado, es susceptible de ser imputado por otros delitos de consecuencias mucho más graves, típicamente delitos contra la libertad sexual en el ámbito de la pareja o sobre los menores, e instruidos también por los juzgados de Violencia de Género. Desde un doble menoscabo a la presunción de inocencia. La presunción de veracidad que se otorga a la mujer lo convierte en presunto delincuente, con la mera acusación; y, de nuevo, se puede usar y abusar de esa presunción de veracidad. El «maltratador», pues, se convierte en presunto culpable de cual quier otro delito que quiera imputársele. Lo que puede conducir a una persona inocente a su literal destrucción como ciudadano y como individuo. Hasta tal punto alcanza la inseguridad jurídica que la Ley de Violencia de Género y la doctrina que la acompaña genera sobre la población masculina española, que algunos letrados han venido a denunciar como «asesinato civil».

Pero, más allá de su realidad penal, la Ley de Violencia de Género también configura la realidad de la pareja en España. Hoy, la regulación de las separaciones y divorcios está marcada, en una sociedad nihilista del «todo vale», por una Ley que bien parece dar respaldo legal a esta amoralidad. Según muchos profesionales consultados, las acusaciones por «malos tratos» planean sobre la mayoría de los procesos de separación, y muchos profesionales de la abogacía se han especializado en introducirlos como elemento de presión. Con una mera denuncia, el expediente de separación pasa del Juzgado de Familia, civil, a Violencia de Género, penal. Incluso sin denuncia, la coacción que esta Ley provoca influye, de manera determinante, en muchos de los acuerdos que se adoptan. Su mera existencia genera una grave situación de desigualdad, y también de injusticia, que dibuja un drama humano formado por miles de casos concretos, con nombres y apellidos. Una Ley que también «regula» las relaciones de intimidad, introduciendo un factor de distorsión que desnaturaliza el sentido mismo del término intimidad. Un concepto que solo puede existir si se fundamenta en la igualdad, la reciprocidad y la libertad de ambas partes.

Pero bienvenida sea esta Ley, porque este abuso puede y debe impulsar la crítica a todo el recorrido de la discriminación del varón «por cuestión de sexo» en nuestro país, recorrido que no se reduce a la Ley de Violencia de Género. Esta es la lectura en positivo, y esto es lo que está sucediendo ya en la sociedad española, que no ha permanecido ajena a las perversas consecuencias de adulterar los fundamentos de nuestra sociedad. Un salvaje retroceso en la consideración de los derechos fundamentales, que no es algo casual. Que es la culminación de una ideología que se inserta en la sociedad y en las instituciones de nuestro Estado de Derecho. Una ideología que, como ya intuyen la mayoría de los españoles, tiene nombre propio. Se llama feminismo radical.

PARTE 1ª
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL FEMINISMO RADICAL

II. ¿QUÉ ES EL FEMINISMO RADICAL?

En mayo de 2004, tras ganar las elecciones, el presidente Zapatero se definía a sí mismo como «feminista radical», en declaraciones al Neta York Times, su estreno internacional en un medio de comunicación extranjero. No en vano, según Sigma Dos (2004) en las elecciones generales de marzo de 2004 los votantes del PSOE se componían de un 41,36% de hombres y un 45,58% de mujeres. Un plus del 4,22% de mujeres entre sus votantes que contribuían a marcar la diferencia con el segundo partido, el PP, a pesar de los esfuerzos de este último por subirse al carro del feminismo radical. En diciembre de ese mismo año 2004 el Congreso había aprobado por unanimidad la Ley de Violencia de Género, presentada por el partido de ZP, y contra la que ninguna fuerza política se atrevió a discrepar en el Congreso por razones puramente electoralistas. Como dice Alfonso Lazo (2009) el «Ista, ista, ista, Zapatero feminista» de entusiastas y «entusiastos», parece un grito de guerra contra los hombres. Pero no solo lo parece. Tras la irrupción de la polémica Ley de Violencia de Género en España, y tras su aún más polémica aplicación, Zapatero volvía a ganar las elecciones de marzo del 2008. Ahora, y según la macroencuesta de Sigma Dos, se ponía de manifiesto, en palabras de la periodista Marisa Cruz (2008), que el mensaje del PSOE ha calado especialmente entre las mujeres. El voto femenino de los socialistas es siete puntos más alto que el de los populares. La ventaja del PSOE sobre el segundo partido, el PP, fue de casi 3,5 puntos, exactamente el plus de voto femenino pronosticado en las encuestas, considerando a las mujeres como la mitad del electorado. Un plus que suponía nada menos que 16 diputados más en las Cortes Generales, el ganar las elecciones, y el gobernar en España.

El feminismo radical se convertía en «llave» electoral. Una vez que todos los partidos políticos asumieron —o tuvieron que asumir— el feminismo «de toda la vida», solo la radicalización de las tesis feministas es «verdadero» feminismo, verdadero rasgo ideológico diferenciador entre los partidos. Esta radicalización es lo que llamamos feminismo radical. Lo demás, ese feminismo que todos los partidos políticos han ido asumiendo desde la transición democrática no supone un plus electoral para nadie, porque es una posición ideológica común. Lo terrible es la tentación de todos los partidos de asumir la radicalización feminista. Como demuestra el hecho de que la Ley de Violencia de Género se aprobara por unanimidad en el Congreso (con solo una «heroica» abstención, según el periodista Díaz Herrero).

El feminismo radical del siglo XXI es consecuencia del particular desarrollo feminista en España, proceso que arranca con la transición española tras la muerte de Franco, y que cristaliza de manera efectiva con el inicio de la democracia y la Constitución de 1978. Como nos relata Amparo Rubiales, El movimiento de mujeres y el movimiento feminista, que no son exactamente lo mismo, hacen su eclosión precisamente el año de la muerte de Franco, 1975, que además es declarado por las naciones Unidas I Año Internacional de la Mujer (…). El nacimiento de un Estado democrático en el seno de una sociedad machista, heredada del franquismo, fue la conjunción que hizo posible el surgimiento del movimiento feminista tal y como lo conocemos. Y que ha desembocado, desgraciadamente, en la absoluta sinrazón objeto de este ensayo.

III. DE LA CONSTITUCIÓN AL FEMINISMO RADICAL

Si el cambio en el marco jurídico e institucional, tras la democracia, fue muy rápido, el cambio cultural no iba a la misma velocidad. Por eso, la incorporación de la mujer a la política tiene, en España, un fuerte sesgo machista ya desde sus orígenes. Los partidos políticos integraron a muchas de las primeras feministas en sus estructuras desde la transición democrática precisamente por eso: por ser mujeres y por ser feministas. Mujeres cuya integración política se justificaba por su activismo contra algunas de las normas patriarcales del franquismo pero, sobre todo, por ser capaces de catalizar a otras mujeres en función de sus reivindicaciones «de género». Más o menos lo que sigue ocurriendo hoy, más de 30 años después, en buena parte del panorama político español. Ignorando los inmensos cambios acaecidos.

Con la democracia, y con la Constitución de 1978, la igualdad fue ya uno de los principios rectores del nuevo sistema democrático. Como nos cuenta Amparo Rubiales, la aprobación de la Constitución de 6 de diciembre de 1978 supone una inflexión en el reconocimiento de los derechos y libertades de los españoles; el artículo 14 es el eje de la garantía jurídica de igualdad porque en él se reconoce, al proclamar la igualdad de todos los españoles ante la ley —sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de (…) sexo— un derecho concreto y protegible. La Constitución de 1978 supone, también para las mujeres, un cambio radical, pues responde a tendencias universales de la igualdad entre los sexos. En enero de 1978 se despenalizaron los delitos de adulterio y amancebamiento, algunas de las cuestiones aglutinadoras de las primeras feministas predemocráticas, y se sucederían rápidamente actuaciones legislativas encaminadas a extender de manera expresa el principio de igualdad a toda la normativa del Estado. El movimiento feminista catalizó, y aceleró esta extensión del principio de igualdad constitucional a toda la normativa del Estado. Y contó con el apoyo de todos aquellos que creían en la justicia y la igualdad.

Pero el proceso democrático español, con el antecedente de 40 años de dictadura franquista, fue distinto al de su entorno europeo. Todo se hizo en menos tiempo y, aunque se aplauda la ejemplaridad de la transición política española, representada en la figura de Adolfo Suárez, se cometieron graves errores, cuyos efectos perniciosos alcanzan, de manera grave, la época actual. Uno de ellos es el feminismo radical. En Europa los movimientos feministas se fueron desactivando espontáneamente, a medida que dejaban de tener objeto. Y, en cualquier caso, se mantuvieron siempre dentro de los límites constitucionales. Sin embargo en España, frente a una población democráticamente inmadura, los partidos políticos cayeron en la tentación de apelar abusivamente al voto femenino por cuestiones «de género» para lograr sus objetivos electorales. Para ello necesitaban a las feministas dentro de sus estructuras. Tras la aprobación de la Constitución, aquellas feministas «puristas» que se negaban a la militancia dentro los partidos políticos fueron sustituidas por aquellas otras que podríamos llamar «pragmáticas», que optaron por integrarse en los partidos. Que supieron ver en el poder democrático emergente la posibilidad de conseguir poder. Siguiendo a Amparo Rubiales, Todos los partidos políticos eran conscientes de la importancia que tendría el voto de las mujeres y por ello todos incluían en sus programas electorales el apartado «mujer» (…). Esta fue una concepción muy extendida que ha costado y aún cuesta mucho trabajo cambiar.

Esta cosificación del papel femenino en la política, encaminada a la cosificación del voto femenino, la iniciaron los partidos llamados «de izquierda», y a partir de entonces todas las formaciones políticas asumieron las tesis y reivindicaciones feministas, en una ciega competición por conseguir los votos de la mujer a base de privilegios legales del Estado. El feminismo radical estaba servido. La ideología feminista entró de lleno en los programas electorales de todos los partidos políticos de este país, como un elemento clave, utilizando la arcaica, machista y eficaz concepción de que con ofertas específicas para las mujeres atraerían su voto. Así, el feminismo fue —y sigue siendo— utilizado por los partidos políticos para sus fines; a cambio, el feminismo utilizó y continúa utilizando a los partidos y al poder del Estado para los suyos propios.

El feminismo pasó de una inicial reivindicación de la igualdad constitucional, a la denominada «discriminación positiva». Durante todo este periodo «discriminador» fue consolidándose como régimen, afianzándose en todos los estamentos de poder, con el beneplácito más o menos hipócrita de toda la sociedad. Para desembocar, finalmente, y una vez garantizada su situación de poder, en la actual ideología «de género» del siglo XXI. Hoy, el poder del feminismo radical es tal que podemos hablar de un régimen feminista, presente en todos los poderes del estado. Con sus propias instituciones y sus propias leyes, que impone a la sociedad, incluso con sus propios juzgados, y con una enorme cuota de poder en el ámbito político. El feminismo radical condiciona hoy la acción de los partidos en los que se inserta incluso más allá de los intereses electorales. Por eso, todas las personas que siguen creyendo en la igualdad de oportunidades, de derechos y obligaciones, deben ser conscientes de que la mutua utilización entre feminismo y poder político ha desvirtuado de raíz tanto la teoría feminista como la ideología del poder. Porque el uso meramente electoral de cualquier argumento acaba siempre corrompiendo ese argumento. Y la inclusión de una ideología fundamentalista en el ejercicio del poder también corrompe el ejercicio de dicho poder. Corrupciones a las que asistimos hoy en toda su crudeza.

Si la discriminación «negativa» del varón ha sido una constante en la historia reciente del feminismo en España, con la Ley de Violencia de Género, se ha dado rango de ley a la discriminación unilateral del varón por el hecho de serlo en materia de derechos fundamentales. Un punto de inflexión que marca el inicio de la etapa feminista radical, y a partir del cual todo es posible. En el Manifiesto EU09, Programa Electoral del PSOE para las elecciones europeas de junio de 2009 se decía que Impulsaremos la creación de una Carta Europea de los Derechos de las Mujeres. Debemos entender que está carta está situada más allá de los Derechos Humanos, y supone un guiño electoralista inaceptable, porque los derechos fundamentales son, por definición, para todos y empiezan por el derecho a la igualdad de trato. Y deben ser aplicados por aquellos que detentan el poder en régimen de igualdad para todos los ciudadanos. La supeditación de los derechos humanos a derechos basados en cualquier particularidad nos hacen retroceder más de 150 años de historia en la lucha por los derechos humanos. Como afirma Lynn Hunt (2007), Para que los derechos sean derechos humanos, todos los seres humanos del mundo deben poseerlos por igual y sólo por su condición de humanos.

Resumiendo, la semilla del feminismo radical «deshumanizador» del siglo XXI estaba latente en las contradicciones del feminismo en España. Paradójicamente, al cambiar radicalmente la situación, el feminismo no solo no se ha matizado, sino que se ha radicalizado. El análisis del feminismo en España durante más de tres décadas muestra, con claridad meridiana, como el feminismo radical es la consecuencia de la evolución de una ideología que, en sus fundamentos, era ilegítima, aunque pudiera estar más o menos justificada por las circunstancias históricas. Por eso hoy, muchas feministas «de la vieja guardia» se escandalizan del neofeminismo radical del siglo XXI, mostrando unos principios éticos de los que los radicales han decidido prescindir. Si la lucha feminista original, perteneciente a un momento histórico muy concreto, partía del convencimiento de su necesidad y de su justicia, y aspiraba, dentro de sus contradicciones, a una igualdad efectiva, hoy el feminismo radical, el de la discriminación del varón «por el hecho de serlo», ha ocupado todo el espacio político e ideológico. Apropiándose del término «feminismo» en exclusividad. Siempre hubo feministas radicales dentro del feminismo, y en el contexto actual, como es lógico, son éstos los únicos que han permanecido. Porque todo fundamentalismo no conoce, por definición, ni limite ni equidad. Por lo que hablar hoy en día de feminismo o de feminismo radical viene a ser, desgraciadamente, lo mismo. Quienes quieran luchar por la igualdad deben, inevitablemente, cambiar el nombre de su militancia. En el siglo XXI, la lucha por la igualdad no puede tener sexo, ni tampoco puede ser monopolio de ningún grupo o grupúsculo en particular. Por más que éste se encuentre insertado profundamente en las estructuras del poder. ¿Qué ocurrirá ahora, cuando ser varón implica estar sometido a injusticia y desigualdad? Resulta necesario un papel protagonista de la mujer en la lucha contra las nuevas desigualdades, algo que, todavía a pequeña escala, ya está de hecho ocurriendo. Porque es la dignidad de la mujer lo que está, querámoslo o no, en juego. La demagogia feminista radical puede desprestigiarlas, injustamente, a todas. Y solo desde la dignidad y la coherencia puede hablarse de una igualdad de la que hoy, tristemente, nos estamos alejando tanto.

IV. LOS CHICOS NO LLORAN

Durante más de 13 años de gobierno socialista en España, desde 1982 hasta 1995, el PSOE mantuvo el servicio militar obligatorio para los varones. Tanto el feminismo como los partidos políticos que lo representaban no se pronunciaron al respecto durante todos esos años. El propio Tribunal Constitucional legitimó esta discriminación flagrante, al desestimar los múltiples recursos que, por discriminación, se interpusieron contra el servicio militar obligatorio y contra la llamada «prestación social sustitutoria». Tanto los primeros objetores de conciencia al servicio militar como los «insumisos» a la prestación sustitutoria estuvieron en la cárcel durante la democracia. Mientras tanto, el feminismo y los partidos políticos donde esta ideología militaba se limitaron a instrumentalizar el voto de la mujer. Parece que la igualdad constitucional no iba con ellos.

En 1983, con el gobierno de Felipe González, se creaba el Instituto de la Mujer, primera institución de toda una maquinaria feminista alimentada por el Estado y dedicada a la instrumentalización del voto femenino. Esta maquinaria estatal se extendería posteriormente a las autonomías; en 1986 se creaba, por ejemplo, el Instituto Andaluz de la Mujer, y se creaban delegaciones provinciales de todos los organismo de «igualdad». El feminismo se institucionalizaba. La Ley 17/89 hizo efectivo, como era lógico, el acceso a la carrera militar profesional de la mujer. Pero se daba la paradoja de que una teniente de carrera, por libre elección, cobrando cada fin de mes, mandara a una tropa de varones de reclutamiento forzoso. Al ser incoherente, la actitud feminista era ilegítima. Paradójicamente, tuvo que llegar un partido conservador al poder para acabar con la «mili» e instaurar un Ejército profesional, sacando a España, por Ley de 1999, efectiva a partir de 2001, de uno de los anacronismos más injustos y más machistas que pervivían en su contexto europeo. Antes, ya habían muerto soldados de reemplazo en la primera guerra del Golfo. Pero eso al feminismo debería parecerle lo normal.

Porque el feminismo nace en el seno de una sociedad machista, una sociedad que permite la queja, el llanto y el interés de la mujer, de la misma forma que lo permite en el niño. El feminismo es la expresión de una arcaica queja femenina en la incipiente sociedad, democrática y machista, donde todavía funcionaban los viejos roles. Al varón, por el contrario, el machismo, no le permite la queja en absoluto El cliché «los hombres no lloran» es un prejuicio —y perjuicio— machista que mantiene, en el siglo XXI, toda su vigencia, a pesar de hundir sus raíces en la más oscura sociedad predemocrática. Por eso el varón ha mantenido silencio frente a los agravios que, primero el machismo, y a continuación el feminismo, les han venido imponiendo.

El feminismo no busca la igualdad, porque no pretende la erradicación de las relaciones machistas. Busca, tan solo, una quiebra parcial del machismo, lo que supone una ruptura pero también una continuidad, a partes iguales. Busca mantener los privilegios y eliminar los perjuicios, machistas, hacia la mujer. Y lo contrario respecto al varón. Busca mantener, básicamente, el derecho a una «sobreprotección» por cuestión de sexo, principio que se plasmará en un elenco de discriminaciones «positivas» en todos los ámbitos de la vida pública y privada, que llegan hasta nuestros días, y que han constituido el eje de la praxis esta ideología. Lo cual va unido a una discriminación «negativa» del varón por el hecho de serlo. Así, este feminismo es una nueva expresión del machismo, un neomachismo, o machismo de la posmodernidad: un «medio machismo» netamente discriminador. El que los chicos no lloren, el que la queja de varón no se contemple siquiera, es la gran baza «machista» del feminismo radical, que aspira a arrebatarle sus derechos, incluidos los fundamentales, al otro cincuenta por ciento de la sociedad. Y hacerlo de manera impune.

Solo gracias a la arcaica sociedad machista pudo surgir el feminismo, como mera continuación y reforma de aquella sociedad; porque nada surge de la nada. Un feminismo que ha terminado utilizando el estatus machista de la «debilidad» femenina para justificar un trato preferente en todos los ámbitos. El eufemismo «discriminación positiva» ejemplifica las verdaderas —y ocultas— aspiraciones del movimiento feminista radical. Como nos recuerda Polaino Navarrete, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional español, las medidas reequilibradoras de las situaciones de desigualdad material han de tener el fin último y supremo de alcanzar «la mayor igualdad formal y material posible, mas no el generar mayor desigualdad». No solo la Ley de Violencia de Género pasa por encima de esta doctrina; en general, todas las actuaciones feministas «de género» se caracterizan, esencialmente, como veremos, por generar desigualdad.

La visión feminista, por tanto, es una visión parcial de los problemas sociales, porque busca utilizar un machismo ilegítimo a su favor, nunca destruirlo. Y también es una visión conservadora, porque su raíz y sus pretensiones se basan en la vieja cultura sexista del machismo, en el mantenimiento de los privilegios machistas de la mujer. El feminismo en España, además, tiene su origen en el descontento de la mujer burguesa, que desea mejorar su estatus relativo a costa del varón. No debe por lo tanto extrañarnos que sea una actitud conservadora, en el peor sentido del término, la que se esconde tras él.

El feminismo radical tratará siempre de fortalecer cierto sexismo machista del inconsciente colectivo masculino, ese machismo que los coarta, el que dice que «los chicos no lloran». Porque necesita al varón en el rol de las obligaciones y complejos machistas. Lo que constituye una flagrante involución, respecto al desarrollo del principio de igualdad. Como hace el eslogan de la campaña del Ministerio de Igualdad contra el maltrato en 2009, «cuando maltratas a una mujer dejas de ser un hombre», toda la estrategia feminista apunta a mantener ese machismo imprescindible para su propia supervivencia. «Cuando maltratas a una persona, dejas de ser persona» sería un eslogan coherente con el siglo XXI, pero se sigue insistiendo en el machismo, machaconamente. Como hace la escritora y periodista Carmen Rigalt (2009) cuando afirma, con extraña ambigüedad que hay en las filas masculinas mucho victimismo rencoroso que está disparando los niveles de misoginia —otro término feminista. Entre la discriminación positiva (tan necesaria como arriesgada) y el oportunismo fácil de muchas mujeres, los hombres no se atreven a pronunciarse o lo hacen in extremis con el cuchillo en la mano. Deberíamos pensarlo. El acojonamiento y el rencor son sentimientos peligrosos. Para el machismo, el varón no puede sentirse discriminado, y se lo tacha de victimista si se queja, como hace la periodista. Pero victimismo es culpar al «otro» sin fundamento, y el único victimismo que existe hoy en nuestro país es precisamente el feminista. Si de verdad los varones están inseguros y rencorosos, puede que haya razones para ello. Como la Ley de Violencia de Género, cuyo problema no radica en «el oportunismo fácil de muchas mujeres», sino en el hecho de que pueda ser utilizada impunemente de forma oportunista. No es el uso de la Ley, sino la Ley misma lo que desnaturaliza las relaciones de igualdad. A todo lo que está ocurriendo debe ponerse coto no solo porque sea peligroso, sino porque los varones, aunque algunos lo duden, también tienen derechos. Entre otros el derecho a la seguridad jurídica y a no tener que sentir rencor. En vez de hacernos personas, se incide una y otra vez en la separación, en la segregación machista de roles y valores. Manteniéndose el poso de una cultura anacrónica e injusta impropia de la época en que vivimos. Aunque, en puridad, a la época en que vivimos pertenecen, por derecho propio, todas las involuciones y despropósitos que en este ensayo se critican.

V. EL FEMINISMO DEMOCRÁTICO

El feminismo radical se oculta tras una falsa aspiración de igualdad y, por lo tanto, tras una falsa aspiración de emancipación. Porque, más allá de la independencia de la mujer respecto al varón, reclama su condición de mujer dependiente, y sus correspondientes privilegios, frente a un nuevo «supermacho»: el Estado democrático, que el feminismo seduce y controla con la manipulación del voto femenino. La democracia, que había venido a igualar a los ciudadanos, empezaba a utilizarse como mecanismo de discriminación.

Este feminismo de la no emancipación aspira, en el clásico rol machista, a la sobreprotección de un macho fuerte e implacable: el macho Estado. Por eso, toda feminista radical es la más machista de las mujeres, la más retrógrada y la menos emancipada de la figura patriarcal, encarnada en este caso por la figura del Estado. Y la que más se aleja de la igualdad. Porque aspira a que el Estado, además de favorecerla, obligue al varón a ocupar el rol de sus obligaciones machistas. Como afirma Fernando Basanta, presidente de la Federación Andaluza por la Igualdad Efectiva (FADIE), las separaciones se gestionan en España desde un falso, adulterado y corrupto feminismo, que bajo la noble bandera de equiparación de derechos, no pretende otro objetivo que el de incrustar en nuestra sociedad el más recalcitrante de los esquemas «patriarcales». Pero el exponente máximo, hasta la fecha, de la tutela cualificada del macho Estado es la Ley de Violencia de Género, donde directamente los hombres, todos los hombres, son merecedores de ser despojados de derechos fundamentales, y las mujeres, todas ellas sin excepción, merecedoras de los nuevos «derechos» ilegítimos, nacidos del menoscabo de los derechos masculinos.

La clase política española, en su aspiración por acceder al poder democrático, halló en el feminismo un perfecto matrimonio de conveniencia. El discurso feminista ocupó gran parte del vacío dejado por las ideologías tradicionales tras la llamada «muerte de las ideologías». Primero en los partidos de la autodenominada «izquierda»; después, en el resto de las fuerzas políticas. El feminismo, por su parte, también necesitaba a los partidos para controlar al Estado. Así, y tras la progresiva sustitución del feminismo por el feminismo radical, hemos llegado hasta a la situación actual. Donde este último se erige como ideología dominante, hegemónica, que extiende su influencia a prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Donde, desde el poder mediático, marca la «diferencia» ideológica entre los partidos. En una reunión interna en abril de 2009 con los parlamentarios y senadores socialistas, el presidente Zapatero marcó el camino de los Proyectos que deben sacar adelante y que, al margen de la crisis económica, deberían de ayudar al PSOE a abrir otros debates (…). De nuevo apeló al proyecto de ley de ampliación del aborto, al de «igualdad de trato y no discriminación» y al de «libertad religiosa» como objetivos prioritarios para los Próximos meses. (ABC, 15/04/2009). Efectivamente, en el debate por el estado de la nación de mayo de 2009, Zapatero no olvidó lo que él llama la «ampliación de los derechos sociales». En este sentido anunció que la ley para la interrupción voluntaria del embarazo es una prioridad que se visualizará esta semana en el próximo Consejo de Ministros. O el nuevo marco legal de la libertad de conciencia, así como la nueva ley integral de igualdad de trato. (…) Estos anuncios fueron los que más aplausos provocaron en su grupo parlamentario. (El Mundo, 13/05/2009). El PP, por su parte, se dejaba arrastrar por las graves incongruencias éticas y jurídicas promovidas por el gobierno, probablemente ante el temor a perder cuota de voto femenino. Aunque este partido recurrió la Ley de Igualdad de 2007 por inconstitucional, hasta la fecha ninguna fuerza política ha sido capaz de posicionarse de manera inequívoca frente al feminismo radical de «Estado», generador de nuevas y gravísimas desigualdades.

Por eso, el feminismo radical continúa, hoy más que nunca, solicitando el voto por cuestiones exclusivamente «de género», en la actual terminología, obviando cualquier otra consideración. Lo que, además de pervertir la democracia, perpetúa tanto la no emancipación intelectual de las mujeres como su no incorporación efectiva a la política de un país. Es irresponsable la acción política encaminada únicamente a alcanzar logros para las mujeres; como es irresponsable un voto que se decide básicamente por lo que me ofrecen «a mí» como mujer, en contraposición a los varones. Pero así ha sido, y sigue siéndolo, en gran medida, porque es en el sentimiento irracional de agravio entre los sexos, atizado desde el poder, donde se fundamenta. No se puede, sin embargo, achacar esta irresponsabilidad democrática a todas las mujeres que supeditan su voto a las cuestiones «de género». Porque la cuestión estriba en la imagen distorsionada que el feminismo radical difunde acerca de los agravios de las mujeres, esa parte de la realidad que se sobredimensiona, y sobre todo se ficciona, y cuya solución vendrá de la mano de las propias feministas, según ellas mismas afirman, gracias al control del Estado, personalizado en el presidente del gobierno —siempre varón— de turno.

Para una verdadera emancipación de la mujer hubiera bastado una ideología de la igualdad efectiva. Pero el feminismo ha optado por la no emancipación de la mujer y por el de la tutela «cualificada» del Estado. Para ello, esta ideología esgrime el victimismo feminista, que es una forma excelsa de egoísmo, porque se hace recaer la culpa, toda la culpa, sobre el varón «por el hecho de serlo». Para justificar el agravio comparativo a que se somete a los varones, porque en la merma de los derechos masculinos estaba la única fuente posible de la plusvalía de «derechos» que el feminismo radical exigía al Estado. Por eso era imprescindible que ellos fueran los culpables, y ellas las víctimas.

La Fiscalía de Cádiz mostró en mayo de 2009 su «indignación» ante la sentencia de la Audiencia Provincial que absolvía a un magistrado de Sevilla, acusado de quebrantar una orden de alejamiento por un presunto delito de malos tratos, aún pendiente de juicio, por ir a recoger algunos efectos personales a su casa, a lo que su mujer no puso objeción alguna. El Ministerio Público consideraba que este fallo entraba en contradicción con el último acuerdo adoptado por el Tribunal Supremo en el que se determina que el consentimiento de la mujer (en el quebrantamiento de una orden de alejamiento) no exime de responsabilidades penales. (El Correo de Andalucía, 01/05/2009). ¿Cómo es posible esta brutal consideración de incapaz hacia la mujer? Es posible porque, como dice el juez Francisco Serrano, la mujer ha pasado de la tutela del marido a la tutela del Estado. Sin embargo, cuando una mujer obtiene de la justicia una orden de alejamiento, ella sí puede vulnerarla cuando y cómo quiera, sin ningún tipo de consecuencia jurídica. Por lo que, más allá de una tutela del Estado, el feminismo político-radical otorga a la mujer el derecho a la pura arbitrariedad, lo que implica, siempre, una burla a la justicia.

Este ha sido el cambio propiciado por el feminismo. Por voluntad propia, por voluntad de aquellas mujeres burguesas que, ya en la transición democrática, abanderaron una idea sesgada de la igualdad, que paulatinamente se ha convertido en una ideología de la discriminación. La mujer reclama, exige, y el Estado tolera, concede, a cambio de votos. Una historia muy antigua… pero con un matiz muy nuevo: al Estado se le exigen los privilegios por ser mujer, y se le paga en las urnas. Pero cada logro implica un menoscabo en los derechos masculinos. Porque la «ampliación de derechos» de que habla Zapatero se concreta precisamente en eso. Este es el neomachismo, una ideología sexista que se llama feminismo radical.

La reivindicación feminista, en lugar de decrecer a medida que se conseguía no ya la igualdad, sino una situación de privilegio legal para la mujer, presenta su máximo apogeo en la actualidad, más de 30 años después de la proclamación del artículo 14 de la Constitución. Como afirma la jurista Blanca Rodríguez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, «la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres» en base a nuestro sistema legislativo se encuentra ya «agotada». (…) «No es que no haya elementos legislativos, sino que éstos ya han tocado techo (…)» (Carmona, María, 2009). Pero la realidad es que hoy se ha rebasado ampliamente cualquier techo, incluido el supuestamente marcado por la Constitución y los derechos fundamentales. Por eso, hoy, solo los radicales permanecen, malogrando un legado de legitimidad por el que muchas mujeres lucharon desde la dictadura.

VI. DOBLE MORAL Y LENGUAJE FEMINISTA

Toda ideología de la diferenciación es ilegítima en nuestro Estado de Derecho. Por eso el feminismo tiene un doble discurso, reflejo de una doble moral. El feminismo se presenta en público como una idea revolucionaria, que vendría a cambiar las relaciones entre los sexos y de éstos con la sociedad; dice aspirar a la quiebra de las relaciones machistas, en pro de las relaciones de igualdad. Pero hace exactamente lo contrario. Este feminismo es lo más alejado del concepto de igualdad que pueda concebirse. Y tampoco es una ideología nueva. El feminismo es más machismo: la sobreprotección y la ventaja de la mujer por el hecho de serlo. Su propia consideración como ideología que segrega a la Humanidad, de manera drástica, entre hombres y mujeres, es la expresión más obvia de su íntima cercanía con el sexismo machista, y de su íntima contradicción con la búsqueda de la igualdad de trato, de oportunidades, de derechos y obligaciones.

Aunque se insista en un discurso formal igualitario, la praxis feminista jamás apelará al concepto de «persona» o de «humano», tan solo al de «mujer» o al de «género». Y es en las actuaciones, en los hechos del feminismo radical, donde se evidencian las verdaderas aspiraciones de esta ideología. Su discurso formal no es más que un intento —burdo— de manipulación, que ha tenido éxito tanto por ser continuación de una arcaica y arraigada mentalidad sexista, como por haber carecido de una oposición formal. El verdadero discurso, el de los hechos, es el que refleja sin ambigüedades la única realidad ideológica feminista radical.

El feminismo dice una cosa y hace exactamente la contraria, tiene un discurso antisexista, y una praxis sexista. Dice aspirar a la igualdad y a la emancipación, cuando persigue la desigualdad y la tutela «cualificada» del Estado, a costa de sus congéneres varones. Su perversión es que maneja una doble moral, una de las cuales —la de los hechos— es absolutamente incompatible con los principios que sustentan la sociedad en que vivimos. Si se tolera esta contradicción, tan evidente, es porque el machismo tolera la mentira de la mujer, porque el «tener palabra» parece que sigue siendo «cosa de hombres», y porque la mentira es todavía, de modo inconscientemente aceptado, una característica femenina o, en este caso, feminista. Esta permisividad total del machismo ha sido aceptada y utilizada hasta la exasperación por la ideología feminista. El feminismo radical, sin pudor alguno, se ha acogido a la tolerancia machista para vivir en la pura contradicción, sin el menor rubor; para decir una cosa y hacer exactamente la contraria. Para ello ha tenido que retorcer el lenguaje.

La construcción de un lenguaje propio es el primer paso para el desarrollo de cualquier ideología. Juan Manuel de Prada (2009), respecto al pensamiento de Bibiana Aído, ministra de «Igualdad» afirmaba en 2009 que se distingue por su alergia al lenguaje, que es racional (como demuestra la etimología) y amigo de la verdad; y su propensión a sustituirlo todo por lo que Orwell denominaba «neolengua», un instrumento verbal de dominio, enemigo de la verdad, que desnaturaliza las palabras (…). El hecho de que el ministerio de Aído se llame de igualdad, y no «de la mujer» es una muestra evidente de dicho neolenguaje.

Los términos feminismo y machismo, base de esta ideología, también están sesgados en su origen, pues son parte integrante del discurso feminista. El diccionario de la Real Academia Española recoge esta perversión del uso del lenguaje: feminismo, movimiento que exige para las mujeres los mismos derechos que para los hombres; machismo: actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. De estos dos significados no antagónicos, sino complementarios, que se necesitan mutuamente para existir, se desprende una imagen muy concreta —y muy falsa— de la realidad actual: la mujer tiene menos derechos que los hombres, y es por culpa de los hombres, que son machistas. Es lo que, en septiembre de 2009, afirmaba Miguel Lorente, delegado del gobierno para la violencia de género, acerca de que el exceso de poder, libertad, autoridad, independencia,… que disfrutan los hombres han sido conseguidos a costa de derechos y oportunidades de las mujeres. (Lorente Acosta, septiembre 2009). Si invirtiéramos los términos hombres y mujeres en esta afirmación de Lorente, probablemente tendríamos una imagen mucho más cercana a la realidad que actualmente conocemos.

Sorprende que esta descripción feminista de la realidad haya permanecido casi inalterada durante décadas, a pesar de lo profundos cambios acaecidos. Pero el actual feminismo radical utiliza un anacronismo intencionado, proyectando la situación de la mujer de hace medio siglo sobre la sociedad actual. Es lo que insinúa Teresa Jiménez Vilches, Consejera de Educación de la Junta de Andalucía, cuando afirma que Las generaciones actuales de chicos y chicas viven lo que llamamos el espejismo de la igualdad. (…) Están mejor que las generaciones de sus abuelas, pero es preciso poner los pies en el suelo y saber que no está todo conseguido y que, si no afianzamos el camino, también se puede retroceder. (Prado Martín, N. 2009). En el fondo, se aprecia un profundo miedo a la igualdad. No sabemos si real, o como estrategia manipulativa, pero el caso es que siempre se apela al pasado como argumento último del feminismo extremo «más allá de la igualdad». Un feminismo que tiene mucho de «memoria histórica». El colmo de este anacronismo intencionado lo ejemplificaba de nuevo Miguel Lorente (2009-2), delegado del Gobierno para la Violencia de Género, cuando afirmaba en noviembre de 2009, respecto al día contra la violencia de género que es un día para hacer del debate conciencia, y de la conciencia la acción, pues solo el conocimiento y la crítica podrán cambiar las causas que acabaron con la vida de Hipatia en el año 415, las mismas que hoy, en pleno siglo XXI, lo hacen con la de tantas mujeres.

Los términos machismo y feminismo, en su acepción oficial, representan hoy un puro anacronismo, premeditado. Y, cuando una ideología recurre a esto es, siempre, porque los tiempos le han arrebatado la legitimidad. Algo que le empezó a ocurrir al feminismo casi desde su eclosión, cuando la Constitución española desvirtuaba, afortunadamente, el núcleo de sus reivindicaciones. En la nueva era del feminismo radical, sorprendentemente, se añade un neoconcepto que, en gran medida, también representa un anacronismo: además de discriminadas por los hombres machistas, todas las mujeres son maltratadas por parte de todos los hombres, que son machistas. Es la aparición de la nueva ola feminista del «género».

VII. MACHISMO Y FEMINISMO

Pero existe una definición sociológica, no ideológica, de los términos machismo y feminismo. La deslegitimación de la sociedad patriarcal, la sociedad bíblica, tiene su origen en el desarrollo de tres principios básicos de los sistemas normativos de occidente: libertad, igualdad y fraternidad. Emanados de la revolución Francesa, e inspirados en el Código Civil napoleónico, estos principios de la herencia cristiana, secularizados por la Ilustración, traspasarán el siglo XX, apareciendo todavía en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como uno de sus elementos nucleares: todos los seres humanos, libres e iguales en dignidad y derechos, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros (art. 1) (Hernández-Gil, 2009), es decir, solidariamente, en términos actuales. Unos principios depurados por milenios de historia y convivencia social, que conforman la base ética y normativa de las sociedades actuales de occidente. Si en la sociedad patriarcal lo legítimo es la diferenciación entre los sexos, en las sociedades occidentales lo legítimo es, o debe ser, la igualdad. Un ciudadano, un voto; es la extensión de la democracia la última y definitiva contribución a la igualdad de los ciudadanos, pues al voto se le da el mismo valor independientemente de la raza, la religión, la clase social o el sexo. Estos logros, estas profundas transformaciones en la conciencia colectiva de occidente, son previos al feminismo. Y son los verdaderos artífices del avance hacia la igualdad. Pero, paradójicamente, constituyen la base que va a posibilitar el desarrollo de la ideología feminista radical. Una ideología que es diametralmente opuesta a los principios fundamentales que la vieron nacer.

Las normas del patriarcado —normas jurídicas, éticas y sociales— que persisten en los modernos estados democráticos de occidente constituyen lo que llamamos machismo. Vestigios de una organización social de origen tribal, basada en la diferenciación por cuestión de sexo, que implica un reparto de funciones, y de derechos y obligaciones, entre los sexos. Pero el feminismo solo califica de machistas a los restos del patriarcado que desfavorecen a la mujer, que son, justamente, tachados de ilegítimos dentro del nuevo sistema de valores. A los que la favorecen —de manera igualmente ilegítima— se le llama ahora «discriminación positiva». Y no solo se perpetúa la discriminación «positiva» patriarcal hacia las mujeres, sino que se amplía, sin límite, generándose de manera constante nuevas desigualdades «positivas». Pero todo privilegio que se conceda «por el hecho de ser mujer» proviene de una reminiscencia del sistema patriarcal, y toda discriminación del varón «por el hecho de serlo», igual. Si el machismo es el residuo del patriarcado, el feminismo es el residuo, sesgado, del patriarcado que favorece a la mujer; una ideología de la discriminación unilateral. Como dice la magistrada María Pozas, en relación a la Ley de Violencia de Género, Sólo desde una vocación demagógica puede despreciarse, con la gravedad añadida de hacerlo en una norma penal, la responsabilidad que las mujeres hemos tenido y seguimos teniendo en la pervivencia de la desigualdad, en la asunción, más o menos consciente, de la diferencia de roles sociales y sexuales y la expresión de tales prejuicios en conductas violentas o no. Hoy podemos afirmar que la mayor parte del sexismo machista que pervive en la sociedades española es de corte feminista: derechos machistas para las mujeres, perjuicios machistas para los varones. El resto del sexismo machista, el que favorece al varón y perjudica a la mujer, es el único que, jurídicamente hablando al menos, ha sido abolido por nuestro Estado de Derecho.

Sin embargo, la ideología feminista radical mantiene hoy la idea de que la mujer está siempre y en todos los supuestos discriminada respecto al varón, por causa, y culpa, de los varones, que son machistas. Esta es la visión distorsionada de la realidad que el feminismo necesita proyectar para legitimar su propia actitud sexista, el defender en exclusividad los derechos de la mujer, en contraposición a los de los varones. Por eso, como dice Pedro J. Ramírez (2009), Zapatero apela a los resortes del eterno femenino, buscando una respuesta «empática», exhibiendo una y otra vez sus méritos de libertador de las mujeres desigualadas y oprimidas, alardeando de leyes manifiestamente injustas (…)

Pero detrás de esta distorsionada visión de la realidad, y de la consecuente contradicción del discurso, se esconde una moral, la moral «privada» del feminismo radical, que es la que explica las actuaciones ilegítimas de esta ideología.

VIII. UNA IDEALOGÍA DE LA DISCRIMINACIÓN

Las ideologías de la discriminación, como el racismo, establecen una frontera rígida entre dos grupos de personas, según unos pocos criterios, o solo uno, como el color de la piel. Homogeneizan al otro «grupo», negándoles a todos sus miembros, sin excepción, la condición de persona, de «semejante» (que requiere igual trato). Los «otros» son peores que nosotros, son menos persona y, por lo tanto, la discriminación esta «moralmente» justificada. Para el feminismo radical el varón es peor que la mujer; y lo son, a priori, todos los varones. Si fueran solo algunos, no estaría justificado su interés exclusivo por la mujer «por el hecho de ser mujer». Es lo que expresa abiertamente la Ley de Violencia de Género, que los varones, por ser peores, merecen más pena por los mismos hechos. Y por ser peores, no merecen que se les crea, por lo que se da presunción de veracidad a la mujer, afirmándose de este modo, incluso, una superioridad «moral» del sexo femenino. Por lo que la gran perversión de la era del «género», más allá de sus nefastas implicaciones prácticas, es la creación de estos nuevos y graves prejuicios «de sexo», claramente discriminatorios.

El feminismo es, como el machismo, una ideología sexista, y por este motivo ya colisiona frontalmente con los derechos fundamentales. Pero, más allá de la diferenciación, las actuaciones de discriminación de uno de los sexos, el masculino, convierte al feminismo radical en una ideología de la discriminación. Cuando este feminismo establece una relación rígida entre las personas y el sexo, para discriminar solo a uno de ellos, se parece más al racismo y a todas las ideologías de la discriminación unilateral que al machismo de donde proviene. Como dice Edurne Iriarte, comparando el racismo con el feminismo en relación a la pretendida superioridad biológica de las mujeres: Aquello que en relación con los negros es un atentado contra la democracia y los derechos humanos, se convierte en una interesante, sugerente y progresista teoría cuando de diferencias de hombres y mujeres hablamos. Ésta y no otra moral es la que justifica las actuaciones parciales e ilegítimas del neomachismo, hoy mal llamado feminismo.

Las ideologías de la discriminación centran todos los problemas en las relaciones con el «otro» grupo, culpabilizando a fin de cuentas al «otro» no solo de todo lo malo que nos ocurre o nos puede ocurrir, sino de que no estemos lo bien que «deberíamos» estar. Se busca un culpable, y se exige mejorar a su costa. Pero no basta con marginar al «otro»; como la Historia nos enseña, toda ideología de la discriminación acaba siempre, inevitablemente, en persecución.

Muchas de estas facetas también las incorpora la ideología del feminismo radical. Pero la ideología feminista encierra particularidades que la hacen única. En primer lugar, continuar segregando a la Humanidad, a toda la Humanidad, radicalmente en solo dos «grupos», mujeres y hombres. En segundo lugar, el establecer nuevos prejuicios «de sexo», el hecho de fijar una clasificación «moral» de la Humanidad por razón de sexo —uno «malo» y el otro «bueno»— que justifique la discriminación en base a esa única particularidad. Y, en tercer lugar, el feminismo es insensible a la discriminación de un semejante muy cercano; no es al negro o al judío a quién se discrimina, es al varón que convive con nosotros cada día, generalmente con una estrecha relación de intimidad o parentesco. Todo ello hace de la actitud unilateral del feminismo radical, sin el recurso racista del distanciamiento psicológico, aún más chocante.

Esta moral «privada», paralela y oculta, se ha ido soterrando en la moral colectiva porque revive el arcaico victimismo femenino, y provoca la nueva culpabilidad masculina. Lo resume tan irónico como certero Fernando Basanta, presidente de la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva, al preguntarse si ¿Hay algo en España que no sea culpa de los hombres? (Valenzuela, Alfredo, 2009).

Cuando el feminismo consigue que su moral «privada» se refleje en leyes, que nos rigen a todos, busca la «interiorización» de dicha moral por parte de hombres y mujeres. Si lo dice una Ley, entonces debe ser lo éticamente correcto, o al menos lo socialmente correcto. Dando al prejuicio rango de Ley. Y se ahonda en la perversión moral. No es la ética la base inspiradora de la ley; es la ley, por injusta que ésta sea, la que inspira y acaba configurando la ética social. Una inversión aberrante de la pirámide normativa de la sociedad. Cualquier ley puede obedecer, como la Ley de Igualdad o la Ley de Violencia de Género, a condiciones coyunturales o intereses partidistas; pero la ética —en este caso representada por la Constitución y los Derechos Humanos— no debe jamás verse sobrepasada, supeditada, a lo impuesto por una ley concreta. Esta tendencia a invertir el orden normativo la expresó abiertamente el presidente Zapatero en 2009, cuando pidió que la tolerancia gobierne a los hombres desde las leyes y no que la moral se imponga a través de las leyes de los hombres. (Cuervas-Mons, Rosa, 2009). Y la tolerancia, claro está, la define él. «Tolerancia cero» para los varones «maltratadores», en expresión del propio presidente, que en sus declaraciones cambió el término ciudadano por el de «los hombres» en un mensaje subliminal bastante burdo a las «ciudadanas» que deberían votarlo. Zapatero, desde el poder, niega la moral, toda moral, para imponer la suya propia. La impone con la única razón de la fuerza, del poder —con lo cual es una moral «amoral»— y con el único objetivo de perpetuar dicho poder, a través de las urnas. Nietzsche ya dijo algo acerca de todo esto.

La nueva moral feminista, impuesta a la sociedad, tanto a través de los medios de comunicación como por la actividad legislativa, es uno de los baluartes del nuevo «régimen» a cuyo desarrollo asistimos atónitos en este país. El Tribunal Constitucional queda relegado, una vez más, al triste papel de justificar lo éticamente injustificable, si entendemos que la norma más enraizada en nuestro sistema ético es precisamente la Constitución. Con su labor «legitimadora» de cualquier propuesta que se haga desde la esfera política, se desvirtúa el Constitucional, que debería ser el garante de que no existieran tantas y tan graves contradicciones entre las leyes que nos rigen y la Constitución que debería sustentarlas. Como afirma el periodista Justino Sinova, en relación al Estatut catalán, La presión que el Tribunal Constitucional está padeciendo es una indecencia política. (…) Si el Tribunal hubiera fallado ya, no sufriría la presión que busca torcer su brazo. Pero ahora tiene que mantener el tipo y evitar una «reforma encubierta» de la Constitución y una quiebra de nuestro sistema. Los magistrados, con su presidenta, María Emilia Casas, tienen la gravísima tarea de ignorar esa presión indigna y defender la Constitución caiga quién caiga, aunque fuera el Gobierno. El futuro les premiará o les pasará factura. (Sinova, Justino, 04/09/2009). En la legitimación de la Ley de Violencia de Género se dio un proceso de presión muy parecido en torno al Constitucional. Lo malo de todo esto es que los fallos del Constitucional no solo le pasarán factura a sus miembros sino, fundamentalmente, a toda la sociedad española.

Esta moral «amoral» e injusta del feminismo aunque legitimada desde el poder, necesita camuflarse, hacerse pasar por legítima frente a la ética social. La única forma de hacerlo es distorsionar la imagen de la realidad que percibe la gente. Mostrar una parte de la realidad como si fuera toda la realidad. Y a veces, sin ni siquiera vestigios de veracidad, construyendo una realidad virtual ad hoc a sus aspiraciones. Esto solo puede hacerse desde el poder institucional y a través de los medios de comunicación de masas.

PARTE 2ª
EL CONTEXTO DEL FEMINISMO RADICAL

IX. LA NUEVA ERA DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA

El periodismo moderno nace en el siglo XVIII precisamente para frenar el absolutismo. Donde hay luz, no hay tinieblas. El periodista es el guardián de la democracia, si cumple con su deber.

Francisco Rubiales (2009) Periodista, corresponsal de guerra y escritor.

Estamos en una nueva era de la comunicación política, donde ya no importa el debate de las ideas. Lo importante es el relato, la ficción de la realidad que, desde el poder se hace llegar a los ciudadanos. Una era iniciada por el presidente norteamericano Ronald Reagan, pionero en el uso de las técnicas mediáticas denominadas «storytelling»: invéntese usted una historia, con malos y buenos, que acceda a la población por la vía de la emoción, más allá del debate racional de las ideas. Un relato que le permitirá, ya que usted es el guionista de la película, que sus actuaciones queden automáticamente legitimadas frente a la población. Y si cambian las circunstancias, pues cambie usted el guión. En palabras de Christian Salmon (2008), El antiguo actor de Hollywood sabía «seguir el guión» (…) pero también le ayudaba un equipo de comunicadores, que sabían como «preparar el escenario». Según este autor, los criterios de una buena comunicación política obedecen cada vez más a una retórica preformativa (los discursos fabrican hechos o situaciones), que ya no tiene por objeto trasmitir información ni aclarar decisiones, sino actuar sobre las emociones y los estados de ánimo de los electores, considerados cada vez más el público de un espectáculo. Y para ello se propone (…) la puesta en escena de la democracia, en lugar de su ejercicio.

En esta nueva era, el poder cambia su estrategia respecto a los medios de comunicación. Del clásico enfrentamiento con los medios, se pasa a su «deglución» y, por lo tanto, a su desnaturalización. El llamado «cuarto poder» deja de serlo, para engrosar, mayoritariamente, la lista del clientelismo político. Los medios de comunicación, capaces de derribar a un presidente electo en los Estados Unidos, como fue el caso de Richard Nixon, se convierten en cómplices necesarios del poder que, directa o indirectamente los alimenta. O bien los coarta. Los gabinetes de prensa de las instituciones nutren con sus relatos «oficiales» a unos medios de comunicación que, inermes, colaboran con demasiada frecuencia en la transmisión de esos relatos sin una sombra de crítica. Dejando así de ser los guardianes de la democracia, para convertirse en cooperadores necesarios de quienes socavan sus cimientos. En 2008, España descendió del puesto 36 al 44 en la clasificación mundial de la libertad de prensa, situándose a la cola de la Unión Europea, según se desprende del informe de Reporteros sin Fronteras. Según dicho informe, muchas leyes promulgadas desde el mes de septiembre de 2008 cuestionan el trabajo de los periodistas (El Correo de Andalucía, 21/10/2009).

El ejercicio de las técnicas de comunicación del «storytelling» supone un ejercicio manipulativo sin precedentes. A través de mensajes sencillos, que desnaturalizan la realidad, dirigidos a un público desinformado y que solo cuenta para conocer la realidad con los datos que se le suministran, cualquier cosa es teóricamente posible. Se genera una realidad virtual, en la que se implica emocionalmente a la población. El éxito o fracaso de un partido político va a radicar, más allá de sus ideas, en su capacidad para movilizar las emociones de la población a su favor.

Uno de estos relatos fue el de George Bush «hijo» para justificar su «cruzada contra el mal». Para Christian Salmon, el uso que la administración Bush hace de la propaganda ya no sólo debe modificar o influir en la opinión de un individuo, sino el conjunto de sus creencias y de sus hábitos: su cultura, su ideología, su religión. La propaganda se convierte en la propagación de una forma de creencia. Lo que George W. Bush no ha dudado en calificar como de «cruzada». Pero las técnicas utilizadas por Bush para crear el relato de su «cruzada contra el mal» a partir del 11 de septiembre, se empezaban también a aplicar también en nuestro país. Siguiendo a Salmon, en España, se fortalecía otro relato, el del presidente Zapatero que, con buenos modos y escuchando el consejo del politólogo irlandés Philip Pettit, se abría a su vez en múltiples historias (…). Todo se puede contar, día a día, mejorando la historia, sustituyéndola por otra o cambiando los personajes, igual que un folletín.

Una de estas historias es la de los llamados «malos tratos», que ha sido un tema estrella en el relato de Zapatero. Ya en su lucha para ser elegido candidato dentro de su propio partido, Zapatero contó con el apoyo del sector feminista radical del PSOE, probablemente a cambio de asumir tanto el relato como las reivindicaciones de este feminismo radical. El hecho irrefutable es la propuesta y posterior aprobación de la Ley de Violencia de Género en el Congreso. Una cuestión, la de los «malos tratos», a la que el feminismo apenas prestó atención hasta que, desde principios del siglo XXI, y a falta de otros argumentos, es erigido como un tema electoral crucial. Algo parecido a lo que, aunque con diferencias esenciales, ya había ocurrido en la campaña por la presidencia francesa donde, según Salmon, los políticos en vez de su competencia trataron de mostrar su compasión, por lo que la apuesta electoral se concentró entonces casi lógicamente alrededor de las víctimas: los accidentados de la vida, las mujeres maltratadas, los sin techo, los minusválidos, es decir, personas de gran resonancia emocional. El registro de las víctimas hizo las veces de sociología electoral (…).

En el discurso feminista el presidente Zapatero encontró un terreno abonado. Porque estas técnicas tan novedosas del «storytelling» las venía utilizando el feminismo desde sus orígenes, y gran parte del relato estaba ya interiorizado por la población. El feminismo radical no iba tampoco a dejar pasar la oportunidad de la nueva estrategia política de Zapatero, consistente de fragmentar la sociedad en subgrupos —inmigrantes, nacionalismos, homosexuales— para darle a cada uno de ellos lo que reclamaba o lo que desde el poder se les decía que reclamaran. El «grupo» al que se iba a prestar la mayor atención era precisamente el de las mujeres. Como si no constituyeran la mayoría de la población española, se les iba a otorgar el trato de una minoría eternamente discriminada. La coyuntura iba a ser utilizada para dar una nueva vuelta de tuerca a las teorías feministas.

X. FEMINISMO RADICAL Y PENSAMIENTO ÚNICO

«Ahora somos un imperio (…) y cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad. Y mientras usted estudia esta realidad, juiciosamente como desea, actuamos de nuevo y creamos realidades nuevas, cosas que asimismo puede usted estudiar, y así son las cosas. Somos los actores de la historia (…) Ya usted, a todos ustedes, sólo les queda estudiar lo que hacemos.»

Declaraciones de un asesor de George W. Bush al periodista de investigación Ron Suskind, en el verano de 2002, antes de la guerra de Irak.

Este planteamiento, que parece muy cercano a la locura, es algo totalmente real y, por ello, escalofriante. No solo por la prepotencia —y el desprecio—, que desprende, sino por el cuestionamiento de toda base racional como elemento organizativo de una sociedad moderna. No son los hechos, es el relato, construido desde el poder, lo que configura la «realidad» y, en consecuencia, el pensamiento único. Solo la pluralidad y la crítica independientes, con una adecuada capacidad de difusión, podrían garantizar nuestra libertad frente a esa tendencia innata del poder. Y también una sociedad civil rebelde a delegar la definición de los parámetros esenciales de su propia vida. Por eso, cualquier mecanismo que se oponga al relato mediático es esencial para que la palabra democracia siga manteniendo algún sentido.

El relato, la ficción feminista, se ha constituido en parte esencial del relato del poder. Porque todas las fuerzas políticas han terminado asumiendo como propios tanto el victimismo feminista como la consiguiente culpabilización del varón. El relato feminista ha pasado a formar parte del relato común de los partidos políticos, y la imagen de la realidad que el feminismo pretendía instalar en la sociedad, bajo la perspectiva de que «una mentira mil veces repetida se convierte en una verdad», ha surtido sus efectos sin apenas réplica. Como denuncia el filósofo Manuel Ruiz Zamora (2009), Sobre el tema de la mujer estamos construyendo uno de los grandes mitos de nuestra época, y creando una especie de ente de ficción con tan poca consistencia real como el de aquel tipo angelical, etéreo y, afortunadamente inexistente que nos legó la mitología romántica. Afortunadamente la realidad es tozuda, y a veces recomienda cambiar el guión. Cosa que el feminismo radical no estaba dispuesto a hacer. Antes al contrario, ha atacado con toda la virulencia de que es capaz, y con todo el poder de que dispone, a cualquier voz disonante contra su «pensamiento» «políticamente correcto».

Quien se permita disentir del integrismo feminista se enfrenta a la maquinaria de las instituciones controladas por el poder político y sus satélites. Le ocurrió a María Sanhauja, jueza decana de Barcelona, denunciada por el poder judicial cuando se permitió criticar abiertamente la Ley de Violencia de Género, que además fue atacada por todo el estamento feminista de este país. Y le ocurrió también a la ex-titular del juzgado de Violencia de Género núm. 1 de Santander, María Jesús García Pérez, sancionada por una «falta grave» por cuestionar la Ley de Violencia de Género en unas declaraciones. (El Mundo, 28/03/2009). Así, todo relato oficial se convierte en relato impuesto, en pensamiento único. Pero mientras que en una dictadura lo legítimo es rebelarse contra el pensamiento impuesto, en la democracia formal este pensamiento se reviste de legitimidad democrática. Lo que digan las instituciones democráticas —aunque sea una barbaridad— debe ser lo cierto y, además, lo único cierto. Así, toda crítica parece tornarse ilegítima, como si los poderes públicos estuvieran blindados por una «infalibilidad» democrática. También el juez Francisco Serrano fue blanco del aparato institucional cuando en febrero de 2009 comparó la ley de Violencia de Género con la base de Guantánamo. Primero fue el PSOE, que acusó al juez de «falta de rigor y profesionalidad», luego la fiscal jefe de Sevilla, y después el Consejo General del Poder judicial. (Moreno, Silvia. 2009). Aunque todas estas muestras de «disidencia» ideológica no son más que alentadores signos de la salud y vitalidad de una sociedad que no debe dejarse enfermar definitivamente.

Pero no solo se persigue la «disidencia» ideológica. Emilio Pérez Pujol, director durante más de 20 años del Instituto de Medicina Legal de Murcia, fue destituido en 2009 por el Ministerio de Justicia, dos meses después de que declarara que dos de cada tres denuncias que llegan al Instituto de Medicina Legal por agresión sexual resultan ser falsas. Todo dato que haga peligrar el relato oficial debe ser silenciado (La Verdad, 2009).

Para el relato oficial, expresado en el Manifiesto UE09, Programa Electoral del PSOE, las desigualdades siguen siendo patentes y flagrantes, tanto en el ámbito laboral, político, empresarial y científico como en el propio ámbito familiar. Entre igualdad formal y real hay un gran espacio, que solo eliminaremos incluyendo la acción positiva en las políticas públicas en este campo. La realidad es que las políticas públicas están no ya agotadas, sino que han sobrepasado cualquier límite, como veremos. Pero el objetivo del actual relato oficial es transmitir a las mujeres que deben seguir votando a los partidos que más las «desdiscriminen», o algo así. Por eso el feminismo necesita, imperiosamente, de nuevos argumentos que lo justifiquen.

Se acude sin pudor a la llamada justificación «histórica», explícita en la Ley de Violencia de Género: discriminar a alguien por el supuesto comportamiento de sus antepasados; donde no deja de ser chocante que no se haga referencia a las históricas discriminaciones machistas sobre el varón por el hecho de serlo. También se pretende justificar la injusticia por la denominada «ley del péndulo», que de un extremo pasa ciegamente al opuesto, como si la racionalidad y la justicia no fueran posibles. Otra justificación del actual régimen feminista es la situación global de la mujer en el mundo, haciendo una especie de media aritmética mundial, que olvida que nuestro primer mundo y el tercero no tienen nada en común. Es la perversión de deslocalizar y generalizar las conclusiones de la cumbre de Pekín acerca de la mujer en el mundo; sin argumentos dentro, el discurso feminista radical los buscará fuera. Esta última justificación feminista obvia también, de manera grosera, las fluidas relaciones de muchos de nuestros políticos feministas con dirigentes y dictadores de regímenes profundamente patriarcales.

Pero el feminismo, además de formar parte esencial del pensamiento del poder, es en sí mismo un pensamiento único autónomo, dominante y definitivo; que afecta, por exceso o por defecto, a toda la población. Y en todos los ámbitos de la vida social. Como buen pensamiento único, el mensaje es: no pensar como las feministas es una aberración. En artículo publicado en El País semanal, el periodista Francesc Miralles (2009) afirmaba que La abeja reina rechaza la lucha feminista, ya que no cree que los problemas de la mujer sean culpa de los hombres. Puesto que quien padece este síndrome suele haber alcanzado una buena situación económica y social, adopta el papel de supermadre y acepta el rol tradicional femenino. La entrega a la familia puede llevarle a pensar que el trabajo de su marido es más importante que el suyo. Adiós a la conciliación laboral. Parece que no comulgar con el feminismo solo pudiera explicarse por una enfermedad mental o un «síndrome». Porque, sencillamente, no es cuestionable. Cualquier crítica esta proscrita. Por eso, como dice el periodista Alfonso Lazo (2009), Hay cosas que el pensamiento oficial prohíbe decir. Se puede decir que las mujeres están mejor capacitadas para las matemáticas que los hombres; no se podría decir, en cambio, que los hombres son mejores que las mujeres en geografía. El discurso obligatorio exige que lo femenino siempre sea mejor. Todo debe ser feminizado, todo debe tener una perspectiva «de género». Pero la perspectiva de género no existe: solo existe la perspectiva. En 2009, el Ministerio de Cultura anunciaba que en igualdad de condiciones —se supone que en calidad artística— el proyecto cinematográfico dirigido o realizado por una mujer o cuyo guión haya sido escrito por una mujer, pasará por delante del que haya escrito un hombre. (Ríos Pere, 2009-2). Doble ataque a la igualdad: por la propia normativa discriminadora, y por el más que previsible fomento de películas de «ideología de género». Porque la subvencionada cultura de nuestro país también tiene que ser políticamente correcta, en este caso un eufemismo de servil a los intereses del poder.

El presidente Zapatero, en entrevista publicada en junio de 2009 en La Vanguardia, decía que las mujeres «Son mucho más capaces de trabajar en equipo y siempre he visto menos vanidad y menos celos entre las mujeres que entre los hombres». «Vivo rodeado de mujeres y sé que tienen la capacidad de conocer a las personas más rápidamente que nosotros, es una condición de inteligencia emocional adelantada… son más empáticas (sic), por eso siempre me fío de sus opiniones…». (Ramírez, Pedro J., 2009). Lo preocupante es que las opiniones de las que dice fiarse Zapatero puedan ser las de la ideología feminista radical, que seguramente ha colaborado de manera decisiva a erigirlo como presidente del gobierno en España.

XI. LA REALIDAD VIRTUAL DE LOS DATOS

Toda distorsión «oficial» de la realidad se apoya en la distorsión y el sesgo de los datos, que son los únicos parámetros objetivos para la definición de la realidad misma. La antigua propaganda ha adquirido tintes mucho más «científicos» y demoledores en la era de la comunicación global. Ante cualquier cuestión controvertida, la oficialidad lleva a cabo un protocolo destinado a imponer mediáticamente determinados puntos de vista, preformando, construyendo una determinada imagen de la realidad. En oposición a la realidad evidente y directamente percibida por los ciudadanos. Lo vimos en el caso de la rotura de la presa minera de Aznalcóllar, en Sevilla, también en el debate sobre el aborto, y en muchas otras cuestiones importantes donde la cuestión era imponer una determinada imagen, mediática, de la realidad. El ciclo que siguen estos protocolos «oficiales» es bien conocido. Se inicia con la constitución de un grupo de «expertos» que cuentan con la presunción de veracidad que el calificativo les otorga. En segundo lugar los «expertos» elaboran sus informes, a menudo sesgados por sus premisas y métodos de elaboración, cargados de tecnicismos y complejidades, poco accesibles a la compresión de la ciudadanía. En tercer lugar, los gabinetes de prensa institucionales emiten sus notas de prensa, basadas en dichos informes, pero ya cargadas de intencionalidad política. Y en cuarto lugar, los medios de comunicación se hacen eco literal de las notas de prensa de los gabinetes, informaciones que se constituyen entonces, automáticamente, en un presunto reflejo directo de la realidad, de toda la realidad posible.

En octubre de 2009 una nota de prensa del Consejo General del Poder judicial (2009) se iniciaba con el encabezado «Se rompe el mito de las supuestas denuncias falsas por violencia de género», y continuaba con el subtítulo «Sólo 1 de las 530 resoluciones estudiadas podría encuadrarse como denuncia falsa». La nota de prensa estaba dando ideas para los titulares a la prensa, como de hecho ocurrió. Esta nota se basaba en un estudio del llamado «Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del CGPJ». Su aparición parecía responder tanto a la creciente respuesta social contra la Ley de Violencia de Género, como a la reunión, prevista para noviembre, de la subcomisión de Violencia de Género del Congreso para analizar precisamente los resultados de la aplicación de dicha Ley. Y, de fondo, seguramente al intento del gobierno de llevar la bandera de la violencia de género a su presidencia de la Unión Europea, ante la casi total falta de argumentos frente a Europa. La nota de prensa cumplía su objetivo mediático. Pero del análisis, aunque sea superficial, del informe que la sustenta, se deduce la falta del mínimo rigor en las «conclusiones» del encabezado. El 95,48% de los casos analizados en el informe eran apelaciones a las Audiencias Provinciales, es decir, casos ya juzgados y condenados en otras instancias, y que además apelaban; casos que suponen menos del 10% del total de denuncias por la Ley de Violencia de Género. Se habían buscado las denuncias falsas no entre las denuncias, sino entre los casos ya cribados por la justicia y condenados, omitiendo, además, las llamadas «sentencias de conformidad». Por otra parte, en 148 de los casos analizados se valora la declaración de la víctima como prueba de cargo para establecer la condena, y en otros 42 casos el testimonio fue la única prueba. Por lo que, en puridad, en todos esos casos resulta imposible saber cuales son denuncias falsas o no. Por más que, al amparo de una Ley y una doctrina injustas, haya recaído una condena. En resumen, la única denuncia falsa detectada en el informe fue la de una mujer que, ante la condena a su pareja, declaró por escrito y en el propio recurso de apelación a la Audiencia, que había mentido. Y la única conclusión objetiva de este informe, respecto a las denuncias falsas, es que resulta imposible, con esta Ley y con la ruptura de la presunción de inocencia, detectarlas. A no ser que la mujer denunciante lo declare expresamente y por escrito. Y a veces ni siquiera de ese modo. Lo triste del asunto es que se incoaran actuaciones contra una mujer que, ante la constatación del despropósito en que se había visto envuelta, tuviera el coraje de rectificar ante la justicia.

Pero, como afirma Edurne Iriarte, la ideología ha sustituido los datos. En este terreno y en otros muchos, el feminismo ha prescindido de la sociología o de la ciencia política y el punto de vista meramente ideológico ha eclipsado al científico. Actualmente, la ideología feminista radical es un ejemplo paradigmático de esta distorsión ideológica de los datos y de la realidad, porque necesita legitimar unas actitudes que no tienen precedentes. En relación a la Ley de Violencia de Género, el juez Francisco Serrano pidió a los responsables políticos «que digan la verdad y no se maquillen las estadísticas, porque no se pueden interpretar los datos como le interesa a cada uno». Lamentó la falta de rigor de la secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, por haber asegurado que en España se habían dictado más de 71 000 sentencias condenatorias que suponen el 70% de las denuncias realizadas, cuando la estadística oficial desde julio de 2005 a junio de 2008 establecía, sobre un total de 480 000 denuncias solo el 16,35% de condenas. Los datos de Serrano rebajan esta proporción a tan solo el 9,7% al suprimir los casos de faltas celebrados por insultos y otros asuntos de carácter leve, ya que según él una pareja que se cabrea porque se va a divorciar y se cruzan insultos, eso no es un maltrato. (Muñoz, J., 10/02/2009). Si añadimos el menoscabo a la presunción de inocencia implícito en la Ley, es cuestionable incluso cuantas de ese 9,7% de condenas son verdaderos casos de malos tratos.

Otro ejemplo del mal uso de los datos son los informes anuales del Consejo General del Poder Judicial sobre muertes violentas en el ámbito de la pareja en España. Estos informes se refieren, exclusivamente, a muertes violentas en el ámbito de la Ley de Violencia Doméstica y de la Ley de Violencia de Género. Los varones asesinados por sus ex-cónyuges o por sus ex-parejas de hecho o por sus novias o ex-novias sencillamente no están en las estadísticas, porque no están contemplados en ninguna de estas leyes. Los varones muertos que se computan son solo los varones asesinados por sus esposas, en virtud de la Ley de Violencia Doméstica. Así, el uso indiscriminado de las cifras dadas por el poder por parte de los medios de comunicación se convierte en un paradigma de distorsión informativa, bien consciente o bien fruto del desconocimiento acerca de cómo se elaboran dichos informes anuales. Los datos sobre muertes en pareja deberían responder a la realidad y no a una mera clasificación jurídica de la misma. Y jamás deberían darse en cifras absolutas, sino en dato porcentual respecto al total de las parejas o rupturas. Si las muertes bajaran un 10%, pero el número de parejas hubiera decrecido un 20%, por ejemplo, no estaríamos frente a una disminución de las muertes, sino ante un aumento.

También, el qué datos se aporten y cuales se omitan a la opinión pública, las «medias verdades» constituyen otra forma seria de sesgo de los datos, porque «no hay peor mentira que una verdad a medias». Los suicidios de los propios homicidas no se consideran como muertes en pareja porque, si los sumáramos y sumáramos también los varones muertos por sus novias y sus ex-parejas, las cifras de muertes en pareja serían hoy muy parecidas para hombres y mujeres. Tampoco se considera —ni se previene— una cifra de muertes alarmante, que son los varones que se suicidan en España durante el proceso de separación o divorcio, sin agredir a nadie. Una cifra que, por sí sola, multiplica por diez a la del total de mujeres muertas en pareja. Según el juez Francisco Serrano, el 80% de los hombres que se suicidan en España lo hacen durante un proceso de separación, una cifra que ascendería a 630 hombres en 2006. Como dice Fernando Basanta, Es curioso que a partir del año 2006 el Instituto Nacional de Estadística dejó de publicar el estado civil y otras variables familiares de los hombres que se suicidan, cuyo número triplica al de las mujeres y es veinte veces mayor que el número de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex-parejas. En España hay más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico, según la doctora en psiquiatría Pilar Sanz. Sin embargo, frente a la campaña de prevención de los accidentes de tráfico, la prevención de suicidios es algo inexistente en nuestro país. (ABC, S. S., 24/10/2009).

Por lo tanto, hay que tener mucha cautela para sacar conclusiones de datos, oficiales o no, porque las posibilidades de sesgo son innumerables. Como en las «encuestas» o sondeos, acerca de la presunta opinión de la sociedad, donde basta cómo se hagan las preguntas o el muestreo poblacional, para que obtengamos resultados diametralmente opuestos. La manipulación a través del empleo de «encuestas» no es algo nuevo; a menudo, porque hacen referencia a un sentimiento subjetivo. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres que se han «sentido» alguna vez maltratadas, reflejado en «encuestas» oficiales. Posiblemente si se le preguntara a los hombres, los resultados serían muy parecidos.

Pero es el neoconcepto de «alarma social» el paradigma de la manipulación informativa. Porque no es que sesgue los datos, es que se genera a partir de datos aislados, constituyendo una de las grandes perversiones de nuestro sistema mediático, que se apoya en el miedo social, emoción básica que facilita enormemente la manipulación. Se ha llegado a justificar casi cualquier actuación alegando que existía «alarma social». Pero la gente se alarma a través de la información que se le aporta a través de los medios de comunicación. La «alarma social» se genera, por lo tanto, y porque no puede ser de otro modo, a través de los propios medios, por lo que la denominaremos «alarma mediática». Sustentada en graves simplificaciones de la realidad, cuando no en casos aislados, la «alarma» campa a sus anchas causando estragos en la conformación racional de una sociedad más justa.

Así, concluimos que la mayor parte de los datos existentes respecto a las cuestiones «de género» pueden estar desvirtuados. La existencia de numerosos fondos públicos y organismos dedicados a estas cuestiones contrasta con la precariedad de los datos ofrecidos a la opinión pública, a la hora de describir una realidad tan diversa como compleja. El sesgo de los datos es una forma de desinformación, que precede a toda forma de manipulación. Ante la que la opinión pública se encuentra inerme. Resultaría imprescindible una regulación legal del máximo rigor acerca de la veracidad de la imagen de la realidad, basada en los datos, que se emite a la ciudadanía, que debería afectar tanto a políticos como a periodistas. Porque sólo siendo fieles a los datos, sin interpretaciones interesadas, puede existir eso que llamamos democracia, y los ciudadanos podrán hacer valer sus puntos de vista en las urnas. Afortunadamente, y con la experiencia democrática que acumula la población española, ésta al menos recela de las versiones oficiales, sobre todo cuando el pulso de la calle viene a desmentir radicalmente los relatos que machaconamente tratan de imponernos desde las esferas del poder político.

PARTE 3ª
LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SU CONTEXTO SOCIOLÓGICO

A partir de la realidad incuestionable y condenable de los malos tratos, el feminismo, que durante los años 80 y 90 apenas prestó atención a este problema, ha definido una estrategia mediática sin precedentes: utilizar los malos tratos como justificación para su radicalización ideológica. Para dar un nuevo impulso a la segregación de la población española, y también del voto, por cuestión de sexo. Se acuña el término «terrorismo machista» y se tilda de machistas —por Ley— a todos los varones españoles sin excepción. Y de maltratadores a todos los que sean señalados por el dedo de una mujer. La era del «género» comenzaba en España con el impulso de una «guerra» entre sus propios ciudadanos, por cuestión de sexo. Con un relato de «buenos» y «malos» se ofrecía una visión sesgada de la realidad social y personal, pero que permitía al Estado, impulsado por los grupos de presión radicales, embarcarse en modificaciones legales también sin precedentes, porque implican la discriminación en la esfera de los derechos fundamentales. Pero no bastaba con preformar mediáticamente la visión de la realidad. Con la Ley de Violencia de Género se ha venido a conformar una nueva realidad, una realidad «legal» donde ya todo es «maltrato», según la tipificación establecida en la propia Ley. Una nueva realidad necesaria tanto para «demostrar» la existencia del «enemigo invisible» como para justificar a la propia Ley. Los juzgados de excepción de Guantánamo son, conceptualmente hablando, muy parecidos a los juzgados de Violencia de Género de nuestro país. Y la Ley de Violencia de Género, en palabras del profesor de Derecho Penal Miguel Polaino Orts, no es más que la aplicación del derecho penal del enemigo, pero agravado. Es lo que se aplica a los terroristas, pero en el caso del «género» el sexo del individuo implica automáticamente la «pertenencia a banda armada». Sin posible remisión. Afortunadamente, en España, estar contra el terrorismo no impide que se pueda criticar la Ley Antiterrorista. La crítica a la Ley de Violencia de Género no significa no condenar el verdadero maltrato. Todo lo contrario, porque lo único lícito es condenar todo maltrato y toda violencia, incluida la generada por la propia Ley. Lo que ocurre es que la Ley, además de generar maltrato, genera injusticia en materia de derechos fundamentales. Por lo que supone una doble forma de violencia, que resulta a todas luces prioritario combatir.

XII. LOS «MALOS TRATOS» Y SU DIMENSIÓN

Podría escribir una historia de las culturas intoxicadas que recogiera las creencias falsas que han servido para legitimar situaciones injustas. Por ejemplo, la diferencia radical entre seres humanos, la radical separación de castas que todavía perdura en regiones de la India, la discriminación por razón de sexo o raza.

José Antonio Marina Filósofo y escritor

Según el barómetro del CIS de febrero de 2009, el tema de la violencia contra la mujer estaba entre los tres principales problemas de España para el 2,3% de los encuestados. A pesar del bombardeo mediático e institucional esa es la máxima dimensión sociológica alcanzada por la cuestión. Pero una cosa son los malos tratos reales, y otra la imagen mediática, y oficial, de los «malos tratos». Los medios de comunicación, impulsados por la estrategia oficial, han generado una «psicosis» colectiva al respecto. La Ley de Violencia de Género, por su parte, redefine el concepto de malos tratos, y los nuevos «malos tratos» así, entrecomillados, significan ya otra cosa, que nada tienen que ver con la problemática real. La Ley genera una nueva realidad, artificial, del «maltrato», a su imagen y semejanza. Donde todo, hasta lo más nimio, es delito de «maltrato», siempre que lo cometa un varón. Paralelamente, se induce en la sociedad la creencia de que los «malos tratos» son sinónimo de violencia física del hombre contra la mujer en el ámbito de la pareja o ex-pareja. Creencia que no se corresponde ni con la realidad, ni tampoco con la regulación establecida por la propia Ley de Violencia de Género. Pero la realidad es tozuda, ya en 2009, la sociedad empezaba a ser consciente de la misma. Según el barómetro del informe del Consejo Audiovisual de Andalucía del año 2009, el 70% de los andaluces ve sensacionalismo en la información sobre violencia machista (El Correo de Andalucía, 26/11/2009).

MALTRATO VERSUS AGRESIÓN

La primera imagen que mediáticamente se envía a la opinión pública es que «malos tratos» es sinónimo de agresión física. Pero esta imagen es falsa, y la percepción social de los «malos tratos» que provoca, errónea. Las denuncias por verdaderas lesiones constituyen una parte ínfima del total de las denuncias por «malos tratos» que cada año se cursan en España. Pero en los datos del CGPJ no se segregan las denuncias por lesiones, sino que se agrupan «lesiones y malos tratos», por lo que no es posible discernir unos datos de otros. Pero la mayoría del «maltrato» hacia la mujer, según lo definido en la Ley de Violencia de Género, se refiere a cuestiones menores, incluyendo casi todo lo que pueda ocurrir en una pareja o una ex-pareja en conflicto. Según informe del CGPJ (2009), sobre apelaciones a la Audiencia de sentencias condenatorias, el 59,33% de las condenas eran por menoscabo psíquico o lesión que no requiera tratamiento médico o bien el llamado maltrato de obra sin causar lesión. El 21,78% eran condenas por amenazas leves y el 10,22% por quebrantamiento de pena o medida cautelar. Los delitos de lesiones constituían el 4% de las condenas. Si estimamos que las sentencias condenatorias, excluyendo las de «conformidad», constituyen menos del 10% de las denuncias presentadas, y suponiendo que el porcentaje del informe es extensivo a todas las condenas, las lesiones supondrían el 0,4% de las denuncias, es decir, unos 500 casos, sobre una media de 150 000 denuncias anuales por «malos tratos». Los reclusos condenados por lesiones «de género», acumulados desde 2007, no llegaban a los 600 en las cárceles españolas a finales de 2009. Todos estos datos se aproximan más a la realidad del maltrato en la España del siglo XXI, que la que trasmiten las campañas oficiales. A pesar de la machacona insistencia en que el «maltrato» es sinónimo de lesiones. Como en la campaña de 2009 contra la «violencia de género», donde se presentaba la fotografía de una mujer agredida físicamente. Los verdaderos casos de malos tratos físicos, ya eran delito, y grave, antes de la Ley de Violencia de Género, y solo había que aplicar la justicia —con justicia—, no debería haber más reivindicación que esa.

Ya los Fiscales de Violencia Doméstica apuntaban en 2004, respecto al proyecto de Ley de Violencia de Género que Se considera que, por mayor respeto al principio de culpabilidad o de proporcionalidad (…) el art. 153 del CP debiera limitarse a los supuestos de quebranto físico de la víctima o amenazas con instrumentos peligrosos, pero degradando de nuevo a falta los maltratos sin lesión; o introduciendo, al menos, una cláusula de reducción de la pena en estos casos. Opinaban, ante la inminencia de una Ley que consideraron que vulneraba el art. 14 de la Constitución, que en todo caso procedería agravar el delito de maltrato físico, eso que la mayoría de la población entiende por malos tratos.

VARÓN VERSUS MUJER

A pesar de los «miembros y miembras» de la ministra Aído, el feminismo no ha incluido el «maltrato». Se dirá «jóvenes y jóvenas», pero nunca habremos oído «maltratadores y maltratadoras». Porque también se trasmite que los «malos tratos» son sinónimo de violencia del hombre contra la mujer, en el seno de la pareja. Esto es, efectivamente, lo que regula la Ley de Violencia de Género. Pero una cosa es una Ley, y otra la realidad. Asimilar ambas provoca otra percepción equivocada, porque prácticamente niega la existencia, entre otras muchas cosas, de varones maltratados. Aunque en 2007 10 902 hombres denunciaran ser víctimas de violencia por parte de sus parejas o ex-parejas (Gómez Javier, 6/09/2009), la propia conformación de la Ley enmascara el verdadero maltrato sobre los varones. Porque basta una «contradenuncia» de su pareja, para que él tenga que responder por delitos y ella por simples faltas, lo que sin duda inhibe que muchos casos sean denunciados. Este es uno de los aspectos más perversos del diseño de la Ley de Violencia de Género. Lo que sorprende es que haya varones que, a pesar de todo, denuncien, lo que hace suponer que, en la mayoría de estos casos, se trate de verdaderas agresiones. Si con este supuesto cruzamos los datos con los del Juez Francisco Serrano, la conclusión es que los verdaderos malos tratos entre hombres y mujeres en pareja serían equivalentes en ambos sentidos. Sin contar con los hombres maltratados que no se atreven a denunciar, porque para ellos, con la Ley de Violencia de Género en vigor, puede ser peor el remedio que la enfermedad.

LOS «OTROS» MALOS TRATOS OLVIDADOS

La imagen mediática del «maltrato» no describe la realidad, porque siendo una parte de la realidad, no es una visión equilibrada de toda la realidad. Correspondería a los poderes públicos, y no a este ensayo, realizar una rigurosa radiografía de los verdaderos malos tratos en España, sin olvidar ni a los varones —en situación de indefensión legal— ni a otros colectivos manifiestamente más desprotegidos, como los menores o los ancianos, víctimas de verdadero maltrato, por su también evidente situación de indefensión. Hablando no de «malos tratos», sino de lesiones, durante 2008, el sevillano Hospital de Valme atendió 171 casos de maltrato infantil, frente a 14 mujeres víctimas de violencia (dentro y fuera de la pareja). Pero, como afirma el pediatra Juan Gil Arrones, «el maltrato infantil no interesa políticamente, no da votos ni da brillo» (…) Lo que se traduce, entre otras cosas, que «en Andalucía no se realiza un registro efectivo del maltrato infantil» (…) (EFE, 6/09/2009).

En diciembre de 2009 Amnistía Internacional publicó un informe sobre malos tratos a menores tutelados por las administraciones, más de 30 000 en España, haciendo hincapié en «los abusos, la práctica arbitraria de las contenciones por personal no cualificado y el uso de la violencia». Al comité contra la tortura de la ONU, que se dirigió al Estado Español para que tomara medidas al respecto, le preocupan sobre todo las prácticas de aislamiento, la administración de fármacos sin garantías y los ingresos sin autorización judicial previa (Maretto y Blanco, 2009).

Con la Ley de Violencia de Género se protege más a la mujer que a los menores y ancianos, y se minimiza el hecho de que los hombres puedan sufrir malos tratos en pareja, incluyendo maltrato psicológico, amenazas, insultos o vejaciones. Deja a los varones en la indefensión, y niega también que la propia Ley y su doctrina sea la mayor fuente de maltrato contra ellos, con cifras realmente desorbitadas, cuando no de atentados contra su integridad de consecuencias más graves. Más neomachismo, o feminismo radical, como queramos llamarlo; ajeno a los problemas sociales que no entren dentro de su angosta perspectiva «de género». En Andalucía, por ejemplo, el perfil del anciano maltratado es una viuda, de 75 años que padece alguna enfermedad crónica o demencia; y quién la maltrata no es precisamente su pareja o ex-pareja (Morrillo J. 13/08/2009).

LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y MALOS TRATOS

Los «expertos» del Instituto de la Mujer realizaron en 1999 el estudio denominado Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, que trataba de indagar acerca del sentimiento subjetivo de las mujeres respecto al maltrato. Según este estudio el 4,2% de las mujeres españolas declaraba haber sido víctima de malos tratos por alguna de las personas que conviven en su hogar o por su novio; este estudio afirmaba, en sus conclusiones, según Díaz Aguado (2005) que una de cada diez mujeres españolas, aún estando incluidas en algunas de las situaciones consideradas como maltrato, no se reconoce o no se declara como víctima de dicha situación. Empezaba a preformarse, como concepto, lo que tenía que ser oficialmente maltrato, y este estudio seguramente contribuyó a la génesis la ya mencionada Ley de Violencia Doméstica del año 2003.

Pero con la Ley de Violencia de Género directamente se transforma la realidad del «maltrato», con el objetivo de sobredimensionar, cuantitativamente hablando, la percepción del fenómeno de los «malos tratos» a mujeres. Al tipificar como delito el insulto, el «maltrato psicológico», la vejación leve, la amenaza leve, o la agresión «que no cause lesión», figuras todas ellas penadas con hasta un año de cárcel, cuando es el hombre quién las ejerce sobre la mujer, los «malos tratos», cuando se miden según las denuncias presentadas —las falsas y las abusivas incluidas—, alcanzan cifras alarmantes. Cifras que, a su vez, sirven al feminismo radical para justificar las leyes injustas que promueve, en un círculo vicioso donde se confunden las causas con los efectos.

Esta imagen mediática de los «malos tratos», donde los cientos de miles de hombres denunciados son «maltratadores», donde todo conflicto en pareja es «maltrato», actúa directamente en perjuicio de las personas realmente agredidas en el ámbito de la pareja —mujeres o varones—, cuyo problema se difumina ante la avalancha de despropósitos. Como certeramente se afirma desde FADIE en nota de prensa de octubre de 2009, este engendro de ley ha resultado a todas luces ineficaz para combatir el maltrato, porque mientras deja en la cuneta a toda víctima que no sea mujer, ha terminado desprotegiendo también a ésta, al provocar la saturación de la justicia y de las fuerzas de seguridad, dirigiendo en avalancha las más insignificantes disputas de pareja a los juzgados de violencia sobre la mujer, para inflar los datos de denuncias por maltrato y así poder justificar las ruinosas campañas de género encaminadas a captar el voto femenino. Por eso hay que distinguir, radicalmente entre las verdaderas agresiones en la pareja y los denominados genéricamente «malos tratos» según la Ley de Violencia de Género, expresión desvirtuada que hace referencia a una realidad fundamentalmente mediática y judicial, más que a una realidad social.

Por último, el uso fraudulento y abusivo de la injusta Ley de Violencia de Género para agredir judicialmente los varones es un problema ignorado, y silenciado, por nuestros poderes públicos, aunque se englobaría, sin lugar a dudas, entre las verdaderas agresiones, con un impacto que va mucho más allá de la definición legal y sexista de los «malos tratos» a mujeres. Se considera plausible que un varón, exponiéndose al peso de la Ley, maltrate; pero se afirma la inverosimilitud de que una mujer, desde la impunidad, utilice la Justicia como agresión. De nuevo, la afirmación injusta de que hay malos y buenos, por cuestión de sexo. Pero todos sabemos que la maldad o la bondad carecen de atributos sexuales. La culpabilización de los varones los pone, además, en el punto de mira de muchos otros delitos, como el maltrato a menores en el ámbito de la pareja, delitos que también instruyen, por extensión, los juzgados de violencia de género.

DENUNCIAS FALSAS

Como dice la jueza María Sanahuja, realmente no hace falta interponer una denuncia falsa, porque en una discusión de pareja muchas cosas están ya tipificadas penalmente. Sin embargo, a pesar de todo, hay denuncias falsas. En la aplicación de la Ley de Violencia de Género, la denuncia falsa, tanto en el sentido de inventada como también en el de fraude de ley —solicitar un amparo legal innecesario— parecen constituir una parte importante de su aplicación. Lo afirman muchos profesionales en contacto con la realidad diaria. Llamaremos pues, de modo genérico «denuncia falsa» tanto a la fabulada como a la fraudulenta que impregnan la aplicación de una ley que se brinda como un instrumento de «agresión legal» para cualquier conflicto de pareja. Por más que desde la «perspectiva» feminista se niegue esta evidencia. ¿Cómo no aceptar que haya quienes, desde la impunidad y casi desde la complacencia pública, utilicen la ley y la justicia como herramientas o formas de agresión?

Dada la presunción de culpabilidad del varón, resulta prácticamente imposible conocer la verdadera dimensión de este grave problema. De los varones absueltos por la justicia, el «régimen feminista» no dice que sean inocentes, sino «que no se ha podido demostrar su culpabilidad» ya que solo se detectan aquellas denuncias cuya falsedad se puede demostrar fehacientemente. Casi siempre por algún error cometido por la denunciante. Hay muchos ejemplos. Un Juzgado de Sevilla archivó en junio de 2009 la causa abierta contra un hombre que pasó 11 meses en la cárcel por ocho denuncias de malos tratos presentadas por su ex-mujer. Este hombre salió de prisión cuando el juez recibió un informe forense que advertía de que se trataba de autolesiones. El auto de archivo dice que algunas de las agresiones no pudo cometerlas el ex-marido porque estaba fuera de Sevilla, y en otras ocasiones se ha descartado su autoría porque el día de los hechos estaba en prisión. La mujer, por su parte, había acudido a la televisión y la prensa para dar detalles del infierno en que se había convertido su vida. Según contaba, los golpes habían empezado la noche de bodas (en 1995) y se sucedieron durante 13 años. «Antes lo mato yo a él, no quiero ser un número más de la estadística de mujeres asesinadas», advirtió en alguna ocasión. No bastó que alguna de las denuncias se hubiera interpuesto cuando él estaba en la cárcel. El juez finalmente, tras el informe forense, dedujo testimonio por presunto delito de denuncia falsa contra la mujer. (El País, 1/06/2009). El hombre, que había pedido que se colocara una pulsera para maltratadores, y evitar así más denuncias falsas (pulsera que se le denegó) quedó finalmente absuelto de todos los cargos.

Pero ¿cuántos inocentes hay en las cárceles españolas? Nunca se sabrá. Quedarán para siempre —oficial y socialmente—, en virtud de estas denuncias, como maltratadores. Y sus casos habrán servido para argumentar la necesidad de la ley injusta que ha irrumpido en sus vidas.

La denuncia falsa en virtud de la Ley de Violencia de Género, además de constituir un delito en sí mismo, debería ser considerada también como «abuso de autoridad» de la mujer hacia el varón, figura que exige, según la jurisprudencia, dos requisitos: la concurrencia de una situación objetiva de poder físico o anímico del agresor sobre la víctima que determine un desequilibrio de fuerzas a favor del primero, y el abuso o consciente aprovechamiento de ese desequilibrio por parte del agresor para la mejor y más impune realización del delito. También nuestro código penal debería distinguir más radicalmente entre una denuncia falsa en el ámbito civil, para cobrar un seguro, por ejemplo, de aquellas otras que se dirigen contra las personas, en el ámbito penal. Éstas últimas deberían, sin duda, tener la consideración de «delitos contra las personas», y estar mucho más penalizadas. Pero la realidad es que, por una denuncia falsa contra una persona concreta, de la mayor gravedad, la sanción máxima es de dos años de cárcel, por lo que alguien sin antecedentes no pisará la prisión, aún cuando se demostrara la falsedad. Las denuncias falsas contra las personas son algo muy grave, donde la presunción de veracidad que se otorga a las mujer deja totalmente desprotegidas a las víctimas masculinas. Un delito, en consecuencia, banalizado en el ámbito penal aunque, afortunadamente, cada vez más frontalmente rechazado por una sociedad que se siente vejada tanto por la demagogia oficial como por el uso fraudulento de la justicia, que algunos ejercen en su beneficio, en detrimento de todos.

XIII. LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO: UNA OBRA MAESTRA

La Ley de Violencia de Género se aprobó en el Congreso de los Diputados el 28 de diciembre de 2004, día de los Inocentes. Tiene bien puesto el nombre, porque institucionaliza una violencia «legal» contra el varón; incluso la incentiva: las mujeres que denuncian «malos tratos» tienen derechos específicos, que en muchos casos constituyen el motivo espurio de la denuncia. Una «Ley de los Inocentes» para la que todos los varones con pareja o ex-pareja son presuntos culpables. Que es un arma arrojadiza de graves consecuencias en manos de determinadas personas sin escrúpulos, abogados incluidos. Que dirige contra el varón todo el aparato represivo del Estado, como si de un estado de excepción se tratara. Una Ley que en palabras del Juez Francisco Serrano (2009) prevé una sanción no proporcional y unas graves medidas personales y familiares. Que impide la mediación. Que vulnera, entre otros muchos, también el art. 32 de la Constitución, un mandato al legislador para que regule los derechos y deberes de los cónyuges con plena igualdad jurídica. Y, sobre todo, que pasa por encima de los derechos fundamentales sin el más mínimo pudor.

La Ley de Violencia de Género es un instrumento legal perfectamente diseñado para dotar a una de las partes en conflicto —emocional, económico o de cualquier otra índole— no ya de una ventaja, sino de una supremacía absoluta en los ámbitos más diversos. Según Díaz Herrera (2006), La Ley de Violencia de Género, Además de modificar el Código Penal, el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento criminal, la Ley de Demarcación y Planta Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial, el estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, es decir, toda la legislación que regula el gobierno de los jueces y las normas que deben aplicar, alteraba otra docena de leyes orgánicas. Algo sin precedentes, que la convertía en la Ley orgánica que más modificaciones producía en el ordenamiento jurídico de la nación.

TÍTULO PRELIMINAR

En su título preliminar, Artículo I., la Ley de Violencia de Género expone que La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia.

Este título preliminar recoge, en mensaje cifrado, el trasfondo mediático del feminismo radical. La primera parte es el enunciado del eslogan feminista, nada menos que impreso en el papel oficial de una Ley Orgánica: el que todas las mujeres, sin excepción, se encuentran bajo el dominio de sus parejas, en una situación de desigualdad, por causa de unas relaciones machistas que ejercen sobre ellas todos los varones, sin excepción. Y a partir de ahí, ahí va esta Ley; que implica para el varón, ahora sí, una discriminación, una situación de desigualdad y una relación de poder de la mujer sobre el varón en las relaciones de pareja o ex-pareja, sin excepción. Y no supuestamente, sino de manera efectiva, ya que se aplica automáticamente a todo varón denunciado. Se presupone la culpabilidad del varón, y basta ser señalado para que esa culpabilidad se haga efectiva, y se le aplique a priori una regulación penal «del enemigo».

Realmente es la Ley de «los Inocentes», porque culpabiliza a todos. Porque establece, por ley, un móvil: las relaciones machistas que todo varón ejerce sobre la mujer. Si hay un móvil para el delito, intrínseco al sexo, se es ya presunto culpable. Y basta la acusación, para que desaparezca el adjetivo presunto. También establece una supuesta situación de inferioridad generalizada de la mujer, por el hecho de serlo, en el seno de la pareja ¿Cómo puede darse por supuesto que siempre se da este tipo de relación? Pero, como afirma María Pozas, se trata de presunciones legales, ajenas a la exigencia de prueba, (…) derivadas únicamente del sexo respectivo de autor y víctima, unas presunciones «de culpabilidad» que son contrarias tanto a la realidad como a la Constitución.

Sorprende que el título preliminar diga «se ejerce» y no «se ejerza», dando por supuesta, de modo implícito, la culpabilidad de todo varón, y de forma explícita y sin excepción posible, la inferioridad de toda mujer. Cabría un recurso de inconstitucionalidad, propuesto por el juez Francisco Serrano, de una mujer que se negara a ser catalogada, por decreto, como discriminada e inferior al varón. Evidentemente la Ley no se refiere a inferioridad física, pues las posibilidades de agresión entre dos personas son múltiples, como demuestran los varones asesinados por sus parejas; y no digamos en las agresiones no físicas, como el maltrato psicológico, la vejación o los insultos, que recoge la propia Ley; y especialmente la amenaza, también agravada por una Ley cuya mera existencia supone una amenaza contra todos las personas del sexo masculino de este país. Como dice Enrique Gimbernat respecto a este título preliminar, este postulado del feminismo radical, que, como en su día el nacionalcatolicismo, pretende imponer sus principios al resto de la población no-creyente, por la vía coactiva del Derecho penal, sólo puede defenderse desde un fundamentalismo que, precisamente porque lo es, se niega a ver una realidad que simplemente se coge con las manos (…).

PRINCIPIO DE IGUALDAD

El primer principio básico con el que colisiona esta Ley es el principio de igualdad, recogido en el artículo 14 de nuestra Constitución: Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El Consejo General del Poder judicial, en su segundo informe (el primero no gustó al gobierno) al anteproyecto de Ley de Violencia de Género, afirma que se considera que la reforma propuesta de los artículos 171 y 172 presenta serias objeciones de constitucionalidad (…) por definir el sujeto activo y pasivo por razón de sexo, al margen del comportamiento objetivamente realizado (…). Esta división de los delitos en función del sexo del sujeto activo no sólo se contiene en el artículo 33 del texto (…) a la hora de atribuir competencia a los proyectados Juzgados de Violencia sobre la mujer, sino en la propia tipificación de los ilícitos penales con sujeto activo varón, que sólo pueden ser cometidos por el hombre con exclusión de las mujeres. Este modo de proceder, que ante un mismo comportamiento objetivo es tipificado como delito o falta en función de ser el sujeto activo varón o mujer supone una frontal vulneración del principio de igualdad. Como afirma María Pozas, con esta Ley se rompe la preocupación por la neutralidad sexual en la descripción de los tipos penales, que ha sido una constante en la política criminal española desde la aprobación de la Constitución. Según la magistrada, para perseguir con severidad el maltrato conyugal (…) bastaba con agravar las penas sin distinguir sexos. Si los hombres fueran los autores de más conductas tipificadas como delito, serían en mayor número castigados. Y afirma que En definitiva, la introducción de la desigualdad (…) se considera un «coste fáctico inasumible» para los valores constitucionales (STC 196/1999). Para Miguel Polaino Navarrete, la «discriminación positiva» de la Ley de Violencia de Género constituye una regresión lamentable en la Dogmática jurídico penal moderna, e implica el retorno a un status regulationis preconstitucional. Y en este sentido añadiríamos que consagra, en un texto legal, la inferioridad de la mujer frente al varón, en el más puro discurso neomachista del feminismo radical.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Según la magistrada María Pozas, las «presunciones legales» de abuso de autoridad y móvil discriminatorio de todos los hombres sobre todas las mujeres en las relaciones de pareja o ex-pareja, «presunciones legales ajenas a la exigencia de prueba», vulnerarían, además del principio de culpabilidad y de responsabilidad por el hecho, el derecho a la presunción de inocencia. De hecho, la instrucción de las denuncias se inicia generalmente a pesar de la inexistencia de pruebas, con el mero testimonio de la mujer. En 2008, en Sevilla, el 62% de las denuncias por maltrato se archivaron provisionalmente —en la mayoría de las ocasiones porque las mujeres no quisieron declarar contra el Presunto agresor y no había más prueba que su testimonio—, según datos del Consejo General del Poder judicial. (ABC (M. J. P.), Sevilla, 02/06/2009). Uno de estos casos, entre los miles, fue el del sevillano José Antonio Gómez, de 43 años, con dos absoluciones y una condena a nueve meses —«por maltrato psicológico»—, que se enfrentaba a una cuarta denuncia de su ex-mujer por amenazas y quebrantamiento de medida cautelar. Denuncia impulsada a instancias de la fiscal jefe de Sevilla, sin más prueba que el testimonio de su ex-mujer, la cual manifestaba ante la Fiscalía sin sonrojo y en una clara burla al sistema judicial que el papel amenazante —que presuntamente le había enviado su ex-marido— (…) «lo leyó en la calle y lo tiró directamente». Una denuncia que, dada la anterior condena a nueve meses, enfrentaba a José Antonio Gómez a la cárcel, y que parece ir en la dirección de la amenaza de su ex-mujer, la cual le dijo «que no pararía hasta verme en la cárcel». (Moreno, Silvia, 2009). En 2008, además del 62% archivadas provisionalmente, el 2% de las denuncias por maltrato fueron sobreseídas antes de llegar ajuicio y un 17% fueron finalmente retiradas por las sevillanas denunciantes; un total, junto con las archivadas, del 81% de las 6294 denuncias presentadas (ABC (M. J. P.) 02/06/2009).

DIGNIDAD

La dignidad de las personas es un sentimiento básico y, por lo tanto, también un derecho reconocido, como se ha destacado en las sentencias del Tribunal Constitucional 214/1991 y 176/1995, al poner de manifiesto cómo los tratos desiguales hacia determinadas personas porque en ellas concurra alguna particularidad diferencial (por ejemplo, el sexo masculino) supone una negación de su condición de seres humanos iguales a los demás, efecto éste que afecta a su dignidad personal. Es como ir «en la parte de atrás» del autobús segregacionista de la justicia. No solo por el distinto tratamiento penal recibido por los mismos hechos; la presunción de veracidad que se otorga a la mujer también atenta contra la dignidad del varón: no solo se afirma que es machista, y que delinque por ser varón; también que miente.

FINES DE LA LEY

En septiembre de 2009 el departamento de Interior de la Generalitat anunciaba, a través de su conseller Joan Saura, que se disponía a elaborar una encuesta entre 15 000 personas para tener un conocimiento real del fenómeno de la violencia machista en esta comunidad (…), una iniciativa pionera en España. (El Mundo, 29/09/09). Es decir, no se sabe a ciencia cierta, y menos aún se sabía en 2004, a que fines de prevención iba destinada la Ley. Aunque como resume la magistrada María Pozas, los fines de prevención general pueden perseguirse eficazmente, sin el necesario sacrificio de derechos como el de igualdad, presunción de inocencia o dignidad, es decir, habiendo elevado los tipos, sin discriminación, para aquellos delitos que se hubieran considerado más comunes, como ya hizo en su día la Ley de Violencia Doméstica. Si más hombres delinquieran, más hombres serían condenados; sin regresar al derecho penal de autor. Pero el hecho es que, sin ni siquiera tasar los fines de prevención general, se han sacrificado derechos fundamentales. Y no, desde luego, en aras de una prevención general. Por el contrario, y haciendo referencia a una Sentencia del Tribunal Constitucional, Pozas considera que el mensaje enviado por la Ley de Violencia de Género a la ciudadanía constituye un patente derroche inútil de coacción que convierte la norma en arbitraria y que socava los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y al «Estado de Derecho» (STC 55/1996).

Pero la Ley de Violencia de Género tenía un objetivo claro, explícito en su redacción: la regulación, de facto, de las relaciones de pareja y, especialmente, de las relaciones de pareja en conflicto, que suelen desembocar en separaciones o divorcios. En diciembre de 2009 el juez de violencia de género de Jaén Miguel Sánchez Gasca, que iba a dictar una sentencia de custodia compartida, tuvo que concedérsela in extremis a la mujer al interponer ésta una denuncia por «malos tratos», lo que impide legalmente compartir la custodia. En la sentencia el juez afirmaba que «quizás lo adecuado habría sido otorgar la custodia al padre» y que se veía obligado a negar la custodia compartida debido a la «regulación legal mala y negativa» sobre esta materia (EFE, 12/12/2009). Porque la Ley de Violencia de Género «se come» cualquier otra regulación posible. Dar prevalencia a la mujer sobre el varón, tanto en la vida en pareja como en las rupturas, ese es el leitmotiv soterrado de esta Ley, por más que su justificación formal se refiera, genéricamente, a la lucha contra la denominada «violencia de género», un concepto vago, que contiene supuestos dispares entre los que la propia Ley prohíbe discriminar. Para establecer, simple y llanamente, una relación de poder de la mujer sobre el varón en todo proceso de separación.

Una Ley que al realizar tan amplísima tipificación de conductas como delito, estaba justificando tanto la campaña mediática que la había precedido como la que iba a acompañarla durante su aplicación: ahora, después de la Ley, si que podría afirmarse que los «malos tratos» son algo común en las relaciones de pareja en España. Porque todo es «maltrato». Porque el «maltrato» se ha erigido como un elemento legal para dirimir las diferencias, en virtud de un «Derecho Líquido» propio del totalitarismo. Como afirma Rodrigo Tena (2009), Un Derecho Líquido, amorfo, adaptable a las conveniencias del momento, no sólo sería incapaz de imponer límites al abuso, sino que más bien se convertiría en su principal instrumento. (…) En un escenario de Derecho líquido (…) los recursos de inconstitucionalidad, pero también las demandas privadas o las querellas criminales, más que vías de acceso a la justicia, son instrumentos de combate, para intimidar al enemigo, para obligarle a negociar o para hacerle perder el tiempo y el dinero. Hemos pasado de la lucha por el Derecho a la lucha con el Derecho. No es de extrañar, por tanto, que los asuntos, tanto los públicos como los privados, se terminen resolviendo en la mesa de negociaciones en función de la capacidad de disuasión de cada parte, y no precisamente de la justicia de su caso.

EFECTOS PRÁCTICOS

La Ley de Violencia de Género quiere convencer a la población femenina de que los varones son mucho peores que ellas, y también mucho peores de cómo ellas los ven, ya que todos son «maltratadores en potencia». Este es uno de los aspectos más perversos de la Ley. Pero sus efectos van más mucho más allá. Esta Ley permite, desde la impunidad, «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo masculino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para el varón, así como las amenazas de tales actos, la coacción y la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada». El párrafo entrecomillado es la definición de violencia sobre la mujer aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1993, en el cual hemos sustituido los términos «femenino» y «mujer» por «masculino» y «varón».

En noviembre de 2009, por primera vez en España, una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga condenaba a una mujer a un año y nueve meses de cárcel por amenazar a su pareja con denunciarlo por malos tratos y advertirle «Vas a terminar en la cárcel y te voy a buscar la ruina». Con las amenazas, la mujer consiguió echarlo de la vivienda que habían comprado en común (El Mundo, 15/11/2009). La sentencia recoge los delitos de coacciones y amenazas, reconociendo así, de forma tácita, que la Ley de Violencia de Género provoca la indefensión del varón. Que las consecuencias de esta acusación falsa, aún sobre un inocente, constituyen un peligro real. Porque la falsa acusación de haber cometido cualquier otro delito se tipifica, genéricamente, solo como calumnia. Sin embargo, según la Audiencia, la acusación falsa de ejercer malos tratos implica, también, coacciones y amenazas. Es decir, es un reconocimiento judicial de una nueva forma de violencia.

La Ley de Violencia de Género también impregna la regulación de separaciones y divorcios en España; lleva implícito el tan denostado SAP (Síndrome de Alienación Parental), porque los hijos pueden ver a su padre detenido por la policía y expulsado de su hogar de la noche a la mañana, convertido en un «maltratador» por una mera denuncia, algo que ellos no pueden comprender. Sabemos que el número de ilícitos penales por «malos tratos» acumulados desde 2005 hasta junio de 2009 en España superan los 600.000. Lo que no sabemos es cuantas veces, en el ámbito de la pareja y ex-pareja en España, se ha utilizado la existencia de la Ley como chantaje emocional, psicológico o material. Bien podría denominarse Ley de Venganza de Género, por los usos espurios que permite hacer de la Justicia, y por la violencia que permite ejercer, tal es el espíritu y los mecanismos que articula para ser utilizados contra las parejas o ex-parejas masculinas.

Una Ley injusta que, como tal, necesita legitimarse cada día frente a una sociedad perpleja, que a la vez que no entiende muy bien lo que ocurre, corre a armarse con los nuevos engendros jurídicos que se le brindan, sea para atacar o para poder defenderse. Es, efectivamente, el imperio de la Ley. Pero muy lejos de la ley natural que debe inspirarlas a todas y que, en vez de la articulación social, conduce a la pura desintegración. En octubre de 2009, la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres envió un documente a Miguel Lorente, delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, pidiendo una reforma de la ley que impida que los maltratadores puedan ver a sus hijos, para la perpetua y definitiva estigmatización de todo condenado por «malos tratos» y de sus hijos. Esta reforma llegó al Parlamento de España en noviembre de 2009.

XIV. SEPARACIONES Y «MALOS TRATOS»

«Provistos de amor nacemos todos, pero el trabajo, el dinero y todo lo demás nos va secando el suelo del corazón.»

Vladimir Mayakowsky (1894-1930)

El 2 de marzo de 2005 fue el último día con él. Me esperé a que regresara y comencé a provocarlo (para tener pruebas en su contra) y a pedirle explicaciones. Y como no podía ser de otra manera, salió el animal. Hizo un repaso general de mi y de mi familia a base de insultos: puta, mantenida, fea, gorda… En esos momentos puse la grabadora del móvil, me estaba amenazando de muerte. Te voy a matar hija de puta, me dijo. Se trata de un fragmento del libro de testimonios 5×2=9. Diez miradas contra la violencia de género, cuya presentación protagonizó la ministra de «Igualdad» Bibiana Aído en mayo de 2009 (20 minutos, 05/05/2009). Y no es ninguna broma, porque lo que la autora de este fragmento, Olga Aranda, dice que grabó con su móvil podrían suponerle a su pareja varios años de cárcel, según la Ley de Violencia de Género. No sabemos que le dijo esta mujer a su pareja para provocarla, quizás también la amenazó aunque ¿qué mayor amenaza que la denuncia injusta? Este fragmento también parece cargado de ideas acerca de cómo terminar con tu pareja; no basta con terminar la relación. Parece que hay que acabar con la persona, y basta con un móvil y una denuncia.

La conflictividad en las separaciones en España es algo anormal, producto de toda la regulación legal establecida, que de hecho han complicado y judicializado la «institución» de la pareja como en pocos lugares del mundo. En relación a la Ley del Divorcio, Cristina Tenas, portavoz de la Asociación de Mujeres por la Igualdad y la Custodia Compartida, afirmaba en 2009 que «En España existe un maltrato institucional hacia los hombres por su simple condición de serlo que es un cáncer social del que nadie se ocupa» (…) y recordó a los millares de personas que están sufriendo los efectos de la ley. (Ríos Pere, 2009).

Si esto se afirma respecto a una Ley de divorcio, ¿qué ocurre con la Ley de Violencia de Género? La motivación que parece esconder la redacción de esta Ley, más allá de sus justificaciones formales, es la de otorgar un omnipoder a la mujer sobre el varón en las relaciones de pareja. ¿Para qué? Para cuando las relaciones van mal. En 2006, único año para el que hemos hallado datos completos, ingresaron un total de 162 165 procedimientos penales en los juzgados de Violencia contra la Mujer. Ese mismo año 2006 hubo en España 145 919 disoluciones matrimoniales, un 6,5% más que en 2005 (Mujeres y Hombres en España, 2008). El dato que no hemos podido conseguir es cuantos de esos 162 165 procedimientos penales se corresponden con disoluciones de la pareja, incluyendo disoluciones de parejas de hecho. Pero parece evidente la estrecha vinculación entre separaciones, divorcios y conflictos de pareja y la aplicación de esta Ley. Según datos del CGPJ (Pereira, 2009), para la provincia de Sevilla, las denuncias por malos tratos de mujeres se reparten aproximadamente a partes iguales en tres grupos: un tercio de las denuncias son contra el cónyuge, un tercio contra la pareja afectiva y otro tercio contra la ex-pareja o el ex-cónyuge. Extrapolando los datos, obtendríamos que en alrededor de un tercio de las disoluciones matrimoniales de 2006 habría también una denuncia por malos tratos. Y este porcentaje sería aún mayor en relación a las mal llamadas «parejas de hecho», cuyo número es inferior al de matrimonios.

La cuestión es que una separación, que debería estar dentro de la normalidad, suponga hoy una situación de riesgo para muchos varones. Según la asociación de padres separados de Cantabria, en esa Comunidad Autónoma un hombre que se separa tiene un 30% de posibilidades de ser denunciado por malos tratos. Correspondería a los poderes públicos el análisis exhaustivo de esta grave situación. Una nueva realidad, que empieza a ser conocida directamente por la ciudadanía, así como por los profesionales —policía, abogados y jueces—, en contacto directo con la actual «judicialización» y «criminalización» de las separaciones, promovidas por las leyes del feminismo radical. Lo ha tenido que decir expresamente el Tribunal Supremo en 2009, tras menos de cinco años de aplicación de la Ley de Violencia de Género. Según el Supremo, en sentencia absolutoria a un «maltratador» condenado a 11 años y nueve meses de cárcel por la Audiencia provincial de Cáceres, no es suficiente la motivación referida al delito de maltrato conyugal habitual. La doctrina, explica la Sala Segunda, limita el alcance de este delito para evitar «una panjudiliciación de los conflictos convirtiendo en diligencias previas por maltrato habitual toda vida familiar con reiteración de discusiones o disputas». (Colli, Nieves, 2009).

Crece artificialmente el conflicto. Y asociado al conflicto, con la regulación vigente, crecen los costes, sobre todo para los varones y los menores. Un informe del Consejo General del Poder judicial sobre los efectos de la crisis económica, confirma un descenso en las rupturas, pero un incremento en los divorcios no consensuados —ya son el 40%— a partir del segundo trimestre de 2008, «rompiéndose una fuerte tendencia decreciente.» Y prevé un aumento de las disoluciones a lo largo de este año 2009. Según dicho informe, en 2008 hubo 131 060 rupturas de pareja, de los cuales 121 814 fueron divorcios y, de ellos, 47 980 sin acuerdo. (El Correo de Andalucía, 11/5/2009). Según Mercedes García-Villanova Comas, secretaria general de la Confederación Española de los Puntos de Encuentro Familiar, una especie de puntos neutrales para parejas rotas que «no pueden ni verse», los casos aumentan un 30% anualmente. (Castro Carbón, 2009). Para evitar el conflicto parece no haber bastado el trato favorable que, en la mayoría de las ocasiones, recibe la mujer en el tratamiento civil de las separaciones. A la mujer en el 95% de las ocasiones se le concede en exclusiva la custodia de los hijos. Por eso entre las parejas con algún hijo menor, solo en un 2,5% de las rupturas la madre es la que se hace cargo de la pensión alimenticia, y en un 3,6% de los casos dicha pensión corresponde a ambos cónyuges (Mujeres y Hombres en España, 2008). Cifras que difieren de manera escandalosa de los datos de incorporación de la mujer al trabajo en nuestro país, y en lo que quizás tengan algo que ver las denuncias, o amenazas de denuncias, por malos tratos.

La Ley de Violencia de Género no solo promueve el conflicto, sino que impide toda posible reconciliación. Si una mujer se acerca a su pareja o ex-pareja masculina sobre la que pese una orden de alejamiento —si ella lo espera, por ejemplo, en el portal de su casa o el trabajo— el varón infringe automáticamente la medida cautelar, que según el art. 468.2 del Código Penal tiene una sanción agravada en casos de violencia de género: de seis meses a un año. Y esto sin hacer nada. Hasta este extremo llega el absurdo en que nos vemos inmersos por la aplicación del discurso feminista radical. Ya hay jueces que, en estos casos, surrealistas y dramáticos, que son miles cada año, empiezan a condenar también a la mujer como coautora por cooperación necesaria para el «delito».

LAS RUPTURAS DE PAREJA Y EL CÓDIGO PENAL

El ámbito penal ha ido adquiriendo un protagonismo creciente y alarmante en los casos de ruptura de la pareja, aún antes de la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género. Parece que favorecer injustamente a una de las partes, desde el punto de vista civil, no ha hecho sino incrementar la conflictividad hasta extremos inauditos. Seguramente porque todo poder injusto que se conceda, y se acepte, por definición, deriva en un uso injusto y abusivo del mismo. Seguramente porque los derechos injustos solo se pueden defender con la injusticia.

Ya antes de la Ley de Violencia de Género se acudía al abuso de la justicia en procesos de separación, un abuso facilitado por nuestra legislación y jurisprudencia. Una de estas formas típicas son las denuncias de abuso sobre los menores. Según Ruiz Tejedor (2004), el incremento de las falsas denuncias, tanto de maltrato como fundamentalmente de abuso sexual infantil en los últimos años (lo que algunos han dado en llamar «el abuso de la denuncia del abuso») ha sido ampliamente reconocido por distintos autores (Garrido y Masip, 2004), y constatado por los peritos judiciales en nuestra práctica forense. Muchas de estas acusaciones de maltrato o abuso sexual infantil eclosionan a afloran en el curso de un proceso contencioso de familia. (…) En una investigación sobre falsas denuncias de abuso sexual infantil, que la autora de este artículo está llevando a cabo —en adelante ASI— en el 87% de los casos los padres están separados o en proceso de separación. Con frecuencia, se formulan denuncias prefabricadas y premeditadas con fines espurios, pero ocasionalmente quienes así actúan llegan a creerse lo que por una motivación secundaria han fabricado y posteriormente inducido a sus hijos, y lo defienden con vehemencia en el ámbito judicial. (…) Como resulta ampliamente probado, son mayoritariamente las madres quienes interponen denuncias falsas de maltrato o de abuso sexual infantil contra sus ex-cónyuges (en nuestra investigación sobre falsas denuncias de ASI, el porcentaje se eleva al 95%). El problema añadido es que, según constatamos en la práctica pericial, en muchas ocasiones se sienten legitimadas en su actuación y no son conscientes de que incurren en un delito de maltrato. Paz Tejedor se refiere a una grave forma de maltrato infantil, que puede ser tan dañino o más que si el abuso hubiera realmente acontecido, pudiendo llegar a derivar en una parentectomía (pérdida del vínculo paternofilial). Según la autora, puedo asegurar, a tenor de mi experiencia forense, que judicialmente no se persiguen ni se investigan estos delitos, quedando en un porcentaje mayoritario impunes. Como afirma Fernando Basanta, La denuncia por abusos sexuales a menores se ha consagrado como la bala de plata para garantizar a un hijo la orfandad paterna. Siega las ganas de vivir de sus protagonistas, «presuntos culpables» que deben esperar su absolución durante años. Para entonces, sus hijos les odian o ya no les conocen.

Mientras tanto, los poderes públicos ignoran el brutal maltrato del que el cónyuge o ex-cónyuge es víctima en estos casos, motivado por cuestiones aberrantes. Según Ruiz Tejedor (2004), las motivaciones o ganancias secundarias son diversas, más allá de conseguir la custodia o interferir en el cumplimiento del régimen de visitas (…) también resultan frecuentes las siguientes: lograr alejar de su vida y la de sus hijos al ex-cónyuge cuando consolidan otra relación, la no asunción de la nueva relación de aquel, deseos de venganza o de revancha por una herida narcisista de abandono, mantener algún tipo de vínculos con su ex-pareja e intereses puramente económicos. Toda una batería de motivaciones demenciales, atendidas, en muchas ocasiones, por la Justicia.

Las investigaciones de Ruiz Tejedor son anteriores a la aplicación de la Ley de Violencia de Género. Según esta autora, no resulta infrecuente que antes de interponerse una falsa denuncia por abuso sexual exista una previa por maltrato que ha sido sobreseída. Lo que demuestra la persistencia de las falsas acusadoras contra el ex-cónyuge, y que estaría en consonancia con la estrecha relación entre separaciones y actuaciones incoadas actualmente en los juzgados de Violencia de Género. Pero «los chicos no lloran». Un contexto social y psicológico, el que Ruiz Tejedor describe, en el que hace su aparición la Ley de Violencia de Género. A partir de su aprobación, estas denuncias «denunciadas» por la investigadora, y muchas otras, por los más variados «delitos», serían instruidas por los juzgados de Violencia de Género, con la presunción de culpabilidad añadida por «machismo» y todo lo que ello implica.

XV. LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

«Éste es el Tribunal de la Inquisición, aquel tribunal que en la oscuridad de la noche arranca al esposo de la compañía de su consorte, al padre de los brazos de sus hijos, a los hijos de la vista de sus padres, sin esperanza de volverlos a ver hasta que sean absueltos o condenados, sin que puedan contribuir a la defensa de su causa y a la de su familia, y sin que puedan convencerse de que la verdad y la justicia exige su castigo. Es el instrumento más a propósito para encadenar la nación y remachar los grillos de la esclavitud, con tanta mayor seguridad cuanto que se procede en nombre de Dios y a favor de la religión.»

Diego Muñoz Torrero (1761-1829) Sacerdote, catedrático y político español.

Uno de los contenidos de la Ley de Violencia de Género es la creación de los mal llamados Juzgados de Violencia de Género, cuya existencia supone otra grave discriminación contra el varón por el hecho de serlo. Unos juzgados «de excepción», como lo fueran los creados por George Bush para los presos de Guantánamo. En 1791, en París, el comité encargado de reformar el código penal propuso una revisión completa del código penal que incorporase los nuevos valores cívicos: en nombre de la igualdad, todo el mundo sería juzgado en los mismos tribunales y bajo la misma ley, y estaría expuesto a los mismos castigos. (Hunt Lynn, 2007). Ahora, en el siglo XXI, con los juzgados y la Ley de «género», en España retrocedemos a fechas anteriores a las reformas emanadas de la Ilustración.

Estos Juzgados de la mujer se justifican en una presunción de culpabilidad «genérica» del varón en relación a la mujer. Implican de nuevo un grave intento de imponer «de facto» este arquetipo feminista y sexista sobre toda la sociedad. Un falso prejuicio que los impregna y los vicia de raíz, alejándolos radicalmente del concepto de justicia e imparcialidad. Más que para defender, parecen concebidos para destruir, para dar respuesta a aspiraciones irracionales o espurias en el ámbito de las relaciones de pareja o ex-pareja; por cuestión de sexo. Su creación muestra, con claridad meridiana, las aspiraciones ilegítimas y segregacionistas del feminismo radical.

Las competencias que, con carácter exclusivo y excluyente, han asumido los juzgados de Violencia de Género desde su entrada en vigor son la instrucción de los procesos penales por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones al feto, delitos contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia e intimidación, siempre que se hubieran cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer, o esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, así como los cometidos sobre los descendientes propios o de la esposa, o sobre los menores incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho por la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. (Serrano Francisco, 2009).

Acerca de esta distribución de competencias, se pronunció el Consejo General del Poder Judicial (2004), afirmando que El juzgado de Violencia sobre la mujer asume la competencia para la instrucción de estos delitos, sustrayéndola al Juez ordinario, el Juez de instrucción (…). Lo primero que se observa es que la atribución objetiva no se hace en función de la materia sino en función del sexo del sujeto activo y pasivo (…). La apariencia de imparcialidad que trasmite el Juzgado de Instrucción, que recibe su denominación de una fase del proceso penal, se desvanece si la Instrucción de un delito de homicidio se atribuye a un Juzgado que no recibe su denominación por razones funcionales sino por la cualidad personal del sujeto activo y pasivo del delito. (…) En definitiva, todo se hace depender del sexo de la víctima y, repetimos, no hay base capaz de justificar una organización judicial por esa razón del mismo modo que no la hay por razón de la raza ni de la ideología ni las creencias, en definitiva, por ninguno de los estándares de igualdad del artículo 14 de la Constitución. (…) En estas condiciones, la reforma proyectada en el artículo 38 del Anteproyecto vulnera claramente el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (artículo 24.1 de la Constitución).

Todos los actos tipificados en la nueva Ley como delito por los que la pareja o ex-pareja de una mujer pueda ser acusado, van directa e irremisiblemente al juzgado de Violencia de Género para su instrucción. Algunos tipos penales están agravados, y los procedimientos probatorios se hallan sesgados para favorecer la acusación frente a la presunción de inocencia. Por lo que la Ley de Violencia de Género trasciende los malos tratos, y abarca prácticamente la denuncia por cualquier delito, si es en el ámbito de la pareja o ex-pareja. Lo que puede desembocar en una extrapolación «de facto» de los abusos de la Ley «más allá de los malos tratos». En 2008, según el informe de la Fiscalía del Tribunal Superior de justicia de Andalucía Las denuncias por delitos contra la libertad sexual aumentaron un 106% en la provincia de Sevilla. (El Mundo, 18/06/2009). Cuantas de estas denuncias se han dado en el seno de la pareja es un dato que no aparece en el informe, aunque 669 denuncias de «género» fueron elevadas a órganos competentes —juzgados de lo penal y Audiencia Provincial— ante la gravedad de los hechos denunciados lo que supone más del 10% del total de denuncias por «malos tratos» de la provincia en 2008.

Los juzgados de Violencia de Género también se inmiscuyen en la jurisdicción civil. Como afirma el Consejo General del Poder Judicial (2004), en relación a los asuntos civiles de pareja, la mujer puede llevar al foro del juez de Violencia el asunto civil por la mera interposición de una denuncia o la solicitud de una orden de protección. Es decir, una mujer puede, por ejemplo, convertir un proceso de separación civil en una cuestión penal. Por cuestión de sexo. Es obvio que el siguiente paso del feminismo será que, más allá de pareja o no pareja, cualquier acusación de una mujer sobre un varón vaya a estos mismos Juzgados «de Género». Algo que, de hecho, ya ha empezado a ocurrir. Cuando algunos jueces han empezado a aplicar la Ley de Violencia de Género por «analogía» a supuestos que nada tienen que ver con la pareja o ex-pareja. Por más que, en la tendencia contraria, otros jueces sean cada vez más rigurosos con los requisitos para la aplicación de esta absurda Ley, como la existencia o no de un proyecto en común para formar una familia.

En resumen, los Juzgados de Violencia de Género, también llamados Juzgados de violencia contra la mujer, no son en realidad para las mujeres. Son Juzgados para los hombres, pues solo a ellos juzgan. Por lo que deberían llamarse, en puridad, Juzgados sexistas de excepción contra el varón, por el hecho de serlo. Suponen la sustracción de recursos públicos a otras necesidades acuciantes de la Justicia. Lo Juzgados de los mercantil de Sevilla se hallaban en 2009 absolutamente colapsados; también el único juzgado de Vigilancia penitenciaria de esta ciudad acumulaba 8000 asuntos por tramitar, que alcanzarían los 10 000 al acabar el año (Benítez Mercedes, 2009). Mientras, las disputas familiares y las separaciones se elevaban al la categoría penal, y colapsaban, también, los Juzgados de Violencia de Género, cuya única atribución resolutiva es dictar sentencias en juicios de faltas, o sentencias «de conformidad» entre las partes en el caso de los delitos. Curiosamente, estas sentencias «de conformidad» solo pueden ser condenatorias; no puede haber sentencias «de conformidad» absolutorias porque, en esta jurisdicción penal, el varón es presunto culpable. Contribuyendo a la ceremonia de la confusión donde la justicia, la verdadera justicia, se nos escapa a todos de las manos.

XVI. LA MAQUINARIA KAFKIANA EN MARCHA

Lo de verdad amargo es el alegre modo en el cual destruimos una vida alegre y rica, y la más emancipada de la historia, para sustituirla por un prolijo infierno. Este de ahora. En el cual, aniquilado el refugio de lo privado, ese refinamiento mayor de las sociedades libres, decidimos instalarnos sobre un territorio de guerra. A muerte. Llaman a eso «corrección política». Pero su nombre es «suicidio.»

Gabriel Albac (2009) Filósofo

Independientemente de cualquier análisis cuantitativo, nunca la vulneración de derechos fundamentales es justificable con cifras. Lo cualitativo no puede ser confundido con lo cuantitativo, y quizás esta deliberada confusión sea la primera perversión utilizada en la gestación de la Ley de Violencia de Género, cuyos intentos de justificación han sido, sobre todo, de índole «estadística». Un solo caso de vulneración de derechos fundamentales de la persona debería poner en jaque a ésta o a cualquier otra Ley. Pero no es uno, son miles los casos donde podría estar dándose esta vulneración, cuyo origen radica en la propia redacción jurídica del texto legal.

Si según Díaz-Aguado (2005) ya en 2004, y en virtud de la ley de Violencia Doméstica, se presentaron en España un total de 57 527 denuncias por «malos tratos» (incluyendo hombres, mujeres y menores), con la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género estas cifras totales se multiplican por tres, considerando solo las denuncias presentadas por mujeres. Esta multiplicación de las denuncias se justifica eufemísticamente como «afloramiento» del maltrato, desde instancias oficiales. Pero desde la entrada en vigor en junio de 2005 hasta el segundo trimestre de 2008 los procedimientos penales ingresados directamente en los juzgados de violencia de género, según informe del CGPJ (2008) sumaron nada menos que 480 663 en toda España, apreciándose un incremento anual constante en dichos procedimientos:

Los datos hechos públicos por el CGPJ terminan con la serie que aquí mostramos. Según las asociaciones de afectados, desde que entró en vigor la Ley, en junio de 2005, hasta diciembre de 2008, se han presentado unas 600 000 denuncias, de las que la mitad fueron archivadas en la instrucción y 95 284 derivaron en condenas, el 16% de las denuncias (El Mundo, 07/06/2009). Si restamos las condenas «en conformidad», que se aceptan normalmente en estado de «shock» tras la detención, con abogado de oficio, y para evitar la orden de alejamiento y el ingreso en prisión, nos quedaría que las condenas dictadas estrictamente por deliberación judicial son inferiores al 10% de las denuncias presentadas. Y ello a pesar de la presunción de culpabilidad de los acusados emanada de la propia Ley.

Las medidas penales adoptadas —no sentencias—, incluyendo las medidas previas al encausamiento, ascendieron a 255 597 (desde el 2° semestre de 2005 al 1° de 2008); entre estas medidas se incluyen las detenciones, la salida obligatoria del domicilio, las órdenes de alejamiento, la prohibición de comunicación, la prohibición de estar en determinados lugares y otras, o combinaciones de ellas. Las medidas civiles adoptadas, frente a 40 491 procedimientos civiles ingresados en esos juzgados en el mismo periodo, fueron 58 966; entre las que se incluyen la atribución de la vivienda a la mujer, la suspensión del régimen de visitas a los hijos, la suspensión de la guarda y custodia o de la patria potestad, la obligación a la prestación de alimentos, y otras.

A pesar de las cifras resultantes de la aplicación de esta Ley injusta, y de su incapacidad manifiesta para resolver ningún problema, en septiembre de 2009 la ministra de «Igualdad» seguía afirmando que hay que animar a las mujeres maltratadas a que pierdan el miedo y denuncien. (Martínez, Víctor, 2009). Como afirmó la fiscal jefe de Sevilla en relación al incremento del 21,7 por ciento en las causas tramitadas en Sevilla por violencia doméstica en 2008 respecto al año anterior, «estamos viviendo una progresión geométrica de la percepción de esta violencia». (ABC, 19/06/09). Efectivamente, una nueva «percepción» de la «violencia de género», generada por la insólita regulación penal establecida en España, que terminará haciendo percibir toda relación de intimidad, por uno y otro lado, como violencia. Según el informe presentado por la Consejería de Igualdad, en noviembre de 2009 las denuncias por «violencia de género» habían crecido en Andalucía un 51% respecto al año anterior; de las 13 700 denuncias que se habían presentado, una de ellas correspondía a una mujer fallecida.

XVII. LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y MUERTES EN PAREJA

La prevención de las muertes, de todas ellas, debería ser una prioridad. Por eso, querer vincular La Ley de Violencia de Género con las muertes de mujeres en pareja es una cuestión muy delicada. Porque en esa vinculación se obvia que esta Ley, nacida para legislar sobre el «maltrato», no regula las muertes en pareja. Y se obvia también que esta Ley no previene —ni puede prevenir— la situación extrema que constituyen las muertes en pareja. Y se olvida que esta Ley, como otras regulaciones penales anteriores, parece que ha contribuido más al aumento y al mantenimiento de las cifras de muertes en pareja que a su descenso. Obviando en el camino a todos los varones muertos en pareja. Y obviando, sobre todo, que no se puede construir la justicia desde la injusticia.

El primer varón asesinado en pareja por el que en España se decretó un día de luto local fue un homosexual, al que su ex-marido asesinó en Adra el día 3 de abril de 2009. El primero y el único, que sepamos. Sin embargo, por ejemplo en 2006 murieron en España 44 varones en el ámbito de la pareja. (Díaz Herrera, 2006). Según informe del Consejo General del Poder judicial acerca de sentencias dictadas durante 2007, una cuarta parte de los crímenes de sus parejas los cometieron mujeres. (Hernández, J. A., 31/07/2009). Y este porcentaje se da, probablemente, a pesar de que los varones asesinados por sus novias y ex-parejas no estén en las estadísticas, como ya vimos en un capítulo precedente. Según Francisco Serrano, en noviembre de 2009, frente a 52 mujeres muertas en pareja había más de 30 hombres, pero «de eso nadie se entera» (ABC, 23/11/2009). Porque no están en las estadísticas. Aunque la triste realidad es que los organismos oficiales que emiten los datos relativos a la pareja solo tienen el mandato legal de velar por las muertes de mujeres, y por ninguna otra. Por lo que el sesgo de los datos es un sesgo legal. La perversión es mucho más profunda.

El día contra la violencia de género celebrado en noviembre de 2009, la ministra Bibíana Aído afirmaba que el control de las llamadas al móvil o los celos «excesivos» ya eran «maltrato». Y como el «maltrato» es, para el discurso feminista radical, la antesala de las muertes en pareja, la conclusión es que cualquier varón al que se señale es, además de presunto maltratador, un asesino en potencia. De este modo insólito se ha querido reforzar la justificación de la extensión de la Ley de Género a todos los varones españoles, con el argumento de una presunta prevención de estas muertes. Que, de hecho, parece no existir. Aunque en la ceremonia de la confusión se haya confundido el lógico pudor social ante el hecho dramático de una muerte con la justificación de cualquier cosa. Poniendo el énfasis en la criminalización de todos los varones más que en la verdadera prevención. Generando un nuevo y grave problema, sin solucionar ninguno.

LAS MUERTES DE MUJERES EN PAREJA EN ESPAÑA

Según el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, España se encuentra entre los países con una menor tasa de asesinatos de mujeres cometidos por la pareja o ex-pareja de Europa. Nuestro país, con una tasa de 3,61 por millón de mujeres en 2003, queda muy lejos de Luxemburgo, con 15,71, Finlandia con 10,32 o Suiza, con 6,75. Este estudio es muy valioso, pues se refiere justo al año anterior a la aprobación de la Ley de Violencia de Género, tras lo cual aumentó la incidencia de estos delitos. Pese a lo cual España ha seguido estando a la cola de estos graves sucesos tanto en Europa como en el mundo.

Según el silenciado «Informe Tatiana», de 2000 a 2005 el porcentaje de mujeres muertas en relación al total de homicidios en España rondaba en 5%. Tatiana Torrejón (2007) afirma que Con estos resultados comprobamos que el porcentaje es muy poco significativo con respecto al total, y sin embargo produce una gran alarma social. Alarma social o mediática, que contribuyó a sacar adelante una Ley cuyo resultado fue precisamente el aumento de la alarma social, ante el aumento de las muertes. Algo que parecía, en cierto modo predecible. Lo apuntaba la magistrada María Pozas ya en 2005, al afirmar, en relación a normativas previas contra los «malos tratos», que tras la entrada en vigor de las reformas de 1999 y 2003, las cifras de fallecimientos de mujeres por violencia doméstica no han cesado de crecer. Según Edurne Iriarte, Investigaciones en Estados Unidos han mostrado, por ejemplo, que en aquellos estados donde se han aprobado leyes de detención obligatoria, veintidós estados en total, se cometen en la actualidad hasta un 50 por 100 más homicidios que donde no se han implantado estas leyes. Proporción que, afortunadamente, no se ha alcanzado en nuestro país, a pesar de que la Ley de Violencia de Género y su aplicación exceda cualquier medida que se haya aplicado antes en cualquier país de nuestro entorno. Lo apuntaba de nuevo en 2009 el Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, Antonio Moreno Andrade (2009), quién afirmaba que La mal llamada violencia de género ha motivado la publicación de una Ley Orgánica, de 20 de diciembre de 2004, que ha sido un instrumento sin duda inútil contra la violencia doméstica y familiar, que continúa incesante y creciente, cuando no motivo de su incremento por su tratamiento discriminatorio y sectario. Lo grave del asunto es el intento de justificar la infame Ley de Violencia de Género precisamente con datos que, presumiblemente, se han incrementado por la regulación legislativa llevada a cabo en España.

DOS CLASES DE MUERTES

A pesar de lo que se trate de insinuar desde el feminismo radical, el hecho de que haya más varones que mujeres que maten a sus parejas no priva a los varones asesinados de su condición de víctimas. Y tampoco implica la culpabilización de todos los varones, lo cual es una obviedad, aplicada a éste o a cualquier otro delito. Sin embargo, el feminismo «de género» no se ha limitado a culpabilizar al varón a priori, sino también a exculpar veladamente la gravedad de muchos de los crímenes cometidos por mujeres. Por eso solo se rinde homenaje al varón asesinado en Adra, porque fue asesinado por otro varón, en pareja. Porque, para esta ideología, parece que lo reprobable está en que sea una mujer muerta por un varón, no en el hecho dramático de una muerte. Hasta el punto de que se ha conformado, en torno al ancestral tabú de la muerte, un nuevo arquetipo moral, aunque soterrado: es más grave que un varón asesine a una mujer frente a que una mujer asesine a un hombre. Queriendo despertar en el inconsciente colectivo femenino, de nuevo, el sentimiento de agravio, incluso hasta estos extremos. Por eso las organizaciones feministas estuvieron, en bloque, en contra de que a una pareja de lesbianas se les aplicara la Ley de Violencia de Género: ahí no había agravio comparativo entre los sexos, que parece ser el fondo de la cuestión. Pero nunca será admisible segregar las muertes por sexo, darles distinto valor. El día que lleguemos rotundamente a esa situación, es que algo se habrá quebrado para siempre tanto en nuestro Estado de Derecho como en nuestra sociedad.

LA LEY Y LA PREVENCIÓN

En las noticias televisivas sobre muertes de mujeres aparece siempre sobreimpreso el 016, número de teléfono contra el maltrato. Lo que contribuye, sobre todo, a la confusión. Porque la única asociación de esta Ley con las cifras de muertes es, hasta ahora, exactamente la contraría a la prevención. Si en 2005 se contabilizaron 57 muertes de mujeres en pareja, en 2006 fueron 68, en 2007 fueron 71 y en 2008 la cifra fue de 76, según el Ministerio de Igualdad (Ceberio M. y otros, 2009). Y, en cualquier caso, no deberían vincularse de este modo los malos tratos y las muertes, ya que la mayoría de éstas se producen sin episodios previos de ningún tipo. Lo que de verdad falta es un rigurosos análisis de lo que está ocurriendo, y de las medidas necesarias para minimizar todas las muertes en pareja, a través de la prevención. Prevención que debería comenzar analizando la influencia real de la propia Ley sobre las muertes, un tema todavía tabú para las instancias oficiales. Las medidas concretas e independientes de prevención, en los casos en que sea necesario, es lo único que dará resultado. Medidas que, ante el fracaso de la Ley, ya se están tomando. Como las pulseras electrónicas de seguimiento, o cualquier otra medida específica de prevención en los casos de especial peligrosidad —de género o no—, que podrían aplicarse sin necesidad de criminalizar a la sociedad entera. En Sevilla, de enero a noviembre de 2009, frente a 4283 denuncias por malos tratos, se colocó una sola pulsera a un hombre, a su salida de la cárcel. Las pulseras, medida extrema aplicada por los jueces en respuesta a la peligrosidad, pueden ser una buena estimación de la supuesta relación existente entre las denuncias por la Ley de Género y la prevención de muertes. Seguramente, si se concentraran los recursos públicos en los casos especialmente peligrosos, sin insistir en la justificación de la Ley, la prevención saldría beneficiada. En septiembre de 2009 el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba anunciaba, en compañía de la titular de Igualdad, Bibiana Aído, «Una herramienta informática muy poderosa para combatir la violencia de género», el llamado Sistema de Seguimiento Integral. Un proyecto que comenzó a «probarse» en 2007, y que en 2009 tenía ya registradas a 102 188 mujeres y otros tantos hombres. Pero, de las 38 fallecidas por violencia de género en España a 4 de septiembre de 2009, sólo 6 estaban inscritas en este sistema. (Martínez Víctor, 2009). Un ejemplo más de ineficacia en prevención, que debe desvincularse de los continuos intentos de criminalización generalizada.

Habría que diferenciar, netamente, la injusta e inconstitucional Ley de Violencia de Género de las medidas de prevención, que podrían intensificarse si no se dispersaran tantos recursos en defender una Ley indefendible. Ya en 2009 se hacía un especial seguimiento de 1000 casos considerados de especial riesgo. Esperemos que con nuevas medidas, y también con la paralela desactivación «material» de los efectos perversos de la Ley, gracias a la toma de conciencia de muchas de las personas implicadas en su aplicación, las cifras de muertes comiencen a descender del techo que parecían haber alcanzado en el año 2008.

APUNTES SOBRE CAUSAS DE MUERTES EN PAREJA

Las muertes en pareja constituyen una conducta límite, muy alejada de la normalidad y de la generalidad de las personas, y las causas de este rotundo fracaso de la personalidad son, de hecho, múltiples y diversas. Cuando una persona mata y después se suicida, el fracaso psicológico es una evidencia, y esto compete en 2009 al 38% de los casos de muertes de mujeres en pareja (Ceberio M. y otros, 2009). Cuantos de estos hombres fueron previamente denunciados es un dato que oficialmente no se ha hecho público, que sepamos. Muchos de estos casos serían evitables, pero sería imprescindible ahondar con honestidad en las causas últimas que subyacen en estos sucesos, si lo que se pretende es la prevención de las muertes, pero eso es algo que escapa a las pretensiones de este ensayo.

Los trastornos de personalidad graves también estarían detrás de algunas de estas muertes. Según Garrido Genovés (2004), experto en psicopatía, Otro factor que conspira ante la idea de que existen psicópatas peligrosos, en el caso del maltrato a la mujer, es la creencia extendida entre (también diríamos «por») los políticos de que el machismo es el principal responsable de todas estas muertes. Obrando de esta forma (…) todos los hombres somos potencialmente culpables de ser machistas, luego en todos cabe la sospecha. Y si es así, ¿por qué gastar tiempo y energía en proteger a las víctimas en aquellos casos en los que una persona está en peligro ante un psicópata? Si el psicópata no existe, si todos los hombres pueden matar a su mujer, no hay necesidad de desarrollar medidas especiales de protección cuando los expertos dicen que esos hombres —en esos casos definidos— son muy peligrosos. (…) Creyendo que se trata sólo de una cuestión de valores y de desigualdad social, se cae en el tremendo error de negar la existencia del psicópata. Yo no digo que todos los agresores lo sean (…), sólo digo que éstos y otros tipos de personalidad están detrás de los asesinos y golpeadores sistemáticos de sus parejas.

La letrada María Dolores Martín Pozo, de 38 años, se separaba de su pareja en 2001, un mes después de que naciera su hija. Como nos relata la periodista Elena Pita, por dos veces, en 2002 y 2003, ella lo denunció a él por abusos sexuales sobre su propia hija (a un padre encausado por agresión sexual se le retira inmediatamente la custodia). La sentencia de divorcio decía que Dolores había obstaculizado los contactos entre la niña y el padre y que los supuestos abusos sexuales habían quedado desacreditados. Le otorgaba, además, la custodia a él. Éste nunca leyó la sentencia. Iban a dársela el 15 de marzo de 2007, pero el día antes un desconocido lo abordó en su casa (…) y lo asesinó descerrajándole tres tiros. (…) Un año después, las escuchas condujeron a la detención de la abogada, como supuesta inductora del asesinato y a tres hombres que habría contratado como sicarios. El asunto llegó a salpicar a la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, cuando se supo que ésta había llamado a Dolores para hablar de su caso a petición de un conocido común. Posiblemente, de haber estado en vigor la Ley de Violencia de Género, Miguel Ángel podría haber salvado su vida, aunque la supuesta agresión sexual hubiera sido instruida por un juzgado de violencia de género.

No sabemos cuantas asesinas saldrían a la luz de carecer su «género» de instrumentos legales para agredir a su pareja; posiblemente algunas lo harían, pues los trastornos de personalidad no conocen sexo, aunque sus manifestaciones puedan ser distintas. En cualquier caso, y dada la práctica impunidad de la denuncia falsa, no se precisarán perturbaciones tan graves como las de los asesinos para llevarlas a cabo. La mera interiorización de la nueva moral «amoral» de «género» estaría en el origen de muchos casos de esta forma de violencia «legal», sin necesidad de patología grave alguna. Violencia que puede generar una espiral que acabe en una tragedia aún mayor, aunque al respecto no hayamos encontrado estudio oficial alguno.

MUERTES EN PAREJAS INMIGRANTES

Otro sesgo importante en los datos de muertes en pareja proviene de la altísima participación de la población inmigrante en estos graves sucesos, al menos hasta 2008. Ese año, casi el 40% de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex-parejas en España fueron inmigrantes, cifra desproporcionada dado que la población inmigrante constituye tan solo el 12% del total. Uno de estos casos nos lo relata el Informe del Defensor del Pueblo, acerca de la muerte de una mujer en Madrid el 28 de junio de 2008, a manos de su compañero sentimental. El presunto autor de la muerte (…) había sido condenado por delito de violencia de género (…) a la pena de 7 meses de prisión (sustituida por la expulsión del territorio nacional, con prohibición de regresar a España en el plazo de 10 años) y a la pena de alejamiento por un periodo de 2 años.

Los varones inmigrantes condenados como maltratadores son expulsados de España. En paralelo, y hasta 2009, si una mujer denunciante y sin papeles obtenía una sentencia firme por malos tratos, obtenía un permiso de estancia y de trabajo. Dado el amplísimo abanico de conductas tipificadas como delito de malos tratos por La Ley de Violencia de Género, la posibilidad de que haya muchas denuncias falsas o abusivas cuyo móvil sea la obtención de dichos permisos de residencia y trabajo es una posibilidad nada despreciable. Algo sobradamente conocida por muchos profesionales que trabajan con este colectivo. Incluso hay parejas que se ponen de acuerdo para denunciarse y acogerse a los beneficios de la Ley, y luego la mujer se acoge a su derecho a no declarar e impedir así una sentencia condenatoria. A pesar de todos estos indicios, no hemos hallados datos oficiales al respecto. A partir de la nueva Ley de Extranjería, tras una modificación introducida a instancias del Ministerio de Igualdad, las mujeres «sin papeles» que denuncian podrán obtener una autorización provisional de estancia y de trabajo por circunstancias excepcionales, incluso antes de la sentencia, desde el momento mismo de la obtención de la orden de alejamiento o con informe del ministerio fiscal que indique indicios de violencia de género. Además, no se pondrá en marcha el expediente sancionador por estancia irregular, y si el procedimiento penal concluyera declarando a la extranjera víctima de violencia de género podrán concedérsele los permisos de manera definitiva. (El País, 18/05/09). Deben existir causas que expliquen la desorbitada incidencia de estos delitos entre los inmigrantes, un colectivo que ha sido maltratado e instrumentalizado como ninguno por razones electorales, y en el que los efectos perversos de la Ley de Violencia de Género son más duros, tanto que deberían ser analizados en profundidad, si lo que se pretende es la prevención de las muertes violentas. El triste relato que nos cuenta el Informe del Defensor del Pueblo continúa diciendo que El día anterior a la fecha de los hechos, el 27 de junio de 2008, la víctima había formulado denuncia contra el condenado por quebrantamiento del alejamiento, lesiones y agresión sexual. La Fiscalía informa igualmente de que tuvo conocimiento después de esta última denuncia de la víctima, de que ella y el agresor podían haber reanudado la convivencia (…), que se veía interrumpida en aquellas ocasiones en que agresor y víctima discutían, saliendo el agresor del domicilio común, para regresar nuevamente.

ESTADÍSTICAS

Andrés Montero, director del Instituto de Psicología de la Violencia, entiende en relación a las cifras de muertes de mujeres en pareja, que los números no son suficientes para establecer una tendencia. Es muy difícil saber con una serie tan pequeña si las cifras son significativas o no. (Ceberio M. y otros, 2009). Por lo que la justificación «estadística» de la regulación penal no parece, por lo tanto, ni fiable —por ser cifras muy bajas—, ni desde luego legítima, por justificar lo cualitativo, como la supresión de derechos fundamentales, con lo cuantitativo. Pero ya que se utilizan, diremos que las muertes de mujeres que denuncian constituyen un porcentaje creciente en las mismas. Según Miguel Lorente, Delegado del Gobierno para la violencia de género, en el primer trimestre de 2009 un 38,5% de las fallecidas había presentado una denuncia previa, frente al 27,6% del mismo periodo de 2008. Aunque Lorente haya achacado el dato a un posible «exceso de confianza en el sistema», esto no deja de ser una interpretación sui géneris. (Gavira C., 05/08/2009), y los organismos responsables deberían profundizar en las causas últimas, más allá de sus estadísticas, de estos comportamientos límite, si de prevención se trata. Algo que parece impedir la prioridad de vincular la Ley de Violencia de Género con la prevención de muertes en pareja. Por otra parte, las estadísticas de muertes en pareja no son independientes de otras cifras, que pueden tener que ver mucho con ellas. Por ejemplo, las diligencias previas por delitos de homicidio o asesinato se incrementaron en un 16,46% entre 2007 y 2008, pasando de 1148 casos a 1337, lo que implica una tendencia al alza en todo el país y en todo tipo de muertes, tendencia en la que las muertes de «género» podría estar inmersa, sin nada que ver con el «género».

MUERTES Y FEMINISMO RADICAL

Pero para el discurso feminista radical, la única causa de las muertes en pareja es la denominada «violencia machista», y ninguna más. Lo que sirve para justificar la criminalización masculina que se recoge expresamente en la Ley de Violencia de Género, independientemente del número de muertes. Cuando un hombre mata a su pareja, es «terrorismo machista»; cuando la que asesina es mujer, es que previamente era una víctima maltratada. Como denuncia el filósofo Manuel Ruiz Zamora, esa tendencia más o menos inconsciente a introducir elementos de justificación según qué tipo de crímenes cometidos por mujeres contrasta con la absoluta ausencia de información acerca de las circunstancias biográficas o psicológicas que rodea a los agresores masculinos, reducidos apenas a la condición de bestias infrahumanas. Pero ese es el esquema, rígido, de la «perspectiva» de «género» en el tema de las muertes en pareja. Una visión reduccionista y profundamente sexista, que hace un flaco favor a la prevención de las muertes, de todas las muertes, en pareja.

Resumiendo, la justificación «estadística», por una parte, y la discriminatoria, por otra, que culpabiliza al varón, no dejan de ser meras justificaciones frente a un problema, el de las muertes en pareja, desde un punto de vista tan demagógico como populista e ineficaz. Que conduce a una distorsión donde el varón no puede ser —jamás— víctima; y en el caso extremo de ser asesinado, él puede seguir siendo culpable. De ahí las condenas mucho menos severas a las mujeres homicidas, datos que expone con detalle el periodista de investigación Díaz Herrero (2006). Es lo que quizás pensó la mujer que en septiembre de 2009 apuñaló a Gerardo Hernández, de 51 años y vicepresidente del Cabildo de La Palma, de la formación política Coalición Canaria. Esta mujer, tras el intento de asesinato —que evitó un vecino— intentó poner una denuncia contra su amado en el cuartel de la Guardia Civil (…) Las investigaciones han acabado concluyendo que María Angélica se autolesionó y que su pretensión era acusarlo a él de intentar apuñalarla. (Gómez Javier, 2009). Esta mujer realmente actúo desesperada, porque si hubiera habido verdadera premeditación, habría puesto la denuncia antes —y no después— del intento de asesinato.

PARTE 4ª
NEOFEMINISMO DE GÉNERO

La expresión «de género» ha sido la última incorporación de la terminología feminista, en su necesidad de renovar los términos, ante la imposibilidad de hacerlo con los argumentos. Si hace menos de una década el feminismo apelaba lingüísticamente a la «igualdad», ahora apela al «género». Un término lingüísticamente incorrecto —tenemos sexo, no género—, que trata de enmascarar las intenciones criminalizadoras del feminismo radical del siglo XXI, en una ofensiva sin precedentes, con el objetivo de imponer su propia perspectiva sesgada de la realidad. Cuando el feminismo se refiere a políticas o leyes «de género» está diciendo políticas o leyes abiertamente discriminadoras hacia los hombres. Cuando habla de perspectiva «de género», habla de una perspectiva que pretende «legitimar» esa discriminación, incluso en el ámbito de los derechos fundamentales, que desde ese momento dejan de serlo. Si antes del «género» se culpabilizaba al varón de los problemas de la mujer, ahora, directamente, también se lo criminaliza, que es un grado más de culpabilización. A los argumentos de la mujer discriminada se añade el de mujer agredida, como justificación de discriminaciones «positivas» en el ámbito penal. Esta es la nueva ola del «género», más allá de la «igualdad», que, en realidad, solo trata de imponer una sola norma: la supremacía, moral y jurídica, de un sexo sobre el otro: por cuestión de sexo.

XVIII. EL RÉGIMEN FEMINISTA

«La aristocracia queda fuera del ámbito de la ley, precisamente por eso parece que la ley ha recaído exclusivamente en manos de la aristocracia. (…) Un partido que rechazase junto a la fe en las leyes también a la aristocracia, tendría en seguida a todo el pueblo detrás; pero no puede surgir un partido semejante, porque nadie osa rechazar a la aristocracia. Sobre este filo de la navaja vivimos. Un escritor lo resumió una vez de la manera siguiente: la única ley visible y segura que se nos ha impuesto es la aristocracia y ¿vamos a poner nuestra vida en peligro sólo por una ley?»

Franz Kafka (1883-1924) Sobre la cuestión de las leyes

Todo régimen es un estado de cosas impuesto a una sociedad. La ideología feminista radical ha cristalizado en un verdadero régimen, que se imbrica en todas las estructuras estatales y sociales, para imponer su praxis. Régimen que se fundamenta, en el fondo, en una sola norma: el feminismo es incuestionable. Por eso, si no se cuestiona el feminismo radical, no es posible cuestionar su régimen. Como ningún partido se atreve a cuestionar a esta nueva «aristocracia», llamada feminismo radical, su régimen, más allá de la alternancia política en el poder, siempre permanece. Al menos de momento.

Aunque se haya hablado de feminismo «institucional» o feminismo «de Estado», el feminismo radical no es una parte del Estado. Es un régimen autónomo, basado en una ideología propia, que se imbrica en el Estado y en la sociedad con carácter «parasitario»: los utiliza para sus propios fines, y carece de compromiso con la sociedad como conjunto. Porque solo le interesan «sus» cuestiones «de género», a las que supedita y, sobre todo, contrapone, cualquier otro aspecto relacionado con el interés general, del que parece desconocer el significado. El feminismo radical, como buen neomachismo sexista, solo se ocupa de las «cosas de mujeres». Lo afirmaba en noviembre de 2009 la representante de la Federación de Mujeres Progresistas en la cadena televisiva CNN Plus, al decir que tienen que ser las organizaciones de hombres las que impidan su discriminación por cuestión de sexo. Una perspectiva que legitima expresamente el sexismo, y la «guerra de sexos».

El feminismo posee instituciones propias, como el Ministerio de «Igualdad», el Instituto de la Mujer y sus homólogos en las CCAA, o el Observatorio para la Violencia de Género, por citar algunas. Posee también poder mediático, tanto en los medios públicos de comunicación como en los grandes grupos mediáticos del país. Se habla de lobby feminista, pero estos lobbies son solo una parte del régimen. Como lo son las organizaciones en la sociedad civil, nutridas con subvenciones públicas, que apoyan el régimen y le ayudan a configurar la «opinión pública» en los aspectos que, en cada momento sean de su interés. El feminismo se ha insertado también, en parte gracias a las llamadas leyes de «paridad», en los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Porque es la alianza con el poder político lo que permite al feminismo radical constituirse en régimen. Las mujeres promovidas desde los partidos, especialmente en la «izquierda», son muy a menudo feministas radicales. Muchas entraron en la política cosificadas por cuestiones de «género», y el papel «femenino» que se les asigna es el papel feminista.

El régimen feminista se ha arrogado, en exclusiva, la defensa de la igualdad. Todas las comisiones o subcomisiones de «igualdad», sean del Congreso de los Diputados, del Parlamento Europeo, de la ONU o la UNESCO, son espacios políticos controlados por el feminismo radical. La vigilancia y conformación del principio ilustrado de igualdad queda en manos de una ideología que practica la discriminación. Por eso se ha desvirtuado la igualdad hasta los extremos a que estamos asistiendo, porque los políticos han cedido la «gestión» de este derecho fundamental al feminismo. Éste traslada al ejecutivo y al resto de las instituciones una visión sesgada, desde su nicho de poder exclusivo, desde el cual se irradia su «perspectiva» de la igualdad al resto de las instituciones. Perspectiva que ha desembocado en la destrucción de la igualdad en nombre de la igualdad.

Pero el feminismo no se ha limitado a esos nichos específicos de poder. La introducción de mujeres «cuota» en los poderes del Estado supone para los partidos que gobiernan, una operación de marketing político «de género»; y para el feminismo radical, supone la introducción de activistas dentro de todas las estructuras del poder. Este «matrimonio de conveniencia» entre el poder político y el feminismo sigue funcionando, como siempre lo hizo. Con el feminismo radical significa materializar las tesis más extremistas. La Ley de «Igualdad» de 2007 establecía obligatoriamente la paridad en las listas electorales, estableciendo que hasta un máximo del 60% de los candidatos sean del mismo sexo. Esta medida en sí misma podría ser positiva, o neutra. Lo grave es la estrecha vinculación existente entre las denominadas mujeres «cuota» y la ideología de género.

Muchas mujeres que ocupan altos cargos institucionales y políticos, más allá de las parcelas «femeninas» se autocalifican como feministas. También los varones que ocupan altos cargos son —o tienen que ser— feministas. Como José Antonio Griñán, presidente de la junta de Andalucía tras la marcha de Manuel Chávez en 2009, que en un acto con mujeres del PSOE, previo a las elecciones europeas, dijo públicamente que estaba muy «contenta», y que no le importaba que lo llamaran presidenta, en un guiño electoral surrealista a las mujeres allí convocadas. Un presidente que de 15 consejeros ha nombrado a 9 mujeres, y que situó la clave de las europeas de 2009 en la disyuntiva entre la igualdad y la discriminación (Solís, Charo, 2009). Como si no hubiera en Andalucía otros argumentos con los que acudir a unas elecciones europeas más que la igualdad constitucional; pero de nuevo se sustraía gran parte del debate político para sustituirlo por la pretendida y eterna lucha entre los sexos. La Consejera de Agricultura nombrada por Griñán puso todos los altos cargos de su consejería, salvo el de viceconsejero, en manos de mujeres. La paridad en este caso no aparecía por ningún lado. Igual que no existe en las mencionadas comisiones de «igualdad».

Pero hoy muchas mujeres no se sienten identificadas con las mujeres «cuota» del régimen. Porque, en el fondo, tanto las cuotas como muchas de sus representantes implican, sobre todo, una devaluación de la imagen de la mujer. De esa ciudadana que quiere participar por derecho propio en la sociedad, sin necesidad de escudarse en el «machismo» para justificar sus propias debilidades. Como sí hizo en octubre de 2009 la ministra de Economía, Elena Salgado, que acusó veladamente al jefe de la oposición de machista por haberse dirigido en el debate de los presupuestos al presidente del gobierno en vez de a ella (Yanel Agustín, 2009-2). Pero, como afirma el periodista Juan Miguel Vega (2009), hay muchísimas mujeres que abominan de esa «discriminación positiva» y que creen que ya va siendo hora de que hombres y mujeres seamos definitivamente iguales. Para lo bueno y para lo malo.

No se pueden promover mujeres al poder para que apliquen el feminismo radical. Sí a todas las personas válidas, que tengan cosas qué aportar. Y hay muchas mujeres, en esta transición de valores que vivimos, a todos los niveles, que tendrían muchas, muchísimas cosas que aportar desde el poder a la sociedad. Pero la mayoría de estas posibilidades las coarta de raíz el feminismo radical, que copa los cargos con mujeres «cuota» de su cantera, representantes de su ideología.

XIX. IDEOLOGÍA DE GÉNERO

«Con la pretensión de dar vida a la participación con una perspectiva de género que dignifique la calidad de vida de forma responsable e igualitaria, realizamos una planificación para la puesta en marcha de un proyecto de dinamización sectorial con niños y niñas y jóvenes en Sevilla, que parte de la investigación acción emancipadora, desde la que hemos pretendido concienciar de la importancia de la participación y del empoderamiento de los espacios de toma de decisiones como principio imprescindible para el desarrollo de la persona desde la niñez.»

Dolores Limón Domínguez (2009) Doctora Pedagogía Ambiental Universidad de Sevilla

El discurso ambiguo y contradictorio del feminismo radical, a veces incluso ininteligible, envuelve una ideología radicalizada cuya terminología más reciente es la denominada «perspectiva de género». Una «perspectiva» que muestra, de manera evidente, el trasfondo discriminatorio de este feminismo.

DISCRIMINACIÓN POSITIVA

Si en sus primeras fases el feminismo apelaba lingüísticamente a la «igualdad» constitucional a secas, el siguiente paso vino con el concepto de «discriminación positiva». La aparición de las primeras medidas de este tipo, como las ayudas y subvenciones a mujeres «por el hecho de serlo», sin más consideración, ha sido de uno de las primeras concreciones de las tesis feministas radicalizadas. Con estas medidas se iniciaba la «superación» de la lucha de clases y su sustitución por una lucha entre sexos, atizada sin pausa ni medida por el feminismo radical de la mano del poder político. Todavía en 2009 las mujeres menores de 35 años pagan, en Andalucía, la mitad de la cuota de autónomo que los varones, independientemente de su renta, de su patrimonio o de su formación; por cuestión de sexo. Y reciben 20 puntos porcentuales más de subvención en sus proyectos de inversión. El Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 20 092 012 establecía una cláusula de preferencia en la adjudicación de contratos públicos para empresas en que más del 50% del capital esté participado por mujeres. Sin más consideraciones. Y así una lista interminable de ejemplos recientes, a pesar de que, en Europa, la sentencia del TJCE de 17 de octubre de 1995 ya expresara sus reservas en relación a estas medidas de «discriminación positiva», que no deberán ir más allá del fomento de la igualdad de trato, de manera que supongan un perjuicio para alguien por su sola pertenencia a un grupo, el definido por el sexo masculino, negando validez a un sistema que asigne prioridad automática a la mujer. (Pozas, María, 2005). Se podrían poner cientos de ejemplos de «discriminaciones positivas» generadoras de «discriminaciones negativas», a veces graves. Pero la aceptación de uno solo de ellos supone la aceptación de toda la tesis del feminismo radical. Una vez asumida la falsa legitimidad feminista para imponer acciones ilegítimas a la sociedad, la historia parece no tener final.

Las actuaciones de «discriminación positiva» en España adquieren a veces tintes inverosímiles. Carmen Laviña, socióloga de la Federación de Mujeres Progresistas decía en el año 2000 que si los hombres tuvieran la regla, las compresas serían gratuitas. A finales de 2002 el PSOE, con el PP en el gobierno, pidió que compresas, tampones y pañales tributaran al 4% en vez del al 16%. En 2003, y a instancias del PSOE, se rebajó el IVA de las compresas y tampones desde ese 16% al 7% (pero no el de los pañales). En 2004, con el gobierno del PSOE, fue el PP quien pidió que se rebajara de nuevo el IVA de compresas y tampones al 4%, pero el PSOE se opuso en esta ocasión. Los pañales continuaron al 16% (Argos, 2000 y Álvarez, 2004). No solo se alardea de «proteger» más a la mujer que al menor o a la familia. También se discrimina por cuestión de sexo. ¿Deberían los varones exigir que se rebaje el IVA de las cuchillas y espuma de afeitar? Por lo menos a los varones que estuvieran en el paro… Evidentemente que no. Pero hay solo dos caminos. O se consolida la lucha entre los sexos y sustituimos el Ministerio de «Igualdad» por un Ministerio del Hombre y otros de la Mujer, o el Ministerio de Igualdad deja de estar en manos del feminismo radical. En realidad, esta última sería la única opción coherente, suponiendo que haga falta un ministerio de estas características. Hoy, la distorsión es tan mayúscula, que implica no solo la supeditación de la tradicional «lucha de clases» a la nueva y preformada «lucha de géneros», sino la indefensión de la mitad de la población que, todavía, no vota por cuestiones de género. Y si ya la «lucha de clases» desembocó en el enfrentamiento personal y en la catalogación moral de las personas «por cuestión de clase», la «lucha de géneros» puede acabar llevando estos prejuicios contra las personas al núcleo mismo de la intimidad. Por uno y otro lado. Algo que, por desgracia, ya puede estar empezando a ocurrir.

IDEOLOGÍA «DE GÉNERO»

Según Lynn Hunt (2007), La llamada a favor de los derechos universales, iguales y naturales, estimuló el crecimiento de nuevas, y en ocasiones fanáticas ideologías que hacían hincapié en la diferencia. La ideología feminista «de género» podría enmarcarse entre esas tendencias diferenciadoras, que históricamente han empañado el desarrollo y la aplicación de los derechos humanos. Una ideología que implica la supeditación de todas las cuestiones públicas y privadas a las tesis del feminismo radical, bajo el neoconcepto «perspectiva de género». Una perspectiva que, en cualquiera de sus ámbitos de aplicación, civil o penal, supone casi siempre la vulneración de derechos fundamentales. Por más que el doble discurso afirme que se pretende, exactamente, lo contrario de lo que se ejecuta.

La «perspectiva de género» debe hoy aplicarse, por Ley, en todos los ámbitos de la sociedad. Los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2006 fueron los primeros con un informe de evaluación de impacto de género (Laura Blanco, 2009). En 2009, todas las consejerías de la Junta de Andalucía tendrán que tener creada para antes de que finalice el año una Unidad de Género que mida las condiciones reales de igualdad en cada uno de sus ámbitos de actuación, siempre bajo la supervisión del Instituto Andaluz de la Mujer, según la periodista Toñi Caravaca (2009). De nuevo la igualdad supervisada por el feminismo radical. Una perspectiva que alcanza a cuestiones tan trascendentes como la elaboración de los presupuestos generales del Estado y de las CCAA, y a otras menos relevantes, como el llamado Programa Deoda, Medio Ambiente y perspectiva de Género, marco de actuación desde el que la Consejería de Medio Ambiente viene desarrollando la perspectiva de género. (Aula Verde, 12/2008).

En los presupuestos generales del estado para 2010, según el periodista Mariano Calleja (2009-2) hay una fijación especial por el sexo, por el sexo de los programas presupuestarios más concretamente, «para que el objetivo primordial de la igualdad» esté presente hasta en la última partida de los ministerios. Cada uno de los ministros ha tenido que realizar un informe específico sobre el impacto de género que tendrán los presupuestos Generales del Estado en 2010 en su Ministerio. El resultado es un tocho de 447 páginas, donde se incluyen las medidas adoptadas para tender hacia la discriminación positiva de la mujer que defiende Zapatero. Pero las cifras que se desprenden de ese mismo informe cuestionan, precisamente, esa perspectiva de «género». Entre el personal de las Comunidades autónomas el 65,78% son mujeres, en los Ayuntamientos son el 52,85%, en la justicia el 62,57%. Son minoritarias, sobre todo, en las Fuerzas de Seguridad del estado. En los ministerios y sus organismos autónomos las mujeres representan el 52,8%, y en la enseñanza no universitaria alcanzan el 73%. Si debiéramos creer en la errónea «perspectiva de género», correspondería aplicarla en ambos sentidos, y aplicar la discriminación positiva masculina en muchos ámbitos. Pero, una vez más, el feminismo radical coge solo los datos que le interesan. A pesar de que en la universidad la presencia femenina es mayoritaria, una de las medidas del Ministerio de Educación para 2010 es aumentar el número de mujeres en las carreras universitarias consideradas como «masculinas». ¿Y en las «femeninas»? Por poner un ejemplo, en la sanidad andaluza el 74% de los estudiantes de medicina son mujeres, y en la plantilla total del SAS en 2007 el 68% eran mujeres, que constituían el 43% del personal facultativo (El País, 04/10/2009). Pero los términos «igualdad» y «género» tienen para el feminismo y el Estado un único sentido, y una única dirección. No significan nada parecido a lo que dicen significar.

Detrás de toda esta «perspectiva de género», y a pesar de la contundencia de muchos de los datos, subyace un argumento último. Es lo que se denomina igualdad «real». Si nos atenemos a lo que ha hecho con la «igualdad» jurídica, no es fácil adivinar a que se refiere el feminismo con esta igualdad «real». La igualdad constitucional es de derechos y obligaciones, de oportunidades. Como afirma la psicóloga y periodista norteamericana Susan Pinker (2008), La igualdad de oportunidades no conduce necesariamente a la igualdad de resultados. De hecho, las preferencias de las mujeres se hacen más evidentes, porque ahora tienen opciones. Si analizamos lo que ha cambiado drásticamente y lo que ha cambiado muy poco durante las tres últimas décadas, podremos hacernos una idea de lo que las mujeres escogen una vez que se han abierto las puertas. (…) Que escojan trabajar menos horas, o en trabajos que las satisfagan más, aunque les paguen menos, no quiere decir que sean víctimas de la discriminación de género, a pesar de que esas elecciones contribuyan a aumentar las diferencias salariales. Efectivamente, uno de los escasos argumentos «de hecho», —los «de derecho» no existen— que esgrime actualmente el feminismo radical para justificar su «perspectiva de género» es la pretendida menor remuneración de la mujer por igual trabajo, «por el hecho de ser mujer». Una tesis que desmonta magistralmente Edurne Iriarte en su libro «Contra el feminismo». La distinta remuneración salarial por cuestión de sexo, o por cualquier otra causa no objetiva, es algo contrario a todas las leyes españolas desde el comienzo de la democracia. Ya el Estatuto de los Trabajadores de 10 de marzo de 1980 declaraba, como derecho básico del trabajador, la no discriminación por cuestión de sexo o estado civil, tanto para el acceso al empleo como para el ejercicio del mismo. Que la mujer decida, en más ocasiones que el varón, dedicarse menos al trabajo y más a su familia, asistida por la Ley, y que eso repercuta en menos horas laborales y también en menor remuneración media en el conjunto de los trabajadores, es una cuestión sociológica, no legal. En la UE, casi un tercio de las ocupadas trabaja a tiempo parcial, frente a un porcentaje inferior al 8% de los hombres. (Sabuni, Nyamko, 06/07/09). En septiembre de 2009 la ministra Aído anunciaba como primicia el encargo de un estudio para conocer las causas por las que las mujeres cobran un 25% menos que los hombres por el mismo trabajo, con el fin de adoptar medidas para corregir esta situación. Si la ministra Aído tiene conocimiento, como afirma, de esta realidad, debería denunciarlo, porque es ilegal en España. Más que un estudio, estas declaraciones parecen una afirmación mediática, donde en el anuncio del estudio se muestren sus resultados. Aunque la propia ministra apunte que, entre las causas de esta «brecha salarial» puede estar el que los trabajos a tiempo parcial son ocupados por más mujeres (El Mundo, 25/09/09). Mientras se realizan estos estudios, se ahonda en la «perspectiva de género» sin base empírica, aparte de los votos femeninos que se pretenda obtener por la supuesta «desdiscriminación» que se les brinda. Si alguien considera que existen diferencias culturales de género, y que éstas son inadmisibles, está en su derecho de defender sus ideas, pero en ningún caso de imponerlas por real decreto, y menos aún de utilizarlas sesgadamente para aplicar la discriminación «positiva» unilateral del feminismo radical.

XX. ACCIÓN Y FRAUDE DEL FEMINISMO RADICAL

«Cómo mujer, en el tema de las compresas creo que habría que entrar». Son palabras de la consejera de Economía y Hacienda de la junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, que se mostró así de explícita ayer en el Parlamento a la hora de señalar la única reserva expresa del Ejecutivo andaluz a la subida de impuestos prevista por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para 2010.

M. Mª Becerro y Carmen Torres (2009) Periodistas

Esta afirmación de la responsable de Economía y Hacienda de la comunidad autónoma andaluza, una de las más amenazadas por la crisis económica en el año 2009, supone un engaño para los andaluces, y un doble engaño para las mujeres andaluzas. En primer lugar como andaluzas, porque si la única reivindicación económica de su comunidad frente al Estado del Estatut catalán es el tema de las compresas, es que no hay ninguna reivindicación. Y, en segundo lugar, como mujeres, por querer transmitirles con un mensaje tan vacío que se ocuparán de ellas, sin hacerlo. Es una frase que apela no a la situación de la mujer y a sus problemas reales como ciudadana, sino al sentimiento irracional de agravio frente al varón. Sentimiento cuya satisfacción le sale gratis a la administración pública. Quizás las mujeres, todas, no sólo sean conscientes de esta manipulación de sus sensibilidades, sino que se indignen por ello. Como andaluzas, como mujeres pero, sobre todo, como ciudadanos, o ciudadanas, da igual. Y quizás este tipo de afirmaciones dejen de salirle gratis a quien las haga, quienquiera que sea.

Porque el motor del feminismo radical es, precisamente, apelar a las emociones irracionales negativas, en este caso a los sentimientos de agravio comparativo, entre mujeres y hombres. Sentimientos que tienen más de destructivos que de constructivos, y que «exigen» elevar el estatus subjetivo de la mujer, en todos los ámbitos, respecto al de los varones. A veces con realidades, y otras veces como mera declaración de intenciones. El «motor» del feminismo radical es el sentimiento de agravio, y si éste no existe, se inventa. He ahí el fraude y la manipulación. Hemos llegado a una situación donde el mensaje que se envía a la mujer es que, si no obtiene una consideración de privilegio sobre el varón, debe sentirse agraviada. Así, alimentando artificialmente el sentimiento de agravio, el feminismo radical trata de imponerse en todos los aspectos donde interactúan mujeres y hombres, es decir, en todos los aspectos de la vida en común.

Pero las contradicciones entre el discurso formal y el fáctico del feminismo evidencian sus verdaderas intenciones. En las actuaciones del feminismo radical vemos, de forma descarnada, a una ideología discriminatoria, y por lo tanto ilegítima en nuestra sociedad. Más allá de la Ley de Violencia de Género. Veamos algunos ejemplos.

PATERNIDAD, MATERNIDAD, SEPARACIONES

Aunque el feminismo radical se queje formalmente de la desvinculación masculina de la vida familiar, su objetivo es conservar el papel sexista de hombres y mujeres. Para el feminismo, la maternidad es innegociable desde la concepción. Como apunta el periodista Manuel Contreras (2004), El debate sobre el aborto se ha centrado en el conflicto de intereses entre el derecho a la vida del nasciturus y los derechos de la madre, pero se olvida la tercera e imprescindible parte del problema: el padre. (…) ¿Qué ocurre si el padre del embrión, tan responsable de su creación como la propia madre, quiere tener el hijo y mantenerlo? No tiene ningún instrumento legal para reclamar su derecho. Se excluye al varón de cualquier derecho, pero se le asignan todas sus obligaciones sexistas del machismo. Solo desde esta perspectiva sexista puede entenderse el rechazo frontal del feminismo radical a la custodia compartida, que supondría la corresponsabilidad familiar y la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Pero la realidad es que en el 95% de los casos, por consideraciones sexistas, se otorga la guarda y custodia de los hijos a la mujer. El varón queda relegado al papel de proveedor de recursos, incluso más allá de sus posibilidades, condenándolo a menudo a la indigencia, como veremos. Sin la custodia compartida, el varón sale del domicilio familiar hasta la emancipación de los hijos, quedando a menudo sin recursos para una subsistencia independiente durante años.

Como afirma Pere Ríos (2009-2), la liquidación de los bienes tras el divorcio se aplica en la mayoría de países de nuestro entorno, pero la sentencia al uso que se dicta en España establece casi siempre un pack en la atribución del uso de la vivienda para la mujer, la custodia de los hijos y la pensión alimenticia. Porque no se asume que toda separación es, además de una pérdida emocional, una pérdida económica, y no puede pretenderse que se mantenga el nivel de vida de la vida en común para ninguna de las partes. Y continúa diciendo que él ha de seguir pagando la mitad de la hipoteca de una vivienda que no se sabe cuándo ni cómo recuperará. Hasta hace poco más de un año, además, el hombre no podía desgravar por esa hipoteca y ella sí. Y a la hora de la declaración de la renta Hacienda no permitía aplicar la exención por reinversión si la casa se vendía y él gastaba ese dinero en otra. Por eso los padres separados militan, desde mucho antes de la Ley de Violencia de Género, entre los grandes damnificados del feminismo radical, como demuestra el gran número de asociaciones que existen en España. Y son también los grandes olvidados por «nuestros» poderes públicos, que les exigen un esfuerzo al que el Estado no contribuye en lo más mínimo. En abril de 2009 el grupo inmobiliario Ternum, a través de la iniciativa denominada Separados-SinCasa, ofreció viviendas nuevas con descuentos de casi el 40% y una moratoria de un año del pago de la hipoteca a personas en proceso de separación o divorcio. El presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados (AFPS), Juan Luis Rubio, apuntó que este proyecto es un paso importantísimo en la solución del problema de acceso a la vivienda de este colectivo, un colectivo abandonado y sin recursos, y pidió a los poderes públicos que tomen iniciativas de esta naturaleza. A lo largo de estos años hemos estado pidiendo que los padres tengamos una vivienda digna a la que llevar a nuestros hijos. Desde un punto de vista económico, este proyecto nos ofrece gran esperanza, afirmó. (Efe/Madrid, Diario de Sevilla 21/04/2009). Lo que no se entiende es que, dada la situación, no exista una cuota de viviendas de protección oficial para padres y madres que hayan tenido que abandonar el todavía genéricamente denominado «hogar conyugal».

CONCILIACIÓN LABORAL

La llamada Ley de Igualdad Efectiva entre Hombre y Mujer, de marzo de 2007, solicitaba que se ampliara el permiso de paternidad, buscando el reparto «paritario» de las labores familiares, es decir, la «corresponsabilidad entre hombres y mujeres a la hora de criar a los hijos». En mayo de 2009 se anunciaba la ampliación del permiso de paternidad a 28 días, pero solo a partir de enero de 2011. La diputada del PSOE Carmen Montón consideraba que es muy razonable fijar enero de 2011 como fecha para poner en marcha esta medida, porque así dará tiempo a que sea una realidad la recuperación económica (Yanel, Agustín, 28/05/2009). Lo que evidencia, de nuevo, el papel asignado al hombre, porque la verdadera conciliación vendrá, únicamente, cuando los permisos para la atención familiar se igualen, y cuando no se condicionen solo los derechos masculinos derivados de la paternidad a la coyuntura económica. La verdadera igualdad en este aspecto concreto vendría impuesta por nuestra pertenencia a la Unión Europea. La Comisión Europea propuso el 30 de julio de 2009 la ampliación hasta los cuatros meses de los permisos para la conciliación de la vida familiar y profesional de los padres y madres con hijos de hasta 8 años. De ser adoptada por los estados miembros fijaría la duración de los citados permisos en cuatro meses para cada progenitor, algo que ya está contemplado en algunos países comunitarios, pero no es España. (Diario de Cádiz 31/07/09). Un ejemplo evidente de la distancia que separa los objetivos del feminismo radical español y la verdadera defensa de la igualdad. De que «radical» y «avanzado» no solo no son sinónimos, sino opuestos.

SALUD

A pesar de los aplastantes datos estadísticos acerca de la menor esperanza de vida de los varones, también se discrimina «positivamente» por cuestión de sexo en materia de salud. Según el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres padecerá un tumor a lo largo de su vida. Según el informe, ese 25-30 por ciento de la población española que enfermará, lo hará por alguno de los cuatro tipos de cáncer que más crecen: el colorectal (con 24 000 nuevos casos), de mama (21 200), pulmón (21 100) y próstata (más de 19 700), que representan más del 80 por ciento de tumores diagnosticados. (…) Aunque la supervivencia ha mejorado globalmente, ser hombre o mujer también influye en la supervivencia. Ellas sobreviven más y enferman menos, hasta un 10 por ciento más en índice de supervivencia. (…) Detrás de estas cifras que favorecen a las mujeres están las campañas de detección precoz del cáncer de mama. (Ramírez de Castro, 2009). El cáncer de colón, el de mayor incidencia, carece de su prueba específica, su «mamografía», al igual que el cáncer de pulmón. España era, en 2009, uno de los pocos países europeos que no tenían un programa preventivo para el cáncer de mayor incidencia en el total de la población, el de colon; solo cuatro comunidades autónomas tenían programas «piloto» de detección precoz, a pesar de que el test de heces salvaría 3600 vidas anuales. O sea, unas 1800 mujeres anuales. (Ramírez de Castro, 2009). Esa es la preocupación real de nuestros poderes públicos por los ciudadanos, y la preocupación real del feminismo por las mujeres, no digamos ya por los varones. Los esfuerzos parecen haberse centrado sólo en el cáncer de mama, tanto en investigación como en las campañas públicas de prevención, porque ahí está el «agravio», en este caso biológico. La Junta de Andalucía envía por correo el recordatorio de su fecha de revisión para el cáncer de mama. Lo cual es imprescindible. En cuanto al de próstata, no ha existido, que sepamos, ninguna campaña para hacer que los varones se realicen la sencilla prueba del PSA para la detección precoz de tumores de próstata, lo que supone, además de una grave deseconomía para el sistema público de salud, una discriminación por razón de sexo.

Como ocurre con la vacuna del virus del papiloma humano, que afecta a ambos sexos y provoca distintos tipos de cáncer. Se estima, por ejemplo, que la incidencia del cáncer de ano en homosexuales provocado por el virus del papiloma es equivalente al índice del cáncer de cervix en mujeres. También puede provocar cáncer de pene o de boca; por eso en Australia se vacuna a los adolescentes de ambos sexos. Según el descubridor de la vacuna, toda la población debería ser vacunada. Pero, sin entrar en el debate acerca de la oportunidad de la vacuna, una vez asumida su eficacia por el sistema público de salud habría que vacunar a todos los adolescentes sin distinción. La campaña de vacunación tiene, de nuevo, un componente de guiño político, de discriminación «positiva», con la segura complacencia de los laboratorios farmacéuticos.

PROSTITUCIÓN

La prostitución es otra vieja cuestión revitalizada desde la perspectiva de «género». Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmaba en septiembre de 2009 respecto a la prostitución que es necesario regular esta actividad en la capital, y tachó de «hipocresía» el hecho de pensar lo contrario. La réplica le vino de la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Ángeles Álvarez, que tachó de «lamentable» que Esperanza Aguirre «defienda una iniciativa que supone la consolidación e institucionalización de la explotación del cuerpo femenino como mercancía», algo especialmente grave «cuando esta postura procede de una mujer». (ABC, 08/09/2009). La contradicción de la postura socialista radica en que no aboga por la prohibición, manteniendo a la prostitución en un vacío legal: ni prohibir ni legalizar. Y en que se olvida de que también existe la prostitución masculina. Pero ¿cómo no regular esta actividad alegal, ampliamente extendida, en la que a menudo se opera en la precariedad más absoluta, y que puede ser origen de problemas de salud pública, que se atenuarían con una regulación relativa a controles sanitarios? Según Michel Sibidé, director de ONUSIDA, entre 2000 y 2007, la tasa de nuevos casos de sida en Europa se ha duplicado y es una tendencia muy preocupante. (Lantiagua Isabel, 2009). Y afecta a mujeres y a hombres. Pero en la prostitución, la postura progresista choca con el feminismo radical. Más allá de acabar con el tráfico de personas, para el feminismo no puede existir la prostitución libremente elegida y regulada. Esta posición, que debería ser la «conservadora», es la «progresista». En Sevilla capital se multará a los clientes, pero no a las prostitutas, medida en la que parece latir un arcaico intento femenino por el control de la sexualidad masculina, de corte puramente machista. El mensaje: la prostitución también es violencia de género. Pero no se prohíbe; porque aquí el feminismo se encuentra con un dilema irresoluble: para «erradicarla», tendría que penalizar a las «víctimas». Se ha optado por darles una alternativa a algunas de ellas: la regularización preferente de su situación de inmigrantes ilegales. Entre el destierro a los inmigrantes «maltratadores» (a lo que se oponen frontalmente las organizaciones no gubernamentales del colectivo) y la regularización inmediata por «maltrato» o prostitución, la feminización de la inmigración en España, políticamente fidelizada, parece estar garantizada.

PARTE 5ª
EL FEMINISMO DE LA «JUSTICIA»

XXI. LA JUSTICIA DE LAS IDEOLOGÍAS

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

Naciones Unidas Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) Artículo 30

Nuestra Constitución carece de un artículo similar, que impidiera una interpretación sesgada de la misma, con el resultado de la supresión de derechos Constitucionales en base, supuestamente, a la Constitución. Porque si la Constitución deja de ser garante y fundamento de la justicia, ésta será invadida por las ideologías. Pero esto es lo que ha venido ocurriendo, concretamente con la igualdad: que en nombre de la igualdad, se ha acabado con ella. Y una vez liquidada la igualdad, una injusticia en sí misma, se abre el camino para toda injusticia. El feminismo radical en España, al segregar los derechos, incluidos muchos derechos fundamentales, por cuestión de sexo, es artífice de una nueva justicia «de género» que, como toda justicia ideológica —no humana— es pura injusticia.

RADICALISMO CRIMINALIZADOR

Según datos proporcionados por el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, España es uno de los países de Europa con menor tasa de criminalidad violenta, tasa que incluye también los delitos de «género»: 2.5 delitos violentos por 1000 habitantes en 2007, muy por debajo de Francia con 5.1, de Bélgica con 9.6 o de Suecia con 10.8. Sin embargo, como triste récord, tenemos el mayor índice de penados de toda Europa occidental, superando incluso a China. Para el catedrático Enrique Gimbernat, la metastásica creación de nuevos delitos y los bárbaros incrementos de penas —a pesar del bajo índice español de criminalidad— deben ser reconducidos fundamentalmente a dos clases de factores. En primer lugar, a que los nuevos «gestores» de la moral colectiva (grupos ecologistas, feministas, etcétera) que hasta hace unas décadas defendían postulados descriminalizadores y humanizadores del Derecho penal, han pasado a converger, en sus objetivos, con los propugnados desde siempre por los de derecha y extrema derecha con su continua exigencia de «ley y orden».

Efectivamente, como afirma Gimbernat, muchas de las reformas legislativas se producen en el ámbito penal porque las ocasionales víctimas de delitos más o menos graves, o sus familiares, a pesar de que su motivación es preferente y comprensiblemente un espíritu de venganza, incompatible con los principios que deben informar la legislación penal en un Estado de Derecho, encuentran eco inmediata y profusamente en los medios de comunicación —que en lugar de moderar ese espíritu lo atizan, porque está en consonancia con los sentimientos irracionales de la población—, condicionando todo ello que los partidos (tanto si son de derechas como de izquierdas) se pongan a la cabeza de la manifestación («tolerancia cero»), ya que los políticos descubrieron hace tiempo que en el Derecho penal —más precisamente en el endurecimiento del Derecho penal— había una gran cantera de votos.

Es lo que debió pensar el presidente Zapatero con su Ley de Violencia de Género, pues tenía detrás no ya a unos familiares, sino al régimen feminista que lo había llevado al poder. También el líder del PP andaluz, Javier Arenas, quiso apuntarse a la «criminalización» cuando en mayo de 2009 defendió una proposición no de ley de su partido en el Parlamento Andaluz acerca del cumplimiento íntegro de las condenas para algunos delitos, como los de índole sexual, y la apertura del debate sobre la cadena perpetua. Como le respondió brillantemente la diputada socialista María José López, con el Código Penal vigente en España, El cumplimiento íntegro de las condenas es una cadena perpetua encubierta.

Pero el feminismo radical, más allá de la criminalización populista, ha sido desde la izquierda pionero en la injerencia en la justicia, dando traslado de sus tesis ideológicas al sistema jurídico español. Con el apoyo del Tribunal Constitucional, se ha lanzado a legislar, queriendo forzar con los «hechos consumados» la sustitución de la ética de la sociedad por su «perspectiva de género». La Ley de Violencia de Género es ejemplo paradigmático de este intento de imposición de la nueva moral feminista. Una Ley que, en la línea criminalizadora de los «nuevos gestores» de la moral colectiva, ha ido a modificar, nuevamente, algunos artículos del Código Penal, agravándolos e introduciendo la discriminación por razón de sexo. El resultado práctico obtenido lo reconocía en 2009 Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias, al afirmar que la aprobación de la Ley de Violencia de Género había contribuido decisivamente a la masificación de las cárceles españolas (Morcillo, Cruz 2009). Una masificación que había llevado a unas soluciones de emergencia insólitas, que evidencian la situación límite y probablemente ilegal del sistema penitenciario español. Cada trimestre, desde el año 2008, la Guardia Civil traslada en autobuses equipados con 12 celdas dobles, a unos 70 000 presos entre cárceles por toda España, una cifra equivalente al total de la población reclusa (76 323 personas en julio de 2009). Según el sindicato de funcionarios de prisiones Acaip, Cada semana circulan por todo el país el mismo número de presos que albergan cuatro cárceles tipo semimasificadas, traslados que funcionan como «cárceles sobre ruedas» de manera permanente durante casi todo el año. Según este sindicato, La verdadera razón es tapar parches y arreglar sobre la marcha el hacinamiento ya que el incremento exponencial de la población reclusa de los últimos años (31 000 presos más en solo una década) no se ha acompañado de mayor dotación en infraestructuras ni en personal. (Morcillo, Cruz, 2009).

Pero esta injerencia del feminismo radical en el sistema penal no es algo nuevo. Como afirma el catedrático Enrique Gimbernat, la Ley de Violencia de Género no es más que un ulterior eslabón —de momento, el último— de una cadena de modificaciones previas del Código Penal, propugnadas por los movimientos feministas, e introducidas en los últimos años —casi siempre con el consenso entre los Partidos Popular y Socialista— (…).

RELATIVISMO JURÍDICO

Finalmente, toda ideología con poder se plasma en leyes, más allá de la Justicia, cuando ésta resulta «asaltada» por la política. Pero en el siglo XXI, la política también ha asaltado los derechos fundamentales. Por eso asistimos, cada vez más, al nacimiento de leyes injustas, que chocan con el sentido común y contra los principios básicos del Estado de Derecho. La explicación de que esto ocurra hay que buscarla en el llamado «relativismo jurídico», en la utilización del Derecho como coartada para la acción política, en vez de cómo límite para dicha acción política. Este «relativismo jurídico» se origina, según el Magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Requero, cuando el pacto constitucional fue abandonado, traicionado, a partir de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 (Torquemada Blanca, 2009), una Ley del gobierno de Felipe González, que ponía en manos del poder político la elección de miembros de los altos tribunales, Supremo y Constitucional.

A partir de entonces, los mecanismos de manipulación de la Justicia son diversos y, en palabras de Requero, pueden ir desde la manera de redactar una ley a un Tribunal Constitucional elegido por los partidos, o al hecho de que los jueces estamos sujetos a la interpretación del Supremo, designado discrecionalmente por el CGPJ, elegido a su vez por los grupos parlamentarios. Según un estudio de Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía Española, el 88% de los abogados andaluces cree que los gobiernos «del signo que sean» muestran más interés en controlar e influir en la justicia que en modernizar su funcionamiento. (Diario de Sevilla/Agencias, 13/07/2009).

Pero el asalto de la política no se limita al nombramiento de los Altos Tribunales. En el año 2009, el Plan de Modernización de la Justicia, prevé que «toda la tramitación procesal estará bajo la dirección del secretario judicial», en palabras del ministro Caamaño. Según Andrés de la Oliva (2009), catedrático de Derecho Procesal de la Complutense, si este Plan se lleva a efecto cambiará la Justicia, hasta hacerla irreconocible, ya que los secretarios dependen, en última instancia, del Ministerio de Justicia, es decir, del ejecutivo. De la Oliva lo llama «El Gran Cambio», «tan ineficiente como totalitario». Y afirma que así, se acabó el Poder Judicial y llegamos, por fin, al mero servicio público de la Justicia. Del servicio, sin Poder Judicial, se encargará el único poder en el que creen de verdad los incontables demócratas de boquilla: el Ejecutivo. El catedrático decía adiós en su artículo a la Justicia Civilizada, a la de la Constitución.

Finalmente, el resultado de esta injerencia política en la Justicia es el desprestigio absoluto de esta última. En relación a la Ley de Educación del Parlamento catalán, en la editorial de EL Mundo del 9 de mayo de 2009 se afirmaba que No hay que ser catedrático de Derecho Constitucional para saber que ello vulnera la carta Magna. Los miembros del Constitucional también lo saben, pero les da miedo decirlo en una sentencia (…) La incapacidad del Constitucional para pronunciarse es un verdadero escándalo político que deslegitima una institución, máxime cuando estamos ante un asunto de enorme trascendencia (…). Al respecto, la diputada de UPyD, Rosa Díez, reclamó la «dimisión» del Tribunal Constitucional. (El Mundo, 9/05/2009). La justicia se está convirtiendo, aceleradamente, en una expresión más de las ideologías dominantes. Y entonces deja, automáticamente, de ser Justicia, para convertirse en otra cosa.

XXII. PRESUNTOS CULPABLES

«Caifás tenía condenado a Jesús antes de arrestarlo. Después se sufrió un doble proceso. (…) Por la ley judía y la romana, debía haber sido absuelto. Pero las presiones pudieron más». Se criminalizó su respuesta antes de haberla examinado y nadie analizó si Jesús decía la verdad. Los Sumos Sacerdotes sustituyeron la acusación religiosa por la política (…) Pilatos, «como legalista estaba convencido de su inocencia, pero como político lo mandó flagelar para ablandar al pueblo y al Sanendrín». Pero nadie pudo demostrar ese delito, ni fundamentarlo, y no se aportó una sola prueba de cargo hábil; bastó la afirmación de Caifás. Por lo que Jesús fue doblemente asesinado.

José Raúl Calderón Magistrado (cita de Álvarez J., Rafael)

Demasiadas coincidencias con el tema que tratamos. Pero en España se ha llegado más lejos. Con la doctrina de los Altos Tribunales y con la Ley de Violencia de Género, avalada por el Constitucional, se llega a legalizar la injusticia —la quiebra de la presunción de inocencia y la discriminación por cuestión de sexo— y por lo tanto no es preciso siquiera la perversión del proceso judicial, porque es el proceso mismo lo que está pervertido.

En Francia, en 1798, seis semanas después de aprobar la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, los diputados abolieron por completo la aplicación de la tortura judicial, como parte de una reforma provisional del procedimiento penal. Después, la Asamblea nombró un Comité para, en nombre de «la razón y la Humanidad», establecer reformas inmediatas para «rescatar la inocencia» y «establecer mejor las pruebas de los delitos y hacer que las condenas fueran más seguras». Se establecieron entonces las garantías procesales necesarias para el respeto a la presunción de inocencia (Hunt Lynn, 2007). En 1948, tras la demencia de la segunda guerra mundial, La Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas reafirmaba, en su artículo 10, que Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad (…). Paradójicamente en España, en el siglo XXI, se nace culpable en relación a determinados delitos, borrándose décadas de lucha por los derechos fundamentales. Derechos que, entre otras cosas, sentaron las bases para la plena incorporación de la mujer a la vida política y social.

Hoy nuestro país se ha convertido en un estado policial para los varones, en lo que respecta a la relación entre los sexos, más allá de los derechos fundamentales. El varón nace culpable porque, en determinados delitos, asociados siempre al sexo, se le deniega la presunción de inocencia, y se le imponen penas agravadas en función de la condición sexual. A pesar de que el Código Penal español, el más represivo de toda Europa, conforma un entorno jurídico donde la presunción de inocencia debería cobrar una especial relevancia. Entre los argumentos de los detractores de la pena de muerte en EEUU está el riesgo de que se ejecute a un inocente, que según algunas estadísticas alcanza el porcentaje de casi el 17% de los ajusticiados. Por la misma razón, en España, con penas desproporcionadas para los delitos «de sexo», en terminología jurídica franquista, y con la paulatina aproximación al cumplimiento íntegro de las penas, tras la supresión de la redención de pena por el trabajo, la presunción de inocencia debería ser absolutamente garantista. Porque, si no, se generan unas víctimas que no puede permitirse un Estado de Derecho: los inocentes condenados.

La mayoría de nosotros, a título individual, entiende que un inocente condenado es más rechazable que un culpable absuelto. La sociedad sabe que tiene que asumir ciertas incertidumbres, por su propia seguridad y también por la propia coherencia de su funcionamiento. La presunción de inocencia es la única barrera que protege al individuo tanto de los errores policiales y judiciales como de la arbitrariedad y de la mala fe de quienes, cada vez más, hacen un uso fraudulento de la Ley y la Justicia. Pero, sobre todo, es la única barrera frente a la desnaturalización de la Justicia provocada por la injerencia ideológica constante. Muchos casos conocidos, de gravísima quiebra mediática y jurídica de la presunción de inocencia, sabemos que no son más que la punta de un iceberg, que se hunde en las opacas aguas de la injusticia española.

Según la magistrada María Pozas, Desde la STC 113/82, de 1 de abril, se considera que, una vez consagrada constitucionalmente la presunción de inocencia, «ha dejado de ser un Principio general del Derecho que ha de informar la actividad judicial (in dubio pro reo), para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos», incluido el legislador, al formular los tipos penales. (Pozas, María 2005). Pero a pesar de esta doctrina constitucional de 1982, hemos asistido a una salvaje involución de la presunción de inocencia.

No solo la Ley de Violencia de Género pasa por encima de la consagración constitucional del derecho a la presunción de inocencia. La doctrina consolidada del Tribunal Supremo acerca de que, en delitos contra la libertad sexual, el testimonio de la acusación se considere prueba de cargo, capaz de enervar la presunción de inocencia, es el más claro antecedente a la vulneración de la presunción de inocencia, vulneración que consagra, con rango de Ley Orgánica la Ley de Violencia de Género. Ante una dificultad probatoria —como en cualquier otro delito—, en los mal llamados delitos de «intimidad», es decir, de pareja, el Supremo optó sin más por acabar con el principio in dubio pro reo. Reapareciendo la «agravante de sexo» de la legislación franquista en los derechos humanos, en un retroceso jurídico sin precedentes. La ideología feminista ha podido más que el Tribunal Constitucional, que debería ser el verdadero intérprete y garante de los derechos constitucionales y humanos, en vez de convertirse en cómplice de los dictados ideológicos y políticos sobre la justicia.

Ya el Derecho romano reconocía que «único testigo, testigo nulo», en la evidente consideración de que acusación y testigo son cosas diferentes. Pero por encima del Derecho romano, de la Ilustración, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del sentido común, en España se ha sufrido una grave involución en el principio de presunción de inocencia. La sentencia del Tribunal Supremo 135/1989, recogía que «no es suficiente la denuncia o querella para decretar la imputación de una persona (…)». Pero en el siglo XXI hay miles de ciudadanos no ya imputados, sino condenados cuya culpabilidad no está probada, donde existe más que una «duda razonable», donde un mero testimonio acusador es causa de una condena. La presunción de veracidad otorgada ideológicamente al sexo femenino en su relación con el varón esconde tanto la sobreprotección machista al «sexo débil», como la nueva prepotencia «de género» que confiere a la mujer una superioridad «moral» y, derivada de ésta, una superioridad jurídica a su testimonio, por encima de toda la doctrina jurídica occidental. Por cuestión de sexo. Si la prisión de Guantánamo constituyó un escándalo mediático, ya que se trataba de «combatientes» detenidos sin cargos, lo que ocurre es España es que, como todavía es ilegal encarcelar sin cargos, se presuponen éstos y, de camino, se presupone también la culpabilidad.

Pero la «presunción de inocencia» constitucional se encamina a su aniquilación. En el año 2009 el Ministro socialista de Justicia, Francisco Caamaño, sucesor de Bermejo, se mostraba dispuesto a transferir a los fiscales la fase de instrucción de los procesos penales. Como se afirma en la editorial de ABC del 27 de abril de 2009, la dependencia política de la Fiscalía respecto del gobierno —al margen de la profesionalidad y la rectitud que acreditan a diario la inmensa mayoría de sus miembros— y la participación de acusadores populares y particulares con sus propios intereses y estrategias procesales, hacen desaconsejable esta reforma. El trasfondo político de esta reforma, una vez más, puede socavar el maltrecho principio de la presunción de inocencia, toda vez que, según la editorial, Menos aún es la solución que necesita la justicia penal, porque aún no se ha demostrado que el fiscal instructor sea una fórmula más eficaz y más garantista que la del juez instructor. Un paso más en contra de la presunción de inocencia. Sobre todo teniendo en cuenta que los fiscales dependen orgánicamente del Fiscal General del Estado, con lo que la injerencia ideológica en la justicia está servida de antemano.

Paralelamente, jueces y fiscales se unieron a los secretarios judiciales, en mayo de 2009, para pedir al gobierno que no cometa el «error histórico» de prescindir de los fedatarios durante los juicios, tal y como estaba previsto en el proyecto de reforma procesal. Recordaron que la fe pública judicial es una «garantía procesal» íntimamente relacionada con el principio de seguridad jurídica y con el derecho a la tutela judicial efectiva. El gobierno pretendía sustituir a los secretarios por una grabadora, pero según el comunicado de estos colectivos se confunde el «instrumento a través del cual se documenta la fe pública» con la «garantía de que un jurista independiente dé veracidad» a las actuaciones (…). (ABC, martes 10/5/2009). El gobierno quería poner las grabadoras para ahorrarse el coste de los secretarios. Seguramente, el coste de los juzgados de Violencia de Género tenga algo que ver que esta imperiosa necesidad de ahorro en la Justicia, a costa de las garantías procesales de todos los ciudadanos.

Junto a la criminalización del varón por el hecho de serlo, el feminismo radical ha tratado de despenalizar, cuando no justificar, todos aquellos delitos exclusivos de la mujer. Cuando la comisión de «Igualdad» del Congreso propuso que a los condenados por maltrato se les retirara la custodia y las visitas a los hijos, en noviembre de 2009, excluyó de esta medida a las mujeres condenadas por malos tratos. También, la propuesta de que los efectos del alcohol o las drogas sean agravante en delitos «de género» iba destinada nada más que a los varones. Por otra parte, una de las líneas maestras del anteproyecto de la nueva ley del aborto (2009) es considerar el aborto no como delito «despenalizado» sino como derecho de la mujer; sin considerar los derechos del no nacido, y no digamos los del progenitor varón. En resumen, como constante, la discriminación unilateral del varón en el sistema jurídico penal español. Por cuestión de sexo. Por la acción de una ideología ilegítima, que se llama feminismo radical, el neomachismo del siglo XXI.

XXIII. FORMAS DE LA VIOLENCIA Y MALTRATO LEGAL

El derecho humano no puede fundarse en ningún caso más que en el derecho de la naturaleza, y el gran principio, el principio universal de uno y otro que está en toda la tierra: No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan».

Voltaire Tratado sobre la tolerancia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastorno del desarrollo o privaciones. La violencia —toda aquella que no sea fruto de la desesperación— parte siempre de una posición de poder de una de las partes. Y, ¿qué mayor violencia que la privación arbitraria e injusta de la libertad?

Toda violencia es una lacra a combatir en nuestra sociedad. Pero existen muchas formas de esta lacra. Una de ellas, cada vez más significativa, es el desposeimiento de los derechos fundamentales, algo más propio del mundo subdesarrollado o de los fundamentalismos religiosos que de nuestro entorno democrático. Pero mientras que los países más atrasados en derechos humanos van lentamente progresando, paralelamente nosotros retrocedemos. De la mano de los nuevos fundamentalismos de occidente. Posiblemente la Ley de Violencia de Género y su doctrina estén generando en España unos niveles de violencia, de dolor y sufrimiento, nunca conocidos en el ámbito de la pareja. Fundamentalmente sobre el varón, pero también sobre la mujer. Hay que desterrar el cliché de que «los hombres no lloran». Porque, el no llorar, el no manifestar con voz alta y clara el rechazo a toda injusticia, que es violencia y de la peor, es un camino caduco, que no nos conduce a ninguna parte.

LA INJUSTICIA COMO VIOLENCIA PSÍQUICA

El desprecio a un uso ético del conocimiento, en los nuevos experimentos de ingeniería social, con fines electoralistas, tiene uno de sus máximos exponentes en la desconsideración del impacto psíquico y emocional que dicha ingeniería ejerce sobre las personas. Para ejercer la violencia a través de una posición de poder no hace falta llegar a ejercerlo efectivamente. Basta la inseguridad jurídica creada, o la amenaza, más o menos velada, la ostentación acerca del poder que se posee, para estar ejerciendo violencia. Según Dresel (2009), para que exista (una situación de manipulación) debe existir una situación de desigualdad entre dos o más personas. (…) La táctica más frecuente y más difundida es la de amenazar, luego está la de generar en la otra persona un sentimiento de minusvalía y destrucción de la autoestima. (…) El acoso puede llegar a ser de tal magnitud que genera cuadros de angustia muy severos que requieren de atención especializada, porque quien se encuentra en esa situación no logra hacer valer sus derechos al estar siempre en una relación de desventaja frente a quien ejerce el poder. Según Asensi (2008), La violencia psicológica actúa desde la necesidad de demostración de poder por parte del agresor. Se busca la dominación y sumisión mediante presiones emocionales y agresivas. Este tipo de violencia «invisible» puede causar en la víctima trastornos psicológicos, desestructuración psíquica, agravar enfermedades físicas o, incluso, provocar el suicidio. Ya nos hemos referido a las desorbitadas cifras de suicidios de varones en procesos de separación, aunque no exista estudio oficial alguno, no solo sobre esta tasa —provoca diez veces más muertes que las de mujeres en pareja—, sino también sobre el impacto que subyace a la punta de iceberg que los suicidios consumados representan.

La mera situación de poder que la Ley de Violencia de Género otorga a la mujer sobre el varón supone ya, sin mediar denuncia, una forma de violencia implícita, que puede agravarse si se hace verbalmente explícita, aunque sea de forma velada. Siguiendo a Walter Riso (2009), cuando la ofensa tiene un carácter leve o sutil y está amparado bajo un supuesto sentido del humor, la mente termina acostumbrándose a los agravios. El autoengaño adopta distintas formas de justificación: «No es tan grave», «Unas cosas por otras» o «Hay cosas peores». Sin embargo, como dice el refrán, «la procesión va por dentro». No podemos resignarnos a la descortesía de la persona que amamos, por más «delicada y lúdica que sea», sobre todo si se repite sistemáticamente. Esto, que sería la forma más leve y sutil de violencia «legal», está de hecho ocurriendo en el ámbito de la pareja en España. Y, si no, que el Observatorio de Violencia de Género realice una encuesta al respecto.

LA INJUSTICIA COMO VIOLENCIA FÁCTICA

Pero más allá de esta violencia psicológica, las consecuencias de la aplicación de la Ley, como desterrar, detener —son cientos de miles los detenidos— o mantener en prisión, preventiva —como medida cautelar— a un individuo «por sí acaso», es un grado muy alto de agresión. Incluso física. Y no digamos condenar sin justicia. Según la revista Archives of Internal Medicine (2009), los individuos que han estado encarcelados tienen una incidencia de hipertensión arterial casi el doble que los que nunca lo han estado (individuos entre los 23 y los 35 años), y más del triple de posibilidades de padecer hipertrofia de corazón. Los autores del trabajo estiman que la entrada en prisión puede ser considerada como un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos que, a su vez, incrementan el peligro de sufrir enfermedades cardiovasculares. (El Mundo, 16/04/2009).

Finalmente, el suicidio expresión del fracaso absoluto de la psique, es traspasar el umbral de lo que un ser humano es capaz de soportar, de sufrir. Las personas encarceladas que tienen más posibilidades de suicidarse son, precisamente, las inocentes de los delitos por los que se las condena. Según las estadísticas de la Secretaría General de Instituciones penitenciarias, si a finales de 2008 los presos relacionados con la violencia doméstica representaban el 10,7% de la población reclusa, sólo seis meses más tarde suponían ya el 12,4% (sin incluir los datos de Cataluña, que tiene transferidas las competencias penitenciarias), con un crecimiento cercano al 21% en solo medio año (López-Fonseca, Ó., 2009) con ingresos en prisión que superan a los relacionados por el tráfico de drogas. Según el Informe del defensor del Pueblo para 2008, en el periodo 2005-2007 la población penitenciaria ha experimentado un fuerte crecimiento, próximo al 8 por ciento; mientras que el número de intentos de suicidio tuvo un aumento cercano al 23 por ciento. ¿Qué está pasando en las cárceles españolas, más allá de la dramática evidencia del endurecimiento de las condiciones de vida en prisión, como consecuencia de la creciente masificación, reconocida por el propio informe del Defensor? Un mayor índice de inocentes condenados sin las debidas garantías procesales ayudaría a explicar este insólito incremento de la tasa de suicidios en la neorealidad penitenciaria española. Aunque estos problemas «masculinos» (más del 90% de los presos en España son hombres) no se estudien, y parece que no preocupan, por ahora, ni a nuestros poderes públicos, ni a nadie.

Pero la injusticia se manifiesta también en otras formas de violencia. Según un estudio llevado a cabo por Cáritas en Granada en el año 2006 y financiado por la Delegación de la Consejería de Empleo, el perfil de las personas sin hogar encaja con un hombre andaluz de 43 años, separado y con hijos y que cuenta con escasa instrucción académica, lo que incide en una situación laboral precaria que le obliga a vivir en las calles por un periodo medio de seis años. El 88% de las 1600 personas sin hogar que sobreviven en las calles granadinas son hombres, y la mayoría ha sufrido sucesos vitales traumáticos, sobre todo separaciones matrimoniales que desencadenaron su situación actual (…) (Granada Digital, 27/11/2006) Aquí parece que tampoco interesa aplicar la perspectiva «de género».

La orquestación de leyes y políticas públicas de toda índole, que convergen en la discriminación del varón «por razón de sexo», con vulneración de derechos fundamentales, requeriría un estudio acerca de su posible catalogación como crimen de lesa Humanidad, que podría encuadrarse en uno de los supuestos previstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, concretamente su artículo 7, que se refiere a Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género o por otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier crimen comprendido en el Estatuto. Por persecución se entiende la privación intencionada y grave de derechos fundamentales en violación del derecho internacional en razón de la identidad de un grupo o colectividad. En este sentido, según María Pozas, en la presunción de culpabilidad de la Ley de Violencia de Género subyace una extensión de la responsabilidad de grupo al concreto individuo juzgado (…).

PARTE 6ª
PRESENTE Y FUTURO

XXIV. EL FEMINISMO RADICAL COMO DESINTEGRADOR SOCIAL Y PERSONAL

El primer daño que el feminismo radical hace a nuestra sociedad está en el eje mismo de su concepción de la realidad: la segregación drástica y sexista de la Humanidad entre hombres y mujeres. Exactamente igual a lo que hacía el tan denostado machismo. Una concepción que lleva implícita la devaluación de lo humano frente a lo sexual, la supeditación de lo esencial a la particularidad. Un retorno al biologismo más arcaico y retrógrado, frente al impulso creador y superador de la cultura. Como afirma el filósofo Manuel Ruiz Zamora, asistimos no sólo con perplejidad sino con preocupación a esta especie de diferenciación ontológica a partir de una categoría metafísica tan discutible como la de género, que rompe ideológicamente con la única identidad que es admisible desde un punto de vista verdaderamente progresista: la de ser humanos, demasiado humanos.

En segundo lugar, si definimos la civilización como la prevalencia del acuerdo frente al conflicto, el feminismo radical es una ideología descivilizadora, porque promueve el conflicto frente a la mediación, porque genera oposiciones. La generación de conflictos, gravísimos a veces, es el segundo «pecado capital» del feminismo radical. Los conflictos conllevan inmensos costes —humanos y económicos— y, si se promueven en la base misma de la organización de la sociedad, en la convivencia y la intimidad, implican en mayor o menor medida una desintegración de la estructura de dicha sociedad. Pero es que sin conflicto no puede haber feminismo radical, que se nutre, precisamente, de conflicto.

En tercer lugar, el feminismo radical atenta también contra los principios básicos que regulan las sociedades en que vivimos, como la igualdad y o la seguridad jurídica. Esta quiebra ética es muy grave porque la desaparición de la ética, que se define como la moral aplicable a todos y cada uno de los ciudadanos, más allá de las convicciones particulares, es el paso previo a la desintegración de una sociedad. Si la ética desaparece de las leyes, terminará desapareciendo de la moral social. Por más que la sufrida, y en el fondo éticamente arraigada sociedad española, resista.

El cuarto «pecado capital» de la adopción del feminismo como eje ideológico es que se hurtan otros debates clave para la igualdad constitucional y la Justicia. Se polariza toda posible desigualdad al sexo. Las demás quedan relegadas, ocultas. Se habla, por ejemplo, de disparidad salarial entre sexos, pero la desigualdad territorial en España queda eclipsada por el falso debate dominante. Según el INE, en 2007 los trabajadores de Madrid (…) cobraron un 32,77% más que los de Extremadura. (Diario de Sevilla, 23/09/2009). El Estatut catalán, «secuestrado» por el Constitucional, puede llegar a ser otra plasmación legal de la desigualdad o insolidaridad territorial, como queramos llamarlo; eclipsado por otros «debates» irracionales que copan la atención emocional del «público» de la democracia formal.

Por último, la perversión de la intimidad se encuadra, quizás, entre los peores efectos de la ideología feminista radical; la definición dogmática del «otro» y de las relaciones personales conducen a una pérdida de lo esencial, tanto en aquello que el «otro» es capaz de darnos, como en lo que nosotros somos capaces de recibir. Una pérdida definitiva cuando los nuevos estados de ánimo, prefabricados por la ingeniería social, alcanzan la esfera inconsciente de las personas.

Por todas estas razones, y por muchas otras que hemos analizado, la única perspectiva práctica, a corto y medio plazo, es colocar de nuevo a las ideologías en su justo lugar, y desterrar definitivamente a todas aquellas que, desde la radicalidad, sean factores de dolor e injusticia social, y por lo tanto de desintegración. No es tarea fácil, pues desandar lo andado supone un doble esfuerzo. Pero cuando se ha escogido un camino erróneo, no queda otra alternativa que volver sobre los propios pasos. Y, para eso, el primer paso es reconocer el error.

XXV. DECIRNOS LA VERDAD

Creo que la primera herramienta para salir del hoyo actual sería el atrevimiento a decirnos las verdad, (…) y por tanto el evitar todo tipo de cinismo, hasta planteárnoslo como el frente número uno a través del cual podemos intentar remontar el vuelo y luego, vinculado a eso, cambiar radicalmente el paradigma del funcionamiento político de nuestra democracia (…) Porque la clave para rearmar moralmente la sociedad es la audacia de buscar la verdad.

Rafael Argullol (2009) Escritor y filósofo

Probablemente, los fundamentos del feminismo radical no se los crea hoy ninguno de sus actores principales: ni los políticos que por motivos electorales lo utilizan, ni los propios feministas radicales, cuyas motivaciones últimas deben responder a cuestiones más irracionales, así como tampoco quienes lo utilizan en su beneficio privado. Con la excepción de la mayoría de personas sistemáticamente desinformadas, a quienes no les queda otra opción que aceptar el relato del poder como única realidad posible; hasta que el conocimiento empírico de su propia realidad les muestre como son las cosas. Pero entendemos que nadie que tenga una información veraz y completa puede hoy asumir como válidas las tesis del feminismo radical. Otra cosa es que haya quien las defienda. Pero las personas informadas que sistemáticamente se erigen como defensores de esta «ideología» radical, generalmente poseen intereses particulares al respecto. Sean intereses políticos, económicos, o una combinación de ambos. Y quienes guardan silencio, y consienten, viven sin duda una íntima y dura contradicción. Este panorama es, quizás, la primera verdad que deberíamos reconocernos.

La segunda verdad es que, a pesar de que el feminismo radical no se sostiene desde ningún punto de vista racional, el hecho es que se utiliza. Entre los ciudadanos informados hay muchos beneficiarios evidentes de este feminismo, desde abogados que ganan dinero con los pleitos, a personas que cobran subvenciones, mujeres que obtienen ventajas materiales o psicológicas en su separación, y así un larguísimo etcétera. Lo que nos dibuja un panorama social, si cabe, más desolador que aquel otro donde las personas se mueven por sus convicciones, aunque éstas sean erróneas. En este punto de cinismo total empezamos a estar, trascurrida casi la primera década del siglo XXI. Donde el esfuerzo por demostrar lo obvio podría resultar estéril pues, en realidad, no está demostrando nada que la mayoría de los artífices, los beneficiarios y también las víctimas del feminismo radical no supieran de antemano.

Así las cosas, parece que informar a más gente de lo que está ocurriendo no tendría por qué provocar respuesta alguna. Por lo tanto, y aunque enfocar la veracidad de las cosas sea siempre tarea imprescindible, lo que de verdad falta en nuestra sociedad española del XXI son actitudes nuevas. Actitudes capaces de enfrentarse, desde la sociedad, a la sinrazón que desde el poder se promueve. Actitudes que sustituyan a la indiferencia, la insolidaridad y el individualismo que, en el fondo, constituyen la perversión última que la política en general, y esta ideología en particular, están induciendo en la sociedad. Contravalores que se venden como «novedosos», pero que son ajenos a los verdaderos valores sociales, porque emanan de una ideología radical. Hoy, desde el poder, no solo no se salvaguardan los principios jurídicos fundamentales, sino que se induce la disolución de los éticos. Lo que conduce a una nueva «psicopatización» social: la empatía, el ser capaz de conocer efectivamente al otro, se utiliza no para ponernos en su lugar, sino para conseguir el máximo beneficio, o el mínimo perjuicio. Es a lo que se alienta con estas leyes «más allá del bien y del mal», que reviven un arcaico conflicto moral que ya había sido superado ampliamente por la cultura y la civilización mucho antes que nosotros, pero que subyace siempre, y que de hecho aflora cuando un conjunto de circunstancias nos inducen a ello. El nuevo diseño de ingeniería social, en el que el feminismo radical tiene un papel preponderante, parece que realiza una selección a la inversa de los valores, fomentando así el conflicto, y primando además a quienes carecen de toda contención ética. Mientras tanto, como respuesta la sociedad empieza, de forma creciente, a ejercer su derecho a voz y, esperemos que muy pronto, también a voto.

XXVI. REGRESO AL FUTURO

Ante la avalancha de casos de fraude o abuso legal —prácticamente cualquier ciudadano conoce uno en su entorno—, el relato que trataba de justificar la Ley de Violencia de Género empieza a resquebrajarse a la vista de un número creciente de ciudadanos. Y, con él, empieza a cuestionarse seriamente todo el relato de la ideología de género del feminismo radical en España. Esta es la mayor bondad de la Ley, que ha terminado dejando en evidencia sus propios argumentos. Y que ha roto la mordaza de muchas personas, que se han atrevido a hablar libremente, y a hablar de todo.

Primero fueron algunos jueces y magistrados; después algunos periodistas recogieron el testigo, dando voz a muchos de los ciudadanos afectados. Así, algunos políticos empezaron, tímidamente, ha hacerse eco de la palpable toma de conciencia de los ciudadanos, a pesar de las continuas campañas institucionales por mantener el sesgo del relato institucional. En octubre de 2009, Rosa Díez (UPyD) reconocía la indefensión y el trato de inferioridad jurídica y asistencial que sufren los hombres en el ámbito de la pareja. FADIE afirmaba entonces en nota de prensa que al fin un partido con representación parlamentaria ha tenido el coraje de traspasar la barrera de lo políticamente correcto. Porque, efectivamente, hasta que el descontento social no se articule a través de la acción política, no será posible que se inicie un cambio significativo. Pero, para que esto ocurra, es necesario previamente el cambio no solo en la opinión, sino también en la respuesta social. Un cambio que hoy es una evidencia.

RESPUESTA JUDICIAL

Ya en 2008, los jueces de familia reclamaron una reforma legal que permitiera el uso de la casa familiar con unos plazos máximos y una alternancia entre los ex-cónyuges a la espera de la liquidación de bienes. En 2009 empezaron a verse sentencias en este sentido, por iniciativa de los propios jueces de familia. (Ríos Pere, 2009-2). La Ley de Violencia de Género también hallaba a veces adecuadas respuestas, inicialmente aisladas. En el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Valladolid, Un juez ve «sorprendente» que una licenciada soporte durante años violencia doméstica y da carpetazo a su demanda. La mujer había denunciado malos tratos psicológicos por parte de su marido a lo largo de los 16 años de matrimonio. (20 minutos, 17/04/2007). Inmediatamente la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Valladolid, Adavasymt, mostró su «honda indignación» por el fallo y trató de descalificar al magistrado. También El Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid pidió el cese en sus funciones del presidente de la Audiencia de Madrid por aconsejar que no se denuncie la violencia doméstica en los casos en que «no es grave o está empezando». El juez había afirmado que «es un error judicializar todos los casos de violencia de género.» También aseguró que «hay que buscar alternativas a la vía penal.» (20 minutos, 01/03/2007).

Afortunadamente, a quién sus actos se los dicta su conciencia, no se va a dejar intimidar por ningún grupo de presión amparado en un pensamiento dogmático. En junio de 2009, en Oviedo, otro juez anuló una convocatoria de empleo del Ayuntamiento destinada a cubrir sólo con mujeres cuatro puestos de trabajador social. El magistrado Juan Carlos García López, a instancias de un joven solicitante, consideró que el hecho de que se reserven todas las plazas para mujeres «produce un trato discriminatorio por razón de sexo (…) y va contra los Principios constitucionales». Gran parte de las 168 plazas ofertadas iban dirigidas a mujeres paradas, en especial víctimas de la violencia de género. (Gil J., 2009).

En octubre de 2009 se hacía público que al ex-decano de los jueces de Barcelona, José Manuel Regadera, denunciado por su mujer tras una discusión, no se le aplicaba la Ley de Violencia de Género ya que según la sentencia «no hubo desigualdad manifiesta» en la pareja, ya que «ambos (…) ostentan un similar estatus cultural y social». La excepción confirmaba la regla, el juez no incurría en la comisión de un delito, y podía proseguir ejerciendo. (Siccardi Xiana, 2009). Ya en 2009, las audiencias provinciales de Valencia, Castellón, León y las Palmas seguían la línea argumental de la de Barcelona, acerca de que el «machismo» tiene que probarse para aplicar la Ley de Violencia de Género. Un signo de que, desde la propia justicia, se estaba cuestionando radicalmente la aplicación automática de esta Ley, por «cuestión de sexo», como pretendían sus promotores. Como expresó, de nuevo, Miguel Lorente, al afirmar que «la interpretación de estas audiencias provinciales es contraria al espíritu de la norma». (Ceberio Mónica, 2009-2).

Si Regadera hubiera sido juzgado, por ejemplo, en Madrid, no hubiera podido seguir ejerciendo como juez, lo que muestra las dosis de arbitrariedad que existen en nuestro Estado de Derecho, aunque en este caso provenga de una imprescindible respuesta de la propia justicia ante la injusticia. Día a día, son muchos los profesionales que con su labor individual a favor de una justicia «material», están amortiguando los efectos de la discriminación penal por cuestión de sexo. Por lo que el Sr. Lorente debería, sobre todo, estarles agradecidos a quienes así actúan, por rebajar la presión que una justicia injusta ejerce sobre la sociedad, corrigiendo de algún modo los errores políticos. El propio Tribunal Supremo parece inclinarse por el criterio de las audiencias que hacen un uso restringido de la Ley, al afirmar en 2009, en una sentencia condenatoria sobre malos tratos que los presupuestos del caso «justifican» la aplicación del art. 153 en ese supuesto concreto. (Ceberio Mónica, 2009-2). Un uso restringido de la Ley que necesariamente, y para evitar toda arbitrariedad, solo puede desembocar en su derogación.

RESPUESTA SOCIAL

Fueron las organizaciones de padres separados, y también de madres, quienes primero rompieron el silencio frente a todo lo que estaba ocurriendo, dando voz a miles de ciudadanos que no la tenían. También la prensa y los periodistas están siendo un elemento fundamental de la respuesta social, porque algunos se han atrevido, ante la magnitud de los despropósitos, a hacer pública denuncia de los casos más llamativos; y también a poner voz a todas las asociaciones «no gubernamentales» que se encontraban discriminadas económica y mediáticamente. Muchos periodistas han decidido, a título personal, abandonar el guión oficial y mostrar expresamente y públicamente su discrepancia. Por otra parte, basta rastrear los foros de Internet para observar la aplastante mayoría de opiniones absolutamente críticas con la Ley de Violencia de Género y toda la ideología de género, especialmente entre los más jóvenes. Existe un clamor silencioso, o silenciado, de hombres y mujeres por igual, que solo se recoge tangencialmente en algunas encuestas del CIS. Un descontento que crece día a día, a medida que se difunde la información y que, paralelamente, crecen los estragos de la legislación vigente, que continua ciegamente su curso, afectando a miles de personas cada año.

¿RESPUESTA POLÍTICA?

Finalmente, sobre los partidos políticos recae toda la responsabilidad de una verdadera rectificación, de retomar un escrupuloso respeto a la igualdad y a los derechos fundamentales, como único camino posible para que el mundo en que vivimos se sitúe donde cronológicamente le corresponde. La desactivación del actual régimen feminista es una de las piedras angulares para alcanzar nuevas perspectivas. La denuncia de la ilegitimidad de las actuaciones concretas de un régimen es siempre el punto de partida para todo cambio, y en ese punto ya está la sociedad española desde hace tiempo. También la denuncia de la ideología que lo sustenta, el feminismo radical en este caso, es un elemento esencial. Pero, en última instancia, son los partidos políticos quienes deben romper su «matrimonio de conveniencia» con el feminismo radical. Incluso, si se quiere, por una «conveniencia» electoral, porque las personas afectadas o indignadas constituyen una mayoría creciente en nuestro país. Pero, sobre todo —y no debieran existir más «conveniencias» que éstas— por la responsabilidad de decirse la verdad, de decirnos la verdad, y de actuar en consecuencia. Lo contrario no es más que justificarse políticamente, el ser escandalosamente «correctos», hasta el extremo de poner en jaque a toda la sociedad y a este país. Pero no nos engañemos. Son los ciudadanos, como sociedad civil consciente, los garantes de la calidad de la sociedad en la que queremos vivir. La historia nos enseña que los cambios políticos van a remolque de las personas, con nombres y apellidos. Por eso todo esfuerzo de la ciudadanía —dentro y fuera de la política, porque los políticos son primero ciudadanos— resulta imprescindible. Lo único imprescindible. Lo único eficaz.

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COLABORACIONES

MATRIX. LA GRAN MENTIRA

«Nuestra generación tendrá que arrepentirse, no tanto de las perversidades de las malas personas sino del estremecedor silencio de los hombres buenos».

Martin Luther King

Indudablemente, el resultar crítico contra ciertos planteamientos que moralmente pueden ser muy cuestionables, como mínimo constituye el ejercicio de un derecho de opinión y expresión en una sociedad democrática, en la que además se presume de tolerancia y progresía. Lo contrario, no sería más que una respuesta de la más rancia intolerancia propia de ideologías impregnadas de fanatismo. Porque los radicalismos, ya sean religiosos, tipo talibanes actuales o parabolanos cristianos que tan bien retrata la película Ágora, pero también los de tinte político, ya sean de izquierdas, marxismo, o de derechas, fascismo, han sido los que más daño han hecho a la Humanidad, el género humano, en el transcurso de la Historia.

Es por ello que si no queremos caer en actitudes de intolerancia hemos de aceptar que haya gente de izquierdas y de derechas, religiosos y agnósticos que nos rebelemos ante comportamientos que son más propios de Estados dictatoriales, porque más triste que sufrir una dictadura puede ser el sufrir una dictadura disfrazada de Democracia. Me niego por ello que me hagan pasar por horcas caudinas en contra de aquello que me dicta mi propia moral, conciencia e inteligencia.

Porque, lamentablemente, aunque prácticamente toda la ciudadanía es consciente de los graves daños psicológicos y emocionales que generan los conflictos traumáticos de pareja en los hijos que padecen el enfrentamiento irracional de sus progenitores, aunque prácticamente es unánime el reconocimiento de la necesidad de arbitrar medidas eficaces de cara a paliar esos daños, aunque todo el mundo es consciente de que la responsabilidad de esa victimización de niños ha de recaer en padres y madres y, a veces, en otros familiares que atizan el combate familiar y el alineamiento de lealtades de los hijos, pese a todo ello, lo cierto es que existe una tendencia social, política y mediática que tiende a ignorar, minimizar y simplificar esa situación de objetivo, real sufrimiento y conculcación de derechos de nuestros menores. Al final, el gran objetivo es que la mente del colectivo social, relegando la percepción del individuo, ignore y rechace esa conciencia.

Una tendencia minoritaria, de base no científica, de escasa preparación profesional, el feminismo radical, talibán y parabolano, pero que hoy día es el que únicamente parece encontrarse autorizado a dar una opinión mediatizada y ajustada a un guión preconstituido, basado en la ideología de género, filosofía según la cual los niños son víctimas secundarias que sufren junto a las mujeres, víctimas principales, las consecuencias de un conflicto de trasfondo machista. Sin negar que, por desgracia, aún existan actitudes de hombres que menosprecian, discriminan y mantienen una relación de poder y sumisión sobre sus esposas y compañeras, y que en esas ocasiones los niños pueden participar de la victimización padecida por sus madres, lo cierto es que no podemos ni debemos generalizar, ni excluir que existan otras causas y factores que provocan el maltrato infantil que entraña su separación injustificada de uno de sus progenitores. La generalización, la predeterminación sin el debido análisis, valoración y diagnóstico por parte de profesionales parciales, mediatizados y altamente contaminados por esa ideología perniciosa, está ocasionando que nuestro país se convierta no sólo en un cementerio de mujeres maltratadas, a las que seguimos sin dar la debida cobertura, protección y confianza en el sistema, sino también en un gran camposanto de otros dignos intereses familiares, repleto de tumbas de esperanzas truncadas, un gran epitafio y cruz de inocencias anónimas que no se presumen, y una profunda fosa común de proyectos de vida, que son esos niños condenados a una infancia y adolescencia marcada por el odio, el rencor, el despecho y el sentimiento de venganza que se les inculca.

Es por eso que se relegan al ostracismo de lo herético las posiciones de quienes en todo momento procuran avanzar en la búsqueda de soluciones efectivas partiendo de planteamientos objetivos, de contenido científico, no prejuzgando y partiendo de posicionamientos cercanos al sentir popular, y que sin embargo existe miedo a expresar ante la fuerza de la tiranía de lo políticamente correcto. Los niños son siempre víctimas cuando la ruptura de sus progenitores termina separándoles también de uno u otro. Lo fácil y maniqueo es culpar de ello siempre a la figura paterna. Cuando un niño muestra rechazo hacia su padre es porque detrás de ello existe una situación de violencia y maltrato, argumento que pierde toda su credibilidad cuando la que llora la pérdida y desafecto injustificada de un hijo, es una madre. Porque la mala leche no tiene sexo.

Se afirma, pues, que la alienación parental es un invento, un camelo, un síndrome inexistente, lo que no deja de ser cierto pues los síndromes y las enfermedades, como decía Marañón no existen, lo que existen son personas enfermas; más cuando se advierte del grado de conciencia social del problema, que incluso alcanza a la del propio Presidente del Gobierno, en el que su Ministerio de Igualdad niega la mayor, se rectifica en plan gallego y se dice aquello de las meigas no existen pero haberlas hailas.

No existen denuncias falsas y un uso torticero de la Ley, en claro abuso y perjuicio de las mujeres realmente maltratadas. No existen inocentes absueltos o acusados en procesos que son sobreseídos o archivados, más del 70%, sino culpables de los que no se ha podido demostrar su culpabilidad. No se ha retrocedido a un Derecho penal de autor de tintes inquisitoriales, que parte de la filosofía del matarles a todos que Dios reconocerá a los suyos. No existen casos en los que el objetivo es participar de los beneficios que genera la pujante industria de género, no existe nunca interés pese a que el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades prevé una inversión a cuatro años, 2008-2011, de 3 690 249 738€, 5,8 veces más que el presupuesto del Ministerio de Trabajo para ese periodo. Y ello en época de austeridad y crisis. No existen mujeres que siguen muriendo por hallarse indefensas, perdidas y presas en sus miedos. No existen mujeres despechadas que son capaces de anunciar, advertir y amenazar con el que te tengo que ver muerto, en la cárcel o en la ruina. No existen mujeres que son capaces de denunciar para apartar a un padre de sus hijos. No existe ningún hombre condenado a consecuencia de ello, y otros que por lo mismo, incluso, se suicidan. No existen hombres maltratados, ni siquiera psicológicamente. No existen hombres agredidos y muertos a manos de sus esposas, parejas o ex-parejas mujeres, y de haberlos se lo habrían merecido o las agresoras habrían actuado en legítima defensa. No existen mujeres que gozan de igualdad de oportunidades, que alcanzan por sí mismas y en base a principios de mérito y capacidad, las metas por ellas deseadas. Solo existirían hombres, pese a que sigan existiendo, fieles a sus credos machistas, que siguen sin creerse que somos iguales, y siguen imponiendo la razón de la fuerza en la relación de pareja. Sólo existirían mujeres, discriminadas por el sólo hecho de serlo, que requieren de la tutela pública y de auxilio de normas genéricas de discriminación positiva. La igualdad a la hora de atender las obligaciones domésticas, conciliar vida laboral y familiar, a la hora de ser padres y madre, se reduciría al momento de pacífica y armónica relación de pareja, pues tras la ruptura es la mujer, y no el hombre, la llamada a la atención de responsabilidades propias de su género. En ese instante tampoco se producirían y existirían lacerantes desigualdades. No existen otras injusticias y desigualdades que padezcan abuelas, abuelos, familiares, homosexuales que viven en pareja…

Sólo existe discriminación femenina, pues el número, la realidad numérica (además interpretada al gusto, pues la ideología sustituye a los datos y la objetividad), justifica la diferencia y el privilegio propiciado por el nuevo cáncer dictatorial que infecta el tejido democrático. Decía Churchill, sólo creo en las estadísticas que yo mismo manipulo. Mas ni así se ampararía el despropósito, porque, contra la violencia tolerancia cero. De acuerdo. Mas sin excluir ninguna que sufran hombres, mujeres y niños en las relaciones familiares. Otra violencia que se ignora y se hace invisible. En el último informe del Observatorio de violencia, se contabilizaban más de 40 víctimas mortales entre ese colectivo de familiares: Madres, padres, abuelos, abuelas maridos, novios, excónyuges varones, hijos, hijas, hermanos, hermanas… Todos con una tragedia familiar detrás, alguien que lloraría su pérdida. Las mujeres muertas por sus parejas fueron más, 74, pero sólo su drama es el que ha quedado marcado en nuestra memoria histórica, grabada a fuego por la industria de la alienación colectiva. Son muchos y muchas los que sufren otros tipos graves de violencia doméstica a los que deliberadamente se excluye de medidas de protección reservadas a mujeres que sufren maltrato por sus congéneres masculinos con los que han mantenido relación de pareja. Y eso sí que constituye una manifiesta discriminación, pues el número no ha de marcar la redacción de normas que han de respetar el principio de igualdad, medido en términos cualitativos de protección a toda la ciudadanía, lo mismo que resultaría absurdo y manifiestamente discriminatorio que se reservara la adopción de medidas de protección contra riesgos laborales a los hombres que sufren accidentes de trabajo, descartando a las mujeres que sólo constituyen menos del 5% de las 1152 víctimas mortales que se produjeron por esa causa en España durante el año 2008.

Porque hoy en día en España, en política social sólo cabe imponer la realidad virtual, aparente y puramente ficticia que interesa sea percibida por nuestros sentidos. Se maquilla y oculta la verdad subyacente. Nos encontramos ante EL MATRIX de la cinta protagonizada por Keanu Reeves, en la que su protagonista Neo adquiere conciencia de que el mundo que tomaba por verdadero no es sino una mera simulación virtual y que todos los seres humanos somos presos de una gran ilusión individual y colectiva. Es esa ilusión de la que pretendo apartarme, lo que resulta duro, pues lo fácil es dejarse llevar por la corriente, seguir relajado y sin que nadie te dé explicaciones de en qué consiste la realidad. Al menos, mientras a cada uno no le afecte personalmente. Lo difícil es escapar del adormecimiento, tomar la píldora que en el filme Morfeo ofrece a Neo, que introduce en un submundo desconocido, dando la bienvenida al desierto de lo real, un desierto que no podemos tolerar que hereden nuestros hijos.

FRANCISCO SERRANO CASTRO

Magistrado de Familia

DERECHOS HUMANOS TRAS LAS CIFRAS

Una experiencia profesional sobre la Ley de Violencia de Género

Desde hace años soy un ferviente defensor de la lucha por la igualdad de trato entre todos los seres humanos. Con la igualdad hemos logrado, en países civilizados, cambiar los tratamientos y el respeto a los derechos humanos de enfermos mentales, personas que no tienen las mismas capacidades (denominadas discapacitadas), adecuar el trato a jóvenes delincuentes que viven en contextos sociales poco saludables, etc.

Me planteé desde siempre, en mi función como abogado, el desarrollo del trato igualitario a los que son diferentes, o sufrían algún tipo de discriminación, incluyendo en este grupo de personas a un determinado grupo de mujeres que vivían bajo el yugo del denominado machismo.

Hoy, las supuestas feministas que critican el uso de las herramientas y estrategias del machismo por el efecto devastador en los derechos de las mujeres, y en base a un teórico derecho a la igualdad de trato, adquieren dichas herramientas y estrategias para ejercer un poder que lo contradice en su concepto primigenio. Este feminismo, instaurado ahora en todos los ámbitos de la sociedad, esconde tras la lucha por la igualdad de trato un fin que ellas mismas critican: el poder de decidir sobre los demás, que es lo que históricamente ha hecho el machismo. Basta ver las últimas leyes propuestas desde los Ministerios de Igualdad y otros, con las que se quiere imponer un pensamiento único, una forma de ver las cosas, y todo aquel que opine lo contrario es simplemente tachado de machista e incluso de terrorista.

Estas autodenominadas feministas, al trasmitir a las mujeres una ideología del poder, femenino, hacen que muchas mujeres rechacen valores como la empatía, la sensibilidad social, la solidaridad, el altruismo, etc., rompiendo el equilibrio moral de la sociedad. Sobre todo porque, en este camino, no se ha contado con los hombres, salvo con unos pocos autodenominados profeministas, que visionaron una forma de vida en apuntarse a ello. No existe ningún profeminista en España en paro, y la única asociación de hombres que existe en España que recibe subvenciones del Gobierno es una profeminista, la de hombres por la igualdad de género (AHIGE). Para comprobarlo basta ver el BOE de 5 de enero de 2010 en el apartado subvenciones del Ministerio de Igualdad.

Actualmente, en las sociedades occidentales, los hombres han captado el mensaje, y viven bajo el clima del miedo ora a ser tachados de machistas, ora a mantener una relación desigualitaria con la mujer. Porque estas feministas no son mujeres igualitarias, sino que por un lado quieren seguir manteniendo aquello que les da poder desde las estructuras sociales tradicionales (matrimonio, custodia de los hijos, derecho a percibir pensiones de sus ex-maridos y un largo etcétera) y además quieren el poder de estructuras no patriarcales. Como abogado he visto a demasiadas mujeres decir que eran igualitarias, y luego no querer renunciar al poder que les otorga la custodia exclusiva de los hijos en un divorcio.

Se ha criticado mucho a G. W. Bush, a Aznar y a Tony Blair por la manipulación de la sociedad sobre la transmisión del miedo para lograr meterse en una guerra sin sentido en Irak, por un puñado de petrodólares, como decía el título de una película, pero ¿acaso no es la misma estrategia del miedo la que sigue el movimiento feminista en este país precisamente para obtener lo mismo? Un puñado de euros (más que un puñado) de los fondos europeos o del estado, para obtener más poder, político, mediático, social, etc.

Pero toda lucha por el poder (empoderamiento de las mujeres como se denomina ahora) tiene sus víctimas: mujeres, hombres y niños víctimas de la ley integral de violencia de género aprobada hace ahora cinco años por el Gobierno del PSOE con el apoyo de todos los demás partidos. Y me pregunto, como me decía no hace mucho un parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya ¿Quién narices se iba a oponer a su aprobación? Si lo hacías, eras un cadáver político. Nuevamente el miedo.

Veamos algunos casos —profesionalmente he conocido a víctimas de esta ley— sólo a título de ejemplo, para comprobar hasta qué punto, estas leyes aprobadas por nuestro gobierno son insensatas, no democráticas, irrespetuosas con los derechos humanos y, a menudo, tan surrealistas que sus víctimas pasan por un estado de shock emocional muy fuerte al descubrir una realidad que ignoraban y que cambia por completo sus vidas:

Caso 1. Chico estudiante (19 años) con una medio novia (17) de su pandilla. Chico se enamora de otra chica de la pandilla (18) y deja a la primera. La primera interpone una denuncia por malos tratos y violación contra su ex-novio. Más tarde, gracias a un mensaje de SMS descubrimos que era un plan de venganza por haberle abandonado. Chico ingresa en prisión preventiva, es violado en ella y, tras lograr que salga de preventivo, cae en una profunda depresión reactiva y se ahorca. Muere.

¿Quién puso la soga sobre su cuello? La respuesta es obvia: la ley aprobada por nuestros/as representantes políticos, que permite que una chica de 17 años pueda acusar sin prueba alguna a su ex-novio por despecho, y que éste sea tratado como un peligroso delincuente sin prueba alguna.

Caso 2. Mujer con pareja con problemas de comunidad con sus únicos vecinos de arriba. Los vecinos llaman un día a la policía diciendo que hay una agresión a una mujer en el piso de abajo. La Policía (siguiendo el protocolo aprobado por el Ministerio del Interior, que parecen copia de los protocolos usados por los nazis cuando iban de caza de judíos) llega y detiene a la pareja (hombre) de esta mujer pese a que ella dice que no ha pasado nada. La policía, al darse cuenta que han cometido un error, se inventa una declaración del hombre detenido en calabozos, diciendo que les ha confesado en los calabozos, y sin estar presente ningún abogado, que ha agredido a la mujer. La mujer lo niega. La juez lo condena en base a la declaración de un policía que dice que él lo confesó todo en el calabozo. Sentencia de alejamiento, por los que los vecinos de arriba se han salido con la suya y ha fastidiado bien a sus vecinos de abajo.

Caso 3. Pareja que discute en la calle por una tontería de si ir a ver una película u otra. Unos chicos deciden hacerse los héroes y llaman a la policía diciendo que la mujer estaba siendo agredida y golpeada con los pies, mientras ella está en el suelo. La mujer golpeada llama a su agresor Paco, y dice «Paco, no me pegues más». El hombre supuesto agresor se llama Juan. La policía ve a la pareja que sigue por allí, incluso se acercan a ver qué pasa con tanta policía en la plaza, los chicos los señalan y la policía detiene al hombre y pregunta a la mujer. Ésta dice que estaban discutiendo sobre si ir a ver una película u otra. Como la mujer no tiene señales de ninguna agresión, no la llevan al hospital. La mujer niega que haya ninguna agresión. La policía se enfada porque han detenido a un hombre inocente. Pero no obstante siguen adelante con el protocolo de malos tratos y deciden que para meter miedo a la pareja involucrada, acusar al hombre de secuestro también. Los chicos cambian la versión tras hablar con la policía y deciden declarar que la mujer estaba siendo sujetada contra su voluntad por el hombre.

Juicio: los chicos no pudieron identificar ni al hombre ni a la mujer supuesta víctima. Insistieron que ella decía Paco, no sabían que el acusado se llamaba Juan. Tampoco sabían la hora y el lugar exacto de la supuesta agresión. La mujer supuestamente agredida por su novio, niega todo lo denunciado. Los policías, no sabían más que lo que dijeron los testigos. No pudieron explicar porque una mujer que estaba siendo golpeada y pateada en el suelo no tenía ni la ropa sucia y menos aún, ninguna señal en su cuerpo. Resultado: una condena de nueve meses, ya que como dijo una funcionaria del juzgado a este abogado, si la Jueza lo hubiera absuelto, el caso hubiera sido de detención ilegal y todo un escándalo mediático sobre la ley Integral de Violencia de Género, y la jueza tuvo miedo de absolverlo.

Caso 4. Hombre con dos hijos y tres años divorciado. Recibe una denuncia de malos tratos por insultos y amenazas de muerte contra su ex-mujer. 72 horas en un calabozo, una orden de alejamiento inmediato (sin juicio) que le va suponer no ver a sus hijos durante unos meses. En el juicio demuestra el hombre que la ex-mujer, se había metido en problemas económicos y no puede pagar la hipoteca de su casa y la va perder. La mujer se había informado que tenía derecho a cobrar una ayuda del gobierno si era víctima (poner una denuncia tan solo) de malos tratos. El abogado de oficio que le lleva el tema es quien se indigna y deja el caso, no antes de informarnos a nosotros de lo que había pasado. La nueva abogada de una afamada asociación de juristas, de esta mujer «oficialmente y estadísticamente maltratada» negocia con nosotros que a cambio de una cantidad de 18 000 euros, retiran la denuncia. Logramos firmar un preacuerdo en dicho sentido, y ello permitió que nuestro cliente no fuera condenado, aunque sí juzgado, porque la Fiscalía tiene órdenes de seguir adelante aunque haya indicios de que todo es una farsa. Lógicamente el acuerdo no se ha cumplido por esta parte porque el consentimiento es nulo, esto es, el hombre firmó bajo amenazas.

Caso 5. Mujer casada con dos hijos. Lleva quince años soportando cosas como: no vales para nada, eres una inútil, e insultos continuos. En los últimos tiempos el marido pierde su trabajo en la construcción y bebe alcohol con más frecuencia de la habitual, y cuando llega a casa está más agresivo. El hijo de trece años se mete en las discusiones, el padre agrede al hijo y la mujer se interpone. Surgen agresiones menores a la mujer que ésta disculpa por el alcohol y el desempleo de su marido, hasta que un día, la agresión termina con la mujer en el hospital. Ella sufre contusiones leves varias y un ataque de ansiedad. En el Juzgado, donde ha sido citada de inmediato, solicitamos una orden de alejamiento. Son las doce menos cuarto de la noche. La juez nos niega la orden de alejamiento inmediato, porque es tarde y que ya se sabe este truco de poner una denuncia el viernes por la tarde-noche.

Salimos del juzgado con la mujer y sus dos hijos muertos de miedo, pero logramos convencer al abogado de oficio del marido para le convenciera que se fuera de casa a casa de sus padres ese fin de semana, a fin de evitar males mayores.

Esta mujer no obtuvo la respuesta oficial que se vende en los medios y por el gobierno, porque los juzgados están colapsados y ya hay demasiados jueces saturados de despropósitos.

En los últimos cinco años el número de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex-parejas ha sido muy similar, yendo en aumento desde que se aprobó la susodicha ley, aunque en 2009 parece que han sido manipuladas las cifras oficiales para que, oficialmente, no aumenten. Todo para acallar opiniones como las que vierto en este texto.

Y me pregunto, a modo de reflexión final:

¿Es responsable civil subsidiario este gobierno del aumento de estas muertes provocando un efecto Werther?

¿Es responsable este gobierno y el parlamento así como las CCAA y sus gobernantes que han aprobado leyes similares de la detención de miles de hombres inocentes?

¿A quién beneficia todo esto y cuánto dinero están sacando de todo esto?

¿Hasta cuándo?

JOSÉ LUIS SARIEGO MORILLO

Abogado de Familia y Gestor de Conflictos Familiares Ex Asesor del CGPJ en materia de violencia intrafamiliar (1998-2000)

FEMINISTAS, ORWELL E IMBÉCILES

Los contumaces seguidores del académico Arturo Pérez Reverte saben que mi docto y admirado amigo tiene instituido en los artículos dominicales de XL Semanal (ahora recopilados en un magnífico tomo bajo el título «Cuando éramos honrados mercenarios. 2005-2009») el Premio Tonto del Haba del Año.

Más por no mezclar que por que no lo crucifiquen por el uso del masculino genérico, mi primo diferencia a veces entre Premio Tonto del Haba y Premio Tonta de la Pepitilla del Año. Todo un detalle. Pues bien, a nadie sorprenderá en exceso saber que en todas las ediciones del premio registradas hasta la fecha, desde su fundación, el ganador de tan insigne galardón ha sido, invariablemente, la Junta de Andalucía. Y siempre por los méritos contraídos en su infatigable tarea de envilecer la lengua y la vida cotidiana de todos con esa insuperable y miserable farfolla pamplinesca y parlanchina que te licua el cerebro y que además confunde el sexo con el género.

Justo es indicar que mi primo no suele hacer demasiados distingos al conceder el premio, así que, cuando dice junta de Andalucía, lo mismo se refiere a los insignes padres de la Patria y madres de la Matria que culminaron ese magno disparate gramatical conocido como Estatuto de Autonomía de Andalucía, que a los asesores lingüísticos de cualquier concejalía, desde El Ferrol a Cabo de Gata, o a la asociación de jóvenes y jóvenas lesbianos y lesbianas de Villachorrillo del Conejo de la Lole.

En todo caso, como puede comprobarse, a todos los galardonados y galardonadas también los une que se trata siempre de personas, entes, asociaciones, organismos o grupos que le tienen perfectamente pillada la medida a la altura de la barra donde la Administración (estatal, autonómica, provincial o local) despacha las subvenciones públicas, bien porque son los que las dan o bien porque las toman. Y ya se sabe, tanto monta, monta tanto, el que da como el que toma.

En esta tierra, apenas oigan a alguien reivindicar una sandez gramatical de las llamadas «de género» o defender un dislate lingüístico feministón y arbitrario, échense mano a la cartera porque ese pavo, o esa pava, gracias a un carguete o a diversos tipos de chantajes y manipulaciones, se lo está llevando crudo del saco. No falla.

No obstante, si mi primo hilara más fino (sé que no tiene tiempo para tanta soplapollez), este año el premio se lo habría otorgado no a la Junta en su conjunto, o en su conjunta, sino nada menos que al presidente mismo de la cosa, el cual, o la cual, en plena campaña de las elecciones europeas, declaró en un mitin ante los colectivos y colectivas de lo suyo, que se sentía muy «contenta» y que a él hicieran el favor de llamarle «presidenta»; así, por la cara. Y se quedó… tan ancha.

Creo que mi compi, rizando el rizo de Llongueras, ha perdido este año una ocasión inmejorable para, como hacen los del boxeo, unificar ambos títulos y concederle en 2009 a tan excelentísimo señor, champion of the world, el Premio Tonto y Tonta del Haba y de la Pepitilla del Año. Ex aequo.

Hasta aquí, la parte seria del espectáculo. Comienza ahora la sesión cómica del bisnes, esa en la que el decorado cae y la tramoya entera va a tomar por saco, se desvelan los hilos de las marionetas y todos, saltimbanquis, negociantes, forzudos, danzarinas, políticos pesebreros y analfabetos y hasta el apuntador, aparecen en una inenarrable y vergonzosa escena repartiéndose a dos manos el bacalao de las subvenciones.

Nada mejor para comenzar esta parte bufa que citar a Marx, monarca indiscutible, junto a Adolf Hitler, de los peores ideologismos y sectarismos del pasado siglo. Me refiero a Karl, por supuesto, pues Groucho, si de humor corrosivo hablamos, no logró rozarle al alemán ni los tobillos: pueden preguntarle lo que se rieron en su día a las decenas de millones de achicharrados en honor de las ideas de ambos en menos de un siglo.

La técnica marxista, como la nazi, es bien sencilla. Consiste, en lo esencial, en montar una «guerra de palabras» que otorgue signos emotivos positivos a los términos del bando propio y términos con carga emotiva negativa para los contrarios. «Así —dice Giovanni Sartori—, la guerra de las palabras es una guerra entre nombres nobles e innobles, y se caracteriza por que los motes permanecen y las demostraciones —admitiendo que las haya— se olvidan».

Karl Popper, tocayo de Marx, en línea con esa teoría estipulativa del lenguaje, sentenció: «No hay que discutir sobre palabras… Podemos escoger cualquier nombre que nos guste». (Curiosamente, y a mayor escarnio, se refería en ese instante al término «democracia». Procuremos no tenérselo demasiado en cuenta a Mr. Popper). ¡Pero claro que hay que discutir sobre palabras!, pues, como señalaba Mill, el lenguaje, y las palabras que lo componen, son «el depositario de un cuerpo de experiencias acumuladas al que han aportado su contribución todas las épocas». Y Sartori, otra vez, apuntala: «Por lo tanto, quien estropea una palabra a su capricho, estropea, de rebote, las palabras de su entorno y así sucesivamente, vamos derechos, de desmantelamiento en desmantelamiento, hasta Babel».

Sencillo truco, ya ven, de expertos en ingeniería social y humana, de consumados titiriteros de la palabra, capaz de perturbar y envilecer la convivencia hasta extremos inauditos. Otro ilustre gamba, Thomas Hobbes, ya había advertido que entre los poderes del Leviatán estaba el supremo poder de definir el significado de las palabras. Y Lewis Carroll, en Alicia en el País de las Maravillas, no fantaseó demasiado (salvo porque el interlocutor era un huevo) al hacer que Humpty Dumpty (el huevo) le explicara a Alicia que «cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga».

Tal vez las nuevas generaciones hayan olvidado a George Orwell y su excelente novela 1984, pero, en la misma línea de Hobbes y Carroll, cuando Orwell describe «la Neolengua» se trata de una traslación nada sutil de la sistemática propagación de la mentira practicada por Stalin y por Hitler (no en vano la novela se había publicado por primera vez en 1948, a poco de finalizada la II Guerra Mundial). Poca ficción, por tanto: aquellos regímenes cabestros llamaban a la guerra paz; a la opresión, libertad; al exterminio, solución; a la invasión, liberación…

En el «Apéndice» de su novela, titulado «Los principios de la Neolengua», Orwell dice así:

«La finalidad de la Neolengua» no era sólo proporcionar un medio de expresión a la cosmovisión […] del Ingsoc [Socialismo Inglés], sino sobre todo hacer imposible cualquier otra forma de pensamiento […] Eso se conseguía en parte mediante la invención de nuevas palabras, pero sobre todo mediante la supresión de palabras indeseables y la eliminación de los significados heterodoxos que podían haber quedado […] Daremos un solo ejemplo. La palabra libre existía todavía en Neolengua, pero sólo se podía utilizar en frases como «este perro está libre de pulgas» […] «La libertad política e intelectual había dejado de existir […] y carecía por lo tanto de una palabra para expresarla […] Pero aparte de la supresión de palabras de carácter patentemente herético, la reducción del vocabulario era considerado un fin en sí mismo […] La Neolengua estaba concebida no para extender sino para disminuir las posibilidades del pensamiento».

«¿Somos de verdad libres de pensar libremente?», se preguntaba Sartori algo retóricamente. Y se contestaba: «La respuesta es: no, todavía no (…) Quien no se deja intimidar, es cierto, permanece libre; pero también se queda en tierra: un don nadie castigado con el silencio, con el ostracismo y la marginación. La fama, el éxito, los Premios siempre son para quien sabe olfatear el viento de lo políticamente correcto».

Es en ese preciso instante cuando un membrillo de la Asociación Hipathia de Hombras y Hombres, subvencionada hasta las trancas por el Observatorio Climático de la Mujer en Climaterio, nos pregunta: «¿Acaso os meten en la cárcel?». Y otra vez Sartori el que responde: «Prisión no; pero presión e incluso intimidación, sí, mucha». Pero esta vez el brillante pensador italiano yerra el escopetazo. Y lo desmiente palmo a palmo el contenido de este libro que tiene en sus manos.

Y es que ni siquiera Sartori podía imaginar lo que la nueva legislación emiliano-zapaterista, a la vez Peina y bibianoaidesca, con el silencio embrutecido, y a menudo cómplice, de la mayoría silenciosa de este país, ha logrado imponer en poco tiempo en esta tierra cainita llamada, mientras no se demuestre lo contrario (que en ello estamos), España.

Por tanto, en España: prisión sí, también, para el sexo masculino (no para el género); es decir, para el hombre, por serlo. Y de intimidación, presión, chantaje, insultos, amenazas, improperios, campañitas mediáticas y demás armamento ligero, para qué contarles. O sea, que de follar ni hablamos.

De modo que ya lo saben. Así se empieza: le cambiamos los nombres a las cosas por la puta cara; a partir de ahí, a los árboles los llamamos trenes, y en menos que canta un gallo (perdón por el machismo imperdonable, quise decir una gallina, pero entonces que me vayan traduciendo al chino o al finés el femenino del pollo) nos habremos montado una red ferroviaria en este país que será la órdiga con pastas y la envidia de Oriente y Occidente. Por lo menos.

Desde ese momento, nadie entenderá al vecino ni con google en la mano. Pero, eso sí, habremos logrado al fin lo que proclamó el ministro: «Los españoles se merecen un presidente que no les mienta». Dicho y hecho. Muy fácil: el presidente ya no miente nunca por la sencilla razón de que la palabra crisis ya no significa lo que usted creyó hasta ayer mismo.

El presidente nunca miente porque, antes o después, él nos dicta lo que a partir de ese momento significan las palabras. De modo que no se haga el listo y no trate de adivinar las intenciones del Gran Timonel. Siéntese a esperar y preste atención a las redefiniciones subvencionadas que, justo antes de darnos a todos por la baticola, nos ofrecerán de términos que hasta la fecha usted creía conocer, como paro, guerra, misión de paz, subida de impuestos, prevaricación, chivatazo, faisán, proceso de paz, mentira, verdad, educación, respeto, talante, tolerancia, recalificación, género, igualdad, violencia, minorías, sexo, ser humano, aborto, matrimonio… Y, por supuesto, imbécil.

JOSÉ Mª ARENZANA

Periodista

EL TÍTULO DE ESTE LIBRO

El pasado verano, en las playas del Puerto de Santa María —me imagino que en las de toda España— se veía a mucha gente enfrascada en la lectura de un libro gordo, de extraña portada y título provocador: Los hombres que no amaban a las mujeres. Cada pocos metros a lo largo de un paseo por la orilla veíamos a alguien con la mirada perdida entre sus páginas.

A finales de verano el presidente Zapatero viajaba a Suecia, país que daría el relevo a España en su presidencia de turno de la Unión Europea. Ya en marzo la Vicepresidenta primera del gobierno había anunciado que la lucha contra la violencia de género se iba a convertir en una política central de la acción europea durante la presidencia española. En Suecia, y tras declarar que transformará «la sociedad española a mejor», radicalmente y para siempre para «hacer justicia a las mujeres», Zapatero manifestó su satisfacción por haber podido visitar el barrio donde se desarrolla la exitosa trilogía «Millenium», del escritor sueco Stieg Larsson. El título del presente ensayo se inspira, de manera también evidentemente provocadora, en el del primer libro de la mencionada trilogía, Los hombres que no amaban a las mujeres, y viene a dar justa réplica a la imagen «tóxica» que se desprende de la exitosísima novela. Porque el autor sueco, en busca de la difícil e imprescindible verosimilitud que toda obra de ficción requiere, ha adornado sus pies de página con datos sobre la violencia hacia las mujeres de su país. Datos que no sabemos si son realidad o ficción (pues en la edición no se menciona la fuente) pero que confieren un dramatismo añadido a la obra. Parece que el lector de hoy necesite esa mezcla de presunción de realidad y de morbo que Larsson ha sabido imbuir en su obra, una especie de reality show literario de estrepitoso éxito.

La escritora sueca Donna Leon arremetió duramente contra «Millenium» afirmando que no hay pasión en el libro, tan sólo pasión por violencia o por venganza, y que el texto esconde una actitud de agravio al amor humano, a las relaciones humanas. Pero Donna Leon, en su heroica defensa por una ética de la literatura, olvidaba que las ventas mandan, y que todo parece lícito para aumentarlas. Que no basta con apelar a los sentimientos irracionales destructivos del género humano; también parece útil la distorsión de la imagen del propio ser humano. Olvidaba que la literatura, y la industria cultural que la sustenta, no iban a quedar al margen de la desintegración ética de la sociedad a que pertenecen. Tampoco los casi dos millones de libros vendidos en España del quizás mayor best seller de la historia iban a pasar desapercibidos para los políticos. Al final, todo parece ser cuestión de cifras.

Según el diario El Mundo, el presidente Zapatero, con una entrañable falta de sentido del ridículo, confiesa que compone su visión de las cosas a partir de libros como los de Larsson. La trilogía recibía a continuación un premio del Consejo General del Poder judicial «por su contribución a la lucha contra la violencia de género». Parece como si el «guión» del relato político se estuviera tomando del best seller. Y viceversa. Por eso, el título de este ensayo, Las mujeres que no amaban a los hombres me parece especialmente certero. No sólo por dar justa réplica a la imagen arquetípica y «tóxica» de la novela, donde los «malos» son siempre los hombres (con honrosas excepciones) y las «buenas» las mujeres (sin excepción). También por aplicarse a un texto que, sin ambigüedades, se refiere a la realidad, y no a esa mezcla de realidad y ficción a que se nos tiene acostumbrados y que, in extremis, por ser una verdad a medias, acaba siempre ocultando la verdad.

«Millenium», con sus ventas millonarias y dos películas en su haber, constituyó una ola de «subcultura» en medio de un panorama yermo, donde los «intelectuales», que deberían ser vanguardia de la cultura social, brillan por su ausencia. Priman, arrasan en la industria de la cultura los canales de la pura comunicación emocional, de la comunicación inconsciente más rudimentaria: del «morbo». La pleitesía a las audiencias, o a las ventas, deja fluir libremente todo lo «precultural» que late en nosotros.

La cuestión es si esta «precultura» viaja sola, o se deja acompañar por elementos que le confieran algún sentido. Si hace el viaje en solitario, si toda la estructura creativa no es más que una excusa para alcanzar los núcleos duros del morbo, más que de subcultura, a esta forma de complacencia íntima deberíamos llamarla «anticultura», que constituye un fin en sí misma. Que no solo está muy bien, sino que además resulta complemento imprescindible para la salud mental. Pero siempre que se mantenga en su esfera privada del hedonismo, el ocio o el placer. Pero si esta «anticultura» del morbo pega el salto mortal hasta lo público, si pretende obtener una justificación moral más allá de la momentánea licencia individual y privada para el disfrute, se convierte en subcultura: el morbo al servicio de las ideas, o de la falta de ideas, deberíamos decir. Algo inquietante. Por en intrínseco poder del morbo para acceder y «fijar» los arquetipos del inconsciente colectivo, es decir, de la sociedad.

Por eso el control político del inconsciente colectivo, también a través de la industria de la «subcultura», que sería el quinto poder —más allá del periodismo— es una cuestión clave en los tiempos que corren. Lo intentó la flamante ministra de Cultura González-Sinde, con su intento de «acotar» las producciones cinematográficas que recibirían subvenciones; hasta que Bruselas le puso freno. Mientras tanto, la adopción de la «anticultura» de masas por el marketing político seguía adelante. Tratando de conferir sentido político al puro morbo, y generando así cantidades ingentes de subcultura. El tema del segundo libro de la trilogía «Millenium», el tráfico de mujeres para la prostitución, también iba a ser incorporado al discurso político a lo largo del otoño del año 2009. En enero del nuevo año 2010, la anunciada prioridad de la «violencia de género» en la presidencia española de la UE se concretaba con la primera oferta legislativa del ejecutivo español: una directiva sobre una Orden de Protección de Víctimas de la Violencia de Género, con el propósito de armonizar la protección jurídica en todos los estados de la Unión.

Mientras tanto la sociedad española, con gran parte de los medios de comunicación a la cabeza, mostraba de forma creciente su rotunda disconformidad con las políticas de género del gobierno. A pesar de «Millenium», la realidad, la realidad tozuda de los hechos, volvía de nuevo a brillar entre bastidores. Demostrando que la acepción más abierta de la palabra Cultura, es decir, el conjunto de conocimientos y convicciones que definen un modo de vida, no puede desvirtuarse así como así, por más oleadas de subcultura o «anticultura», sean éstas artísticas o políticas, que se arrojen contra la sociedad. Los «opios del pueblo» dejan de funcionar cuando la gente abre los ojos a la luz del día. Cuando la sesión se acaba y se encienden las luces de la sala de cine, tras un breve desperezo, la gente se levanta, mira al que tiene al lado, y sale a la calle para tratar de seguir sus vidas de la mejor manera posible. Es decir, lo mejor que le dejen hacerlo. Y, por si alguien se quedara pillado en las telarañas de la subcultura imperante, no solo viene bien la luz de libros como Las mujeres que no amaban a los hombres: es que es del todo imprescindible. Aunque no resulten tan entretenidos como «Millenium». O quizás sí, quién sabe.

DIEGO ALVARADO

Guionista y escritor

¿DESDE EL OTRO LADO?

Tengo que empezar diciendo que no estoy de acuerdo con el título del libro. Estas mujeres de las que hablamos no aman a los hombres, ni a las demás mujeres… quizás ni a ellas mismas. Pienso que sería más acertado y más justo titularlo Las mujeres que no amaban a nadie. Y por seguir en la misma línea, tampoco entiendo estas leyes de la igualdad que hacen que hombres y mujeres seamos más desiguales, que hacen que nos separemos y, aún peor, que nos enfrentemos.

En pleno siglo XXI, al que hemos llegado después de muchos años de lucha por conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, ¿tiene algún sentido que estemos discutiendo sobre la existencia de leyes para mujeres y leyes para hombres? ¿Se hacen distinciones? Pues desgraciadamente si. Y esto es lo que, repito, desgraciadamente, hace que tenga sentido un libro como éste.

No me gustaría para nada que los hombres que puedan leer este libro piensen: «Es un libro para nosotros», «Ya era hora de que se viese lo mal que lo pasamos»… Que estas leyes no son justas lo pensamos muchos. Pero que no se olvide que son injustas para hombres y para mujeres. Porque esos hombres maltratados, difamados, injustamente encarcelados… son hijos, padres, hermanos, amigos, y tienen al lado mujeres que sufren por ello. Como persona anónima me rebelo y alzo mi voz en contra de esta barbaridad. Yo no puedo mirar «desde el otro lado». Nadie puede, porque aquí no hay «otro lado». La justicia no puede tener bando, ni religión, ni raza ni sexo. Lo dice nuestra Constitución de forma tajante y clara, y lo decimos todas las personas que sí amamos.

¿Tantos años para que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres y ahora vamos a hacer leyes para las mujeres? NO. ¿Tantos años denunciando los abusos de los hombres y ahora hacemos leyes abusivas a favor de las mujeres? NO. ¿Tantos años para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y ahora hacemos leyes desiguales? NO. ¿Tantos años queriendo acercar a hombres y mujeres y ahora hacemos leyes que separen? NO. Rotundamente NO. Pido a nuestros políticos que velen por el interés común, por el bienestar común, por una justicia justa y verdadera para todas las PERSONAS.

Yo, que he estado siempre contra la desigualdad, no voy a ser ahora su partidaria porque me haya tocado «al otro lado». Porque no hay «otro lado». Tampoco voy a denunciar la desigualdad con la «boca pequeña», porque eso es como no decir nada. O aún peor. La indignación ante la injusticia no tiene «medias tintas»: o es o no es. Por eso yo estoy a favor de la igualdad, lo digo a los cuatro vientos, y la practico cada día. ¿Y tú?

C. S. G.

Una mujer anónima. Una persona más

DIEGO DE LOS SANTOS PAREJO (El Viso de Alcor, Sevilla, 1936) es Jefe de Sección del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla desde 1968, y Profesor de Cirugía desde 1980; concejal de los Ayuntamientos de su pueblo natal, El Viso del Alcor, y Sevilla, donde fue también Diputado Provincial. Diputado a Cortes (1978-1982) y Eurodiputado (1989-1993).

Fue Adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz durante más de ocho años. Su compromiso con la Sanidad Pública le lleva a la participación política en la transición democrática y autonómica, desde su experiencia formativa en Alemania y Suiza, siendo cofundador del Partido Andalucista. Es autor también de los libros Andalucía en Europa y Carlos Cano.