La larga y compleja recesión económica actual constituye un reto para la igualdad de género. Asistimos a un retroceso respecto a los avances en la posición de las mujeres en empleo, salarios, disponibilidad de servicios públicos de cuidados y acceso al poder económico y empresarial. El progreso de las últimas décadas se sustentó en políticas públicas de igualdad de género y de desarrollo del Estado de Bienestar. Hoy, ambas políticas retroceden, subordinadas a los objetivos de consolidación fiscal que, desafortunadamente para las mujeres, no solo se orientan a la austeridad de forma coyuntural —congelación de salarios de los empleados públicos y de las pensiones públicas hasta que se supere la crisis— sino que pretenden una reducción estructural del sector público y de la oferta de servicios públicos básicos de educación, salud y asistencia social, que son esenciales para la participación laboral femenina, y además constituyen una fuente de empleo para las mujeres.

AA. VV.

Las mujeres en la Gran Recesión

Políticas de austeridad, reformas estructurales y retroceso en la igualdad de género

Feminismos - 123

ePub r1.1

Titivillus 05.06.2020

AA. VV., 2015

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Índice de contenido

Cubierta

Las mujeres en la Gran Recesión

Feminismos

Introducción

AVANCES Y RETROCESOS EN LA IGUALDAD DE GÉNERO

UNA REFERENCIA AL ORIGEN Y DESARROLLO DE LA GRAN RECESIÓN

LOS EFECTOS DIFERENTES DE LA RECESIÓN Y LA AUSTERIDAD SOBRE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES

LOS CAMBIOS EN LA OFERTA Y LA DEMANDA DE TRABAJO POR SEXO DURANTE LA GRAN RECESIÓN

Nivelación hacia abajo de las brechas de género: ¿se reduce la desigualdad?

Tasas de actividad y empleo: ¿hacia la igualación?

Las tasas de desempleo y los flujos del mercado de trabajo (paro, actividad, inactividad, empleo): ¿cambios en los roles laborales femeninos y masculinos?

Actividad, empleo y disponibilidad de tiempo

Educación, brecha salarial, brecha de ingresos y pobreza

Las brechas de género y el problema de la medición de la desigualdad

CAMBIOS EN LOS COMPORTAMIENTOS LABORALES DE MUJERES Y HOMBRES Y NECESIDAD DE REVISAR LOS MARCOS DE ANÁLISIS

LAS RESPUESTAS POLÍTICAS A LA CRISIS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO

LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD SOBRE EL RÉGIMEN DE GÉNERO

LOS EFECTOS DE LA RECESIÓN Y LA AUSTERIDAD EN ESPAÑA EN PERSPECTIVA DE GÉNERO

Actividad, empleo y paro por género en España en la recesión

Desigualdades y brecha salarial de género

Desigualdad y pobreza: el impacto de la recesión y la austeridad por género

Resultados laborales y políticas del mercado de trabajo

El déficit de los cuidados

Las mujeres y el poder económico en la recesión y la austeridad

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO PRIMERO. Mujer, mercado de trabajo y crisis económica

ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO EN PERSPECTIVA DE GÉNERO

LOS FLUJOS LABORALES BÁSICOS DE MUJERES Y HOMBRES

CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EMPLEO POR GÉNERO Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE LA SEGREGACIÓN LABORAL

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 2. Los efectos de la Gran Recesión sobre las diferencias salariales y la discriminación por género

¿QUÉ SABEMOS RESPECTO AL GAP SALARIAL POR GÉNERO EN ESPAÑA?

COMPRENDIENDO LA REALIDAD: LA BRECHA SALARIAL POR GÉNERO EN ESPAÑA EN EL PERIODO DE RECESIÓN

LOS FUNDAMENTOS DEL GAP SALARIAL POR GÉNERO DURANTE LA CRISIS

EL TECHO DE CRISTAL EN LA CRISIS

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 3. Género y pobreza

INTRODUCCIÓN

LA RELACIÓN ENTRE GÉNERO Y POBREZA: FACTORES DETERMINANTES

POBREZA Y EXCLUSIÓN DEL EMPLEO POR GÉNERO DURANTE LA GRAN RECESIÓN

La evolución de la desigualdad y la pobreza y cambios en la organización familiar en España en los últimos años

La situación de las mujeres en la distribución de la renta en los últimos ocho años

Exclusión del empleo, pobreza extrema y género

CONCLUSIONES

Anexo

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 4. Resultados laborales y políticas de mercado de trabajo: mujeres y varones durante la Gran Recesión

INTRODUCCIÓN

MUJERES Y VARONES EN EL MERCADO DE TRABAJO: EL IMPACTO DE LA GRAN RECESIÓN

Tasas de paro y tasas de empleo

Flujos de altas y bajas

Tasas de empleo de nativos e inmigrantes por sexo y grupos de edad

POLÍTICAS DE MERCADO DE TRABAJO POR GÉNERO: UNA PERSPECTIVA AGREGADA

CONCLUSIONES

Anexo

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 5. El déficit de cuidado ante la crisis

EL CUIDADO COMO NECESIDAD

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

EL TRABAJO REMUNERADO COMO NORMALIDAD

ESTRATEGIAS ENTRE DOS MUNDOS

EL ESTADO: UN RECURSO DUDOSO

LA CRISIS, LAS MUJERES Y EL CUIDADO

RECORTANDO BAJO LA CRISIS

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 6. El poder económico y empresarial de las mujeres durante la crisis

INTRODUCCIÓN

ESTADO DE LA CUESTIÓN

MARCO INSTITUCIONAL Y REGULATORIO

LAS MUJERES EN PUESTOS DE PODER EN ESPAÑA DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA

CONTEXTO EUROPEO: SITUACIÓN Y OBJETIVOS

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

Notas

Feminismos

Consejo asesor:

Paloma Alcalá: Profesora de enseñanza media

Ester Barberá: Universitat de València

Cecilia Castaño: Universidad Complutense de Madrid

M.ª Ángeles Durán: CSIC

Ana de Miguel: Universidad Rey Juan Carlos

Alicia Miyares: Profesora de enseñanza media

Isabel Morant Deusa: Universitat de València

Mary Nash: Universitat de Barcelona

Verónica Perales: Universidad de Murcia

Concha Roldán: CSIC

Verena Stolcke: Universitat Autònoma de Barcelona

Amelia Varcárcel: UNED

Dirección y coordinación: Alicia Puleo, Universidad de Valladolid

Introducción

CECILIA CASTAÑO COLLADO[1]

AVANCES Y RETROCESOS EN LA IGUALDAD DE GÉNERO

La crisis económica actual, la Gran Recesión, constituye un reto para la igualdad de género en España y en la Unión Europea. Los avances en la posición de las mujeres en empleo, salarios, disponibilidad de servicios públicos de cuidados y acceso al poder económico y empresarial han quedado en suspenso. El estancamiento, incluso retroceso, en la posición de las mujeres no responde a una única causa. El progreso de las últimas décadas se había sustentado en políticas públicas de igualdad de género, pero también en el desarrollo del Estado de Bienestar. Hoy, dichas políticas están en cuestión, si no en clara regresión, subordinadas a otras políticas, las de consolidación fiscal. Estas últimas se basan no solo en austeridad y recortes del gasto público coyunturales —reducción o congelación de salarios de los empleados públicos y de las pensiones públicas hasta que se supere la crisis— sino en una reducción estructural del tamaño del sector público y de la oferta de servicios públicos básicos de educación, salud y asistencia social, que son esenciales para la participación laboral femenina, y además constituyen una fuente de empleo para las mujeres.

Cuando observamos la evolución de la situación de la igualdad/desigualdad de género en España en el transcurso de la crisis económica actual, el retroceso de nuestro país en comparación con los más avanzados es evidente. Según el último ranking sobre brecha global de género —Global Gender Gap (GGG)[2]— correspondiente a 2013, España ocupa el puesto número 30, y ha descendido 19 puestos desde 2006, primer año de elaboración del índice y año previo al desencadenamiento de la crisis económica, en que estaba en la posición 11. En el último año, retrocedió seis puestos (en 2012 ocupaba el puesto 26). A pesar del empeoramiento, España obtiene buenos resultados de forma sostenida en educación y salud (la posición de las mujeres en media con respecto a los hombres es de 0,90 por 100), lo que indica el esfuerzo que estas realizan por mejorar su capital humano. Por el contrario, en participación y oportunidades económicas, las diferencias con los hombres son bastante considerables (0,65 por 100), particularmente en brecha salarial y de ingresos (0,53 por 100), así como en participación laboral (0,80 por 100). El empoderamiento político femenino ha empeorado considerablemente en nuestro país, que ha descendido desde el puesto número 5 en 2006 al puesto número 27 en 2013. Los primeros países del ranking, que mantienen su posición desde el primer año de su elaboración, son los nórdicos (Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia). España ha pasado de estar por delante de países como Alemania, Austria, Bélgica o los Estados Unidos a estar por detrás de ellos.

Los análisis de la situación de la desigualdad y de las políticas de igualdad de género de la Unión Europea que se han llevado a cabo en los últimos años ponen de manifiesto que, tras el impulso de la Declaración de Beijing en 1995 y la adopción de la transversalidad de género, el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres ha ido perdiendo fuerza (Karamessini y Rubery, 2014a; Smith y Villa, 2014). Esta creciente fragilidad del compromiso con la igualdad de género no es ajena a los esfuerzos y presiones para justificar la necesidad de las políticas de igualdad no tanto en términos de justicia social sino más bien en términos de eficiencia económica, es decir, sustentar este compromiso en el Business Case for Gender Equality y en el Economic Case for Gender Equality. Tras la irrupción de la recesión, las políticas que se han puesto en práctica para abordarla, tanto las de carácter contracíclico de estímulo económico en 2008 como las de ajuste y consolidación fiscal que se pusieron en marcha desde 2010, son completamente ciegas al género. Esto significa que no se ha considerado si sus efectos favorecen a los hombres y perjudican a las mujeres o viceversa; tampoco se han diseñado medidas para superar la crisis que preserven los avances alcanzados en la igualdad de género. Lo peor es que en muchos países —entre ellos notablemente España— ha habido un retroceso de la igualdad en términos políticos e institucionales.

Ya hace siete años desde que se desencadenó esta crisis y en estos momentos no está muy claro cuándo y cómo será la salida, debido a que la ralentización del crecimiento que están experimentando algunos de los grandes países de la zona euro ensombrece las expectativas económicas. En todo caso, y desde el punto de vista de la igualdad de género, persisten varios interrogantes. ¿Se conseguirá finalmente imponer este cambio de prioridades, más propio de una agenda neoliberal clásica de reducción de lo público que de una estrategia propiamente orientada a la superación de la crisis? Un elemento de la visión neoliberal que afecta especialmente a las mujeres es que, en su sacralización de lo privado, tanto la decisión de trabajar por parte de las mujeres como la conciliación trabajo-familia son considerados problemas a resolver en el ámbito familiar —cuidadores familiares o de mercado— y no en el público —provisión de servicios públicos—, aunque ello implique posponer o cancelar los objetivos hasta ahora perseguidos de incorporación efectiva de las mujeres al empleo y al crecimiento económico (tasa de empleo femenina del 75 por 100). En todo caso, la vuelta de las mujeres al hogar y su retirada de la actividad productiva ¿contribuiría a reducir las abultadas cifras de paro? ¿Permitirían reducir el gasto social dirigido a las familias, siempre que esas tareas fueran realizadas de forma gratuita por las mujeres? ¿Cómo reaccionarán las mujeres ante este cambio de prioridades en la agenda de las políticas públicas? ¿Renunciarán a los avances que han conseguido con tanto esfuerzo para volver al hogar y producir allí los bienes y servicios que sus familias requieren?

UNA REFERENCIA AL ORIGEN Y DESARROLLO DE LA GRAN RECESIÓN

La larga, intensa y compleja crisis económica actual se desencadenó en los Estados Unidos en 2007 con la explosión de la burbuja de las hipotecas basura —de alto riesgo de impago. La posterior quiebra de Lehman Brothers en 2008 y el subsiguiente colapso del sistema financiero mundial provocaron una enorme sequía de crédito y una recesión, con efectos inmediatos de destrucción de empleo.

El origen de esta crisis, sin embargo, no está en los hechos mencionados, sino en las bases del modelo económico sobre las que se sustentó la bonanza anterior. Por una parte, la desregulación del sistema financiero mundial —para facilitar los movimientos de capital que requiere la creciente globalización de la actividad económica— y por otra la abundancia de crédito puesta en marcha desde 2001 para superar la explosión de la burbuja de las tecnológicas (.com). La ausencia de regulaciones bancarias y financieras estrictas facilitaba la emisión de activos tóxicos, en gran parte basados en hipotecas y otros créditos de alto riesgo, que, en forma de derivados financieros, inundaron los mercados internacionales, las carteras de los bancos, de las empresas y de las familias. La burbuja inmobiliaria, por otra parte, era alimentada por un incremento del endeudamiento familiar —y de las empresas— que no se sustentaba en el crecimiento de sus ingresos, sino en la abundancia y bajo coste del crédito. Las optimistas expectativas respecto al valor de sus viviendas —o de sus activos financieros e inmobiliarios, en el caso de las empresas— favorecían el crédito al consumo y las inversiones en activos inmobiliarios.

Como argumenta Stiglitz (2010), una de las razones de los desequilibrios reales en el origen de la crisis está en que muchos hogares estaban experimentando una caída de rentas —porque los salarios no crecían tanto como la productividad— pero fueron estimulados a aumentar su consumo por la vía del endeudamiento con crédito barato. Esta caída de ingresos de los hogares tenía su fundamento en el cambio de las ventajas competitivas dinámicas en favor de China y otros países asiáticos y emergentes, con efectos globales y estructurales a largo plazo sobre el empleo y los salarios en Estados Unidos y en los países europeos. La explosión de las burbujas inmobiliarias y la crisis financiera determinaron una notable pérdida de valor de los activos financieros e inmobiliarios en manos de los bancos, los inversores y las familias. Esta pérdida de riqueza financiera, unida a la escasez extrema de crédito, afectó considerablemente al consumo.

Esta primera etapa de la crisis se abordó, por una parte, mediante rescates de los bancos financiados con fondos públicos y, por otra, con políticas contracíclicas de gasto público, orientadas a apoyar a los sectores más directamente afectados —obras públicas para la construcción; subvenciones a la industria en general y en particular a la del automóvil en los Estados Unidos—, y la economía pareció recuperarse a finales de 2009.

El principal rasgo distintivo de esta crisis es, sin embargo, su intensidad, complejidad y duración, particularmente en la UE, en gran parte determinada por las políticas de austeridad puestas en práctica para hacer frente al problema de la deuda soberana, con el que se inicia en la Eurozona la segunda etapa de la crisis, mucho más recesiva y prolongada (Malo, 2014).

En un contexto de escasez y encarecimiento de fondos en los mercados internacionales, los déficits públicos y la deuda pública aumentaron en la Eurozona, por el efecto combinado de la reducción de los ingresos públicos —por la recesión— y el aumento de los gastos también públicos —en desempleo; pensiones por jubilaciones anticipadas; ayudas a sectores industriales y al automóvil. Lo anterior provocó en 2010 una segunda crisis, la crisis de la deuda soberana, más grave en los países más endeudados de la zona euro, Grecia, Portugal, Irlanda, España, algunos de ellos con grandes burbujas inmobiliarias (particularmente los dos últimos), que puso en cuestión la propia supervivencia del euro.

En la primavera de 2010, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional impusieron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, un compromiso con las políticas de austeridad por el que el déficit público no puede superar el 3 por 100 del PIB. A los rescates de entidades financieras siguieron, en la zona euro, los rescates de los países más endeudados, particularmente los periféricos y del sur de Europa, con enormes efectos de reducción del consumo privado y público. En España, en 2012, se negoció un paquete de rescate bancario de 100 000 millones de euros, cuya digestión está contribuyendo a alimentar incertidumbres respecto a la estabilidad macroeconómica de nuestro país.

Más allá de los problemas financieros, de déficit y deuda, una de las características de esta crisis que la diferencia de otras anteriores, en las que la industria y la construcción fueron los sectores más claramente afectados, es su enorme impacto sobre los servicios y en consecuencia sobre el empleo de los servicios. La considerable reducción del consumo privado y público ha afectado a los sectores de finanzas, hostelería, comercio y, de manera muy clara, a todo el sector público, con importante presencia de empleo femenino, mayoritario en algunos de ellos.

La aplicación de políticas coordinadas de austeridad en la Eurozona, basadas en los llamados ajustes estructurales —reducción del tamaño del sector público—, se añadió a la sequía del crédito —a pesar de los rescates de las entidades financieras con fondos públicos— y provocó la permanencia de la recesión durante 2012 y 2013, elevando las tasas de desempleo a niveles muy superiores a los de 2008 y 2009.

Toda política de austeridad tiene como objetivo principal la reducción del déficit presupuestario por las dos únicas vías posibles, aumento de ingresos —vía impuestos— y reducción de gastos, hasta alcanzar el ajuste o consolidación fiscal. En el caso de la Eurozona, sin embargo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional han exigido a los países más afectados reformas estructurales orientadas a la flexibilización de los mercados de trabajo nacionales, así como la privatización de servicios y empresas públicos, en una auténtica aplicación de la agenda neoliberal de reducción de lo público como estrategia para salir de la crisis. Se trata no solo de recortes temporales del gasto público —congelación de salarios, pensiones y gasto social— sino de reducción de empleos públicos y recorte de servicios públicos y sociales en general —educación; salud; cuidados y asistencia social (Gálvez Muñoz y Rodríguez Madroño, 2011; Malo, 2014).

La austeridad, así entendida, afecta especialmente a las mujeres por dos vías que están relacionadas entre sí: primero, porque implica reducción del empleo público —mayoritariamente femenino— y deterioro de sus salarios y condiciones de trabajo; segundo, porque reduce la disponibilidad de una oferta suficiente de servicios públicos y sociales de cuidados —baja parental; cuidado de niños; cuidado de mayores; servicios sociales— que es imprescindible para facilitar la conciliación familia/trabajo.

LOS EFECTOS DIFERENTES DE LA RECESIÓN Y LA AUSTERIDAD SOBRE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES

A la hora de analizar si la recesión y la austeridad afectan más a las mujeres o a los hombres, se ha de destacar, en primer lugar, que las pérdidas de empleo, salarios, pensiones y servicios públicos las sufre la mayoría de la población de uno y otro sexo. Es evidente, sin embargo, que los afecta de manera distinta y con temporalizaciones diferentes. Considerando la división del trabajo por sexo y los roles sociales diferentes asignados a mujeres y hombres, a largo plazo las políticas de austeridad tienen efectos especialmente negativos sobre las condiciones de participación laboral de las mujeres.

El desencadenamiento de la crisis provocó, inicialmente, caídas de empleo absoluto mayoritariamente masculino en la construcción —mayores en función del tamaño de la burbuja inmobiliaria en cada país— y en la industria, pero también afectó al empleo femenino. En los Estados Unidos se consideraba que el problema más grave era el desempleo masculino y se llegó a utilizar el término Mancession para relacionar el aumento del paro en la industria con la segregación del empleo por sectores: el paro masculino crecía debido al aumento del comercio internacional de productos industriales y a las innovaciones tecnológicas sustitutivas de mano de obra en las industrias (Folbre, 2010). Sin embargo el desempleo femenino, que ya era más elevado que el masculino antes de la crisis, creció más que este. En la Eurozona, la situación de las mujeres se agravó porque las políticas de austeridad y reducción de servicios públicos no han considerado sus efectos negativos sobre la igualdad de género (Walby, 2009; Smith y Villa, 2014).

Desde el ámbito de la investigación de género y feminista se han analizado los efectos de la recesión y de las políticas de austeridad en la Unión Europea (Bettio et al., 2013; Karamessini y Rubery [eds.], 2014a; Smith y Villa, 2014) y se han realizado contribuciones que nos ayudan a comprender lo que está ocurriendo desde distintas perspectivas:

En primer lugar, se han aportado evidencias empíricas que permiten aclarar las diferencias entre los comportamientos de la oferta y la demanda de trabajo femenino y masculino a lo largo de la crisis, así como la evolución e interpretación de las brechas de género.

La evidencia empírica sugiere, además, que es necesario revisar los marcos teóricos para el análisis e interpretación de los comportamientos de mujeres y hombres en el mercado de trabajo.

Se ha analizado la ausencia de los principios de la transversalidad de género en las políticas puestas en marcha —primero de estímulo y después de austeridad— para hacer frente a la recesión.

Por último, la cuestión clave —el gran interrogante a dilucidar— es en qué medida los efectos de las políticas de austeridad están suponiendo en muchos países un retroceso, incluso un punto de no retorno, en los avances conseguidos hacia la igualdad de género.

Los distintos análisis realizados coinciden en la existencia de ciertas pautas comunes a todos los países de la UE, aunque también hay diversidad de situaciones por países (Karamessini y Rubery [eds.], 2014a; Périvier, 2014; Smith y Villa, 2014; Villa y Smith, 2010; 2011; 2012; Bettio et al., 2013; Bettio y Verashchagina, 2014), con marcada divergencia entre los países del sur y periféricos, más afectados por la reducción del empleo y el aumento del desempleo, y los del norte y centro de Europa, que han mostrado más capacidad de adaptación para hacer frente y recuperarse de la crisis. Pero si a corto plazo la crisis se mostraba como una he-cession, a largo plazo los efectos de las políticas de consolidación fiscal y reformas estructurales pueden llevar a una she-austerity con graves consecuencias para la igualdad de género (Rubery, 2014).

LOS CAMBIOS EN LA OFERTA Y LA DEMANDA DE TRABAJO POR SEXO DURANTE LA GRAN RECESIÓN

Así como las recesiones afectan de manera diferente a mujeres y hombres, debido a que la distribución del empleo por sectores y ocupaciones no es equitativa por sexo —lo que llamamos segregación horizontal y ocupacional—, las respuestas de unas y otros ante los efectos de la crisis también son distintas. A pesar de la pervivencia de los roles de género tradicionales, las mujeres han cambiado sus perfiles, actitudes y comportamientos laborales en mayor medida que los hombres, en gran parte por influencia de sus niveles de estudios más elevados, así como por los nuevos roles que asumen como sustentadoras del hogar.

Para abordar esta cuestión contamos con los datos del último y reciente informe de la Comisión Europea sobre Progreso hacia la igualdad entre mujeres y hombres en 2013 (EC, 2014). Dicho informe confirma lo ya adelantado por otro anterior y exhaustivo informe de finales de 2012 (Report on the Impact of the Economic Crisis on the Situation of Women and Men and on Gender Equality Policies, Bettio et al., 2013)[3] acerca del impacto de la crisis económica y las políticas de igualdad de género sobre los comportamientos de la oferta y la demanda de trabajo femeninas y masculinas en el transcurso de la recesión —reducciones de empleo; aumentos del desempleo; cambios en la tasa de actividad de uno y otro sexo— y sus efectos sobre las brechas de género. Del contenido de ambos informes destacan algunos de los cambios en curso que se exponen a continuación:

Nivelación hacia abajo de las brechas de género: ¿se reduce la desigualdad?

Durante la crisis, uno de los efectos generalizados de la recesión ha sido la nivelación hacia abajo de las brechas de género en variables como empleo, desempleo, salarios y pobreza. Sin embargo, esta reducción no refleja progresos hacia la igualdad de género, sino que, por el contrario, se sustenta en tasas más bajas de empleo y más altas de desempleo, así como en salarios más bajos tanto para las mujeres como para los hombres, aunque este efecto no haya tenido lugar en todos los casos ni en todos los países. Aparecen también nuevas brechas laborales, a la vez que se consolidan algunas anteriores.

Tasas de actividad y empleo: ¿hacia la igualación?

Aunque la tasa de actividad femenina ha crecido durante los años de la crisis, aproximándose a la de los hombres, su tasa de empleo avanzaba mucho más rápidamente en los años anteriores a esta: entre 2000 y 2008 creció 4,5 puntos, por solo 2,5 puntos de la masculina; sin embargo, desde entonces se ha mantenido en torno al 63 por 100, 12 puntos por debajo del objetivo del 75 por 100, porcentaje en que se sitúa la tasa de empleo masculina. Si se hubiera mantenido la tendencia de crecimiento del empleo femenino anterior a la crisis, el objetivo del 75 por 100 se alcanzaría en 2021; si, por el contrario, se mantiene la tendencia actual, dicho objetivo no se alcanzará hasta el año 2038 (EC, 2014, pág. 5).

Por países, la diversidad de la tasa de empleo femenina es muy grande. Todavía nueve países están por debajo del 60 por 100 —entre ellos España—, mientras que solo Suecia se sitúa por encima del objetivo del 75 por 100. Además, hay países donde el empleo ya se ha recuperado y otros donde solo muy recientemente ha dejado de caer.

Una parte importante del crecimiento del empleo femenino, ya desde antes de la crisis, tiene lugar en empleos atípicos: temporales y con jornada a tiempo parcial no voluntaria que, en situaciones económicas contractivas, son siempre empleos más vulnerables y fáciles de eliminar. Aunque la crisis ha hecho aumentar la importancia de la jornada parcial hasta representar el 8,2 por 100 del empleo masculino, los hombres solo representan una cuarta parte de los part timers, mientras que en el caso de las mujeres la jornada parcial constituye casi un tercio de su empleo (32 por 100) y en algunos países se sitúa por encima del 40 por 100 (Alemania, Austria, Bélgica, Holanda), lo que siembra dudas acerca de la calidad del empleo creado para las mujeres.

La promoción del empleo a jornada parcial permite mantener a la mano de obra en el mercado laboral, a la vez que se limita el incremento de la cifra de parados, aunque el número de horas de trabajo y los salarios pagados se reduzcan. Esta forma contractual da lugar a la aparición de nuevas brechas laborales, ya que genera menos derechos a prestaciones de todo tipo, incluidas las bajas parentales y las percepciones de jubilación, por lo que constituye un eje central de las nuevas formas de segregación laboral por género y edad. Asimismo, si se comparara el empleo de mujeres y hombres en equivalencia a tiempo completo, la tasa de empleo femenina sería considerablemente más baja, y la brecha de género, mayor. Ello se proyecta, a su vez, sobre la cuantía de las prestaciones actuales (desempleo) y futuras (jubilación). La segregación de género en las oportunidades de empleo contribuye a crear dos grupos con condiciones distintas: los que reducen jornada de forma voluntaria pero se les paga por ello —hombres en sectores masculinizados, con reducción de jornada— y los part timers involuntarios que no han podido encontrar empleo a tiempo completo —en su mayoría mujeres y jóvenes. En España el empleo a tiempo parcial es mayoritariamente involuntario.

Algunos autores proponen estimar los efectos de la recesión económica sobre el empleo femenino considerando no solo el número de personas que perdieron su empleo sino también el crecimiento proyectado del empleo, es decir, aquellas personas que deberían haber encontrado un empleo pero no lo encuentran por el cambio de tendencia del crecimiento económico. Tendríamos así una nueva categoría para el análisis: foregone employment o empleos previstos pero volatilizados. Para el caso de España, Italia, Polonia y Eslovaquia se estima que, si se considera este efecto de empleos volatilizados, el impacto negativo de la recesión sobre el empleo femenino resultaría ser más del doble del ya contabilizado en los términos convencionales (Smith y Villa, 2014, págs. 93-97).

Las tasas de desempleo y los flujos del mercado de trabajo (paro, actividad, inactividad, empleo): ¿cambios en los roles laborales femeninos y masculinos?

Las tasas de desempleo de mujeres y hombres han alcanzado niveles históricamente altos en 2013 (tercer trimestre), particularmente en los países del sur de Europa (España, Italia, Grecia, Portugal). En los primeros años de la crisis, la segregación del empleo por sexo —concentración de las mujeres en empleos de servicios y públicos, y de los hombres en la industria y la construcción— protegió relativamente al empleo femenino, aunque las mujeres también perdieron muchos empleos en la industria. Sin embargo, en la segunda fase, caracterizada por las políticas de austeridad, aumentó más el desempleo en los servicios.

El elevado desempleo hace que muchos trabajadores en paro, desanimados, abandonen el mercado de trabajo. Por el contrario, otros trabajadores deciden precisamente en la crisis entrar o mantenerse en el empleo para compensar las pérdidas de rentas de sus hogares. A estos últimos se les considera trabajadores añadidos. En la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado, muchas mujeres se incorporaron al empleo al quedar el cabeza de familia en paro, pero al llegar la recuperación económica abandonaron el mercado de trabajo. En esta Gran Recesión, sin embargo, los datos muestran que el efecto desánimo es mayoritariamente masculino, mientras que el efecto añadido es claramente femenino y muy importante en los países del sur de Europa anteriormente mencionados. Por ejemplo, en España la participación laboral femenina ha aumentado 5,4 puntos entre 2008 y 2012, mientras que la masculina se redujo 1,1 puntos.

Actividad, empleo y disponibilidad de tiempo

Este aumento de la actividad laboral femenina ocurre a pesar de los desequilibrios de género en la disponibilidad de tiempo, ya que las mujeres europeas dedican una media semanal de 26 horas a actividades del hogar y de cuidados, comparadas con 9 horas de los hombres. La brecha de género en el trabajo no pagado se reduce muy lentamente; y ello se debe más a que las mujeres reducen sus horas de trabajo de cuidados que a que los hombres las aumenten. De seguir las tendencias actuales, se estima que serían necesarios 40 años para alcanzar la igualdad de género en este aspecto (EC, 2014, pág. 9).

Educación, brecha salarial, brecha de ingresos y pobreza

En la UE y sus países miembros, a pesar de que las mujeres realizan mayores inversiones en educación que los hombres, reciben en media un 16 por 100 menos de salario que ellos por hora de trabajo. La variabilidad entre países es muy grande. La brecha salarial se está reduciendo muy despacio, aunque la crisis aparentemente contribuye a su reducción, ya que los hombres también están experimentando caídas importantes de sus ingresos y las diferencias entre uno y otro sexo se acortan.

La brecha salarial, las jornadas laborales más cortas y la intermitencia de los contratos, tienen como consecuencia la persistencia de enormes brechas de género en las pensiones, que pueden alcanzar más de 45 puntos de diferencia en el caso de las mujeres con respecto a los hombres, reflejando la acumulación de desventajas a lo largo del curso de la vida de las mujeres (EC, 2014, pág. 21). El riesgo de pobreza y exclusión social ha aumentado tanto entre los hombres como entre las mujeres, particularmente en los hogares monoparentales.

Las brechas de género y el problema de la medición de la desigualdad

En los últimos 20 años han proliferado los índices de igualdad de género, que en su mayoría se basan en brechas de género calculadas como el porcentaje que representa el valor del dato correspondiente a las mujeres sobre el dato que corresponde a los hombres, que se toma como referencia. Antes de que la crisis nivelara hacia abajo las brechas de género en empleo, renta, pobreza y condiciones de trabajo, había amplio consenso en que las brechas captaban el grado de igualdad de género y que brechas más pequeñas indicaban progreso hacia la igualdad, mientras que por el contrario el aumento de las brechas mujeres/hombres implicaba retroceso y mayor desigualdad. Sin embargo, una de las cuestiones que han motivado cierta sorpresa en el transcurso de esta crisis es la comprobación de que las brechas de género en actividad, empleo y paro, rentas y pobreza, en unos casos aumentan, pero en otros se reducen. Ante los datos de reducción de las brechas de género, se puede caer en la tentación de interpretar que la crisis está teniendo un efecto positivo respecto a la superación de la desigualdad de género. Merece la pena, sin embargo, repensar la medición de la igualdad de género y relacionarla con la definición de objetivos de igualdad concretos.

Efectivamente, el problema es que las brechas no miden la distancia entre la posición de las mujeres y determinados objetivos de empleo en sentido absoluto, sino en relación con la posición de los hombres a nivel nacional. Para calibrar lo que implica la reducción de las brechas como resultado de la recesión basta con referirse, por ejemplo, a la tasa de empleo femenino, que ya antes de la crisis estaba muy lejos del objetivo del 75 por 100 para el año 2020. ¿Se puede considerar progreso de la igualdad que la brecha de género se haya reducido porque los hombres hayan retrocedido en tasa de empleo? Cuando se utilizan medidas relativas mujeres/hombres para comparaciones temporales, y se considera que el valor masculino es la referencia, los resultados pueden ser paradójicos, porque las brechas se reducen no solo porque mejore la situación de las mujeres sino porque empeore la de los hombres. Por ello, lo más lógico sería medir los avances hacia la igualdad de género en relación, por ejemplo, con el objetivo fijo de tasa de empleo femenino de 75 por 100 establecido por la Comisión Europea (Bettio y Verashchagina, 2014; Plantenga et al., 2012).

CAMBIOS EN LOS COMPORTAMIENTOS LABORALES DE MUJERES Y HOMBRES Y NECESIDAD DE REVISAR LOS MARCOS DE ANÁLISIS

La situación de las mujeres en el mercado de trabajo es diferente a la de los hombres no solo porque unas y otros se concentran en distintos sectores, ocupaciones y jerarquías laborales —segregación horizontal y vertical—, sino también por la mayor vulnerabilidad del empleo femenino —mayor incidencia de empleos temporales, a tiempo parcial, empleos informales y salarios más bajos. Por ello las recesiones económicas y los procesos de reestructuración también se manifiestan con efectos distintos por sexo. A su vez, mujeres y hombres no necesariamente reaccionan con comportamientos similares ante los efectos de la crisis, y ello se debe precisamente a que sus condiciones laborales y familiares también son distintas.

En una investigación internacional de carácter comparativo publicada originalmente en 1988 y en España cinco años después (Rubery, 1993) se contrastaban tres hipótesis alternativas sobre el impacto de las recesiones sobre las mujeres:

>La hipótesis amortiguadora, según la cual las mujeres, por su posición más vulnerable en el mercado de trabajo, constituyen una reserva flexible de mano de obra que se contrata en periodos de auge y se despide en las recesiones. Esta hipótesis, de participación laboral de las mujeres baja e intermitente, relacionada tanto con la teoría del capital humano como con las del mercado dual de trabajo, subraya el carácter procíclico del comportamiento del empleo femenino. Las dotaciones de capital humano más bajo y la ausencia de formación específica reducirían los incentivos de las mujeres y de las empresas para mantener el empleo femenino en situaciones de crisis. Su concentración en el segmento secundario del mercado de trabajo operaría en el mismo sentido.

La hipótesis de la segregación ocupacional por sexo, según la cual la demanda de trabajo femenino dependería del comportamiento de la demanda en los sectores dominados por las mujeres, y por tanto estaría más relacionada con el cambio estructural que con los factores cíclicos. En anteriores recesiones —que afectaron sobre todo a la industria— la segregación y segmentación del mercado de trabajo podría haber tenido un efecto protector sobre las mujeres, concentradas en empleos de servicios y empleos públicos.

La hipótesis de la sustitución predecía, por el contrario, un comportamiento contracíclico del empleo de las mujeres, ya que, conforme la recesión se hiciera más intensa, las empresas tratarían de reducir costes contratando trabajadores más baratos, como son las mujeres. Ello podría verse estimulado también si las mujeres aumentan su participación laboral en situaciones de crisis como estrategia de los hogares ante la reducción de ingresos por el aumento del desempleo masculino (efecto trabajador añadido).

El análisis de las experiencias de recesiones anteriores concluía que las tres hipótesis pueden ser compatibles, considerando las condiciones específicas de cada país, sector y colectivo de mujeres. La segregación ocupacional sería típica de empresas pequeñas y empleos inestables y legalmente menos protegidos. Sin embargo más adelante, si la recesión permanece, las empresas recurrirían a la sustitución de trabajadores estables por otros menos estables y peor pagados. La hipótesis amortiguadora y la de la sustitución se refieren a los flujos del mercado de trabajo, mientras que la de la segregación se refiere a cambios estructurales a largo plazo, que conviven con los flujos (Gálvez Muñoz y Rodríguez Madroño, 2011; Rubery, 1993; Rubery, Smith y Fagan, 1999; Humphries, 1988). En todo caso, se reconocía el importante papel del Estado apoyando el empleo femenino con políticas públicas.

Un artículo reciente de Rubery y Rafferty («Women and Recession Revisited», 2013) vuelve sobre esta cuestión para constatar que en esta crisis la evidencia empírica para el Reino Unido muestra que las mujeres ya no cumplen el papel de amortiguador que se incorpora o retira en función de la expansión-contracción de la demanda. En otros trabajos (Bettio et al., 2013) se constata esta misma pauta de comportamiento para la mayoría de los países europeos, en los que muchas mujeres, y particularmente las casadas y/o con responsabilidades familiares, se han incorporado al mercado de trabajo en plena recesión —y responderían por tanto al tipo de trabajadores añadidos—, mientras que algunos grupos de hombres desempleados se han refugiado en la inactividad —tendrían, pues, un comportamiento de trabajadores desanimados. Como destacan Bettio y Verashchagina (2014), en esta crisis el papel de amortiguador lo están desempeñando y sufriendo los trabajadores jóvenes de uno y otro sexo.

Ante la evidencia de que, a pesar de la destrucción generalizada de empleo, la participación laboral femenina está aumentando, mientras que la masculina se reduce, parece necesario revisar los marcos de interpretación de los comportamientos laborales de mujeres y hombres, incorporando elementos del contexto de cada país, como el régimen familiar y de género —la división del trabajo por género; la cultura de género, y la dimensión de género del Estado de Bienestar—, así como los cambios en las regulaciones del mercado de trabajo. Estos elementos no solo nos permiten entender los efectos a medio y largo plazo de la recesión y la austeridad sobre la igualdad de género, sino que a su vez explican los cambios en los comportamientos de las mujeres en respuesta a la crisis y a las políticas de ajuste. Los comportamientos han cambiado como consecuencia de la nueva interacción entre tres elementos clave: la segregación ocupacional por género industria/servicios; el cambio en el papel de los ingresos de las mujeres respecto a la familia, y los cambios en el sistema de bienestar.

Para entender la configuración, solidez y evolución de las relaciones de género en el contexto específico de cada país recurrimos al concepto de régimen de género, acuñado por Pfau-Effinger (1998; 2010), que relaciona los procesos de integración o exclusión de las mujeres en la economía productiva, las regulaciones del mercado de trabajo, los modelos de familia y el sistema de relaciones de género.

Entre las diferentes categorías de regímenes de género, destaca el modelo nórdico y escandinavo, que considera a las mujeres como trabajadoras de forma inequívoca y apoya relaciones de género más igualitarias mediante la provisión de servicios públicos de cuidados. Su contrapunto es el modelo del Sur de Europa, de sistema familiar fuerte en la provisión de cuidados y marco laboral muy regulado, con baja participación femenina en el empleo. El modelo anglosajón, de carácter neoliberal, se sustenta en el empleo remunerado de las mujeres, tanto full time —caso de los Estados Unidos— como part time —caso de Reino Unido—, y servicios de cuidados de mercado. En los países del este de Europa existe un legado común de alta participación femenina, pero en la actualidad diferentes formas ideológico-religiosas afectan a las actitudes de las mujeres hacia el trabajo.

Desde los años noventa, sin embargo, los diferentes regímenes de género preexistentes en los distintos países europeos habían ido convergiendo hacia una integración más estable y duradera de las mujeres en el empleo remunerado, facilitada por sus niveles educativos más elevados. Ello ha ocurrido en paralelo con un alejamiento claro del modelo familiar de sustentador o proveedor único masculino (male breadwinner) y un acercamiento progresivo hacia modelos familiares de doble trabajo y doble renta (double earner) e incluso de sustentador único femenino (female breadwinner). Este proceso ha sido estimulado y apoyado por el sistema público de bienestar mediante un proceso de desfamilización de las tareas de cuidados, con la ampliación de las bajas maternales y la extensión a los padres de las bajas parentales, el aumento de la oferta de servicios públicos de cuidado de niños y de mayores y las ayudas a la dependencia. Todo lo anterior se manifestó en cambios importantes en las pautas de formación de familias —menor fecundidad; más hijos fuera del matrimonio— y, sin duda, indujo un cambio en las aspiraciones de las mujeres respecto a su relación con el trabajo y su papel en la familia, poniendo en cuestión los roles de género tradicionales incluso en países, como España, donde el modelo de sustentador único masculino estaba todavía muy extendido.

En todo caso, esta mayor integración laboral de las mujeres incorpora también nuevas facetas de la vulnerabilidad femenina en el mercado de trabajo, ya que se ha llevado a cabo a costa de su mayor concentración —respecto a los hombres— en empleos temporales, a tiempo parcial, en autoempleo —en muchos casos no remunerado en negocios familiares— y en empleo informal, especialmente en los países del sur de Europa (Karamessini y Rubery, 2014b). También se ha reforzado la segregación sectorial y ocupacional de las mujeres por su concentración en el sector público, particularmente las mujeres con niveles educativos más elevados (Bettio y Verashchagina, 2009).

La cuestión clave es si las mujeres son una reserva laboral voluntaria o involuntaria, es decir, en qué medida las mujeres pueden ser actores económicos autónomos o se ven, por el contrario, limitadas al papel de amortiguadores. Estamos ante un proceso de cambios drásticos, porque las mujeres aceptan mucho peor que antes los roles tradicionales de género. Este cambio es más notable por menos esperado entre las mujeres jóvenes y particularmente las de niveles de estudios más bajos (Karamessini y Rubery, 2014b). La incógnita es si los cambios en las actitudes y comportamientos femeninos son lo suficientemente profundos como para no verse afectados por las nuevas políticas de reducción del gasto público, particularmente en países como España o Italia, donde conviven ideologías igualitarias con otras más conservadoras respecto al papel de la mujer. La persistencia y severidad de la crisis y de las políticas de austeridad puestas en práctica nos pueden llevar a un punto de no retorno para las relaciones de género, el empleo y el sistema de bienestar (Rubery, 2014).

LAS RESPUESTAS POLÍTICAS A LA CRISIS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO

En el periodo de auge anterior a la crisis, las políticas europeas y nacionales de igualdad de género y de apoyo público al empleo femenino buscaron justificación más allá de los argumentos de equidad, recurriendo a los argumentos de eficiencia. De esta manera se construyeron el business case for gender equality: la igualdad de género contribuye a que las empresas retengan el talento y la creatividad femeninos y por esta vía mejoren sus resultados y competitividad (Catalyst, 2007; McKinsey, 2010), así como el economic case for gender equality: las políticas que favorecen el aumento de la oferta laboral y del empleo femenino constituyen una de las principales vías para contrarrestar el envejecimiento de la población europea (Smith y Bettio, 2008).

Tras la irrupción de la crisis, sin embargo, a pesar del compromiso con la transversalidad de género activo desde 1996 y formalizado en el Tratado de Ámsterdam de 1997, así como del compromiso de incrementar las tasas de empleo femeninas, que era un «mantra» de las políticas de empleo europeas y nacionales, la igualdad de género y el empleo femenino se han vuelto invisibles. El planteamiento de las políticas ha cambiado, y si antes, en una Europa envejecida, el objetivo prioritario era incrementar la oferta de mano de obra incorporando más mujeres al mercado de trabajo, hoy solo se pretende generar más empleos, sin muchos miramientos respecto a la calidad de los mismos, para taponar el acuciante problema del desempleo (Villa y Smith, 2014).

Las políticas de los gobiernos europeos se han movido entre dos opciones: abandonar la prioridad del apoyo a las mujeres trabajadoras —eliminando o reduciendo bajas parentales y servicios públicos de cuidados— en un vano intento de recuperar el papel de la mujer como ejército de reserva laboral o, por el contrario, reforzar las políticas de apoyo a las mujeres y a la igualdad de género, considerando que mantener e incrementar la participación laboral femenina es esencial para el crecimiento económico y la competitividad.

Todos los análisis realizados muestran las grandes divergencias que existen entre el sur y la periferia europea —con las políticas de ajuste y consolidación fiscal más severas, y también las mayores caídas del empleo— y los países del norte y algunos del centro de Europa, que han mantenido las políticas de igualdad y han resistido mejor la crisis del empleo. Incluso entre los países más afectados por la recesión, las diferencias son importantes. Las reducciones de empleos y servicios públicos, por ejemplo, han sido mucho menores en Islandia o Irlanda que en España, Grecia o Reino Unido (Bettio y Verashchagina, 2014; Smith y Villa, 2014; Karamessini y Rubery [eds.], 2014a).

El Grupo Europeo de Expertos sobre Género y Empleo (EGGE) de la Unidad de Igualdad de la Comisión Europea, dirigido por Villa y Smith e integrado por expertas de todos los países europeos, ha llevado a cabo un detallado escrutinio del impacto de género de las políticas de mercado de trabajo (Villa y Smith, 2010; 2011; 2012). Se analizó una muestra de 1400 medidas de empleo que se identificaban a nivel nacional como medidas contra la crisis y que cubrían el periodo 2008-2011. Todas las medidas consideradas tenían efectos de género, ya que afectaban a las posiciones respectivas de mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Los resultados de este análisis son bastante preocupantes:

De las políticas y medidas de empleo, solamente entre el 16 y el 23 por 100 realizaban una adecuada aplicación de la transversalidad de género; el 17-22 por 100 solo realizaban una aplicación parcialmente adecuada, y el 60 por 100 no la realizaba en absoluto.

De las medidas específicas anticrisis, prácticamente el 80 por 100 no consideraban aspectos de género; el 9-12 por 100 los consideraban parcialmente, y solo el 3-9 por 100 lo hacían adecuadamente.

En los Programas Nacionales de Reformas de 2011, solo un 10 por 100 de las iniciativas políticas anunciadas o puestas en marcha tenían en cuenta el impacto de género.

Desde el punto de vista de las razones por las que se ha excluido a las mujeres y no se ha considerado la transversalidad de género en el diseño de las políticas, Smith y Villa (2014) clasifican los distintos tipos de medidas en la forma que se expone a continuación, y de esta clasificación recogemos con especial atención lo sucedido en España.

En primer lugar, medidas anticrisis de las que las mujeres se han visto excluidas como consecuencia de la segregación sectorial del empleo:

Medidas de impulso de la demanda y exenciones de impuestos para sectores masculinizados. En España, por ejemplo, el Fondo para el Desarrollo Local, que consistía, al igual que en otros países, como Dinamarca, Estonia, Finlandia, Portugal o Suecia, en medidas orientadas al impulso del sector de la construcción, mayoritariamente masculino.

Medidas de reducción del tiempo de trabajo financiadas por el sistema de la seguridad social, para sectores industriales masculinizados en crisis (en Alemania y en España el 80 por 100 de los beneficiarios de estas medidas eran hombres).

En segundo lugar, políticas anticrisis que partían de la hipótesis amortiguadora y no veían con malos ojos la oportunidad de la vuelta de las mujeres de nuevo al hogar:

En España, la reforma laboral de 2012 eliminó la reducción de cotizaciones por contratación de mujeres y hace más difícil la posibilidad de conciliación empleo-familia al limitar la capacidad de las trabajadoras para negociar la reducción de jornada por cuidado de hijos; reduce los derechos por lactancia materna y elimina los incentivos por la reincorporación de mujeres tras un periodo de baja por cuidado de hijos.

Reducción de los beneficios por bajas parentales en general y reducción de las bajas maternales; eliminación o suspensión de las bajas paternales en muchos países. En España no se llevó a cabo la ampliación del tiempo de baja paternal que estaba prevista.

Promoción de empleos flexibles —temporales, a tiempo parcial y autoempleo— para mujeres. En España, por ejemplo, permitiendo alargar la jornada parcial sin cambiar el tipo de contrato.

En tercer lugar, medidas que perjudican directamente a la incorporación laboral de las mujeres, tanto por los recortes de empleos públicos como por los recortes de la oferta de gastos y servicios sociales que dificultan la conciliación trabajo-familia y afectan a la integración laboral de las mujeres, como las siguientes:

Reducciones del empleo y los salarios femeninos, entre las que destacan los recortes de salarios a funcionarios en España y la congelación de las pensiones y de la oferta de empleos públicos en general y particularmente en salud, educación y asistencia social.

En España, la suspensión en 2012 de la aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia de 2006, con reducción de recursos y beneficiarios en un 14 por 100; paralización del reconocimiento de derechos y elevación de los niveles de dependencia requeridos para obtener la prestación, así como eliminación de los subsidios a la asistencia en el hogar por cuidadores profesionales.

También en España es notable la reducción del esfuerzo público en educación infantil con la eliminación del Programa Educa3, orientado a la escolarización de todos los niños desde la edad de 3 años, y la reducción de los gastos públicos en educación en el 31 por 100 en 2013 —cierre de escuelas rurales; eliminación de becas de comedor y transporte escolar (Marea Violeta, 2012).

Por último, entre las medidas de recorte directo de las políticas de igualdad, destacan las siguientes:

Reducción de presupuestos para organismos de igualdad. En España, las organizaciones feministas estiman una reducción de recursos para políticas de género del 24 por 100 en 2013 (Marea Violeta, 2012), y lo mismo ocurre en otros países afectados por los recortes, como Irlanda, Grecia, Rumanía, Holanda, República Checa y Reino Unido —por ejemplo, reducción de dos tercios del presupuesto de la Comisión de Igualdad en Reino Unido (Rubery y Rafferty, 2013).

Eliminación de organismos de igualdad de género. En España, supresión en 2010 del Ministerio de Igualdad, que había sido creado en 2008; paralización de proyectos de leyes regionales de igualdad en Galicia, Cataluña y Cantabria; paralización del Proyecto de Ley de Igualdad de Trato y contra la Discriminación, que pretendía la aplicación en nuestro país de varias directivas de la Unión Europea que han quedado ahora en suspenso.

Como valoran Smith y Villa en su artículo «The Long Tail of the Great Recession: Foregone Employment and Foregone Policies» (2014), la larga cola de la recesión implica que no solo se pierden empleos femeninos que estaba previsto que se creasen sino que se han perdido también muchas políticas de igualdad. El mensaje es claro: en tiempos de crisis, estas políticas se consideran un lujo y una distracción; volvemos al modelo de política social inspirado en el hombre como sustentador único (Rubery, 2014).

LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD SOBRE EL RÉGIMEN DE GÉNERO

El análisis del impacto de la recesión y las políticas de consolidación fiscal sobre la situación de las mujeres y la igualdad de género no es algo cerrado ni se puede considerar definitivo, ya que muchos de los efectos de la austeridad y las reformas estructurales sobre el mercado de trabajo, sobre las políticas sociales y sobre el régimen de género todavía están por llegar. La austeridad ha servido como excusa para reducir la protección del empleo y también los salarios para hombres y mujeres, en una tendencia a largo plazo de mercados de trabajo más flexibles y menos regulados. También ha servido como justificación para reducir el gasto en prestaciones sociales y de cuidados. Por último, ha difuminado, cuando no eliminado completamente, el compromiso con la igualdad de género.

En un reciente estudio comparativo sobre lo ocurrido en los ocho países europeos más afectados por la crisis —Reino Unido, Irlanda, Islandia, España, Italia, Portugal, Grecia y Hungría— más los Estados Unidos, Rubery (2014) sintetiza varios de los efectos a medio y largo plazo de las políticas neoliberales aplicadas en países como Reino Unido y España, en los términos siguientes:

Un efecto de desplazamiento, por el que la relación de empleo normal (standard employment relation) estable, a tiempo completo, con un horario y una remuneración razonables, ya no es la institución de empleo dominante; por el contrario, se generaliza el empleo irregular, inestable, precarizado, en una sucesión de contratos puntuales, con salarios bajos y jornadas parciales, en horas de trabajo asociales y para las que no se retribuye el tiempo extra. También con la excusa de la recesión y la austeridad se generalizan las infracciones de los derechos sociales y laborales de las mujeres y la discriminación por ser mujeres o por ser madres, llegándose incluso a poner en cuestión los derechos laborales de las mujeres embarazadas.

Un efecto de conversión, cuando la referencia de las condiciones de trabajo deseables deja de ser el sector público —cuyas condiciones se consideran «privilegiadas» en la coyuntura actual— mientras que las condiciones laborales del sector privado se convierten en el punto de referencia, en la norma para todos. Este enfoque neoliberal entiende que el objetivo de la flexibilización y desregulación del mercado de trabajo es «reducir los privilegios» de los empleados públicos y de los trabajadores con contratos estables, aunque lo que más se deteriora siempre son las condiciones de los empleos más inestables y precarios.

Este efecto de conversión resulta especialmente preocupante en España, donde la relación de empleo estándar —contrato estable y a tiempo completo— es la condición para la protección social —desempleo; jubilación; asistencia sanitaria.

Otro efecto de conversión tiende a producirse cuando el Estado, para reducir gasto público, deja de ser un empleador centrado en la calidad del empleo y pasa a ser un empleador centrado en los costes. La degradación del estatus y el salario en el sector público afecta especialmente a la calidad de los empleos de las mujeres con estudios superiores. En este sentido, se aprovecha la posición más vulnerable y desventajosa de las mujeres para reducir gasto público y degradar las condiciones de trabajo del empleo público en general.

Las políticas de austeridad han detenido la expansión, hasta hace pocos años sostenida, de los sistemas de bienestar en los países europeos, y particularmente del papel del Estado como promotor de la igualdad de género que se llevaba a cabo, por una parte, con la desfamilización de las tareas de cuidados ofreciendo servicios públicos y, por otra, ofreciendo empleos de calidad a las mujeres. En estas condiciones, aumenta el volumen de trabajo no pagado en el hogar, pero es difícil que la división sexual del trabajo mejore a favor de las mujeres, lo que puede conducir a un deterioro de las relaciones y los roles de género y a un eventual aumento de la violencia doméstica. Rubery y Rafferty (2013) consideran, para el caso de Reino Unido, cómo la reducción de los servicios públicos de cuidados plantea un difícil dilema a las mujeres a la hora de ejercer su derecho al empleo remunerado, ya que para ejercer este derecho han de renunciar al derecho a cuidar de sus hijos, a menos que cuenten con el apoyo de algún familiar.

Existe un riesgo real de que el Estado deje de ser un agente promotor del empleo femenino y la igualdad de género y, por el contrario, sus políticas reviertan los avances de la igualdad que ha costado décadas alcanzar. Cuando el compromiso político con la igualdad de género deja de sustentarse sobre los objetivos de equidad y justicia social y pasa a justificarse de forma exclusiva en términos de resultados económicos, si la situación económica empeora, es fácil para los gobiernos utilizar la excusa de la reducción del gasto público para revertir las políticas de igualdad y eliminar los organismos de igualdad de género. De la misma manera que esto ha ocurrido en muchos países europeos, la igualdad está desapareciendo de muchas políticas de la propia UE. El problema es que la vuelta de las mujeres al hogar podría implicar menores ingresos y mayores gastos para el Estado (Smith y Villa, 2014).

Es preocupante también el retroceso en las políticas sociales. Aunque la división sexual del trabajo en el hogar pueda mejorar por una mayor implicación de los hombres, el mercado de trabajo penaliza estas mejoras si no se cuenta con políticas específicas también para hombres —bajas parentales y reducciones de jornada para cuidar de los hijos— que apoyen el cambio en los roles de género respectivos. La alternativa de recurrir a las abuelas tiene límites claros, y persiste el problema del cuidado de los mayores y de otros dependientes.

Las políticas de austeridad pueden constituir un punto de no retorno en la configuración de las instituciones del mercado de trabajo, del sistema de bienestar y de las relaciones de género, que acabe con los avances realizados hacia la igualdad de género. ¿Cómo hacer frente a este momento crítico? Rubery (2014) y Karamessini y Rubery (2014a) nos sugieren que la clave está en los cambios tanto cíclicos como a largo plazo de las instituciones del mercado de trabajo y de los modelos de relaciones de género. Ya no resulta realista la idea de que las mujeres son cuidadoras universales y, por lo tanto, participantes intermitentes en el mercado de trabajo y primeras candidatas a sufrir las caídas de la demanda y a experimentar vulnerabilidad y exclusión laboral a largo plazo. Tampoco, en el extremo opuesto, se puede confiar en que la igualdad de género ya se ha alcanzado —puesto que las normas legales la reconocen—, y será el mercado, a través de la meritocracia, el que permitirá superar la discriminación y dar un tratamiento igual a las personas, con independencia de su sexo. En cada país, la situación va a depender de que su régimen de género sea de mujeres madres, cuidadoras y amas de casa o, por el contrario, de mujeres trabajadoras con apoyo de servicios públicos. Pero lo importante no son solamente los efectos de género de la crisis, sino que el género es un factor que puede contribuir a modelar la pauta específica de ajuste a la crisis. Se trata de observar las interacciones entre los cambios institucionales y las relaciones de género en los dos sentidos.

Alcanzar o no ese punto de no retorno para las relaciones de género depende de la solidez del compromiso político con la igualdad de género a nivel de cada Estado y de la UE, y del carácter de los cambios que la crisis provoque en el mercado de trabajo. Por ejemplo, en los países europeos que han apoyado la participación laboral femenina con servicios públicos y la han reforzado con políticas de igualdad es menos probable que las mujeres abandonen el mercado de trabajo si su integración en él ha determinado cambios en la economía familiar —hogares de doble renta, o de única proveedora femenina. Es posible que los cambios en la división sexual del trabajo ya no sean reversibles.

Por el contrario, la retirada de servicios sociales de calidad que sustituían el trabajo doméstico de las mujeres, la reversión de las políticas de desfamilización de los cuidados, la vuelta a los valores tradicionales que acompañan a la reaparición y el reforzamiento de las ideologías e iniciativas políticas conservadoras —el Tea Party en los Estados Unidos; las nuevas políticas familiares en Hungría; en España, el intento de eliminar la libertad y capacidad de decisión de las mujeres sobre su maternidad, que fue consagrada en la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos de 2008— son riesgos reales.

Pero las mujeres no se están retirando del mercado de trabajo y por el momento parece que los empleadores encuentran la mano de obra femenina tan empleable o más que la masculina, en parte por su mayor formación y también porque puedan ser más vulnerables a aceptar empleos por debajo de su nivel de educación y experiencia. Habrá procesos de resistencia de las mujeres a la imposición de ideologías no igualitarias, a través de su compromiso creciente con la educación y el empleo, así como por la reducción de la fecundidad. Sin embargo, la permanencia de las mujeres en el empleo puede ser a costa del deterioro de las condiciones de trabajo para todos, hombres y mujeres.

LOS EFECTOS DE LA RECESIÓN Y LA AUSTERIDAD EN ESPAÑA EN PERSPECTIVA DE GÉNERO

España es, con Grecia, el país de la Eurozona en el que los efectos de la crisis sobre el mercado de trabajo, y también sobre la desigualdad y la pobreza, están siendo más graves. La tasa de paro alcanzó su máximo en el primer trimestre de 2013 (26,4 por 100) superando los 6,2 millones de parados. A día de hoy, finalizado el tercer trimestre de 2014, la tasa de paro está todavía en el 23,67 por 100. Respecto a la pobreza, según el último informe de Cáritas Europa 2014, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social[4] fue del 25,1 por 100 en 2012 en la UE, y en España fue del 28,2 por 100 (Cáritas Europa, 2014). Más de 13 millones de personas se encuentran en esta situación en nuestro país, con un aumento anual en torno a 300 000 personas desde 2008. Asimismo, España es uno de los países en los que se han experimentado mayores retrocesos en la igualdad de género en términos políticos e institucionales.

Ante esta situación son necesarios análisis que permitan conocer de forma rigurosa qué está ocurriendo en España en términos de empleo, salarios, desigualdad económica y pobreza como consecuencia de las políticas de austeridad, de las reformas estructurales, de la reducción y eliminación de prestaciones laborales y del Estado de Bienestar. Con ese propósito, este libro reúne investigaciones originales que utilizan distintas fuentes estadísticas para mostrar, en primer lugar, el impacto de la Gran Recesión sobre mujeres y hombres, sobre empleo y desempleo, desigualdades salariales y desigualdad y pobreza en general; en segundo lugar se abordan los efectos de la austeridad sobre las políticas de empleo, así como sobre las políticas de cuidados. Por último se analiza la evolución de la situación respecto al acceso y presencia de las mujeres en el poder económico —puestos directivos y consejos de administración de las empresas— con el fin de atisbar si en la salida de la crisis las expectativas del mercado de trabajo podrán ser algo mejores para las mujeres que en los momentos actuales.

Actividad, empleo y paro por género en España en la recesión

El capítulo de Raquel Llorente, Carlos Iglesias y Diego Dueñas muestra, con datos de la Encuesta de Población Activa y de la Estadística de Flujos de la Población Activa (del Instituto Nacional de Estadística, INE), los impactos y comportamientos diferenciales de mujeres y hombres en el transcurso de la crisis en España. En primer lugar, que la destrucción de empleo empezó primero para los hombres, en el segundo trimestre de 2008, y fue intensa, ya que afectó particularmente a sectores muy masculinizados, como construcción, industria y transporte terrestre; en el caso de las mujeres se inicia en el primer trimestre de 2009, y es especialmente importante en sectores feminizados como comercio al por menor y hostelería.

En segundo lugar, se evidencia la distinta reacción de unos y otras ante las ensombrecidas perspectivas del mercado de trabajo español: mientras que los hombres reducen su tasa de actividad y se retiran del mercado laboral (efecto desánimo), las mujeres se incorporan con mayor intensidad a la actividad laboral (efecto trabajadoras adicionales), particularmente las casadas y las que son la persona de referencia del hogar. Ello muestra la fuerza del nuevo papel de las mujeres como sostén económico de sus familias, también en España al igual que en otros países de la UE.

Entre los escasos empleos creados en plena crisis predominan las mujeres, por su perfil de estudios y cualificaciones más adecuado para actividades sanitarias y de asistencia y servicios sociales. De manera que la segregación sectorial y ocupacional por género se mantiene, ya que, pese a la mayor destrucción de empleo en sectores masculinizados, no ha aumentado la presencia de mujeres en dichos sectores.

Una gran parte de la destrucción del empleo se ha canalizado a través de la eliminación de empleos temporales, y esto ha beneficiado más a los hombres que a las mujeres; asimismo, aunque los contratos a jornada parcial han aumentado entre los hombres, siguen representando solamente el 8 por 100 de su empleo, frente a casi el 26 por 100 del empleo femenino.

Desigualdades y brecha salarial de género

Dueñas, Llorente e Iglesias analizan en un segundo capítulo las diferencias salariales y la discriminación de género con datos procedentes de dos fuentes distintas, la Structure of Earnings Survey de Eurostat y la Encuesta Nacional de Estructura Salarial del INE. A pesar de la caída generalizada de los salarios de hombres y mujeres por motivo de la crisis, la brecha salarial de género persiste, situándose en el 17,9 por 100 en 2012, y tiende a crecer en los últimos años, revirtiendo tendencias anteriores de reducción. La brecha salarial se sustenta en la desigual distribución de mujeres y hombres en los empleos y en la existencia de segregación ocupacional. En el caso de los hombres, sus salarios medios se reducen por la destrucción de empleo en sectores de salarios medios altos —construcción e industria—, mientras que en el caso de las mujeres influye más la reducción generalizada de salarios en todos los sectores productivos.

Se aprecian rasgos preocupantes respecto al futuro de la igualdad salarial. La tendencia creciente de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no tiene como efecto que reciban mayores salarios sino que, por el contrario, sus remuneraciones son más bajas debido a las peores condiciones laborales de sus empleos (contratos temporales, jornada parcial, en servicios tradicionales que se consideran de poca cualificación, con menos horas de trabajo que los hombres), así como por efectos no explicados que responden a distintos tipos de discriminaciones de género. Otros rasgos preocupantes son que la penalización salarial es más elevada para las mujeres de más edad; asimismo, la brecha salarial es más del doble (31,8 por 100) en los empleos a tiempo parcial (femeninos en el 73,3 por 100) que en los empleos a tiempo completo (12,8 por 100).

Desigualdad y pobreza: el impacto de la recesión y la austeridad por género

El capítulo elaborado por Olga Cantó, Inmaculada Cebrián y Gloria Moreno aborda, en perspectiva de género, los efectos devastadores de la crisis —desempleo, caída de los salarios reales, debilitamiento del sistema de prestaciones del Estado de Bienestar— sobre el crecimiento de la desigualdad en la distribución de la renta y el aumento de la pobreza. Para ello analizan de forma pormenorizada, con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa (ambas del INE), cómo ha evolucionado en los últimos ocho años el riesgo de las mujeres, y de los hombres, de vivir en hogares pobres, en familias sin ingresos y en los hogares más excluidos del empleo.

En España, donde los hogares y las familias desempeñan un papel muy importante a la hora de proteger a sus miembros de la pobreza, durante la crisis se han experimentado cambios notables en la organización familiar, reforzándose el papel de las mujeres como sustentadoras económicas. Dentro del empeoramiento absoluto en desempleo, pobreza y desigualdad, la crisis ha reducido la brecha de pobreza entre mujeres y hombres, por el deterioro de la situación laboral de los hombres; sin embargo, lo anterior no significa que se haya reducido el riesgo absoluto de pobreza de las mujeres, sino que por el contrario ha aumentado considerablemente, sobre todo entre las más jóvenes que viven en pareja o tienen hijos.

Resultados laborales y políticas del mercado de trabajo

El capítulo de Miguel Ángel Malo centra su análisis de la Gran Recesión en España en la falta de adecuación de las políticas de empleo a la evolución del mercado de trabajo y al objetivo de la igualdad de género. La comparación entre la evolución de las tasas de empleo y paro masculinas y femeninas (EPA) entre los años de expansión (2002-2007) y los de crisis (2008-2012) confirma que las tasas de uno y otro sexo se aproximan debido al empeoramiento de la situación de los varones. Con datos de los flujos de altas y bajas de mujeres y hombres en las empresas españolas entre 2007 y 2012 —a partir de la Encuesta de Coyuntura Laboral del Ministerio de Empleo— se comprueba la mayor resistencia del empleo femenino, en la medida en que las altas de mujeres se desploman por la crisis, pero mucho menos que las de los hombres.

Con datos de la EPA sobre las tasas de empleo de nativos e inmigrantes por grupos de edad, se explora la complementariedad entre la participación laboral de las nativas españolas con cargas familiares y de las inmigrantes —que se harían cargo de esas cargas familiares de forma remunerada. En la crisis, se reduce el empleo femenino inmigrante, mientras que su complementario, el empleo de nativas universitarias con cargas familiares, se mantiene. Esta resistencia del empleo femenino a la crisis superior a la de los varones se debe, según su interpretación, no tanto al efecto desanimado/añadida como a una mayor resistencia femenina a todo lo largo del ciclo vital.

Respecto a las políticas de empleo, bajo el lema de la austeridad en el gasto se han centrado en reformas laborales en lugar de aplicarse políticas activas para que los parados encuentren empleo. A partir de la reforma laboral de 2012 se han reducido los derechos para la conciliación, lo que afecta particularmente a las mujeres, y ello se ha agravado por la paralización de la Ley de Atención a la Dependencia. También con dicha reforma los Planes de Igualdad han perdido fuerza, ya que pueden ser modificados unilateralmente por la empresa, salvo que tengan carácter expreso de convenio colectivo. Asimismo, aunque las últimas Estrategias Españolas de Empleo y los Planes Anuales de Empleo incorporan el objetivo de la igualdad de género, lo hacen de manera más retórica y formal que efectiva. Por todo ello, se concluye que la reducción de las brechas de género que están experimentando algunas variables del mercado de trabajo será transitoria, ya que el diseño de las reformas laborales, las estrategias y los planes no tiene en cuenta sus efectos sobre las desigualdades de género.

El déficit de los cuidados

Constanza Tobío y Juan Antonio Fernández Cordón analizan el déficit de cuidados en la crisis desde la perspectiva del empeoramiento —«cronificación»— de los ya muy graves problemas de las mujeres para conciliar los cuidados con el empleo: en España la crisis no es un paréntesis, sino la exacerbación de una situación difícilmente sostenible. Comparando con las diversas situaciones de los países más importantes de nuestro entorno —Alemania, Italia, Suecia, Francia, Noruega—, se deduce que si el Estado no externaliza las funciones de cuidados, al igual que se ha hecho con las de salud y educación, los objetivos de incorporación de las mujeres al empleo a tiempo completo se vuelven inalcanzables, porque el alargamiento y la intensificación del tiempo de trabajo las condena al tiempo parcial y al subempleo.

Los autores destacan que uno de los problemas que impiden profundizar en el análisis de lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo es que en las encuestas de fuerza laboral no se considera la diversidad de situaciones que subyacen a la categoría de inactivos. En esta línea, enriquecen la comparación de España con otros países más avanzados con estimaciones de tasas de propensión al paro y tasas de paro corregidas, que permiten profundizar en el significado diverso de la categoría inactividad.

En cuanto a las prestaciones del Estado de Bienestar en España, advierten que los recortes han sido más sobre desarrollos previstos que sobre políticas efectivamente aplicadas, y achacan esta situación a que en nuestro país la problemática de las políticas de conciliación ha tenido un desarrollo tardío y más basado en la dotación de tiempo que en la oferta de servicios públicos para conciliar. Solamente durante el periodo 2004-2010 las políticas de conciliación constituyeron una prioridad, junto a las políticas de igualdad de género. Sin embargo, el primer efecto de las políticas de austeridad de 2010 fue poner en suspenso los avances políticos e institucionales realizados, así como las dotaciones económicas. La contribución creciente de las mujeres al crecimiento económico por medio de su empleo no está redundando en una mayor oferta de servicios públicos que acompañe y facilite esta incorporación laboral.

Las mujeres y el poder económico en la recesión y la austeridad

Para finalizar, Juan Martín y José Luis Martínez Cantos completan el análisis con el seguimiento de los cambios institucionales y regulatorios que se han ido impulsando en España y la Comisión Europea para que los países de la UE incorporen más mujeres a los consejos de administración y a los puestos de decisión en las empresas, en el convencimiento de que estos puestos de alta dirección constituyen los ámbitos donde el poder y la autoridad se originan y perpetúan. Si las mujeres no pueden acceder a estos puestos, esta es una de las principales causas, y no solo un reflejo, de la persistencia de la desigualdad de género en el mercado de trabajo. Con datos de la Labour Force Survey de Eurostat para el conjunto de la UE, y de los Informes Anuales de Gobierno Corporativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los autores confirman que la situación actual es de infrarrepresentación de las mujeres, y aunque existe un proceso de convergencia, es tan lento que parecen necesarias medidas contundentes —cuotas— para revertir la desigualdad. Tener más mujeres en estos ámbitos sería, sin embargo, esencial para revertir también los retrocesos en políticas de igualdad de género y de conciliación que están teniendo lugar con la excusa de la recesión y las políticas de austeridad.

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CAPÍTULO PRIMERO

Mujer, mercado de trabajo y crisis económica

RAQUEL LLORENTE HERAS[5]

CARLOS IGLESIAS FERNÁNDEZ[6]

DIEGO DUEÑAS FERNÁNDEZ[7]

No cabe duda de que la actual crisis económica está revistiendo una intensidad sin parangón en la historia reciente de nuestro país, con dramáticas consecuencias para el mercado de trabajo, especialmente en términos de destrucción de empleo. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), a partir del tercer trimestre de 2007, momento en que nuestra economía alcanza su máximo volumen de ocupación con 20,5 millones de trabajadores, la evolución del mercado de trabajo se ha traducido en la destrucción de 3,7 millones de puestos de trabajo (el 18,3 por 100 del existente antes de la crisis), reduciendo el volumen de empleo hasta los 16,8 millones de personas. Más allá de las cifras de empleo, la actual crisis económica se está encargando de remover buena parte de los aspectos más importantes que hasta ahora definían nuestro mercado de trabajo, de manera que las transformaciones inducidas están revistiendo una magnitud y una trascendencia destacables. En este contexto, el propósito de este capítulo es analizar la evolución general y las grandes transformaciones experimentadas desde el inicio de la crisis por el mercado de trabajo en perspectiva de género. En último término nuestro interés será averiguar si la actual crisis económica y sus consecuencias laborales se están relacionando de igual manera con mujeres y hombres o, por el contrario, se observan diferencias importantes en los resultados experimentados y las respuestas emprendidas por ambos géneros.

El capítulo, que utilizará datos procedentes de la Encuesta de Población Activa, abordará tres grandes bloques de análisis. En primer lugar, y desde una perspectiva agregada, veremos los resultados inducidos por la crisis de empleo sobre mujeres y hombres. Para ello analizaremos la evolución de poblaciones y tasas laborales básicas por género en busca de patrones de igualdad o de diferencia. En segundo lugar, y mediante el análisis de los flujos laborales básicos, veremos cuáles están siendo los comportamientos laborales con los que mujeres y hombres están respondiendo a la crisis de nuestro mercado de trabajo. Tercero, trataremos de determinar la existencia o no de un sesgo por género en los procesos de creación y destrucción de empleo que sustentan la evolución agregada del mercado de trabajo, verificando si la actual crisis económica ha modificado o no los patrones de segregación laboral tradicionalmente observados en España.

ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO EN PERSPECTIVA DE GÉNERO

El gráfico 1 muestra la evolución de las poblaciones laborales básicas por género en España desde el primer trimestre de 2005 hasta el cuarto trimestre de 2013, último disponible. Los datos se expresan como índices base cien para la población activa (de mujeres y hombres respectivamente) del primer trimestre de 2005. Es decir, si, por ejemplo, la población activa de las mujeres en el primer trimestre de 2005 la hacemos valer 100, cuánto valdría la población activa femenina en cada uno de los sucesivos trimestres. Esto homogeneiza el análisis y nos facilita la interpretación gráfica de la evolución de estas poblaciones laborales básicas. Puede observarse cómo la crisis económica en la que nos encontramos inmersos ha afectado a mujeres y hombres. Los hombres, que en el tercer trimestre de 2007 tenían una tasa de paro del 6,2 por 100, actualmente enfrentan niveles del 25,3 por 100. Mientras, las mujeres han cambiado una tasa de paro del 10,5 al principio de la crisis por la actual del 26,8 por 100.

GRÁFICO 1

Actividad, empleo y paro de mujeres y hombres

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística.

Comparando siempre el tercer trimestre de 2007, primer trimestre que registra destrucción de empleo, con el cuarto trimestre de 2013, último dato disponible en el momento de la redacción, la destrucción de empleo ha resultado más intensa en el caso de los hombres, que han perdido el 24,6 por 100 de su empleo, frente al 9,2 por 100 en el caso de las mujeres. El aumento del paro también ha registrado tasas de variación más elevadas en el caso de los hombres (285,4 por 100 frente al 183,4 por 100 de las mujeres). Se trata, por tanto, de diferencias muy notables.

En estas evoluciones subyacen comportamientos muy distintos. En el caso de los hombres, el incremento del desempleo se ha debido sobre todo a la destrucción de empleo (que explicaría el 130,2 por 100 de su aumento), mientras que la reducción del número de activos varones explica, de manera compensatoria, el –30,2 por 100. El desempleo masculino habría aumentado debido a la muy intensa destrucción de empleo, y a pesar de haberse reducido su población activa. Por el contrario, el crecimiento de la población parada de las mujeres se fundamenta casi a partes iguales en la destrucción de empleo (42,6 por 100) y en el crecimiento de su población activa (57,4 por 100). En definitiva, los procesos de destrucción de empleo y de incremento del paro han resultado más intensos en el caso de los hombres que en el de las mujeres, tanto en términos absolutos como relativos, a la vez que los fundamentos de los resultados de mujeres y hombres han sido notablemente distintos, exclusivamente basándose en la destrucción de empleo, en el caso de los hombres, y con un remarcado papel explicativo de la participación laboral, en el caso de las mujeres.

Los siguientes gráficos numerados como 2 recogen la variación anual de la población activa, ocupada y parada, y la evolución de las tasas laborales básicas, distinguiendo en ambos casos entre mujeres y hombres. De esta manera podemos saber si el número de activas(os), ocupadas(os) y paradas(os) aumenta (datos por encima del nivel del cero) o disminuye (datos por debajo del nivel del cero), así como la intensidad del aumento o de la disminución (mediante la pendiente o inclinación, positiva o negativa, de cada una de las líneas). Sus datos ponen de manifiesto la existencia de notables diferencias en la evolución laboral de mujeres y hombres. En relación con la población ocupada, durante la primera fase de la crisis (2008-2010) la disminución de la ocupación masculina fue mucho más intensa que la femenina. Aunque se mantienen las diferencias en contra de los hombres, en la segunda fase (desde 2010 hasta la actualidad) las diferencias se moderan notablemente. Además, se observa la existencia de casi un año de desfase en el momento en que comienzan a registrarse tasas de variación negativas que afectan al empleo. La destrucción de empleo comienza en el segundo trimestre de 2008 para los hombres y se retrasa hasta el primer trimestre de 2009 en el caso de las mujeres.

GRÁFICO 2

Evolución de las poblaciones y tasas laborales básicas por género

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

Estas pautas se reproducen cercanamente cuando analizamos la evolución de la población desempleada. Su crecimiento es mucho más intenso en el caso de los hombres durante la primera fase, acercándose los ritmos de crecimiento durante la segunda, aunque ahora no existe prácticamente desfase en el comienzo del aumento del paro entre sexos.

Las mayores diferencias se producen cuando observamos la evolución de la población activa. Mientras que los hombres muestran un comportamiento claramente procíclico de su actividad laboral, que disminuye desde el segundo trimestre de 2009, la participación laboral de la mujer no deja de crecer durante prácticamente toda la crisis, y no comienza a registrar tasas negativas de crecimiento sino hasta el primer trimestre de 2013. Este diferente comportamiento explica las divergencias observadas en la evolución del empleo y del paro por género. El desempleo de la mujer asimila el momento de su crecimiento al observado para los hombres (a pesar del retraso observado en el comienzo de la destrucción de empleo y de su diferente magnitud) debido al aumento registrado en la población activa femenina.

Más allá de la distinta intensidad registrada por la destrucción de empleo en relación con el género, el hecho más relevante puesto de manifiesto por el anterior análisis agregado se concreta en el diferencial comportamiento de mujeres y hombres en cuanto a su relación con el mercado de trabajo. Mujeres y hombres han emprendido distintas, si no opuestas, estrategias laborales en respuesta a la situación introducida por la crisis económica. Para profundizar en ellas vamos a interesarnos por la evolución de las tasas de actividad por género diferenciadas en función de la relación de parentesco con la persona de referencia, aspecto que a nuestro juicio puede darnos la clave de estos diferenciales comportamientos.

El gráfico 3 expresa en números índices la evolución de la tasa de actividad de las mujeres en función de las distintas relaciones de parentesco con la persona de referencia del hogar. Se observa cómo han sido las mujeres que son cónyuges de la persona de referencia y, en menor medida, las mujeres que se califican como persona de referencia, las que mediante sus decisiones han dado soporte al aumento observado anteriormente en la tasa de actividad general de la mujer. Este comportamiento no es compartido por el resto de situaciones. Al contrario, la tasa de actividad se ha reducido en el caso de las mujeres que se clasifican como «hijas». Complementariamente, aunque en un sentido similar, mientras que la tasa de actividad de las mujeres casadas ha aumentado un 16 por 100 entre 2007 y 2013, la participación de las solteras se ha mantenido prácticamente inalterada (variación del –0,8 por 100).

GRÁFICO 3

Evolución de la tasa de actividad femenina en función de su relación con la persona de referencia. Números índice base 2005TI=100

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

El gráfico 4 pone de manifiesto como este comportamiento ha sido exclusivo de las mujeres. Los hombres que se definen como cónyuges o como personas de referencia del hogar han reducido o a lo sumo mantenido constante el nivel de su tasa de actividad, siendo ajenos al incremento observado en el caso de las mujeres.

GRÁFICO 4

Evolución de la tasa de actividad en función de género. Persona de referencia y cónyuge. Números índice base 2005TI=100

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

En definitiva, podemos afirmar que mujeres y hombres presentan muy notables diferencias en su relación con la crisis económica y con sus consecuencias sobre el mercado de trabajo. La destrucción de empleo ha sido mucho más severa en el caso de los hombres, hasta el punto de que la primera fase de la crisis podríamos calificarla como esencialmente masculina. Por otra parte, la respuesta de mujeres y hombres también ha sido distinta. Mientras que los hombres se han retirado en buena medida del mercado de trabajo, las mujeres han incrementado la intensidad de su participación laboral. Todo esto ha permitido la reducción sustancial de los tradicionales diferenciales de género observados en el mercado de trabajo español. Por último, han sido las mujeres cónyuges y personas de referencia, en todo caso casadas, las que han protagonizado los cambios observados en las decisiones de participación laboral de las mujeres.

LOS FLUJOS LABORALES BÁSICOS DE MUJERES Y HOMBRES

En el apartado anterior hemos comparado los stocks de mujeres y hombres ubicados en la población activa, ocupada y parada en diferentes momentos del tiempo. Gracias a ello ahora tenemos claros indicios que señalan en la dirección de que mujeres y hombres se están relacionando de manera marcadamente diferente con la crisis que asola nuestro mercado de trabajo. Para profundizar en esta conclusión, ahora nos vamos a fijar en los flujos laborales que, desde un punto de vista dinámico, dan soporte a los anteriores resultados. Para ello vamos a utilizar los datos facilitados por la Estadística de Flujos de la Encuesta de Población Activa, disponibles directamente desde hace relativamente poco tiempo[8]. Esta fuente permite analizar los datos de procedencia de los individuos ubicados en las poblaciones laborales básicas en función de en qué situación —activo, ocupado, parado o fuera del mercado de trabajo— se encontraban en el trimestre anterior.

Estos datos expresan la evolución de la permanencia y de los flujos de entrada al empleo, por ejemplo, entre dos trimestres consecutivos, para el periodo comprendido entre el cuarto trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2012. Aunque este periodo cubre solo parte de la historia de la crisis, será suficiente para destacar las pautas fundamentales que diferencian a mujeres y hombres ahora también en relación con sus flujos laborales. Siguiendo con nuestro ejemplo, los datos de permanencia indican el porcentaje de los individuos que estaban empleados, por ejemplo, en el primer trimestre de 2011 y que también lo estaban en el trimestre anterior, el cuarto trimestre de 2010. Son individuos que han permanecido en el empleo. Los datos de entrada al empleo desde el paro indican el porcentaje de los individuos que trabajaban en el primer trimestre de 2011 y que, sin embargo, en el cuarto de 2010 se encontraban en el paro.

Los tres gráficos numerados como 5 recogen los datos de permanencia y entradas al empleo desde el paro y la inactividad, tanto en términos agregados como diferenciados por género. Comenzando con el primero de ellos, se observa que las tasas de permanencia de mujeres y hombres han seguido una evolución muy cercana, aunque sus valores resultan siempre superiores en el caso del empleo masculino. Esto no tiene que resultar contradictorio con algunos de nuestros resultados anteriores (la destrucción de empleo ha sido más intensa en el caso de los hombres). Aunque entre dos trimestres se produzca una mayor disminución del nivel de empleo masculino, lo que realmente nos está diciendo este dato es que se han producido menores entradas al empleo masculino que al femenino, por lo que el porcentaje de los que permanecen es mayor. Efectivamente, si nos fijamos en los gráficos de entradas al empleo, vemos cómo estas resultan levemente mayores para las mujeres cuando su origen es el desempleo y claramente más elevadas cuando nos fijamos en los flujos que unen el empleo y la inactividad.

GRÁFICO 5

Permanencia y flujos laborales de entrada en relación con el empleo por género

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística de Flujos de la EPA (INE).

De nuevo estamos, por tanto, ante uno de los resultados destacados del análisis: los muy diferentes patrones de participación laboral mostrados por mujeres y hombres como respuesta a la actual crisis económica. Mientras que los hombres han preferido retirarse en alguna media del mercado de trabajo, las mujeres han incrementado la intensidad de su participación laboral, hecho reflejado por sus mayores tasas de entrada al empleo.

En todo caso, esto no es un comportamiento novedoso, habiendo sido ampliamente recogido y explicado por la economía laboral. Los hombres mostrarían en sus decisiones de participación laboral un comportamiento marcadamente procíclico, consecuencia de su evaluación de las oportunidades que brinda en cada momento el mercado de trabajo (hipótesis del trabajador desanimado). Por su parte, las mujeres adoptarían sus decisiones de participación en mayor medida dentro de un contexto familiar, de forma que la caída de la renta familiar propiciada por el desempleo del cónyuge estimularía la participación laboral de las mujeres (hipótesis del trabajador adicional) y explicaría, al menos parcialmente, los patrones femeninos de participación[9].

Los gráficos numerados como 6 nos aportan información longitudinal en relación con el desempleo. Lo que observamos es algo muy similar a lo que hemos visto desde la perspectiva del empleo. Los hombres presentan una mayor tasa de permanencia en el desempleo, debido a que, aunque las entradas desde el empleo resultan similares para mujeres y hombres, las entradas de mujeres en el paro desde la inactividad son destacablemente superiores a las entradas que registran los hombres. También se observa con claridad las mayores entradas al paro desde el empleo para los varones en la primera fase de la crisis, como ya puso de manifiesto el análisis comparativo de los stocks.

GRÁFICO 6

Permanencia y flujos laborales de entrada en relación con el desempleo por género

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística de Flujos de la EPA (INE).

En este caso las diferencias resultan especialmente significativas. Efectivamente, mientras que las diferencias entre mujeres y hombres en términos de entradas al empleo desde la inactividad presentaban una magnitud media en torno a solo 2 puntos porcentuales (1,5 por 100 para los hombres frente a 3 por 100 para las mujeres), ahora la brecha es mucho mayor. Así, mientras que alrededor del 10 por 100 de los hombres desempleados en un trimestre se encontraban en la inactividad en el trimestre anterior, esta tasa alcanza valores en torno al 22 por 100 en el caso de las mujeres.

Por último los gráficos número 7 expresan la evolución de la permanencia y flujos de entrada en relación con la inactividad. Desde esta perspectiva no se observan diferencias notables, lo que indica que, en relación con la inactividad, lo relevante tiene que ver con las salidas, aproximadas mediante el análisis de las entradas al empleo y al paro desde la inactividad, y no tanto con las entradas. En todo caso, desde esta perspectiva lo único que quizás merezca ser reseñado son las mayores entradas a la inactividad desde el empleo en el caso de los varones, hecho que debería relacionarse con los procesos de jubilación, más frecuente entre los hombres, dada su mayor presencia porcentual sobre el empleo total, y en cierta medida también el retorno a los estudios de varones expulsados del empleo y que abandonaron el sistema educativo tempranamente. Esta diferencia resulta especialmente acusada en la primera fase de la crisis económica.

GRÁFICO 7

Permanencia y flujos laborales de entrada en relación con la inactividad por género

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística de Flujos de la EPA (INE).

En definitiva, el análisis de los flujos laborales subraya de nuevo dos hechos fundamentales. En primer lugar, el comportamiento diferencial mostrado por las mujeres en cuanto a sus decisiones de participación laboral durante la crisis. En segundo lugar, el sesgo masculino de la destrucción de empleo que tuvo lugar durante la primera fase de la crisis económica. Ambos hechos son, a nuestro juicio, los elementos fundamentales para comprender la distinta forma en que la crisis de empleo que estamos experimentando ha afectado a las mujeres y a los hombres en España.

CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EMPLEO POR GÉNERO Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE LA SEGREGACIÓN LABORAL

En este apartado nos vamos a centrar en otro aspecto importante de la crisis económica en perspectiva de género: los procesos de creación y destrucción de empleo asociados a los diferentes sectores de actividad[10]. Estos procesos sectoriales son los que sustentan el resultado agregado de destrucción de empleo que está provocando la crisis económica, y que vimos anteriormente. Nuestro interés será averiguar, en primer lugar, hasta qué punto estos procesos particulares muestran algún tipo de sesgo por género, y si, en segundo lugar, están modificando, y en qué sentido, los niveles de segregación laboral por género que habitualmente se observan en nuestro mercado de trabajo.

Para iniciar el abordaje de estos objetivos, el cuadro 1 recoge los sectores de actividad con mayores crecimientos o decrecimientos en su empleo entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2013. También se incluyen aquellos sectores donde la variación del empleo ha sido especialmente distinta por género. La primera parte de la tabla incluye los sectores de actividad con decrecimientos de empleo que suponen al menos el 3 por 100 del total de la destrucción de empleo producida. Este grupo agrega prácticamente el 65 por 100 de toda la destrucción de empleo ocurrida en el periodo considerado. Se trata en su mayoría de actividades industriales, aunque las que presentan mayores destrucciones son actividades relacionadas con la construcción. A esta lista también se une una rama de servicios como es el «transporte terrestre». En todas estas actividades la participación masculina en la destrucción de empleo es abrumadora. En torno al 80 o al 90 por 100 de lo acaecido en estas ramas ha tenido que ver con los hombres. El grupo de mayores destructores de empleo se completa con la actividad de «comercio al por menor», donde por el contrario se observa la pauta contraria, de forma que la destrucción de empleo se ha vinculado sobre todo con el empleo de la mujer.

CUADRO 1

Actividades con especiales crecimientos, decrecimientos o comportamientos diferenciales del empleo por género durante la crisis (2008TI y 2013TIV)

VAR. ABSOLUTA

% DE LA VAR. TOTAL EMPLEO

CONTRIBUCIÓN A LA VARIACIÓN ABSOLUTA

Hombres

Mujeres

Sectores de actividad con destrucción de empleo superior al tres por 100 del total de la variación

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

–120,2

3,3

82,3

17,7

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

–188,8

5,2

82,4

17,6

Fabricación de muebles

–113,4

3,1

85,2

14,8

Construcción de edificios

–1.124,1

30,8

93,6

6,4

Actividades de construcción especializada

–503,6

13,8

94,7

5,3

Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas

–190,4

5,2

26,2

73,8

Transporte terrestre y por tubería

–108,8

3,0

90,2

9,8

Sectores de actividad con creación de empleo superior al uno por 100 del total de la variación

Programación, consultoría y otras actividades relac. informática

39,6

–1,1

63,9

36,1

Actividades sanitarias

75,8

–2,1

21,1

78,9

Asistencia en establecimientos residenciales

38,4

–1,1

16,7

83,3

Actividades de servicios sociales sin alojamiento

45,7

–1,3

2,8

97,2

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

36,6

–1,0

67,8

32,2

Sectores de actividad con comportamientos marcadamente distintos por género

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

–4,3

0,1

176,7

–76,7

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

–3,7

0,1

154,1

–54,1

Transporte marítimo y por vías navegables interiores

–2,5

0,1

164,0

–64,0

Servicios de alojamiento

8,1

–0,2

–170,4

270,4

Act. cinematográficas, vídeo, televisión, sonido, edición musical

2,1

–0,1

–23,8

123,8

Investigación y desarrollo

4,9

–0,1

–16,3

116,3

Publicidad y estudios de mercado

–7,7

0,2

128,6

–28,6

Actividades relacionadas con el empleo

–15,2

0,4

–2,0

102,0

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

–3,6

0,1

–275,0

375,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

Incluso en el contexto de una crisis de empleo tan acentuada como la actual, se observan actividades que continúan creando empleo. Constituyen el segundo de los grupos que conforman el mencionado cuadro 1, y está integrado por los sectores cuyos crecimientos de empleo han supuesto al menos un 1 por 100 respecto de la variación registrada por el empleo total. Son todas actividades de servicios, y en todas ellas la creación de empleo ha tenido un perfil femenino, salvo en los casos de «programación y consultoría informática» y de «actividades deportivas y recreativas», donde la distribución del empleo creado ha sido más equilibrada, con ligero sesgo hacia los hombres.

Por último, se incluye un tercer grupo de actividades en las que, independientemente de que hayan creado o destruido empleo, el comportamiento de ambos géneros ha sido marcadamente distinto. En el caso de estas actividades, todas pertenecientes al sector servicios, este comportamiento diferencial ha favorecido siempre a las mujeres, bien porque la destrucción se ha centrado en los hombres, bien porque la creación se ha acentuado sobre las mujeres.

En definitiva, parece que las pautas de creación y destrucción de empleo por sectores de actividad no se han relacionado de la misma forma con las mujeres que con los hombres, y existien indicios de que las mujeres han estado en cierta medida mejor posicionadas respecto de estos procesos. La composición sectorial del empleo por género parece relacionarse con la intensidad de destrucción de empleo, una pauta que favorece a las mujeres y actúa en contra del empleo masculino.

Para confirmarlo en mayor medida, los siguientes gráficos numerados como 8 expresan el resultado de correlacionar para cada sector de actividad el porcentaje de mujeres en su empleo, por una parte, y su contribución a la variación del empleo total, por otra. La idea es comprobar hasta qué punto se ha producido una relación negativa entre la presencia de mujeres y la evolución sectorial del empleo durante la crisis. El primero de ellos tiene en cuenta la totalidad de sectores de actividad, en tanto que el segundo elimina de la correlación a los dos sectores relacionados con las actividades de construcción que destacan sobremanera en la destrucción de empleo[11].

En ambos casos el análisis propuesto indica la existencia de una cierta relación negativa entre presencia de mujeres en el empleo del sector y su contribución a la variación del empleo total. De esta forma, las ramas con mayor presencia de empleo femenino presentarían una menor contribución a la destrucción total del empleo, aumentando esta al reducirse el porcentaje de mujeres y, por tanto, incrementarse el de los hombres.

GRÁFICO 8

Contribución a la variación del empleo y presencia del empleo femenino por sectores. Total empleo (a) y sin construcción (b) (2008TI y 2013TIV)

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

La crisis y las transformaciones sectoriales inducidas también se han encargado de modificar en buena medida las condiciones asociadas al empleo, que de nuevo guardan una distinta relación con mujeres y hombres. Así, y de acuerdo con los datos de la EPA, la tasa de temporalidad se ha reducido desde el 30 por 100 existente en el primer trimestre de 2008 hasta el 23,7 observado en el último trimestre de 2013, lo que pone claramente de manifiesto que el ajuste del empleo se ha canalizado primero y en mayor medida a través del empleo temporal. De esta disminución, que ha supuesto un decrecimiento del 35 por 100, se han beneficiado más los hombres (que la reducen en un 39 por 100, hasta el 22,8 por 100) que las mujeres (que solo la disminuyen en un 30 por 100, hasta el 24,6 por 100). Desde la perspectiva de la jornada de trabajo también se han producido modificaciones importantes, aunque ahora de signo contrario. La tasa de parcialidad ha aumentado en torno a 4 puntos porcentuales (un 13 por 100 más), hasta alcanzar en el último trimestre de 2013 el nivel del 16,1 por 100. Ahora, sin embargo, han sido los hombres quienes en mayor medida han incrementado su presencia en este tipo de jornada laboral (nada menos que un 48,4 por 100 de crecimiento frente al 4 por 100 para las mujeres). Obviamente este comportamiento ha favorecido el acercamiento de las tasas de parcialidad de ambos géneros, que sin embargo siguen mostrando un claro diferencial a favor (¿o en contra?) de las mujeres (25,7 por 100 de tasa de parcialidad femenina frente al 8 por 100 de la tasa masculina, siempre en relación con el último trimestre de 2013).

Estas tendencias también se reflejan claramente si nos fijamos solo en los nuevos contratos laborales firmados. De acuerdo con las estadísticas de Movimiento Laboral Registrado elaboradas por el Ministerio de Empleo, mientras que en enero de 2008 el 87,6 por 100 de los contratos firmados fueron de carácter temporal, en diciembre de 2012, último dato publicado, supusieron el 93,5 por 100 del total. Este crecimiento (6,7 por 100) afectó ligeramente más a los hombres (7,5 por 100 de aumento, hasta suponer el 94,1 por 100 de los que firmaron) que a las mujeres (5,9 por 100 de crecimiento, hasta representar el 92,7 por 100 de los nuevos contratos laborales firmados por mujeres). En relación con los contratos a tiempo parcial, los cambios han resultado de mayor magnitud. Mientras que en enero de 2008 el 21,6 por 100 de los contratos firmados eran a tiempo parcial, en diciembre de 2012 supusieron el 32 por 100 (un crecimiento del 48,2 por 100). Este incremento ha resultado mucho más intenso en el caso de los hombres, con un crecimiento del 77 por 100, que en el de las mujeres, para las que ha aumentado únicamente un 5,9 por 100.

A partir de los anteriores comportamientos sectoriales, una cuestión interesante consiste en determinar cuáles están siendo las consecuencias que están teniendo sobre uno de los rasgos más relevantes y persistentes de nuestro mercado de trabajo, como es la existencia de segregación laboral por género. Para responder a esta pregunta, primero vamos a medir los niveles de segregación, para después preguntarnos por los fundamentos explicativos de su evolución.

La segregación la hemos medido mediante el Índice de Disimilitud (Duncan y Duncan, 1955), el más sencillo pero también el más utilizado de todos los índices de segregación existentes[12]. Su interpretación es sencilla. Valores cercanos a cero indican que no existe segregación, mientras que valores cercanos a 1 muestran que la segregación es máxima. A pesar de las limitaciones existentes en relación con los datos de ocupaciones laborales, la segregación la hemos medido tanto desde la perspectiva de los sectores de actividad como desde la de las ocupaciones laborales. Los resultados obtenidos de su cálculo se reflejan en el gráfico 9.

GRÁFICO 9

Evolución de la segregación laboral por género en España durante la crisis (2008TI hasta 2013TIV)

La crisis económica ha reducido moderadamente los niveles de segregación, tanto cuando nos fijamos en la forma en que mujeres y hombres se distribuyen en la estructura de sectores de actividad como en la distribución de ocupaciones laborales. Aunque desde ambas perspectivas la segregación presenta niveles elevados, esta situación es mayor atendiendo a las ocupaciones laborales (0,49 y 0,40 por ocupaciones laborales y sectores de actividad, respectivamente, es decir, un 23,5 por 100 más alta), y se reduce con mayor intensidad en el caso de los sectores (7,9 y 4,9 por 100 para sectores y ocupaciones, respectivamente).

Dada la ruptura en las series introducida por los cambios metodológicos mencionados anteriormente, no es posible comparar directamente estos resultados con los existentes para años previos. Sin embargo, si nos basamos en las conclusiones alcanzadas por trabajos anteriores (Dueñas et al., 2014), parece que la crisis habría introducido un cambio de tendencia en la creciente evolución de la segregación en España. Después de crecer sin interrupción al menos desde mediados de la última década del pasado siglo, la crisis actual se ha encargado de modificar la estructura de empleo, introduciendo la ya apuntada ligera disminución de la segregación laboral en contra de las mujeres.

Para profundizar en este resultado hemos procedido a descomponer el índice de disimilitud siguiendo lo propuesto por Blau et al. (1998) y Anker (1998)[13]. De acuerdo con esta metodología, es posible descomponer el cambio en el índice de disimilitud diferenciando entre un efecto composición, un efecto distribución y un último efecto residual. Siendo St el índice de segregación definido en función del número total de empleados «T», hombres y mujeres, en una rama de actividad determinada i en el año t:

donde pit = Fit / Tit es el porcentaje de mujeres empleadas sobre el total del empleo en una determinada rama de actividad i en el año t y qit = Mit / Tit es el mismo porcentaje pero respecto a los hombres. Entonces, la diferenciación de los efectos previos puede establecerse como:

S₁ y S₂ se corresponden con el índice de disimilitud definido en (1) para el año considerado inicial y final de la evolución. De esta forma, el cambio total se descompone en tres efectos:

Un efecto composición, que mide la parte del cambio que se debe únicamente al hecho de que mujeres y hombres han modificado su presencia en las distintas actividades.

Un efecto distribución, que mide la parte del cambio observado que se debe únicamente al hecho de que la estructura del empleo por actividades ha cambiado sus ponderaciones.

Un efecto residual, definido como la parte del cambio observado no explicado por los efectos composición y distribución (Efecto residual = Variación total – Efecto composición + Efecto distribución).

El cuadro 2 recoge los resultados obtenidos. Estos muestran cómo la reducción que la crisis económica ha inducido sobre los niveles de segregación laboral se fundamenta solo sobre el efecto distribución, que compensa incluso la influencia contraria ejercida por el efecto composición. En otras palabras, la reducción de la segregación ha sido consecuencia de que la crisis económica ha modificado la estructura del empleo por sectores de actividad, alterando sus ponderaciones (efecto distribución). Por el contrario, no se ha producido un cambio sustancial en la presencia de mujeres y hombres dentro de los sectores (efecto composición). Bien al contrario, el signo negativo de su aportación indica que incluso los pequeños cambios acaecidos en la composición del empleo por género dentro de los sectores habría contribuido a aumentar la segregación laboral.

CUADRO 2

Descomposición de la variación en el índice de disimilitud por sectores de actividad (2008TI y 2013TIV)

ID

TANTO POR CIENTO

S2008

0,44

S2013

0,40

Variación

–0,03

Efecto composición

0,00

–9,07

Efecto distribución

–0,04

109,07

Efecto residual

0,00

0,00

Variación

–0,03

100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

En definitiva, la crisis, que muestra claramente un sesgo masculino en sus procesos de destrucción de empleo, habría acentuado sus efectos negativos sobre sectores de actividad de definición mayoritariamente masculina. Esto se habría traducido, en última instancia, en una reducción de la segregación laboral por género observada en el mercado de trabajo español. Sin embargo, la crisis no ha modificado, sino al contrario, las pautas segregadas por género del empleo dentro de los sectores de actividad, de manera que no podría afirmarse que las convulsiones ejercidas por la crisis de empleo en curso en nuestro país se hayan encargado de modificar en lo más mínimo los fundamentos últimos de la segregación laboral en contra de las mujeres.

CONCLUSIONES

El objetivo de este capítulo ha sido analizar las consecuencias inducidas por la actual crisis económica sobre el mercado de trabajo español. Adoptando una perspectiva de género, su propósito último ha sido determinar en qué medida estas consecuencias se están relacionando de igual manera con mujeres y hombres o, por el contrario, se observan diferencias significativas en función del género. Más allá, también nos interesa saber si mujeres y hombres han adoptado las mismas estrategias y respuestas ante la crisis. Utilizando datos procedentes de la Encuesta de Población Activa, tanto en su versión habitual como de flujos laborales, los análisis llevados a cabo apuntan hacia un conjunto de resultados que, en su conjunto, sustentan la conclusión de que ni la crisis está teniendo efectos similares para mujeres y hombres, por una parte, ni los colectivos masculino y femenino están respondiendo de la misma manera a los desafíos planteados por la actual crisis económica, por otra.

En primer lugar, se observa que la destrucción de empleo y el crecimiento del desempleo han resultado notablemente más intensos para los hombres que para las mujeres. Este resultado se acentúa para el periodo 2007-2010, de forma que se podría afirmar que la primera fase de la crisis reviste prácticamente una definición masculina, especialmente en términos de destrucción de empleo.

En segundo lugar, durante prácticamente la totalidad de la crisis se observan patrones radicalmente distintos en relación con las decisiones de participación laboral, de forma que, mientras que los hombres han reducido su tasa de actividad, las mujeres la han aumentado de manera significativa. Este comportamiento, que resulta especialmente interesante, se produce sobre todo en relación con las mujeres casadas o que se definen como persona de referencia o cónyuge dentro del hogar familiar. Es decir, no han sido todas las mujeres las que han emprendido este tipo de decisiones, sino únicamente aquellas que podemos anticipar que mantienen una cierta relación familiar.

En tercer lugar, cabe mencionarse que los anteriores cambios por género acaecidos en el empleo, el paro y la actividad han permitido reducir muy sustancialmente los diferenciales por género habitualmente observados en nuestro mercado de trabajo. Más allá, sin embargo, cabría preguntarse por la permanencia o transitoriedad de estas modificaciones. Para ello deberemos esperar a la llegada de una nueva fase de expansión económica para observar si los cambios ahora observados persisten o, por el contrario, se diluyen en el curso de una nueva creación de empleo. Aunque, evidentemente, todavía es pronto para adelantar una respuesta a esta pregunta, algunos de los análisis realizados, especialmente los relacionados con los fundamentos de la evolución que se ha producido en la segregación laboral por género, permiten a nuestro juicio temer por el carácter mayoritariamente transitorio de estos cambios.

En cuarto lugar, subrayar que el análisis de flujos corrobora lo que, a nuestro juicio, es una de las principales conclusiones del estudio: las diferencias observadas entre mujeres y hombres en cuanto a participación laboral. Estas diferencias se expresarían ahora dinámicamente en unas mayores entradas al empleo y al desempleo desde la inactividad para las mujeres. Las mujeres, a diferencia de los hombres, habrían decidido abandonar la inactividad y pasar a formar parte del mercado de trabajo, a través bien del empleo, bien de su búsqueda desde el desempleo.

La quinta conclusión que pensamos que debe ser destacada es que las mujeres se observan mucho mejor posicionadas en relación con los procesos de creación y destrucción de empleo por sectores. La destrucción de empleo reviste un carácter especialmente masculino en tanto que la creación de empleo, que también se produce en ciertos sectores, se acentúa en relación con las mujeres. Este comportamiento conduce a afirmar que en los efectos laborales de la actual crisis económica existe una cierta relación negativa entre presencia de mujeres e intensidad en la destrucción de empleo de los sectores. El carácter marcadamente masculino de algunos de los sectores más afectados por la crisis, así como el más adecuado perfil (estudios y cualificaciones) que presentan las mujeres en relación con las actividades económicas con mayores oportunidades, deben ser dos de las razones más importantes que expliquen este resultado.

Por último, todos los anteriores resultados han conducido a la observación de una moderada reducción en los niveles de segregación laboral que enfrentan las mujeres en nuestro mercado de trabajo. Aun cuando la segregación continúa registrando niveles elevados, tanto desde una perspectiva sectorial como ocupacional, estos han experimentado una moderada aunque esperanzadora reducción. La mala noticia es que, de acuerdo con nuestros análisis, este resultado se ha debido únicamente a la forma en que la crisis ha cambiado la estructura del empleo. La crisis ha acentuado la destrucción de empleo en sectores de actividad tradicionalmente de definición marcadamente masculina, pero no habría modificado sustancialmente la desigualdad de la presencia de mujeres y hombres dentro de los sectores de actividad.

En definitiva, es posible identificar elementos menos positivos de empleo y paro para la mujer y las diferencias de género dentro de la actual crisis económica que azota de manera especialmente negativa a nuestro mercado de trabajo. A partir de ellos, existe la tentación de concluir que la convulsión que esta crisis está suponiendo en términos de creación y, sobre todo, destrucción de empleo podría estar alterando en cierta manera, incluso de manera permanente, algunos de los rasgos más negativos sobre los que se fundamentan las desigualdades laborales por género en nuestro país. El concepto de creative destruction (Schumpeter, 1942) volvería a ser un concepto útil en la explicación no solo de la dinámica económica más general (Acemoglu y Robinson, 2012) sino también de cuestiones más particulares como la de la estructura del mercado de trabajo en clave de género. Frente a esta visión, sin embargo, hay que ser cautos. La positiva evolución observada en los diferenciales laborales por género se sustenta antes en el empeoramiento de los indicadores masculinos que en la deseada mejora de los resultados laborales alcanzados por las mujeres. La idea del levelling down (Bettio y Verashchagina, 2013) encontraría de esta forma, también en España, una sólida evidencia empírica.

BIBLIOGRAFÍA

ACEMOGLU, D., y ROBINSON, J. A. (2012), Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Nueva York, Crown Business.

ANKER, R. (1998), Gender and Jobs. Sex Segregation and Occupations in the World, Ginebra, International Labour Office (ILO).

BETTIO, F., y VERASHCHAGINA, A. (2013), «Women and Men in the “Great European Recession”», en Maria Karamessini y Jill Rubery (eds.), Women and Austerity. The Economic Crisis and the Future for Gender Equality, Londres y Nueva York, Routledge.

BLAU, F.; SIMPSON, P., y ANDERSON, D. (1998), «Continuing Progress? Trends in Occupational Segregation in the United States over the 1970’s and 1980’s», NBER Working Paper, 6716.

DUEÑAS, D.; IGLESIAS, C., y LLORENTE, R. (2014), «Expulsion or Confinement? A Comparative Perspective on Occupational Segregation by Sex in Spain», International Labour Review, 153 (2).

DUNCAN, O., y DUNCAN, J. (1955), «A Methodological Analysis of Segregation Indexes», American Sociological Review, 20, págs. 210-217.

SCHUMPETER, J. A. (1942), Capitalism, Socialism and Democracy, Nueva York, Harper & Row Publishers.

CAPÍTULO 2

Los efectos de la Gran Recesión sobre las diferencias salariales y la discriminación por género

DIEGO DUEÑAS FERNÁNDEZ[14]

CARLOS IGLESIAS FERNÁNDEZ[15]

RAQUEL LLORENTE HERAS[16]

Más allá de las previsibles rebajas salariales existentes en todo periodo de crisis derivadas, entre otras cuestiones, de la existencia de un elevado desempleo, la actual crisis económica está provocando importantes cambios en la propia estructura de remuneraciones. Los efectos adversos de la crisis no se han repartido por igual entre hombres y mujeres, provocando diferentes ajustes salariales e inesperadas consecuencias sobre el gap salarial existente por género. La base de estos cambios se encuentra en la mayor destrucción de empleo dentro de sectores y ocupaciones de colocación preferentemente masculina[17], tales como la construcción, y entre aquellos puestos de trabajo asociados a remuneraciones superiores a la media. Sin embargo, tras esta pauta persisten muchos otros efectos encubiertos.

A lo largo de este capítulo se analiza la reciente evolución de las diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres en nuestro país prestando una especial atención a los fundamentos de dicho cambio. Concretamente, en primer lugar se muestra cuál es el conocimiento existente sobre el gap salarial entre hombres y mujeres en España (primer epígrafe). Posteriormente se presentan los últimos datos estadísticos sobre el gap salarial por género durante el periodo de crisis acudiendo a varias fuentes de contraste (segundo epígrafe). Y, finalmente, se establecen algunos de los fundamentos de dicha brecha salarial por género principalmente en relación con la existencia de discriminación salarial o, al menos, de la observación de una retribución diferente entre hombres y mujeres que presentan similares características laborales.

¿QUÉ SABEMOS RESPECTO AL GAP SALARIAL POR GÉNERO EN ESPAÑA?

Desde la economía laboral, los estudios sobre la justificación de las diferencias salariales por género son amplios y numerosos. Las teorías más tradicionales justifican el gap salarial a partir de la existencia de diferencias en la productividad de los individuos vinculadas con ciertas características personales y/o laborales distribuidas de forma desigual por género (Altonji y Blank, 1999). En relación con esta idea, la característica más determinante sería la dotación en capital humano (Becker, 1965) determinando una remuneración menor para las mujeres acorde con su tradicional menor inversión en capital humano, si bien en las nuevas generaciones de mujeres este argumento desaparece al poseer un nivel de estudios elevado y altas cualificaciones. Sin embargo, en Valentova et al.(2007) se determina que actualmente la diferenciación por género se produce debido a las diferentes áreas de estudio que desarrollan preferentemente hombres y mujeres.

Otra línea de investigación ha apostado por la existencia de preferencias diferentes entre hombres y mujeres respecto al empleo que ocupan. De manera que, o bien anticipándose al mercado, o bien debido a condicionantes del entorno, hombres y mujeres deciden colocarse en puestos de trabajos diferentes obteniendo como resultado de ello diferentes salarios (Mincer y Polacheck, 1978).

Siguiendo este argumento, se observa que las mujeres tienden a colocarse en trabajos más flexibles que permiten conciliar la vida laboral y familiar (Vella, 1994; Petrongolo, 2004) y, tal vez por ello, vinculados a cierta penalización salarial. En este marco de estudio se circunscriben la teoría de la identidad —Identity Theory— de Akerlof y Kranton (2000), así como la formación de los llamados aspectos pre-market, roles o aptitudes que marcarían un comportamiento laboral diferente por género (Goldin, 2006; Fortin, 2005 y 2008), o la teoría de la contaminación —Pollution Theory— (Goldin, 2002)[18].

Por último, no hay que olvidar la propia discriminación como un factor diferencial de la remuneración de hombres y mujeres basada en la existencia de distintas corrientes. La primera y más conocida es la discriminación estadística (Phelps, 1972; Arrow, 1973), que establece el trato diferencial de un grupo por sus características medias o por la existencia de normas sociales sin entrar en una valoración real del mismo. De acuerdo con esta teoría, las mujeres son asociadas con una menor productividad y, por ello, perciben en media un menor salario sin valorar realmente cuál es su productividad. En este ámbito también se establece la teoría del gusto por la discriminación (Becker, 1957) basada en la división tradicional de los roles en el hogar. Bajo este prisma, las mujeres desarrollarían preferentemente tareas domésticas frente a laborales, por lo que presentarían un menor bagaje de capital humano. Este gusto o preferencia desarrollada en el hogar se trasladaría al mercado de trabajo de manera que los empleadores también mostrarían una mayor preferencia o gusto por la contratación de hombres a priori con mayor capital humano y, por ello, con una mayor remuneración. Finalmente, en relación con la discriminación también existe la teoría de la exclusión ocupacional —Crowding Hypothesis— (Bergmann, 1974), que aboga por que la concentración de las mujeres en determinados ámbitos laborales puede reducir ciertos costes laborales y mejorar la obtención de beneficios. El exceso de oferta femenina y la excesiva competencia en ciertas ocupaciones y actividades reducirían los salarios femeninos.

Para el caso español, numerosas son las investigaciones que se han dedicado al estudio y análisis de las brechas salariales por género durante los últimos años (Carrasco et al., 2011; De la Rica et al., 2010; Dolado y Llorens, 2004; Gardeazábal y Ugidos, 2005; Simón, 2006; entre otros muchos). Gracias a ellas, sabemos que la brecha salarial en contra de las mujeres resulta persistente. En términos generales, todos estos autores concluyen que la mayor parte del gap salarial se debe a un componente no explicado difícilmente medible (Blau y Kahn, 2004) que en numerosas ocasiones suele asociarse con la discriminación y que radica en el hecho de que las mujeres reciben unas retribuciones medias menores que las de los hombres aun presentando similares características personales o laborales a remunerar. Respecto a la parte que se puede medir o identificar, sabemos que el gap salarial por género se vincula con el hecho de que la mujer suele emplearse en mayor medida en aquellos puestos de trabajo que en términos medios poseen una remuneración inferior, tales como trabajos a tiempo parcial, temporales, desarrollando ocupaciones de cualificación media-baja, en los sectores terciarios tradicionales, lejos del desarrollo de labores de supervisión, etc., puestos de trabajo a priori con una menor productividad media y, por ello, una menor remuneración media. Adicionalmente, la segregación sectorial y ocupacional de la mujer sería uno de los fundamentos más importantes para explicar las diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres. De la Rica et al. (2010) establecen que la brecha salarial también se reproduce más allá del salario base y que persiste en los pagos adicionales por productividad (performance pay-PP) y en otros componentes compensatorios del salario.

Por último, en ámbitos laborales donde la brecha salarial debería ser menor y se reduciría la discriminación salarial, debido tanto a la mayor participación femenina como a la existencia de mejores condiciones laborales, tales como las actividades relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) o los servicios intensivos en conocimiento (Knowledge Intensive Services-KIS), se observa la persistencia de importantes brechas salariales por género y pautas todavía discriminatorias (Llorente et al., 2013; Dueñas et al., 2014a).

Muchos de los estudios citados previamente han analizado las diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres a lo largo de toda la distribución de salarios comprobando si la brecha salarial es homogénea y se repite por igual entre tramos salariales elevados e inferiores. De ellos, se deduce que en España, al igual que en numerosos países desarrollados, existe una menor presencia femenina entre los tramos salariales superiores y dentro de estas escalas salariales las mujeres perciben un salario en media inferior al de los hombres conocido como el «techo de cristal». Sin embargo, en relación con la discriminación o la desigual remuneración ante similares características, los resultados alcanzados no resultan del todo concluyentes. De la Rica et al. (2008), junto con Gardeazábal y Ugidos (2005), establecen la persistencia de una mayor discriminación salarial entre aquellos salarios más altos frente a otros trabajos que determinan la inexistencia de dicha discriminación (Olivetti y Petrongolo, 2008; Christofides et al., 2013).

Para el periodo de crisis, gracias a los primeros datos estadísticos sabemos que a pesar de que hombres y mujeres han reducido considerablemente sus salarios, la brecha salarial por género persiste en el periodo de recesión económica. Durante la primera etapa de la crisis, hasta el año 2010, la destrucción de empleo se ha concentrado principalmente entre los hombres debido a la caída del sector de la construcción y asimilados. Para los hombres ello ha supuesto una importante merma salarial dado que ha caído el empleo en un sector asociado generalmente a la percepción de salarios medios elevados. En el caso femenino, las pautas durante la crisis han sido de mantenimiento del empleo, al menos en la primera etapa, y de intensa reincorporación al mercado de trabajo. Los efectos salariales de ambas pautas femeninas son la permanencia o mayor vinculación de las mujeres con puestos de trabajo asociados a una baja remuneración y la persistencia del techo de cristal (Casado y Simón, 2013). A continuación se analiza cómo todo ello ha influido en el gap salarial por género en los últimos años.

COMPRENDIENDO LA REALIDAD: LA BRECHA SALARIAL POR GÉNERO EN ESPAÑA EN EL PERIODO DE RECESIÓN

Para conocer cómo es la evolución más reciente del gap salarial por género en España acudimos a dos fuentes de datos fundamentales: la Structure of Earning Survey, elaborada por Eurostat, que nos ofrecerá datos comparables con el resto de países europeos, y la Encuesta Nacional de Estructura Salarial, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que nos ofrecerá los detalles más relevantes en torno a esta cuestión para el caso español. Ambas fuentes resultan complementarias pero no comparables, puesto que analizan términos salariales diferentes: la primera ofrece datos sobre el salario hora, y la segunda, sobre el salario mensual. Adicionalmente, los datos ofrecidos por cada fuente también se elaboran con metodologías diferentes.

De acuerdo con los datos europeos provenientes de la Structure of Earning Survey, en España las mujeres ganan en términos brutos y en promedio un 17,8 por 100 menos que los hombres[19], valor muy próximo a la media de la Unión Europea (UE-27 países), cuya ratio se cifra en el 16,4 por 100 (gráfico 1). Ello sitúa a nuestro mercado de trabajo entre aquellos países que presentan un gap salarial elevado aunque sin alcanzar los valores máximos establecidos principalmente por los países centrales de la UE tales como Alemania, Austria, la República Checa o Estonia. Sin embargo, esta medición de la brecha salarial no tiene en cuenta la desigual distribución de hombres y mujeres en el empleo por sectores, ocupaciones laborales o puestos de trabajo. Se trata, por tanto, de una medición bruta o desajustada.

GRÁFICO 1

El gap salarial bruto por género en el contexto europeo

Fuente: Unadjusted Gender Pay Gap (GPG). Porcentajes. Structure of Earning Survey, Eurostat, 2012.

La reciente evolución de la brecha salarial por género (gráfico 2) muestra que en España durante el periodo 2007-2008 se produjo un importante acercamiento entre el salario de hombres y mujeres que redujo considerablemente la brecha por género, pero posteriormente, a partir del año 2010, desapareció dicha convergencia, aumentando el gap salarial por género hasta alcanzar valores próximos a los existentes al inicio de la crisis. En todo caso, la brecha salarial entre hombres y mujeres resulta persistente en el caso de España y muestra una evolución dispar respecto al conjunto de la UE (27) o al área euro.

GRÁFICO 2

Evolución del gap salarial bruto por género en el contexto europeo

Fuente: Elaboración propia sobre Structure of Earning Survey, Eurostat, 2007-2012.

Profundizando en la dinámica seguida por el gap salarial por género en España, en el gráfico 2 también se comprueba que existe una moderada caída de la brecha salarial entre los trabajadores con una jornada a tiempo parcial pero que ha sido contrarrestada por un aumento en sentido contrario entre los trabajadores con una jornada laboral a tiempo completo. Concretamente, el gap salarial por género para España en 2012 es del 31,8 por 100 para el empleo a tiempo parcial y del 12,8 por 100 para el empleo a tiempo completo[20]. Como es bien sabido, en España la mayor parte de los empleos a tiempo parcial son desarrollados por mujeres —según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el año 2013 el 73,3 por 100 del empleo a tiempo parcial fue desarrollado por mujeres. Ello establece que la brecha salarial, en términos brutos, sea contraria a la mujer debido simplemente a que su empleabilidad es más frecuente dentro de puestos de trabajo en los que se desarrollan un número menor de horas y generalmente vinculados a una remuneración menor.

Centrándonos ahora en los datos nacionales de la Encuesta de Estructura Salarial, se puede completar el marco de ganancias salariales previo añadiendo ciertos detalles. En el cuadro 1 se muestra cuál es la evolución durante la crisis de la ganancia media anual (en euros) para hombres y mujeres junto con el gap salarial por género considerando distintos aspectos sociolaborales. De nuevo se trata simplemente de la medición bruta del gap salarial sin ajustar y tener en cuenta la diferente ubicación laboral de hombres y mujeres[21]. Según estos datos, en media, las mujeres en España ganan aproximadamente 19 767 euros anuales brutos anuales frente a la ganancia media de los hombres de 25 667 euros brutos anuales, lo que supone un gap salarial en contra de las mujeres del 23 por 100.

CUADRO 1

Evolución del gap salarial bruto por género

2008

2009

2010

2011

VARIACIÓN (P.P)

Ganancia media anual (euros) – Total de asalariados

Mujeres

18 910,6

19 502,0

19 735,2

19 767,6

Hombres

24 203,3

25 001,1

25 479,7

25 667,9

Gap salarial por género*

21,9 %

22,0 %

22,5 %

23,0 %

1,1

Nacionalidad:

Extranjeros

21,6 %

19,7 %

19,7 %

20,8 %

–0,8

Españoles

22,3 %

22,6 %

23,1 %

23,5 %

1,2

Tipo de contrato:

Duración indefinida

24,0 %

24,4 %

24,2 %

24,7 %

0,7

Duración determinada

11,7 %

7,4 %

12,3 %

10,8 %

–0,9

Jornada laboral:

Tiempo completo

13,7 %

13,7 %

12,4 %

14,1 %

0,4

Tiempo parcial

15,2 %

12,2 %

7,6 %

10,3 %

–4,9

* El gap entre hombres y mujeres se calcula siguiendo la siguiente fórmula para cada una de las categorías analizadas: Gap = 1 – (W medio-mujer / W medio-hombre).

Fuente: Elaboración propia sobre Encuesta Anual de Estructura Salarial, serie 2008-2011.

Entre los hombres y mujeres con nacionalidad extranjera aparece un gap salarial inferior (el 20,8 por 100), pero aumenta levemente entre los trabajadores nacionales (el 23,5 por 100). Las brechas salariales por género de mayor cuantía surgen entre los trabajadores con un contrato de duración indefinida, con un gap del 24,7 por 100. Según la jornada laboral desarrollada el gap salarial por género es mayor entre los trabajadores a tiempo completo. Por consiguiente, la distribución de la mujer en el empleo condiciona su retribución, siendo factores fundamentales la vinculación con la temporalidad y la parcialidad.

Respecto a la evolución temporal, durante la crisis el gap salarial bruto por género ha pasado del 21,9 por 100 para el año 2008 al 23 por 100 para el año 2011 estableciendo un incremento de 1,1 puntos porcentuales. A pesar de que se trata de una medición sin ajustar, ello establece, al menos, la persistencia del gap salarial por género. Por el contrario, a lo largo de la etapa de recesión también se observa una leve caída del gap salarial por género entre los trabajadores con un contrato temporal (–0,9 p.p.) o un acercamiento algo más intenso entre aquellos trabajadores con una jornada laboral parcial (–4,9 p.p.).

El gap salarial tampoco es homogéneo para todos los grupos de edad, sino que aumenta a medida que hombres y mujeres cumplen años. La brecha salarial, tal como se observa en el gráfico 3, se incrementa en edades superiores y alcanza su máximo en el tramo de los 55 a los 59 años de edad. La desigual destrucción del empleo ha tenido sus consecuencias en la brecha salarial existente entre hombres y mujeres. Con la crisis desde el año 2008 las pautas de remuneración por edad han cambiado; véase en el gráfico 3 cómo el gap salarial por género se ha incrementado sustancialmente entre los trabajadores en edades maduras (de 45 a 59 años de edad). Ello establece nuevas pautas sociales en las diferencias salariales entre hombres y mujeres no solo marcadas por el género sino también por la cohorte de edad.

GRÁFICO 3

Evolución del gap salarial bruto por género según edad

Fuente: Elaboración propia sobre Encuesta Anual de Estructura Salarial, serie 2008-2011.

Los datos que se ofrecen a continuación demuestran que una parte muy importante del gap salarial existente por género encuentra su fundamento en la segregación sectorial y ocupacional de las mujeres. Desde una perspectiva ocupacional (gráfico 4), en términos absolutos el gap salarial alcanza sus valores máximos entre los trabajadores manuales cualificados de las industrias manufactureras y entre los operadores de instalaciones y asimilados (con una brecha de aproximadamente el 29 por 100 para ambas ocupaciones en 2011); se trata de ocupaciones laborales de colocación preferentemente masculina. Por otro lado, el gap salarial por género más bajo se da entre los técnicos y los profesionales de la salud y la enseñanza (con un gap del 13,3 por 100 en 2011), tarea laboral tradicionalmente desarrollada por mujeres pero con una reciente tendencia hacia ser considerada integrada. Entre ambos tipos de ocupaciones existe una diferencia en la brecha salarial de 16 p.p., lo cual determina claramente la presencia de una elevada heterogeneidad en los rendimientos salariales en función de la ocupación desarrollada.

GRÁFICO 4

Evolución del gap salarial bruto por género según ocupación laboral, 2008 y 2011

Fuente: Elaboración propia sobre Encuesta Anual de Estructura Salarial, serie 2008-2011.

Las pautas de remuneración entre hombres y mujeres por ocupaciones laborales han sufrido ciertas modificaciones estructurales durante la crisis. Entre los directores y gerentes se ha producido la mayor caída del gap salarial por género, del 24,4 al 16,6 por 100, y al mismo tiempo el mayor aumento del gap salarial se ha producido en la anteriormente mencionada ocupación de técnicos y profesionales asociados a la salud y la enseñanza, del 5,7 al 13,3 por 100. En resumen, y observando las últimas tendencias, parece que el gap salarial se ha reducido entre las ocupaciones superiores de carácter no manual y de carácter cualificado pero se ha incrementado entre los profesionales de los servicios tradicionales y las ocupaciones más elementales (peones).

El complemento a la información previa lo ofrece el análisis del gap salarial por sectores de actividad (gráfico 5). Desde la perspectiva horizontal, se comprueba que el gap salarial entre hombres y mujeres resulta elevado en las actividades profesionales, científicas y técnicas y en la rama de otros servicios (con brechas salariales del 30,5 por 100 y el 35,8 por 100 respectivamente para el 2011), mientras que resulta menor entre los sectores de la educación, transportes y almacenamiento y construcción (con una brecha del 10,6 por 100, 9,1 por 100 y 7,7 por 100, respectivamente, para 2011). El resultado que presenta el sector de la construcción puede llamar la atención del lector, pero téngase en cuenta que dentro de esta rama de actividad las mujeres suelen ser minoría y suelen desarrollar ocupaciones de tipo administrativo o profesionales, alcanzando una remuneración media elevada. De nuevo al observar estos datos destaca la elevada diferencia existente en el gap salarial por género entre los diferentes sectores considerados.

GRÁFICO 5

Evolución del gap salarial bruto por género según sector de actividad, 2008 y 2011

Fuente: Elaboración propia sobre Encuesta Anual de Estructura Salarial, serie 2008-2011.

Las pautas de transformación de la crisis han establecido que el gap salarial por género se haya reducido considerablemente en el sector de transportes y almacenamiento (desde el 19,1 hasta el 9,1 por 100) y se haya incrementado en la educación (desde el 4,2 hasta el 10,6 por 100). En general, y resumiendo lo anterior, la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha reducido entre los servicios avanzados y profesionales pero se ha incrementado en la educación, AAPP y actividades sanitarias, servicios de desarrollo más tradicional.

En definitiva, a la luz de los datos previos, tanto por sectores como por ocupaciones se confirma la existencia de brechas salariales por género radicalmente diferentes de unas ubicaciones laborales a otras.

Durante la actual recesión económica la composición del empleo por sectores se ha visto transformada de manera radical y ha afectado intensamente a los salarios tanto de los hombres como de las mujeres. La caída del empleo en la construcción y en sectores vinculados durante los primeros años de crisis afectó fuertemente a los hombres, pero posteriormente la destrucción de empleo se generalizó al resto de sectores de colocación. Dicha pauta obliga a plantearnos hasta qué punto los cambios acaecidos en la composición sectorial del empleo han afectado al gap salarial por género. En el cuadro 2 se muestra cómo la caída del salario medio neto entre 2009 y 2012 se puede diferenciar en dos componentes: la caída del empleo por sectores (efecto composición) o la caída de los salarios percibidos en dichos sectores (efecto salarios)[22].

CUADRO 2

Descomposición de la variación del salario medio (%)

TOTAL

EFECTO SECTORIAL

EFECTO SALARIOS

Hombres

100

56

44

Mujeres

100

23

77

Promedio

100

39

61

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, pool 2009-2012.

Su lectura establece que la caída del salario de los hombres se debe en un 56 por 100 a la destrucción del empleo por sectores, principalmente en aquellos cuyas remuneraciones resultan elevadas (entiéndase para el caso masculino el sector de la construcción junto con sectores industriales y de servicios asimilados), mientras que el porcentaje restante del 44 por 100 se debe a la caída generalizada de los salarios masculinos en todos y cada uno de los sectores. En el caso femenino, la caída del salario medio se puede atribuir en un 23 por 100 a la destrucción del empleo por sectores (en el caso de la mujer, además de la caída de la construcción, sobre todo debido a la destrucción de empleo dentro del sector manufacturero), pero lo más llamativo es que el 77 por 100 se puede atribuir a la reducción generalizada de los salarios medios en todos los sectores productivos. En resumen, la rebaja salarial provocada por la crisis en el caso de los hombres se ha producido por la caída de aquellos sectores con mayor salario pero en el caso femenino ha sido consecuencia de la rebaja generalizada de los salarios, de modo que se han establecido pautas salariales diferentes por género.

LOS FUNDAMENTOS DEL GAP SALARIAL POR GÉNERO DURANTE LA CRISIS

Los datos mostrados hasta el momento reflejan cuáles son algunos de los fundamentos de la persistencia del gap salarial y de su moderado aumento durante los últimos años. Sin embargo, se trata de mediciones brutas, sin ajustar, que no tienen en cuenta la diferente ubicación laboral de hombres y mujeres, cuestión que viene resultando determinante. En este apartado, se analiza la evolución del gap salarial por género teniendo en cuenta dicha desigual ubicación laboral de hombres y mujeres. Para ello se ha desarrollado la conocida descomposición salarial de Oaxaca-Blinder (Neumark, 1988; Oaxaca y Ransom, 1994, 1999; Oaxaca, 1973; Blinder, 1973)[23], junto con la descomposición salarial temporal de Juhn, Murphy y Pierce (1993). Ambas estimaciones se basan en que los trabajadores reciben una remuneración por la productividad que generan en su puesto de trabajo; como esto no es medible de manera directa, la remuneración de los trabajadores se establece de manera indirecta en función de sus características personales (si poseen estudios superiores, su especialización productiva, etc.) sobre la base del puesto de trabajo que se ocupa (el número de horas laborales, el sector de colocación, la ocupación, etc.) y ciertos factores institucionales (la existencia de un salario mínimo, convenios colectivos, etc.).

La descomposición salarial previa determina que si existe un gap salarial por género, ello podría deberse a dos componentes principales. El primero establece que el gap salarial se produce porque existen diferencias en las características personales o en la distribución de los puestos de trabajo que ocupan hombres y mujeres. Sencillamente, por ejemplo, si los hombres frente a las mujeres desarrollan una jornada laboral de mayor duración y con más horas extraordinarias, ello establecería que los hombres presenten una mayor remuneración debido solamente a las características laborales de su ubicación en el mercado de trabajo. Esta idea se conoce como la existencia de diferencias en las dotaciones o características a remunerar y es la base del llamado «componente explicado», puesto que tiene su fundamento en algo conocido. No obstante, téngase en cuenta que deben medirse de manera muy precisa las dotaciones de hombres y mujeres: las características a remunerar junto con la ubicación laboral. Sin embargo, si ante las mismas dotaciones hombres y mujeres presentan remuneraciones diferentes, ello se conoce como «componente no explicado». Este segundo componente suele estar asociado con la discriminación salarial, puesto que refleja un tratamiento en media diferente; si bien debe tenerse en cuenta que también recoge todo aquello que no puede ser observado a través del componente explicado. La primera metodología de estimación se recoge en el cuadro 3[24], mientras que la segunda se recoge en el cuadro 4 y muestra una descomposición similar pero a lo largo del tiempo[25]. Al realizar este tipo de estimaciones debemos tener muy en cuenta cuál es la variable sobre la cual se analiza el gap salarial, puesto que de ello depende el resultado obtenido. Para ofrecer un mejor entendimiento de la realidad se realizan diferentes estimaciones tanto sobre el salario mensual como por hora para el total de trabajadores y para el colectivo de asalariados a tiempo completo. Las estimaciones se realizan sobre la construcción de un pool de datos que aúna las diferentes olas transversales de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2008 a 2012. Por tanto, al tratarse de una fuente de datos diferente, los nuevos gaps estimados completan el conocimiento aportado en este capítulo pero no resultan comparables con los datos brutos ofrecidos en el apartado previo.

CUADRO 3

Descomposición salarial para hombres y mujeres. Gap salarial por género ajustado

OAXACA-BLINDER FILTRO HECKMAN

LWN HOMBRES

LWN MUJERES

DIFERENCIA

EXPLICADA

NO EXPLICADA

PORCENTAJES ABSOLUTOS (%)

Salario mensual (2008-2012)

Total ocupados

7,41

2

**

*

7,20

7

**

*

0,2

5

*

*

*

0,0

90

*

*

*

0,1

15

**

*

43,9

56,1

Asalariados tiempo completo

7,30

4

**

*

7,17

0

**

*

0,1

34

*

*

*

—

0,0

37

*

*

*

0,1

70

**

*

17,7

82,3

Salario hora (2008-2012)

Total ocupados

2,19

0

**

*

2,06

8

**

*

0,1

22

*

*

*

—

0,0

22

*

*

*

0,1

44

**

*

13,4

86,6

Asalariados tiempo completo*

2,18

4

**

*

2,11

9

**

*

0,0

66

*

*

*

—

0,0

49

*

*

*

0,1

15

**

*

29,9

70,1

*** Significativo al 99 %

** Significativo al 95 %

* Significativo al 90 %

* En este modelo el filtro de Heckman no resulta significativo para los hombres pero sí para las mujeres bajo una significatividad del 90 %.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, pool 2008-2012.

Según los resultados alcanzados para el total de ocupados, el gap salarial por género se puede establecer en un 25 por 100 si tomamos como referencia el salario mensual y en un 12 por 100 si consideramos el salario por hora[26]. En el caso solamente de los asalariados a tiempo completo, la diferencia entre hombres y mujeres se estima en un 13 por 100 en el salario mensual y un 6 por 100 en el salario hora. Por consiguiente, lo primero que indican estos datos es que durante la crisis económica actual, aun ajustando por las diferentes características de hombres y mujeres junto con la menor pero creciente participación femenina, persiste un importante gap salarial. En segundo lugar, el gap disminuye al considerar solo a los asalariados a tiempo completo, lo que indica que las mayores diferencias por género vienen de la mayor vinculación de las mujeres con el empleo a tiempo parcial.

Observando la descomposición de ambas brechas (cuadro 3), se establece que, independientemente de la perspectiva de análisis contemplada, el componente «no explicado» resulta mayoritario en la formación de las diferencias salariales. En el caso del salario hora para el total de ocupados su valor alcanza el máximo con una ratio del 86,6 por 100. Las diferencias entre el salario de hombres y mujeres no se pueden atribuir principalmente a la existencia de diferencias en sus características, sino que debemos profundizar en su explicación y buscar su posible fundamento en otros ámbitos, tales como la existencia de distintos preferencias entre hombres y mujeres, la discriminación salarial o el propio funcionamiento del mercado de trabajo, entre otras múltiples cuestiones.

Los resultados de la descomposición de Juhn, Murphy y Pierce (1993) (cuadro 4) establecen que en la actual recesión económica para el total de trabajadores las diferencias entre hombres y mujeres en relación con el salario mensual se han reducido en 3,7 puntos porcentuales (desde el 28,8 hasta el 25,1 por 100), y en relación con el salario hora, en 2,2 puntos porcentuales (del 12 al 9,8 por 100). En el caso de los asalariados a tiempo completo, dicha caída se cifra en 5 y 2,6 puntos porcentuales respectivamente. Por consiguiente, durante la crisis se han reducido las diferencias salariales por género pero sobre todo entre los asalariados a tiempo completo.

CUADRO 4

Descomposición salarial para hombres y mujeres en el tiempo. Gap salarial por género ajustado. Descomposición de los salarios temporales (Juhn, Murphy y Pierce, 1993)

DIFERENCIA TOTAL

EFECTO EXPLICADO

EFECTO NO EXPLICADO

PORCENTAJE ABSOLUTO (%)

Salario mensual (2008-2012)

Total

2008

0,288

0,017

0,271

5,9

94,1

2012

0,251

–0,008

0,259

3,1

96,9

En media (2008-2012)

0,270

0,004

0,265

1,6

98,4

Diferencia (2008-2012)

–0,037

–0,025

–0,012

67,3

32,7

Asalariados a tiempo completo

2008

0,166

–0,007

0,173

3,7

96,3

2012

0,117

–0,041

0,158

20,6

79,4

En media (2008-2012)

0,141

–0,024

0,165

12,6

87,4

Diferencia (2008-2012)

–0,049

–0,034

–0,015

69,4

30,6

Salario hora (2008-2012)

Total

2008

0,120

0,001

0,119

1,0

99,0

2012

0,098

–0,023

0,121

16,1

83,9

En media (2008-2012)

0,109

–0,011

0,120

8,4

91,6

Diferencia (2008-2012)

–0,022

–0,024

0,002

91,1

8,9

Asalariados a tiempo completo

2008

0,095

–0,023

0,119

16,5

83,5

2012

0,069

–0,048

0,117

28,9

71,1

En media (2008-2012)

0,082

–0,036

0,118

23,2

76,8

Diferencia (2008-2012)

–0,026

–0,025

–0,002

93,1

6,9

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, pool 2008-2012.

La disminución de la brecha salarial se justifica principalmente por la caída del componente explicado, es decir, porque las características personales y laborales que presentan hombres y mujeres ocupados han tendido a ser más similares.

EL TECHO DE CRISTAL EN LA CRISIS

Uno de los temas analizados con mayor intensidad respecto al gap salarial por género consiste en demostrar si las diferencias salariales se mantienen a lo largo de toda la distribución de salarios (Koenker y Bassett, 1978). Se trata de comprobar si las mujeres participan en los tramos salariales más elevados en las mismas condiciones que los hombres; es decir, si las mujeres que más cobran son las que soportan mayores diferencias salariales con sus homónimos masculinos o son las que soportan una mayor discriminación salarial, un pago diferencial que no se puede explicar.

En el cuadro 5 se muestra el gap salarial sin ajustar en diferentes puntos de la distribución salarial sobre los datos brutos de la Encuesta de Estructura Salarial. En términos absolutos, la diferencia entre el salario medio anual de hombres y mujeres es más elevada en la parte superior de la distribución salarial. Para el año 2011 las mujeres del cuartil superior ganan 8976,7 euros menos en media que los hombres. Además, se comprueba que en términos absolutos el gap salarial se ha acrecentado a lo largo del periodo de crisis. Ello indica indirectamente la existencia de cierto techo de cristal en términos brutos y absolutos. Sin embargo, nuevamente debemos considerar para su correcta medición las características personales y laborales de hombres y mujeres.

CUADRO 5

Evolución del gap salarial por género en la distribución de los salarios. Salario anual medio de 2008 a 2011

2008

2009

2010

2011

Diferencias absolutas en el salario medio anual entre hombres y mujeres

Percentil 10

4505,9

4525,9

4390,2

3977,7

Cuartil inferior

4121,7

4221,1

4307,7

4341,5

Media

5292,7

5499,0

5744,5

5900,3

Cuartil superior

5939,6

6122,0

6412,5

6836,4

Percentil 90

7395,6

7397,2

8476,1

8976,7

Gap salarial porcentual para la mujer (%)

Percentil 10

38,9

39,2

38,5

36,2

Cuartil inferior

27,2

27,2

27,3

27,6

Media

21,9

22,0

22,5

23,0

Cuartil superior

20,2

20,0

20,6

21,4

Percentil 90

17,7

17,0

19,0

20,0

Fuente: Elaboración propia sobre Encuesta Anual de Estructura Salarial, serie 2008-2011.

GRÁFICO 6

Estimación del gap salarial por género ajustado. Percentiles

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, pool 2009-2012.

Por ello, se ha desarrollado la metodología establecida por Melly (2006)[27], similar a la descomposición de Machado y Mata (2005), que muestra de manera sencilla qué parte de las diferencias salariales se debe a la existencia de diferencias en las características personales y laborales entre hombres y mujeres o a la existencia de una distinta remuneración o retribución de dichas características pero en este caso a lo largo de toda la distribución salarial según los diferentes percentiles considerados. La estimación del gap salarial ajustado se recoge en el gráfico 6 y establece, independientemente de la medida considerada, una disminución del mismo en los tramos salariales superiores. Por ello, no se puede concluir que durante la crisis haya persistido un techo de cristal en términos salariales.

CONCLUSIONES

A lo largo de este capítulo hemos analizado cómo es el gap salarial existente entre hombres y mujeres durante el periodo de crisis. Los datos iniciales han mostrado claramente que el gap salarial en España resulta persistente al igual que en otros países europeos. En España, según los últimos datos de Eurostat, todavía provisionales para el año 2012, las mujeres ganan en términos brutos y promedio un 17,8 por 100 menos que los hombres según el salario hora no ajustado. Durante los primeros años de crisis la diferencia salarial entre hombres y mujeres se redujo considerablemente, pero desafortunadamente durante los últimos años ha crecido de manera intensa hasta alcanzar los niveles previos a la crisis.

Con datos nacionales de la Encuesta de Estructura Salarial para el año 2011, el gap también se cifra en una ratio bastante elevada, concretamente en el 23 por 100 según el salario anual no ajustado, y se confirma la existencia de una tendencia creciente en él durante los últimos años de la crisis. Estudiando en detalle el gap salarial, el análisis descriptivo inicial muestra que sus fundamentos visibles son la desigual distribución de hombres y mujeres en los puestos de trabajo y sobre todo la existencia de segregación ocupacional y sectorial. Asimismo, la mayor vinculación de las mujeres con el empleo a tiempo parcial es una de las causas de su menor remuneración en términos brutos o absolutos. Durante la crisis esta pauta no se ha modificado radicalmente, ya que las mujeres han mantenido su empleo en mayor medida que los hombres y adicionalmente muchas mujeres se han reincorporado al mercado de trabajo, pero en ambos casos la mayoría de los puestos de trabajo femeninos se han vinculado a menores remuneraciones medias simplemente debido a las propias condiciones laborales (trabajos temporales, parciales, pertenecientes a los servicios tradicionales y de cualificaciones medias y bajas). De este primer análisis también destacan las importantes transformaciones sociales que se están produciendo dentro del gap salarial por género en función de la edad de los individuos, de manera que existe un cierto efecto «cohorte» que penaliza salarialmente a las mujeres de mayor edad.

Las estimaciones realizadas para medir el gap salarial ajustando o controlando por las diferentes características personales y laborales que presentan hombres y mujeres también inciden en la persistencia del gap salarial, si bien en este caso el gap se reduce levemente a lo largo de la crisis. Al respecto podemos determinar que dicha disminución se debe principalmente a que las características laborales que presentan hombres y mujeres se han hecho más similares. La participación laboral femenina frente a la de los hombres se ha incrementado al menos durante los primeros años de la crisis. El nivel de educación de las mujeres ha seguido aumentando, pero esta mejora no se ha producido en otros aspectos laborales. Además, la situación laboral masculina ha empeorado al aumentar su presencia en el empleo parcial y reducirse dentro de la construcción e industria. Ambas tendencias conducen a la rebaja de los salarios para los hombres. En definitiva, la reducción de la brecha salarial se fundamenta en una nivelación hacia abajo —levelling down— (Bettio y Verashchagina, 2013) basada en que el grupo de referencia empeora su situación laboral.

El motivo principal del gap salarial mensual se debe al diferente número de horas que trabajan hombres y mujeres. Sin embargo, existe una parte importante del gap salarial sin explicar y que puede atribuirse a la existencia de discriminación o a cuestiones que escapan a la medición estadística. Además, dicho componente «no explicado» es persistente durante la crisis económica.

Los resultados respecto al techo de cristal no son del todo concluyentes. Si bien en términos brutos o absolutos la diferencia salarial por género resulta elevada en los tramos salariales superiores, al desarrollar estimaciones a lo largo de toda la distribución de salarios ajustadas por las características personales de hombres y mujeres, descubrimos que dichas diferencias no son mayores en tramos salariales elevados.

En definitiva, en tiempos tan adversos como los actuales, se demuestra que la desigualdad salarial por género resulta persistente y se comprueba que se basa principalmente en el reparto desigual de hombres y mujeres entre los puestos de trabajo, cuestión que no se ha visto radicalmente modificada durante la crisis. Hasta que no se alcance una posición laboral por género más igualitaria, es posible que no se limen las diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres.

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CAPÍTULO 3

Género y pobreza

OLGA CANTÓ

INMACULADA CEBRIÁN

GLORIA MORENO[28][29],

INTRODUCCIÓN

La llegada de la crisis económica ha tenido consecuencias devastadoras sobre la distribución de renta por la importante destrucción de empleo, la caída real de los salarios y la congelación de muchas prestaciones. A pesar del colchón económico inicial de las prestaciones por desempleo, el desplome de los ingresos del 20 por 100 de los hogares más pobres, junto con la gran debilidad de nuestro sistema de prestaciones y la larga duración de la recesión, está teniendo un gran efecto sobre las rentas más bajas. Esto se refleja en el fuerte crecimiento de la desigualdad de la distribución de la renta disponible y en el número de hogares pobres, que es significativamente superior al de otros países europeos. Sin embargo, este aumento de la inequidad en la distribución de la renta no afecta de forma homogénea a toda la población, sino que tiene efectos distintos según las características de los individuos (género, edad, origen, ocupación, etc.) y de sus hogares (número de miembros, tipos de hogar, etc.). En este capítulo exploramos la relación entre la pobreza familiar y el género de sus miembros, atendiendo especialmente a los efectos de los cambios en la organización de los hogares.

La literatura sobre pobreza y exclusión sugiere que en muchos países desarrollados existe una clara relación positiva entre el riesgo de pobreza y el género, y Europa y España no son una excepción (Comisión Europea, 2006; Bárcena-Martín y Moro-Egido, 2013). En los países ricos, la menor renta disponible de los hogares con mayor proporción de mujeres está íntimamente ligada a la brecha de género en el mercado de trabajo, que supone también menores derechos a recibir prestaciones y pensiones de jubilación para las mujeres, lo que, en general, incide negativamente sobre su capacidad económica durante todo el ciclo vital. En concreto, en el caso del mercado de trabajo español, las diferencias entre hombres y mujeres más desfavorables a estas últimas se han manifestado tradicionalmente en una persistente brecha en tasas de empleo y desempleo, en un mayor peso del trabajo a tiempo parcial (a menudo no deseado) y de los contratos de carácter temporal, en discriminación salarial y en una importante segregación de las mujeres en ocupaciones de menor remuneración. En este contexto, parece razonable pensar que los hogares con una mayor proporción de mujeres, habitualmente identificados con los unipersonales de avanzada edad y los monoparentales (Daly, 1990), ya más vulnerables previamente, podrían haber sufrido un mayor aumento de su riesgo de pobreza con la llegada de la recesión.

En todo caso, también es cierto que las consecuencias de la crisis económica sobre un determinado colectivo no dependen exclusivamente de su riesgo de pobreza previo, sino que están condicionadas por el efecto que esta tenga sobre las oportunidades laborales, los salarios y las prestaciones que reciba cada colectivo. Además, también resulta importante tener en cuenta que, a causa de la pérdida del empleo o de las reducciones salariales provocadas por la recesión, las familias adoptarán estrategias para reducir su riesgo de pobreza. En concreto, pueden optar por reagruparse —en menos hogares pero de mayor tamaño— o por cambiar las decisiones de participación laboral en el seno del hogar —buscar empleo o ampliar el número de horas de trabajo.

En este capítulo nos planteamos estudiar la relación entre género y pobreza en los últimos años, analizando cómo ha evolucionado la distribución de las mujeres en los distintos tipos de hogares con dificultades económicas: hogares pobres, familias excluidas del empleo y hogares en situaciones de pobreza extrema. Este ejercicio nos permitirá, en primer lugar, evaluar los cambios en el riesgo de pobreza de las mujeres a causa de la recesión y, en segundo lugar, comprobar cómo se comportan las brechas de género ante los efectos sociales más perniciosos de la crisis, reflejados principalmente en el aumento de los hogares con todos sus activos parados y de los hogares sin ningún tipo de ingreso regular.

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En el primer apartado presentamos los principales resultados de la literatura sobre la relación entre género y pobreza indicando sus principales determinantes. En la segunda sección, analizamos con detalle la relación entre género y pobreza en España, centrándonos en lo que ha sucedido en todo el periodo de crisis y conectándolo a los cambios que se han producido en el mercado de trabajo, en la distribución de la renta y en la estructura de convivencia de los hogares. A lo largo de todo nuestro estudio utilizamos como fuentes de información principales la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y los datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa (EPA). Estas dos fuentes nos permiten medir, por una parte, el riesgo de pobreza monetaria por género y, por otra, la presencia femenina en hogares excluidos del empleo y en familias a las que no llega ningún ingreso regular (procedente de salarios, prestaciones o pensiones) y que estarían en situación de pobreza extrema. La última sección del trabajo resume los principales resultados del estudio.

LA RELACIÓN ENTRE GÉNERO Y POBREZA: FACTORES DETERMINANTES

La relación entre género y pobreza tiene varias vertientes y se inserta en una problemática mucho más amplia relativa a las implicaciones del aumento de la actividad y de la ocupación laboral de las mujeres en los países industrializados a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado sobre la distribución de la renta. Este gran cambio social tiene consecuencias sobre la estructura y la organización de los hogares y sobre las relaciones familiares y las formas de cohabitación y de fecundidad (Sarasa, 2013). Como subraya recientemente Harkness (2013), el efecto del incremento del empleo femenino sobre el nivel de renta familiar, sobre la desigualdad de rentas y sobre la pobreza, dependerá en gran medida de si la incorporación al empleo la protagonizan mujeres que viven en hogares con ingresos bajos, medios o altos.

La literatura apunta a que en cada país la proporción de mujeres que se han incorporado al mercado de trabajo desde distintos niveles de renta familiar ha sido diferente. En el caso español, Gradín, Del Río y Cantó (2008) concluyen que a principios de este siglo, cuanta mayor era la renta de los hogares, mayor era también el nivel de participación femenina en el mercado laboral, mayor la probabilidad de encontrar mujeres trabajando por cuenta ajena y menor la tasa de paro femenina. Y a la inversa, a menor nivel de ingresos del hogar, menor proporción de mujeres asalariadas y mayor tasa de desempleo femenino. Además, estos autores también comprobaron que en los hogares con mujeres ocupadas el peso de los ingresos femeninos en los presupuestos familiares es elevado, lo que contradice por tanto la hipótesis de que el salario femenino actúa de mero complemento del masculino (pin money) para el caso español, como ya habían concluido Harkness et al. (1997) para el Reino Unido.

A pesar de que la evidencia empírica relativa al papel que tienen las rentas de las mujeres en relación con la desigualdad de rentas general no es concluyente, lo que sí parece plausible es que, en la mayoría de los países, los ingresos de las mujeres desempeñan un importante papel en la prevención de la pobreza (Harkness et al., 1997; Maître, Whelan y Nolan, 2003). Este resultado, como señalan varios informes de la European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions que analizan el papel del género en la incidencia de la pobreza, puede tener su origen en el hecho de que en las economías desarrolladas la estructura del hogar (sobre todo contar con más de un perceptor regular de rentas) es cada vez más importante para las familias a la hora de protegerse de cualquier situación económica difícil[30]. Parece claro que los cambios de organización familiar en los países desarrollados están suponiendo un aumento de los hogares con más miembros ocupados a la vez que crecen los hogares en los que las mujeres son sustentadoras principales, así como las familias monoparentales (Sarasa, 2013). Estas nuevas formas de convivencia tendrán diferentes consecuencias sobre las decisiones individuales de participación y empleo en consonancia con el desarrollo del Estado de Bienestar, las instituciones y los regímenes laborales en vigor en los distintos países, como ya subrayaban Toharia et al. (2007).

Por otro lado, la literatura sobre pobreza apunta a que las mujeres experimentan una mayor vulnerabilidad que los hombres a caer y permanecer en situaciones de pobreza monetaria y multidimensional (Botti et al., 2012), lo que a grandes rasgos se explicaría por las brechas de género de todo tipo a las que están expuestas a lo largo de todo el ciclo vital femenino. En esta línea, una extensa literatura ligada a la economía laboral se ha ocupado de analizar si las mujeres cuentan con las mismas oportunidades que los hombres en el mercado de trabajo y ha puesto de manifiesto que existen brechas de género importantes. Las mayores tasas de desempleo femenino que masculino (Azmat et al., 2006), los periodos más cortos e intermitentes de participación laboral (Antecol, 2000; Cebrián y Moreno, 2013) y de ocupación remunerada de las mujeres, la brecha salarial (Gradín et al., 2010) y la segregación femenina generalizada en ocupaciones menos remuneradas (De la Rica, 2010; Del Río y Alonso-Villar, 2010) son factores determinantes de la brecha de género. Además, las mujeres ocupan en mayor medida que los hombres puestos de trabajo a tiempo parcial no deseados y tienen un mayor porcentaje de contratos temporales inestables (Petrongolo, 2004), lo que, junto a su mayor dedicación al cuidado de las personas dependientes, tiene claras consecuencias negativas sobre sus oportunidades laborales y salariales. Estas diferencias de género se perpetúan después de la vida laboral femenina, debido a la estructura y funcionamiento de los sistemas tanto de prestaciones sociales en general como de pensiones de jubilación. Estos sistemas tienden a mantener, e incluso ampliar en los años posteriores a la jubilación, las diferencias de género que se observan en el mercado de trabajo.

Todo lo anterior nos lleva a pensar que, en general, en aquellos países en los que las tasas de desempleo femeninas sean mayores que las masculinas y en los que las brechas salariales entre hombres y mujeres favorezcan a los primeros, el riesgo de pobreza de las mujeres superará al de los hombres. En la actualidad, el riesgo medio de pobreza de una mujer europea es de un 17,7 por 100, 1,4 puntos por encima del riesgo masculino (Eurostat, 2014). Esta vulnerabilidad resulta ser más alta en los países del este europeo y en algunos de la cuenca mediterránea y, a grandes rasgos, es menor en aquellos países en los que las mujeres tienen historias laborales menos intermitentes, sufren menor discriminación salarial, están menos segregadas en ocupaciones o sectores de baja remuneración y tienen menores tasas de desempleo.

Es de sobra conocido, asimismo, que en los países del sur de Europa, y en particular en España, los hogares y las familias desempeñan un papel muy importante a la hora de proteger a sus miembros de la pobreza. En este contexto, sería de esperar que a lo largo del periodo de crisis, como respuesta a la situación de recesión económica y a la falta de protección necesaria para hacer frente a la escasez de ingresos, hayan tenido lugar cambios significativos en la organización familiar. Estos cambios podrían suponer, por ejemplo, una concentración de población en hogares con algún miembro ocupado, reagrupaciones de hogares y retorno de jóvenes al hogar parental; un crecimiento de los hogares en los que las mujeres son sustentadoras principales, dado el fuerte impacto de la crisis sobre el mercado de trabajo masculino; y, quizá, también, una tendencia a la baja del número de familias monoparentales, ante las dificultades para afrontar económicamente una separación. Todos estos cambios en las formas de convivencia pueden tener consecuencias tanto sobre la decisión de participación femenina en el mercado de trabajo como sobre el impacto económico de la crisis en cuanto a protección de hombres y mujeres en riesgo de pobreza ante la persistente falta de ingresos.

En España, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)[31], las personas que perdieron el empleo al inicio de la crisis fueron mayoritariamente hombres (más de las tres cuartas partes de los empleos destruidos durante la primera fase estaban ocupados por hombres). Sin embargo, debido al fuerte aumento de la tasa de actividad de las mujeres (más de un millón se han incorporado a la población activa desde 2007 hasta el último trimestre de 2013), la tasa de desempleo femenina sigue siendo actualmente mayor que la masculina (26,9 frente a 25,3 por 100). Un estudio reciente de Permanyer y Treviño (2013) analiza en qué medida la crisis económica está afectando de distinta manera a hombres y mujeres en nuestro país y concluye que «… los efectos adversos han afectado más severamente a los hombres a través de la destrucción de empleos típicamente masculinizados» (pág. 134). Estos autores constatan el desplome generalizado de la brecha de género en muchas variables como la actividad, la ocupación y el empleo, pero matizan que esta reducción se debe al empeoramiento de la situación de los hombres más que a una mejora de la de las mujeres. Efectivamente, los resultados de la EPA subrayan que en España, a lo largo de la crisis, las mujeres siguen sufriendo mayores niveles de temporalidad y de trabajo a tiempo parcial que los hombres, fuente principal de precarización del empleo. Así, en el último trimestre de 2013 la tasa de temporalidad femenina era del 24,8 por 100, mientras que la masculina se situaba en el 23,1 por 100, y el peso del empleo a tiempo parcial femenino alcanzaba el 27,6 por 100, y el masculino, únicamente el 8,4 por 100.

Asimismo, la reducción generalizada de los salarios, tanto nominales como reales, ha afectado tanto a hombres como a mujeres, aunque el efecto composición ha dado lugar a que se reduzca ligeramente la brecha salarial bruta entre géneros, que ha pasado del 17 por 100 en 2006 al 12,7 por 100 en 2010 (según datos de la Encuesta de Estructura Salarial [EES] elaborada por el INE). En todo caso, por lo que concluyen Permanyer y Treviño (2013), parece que la segregación ocupacional de las mujeres se ha reducido durante la crisis, mientras que ha aumentado la de los hombres, lo que estos autores confirman incluso desagregando la población por edad, nivel educativo, tipología de hogar y nacionalidad.

En suma, atendiendo a los principales factores determinantes de la relación entre género y pobreza, por un lado, la crisis podría haber afectado negativamente a las mujeres por la reducción (o congelación) salarial y de prestaciones y pensiones pero, por otro, la nivelación hacia abajo de la brecha de género en muchas variables como la actividad, la ocupación y el empleo podría traer consigo una mejora en la posición relativa de las mujeres, reduciendo la inequidad entre las personas de uno y otro sexo. Esta mejora, en todo caso, es pequeña y, dado el crecimiento de la tasa de pobreza general, no reduce el riesgo de pobreza del colectivo femenino en términos absolutos. Además, el papel de las distintas formas de organización de los hogares femeninos y masculinos también es importante. De hecho, en un contexto como el actual, en el que la larga y profunda crisis económica parece implicar mejoras relativas para los hogares con miembros jubilados, debido a que sus rentas permanecen relativamente ajenas al ciclo económico, la previsible mejora relativa de la situación de mujeres mayores de 64 años puede ser determinante en el efecto agregado de la crisis sobre el riesgo de pobreza femenino. Esto podría suceder a la vez que aumenta el riesgo de pobreza de mujeres que conviven en parejas o familias con hijos. Por eso, consideramos que para nuestro análisis es clave un estudio de la evolución de la tasa de pobreza por tipologías familiares además de por género.

POBREZA Y EXCLUSIÓN DEL EMPLEO POR GÉNERO DURANTE LA GRAN RECESIÓN

La evolución de la desigualdad y la pobreza y cambios en la organización familiar en España en los últimos años

Desde mediados de los años ochenta hasta mediados de los noventa la desigualdad en nuestro país experimentó una significativa reducción en claro contraste con la estabilidad (o ligero incremento) que se produjo durante ese mismo periodo en otros muchos países desarrollados (OCDE, 2011). Esta tendencia se ralentizó en la siguiente década, durante la cual la desigualdad de rentas española se estabilizó a un nivel algo superior a la media europea y experimentó solo un ligero aumento durante el corto episodio recesivo entre 1992 y 1994.

Posteriormente, a raíz de la llegada de la crisis económica en 2008 (gráficos 1 y 2), tanto la desigualdad de la renta disponible como la pobreza han aumentado rápidamente en nuestro país en un proceso ligado a la fuerte caída media de las rentas más bajas (Ayala, 2013). Todo ello nos sitúa entre los países europeos con mayores niveles de desigualdad y pobreza, junto con Grecia, y, sobre todo, indica que la recesión ha tenido un impacto sobre la desigualdad de rentas en España mucho mayor que en otros países europeos de la zona euro. En concreto, nuestro índice de Gini de la renta disponible equivalente, medido con una escala porcentual, ha crecido de 31,3 a 35,0 entre 2008 y 2012, lo que supone un aumento de la desigualdad de rentas de aproximadamente un 9,7 por 100 en solo cuatro años, mientras que en la media de la Unión Europea el aumento ha sido de poco más de un 3,7 por 100 entre 2006 y 2012 (gráfico 1)[32].

GRÁFICO 1

Evolución de la desigualdad en España y en la Unión Europea de los 15, 2003-2012. Índice de Gini de la renta individual equivalente (escala OCDE modificada). Año referido a rentas

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE, Eurostat).

Las razones por las que muchos países desarrollados han visto aumentar en los últimos veinte años la desigualdad y la pobreza están relacionadas esencialmente con incrementos en la desigualdad salarial —con acumulación de rentas en los grupos situados en la parte más alta de la escala de retribuciones—, así como con cambios en las estructuras de convivencia de los hogares y en la participación laboral de sus miembros, junto con sucesivas reformas de los sistemas de prestaciones e impuestos, que han reducido el ya limitado papel redistributivo de muchas políticas públicas (OCDE, 2014). En España, la evolución de la desigualdad y la pobreza en la última década ha tenido algunas características diferenciales respecto a lo acontecido en otros países. En primer lugar, a pesar del aumento continuado de la incidencia del empleo de bajos salarios desde hace más de una década (Marx y Nolan, 2013), la pobreza monetaria relativa y la desigualdad salarial se mantuvieron estables durante el periodo de crecimiento económico (OCDE, 2011; Bonhomme y Hospido, 2012; Izquierdo y Lacuesta, 2012). Sin embargo, el incremento de las remuneraciones medias, aunque permitió la reducción de la pobreza de carácter más absoluto a través de la mejora generalizada de las rentas, no consiguió redistribuir a favor de los más pobres y, por tanto, no redujo el riesgo de pobreza relativa de los hogares con activos.

En este contexto la llegada de la crisis supuso, como concluye Ayala (2013), que la desigualdad de renta disponible creciera a partir del desplome de las rentas de mercado del 20 por 100 más pobre de la población, como consecuencia del importante aumento del desempleo y de la precariedad laboral. Es decir, aunque el sistema de prestaciones actuó como colchón en la primera fase de la crisis, su gran debilidad desde el punto de vista de la función redistributiva ha supuesto que las prestaciones no hayan conseguido estabilizar el montante de renta disponible de aquellos hogares que experimentaron una mayor caída en sus ingresos (Paulus et al., 2009; Cantó, 2013). Como consecuencia, ha aumentado consistentemente la distancia entre los ingresos de los primeros deciles de renta, los más elevados, y la mediana, lo que ha contribuido decisivamente a un rápido aumento de la desigualdad y la pobreza en un periodo de tiempo relativamente corto. Esto ha situado a España a la cabeza, en cuanto al aumento de la desigualdad de rentas en la crisis, seguida de Irlanda, Grecia y Estonia, como subraya recientemente la OCDE (2014).

Si comparamos las tasas de pobreza femenina[33] en España con las de los países del área euro y con la Unión Europea de los 27 (gráfico 2), podemos comprobar que se mantiene en torno a unos 3,5 puntos por encima de ambas durante todo el periodo de crecimiento. En la recesión, a pesar de la persistente reducción del umbral de pobreza[34] desde 2008, esa brecha se amplía a unos cinco puntos porcentuales[35].

GRÁFICO 2

Evolución de la pobreza relativa (riesgo de pobreza) en España y en la Unión Europea, 2003-2012. Porcentaje de pobres (escala OCDE modificada), año referido a rentas

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE, Eurostat).

El empeoramiento del mercado de trabajo y de la situación económica puede llevar a que se produzcan cambios importantes en la organización familiar. Siguiendo a Garrido et al. (2000) y utilizando los datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa (EPA), analizamos ahora dos aspectos importantes de la tipología de hogares en la población. Por una parte, vemos su composición y tamaño (unipersonal, monoparental, familia nuclear, familia extensa o familias múltiples), que tiene en cuenta el momento del ciclo vital en el que se encuentra el hogar y, por tanto, atiende a la edad de adultos e hijos; por otra, revisamos su «estructura económica», que se establece en función de la situación de los miembros del hogar con respecto a la actividad económica y que refleja también la posibilidad de que estén percibiendo algún tipo de rentas salariales, de prestaciones o de pensiones[36]. Desde esta segunda perspectiva es posible identificar la incidencia del desempleo y la inactividad en clave de hogar y determinar la relación entre las características demográficas y socioeconómicas de sus miembros y el riesgo de pobreza, tal y como se analizará posteriormente.

Como se puede apreciar en el gráfico 3, en nuestro país el número de hogares ha crecido de forma importante entre 2005 y 2013 (alrededor de un 15 por 100)[37]. Este incremento no está ligado, como se podría esperar, a un crecimiento significativo de la población española (que en este periodo creció únicamente un 6,3 por 100), sino que es el resultado de una tendencia social creciente a organizarse en hogares más pequeños. El propio gráfico 3 refleja claramente el importante descenso del número de individuos por hogar en España en los últimos ocho años, que ha llevado que el hogar medio haya pasado de 2,8 miembros a 2,6 en ese corto periodo de tiempo.

GRÁFICO 3

Evolución del número de hogares en la población (miles) y tamaño medio del hogar, España, 2005-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

Si identificamos los hogares con arreglo a una tipología definida en función de su composición y tamaño, los gráficos 4 y 5 nos indican, a grandes rasgos, que en los últimos años se mantienen las principales tendencias que ya se venían observando en la etapa final del siglo pasado (Garrido et al., 2000). Así, prosiguen su crecimiento los hogares unipersonales y los monoparentales, a costa de los hogares más comunes, a saber, los formados por parejas con hijos y los hogares extensos de varias generaciones (parejas con hijos y otros) que, cada vez más, reducen su peso sobre el total. En particular, podemos comprobar la tendencia descendente tanto de los hogares con hijos menores de 15 años como de aquellos con hijos entre los 15 y los 22 años. Hasta finales del siglo XX los primeros ya se habían reducido por la continua caída de la tasa de natalidad y solo aumentaron ligeramente por la llegada de población inmigrante a España a principios de este siglo.

GRÁFICO 4

Estructura de hogares unipersonales y monoparentales en España, 2005-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

GRÁFICO 5

Estructura de hogares multipersonales (excepto monoparentales) en España, 2005-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

Según nuestros resultados, aunque la crisis tiene relevancia y cambia las tasas de variación de algunos tipos de hogar, no podemos afirmar que haya supuesto un cambio radical en cuanto a cómo se organizan los hogares españoles (gráfico 6). Se han producido, sin embargo, algunos cambios en la estructura organizativa de los hogares que parecen íntimamente ligados a la crisis. En primer lugar, desde 2008 se viene produciendo un descenso del peso poblacional de las parejas jóvenes sin hijos convivientes, que antes de la crisis estaban aumentando su presencia en la población[38]. También se ha frenado el crecimiento de los hogares unipersonales formados por una persona menor de 30 años. Este grupo, de relevancia poblacional todavía reducida (no llega a representar ni el 3 por 100 del total), ha tenido una tasa de variación nula o ligeramente negativa desde el comienzo de la crisis, mientras que antes de la recesión su tendencia era de fuerte crecimiento (próximo al 30 por 100 entre 2005 y 2008). Por tanto, parece que muchos individuos jóvenes han decidido no emanciparse o, incluso, han retornado al hogar parental.

GRÁFICO 6

Tasas de variación de distintos tipos de hogares, segundos trimestres de 2005-2008 y 2008-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

En consecuencia, y aunque se podría decir que durante la recesión se han aparcado posibles emancipaciones de jóvenes e incluso se podrían haber producido algunas reagrupaciones familiares con el objetivo de garantizar la entrada de algún ingreso en el hogar, la relevancia poblacional de estas transiciones es relativamente pequeña. De hecho, en el total de la población estos cambios no parecen haberse traducido en un aumento de la proporción de hogares en los que conviven varias generaciones, padres, hijos y abuelos. Esto se debe a que ese fenómeno se ha visto compensado, al menos parcialmente, por el incremento poblacional de hogares unipersonales conformados tanto por individuos en su madurez (de 36 a 64 años) como por mayores de 64 años que están entrando en su periodo de jubilación. Así, el aumento que observamos en los hogares unipersonales no está ligado a jóvenes que se emancipan, sino que es el resultado de emancipaciones tardías y de hogares de personas solas con más de 64 años, debido al proceso de envejecimiento de la población y al cada vez mayor periodo de tiempo en el que estos individuos mantienen su autonomía.

Finalmente, tras el estallido de la crisis, los hogares con adultos más jóvenes han limitado su fertilidad, ya que se han reducido los hogares conformados por parejas sin hijos con la mujer en edad fértil (tanto jóvenes como con edades entre 30 y 49 años) y los hogares de pareja con hijos menores de tres años. A su vez, aumenta el número de parejas en que la mujer es mayor de 50 años y sin hijos convivientes, lo que puede estar recogiendo dos procesos distintos que aquí no diferenciamos: el incremento poblacional de hogares de «nido vacío», como consecuencia de la emancipación de los hijos, y el aumento de la esperanza de vida de la población, que hace que cada vez haya más hogares con adultos mayores.

Por otra parte, el aumento de las separaciones y rupturas conyugales a lo largo de las últimas décadas también ha dado lugar a que crezcan los hogares monoparentales, y esta tendencia no parece haberse truncado con la crisis económica. Desde el inicio de la recesión este tipo de hogares han crecido en peso poblacional cualquiera que sea su tipología, aunque destaca el mayor aumento de aquellos con hijos mayores de 22 años que, probablemente, a causa de la difícil situación económica, no han podido emanciparse. Este grupo poblacional experimentó una tendencia justamente contraria antes de la llegada de la crisis y ejemplifica, de nuevo, el truncamiento de procesos incipientes de emancipación o el retorno de los jóvenes ya emancipados al seno del hogar paterno (generación bumerán; Qian, 2012; Stone et al., 2013).

Para analizar si estos cambios en la organización de los hogares pueden haber tenido un efecto distinto por género, comprobamos el grado en que la distribución de hombres y mujeres por tipos de hogar difiere y vemos si su estructura ha cambiado entre el periodo anterior a la crisis y el periodo de recesión. Para ello construimos un gráfico que muestra las diferencias en la distribución porcentual de mujeres y hombres en los distintos tipos de hogar en tres momentos distintos: 2005, 2008 y 2013 (gráfico 7). Las mayores diferencias en la distribución de la población en hogares según su género se concentran en los hogares unipersonales mayores de 64 años, en las parejas con hijos mayores de 15 años y en familias monoparentales con hijos mayores de 6 años. En todos estos hogares la presencia de mujeres es entre 1 y 4 por 100 superior a la de los hombres. Como podemos apreciar, aunque los hogares unipersonales jóvenes en España aún son un grupo relativamente pequeño (menos de un 2 por 100 del total), están conformados más a menudo por hombres que por mujeres. Lo contrario sucede en los hogares unipersonales mayores de 64 años.

GRÁFICO 7

Diferencias de mujeres y hombres en los distintos tipos de hogar, porcentaje, segundos trimestres de 2005-2008-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

En resumen, los cambios en la situación económica de los hogares unipersonales con adultos jubilados, en las familias monoparentales y en los hogares con hijos mayores de 6 años resultarán determinantes para marcar las diferencias entre el riesgo de pobreza de hombres y mujeres en nuestro país durante los últimos años de crisis.

La situación de las mujeres en la distribución de la renta en los últimos ocho años

En los países desarrollados el reto social básico consiste en conseguir que toda la población comparta los beneficios de la elevada prosperidad media, a diferencia de los países más pobres, en los que alcanzar un nivel de vida mínimo resulta el objetivo primordial. En España, a pesar de que los cambios políticos y socioeconómicos ocurridos desde los años setenta favorecieron el aumento del bienestar en muchos aspectos, estas grandes mejoras no han reducido de forma radical la tasa de pobreza relativa o «riesgo de pobreza», lo que implica que todavía en el siglo XXI una parte importante de la población viva con niveles de bienestar significativamente más bajos de los que disfruta el individuo medio.

La evidencia empírica para varios países industrializados, y España no es una excepción, muestra que los determinantes del riesgo de pobreza guardan una estrecha relación con el mercado de trabajo, las políticas fiscales y la protección social a las familias. En concreto, la mayor parte de la población depende de rentas procedentes del mercado de trabajo, siendo el acceso de sus miembros al empleo y la estabilidad de este factores claramente diferenciadores del riesgo de pobreza. La singularidad del mercado de trabajo español, con una tasa de temporalidad sustancialmente mayor que la de otros países en un segmento de trabajadores jóvenes, y mucho empleo de bajos salarios, hace previsible una alta vulnerabilidad de la población. Así, a pesar de la favorable evolución de indicadores como la tasa de desempleo durante los años noventa y la primera parte de este siglo, la tasa de pobreza se ha mantenido invariablemente por encima del 20 por 100, por lo que ni siquiera durante todo el periodo de fuerte crecimiento económico hasta la llegada de la crisis en 2008 el bienestar económico relativo de los más desfavorecidos mejoró.

Siguiendo un patrón similar al de otros países de nuestro entorno, la tasa de pobreza femenina en España no solo es alta sino que durante los últimos veinte años se ha mantenido entre uno y dos puntos porcentuales por encima de la masculina. Su evolución ha seguido la del riesgo de pobreza del resto de la población, con un aumento importante como consecuencia de la recesión y, también, con una convergencia con la tasa de pobreza masculina a medida que nos acercábamos a 2012 (gráficos 8 y 9). Por tanto, el riesgo de pobreza de las mujeres es alto: algo más de una de cada cinco mujeres tiene un nivel de renta por debajo del umbral de la pobreza. Además, esta tasa de pobreza ha aumentado un 7,5 por 100 (1,5 puntos) entre 2004 y 2011 (pasando de ser de un 21,1 a un 22,7) y casi un 30 por 100 si consideramos el alquiler imputado como renta[39] (pasando de ser un 15,2 a un 19,4).

GRÁFICO 8

Tasas de pobreza por género (2004-2013)

Nota: Los datos de rentas que se utilizan para calcular estas tasas de pobreza se refieren a los ingresos familiares del año anterior.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE).

En todo caso, en términos relativos, y dada la evolución de la pobreza masculina, el riesgo de pobreza de las mujeres se habría moderado en los dos últimos años y mostraría una tendencia a igualarse con el masculino. De hecho, si obviáramos las dificultades de comparar los datos de la última encuesta con las anteriores, ya en 2011 la tasa de pobreza femenina se habría igualado a la masculina. Este cambio podría estar ligado a una reordenación de la población en la distribución de rentas, en la que los hombres se situarían ahora en peores posiciones relativas de las que ocupaban antes de la crisis económica.

Los gráficos 9 y 10 presentan resultados que nos permiten comparar la evolución de las diferencias de riesgo de pobreza por género entre España y otros países de la zona euro a lo largo de la última década. Parece claro que la tendencia de los últimos diez años en los países de la Eurozona, al igual que en España, es un paulatino incremento de las tasas de pobreza tanto de hombres como de mujeres. En todo caso, dependiendo del país que analicemos, la evolución de las tasas de pobreza por género tanto absolutas como relativas no es la misma. En general, desde una perspectiva relativa, las brechas de género en pobreza en el conjunto de los países de EU-15[40] se han mantenido esencialmente estables durante la crisis. Sin embargo, las experiencias por países son variadas. Por ejemplo en Alemania, donde la evolución de la pobreza para el conjunto de la población ha tenido una tendencia positiva, la brecha relativa de género parece haber tenido una clara tendencia al alza desde 2009, mientras que en algunos países del sur como Portugal y, especialmente, España, en los que el riesgo de pobreza ha aumentado para los adultos en edad de trabajar, esta diferencia entre hombres y mujeres se ha reducido ligeramente. Otros países del sur de Europa, en cambio, como es el caso de Italia, mantienen una brecha relativa de riesgo de pobreza desfavorable a las mujeres bastante amplia durante todo el periodo y sus resultados no reflejan ningún impacto aparente de la crisis.

GRÁFICO 9

Evolución de la pobreza por género en España y en la Unión Europea, 2004-2013. Porcentaje de pobres (escala OCDE modificada), año referido a rentas

Nota: Los datos de rentas que se utilizan para calcular estas tasas de pobreza se refieren a los ingresos familiares del año anterior.

Fuente: Elaboración propia a partir de Income and Living Conditions (Eurostat).

GRÁFICO 10

Diferencia en tasas de pobreza por género en España y en algunos países de la UE (2004-2013)

Nota: Los datos de rentas que se utilizan para calcular estas tasas de pobreza se refieren a los ingresos familiares del año anterior.

Fuente: Elaboración propia a partir de Income and Living Conditions (Eurostat).

Procedemos ahora a analizar con detalle las implicaciones que puede haber tenido la recesión económica sobre la pobreza femenina. En primer lugar analizamos de forma general la posición de las mujeres en toda la distribución de rentas. Como vemos resulta particularmente interesante comparar datos sobre la distribución de las mujeres y los hombres en los distintos deciles de renta antes y después de la recesión para comprender mejor qué ha sucedido. En el gráfico 11 presentamos las diferencias porcentuales de población de uno y otro sexo a lo largo de la distribución de la renta. Como se puede apreciar, y aunque las diferencias son pequeñas en términos absolutos, antes de la crisis las mujeres se encontraban en mayor proporción que los hombres en los deciles más bajos y en menor proporción en los más altos. Así, en 2005 encontrábamos más mujeres que hombres en los cuatro primeros deciles de renta y menos mujeres del quinto decil en adelante. También se observaba de forma clara una significativa concentración femenina en el segundo decil, que se explica al analizar este mismo gráfico por edades y que es resultado de la posición en la distribución de la renta de las mujeres mayores de 65 años, a menudo viudas, con pensiones relativamente bajas y que las sitúan comúnmente entre el 10 y el 20 por 100 más pobre de la población española.

GRÁFICO 11

Posición de la población por género (porcentaje de mujeres menos porcentaje de hombres) en los distintos deciles de renta

Nota: Los datos de rentas que se utilizan para calcular estas tasas de pobreza se refieren a los ingresos familiares del año anterior.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE).

Una primera conclusión es por tanto que entre 2005 y 2013 hay algunos cambios en la posición de las mujeres en la distribución de rentas. El profundo descalabro en los ingresos que han sufrido las familias más pobres ligado al fuerte crecimiento del desempleo y al aumento de la precariedad laboral parece haber tenido un efecto negativo algo mayor, aunque pequeño, en los hombres que en las mujeres y se ha traducido en que el porcentaje de hombres situados entre los más pobres ahora supera ligeramente al de mujeres (un punto porcentual)[41]. Este reordenamiento poblacional supone que, aunque siga habiendo más mujeres en los deciles bajos que en los altos, algunas de las que se situaban por debajo de la mediana se han desplazado hacia el quinto o sexto deciles. Esto sucede no tanto porque su situación haya mejorado en términos absolutos sino porque la situación de los hombres ha empeorado más. En la misma línea, la diferencia de un punto porcentual a favor de los hombres en los deciles superiores en 2005 también se ha reducido, especialmente desde el octavo decil en adelante. De todos modos, estos cambios en la presencia femenina en los primeros deciles de renta son pequeños (entre 1 a 2 puntos porcentuales), y los aumentos de la presencia femenina en los deciles superiores, también (solo medio punto porcentual).

Como consecuencia de esta ligera reordenación de la población en la distribución de las rentas, una de las medidas de pobreza relativa, el riesgo de pobreza monetario, que utiliza un umbral de pobreza del 60 por 100 de la mediana de la renta equivalente, reflejará cambios en el riesgo de pobreza por género. Analicemos ahora la evolución del riesgo de pobreza por tipos de hogar de manera que podamos saber si esta mejora del riesgo de pobreza de los últimos años puede estar ligada a una mejor situación de mujeres jóvenes en familias monoparentales y en pareja o, en cambio, es más bien producto de la mejora relativa de las mujeres mayores de 64 años, que, en su gran mayoría, están jubiladas y reciben una prestación por jubilación o viudedad relativamente estable. Los resultados del gráfico 12 apuntan más a lo segundo que a lo primero: la mejora en la situación relativa de las mujeres mayores que viven en hogares unipersonales parece explicar la mejora relativa de la tasa de pobreza femenina en los últimos años. Esto sería consecuencia del descenso de la tasa de pobreza de los hogares unipersonales de mayor edad y de un claro aumento en las tasas de pobreza de todos los hogares con hijos durante todo el periodo analizado.

GRÁFICO 12

Tasas de pobreza por tipo de hogar (2004-2012)

Nota: Los datos de rentas que se utilizan para calcular estas tasas de pobreza se refieren a los ingresos familiares del año anterior.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE).

Para profundizar algo más en lo anterior parece útil descomponer la tasa de pobreza por edad y género de manera que podamos identificar qué grupos de edad han experimentado mayores cambios en la incidencia de la pobreza y si estos han sido diferentes según el género. Como podemos apreciar en los resultados de la tabla 1 (Anexo), el descenso de la incidencia de la pobreza sobre las mujeres de 65 y más años es el principal origen de la reducción de la tasa de pobreza femenina. Las mujeres mayores de esa edad experimentaban un riesgo de pobreza muy alto en 2003: una de cada tres mujeres de ese grupo eran pobres. Esto las situaba en una incidencia de la pobreza de 5,7 puntos más que los hombres. A partir de 2007 este grupo poblacional reduce a más de la mitad su riesgo de pobreza, que pasa de un 32 a un 15 por 100, y también mejoran significativamente su posición relativa por género, pasando a tener un diferencial de riesgo de pobreza con los hombres de 2,2 puntos en 2011, por lo que dividen su brecha más que por dos.

En contraste, todas las demás mujeres aumentan significativamente su riesgo de pobreza desde 2003 hasta la actualidad aunque observamos algunas diferencias por edades. Aquellas mujeres que están entre los 45 y los 64 años sufren un aumento en la incidencia de la pobreza algo menor que el resto pasando de un 16,6 a un 19 por 100, y, desde 2009, al igual que las mayores de 65 años, mejoran su posición en términos relativos por el mayor empeoramiento de los hombres de ese grupo de edad. Las más jóvenes, y especialmente aquellas entre 16 y 30 años, tienen tasas de pobreza muy altas actualmente porque han sufrido un aumento en su riesgo de pobreza desde 2003 de entre 4 y 5 puntos porcentuales y, además, en este grupo la mejora relativa respecto de los hombres es prácticamente nula.

Exclusión del empleo, pobreza extrema y género

Una vez que sabemos que el hecho de que las mujeres en su conjunto hayan mejorado ligeramente su posición relativa en este periodo respecto de los hombres está íntimamente ligado a la mejora de la posición de las mujeres de mayor edad, resulta de interés ver si estas diferencias de género se manifiestan de un modo parecido en los hogares que sufren la pobreza más extrema: por una parte, aquellos cuyos miembros están completamente excluidos del empleo a pesar de que algunos sean económicamente activos; por otra, los que están entre los más pobres de los pobres, es decir, aquellos en los que ningún miembro del hogar recibe ingresos de forma regular (salarios, prestaciones por desempleo, pensiones u otras prestaciones)[42].

Con la información de la EPA realizamos, en primer lugar, un análisis descriptivo de la exclusión del empleo estudiando la relación de los miembros del hogar con el mercado de trabajo, a partir de una clasificación «económica» de las familias que las agrupa según la situación laboral de sus miembros y en función de la percepción de algún ingreso. Esto nos permite, por una parte, diferenciar tres tipos de hogares clave: aquellos en los que todos sus miembros son inactivos, aquellos en los que algún miembro activo está ocupado y aquellos que, teniendo algún miembro activo, todos están desempleados. Por otra parte, identificamos también qué hogares son los que no perciben ningún tipo de ingresos, ni de salarios, ni de prestaciones o pensiones.

La crisis ha hecho crecer el desempleo y la inactividad incrementando muy significativamente el número de hogares en los que todos los miembros son inactivos y disminuyendo el número de hogares en los que todos sus activos están ocupados (gráfico 13). Además, como el fenómeno del desempleo no se distribuye de forma uniforme sino que tiende a concentrarse en algunos hogares de la población y no en otros, el peso de las familias que tienen a todos sus activos parados también ha aumentado significativamente.

GRÁFICO 13

Evolución de los hogares según su estructura económica (segundos trimestres de 2005-2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

El número de individuos que viven en hogares en los que se concentra el desempleo ha pasado de poco más de un 2 por 100 a más del 10 por 100, es decir, se ha cuadruplicado en ocho años (en números absolutos esto supone pasar de 459 000 hogares con activos completamente excluidos del empleo en el primer trimestre de 2005 a 1 821 000 en el último trimestre de 2013). Este crecimiento se inicia en el tercer trimestre de 2007 y en los dos años siguientes crece muy rápidamente por el fortísimo incremento de la tasa de desempleo. En todo caso, este colectivo ha seguido creciendo desde 2009 hasta ahora y su incremento solo se frena ligeramente a principios de 2013. Como podemos apreciar, antes de la crisis, la probabilidad de que un individuo conviviese en un hogar donde todos sus miembros activos estaban en paro no estaba particularmente relacionada con su género: el porcentaje de mujeres y hombres en este tipo de hogares era prácticamente idéntico. A partir de 2007, en cambio, el impacto diferencial de la crisis en el desempleo masculino produce una pequeña brecha de género desfavorable a los hombres que oscila entre un 1 y un 0,5 por 100 y que se mantiene durante todo el periodo.

Parece indiscutible que la forma más extrema de pobreza la representan los individuos que viven en hogares que, con independencia de que sus miembros sean o no activos, no tienen ningún ingreso regular y que, como vemos en el mismo gráfico 14, casi se han duplicado, pasando de ser menos de un 2 por 100 de la población antes de la llegada de la crisis a un 3,5 por 100 en 2013 (en el segundo trimestre de 2005 eran 323 000 hogares, y en el mismo trimestre de 2013 han pasado a ser 636 000). Como podemos apreciar, la probabilidad de que un individuo conviviese en un hogar sin ingresos en 2005 era desfavorable a las mujeres, que tenían una mayor probabilidad de pertenecer a ese grupo. La llegada de la crisis ha aumentado la probabilidad de que los hombres pertenezcan a este colectivo de hogares. Como consecuencia, la brecha de género se ha desplomado y actualmente no hay diferencias por género. Eso sí, la tendencia de los hogares sin ingresos es preocupante: tanto hombres como mujeres tienen cada vez una mayor probabilidad de pertenecer a este grupo de pobres más extremos.

GRÁFICO 14

Evolución de la proporción de hombres y mujeres en hogares cuyos activos están todos parados y en hogares sin ingresos, 2005-2014

Nota: Las cifras del gráfico corresponden al último trimestre de 2013 y al primero de 2014; el segundo contiene los datos ya ajustados por la nueva reponderación de la EPA por el Censo de Viviendas de 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

Si identificamos los distintos tipos de familias que conforman el grupo de hogares sin ingresos a lo largo del periodo de análisis (gráfico 15), constatamos que actualmente un 47 por 100 de los hogares en situación de pobreza extrema son personas que viven solas, y más de la mitad de ellos tienen entre 36 y 64 años. Es más que probable que el aumento del paro de larga duración sea uno de los principales factores explicativos de tal aumento entre 2005 y 2013. En concreto, la proporción de parados que llevan dos o más años en esa situación ha pasado, según la EPA, de un 16 a un 39 por 100 del total, lo que conllevará que muchos de ellos hayan agotado la prestación por desempleo al tiempo que no entran otros ingresos en su hogar.

GRÁFICO 15

Distribución de los hogares con «pobreza extrema» según la composición del hogar (segundos trimestres de 2005-2008-2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

En contraste, entre los hogares sin ingresos ha disminuido durante este periodo la proporción de hogares formados por una persona sola mayor de 64 años, pasando de representar un 17 por 100 en 2005 a un 6 por 100 en 2013. Este resultado apunta a que se puede estar produciendo un reagrupamiento familiar como medida paliativa de los efectos de la crisis económica. Desde 2005 se observa también que entre los hogares sin ingresos se han incrementado los hogares monoparentales con algún hijo entre 6 y 15 años y todos los hogares de pareja con hijos y sin otros adultos.

Para analizar si la pobreza extrema está afectando de forma distinta a individuos de diferente género, comparamos los cambios en la distribución de hombres y mujeres en los distintos tipos de hogares sin ingresos a lo largo de los últimos ocho años. Los resultados nos permiten concluir que las diferencias en la distribución porcentual de mujeres y hombres en los hogares en pobreza más extrema se encuentran, al igual que en pobreza relativa, en los hogares unipersonales de mayores de 64 años y en hogares monoparentales (gráfico 16).

GRÁFICO 16

Diferencias en la distribución de los hogares con «pobreza extrema» por género según la composición del hogar (segundos trimestres de 2005-2008-2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

Con el objetivo de profundizar algo más en el resultado anterior y compararlo con lo que concluimos en la sección anterior en cuanto a qué grupos de mujeres impulsan los cambios en la pobreza monetaria, hemos calculado para las mujeres y por grupos de edad la incidencia de la concentración del desempleo en los hogares con activos y la incidencia de la pobreza extrema (hogares sin ingresos). Los resultados aparecen en las tablas 2 y 3 del Anexo[43]. Los resultados nos indican que la incidencia de la concentración del desempleo (hogares con activos y todos desocupados) ha aumentado para las mujeres de todos los grupos de edad desde 2007, aunque lo ha hecho en mucha mayor medida entre las más jóvenes, que multiplican su incidencia por 5, mientras que, por ejemplo, las mayores de 65 años lo hacen solo por 3. También observamos que, en este caso, las diferencias entre hombres y mujeres son prácticamente inexistentes; solo se observa una ligera diferencia en contra de los hombres en el grupo de 45 y 65 años en los últimos tres años, pero, en general, concluimos que ambos grupos han empeorado del mismo modo su situación.

Si atendemos a los mismos indicadores pero en este caso para aquellos individuos en pobreza extrema, apreciamos que hay algunas diferencias entre la experiencia de las mujeres mayores de 65 años y las menores. Para las primeras se ha reducido la incidencia de la pobreza extrema prácticamente a la mitad desde 2005 hasta 2013, mientras que para las segundas el riesgo de estar en este grupo ha aumentado significativamente. Debemos destacar que son las mujeres menores de 44 años las que más aumentan la probabilidad, ya que prácticamente la doblan. De nuevo en este caso, como en el de la concentración del desempleo, las diferencias de incidencia entre hombres y mujeres son pequeñas y se podría decir que, en su conjunto, se reducen ligeramente. Sin embargo, no observamos que ningún grupo de edad concreto contribuya más a esta reducción que otro.

CONCLUSIONES

La literatura sobre pobreza y exclusión sugiere una clara relación positiva entre el riesgo de pobreza y el género en muchos países desarrollados, y Europa y España no son una excepción. Así, las mujeres han experimentado tradicionalmente mayores tasas de pobreza que los hombres y, por tanto, mayor vulnerabilidad económica. La llegada de la crisis económica ha tenido consecuencias devastadoras sobre la distribución de la renta por la importante destrucción de empleo, la caída de los salarios reales y la congelación de muchas prestaciones. Las consecuencias económicas y sociales de estos cambios no son homogéneas para toda la población porque tanto las características de las personas como las de sus hogares son elementos clave para determinar su nivel de ingresos y su riesgo de pobreza y exclusión social. Además, el impacto de la crisis económica sobre un determinado colectivo no depende exclusivamente de su riesgo de pobreza previo sino que está condicionado por el efecto que esta tenga sobre las oportunidades laborales, los salarios y las prestaciones de distintos grupos sociodemográficos. Resulta, asimismo, importante tener en cuenta que, a causa de la pérdida del empleo o de las reducciones salariales provocadas por la recesión, las familias adoptarán estrategias para reducir su riesgo de pobreza, reagrupándose o cambiando sus decisiones de participación laboral.

En este capítulo estudiamos la relación entre la pobreza y una de las características individuales más relevantes, el género, durante el periodo de crisis. Para ello analizamos cómo ha evolucionado durante los últimos ocho años el riesgo de las mujeres de vivir en hogares pobres, en familias sin ingresos (pobreza extrema) y en aquellos hogares más excluidos del empleo. Atendiendo a los principales factores determinantes de la relación entre género y pobreza, parecería que, por un lado, la crisis podría haber afectado negativamente a las mujeres por la caída (o congelación) de los salarios y de muchas prestaciones y pensiones; por otro, sin embargo, el desplome generalizado de la brecha de género en muchas variables como la actividad, la ocupación y el empleo podría traer consigo que su posición relativa fuese menos desfavorable que antes. Este cambio se debería no tanto a una mejora en las condiciones reales de vida de las mujeres como a un empeoramiento de la situación de los hombres.

Los resultados apuntan a que, en primer lugar, las mujeres se concentran en los hogares unipersonales mayores de 64 años, en las parejas con hijos mayores de 15 años y en familias monoparentales con hijos mayores de 6 años. Dado el contexto de crisis económica, los hogares con miembros jubilados, cuyas rentas permanecen relativamente ajenas al ciclo económico, han experimentado mejoras relativas, por lo que, al haber muchas mujeres mayores de 64 años que viven en hogares unipersonales, se hace poco visible el empeoramiento en el riesgo de pobreza del resto de mujeres, que conviven en una pareja con hijos o en familias monoparentales. De hecho, comprobamos que la menor incidencia de la pobreza relativa sobre las mujeres de 65 y más años es el principal origen de la reducción de la tasa de pobreza femenina. En contraste, para todas las demás mujeres el riesgo de pobreza aumenta significativamente desde 2003 hasta la actualidad, aunque ciertamente observamos algunas diferencias por edades. Las más jóvenes, y especialmente aquellas entre 16 y 30 años, experimentan tasas de pobreza muy altas actualmente y han sufrido un importante aumento en su riesgo de pobreza a causa de la crisis. Además, en este grupo poblacional la mejora relativa respecto de los hombres es prácticamente nula.

Si atendemos a la pobreza más extrema y analizamos la situación de las mujeres en hogares cuyos activos están todos desempleados y en hogares sin ingresos, los resultados nos sugieren también un empeoramiento absoluto de la incidencia de la concentración del desempleo y de la pobreza extrema para ellas. En comparación con los hombres, estas mujeres solo han experimentado una ligera mejora, que es bastante estable en su dimensión desde el inicio de la crisis. Así, si antes de la crisis la pobreza extrema incidía de manera casi uniforme sobre las mujeres de todos los grupos de edad, en la actualidad su incidencia ha aumentado significativa y especialmente entre las más jóvenes, mientras que se ha reducido ligeramente en el grupo de las mayores de 65 años. Este aumento de la incidencia de la pobreza extrema sobre las mujeres jóvenes ha sido compartido con los hombres de la misma edad, por lo que la brecha de género se ha reducido haciendo que, en la actualidad, prácticamente no sea posible apreciar diferencias por género. Así, tanto hombres como mujeres tienen cada vez una mayor probabilidad de pertenecer a este grupo de pobres en situación de gran vulnerabilidad.

Anexo

CUADRO 1

Tipología de los hogares según su composición, tamaño y el ciclo vital

Parmisex: Hogares formados por parejas del mismo sexo

Solo<36: Persona sola (menor de 36 años), sin hijos

Solo 36-64: Personas solas mayores de 36 y menores de 65 años, sin hijos

Solo>65: Personas solas mayores de 64 años, sin hijos

Sin núcleo: Varios adultos sin ningún parentesco que viven juntos en el mismo hogar

Mon_H<3: Un solo padre/madre que vive con los hijos; el hijo más pequeño es menor de 3 años

Mon_H3-5: Un solo padre/madre que vive con los hijos; el hijo más pequeño tiene entre 3 y 5 años

Mon_H6-15: Un solo padre/madre que vive con los hijos; el hijo más pequeño tiene entre 6 y 15 años

Mon_H16-22: Un solo padre/madre que vive con los hijos; el hijo más pequeño tiene entre 15 y 22 años

Mon_H>22: Un solo padre/madre que vive con los hijos; el hijo más pequeño es mayor de 22 años

ParsinH_M<50: Pareja sola, sin hijos; la mujer es menor de 50 años

ParsinH_M>50: Pareja sola, sin hijos; la mujer es mayor de 49 años

Par_H<3: Pareja con hijos; el más pequeño tiene menos de 3 años

Par_H3-6: Pareja con hijos; el más pequeño tiene entre 3 y 5 años

Par_H6-15: Pareja con hijos; el más pequeño tiene entre 6 y 15 años

Par_H15-22: Pareja con hijos; el más pequeño tiene entre 15 y 22 años

Par_H>22: Pareja con hijos; el más pequeño es mayor de 22 años

Par_cH<3: Pareja con hijos y con otros; el hijo más pequeño tiene menos de 3 años

Par_cH3-6: Pareja con hijos y con otros; el hijo más pequeño tiene entre 3 y 5 años

Par_cH6-15: Pareja con hijos y con otros; el hijo más pequeño tiene entre 6 y 15 años

Par_cH15-22: Pareja con hijos y con otros; el hijo más pequeño tiene entre 16 y 22 años

Par_cH >22: Pareja con hijos y con otros; el hijo más pequeño es mayor de 22 años

CUADRO 2

Tipología de los hogares según su «estructura económica» definida en función de la relación de sus miembros con la actividad y la percepción de rentas

HOGARES CON TODOS SUS MIEMBROS INACTIVOS

A.1. Hogares que carecen de ingresos

A.2. Hogares que perciben alguna prestación

A.3. Hogares que perciben alguna prestación y pensión

A.4. Hogares que perciben alguna pensión

HOGARES CON AL MENOS UNO DE SUS MIEMBROS OCUPADO

B.1. Hogares con todos sus miembros ocupados

B.2. Hogares con ocupados y parados

HOGARES CON TODOS SUS MIEMBROS ACTIVOS PERO DESEMPLEADOS

C.1. Hogares que perciben alguna prestación

C.2. Hogares que perciben alguna prestación y pensión

C.3. Hogares que perciben alguna pensión

C.4. Hogares que no perciben prestación ni pensión

TABLA 1

Incidencia de la pobreza en las mujeres por edad (ECV 2004-2013, rentas del año anterior). Personas en hogares pobres

Incidencia de la pobreza en las mujeres por edad (ECV 2003-2012).

Personas en hogares pobres

MUJERES

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

<16

23,7

25,2

27,1

25,3

28,4

27,8

30,1

29,4

29,3

25,0

16-29

16,9

18,3

18,2

20,2

20,0

19,9

23,9

26,6

27,0

23,9

30-44

18,1

17,6

17,9

16,7

17,8

18,5

19,6

22,1

22,8

21,1

45-64

16,6

17,2

17,5

17,3

18,3

18,0

18,6

18,7

19,1

18,5

65 y +

32,2

31,3

31,8

27,9

29,0

24,5

21,9

20,4

15,8

13,2

TOTAL

21,1

21,3

21,8

20,8

21,9

21,1

22,1

22,7

22,1

19,9

Diferencias de tasas de riesgo de pobreza entre mujeres y hombres

por edad (ECV 2003-2012). Personas en hogares pobres

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

<16

–2,9

–1,0

0,2

–0,4

1,3

2,5

3,6

1,3

0,9

–3,3

16-29

2,3

3,1

3,2

4,4

2,8

2,3

3,4

4,1

0,3

–0,6

30-44

1,7

1,0

2,5

0,7

2,2

2,2

0,6

2,7

1,5

0,7

45-64

0,5

1,4

1,4

1,3

0,3

0,2

–1,6

–2,3

–2,2

–0,9

65 y +

5,7

5,8

5,9

4,2

4,9

3,3

3,3

2,1

2,2

1,1

TOTAL

2,0

2,4

3,0

2,2

2,4

2,0

1,3

1,1

–0,1

–1,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE).

TABLA 2

Incidencia de la desocupación en los hogares en los que conviven las mujeres por edad (EPA 2005-2013, segundos trimestres). Personas en hogares con todos los activos en paro

Incidencia de la desocupación en el hogar en el que conviven las mujeres de distinta edad (EPA 2005-2013, segundos trimestres). Personas en hogares con todos los activos en paro

MUJERES

2005

TII

2006

TII

2007

TII

2008

TII

2009

TII

2010

TII

2011

TII

2012

TII

2013

TII

<16

2,67

2,17

2,08

3,11

6,88

8,30

8,27

9,90

10,15

16-29

2,16

1,83

1,78

2,45

5,92

6,89

7,93

9,76

10,45

30-44

2,08

1,81

1,71

2,49

5,72

6,89

7,25

8,78

8,73

45-64

1,59

1,51

1,24

2,19

4,43

5,38

5,29

7,04

7,75

65 y +

0,81

0,70

0,59

0,87

1,57

2,35

2,12

2,71

2,53

TOTAL

1,83

1,59

1,46

2,20

4,84

5,87

6,04

7,48

7,72

Diferencias de tasas de riesgo de pobreza entre mujeres y hombres por edad (EPA 2005-2013, segundos trimestres). Personas en hogares con todos los activos en paro

2005

TII

2006

TII

2007

TII

2008

TII

2009

TII

2010

TII

2011

TII

2012

TII

2013

TII

<16

0,7

0,0

0,1

0,4

–0,4

0,6

–0,3

0,1

0,2

16-29

0,4

0,3

0,3

–0,4

0,0

–0,9

0,2

–0,3

0,0

30-44

–0,1

–0,2

0,0

–0,4

–0,9

–0,7

–0,5

–0,7

0,0

45-64

–0,3

–0,1

–0,2

0,1

–0,7

–0,9

–1,1

–1,7

–1,5

65 y +

0,0

0,2

0,2

0,0

–0,1

0,3

0,0

0,5

0,0

TOTAL

0,0

0,0

0,0

–0,2

–0,7

–0,6

–0,7

–0,9

–0,7

Nota: El porcentaje de mujeres en hogares con activos en los que todos están desempleados no coincide exactamente con el que aparece en el gráfico 14 porque en esta tabla incluimos a todos los menores de 16 años.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

TABLA 3

Incidencia de la pobreza extrema en las mujeres por edad (EPA 2005-2013, segundos trimestres). Personas en hogares sin ingresos

Incidencia de la pobreza extrema en el hogar en el que conviven las mujeres de distinta edad (EPA 2005-2013, segundos trimestres). Personas en hogares sin ingresos

MUJERES

2005

TII

2006

TII

2007

TII

2008

TII

2009

TII

2010

TII

2011

TII

2012

TII

2013

TII

<16

1,78

1,71

1,47

1,85

2,41

2,34

2,97

3,35

3,47

16-29

1,70

1,47

1,21

1,81

2,29

2,13

3,01

3,70

4,00

30-44

1,36

1,41

1,39

1,54

2,09

2,06

2,63

3,02

3,14

45-64

1,60

1,64

1,66

1,69

2,12

2,15

2,24

2,37

2,65

65 y +

1,83

1,52

1,91

1,15

1,35

1,10

1,39

1,03

1,07

TOTAL

1,63

1,54

1,53

1,60

2,04

1,96

2,41

2,62

2,78

Diferencias de tasas de riesgo de pobreza entre mujeres y hombres por edad (EPA 2005-2013, segundos trimestres). Personas en hogares sin ingresos

2005

TII

2006

TII

2007

TII

2008

TII

2009

TII

2010

TII

2011

TII

2012

TII

2013

TII

<16

0,3

0,1

–0,2

0,2

–0,1

0,3

–0,1

0,3

0,1

16-29

0,6

0,1

0,0

0,0

–0,2

–0,4

0,1

0,4

0,3

30-44

0,2

0,1

0,3

–0,1

–0,4

0,1

–0,1

–0,3

–0,1

45-64

0,2

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

–0,2

–0,1

–0,1

65 y +

1,0

1,0

1,4

0,7

1,0

0,6

1,0

0,7

0,7

TOTAL

0,4

0,3

0,3

0,2

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Nota: El porcentaje de mujeres en hogares sin ingresos no coincide exactamente con el que aparece en el gráfico 14 porque en esta tabla incluimos a todos los menores de 16 años.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

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CAPÍTULO 4

Resultados laborales y políticas de mercado de trabajo: mujeres y varones durante la Gran Recesión

MIGUEL ÁNGEL MALO OCAÑA[44]

INTRODUCCIÓN

Cuando llega una crisis, los colectivos de trabajadores en situación de desventaja suelen temer un empeoramiento relativo todavía mayor de sus resultados en el mercado de trabajo. Trabajadores con menores niveles formativos, menor experiencia, objeto de prejuicios, en puestos de trabajo más inestables o de pocas horas de trabajo pueden ser sencillamente expulsados del mercado de trabajo durante una crisis y quedar relegados frente a trabajadores con mejores perspectivas cuando esa crisis finaliza y llega la recuperación.

El análisis de muy largo plazo de cómo impactan las crisis económicas en la desigualdad de género muestra que estas dan lugar a una intensificación del trabajo de las mujeres (remunerado y sobre todo no remunerado) y que, al llegar la expansión, el empleo masculino se recupera con más rapidez que el femenino, quedando este en una situación de mayor precariedad que al inicio de la crisis y con un retroceso en las regulaciones y en las políticas de promoción de la igualdad de género (Gálvez y Rodríguez, 2011). En este sentido, y para la recesión actual, el análisis de Antonopoulos (2009) sugiere que las mujeres verán un incremento de su participación en el empleo informal y que aumentarán su presencia entre los trabajadores de más bajos ingresos.

Dentro de este marco general, el presente capítulo se plantea qué tipo de impactos ha tenido la actual crisis sobre los resultados de mujeres y varones en el mercado de trabajo y, por otro lado, sobre las políticas de mercado de trabajo. Los resultados del mercado de trabajo se tratan solo en términos de desempleo y empleo sin entrar a valorar las condiciones de trabajo o el tipo de empleo.

Este objetivo tiene un interés propio más allá de repetir análisis ya realizados para crisis anteriores. La intensidad, profundidad e impacto mundial de esta crisis, junto con su origen financiero, la hacen diferente de crisis anteriores, hasta el punto de haber sido denominada la Gran Recesión, por considerar que su único parangón sería la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX. Además, cabe esperar de ella un gran impacto sobre el mercado de trabajo que dure bastantes años debido al origen financiero de la crisis, que en buena parte del mundo ha llegado a paralizar en varios momentos los mecanismos más básicos de intermediación financiera dañando gravemente la economía real (Reinhart y Rogoff, 2009). Así pues, por un lado, la gravedad de la actual recesión podría generar peculiaridades respecto de anteriores crisis en cuanto a su impacto relativo sobre mujeres y varones, por ejemplo, intensificando los habituales efectos negativos a los que se aludió antes sobre las mujeres en comparación con los varones.

Por otro lado, algunos acontecimientos, como el derrumbe del sector de la construcción, propios de la economía española podrían generar un patrón de paro y empleo relativamente perjudicial para los varones. En dirección opuesta a lo mencionado en el anterior párrafo, esto podría provocar una inversión del patrón esperado de la crisis, dando lugar a una aproximación de los resultados laborales de varones y mujeres.

Finalmente, las políticas de mercado de trabajo están ahí precisamente para luchar contra los problemas que aparecen en este ámbito, muchos de los cuales están ligados a la desigualdad de género. El contexto de ajuste fiscal intenso de las políticas de austeridad supone un desafío no solo para el objetivo de luchar contra la desigualdad de género, sino incluso para los objetivos más generales de las políticas de mercado de trabajo. Es obvio que los cambios que hayan sufrido las políticas de mercado de trabajo por el ajuste fiscal pueden haber afectado a la consecución del objetivo de igualdad de género. La perspectiva de análisis que se adopta aquí intentará valorar la intensidad relativa por género de las políticas de mercado de trabajo desde una perspectiva totalmente agregada y si esa intensidad relativa se ha visto alterada por la crisis (y, si lo ha hecho, averiguar si los cambios son transitorios o permanentes).

Una sección de discusión general y conclusiones cierra el capítulo tratando de ofrecer reflexiones de conjunto útiles para afrontar el futuro inmediato.

MUJERES Y VARONES EN EL MERCADO DE TRABAJO: EL IMPACTO DE LA GRAN RECESIÓN

Tasas de paro y tasas de empleo

El gráfico 1 muestra las tasas de paro de mujeres y varones desde 2002 hasta el segundo trimestre de 2014. Aunque para ambos grupos se aprecia un descenso durante los años de expansión y un aumento al llegar la recesión en 2008, la intensidad del proceso para cada grupo es muy diferente. En los años de expansión, el descenso de la tasa de paro es más intenso entre las mujeres, mientras que la velocidad e intensidad del incremento de la tasa de desempleo al llegar la crisis es claramente superior entre los varones.

GRÁFICO 1

Tasas de desempleo en España por género

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (nuevas ponderaciones) (INE).

El gráfico 2 muestra la brecha entre las tasas de paro de mujeres y varones (en puntos porcentuales) durante el mismo periodo de tiempo. Se parte en 2002 de una diferencia en torno a 8 puntos porcentuales para ir disminuyendo de forma progresiva hasta comienzos de 2008, de manera que queda a la mitad con respecto a seis años antes, es decir, en 4 puntos porcentuales. Es con la llegada de la Gran Recesión cuando esta tradicional brecha en contra de las mujeres decrece con rapidez para quedarse en promedio a lo largo de la actual recesión en torno a 1 punto porcentual, si bien con momentos en que se anula totalmente o incluso toma reducidos valores negativos (es decir, momentos en que la tasa de desempleo de las mujeres es menor que la de los varones, como en el segundo trimestre de 2012).

GRÁFICO 2

Diferencia entre la tasa de desempleo de las mujeres y de los varones en España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (nuevas ponderaciones) (INE).

Volviendo al gráfico 1, es fácil apreciar que el cierre de esta brecha en las tasas de paro se produce no por una mejora de la situación de las mujeres, sino por un drástico y rápido empeoramiento de la evolución de la tasa de paro de los varones. Cabe recordar que al inicio de la recesión el veloz empeoramiento del desempleo estuvo asociado a la caída del sector de la construcción (García Serrano, 2011), el cual siempre ha sido predominantemente masculino.

Cabría pensar que, a pesar de este cierre de la brecha en la tasa de paro, la situación de empleo de las mujeres no hubiese mejorado apenas en términos relativos respecto a la de los varones. Podría alegarse que durante la recesión las mujeres podrían haber abandonado la población activa convirtiéndose en inactivas, lo cual habría contribuido a que el empeoramiento de su tasa de paro a lo largo del tiempo no pareciera tan rápido. Recuérdese que la tasa de paro se define como número de personas paradas dividido por número de personas activas, siendo las activas la suma de personas paradas y ocupadas. Por tanto, la tasa de paro podría disminuir meramente por el efecto desánimo o efecto del trabajador desanimado[45]. Por ello, conviene centrarse en el análisis de los cambios en el empleo.

El gráfico 3 presenta la evolución de la tasa de empleo (o de ocupación)[46] para varones y mujeres durante el mismo periodo que en los anteriores gráficos. En primer lugar, el gráfico 3 muestra con gran claridad que durante el periodo expansivo el incremento de la tasa de empleo de las mujeres es más rápido que el correspondiente a los varones. En segundo lugar, al llegar la recesión en la segunda parte de 2008, la tasa de empleo de los varones disminuye a una velocidad mayor y con más intensidad que la de las mujeres.

GRÁFICO 3

Tasas de empleo en España por género

Fuente: EPA (nuevas ponderaciones) (INE).

En términos de la brecha por género de las tasas de empleo (gráfico 4), esta ha ido disminuyendo desde 25 puntos porcentuales en contra de las mujeres hasta unos 18 puntos justo antes de la recesión. Con la recesión, esta brecha experimentó un descenso algo más rápido hasta situarse en torno a los 12 puntos y durante 2013-2014 parece haberse estabilizado alrededor de los 10 puntos (siempre en contra de las mujeres). Se aprecia que la reducción de la brecha en las tasas de empleo sigue la pauta temporal de la reducción de la brecha en las tasas de paro que vimos antes, si bien en el caso de las tasas de empleo no han llegado a igualarse, como sí que ha pasado con las tasas de paro. Las tasas de empleo de las mujeres permanecen por debajo de las de los varones en la actualidad: aproximadamente el 40 por 100 frente al 50 por 100 (respectivamente). Ahora bien, la evolución de las tasas de empleo nos confirma lo ya visto con la tasa de paro: durante la crisis la mejora relativa de las mujeres se debe a un empeoramiento de la situación de los varones.

GRÁFICO 4

Diferencia entre la tasa de empleo de las mujeres y de los varones en España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (nuevas ponderaciones) (INE).

Flujos de altas y bajas

Todo lo anterior se refiere a los principales stocks del mercado de trabajo. Ninguna aproximación al mercado de trabajo está completa sin un análisis de los flujos de altas y bajas. Los gráficos 5 y 6 muestran las altas y bajas de varones y mujeres en las empresas españolas[47]. El gráfico 5 muestra un perfil de las altas de los varones por encima de las de las mujeres. Sin embargo, al tiempo que los niveles de altas aumentan para ambos grupos, también tienden a aproximarse entre sí: aunque alrededor del año 2000 había unas 250 000 altas más de varones que de mujeres por trimestre, en 2007 la diferencia estaba entre 100 000 y 150 000. Con la llegada de la recesión, las altas de varones y mujeres se desploman a la vez, y en 2012 quedan en niveles semejantes (aunque con mayores oscilaciones trimestrales para las mujeres), en torno a 800 000-900 000 altas. Ahora bien, mientras que esto supone para los varones quedar en 2012 con unos niveles de altas por debajo de cualquier valor de la serie de altas, para las mujeres supone volver aproximadamente a los valores del año 2000 de su serie de altas. En cuanto a las series de bajas de varones y mujeres, tienen un desarrollo temporal parejo al de las altas.

GRÁFICO 5

Altas y bajas en las empresas españolas por género

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

GRÁFICO 6

Tasas de altas y bajas (respecto de los efectivos laborales al inicio del trimestre) en las empresas españolas por género

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Desde un punto de vista conjunto de los flujos de altas y bajas, la crisis se muestra como un desplome de las altas (que configura un bloqueo en la entrada en el mercado de trabajo)[48] que afecta relativamente un poco más a los varones y una caída de las bajas totales que se retrasa más para los varones que para las mujeres. Ambos factores han interactuado para dificultar la entrada a los varones algo más que a las mujeres y para dar salida de los puestos de trabajo a más varones que a mujeres durante el primer momento de la crisis. En cuanto al periodo de expansión, se aprecia en el gráfico 5 que las altas de mujeres estuvieron casi siempre por encima de las bajas, lo cual hizo que las mujeres fueran incrementando sus niveles de efectivos laborales; mientras tanto, la evolución de las altas de los varones fue, en promedio, semejante a la de las bajas, con una tendencia creciente (algo menor, de nuevo, que la pauta creciente de las altas y bajas de mujeres durante la expansión). El gráfico 6 permite reforzar esta interpretación gracias al cálculo de tasas de altas y bajas respecto del total de efectivos laborales al iniciarse el trimestre. Se aprecia en dicho gráfico cómo la tasa de altas de los varones disminuye con fuerza al entrar la economía española en recesión, al tiempo que las tasas de bajas de los varones permanecen relativamente bastante por encima hasta 2009. Por lo que respecta a las tasas de altas de las mujeres, disminuyen con idéntica intensidad al llegar la crisis, pero la tasa de bajas se reduce al mismo tiempo.

En definitiva, el análisis de los niveles de flujos de altas y bajas en las empresas españolas se corresponde en líneas generales con el movimiento de los stocks visto con anterioridad, pero enriquece el análisis mostrando que la dinámica de altas y bajas durante la expansión fue lo que permitió ir cerrando puntos en la brecha de la tasa de empleo para las mujeres respecto de los varones, mientras que al llegar la recesión las diferencias en los flujos de altas y bajas permiten entender el menor impacto relativo que ha habido entre las mujeres en comparación con los varones y que se ha reflejado en la continuación del cierre de la brecha de las tasas de empleo durante la recesión.

Tasas de empleo de nativos e inmigrantes por sexo y grupos de edad

En el análisis por género del mercado de trabajo y el impacto de la recesión, no pueden dejarse a un lado las diferencias experimentadas en los resultados laborales de nativos e inmigrantes.

El incremento de las tasas de empleo de las mujeres en España durante la pasada década se ha interpretado de dos maneras no necesariamente excluyentes. Por un lado, como parte de una tendencia de muy largo plazo basada en la sustitución de cohortes menos educadas y con un patrón tradicional de baja participación laboral femenina por otras cohortes de mujeres jóvenes con nivel educativo sustancialmente más alto en promedio y con nuevos patrones de participación laboral (Garrido, 1993; Jurado, 2005). A este proceso tendencial de relevo generacional se habrían sumado las mujeres inmigrantes que han entrado desde finales del siglo XX que, en gran medida, migraban precisamente para trabajar.

Por otro lado, se ha destacado que en especial en el caso de las mujeres, el crecimiento de la participación laboral femenina de las nativas españolas estaba íntimamente ligado a la participación laboral de mujeres inmigrantes, debido a la complementariedad de sus empleos incluso trabajando en diferentes ámbitos (Amuedo-Dorantes y De la Rica, 2011) y porque las mujeres españolas con niveles educativos más altos han podido contratar a precios relativamente reducidos a mujeres inmigrantes para realizar tareas domésticas y cuidado de niños y mayores (Farré et al., 2011). En concreto, Farré et al. (2011) estiman que este último efecto explicaría hasta un tercio del aumento de la tasa de empleo de las mujeres españolas universitarias con cargas familiares.

Los gráficos 7 y 8 comparan las tasas de empleo de varones y mujeres con diferentes nacionalidades en distintos momentos del ciclo vital en la expansión (segundo trimestre de 2005) y en la recesión (segundo trimestre de 2013). De acuerdo con el gráfico 7, al comparar 2005 y 2013[49], las mujeres españolas en las edades centrales de la vida (25 a 54 años) han disminuido relativamente poco su tasa de empleo, al igual que las españolas con doble nacionalidad y las extranjeras procedentes de países de la UE-25. Ha sido el resto de mujeres el que ha experimentado una bajada generalizada de sus tasas de empleo a lo largo del ciclo vital (las nacionales de Europa no UE-25, América Latina y resto del mundo). La existencia de complementariedad del empleo de las nativas españolas y las inmigrantes extranjeras no permite una interpretación sencilla de estos resultados, salvo que las pérdidas de empleo de las mujeres extranjeras se hayan concentrado en aquellas que no desempeñaban ese rol de complementariedad. También cabe la posibilidad de que la complementariedad fuera importante para la entrada (o reentrada) de las mujeres españolas durante la expansión pero que, una vez en el mercado de trabajo, estas hubieran permanecido en el empleo incluso a pesar de tener que prescindir del trabajo doméstico y de cuidados desarrollado por mujeres extranjeras. En cualquier caso, la llegada de la crisis y la caída en la tasa de empleo de las mujeres que con mayor probabilidad serían complementarias del empleo de las españolas, a través de trabajos domésticos y de cuidados de personas, no parecen haber repercutido en la tasa de empleo de las mujeres españolas, quienes, como también muestran otros estudios (Muñoz, 2012; Garrido et al., 2010), han experimentado el menor impacto en términos de empleo.

GRÁFICO 7

Tasas de empleo de las mujeres según nacionalidad, género y grupo de edad

Fuente: EPA (gráfico 5 de Malo y Cueto, 2012).

GRÁFICO 8

Tasas de empleo de los hombres según nacionalidad, género y grupo de edad

Fuente: EPA (gráfico 5 de Malo y Cueto, 2012).

Por comparación, los hombres (gráfico 8) muestran un cuadro de mucha mayor homogeneidad entre sí en la expansión, con tasas de empleo en el centro de la vida que en el peor de los casos superan el 80 por 100 (extranjeros del grupo de resto del mundo) y en el mejor superan el 90 por 100 (extranjeros de Europa no UE-25, compuesto básicamente por nacionales rumanos y búlgaros). En la recesión las tasas de empleo de todos los varones disminuyen con claridad, siendo los extranjeros de la UE-25 y los españoles los que experimentan una menor disminución. Con todo, los españoles de 35 a 44 años experimentan una caída en sus tasas de empleo superior a los 10 puntos porcentuales. El mayor descenso se produce en los extranjeros de Europa no UE-25, que en el grupo de los que tienen de 35 a 44 años pasan de superar ligeramente el 90 por 100 en 2005 a situarse en un 68 por 100 en 2013, y les sigue de cerca el caso de los varones nacionales de América Latina.

Así pues, el empleo de las mujeres ha sido bastante más resistente a la crisis que el de los varones incluso con independencia de la nacionalidad, si bien las mujeres y varones nacionales de países de Europa no UE-25 son los que parecen haber experimentado una caída más clara en sus tasas de empleo. Los varones han visto caer en general sus tasas de empleo a lo largo del ciclo vital, aunque los españoles y los extranjeros de la UE-25 son los que han tenido menores caídas.

En resumen, las mujeres han resistido mejor la crisis en términos de empleo y no tanto por el predominio de un efecto de trabajador añadido, que habría compensado el efecto del trabajador desanimado, sino por el mantenimiento de las tasas de empleo a lo largo de la crisis y del ciclo vital en comparación con los varones, en especial en el caso de las mujeres españolas[50]. A esto se añade que el cierre de diferencias históricas en tasas de paro y tasas de empleo está íntimamente ligado a muy malos resultados laborales por parte de los varones en el mercado de trabajo español.

POLÍTICAS DE MERCADO DE TRABAJO POR GÉNERO: UNA PERSPECTIVA AGREGADA

La política económica en la Unión Europea ha experimentado dos momentos a lo largo de la recesión (Malo, 2014). En un primer momento, todos los esfuerzos se dirigieron a la puesta en marcha de políticas contracíclicas, en el sentido de intentar frenar la fuerte contracción económica extendida por todo el mundo tras el shock de Lehman Brothers en la segunda parte de 2008. En un segundo momento, y en conexión con la crisis de deuda de las economías periféricas de la zona euro, se ponen en marcha las llamadas políticas de austeridad, consistentes en un ajuste acelerado de las cuentas públicas y, por tanto, con un fuerte carácter procíclico en el corto plazo.

En términos de la política del mercado de trabajo, esto ha supuesto una disminución de los presupuestos públicos disponibles tanto para políticas activas como pasivas y el desplazamiento de las estrategias políticas hacia un énfasis en las «reformas laborales» (es decir, cambio de las reglas de funcionamiento de los mercados de trabajo y sus instituciones). Con todo, los recortes presupuestarios no solo han afectado a políticas específicas de mercado de trabajo sino también a otras que repercuten sobre el empleo de las mujeres. En este sentido, la paralización del desarrollo de la Ley de la Dependencia supone que las tareas relacionadas con el cuidado de los dependientes recaen sobre los hogares y, a partir de ahí, habitualmente sobre las mujeres. El resultado puede ser un impacto negativo sobre la tasa de empleo de las mujeres, especialmente entre las que tengan menores niveles de estudio, que son las que han experimentado un peor resultado en comparación con las demás mujeres (Garrido et al., 2010; Muñoz, 2012).

Más allá de la obviedad de que con un ajuste fiscal sustancial hay menos recursos disponibles y todas las políticas de mercado de trabajo se resienten, cabe explorar si, dados los recursos existentes, las políticas de mercado de trabajo han desarrollado una respuesta activa o si simplemente se han acomodado a la situación operando igual pero a niveles más bajos.

Con este objetivo, se ha realizado un análisis agregado sencillo comparando la evolución de la ratio de mujeres beneficiarias de políticas de mercado de trabajo y varones beneficiarios de políticas de mercado de trabajo con la evolución de la ratio del nivel de mujeres paradas y varones parados. El gráfico 9 muestra la pauta temporal de ambas ratios[51].

GRÁFICO 9

Ratios de número de personas paradas mujeres y varones y de beneficiarios (altas) de políticas de mercado de trabajo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anexo.

La hipótesis es que la primera ratio representa el tamaño relativo por género de las acciones tomadas hacia paradas y parados para atender sus problemas (facilitar su vuelta al mercado de trabajo y/o sostener sus rentas mientras están en desempleo) y la segunda ratio representa el tamaño relativo por género del problema que las políticas de mercado de trabajo deben atender. En el caso extremo en el cual el género fuera la única variable que gobernase la asignación relativa de fondos (y, desde luego, no tiene por qué ser la única), ambas ratios deberían superponerse y tener una correlación igual a la unidad. De hecho, el coeficiente de correlación entre ambas series para el periodo considerado (2006-2011) es del 90 por 100, es decir, su nivel de asociación es ciertamente elevado, por lo que puede afirmarse que el tamaño relativo del problema (el nivel relativo de paro por género) tiene un reflejo muy alto en el volumen relativo por género de los beneficiarios de las políticas dirigidas a atender el problema del desempleo.

Ahora bien, el perfil temporal de las dos series nos permite también apreciar que antes de la recesión ambas ratios están separadas, tienden a cerrarse el año crítico del inicio de la crisis financiera mundial (2008) y tras este momento crítico tienden a separarse como sucedía con anterioridad a la crisis.

Por consiguiente, desde un punto de vista agregado, la manera en que la política de mercado de trabajo atiende relativamente a mujeres y varones es la misma y continúa siendo la misma. Los cambios se habrían debido sobre todo a la brusca alteración en las variables del mercado de trabajo como resultado del intenso inicio de la recesión actual y no a una transformación de los criterios de actuación frente al desempleo, en concreto en cuanto al tamaño relativo del problema del desempleo por género.

Este resultado encajaría con una interpretación según la cual poco o nada ha cambiado en cuanto a las actuaciones de igualdad de género en el mercado de trabajo. El cierre de brechas tradicionales por género de la tasa de desempleo o la disminución de ellas como en el caso de la tasa de empleo serán transitorios (es decir, la brecha de tasas de paro volverá a abrirse). El largo plazo seguirá gobernado por un proceso tendencial de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, provocado por la entrada paulatina de cohortes de mujeres jóvenes con más formación y más oportunidades laborales (con lo que la brecha de la tasa de empleo se seguirá cerrando poco a poco)[52].

De hecho, muchas de las medidas previstas en la Ley de Igualdad de 2007[53] siguen sin ser aplicadas y cualquier línea de promoción de la igualdad (en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo) está supeditada al objetivo general de creación de empleo.

Seguramente, la herramienta práctica más importante de la mencionada Ley de Igualdad es el plan de igualdad, pues debe desarrollarse en las empresas y, por tanto, adaptaría el objetivo de igualdad a lo que ocurre en el día a día en ellas, estando estrechamente entrelazado con la negociación colectiva. El desarrollo de estos planes muestra una serie de carencias que impiden la consecución del reto de la igualdad de género desde la realidad diaria del puesto de trabajo. Por un lado, los planes existentes se centran sobre todo en la conciliación laboral y familiar, pero suelen dejar de lado las situaciones de discriminación laboral que sufren las mujeres (Gala, 2013). En especial, los planes se centran en la igualdad formal y no en la igualdad efectiva (Bodelón y Barcons, 2013). Por otro lado, el tiempo de incertidumbre y de cambios profundos en la negociación colectiva que han traído las reformas laborales de 2010 y 2012 ha conllevado que los planes de igualdad que no tengan el carácter expreso de convenio colectivo pueden ser modificados unilateralmente por la empresa[54]. Como señala Carrasquer (2013), es necesario impulsar dichos planes de igualdad en el seno de las empresas. Ahora bien, los planes de igualdad deberían ir más allá de las medidas para la conciliación laboral y familiar, descansando sobre todo en los problemas de discriminación en el acceso al empleo y en el desarrollo de la carrera laboral en el seno de la empresa. Este tipo de medidas de los planes de igualdad deberían estar excluidas de las posibilidades de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa introducidas por las últimas reformas de la normativa laboral[55].

La Estrategia Española de Empleo 2012-2014, si bien incorpora formalmente las materias de igualdad (al modo de la Estrategia Europea de Empleo), no se plasma de manera efectiva en actuaciones articuladas más allá de las consabidas modulaciones de las políticas existentes con incrementos o matizaciones en el caso de que las beneficiarias de las políticas sean mujeres. Es decir, no hay una verdadera perspectiva de género que informe dichas políticas atacando las raíces de las desigualdades por género.

En la misma línea de falta de novedades e innovaciones en política de igualdad señalada con anterioridad caminan los distintos Planes Anuales de Política de Empleo[56] (PAPE). Al igual que en el conjunto de las políticas activas (y también de las pasivas), el énfasis retórico en las evaluaciones de impactos de las políticas existentes (como sucede, por ejemplo, en el texto del PAPE 2013) en realidad no se refiere a verdaderas evaluaciones que sigan los estándares existentes sobre cómo determinar los efectos causales de las políticas (evaluaciones con grupo de control o cuasi experimentales en sus diferentes variantes).

La idea de evaluación de políticas del PAPE 2013 continúa siendo la del seguimiento de una serie de indicadores, que es un enfoque harto limitado y solo útil para una gestión centrada en el corto plazo y en la continuidad de los esquemas heredados de políticas anteriores. Las evaluaciones de impacto de las políticas de igualdad ya realizadas (y la preparación de las evaluaciones de las que están en marcha) servirían para acumular un conocimiento extremadamente práctico sobre qué está funcionando en pro de la igualdad y qué no está funcionando, con lo que se abriría la puerta a nuevas medidas adaptadas al contexto, peculiaridades, problemas y necesidades de la sociedad española.

CONCLUSIONES

Una lectura superficial de la información estadística que se ha mostrado, sobre todo en la segunda sección de este capítulo, podría llevar a pensar que la recesión ha creado una ruptura hacia la igualación de resultados de mujeres y hombres en el mercado de trabajo y que sería hora de rebajar la intensidad de las políticas de igualdad o de relegarlas a un nivel de importancia progresivamente inferior.

Esta interpretación sería totalmente errada. En realidad, el análisis de los datos muestra que la igualación no tiene que ver con una mejora de la situación de las mujeres en el mercado de trabajo español generada por la recesión, sino con un peor comportamiento de los varones. Estos peores resultados masculinos han estado ligados a una dinámica de los flujos en el momento inicial de la crisis relacionada con la caída del sector de la construcción (un sector muy masculinizado) y con una mayor cantidad de bajas al tiempo que las altas se desplomaban (con el consiguiente bloqueo de la entrada en el mercado de trabajo, que impide volver al empleo a todos aquellos que acaban de perderlo o acceder a un puesto a aquellos que se incorporan por primera vez al mercado laboral).

La resistencia a la baja de la tasa de empleo de las mujeres ante la crisis sigue más un patrón de género que de nacionalidad, pues aunque los varones españoles han tenido menores descensos en sus tasas de empleo, también es cierto que todos los varones han tenido descensos más claros e intensos que las mujeres (casi con independencia de si son extranjeros o nacionales).

Aunque los datos no niegan la existencia de complementariedad en el empleo de mujeres españolas e inmigrantes, la evolución durante la crisis estaría asociada a un proceso de largo plazo según el cual se estarían incorporando cohortes sucesivamente más jóvenes, mejor formadas y con un mayor grado de relación con el mercado de trabajo que las cohortes de mujeres mayores que poco a poco van saliendo del mercado de trabajo (Garrido, 1993; Jurado, 2005).

En cuanto a las políticas, el análisis agregado realizado nos lleva a una interpretación que puede calificarse de decepcionante: no ha habido más cambio que el inducido por la brusca entrada en la crisis, y con el paso del tiempo la pauta por género en las políticas de mercado de trabajo vuelve lentamente a lo que sucedía antes de la crisis. En términos generales, las políticas de igualdad de género en el mercado de trabajo existen en las estrategias y en los planes diseñados para la intervención pública en el mercado de trabajo; sin embargo, no se perciben cambios en los datos agregados más allá de los enormes zarandeos del mercado de trabajo en los últimos años. Las políticas de mercado de trabajo parecen incapaces de compensar esos vaivenes y su impacto por género más allá de las (necesarias) políticas tradicionales de sostenimiento de rentas, sin que se perciban innovaciones en las políticas activas.

En todo caso, lo que parece predominar en la política laboral es una visión de «reformas estructurales» que, en el caso del mercado de trabajo, se suele traducir en reformas laborales. En las reformas laborales no parece percibirse ningún intento de paliar los impactos en términos de incremento de las desigualdades (por género y también por otras características) de la fuerza de trabajo que generan habitualmente las reformas laborales dirigidas a incrementar la flexibilidad y la velocidad de ajuste del mercado de trabajo. Tal como señala Rubery (2011), esas desigualdades que se incrementan incluyen la desigualdad de género, ya que las interacciones institucionales son relevantes a la hora de entender la desigualdad de género en el trabajo. Es más, tal como muestra Antonopoulos (2009), la implementación de medidas anticíclicas frente a la crisis es un elemento crucial a la hora de analizar el impacto por género de la crisis en el mercado de trabajo, particularmente para no empeorar las desigualdades de género que ya existían. Sin embargo, las políticas de austeridad tienen un marcado carácter procíclico en el corto plazo, con lo que no pueden tener ese papel paliativo de las desigualdades, sino más bien el contrario de agravarlas.

Una enseñanza importante, pues, es que las reformas laborales deberían incorporar necesariamente la previsión de su impacto sobre la desigualdad en general y sobre la desigualdad de género en particular, incluyendo medidas paliativas de su negativo impacto sobre las desigualdades (incluida explícitamente la desigualdad de género). A esto se añade que las políticas de mercado de trabajo (muy en especial las activas) deberían tener una vocación de promoción de la igualdad mucho más clara atendiendo a las raíces de la desigualdad por género.

Finalmente, debe evaluarse el impacto de las medidas que supuestamente favorecen la igualdad de género. Es obvio que no todo lo que se hace con un determinado fin tiene realmente el resultado que se pretende. Por muy intuitivo o directo que sea el efecto esperado de una política de igualdad de género, debería ser objeto de una evaluación de impacto rigurosa, es decir, no recopilar simplemente número de beneficiarios y gasto realizado, sino estimar su efecto causal sobre el objetivo perseguido. Solo así se podrá ir seleccionando con el paso del tiempo un conjunto de medidas eficaces que merezca el esfuerzo financiador de los contribuyentes y las esperanzas que los beneficiarios depositan en esas políticas.

Anexo

Altas de participantes en las políticas de mercado de trabajo en España por género

2006

2007

2008

2009

2010

2011

MUJERES

3 385 606

3 137 767

3 523 818

4 707 300

5 208 589

5 552 134

Políticas activas

1 385 609

973 119

855 661

958 944

856 574

1 519 058

Programas experimentales para la inserción laboral

12 553

14 906

26 584

53 581

56 368

54 693

Formación

368 746

316 617

281 121

383 485

277 581

1 061 737

Rotación en el empleo y empleo compartido

59 559

63 089

72 344

71 556

77 517

85 846

Incentivos al empleo

710 620

364 305

314 165

256 388

228 173

92 871

Empleo con apoyo y rehabilitación

13 466

15 625

14 983

17 891

21 976

22 210

Creación directa de empleo

141 932

134 495

113 401

121 525

126 734

134 146

Incentivos a la creación de empresas

91 286

64 082

33 063

54 518

68 225

67 555

Políticas pasivas

1 999 997

2 164 648

2 668 157

3 748 356

4 352 015

4 033 076

Apoyo y mantenimiento de ingresos a desempleados

1 990 503

2 152 956

2 653 642

3 735 164

4 343 820

4 022 028

Jubilación anticipada

9494

11 692

14 515

13 192

8195

11 048

VARONES

3 403 437

2 834 554

3 700 723

6 445 579

7 108 309

7 714 340

Políticas activas

1 566 196

738 319

599 536

737 688

724 850

2 115 482

Programas experimentales para la inserción laboral

5528

5659

17 985

43 424

45 837

45 743

Formación

395 919

259 743

239 869

329 991

284 677

1 724 075

Rotación en el empleo y empleo compartido

12 345

11 830

14 581

17 000

21 071

28 999

Incentivos al empleo

954 316

297 651

190 048

171 096

157 493

92 506

Empleo con apoyo y rehabilitación

17 593

19 889

21 573

22 416

28 299

29 706

Creación directa de empleo

92 743

88 894

83 870

99 023

125 244

132 980

Incentivos a la creación de empresas

87 752

54 653

31 610

54 738

62 229

61 473

Políticas pasivas

1 837 241

2 096 235

3 101 187

5 707 891

6 383 459

5 598 858

Apoyo y mantenimiento de ingresos a desempleados

1 812 775

2 068 933

3 068 479

5 681 982

6 366 976

5 576 507

Jubilación anticipada

24 466

27 302

32 708

25 909

16 483

22 351

MUJ.VAR.

0,99

1,11

0,95

0,73

0,73

0,72

Políticas activas

0,88

1,32

1,43

1,30

1,18

0,72

Programas experimentales para la inserción laboral

2,27

2,63

1,48

1,23

1,23

1,20

Formación

0,93

1,22

1,17

1,16

0,98

0,62

Rotación en el empleo y empleo compartido

4,82

5,33

4,96

4,21

3,68

2,96

Incentivos al empleo

0,74

1,22

1,65

1,50

1,45

1,00

Empleo con apoyo y rehabilitación

0,77

0,79

0,69

0,80

0,78

0,75

Creación directa de empleo

1,53

1,51

1,35

1,23

1,01

1,01

Incentivos a la creación de empresas

1,04

1,17

1,05

1,00

1,10

1,10

Políticas pasivas

1,09

1,03

0,86

0,66

0,68

0,72

Apoyo y mantenimiento de ingresos a desempleados

1,10

1,04

0,86

0,66

0,68

0,72

Jubilación anticipada

0,39

0,43

0,44

0,51

0,50

0,49

Personas paradas Muj.Var.

1,30

1,23

0,97

0,81

0,83

0,85

Altas Muj.Var.

0,99

1,11

0,95

0,73

0,73

0,72

Fuente: Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, varios números.

BIBLIOGRAFÍA

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CAPÍTULO 5

El déficit de cuidado ante la crisis

CONSTANZA TOBÍO SOLER[57]

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ CORDÓN[58]

EL CUIDADO COMO NECESIDAD

La continuidad social exige que funcione un sistema social de producción que permita cubrir las necesidades de los individuos, materiales y de todo orden, y un sistema de reproducción humana y social que, apoyándose sobre la capacidad biológica de reproducción, asegure la crianza, la formación y el cuidado de las personas a lo largo de la vida. Esta doble condición se impone a todas las sociedades, con formas concretas que varían históricamente. Lo que caracteriza a las economías capitalistas es la clara separación entre el ámbito de la producción, al que se dedican las empresas, y el de la reproducción, que recae en las familias. Hay que añadir el papel del Estado, tanto en el ámbito de la producción como en el de la reproducción, que ha ido creciendo hasta gestionar hoy muchos aspectos clave de la reproducción social como la enseñanza, la sanidad y las pensiones.

Cuidar a las personas ha sido, y sigue siendo hoy, una tarea poco valorada socialmente y nada o casi económicamente, por mucho que siga siendo importante. En la familia tradicional, el cuidado estaba a cargo de las mujeres, que se dedicaban a ello en exclusiva mientras el hombre aportaba al hogar los ingresos obtenidos de su trabajo exterior remunerado. Este modelo de «varón sustentador» (male breadwinner), que deja fuera de la realidad económica toda la actividad relacionada con el cuidado realizado en el seno de las familias, ha sido dominante durante mucho tiempo y todavía hoy, cuando ha dejado de ser el más habitual[59], sigue siendo el modelo de referencia implícito en ámbitos importantes que afectan a las familias y en particular a las mujeres. A pesar del notable papel del Estado, actualmente en regresión, el cuidado de las personas y muy especialmente de aquellas que no pueden valerse por sí mismas sigue recayendo principalmente en las familias y, dentro de estas, en las mujeres, más ahora que menguan los recursos públicos destinados a estos fines.

Sin embargo, la crisis no explica el déficit de cuidado, aunque los recortes producidos en su nombre lo agravan. La insuficiencia de recursos para atender a quienes no se pueden valer por sí mismos tiene carácter estructural desde el fin de la especialización de género, cuando las mujeres se incorporaron de manera generalizada al mercado de trabajo y, especialmente, desde que las madres que trabajan constituyen una nueva normalidad social (Tobío, 2005; Leira et al., 2005). La actividad femenina en el cuidado de las personas no ha sido sustituida, más que de manera muy parcial, por otras formas de atención en las que el conjunto de la sociedad, más allá de la familia, asume tal responsabilidad. Esta tarea no ha sido asumida íntegramente por el Estado en ningún país, y la problemática de la compatibilidad entre vida laboral y vida familiar ha pasado a ocupar un papel central. Actualmente, las políticas de conciliación son diversas en su contenido y en sus efectos y dejan en general a cargo de las familias necesidades no cubiertas, especialmente en lo relativo a los hijos pequeños y a la dependencia de las personas muy mayores. Existen modelos descriptivos y normativos (Lewis, 1999; Fernández Cordón y Tobío, 2005), pero comparado con la organización social de la enseñanza o de la sanidad, el cuidado permanece desde hace décadas en una situación de carencia crónica. Ello es, en parte, consecuencia de la propia invisibilidad que este ámbito de la realidad social ha sufrido desde siempre, hasta que feministas como Chodorow (1978) o Gilligan (1985) lo hicieran emerger como concepto teórico y práctica social. Paradójicamente, también desde las antípodas ideológicas, Popenoe (1993, 1996) o Segalman (1998), en la estela del funcionalismo de Parsons, avisaban de los riesgos de olvidar las tareas desempeñadas por las mujeres en el hogar para la cohesión social. Si bien desde estas perspectivas de lo que se trata es de defender viejos modelos patriarcales de familia, no se deja de reconocer la importancia de lo que tradicionalmente han venido haciendo las mujeres.

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

El problema es, en apariencia, muy simple. En España, Europa y gran parte de los países del mundo, las amas de casa a tiempo completo representan una minoría y son cada vez más las mujeres que tienen un empleo. ¿Quién se hace cargo de lo que antes hacían en el hogar con dedicación exclusiva? Lo difícil no es el diagnóstico, sino el reconocimiento del problema. Desde una visión optimista podría pensarse que nos encontramos en un periodo de transición hacia una organización colectiva de la carga del cuidado, ahora que las mujeres no pueden asumirla a tiempo completo. Sin embargo, nada indica que ese sea el futuro. Una combinación de ceguera social ante actividades necesarias para la vida, por un lado, y, por otro, de recursos de emergencia, siempre insuficientes, desplegados por las mujeres, ha dado como resultado la cronificación del déficit de cuidado. El cuestionamiento del papel del Estado y la escasez de recursos no han empezado con la crisis, que sí los ha acentuado, a la vez que los recortes salariales hacen cada vez más necesario el trabajo remunerado de la mujer en las familias. La crisis no es un paréntesis, sino la exacerbación de una situación que ya era difícilmente sostenible. El cuidado de la primera infancia, la gestión de las enfermedades de los hijos y de circunstancias imprevistas, así como la atención a familiares muy mayores, están entre los problemas más acuciantes que deben afrontar las mujeres que trabajan, sin contar con ayuda suficiente (Tobío, 2005).

EL TRABAJO REMUNERADO COMO NORMALIDAD

¿Cómo se ha modificado a lo largo del tiempo la situación de las mujeres en el mercado de trabajo y su papel en el hogar? Para analizarlo, nada mejor que centrarnos en las personas de entre 20 y 50 años (grupo de edad 25-49), edades de máxima actividad, ya superado el tiempo de formación, y que no incluye a las más mayores que en nuestro país mantienen un cierto retraso generacional en el proceso de cambio.

Lo más notable es el rápido aumento de la participación femenina en el trabajo remunerado, que se inicia en España hacia mediados de los ochenta. Todavía en 1996, solo el 40,4 por 100 de las mujeres españolas de 25-49 años tenía un empleo, una proporción muy inferior a la observada en los países de nuestro entorno (49,5 por 100 en Italia; 52 por 100 en Grecia; 71,5 por 100 en Francia, y más del 80 por 100 en los países nórdicos). La tasa de empleo en este grupo de edad aumenta hasta un máximo de 67,8 por 100 en 2008, después de que el empleo masculino, cuya progresión culmina en 2007, haya iniciado su descenso. Sin embargo, en ese momento, las españolas siguen por detrás de los países grandes de la Unión Europea, solo por encima de las italianas, a las que superan desde 2001, y de las griegas, a las que adelantaron en 2004. Después de 2007-2008, la tasa de empleo de este grupo de mujeres sigue aumentando, o disminuye solo muy ligeramente, en todos los países, salvo en España y Grecia. En 2013, la distancia con los otros países es de nuevo importante, y con Italia se acorta la ventaja. Aunque la ocupación femenina solo es claramente inferior en Grecia, la distancia de España a la media europea equivale en 2013 a la que existía en 2003.

Además de depender de la coyuntura económica, la evolución de la tasa de empleo de las mujeres refleja el proceso progresivo de penetración en el mercado de trabajo y la mayor resistencia del empleo femenino. De manera que, a pesar de que ha habido momentos de disminución y otros de aumento de la tasa de empleo, la posición relativa de las mujeres[60] con relación a los hombres ha mejorado de forma continua hasta el año 2012. La tasa de empleo de los hombres del mismo grupo de edad (25-49) ha sido siempre más bien baja. Incluso en el año 2007, cuando alcanzó un máximo de 88,1 por 100, no superaba la media de los países de la zona euro (Eurostat, 2014). Posteriormente su caída ha sido brutal, hasta 70,2 por 100 en 2013, mientras que en Alemania o los países nórdicos se mantiene en torno a 88 por 100. La ratio entre la tasa de empleo femenina y la masculina, que era de 0,388 en 1986, sube sin interrupción hasta 0,875 en 2012 y se contrae ligeramente en 2013 (0,873): la crisis del empleo ha afectado más a los hombres que a las mujeres.

La tasa de paro de las mujeres ha sido siempre superior a la de los hombres, llegando a más del doble a principios de los 2000. La mínima se da en 2007 con 9,8 por 100 entre mujeres y 5,5 por 100 entre hombres de la misma edad. El paro masculino es entonces inferior al de Alemania o Francia, pero no así el de las mujeres, que sigue siendo el más elevado del conjunto de países, salvo Grecia. Posteriormente, el paro femenino aumenta a un ritmo menor que el de los hombres y, en 2013, las tasas de paro son prácticamente idénticas, algo que, hasta ahora, nunca se había producido. La crisis iniciada en 2007 ha llevado las diferencias con Europa a niveles desconocidos. En 2013, el paro de los hombres de 25-49 es de 24,6 por 100, por encima de Grecia (24,2) y de Italia (10,9), frente al 3,1 por 100 de Noruega o el 5,3 de Alemania. La situación es muy parecida entre las mujeres: solo en Grecia se observa una tasa superior a la española (32 frente a 26,3 por 100), comparada con 3 por 100 en Noruega y 13,5 en Italia. Las elevadas tasa de paro de las mujeres en España no se explican únicamente por diferencias en el nivel de ocupación. En 2013, a pesar de una tasa de empleo de mujeres de 25-49 superior a la de Italia, la tasa de paro en España duplica la italiana (26,3 y 13,5 por 100, respectivamente). Por otra parte, durante la crisis de 1993-1996, el muy moderado crecimiento de la tasa de empleo de este grupo de mujeres estuvo acompañado de un fuerte incremento de la tasa de paro, que llegó a alcanzar un máximo histórico de 29,7 por 100 (Eurostat, 2014).

ESTRATEGIAS ENTRE DOS MUNDOS

Hemos visto que el salto experimentado por la participación de las mujeres en los trabajos remunerados no se ha acompañado de opciones que las liberen de las tareas de cuidado que venían desarrollando. Esta situación tiene enormes consecuencias, tanto sobre las estrategias que las madres trabajadoras desarrollan para hacer frente a su doble condición como sobre la forma misma en la que se produce su incorporación al mercado de trabajo.

Las mujeres, con un pie en cada mundo, intentar conciliar el trabajo público y el privado mediante equilibrismos a veces arriesgados y siempre costosos. ¿Cómo resuelven en la práctica su difícil situación? En primer lugar, adaptando parcialmente su presencia en el mercado laboral a su papel en la familia, con las inevitables consecuencias negativas en su remuneración y en su carrera. En segundo lugar, simplemente trabajando más horas o recurriendo a otras mujeres que las sustituyan en el cuidado. No pueden contar demasiado con los hombres y, cada vez menos, con el Estado.

La presencia de las mujeres en el mercado de trabajo está muy condicionada por su situación familiar, lo que no ocurre en el caso de los hombres. En España, en 2007, último año de los tiempos de bonanza, la tasa de empleo de las mujeres de 25-49 años varía de 85,1 por 100 para las solteras sin hijos a 60,9 por 100 para las que viven en pareja con algún hijo. Si tenemos en cuenta el nivel de formación, el abanico se amplía del 93,9 por 100 para las solteras sin hijos con estudios superiores al 45,9 por 100 para las que viven en pareja con algún hijo y solo tienen estudios primarios (tabla 1). La entonces buena situación del mercado de trabajo no impide que las mujeres se queden en casa en una proporción que crece con la carga de cuidado que deben afrontar. La menor participación de las mujeres con pareja pero sin hijo indica un efecto de la estructura familiar que puede estar más ligado a la tradición que a la carga efectiva, y también a la menor empleabilidad, en ciertos sectores, de las mujeres casadas. En todo caso, la presencia de una pareja implica una menor tasa de ocupación de las mujeres. El efecto de la familia se aprecia en todos los niveles de estudio, aunque con menor intensidad cuando aumenta el nivel (tabla 1). Estas diferencias, que acumulan los efectos negativos de un bajo nivel educativo y una mayor carga familiar, no se observan en el caso de los hombres. Si la participación de los hombres también aumenta con el nivel de estudios, es, al contrario de lo que ocurre con las mujeres, más elevada entre los que tienen pareja y entre los que tienen hijos. La familia ejerce, en su caso, un efecto positivo sobre la participación laboral.

TABLA 1

Tasa de empleo* según tipo de hogar y nivel de instrucción**. Mujeres de 25-49 años. Algunos países de la UE en 2007 (en porcentajes)

ESPAÑA

ITALIA

Conj.

Prim.

Sec.

Sup.

Conj.

Prim.

Sec.

Sup.

Soltera sin hijos

85,1

72,0

78,4

93,9

83,6

73,1

86,1

89,5

Soltera con hijos

76,6

61,5

80,8

94,4

78,1

67,3

84,1

84,8

En pareja sin hijos

78,9

65,3

74,9

87,6

75,1

59,6

79,6

85,0

En pareja con hijos

60,9

45,9

59,8

77,7

56,2

37,3

64,2

79,6

Conjunto

67,7

53,5

68,3

82,2

60,6

43,9

68,4

76,8

ALEMANIA

SUECIA

Conj.

Prim.

Sec.

Sup.

Conj.

Prim.

Sec.

Sup.

Soltera sin hijos

83,1

58,2

82,7

91,9

82,6

68,8

82,4

86,1

Soltera con hijos

70,6

52,6

71,6

86,2

76,5

74,0

70,3

89,7

En pareja sin hijos

85,3

67,3

85,8

91,3

77,2

61,5

85,4

74,5

En pareja con hijos

66,3

42,5

68,5

76,9

83,8

50,8

86,7

88,9

Conjunto

74,3

53,3

75,6

85,0

82,1

60,7

84,0

85,9

* Tasa de empleo: ocupadas/población (por cien).

** Clasificación tipo de educación ISCED 1997.

Conj.: conjunto de mujeres de 25-49 años. Prim.: mujeres de este grupo de edad con instrucción primaria (ISCED 0 a 2). Sec.: mujeres de este grupo de edad con instrucción secundaria (ISCED 3 y 4). Sup.: mujeres de este grupo de edad con instrucción superior (ISCED 5 a 8).

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat (2014).

En 2007, la influencia negativa de la situación familiar sobre la tasa de empleo femenina se observa en todos los países de la Unión Europea en grado similar, aunque es algo menor en los países nórdicos. La crisis no ha tenido prácticamente ningún impacto y las situaciones relativas de uno y otro sexo en 2013 se mantienen casi idénticas a las de 2007, a pesar de los cambios en los niveles de empleo.

La familia no solo condiciona el nivel de participación de las mujeres en el mercado de trabajo, sino que también influye en la intensidad de esta participación. El trabajo a tiempo parcial de las mujeres es una forma de conciliar familia y trabajo, muy extendida en algunos países. Su incidencia en España es moderada, si se compara con el resto de la UE: en 2007, el 22 por 100 del empleo de las mujeres de 25-49 años lo era a tiempo parcial. En Alemania, por ejemplo, este tipo de trabajo representa el 47 por 100, casi la mitad del empleo (tabla 2). En todos los países, las mujeres con más carga familiar recurren en mayor medida al tiempo parcial. En 2007, casi un 28 por 100 de las mujeres con pareja e hijos cuando trabajan lo hacen a tiempo parcial en España, un 36 por 100 en Italia, un 42 en Suecia y casi un 70 por 100 en Alemania. Las mujeres solteras con hijo también recurren más al tiempo parcial, aunque en una proporción algo menor que las madres con pareja.

TABLA 2

Distribución por 100 mujeres de 25-49 años según el tipo de empleo en 2007. Algunos países de la UE (en porcentajes)

TIPO DE HOGAR

ESPAÑA

ITALIA

OTC

OTP

NO

OTC

OTP

NO

Soltera sin hijos

78,0

7,2

14,8

69,7

13,8

16,5

Soltera con hijos

57,7

18,9

23,4

55,4

22,7

21,9

En pareja sin hijos

68,4

10,5

21,1

60,1

14,9

24,9

En pareja con hijos

43,9

17,0

39,1

35,9

20,3

43,8

Conjunto

52,8

15,0

32,3

43,3

17,3

39,4

TIPO DE HOGAR

ALEMANIA

SUECIA*

OTC

OTP

NO

OTC

OTP

NO

Soltera sin hijos

66,3

16,8

16,9

62,1

20,5

17,4

Soltera con hijos

31,3

39,3

29,4

52,6

23,9

23,5

En pareja sin hijos

64,2

21,1

14,7

60,1

17,1

22,8

En pareja con hijos

20,2

46,1

33,7

48,6

35,2

16,2

Conjunto

39,4

35,0

25,7

53,7

28,4

17,9

Fuente: Eurostat (2014).

OTC: ocupadas a tiempo completo.

OTP: ocupadas a tiempo parcial.

NO: no ocupadas (paradas o inactivas).

* Datos de 2009.

La importancia del tiempo parcial no responde solo a las necesidades de la conciliación; interviene igualmente la mayor o menor aceptación de esta modalidad tanto por las empresas como por los trabajadores. Así, en Alemania, entre las mujeres solteras sin hijos que trabajan, el 20 por 100 lo hace a tiempo parcial, cuando en España apenas supera el 8 por 100.

Al ser la incidencia del empleo a tiempo parcial tan alta y tan diferente de un país a otro, el uso de las tasas de ocupación extraídas de la EPA puede ser engañoso. Las altas tasas de ocupación de algunos países encubren un subempleo de mujeres que les facilita sin duda seguir asumiendo la carga del cuidado. En países como, por ejemplo, Alemania, la conciliación se apoya sobre el tiempo parcial de las mujeres, algo que se evita en España, a pesar de lo limitado de las políticas familiares, gracias a la ayuda que prestan las abuelas de forma mucho más regular e intensa que en otros países.

Otra respuesta de las mujeres para resolver el dilema de la doble pertenencia es la intensificación del trabajo. Desde hace ya tiempo ha sido detectada en distintos lugares por buen número de investigadoras y ha recibido denominaciones variadas, desde la «doble presencia» a la que se ha referido Laura Balbo (1978) hasta la doble jornada observada por Hochschild (1989) o la jornada interminable (Durán, 1986). A las horas de empleo remunerado se añaden las del trabajo doméstico, que invade progresivamente el tiempo de descanso o de ocio. De esta manera, el déficit se aminora pero no desaparece, ya que en muchas situaciones el cuidado no se puede posponer a unas horas o unos días después.

La sustitución de unas mujeres por otras es seguramente la estrategia más extendida. Tanto en este caso como en el anterior son las propias mujeres quienes «se arreglan» entre sí, lo cual facilita la tendencia del resto del mundo a no darse por aludido. Entre las clases medias, buena parte del trabajo de cuidado se encarga a mujeres ajenas a la familia que reciben a cambio una remuneración. Se trata de una actividad laboral que ocupa el peldaño más bajo de la escala económica y social, lo cual explica que sean fundamentalmente inmigrantes quienes la realicen. Provienen de lugares alejados, más pobres, y dejan atrás sus propias responsabilidades de cuidado, los hijos o los mayores, a cargo a su vez de otras mujeres en una cadena femenina de sustituciones que recorre el conjunto del planeta (Ehrenreich y Hochschild, 2003). Quienes no pueden sufragar el coste de la ayuda asalariada recurren a la solidaridad familiar. Las abuelas asumen un protagonismo importante como cuidadoras de los nietos cuando las hijas trabajan, e incluso lo hacen los abuelos, que incorporan así nuevos roles frecuentemente antes que los padres. Paradójicamente es la familia —las redes familiares— la que sostiene el cambio familiar (Fernández Cordón y Tobío, 2007), desde la vieja familia basada en la división de roles de género hacia nuevas formas más igualitarias. La delegación de la responsabilidad de cuidado funciona para resolver las necesidades del momento pero no las cubre todas, lo hace a costa de otras o no está al alcance de todo el mundo.

Cabría pensar que a la vez que las mujeres acceden al empleo remunerado, los hombres lo hacen al trabajo de cuidado. Habría así una redistribución justa y enriquecedora de ambos tipos de actividades. No existiría déficit de cuidado, sino una reorganización social de los tiempos dedicados a las distintas facetas de la vida. Parece tan claro que lo sorprendente es que no sea así. No lo es, aunque sí hay una ligera tendencia en ese sentido. En España, por ejemplo (Instituto Nacional de Estadística, 2014a), la mayoría de las mujeres adultas, el 92,7 por 100, realizaban en 2002 actividades de cuidado del hogar y la familia, una proporción que se ha reducido un poco en 2009 (91,9 por 100). Entre los hombres la tendencia es, por el contrario, al incremento desde el 70 hasta el 74,7 por 100. Pero más significativa es la diferencia en la dedicación a las tareas de cuidado, ya que la duración media diaria de las mujeres era en 2009 de 4,29 horas, mientras que la de los hombres se limitaba a 2,32 horas, habiendo disminuido y aumentado respectivamente una y otra. Ello se produce en el contexto de un aumento destacable de la actividad laboral femenina y una disminución de la masculina. A pesar del fuerte incremento de la tasa de empleo que hemos comentado anteriormente, la proporción de mujeres que cuidan disminuyó ligeramente, del 92,7 al 91,9 por 100, entre 2002 y 2009 (Instituto Nacional de Estadística, 2014b). Todo parece indicar, por tanto, que las mujeres trabajan cada vez más, si se añade el trabajo de dentro de casa al de fuera, aunque los hombres incrementen su dedicación al cuidado.

EL ESTADO: UN RECURSO DUDOSO

En una lógica de externalización de funciones familiares, el Estado estaría llamado a asumir la organización del cuidado de las personas cuando, como sucede ahora, esta tarea desborda a la familia. Así ha ocurrido con otras actividades necesarias para la mejora de la supervivencia como la transmisión de conocimientos o la atención a la enfermedad. Sin embargo, el cuidado de los dependientes, menores o mayores, no ha sido eficazmente asumido por las políticas del bienestar. Pocos son los casos en los que esto ha sido así. En unos pocos países ricos y pequeños del norte de Europa puede hablarse de una atención universal, derivada de la ciudadanía y no de factores como la pobreza, la inserción laboral o la situación familiar, pero incluso en ellos no deja de haber diferencias de enfoque y cobertura (Leira, 1992 y 2002), así como lagunas escasamente reconocidas (Windebank, 1996).

Otro caso, del que se sabe mucho menos a pesar de su extensión en el tiempo y el espacio, es el de los antiguos países comunistas más allá del «telón de acero», como antes se llamaba a la Unión Soviética o a los países del este de Europa como Alemania del Este, Checoslovaquia o Hungría. La incorporación generalizada y permanente de las mujeres al empleo en la URSS se produjo antes que en los países capitalistas. Fue a partir de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo XX, cuando una combinación de políticas económicas para aumentar la población activa y sociales para hacer posible que las madres trabajaran en el sector productivo va incrementando la presencia femenina en el empleo hasta equipararla a la de los hombres a comienzos de la década de los ochenta (Motroshilova, 1983). A ello se añadía una preocupación por la decreciente fecundidad que se tradujo asimismo en el desarrollo de servicios amplios de atención a la infancia (Field, 1955). La problemática de la conciliación familia-empleo está ya presente en la URSS durante los años sesenta y setenta, en unos términos que no aparecerán en los países europeos hasta décadas después. Por un lado, se reivindicaban más y mejores servicios de atención a los menores para que las mujeres pudieran trabajar (Yuk y Pimenova, 1970); por otro, se señalaba la doble carga de trabajo que para ellas suponía el nuevo modelo laboral de actividad universal, ya que, aunque había un desplazamiento de tareas antes realizadas en el hogar hacia los servicios públicos, lo que no se había producido era un reparto de responsabilidades domésticas con los hombres en la vida privada (Lapidus, 1988). Alemania del Este, la antigua República Democrática Alemana, ha sido objeto de detallado análisis en los últimos años, precisamente porque permite comparar dos realidades que hoy forman parte de un mismo país pero que tienen un pasado reciente muy distinto. Con independencia del debate acerca del peso de la cultura o las instituciones (Hummelsheim y Hirschle, 2010; Pfau-Effinger y Smidt, 2011), los estudios realizados muestran rasgos muy diferenciados entre ambas zonas. A pesar de las reducciones que experimentaron las mujeres en el acceso a servicios para el cuidado de menores (Alsop y Hockey, 2001), la orientación al empleo a tiempo completo y la pronta incorporación a la actividad laboral después del parto caracterizan a las mujeres del Este (Kreckel y Schenk, 2001; Schaeper y Falk, 2003). También utilizan en mayor medida las guarderías (Dirk et al., 2013) y tienen relaciones más igualitarias con los hombres (Prince-Cooke, 2006).

Francia representa un caso un tanto especial en el que, a la vieja preocupación por la baja natalidad y las políticas familiares asociadas, se superponen nuevos enfoques de conciliación con una elevada actividad laboral femenina, dando como resultado recursos estatales amplios y diversificados en los que tanto los servicios como las transferencias monetarias desempeñan un papel importante (Hantrais y Letablier, 1996; Fagnani y Letablier, 2001). Los países liberales como el Reino Unido reducen las políticas del cuidado a los que no pueden sufragarlo por sí mismos, aunque durante los años de gobierno laborista de Blair (1997-2007) se desarrollaron considerablemente los recursos para la atención a la infancia (Lewis, 2009) bajo una concepción de la educación como inversión, perspectiva muy extendida durante los años noventa. La intervención del Estado en Alemania adopta una forma muy peculiar, ya que su finalidad es seguir haciendo posible la vieja familia basada en la división de roles de género en la que el cuidado de la infancia se asume internamente. Se trata de un modelo familiar que ya solo es viable con un fuerte apoyo por parte del Estado y cuyo efecto es una elevada desigualdad de género (Lewis et al., 2008). El cuidado familiar se ha reforzado en Alemania con recientes medidas adoptadas en 2007 y 2009 que aumentan la remuneración de los progenitores cuidadores y flexibilizan el momento de utilización[61]. Los países del sur de Europa no han llegado a articular sistemas eficaces de externalización o apoyo al cuidado, a pesar de distintos intentos (Moreno Fernández, 2009) y a pesar también del aumento importante del empleo femenino que antes de la crisis se sitúa por encima de la media europea (Eurostat, 2014).

El modelo tradicional de organización del cuidado no ha sido sustituido con eficacia por otro que estuviera basado en la igualdad de género y la acción del Estado. Pero el coste del cuidado no puede ser evitado. Puede limitarse el número de hijos, como ocurre en España y en Alemania por ejemplo, pero no el número de personas mayores que necesitan asistencia, que, como es bien sabido, seguirá aumentando en el futuro. La reducción de la fecundidad es una forma de trasladar al futuro un coste actual y representa, además, una frustración para las familias que no pueden tener los hijos que desean. En cuanto a la ineludible tarea de atender a los dependientes mayores, la decidida participación del Estado, iniciada en España con la Ley de Atención a la Dependencia de 2006, se ha venido abajo con la política de austeridad, orientada casi exclusivamente a la reducción de las políticas sociales. La presión sobre las familias aumenta, precisamente en el momento en el que su capacidad se encuentra muy disminuida por el enorme paro, los recortes salariales y la no emancipación de los jóvenes.

LA CRISIS, LAS MUJERES Y EL CUIDADO

España culmina en 2007 un proceso de progreso económico aparente que, entre otros aspectos, significó un crecimiento nunca visto del empleo. El número de puestos de trabajo superó la barrera de los veinte millones y tanto los hombres como las mujeres alcanzaron elevadas tasas de empleo. La tasa de paro cayó a mínimos que, sin embargo, se situaban por encima de los niveles de los países más próximos, un rasgo que adelantaba el futuro que se avecinaba. Fueron necesarios pocos años a partir de la crisis financiera para que se viera que toda esa prosperidad era un buñuelo lleno de las flatulencias de una economía especulativa y depredadora. Además de llevar al paro a centenares de miles de personas, la crisis está siendo el pretexto para poner en práctica una política regresiva, llamada de austeridad, orientada a reducir los costes del trabajo y las prestaciones sociales asociadas, para mayor beneficio de los más ricos. Una disminución del empleo, con cifras de paro desmedidas en relación con los otros países de la Unión Europa, acordes con el espejismo anterior, y recortes también desmedidos de los salarios y de las políticas sociales, son la nueva realidad en la que ahora se plantea la situación de las mujeres y el problema del cuidado. Debemos, en primer lugar, interrogarnos sobre el significado de las altas tasas de paro que se observan en nuestro país, sobre todo en relación a cómo se sitúan las mujeres entre el mercado de trabajo y el hogar. También comentaremos la manera en que pueden influir los recortes presupuestarios sobre el papel del Estado en la asunción de las tareas de cuidado.

Para aproximarnos al significado de las cifras de paro y a una adecuada comparación con otros países de nuestro entorno, es necesario partir del sistema de medición de la actividad de las personas y su seguimiento en el tiempo, que desarrollan, en todos los países de la Unión Europea (UE), las Encuestas sobre Población Activa (EPA) con una metodología homogénea definida por Eurostat. Las categorías de ocupado o parado se refieren únicamente al trabajo remunerado, y en ninguna parte aparece el cuidado no remunerado como actividad. Entre los no ocupados, son clasificados como «desempleados» los que están disponibles para ocupar un empleo y lo han buscado activamente. Los demás se califican de «inactivos» sin que se indague suficientemente en las características y las motivaciones del tótum revolútum que integra esta categoría. Es simplemente un residuo. Esta clasificación corresponde a un modelo de especialización de género en el que las tareas que no estén orientadas al mercado quedan relegadas a un limbo de mujeres. Ahora que estas participan en el mercado de trabajo en una proporción que se acerca cada vez más a la de los hombres, esta forma de proceder pierde todo su sentido, aunque sigue vigente en las encuestas.

El trabajo en el hogar de las que figuran como ocupadas o paradas ha desaparecido completamente de las estadísticas más fiables y regulares y apenas si aparece en las encuestas de uso del tiempo, que carecen de la regularidad y la homogeneidad metodológica de las Encuestas sobre Población Activa (EPA).

TABLA 3

Tasa de empleo y ratio mujer/hombre en 1996, 2007 y 2013. Mujeres de 25-49 años. En varios países de la UE

PAÍSES

TASA DE EMPLEO* (%)

RATIO MUJERES/HOMBRES**

1996

2007

2013

1996

2007

2013

España

44,0

67,6

61,3

0,556

0,768

0,873

Alemania

68,2

74,3

78,5

0,788

0,856

0,891

Francia

68,5

76,3

76,3

0,787

0,860

0,895

Italia

49,5

60,6

57,9

0,580

0,694

0,738

Noruega

78,5

82,7

81,6

0,887

0,923

0,942

Suecia

79,9

83,0

82,5

0,977

0,928

0,936

* Tasa de empleo = ocupadas/población.

** Ratio mujeres/hombres = tasa de empleo de mujeres/tasa de empleo de hombres.

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat (2014).

La tabla 3 muestra la progresión de la tasa de empleo de mujeres en tres momentos significativos: 2013, el último año disponible; 1996, último año de la crisis 1993-1996, y 2007, cumbre del boom antes de la crisis. La progresión de la tasa de empleo es importante entre 1996 y 2007 en todos los países, pero algo menos en los dos países nórdicos que ya ostentaban tasas muy elevadas en 1996. Esta progresión, más amplia que la de los hombres, mejora la posición relativa de las mujeres con relación a ellos en cinco de los seis países, salvo Suecia. Se marcan aquí los tres grupos de países: los del sur, del centro y del norte de Europa, cada uno en una etapa de un proceso similar de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. La crisis provoca una disminución de la tasa de empleo, salvo en Alemania, donde aumenta, y Francia, donde se mantiene. La caída es sobre todo importante en España (de 67,6 a 61,3 por 100), bastante menor en Italia e insignificante en los dos países nórdicos. En ningún país, las tasas actuales se acercan a los bajos niveles previos al boom, ni siquiera en España, a pesar del terrible castigo que ha infligido aquí la crisis. En ninguno de los seis países la crisis ha interrumpido la progresión de la posición relativa de las mujeres respecto de los hombres. En este caso, el empleo masculino ha sufrido más que el femenino. Las ratios mujeres/hombres que figuran en la tabla 3 muestran que ser mujer no es un obstáculo para su presencia en el mercado laboral casi al mismo nivel que los hombres y, por otra parte, que las mujeres han resistido mejor la crisis. No parece probable que una eventual recuperación del empleo en el futuro perjudique a las mujeres con relación a los hombres, teniendo en cuenta sobre todo el nivel de formación alcanzado por aquellas, superior al de estos.

Las tasas de paro, que aparecen en la tabla 4, están entre los indicadores más utilizados y más comentados. Lo más destacable, en cuanto a la evolución temporal, es el acercamiento que se produce desde 1996 entre las tasas de paro de hombres y mujeres y que ha continuado durante el periodo de crisis, tal como se puede ver en la tabla 4. En 2013 no se aprecian grandes diferencias entre sexos en ninguno de los países que figuran en dicha tabla, salvo en Italia. En algunos, la tasa femenina de paro es en 2013 inferior a la de los hombres (Alemania, Francia y Noruega). Como veremos más adelante, esta similitud no responde a comportamientos idénticos, puesto que las mujeres siguen teniendo tasas de empleo inferiores.

TABLA 4

Tasa de paro y ratio mujer/hombre en 1996, 2007 y 2013. Mujeres de 25-49 años. En varios países de la UE

PAÍSES

TASA DE PARO* (%)

RATIO MUJERES/HOMBRES**

1996

2007

2013

1996

2007

2013

España

27,5

9,8

26,3

1,780

1,325

1,066

Alemania

8,9

8,1

4,7

1,225

1,020

0,893

Francia

13,6

8,0

9,2

1,453

1,107

0,993

Italia

13,4

7,7

13,5

1,834

1,339

1,230

Noruega

4,0

2,1

3,0

1,238

1,034

0,981

Suecia

7,7

5,0

6,4

0,788

0,788

1,028

* Tasa de paro = desempleadas/población activa.

** Ratio mujeres/hombres = tasa de paro de mujeres/tasa de paro de hombres.

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat (2014).

Mucho se ha dicho sobre las enormes diferencias entre las tasas en España (solo comparables a las de Grecia) y las del resto de los países de la Unión Europea. Pero llama la atención, por ejemplo, que la tasa de paro de 2013 haya vuelto al nivel previo al boom, mientras que la tasa de empleo está hoy muy por encima de la de entonces. También sorprende que en Italia la tasa de paro sea la mitad de la española, cuando la tasa de empleo de las italianas en 2013 es inferior a la de España y se encuentran a mayor distancia de los hombres.

El gráfico 1 muestra que para una mayoría de países existe una correlación elevada entre la tasa de empleo y la tasa de paro. En otros, como Grecia, España y Portugal, la tasa de paro es claramente más elevada que la que correspondería a su nivel de empleo. Italia, país del sur como los anteriores, muestra una situación opuesta: su tasa de paro está por debajo de la esperada y por consiguiente muy lejos de los otros tres países del sur. Hay que recordar que la tasa de paro se calcula sobre la población activa, es decir, sobre lo que los economistas llaman la oferta de trabajo, y está mejor adaptada al caso de los hombres. Estos, como norma, entran en la población activa una vez terminados los estudios y no salen de ella hasta que se jubilan o por alguna causa que les incapacite para trabajar. No es el caso de las mujeres. Además de estas razones que comparten con los hombres, las mujeres pueden figurar como inactivas si se dedican a las «labores del hogar» a tiempo completo. En teoría, los hombres también, pero muy pocos se declaran «amos de casa», aunque su número ha aumentado en los últimos años. Por otra parte, la clasificación de los que no trabajan en parados e inactivos depende de la definición del parado, que ha cambiado en el tiempo, siempre en el sentido de hacerla más restrictiva, con el resultado de aumentar la proporción de inactivos. También influye la realización práctica de cada encuesta, que realiza cada uno de los Institutos de Estadística de los países miembros.

GRÁFICO 1

Tasa de paro según la tasa de empleo de mujeres en algunos países de la UE, 2007 y 2013

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.

ES: España

DE: Alemania

PL: Polonia

IT: Italia

NL: Países Bajos

DK: Dinamarca

EL: Grecia

FR: Francia

NO: Noruega

PT: Portugal

UK: Reino Unido

SE: Suecia

En 1996 la propensión al paro más elevada se daba en Francia y Suecia, donde aproximadamente un tercio de las mujeres que no tenían empleo figuraban como paradas, siendo el resto inactivas. En 2007, cuando las tasas de empleo alcanzan máximos, la propensión al paro es en general menor porque entre las no ocupadas se encuentra una proporción menor de personas aptas para el empleo que antes figuraban como inactivas. En términos relativos, la propensión al paro de las mujeres aumenta, comparada con la de hombres. En 2013, la situación relativa respecto de los hombres se contrae en todos los países, salvo precisamente en España, donde permanece prácticamente idéntica (tabla 5). Como veremos, se trata de un rasgo importante de la evolución de la situación de las mujeres en España que la distingue de los otros países.

TABLA 5

Propensión al paro y ratio mujer/hombre en 1996, 2007 y 2013. Mujeres de 25-49 años. En varios países de la UE

PAÍSES

PROPENSIÓN AL PARO* (%)

RATIO MUJERES/HOMBRES**

1996

2007

2013

1996

2007

2013

España

29,8

22,6

56,3

0,430

0,798

0,733

Alemania

20,9

25,4

18,1

0,417

0,710

0,437

Francia

34,2

28,0

32,4

0,496

0,768

0,552

Italia

15,1

12,9

21,4

0,329

0,739

0,477

Noruega

15,3

10,4

13,9

0,590

0,793

0,669

Suecia

33,2

25,8

32,1

0,683

0,683

0,655

* Propensión al paro = paradas/no ocupadas.

** Ratio mujeres/hombres = propensión al paro de mujeres/propensión al paro de hombres.

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat (2014).

Si solo figuraran como inactivas las personas no aptas para el trabajo, la propensión al paro mediría en cada momento la proporción de personas laboralmente aptas entre las no ocupadas y dependería, por consiguiente, exclusivamente del nivel de empleo. La realidad nunca verifica la hipótesis anterior, aunque se acerca en el caso de los hombres. El único dato objetivo que recoge la EPA es el número de ocupados. La definición de parado, que sirve para clasificar a los no ocupados entre parados e inactivos, ha variado a lo largo del tiempo y su puesta en práctica está sujeta a la subjetividad tanto del encuestado como del encuestador. Existe, por ejemplo, una subcategoría de inactivos, los desanimados, para aquellos que no tienen empleo pero no han buscado activamente porque creen que no hay trabajo, sin que exista ninguna circunstancia que les invalide para trabajar. Son personas que se encuentran en una especie de limbo, o purgatorio, y que podrían volver a la actividad si la demanda de trabajo aumentase. En el caso de las mujeres, la posibilidad de que puedan figurar como dedicadas a labores del hogar complica la traslación de las variaciones del empleo sobre las cifras de paro. En resumen, este indicador depende por una parte del nivel de empleo (disminuye cuando el empleo aumenta) y por otra de la probabilidad de que una persona sin empleo figure como parada. A su vez, esta probabilidad depende de la práctica de las encuestas, de la mayor o menor facilidad para que el que carece de empleo figure como parado y, sobre todo en el caso de las mujeres, de la voluntad de mantenerse en el mercado de trabajo, aunque se carezca momentáneamente de un empleo.

Si pudiéramos admitir que todos los Institutos Nacionales de Estadística se comportan exactamente igual, podríamos atribuir las diferencias entre dos países, para niveles de empleo próximos, a la mayor o menor atracción del mercado de trabajo. En el gráfico 2 se relacionan el nivel de empleo y la propensión al paro.

GRÁFICO 2

Propensión al paro según tasa de empleo. Mujeres en algunos países de la UE, 2007 y 2013

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.

ES: España

DE: Alemania

PL: Polonia

IT: Italia

NL: Países Bajos

DK: Dinamarca

EL: Grecia

FR: Francia

NO: Noruega

PT: Portugal

UK: Reino Unido

SE: Suecia

Vamos a considerar que la proporción de mujeres no aptas para el mercado de trabajo en el grupo considerado de 25-49 equivale al valor mínimo de la proporción de inactivas en los tres países nórdicos de la tabla 6, que es de 11,9 por 100 en 2013 en Suecia. Es probable que se sobrestime así la proporción de mujeres no aptas para el trabajo, válida para todos los países (el mínimo es inferior para los hombres), pero será suficiente para ilustrar el significado de la evolución del paro y la comparación entre países. Para ello calculamos una tasa de paro corregida como cociente de las personas aptas para el empleo no ocupadas sobre el conjunto de personas aptas (tabla 6).

TABLA 6

Tasa de paro y tasa de paro corregida en 2007 y 2013. Mujeres de 25-49 años. En varios países de la UE

2007

PAÍSES

POBLACIÓN

OCUPADAS

PARADAS

INACTIVAS

TASA DE PARO*

(%)

TASA DE PARO CORREGIDA**

(%)

Laboralmente aptas

Laboralmente no aptas

España

8884,2

6007,1

649,0

7827,0

1057,2

9,8

23,3

Alemania

14 514,4

10 788,4

947,2

12 787,2

1727,2

8,1

15,6

Francia

10 493,6

8010,7

695,0

9244,9

1248,7

8,0

13,3

Italia

10 954,6

6638,3

554,7

9651,0

1303,6

7,7

31,2

Noruega

808,8

668,8

14,5

712,6

96,2

2,1

6,1

Suecia

1483,1

1230,5

65,1

1306,6

176,5

5,0

5,8

2013

España

8692,0

5,324,2

1896,9

7657,7

1034,3

26,3

30,5

Alemania

13 597,3

10 673,7

529,7

11 979,2

1618,1

4,7

10,9

Francia

10 303,6

7860,2

792,0

9077,5

1226,1

9,2

13,4

Italia

10 809,2

6262,0

974,5

9522,9

1286,3

13,5

34,2

Noruega

854,8

697,7

21,9

753,1

101,7

3,0

7,4

Suecia

1544,8

1274,4

86,8

1361,0

183,8

6,4

6,4

* Tasa de paro = paradas/población activa.

** Tasa de paro corregida = personas aptas para el empleo no ocupadas/personas aptas para el empleo.

Mujeres no aptas para el mercado de trabajo: 11,9 por 100 de la población (véase el texto).

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat (2014).

La tasa de paro corregida es siempre superior a la tasa de paro habitual (salvo en 2013 en Suecia, que sirve de referencia) pero con importantes variaciones entre países, señal de que la parte de no ocupadas que figura como inactiva difiere mucho de un país a otro y también de un año a otro. En 2007, la corrección multiplica la tasa de paro por cuatro en Italia, el país donde mayor es la proporción de no ocupadas aptas para el empleo que aparecen como inactivas, lo que explica que la tasa de paro habitual está entre las más bajas, cuando su nivel de empleo es incluso menor que el de España. La corrección en España es también importante (se multiplica por algo más de dos), indicativo de que también en nuestro país, en esa fecha, una proporción importante de mujeres, aunque menor que la de Italia, figuraba como inactiva y no como parada.

Las cosas cambian en 2013. Por ejemplo, en Italia se ha reducido el fenómeno de refugio de las no ocupadas en la inactividad, lo que explica que la corrección sea menor que en 2007. En España, el fenómeno ha desaparecido prácticamente, de modo que es el país donde la corrección es menor, ya que la gran mayoría de las no ocupadas aptas para el empleo aparecen como paradas (tabla 6).

Durante estos últimos años de crisis, las mujeres en España han mostrado su voluntad de permanecer en el mercado de trabajo, a pesar de la mala situación del empleo, y ello explica las altas tasas de paro, sobre todo si se compara con Italia. En el futuro, la tasa de paro va a depender exclusivamente del empleo y es previsible, por tanto, que disminuya si este mejora. No ocurrirá así en Italia, donde la tasa de paro podría seguir aumentando, aunque mejore la tasa de empleo.

RECORTANDO BAJO LA CRISIS

A partir del año 2010 prácticamente la totalidad de los distintos ámbitos del Estado de Bienestar en nuestro país experimentan reducciones presupuestarias, de las pensiones a la sanidad, pasando por la educación, las prestaciones por desempleo, el cuidado de las personas o la conciliación[62]. Estos dos últimos casos, sin embargo, tienen la peculiaridad de que una parte de esos recortes no lo son sobre recursos o políticas efectivamente implementadas sino sobre desarrollos previstos para los próximos años. Frente a los restantes elementos del bienestar público, que cuentan con décadas de consolidación, las políticas del cuidado apenas arrancan de manera significativa bien entrado el siglo XX, por lo que los recortes efectuados lo son más de expectativas que de realidades.

La cuestión de la conciliación entre el empleo y las responsabilidades familiares llega a España a través de los Programas de Acción Comunitaria para la Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Unión Europea. Los dos primeros se desarrollan a lo largo de los años ochenta y se focalizan en la igualdad laboral. En la década siguiente se observa que el rápido aumento del empleo femenino no se corresponde con los lentos avances de la igualdad en materia salarial, de condiciones de trabajo o de promoción profesional. Los programas posteriores, el tercero y el cuarto, incorporan la idea de que las responsabilidades de las mujeres en el mundo doméstico y en la familia constituyen un obstáculo para la igualdad laboral, y requieren medidas específicas que permitan hacer compatibles esas dos esferas de actividad. El Cuarto Programa se aprueba en 1995, durante la presidencia española de la Unión Europea, y abarca el periodo 1996-2000 (Comisión Europea, 1996). Incluye conceptos nuevos como el mainstreaming (transversalidad) o la individualización de derechos, así como un enfoque ambicioso de las políticas de conciliación. Más allá de los permisos para las madres y los padres, se señalan otros muchos aspectos del desfase entre la organización social y los nuevos modelos familiares basados en la doble ocupación de hombres y mujeres, como la estructura urbana que separa vivienda, trabajo y escuela, el sistema de transporte o los horarios escolares y laborales, además de los servicios de cuidado de menores o mayores.

Ya en el siglo XXI, los programas se sustituyen por un Plan de Trabajo (2006-2010) que pone énfasis en las acciones encaminadas a lograr la igualdad, lo cual adquiere un sentido más amplio al eliminar la adjetivación «de oportunidades» (Unión Europea, 2006). Se señala la necesidad de las políticas de conciliación en el contexto del envejecimiento demográfico, al constituir las mujeres una parte cada vez más importante de la población activa, y se destaca a los hombres como cuidadores, apoyándose los permisos de paternidad y el trabajo a tiempo parcial masculino.

La evolución que experimenta la cuestión de la conciliación en la Unión Europea da muchas claves para comprender el desarrollo de este tipo de políticas en nuestro país. Los enfoques europeos tenían poco que aportar en muchos de los países miembros; menos todavía en lo referente a las directivas, muchas de ellas ampliamente superadas desde el momento de su aprobación en bastantes casos. Pero no es así en España, donde las ideas, los argumentos o las normas de obligado cumplimiento, como la directiva sobre permisos parentales y por motivos familiares urgentes (96/34, de 3 de junio de 1996), constituyen una novedad y ponen en marcha nuevos tipos de políticas sociales.

A continuación se analizan las tres fases por las que han discurrido las políticas de conciliación hasta el momento actual en nuestro país. La primera, entre 1991-2004, de aparición de una nueva problemática con escasa dotación presupuestaria; la segunda, de 2004-2010, en que la conciliación alcanza un lugar prioritario en el marco de las políticas socialdemócratas del gobierno Zapatero, y la tercera, que comienza a partir de esa fecha y se traduce en una paralización de las políticas anteriores.

El periodo 1991-2004 se puede caracterizar como de incorporación de un nuevo ámbito de las políticas sociales que responden a necesidades sociales crecientes en un marco de rápida incorporación de las mujeres españolas al mercado de trabajo y de cambios en la familia (Alberdi, 1999; Tobío, 2005). Los primeros noventa, sin embargo, son años de crisis, con elevadas tasas de desempleo y de incertidumbre acerca de la viabilidad del joven Estado de Bienestar inaugurado en la década anterior (Sarasa y Moreno, 1995; Rodríguez Cabrero, 2004). La Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras de 1999 refleja bien el compromiso entre la conciliación como un aspecto más del bienestar y la restricción presupuestaria. Se podría resumir diciendo: conciliación sí, siempre que no cueste dinero. En efecto, esa ley es generosa en tiempo pero no en dinero. Opta por permisos laborales para los progenitores de hasta tres años de duración, pero sin ningún tipo de prestación económica.

Las elecciones de 2004 constituyen un punto de inflexión en la evolución de las políticas de conciliación. No solo aumentan de manera destacable su presencia en el debate público y en los programas electorales, sino que comienza a producirse una diferenciación en la manera de entender la conciliación. Por ejemplo, el Partido Popular pone el énfasis en el apoyo a la libertad de decisión de las familias a través de un tratamiento fiscal favorable hacia las que tienen menores o dependientes (PP, 2004), mientras que el Partido Socialista Obrero Español apuesta por los servicios públicos de cuidado de la infancia con un plan para aumentar la oferta de guarderías en 300 000 plazas (PSOE, 2004), lo que después, durante su etapa de gobierno, será el Plan Educa3. Coherentemente con sus idearios, ambos partidos adaptan la conciliación a su propia ideología. La discusión ya no es si la conciliación es posible, sino qué modelo de conciliación defienden.

El periodo 2004-2010 abarca la primera legislatura en la que gobierna José Luis Rodríguez Zapatero y una parte de la segunda, hasta mayo de 2010, cuando la incidencia de la crisis en España es ya indudable y la presión de la Unión Europea produce los primeros recortes en las políticas de bienestar. Hasta esa fecha reina la euforia presupuestaria por las saneadas cuentas públicas y la confianza en la solidez de la economía española. Se aborda un programa socialdemócrata en materia de cuidado con tres ejes principales: el cuidado de los mayores, a través de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de 2006; la conciliación en el marco de la igualdad de género, tal como la desarrolla la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres de 2007, y el Plan Educa3 para la progresiva universalización de la atención a los menores de 3 años. Se trata de superar el déficit crónico en el cuidado de la infancia, una vez que la mayoría de las madres están empleadas, y de adelantarse a las nuevas necesidades que el envejecimiento va a ir planteando en los próximos años. Es decir, de romper la incapacidad, hasta entonces dominante, para prever las demandas futuras de la población. Las tres líneas de actuación tienen en común el hecho de plantearse como políticas de desarrollo progresivo —en el caso de la dependencia de largo plazo— y de llevar aparejados importantes recursos presupuestarios. Por ejemplo, el Plan Educa3 preveía para el periodo 2008-2012 la creación de 300 000 plazas con una inversión de 1087 millones de euros y la participación de las comunidades autónomas al 50 por 100 (Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 2009). En cuanto a la Ley de Dependencia, se preveían ocho años de desarrollo, hasta 2014, cuando esta sería de aplicación a todas las personas en situación de algún tipo de dependencia reconocida. El coste en 2010 fue de 6767 millones de euros con un total de 681 969 prestaciones (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011). La Ley de Igualdad de 2007 basa su enfoque de la conciliación en, por un lado, promover la actividad laboral de las mujeres y, por otro, la dedicación de los hombres a las tareas de cuidado. La medida más destacada es la introducción de un permiso de dos semanas por nacimiento de hijos exclusivo para los padres, que se preveía ampliar a cuatro semanas.

En 2010 todo empieza a cambiar, aunque el gobierno permanece. Por razones presupuestarias, el permiso de paternidad sufre en ese año un primer retraso en la ampliación a cuatro semanas, que ha proseguido hasta el momento actual. El Plan Educa3 se paraliza por razones presupuestarias después de haber invertido 300 millones de euros en la creación de 73 000 plazas de escuelas infantiles (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014). En lo que se refiere a la dependencia, todo indica que de nuevo llegaremos tarde a las demandas sociales. Desde el año 2010 comienzan una serie de limitaciones que afectan a la totalidad del sistema, desde retrasos en el momento de reconocimiento del derecho a una ayuda y en el calendario de aplicación, hasta rebajas del contenido material de las prestaciones (por ejemplo el número de horas de atención concedidas), reducción o congelación en las cuantías monetarias concedidas, aplazamientos en los pagos, eliminación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares (generalmente mujeres de la familia) o reducción de la participación del Estado en la financiación, reduciéndose al nivel mínimo de protección (González Ortega et al., 2013). Todo ello se traduce en la contención del crecimiento del número de personas beneficiarias, que prácticamente permanece constante desde 2011 (739 000) hasta 2013 (754 000), una cifra muy alejada de las 1 644 000 solicitudes (Imserso, 2014).

En resumen, solo durante un breve periodo, las necesidades de conciliación y de cuidado de las personas encontraron respuesta suficiente en las políticas sociales. Tan breve, que solo en parte llegaron a hacerse realidad. Con la crisis volvieron las carencias en materia de cuidado.

CONCLUSIONES

El cuestionamiento del papel del Estado y la escasez de recursos se han acentuado con la llamada Gran Recesión, a la vez que los recortes salariales hacen cada vez más necesario el trabajo remunerado de la mujer para las familias. Por otra parte, el reparto más equitativo del cuidado entre hombres y mujeres, aunque ha progresado en los últimos años, queda lejos de ser igualitario. Las mujeres se encuentran ahora en una situación más compleja que aumenta la vulnerabilidad que ya sufrían. El capitalismo ha conseguido absorber la mano de obra femenina, cada vez más cualificada y todavía mal pagada, sin tener que afrontar parte del coste de la reproducción. Del salario familiar pagado al padre de familia (varón sustentador) hemos pasado a un salario individual, insuficiente para vivir de forma autónoma. La familia, por las economías de escala que permite y por el trabajo no remunerado que aporta, es actualmente lo que permite que las empresas consigan pagar salarios menores, algo que los jóvenes que intentan conseguir un empleo conocen bien. El beneficio económico que supone la incorporación al mercado de trabajo de un número considerable de mujeres bien formadas ha sido apropiado por las empresas en forma de menores costes de producción y por lo tanto mayores beneficios empresariales y mayor competitividad, sin que el trabajo invisible que las mujeres desempeñaban en el hogar se financie con cargo a lo que ellas aportan a la producción de mercado. Buena parte del aumento del nivel de vida de los españoles en los años previos a la crisis se explica por la generalización de las familias con dos perceptores de salario, que ha contribuido a mantener la moderación salarial a la vez que aumentaba el consumo. La fase actual, más allá de la crisis financiera que la ha hecho posible, es un intento logrado de rebajar el nivel de vida de los trabajadores, de manera que el beneficio de la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado no vaya a las familias sino a las empresas.

Se está produciendo, por un lado, una disminución del empleo, una rebaja salarial, un aumento de la intensidad laboral y un empeoramiento de las condiciones de trabajo; por otro, una drástica reducción de los recursos para la conciliación y el cuidado de las personas. En este contexto, podría producirse un retorno de las mujeres al hogar como opción menos mala o única posible. Sin embargo, ello no está ocurriendo, tal como se ha visto en las páginas anteriores, incluso menos en nuestro país que en otros de nuestro entorno. Por distintas razones, en las que habría que profundizar, las españolas mantienen el empleo más que los hombres y, si lo pierden, no abandonan el mercado de trabajo. Aquí no vuelven a la inactividad, como parece que todavía sucede en muchos países de la Unión Europea. Ello apunta al modelo de organización social definido por Fraser (1997), en el que todos los adultos, mujeres y hombres, trabajan. Si, además, el Estado se retrae, la cuestión es: ¿quién cuida?

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CAPÍTULO 6

El poder económico y empresarial de las mujeres durante la crisis

JUAN MARTÍN FERNÁNDEZ

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CANTOS[63]

Today, only one out of 10 board members of the largest companies listed on the national stock exchange of EU Member States is a woman and progress has been slow in recent years. The disparity is widest at the very top where only 3 % of such companies have a woman directing the highest decision-making body. We have to deplore that women’s talents are not being tapped to their full potential. If Europe is to achieve its goal of becoming a dynamic and competitive knowledge-based economy in a globalised world then we have to make better use of women’s talents and skills.

[Hoy en día, solo uno de cada 10 miembros de los consejos de administración de las mayores empresas que cotizan en las bolsas de valores de los Estados miembros de la UE es una mujer y el progreso ha sido lento en los últimos años. La disparidad es mayor en los más altos cargos, donde solo el 3 % de estas empresas tiene una mujer dirigiendo el órgano de decisión superior. Tenemos que lamentar que los talentos de las mujeres no se estén aprovechando en todo su potencial. Si Europa quiere alcanzar su objetivo de convertirse en una economía dinámica y competitiva basada en el conocimiento dentro de un mundo globalizado, entonces tenemos que hacer un mejor uso de los talentos y las habilidades de las mujeres.]

VIVIANE REDING

Vicepresidenta de la European Commission Justice, Fundamental Rights and Citizenship[64]

INTRODUCCIÓN

A pesar de las ilustrativas palabras de la vicepresidenta Reding, en este capítulo queremos poner el acento en lo que consideramos que es la cuestión central sobre la relación entre mujeres y poder económico, por encima de la ostentación del poder en sí mismo o de la subsiguiente pérdida del talento femenino. Se trata de la persistencia de la discriminación de género, el llamado «techo de cristal», que no es otro que las barreras que los hombres ponen al avance de las mujeres, sean invisibles o no. Unas barreras que se reducen demasiado lentamente, contribuyendo así a impedir que se lleven a cabo los cambios sociales y económicos necesarios para que las mujeres se incorporen al máximo nivel y se ponga en funcionamiento un mecanismo de retroalimentación que acelere las transformaciones necesarias. A día de hoy, las mujeres con poder económico son tan pocas que no alcanzan la masa crítica necesaria para generar un efecto palanca. En los últimos años ha aparecido y se ha ido consolidando una herramienta potente para su promoción profesional: el establecimiento de cuotas. Este tipo de medidas, no exentas de controversia, ha dado lugar a un interesante debate a favor y en contra. Todo ello es además fundamental en el presente contexto nacional e internacional, marcado por la persistencia de la crisis económica y el cuestionamiento institucional. La Gran Recesión parece estar siendo así escenario para la confrontación entre las fuerzas que llevan al retroceso de las mujeres y las que, por el contrario, representan una oportunidad para su avance. En la apuesta por las segundas, un argumento de peso es el economic case for gender equality, que pone de manifiesto la aportación de las mujeres al crecimiento y a la salida de la crisis.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

La cuestión del acceso y presencia de las mujeres en puestos de poder económico y empresarial ha merecido la atención de la academia desde hace décadas y de manera progresiva también se ha convertido en objeto de atención por parte de las instituciones. La menor presencia femenina en los entornos de decisión constituye una forma de desigualdad de género que acarrea perjuicios ostensibles a las sociedades, ya que supone un significativo despilfarro de talento, atesorado por unos recursos humanos necesarios y altamente cualificados, lo cual a su vez menoscaba el potencial de crecimiento económico. Más allá de la constatación de la infrarrepresentación femenina en los ámbitos de poder económico, su explicación ha de hacerse atendiendo a un amplio abanico multicausal que abarca desde los factores personales hasta los profesionales, institucionales y culturales (World Economic Forum, 2010).

Algunos elementos estructurales e ideológicos de la desigualdad de género, transversales a todos los países y culturas, afloran en el terreno de las condiciones personales sobre las que se construyen las trayectorias de mujeres y hombres, tales como la formación o la conciliación de la vida profesional y familiar. Hace años que trabajos como los de Barberá (2000) o los de Castaño et al. (2009, 2010) rebaten los argumentos sobre el menor nivel formativo de las mujeres. En el terreno profesional, destaca la presencia del techo de cristal en el acceso y promoción a los puestos de poder empresarial, mediante barreras tanto formales como informales (Alimo-Metcalfe, 1995; Wirth, 2002). Con frecuencia la promoción a la alta dirección de las empresas se lleva a cabo por mecanismos de carácter no formal o pone de manifiesto la falta de desarrollo de una carrera adecuada para las mujeres (Ragins et al., 1998). Y son precisamente esos puestos de alta dirección los ámbitos donde el poder y la autoridad se originan y perpetúan, por ser el lugar donde se toman las decisiones y se elaboran las normas internas de la empresa. En ese sentido, Wajcman (1998) afirma que la restricción del acceso de las mujeres a la autoridad no es el reflejo, sino la causa, de la permanencia de la desigualdad en el empleo y el trabajo. También resulta determinante la influencia de factores contextuales más amplios de tipo patriarcal, que siguen impregnando los comportamientos a nivel institucional y cultural, tanto dentro como fuera de las empresas. Hace más de tres décadas que Kanter (1977) hablaba de homosociabilidad al referirse a la preferencia de los hombres por establecer relaciones entre sí, dando lugar a redes informales masculinas de las que quedan excluidas las mujeres. Otra cuestión clave que ha sido reiteradamente señalada es la de los estereotipos de género, que debido a una atribución sesgada de características (Reskin, 2000) perjudican la consideración de las mujeres como iguales por parte de sus compañeros varones (Hite, 2000).

Una tercera dimensión de análisis, tal vez la fundamental, se ha establecido en torno a los argumentos sobre la conveniencia de una mayor presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, tanto para las empresas en particular —business case for diversity— como para las economías en general —economic case for gender equality. Se pasaba así de la justa reivindicación de condiciones de igualdad para el «colectivo[65]» femenino a argumentos de eficiencia económica, optimización de recursos y generación de externalidades positivas. En el primer caso se trata de la perspectiva de la diversidad entendida como la que aporta la gestión de las mujeres al desarrollo de culturas empresariales capaces de adaptarse a entornos cada vez más complejos y dinámicos (Kandola y Fullerton, 1998; Rosenzweig, 1998), o con nuevos estilos de liderazgo y formas de organización (Burguess y Tharenou, 2002; Pounder y Coleman, 2002). Otros estudios afirman que la mayor presencia de mujeres en puestos de responsabilidad está relacionada con mejores desempeños organizativos (McDouglas, 1996; Franke et al., 1997; Benschop, 2001; Smith, Smith y Vermer, 2004). Una cuestión importante en ese plano es la necesidad estratégica de atraer y retener el talento, impulsar la diversidad y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados (políticas de conciliación y Responsabilidad Social Corporativa) o la imagen exterior de la compañía (OECD, 2012, págs. 176-177).

También se ha correlacionado con resultados empresariales positivos en múltiples estudios (Robinson y Dechant, 1997; Adler, 2001; Carter, Simkins y Simpson, 2003; Tyson, 2003; Redondo y Jimeno, 2005; EVA, 2007; European Commission, 2012). En particular, algunas investigaciones señalan que la presencia femenina en cargos de dirección mejora los resultados de las empresas en áreas como el liderazgo, el ambiente de trabajo, la coordinación o el control, los cuales se asocian con mayores márgenes operativos de negocio (McKinsey, 2007, 2008 y 2010). Otras han detectado una correlación positiva entre diversidad de género y rentabilidad financiera (Catalyst, 2004 y 2007). Además, ha de contemplarse la posibilidad de que una mayor presencia de mujeres en los consejos amplíe el abanico de perspectivas en la toma de decisiones (Lord Davies, 2013) o permita un mejor posicionamiento en determinados mercados donde predominen las consumidoras (CED, 2012; CAHRS, 2011).

Todo este debate se torna aún más importante en el contexto de los últimos años, marcado por la recesión económica y la necesidad de desarrollar estrategias para la recuperación del crecimiento y el afianzamiento de su sostenibilidad. No faltan voces acreditadas que afirman que la mayor incorporación de mujeres a los puestos de responsabilidad, también económica, puede contribuir de manera decisiva a dicho propósito (European Commission, 2010; OECD, 2012). Desde una perspectiva agregada se señalan efectos positivos sobre la fortaleza y sostenibilidad del crecimiento económico (Löfström, 2009; European Commission, 2012) y del empleo (OECD, 2008), motivo por el cual la igualdad de género debería considerarse —yendo más allá del business case— una forma de inversión con efectos beneficiosos a nivel macroeconómico (Smith y Bettio, 2008).

MARCO INSTITUCIONAL Y REGULATORIO

La Unión Europea se ha convertido en un referente mundial en la cuestión de la diversidad de género en los puestos de responsabilidad económica. En el marco de la Estrategia para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2010-2015), la Comisión Europea ha ido impulsando una serie de iniciativas que tienen por objetivo la progresiva eliminación de las barreras al acceso de las mujeres al poder económico. El proceso, que comenzó con medidas de tipo voluntario (soft measures), ha ido derivando hacia la necesidad de adoptar disposiciones legislativas que obliguen a las empresas, ante la falta de resultados de los mecanismos voluntarios. Fue el caso del Women on the Board Pledge for Europe lanzado en marzo de 2011, consistente en un compromiso voluntario de autorregulación de las empresas europeas cotizadas para ir aumentando progresivamente el número de consejeras hasta alcanzar el 40 por 100 en 2020. En 2012, ante la insuficiencia de las medidas voluntarias, la Comisión Europea comenzó el desarrollo de una proposición de ley[66] sobre la adopción de un procedimiento de cuotas obligatorias que verdaderamente asegure la igualdad de oportunidades en los procesos de selección. En noviembre de 2013 el Parlamento Europeo votó mayoritariamente a favor de la propuesta de ley (459 a favor, 148 en contra y 81 abstenciones) y está previsto que durante el presente año 2014 el Consejo de la UE apruebe definitivamente la medida. No obstante, existen importantes diferencias entre países, ya que muchos están de acuerdo con el objetivo final, pero no con que las medidas que se han de adoptar para alcanzarlo sean obligatorias. Como resultado, a día de hoy, la propia Comisión Europea estima que, aunque la tasa de variación interanual en el ritmo de incorporación de mujeres a los consejos de administración se ha cuadruplicado desde 2010 por la intensificación de la presión legislativa europea en tal sentido, serán necesarios al menos otros veinte años más para alcanzar el objetivo de igualdad de género del 40 por 100, hasta el entorno de 2040 (European Commission, 2014). Sin duda un elemento estrella en el debate es la aplicación de cuotas[67] y la consideración de su efectividad como mecanismo para incrementar la representación de mujeres en ámbitos de decisión. El escenario europeo aparece dominado por la heterogeneidad de situaciones, que abarca desde los sistemas voluntarios hasta la aplicación de sanciones legales. Ello puede ser interpretado como una nueva muestra de la diversidad de culturas característica de la UE, pero también avisa sobre la inexistencia de una solución universalmente válida, aun cuando existen trabajos que enfatizan cómo el sistema de cuotas ha demostrado ser el más efectivo para acelerar la diversidad en los consejos e incrementar la presencia de mujeres en órganos de decisión (European Commission, 2011).

En medio de las discusiones científicas y de los movimientos institucionales, los posicionamientos nacionales han sido —repetimos— diferentes, pudiéndose establecer dos grandes conjuntos de países dentro del ámbito europeo. Por una parte los que han desarrollado iniciativas legislativas orientadas a promover la igualdad de género en los consejos de administración; por otra, los que solo lo sugieren y dejan la cuestión en manos de las propias empresas. En el primer caso, la promoción de las cuotas se ha constituido en herramienta fundamental, como en Noruega y Francia. En el segundo, la defensa de la autorregulación realizada por Alemania, Gran Bretaña o más recientemente España[68] prioriza la libertad de elección de las empresas y el no establecimiento de sanciones económicas o administrativas. Lamentablemente, las implicaciones de decantarse por uno u otro modelo no son claramente tangibles. Así, hay estudios que afirman que la no adopción de cuotas repercute en términos de persistencia de esta forma de desigualdad (European Commission, 2014). En un estudio de la Fundación Ideas, Loredana Stan ha estimado que, de media, los países europeos que no han aprobado medidas legislativas de fomento de la paridad sufrirán un retraso de más de treinta años para alcanzar el objetivo del 40 por 100 respecto de aquellos países que se han ido dotando de tales instrumentos (Stan, 2013). Por el contrario, también existen trabajos que ponen de manifiesto que la experiencia de las cuotas no siempre es positiva, que pueden surgir efectos no deseados, que han fallado en la promoción de las mujeres a los puestos de dirección y que no existe evidencia empírica de que sea preferible a un sistema de autorregulación que funcione de manera adecuada (Linnainmaa y Turunen, 2013).

España fue uno de los primeros países europeos en adoptar medidas de fomento de la paridad en los consejos de administración de las empresas. En 2006 el Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas (Código Conthe) elaborado por la CNMV incluía dentro de sus recomendaciones sobre Responsabilidad Social Corporativa lograr una adecuada diversidad de género[69]. Un año después, en 2007, la Ley 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres recomendaba que las sociedades anónimas de 250 o más empleados alcanzasen la meta del 40 por 100 para el año 2015. El nuevo Código de la CNMV en vigor desde 2013 vuelve a hacer hincapié en esta cuestión[70]. La más reciente iniciativa legal establecida en nuestro país en materia de buen gobierno, el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Sociedades de Capital de mayo de 2014, establece la obligación de dichas sociedades de autoimponerse un objetivo mínimo de mujeres en los consejos de administración y de explicitar cómo conseguirlo, aunque no contempla sanciones por su incumplimiento.

LAS MUJERES EN PUESTOS DE PODER EN ESPAÑA DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA

Pese a los resultados científicos sobre los potenciales beneficios de una mayor incorporación de la mujer a puestos de responsabilidad económica o los crecientes esfuerzos institucionales, que antes se han mencionado, los datos muestran que a nivel mundial continúa existiendo una brecha significativa entre la presencia femenina en el mercado de trabajo y el acceso a puestos de dirección (OECD, 2012). España no escapa a esta situación global, y su análisis particular será el objeto de las siguientes páginas.

Comenzaremos dicho análisis atendiendo al contexto más amplio donde se forjan las trayectorias profesionales de mujeres y hombres: el mercado de trabajo. Y proponemos hacer un recorrido paralelo al de tales trayectorias, desde las dimensiones más elementales relativas a la composición de la población española en general, pasando por la incorporación a la actividad, la permanencia en el empleo y, finalmente, el acceso a las ocupaciones con capacidades directivas. Una vez realizado este recorrido progresivo, analizaremos en profundidad el caso de las directivas y consejeras de las mayores empresas de nuestro país.

Para empezar, el gráfico 1 nos muestra una comparación en el tiempo de la participación de las mujeres en distintos niveles sociodemográficos (delimitados en las edades entre 15 y 64 años). En primer lugar, considerado el nivel más general, observamos que en el conjunto de la población española las mujeres suponen el 50 por 100 y esa proporción se mantiene a lo largo de los últimos años. Partimos por lo tanto de una distribución demográfica en la que hay un peso similar de mujeres y hombres.

GRÁFICO 1

Evolución en España de la proporción de mujeres en la población total, la activa, la ocupada y en la categoría «directores y gerentes» (2000-2013)

* La serie temporal se rompe parcialmente en 2011 debido a un cambio metodológico: hasta esa fecha, el INE utilizaba la CNO-94, y entonces entró en vigor la CNO-11, que supone algunos cambios en los puestos de trabajo incluidos en cada categoría.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la European Union Labour Force Survey de Eurostat.

Sin embargo, si vamos acotando algunas características relacionadas con la actividad laboral, encontramos una participación femenina menor. En la población activa española las mujeres suponían el 39 por 100 en 2000, aunque su participación ha ido aumentando progresivamente hasta llegar a ser del 46 por 100 en 2013 (gráfico 1). Algo similar sucede si observamos el grupo de las personas ocupadas, donde la proporción de mujeres ha pasado de un 37 a un 46 por 100 en ese mismo periodo. Efectivamente, lo que observamos es un aumento de la presencia femenina en el mercado laboral, como consecuencia del sostenido crecimiento de su incorporación a lo largo de los últimos años, y una convergencia con la distribución demográfica general por sexos.

Cabe preguntarse, no obstante, si esa convergencia respecto de la actividad y el empleo se produce también para algunas condiciones laborales concretas. El análisis se puede ampliar a gran cantidad de factores (tipo de jornada, contrato, remuneración, etc.), pero aquí nos centraremos en el desempeño de cargos de decisión que conllevan cierto poder económico-empresarial. En este sentido, el gráfico 1 muestra también el porcentaje de mujeres en ocupaciones de «dirección y gerencia», y permite comprobar significativas diferencias con los indicadores anteriores. En primer lugar, la proporción de mujeres en esta categoría ocupacional es inferior, en torno a un 31 por 100 entre 2000 y 2013. En segundo lugar, su evolución temporal no parece tender hacia la convergencia o la igualdad, ya que apenas ha variado durante el periodo considerado (no llega a superar el 34 por 100)[71]. Puede, por tanto, afirmarse que en España la presencia de las mujeres en cargos de dirección y gestión es todavía menor de la que tienen en la población ocupada y activa. Además, el ritmo de su incorporación a esos puestos ha sido más lento que el experimentado respecto al empleo y la actividad.

Hecha esta panorámica general de la situación en el mercado de trabajo, pasamos a considerar de lleno la situación en los núcleos del poder empresarial español: los consejos de administración de sus mayores empresas. El gráfico 2 muestra el porcentaje de empresas españolas cotizadas y del IBEX 35 que cuentan con al menos una mujer en su consejo de administración. Como puede verse, la tendencia entre los años 2004 y 2012 ha sido, en términos generales, el paulatino aumento de la proporción de empresas con presencia femenina en sus consejos: de un 40 a un 62 por 100 en el conjunto de empresas cotizadas, y de un 31 a un 89 por 100 en el caso de las del IBEX 35. Sin embargo, llama la atención que en el último año de la serie, 2012, la tendencia se trunca, con una reducción de cuatro puntos en las cotizadas y de tres en las del IBEX 35. Será necesario realizar un seguimiento en los próximos años para comprobar si este retroceso se confirma y consolida o si, por el contrario, se trata de una distorsión puntual[72].

GRÁFICO 2

Evolución en España de la proporción de compañías cotizadas y del IBEX 35 con al menos una mujer en sus consejos de administración (2004-2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Gobierno Corporativo de la CNMV.

Ahora bien, que haya alguna mujer presente en los consejos de la mayoría de las empresas cotizadas no significa que se encuentren en paridad de representación con respecto a los hombres. Antes al contrario, en el gráfico 3 se puede observar que el porcentaje de mujeres sobre el total de consejeros en las empresas cotizadas, pese a haberse incrementado desde el 6 por 100 de 2004, se sitúa en un escaso 10 por 100 en 2012. Mientras tanto, en las compañías del IBEX 35 la participación femenina en los consejos de administración ha pasado de un 3 a un 14 por 100 en el mismo intervalo temporal. Observamos, de nuevo, que la evolución en estas empresas destacadas —las del IBEX 35— ha sido más acelerada que en el resto, ya que pasaron de un nivel inferior al comienzo a alcanzar una proporción superior a la media en 2012.

GRÁFICO 3

Evolución en España de la proporción de mujeres en los consejos de administración de las compañías cotizadas y del IBEX 35 (2004-2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Gobierno Corporativo de la CNMV.

Aunque la tendencia es ascendente en los últimos años, es evidente que la presencia de mujeres en estos cargos es todavía muy reducida. Se encuentra bastante lejos del 31 por 100 que encontrábamos en la categoría ocupacional «directores y gerentes» para el conjunto de la economía nacional. De continuar este lento ritmo de crecimiento, costará más de una década alcanzar un mayor equilibrio y llegar al 40 por 100, que, como se ha señalado en el primer apartado de este capítulo, es el objetivo fijado por la Comisión Europea.

Yendo adelante con nuestro planteamiento, más allá de considerar las empresas que cuentan con alguna mujer en su consejo y de la proporción de consejeras existente, vamos a «cualitativizar» el análisis centrándonos los puestos que ocupan dentro de esos órganos. La tipología generalmente establecida se corresponde con distintos perfiles de consejeras/os en cuanto a su relación con la empresa y la función que desempeñan en ella. El Código de buen gobierno (CNMV, 2013c, págs. 11-12) distingue, en función del origen de su nombramiento, entre consejeros internos y externos. Los primeros, también conocidos como ejecutivos, poseen funciones directivas importantes y mantienen una relación contractual con la compañía. Los segundos se distribuyen entre dominicales (accionistas con una participación significativa en la sociedad o sus representantes), independientes (profesionales de reconocido prestigio que son incorporados con objetividad de criterio por su experiencia y conocimiento y que pueden posicionarse sin estar condicionados por los gestores de la empresa o por los accionistas) y otros consejeros externos.

De acuerdo con tales criterios, observamos en el gráfico 4 la evolución del porcentaje que las consejeras de las empresas cotizadas españolas han representado en el total de cada grupo. En primer lugar destaca, una vez más, la reducida participación de mujeres en todas las categorías. De forma individualizada, tenemos que su presencia entre los consejeros ejecutivos se mantiene en 2012 en torno al 5 por 100, dato similar al del año 2004, aunque con ligeras fluctuaciones a lo largo del periodo. En la categoría de dominicales, experimentaron un pequeño aumento hasta 2008, cuando sobrepasaron la cota del 9 por 100, aunque sin alcanzar el 10 por 100 en ningún momento. Tal vez la circunstancia más destacable sea, sin embargo, el crecimiento a lo largo del periodo de la proporción de mujeres entre los consejeros independientes: desde un 3,9 en 2004 hasta un 15,2 por 100 en 2012. Por último, la evolución en la categoría otros tipos es más errática, pues la proporción de consejeras ha fluctuado entre un mínimo de 2,7 por 100 (2004) y un máximo de 9,8 por 100 (2010) hasta situarse finalmente en torno al 7 por 100 (2012)[73].

GRÁFICO 4

Evolución de la proporción de mujeres en los consejos de administración de las compañías españolas cotizadas, según tipología de consejeros (2004-2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Gobierno Corporativo de la CNMV.

En el gráfico 5 podemos analizar esa misma distribución específicamente para las empresas del IBEX 35. También aquí las consejeras tienen una reducida presencia entre los ejecutivos, quedándose por debajo del 4 por 100 en 2012. Su participación en los dominicales acabó el periodo en un 9,6 por 100 (2012), por encima del 4,4 por 100 inicial (2004). La mayor proporción de mujeres y la evolución más llamativa las encontramos de nuevo entre los consejeros independientes, donde pasaron de un 2,4 por 100 en 2004 a un 21,4 por 100 en 2012; es conveniente destacar que el nivel final es mayor en estas empresas del IBEX 35 que en el conjunto de las cotizadas (a las que se refería el gráfico 4). En el último tipo, el de otros consejeros, destacan los reducidos porcentajes de mujeres, que fueron nulos en la mayoría de años, aunque se termina 2012 con un 6,8 por 100.

GRÁFICO 5

Evolución de la proporción de mujeres en los consejos de administración de las compañías del IBEX 35, según tipología de consejeros (2004-2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Gobierno Corporativo de la CNMV.

Con estas cifras se puede observar que el incremento de la proporción de mujeres en los consejos de administración de las empresas españolas ha tenido una importante relación con la tipología de independientes. En primer lugar, la incorporación de consejeras en este grupo ha sido la que se ha producido con mayor intensidad, hasta el punto de ser el que tiene mayor proporción de mujeres. Por otro lado, esta categoría de independientes ha crecido en los últimos años en términos globales y ha adquirido mayor relevancia entre los perfiles de consejeros[74]. La concatenación de estos fenómenos ha producido un incremento del porcentaje de consejeras sobre el total y que estas se ubiquen en mayor medida en puestos de carácter independiente.

Por último, convendría entrar en el detalle de cuántas compañías siguen las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno respecto a la diversidad de género[75]. Cabe destacar que en 2012 solo se alcanzó el 50,7 por 100 de empresas cotizadas que seguían dichas recomendaciones, habiéndose incrementado desde el 35,6 por 100 de 2007 (CNMV, 2013a, pág. 97). Para defender su actuación, la mayoría explica que sus procedimientos de selección se basan en la competencia de los candidatos, valorando su perfil, conocimiento y experiencia en lugar del género. En el caso de las empresas del IBEX 35, el nivel de seguimiento de la recomendación de diversidad de género ha pasado del 42,4 por 100 en 2007 al 64,7 por 100 en 2012 (CNMV, 2013b, pág. 62).

Por otro lado, parece relevante el hecho de que la proporción de las comisiones de nombramientos que tienen encomendadas todas las funciones que contempla el Código Unificado es menor del 25 por 100 (en 2012) y que precisamente la menos seguida es la de informar al consejo sobre las cuestiones de diversidad de género (CNMV, 2013a, pág. 102). Asimismo, en el IBEX 35 un total de nueve sociedades no han encomendado a sus comisiones de nombramientos y retribuciones todas las funciones que indica el Código Unificado y en la mayoría de los casos estas no informan al consejo sobre las cuestiones de diversidad de género (CNMV, 2013b, pág. 68).

CONTEXTO EUROPEO: SITUACIÓN Y OBJETIVOS

También a nivel europeo las mujeres continúan teniendo mayores dificultades que los hombres para ocupar puestos de decisión. Los datos hablan por sí mismos (European Commission, 2014): como media en la UE en octubre de 2013, son ocupados por mujeres menos del 18 por 100 de los puestos en los consejos de administración de las grandes empresas cotizadas, proporción que se reduce hasta el 5 por 100 en el caso de presidentes y hasta el 2,8 por 100 de los CEO. Esta situación también se presenta en otros ámbitos, como en el político (27 por 100 de ministras y de parlamentarias), en el de los medios de comunicación (30 por 100 de consejeras en empresas públicas; 22 por 100 en empresas privadas) o incluso en el de las organizaciones deportivas.

En el gráfico 6 podemos observar, como hicimos para el caso de España, los datos de la Unión Europea (de 27 países)[76] en cuanto a población, actividad y empleo. De nuevo aquí el porcentaje de mujeres en la población total se sitúa en torno al 50 por 100 a lo largo de todo el periodo. Respecto a la participación femenina en los grupos de activos y ocupados, hay que señalar que los niveles de inicio eran mayores en la UE-27, con un 43-44 por 100 en 2000; no obstante, en el año 2013 se igualan los indicadores en el 46 por 100. Se ha producido, por tanto, una convergencia clara entre España y el conjunto de la Unión Europea en este aspecto.

GRÁFICO 6

Evolución en la Unión Europea (27 países) de la proporción de mujeres en la población total, la activa, la ocupada y en la categoría «directores y gerentes» (2000-2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la European Union Labour Force Survey de Eurostat.

También recogemos la proporción de mujeres en la categoría ocupacional «directores y gerentes», donde las diferencias entre Europa y España son mínimas: de un 30 por 100 en 2000 a un 33 por 100 en 2013 en la UE-27, cuando en España rondaba el 31 por 100. Al igual que en el caso español, en Europa la incorporación femenina a los niveles de responsabilidad es menor que al conjunto de la actividad y el empleo. Asimismo, la evolución ha sido bastante suave, por lo que resulta complicado hablar de un claro avance en el indicador.

Descomponiendo los resultados agregados a nivel europeo para el último de los años disponibles, 2013, podemos realizar una comparación actual de la situación por países. En el gráfico 7 vemos las diferencias entre la participación de las mujeres en el empleo y su presencia en los puestos de «dirección y gestión» (management). Si en el caso de la ocupación las mujeres se sitúan en la franja del 40-50 por 100 en la mayoría de los países (con las excepciones de Malta y Turquía), los resultados respecto de los puestos de mayor responsabilidad son mucho más desiguales. En el centro del gráfico tenemos la columna que representa la media de la UE-27, la cual deja a su izquierda a aquellos países en los que la proporción de mujeres directivas y gerentes es superior, encabezados por Letonia, Hungría, Lituania e Islandia. A la derecha de la columna de la UE están los países con menor participación femenina en dichos puestos de trabajo y por tanto en los que la brecha entre empleo y dirección es más acusada, con España entre ellos (aunque relativamente cerca de la media) y Holanda, Chipre, Luxemburgo y Turquía en el extremo.

GRÁFICO 7

Proporción de mujeres en la población ocupada y la categoría profesional «directores y gerentes» de distintos países europeos (2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la European Union Labour Force Survey de Eurostat.

Pasando a considerar la situación en las grandes compañías europeas, la tabla 1 muestra información de la Comisión Europea sobre la presencia de mujeres en sus consejos de administración, esto es, en algunos de los mayores centros de poder económico del continente. De las más de 700 empresas consideradas (610 de la UE-28), solo un 6 por 100 de los presidentes son mujeres. La proporción de consejeras se sitúa en torno al 18 por 100 (82 por 100 de consejeros varones), sobre todo no ejecutivas (19 por 100 de mujeres, en media). El porcentaje desciende en el caso de consejeros con capacidades ejecutivas (internos) hasta el 12 por 100 de mujeres, y más aún entre quienes alcanzan el máximo poder ejecutivo (CEO), categoría en la que solo son mujeres el 3 por 100 del total.

TABLA 1

Proporción de mujeres en consejos de administración y determinados cargos en las compañías más importantes de los países europeos (2013)

NÚMERO DE COMPAÑÍAS SELECCIONADAS

% MUJERES EN CONSEJOS

DE ADMINISTRACIÓN

Y DETERMINADOS CARGOS

Miembros

de consejos

Presidentes

CEO

Ejecutivos

No ejecutivos

Islandia

10

48

20

10

15

48

Noruega

20

42

15

0

18

43

Finlandia

23

30

4

0

13

31

Francia

35

30

9

0

11

31

Letonia

31

29

16

3

22

29

Suecia

26

26

4

4

21

28

Países Bajos

21

25

0

10

6

26

Eslovaquia

10

24

30

10

18

21

Dinamarca

18

23

0

0

12

19

Eslovenia

20

22

5

5

19

22

Alemania

30

21

3

0

7

18

Reino Unido

45

21

0

2

13

26

Todos los países

714

18

6

3

12

19

UE-28

610

18

5

3

12

19

Bélgica

18

17

0

0

12

18

Bulgaria

15

17

13

7

10

22

Macedonia

10

17

30

0

35

17

República de Serbia

14

17

21

0

21

18

Lituania

25

16

8

4

16

16

Italia

37

15

0

0

7

17

España

33

15

6

3

9

17

Austria

20

13

0

0

3

11

Polonia

19

12

16

0

5

12

República Checa

11

11

20

0

4

11

Hungría

13

11

0

0

7

9

Irlanda

19

11

0

0

9

14

Luxemburgo

10

11

0

0

13

14

Portugal

18

9

0

0

8

10

Grecia

24

8

0

4

12

10

Rumanía

10

8

0

11

22

9

Turquía

50

8

10

0

10

9

Chipre

20

7

5

6

14

5

Estonia

16

7

0

6

24

7

Malta

20

2

0

10

10

3

* Las siglas CEO se refieren a Chief Executive Officer, que en español correspondería a un director ejecutivo, consejero delegado u otro cargo equivalente que suponga la máxima autoridad en la gestión y administración de una empresa.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Database on Women and Men in Decision-making de la Comisión Europea, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm.

La clasificación en función del porcentaje de mujeres en los consejos de administración está liderada por países del norte de Europa, como Islandia, Noruega, Finlandia, Letonia, Suecia u Holanda, a los que se suma Francia. En ellos, entre el 25 por 100 y casi el 50 por 100 de los consejeros es mujer, y tienen un peso significativo las consejeras externas (no ejecutivas). En el extremo opuesto, esa situación solo supone el 2 por 100 en Malta o el 8 por 100 en Grecia, Rumanía o Turquía. España, con el 15 por 100 de consejeras, vuelve a situarse en la parte media-baja del ranking, en el entorno de países como Croacia, Italia o Austria.

Los datos anteriores señalarían la posible existencia de un patrón diferente entre el norte-centro y el sur-periferia europeos de acuerdo con el cual los primeros presentan escenarios de mayor equidad de género y aplicación de medidas más contundentes, mientras que entre los segundos la situación tiende a ser la inversa. Esta apreciación general, no obstante, se ve matizada por el hecho de que encontramos países con todo tipo de medidas en distintas posiciones del ranking, por lo que no termina de estar claro cuál es su impacto o si son estrictamente necesarias en todos los países y ámbitos. Así por ejemplo, Noruega, Francia e Italia han apostado por el sistema de cuotas, obteniendo niveles de incorporación femenina muy distintos. Por el contrario, otros países como Finlandia, Letonia o Suecia han alcanzado altas cotas de paridad mediante la implantación de códigos de gobierno corporativo y sin tener que recurrir al establecimiento de medidas obligatorias.

CONCLUSIONES

Tras el examen realizado en este capítulo, estamos en condiciones de afirmar que la situación actual de la presencia de las mujeres en los puestos de poder económico y empresarial en España y en Europa está caracterizada por la desigualdad y la infrarrepresentación. Ellas son menos. En las ocupaciones de dirección y gestión y, sobre todo, en los sillones de los consejos de administración.

También hemos visto que parece existir un patrón norte-sur en Europa que puede interpretarse en términos culturales e institucionales, pero que también pone de manifiesto la permeabilidad a las medidas legislativas que promueven eficazmente la paridad en los puestos de poder. Caso paradigmático de esta capacidad de incidencia de la regulación es el de Francia, situada en el grupo de países septentrionales con mejores ratios de género en los puestos de poder económico. Otros resultados, sin embargo, ponen el acento en la diversidad de situaciones y de medidas, lo que dificulta alcanzar un dictamen definitivo a este respecto.

Desde una perspectiva temporal, la situación descrita viene evolucionando de manera positiva hacia una progresiva convergencia entre mujeres y hombres. Eso sí, en términos generales, de manera muy lenta. Lentitud que se hace más acusada cuando no se adoptan medidas contundentes para revertirla. Esa tendencia hacia una relativa convergencia parece ir más allá de la coyuntura de crisis económica que comienza en 2008, circunstancia que parece estar teniendo un impacto reducido en este terreno. Antes al contrario, los resultados alcanzados llevarían a señalar que en esos niveles profesionales el efecto de la crisis económica ha sido escaso, al menos por lo que a la distribución de puestos entre mujeres y hombres se refiere. A este nivel, parece que los factores fundamentales para la incorporación de profesionales a los puestos de toma de decisión son las dinámicas internas de las corporaciones y sus propios escenarios de negocio.

No obstante, existe una clara repercusión del entorno normativo e institucional, que ha ido reforzando paulatinamente el impulso hacia la eliminación de barreras para las mujeres. Con el apoyo de la legislación o incluso sin él, el escenario nacional e internacional va consolidando un contexto cultural en el que la desigualdad de género tampoco es aceptable en las cúpulas empresariales. Sin embargo, el ritmo de este proceso no está garantizado, lo que señala la necesidad de reforzar las medidas de promoción de la igualdad y su cumplimiento posterior. Más aún, cabe preguntarse si ese lento avance de las mujeres en puestos de poder será suficiente para revertir los retrocesos en políticas de igualdad y de conciliación que resultan esenciales para la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y su progresión profesional. Las consecuencias que de ello se deriven, tanto las positivas como las negativas, afectarán con rotundidad a todos: mujeres, hombres, empresas, economías y sociedades.

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Notas

[1] Departamento de Economía Aplicada V, Universidad Complutense de Madrid. <<

[2] El Global Gender Gap (GGG) es un indicador compuesto que mide la posición de las mujeres en comparación con los hombres en cuatro ámbitos clave: participación económica, logros educativos, salud y empoderamiento político. El índice establece sus puntuaciones entre 0 (desigualdad absoluta) y 1 (igualdad absoluta). <<

[3] El informe Report on the Impact of the Economic Crisis on the Situation of Women and Men and on Gender Equality Policies (Bettio et al., 2013) fue preparado conjuntamente por las redes del Grupo de Expertos sobre Género y Empleo (EGGE) y del Grupo de Expertos en Género e Inclusión Social, Salud y Cuidados a Largo Plazo (EGGSI) y cubre los entonces 27 Estados miembros de la UE, más los de la EFTA, Turquía, Croacia —ya miembro de la UE— y Macedonia. <<

[4] La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social es un indicador extenso que emplea la UE e incluye pobreza monetaria, carencia material severa y desempleo a partir de datos de Eurostat. Consúltese Cáritas Europa (2014), Crisis Monitoring Report 2014. The European Crisis and Its Human Costs. A Call for Alternatives and Solutions, disponible en http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritascrisisreport_2014_en.pdf; última consulta: 10 de septiembre de 2014. <<

[5] Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica, Universidad Autónoma de Madrid e IAES. <<

[6] Departamento de Economía y Dirección de Empresas, Universidad de Alcalá e IAES. <<

[7] Departamento de Economía, Universidad de Alcalá e IAES. <<

[8] La Encuesta de Población Activa permite el seguimiento de los individuos entrevistados a lo largo de un número limitado de trimestres, gracias al carácter rotatorio de la composición de su muestra. Aunque la construcción de flujos laborales es algo que se viene realizando habitualmente, no es sino hace poco tiempo cuando esta tarea la realiza el INE sistemáticamente, poniendo los datos a disposición pública en su página web. <<

[9] Más allá también habría que tener en cuenta el proceso secular de incremento de la relación de la mujer con el mercado de trabajo que se observa desde hace ya bastante tiempo en España. <<

[10] Nos centraremos únicamente en la perspectiva del sector de actividad por dos motivos. Primero, ya que la creación y destrucción de empleo por ocupaciones laborales es una consecuencia muy cercana de lo ocurrido con los sectores de actividad, muy específicos en términos de las ocupaciones laborales que utilizan. Segundo, debido a la disponibilidad de datos homogéneos. Recientemente se ha modificado la forma en que se clasifican tanto los sectores de actividad (CNAE-2009) como las ocupaciones laborales (CNO-2011). Esto implica que podemos analizar el periodo 2008-2013 en el caso de los sectores pero únicamente el comprendido entre 2011 y 2013 para las ocupaciones, excesivamente corto este último para nuestros objetivos. <<

[11] Se trata de «construcción de edificios», que explica casi el 31 por 100 de toda la destrucción de empleo, y de «actividades de construcción especializada», que aporta casi el 14 por 100 de la variación del empleo total. <<

[12] El índice de disimilitud de Duncan y Duncan se define de acuerdo con la siguiente expresión:

donde 0 ≤ ID ≤ 1, y siendo xi el porcentaje de empleo femenino en la rama de actividad i sobre el total de empleo femenino definido por X, y, por tanto, los valores yi son sus homónimos para el caso de los hombres. <<

[13] La descomposición la haremos únicamente desde una perspectiva sectorial. Como ya ha sido mencionado anteriormente, el reducido periodo de tiempo para el que contamos con datos de ocupaciones laborales homogéneos no permite llevar a cabo un análisis interesante de su evolución temporal. <<

[14] Departamento de Economía, Universidad de Alcalá e IAES. <<

[15] Departamento de Economía y Dirección de Empresas, Universidad de Alcalá e IAES. <<

[16] Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica, Universidad Autónoma de Madrid e IAES. <<

[17] En este sentido, véase el capítulo «Mujer, mercado de trabajo y crisis económica» de este libro. <<

[18] Si bien Dueñas et al. (2014b) establecen que, al menos con las estadísticas actuales, no se puede determinar que los aspectos pre-market sean determinantes en el establecimiento de las brechas salariales en España. <<

[19] Según último dato disponible en Eurostat sobre el Unadjusted Gender Pay Gap (GPG), diferencia entre el salario medio por hora en términos brutos que ganan hombres y mujeres, para el año 2012, todavía provisional. <<

[20] Según último dato disponible en Eurostat para 2012, todavía provisional. <<

[21] Estos nuevos indicadores no coinciden ni deben coincidir con los datos previos originarios de Eurostat, puesto que no solo muestran medidas diferentes del gap salarial sino que además están desarrollados con metodologías diferentes. <<

[22] La descomposición del diferencial observado entre dos momentos del tiempo (t y t – 1) para el caso del salario medio por sectores puede expresarse del siguiente modo:

donde i representa el número de sectores a analizar (desagregado en letras según la información contenida en la ECV), es el salario neto medio y a es el peso o porcentaje de los distintos sectores sobre el empleo. De esta manera se puede descomponer la variación del salario en un primer efecto que se debe al cambio del peso de los sectores conocido como efecto sectorial y un segundo efecto debido al cambio de las remuneraciones medias en cada sector denominado efecto salarios. <<

[23] Sobre la base de las estimaciones de los salarios medios en logaritmos para hombres (H) y mujeres (M) sobre sus características personales y laborales (Xi), la descomposición de Oaxaca-Blinder se establece como la siguiente descomposición matemática:

donde es el componente «explicado» que se debe a las diferentes dotaciones a remunerar pertenecientes a los grupos de contraste (en este caso, las diferentes características laborales y personales que presentan hombres y mujeres como fundamento de percibir un salario desigual) y es la parte «no explicada» por la estimación, aquella que no se basa en el reparto desigual de las características sino en la existencia de una remuneración desigual entre hombres y mujeres de características similares, y que podría equipararse con la discriminación salarial. La descomposición salarial se ha desarrollado siguiendo el módulo de Jann (2008) implementado en Stata. <<

[24] En la estimación del Oaxaca-Blinder se considera el filtro de selección (Heckman, 1979) que existe ante el hecho de que las mujeres presentan una menor participación y, por tanto, una menor probabilidad de percibir una remuneración. <<

[25] En ambas estimaciones las variables de contraste consideradas han sido las utilizadas frecuentemente en la literatura a este respecto recogiendo características personales (tales como la edad, la edad al cuadrado, si la persona se encuentra casada, si convive en un hogar con hijos, si es extranjero y si posee estudios superiores), laborales (si presenta un contrato temporal, si realiza una jornada laboral parcial, si desarrolla labores como supervisor, si su ocupación es no manual de alta o baja calificación y si trabaja en una empresa de más de 10 trabajadores) y de control (si vive en una ciudad altamente poblada de al menos 50 000 habitantes, en una región con salarios por encima de la media y diferentes rumies para los años considerados). <<

[26] Para calcular el salario por hora se ha considerado el total de las remuneraciones salariales percibidas y el total de horas trabajadas como la suma de los datos originarios del empleo principal y secundario. <<

[27] La descomposición de Melly (2006) puede establecerse del siguiente modo:

donde el primer término de la ecuación muestra la parte explicada de las diferencias salariales pero en este caso para cada tramo salarial y el segundo término refleja la parte no explicada de las diferencias salariales nuevamente para cada uno de los tramos salariales analizados sobre la base de la estimación de una distribución contrafactual cuantílica que podría observarse si las personas no sufrieran un tratamiento diferencial o la distribución cuantílica no condicionada. <<

[28] Las tres autoras son profesoras del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá. <<

[29] Olga Cantó desea agradecer la financiación recibida del Ministerio de Economía y Competitividad (Proyectos ECO2010-21668-C03-03/ECON y ECO2013-46516-C4-2-R) para sus actividades de investigación. EQUALITAS (www.equalitas.es) es un foro que agrupa a investigadores/as interesados en el estudio de la desigualdad y la pobreza económica. <<

[30] Véase, por ejemplo, el informe de la European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2007) o algún otro posterior. <<

[31] Los datos referidos corresponden a la EPA elaborada a partir de la base poblacional correspondiente al censo de 2001. <<

[32] Debemos tener en cuenta que en el caso de España el índice de Gini de las rentas de 2012 es ligeramente más bajo de lo que lo era para las rentas de 2011 con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del año anterior. Entre esos dos momentos del tiempo el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2014) ha introducido cambios en la encuesta. El primer cambio es el uso del nuevo Censo de Viviendas de 2011 para ajustar adecuadamente la muestra a la población real, lo que ha modificado los pesos del hogar. El segundo, y más importante, tiene que ver con el uso de información adicional proveniente de ficheros administrativos en la entrevista al hogar que, combinados con datos de preguntas, permiten construir un nuevo dato de renta bruta del hogar que no sería estrictamente comparable con el dato del año anterior. Para más información, véase INE (2014). <<

[33] La tasa de pobreza relativa, también denominada «riesgo de pobreza», es el porcentaje de individuos cuya renta disponible equivalente (ajustada por la estructura de su hogar para comparar hogares demográficamente heterogéneos) es inferior en un 60 por 100 a la mediana de la renta disponible equivalente de toda la población ese año (umbral de pobreza anual). <<

[34] El umbral o línea de pobreza corresponde al 60 por 100 de la mediana de la renta disponible teniendo en cuenta la estructura demográfica del hogar. <<

[35] El gráfico señala también que esta tasa de pobreza se habría reducido recientemente, pero este resultado ha de ser tratado con cautela por un importante cambio en la metodología de la encuesta. En 2013 la recogida de información de ingresos familiares de la Encuesta de Condiciones de Vida (rentas de 2012) ha cambiado significativamente. En concreto, para construir una renta familiar más veraz ahora se utiliza información administrativa sobre salarios y rentas procedentes de prestaciones junto con la información de la propia entrevista personal al hogar. Este cambio se ha traducido en un importante aumento de la mediana de renta disponible y, en consecuencia, del umbral de pobreza (que ha crecido un 13 por 100), lo que limita la comparabilidad de cualquier indicador de la distribución de renta para 2012 con los de años anteriores. <<

[36] En los cuadros 1 y 2 en el Anexo se presenta una descripción detallada de ambas clasificaciones de hogares por tipologías. <<

[37] En todo el análisis que realizaremos a partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) utilizamos las ponderaciones anteriores a la reciente incorporación del nuevo Censo de Viviendas 2011 a los pesos de la encuesta. Hemos comprobado que los cambios en la tipología de hogares entre el último trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2014 son pequeños y se resumen en un aumento de poco más de un 2 por 100 de hogares con individuos solos en la madurez (con edades entre 36 y 64 años) y una reducción del 1,5 por 100 de las parejas con hijos y, si la mujer es mayor de 50 años, también en las que no los tienen. <<

[38] En este grupo hay que mencionar que, especialmente antes de la crisis, se produjo un aumento en los hogares formados por parejas del mismo sexo que no están diferenciados en el gráfico. Estos hogares todavía representan un porcentaje muy pequeño del total en España (en torno al 0,15 por 100) pero, en todo caso, su tasa de variación es significativa y positiva y fue muy elevada antes de la llegada de la crisis (casi un 85 por 100). <<

[39] Las tasas de pobreza con alquiler imputado incluyen como renta el valor del alquiler imputado de la vivienda en propiedad y seguramente mejoran la situación de las mujeres mayores de 65 años que son propietarias de su vivienda y que, aunque ingresan pensiones bajas, no tienen gastos de hipoteca o alquiler. <<

[40] Los países considerados en el gráfico 10 son los de la Europa de los 15 y no todos los de la zona euro e incluye: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, España, Suecia y Reino Unido. <<

[41] Es importante subrayar que en este trabajo no comprobamos si estas diferencias son estadísticamente significativas. Es posible que si lo comprobásemos no pudiésemos decir que hay diferencias entre ambos grupos, aunque es posible que la mejora de las mujeres fuese significativa en términos estadísticos. <<

[42] Los hogares que clasificamos en el grupo de los que no reciben ingresos regulares en la Encuesta de Población Activa podrían estar recibiendo una renta mínima de su comunidad autónoma o, en algún caso, la prestación del programa PREPARA (creado como PRODI en 2010) que supone alrededor de 420 euros mensuales para desempleados sin ningún otro recurso. <<

[43] El porcentaje de mujeres en hogares con activos en los que todos están desempleados y en hogares sin ingresos no coincide exactamente con el que proporciona el gráfico 14 porque en estas tablas incluimos a todos los miembros del hogar que son menores de 16 años. <<

[44] Departamento de Economía e Historia Económica, Universidad de Salamanca. <<

[45] Esta característica también podría hacer que la tasa de paro aumentase simplemente porque con la llegada de la crisis personas inactivas se ponen a buscar empleo (es decir, se convierten en paradas) para intentar buscar más ingresos para su hogar. Esto puede producirse si se considera que la crisis puede incrementar la probabilidad de perder el empleo de los miembros ocupados de la familia o si de hecho alguno de los ocupados de la familia ha perdido su empleo. A este efecto se le suele conocer como «efecto del trabajador añadido». <<

[46] La tasa de empleo (o de ocupación) se define como el número de personas con empleo (por cuenta propia o ajena) en relación con el total de la población potencialmente activa (en términos operativos con 16 o más años). Por tanto, muestra la proporción de personas que están trabajando en comparación con todas las personas que podrían estar trabajando. <<

[47] La fuente de los datos de estos dos gráficos es la Encuesta de Coyuntura Laboral. Esta encuesta la viene realizando el Ministerio de Empleo, tiene como universo las empresas españolas (está, pues, excluida la Administración Pública, pero sí se contemplan las empresas de titularidad pública) y, desde 1997, ofrece datos representativos de todas las empresas que tienen al menos 1 trabajador. Los datos ofrecidos solo llegan hasta finales de 2012 porque esta encuesta ha dejado de realizarse como consecuencia de los recortes presupuestarios. Para una descripción de la encuesta y la consulta de los datos publicados se puede seguir el siguiente enlace: http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ecl/welcome.htm. <<

[48] Para más detalles sobre cómo se produce este bloqueo de la entrada y un análisis generacional y por niveles educativos del mismo, véase Malo y Cueto (2012). <<

[49] Hay que mencionar que en el primer momento de la recesión, caracterizado todavía por el desarrollo de diferentes medidas anticíclicas (entre 2007 y 2010), se produce un aumento neto del nivel de empleo público, del cual el 80 por 100 se concentró en las mujeres (Malo et al., 2011). Recalculando esta estimación con las nuevas ponderaciones proporcionadas recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, la comparación entre el primer trimestre de 2007 y el mismo trimestre de 2010 muestra que el aumento neto del empleo se concentró en un 85 por 100 en las mujeres. Ahora bien, durante el periodo en que se han aplicado medidas procíclicas (las políticas de austeridad) la disminución neta de empleo público entre el primer trimestre de 2010 y de 2014 está concentrada en un 52 por 100 en mujeres. En términos de personas, el incremento neto del periodo de medidas anticíclicas significa 148 000 mujeres más trabajando en el sector público y el decremento neto del periodo de medidas procíclicas supone 124 000 mujeres menos trabajando. Así pues, el saldo total neto de 2007 a 2014 en el sector público es positivo para el empleo de las mujeres (no así para los hombres, cuyo empleo en el sector público ha disminuido en el mismo periodo en 66 000). <<

[50] Este resultado coincide con el obtenido previamente con datos hasta 2010 para España de Muñoz (2012) y de Garrido et al. (2010). En este último también se realiza un análisis con datos longitudinales que concluye que entre los inmigrantes las pérdidas de empleo están inversamente relacionadas con el nivel de cualificación, y han afectado relativamente poco a los niveles de cualificación media y alta (especialmente en el caso de las mujeres). Para el caso de Italia, Ghignoni y Verashchagina (2014) encuentran que el efecto del trabajador desanimado prevaleció durante el inicio de la crisis. Conforme avanzó la crisis, comenzaron a surgir diferencias regionales relevantes en cuanto a la participación laboral de las mujeres, y apareció un efecto de trabajador añadido para las mujeres con menor nivel educativo en el sur de Italia. Para un análisis más general del efecto del trabajador añadido durante la actual recesión, véase Khitarishvili (2013). <<

[51] Los datos con los que se ha construido el gráfico 9 se encuentran en el Anexo a este capítulo. <<

[52] Esto no quiere decir que haya una tendencia «determinista» a que se llegue a un cierre total de la brecha en tasas de empleo por género; simplemente, que la futura recuperación económica retomará el proceso previo a la recesión. Si se tiende a un cierre total o a un cierto valor positivo de la brecha, es un tema mucho más complejo que nos obligaría a tratar cuestiones más allá del objetivo (y del espacio) de este capítulo, como por ejemplo si hay cambios de largo plazo en la discriminación a la entrada en el mercado de trabajo, en la segregación ocupacional por género, cambios en la asignación por género del trabajo doméstico no remunerado, etc. <<

[53] El texto completo de esta ley se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/ExtraIgualdad07/Docu01.pdf. <<

[54] Véase, por ejemplo, el núm. 7 del Boletín del Observatorio de Igualdad de Comisiones Obreras sobre el impacto de la reforma de 2010: http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/835305-Planes_de_iguadad_en_las_ empresas,_n._7_.pdf (página 3 del editorial). <<

[55] Para profundizar en diferentes detalles de los planes de igualdad durante la recesión, véase Bodelón e Igareda (2013). <<

[56] Por ejemplo, resulta tremendamente llamativo que el Consejo Económico y Social en sus memorias anuales durante la crisis no dedique en ninguna de sus ediciones una parte de su repaso de las políticas de mercado de trabajo a ofrecer una visión integrada de aquellas que persiguen un objetivo de igualdad de género (aunque siempre que resulta posible ofrecen los datos de beneficiarios de políticas desagregados por género). <<

[57] Universidad Carlos III de Madrid. <<

[58] Instituto de Economía, Geografía y Demografía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. <<

[59] En España, en 2007, en el 59 por 100 de los hogares formados por una pareja y un hijo trabajan los dos progenitores; cuando hay dos hijos, en el 53,5 por 100. En los países nórdicos, la proporción es superior al 80 por 100 (Eurostat, 2014). <<

[60] Siempre que hablemos de mujeres, sin especificar, nos referimos al grupo de 25-49 años. <<

[61] Para información detallada sobre la nueva legislación en Alemania, se puede consultar el portal web «Elterngeld»: http://www.elterngeld.net/. <<

[62] Las políticas de cuidado de las personas y de conciliación en parte se solapan, ya que la atención a quienes no se pueden valer por sí mismos constituye a la vez una forma de hacer posible que los familiares, y en especial las mujeres, puedan ejercer una actividad laboral. Ello ocurre, por ejemplo, en el caso de las guarderías o los centros para los mayores. <<

[63] Departamento de Economía Aplicada V, Universidad Complutense de Madrid. <<

[64] European Commission, 2010, pág. 3. <<

[65] No deja de ser paradójico el empleo de este término para referirse a más de la mitad de la población. <<

[66] Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on improving the gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges and related measures, European Commission, Bruselas, 14 de noviembre de 2012. <<

[67] «Definition: The quota-instrument is a positive measure that establishes a fixed percentage or number for the representation or a specific category of persons» (European Commission, 2011). <<

[68] Proyecto de Ley (121/000097) por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, Ministerio de Economía y Competitividad (30 de mayo de 2014). <<

[69] Recomendación número 15 del Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas: «Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación; y que, en particular, la Comisión de nombramientos vele para que al proveerse nuevas vacantes: a. Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras; b. La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado» (CNMV, 2006). <<

[70] Recomendación número 14 del Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas: «Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, la Comisión de Nombramientos vele para que al proveerse nuevas vacantes: a. Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras; b. La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado» (CNMV, 2013c). <<

[71] Bien es cierto que la nueva Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) introducida en 2011 impide una comparación temporal exacta, puesto que el Grupo 1 (ahora «Directores y gerentes») ha sufrido algunos cambios metodológicos. Una modificación importante en esta categoría (anteriormente denominada «Dirección de las empresas y de las administraciones públicas» en la CNO-94) es la que afecta a los trabajadores propietarios de la hostelería y el comercio: desde 2011 no se incluye a todos en el Grupo 1, sino que se incorporan únicamente aquellos que dedican a tareas de gestión y supervisión más de un tercio de su tiempo de trabajo (INE, 2011, pág. 22). Como resultado, el Grupo 1 reduce su tamaño, al reubicarse gran cantidad de efectivos en otras categorías, y el perfil profesional se focaliza en funciones predominantemente directivas. <<

[72] Es más fácil hacer el seguimiento en el caso del IBEX 35, ya que el número de empresas es menor. Así, por ejemplo, consultando los informes de gobierno corporativo comprobamos que la caída entre 2011 y 2012 se debe al cambio en una sola compañía, Sacyr Vallehermoso, que perdió en su totalidad la participación femenina en su consejo de administración (CNMV, 2013b). Por lo demás, en esta cuestión, el resto de empresas del IBEX 35 mantuvieron en 2012 las mismas pautas que en 2011. <<

[73] Hay que tener en cuenta que el grupo de «otros tipos» de consejeros es el más reducido y por ello los porcentajes resultantes se ven más afectados por pequeños cambios en las cifras absolutas. <<

[74] Esta circunstancia estaría relacionada con el impulso de las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno, que aboga por aumentar el peso de los consejeros independientes. Recomendación número 13: «Que el número de consejeros independientes represente al menos un tercio del total de Consejeros». También en ese sentido las recomendaciones 10 y 11 (CNMV, 2006). <<

[75] Recordamos brevemente que el Código recomienda que las sociedades en cuyo consejo exista escasa presencia de mujeres hagan un esfuerzo deliberado por buscar posibles candidatas cada vez que deba cubrirse alguna vacante. <<

[76] La razón por la que se ha elegido la media de la UE de 27 países, en lugar de la de 28, es que la serie temporal de datos disponible alcanza un intervalo más amplio de años. <<