Los principales actores del drama cotidiano que se vive en la República Democrática del Congo son empresas, militares, políticos, ONG… y, en el centro, la población sufriente. Un drama que se vive —y, sobre todo, se sufre— en la RDC desde hace décadas, pero que se ha agravado por la demanda de determinados minerales de los cuales el subsuelo africano es especialmente rico. El cuaderno nos acerca a la complejidad de un problema que pone al descubierto las contradicciones de la globalización.

Josep F. Mària Serrano y Emmanuelle Devuyst

Las minas del rey Leopoldo

Conflictos y oportunidades en la extracción de minerales en la RD del Congo

Cuadernos CJ 184

ePub r1.1

Mowgli 3.2.14

Título original: Las minas del rey Leopoldo

Josep F. Mària Serrano y Emmanuelle Devuyst, 2013

Editor digital: Mowgli

ePub base r1.0

Sobre los Cuadernos CJ

Este ePub recoge uno de los «Cuadernos» del Centro de estudios Cristianisme i Justícia, dependiente de la Fundación Luis Espinal. Todos los cuadernos pueden descargarse gratuitamente desde la web de la Fundación en diversos formatos, los más recientes también en ePub y audiolibro. Además, son bastantes los cuadernos que tienen vídeos con información adicional.

Con una distribución de casi 50.000 ejemplares, los cuadernos son el fruto más destacado de la reflexión del Centro de estudios Cristianisme i Justícia. En un formato claro, y con una clara voluntad divulgadora, los cuadernos abordan aquellas cuestiones fundamentales que afectan en la actualidad al diálogo fe y justicia.

El editor digital

1. Introducción

Cuando se huye bajo los ataques, se coge a los niños, pero con las prisas los hay que caen y mueren aplastados o atrapados en el lodo de las marismas. Una madre había huido con sus dos pequeños gemelos; uno cayó y murió aplastado por la gente que huía. Hay que tragarse las lágrimas y seguir corriendo. Y al llegar a un lugar remoto del bosque, nos detenemos.

El bosque es oscuro y frío de día y de noche. Comíamos raíces y algunas raras frutas salvajes. Era imposible encender fuego y, por tanto, cocinar cualquier cosa, porque el humo habría revelado inmediatamente nuestra presencia a nuestros perseguidores; del mismo modo, no podíamos guardar ni gallinas ni gallos, ya que su canto habría indicado nuestra presencia. Salíamos del bosque caminando a gatas para ir a arrancar alguna mandioca en el límite de algunos campos y regresar rápidamente a nuestro refugio. Sabiéndolo, los milicianos nos esperaban en los alrededores de los campos o del río para violarnos.

Cuando el peligro se acercaba, nos adentrábamos aún más en el bosque, donde el enemigo que nos acechaba era el hambre. Para llevar algo al estómago de nuestros hijos, les dábamos la fina arena del río, mezclada con agua, o lodo, que comíamos nosotros también. La cara, el vientre, las piernas se nos comenzaban a inflar. ¡Cuántos de nuestros hijos han muerto en el bosque! Hasta ahora mucha gente sigue pasando la noche en la maleza por miedo a los ataques.

Ester MWINJA NSIMI - Teresina CAFFI, La guerra vivida por las mujeres[1], (2006).

Adon Kalenga trabaja siete días a la semana extrayendo minerales del suelo sin guantes. Tiene 13 años y vive en la provincia de Katanga, en la República Democrática del Congo. No tiene hogar y no puede pagar los 6$ al mes que cuesta ir a la escuela… A veces duerme en la calle, otras en un orfelinato. La mayoría del tiempo trabaja, ganando 3$ al día. Es una de las 67.000 personas en Katanga que se gana la vida extrayendo piedras que contienen dos minerales preciados en todo el mundo: cobre y cobalto. El cobre, rojo-marrón, se usa para hacer cables eléctricos necesarios para iluminar las ciudades de nuestro mundo. El cobalto, metal gris plateado, se usa para hacer motores de avión, tinta y pilas de teléfono móvil.

Katanga […] contiene el 4% del cobre mundial y un tercio de las reservas de cobalto. Los minerales que Adon y niños como él extraen de la tierra roja y dura se encaminan a hornos de fundición en las afueras de ciudades empobrecidas cercanas a las minas. La mayoría de estos hornos oxidados y alimentados a mano son propiedad de empresas basadas en un país lejano, un país que fue fundado en una ideología que exalta los derechos de los trabajadores: la República Popular China. La espinilla izquierda de Adon tiene una cicatriz de una caída sufrida durante un corrimiento de tierras de hace tres años, en que murieron algunos trabajadores, incluidos cuatro de sus jóvenes amigos.

[…] En realidad, Adon y sus compañeros y compañeras practican una forma caótica de capitalismo, con muy poca supervisión de la empresa o del Estado. Los artesanos mineros no son empleados; son trabajadores por cuenta propia que venden a intermediarios lo que han extraído y limpiado.

S. CLARK - M. SMITH - F. WWILD, China Lets Child Workers Die digging in Congo Mines for Copper[2], (23 de julio de 2008).

¿Qué tienen en común estos dos relatos? Que se sitúan en zonas ricas en minerales de la República Democrática del Congo (RDC) y que sus protagonistas son gente pobre relacionada con la actividad minera de la región. En el primer caso, localizado en zonas boscosas cercanas al lago Kivu (nordeste de la RDC), la relación con la minería no es evidente. Sin embargo, los grupos armados que matan, violan y aterrorizan a la población se financian en buena parte con diversas formas de extorsión a mineros individuales que extraen coltán, oro o estaño de minas de la zona. Estos minerales son transportados a intermediarios de las ciudades fronterizas de Bukavu y Goma, y luego exportados ilegalmente a Ruanda y Burundi, desde donde serán incorporados al mercado global. En el segundo caso, la provincia de Katanga (sureste de la RDC) no tiene problemas de grupos armados, pero miles de niños y adultos de la provincia —los llamados artesanos mineros— extraen mineral de cobre y cobalto en pésimas condiciones de salud y seguridad. El mineral es transportado y vendido a empresas que lo transforman en cobre y cobalto para la exportación: metales para la economía global. A partir de 2002, las empresas transformadoras han adquirido derechos legales sobre las minas, de las que están desplazando a la mayoría de artesanos mineros de la provincia.

Así pues, los actores principales de este drama ya han aparecido en escena: las empresas, los militares, los políticos… y, en el centro de nuestros focos, la población congoleña sufriente. El escenario no se sitúa en las míticas minas del rey Salomón, escondidas en algún lugar de África según la novela del escritor victoriano H. Rider Haggard (1885), sino en las minas de la RDC, que fue propiedad particular del rey Leopoldo de Bélgica entre 1885 y 1908: las minas del rey Leopoldo.

El cuaderno que presentamos es fruto de largas horas de estudio sobre la situación de la RDC en nuestros despachos de Barcelona (Cristianisme i Justícia) y Bruselas (Jesuit European Social Center); de reuniones en Europa con gente que conoce y ama la RDC; y sobre todo, de diversas visitas sobre el terreno a Kinshasa, a la provincia de Katanga y a la región del lago Kivu entre los años 2007 y 2012. Queremos agradecer principalmente a los congoleños y congoleñas a los que hemos encontrado durante estas visitas el que hayan compartido sus ilusiones, planes y estrategias encaminadas a reconstruir un país inmenso, bello y preñado de un futuro esperanzador.

2. La RDC[3]

La RDC, con 68,7 millones de habitantes en 2011, es el cuarto país más poblado de África (tras Nigeria, Egipto y Etiopía). Es además un país muy extenso: con 2.345.410 km², supera a la suma de las superficies de todos los países de Europa Occidental.

2.1. Situación de la RDC

Su territorio ha sido calificado como escándalo geológico por sus riquezas mineras (que incluyen cobalto, cobre, cadmio, petróleo, diamantes, oro, plata, coltán, zinc, manganeso, estaño, germanio, uranio, radio y bauxita) y de granero de África por su potencial agrícola. Sin embargo, es uno de los países más pobres de la tierra: en la clasificación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 2011, ocupa el puesto 187, el último de los países censados.

Una causa importante de esta pobreza es la débil presencia del Estado en el territorio: con un presupuesto anual equivalente al de la ciudad de Amberes (400.000 habitantes), la administración no puede cubrir eficazmente servicios públicos básicos (seguridad, educación, sanidad, servicios sociales, infraestructuras) para sus 68,7 millones de habitantes[4]. A esta situación se suma la complejidad étnica: en la RDC existen 280 etnias y tribus, muchas de las cuales comparten territorio con otras etnias. Además se hablan en el país 212 lenguas. También los conflictos exteriores (la RDC tiene fronteras con 9 países) han diezmado la riqueza y el desarrollo del país. Con cuatro de sus vecinos (Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania), forma la región llamada los Grandes Lagos (lagos Victoria, Albert, Edward, Kivu, Tanganyika y Moero). Desde mitad de los años 90 los conflictos armados en esta región han sido excepcionalmente sangrientos.

2.2. Historia reciente

Tras la colonización portuguesa de finales del siglo VI (de índole comercial y con una débil penetración desde la costa atlántica), la presencia europea se impone a fines del siglo XIX. En efecto, en 1885 el Rey Leopoldo II de Bélgica convierte el territorio de la actual RDC, no en colonia belga, sino en su posesión personal. A partir de aquel año, Leopoldo y ciertas compañías concesionarias explotan y exportan marfil y caucho, sometiendo a los nativos a trabajos forzados, esclavitud y torturas. Pero las campañas internacionales de denuncia y los cambios en los equilibrios diplomáticos fuerzan a Leopoldo a vender en 1908 su posesión personal al gobierno belga. Bajo la forma de colonia belga, la situación del país mejora un poco; y sin embargo los colonos impiden en muchos casos la promoción educativa y cultural de la población autóctona.

La independencia llega el 30 de junio de 1960 bajo el liderazgo del presidente Kasavubu y su primer ministro Lumumba. Con todo, el bajo nivel de experiencia en liderazgo de la nueva clase dirigente, la falta de cohesión política de la población y la dependencia económica exterior en un contexto de guerra fría hacen fracasar la economía y la democracia. En 1965 el militar Joseph Désiré Mobutu toma el poder con el objetivo de «poner orden, crear un Estado, crear una nación». En 1966 suprime el parlamento y en 1970 decreta el unipartidismo. En 1973 impulsa la zaïriniasation: una nacionalización económica selectiva para controlar el entramado económico y financiero del país. Pero la gestión corrupta lleva al progresivo desastre económico. Con todo, a nivel exterior, Mobutu se asegura la amistad con los EEUU y occidente, puesto que garantiza que el centro estratégico de África es aliado anticomunista. Sin embargo, al final de la Guerra Fría, el dictador es abandonado por sus padrinos occidentales, y en 1990 es obligado a nivel interior a iniciar la democratización del país.

En plena crisis económica y política, en agosto de 1996, Laurent-Désiré Kabila, un ex-guerrillero comunista, se alza en armas contra Mobutu en la zona del lago Kivu. Cuenta con el apoyo de los presidentes de Uganda (J. Museveni) y Ruanda (P. Kagame), nuevos peones de los EEUU en la región[5]. El régimen de Mobutu está tan debilitado que, el 17 de mayo de 1997, Kabila ya ha conquistado todo el país y se proclama presidente. A cambio del apoyo financiero y militar, Kabila ha firmado, en su avance hacia Kinshasa, importantes contratos de concesiones mineras con empresas extranjeras y ha tenido que rodearse de militares ruandeses y ugandeses. Tras su instalación en Kinshasa, las tensiones con su Estado mayor, que desea anexionar partes del este del país a Ruanda, Burundi y Uganda, estallan el 3 de agosto de 1998: Uganda y Ruanda invaden militarmente las provincias del Kivu. Al mismo tiempo, crean un partido político supuestamente congoleño (la Reagrupación Congoleña para la Democracia, RCD) con base en Goma (Kivu Norte) para dar al conflicto la apariencia de una guerra civil.

Pero las luchas abiertas entre ugandeses y ruandeses por el control de las minas de diamantes y de oro del este del país evidencian las fuertes motivaciones económicas de esta segunda guerra. En noviembre de 1998, en el norte paupérrimo del país (Provincias del Ecuador y Oriental) el señor de la guerra Jean Pierre Bemba abre otro frente de batalla, apoyado por el ejército ugandés.

A principios de 2001 queda en evidencia ante la comunidad internacional que el conflicto militar a tres bandas debe desembocar en un acuerdo entre contendientes: acuerdo al que Kabila se niega. He aquí pues que el 16 de enero de 2001, el presidente sufre un atentado en Kinshasa, y muere dos días después. Le sucede su hijo Joseph Kabila, jefe del Estado Mayor del Ejército de tierra. Sin que las causas o los autores del asesinato se hayan esclarecido, los países ricos (Francia, Bélgica, EEUU) y los organismos internacionales (ONU, FMI, Banco Mundial) legitiman rápidamente al nuevo presidente, que firma la paz con sus contendientes y constituye un gobierno de transición con participación de los grupos armados y de la Sociedad Civil, bajo tutela internacional. Comienza una transición a la democracia llena de obstáculos que, sin embargo, culminará en julio de 2006 en la 3.ª República, con las primeras elecciones multipartidistas y libres desde 1960. En ellas, Joseph Kabila es elegido presidente y Jean Pierre Bemba queda relegado a jefe de la oposición.

A finales de 2011, unas elecciones legislativas y presidenciales con sustanciales irregularidades resultan en la reelección de Kabila como presidente. Con todo, su familia y su partido gestionan el país con poca transparencia y están perdiendo legitimidad a los ojos de la población y de la comunidad internacional.

3. La minería en la RDC

Las minas del rey Leopoldo se extienden principalmente por el centro y el este del país. En Kasai Oriental y Kasai Occidental hay principalmente diamantes; en Katanga cobre, cobalto y uranio; en Maniema, Kivu Sur y Kivu Norte, coltán, oro y estaño; y en la Provincia Oriental, oro.

3.1. Dos modelos político-industriales

En los Kasais y en Katanga, la explotación minera industrial de la época colonial da paso a partir de 1960 a empresas públicas del Congo/Zaire independiente. Sin embargo, estas empresas se arruinan progresivamente por la mala gestión y la corrupción mobutistas. A medida que las minas van parando su producción industrial, una cantidad creciente de congoleños afluye hacia ellas para explotar manualmente los minerales. Son los denominados artesanos mineros.

Durante las guerras de 1996-2002, el número de artesanos mineros crece aún más, dado que la extracción se amplía a zonas sin tradición minera (los Kivus, Maniema y Oriental) en las que otras actividades económicas (la agricultura, la ganadería o el comercio, ya diezmadas en los años 80 y 90 por la mala gestión y la corrupción de Mobutu) decrecen por causa de la actividad de grupos armados. Además, como ya hemos señalado, el control de zonas mineras constituye una razón central para las invasiones militares de aquellos años desde Uganda, Ruanda y Burundi. Y en estas invasiones, ciertas empresas mineras occidentales conectadas con mafias globales juegan un papel principal. El pillaje asociado con las guerras de 1996-2002 es brutal y descarnado: unas y otras partes enfrentadas roban bancos, plantaciones, minas, materiales de fábricas, productos agrícolas y ganaderos, etc. Esta situación, que retrasa la llegada de la paz, origina la creación, en virtud de la Resolución 1304 del Consejo de Seguridad de la ONU, de un Grupo de Expertos que se desplaza sobre el terreno para conocer la realidad de cerca. En 2001, el Grupo presenta dos informes que explican detalladamente la implicación de diversos actores en la explotación ilegal. Dichos informes señalan que los gobiernos (y algunos de sus miembros operando por cuenta propia) más directamente implicados son los de Ruanda, Burundi y Uganda. El presidente Kabila es señalado por haber recibido sumas provenientes de empresas mineras para financiar sus guerras. Estas acciones de pillaje se realizan en connivencia con bancos, compañías aéreas y empresas mineras de capital europeo, norteamericano o africano. También aparecen hombres de negocios, militares regulares extranjeros, jefes rebeldes no integrados en el nuevo ejército regular congoleño o traficantes de armas. La principal perjudicada es la población congoleña, que sufre atroces violaciones de sus derechos humanos, ve cómo se acumula la deuda externa del país y es privada de recursos financieros necesarios para el desarrollo.

En 2002, al final de la segunda guerra, las instituciones de transición promulgan un nuevo Código Minero para regular la actividad del sector. El Código, en cuya redacción ha influido decisivamente el Banco Mundial, liberaliza y privatiza las concesiones mineras, con el objetivo teórico de aumentar los recursos del Estado y así promover el desarrollo del país.

Pero la realidad es muy compleja y la ley no está consiguiendo tan fácilmente el desarrollo económico pretendido. En efecto, a fin de profundizar en el funcionamiento del sector minero congoleño, hay que distinguir entre dos modelos político-económicos territoriales que se están desarrollando hoy en la RDC:

Provincias con conflictos de alto nivel. Se trata de las provincias del nordeste: Oriental, Kivu Norte, Kivu Sur y Maniema. Estas zonas han sido históricamente menos pobladas, más pobres, más rurales y menos escolarizadas, porque los reinos pre-coloniales y la colonización no penetraron tanto como en el sur y el oeste del país. Además resultan ser vecinas de países como Uganda, Ruanda y Burundi, que combinan pobreza y densidad de población en un cóctel productor y exportador de conflictos. Finalmente, estas provincias no se han dedicado históricamente a la minería, sino a la agricultura y al comercio a gran distancia: antes de la independencia no albergaban empresas mineras coloniales, y la extracción de minerales como el coltán, el estaño o el oro ha comenzado a partir de los años 1990 con muy pocas empresas y con una gran mayoría de artesanos mineros.

Provincias con conflictos de bajo nivel. Principalmente, el Katanga, Kasai Oriental y Kasai Occidental. Son zonas del sur, históricamente más pobladas, más ricas, con una red de ciudades más densa y más escolarizadas. La actividad minera (diamantes en los Kasais, y cobre, cobalto y uranio en Katanga) data de la época colonial, en la que se desarrollaron grandes empresas industriales que, tal como hemos señalado, dieron paso a grandes empresas públicas tras la independencia. Tras la aprobación del Código minero de 2002, entre 3 y 4 centenares de empresas están extrayendo minerales en Katanga, sobre todo cobre y cobalto.

Estos dos modelos político-industriales reflejan dos escenarios del drama que estamos describiendo. En dichos escenarios se desarrollan historias como las que hemos presentado en la introducción: las de las familias pobres desgarradas por un conflicto sangriento alimentado por las rentas de la minería; y las de los miles de niños y jóvenes que extraen mineral de cobre y cobalto en condiciones de educación, seguridad y salud altamente precarias. Estos artesanos mineros están entrando en conflicto con los intereses industriales globales, representados por empresas extranjeras que han empezado a operar desde el año 2002. Vamos a ejemplificar los dos modelos en los próximos apartados: describimos, por una parte, la situación en la región del lago Kivu (conflicto de alto nivel), y por la otra, la situación de la provincia de Katanga (conflicto de bajo nivel).

3.2. La situación en los Kivus

3.2.1. La región del lago Kivu

Situada en el nordeste del país, limítrofe con Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania, la región del lago Kivu fue dividida en dos provincias: Kivu Norte con capital en Goma, y Kivu Sur con capital en Bukavu. Los dos Kivus tienen una superficie de 125.000 km² y en 2012 tenían cerca de 10.400.000 habitantes. Aunque estas provincias no son tradicionalmente mineras, hoy se explota en ellas el coltán (mineral del tántalo), la wolframita (mineral del tungsteno) y la casiterita (mineral del estaño).

Tras la independencia (1960), la rentabilidad de la actividad minera disminuyó progresivamente y en 1976 se creó la SOMINKI (Société Minière du Kivu: sociedad belga mixta con un 28% de acciones propiedad del estado congolés) que disponía entonces de 47 concesiones que abarcaban una superficie de 10.000 km². En 1982, el Presidente Mobutu liberaliza el sector minero congoleño; pero con la crisis económica de los años 80 solo la explotación de oro permanece rentable: las otras concesiones cesan sus actividades, dejando espacio a los artesanos mineros. Al principio de la década del 2000, la empresa canadiense BANRO compra las acciones privadas de SOMINKI y se convierte así en la única empresa extractiva activa actualmente en el Kivu. Desde octubre de 2011, explota el yacimiento aurífero de Twangiza y dispone de tres otros permisos de explotación. Aunque BANRO sea la única empresa que explota minerales, existen centenares de permisos de explotación que son propiedad de diversas empresas mineras, principalmente extranjeras.

La conjunción de la liberalización del sector minero, del paro en la explotación industrial tras la primera guerra (1996-1997) y del boom del coltán[6] de los años 1999-2000 explica el actual modelo de extracción artesanal. Por otra parte, los territorios del Kivu están aislados a causa de la falta de carreteras y de tendido eléctrico, lo cual hace particularmente compleja la explotación industrial. Actualmente se estima en 200.000 el número de artesanos mineros en cada una de las dos provincias del Kivu: un total de 400.000.

Sucesivos informes de la ONU resaltan el hecho de que, desde la guerra de 1996, diversos grupos armados nacionales y extranjeros se financian por la explotación ilegal de los recursos geológicos de esta región. La presencia de militares en los yacimientos degrada las condiciones de trabajo y de vida de los artesanos y contribuye a mantener un conflicto sufrido por la población local, dada la incapacidad del gobierno de Kinshasa para restablecer la paz en la zona. La suerte de las mujeres congoleñas a las que se refiere el escrito que comienza este cuaderno está ligada, pues, a este modelo de explotación minera intervenido por grupos armados.

3.2.2. La situación de los artesanos mineros

La minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) está muy extendida en los países en desarrollo. Este sector emplea a casi 13 millones de artesanos y permite vivir a 100 millones de personas en todo el mundo. Cerca del 80% de la MAPE se realiza en condiciones informales, que incluyen el trabajo de mujeres y niños y son perjudiciales para la salud y la seguridad laboral. Sin embargo, la MAPE es fundamental en la reducción de la pobreza, el aumento del capital comunitario y la diversificación de la economía en muchas regiones en desarrollo: porque es viable en zonas con mínimas infraestructuras donde la minería industrial sería imposible.

En la RDC, los artesanos mineros constituyen el segmento mayoritario del sector minero. Se estima que existen entre 1 y 2 millones de artesanos; con una media de 4 o 5 personas dependientes de cada minero, resulta que entre 4 y 10 millones de congoleños dependen de esta actividad para sobrevivir.

Los artesanos mineros en la RDC forman un grupo sociológicamente heterogéneo compuesto por jóvenes (como Adon Kalenga) que interrumpen sus estudios por falta de dinero, agricultores sin tierra debido a conflictos o a la presión demográfica, maestros reconvertidos por causa de un salario insuficiente para mantener a la familia, ex soldados desmovilizados, etc. Normalmente las mujeres no cavan, pero se mueven en torno a los yacimientos artesanales realizando tareas de limpieza y refinado de minerales o de apoyo a la vida de los artesanos (preparación de comida, etc.).

Esta actividad, que se realiza a tiempo parcial o a tiempo completo, supone serios retos para la vida de los artesanos: problemas de salud y seguridad laboral; extensión de enfermedades transmisibles; incertidumbre en los derechos legales de explotación; acoso y abuso económico por parte de funcionarios gubernamentales, grupos armados o intermediarios; expulsión de las minas por empresas privadas que adquieren legalmente la concesión; trabajo infantil o trabajo forzado; comercio ilegal de minerales que resulta en la no generación de rentas para el Estado; y prácticas deficientes de protección del medio ambiente.

Si bien el beneficio monetario obtenido de esta actividad es inmediato, también es aleatorio y particularmente precario. Se estima que en la RDC las ganancias diarias oscilan entre 1 y 2 dólares de media, aunque muy a menudo son dilapidadas en vez de ahorradas. Efectivamente, los yacimientos están normalmente muy aislados de núcleos urbanos, y por ello el coste de la vida es mayor que en otras partes. Además, los artesanos viven a menudo solos y gastan importantes sumas en alcohol, prostitución o mantenimiento de una segunda familia. Se trata pues de una economía de supervivencia y de una trampa de la pobreza con una probabilidad alta de endeudamiento durante la estación de lluvias que dificulta la explotación y aumenta los riesgos de salud asociados a las malas condiciones de extracción.

Dicho esto, existen pocas alternativas a la minería artesanal, dada la falta de otras soluciones que produzcan empleos con sueldos decentes. Esta actividad constituye el último filón social para evitar la caída en la pobreza absoluta, y sin embargo no concede una sólida perspectiva de futuro. Además, en la región del Kivu, la presencia militar o paramilitar castiga a los artesanos de diversas maneras: impuestos ilícitos sobre los circuitos de producción y comercialización, remuneración de la protección forzada de los yacimientos, o bien trabajo forzado. Sin embargo, hoy en día se considera que las fuentes de financiación de la guerrilla hutu ruandesa del FDLR (Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, que opera en la región del lago Kivu) no se reduce a la explotación de los artesanos mineros: al contrario, se extiende al comercio de todos los productos básicos, la exacción de para-impuestos y la venta de productos agrícolas. En ausencia de un estado que garantice la seguridad y sea capaz de conectar la región con su entorno geográfico, asistimos a una militarización de la economía del este del Congo que va mucho más allá del sector extractivo.

3.2.3. La formalización del sector minero artesanal en el Este de la RDC

Puesto que la actividad informal de los artesanos mineros no tiene a corto plazo alternativas viables, el camino a seguir pasa principalmente por su formalización. Existen iniciativas de formalización, y pueden ser clasificadas en cuatro categorías principales, distintas pero complementarias: la organización de los artesanos, la trazabilidad, la certificación y la diligencia debida.

La organización de los artesanos mineros consiste en el sostén a la semi-mecanización de su trabajo, su estructuración en cooperativas, la reglamentación de los conflictos del suelo, el desarrollo de las infraestructuras y el reforzamiento de la sociedad civil.

La trazabilidad se concreta en el seguimiento de los minerales desde su lugar de extracción a fin de determinar la mina de origen y evitar así que los compradores se provean en yacimientos controlados, por ejemplo, por grupos armados. Sin embargo, esta trazabilidad no permite verificar si durante el transporte de los minerales entre la mina y el lugar de venta ha habido episodios de extorsión.

La certificación pretende evitar el conflicto en el yacimiento minero por la vía del respeto a ciertas normas sociales y medioambientales obligatorias. La Conferencia Internacional para la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) trabaja actualmente en la elaboración de un sistema de certificación regional que incluya la RDC, Ruanda, Burundi y Uganda.

La diligencia debida (due diligence) se puede definir como el proceso por el que una empresa implicada en una cadena de aprovisionamiento garantiza que no compra minerales ligados a un conflicto. Este método consiste en el seguimiento de los productos desde su lugar de extracción y se basa en cuatro pilares: la identificación de los riesgos de conexión con un grupo armado; estrategias para contrarrestar estos riesgos; auditorías independientes; y la publicación de las medidas tomadas por la empresa. El estándar de diligencia debida más común es el del la OCDE.

En estos esfuerzos de formalización de la actividad minera informal, el papel de las empresas mineras industriales es ambiguo, aunque dichas empresas tienen poder para solucionar satisfactoriamente algunos problemas. En concreto, la empresa canadiense BANRO, que opera en la zona del Kivu, ha tenido que gestionar la cohabitación con los artesanos mineros que explotaban la concesión antes de la llegada de la empresa. De los 6.000 artesanos mineros censados en el yacimiento, la empresa ha contratado a 500 para puestos poco cualificados y por un período de 6 meses, después de los cuales serán progresivamente despedidos. Paralelamente, BANRO proyecta financiar la creación de pequeñas y medianas empresas locales por medio de la concesión de micro-créditos, a condición de que las empresas empleen a una parte de los mineros despedidos. Sobre la presencia de artesanos mineros en las partes de la concesión de BANRO que todavía no están en explotación, la empresa parece dispuesta a tolerar un número limitado de ellos, con tal de que respeten ciertas reglas. Se plantea entonces la cuestión de saber cómo contenerlos en las zonas preestablecidas o de llegar a un acuerdo que les permita ejercer la minería en otra parte hasta el inicio de la explotación industrial en los yacimientos propiedad de la empresa.

3.2.4. Un intento global: la ley Dodd-Frank

Una de las medidas implementadas para intentar reducir el nivel de conflicto en los Kivus es la ley «Dodd Frank», aprobada en julio de 2010 por el Congreso de los EE. UU. En efecto, la US Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (section 1502) establece la obligación por parte de las empresas registradas en la Security Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos que usan ciertos minerales de establecer el origen de dichos minerales. Si provienen de la RDC o de un país limítrofe, las empresas deben entonces informar de las medidas de diligencia debida tomadas para evitar que estos minerales financien el conflicto.

Como reacción a esta legislación transatlántica, el presidente Kabila impuso una suspensión del comercio de minerales del este del país entre septiembre de 2011 y marzo de 2012, a fin de forzar el cese de la implicación militar en la extracción minera. Esta medida no tuvo el efecto benéfico pretendido, sino un impacto socio-económico nocivo para la población local y particularmente para los artesanos mineros, dado que la actividad comercial en torno a los minerales se detuvo casi totalmente durante meses.

Como consecuencia imprevisible y dramática de la ley americana, el sector electrónico decretó un embargo de hecho sobre los minerales del Este del Congo. Así, debido a la duda ante la aplicación de la ley y la falta de medios suficientes sobre el terreno para asegurar el origen de los minerales, el sector prefirió abastecerse en otros países. Por lo tanto, el comercio legal e ilegal de minerales disminuyó drásticamente, en provecho del contrabando hacia el extranjero y de otras rentas criminales controladas por grupos armados. La población perdió una parte importante de sus actividades comerciales sin por ello ganar en estabilidad o seguridad. Además, las iniciativas emprendidas para permitir la trazabilidad y la certificación de los minerales fueron suspendidas por falta de compradores de estos productos. La situación de los artesanos mineros era en 2012 más precaria que nunca en los Kivus.

En todo caso, es necesario señalar que la actividad minera —formal o informal— es intrínsecamente insostenible a largo plazo: los minerales no se renuevan. Por ello, resulta indispensable trabajar en paralelo en sectores como la agricultura o el turismo, a fin de diversificar una economía y abrirle horizontes permanentes.

3.3. La situación en Katanga

3.3.1. Tradición empresarial paternalista

Katanga ocupa el rincón sureste del país. Tiene 9 millones de habitantes y una superficie de 518.000 Km² (ligeramente inferior a la superficie de Francia). La provincia, cuya capital es Lubumbashi, contiene importantes reservas de cobre y cobalto: de hecho, forma parte con el norte de Zambia del denominado copper belt, que ha sido descrito como un «escándalo geológico» por la alta concentración del metal en los minerales. La minería de la zona cuenta con una larga tradición, que se remonta a épocas pre-coloniales. Durante la época de la Colonia Belga (1908-1960) la compañía Union Minière du Haut Katanga (UMHK) explotaba el cobre y el cobalto, y al mismo tiempo proveía a sus trabajadores y al resto de la población con bienes públicos y privados básicos prácticamente gratuitos: vivienda e infraestructura urbana, hospitales, escuelas, electricidad, carreteras y medios de transporte, economatos, servicio de correos y comunicaciones radiofónicas. Además, pagaba impuestos al Estado Belga y para-impuestos a organismos administrativos o funcionarios sin recibir a cambio ninguna prestación pública útil.

En 1967 UMHK se convirtió en Gecamines (Générale des Carrières et des Mines), empresa 100% pública que continuó jugando el mismo papel en la sociedad de Katanga que su predecesora. Un proverbio popular katangués reza en swahili «Gecamines njo baba, Gecamines njo mama», es decir «Gecamines es mi mamá, Gecamines es mi papá». Sin embargo, la empresa quedó en práctica bancarrota al inicio del nuevo milenio: había sido expoliada por el gobierno y por grupos armados, había abandonado la producción y sus políticas paternalistas habían perecido lentamente. Pero como el Estado no ha pasado a proveer los bienes públicos que Gecamines proporcionaba a la población, ésta ha trasladado sus expectativas a las nuevas empresas mineras que llegan al Katanga bajo el amparo del Código Minero de 2002.

Es interesante señalar aquí un paralelo con la historia industrial europea. A inicios de la industrialización en Europa, también las grandes empresas tenían comportamientos paternalistas y cubrían una buena parte de las necesidades de sus empleados y familias; pero con el tiempo estas funciones pasaron a ser realizadas por el Estado. En cambio, en la RDC —y también en otros países africanos— esta transferencia de funciones no se ha podido realizar, dado que los Estados no han tenido capacidad —hasta el momento— para asumirlas. Ello supone un reto a la vez para los gobiernos africanos y para las empresas extranjeras que operan en estos países.

3.3.2. La cuestión de los contratos mineros

En 2011 estaban operando en Katanga en torno a 350 empresas mineras privadas, explotando principalmente cobre y cobalto. El Código de 2002 establece que cualquier empresa minera debe tener un mínimo del 5% de participación accionarial del Estado congoleño (a través de Gecamines, hoy holding público minero). Con todo, los contratos mineros son de una gran complejidad: deben especificar principalmente, además de las participaciones accionariales, los pagos de impuestos a la producción (condicionados a los niveles de producción y a los precios del metal), exenciones impositivas durante un período inicial de inversión, planes de inversión social de la empresa en la comunidad local, y planes de impacto y restauración medioambiental.

Algunos de estos contratos se habían firmado antes de 2002[7], otros se modificaron con la entrada de nuevos socios en las compañías, y unos terceros se firmaron sujetos solamente al Código de 2002. Sin embargo, puesto que el período de transición a la democracia (2002-2006) fue políticamente convulso, en 2007 el gobierno y la sociedad civil congoleños estimaron oportuno abrir un proceso de revisión de la legalidad de dichos contratos mineros. Este proceso implicó la revisión de los contratos de las mayores empresas mineras, y terminó en 2009 con un extenso informe que concluía que ningún contrato de los analizados era 100% legal: la mayoría debían ser ampliamente renegociados; y una minoría era claramente ilegal, y por tanto la concesión podía ser retirada y ofrecida a otras empresas. Aunque en general se ha llegado a acuerdos después de las renegociaciones, en algún caso la empresa ha sido expulsada de la concesión y los derechos de explotación han sido transferidos a empresas controladas por amigos de altos funcionarios de la Administración.

Dado que Gecamines no es nunca accionista mayoritario (el mínimo del 5% no sobrepasa en la práctica el 50%), en la cuestión de los contratos mineros se juegan dos aspectos principales. En primer lugar, se dirime la parte de la riqueza generada por la actividad minera que va a quedarse en la RDC y la parte que va a expatriarse a los países de origen de los principales accionistas. De hecho, los contables de las empresas multinacionales aplican un potente arsenal de técnicas para eludir el pago de las diversas exacciones (impuestos, royalties, tasas, dividendos, etc.) en los países huéspedes, para derivar la mayoría de pagos a paraísos fiscales. En segundo lugar, los contratos influyen en la forma de gobernar la empresa a través de las decisiones de los Consejos de Administración: Gecamines tiene poco peso en la toma de decisiones que afectarán a la forma de cumplir o eludir las disposiciones laborales o medioambientales, o que determinarán la cantidad y calidad de las inversiones sociales de la empresa.

La percepción general de la población, los funcionarios públicos y las ONG de Katanga sobre el asunto de los contratos es que las empresas extranjeras están pagando poco. Sin embargo, las autoridades y las ONG más ilustradas son conscientes de que la tecnología y la inversión extranjeras son necesarias para explotar la riqueza, y de que no pueden asustar al capital extranjero con constantes renegociaciones que erosionen la seguridad jurídica de dicha inversión. Finalmente, las empresas, presionadas por sus accionistas[8] y sus dirigentes en los países de origen, intentan al mismo tiempo ganar beneficios y evitar problemas con la comunidad local.

3.3.3. Problemas de las empresas sobre el terreno

A pie de yacimiento, lejos de los debates sobre la legalidad o la legitimidad de los contratos, se despliegan otras dinámicas y otros problemas. Los principales temas discutidos son: la relocalización de las poblaciones desplazadas por la actividad de las empresas; la relación con los artesanos mineros; la gestión de las infraestructuras y de las inversiones sociales en las comunidades locales; los problemas medioambientales; y la existencia de alianzas perversas que afectan negativamente al bienestar de la población.

Relocalización

La habilitación de los yacimientos donde se extrae el mineral y la construcción de las plantas de procesamiento/transformación del mineral conllevan a menudo la relocalización de parte de la población. En estos casos, la normativa internacional exige que las condiciones vitales y económicas de la población desplazada tras la relocalización sean mejores que antes de la llegada de la empresa. Aquí las prácticas empresariales son muy diversas: alguna empresas (generalmente las mayores) aplican dicha normativa concienzudamente y consultando a la población local; otras optan por las soluciones más baratas y rápidas para la empresa. Las decisiones resultan en casas, pueblos, colegios o dispensarios/hospitales de mayor o menor calidad; y en nuevas formas (más o menos precarias) de ganarse la vida para los habitantes afectados. En este último punto, las empresas mineras recurren a diversas opciones: contratar entre la población local a trabajadores de la mina; ofrecer una compensación fija al que ha perdido su modo de vida; u ofrecer microcréditos y asesoramiento para que se creen pequeñas empresas locales que eventualmente se conviertan en proveedores de la empresa: por ejemplo, talleres de costura a los que la empresa encarga ropa de trabajo de los mineros, o explotaciones agrarias para producir alimentos a consumir por los trabajadores. Sin embargo, en conjunto, las empresas mineras no son capaces de ocupar a toda la población activa de las zonas donde empiezan a operar, lo cual genera malestar en las comunidades.

Las operaciones de relocalización son conflictivas muy a menudo, en el sentido de que generan altas expectativas en la población, que acaba desilusionada en el proceso. Las empresas extranjeras encuentran también dificultades culturales imprevistas. Por ejemplo, el pueblo desplazado en el interior de la concesión de la empresa Tenke Fungurume Mining conoció una epidemia de divorcios debida en buena parte al aumento del nivel de vida experimentado tras la relocalización.

Relación con los artesanos mineros

En Katanga existen dos tipos de empresas mineras de cobre y cobalto: las mayores, que son propietarias de los yacimientos y que construyen plantas procesadoras que transforman el mineral en cobre y cobalto más o menos refinados; y las pequeñas, que no tienen yacimiento y sólo son propietarias de plantas procesadoras. Las primeras se relacionan con los artesanos mineros presentes en la concesión por medio de los procesos de relocalización, y además protegiendo sus concesiones de los intentos de pillaje de mineral por parte de ciertos grupos de artesanos. Las segundas financian la actividad de extracción de los artesanos mineros para luego comprarles el mineral de forma exclusiva y a un precio que descuenta el préstamo inicial. Dos son los principales problemas en este caso. El primero es la capacidad de negociación de los artesanos en relación con el precio de venta del mineral. Aquí existen a veces instituciones mediadoras (intermediarios/transportistas o sindicatos de mineros) que convierten en más compleja (y a menudo más injusta para los artesanos) la relación artesano-empresa. El segundo es la habilitación por parte del Estado de concesiones mineras exclusivas para los artesanos: aquí el Estado prefiere vender concesiones a las empresas antes que arrendarlas a los artesanos mineros, a pesar de que la legislación minera estipule la necesidad de mantener sitios exclusivos para los artesanos. En este sentido, el proceso de reforma del Código minero congoleño (iniciado en 2012) va a generar desafíos cruciales para el futuro del sector minero artesanal.

Gestión de las infraestructuras e inversiones sociales

En general, los diferentes niveles de la Administración Pública (central, provincial, local) no garantizan las infraestructuras suficientes para que las empresas mineras puedan operar de manera eficiente: las mineras deben apoyar a la compañía de electricidad pública (SNEL) o activar generadores de electricidad propios; encargarse del mantenimiento de carreteras de acceso a la mina; hacer llegar agua corriente a la concesión; etc. La percepción de los dirigentes de las empresas es que están pagando impuestos al Estado, y a cambio no reciben servicios públicos[9]. Por ello, se ven obligados a promover inversiones en bienes públicos y servicios básicos en el entorno de la mina. En la práctica de dichas inversiones, cada empresa las planea y ejecuta de manera que pueden resultar más o menos provechosas para la población local. Por ejemplo, en Ruashi (barrio de Lubumbashi, capital de Katanga), las dos principales empresas mineras no están coordinándose suficientemente con la Administración municipal para que el agua corriente, más allá de alcanzar a las empresas, llegue a toda la población. En esta cuestión se manifiesta el choque cultural entre, por un lado, la mentalidad paternalista de la población y de la administración local, y por el otro, la mentalidad empresarial liberal según la cual la responsabilidad de la empresa es pagar impuestos para que la Administración provea bienes y servicios públicos.

Problemas medioambientales

La industria minera realiza actividades que generan mucha polución. En concreto, las tecnologías de extracción y transformación del cobre y el cobalto incluyen procesos mecánicos, químicos, eléctricos o térmicos, que generan humos, residuos sólidos o líquidos contaminantes. Las mineras más responsables usan filtros de humos y depósitos o balsas estancas para eliminar o reducir el impacto medioambiental. Pero otras empresas son menos responsables y vierten al aire, al agua o al suelo estos diversos residuos. Por ejemplo, una minera de un barrio de Lubumbashi ha sido reiteradamente acusada por las ONG y por el Partido Ecologista Congoleño de verter productos químicos al suelo y al agua, y así estar contaminando los acuíferos y la producción agrícola de la zona. Sin embargo, ciertas denuncias acaban en saco roto debido a la falta de reacción de funcionarios públicos que reciben dinero por su inhibición.

Alianzas perversas

En la gestión de todos estos problemas hemos observado la génesis de alianzas temporales perversas entre actores. Por ejemplo, a veces miembros de la Administración se alían con ciertas ONG locales para culpabilizar a las empresas (sobre todo si son extranjeras) de males sociales de los que la Administración es directamente responsable, o de acciones perjudiciales que en realidad no han sido cometidas por empresas. Otras veces, la empresa se alía con funcionarios de la Administración para ocultar acciones empresariales siniestras o negar derechos básicos a la población local. En este sentido, el mal funcionamiento del estado de derecho (jueces y funcionarios) pervierte las dinámicas de relación entre las empresas, la administración y la sociedad civil, que no puede jugar su papel de contrapesos.

4. Conclusión

Tras el análisis de la compleja realidad política y económica que explica el funcionamiento de las minas del rey Leopoldo, llega el momento de sacar conclusiones. En ellas queremos comenzar volviendo la vista hacia las personas que nos han introducido en esta realidad: las mujeres maltratadas en la zona del lago Kivu y el joven Adon Kalenga, artesano minero en Katanga.

Con la vista fija en estas personas, la pregunta que nos planteamos a la hora de iniciar estas conclusiones es: ¿cuáles son los aspectos clave de la situación analizada y qué pueden hacer los diversos actores (empresas, militares, políticos y población sufriente) implicados en ella, a fin de que todos los congoleños, y especialmente los que más sufren, vivan de una forma más humana? O, dicho de un modo que acentúa una paradoja central de la RDC: ¿Cómo conseguir que un país tan rico en recursos —escándalo geológico— deje de ser de los más pobres del mundo por medio de una explotación eficiente y un reparto justo de los beneficios de la minería?

Acabamos de percibir la complejidad de los retos del sector minero congoleño: sea el sector industrial en una provincia relativamente estable (Katanga) o el sector artesanal en una región sometida a conflictos armados, inscrita en la encrucijada de la política, la economía y la sociedad («el Este» o la región del lago Kivu). En esta conclusión, intentaremos ilustrar cómo desde tres ámbitos (política, economía, sociedad) se podrían sostener una actividad extractiva que contribuya realmente al desarrollo del Estado congoleño y al bienestar de su población, en un horizonte de largo plazo que tenga en cuenta el inevitable final de la actividad minera.

4.1. Política

Desde un punto de vista político, las dificultades encontradas por el conjunto de la sociedad congoleña, más allá del sector minero, son numerosas y remiten todas a la falta de un funcionamiento correcto del estado congolés. El sector extractivo es presentado a veces como la base de la corrupción o de los conflictos en el Este del país. Pero también es cierto que su funcionamiento es consecuencia del fallo del estado de derecho. Efectivamente, si el aparato del estado (que, como hemos visto en el capítulo 2, está hipotecado por un presupuesto irrisorio y vive condicionado por un territorio vastísimo y una densidad de población muy baja) consiguiera asumir sus funciones, entonces la situación debería evolucionar positivamente también para el sector minero. Dichas funciones se concretan en la garantía de la seguridad para el conjunto del territorio mediante la reforma del ejército y la policía; la lucha contra la corrupción en todos los niveles del poder; la administración de una justicia imparcial y eficaz en la lucha contra el mal gobierno; y en la provisión de infraestructuras adecuadas al desarrollo económico. Hace falta, pues, fomentar una aproximación más global a los problemas identificados.

En efecto, enmarcar mejor la actividad extractiva y estabilizar el Este no serán suficientes para resolver el conjunto de dificultades que afronta el estado congoleño: hay que conseguir que un estado democrático de derecho[10] desarrolle el país de forma permanente y que se ponga la actividad extractiva al servicio de la población.

Desde este punto de vista, es necesario diversificar la economía congoleña que se basa hoy esencialmente en la riqueza del subsuelo: una riqueza naturalmente no renovable. Hay que promover que una parte creciente de estos minerales sea transformada en el país y también desarrollar otros sectores como el turismo, la agricultura o la industria alimentaria (cervecerías, azucareras). Se estima en menos de 100 años la esperanza de vida de los yacimientos congoleños actuales, y por ello urge ampliar la base económica del Congo. Ello supone una visión política a medio y largo plazo diferente del beneficio máximo inmediato. Hacen falta políticas activas e incentivos para que la población no lo apueste todo al sector minero: para que Adon Kalenga pueda volver a la escuela y labrarse un futuro más allá de la mina; para que los que deben ser sus maestros no abandonen las aulas y acompañen a Adon en la mina porque ganan un sueldo superior al del sector educativo; o para que haya agricultores que produzcan los alimentos que hoy Katanga importa porque la mina es más rentable que el huerto.

Es, por ello, esencial el apoyo de la comunidad internacional al estado congoleño, principalmente por la vía de la reforma del sector de seguridad; y la visión general de la Comunidad Internacional de la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) es muy importante, dado que permite abordar de forma coherente cuestiones económicas y militares que sobrepasan una perspectiva estrictamente congoleña.

4.2. Economía

4.2.1. En la región del lago Kivu

Desde un punto de vista económico, es necesario constatar que el mero boicot internacional a los minerales de sangre producidos en la región del Kivu es poco probable que conduzca a aumentar la seguridad y la estabilidad política: tal como hemos mostrado más arriba, los grupos armados de la zona no se debilitan con dicho boicot porque se financian con exacciones a todos los sectores productivos: no solo al sector minero artesanal. En cambio, parece más indicado modificar la contribución del sector minero al desarrollo del país por medio de la formalización de la actividad de los artesanos mineros.

Efectivamente, el actual proceso de revisión del Código minero de 2002 es una oportunidad para asentar y formalizar esta actividad económica en el paisaje congoleño. Hoy en día no existe prácticamente una clase media en esta región, pero el reconocimiento del papel socio-económico de los artesanos mineros puede restañar dicho déficit. El desarrollo de los artesanos mineros es posible si se les dota de un estatus legal, de un régimen jurídico de uso del suelo, de estructuras de organización, de material y de formación, de infraestructuras que acaben con el aislamiento y permitan el comercio. En paralelo, hay que promover la trazabilidad, la certificación y la diligencia debida. Existen normas nacionales (el Código Minero), regionales (CIRGL) e internacionales (Dodd-Frank y la ONU) en la materia: la dificultad es llevarlas a la práctica y sancionar su transgresión. Aquí las iniciativas regionales e internacionales adquieren sentido ante una economía globalizada, pero plantean la pregunta por la coherencia entre estos diferentes niveles de gobierno.

Restableciendo la confianza de los compradores de minerales congoleños y dotando a la administración local de medios que permitan la implementación de la diligencia debida, de la cualificación de los yacimientos mineros en función de las condiciones reales de extracción, de la verificación del origen de los productos y de la ausencia de conexiones con los conflictos, tiene que ser posible contribuir al desarrollo de una actividad que permita a la población vivir decentemente de su trabajo.

El apoyo de la comunidad internacional es crucial en este aspecto, dado que ella es capaz de influir en el comportamiento, no sólo de las empresas multinacionales que explotan los minerales congoleses, sino también de las que se aprovisionan de minerales de la RDC. En este sentido, la ley «Dodd-Frank» es un ejemplo reciente de la necesidad de abordar los retos mineros en el marco de una reflexión global a fin de evitar efectos perversos en la población y de prever medidas de acompañamiento de la implementación de este tipo de normativa. Parece pertinente asociar a la sociedad civil local a la reflexión sobre estos proyectos para captar mejor la complejidad de una realidad ciertamente muy compleja y a menudo difícilmente comprensible a los ojos de los extranjeros.

4.2.2. En la provincia de Katanga

En esta provincia, las cuestiones de seguridad son menos acuciantes. El problema se centra en las disfunciones que se producen por causa de la reciente llegada de las empresas y la falta de un diálogo inclusivo y abierto entre empresas, administración pública y sociedad civil/ONGs. Más que un diálogo inclusivo y abierto, se están desarrollando, tal como hemos señalado, alianzas perversas. Señalar a uno de estos tres sectores como el único culpable sería erróneo, por diversas razones: por la cantidad de empresas y la variedad de sus comportamientos éticos; por la diversa capacidad de comprensión y honestidad de las ONGs que operan en el sector de derechos humanos e industrias extractivas; y por las disfunciones de la joven democracia congoleña en su sistema de administración territorial descentralizado (gobierno central en Kinshasa, gobierno provincial en Lubumbashi, gobiernos locales a pie de mina). Así, cada uno de estos tres sectores sociales debe afrontar sus retos internos y al mismo tiempo promover espacios de diálogo con los otros dos a fin de ir encontrando soluciones a los problemas que van surgiendo.

En primer lugar, entre las empresas se debe promover la responsabilidad social, tanto a nivel individual como del sector minero en su conjunto. En concreto, las empresas pueden desarrollar infraestructuras al servicio de su propio negocio, pero que también sirvan al resto de la economía y la sociedad (carreteras, agua, electricidad, etc.). Además pueden promover actividades económicas vinculadas con la minería que añadan localmente valor a los productos de la minería antes de ser exportados (por ejemplo, fábricas de transformación del cobre en hilo eléctrico), u otras que sobrevivan una vez las reservas minerales se agoten. Y finalmente, pueden tomar conciencia de que su papel no es el de sustituir al Estado en el territorio (tal como habían hecho las grandes empresas coloniales y post-coloniales) sino apoyarlo (también pagando impuestos justos) para que dicho Estado pueda ejercer sus funciones propias y promover el bien común. En las relaciones entre empresas y Administración, las dificultades son más judiciales que legislativas: existe un Código minero más o menos aceptable, pero su aplicación deja mucho que desear por causa del funcionamiento de la justicia. Por eso, a título subsidiario, los Estados de origen de las empresas mineras extranjeras activas en la RDC se deben dotar de una legislación obligatoria y de competencias judiciales extra-territoriales para garantizar el respeto a los derechos de la población local ante las empresas. En esta dirección, un ejemplo claro a apoyar y perfeccionar es la ley americana Dodd-Frank sobre la transparencia del sector minero y de los minerales extraídos en contexto de conflicto. Dicha ley tiene el mérito de existir e inspirar a otros parlamentos; pero su defecto es que solo desarrolla medidas represivas, sin prever medidas de acompañamiento al sector, a los artesanos mineros o al Estado congoleño. La Unión Europea estudia una iniciativa similar. Pero hay que recordar que la mayoría de empresas actualmente presentes en la RDC provienen de países emergentes en que no existen tales leyes. Es necesario pues mantener el apoyo al estado de derecho en territorio congoleño y a las legislaciones nacionales, regionales e internacionales.

En segundo lugar, una reforma de la administración (a niveles central, provincial y local) y el reforzamiento de sus funciones de garante de la ley ayudaría a evitar y corregir los abusos que empresas irresponsables cometen en temas medioambientales, laborales y de promoción del desarrollo económico en el entorno de los yacimientos mineros (incluido un mejor trato con los artesanos mineros). Además, el buen uso de los impuestos por parte de la administración haría más aceptable a las empresas el pago de impuestos y eventualmente la renegociación de los contratos mineros en términos más favorables al Estado congoleño.

Y en tercer lugar, las ONG deberían coordinarse más a fin de constituir interlocutores inteligentes de la administración y de las empresas en la solución de problemas comunes. Además, hay que urgir la reforma de algunas ONG que se dedican a financiarse en base a empresas en vez de buscar soluciones. Dicha reforma elevaría la credibilidad de las ONG como interlocutoras de empresas y administración pública.

En conjunto, el camino de estas reformas en el interior de cada sector es compatible con el diálogo intersectorial centrado en problemas que afectan a empresas mineras singulares (p. ej. vertidos de productos tóxicos en ríos), a determinadas poblaciones donde opera más de una empresa (p. ej. coordinación entre empresas vecinas de las inversiones sociales en el territorio que comparten) o a la provincia entera de Katanga (p. ej. coordinación de empresas, ONG y administraciones en la implementación de planes de desarrollo provinciales en temas como las infraestructuras del transporte).

4.3. Sociedad

Finalmente, desde un punto de vista social, es interesante estudiar el papel que la sociedad civil ocupa hoy en el desarrollo económico y político de la RDC. Efectivamente, la sociedad civil tiene tradicionalmente una función fundamental de contra-poder, similar al de la prensa por ejemplo, cuando analiza y pone en cuestión las decisiones de agentes políticos. En el Congo, constituye el eslabón indispensable entre la élite dirigente y la población a fin de jugar efectivamente el juego de la democracia. Además, la sociedad civil refuerza y sostiene a las comunidades locales y a los artesanos mineros en su cohabitación con las empresas mineras industriales.

Después de haberse implicado en la revisión de los contratos mineros (2007-2009), la sociedad civil congoleña se ha movilizado para influir en la revisión del Código Minero de 2002 para que tome en cuenta las necesidades de formalización del sector de los artesanos mineros y defienda mejor sus derechos ante las multinacionales y los intereses de ciertos funcionarios y políticos. Es interesante notar aquí una diversidad de puntos de vista en función de las provincias. Así, por ejemplo, Kinshasa (la capital que se beneficia más de los impuestos pagados por empresas que de los pagados por los pobres artesanos mineros) tiende a favorecer al sector minero industrial; mientras que las provincias del Kivu (con mayoría del sector artesanal) promueven el reconocimiento de la minería artesanal en la economía congoleña[11]. En todo caso, la concertación a nivel de sociedad civil y ONG comienza a nivel provincial y va trasladándose a nivel nacional a fin de conseguir una posición común ante el gobierno central, competente en la reforma legislativa.

Ciertamente, la sociedad civil congoleña puede ser calificada de dinámica y eficaz a pesar de sus grandes disparidades. Sin embargo, es de destacar la importante presencia de la sociedad civil internacional (ONG globales), especialmente en las provincias del Kivu. Aquí no podemos evitar sospechar que dicha presencia esté sustituyendo o castrando a la sociedad civil congoleña. Ello refleja el hecho de que las actitudes neocolonialistas no sólo anidan en las empresas multinacionales o en los organismos gubernamentales internacionales, sino también en el sector de las ONG.

Por eso la sociedad civil internacional debe ser cuidadosa en el diálogo entre valores globales y valores locales. Las ONG internacionales deben establecer diálogos para determinar prioridades de acción a nivel congoleño y transferir tecnologías apropiadas que sirvan a la consecución de dichas prioridades.

4.4. ¿Y nosotros, ciudadanos de países ricos?

Los congoleños son evidentemente los actores principales en el proceso de cambio local; pero en el marco de una economía, una sociedad y una política en proceso de globalización, no son los únicos responsables. Por ejemplo, la mayoría de minerales extraídos de la RDC sirven en los países ricos para elaborar cables eléctricos, pilas, joyas de oro o teléfonos móviles, consolas y ordenadores. Por eso consideramos legítimo preguntar: ¿qué podemos hacer nosotros, ciudadanos de los países ricos?

La respuesta a esta pregunta pasa por investigar posibilidades de acción en tres direcciones: en tanto que participantes en los mercados, en tanto que miembros de la sociedad civil, y en tanto que miembros de la comunidad política.

Pero antes de desgranar acciones en estos tres campos, creemos necesario poner de manifiesto que para ayudar efectivamente a gente como las mujeres del Kivu o a Adon Kalenga, además de buena intención, hace falta estar bien informados. En efecto, la acción a distancia es mucho más compleja que la acción local: entre nosotros y ellos existen diversas conexiones que pueden acabar generando consecuencias contrarias a las pretendidas desde aquí. Por ejemplo, si creemos que podemos reducir el poder de los grupos armados que operan en el Kivu por medio del boicot a las empresas que compran minerales extraídos por artesanos mineros de la zona, nos equivocamos: estos boicots no estrangulan la capacidad financiera de dichos grupos, sino que les dan más poder. A quien estrangulan es a los artesanos mineros, que entonces se desesperan y pueden acabar engrosando las filas de cualquiera de estas guerrillas. Sin embargo, la complejidad y las acciones con efectos perversos no deberían paralizarnos, sino activar nuestra inteligencia y nuestra participación en organizaciones inteligentes que lleven a buen fin nuestras buenas intenciones. La ignorancia es peligrosa.

4.4.1. Participantes en mercados

A partir de los hechos y procesos que hemos expuesto en este cuaderno, creemos que un consumidor solidario y responsable no debería exigir a las empresas que compran minerales provenientes de la RDC que abandonen inmediatamente sus conexiones con «minerales de sangre». En cambio, debería presionar para que estas empresas se cercioren (mecanismos de diligencia debida) de que sobre el terreno están cambiando las condiciones del comercio de minerales: a fin de que los artesanos mineros y los comerciantes honestos puedan ir quedándose con una mayor proporción de su valor añadido. Aquí queremos subrayar que estos procesos son lentos y complejos: exigen una acción continuada por parte de las empresas y coordinada con otros actores (ONG, gobiernos, organismos internacionales). Por eso un consumidor solidario y responsable debe desconfiar de las empresas que ofrecen soluciones aparentemente momentáneas y definitivas («Ya no compramos minerales de tal zona») y en cambio, apoyar y monitorizar a empresas que han abierto procesos colaborativos para ir cambiando las cosas sobre el terreno («Estamos implicados en un diálogo a nivel local con los mineros, las ONG y las administraciones para implementar procesos de trazabilidad y transparencia»).

En un plano más general, el consumo responsable tiene la capacidad de cambiar las dinámicas empresariales irresponsables: cuando compramos, podemos ejercer el derecho a preguntar: «¿De dónde viene el coltán de este teléfono móvil o de este ordenador?». «¿El diamante de este anillo, tiene certificación de no estar financiando grupos armados?». Si preguntamos, llegará un día en que las empresas se verán obligadas a dar explicaciones y a tomar medidas: igual que ya existen las etiquetas de «comercio justo» (Fair Trade), llegarán las etiquetas «Conflict free» o «Producido a partir de reciclaje local». De hecho, ya hay empresas que ofrecen anillos de boda con certificación del origen de sus minerales preciosos.

Pero además de preguntar, podemos informar en nuestro entorno sobre empresas que siguen buenas prácticas: ello genera incentivos a estas empresas e impulsa a las no responsables a copiar a las primeras.

También solemos participar en otro mercado con poder de cambiar las cosas: el mercado del ahorro. Quizás tenemos nuestros ahorros en un plan de pensiones, en un fondo de inversión, o en un banco comercial. Todo este dinero lo ponemos en manos de gestores que luego invierten en empresas de diversos tipos. De nuevo, la ignorancia es peligrosa. Y de nuevo, podemos preguntar en qué tipo de empresas invierten los diversos gestores de nuestros ahorros. Si es pertinente, podemos cambiar de gestores, porque existen planes de pensiones y fondos de inversión socialmente responsables, así como instituciones de ahorro que se preocupan por respetar ciertos valores (no invertir en empresas de juego, de armamento, etc.) o promover ciertas causas (inversión en empresas sociales, en microcréditos, etc.).

4.4.2. Miembros de la sociedad civil

Las acciones que acabamos de proponer son complejas, y por ello no siempre es cómodo o eficaz realizarlas individualmente. Aquí entran en juego las organizaciones de la sociedad civil, a las que podemos apoyar y de las que podemos recibir información: organizaciones de consumidores y usuarios, ONG para el desarrollo, etc.

En este campo, la complejidad invita también a la cautela y a la inteligencia. Seguramente no es positivo fiarse de ONG que prometen soluciones instantáneas o maniqueas («Los malos son los gobiernos» o bien «Los malos son las empresas»), ya que los procesos de cambio en países en desarrollo como la RDC son lentos y exigen compromisos intersectoriales que no pueden progresar con actitudes maniqueas. En cambio, es positivo apoyar ONG que comprenden la complejidad de los procesos económicos, que eligen dialogar con actores sociales responsables, y que no caen en el neocolonialismo porque confían las agendas de negociación a líderes locales responsables. Por ejemplo, en nuestras visitas sobre el terreno, hemos conocido ONG internacionales que operan en Katanga y cuyos directivos son congoleses bien formados, con un conocimiento muy profundo de la realidad del país, y con un sincero deseo de mejorar la situación. A ONG de este tipo hay que dar apoyo desde los países ricos.

4.4.3. Miembros de la comunidad política

También tenemos poder como miembros de la comunidad política. Podemos votar o militar en un partido político de forma que se potencien iniciativas legislativas que promuevan la trazabilidad de materias primas, la certificación o la diligencia debida. En cuestiones que afectan a países en desarrollo como la RDC, debemos ser especialmente activos y estar particularmente bien informados, porque el desconocimiento ciudadano en estos temas se traduce automáticamente en falta de presión sobre los políticos y en manos libres para las empresas multinacionales, que no siempre son socialmente responsables.

En un plano más general, el campo de la cooperación internacional requiere igualmente información y formación. En efecto, si desconocemos las coordenadas de una auténtica cooperación internacional al desarrollo, también acabaremos dejando este tipo de políticas en manos de los políticos o de ciertas empresas que venden armas o productos inútiles a países en desarrollo a cargo del presupuesto de cooperación. En este sentido, nos parece especialmente importante señalar que gran parte de los problemas de los países pobres viene de unas relaciones internacionales injustas. Por ello, no debemos olvidar que un avance en la reducción de aranceles europeos a productos agrícolas de países emergentes ayuda más al desarrollo que muchos proyectos de cooperación técnica o que acciones (bienintencionadas) de ONG paternalistas.

Finalmente, queremos recordar que problemas como los que hemos expuesto en este cuaderno son dirimidos a nivel del Parlamento Europeo o de la Comisión Europea: la regulación de empresas europeas que operan en países en desarrollo, por ejemplo. Por eso la dimensión europea de nuestra militancia política se está convirtiendo cada día en más importante.

En resumen: con nuestras tres gorras de consumidores/inversores, de miembros de la sociedad civil y de miembros de la comunidad política, tenemos más poder individual y colectivo del que nos imaginamos. Ejerciéndolo con buenas intenciones y con inteligencia, apoyados en organizaciones fiables, iremos cambiando las cosas a la vez que cambiamos nuestra propia mentalidad. Porque en el interior de cada uno está la raíz de nuestras acciones, de nuestra decisión bienintencionada y eficaz para cambiar las vidas de gente como las mujeres del Este de la RDC o como Adon Kalenga, el joven artesano minero de Katanga.

Cuestiones para la reflexión

1. Introducción

Ante la situación de las mujeres en la guerra del este de la RDC, ¿qué acciones crees que deben emprender las ONG y los gobiernos de los países en desarrollo? ¿Qué podemos hacer como personas o grupos de la sociedad civil?

Ante la situación de niños como Adon Kalenga, ¿qué acciones crees que deben emprender las ONG y las autoridades locales, a fin de reforzar los incentivos para que los niños vayan a la escuela y reduzcan el tiempo dedicado a trabajos insanos y peligrosos? ¿Qué podemos hacer como personas o grupos de la sociedad civil?

Si una ONG de tu país proclama el boicot a una empresa que utiliza como uno de sus componentes un mineral extraído de una zona de conflicto, ¿cuáles crees que deben ser las acciones más adecuadas para conseguir mejorar la situación de la población de aquella zona?

2. La RDC

Si la historia política de la RDC nos dice que se trata de una democracia reciente, ¿debemos juzgar la calidad de dicha democracia con los mismos estándares con los que juzgamos a las democracias europeas? ¿Qué acciones concretas crees que deben emprender la sociedad civil, las ONG, los grupos religiosos (por ejemplo, las Iglesias cristianas) u otros, para mejorar la calidad de la democracia y el bienestar de la población?

3. La minería en la RDC

¿Cómo se puede mejorar la situación de los artesanos mineros y de sus familias en una zona de alto nivel de conflicto como la región del lago Kivu? ¿Y en una zona de bajo nivel de conflicto como el Katanga? Piensa en acciones concretas que sabes que funcionan para colectivos en situación parecida en otros países en desarrollo.

¿Qué problemas —consecuencias perversas— crees que puede tener la aplicación sobre el terreno en África de una ley como la Dodd-Frank, aprobada en los EEUU? ¿Con qué medidas de apoyo, y en qué ámbitos geográficos, se pueden evitar dichas consecuencias perversas?

¿Qué podemos exigir desde los países del norte a nuestros gobiernos y a nuestras empresas, a fin de que los contratos que firman en países pobres respeten un reparto justo de la riqueza? ¿Qué podemos exigir desde los países del norte a los gobiernos de los países en desarrollo para que los impuestos y otros ingresos públicos reviertan en el bienestar de las poblaciones locales?

4. Conclusión

Busca razones a favor y razones en contra de las diversas acciones que proponen los autores del cuaderno a los ciudadanos de los países ricos (apartado 4.4).

JOSEP F. MÀRIA SERRANO es jesuita, doctor en Economía, licenciado en Teología, y profesor de Responsabilidad Social Corporativa y de Análisis Social en ESADE. Estudia la contribución de empresas y ONG en el desarrollo, especialmente en América Central y África Subsahariana. Colabora puntualmente en el diario La Vanguardia.

EMMANUELLE DEVUYST es Máster en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario. Actualmente es responsable de incidencia política dentro del Jesuit European Social Center (JESC), en Bruselas donde dirige un proyecto sobre la responsabilidad social de las empresas mineras en África.

Notas

[1] El escrito La guerre vécue par les femmes circuló por internet en forma de correo electrónico en junio de 2006. <<

[2] China Lets Child Workers Die Digging in Congo Mines for Copper (consultado el 5 de junio de 2012). <<

[3] El presente apartado tiene como principal fuente de inspiración: J. F. Mària, «De la guerra a la democracia. La República Democrática del Congo», Revista de Fomento Social, 238 (2005), vol. 60, Córdoba, pp. 283-312. <<

[4] La densidad de población en RDC en 2011 era de 29,3 hab/km2: una cifra muy baja, que impide al ejército y la administración pública controlar efectivamente todo el territorio y velar por su desarrollo. La alta densidad de sus vecinos del este (Ruanda, cerca de 200hab/km²; Burundi, cerca de 150 y Uganda, cerca de 60) convierte el territorio del nordeste de la RDC, rico en minerales, en una zona muy codiciada. Su bajo desarrollo urbano, económico y educativo son factores adicionales que dificultan la paz y el desarrollo. <<

[5] Para una descripción detallada de los hechos y alianzas vinculadas con este período, ver J. Casòliba y J. Carrero, África de los Grandes Lagos. Diez años de sufrimiento, destrucción y muerte, Barcelona, Cristianisme i Justícia, Cuaderno 95 (2000). <<

[6] Este mineral, usado sobre todo en ordenadores y teléfonos móviles, se vendía en aquel momento a 350$/kg. Dado el bajo coste de producción artesanal del coltán congoleño y su alta concentración en tántalo, es un mineral muy demandado por el mercado. <<

[7] Entre los contratos firmados antes de 2002 una parte significativa fue firmada durante el conflicto de 1996-97, y con Laurent Kabila en tanto que futuro presidente. Kabila padre tenía necesidad de fondos para financiar a sus tropas y derrotar a Mobutu. Por ello, las condiciones establecidas en estos contratos eran escandalosamente desfavorables para el Estado congoleño. <<

[8] La referencia a los accionistas conecta a la empresa con problemas globales, aparentemente lejanos a la RDC pero que acaban influyendo en el funcionamiento de las empresas en territorio congoleño: problemas como las diversas modalidades de captación de fondos para invertir en proyectos mineros, o las fusiones y adquisiciones de las diversas empresas matrices de las que operan en territorio congolés. <<

[9] Las empresas mineras en Katanga se quejan de la falta de fondos para las inversiones de la administración provincial y de las administraciones locales: en efecto, los impuestos pagados por ellas al gobierno central de Kinshasa deberían ser distribuidos entre los tres niveles administrativos según la siguiente proporción: Administración Central 60%; Administración Provincial de Katanga 25%; Administración municipal 15%. Y sin embargo, el gobierno central se queda con el 100% de los impuestos. Es lo que en la RDC se llama «el problema de la retrocesión». <<

[10] No podemos perder de vista el hecho de que la consolidación de un estado de derecho es un proceso de largo plazo, y que la independencia de la RDC es relativamente reciente. Además, dicha independencia fue mal preparada durante los últimos años de la colonia. Hoy la democracia congoleña es imperfecta, pero muchos están trabajando para mejorarla. <<

[11] Las tensiones entre minería industrial y minería artesanal reflejan los problemas típicos en procesos de industrialización o re-conversión industrial: procesos caracterizados por la incorporación de tecnologías productivas en un sector económico que expulsan del sector a una parte de los trabajadores pero que al mismo tiempo aumentan la productividad de las empresas. En el caso de la RDC, diversos autores defienden la compatibilidad, e incluso complementariedad, de la minería artesanal formalizada (tal como la hemos descrito al referirnos a la región del Kivu) y la minería industrial representada por las grandes empresas (mayoría de ellas multinacionales). <<