Custodio Velasco Mesa

Las independencias de África

De las primeras resistencias anticoloniales
a la formación de los nuevos estados

Diseño de cubierta: Pablo Nanclares

© Custodio Velasco Mesa, 2019

© Los libros de la Catarata, 2019

Fuencarral, 70

28004 Madrid

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Las independencias de África.

De las primeras resistencias anticoloniales
a la formación de los nuevos estados

ISBNE: 978-84-9097-675-3

ISBN: 978-84-9097-708-8

DEPÓSITO LEGAL: M-18.408-2019

INTRODUCCIÓN

“De igual a igual”. Simples, directas, inapelables, a esas palabras, a esa concisa fórmula, reducía Patrice Lumumba, primer ministro de la República del Congo, la relación que quería emprender con Bélgica a partir de ese momento. Ese momento era el 30 de junio de 1960, día en el que se declaraba formalmente la independencia de la —hasta entonces— colonia. El lugar donde se escucharon no podía ser más solemne ni más mediático: la cita textual, de hecho, es un fragmento del célebre discurso que pronunció en el acto de transmisión de poderes celebrado en Léopoldville (actual Kinshasa) en una sala abarrotada de público, en presencia del rey Balduino, de representantes del Ejército y de la Iglesia belga, de invitados internacionales y ante un amplio despliegue de medios de comunicación.

En la crónica de ese episodio hay un detalle que es importante no pasar por alto: ni ese fragmento ni el conjunto de su discurso, ni siquiera su intervención entre los oradores, respondían al protocolo acordado para la ocasión. Las imágenes que captó la prensa muestran a Lumumba, en los instantes previos a su irrupción a la tribuna, sentado entre los asistentes, haciendo aún anotaciones en unos papeles que apoya sobre sus rodillas. Hablaba entonces Joseph Kasavubu (presidente de la República del Congo), encargado de cerrar el acto, mientras que el monarca lo había inaugurado reivindicando el papel de la colonización belga —de la “misión civilizadora” belga— en la independencia que allí se declaraba, señalando que esta “constituye la culminación de la obra concebida por el genio del rey Leopoldo II, emprendida por él con coraje tenaz y continuada con perseverancia por Bélgica”.

Patrice Lumumba pronunciando su célebre discurso el 30 de junio de 1960, día de la declaración oficial de la independencia de la República del Congo, tras las intervenciones del rey Balduino de Bélgica y Joseph Kasavubu. Los dos últimos aparecen sentados a la derecha de la imagen.

En contraste con las dos intervenciones previas, en particular con el discurso de Balduino I, Lumumba recordó, en un francés pausado y sin titubeos, la historia de la “humillante esclavitud impuesta por la fuerza”, exaltó la “lucha por la libertad” como el factor que había conducido a la independencia, solicitó a los congoleños “olvidar las disputas tribales que nos agotan” y alentó a emprender una independencia plena, política y también económica. Algo más de seis meses después de pronunciar esas palabras, Lumumba, tras ser apresado y torturado, fue asesinado el 17 de enero de 1961. Había sido capturado por tropas leales a Joseph Mobutu y posteriormente entregado a Moïse Tsombé quien, con apoyo de EE UU, así como de colonos y militares belgas, pretendía la secesión de la República del Congo de la región de Katanga, rica en minerales. Una comisión de encuesta creada en 2001 para investigar el “caso Lumumba” puso de relieve las responsabilidades del Gobierno belga y de la CIA en aquel luctuoso suceso no totalmente esclarecido (Chambre, 2001; Van Lierde, 1998; Raxhon, 2002; Braeckman, 2002; De Vos, 2005), lo que llevó al ministro de Asuntos Exteriores belga, Louis Michel, a presentar oficialmente disculpas a los congoleños en 2002.

Más allá de las peculiaridades del caso de la República del Congo, lo narrado es, en sus aspectos medulares, representativo de la evolución que estaba experimentando África en esos años. De entrada, esa proclamación de independencia no constituyó un hecho aislado. Tras el pionero caso de Ghana en 1957 y de Guinea-Conakry en 1958, fueron 18 los territorios que en ese mismo año, 1960, se independizaron de sus antiguas metrópolis en África Subsahariana (sin contar con los que seguirán la misma vía en años sucesivos), integrando un más amplio movimiento intercontinental iniciado tras la Segunda Guerra Mundial en Asia y extendido al norte de África. Por añadidura, el discurso de Lumumba contiene un rasgo igualmente compartido por esos movimientos desencadenados en África Subsahariana: el énfasis en la “igualdad” y en la “libertad”, términos controvertidos y abiertos a múltiples especulaciones desde que la Revolución francesa de 1789 los convirtiera en emblemas revolucionarios. El rasgo en cuestión no es, en absoluto, baladí. Al igual que ya hicieran los movimientos obreros europeos desde mediados del siglo XIX frente al régimen político y económico liberal (para algunos con más énfasis entonces en la “igualdad” que en la “libertad”), los anticolonialistas africanos hicieron suyos ambos términos, al incorporarlos como instrumentos de disidencia contra la dominación de las metrópolis, y al conectar y legitimar su causa con un movimiento de mayor amplitud histórica que englobaba la reclamación de derechos humanos universales. Fue, así pues, en nombre de la igualdad y de la libertad como se articularon políticamente las reacciones anticolonialistas. Otra cosa fue en qué se convirtieron esos movimientos cuando se alcanzaron las independencias y entró en juego el poder, su redistribución, su gestión, sumidos además los nuevos gobiernos en el abigarrado escenario poscolonial de intereses y rivalidades internacionales, así como de problemas para la consolidación de estados y para la construcción de sentimientos nacionales dentro del complejo caleidoscopio de tribus, etnias, religiones y lenguas que componían los territorios. En todo ello, como se abordará en estas páginas, el desenlace del caso de la República del Congo tampoco fue una excepción.

El objetivo central de este libro es el de exponer y analizar los complejos y heterogéneos procesos que desembocaron en las declaraciones de independencia en África Subsahariana; procesos que, unidos a los desarrollados en Asia y el norte de África, constituyen uno de los fenómenos capitales de la historia del siglo XX, junto a las dos guerras mundiales, la bipolaridad Este-Oeste o la caída del Muro de Berlín. La acotación al África Subsahariana se justifica por sus particularidades históricas en relación con el norte de África, pero también por la trascendencia de sus procesos de independencia en la renovación de los conflictos regionales y geopolíticos mundiales. No en vano, sus secuelas se hacen sentir en la actualidad bajo la forma de permanentes tensiones sociopolíticas y de un creciente fenómeno migratorio, decididamente uno de los problemas de mayor envergadura y de más compleja solución a los que se enfrenta la Europa del siglo XXI.

Con ello presente, el libro no solo trata de ofrecer una lectura amplia y documentada de esos acontecimientos, sino también de articular una interpretación que contribuya tanto a comprender la diversidad de modalidades con las que se desarrolló el fenómeno como a esclarecer sus rasgos medulares de unidad, su lógica de conjunto y sus conexiones con la problemática actual, aspectos que identifican los movimientos de liberación en África Subsahariana y que justifican su análisis específico con relación a los desplegados en el norte de África. De inmediato, debe precisarse que este trabajo es deudor de valiosas aportaciones realizadas por estudios especializados de historiadores a quienes reconozco desde este momento el valor de sus reflexiones y hallazgos. Esas contribuciones han sido la base fundamental que me ha permitido formular una interpretación propia de esos acontecimientos que aporte coherencia, enfoques útiles y relaciones no advertidas en torno al fenómeno.

Conforme a los objetivos expuestos, el libro —su propuesta interpretativa— se estructura en torno a dos grandes ejes. En primer lugar, analiza las independencias con una perspectiva de “larga duración”. Y ello a partir de una premisa: la frontera que marca el inicio de estos procesos es volátil, difusa, lábil, tanto que tales procesos no nacieron exactamente tras la Segunda Guerra Mundial, por mucho que los efectos de esa contienda fueran capitales al respecto. Antes bien, los cambios que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo XX en el orden colonial fueron decisivos para la articulación de los movimientos de liberación y para la reorientación de las políticas de las metrópolis hacia la descolonización. En segundo lugar, aborda las independencias con atención a la evolución de sus dos principales protagonistas: los colonizados y los colonizadores, no siempre tratados equitativamente por la literatura acerca del fenómeno. Ello remite, asimismo, a una premisa: las independencias fueron tanto conquistas de las sociedades africanas como el resultado de reconsideraciones de las metrópolis acerca del mantenimiento de sus dominios coloniales. Reconsideraciones que fueron debidas prioritariamente a la presión ejercida por los movimientos de liberación pero que, en un contexto internacional cada vez más globalizado, respondieron a factores concurrentes añadidos.

Resultado de todo ello es —como el lector podrá advertir de inmediato— la distribución de las partes del libro. La primera aborda, con una perspectiva de conjunto, transformaciones del orden colonial durante la primera mitad del siglo XX, tanto las que afectaron a las sociedades africanas como las concernientes a las metrópolis europeas. Así, de un lado se analiza la evolución de las reacciones anticoloniales de las sociedades africanas desde sus orígenes, desde las primeras resistencias al respecto, antes de abordar los efectos de las dos guerras mundiales en la configuración de ideas y métodos de acción colectiva que desembocaron —no siempre de manera automática o lineal— en la independencia. De otro lado, se explora asimismo la evolución de las reacciones de las metrópolis, particularmente desde el impacto de la Primera Guerra Mundial hasta las consecuencias del nuevo orden internacional marcadamente anticolonial que se configura tras la Segunda Guerra Mundial. De ahí que se hayan distinguido dos evoluciones paralelas, diferentes y complementarias: el gradual proceso de empoderamiento político de los colonizados y el también gradual proceso de debilitamiento de las potencias colonizadoras en la jerarquía del poder internacional. Por último, la segunda parte trata las evoluciones particulares que siguieron las colonias hasta alcanzar la independencia; aquí se han abordado caso a caso y según su adscripción territorial a las distintas metrópolis, por ser ello un condicionante fundamental en los recorridos específicos emprendidos. En su conjunto, esta distribución permite dar cuenta de la “marea de fondo” que late bajo las distintas independencias, pero también de la multiplicidad de vías que se adoptaron en África Subsahariana para alcanzar la igualdad y la libertad.

Quiero expresar mi agradecimiento a Carmen Pérez Sangiao, no ya por el rigor con el que ha realizado la revisión final del texto, sino también por su atención y su paciencia. Agradezco asimismo a Magdalena Illán Martín por vivir conmigo la escritura de este libro.

Primera parte

MUTACIONES DEL ORDEN COLONIAL
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

INTRODUCCIÓN

La evolución del mundo colonial durante las primeras décadas del siglo XX puso de relieve una realidad azorante y, salvo excepciones, no advertida de inmediato por los coetáneos: mientras los africanos tomaban cada vez más conciencia de la injusticia inherente a la marginación y a las relaciones asimétricas establecidas entre metrópolis y colonias desde la Conferencia de Berlín de 1885 (Ceamanos, 2016), Europa emprendía, tras la Primera Guerra Mundial, un paulatino desplazamiento como centro del poder internacional.

Tales desarrollos habrían, decididamente, de impregnar la acción de ambos actores en los procesos de independencia. La emergencia en entreguerras de organizaciones anticoloniales inspiradas y apoyadas por plataformas de diversa orientación ideológica (desde las ubicadas en la órbita de la Revolución rusa de 1917, a las que, como la Liga de los Derechos del Hombre, se remitían a los principios de igualdad, libertad y justicia y defendían la autodeterminación de los pueblos también proclamada por el presidente de los EE UU, W. Wilson, en 1918), hizo que saltaran las primeras alarmas en las metrópolis, pese a que ello no alteró el discurso triunfalista de los gobiernos europeos, entre otras razones porque tampoco fracturó el statu quo colonial. Distinto fue el escenario que se abriría tras 1945, cuando el acrecentamiento del anticolonialismo dentro y fuera de África y la simultánea pérdida de poder internacional de Europa frente al nuevo orden mundial bipolar hicieron imposible seguir manteniendo por mucho tiempo los paradigmas clásicos de la dominación.

A continuación, en los dos siguientes Capítulos, se analizarán los dos grandes procesos que intervinieron en la ruptura formal de las relaciones de dependencia colonial. Primero: el del gradual empoderamiento político de las sociedades africanas, desde las elementales reacciones de resistencia anticolonial hasta la más compleja articulación de la protesta mediante la organización de sindicatos y partidos políticos. Segundo: el del progresivo debilitamiento de las metrópolis europeas como centros del poder internacional y sus efectos en el orden colonial.

Capítulo 1

HACIA EL EMPODERAMIENTO POLÍTICO
DE LAS SOCIEDADES AFRICANAS

De las primeras resistencias anticoloniales
a la expansión del panafricanismo

El inicio de los procesos de independencia suele adscribirse a los años que siguen a la Segunda Guerra Mundial. No faltan razones para sostener esa idea; no en vano, se trata de un periodo de particular efervescencia social y política en África Subsahariana. Sin embargo, en rigor, el origen de tales movimientos es susceptible de ubicarse más atrás en el tiempo, en realidad en el mismo instante en que la población autóctona empezó a reaccionar contra las agresiones sistemáticas del colonialismo, conforme a una toma de conciencia tanto de los agravios que padecían como de la justificación para actuar contra esas agresiones.

En esa elemental y doble toma de conciencia intervinieron dos ingredientes complementarios y, por otra parte, sintomáticos de la controvertida ambivalencia del impacto colonial en África. Por un lado, las experiencias de sometimiento y de deterioro de las condiciones de vida y de trabajo inherentes a la envergadura y a las nuevas formas que adoptó el colonialismo desde fines del siglo XIX, cuando las potencias europeas desplegaron, a gran escala, las relaciones asimétricas entre europeos y africanos, esto es, cuando emprendieron una sistemática explotación de los recursos materiales y humanos del continente. Por otro lado, intervino asimismo la paulatina asunción, por parte la población autóctona, de instrumentos teóricos difundidos originariamente en Europa para articular la protesta: los conceptos de igualdad, libertad, justicia, democracia o autodeterminación. A ese respecto, la modernización de las estructuras tradicionales tuvo también esa faceta, la vinculada al desarrollo de redes de educación y de difusión de conocimientos que, aunque solo eran accesibles a una minoría, permitieron la gradual adaptación de ideas, técnicas y plataformas de organización contra la dominación europea.

El colonialismo trajo consigo el anticolonialismo, es decir, la promoción de los dos ingredientes esenciales que laten tras el desarrollo de las independencias: el malestar ante la dominación imperial y las herramientas teóricas y metodológicas para articular la protesta. Esa obviedad explica la pertinencia de iniciar la crónica de los procesos conducentes a la escisión política con las primeras resistencias africanas a los desequilibrios que dominaron todas las esferas de la vida autóctona. Desequilibrios que, en lo elemental, se advertían en la “natural” superioridad con la que los europeos se situaban ante los africanos no solo en las relaciones cotidianas, oscilando entre el paternalismo y el más abierto racismo, infravalorándolos como “pueblos atrasados” por mantener métodos de trabajo ancestrales, considerándolos pueblos integrados por “razas inferiores” carentes de civilización mecánica, de escritura y hasta de historia (Grimal, 1989). Estos desequilibrios se manifestaban, asimismo, en las desigualdades jurídico-sociales del indigenado: una legislación que, aplicada exclusivamente a los “indígenas”, llegará a perdurar en el imperio colonial francés hasta su derogación por la Constitución de 1946 y, en el caso portugués, hasta 1961. Desequilibrios, en fin, que se materializaban también en la normalización de los trabajos coactivos, ampliamente practicados al objeto de maximizar los beneficios de la explotación, a gran escala, de los recursos materiales del continente. Sus modalidades fueron múltiples: requisas de mano de obra con la connivencia en ocasiones de jefes locales; prestaciones laborales en obras públicas, como la construcción de la línea férrea de Conakry a Níger finalizada en 1914 o la construcción de carreteras en Senegal entre 1920 y 1940 (Fall, 1993); reclutamiento militar; mano de obra penitenciaria, y obligación de cultivos industriales o “gubernamentales” a agricultores. La movilización de mano de obra alcanzará en Savalou y Savé (Benín) en 1906 a 14.181 obreros de una población total de 39.822 (Manning, 1982), al tiempo que en el Congo belga se obligó a unas 200.000 familias a trabajar en 1938 en “campos del Estado” que cubrían más de un millón de hectáreas (Coquery-Vidrovitch, 2005). La simple enumeración de los casos conocidos resulta abrumadora.

Además de convertir a la población autóctona en mano de obra al servicio de los europeos, estas asimetrías tuvieron como corolario la desestructuración de las sociedades tradicionales. Por una parte, la imposición de una agricultura monoproductiva orientada a la exportación (en la que los europeos se reservaron las mejores tierras) provocó el deterioro de las bases económicas autóctonas. Por otra, la distribución territorial forzosa y artificial que conllevó el proceso de colonización, esto es, la reorganización político-administrativa de los territorios y tribus al margen de las disposiciones precoloniales, generó traumas entre la población por la agrupación de etnias heterogéneas y la división de otras homogéneas (Sodupe y Moure, 2009; Pérez González, 2001). Finalmente, la imposición de formas de gobierno ajenas a las prácticas tradicionales acabó debilitando la autoridad de los jefes tribales, abocados en muchos casos a ocupar empleos subsidiarios dentro de la jerarquía de la Administración colonial.

En su conjunto, esos desarrollos habrían de generar entre los nativos frustración y tentativas de reapropiación tanto del poder político como del control sobre los recursos de subsistencia. Fue en los círculos de jefes tribales, apoyados en ocasiones por grupos de desposeídos o marginados por la Administración europea, donde se advirtieron las primeras manifestaciones de rechazo al colonialismo ante la evidencia de que la presencia europea constituía una amenaza para sus intereses. Pero esas resistencias no fueron las únicas que se manifestaron en las primeras décadas de dominio imperial. A esas reacciones se unieron las de los sectores más humildes de la población, los más expuestos a las distintas agresiones que trajo consigo el colonialismo: el deterioro de sus condiciones de vida, agravadas por el indigenado y los trabajos forzados, así como los traumas derivados de la división tribal o étnica.

Las primeras reacciones ante las agresiones generadas por la colonización adoptaron diferentes modalidades sobre las que E. M’Bokolo establece una distinción cronológica: las resistencias a la conquista entre 1880 y 1900 y, a partir de 1900, las resistencias a los abusos coloniales (trabajos coactivos, impuestos, cultivos obligatorios, imposición de creencias extranjeras) y al propio sistema colonial (M’Bokolo, 2004). Es lo que S. Le Callennec denomina “resistencias ininterrumpidas” que cesan en un lugar para retomarse en otro, colocando al colonizador en una permanente inseguridad. Activa o pasiva, local o extendida, rural o urbana, con formas ancestrales o modernas, de carácter económico, social, político e incluso religioso, la resistencia se llevó a cabo tanto por elites tradicionales como por poblaciones o elites modernas (Le Callennec, 2004). Muy importante al inicio de la era colonial, cuando los instrumentos de control administrativo para hacer efectiva la ocupación eran menos eficaces, la resistencia elemental, la pasiva, se llevó a cabo mediante el rechazo a toda “ley de los blancos”, a censarse, a pagar impuestos o a ser movilizados para realizar “trabajos forzados”. Es en ese marco donde se ubica la deserción o huida de poblaciones campesinas hacia la selva o a territorios alejados del control europeo. Se trató de una opción en absoluto anecdótica si se tiene en cuenta que, en ocasiones, ello implicó la dispersión de un gran volumen de población, como ocurrió con los mossi, en la región central de Burkina Fasso (Loada, 2006).

En otra escala se halla la resistencia activa, violenta, la representada por sabotajes, boicots de cultivos e incluso sublevaciones abiertas de jefes tribales que percibían como una pérdida de soberanía y de poder la cesión de territorios a los colonizadores y los tratados de amistad con estos, establecidos en ocasiones para fortalecerse ante rivalidades tribales (Gentili, 2012). Una de las más célebres rebeliones al respecto fue la Maji-Maji, desarrollada entre 1905 y 1907 en el sur y este de la actual Tanzania en protesta por la imposición —de las autoridades alemanas— del cultivo de algodón a los campesinos. La revuelta llevó a la unión de jefes tribales a escala regional y adquirió un sesgo religioso —ligado a líderes proféticos— saldado con la muerte de al menos 75.000 africanos (Illife, 1967). En todo caso, las muestras de resistencia activa fueron generalmente “epidérmicas”, dispersas, explosiones de cólera carentes de recursos logísticos, de armas y de organización en unas fragmentadas y aisladas poblaciones africanas, razón por la que fueron sofocadas con relativa facilidad (M’Bokolo, 2005). Fue esta la tónica, máxime a medida que las metrópolis reforzaban sus instrumentos de control administrativo y militar en las primeras décadas del siglo XX, lo que no significó que tal repertorio de acciones colectivas (las resistencias pasivas y las activas envueltas en ocasiones con rasgos religiosos y mesiánicos) desapareciera totalmente tras la Primera Guerra Mundial. No desapareció, aunque sí se diversificó y combinó con otras fórmulas de acción cuando, en entreguerras, se procedió tanto a la progresiva aproximación de las elites ilustradas a los colectivos populares como a la articulación política del panafricanismo.

En esencia, en el conjunto de mutaciones que experimentó la protesta anticolonial durante los años de entreguerras intervinieron dos grandes factores. En primer lugar está la guerra, cuyo brutal impacto modificó la perspectiva de todos ante el colonialismo: la de los colonizadores y, sobre todo, la de los colonizados. Estos últimos, lejos de quedar al margen del conflicto, contribuyeron doblemente en la defensa de sus respectivas metrópolis. Por un lado, en la vanguardia del frente, a través de los reclutamientos masivos de soldados procedentes de las colonias y que aplicaron todas las potencias contendientes, por la elevada valoración que desde Europa se tenía de la capacidad de los africanos para la lucha cuerpo a cuerpo (D’Almeida-Topor, 2013). Los casos de las principales metrópolis dan una idea del grado que alcanzó la movilización. Reino Unido incorporó a cerca de 1.500.000 soldados (cifra que incluye a africanos e hindúes), mientras que Francia movilizó a aproximadamente 200.000. Estos últimos fueron los denominados tirailleurs sénégalais (60.000 voluntarios y 140.000 forzados; captados, todos ellos, principalmente del AOF) de los que 130.000 lucharon en Europa y el resto en el continente africano (Santamaría, 2018; Guerrero, 2015; Droz, 2006; Michel, 2003). Pero no toda la aportación se redujo a labores en el frente de guerra, bien con armas, bien como porteadores de agua, munición, leña o tierra para fortificaciones. Más allá de que algunos territorios coloniales se vieran directamente involucrados en la contienda (las colonias de Togo y Camerún fueron objeto de ofensivas entre 1914 y 1916), la contribución africana lo fue también en la retaguardia, respondiendo a las necesidades bélicas de las metrópolis, tanto mediante el reforzamiento de trabajos coactivos como a través de incrementos en el pago de impuestos o en el aprovisionamiento de productos agrícolas y minerales.

La consecuencia inmediata que para los africanos tuvo esa doble participación en el conflicto es fácilmente identificable. En la vanguardia, a los horrores de la guerra se sumó el contacto con Europa y con los conceptos de igualdad social, libertad y justicia no promulgados en sus territorios de origen y que alumbraron un —para muchos— nuevo horizonte de expectativas. En la retaguardia, al agravamiento de sus condiciones de vida y de trabajo por el aumento de las exigencias de las metrópolis se unió la incomprensión de su intervención en una contienda que no entendían como suya. El periodo bélico no estuvo, en consecuencia, exento de resistencias que las metrópolis trataron de contener, entre otras vías, mediante promesas de reformas coloniales. Promesas cuyo incumplimiento se puso de manifiesto desde el primer momento, desde que se conocieron las resoluciones de la Conferencia de Versalles de 1919, particularmente cuando en ese encuentro se abordó el futuro de los territorios dominados por el derrotado imperio alemán y se decidió una fórmula que, en la práctica, supuso el mantenimiento del statu quo colonial. De hecho, las potencias europeas acabaron adhiriéndose a la propuesta del general bóer Jan Smuts: confiar las colonias que fueron alemanas a parte de los estados coloniales europeos bajo la modalidad de mandato de la Sociedad de Naciones; ello planteado como un “deber de la colonización” que habría de conducir a la independencia de esos territorios.

La ambigua determinación acordada (mezcla de “deber de colonización” con el propósito de preparación para la independencia en un futuro indefinido) fue sintomática de lo que ocurriría en los años sucesivos: la aplicación de una política colonial más inmovilista que reformista. Junto al impacto de la guerra, en ello reside, precisamente, el segundo gran factor que alteró la protesta anticolonial. En realidad, fue en entreguerras cuando el control europeo de África alcanzó su máxima extensión territorial con la invasión de Etiopía por la Italia de Mussolini en 1935. Más aún, tras la Primera Guerra Mundial, las metrópolis no solo reactivaron —como se verá más adelante— la retórica de la “sagrada misión civilizadora” de Occidente sobre África, sino también la explotación colonial. Lógicamente, la persistencia del sistema y del statu quo colonial no dejaría de tener repercusiones tanto en los colectivos populares como en las nuevas elites políticas africanas que, conforme a ello, no solo incrementaron su protesta, sino que emprendieron su organización, particularmente en la década de 1930.

En lo inmediato, el mantenimiento del sistema de dominación se tradujo —más allá de la pervivencia del indigenado y de los trabajos forzados— en el aumento de los monocultivos especulativos que favorecieron la recuperación económica de Europa, pero que agravaron las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones africanas y, consiguientemente, incrementaron su malestar anticolonial. A excepción de los casos de los grandes propietarios integrados en las redes de intercambio capitalista, el avance durante la década de 1920 de los cultivos especulativos en detrimento de los de primera necesidad, unido a la desposesión de las tierras y al alza de los precios de los arrendamientos, acentuaron el empobrecimiento de los campesinos autóctonos, es decir, de la mayoría de la población; un hecho agravado por el endurecimiento del control administrativo sobre los impuestos (Droz, 2006). Ese deterioro se hizo particularmente visible cuando, a principios de la década de 1930, se incorporaron y confluyeron dos factores determinantes. Primero: el impulso demográfico descontrolado tras la introducción de mejoras sanitarias (incluyendo la medicina preventiva, la higiene pública o el establecimiento de redes urbanas de alcantarillado y de suministro de agua potable que redujeron considerablemente las enfermedades, en particular las que afectaban a la población infantil), lo cual, más allá de dar paso a nuevas generaciones proclives al cambio, incrementó en lo inmediato las tensiones sociales (Ilife, 2013). Y segundo: el impacto de la Gran Depresión de 1929, dramático en los territorios de industrialización incipiente y cuya economía se basaba en monocultivos para la exportación. En ese marco de cultivos especulativos, la contracción económica provocó no solo crisis de subsistencias, sino también un aumento de la dependencia respecto a unos mercados mundiales en donde los precios de las materias primas se hundieron más que los de los productos manufacturados (Hobsbawm, 1999). Por añadidura, la reacción de las metrópolis ante la crisis (la política de nacionalismo económico y de proteccionismo de los mercados coloniales) dificultó la recuperación económica de las colonias y, en consecuencia, agravó las condiciones de vida de la población autóctona. Esta, además, asistía a la reducción progresiva de los presupuestos procedentes de Europa —como revela el caso del AOF que pasó de 1.000 millones francos en 1930 a 683 millones en 1933 (Miège, 1980).

Al inicio de la década de 1930, en un escenario definido por la disminución drástica de las exportaciones, la quiebra de las empresas por falta de financiación y el hundimiento persistente y acusado de precios y de salarios reales (Droz, 2006), la desocupación y el hacinamiento de poblaciones famélicas en los arrabales urbanos fueron habituales. Algunos ejemplos son elocuentes. En 1931 la demanda de empleo en Kenia fue por primera vez mayor a la oferta, mientras que en Rodesia del Norte fueron en torno a 20.000 los afectados por el cierre de las minas en 1931, al tiempo que en el Congo Belga se calcula que fueron más de 100.000 los obreros que retornaron a áreas rurales en esos años tras ser despedidos, en su mayoría, por las sociedades mineras (Miège, 1980).

Esta evolución, unida a la frustración por la falta de reformas que mitigaran el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones africanas, trajo consigo un paulatino aumento de agitaciones sociolaborales y contra la subida de impuestos (en ocasiones, también contra las estructuras político-administrativas) que se radicalizarían tras la crisis de 1929. Cabe citar a este respecto la oleada de huelgas que, iniciada en las minas de cobre del África Central, se extiende a otros puntos de África entre 1935 y 1940 cuando los precios de los alimentos subieron más rápidamente que los salarios (Iliffe, 2013); o el considerado como primer gran desafío a la autoridad británica en Nigeria: el célebre levantamiento de miles de mujeres aba en 1929 contra las políticas impuestas por los administradores británicos mediante los jefes tribales. Todo ello sin que aún pudiera apreciarse la formulación de sentimientos y reivindicaciones de carácter nacionalista o independentista (Droz, 2006). Lo que sí se llevó a cabo fue el contacto de la elite politizada con una población común más proclive a la movilización, sobre todo en la costa occidental de África (Hobsbawm, 1999).

De forma paralela a tales desarrollos y tipologías de protestas, simultáneamente a la creciente toma de conciencia entre los africanos de las contradicciones del orden colonial, desde los primeros años de entreguerras se advierte la emergencia de movimientos que, alentados por una elite ilustrada, dotaron al anticolonialismo de una dimensión política, esto es, de una aspiración que, además de mejoras materiales, apuntaba a un objetivo ulterior: la emancipación africana. Más allá de que los soldados supervivientes de la guerra acompañaran su retorno con las nociones de igualdad, libertad o justicia, es sintomática de ese sensible cambio de percepción del fenómeno colonial y de la progresiva articulación política del anticolonialismo la evolución que experimenta el panafricanismo en entreguerras, sin duda, alentado por la difusión del ideal de liberación que ejercieron distintos actores internacionales. Había sido ya expuesto en 1914 por Lenin en su proclama en favor del “derecho de las naciones a la autodeterminación” o cuando equiparaba la opresión de los negros con la de los siervos rusos bajo el zarismo (Melgar Bao, 2013). Y a ello apuntaba una de las propuestas formuladas en 1918 por el presidente Wilson en sus célebres “Catorce Puntos”: la idea de que el principio de autodeterminación de los pueblos se extendiera no únicamente a los territorios europeos ocupados por los llamados imperios centrales, sino también a las colonias (Ageron, 1991). Fue, en el contexto y oportunidad que supuso la Paz de Versalles que un puñado de líderes panafricanistas de la diáspora consiguió irrumpir en el foro diplomático internacional y organizar el I Congreso Panafricano de París de 1919.

Aunque no se trataba de una novedad, el panafricanismo era aún patrimonio de una minoría, esencialmente afroamericana, pero su influjo no dejó de crecer a partir de entonces y fue decisivo en la conformación de las tendencias independentistas tras la Segunda Guerra Mundial. Ya antes del citado congreso cabe destacar la actividad que venían ejerciendo desde fines del siglo XIX el abogado trinitense Henry Silvester Williams (1869-1911) y William Edward Burghardt Du Bois (1868-1963), primer afroamericano en alcanzar el doctorado por la Universidad de Harvard en 1895. El primero había fundado en 1897 la Asociación Africana, germen de la I Conferencia Panafricana de Londres, celebrada en 1900, en protesta por las agresiones de los colonizadores contra la población africana y a la que no asistió ningún delegado del continente africano. Por su parte, Du Bois fue quien se erigió como el principal artífice del I Congreso Panafricano de París en 1919 que, con respaldo de Clemenceau y una amplia financiación de afroamericanos, consiguió reunir a 57 delegados procedentes de EE UU (16), Francia (7), colonias francesas (13), Haití (7), Liberia (3), colonias españolas (2) y portuguesas, Abisinia, Congo belga, Egipto y Santo Domingo (Ki-Zerbo, 2013; Adi, 2003).

La ubicación del encuentro no fue casual: a pocos kilómetros de París, y coincidiendo en el tiempo, tenía lugar la Conferencia de Paz de Versalles encargada, entre otros asuntos, de decidir el futuro de las colonias alemanas tras una guerra en la que los soldados negros (africanos y estadounidenses) habían contribuido decisivamente, tanto en Europa como en África. Se abordó, conforme a ello, la aportación de las poblaciones negras africanas y afroamericanas en la Primera Guerra Mundial, sus condiciones, consecuencias y eventuales compensaciones. Y, a este respecto, los asistentes trataron de que ese foro adoptara una Carta de Derechos Humanos con medidas contra las viejas prácticas de dominación y expolio imperial, lo que constituyó una primera declaración de intenciones de la aspiración a alcanzar el autogobierno. Entre esas reivindicaciones se hallaban, precisamente: el derecho de los nativos a participar en el Gobierno colonial y en los de carácter local y tribal “de acuerdo con el principio de que el gobierno existe para los nativos y no los nativos para el gobierno”; el derecho a la educación pública y gratuita, con el mantenimiento de un cuerpo de profesores nativos; una legislación laboral que velara por el “bienestar político, social y económico de los nativos” cuyo cumplimiento estuviese supervisado por la Sociedad de Naciones, y la abolición de la esclavitud, los castigos corporales y los trabajos forzados (Kohn y Sokolsky, 1968).

No hay que sobrevalorar el balance del I Congreso Panafricano de 1919. De entrada, no supuso una reclamación de independencia para los territorios africanos. Los participantes entendieron que ni el contexto era propicio para formular tal solicitud ni se reunían aún las circunstancias adecuadas en África para emprender ese proceso. Las resoluciones finales así lo reflejaron: pese a la proclamación del presidente Wilson acerca del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos y pese a que en ese congreso se escuchó el lema “África para los africanos”, los delegados evitaron reclamar el derecho al autogobierno. Por otra parte, cabe señalar que el protagonismo de ese encuentro no fue africano sino afroamericano, en tanto que la mayoría de los 57 delegados asistentes a ese evento eran de origen estadounidense y caribeño: hecho revelador de la precariedad y las dificultades que aún tenían los africanos para articular una respuesta política ante el dominio colonial.

No hay que sobrevalorar, efectivamente, el I Congreso Panafricano de 1919, pero tampoco hay que subestimar su alcance. A pesar de que no se condenaron los principios de la colonización, sí se rechazaron en cambio sus abusos. Y, aunque no se reivindicó la independencia, sí se reclamó, por primera vez ante un foro internacional, una menor dependencia (Hobsbawm, 1999). Por otra parte, las ideas de quienes allí se reunieron en torno al panafricanismo no dejarían de tener eco en formaciones políticas que empezaron a crearse en la década de 1920, particularmente en el África occidental británica. Es el caso del Congrès National Ouest Africain que, en 1920 consiguió agrupar en Costa de Oro a clases medias (ya no a jefes tribales) bajo la reivindicación de una gradual democratización de la Administración, así como de una progresiva marcha hacia la independencia mediante vías constitucionales (Grimal, 1989; Mansur, 2002). Y es, asimismo, bajo el influjo de esas ideas en donde cabe ubicar la creación de la West African Students Union (WASU), fundada en 1925 en Londres con el objetivo de reunir a militantes originarios de África, el Caribe y EE UU y que, muy activa en entreguerras, constituiría tras la Segunda Guerra Mundial una de las principales plataformas de reivindicación de la independencia en África (Boahen, 1993). Finalmente, la desproporción que se advierte en el Primer Congreso Panafricano de 1919 entre delegados de África y de la diáspora fue gradualmente equilibrándose en los sucesivos congresos panafricanos de 1921 (celebrado en tres capitales imperiales: Londres, París y Bruselas), 1923 (Londres y Lisboa) y 1927 (Nueva York). En estos congresos el panafricanismo todavía adolecía de escasa capacidad operativa y de débil repercusión en las masas. Pese a ello, se difundió el ideal de autogobierno y de unidad política del continente, así como la oposición al capitalismo colonial, compartida con partidos de la izquierda europea, y el principio de solidaridad entre pueblos y clases, independientemente de cualquier distinción racial.

En esta evolución del panafricanismo y, más ampliamente, de la conformación política del anticolonialismo, la década de 1930 —al igual que ocurriera con relación a las agitaciones sociolaborales— marcó un impulso sustancial. Fue en esos años, enmarcados en los efectos de la crisis y posterior recuperación económica, en los que se emprendió un gradual contacto entre activistas políticos y colectivos populares, lo que hizo que las contradicciones del colonialismo y los ideales del panafricanismo empezaran a ser compartidos más allá de una reducida elite de militantes ilustrados. Dicho contacto se convirtió así en un instrumento político contra la dominación europea y en un aporte doctrinal de futuras independencias, como se puso de manifiesto en el V Congreso Panafricano de Mánchester en 1945, donde el protagonismo pasó a ser ya, decididamente, africano. Fue asimismo en ese contexto donde se perfilaron dos grandes vertientes anticolonialistas dentro del panafricanismo. Por una parte, desarrollada particularmente en el África francesa, se halla la más orientada hacia la reivindicación y promoción cultural y política de la “negritud”, lo que hace que la oposición francófona sea más “pannegra” que panafricana (Langley, 1973). Por otra, extendida sobre todo en el África británica, se encuentra la que adoptó una línea más contundentemente política. Ambas vertientes mantuvieron una inequívoca conexión con el tipo de colonización ejercida por las metrópolis (asimilación y coexistencia, respectivamente), así como con las particulares tendencias que se advierten tras 1945 en los procesos políticos conducentes a la independencia. Por una parte, la postura más moderada y gradualista, que apostó por la autonomía y la federación, antes que por la independencia, de los territorios coloniales franceses. Por otra, la llamada línea “radical” o abiertamente rupturista de los territorios coloniales anglófonos.

Con una base intelectual en la tradición literaria francesa (Wallerstein, 2005), el panafricanismo desarrollado en el África francesa se manifestó fundamentalmente a través de la emergencia, desde principios de la década de 1930, del movimiento de la “negritud”: esencial instrumento teórico para fundamentar la protesta y catalizador de la efervescencia anticolonialista de jóvenes estudiantes cada vez más conscientes de la marginación cultural. De hecho, se trató de un movimiento, en parte literario y en parte contestatario en tanto que se configuró como una plataforma donde denunciar las discriminaciones y donde poner en valor la dignidad humana y cultural de los colectivos negros, los del continente y los de la diáspora. La edición en 1931 en París de la Revue du Monde Noir, publicada en francés e inglés por un círculo de intelectuales (también blancos), constituyó el germen de esta corriente que buscaba poner de relieve la existencia no tanto de una “nación negra” como de una cultura y de un humanismo negros. Simultáneamente trataba de alertar a la opinión pública metropolitana acerca de una realidad que conocía solo de manera distorsionada, entre otras vías, a través de la célebre Exposición Colonial de París de 1931. Elocuente al respecto es la declaración de intenciones que, en su primer número y bajo el título “Lo que queremos hacer”, se publicaba en la Revue du Monde Noir:

proporcionar a la elite intelectual de la raza negra y a los amigos de los negros un órgano en donde publicar sus obras artísticas, literarias y científicas; estudiar y dar a conocer, mediante la prensa, libros, conferencias o cursos, todo lo concerniente a la civilización negra y las riquezas naturales de África, patria tres veces sagrada de la raza negra; crear entre los negros del mundo entero, sin distinción de nacionalidad, un lazo intelectual y moral que les permita conocerse mejor, amarse fraternalmente y defender más eficazmente sus intereses colectivos (Revue du Monde Noir, nº 1, 1931).

En un contexto marcado por el ascenso del fascismo y nazismo en Europa, y contando con el impulso del haitiano J. Price-Mars, el martiniqués Aimé Césaire y el senegalés L. Sédar Senghor, entre otros intelectuales, el movimiento de la “negritud” tendría continuidad en otras plataformas de expresión tales como L’Étudiant noir, creada en 1935 en París por Aimé Césaire y, sobre todo, la revista Présence Africaine, fundada por el senegalés Alioune Diop en 1947 y que contaba ya con una doble sede, en París y Dakar, lo que es sintomático de su expansión en el continente africano (Kotchy, 1993). Pese a su extensión tanto en Europa como en África, el movimiento de la “negritud” tuvo entre los africanos anglófonos menos eco, por no decir que provocó incluso rechazo, como ocurrió en el caso del África del Sur, donde se llegó a ver como una variante del racismo (Coquery-Vidrovitch, 2005). En realidad, no es sorprendente que esta vertiente cultural del panafricanismo surgiera en Francia entre intelectuales negros procedentes de colonias francesas del Caribe y de África, como tampoco que se desarrollara fundamentalmente entre los medios francófonos. Ese movimiento constituía, en parte, una reacción ante la política asimilacionista francesa que abogaba por la integración de los africanos desde la conversión a las formas de vida y pensamiento occidental. De acuerdo con esto, en la medida en que la “negritud” fue reivindicada por los negros más “asimilados” se ha interpretado como contradictoria. La paradoja es, sin embargo, solo aparente, pues cabe entender que su rechazo no era exactamente a la cultura europea sino a que, bajo la política asimilacionista, se argumentara el sometimiento de las poblaciones africanas y se menospreciara a las culturas autóctonas.

El panafricanismo en el África británica, aunque mantuvo conexiones sustanciales con su homólogo del África francesa, adoptó una forma y unos contenidos diferentes. Y ello porque, frente a la corriente de promoción cultural de la “negritud”, abrazó una línea eminentemente política incentivada, en particular, por un acontecimiento de trascendencia internacional: la invasión italiana en 1935 de Etiopía, hasta entonces el único territorio independiente del continente africano y uno de los emblemas de la excelencia africana en razón de su historia y resistencia al imperialismo italiano (Ki-Zerbo, 2013; Langley, 1973; Martin, 2016). La agresión y la posterior ocupación italiana hasta 1941 pusieron a los africanos del continente y de la diáspora frente al fascismo, así como frente a la política internacional, en tanto que las grandes potencias no impidieron la invasión, pese a que Etiopía era, al igual que Italia, miembro de la Sociedad de Naciones.

La reacción de muchos africanos dentro y fuera del continente fue inmediata: jóvenes particularmente anglófonos desarrollaron lo que H. Grimal denomina “etiopismo”: reacción mezcla de esperanza, decepción y rabia ante la incapacidad de las democracias para impedir el atropello del dictador Mussolini (Grimal, 1989). Una reacción que se sustanciaría en acciones de protesta en las metrópolis y en la creación de una sucesión de asociaciones de inspiración independentista. Así, a iniciativa del antillano Georges Padmore y del keniano Jomo Kenyatta, se creó en 1935 el movimiento International African Friends of Abyssinia, que acabaría sustituido en 1937 por el International African Service Bureau (IASB), con el objetivo, entre otros, de servir de nexo entre el sindicalismo británico y el africano, y en cuya fundación participó el entonces joven Kwame N’Krumah.

En las conferencias y debates desarrollados en el seno del IASB ya empezaron a reivindicarse desde 1937 derechos democráticos y de autodeterminación que, tanto K. N’Krumah como J. Kenyatta, no dejarían de reclamar con creciente énfasis a partir de entonces. Así, al mismo tiempo que desde la WASU reclamaban en 1942 la independencia en un plazo de cinco años, el IASB se unió —por iniciativa de N’Krumah y Kenyatta— a varias asociaciones de obreros y estudiantes que vivían en Gran Bretaña para crear, en 1944, la Federación Panafricana que reivindicaba asimismo unidad e independencia del continente africano (Adi y Sherwood, 2003; Ake, 1993). Esos movimientos fueron la antesala de lo que se expuso en el V Congreso Panafricano de Mánchester en 1945, del que N’Krumah constituyó el principal ideólogo —ese año se había establecido en Londres, se había incorporado plenamente a la política activa, se había convertido en vicepresidente de la WASU y trabajó estrechamente con Padmore en la preparación del citado Congreso.

Con todo, en el periodo de entreguerras, particularmente en los años treinta, se sentaron aquí y allá las bases para una transformación de mayor calado en el proceso conducente al empoderamiento político de los africanos: la que tendría lugar durante la Segunda Guerra Mundial y que afectó tanto a los repertorios de acción colectiva como a los contenidos de las reivindicaciones de la posguerra. Esa evolución no puede entenderse adecuadamente sin el concurso de un hecho fundamental, esto es, la aproximación de las dos líneas complementarias mediante las que se había llevado a cabo la protesta anticolonial: la que apuntaba a mejoras sociolaborales y la que aspiraba a una más amplia emancipación política africana. Ello explica que, si bien ya desde 1935 algunos movimientos anhelaban derrocar el orden colonial en nombre de las naciones, la variedad de la protesta que se desarrolló a partir de la Segunda Guerra Mundial en el horizonte africano se resistió a ser reducida a un nacionalismo con aspiración independentista. De hecho, la nación y la independencia no fueron ni las únicas ni las principales demandas que se desplegaron en las décadas centrales del siglo XX. Como atinadamente advierte F. Cooper, las reivindicaciones de los colonizados en la década de 1940 eran muchas, variadas y no todas exigían el fin del colonialismo o la ruptura de los vínculos con la metrópoli. Esas reivindicaciones apuntaban en varias direcciones. Estaban las demandas económicas, orientadas a la búsqueda de mayores ventajas de los mercados internacionales. Estaban, también, las laborales, destinadas a alcanzar mejoras en las condiciones de trabajo de los asalariados y a conseguir la igualdad de oportunidades de los africanos respecto a sus colegas europeos. Finalmente, se hallaban las demandas sociales, focalizadas en la eliminación de las leyes más humillantes, al objeto de conseguir la igualdad ante la ley de todos los súbditos del imperio (Cooper, 1996a y 2002). A este respecto, cabe señalar que, en el área controlada por Francia, la reclamación de la independencia no fue ni mucho menos inmediata. Esta llegó solo cuando se tuvo el convencimiento de que no había otro medio para alcanzar derechos universales, derechos que se consideraban prioritarios, por encima de la propia independencia.

La articulación de la acción política
tras la Segunda Guerra Mundial

Marcada por el protagonismo de la Segunda Guerra Mundial, la década iniciada a finales de los años treinta constituyó en África una ruptura en muchos sentidos respecto al pasado. Fue un punto de inflexión trascendental, tan importante como el momento en el que tuvieron lugar las independencias (Cooper, 2002). Decididamente la guerra tuvo, directa e indirectamente, un efecto catalizador en las voluntades de liberación, no solo por su decisivo impacto en la percepción de los africanos acerca de Europa, sino también por las transformaciones económicas, sociales y de las mentalidades que trajo consigo en las sociedades autóctonas. Corolario de ello fue, siguiendo la línea iniciada a principios de los años treinta, la afirmación de una nueva generación de la protesta anticolonial, dotada de renovados instrumentos teóricos y metodológicos, para tratar de modificar los vínculos con las metrópolis, bien mediante la agitación social, bien mediante la acción política.

En su conjunto, las vicisitudes del periodo supusieron un poderoso acicate para reactivar tensiones sociales latentes, para incorporar nuevos argumentos a la reacción anticolonial y para intensificar en unos casos y ampliar en otros el repertorio de acciones colectivas contra la dominación europea desplegado hasta entonces. De ese modo, a partir de 1946 África ve la multiplicación, aquí y allá, de distintas plataformas de protesta, al tiempo que se constituían o reforzaban sindicatos orientados a conquistar mejoras en materia de empleo y partidos políticos que reclamaban la autonomía o el fin de la tutela colonial, el autogobierno y finalmente la independencia.

El impacto de la guerra

La Segunda Guerra Mundial tuvo en África, a primera vista, efectos similares a los que se advierten con relación a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, ni el mundo ni las consecuencias del conflicto fueron las mismas. En lo inmediato, el contexto de los imperios africanos es ahora sustancialmente diferente en dos aspectos: los territorios africanos se convierten a partir de 1939 en apuestas económicas, políticas y estratégicas de mayor envergadura que en 1914, así como en campos de ocupación y de propaganda extranjera (Droz, 2006). Ambas circunstancias propiciaron no solo la adopción —por parte de las potencias coloniales— de una posición defensiva inédita, sino también que las secuelas del conflicto indujeran con mayor intensidad a la población africana hacia la emancipación.

De entrada, la aportación de las colonias a la victoria de los aliados en la guerra, al igual que a la recuperación económica de las metrópolis en el contexto de los años cuarenta, fue esencial. Esta, conforme a lo que ya se había puesto en práctica durante la Primera Guerra Mundial, se tradujo en una importante movilización de soldados en los distintos frentes de guerra y en una no menos trascendental aportación de carácter material. Aunque no hay consenso acerca de las cifras sobre los recursos humanos movilizados, sí hay coincidencia en destacar que la mayor contribución fue la de las colonias británicas, donde se estima que fueron en torno a 374.000 los africanos reclutados en 1945 enviados a distintos frentes: al este de África contra los italianos, como unidades de trabajo en Oriente Medio y, tras 1943, como combatientes en Asia (Killingray, 1979; Iliffe, 2013). En el África francesa se calcula que, tras el desembarco angloamericano de noviembre de 1942 en el norte de África, los distintos territorios proporcionaron unos 100.000 combatientes destinados en las campañas de Túnez, Italia y Francia (Miège, 1980; Droz, 2006).

A ello hay que añadir la aportación desde la retaguardia, en un volumen inédito, dada la condición de fundamental y vasto espacio de aprovisionamiento de materias primas estratégicas del continente africano y dado el mayor desarrollo de la explotación de recursos alcanzado desde entreguerras. Es cierto que las operaciones militares apenas afectaron directamente al África Subsahariana y, desde luego, no alcanzaron la intensidad y la repercusión que tuvieron en el norte del continente. Sin embargo, ello no impidió que esos territorios padecieran el incremento de las exigencias metropolitanas en materia económica. De un lado, esos requerimientos se tradujeron en la imposición de políticas intervencionistas orientadas a la obtención de materias primas agrícolas y mineras, intensificando la explotación de productos estratégicos (hierro de Sierra Leona, estaño de Nigeria o uranio congoleño) y recurriendo con mayor énfasis a los monocultivos, lo cual tuvo consecuencias nefastas para las colonias, sobre todo cuando se impuso la venta de productos de exportación a precios más bajos que los del mercado mundial. De otro lado, las requisas y la urgencia por aumentar la producción y por responder a los cupos exigidos desde las metrópolis se acompañaron de la intensificación del recurso a los “trabajos forzados”.

El interés y la trascendencia que para las potencias coloniales tuvo la contribución de las colonias, tanto para cubrir las necesidades de la guerra como para la recuperación económica de las metrópolis, contrastó enormemente con la percepción y la actitud de los africanos ante el conflicto y su evolución. La Segunda Guerra Mundial no provocó, de hecho, ningún entusiasmo entre las poblaciones autóctonas. Bien al contrario, la obligación a participar en una lucha que les era ajena y el sobreesfuerzo productivo que conllevó el desarrollo de la guerra acrecentaron los agravios colectivos y reactivaron oposiciones y tensiones que las autoridades metropolitanas trataron de gestionar mediante medidas represivas; hecho revelador, por otra parte, no ya de la carencia de cohesión entre metrópolis y colonias, sino de que la separación entre ambas no hacía sino aumentar.

Esa reacción de rechazo y resistencia a las renovadas exigencias de las administraciones europeas se vieron acrecentadas por un efecto colateral y en absoluto menor del conflicto, en tanto que afectaba a uno de los fundamentos de la autoridad ejercida por las metrópolis sobre las colonias: el desarrollo del conflicto estaba poniendo de relieve que el colonizador no era invencible, una realidad sin duda desconcertante para muchos africanos. Síntomas alarmantes de un mundo que se deshacía, las capitulaciones y ocupaciones de las principales potencias coloniales por los ejércitos de la Alemania nazi hicieron que los colonizados asistieran con perplejidad al hundimiento, a partir de 1940, de países como Bélgica, Francia u Holanda, así como al repliegue de Inglaterra a sus fronteras insulares.

Más allá, sin embargo, del estupor elemental e inmediato de los africanos ante la guerra, esa evolución de los acontecimientos tuvo una consecuencia fundamental: la gradual pérdida del capital de temor que Europa había acumulado sobre los africanos tras décadas de dominio colonial y que, pese a esfuerzos posteriores, ya nunca volvería a recuperar (Grimal, 1989). Las vicisitudes del conflicto actuaron, así pues, como disolventes del mito colonial acerca de la invulnerabilidad de las potencias europeas y de la superioridad universal del “hombre blanco” sobre el “hombre negro”: principios intangibles del sistema colonial (en tanto que fundamentos ideológicos del control de las potencias coloniales sobre los colonizados), cuyo deterioro preparaba el terreno para la multiplicación de manifestaciones de insumisión y de protesta. La guerra, con ello, estaba acentuando y extendiendo una mentalidad anticolonial en África que aceleraría la caducidad de un régimen colonial considerado, hasta entonces, como invulnerable.

Frente a esa manifiesta debilidad y teniendo en cuenta que los imperios coloniales constituían apuestas económicas, políticas y estratégicas de particular trascendencia, las potencias europeas emprendieron una guerra paralela: la de la propaganda. Una guerra entre los diferentes contendientes que deterioró aún más el ya frágil vínculo de adhesiones en las colonias, al tiempo que acentuaba la reacción anticolonial entre los africanos. Los dominios coloniales se convirtieron en vastos campos de difusión de ideas para los distintos adversarios. Integrada en el contexto de las campañas bélicas y llevada a efecto para alentar la cohesión imperial y menoscabar entre los africanos la imagen del adversario, la guerra de propagandas se convirtió, no obstante, en un arma de doble filo para las potencias europeas en la medida en que, al extender las metrópolis el mensaje de la liberación contra el adversario, estimuló la insumisión ante a cualquier colonizador. Mientras las potencias del Eje se presentaban como “defensoras de los pueblos contra la opresión” de los imperios coloniales franceses y británicos, al proponer la creación de una Euráfrica bajo control alemán, los aliados desplegaban a partir de 1941 el arsenal de propaganda antifascista y la apuesta por la libertad, los derechos humanos y la liberación, es decir, una apuesta anticolonial que captó especialmente la atención de las elites africanas. Es en este marco en donde se inscribe la célebre Carta del Atlántico del 14 de agosto de 1941, con la que Roosevelt, presidente de los EE UU, y Churchill, primer ministro de Reino Unido, difundieron el mensaje de liberación entre las colonias: el “derecho que tienen todos los pueblos de escoger la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir y desean que sean restablecidos los derechos soberanos y el libre ejercicio del gobierno a aquellos a quienes les han sido arrebatados por la fuerza”. El impacto de esa proclama fue enorme no solo en África, donde se entendió como la aprobación de las aspiraciones de emancipación que venían gestándose desde el periodo de entreguerras, sino más allá de África, en el concierto internacional de posguerra, pues esos principios —como se abordará más adelante— se retomarían solemnemente por la Carta de las Naciones Unidas en 1945.

El caso del imperio francés, dividido y debilitado por la rivalidad entre el régimen de Vichy y la Francia libre (Akpo-Vaché, 1996), fue particularmente representativo de esa guerra de propagandas y de sus efectos multiplicadores en el ideal de emancipación. Ese intercambio de mensajes tuvo como consecuencia la disolución de mitos coloniales y el estímulo de fuerzas centrífugas que la metrópoli, mal informada de su alcance, no supo medir adecuadamente (Droz, 2006). Para contrarrestar la ventaja con la que partía el régimen de Vichy en materia de legitimación imperial tras el armisticio que Francia firmó el 22 de junio de 1940 —únicamente el África Ecuatorial francesa (AEF) se alió entonces con la Francia libre—, el Comité Francés de Liberación Nacional lanzó ya desde 1942 una propuesta reformista con la que esperaba generar adhesiones en África: la construcción de nuevas relaciones entre colonizadores y colonizados. En contraste con el conservadurismo del proyecto imperial de Vichy (orientado a una integración orgánica de las colonias, a la explotación económica de ultramar, así como a la discriminación racial y a la concepción del indígena como individuo primitivo), la iniciativa consiguió un gradual realineamiento hacia la Francia libre que culminó en el verano de 1943 (Grimal, 1989). Eso sí, el intercambio de propagandas entre una y otra “Francia” no solo contribuyó a la disolución de mitos coloniales, sino que también acrecentó las expectativas de liberación en la posguerra.

Ambiguas, limitadas y dilatorias, las proclamas reformistas realizadas durante la guerra no habrían de lograr su propósito de contener las protestas y las fisuras que ya se estaban produciendo en las unidades imperiales. No lograron contenerlas ni durante la guerra ni tampoco tras ella, debido a la frustración ante la generalizada falta de concreción de medidas. Mientras se sucedían las campañas bélicas, la discriminación laboral que experimentaban los africanos respecto a los europeos en lo relativo a la calidad de los empleos y la remuneración por el trabajo fue, junto al sobreesfuerzo productivo que se exigía a los obreros autóctonos, origen de distintos disturbios y resistencias ya desde 1940. Algunas de esas agitaciones se enmarcaron en movimientos que, con carácter religioso, se crearon en entreguerras en torno a figuras elevadas a la categoría de mártires. Es el caso de Simón Kimbangu, quien fundó en el Congo belga una Iglesia sincrética (recogiendo conceptos animistas, cristianos y políticos) opuesta al colonialismo. Y es el caso, también, de André Matswa, cuyos seguidores promovieron en el Congo-Brazzaville un movimiento político-religioso tras su muerte en 1942. Sin embargo, no todas esas resistencias tuvieron sesgos mesiánicos. De hecho, en esos años se advierten importantes movilizaciones de carácter laboral, como la que representó la huelga de mineros en Zambia en marzo de 1940 por una subida salarial y cuya represión costó la vida a 17 trabajadores, la huelga también de mineros en Lubumbashi en 1941 o el paro laboral de un mes que protagonizaron en 1942 más de 30.000 obreros y funcionarios en Nigeria en demanda de aumento salarial y contra la discriminación por no percibir complementos que recibían sus homólogos europeos (Cortés López, 1995).

Al finalizar el conflicto, estaba claro que ni la aportación de las colonias al triunfo de los aliados ni la propaganda reformista o de liberación iban a pasar desapercibidas para muchos africanos, que se apresuraron a reclamar compensaciones. Entre ellos existía un doble convencimiento. Primero: que los sacrificios que se les habían exigido para combatir la opresión en nombre de la libertad no podían quedar sin reparación. Y, segundo: que esa reparación pasaba precisamente por beneficiarse de los valores que habían contribuido a defender, a saber, la resistencia a la ocupación y el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, máxime cuando ese derecho había quedado refrendado —con esa literalidad— en las proclamas que las potencias vencedoras venían realizando desde la Carta del Atlántico de 1941.

En suma, la guerra había extendido la convicción entre la población autóctona de que la victoria de EE UU (cuya propaganda fue la que ganó más adeptos) significaba el fin del viejo orden colonial. A esa conclusión no llegaron solo quienes experimentaron las consecuencias de la guerra en la retaguardia. También se adhirieron, de modo particularmente enfático, los movilizados en los frentes del conflicto; supervivientes que participaron en lugares muy diversos de Europa, Oriente Medio y Extremo Oriente, donde conocieron debilidades y muestras de crueldad en los colonizadores, pero donde también entraron en contacto directo con los valores de la igualdad, la democracia y el respeto a los derechos humanos que muchos africanos trataron de implantar en sus territorios de origen mediante la participación activa en movimientos sindicales y políticos (Ki-Zerbo, 1980).

La emergencia de una nueva generación de la protesta

Decididamente, en 1945 el escenario de la protesta en África había cambiado. Y había cambiado no solo por el influjo de las ideas de igualdad, libertad o democracia en los supervivientes o porque el mensaje de liberación se asumiera por parte de la población mediante la guerra de propagandas, sino, además, por causas más estructurales: porque en los años previos se habían desencadenado en el continente africano transformaciones económicas y sociales que, unidas a las que experimentó una elite intelectual desde hacía más de una década, hicieron emerger una nueva generación de la protesta que renovó las reivindicaciones de emancipación con un énfasis y un alcance inéditos. De ahí la frustración creciente que se extendió a distintas capas sociales ante la limitada o nula respuesta de las metrópolis a las necesidades y demandas de las colonias. Y de ahí, también, la renovación del repertorio de acciones colectivas a partir de entonces. En realidad, desde la década de 1940, distintos colectivos sociales fueron haciéndose cada vez más conscientes de que la superación de los desequilibrios socioeconómicos inherentes al proceso de colonización obligaba a abrazar la unidad de acción y de organización (Benot, 1969), más allá de las divisiones étnicas y religiosas.

Dos son, así pues, los grandes factores estructurales que laten tras la emergencia de esa nueva generación de la protesta. En primer lugar, el fenómeno no fue ajeno a las mutaciones económicas y sociales que tuvieron lugar en las colonias africanas desde finales de la década de 1930, en particular durante la Segunda Guerra Mundial. Lo destaca G. Barraclough: fue a partir de entonces cuando en esos territorios se advierte un generalizado incremento de inversiones de empresas europeas y un consiguiente impulso económico que contrastaba con el estancamiento dominante durante el medio siglo precedente. Sin duda, ello se vio incentivado por los efectos de la guerra: el aumento de la demanda a gran escala de materias primas estratégicas y el cierre de vías de aprovisionamiento para Europa estaban provocando que las colonias africanas se convirtieran, con renovado énfasis, en proveedoras esenciales de esos productos, fundamentalmente de minerales, caucho, maderas y artículos alimenticios. Es elocuente el ejemplo de Rodesia del Norte, que multiplicó por nueve el valor de sus exportaciones durante la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que el África Occidental inglesa —mediante el establecimiento de agencias comerciales oficiales para adquirir productos vitales como el aceite vegetal o el cacao— experimentó igualmente un espectacular impulso durante esos años, tanto en actividad productiva como comercial (Barraclough, 1993).

La magnitud de este cambio de tendencia, que incentivó la inversión de las metrópolis europeas e impulsó la actividad productiva, extractiva y comercial en África, se vio acompañada de un fenómeno capital en la evolución de la protesta anticolonial: el desarrollo urbano. De ello fue sintomático el caso de Elisabethville, que casi triplicó su población entre 1940 y 1946, los de Bamako y Leopoldville, que doblaron su población en ese mismo periodo, o el de Dakar, que pasó de 53.000 habitantes en 1935 a 132.000 en 1945 y continuó con esa progresión en la posguerra hasta alcanzar 300.000 en 1955 (Grimal, 1989; Barraclough, 1993).

Lógicamente, ambos impulsos —el económico y el urbano— no estuvieron exentos de consecuencias. Por un lado, el fenómeno se vio acompañado de una reubicación socioprofesional de la población africana, manifiesta en la gradual conversión de masas de campesinos en una creciente mano de obra urbana. Se produjo, a este respecto, una diversificación de la paleta de actividades laborales y de oportunidades que una parte no desdeñable de africanos trató de aprovechar para prosperar económica y socialmente. Cabe incluir aquí los casos, estudiados por F. Cooper, de los agricultores de África Occidental, los campesinos desposeídos de Kenia, los pequeños productores y comerciantes, los intelectuales educados en las escuelas coloniales o los trabajadores que migraron a las ciudades y las minas de África Austral durante esos años (Cooper, 2002). Por otro lado, ese impulso económico y el desarrollo urbano experimentados desde finales de la década de 1930 no podían dejar de tener efectos en el ámbito de las mentalidades y, por derivación, de la acción colectiva. Salvo excepciones, la creciente mano de obra urbana se caracterizó por la precariedad material, el desarraigo cultural y una mayor conciencia tanto de las desigualdades que padecían como de la necesidad de reaccionar ante ello. Pero también la vida urbana y el mayor contacto con los europeos en esas cada vez más populosas ciudades modificó paulatinamente el cuadro de los vínculos sociales tradicionales y de las formas de vida tribales, tal como lo corrobora el ejemplo del Congo belga, donde en 1946 más de un 15 por ciento de africanos ya vivían al margen de la autoridad de los jefes tradicionales (Grimal, 1989). Aunque no se trató siempre de rupturas con el pasado tribal, se procedió, en consecuencia, a una flexibilización de los vínculos con la tradición: esas costumbres se mezclaron con las formas de vivir y de pensar características de los europeos y, con ello, se amplió el horizonte de las expectativas de progreso material y social, así como el de las reivindicaciones para alcanzar mejoras en las condiciones de vida y de trabajo y el de los repertorios de acción colectiva que un puñado de líderes audaces empezó a difundir.

En este escenario de cambios socioeconómicos surgieron dos grandes grupos para los que la percepción que tenían de sí mismos y del mundo que les rodeaba (su reducción a seres inferiores y a una explotación en beneficio de los intereses europeos) llegaría a hacerse cada vez más difícil de asumir y de sostener en las décadas centrales del siglo XX. Dos grandes grupos que fueron, en consecuencia, decisivos para el giro adoptado por la protesta anticolonial tras 1945. El primero estuvo conformado por un nuevo y creciente colectivo obrero, menos apegado a las tradiciones, con voluntad de abandonar el trabajo servil y de convertirse en asalariado libre; un colectivo dispuesto a asociarse, a movilizarse políticamente para defender sus intereses. El segundo lo componían unas clases medias urbanas integradas por pequeños emprendedores, comerciantes, artesanos y administrativos; una clase media ambiciosa y con capacidad económica para sostener movimientos de oposición a la dominación colonial, como lo pone de manifiesto su estímulo a las primeras agrupaciones de mineros y agricultores. Más numerosas en el África británica, estas clases medias ejercieron una influencia determinante, no ya por su movilidad social, sino también por su papel de intermediarias entre dos mundos, el africano y el europeo, el rural y el urbano, el de las masas asalariadas y destribalizadas y la elite aculturada, occidentalizada, intelectualmente asimilada pero rebelde frente al mantenimiento del orden colonial. De hecho, parte de esas clases medias lograron no solo alcanzar una formación escolar que les llevó a compartir el mensaje emancipador, sino proporcionar los cuadros y la dirección de los incipientes partidos (Droz, 2006; Coquery-Vidrovitch, 2005).

Dicho esto, el impulso económico y urbano constituyó un elemento central para explicar la emergencia de nuevos actores sociales que, con nuevas inquietudes, habrían de reivindicar cambios profundos en las relaciones entre metrópolis y colonias. No obstante, junto a las mutaciones socioeconómicas que experimentaron las colonias africanas desde finales de la década de 1930 cabe destacar un segundo factor estructural en la renovación operada por la protesta anticolonial tras 1945: el desarrollo de la enseñanza. Ello fue decisivo en la acción de las clases medias y, particularmente, en la configuración de la nueva elite intelectual que, integrada en la nueva generación de la protesta, acabaría liderando el proceso independentista.

Pese a que hasta la Primera Guerra Mundial la enseñanza estuvo generalmente controlada por las Iglesias cristianas, que coincidieron y colaboraron con el avance colonial durante sus primeros años, los misioneros difundieron en las escuelas una doctrina que propiciaba el rechazo a las desigualdades raciales y sociales, la denuncia de los excesos de la colonización, así como el apoyo, directa o subliminalmente, a una descolonización moderada, tal como pusieron de manifiesto líderes significativos de la independencia como Léopold Senghor, Kenneth Kaunda o Julius Nyerere (Soumille, 1995; Grimal, 1989; Miège, 1980). En realidad, ya desde que con León XIII se defendiera una colonización fundada en la igualdad y el respeto a la persona, el Vaticano empezó a distanciarse de la idea de “cruzada”, lo que evolucionaría hacia la propuesta de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales, en 1946, en favor de la “promoción de la independencia de pueblos colonizados” (Droz, 2006).

La finalidad confesa de la enseñanza misionera no era precisamente la de hacer arraigar ideas subversivas o contra los valores conservadores. Sin embargo, al propagar la religión e instruir a auxiliares de la Administración colonial, los misioneros también desplegaron ideas occidentales con las que se formó a una elite aculturada, atraída por el pensamiento europeo y crítica con relación al orden social colonial en el que no veían ni el concepto de igualdad entre seres humanos que habían aprendido de los sacerdotes ni el concepto de igualdad que habían advertido en sus aproximaciones a la Revolución francesa de 1789, tal como Lumumba declara en una de sus entrevistas.

A ese factor se unió un hecho igualmente significativo: la difusión de la enseñanza vivió un apreciable aumento a medida que transcurría el periodo de entreguerras. Explícita al respecto es la curva ascendente que dibuja la evolución del número de alumnos de enseñanza primaria y secundaria en esos años, particularmente en el caso de las colonias francesas, donde —con un mayor protagonismo de la enseñanza laica frente a las escuelas misioneras— la enseñanza en los niveles inferiores ascendió, entre 1920 y 1938, de 5.000 a 70.000 alumnos en el AOF y de 1.000 a 10.000 en el AEF. Es cierto que esas cifras brutas no deben dar lugar a exageraciones: la proporción de niños en edad escolar que en 1938 recibían instrucción aún se reducía a una ínfima minoría y en 1949-1950 todavía no superaba el 6 por ciento en el AOF, frente al 16 por ciento de Nigeria, el 26 por ciento de Kenia y el 33 por ciento del Congo belga (Iliffe, 2013). Asimismo, cabe señalar que los centros de enseñanza superior eran excepcionales: solo el caso del África Occidental británica puede considerarse privilegiado al respecto en tanto que en la década de 1930 contaba con tres establecimientos de ese tipo (Fourah Bay en Sierra Leona, Achimota College en Costa de Oro y Yaba Higher College en Lagos) y ofrecía menos dificultades para finalizar estudios en el extranjero (Coquery-Vidrovitch, 2005). Sin embargo, lo decisivo en esta evolución no es solo la tendencia a un visible incremento del número de africanos escolarizados sino, sobre todo, que esa elite que conseguía realizar estudios y que veía limitadas sus posibilidades de ascenso socioprofesional al ser excluida de puestos de responsabilidad, empezó a transmitir en los años treinta las razones de su descontento y de su protesta a otras capas de la población, convirtiéndose así en el germen de los futuros líderes de la independencia.

Se procedió así a un gradual relevo generacional y organizativo de las jefaturas tribales, con las que contrastaban en dos aspectos esenciales. En primer lugar, en lo que al origen social respecta: diverso, humilde en ocasiones y no siempre ligado por lazos de sangre con jefes tribales. Si bien hubo ejemplos como el de Félix Houphouët-Boigny, quien nació en el seno de una familia de caudillos tradicionales y que llegó a ser un rico plantador de café, caucho y cacao en Costa de Marfil, no fue ese el caso de Nnamdi Azikiwe, o de Kwame Nkrumah, hijo de un orfebre y de una comerciante. En segundo lugar, a diferencia de los antiguos caudillos, la nueva elite estaba generalmente integrada por individuos letrados, formados en las ideas, la retórica y la cultura política occidental con la que entraron en contacto en centros universitarios de EE UU, París o Londres (Hargreaves, 1995). Nkrumah se tituló en Economía, Sociología y Psicología en EE UU antes de emprender la carrera de Derecho en Londres en 1945. Azikiwe cursó igualmente estudios en EE UU y ejerció como periodista en distintas tribunas de ese país. Obafemi Awolowo se graduó en Comercio e inició estudios de derecho en Londres. Por su parte, Houphouët-Boigny estudió Medicina, mientras que —por no hacer más larga esta enumeración— Léopold Sédar Senghor, tras realizar estudios universitarios en la capital francesa, ejerció como profesor en las universidades de Tours y de París durante los años 1935 y 1945.

Al margen de que también sirvieran para oponerse y renovar a las jefaturas tradicionales, esas ideas y esa cultura política occidental fueron instrumentos esenciales para articular la acción contra la dominación colonial y, conforme a ello, la nueva elite procedió a difundirlas mediante diferentes vías y plataformas. Eso sí, las adaptaron a la realidad socioeconómica africana y las conectaron con el sentir y el pensar de los crecientes colectivos de descontentos y grupos más proclives a la movilización social, entre ellos, plantadores hostiles a los grandes propietarios blancos, pequeños empleados, negociantes y comerciantes. A estos colectivos les transmitieron sus inquietudes acerca de la carencia de oportunidades de progreso, en unos casos adhiriéndose más abiertamente a principios de democracia representativa, en otros aproximándose al marxismo (Blackey, 1974). Mezcla de ideas que remitían a especificidades culturales africanas con conceptos de la democracia liberal y con fundamentos de la protesta empleados en Europa, el discurso de esa nueva elite política supuso una renovación política: superó el inmovilismo de los jefes tradicionales y focalizó sus esfuerzos en la organización, esto es, en la canalización del resentimiento contra la dominación europea hacia la creación de sindicatos y partidos políticos de masas. Fue con estas premisas con las que se emprendió una acción colectiva contra los efectos de la dominación colonial, cuyo repertorio fue más allá del controvertido nacionalismo.

El enigma del nacionalismo y sus alternativas

En el nuevo escenario de la Segunda Guerra Mundial y su posguerra, desde distintas plataformas y perspectivas, bien colectivos obreros o pequeños empresarios, bien estudiantes o intelectuales en general, se empezó a compartir una idea que adquirió progresiva consistencia: la lucha por la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, la lucha contra los desequilibrios socioeconómicos y la marginación generados por la colonización; la lucha, en suma, por la emancipación requería de la superación de las diferencias y divisiones étnicas o religiosas. Requería de la organización y de la unidad: la sindical, la política, la nacional o la supranacional.

El primero de esos instrumentos, el sindicalismo, era aún incipiente en la década de 1940, debido a la reciente implantación de la industrialización y del proletariado urbano en África Subsahariana y a las resistencias que las autoridades metropolitanas opusieron a su desarrollo. Un dato es revelador: salvo la huelga de 3.500 mineros de Shamva en Zimbabue, violentamente reprimida en 1927, habría que esperar al final de la Segunda Guerra Mundial para encontrar grandes movilizaciones, organizadas por sindicatos (Coquery-Vidrovitch, 2005). Fue en los dominios británicos donde, en 1941, se fundó el primer sindicato del África Subsahariana, el Trade Union Adviser de Nigeria, que marcó el punto de partida de un movimiento extendido a Ghana, Sierra Leona, Tanganica o Sudán. Mayores resistencias opusieron al respecto el Gobierno belga (no decretó el derecho sindical hasta 1946) o el francés, pese a que el Gobierno del Frente Popular permitió en 1937 la creación de asociaciones profesionales en el AOF para quienes dispusieran de una instrucción elemental, lo cual frenó notablemente su desarrollo. Habría que esperar, en este último caso, a que la Conferencia de Brazzaville de 1944 permitiera —sin abolir aún el régimen de indigenado— la creación de sindicatos en todas las colonias francesas, lo que provocó que, entre 1944 y 1955, la cifra de estos se disparara en el AOF a 350 aproximadamente (Ki-Zerbo, 1980). Es en este contexto en el que se creó en 1944 el Syndicat Agricole Áfricain de Costa de Marfil, el cual consiguió reunir a cerca de 20.000 afiliados y obtener la exención del reclutamiento para los inscritos en trabajos coactivos (Cortés López, 1995). Y es también en este marco en el que tuvieron lugar las huelgas de Douala en septiembre 1945, Nigeria en 1945 o la que protagonizaron los trabajadores ferroviarios entre 1947 y 1948 que paralizó en sistema de transporte por tren del AOF durante cinco meses, implicando a 17.000 obreros de las líneas férreas y a 2.000 estibadores (Fontana, 2011; Cooper, 1996b).

Las dificultades que encontró el sindicalismo africano para su desarrollo fueron variadas y explican la debilidad mostrada durante sus primeros años de existencia. No obstante, la inestabilidad laboral, la carencia de formación de los militantes o el temor de los trabajadores a adherirse a organismos considerados subversivos por las autoridades patronales y administrativas, no impidieron que el movimiento sindical acabara desempeñando en la posguerra un papel esencial en la centralización de la resistencia y en la creación de un frente común ante la patronal y la Administración colonial. Con la contribución del sindicalismo europeo (mediante el apoyo financiero, organizativo y en materia de instrucción), el sindicalismo africano se convirtió en transmisor de aspiraciones no solo socioprofesionales, sino también políticas; se erigió en plataforma de canalización de una protesta que no se circunscribía al ámbito laboral, sino que se extendía a lo que se consideraba el factor medular de los problemas sociales: el régimen colonial. Como afirma J. Ki-Zerbo, no es sorprendente, desde esta perspectiva, que los partidos políticos hallasen en los sindicatos aliados naturales en sus combates contra la dominación colonial (Ki-Zerbo, 1980).

Los partidos políticos africanos, al igual que los sindicatos, se encontraban aún en fase de configuración durante los años cuarenta, y mezclaban estructuras y contenidos propios de las formaciones europeas con referentes de las jefaturas tradicionales. Muchos de ellos surgieron, de hecho, del medio tribal, del que conservaron dos rasgos fundamentales. Primero: el concepto de solidaridad entre clanes o familias; concepto trasladado a las ciudades a efectos de aportar protección, ayuda y sentimientos de fraternidad a los asalariados aislados, desconcertados y sin referentes identitarios ante la desubicación generada por el masivo éxodo rural, el crecimiento del proletariado y la aplicación de marcos institucionales europeos. Y segundo: la concentración de las jefaturas en la figura del líder. Se reproducía así el modelo arcaico de autoridad, con un marcado carácter regional y étnico, en ocasiones también religioso, como fue el caso de territorios con sociedades altamente jerarquizadas, en particular con dominio de la religión musulmana.

Teniendo en cuenta ambos referentes para la construcción de partidos políticos —el europeo y el de las jefaturas tradicionales— más que a la concepción canónica de partido, esas formaciones se aproximaban, en sus inicios, a organizaciones de carácter etnocultural, opuestas a la presencia extranjera en la línea de la Association des Bakongo pour l’Unification, la Conservation et la Propagation de la Langue Kikongo, creada en 1949 en el Congo belga bajo el liderazgo de Joseph Kasavubu. Formaciones cuyo abanico de acciones colectivas podía cubrir desde la línea moderada que caracterizó al National Council of Nigeria and Cameroons de Azikiwe, a la vía decididamente violenta practicada por la Kikuyu Central Association de Kenia tras su prohibición en 1941 y ante la usurpación de sus tierras de cultivo, las más ricas, por colonos británicos.

Con todo, la evolución de los partidos políticos africanos apuntó a su consolidación como los principales y modernos instrumentos en donde concentrar la lucha contra el dominio colonial. Aunque persistirá el sesgo de “partidos de jefes” (particularmente en la fase poscolonial, con la implantación en gran parte de los territorios de los partidos únicos, que asumieron la casi totalidad de poderes, los políticos, los sindicales y los militares), se trató de plataformas políticas con una organización y financiación popular, con aspiración no tribal sino territorial o interterritorial, así como con una preocupación, en sus inicios, por fortalecer la participación y responsabilidad cívicas. Y ello, mediante un recorrido que les llevó desde su origen como formaciones con rasgos precoloniales a partidos de masas interclasistas. Partidos que se multiplicarían por toda África Subsahariana tras la Segunda Guerra Mundial paralelamente a las transformaciones socioeconómicas y también a la gradual introducción, en esos años, de reformas en distintos territorios coloniales. Así, junto a la libertad de reunión y de desplazamiento que se empezó a desplegar en la posguerra, la implantación de las libertades de expresión y de prensa constituyó uno de los catalizadores fundamentales de la consolidación de los partidos, en tanto que organizaciones más allá de las divisiones tribales, étnicas o religiosas. Los ejemplos al respecto son múltiples. Las menores restricciones en materia de opinión pública permitieron la creación de diarios como Evening News, fundado en 1948 por Nkrumah a fin de alentar a la población de Costa de Oro contra el imperialismo británico, un año antes de que el propio Nkrumah fundara, en 1949, la Convention People’s Party: partido interclasista que apostaba por recurrir a todos los instrumentos de agitación y acción legal y que fue emulado en otras colonias británicas de África (Droz, 2006). Del mismo modo, la libertad de prensa permitió la fundación, por Senghor, en 1948, de la revista La Condition Humaine, cuya orientación cultural no ocultaba su objetivo de promover, entre una población mayoritariamente analfabeta, una formación política que permitiera en Senegal dar el paso de los partidos de elites y clientelas a los partidos de masas, a los que adherirse por convicciones personales (Vaillant, 2006; Riesz, 2011).

En la evolución hacia la construcción de partidos políticos de masas el papel que desempeñaron los intelectuales africanos no fue menor o anecdótico (Benot, 1969). De la efervescencia movilizadora da cuenta la actividad de estudiantes universitarios emigrados tras el final de la Segunda Guerra Mundial a las metrópolis, donde adquirieron formación política compartiendo seminarios y círculos de estudio con militantes de partidos o movimientos progresistas, y donde crearon secciones de partidos africanos que se erigirían en plataformas para su promoción como futuros líderes de la independencia.

La movilidad al respecto no fue, en absoluto, un fenómeno generalizado. El lema de la administración belga “Sin élites, no hay problemas” (Mbonimpa, 1989), o lo que J. Ki-Zerbo denomina como política de “secuestrar para reinar”, compartieron la iniciativa de enviar a ampliar estudios a las metrópolis solo a una minoría y solo a finales del periodo colonial (Ki-Zerbo, 1980). Esas circunstancias sin duda contribuyeron a que los procesos de independencia y de Gobierno poscolonial en esos territorios fueran particularmente convulsos y violentos, entre otras razones porque no se dotó a los nuevos estados de suficientes cuadros administrativos y del ejército, ni en número ni en preparación. De ello se quejaba Lumumba ante la ONU, el 25 de julio 1960, cuando su país, que acababa de independizarse, se hallaba sumido en una guerra civil y carecía de medios militares para ejercer el control. En las colonias francesas, en cambio, la tónica de la escasez de estudiantes que ampliaron su formación en la metrópoli cambió tras 1945. A partir de entonces, no solo se aprecia un considerable incremento del número de estudiantes africanos en Francia: algo más de 2.000 en 1950; 4.000 (de los que 1.320 fueron becados) en 1952-1953; 8.000 en 1960, cifra que no dejaría de aumentar en los años sucesivos (Blum, 2015; Guimont, 1997). Por añadidura, ese incremento también se constata en la esfera de la organización estudiantil, con la articulación de grupos políticos, círculos religiosos, sociedades recreativas y festivas y, sobre todo, asociaciones académicas que, atentas a las luchas de liberación que se emprendían en los distintos imperios coloniales, desembocaron en la fundación en 1950 de la Fédération des Étudiants d’Afrique Noire en France (FEANF), que en 1952 ya contaba con 1.300 miembros y en 1962 con 2.500 (Blum, 2017; Dieng, 2003; Kotchy, 1993). Otro tanto se advierte en las colonias británicas, donde se estima que en torno a 700 estudiantes africanos consiguieron realizar estudios en EE UU en los años cincuenta y donde la WASU, que había hecho público un comunicado, en 1942, en donde se reclamaba (conforme a la Carta del Atlántico de 1941) la independencia para el África Occidental en un plazo de 5 años, contaba en 1951 con 2.747 estudiantes en Gran Bretaña.

Paralela y complementariamente a las iniciativas por crear sindicatos y partidos políticos tiene lugar el desarrollo del nacionalismo. Un nacionalismo que —al igual que los sindicatos y partidos— se concebía como herramienta para alcanzar la unidad de acción contra la dominación de las potencias europeas y, en ese sentido, se entendía como instrumento político inclusivo contra el régimen colonial, no excluyente por motivos culturales. En otras palabras: el nacionalismo del que hablaban los africanos era más un “nacionalismo político” que un “nacionalismo cultural”. El matiz es importante porque marca una diferencia sustancial que requiere precisiones.

En el nuevo contexto de desarrollo urbano y de relaciones laborales, que desde principios de los años cuarenta estaba poniendo en contacto comunidades dispersas, se carecía y se “requería” de identidades colectivas que cohesionaran a los individuos frente al colonialismo, más allá de las identidades establecidas por las prácticas religiosas o por las agrupaciones o tribus de origen. Un hecho es sintomático de ese propósito de cohesión de mayor envergadura frente a los colonizadores: gran parte de los partidos políticos creados para concentrar distintas fuerzas políticas, sindicales y sociales incluían los términos “unión” o “congreso” en sus denominaciones. Aspiraban con ello a representar a “todo” un país en la lucha contra el colonialismo, incluso a distintos países dentro del ideal panafricano (Ki-Zerbo, 1980). De ahí que, para superar la fragmentación tribal o étnica y erigir un frente común ante las también comunes desigualdades, la búsqueda de la unidad se asociara, en ocasiones, a la búsqueda de la “unidad nacional” (identificada con el territorio colonial) contra la dominación de las respectivas metrópolis y, en esa medida, se acompañara del desarrollo del nacionalismo. Es en ese marco en el que una parte de los movimientos políticos africanos se opusieron al orden colonial en nombre de las “naciones” y del nacionalismo.

Ahora bien, el eje de ese nacionalismo era de carácter político y no cultural o adscrito a comunidades o “pueblos” preexistentes y homogéneos culturalmente conforme a las fronteras territoriales trazadas a fines del siglo XIX por los colonizadores. En otras palabras: la identidad colectiva que late tras ese nacionalismo se generó más en torno a la idea de comunidad marcada por la profunda desigualdad de derechos frente al dominio colonial que en torno a la homogeneidad cultural o “nación cultural” dentro de cada disposición territorial. Remite así, esta percepción, al primigenio concepto de nacionalismo, al “nacionalismo político” que surgió en el contexto de la Revolución francesa de 1789 (antes de que a lo largo del siglo XIX se fueran incorporando ingredientes emocionales y ahistóricos al concepto de “nación”). Era el concepto que identificaba a la “nación” con un colectivo de individuos emancipados de las arbitrariedades del monarca y que reivindicaba libertades y derechos como ciudadanos, sin aditivos culturales, con la afirmación de la Constitución (con derechos y deberes para todos los ciudadanos por igual) como único elemento identitario; el concepto que entendía, por consiguiente, la “nación” como un instrumento de oposición al régimen absolutista. Del mismo modo que entonces el nacionalismo se entendía como instrumento político de disidencia frente al Antiguo Régimen, ahora es esencialmente percibido como herramienta política frente al régimen colonial opresor, como “respuesta natural a la opresión y explotación extranjeras a través del imperialismo” (Kedourie, 1974). Sus derivas, en ocasiones, hacia el la idea de “comunidad cultural” son comprensibles si se tiene en cuenta que la lucha contra las desigualdades y contra la pobreza era compatible con la diferenciación entre “negros” y “blancos”, eso sí: dicha diferenciación no se correspondía con fronteras nacionales, sino que iba más allá de esos límites. En todo caso, en contextos donde los problemas de la extrema pobreza eran prioritarios y donde las fronteras territoriales respondían a la arbitrariedad de los intereses coloniales, la discusión acerca de los “estados-nación culturales” acabó convirtiéndose en subsidiaria, entre otras razones porque esa “nación cultural” —al igual que ocurriera en Europa desde que empezó a desplegarse en el siglo XIX— era un enigma atravesado por múltiples imprecisiones en su definición y en su comprensión; un concepto, en tanto que construido, controvertido y abierto a múltiples especulaciones.

En realidad, sencillamente no estaba claro qué era la “nación”, máxime en un caleidoscopio tan complejo de comunidades étnicas, religiosas, lingüísticas y culturales. De ahí los titubeos para encontrar el fundamento medular en el que apoyar y precisar la afinidad identitaria colectiva que sirviera de instrumento de oposición al colonialismo. En ocasiones se recurría al nacionalismo y se hablaba de “nación” en alusión a los territorios dibujados por el colonialismo. Pero frente a ello, frente al persistente “problema de edificación nacional” (Benot, 1975), se apelaba sobre todo a espacios de unidad, cooperación y solidaridad negro-africana de mayores dimensiones, esto es, a supranaciones, en donde cabe incluir distintas modalidades de un panafricanismo que aspiraba, precisamente, a superar las fronteras trazadas por la colonización y que, en esa medida, rompía con el nacionalismo. Por un lado, se hallaba su modalidad más ambiciosa, la que integraba al continente africano y la diáspora. Por otro, se encontraba la más pragmática, la que aspiraba, igualmente, a superar la distribución y fragmentación territorial trazada por las metrópolis. Ello mediante la articulación de unidades transnacionales que hicieran posible el progreso y desarrollo de sus habitantes y mediante fórmulas federalistas que coincidían, por otra parte, con las iniciativas que condujeron a la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1957, punto de partida de la comunidad supranacional europea; unas fórmulas que coincidían. En todo caso, más que en la “nación”, se prefirió poner el énfasis en un poderoso instrumento de cohesión frente a las metrópolis: la identificación de la comunidad con la desigualdad y con la ausencia de derechos de ciudadanía que afectaban a distintas colectividades africanas, con independencia de sus distinciones culturales o tribales y divisiones territoriales. Es en este marco en el que se advierten movimientos en las colonias francesas que, adaptando discursos y conceptos originarios de las democracias liberales europeas (“derechos”, “soberanía popular”), se opusieron a la dominación mediante la reivindicación de una ciudadanía imperial que permitiera mantener lazos con las metrópolis, pero excluyendo toda forma de desigualdad (Cooper, 2005, 2014a y 2014b).

Con todo, en la medida en que en la lucha contra las desigualdades y por la emancipación se priorizaron criterios políticos y constitucionales —frente a los culturales—, que pasaban por alcanzar la plena ciudadanía, la “nación”, la simple exigencia de un Estado para cada “nación”, no fue ni la única, ni siquiera la principal reivindicación. Es más, las múltiples herramientas de cohesión y de disidencia que se desplegaron frente a la dominación imperial en el escenario de la inmediata posguerra impiden identificar la protesta anticolonial no ya solo con el nacionalismo, sino también con la búsqueda generalizada de la independencia. Esto se observa en la diferente evolución que, tras la Segunda Guerra Mundial, experimentó el panafricanismo en los dos principales imperios coloniales: en las áreas controladas por Reino Unido se nutrió de una ideología anticolonial-antioccidental (Pérez González, 2001); en el África francófona se orientó más a la reivindicación de una solidaridad e identidad cultural negro-africana frente al dominio-asimilación francés.

En los territorios coloniales británicos, el panafricanismo sí optó por una decidida reivindicación de la independencia —realizada desde el mismo año en que finalizó la Segunda Guerra Mundial, en el V Congreso Panafricano de Mánchester de 1945— al tiempo que por la creación de unos Estados Unidos de África. El panafricanismo no era —como ya se ha señalado— una novedad. La propuesta de solidaridad intercontinental de colectivos negros (incluyendo a los de la diáspora) y de sus derechos de emancipación, la idea de integrar a toda la población negra en una patria común que, de ese modo, se fortaleciera política, económica y culturalmente, se había empezado a gestar desde mediados del siglo XIX en el entorno afroamericano, particularmente tras la I Conferencia Panafricana de Londres en 1900 y los ya citados cuatro Congresos Panafricanos desarrollados tras la Primera Guerra Mundial (en 1919, 1921, 1923 y 1927). No obstante, tras la Segunda Guerra Mundial esas ideas adquirieron un renovado impulso. Corolario de un proyecto que empezó a concebirse 10 años antes, el V Congreso Panafricano de Mánchester en 1945, el último que se celebraría fuera del continente africano, supuso, de hecho, la consagración del panafricanismo como doctrina política independentista. Doctrina que —como reconocía G. Padmore— hasta entonces estaba “limitada a un pequeño círculo de intelectuales coloniales y de negros políticamente conscientes de ambos lados del Atlántico”, pero que a partir de entonces se haría extensible a más colectivos sociales (Ki-Zerbo, 2013).

Presidida por W. E. B. Du Bois pero ya por primera vez con protagonismo africano, y contando con la asistencia de futuros presidentes como N’Krumah (Ghana), Azikiwe (Nigeria) o Julius Nyerere (Tanzania), la trascendencia del evento estuvo marcada, no solo porque los alrededor de 200 delegados asistentes simbolizaran la alianza entre clase media y colectivos populares, mostrando que el compromiso con la emancipación iba más allá de las elites (Grimal, 1989), sino también por el impulso decidido que allí se dio a la lucha anticolonial y a la independencia africana. El “Manifiesto” que previamente envió la Federación Panafricana en abril de 1945 a la Conferencia de San Francisco (fundadora ese mismo año de la ONU) era explícito en sus reclamaciones: la independencia (con determinación de unos plazos precisos en el proceso), así como un plan de desarrollo económico y social bajo control conjunto de la ONU y de los propios africanos. Redactada por N’Krumah (bajo consejo de Padmore), la declaración final del Congreso de Mánchester de 1945 fue rotunda: “Firmamos el derecho de todos los pueblos colonizados a controlar su destino. Todas las colonias deben ser liberadas del control imperialista externo, sea este político o económico. Los pueblos colonizados deben tener el derecho a elegir su propio gobierno, un gobierno sin restricciones de una potencia extranjera”.

Además de exigir la independencia, en ese foro se acordó trabajar la organización de los distintos colectivos sociales africanos para tal fin, así como para desarrollar la cooperación económica internacional. El objetivo último de N’Krumah era la creación de unos Estados Unidos de África integrados por el AOF, la British West Africa, las colonias portuguesas del oeste africano, Camerún y el Congo belga. Razón por la que, desde diciembre de 1945, emprendió la creación de la West African National Secretariat en 1946, en Londres. Esa plataforma reafirmó la voluntad de crear una Federación Panafricana a partir de una premisa: “La independencia completa y absoluta de los pueblos del África occidental es la única solución del problema planteado” (Ki-Zerbo, 2013). Fruto de ello fueron los distintos encuentros mantenidos con líderes del AOF que acababan de ser elegidos en la Asamblea Constituyente francesa, en particular con Léopold Sédar Senghor, Lamine Guèye, Félix Houphouët-Boigny y Sourou-Migan Apithy. Se trató, no obstante, de una tentativa de integración infructuosa. Pese a las confluencias de fondo, emergieron las diferencias entre la línea más “rupturista”, que representaba N’Krumah, y la más “moderada” o colaboracionista con las metrópolis, que defendía Senghor; diferencias que se fueron acentuando a medida que se llevaba a cabo el proceso de autogobierno en África.

Con todo, N’Krumah siguió persistiendo en su empeño incluso tras acceder a la presidencia del Gobierno autónomo de Ghana, e impulsó en 1953 la creación del National Congress of West Africa para promover la unión del África Occidental. Ello, antes de que tuviera lugar la Conferencia Afroasiática de Bandung en 1955, que incentivó la solidaridad entre estados emergentes de ambos continentes, y antes también de que, en la I Conferencia de los Pueblos Africanos de Accra en 1958 (promovida por N’Krumah un año después de la independencia de Ghana), los 200 delegados asistentes de casi todos los países de África insistieran tanto en la autodeterminación africana como en el fortalecimiento de la unidad continental mediante la creación de una secretaría permanente que promoviera la liberación y la solidaridad africanas (Grimal, 1989).

Aunque hubo sustanciales similitudes, diferente fue la evolución del panafricanismo y de la acción política ejercida por los líderes africanos francófonos durante la posguerra. Las analogías de fondo con el caso británico se advierten en dos aspectos esenciales. En primer lugar, la efervescencia intelectual fue similar, y revela una toma de conciencia profunda, articulada y extensa acerca de los desequilibrios de la colonización y sobre la necesidad de actuar contra ello. Sintomático de ese fervor panafricano es el renovado impulso que el movimiento de la “negritud” experimentó —fundamentalmente en la diáspora— en su doble faceta: la de promoción de los valores culturales del África negra y la de denuncia social. Es en este marco en el que se inscribe la —ya señalada aquí— fundación de la revista Présence Africaine en 1947 por el senegalés Alioune Diop, con apoyos y colaboraciones no solo de estudiantes del África francesa. A ella se adscribieron y en ella publicaron, asimismo, intelectuales de otros territorios, particularmente del Congo belga y de las colonias portuguesas, pero también pensadores y escritores occidentales como Richard Wrigh, Albert Camus, André Gide, Jean-Paul Sartre, Georges Balandier o Michel Leiris, por lo que constituyó una privilegiada tribuna para poner de relieve y extender en los medios europeos (francófonos, anglófonos y lusófonos, principalmente) no únicamente la cultura, sino también la realidad africanas. Conforme a ello, pese a su inicial orientación cultural, a partir de 1950 fue cobrando más protagonismo la crítica política, e incorporando reflexiones acerca de la “identidad negra” ligada a la experiencia de la esclavitud y la colonización, las tensiones generadas por la Guerra Fría o la emancipación política africana (Ki-Zerbo, 2013). En segundo lugar, entre los africanos francófonos se observa similar voluntad a la de sus homólogos anglófonos en cuanto a la unificación de fuerzas políticas interterritoriales. Prueba de ello es la creación, en 1946, de un partido panafricanista, el Rassemblement Démocratique Africain (RDA), que se acompañó de la firma por sus promotores de un “Manifiesto de Unión Africana”. Y a ese mismo deseo de unión panafricana, hostil a los nacionalismos (Blum, 2015), respondió también la ya citada creación en 1950 de la FEANF.

Pese a ello, el contexto político en el que entre los francófonos se desarrollaron las iniciativas de unión de fuerzas políticas interterritoriales es sustancialmente diferente al contexto político británico, lo que determinó las diferentes evoluciones de la acción anticolonial desplegada en uno y otro caso. En realidad, el francés es un escenario político inédito dentro del conjunto de regímenes coloniales. Un escenario que, conforme a la línea asimilacionista con la que Francia abordó la colonización, se definió por tres rasgos esenciales. Primero: por la existencia de africanos electos en el parlamento francés. Segundo: por la consecuente implicación de estos en el juego político de los partidos “metropolitanos”. Y tercero: por la convicción que esos diputados mantenían de que, tras alcanzar la emancipación, podrían integrar una “unión libremente consentida” con la metrópoli (Ki-Zerbo, 2013).

La aceptación en 1946 de la Unión Francesa por los representantes africanos de la Asamblea condicionó la acción política que estos llevaron a cabo a partir de entonces en favor de la emancipación. Por una parte, esa aprobación supuso el establecimiento de lazos estrechos con Francia y, simultáneamente, la obstaculización de una acción conjunta con los partidos del África británica, esto es, dificultó la creación de un gran partido conjunto panafricano. Por otra parte, esa admisión de la Unión Francesa orientó la acción política no hacia el desarrollo del nacionalismo y la línea más rupturista de reivindicación de una total independencia, sino hacia fórmulas reformistas, autonomistas, más tarde hacia un federalismo francoafricano antes de que, finalmente, se optara por la independencia.

Se explica, de ese modo, la atracción que —contrastando con las imprecisiones y titubeos en torno a la “nación”— generó entre distintos líderes políticos africanos la aspiración a la “ciudadanía”, convertida para muchos de ellos en el principal instrumento contra el colonialismo, particularmente en el África francesa, donde la asimilación y la ciudadanía no se extendían al conjunto de la población. No es sorprendente, a este respecto, que los debates políticos entre 1945 y 1960 se orientaran allí no tanto hacia el nacionalismo y la independencia como hacia el mantenimiento de los vínculos con la metrópoli, eso sí, evitando la dominación colonial francesa y, al mismo tiempo, una “balcanización” territorial que dificultara el desarrollo de los distintos territorios. Así, el Mouvement des Indépendants d’Outre-Mer reclamaba en 1953 la emancipación política y la “democracia económica y social”, frente a la advertencia del “peligro” que representaba “la tentación de nacionalismos estrechos […] en un mundo en el que la independencia tiene el riesgo de ser solo una ilusión”. Y, del mismo modo, en 1955 Mamadou Dia apostaba por un “Estado multinacional” en el que se establecieran conexiones o solidaridades “horizontales” (entre territorios africanos) y “verticales” (con Francia), reconociendo que la desigualdad solo podía superarse mediante la continua y transformada relación con la metrópoli (Cooper, 2014a). Decididamente, en estos casos el foco de la labor política no se hallaba tanto en la utilización del nacionalismo como elemento vertebrador de la lucha anticolonial, sino en hacer compatibles las especificidades africanas con la consecución de un progreso económico y social compartido. Un progreso que evitara los desajustes generados por las relaciones entre metrópolis y colonias, rechazando la dominación colonial, aunque no lo que la metrópoli pudiera aportar para alcanzar ese objetivo.

Con todo, exceptuando los casos de particular violencia en Kenia, Camerún, África austral o África portuguesa, gran parte del continente puso fin al dominio colonial a través de procesos de negociación entre funcionarios coloniales y elites políticas e intelectuales africanas que acabaron optando por la independencia. Inscrita en este marco, donde la ciudadanía se convertía en el principal instrumento de oposición a la dominación colonial, se halla la apuesta que los líderes del África francesa llevaron a cabo por una decidida acción política no violenta, orientada a la consecución de derechos políticos y sociales. Así, mientras los colonizadores optaron desde la Conferencia de Brazzaville en 1944 por el mantenimiento del control, aunque mediante reformas del sistema colonial, los nativos del AOF y el AEF se abrieron a la vía de la negociación para alcanzar progresivamente la ampliación de derechos (Cooper, 2002). Y, asimismo, si bien las autoridades francesas empezaron a reconocer —mediante la aprobación de la Unión Francesa de 1946 y de la Comunidad Francesa de 1958— la imposibilidad de mantener el modelo del colonialismo clásico, los líderes africanos aceptaron dos preceptos: por una parte, la conexión histórica y la necesidad práctica de mantener lazos “verticales” con Francia; por otra, que los lazos “horizontales” entre africanos eran fruto de la “cultura negro-africana” y francesa (Cooper, 2014a).

Esos movimientos confluyentes explican que en 1945 no se pensara aún —ni en la metrópoli francesa ni en sus colonias— en estados-nación e independencia. Explican que la Constitución de 1946 y la propuesta de Unión Francesa supusieran una tentativa de redefinición del imperio para ajustarse a las crecientes demandas de derechos cívicos y de autonomía por parte de las sociedades africanas. Explican el pulso negociador que, desde entonces, mantuvieron los líderes africanos con las autoridades metropolitanas para alcanzar la igualdad económica, política y social, para convertirse así en ciudadanos de pleno derecho dentro del imperio y para conseguir la autonomía, que no la independencia, conscientes —como Senghor— de que “la independencia es un sueño en un mundo donde la interdependencia de los pueblos se afirma tan manifiestamente” (La Condition Humaine, 1948). Explican, en fin, los posteriores debates y apuestas de los líderes africanos de las colonias francesas por el concepto de “nacionalidades múltiples” y de “Estado multinacional” con soberanía en distintos niveles (territorial, panafricana y francoafricana), esto es, su apuesta por construir en las colonias un federalismo supranacional igualitario dentro de una Francia confederal. Debates y apuestas que se intensificaron tras la aprobación de la “Ley Marco” en 1956 y, particularmente, tras el paso de la Unión Francesa a la Comunidad Francoafricana que contempló la Constitución de 1958.

Las independencias no llegaron, por tanto, de la mano de un sentimiento de pertenencia a una comunidad cultural nacional, homogénea y preexistente en el seno de cada territorio, sino de la convicción de que esa independencia era la vía, tanto para superar la explotación, la desigualdad y la pobreza como para alcanzar plenos derechos de ciudadanía.

Capítulo 2

HACIA EL DEBILITAMIENTO DE LAS POTENCIAS
COLONIALES EUROPEAS

La desintegración de los imperios coloniales en África Subsahariana tuvo en los movimientos anticolonialistas autóctonos uno de sus factores medulares, en este caso de carácter endógeno. Con creciente énfasis desde la década de 1930, combinaron demandas de mejoras en las condiciones de vida y de trabajo con reclamaciones de mayor autonomía político-administrativa que supusieron una presión para las metrópolis, sobre todo a partir de 1945. No fue ese, sin embargo, el único factor estructural que explica la evolución hacia la ruptura formal de las relaciones de dependencia. A ello se sumó un ingrediente de carácter exógeno, pero no menos trascendental para comprender el fenómeno en su globalidad y en su complejidad: el gradual desplazamiento del eje de poder mundial que experimentaron las metrópolis europeas bajo el impacto de las dos guerras mundiales y la paralela internacionalización del conflicto colonial. Ello llevó emparejadas presiones añadidas para las metrópolis —sobre todo al finalizar la Segunda Guerra Mundial— por parte de las potencias emergentes que irrumpieron en el nuevo orden internacional y que, por distintas razones, se identificaron con el rechazo al modelo colonial europeo.

Contemplados los procesos desde una perspectiva de conjunto, si las sociedades africanas evolucionaron, a partir de entreguerras, hacia un gradual empoderamiento político, en las metrópolis se advierte, simultáneamente, un recorrido en sentido inverso: hacia la gradual pérdida de su capital de poder para seguir manteniendo el control sobre sus colonias. En la explicación de este segundo recorrido intervino la acción que llevaron a cabo los movimientos anticoloniales ligados a los cambios socioeconómicos operados en África, particularmente desde la década de 1940. Pero, junto a ello, también cabe destacar a esos efectos el reequilibrio que experimentó desde entreguerras el eje del poder internacional, con la consecuente pérdida de la primacía que Europa había mantenido a ese respecto. A partir de la Segunda Guerra Mundial, se evidenció un hecho que muchos se resistían a reconocer, pero que se hizo cada vez más inequívoco en los 15 años que separaron 1945 de la década de 1960: el modelo colonial clásico era imposible que siguiera manteniéndose. Y ello por varios motivos. Primero, por el coste cada vez más elevado que para las metrópolis suponía contener las crecientes tensiones sociales en África y por la ya cada vez menor rentabilidad económica que reportaba ese colonialismo a las potencias europeas, algo que empezó a hacerse evidente cuando a mediados de la década de 1950 (Iliffe, 2013). Segundo, por la mayor dificultad de las metrópolis para resistir, en un nuevo orden mundial profundamente anticolonialista, a las injerencias internacionales de EE UU, la URSS y la ONU. En esencia, desde el final de la Primera Guerra Mundial se asiste, así pues, a dos evoluciones diferentes pero convergentes: mientras las sociedades africanas se encaminaron hacia la conquista del autogobierno, las potencias coloniales —salvando los casos de la dictadura salazarista y de los colonos del África Austral— lo hicieron hacia una inexorable descolonización.

La internacionalización
del conflicto colonial

A principios del siglo XX la hegemonía mundial de Europa parecía indiscutible. Conforme al renovado ciclo económico expansivo que supuso la segunda revolución industrial, las metrópolis desplegaban su tecnología, su poder y su control por distintas áreas del planeta e imponían, a escala mundial, un sistema de equilibrio en las relaciones internacionales ya iniciado en 1815 y aparentemente restaurado tras la guerra francoprusiana de 1871. En 1945, sin embargo, el escenario era bien distinto. Europa, a lo largo de casi medio siglo atravesado por dos guerras mundiales, había perdido su posición dominante en la esfera económica mientras se había ido consolidando un sistema bipolar que, con dos potencias extraeuropeas como principales protagonistas, EE UU y la URSS, vino a sustituir al antiguo sistema multilateral de equilibrio con eje en el continente europeo. En ese contexto, desde mediados de los años cincuenta los imperios coloniales africanos perdieron su legitimidad, cuestionada —entre otros— por los dos grandes competidores de Europa en el poder mundial que habían entrado en escena. Ambos, de hecho, ya ejercían entonces su dominación, aunque desde otras premisas, con otros fundamentos y con otros instrumentos.

Desde una perspectiva de “larga duración”, en el tránsito hacia el nuevo orden mundial que se implanta tras 1945, cabe destacar la intervención de dos grandes factores. El primero es de carácter económico. El nuevo ciclo expansivo de la segunda revolución industrial, su particular impulso en materia de transferencia tecnológica, de recursos y procedimientos de producción, de redes de intercambio comercial y de capital monetario y humano a una escala inédita, contenía implícita una creciente internacionalización de la economía en donde Europa, su foco originario de irradiación, fue perdiendo el liderazgo frente a potencias emergentes en las primeras décadas del siglo XX, en particular frente a los EE UU. El segundo remite al ámbito de la política internacional que se empieza a gestar conforme al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. De hecho, esa contienda marcaría un punto de inflexión en el desplazamiento del centro del poder internacional. Y ello porque, más allá de debilitar a las metrópolis, constituyó el inicio del fin del sistema de equilibrio que había pivotado en torno a Europa. Fue el paso de la “edad de la política europea” a la “edad de la política mundial” —como lo expresa G. Barraclough—; un cambio de ciclo marcado por la emergencia de nuevos protagonistas extraeuropeos. A este respecto, 1917 fue un año emblemático por ser la fecha en que tuvieron lugar la Revolución rusa y el ingreso de EE UU en la guerra europea, haciendo que un conflicto hasta entonces localizado en Europa, con objetivos limitados al ámbito de las potencias europeas, trascendiera las fronteras continentales y adquiriera carácter mundial.

Ideológicamente opuestos, ambos protagonistas coincidirían en dos aspectos esenciales que afectaron a las incipientes mutaciones del orden colonial en entreguerras. Por una parte, uno y otro compartían el rechazo al colonialismo europeo. La URSS, por principios doctrinales, es decir, por considerar el colonialismo como —en palabras de Lenin— un “estadio histórico” “monopolista”, “parasitario” y “agonizante” del capitalismo. EE UU hizo lo propio por coherencia con su origen histórico de rebeldía en relación con la corona británica (frente a la que se declaró independiente en 1776), pero también por razones económicas: porque el monopolio o proteccionismo colonial europeo suponía un obstáculo al desarrollo del libre comercio y, consecuentemente, al despliegue de sus exportaciones, a su expansión económica, en definitiva. Por otra parte, ambas potencias coincidían en la necesidad de superar el modelo de relaciones internacionales europeo, basado en un sistema de estados independientes e interequilibrados que actuaban mediante la diplomacia secreta, los “derechos históricos” o el reparto de zonas de influencia. Para la URSS era necesario superarlo porque ese modelo se oponía a su propuesta de revolución universal. Para los EE UU porque ese modelo ni aumentaba su seguridad, ni afirmaba su posición estratégica (Barraclough, 1993).

Decididamente, tanto para Lenin como para el presidente W. Wilson, era el mundo, y no Europa, el eje de sus respectivas políticas antagónicas. Es en ese marco de construcción de un nuevo orden mundial en el que se ubica la ya citada propuesta de “Catorce Puntos” presentada por Wilson en enero de 1918: síntoma de que EE UU quería tomar la iniciativa internacional ante un modelo de equilibrio que se había mostrado caduco con la Primera Guerra Mundial y ante la amenaza —también con aspiraciones internacionales— que suponía la alternativa surgida tras la Revolución rusa de 1917 (Ageron, 1991). Y es en ese mismo marco en el que se inscribe la internacionalización de los conflictos en general y de la cuestión colonial en particular, suscrita en la propuesta presentada por la Sociedad de Naciones. Esta, de hecho, se crea en 1919 como organización supranacional con voluntad de aplicar una diplomacia preventiva que evitara la reedición de la Primera Guerra Mundial.

A decir verdad, la internacionalización del conflicto colonial empezó a manifestarse por distintas plataformas antes de la propuesta de Wilson cuando, desde la Liga de los Derechos del Hombre en 1917, al igual que desde el Comité Ejecutivo del Partido Laborista y desde el Partido Socialista Francés en 1918, se apuntaba igualmente la vía de la transferencia de las colonias de África a la tutela internacional de la Sociedad de Naciones. No obstante, que hubiera un sentir y un pensar en ese sentido dentro de la opinión pública de las metrópolis no alteró en absoluto las resistencias, aún poderosas, que las potencias europeas oponían a toda modificación del statu quo colonial y, cómo no, a toda referencia a la autodeterminación de las colonias. Ello explica que Wilson, defensor de equiparar los intereses de las metrópolis con los de los nativos, firme opositor tanto del “derecho de conquista” (mediante el que las potencias europeas legitimaban su ocupación) como de la concepción de “colonia de explotación”, y partidario, en suma, de aplicar el principio de la autodeterminación para todos los pueblos, utilizara un lenguaje calculadamente ambiguo en sus manifestaciones y optara por un objetivo más limitado: evitar una anexión automática de las colonias alemanas por las metrópolis europeas. De ahí, también, que finalmente abogara por la idea de la tutela internacional de esas colonias por la Sociedad de Naciones a fin de preparar a sus poblaciones para la independencia: la idea —expuesta el 27 de enero de 1919— de garantizar en esos territorios “el desarrollo, para que, cuando llegue el momento, su interés o lo que ellos [los nativos] consideren que lo es, pueda hacerlos capaces de expresar su opinión acerca de su destino; tal vez los lleve incluso a desear la unión con la potencia administradora”.

La resolución definitiva del Tratado de Versalles de 1919 consistió —como ya se ha señalado— en la conversión de las colonias alemanas en mandatos controlados por metrópolis europeas y bajo supervisión de la Sociedad de Naciones (art. 22). Una conversión que tendría que ser transitoria, hasta que tales territorios estuvieran en disposición para alcanzar la independencia. Fue, sin embargo, una resolución contradictoria. Pese a que se decidiera no devolver a Alemania sus antiguas posesiones (Togo, Camerún, Tanganica y el Suroeste africano) bajo el argumento de las agresiones y abusos a los que habían sido sometidas las poblaciones, la tutela se convirtió, de facto, en una ocupación colonial que ni respondió a los principios democráticos prescritos ni actuó conforme a la consigna de preparar los territorios para la independencia. De hecho, la acción de las metrópolis se orientó más bien en sentido inverso: al control de toda reivindicación de emancipación, al mantenimiento del statu quo colonial en África bajo la muy difundida retórica de la “sagrada misión de civilización” que debían ejecutar las metrópolis a efectos de preparar y conducir esos territorios hacia su autodeterminación. Pese a todo, Wilson introdujo dos conceptos novedosos y de enorme trascendencia para el devenir del colonialismo. En primer lugar, el concepto de caducidad de la dominación: se entendía que el sentido de los mandatos era el de desembocar, bien en la independencia, bien en la integración voluntaria. En segundo lugar, introdujo el concepto de la responsabilidad internacional con relación a territorios dependientes, haciendo que el Consejo de la Sociedad de Naciones supervisara la administración de los territorios bajo mandato, tomara decisiones relativas a sus problemas y aplicara las sugerencias al respecto de la Asamblea General. Con ello, la realidad colonial empezó a dejar de pertenecer con exclusividad a las políticas nacionales europeas (Grimal, 1989).

A partir de entonces, y pese a las apariencias de entreguerras, la internacionalización del problema colonial no tendría ya retroceso. El relativo alejamiento de EE UU durante esos años con relación a la cuestión colonial africana —lo que permitiría a las metrópolis europeas mantener e incluso reforzar el control político y económico sobre sus dominios en esos años— no impidió que, desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt retomara la tradición anticolonialista de su país y la propuesta de internacionalización del conflicto colonial emprendida por Wilson. Fue representativa en este sentido la reunión de la que surgió la célebre Carta del Atlántico, firmada por Roosevelt y Churchill el 14 de agosto de 1941, en un contexto de guerra particularmente crítico para los aliados por cuanto el avance de Hitler parecía imparable. El texto en cuestión, un decálogo de medidas para alcanzar la paz futura, suscribe dos principios que serán de enorme trascendencia. Por una parte, aunque de forma genérica, apela abiertamente al principio de autodeterminación, esto es, al “derecho de cada pueblo a elegir la forma de gobierno bajo la que desea vivir”, y al “libre ejercicio del gobierno a quienes habían sido privados de ello por la fuerza” (art. 3). Por otra, el acuerdo firmado incluye la afirmación del principio de “puertas abiertas”, y contempla “abrir a todos los Estados, grandes o pequeños, vencedores o vencidos, el acceso a las materias primas del mundo y a las transacciones comerciales que son necesarias para su prosperidad económica” (art. 4); una iniciativa que respondía —según sostiene J. Ki-Zerbo— a la presión de lobbies de EE UU, para quienes entre el 25 por ciento y el 75 por ciento de las materias primas de su industria se encontraban en los territorios coloniales de las metrópolis europeas (Ki-Zerbo, 1980).

La conjunción de ambos principios hizo de la Carta del Atlántico un documento controvertido, pues incluía una interpretación permisiva respecto a la autodeterminación de los territorios coloniales. Churchill se apresuró, en vano, a cerrar la polémica suscitada, aclarando que no se refería a posesiones coloniales sino a territorios europeos bajo dominio nazi. El 5 de octubre de 1941 se mostró rotundo al respecto: “Lo que tenemos, lo conservaremos. No me he convertido en un primer ministro de Su Majestad para liquidar el imperio británico”. Roosevelt, en cambio, por razones estratégicas vinculadas a la obtención del apoyo de las poblaciones coloniales en la guerra, por motivos de carácter económico y por alcanzar un nuevo equilibrio internacional, no dudó de que, tanto el principio de autodeterminación como el de “puertas abiertas”, eran aplicables a cualquier territorio. Más allá de las polémicas, el documento tuvo una enorme repercusión entre los africanos, tanta que acabaron convirtiendo la referencia al “derecho de los pueblos a disponer de sí mismos” en una declaración de principios con carácter universal (Wilson, 1994).

En realidad, lo suscrito en la Carta del Atlántico no fue sino el preámbulo de un acontecimiento fundamental que constituyó la segunda evidencia, la más rotunda, de la gradual internacionalización del problema colonial y del simultáneo desarrollo de la idea de descolonización en el nuevo escenario mundial que se configura tras la guerra: los acuerdos alcanzados en la Conferencia de San Francisco, entre abril y junio de 1945, que dieron origen a la Carta de las Naciones Unidas. Siguiendo el principio de autodeterminación incluido en la Carta del Atlántico, la Declaración relativa a territorios no autónomos (ya no se habla de “colonias”) de la Carta de las Naciones Unidas es explícita en este sentido, pues precisa que los miembros de dicho organismo supranacional

reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible […] el bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se obligan: a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso; a desarrollar el gobierno propio; a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas (cap. XI; art. 73).

El texto, suscrito por los 51 primeros miembros de la ONU, de los que 27 habían sido colonias, no supuso, pese a todo, un vuelco en el statu quo colonial. Contrariamente al propósito de Roosevelt de extender el régimen de tutela internacional de la ONU a todos los territorios coloniales, velando por sus respectivos desarrollos económicos, sociales y culturales hasta alcanzar la independencia, el sistema colonial no se modificó en lo inmediato y tampoco se determinó, a corto plazo, ningún objetivo político a ese respecto. Ciertamente, el plan de Roosevelt contaba aún con poderosas resistencias de las potencias europeas, que seguían considerando indispensable para su recuperación económica de posguerra el mantenimiento del control sobre las colonias. Lo pudo comprobar el propio Roosevelt ya antes de la Conferencia de San Francisco de abril de 1945, en la Conferencia de Yalta de febrero de ese mismo año, cuando Churchill matizó su propuesta mostrándose partidario de una aplicación restrictiva, reducida a los antiguos mandatos de la Sociedad de Naciones, a los territorios arrebatados a los enemigos de los Aliados y a los que aceptaran voluntariamente la tutela de la ONU.

Pese a esas resistencias, más allá de consolidar la idea de primacía de la comunidad internacional sobre los intereses de las metrópolis, el acuerdo en cuestión consiguió incluir una mención explícita a la obligación de las “autoridades administradoras” (ya no se habla tampoco de “potencias coloniales”) de “desarrollar el gobierno propio” en los territorios coloniales. Y ello constituía un decidido compromiso con la promoción gradual de la autonomía en esos dominios, hasta alcanzar su independencia si esa fuera la decisión mayoritaria de los colonizados. La Carta ofrecía, así pues, una base jurídica de alcance reducido, pero suficiente para que la ONU estimulara el proceso de desintegración colonial, estableciera un control internacional sobre los territorios dependientes y forzara a las metrópolis a hacer concesiones descolonizadoras (Martínez Carreras, 1995). El futuro al respecto, en todo caso, habría de depender —como indica H. Grimal— de la interpretación restrictiva o evolutiva que se diera a la Carta, es decir, del predominio de una o de otra de las corrientes antagónicas que se congregaban en la Asamblea General. De un lado, integrando un grupo liderado por la URSS, se hallaban quienes, partidarios de la descolonización, proponían extender tanto la tutela internacional como el derecho de acceso a la independencia a la totalidad de los territorios coloniales. De otro quienes, encabezados por Francia, se oponían a la generalización del derecho a la independencia, apelando a carencias estructurales de dirigentes o a carencias de formación de cuadros administrativos en algunos territorios coloniales (Grimal, 1989).

Dicho esto, el destino del mundo colonial no parecía depender tanto de las metrópolis como de las nuevas potencias hegemónicas que, por distintas razones doctrinales e intereses, se oponían al mantenimiento de los imperios en el nuevo orden mundial que se estaba configurando. En esa confrontación de posturas que se manifiesta dentro y fuera de la ONU acerca del colonialismo, la evolución de la política exterior e interior estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial impidió que EE UU mantuviera el decidido protagonismo internacional que había ejercido en la era Roosevelt en relación con la descolonización. La fractura de posguerra entre EE UU y la URSS, unida al fallecimiento y sustitución de Roosevelt en la presidencia del Gobierno por Truman (menos radical a ese respecto), contribuyeron poderosamente a que EE UU matizara su política colonial y que aplicara un complejo equilibrio diplomático para mantener aliados en Europa sin abandonar, en favor de la URSS, la causa independentista. Diferente fue el efecto de la Guerra Fría para la URRS en esa materia. Mientras que la política de aproximación a sus aliados europeos hizo que EE UU perdiera parte de su liderazgo en el proceso de descolonización, la URSS se convertía en la potencia aglutinante de la protesta anticolonial internacional. En ello ya no contaban únicamente los motivos doctrinales manifestados desde el periodo de entreguerras, cuando el marxismo hizo de la liberación de los territorios coloniales uno de sus objetivos revolucionarios, sino también la reacción frente a Occidente, que convirtió el anticolonialismo en un instrumento de oposición política e ideológica en la “guerra entre bloques”. De ahí las adhesiones internacionales que suscitó la URSS y que integraban el anticolonialismo, el marxismo y la lucha contra la política de Occidente, tanto dentro como fuera del continente africano.

Decididamente, el escenario internacional que se abría tras la Segunda Guerra Mundial no era el mismo que el de 1918 y, desde luego, no era en absoluto propicio para los intereses coloniales de las metrópolis europeas. La oposición al mantenimiento del régimen colonial a partir de 1945 se llevó a cabo desde distintos frentes y con distintos actores políticos internacionales.

A la presión que Europa recibió de las dos grandes potencias que ejercieron el liderazgo mundial tras 1945, se sumó la de la ONU: la plataforma donde pudo hacerse oír la voz del antiimperialismo; el “tribunal internacional” donde las metrópolis se veían obligadas a “comparecer” en minoría (dada la composición de la Asamblea) frente a representantes de antiguas colonias e incluso de las que aún lo eran (como fue el caso del equipo de Castiella ante la oposición guineana); el espacio de confrontación, en suma, de partidarios y detractores de la colonización (Ageron, 1991; Lewin, 2006). A diferencia de la Sociedad de Naciones, su predecesora en la internacionalización del conflicto colonial, en la Asamblea de la ONU la mayor parte de los miembros se inclinaron abiertamente en favor de que las metrópolis, además de impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural de sus colonias, cedieran gradualmente autonomía en todos los territorios coloniales hasta que sus poblaciones decidieran entre la integración y la independencia. Los instrumentos de control disponibles por la ONU a esos efectos eran, por otra parte, más rigurosos que los aplicados por la Sociedad de Naciones, incorporando el envío de “misiones”, cuyos miembros entraban en contacto directo con el sentir al respecto de las poblaciones locales. Era cuestión de tiempo que las potencias europeas dejaran atrás sus resistencias a aceptar la evidencia de que el colonialismo clásico no podía prolongarse indefinidamente y que empezaran a actuar conforme a ello.

El repliegue colonial de entreguerras:
la ‘huida HACIA DELANTE’

El reconocimiento de que la descolonización era un proceso inexorable no se llevó a cabo de manera unánime ni inmediata tras la Segunda Guerra Mundial ni careció de poderosas resistencias, arraigadas en la reacción manifiesta de las metrópolis en el periodo de entreguerras. De hecho, en 1918 Europa no parecía percibir que su mundo colonial iniciaba el camino hacia su descomposición. Ya sea porque no se mostraron sensibles a ello, o por todo lo contrario, la Primera Guerra Mundial y el reequilibrio de fuerzas que se empezó a perfilar tras la contienda en el ámbito internacional tuvieron una reacción inversa: el repliegue de las metrópolis sobre sus imperios coloniales (D’Almeida-Topor, 2013). Reacción defensiva tanto ante la sensible pérdida de primacía económica y política de las metrópolis en el concierto internacional como ante la necesidad de reconstrucción tras la contienda (Gentili, 2012), los años de entreguerras fueron años en los que aquí y allá, desde esferas oficiales y mediante distintas plataformas, se promocionó África o, mejor dicho, la acción colonial en África junto a la idea de la indisolubilidad de los imperios.

Esa puesta de relieve del valor y de la importancia de las colonias para Europa así como la paralela propaganda en favor del fortalecimiento de la conexión administrativa entre metrópolis y territorios de ultramar se ejercieron a través de distintas modalidades, incluida toda una política memorialista o de celebraciones de efemérides coloniales. En Bélgica se fundó en 1928 el Instituto Real Colonial Belga “al objeto de organizar la propaganda colonial en los altos estudios, asegurar el lazo entre diferentes organismos que se ocupan de estudios coloniales y emprender todos los estudios científicos concernientes a la colonización” (Institut Royal Colonial Belge, 1930). En Alemania, que no se resignaba a perder sus territorios de ultramar y conservó el Ministerio de las Colonias en el nuevo Gobierno de 1919, se llevó a cabo también una activa propaganda en favor del colonialismo, a la que incluso se adhirieron algunos socialistas, no así el partido comunista. Y desde Italia se organizó la Feria Internacional de Trípoli en 1926, el Congreso de Explotación de las Colonias en 1927 o la I Exposición Internacional de Arte Colonial en 1931, antes de que en 1932 la prensa celebrara el cincuentenario del inicio de su actividad colonial; todo ello, dentro de una propaganda que, ante la decepción del Tratado de Versalles, exaltaba el orgullo nacional (en sintonía con la “música” del movimiento fascista) y se reafirmaban derechos históricos en ultramar, visible preludio de la invasión de Etiopía en 1935.

Los casos francés y británico no fueron excepciones de este clima internacional de reorientación de las políticas nacionales hacia las colonias para reforzar la unidad imperial, pero cabe establecer distinciones al respecto. En Francia la actividad desplegada para fortalecer los vínculos coloniales fue particularmente intensa. Además de la proliferación de artículos en prensa o la creación de instituciones como la Academia de Ciencias Coloniales en 1922, el Estado francés incorporó la historia y la geografía colonial en programas de enseñanza pública y promocionó la investigación universitaria, publicaciones y congresos sobre temas de ultramar. Representativa de la propaganda oficial en favor de “una nueva acción para un nuevo siglo de obra civilizadora francesa”, fue la Exposición Colonial Internacional de los Países de Ultramar celebrada en París (Vincennes) en 1931, en conmemoración de la toma de Argel en 1830. Con un notable éxito de asistencia (contó con alrededor de ocho millones de visitantes), se trató de una tentativa de exaltar las bondades de la expansión colonial francesa frente a los efectos de la internacionalización de la cuestión colonial y en contraste con el sentir, el pensar y el actuar que en esos mismos años se hacía cada vez más público por los propios africanos.

La confianza en las virtudes de la asimilación, en las posibilidades de elevación intelectual y social que el modelo republicano ofrecía a la población autóctona, no se acompañaría, en ese sentido, de un interés por las inquietudes sociales de las sociedades autóctonas. Si bien particularmente en los años treinta se promovió a las clases medias y a la elite afrancesada, el statu quo no experimentó alteraciones ni reformas sustanciales y se mantuvo la estrategia de “autarquía” que sometía la economía colonial a la metrópoli mediante una política proteccionista, perpetuando los abusos y minusvalorando y reprimiendo a la oposición. A este respecto, las limitadas concesiones realizadas tras la Primera Guerra Mundial en reconocimiento a la contribución de las colonias en la victoria no evitaron que siguiera aplicándose una política autoritaria, sin cabida para la participación de la población nativa en órganos representativos. Política autoritaria que solo con el Gobierno del Frente Popular de Léon Blum entre 1936 y 1938 admitió reformas e incorporó en su gabinete a personas abiertas al diálogo como Marius Motet, ministro de Colonias y miembro activo de la Liga de los Derechos del Hombre, Maurice Viollette, ministro de Estado encargado de cuestiones de Argelia, y Pierre Viénot, subsecretario de Estado encargado de los protectorados y mandatos (Droz, 2006).

Caso diferente fue el de Reino Unido, donde la reorientación de la metrópoli hacia las colonias para fortalecer la unidad imperial habría de adoptar una originalidad destacable. Y ello porque en su política colonial de entreguerras, prolongada tras la Segunda Guerra Mundial, incorporó una aparente paradoja susceptible de reducirse a una máxima: era necesario conceder el autogobierno para mantener el Imperio. Ya desde el siglo XIX, mediante una gradual evolución constitucional, la política colonial británica se había caracterizado por otorgar autonomía y estatus de “dominio” a las llamadas “colonias blancas”: Unión Sudafricana, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, miembros —todas ellas— de la Sociedad de Naciones desde 1919. Con ese precedente y el de la Conferencia imperial de Balfour de 1926, el Estatuto de Westminster de 1931 supondría el reconocimiento oficial de la descolonización de esos dominios, en tanto que, a partir de ese documento, abandonaban la situación de subordinación por la de igualdad como estados soberanos e independientes integrados en la Commonwealth y unidos por una fidelidad común a la corona. No se llegó a ese extremo en las colonias británicas de África en entreguerras, aunque no se quedaron exactamente al margen de una política de cesiones de carácter político-administrativo. Cabe señalar, en este sentido, el impulso y extensión a distintas posesiones coloniales del sistema de administración indirecta; una opción que Frederick Lugard ya había empezado a aplicar desde 1900 en Nigeria al otorgar a los emires musulmanes del norte la posibilidad de gestionar territorios, eso sí, siempre y cuando cumplieran las exigencias financieras de la Administración colonial.

El sistema, que respondía a la necesidad de mantener el control sobre los territorios al menor coste posible para las autoridades coloniales, se mostró eficaz, tanto, que no fue en realidad patrimonio exclusivo de la administración británica. Partiendo de ese objetivo, se procedió a otorgar responsabilidades político-administrativas no solo a jefaturas tradicionales, sino también a otros africanos considerados aptos para esas funciones. Funciones generalmente subalternas, orientadas al cobro de impuestos y a la resolución de conflictos entre indígenas, aunque también se llegaron a crear organismos representativos con una participación autóctona que, muy restringida y siempre bajo control de los gobernadores, facilitó la gestión de la disidencia en tanto que se integraba a los nativos en la estructura del poder. De eso se trataba, de asegurar el control, la estabilidad política y los intereses económicos de la metrópoli, aunque, simultáneamente, esas prácticas permitieron sentar bases para una futura autonomía controlada.

Con todo, y en correspondencia con la reorientación de las políticas coloniales hacia el repliegue sobre sus colonias, las potencias europeas reforzaron, durante el periodo de entreguerras, la fundamentación del colonialismo mediante el despliegue de una nueva doctrina colonial, la que destacaba la idea de equilibrio de transferencias con beneficios mutuos entre metrópolis y colonias: las metrópolis recibían la riqueza en materias primas de las colonias y estas, a cambio, recibían de las metrópolis sus conocimientos y saberes, es decir, la ciencia, la tecnología, la escolarización, la sanidad, el equipamiento, la garantía de seguridad y de paz interior y exterior. Se redefinía de ese modo el colonialismo desde paradigmas “humanistas”, en donde la explotación dejaba de presentarse como el único argumento de la dominación, y, en ocasiones, dejaba de ocupar el lugar prioritario de la justificación, para exaltar, en cambio, la faceta de solidaridad y de intercambio de bienes (materiales e inmateriales) que presuponía progresos compartidos. Ese intercambio, esa transmisión de la civilización europea, otorgaba legitimidad a la colonización; un ámbito en donde la “Francia de los valores” se mostraba particularmente aventajada para invocar la “misión civilizadora”, pese a la contradicción existente entre los derechos humanos que defendía su democracia republicana y la práctica imperial que los violaba (Conklin, 1997). Ello, sin menoscabo de que el mismo argumento del “esfuerzo de civilización” fuera utilizado asimismo por países como Alemania o Italia, desposeídos o desprovistos de colonias tras la Primera Guerra Mundial (Miège, 1980).

Fue de conformidad con esa doctrina colonial como se llevaron a cabo mejoras sanitarias y educativas a través de misiones católicas y protestantes (M’Bokolo, 2004). Y cabría incluir en ese marco algunas concesiones, esencialmente en territorios dominados por Reino Unido y Francia: una relativa tolerancia en materia de prensa, de publicaciones y de asociacionismo, este limitado a círculos de estudiantes y movimientos juveniles, con la contrapartida de un mayor control policial. Mejoras, todas ellas, imperceptibles, sin embargo, para la mayoría de la población, en su conjunto ubicada bajo del régimen de subordinación a los intereses de colonos y metrópolis, y para quienes el colonialismo era sinónimo de arbitrariedad administrativa, presión fiscal, baja remuneración salarial, represión y marginación mediante el mantenimiento del régimen de indigenado y de los trabajos coactivos.

Dicho esto, se mantuvo el inmovilismo en materia de reformas, la persistencia del control político-administrativo bajo la presión de los lobbies coloniales o las resistencias de las potencias europeas a aceptar tanto la internacionalización de la cuestión colonial como la revisión de los mandatos: síntomas reveladores de que los intereses nacionales primaban sobre la idea de altruismo. De hecho, en contraste con toda retórica altruista, las dificultades económicas que vive Europa entre 1919 y 1923, más aún en la década de 1930, constituyeron factores prioritarios en la tentativa de las metrópolis de impulsar “economías imperiales” que mitigaran los efectos de esas crisis, reeditando así la iniciativa que se puso en práctica en la depresión internacional precedente, la de 1873, que estuvo en el origen de la segunda revolución industrial y también del imperialismo: el “nacionalismo económico” del Estado. Explícito al respecto fue el caso francés, cuyo imperio en entreguerras ocupó una posición clave como proveedor de materias primas y salida a productos industriales: si durante los años veinte las colonias constituían el tercer socio comercial de la metrópoli, tras la crisis de 1929 se convierten en el primero, y todavía en 1947 las exportaciones hacia sus posesiones de ultramar superan ligeramente a las que parten hacia el resto del mundo (Marseille, 1984).

No albergaban dudas acerca de ese equívoco los movimientos de oposición al colonialismo que, sensibles al malestar de las sociedades colonizadas, se organizaron y expresaron en Europa. Ya incluso antes de la Primera Guerra Mundial, grupos de distinto horizonte ideológico habían rechazado la acción colonial, bien poniendo el énfasis en razones humanitarias, igualitaristas y en el principio democrático, según el cual la colonización no debía ejercerse contra la voluntad de los colonizados, bien —como hicieron doctrinalmente socialistas y, más tarde, comunistas— determinando el colonialismo como el producto del capitalismo, aunque la casuística de los posicionamientos al respecto no se agotaba exactamente ahí (Benot, 1969). Algunos socialistas británicos y franceses se ubicaron ambiguamente entre ese rechazo doctrinal y la aceptación de una expansión liberalizadora y asimilacionista. Más enérgica sería, sin embargo, la condena de comunistas, que vieron en el anticolonialismo un excelente instrumento de lucha contra el capitalismo, también en el continente europeo (Grimal, 1989). En realidad, pese a su poder de atracción, la acción colonial nunca había sido unánimemente compartida en Europa y, a medida que transcurría el periodo de entreguerras, surgieron más voces que trataron de poner de relieve la contradicción entre colonialismo y equilibrio de transferencias. Así fue expuesto por la “Liga contra el imperialismo y la opresión colonial” fundada en 1927 en Bruselas por la Internacional Comunista y que en su II Congreso, en 1929, se declaró “contra toda discriminación económica, política y social por cuestión de raza; en favor de la igualdad plena y completa de los derechos nacionales económicos y políticos de todos los pueblos negros del mundo”. Y así lo denunció, poniendo el énfasis en los abusos del colonialismo, la Liga de los Derechos del Hombre, cuya trayectoria en defensa de distintas causas humanitarias ya era prolongada desde su creación en París en 1898. Ello, por no hablar de los combates en esa misma línea de intelectuales como Albert Einstein, Louis-Ferdinand Céline, André Gide o Félicien Challaye. Este último era rotundo: “La colonización no es una empresa humanitaria, es un régimen de opresión política con el objeto de explotar económicamente a los pueblos sometidos” (Challaye, [1935] 1998).

Esa denuncia que compartían algunos europeos no mitigó, sin embargo, el dominio de su opuesto en la retórica oficial de entreguerras: la exaltación del colonialismo desde su “sagrada misión civilizadora”. La legitimidad de la colonización, sustentada en la idea de la superioridad moral del “hombre blanco” así como en la supremacía occidental en materia intelectual, científica, económica y militar sobre individuos de costumbres consideradas primitivas, seguía manteniéndose, del mismo modo que la convicción de la indisolubilidad de los imperios coloniales y de la perennidad de la misión civilizadora europea. Sintomática de la unidad imperial había sido —así se entendía— no solo la masiva contribución de los africanos a la victoria aliada en 1918, sino también la lealtad que estos habían manifestado a las metrópolis, con independencia de las revueltas esporádicas. Desde esa perspectiva, la existencia de agitaciones sociales no alteró la convicción de que el autogobierno era asunto de un futuro indeterminado y, desde luego, muy lejano, pues se mantenía la certeza de que esas sociedades requerían aún, y durante mucho tiempo, del Gobierno colonial que asegurase el orden, la protección y la paz.

En el periodo de entreguerras, combinando medidas represivas con reformistas apenas apreciables, la dominación europea de África permanecía aparentemente intacta. La Conferencia de Versalles de 1919 permitió que las metrópolis continuaran su política colonial en África, hasta el punto de que fue a finales de la década de 1930 cuando, más allá de alcanzar la dominación europea su máxima amplitud territorial, se advierte un notable incremento de inversiones desde las metrópolis. El relativo aislamiento de EE UU tras 1918 respecto al colonialismo europeo, los problemas internos de la URSS y los efectos internacionales de la crisis de 1929 facilitaron la continuidad del control europeo sobre África y dificultaron que pudiera ponerse en evidencia el cambio de ciclo del que habla Barraclough. Nada en el discurso oficial parecía advertir el carácter irreversible de las reivindicaciones de emancipación africana. Nada, en la década de 1930, parecía presagiar lo que se avecinaba y que iba a poner fin a esa “huida hacia delante” emprendida en entreguerras. La opinión pública generalizada en esos años en Europa, conforme a la retórica difundida por los medios oficiales, la cartelería, la literatura o el cine, entendía mayoritariamente la colonización como un intercambio con compensaciones mutuas, al tiempo que consideraba incuestionable el mantenimiento del régimen colonial, entre otras razones porque de las colonias y de los africanos apenas se percibía otra cosa que retraso económico, escasa formación e incapacidad de autogobierno. Hubo que esperar a la otra posguerra, la que se inicia tras 1945, para que en Europa se empezara a apreciar como irremisible el fin del colonialismo clásico, en parte por el coste de su mantenimiento ante las crecientes tensiones manifiestas en las sociedades africanas y en parte, también, por las ya referidas presiones externas de EE UU, la URSS y la ONU.

Hacia la descolonización: del reformismo
al fin del colonialismo clásico

Al término de la Segunda Guerra Mundial la cuestión colonial generaba reacciones sensiblemente divergentes en Europa. Por una parte, en lo inmediato, las potencias coloniales no parecían ser conscientes de que sus imperios africanos entraban en una acelerada fase de descomposición; es más, con las independencias de Asia, África se convirtió en el principal centro de interés para Europa (Campos, 2000b). Por otra, en cambio, se empezaba a percibir que el mundo —incluido el mundo colonial— estaba experimentando transformaciones sustanciales que exigían reconsiderar el régimen de dominación y la obstinación por mantenerlo intacto. Contribuía a ello el hecho de que la opinión pública europea de los años que siguieron al conflicto, cada vez menos sensible a la grandeza imperial y más al coste de la colonización, priorizara la reconstrucción de posguerra y la construcción de una comunidad europea —articulada con el Tratado de Roma de 1957— como paliativo al deterioro económico y político de Europa y como antemural frente a los nacionalismos que habían llevado a reeditar —en tres décadas— la tragedia de la guerra. Pero, sobre todo, detrás de la reconsideración del régimen colonial en África Subsahariana se hallaban las distintas presiones a las que las autoridades europeas se vieron sometidas en ese contexto de posguerra. Primero, las de los movimientos africanos que, sobre todo tras 1945, reclamaban mejoras en las condiciones de vida y de trabajo junto a la emancipación y la autonomía. Segundo, las de los ya referidos nuevos actores políticos y plataformas internacionales que definen el renovado orden mundial de posguerra y ante las que las potencias coloniales acabaron convenciéndose de la esterilidad de seguir manteniendo su inflexibilidad en materia colonial. Y tercero, las de los enfrentamientos anticoloniales en Asia y norte de África que se activan al término de la Segunda Guerra Mundial y que tuvieron especial relevancia en el caso francés: el conflicto de Indochina entre 1946 y 1954 y, sobre todo, la Guerra de Argelia entre 1954 y 1962, que persuadieron al Gobierno de la necesidad de evitar nuevos frentes sangrientos y marcaron un punto de inflexión (Nouschi, 2005). Así, a partir de 1945 fueron cada vez más las voces que se manifestaron en favor de romper el inmovilismo en materia colonial, esto es, de aceptar la incorporación de reformas de distinto tipo y calado, eso sí, a condición de seguir manteniendo el control político sobre las colonias y de que se respetaran sus intereses económicos en África a efectos de que ello contribuyera a la recuperación de Europa (Fontana, 2011). En esa voluntad de utilizar los imperios para reconstruir las metrópolis destaca el caso de Reino Unido, que extrajo de sus colonias 140 millones de libras esterlinas entre 1945 y 1951 (Iliffe, 2013). Se imponía, así pues, reformular la retórica imperial, incluyendo la idea de desarrollo de los territorios africanos, conforme a la aparición del “estado del bienestar” en Europa y a las presiones de la ONU (Campos, 2000b).

Si las primeras iniciativas europeas en el continente africano tuvieron por objeto esencial la obtención de beneficios exclusivamente para las metrópolis marginando el desarrollo autóctono, la perspectiva ahora era distinta. Las principales potencias coloniales parecían haber llegado al convencimiento de que el mantenimiento de los imperios en el nuevo contexto de la posguerra requería tener en consideración parte de las reivindicaciones de los africanos, esto es, requería rediseñar el marco de las relaciones con los colonizados, así como promocionar el desarrollo económico en África. Ello, en la línea de la tendencia iniciada durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los Aliados se vieron en la necesidad de incrementar la explotación de productos estratégicos y de desarrollar industrias de transformación, tal como demuestra el caso del África Occidental Británica, que duplicó el volumen de sus transacciones entre 1936 y 1946, pasando de 44 a 86 millones de libras (Coquery-Vidrovitch, 2005). En este sentido, y aunque con las casuísticas particulares que se abordan en un Capítulo aparte, los años comprendidos entre 1945 y finales de la década de 1950 fueron años de reformas políticas y programas de desarrollo en los principales imperios coloniales; años en que se elaboraron —con cierta precipitación en ocasiones— proyectos constitucionales, económicos y sociales, entre los que se encontraban las llamadas “políticas de estabilización”.

Tres consideraciones preliminares se imponen acerca de esa reconsideración del colonialismo y de las iniciativas reformistas —preámbulo de la descolonización— que las metrópolis aplicaron para adaptarse a las nuevas circunstancias tras la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, más allá de gestos y voluntades altruistas conectados a promesas de compensaciones políticas, económicas y sociales por las contribuciones y esfuerzos realizados por las colonias en tiempos de guerra, esas iniciativas tenían un propósito fundamental: neutralizar los movimientos de emancipación, mitigar el impulso y las reivindicaciones que desplegaban obreros e intelectuales y, con ello, seguir manteniendo el control económico sobre las colonias.

En segundo lugar, tales iniciativas ni fueron unánimemente aplicadas por todas las potencias coloniales ni excluyeron —allí donde se emprendieron— el uso de la represión sobre las poblaciones africanas. Lo confirman los acontecimientos violentos que tuvieron lugar en Kenia, Camerún o Madagascar, pero también la ausencia de reformas en el Congo belga, en los territorios controlados por la dictadura portuguesa y en los gobernados por colonos en el África Austral que, a contracorriente de las iniciativas reformistas, crearon condiciones para que se desarrollaran prolongadas insurrecciones armadas. Ello permite, por otra parte, matizar la afirmación —correcta en parte, pero solo en parte— de que, en contraste con los procesos de descolonización que tuvieron lugar en el norte de África o Asia, los que se llevaron a cabo en África Subsahariana se definieron por culminarse mediante procesos carentes de violencia.

En tercer lugar, tales tentativas de adaptación al nuevo escenario de posguerra estuvieron condicionadas por las políticas de colonización que venían aplicando las metrópolis desde sus inicios y que la historiografía ha distinguido en función de dos principios diferentes. Por una parte se halla la política de “asociación”, que ha sido vinculada al caso británico y que contemplaba el respeto a las costumbres autóctonas y la aplicación de la administración indirecta. Esa línea ha hecho que a Reino Unido se le atribuya una descolonización aceptada, negociada y pacífica, conforme al propósito de mantener vínculos de distinto tipo con los nuevos estados y autoridades africanas, y que remite a la gradual evolución constitucional que experimentaron sus dominios hasta alcanzar la independencia e integrar la Commonwealth mediante el Estatuto de Westminster de 1931. Por otra, la política de “asimilación” y de “dominación directa”, que se ha ligado a la promoción de la unidad e indivisibilidad imperial de la tradición centralista francesa pero que se extendió a otras potencias coloniales. De hecho, se trata de una línea habitualmente asociada a modelos de descolonización más reticentes y conflictivos, como fueron los casos belga y portugués. Con todo, la distinción entre “asociación” y “asimilación” es fundamentalmente analítica. En la práctica, ni se aplicó siempre por las metrópolis a las que se les atribuye su liderazgo, ni se impuso de manera homogénea, en compartimentos estancos o en bloque. Si en las colonias británicas de Kenia o África del Sur se combinó un régimen de dominación directa con concesiones de autonomía a los jefes tradicionales, en los territorios controlados por Francia, Portugal o España la “asimilación” no impidió —sobre todo durante el primer periodo colonial— sustituir la escasez de personal administrativo con el recurso a las autoridades locales (Coquery-Vidrovitch, 2005). En realidad, las metrópolis no eligieron una sola doctrina, sino que tomaron de ambas los elementos que les convenían según los diferentes territorios; era habitual que la tónica aplicada al respecto consistiera en “muchas obligaciones, muy poca autonomía, una pizca de asimilación” (Grimal, 1989).

Dicho esto, la evolución de las respuestas reformistas, antesala de la descolonización, atravesó distintas fases. En la década de 1945-1955, los principios altruistas y reformistas de algunos gobiernos europeos no se trasladaron aún a realizaciones concretas, lo que generó desilusión, desconfianza y mayor radicalización en las reivindicaciones de las emergentes formaciones políticas africanas, ya convertidas o convirtiéndose en partidos de masas. Habría que esperar, entre otros acontecimientos, a que la guerra de Argelia, entre 1954 y 1962, y la Conferencia de Bandung de 1955 dieran un nuevo impulso a las iniciativas reformistas que, sin embargo, se revelaran infructuosas para contener el movimiento emancipador y mantener el sistema colonial. Fue entonces cuando las potencias coloniales empezaron a entender que el fin del modelo clásico de colonialismo era irreversible; cuando empezaron a aceptar que las nuevas relaciones con África únicamente podrían basarse en el libre consentimiento de sus sociedades; cuando, en suma, iniciaron el proceso de descolonización. En lo que sigue se exponen las vías de adaptación al nuevo escenario de posguerra que adoptaron las dos principales potencias coloniales en África (Bélgica, Portugal y España apenas experimentaron cambios al respecto hasta finales de los años cincuenta); ambas —aunque con distintas modalidades— desde un principio compartido: “reformar para mantener”.

El caso francés: del inmovilismo al reformismo

Si en el periodo de entreguerras la principal preocupación de Francia fue el mantenimiento de la autoridad colonial, la Segunda Guerra Mundial introdujo un cambio sustancial en la perspectiva y en la acción gubernamental. Con un Gobierno debilitado por la guerra y por la división entre la Francia de Vichy y la Francia libre, el conflicto provocó, de hecho, que las autoridades francesas no colaboracionistas con el régimen nazi —pese a haber practicado una política indígena similar a la del gobierno de Vichy (Yacono, 1971)— empezaran a contemplar, en los meses finales de la guerra, la necesidad de establecer reformas en sus territorios imperiales que permitieran mantener el control sobre las colonias. Teniendo ello en cuenta, y ante el riesgo cada vez más inminente de que el futuro de esas colonias se planteara a escala internacional tras la contienda, De Gaulle trató de tomar la iniciativa emprendiendo la ruptura con el inmovilismo reformista que había caracterizado la política colonial hasta entonces y planteando la reorganización del imperio sobre bases más justas.

El primer síntoma de ese giro se advierte en el discurso que De Gaulle pronunció el 12 de diciembre de 1943 en la localidad argelina de Constantina donde, junto al incremento de la representación de los musulmanes en las asambleas y en la administración, anunció la ampliación de la ciudadanía a decenas de miles de argelinos (que tendrían derecho a elegir la composición de las asambleas locales) sin exigencia, en contrapartida, del abandono de la condición musulmana. Seguía así la propuesta —ya manifestada por el Comité Francés de Liberación Nacional en 1942, al calor de la guerra de propagandas con Vichy— en favor de reconsiderar las relaciones de la metrópoli con sus colonias. No obstante, pocas semanas después de aquel anuncio en Constantina, en la Conferencia de Brazzaville (capital de la Francia libre) celebrada el 30 de enero de 1944, se presentó un programa más extenso de reformas institucionales que, para muchos coetáneos, supuso el inicio de las transformaciones del sistema colonial francés. El evento (al que únicamente se convocó a gobernadores y funcionarios coloniales del África Subsahariana y de Madagascar, junto a representantes del Gobierno de Argelia) fue anunciado con el objetivo de “asegurar el progreso de las poblaciones francesas del continente africano”, lo que levantó expectativas autonomistas y descentralizadoras que inquietaron a los partidarios de la asimilación, así como a colonos y Cámaras de Comercio, que defendían el mantenimiento del statu quo.

No tardaron esas expectativas en desinflarse por las ambigüedades del discurso de De Gaulle: generoso en sus principios pero impreciso en su contenido. Desde el reconocimiento de la deuda contraída con las colonias por su contribución a la causa de la Francia libre durante la guerra, De Gaulle declaró su conformidad con llevar a cabo amplias concesiones, persuadido, no obstante, de que la soberanía francesa no se pondría en duda. Fue así como, contrariamente al régimen de Vichy, defendió el principio de tolerancia y se mostró a favor de la amnistía a presos políticos, la libertad de prensa y la formación de partidos, pero no dudó en oponerse a las amenazas secesionistas, entendiendo que la independencia solo podría acordarse siempre que se garantizasen los intereses y derechos de Francia.

Más allá del discurso de De Gaulle, fue el conjunto de recomendaciones lo que dio origen al programa reformista. Un programa, no obstante, presentado con ambivalencia calculada en tanto que trataba de aunar propuestas federalistas y asimilacionistas y se ubicaba entre el altruismo de los principios y el conservadurismo de las medidas concretas a emprender. Dicha ambivalencia marcaría, a decir verdad, el devenir de la política colonial francesa en África durante la primera década de la IV República. Ejemplo de esa doble orientación que se pretendió conciliar es la postura manifiesta del gobernador Saller quien, al tiempo que mantenía el convencimiento en la obra civilizadora de Francia y el rechazo a “toda idea de autonomía”, a “toda posibilidad de evolución fuera del bloque francés”, a “toda constitución, incluso lejana, de autogobierno”, también recomendaba la representación de la población autóctona africana en asambleas de consejos, así como en el Parlamento francés (Droz, 2006). Mucho más audaces fueron, sin embargo, las recomendaciones económicas y sociales del franco-guayanés Félix Éboué (Gobernador del AEF): la abolición del régimen judicial del indigenado y de los trabajos forzados en un plazo de cinco años, el estímulo a la enseñanza y la mejora de los servicios sanitarios, la participación de la elite africana en la Administración, la autorización de los sindicatos o la creación de un Fondo de Inversión para el Desarrollo Económico y Social (FIDES) que estimulara la producción y la industrialización.

Con todo, la Conferencia de Brazzaville no contempló la idea de autogobierno, del mismo modo que tampoco trajo —no, al menos, como consecuencia inmediata— la aplicación de las recomendaciones más decididas de F. Éboué, por lo que sería excesivo concluir que supuso un acontecimiento “revolucionario descolonizador”, como lo ha determinado parte de la historiografía (Miège, 1980). Sin embargo, —como afirma B. Droz— si Brazzaville no fue el acto fundacional de la descolonización francesa, tampoco supuso el triunfo del conservadurismo. No hay, efectivamente, que exagerar su balance, pero tampoco hay que subestimar lo que ese programa reformista supuso: aquella iniciativa gubernamental permitió replantear las bases de la colonización, esto es, constituyó un punto de inflexión respecto al antiguo orden colonial que influyó notablemente en las primeras decisiones de posguerra sobre las colonias, así como en la evolución de la futura “comunidad francesa”. De hecho, una de las principales medidas que se adoptaron tras Brazzaville fue un acontecimiento inédito en los imperios coloniales europeos y de enorme trascendencia en el devenir particular de las colonias francesas hasta sus respectivas independencias: otorgar una representación “indígena”, el 11 por ciento, en la Asamblea Nacional Constituyente que redactaría la Constitución de la IV República en 1946. Conscientes de hasta qué punto su poder y su autoridad habían sido minados por la Segunda Guerra Mundial, más aún tras la imposibilidad para recuperar el control sobre Indochina a partir de 1946, los miembros del Gobierno francés aceptaron esa inclusión de las elites africanas en el proceso de reconstrucción de la República francesa (Cooper, 2014a). Conforme a ello, se crearon en las colonias dos colegios electorales separados (uno para ciudadanos y otro para súbditos ilustrados que hubieran trabajado para el Estado o hecho el servicio militar) a efectos de elegir a 64 representantes que habrían de integrar la Asamblea. De ellos, 23 diputados fueron africanos (Coquery-Vidrovitch, 2005).

A partir de esa medida, la Asamblea Nacional Legislativa optó por una vía reformista que, pese a las reticencias que durante una década tuvo la IV República para desarrollarla, ya no tendría marcha atrás. Que en la Constitución de 1946 el “imperio colonial francés” pasara a denominarse “Unión Francesa”, al tiempo que las “colonias” se convirtieran en “Departamentos de ultramar” y los “indígenas” fueran definidos como “autóctonos”, puede considerarse un rasgo anecdótico, pero también fue sintomático de que las cosas estaban cambiando. Más allá, sin embargo, de aspectos epidérmicos, en la Constitución de 1946 —como se abordará más adelante— se logró incluir —eso sí, por iniciativa de los diputados africanos— la derogación de los trabajos forzados (públicos y privados) y del régimen de indigenado, así como el reconocimiento del derecho (aún limitado) de ciudadanía a los habitantes de las colonias. Nada de ello debe enmascarar las enormes resistencias que parte de la Asamblea Nacional Legislativa opuso a abandonar tanto la dominación colonial como los “sueños” de grandeza imperial, lo que haría de la década a partir de 1946 —salvando las referidas disposiciones de la Constitución de la IV República— una década de inmovilismo legislativo en la política colonial francesa. Sin embargo, no es menos cierto que ese inmovilismo acabó fracturándose con la promulgación de la Ley Marco de Gaston Deferre en 1956, en una penúltima tentativa por aplacar, bajo la primera reforma de envergadura de la IV República, las crecientes tensiones sociales y eventuales veleidades secesionistas en África Subsahariana. La última de esas tentativas, la emprendida en la Constitución de 1958 que dio paso a la V República, tendría como principal actor a un retornado De Gaulle y fue la que, involuntariamente, allanó el camino a las independencias que se sucedieron en cascada en 1960.

El caso británico: ‘Conceder el autogobierno
para salvar la Commonwealth’

La idea de que las colonias acabarían inexorablemente por alcanzar la independencia era, tras 1945, más comúnmente admitida en Reino Unido que en Francia (Grimal, 1989). Ni la opinión pública ni las autoridades políticas británicas estaban en la posguerra tan sensibilizadas como en el continente europeo acerca de la “pérdida” que supondría la descolonización. No en vano y como aquí se ha señalado, en una muestra de pragmatismo y capacidad de adaptación a la evolución de los acontecimientos, la política colonial británica había desarrollado, ya desde los años de entreguerras, precedentes en materia de concesiones al respecto. Por una parte, se había llegado a reconocer oficialmente —mediante la vía constitucional suscrita en el Estatuto de Westminster de 1931— la descolonización de los dominios “blancos”, que pasaron a ser estados independientes, aunque integrados en la Commonwealth. Por otra parte, en esos mismos años el imperio británico ya había emprendido una política colonial orientada a la cesión gradual y controlada de responsabilidades políticas y administrativas mediante el establecimiento del sistema de administración indirecta, desde el convencimiento de que ese era el modo más eficaz y de menor coste para preservar la estabilidad política y los intereses económicos de la metrópoli.

Conforme a esos precedentes, tras la Segunda Guerra Mundial las autoridades de la metrópoli estaban mayoritariamente persuadidas de que ni la preservación de vínculos económicos con las colonias obligaba a mantener el aparato de control político y administrativo, ni la aceptación de la emancipación tenía por qué conducir a una no deseada ruptura radical o completa de los lazos con el imperio. Fue a partir de esas premisas como la política colonial británica contemplaba la vía del reconocimiento del autogobierno. Una vía que, eso sí, debía controlarse por la metrópoli y acatar tres principios esenciales. Primero: el autogobierno debía respetar los intereses económicos de la metrópoli. Segundo: el acceso a la autonomía no debía significar la fractura de los vínculos fundamentales con la metrópoli. Y tercero: los dirigentes británicos se reservaban el derecho a decidir el grado de madurez política de los colonizados para el autogobierno, así como las etapas y modalidades para alcanzarlo (Droz, 2006).

Ante la evolución de los acontecimientos, el paradigma que se imponía era, así pues, el de permitir el establecimiento de autogobiernos estables que respetaran tanto los intereses de la metrópoli y de las poblaciones autóctonas como los derechos de los colonos europeos; gobiernos, por tanto, representativos de los principales grupos sociales, capaces de impedir que la mayoría se impusiese sobre las minorías. Ello explica que la política colonial británica en la posguerra se caracterizara, más allá de por una relativa tolerancia a los movimientos independentistas, por el rechazo a la voluntad de los colonos de Rodesia del Norte y de Kenia de establecer regímenes que marginaran a las comunidades autóctonas. Ahora bien, para los dirigentes británicos de la posguerra era prematuro aplicar en África la descolonización que permitieron en Asia. La idea comúnmente admitida era que las poblaciones africanas no se encontraban aún en disposición de acceder al conjunto de responsabilidades inherentes a la independencia; que requerían aún de una preparación previa en la gestión de asuntos locales; que el paso de la administración indirecta al autogobierno era precipitado y corría el riesgo de provocar confrontaciones étnicas, religiosas y raciales en colonias con fuerte poblamiento blanco. En definitiva, en 1945 Reino Unido veía aún muy lejano el autogobierno en África, debido, junto a las razones aludidas, a que las colonias carecían de infraestructuras y de cuadros para ello, a que solo se había abordado la organización administrativa a partir de estructuras tribales y a que aún no se había ejecutado satisfactoriamente un requisito considerado prioritario: la africanización de los Consejos legislativos y ejecutivos que actuaran bajo supervisión de los gobernadores.

Apoyándose en esos argumentos, una parte de los conservadores y laboristas británicos no dudó en rechazar las reclamaciones de independencia formuladas por los delegados africanos reunidos en Mánchester en 1945 y en sostener la represión y el encarcelamiento de líderes secesionistas. No obstante, esa represión se combinó con las iniciativas reformistas emprendidas por el Gobierno laborista de Clement Attlee entre 1945 y 1951, que supusieron la apertura al reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las sociedades coloniales, así como la reorientación de la política colonial hacia el progreso económico y social autóctono. Ello, desde el convencimiento de que no bastaba con reconocer el derecho al autogobierno de los territorios coloniales y de que ambos desarrollos, el económico y el social, eran requisitos indispensables para alcanzar el progreso político-constitucional hacia la democratización, lo que obligaba a educar a la opinión pública en el sentido y en el ejercicio de sus responsabilidades políticas.

Es en este marco en el que se inscribe la promoción, a partir de 1945, de organismos oficiales para el desarrollo y la reconstrucción de distintos territorios, así como el impulso a la enseñanza, que permitió un espectacular aumento del número de escolarizados en casos como Ghana (que pasó de 185.000 en 1946 a 456.000 en 1957) o Nigeria, donde se superó el millón en los años cincuenta (Coquery-Vidrovitch, 2005). Y es en este mismo contexto donde se procedió con éxito (salvo en casos como el de los emiratos del norte de Nigeria y Buganda, donde persistía la impronta de la autoridad centralizada en jefes tribales) a sustituir el sistema de la administración indirecta por organismos representativos elegidos democráticamente, con participación no solo de la elite intelectual y las clases medias, sino también de campesinos. Tras la africanización de los órganos de gobierno y administración, los Consejos legislativos y ejecutivos territoriales fueron transformándose en Cámaras y Gabinetes ministeriales que aportaron base legal a los gobiernos autónomos, antes de alcanzar la independencia (Cortés López, 1995).

Con todo, contrariamente al caso francés (donde se aplicó el principio de la República centralista e indivisible), Reino Unido incorporó textos “constitucionales” adaptados a cada posesión, adoptando una vía flexible hacia las independencias que, eso sí, exigía el rechazo al marxismo, el respeto a la diversidad étnica y religiosa en un sistema representativo federal y la pertenencia a la Commonwealth (Droz, 2006). A este respecto, el objetivo no era “no perder una colonia, sino ganar un miembro para la Commonwealth” que mantuviera los derechos adquiridos y no sacrificara las particularidades de las minorías (étnicas, tribales o religiosas) en beneficio de las mayorías (Grimal, 1989).

Segunda parte

LA ARTICULACIÓN DE LAS INDEPENDENCIAS

INTRODUCCIÓN

Desarrollados conforme al gradual empoderamiento político de los africanos y al también gradual debilitamiento de las metrópolis, los procesos que condujeron en las décadas centrales del siglo XX a las independencias de los territorios coloniales en África Subsahariana no siguieron, en absoluto, un patrón unitario. Los factores concurrentes a ese respecto, al igual que las formas que adoptaron, fueron múltiples y requieren de un análisis particularizado de cada caso. Es lo que, precisamente, se aborda en las páginas que siguen, teniendo en cuenta, entre otros ingredientes, uno que es medular y que define la estructura con la que aquí se presentan: la modalidad con la que cada metrópoli llevó a cabo la colonización y reaccionó ante las demandas de emancipación y ante el nuevo orden internacional —decididamente anticolonial— perfilado tras la Segunda Guerra Mundial.

La heterogeneidad que las potencias coloniales manifestaron, en particular su mayor o menor disposición para adoptar políticas reformistas, fue condicionante de las evoluciones de cada caso y del mayor o menor grado de violencia con el que se procedió hasta alcanzar la independencia. Fue condicionante, aunque no determinante. En este sentido, es comúnmente admitido que en la mayoría de los territorios de África Subsahariana la independencia se alcanzó mediante procesos en los que primó, sobre la violencia, la negociación entre líderes africanos y autoridades coloniales. En ello —como también en el grado de consolidación democrática poscolonial (Pérez González, 2001)— intervino el grado de flexibilidad reformista adoptado por las metrópolis, su mayor o menor permisividad de espacios de impugnación y participación política para las poblaciones autóctonas (Wilson, 1994; Shipway, 2008). Y en ello también intervino una circunstancia: esas independencias se llevaron a cabo en una fase posterior a las de Asia y norte de África, es decir, cuando las metrópolis tenían más elementos de conocimiento acerca del carácter irreversible de la ruptura y fueron más conscientes de las ventajas que les reportaría una solución negociada (Ki-Zerbo, 1980). Así se puso de manifiesto en 1947 cuando un comité de la Oficina Colonial británica, tras informar sobre la caótica descolonización india y del “peligro de que se disuelva la parte colonial de la Commonwealth británica”, propuso la formación de “grandes colonias africanas que adoptaran la forma de estados viables y mantuvieran relaciones amistosas con Londres en el seno de la Commonwealth” (Iliffe, 2013). Esas conexiones no deben, sin embargo, ocultar los episodios de represión que asistieron a esos procesos, ni tampoco la particular violencia que acompañó los casos, por ejemplo, de Kenia, Madagascar, Angola, Mozambique o África Austral, donde la intransigencia de los estados colonos impulsó a los movimientos de liberación en Zimbabue, Namibia y Sudáfrica a seguir una vía revolucionaria. Algunos de esos episodios se llevaron a cabo en territorios de metrópolis con un régimen dictatorial o supremacista, pero otros bajo dominio de potencias más proclives a aceptar reformas. La complejidad del fenómeno impide, así pues, establecer relaciones automáticas al respecto; obliga a tener en consideración factores añadidos al criterio reformista de cada metrópoli.

Capítulo 3

TERRITORIOS BAJO DOMINACIÓN FRANCESA

La particularidad de los procesos de independencia de los territorios bajo dominio francés estuvo, en esencia, marcada por la combinación de dos rasgos: el carácter centralista e indivisible que caracterizó a la República francesa y la política de asimilación que se aplicó con relación a las colonias y que llevó a la ya referida integración de africanos en la Asamblea Nacional Legislativa como diputados electos. Ambos factores hicieron que los procesos en cuestión se llevaran a cabo de manera centralizada y conjunta, y, más aún, que estuvieran marcados por negociaciones y reformas constitucionales con una decidida y decisiva participación de los diputados africanos. Ello, sin menoscabo de episodios de violencia y represión, especialmente trágicos en los ya citados casos de Madagascar, saldado con 40.000 muertes, y Camerún.

A este respecto, tras el anuncio reformista de Brazzaville en 1944, en particular tras obtener representación en la Asamblea Nacional Constituyente, los diputados africanos emprendieron (no sin resistencias por parte de miembros de la Asamblea del entorno de Edouard Herriot) una vía de acción política en la que fueron obteniendo concesiones de la metrópoli conforme a las recomendaciones de la Carta de la ONU suscritas por Francia. Entre estas últimas se encontraban la de garantizar el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos y la de tener en consideración las reivindicaciones políticas de las poblaciones dependientes. Se trató de graduales concesiones de la metrópoli y también de graduales conquistas de los africanos en materia de derechos fundamentales y de desarrollo autónomo de las colonias. Conquistas en las que seguían la aspiración no a la independencia sino a la integración en una Federación francesa igualitaria. A ese respecto, cabe reducir a dos sus objetivos esenciales hasta poco antes de que se desencadenaran las declaraciones de independencia: la ciudadanía plena y la integración en una Francia Federal supranacional.

La lucha por la igualdad:
la lucha por la ciudadanía

La primera de las concesiones gubernamentales, la primera de las conquistas de los diputados africanos, la elemental, se expuso en los meses de preparación de la Constitución de la IV República en 1946 y tuvo como eje la ampliación de los derechos de la ciudadanía francesa a la totalidad de los habitantes de sus colonias. Fue la propuesta formulada, entre otros, por el diputado senegalés L. Sédar Senghor en abril de 1946: considerar a todos los habitantes de los territorios de ultramar como ciudadanos, con independencia de su diversidad social y cultural. No fue fácil que la Asamblea francesa la aceptara. Primero, por la incertidumbre que para el Gobierno francés suponía la extensión del principio de igualdad democrática a individuos sobre quienes se cuestionaba su grado de “evolución”. Y segundo, porque esos eventuales ciudadanos conformaban una población mucho más numerosa que la francesa europea, con lo que —a juicio de Edouard Herriot— se corría el riesgo de que Francia se convirtiera en “colonia de sus antiguas colonias”.

Tras debates en ese sentido desarrollados al hilo de la redacción del borrador de la Constitución, finalmente se logró que esta incluyera la que sería una de sus disposiciones culminantes: la llamada “Ley Lamine Guèye” del 7 de mayo de 1946, por la que se generalizaba la ciudadanía a todos los antiguos súbditos y se equiparaban los derechos de los “nacionales franceses de la metrópolis o de los territorios de ultramar” con los derechos de los “naturales de los territorios de ultramar” (Ley nº 46-940 del 7 de mayo de 1946, reproducida en los artículos 80 y 81 de la Constitución del 27 de octubre de 1946). Los diputados de las colonias vieron así cumplida su reivindicación de fondo. Pero ello no impidió que su acción política se extendiera a la denuncia pública de las desigualdades y abusos que representaban los “trabajos forzados” (tanto públicos como privados) y el régimen judicial específico del indigenado: prácticas que aún se mantenían y que, bajo la presión que los citados diputados ejercieron en la Asamblea Nacional Legislativa, acabaron siendo derogadas al inicio de la IV República.

Esas conquistas en la línea de la ampliación de derechos cívicos no deben dar lugar a equívocos. Contrastando con los ideales altruistas manifiestos en la fundación de la Unión Francesa en 1946, el miedo a la disolución del imperio francés hizo que las disposiciones reformistas tuvieran un carácter limitado. Así, pese a la extensión del derecho de ciudadanía a todos los antiguos súbditos, la Constitución de la IV República mantuvo la desigualdad en materia de derechos políticos. De hecho, lejos de refrendar el sufragio universal en las colonias (habría que esperar a 1956 para ello), instauró el sistema del “Doble Colegio” electoral que concedía un valor superior al voto de los residentes europeos frente al de los africanos autóctonos. En la práctica, por tanto, se impuso la “ciudadanía dual” que defendía el democristiano Mouvement Republicain Populaire. Además, la Constitución de 1946 persistía en proclamar que la República era “una e indivisible” y que el poder debía permanecer centralizado en la metrópoli y en el Gobierno de la República. Dicho de otro modo: determinaba que el presidente de la República era, al mismo tiempo, el presidente de la Unión Francesa (lo que equivalía a considerar que esta “pertenecía” al Gobierno francés) y limitaba el margen de decisión de los otros dos órganos de la Unión Francesa (el Consejo Supremo y la Asamblea) que le otorgaban apariencia —solo apariencia— de organización federal.

La IV República francesa nacía, así pues, con reticencias reformistas. Reticencias que, lejos de ser coyunturales, se mantendrían desde el inicio de la Guerra de Indochina en 1946 (un mes después de la proclamación de la Constitución) hasta la promulgación de la Ley Marco de 1956. En esa década, en realidad, la política colonial francesa se caracterizó por la firmeza imperial y la parálisis legislativa. Fueron años en los que, conforme a los preceptos de la Constitución de 1946, la Administración francesa se mantuvo inflexible en mantener la soberanía, en defender el orden y la unión de todos los territorios de ultramar con la metrópoli. Años en los que, bajo el influjo de grupos de presión económica, muy activos en prensa, en ministerios y en partidos, persistía el culto a la grandeza imperial y al mantenimiento del patrimonio colonial que, para no pocos parlamentarios, era lo que representaba el peso internacional de Francia.

Es cierto que, en contraste con la etapa precedente, durante la IV República se procedió a la modernización económica de las posesiones francesas en África mediante un importante impulso a la inversión pública bajo el Plan FIDES. Este se orientó a inversiones en mecanización agrícola e infraestructuras (en puertos como los de Abiyán, Douala o Conakry, carreteras o presas como la de Édéa en Camerún), a la explotación de recursos mineros o petrolíferos (fue el caso en Gabón), a la creación de fábricas como las de aluminio de Camerún y Guinea, o al estímulo, conforme a las recomendaciones de Brazzaville, de la enseñanza primaria, secundaria y profesional. Inversión pública que no careció de detractores desde distintos flancos. A ella se opusieron, por una parte, quienes denunciaron el perjuicio para el contribuyente metropolitano y el sobrecoste que suponía, en un momento en que Europa se estaba reconstruyendo y se consideraba prioritaria la modernización económica de la metrópoli. Por otra parte, algunos líderes africanos que veían en esa iniciativa inversora una enmascarada reedición del “pacto colonial”, es decir, de los desequilibrios que habían dominado las relaciones metrópoli-colonias desde sus inicios y por los que la primera obtenía los beneficios de las segundas sin incentivar el desarrollo económico en África.

Con independencia de los debates al respecto, ese impulso a la inversión y a la modernización económica no debe ocultar una evidencia: la IV República, inmersa en problemas de estabilidad política y carente de interés por las aspiraciones locales (Perville, 1991), no supo interpretar adecuadamente la evolución social y política de los habitantes de sus colonias africanas. Más allá de que las reformas emprendidas fueron limitadas y esporádicas, el Gobierno francés opuso poderosas resistencias a todo movimiento de escisión, ante los que priorizó la represión frente al diálogo. Así se puso de manifiesto al inicio de la IV República en el caso de Madagascar, donde, tras la solicitud de independencia en 1946 realizada por los diputados del Movimiento Democrático de Renovación Malgache (MDRM) y el posterior aumento de tensiones estalló una sublevación el 30 de marzo de 1947 que concluyó con un brutal castigo sobre la población autóctona (se estima entre 80.000 y 90.000 el número de víctimas) y con la disolución del MDRM.

Dicho esto, ni las reticencias reformistas con las que nació la IV República ni la brutal represión con la que se sofocó la rebelión malgache disuadieron a los diputados africanos de la Asamblea Nacional Legislativa de mantener el pulso político en el Parlamento. En esencia porque, pese a todo, la Constitución de 1946 les permitía participar en la elaboración de leyes que, como la “Ley Lamine”, abrían una vía institucional para conseguir sus aspiraciones igualitarias. En cualquier caso, esos diputados no tardaron en advertir las dificultades que el nuevo régimen de la Unión Francesa oponía para adoptar medidas conducentes a la plena extensión de derechos civiles —su prioridad— y a la autonomía de las colonias. De ahí que, el mismo año en que se declaró la IV República, parte de ellos empezara a emprender un camino político al margen de los partidos metropolitanos a los que inicialmente se habían afiliado (la SFIO, el Partido Comunista Francés [PCF] y el MPR) y que, por entonces, por cálculo electoral, no incluían la autonomía de las colonias en sus programas. Así, en el Congreso de Bamako de 1946, que presidió Houphouet-Boigny, se creó una plataforma de carácter unitario y transnacional denominada emblemáticamente Rassemblement Démocratique Africain (RDA); una plataforma independiente de los partidos políticos europeos, aunque no dudó en establecer una alianza con el PCF (el único partido metropolitano que prestaba un apoyo sin reservas a la causa anticolonialista), y que fue sustituida en 1950 por la que estableció con la UDSR de François Mitterand. Senghor, por su parte, que desestimó adherirse al RDA por sus lazos con el PCF, permaneció adscrito a los socialistas de la SFIO hasta que el 27 de octubre de 1948 fundara, también fuera de toda tutela de partidos europeos, el Bloc Démocratique Sénégalais (BDS), adherido un mes más tarde al grupo parlamentario de los Indépendants d’Autre Mer (IOM).

Con todo, habida cuenta del inmovilismo reformista de la IV República, tanto desde la Asamblea Nacional Legislativa como desde plataformas políticas y sindicales propias, distintos líderes africanos —con diferente orientación ideológica— centraron sus esfuerzos en una acción política donde reivindicaron, durante los primeros años de posguerra, la igualdad de derechos y beneficios sociales (incluyendo mejoras en las instalaciones sanitarias y educativas), la igualdad de derechos laborales, salariales o de administración de empresas, la igualdad en materia de participación política (es decir, la conquista del sufragio universal), la consecución, en suma, de la plena ciudadanía para los africanos. A esa batería de reivindicaciones se añadieron, desde 1953, propuestas de leyes para orientar a la Unión Francesa en un sentido federal o confederal a efectos de que las Asambleas de cada territorio colonial obtuvieran autonomía en el gobierno de asuntos internos. Autonomía, que no independencia, como sostenía Senghor en el primer número de la revista La Condition Humaine, fundada en 1948. Y autonomía, que no nacionalismo, como el mismo Senghor escribiría en reiteradas ocasiones en esa misma publicación. “No somos racistas, como no somos regionalistas o nacionalistas”, precisaba en 1949 cuando se refería al partido en el que militaba: “El BDS, al defender al hombre senegalés y africano, defiende al hombre de la Unión Francesa y al hombre universal. La Condición Humana, en última instancia, sigue siendo nuestro objetivo”. Su insistencia en condenar públicamente el nacionalismo lo llevaría, de hecho, a definirlo en 1951 “como una enfermedad infantil de la que nos tenemos que curar” (Cooper, 2014a).

La defensa de la integración
en una Comunidad federal supranacional

El inmovilismo legislativo habría de dar un giro sustancial a partir de 1954: año en el que coinciden —no por azar— el inicio de la Guerra de Argelia y la derrota francesa de Dien Bien Phu que puso fin a su dominio en Indochina. Ambos acontecimientos están en la base de dos importantes medidas que adoptó el Gobierno francés en 1956 y que supusieron un sensible cambio en relación con su tradición imperialista en África. La primera fue la concesión de la independencia a Marruecos y a Túnez, al objeto de evitar enfrentamientos sangrientos añadidos a los de Indochina y Argelia. La segunda consistió en la promulgación, el 23 de junio de 1956, de la primera reforma colonial de envergadura de la IV República: la Ley Marco de Gaston Defferre, que tuvo por objeto prevenir o mitigar tensiones sociales en África Subsahariana, en un momento en que en esos territorios se estaban dando dos circunstancias representativas del empoderamiento político de las sociedades africanas. Por una parte, se hallaba el fortalecimiento de la oposición política anticolonial. De hecho, los resultados de las elecciones legislativas del 2 de enero de 1956, donde se apreció el impulso de los dos grandes partidos africanos (el RDA y el BDS), eran reveladores de que se estaban superando la previa fragmentación política y la dependencia de sus líderes respecto a las formaciones políticas y sindicales metropolitanas. Por otra parte, se hallaba el acrecentamiento de las movilizaciones en favor de la igualdad de derechos políticos y sociolaborales; reivindicaciones cuya atención generaba, para la Administración, costes que empezaban a no verse compensados por la rentabilidad de las colonias.

Transcurrida una década de letargo reformista en la IV República, parte de sus dirigentes parecía entender que era necesario una modificación de la política colonial. En primer lugar para prevenir el contagio de enfrentamientos sangrientos que se estaba produciendo en otras áreas coloniales, tal como expuso el propio Defferre el 7 de junio de 1957: “No confundamos la calma que existe en el África negra con una total indiferencia a lo que ocurre en África del Norte; no permitamos que pueda creerse que Francia solo emprende reformas cuando la sangre empieza a derramarse” (Grimal, 1989). En segundo lugar, para facilitar una gobernanza en el África Subsahariana que se estaba haciendo cada vez más gravosa, compleja y difícil de asumir por las autoridades de la metrópoli debido a la multiplicación de demandas políticas y sociolaborales. Es en ese contexto en el que irrumpió la Ley Marco de 1956 con una batería de medidas de calado. Contemplaba la democratización, con la aprobación del sufragio universal y del Colegio Único en los territorios de ultramar, así como la progresiva africanización de la función pública, al aumentar la presencia africana en los órganos de gobierno aunque manteniendo la autoridad de los gobernadores. Y contemplaba, también, la descentralización administrativa: otorgaba a las Asambleas territoriales autoridad para la resolución de asuntos internos (tales como las reivindicaciones salariales de los funcionarios), cuyas partidas presupuestarias pasaban a ser responsabilidad de cada Gobierno y, en consecuencia, debían ser sufragadas con recursos propios (Cooper, 1996a).

Conforme a ello, junto a los progresos en materia de derechos políticos, la Ley Marco suponía un paso decidido hacia la transferencia de responsabilidades político-administrativas a los africanos, es decir, hacia la autonomía. Sin embargo, al proporcionar un poder real a los africanos elegidos por sufragio universal para las Asambleas territoriales, generó reacciones ambivalentes. Se delegaba poder a gobiernos de africanos, pero esa cesión de poder se llevó a cabo a instituciones de los territorios en los que la metrópoli había dividido aleatoriamente su imperio en África, es decir, sin contemplar un Gobierno a mayor escala de federaciones africanas. De ahí que, si bien la Ley Marco obtuvo la aceptación mayoritaria de los líderes africanos en tanto que se hacía eco de parte de sus reivindicaciones medulares, el hecho de que determinara un poder unitario de la metrópoli, con el establecimiento de relaciones directas e individualizadas con cada territorio, chocaba con las aspiraciones panafricano-francófonas de algunos líderes de crear una soberanía que combinara distintos niveles (del territorial al confederal) dentro del federalismo. La controversia, a ese respecto, de los diputados africanos estaba así servida.

Houphouët-Boigny, junto a parte de parlamentarios del RDA, aceptó con entusiasmo la Ley Marco, incluida la territorialización de la soberanía que conllevaba. No en vano, había participado directamente en su elaboración como miembro de la Asamblea Nacional Legislativa y ministro delegado de la Presidencia del Consejo, antes de ostentar el cargo de ministro de Estado a partir del 12 de junio de 1957. Senghor, en cambio, pese a reconocer que se trataba de un progreso sustancial en favor de la emancipación, no la recibió en absoluto con el mismo fervor: en la medida en que la Ley Marco mantenía los Territorios de Ultramar como colectividades de una República unitaria e indivisible, entendía que la autonomía era solo aparente y que la territorialización del poder suponía una “balcanización” de África que había que evitar por sus efectos perniciosos para el progreso económico, político y social de las distintas unidades territoriales. En ese mismo sentido se pronunciaba Mamadou Dia quien, tras definir en 1957 al federalismo como “la última oportunidad y solución de futuro”, un año después calificó de “error histórico capital” la fragmentación de África que se desprendía de la Ley Marco (Cooper, 2008). La solución, para Senghor y para Dia, pasaba por la construcción de una República Federal supranacional que, con estructura confederal, articulara distintas escalas de soberanía: territorial, interafricana y francoafricana. Ello permitiría el autogobierno tanto de Francia sobre sí misma (evitando así el temor expresado por Herriot a que la metrópoli se convirtiera en “colonia de sus colonias”) como de los territorios africanos. Estos últimos (algunos demasiado pequeños y pobres como para poder emprender progresos sustanciales) se integrarían, de este modo, en federaciones o unidades territoriales más amplias y, por tanto, más fuertes económica y políticamente, haciendo que cada Estado actuara por el bien común y que cada ciudadano compartiera los mismos derechos que sus homólogos de la “Francia europea”.

Tal propuesta federal (fórmula no contemplada por la Ley Marco para evitar toda tentación de independencia) no era una novedad. Senghor la había formulado ya en la inmediata posguerra, cuando consideró que la “República indivisible” de la Unión Francesa no permitía dar respuesta a los problemas de África; cuando sostuvo que sus compatriotas debían “asimilar sin ser asimilados” y que las civilizaciones africana y europea podían ayudarse recíprocamente; cuando mostró su convencimiento de que la vía para conjugar la diversidad cultural y la filiación política a la “Francia europea” de los derechos constitucionales era el federalismo, no la fragmentación de África en países o “naciones” separadas entre sí y separadas de la metrópoli. Esa propuesta federal no era una novedad pero ahora, en el contexto de la aprobación de la Ley Marco, cobraba renovada vigencia y centralidad en el debate acerca del modelo a adoptar en las relaciones institucionales con la metrópoli. De hecho, la iniciativa de Senghor recibió el apoyo de la Convención Africana del Congreso de Dakar en enero de 1957, así como de parte de los diputados del RDA (en particular de Sékou Touré) reunidos en el Congreso de Bamako de septiembre-octubre de 1957. E incluso esa iniciativa estuvo en la base de la articulación —en 1958 y a iniciativa de Senghor y Dia— de una plataforma transnacional: el Parti du Régroupement Africain, que abogó por la creación de un ejecutivo y un parlamento federal en el AOF. No obstante, la propuesta federal de Senghor no contó con el respaldo de Houphouët-Boigny, decididamente contrario a federar su país (Costa de Marfil, el más rico y el de mayor renta per cápita del AOF) con otros territorios africanos con los que, en consecuencia, tendría que compartir un Estado que, además, tendría capital en Dakar y no en Abiyán. Frente a todo ejecutivo federal africano que vinculara su país a estados “pequeños”, su preferencia era el modelo de un poder ejecutivo federal en París y establecer relaciones directamente con Francia.

Visiblemente, en el debate sobre el modelo de soberanía al que aspirar, se incorporaban nuevos ingredientes, afloraban “egoísmos y particularismos” —en palabras del guineano Sékou Touré— que impedían que se forjara una unidad en el AOF y el AEF en torno a federaciones africanas. Unos líderes temían que sus países acabaran reducidos a la irrelevancia o fueran “fagocitados” por los más ricos. Otros, a la inversa, temían que la asociación de sus países con los más pobres lastrara su desarrollo. A pesar de sus diferencias, Senghor, Dia y Houphouët-Boigny entre otros coincidían en una idea: ninguno (ni siquiera Sékou Touré, quien lideraría la primera secesión del África Subsahariana francesa en 1958) planteaba en esos años una independencia sobre la que todo eran incertidumbres, sino una verdadera autonomía ejecutiva y legislativa. Conscientes de las dificultades que podría entrañar para los territorios africanos el aislamiento, preferían mantener los vínculos políticos y económicos con Francia, eso sí: siempre que obtuvieran una real autonomía política (Grimal, 1989).

Del fracaso de la propuesta federal
a la independencia

La Ley Marco no consiguió consolidarse, entre otras razones porque, desde su aprobación en junio de 1956 hasta la firma de los decretos para su aplicación en marzo de 1957, el debate y el impulso a las iniciativas en favor de mayores cuotas de autogobierno superaron la propuesta de la metrópoli, convertida en limitada y obsoleta frente a las demandas federales. En ese escenario, el paso de la IV a la V República el 4 de octubre de 1958 incorporó un nuevo ingrediente que aceleró las transformaciones y allanó, sin pretenderlo, el camino hacia la independencia: la reforma de la Constitución.

El contexto en el que se desarrollaron esos acontecimientos estuvo marcado por la profunda crisis política que, debido a la evolución de la Guerra de Argelia, experimentó Francia en 1958 y que precipitó el retorno de De Gaulle a la jefatura del Gobierno. Toda vez que el 1 de junio de 1958 la Asamblea Nacional otorgara al antiguo líder de la Resistencia el poder para formar un Gobierno de unidad nacional, se iniciaron los preparativos para reformar la Constitución, que habría de ser votada el 28 de septiembre de ese mismo año. Las precauciones que, en esa tarea, se adoptaron se hicieron notar hasta en los detalles de la nomenclatura con la que denominar al nuevo Estado. Se desechó el término “Federación Francesa” precisamente porque se consideró que ello ofrecería vía libre a unas independencias que se querían evitar y porque, con una federación de base territorial, París se colocaría en pie de igualdad con los demás territorios, esto es: perdería su hegemonía sobre ellos. Finalmente, a propuesta de Philibert Tsiranana (futuro presidente de la República Malgache), se eligió la expresión “Comunidad Francesa” para sustituir a la Unión Francesa, si bien mantuvo de esta última una característica central: el presidente de la nueva Comunidad habría de ser el presidente de la República Francesa, sin gabinete federal, con gestión, desde la metrópoli, de la política exterior, de defensa, economía, justicia o enseñanza.

El tránsito a la V República y a la nueva Constitución no evitó que entre los líderes africanos siguieran los debates en torno a la República Federal. Houphouët-Boigny, optaba por una Federación Francoafricana con base en la multiplicidad de territorios reconocidos y, por tanto, rechazaba crear federaciones intermedias. Senghor, opuesto a ese modelo por la “balcanización” que traería consigo y porque prolongaría la sujeción colonial, apostaba por crear un conjunto confederal francoafricano a partir de la unificación territorial en federaciones. De Gaulle, que en agosto de 1958 tomó el pulso de esas discusiones en la campaña que realizó en Brazzaville en favor de la aprobación de la nueva Constitución y, consiguientemente, de la “Comunidad Francesa”, al advertir un mayor apoyo del previsto a las ideas secesionistas, introdujo propuestas permisivas con la independencia. Por una parte, garantizó que el voto a favor de la nueva Constitución no impidiera a los territorios miembros de la Comunidad Francesa salir de ella cuando lo estimaran oportuno. Por otra, aseguró que todo territorio que votara contra la Constitución y contra la propuesta de una autonomía en el seno de la Comunidad Francesa, alcanzara la independencia inmediata y total pero se viera excluido de la Comunidad Francesa y de los beneficios que ello reportaba.

Decididamente, se trataba de un órdago. Quedaba reconocido el derecho a la independencia si se optaba por rechazar la Constitución de 1958. Ahora bien, independencia significaba salida de la Comunidad y, con ello, la retirada de la ayuda económica, financiera y administrativa de la metrópoli, lo que el líder guineano Sekou Touré no dejaba de ver como un chantaje encubierto. La baza de De Gaulle era precisamente esa: la incertidumbre ante un futuro sin medios materiales para obtener beneficios de la independencia. Todas las colonias votaron afirmativamente su inclusión en la Comunidad Francesa, por mayorías que oscilaron entre el 78 por ciento en Níger y el 99 por ciento en Costa de Marfil. Todas, salvo Guinea que, con el 97 por ciento de los votos en contra, fue la primera colonia francesa en conseguir la independencia, el 2 de octubre de 1958. Excluyendo acuerdos puntuales, ello significó la inmediata supresión de toda ayuda o cooperación francesa.

La Constitución y el modelo de Comunidad Francesa que se habían votado y aprobado tenían solo apariencia federal pues, pese a contar con autonomía para la gestión democrática de sus asuntos internos, los territorios miembros de la Comunidad debían someter distintas competencias (política exterior y económica, defensa, justicia y educación) a la Presidencia de la República Francesa. Conforme a ello, era lógico que esa masiva aprobación no significara ni unanimidad en la valoración de los líderes africanos sobre la Constitución y el régimen de Comunidad, ni menos aún el fin los debates y aspiraciones acerca de la plena autonomía mediante la fórmula federal. Así, frente a la insistencia de Senghor y Gueye, Keita y Dia en formar una Confederación de Estados africanos que evitara la desigualdad entre metrópoli y territorios, Houphouët-Boigny mantenía su propuesta de un federalismo que vinculara directamente a los territorios con Francia en una comunidad “multinacional e intercontinental” (Grimal, 1989). Por ese motivo contribuyó a que fracasara la construcción, en 1959, de la Federación de Mali, integrada por Senegal, Sudán francés (actual Mali), Alto Volta (actual Burkina Faso) y Dahomey (actual Benín), que acabaría reduciéndose a los dos primeros países antes de su completa disolución en agosto de 1960.

En ese escenario de desacuerdos, tanto las iniciativas de articular el modelo confederal como la Comunidad Francesa encontraron notables dificultades para la supervivencia, máxime cuando los miembros de la Comunidad contemplaban cómo la pionera Guinea, pese a los problemas derivados de su independencia, conseguía ayuda exterior y aceptación internacional en la ONU. Incapaces, los principales líderes, de superar sus diferencias para hacer frente a la política de bilateralidad francesa, los estados que integraban la Comunidad acabaron optando por la independencia en 1960. El detonante último fue un acuerdo parlamentario. Cuando la Asamblea Nacional de Francia permitió en mayo de 1960 la independencia a todo Estado sin dejar de ser miembro de la Comunidad, se desencadenó un movimiento de declaraciones de independencia que sorprendió por su número y por su celeridad. Algunos estados la proclamaron haciendo referencia a que seguían integrados en una Comunidad que, de facto, ya no tendría operatividad alguna; otros lo hicieron sin referirse a ello.

Togo y Camerún, territorios que, bajo tutela de la ONU, eran estados autónomos desde septiembre de 1956 y mayo de 1957 respectivamente, fueron el preludio de lo que sucedería a partir de la referida revisión de la Constitución. Camerún alcanzó su independencia el 1 de enero de 1960; Togo, el 27 de abril de 1960. A ellos siguieron, por orden cronológico en 1960: Madagascar (26 de junio), Dahomey (1 de agosto), Níger (3 de agosto), Alto Volta (5 de agosto), Costa de Marfil (7 de agosto), Chad (11 de agosto), República Centroafricana (13 de agosto), Congo-Brazzaville (15 de agosto), Gabón (17 de agosto) y, tras la disolución de lo que quedaba de la Federación de Mali (y las discrepancias entre Senghor y Keita), Senegal (20 de agosto) y Sudán francés (22 de septiembre, adoptando el nombre de Mali). Finalmente, la última declaración de independencia de 1960 fue la de Mauritania el 28 de noviembre. Esas independencias fueron la evidencia de un doble fracaso: el de la Comunidad Francesa en África, pero también el del proyecto de Federaciones africanas incapaz de vencer no ya las rivalidades personales sino también las tentaciones, los “particularismos” y “egoísmos” —que denunció Touré— del nacionalismo (Cooper, 2014a). Con todo, Francia seguiría ejerciendo, de otro modo, influencia en la gobernanza política y económica en los territorios de mayor interés de sus antiguas posesiones (Fontana, 2011), al tiempo que quedaron aún espacios a los que se les retrasó su independencia por razones estratégicas: el archipiélago de Comores la consiguió el 6 de julio de 1975 y la Somalia francesa, que adoptó el nombre de Yibuti, el 27 de junio de 1977.

Capítulo 4

TERRITORIOS BAJO DOMINACIÓN BRITÁNICA

Las peculiaridades de la colonización británica lo fueron también de su proceso de descolonización. Contando con mayores consensos parlamentarios que en Francia acerca de la inexorabilidad de las independencias, se buscó tempranamente evitar conflictos y organizar transiciones que beneficiaran sus intereses. Aunque en la práctica no presentó diferencias tan acusadas como se ha interpretado con el modelo colonial francés, la tendencia británica a la administración indirecta, que se tradujo en una precoz africanización de los Consejos legislativos y ejecutivos coloniales, sirvió de base orgánica para articular institucionalmente los procesos de descolonización que se siguieron en la mayor parte de los casos. La africanización de la administración se había iniciado en 1922, pero no se aceleró hasta después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la presión de los movimientos de emancipación (más orientados al autogobierno en los territorios británicos que en los franceses), mediante el reforzamiento progresivo de los Consejos legislativos (aumentando el número de elegidos frente a los nombrados) y la ampliación de la base electoral que los elegía. Fueron así desapareciendo las jefaturas tradicionales, sustituidas por la nueva generación de líderes que transformó los Consejos en Cámaras o Gabinetes ministeriales, los cuales, a su vez, constituyeron el pilar legal desde el que configurar gobiernos autónomos antes de dar el paso a la independencia. Excepciones a esa línea fueron los territorios con fuerte control de colonos inquietos por la evolución de los acontecimientos: Kenia, donde en 1952 estalló la revuelta Mau Mau y Rodesia del Sur, donde la minoría blanca acabó por emular a sus vecinos de la República Sudafricana y por proclamar unilateralmente la independencia en noviembre de 1965 (Lugan, 2009). Ambos abandonaron la Commonwealth que, sin embargo, pasó de contar con ocho miembros en 1950 a tener a 21 en 1965 conforme a los procesos de independencia. Con todo, en los cambios —no exactamente radicales— de la metrópoli hacia una descolonización política no solo participaron gabinetes laboristas, sino también —pese a mostrarse en ocasiones más hostiles a ello— gobiernos conservadores como lo demuestra la gestión de la administración de Macmillan (Goldsworthy, 1995).

África Occidental: Costa de Oro, Nigeria, Sierra Leona y Gambia

Fue el África Occidental Británica el área en la que el Gobierno británico más tempranamente admitió la participación de africanos en el Consejo Legislativo conforme a la aplicación de una política multirracial. Así se llevó a cabo en Nigeria en 1922, Sierra Leona en 1924 y Costa de Oro en 1925, convertidos de ese modo en estados de facto. Y fue, no por azar, en África Occidental donde se ubica la colonia que —sin contar el caso peculiar del condominio angloegipcio de Sudán en 1956— más precozmente declaró la independencia en África Subsahariana: Costa de Oro, en 1957.

Próspera exportadora de productos agrícolas, de maderas y de minerales, en especial de oro y diamantes, Costa de Oro se encontraba entre las colonias más ricas y que más rápidamente se incorporaron a las transformaciones modernizadoras, particularmente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en el primer productor mundial de cacao. Tal circunstancia no dejó de tener consecuencias sociales en tanto que propició el desarrollo —ya desde los años treinta— de una floreciente burguesía rural y urbana autóctona de donde emergió una elite de jóvenes intelectuales, muy activos en la defensa de la igualdad sociolaboral y política, así como de la independencia. Integrado en esa nueva generación de la protesta se hallaba Kwame N’Krumah quien, tras realizar estudios en los EE UU desde 1935, se convirtió en el principal impulsor del V Congreso Panafricano de Mánchester en 1945 y en uno de los más fervientes y activos promotores del panafricanismo, como aquí se ha destacado.

La sucesión de acontecimientos que condujeron a la independencia de Costa de Oro parte de 1946, cuando se llevó a cabo en la colonia una reforma constitucional desde la que, por primera vez, se admitió a una mayoría africana en el Consejo Legislativo así como la inclusión de tres africanos en el Consejo Ejecutivo. La iniciativa suponía una apertura a la participación autóctona en órganos territoriales de decisión política, pero no significó la democratización que demandaba la elite intelectual. No constituyó ni la democratización del proceso electoral (en tanto que se mantenía un voto restringido) ni la de las instituciones en tanto que permitía que los jefes tradicionales siguieran ocupando los cargos representativos. Esa reforma, en consecuencia, no era suficiente para N’Krumah, que en 1947 había contribuido a fundar en Londres la United Gold Coast Convention (UGCC). Desde esa plataforma solicitó a las autoridades británicas transformaciones más contundentes en la Constitución de Costa de Oro, lo que, unido a la presión que supusieron los disturbios de Accra del 28 de febrero 1848 (donde se contabilizaron oficialmente 29 muertes), provocó que el Gobierno laborista acabara por acceder a realizar nuevos cambios constitucionales en 1949.

Persuadido de que la eficacia del movimiento secesionista requería de un partido de masas que canalizara el malestar de las incipientes clases medias y que estuviera dotado de organización y de “agentes de progreso”, N’Krumah dio un nuevo paso en 1949. Abandonó la UGCC por discrepancias con su moderantismo y fundó su propio partido, el Convention People’s Party (CPP), desde el que —bajo el lema de “autogobierno ya”— emprendió una activa campaña de aproximación a sindicatos y con acciones colectivas de inspiración gandhiana, que mantuvo incluso tras su condena en 1950 a tres años de prisión por delitos de sedición. La aplastante victoria del CPP en las elecciones de febrero de 1951 a la Asamblea Legislativa —las primeras realizadas en Costa de Oro por sufragio universal, conforme a la nueva Constitución—, supuso un impulso decidido a las aspiraciones independentistas y un giro en la política de la metrópoli al respecto. De hecho, N’Krumah fue liberado y, a partir de entonces, inició un ascenso que lo llevó a convertirse en primer ministro en 1952 y a ganar nuevamente las elecciones de 1954 y 1956. Tras ello, elevó al Gobierno británico una petición formal de secesión que condujo a la declaración de independencia (en el seno de la Commowealth) el 6 de marzo de 1957. Costa de Oro se convertía en Ghana. Con ello el primer territorio en África Subsahariana en alcanzar la independencia formal no dejaba atrás únicamente su dependencia política, sino también su denominación ligada a su pasado colonial.

Distinta fue la evolución del caso de Nigeria, en esencia, debido a un rasgo que caracterizaba a este territorio de manera particularmente acusada: el caleidoscopio de etnias (9), dialectos (248) y grupos religiosos (3) que lo componía desde que se definieran sus fronteras a finales del siglo XIX y que planteaba complejos problemas para construir un Estado. No en vano, las diferencias entre los yorubas al oeste, los ibos al este y los emiratos musulmanes del norte ya habían provocado duros conflictos entre sí y hacían temer a las autoridades británicas dificultades de coexistencia bajo un mismo gobierno. En esa misma medida, tal fragmentación no predisponía a que se lograra fraguar un movimiento de liberación unitario, como tampoco lo hacía su condición de colonia poco próspera (hasta el descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo y gas natural en los años sesenta) y carente de la elite intelectual que poseía proporcionalmente Ghana. Pese a ello, se logró extender la idea de independencia, en particular entre las clases medias urbanas del sur, motivadas por la posibilidad de desempeñar un papel en la gestión de los asuntos públicos antes que en la gestión política de un Estado.

En ese proceso cabe destacar la labor realizada por Nnamdi Azikiwe tras su regreso de América en 1935. La actividad en cuestión tuvo dos focos esenciales. Primero, se ejerció mediante el despliegue de una intensa y entusiasta tarea propagandística que incluyó la fundación de distintos periódicos con amplio eco en la opinión pública del África Occidental. A mediados de los años cuarenta el West African Pilot, editado en Lagos, distribuía 20.000 ejemplares (Iliffe, 2013). En segundo lugar, se llevó a cabo con la creación en 1944 del National Council of Nigeria and Cameroons (NCNC), al objeto de articular una respuesta secesionista que englobara al conjunto del territorio. La reacción del Gobierno británico no tardó en llegar. Lo hizo mediante la aprobación de la Constitución de 1945, muy protestada por el NCNC en tanto que no alteraba sustancialmente el antiguo orden de supremacía de las jefaturas tradicionales. Hubo que esperar hasta 1951 para que esas protestas consiguieran que se modificara el texto constitucional con la introducción del sufragio universal, aunque aún se trataba de un sufragio universal ponderado. Fue, pese a no ser completo, un progreso del NCNC, al que le fueron peor las cosas en su propósito de erigirse en plataforma con presencia en el conjunto de regiones de Nigeria.

Las elecciones de 1951 fueron reveladoras de hasta qué punto la fragmentación étnica y religiosa que atravesaba el país afectaba a la fragmentación política. El NCNC consiguió implantarse con más fuerza en la región oriental, poblada mayoritariamente por ibos, pero ya en 1949 habían surgido dos nuevos partidos políticos que irrumpieron en otras áreas del país: el Action Group que, fundado por Abofemi Awolowo, se consolidó en la región occidental donde habitaban principalmente yorubas y el Northern People’s Congress que, en torno a Ahmadu Bello, se consolidó en la región del norte musulmán. La posterior Constitución de 1954, dotada de un marcado sesgo federalista, trató de dar respuesta a esa realidad al otorgar a cada región la posibilidad de establecer una autonomía que evitara conflictos. Finalmente, las elecciones de 1959 por sufragio universal encaminaron al país hacia la independencia el 1 de octubre de 1960. El primer ministro Macmillan depositaba entonces esperanzas en que un Estado parlamentario con estructura federal permitiera un futuro sin graves altercados. Para Awolowo, sin embargo, no había dudas: “Nigeria no es una nación. Es sencillamente una expresión geográfica” (Chamberlain, 1997). Siete años más tarde, el 6 de julio de 1967, el estallido de la cruenta guerra civil conocida como “Guerra de Biafra”, con el ingrediente añadido del control del petróleo del Delta del Níger, fue una dramática evidencia de ello.

Siguiendo la vía abierta por Ghana y Nigeria tuvieron lugar los movimientos de independencia en los otros dos territorios que componían el África Occidental Británica: Sierra Leona y Gambia. En Sierra Leona, área de enorme riqueza en productos mineros (oro, diamantes, cobre, hierro y platino) que en 1935 llegaron a superar el 50 por ciento de las exportaciones locales, la cohabitación de un régimen de colonia (Freetown) con otro de protectorado experimentó una compleja evolución por antagonismos entre los criollos de la costa y las poblaciones interiores. En especial, cuando la metrópoli instauró en 1947 una Constitución que daba mayoría a los africanos del protectorado en el Consejo Legislativo. Ambos sistemas acabaron fundiéndose conforme a la política del Gobierno británico de instituir gradualmente un sistema parlamentario integrado en la Commonwealth. Fruto de ello fue la conversión, en 1956, del Consejo Legislativo en Cámara de Representantes con un Gobierno ya unitario. Tras las elecciones por sufragio directo en 1957, el doctor Milton Margai (fundador del Sierra Leona People’s Party en 1949) obtuvo la victoria y se convirtió en primer ministro antes de negociar con la metrópoli la independencia que tuvo lugar el 27 de abril de 1961.

Por su parte Gambia, que había sido la colonia británica más antigua del África Occidental, sería la última de este grupo en acceder a la independencia. Tras la entrada en vigor, en abril de 1960, de una Constitución que convirtió el Consejo Legislativo en Cámara de Representantes y que contemplaba el sufragio universal conseguido un año antes, se llevaron a cabo las elecciones legislativas de mayo de 1960. Se había dado un paso decisivo hacia un gobierno autónomo, pero aún no se había conseguido la independencia. Las previsiones eran iniciar el protocolo para declararla en abril de 1961, haciéndola coincidir con la de Sierra Leona, pero lo impidió la anomalía geográfica que —fruto de su origen como base comercial sobre el río Gambia— presentaba el territorio gambiano y que planteó problemas de supervivencia como Estado al estar casi completamente rodeada por Senegal. Después de infructuosas negociaciones con Dakar durante los primeros años sesenta, las que se llevaron a cabo desde el moderado People’s Progressive Party de Dawda Jawara (fundado en 1959 y vencedor en las elecciones al Parlamento de mayo de 1962) permitieron encontrar la solución política al problema y, con ello, una vez conseguido el autogobierno interno preliminar, alcanzar la independencia el 18 de febrero de 1965. Su elevada dependencia económica del monocultivo de cacahuetes, sometido a fuertes fluctuaciones del mercado internacional, no dejaría de sobrevolar en las tentativas, a partir de entonces, de asociación con Senegal.

África Oriental: Tanganica, Zanzíbar,
Kenia y Uganda

África Oriental presentaba diversos inconvenientes para que se acelerara la independencia de los territorios que la componían. Se trataba, de entrada, de un área geográfica con menor desarrollo económico que la de África Occidental y con menor inclinación por la organización política liberal, conforme a la más destacada influencia de los jefes tribales en la estructura de poder. Pero a esa condición se sumaba otra: estaban poblados por sociedades multirraciales con la presencia de importantes minorías étnicas y culturales tales como los árabes, particularmente en Zanzíbar y Kenia, los asiáticos, principalmente en Kenia y Tanganica, y los europeos, sobre todo, en Kenia. Esta circunstancia, unida al hecho de que la política colonial se hiciera en favor de los colonos europeos, suponía una complicación añadida para articular movimientos unitarios en favor de la emancipación y para consensuar mecanismos de organización política.

No faltaron tentativas para ello. El Departamento de Colonias británico intentó crear —desde 1948 y hasta 1955— una federación integrada por Tanganica, Kenia y Uganda en la que constitucionalizar un sistema de autogobierno. No obstante, la iniciativa resultó infructuosa al entrar en juego distintos intereses políticos y económicos. Entre esos intereses estaban los de los agricultores británicos de las tierras altas de Uganda y Kenia, que no estaban dispuestos a que la federación junto a la “mediocre” Tanganica supusiera una merma en su prosperidad (Ki-Zerbo, 1980). Fracasada —al igual que en el AOF y el AEF— la vía de la construcción federal, la independencia debía seguir otra vía, la de la fragmentación política y económica.

En este contexto adverso, Tanganica, el territorio considerado más pobre del África Oriental, fue el primero en acceder a la independencia, además, sin apreciables tensiones. La explicación de ambas circunstancias remite a la confluencia de dos factores. Por una parte, dado que el territorio no era ni atractivo económicamente ni tampoco propicio a graves choques de intereses entre colonos europeos y población autóctona, la metrópoli no puso especial empeño en mantener el Gobierno colonial. Por otra parte, su condición de antigua colonia alemana, adscrita a Gran Bretaña en calidad de mandato tras la Primera Guerra Mundial y bajo tutela de la ONU tras 1945, allanó considerablemente la vía de la independencia, en tanto que ello obligó a la metrópoli a permitir un acceso real de los nativos a las instituciones políticas.

Ya desde 1951 la Tanganyika African Association emprendió reclamaciones en ese sentido, demandando una mayor representación africana en el Consejo Legislativo, pero no sería hasta 1954 —con la fundación del Tanganyika African National Union (TANU)— cuando el movimiento de emancipación se definiera y actuara con contundencia. Al frente de esa formación se hallaba Julius Nyerere: hijo de un jefe tribal pero exponente de la nueva generación de líderes independentistas africanos formados en el extranjero antes de convertirse en profesor de historia. Pese al inicial rechazo de las autoridades locales a la TANU, la habilidad de Julius Nyerere para adoptar una táctica legalista y no violenta en su propósito de alcanzar la emancipación, le valió el apoyo internacional de la ONU, que en 1955 presionó a las autoridades británicas para que procediera con celeridad en la reforma constitucional y fijara una fecha para la independencia.

No quedaron esas recomendaciones sin efecto. Si en 1956 el Consejo Legislativo de Tanganica aún carecía de miembros electos y el Consejo Ejecutivo no contaba con ningún africano, la promulgación del sufragio universal en 1957 cambió sustancialmente el escenario, como era de esperar. Ello se advirtió en las elecciones al Consejo Legislativo de 1958, donde el éxito de la TANU fue rotundo, si bien las elecciones se realizaron aún bajo el sistema plurirracial por el que cada elector debía votar a un europeo, un asiático y un africano: un sistema antidemocrático, para Nyerere, por otorgar la misma representación a 20.000 europeos, 100.000 asiáticos y a nueve millones de africanos (Ki-Zerbo, 1980). El éxito de la TANU fue tal, que provocó que el gobernador aceptara crear un Consejo de Ministros con cinco miembros de esa formación, entre los que no solo había nativos africanos sino también un europeo y un hindú, fruto de la política antirracista que Nyerere (por táctica o no) quiso implantar en su partido.

Las nuevas elecciones de septiembre de 1960, donde se reeditó la victoria de la TANU con su consigna independentista, fueron definitivas para que el 1 de mayo de 1961 las autoridades británicas aprobaran la autonomía total de Tanganica y, pocos meses después, el 9 de diciembre de 1961, la independencia. Nyerere, que ejerció como primer ministro, seguiría tratando de formar con Uganda, Kenia y Zanzíbar un Estado federal. Fue en vano: con el desinterés del más rico de esos tres territorios (Uganda), solo consiguió la unión con la isla de Zanzíbar, sumida desde 1959 en un periodo de acusada inestabilidad social y política, prolongada incluso tras su independencia el 10 de diciembre de 1963 como sultanato árabe. Integrada en la Commowealth, Tanzania fue el resultado de esa unión con Zanzíbar, llevada a cabo el 27 de abril de 1964, con Nyerere como presidente y Abeid Karume como vicepresidente.

Muy distinta fue la evolución experimentada por los otros dos territorios con los que Nyerere quiso federarse en África Oriental y que presentaron diferentes inconvenientes para una transición pacífica a la independencia. En el caso de Kenia, uno de los paradigmas de colonización-descolonización violenta del continente africano, el proceso estuvo marcado por el conflicto que enfrentó a colonos y población kikuyu, con la consecuente rebelión Mau Mau entre 1952 y 1960, y su brutal represión por las autoridades locales, no solo contra quienes participaron en el levantamiento.

Kenia, a diferencia de Tanganica, había sido un espacio atractivo para el poblamiento de hindúes, árabes y, particularmente, colonos europeos —unos 38.000 frente a cinco millones de nativos en 1951 (Iliffe, 2013)—, entre otras razones, por la fertilidad de sus tierras, sobre todo las que se ubicaban en la zona llamada White Highlands y que se extendían por un área de en torno a 30.000 kilómetros cuadrados. Aunque ya empezaron a instalarse allí desde los años previos a la Primera Guerra Mundial, fue durante la década de 1930 cuando se produjo la mayor oleada de ocupaciones con la llegada de miles de colonos originarios de Inglaterra y Sudáfrica. Lógicamente, ello generó disputas con los agricultores kikuyu, sus tradicionales pobladores. La Administración local no albergó en ese conflicto dudas como tampoco tuvo contemplaciones. En el periodo de entreguerras, particularmente desde 1933, adoptó medidas para talar amplias extensiones de esos terrenos, así como para expulsar de esas tierras a los nativos. Las opciones que a estos les ofrecían se reducían a dos y ninguna compensaba la pérdida: trabajar como peones mal remunerados en las plantaciones de colonos o poblar el territorio de las Reservas que se disponían al efecto. En todo caso, ese reparto de tierras, realizado en unos años de rápido impulso demográfico de los kikuyu, limitaba sus posibilidades de expansión esencialmente a áreas yermas, esto es, les abocaba a vivir en la miseria. Algunos trataron de combatirlo resistiendo como squatters en las tierras de sus antepasados; otros, emigrando a las ciudades, particularmente a Nairobi, que duplicó su población entre 1938 y 1952. Otros reaccionaron sumándose a la rebelión Mau Mau de 1952.

Antes de que el conflicto estallara y mientras aumentaba la represión policial, la Kenia African Union (KAU) —liderada por Jomo Kenyatta, miembro de la tribu kikuyu y destacado partícipe en el Congreso de Mánchester de 1945— albergaba esperanzas en la intervención del Gobierno británico sobre las autoridades locales. De ahí que en 1951 presentara al Secretario Colonial una denuncia de la discriminación racial y una reclamación de igualdad en materia de educación y de acceso a puestos de trabajo, junto a medidas democráticas para una más justa representación de los cinco millones de africanos en los consejos de gobierno y las asambleas locales. Paralelamente, los colonos miembros del Consejo Legislativo presentaron otro documento en el que consideraban a la KAU como un grupo sedicioso y se mostraban dispuestos a ocuparse del problema que —a su juicio— representaba esa plataforma política.

Las esperanzas depositadas por Kenyatta en que la metrópoli pusiese fin a lo que estaba ocurriendo en Kenia no se hicieron realidad. El inicio de la rebelión Mau Mau en 1952 fue seguido de una dramática represión de las autoridades coloniales sobre los rebeldes. Las cifras precisas se desconocen, aunque oscila entre 20.000 y 30.000 el número de víctimas mortales y entre 300.000 y un millón y medio el de los detenidos o desplazados a poblados protegidos. Se estima en torno a 320.000 los kikuyus que fueron reubicados en 50 campos de concentración (Fontana, 2011). Fue, por añadidura, esa rebelión el pretexto para desarticular a la KAU, cuya evolución como partido de masas con demandas sociales y reclamaciones de autogobierno ya había puesto en alerta a las autoridades locales. Estas procedieron a la ilegalización de la formación y al encarcelamiento —junto a 98 militantes— de Kenyatta, condenado a siete años de cárcel pese a que no pudo probarse su complicidad con las acciones violentas y atentados del movimiento Mau Mau. En realidad, aunque coincidían en los motivos de la protesta y en parte de las reclamaciones, y aunque quizás hubo relaciones entre ambos grupos, los miembros de la KAU y los débilmente politizados rebeldes Mau Mau no eran lo mismo.

Desde el convencimiento de que solo una política multirracial podría resolver el problema y evitar una insurrección general, el Gobierno británico puso en marcha la reforma Lyttelton de 1954, por la que se instituyó un Consejo de Ministros con tres europeos, dos asiáticos y, por primera vez, un africano. No obstante, hubo que esperar a que se sofocara definitivamente la rebelión Mau Mau y se levantara el estado de excepción, en enero de 1960, para que se iniciara la lucha electoral por la independencia con dos partidos que pugnaron por su liderazgo. Por una parte estaba la Kenya African National Union (KANU), con un proyecto de Estado centralizado bajo el lema “independencia” y con Kenyatta como líder (virtual, pues estaba encarcelado), apoyado por las tribus kikuyu e iwo. Por otra, se hallaba la Kenya African Democratic Union (KADU) que, sostenida entre otros por los masai, se orientaba hacia un Estado federal que defendiera los intereses de las minorías frente a la hegemonía kikuyu, razón por la que obtuvo el apoyo de las autoridades británicas.

Con la victoria de la KANU en las elecciones de febrero de 1961, Kenyatta fue liberado y, convertido oficialmente en líder de la formación en enero de 1962, centró sus esfuerzos en atenuar las luchas internas del partido, antes de ganar las elecciones generales de mayo de 1963. Finalmente, el Gobierno británico le dio la aprobación para hacer efectiva la independencia el 12 de diciembre de 1963, tras asegurarse de que se iba a respetar a las minorías.

Por su parte, Uganda, cuarto territorio que integraba África Oriental Británica, no vivió el mismo grado de pobreza que Tanganica, ni tampoco el mismo grado de racismo y de agitación social que su vecina Kenia, pero no por ello fueron menores los problemas para alcanzar la independencia y consensuar —no ya consolidar— un modelo de Estado liberal. De hecho, aquí se dio una particularidad que hizo muy convulsos los años previos a la independencia: el complejo y conflictivo encaje de partidos políticos y de ideas parlamentarias y constitucionales con la aún persistente estructura monárquica, despótica y precolonial representada por reyes y jefes de clanes tribales. Las tensiones por el poder no eran una novedad. En realidad, esa estructura —mantenida por el sistema de administración indirecta— ya había generado conflictos desde fines del siglo XIX entre el reino de Buganda (el más poderoso) y los de Toro, Bunyoro y Ankole. Y a esos conflictos se sumarían los propios del choque de intereses entre africanos y colonos, acrecentados a medida que se hacía más verosímil la independencia.

El reto para las autoridades británicas era conciliar ambas orientaciones, la democrática y la tradicional, razón por la que desde 1950 empezó a incrementar el número de africanos en las instituciones representativas, cuya actividad se veía, no obstante, obstaculizada por los reyes de Buganda y de Toro. Pese a la cerrada resistencia que estos últimos opusieron a abandonar el despotismo y a evolucionar hacia una monarquía constitucional, en marzo de 1961 se consiguió celebrar unas elecciones bajo el sistema de sufragio universal. En ellas los bugandeses —siguiendo consignas de su rey Mutesa II— se abstuvieron masivamente y vencieron las formaciones partidarias de la secesión bajo un Estado democrático federal: el Democratic Party, de Benedicto Kiwanuka, y el Uganda People’s Congress, de Milton Obote.

La independencia se declaró el 9 de octubre de 1962 con Milton Obote como primer ministro, tras conseguir que las monarquías aceptaran su conversión a un régimen constitucional. Se trató de un éxito a medias, entre otras razones porque la citada conversión fue solo aparente y los conflictos y crisis internas no tardaron en aparecer. Tras la independencia, Mutesa II se convirtió en “príncipe-presidente” de la República de Uganda, donde se reeditaron enquistadas tensiones con los antiguos reinos y con Obote. En 1966 este dio un golpe de Estado y abolió los cuatro reinos tradicionales. Le apoyó Idi Amin, quien haría lo propio contra Obote en 1971, antes de emprender uno de los gobiernos más cruentos del África poscolonial.

África Central: Rodesia del Norte,
Nyasalandia y Rodesia del Sur

Los procesos de independencia en África Central estuvieron marcados por el protagonismo de los colonos europeos, esto es: por el grado de resistencia que estos opusieron, en función de los intereses económicos de cada territorio, a los movimientos de emancipación. El extremo se encuentra en Rodesia del Sur, próxima en muchos sentidos a la Unión Sudafricana, donde fue la minoría de colonos europeos (un 5 por ciento de la población que poseía el 70 por ciento de la tierra cultivable) la que supuso el principal obstáculo —antes que la metrópoli— para alcanzar la independencia. De hecho, en ese territorio los colonos llegaron a crear un poder paralelo al del Estado británico, suplantándolo, organizando —en palabras de C. Coquery-Vidrovitch— una “contrarrevolución blanca” frente a los movimientos de liberación.

El grado de resistencia de los colonos a la independencia estuvo, efectivamente, ligado al interés económico de cada territorio y a la consecuente proporción que en ellos alcanzó el poblamiento “blanco” desde principios del siglo XX. Frente al área septentrional integrada por la colonia de Rodesia del Norte y el protectorado de Nyasalandia, la zona meridional representada por el protectorado de Rodesia del Sur fue el territorio que mayor atractivo había tenido para los europeos por su elevada riqueza en minerales y tierras de labor. Los datos de población así lo atestiguan: en 1952 se contabilizan 70.000 colonos en Rodesia del Norte, 6.000 en Nyasalandia, y 220.000 en Rodesia del Sur, los cuales, por añadidura, ya desde 1952 controlaban el 75 por ciento de la renta nacional (Droz, 2006). No sorprende la existencia en Rodesia del Sur, ya desde el periodo de entreguerras, de grupos de colonos que concebían ese territorio como propio y aspiraban a alcanzar el estatuto de dominio para legislar —sin control británico— contra las reivindicaciones sociales, económicas y políticas de los africanos autóctonos. No alcanzaron ese propósito. En 1923, cuando la British South Africa Company renunció a sus derechos políticos sobre el territorio, los colonos de Rodesia del Sur consiguieron del Gobierno británico un estatus de amplia autonomía (self-governing colony), aunque no de dominio, lo que permitía a Londres un grado de control sobre la legislación, en particular la posibilidad de vetar leyes discriminatorias.

El riesgo para la metrópoli de una eventual asociación con la vecina del sur (la Unión Sudafricana) o de una independencia declarada unilateralmente por colonos, permaneció no obstante latente durante el periodo de entreguerras y habría de acentuarse tras la Segunda Guerra Mundial, ante la inclinación de la minoría de colonos en favor del fortalecimiento de un sistema político que les permitiera controlar las incipientes organizaciones políticas y sindicales africanas. De hecho, estas ya se habían empezado a crear antes incluso de 1945 en otros territorios de África Central. Nyasalandia, donde los misioneros protestantes habían desarrollado una particular labor formativa sobre la población autóctona (Chamberlain, 1997), fue el más precoz de los tres en materia de organización política y ya había creado en 1944 el Nyassaland African Congress (sustituido en 1959 por el Malawi Congress Party de Hastings Banda), mientras que en Rodesia del Norte se fundó en 1948 el Northern Rhodesian Congress, al que se adscribirá Kenneth Kaunda.

El temor a una declaración unilateral de independencia de colonos ya había propiciado que, en entreguerras, distintas comisiones gubernamentales británicas barajaran la posibilidad de crear una Federación lo suficientemente potente como para frenar toda injerencia del régimen afrikáner. El proyecto en cuestión cobró consistencia tras la Segunda Guerra Mundial hasta acabar ejecutándose en 1953. La metrópoli argumentó —ante Rodesia del Sur— que la iniciativa era la oportunidad de desarrollar económicamente la región, dada la complementariedad de los recursos agrícolas, industriales, mineros y humanos de los tres territorios. Pero, con la Federación del África Central, el Gobierno británico también pretendía que la mayor evolución de Rodesia del Norte y de Nyasalandia hacia un régimen liberal no discriminatorio acabara imponiéndose al conjunto de la Federación o, dicho de otro modo, que en Rodesia del Sur se evitara la deriva de la Unión Sudafricana hacia un régimen con dominio de la ideología afrikáner. Los líderes africanos no eran tan optimistas al respecto. Es más, se mostraron abiertamente hostiles a esa Federación porque temían que ocurriera exactamente lo contrario de lo que pretendía la metrópoli: que, al perder Reino Unido la tutela, perdieran también la vía hacia una ampliación gradual del sufragio que les permitiera participar en la gestión política y, a la postre, acceder a la igualdad sociolaboral y económica. La evolución de los acontecimientos parecía confirmar esas sospechas. Aprobada en 1953, la Federación nacía excluyendo a los africanos del Gobierno federal y reduciendo la participación de estos en la Asamblea Federal al 25 por ciento.

Ese modelo de Federación que se aprobó en 1953, discriminatorio y susceptible de extender el régimen racista a los tres territorios, acabó provocando en 1958 las primeras movilizaciones abiertamente independentistas, acompañadas de reivindicaciones de igualdad de derechos políticos y de transferencia del poder a una mayoría africana elegida por sufragio universal. Se trató de acciones colectivas (mediante métodos de desobediencia civil, huelgas y boicots) que se recrudecieron tras la proclamación en 1959 del estado de guerra al conjunto de la Federación, con las consiguientes detenciones masivas y prohibición de partidos africanos. La escalada de tensión hizo que la metrópoli interviniera a finales de 1959, en esta ocasión para emprender negociaciones con Banda y Kaunda. Fue el punto de partida de una resolución desigual —según los territorios— del conflicto y, en esa medida, fue también el inicio del fin de la Federación.

Nyasalandia, territorio con escasa atracción para el poblamiento de europeos por carecer de recursos mineros, pero con el mayor desarrollo político de los tres en tanto que ya desde de 1848 los africanos habían sido admitidos en el Consejo Legislativo, fue donde el abandono de la Federación planteó menores conflictos, en parte porque esa salida no afectaba sustancialmente a los intereses económicos y políticos de los colonos. La victoria del Malawi Congress Party de Banda en las elecciones de 1961 (donde pudieron participar masivamente los africanos) le otorgó 23 de los 28 escaños. Con ese resultado consiguió formar el primer Gobierno de nativos en la Federación y proceder al abandono de la misma en febrero de 1963. Algo más de un año después, el 6 de julio de 1964, declaró la independencia bajo el nombre de Malawi.

En Rodesia del Norte, en cambio, con más intereses económicos en juego (los ligados a la explotación de minas de cobre por colonos europeos y emigrados desde Sudáfrica), el abandono de la Federación y la independencia se desarrollaron con mayores tensiones. Que esas secesiones no iban a ser fáciles se evidenció cuando el Gobierno británico presentó en 1960 una reforma de la Constitución que incluía la igualdad de participación de africanos y europeos en el Consejo Legislativo (Conferencia de Lancaster House). El contundente rechazo del primer ministro de la Federación, Roy Welensky, frente al que siguieron violentas agitaciones sociales promovidas por el Partido Nacional de la Independencia de Kaunda, no impidió que en 1962 se llegara a un compromiso y a la celebración de unas elecciones que dieron la victoria a los partidos africanos. Estos formaron un Gobierno de coalición que, al igual que en Nyasalandia, solicitó la salida de la Federación el 13 de marzo de 1963 y preparó el camino para la declaración de independencia el 24 de octubre de 1964 como República de Zambia.

Mayores problemas aún planteó el tránsito a la independencia en Rodesia del Sur, territorio que experimentó una evolución sustancialmente diferente a la de sus homólogos del norte. La aprobación de la Federación en 1953 había conseguido contener durante unos años la aparición de movimientos radicales en Rodesia del Sur, hasta que los primeros partidos de masas, el National Democratic Party (NDP) en 1960 y la Zimbabwe African Peoples Union (ZAPU) en 1961 (del que se escindiría la Zimbabwe African National Union —ZANU— en 1963), empezaron a cohesionar a campesinos y desocupados urbanos, asalariados, pequeña burguesía e intelectuales contra el desarrollo de la miseria y el fracaso de la participación política.

Sin embargo, a principios de 1963, cuando el futuro de la Federación era su disolución, cuando tanto Nyasalandia como Rodesia del Norte estaban a punto de que el Gobierno británico aceptara sus respectivas salidas de la Federación y ya vislumbraban sus independencias (con gobiernos africanos), en Rodesia del Sur las elecciones del 14 de diciembre de 1962 (realizadas bajo un sistema de sufragio cualitativo) otorgaron la victoria al Rhodesian Front Party de Winston Field: partido de extrema derecha que emprendió medidas segregacionistas y represivas contra los independentistas africanos. Decididamente, se trató de una medida defensiva ante la evolución de los acontecimientos en el resto de territorios de la Federación; una medida que no fue, en absoluto, coyuntural. Disuelta la Federación por el Gobierno británico el último día del año 1963, Rodesia del Sur adoptó desde 1964 —bajo la presidencia de Iam Smith— una política de intransigencia cada vez más similar a la de la Unión Sudafricana, al tiempo que amenazaba con proclamar la independencia, pese a la negativa de Londres a concedérsela sin antes resolver el problema de la discriminación política de africanos.

Fue el 11 de noviembre de 1965 cuando el Gobierno de Iam Smith acabó cumpliendo su amenaza, al proclamar unilateralmente una independencia por la que 250.000 colonos se otorgaban a sí mismos el derecho a gobernar sobre cuatro millones de africanos autóctonos (Ki-Zerbo, 1980). Condenada por la ONU, esa autoproclamación de independencia, que excluía a Rodesia del Sur (Rodesia a partir de entonces) de la Commonwealth desconcertó al Gobierno británico. Descartada la intervención militar, Reino Unido trató de presionar al Gobierno de Rodesia del Sur mediante la adopción de sanciones económicas y diplomáticas que, no obstante, resultaron infructuosas. Sudáfrica, bajo un régimen supremacista, y Mozambique, controlado por la dictadura salazarista, contribuyeron poderosamente a que esas medidas no tuvieran éxito, lo que propició la confluencia en 1973 de los tres grandes partidos africanos de Rodesia (NDP, ZAPU y ZANU) en un Frente Patriótico que, apoyado por la URSS, China, Corea del Norte y Cuba, optó por la lucha armada.

Hubo que esperar al hundimiento del imperio portugués y a las dudas de Sudáfrica acerca del mantenimiento de su apoyo a la República Rodesiana para que se abriera una solución política. A ella contribuyó la llegada al poder de Margaret Thatcher en mayo de 1979, con la decidida voluntad de resolver el problema ante sus repercusiones en la Commowealth. El Gobierno “blanco” de Rodesia acabó así por aceptar la negociación, el 21 de diciembre de 1979, de una Constitución multirracial, el levantamiento de sanciones económicas y las elecciones por sufragio universal. Tras la victoria de la ZANU de Robert Mugabe en los comicios de febrero de 1980, se proclamó la independencia el 18 de abril de 1980, con el nombre de República de Zimbabue y con Mugabe como presidente. Esas elecciones, sin embargo, no permitían albergar esperanzas en una evolución hacia el fin de las tensiones: se había votado según la pertenencia a las tribus.

Los casos de Sudáfrica y de Namibia

La Unión Sudafricana constituye la expresión más elevada del conflicto vivido en Rodesia del Sur, en esencia porque contaba con un consistente bastión de colonos blancos que opuso una tenaz resistencia a la emancipación de la población autóctona africana mediante la aplicación de decididas políticas de apartheid desde 1948. En realidad, el conjunto de antiguas colonias holandesas y británicas que componían la Unión Sudafricana (El Cabo, Natal, Transvaal y la Colonia del Río Orange) ya se había emancipado de Reino Unido en 1910, tras obtener del Parlamento británico el reconocimiento del estatus de dominio. Estatus al que se le asignó —por mandato de la Sociedad de Naciones en 1919— la administración del África Occidental alemana (actual Namibia), mantenida tras la Segunda Guerra Mundial, pese a ser revocada por la ONU en 1946. Tras esa emancipación, proclamó la independencia (con abandono de la Commonwealth) el 31 de mayo de 1961, y adoptó el nombre de República Sudafricana. No obstante, ni esa declaración de independencia ni el Gobierno resultante contaron —como así estaba ocurriendo en el resto de estados independientes africanos— con la participación de la población nativa. Desde esta perspectiva, la historia de la “independencia” de Sudáfrica a partir de 1961 es la historia de la “segunda independencia” de Sudáfrica, la que consistió en la emancipación de la mayoría no-blanca del país respecto a la colonización interior que representaba el régimen racista impuesto por sucesivos gobiernos afrikáners hasta 1994.

La lucha contra la discriminación racial, que empezó a articularse en 1912 con la fundación del African National Congress (ANC), se acrecentaría tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la subida al poder del National Party en 1948 trajo consigo la puesta en marcha de una deliberada y meticulosa política segregacionista que redujo a la población autóctona a la condición de subordinada y la confinó territorialmente en zonas específicas. Tal política consistió no ya solo en suprimir el derecho al sufragio a la casi totalidad de la población negra o en reglamentar (o prohibir) la actividad de la prensa, los sindicatos y los partidos, sino, más aún, en establecer una legislación que regulaba —conforme a paradigmas de discriminación— la vida cotidiana de la mayoría negra y mestiza del país. De hecho, la política segregacionista afectaba al matrimonio, a las relaciones sexuales, a la enseñanza, al comercio, a la propiedad, al espacio de trabajo o a la residencia, para la que se precisaron lugares de asentamiento o reservas específicas (de autonomía ficticia) en función de la determinación de ocho grupos étnicos de población no-blanca.

La incorporación, en 1949, al ANC de líderes como Walter Sisulu o Nelson Mandela, adscritos ambos a la vía de acción política y de resistencia pacífica de la formación, no impidió la consolidación y avance del racismo institucionalizado, en esencia, por dos razones. La primera remite a la fragmentación de la resistencia, tanto por causas externas como internas del ANC. Las externas estuvieron ligadas a la táctica gubernamental de fomentar la división tanto tribal-territorial como socioprofesional, al permitir a una elite negra acceder a puestos de responsabilidad. Las internas respondieron a las divergencias que emergieron, dentro del partido, entre quienes optaban por la vía de la moderación y la colaboración interracial para alcanzar la independencia y quienes apostaban por emprender acciones colectivas contundentes. Este último grupo acabó escindiéndose del ANC y creando, en 1958, el Pan Africanist Congress (PAC), liderado por Robert Sobukwe. La segunda razón de la pervivencia y consolidación, desde mediados del siglo XX, de la política segregacionista fue determinante: la escalada represiva gubernamental que, envuelta en el rechazo al comunismo y en el miedo a la revolución social, se llevó a cabo desde 1950 de la mano de Hendrik Verwoerd, quien fuera nombrado ministro de Asuntos Nativos en 1950, antes de ocupar el cargo de primer ministro en 1958.

De esa represión destacan dos episodios particularmente trágicos y de enorme relevancia, separados por unos años en los que el impulso económico de la década de 1960 habría de contribuir, por añadidura, a la consolidación del régimen supremacista sudafricano. El primero de esos acontecimientos fue la llamada “masacre de Sharpeville”, el 21 marzo de 1960, cuando, en el contexto de la campaña nacional promovida por el PAC en 1960 contra los “pases” exigidos a los no-blancos para su desplazamiento, la carga policial contra un grupo de unas 5.000 personas que protestaban contra esa exigencia en el township (área suburbial reservada a población no-blanca) de Sharpeville acabó con 69 fallecidos y 180 heridos. La condena internacional por aquellos sucesos (incluida la de la ONU) no impidió que el Gobierno de la Unión Sudafricana se reafirmara en su propósito de “preservar un Estado controlado por blancos” (Barber y Barratt, 1990). Declaró la independencia el 31 de mayo de 1961, se retiró de la Commonwealth y de la OIT en 1961 y emprendió un prolongado periodo de recrudecimiento de la represión. Fruto de esa represión, las organizaciones antiapartheid se verían obligadas a subsistir en la clandestinidad, con el ANC y el PAC ilegalizados y con la mayor parte de sus cuadros exiliados o encarcelados arbitrariamente, incluyendo a los dos principales líderes: Robert Sobukwe, del PAC, y Nelson Mandela, del ANC, condenado en 1964 a cadena perpetua. En ese escenario el ANC cambió de estrategia: sustituyó la vía de acción pacífica por la lucha armada a partir de 1961.

El segundo acontecimiento fue la represión de las revueltas del township de Soweto, entre el 16 y el 22 de junio de 1976; un suceso que provocó entre 500 y 700 fallecidos, la mayoría estudiantes de secundaria que protestaban contra la imposición del aprendizaje del afrikáner. Esa brutal y trágica reacción policial generó protestas prolongadas durante semanas, pero también un aumento de la presión internacional que llevó a la ONU a decretar en 1977 el embargo de la venta de armas a Sudáfrica.

Tras el periodo de gobierno de Pieter Botha entre 1978 y 1989, en el que apenas se apreciaron cambios en el régimen represivo y de discriminación racial, Frederik de Klerk sube al poder en un contexto cada vez más adverso. A las sanciones internacionales y la presión de la opinión pública se añadió el crecimiento demográfico de la población autóctona que hizo imposible mantener el apartheid (Iliffe, 2013), así como la caída de los precios del oro y de la inversión de empresas extranjeras. Todo ello provocó un giro sustancial respecto a la política que habían mantenido sus predecesores. La evolución hacia la eliminación del apartheid y de la represión fue inmediata: en 1990 se dio por finalizada la segregación racial en lugares públicos, se legalizaron las organizaciones políticas de la oposición negra y, al tiempo que el ANC abandonaba la lucha armada, se liberó a Nelson Mandela el 11 de febrero de ese mismo año. A partir de entonces, Mandela, junto a De Klerk, emprendió la normalización de una sociedad multirracial y democrática que, pese a las resistencias de colectivos afrikáners, que no desaparecen totalmente, desembocó en las primeras elecciones libres de mayo de 1994. Los resultados de esos comicios dieron la victoria al ANC (con un 63 por ciento de los votos frente al 20 por ciento del National Party) y la presidencia de la República de Sudáfrica a Mandela. Ambos, De Klerk y Mandela, ya habían recibido conjuntamente el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1992 y el Premio Nobel de la Paz en 1993.

Reino Unido ya en los años sesenta había conseguido concluir —pese a la prolongada oposición de la República Sudafricana— un proceso constitucional para la independencia de tres antiguos protectorados: Bechualandia en 1966 (convertida en Botsuana), Batutolandia en 1966 (convertida en Lesoto) y Suazilandia en 1968. Dicho esto, el giro político operado en Sudáfrica en 1990 permitió a la metrópoli resolver el último caso de descolonización en el que estaba implicada: el controvertido y disputado caso de Namibia.

Antigua colonia alemana, convertida en Mandato en 1919 bajo tutela británica (que cede sus derechos a la Unión Sudafricana) y territorio poco poblado pero rico en cobre, zinc, uranio y diamantes, Namibia fue objeto de intensos conflictos diplomáticos y de jurisprudencia internacional entre la Unión Sudafricana y la ONU. No en vano los términos del Mandato, redactados de manera laxa, permitían interpretar la posibilidad de una anexión por parte de Pretoria; posibilidad condenada en repetidas ocasiones por la ONU que en 1966 puso fin al mandato que Sudáfrica había ejercido en nombre de la monarquía británica (Resolución 2145, XXI del 27 de octubre de 1966). Esas pretensiones de anexión provocaron que la South-West African People’s Organisation (SWAPO), creada en 1960 como plataforma política por Sam Nujoma, se convirtiera en organización militar en 1966 y adoptara la vía de la lucha armada para alcanzar la independencia de Namibia. Ello, sin poder evitar que, desde Pretoria, se aplicara en ese territorio el modelo de apartheid, desafiando las recomendaciones internacionales, en particular la resolución 185 de la ONU que exigía la retirada de las fuerzas militares y de la Administración civil sudafricanas.

El apoyo que la SWAPO recibió de la vecina Angola tras su independencia en 1975, unido a la ayuda financiera y material de los países del Este de Europa y de Cuba, permitió equilibrar las fuerzas contendientes, pero no fue suficiente para forzar a Sudáfrica a retroceder en sus pretensiones anexionistas y alcanzar el objetivo de la independencia. Mediante múltiples y complejas negociaciones prolongadas durante ocho meses y en las que Reagan y Gorbachov parecieron haber impuesto la desinternacionalización del conflicto a sus respectivos aliados en el cono sur de África, el protocolo de Brazzaville y los acuerdos de Nueva York, firmados en diciembre de 1988 por Sudáfrica, Angola y Cuba, desatascaron la vía de la independencia de Namibia. Ello trajo consigo la retirada de tropas cubanas de ese frente (en torno a 50.000 soldados) y la paz entre Angola y la República Sudafricana. Tras la celebración, bajo supervisión de la ONU, de las elecciones democráticas de noviembre de 1989 y la aprobación de la Constitución, esta entró en vigor el 21 de marzo de 1990, día de la independencia de Namibia. Como algunos oradores de la ONU señalaron con satisfacción en ese foro internacional, se había conseguido la independencia de la última de las colonias que permanecían en el continente africano (Departamento, 2009).

Con todo, la evolución del régimen político poscolonial en Namibia siguió una línea similar a la de Zimbabue y Sudáfrica. Las conclusiones de R. Southall al respecto son rotundas. En los tres casos, la intransigencia de los estados colonos impulsó movimientos de liberación y democráticos que adoptaron la forma de lucha armada contra el racismo y el colonialismo. Y en los tres casos, tras el acceso al poder, sus plataformas políticas no respondieron a las esperanzas democráticas que habían despertado entre sus seguidores y que fueron compartidas por corrientes de solidaridad internacional. Tanto los representantes políticos de la ZANU-PF en Zimbabue como los del ANC en Sudáfrica y la SWAPO en Namibia, interpretando de manera restringida la democracia, dando prioridad al nacionalismo sobre la democracia, y monopolizando el principio de liberación y el poder, acabaron construyendo “partidos-estado” con prácticas autoritarias y corruptas que socavaron el imperio de la ley y el desarrollo en esos territorios (Southall, 2013 y 2014).

Capítulo 5

TERRITORIOS BAJO DOMINACIÓN BELGA

Bélgica disponía de dos tipos de posesiones en África: la colonia del Congo belga, dominio personal de Leopoldo II desde 1885 hasta que lo cediera al Reino de Bélgica en 1908, y las antiguas colonias alemanas de Ruanda y Burundi, transferidas en 1919 por la Sociedad de Naciones en calidad de mandatos que pasaron a ser tutelados por la ONU tras la Segunda Guerra Mundial. Las evoluciones de cada uno de esos territorios hasta alcanzar la independencia siguieron, por varias razones, vías diferentes.

El Congo belga

El proceso de independencia del Congo puede definirse por un término: la precipitación. Ello, pese a que el rey Balduino manifestara el 13 de enero de 1959 su intención de declararla “sin retrasos funestos, pero también sin precipitación imprudente”. Mal gestionado por las autoridades belgas y con todo en contra para que Patrice Lumumba (primer ministro) pudiera gestionarlo, el procedimiento adoptado condujo —solo cinco días después de la declaración de secesión— al estallido de una guerra civil prolongada durante cinco años, hasta el segundo golpe de Estado de Joseph Mobutu en 1965. Fueron varios los factores que explican esa deriva, pero, entre ellos, destaca uno particularmente influyente: el modo en que se había llevado a cabo la colonización del Congo.

El Estado Libre del Congo, uno de los más ricos de África, en particular por sus abundantes recursos en minerales de elevado valor estratégico, había constituido —desde que Leopoldo II consiguiera su reconocimiento como propiedad privada en la Conferencia de Berlín de 1885— uno de los más brutales escenarios de explotación colonial del continente, lo que no experimentaría cambios sustanciales cuando el territorio se entregó, en 1908, al Parlamento belga para evitar las ansias expansionistas de Francia y Reino Unido (M’Bokolo, 2004). De hecho, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando Bélgica empezó a dejar de aplicar sobre el Congo una política colonial mezcla de prácticas discriminatorias y de riguroso paternalismo que pesaban sobre las distintas facetas de la vida cotidiana de los africanos, incluyendo la “salud moral”. La discriminación y el paternalismo descansaban en la persistencia de la idea de retraso evolutivo de la civilización autóctona, el cual “obligaba” a que la metrópoli ejerciera indefinidamente una tutela sobre la población autóctona y la orientase hacia el desarrollo económico, aunque dejando al margen su preparación para alcanzar la independencia (Grimal, 1989). En el mantenimiento de esta discriminación y paternalismo colaboró, no siempre en una alianza sólida (Boyle, 1995), la tríada de poderes fácticos: el Estado, la Iglesia y el empresariado, unos y otros convencidos de la eficacia de ese proceder para mantener la paz social.

El resultado de ello es fácilmente identificable: junto al dominio desplegado en materia económica por la Société Générale de Belgique, que desde los años treinta manejaba mediante sus filiales la casi totalidad de los ricos yacimientos mineros de Katanga (región muy disputada tras la independencia) y el 65 por ciento del capital invertido en el territorio, el colonialismo practicado por el Estado belga se caracterizó por ejercer un elevado control sobre la Administración, combinando jefaturas tribales muy vigiladas y una jerarquía de numerosos funcionarios europeos bien formados en las escuelas coloniales de la metrópoli (Peemans, 1980; Droz, 2006). La labor formativa, llevada a cabo fundamentalmente por misioneros, no consiguió romper esa férrea centralización y ese monopolio del poder del Estado que discriminaban de los puestos de la Administración a los nativos africanos (excluidos —por añadidura— de toda participación en la vida política) y que, en consecuencia, cercenaban las vías de ascenso socioprofesional, en particular a las nuevas generaciones de congoleños que irrumpieron en la escena de los años cuarenta.

En realidad, en esa década marcada por la Segunda Guerra Mundial tuvieron lugar dos fenómenos que tensaron el clima social y que fueron capitales para comprender la evolución y las peculiaridades del proceso de independencia. El primero remite al acrecentamiento del descontento entre los africanos, ligado a los cambios económicos y sociales que experimentó el Congo en esos años de desarrollo industrial y urbano. Ese impulso económico tendría efectos diferentes y complementarios en la población autóctona. Por una parte, se acompañó de un agravamiento de las condiciones de trabajo, lo que multiplicó las protestas —duramente reprimidas— en el entorno obrero. Por otra, favoreció el crecimiento y la consolidación de una clase media integrada por empleados, comerciantes y artesanos que fracturaron las estructuras tribales, al tiempo que intensificaron sus aspiraciones de ascenso socioprofesional y sus reivindicaciones de participación en la gestión política y administrativa de la colonia. Ambas trayectorias están en el origen de las dos líneas de acción colectiva que se desplegaron en el proceso de independencia: la más violenta y radical de los medios obreros y campesinos, y la más moderada y legalista de la incipiente clase media (Droz, 2006). Junto a esas evoluciones que afectaron a los africanos, el segundo fenómeno concierne a los colonos: desde la capitulación de Bélgica ante Alemania el 28 de mayo de 1940, la Administración del Congo pasó a manos de autoridades coloniales y de colonos que, durante cinco años, vieron así incrementado un control sobre el territorio que se resistirían a abandonar en la posguerra, despertando, a la postre, en el Gobierno belga el temor —del todo fundamentado— a la creación de un Estado secesionista controlado por colonos, en la línea emprendida por la Unión Sudafricana y Rodesia del Sur, que le impidiera seguir manteniendo su liderazgo sobre ese territorio tras la independencia.

Pese a las mutaciones sociales que se estaban operando en los colectivos congoleños desde la década de 1940 y que contradecían la apariencia de paz social, no fue hasta mediados de los años cincuenta cuando se empezaron a apreciar movimientos en la política colonial belga, esto es, cuando las autoridades de la metrópoli, tras la victoria de la coalición liberal-socialista en las elecciones de 1954, ofrecieron muestras de cambios graduales de su inmovilismo al respecto. Significativo de ese inmovilismo es que hubiera que esperar a 1957 para que se celebraran las primeras elecciones municipales. Si bien ya desde 1946 se reconocieron derechos sindicales (de lento ejercicio) y desde 1950 comenzó a tolerarse que antiguos estudiantes de escuelas religiosas crearan asociaciones de carácter etnocultural como la Abako (asociación de la etnia bakongo), estos gestos se revelaron limitados. Un hecho lo corrobora: a diferencia de la evolución experimentada en las colonias francobritánicas (de la que los llamados “evolucionados” congoleños eran conocedores), en el Congo belga se seguía vetando el acceso de los africanos a los órganos político-administrativos. Es cierto que, a mediados de los años cincuenta, ello respondía no tanto a la decisión de las autoridades belgas como a la contundente resistencia de los colonos a esa incorporación. No obstante, el contraste con la evolución que experimentaban otras colonias era cada vez más constatable para los congoleños si se tiene en cuenta que el contexto internacional, marcado por la Conferencia de Bandung de 1955 y, sobre todo, por la Conferencia Panafricana de Acra de 1958 (a la que asistió Patrice Lumumba en calidad de delegado), apuntaba directamente a la consecución de la independencia de los territorios coloniales.

Era evidente —para cada vez más observadores— que la política colonial belga se caracterizaba por una prolongada ceguera, por una falta de adaptación a la realidad congoleña y a la “marea de fondo” internacional en materia de descolonización. Fue, de hecho, en ese marco donde el académico belga Anton Van Bilsen publicó, en 1955, un opúsculo de enorme impacto, tanto entre los políticos belgas como en los medios congoleños. Su título, Un plan de treinta años para la emancipación del África belga, era revelador de su propuesta: el establecimiento de reformas progresivas destinadas a formar y a proveer de personal africano cualificado para las distintas administraciones de la colonia y, conforme a ello, a evitar una ruptura radical, cuyas consecuencias —estimaba— serían catastróficas. La coalición liberalsocialista en el poder en Bruselas entre 1954 y 1958 dio muestras de estar dispuesta a romper con el tradicional inmovilismo de la Administración belga, e incluso el rey Balduino pareció asimismo favorable a ello cuando, en su visita al Congo en 1955, planteó la necesidad de conciliar a “blancos” y a “negros” en una comunidad belgocongoleña (Stengers, 1995).

Como era previsible, teniendo en cuenta los precedentes señalados, en la colonia no hubo unanimidad de reacciones. Los colonos, que persistían en su sistemática resistencia a abandonar prácticas discriminatorias, rechazaron el Plan Bilsen aludiendo a que el plazo de 30 años era demasiado corto y se opondrían a cuantas reformas planteara el nuevo Gobierno de coalición liberal-socialista en la metrópoli, pese a que estas no fueron en absoluto radicales. A la inversa, los círculos de africanos “evolucionados” se adhirieron de inmediato a la propuesta de Van Bilsen mediante la publicación en 1956 del célebre “Manifiesto de Conciencia Africana”, en donde se apostaba por la confluencia entre las culturas europea y africana dentro de una comunidad multirracial organizada sobre bases igualitarias. Ello, por otra parte, no impidió que en esos medios moderados se extendiera el desencanto ante la persistente intransigencia de los colonos. Con Joseph Kasavubu al frente, los miembros de Abako (que en 1954 deja de ser asociación para adquirir estructura de partido, aunque sin serlo todavía formalmente) fueron más allá. Reaccionaron contra el “Manifiesto de Conciencia Africana” mediante la redacción —también en 1956— del “Contramanifiesto del Abako” que rechazaba el Plan Bilsen por razones diametralmente opuestas a las alegadas por los colonos: por considerar que retrasaba en exceso una emancipación que, a su juicio, debía ser inmediata.

En 1958, año en que vencen los democristianos en las elecciones legislativas de Bélgica y en el que también De Gaulle ofrece en Brazzaville la oportunidad a sus colonias africanas de votar por su independencia, coinciden tres acontecimientos reveladores de las fracturas existentes ante la cuestión colonial en el caso belga. Mientras en Bruselas tenía lugar la Exposición Universal de 1958 en la que el Gobierno belga celebraba la obra colonizadora, los colonos creaban organizaciones defensivas como la Union Katangaise (opuesta a la implantación del sufragio universal y, en general, a toda evolución gradual hacia la independencia), al tiempo que los congoleños emprendían la articulación de partidos políticos. Entre esos partidos destacaron dos. Por una parte, Abako (Alliance des Bakongo, convertida oficialmente en partido, como ya se ha mencionado) que, presidida por Kasavubu, combinaba la defensa étnica con el federalismo. Por otra, el Mouvement National Congolais, liderado por Patrice Lumumba y partidario de un Estado centralizado belgocongoleño, para el que reclamaba la independencia, eso sí, sin romper lazos de cooperación con la metrópoli a efectos de proceder a la secesión sin violencias, con una necesaria preparación de cuadros administrativos y con una formación política de las masas.

Pese a que la política paternalista ya era, a todas luces, inoperante, las autoridades belgas no resolvieron dar un paso decisivo hasta que la violencia se radicalizó por los dos extremos. Así, el incremento de las tensiones en 1959 (entre las que destacan los disturbios del 4 de enero en Léopoldville, que provocaron entre 50 y 100 fallecidos), fue fundamental para precipitar el proceso de independencia. Sin embargo, tanto o más decisivo para acelerar los trámites al respecto fue el temor de las autoridades belgas a que los colonos (alrededor de 100.000) se adelantaran al Gobierno con una secesión que impidiera a Bélgica controlar el proceso y asegurar la administración de los recursos del Congo en provecho de firmas de la metrópoli.

El mensaje por radio del rey Balduino, el 13 enero de 1959, donde ya pronunció la palabra “independencia”, marcó un punto de inflexión, aunque aún no se determinó ningún calendario para ello hasta que, un año más tarde, con el acrecentamiento de los disturbios, el Gobierno belga resolvió convocar el 20 de enero de 1960 a los 14 partidos políticos congoleños a una Mesa Redonda en Bruselas para abordar la vía de la secesión. La celeridad con la que se resolvió el proceso fue sorprendente: el Congo sería independiente seis meses más tarde. Tras la elaboración, por juristas belgas, de un borrador de Constitución donde se trató de conciliar las aspiraciones unionistas de Lumumba (en favor de un poder central fuerte y redistribuidor) con las de los federalistas en torno a Kasavubu (defensor de los intereses de las regiones con mayor riqueza), se celebraron las elecciones de mayo de 1960. La victoria en esos comicios fue para el Mouvement National Congolais de Lumumba, quien acordó que Kasavubu se hiciera cargo de la Presidencia mientras él ocupaba el puesto de primer ministro de la nueva República del Congo, proclamada independiente en la fecha prevista, el 30 de junio de 1960, no sin antes haber firmado un Tratado de Amistad Belgocongoleña que no tardaría en mostrarse como una mera formalidad protocolaria.

La rebelión, desde el 5 de julio, de tropas congoleñas ante la pretensión de Bélgica de seguir controlando la función pública y el ejército (Iliffe, 2013), dio inicio a una compleja crisis política y a un largo y caótico conflicto. En ese abigarrado escenario, más allá de las discrepancias entre Lumumba y Kasavubu acerca del modelo de Estado, intervinieron las escisiones territoriales de la región de Kasai (productora de diamantes) y, sobre todo, de la de Katanga, proclamada República independiente el 11 de julio por Moïse Tsombé, apoyado por los colonos así como por paracaidistas belgas y la compañía belga Union Minière du Haut-Katanga (Fontana, 2011). Un conflicto en el que, por otra parte, también jugaron los intereses de las dos grandes potencias de la Guerra Fría. Lumumba apeló en vano a la ONU, el 25 de julio. Allí solicitó ayuda militar para organizar a su joven ejército contra los secesionistas de Katanga, denunció la intervención belga en el conflicto y reprochó al Gobierno de la antigua metrópoli haber acordado la independencia sin previamente promover la preparación de cuadros administrativos y militares autóctonos que permitieran llevarla a cabo sin violencias. La tibia ayuda de los cascos azules de la ONU no impidió la fragmentación del poder político y la generalización del conflicto, razón por la que Lumumba se vio obligado a solicitar ayuda, en segunda instancia, a la URSS, cuya provisión de medios militares para combatir a los secesionistas trajo, como contrapartida, la internacionalización de la contienda. De hecho, EE UU (que se nutría del uranio principalmente congoleño y temía la injerencia de la URSS en la zona) intervino en apoyo de Kasavubu y del general Mobutu, quien (en el clima de destituciones mutuas de Lumumba y Kasavubu) dio un primer golpe de Estado el 14 de septiembre de 1960 al objeto de preservar Katanga de la penetración soviética. La detención de Lumumba a manos del ejército leal a Mobutu (que había sido nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército por el propio Lumumba, pero que ahora actuaba al servicio de la CIA), su entrega al secesionista Tsombé y su asesinato, el 17 de enero de 1961, revelan el caos político y la generalización de la violencia que dominó los primeros meses —los primeros años— de la independencia de la República del Congo, convertida, por añadidura, en territorio de acción de mercenarios de distintas nacionalidades. A todo ello siguió el segundo golpe de Estado de Mobutu, el de noviembre de 1965, que dio inicio a una prolongada dictadura.

Ruanda y Burundi

La evolución de Ruanda y Burundi hacia la independencia estuvo condicionada por dos grandes factores. Primero, por su condición de antiguas colonias alemanas que, tras la Primera Guerra Mundial, se convirtieron en Mandatos bajo administración belga y, tras la Segunda Guerra Mundial, en territorios fideicomisos, cuya preparación para la independencia era supervisada por la ONU. Esa circunstancia impidió a Bélgica aplicar sobre estos territorios la misma política colonial que llevó a cabo en el caso del Congo. El segundo factor remite a su tradicional organización político-étnica, con sistemas monárquicos dotados de estructura organizativa y apoyados generalmente en los tutsis (aristocracia pastoril que representaba alrededor del 15 por ciento de la población) frente a la mayoría de la población compuesta por hutus, dedicados generalmente al cultivo de la tierra.

Durante los años de entreguerras, las autoridades belgas —al igual que hicieran antes las alemanas— no solo respetaron esa organización política y esa distinción étnico-social, sino que las acentuaron por servir mejor a sus intereses de control sobre la población. Más allá de que en los años treinta impusieran una tarjeta de identificación étnica, ya desde la década anterior recurrieron a una administración indirecta que privilegió a las jefaturas tutsis, sumisas a la metrópoli, en detrimento de las elites hutus. Se emprendió así una “tutsificación” del poder, ampliada con la iniciativa de reservar a los tutsis el acceso a la enseñanza y a los puestos más elevados de la administración y la justicia. No obstante, esa situación habría de cambiar a mediados de los años cincuenta, con la subida al poder en Bélgica de la coalición liberal-socialista y tras la recomendación de la ONU de emprender un proceso de democratización en esos territorios. Así se hizo, mediante la introducción de Consejos Consultivos electos en la Administración y la autorización de partidos políticos. Ese proceso, sin embargo, descompuso las jerarquías de poder tradicionales, “tutsificadas” durante décadas, y, en consecuencia, desencadenó tensiones arraigadas y ligadas a diferencias étnicas.

Particularmente trágicos fueron los conflictos del caso de Ruanda, donde en 1959 subió al poder el rey Kigeri V (que despertaba entre los hutus más rechazo que su predecesor) y donde el proceso de democratización dio lugar a una emancipación en una doble vertiente: emancipación política (respecto a la tutela de Bélgica y al régimen del nuevo monarca) y también étnica, respecto al dominio de las minorías tutsis, que los hutus —con apoyo explícito de la Iglesia en sus reivindicaciones igualitarias— consideraban una “segunda colonización”. Es ese componente de fractura étnica el que determinó los episodios de extrema violencia que se desarrollaron durante la insurrección hutu de noviembre de 1959. En ellos las pérdidas de vidas humanas entre los tutsis se calculan en decenas de miles, por no hablar de los en torno a 200.000 que se vieron obligados a desplazarse a los países vecinos, extendiendo e internacionalizando el conflicto. La exigencia de los partidos hutus (con la formación “Parmehutu” a la cabeza) acerca de la abolición del régimen monárquico de Kigeri V llevó, por recomendación de la ONU, a una convocatoria de referéndum para aceptar o no la monarquía (con victoria del “no” por el 80 por ciento de los votos) y a las elecciones de octubre de 1961 en las que Grégorie Kayibanda (del “Parmehutu”) obtuvo la victoria y la presidencia de la República de Ruanda, declarada independiente el 1 de julio de 1962.

Contando con una monarquía menos coercitiva que la ruandesa, Burundi alcanzó la independencia mediante una vía también menos violenta. Tras las elecciones de septiembre de 1961, donde se mantuvo la preeminencia tutsi, se obtuvo, de las autoridades belgas, un régimen de autonomía regido por una monarquía constitucional opuesta a toda discriminación racial entre tutsis y hutus. Fue el preámbulo de la proclamación de independencia del 1 de julio de 1962. La adopción de la fórmula de monarquía constitucional conforme al modelo belga no evitó, sin embargo, que el régimen derivara en una autocracia, derrocada por el golpe de Estado militar de 1966 que instauró una república.

Pese a las recomendaciones de la ONU de establecer la unidad de los dos territorios, se conformaron así pues dos estados republicanos independientes: Ruanda con dominio hutu, Burundi con poder tustsi y en el seno de ambos —sin resolverse— las arraigadas tensiones étnicas que, mezcladas con las sociales e ideológicas, reaparecerían periódicamente, hasta alcanzar la extremada violencia del genocidio de Ruanda en abril de 1994.

Capítulo 6

TERRITORIOS BAJO DOMINACIÓN PORTUGUESA

La trayectoria descolonizadora de Portugal fue particular por varios motivos. El primero de ellos, el inmediato, concierne a su calendario: fue la metrópoli europea que más tempranamente se estableció en las islas y costas de África Subsahariana, desde el siglo XV, y también la que más tarde reconoció la independencia de sus colonias, entre 1974 y 1975. Teniendo en cuenta esta anomalía que representa en el escenario colonial europeo, no debe sorprender que el recorrido de sus colonias hasta llegar a la secesión estuviera atravesado por la violencia. Junto a la prolongada resistencia de las autoridades portuguesas a admitir un proceso que otras potencias coloniales empezaron a ver como inexorable con dos décadas de antelación, y junto a la consiguiente imposición de una política represiva e inmovilista, en donde las reformas fueron solo epidérmicas, los movimientos de emancipación —ya activos desde finales de los años cuarenta— acabaron recurriendo a guerras de liberación en las décadas de 1960 y 1970 (Chabal, 1995). Ningún otro territorio del África Subsahariana emprendió esa vía frente a las metrópolis europeas (en Rodesia y Sudáfrica lo hicieron frente a gobiernos de colonos) que, en los casos de Angola y Mozambique, tuvieron continuidad en guerras civiles poscoloniales conforme, aquí sí, al patrón de la República del Congo.

La explicación de esas particularidades remite a diferentes factores, pero entre ellos destaca uno que es medular: la supervivencia del “Estado Novo”, consolidado por Antonio de Oliveira Salazar en 1933, terminaría dependiendo, tras la Segunda Guerra Mundial, del mantenimiento del imperialismo. De ahí la férrea resistencia a abandonar el imperio (cuyos territorios se consideraban como “provincias de ultramar”) y sobre el que se ejerció una colonización demográfica, particularmente en Angola y Mozambique, convertidas en colonias de poblamiento. Y de ahí también la paradoja de su desenlace: la obstinación en mantener el colonialismo —contra la voluntad no ya de la población autóctona, sino también de las propias fuerzas armadas portuguesas— precipitaría la defunción del imperio y, paralelamente, la de la dictadura salazarista en abril de 1974.

La singularidad de la colonización portuguesa ya se había manifestado, en realidad, desde el siglo XIX, cuando, en parte tratando de compensar la pérdida de Brasil en 1822 y en parte también por impulso velado de Reino Unido (que prefería contar en la zona con un tradicional aliado), emprendió una acción imperial en África que contrastó con el modelo europeo de potencia integrada en los grandes procesos de la revolución industrial. Elocuente al respecto fue un hecho: tras el fracaso de su tentativa de unir Angola con Mozambique —iniciativa frenada en seco por Gran Bretaña con el célebre “ultimátum de 1890”—, las autoridades portuguesas buscaron consolidar su imperio, pero sobre bases económicas que se desmarcaban del paradigma de desarrollo de la segunda revolución industrial emergente. En ese sentido, se focalizó en la vía de la explotación de plantaciones (lo que no constituía precisamente el centro de la rentabilidad del nuevo ciclo expansivo), privatizó el control administrativo de vastos territorios y abandonó a compañías concesionarias extranjeras la explotación del grueso de los recursos económicos de Angola y Mozambique. Todo ello sin dejar de promocionar el “nacionalismo imperial”, es decir, el carácter indisociable del imperio y la metrópoli.

Ese escenario de gestión colonial, esa relación de Portugal con sus posesiones en África, habría no obstante de cambiar, por varios motivos, a partir de la década de 1930 y, sobre todo, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se reforzó el inmovilismo y la intransigencia a aplicar concesiones reformistas. Tras la implantación de la dictadura militar de 1926 y del Acta Colonial de 1930, la consolidación del régimen del “Estado Novo” por Oliveira Salazar a partir de 1933 trajo consigo la centralización político-administrativa de las colonias y un “nacionalismo económico” (MacQueen, 1997) que, integrado en la idea de “misión histórica” colonizadora y en la enfática exaltación de la identidad nacional (conformada por el imperio y la metrópoli), reforzó la relación comercial entre ambos puntos. Colonias y metrópoli se presentaban, de hecho, como un espacio económico conjunto que permitía solucionar la crisis financiera del Estado en el adverso contexto económico internacional de los años treinta (Telo, 1992).

Con todo, el factor clave de esta evolución hacia el reforzamiento del interés de Portugal por sus posesiones en ultramar y hacia la acción centralizadora fue la Segunda Guerra Mundial o, mejor dicho, su efecto económico: el sustancial incremento —prolongado en la posguerra— de la rentabilidad de las colonias para la metrópoli. Fueron varias las circunstancias que contribuyeron a ello. En esencia, el aumento de la demanda de productos mineros y agrícolas durante el conflicto provocó que esos sectores experimentaran un impulso que no solo fortaleció a la burguesía colonial sino también al propio Estado, acrecentando su capital y permitiendo equilibrar su balanza de pagos. Conforme a estos desarrollos, las colonias se convirtieron, tras 1945, en el primer socio comercial de la metrópoli, a la que empezaron a reportar considerables beneficios al calor de las explotaciones de carbón en Mozambique, y de petróleo, cobre y manganeso en Angola, pero también debido al alza de los precios de productos coloniales de exportación como el algodón o el café. De ahí que, desde 1953, el Gobierno portugués emprendiera planes de inversión pública en las colonias. De ahí, también, que estimulara la emigración a ultramar con una nueva política de colonización demográfica que cuadruplicó entre 1940 y 1960 la presencia europea en Angola y Mozambique, y que la volvería a duplicar entre 1960 y 1973, cuando Angola pasó de 170.000 a 324.000 colonos y Mozambique de 97.000 a 190.000 (Bandeira, 2018). Y de ahí, asimismo, que desde 1953 la metrópoli tomara la iniciativa de la nacionalización de empresas anteriormente controladas por capital extranjero. Se explica, conforme a todo ello, que el régimen salazarista rechazara toda posibilidad de establecer reformas conducentes a la autonomía de sus posesiones imperiales. La diferencia con la evolución que experimentaron al respecto otras potencias europeas era, así pues, visible.

La prolongada resistencia del Gobierno portugués a hacer concesiones reformistas tendentes al autogobierno de las colonias no remitía, sin embargo, únicamente a factores económicos, sino también a razones políticas, las ligadas al carácter dictatorial del régimen salazarista. De entrada, la inflexibilidad mostrada por el “Estado Novo” ante cualquier reivindicación de autonomía, lo era también ante cualquier reclamación de carácter laboral o de libertades elementales en sus posesiones africanas que pudiera marcar un precedente para la metrópoli. Por añadidura, el autoritarismo y el filofascismo del régimen hizo que la ausencia de reconocimiento de derechos fundamentales a las poblaciones autóctonas se acompañara del fortalecimiento del paternalismo y de una discriminación racial comparable a la existente en Rodesia del Sur y la Unión Sudafricana. Revelador al respecto es el mantenimiento de las leyes del indigenado hasta 1961 y el hecho de que el trabajo coercitivo en plantaciones, minas y obras públicas no se prohibiera hasta 1962. Así pues, no debe sobrevalorarse que el Acta Colonial de 1930 suscribiera el “principio de asimilación”. Tal principio, en realidad, apenas tuvo aplicación si se tiene en cuenta que a mediados de los años cincuenta los “asimilados” representaban solo el 1 por ciento de la población autóctona en razón de las rigurosas exigencias que debían cumplirse para ello (Droz, 2006). Tampoco debe llamar a engaño la reforma constitucional de 1951 (interpretada como el fin formal del imperio), en tanto que esta solo alcanzó a realizar cambios “cosméticos”: la desaparición del término “imperio”, la denominación de las colonias como “provincias de ultramar” (sin duda, al objeto de prevenir denuncias antiimperialistas o reclamaciones de cesión de autonomía por parte de la ONU) y la aceptación del acceso a la ciudadanía de nativos con el “estatuto dos indígenas” de 1954, pero con condiciones tan restrictivas que la medida tuvo escaso efecto.

Por lo demás, la evolución de la enseñanza —casi totalmente delegada a los misioneros católicos después del Acuerdo Misionero de 1941— consiguió que una minoría de funcionarios y mestizos relativamente acomodados pudieran ampliar estudios en las universidades de Lisboa y Coímbra, pero tardíamente y en un número irrelevante: a mediados de los años sesenta los diplomados en enseñanza superior apenas alcanzaban algunas decenas (Droz, 2006). En suma, pese a la retórica de la “nación multirracial y pluricontinental” (Bandeira, 2018), tanto la complementariedad económica entre metrópoli y colonias como la asimilación de las elites se llevaron a cabo en términos muy estrictos, propios de un régimen dictatorial, sin conceder esenciales derechos políticos y socioeconómicos a los nativos, sin admisión de libertades fundamentales ni de plataformas para canalizar demandas laborales o políticas.

Poco margen quedaba, en este contexto, para configurar una protesta anticolonial de masas. Y, sin embargo, pese a la carencia de libertades públicas elementales, desde los años cincuenta se empezó a articular una militancia cultural entre estudiantes, orientada hacia el marxismo (algunos se relacionaron con el Partido Comunista Português, comprometido desde 1957 con la independencia de las colonias) y desde la que se fundaron clandestinamente las primeras organizaciones políticas. Cabría, a este respecto, distinguir entre movimientos “tradicionalistas” (que reivindicaban una identidad sociopolítica africana), “etnonacionalistas” (animados casi exclusivamente por intereses étnicos) y “modernizadores-marxistas”, más en sintonía con las ideologías de la izquierda europea (Blackey, 1974; Chabal, 2002; Newitt, 2015). Integrados en estos últimos se hallaban los principales partidos del movimiento de liberación: el Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC, fundado en 1956 por Amilcar Cabral), el Movimento Popular de Libertaçao de Angola (MPLA, fundado en 1956 por Agostinho Neto) y el Frente de Libertaçao de Moçambique (FRELIMO, fundado en 1962 por Eduardo Mondlane). Plataformas, en todo caso, cuya actividad se vio obstaculizada por la represión y la eficaz vigilancia de la Policía Internacional de Defesa do Estado (PIDE): policía secreta creada en 1945 con sucursales en cada una de las colonias y que reforzó su poder represivo con las reformas legislativas de 1954 y 1956.

Con todo, inserta en el contexto de las declaraciones de independencia que se sucedían en distintos territorios africanos, la década de 1960 supuso la emergencia de distintos focos de oposición a la política colonial del régimen salazarista. Más allá de que Portugal se enfrentaba a una renovada presión internacional, con la aprobación en la ONU (1960) de la Carta Magna de la Descolonización y con la nueva Administración de Kennedy, el fallido golpe militar de abril de 1961 fue la evidencia contundente de que —ya desde entonces— el régimen salazarista no disponía en el seno del ejército de un apoyo incondicional y en bloque a su política colonial (Aires, 2017). Las directrices de esta eran, en realidad, cada vez más cuestionadas por oficiales (altos cargos del Ministerio de Defensa, en algunos casos) que, ligados a la OTAN mostraban preocupación por la carencia de medios para controlar las tensiones que se multiplicaban en el extenso imperio portugués. Por añadidura, las protestas frente a la extremada dureza de las condiciones de explotación laboral llevaron a que, en 1961, se declarara en Angola una rebelión ante la que el Gobierno de Salazar, particularmente interesado en ese territorio por su riqueza de recursos, no mostró contemplaciones. Se movilizaron medios militares sin precedentes en una represión que incluyó el uso de aviones y del napalm, lo que llevó —por iniciativa de EE UU y Reino Unido— a la aplicación de embargos de equipamiento militar de la OTAN. Pero ni esa brutal reacción defensiva ni la abolición del indigenado en 1961 y del trabajo coercitivo en 1962 habrían de impedir que se mantuviera el conflicto en Angola y, más aún, que estallaran insurrecciones en otras colonias. Si en Guinea-Bissau el PAIGC de Amílcar Cabral inició en 1963 una insurgencia armada que puso en dificultades al ejército portugués (controlaba dos tercios del territorio y declaró unilateralmente la independencia ese mismo año) (Hobsbawm, 1999), el FRELIMO reaccionó de modo similar en 1964 en Mozambique (donde la guerrilla ocupó un 25 por ciento de la colonia). Por añadidura, ambos movimientos emprendieron reformas agrarias, desarrollo de cooperativas y campañas de alfabetización que consiguieron recabar apoyos internacionales.

Esa multiplicación y prolongación de frentes de guerra, en los que la metrópoli aportó el grueso de su ejército, supuso el principio del fin de su imperio colonial. Angola, que desde los años sesenta adquirió una importancia económica creciente para Portugal por el impulso de la industria del petróleo, la minería del hierro y los diamantes, del café o del ganado, y que atrajo especialmente la emigración de colonos (contaba con 280.000 en 1970 y 335.000 en 1974), fue el territorio donde el choque de fuerzas se inclinó más favorablemente para los intereses de la metrópoli, debido, en parte, a las divisiones internas que allí experimentaron los movimientos de liberación. No obstante, el desgaste global de esas diferentes luchas armadas para Portugal fue considerable y en aumento, hasta absorber, a principios de los años setenta, la mitad del presupuesto anual de defensa del país, el más pobre de Europa (Judt, 2006). Y ello, al tiempo que, en ese periodo, los indicadores económicos inclinaban la balanza del comercio exterior portugués en favor de la CEE y las elites económicas del país empezaban a considerar más importante el acceso a los mercados y centros financieros europeos que el mantenimiento de las políticas coloniales proteccionistas (Aires, 2017).

Finalmente, antes de la llamada “Revolución de los Claveles” el 25 de abril de 1974, en los primeros meses de ese mismo año se dieron dos circunstancias que contribuyeron notablemente a la independencia de las colonias portuguesas. Mientras el PAIGC conseguía recabar apoyos en la ONU para la autoproclamación de Guinea-Bissau como Estado independiente en septiembre de 1973, el general António de Spínola presentaba en febrero de 1974 una solución política a la guerra colonial en una célebre publicación: Portugal e o futuro. Se trataba de una propuesta similar a la de De Gaulle en 1958: el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las “provincias de ultramar” mediante “consultas democráticas” a las poblaciones autóctonas en las que elegir la independencia o la unión con la metrópoli en una comunidad lusófona de carácter federal (Wilson, 1994). Desestimada esa opción tanto por los movimientos de liberación como por el Movimiento de las Fuerzas Armadas portuguesas y la Organización para la Unidad Africana, se impuso la vía de negociaciones directas con “interlocutores válidos” de cada territorio, a efectos de acordar con estos la transferencia de poderes. Spínola, presidente de la República Portuguesa tras el golpe militar de abril de 1974, acabaría promulgando en julio de ese mismo año la Ley Constitucional 7/74, que reconocía el derecho a la libre determinación de las colonias, incluyendo la posibilidad de la independencia y de acuerdos directos con representantes de los movimientos de liberación, lo que significaba reconocer la hegemonía del PAIGC en Guinea-Bissau y del FRELIMO en Mozambique (Aires, 2017). Guinea-Bissau fue el primer territorio en acceder a la independencia, el 10 de septiembre de 1974, mientras los restantes lo hicieron en 1975: Mozambique el 25 de junio, Cabo Verde el 5 de julio, Santo Tomé y Príncipe el 12 de julio y Angola el 11 de noviembre.

Contrastando enormemente con el clima de optimismo y de esperanza en el futuro que envolvieron esas declaraciones de independencia, lo que siguió a partir de entonces integró el dominio de la violencia y del caos. Mal preparadas, esas independencias fueron también mal gestionadas. Más allá de los episodios represivos contra africanos leales a las fuerzas armadas portuguesas o en contra de aquellos sobre los que había sospechas de haber colaborado con el ejército colonial, en Mozambique y Angola se abrió un horizonte de guerras civiles endémicas con consecuencias dramáticas para la población.

En Mozambique —donde el FRELIMO rechazó la vía propuesta por las autoridades portuguesas, consistente en la autodeterminación mediante referéndum—, los acuerdos de Lusaka del 7 de septiembre de 1974 con la metrópoli dieron paso —tras el cese del fuego y la proclamación de la independencia— a una Constitución que determinó al FRELIMO como partido único y que dio inicio a ambiciosas reformas socialistas de la economía y la sociedad. Reformas que encontraron la oposición de Rodesia y de la República Sudafricana, inquietas ambas por la emergencia en sus fronteras de un Estado socialista sostenido por la URSS. Las tensiones y antagonismos al respecto provocaron que, bajo el Gobierno del FRELIMO, Mozambique se declarara en estado de guerra, al tiempo que acogía a refugiados e insurgentes de Rodesia (miembros de la ZANU e hiciera frente —desde 1977— a la Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), de ideología anticomunista y financiada por Rodesia y Sudáfrica. El resultado fue una guerra civil (o “guerra de agresión externa”) devastadora, que no concluyó hasta el acuerdo de paz que el FRELIMO y la RENAMO firmaron el 15 de octubre de 1992, tras los efectos de la descomposición de la URSS y de la caída del régimen de apartheid en Sudáfrica.

Más complejo y caótico fue el proceso seguido en Angola, que emprendió una larga guerra civil con participación de Sudáfrica y Zaire (antigua República del Congo que entonces cambió su denominación), además de la implicación de actores principales de la Guerra Fría. Junto a razones geoestratégicas ligadas a los intereses económicos en juego en uno de los territorios más ricos de África por su petróleo, sus recursos minerales, sus diamantes y sus fosfatos, el conflicto remite a las rivalidades que mantenían ya desde la época colonial los tres movimientos de liberación (el MPLA, el Frente Nacional de Libertação de Angola [FNLA] y la União Nacional para a Independência Total de Angola [UNITA]). Tales rivalidades no solo se reeditaron, sino que ahora, a partir de 1975, alcanzaron su más elevada expresión, pese a los acuerdos que el Gobierno portugués alcanzó con esos grupos en el Algarve para organizar el proceso hacia la independencia (“Acuerdos de Alvor”, del 15 de enero de 1975). Hasta la fecha fijada para el evento, el 11 de noviembre, se pactó tanto un Gobierno provisional, presidido por un oficial militar portugués e integrado equitativamente por esos tres partidos (además del denominado “Portugal”), como la unificación, durante el régimen de transición, de los ejércitos correspondientes a cada una de las tres formaciones.

No hubo que esperar mucho, sin embargo, para que la rivalidad entre los tres movimientos se transformara en violencia. Los choques sangrientos de Luanda en abril de 1975 dieron paso a una escalada en el conflicto conforme se intensificaban los apoyos externos de cada uno de los partidos. El promarxista MPLA, de Antonio Agostinho Neto, cobró ventaja frente a sus adversarios. Era, de hecho, el partido mejor organizado e implantado en las ciudades y contaba con las ayudas de la URSS, de la República Democrática Alemana y de Cuba, que durante más de 15 años aportó importantes contingentes de soldados y armamento. Contra el MPLA se hallaba el FNLA, de Holden Roberto, apoyado por EE UU y Zaire, con cuya población mantenía lazos étnicos. Pero la más dura oposición al MPLA fue la de la UNITA, del carismático Jonás Savimbi, que, sostenida por China en sus primeros años, contaba además con el apoyo de EE UU y del Gobierno racista de Sudáfrica. Paradójica alianza la de este último con la UNITA. Sin duda en ese acuerdo pesó más el rechazo al marxismo y al sostén del MPLA a los guerrilleros namibios de la SWAPO, que la contradicción de los prejuicios raciales contrapuestos del régimen sudafricano y de Savimbi, quien proclamaba “una Angola negra, dirigida por negros”.

La declaración de la independencia de Angola el 11 de noviembre de 1975 en Luanda, con Agostinho Neto como presidente, se realizó en un clima de guerra civil, con tropas sudafricanas avanzando a partir de octubre de ese año desde el sur hasta la capital en apoyo de la UNITA, con la presión equivalente del FNLA desde el norte y con las primeras unidades militares cubanas en Luanda para apoyar al MPLA en lo que supuso el inicio de la llamada “Operación Carlota”. En realidad, esa declaración de independencia del Gobierno de Luanda fue la de una Angola fragmentada, pues a ese evento se sumó la autoproclamación de otros dos gobiernos independientes: el del FNLA en Carmona (actual Uíge) y el de la UNITA en Huambo. No sorprende, ante la evolución de los acontecimientos, el precipitado éxodo masivo de colonos europeos, que afectó en torno a 300.000 personas.

El FNLA acabó disolviéndose a medida que se reducía la ayuda que recibía de Zaire, pero la UNITA siguió manteniendo, durante más de una década aún y con apoyo de Sudáfrica, fuerzas activas en el sur y en el centro del país contra el Gobierno de Luanda. En 1992, tras 13 años de guerra colonial y 17 de guerra civil, Angola parecía que iba a alcanzar la paz cuando se llevaron a cabo las elecciones de septiembre que acabaron con la victoria del MPLA. Sin embargo, que la ONU declarara “limpios” esos comicios no evitó que el líder de la UNITA, Savimbi, acusara a los vencedores de fraude y se resistiera, durante 10 años más, a ceder ante los resultados de las primeras elecciones democráticas de Angola. Fue el asesinato de Savimbi a manos de tropas gubernamentales en 2002 lo que puso fin a 40 años de conflictos bélicos encadenados con un resultado devastador: más de un millón de muertes, cuatro millones de desplazados, más de 100.000 mutilados por minas antipersona y una miseria extendida a más del 80 por ciento de la población.

Capítulo 7

TERRITORIOS BAJO DOMINACIÓN ITALIANA

Italia, que acababa de resolver su unificación en 1871, emprendió durante el régimen de Benito Mussolini una agresiva campaña colonial de la que es elocuente la ocupación de Etiopía a partir de 1935. Ocupación que se truncó al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas de Reino Unido y de la Francia libre consiguieron, en la primavera de 1941, romper la defensa italiana de sus posesiones en África Oriental: Etiopía, Eritrea y Somalia.

Integrada en el proceso de liberación de territorios que se llevó a cabo durante el conflicto bélico, la descolonización de Etiopía no planteó los problemas que experimentaron otras áreas de África Subsahariana. El emperador Haile Selassie, en el exilio tras la llegada de las tropas italianas a Addis Abeba en 1936, retornó al trono de inmediato, en mayo de 1941, pese a que las reticencias británicas hicieron demorar hasta el 31 de enero de 1942 el acuerdo angloetíope por el que se reconocía al país como independiente. Se reinstauró a partir de entonces un régimen peculiar, arcaico, con visibles rasgos autocráticos, reacio a configurarse como monarquía constitucional, con reformas que, como las de 1955, fueron más aparentes que reales, en tanto que se combinó un Parlamento con voto solo censitario y un Senado con miembros elegidos por el propio Selassie. Ese inmovilismo reformista habría de contribuir a la tentativa de golpe de Estado de 1960, de la que el régimen imperial, con el apoyo de la Iglesia ortodoxa, salió indemne. No sobrevivió, sin embargo, a la siguiente intentona golpista, la que —en el contexto de la grave hambruna que vivió el país desde 1972— llevó a un Consejo Revolucionario a derrocar al monarca en 1974 y a imponer un régimen alineado en 1977 al bloque soviético.

Eritrea y Somalia tuvieron que esperar más años para alcanzar la independencia. De entrada, ambos territorios habrían de regirse a ese respecto por el Tratado de París del 10 de febrero de 1947, que obligaba a Italia a renunciar a sus derechos sobre ambas colonias, cuyo futuro acabó dependiendo (por falta de acuerdo entre los aliados) de las decisiones adoptadas por la ONU, obligada a tener en consideración el deseo de las poblaciones implicadas. En Eritrea, que pasó a ser tutelada por una Administración militar británica, la Comisión encargada por la ONU de sondear la opinión autóctona advirtió pronto una división entre quienes preferían la anexión a Etiopía y quienes, contrarios a la autocracia del emperador etíope, optaban por la configuración de un Estado eritreo independiente y democrático. Tras nuevas deliberaciones en 1950, la ONU (donde Selassie maniobró con habilidad en favor de los intereses etíopes) acabó decidiéndose por la solución federal, esto es: por convertir a Eritrea, el 15 de septiembre de 1952, en una entidad autónoma federada a Etiopía. Sin embargo tal opción no llegaría a prosperar. Primero por la incompatibilidad entre el régimen etíope y los sectores democráticos eritreos. Y segundo por la deriva que la propuesta federal adoptó 10 años más tarde, cuando en 1962 el emperador etíope decidió convertir la federación de Eritrea en anexión de Eritrea. Ello fue el origen de un largo y devastador conflicto que se prolongó hasta la liberación de la capital, Asmara, el 24 de mayo de 1991, tras lo que Eritrea se convirtió en Estado independiente de facto, reconocido oficialmente el 24 de mayo de 1993, toda vez que la independencia se hubo ratificado en las elecciones del 23 de abril de ese mismo año.

Con Etiopía sin salida al mar, esa independencia no trajo el fin de las tensiones, de las disputas territoriales y del estado de guerra, cuyo punto álgido se alcanzó en el enfrentamiento armado que ambos países —Etiopía y Eritrea— mantuvieron entre 1998 y 2000, con el resultado de decenas de miles de fallecidos, expulsados y desplazados de uno y otro de la frontera. Roto el Acuerdo de Argel del año 2000, ha habido que esperar 18 años más para que Isaías Afwerki (presidente de Eritrea) y Abiy Ahmed (primer ministro de Etiopía) firmen el acuerdo de paz del 8 de julio de 2018, que se espera que sea el definitivo.

Somalia, pese a experimentar una evolución diferente hasta alcanzar la independencia, vivió una etapa poscolonial no menos dramática que la de sus territorios limítrofes, debido al desarrollo de conflictos étnico-territoriales. El Gobierno posfascista italiano consiguió convencer a la ONU, en 1949, para que le permitiera una tutela provisional de 10 años sobre ese territorio, aludiendo a su responsabilidad en relación con los colonos italianos y a que su condición democrática y su experiencia sobre el terreno le permitirían realizar adecuadamente las tareas administrativas encomendadas. Siguiendo el mandato de la ONU, el nuevo Gobierno italiano aplicó una política de preparación a la independencia de Somalia que incluyó no ya un ambicioso proyecto de desarrollo económico en el territorio, sino también el fomento de la instrucción de los habitantes. Conforme a ello, y a efectos de formar cuadros de gestión, se creó la Escuela de Administración y Formación Política de Mogadiscio, mientras se promocionó la preparación de universitarios en Derecho y Economía en Roma.

Tales iniciativas empezaron a sustanciarse en las transformaciones de la estructura política de 1956, cuando el Consejo Territorial se convirtió en un Parlamento donde estaba representada la diversidad étnica del territorio. Posteriormente, tras las elecciones de 1959 que dieron la victoria a la Liga Somalí de la Juventud (con el 85 por ciento de los escaños), el Gobierno resultante vio reconocidas competencias en materia de Asuntos Exteriores y Defensa. Fue la antesala de la independencia de la Somalia italiana, alcanzada el 26 de junio de 1960, apenas cuatro días después de que la proclamara la Somalia británica. Ambas acabarían uniéndose el 1 de julio de 1960, constituyendo la República de Somalia.

Tras unos años en los que las dificultades económicas y de coordinación administrativa y lingüística no impidieron la estabilidad política del país, el golpe de Estado del general Syad Barre, en octubre de 1969, dio paso a un Gobierno dictatorial y a reivindicaciones territoriales sobre la región de Ogaden, otorgada por Reino Unido a Etiopía, pese a que su población era mayoritariamente somalí. La disputa por esa región condujo a la “Guerra de Ogaden” (1977-1978), en la que se involucraron actores de la Guerra Fría: la URSS y Cuba en defensa de Etiopía y EE UU junto a Arabia Saudí en apoyo de Somalia. El conflicto concluyó con la victoria etíope, refrendada en 1988 con un acuerdo de paz, tras tentativas infructuosas de Somalia por hacerse con la región. Ni Syad Barre ni la República de Somalia se repondrían de esa guerra y de esa derrota. Tres años después del acuerdo en cuestión, el derrocamiento de Barre en 1991 fue la antesala de la fragmentación del poder entre clanes liderados por “señores de la guerra”, el inicio del acrecentamiento de las rivalidades regionales, del colapso, en suma, de un “Estado fallido”, cuya población, además, se ha visto inmersa desde entonces en devastadoras hambrunas crónicas, más allá de que el territorio se convirtiera en escenario de movimientos islámicos extremistas.

Capítulo 8

TERRITORIOS BAJO DOMINACIÓN ESPAÑOLA

El proceso de independencia de Guinea Ecuatorial, la única posesión española en África Subsahariana, estuvo condicionado por una paradoja que afectó al régimen franquista en las décadas centrales del siglo XX. Por una parte, este era una dictadura que se resistía a aplicar reformas democráticas y a ceder a pretensiones secesionistas en las colonias bajo el argumento de la misión paternalista y civilizadora de la metrópoli, así como del añorado prestigio imperial nacional. Por otra parte, y paralelamente, era un régimen que debía plegarse a los dictados descolonizadores de la ONU para evitar su aislamiento, esto es, para no verse excluido de los foros internacionales como le ocurrió en 1946. De ahí la ambivalencia que caracterizó a la política colonial española desde su ingreso en la ONU en 1955 y que se mantuvo hasta el final del proceso de descolonización, es decir, hasta los comicios de septiembre de 1968 para elegir al primer presidente de Guinea Ecuatorial. Representativas de esa ambivalencia son las dos líneas políticas que siguieron dos ministerios. Por una parte, el Ministerio de la Presidencia, encabezado por el almirante Luis Carrero Blanco y cuya política consistió en aferrarse a los territorios de ultramar y rechazar toda supervisión internacional conforme al inmovilismo de su aliado portugués. Por otra, el Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por Fernando María Castiella y proclive a la colaboración con la doctrina descolonizadora de la ONU (tratando al mismo tiempo de no alterar la amistad hispanoportuguesa) a efectos, entre otras cosas, de estar en disposición de argumentar coherentemente en ese mismo foro sus aspiraciones por recuperar Gibraltar.

Guinea Ecuatorial conformaba un conjunto heterogéneo de territorios. Integraba un conglomerado de islas entre las que destacaba Fernando Poo que, ligada a España desde 1778, se dedicaba fundamentalmente a la producción de cacao. E incluía también un área continental denominada Río Muni que, con fronteras definidas en la Conferencia de Berlín de 1885 y en el Tratado de París de 1900, se orientaba a la explotación forestal y cafetera. Fijados a finales del siglo XIX los límites geográficos de la colonia por acuerdos intraeuropeos, el control efectivo de la Administración metropolitana en esos dispersos territorios fue lento (la ocupación militar no se llevó a cabo hasta 1926), desigual (con mayor presencia en Fernando Poo que en Río Muni) y, en todo caso, débil, delegando en la Iglesia católica la tutela de los nativos (Campos, 2000a). Pese al escaso interés que África Subsahariana despertó en el Gobierno español durante las dos primeras décadas del siglo XX, las autoridades reprodujeron patrones de sometimiento de la población nativa aplicados por otras metrópolis europeas, tales como el control del territorio mediante la administración indirecta o la aplicación del régimen del indigenado desde el que los guineanos “no emancipados” eran discriminados jurídicamente con restricciones de derechos y con el trabajo coactivo.

No sería hasta los años de la Guerra Civil cuando, dominada la colonia por leales al general Franco, se iniciaría un más decidido control económico y administrativo sobre la totalidad de esos territorios. De entrada, con el fin de proveer de materias primas a los sublevados, se impulsó la explotación de los recursos agrícolas y madereros, al tiempo que se intensificaba el régimen de trabajos forzados sobre los nativos. Pero más significativa respecto a la nueva fase que se emprendía fue la promulgación, en 1938 de la Ordenanza General de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, que regulaba el colonialismo sobre bases dictatoriales. Ello incluía la militarización de la Administración, el acrecentamiento de los procedimientos coactivos y la exclusión de la ciudadanía para la mayor parte de los africanos, individuos considerados “menores de edad” que requerían de la tutela de colonos, particularmente a través del Patronato de Indígenas (Campos, 2000a). Junto a la supremacía ideológica de la Iglesia, esa ordenanza constituyó el instrumento normativo mediante el que se consolidaría el dominio del régimen franquista en Guinea. Así se procedió durante sus primeros años de vigencia, mientras no hubo presiones externas, hasta que el ingreso de España en la ONU en diciembre de 1955 obligara al Gobierno español a acometer, sin pretenderlo, una descolonización por etapas.

La presión ejercida por el máximo organismo internacional fue definitiva para la consecución de la independencia. De hecho, no hubo que esperar mucho, apenas dos meses tras la incorporación de España a la ONU, para que esta solicitara a la metrópoli un informe acerca de los “territorios no autónomos” (es decir, coloniales) que administraba, desencadenando con ello los movimientos (y diferencias en el seno del Gobierno) que concluirían en la independencia de Guinea Ecuatorial. La requisitoria perfiló de inmediato las discrepancias que enfrentaban a los dos ministerios implicados en el asunto colonial. Desde Presidencia, Carrero Blanco (a quien se adscribía la gestión colonial) se declaraba decidido a seguir el ejemplo portugués, que en 1951 había definido sus colonias como “provincias de ultramar” a fin de evitar toda supervisión internacional en esas posesiones. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, en cambio, Castiella rechazaba esa solución y proponía adoptar una fórmula más flexible que permitiera a España mantener apoyos en la ONU. Fue la propuesta de Carrero Blanco la que se impuso. España se alineaba con Portugal. Los territorios del Golfo de Guinea se convirtieron, formalmente, en dos provincias españolas en 1959: Fernando Poo y Río Muni.

La estrategia asimilacionista adoptada con la provincialización no suponía el fin del colonialismo y, en esa medida, no respondía en absoluto a las exigencias de la ONU, pero trajo consigo algunos cambios. Al disponer, españoles y nativos, de la misma nacionalidad, se proclamó la igualdad jurídica que, pese a no suponer una igualdad de hecho, implicó la eliminación del Patronato de Indígenas, de la discriminación legal y económica que significaba el régimen de indigenado y de la condición de súbditos adscrita a los africanos. Asimismo, se realizaron mejoras en materia de sanidad y de enseñanza primaria, y se procedió a la africanización de la Administración colonial, por lo que los guineanos empezaron a acceder a órganos de gestión y representación como concejales, alcaldes o diputados provinciales.

Paralelamente, los movimientos anticolonialistas guineanos, minoritarios aún a principios de los años cincuenta en la defensa de la igualdad jurídica y política, se empezaron a organizar en la clandestinidad y en el exilio de Camerún, Gabón y Argelia, como reacción a la imposición de una provincialización en la que veían una fórmula encubierta de mantener el dominio colonial. Algunos de esos exiliados crearon en 1958 la Idea Popular de Guinea Ecuatorial (IPGE), liderada por Clemente Ateba, partidario de integrar Guinea Ecuatorial en Camerún. Un año después nacía el Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial (MONALIGE) de Atanasio Ndongo. La represión del régimen franquista limitaba enormemente la capacidad de organización y de acción de esas formaciones en el interior del territorio, pero a los disidentes anticolonialistas les quedaban los foros internacionales, particularmente la ONU: escenario privilegiado donde sí les era posible transmitir sus denuncias y reivindicaciones independentistas, no solo ante una comunidad receptiva y sensible a ello, sino también ante los propios representantes del régimen franquista. El equipo de Castiella se encontraba, así pues, en una compleja situación, entre las resistencias de Madrid y las presiones de Nueva York que aumentaron a partir de 1962, cuando los guineanos empezaron a elevar sus reclamaciones en ese foro internacional.

Esa renovada presión fue definitiva para que el régimen franquista diera un giro sustancial a su política colonial, decisivo en la evolución hacia la independencia. Castiella, que desde 1961 no había cedido en su empeño de convencer a Franco para proceder a una política afín a los requerimientos de la ONU, una política que contemplara la autodeterminación y permitiera garantizar la influencia española sobre esos territorios, además de ganar apoyos internacionales para reclamar Gibraltar (Pardo, 2007), consiguió que el Consejo de Ministros aprobara en 1962 un texto que incluía esa posibilidad: “Si en el futuro los guineanos, por las razones que fueren, quisieran su independencia, España no se opondría” (Campos, 2002). Fue el preámbulo de dos iniciativas complementarias que se emprendieron en 1963: la presión diplomática en relación con Gibraltar y la aceptación de la vía autonómica en Guinea Ecuatorial, que entraría en vigor el 1 de enero de 1964, tras su aprobación por las Cortes y por la población autóctona mediante el plebiscito del 15 de diciembre de 1963.

La autonomía no trajo la democracia a la colonia. El régimen dictatorial del que dependían las nuevas instituciones creadas al efecto, la Asamblea General y el Consejo de Gobierno, no permitieron sino una limitada capacidad reguladora y de gestión. Sin embargo, el escenario había cambiado. El contraste con la etapa anterior era visible al permitirse el retorno de exiliados políticos y al emprender la africanización de cargos de responsabilidad política en las nuevas instituciones creadas. A este respecto, Bonifacio Ondó se convirtió en presidente del Consejo de Gobierno en mayo de 1964, eso sí, con el beneplácito de Madrid, es decir: por designación. No en vano, a raíz del referéndum de diciembre de 1963, Ondó promovió la creación de un partido condescendiente con el régimen franquista: el Movimiento de Unión de Guinea Ecuatorial (MUNGE), plataforma que contaba con el apoyo oficial del Gobierno en tanto que su discurso trasladaba la independencia a un futuro indeterminado, con el argumento de la carencia de preparación de la población. Por lo demás, no se llegó al extremo de legalizar el MONALIGE y la IPGE, pero las reuniones de ambas formaciones —aunque bajo control de funcionarios del régimen— sí se toleraban. Ello permitió, especialmente al MONALIGE, aumentar las bases sociales en distintos puntos de la colonia y empezar a contemplar la autonomía como un espacio transitorio y breve hacia la independencia o, en todo caso, hacia la libre determinación de la población acerca de su futuro (independencia o asociación a la metrópoli).

Cuando se acrecentaba ese convencimiento —extendido ya incluso entre miembros del MUNGE desmarcados de la línea colaboracionista de su presidente Ondó—, tuvo lugar un acontecimiento que aceleraría el proceso hacia la independencia: la visita, en agosto de 1966, de observadores de la ONU a la colonia a efectos de verificar el funcionamiento de la autonomía y, sobre todo, de tomar el pulso del sentir independentista entre la población autóctona. Junto a carencias en el régimen autonómico, los representantes de la ONU advirtieron, en los integrantes del MONALIGE, la IPGE y el MUNGE, un consenso favorable a la independencia negociada con España. Fue ello lo que les llevó a emitir un informe crítico en donde se apremiaba a la metrópoli para que la independencia se resolviera antes de julio de 1968. Tras deliberaciones y consultas a diferentes ministerios en 1967 (todos ellos, salvo el dirigido por Carrero, consideraron Guinea Ecuatorial como un lastre económico), se siguió el protocolo aplicado por otras potencias europeas: convocar una “Conferencia Constitucional” (integrada por delegados guineanos y representantes del Gobierno) para preparar la transferencia de poderes, una Constitución democrática, una ley electoral y convenios bilaterales de cooperación.

El protocolo se respetó. La “Conferencia Constitucional”, prolongada entre octubre de 1967 y julio de 1968, dio paso a una Constitución (aprobada tras el referéndum mediante sufragio universal del 11 de agosto de 1968) y a las elecciones legislativas y presidenciales de septiembre de ese mismo año. Sin embargo, el proceso no concluyó conforme a lo esperado por ninguna de las instituciones españolas directamente implicadas. Ni el candidato favorecido por Carrero Blanco desde Presidencia, Bonifacio Ondó, ni el preferido por Castiella desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Atanasio Ndong, consiguieron vencer en las elecciones; como tampoco lo logró Edmundo Bosío. La victoria fue para Francisco Macías Nguema, un antiguo integrante de la estructura del poder colonial en tanto que miembro del Consejo de Gobierno durante el periodo autonómico. Este, tras realizar una campaña contra la Constitución, se volcó en una propaganda anticolonial que consiguió captar el resentimiento antiespañol y también el anticolaboracionista del electorado con relación a Ondó, su principal oponente en los comicios. Venció Macías, tanto en la primera vuelta como en la segunda, antes de proclamarse presidente y de declararse la independencia el 12 de octubre de 1968.

Pocos meses después de alcanzar la transferencia de poderes, Macías ya había iniciado el proceso de desmantelamiento del Estado de Derecho alcanzado con la independencia y había emprendido la eliminación de sus adversarios políticos. A ello se unió el acrecentamiento de la tensión contra españoles, reflejada en el decreto de expulsión de estos en abril de 1969, tras responsabilizar a España de una tentativa de golpe de Estado. Tal circunstancia obligó al Gobierno franquista a organizar una masiva repatriación con la que se inauguró la posterior fase de alejamiento y de desencuentro en las relaciones entre ambos gobiernos (Martínez Carreras, 2000; Pardo, 2007; De Castro, 1998). Emulando rasgos del régimen de la antigua metrópoli, el sistema que se estaba implantando, una dictadura basada en el terror y la represión, llevó a un buen número de guineanos a emprender nuevamente el exilio.

CONCLUSIONES

Los procesos de independencia en África Subsahariana estuvieron marcados por dos fenómenos paralelos, contrapuestos y complementarios: el gradual empoderamiento político de las sociedades africanas y el también gradual debilitamiento de las metrópolis —bajo el impacto de dos guerras mundiales— en la jerarquía del poder internacional y en el ejercicio de la dominación colonial. El primero condujo a la conquista de las independencias. El segundo, a la concesión de marcos legales para la descolonización. Conforme a ello, el balance global no puede desestimar el protagonismo —con distinto grado según los casos— de ambos factores, de ambos actores. Unos y otros, en realidad, interactuaron para confluir en el mismo punto: la ruptura de las relaciones de dependencia y de sometimiento a partir de las décadas centrales del siglo XX.

El contraste entre la evolución de las sociedades africanas y la de las metrópolis se empieza a advertir en los años de entreguerras, antes de perfilarse y hacerse más explícito tras la Segunda Guerra Mundial conforme a las asimetrías que identificaron el imperialismo desde sus inicios. El reparto colonial de África en la Conferencia de Berlín de 1885 iba a reportar considerables beneficios para las pujantes metrópolis europeas que, a fines del siglo XIX, dejaban atrás la crisis económica internacional de 1873 y emprendían la segunda revolución industrial con renovado énfasis e interés por el despliegue del crecimiento económico. No obstante, en contrapartida, las decisiones de Berlín iban asimismo a traer consigo un problema de enorme magnitud que —exceptuando a algunos observadores atentos— pareció pasar desapercibido en el optimista clima expansivo de la Belle Époque: la agresión inherente a la dominación sobre esos territorios y sus habitantes —incluyendo la explotación sistemática de recursos materiales y humanos desde el paradigma de la desigualdad y la discriminación— iba a desencadenar, antes o después, una reacción, esto es, movimientos de emancipación.

Trató de marginarse esa agresión, de relegarse a un plano subsidiario bajo el argumento —largamente sostenido— de la “sagrada misión civilizadora” de Occidente con el que, desde las metrópolis, se buscó equilibrar lo que a todas luces era un desequilibrio. Pero, cuestión de tiempo, esa retórica no pudo evitar que el contacto entre ambos “mundos” y la transmisión de ideas de libertad e igualdad acabaran por propiciar la articulación de movimientos de liberación en las sociedades africanas. Ello, en parte importante, conforme a los instrumentos teóricos y vías de organización de las tradicionales plataformas de disidencia europeas. Así, paralelamente al desplazamiento de Europa como centro del poder internacional, iniciado en entreguerras y acentuado tras la Segunda Guerra Mundial (cuando, por añadidura, se imponen internacionalmente las tesis descolonizadoras de los EE UU, la URSS y la ONU), las formas elementales de resistencia dieron paso a diferentes repertorios de acción colectiva. Repertorios en función, entre otros factores, del tipo y grado de dominación socioeconómica y control político-administrativo ejercido por las autoridades coloniales, pero también del grado de incorporación y adaptación, por parte de los africanos, de los recursos y procedimientos de protesta generados en Europa. No desaparecen, en ese elenco de acciones colectivas, explosiones de violencia próximas a movimientos “espasmódicos” más que autoconscientes. Y hubo, por otra parte, rebeliones independentistas, reprimidas de forma sangrienta, como la de Madagascar en 1946, o prolongadas en largas luchas armadas que llegaron hasta 1974 en los casos de Angola o Mozambique frente a Portugal, hasta 1979 frente al Gobierno de la minoría de colonos de Rodesia, hasta 1990 frente al Estado segregacionista de la República Sudafricana. No obstante, en la mayoría de los territorios se adoptó una vía de acción política que, no exenta de agitaciones sociales con distintos grados de violencia, se vio alentada y “contagiada” por un más amplio movimiento independentista intercontinental del que fue representativa la Conferencia de Bandung de 1955.

Cabe sin embargo precisar que ni el nacionalismo ni el independentismo fueron, en absoluto, compartidos en bloque por todos los que emprendieron protestas y luchas en las décadas centrales del siglo XX contra el régimen de dominación colonial en África. Las reivindicaciones y los instrumentos de cohesión que se desplegaron en esos años conformaron, a ese respecto, un conjunto mucho más heterogéneo y complejo de propuestas. En esencia, la cuestión medular era la consecución de derechos fundamentales, la obtención de la igualdad, la conquista de mejoras en las condiciones de vida y de trabajo; y ello, para muchos africanos, no pasaba necesariamente por la reivindicación de la “nación” o por la adquisición de la independencia. Dicho de otro modo: sus iniciativas y movilizaciones se resisten a ser reducidas a un nacionalismo con voluntad independentista. Lo ocurrido en los territorios dominados por Francia resulta emblemático al respecto. Incluso si —como se ha destacado— el nacionalismo se entendía como instrumento de emancipación política frente a regímenes coloniales opresores y discriminatorios, remitiendo así al primigenio “nacionalismo político” formulado durante la Revolución francesa de 1789 (antes de que el nacionalismo incorporara aditivos emocionales que delimitaban comunidades “preexistentes” y “homogéneas” culturalmente), L. Sédar Senghor era rotundo al condenarlo como “enfermedad infantil de la que nos tenemos que curar”, entre otras razones para evitar —en palabras de Sékou Touré— los “egoísmos y particularismos” que le son inherentes. Al priorizar la obtención de la ciudadanía plena y los derechos universales, Senghor proponía, frente al nacionalismo, el supranacionalismo, esto es: un federalismo plurinacional con ciudadanía compartida y estructura confederal que evitara la “balcanización” nacionalista (considerada obstáculo para la fortaleza y progreso comunes de los distintos territorios trazados por los colonizadores) y que asociara, en igualdad, cooperación y solidaridad, los territorios del AOF y del AEF entre sí y con Francia. Incluso en el caso del África británica, donde las movilizaciones tuvieron una orientación decididamente independentista, N’Krumah —al igual que Nyerere— entendió el nacionalismo como “el equivalente del tribalismo en el contexto de nuestros Estados nacionales”; un concepto que “carecía de significado y era anacrónico y peligroso, si no era al propio tiempo panafricanismo” (Fontana, 2011).

Con todo, las independencias llegaron debido a presiones crecientes ejercidas sobre las metrópolis por parte de distintos actores. De un lado, están las que llevaron a cabo los propios africanos, en algunos casos, cuando estos se convencieron de que la igualdad de derechos y la autonomía no parecía poderse alcanzar por otra vía que la secesión. De otro, se hallan las desplegadas por los organismos internacionales y las nuevas potencias hegemónicas en un orden mundial decididamente anticolonialista tras 1945. Pero las independencias se consiguieron también cuando las propias metrópolis empezaron a reconocer que el modelo clásico de dominio colonial no compensaba sus costes de mantenimiento. Al margen de los casos de los regímenes supremacistas de Sudáfrica y Rodesia, Europa —excluidas las dictaduras ibéricas— empezó, a mediados del siglo XX, a “mirar” menos (y de otra forma) a África y más a Europa. Sintomático de ello fue una coincidencia no del todo fortuita: 1957 no solo fue el año de la primera declaración de independencia en África Subsahariana; también fue el de la firma del Tratado de Roma que creaba la CEE.

Concluidas las declaraciones de independencias formales, en la mayor parte de los casos las esperanzas depositadas en la nueva etapa —donde no desapareció totalmente el liderazgo de las antiguas metrópolis— quedaron pronto frustradas en tanto que no supusieron una liberación real. Tras los actos protocolarios, todo, o casi todo, quedaba por hacer. En lo esencial, había que construir y consolidar los estados, bien en torno a valores constitucionales (mediante la adhesión ciudadana a los principios democráticos que definían las fronteras del Estado), bien en torno a valores emocionales (mediante la creación de naciones, es decir, de sentimientos nacionales) que cohesionaran dentro de fronteras diseñadas por las metrópolis a las distintas poblaciones en una identidad colectiva. Poblaciones fragmentadas, atravesadas por rivalidades interétnicas y que, por añadidura, experimentaban tanto las secuelas del subdesarrollo y de las desigualdades económicas como la carencia de alfabetización y de cultura democrática liberal y participativa.

En ese escenario, la tentación del poder llevó a que la mayoría de los nuevos gobiernos —pese a que formalmente se adhirieron en sus inicios a los valores democráticos— evolucionaran hacia regímenes autocráticos. Fue habitual, en este sentido, la deriva hacia la concentración y personificación del poder en la figura de líderes carismáticos, la determinación de un partido único o la irrelevancia del multipartidismo, el protagonismo del ejército y de los golpes de Estado en la política, la corrupción y los fraudes electorales, el fomento de conflictos interétnicos para alcanzar el poder, la violación de los derechos humanos, el desmantelamiento, en suma, del Estado de Derecho consensuado en las declaraciones de independencia o la desaparición del propio Estado en favor de los “señores de la guerra”.

La paradoja de esa evolución con lo que empezó siendo un movimiento de liberación no puede ser más radical. Contemplado en perspectiva, el asesinato de Lumumba pocos meses después de haber pronunciado las palabras que abrían este libro, resume, en parte, la crónica de la historia poscolonial de África. Ni siquiera la llamada “segunda liberación”, la correspondiente al proceso de democratización iniciado a partir de la década de 1990, con el fin de la Guerra Fría, parece haber alterado sustancialmente esos desequilibrios internos, conectados cada vez más con intereses de la economía globalizada. Desequilibrios conectados con ello, pero también con la “patrimonialización” del Estado llevada a cabo por parte de los nuevos gobernantes (Chabal, 2000); eso que J. F. Bayard denomina “política del vientre”, practicada por elites poscoloniales y que vincula a tradicionales prácticas clientelares y de violencia (Bayard, 1999); lo que R. Southall llama conducta “depredadora” en sus estudios sobre la evolución política de los movimientos de liberación en África austral (ZANU-PF, ANC y SWAPO), surgidos para combatir el colonialismo pero convertidos, tras acceder al gobierno afirmando el constitucionalismo, en “partidos-Estado” que han monopolizado el poder al tiempo que han socavado los principios democráticos y el desarrollo colectivo (Southall, 2013 y 2014). Desequilibrios donde, pese a todo, al margen de las elites gobernantes, subsiste la vitalidad y las redes de solidaridad de las sociedades africanas (Kabunda, 2009).

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Custodio Velasco Mesa

Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla. Ha desarrollado su formación e investigación en distintas universidades europeas como el Centro Pierre Léon, la Université Lyon-2 o la Université de Liège. Investigador Ramón y Cajal entre 2004 y 2009, sus líneas de estudio se focalizan en el análisis comparado internacional de la retórica revolucionaria, la cultura antiautoritaria y la identidad europea. Ha sido coordinador del Máster en Estudios Europeos de la Universidad de Sevilla (2009-2012) y, entre sus publicaciones, destacan: “Utopía y experiencia revolucionaria” (Peter Lang, 2003), Los nombres de la cuestión social (Premio Archivo Hispalense, 2003), “Revolutionary Rhetoric and Labour Unrest” (International Review of Social History, 2011), The struggle for lasting peace in France: the discourse of the Ligue des Droits de l’Homme (1916-1919)” (Universidad de Sevilla, 2015), “Historia y memoria: un mismo combate” (Memorias, 2017).