Todavía hoy, la reconcentración de la población durante las guerras de España en Cuba sigue causando un gran debate. Unos ven en la misma el precursor y el origen de los campos de concentración de la Alemania nazi, y otros, el precedente de la antiguerrilla moderna. En estas contiendas ideológicas, a menudo se descuidan las circunstancias históricas. Este estudio presenta por primera vez, y gracias a las investigaciones realizadas por el autor durante años en los archivos cubanos y españoles, la realidad del extenso conflicto colonial que se produjo en Cuba y que no solo se vio reflejado en el plano bélico, sino que también lo hizo en el económico, político y social. Una auténtica historia de violencia y horror en los rescoldos del imperio español.

Andreas Stucki

Las guerras de Cuba

Violencias y campos de concentración (1868-1898)

ePub r1.0

Titivillus 21.12.2020

Título original: Las guerras de Cuba

Andreas Stucki, 2017

Traducción: Laureano Xoaquín Araujo Cardalda

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Introducción

Introducción

«Ordeno y mando: todos los habitantes en los campos o fuera de la línea de fortificación de los poblados, se reconcentrarán en el término de ocho días en los pueblos ocupados por las tropas. Será considerado rebelde y juzgado como tal, todo individuo que trascurrido ese plazo se encuentre en despoblado». Este era el tenor del artículo primero del bando de reconcentración del 21 de octubre de 1896 para la provincia de Pinar del Río, en la parte occidental de la isla. Con esta medida se pretendía impedir lo que de hecho sucedió durante la Guerra de Independencia entre 1895 y 1898, a saber, que los simpatizantes y la población civil le facilitaran al Ejército Libertador Cubano (ELC) armamento, víveres, medicamentos, ropa e información de relevancia militar. El objetivo era mantener físicamente separados a los guerrilleros cubanos de la población civil. Las zonas despobladas fueron sistemáticamente arrasadas: hasta donde fuera posible, los combatientes por una Cuba libre debían ser privados de todo recurso. Al poco de llegar a la isla, Valeriano Weyler y Nicolau, el capitán general y gobernador general español, ordenó la reconcentración en Oriente; hasta finales de 1897 le tocaría el turno sucesivamente al resto de las provincias.

En Cuba, la política estratégica de reubicación fue sobre todo un instrumento militar contra un enemigo ágil y difícil de atrapar, que además gozaba de un gran respaldo por parte de la población a nivel regional. En los más de ochenta puntos de reconcentración de la isla fueron internadas por lo menos 400 000 personas. Las tropas españolas y las unidades paramilitares de contraguerrilla reclutadas in situ no ejecutaron las órdenes con la misma radicalidad en todas las provincias. Fue en las occidentales donde, junto a las intensas operaciones militares, tuvieron lugar también las reubicaciones forzosas más amplias, que, lejos de dirigirse a un grupo poblacional específico, persiguieron el radical despoblamiento de zonas enteras. Tanto cubanos blancos como negros, pero también los peninsulares o los extranjeros, fueron víctimas de los internamientos. A menudo, a los reconcentrados sin medios se les asignaba para su autoabastecimiento una parcela en las zonas de cultivo situadas alrededor de las plazas fuertes. Según el Estado Mayor español, la «fértil tierra de Cuba» debía hacer posible una reconcentración sin gastos adicionales. La reubicación forzosa decretada durante el segundo año de la guerra, así como las consiguientes deportaciones en masa, hicieron que la situación empeorara sensiblemente. Las instituciones estatales ya se habían visto completamente desbordadas por las migraciones (forzadas) debidas a la guerra. Las epidemias y la hambruna mataron a miles de reconcentrados que se apiñaban, en condiciones higiénicas miserables, en bohíos (las cabañas típicas de la región), barracas y viejos almacenes improvisados en ciudades o pueblos abarrotados. Hasta hoy, los investigadores no se han puesto de acuerdo sobre el número de bajas civiles, que oscila entre 60 000 y 500 000. Los estudios más recientes parten de unas 170 000 víctimas civiles, un 10 por ciento de la población de la isla[1].

En perspectiva histórica, el control de la población mediante reubicaciones forzosas e internamientos no era un fenómeno inédito en los territorios bajo disputa militar. A ello ya había aludido el general Weyler en el prólogo a una publicación sobre la guerra aparecida en 1897, donde exponía cómo otros jefes militares habían procedido de un modo similar al suyo en conflictos comparables al de Cuba. Sin embargo, en los estudios más recientes todavía aparece la observación de que la reconcentración fue una «estrategia novedosa para combatir la guerra de guerrillas» puesta en práctica por la contraguerrilla[2]. En realidad, los británicos ya habían combatido los levantamientos en Ganjam (India Británica) a finales del siglo XVIII utilizando métodos parecidos. También el general español Emilio Calleja, en el centro de cuya concepción de la lucha contra las guerrillas estaban las ciudadelas y el control de la población, ordenó en 1811 en México la creación de poblados fortificados. Otros ejemplos que se pueden aducir para el siglo XIX son —sin ánimo de exhaustividad— las Guerras Indias y la política de reservas en los Estados Unidos, así como el despoblamiento de zonas enteras de los estados fronterizos en el marco de la lucha contra las guerrillas durante la Guerra de Secesión[3].

También en Cuba, los oficiales españoles habían tenido experiencias con las reubicaciones estratégicas ya antes de la Guerra de Independencia de 1895-1898, por ejemplo durante la Guerra de los Diez Años, o Guerra Grande, de 1868-1878 y la Guerra Chiquita de 1879-1880. Tras los fracasados intentos de reforma colonial de la metrópoli española, la Guerra de los Diez Años representó el primer asalto de una revolución independentista coordinada, y la Guerra Chiquita puede ser interpretada como la continuación de esta lucha por parte del núcleo duro de los patriotas radicales. Con todo, la reconcentración no alcanzó, en ninguno de estos dos conflictos armados —ambos geográficamente delimitados—, ni la escala ni la intensidad que tuvo durante la Guerra de Independencia, que ya se extendía a toda la isla a finales de 1895. Aun así, el debate teórico-militar acerca de la reconcentración en Cuba se remonta a la Guerra de los Diez Años. Eran varios los jefes militares y publicistas que veían entonces en la reubicación de la población rural en centros militares fortificados el único medio de ponerle un rápido fin al conflicto en la isla.

Aunque las guerras de independencia en Cuba pueden ser consideradas, en muchos aspectos, como precursoras de las dirty wars de la descolonización a partir de 1945[4], los efectos sociales de las reubicaciones forzosas han quedado hasta la fecha prácticamente inexplorados. Si la reconcentración se menciona en casi todas las obras generales de historia de Cuba y se aborda en las monografías sobre la guerra, es siempre para despacharla en unas cuantas líneas. La búsqueda de información específica revela la necesidad de estudios concretos sobre el tema, que apenas existen y dejan sin respuesta muchas preguntas esenciales sobre los motivos, la implementación y los efectos sociales de las reubicaciones forzosas. Hubo que esperar a que transcurrieran cien años desde aquellos acontecimientos para que, en 1998, el historiador cubano Francisco Pérez Guzmán elaborara un primer análisis científicamente fundado de la reconcentración en Cuba. Las aproximaciones al tema de las que vamos disponiendo se extienden a una docena de artículos y a un capítulo central de la reciente monografía War and Genocide in Cuba, del historiador estadounidense John L. Tone[5]. Sin embargo, la mayoría de los trabajos pecan de una débil base fáctica y son conocidos únicamente por los especialistas.

Por lo tanto, el presente volumen pretende contribuir con fundamento al debate sobre la reconcentración española en Cuba, partiendo de un nuevo conjunto de fuentes y adoptando la perspectiva de la historia social y de la historia de la vida cotidiana, aunque para una correcta comprensión también se echará mano de la historia militar. Interesan especialmente aquellas preguntas centradas en la dinámica del fenómeno y sus múltiples actores. ¿Cómo se llevó a cabo la reconcentración en las distintas provincias y jurisdicciones de la isla? ¿Qué regiones se vieron afectadas —y en qué medida— por las reubicaciones forzosas? ¿Cómo repercutieron las acciones del ELC en la vida cotidiana de los internados? ¿De qué margen de maniobra disponían los diferentes actores? ¿Cómo influyeron la presión internacional y las protestas en los Estados Unidos contra la hecatombe en la isla? Y finalmente, ¿de qué modo se puso término a las reubicaciones forzosas? Para responder a estas y otras preguntas se sometieron a una valoración histórico-crítica los correspondientes fondos en los archivos generales militares de Madrid[6] y Segovia, en los archivos nacionales de Cuba y España, en la colección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí y en el Instituto de Historia de Cuba[7]. Para el análisis de los efectos regionales de la reconcentración se consultó el Archivo Histórico Provincial de Pinar del Río. El espectro de fuentes impresas, diarios de guerra y memorias en que se basa esta investigación se completa con la colección de impresos de la antigua Biblioteca del Ministerio de Ultramar, hoy accesible en la Biblioteca Nacional de España, así como con otras colecciones bibliográficas.

El marco histórico global de este trabajo lo forman los actuales debates sobre el sistema concentracionario. En la historiografía universal más reciente, el moderno campo de concentración tiene su «origen» en la reconcentración en Cuba. De hecho, no pocos historiadores están convencidos de que los primeros campos de concentración fueron construidos en 1896 en la isla, dando así comienzo, con el general español Weyler, al llamado siglo de los campos[8]. Desde una perspectiva transnacional, la acumulación de fenómenos similares en el periodo finisecular remitiría a la época fundacional de la idea concentracionaria[9]. De hecho, alrededor de 1900 se observa cómo, en casi todos los conflictos asimétricos del planeta —tanto en Cuba como en Sudáfrica, Filipinas y en el África del Sudoeste Alemana (Namibia)—, se llevan a cabo internamientos masivos de civiles. Parecería que los poblados fortificados construidos en Cuba son campos de concentración de origen colonial, o, más exactamente, atribuibles a un tipo de guerra colonial. Una interpretación como esta desvela el carácter polisémico del concepto de campo, que durante el primer tercio del siglo XX experimentó varias reformulaciones radicales. De modo que, por ejemplo, el historiador germano-polaco Andrzej Kaminski señaló que estos primeros campamentos no son comparables, ni en cuanto a su función, ni tampoco en cuanto a la violencia en ellos practicada, con manifestaciones posteriores como los campos de trabajo o de exterminio nacionalsocialistas o los gulags estalinistas; quitando el nombre y la dura inhumanidad, los campos de los nacionalsocialistas o de los soviets no tendrían nada que ver con los primeros[10]. Sin embargo, el ejemplo de la reconcentración se encuentra una y otra vez en los prólogos de los estudios comparados sobre los campos de concentración en el siglo XX, lo cual no deja de resultar sorprendente, vistas las escasas investigaciones sobre los poblados fortificados en Cuba a las que hemos aludido más arriba[11]. En estos casos es frecuente que la literatura comparatista ofrezca una imagen esquemática o incluso deformada de la guerra y de la reconcentración en Cuba. Una de las causas de este problema es el uso indiferenciado que se hace de ciertas nociones.

En el vocabulario militar de la época, los conceptos concentrar y reconcentrar hacía mucho tiempo que se conocían. Se utilizaban, como sinónimos, para describir la reunión de tropas destinada a aumentar la fuerza de combate en una batalla. Es notorio que, con este sentido, el concepto reconcentrar fue utilizado en Cuba por los militares, tanto españoles como cubanos. Partiendo del contexto militar y de la alusión a las tropas propias o enemigas, el uso de esta expresión se hizo rápidamente extensivo a la concentración violenta de no combatientes o al agrupamiento de refugiados de guerra en puntos centrales. A finales de la década de 1860, en la entrada reconcentrar del Diccionario de la Real Academia Española se hacía por primera vez explícita referencia a las personas. En la edición de 1869 apareció la acepción general: «Reunir en un punto como centro las personas o cosas que estaban esparcidas».

En los últimos años se ha demostrado repetidamente que, aplicada al contexto colonial, la expresión campo de concentración alberga un considerable potencial conflictivo, a juzgar por los malentendidos y los controvertidos debates a que da lugar. Durante mucho tiempo, la interpretación clásica halló la etiología del concepto de Concentration Camp en la guerra en Sudáfrica (1899-1902). En relación con la mutación conceptual experimentada a partir de 1933, así como con las actuales asociaciones, no son pocos los investigadores que se sienten sumamente molestos con la alusión a las raíces coloniales del concepto. Así, el historiador alemán Wolfgang Benz ha señalado el peligro de que, acudiendo a un «truco semántico», se abuse del internamiento colonial en beneficio de una «estrategia de relativización» del Holocausto[12]. A pesar de todas las objeciones, recientemente se constata un cambio en el debate sobre el «origen» de los Camps: la reconcentración en Cuba ha ocupado el primer lugar, que correspondía a los campos de las Guerras de los Boers[13]. En realidad, la reconcentración española y los Concentration Camps británicos en Sudáfrica presentaban una semejanza semántica y fonética tal que ya los contemporáneos creyeron encontrar nexos entre estos dos fenómenos prácticamente coetáneos. Aun así, durante mucho tiempo, las historiografías nacionales apenas repararon en el internamiento de la población civil en la periferia imperial como elemento de conexión[14].

Hoy en día, la mayor parte de las publicaciones sobre historia de Cuba que tratan de la deportación de los campesinos a las ciudades y pueblos fortificados emplean el concepto de campo de concentración, lo cual obedece en buena medida a la influencia ejercida por la políticamente escorada historiografía cubana, que alude insistentemente a los campos de concentración para acentuar el sufrimiento de la población civil durante la guerra de liberación nacional. Son bastantes los autores que no han dudado en meter en el mismo saco los poblados fortificados en Cuba y los campos de exterminio nacionalsocialistas[15]. Pero también en los más recientes estudios internacionales sobre la Guerra de Independencia de 1895-1898 se constata que los españoles habrían calificado a veces de campos de concentración los asentamientos improvisados de civiles. Argumentos parecidos se pueden encontrar en los medios españoles. Así, la escritora Rosa Montero, en un artículo sobre el destino de los presos de la llamada guerra contra el terror recluidos en la base estadounidense de Guantánamo, se remitió al centenario origen hispano-cubano del concepto de campo[16].

En esta cuestión terminológica ha sido frecuente que tanto los historiadores como los publicistas apenas hayan tenido en cuenta la base empírica. En el caso de Cuba, un cuidadoso análisis del legado documental muestra que en las fuentes de la Administración colonial española y en la correspondencia privada de la época se aludía por regla general a los internados como concentrados o reconcentrados. En el día a día se hablaba de concentrados en las ciudades, y solo raramente se encuentran, sobre todo en documentos redactados en inglés, expresiones como towns of reconcentration o city of reconcentrados. Sin embargo, la reconcentración cubana estaba semánticamente emparentada con los Camps sudafricanos o las Concentration Zones filipinas, como muestran por ejemplo las publicaciones finiseculares francesas sobre la guerra en Sudáfrica, en cuyos títulos se podía leer la fórmula les camps de reconcentration. También se escucharon las expresiones reconcentration camps y reconcentrado camps durante los debates y comparecencias en el Senado de Estados Unidos en mayo de 1902 a propósito de la estrategia militar americana en Filipinas. El aventurero y general Frederick Funston describió con las palabras concentration camps los campamentos y los cuarteles que servían en Estados Unidos para las levas de soldados que posteriormente partirían a la guerra. En sus memorias, publicadas en 1911 y en las que relata sus experiencias en las filas del ELC en Cuba, así como en las del ejército de Estados Unidos en Filipinas, se evidencia claramente la polisemia del concepto de campo a comienzos del siglo XX[17].

La vaguedad conceptual es problemática en la medida en que la expresión campo de concentración sugiere hoy en día una homogeneidad y una equivalencia que deben ser rechazadas de plano en lo concerniente a las manifestaciones coloniales. Por lo tanto, en lo sucesivo es preciso aclarar cuál es el locus histórico de los poblados fortificados cubanos. En los últimos años, varios autores especializados en el estudio empírico de los campos de concentración nazis y sus campos satélites han puesto de manifiesto el alcance limitado de las teorías globales tipificadoras. Falk Pingel, por ejemplo, ha llamado la atención sobre lo estáticas que resultan las aproximaciones a la vida social en los campos hechas desde la sociología de la dominación, cuya utilidad, por lo demás, no cuestiona. Desde un enfoque de género, Jane Caplan ha descubierto unos déficits parecidos en relación con distintas identidades y diferencias colectivas entre presos de los campos. Por su parte, Nikolaus Wachsmann ha señalado la problemática esencial del tipo ideal de campo de concentración nacionalsocialista, que en realidad no habría existido nunca. Un balance de la investigación actual revela además que los estudios comparados en materia de campos se hallan todavía en sus comienzos. La controversia gira especialmente alrededor de la relación entre los campamentos y poblados fortificados en la periferia imperial y aquellos que dieron al concepto un significado completamente nuevo entre 1933 y 1945. En el núcleo del presente trabajo se sostiene la tesis de que es problemático integrar en un solo relato el internamiento colonial junto al gulag soviético o los campos nacionalsocialistas, trazando para ello una imaginaria línea temporal en la que se situarían todos estos fenómenos. Y es que no ha habido una evolución lineal, sino diferentes estructuras, estrategias y objetivos, y por eso se queda corta la caracterización del internamiento de civiles en el contexto imperial de la época finisecular como un mero precedente o campo experimental de posteriores manifestaciones.

Los poblados fortificados cubanos formaban parte de un engranaje militar estratégico. Se trataba, siempre que fuera posible, de fuertes dotados de atalayas, alambre de espino y fosos. Sin embargo, la primera finalidad de estos recintos no era el control de la población internada, sino la defensa frente a los atacantes externos[18]. Había una cierta permeabilidad, ya que los pases o el soborno de los centinelas permitían en muchos lugares la búsqueda de alimentos en las inmediaciones de las ciudades y pueblos. En Sancti Spíritus, muchos campesinos abandonaban el lugar casi a diario para vigilar su ganado[19]. Con todo, no debe ser subestimado el efecto psicológico del control y la militarización del entorno urbano sobre la población. Tras la fortificación de Santa Clara, una lugareña comentó el «aspecto horroroso» de las trincheras, las troneras y las garitas de los escasos accesos.

Entre los datos que permiten deducir la heterogeneidad de los poblados fortificados está el número de internados en las distintas provincias y jurisdicciones. Dos ejemplos de la provincia occidental de Pinar del Río muestran que los reconcentrados registrados en noviembre de 1897 fueron solamente 471 en la capital, mientras que en Consolación del Norte ascendieron a 6197[20]. Tampoco había una única manera de regular el alojamiento. Además, en muchos lugares había reconcentrados sin medios que pernoctaban en viejos almacenes. Muchos no encontraban cobijo alguno y pasaban también las noches a la intemperie o bajo los cobertizos de las casas. Las autoridades de Pinar del Río construyeron barracas en las afueras de la capital provincial; en los límites de Artemisa nacieron nuevos barrios de bohíos. En sus informes, las autoridades de la plaza militar de Dimas referían hechos similares: para hacer frente al galopante crecimiento poblacional fundaron las nuevas barriadas de Pueblo Nuevo y Palmarito. La fundación ex novo de «pueblos» debía atenerse a planteamientos estratégico-militares, en los que adquirían importancia central las cuestiones relativas a la defensa, la conexión ferroviaria, el acceso a agua potable y la posibilidad de disponer de terrenos agrícolas. Sin embargo, este tipo de fundaciones eran relativamente raras, por no hablar de lo poco que gustaban al alto mando militar, habida cuenta de que carecían de la estructura civil a la que el general Weyler encargaba la administración de los reconcentrados.

Ante el trasfondo de su heterogeneidad estructural y organizativa, los distintos asentamientos y poblados fortificados de Cuba apenas resisten su descripción como lugares de «poder absoluto». A la reconcentración le faltaban la organización formal, «la solidez, la disciplina, la previsibilidad» y las condiciones para «la racionalización del trabajo y del control social». Los puntos de reconcentración tampoco encajan en la imagen común del universo concentracionario[21]. Además, en el caso cubano es difícil hablar de un sistema de campos en sentido estricto, ya que ni siquiera en teoría existían una administración central o una inspección formal con claras atribuciones competenciales. Lo único que en Cuba tenía un carácter unitario era la función de la reconcentración, que obedecía al imperativo militar; lo cual no relativiza en absoluto los abusos, los excesos y hasta las masacres y el criminal abandono de los internados.

A partir de estos debates actuales sobre el sistema concentracionario, en los siguientes capítulos se buscará, a través de referencias bibliográficas y explicaciones concisas, la conexión con la discusión transnacional sobre casos comparables —como Sudáfrica o Filipinas— y sobre la cuestión fundamental de la idea concentracionaria alrededor de 1900. La presentación y el análisis rigurosos del caso cubano deben permitirnos aportar nuevas ideas a los estudios internacionales comparados en materia de campos. El punto de partida de este libro es la reflexión que entiende el tratamiento dado a los civiles en los conflictos asimétricos como un problema fundamental y en última instancia también teórico-militar. Esta perspectiva focalizada en las estructuras del conflicto se erige así en base del estudio, en cuyo núcleo se halla el intento de recorrer nuevos caminos y abrir el campo a ulteriores trabajos en un ámbito en el que confluyen los estudios comparados en materia de campos y también en materia de migraciones forzadas.

1. La guerra de los diez años: un laboratorio de la guerra contrainsurreccional

1. LA GUERRA DE LOS DIEZ AÑOS: UN LABORATORIO DE LA GUERRA CONTRAINSURRECCIONAL

«Si hay aliento para despoblar la mitad de la Isla, especialmente en su parte central, y para refundirla en nuevos moldes, la situación está salvada; si no lo hay, está irremisiblemente perdida».

ECHAUZ, Lo que se ha hecho

En la metanarrativa histórica sobre el «origen» de los campos de concentración en Cuba, las reubicaciones forzosas durante la Guerra de los Diez Años (1868-1878) en la parte oriental de la isla son por completo ignoradas. De hecho, esta temprana reconcentración apenas encuentra reflejo en la literatura sobre la Guerra de Independencia o en los tratados de historia militar sobre la estrategia en Cuba. En lo sucesivo, este tema, abandonado por los investigadores, será integrado en el discurso sobre los «campos» y las reubicaciones forzosas. Veremos cómo las experiencias de la Guerra de los Diez Años fueron, en muchos aspectos, decisivas para la posterior concepción de los poblados fortificados y el control de la población. Por una parte, ya en la década de 1870 se elaboraron numerosos planes operativos militares cuyo denominador común era la idea de que la concentración de la población civil en puntos bajo control militar conduciría a una rápida «pacificación» de la isla. Por otra parte, militares jóvenes como Valeriano Weyler hicieron acopio de experiencias prácticas relativas a la problemática de la población civil en el contexto de las guerras imperiales, que posteriormente, ya en calidad de oficiales al mando, transformaron en ideas sobre las guerras de guerrillas que implementaron con incomparable dureza y rigor. El desastre humano, una de las consecuencias de la acción —en aquel momento todavía no uniforme— contra la población rural no involucrada en el conflicto, marcó profundamente la memoria colectiva de la provincia de Oriente.

La Guerra de los Diez Años, una «guerra pequeña» y también una «guerra olvidada», representa así una importante vía de acceso a la comprensión de la reconcentración de 1896. En lo sucesivo, el análisis se centrará, tras una breve reflexión sobre las estructuras generales del conflicto, básicamente en la «cara de la guerra», así como en los mencionados planes operativos. Al mismo tiempo, el enfoque estructural, que analiza el carácter de la guerra, fija la atención en la «carrera global» de la reconcentración como recurso de la contraguerrilla, en la medida en que no se limitó a los bordes del Imperio español (Cuba y Filipinas). Las propuestas para la «pacificación» de las provincias vascas durante la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) eran, aparte de contemporáneas, llamativamente parecidas a las hechas para el caso de Cuba. Esta transferencia del «conocimiento sobre la represión» desde la periferia a la metrópoli ilustra la tesis central de este capítulo, a saber, que la reconcentración —la implementación de medidas extremas en la lucha contra las guerrillas— se puede explicar a través de los rasgos biográficos de los actores, los paralelismos estructurales entre los conflictos y finalmente las premisas —deducidas de la situación sobre el terreno— y supuestas «exigencias» de la estrategia militar.

Las estructuras del conflicto y el desarrollo de la guerra

Las estructuras del conflicto y el desarrollo de la guerra

Tras la independencia de las colonias latinoamericanas continentales (1810-1825), España todavía dispuso, hasta finales del siglo XIX, de los restos de su imperio de Ultramar. Hasta el día de hoy sigue sin haber consenso científico sobre el significado de la pérdida de las colonias sudamericanas para la metrópoli. Donde sí se observa una amplia coincidencia es en la cuestión de la relevancia de Cuba —la llamada Perla de las Antillas—, tanto entre los contemporáneos como en la historiografía actual. En el plano económico, Cuba se benefició a finales del siglo XVIII de la Revolución Haitiana (1791-1804), convirtiéndose en aquella época en uno de los productores de azúcar más importantes del mercado internacional. En 1840, Cuba era considerada por los economistas como la colonia «más prospera y floreciente» en manos europeas[1]. Además, el ideario patriótico de muchos españoles de la época consideraba a «la siempre fiel Isla de Cuba» una parte integral del territorio nacional. Esta apropiación imaginaria de la Gran Antilla era un fenómeno particularmente extendido entre los miembros de la élite liberal española, sobre todo entre sus intelectuales, lo que explica claramente que percibieran e interpretaran las insurrecciones decimonónicas como guerras civiles. No sería hasta la década de 1890, con las grandes pérdidas españolas, cuando esta imagen cambiaría: para el capitán general Arsenio Martínez Campos, la «Perla» se transformó en un «abismo de sangre y de riqueza española», en un «grillete»[2].

A mediados del siglo XVIII, la corona española había conseguido la lealtad al trono de la élite criolla de Cuba gracias a un complejo sistema de incentivos entre los que se encontraban, amén de la apertura económica, la concesión de numerosos títulos nobiliarios, cuya perpetuación, incluidos los correspondientes privilegios, solo podía garantizar la monarquía española. Esta práctica aristocratizadora también permitió integrar militarmente a la élite colonial mediante la figura del jefe de milicia. Las élites criollas observaron con preocupación la Revolución Haitiana y las revueltas de esclavos en Cuba, que acrecentaron su miedo a que las aspiraciones independentistas pudieran conducir a la liberación de los esclavos y por tanto a una guerra de razas, lo cual las llevó a reforzar su vínculo con la metrópoli. Los acontecimientos en Haití habían estremecido a toda la región atlántica y alimentado el miedo a una guerra de razas en la isla de Cuba, distante tan solo unas pocas millas marítimas. Las conspiraciones y las insurrecciones de esclavos y de negros libertos contra la opresión —y, en última instancia, contra la dominación española— fueron sofocadas por la Administración colonial con implacable dureza[3]. Durante la Guerra de Independencia, el creciente miedo a una guerra de razas sería instrumentalizado propagandísticamente por parte de los españoles.

Las demandas de reformas (económicas) y de participación política dentro de la estructura colonial habían surgido alrededor de 1800 y fueron en aumento entre la privilegiada élite criolla, por ejemplo con Francisco Arango y Parreño o, más tarde, con José Antonio Saco o los ricos hacendados integrantes de la Junta de Información (1865-1867). A partir de la exclusión de los diputados cubanos de las Cortes, en 1837, Cuba fue gobernada mediante unas leyes especiales que jamás se concretaron en un texto constitucional[4]. Esta permanente situación de excepción, agravada con las facultades omnímodas concedidas en 1825 por el rey Fernando VII, permitió que los capitanes generales en La Habana dieran rienda suelta a su estilo autoritario. La posición del capitán general en las colonias era parecida a la de un dictador. Sus competencias iban más allá de los asuntos militares y políticos, puesto que abarcaban también cuestiones jurídicas, culturales y religiosas. El historiador madrileño Manuel Espadas Burgos ha llegado a comparar aquel cargo con el de un virrey[5]. La acumulación en una sola persona de los poderes correspondientes a un capitán general y a un gobernador general perjudicaba las demandas de participación de la alta sociedad criolla, económicamente avanzada y exitosa. Entre 1825 y 1865, Cuba se había convertido en una de las colonias más rentables. Sin embargo, la metrópoli, comparativamente retrasada en el plano económico e incapaz de adaptarse a las condiciones cambiantes, reaccionó con impotencia y despotismo en vez de permitir la lógica representación de Cuba en las Cortes, así como un mayor nivel de autonomía.

Tras varios intentos de reforma fracasados y un aumento de la carga fiscal, tuvo lugar, el 10 de octubre de 1868 —a la sombra de la revolución de 1868 en España (llamada la Gloriosa) y bajo el mando de Carlos Manuel de Céspedes—, un levantamiento al este de la isla cuya etiología se remontaba al movimiento reformista radical de los criollos de clase media y alta que habitaban el económicamente más bien atrasado Oriente. La insurrección se extendió rápidamente a todo el centro de la isla. En noviembre de 1868 se levantaron los patriotas y revolucionarios de la región de Puerto Príncipe, y en febrero de 1869 lo hicieron en Santa Clara. Las ciudades occidentales sufrieron una ola represiva con la que las tropas españolas y los voluntarios lograron destapar las conspiraciones y prácticamente asfixiar la rebelión.

Aun tras el estallido de las hostilidades, el levantamiento se siguió interpretando en buena medida como una continuación —aunque por otros medios— del movimiento reformista cubano. Con este argumento, la élite criolla intentó atraer a los hacendados de las provincias occidentales, que en parte todavía habían nacido en España. En la parte occidental, económicamente importante, los propietarios de las plantaciones, preocupados por sus pérdidas, temían que, en última instancia, la revuelta contra la dominación colonial se transformara rápidamente en una revolución social abierta, que a su vez suscitaba un miedo considerable a una guerra de razas. Los insurrectos, por su parte, intentaron prevenir aquellos temores anunciando durante los primeros años de la guerra una emancipación gradual de los esclavos, implementada mediante compensaciones económicas a los negreros. Así, en noviembre de 1868, el abogado y hacendado Céspedes, presidente de la «República en Armas» (1869-1873) —es decir, del contraestado revolucionario—, difundió un decreto que castigaba con la pena de muerte a quien incitase a los esclavos a la rebelión. Al mes siguiente se anunció que la abolición de la esclavitud tendría lugar tras el final de la guerra, con el triunfo de la revolución. En la asamblea constituyente de Guáimaro (provincia de Camagüey), la «República en Armas» proclamó, el 10 de abril de 1869, la libertad de todos los habitantes del país. Esta resolución, que apenas llegó a implementarse en el territorio de la Cuba libre, fue inmediatamente debilitada mediante un restrictivo reglamento de libertos[6].

Es precisamente esta actitud ambivalente respecto a la emancipación de los esclavos la que ilustra los conflictos existentes en las filas de los insurgentes. Si la extensión de la rebelión a toda la isla se hizo imposible fue a causa de la compleja relación entre esclavos, criollos, autonomistas e independentistas, así como las constantes tensiones entre los mandos civil y militar y las contradicciones entre los representantes de la revolución en el exilio[7].

La lucha contra la dominación colonial española se hizo particularmente popular entre la población del este rural, sobre todo en la difícilmente accesible provincia de Oriente. Por eso sería un error reducir la revuelta a representantes como Céspedes, Salvador Cisneros Betancourt (presidente de la «República en Armas» entre 1873 y 1875), Francisco Vicente Aguilera, Bartolomé Masó, Pedro Figueredo o el acaudalado ganadero Ignacio Agramonte y Loynaz.

Entre los motivos que explican que los criollos acomodados se distanciaran de la metrópoli española están los considerables cambios económicos y políticos experimentados por Cuba durante el siglo XIX. España dejó de ser el centro económico de referencia de estos criollos, cuyos incrementos patrimoniales se empezaron a localizar en Gran Bretaña y, a partir de 1870, en los Estados Unidos, Precisamente aquel giro hacia Norteamérica tuvo también repercusiones sociales y culturales y produjo cambios de mentalidad. La creciente popularidad del béisbol en perjuicio de las corridas de toros, por ejemplo, reflejó el cambio de cosmovisión, de la actitud colectiva de la élite cubana a mediados del siglo XIX[8], aunque los estudios más recientes apuntan hacia la ambivalencia y la ambigüedad de las identidades cubanas decimonónicas, las cuales habrían oscilado principalmente entre la metrópoli española y Estados Unidos, siendo así que sobre todo los intelectuales aún seguían sintiéndose estrechamente unidos a España y se mostraban más autonomistas que independentistas[9].

Las insurrecciones en Cuba coincidieron prácticamente con la Gloriosa en la metrópoli española. El pronunciamiento del general Juan Prim en Cádiz, la consiguiente toma del poder por el general Francisco Serrano, así como la huida de la reina borbónica Isabel II al exilio francés condujeron a un reordenamiento del paisaje político. El Sexenio Revolucionario estuvo marcado por continuos desórdenes políticos y cambios de poder. La desestabilización de la metrópoli se debió a varios factores, como los vuelcos revolucionarios —por ejemplo, la renuncia al trono del rey Amadeo de Saboya y la consiguiente proclamación de la Primera República, el 11 de febrero de 1873—, la Tercera Guerra Carlista, que se desató en el norte de España en 1872, o el levantamiento de los federalistas cantonalistas en el verano de 1873 en el este y el sur del país. Los conflictos internos en España absorbieron los recursos económicos, ya de por sí escasos durante la larga recesión de 1868-1875, y requirieron todo el esfuerzo del Ejército en la península, por lo que el capitán general español en Cuba, el conservador Francisco Lersundi, tuvo que depender de la lealtad de los milicianos y voluntarios para defender las ciudades como Yara u Holguín de los primeros ataques insurgentes liderados por Céspedes.

En octubre de 1868, Céspedes ocupó Bayamo con sus tropas conducidas por el dominicano Luis Marcano, cuya experiencia militar —adquirida tras haber combatido al servicio de España— explica los primeros éxitos de los insurrectos. En noviembre de 1868, Máximo Gómez Báez, otro dominicano, logró en Tienda de Pino un golpe exitoso contra las tropas españolas que acudían a reforzar la defensa de Bayamo, donde finalmente los insurgentes lograron consolidar su posición tras la conquista de Palma Soriano por Donato Mármol. La decisión de empuñar las armas se vio favorecida por la fracasada anexión española de Santo Domingo. En efecto, a mediados de julio de 1865, las tropas españolas tuvieron que retirarse diezmadas por las enfermedades, demostrando que un enemigo militarmente inferior estaba en condiciones de hacerles frente en el difícil terreno tropical. Estas experiencias también le sirvieron a Máximo Gómez, quien durante la campaña española en Santo Domingo había servido como capitán de caballería en la reserva dominicana del Ejército español. Ya en Cuba, sus aportaciones fueron esenciales para los primeros éxitos del Ejército Libertador.

No cabe duda de que la fuerza y la abundancia de los insurgentes cogieron desprevenido a Lersundi, el capitán general español, que reaccionó con el envío del general Blas Villate, conde de Valmaseda, al mando de una abrumadora masa armada que repelió a los insurrectos y ocupó Bayamo en enero de 1869. La opción de los revolucionarios por una guerra de destrucción y la implacable estrategia militar de Valmaseda determinaron el carácter de la Guerra de los Diez Años.

En 1870, la revolución en Santa Clara estaba prácticamente vencida, y en Puerto Príncipe se hallaba cerca de su agotamiento. Además, el control de las costas mediante lanchas cañoneras nuevas impidió el suministro a los rebeldes del material bélico y sanitario que necesitaban, aunque las llamadas expediciones —el envío de barcos cargados con material bélico, casi siempre organizado por cubanos exiliados en los Estados Unidos— nunca pudieron ser del todo impedidas. El escaso número de expediciones se debía a las diferencias entre los representantes de la Cuba libre en los Estados Unidos[10]. En noviembre de 1870, Valmaseda dio por concluida su exitosa campaña militar en Oriente (la llamada creciente Valmaseda), y en diciembre se hizo cargo de la Capitanía General en La Habana.

Durante la segunda mitad del año 1871, Valmaseda concentró las fuerzas militares alrededor de Puerto Príncipe; de este modo, las unidades de revolucionarios debían quedar aisladas y ser empujadas paso a paso hacia el este. Se imposibilitaban así las acciones ofensivas a gran escala de los patriotas. Sin embargo, los insurgentes, aun a la defensiva, apenas se dejaron apresar por las lentas tropas españolas, lo que explica que la historiografía cubana se refiera a la región de Las Tunas como «un baluarte de la revolución»[11]. En abril de 1869, el grupo de presión españolista y los voluntarios obligaron al capitán general Domingo Dulce, un liberal, a dictar los decretos que legitimaban el embargo y expropiación de los bienes de los supuestos simpatizantes de la revolución, mientras la estrategia militar de Valmaseda contribuía notablemente a la radicalización de ambos bandos[12]. Las medidas represivas, con las que se buscaba que las tropas enemigas quedaran, en la medida de lo posible, privadas de todo recurso, iban desde las sentencias verbales dictadas por los tribunales militares —contra las que, además, no cabía interponer recurso— hasta el sacrificio de manadas enteras de ganado, pasando por el embargo, la expropiación y la destrucción de propiedades (no solo de insurrectos). La política de tierra quemada se implementó de un modo sistemático. En enero de 1870, Valmaseda se quejaba de que:

La gran vegetación y rapidez con que se producen algunos frutos como el boniato la yuca y otros imposibilitan el quitarles [a los insurrectos] por completo los medios de subsistencia, que es el método más seguro para impedir que una vez derrotados vuelvan por sendas de ellos solos conocidas a los puntos en que hay viandas por esto uno de los primeros cuidados de las columnas es destruir los platanales que hay en las vegas metidas en los bosques pues de este modo se les quitan los víveres por seis meses[13].

De hecho, los revolucionarios se beneficiaron ampliamente del rendimiento de la fértil vegetación cubana que, sin embargo, solo satisfizo las necesidades alimentarias de las tropas durante los primeros meses de la guerra; después, el hambre se convirtió en la fiel compañera de muchos integrantes del Ejército Libertador[14]. Era frecuente que, desde el punto de vista militar, la destrucción de bienes y plantaciones por parte de las unidades españolas o de voluntarios apenas se pudiera justificar. Las quejas de los hacendados indican que los destrozos se debieron en parte a conflictos anteriores al estallido de la guerra[15], lo cual, en última instancia, se compadece con la situación general de violencia y destrucción, cercana a la guerra civil. La investigación más reciente ha llamado la atención sobre el carácter personal de las denuncias en los contextos previolentos de inseguridad permanente de las guerras civiles. Era en la guerra, dependiendo de la presencia de las tropas y las consiguientes relaciones de poder, donde se dirimían indirectamente los conflictos diarios[16].

En agosto de 1871, la exitosa ofensiva de Antonio de la Caridad Maceo y Grajales en los valles de Guantánamo insufló nuevas esperanzas a la revolución. Valmaseda reaccionó enviando a la región de Santiago y Guantánamo al entonces brigadier Martínez Campos, quien volvió a someter a los rebeldes a una intensa presión. La concentración de las fuerzas españolas en Oriente incentivó de nuevo la ofensiva del independentista Agramonte en Puerto Príncipe; el estratega cubano Calixto García actuaba en Holguín y Jiguaní, José de Jesús Pérez había atacado El Cobre y avanzaba hacia Santiago, y Vicente García González controlaba la región de Las Tunas[17]. Las unidades españolas no habían «pacificado» bien un territorio cuando en otros lugares tenían lugar nuevos levantamientos. Tras el estallido, en 1872, de la Tercera Guerra Carlista en España no eran de esperar refuerzos para el Cuerpo Expedicionario, así que todo indicaba que habría una larga guerra de desgaste. A ello contribuyeron también los numerosos cambios de gobierno en Madrid, que hicieron imposible una política militar coherente en Cuba. La falta de continuidad se hizo verdaderamente evidente en 1873, durante el corto mandato de Cándido Pieltain como gobernador y capitán general de Cuba: en tan solo siete meses hubo cuatro cambios en la dirección política de la República en Madrid. Además, los numerosos relevos al frente de la Capitanía General contribuyeron a dificultar in situ la coherencia de la acción contra los revolucionarios cubanos.

Tras algunos reveses y disputas internas, sobre todo en los años 1870 y 1871, el Ejército Libertador adquirió una valiosa experiencia militar, y en 1873 consolidó en buena medida su posición. En 1874, las fuerzas revolucionarias estaban en condiciones de elevar la intensidad de la guerra y hacia finales de año ya controlaban casi todas las zonas rurales orientales, así como el centro de Cuba, aunque no pudieron con las ciudades más grandes y fortificadas por el Ejército. Aun así, tropas como las de Gómez, por aquel entonces mayor general, lograron llevar a cabo acciones militares con 250 a 500 hombres, poniendo también contra las cuerdas algunas ciudades fortificadas como Santa Cruz del Sur, por lo menos durante un breve periodo de tiempo[18]. Hubo acciones exitosas, como la de Palo Seco a comienzos de diciembre de 1873 o la de Las Guásimas en marzo de 1874, que, aunque nunca tuvieron el carácter de batallas decisivas, pusieron a prueba la capacidad de combate del Ejército Libertador[19]. La campaña en Camagüey de 1873-1874 debía abrir el camino a una «invasión» de las provincias occidentales en 1875. A mediados de aquel año, la llama revolucionaria de Santa Clara prendió durante un tiempo en el corazón económico, la región de Colón y Cienfuegos, donde abundaban las plantaciones. La historiografía cubana fecha generalmente en diciembre de 1875 el punto álgido de la revolución en la parte occidental[20].

Cuando, el 18 de enero de 1876, Joaquín Jovellar y Soler se hizo cargo, por segunda vez, de la Capitanía General, disponía de unos 72 000 soldados regulares y 80 000 voluntarios para enfrentarse a unos 20 000 revolucionarios. En febrero, las tropas españolas desafiaron a los 1000 hombres que pretendían invadir Manicaragua. Ambos bandos registraron numerosas bajas, pero el Ejército Expedicionario español consiguió asegurar el camino en dirección a Cienfuegos y Matanzas. Además, a comienzos de noviembre de 1876, una vez finalizada la Tercera Guerra Carlista, llegó a La Habana, junto a unos considerables refuerzos, Arsenio Martínez Campos, quien había ascendido a capitán general y asumió de inmediato el mando militar de las tropas en activo. Mientras, Jovellar pasó a ocuparse de los asuntos administrativos. En marzo de 1877, Martínez Campos anunció las ofensivas en Puerto Príncipe y Oriente. La reorganización de las fuerzas españolas, así como la intensificación de los esfuerzos militares y las rivalidades personales entre los revolucionarios, condujeron a la atomización del Ejército Libertador. Con una combinación, dirigida a los insurgentes, de represión, indultos y estímulos económicos, así como con cambios en las plantillas de las administraciones militar y civil de la isla, Martínez Campos consiguió, el 10 de febrero de 1878, negociar un pacto con un comité de los insurrectos, la llamada Paz de Zanjón. Lejos de garantizar la independencia del país, que era el objetivo declarado de la «República en Armas», lo único que les concedía el convenio a los patriotas cubanos eran los mismos derechos políticos ante la metrópoli que reclamaba en aquel momento Puerto Rico, incluida la representación en las Cortes españolas. Lo cierto es que ni Martínez Campos ni los revolucionarios conocían en detalle el estatus de la isla vecina, que en aquella época era gobernada con leyes de excepción. En todo caso, el pacto garantizaba la libertad a todos los esclavos y colonos asiáticos que habían luchado al lado de los españoles o de los revolucionarios. Además, el artículo 2 preveía el «olvido de lo pasado respecto de los delitos políticos cometidos desde 1868 hasta el presente», lo cual, tras diez años de guerra y abusos cometidos por ambos bandos, no era más que un brindis al sol[21]. Debido, en última instancia, al colapso de la estructura de los revolucionarios, la capitulación de las últimas unidades del Ejército Libertador se prolongó durante meses. Los combatientes de Maceo en Oriente rechazaron el pacto y durante varias semanas se rebelaron contra el dominio español en lo que se conoció como la protesta de Baraguá. El 7 de junio, Jovellar y Martínez Campos pudieron anunciar oficialmente el final de la guerra[22].

Todavía hoy, el número de víctimas de la Guerra de los Diez Años es objeto de disputa. En las revistas militares de la época se partía de que los combates habían causado, solamente en el bando español, más de 74 000 bajas. Basándose en nuevas fuentes, el historiador cubano José Abreu Cardet ha concluido recientemente que en el bando español hubo más de 145 000 muertos entre noviembre de 1868 y enero de 1878, de los cuales más de 133 000 fallecieron por causa de enfermedades y epidemias. Las bajas de ambos bandos en conflicto —incluida la Guerra Chiquita (1879-1880)— habrían ascendido a unas 260 000 personas, aunque no está claro si esta estimación tiene en cuenta a los civiles caídos[23]. Según cálculos de la época, la guerra destruyó un 45 por ciento de la riqueza de la isla. Los costes totales del conflicto son difíciles de medir. Las estimaciones oscilan entre los 621 y los 700 millones de pesos, incluida la destrucción de las infraestructuras, que se prolongó durante años. Por el contrario, el agujero en las cuentas públicas cubanas está perfectamente cuantificado: alcanzó los 206 680 250 pesos. España financió la totalidad de los costes de la guerra con cargo a los presupuestos de la isla caribeña[24].

Con el final de la Guerra de los Diez Años llegó «la última oportunidad de España en Cuba»; un gran desafío al que solamente cabía hacer frente mediante ambiciosas reformas. Martínez Campos era consciente de ello cuando, concluidas las hostilidades, ocupó en La Habana el puesto de capitán general. En vista de la difícil situación financiera de la isla, impulsó un debate sobre los impuestos. Tenía en mente la equiparación fiscal de Cuba con las ciudades costeras españolas en cuanto al comercio de cabotaje, lo cual favorecía los intereses de la sacarocracia cubana. El objetivo de la medida era básicamente el estímulo de las exportaciones cubanas hacia el mercado norteamericano, muy protegido mediante altos aranceles y otras barreras a la importación. En el plano social, Martínez Campos planteó el debate sobre la institución de la esclavitud. Había que buscar un equilibrio entre apertura económica y trabajo libre remunerado. Dada la enconada oposición metropolitana del gobierno dictatorial de Antonio Cánovas del Castillo a las propuestas de equiparación económica, Martínez Campos, haciendo uso de las posibilidades que le ofrecían sus cargos de gobernador general y de capitán general, limitó a la isla la implementación de sus proyectos de reforma. En enero de 1879 fue cesado de su puesto en Cuba y en marzo pasó a formar parte en Madrid del gabinete dominado por los correligionarios de Cánovas. Ni él, durante su breve mandato como presidente del Consejo de Ministros, ni Salvador Albacete, el ministro de Ultramar, consiguieron presentar programas de reforma económica para Cuba que reunieran apoyos suficientes. Entre los motivos que explican su fracaso está su ingenuidad política que, junto a la nueva revuelta —la Guerra Chiquita—, dio al traste con los planes de reforma. En los siguientes meses y años, la reordenación política de Cuba se hundió en la vorágine de la política interior española[25].

La cara «especial» de la guerra

La cara «especial» de la guerra

Quienes marcaron el carácter de la guerra fueron los voluntarios, unas unidades violentas irregulares financiadas con fondos privados y de difícil control por parte de las instituciones estatales. Formados en lugares como el Casino Español de La Habana, operaban como el brazo paramilitar de los hacendados involucrados en la trata, el tráfico ilegal de esclavos[26]. Los batallones de voluntarios representaban los intereses de los hacendados y de los comerciantes españoles del oeste de la isla, dominado por la economía de plantaciones y la inmigración masiva. Estos intereses eran diametralmente opuestos a la mentalidad regional de los pequeños granjeros de Oriente, mucho menos dependientes del trabajo esclavo, o de los ganaderos de Camagüey. Por su parte, si la oligarquía financiera española de Cuba abogaba vehementemente por la defensa del statu quo colonial de la isla, que parecía peligrar con los gobiernos españoles reformistas de los generales Prim y Serrano, era porque temía perder sus privilegios.

Las unidades paramilitares fueron principalmente utilizadas para la protección de las ciudades, donde erigieron —como en La Habana— su particular régimen de terror. Sus misiones y su gran número permitieron a las fuerzas regulares la realización de ofensivas concentradas. Al comienzo de 1869 estaban en pie de guerra más de 33 000 voluntarios, en su mayor parte españoles, y en 1873 eran ya 57 000[27]. Los asesinatos y saqueos que llevaban a cabo en La Habana estas organizaciones semimilitares, muy fuertes en términos cuantitativos, hipotecaban gravemente la labor de Dulce, quien a comienzos de enero de 1869 había relevado a Lersundi al frente de la Capitanía General. A finales de enero de 1869, las persecuciones de supuestos simpatizantes de los rebeldes estaban a la orden del día. En mayo y junio, las unidades de voluntarios incluso intentaron sublevarse, ya que consideraban que Dulce no procedía con la suficiente inflexibilidad contra los insurgentes. Como consecuencia, Dulce se vio forzado a presentar su renuncia al cargo ante el gobierno español[28]. La insubordinación también fue noticia en Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas, Colón y Güines[29]. En 1869, el general Antonio Peláez, comandante general de Cinco Villas, intentó, con una contestación, salir al paso de la acusación de los voluntarios de que simpatizaba con los insurrectos[30]. No sería la última vez que organizaciones violentas irregulares cuestionaban a las más altas autoridades políticas y militares, ejerciendo así una notable influencia sobre la política militar en la isla.

Fuera de las ciudades, la cara de la guerra estaba marcada por los frentes inestables y los equilibrios de poder en constante mutación. Era precisamente el cariz irregular del conflicto —con sus muchas pequeñas escaramuzas en ausencia de batallas decisivas, por no hablar, en general, de lo inhóspitas que les resultaban a los soldados españoles las condiciones climáticas en las que tenían que luchar— lo que hizo que los teóricos y los militares españoles consideraran especial la guerra en Cuba[31]. Tanto Francisco Ceballos como Pieltain opinaban que «en la especial guerra de Cuba» eran necesarias sobre todo tropas pequeñas, móviles y conocedoras del terreno, porque el enemigo sabía evitar las batallas a campo abierto[32]. De hecho, el Ejército Libertador intentaba huir del enfrentamiento con las columnas españolas y se limitaba a destruir los recursos económicos de la isla.

Otros oficiales rechazaron la remisión a la «tan especial campaña de Cuba», con la que parecía que se buscaba disculpar el fracaso español. En 1883, en una obra de referencia, el coronel Adolfo Jiménez Castellanos expuso que en la literatura militar especializada de la década de 1860 ya se recogían suficientes planteamientos con los que solucionar todas las cuestiones de relevancia militar para Cuba: «[H]ay escrito por entendidos militares, cuanto necesite aprender desde general a subalterno, para llenar cumplidamente sus deberes al tener que combatir insurrecciones en Cuba». Mientras más de un capitán distinguía entre las guerras de guerrillas en Cuba y en España, Jiménez Castellanos no encontraba diferencias dignas de mención si de lo que se trataba era de «limpiar» una zona en España —como sucedió en 1848 en Cataluña— o en Cuba: solo había que adaptar la acción a la topografía y a la naturaleza del lugar[33]. En realidad, el problema parecía residir más bien en la capacidad de adaptación de los jefes militares. Así, por ejemplo, se dictaron órdenes que, dadas las circunstancias, carecían por completo de sentido. Por eso es comprensible que el coronel Francisco Acosta y Alvear, nacido en Cuba, se quejara, no solo del manifiesto desconocimiento de la realidad de la isla por parte del mando, así como de la falta de material —como los machetes—, sino sobre todo de que las tropas carecieran de instrucciones relativas a la lucha contra las guerrillas. En su opinión se necesitaban urgentemente pautas para el enfrentamiento con la infantería montada de los patriotas[34]. De hecho, cada columna actuaba según su propio criterio. Recientemente, el historiador español Luis Navarro ha constatado que la percepción de la guerra como algo «especial» e «incomparable» tuvo el efecto, entre los oficiales españoles, de que «cada uno [operara] según su inventiva, suponiendo que el conflicto cubano era algo distinto de todo lo conocido hasta entonces»[35].

El periodista Gonzalo Reparaz también criticó severamente —en su caso desde fuera del escenario bélico— el presunto caso especial de Cuba. En distintos artículos publicados en el Heraldo de Madrid, así como en un trabajo monográfico, intentó demostrar que solamente la ignorancia militar podía llevar a la conclusión de que las guerras en Cuba eran de algún modo especiales: «La razón de que la de Cuba nos parezca tan especial, es que no la hemos estudiado. Es increíble, pero ciertísimo, que pasando los españoles, no sin razón, por inventores o poco menos de las guerras de partidas, apenas les den atención alguna en la paz». Echando mano de los ejemplos de los Países Bajos en Sumatra, el Reino Unido en Norteamérica, África e India, así como el Imperio Ruso en el Cáucaso, Reparaz desarrolló la idea de que el origen del problema se hallaba más bien en las academias militares españolas, donde por desgracia no se enseñaba cómo se libraban aquellas guerras. Ni tan siquiera de las propias experiencias durante la campaña de Santo Domingo se había aprendido nada, por no hablar de la Guerra de Secesión. Reparaz sentenció que el dirigente revolucionario Máximo Gómez Báez no era más «que un discípulo de Stuart, de Sheridan y de otros generales yankees», los cuales, durante la guerra civil americana, habían ganado una temible notoriedad gracias a sus expediciones de pillaje y su política de tierra quemada[36].

La base técnica de las consideraciones teórico-militares de Reparaz hay que buscarla en el círculo político-militar de su amigo Camilo García de Polavieja. Las propuestas de reforma no eran del gusto de los ambientes militares tradicionales, responsables de la campaña de Cuba. En la isla, el trabajo de Reparaz fue prohibido y retirado de las librerías. El 2 de enero de 1897, Reparaz fue detenido por sus artículos críticos sobre el estado de salud de los militares españoles en Cuba[37].

La cerrazón institucional, que Reparaz no había sido el único en poner de manifiesto, era de hecho un grave problema que tenía el aparato militar español. Así, la gran cantidad de bajas habidas como consecuencia de las penosas condiciones sanitarias en Santo Domingo o durante la Guerra de África de 1859-1860 no habían servido de lección para que el mando militar español se replanteara la planificación y la implementación de la guerra contrainsurreccional en Cuba. En su estudio institucionalista, Octavio A. Delgado identifica los tres factores que durante la segunda mitad del siglo XIX fueron una permanente causa de problemas para los ejércitos españoles en la isla: la naturaleza, el clima político y sobre todo los excesos burocráticos indisociables de la política en la metrópoli[38].

La constatación de que las lecciones de la lucha contra las guerrillas no habían dado lugar a una nueva doctrina en el seno del pesado aparato militar español, y además se habían quedado a las puertas de las academias militares, era algo que ya barruntaban los contemporáneos; hoy, los investigadores ya no la discuten[39]. A este consenso hay que añadir la transferencia informal de conocimientos que, en forma de «archivo colonial», permitió a los responsables de la toma de decisiones militares recurrir al conocimiento derivado de experiencias anteriores[40]. Así, frente a la cerrazón institucional española se situó siempre un pequeño sector de la oficialidad bregada en la lucha contra las guerrillas durante varios decenios y en varios continentes[41]. En los comienzos de esta línea constitutiva de la contraguerrilla española de Ultramar se encuentra Villate, conde de Valmaseda, nacido en 1824[42]. Vivió las guerras carlistas en España y tuvo responsabilidades militares durante las campañas coloniales en Santo Domingo, Marruecos y Cuba[43]. A las órdenes de Valmaseda sirvieron también Martínez Campos, García Polavieja y Weyler, que, desde el ejercicio de sus funciones al máximo nivel, marcaron en la segunda mitad del siglo XIX la cara de las guerras irregulares, tanto en Cuba como en Filipinas. Weyler fue alumno de Martínez Campos en los cursos de Estado Mayor. A pesar de no coincidir en todas sus opiniones y modos de operar, a los cuatro oficiales los unían la evolución y la formación en cuestiones tácticas[44]. Su mínimo denominador común en lo relativo a la lucha contra las guerrillas era la división del terreno en sectores y la separación entre insurgentes y civiles. No coincidían, en cambio, en la valoración de la utilidad de las negociaciones y de los esfuerzos políticos para poner punto final a los conflictos. Hubo cerca de una docena de oficiales que acompañaron a los militares arriba señalados como elementos operativos de confianza, muchas veces durante años y en varias guerras. Fue el caso, por ejemplo, de Arsenio Linares y Pombo o de Juan Arolas Esplugues, que sirvieron a las órdenes de Weyler en Filipinas y más tarde en Cuba, ya en puestos centrales, concretamente en Pinar del Río y en la trocha, la línea militar fortificada entre Mariel y Majana. Otros, como José María Velasco —que fue a la guerra por España tanto en Santo Domingo como en Cuba—, Luis Pando, Sabas Marín o Jiménez Castellanos, sirvieron en Cuba durante casi 25 años y presenciaron las campañas militares de Valmaseda, Martínez Campos y Weyler. Ninguno se ocupó tanto del análisis teórico de los desafíos de la estrategia militar en Cuba como Jiménez Castellanos, a quien a finales de 1898 le correspondería el desagradecido cometido de organizar la retirada española y la entrega de la isla a la Administración militar de Estados Unidos[45].

En cambio, la historiografía militar española muestra en los últimos tiempos un creciente interés por Weyler, a quien se considera como «uno de los pocos generales españoles de la era contemporánea que introdujo innovaciones en el arte de la guerra»[46]. Así, Weyler habría sido, en la década de 1860, quien sentó las bases de la contraguerrilla, uno de los primeros militares en definir la guerra de guerrillas, en reconocer su carácter irregular —debido a sus frentes inestables— y en desarrollar las primeras estrategias de contraguerrilla[47].

De hecho, en algunos documentos de Weyler que se remontan a su época en Santo Domingo, en los que él, a la sazón jefe de una columna, describe la guerra de guerrillas en el difícil terreno tropical, ofrece detalles sobre la acción militar —en particular sobre la guerra posicional— y trata la problemática del transporte de heridos[48]. En Cuba, recién empezada la lucha, fue capaz de convencer a sus superiores de la utilidad de sus experiencias en Santo Domingo, así como de su agilidad analítica. El cuerpo de oficiales ya disponía en diciembre de 1868 de sus directrices tácticas para la guerra de guerrillas, que Weyler había redactado en forma de memorando[49]. Defensor a ultranza de la ofensiva, Weyler insistía en la persecución sistemática de las unidades insurgentes, por pequeñas que fueran, con el fin de no darles tregua y, de este modo, agotarlas[50]. En los espesos bosques tropicales conocidos como manigua, la protección ante las emboscadas de las columnas en marcha debía asegurarse mediante unidades más pequeñas —equipadas también con machetes— desplazándose por los flancos y por delante. Era un procedimiento extenuante que Weyler ya seguía con sus tropas cuando era coronel y que más tarde, siendo ya capitán general, exigió de todas las unidades en Cuba. Al parecer afirmaba: «Si el enemigo puede introducirse en ellos, también podemos hacerlo nosotros», y revelaba con ello que, en realidad, había comprendido rápidamente que el peligro para un ejército regular en Cuba no estaba tanto en las grandes batallas abiertas como en los pequeños grupos que operaban cada uno por su cuenta y que, conocedores del terreno, sabían aprovechar los accidentes naturales para así infligirle al enemigo graves daños sin tener que exponerse ellos mismos a mayores peligros[51]. En sus memorias, Weyler calificó las luchas en Santo Domingo —junto con su intervención, en 1873, en la Tercera Guerra Carlista— como los momentos que más huella dejaron en su vida como militar[52]. Las consideraciones tácticas de Weyler sobre la guerra de guerrillas en el clima tropical presentan claras concomitancias con el tratado del teórico militar británico Charles E. Callwell Small Wars. Their Principles and Practice, publicado por primera vez en 1896[53].

Sin embargo, la difusión de los escritos de Weyler, en su mayor parte informes a sus superiores, fue más bien limitada. De un escrito suyo de abril de 1869 se deduce que ambicionaba publicar sus notas sobre la guerra de guerrillas, para lo cual esperaba obtener la aprobación oficial[54]. Pero las fuentes que se conservan no aclaran qué fue del tan citado memorando. En el expediente militar de Weyler tampoco se halla copia alguna. Por lo visto, nunca hubo tal publicación, lo que relativiza el juicio historiográfico acerca de Weyler como «gran teórico militar». Además, el sistema de unidades en los flancos, tan alabado por los compañeros de armas y por los observadores, no era una novedad ni en la estrategia militar española ni en la europea, y en la práctica fue a menudo ignorado[55].

El mérito de Weyler se limitó a adaptar minuciosamente a las condiciones concretas de Cuba un sistema que había probado su eficacia en otras circunstancias. Santiago Pascual y Rubio subrayó este punto de vista en un librito sobre la guerra de montaña publicado por primera vez en 1834, un breve tratado sobre la guerra contrainsurreccional en la montaña, que con el estallido de la Primera Guerra Carlista, en 1833, había vuelto a estar de actualidad. Las consideraciones vertidas por Pascual y Rubio en su Tratado sobre la guerra de montaña se basaban en las experiencias de la Guerra de la Independencia de 1808-1814 librada en España contra los ejércitos napoleónicos, y abordaban, entre otras cosas, la problemática de las marchas (las tropas en los flancos), las particularidades del terreno y la necesidad imperiosa de contar con guías locales para llevar a cabo las operaciones con éxito, así como las ventajas y desventajas de una infantería ligera o montada; temas, en definitiva, que más tarde también serían debatidos intensamente en las guerras de Cuba. En el epílogo, Pascual y Rubio se quejaba de que las experiencias de los años anteriores se habían olvidado con rapidez, siendo así que habrían podido servir como una «escuela práctica» para las guerras futuras. De hecho, sus propias consideraciones sufrieron en España un destino similar. Los debates internos españoles sobre la lucha contra las guerrillas en Cuba ignoran por completo el tratado de Pascual y Rubio, del que en 1858 se publicó incluso una traducción alemana[56]. En cambio, las memorias de Weyler fueron consideradas, al poco tiempo de su publicación en 1910-1911, como «de gran importancia histórica y de indudable utilidad para el estudio y crítica de nuestra última campaña de Cuba», y alcanzaron, gracias a «la reconocida cultura de la personalidad militar y política de su autor», el estatus de obra oficial de referencia[57].

Las nuevas formas de la guerra contrainsurreccional

Las nuevas formas de la guerra contrainsurreccional

En Cuba, la táctica de guerrillas de los insurgentes demandaba nuevas soluciones. El Ejército español respondió con innovaciones como la tupida red de pequeñas bases tácticas de operaciones y poblados fortificados cuyo objetivo era la protección de las líneas de comunicación. Mediante numerosas fortificaciones, el Estado Mayor español dividió el este de la isla en sectores en los que los rebeldes debían ser combatidos sin tregua. La fortificación situada entre Júcaro y Morón, que se extendía de norte a sur a lo largo de poco menos de 70 kilómetros, se convirtió durante la Guerra de los Diez Años en el símbolo de la separación entre el este y el oeste. De hecho, las tropas españolas consiguieron más o menos limitar la guerra al Oriente, aunque ello, por otra parte, se debió en última instancia a los conflictos internos de la «República en Armas», desatados a causa de la radicalización de la estrategia militar y los intentos de invasión de Sancti Spíritus y Villaclara; estos conflictos ahondaron la separación existente entre los mandos militar y político y además condujeron a la ruptura con los hacendados reformistas del oeste.

Hubo muchos militares españoles que cuestionaron las trochas desde el principio. Su construcción era extremadamente cara y requería la intervención de numerosas unidades españolas en plena guerra. Además, los fosos cavados alrededor de los blocaos y los fuertes se llenaban de lodo durante la época de las lluvias. Tanto en su límite septentrional como en el meridional, la línea fortificada lindaba con zonas pantanosas, de modo que las enfermedades infecciosas, como la fiebre amarilla o la malaria, se extendían y provocaban numerosas bajas. Ni los contemporáneos ni los investigadores en la actualidad se ponen de acuerdo a la hora de valorar si las ventajas estratégicas que proporcionaron las fortificaciones compensaron o no sus desventajas.

Lo que está claro es que, también en Filipinas —en Mindanao, concretamente—, el Ejército Expedicionario español erigió en 1890 una línea fortificada de 28 kilómetros de longitud, que tardó varios años en construir[58]. En la Guerra de Cuba de 1895, los generales españoles volvieron a apostar por las barreras norte-sur. Así, Weyler intensificó en 1896 la construcción de la trocha entre Mariel y Majana, en la parte occidental de la isla[59]. Algunos independentistas como José Miró Argenter, jefe del Estado Mayor del carismático revolucionario Antonio de la Caridad Maceo y Grajales, explicarían más tarde en sus memorias que las trochas apenas lograron inquietar al Ejército Libertador. En esto, Miró coincidía con los observadores críticos españoles. Si las líneas no se podían romper, entonces simplemente se circunvalaban[60]. Sin embargo, los documentos que se conservan del bando insurgente pintan un cuadro bien distinto al de las Crónicas de la guerra de Miró. De un escrito de Maceo se deduce que, ya a mediados de 1896, la trocha entre Mariel y Majana, que todavía se encontraba en fase de construcción, hizo sumamente difícil la comunicación con las distintas unidades de las tropas. A propósito de esta línea defensiva de 32 kilómetros de longitud, el teniente coronel del Ejército Libertador José Eduardo Rosell y Malpica anotó en su diario el 7 de julio de 1896: «[E]s casi imposible pasar». Desde Pinar del Río, la «República en Armas» fue oficialmente informada de las dificultades de cruzar la trocha, que, además, pasó a estar iluminada[61]. Aunque las tropas revolucionarias aún conseguían atacar casas situadas al alcance de la vista de las líneas fortificadas para hacerse con machetes y ropa, la trocha occidental constituía un obstáculo fatal, que acabaría costándole la vida a Maceo cuando intentó rodearla a comienzos de diciembre de 1896[62].

Más allá de las fortificaciones, también fueron cuestionados la organización y el armamento de las tropas. La lucha contra las guerrillas evidenció la inadecuación, por pesados, de los batallones de 800 hombres como unidades tácticas. El reconocimiento del terreno no tardó en serle encomendado a la caballería ligera, que actuó con unidades que inicialmente contaban con entre 20 y 30 hombres, en solitario o bien acompañando a las columnas como volante[63]. A partir de 1869, batallones enteros operaron como contraguerrilla montada[64]. Además, era frecuente encontrarse con unidades más pequeñas y pegadas al terreno, que no dependían de ninguna columna y estaban formadas por «voluntarios» de la región. Como muestran las instrucciones de las unidades de contraguerrilla Las Minas y Puerto Príncipe, entre los cometidos de las fuerzas locales no estaban solo el reconocimiento del terreno o los ataques por sorpresa al enemigo que avanzaba, sino también las batidas de reses y la tarea de «limpiar de enemigos la zona que les [fuera] encomendada». Curiosamente, la protección de las aldeas y pueblos no se mencionaba explícitamente. Estas órdenes más bien informales fueron seguidas, en 1872 con Ceballos y en 1873 con Pieltain, de un reglamento de contraguerrillas. Después de todo, los años de experiencia bélica habían demostrado hasta qué punto podía ser importante la contribución de aquellas tropas —conocedoras del terreno y habituadas al clima— a la lucha contra las guerrillas[65].

Una estructura clara y una mejor organización debían aumentar todavía más la capacidad de combate de la contraguerrilla[66]. Las unidades más valiosas eran las que operaban dentro de los sectores cuyo terreno conocían. Las tropas pertenecientes a un batallón o a una columna estaban bajo el mando de los correspondientes oficiales regulares, mientras que las unidades locales, las llamadas contraguerrillas fijas, también podían depender de los oficiales de las unidades de voluntarios. Los roces entre los integrantes de las unidades regulares y la contraguerrilla eran difíciles de evitar, siendo los oficiales españoles los que peor disimulaban su desagrado. De ahí que se elaboraran directrices para regular el trato con las a menudo variopintas unidades. Además, los combatientes de la contraguerrilla debían destacar por su «honradez y moralidad», aunque de hecho, la tarea de disciplinar a estas unidades fue uno de los problemas más grandes[67].

Con todo, a medida que la guerra se prolongaba, también los oficiales españoles que inicialmente se habían mostrado críticos se afanaron en poner en pie a sus unidades de contraguerrilla, cuyas deserciones con armas y municiones, por no hablar de sus terribles abusos contra la población civil, tuvieron que asumir[68]. Las soldadas puntuales y el avituallamiento abundante fueron dos recursos con los que se intentó mantener los excesos dentro de unos límites. La puntualidad de las pagas también era importante, porque la mayor parte de los integrantes de la contraguerrilla tenían familias a su cargo[69]. El capitán general Pieltain se tomó a pecho esta cuestión e insistió en una nota al intendente en que los miembros de la contraguerrilla recibieran «con toda exactitud sus haberes». En sus memorias de 1879 volvió a señalar que «[l]a experiencia de más de tres años venía demostrando que ninguna fuerza prestaba mejor servicio que las denominadas guerrillas y contraguerrillas de batallón, volantes o fijas, aunque sus deficientes y heterogéneas organizaciones fueran causa de grandes dificultades para sostenerlas en buen estado»[70]. Algunas unidades aisladas, como la tropa de mercenarios a las órdenes del coronel Weyler entre 1869 y 1872, se convirtieron en unidades especiales de la guerra contrainsurreccional. En las filas españolas, estos llamados cazadores de Valmaseda se hicieron célebres por los éxitos que cosecharon; entre los cubanos, en cambio, eran temidos a causa de sus atrocidades y su destructividad.

Las bases de operaciones autónomas, al igual que la constante búsqueda y destrucción del enemigo y de sus recursos, formaban parte, junto con el uso selectivo del terror, de los principios de la contraguerrilla en Cuba. A partir de 1869, los informes operativos de las unidades españolas reflejaron una nueva característica de la guerra contrainsurreccional, que se manifestó especialmente en las referencias a las «familias que se han sacado de los bosques». La multitud de familias llevadas a los poblados estaba integrada en parte por parientes de los luchadores del Ejército Libertador, que se desplazaban con los patriotas en impedimenta[71]. Sin embargo, por regla general, todos los civiles encontrados en las zonas llamadas limpias de insurrectos eran deportados e internados en ciudades y pueblos fortificados. El propio Weyler informó a su superior de que con sus mercenarios había recogido a numerosas familias para trasladarlas a Barajagua (Mayarí, Oriente). Los bohíos, pero también otras propiedades agrícolas más grandes y abandonadas, se quemaban sistemáticamente, los cultivos de viandas (frutos del campo) y las plantaciones de plátanos se devastaban y las reses eran requisadas o sacrificadas para el propio avituallamiento[72]. La expulsión de la población de las zonas rurales formaba parte de la estrategia militar contraguerrillera española, cuyo objetivo declarado era privar a la insurgencia de toda base de supervivencia mediante la destrucción de todos los recursos. Era perentorio impedir —incluso recurriendo al uso de la fuerza— que el Ejército Libertador accediera, a través de la población civil, a la información de relevancia militar relativa a efectivos y localización de las tropas españolas, ropa, medicamentos, armas o víveres. Este procedimiento de las unidades españolas en las zonas orientales en conflicto se completó con la expropiación y reubicación selectivas de criollos indeseables. La mayor parte de las fincas situadas al este de la línea entre Júcaro y Morón fueron requisadas y sus propietarios desplazados a ciudades como Puerto Príncipe, Tunas o Nuevitas[73]. Pero las autoridades españolas también reubicaron a supuestos simpatizantes de la revolución lejos del teatro de operaciones. En abril de 1869, José Huguet fue trasladado de Guanabacoa a Matanzas y más tarde a Santiago de las Vegas como «sospechoso y [con] malos antecedentes», con el objeto de alejarlo del «foco de su acción»[74]. En el caso de los supuestos exponentes activos de la «República en Armas», el capitán general ordenó su deportación a las colonias penitenciarias de Fernando Poo (la actual isla de Bioko) o de las Marianas, o bien a los presidios de Ceuta y Gibraltar. En relación con la deportación y la expropiación durante la Guerra de los Diez Años, las investigaciones más recientes señalan repetidamente que estas medidas estaban específicamente dirigidas contra la clase media cubana y perseguían su «descapitalización». A la sombra de la guerra, incluso los niveles inferiores de la burocracia colonial fueron «limpiados» de criollos con el objetivo de «re-hispanizar» la isla[75].

Las primeras medidas de reubicación de la población

Las primeras medidas de reubicación de la población

Cientos de familias huyeron como consecuencia de la destrucción, el caos y la anarquía que reinaban entre las líneas y en las zonas orientales en conflicto. Las implacables unidades de contraguerrilla atemorizaban a la población rural, y ante los rumores sobre inminentes ataques de los patriotas, el pánico cundió entre los habitantes de las ciudades insuficientemente fortificadas[76]. Por su parte, Céspedes, el líder revolucionario, fijó el objetivo final en la independencia y la libertad de todos y cada uno de los cubanos: «Que Cuba sea libre aun cuando tengamos que quemar todo vestigio de civilización desde la punta de Maisí hasta el cabo de San Antonio». García declaró la «[g]uerra a muerte y sin cuartel al aventurero español, que, roto y descalzo, llegó a nuestras playas, y después de enriquecido con el fruto de sus rapiñas ha tratado de secar las fuentes del saber y la riqueza de la nación. Con estos no puede haber paz, no puede haber amistad». Se fue ensanchando el abismo entre los españoles de a pie que habían conseguido algo de riqueza en Cuba y los cubanos que simpatizaban con los independentistas. Los primeros, al ver cómo peligraban sus logros, tomaron las armas so pretexto de la defensa de la «integridad nacional» y libraron, también en las ciudades, una guerra de «exterminio» mutuo. Pero también la élite españolista reunida en el Casino Español de La Habana proclamó que «Cuba será española o la abandonaremos convertida en cenizas»[77]. Ya en 1869, los observadores bien informados habían constatado que se estaba implementando una estrategia militar total sin precedentes, y lo que les había resultado particularmente chocante era el alcance de la destrucción y de la violencia ilimitada. En el bando de la «República en Armas», la idea política revolucionaria parecía haberse esfumado, y en su lugar imperaba la irracionalidad de la destrucción y del innecesario derramamiento de sangre. La espiral de la violencia parecía imparable; de hecho, el carácter degenerado de los enfrentamientos que constataron los oficiales españoles convirtió la violencia en la opción operativa dominante. Desde esta perspectiva no se alcanzaba a ver el final de la guerra. El brigadier español Antonio López de Letona solamente logró identificar dos opciones a corto plazo: «No podía esperarse el término de la guerra, si no se empezaba por frenar aquel desbordamiento, o decretar la destrucción de la raza». Ante el trasfondo de aquella guerra desmandada se elaboraron numerosos y detallados planes operativos dirigidos a una rápida terminación[78].

Los planes operativos se basaron, desde el comienzo, en los principios de la lucha contra las guerrillas vigentes hasta bien entrado el siglo XX: aseguramiento político y militar del terreno, división del mismo para que las tropas puedan familiarizarse con la topografía, y recogida de noticias e informaciones sobre el enemigo. Además, la separación de la población civil de los rebeldes para privar a los revolucionarios de toda base de supervivencia es un principio que, cuan hilo conductor, se encuentra en todos los escritos militares.

Hasta hoy, la reubicación de la población rural durante la Guerra de los Diez Años no ha interesado a los investigadores. Las alusiones a la reconcentración —si es que las hubiere— se circunscriben al conflicto de 1895-1898. Las remisiones a los precedentes de la Guerra Grande son ocasionales, carecen de fuentes suficientes y resultan a menudo minimizadoras. Sin embargo, la deportación de civiles sí generó en su día un debate interesante, sobre todo entre publicistas militares españoles. La mayor parte de los oficiales veían la clave de la rápida finalización del conflicto en Cuba en la concentración de la población rural en ciudades y pueblos bajo control militar. Curiosamente, no se discutieron solo medidas militares. López de Letona estaba a favor de una política de atracción. Había que sugerirle a la población que las ciudades eran más seguras que las zonas rurales, de modo que el Ejército Libertador se encontrara ante un grave vacío. Se incorporaron al debate, cuando menos de manera implícita, las primeras aproximaciones al intento de ganar «los corazones y las mentes» de la población civil[79].

Argumentos parecidos fueron los que adujo el brigadier Acosta y Alvear, quien confiaba en que los «dóciles y pacientes» habitantes de las zonas rurales pudieran ser convencidos de la necesidad de la reconcentración «atrayéndoles con dulce y equitativo trato». Acosta sabía demasiado bien lo distinta que era la realidad en los «pueblos reconcentrados», con sus jefes militares y sus «cantones y fuertes». Aun así, la oficialidad española no dejó de asirse obstinadamente al topos de la «protección» de la población civil en los centros fortificados. Y no se trataba en absoluto de un eufemismo, ya que el argumento se retrotraía a una migración inducida por la guerra, aquella reconcentración «voluntaria» durante la ofensiva española conocida como creciente Valmaseda. A partir de finales de 1869, durante el recrudecimiento de las hostilidades, miles de personas huyeron de las zonas rurales de Holguín, Bayamo, Manzanillo y Jiguaní a los centros donde buscaban «protección». Pero no pasó mucho tiempo antes de que quedara claro que en ciudades como Las Tunas, donde ya era problemático abastecer a las tropas, las pequeñas zonas de cultivo no cubrían las necesidades de alimentación de una población que crecía exponencialmente, mientras las autoridades militares no lograban repartir un número suficiente de raciones. Quienes sufrían especialmente eran «las familias pobres, viudas y niños, que paulatinamente van sucumbiendo al hambre y a la miseria». A menudo se daban situaciones paradójicas. En Puerto Príncipe:

(…) por ejemplo, residen infinitas familias, la mayoría compuestas de mujeres y niños. Las que tienen hombre apenas pueden mal pasar, por no haber trabajo suficiente para estos, y las que no los tienen, han sido comprendidas en tres porciones, que son auxiliadas sucesivamente quince días de cada cuarenta y cinco, con ración de escasa sopa en que se invierten cinco mil pesos mensuales. Es decir, se les dá de comer quince días y se les deja morir de hambre treinta.

En 1872, Acosta opinaba lacónicamente que, en aquellas circunstancias, no era sorprendente que los hombres reubicados y desempleados no estuvieran entre los representantes más fervorosos de los intereses españoles[80].

La situación alimentaria, ya de por sí difícil, se agravó con el bloqueo, por parte del Ejército Libertador, de las ciudades ocupadas por las tropas españolas[81]. Además, los convoyes que abastecían a las plazas militares eran un objetivo lucrativo para los ataques de los revolucionarios[82]. De acuerdo con una circular de noviembre de 1869, las reses requisadas por las unidades españolas debían ser conducidas a las ciudades para su sacrificio y posterior uso como avituallamiento de las tropas. La carne restante debía ser entregada a las «familias pobres recogidas», lo cual se controlaba meticulosamente. Las listas del coronel José Lara, del destacamento de Lechuzo (la actual Rodas), muestran que una familia de ocho miembros recibía unas cuatro libras de carne. En su distrito, Lara proveía de más de 63 libras de carne a cuarenta familias, aunque las listas no revelan claramente durante cuánto tiempo tuvo lugar aquel suministro de alimentos[83].

La penuria era omnipresente en las ciudades de Oriente y en los pueblos de reconcentrados inaugurados a lo largo de las líneas españolas de comunicación y abastecimiento. Aun así, Acosta propuso un plan operativo que, aparte del control y «limpieza» del terreno y de la destrucción de las plantaciones, preveía también la reubicación de la población rural. Sin embargo, Acosta se negó terminantemente a permitir el asentamiento de reconcentrados en sus propias tierras. Aunque abogaba abiertamente por la reubicación y resaltaba que la «idea de reconcentrar en puntos dados el vecindario esparcido, es altamente política y conveniente», basó su desaprobación de un nuevo asentamiento en su propiedad en una serie de razones políticas y militares. Según su exposición, no se habían respetado ni los principios ni el procedimiento para la creación de nuevos asentamientos. Así, quien había ordenado el alojamiento de los internados era un simple oficial de bajo rango de la región, y los reconcentrados debían disponer además de tierra como base de la economía de subsistencia. Teóricamente, todo ello debía disponerse sin dañar los intereses de terceros; en casos extremos, los propietarios incluso tenían derecho a una indemnización. Las tierras de Acosta ya habían registrado malas cosechas, pues los internados prácticamente habían echado a perder el trabajo de su capataz y de sus 14 esclavos. Como consecuencia, Acosta señaló una serie de lugares cercanos a la línea ferroviaria que también disponían de agua y le parecían más adecuados que su propiedad. Como oficial, su conocimiento del poder de los hechos le hacía temer la pérdida de su finca durante años a causa del nuevo asentamiento. Por lo tanto, se declaró dispuesto a organizar el «desplazamiento» de las familias y a poner a disposición de estas un predio en otro sitio, durante cinco años y gratuitamente. Acosta expuso que su petición no estaba motivada por un «interés egoísta», sino que buscaba ante todo el bien de los reconcentrados. Finalmente, el ayuntamiento atendió su petición, aunque solo fuera por sus méritos en la larga lucha contra los «enemigos de la integridad territorial» de España[84]. Esta anécdota muestra, por una parte, cómo en la Cuba de mediados del siglo XIX se podía utilizar un cargo (militar) para imponer intereses particulares. Por otra parte, es evidente que, en la práctica, la reconcentración, que se consideraba teóricamente necesaria, se encontraba con considerables resistencias, y no solo cuando afectaba a los intereses privados de un oficial.

Lo cierto es que la mayor parte de los planes operativos se centraban, más que en la suerte de la población civil, en la utilidad y la «imprescindible necesidad» de la reconcentración para el éxito de la lucha contra las guerrillas. Así, el brigadier Velasco señaló, tanto en 1870 como en 1872, que, una vez implementada la reconcentración de modo sistemático, los insurrectos no aguantaban ni dos meses en las zonas «limpias»; junto a la destrucción de todos los recursos, las epidemias y las enfermedades contribuían al agotamiento de los rebeldes, que ya solo podían recurrir a la lucha abierta o la rendición. Según Velasco, la reconcentración, impulsada por Valmaseda en la región de Bayamo y por Obregón en Holguín, daba buenos resultados, a pesar de que no se había puesto en práctica de manera radical: «Toda la población de los departamentos Oriental y Central hubiera podido concentrarse en muy pequeñas zonas sobre nuestras líneas de comunicación más precisas, como se va haciendo ahora, y con muy pocas fuerzas se la hubiera podido proteger muy eficazmente»[85].

En una obra en tres tomos publicada entre 1896 y 1898, el historiador y cronista español Antonio Pirala documentó el modo en que se llevaba a cabo la «protección» de la población civil en muchos pueblos de reconcentrados. Pirala dio cuenta de las masacres de familias deportadas realizadas en Trinidad por integrantes de tropas regulares y por la guerrilla, o de la actuación arbitraria de un capitán ebrio que hizo ejecutar a doce internados sin motivo alguno[86]. Estos informes sobre los excesos en el uso de la violencia contrastan vivamente con los elaborados por los militares sobre la reubicación de los civiles. En marzo de 1870, el coronel Francisco Méndez informaba, desde el campamento del ingenio Oriente (probablemente en Puerto Príncipe), que su columna había capturado a un centenar de personas en las colinas circundantes:

Me honro en acompañar adjunto a V. E. relación nominal de las personas, que ya fugitivas por los montes, ya arrepentidas de sus faltas, han corrido a este Cantón a ponerse bajo la protección de nuestro Gobierno; debiendo significar a V. E. que dichas familias han sido alojadas con la comodidad que el local requiere y que tanto estas, como las presentadas anteriormente (cuya relación ya tuve el honor de remitirle) comparten con la tropa su ración[87].

Esta representación eufemística contrasta con un informe que el periodista y aventurero James O’Kelly publicó en 1874 y en el que se revela una imagen catastrófica del estado de los reconcentrados en los asentamientos de Sancti Spíritus[88]. Su apreciación es corroborada por las fuentes que se conservan de la Administración colonial española. Los recluidos no padecían solo una difícil situación alimentaria, sino también, y sobre todo, epidemias como el cólera o la peste, cuya etiología se encontraba en la higiene insuficiente, el hacinamiento y la falta de atención médica[89]. En febrero de 1870, los internados de Jobosí dirigieron una solicitud al jefe militar de Sancti Spíritus en la que describían de este modo la situación de emergencia en la que se hallaban:

Habiendo desarrollado con la reconcentración de las familias una enfermedad que a manera de epidemia se ha extendido por todas ellas, hasta el punto de no existir familia alguna que no cuente con enfermos, de los cuales mueren diariamente uno o dos sin ser posible contener el progreso de la referida calamidad; la que unida a la escasez de agua que se nota en la proximidad del rancherío, hace del todo imposible la permanencia en dicho paraje general perjuicio de todos los habitantes.

Lo que pretendían era abandonar aquel insalubre lugar lo antes posible, por lo que pedían autorización para poder regresar a sus fincas[90]. Un poco más al este, en Puerto Príncipe, jurisdicciones enteras sufrieron una epidemia de viruela, así como unas fiebres que las fuentes no describen con exactitud. Apremiadas por la necesidad de apoyar a la población con medicamentos y víveres, las autoridades locales vendieron el cuero de las reses que diariamente se sacrificaban para el avituallamiento del Ejército. En realidad, las pieles tenían que ser entregadas a la intendencia, pero aquella acción irregular fue posteriormente convalidada desde Puerto Príncipe. Era cada vez más frecuente que, en situaciones de emergencia, los jefes militares colocaran a sus superiores ante hechos consumados. Así, el jefe del cuerpo médico del Ejército en un campamento de Las Minas (Puerto Príncipe) distribuyó gratuitamente medicamentos del hospital militar a la población en apuros. El reintegro del importe por parte de la Administración se convirtió en una carrera de baquetas burocrática[91].

Ciudades como Morón, Puerto Príncipe o Las Tunas acusaron particularmente la presión del incremento poblacional. Las autoridades españolas anunciaron que castigarían con rigor el contrabando, desde las localidades ocupadas, de alimentos, sal, ropa, medicamentos y armas. Debido a las difíciles circunstancias, los jefes militares habían extendido numerosos pases y autorizado a las familias el regreso a sus campos, tendencia a la que intentó poner fin Antonio Caballero de Rodas, quien a finales de junio de 1869 se hizo cargo de la Capitanía General. En su opinión, la población rural que no se dirigía a los puntos controlados por los españoles se convertía automáticamente en cómplice de los insurgentes, a los que proporcionaba nuevo «aliento y recursos». Con una orden del 25 de abril de 1870 quedaron «anuladas las autorizaciones concedidas para residir en el campo» y se embargaron los bienes de los que no se hubieran «presentado en poblados o a las columnas de tropa el día 1.º de Junio»; además, y «desde esta fecha», todo aquel que fuera «encontrado en el campo, sin […] autorización para ello» sería «tenido por enemigo»[92].

Entre los militares españoles, la relativa impotencia frente a un enemigo difícil de alcanzar no tardó en producir un estereotipado esquema amigo-enemigo. Este perjudicó sobre todo a la población civil, tanto más cuanto que la «República en Armas», por su parte, había hecho un llamamiento a la población a que abandonara los centros fortificados, en parte bajo amenaza de muerte[93]. Sin embargo, ninguno de los bandos tenía, por regla general, los medios para hacer cumplir íntegramente sus propias instrucciones. Con todo, las órdenes de Caballero de Rodas se ejecutaron con especial inflexibilidad a lo largo de la trocha entre Júcaro y Morón, de modo que fueron reubicados pueblos enteros[94]. En Ciego de Ávila, la norma preveía —aparte de la destrucción de todos los recursos— «que sin contemplación» se reconcentraran «todos los vecinos alrededor de los fuertes, no a mayor distancia de 500 metros». Únicamente las «familias buenas» se beneficiaban de apoyo y de medios de subsistencia (tierras, aperos, simientes), lo que dio rienda suelta a la denuncia de «malos y sospechosos». El objetivo declarado era el de «extinguir a toda costa el apoyo moral y el auxilio material» del que al parecer gozaban los rebeldes en todos los pueblos[95]. En muchos lugares, como en el caserío de El Jíbaro (Sancti Spíritus), las autoridades disponían de listas de familias cuyos miembros (padres, hijos, hermanos o cuñados) pertenecían supuestamente a la insurgencia[96]. De hecho, las fuentes indican que, como consecuencia, los abastecidos de raciones alimentarias fueron sobre todo los españoles leales[97].

Cuando elaboraban sus planes operativos, los oficiales como Velasco eran perfectamente conscientes de que la reconcentración era un medio de la guerra contrainsurreccional «muy duro y costoso», ya que había que «alimentar con raciones una gran parte de la población para que no se [muriera] de hambre». Durante la época de las lluvias, la «aglomeración repentina de familias» representaba un desafío adicional[98], al que las autoridades militares intentaron hacer frente con rígidas medidas higiénicas. En Puerto Príncipe se acordó llevar a cabo una campaña de vacunación para prevenir una epidemia de viruela. En cuanto a la fiebre amarilla y el cólera, la consigna era seguir los consejos de los «profesores de la ciencia de curar»[99]. Sin embargo, estas normas apenas fueron implementadas. En Arroyo Blanco, por ejemplo, un brote de cólera causó en tres días 120 víctimas mortales entre las tropas del general Lesa. La epidemia fue favorecida también por los restos del ganado en descomposición en las inmediaciones del acantonamiento. Los soldados trabajaban en una fortificación y, aunque sacrificaban diariamente varias reses, no las enterraban[100]. Las epidemias acompañaron en todo momento el devenir de la guerra y de la reconcentración. Para desgracia de los civiles, las teorías que identificaban las mismas, la niebla matinal o el resplandor de la luna como causas del contagio de las enfermedades tropicales aún circularon hasta 1896. Sin embargo, los científicos más punteros ya habían aislado años antes los gérmenes patógenos y los bacilos, convirtiéndolos en el centro de sus investigaciones. No era osado suponer que los microorganismos también tuvieran un papel importante en la propagación de la fiebre amarilla[101], aunque lo cierto es que no fue hasta 1900 cuando los científicos cubanos y estadounidenses consiguieron identificar sin sombra de duda el mosquito Aedes aegypti como vector de la fiebre amarilla[102].

Para asegurar el abastecimiento de los reubicados, las autoridades coloniales recurrieron cada vez más a los ingresos provenientes de las confiscaciones y expropiaciones. Por una parte, la economía de subsistencia de las «familias pobres» fue fomentada mediante la asignación de parcelas de tierras confiscadas o abandonadas[103], mientras, por otra parte, las cocinas económicas en pueblos y ciudades fueron financiadas con la venta de mobiliario o de propiedades enteras. En agosto de 1871, el ministro de Ultramar, Tomás María Mosquera, informó al intendente en Cuba de que, en virtud de lo previsto en un Real Decreto, de los ingresos provenientes de los bienes confiscados se podrían destinar mensualmente 1000 pesos a la jurisdicción de Morón y otros 500 a la de Nuevitas «para socorrer a los presentados indigentes». Junto con Sancti Spíritus y Las Tunas, los gastos fijos alcanzaban los 8500 pesos mensuales. La autoridad local de la jurisdicción de Las Tunas suministró galletas y azúcar de los almacenes militares a los niños necesitados de entre seis meses y dos años de edad. Unos informes incompletos convirtieron aquella acción en un hecho aislado, y el general Buenaventura Carleo reclamó el reintegro de los gastos al presupuesto general. No sin razón, también el ministro exigió exactitud en las cuentas, las cuantificaciones y las listas de familias a las que se hacía entrega de víveres: «[N]o sería extraño que ese número extraordinario de presentados de que dan cuenta los tenientes gobernadores, fuera, en parte, imaginario». De hecho, el elevado número de reconcentrados y presentados que aparece en los informes de los jefes militares adquiere una nueva dimensión cuando se observa a la luz de las posteriores gestiones presupuestarias. Algo parecido vale para los usos indebidos de los bienes expropiados[104].

De hecho, expropiación y ayuda coexistían de un modo paradójico. A causa de las sospechas y de las confiscaciones de sus fincas, decenas de miles de personas eran obligadas a desplazarse a ciudades y pueblos fortificados, donde, privadas de sus medios de subsistencia, recibían un sustento apenas suficiente[105]. A pesar de los numerosos indicios de malversación, una parte de los fondos sí llegaba a los internados o era asignada a las «necesidades de los presentados del campo insurrecto». Las autoridades recibieron desesperadas peticiones de auxilio desde Figuabo, en la región de Santiago de Cuba. El lugar había sido destruido por el ejército revolucionario y se hundía desde entonces en una «horrible miseria». Además, la zona había sufrido una epidemia de viruela a comienzos de 1872. Al intendente le sobraron motivos para asignarle a la Administración local 200 pesos mensuales de los ingresos provenientes de los bienes expropiados[106].

En agosto de 1872, el brigadier Acosta señaló que «Puerto-Príncipe, con Tunas y demás jurisdicciones del Este, exceptuándose Baracoa y parte de las jurisdicciones de Cuba, Guantánamo, Manzanillo y Holguín, que están en cultivo, tienen sus vecinos reconcentrados en ciudades y pueblos, sin trabajo, sin recursos y, de consiguiente, constituyendo […] un grave y constante peligro». De todos modos, la reconcentración no se implementó hasta sus últimas consecuencias, lo que algunos lamentaron. Así, el antiguo subinspector de Sanidad de la Armada, Félix de Echauz y Guinart, opinaba que debería haber sido reubicada la población de media isla: «Si hay aliento para despoblar la mitad de la Isla, especialmente en su parte central, y para refundirla en nuevos moldes, la situación está salvada; si no lo hay, está irremisiblemente perdida». De acuerdo con su plan, la población debía ser reubicada en 24 pueblos o ciudades fortificados, mientras para el Oriente se preveía un desmonte completo. Echauz no se pronunció sobre las consecuencias, por ejemplo para los civiles privados de su entorno habitual y necesitados de abastecimiento[107].

Ningún plan operativo fue llevado a la práctica con esta radicalidad. Sin embargo, el de Echauz permite sacar conclusiones sobre las mentalidades, ya que revela hasta qué punto la «destrucción del enemigo» daba por buenas las elevadas bajas de civiles. De las observaciones de algunos oficiales españoles surge la imagen de un enemigo absoluto, en la que aparecen entreveradas la naturaleza hostil, la insurrección escurridiza y la población cubana[108]. Todo reconcentrado se convertía así en un potencial simpatizante de los revolucionarios. En noviembre de 1868, al poco de su llegada a Manzanillo, Weyler apuntó en su diario de guerra: «La mayor parte de las familias de la población tengo el sentimiento de decir que tienen hijos o hermanos con los rebeldes». Aquellos que tuvieran familiares entre los insurgentes eran automáticamente considerados «activos agentes de los rebeldes»[109].

La reubicación de la población rural en el marco de la lucha contra las guerrillas no suscitaba el consenso de la oficialidad española. El capitán general Ceballos, que había sucedido a Valmaseda el 11 de julio de 1872, se sintió horrorizado ante la improvisación que observó en los numerosos pueblos de reconcentrados y dispuso que sus habitantes fueran reubicados en las zonas militares fortificadas, dado que eran un objetivo preferente de los insurrectos[110]. Para Pieltain, su sucesor, las innumerables familias de las ciudades representaban una carga y un peligro demasiado grandes. El proceder de sus predecesores le parecía un error gigantesco por varios motivos. Estaba convencido de que los reconcentrados y presentados introducían en los centros las ideas revolucionarias, por no hablar de que el Ejército Libertador podía así recibir de sus partidarios información de primera mano. Siempre que una columna española se disponía a ponerse en camino, los jefes militares del Ejército Libertador ya estaban informados. Según Pieltain, los luchadores enemigos sabían, además, que sus familias recibían un sustento, lo que permitía acciones concentradas contra el Ejército Expedicionario español. Habría preferido enviar a las familias a los bosques para que acompañaran a los rebeldes, cuya movilidad se vería así menoscabada[111]. La mortandad en las ciudades no era un argumento moral contra la reconcentración, ni para Pieltain ni para otros críticos. Se tomaba nota de la gran cantidad de muertes, pero no en cuanto a catástrofe humana. La lamentable situación de los civiles en las ciudades controladas por unidades españolas solo constituía un desafío en la medida en que la miseria llevaba a los reconcentrados a unirse a los rebeldes. Sin embargo, lo que faltaba para ganarse «los corazones y las mentes» de la población civil no era solo la voluntad: eran también los medios económicos. El brigadier Velasco resumió la máxima de la guerra en Cuba en pocas palabras: como en toda guerra, de lo que se trataba era de infligir el máximo daño al enemigo, lo cual, en Cuba, exigía aislar a la población rural neutral de los guerrilleros y arrasar las zonas despobladas; la deportación y el internamiento no eran más que una necesidad militar[112].

Pero la imposibilidad de una estrategia unitaria —debida a los numerosos cambios políticos y militares habidos durante el Sexenio Revolucionario, tanto en la isla como en la metrópoli— no afectó solo a la lucha contra las guerrillas. La interpretación historiográfica clásica entiende que no fue hasta la Restauración borbónica de 1874 cuando España recuperó la necesaria estabilidad política, que hizo posible, a su vez, la implementación de acciones concertadas en Ultramar. Sin embargo, durante la Guerra de los Diez Años, las manifiestas contradicciones en el seno del mando militar español no se debieron únicamente a estas circunstancias externas, sino también a las instrucciones inconsistentes de determinados generales. A finales de 1869, Caballero de Rodas ordenó a los jefes militares de Puerto Príncipe que permitieran a los familiares de los revolucionarios el regreso a sus tierras. Al mismo tiempo, las columnas tenían instrucciones de no recoger a más familias durante sus operaciones. Quienes querían seguir voluntariamente a las tropas españolas hasta el siguiente campamento o pueblo fortificado tenían que acreditar que disponían de los medios suficientes para subsistir. Pocos meses después, el 25 de abril de 1870, Caballero de Rodas volvió a intensificar la represión y criticó el aumento excesivo de los pases extendidos para la estancia fuera de las fortificaciones. Al cabo de poco menos de dos meses, el 20 de julio de 1870, se sintió enormemente decepcionado. La «benignidad y protección» respecto a los insurrectos, presentados y «recogidos en los campos», que eran provistos de raciones, ropa y medicamentos, no tuvo el efecto esperado de provocar la adhesión a la Administración militar española. Al contrario: Caballero de Rodas supo dar cuenta de abusos e ingratitudes. Había hombres que, teniendo a su disposición tierras, aperos, simientes y bueyes para la manutención de sus familias dentro del perímetro fortificado, «consum[ían] en la holganza la ración que se les suministra[ba] por vía de socorro mientras [podían] atender a sus necesidades con el producto de su honrado trabajo». Caballero de Rodas ya no estaba dispuesto a tolerar «que el tesoro de la Isla mant[uviera] los traidores ni foment[ara] la ociosidad». El control del suministro de víveres fue intensificado, las familias con parientes en el Ejército Libertador fueron excluidas de las raciones y los hombres en condiciones fueron obligados a trabajar en los campos. Las columnas recibieron de nuevo la orden terminante de «no reco[ger] familias en los campos ni […] admit[irlas] al amparo de los fuertes si no [tenían] medios propios de subsistencia»[113].

En ausencia de una línea de actuación clara en materia de relaciones con la población civil, Caballero de Rodas no era el único que se debatía entre la necesidad militar y la viabilidad económica. Retrospectivamente, Martínez Campos dejó constancia de que, bajo su mando y durante la fase final de la guerra, se entregaron diariamente más de 40 000 raciones a los necesitados[114]. Por el contrario, era muy raro que constituyeran un problema la financiación y el apoyo de los regimientos de voluntarios y de sus allegados. En 1870, durante una campaña navideña, el Banco Español donó 8000 pesos a las viudas y los huérfanos de los voluntarios de Cuba. Además, los accionistas del banco decidieron disponer el pago mensual de 4000 pesos para la manutención de los voluntarios en las fortificaciones de La Habana. El «comercio y propietarios españoles» financiaron a las unidades de voluntarios de Puerto Príncipe con 5000 pesos mensuales. Los comerciantes de La Habana abonaban también la travesía de los voluntarios reclutados en España[115]. Desde luego, la burguesía financiera cubana no escatimó gastos para el mantenimiento de su brazo armado[116].

Los paralelismos entre la periferia y la metrópoli

Los paralelismos entre la periferia y la metrópoli

El resumen del periodo comprendido entre el final de la década de 1860 y la década de 1880 puede hacerse recordando el intenso debate —en el que no participaron únicamente los círculos militares— sobre el internamiento de civiles en el marco de la estrategia de contraguerrilla global (o por lo menos militar) para Cuba. Al cabo de los años, la implementación sistemática de aquella estrategia fracasó, no solo por la falta de medios económicos suficientes, sino también por las contradicciones militares y políticas, tanto en la isla como en la metrópoli. Durante la Guerra Chiquita de 1879-1880, el capitán general Ramón Blanco y Erenas disponía de suficientes medios y soldados. Polavieja, responsable de las operaciones militares en Oriente, ordenó la inmediata reconcentración de la población rural en las jurisdicciones de Santiago, Guantánamo y Baracoa. La rebelión pudo ser sofocada en pocos meses[117].

La reconcentración no estaba en absoluto pensada como un instrumento de la guerra contrainsurreccional exclusivamente aplicable a los conflictos imperiales localizados en la periferia. Así, durante la Tercera Guerra Carlista de 1872-1876 no faltaron los comentaristas que sopesaron en la prensa las medidas de reubicación para la represión de los insurrectos en el País Vasco y Navarra. Un reportaje en El Eco de Navarra veía, entre otras cosas, analogías con las Guerras Indias en Norteamérica, aunque no hacía referencia explícita a la política de reservas[118]. No es particularmente sorprendente que se procediera con extrema dureza contra el carlismo armado. Después de todo, Carlos María Isidro de Borbón —el hermano de Fernando VII— y sus descendientes aspiraban a reinar con el apoyo de las fuerzas reaccionarias y absolutistas, lo que provocó unas sangrientas guerras civiles en los años 1833 a 1839, 1847 a 1849 y 1872 a 1876. Las unidades carlistas, numéricamente inferiores, también se sirvieron de la táctica de guerrillas en la década de 1870, y se suponía que la concentración de la población rural debía conducir, tanto en Cuba como en el País Vasco —las dos «provincias rebeldes»—, a una rápida pacificación. Por una parte, este paralelismo conceptual y operativo parece verdaderamente lógico, si se tienen en cuenta la simultaneidad de los conflictos en Cuba y en España y el flujo continuo de oficiales entre ambos hemisferios. Además, la insurrección en Cuba fue interpretada, sobre todo por parte de la élite liberal española, como una guerra civil[119]. Por otra parte, aquella «importación» desde la periferia resulta sorprendente, sobre todo a la luz de la propaganda española contra los rebeldes cubanos, retratados sistemáticamente en los periódicos como «negros» y «salvajes», y por lo tanto diametralmente opuestos a la «civilización española». Recientemente, sin embargo, los estudiosos de la Tercera Guerra Carlista en el País Vasco han identificado unas imágenes del enemigo muy parecidas. Así, el campesino vasco común era retratado como «indio», «eterno separatista», «bárbaro» y «salvaje», y apartado de la nación española[120]. La demonización del otro y su exclusión de la civilización —o, en su caso, de la nación— abrían el camino a las medidas extremas contra la población civil. Aun así, de las consideraciones para el plan operativo del publicista V. Gresac resulta claramente que la concentración de la población rural para la pacificación del País Vasco formaba parte de los «medios especiales» que «sal[ían] de la esfera de lo ordinario»[121]. Por lo demás, tanto aquel discurso como el relativo a Cuba eran sustancialmente iguales. También en la montañosa provincia del norte era preciso privar al huidizo enemigo de todo recurso. Para ello, el «plan de pacificación» preveía el bloqueo terrestre y marítimo total del País Vasco. Ni un solo pesquero podría abandonar los puertos, los trigales debían ser quemados y los árboles talados. En cuanto a la población, «[p]aso franco a todo el que quisiera emigrar: reconcentración en las capitales de los individuos o de las familias que por no querer tomar parte en la insurrección o por huir los peligros, quisieran salir del país sublevado». Todo aquel que no se dirigiera a las ciudades fortificadas «sería, pues, considerado como enemigo». Gresac partía de la suposición, también para el caso vasco, de que las enfermedades y la hambruna afectarían a los carlistas y los obligarían a luchar o a rendirse. El folleto no mencionaba en ningún momento los paralelismos con los debates sobre Cuba, aunque esta sí ocupó su lugar en los planes, bien es cierto que por otros motivos: tras finalizar la guerra, los jefes militares de los insurrectos debían ser castigados a servir como soldados rasos en la isla caribeña[122].

Los planes operativos para Cuba aludían cada vez más a la «utilidad civilizadora» —y no solo militar— de las reubicaciones, las cuales se suponía que representaban para la población rural una salida del atraso o incluso de la pobreza[123]. Se pueden encontrar ideas similares en relación con la Guerra Carlista. La misión civilizadora se manifestó con especial claridad el 22 de enero de 1875, cuando el rey Alfonso XII, en una alocución en Peralta, prometió a los rebeldes vascos, a cambio de la entrega de las armas, «todos los dones espléndidos de la civilización», entre ellos, por ejemplo, «el silbido de las locomotoras». Algunos años más tarde, y ante el trasfondo de la Guerra de Independencia de 1895 en Cuba, el presbítero Juan Bautista Casas y González utilizó argumentos parecidos. Imaginaba un proyecto de urbanización y colonización en el que la población rural cubana —en compañía de ingenieros y médicos competentes— gozaría de los «beneficios que lleva consigo la civilización, como son el trato social, la limitación justa que impone la conciencia pública cristiana en las mutuas relaciones, la urbanidad en cuanto a vestir, presentarse a la vista de los extraños, comer, dormir». En su relato, Casas se remitía al saldo doblemente positivo de la reubicación de los «salvajes» en los centros: por un lado, el beneficio civilizador, y por otro, la utilidad militar[124].

No es el de Casas el único ejemplo que muestra hasta qué punto fueron constantes, incluso después de la Guerra de los Diez Años, las consideraciones acerca de los poblados fortificados y la separación entre civiles y rebeldes vertidas en las publicaciones españolas sobre las guerras irregulares en general y sobre el futuro de la guerra en Ultramar en particular[125]. Tras el estallido de una nueva insurrección en Cuba, el 24 de febrero de 1895, los primeros reveses de las unidades españolas llevaron a los oficiales —y no solo a los más curtidos— a reclamar una rigurosa reubicación de la población rural. De ahí que las correspondientes órdenes de Weyler no constituyeran una sorpresa, puesto que lo único que hacían era satisfacer las expectativas puestas en él[126]. En cambio sí fueron sorprendentes el contenido y el momento elegidos por el teniente coronel retirado Antonio Weber y Reinado en un plan operativo que propuso en marzo de 1898 y que preveía la «limpieza» de determinadas zonas, incluida la deportación de civiles. Weber le presentó estas propuestas al capitán general Ramón Blanco y Erenas después de que la prensa mundial se fijara en las consecuencias de la reconcentración llevada a cabo con Weyler[127]. En la guerra, ni el internamiento de civiles ni la destrucción de los recursos constituían fenómenos nuevos. Así, los observadores de la Guerra de los Diez Años se remitían, entre otras, a la Guerra de Secesión estadounidense, y en especial a la estrategia militar implementada en Savannah, o a las llamadas Guerras Indias en Norteamérica. En 1897, Weyler expuso cómo otros jefes militares habían procedido de un modo similar en conflictos comparables al de Cuba. Varios años después, en sus memorias, dio la impresión de sentirse muy orgulloso del triunfo en medio mundo de su método militar —ligeramente modificado— consistente en el aislamiento de la población civil[128]. En el marco de las campañas de Marruecos, entre 1909 y 1927, fue nuevamente un oficial español, Dámaso Berenguer y Fusté, que había servido en Cuba, quien discutió la utilidad de las reubicaciones forzosas para la lucha contra las guerrillas. La separación física entre civiles e insurgentes en «campos de concentración» le parecía al autor una «cruel medida», una entre otras «medidas extremas». En 1918 publicó La guerra en Marruecos (Ensayo de una adaptación táctica), donde llegó a la conclusión de que «los resultados no estuvieron nunca en relación con el enorme sacrificio que esto imponía al país rebelde y aun a nosotros mismos, que si en muchas ocasiones nos vimos precisados a subvenir a las necesidades de los concentrados, en todas tuvimos que luchar con falta de recursos que este ruinoso procedimiento hacía imperar en la zona de operaciones»[129].

Entre los investigadores, la deportación de los disidentes políticos se considera una importante condición de la (casi siempre) posterior reubicación forzosa o reconcentración de civiles en las guerras asimétricas. Esto es lo que indican, por una parte, Nicola Labanca para el caso de la guerra colonial italiana y los campos en la Cirenaica, y, por otra, Christoph Marx en relación con la deportación de boers a la isla Santa Elena, las Bermudas o Ceilán durante la guerra en Sudáfrica[130]. A primera vista, la tesis también parece apoyarse en la larga experiencia de la deportación política en el imperio portugués, aunque las medidas de reubicación no se implementaron en Mozambique o Angola hasta muy tarde, durante las guerras de descolonización de los años sesenta y setenta del siglo XX, y no se basaron tanto en la propia tradición imperial como en los modelos francés y estadounidense[131]. Para el caso del dominio español en Filipinas, Puerto Rico y Cuba, Javier Morillo-Alicea se ha fijado recientemente en la tradición de deportación e internamiento que se remontaría a la época de Weyler como capitán general de Filipinas, durante la cual ya se habrían tomado medidas contraguerrilleras de reubicación forzosa[132]; algo que, sin embargo, al militar no le pareció digno de mención en su memorando oficial. En 1896, Polavieja, ocupado en la represión del Katipunan, solicitó que Madrid le confirmara expresamente que podría poner en práctica la política de reubicación de Weyler en Filipinas, incluso en vista de la crítica internacional que había suscitado la mortandad en Cuba[133]. La que sin duda cuenta con una larga tradición es la deportación de disidentes cubanos a Puerto Rico, Fernando Poo, las islas Chafarinas o la península. Sin embargo, aquella medida obedecía a una lógica distinta a la de la «necesidad militar» de la lucha contra las guerrillas, y la literatura científica no aclara hasta qué punto la deportación por motivos políticos favoreció la reconcentración.

La clave de la conexión parece estar en el llamado internamiento administrativo, que se practicó, por ejemplo, en Argelia a partir de 1834, como parte de la estrategia militar contra Abd al-Qádir, puesta en marcha por el general francés Thomas R. Bugeaud desde 1836 e inspirada en la Guerra de la Independencia española. Según el politólogo Le Cour Grandmaison, el internamiento administrativo fue inicialmente una medida extraordinaria pensada para tiempos de guerra, que en las colonias acabó convirtiéndose en habitual. Su objetivo era sobre todo el internamiento indefinido de los individuos en un espacio situado prácticamente al margen del sistema jurídico[134]. No se trataba tanto de aislar a los civiles y a los rebeldes como de encerrar a los disidentes indeseados en campos parecidos a prisiones. Una reubicación tan selectiva se ha documentado también para el caso cubano durante la Guerra de los Diez Años, como se ha visto en el caso de Huguet. Sin embargo, la gran masa de los reconcentrados en Cuba no puede equipararse a los internados administrativos en las colonias francesas.

2. El primer año de la guerra de independencia: las bases y el rumbo

2. EL PRIMER AÑO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA: LAS BASES Y EL RUMBO

En febrero de 1895, tras la Guerra de los Diez Años (1868-1878) y la Guerra Chiquita (1879-1880), estalló la tercera de las guerras de independencia. Para una mejor comprensión de las estructuras del conflicto esbozaremos el desarrollo de la isla a partir de 1878.

El distanciamiento entre españoles y cubanos creció enormemente durante la Guerra de los Diez Años. En este sentido, apenas pueden subestimarse los efectos a largo plazo de la llamada guerra larga sobre la historia de la mentalidad de la isla. En las partes oriental y central de Cuba, los afrocubanos y los criollos habían luchado juntos contra el poder colonial español. La nitidez de la imagen del enemigo fortaleció las identidades comunes, mientras la delimitación geográfica de la violencia reforzó la tradicional diferenciación respecto a las provincias occidentales. Los cambios sociodemográficos —como la masiva inmigración española durante la década de 1880, los abusos de poder de la Administración y la exclusión social—, también provocaron, desde Pinar del Río hasta Santa Clara, el creciente distanciamiento de los criollos de clase media y alta. El clientelismo español en el mercado laboral, así como el caciquismo, dificultaban el acceso de los cubanos a los cargos públicos importantes. Incluso los puestos de vendedores de billetes de lotería estaban reservados a militares españoles retirados. El historiador Louis A. Pérez Jr. resumió esta situación en pocas palabras: para los cubanos no parecía haber ni sitio ni puestos en Cuba[1].

Que la isla apenas se calmara tras el final de la guerra en 1878 no se debió tanto a la transición —tan temida por muchos hacendados— del trabajo esclavo al trabajo libre remunerado, como a los cambios en el mercado del azúcar[2]. La modernización de la elaboración del azúcar y el aumento de las cosechas de remolacha azucarera en Europa tuvieron como consecuencia una dolorosa concentración de la producción en la isla[3]. Si en 1860 existían 1318 ingenios, en 1895 había tan solo 250, aunque estos producían el doble de azúcar; en 1894, de hecho, la zafra superó por primera vez el millón de toneladas[4]. Además, el arancel McKinley de 1890 permitió que el azúcar de caña pudiera ser exportado libre de derechos para su refinación en los Estados Unidos. Ya a partir de la década de 1880, los exportadores cubanos se concentraron —en parte a causa de la competencia de la remolacha azucarera europea— casi exclusivamente en el mercado estadounidense, de cuyo capital, además, dependían ampliamente. Numerosos pequeños y medianos productores no pudieron hacer frente a la presión modernizadora y racionalizadora y sucumbieron ante los cambios estructurales. Tuvieron que conformarse con el papel de suministradores para las grandes fábricas y aceptar la pérdida de su estatus social. De este a oeste, los contratos leoninos y la caída de los precios del azúcar en 1883-1884 obligaron a los hacendados cubanos y españoles —cuando no los llevaron a la ruina— a vender sus propiedades[5].

Los braceros y jornaleros vieron cómo sus contratos solo se hacían para la recolección y ya no duraban más de cinco o seis meses. Muchos de ellos se unieron a los antiguos propietarios, ahora empobrecidos, para formar bandas y proveer a su sustento extorsionando y secuestrando a los hacendados. De acuerdo con los trabajos de Hobsbawm sobre los rebeldes primitivos, Louis A. Pérez Jr. subraya que la protesta social era, también en el caso cubano, un componente de las acciones de los bandoleros. Los perdedores del proceso de modernización se mezclaban con elementos criminales. El bandolerismo —un desafío al orden colonial— fue perseguido con extrema dureza. Así, el capitán general Camilo Polavieja (1891-1892) recurrió para aquella tarea al Ejército, que poco a poco se vio envuelto en una guerra de guerrillas[6].

Menos espectaculares, y al mismo tiempo más difíciles de aprehender por lo poco que nos ha llegado de ellas, eran las protestas diarias indirectas de la población rural, ya fuera la denegacion de colaboración a las autoridades, el sabotaje en las fábricas o los incendios intencionados. En las zonas rurales, la resistencia directa o indirecta contribuyó a minar el orden colonial. En su trabajo, Imilcy Balboa ha podido rastrear, para el periodo 1878-1895, el desplazamiento y la expansión de la desobediencia civil, e incluso de la rebelión, desde las provincias centro-orientales hacia el oeste[7].

En la década de 1880, la crisis y la caída del precio del azúcar también afectaron a otros sectores de la economía cubana. La Caja de Ahorros de La Habana y otras entidades financieras importantes se hundieron, hubo compañías que tuvieron que declararse en quiebra, e incluso el sector público tuvo que dejar de pagar en parte las nóminas. Hasta comienzos de la década de 1890, la disminución de las exportaciones de cigarros provocó despidos; de hecho, hubo fábricas de cigarros que tuvieron que cerrar. En las ciudades, las tensiones sociales se canalizaron a través de numerosas huelgas[8].

En Madrid, la reasunción de las responsabilidades gubernamentales por parte del Partido Liberal-Conservador de Cánovas del Castillo supuso una inflexión en la política colonial española. El fin del periodo liberal de 1885-1890 y los mandatos de Polavieja como capitán general y de Francisco Romero Robledo como ministro de Ultramar (a partir del 23 de noviembre de 1891) significaron para Cuba el regreso al colonialismo más reaccionario, intransigente y autoritario. Tanto la política represiva de Polavieja como la «reordenación» de las relaciones coloniales de Romero Robledo evocaron los tiempos anteriores a la Paz de Zanjón: sistema fiscal ruinoso, exclusión de los representantes cubanos de los debates presupuestarios y fortalecimiento de los vínculos político-administrativos con la metrópoli a través de tres gobernadores regionales nombrados directamente por el ministerio. En el verano de 1892, estas ingerencias en la economía y la política de la isla —debidas a intereses particulares— colocaron a los productores cubanos al borde de la rebelión. La agobiante situación económica y un movimiento obrero cada vez más cercano al separatismo propiciaron la fundación del Partido Revolucionario Cubano (PRC[9]). En abril de 1892, aún antes de que José Julián Martí creara el PRC en los clubes y asociaciones de emigrantes del exilio estadounidense[10], se formó en Cuba un amplio frente político en defensa de los intereses económicos de la isla ante la metrópoli, reclamando la codecisión en materia presupuestaria, así como nuevos aranceles y facilidades en el comercio con Estados Unidos. En aquel Movimiento Económico se integraron básicamente las élites económicas y los representantes de las corporaciones tabacaleras y azucareras de las provincias occidentales. El colectivo, que inicialmente solo se comprometió con la defensa de intereses puramente económicos, era esencialmente contrario a una revuelta en la isla. Aun así, Polavieja creyó ver en él un foco de agitación antiespañola sin parangón desde el final de la Guerra de los Diez Años, y en consecuencia actuó implacablemente contra sus representantes regionales, por ejemplo en Santa Clara, Matanzas o Santiago de Cuba. Aunque el movimiento y su Comité Central de Propaganda Económica, fundado en abril de 1891, podían presumir de grandes éxitos —concretamente el tratado Foster-Cánovas, rubricado entre España y Estados Unidos en 1891, que hizo posible un boom económico transitorio más allá de la industria azucarera—, su cohesión pronto empezó a resquebrajarse. Más allá de la intensa actividad de Polavieja contra el movimiento, fueron sobre todo los representantes de la industria tabacalera los que se vieron discriminados frente a los exportadores de azúcar, ya que la reglamentación arancelaria estadounidense trataba con especial dureza los productos tabacaleros cubanos. En 1893, las contradicciones internas y los constantes vaivenes dieron al traste con el comité[11].

El movimiento no se caracterizó solo por sus valientes análisis económicos, que ponían de relieve la insostenible situación colonial de la isla. Tanto los representantes del ala progresista del españolista Partido de la Unión Constitucional como los del Partido Liberal Autonomista se juntaron por primera vez bajo un mismo techo. Criollos, mayoristas nacidos en España y fabricantes hicieron valer juntos sus intereses compartidos frente al poder colonial. Aunque la gran burguesía representada en el comité no dejó en ningún momento de resaltar su lealtad a la madre patria, sus reivindicaciones eran un claro toque de atención a la metrópoli, que se vio presionada en todos los niveles políticos y sociales. En 1894, cuando el gobierno demócrata estadounidense de Stephen Grover Cleveland volvió a elevar el gravamen aplicado al azúcar en bruto mediante la ley arancelaria Wilson-Gorman, las exportaciones cubanas a los Estados Unidos, que habían crecido durante más de tres años, sufrieron un brusco parón. España reaccionó elevando a su vez los aranceles a las exportaciones de productos estadounidenses a Cuba. Atrapada entre los intereses económicos de Estados Unidos y la dominación política de España, la isla corría el peligro de precipitarse a la ruina[12].

Con el fracaso del Movimiento Económico, los anhelos reformistas cubanos buscaron inspiración en el nuevo cambio de gobierno que tuvo lugar en Madrid a finales de 1892, y especialmente en las propuestas formuladas por el joven ministro liberal de Ultramar, Antonio Maura, en el seno del Consejo de Ministros presidido por Práxedes Mateo Sagasta. Aquellas esperanzas se vieron confirmadas inicialmente el 28 de diciembre de 1892, con la liberalización del derecho de sufragio, que vino a doblar prácticamente el número de personas con derecho a voto. Sin embargo, el proyecto de ley reformando el gobierno y administración civil de las islas de Cuba y Puerto Rico, presentado por Maura el 5 de junio de 1893, dejó de lado cualquier planteamiento autonomista y se limitó a introducir algunas reformas parciales. Lo que pretendía Maura era una equiparación administrativa de la isla a las provincias «conservando íntegra la soberanía de la Nación española», es decir, sin romper el estrecho marco de la Constitución monárquica. Esta reordenación habría roto el monopolio de poder que desde 1878 estaba en manos del Partido de la Unión Constitucional[13].

Mientras en la isla el proyecto Maura condujo, en octubre de 1893, a la fundación —por integrantes del Movimiento Económico— del Partido Reformista, el Parlamento español ni siquiera llegó a votar la ley. En el otoño de 1893, el debate perdió actualidad ante el ataque de las cabilas rifeñas contra un fuerte español situado en Sidi Guariach, en las proximidades de Melilla. La subsiguiente «expedición punitiva» del general Martínez Campos se caracterizó por sus fallos logísticos. Las numerosas escaramuzas hicieron que el conflicto se prolongase durante todo el año 1894. Entre los que se fijaron en la acción de las Fuerzas Armadas españolas contra los rebeldes rifeños estuvieron también los revolucionarios y conspiradores cubanos[14].

En la primavera de 1894, al retomarse el debate sobre las reformas en Cuba, el muro contra el que se estrelló Maura no fue solo el de la resistencia conservadora. Las fuerzas liberales, incluido el propio Sagasta, apenas lo apoyaron. Para los guardianes del statu quo cubano, la codecisión y la autonomía equivalían a la pérdida del monopolio económico en la Perla de las Antillas, lo cual explica que, en febrero de 1895, el proyecto de ley debatido en el Parlamento español careciera ya de toda ambición reformista. Es significativo que la ley, cuyo proyecto presentó el sucesor de Maura, el ministro de Ultramar Buenaventura Abarzuza Ferrer —nacido en Cuba—, no fuera aprobada hasta el 12 de marzo de 1895, es decir, cuando ya habían transcurrido algo más de quince días del estallido, el 24 de febrero de 1895, de la insurrección en Oriente[15].

En aquel año de 1895, los separatistas —tanto los de la isla como los del exilio— parecían contar con las condiciones socioeconómicas necesarias para un levantamiento anticolonial e incluso para una revolución social[16]. La disolución del Movimiento Económico y el fracaso del proyecto reformista dieron alas a las pretensiones nacionales del PRC, que fueron incluidas —en una versión muy radicalizada— en el programa del partido. De hecho, el PRC se convirtió en el símbolo de la lucha contra la represión colonial y contra la desigualdad social. Por su parte, la política y la administración colonial españolas se aferraban, en su inmovilismo, a viejos modelos, mientras los planteamientos aperturistas se abordaban —cuando se abordaban— con muchas reticencias y solo lograban crear más confusión. ¿Podría España recuperarse una vez más de su «ocasión perdida» echando mano del Ejército? ¿Estaban las Fuerzas Armadas españolas preparadas para otra dura guerra de guerrillas en el escenario tropical, con sus condiciones climáticas inhóspitas y su difícil terreno?

Los preparativos en caso de guerra

Los preparativos en caso de guerra

Las tropas españolas, mal formadas e insuficientemente abastecidas, se encontraron con dificultades considerables durante la Guerra de los Diez Años, y no solo en su lucha contra la infantería montada cubana. En muchos lugares fueron el clima y el desconocimiento del terreno los que les causaron quebraderos de cabeza. Los grandes problemas provenían del mencionado desconocimiento del terreno, pero también de la falta de prácticos —los guías locales, muy difíciles de reclutar—, así como de las deficiencias del material cartográfico. Para los oficiales españoles, la escasa capacidad de combate de las tropas se explicaba por la mala coordinación y por la decisión de diseminar los destacamentos por todo el país para la realización de labores policiales. Entre 1870 y 1889, los publicistas militares expresaron repetidamente su malestar por la dispersión de las unidades, las cuales, estacionadas en propiedades e ingenios distantes, ni estaban disponibles para operaciones de envergadura ni tenían la fuerza suficiente para poder salir en búsqueda de las tropas revolucionarias. Otro grave defecto detectado por los ensayistas militares fue la falta de información de inteligencia[17].

Tras diez largos años de conflicto era preciso continuar ocupándose de los sistemas de guerra contrainsurreccional, y no solo a partir de lo aprendido en la Guerra Chiquita de 1879-1880. En mayo de 1884, un grupo de exiliados cubanos armados desembarcó en Varadero, y en diciembre de 1884 y mayo de 1885 partieron de Jamaica y de la República Dominicana barcos con material de guerra. Además, la parte oriental de la isla era difícil de controlar, incluso en tiempos de paz. Los bandoleros y los integrantes de otras bandas desafiaban a la Guardia Rural, a las fuerzas policiales y de seguridad regionales y a las Fuerzas Armadas. En 1893, los levantamientos en Oriente —en la jurisdicción de Holguín— provocaron la declaración del estado de guerra en la provincia de Santiago de Cuba. También hubo levantamientos en Lajas, a comienzos de noviembre de 1893, y en Ranchuelo, en enero de 1894[18]. Todos estos incidentes, que aquí se relacionan sin ánimo de exhaustividad, transmiten la imagen de una región periférica que durante décadas sufrió graves turbulencias.

En perspectiva histórica, el permanente estado de excepción en los bordes de los imperios es más bien la regla, y no tanto un caso especial. Esto vale sobre todo para el caso de las colonias de asentamiento, en las que la violencia abierta y continuada siempre hizo inestables las fronteras entre indígenas y colonos. En la Cuba del siglo XIX, sin embargo, los ejes del conflicto fueron otros, hasta el punto de que, en sentido estricto, ya no es posible hablar de una turbulent frontier. Los hombres sobre el terreno, por ejemplo, ya no tenían que echar mano de conflictos fronterizos para justificar nuevas conquistas territoriales ante la metrópoli. Además, y a pesar de sus marcadas identidades regionales, los criollos y los libertos de Oriente difícilmente pueden ser retratados como grupos socio y etnopolíticamente diferenciados. Aun así, el «salvaje oeste» de Cuba fue una zona periférica turbulenta del Imperio español, con unos límites entre la guerra y la paz difíciles de trazar. A partir del estallido de la Guerra de los Diez Años —como muy tarde—, la Administración española en Cuba ya no consiguió nunca imponer del todo en Oriente ni el monopolio estatal de la violencia ni los intereses de la metrópoli[19].

¿Se podría así dar por buena la tesis, sostenida en el pasado por historiadores cubanos como Emilio Roig de Leuchsenring, de una «guerra de los treinta años» que habría durado de 1868 a 1898? Aunque no cabe duda de que la Guerra de los Diez Años abrió el camino a la Guerra de Independencia de 1895, parece que la idea de una «heroica lucha de liberación» que habría durado 30 años se compadece mucho mejor con las exigencias de la movilización patriótica que con el manejo riguroso de las categorías historiográficas[20]. Durante la primera mitad del siglo XX, los historiadores revisionistas cubanos, que no perdían de vista la presencia estadounidense en la isla, tendieron a adoptar en sus interpretaciones un enfoque que postulaba un movimiento revolucionario de larga duración. Más tarde vieron en Fidel Castro la culminación de la revolución incompleta de 1898. Esta perspectiva consiguió imponerse largo tiempo en parte de la historiografía cubana gracias a la prerrogativa interpretativa del Estado. A pesar de todo, y una vez liberada de su lastre ideológico, la tesis de la «guerra de los treinta años» entre 1868 y 1898 resulta extraordinariamente fecunda, ya que tiene la ventaja de no abordar las guerras aisladamente, sino bajo un prisma común. Las analogías y las diferencias se identifican con más claridad, ya sean los paralelismos en las estrategias militares, las líneas evolutivas de las políticas de contraguerrilla, las continuidades personales o bien las desigualdades en las bases sociales en las guerras de 1868, 1879 y 1895.

Tras la Paz de Zanjón, algunos oficiales españoles, como el capitán Barrios Carrión, exigieron la formación, en la Gran Antilla, de un ejército colonial especializado, con el objeto de evitar futuras rebeliones[21]. Dado que la dotación de personal requerida era difícil de financiar, los jefes de tropa debían ser reclutados in situ, y los soldados animados a establecerse en Cuba una vez concluido su tiempo de servicio. Ya durante la Guerra de los Diez Años se fundaron algunas colonias militares, y al final del conflicto, durante la década de 1880, el Estado Mayor español contempló la posibilidad de establecer colonias militares agrícolas. El plan consistía en cubrir con entre 400 y 600 colonos el espacio situado entre Cauto el Embarcadero, la bahía de Manatí y Puerto Padre, en Oriente. Además había que construir varias bases a lo largo de la trocha entre Júcaro y Morón. Estos asentamientos debían facilitar, según los artífices de las colonias militares, el rápido aislamiento y represión de cualquier futuro levantamiento.

Ni el rechazo de las reformas sociales y políticas en la isla, ni tampoco la idea concomitante de las colonias militares permanentes y del fomento selectivo de la inmigración «blanca», eran privativos de los militares. También los propietarios de las plantaciones de las provincias centrales veían en los soldados al personal disciplinado que necesitaban con urgencia, toda vez que en 1886 se había abolido definitivamente la esclavitud. Pero este punto de vista económico tuvo tan poca suerte como el argumento de la necesidad militar. Solo se pusieron en pie unas cuantas colonias militares sin apenas valor estratégico. A comienzos de la década de 1890, Polavieja, siendo capitán general, retomó aquella idea, cuyo potencial militar y político ya había resaltado en 1878, durante su estancia en Puerto Príncipe como jefe militar: los colonos se harían cargo de las tierras sin cultivar, estarían familiarizados con el terreno en caso de guerra y podrían —siempre según la hipótesis ideal de Polavieja— ayudar a superar la fractura entre cubanos y españoles[22].

El 24 de febrero de 1895 llegaron nuevamente a La Habana noticias sobre levantamientos en el este de la isla. Sin embargo, el capitán general, el liberal Emilio Calleja, no se preocupó especialmente. Por una parte, hacía meses que diplomáticos españoles en Estados Unidos lo habían puesto al corriente de los planes expedicionarios de exiliados cubanos, y, por otra parte, las proclamas independentistas en Oriente estaban a la orden del día. Aquella indolencia le valió a Calleja el reproche de sus contemporáneos de no haber visto venir la insurrección ni querido aceptar la inminencia de una guerra[23]. La reacción del capitán general fue todo menos decidida; desde luego, ni se le ocurrió aniquilar la insurrección. Además, la confusión de Calleja se vio incrementada por los vivas a la autonomía —y no a la Cuba libre— que se escucharon en las primeras horas de la rebelión en la provincia de Santiago. ¿Se trataba de la expresión de una revuelta o de la reivindicación política de una mayor autonomía? Por otra parte, no parecía en absoluto necesario actuar mientras en la metrópoli se debatían las aspiraciones reformistas de la isla, teniendo en cuenta, además, que los pequeños grupos insurrectos de Matanzas y Puerto Príncipe habían sido rápidamente neutralizados. Las provincias de Pinar del Río y Santa Clara se mantuvieron mayoritariamente en calma. Los oficiales españoles que habían partido en reconocimiento a Pinar del Río informaron en octubre de que no había indicios de un levantamiento; y el gobierno civil de aquella provincia estaba mucho más preocupado por los daños causados por los temporales. Con todo, grupos enteros de afrocubanos eran detenidos continuamente por ser sospechosos de rebelión. Eran sobre todo las unidades de voluntarios las que maliciaban la actividad conspirativa de los afrocubanos, lo que explica que a veces abrieran fuego nada más cruzarse con un grupo de negros[24]. La única zona en la que la revuelta parecía contar con un cierto respaldo popular era el este, de donde le llegó a Calleja la noticia de la caída del fuerte Jatibonico. El 27 de febrero de 1895, el capitán general declaró el estado de guerra en las provincias de Santiago de Cuba y Matanzas[25].

Una vez más, una parte de los casi 15 000 soldados españoles estacionados en la isla no estaba en condiciones de operar[26], ya que, con permiso del general en jefe, habían sido dispersados por media isla como braceros. Sin embargo, y a pesar de la pasividad de Calleja, también los revolucionarios tuvieron que hacer frente a numerosos contratiempos. A comienzos de enero de 1895, la guardia costera de Estados Unidos apresó en Fernandina, cerca de Jacksonville, los barcos que debían transportar a los líderes revolucionarios —entre ellos a Antonio Maceo, Máximo Gómez, José Martí y Flor Crombet— desde el exilio a Cuba, junto con armamento y municiones[27]. Y en la isla, la insurrección tampoco empezó bien. Ya en los primeros días fracasó en las provincias de La Habana y Matanzas. Los revolucionarios Julio Sanguily y José María Aguirre fueron detenidos inmediatamente, el 24 de febrero, al igual que Pedro Betancourt y, unos días después, el coordinador político en la isla, Juan Gualberto Gómez. Lo cierto es que al levantamiento, así como a la revolución social anunciada el 25 de marzo de 1895 en el manifiesto de Montecristi[28], les faltaba apoyo en buena parte de la isla, de modo que era imposible hablar de una guerra popular. Solo más adelante, en las semanas y meses que siguieron al estallido de la guerra —el llamado «grito de Baire»—, los revolucionarios se hicieron fuertes también en Santa Clara y Puerto Príncipe, de manera que Calleja y Martínez Campos declararon, el 4 de marzo y el 17 de junio respectivamente, el estado de guerra en aquellas provincias[29]. A pesar de lo mucho que tardó en arrancar el conflicto, en la literatura se encuentra con frecuencia la tesis de que España tuvo que enfrentarse, no ya a una guerra, sino a una revolución.

El 1 de abril de 1895, Maceo, Flor Crombet y otros combatientes alcanzaron la costa en las cercanías de Baracoa, en la provincia de Santiago; el 11 de abril los siguieron Máximo Gómez y José Martí. La presencia de aquellos prestigiosos veteranos de la Guerra de los Diez Años impulsó el reclutamiento por parte del Ejército Libertador y facilitó la necesaria aceptación por parte de la población civil. En este sentido, la temprana muerte de Martí en Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895, fue menos desalentadora para la lucha armada de los revolucionarios de lo que se podría suponer. La investigación más reciente ha relativizado el papel de Martí, el precursor y líder ideológico. Desde luego, no se discute su estatus de muñidor intelectual de la revolución. Después de todo, consiguió unir en un partido a todas las corrientes políticas y militares del exilio. En la isla, sin embargo, era menos conocido, aunque solo fuera como consecuencia de la rígida censura a la que se tenían que someter sus obras. Para la movilización de las masas eran incomparablemente más importantes los personajes de identificación patriótica como Maceo, o los luchadores conocidos a nivel regional, como Serafín Sánchez o Carlos Roloff-Mialovsky en Las Villas. Aun así, la muerte de Martí provocó un cambio hacia el conservadurismo en el seno del PRC en el exilio estadounidense. Los proyectos social-revolucionarios para una Cuba libre fueron reemplazados por otros tradicionalistas y aristocratizantes, lo cual se reflejó también en la línea de conducta crecientemente autoritaria del círculo revolucionario del delegado Tomás Estrada Palma. Como se muestra en el capítulo sobre la «invasión» de las provincias occidentales, es preciso tener en cuenta que estos cambios repercutieron directamente en los combatientes en la isla (envío de material de guerra, debates sobre la estrategia militar[30]).

La revuelta en Cuba también tuvo efectos en España. La perspectiva de una nueva guerra en el clima insano de la Gran Antilla llevó a muchos oficiales a solicitar anticipadamente el pase a la reserva. En marzo de 1895, la correspondiente información aparecida en El Resumen, muy crítica, desencadenó ataques de militares a varias redacciones de periódicos en Madrid. Tampoco se libró el edificio que albergaba la redacción del periódico El Globo, que se había hecho eco del tema. Los disturbios protagonizados por los oficiales heridos en su honor provocaron una crisis de gobierno[31]. Una vez más, Cánovas del Castillo y el partido conservador se hicieron cargo del destino del país. Era el 23 de marzo de 1895, y el ejecutivo —desde Cánovas hasta Tomás Castellano y Villarroya, el ministro de Ultramar, pasando por Marcelo de Azcárraga y Palmero, el ministro de la Guerra— apoyó unánimemente la decisión de suspender la reforma de Abarzuza Ferrer en tanto no se consiguiera pacificar la isla. Para sofocar el levantamiento, España envió a su general más condecorado, el «pacificador» de 1878.

El fracaso en la política de Martínez Campos

El fracaso en la política de Martínez Campos

Martínez Campos partió de Cádiz con destino a Cuba a comienzos de abril de 1895, casi al mismo tiempo que los patriotas en el exilio. Dos semanas más tarde arribó a la isla junto a un contingente de tropas de aproximadamente 18 500 hombres y relevó a Calleja al frente de la Capitanía General en La Habana. Al igual que hiciera en la Guerra de los Diez Años, Martínez Campos abogó por una política de «atracción» en la que las operaciones militares se combinarían con unas negociaciones en las que también participarían los autonomistas. Este procedimiento y la permanente extensión de los levantamientos lo obligaron a situar destacamentos con soldados regulares en casi todos los ingenios y grandes propiedades, para así tener contentos a los barones del azúcar leales a España. De ahí que, a pesar del despliegue masivo de tropas, el capitán general apenas llegara a disponer de más de 2500 hombres para la implementación de una campaña militar activa. Solamente la barrera fortificada norte-sur —la trocha entre Júcaro y Morón— ya absorbía hasta 10 000 soldados[32]. En 1895 se volvió a caer en aquello que durante la Guerra de los Diez Años había sido identificado como un gran error. Los expertos en cuestiones militares solo lo vieron claro a posteriori, cuando analizaron el mandato de Martínez Campos y concluyeron que se habrían podido evitar varios desastres «suprimiendo los destacamentos y las pequeñas guarniciones que no [servían] para nada»[33].

Una vez en la isla, Martínez Campos constató de inmediato, y no sin dolor, que la situación era muy distinta a la de solo 20 años antes. Por una parte, el movimiento independentista gozaba de un apoyo social más amplio que en la década de 1870, y por otra, los rebeldes estaban bastante mejor organizados, habían acumulado experiencia militar y se encontraban muy motivados gracias a sus numerosos éxitos[34]. Además, el Estado Mayor español se enfrentaba a uno de sus problemas más graves: el manifiesto déficit de información relativa a los movimientos del Ejército Libertador. De hecho, no existía un servicio de inteligencia militar en sentido estricto, de manera que lo que se hacía era solicitar a los alcaldes de las distintas jurisdicciones que enviaran a las autoridades militares, con la máxima celeridad, las noticias que tuvieran sobre los movimientos de las tropas rebeldes. Además, en junio de 1895, los insurgentes cortaron en Oriente las líneas telegráficas más importantes, interrumpiendo el contacto entre La Habana, Ciego de Ávila y Puerto Príncipe, así como entre Guáimaro y Las Tunas[35].

Más tarde, con Weyler, el Estado Mayor español siguió teniendo el mismo problema de falta de datos sobre el enemigo; siguió, por tanto, dependiendo de la información suministrada por funcionarios leales. El periódico de Colón El Imparcial lanzó en julio de 1896 una campaña haciendo un llamamiento a todos los «verdaderos» españoles a que transmitieran los datos que tuvieran sobre los rebeldes, para contribuir a «exterminar» a los enemigos de la patria[36]. Informaciones falsas condujeron a que batallones enteros persiguieran a un enemigo inexistente o incluso que se dispararan entre ellos. Entre las causas que contribuyeron a aumentar la confusión estaba el hecho de que los diferentes jefes militares carecían de información sobre el paradero, no ya del enemigo, sino incluso de sus propias tropas. En marzo de 1896, por ejemplo, Miguel Esteban comunicaba desde San Felipe: «General Ruiz salió esta mañana, ignoro dirección»[37]. Las reclamaciones por extravío de envíos por correo militar también ofrecen datos sobre la insuficiencia de los canales de información y las deficiencias en la organización de las líneas de comunicación. En realidad, todo el sistema de comunicación se hallaba en un estado deplorable, y no solo por culpa de los actos de sabotaje de los revolucionarios[38]. Podía suceder que las grandes precipitaciones pusieran fuera de servicio la red telefónica y telegráfica en la provincia de La Habana, o que los destinatarios, en la metrópoli, solo recibieran fragmentos de los mensajes originales remitidos desde la isla, siendo así, en este último caso, que la pérdida de palabras alteraba el contenido y podía causar «graves confusiones en los servicios públicos», como informó el Ministerio de Ultramar en un correcto lenguaje administrativo. Aquella gestión deficiente de la información dio lugar, no solo a fallos de transcripción, sino incluso al envío de telegramas simplemente ilegibles. En mayo de 1896, Weyler se vio en la obligación de pedir al Ministerio de la Guerra que volviera a mandar correctamente un escrito imposible de descifrar.

A pesar de todo, hay que relativizar la imagen de las tropas españolas desplazándose como «gallinas ciegas», aunque solo sea por la llamada documentación incautada al enemigo y minuciosamente valorada por el Estado Mayor, o los innumerables escritos con información reservada sobre el enemigo enviados desde la provincia de Pinar del Río. Aun así, la cantidad no garantizaba la calidad, y además hay que tener en cuenta que la localización de los rebeldes representa un reto básico de la lucha contra las guerrillas. De hecho, este problema ni siquiera fue fácil de solucionar con las tecnologías de la información del siglo XX. Los informes enviados desde Güines, Jaruco o Providencia, en los cuales aparecía irremisiblemente la expresión «sin encontrar rastro del enemigo», no se debían (solamente) a la incapacidad de los jefes militares españoles. Tampoco sorprenden demasiado las quejas de las tropas en Cayajabos, a pocos kilómetros al norte de Artemisa (Pinar del Río): en agosto de 1896 señalaban que «no ha[bía] persona que pu[diera] confiársele comisión de adquirir noticias de movimiento enemigo»[39].

No fue solamente la falta de fiabilidad de las informaciones de inteligencia lo que le complicó a Martínez Campos la coordinación de la guerra contrainsurreccional. El primer gran combate, que tuvo lugar el 13 de mayo de 1895 en Jobito, cerca de Guantánamo, reveló el cambio de la situación, la nueva dimensión que había adquirido la revolución. Una columna española inferior en número tuvo que abandonar el campo ante las tropas del líder revolucionario Antonio Maceo. Tanto los españoles como los cubanos tuvieron numerosas bajas. Solo dos meses después, Martínez Campos volvió a experimentar la dura realidad de la lucha: el 13 de julio, en Peralejo, esquivó por poco las balas de los patriotas. Pero los contratiempos no cambiaron su idea de que precisamente en una guerra civil tan decisiva como la cubana, lo que llevaba a la victoria no eran las represalias, sino «la paciencia y la tolerancia»[40].

El procedimiento de Martínez Campos fue inmediatamente objeto de duras críticas, según las cuales, el capitán general era «político y no general», no mostraba ante los rebeldes la dureza necesaria, no podía evitar que su «falta de virilidad» se tradujera en «incapacidad militar» y, visto el fortalecimiento de la insurrección, intentaba hacer la paz con los insurgentes en vez de conducir una guerra contra ellos. Su sucesor incluso le atribuyó una cierta afinidad con los «enemigos de España»[41]. El pesimismo del general, de casi sesenta y cuatro años, que ya se había hecho patente al ser destinado a Cuba, debería haber servido de aviso a Cánovas del Castillo y su ejecutivo. En junio de 1895, Martínez Campos empezó a perder la confianza en sí mismo como consecuencia de su avanzada edad y de la difícil situación en la isla. El ministro de Ultramar, Castellano y Villarroya, parecía alarmado y preocupado, como demuestra el hecho de que en las cartas de Martínez Campos que le llegaban desde Cuba fuera marcando los pasajes en los que el militar se mostraba más desanimado y derrotista. ¿Entonces, por qué se mantuvo a Martínez Campos tanto tiempo en el cargo? Por una parte, es posible que el ministro se sintiera menos inquieto gracias al intercambio epistolar que mantenía al mismo tiempo con el número dos del Ejército en Cuba, José Arderius y García, quien le hacía llegar una imagen mucho más positiva de la situación en la isla y describía a los insurgentes básicamente como una turba chapuceramente organizada y mal armada. De hecho, lo que hacía Arderius era transmitir exactamente la imagen del levantamiento que los políticos metropolitanos deseaban ver. Por otra parte, Cánovas no perdía la esperanza de que el «pacificador» de 1878 pudiera, una vez más, controlar la situación. El presidente del Consejo de Ministros se aferró a aquella ilusión durante demasiado tiempo[42]. Hasta hoy, tampoco los investigadores han dejado de mostrarse divididos a la hora de valorar a Martínez Campos. Para no pocos historiadores fue una de las «mejores bazas» de la Restauración, siempre eficaz y providencial, ya fuera en Marruecos, en la Tercera Guerra Carlista o a la hora de reprimir los levantamientos cantonalistas. Otros le siguen reconociendo el prestigio, pero señalan, como hace John L. Tone, sus pobres resultados en el campo de batalla, ya fuera en Marruecos en 1893 o dos años más tarde en Cuba[43]. Para el historiador español Carlos Serrano, con el cese de Martínez Campos, la Restauración reconoció que ya no podría mantener la isla durante mucho tiempo[44].

El carácter de la guerra

El carácter de la guerra

Fueron los bloqueos comerciales estratégicos puestos en práctica por ambos bandos contendientes los que, desde el comienzo, marcaron la cara de la guerra. El primero se implementó el 16 de mayo de 1895 con unas instrucciones dictadas por el Estado Mayor español para los territorios puestos bajo la ley marcial. Aquellas directrices apuntaban al control de todos los recursos, así como a una estricta vigilancia de la población mediante el deber de identificación. Uno de los componentes centrales de los esfuerzos bélicos era impedir la salida de víveres de las ciudades y pueblos, a no ser que se realizara en convoyes escoltados y debidamente acreditados (incluida la autorización del destino por parte de las autoridades). Los comerciantes de productos alimentarios que operaban fuera de las zonas urbanas eran conminados a cerrar sus negocios o a establecerse en las inmediaciones de las bases militares[45]. Sin embargo, aquellas normas eran de difícil cumplimiento, máxime con jefes militares españoles corruptos que dejaban pasar transportes de alimentos a cambio de un soborno. En Oriente, el problema de la población era a menudo la falta de información. En Santiago de Cuba hubo transportistas que, aun actuando de buena fe, fueron detenidos por falta de papeles. No sabían leer ni escribir. A menudo se abría un abismo entre las instrucciones y su cumplimiento, entre las pretensiones y la realidad. En marzo de 1896, el capitán general tuvo que volver a dictar unas directivas similares.

El 1 de julio de 1895, cuando también la «República en Armas» dispuso el castigo del comercio con los pueblos «ocupados por el enemigo», los civiles acabaron definitivamente atrapados entre los dos bandos. La lealtad de la población rural fue cambiando en función de los acontecimientos en el frente y el color de las tropas presentes in situ, ya fueran españolas o cubanas. El 3 de agosto, las instrucciones del mayor general Carlos Roloff-Mialovsky volvieron a confirmar la prohibición de la entrada de víveres, reses y leña en las ciudades ocupadas por los españoles. De hecho, las instrucciones iban un poco más lejos, ya que amenazaban con castigos muy duros a quienes cooperaran con la potencia colonial española, especialmente a los espías y a los prácticos, que servían a las unidades españolas como guías; de caer en manos de los revolucionarios, los esperaba la pena de muerte. Los obreros que, contratados por los españoles, trabajaran en las fortificaciones «ser[ían] considerados como enemigos». Además, el apartado segundo de la orden amenazaba a los propietarios de ingenios con quemar sus plantaciones y destruir sus fábricas si no detenían la producción. En última instancia, de lo que se trataba era de paralizar la economía colonial[46]. Una circular de Máximo Gómez del 4 de octubre de 1895 también se dirigía directamente a la población civil con la amenaza de «juzga[r] inmediatamente por procedimiento verbal sumarísimo» y fusilar a los colonos y pacíficos que mostraran una conducta traidora y desleal[47].

El Ejército Libertador se enfrentaba a problemas muy parecidos a los de la fuerza expedicionaria española. Con unos 20 500 hombres era virtualmente imposible controlar las amplias extensiones del este de la isla. Por una parte, esto explicaría la generalización de la prohibición del comercio y de los intercambios con el enemigo hasta el nivel de las subprefecturas[48]. Las órdenes de prohibición se repiten una y otra vez durante meses, hasta el punto de que aparecen constantemente entre la documentación incautada por los españoles, así como en el legado documental sobre la «República en Armas»[49]. El 1 de julio de 1896, la prohibición se endureció, hasta el punto de que ya solo el general en jefe Máximo Gómez podía permitir la entrada, «con o sin efectos», a los asentamientos controlados por las tropas españolas[50]. Por otra parte, la omnipresencia de la prohibición muestra la importancia que el ELC otorgaba al bloqueo de ciudades y pueblos. La amenaza de castigos ejemplares se dirigía a aquellos que infringían el precepto sistemáticamente. A comienzos de octubre de 1895, el coronel Calixto Agüero capturó cerca de Nuevitas a cuatro pacíficos que estaban talando árboles. La leña estaba destinada a fortificaciones españolas, por lo que tres de los cuatro trabajadores fueron condenados a muerte. El cuarto todavía era menor de edad. Gracias a la petición de varios oficiales, los acusados fueron indultados por Gómez, porque las leyes de la «República en Armas» no eran muy conocidas por los cubanos. También la brigada Cárdenas dejó escapar a algún que otro hierbero, limitándose a destruir sus cosechas y aperos, y varios comerciantes capturados cerca de Cárdenas con caña de azúcar y «otros artículos» solo tuvieron que sufrir las amenazas de su jefe militar y la quema de sus carros. Algunos meses más tarde, los «delitos» más graves prácticamente dejaron de indultarse[51]. A finales de octubre de 1896, el pacífico Juan Rodríguez Romero y el teniente Luis Tariñas fueron ejecutados «por el frecuente delito de introducir ganado vacuno en los pueblos enemigos»[52]. Unos meses antes, el 13 de julio, una unidad de patriotas había capturado cerca de Pinar del Río a tres civiles que estaban a punto de introducir alimentos para su venta en la ciudad. Dos de ellos fueron inmediatamente ejecutados a machetazos, mientras los revolucionarios dejaron escapar al tercero, «un muchacho». Aun así, la malversación, la corrupción y el nepotismo estaban a la orden del día, también en las filas patrióticas. La perspectiva del enriquecimiento personal pudo ser uno de los motivos para alistarse en el ELC. De hecho, también fuera de las tropas había expectativas en este sentido. Así, una joven cubana le escribió a su amado que, una vez alcanzado el grado de oficial, había llegado el momento de hacer dinero y de adquirir unas vacas, para poder por fin casarse cuando terminara la guerra[53].

También circularon informes sobre malversaciones a pequeña escala al norte de Santiago de Cuba. Desde Lagunas, el subprefecto Félix Osorio informó que miembros de la prefectura vendían café, miel y cera de abejas en la localidad de Cristo, ocupada por los españoles, en «perjuicio de los fondos de nuestra causa»[54]. En Matanzas, las estafas y los fraudes se cometían masivamente. Cuando a Pedro Betancourt se le acumularon las quejas contra pacíficos y miembros del ELC por incumplimiento de las «leyes de la República», decidió realizar, en julio de 1896, un «recorrido militar» por la provincia. Durante sus rondas de vigilancia detuvo en San Miguel, en el partido judicial de Corral Nuevo, a ochenta y seis pacíficos que estaban a punto de transportar a Matanzas maíz y otros productos al por mayor. Resultó que Los Palos era la plataforma regional del comercio de ganado y de maíz. Según varios comerciantes, las actividades económicas estaban autorizadas por delegados de la revolución. En septiembre, Betancourt expuso la problemática al general Lacret: los supuestos delegados de la revolución se lucraban personalmente, cobraban de la población civil elevados peajes, se aprovechaban de sus servicios y emitían certificados en nombre de la República para conferir a sus actos una apariencia oficial. Betancourt pretendía mantener su territorio «en perfecto estado de revolución», pero señaló un problema básico: si entre las zonas de la Cuba libre y la población urbana leal a España se establecía un modus vivendi con acuerdos mutuos e intercambio de mercancías, entonces se «prolongaría indefinidamente la resistencia pasiva de nuestros antiguos dominadores»[55]. La experiencia negativa de la Guerra de los Diez Años aconsejaba evitar aquello como fuera. Seguramente Betancourt no se equivocaba, pero el historiador cubano Francisco Pérez Guzmán cree que la raíz del mal era más profunda, es decir, que no se trataba solo de abusos y de enriquecimiento personal. Más allá de su limitada zona de influencia en Puerto Príncipe, el gobierno de la «República en Armas» no había conseguido equipar suficientemente bien a sus tropas, de manera que el comercio prohibido con el enemigo, así como las incursiones de pillaje, eran debidos a las penurias de la guerra. Aquel era el único modo de asegurar el avituallamiento y de garantizar la supervivencia de las tropas revolucionarias. Aun así, las quejas al más alto nivel —como la del administrador de hacienda González contra el capitán Gustavo Caballero, responsable de la zona de Guayabal— muestran que el «comercio ilícito» obedecía con demasiada frecuencia a propósitos no precisamente nobles[56].

Ambos bandos contendientes entendían que las bases económicas de la isla eran la clave del éxito. En la lógica de la guerra revolucionaria, la destrucción de la riqueza de Cuba —es decir, de la economía colonial del azúcar, el tabaco, el café y, de un modo creciente, el plátano— se consideraba el «precio» a pagar por la independencia. La guerra corta, anhelada y anunciada en el manifiesto de Montecristi, se revelaría como un desvarío completamente ajeno a la realidad, porque España nunca renunciaría a la isla mientras los rendimientos de la economía cubana pudieran cubrir los costes del Ejército Expedicionario. La destrucción de la economía colonial provocó conflictos, tanto en el seno del mando militar de la «República en Armas» como también con el mando político, especialmente con la delegación en los Estados Unidos. Por una parte, el PRC dependía de los «impuestos revolucionarios» para financiar la lucha, pero por otra, el ala en Nueva York —y también en París—, dominada por la élite blanca cubana, presionaba para que se pusiera coto al carácter social-revolucionario de la guerra. En la práctica eran a menudo los jefes militares los que tenían que resolver, con decisiones personales tomadas in situ, unas cuestiones que daban lugar, al menos teóricamente, a debates controvertidos. Así, los jefes militares decidían frecuentemente, y según su criterio, si un ingenio debía ser quemado o bien podía, a cambio de un suculento óbolo, seguir trabajando para el Ejército Libertador. Además, los terratenientes hacía tiempo que habían repercutido las contribuciones al ELC en braceros y jornaleros, a través de recortes salariales.

En cambio, el Estado Mayor español dirigido por Martínez Campos se propuso proteger los recursos económicos —especialmente la industria azucarera—, excepción hecha del este de la isla. En esta última zona, que pronto quedó bajo el control de los rebeldes, la guerra contrainsurreccional española centró sus esfuerzos, ya desde el comienzo del conflicto, en la destrucción de cualquier medio de subsistencia[57]. Se trataba de dejar a los guerrilleros sin sustento y obligar a sus unidades a librar batallas abiertas. Aquel procedimiento condujo a un extraordinario deterioro de la seguridad de la población rural, como pone en evidencia, para el caso de la provincia de Santiago, la correspondencia entre el cónsul francés y el gobernador militar Jorge Garrich. Durante los primeros meses de la guerra, el diplomático llamó repetidamente la atención sobre la difícil situación del abastecimiento, debida, en última instancia, a la prohibición del comercio de alimentos. Además reclamó la adecuada protección de los ciudadanos franceses, que en sus plantaciones sufrían la extorsión y el acoso de los revolucionarios. En su opinión, la destrucción de los bienes no era solamente una gran pérdida para sus propietarios, sino para toda Cuba. Las quejas del cónsul francés dieron voz a los propietarios de las plantaciones, y no solo a los franceses. Por el contrario, no se conservan documentos de este tipo relativos a la suerte del grueso de la población rural de Oriente. No es hasta diciembre de 1895 cuando la «miseria reinante en las provincias de Oriente» se pone de relieve en las consultas del capitán general relativas a la posibilidad de contratar a las personas empobrecidas por la guerra para proyectos de infraestructuras[58].

La «invasión» de las provincias occidentales por el Ejército Libertador

La «invasión» de las provincias occidentales por el Ejército Libertador

En septiembre de 1895, una vez asegurada militarmente su posición en la provincia de Puerto Príncipe, los patriotas pudieron formar en Jimaguayú un gobierno provisional, así como proclamar una constitución. Como ya había sucedido durante la Guerra de los Diez Años, en los debates de la asamblea constituyente no hubo coincidencia entre los intereses civiles y militares. La temprana muerte de José Martí llevó a los militares a presionar para que, hasta la victoria de las armas, la primacía civil en el gobierno quedara subordinada a las necesidades militares. Por su parte, el gobierno civil insistía en controlar a los jefes militares bajo el manto de la república. Durante la guerra, los límites entre los ámbitos de influencia civil y militar fueron objeto de continuas negociaciones en infinidad de conflictos. El elemento central de las disputas no era solamente el miedo a un caudillo militar. Tanto el sector civil blanco, agrupado alrededor de Salvador Cisneros Betancourt, como los delegados en el exilio se sentían específicamente molestos con los éxitos y la reputación de los hermanos Antonio y José Maceo y Grajales, y sobre todo con la posibilidad de que el prestigio militar de los dos oficiales de color pudiera transformarse en poder político. En las filas de la «República en Armas», el racismo también habría de dificultar la expansión de la revolución a las económicamente productivas provincias occidentales[59].

Fue Máximo Gómez quien insistió en llevar a cabo una «invasión» rápida. Sin embargo, el miedo a Maceo, al potencial «dictador negro», hizo que la empresa fuera torpedeada por el mando civil y por militares como Bartolomé Maso. Las armas y los refuerzos para las «columnas invasoras» fueron retenidos a propósito. Para reforzar la influencia civil, Cisneros Betancourt asumió reveses en las provincias occidentales, a pesar de que la insuficiente expansión de la revuelta se consideraba una de las causas principales del fracaso de la Guerra de los Diez Años de 1868-1878.

El 30 de octubre de 1895, el médico Eugenio Sánchez Agramonte apuntó en su diario de guerra: «Día feliz para nuestra causa». Junto con las tropas lideradas por Gómez, había cruzado la fortificación española entre Ciego de Ávila y Morón, superando todas las circunstancias adversas. El 29 de noviembre los luchadores de Gómez se encontraron en San Juan con Maceo, quien con su unidad y el Consejo de Ministros de la República había cruzado la trocha en Redonda. A partir del 30 de noviembre, como muy tarde, las unidades revolucionarias reunidas al oeste de la línea Júcaro-Morón pasaron a constituir un serio desafío para Martínez Campos. El peligro de una «invasión» de las ricas provincias occidentales —«baluartes y caja de caudales de la integridad española»— era evidente. También se dio cuenta del simbolismo Bernabé Boza Sánchez, el jefe del Estado Mayor de Gómez, que imaginaba el futuro inmediato como una avalancha —la «columna invasora»— arrasando las ricas provincias azucareras[60].

La «columna invasora» estaba formada por unos 4000 patriotas. Aparte de las tropas de Gómez y Maceo, comprendía también a los hombres de los insurgentes José María Rodríguez, Bruno Zayas y Serafín Sánchez. A comienzos de noviembre de 1895, unos 1000 hombres pertenecientes a la infantería de Oriente y a un regimiento de caballería de Las Villas, se dirigieron bajo el mando del brigadier Quintín Banderas desde Trinidad hacia el sur, atravesando la sierra. Teóricamente, en las provincias de Matanzas o La Habana debían volver a coincidir con el «ejército invasor», pero Banderas no lograría llegar al encuentro. Con Gómez y Maceo cabalgaban unos 3000 soldados por el centro de la provincia de Santa Clara hacia el oeste, alcanzando el 14 de diciembre la llanura de Cienfuegos. A uno de los independentistas le pareció que estaban cruzando los Pirineos y penetrando en España. Al día siguiente, en Mal Tiempo, Gómez y Maceo, buenos conocedores del terreno, se enfrentaron con éxito a las inexpertas tropas españolas del teniente coronel Narciso Rich, dejando así expedito el camino hacia la provincia de Matanzas[61].

La «columna invasora» era una unidad montada que superaba con mucho a las españolas en cuanto a velocidad y movilidad. Las autoridades españolas reaccionaron demasiado tarde: pusieron a buen recaudo los caballos de todas las provincias, pero solo después de que los revolucionarios, en enero de 1896, alcanzaran prácticamente su objetivo y aún pudieran hacerse con caballos frescos en Matanzas. Gracias a sus dinámicas unidades, los patriotas consiguieron operar con éxito en un terreno dominado por la abrumadora masa de las tropas españolas. Hábilmente dividieron su gran «columna invasora» en varias subunidades que se desplazaron, o bien en paralelo, o bien libremente, para, pocos días después, volver a unirse y realizar acciones conjuntas. Si el Ejército español sorprendía a alguna unidad, esta se dispersaba para volver a reunirse al día siguiente, al amparo de la niebla matinal. Todas las ventajas militares —como la tupida red ferroviaria, que permitía el transporte rápido de tropas y avituallamiento, o el terreno densamente poblado y sus grandes llanuras despejadas— parecían encontrarse del lado de los españoles[62]. Aun así, los observadores extranjeros informaban de los éxitos de los patriotas cubanos en las provincias occidentales: «De tous côtés, les gares de chemins de fer brûlent, les ponts sautent, les champs de cannes à sucre flambent»[63]. El llamado «lazo de la invasión» fue, o bien una casualidad, o bien una obra maestra táctica[64], pero lo cierto es que les abrió a los patriotas el camino a La Habana. El segundo día de las fiestas de Navidad de 1895, tras el combate en Coliseo del 23 de diciembre, los revolucionarios cruzaron el río Hanábana y se retiraron hasta Aguada de Pasajeros, donde los enfermos y heridos fueron atendidos en lugares seguros. Martínez Campos creyó que los insurrectos se habían retirado del todo a la provincia de Santa Clara y que había desaparecido el peligro de las provincias occidentales. De ahí que ordenara el desplazamiento del grueso de las tropas españolas desde la línea defensiva entre Guanábana y Las Cañas hacia el este, abandonando así los pocos y difíciles vados del Hanábana. El rápido ejército invasor giró y, tras un intenso choque, el 29 de diciembre, con las unidades españolas en Calimete, entró el 1 de enero de 1896 en la provincia de La Habana. El 2 de enero, Martínez Campos se vio obligado a declarar el estado de guerra también en La Habana y Pinar del Río, reconociendo así implícitamente el fracaso de su política militar[65]. El 6 de enero, los revolucionarios se encontraban a las puertas de La Habana e incendiaron Hoyo Colorado (Bauta).

Aquella «táctica de acumulación de pequeños incidentes» —la doctrina que los expertos en cuestiones militares conocen por el término alemán de Nadelstichtaktik, es decir, táctica de pinchazos de aguja— hizo que la «llama revolucionaria» prendiera a toda velocidad. Tanto Gómez como Maceo evitaron los combates más largos. La presencia de las tropas revolucionarias en pueblos y caseríos servía para el reclutamiento de «adeptos», el reabastecimiento y la preparación del terreno para la guerra de guerrillas. En la provincia de La Habana, Gómez intentó organizar unidades guerrilleras que operaran cada una por su cuenta. En Pinar del Río, Maceo nombró prefectos y subprefectos que debían formar la columna vertebral de la administración revolucionaria provincial. Si no era posible tomar una localidad en pocas horas, los patriotas la incendiaban antes de la llegada de los refuerzos españoles. Fueron varios los lugares que la «invasión» pilló completamente desprevenidos. Así, a las ocho y media de la mañana del 22 de enero de 1896, de 300 a 500 revolucionarios bajo el mando del jefe militar Raimundo Matilde Ortega entraron a caballo en el pueblo de Sabanilla del Encomendador (Matanzas) y sorprendieron a sus habitantes, ocupados en sus quehaceres, al grito de «Cuba libre». La impresión y el miedo eran tan profundos que una testigo declaró que el pueblo había sido atacado por unos 2000 insurgentes. De inmediato, entre 30 y 40 voluntarios se hicieron fuertes en la iglesia, donde defendieron con éxito el depósito de municiones. Acto seguido, los rebeldes saquearon el pueblo y prendieron fuego a unas doce o quince casas. El botín consistió en dinero en efectivo, armas, víveres, ropa —que se necesitaba con urgencia— y una máquina de coser. En el pillaje participaron también «cien negros y negras del pueblo». En vista de la composición étnica de las tropas de Oriente, integradas básicamente por afrocubanos, la clase media blanca del occidente de la isla vio confirmado —especialmente en la villa de Sabanilla, conocida como «el África chiquita»— su estereotipo más que centenario, de modo que el miedo a una guerra de razas, generosamente alimentado por la propaganda española, volvió a aumentar. Cuando las tropas revolucionarias continuaron su camino, los habitantes de Sabanilla descargaron su ira sobre los negros del lugar que no habían partido con el Ejército Libertador, de los que por lo menos veinticinco de ellos fueron asesinados. La repentina masacre fue seguida de la represión por parte de las autoridades, tan «legal» como exclusivamente dirigida contra los afrocubanos: más de sesenta fueron ejecutados sin juicio previo, y otros fueron detenidos o incluso dados por desaparecidos[66].

El ejemplo de Sabanilla demuestra dos cosas: por una parte, el fracaso de la pretensión de unir a todo el pueblo alrededor de los objetivos de la Guerra de Independencia; y por otra, que lo que querían los rebeldes no era tanto controlar las poblaciones estratégicamente importantes como causar efectos propagandísticos y psicológicos. Después del ataque, las calles del pueblo parecían desiertas mientras muchas familias buscaban protección en Matanzas. Como consecuencia, el solo rumor de la proximidad de los revolucionarios causó confusión y pánico en Pinar del Río. De hecho, la presencia de insurrectos ante las puertas de la capital provocó desórdenes y tumultos incluso en La Habana. En Madrid, el Consejo de Ministros ya había decidido el 15 de octubre dejar de informar a la prensa sobre las campañas en curso, pero el pánico desatado en La Habana afectó directamente a la comunidad periodística internacional y a sus crónicas desde la capital. El 7 de enero de 1896, el gobernador militar interino, el coronel Antonio López de Haro, declaró el toque de queda nocturno en Matanzas. Lo mismo hizo el 12 de enero en Jaruco el jefe militar Eduardo Guardado y Corrás.

El 7 de enero de 1896, Maceo y Gómez se separaron en Hoyo Colorado, en el límite entre las provincias de La Habana y Pinar del Río. Gómez siguió operando con el grueso de las tropas en la provincia de La Habana hasta el 22 de febrero. Sus hombres y él evitaron hábilmente los intentos de las tropas españolas de cercarlos, aunque la falta de munición y las bajas los dejaron muy tocados. Tras varios combates, Gómez logró retener a numerosas columnas españolas, lo cual permitió a Maceo continuar con la «invasión» en Pinar del Río y, con sus aproximadamente 1500 combatientes, llevar la llama revolucionaria hasta el cabo de San Antonio. El 12 de febrero, las tropas de Maceo cruzaron nuevamente el límite provincial en dirección a La Habana. En marzo, Maceo pudo repasar satisfecho lo sucedido en los meses anteriores. El 22 de enero había alcanzado con sus tropas la localidad de Mantua, en el extremo occidental de la provincia de Pinar del Río. A Tomás Estrada Palma, el delegado del PRC en Nueva York, le hizo saber: «[T]odo está removido y pujante la Revolución. El incendio revolucionario ha prendido hasta en los últimos rincones de Vuelta Abajo»[67]. La «invasión» de las provincias occidentales fue más que un éxito militar. Nunca antes se habían extendido los levantamientos por toda la isla. Desde el punto de vista de los revolucionarios, el marco regional de la guerra había saltado por los aires y se habían sentado las bases sociales y políticas de la ansiada extensión masiva de la revolución. Los éxitos de las tropas bajo el mando de Maceo parecían mostrar que se acercaba el fin de la dominación española.

Sánchez Agramonte anotó en su diario: «Nuestra ruta la indicaba el firmamento con el humo de la mano destructora de la Revolución»[68]. El ejército invasor fue dejando un rastro de destrucción desde Santa Clara hasta Pinar del Río, pasando por Matanzas y La Habana. Las líneas de comunicación y avituallamiento en Matanzas y en pueblos como Mantua estaban cortadas desde el paso de los revolucionarios en enero. Para los que defendían la legitimidad del statu quo, la «invasión» había llevado la anomia y la anarquía hasta «la España chiquita». En términos comparativos, los enfrentamientos causaban pocas víctimas entre soldados y voluntarios —aunque, en Sabanilla, el ELC tuvo que lamentar quince bajas—, mientras la devastación de regiones enteras tenía consecuencias demoledoras para la población civil. Muchos pueblos y ciudades solo se fortificaron tras los ataques de los insurrectos. En diciembre de 1895, Manuel Reyes Rodríguez ordenó, por miedo a nuevos ataques, el aseguramiento de Santa Clara, dejando abiertos tan solo seis accesos estratégicos a la ciudad[69]. Pero mientras las autoridades militares emitían las directrices para la fortificación, era la Administración civil la que tenía que hacerse cargo de los costes. En la mayoría de los casos, los pudientes del lugar eran llamados a pasar por caja, dado que los presupuestos de las jurisdicciones no eran suficientes ni para el pago de los trabajadores. Pero la miseria y la desesperación de quienes lo perdieron todo entre las llamas tendrían consecuencias fatales[70].

Las consecuencias: huidas y hambrunas

Las consecuencias: huidas y hambrunas

Hasta este momento, la dimensión de la hambruna que se estaba gestando, así como de las huidas causadas por la extensión de los levantamientos que tuvieron lugar alrededor de finales de 1895 y comienzos de 1896, no ha estado en el centro de la investigación historiográfica. Desde una perspectiva histórico-militar, la «invasión» no tardó en ser elevada —y no solo por autores de la isla— al rango de «obra de arte» de la estrategia militar cubana, y se considera una piedra angular de la historia militar general moderna. Políticamente, la exitosa extensión de la revolución a las provincias occidentales se interpretó como propia de una guerra popular, la cual pondría de relieve la fuerza del movimiento. Pero la «invasión» no deja de ser, en última instancia, un ejemplo de una estrategia militar sostenida contra objetivos «blandos», un ejemplo de cómo, en los conflictos asimétricos, se difuminan los límites entre combatientes y no combatientes. Curiosamente, cuando los investigadores estudian el destino de la población civil —documentado en fotografías espectaculares—, casi nunca se lo achacan a los efectos de la guerra en sí, sino que de un modo reflejo, lo asocian con la posterior reconcentración de Weyler. De ahí que sea imperioso no perder de vista la exacta cronología de los acontecimientos, así como situar los efectos de la guerra sobre la población civil —ya sean las migraciones o las huidas, ya sean las hambrunas— en el centro del análisis de las consecuencias sociales de la «invasión». En este sentido, la senda de destrucción abierta por el «ejército invasor» pasa por muchos de los pueblos y ciudades que más tarde habrían de sufrir una extraordinaria mortandad[71]. Desde Santa Clara hasta Pinar del Río, el vacío de poder en las zonas rurales era aprovechado, para desgracia de la población, por bandas de merodeadores.

En relación con la «reconcentración espontánea»[72] vale la pena examinar el caso de la provincia de Matanzas, donde el levantamiento tuvo un carácter intrínsecamente social-revolucionario, en la medida en que los hijos de los libertos lucharon directamente contra los antiguos señores de sus padres y, durante la fase de extensión de las revueltas, la provincia sufrió especialmente bajo la proliferación de las bandas de merodeadores. En Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, se conservan informes del gobernador civil de Matanzas, Adolfo Porset, que permiten una aproximación a los desafíos diarios a los que la población, y sobre todo la rural, hubo de hacer frente durante la guerra. A finales de diciembre de 1895, Porset señaló por primera vez la precariedad de la situación en las cabeceras de las distintas jurisdicciones. Solo unos diez días después del acontecimiento clave de Mal Tiempo, el 15 de diciembre de 1895, cuando los insurgentes se adentraron en la provincia, cientos de familias se refugiaron en los pueblos más grandes y en las ciudades de Matanzas. «[I]ncendios y robos de partidas insurrectas» destrozaron sus vidas, explicó Porset. La devastación de cañaverales e ingenios provocada por el «ejército invasor» privó a los jornaleros de sus ingresos, e innumerables braceros fueron despedidos en el acto. De este modo, Gómez y Maceo no solo asestaron un duro golpe a la economía colonial, sino que de paso se hicieron con una magnífica reserva de reclutas con la que alimentar sus propias filas[73].

Las autoridades locales se vieron completamente desbordadas al tener que hacer frente al abastecimiento y cuidado de las familias empobrecidas que, tras ser «saqueadas y despojadas por los insurrectos», acudieron por centenares a los centros en busca de protección. Ante la falta de medios de los refugiados de guerra, así como los previsibles racionamientos, Porset se informó en La Habana acerca de las posibilidades de obtener un crédito extraordinario. Algunos comerciantes prósperos de la provincia ya habían hecho donaciones, pero estas no eran ni de lejos suficientes. Porset anunció que, de no enviarse ayuda de emergencia, el hambre y la miseria serían inevitables en vista de los «destrozos causados por los insurrectos que ha[bía]n reducido la provincia a un estado de penuria incalculable».

El 2 de enero de 1896, Porset volvió a insistir y explicó en detalle la «tristísima situación» a que se veía reducida la provincia bajo su mando. Citó el caso de «innumerables» brigadas de trabajadores despedidos que vagaban por pueblos y calles de Matanzas y cuyas familias se veían obligadas a mendigar. Dado que las autoridades no estaban en condiciones de hacerse cargo de las familias, la consiguiente desesperación empujó a muchos antiguos trabajadores a unirse a las filas de los insurgentes para así, mediante «el pillaje y el saqueo», intentar conseguir lo que no obtenían «dentro de la legalidad existente». Además, cada día que pasaba crecía el número de personas que escapaban de los pueblos incendiados para refugiarse en las ciudades. Porset solicitó «con toda urgencia» un crédito extraordinario de 300 000 a 400 000 pesos, que pensaba repartir entre las jurisdicciones de Matanzas con el objeto de mejorar la situación del abastecimiento y posibilitar el acceso de los depauperados a un medio de vida en proyectos de infraestructuras. En el caso de que los medios extraordinarios no fueran autorizados habría que prepararse para afrontar «días de luto»[74].

¿Cómo se ha de valorar esta llamada de socorro desde Matanzas? ¿Y qué decir del importe solicitado, teniendo en cuenta que, el 23 de noviembre de 1897, cuando la crisis de los reconcentrados llegó a su punto álgido, se concedió un crédito extraordinario de 100 000 pesos para todas las provincias occidentales? Porset era un político españolista ultraconservador. Pocas semanas después evocó, por encargo de Weyler, el patriotismo de los hacendados de Matanzas, a los que invitó a retomar la zafra —la cosecha de la caña y fabricación del azúcar— sin demora. Quienes no debían esperar regalos de Porset eran, con toda seguridad, los braceros y los jornaleros, lo cual ilustra la gravedad de la situación. Esta visión de las cosas se confirma en el telegrama del 8 de enero de 1896, en el que Porset volvió a remitirse expresamente a la «situación de emergencia» en que se hallaba la provincia, siendo así que las circunstancias se habían «agravado extraordinariamente». Al margen de la miseria en los pueblos devastados por el fuego, el factor que preocupaba especialmente era el desempleo. En la productiva provincia azucarera, la zafra tuvo que suspenderse casi por completo a causa de la guerra. Pequeñas unidades armadas se aprovechaban del espacio sin ley creado por la «invasión» para saquear casas e incluso pueblos enteros. Todo lo que se había podido proteger de los «primeros invasores» se convirtió, según Porset, en presa de la «airada mano de esas gavillas», que tenían «en continuo sobresalto y espanto a los habitantes de [aquella] provincia».

Porset se refirió repetidamente al problema de que los braceros desocupados se pasaran al ELC. Según su opinión, muchos no se unían a los revolucionarios por motivos políticos, sino para escapar de la hambruna. En pocos días, el precio de la libra de carne de vaca casi se había duplicado, pasando de una horquilla de 15 a 18 céntimos a otra de 24 a 30. El alcance del encarecimiento puso en apuros incluso a «personas solventes». Además, siempre según Porset, la siembra de los pequeños agricultores se había echado a perder y los insurrectos impedían que los campesinos buscaran y cosecharan viandas; de hecho, ponían «al campesino en una disyuntiva espantosa y en una situación desesperada» obligándolo a optar por la revolución o el poder colonial. Mientras tanto, el capitán general había autorizado la entrega a los necesitados de víveres almacenados para el Ejército, lo que a Porset le pareció un mero «alivio pasajero» que apenas se correspondía con el alcance del problema. Aparte de la puesta a disposición de dinero para la provincia, también propuso la inmediata importación de carne de vaca, y además pidió la rápida creación de milicias ciudadanas para defender los pueblos de las bandas de merodeadores[75].

Las explicaciones de Porset eran un claro toque de atención: la guerra de guerrillas en Cuba no se podía ganar solamente con soldados y fusiles. Sin duda, el acceso a la población civil era un elemento clave, junto a las necesarias reformas políticas. Era precisamente la destrucción causada por la «invasión» la que proporcionaba a la potencia colonial la oportunidad de ganarse a los civiles mediante una generosa ayuda de emergencia. Sin embargo, aunque la noticia sobre la crisis de abastecimiento en Matanzas y en la provincia de Santa Clara no tardó en llegar también a los círculos militares, la mejoría de la situación se limitó a iniciativas aisladas, y no hubo ningún procedimiento centralizado y concertado. Así, el general Luis Pando informó a comienzos de 1896 de que en la región situada entre el este de Santiago de Cuba y Daiquirí podrían ser empleadas unas 4000 personas de ambas provincias sacudidas por la guerra. Los trabajadores recibirían protección de los ataques de los rebeldes y un salario diario de 90 céntimos. El legado documental no permite concluir claramente si la propuesta de Pando fue realmente implementada. En todo caso, Martínez Campos expresó sus reservas respecto al transporte de los trabajadores a Oriente[76].

¿Cómo se ha de valorar ahora el importe del crédito solicitado por Porset? Investigaciones recientes señalan el carácter endémico de clientelismo y nepotismo en el seno de la Administración colonial española en Cuba. Además, durante la Guerra de los Diez Años se demostró la dimensión inaudita que podía alcanzar la malversación de medios en situaciones de crisis[77]. El propio Porset era conocido como un fracasado hombre de negocios que intentaba enriquecerse a través de los cargos políticos. A Martínez Campos ya no le había gustado en 1895 su nombramiento como gobernador civil, que había conseguido gracias a la recomendación de Romero Robledo ante Tomás Castellano y Villarroya, el ministro de Ultramar. Martínez Campos sabía que Porset tenía fama de «cacique intransigente» desde La Habana hasta Matanzas. De hecho, las pocas fuentes disponibles confirman que Porset actuaba como un patrón local. Si a esto se añade que en sus telegramas faltaban datos concretos sobre el número de refugiados de guerra, se deduce que el importe solicitado seguramente no fue calculado a la baja; después de todo, él también se beneficiaría. Aun así, hay que señalar que su sucesor en Matanzas, Francisco de Armas y Céspedes, fue el único gobernador civil en Cuba que se encontró con expedientes abiertos sobre la dimensión de la reconcentración para el año 1897, lo que indica seriedad en el desempeño del cargo[78]. La impresión que deja Porset es la de una actuación y una motivación ambiguas.

Interesa ahora el modo en que Martínez Campos, el 10 de enero de 1896, dio curso a la solicitud del crédito extraordinario ante el Ministerio de Ultramar. Lo que hizo el capitán general fue transmitir una imagen desoladora de las provincias, desde Santa Clara hasta La Habana, pasando por Matanzas, describiendo el modo en que la extensión de los levantamientos, y sobre todo la destrucción realizada por las columnas invasoras, empujaba día a día la miseria hacia el oeste. Los víveres almacenados por el Ejército ya no eran suficientes para el abastecimiento de las personas que se habían quedado sin hogar: eran «tantos los que a pedirlo aflu[ían] a los pueblos que ya no e[ra] posible atender a tanta necesidad». Las medidas infraestructurales, como las obras del ferrocarril entre Santa Cruz y Puerto Príncipe o entre Manzanillo, Bayamo y Trinidad, no lograban generar suficientes puestos de trabajo. De ahí que, según Martínez Campos, fuera necesario disponer con urgencia de medios económicos suplementarios, no solo para Matanzas, sino también para Santa Clara, La Habana y, a no tardar, posiblemente también Pinar del Río. El capitán general precisó: «Supondría un cargo de un millón de pesos al crédito extraordinario de guerra que no me determino a proponer». De modo que, en cuanto a la financiación, parecía estar bastante desconcertado y rogó al ministro Castellano y Villarroya que tomara en aquel asunto una decisión según su propio criterio, añadiendo que con algo menos de un millón de pesos debería ser posible afrontar los gastos más apremiantes[79].

En la metrópoli madrileña, la primera reacción demostró que el importe solicitado no sorprendió a nadie. En junio de 1895, el presupuesto de guerra para Cuba ascendía a 1,9 millones de pesos mensuales. En vista de la ampliación de las tropas in situ, Weyler calculaba que durante la segunda mitad de 1896, de junio a diciembre, serían necesarios, solo para la campaña militar, entre 96 y 112 millones de pesos. La solicitud de Martínez Campos recibió una escueta respuesta del ministro, quien indicó que no era posible atender peticiones económicas al margen de las partidas presupuestarias previstas para la campaña militar[80]. Después, como era habitual, la burocracia se hizo cargo de la solicitud. Lo primero que había que hacer era determinar quién era competente, y la Dirección General de Hacienda del Ministerio de Ultramar concluyó, el 10 de febrero de 1896, que la solicitud no entraba dentro de su ámbito de responsabilidades, lo cual fue confirmado el 23 de febrero desde instancias superiores. En un escrito del Ministerio de la Guerra se especificó que, en realidad, la solicitud de crédito atañía al presupuesto de guerra, que estaba reservado a la campaña militar stricto sensu; y aunque la situación de los civiles en las provincias cubanas era ciertamente de lamentar, no era más que una de las consecuencias inherentes a toda guerra.

En el ministerio no había sensibilidad alguna hacia una concepción de la lucha contra las guerrillas que, más allá de las acciones militares, implicara medidas sociales, políticas y económicas. En marzo de 1896, cuando ya hacía mucho que Martínez Campos había traspasado su cargo de capitán general de Cuba, el asunto fue remitido al Negociado Político, con el objeto de aclarar si los refugiados de guerra podían ser abastecidos recurriendo a los ingresos derivados de una subida de impuestos en La Habana. En última instancia fueron también las estrecheces presupuestarias las que limitaron severamente el alcance de la política de atracción de la población civil[81].

Un análisis más pormenorizado revela además hasta qué punto la tramitación de la solicitud del crédito respondió al funcionamiento típico de la Administración colonial española. Hace tiempo que en los estudios imperiales se valora la penetración de la periferia como un importante instrumento de dominación de la metrópoli. Los procedimientos administrativos y el acceso restringido a la información, que para autoridades y gestores en La Habana y Madrid significaban control y poder, tenían, en situaciones de crisis, efectos concretos sobre la ciudadanía de la isla, a saber, hambre, epidemias y muerte. En enero de 1896, las rígidas estructuras burocráticas, así como un considerable fatalismo, sentaron las bases de un desastre humano.

Mientras en Madrid seguía extendiéndose la micosis burocrática, Martínez Campos actuó in situ. El 12 de enero de 1896 fomentó por decreto la fundación de juntas de socorro y de una Junta Central de Auxilio, que debían ocuparse de los «colonos y trabajadores rurales de las provincias de Santa Clara, Matanzas, Habana y Pinar del Río» —privados de su base de supervivencia a causa de las «correrías de los insurrectos»—, y asistir a los necesitados de manera extraoficial. Al mismo tiempo, los gobiernos de las jurisdicciones fueron alentados a crear puestos de trabajo a través de proyectos de infraestructuras[82]. Al día siguiente, Martínez Campos lanzó una colecta a favor de la población rural víctima de la hambruna. Se exhortó a militares, contraguerrilleros, marinos, curas y empleados públicos a que donaran mensualmente el sueldo de un día a los reconcentrados sin medios. El capitán general predicó con el ejemplo y encabezó la lista con 2000 pesos[83]. Es difícil calcular cuánto dinero se reunió con aquellas actividades. Sin embargo, y más allá de su rendimiento real, aquellas iniciativas fueron determinantes para los ulteriores proyectos surgidos de la sociedad civil, que demostraron que los gastos derivados de la guerra fueron sistemáticamente cargados sobre la población. Además, en vista de la exasperante lentitud de la burocracia colonial, ya solo las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que operaban sobre el terreno estaban en condiciones de garantizar una ayuda de emergencia.

Con el avance de la «invasión» desde Santa Clara hasta Pinar del Río, pasando por Matanzas y La Habana, la destrucción alcanzó una dimensión insospechada. Un corresponsal de The New York Herald informó de que en Pinar del Río habían sido incendiadas varias poblaciones: 40 se habían quemado por completo y 20 parcialmente. Según aquel relato, solamente ocho pueblos y ciudades se habían librado de la llama revolucionaria. Otro testigo explicó: «Atravesamos en medio de un silencio de consternación y de muerte por el camino que a su paso dejó la invasión». Sin embargo, sería un error achacar toda aquella devastación únicamente a los rebeldes. Así, la quema de muchos bohíos situados a lo largo de las vías del tren se debió a una orden de Martínez Campos, dictada tras varios ataques a las líneas ferroviarias, por la que se prohibieron todos los asentamientos situados a menos de 200 metros de aquellas. Además, en los relatos de los revolucionarios se da cuenta, por ejemplo, de cómo, el 9 de enero de 1896, las unidades de Antonio Maceo saquearon Cabañas, la cual había sido demolida previamente por las tropas españolas para evitar una ocupación por parte del ELC[84]. A la destrucción de medios de subsistencia, de plantaciones de tabaco y azúcar, le siguieron movimientos migratorios en dirección a los pueblos y ciudades fortificados. Pero aquellos puntos no estaban preparados para la avalancha de refugiados desde las densamente pobladas provincias occidentales. «Ahora viene el hambre», escribió Martínez Campos, «tengo que dar raciones a las gentes de los campos concentradas»[85].

Los informes emitidos desde las provincias y aquí analizados, así como las demandas de medios económicos, son un testimonio de la «calamidad pública» sufrida por Cuba durante el primer año de la guerra. El gobierno español estaba informado acerca de la dimensión de la crisis. Curiosamente, los hombres sobre el terreno no se limitaron ni de lejos a interpretar la situación solamente como una tragedia humana. En sus argumentos a favor de los créditos extraordinarios siempre tuvieron en cuenta también la dimensión militar de la crisis. Así, la tendencia de los braceros en paro de Matanzas a unirse en bandas de saqueadores debía ser combatida mediante medidas de creación de empleo. En la mayor parte de las solicitudes de créditos y racionamientos, los jefes militares se remitían al peligro de que la gente desesperada e insuficientemente abastecida pudiera pasarse a la insurgencia.

El hundimiento del Ejército

El hundimiento del Ejército

En vista de la destrucción y de la extensión de la «llama revolucionaria» desde Oriente hasta Puerto Príncipe, la resignación se adueñó de Martínez Campos. El 22 de junio de 1895, el ELC de Máximo Gómez devastó San Jerónimo, y el 4 y 5 de julio saqueó Cascorro[86]. El 13 de julio, tras los duros combates en Peralejo, Martínez Campos quiso dimitir como capitán general. De hecho, no era la primera vez que ponía su cargo a disposición. Su renuncia volvió a ser rechazada en Madrid. A partir del verano de 1895 dejó de ocultar su abatimiento. A Castellano y Villarroya, el ministro de Ultramar, le comunicó: «Estoy triste y cansado». En un escrito confidencial le trasladó a Antonio Cánovas del Castillo una imagen sombría de la situación militar y política de la isla. A finales de julio ya no confiaba ni siquiera en los efectos de una exitosa represión de los levantamientos: «Con reformas o sin reformas, con perdón o con exterminio, mi opinión leal y sincera es que antes de doce años tenemos otra guerra». Le parecía poder palpar el odio a España, sobre todo en las regiones rurales. Tras la exitosa «invasión» de las provincias occidentales por parte del Ejército Libertador, le escribió a Castellano y Villarroya que toda la isla simpatizaba con la rebelión. La resignación y la agonía aparecen como el hilo conductor de su correspondencia.

Sabía que la pacificación de la isla y la vuelta al statu quo colonial ya no se podían alcanzar de forma negociada, de modo que lo indicado para la «pacificación» parecía ser la intensificación de la política militar. Apoyándose en la experiencia de la Guerra de los Diez Años, Martínez Campos sopesó la concentración de la población rural en ciudades y poblados fortificados. Desde luego, era consciente de las consecuencias de una medida tan drástica: «[L]a miseria y el hambre serían horribles». Durante la anterior guerra había dispuesto la entrega diaria de más de 40 000 raciones para el abastecimiento de los reconcentrados. Los escrúpulos morales le impedían, como «representante de una nación culta», implementar un sistema tan severo de guerra contra las guerrillas: «[Y]o tengo creencias que son superiores a todo y que me impiden los fusilamientos y otros actos análogos». Sin embargo, su conciencia sí le permitió señalar al general Weyler como la persona que, a su entender, reunía todas la cualidades necesarias para una guerra «a sangre y fuego»[87].

Las explicaciones de Martínez Campos confirman que los instrumentos para una guerra contrainsurreccional efectiva eran bien conocidos, incluidas sus posibles consecuencias. Esto vale particularmente para el elemento central del control de la población: la separación de la población civil «neutral» de los rebeldes mediante la reubicación. Las palabras de Manuel Corral también lo demuestran, aunque en su obra ¡El desastre! Memorias de un voluntario en la campaña de Cuba contradice la idea de que solamente Weyler fuera capaz de ordenar la reconcentración de la población rural: habría podido hacerlo «cualquier otro, que ocupando su puesto hubiese querido concluir la guerra»[88]. Lo que desde luego evidencia la actitud de Martínez Campos es la amplitud del margen de maniobra de que disponían los responsables sobre el terreno respecto a la estrategia militar. A pesar de la presión ejercida desde la metrópoli —por parte de la prensa y del presidente del Consejo de Ministros—, los golpes bajos del cuerpo de oficiales y las exigencias integristas de una intensificación de la campaña militar, Martínez Campos no se dejó arrastrar y no adoptó medidas extremas. Aun así, el margen de maniobra del general en la isla no debería ser sobrevalorado: un simple telegrama desde Madrid bastaba para cesar al hombre en La Habana. Aunque mientras tanto, aquel hombre decidía cuáles eran los pasos indicados en la lucha contra las guerrillas.

Tras el revés sufrido en el combate de Mal Tiempo el 15 de diciembre de 1895, el derrotismo de Martínez Campos, así como su pérdida de confianza en sí mismo, alcanzaron un punto álgido provisional. La lucha le había abierto al ejército revolucionario el camino hacia la rica provincia azucarera de Matanzas. Para el general, la penetración de las unidades patrióticas en el corazón económico de Cuba representaba la pérdida de su prestigio como pacificador. El día de la derrota escribió: «Yo dudo de mi éxito». Durante las primeras semanas de enero de 1896 hubo agitación en los regimientos de voluntarios de La Habana, inquietos ante la marcha desfavorable de la guerra. La insatisfacción con el capitán general amenazaba con culminar en un golpe militar. En vista de la enemistad que suscitaba en sus propias filas, Martínez Campos puso en duda su «aptitud y revisión»[89].

Dada la notoria superioridad militar, táctica y numérica de las tropas españolas, la incomprensión no podía ser más grande. Los representantes del españolista Partido de la Unión Constitucional culpaban al Ejército Expedicionario español y a su general en jefe. Uno de los más altos representantes de la Unión, el marqués Julio de Apezteguía y Tarafa, le envió un extenso escrito de protesta a Cánovas. En sus más de cien páginas criticaba la estrategia militar de Martínez Campos, así como «sus errores políticos que le impulsaban a tratar como amigo al enemigo»[90]. Finalmente, el 6 de enero de 1896 hubo en La Habana manifestaciones contra el capitán general, en las que se le reprochó no haber tomado las precauciones suficientes para el caso de que la ciudad fuera atacada. Aquella situación hizo que Martínez Campos le escribiera a Castellano y Villarroya: «[Y]o dudo si sirvo». Y si a él le parecía «que los ídolos [del momento eran] Weyler y Pando», quienes sin duda estaban convencidos de ello eran los defensores más intransigentes del statu quo colonial en las filas del Partido de la Unión Constitucional[91].

El fracaso del Ejército a la hora de limitar la insurrección a las provincias orientales también alteró los ánimos en España. Así, la mayor parte de la prensa se pronunció a favor de la intensificación de los esfuerzos bélicos y criticó la laxitud del capitán general. Solo los reformistas y autonomistas de la isla siguieron depositando sus esperanzas en Martínez Campos, aunque tenían miedo de que, ante el avance del Ejército Libertador en las ricas provincias occidentales, el pacificador de 1878 pudiera ser prontamente reemplazado por un halcón como Weyler, lo cual podía desencadenar una espiral de violencia incontrolable[92]. A finales de enero de 1896, el federalista El Nuevo Régimen, de Pi i Margall, fue uno de los pocos periódicos que en España señaló las probables consecuencias del nombramiento de Weyler como capitán general de Cuba. En La Lucha de Clases, Miguel de Unamuno también publicó un artículo en el que observaba cómo el lema de Weyler de «contestar a la guerra con la guerra» daba rienda suelta a la sospecha y a las represalias[93].

El 17 de enero de 1896, Martínez Campos le entregó el mando de forma interina a Sabas Marín. En su discurso de despedida, el general cesante dio las gracias a sus oficiales, soldados y voluntarios. Tuvo que reconocer que no había podido satisfacer las expectativas de los partidos españolistas y volvió a resaltar sus escrúpulos morales ante la intensificación de la estrategia militar. Finalmente, Weyler fue nombrado gobernador general y capitán general de Cuba por real decreto de 19 de enero de 1896. Con su anuncio de declararle la guerra a la guerra, Weyler suscitó grandes esperanzas, y no solo en la prensa española. Para el régimen de la Restauración, el año 1896 supuso un desafío extraordinario, tanto para las finanzas como para la estabilidad política. El incremento de los esfuerzos bélicos en Cuba y los levantamientos en Filipinas empujaron a la Restauración borbónica al borde del precipicio. No es sorprendente, por lo tanto, que Cánovas, el arquitecto político del régimen, intentara alejar todo lo posible el momento de la caída recurriendo a la violencia militar. Weyler, que había anunciado que pacificaría la isla en el plazo de dos años, parecía ser exactamente el hombre que necesitaba. También Luisa, una joven de Sabanilla del Encomendador, confió en Weyler. El 3 de febrero de 1896, después de que el 22 de enero el ELC saqueara su pueblo, escribió: «Que venga este general que viene navegando», en la esperanza de «que esto [la guerra] acab[e] pronto»[94]. Para los independentistas cubanos, en cambio, «[l]a llegada de Weyler era la confesión, por parte de España, de la completa derrota de Martínez Campos como militar y como político»[95].

El análisis de los primeros años de la guerra muestra que la perspectiva del siglo de los campos no solo se desentiende del espacio o ámbito de experiencia de la Guerra de los Diez Años, sino que, poniendo el foco exclusivamente en Weyler, también invisibiliza el primer año de la Guerra de Independencia en la isla caribeña. Y con ello, por una parte, se obvia la dinámica estructural de las primeras huidas causadas por la «invasión» del ELC de las provincias occidentales. Ya al poco tiempo del estallido de las hostilidades, en febrero de 1895, se hizo evidente que los centros no estaban en condiciones de controlar las corrientes migratorias, por no hablar de la acogida y del abastecimiento de las personas. Por otra parte, el constructo campos de concentración españoles impide abarcar a los múltiples actores de la reconcentración. Esto vale especialmente para las acciones y reacciones de los patriotas cubanos. Así, los bloqueos de los centros y los ataques a las líneas de abastecimiento tenían un impacto incalculable en la población civil, como ilustra el ejemplo del abastecimiento de bases, pueblos y ciudades: se trataba de que ningún convoy de víveres llegara a los lugares controlados por las fuerzas militares españolas. Cualquier tipo de comercio con pueblos y ciudades estaba prohibido. Con bloqueos, embargos y ataques a las zonas de cultivo, el ELC contribuyó de manera decisiva a la mortandad entre los reconcentrados.

Por lo tanto, los primeros meses de la guerra ya anticipan lo que comúnmente se asocia con la toma de posesión de Weyler en febrero de 1896: hambrunas, migraciones (forzadas) y huidas. Y es por ello por lo que vale la pena, no solo observar brevemente la situación de la población civil durante el primer año de la guerra, sino también la dinámica de los movimientos migratorios y los múltiples actores involucrados en la reubicación durante el mandato de Weyler como capitán general de la isla del azúcar. El siguiente capítulo se centra en estos y otros temas.

3. La radicalización de la violencia

3. LA RADICALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA

«Hace treinta años no había escolar en los Estados Unidos que no estuviera familiarizado con el nombre de Valeriano Weyler y Nicolau, el marqués de Tenerife».

CRABITES, Weyler (1929)

Valeriano Weyler ya era un personaje controvertido antes de su llegada a Cuba. Lo precedía la fama de militar implacable que se había ganado durante la Guerra de los Diez Años (1868-1878) al frente de una unidad contrainsurreccional de choque. Al parecer, su solo nombramiento como gobernador general y capitán general, el 18 de enero de 1896, provocó en la isla caribeña huidas a las ciudades e incluso una ola migratoria hacia los Estados Unidos y Europa. Weyler era perfectamente consciente del efecto que causaba su nombre, de modo que antes de partir de España, todavía intentó, mediante comentarios belicosos, fortalecer el patriotismo en la isla e intimidar a los rebeldes. No se cansó de repetir, aun antes de abandonar el vapor en La Habana, que a partir de aquel momento soplaría otro viento y que quien conociera su temperamento y sus «condiciones de carácter» —severo y duro— no necesitaría mucha fantasía para imaginarse la «línea de conducta» que «ha[bría] de seguir»[1].

A su vez, los revolucionarios también hicieron uso de aquella caja de resonancia para retratar a Weyler, sobre todo en los Estados Unidos, como un carnicero y violador de vuelta en Cuba. En un folleto antiespañol publicado en Tampa se añadía que el sanguinario gobierno de Cánovas actuaba sin escrúpulos al enviar a Cuba a la «bestia salvaje» de Weyler. El Yara, órgano del Partido Revolucionario Cubano en Cayo Hueso, publicó colaboraciones bajo el título de «La iniquidad de Weyler»[2]. El militar ya no conseguiría nunca librarse de su particular leyenda negra —asociada a su nombre, y con razón, desde las campañas en el Caribe—, ni siquiera tras su cese, en el otoño de 1897, o la derrota española en la guerra contra Estados Unidos, en el verano de 1898[3]. Como se vería durante el mandato de Weyler al frente de la Capitanía General de Cuba, para los rebeldes era casi más importante ganar la guerra propagandística librada en los Estados Unidos que vencer en el campo de batalla contra las tropas españolas. Además, Weyler, el carnicero, garantizaba a la prensa sensacionalista de William Randolph Hearst (New York Journal) y Joseph Pulitzer (New York World) unas cifras de ventas en continuo crecimiento[4].

El nuevo hombre en La Habana: Valeriano Weyler

El nuevo hombre en La Habana: Valeriano Weyler

Con el envío de Weyler a Cuba, el gabinete conservador de Cánovas del Castillo se pronunció a favor de una ruptura radical con la política militar de Martínez Campos, la cual, según un observador crítico, había permitido, sin querer, el margen de maniobra que la revolución necesitaba para extenderse[5]. Weyler, en cambio, era el hombre sin remilgos que se necesitaba mientras se acababa el siglo. De origen alemán, concienzudo y obediente, era un militar al que no le dolían prendas en hacer el trabajo sucio. En Filipinas, en 1891, había acabado con los rebeldes musulmanes de Mindanao; siendo capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas, había aplastado insurrecciones y restablecido violentamente el orden público tras producirse protestas a causa de los impuestos; en Cataluña, en 1893, había declarado el estado de guerra en Barcelona, lo que había hecho posible una sangrienta persecución de obreros y anarquistas. Weyler era un profesional de la violencia que solícitamente ofrecía aplicar su saber por medio mundo. Durante la Restauración sirvió de «apagafuegos» a liberales y conservadores, ya fuera en la metrópoli o en la periferia.

Con Weyler como capitán general y gobernador general en La Habana, el ejecutivo español apostó decididamente por intensificar los esfuerzos bélicos y dio por buena la radicalización de los medios empleados. Con la extensión de la insurrección a las provincias occidentales, la presión sobre el gobierno conservador de Madrid se había extremado. Cánovas temía por el frágil sistema político de la Restauración y su artificioso bipartidismo. En 1885, tras la prematura muerte del rey Alfonso XII, los dos partidos dinásticos —los liberales de Sagasta y los conservadores de Cánovas— habían acordado, en el Pacto de El Pardo, la alternancia en el gobierno. Las elecciones, organizadas pro forma por el partido de turno, no solo excluían del poder, por ejemplo, a la oposición republicana, sino que le garantizaban una generosa mayoría parlamentaria al partido minoritario elegido por la corona para formar gobierno. De este modo se preservaba la apariencia de una monarquía parlamentaria, mientras liberales y conservadores se alternaban pacíficamente en el poder. Ambos partidos entendían que la continuidad del sistema de la Restauración estaba ligada al control español sobre la Perla de las Antillas, por lo que la elección de Weyler no se debió solamente a las demandas de mano dura de la prensa española y de quienes, en Cuba, apoyaban al españolista Partido de la Unión Constitucional. Había que conservar la isla a cualquier precio, «hasta el último hombre y la última peseta». En los círculos militares y gubernamentales, la españolidad de Cuba se convirtió en un asunto que afectaba al «honor nacional». Un estricto régimen militar y sobre todo el control de la población mediante reubicaciones debían restablecer el dominio español sobre la isla. El 19 de enero de 1896, Weyler —que políticamente se inclinaba más bien hacia el campo liberal— puso al gobierno conservador en Madrid al corriente de sus planes. En cuestiones militares, Cánovas le había dado carta blanca[6].

Aun antes de que Weyler impartiera en La Habana sus primeras órdenes, en los periódicos españoles aparecieron informaciones sobre sus planes operativos para la pacificación de la isla, entre cuyos aspectos centrales se encontraba —y ello no sorprendió a nadie— la reconcentración demandada desde distintas instancias. En este sentido, Weyler no hizo más que cumplir las expectativas puestas en él. El periódico liberal Heraldo de Madrid se remitió a expertos militares que habrían insistido, ya desde el comienzo de la guerra en Cuba, en que el logro de una rápida «pacificación» dependía de la deportación y reubicación de la población rural a puntos bajo control militar. Curiosamente, en la prensa diaria predominaba el argumento de que el internamiento, además de ser un medio eficaz contra el espionaje cubano, que funcionaba bien, protegía sobre todo a las tropas españolas que, castigadas por las elevadas bajas, quedaban durante sus marchas a merced de los temidos francotiradores cubanos[7]. La información periodística no revela un conocimiento exhaustivo del valor de la separación entre civiles y rebeldes como elemento nuclear de una efectiva lucha contra las guerrillas, lo cual resulta particularmente asombroso en vista de la experiencia de la Guerra de los Diez Años. ¿Acaso habían caído ya en el olvido los debates en la prensa diaria sobre la efectividad de la guerra contrainsurreccional? Es de suponer que no, por lo que la tosquedad de la lógica empleada por la prensa española debería más bien ser valorada como muestra de que, tras la declaración del estado de guerra en toda la isla, los cubanos fueron considerados en conjunto, si no como rebeldes, sí al menos como simpatizantes de los revolucionarios. En aplicación del lema «padre español, hijo laborante, nieto filibustero», toda la población rural era sospechosa de rebelión, como se deducía de la exitosa «invasión» de las provincias occidentales por parte del ELC. La dicotomía entre reconcentrados y revolucionarios ya había llevado a excesos contra los civiles durante la Guerra de los Diez Años. También en la guerra de 1895 hubo más de un oficial español convencido de haber visto la traición en los ojos de las jóvenes cubanas[8].

A diferencia de la opinión publicada en España, las mujeres cubanas como Carmen Paysol fueron conscientes, desde el principio, de las consecuencias que cabía esperar del internamiento de la población rural. En febrero de 1896 le escribió desde Santa Clara a su amiga en París que la reconcentración, «con su secuela de miserias y enfermedades», les causaba espanto. Paysol formaba parte del considerable número de cubanos que en la isla se mostraban indiferentes ante la revolución y escépticos ante las autoridades españolas. Durante la guerra, lo esencial era vivir y sobrevivir, y las reflexiones ideológicas apenas tenían cabida en la vida diaria. La correspondencia privada de Marta Abreu es un rico testimonio de las experiencias de las mujeres de clase media y alta —y, en general, de los civiles— en el día a día urbano de la guerra. Abreu apoyó desde el exilio al Partido Revolucionario Cubano con donaciones en gran parte anónimas. A sus parientes y conocidos en la isla les pidió durante la guerra que con regularidad le enviaran informes sobre la situación, tanto personal como política. De las cartas a la patriota exiliada, se deduce la delicada situación de las familias cubanas, que se veían a menudo atrapadas entre dos frentes a pesar de vivir una guerra sin frentes definidos[9].

Para estas mujeres, la realidad de la guerra estaba muy lejos del romanticismo revolucionario, de la «epopeya nacional» elaborada más tarde en sus memorias por los independentistas cubanos. Recientemente, John L. Tone ha vuelto a tratar en su trabajo la problemática de la «guerra de liberación nacional», recordando, en referencia a la historiografía de orientación patriótica, que durante los años que duró el conflicto, el Ejército Libertador apenas llegó a superar los 40 000 o 50 000 hombres. Las filas de los patriotas solo empezaron a llenarse en 1898, en los últimos meses de la guerra. Incluso Weyler —de quien, con todo, hay que admitir que no era un testigo neutral— aludió en sus memorias al importante grupo poblacional que solamente aspiraba a vivir y a trabajar en paz[10]. Sin embargo, la caracterización de la guerra únicamente en función del número de combatientes se queda corta, porque es precisamente en los conflictos asimétricos donde el éxito de la guerrilla, que también depende de la colaboración activa de una pequeña minoría, necesita sobre todo del apoyo pasivo de la población. Además, los investigadores consideran que la guerra popular se caracteriza por el recurso a la táctica de guerrilla y a un ejército reclutado entre los habitantes del país. Aun así, deberíamos desconfiar de la imagen de un pueblo unido en armas enfrentándose a la tiranía española en una «guerra de liberación nacional». Para empezar, la «unidad nacional» se cuestionaba en el seno del propio ELC, donde convivían diferentes concepciones y expectativas relativas a la Cuba libre. Los objetivos social-revolucionarios de las tropas afrocubanas se oponían a menudo a la idea de la autodeterminación sin pérdida de privilegios sociales que defendían quienes estaban al mando de las unidades, es decir, generalmente los criollos blancos. En su trabajo sobre los nacionalismos en conflicto, Lillian Guerra ha analizado pormenorizadamente estas líneas de enfrentamiento (y otras parecidas) en el nivel político (el PRC). Sin embargo, los cubanos «neutrales», que no empuñaron las armas ni por el bando cubano ni por el español, apenas han suscitado la atención de la historiografía interesada en los «movimientos nacionales»[11].

Por su parte, Weyler no tardó en dejar claro que lo suyo no eran las medias tintas: «Solo existen para mí en Cuba españoles y separatistas». El 10 de febrero de 1896, nada más llegar a la isla, se dirigió a los regimientos de voluntarios de La Habana, para quienes no solo tuvo palabras de confianza, sino también de estímulo. En sus filas detectó de nuevo la valentía de sus combatientes durante la Guerra de los Diez Años. Que los voluntarios volvían a ser un poder fáctico que no debía ser subestimado era algo que había quedado demostrado en enero, con la presión ejercida en las calles de la capital contra Martínez Campos[12].

En La Habana, miles de mirones entusiasmados dieron la bienvenida a Weyler, quien no recibió solamente los telegramas protocolarios de sus pares —ministros y otras autoridades—, sino también numerosos escritos de cargos inferiores, que lo felicitaron por su llegada a aquella «tierra española». Los telegramas reflejaban las esperanzas puestas en Weyler, elevado por momentos, con religiosa exaltación, al rango de un mesías de quien, combatiendo la «barbarie contra la civilización», se esperaba un pronto y feliz final de la guerra[13]. Weyler era consciente de las grandes expectativas depositadas en él, a las que, por otra parte, no era en absoluto ajeno: en una entrevista concedida antes de su partida de Barcelona y Cádiz había declarado que pretendía pacificar la isla en el plazo de dos años.

Aquellas grandilocuentes palabras también llegaron a oídos del cuartel general del «ejército invasor». El 3 de febrero de 1896, los rebeldes hicieron acopio de las municiones que los hombres de Pedro Díaz les habían quitado a las tropas españolas en la línea de ferrocarril entre La Habana y Batabanó. El objetivo de los revolucionarios era aprovechar la llegada de Weyler para, si no atacar la capital, al menos hacer una demostración de fuerza en los alrededores de las fortificaciones de La Habana. Sin embargo, no fue hasta el 12 de febrero cuando Antonio Maceo consiguió cruzar la trocha española en las inmediaciones de Artemisa y penetrar así en la provincia de La Habana para realizar más operaciones. Dejadas atrás las localidades de Güira de Melena, San Antonio de las Vegas —que no opuso resistencia— y llegando a Quivicán el 18 de febrero de 1896, sus tropas avanzaron hacia Jaruco, que sufrió una destrucción parcial. Al día siguiente, Máximo Gómez y Maceo se encontraron tras más de un mes de operaciones independientes e inmediatamente se vieron obligados a luchar contra la abrumadora masa de una columna española cerca de San José de las Lajas, padeciendo numerosas bajas. Una vez reunido, el ejército invasor, cuyo tamaño le restaba toda movilidad, resultó ser una presa fácil para las unidades españolas. De ahí que, aún aquel mismo día, Gómez y Maceo volvieran a separarse. Las tropas de Maceo regresaron a Pinar del Río pasando cerca de La Habana, no sin antes —el 25 de febrero— causarle numerosas bajas al coronel Molina en La Perla (Matanzas). El 10 de marzo, Gómez y Maceo decidieron abandonar la zona de Matanzas por ser demasiado difícil para la revolución.

Con ello, el «ejército invasor» quedó formalmente disuelto. A partir de aquel momento, Maceo asumió el mando del Sexto Cuerpo del ELC en Pinar del Río. En vista de la superioridad española, aquella provincia, montañosa y de difícil acceso, ofrecía con la Sierra del Rosario un terreno más apto que Matanzas o La Habana para la llamada táctica de hit and run (golpear y correr) empleada por los revolucionarios. Además, la intensificación de las operaciones en Pinar del Río debía torpedear también el pomposo anuncio realizado por Weyler de que, en la provincia, la cosecha de tabaco y la zafra se desarrollarían con normalidad. Maceo estaba dispuesto a utilizar «recursos extremos»: «Infundiendo el necesario terror» en los latifundistas para que estos renunciaran a la zafra[14]. Gómez, por su parte, volvería a actuar en las provincias centrales y en el este de la isla, además de organizar el urgente reforzamiento del ELC en el oeste. En Puerto Príncipe, en las zonas dominadas por los rebeldes, Gómez reunió, bajo el mando del general Juan Bruno Zayas, una columna bien armada de 500 hombres que a mediados de mayo se puso en marcha en dirección oeste para apoyar al Sexto Cuerpo del Ejército Libertador. Zayas cayó el 30 de julio en un combate en Quivicán, en la provincia de La Habana, de modo que Maceo tuvo que arreglárselas sin él; además, el Consejo de Gobierno de la «República en Armas» —la dirección política en la isla— no atendió su petición de refuerzos. En cumplimiento de lo acordado entre el consejo y la delegación del PRC en Estados Unidos, expediciones más importantes con combatientes y armas atracaron en Camagüey o en Oriente. Los conflictos en el seno de la dirección militar y política se agudizaron e impidieron también que Gómez viera cumplida su pretensión de regresar con rapidez al occidente de la isla.

La oposición a Weyler también se formó en otro nivel. En Matanzas circulaban rumores sobre planes de atentados. Al parecer, el nuevo capitán general iba a ser atacado al hacer escala en Puerto Rico o al atracar en La Habana. Un telegrama confidencial enviado desde Matanzas previno a las autoridades. Respecto a los planes de atentados, la Administración colonial española no andaba en absoluto desencaminada. Desde comienzos de marzo, el joven revolucionario Armando André también trabajaba, junto a otros conspiradores, en un plan para volar por los aires el palacio de la Capitanía General en La Habana, con Weyler dentro. Querían llegar hasta el palacio a través del alcantarillado y colocar una carga explosiva. Tras varios viajes a los Estados Unidos se había reunido suficiente dinamita. Con ayuda de un anarquista español, los revolucionarios construyeron la bomba que querían colocar en los baños situados justo debajo del despacho oficial del capitán general y a los que era fácil acceder. Teóricamente, el edificio debía derrumbarse con la fuerza de la explosión.

El 28 de abril de 1896, tras unos largos preparativos, André estaba por fin listo. Colocó la bomba, la activó y se puso a cubierto. Todo iba según lo previsto, solo que la dinamita era de tan ínfima calidad que en la Capitanía General apenas temblaron las paredes. Aún aquel mismo día, Weyler informó al ministro de Ultramar, Tomás Castellano y Villarroya, de una pequeña explosión en el edificio, causada, de acuerdo con las primeras investigaciones, por «gases acumulados en fosa letrina». Weyler minimizó el alcance del incidente: «Cuando se haga escombreo podrá precisarse más esta opinión». Para André, el atentado frustrado solo fue el comienzo de una historia de fracasos. Junto con sus camaradas quiso causar el pánico en la capital volando, con una serie de bombas, las instalaciones de suministro de gas. Sin embargo, el resultado de los atentados fue que, en uno de ellos, se desprendió un poco de argamasa, mientras que en el otro no sucedió nada en absoluto. La supuesta dinamita estaba básicamente compuesta de serrín y no habría explotado ni colocada sobre una hoguera. Con todo, André no se rindió, aunque decidió abandonar la capital, abrirse camino hasta las tropas rebeldes y continuar su lucha en otro frente[15].

La implementación de un nuevo sistema de guerra

La implementación de un nuevo sistema de guerra

Aunque el día de aquel incidente no quiso calificar la explosión de atentado, Weyler era perfectamente consciente de la actividad de conspiradores y revolucionarios en la capital. Con los rebeldes a las puertas de La Habana, quería fortalecer la moral, el «espíritu español». El «carácter nacional» de la insurrección, es decir, el hecho de que por primera vez el conflicto abarcara toda la isla, era un gran desafío para Weyler. Inmediatamente procedió, junto a sus colaboradores, a implementar el nuevo sistema de guerra, que consistía, en primer lugar, en la división de la isla en zonas operativas militares. El objetivo era aislar a las unidades rebeldes mediante la construcción de defensas y el reforzamiento y modernización técnica de las líneas defensivas ya existentes. Con las barreras norte-sur —entre Mariel y Majana o entre Júcaro y Morón— se pretendía interferir en las líneas de comunicación de los revolucionarios, así como cortar sus vías de avituallamiento. Según el plan operativo había que ir pacificando zona a zona, de oeste a este, empujando a los insurrectos de vuelta a Oriente.

Para la efectividad de la lucha contra las guerrillas también era necesaria una reorganización de las tropas de la isla. Las unidades regulares que Martínez Campos había destinado a la protección de los ingenios y demás fábricas debían ser retiradas y sustituidas por voluntarios. Lo ideal era que el teatro de operaciones de las distintas divisiones se limitara a la región militar asignada a cada una de ellas, de manera que los soldados españoles que no conocieran el terreno tuvieran la oportunidad de familiarizarse con él. Weyler aligeró el equipo de la caballería, por lo que esta gano en movilidad. Los batallones compuestos por infantería, caballería y artillería ligera fueron apoyados por unidades de contraguerrilla reclutadas in situ, las cuales, como se vio en el primer capítulo, habían demostrado su eficacia militar durante la Guerra de los Diez Años, ya fuera reforzando a las tropas regulares —actuando como volantes—, ya fuera asegurando los perímetros de pueblos y ciudades.

Por lo tanto, y según Weyler, era preciso intensificar el reclutamiento de las unidades irregulares. De hecho, las unidades de contraguerrilla, conocedoras del terreno y habituadas al clima tropical, resultaron ser particularmente valiosas para la guerra de guerrillas. Su efectividad fue repetidamente puesta de relieve en memorandos y memorias, toda vez que se encontraban entre las tropas que más contacto tenían con el enemigo, aunque ya en 1896 hubo españolistas convencidos que se quejaron de que los voluntarios ya no servían como durante la Guerra de los Diez Años, al contar las unidades paramilitares con demasiados «hijos del país» y estar por ello «minad[as] por los separatistas». Está fuera de toda duda que hubo deserciones en varias unidades de contraguerrilla, algunas como consecuencia de un llamamiento que hizo Antonio Maceo en 1896, en el que invitaba a los voluntarios a pasarse con armas y bagajes al ELC y, ante la previsible «persecución española», ofrecía a los familiares de los desertores la protección de la «República en Armas». En el caso de la contraguerrilla local de Trinidad, por ejemplo, fueron poco menos de 100 combatientes los que desertaron al bando de los rebeldes, bien es verdad que solo hacia el final de la guerra, entre enero y julio de 1898[16]. En general, la disciplina siempre fue un gran problema. Más de una tropa acabó degenerando y convirtiéndose en una partida de salvajes. Los saqueos de pueblos y caseríos por parte de algunas unidades se debieron en parte a los atrasos en el pago de la soldada. Weyler intentó mejorar la disciplina ordenando que todas las unidades fueran mandadas por oficiales de la reserva. Sin embargo, aquella norma o no se cumplió o no surtió efecto. Los civiles ya consideraban al comienzo de la guerra que las unidades de contraguerrilla no eran más que bandas de ladrones, y eso en el mejor de los casos. Observadores de la época les achacaron diferentes excesos; no sin razón, como confirman también fuentes españolas.

El análisis de la correspondencia privada ilumina con más precisión los miedos y las preocupaciones de la población civil ante la presencia de unidades irregulares violentas. Desde una perspectiva de género es particularmente interesante la correspondencia de las mujeres, que revela una amarga experiencia de la violencia en la que se mezclan los excesos de los revolucionarios con los de las unidades españolas de contraguerrilla. Rosa, una mujer de Santa Clara, describió cómo una contraguerrilla española saqueó su casa, y añadió: «[E]s horroroso, no nos queda nada pues tanto daño hacen los unos como los otros». Antes, durante un ataque de los revolucionarios a su ciudad, había sentido «que el mundo se terminaba». Era muy consciente de lo relativamente privilegiada que era la situación de las ciudades, ya que el destino era aún más duro con las gentes de las pequeñas localidades destruidas o con los habitantes del medio rural en general, que, privados de su base de subsistencia, «anda[ba]n de un punto a otro sin saber qué hacer y perdiendo todo lo que [tenían] por unos y por otros»[17].

De aquellos informes sobre el día a día de la guerra se deduce que, por lo que se refiere al bando español, la violencia contra la población civil se debió exclusivamente a los regimientos de voluntarios y a las unidades locales de contraguerrilla. También un ganadero preocupado llegó a la conclusión de que las guerrillas nativas al servicio de los españoles «hac[ían] más daño que los insurrectos». En los diarios de guerra de las tropas revolucionarias de Maceo y Gómez se relata a menudo cómo se castigaban con la pena de muerte los excesos respecto a los pacíficos o el «rapto de señoritas»; en cambio, las fuentes apenas permiten documentar, en estos casos, la aplicación de castigos severos por parte de los españoles. Después de que un teniente español llamado Alonso abriera fuego sin motivo contra un grupo de civiles, el tribunal militar de Pinar del Río lo condenó a solo veinticuatro horas de arresto[18]. De todos modos, era frecuente que la autoridad de veteranos como Gómez o Maceo apenas traspasara los límites de las unidades directamente colocadas bajo su mando, de manera que tampoco ellos podían controlar a los llamados plateados, bandas de saqueadores que actuaban en nombre de la revolución. Si la «República en Armas» quería presentarse como alternativa al poder colonial, era perentorio que los civiles fueran por lo menos escuchados y que fueran castigados los robos, las amenazas de violencia y los excesos de las tropas. Sin embargo, en aquellos casos era casi inevitable que lo ideal y lo real de la guerra se contradijeran.

Y no es que los oficiales del ELC o la administración revolucionaria no tuvieran conciencia, en numerosos casos, del alcance de los problemas. Pedro Betancourt, por ejemplo, tomó medidas contra los exorbitantes «impuestos revolucionarios» con los que se violentaba a los civiles; Maceo intentó actuar contra los acaparadores en la región de Bahía Honda; en Santa Clara fue el prefecto Antonio López quien no dudó en condenar a los llamados rancheros, que se dedicaban a la agricultura al servicio de la revolución, por sus abusos «degradante[s] para los principios democráticos que inspiran nuestra Revolución Republicana», obligándolos a reubicarse en zonas en las que apenas entrarían en contacto con pacíficos; cuando en una incursión de pillaje del Ejército Libertador desapareció incluso ropa infantil, otro prefecto declaró lacónicamente: «[E]sto no adorna a nuestro ideal». Y un prefecto se quejó desde Pinar del Río de que las constantes amenazas y la violencia provocaran la huida de la población civil a la «zona enemiga». Tras una serie de anuncios en los que, de cara a la galería, se exigió a los revolucionarios más consideración con la población civil, Bernabé Boza Sánchez apuntó en su diario, no sin cinismo, que a partir de aquel momento se haría con las gallinas de los pacíficos «con mucho respeto». La población acabó reaccionando con indiferencia cuando el ELC, en una circular, prohibió «terminantemente» el «saqueo injustificado». Después de todo, daba igual que el robo se hiciera en nombre de la revolución o con propósito de enriquecimiento personal[19].

Tampoco Weyler tuvo en cuenta a la población civil en su plan operativo, ni retrocedió ante la posibilidad de molestar a los influyentes barones del azúcar del occidente de la isla. Sin embargo, con ocasión de la retirada, arriba mencionada, de las unidades regulares de las fincas e ingenios estratégicamente irrelevantes, la oposición se hizo notar crecientemente, no ya entre los propietarios, sino en las propias filas. El relevo por voluntarios, ordenado a mediados de abril de 1896, se realizó entre demoras e impedimentos. Con la «protección» de las propiedades, los jefes militares in situ conseguían engordar muy oportunamente sus ingresos, ya que les hacían aflojar a los titulares un sobresueldo nada desdeñable que podían sumar a su soldada regular. Y también los cargos superiores se aseguraban su parte del pastel, dado que la decisión de convertir una propiedad en una guarnición les proporcionaba pingües beneficios. Sin embargo, aquellos falsos estímulos, así como el margen de maniobra para el cumplimiento de las órdenes, repercutieron negativamente en las decisiones relativas a la construcción de fortificaciones y al estacionamiento de tropas. En perspectiva histórica sucede a menudo que no es fácil diferenciar entre mala comunicación, necesidades regionales diferenciadas y puro y simple obstruccionismo. El 17 de agosto de 1896, por ejemplo, llegó a La Habana, procedente de Santiago, una solicitud de protección de varias fincas. El meollo de la cuestión era si la correspondiente orden de diciembre de 1895 todavía estaba vigente. Además, el anexo al escrito contenía anuncios de los revolucionarios en los que se prohibía la zafra en Oriente. ¿Acaso los jefes militares en el este de la isla no habían recibido todavía las nuevas órdenes? ¿Es que aquellas no se adecuaban a la situación? ¿O se trataba más bien de ganar tiempo antes de tener que abandonar aquellos puestos tan lucrativos? En el verano de 1897, las propiedades privadas aún estaban bajo la protección de numerosas unidades regulares. Pero Weyler, firme partidario de la primacía de la ofensiva, no estaba dispuesto a permitir que se le criticara una disposición demasiado defensiva del Ejército español, de modo que el 14 de junio, el Estado Mayor tuvo que regular de nuevo el estacionamiento de las tropas[20].

Resultó que, durante meses, el valor estratégico de las bases fue objeto de un verdadero regateo, como, por ejemplo, en el caso de las minas privadas de Juragua y Daiquirí, cercanas a Santiago de Cuba y explotadas por un consorcio estadounidense. La compañía había construido las fortificaciones antes del mandato de Weyler y de acuerdo con las normas militares. Dos compañías estaban destinadas a las minas. El capitán responsable del lugar alababa el fuerte como punto de referencia central, incluso para las tropas que operaban en las inmediaciones. Sin embargo, la respuesta de La Habana no se hizo esperar: las únicas instalaciones que podrían seguir siendo utilizadas serían las estratégicamente relevantes. La «forma y modo en que ha[bría]n de irse retirando l[a]s que no respond[ier]an a [aquel] objeto» se dejaban a la «discreción» del jefe militar. Cuando el cónsul de los Estados Unidos en Santiago de Cuba se enteró de los planes de retirada de las tropas, las protestas fueron inmediatas. No es pues de extrañar que, meses más tarde, todavía siguieran estacionadas dos compañías en las minas. El jefe militar se remitió al ámbito de discrecionalidad que le reconocía el escrito de La Habana y que él mismo se encargó de ampliar. A la «discreción» y modo de llevar a cabo la retirada —que, en efecto, se dejaba a su buen saber y entender—, no dudó en añadir la elección del momento adecuado para el desmantelamiento de la base, con el argumento del posible valor estratégico futuro de las fortificaciones.

En las provincias occidentales, casi todos los propietarios de fábricas y fincas empezaron a asumir la financiación de sus fortificaciones y el sustento de los voluntarios. Los gobiernos militares de Matanzas y La Habana autorizaron prácticamente todas las solicitudes de unidades paramilitares de los fabricantes de azúcar, con lo que se amortiguó el efecto de la retirada de las tropas regulares. El tope solía estar en los treinta a cincuenta hombres para cada caso. El ingenio Central Limones, en Matanzas, incluso disponía de una tropa de más de cien soldados privados armados. Pero la financiación no siempre era del todo transparente. A veces, los hombres se mantenían «por cuenta del Estado», y a veces era el propietario el que asumía aquel gasto, «pagándolos por su cuenta». No hubo instrucciones más detalladas al respecto hasta junio de 1897, cuando las directrices establecieron que aquellas propiedades que todavía fabricaran azúcar o generaran otros beneficios agrícolas asumirían los costes por sí mismas, mientras que las demás recibirían apoyo oficial[21].

En manos del general Juan Arolas y Esplugues estaba la implementación de otro aspecto central del plan operativo de Weyler: la ampliación y control de la línea militar cerca del límite entre las provincias de Pinar del Río y La Habana. La trocha entre Mariel y Majana estaba concebida para aislar a los combatientes de Antonio Maceo, que se encontraban en el oeste de la isla —incluida su base de operaciones—, del resto de las unidades del ELC. Weyler exigió de sus jefes militares que, a lo largo de la línea Mariel-Artemisa-Guanajay, establecieran la prohibición absoluta de paso «de persona alguna que no mere[ciera] su confianza». Como se verá en los siguientes apartados con más detalle, la provincia de Pinar del Río estuvo, hasta la muerte de Maceo, el 7 de diciembre de 1896, en el núcleo de los esfuerzos militares del Ejército Expedicionario español[22].

También Arolas, que ya en Filipinas había sido la mano derecha de Weyler, tuvo que superar unos considerables obstáculos para construir las fortificaciones. Las resistencias no se debieron tanto a la falta de cooperación de los hacendados, los cuales se negaron —como en el caso del ingenio Asunción— a poner trabajadores y material a disposición de las tropas españolas para que estas aseguraran sus propiedades[23], como a los problemas causados por el procedimiento grosero de los oficiales. En las cercanías de Artemisa, los zapadores no dudaron en convertir la casa de Simon Grenier en un fuerte, de modo que al propietario no le quedó más remedio que abandonar la casa y huir a La Habana. En Consolación del Sur (Pinar del Río) hubo civiles obligados a trabajar en las fortificaciones y se confiscaron herramientas y material de construcción. En ambos casos, los perjudicados eran franceses. Grenier exigió una indemnización a través del cónsul de su país, pero las autoridades españolas la rechazaron por infundada, es más: según la lapidaria respuesta de aquellas, el edificio incluso se revalorizó con la fortificación y no cayó en manos de las «hordas» levantiscas gracias a la unidad allí estacionada[24].

Si hoy conocemos muchos de los excesos y abusos que sufrieron los civiles precisamente en los trabajos de fortificación, es porque algunas de las víctimas eran extranjeras y los diplomáticos de sus países alzaron sus voces por ellas. La minoría china en Cuba se vio particularmente afectada. No era infrecuente que los chinos fueran reclutados a la fuerza por las unidades de voluntarios u obligados a trabajos forzados. Lern Ken Yin, de Batabanó, se quejó de que, al contrario de lo que sucedía con los trabajadores blancos o negros, los chinos ni siquiera eran alimentados, por no hablar de que no recibían paga alguna. Los representantes chinos también fueron tratados con menosprecio, como se puso de manifiesto cuando oficiales españoles decidieron, ni cortos ni perezosos, alojar tropas en la casa del agente consular chino en Guanajay. Los jefes militares españoles in situ rechazaron, por falsas y calumniosas, las acusaciones de trabajos forzados y acoso, exponiendo que los trabajadores chinos colaboraban «voluntariamente» en la construcción de las fortificaciones, recibiendo por ello alimentos y una compensación económica, «aunque fuera poco». En Guanajay, los responsables alegaron que las normas municipales les permitían «acudir a la prestación personal» en situaciones excepcionales, como podían ser las de estrechez financiera, por lo que era perfectamente normal que también hubieran sido movilizados unos cuantos chinos. A mediados de marzo de 1896, el propio Weyler autorizó telegráficamente a Arolas a «utilizar habitantes pueblos inmediatos línea» para la rápida finalización de la trocha entre Mariel y Majana. También la expropiación de carros, animales de tiro, herramientas y material de construcción recibió el visto bueno del capitán general. No fue hasta septiembre de 1897 cuando Weyler, a la vista de las numerosas protestas, se pronunció en contra del empleo de extranjeros para los trabajos de fortificación, por lo menos en Guanajay[25].

En el plano político, el 16 de febrero de 1896 hubo toda una serie de anuncios que allanaron el camino de la radicalización. Los 15 artículos de una nueva instrucción sometieron prácticamente todos los ámbitos de la vida pública a la ley marcial y prohibieron todo contacto con los rebeldes. El intento de penalizar incluso la difusión de rumores y datos falsos indica el alto grado de inseguridad existente en La Habana. Una información positiva sobre los patriotas pasaba a ser tan ilegal como las injurias contra España, las Fuerzas Armadas o los voluntarios, por poner solo algún ejemplo. Por lo demás, Weyler traspasó su «potestad jurisdiccional» como capitán general, gobernador general y jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba a los militares de más alta graduación de sus ejércitos, lo cual debía permitirles llevar a cabo juicios y fusilamientos sumarísimos; incluso sin consultar con el capitán general, si se trataba de casos de sedición militar o delito de insulto a superior. Una ola de represión inundó la isla. Los cubanos, fueran del color político que fueran, eran considerados sospechosos y revolucionarios en potencia.

Aquello afectó especialmente a los criollos que desempeñaban cargos políticos. Desde Puerto Príncipe, el jefe militar informó de que la «lealtad de los [funcionarios] cubanos [era] muy dudosa», siendo así que la provincia disponía de numerosos funcionarios que se suponían afectos al bando autonomista. Pero aquella imagen cambiaría al poco tiempo de llegar Weyler. Las vacantes fueron cubiertas sistemáticamente con peninsulares intransigentes. Ya en abril de 1896, por ejemplo, Aizpurua, el jefe militar liberal de Sancti Spíritus, fue sustituido por el general Pedro Pin, que a partir de aquel momento colaboró con el Casino Español. Las cárceles de la isla se llenaron de «sospechosos». De acuerdo con las instrucciones de Weyler, los «elementos nocivos» de la sociedad fueron deportados, en los casos más graves, a Fernando Poo, las islas Chafarinas o Ceuta, y en los demás casos a Isla de Pinos (la actual Isla de la Juventud), convirtiéndose en lo que en la jerga militar se conocía como domiciliados forzosos[26]. Los expedientes accesibles en el Archivo General Militar de Madrid muestran un galopante aumento de las deportaciones tras la toma de posesión de Weyler. Sin embargo, aquel incremento no fue solo responsabilidad del capitán general, cuyas normas fueron recibidas con satisfacción hasta en los últimos rincones de las provincias. Las autoridades civiles y militares enviaron a docenas de sospechosos a La Habana, desde donde fueron deportados en barco. Los motivos exactos de las deportaciones eran a menudo vagos. El veredicto aludía por lo común a conspiradores o «afiliados a las asociaciones de ñáñigos»[27].

Los catalizadores de la espiral de violencia que se remontaba al mandato de Martínez Campos fueron el régimen militar basado en reglamentos e instrucciones y la arbitrariedad política generalizada. En las ciudades se intensificó la persecución política mientras en los frentes inestables de la manigua se descontrolaban las operaciones militares. La violencia desatada se dirigía cada vez más contra la población civil. De hecho, las fuentes cubanas aluden a un «cambio extraordinario», coincidente con la llegada de Weyler a la isla, en la política y en la estrategia militar. Para los independentistas empezó la «época del terror». Esta imagen ha marcado hasta hoy la historiografía, en la que prevalece el punto de vista dicotómico que divide a los actores entre «víctimas cubanas» y «victimarios españoles»[28]. Para el delegado del PRC en Nueva York, Tomás Estrada Palma, por ejemplo, las instrucciones y los severos anuncios de Weyler eran la encarnación del «pensamiento diabólico de genio infernal». Gracias a Weyler, que proporcionó una imagen del enemigo compartida y claramente identificable, las diferencias en el seno del ELC y de la «República en Armas» pasaron temporalmente a un segundo plano. Sin embargo, la presencia del «monstruo» no tuvo como único efecto la evidente unión y el fortalecimiento de la voluntad de resistencia en las filas revolucionarias. Su dura línea militar, que excluía explícitamente una solución política y las negociaciones con los «enemigos de España», llevó también a la marginación política de las fuerzas moderadas y reformistas de la isla que, como consecuencia, se aproximaron a los revolucionarios. La política de Weyler arrinconó y partió en dos al Partido Liberal Autonomista[29].

Los bandos de reconcentración en las provincias orientales

Los bandos de reconcentración en las provincias orientales

Finalmente, con el bando de reconcentración del 16 de febrero de 1896 para la jurisdicción de Sancti Spíritus y las provincias de Puerto Príncipe y Santiago de Cuba, Weyler implementó, al menos sobre el papel, el severo control de la población en que implícitamente consistía su misión. En el preámbulo de la orden señalaba que tenía la intención de proteger de las vicisitudes de la guerra a los «honrados habitantes» de la isla «lealmente adictos a la causa de España». Para ello, toda la población rural del este debía acudir, en el plazo de ocho días, a los puntos controlados por las tropas españolas. Todo aquel que se encontrara fuera de aquellas ciudades, pueblos y bases necesitaría un pase. En realidad, el argumento de la «protección» no era ni tan siquiera secundario, porque para el abastecimiento y el alojamiento de los refugiados que afluían a las ciudades desde el comienzo de la guerra, el Estado Mayor de Weyler no había adoptado medida especial alguna. El objetivo real del golpe político-militar contra la población civil era impedir que simpatizantes y civiles siguieran dando acceso a los revolucionarios a armamento, víveres, medicamentos, ropa e información de relevancia militar sobre los movimientos de las tropas españolas. Además, la despoblación de las zonas rurales agotaba la reserva de reclutas más importante de los patriotas. El artículo 3 del bando, que disponía que todos los comerciantes de las zonas rurales debían abandonar sus negocios y acudir a los puntos fortificados, es otro indicio de que lo que se buscaba era privar a la insurgencia de toda base de supervivencia. En cuanto a los edificios abandonados, los oficiales españoles debían «tomar […] las medidas que aconsej[ara] el buen éxito de las operaciones», es decir, destruirlos. A los ojos del ejecutivo de la metrópoli madrileña, Weyler había tomado el camino correcto. El 24 de febrero de 1896, el militar recibió un telegrama de felicitación del ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga y Palmero: «La reina y el gobierno ven con agrado por los últimos telegramas de vuecencia el acierto con que dirige las operaciones y la actividad y bizarría de las columnas que atacan y persiguen al enemigo»[30].

Es inútil buscar en las memorias de Weyler —incluido el anexo— el temprano bando de reconcentración del 16 de febrero de 1896, y ello a pesar del propósito del autor de «procura[r] documentar lo más posible [aquellas] páginas y hacer de [su] obra […] un testimonio verídico de lo acaecido en Cuba durante [su] mando»[31]. El bando también ha pasado prácticamente desapercibido entre los investigadores. Por una parte, los trabajos de los historiadores militares españoles y cubanos se basan casi exclusivamente en las mencionadas memorias; y, por otra parte, la historiografía se ha fijado poco en la política de reubicación. Los escasos debates se han centrado en los aspectos morales de las deportaciones, y no tanto en su planificación, sus condiciones o las consecuencias sociales para la población civil. El amplio consenso historiográfico acerca de la práctica falta de implementación de la reconcentración en el este de la isla ha contribuido a marginar todavía más los estudios sobre el internamiento en aquella parte del país. De este modo, muchos investigadores consideran innecesario un examen más detallado del tema. Seguidamente cuestionaremos este punto de vista.

Y es que la datación del primer bando de reconcentración no es en absoluto una cuestión secundaria. La publicación de aquella instrucción, justo tras la llegada de Weyler a la isla, fue un claro toque de atención, ya que remitió a la intensificación de la estrategia militar y sus medios, proyectada y planificada durante mucho tiempo. Weyler se presentó en Cuba con un plan operativo muy estudiado, entre cuyos elementos centrales estuvo desde el comienzo la reubicación de la población rural. Por eso es sorprendente que incluso en los trabajos específicamente centrados en la reconcentración de Weyler se fije la fecha del primer bando de reconcentración en el 21 de octubre de 1896 (Pinar del Río), como hace, por ejemplo, el historiador Raúl Izquierdo Canosa. En un artículo sobre «La reconcentración», Manuel López Díaz menciona el anuncio de febrero de 1896 en una simple nota a pie de página[32].

En este punto habrá que preguntarse por qué el capitán general ordenó la migración forzada primero en Sancti Spíritus y en las provincias de Puerto Príncipe y Santiago de Cuba, es decir, en aquellas regiones que de entrada no estaban —como sí era el caso, en cambio, de Pinar del Río o La Habana— entre los objetivos de la campaña militar. Investigadores cubanos como Ludín Fonseca García o Francisco Pérez Guzmán ven detrás de aquella decisión una motivación básicamente económica. Weyler llegó a Cuba durante la fase álgida de la cosecha de tabaco y la zafra. A pesar de la destrucción de muchos cañaverales causada por la «llama revolucionaria» en las provincias occidentales, todavía seguía habiendo un considerable potencial económico que era menester agotar. En el este, por el contrario, la industria azucarera era mucho menos importante, de modo que implementar la reconcentración entre Santiago y Sancti Spíritus podía satisfacer la doble pretensión de debilitar la revolución y no enfadar a los barones del azúcar. Además, en marzo de 1896, una instrucción de Federico Ochando y Chumillas, el jefe del Estado Mayor, exceptuó las grandes empresas agrícolas e industriales de la reubicación forzosa. Contra estos argumentos, que dan por hecho que la planificación estratégica de Weyler tuvo en cuenta intereses particulares, se pueden alegar, entre otras cosas, las prohibiciones de la exportación de hoja de tabaco, del 16 de mayo de 1896, y de la zafra, de septiembre del mismo año, que demuestran que el capitán general estaba perfectamente dispuesto a intervenir en la economía con medidas drásticas, siempre que ello contribuyera a una rápida «pacificación» de la isla. El argumento de que los emigrantes cubanos en los Estados Unidos, y sobre todo los cigarreros en Florida, estaban, al parecer, entre las fuentes de ingresos más importantes del Partido Revolucionario Cubano le sirvió a Weyler para justificar la restricción impuesta a la exportación de tabaco, mientras que la prohibición de la zafra estaba pensada para dificultarle al ELC el cobro de los «impuestos revolucionarios»[33]. En lo que hay que darle toda la razón a Fonseca García es en que, en Oriente, la reconcentración tuvo sistemáticamente en su punto de mira al «pequeño propietario rural», dado que era quien mejor podía apoyar a los revolucionarios. Es innegable que, en el este de Cuba, la reubicación violenta tuvo un cierto «carácter de clase», como confirma también un permiso especial concedido al cónsul francés, que posibilitaba la permanencia en sus fincas a los propietarios de plantaciones franceses y a sus trabajadores[34].

También deben ser tenidos en cuenta los motivos militares. John L. Tone argumenta que, en la primavera de 1896, una orden formal de reconcentración en las provincias occidentales no era en absoluto necesaria, ya que Antonio Maceo se había retirado a las montañas de Pinar del Río y Máximo Gómez había abandonado el oeste de la isla en mayo. Además, las condiciones climáticas de los meses de verano hacían impensable una campaña militar activa, y en las densamente pobladas provincias occidentales todavía quedaban, según Pérez Guzmán, vastas áreas en las que había que sentar las bases para el control de la población rural. Lo que había que hacer, por una parte, era fortificar pueblos y ciudades, y los blocaos y fosos defensivos reforzados con alambre de espino aún estaban en construcción. Por otra parte, el control de la población requería un despliegue masivo de tropas; sin embargo, el reclutamiento de voluntarios in situ necesitaba su tiempo, mientras los soldados llegaban de España muy poco a poco. En febrero de 1896, todos aquellos obstáculos habrían impedido la implementación de una reubicación efectiva en el occidente de la isla[35].

Weyler nunca se refirió explícitamente a esta cuestión. En sus memorias solo se remitió al decreto del 27 de mayo de 1897 para Puerto Príncipe y Santiago, en relación con la ampliación de las operaciones militares hacia el este prevista para aquel año. ¿Cómo se llegó entonces a la situación paradójica de ordenar la reubicación forzosa dos veces para la misma región? ¿Y qué significó aquella situación para la implementación de la reconcentración? A la luz de los acontecimientos posteriores, la secuencia parece todavía más extraña. A finales de noviembre de 1897, la Administración colonial del sucesor de Weyler, el general Ramón Blanco y Erenas, concedió un crédito especial para el abastecimiento de los reconcentrados. El intendente, encargado de repartir los fondos, informó a las autoridades de Santiago de que a la provincia no le correspondía dinero alguno, ya que la reconcentración jamás había sido ordenada para el este de la isla[36]. El silencio u olvido posteriores demuestran que la Administración colonial española le otorgaba al este una importancia claramente inferior a la que le reconocía al densamente poblado «corazón económico» occidental. En todo caso, Weyler, ante las expectativas puestas en él, se vio literalmente obligado a ordenar la reconcentración nada más llegar a la isla.

Como ya se ha mencionado, hay un amplio consenso entre los autores en lo referente a la reubicación en Oriente, que no habría sido implementada «de forma sistemática» y no habría tenido más que un «efecto menor». El único que se desvía de esta valoración unánime es Fonseca García, que en su trabajo, centrado específicamente en la guerra y sus consecuencias en el este de la isla, expone la rapidez con la que se aplicó el bando de Weyler de febrero de 1896, así como los efectos positivos del mismo para el Ejército español. El estudio de Fonseca García deja claro que las acciones militares españolas en Oriente fueron menos frecuentes y que la mortandad —en Manzanillo, por ejemplo— nunca fue tan alta como en las ciudades de reconcentración como Santa Clara o Matanzas[37]. Seguidamente situaremos en el centro de nuestro análisis las reubicaciones tempranas llevadas a cabo en Oriente y que la historiografía ha ignorado. Dada la situación de las fuentes y de la literatura, solo podrá ser una aproximación casuística, aunque lo cierto es que esta basta para cuestionar el actual estado de la investigación, al tiempo que muestra nítidamente hasta qué punto es necesario seguir indagando.

En cuanto a la provincia de Santiago de Cuba, con su montañosa Sierra Maestra y sus difíciles accesos, la primera cuestión que se plantea es la relativa a la difusión del bando. El análisis de la correspondencia gubernativa enviada desde Oriente permite llegar a alguna conclusión. A las comandancias como la de Manzanillo, la orden llegó, por telegrama o por vía marítima, pocos días después de su publicación en la Gaceta de La Habana; otras comandancias encargaron varias copias en la capital para que también las localidades periféricas dispusieran de las nuevas instrucciones. Sin embargo, hubo casos en los que pasaron varios meses antes de que los puestos avanzados estuvieran al tanto. A la vista del flujo de información entre los jefes militares no es difícil explicar por qué sucedió tan a menudo que la población rural solo se enterara de la reconcentración una vez que llegaban las tropas españolas o la contraguerrilla. La gente no estaba en absoluto preparada cuando era sacada de sus bohíos y llevada a los pueblos circundantes. Y no se puede olvidar que en Oriente seguía presente el recuerdo de las consecuencias de la reubicación durante la Guerra de los Diez Años, lo que explica que la población rural prefiriera permanecer en su entorno habitual antes que mudarse a las ciudades, donde la temida muerte por inanición no era improbable.

En la región comprendida entre Manzanillo y Bayamo, pasando por Cabo Cruz, la implementación de las órdenes de Weyler se llevó a cabo con particular ímpetu. El 11 de marzo de 1896, los jefes militares de la Segunda División (Manzanillo) fueron detalladamente instruidos por su general, Andrés González Muñoz, quien fijó los emplazamientos de 28 puntos de reconcentración. El escrito con las instrucciones acababa con unas palabras en las que González Muñoz decía esperar de sus jefes «el inmediato y exacto cumplimiento» de sus disposiciones. No lo defraudaron. El 20 de abril, el oficial español Ricardo Burguete le redactó a su hermano una carta impresionante describiendo la situación en Manzanillo. Según Burguete, el internamiento forzoso vació el campo de guajiros: «El abandono y la soledad son espantosos. Los campos presentan el aspecto desolador impreso por un año de guerra». En varios casos, los familiares de los revolucionarios se retiraron a los montes y bosques. Más tarde, también ellos fueron reunidos por la contraguerrilla española como si se tratara de ganado. En marzo de 1897, el jefe militar de Manzanillo recibió información sobre familias que se habían dispersado al ser alcanzadas por la contraguerrilla[38].

En la disputada jurisdicción de Remedios, en el nordeste de la provincia de Santa Clara, las autoridades ya empezaron con la reubicación forzosa el 18 de febrero de 1896. En otros lugares, en cambio, la implementación del bando de reconcentración se hizo con menos entusiasmo. En mayo, el jefe militar de San Felipe, en el límite provincial entre Puerto Príncipe y Santa Clara, volvió a preguntar, «para la mayor seguridad y aclaración», si aquella orden también era de aplicación en la jurisdicción bajo su mando[39]. Aquel mismo mes, Ochando y Chumillas se dirigió al capitán general en términos más claros. Criticó con insistencia el modo en que se estaba llevando a cabo la reconcentración en Sancti Spíritus. Consideraba que la deportación violenta era un gran error y que la severa política de reubicación estaba causando sobre todo una pérdida de apoyo: «Nos ha restado elementos en vez de sumarlos. La dureza con que se han tratado personas que se consideraron hostiles, cerraron las puertas a las verdaderas confidencias […]. No se hizo la concentración como V. la había ordenado, se hizo en ocho días y casi a bayonetazos, resultando de esta que las familias que no se fueron al monte se concentraron en esta ciudad sin otro amparo que el de la caridad»[40]. No era la primera vez que Ochando se interesaba por Sancti Spíritus y se quejaba de abusos y excesos. El alcalde, Marcos García Castro, manejaba con habilidad su red política y social. Desde la época de las negociaciones para la Paz de Zanjón, el antiguo revolucionario conocía bien a Ochando, a quien, directamente y por telegrama, transmitía unas demandas que iban en aumento desde la toma de posesión de Weyler y la consiguiente exacerbación del clima político.

Ya a finales de febrero de 1896, el ELC señaló que era previsible que la deportación tuviera unas consecuencias devastadoras para las «familias que viv[ían] en el campo». La «República en Armas» reaccionó de inmediato ante las nuevas normas del contrario, que se interpretaron como medidas «que pretend[ían] aislar[la]». Decidió que no se impediría a las personas dirigirse a las localidades ocupadas por el enemigo, siempre que pudieran presentar un pase expedido por las autoridades revolucionarias. Aquella fue la respuesta directa de Santiago García Cañizares, secretario del Interior de la «República en Armas», a la política de reubicación de Weyler. Familias enteras pudieron así obedecer la orden de reconcentración y llevarse sus bienes, aunque con condiciones: en primer lugar, que no utilizaran carros para el transporte de sus posesiones, y, en segundo lugar, que no llevaran a los centros ni víveres ni leña, a no ser que tuvieran un permiso especial. Las múltiples excepciones indican que de lo que se trataba era de suavizar las consecuencias de la reconcentración, sobre todo para los familiares de los propios combatientes, como se deduce claramente de las instrucciones de la prefectura de Banao, al sudeste de Sancti Spíritus, que permitían a los que apoyaban la revolución que se desplazaran a los pueblos a caballo para entregar a sus familias, envuelta en un saco fino, «una pequeña cantidad de carne y viandas». García Cañizares solo concedió a la población rural 11 días, hasta el 10 de marzo, para dirigirse a los puntos fortificados: «Transcurrido este plazo solo podrían autorizar la entrada a los lugares ocupados por el enemigo, las autoridades militares desde el Jefe de Brigada y las civiles desde el Teniente Gobernador». Después, el ejército revolucionario intentó impedir que las tropas españolas y la contraguerrilla llevaran a cabo la reconcentración y obligó a la población rural a volver a sus bohíos[41].

Por una parte, las instituciones de la revolución carecían de los medios necesarios para aplicar sus normas de forma sistemática. Y por otra, más de un prefecto autorizó excepciones y expidió pases con los que los guajiros podían ordeñar sus vacas o talar árboles. Sin embargo, el prefecto Natán Pérez se quejó, desde Banao, de los «abusos» diarios del «elemento pacífico», por lo que una nueva instrucción prohibió a los internados que se alejaran «más de una legua» de los poblados fortificados. Los anuncios hechos por ambos bandos contendientes humillaban a los guajiros tratándolos como marionetas: mientras los revolucionarios los empujaban a la retaguardia para aprovecharse de su cosecha, las tropas españolas los conducían a las ciudades «como piaras de ganado»[42]. En aquel proceso no fueron solo los decretos de Weyler los que literalmente acabaron con el estatus del civil neutral. También la «República en Armas» forzó a la población rural a posicionarse: «Los pacíficos que deseen salir para los terrenos de la República con sus familias o solos, han de hacerlo en la inteligencia de que no podrá[n] volver a entrar en las poblaciones enemigas»[43].

Esta somera aproximación a los primeros momentos de la reconcentración en la Cuba central y oriental demuestra que el bando del 16 de febrero de 1896 no puede ser despachado sin más como si fuera secundario o incluso irrelevante. El trato dispensado a la población rural fue un claro precedente de lo que habría de suceder también en las provincias occidentales, pues lo que ambos bandos pretendían —aunque por distintas razones— era controlar exhaustivamente a la población rural. Los planteamientos de unos y otros se pueden subsumir, respectivamente, en los conceptos de desconcentración y reconcentración.

La lucha destructiva por la población civil

La lucha destructiva por la población civil

Las corrientes migratorias inducidas por la guerra —como las analizadas en el segundo capítulo, que tuvieron lugar a finales de 1895 y comienzos de 1896 en las provincias occidentales— continuaron también durante la primavera de 1896. En Santa Clara, casi todos los ingenios tuvieron que parar su actividad. Así lo relataba Carmen Paysol: «Ningún ingenio muele y se ha ido muchísima gente del campo. Jóvenes, viejos y de todas las clases». Las considerables huidas acabaron afectando al occidente de la isla. En Pinar del Río, las autoridades coloniales hicieron frente a las oleadas de refugiados distribuyendo y reubicando a familias enteras en centros de la provincia dotados de destacamentos militares[44].

Otro detonante de los movimientos migratorios fue el Sexto Cuerpo del Ejército Libertador de Antonio Maceo, que entre mediados de marzo y finales de abril recurrió en Pinar del Río a todo su potencial de destrucción[45]. En un memorando sobre el proceder del ELC en Pinar del Río, el capitán español Alemán describió lo mal preparada que estaba la provincia para la «invasión». Las tropas regulares obedecieron la orden de reunirse en la capital provincial, dejando así el campo libre al ELC. Los pueblos solo disponían de unidades de voluntarios para defenderse. Maceo evitó hábilmente las columnas españolas, buscando el enfrentamiento solamente cuando se hallaba en situación de superioridad numérica. En los pueblos apenas fortificados, los revolucionarios reclutaban a la mayor cantidad posible de simpatizantes. Después, poblados y fincas eran pasto de la devastación y de las llamas. La destrucción servía por una parte para dificultarles a las unidades españolas la fortificación de los pueblos y la construcción de bases; y por otra, para forzar a los pacíficos del norte de la provincia a huir a los montes del sur, en la línea costera, para allí dedicarse a la agricultura al servicio de la Cuba libre, fabricar bienes de consumo —como sombreros o calzado— en las prefecturas y, en general, contribuir al abastecimiento de las tropas revolucionarias. Aquella «concentración de Maceo fue fatal para la población», como señala Alemán en su informe. Otras fuentes —por ejemplo de Remates— confirman que los revolucionarios impusieron a numerosas familias «los puntos donde [tenían] que fijar su residencia»[46].

En los lugares difícilmente accesibles de Pinar del Río —en Ceiba, por ejemplo, en los montes de Tapia—, la «República en Armas» estableció zonas de cultivo para cuya explotación, según expresa autorización del brigadier Juan Eligio Ducasse Reeve, los prefectos de las provincias podían «retener los pacíficos». Se trataba de que los guajiros permanecieran en las prefecturas, y no solo a la fuerza, sino también mediante estímulos como la entrega regular de carne[47]. Sin embargo, en la Cuba central —la provincia de Santa Clara—, los civiles ya habían sido amenazados en el otoño de 1895 por el secretario de la Guerra, Carlos Roloff-Mialovsky, con sufrir rigurosos castigos si se negaban a fijar su residencia en el territorio «liberado» de la República. Poco antes de su regreso a España, Weyler observó que, con aquella medida, «los enemigos de España […] se adelantaron en usar el procedimiento». Más tarde, historiadores como Walter Millis describieron la desconcentración de los rebeldes como el antecedente inmediato del internamiento de la población rural implementado por Weyler, de manera que este, limitándose a combatir «el fuego con fuego», no habría hecho más que emplear a la inversa los métodos de la «República en Armas». Así, la desconcentración y la reconcentración habrían sido las dos caras de una misma moneda. Pero teniendo en cuenta las diferencias cualitativas y cuantitativas, así como los distintos motivos y objetivos, este esquemático punto de vista se queda corto, al no hacer justicia a la complejidad de circunstancias como la dinámica de las hostilidades, los excesos, las huidas o la reubicación forzosa. En última instancia, este escueto argumento ha servido en el pasado para minimizar las consecuencias del internamiento. Aun así, las relaciones entre estos dos planteamientos relativos al control de la población no pueden ser rechazadas sin más. Según Martínez Campos, la «concentración al campo insurrecto» llevada a cabo por el Ejército Libertador le impuso a la guerra, en 1895, un «carácter especial», además de acelerar la migración a ciudades y pueblos. La «penosa obligación» de abastecer a los refugiados sin medios fue para él una pesada carga. Más tarde, también Weyler, en sus informes al Ministerio de la Guerra, transmitió una imagen similar de la lucha por la población civil, tanto de los insurrectos como de las tropas españolas[48].

4. El segundo año de la guerra: la lucha en los diversos frentes

4. EL SEGUNDO AÑO DE LA GUERRA: LA LUCHA EN LOS DIVERSOS FRENTES

Desde el punto de vista de los españoles no fue sorprendente que, en las inmediaciones de casi todos los fuertes, así como de los pueblos que se iban fortificando poco a poco, aparecieran asentamientos formados por bohíos improvisados, habitados por «campesinos que vagaban por los campos, víctimas de la destrucción hecha por las partidas insurrectas». En Dimas, en la costa septentrional de Pinar del Río, se reunieron numerosas familias nada más conocerse la noticia de la existencia de una «fuerza destacada en [aquel] poblado». En sus memorandos sobre la estrategia militar de los patriotas en Pinar del Río, los oficiales españoles transmitieron lógicamente una imagen interesada: tanto la destrucción de la provincia como las víctimas civiles —casi la mitad de los 47 800 internados— fueron atribuidas básicamente a las «hordas» revolucionarias; y cuando el 21 de octubre de 1896, se ordenó la reconcentración por parte de los españoles, los oficiales observaron una afluencia masiva a pueblos y ciudades de personas enfermas y desnutridas —la mayoría con daños orgánicos— provenientes de las llamadas zonas liberadas.

Aparte de la unilateral atribución de la culpa, el capitán español Alemán hizo alusión a una dimensión de la guerra hasta hoy ignorada por los investigadores. En la literatura —incluidas las memorias— se habla constantemente de la «marcha triunfal» de la «fuerza revolucionaria» de Maceo que tuvo lugar el 22 de enero de 1896 en Mantua. Las representaciones patrióticas describen con detalle las celebraciones y la calurosa bienvenida dispensada al Ejército Libertador. No cabe duda de que la «invasión», que alcanzó su apogeo simbólico en aquella localidad situada en el extremo occidental de Pinar del Río, fue un gran éxito, y no solo desde el punto de vista militar. Como ya se ha expuesto detenidamente en el segundo capítulo, la marcha del «ejército invasor» rompió con el carácter regional de los levantamientos e intentó sentar las bases para una guerra popular.

Sin embargo, es inútil buscar en la literatura el dato de la quema de Mantua llevada a cabo, por razones tácticas, exactamente un mes después, el 22 de febrero, por el escuadrón de los revolucionarios Ramón Lazo y José Estévez. En su momento, el alcalde interino Francisco Bernales había dado cuenta del ataque de los rebeldes. Tras la noche del 22 de febrero, reducido el pueblo a escombros, los pudientes huyeron a La Habana y las personas sin medios al cercano Arroyos de Mantua, que disponía de una base militar y en cuya costa se apiñaron. A finales de julio, el jefe militar de Arroyos, José Martín, informó del asentamiento de más de 2000 personas en las inmediaciones del surgidero, al que, en los ocho días anteriores, habían llegado «innumerables […] familias» de Remates y de Mantua. Martín estaba indeciso y no sabía si debía permitir la entrada de aquella masa de población en el recinto fortificado que, al estar rodeado de terrenos pantanosos, no podía ser ampliado. Martín concluyó que si los refugiados no eran acogidos «ser[ía] de gran perjuicio para la causa que se defiend[ía]», ya que «el enemigo» utilizaría a esta parte de la población para, entre otras cosas, tener de nuevo acceso a las viandas, «elemento que desea para hacer más duradera la guerra». En pocas semanas, el número de refugiados en Arroyos se había más que duplicado. En agosto, Bernales informó de que el número de personas en la zona fortificada superaba ya las 4000. En la playa se había erigido un pueblo provisional hecho con barracas y bohíos improvisados, «refugio de todos los que se han reconcentrado forzosa o voluntariamente».

Durante la época de las lluvias, el lugar, ya de por sí inhóspito —«anegadizo e insalubre»—, se convertía en una ciénaga. Dadas las lamentables condiciones higiénicas —no había ni agua potable ni instalaciones sanitarias—, en pocas semanas fallecieron «más de un centenar de individuos», por lo que Bernales solicitó encarecidamente la reconstrucción de Mantua en su antiguo emplazamiento[1]. Tras una expedición de reconocimiento por Pinar del Río, también el gobernador civil de la provincia informó al capitán general de la situación desastrosa en Arroyos de Mantua, cuya consecuencia eran «graves alteraciones en la salud pública»:

La relativa buena impresión recibida en algunos de los pueblos y poblados que en mi excursión he venido visitando, se desvaneció por completo a mi llegada a este punto donde la reconcentración de familias campesinas se ha realizado en condiciones tan deplorables que inspira pena cuando no dolor profundo contemplar el hacinamiento en que viven los desdichados a quienes las crueldades de la guerra han arrojado a esta playa.

En agosto de 1896, el gobernador civil insistió en que los refugiados de Arroyos debían ser reubicados de inmediato en Mantua y pidió tropas para la protección de los trabajos de reconstrucción del pueblo frente a las bandas de merodeadores, así como para el posterior traslado[2]. No fue hasta el 4 de octubre cuando Weyler aprobó la solicitud. En Arroyos, mientras tanto, para el mínimo abastecimiento de los reconcentrados sin medios se recurrió al almacén del Ejército, lo cual había sido autorizado por el capitán general el 27 de marzo. De hecho, a Weyler no dejaba de preocuparle que «[e]l suministro de raciones de etapa a familias pobres no pu[diera] tener efecto más que por dos meses a cada una». En una circular del 29 de mayo, Weyler endureció las directrices para el suministro de alimentos a las familias sin medios —incluidos los parientes de los voluntarios, los miembros de la contraguerrilla y los bomberos— y fijó las cantidades a entregar. Para muchos necesitados, la dieta —por lo demás, poco equilibrada: 500 gramos de carne, 125 de arroz y 20 de sal para las personas a partir de los catorce años— solo existió sobre el papel[3].

Las crisis de abastecimiento

Las crisis de abastecimiento

Las crisis e insuficiencias alimentarias también afectaron a las tropas españolas en la isla. Así, el general Luis Prats y Bandragen se quejó desde Matanzas de la deficiente organización de los almacenes militares. En un telegrama expresó su frustración ante las estanterías vacías, en las llamadas factorías: «Columnas no pueden racionarse con perjuicio operaciones». La logística fracasó por completo. Si no había provisiones ni siquiera para las propias tropas, ¿cómo se suponía que había que alimentar a los refugiados de guerra? De ahí que en 1897 se acumularan los informes sobre la falta de provisiones para el abastecimiento de los reconcentrados, sobre todo en Puerto Príncipe, Santa Clara y Matanzas, pero también en La Habana. Y no se trataba solamente de la escasez de los víveres entregados, sino también de su mala calidad. En las factorías, el almacenamiento era un gran problema a causa del clima húmedo y cálido. En los primeros días de enero de 1897 hubo que destruir más de dos toneladas de tocino que se habían podrido en los almacenes militares de Pinar del Río, y a finales de aquel mes hubo que quemar otros 860 kilos de los almacenes de la Administración de Subsistencia[4]. Para evitar aquellas pérdidas, los soldados españoles, que durante sus misiones recibían un plus de campaña de 15 o 20 centavos, fueron obligados a adquirir alimentos en los almacenes militares diez días al mes. Si los alimentos de las factorías no eran muy apreciados por las tropas era sobre todo a causa de sus administradores corruptos, que vendían a precios abusivos mercancía de mala calidad —como vino adulterado—. Parte de los productos destinados a los necesitados fueron retenidos para venderlos en el mercado negro. Pero se presentaban aún más problemas hasta en caso de que las raciones llegaban hasta los reconcentrados: ¿de qué le servían a una familia el arroz y la carne cruda si, «carec[iendo] en absoluto hasta de útiles para la confección» de los alimentos, no podía cocinar[5]? Las consecuencias de la falta de víveres en general, y de las carencias nutricionales —sobre todo de proteínas y vitaminas— en particular, se hicieron patentes al año siguiente, cuando el gobernador civil de Matanzas informó de que la mayoría de los internados enfermaban de beriberi, una dolencia cuya etiología es la falta de tiamina debida a una alimentación insuficiente[6].

Ya Martínez Campos había implementado el abastecimiento de los reconcentrados a los que la guerra había privado de su base de subsistencia, pero Weyler no tardó en volver a regularla. Lo hizo por primera vez el 24 de marzo de 1896 en unas disposiciones más duras que, sin embargo, no impidieron que los jefes locales militares siguieran manejando a su antojo el acceso a la ayuda de emergencia. Más de un oficial colocó al Estado Mayor ante los hechos consumados, de manera que Weyler intentó enfrentarse enérgicamente a aquellos «abusos» en el «suministro de la ración de etapa», aunque solo fuera por su «crecido costo». A partir del 10 de junio quedaron suspendidas todas las autorizaciones para seguir repartiendo raciones desde los almacenes militares. Quien incumpliera aquella norma y siguiera ordenando la entrega de más raciones sería castigado con la asunción personal de los correspondientes costes. El artículo 2 preveía:

A las familias refugiadas en los poblados o destacamentos, forzosa o voluntariamente procedentes de otros puntos, y a las que hayan vuelto a los de su antigua residencia, que tuvieron que abandonar por efecto de la guerra o por haber sido incendiados por el enemigo, se les suministrarán durante dos meses ración de carne, siendo para ello condición indispensable que carezcan en absoluto de recursos y no encuentren trabajo que les dé medios para atender a su subsistencia[7].

Para repartir carne, lo que debían hacer las autoridades militares sobre el terreno era cazar reses del enemigo, cercarlas y sacrificarlas a medida que era necesario. Si los animales pertenecían a una «persona afecta a España», los propietarios debían ser indemnizados. El suministro de víveres estaba sujeto a un engorroso procedimiento administrativo que obligaba a los ganaderos a aportar una compleja documentación para recibir las compensaciones o por lo menos las pieles de los animales sacrificados, mientras las autoridades civiles tenían que confeccionar las listas de beneficiarios por triplicado. Según la orden, las «mujeres e hijos de los que se enc[ontraran] formando parte de las partidas insurrectas» quedaban excluidos de las ayudas, lo cual debía obligarlos a partir con los rebeldes. Por regla general, las listas recogían nombre, edad, lugar de estancia y otras observaciones (entre estas últimas, en el caso de las mujeres, se encontraban anotaciones como «viudas, enfermas y en la mayor pobreza», «viudas e indigentes» o «el cabeza D. Ambrosio Suero es voluntario y presta servicios»), y a veces también se hacían constar las razones que habían llevado a la familia a solicitar la asistencia del Estado («esta familia se encuentra en la más aflictiva situación pues el Don Francisco era maestro azúcar, y, quemada la finca por los insurrectos, con su esposa y una hija enferma no cuenta con recursos»). A medida que aumentaba la complejidad de la reglamentación, las tablas empezaron a recoger también el número de días del racionamiento, así como el total de paquetes de víveres entregados (que solían consistir únicamente en arroz y sal[8]).

Los hombres que aparecían en las listas eran a menudo miembros de los regimientos de voluntarios. Se solía anotar la unidad en la que servían voluntarios, bomberos y miembros de la contraguerrilla local. El gran número de voluntarios —unos 80 000, según John Offner— no debería ser interpretado como una prueba directa de su adhesión a España, sino más bien como un indicador de hasta qué punto el ingreso en aquellas unidades representaba la única posibilidad de poder alimentar más o menos bien a las familias durante la guerra y las crisis de abastecimiento. Las normas de Weyler prácticamente obligaban a los hombres «neutrales» en edad de llevar armas a presentarse en la contraguerrilla local o a colaborar en las fortificaciones militares. Sin embargo, como consecuencia de los atrasos en el pago de la soldada o del alejamiento físico de las familias, los voluntarios y sus parientes tampoco eran ajenos al peligro del empobrecimiento y la miseria. Así lo demuestran numerosas solicitudes, como la del jefe militar de Artemisa, de «un pequeño socorro» para los hijos de los voluntarios, que Weyler atendió, aunque solamente para el periodo de servicio efectivo de las unidades o de tratamiento de los heridos en los hospitales[9].

Pero sería un error suponer que las listas que se conservan podrían representar una fuente adecuada para una aproximación cuantitativa a las migraciones y huidas inducidas por el conflicto. Como ya había sucedido durante la Guerra de los Diez Años, el apoyo a los necesitados se limitó en buena medida a personas y familias «españolistas», un criterio que dio rienda suelta a las sospechas. Así por ejemplo, el general Cayetano Melguizo González tuvo que informar desde Pinar del Río de que «ninguna de las familias socorridas» en Consolación del Sur «t[enía] sus maridos o hijos en la insurrección». Además de arbitrariedad, aquella restricción normativa revela también la problemática metodológica de las listas: Melguizo añadió que «[e]l número de familias reconcentradas en dicha villa e[ra] mucho más considerable que el de las que figura[ba]n relacionadas para el suministro de ración», y dejó constancia, no sin orgullo, de que las disposiciones relativas al suministro de alimentos se habían cumplido «en todas sus partes».

Con el objeto de autoabastecerse, los refugiados de guerra en apuros se dedicaron a cultivar unas pequeñas tierras en las inmediaciones de las fortificaciones. Aquellos «trozos de terreno» fueron el precedente de las llamadas «zonas de cultivo», que serían reguladas posteriormente para amortiguar el impacto de la reconcentración. Se suponía que las fértiles tierras de Cuba darían una primera cosecha ya a los dos meses, lo cual explica también la limitación impuesta al suministro de víveres durante aquel periodo. Weyler entendía que los que lo habían perdido todo escapando del «enemigo» debían estar, en muy poco tiempo, en condiciones de autoabastecerse. En el día a día, sin embargo, aquella lógica tan simple se encontró con múltiples obstáculos. En Arroyos, por ejemplo, las condiciones de seguridad no permitían «dedicarse a las siembras», y las autoridades temían, además, «que el enemigo lo que desea[ra] [fuera] que s[embraran] para utilizarse de [aquel] elemento como qui[si]era». En otros lugares, lo que impidió el cultivo fueron las tierras sobreexplotadas en los alrededores de las fortificaciones, las sequías o la falta de aperos y simientes[10].

No es de extrañar, por tanto, que las nuevas directrices para el suministro de alimentos de finales de mayo desconcertaran a numerosos jefes militares locales y también a las instancias civiles, como se deduce de las preocupadas palabras con las que intentaron hacer ver a la superioridad y al propio capitán general la precaria situación de la población en los pueblos y ciudades. El alcalde de Guamacaro (Matanzas) escribió «que los sacrificios hechos hasta la fecha resultarían nulos si [en aquel momento] se les cortase el hilo de la vida suprimiéndoles el alimento» a los internados. También Martín, a la vista de la crítica situación de «tantas familias» en Arroyos, insistió en que aquel no era el momento para suprimir sin más el abastecimiento de raciones a los refugiados, y señaló: «Son innumerables las familias que desde hace unos días se están reconcentrando en este poblado». Como consecuencia, Weyler tuvo que explicarse y aclaró que no era su intención interrumpir por completo el suministro de víveres, sino limitarlo a dos meses para cada una de las familias que iban llegando[11].

A este respecto, para los años 1896 a 1898 se encuentran en el Archivo General Militar de Madrid varios legajos de expedientes con peticiones de suministros de víveres de los almacenes militares para los internados. Las interpelaciones, casi todas provenientes de las provincias y jurisdicciones occidentales, se caracterizan por un extraño modo de solicitar los escasos recursos[12]. Así, los representantes municipales de Corral Falso (Guanabacoa, La Habana) por ejemplo, pedían en un escrito de finales de junio de 1896 que se les volviera a conceder la «gracia del suministro» de paquetes de víveres para los necesitados. Las correspondientes respuestas del Estado Mayor en La Habana, algunas redactadas también por el propio Weyler, comparten un registro pedantemente burocrático y una obcecada y militar disposición funcionarial. El general Ochando y Chumillas, por ejemplo, devolvió una solicitud enviada desde Alfonso XII (Matanzas) pidiendo, entre otras cosas, que se aclarara si los voluntarios relacionados en la lista realmente «presta[ba]n servicio» y cuáles eran exactamente las obras públicas «a que los paisanos se dedica[ba]n», y rematando su escrito con la puntualización de que las instrucciones del 24 de marzo de 1896 «deb[ía]n ser observadas con escrupulosidad»[13].

No era solamente la inobservancia de las disposiciones lo que provocaba largas dilucidaciones. El jefe militar destinado en el ingenio Bramales (Cabañas, Pinar del Río) entregó a los internados tocino y carne seca sin la autorización de La Habana. Dado que en la zona no había —como tampoco había en Cabañas y Bahía Honda— reses que se pudieran sacrificar, el jefe militar local, «impulsado por obra de caridad», sustituyó la carne fresca prevista en la circular por tocino almacenado por el Ejército. Del examen de los hechos resultó que los costes los asumía el municipio y no suponían una carga suplementaria para el presupuesto militar. El Estado Mayor de Weyler también examinó con lupa el suministro de alimentos a los necesitados de Candelaria (Pinar del Río). En las listas de abril a junio de 1896 se encontró a un «empleado de municipio», varios «alcaldes de barrio», «maestros de escuela» e incluso un «médico auxiliar del hospital de sangre». Todos ellos fueron excluidos del abastecimiento, ya que, al parecer, se trataba de asalariados, siendo así que la «ración de etapa» estaba exclusivamente destinada a los refugiados sin medios. Los generales en La Habana solicitaron información complementaria sobre otras seis personas.

De hecho, el nepotismo y el uso fraudulento de fondos y recursos públicos estaban a la orden del día. Sin embargo, el cinismo de la restricción normativa arriba señalada se hace evidente si se tiene en cuenta que, como era de dominio público, las cajas de la administración civil regional estaban vacías. Los pagos de las retribuciones, por ejemplo del personal de la jurisdicción de Güira de Macurijes, en la provincia de Matanzas, llevaban un retraso de nueve meses. En marzo y abril de 1896 le llegaron al gobernador militar solicitudes de autorización de raciones para «funcionarios de policía, empleados municipales y familias necesitadas» de Roque, en la misma provincia; resultó que aquellos funcionarios llevaban sin cobrar su sueldo desde el estallido de la guerra. Adolfo Porset, el gobernador civil de Matanzas, indicó que el personal de los municipios de la provincia se había quedado sin dinero y ya nadie otorgaba créditos: «No encuentran quien les negocie sus pagas ni les fíe, el Ayuntamiento está privado de todo recurso y no logra restablecer la recaudación, y de no ser socorridos estos funcionarios, a fin de este mes se verán precisados a abandonar sus destinos, que nadie quiere ya aceptar, sabiendo que esas corporaciones no pueden pagar los sueldos de sus empleados». También las jurisdicciones de Bolondrón (en octubre de 1896) y Cárdenas (en agosto de 1897) —por citar solamente dos ejemplos más— informaron de que sus recursos presupuestarios se habían agotado[14]. Habrá que preguntarse si el Estado Mayor de Weyler no era consciente del colapso de la Administración regional como consecuencia de las operaciones militares que tenían lugar desde hacía más de un año.

Además, las rígidas estructuras burocráticas provocaron que la tramitación de varias solicitudes se prolongara durante meses, al exigirse continuamente la aportación de información complementaria. En vista de «tal cúmulo de requisitos para el suministro de raciones a las familias refugiadas», más de un alcalde se vio al borde de la desesperación. Un escrito de Francisco Tomás, enviado desde Cárdenas con fecha de 29 de enero de 1897, muestra de modo ejemplar hasta qué punto la política de abastecimiento de Weyler era ajena a la realidad. Por una parte, si las autoridades locales no sabían quiénes eran los internados, ¿cómo se suponía que, en tales circunstancias, debían identificar a las «personas reconocidamente adictas a la causa española»[15]? Por otra parte, en el entorno de la ciudad no había, para los internados, ni «viandas ni efectos que salir a recoger». Y, finalmente, los refugiados no podían, dado su estado físico, «esperar la tramitación» prevista en la circular del 29 de mayo de 1896. Los reconcentrados debían ser abastecidos con víveres a la mayor brevedad: era el «único modo de evitar que se mu[ri]eran verdaderamente de hambre». Amén de todo ello, en Cárdenas no había personal suficiente para, por ejemplo, elaborar listas por triplicado. En el día a día de la guerra, las normas de La Habana llegaban a parecer utópicas. El Estado Mayor español no tenía escrúpulos a la hora de devolver solicitudes por defectos de forma si detectaba listas incompletas o con errores. Así, excluyó a cuarenta niños del abastecimiento en Consolación del Sur porque su edad no constaba con claridad en las listas. En otros lugares, como en Dimas, las solicitudes no fueron presentadas por triplicado y ni siquiera llegaron a tramitarse. ¿Y cómo proceder en el caso de los hombres mayores —ya muy debilitados o enfermos— que no podían servir en el Ejército ni colaborar en las fortificaciones o en los «saneamientos»[16]?

El cumplimiento de las normas restrictivas también se hizo imposible a causa del colapso de las estructuras económicas de una buena parte del país. De un modo parecido a como había sucedido en Matanzas, la provincia de La Habana sufrió varias crisis de abastecimiento a causa de la presencia de insurgentes y de bandas de merodeadores. A mediados de enero de 1896, en Güines, las existencias de los «establecimientos públicos» se agotaron y ya solo la factoría militar disponía de víveres, de manera que, a comienzos de marzo, Weyler tuvo que autorizar el recurso a lo almacenado por el Ejército para la alimentación de la población (incluidas las «personas pudientes», aunque estas tuvieron que correr con los gastos de sus raciones). También se conservan informes en este sentido de Güira de Melena, destruida el 4 de enero de 1896 por los revolucionarios. El alcalde informó de la «llegada de muchos de los honrados vecinos e industriales» de la localidad, que habían perdido sus bienes a causa de la «invasión de las ordas [sic] salvajes» y «quedaron reducidos a la miseria». Se trataba de «personas todas honradísimas y de reconocido patriotismo», que la Administración militar debía abastecer con paquetes de víveres, dado que las arcas vacías del municipio ya no permitían hacerse cargo de ellas[17].

Apenas pueden ser atribuidos al desconocimiento de las circunstancias los ya casi desesperados intentos de Weyler de controlar, mediante normas estrictas, la situación de emergencia y el caos en las provincias occidentales. Ello se deduce del gran número de solicitudes que le fueron presentadas —muchas de las cuales contestó él mismo— y que reflejaban sin excepción una imagen desoladora del estado de la población. ¿Fue su percepción distorsionada la que le hizo creer que los refugiados de guerra podrían volver a autoabastecerse en un santiamén y con muy poco esfuerzo? No parece el caso. Las instrucciones de Weyler pueden ser benévolamente interpretadas como la expresión de la impotencia de un general ante una tragedia humana que empezaba a anunciarse, pero lo que se deduce de la gestión puntillosa de la ayuda de emergencia ante el trasfondo de la evidente desgracia es más bien el desinterés del capitán general. Después de todo, el núcleo de su misión era la campaña militar, de modo que ni quería ni podía emplear recursos suplementarios para los civiles.

En 1897, Weyler, a propósito de una petición de suministro de víveres para los «infelices reconcentrados» de Güines, le habría comentado al alcalde: «¿Dice usted que los reconcentrados mueren de hambre?». Según el historiador cubano Emilio Roig de Leuchsenring, el capitán general habría proporcionado, con su respuesta, la explicación de la miseria en la localidad: «Pues precisamente para eso hice la reconcentración». Curiosamente, en los expedientes sobre Güines se encuentran diversas solicitudes de «aumento de raciones», todas ellas atendidas por las autoridades militares. No es pues sorprendente que Roig de Leuchsenring no pueda demostrar las supuestas palabras de Weyler, aunque ello no impide que las mismas reaparezcan en estudios recientes. Los expedientes relativos al avituallamiento confirman la continuidad en el suministro militar de comida desde Martínez Campos hasta Blanco y Erenas, pasando por Weyler[18]. Ciertamente, Weyler gestionó el racionamiento de forma quisquillosa y restrictiva, de manera que ni la cantidad ni la calidad de los víveres suministrados pudieron cubrir las necesidades reales, y mucho menos proporcionaron una dieta equilibrada. Pero aunque aquella actitud inflexible no puede ser disimulada, los expedientes que se conservan en el Archivo General Militar de Madrid disipan cualquier duda y muestran que el suministro de víveres continuó bajo las órdenes de Weyler[19]. Aun así, John Sherman, el secretario de Estado de los Estados Unidos, se refirió a la estrategia militar de Weyler con las palabras «fuego y hambruna», calificándola de «exterminio por inanición». También el delegado del PRC en Nueva York, Tomás Estrada Palma, ofreció una imagen oscura del destino de los reconcentrados, expuestos, con Weyler, «a perecer lentamente de hambre». Marcos García Castro, en su momento alcalde de Sancti Spíritus, describió en términos similares la situación de la población rural, «condenada a morir de hambre en medio de la criminal indiferencia de autoridades locales que en su mayoría solo se ocupan de aquellos seres desgraciados para mandar a recoger sus cadáveres de la vía pública, y eso, seguramente, para verse libres de los efectos de la descomposición animal». A veces, la causa española recibía apoyos inesperados, como cuando el corresponsal de The New York Herald, George Bronson Rea, expuso en sus notas tituladas Entre los rebeldes. La verdad de la guerra. Revelaciones de un periodista yankée, que las acusaciones de exterminio contra el Estado Mayor español, habituales en los Estados Unidos, no hacían justicia a la realidad sobre el terreno: «Se nos ha dicho en todos los tonos, que los españoles no deseaban sino exterminar la raza cubana, lo cual se aviene muy mal con ocuparse en dar de comer al mismo pueblo que los combate»[20].

Sin ánimo alguno de querer disimular la situación tras el primer año de la guerra, las fuentes hasta ahora apenas consideradas en relación con el abastecimiento militar obligan a cuestionar críticamente los reproches de genocidio que hacen los investigadores cubanos. Sobre la cuestión del «exterminio por abandono», deudora de un amplio consenso en la historiografía cubana —que interpreta la reclusión de la población rural como «medida genocidiaria»—, volveremos en los siguientes apartados de este capítulo.

Ambivalencias y contradicciones de la política de internamiento

Ambivalencias y contradicciones de la política de internamiento

Mientras que en el este de la isla se mezclaban la migración inducida por la guerra y la deportación violenta, en los informes de las tropas destinadas en las provincias occidentales apenas se encuentran datos que indiquen que en la primavera de 1896 se estuvieran realizando reubicaciones generalizadas y forzadas. Incluso la libertad de movimientos de los pacíficos estuvo más o menos garantizada durante el verano, dependiendo de la presencia de insurgentes. Sin embargo, el historiador Philip S. Foner asegura que «desde el principio se intentó aplicar la política de reconcentración a toda la población rural de Cuba», es decir, que «en la práctica se hicieron todos los esfuerzos para aplicar la concentración de inmediato a toda la isla». Pero estas afirmaciones no pueden ser sostenidas tan terminantemente si se tiene en cuenta la inconsistencia de las fuentes en que se basan.

El uso polisémico del concepto de (re)concentración genera todavía más confusión respecto al internamiento como medida de fuerza. Como ya ha quedado claro en el apartado anterior, es cierto que en la primavera y verano de 1896 ya se hablaba de reconcentrados desde Pinar del Río hasta Santa Clara, aunque, el bando de reconcentración de la población rural del 16 de febrero solamente se refería a la jurisdicción de Sancti Spíritus y a las provincias de Puerto Príncipe y Santiago de Cuba. En el occidente de la isla, la Administración colonial distinguía entre reconcentrados forzosos y voluntarios. De los expedientes se deduce que las autoridades consideraban forzoso al reconcentrado que había perdido bohíos o bienes a causa del levantamiento y se dirigía a un punto fortificado, y voluntario a aquel que, por ejemplo, huía de las tropas revolucionarias. Así se entienden las palabras con las que Luz Morales describía la situación en Santa Clara en abril de 1896: «Todas las familias se están reconcentrando, unas porque les han quemado sus casitas y otras por temor a que se las quemen»[21].

En contra de la interpretación, tan habitual como en exceso restrictiva, de que la reconcentración no fue más que un régimen forzoso decretado por el Estado Mayor español a partir de febrero —o como muy tarde octubre— de 1896, se puede aducir igualmente una solicitud de los habitantes de Baja, en Pinar del Río. También aquel pueblo, situado en la jurisdicción de Mantua, fue atacado por los revolucionarios en junio de 1896. Sus habitantes buscaron «un punto a propósito donde poderse reconcentrar con sus familias». Les parecía apropiada la playa de Baja, situada en la costa septentrional, muy cerca de la localidad destruida. En su escrito pedían además permiso para formar una contraguerrilla local y requerían protección militar durante las obras.

También era ambivalente el modo en que se expresaba el gobernador civil de Pinar del Río. Ya en agosto de 1896 hizo propuestas sobre cómo gestionar la costosa reconcentración «ordenada por usted». En su opinión, una zona de cultivo extensa y fortificada podía dar trabajo a unas 2500 o 3000 familias en Pinar del Río. Con aquella medida pretendía obtener, no solo una excelente zafra para enero de 1897 —con cuyos excedentes se podía abastecer a una parte de la población de La Habana—, sino también espacio para el autoabastecimiento de la población. Unos días antes, el gobernador había redactado un informe sobre la reconcentración de la población rural en fincas e ingenios de Pinar del Río, en el que al ingenio Santa Lucía, en Baja, se le reconocían unas excelentes características —tierra fértil y condiciones higiénicas adecuadas— que lo hacían apto para la «reconcentración de los habitantes rurales». En aquel momento, el gobernador todavía se refería a la «provechosa obra de reconcentración» y se mostraba convencido del éxito de la decisión en cuanto a la lucha contra las bandas de merodeadores de la provincia. Solo tres días después informaba ya de la miseria de los reconcentrados en Arroyos de Mantua. Aquellos informes bastan para mostrar hasta qué punto es errónea una representación monolítica de la reconcentración temprana e inducida por la guerra, ya que las condiciones externas experimentaban unas variaciones considerables en función del lugar, por no hablar de las diferencias relativas a la administración y al abastecimiento.

En su escrito de comienzos de agosto, el gobernador civil de Pinar del Río se refería explícitamente a la reconcentración, que, al parecer, ya había sido ordenada. Habrá pues que preguntarse si hubo jefes militares en las provincias occidentales que realizaron la «limpieza» de las zonas rurales por su cuenta y riesgo, sin la correspondiente orden del Estado Mayor. Desde luego, lo que no faltaron fueron propuestas en este sentido. Poco menos de un mes antes del bando de reconcentración, el alcalde de Artemisa sugirió un «movimiento circular enrolante» en la zona comprendida entre Cañas, al sur, y Artemisa. Desconfiaba de los habitantes de las fincas todavía intactas y situadas tras la línea militar: «Es casi seguro que […] presten auxilio y albergue a los cabecillas y pequeñas partidas que tanto y tan seguido merodean e incendian entre Cañas y Puerto de la Güira y rural de Artemisa en dirección de estos dos poblados». El medio que le parecía fiable para poner fin a los asaltos y actos de sabotaje era el «peinado» sistemático de la región, de modo que propuso detener a todos los pacíficos y conducirlos hasta Artemisa para someterlos a un control, «siendo muy probable quedasen como remanente buen número de insurrectos y hasta algún cabecilla». En El Imparcial de Colón, Narciso Z. Fiscan publicó unas teorías similares sobre la división de la provincia en sectores, según las cuales, la concentración sistemática de la población en las ciudades —aunque las personas pudieran, durante el día, dedicarse a la agricultura en zonas fortificadas— debía aliviar de forma importante la carga que pesaba sobre las Fuerzas Armadas, que así ya «no tendr[ía]n en el campo más que enemigos declarados»[22].

Otras fuentes —en particular, algunos informes de los revolucionarios— ponen de manifiesto que, más allá de todo esto, Weyler y sus generales simple y llanamente no podían ni querían controlar a todas las tropas, ya fueran regulares o irregulares. En el área de La Habana eran sobre todo unidades de contraguerrilla las que, a discreción, arrastraban fuera de sus casas a los civiles (a quienes también privaban de sus aperos) «para presentarlos a sus jefes, atados codo con codo, como prisioneros de guerra, cuando no los hac[ía]n picadillo con sus machetes y prend[ía]n fuego a los ranchos y bohíos donde viv[ía]n para borrar las huellas del crimen». En vista de aquellos procedimientos de las tropas y unidades irregulares españolas, Baldomero Acosta, coronel del Ejército Libertador, se remitió en un escrito al «reciente e impremeditado Bando» de Weyler, que obligaba a la población rural a dirigirse a los centros. De aquel escrito no se deduce con claridad si el autor se refería al bando de reconcentración de febrero, válido para el este de la isla, o bien a otra circular de Weyler. En todo caso, el coronel entendía que la reconcentración forzosa también se había decretado en La Habana y explicaba, además, que numerosas familias resistían en las zonas rurales por miedo a una muerte segura por inanición en las ciudades y pueblos. En marzo y abril de 1896, las tropas y unidades de contraguerrilla españolas no dejaron de llevar a maltrechos y amedrentados habitantes de las zonas rurales hasta el pueblo de Matanzas, en la región de Corral Falso. A falta de rebeldes, muy difíciles de capturar, las acciones de los españoles se concentraban en la población rural: conducían a los pacíficos «a planazos y culatazos al pueblo como trofeo de victoria»[23]. En septiembre de aquel mismo año, Carlos María de Rojas, de la brigada Cárdenas, relató cómo unidades españolas evacuaron «violentamente» a la población de Lagunillas. El 22 de septiembre, el general español Francisco Javier Girón y Aragón, marqués de Ahumada, se vio obligado a impedir, mediante un decreto, las iniciativas de los jefes militares en Pinar del Río, La Habana y Matanzas, disponiendo que, «[n]o estando dispuesta la concentración», quedaba prohibida la expedición de pases personales, tal y como, a cambio de un soborno, era costumbre «en algunos puntos». Por lo tanto, los habitantes podían «transitar libremente», aunque respondían de sus actos ante las autoridades militares[24].

Como muestra esta breve aproximación, no fueron pocas las unidades que en las provincias occidentales operaron en función de la situación sobre el terreno, a discreción o incluso arbitrariamente; es decir, sin seguir un plan operativo que haya sido muy estudiado. La confusión se completa con una circular de Weyler del 13 de mayo de 1896, redactada ante el trasfondo de la oleada de presentados y previsibles «desertores» en las provincias de Pinar del Río, La Habana y Matanzas. Por un lado dispuso, para las tres provincias occidentales, que fueran indultados aquellos insurgentes que se entregaran, incluso desarmados, en cuyo caso, «las autoridades militares fijar[ía]n punto de residencia en la isla». Por otro lado, Weyler insistió con vehemencia en que «se desmi[ntier]a que se intenta[ba] la concentración obligada de los habitantes de los campos». El escrito terminaba con las siguientes palabras: «Importa hacer público que la concentración es voluntaria, y ordenada más en beneficio de los habitantes de los campos expuestos a los atropellos del enemigo para darles protección y recursos de que carecen a costa de sacrificios del Estado, que como plan de guerra»[25]. Argumentos parecidos, sobre todo el de la «protección» de la población rural frente a las «hordas salvajes», ya habían sido empleados por Weyler en el preámbulo de su primer bando de reconcentración de febrero de 1896, aplicable al este de la isla.

¿Por qué quería Weyler evitar, a mediados de mayo, que las huidas en las tres provincias occidentales pudieran ser percibidas como una reconcentración forzosa y sobre todo como una medida militar? ¿Pretendía así encubrir los verdaderos objetivos de la contraguerrilla española? No parece ser el caso, ya que al poco de llegar a Cuba había ordenado la reubicación forzosa de la población rural del este de la isla, procediendo de igual modo para la provincia de Pinar del Río el 21 de octubre, solo cinco meses más tarde. En órdenes posteriores se refirió explícitamente a la función militar de la reconcentración. Se trataba principalmente de aislar al enemigo y privarlo de recursos, añadiendo que en la «exacta aplicación del principio de la concentración», así como en la incansable persecución del enemigo, «se funda[ba] la victoria y con ella la paz que se procura[ba]». La contradicción en sus consideraciones del mes de mayo, en las que la reconcentración se describe, en la misma oración, a la vez como «voluntaria» y «ordenada», no permite identificar claramente la intención de la instrucción. El acento puesto en el componente «voluntario» se debió probablemente al intento de conferir una apariencia de coordinación a las acciones arbitrarias de las fuerzas españolistas. En todo caso, la circular no deja de ser un indicio más, no solo de la práctica no uniforme de las tropas, sino también de la inconsistencia conceptual propia de los responsables militares.

El anuncio del 13 de mayo de 1896 debe ser ubicado básicamente en el contexto de la riada de refugiados de guerra que, desencadenada por la «invasión», anegó pueblos y ciudades durante la primavera de 1896. Retrospectivamente, Weyler relató que entre abril y mayo, unas 15 000 personas se unieron a las tropas españolas en Pinar del Río:

Se acogieron y concentraron voluntariamente en nuestras estaciones del litoral, cuando totalmente destruidos los poblados y villas del interior por la tea de las [ne]gradas insurrectas, se hallaban convertidas aquellas aglomeraciones [humanas] en [grupos] errantes y miserables que vagaban por los campos, dejando marcada la huella trágica de su camino por regueros de cadáveres de niños, de mujeres y ancianos[26].

Las explicaciones contenidas en el largo escrito justificativo, que Weyler hizo llegar también a la reina regente, no son, en esencia, del todo desacertadas, excepción hecha del punto de vista unilateral y de la connotación racista. Así, por ejemplo, la pequeña localidad costera de Dimas se convirtió, una vez fortificada y protegida por las tropas españolas, en un auténtico imán, atrayendo a familias de los alrededores, de Baja o Mantua, pero también de Remates y Guane[27]. Tras aquellas primeras huidas en dirección a las plazas militares, la situación en las provincias occidentales quedó más o menos estabilizada en el verano. Un «esfuerzo» de reubicación de la población rural o una orden formal en este sentido no parecieron necesarios durante la época de las lluvias, toda vez que la incomodidad de Weyler se debía, en última instancia, a la problemática de la higiene, los costes y la logística. Esto es al menos lo que se deduce de un escrito de comienzos de junio del jefe del Estado Mayor Federico Ochando y Chumillas, en el que, en relación con una solicitud enviada desde Güines, exigía información detallada sobre el abastecimiento de los necesitados mediante el recurso al almacén militar. De esa forma, quería también estar informado sobre el pasado de los beneficiarios; por ejemplo, sobre si antes de la guerra ya vivían en el pueblo. En caso de que recientemente hubiesen llegado a Güines, era necesario explicar los motivos de la migración, «puesto que en [aquella] provincia no se ha[bía] ordenado la reconcentración». De acuerdo con aquella lógica, allí donde la reconcentración no había sido decretada, no había razón alguna para el abastecimiento público. De manera que, por regla general, cada cual debía proveer a su propia manutención, «por no ser posible al Estado atender a cada uno sino en muy corto número de casos y determinadas circunstancias»[28].

El abastecimiento de los refugiados de guerra desbordó por completo las capacidades presupuestarias y logísticas de las autoridades. Ni siquiera el formalismo propio del lenguaje administrativo era capaz de disimular aquel hecho. La impotencia del Estado se refleja, por ejemplo, en una solicitud privada que el marqués de Palmerola, secretario general del gobierno colonial, envió en el verano al presidente de la asociación española de la Cruz Roja Internacional en Cuba, pidiendo medicamentos y recursos «para atacar las enfermedades de que [eran] víctimas» los refugiados de guerra en Cabañas y La Palma. Entre los expertos, Cabañas se consideraba uno de los «focos palúdicos considerables» de Pinar del Río. En su escrito, Palmerola recurrió básicamente a los «actos de bandolerismo reprobados por toda nación civilizada» para explicar las notables corrientes migratorias del oeste de la isla, y dio a entender, implícitamente, que el drama de los refugiados había conducido al colapso de numerosas cabeceras de jurisdicción.

En el caso de Pinar del Río, la impotencia y también la negligencia en el trato dispensado a la población civil se plasmaron de forma ejemplar en una circular del general Ahumada. Weyler había decidido, como preparación de la ofensiva de otoño, que en la provincia debía evitarse «la aglomeración en los poblados de gentes», dado que la «densidad» iría en perjuicio de la «salubridad y de la holgura». Se trataba de una orden que, a primera vista, parecía oportuna, precisamente teniendo en cuenta la tensa situación del abastecimiento, así como la problemática de las epidemias. Sin embargo, la orden afectaba a las personas «sin ocupación ni objeto claramente definido», las cuales, al parecer, «solo s[ervían], por tener el cabeza de familia en la insurrección». Se trataba justamente de los sospechosos de querer dañar las operaciones —«unos por simpatía y otros por necesidad»— facilitando «víveres, ropas o noticias al enemigo». De ahí que, durante el mes de septiembre, los jefes militares tuvieran que expulsar de los poblados a todas las «mujeres e hijos de los alzados»: «[D]eberán pasar al campo o a otras provincias de esta Isla, a no ser que acrediten de un modo indudable el fallecimiento del marido o su presentación a indulto»[29]. Weyler y su Estado Mayor no tenían intención alguna de tolerar la presencia de «simpatizantes» de la revolución en los asentamientos de la provincia, y mucho menos de proveer a su abastecimiento. Sin más preámbulos, las razones de la reconcentración se pusieron patas arriba y los parientes de los patriotas del ELC fueron echados de los pueblos y ciudades. Se trataba de obligarlos a unirse al Ejército Libertador para que aquel perdiera movilidad. Weyler implementó lo que Pieltain había imaginado durante la Guerra de los Diez Años. Solamente serían «protegidos» y «abastecidos» los «elementos adictos» a España, como también se reflejó en los criterios para la entrega de las raciones de comida. Los mecanismos y formas de exclusión del enemigo no se limitaron al ámbito propagandístico: las familias con combatientes en el ELC los sufrieron directamente[30].

La «represión ideológica» a que se refiere Francisco Pérez Guzmán, y que debía forzar a los revolucionarios a rendirse, funcionó en distintos niveles. A mediados de agosto de 1896 fue puesto en conocimiento del general Arolas y Esplugues que los rebeldes estaban reuniéndose en Pinar del Río e intentarían atravesar «a toda costa» la trocha entre Mariel y Majana. La información se había obtenido presionando a familiares de revolucionarios. En efecto, las autoridades españolas intentaban intensificar selectivamente la presión sobre determinados insurrectos a través de sus parientes. Así, intermediarios españoles invitaron en repetidas ocasiones a Manuel Varela, coronel del Ejército Libertador, a deponer las armas, en cuyo caso, su hermano encarcelado sería puesto en libertad. El teniente coronel José Camejo Payents tuvo noticia de las conversaciones mantenidas por Varela, su subordinado, a través de patriotas bien informados, quienes le recomendaron, ante el trasfondo de similares experiencias negativas, «que deb[ía] vigilar a su comandante». Sin embargo, Varela ya había puesto al día a Camejo, rogándole que le permitiera encontrarse con los intermediarios con el fin de entregarlos a la justicia de la «República en Armas»[31].

Las órdenes más arriba expuestas no contribuyen a que gane en credibilidad el argumento de la «protección» de la población españolista. Aunque solo fuera por las huidas inducidas por la guerra en la primavera y verano de 1896 —por no hablar de las experiencias de la Guerra de los Diez Años—, el alto mando militar de Weyler era sin duda consciente de los costes y del desafío logístico que suponía un internamiento forzoso generalizado en el densamente poblado oeste de la isla. Aun así, a partir de octubre de 1896 (Pinar del Río) y enero de 1897 (La Habana y Matanzas), los bandos de reconcentración de Weyler obligaron a las gentes de las zonas rurales a acudir a los puntos bajo control español, «sin proveer para ellas ni techos, ni alimentos, ni trabajo». Las consecuencias desastrosas de la reconcentración no se debieron únicamente a la «invasión» revolucionaria del occidente de la isla, sino también a la falta de previsión de las autoridades coloniales en materia de alimentación, alojamiento y cuidados médicos[32].

La represión y la política de tierra quemada

La represión y la política de tierra quemada

En la primavera y verano de 1896, el pretexto de la «protección» de la población civil en las ciudades y pueblos bajo control español en el oeste de la isla sirvió, en última instancia, para encubrir la progresiva radicalización de las operaciones militares; una radicalización que no era exclusiva de la manigua, donde propiamente tenían lugar los enfrentamientos. Se trataba de evitar las manifestaciones públicas de indignación, tanto dentro como fuera de Cuba. Esta era, al menos, la postura de Madrid. Con el objeto de mantener hacia fuera la apariencia de «normalidad política», se decidió que, en abril de 1896, las elecciones generales se celebraran también en la Cuba en guerra. Weyler se hizo cargo de aquella tarea, seleccionó cuidadosamente, junto al ministro de Ultramar, a candidatos «adictos» a España y dejó al gobierno de Madrid plenamente satisfecho.

El endurecimiento de la represión en la isla condujo a un manifiesto aumento de la presión diplomática durante los primeros meses del mandato de Weyler. Por una parte, el Senado de Estados Unidos decidió, el 28 de febrero de 1896, reconocer la «República en Armas» como potencia beligerante, recomendación que el presidente Grover Cleveland rechazó. Por otra parte, una serie de interpelaciones diplomáticas pusieron a España en un aprieto, dado que los representantes diplomáticos no se limitaron a intervenir in situ ante el capitán general, sino que presentaron sus asuntos directamente ante el gobierno español en Madrid. Ya en 1896, las notas de protesta se centraban una y otra vez en las acusaciones por «actos de crueldad». Ante los excesos sufridos por ciudadanos estadounidenses, el Departamento de Estado exigió expresamente del gobierno español el cumplimiento —«primordial deber de los pueblos cultos»— de los «tratados y obligaciones internacionales». El propio Weyler, sin embargo, no parecía particularmente preocupado por la presión internacional al tomar posesión de su cargo[33].

El trato dispensado a los presos extranjeros fue, durante toda la guerra, una fuente de conflictos. Un desafío delicado para la Administración colonial lo constituían los ciudadanos con doble nacionalidad cubano-estadounidense, los cuales, si eran acusados de «auxilio a la rebelión», hacían valer su estatus de ciudadanos de los Estados Unidos. La doble nacionalidad de muchos cubanos concedió a la revolución un importante margen de maniobra. A mediados de abril de 1896, el ministro de Ultramar, Tomás Castellano y Villarroya, requirió información sobre las causas abiertas en la isla contra ciudadanos franceses. Weyler transmitió de inmediato la solicitud del ministro a los oficiales de las distintas regiones militares. Se trataba sobre todo de averiguar cuáles eran los delitos de los que se acusaba a los franceses y cuál era el estado de salud de estos en las prisiones. Los diplomáticos franceses intentaron durante mucho tiempo que sus compatriotas comparecieran ante tribunales civiles y no militares. Lo único que consiguió Francia fue que las ejecuciones solamente se llevaran a cabo una vez expresamente autorizadas por el capitán general. Aquella restricción se hizo extensible a todas las nacionalidades en junio de 1896. Las dudas respecto a la justicia militar española no eran infundadas. Tras otras pesquisas confidenciales dentro del aparato judicial, las autoridades de Cuba llegaron a la conclusión de que, en el caso de que «los delitos no [fuer]an graves o no est[uvieran] probados», se debía proceder, sin más, a la expulsión de los acusados del país. Las quejas formales de este tipo presentadas por otros estados permiten conocer hasta el nivel local el trato arbitrario que las autoridades españolas dispensaban a los «sospechosos»[34].

Algo parecido puede decirse respecto a cómo se valoró el alcance de la destrucción. Las reclamaciones de daños y perjuicios presentadas durante la guerra permiten una primera aproximación, al tiempo que remiten a las estrategias militares implacables de ambos bandos, cuyo objetivo eran sobre todo los recursos económicos de la isla. En este sentido, la Administración colonial tuvo que enfrentarse tanto a los daños causados por las tropas españolas como a la destrucción debida a los revolucionarios. De ahí que las autoridades provinciales contabilizaran minuciosamente los bienes en manos extranjeras y la dimensión de los daños. En varios casos no esperaron a que terminara la guerra para iniciar investigaciones dirigidas al esclarecimiento de acusaciones e incidentes. De nuevo se confirma que, a menudo, la destrucción y la violencia practicadas por ambos bandos afectaron a todos los civiles por igual, con independencia de su adscripción. Ni siquiera se libraron los propios simpatizantes, como refleja la correspondencia del ELC que se conserva. En agosto de 1896, por ejemplo, el general José Lacret Morlot fue informado de que las tropas de Marcelino Álvarez, que operaban en las provincias de La Habana y Matanzas, habían saqueado la casa de la familia de un suboficial de las propias filas, apoderándose de ropa, zapatos y mantas, así como de todas las existencias de víveres de la familia. Álvarez amenazó a la mujer del «compañero de armas» ausente con ahorcarla si se resistía.

Durante los meses de verano de 1896, en las provincias occidentales solo unos pocos latifundistas lograron salvar sus propiedades de la devastación mediante el pago de «impuestos revolucionarios». El endurecimiento de la estrategia militar revolucionaria queda ejemplificado en una circular del gobernador civil de la «República en Armas» para la provincia de La Habana. Aurelio Betancourt, que en abril había habilitado expresamente al teniente Gabriel López para recaudar las «contribuciones de guerra», anunció en junio una orden general por la que «queda[ba] prohibida terminantemente la imposición y cobro de contribuciones de toda clase». El mando revolucionario impuso en la provincia «la quema de los frutos y rama de tabaco que se pretend[ier]a extraer o se extra[jera] sin perjuicio de la pena en que incurr[ier]an los dueños». Había que evitar a cualquier precio que los propietarios de plantaciones bajo protección militar pudieran disponer el corte de la caña de azúcar, como había sucedido en Sagua la Grande (Santa Clara). A partir de finales de abril se impartieron órdenes similares, incluso con vigencia específica para determinadas jurisdicciones[35], en términos como estos: «Realizará las operaciones que se le ordenen, siendo las actualmente dispuestas, el incendio y destrucción de cañaverales y bateyes de los ingenios que pretendan moler, así como todos aquellos edificios que [sepa] pretenda el enemigo situar fuerzas en ellos, prohibir la conducción al pueblo de maíz, tabaco y ganado vacuno, dando muerte a todo contraventor de esta disposición que sea aprehendido»[36].

Las tropas del Ejército Libertador intentaron implementar aquellas órdenes, como muestran distintos apuntes en diarios de guerra. En Matanzas por ejemplo, el regimiento Cárdenas, a cuyo mando se encontraba Carlos María de Rojas, se dedicó entre abril y septiembre de 1896, a una continua labor consistente en incendiar cañaverales y destruir ingenios, así como en atentar contra las líneas de ferrocarril y telegráficas. También constituían un objetivo preferente los almacenes de maíz y tabaco que las autoridades españolas emplazaban en lugares centrales[37]. En Pinar del Río, en las inmediaciones de Candelaria, los revolucionarios chapearon maizales enteros en mayo de 1896 para privar al «enemigo» también de aquel recurso. En agosto devastaron en otros lugares plantaciones de plátanos y batatas. Además, las tropas rebeldes incendiaron casas de tabacos en Pueblo Nuevo y numerosos bohíos en Cristo y Capote. También estaban en el punto de mira de los insurgentes, y no solo en las cercanías de la trocha entre Mariel y Majana, los edificios amurallados que servían de protección a las tropas españolas o podían ser convertidos en fortificaciones, que debían ser destruidos junto a las vallas y a los zarzales que dificultaban el paso del ELC. Unas órdenes parecidas de Antonio Maceo circularon igualmente por Matanzas, donde, dado el carácter de la guerra, convenía «que se destruy[er]a todo edificio que pu[diera] ofrecer refugio y defensa al enemigo»[38].

Por su parte, las fuerzas españolas intentaron localizar y neutralizar a las unidades móviles del Ejército Libertador, para lo cual la contraguerrilla local, más allá de atrincherarse en los pueblos, debía salir diariamente a peinar las inmediaciones. Al parecer, las tropas evitaban a menudo los campamentos y preferían, por comodidad, regresar a los centros hacia última hora de la tarde. El Estado Mayor de Weyler intentó cambiar aquel comportamiento con normas y estímulos: ya solo recibiría el plus de campaña quien realmente operara fuera de los pueblos o estuviera destinado en fuertes «que se hall[ara]n incomunicados». La «confianza» que Weyler exigía para la realización de las operaciones estuvo, por momentos, bajo mínimos. El revolucionario Pedro Díaz informó desde Pinar del Río de que «[u]na quema de cuando en cuando» era más que suficiente para sembrar la inseguridad entre los militares enemigos. A José Miró Argenter le escribió: «Tenemos que irlos a buscar a sus mismas guarniciones» para luchar. De ahí que Ahumada criticara severamente la «comodidad» de las unidades españolas en las provincias occidentales[39]. Además de la realización de una campaña militar activa, había otras medidas —desde las trabas al transporte de caballos y reses hasta el sacrificio de manadas enteras— que debían debilitar la movilidad y la forma física de las fuerzas revolucionarias. Todos los locales de venta que estuvieran situados a más de 500 metros de un pueblo debían trasladarse para evitar que los insurgentes pudieran acceder a ellos.

Tanto las restricciones comerciales como el colapso —inducido por la guerra— de la Administración local repercutieron sobre la población civil. Según el testimonio de Isabel Rodríguez, una simpatizante de los patriotas cubanos de Santa Clara, en junio de 1896 no había prácticamente ninguna familia que no padeciera, de un modo u otro, las consecuencias de unas hostilidades que ya duraban un año. Rodríguez anhelaba un pronto final de la guerra: «Con resultados honrosos para nosotros»[40].

Un factor político-militar: enfermedades y epidemias

Un factor político-militar: enfermedades y epidemias

Con el inicio de la época de lluvias, se agudizó la problemática de las epidemias. La delegación cubana de la Cruz Roja Española dejó constancia a posteriori: «El año 1896 fue rudo en enfermedades». En la costa septentrional de Pinar del Río, en la pequeña localidad de Bahía Honda, abarrotada de refugiados de guerra, el número de civiles muertos pasó de 60 en los primeros seis meses del año, a 388 en el segundo semestre. También las tropas españolas allí estacionadas registraron numerosas bajas: de los 201 fallecimientos habidos en Bahía Honda, 171 se debieron a la fiebre amarilla, de los que 161 se produjeron en el segundo semestre. El análisis de los historiales del hospital militar correspondientes al periodo de julio a diciembre muestra además que, durante aquellos meses, nueve de cada diez soldados enfermaron de malaria. A los factores de una climatología difícil se unieron manifiestas negligencias sanitarias. Aquella combinación mortal fue descrita del siguiente modo en un informe de la Cruz Roja Española: «Las reses muertas y aun seres humanos insepultos en Vuelta Abajo, desarrollaron verdadera epidemia de calenturas infecciosas, perniciosas, tifoidea, vómito, viruela, disentería»[41].

Matanzas se encontraba en una situación similar. Allí, las diferencias entre las autoridades civiles y militares —sobre todo un conflicto entre el inspector del cementerio de San Carlos y el hospital militar— provocaron, en junio, que hubiera restos mortales que tardaron hasta sesenta horas en ser enterrados. El «completo estado de putrefacción» de varios cadáveres del hospital militar espantó a los visitantes del camposanto y también a los trabajadores que normalmente pernoctaban en los edificios del cementerio[42].

Además, varias fuentes informaron de que, en Matanzas, «la fiebre amarilla hizo enormes estragos aún en los hijos del país». Si en 1895 se habían apuntado 1499 fallecimientos en el Registro Civil y en los registros parroquiales de la ciudad, al año siguiente ya eran 2545[43]. En Madrid, el ministro de Ultramar, Castellano y Villarroya, también se inquietó al conocer la mortandad en Matanzas durante los meses estivales de 1896. Weyler intentó tranquilizarlo aclarándole que no había razón alguna para alarmar a la opinión pública, ya que la alta tasa de mortalidad en Matanzas —y en general en toda la isla— se debía a la fiebre amarilla, cuya incidencia aumentaba durante la época de las lluvias, por lo que el creciente número de muertes era normal. El ministerio, conocida aquella explicación, aceptó que las muertes debidas a las epidemias, y sobre todo a la fiebre amarilla, eran inevitables, y se dio, por el momento, por satisfecho[44]. Las autoridades apenas relacionaron la rápida expansión de las epidemias con las condiciones de abarrotamiento y falta de higiene en los puntos de reconcentración. Tampoco sucedió a menudo que se relacionara la alimentación insuficiente de los refugiados de guerra con la alta tasa de mortalidad.

También las unidades de la brigada Sur del ELC tuvieron que enfrentarse, durante la época de las lluvias, a las condiciones climáticas inhóspitas de la provincia de Matanzas. En septiembre de 1896, el general Eduardo García informó de que la fiebre había dejado fuera de combate a toda su brigada, incluido él mismo. Otro combatiente del Ejército Libertador escribió a sus parientes: «Estoy enfermo, [si] me ves no me conoces […]. Estoy pasando la pena negra […]. Aún no he tomado un poco de quinina». Sin embargo, es la muy socorrida y jactanciosa anécdota de los tres generales cubanos «Junio, Julio y Agosto» la que se supone que mejor ilustra el alto rendimiento de las unidades del Ejército Libertador, que operaban con la ventaja, respecto a las tropas españolas, de estar habituadas al clima tropical. De hecho, muchos cubanos eran infectados, de niños, con una forma debilitada del virus de la fiebre amarilla, de modo que su organismo desarrollaba anticuerpos. De ahí que, entre los revolucionarios, la fiebre amarilla se considerara, al parecer, como «su mejor aliado», hasta el punto de que recibía el nombre de general vómito o, a veces, el patriota[45].

Aun así, el ELC se vio gravemente debilitado por la malaria, transmitida por los mosquitos anófeles, y también, aunque en menor medida, por las enfermedades infecciosas, como la viruela, y los innumerables microbios y piojos; circunstancia esta que se suele olvidar a menudo al contemplar las muchas bajas habidas entre las tropas españolas. Y lo cierto es que ya las memorias de los combatientes cubanos contienen referencias claras a la problemática de las epidemias dentro del Ejército Libertador. Sin embargo, es el estudio de Francisco Pérez Guzmán el que recientemente ha roto el mito, propio (aunque no exclusivo) de la historiografía cubana, según el cual los patriotas eran en buena medida inmunes a las enfermedades tropicales[46]. También de los expedientes de la Jefatura Superior de Sanidad que se conservan se deduce que los oficiales eran conscientes del problema que suponían las epidemias en las propias filas. Incluso las intervenciones más sencillas eran muy arriesgadas, ya que el trabajo de los médicos cubanos se veía dificultado, por una parte, por las malas condiciones en que se encontraban los hospitales improvisados en las «zonas liberadas», y, por otra, por la frecuente escasez de medicamentos[47]. Para evitar más bajas por fiebres tropicales entre los combatientes, el inspector de Sanidad Sánchez Agramonte exigió, en agosto de 1896, que se adoptase la «medida higiénica y terapéutica» de desplazar a las unidades destacadas en la costa meridional —sobre todo las que operaban en la Ciénaga de Zapata— hacia regiones más elevadas y «menos enfermizas». Los pantanos eran importantes zonas de retirada del ELC en Matanzas, pero era conveniente que las tropas fueran enviadas a lugares que presentaran menos riesgos para la salud. No es pues de extrañar que, con las bases de operaciones emplazadas en zonas pantanosas, la quinina fuera siempre el primero de los medicamentos más necesitados[48].

En agosto de 1896, las unidades de Federico Bacallao se retiraron a descansar a Guanal, cerca de Consolación del Sur, en Pinar del Río. Prácticamente todos los oficiales tenían fiebre. Algo parecido refirió Pablo Rodríguez a propósito del regimiento Ducasse, relatando el caso de «un sinfín de enfermos con fiebre». Afectado por la malaria e ingresado en una enfermería de la prefectura de Las Damas, Ernesto Usatorres Perdomo relató cómo los presentes prácticamente se repartieron sus pertenencias aunque él todavía seguía con vida. En el caso de los patriotas fallecidos importaba más el número de calzado que el duelo. A las enfermedades tropicales se unieron otras infecciosas como el sarampión, que se propagó como un reguero de pólvora entre las unidades de Santa Clara, causando numerosas bajas. Las unidades patrióticas en el este de la isla tuvieron también que enfrentarse a epidemias. En diciembre de 1896, Calixto García informó de que estaba perdiendo más hombres a causa de la viruela que luchando contra las tropas españolas. Las vacunas sacadas de contrabando de las ciudades no hacían efecto. Como consecuencia, el médico Gonzalo García Vieta, miembro del Cuerpo de Sanidad Militar del Ejército Libertador, instaló un puesto de vacunación propio en el que él mismo elaboró el suero. Su éxito fue considerable: en los cuerpos primero y segundo del Ejército Libertador, los más castigados por la epidemia, la viruela pudo contenerse en un 60 por ciento[49].

Teniendo en cuenta las (aquí apenas esbozadas) condiciones sanitarias del Ejército Libertador, sorprende el escaso número de combatientes que los patriotas perdieron, según las cifras oficiales, a causa de enfermedades y epidemias. El Índice alfabético y defunciones del Ejército Libertador de Cuba, publicado en 1901 por el secretario de la Guerra Carlos Roloff-Mialovsky, recoge un total de 4357 muertes para todo el periodo de la guerra, de las cuales solamente 1321 fueron causadas por enfermedades. Posteriormente, los investigadores han revisado los números al alza. Philip S. Foner parte de un total de 8617 víctimas en el ELC, 3437 debidas a las enfermedades. El vaciado de los expedientes personales que se conservan en el Archivo Nacional de Cuba, realizado por el historiador cubano Bernardo Iglesias Delgado, ha dado como resultado que entre 1895 y 1898 murieron por lo menos 11 488 miembros del Ejército Libertador, es decir, un 20 por ciento del ELC. Por desgracia es imposible determinar en cada caso la causa de la muerte, aunque los números relativizan considerablemente la comparación con las bajas españolas. Estas siguen moviéndose, en términos absolutos, en otros niveles: España pagó con no menos de 44 389 víctimas la coincidencia fatal, por una parte, de la indiferencia básica de los jefes militares hacia las necesidades de las tropas —ya fuera el abastecimiento, el tiempo de descanso o el equipo—, y por otra, la falta de cuidados y conocimientos médicos. Más de 41 000 hombres, alrededor del 22 por ciento de las tropas destinadas en Cuba, murieron «sin combatir», a causa de enfermedades[50]. Hubo unidades españolas enteras que enfermaron durante las primeras tres o cuatro semanas de estancia en Cuba, lo cual debió de parecerle a más de un soldado una maldición caribeña. De hecho, «[e]l puerto de La Habana, considerado en la época como uno de los más insanos del mundo, era una especie de cloaca máxima a donde no solo llegaban los excrementos de la población y todas las inmundicias arrastradas por la lluvia, sino que también servía de receptáculo a la sangre de los mataderos públicos que coloreaba sus aguas hasta casi media milla de la orilla». Era habitual que, durante las primeras semanas, las unidades recién llegadas solo pudieran ser destinadas a las guarniciones de La Habana[51].

Muchos abandonaban los hospitales abarrotados antes de volver a recuperar sus fuerzas, de modo que, al poco tiempo, tenían que ingresar de nuevo. En este sentido, las estadísticas son claras: entre marzo y diciembre de 1895, los hospitales militares apenas registraron 50 000 ingresos, cifra que se multiplicó en 1896. Los (parcialmente incompletos) historiales, vaciados ya durante la guerra, registraron para toda la isla 3 680 245 ingresos, y ello con un contingente de tropas de alrededor de 175 000 hombres, de los cuales apenas 40 000 habían llegado a la isla en los últimos meses del año. La fiebre amarilla fue la que más víctimas causó entre las tropas españolas. Las estadísticas oficiales para el año 1896 registran un total de 14 897 fallecimientos, de los cuales 9052 fueron causados por la fiebre amarilla[52]. Durante la fase inicial de la enfermedad, los médicos españoles la trataban a menudo con altas dosis de quinina, en la creencia de que se trataba de malaria. Este tratamiento tuvo consecuencias fatales y causaba todavía más náuseas[53]. Los problemas con que se encontraba la cura de las enfermedades tropicales no eran solo la falta de tiempo y la atención inadecuada; sucedía además, y con demasiada frecuencia, que los médicos militares españoles devolvían a los soldados convalecientes —que a menudo contraían la fiebre amarilla o la malaria precisamente al llegar a los hospitales— de vuelta a sus unidades en campaña[54]. Es cierto que en los hospitales gestionados por profesionales, como el Alfonso XIII de La Habana, los médicos cuidaban mucho la higiene. Así, la ropa de los enfermos era incinerada y las habitaciones eran desinfectadas a diario. Sin embargo, las ventanas abiertas permitían la libre entrada de los mosquitos anófeles y Aedes aegypti. No fue hasta mediados de 1897 cuando se procedió a separar estrictamente a los pacientes de malaria y fiebre amarilla de los demás enfermos, con lo que se consiguieron los primeros éxitos en la contención de la epidemia entre los miembros del Ejército[55]. Un simple mosquitero podría haber salvado la vida de miles de soldados españoles. Pero, como apuntó el médico y posterior premio Nobel español Santiago Ramón y Cajal, reflexionando sobre su época de servicio en la Guerra de los Diez Años, ¿quién habría podido pensarlo entonces[56]? En 1901, y en aplicación de las recomendaciones de la U. S. Yellow Fever Commission dirigida por Walter Reed —la cual había verificado de forma concluyente, junto al médico cubano Carlos Finlay, la teoría de este último sobre el mosquito Aedes aegypti como vector del virus de la fiebre amarilla—, las tropas de ocupación estadounidenses ya se esforzaban por mantener sus instalaciones libres de mosquitos. Finlay había propuesto a las autoridades españolas que adoptaran medidas similares en la isla ya a comienzos de la década de los años ochenta, pero en aquel momento, sus recomendaciones no se tuvieron en cuenta.

De modo que las unidades revolucionarias cubanas se enfrentaban en muchos combates a soldados españoles febriles y consumidos. La supuesta «comodidad» de las tropas españolas estaba en muchos casos más que justificada, si se tiene en cuenta que el curso de la malaria implica constantes episodios de fiebre (que pueden darse durante años). La mortalidad asociada a la malaria no era en nada comparable con la de la fiebre amarilla y los expertos que conocían otras zonas de malaria incluso se sorprendían de que las fiebres palúdicas no causaran aún más víctimas entre las tropas españolas en Cuba. Con todo, la malaria, la disentería y los innumerables microbios debilitaron considerablemente la capacidad de combate del Ejército Expedicionario español. El médico militar español Ángel Larra y Cerezo describió el estado de los soldados de su país con las siguientes palabras:

[H]abía gran número de hombres que arrastraban su existencia sacrificando su salud, casi inútilmente, en aras del cumplimiento del deber, pues llegado el momento del combate, solo un esfuerzo sobrehumano podía dar energía para la lucha a combatientes en quienes, apenas concluido un acceso palúdico, comenzaban los escalofríos precursores del siguiente[57].

En el caso de la Guerra de los Diez Años, los informes oficiales recogen un total de 145 884 muertos, 133 555 de ellos a causa de epidemias y enfermedades. Según los cálculos de Antonio López de Letona, las operaciones en la espesura tropical causaban, entre las tropas españolas, unas bajas diarias de un 10 por ciento. Hubo incluso batallones de 800 hombres que, sin ataques del enemigo, se vieron reducidos en pocos días a entre 350 y 400 hombres[58]. Weyler relataba hechos parecidos de su época en Filipinas. De los 1000 hombres que formaban la unidad que, en 1891, participó en una «expedición punitiva» contra moros rebeldes en Mindanao, al cabo de unas pocas semanas tan solo quedaban 250 en condiciones de operar (ninguno de ellos español), de modo que la misión tuvo que ser abortada a causa de los soldados que habían enfermado y necesitaban cuidados. Especialmente desoladora fue la expedición del general Pablo Morillo, que en abril de 1815 llegó a Venezuela con el objetivo de «reconquistar» Nueva Granada y se encontró, ya a finales de 1817, con que, a excepción de un regimiento en Cartagena, ya no quedaban tropas europeas en Nueva Granada, pues las enfermedades y las epidemias las habían diezmado o empujado a desertar. Las tropas españolas destinadas a Venezuela y Nueva Granada entre 1810 y 1824 presentaron una tasa de mortalidad, según algunas estimaciones, de entre el 90 y el 96 por ciento. Y podrían aducirse muchos más ejemplos[59].

Desde luego, si de algo no carecían los responsables de la toma de decisiones militares y políticas era de experiencia. Tanto la sanidad militar como el abastecimiento habían resultado ser el talón de Aquiles de las Fuerzas Armadas españolas en las guerras de Marruecos (1859-1860) y Santo Domingo (1863-1865), así como en Cuba, durante la Guerra de los Diez Años. Sin embargo, Weyler, refiriéndose al punto álgido que provisionalmente alcanzó la mortandad entre las tropas españolas en noviembre y diciembre de 1896 en Cuba, se limitó apuntar: «El estado sanitario no era muy satisfactorio». Fueron los periodistas Gonzalo Reparaz y Rafael Gasset los que en sus artículos en el Heraldo de Madrid y en El Imparcial denunciaron, a finales de diciembre, las irregularidades existentes en la Administración militar española. Ante la corrupción detectada en la intendencia, así como el trato completamente negligente dispensado a las tropas, ambos redactores exigieron el cese inmediato del general Weyler y del jefe de la sanidad militar[60].

La claridad de aquellas palabras y la acusación tuvieron amplia resonancia en la metrópoli. Prácticamente toda la prensa de ámbito suprarregional se hizo eco del tema que ya había sido tratado ocasionalmente durante los meses de verano. Ante el trasfondo de la «grandísima agitación en el público» y contra los ataques al honor militar intervinieron las autoridades de Madrid confiscando la misma noche del 31 de diciembre la edición de provincias del Heraldo de Madrid —aunque el artículo de Reparaz ya no aparecía en esta—. En la capital, donde las acusaciones habían sido, durante semanas, el centro de las conversaciones, la policía impidió aquella noche la venta del periódico. Reparaz pagó su golpe periodístico con una estancia de varias semanas en la cárcel Modelo de Madrid. El 23 de enero de 1897, el Tribunal Supremo tomó la memorable decisión de atribuir la competencia en el caso Reparaz a la jurisdicción civil, la cual archivó el procedimiento definitivamente en diciembre de 1898[61]. Curiosamente, fueron los acontecimientos en la metrópoli y la situación de las tropas en Cuba los asuntos que mayoritariamente dominaron en la prensa española hasta más allá del final de la guerra. Tras la primera campaña de agitación patriótica, con ocasión del estallido de la guerra en febrero de 1895, los periódicos —primero los republicanos, poco después también los liberales— reprodujeron las imágenes de los inválidos de guerra en Cuba, extenuados, en los huesos y consumidos por las fiebres y otras enfermedades[62].

La Compañía Trasatlántica Española, perteneciente a Claudio López Bru, marqués de Comillas, era la concesionaria del transporte de tropas. Sus barcos, abarrotados de mutilados de guerra, fueron los que acercaron a la metrópoli la realidad del desmoronado Cuerpo Expedicionario. Muchos heridos de guerra eran llevados a los barcos «directamente desde los hospitales»[63]. Fue entonces cuando las críticas se centraron en las llamadas quintas, el arbitrario sistema español de reclutamiento que permitía a las familias acomodadas comprar para sus hijos, por entre 2000 y 2500 pesetas, o bien la exención del sangriento servicio en la colonia, o bien una sustitución. El discriminatorio «sorteo» hacía que prácticamente todos los enviados a Cuba fueran jóvenes pobres, lo cual provocó una división social que no debe ser subestimada. Ha sido la historiadora española Valentina Fernández Vargas quien, con la fórmula sangre o dinero, encontró una descripción convincente del sistema de reclutamiento. Solo a partir de mediados de 1897, el PSOE, movido por cálculos de política interior, lanzó por toda la geografía española una campaña que, bajo el lema de «O todos o ninguno», pretendía defender sistemáticamente los intereses de su clientela, que era la que pagaba el más alto tributo de sangre para las guerras en Ultramar[64].

Aquella percepción contemporánea es la que debería orientar las aproximaciones que intentan explicar por qué los medios españoles apenas mencionan la existencia de víctimas civiles en Cuba. Porque, de hecho, en las noticias publicadas en la metrópoli se asignaba a la población cubana un papel secundario; la información sobre ella que llegaba a España lo hacía a través de los Estados Unidos. En consecuencia, Cuba era representada en muchas caricaturas españolas como una marioneta simple y pasiva manejada por los Estados Unidos y España, las «grandes potencias». Los revolucionarios, cuando eran los protagonistas, eran descalificados como una inferior «horda negra» cuyo destino —y no se diga ya el de sus parientes— resultaba del todo irrelevante. Incluso en la actualidad, los trabajos científicos reflejan a menudo la lectura de la Guerra de Independencia que se hacía en la metrópoli en aquellos momentos. Así, todavía hoy en día, una parte de la historiografía española sigue considerando que los verdaderos «olvidados de la guerra» son los soldados del Ejército Expedicionario[65].

El desinterés de la metrópoli colonial por la situación de la población civil de Cuba se cohonestaba con la apatía que se detectaba en la propia isla. Llama la atención la indiferencia que reinaba en casi todas las provincias frente a la mortandad en pueblos y ciudades y que los gobernadores civiles describieron en sus informes (que se analizan con detalle en el sexto capítulo). Es evidente que aquella actitud también tenía que ver con un cierto empobrecimiento emocional debido a la constante y masiva exposición a la muerte. Es necesario además, estudiar más de cerca cómo repercutió en el trato dispensado a los reconcentrados la propaganda española, incluidos sus constructos de la alteridad. Hay muchas razones para pensar que es correcta la tesis de que la exclusión de los revolucionarios —y, por momentos, de todos los cubanos— del «mundo civilizado» favoreció el recurso a los métodos represivos en la lucha española contra las guerrillas.

Hay una cosa que quedó muy clara a raíz del revuelo causado por las condiciones sanitarias de las tropas españolas en Cuba y por el estado de salud de los primeros retornados, y es que Weyler solo tuvo que esperar a finales de 1896 para ver cómo perdía en España los laureles que él mismo se había puesto anticipadamente. En efecto, en la metrópoli se encontró con una fuerte oposición. Su caída fue tan rápida como dura. A mediados de diciembre de 1896, tras la muerte de Antonio Maceo, Weyler todavía era elogiado en toda España como si de un héroe se tratara. En una entrevista se mostró confiado en que sus tropas pacificarían Pinar del Río por completo en un plazo de veinte días: una declaración insensata que a los rebeldes de la provincia les debió de parecer directamente una invitación a realizar más acciones. Pero ya a finales de diciembre, las noticias se centraron, en España, en la falta de consideración hacia los soldados, la corrupción de la Administración militar y también los fracasos de Weyler —en lo militar— y Cánovas del Castillo —en lo político— a la hora de pacificar la isla. Los éxitos militares de Weyler palidecieron —o evidenciaron despiadadamente su exorbitante «precio»— ante la pesada carga personal y material que las campañas en Ultramar suponían para la sociedad española, así como la torpe política de comunicación del militar. En Cuba, los intransigentes españolistas del Partido de la Unión Constitucional seguían proclamando en tonos marciales que la sangre de los hijos caídos fertilizaba la tierra. Pero en enero de 1897, Weyler volvió a ser objeto de burlas, tanto en Cuba como en España, cuando anunció la «casi pacificación» de las provincias occidentales. El capitán general interpretó los «bulos» y «falsedades» de la prensa como una gran conspiración. Según él, los motivos de los ataques contra su persona eran la envidia, su estrecha colaboración con Cánovas —que los liberales españoles no le perdonaban—, así como la prohibición de la zafra decretada en septiembre de 1896, que perjudicaba los intereses de los influyentes propietarios de plantaciones de Cuba. En Madrid, esta última prohibición puso al Ministerio de Ultramar en un aprieto a la hora de dar explicaciones, ya que la sacarocracia cubana era, también en España, un poderoso grupo de interés muy bien relacionado con los círculos políticos madrileños.

Sin embargo, la crítica no surgió únicamente de entre las propias filas o de los adversarios directos. Hubo más de un observador internacional convencido de que ni los revolucionarios ni el poder colonial español —con su despliegue masivo de tropas— estaban en condiciones de poner fin a la guerra en un breve lapso de tiempo. A ello se añadía que, con los levantamientos de Filipinas de agosto de 1896, al Imperio español se le habían abierto varios frentes. Aquella dimensión internacional del conflicto llenó de confianza a los revolucionarios cubanos. El padre del movimiento independentista puertorriqueño, Ramón Emeterio Betances y Alacán, le escribió a Gonzalo de Quesada y Aróstegui, el delegado del PRC en Washington: «Ahora empieza la guerra». Otro activista cubano en Nueva York expresaba así su convencimiento: «La revolución en Filipinas es formidable». También los combatientes en la isla, y no solo los dirigentes políticos en el exilio, se remitían al «alzamiento trascendental de Filipinas» y a la «situación más que difícil» e incluso «imposible» del gobierno español. El general Rojas informó a su superior, José Lacret Morlot, de que tropas destinadas a Cuba habían sido desviadas a Filipinas, y que los insurgentes ya disponían de más de 5000 hombres armados, «entre ellos los de más valor y prestigio de aquella Isla». Teniendo en cuenta los informes sobre sublevaciones y levantamientos en Marruecos e incluso en la propia España, Rojas pronosticó para la metrópoli «la suerte de Polonia», es decir, su completa ruptura. Durante el mes de abril de 1897 circularon en las filas revolucionarias informes sobre levantamientos carlistas en España y sobre los valientes filipinos. El alcance internacional del desafío a España parecía favorecer los intereses de los revolucionarios cubanos. Se trataba tan solo de resistir, y la guerra se ganaría en breve, incluso sin luchar[66]. Sin embargo, había observadores internacionales que opinaban que solamente la intervención de una tercera potencia —es decir, de Estados Unidos— resultaría decisiva, en lo cual coincidían con las esperanzas de muchos cubanos del exilio, cuyos amigos, maridos y hermanos estaban combatiendo en Cuba. Así, en octubre de 1896, una mujer de nombre Aurora le escribió desde Central Valley (California) a Juanito: «Se dice aquí que el gobierno va a hacer algo bueno por Cuba, quiera Dios sea cierto»[67].

El desmoronamiento de las fuerzas revolucionarias en el occidente de la isla

El desmoronamiento de las fuerzas revolucionarias en el occidente de la isla

En la primavera de 1896, Maceo, aislado y asediado en Pinar del Río por los aproximadamente 60 000 hombres que integraban las tropas españolas, también tenía sus esperanzas puestas en que Estados Unidos reconociera la «República en Armas», al menos como potencia beligerante, lo cual simplificaría decisivamente el envío de material de guerra y medicamentos a los patriotas en la isla. Durante la guerra, las autoridades españolas registraron cuarenta expediciones —es decir, barcos que se dirigían a la costa cubana cargados con material bélico—, más de la mitad de las cuales fracasaron por completo, ya fuera porque eran abortadas por la guardia costera de Estados Unidos, ya fuera porque eran interceptadas por lanchas patrulleras españolas. Otras expediciones arribaron según lo previsto, pero solo en parte lograron atracar sin ser vistas y descargar la munición sin dañarla. Con todo, un total de trece expediciones, según fuentes españolas, llegaron con éxito a su destino, aunque, de hecho, es posible que las cifras reales fueran bastante más elevadas. Así, en febrero de 1898, tan solo el Departamento de Expediciones Militares de la «República en Armas», con sede en los Estados Unidos, registró treinta y cuatro expediciones, y el historiador Francisco Pérez Guzmán parte de un mínimo de cuarenta y cinco cargamentos que, según el autor, habrían llegado a tierra con éxito durante la guerra. Es significativo que no fueran ni la vigilancia sistemática de las costas estadounidenses ni tampoco el control marítimo español los que impidieron que la munición solicitada por Maceo llegara a su destino. En realidad, ello se debió a la política del gobierno provisional cubano, que puso a Maceo a la defensiva en la parte occidental de la isla. La falta de abastecimiento, por una parte, era expresión del conflicto latente entre los mandos civil y militar, y por otra, obedecía también a una motivación racista, como muestran las manifestaciones de Salvador Cisneros Betancourt, según las cuales, tanto la popularidad de Antonio Maceo en las provincias occidentales como los éxitos militares de su hermano José en Santiago de Cuba reforzaban el mensaje de la propaganda española de que la revolución pretendía erigir una república «negra». En abril de 1896, para conferir al estado naciente una apariencia «blanca», el gobierno civil prefirió a Calixto García, el veterano de la Guerra de los Diez Años, como comandante en jefe de los cuerpos del ejército en Puerto Príncipe y Santiago de Cuba, prefiriendo así a José Maceo. El 5 de julio de 1896, a las pocas semanas de verse forzado a entregar también el mando de la provincia de Santiago de Cuba, José Maceo cayó en combate en Loma de Gato mientras se enfrentaba a las unidades de Joaquín Vara de Rey y Rubio[68].

Entre abril y septiembre de 1896, las tropas de Antonio Maceo ya solo recibieron tres cargamentos de armas y municiones desde Estados Unidos. El 20 de abril, el Competitor arribó a la costa de Pinar del Río con el revolucionario Juan Eligio Ducasse Reeve. Gracias a aquellos refuerzos y al nuevo material bélico, los hombres de Maceo lograron, el 30 de abril y el 1 de mayo, involucrar en Cacarajícara a la abrumadora masa de las fuerzas españolas bajo el mando de Julián Suárez Inclán en una lucha de trincheras que ocasionó muchas bajas. Ante la masiva concentración de tropas españolas en Pinar del Río, Maceo apenas volvió a conseguir, a lo largo del año, determinar el curso y la intensidad de los enfrentamientos, tal y como había hecho hasta aquel momento. Cada vez más, sus unidades se veían forzadas a luchar en situación de desventaja y literalmente sin munición, sufriendo graves pérdidas. Aun así, Maceo logró una y otra vez engañar a las unidades españolas y romper el cerco al que lo sometían. Las expediciones del Three Friends —tanto la del 23 de junio como, sobre todo, la del 8 de septiembre, con Juan Rius Rivera— permitieron al ELC volver a realizar en Pinar del Río acciones ofensivas de cierta envergadura. En este sentido, la nota que aparece en las memorias del revolucionario Ernesto Usatorres Perdomo, según la cual, de la expedición de junio de Francisco Leyte Vidal, no se había perdido ni una sola bala gracias a Pedro Díaz, puede parecer a primera vista un detalle secundario. Sin embargo, lo cierto es que el envío seguro de material bélico hasta la costa no era garantía suficiente de que las armas y la munición llegaran efectivamente hasta sus verdaderos destinatarios. La problemática queda claramente expuesta en la correspondencia entre Lacret Morlot y Máximo Gómez: muchos cubanos «se entregaban al robo y al pillaje al extremo de que algunos no p[odía]n rendir cuenta del parque que se les [había] entrega[do] para guardar». Cargamentos enteros desaparecieron dentro del Ejército Libertador en las simas de la corrupción y del nepotismo[69].

Aquella combinación de favoritismo e indisciplina que se daban en el seno del ELC contrastan con la admiración que suscitaba Maceo, el revolucionario intachable. Más allá de su habilidad táctica y de su férrea capacidad de resistencia, su ejemplo ha marcado la historiografía de forma duradera, y no solo la cubana. Su talento militar es muy valorado en estudios pertenecientes a las más diversas filiaciones. En el relato de los autores españoles Antonio Elorza y Elena Hernández Sandoica, prácticamente todos los combates de Maceo en Pinar del Río se convierten en un éxito de la Cuba libre[70], con lo que a veces se pierde de vista que el segundo semestre de 1896 se caracterizó más por el desmoronamiento de las fuerzas revolucionarias en la parte occidental de la isla que por las gloriosas acciones de Maceo. Así, el teniente coronel del Ejército Libertador José Eduardo Rosell y Malpica apuntaba el 28 de septiembre en su diario: «En La Habana parece que no hay guerra». Las vías de comunicación y, por tanto, el comercio entre los pueblos, parecían funcionar de nuevo como en tiempos de paz. Según su opinión se había establecido un modus vivendi «que no dud[aba] les gust[aría] a cierto punto a los españoles». El revolucionario añadía decepcionado que, de no ser por Raúl Arango Solar, las provincias occidentales «no [habrían] conoc[ido] siquiera la candela destructora». Siempre según su relato, en Matanzas y en La Habana apenas había ya indicios de guerra en el otoño. Solamente en Pinar del Río, el 4 de octubre, las tropas de Maceo —inteligentemente parapetadas y, gracias a la expedición de Rius Rivera, dotadas de nuevo de suficiente munición— consiguieron, en la lucha por Ceja del Negro, cerca de Viñales, infligir graves pérdidas a la columna española del general Francisco Bernales. Con la retirada de sus posiciones —que los españoles consideraban carentes de valor estratégico—, los patriotas evitaron una lucha cuerpo a cuerpo que no podían ganar. Sin embargo, incluso aquellas acciones, ciertamente exitosas, se revelan, vistas en el contexto global, como unos coletazos desesperados[71].

El aislamiento de Maceo en Pinar del Río se acentuó sobre todo con la disminución de la presión ejercida por las fuerzas revolucionarias sobre La Habana, Matanzas y partes de Santa Clara. A finales de septiembre de 1896, Weyler recibió desde Placetas (Santa Clara) un escrito del gobernador con el ruego de que fuera transmitido a la reina regente. El gobernador exponía que los habitantes de la región —una de las que sufría desde el estallido de la guerra las consecuencias de la insurrección— eran muy conscientes de los «esfuerzos colosales» que realizaba «la Madre España» para «conservarlos para la civilización». En octubre hubo también numerosos alcaldes de Matanzas que expresaron su agradecimiento a todas las instancias oficiales y personas que «tan eficazmente» contribuían al mantenimiento de la «integridad territorial», que era «la causa de la civilización y del progreso». Los telegramas reflejaban la confianza en que, en buena medida, el momento más violento de la guerra ya hubiera pasado. Aquel optimismo se correspondía con el pesimismo que había invadido las filas del Sexto Cuerpo del ELC. Para motivar a sus unidades, que se encontraban sin excepción en un estado lamentable, Maceo hizo correr el rumor de la inminente intervención de los Estados Unidos, algo que solo unos pocos meses antes habría sido impensable. De hecho, durante el apogeo de la «invasión», Maceo se había mostrado decididamente contrario a la intervención militar directa del poderoso vecino.

La fuerza del Ejército Expedicionario español y de la contraguerrilla leal en las provincias occidentales se ve confirmada por el hecho de que estos consiguieran interceptar la correspondencia destinada a Maceo. Durante el verano de 1896, Gómez instó por escrito a Maceo a que cruzara la trocha entre Mariel y Majana y se dirigiera a Puerto Príncipe para proceder a la coordinación conjunta de los sucesivos esfuerzos bélicos. El historiador Philip S. Foner sugiere en su biografía de Maceo que el titán de bronce quería mantenerse al margen de las disputas entre el comandante en jefe y el gobierno civil, razón por la que tardó en contestar a Gómez. Que las noticias de Gómez aparecieran entre la documentación incautada por los españoles demuestra que los telegramas arriba citados, enviados desde Placetas y Matanzas, no eran solo simple retórica patriótica española, sino que poco a poco, las tropas coloniales estaban consiguiendo controlar el oeste de la isla. Así, la trocha entre Mariel y Majana, terminada de construir en octubre de 1896, resultó muy efectiva para obstaculizar las líneas de comunicación cubanas. Ya en agosto, muchos de los pueblos arrasados a comienzos del año por los revolucionarios habían sido, por lo menos en parte, reconstruidos y fortificados. John L. Tone ha documentado de un modo impresionante cómo, a finales de 1896 y comienzos de 1897, el ELC se encontraba debilitado y presentaba síntomas de descomposición (entre otros, el quebranto generalizado de la disciplina[72]).

No fue hasta el 29 de octubre de 1896 cuando Maceo recibió finalmente un escrito en el que Gómez lo exhortaba por enésima vez a cruzar la trocha sin dilación. Gómez quería tener a Maceo a su lado para afrontar mejor los problemas con el mando civil, que amenazaban con provocar incluso la división de las fuerzas revolucionarias. Desde los sangrientos enfrentamientos de Ceja del Negro, el propio Maceo había intentado acercarse al límite provincial oriental, para así poder abandonar Pinar del Río antes de la ofensiva de otoño de Weyler. Sin embargo, cruzar aquella línea fortificada con 14 000 hombres y equipada con luz eléctrica, que separaba la provincia occidental del resto de la isla —desde Mariel en el norte, hasta Majana en el sur—, era una empresa casi imposible. Finalmente, en la noche del 4 de diciembre, y tras varios intentos fallidos, Maceo consiguió circunnavegar la fortificación en el norte, en la bahía de Mariel, junto a 20 hombres. Fueron necesarios cuatro viajes en un bote, con temporal y al alcance de la vista de un puesto de vigilancia español. En la provincia de La Habana lo esperaban unos 250 hombres, además de caballos frescos. Antes de cabalgar hasta Puerto Príncipe, Maceo quiso volver a dar un golpe en La Habana para alentar de nuevo la revolución. La «llama revolucionaria» debía ser llevada otra vez ante las puertas de la capital; a tal efecto se escogió Marianao, a las afueras de La Habana. Sin embargo, nada de aquello sucedió, ya que en la tarde del 7 de diciembre el campamento de Maceo, situado cerca de San Pedro, fue sorprendido por el batallón San Quintín y su contraguerrilla, bajo el mando de Francisco Cirujeda y Cirujeda. Maceo contraatacó de inmediato y resultó herido de muerte por varias balas.

Los españoles solo se dieron cuenta de que había caído Maceo —sin duda la figura simbólica más importante del independentismo cubano— cuando examinaron los documentos aprehendidos. El 8 de diciembre de 1896, la muerte del «cabecilla Antonio Maceo» fue comunicada a Madrid. En La Habana repicaron las campanas y Weyler fue recibido en las calles de la capital por una masa entusiasmada. El marqués de Ahumada envió un telegrama al ministro de Ultramar informándolo de que unas 8000 personas habían prorrumpido vivas a España. Weyler recibió, por su «brillante combate», felicitaciones desde todas las provincias y jurisdicciones, tanto de alcaldes como de dirigentes de los españolistas Comités Patrióticos y de corresponsales como por ejemplo, el del periódico Heraldo de Madrid. Sin embargo, en muchos pueblos y ciudades —como Aguacate—, La Habana tuvo que dirigir las «manifestaciones patrióticas» mediante unas instrucciones que obligaron a los habitantes, alcaldes y jefes militares a izar banderas de España en señal del «júbilo» por la muerte del independentista. Con todo, eran muchos los que, con la caída de Maceo, confiaban en la «decapitación» de la revolución, al menos en el occidente de la isla, ya que, en palabras de Weyler, era el «valiente y audaz» Maceo quien había logrado «arrastra[r] la gente de su raza, la más importante en Cuba para sostener la guerra». Caído y derrotado el enemigo, incluso Weyler le tributó respeto; aprovechando, eso sí, para observar que ningún otro dirigente revolucionario, incluido Gómez, presentaba cualidades comparables a las del fallecido.

En las filas revolucionarias aún se dudó durante semanas de la veracidad de las noticias sobre la muerte de Maceo, ya que no era la primera vez que en publicaciones españolas se anunciaba la caída del dirigente independentista. En el diario de guerra de una unidad de Pinar del Río aparece consignada, en un apunte del 5 de diciembre, la circunnavegación de la trocha realizada el día anterior por parte de Maceo; sin embargo, parece que aquella unidad no recibió la noticia de la muerte de Maceo hasta el 16 de diciembre. Por su parte, Rosell no quiso aceptar la muerte de Maceo, aunque no por ello dejó de imaginarse las posibles consecuencias y de maliciarse que una abrumadora masa de contingentes españoles procederían a peinar La Habana y Matanzas. Según su opinión, mucho dependía de Rius Rivera en Pinar del Río, así como de un jefe militar capaz para el Quinto Cuerpo del ELC, las unidades de La Habana y Matanzas. Se preguntó: «¿No nos barrerán de aquí?». Los revolucionarios esperaban que sobrevivieran los ideales de Maceo. Como es habitual cuando da comienzo el culto a un héroe, tras la muerte de Maceo circularon inmediatamente rumores sobre su asesinato a traición, incluso por envenenamiento[73].

5. Las reacciones a la política de reubicación

5. LAS REACCIONES A LA POLÍTICA DE REUBICACIÓN

Es en el contexto de los intensos esfuerzos bélicos españoles en Pinar del Río, cuyo objetivo era acabar con las fuerzas de Maceo, donde el historiador español Luis Navarro García sitúa el bando de reconcentración para la provincia del 21 de octubre de 1896, publicado el 24 de octubre en la Gaceta de La Habana. En la provincia operaban en aquel momento 35 batallones, y las ciudades y pueblos de valor estratégico estaban fortificados. De hecho, la concentración de la población rural en ciudades y pueblos bajo control militar, junto con la destrucción de todos los recursos, no era más que el último paso para hacer caer a Maceo. Como ya se ha expuesto, una parte del plan operativo de Weyler consistía, ya antes de su llegada a la isla, en separar a la población civil de los rebeldes. Según Navarro García, Weyler no impartió la correspondiente orden hasta que dispuso en Pinar del Río del número de tropas suficiente para una implementación eficiente, así como de los medios para el abastecimiento de los reconcentrados. En su interpretación, Navarro García sigue casi al pie de la letra las memorias de Weyler y asume acríticamente que se tomaron las medidas necesarias para alimentar a los internados[1].

Francisco Pérez Guzmán, en cambio, interpreta el momento de la reconcentración en Pinar del Río desde otro punto de vista. En octubre de 1896, según este autor, la reconstrucción y fortificación de los pueblos de la provincia dejaban mucho que desear, por lo que la decisión de Weyler debería ser vista esencialmente como una reacción ante la recuperación de la capacidad de combate de las tropas de Maceo, las cuales, tras la exitosa entrega de material de guerra por parte del Three Friends, el 8 de septiembre, volvían a estar en condiciones de realizar acciones ofensivas, minando así la credibilidad de Weyler como «pacificador»[2]. De lo que no cabe duda es de que el bando de reconcentración para Pinar del Río supone un punto de inflexión en cuanto a la delimitación de la campaña militar en las provincias occidentales. Por primera vez, los generales españoles disponían de tropas y recursos suficientes para poder implementar la norma de un modo sistemático y a gran escala. En efecto, el artículo primero de la orden disponía que la población asentada fuera de las líneas y pueblos fortificados tenía ocho días para dirigirse a los lugares controlados por las tropas españolas. Todo aquel que contraviniera aquella disposición sería considerado enemigo y tratado en consecuencia. El artículo segundo prohibía sacar víveres de los pueblos —por tierra o por mar—, a no ser que existiera una autorización expedida por la «autoridad militar». Los «infractores» se exponían a una acusación de apoyo a la rebelión. Además, el bando no se centraba únicamente en los habitantes de los pueblos y el comercio, puesto que el artículo tercero apuntaba también al control del abastecimiento de la provincia. Los propietarios de rebaños de ganado debían conducir sus animales, con ayuda de las tropas, hasta las inmediaciones de los pueblos. El artículo cuarto era una invitación a los insurrectos a que se rindieran a las tropas españolas. Quien así lo hiciera entregando sus armas, o en grupo, o proporcionando información que pudiera conducir a la captura de otros revolucionarios, sería alojado en mejores condiciones. A aquellos hombres, los llamados presentados, el capitán general quería «fijarles el punto en que han de residir», de acuerdo con las previsiones relativas al internamiento administrativo. Más tarde resultaría que a veces, las «condiciones especiales» para los desertores armados consistían en que sus familias eran abastecidas durante diez días con arroz, tocino, galletas y sal. El último punto del bando volvía a especificar con claridad que el ámbito de aplicación de la orden se limitaba exclusivamente a Pinar del Río[3].

Curiosamente, las migraciones y huidas —como las que hubo en dirección a la plaza militar de San Juan y Martínez por ejemplo— se debieron, incluso el mismo día en que Weyler ordenó la reconcentración para Pinar del Río, a las incursiones de pillaje de los revolucionarios y no a las violentas tropas españolas. Según informó el jefe militar de San Juan y Martínez, un grupo de insurrectos «quema[ro]n todas las casas y bohíos que enc[o]ntra[ro]n a su paso, saqueando y despojando de sus ropas a los que halla[ro]n en su camino», de modo que «[m]uchísimas familias […] llega[ron] a [aquel] poblado buscando amparo». Aun así, el general Melguizo González no tardó en dar instrucciones a los jefes militares de Pinar del Río de que ejecutaran la orden de reubicación. De hecho, lo hizo ya el 30 de octubre de 1896, especificando que había que procurar no dañar las «siembras y colonos no sospechosos, que estén bajo la vigilancia y protección fortines o fuerza armada». A mediados de noviembre hubo unidades que informaron desde el norte de Pinar del Río de que unas 88 familias habían sido «llevadas» hasta Mantua: 480 varones mayores de diez años, 300 personas de la manigua de Pañuelo[4]. Una ola sistemática de destrucción inundó la provincia más occidental de Cuba. Los escritos de Melguizo revelan que era un error considerar el internamiento como una alternativa a la política de «tierra quemada». Por el contrario, ambas medidas debían complementarse mutuamente, ya que las zonas despobladas eran expuestas a su completa destrucción, como vino a confirmar una orden ulterior, la «Instrucción para las columnas de Pinar del Río» del 18 de diciembre, en la que se insistía en la necesidad de aniquilar por completo, en la medida de lo posible, a las tropas que Maceo había dejado atrás en la provincia. Fue declarada «misión especial» la destrucción de todos los recursos que de alguna manera podían ser útiles a las unidades revolucionarias, como plantaciones, reses o bohíos. En la retaguardia, los «vecinos pacíficos» debían, bajo la protección de la contraguerrilla local y las unidades de voluntarios, peinar las zonas en busca de materiales aprovechables y viandas. El objetivo era privar a los rebeldes de toda base para una campaña exitosa. El hambre y las enfermedades debían agotarlos y finalmente forzarlos a recurrir a la lucha abierta o a la rendición. Así era como imaginaban el futuro inmediato los estrategas de la contraguerrilla española[5].

Tras aquellas directrices para Pinar del Río, el 5 de enero de 1897 hubo unas similares para La Habana y Matanzas, y el 30 de enero para Santa Clara. «Próximo a emprender las operaciones en la parte Oriental», Weyler dispuso el 27 de mayo la reconcentración también para Puerto Príncipe y Santiago de Cuba. Fue en el bando del 5 de enero donde más allá de la dimensión estrictamente militar, se manifestó por primera vez explícitamente el objetivo socioeconómico de la medida. Los comerciantes, los latifundistas o los arrendatarios de todas las fincas, así como los hacendados, tenían ocho días para dirigirse al pueblo fortificado más cercano para rendir cuentas de la situación jurídica de sus bienes y acreditar el pago de impuestos y contribuciones correspondientes al anterior trimestre: «Los que no justifiquen en todas sus partes los extremos antes indicados se concentrarán en los poblados, señalándoseles terreno en las zonas de cultivo». Aquellos tributos pasaron a ser de aplicación también en Pinar del Río. Así era como las empresas más grandes debían realizar una contribución al funcionamiento de la economía colonial. Muchas fincas, con su contraguerrilla y sus fortificaciones, se podían confundir con bases militares. Sucedía a menudo que los pequeños y medianos agricultores, tachados de simpatizantes de los rebeldes, no poseían títulos de propiedad, estaban endeudados y cultivaban sus tierras según el derecho consuetudinario. Ellos eran precisamente el objetivo específico de la orden de Weyler. Por lo tanto, el control español de la población de Cuba —es decir, la reconcentración— tuvo distintos objetivos: más allá de su relevancia estratégico-militar, hizo más sólidas las desiguales relaciones de propiedad[6].

Sin embargo, los tributos de Weyler exigían, una vez más, un despliegue administrativo a todas luces ilusorio. Las jurisdicciones arruinadas por la guerra no estaban en condiciones de tramitar en plazo todos los expedientes. A finales de enero de 1897, los administradores y propietarios de las grandes propiedades de La Habana y Matanzas pidieron una prórroga para poder conseguir la documentación necesaria. Además, en Madrid intervinieron los diplomáticos. El Ministerio de Estado envió numerosos informes al de Ultramar: «Hacen notar los representantes extranjeros la dificultad, por no decir imposibilidad, de cumplir todos estos requisitos, sobre todo el relativo al pago de contribuciones que no han podido ser abonadas por la crisis consiguiente a la insurrección». De modo que en muchos lugares, la guerra y el colapso de la Administración civil hacían del todo imposible la satisfacción de contribuciones e impuestos. De ahí que los diplomáticos abogaran por una solución generosa. Si sus ciudadanos eran obligados a abandonar fincas e ingenios, era inevitable que sus bienes fueran destruidos, en cuyo caso los representantes franceses por ejemplo, amenazaban con conflictos diplomáticos. El ministro de Ultramar, Castellano y Villarroya, intentó sosegar los ánimos señalando que precisamente los franceses albergaban miedos completamente infundados. Alfred Laberrèse, un productor de azúcar de cerca de Cabañas, en la provincia de Pinar del Río, temía tener que abandonar su ingenio. El general español Suárez Inclán había instalado su cuartel general en su propiedad, de manera que, al poco tiempo, más de doscientas «familias de los alrededores» se establecieron allí. El propietario no podía responder de aquellas personas, por lo cual era evidente que el bando de reconcentración lo obligaba a ausentarse. Echando mano del ejemplo de Laberrèse, Castellano y Villarroya intentó demostrar que lo único que aquel tenía que hacer era suministrar información sobre sus trabajadores, pudiendo, por lo demás, permanecer en su propiedad[7].

De hecho, aquel era un acuerdo que los representantes de los intereses franceses ya habían logrado de los españoles con ocasión de la reconcentración decretada en febrero de 1896 en el este de la isla. Sin embargo, la regulación no era de aplicación a la nueva orden de reubicación de mayo de 1897 para Santiago de Cuba. Aunque los ciudadanos extranjeros podían permanecer en sus propiedades, las unidades españolas deportaban a sus trabajadores. Así que, en junio, el cónsul francés en Santiago de Cuba señaló que aquella «medida […] ser[ía] la completa ruina de los ingenios de [sus] compatriotas». Durante los meses siguientes, aquel asunto dio lugar a una intensa correspondencia. Lo interesante es que las protestas internacionales contra la reconcentración no se referían a la estrategia militar española, percibida como inhumana, sino que se basaban esencialmente en el miedo a que el internamiento forzoso perjudicara las propiedades y los negocios de los respectivos conciudadanos. En septiembre de 1897, cuando la crisis de los reconcentrados se encaminaba hacia su punto álgido, el cónsul general francés en La Habana se quejó, no de la miseria humana, sino de que sus compatriotas no dispusieran de trabajadores para sus plantaciones[8].

Las medidas contra la penuria: entre el cálculo y la necesidad

Las medidas contra la penuria: entre el cálculo y la necesidad

A finales de 1896, unos dos meses después de haberse decretado la reconcentración en Pinar del Río, la penuria en las ciudades y pueblos apenas llamaba la atención de la prensa internacional. En diciembre, en su mensaje anual ante el Congreso de los Estados Unidos, el presidente Grover Cleveland aludió únicamente a las consecuencias económicas de la reconcentración en Cuba, ignorando las humanas. Emergencia y reconcentración aún no eran los conceptos inseparables que en 1897 marcarían el tono de la prensa —sobre todo la amarilla— de los Estados Unidos de Norteamérica. Los patriotas cubanos no se dieron cuenta del potencial propagandístico de los bandos de Weyler hasta que este dictó los correspondientes a La Habana y Matanzas. Sin embargo, quienes se encontraban sobre el terreno, como Walter Barker, el cónsul estadounidense en Sagua la Grande, ya llevaban desde mediados de 1896 reuniendo fondos en los Estados Unidos para los internados. Desde la perspectiva española estaba claro que había que actuar. Por una parte, la migración forzada había contribuido a empeorar considerablemente la situación del abastecimiento, ya de por sí tensa, así como la sanitaria. En localidades como Dimas, una de las pocas del norte de Pinar del Río en las que los españolistas habían podido refugiarse durante la «invasión», ya no cabía ni un alfiler. Como consecuencia surgieron nuevos asentamientos, incluso fuera de los perímetros asegurados, que también tuvieron que ser fortificados para evitar los cada vez más frecuentes ataques de los revolucionarios. Ya el 14 de noviembre de 1896, el alcalde de Dimas informó de que, «en virtud de la [anterior] reconcentración», la ciudad había sido prácticamente aplastada por una tremenda miseria, ya que los reconcentrados llegaban con lo puesto y carecían de cualquier medio con el que proveer a sus necesidades, mientras las autoridades locales no podían «remediar tanta necesidad». De hecho, la población recluida volvía a depender del suministro de las raciones de comida almacenadas por el Ejército, único modo de evitar «que algunas de [aquellas familias] pere[cier]an de necesidad»[9]. Informes parecidos llegaron a La Habana, al Estado Mayor, también desde el sur de Pinar del Río. En Candelaria, el suministro de raciones ya había sido autorizado el 28 de octubre, pocos días después de la publicación del bando de reconcentración. El jefe militar de Palacios informó de la «precaria y aflictiva» situación de las familias deportadas, compuestas de «mujeres y niños, en su totalidad, o sexagenarios y enfermos». El 26 de noviembre, Weyler hizo extensivo el suministro de víveres a todas las localidades de la provincia «que se enc[ontraran] en análogas condiciones»[10].

Siempre que Weyler y sus generales autorizaban el suministro de raciones añadían la siguiente fórmula en los correspondientes telegramas: «Debe señalarse inmediatamente zona cultivos para que reciban viandas». A comienzos de diciembre de 1896, la reubicación forzosa en Pinar del Río fue acompañada de una nueva regulación de las zonas de cultivo, que poco a poco se hizo extensiva al resto de las provincias. Aquella reordenación parecía especialmente indicada si se tenía en cuenta la «falta de recursos» para el abastecimiento de las familias que se habían dirigido a los «puntos fortificados» en Pinar del Río en cumplimiento de la orden de reubicación. En todos los puntos de reconcentración debían asignarse a los habitantes y a las familias pobres zonas de cultivo situadas dentro del alcance de las fortificaciones. Una comisión, integrada por el gobernador civil, el jefe militar, el alcalde, el juez, el cura y «seis vecinos» debía velar porque hubiera suficiente tierra disponible. Aquella instrucción también excluía del cultivo de la tierra a los que tuvieran «tienda abierta» y a los parientes de los revolucionarios. A comienzos de septiembre de 1896, un artículo publicado en El Imparcial de Colón calificó «[l]a formación de zonas de cultivo en todos los pueblos guarnecidos» como «el único medio capaz de hacer frente a la miseria que consume hoy al trabajador amenazando a todos»[11].

Sin embargo, ni siquiera la regulación de las zonas de cultivo acabó con los problemas conocidos a partir de la «invasión» de las provincias occidentales. En muchos lugares —como en Dimas por ejemplo—, las tierras sobreexplotadas en los alrededores de las fortificaciones no eran aptas para las actividades agrícolas. En otros lugares, lo que impedía la explotación era la falta de simientes o de aperos, o bien otros factores medioambientales, como las épocas de sequía. En enero de 1897 se informó de que en el ingenio Bramales (Cabañas) todavía no habían comenzado los preparativos para la puesta en funcionamiento de una zona de cultivo. En junio fue el jefe militar de San Felipe, cerca de Viñales, quien comunicó a su superior que la plantación no daba rendimiento. Como muestran los expedientes de racionamiento de los almacenes militares, no se trataba en absoluto de casos aislados. A todo ello vino a añadirse otro problema: en Mantua, los reconcentrados estaban enfermos y ya demasiado débiles «para poderse dedicar a trabajo de cultivos»[12].

A veces sucedía que la comisión responsable de las parcelas, de la que también formaba parte la élite local, asignaba tierras de baja calidad a los reconcentrados, que no gozaban precisamente de grandes simpatías; y eso cuando no les asignaba nada en absoluto. Para los intransigentes integristas españoles, los internados no eran más que rebeldes en potencia que solo llevaban la desgracia a sus pueblos en forma de epidemias y estrecheces alimentarias. En noviembre de 1897, con ocasión de su toma de posesión como gobernador civil de La Habana, el autonomista José María Bruzón aseguró que «en la inmensa mayoría» de las cabeceras de jurisdicción de la provincia ni siquiera se había intentado poner en marcha zonas de cultivo. La instrucción de Weyler preveía además la indemnización de los propietarios de las tierras, por lo que estos no debían exigir de los internados pago alguno, ya fuera de arrendamiento o de cualquier otro derecho. También se les concedía a los recluidos la posibilidad de cultivar las tierras hasta seis meses después de finalizada la guerra; un gesto generoso, al menos sobre el papel, aunque la realidad era muy distinta. Una delegada del PRC informó desde Artemisa de que los trabajadores tenían que aportar los aperos y los bueyes. Después, la cosecha era dividida en tres partes: un tercio para el propietario de las tierras, un tercio para el jefe militar y un tercio para el bracero. La delegada concluía así su escrito: «Las zonas de cultivo son una farsa infame como todo de Weyler». Un panfleto antiespañol incluso describió la «servidumbre» de los internados como el comienzo de la «esclavitud de la raza blanca»[13].

A pesar de que aquella problemática era conocida, el Estado Mayor español volvió a apostar —más allá de las raciones escasas y poco equilibradas— por el «feracísimo» suelo de Cuba, es decir, por el autoabastecimiento de los internados, los cuales debían proveer a su sustento «sin gastos para el Estado» y podían incluso ser forzados a cultivar las zonas. De hecho, muchas tierras daban un buen rendimiento, hasta el punto de que se convirtieron en objetivo preferente de los saqueos de los revolucionarios. En sus memorias, José Miró Argenter relata que, siempre que los combatientes del Ejército Libertador andaban escasos de alimentos, «iban por ellos a las zonas de cultivo de los destacamentos españoles». Es más: los asaltos a las plantaciones eran incluso más provechosos para el ELC que los rendimientos de sus propias prefecturas. Como parte integrante del bloqueo de los pueblos y ciudades ocupados por los españoles, los revolucionarios intentaron prohibir o destruir las plantaciones en las inmediaciones de las fortificaciones, sobre todo en el este de la isla. Atrapadas así entre los intereses de los propietarios y los del ELC, el grueso de las tierras de cultivo estuvieron, prácticamente desde el principio, condenadas al fracaso. Solo un apologeta de Weyler como Moriano y Vivó podría opinar que las plantaciones dieron, sin excepción, un «excelente resultado». En su biografía de Weyler, también los historiadores españoles Cardona y Losada disimulan las circunstancias que acompañaron al internamiento cuando, por una parte, afirman que las instrucciones de Weyler pretendían garantizar unas «aceptables condiciones de vida», y, por otra, atribuyen el desastre a «[l]a incompetente administración y el exceso de personas concentradas». En cuanto a Weyler, este dejó constancia en sus notas de que, al parecer, tomó todas las medidas necesarias[14].

El 1 de diciembre de 1896, el capitán general dictó unas directrices sobre higiene, que le parecían urgentes ante el trasfondo de unas epidemias que se extendían de forma galopante por los puntos fortificados, tanto más cuanto que las enfermedades no causaban víctimas únicamente entre la población, sino también entre las tropas allí estacionadas. Hubo que considerar unas normas sanitarias estrictas en un radio de dos kilómetros alrededor de los pueblos. Los restos animales, los desechos, etc., «que produ[jeran] malos olores», debían ser eliminados correctamente, y las infracciones se castigarían con multas de 50 pesos. De hecho, hubo administraciones municipales —como la de La Habana— que se adelantaron a Weyler con directrices similares. En noviembre, el alcalde de la capital, asesorado por una comisión médica, prohibió lavar reses y caballos en las fuentes para evitar la transmisión de enfermedades animales a las personas. Weyler obligó a los alcaldes a velar por la limpieza y la higiene en las inmediaciones de los pueblos y también en las casas. Había que mantener potable el agua de beber, desecar los pozos malolientes y construir alojamientos para los internados, o por lo menos poner a disposición de los reconcentrados y presentados el material necesario para que ellos mismos los construyeran. El objetivo era «evita[r] el hacinamiento de personas en malas condiciones higiénicas, y que se mezcl[ara]n los enfermos con los que no lo est[aba]n»[15].

En la capital provincial de Pinar del Río, que apenas estaba dispuesta a acoger a reconcentrados, varios inspectores sanitarios comprobaban el «estado de limpieza» de las casas. Ellos también llegaron a la conclusión de que la estrecha convivencia entre personas y animales constituía un importante foco de infección. De ahí que durante los controles se fijaran especialmente en los patios interiores y en los cerdos que allí se criaban. De hecho, las autoridades locales intentaban, en general, no dejar nada a la improvisación, por lo que instalaron puestos de desinfección en las entradas a la ciudad «para los individuos procedentes de los campos». La desinfección de la población rural a las afueras de la ciudad permite llegar a interesantes conclusiones relativas a la percepción de los internados, tanto por parte de las autoridades como, en general, de los vecinos. La imagen que predomina no es la de quien busca protección y a quien la «civilización» ofrece seguridad frente a las «hordas salvajes», tal y como a los oficiales españoles les gustaba describir la reconcentración. Por el contrario, los reconcentrados, que podían llevar epidemias y ruina a la ciudad, eran más bien percibidos como una amenaza. No es de sorprender que la construcción de barracas para los internados tampoco fuera prioritaria en la capital provincial[16].

Para Weyler, una cosa era dictar aquellas disposiciones y otra bien distinta implementarlas. Las cajas vacías de la mayor parte de las jurisdicciones —por no hablar de la Administración, que era ineficiente incluso en tiempos de paz— no permitían proporcionar a la población recluida ni alojamientos apropiados ni cuidados médicos, y mucho menos una alimentación suficiente. Con sus órdenes, Weyler desvió hacia las administraciones civiles los gastos derivados del internamiento forzoso, así como las correspondientes responsabilidades. Aquel procedimiento es otro claro indicio de cómo el capitán general concebía las cosas. Lo primero era la estrategia militar en sentido estricto. Retrospectivamente, Weyler tampoco se contuvo a la hora de repartir culpas. Según él, fueron precisamente las «autoridades civiles» las que le negaron un apoyo total. En noviembre de 1896, mientras la Junta Nacional de Defensa creada por Weyler recaudaba en un santiamén unos 55 000 pesos para las arcas de guerra, los consejos de las jurisdicciones luchaban desesperadamente contra la súbita escalada de los precios de los alimentos básicos, sobre todo de la carne. Ante el trasfondo de la escasez —que en muchos lugares era artificial, provocada por la especulación—, así como el alza abusiva e irresponsable de los precios, una instrucción facultó a las autoridades a «requisar todas las reses que exist[ier]an en el término municipal» respectivo[17]. Weyler nunca dejó de pensar, ni siquiera a posteriori, que sus regulaciones constituían argumentos más poderosos que la realidad diaria de los reconcentrados. Ni la mortandad en la isla ni los feroces ataques contra su mando lo hicieron cambiar de opinión: en sí mismas, las órdenes de reubicación «nada tuvieron de crueles», y se debieron únicamente a la «necesidad de la guerra». Además, y siempre según el capitán general, el Estado se preocupó de abastecer a los internados y de poner tierra de la fértil isla a su disposición para que pudieran dedicarse a la agricultura y proveer así a su propia alimentación[18].

La población civil entre los «frentes»

La población civil entre los «frentes»

Sin embargo, no fueron únicamente las disposiciones de la Administración colonial española las que afectaron a los internados, cuya triste situación también se vio empeorada por el proceder de los revolucionarios. La lectura y análisis de las órdenes y requerimientos provoca a menudo la impresión de que se daba una dinámica en espiral: a cada orden de reubicación de la Administración colonial le seguía de inmediato una reacción del Ejército Libertador. Simultáneamente al telegrama del general Melguizo González del 30 de octubre de 1896, una orden del ELC dispuso que todos los carros fueran desmontados y puestos a buen recaudo, de modo que quien cumpliera con lo previsto en el bando de reconcentración no pudiera transportar sus posesiones hasta los poblados fortificados. El 12 de enero de 1897, el coronel Ricardo Sartorios Leal redactó un llamamiento parecido para la zona de Alquízar, en el límite provincial suroccidental de La Habana, en el que se establecía que los pacíficos debían ser privados, «con todo esfuerzo posible», de la carga que intentaran llevar a los pueblos «en cantidad excesiva». Sus ropas, bueyes y víveres serían de gran ayuda para el ELC, de modo que, «en las críticas circunstancias porque atravesa[ban] los revolucionarios, sería imperdonable […] demostrar apatía». Diez días más tarde, Sartorios Leal volvió a insistir, indicando que «sería conveniente entretanto atender a no mirar con indiferencia la reconcentración ordenada por Weyler a los pacíficos y hacer todo lo posible por contrarrestar haciéndole todo el daño imaginable». Si Weyler instaba a los propietarios de los rebaños a que los condujeran hasta los corrales de las fortificaciones, los patriotas disponían de inmediato que las reses —incluidas las de los pacíficos— fueran llevadas a los bosques de las prefecturas, «donde no pu[diera] utilizarl[a]s el enemigo», mientras que para Santa Clara ordenaban: «Oponerse a toda trance, a la introducción de ganado en el poblado de su demarcación. No permitir la entrada de los pacíficos al pueblo». Después, a mediados de 1897, ya hubo que impedir también que la población civil neutral abandonara los pueblos, a no ser que se tratara de espías autorizados por la «República en Armas»[19].

También las restricciones mercantiles seguían teniendo excepciones. Por una parte, los comerciantes —los de Quivicán (La Habana), por ejemplo— pagaban a las tropas españolas un pequeño soborno a las salidas de los poblados fortificados para poder sacar sus mercancías. No reparaban en cuestiones ideológicas y les era indiferente si el comprador simpatizaba con España o con la Cuba libre[20]. Por otra parte, los revolucionarios autorizaban la entrada de aves, huevos y leche en la mayor parte de los pueblos, «por ser del consumo de los niños y enfermos». Aunque, en diciembre de 1896, los prefectos de Pinar del Río fueron de nuevo avisados de que el comercio y el contacto con los pacíficos en las «líneas enemigas» se castigarían con la pena de muerte, se expidieron numerosos «pases militares» con los que los vecinos pudieron continuar con sus actividades forestales y agrícolas. Más tarde, el historiador Ramiro Guerra y Sánchez, que de niño sobrevivió a la reconcentración, también recordó privilegios similares. Dado que su hermano combatía en las filas revolucionarias de Pinar del Río, tanto él como su familia tenían autorización para llevar a Quivicán, entre otras cosas, madera, batatas, aguacates y plátanos. Con independencia de los permisos especiales y demás excepciones, ninguno de los dos bandos cedió en la competición por el control de los recursos de la isla, ya fueran reses para el abastecimiento de las propias tropas, caballos para la campaña militar, carros, bueyes, aperos, viandas o leña. Ambos bandos creían poder ganar si atacaban al enemigo sin cesar y le causaban todo el daño posible. Los métodos de los revolucionarios apenas cambiaron. De su repertorio también formaba parte, desde el comienzo de la guerra —y al margen de la estrategia de desgaste puesta en práctica, con especial eficacia, en 1897—, el empeño de paralizar la economía colonial, así como el bloqueo de ciudades y pueblos. Frente a ello, la potencia colonial española se centró inicialmente en el intento de proteger la economía de la isla. Posteriormente se hizo cada vez más evidente que los esfuerzos se desplazaron hacia el control de las actividades económicas en el interior de las zonas fortificadas. Entre unos y otros se hallaba atrapada la población rural.

La guerra económica, la hambruna, las migraciones y la desaparición de los límites entre combatientes y civiles son las características básicas de la estrategia militar que ya los contemporáneos y más tarde los historiadores asociaron con Weyler. Pero todas ellas eran perfectamente identificables ya antes de que el militar desembarcara en La Habana, aunque es cierto que fue bajo el mando de Weyler cuando alcanzaron un alto grado de intensidad y calidad. Así, las órdenes de reubicación provocaron una aceleración de la espiral de la violencia en las provincias occidentales. Entre octubre de 1896 y mayo de 1897 parecieron caer las últimas barreras que todavía frenaban la campaña militar y el uso de la violencia. Una circular reservada del 8 de enero de 1897 ilustra de modo ejemplar la delimitación de la violencia. El objeto de las instrucciones de Weyler a los jefes militares era el modo de llevar a cabo las operaciones en el contexto del internamiento forzoso. En cinco puntos insistía en los objetivos principales de la campaña, que en esencia eran, por una parte, la destrucción de casas y bohíos frecuentados por el enemigo o cuyos habitantes no dispusieran del necesario salvoconducto expedido por los alcaldes, y por otra, el sistemático destrozo de todos los recursos y plantaciones. Todas las reses debían ser capturadas y utilizadas para el abastecimiento de enfermos y convalecientes, así como para la guarnición. Las «familias reconcentradas que [fuer]an pobres» recibirían «lo que sobra[ra]». Weyler revelaba así de nuevo, y con claridad, cuál era su orden de prioridades. En el punto quinto de las instrucciones volvía a señalar lo más importante:

En resumen, lo que espero de las columnas y guerrillas y demás fuerzas armadas es que contribuyan del modo más rápido posible a quitar en ambas provincias [La Habana y Matanzas] todos los recursos que el enemigo pueda utilizar, por no estar suficientemente protegidos para obligarle a que la falta de alimentos le haga salir de sus guaridas a batirse o entregarse[21].

Para los historiadores españoles Antonio Elorza y Elena Hernández Sandoica, aquella circular no era más que un «llamamiento a la destrucción general». Mientras la «llama revolucionaria» destrozaba las grandes empresas, las tropas españolas y las unidades irregulares hacían lo propio con los bienes de los pequeños agricultores[22]. En prácticamente todos los informes de las tropas, que el Estado Mayor en La Habana transmitía a Madrid, aparecía la fórmula «destruyendo […] todos los recursos que tuviese», seguida por indicaciones relativas a la «limpieza» de determinadas zonas. A veces, algún jefe militar consultaba brevemente con La Habana antes de proceder también a la destrucción de plantaciones de plátanos y otras propiedades en manos extranjeras. Desde Pinar del Río hasta Matanzas, las tropas españolas también fueron localizando poco a poco a las pequeñas unidades revolucionarias en sus zonas de retirada. Una aproximación al carácter de la guerra se ve facilitada por los informes del teniente coronel Aguilera de La Habana. A finales de febrero de 1897 dejó constancia de cómo su unidad descubría casi a diario un «campamento de unos cuatro o cinco insurrectos». Los breves combates terminaban a veces con un muerto o con prisioneros heridos. Aguilera llevaba concienzudamente la cuenta de las armas de fuego requisadas. Los campamentos rebeldes eran incendiados y las familias de los revolucionarios deportadas a los puntos de reconcentración. Una operación de cuatro días de duración de una columna española podía tener un resultado como este: «Diez muertos recogidos, un prisionero herido, ocho familias también recogidas, tres armas de fuego, doce machetes, nueve caballos con monturas y se quemaron diez y siete bohíos; la columna tuvo un herido y un caballo muerto». Desde Pinar del Río, las columnas comunicaban a diario el número de familias «recogidas» y de reconcentrados conducidos a las plazas militares. Por su parte, los patriotas cubanos informaban de cómo las tropas y los irregulares españoles asaltaban sus campamentos, destrozaban las imprentas y «se [llevaban] muchas familias». En una carta a su hermano residente en Providence (Rhode Island), un combatiente relataba: «Los españoles queman cuanta casa encuentren a su paso, queman los cañaverales, tumban los cafetales y hacen todo el daño posible». Otro combatiente describía la dimensión de la destrucción en la provincia de Matanzas, donde a finales de febrero de 1897, ya no quedaba casi nada que comer, ni siquiera plátanos[23]. Además, las unidades españolas también destruían pozos y fuentes. A mediados de enero circuló entre los patriotas el rumor de que Weyler había ordenado a los jefes de las columnas «el envenenamiento de los pozos Pinar del Río, Habana y Matanzas»[24].

En la primavera de 1897, la destrucción selectiva de la base económica y ecológica de la isla era un aspecto tan evidente del día a día de la guerra, que Weyler ya ni consideró necesario añadir al bando de reconcentración del 27 de mayo para Puerto Príncipe y Santiago de Cuba una circular reservada similar a la que anteriormente había dictado para las provincias occidentales. De manera que la propia norma señaló directamente la necesidad de implementar la «destrucción de recursos en todos los puntos donde no se cumplieran las prescripciones que se señalaban». Solo el plazo de ejecución de la orden, de un mes, era algo más generoso. Teniendo en cuenta el talante destructivo de los españoles, más de un patriota creía que la potencia colonial no renunciaría a la isla hasta que no quedara ni una sola casa en pie y ni un solo campo que diera frutos. Muchos estaban dispuestos a pagar aquel «precio», como el revolucionario que escribió a sus parientes en el exilio: «Yo estoy de conformidad»[25]. Los corresponsales estadounidenses estaban convencidos de que, como consecuencia del nuevo bando de reconcentración para el este de la isla, las provincias orientales «empezar[ía]n a sufrir las penalidades de las otras». Poco antes, un cubano había hecho, como «miembro de la raza condenada al exterminio», un llamamiento a los sentimientos humanitarios de los Estados Unidos: a la vista de las consecuencias del internamiento en las provincias occidentales, el segundo bando de reconcentración amenazaba con deparar el mismo destino a la parte oriental de la isla, cuyos habitantes serían «conducidos a la muerte por una lenta inanición»[26].

A finales de abril de 1897, una mujer llamada Luisa Rodríguez escribió a su madre, desde Trinidad, en el sur de la provincia de Santa Clara, una carta llena de preocupación. Dada la «escasez que ha[bía] en toda la Isla», esperaba que su familia lograra salir adelante. Otro motivo de preocupación eran las virulentas epidemias en las ciudades de la provincia: «En todas las poblaciones de por aquí [hay] muchas enfermedades por lo de [la] reconcentración». Rodríguez informaba de las cada vez más numerosas huidas de Trinidad, con las que la gente, con tal de escapar del hambre y de las enfermedades —«en los campos no ha[bía] enfermedad ninguna»—, asumía el empeoramiento de las condiciones de seguridad y las consecuencias de infringir los decretos de Weyler. Los representantes de la «República en Armas» en el sur de Santa Clara se sentían molestos con el éxodo de Trinidad y reclamaron una «vigilancia eficaz», ya que temían especialmente que la viruela, que tenía «carácter epidémico en el campo enemigo», se pudiera propagar entre los miembros del Ejército Libertador y sus familias. En la capital provincial de Santa Clara se formó por aquel entonces un comité de mujeres (Junta de Señoras) para apoyar a «un sin número de familias concentradas» que vivían «en la mayor miseria»[27]. Los civiles comentaban preocupados aquella reconcentración que se llevaba a cabo de un modo generalizado. Como muestran las informaciones citadas más arriba, desde fuera crecía la percepción de la reconcentración como una política de exterminio. Por el contrario, todavía a finales de mayo de 1897, Weyler reprochaba a los jefes militares bajo su mando que no fueran suficientemente consecuentes en la implementación de las reubicaciones. De hecho, el general Ahumada ya había insistido el 26 de enero en que la reclusión de la población rural era de aplicación a toda la provincia de La Habana, «sin exclusión de personas y lugares», mientras el propio Weyler no dejaba de exigir «el cumplimiento de [su]s bandos de concentración». A finales de mayo, las corrientes migratorias y el internamiento forzoso alcanzaron una dimensión que Weyler ya no pudo controlar con sus enérgicas órdenes.

Fue así como se erigieron numerosos asentamientos de reconcentrados alrededor de fincas e ingenios que carecían de contingentes de tropas regulares y se hallaban fuera del alcance de las bases militares. Lo mismo sucedió en el caso de los fuertes estratégicos aislados, que carecían de las estructuras municipales que debían hacerse cargo de la gestión de los internados. De ahí que Weyler se viera obligado a exigir insistente y repetidamente el cumplimiento e implementación de sus normas. El 22 de mayo de 1897, tras la revisión de la trocha oriental, presionó para que, con excepción de las ciudades de Júcaro, Ciego de Ávila y Morón, no se toleraran más asentamientos a lo largo de la línea militar. Solo cinco días después impartió unas instrucciones similares tras recibir el informe de una inspección de tropas realizada por el general Fuentes en la provincia de La Habana. En el preámbulo se quejaba: «En parte no se cumplieron mis bandos y circulares». Sin embargo, en el primer punto señaló: «La reconcentración se llevará a término, sin excepción alguna». Había que disolver los asentamientos improvisados que se situaban junto a algunos fuertes y recluir a los reconcentrados en los pueblos. Además, Weyler expuso con detalle el modo en que las localidades debían ser parapetadas con fuertes, dos o tres entradas vigiladas, fosos y alambre de espino. Las directrices abordaban también la protección de las zonas de cultivo, así como la vigilancia de los reconcentrados en su búsqueda de alimentos en los alrededores de los poblados fortificados[28].

Las numerosas normas que regulaban la adquisición de alimentos muestran que el Estado Mayor de Weyler era perfectamente consciente de lo precaria que era la situación del abastecimiento en ciudades y pueblos en general, y particularmente en el caso de los internados; sobre todo teniendo en cuenta que no faltaban informes que llamaran la atención sobre las crisis alimentarias y de abastecimiento, y que la desgracia era claramente visible. El general Godoy informó desde Pinar del Río del súbito aumento, entre comienzos y mediados de mayo de 1897, del número de reconcentrados en la jurisdicción de Mantua. Si a ello se añadía el inicio de la época de las lluvias, había que temer una catástrofe[29]. A finales de abril, el capitán general dictó nuevas normas relativas al manejo del ganado aprehendido, según las cuales, las tropas ya solo podían retener un número limitado de reses para su manutención, mientras los animales restantes debían ser entregados al alcalde, «bajo recibo» y a través del jefe militar. Luego, una comisión integrada por el alcalde, militares, el cura y «vecinos mayores contribuyentes» debía organizar una subasta o licitación pública, cuya recaudación iría a las arcas municipales para la construcción de barracones sanitarios, los «socorros a reconcentrados» y los trabajos de fortificación[30]. Sin embargo, la composición de aquellas juntas contribuyó a que la situación de los internados dependiera esencialmente de las posibilidades y la disposición de la élite local.

También resultó ilusoria, en muchos casos, la medida consistente en enviar a los reconcentrados a buscar alimentos fuera de los pueblos bajo la «protección» de la contraguerilla local. Sucedía a menudo que las unidades de contraguerrilla no querían proporcionar aquella «protección». El jefe militar de la unidad local de San José informó de que cinco «vecinos de [aquella] reconcentración» habían sido sorprendidos por los rebeldes mientras buscaban comestibles y leña. Solo cuando se constató que los cinco no regresaban al pueblo salió en su búsqueda una tropa de 25 hombres. En la ciudad de Matanzas, las autoridades exigían el pago de un peso mensual por el pase que permitía a los reconcentrados la búsqueda de alimentos fuera de las fortificaciones. Durante el primer año de la guerra, el producto de aquella práctica fue considerable, pero al prolongarse el conflicto y aumentar el grado de destrucción, los internados volvían cada vez más con las manos vacías. Guerra y Sánchez dejó en sus memorias constancia de que la «situación de los reconcentrados se hizo desesperada». Además, la mayor parte de las viandas caían en manos de los especuladores, que se las compraban a los internados por unos centavos para revenderlas en La Habana a precios abusivos, algo que las órdenes del Estado Mayor apenas pudieron evitar[31]. Tampoco las numerosas y solemnes declaraciones de supuesta preocupación por los reconcentrados pueden disimular el hecho de que las necesidades de los civiles no estaban entre las prioridades del mando español. En buena medida, los comités locales estaban abandonados a su suerte, y si querían apoyo tenían que pelearse ante el capitán general por los escasos recursos. De ahí que sea imposible hablar de un mando unificado o de un «sistema concentracionario» en sentido estricto. Tampoco constituyen precisamente una prueba de planificación y previsión las disposiciones de Weyler relativas al importante ámbito de la alimentación y manutención. Más bien habría que entenderlas como reacciones a situaciones de emergencia y a abusos. En consecuencia, el mejor modo de describir los aspectos centrales de las medidas de reubicación forzosa de Weyler —el alojamiento y abastecimiento de la población rural recluida— es como un régimen de órdenes rudimentario, desarrollado en función de las situaciones cambiantes.

La crítica nacional y la crítica internacional: Weyler bajo presión

La crítica nacional y la crítica internacional: Weyler bajo presión

En febrero de 1897, tanto las informaciones de la prensa internacional sobre la guerra en Cuba como los reproches diplomáticos lanzados en Madrid causaron una gran preocupación. Ante las acusaciones contra las unidades españolas —relativas a excesos contra los civiles y atrocidades contra los revolucionarios—, pero también ante los informes sobre la hambruna y las epidemias en las ciudades y pueblos de Cuba, Azcárraga y Palmero, el ministro de la Guerra, solo supo aludir a una gran «conjura» de los enemigos de España consistente en amplias campañas dirigidas a atribuirle al país una «reputación moral de crueldad», intentando así favorecer el movimiento independentista cubano. Según el ministro, los agitadores pretendían «provocar disturbios entre España y otras naciones». De ahí que el Consejo de Ministros presionara al capitán general de Cuba para que negara vehementemente los hechos denunciados y justificara públicamente su política, ya fuera mostrando la falsedad de las acusaciones o castigando a los culpables. Para evitar ulteriores motivos de «censura y conflictos internacionales», el gobierno solicitó que a la mayor brevedad, fueran expulsados del país todos los presos extranjeros cuyos «delitos no [fuer]an graves o no est[uvieran] probados»[32].

En un primer momento, Weyler no supo interpretar con exactitud las intenciones expresadas por el Consejo de Ministros a través del escrito de Azcárraga y Palmero. Al día siguiente escribió al general Ahumada, su sustituto en La Habana: «No entiendo telegrama gobierno». Y le indicó que llevara a cabo lo ordenado por el ejecutivo. Sin embargo, aún aquel mismo día, Weyler montó en cólera y envió otro despacho a Ahumada en el que, en tono mordaz, le ordenó que comunicara a Azcárraga y Palmero que «no se comet[ía]n crueldades ni abusos contra nadie» y que, si el ministro de la Guerra tenía conocimiento de casos concretos, tuviera a bien informar de los mismos al capitán general. Weyler añadió que, en su opinión, siempre que las operaciones en Cuba tenían éxito se informaba de acontecimientos «que desvirtu[aba]n efecto moral». Además, si de algo estaba particularmente satisfecho era de sus progresos militares en Sancti Spíritus, donde las columnas españolas habían recogido a más de 4000 personas que, al parecer, estaban «sirviendo indirectamente insurrección» y fueron deportadas a las ciudades y pueblos de la zona, sin que «ninguna queja h[ubier]an producido». Tras la cortante respuesta de Weyler, Azcárraga y Palmero se vio obligado a precisar sus palabras. Respondió que, por lo visto, su telegrama había sido malinterpretado, y aclaró: «Gobierno no comete crueldades»; aunque, en vista de las muchas reclamaciones presentadas, era necesario documentar bien cada uno de los casos para, siempre que fuera posible, desbaratar las falsas acusaciones con pruebas jurídicamente sólidas. En este punto, el ministro coincidió con Weyler, quien además constató con alivio que su propio gobierno no se sumaba a los que lo acusaban de cometer delitos[33].

Sin embargo, las autoridades españolas en Cuba siguieron despachando a la ligera muchas quejas, que consideraban calumniosas. Ante el trasfondo de la confrontación con el ministro de la Guerra hay que preguntarse si Weyler realmente no era consciente de la presión internacional, sobre todo por parte de Estados Unidos. Desde luego no se le escapó que en España, una parte de la prensa había empezado a atacarlo por las consecuencias (económicas) de la destrucción de la isla y la reconcentración. En Cuba, en cambio, si la severidad de la censura apenas dejaba aflorar las críticas, las publicaciones locales intransigentes adquirieron un mayor protagonismo. Así, en mayo de 1897, El Comercio de La Habana defendió con vehemencia a Weyler y Cánovas del Castillo, y en un artículo reprochó a los periódicos españoles su acrítica recepción de las acusaciones de la prensa estadounidense: «En Cuba no puede destruirse nada de valor, porque no hay nada que valga lo que el último villorrio europeo». La valoración de la situación por parte del propio Weyler revela hasta qué punto fue consciente, en todo momento, de la amenaza de intervención estadounidense, que adquirió un perfil todavía más nítido con el relevo presidencial de Grover Cleveland por William McKinley. A finales de mayo, Weyler constató que en los medios estadounidenses circulaban innumerables informaciones sobre supuestas atrocidades cometidas contra los rebeldes, así como descripciones de los «horrores […] que producía la reconcentración». Aun así, no intentó congraciarse con los diplomáticos destinados en la isla, ni modificó su política de comunicación o su trato con la prensa, y mucho menos, su estrategia militar. Finalmente, el 27 de mayo de 1897 dispuso la reconcentración para la parte oriental de Cuba, con el objeto de lograr una rápida pacificación de la isla y adelantarse así a una intervención de los Estados Unidos. A pesar de los desmentidos posteriores, se podría decir que Weyler incluso buscó la confrontación con los Estados Unidos, o que al menos la vio como inevitable. En febrero de 1896, El Imparcial ya había dado su particular consigna socialdarwinista para una guerra contra Estados Unidos: «Más valdría desaparecer como nación si otra cosa sucediera». Un año después, el entusiasmo bélico había desaparecido por completo. En el verano de 1897, fueron sobre todo los periódicos conservadores los que, mientras criticaban a los responsables de la toma de decisiones militares y políticas, mostraron su falta de interés por una guerra de guerrillas extremadamente costosa y poco atractiva para la prensa española. El conflicto en Cuba —y sobre todo los movimientos navales y los posibles escenarios bélicos— no volvió a los titulares hasta la primavera de 1898, en vísperas de la intervención de las fuerzas armadas estadounidenses[34].

En el mercado informativo de Estados Unidos la situación era muy otra. En un reportaje publicado a finales de 1897, George Bronson Rea, corresponsal de The New York Herald, indicó que los periódicos recogían informaciones cada vez más espectaculares sobre las atrocidades españolas. La prensa no hacía más que alimentar una mentalidad muy extendida que asociaba a España con el catolicismo retrógrado y absolutista, y a los Estados Unidos, por el contrario, con la democracia avanzada. En Cuba, la mayor parte de los corresponsales dependían de traductores, que eran cubanos bilingües que se encargaban de «informar» en los vestíbulos de los hoteles de La Habana, es decir, de transformar emboscadas y escaramuzas en batallas con cientos de españoles caídos. Otras «noticias desde el campo de batalla» nacieron en Florida, bajo supervisión cubana. No eran pocas las redacciones perfectamente conscientes de la falta de credibilidad e incluso de la absurdidad de las informaciones. Rea lo explicaba de este modo: «A fin de mantener al público inflamado en santa indignación contra España, se callan. Los hechos, la verdad, y la imparcialidad se arrojan a un lado». Las voces críticas, como la de Rea, lo tenían difícil. Ni siquiera el Herald estaba dispuesto a publicar el material que Rea había reunido y que desenmascaraba aquella manipulación. En 1898, su libro iba ya por la segunda edición española, mientras en Estados Unidos apenas había suscitado interés. En cambio, los relatos de Henry Silvester Scovel (The New York World) o la publicación de Stephen Bonsal sobre la «situación real de Cuba», trufada de violaciones e internados entregados con alevosía a la muerte por inanición, contribuyeron en mucha mayor medida a la formación de la opinión pública en los Estados Unidos. Además, garantizaban un aumento sin precedentes de las tiradas[35].

La confluencia entre la prensa sensacionalista y las informaciones oficiales sobre la situación del abastecimiento de los ciudadanos estadounidenses en la isla llegó a dar frutos extraños. En la primavera de 1897, una serie de cafetaleros y trabajadores se dirigieron al cónsul de Estados Unidos en Santiago de Cuba. Dado que la guerra no les permitía recoger la cosecha solicitaron en el consulado asistencia para los más pobres. En consecuencia, el cónsul general en La Habana, el general retirado Fitzhugh Lee, exigió insistentemente un crédito especial para sus compatriotas en apuros. También Tomás Estrada Palma, el delegado de la «República en Armas», apoyó aquella petición recurriendo a su red de contactos en los círculos gubernamentales de Washington. Estrada Palma opinaba que la ayuda «a ciudadanos americanos que est[aba]n pereciendo de hambre y de enfermedades en virtud del decreto de concentración de Weyler» debía ascender como mínimo a 100 000 dólares y hacerse extensiva a la población civil cubana. Aunque se hablaba de miles de ciudadanos estadounidenses internados y necesitados, lo cierto es que los diplomáticos destinados en Cuba ya tuvieron dificultades para distribuir la primera partida de 10 000 dólares —del total de los 50 000 finalmente concedidos— entre sus conciudadanos. Al parecer, el cónsul Barker apoyó en Sagua la Grande también a chinos y afrocubanos empobrecidos, lo cual fue duramente criticado en la prensa de Estados Unidos, que consideró desproporcionada aquella «ayuda de emergencia». Aun así, la imagen de los compatriotas desatendidos logró mantenerse, de modo que la ingeniosa maquinaria propagandística de la «República en Armas» pudo alcanzar un resultado importante en las semanas transcurridas entre mediados de mayo y junio de 1897. Los patriotas cubanos lograron situar en el centro de la atención internacional la emergencia sanitaria y la hambruna que padecía Cuba, cuya causa se atribuyó a los bandos de reconcentración de Weyler, es decir, a la «inhumana» estrategia militar española. Las huidas inducidas por la guerra en 1895 y 1896, así como las crisis de abastecimiento y las hambrunas —que alcanzaron gran virulencia tras el estallido de la guerra—, pasaron a un segundo plano. Apenas se mencionaron la destrucción de las bases económicas de la isla, los ataques contra las zonas de cultivo o los bloqueos de las ciudades por parte de los insurgentes.

Fue la «táctica del hambre» de Weyler la que pasó al primer plano de la actualidad. Para ello, los revolucionarios contaron con la activa colaboración de los funcionarios estadounidenses en la isla. Así, Donnell Rockwell, un empleado del consulado general de los Estados Unidos en La Habana, transmitió por carta a sus «influyentes amigos» en Inglaterra, Canadá y Francia el «horror e inhumanidad» que reinaban en la isla, poniendo especial énfasis en la «táctica del hambre de [aquellos] españoles incivilizados y el fusilamiento de los prisioneros de guerra». A mediados de julio de 1897 explicó a Clemencia Arango Solar, la hermana del jefe militar Raúl Arango Solar, que residía en Tampa, Florida, la situación de los internados en Guanabacoa, al este de la capital: «Una visión lastimosa y una vergüenza para cualquier gobierno civilizado». Diez días más tarde, Rockwell elaboró un informe sobre su visita a Artemisa, en el cual mencionó «esqueletos vivientes» vagando por la ciudad, así como la muerte diaria de entre 25 y 30 personas. En una barraca se encontró con tres cadáveres que nadie se había tomado la molestia de enterrar. Lo visto en Artemisa solo podía dar lugar a una conclusión: «El gobierno de España, consciente de su incapacidad de poner fin a esta guerra mediante el uso de las armas, permite a propósito que la gente inocente muera de hambre. Se me antoja el espectáculo más inhumano del siglo»[36]. La versión de Rockwell se vio reforzada por informes sobre las exorbitantes tasas de mortalidad de Matanzas y Santa Clara. Sin embargo, aquel relato tampoco ofrecía una imagen matizada de las razones de la mortandad. Así, pasaba por alto el bombardeo de Artemisa por parte de las unidades de Antonio Maceo el 22 de octubre de 1896 y la huida de la población rural debida a la «invasión», por no mencionar más que dos ejemplos. Del mismo modo, Rockwell eludió explicar que Artemisa era, junto a Consolación del Norte, uno de los puntos de reconcentración más grandes de Pinar del Río, por lo que no era representativa del conjunto de la provincia. La jurisdicción, con su cabecera Artemisa y sus aproximadamente 2000 habitantes, contaba a finales de noviembre de 1897 con 6364 internados, de los cuales 3244 eran niños y 1239 mujeres. Un análisis riguroso de las causas apenas interesaba, como ya señaló Walter Millis en su estudio aparecido en 1931, en el que se fijó en la siguiente paradoja: «Hicieran lo que hicieran, los españoles siempre eran los culpables; en los Estados Unidos, la parte que le tocaba a la insurgencia se pasaba por alto incluso cuando era mencionada por los cónsules»[37]. Las opiniones personales de Rockwell eran plenamente coincidentes con la línea del gobierno de McKinley, como se puede deducir del mensaje del secretario de Estado John Sherman a Enrique Dupuy de Lôme, el embajador de España en Washington:

Mediante sucesivas órdenes y proclamaciones del capitán general de la Isla de Cuba […] se ha establecido en aquel territorio una política de devastación y violación de los más elementales derechos de la existencia humana con el fin de causar sufrimiento a los no combatientes inocentes, anular el valor de las inversiones legítimas y provocar la extinción de los recursos naturales del país, y con la aparente esperanza de paralizar a los insurgentes y restaurar el orden español en la isla.

Sherman señaló que la estrategia militar de Weyler mantenía al pueblo americano en un estado de profunda conmoción:

Contra estas fases del conflicto, contra este modo deliberado de infligir sufrimiento a no combatientes inocentes, contra este recurso a instrumentos condenados por la voz de la civilización humana, contra el cruel uso de fuego y hambruna para lograr por una incierta vía indirecta lo que el ejército parece incapaz de lograr directamente, el presidente se ve constreñido a protestar en nombre del pueblo americano y en el de la humanidad.

En su nota de protesta, Sherman se remitió con insistencia a los supuestos compromisos del presidente, que exigían la denuncia vehemente de la incivilizada e inhumana estrategia militar implementada en Cuba. Era además deber de Estados Unidos, según el secretario de Estado, velar porque un conflicto ante las puertas de América se desarrollara al menos «de acuerdo con códigos militares civilizados»[38].

Weyler nunca dejó de oponerse enérgicamente a la acusación de haber ideado una «estrategia militar incivilizada». Además, desde el punto de vista español, aquellos reproches había que endosárselos a los insurrectos. Así, por ejemplo, las tropas españolas consideraban que el uso de dinamita, bombas de fragmentación y balas dum-dum contra sus formaciones, así como la voladura de trenes, constituían una clara infracción de los usos y reglas de la guerra. Aquellas acciones se podían comparar con las del terror anarquista en España y reforzaban la percepción ya de por sí negativa del enemigo, que se manifestaba en la descripción de los insurgentes como «bandidos e incendiarios» u «hordas de asesinos, incendiarios y ladrones»[39]. Una percepción similar era la que se tenía, en general, de la estrategia militar irregular, que se oponía diametralmente a la batalla a campo abierto, al glorificado enfrentamiento «caballeresco» en el campo de batalla. Más de un jefe militar se quejó de que las partidas rebeldes «procura[ra]n ocultarse y causar mayores daños posibles sin hacer frente»[40]. Este tipo de protestas jamás tuvo resonancia en el campo internacional, donde, sobre todo en los Estados Unidos, se dio una clara decantación de las simpatías y se impuso un relato en el que, llenos de arrojo, los valientes independentistas cubanos combatían a una decadente potencia colonial. Como se ha mostrado, Weyler ya había perdido la «guerra propagandística» contra los patriotas cubanos —la «batalla» por la opinión publicada internacional— antes de su llegada a Cuba. El historiador Emilio de Diego ha caracterizado acertadamente el conflicto de Cuba como una «guerra moderna», como una de las primeras «guerras informativas», que luego, ya en el siglo XX, se generalizarían[41].

Weyler descuidó por completo el aspecto mediático de la guerra. Su trato rígido con la prensa resultó contraproducente. A los corresponsales les negaba, entre otras cosas, poder acompañar a las columnas españolas durante sus intervenciones. Los revolucionarios pudieron así sacar provecho de su monopolización de la información. A veces, los periódicos españoles, como el Heraldo de Madrid, publicaban telegramas íntegros de los rebeldes para informar del «estado de la guerra». Weyler, en cambio, confió, hasta el mismo momento de su cese, en octubre de 1897, en poder reprimir los levantamientos recurriendo sobre todo a la fuerza de las armas. En abril de aquel año, el publicista reaccionario Narciso Z. Fiscan opinaba confiado que no tardaría en quedar «FIRMADA la paz con LAS PUNTAS DE LAS BAYONETAS rojas de la impura sangre» de los rebeldes[42]. Ni siquiera a Cánovas del Castillo, el intransigente presidente del Consejo de Ministros, se le escapó que la lucha por Cuba no podía ganarse únicamente en la manigua. Si en diciembre de 1896 aún le exigió a Weyler que aumentara la intensidad de las acciones militares —ya que se suponía que los éxitos del Ejército debían enviar al exterior el mensaje de que España tenía la situación bajo control—, en enero de 1897 no pudo resistir la presión interna e internacional y se vio finalmente compelido a poner en marcha un proyecto de reforma posiblemente acordado con el gobierno del presidente en funciones Cleveland. Abandonó así su empecinamiento en postergar la discusión de los cambios en la política colonial hasta la finalización de los levantamientos. En las provincias occidentales de Cuba, al parecer «completamente pacificadas»[43], las reformas de Abarzuza Ferrer debían ser implementadas en una versión ampliada. Un Real Decreto de finales de abril, aprobado sin realizar el habitual recorrido por las distintas instancias, introdujo una serie de innovaciones administrativas y políticas, incluida una descentralización económica. A partir de aquel momento, un consejo de administración, elegido por los integrantes del censo restringido, asistiría al capitán general de Cuba. El consejo disponía, al menos teóricamente, de un amplio ámbito competencial, que superaba en mucho lo previsto en el proyecto de ley de Antonio Maura, quien fuera ministro de Ultramar entre 1892 y 1894. Así, podía nombrar a funcionarios civiles y tenía competencias en materia presupuestaria y aduanera.

Aun así, se sigue cultivando la imagen de Cánovas como un hombre de Estado esencialmente intransigente y se sostiene que el presidente del Consejo de Ministros ignoró el peligro de internacionalización del conflicto, puso la «integridad de la nación española» por encima de todo y acabó conduciendo al país al aislamiento y finalmente a la catástrofe. Se confirma así indirectamente la constatación de José Gregorio Cayuela Fernández y Mariano Esteban de Vega —y posteriormente Inés Roldán de Montaud— de que las reformas de la primavera de 1897 —limitadas y además saboteadas por Weyler— apenas han merecido la atención de la historiografía. Otro indicio de la moderación gradual de Cánovas en función de la presión internacional son sus requerimientos a Weyler de suavizar un poco la campaña militar, toda vez que la estrategia seguida en la isla antillana no era la única razón por la que España estaba en la picota internacional. El fusilamiento, el 4 de mayo de 1897, de cinco obreros anarquistas de Barcelona, supuestos autores de un atentado, había provocado la indignación de medio planeta[44].

En el origen de los llamados procesos de Montjuïc y las posteriores ejecuciones estaba una matanza que había tenido lugar en Barcelona en junio de 1896, a raíz de la cual la policía detuvo a más de 400 obreros que fueron brutalmente torturados. En diciembre se presentaron las confesiones. El celo de la acusación, que pidió nada menos que 28 penas de muerte y 59 condenas a cadena perpetua, pareció excesivo incluso a juicio del tribunal militar competente. La realidad judicial española, con su arbitrariedad y sus métodos de tortura, no hizo otra cosa que proporcionar a la opinión pública internacional una prueba más del atraso del país. Cánovas, el monstruo, vino a situarse al lado de Weyler, el carnicero. Unidos por la misma imagen del enemigo —la acción de Weyler contra obreros y anarquistas barceloneses en 1893 no había caído en el olvido—, los anarquistas europeos y los separatistas cubanos exiliados entablaron una estrecha colaboración. Ramón Emeterio Betances y Alacán organizó en París mítines contra la barbarie española, y en Londres, el comité local del PRC convocó manifestaciones en Hyde Park. El 30 de mayo de 1897, The Spanish Atrocities Committee, una agrupación de anarquistas británicos, realizó un acto en Trafalgar Square en el que se condenaron las torturas practicadas en Montjuïc y el régimen español en Cuba. Paul Estrade comparaba hace poco la movilización contra España con un frente popular internacional que unió a obreros y simpatizantes de la Cuba libre de clase media. España había echado a perder las últimas reservas de buena voluntad[45].

A mediados de junio de 1897, Weyler intentó una vez más justificar su proceder ante Cánovas. No negó para nada la «miseria» de los internados en los pueblos y ciudades, lo cual tampoco era posible, ya que se habían publicado reportajes sobre la cuestión. Entre mediados de mayo y comienzos de junio, el antiguo parlamentario William James Calhoun, amigo íntimo de McKinley, se desplazó a Cuba en una misión oficiosa cuyo objetivo era proporcionar información de primera mano al presidente. Para ello visitó varios puntos de reconcentración situados entre La Habana y Matanzas. En su informe, presentado el 22 de junio, señaló que la continuación de la guerra en Cuba conduciría irremisiblemente a la destrucción de los recursos económicos y la aniquilación de la población civil de la isla[46]. Sin embargo, Weyler se opuso tajantemente a la idea de que la miseria en las ciudades se debía a las «medidas de rigor» por él ordenadas, y achacó la mortandad entre los reconcentrados al mal estado de salud de la gente que llegaba a las bases, al tiempo que negó que fuera consecuencia de la indiferencia o del abandono intencionado por parte de las autoridades. Según el capitán general, muchas familias habían sido forzadas por los insurrectos a huir a los bosques, donde, tras meses de privaciones, eran recogidas por las tropas españolas. Weyler explicó en otro lugar que la constitución física de los presentados era extremadamente frágil, hasta el punto de que apenas podían «digerir los alimentos con que se les socorría». Tampoco relacionó el mal funcionamiento de la propia Administración y de la logística con la crisis de abastecimiento, cuya causa atribuyó a la guerra, que había traído consigo el colapso del pequeño comercio, y a los métodos de los revolucionarios, que imposibilitaban toda economía de subsistencia fuera de los recintos fortificados. Además, Weyler insistió en que «había ya miseria en tiempo del general Martínez Campos» como capitán general de la isla. La situación empeoró con las fuertes lluvias que se adelantaron a mayo, las cuales, en combinación con las altas temperaturas, crearon las condiciones ideales para la propagación de la malaria y la fiebre amarilla[47].

Finalmente, en el decreto del 21 de junio de 1897, organizando obras públicas para el trabajo de los reconcentrados, Weyler admitió «ciertas dificultades de [sic] insuficiencias» en sus órdenes relativas al abastecimiento de los puntos de reconcentración. Teniendo en cuenta «[e]l considerable aumento» de miembros del ELC que desertaban junto con sus familias en un «lamentable estado de miseria», Weyler se vio obligado a echar mano de las juntas de socorro fomentadas en enero de 1896 por Martínez Campos[48]. Dado que el reparto de raciones desde los almacenes militares «no p[odía] declararse indefinido», había que involucrar, no ya a las autoridades estatales —civiles y militares—, sino también a «todos los elementos sociales», especialmente a la Iglesia católica. Se trataba de contribuir entre todos a calmar la situación. El decreto de Weyler revela claramente dónde veía el capitán general los mayores problemas: en las zonas de cultivo. De ahí que exigiera a los alcaldes que asignaran un terreno a cada presentado y se preocuparan de que las parcelas fueran realmente cultivadas. En cambio, no hizo mención alguna de las dificultades ya mencionadas: la falta de simientes y aperos, las tierras sobreexplotadas, las mujeres y hombres extenuados. El deber de cultivo se concibió como una importante contribución a la rápida superación de la hambruna. Complementariamente, Weyler activó varios proyectos de infraestructuras de cierta envergadura. Procuró que en la construcción de carreteras en Pinar del Río, La Habana, Matanzas y Santa Clara fueran contratados unos 3350 trabajadores. Además, las jurisdicciones podían elaborar proyectos regionales; sin embargo, era necesario el visto bueno de la Capitanía General antes de empezar las correspondientes obras. En general, Weyler requirió de todos los órganos de la Administración, así como de los representantes eclesiásticos, que presentaran propuestas para solventar la catastrófica situación de las familias que «por efecto de la guerra, care[cier]an de medios de subsistencia». A las autoridades se les ordenó:

Impulsarán y fomentarán toda asociación que pretenda crearse para fin tan patriótico y humanitario, dedicando especial cuidado en procurar la creación de Juntas de Señoras que en todo tiempo han respondido con ventaja a la realización de fines benéficos, pudiendo estas acudir directamente a mi Autoridad en cuanto se relacione con los caritativos servicios que presten o hayan de prestar, estando dispuesto a recompensar estos y a proponer al Gobierno de S. M. para más altas recompensas a aquellas autoridades o personas que sobresalgan en el cumplimiento de sus humanitarios empeños[49].

A Weyler, el hombre que le había declarado la guerra a la guerra, aquellas palabras debieron de resultarle extrañas. ¿Había reconocido por fin que la crisis de los reconcentrados anulaba el efecto de los progresos militares? ¿Pretendía aplacar la indignación internacional con aquel tono conciliador? Retrospectivamente, Weyler valoró el decreto del 21 de junio de 1897 como una de las decisiones más importantes de aquel verano. Un análisis cuidadoso de sus escritos llega a la conclusión de que estuvo al corriente de la miseria de la población civil, sin embargo, jamás lo consideró como un resultado de su propia actuación. Hay que preguntarse, además, si el llamamiento a la creación de organizaciones caritativas privadas equivalía a una capitulación de las instituciones estatales ante la crisis. No cabe duda de que puede ser interpretado como un indicio de que las autoridades estaban desbordadas, pero lo que realmente intentaba era volver a cargar sobre los sujetos privados los gastos derivados de la guerra y de la reconcentración. La «exhortación» de Weyler estaba además estrechamente relacionada con la presión internacional, con la amenaza de que el conflicto adquiriera una dimensión supraestatal y especialmente con los deseos de Cánovas, quien había transmitido repetidamente al capitán general su deseo de moderación, aunque solo fuera porque el nuevo representante diplomático de los Estados Unidos en España, Stewart Lyndon Woodford, había exigido del gobierno español —en una suerte de ultimátum— la finalización, en un plazo de tres meses, de la «campaña militar incivilizada»[50]. Weyler no ignoraba en absoluto que el único que podía garantizar su permanencia al frente de la Capitanía General de Cuba era Cánovas, como se demostró claramente a mediados de julio de 1897, cuando en la prensa metropolitana se desató una campaña contra el militar cuya intensidad no tenía precedentes. El estadista senescente, que padecía un creciente aislamiento político interno, se vio él mismo expuesto a una amplia crítica pública[51].

El respaldo y apoyo de la metrópoli tuvieron un final inesperado con el asesinato de Cánovas, el 8 de agosto de 1897. En el balneario de Santa Águeda, en el municipio de Arrasate/Mondragón (Guipúzcoa), el joven anarquista italiano Michele Angiolillo logró burlar el dispositivo de seguridad y aproximarse con su revólver al presidente del Consejo de Ministros, a quien, a la una de la tarde, disparó tres balas desde muy corta distancia. Angiolillo había viajado a España con el objetivo de vengar la tortura y ejecución de sus correligionarios en el castillo de Montjuïc. Durante los últimos cien años, los cronistas e historiadores han intentado cerrar el círculo que uniría aquel atentado con la Cuba libre. La prueba de aquella estrecha relación estaría en el encuentro entre Angiolillo y Ramón Emeterio Betances y Alacán en París. Este último, representante del PRC en Francia, habría propuesto al anarquista atentar contra el presidente del Gobierno español, en vez de hacerlo contra un miembro de la familia real. El PRC habría financiado también el viaje de Angiolillo a España. Sin embargo, lo único que puede probarse fehacientemente es el encuentro en París, porque todo lo demás es mera especulación. En un análisis de la década de 1950, el historiador español Melchor Fernández Almagro proyectó las obsesiones franquistas de la época sobre el final del siglo XIX y vio sobre todo tres fuerzas oscuras tras el sangriento crimen: la masonería, el separatismo y el anarquismo internacional. Las tres se parecían a los «demonios» del contubernio judeo-masónico-liberal-comunista descubierto por el franquismo[52].

En todo caso, y aun sin la implicación directa del PRC, el atentado tuvo una profunda repercusión en el conflicto de Cuba. La muerte de Cánovas parecía abrir las puertas a una solución negociada con la «República en Armas» y a un entendimiento con los Estados Unidos. Aquella expectativa, por ejemplo, impulsó brevemente al alza la Bolsa de Madrid. Marcelo de Azcárraga y Palmero, el ministro de la Guerra e íntimo amigo y confidente de Cánovas, ocupó inmediata y provisionalmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Ya en aquel momento quedó claro que el gobierno conservador no duraría mucho tiempo sin su precursor, con lo cual, los días de Weyler en La Habana también estaban contados. El mismo 8 de agosto, encontrándose en Aguacate (Matanzas), el capitán general recibió un telegrama con la noticia de la muerte de Cánovas. A finales de septiembre, el ministro de Ultramar, Castellano y Villarroya, lo puso al tanto del cese del gobierno en Madrid. Weyler dio por terminado su mandato. Pocos días después, un escrito del nuevo gobierno de Práxedes Mateo Sagasta lo relevó oficialmente del cargo. Aún siguió desempeñando interinamente las funciones de capitán general de Cuba hasta la llegada de Ramón Blanco y Erenas, el 31 de octubre. En aquel ínterin tuvo que encajar una grave pérdida de prestigio. A finales de agosto, Calixto García y sus tropas consiguieron, con un ataque de artillería abrumador y exitoso, tomar la ciudad de Victoria de las Tunas, que, situada al oeste de la provincia de Santiago de Cuba, estaba protegida por 19 fortines y defendida por unos 900 hombres. En sus memorias, Weyler intentó rebajar la pérdida de Las Tunas a la categoría de pequeño incidente. Solo le parecieron dignas de mención las presuntas atrocidades cometidas por los patriotas sobre la población civil. Lo cierto es que el golpe tuvo una amplia repercusión, tanto en la prensa nacional como en la internacional, además de hacer tambalear en la metrópoli —a pesar del escaso valor estratégico de la ciudad— los fundamentos del pretendido dominio militar de la potencia colonial. Para el historiador español Emilio de Diego, el daño político de Las Tunas condujo irremisiblemente a una «guerra en tres frentes», que Weyler tuvo que librar en Cuba, España y Estados Unidos[53].

El ejemplo de la toma de Las Tunas sirve además para identificar diferentes corrientes historiográficas. Para autores como Louis A. Pérez Jr. y Francisco Pérez Guzmán, se trató de una de las acciones más brillantes del Ejército Libertador. John L. Tone argumenta que los cubanos consiguieron en Las Tunas una de las victorias más importantes y Emilio Roig de Leuchsenring vio en la acción un «resonante triunfo de los revolucionarios cubanos»[54]. Otros autores, como Joan Santaner Marí, siguen muy de cerca las memorias de Weyler, intentan demostrar que la isla ya estaba prácticamente pacificada en junio de 1897 y aceptan acríticamente el veredicto del capitán general, según el cual la derrota de Las Tunas no fue más que un pequeño incidente. Como si de una operación matemática se tratara, Santaner Marí suma el atentado contra Cánovas, el cambio de gobierno en Madrid y la destitución de Weyler y obtiene como resultado la pérdida de Cuba. Estos diferentes modelos interpretativos no reflejan solamente distintas preferencias nacionales y tradiciones historiográficas, sino también las contradicciones entre las fuentes españolas y cubanas. Se trata, en este caso, de una problemática cuyos efectos llegan hasta los trabajos (de historia militar) más recientes[55].

También los revolucionarios, por su parte, intentaron prepararse para los tiempos que siguieron a la muerte de Cánovas. Tal y como se ha expuesto, el Ejército Libertador logró subrayar su pretensión de dominio militar en el este de la isla. El exitoso envío del vapor Laureada a la costa septentrional de la provincia de Santiago de Cuba, que el 21 de marzo de 1897 pudo descargar en Banes armamento y munición, posibilitó la realización de acciones ofensivas de cierta envergadura. A comienzos de octubre, los representantes de la «República en Armas» se reunieron en La Yaya, cerca de Guáimaro, en la provincia de Puerto Príncipe, para celebrar una asamblea constituyente. Por una parte, el artículo 24 de la Constitución de Jimaguayú de 16 de septiembre de 1895 exigía la convocatoria de una asamblea de representantes, dado que habían transcurrido dos años sin que terminara la guerra. Por otra, el colapso del frente conservador en España parecía demandar una nueva proclamación del «propósito firme e inquebrantable de obtener la independencia absoluta e inmediata de toda la Isla de Cuba». Así, los representantes indicaban claramente que no estaban dispuestos a negociar o a considerar ofertas de autonomía y aprovechaban la coyuntura para volver a reivindicar, con un texto constitucional bien meditado, la relevancia política de la «República en Armas». El único representante de la «vieja guardia» era Salvador Cisneros Betancourt, de modo que fue una «nueva generación» de revolucionarios la que dominó la asamblea y provocó la reordenación de la política cubana. Los objetivos principales de la nueva Constitución de 30 de octubre de 1897 eran el fortalecimiento del Consejo de Gobierno y la mejora del control sobre el Ejército Libertador. Con todo, las tensiones entre los mandos militar y civil no cesaron con la Constitución de La Yaya. Lo único que sucedió fue que el eje del conflicto en el seno del Consejo de Gobierno se desplazó de Máximo Gómez a Calixto García.

1897: «el año horrible» en el discurso de la época y en el discurso historiográfico

1897: «el año horrible» en el discurso de la época y en el discurso historiográfico

La historiografía cubana considera 1897 como «el año horrible». Por una parte, en referencia a la situación de los internados en los puntos de reconcentración, y por otra, al Ejército Libertador. Entre enero y noviembre, los revolucionarios apenas pudieron reclutar a nuevos combatientes, salvo en Oriente, mientras se multiplicaban las deserciones. En enero, Cisneros Betancourt encontró en el contexto marcado por el avance de las tropas españolas y la muerte de Antonio Maceo motivos suficientes para reflexionar sobre los pasados éxitos de la revolución. En un manifiesto reclamó para Cuba un lugar en el «mundo civilizado», al lado de las demás «naciones libres», y exclamó: «¡Habitantes de Cuba, el éxito de la Revolución no es un enigma!». De modo que, a pesar de los contratiempos, el justo triunfo estaba al alcance de la mano. Después de todo, también los patriotas del 68 lo habían logrado, a pesar de la muerte de Ignacio Agramonte y Loynaz en 1873. Ahora, la revolución estaba a punto de derrotar a «un ejército de 200 000 hombres». Más allá de aquellas declaraciones patrióticas, Pérez Guzmán habla metafóricamente del «eclipse» del ELC en 1897. Para el historiador cubano, la causa del relativo declive de la revolución en las provincias occidentales no fue únicamente la muerte de Maceo, con toda su carga simbólica, sino también la intensificación de las operaciones militares de las tropas españolas, y especialmente la reconcentración[56]. La conclusión a la que llega Pérez Guzmán en relación con el ELC es confirmada, especialmente en lo que respecta a las provincias occidentales, por los memorandos y memorias de la época presentados por militares españoles. Según aquellos informes, el internamiento de la población rural fue un elemento esencial de la «pacificación» de Pinar del Río, ya que, en última instancia, agotó la reserva de reclutas de los insurgentes y posibilitó que las columnas españolas operaran con más libertad[57]. Un oficial español concluyó en un memorando que la reubicación forzosa redujo la insurrección a unos pocos y pequeños grupos de merodeadores, habituales en todas las guerras civiles. Convencido de que la reconcentración había privado a la revolución del «más valioso de sus elementos auxiliares», es decir, del apoyo de los pacíficos, el publicista Fernando Gómez señaló que la reubicación forzosa prácticamente propinó a los insurgentes un «golpe mortal». La correspondencia de un jefe de división cubano enviada desde Santa Clara a finales de marzo ilustra hasta qué punto afectaron a los rebeldes la interrupción del acceso a los recursos de la población rural y la política de tierra quemada practicada por las unidades españolas. El militar cubano, cuyos hombres soportaban la falta de alimentos, ropa y medicamentos, informó al jefe del Cuarto Cuerpo del Ejército Libertador, el general Francisco Carrillo Morales, de que apenas disponía ya de gente. La mayoría de sus oficiales estaban enfermos o habían obtenido licencia para abandonar las tropas, la moral no podía ser más baja y los combatientes formaban «una colección de posmas». Los nuevos intentos de reclutar soldados tampoco obtuvieron resultados satisfactorios, ya que «la mayor parte [eran] ancianos cargados de familia». Los informes de Enrique Armando del Junco Cruz Muñoz, que a finales de mayo se hizo cargo de la brigada Colón, eran parecidos: «La verdad es que no recibo una brigada; lo que recibo por la poca gente que hay armada y la gran desmoralización que noto en todos, es un pequeño montón de gente armada»[58].

Hay una enorme cantidad de indicios —como estos o parecidos (indirectos)— relativos al impacto de la reconcentración sobre el Ejército Libertador. En 1897, la privación, el abandono y la generalización de las enfermedades tejen el tapiz narrativo de la correspondencia privada y oficial. La «lucha» por los escasos recursos condujo por momentos a enfrentamientos físicos entre distintas brigadas del ELC. La mayor parte de los informes revelan especialmente la falta de medicamentos, ropa y calzado[59]. En abril, «dos individuos», completamente desnudos tras ser asaltados por un grupo de revolucionarios, se acercaron a toda prisa a un pequeño fuerte español en Pinar del Río. Un destacamento del Ejército se puso en marcha y regresó pocas horas después con la ropa y las botas de ambos pacíficos[60]. Serafín Espinosa y Ramos fue uno de los pocos independentistas cubanos que relacionó explícitamente la difícil situación del abastecimiento con el internamiento de la población rural y la consiguiente destrucción de todo recurso en el campo. En sus memorias dejó constancia de que, en el verano, la situación de su unidad en Santa Clara era tan crítica que las reses y los víveres solo podían conseguirse, tras duros combates, en las zonas de cultivo fortificadas. Esta exposición contradice frontalmente la de José Eduardo Rosell y Malpica. A finales de noviembre de 1896, el joven independentista y teniente coronel apuntó en su diario que con la reconcentración habían llegado tiempos tranquilos para su unidad, puesto que las columnas españolas ya no disponían de información concreta, hasta entonces facilitada por la población rural, sobre los movimientos de las tropas del ELC. El médico e historiador cubano Benigno Souza Rodríguez, editor del diario de campaña de Rosell, llevó este argumento aún más lejos cuando observó que la reconcentración «fue como sacarle los ojos a este general», en referencia a Weyler. Según Souza Rodríguez, las unidades revolucionarias pudieron moverse sin problemas por las zonas despobladas para retirarse a descansar a lugares apartados. Sin embargo, hay otros apuntes de Rosell que relativizan el de noviembre de 1896. Así, más adelante señaló la importante función desempeñada por los pacíficos en el aseguramiento de las provisiones de las tropas.

Ante el trasfondo de esta selección de fuentes españolas y cubanas, y desde la perspectiva estrictamente militar, lo que prevalece son las ventajas de la reconcentración. Pero este limitado punto de vista se queda corto. Ya en su momento, el gobernador civil de Matanzas, Francisco de Armas y Céspedes, señaló el problema de reducir el análisis a la estrategia militar en sentido estricto: «Mucho han sufrido sin duda los insurrectos con tales medidas, pero los leales estamos soportando mayores daños y quebrantos»[61]. Aun así, hubo oficiales españoles y publicistas que, en apologías y panfletos, intentaron salvar el «honor» de las Fuerzas Armadas estudiando los logros operativos de Weyler de manera aislada y resaltando la efectividad militar de la reconcentración. Aquella lógica también sentó las bases del mito de la traición que tantos adeptos ganaría entre la oficialidad tras el «desastre» de 1898, y según el cual, Weyler nunca debería haber sido cesado. Además, y siempre según aquella lectura de los hechos, el Ejército español estaba preparado para una lucha honrosa contra las tropas estadounidenses incluso tras la pérdida de la flota en las batallas navales de Cavite y Santiago de Cuba, dado que habían sido pocas las unidades españolas involucradas en los combates de Santiago. Fue así, con independencia de las sensibles derrotas sufridas en el mar y la escasa capacidad de combate que, debida al mando militar, se demostró en Santiago —donde finalmente desembarcaron las tropas estadounidenses—, como nació el mito según el cual las tropas españolas no fueron vencidas en el campo de batalla y el imperio de Ultramar se perdió por culpa de «la política», y concretamente de la precipitada proclamación del alto el fuego por parte del gobierno español, así como de la firma, el 12 de agosto de 1898, del protocolo de paz. Casi al mismo tiempo que Weyler cesaba en la isla, Fernando Gómez, sin temer adelantarse al «juicio sereno y frío del historiador», llamaba la atención sobre la relación positiva entre el internamiento y los éxitos militares. De hecho, y siempre según Gómez, los historiadores futuros no podrían evitar darle la razón y confirmar que el internamiento de la población rural había aislado a los insurgentes y dado lugar a progresos en todos los ámbitos. El oficial español Manuel Moriano y Vivó estaba convencido de que la controvertida reconcentración «fue medida tan acertada, que sus resultados prácticos se sintieron inmediatamente»[62]. Sin embargo, en el debate sobre la reconcentración —que ha mantenido su componente emocional hasta nuestros días— también hay quien rechaza los motivos militares del internamiento de la población rural, empezando por los adversarios contemporáneos de Weyler.

En sus Crónicas de la guerra, José Miró Argenter intentó presentar la reconcentración como acto de venganza y reacción contra los éxitos de Maceo en las provincias occidentales. Según Miró, las instrucciones de Weyler nunca pretendieron privar a los revolucionarios de su base de supervivencia, sino que obedecieron al odio y a la rabia y fueron el fruto del espíritu cruel de un soldado ignorante. Para Miró, la reconcentración, «moralmente vituperable» e «ineficaz como medida de guerra», demuestra el fracaso de los esfuerzos bélicos de Weyler y confirma que las provincias occidentales jamás estuvieron «pacificadas». El argumento de Miró es realmente difícil de entender. Según el independentista, lo único que hizo la reconcentración fue dar rienda suelta a las atrocidades y al genocidio con el «exterminio del vecindario rural, por medio de la matanza en los despoblados, por medio de aflicción lenta y metódica dentro del perímetro de las plazas guarnecidas». En esto, Miró estaba de acuerdo con Tomás Estrada Palma, quien, en una carta a Marta Abreu, defendió que la reconcentración no podía ser vista como un aspecto de la estrategia militar española, ya que no se trataba de una medida militar, sino de la destrucción de toda una generación de niños[63].

Estas dos líneas interpretativas, contradictorias entre sí —efectividad militar versus «exterminio»—, caracterizan, con sus posiciones extremas, tanto los debates de la época sobre la reconcentración en Cuba como también el lugar que los mismos ocupan en la historiografía actual. Una de las líneas adopta una perspectiva personal centrada en Weyler y a veces ampliada al gobierno español, Cánovas del Castillo y la reina regente. Con el foco puesto en el «frío plan de exterminio», la atención se sitúa en la personalidad de Weyler y el aspecto genocida del internamiento[64]. Así, tras la experiencia de la Guerra de los Diez Años, y consciente de la imposibilidad de garantizar el necesario abastecimiento de los reconcentrados, Weyler habría sabido «desde el primer momento» que la reconcentración de la población rural era una «solución genocida», asumiendo la destrucción del pueblo cubano con tal de ganar la guerra. En este sentido, la falta de efectividad militar de la medida no hace más que subrayar la intención de eliminar a la población rural internada. Todavía en el año 2000, el texto de solapa de una publicación científica se refiere a la política de reconcentración de Weyler etiquetándola de «adelantado fascismo»[65].

Este modo de entender la reconcentración es básicamente el propio de la historiografía cubana. Lo llamativo es que conceptos como los de destrucción o genocidio son utilizados no como categorías científicas, sino como elementos de lucha política. De acuerdo con la lectura de los hechos, habitual entre los publicistas cubanos, la reconcentración de Weyler anticipó los sufrimientos y la muerte en los campos de concentración del siglo XX. Por lo tanto, si el nombre del mal personificado es Adolf Hitler en el siglo XX, el del XIX es Valeriano Weyler[66]. Este modelo interpretativo —común desde el comienzo de la década de 1940— ha marcado también la perspectiva y el discurso sobre las reubicaciones forzosas de Josep Conangla i Fontanilles, quien en sus memorias, redactadas en 1958 y no publicadas hasta 1998, y en las que aborda su época en las oficinas del Ejército español en Cuba, describe la «criminal reconcentración» como un método ideado para la lenta destrucción de miles de familias cubanas. Según Conangla, la «ferocidad» de Weyler era claramente «prehitleriana»[67]. Para ilustrar estos paralelismos se insiste en traer a colación las mismas fotografías de reconcentrados esqueléticos, que al parecer «anuncian los lagers del siglo XX»[68].

La mayor parte de las imágenes fueron tomadas por encargo de los cónsules de los Estados Unidos y con fines propagandísticos. Además, en parte fueron manipuladas, lo cual no suele mencionarse en la literatura[69]. Hasta nuestros días, las víctimas de la reconcentración apenas han perdido eficacia, como mitos fundadores de la nación cubana, en cuanto a su función política de reafirmación exterior. Ante el embargo económico estadounidense y el aislamiento internacional tras la caída de la Unión Soviética, a Fidel Castro le ha gustado señalar las supuestas analogías con la lucha de liberación anticolonial, y en uno de sus discursos explicó que ya en una ocasión fracasó la pretensión de «rendir por hambre» al pueblo cubano[70]. Así que no debe sorprender que un tema como este, debatido de un modo tan emocional y ya definitivamente incorporado a la cultura cotidiana cubana con Weyler como «encarnación del mal», no haya conocido una puesta al día científicamente fundada hasta un siglo después de publicada la Herida profunda de Francisco Pérez Guzmán.

Los investigadores españoles como Emilio de Diego o Luis Navarro García, en cambio, entienden que las acusaciones de genocidio y destrucción no se sostienen. Critican sobre todo el enfoque unilateral, ya que la transformación del conflicto en una guerra total —la destrucción de las bases económicas de la isla y la desaparición de los límites entre no combatientes e insurgentes— también fue cosa del Ejército Libertador. Así, de Diego y Navarro se distancian por una parte de las moralizantes atribuciones de responsabilidad y, por otra, destacan el objetivo y el efecto de la estrategia militar de Weyler, incluida la reconcentración, a los que se suele conceder poca atención. Y no se les escapa el más que problemático balance: aparte del exorbitante número de víctimas civiles, que, por otra parte, no se debe únicamente al internamiento, las acciones de la contraguerrilla española también provocaron continuos conflictos diplomáticos con los Estados Unidos. Rafael Tarragó y John L. Tone también argumentan que, con la reubicación forzosa de la población rural, Weyler alcanzó su principal objetivo: el hundimiento de los rebeldes en la parte occidental de la isla[71].

En los conflictos asimétricos, sin embargo, la «efectividad» de las medidas represivas —como el internamiento masivo— es tan difícil de estimar como de medir. Los variados y continuos debates sobre la «pacificación» en los casos de insurrección, que tuvieron lugar a raíz de la Guerra de los Diez Años en relación con las reubicaciones forzosas, son al menos un indicio de la «efectividad» de los poblados fortificados en el contexto de la lucha contra las guerrillas. Y ello incluso más allá de los límites de la periferia colonial, como se deduce del hecho de que durante la Tercera Guerra Carlista de 1872 a 1876 se considerara recurrir a la reubicación forzosa de la población rural para «pacificar» el País Vasco. Con todo, el estado actual de la investigación apenas permite llegar a conclusiones fundadas en cuanto a la implementación de este tipo de medidas. La pregunta acerca de la «efectividad» es incluso difícil de contestar en el caso de la Guerra de los Diez Años, si se tienen en cuenta los numerosos cambios políticos y estratégico-militares del momento. Por el contrario, en el caso de la guerra de 1895 se dispone de muchos memorandos, tratados de teoría militar y apuntes en diarios que certifican la gran efectividad de la reconcentración de la población rural. La pregunta que surge de inmediato es si fue realmente a aquellos métodos, que los contemporáneos tenían por «efectivos», a los que se debieron los «éxitos» alcanzados. Desde luego, llama la atención hasta qué punto aquellas fuentes limitan su perspectiva a los aspectos estrictamente militares.

Aun así, ni siquiera desde la óptica militar se puede ignorar la dimensión de la catástrofe humana, lo que finalmente revela el fracaso de la estrategia española. La «barbarie española» ante las puertas de los Estados Unidos provocó una oleada de indignación en los medios de aquel país, mientras el interés por los demás conflictos coloniales de la época se limitó prácticamente a los especialistas. Habrá, pues, que preguntarse por qué fue precisamente la contraguerrilla española en Cuba la que desató semejante tormenta mediática y causó tanta preocupación. Para el historiador español Antoni Marimón Riutort, son tres los motivos que explican aquel fenómeno. En primer lugar, la isla y su economía habían alcanzado un nivel de desarrollo comparativamente alto. En segundo lugar, la reconcentración afectó sobre todo a la población blanca; de tratarse de una guerra contra tribus africanas, por ejemplo, el impacto emocional habría sido otro. Así, en Bejucal, una pequeña localidad al sur de La Habana, la mayoría de las víctimas de la reconcentración fueron «blancos»: la tasa de mortalidad durante la guerra se elevó a un 9 por ciento, entre los niños incluso a un 36 por ciento. En tercer lugar, Weyler, el «asesino al por mayor», le facilitó al gobierno de William McKinley la instrumentalización de la miseria que se vivía en la isla. En otras palabras: España se encargó ella misma de suministrar el argumento más importante para una «intervención humanitaria». No cabe duda de que los motivos que ofrece Marimón Riutort tienen potencial explicativo. Pero entre el racismo y los intereses económicos y geoestratégicos hay algo que se olvida con demasiada rapidez, y es que la reubicación forzosa de Weyler, aun no siendo un fenómeno novedoso, «carecía entonces de precedentes en cuanto a su amplitud, intensidad y eficacia»[72].

Quienes repetidamente defendieron la efectividad de la estrategia militar de Weyler fueron los miembros del Partido de la Unión Constitucional y los españoles intransigentes que se reunían en el Casino Español de La Habana. Todos estaban dispuestos a pagar el alto «precio» que fuera menester con tal de conseguir el restablecimiento del estatus colonial. La autonomía propugnada por el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta equivalía para ellos a la renuncia a la isla, de modo que con la marcha de Weyler perdieron la esperanza en una Cuba dominada por España. No es, pues, sorprendente que, con ocasión de su despedida, se refirieran a Weyler como el «último y único capitán general de Cuba». Por el contrario, hacía mucho tiempo que Weyler había perdido todo el apoyo de la prensa liberal española. El Heraldo de Madrid calificó las manifestaciones en La Habana como «acto[s] subversivo[s] dirigido[s] contra el gobierno». El 31 de octubre de 1897, en el puerto de la capital, Ramón Blanco y Erenas relevó a Weyler en el cargo, y este subió a bordo del Montserrat, que se hizo a la mar. Durante las semanas anteriores habían circulado rumores de que Weyler se alzaría y no abandonaría Cuba. Cuando a las pocas horas de zarpar, el vapor-correo tuvo que hacer una parada técnica no prevista en Gibara, el baluarte españolista de la costa septentrional de Santiago de Cuba, el runrún pareció confirmarse. Aquella escala también hizo crecer el miedo a que el cese de Weyler y el nuevo rumbo político en Cuba pudieran provocar tensiones entre políticos y militares en España, a lo que contribuyó ampliamente el modo de informar de la prensa española. En El Imparcial, por ejemplo, las palabras de despedida de Weyler adquirieron una interesante vida propia, ya que la lectura entre líneas de los despachos conducía a la sospecha de que, recurriendo a su prestigio militar, Weyler podría estar tramando un golpe de Estado con el que poner fin, por la vía rápida, al frágil sistema de la Restauración. El 18 de noviembre de 1897, cuando el Montserrat arribó al puerto de La Coruña, el gobierno liberal, temiendo un golpe, le negó a Weyler el permiso para desembarcar. De hecho, había republicanos moderados y carlistas intentando ganarse el favor del militar, ya que sus planes de conspiración contemplaban a Weyler como futuro caudillo, aunque este se pronunció a favor del respeto al gobierno legítimamente constituido. El historiador Manuel Espadas Burgos señala que Weyler siempre puso la disciplina y la lealtad a la Constitución por encima de las aspiraciones de poder personal. Finalmente, Weyler desembarcó en Barcelona, donde había ocupado el cargo de capitán general hasta su partida a Cuba. La prensa diaria, que había informado de manifestaciones de los socialistas contra Weyler, dejó constancia de la concurrencia de numerosos mirones que le dieron la bienvenida cuando este llegó[73]. A finales del siglo XIX, Weyler era uno de los pocos generales españoles que jamás se había visto involucrado en planes golpistas. Por este motivo, y también por su oposición a la posterior dictadura del general Miguel Primo de Rivera, hay historiadores conservadores, como Carlos Seco Serrano, que lo elogian como «modelo de general civilista». La estrategia militar radical implementada en Cuba, con sus fatales consecuencias, pasa así a un segundo plano, igual que la cuestión de la responsabilidad respecto al elevado número de bajas entre las tropas españolas destacadas en la isla caribeña[74].

Mientas Weyler todavía se encontraba en alta mar, el inspector general de Sanidad Militar en Cuba, el gallego Cesáreo Fernández de Losada, puso punto final a su informe sobre el estado de salud de las tropas españolas en la isla. Su análisis, fechado el 1 de noviembre de 1897, ofrece una imagen turbadora de los miles de soldados que consumidos, anémicos y extenuados, esperaban su repatriación. Según Fernández de Losada, las causas del alto número de bajas —el informe cifra en más de 32 000 los militares hospitalizados a finales de octubre de 1897— se hallaban en parte en las «irremediables» condiciones climáticas, una «fatalidad natural» por la que «la acción enervante del calor húmedo» siempre había causado estragos entre los europeos no aclimatados, ya que contra el «miasma palúdico» y sus «gérmenes desarrollados en el suelo» no había profilaxis efectiva alguna. Sin embargo, Fernández de Losada no dejó de destacar claramente las razones de la falta de defensas de los soldados, que eran, ante todo, la malnutrición, la falta de descanso y de sueño y el desinterés general de los oficiales por las directrices en materia de higiene. La combinación de aquellos factores tuvo consecuencias desastrosas. Probablemente no fue casualidad que el informe se filtrara a la prensa poco después del cambio de gobierno. La información del periódico catalán La Vanguardia sobre las consideraciones de Fernández de Losada se cerraba con estas palabras: «El remediar los males señalados es la primera necesidad que ha tenido que atender el gobierno liberal»[75].

En este sentido, el informe de Fernández de Losada debe ser entendido también como un escrito de acusación contra el mando militar. Durante marchas sin sentido o en campamentos desprotegidos, las unidades españolas se hallaban expuestas al más alto riesgo de contraer enfermedades. El sistema inmunitario de aquellos soldados mal alimentados y exhaustos no estaba en condiciones de hacer frente a la fiebre amarilla o a la malaria. La mala situación alimentaria de las tropas también se reflejó indirectamente en documentos y anuncios oficiales relativos al suministro de raciones de comida, que a veces hacían referencia conjunta a necesitados y militares. De modo similar a lo sucedido en el caso de los reconcentrados, Weyler ordenó la disposición de zonas de cultivo en las inmediaciones de las bases de difícil abastecimiento para que las tropas españolas allí estacionadas proveyeran por sí mismas a la producción de sus alimentos. Como ya se ha señalado, los periodistas Gonzalo Reparaz y Rafael Gasset denunciaron, ya en diciembre de 1896, las irregularidades detectadas en la Administración militar, así como el trato negligente dispensado a las tropas. De modo que aquellas acusaciones no eran nuevas, aunque salidas de la pluma del inspector general Fernández de Losada, tuvieron otra repercusión. Partiendo de esta perspectiva amplia, los historiadores españoles Elena Hernández Sandoica y Antonio Elorza han calificado el proceder de Weyler en Cuba de «fracaso militar»; incluso ven en Weyler al autor de un doble genocidio: el de la población civil cubana y el de las tropas españolas.

6. El último año del conflicto: los intentos de normalización

6. EL ÚLTIMO AÑO DEL CONFLICTO: LOS INTENTOS DE NORMALIZACIÓN

«La guerra deja siempre profundas huellas y exige largo tiempo y asiduo trabajo para reparar los daños que produce en un solo día».

BLANCO a ULTRAMAR, 19 de marzo de 1898

El cese de Weyler y el envío de Ramón Blanco y Erenas —que en 1896 aún era caricaturizado en España como un general «débil»— iban a suponer un punto de inflexión en la política militar española en Cuba. Y además para bien, si se ha de creer un titular de The New York Times: «El soldado más compasivo de España sustituye a Weyler». El nuevo gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta esperaba de Blanco un giro político y militar. Si Cánovas del Castillo le había concedido a Weyler ilimitados poderes de decisión y actuación, Blanco fue destinado a Cuba para cumplir las detalladas normas del Ministerio de Ultramar. Las instrucciones del ministro Segismundo Moret y Prendergast abarcaban desde los asuntos económicos —la normalización de la industria azucarera, por ejemplo— hasta los militares, administrativos (personal) e incluso mediáticos. Aunque Moret era consciente de que no le correspondía impartir instrucciones relativas a asuntos militares, señaló a Blanco que los guajiros recluidos en las ciudades esperaban con impaciencia poder regresar a sus propiedades. El siguiente fragmento ilustra el tenor de las nuevas directrices:

Consiste en anunciar al país cubano que la llegada de V. E. inicia una era completamente distinta de las anteriores; de modo que si la guerra se ha de conducir con espíritu cristiano y con vivo empeño de reducir lo más posible sus inevitables males, la política que V. E. está encargado de realizar ha de ser una política de expansión y de generosidad, encaminada a restablecer la fraternidad entre todos los que habitan la Isla y a cimentar su adhesión a la madre patria en los beneficios que de ella recibe[1].

En el núcleo de la flamante estrategia política se hallaba la autonomía de Cuba y Puerto Rico, que los círculos liberales llevaban tiempo reclamando en España y que debía echar a andar al entrar en vigor el Real Decreto de 25 de noviembre de 1897. El 1 de enero de 1898, el nuevo gobierno autónomo cubano asumió sus funciones y comenzó a despachar sus asuntos.

Autonomía en lugar de independencia

Autonomía en lugar de independencia

Como era de esperar, los revolucionarios cubanos desaprobaron la autonomía. El mando político y militar de la «República en Armas» se reafirmó en su objetivo declarado de conseguir la independencia y rechazó enérgicamente el autogobierno bajo tutela española. De ahí que los autonomistas cubanos fueran mal vistos por los patriotas como Enrique Collazo Tejada, para quien se trataba de traidores a la patria guiados únicamente por el miedo a perder sus propiedades[2]. En la década de 1920, los historiadores y publicistas cubanos volvieron a fijarse en la repulsa hacia los autonomistas; una repulsa que, tras la Revolución de 1959, experimentó una proverbial intensificación, hasta el punto de que destacados exponentes de la autonomía, como José María Gálvez Alonso, presidente del Consejo de Secretarios de Cuba, fueron durante mucho tiempo estigmatizados como traidores, mientras la efímera autonomía era puesta de vuelta y media por constituir un intento fracasado de salvar el colonialismo español. Raúl Roa García, ministro de Relaciones Exteriores entre 1959 y 1976, llegó a tildar a los autonomistas de colaboradores de Weyler en el «genocidio» del pueblo cubano[3].

Tras aquellos largos y duros años de guerra, algunos jefes militares cubanos, como Raúl Arango Solar, siguieron mostrándose combativos. Arango dejó intencionadamente de lado el cansancio de la guerra y, más allá de enfermedades y privaciones, anunció con firmeza: «No comemos de esa fruta»[4]. Sin embargo, las declaraciones de otros independentistas refuerzan la sensación —sobre todo en vista del creciente número de deserciones— de que lo que querían era sobre todo animarse a sí mismos. Así, el revolucionario José Braulio Alemán Urquía escribió a Marta Abreu desde Puerto Príncipe: «Nuestra situación es excelente: la fe, la abnegación y el entusiasmo no decaen»[5]. También José Miró Argenter se pronunció sobre la oferta del gobierno español, ya en un tono claramente propagandístico: «Ha cedido, en un único transporte de generosidad, por ver si lograba atraer a los rebeldes, vista la imposibilidad de exterminarlos, y para satisfacer a la República Norte-Americana. De otro modo tendríamos aun Weyler, reconcentrados, fosos de los Laureles, matanzas y proscripciones en masa»[6].

Ante el trasfondo de las promesas incumplidas de la Paz de Zanjón de 1878, las dudas de fondo respecto a la oferta de reconciliación del gobierno español se hicieron notar con nitidez[7]. Aun así, aquella «ridícula autonomía» —como la calificó el coronel Melchor Loret de Mola Mora— dio lugar a considerables divisiones en las filas de los revolucionarios[8]. En general, la correspondencia personal refleja el intento de los miembros del Ejército Libertador de agarrarse a la retórica revolucionaria, aunque entre líneas también se detectan el desencanto y el cansancio de la guerra. Más de uno anhelaba que la independencia pusiera fin a aquella «guerra inacabable», a aquella «vida salvaje, llena de miserias, y sinsabores», por mucho que también lo estuviera «de dignidad y patriotismo». De aquellas manifestaciones se deduce claramente que, a comienzos de 1898, no era precisamente fácil mantener la fidelidad a los ideales revolucionarios[9]. La realidad acabó desplazando al romanticismo revolucionario. El independentista desilusionado veía «a un lado la masa del país heterogénea, indolente ante la guerra, que se cruza de brazos a esperar el resultado de una lucha, de la que no es partícipe, indolencia basada en su falta de civismo y en su indiferencia por el éxito; y en el otro lado un elemento armado desmoralizado por costumbres atraídas por la guerra, por el arrastr[ar] de su ignorancia o por sus sentimientos poco humanitarios»[10].

Las investigaciones más recientes muestran que los éxitos españoles reflejados en las deserciones del ELC no se debieron solo a la seductora oferta de autonomía. A finales de 1897, y durante los primeros meses de 1898, los patriotas cubanos seguían padeciendo en la manigua las consecuencias de la reconcentración —analizada en los capítulos anteriores— y de las operaciones militares, que fueron intensificadas. La política de tierra quemada, que Weyler implementó de forma sistemática, llevó a los rebeldes, sobre todo en las provincias de Pinar del Río, La Habana, Matanzas y Las Villas, a sufrir una considerable falta de alimentos, ropa y medicamentos[11]. El teniente coronel José Camejo Payents, del regimiento Palos, que operaba entre las provincias de Matanzas y La Habana, esperaba con ansiedad la ropa y los zapatos que necesitaba para su tropa, que ya apenas podía entrar en acción. Otros rogaron a sus parientes en Tampa (Florida) que les enviaran calzado. Arango escribió desde el cuartel general de Máximo Gómez: «Aquí se carece de todo, no hay nada y no tengo relaciones, así es que no consigo nada, que comer no hay más que carne, ni vianda, ni caña, ni miel de abejas, en fin nada, nada»[12]. Algunos miembros de la brigada de Sancti Spíritus informaron de que «sent[ían] ya en la fuerza la escasez de comida», por lo que se dedicaron a cultivar plantaciones en sus cuarteles[13]. Otros —rodeados de heridos y enfermos— exigieron el envío urgente de quinina, morfina y otros medicamentos[14].

Las penas y las privaciones diarias no afectaban solo a los revolucionarios; también las sufrían sus parientes en las prefecturas, así como en las localidades ocupadas por las tropas españolas. Cuando los maridos y los hijos se unían al ELC, lo normal era que faltara el proveedor principal. En aquellas circunstancias —es decir, con el acceso al entorno habitual imposibilitado por la reconcentración—, era poco frecuente que aparecieran nuevas fuentes de ingresos. Muchas mujeres pudieron asegurar a corto plazo la supervivencia de sus hijos sacrificando la última ternera. En marzo de 1898 se llevó a cabo una colecta entre las filas independentistas para salvar de la muerte por inanición a la familia del patriota José Ampay[15]. Muchos revolucionarios estaban al borde de la desesperación, ya que sabían que sus parientes reconcentrados se hallaban al albur de las epidemias y de la arbitrariedad de las autoridades españolas. Magdalena Peñarredonda Dolley, la delegada del PRC en Pinar del Río, vio en aquella miseria la causa de las crecientes deserciones en las filas del Ejército Libertador[16]. Aquel que quería ocuparse personalmente de sus parientes tenía dos opciones: o solicitar el retiro del ELC o pedir una licencia para poder separarse del servicio durante un tiempo determinado. Muchas de las familias que se establecieron en los territorios de la «República en Armas» tampoco escaparon de aquel duro destino. Mientras Bernabé Boza Sánchez luchaba al lado de Gómez por la independencia de Cuba, un subprefecto le negó a su familia la manutención con el argumento de que aquel era un asunto que competía a las autoridades militares[17].

En algún momento, la autonomía también se pudo utilizar como una bienvenida justificación para poder escapar de las fatigas de la guerra. El revolucionario desertor Luis López Marín explicó su traición aduciendo los conflictos y contradicciones en el seno de la revolución. Según él, la actitud intransigente de Weyler había unido a los insurrectos, así que todos —él incluido— ignoraron los «horrores internos de la Revolución». Después, cambiaron las cosas: «Desaparecen Weyler y sus procedimientos de campaña, y el corazón cubierto por eternas sepulturas, anhelante de venganza, obtiene una reacción. Obsérvese que el mal de la dominación se atenúa y comienza la reparación; y el de la revolución perdura y no cede a la evolución natural que impone la nueva política». De ahí que López Marín pidiera que la «República en Armas» revisara sus ideas y se moderara, ya que la «nueva política» de la metrópoli, cuyo objetivo era la reparación de los daños, hacía insoportables «los desórdenes de los [hermanos] cubanos —los invasores orientales—, el ensañado racismo de los Ducasse, Yvonet, y otros Jefes pinareños, el cúmulo de anomalías desplegadas contra Rius Rivera, por el solo delito de ser blanco». López Marín criticó especialmente a los intelectuales, que esperaban en las ciudades la victoria de la revolución: «Si hubieran ido a la Revolución, no obtendría hoy mayoría el elemento negro brutal, amenaza horrorosa del porvenir de Cuba». Lo que más le molestaba era que los negros se dedicaran supuestamente a socavar la revolución, una práctica que, en su opinión, se remontaba a Antonio Maceo. Para el antiguo coronel López Marín, por lo tanto, la autonomía era una «transacción honrosa» y supuso la oportunidad de distanciarse del Ejército Libertador[18].

La flexibilización de la reconcentración con Ramón Blanco y Erenas

La flexibilización de la reconcentración con Ramón Blanco y Erenas

Ramón Blanco y Erenas se esforzó permanentemente por comunicar a la opinión pública su ruptura radical con la política militar de Weyler. Nada más tomar posesión del cargo dejó claro que, bajo su mando, la reconcentración se flexibilizaría. La razón de su decisión la reprodujo el Heraldo de Madrid: «Yo no hago la guerra contra mujeres ni contra niños»[19]. Ante el corresponsal de The New York Herald señaló «que no tenía […] nada que ver con el pasado, solo se trataba del presente; que las condiciones habían variado por completo, que de los reconcentrados y sus necesidades [s]e encargaba [él] bastando Juntas protectoras»[20]. Con aquella actitud, Blanco intentó sobre todo hacer frente a las acusaciones de que España estaba realizando una «campaña militar incivilizada». Además tenía que poner en marcha la autonomía, para lo cual necesitaba vencer la resistencia de los integristas intransigentes de la isla, por ejemplo los representantes del españolista Partido de la Unión Constitucional, que, precisamente en La Habana, disponía de una base de poder nada desdeñable. De hecho, también los representantes de la oposición conservadora en España veían en la autonomía una «política suicida». Algunos meses más tarde, el opositor Francisco Silvela y de Le-Vielleuze tronaba en el Congreso de los Diputados: «El otorgamiento de la autonomía a las islas de Cuba y Puerto Rico, ha puesto término a la representación directa y eficaz de nuestra raza en América»[21].

Sin embargo, algunos contemporáneos bien informados relativizaron la «ruptura» y radical reorientación de la política colonial anunciadas por el capitán general y el gobierno español. Preferían describir los cambios en la isla desde la toma de poder de Blanco como cambio gradual o transición, porque en noviembre de 1897, por ejemplo, todavía seguían en manos conservadoras 25 de las 28 jurisdicciones de la provincia de Santa Clara[22].

A nivel regional, Blanco intentó nombrar a gobernadores civiles reformistas y, a pesar de la difícil situación de partida, logró que Marcos García Castro, un antiguo independentista de la Guerra de los Diez Años, asumiera la responsabilidad en Santa Clara. El 12 de noviembre de 1897, García anunció que se hacía cargo del «espinoso puesto»; habiendo sido alcalde de Sancti Spíritus, tenía plena conciencia de la dificultad de su tarea[23]. Desde el campo autonomista, José María Bruzón y Fabio Freyre y Estrada se ofrecieron para ponerse al frente, respectivamente, de los gobiernos civiles de las provincias de La Habana y Pinar del Río. El reformista Francisco de Armas y Céspedes asumió el de Matanzas, y Rafael Vasallo Rosado y Enrique Capriles y Osuna, ambos favorables a las reformas, los de Puerto Príncipe y Santiago de Cuba, respectivamente.

Nada más llegar a la isla, Blanco intentó evidenciar sus propósitos renovadores mediante una amnistía política[24] y permitiendo el retorno de los cubanos exiliados[25]. La decisión de anular numerosas órdenes de Weyler puso de manifiesto, por una parte, la ruptura con el anterior ejecutivo y, por otra, el deseo de normalización política. La orden de Blanco del 13 de noviembre de 1897, que pretendía una flexibilización de la reconcentración, abrió nuevas perspectivas y constituyó un punto álgido provisional. Aquella orden había sido precedida de una circular del día 7 en la que Blanco exponía a los jefes del Ejército que la situación militar que había dado lugar a la reconcentración había mejorado, de modo que lo que procedía, a partir de aquel momento, era poner en marcha extensas zonas de cultivo desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba. Allí, la población civil reubicada podría proveer a su desarrollo, para lo cual estaría autorizada a utilizar machetes y revólveres con el objeto de protegerse y proteger sus plantaciones. Cada jefe militar quedaba obligado a suministrar a los necesitados raciones consistentes en arroz, tocino, café, azúcar, sal y galletas. Se trataba de retomar la producción agrícola en las fincas e ingenios que contaran con una fortificación más o menos sólida, reclutando para ello a los trabajadores únicamente entre los reconcentrados. Es interesante que Blanco —de un modo similar a como había hecho Weyler— achacara la mala situación de los internados básicamente a la estrategia militar de los revolucionarios[26].

Los historiadores suelen considerar que el bando del 13 de noviembre, que recogió y desarrolló los distintos puntos de la circular, supuso el «fin oficial de la reconcentración»[27]. Según aquella norma, quien dispusiera de los recursos necesarios podía regresar a sus propiedades. Los jornaleros también fueron autorizados a abandonar los poblados fortificados, aunque con la condición de que se dirigieran directamente a sus fincas o ingenios y estuvieran debidamente documentados. El desmontaje del internamiento forzoso vuelve a ilustrar claramente su «carácter de clase», al que se aludió en el tercer capítulo. Del extenso preámbulo del bando se desprende además que «[n]o [era] realizable la obra de suspender en absoluto la reconcentración y de remediar de una manera inmediata los males que de ella se ha[bía]n derivado». En efecto, la expulsión precipitada de las ciudades de mujeres y niños sin medios habría acarreado desgracias todavía mayores, lo que, en este caso, parece justificar el argumento de la «protección». De ahí que fuera ineludible «proceder en [aquella] materia con la previsión, buen sentido y tacto que la realidad de las cosas impon[ía] y que no pu[dier]a la autoridad desconocer». Si se tienen en cuenta los requisitos que había que cumplir para abandonar los centros, habrá que hablar de una flexibilización de la política de reubicación, no de su fin[28]. En el quinto punto de las instrucciones se preveía el apoyo que debían recibir los deportados en las ciudades. Unas nuevas juntas protectoras, apoyadas por el Estado y similares a los comités puestos en marcha por Martínez Campos e impulsados de nuevo por Weyler en el verano de 1897, debían socorrer a los reconcentrados. A nivel provincial, la constitución de las juntas estaba en manos de los gobernadores civiles, mientras que a nivel municipal era competencia de los alcaldes. Blanco instó a los jefes militares locales, a los sacerdotes y los médicos municipales, así como a los sectores acomodados de la población —empresarios, comerciantes e industriales—, a que prestaran una colaboración activa. Cada quince días, las juntas protectoras debían poner al capitán general al tanto del estado de las cosas[29].

Una gran cantidad de juntas quedaron constituidas ya en la segunda quincena del mes de noviembre, tanto en las capitales de provincia como en las localidades periféricas. José María Bruzón, el gobernador civil de La Habana, tuvo, al parecer, dudas acerca de a quién correspondía exactamente la constitución de las juntas[30]. Curiosamente, el obispo de La Habana, Manuel Santander y Frutos, expresó en un extenso escrito su aprobación de la nueva política de reubicación de Blanco, que apoyó en todos sus puntos y acompañó de una instrucción a los sacerdotes, cuya caridad cristiana daba por supuesta: «[a]l explicar el Evangelio los domingos y días festivos, como es su obligación, procurarán hablar al pueblo excitando su caridad para que socorran en la medida de sus fuerzas a los pobres reconcentrados». De hecho, y siempre según el obispo, los sacerdotes habían estado entre los primeros «en socorrer a [aquellos] desgraciados» mucho antes de que se crearan las juntas protectoras[31]. Parece que el obispo confundía su deseo con la realidad, porque si algo había hecho el clero habanero era contribuir sustancialmente a la sublimación de la guerra convirtiéndola en una cruzada, en una reconquista contra los mambises infieles. Además, muchos eclesiásticos colaboraron durante la guerra estrechamente con el gobierno colonial, hasta el punto de que incluso hubo iglesias que se utilizaron para la fortificación militar de los pueblos y como depósitos de municiones. En 1897, el propio obispo Santander evitó denunciar la mortandad entre los reconcentrados en La Habana. Los datos que se conservan sobre las actividades de sus correligionarios apuntan a que se dedicaron más bien a hacer donativos para los voluntarios o las arcas de guerra. Según algunas fuentes, los curas no eran ajenos a la indiferencia generalizada hacia las penas de la población rural recluida[32]. Ya se abordaron en el primer capítulo los «beneficios» y «ventajas morales y materiales» que el presbítero Juan Bautista Casas y González, antiguo gobernador del obispado de La Habana, había atribuido a la reconcentración[33]. Con todo, la Iglesia católica cubana no puede ser considerada un bloque monolítico. Así, el arzobispo de Santiago de Cuba, Francisco Sáenz de Urturi y Crespo, no tenía literalmente nada que ver con Santander. Ya en 1896 había hecho referencia, en sus cartas pastorales, a la «miseria de la reconcentración». Y otros clérigos, como Martín Viladomat en Mantua, o Guillermo González Arocha en Artemisa, espiaban para el Ejército Libertador. González Arocha era considerado el «enlace» de Maceo en Pinar del Río, al estar destinado a la sala de control de la trocha entre Mariel y Majana. Parece además que, en coherencia con su relación conflictiva con la potencia colonial, se ocupó de los reconcentrados de Artemisa ya en septiembre de 1896[34].

La flexibilización de la reconcentración por parte de Blanco podía contar con el aplauso de Segismundo Moret y Prendergast, el ministro de Ultramar, puesto que la medida se subsumía en la línea política con la que se pretendía debilitar la presión exterior, sobre todo la estadounidense[35]. Sin embargo, la publicación de las instrucciones no fue más que el primer paso. La nueva política, alejada de la dura estrategia de Weyler, no fue fácil de imponer, ya que topó a menudo con la incomprensión y la resistencia de la Administración española en Cuba, sobre todo en el norte de Santa Clara. Desde Sagua la Grande se le hizo saber al capitán general que las nuevas órdenes relativas a los reconcentrados no se estaban cumpliendo[36]. Si a ello se añaden los abusos de poder de los que los internados eran víctimas a diario —la exigencia de favores, los suministros ilegales, el cobro de sobornos a cambio de pases—, se entiende que fueran muchos los obstáculos que había que superar hasta que se notara una mejoría general de la situación de la población rural reubicada, así como de los agotados habitantes de las ciudades.

A los gobernadores civiles se les exigió que procuraran el aumento de la calidad de vida de la población rural recluida con «cuanta energía y actividad [fuera] necesaria». Para ello debían ser sensibilizados especialmente los cargos inferiores[37]. En este sentido, las tensiones entre las autoridades civiles y militares eran prácticamente inevitables. La falta de cooperación era común, sobre todo entre los jefes militares locales. Por una parte, las órdenes de Blanco contradecían las instrucciones de Weyler. En Santa Clara, el general de división Luis Molina Olivera seguía considerando vigentes las anteriores disposiciones —al igual que hacían otros mandos—, de modo que Blanco tuvo que zanjar la cuestión para que también el general se sirviera instruir a sus tropas de acuerdo con la «tendencia de las recientes disposiciones», que contemplaban que los reconcentrados estaban autorizados a recoger viandas fuera de las zonas fortificadas, «sin que en ningún caso deb[ier]a cohibírseles en forma alguna». Por otra parte, a los oficiales se les pidió un profundo cambio de mentalidad. Hasta aquel momento, todo el que no se hubiera unido a las unidades de voluntarios era considerado sospechoso o incluso simpatizante de la revolución[38]. Más de un alcalde se vio sorprendido por aquel giro en el trato dispensado a la población civil. Así, Antonio Ymaz, de Caibarién (Santa Clara), incrédulo, pidió información acerca de si la reconstrucción del país, y particularmente la normalización de la situación de los reconcentrados, debía impulsarse aun cuando pusiera en peligro la seguridad[39].

Aquella preocupación no carecía de fundamento, como se vería unas semanas más tarde en Güira de Melena (La Habana). Allí, los antiguos internados fueron reclutados por el ELC nada más abandonar el pueblo[40]. Obviamente, «el nuevo rumbo de los acontecimientos» tampoco se les había escapado a los revolucionarios. Ya el 26 de noviembre de 1897, el mando de la «República en Armas» envió a las prefecturas instrucciones relativas al trato con las «desdichadas familias». El Consejo de Gobierno sostenía retóricamente que su deber era proteger a las personas que abandonaban en masa los centros y «prestarles protección y auxilios», pero en realidad, el Ejército Libertador intentaba evitar que los antiguos reconcentrados se asentaran cerca de los pueblos. Los campesinos y jornaleros seguían sin tener permiso para establecer «comunicación con el enemigo», lo cual incluía las visitas y el comercio con las ciudades. Una vez más, la población civil estaba literalmente atrapada entre los frentes. Además, los antiguos internados debían ponerse de inmediato al servicio del ELC, ya que se trataba de una mano de obra que se necesitaba con urgencia. Los cabezas de familia y los jóvenes a partir de los dieciséis años fueron obligados bajo amenaza a realizar labores agrícolas para la revolución. La cosecha se destinaba a las unidades del Ejército Libertador en el oeste de la isla, que padecían una mala situación alimentaria[41].

Blanco solicitaba constantemente informes sobre el número y estado de los civiles recluidos en cada una de las provincias, y no solo en vista de las resistencias que se daban entre los suyos, sino también para satisfacer la demanda de información de Madrid. En noviembre y diciembre de 1897, las consecuencias de la reconcentración desencadenaron un verdadero tira y afloja diplomático. También los cónsules de los Estados Unidos en la isla se fijaron en que había numerosos jefes militares españoles que se negaban a prestar la necesaria ayuda a los reconcentrados. Por su parte, el embajador de España en Washington, Enrique Dupuy de Lôme, informó a Blanco de las interpelaciones urgentes del secretario de Estado John Sherman sobre la cuestión[42], que se basaban en informes consulares que ya atribuían a la reconcentración más de 300 000 víctimas mortales.

Hasta hoy, los investigadores no se han puesto de acuerdo sobre el número de víctimas debidas a la reubicación forzosa. Durante mucho tiempo, los historiadores creyeron que no se conservaban expedientes relativos al número de víctimas civiles debidas a la reconcentración, por lo que las aproximaciones y estimaciones se basaban esencialmente en la extrapolación de los datos de los censos de población de 1877 y 1887, así como el de 1899, realizado bajo dirección estadounidense. El censo de 1887 arrojó un total de 1 631 687 personas, incluida Isla de Pinos (la actual Isla de la Juventud). Según el censo de 1899, transcurrido un año desde el final de la guerra ya solo quedaban 1 572 797 personas. En su análisis, el equipo de demógrafos y estadísticos del teniente coronel estadounidense J. P. Sanger atribuyó el descenso poblacional de 58 890 personas sobre todo a «la reciente guerra civil», así como al «sistema de reconcentración empleado en ella». Los demógrafos estimaron que unas 200 000 víctimas civiles podrían ser «pérdidas directas e indirectas» de la guerra y del internamiento, teniendo en cuenta el descenso de la natalidad, la disminución de la inmigración, la mortandad y la emigración habidos durante aquellos años. Ya entonces resultó problemático el número de habitantes, que se estimó con generosidad en 1,8 millones de personas para el año en que dio comienzo la guerra. El experto español en historia económica Jordi Maluquer de Motes i Bernet ha mostrado hace poco en un estudio muy cuidado que una población total de 1,7 millones de personas es la que más se acerca a la realidad del año 1895[43]. A mediados de los años setenta del siglo XX, el demógrafo cubano Juan Pérez de la Riva y Pons se basó en el censo estadounidense para calcular la población total que habría tenido Cuba en 1899 de no haber habido una guerra, situándola en 1,96 millones de personas, lo que le permitió elevar el número de fallecidos durante la Guerra de Independencia hasta «cerca de 400 000 habitantes virtuales»[44].

Los investigadores españoles critican esta dudosa metodología. Así por ejemplo, Luis Navarro García entiende que este tipo de extrapolaciones convierten en víctimas «a miles de personas que jamás existieron». Aun así, los estudios cubanos siguen teniendo en cuenta, apoyándose para ello en el descenso de la natalidad durante los años de la guerra, las «víctimas virtuales» como consecuencia de la reubicación forzosa[45]. Además, las investigaciones sobre los «costes» demográficos de la guerra no han considerado ni el éxodo al exilio durante el conflicto ni tampoco el retorno de los emigrantes españoles a su país. Fé Iglesias García, experta en historia económica, se propuso corregir aquel sesgo ampliando los datos estadísticos deficientes de Pérez de la Riva sobre la emigración, de los que al mismo tiempo, descontó a los militares caídos. Pero ha sido John L. Tone quien recientemente ha logrado desenquistar el debate con nuevas fuentes. Su análisis demuestra que la reconcentración causó entre 155 000 y 170 000 víctimas[46].

A finales de 1897, el elevado número de víctimas fue la razón de que la situación en Cuba y la crisis de abastecimiento de los reconcentrados fueran objeto de intensos debates, tanto en el Congreso de los Estados Unidos como en la prensa internacional. Ya el 11 de noviembre se informó de que, según fuentes de The New York Herald, los internados víctimas de la hambruna estaban recibiendo ayuda material estadounidense[47]. Moret tenía que replicar, por lo que se dirigió en repetidas ocasiones a Blanco exigiendo información que le permitiera refutar los informes consulares[48]. Además, expuso a Blanco varias ideas concretas para el abastecimiento de los internados, que habían sido debatidas en el Congreso de los Diputados. Propuso, por ejemplo, mejorar la precaria situación alimentaria mediante reducciones arancelarias temporales aplicables a los alimentos básicos. Blanco le respondió que aquella medida causaría a las arcas del Estado un agujero de 13 000 pesos, además de que la posterior vuelta al régimen arancelario normal podía ser sumamente problemática[49].

Es en medio de aquellas discusiones donde hay que ubicar la decisión de Blanco del 23 de noviembre de 1897 de conceder un crédito especial de 100 000 pesos para el abastecimiento de la población recluida[50]. Sin embargo, Moret, consciente de que la grave situación «preocupa[ba] profundamente aquí y en América», siguió pensando que era perentorio realizar más esfuerzos, por lo que le pareció oportuno enviar a un hombre de confianza a Chicago para conseguir conservas de carne con las que aprovisionar a la población civil y a las tropas españolas durante un mes más. Moret estaba dispuesto a librar una partida de otros 100 000 pesos para aquella acción, y además ofreció recurrir a sus contactos personales en Inglaterra, que se remontaban a su época de embajador en Londres. Hablaba de la posibilidad de hacerse con conservas de carne de la mejor calidad, las mismas que ya habían utilizado las tropas británicas en Egipto con excelentes resultados. De los documentos que se conservan no es posible deducir de forma concluyente si finalmente se produjo aquella importación de conservas. En la primavera de 1898, durante el bloqueo de la Marina de los Estados Unidos, aparecieron conservas de carne de Chicago en el mercado negro cubano, aunque los contemporáneos las atribuyeron al contrabando de los marinos estadounidenses[51].

Las noticias desde las provincias

Las noticias desde las provincias

Al comienzo de su mandato, Blanco evaluó la difícil situación del abastecimiento e hizo un retrato sombrío del desastre cubano. En su opinión, las cosas no pintaban mejor en los ámbitos militar y civil. Al poco tiempo de su llegada a la isla, los periódicos españoles informaron de que en La Habana no había encontrado ni personas ni papeles que lo pusieran al tanto del estado de la revolución. Puso en conocimiento del Ministerio de Ultramar que había más de 300 000 víctimas de la «criminal Revolución», y señaló «que se hac[ía]n esfuerzos inauditos para auxiliarles», aunque la miseria era tan grande que cualquier esfuerzo parecía poco[52]. Prácticamente todos los capitanes generales de Cuba respetaron la tradición consistente en someter a sus predecesores a una crítica demoledora, tradición que durante la Guerra de los Diez Años se convirtió en elemento característico de aquellos altos mandos militares. Blanco no tardó en enviar informes a Madrid —que contradecían las informaciones que le remitían las distintas provincias— sobre los éxitos relacionados con la situación de los internados.

El 19 de noviembre de 1897, el gobernador civil de Santa Clara, Marcos García Castro, envió a Blanco un notable informe en el que describía la situación de la provincia —una descripción que valía para toda la isla— como de «anarquismo en que el desorden por una parte y la indiferencia más lamentable por otra, asom[aba]n su cabeza por donde quiera que [se] diri[giera] la mirada». En un lenguaje plástico, García Castro constataba la avanzada «anemia» de casi todos los órganos estatales y privados de la provincia, que se plasmaba en falta de energía, indiferencia y abatimiento. La población embotada había tirado la toalla ante el «cuadro desgarrador del hambre y de la muerte por extenuación de infinidad de seres humanos que demandaban amparo y protección».

García Castro tenía puestas grandes esperanzas en el giro, prometido por Blanco, en la política relativa a la población civil, que, en su opinión, abría las puertas a la curación de «las profundas heridas que una guerra sin nombre y sin ejemplo ha[bía] inferido a [aquella] sociedad española». Al mismo tiempo, García Castro señalaba problemas concretos cuando dejaba constancia de que las jurisdicciones de la provincia carecían de medios económicos, hasta el punto de que, por ejemplo, no podían pagar a los hospitales. Tampoco los recursos de las asociaciones de beneficencia eran suficientes para abastecer a un «considerable número de enfermos mal atendidos y peor alimentados»[53].

Desde Matanzas, Francisco de Armas y Céspedes envió a La Habana informaciones parecidas, en las que relataba que en muchos lugares se habían agotado las reservas en los almacenes del Ejército, que apenas disponían ya de alimentos para el suministro a los civiles necesitados. En otros lugares, los jefes militares se negaban a facilitar las cantidades de alimentos que realmente se necesitaban. El 1 de diciembre de 1897, el jefe militar de Santa Clara, donde había alrededor de 7000 internados y 3000 «pobres de la localidad», paró el suministro de las 3000 raciones que hasta aquel momento se habían repartido a diario[54].

Ante aquella combinación —descrita en el capítulo anterior— entre las noticias impactantes provenientes de prácticamente todas las provincias y la presión internacional, es probable que, a finales de noviembre, Blanco se viera obligado a conceder un crédito especial de 100 000 pesos con cargo al presupuesto extraordinario de guerra. Una propuesta similar de Martínez Campos había sido rechazada en febrero de 1896 por el Ministerio de la Guerra, porque los medios económicos estaban exclusivamente destinados a las operaciones militares y no a las consecuencias del conflicto, que por muy lamentables que fueran, se consideraban inherentes a toda guerra[55]. Sin embargo, tanto el contexto político interno como el internacional habían cambiado sustancialmente. Aun así, tras anunciar el crédito especial, Blanco dejó pasar unos valiosos días antes de dirigirse a los gobernadores civiles para preguntarles qué cantidad consideraban «absolutamente necesaria» para poder «atender a las más perentorias necesidades de los reconcentrados». Además, Blanco exigió datos más precisos sobre el número de personas recluidas (por sexo y edad) y víctimas de la reconcentración, así como sobre el estado de salud de los reubicados y los medios propios de que disponía cada una de las provincias para auxiliar a los civiles[56].

Las autoridades militar y civil de la isla ordenaron, por primera vez en casi tres años, que se reuniera información detallada sobre las consecuencias de la reconcentración. Los primeros telegramas que llegaron desde Pinar del Río, Matanzas y Santa Clara apuntaron todos en la misma dirección. Fabio Freyre y Estrada, el gobernador civil de Pinar del Río, indicó que necesitaba unos 25 000 pesos para el suministro a los aproximadamente 47 800 civiles internados: «Estado deplorable, excepto en algunas localidades - enfermedad reinante: la viruela». Armas estimaba que necesitaría un mínimo de 10 000 pesos tan solo para los reconcentrados de la ciudad de Matanzas; en la provincia calculaba que había más de 88 000 internados, de los cuales «la mitad enfermos», y añadía con preocupación: «Mueren de hambre en las calles. Extranjeros toman fotografías». Desde Santa Clara, Marcos García Castro envió un telegrama especificando que para el abastecimiento de los 140 000 internados de la provincia se necesitaban por lo menos 25 000 a 30 000 pesos[57].

La expectativa del crédito especial indujo a García a dirigirse a Blanco utilizando floridas palabras de agradecimiento. Armas, por el contrario, pidió inmediatamente 2000 pesos de ayuda de emergencia para el cuidado de los enfermos de la ciudad, así como para la construcción de barracas[58]. A la provincia de Matanzas se le concedieron a finales de noviembre 10 000 pesos para «atender al socorro de los reconcentrados», mientras Santa Clara recibió 15 000 y Pinar del Río 12 500. La Intendencia General de Hacienda en Cuba tenía orden de librar los mencionados importes a comienzos de diciembre[59], por lo que habrá que preguntarse, por una parte, por qué motivo se ingresó apenas la mitad del dinero comprometido en las arcas de las provincias, y por otra, por qué La Habana, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba se fueron de vacío.

Aunque la Intendencia General de Hacienda ya había iniciado el 25 de noviembre de 1897 los trámites para poner a disposición de los gobernadores civiles los 100 000 pesos previstos «para socorrer a los campesinos reconcentrados», las correspondientes órdenes de pago estaban sujetas a los «preceptos vigentes de contabilidad», lo cual significaba que los gobernadores civiles disponían de tres meses para justificar al detalle los gastos, cuyos conceptos podían corresponder a tres categorías: prestaciones médicas, compras de víveres y apoyo a particulares con dinero en efectivo[60]. Una vez más, el cumplimiento escrupuloso de las normas impedía la necesaria ayuda de emergencia. El esfuerzo administrativo —apenas realizable— y el procedimiento —absurdo de puro puntilloso— provocaron duras protestas. José María Bruzón dio a entender en tono irónico que, dadas las circunstancias, «no e[ra] de posible realización el noble pensamiento de V. E.». Los gobernadores civiles respondían directamente ante la Intendencia General de Hacienda del uso del dinero, pero en las distintas jurisdicciones eran los alcaldes los que presidían las juntas protectoras, y eran estas las que decidían a qué destinar los importes recibidos. De ahí que Bruzón, intentando que los internados pudieran de verdad ser auxiliados, exigiera nuevas órdenes que se adaptaran a la realidad, habida cuenta, además, de que los conceptos de gasto eran rígidos y no correspondían con lo que sucedía sobre el terreno. No todos los desembolsos eran tan fáciles de clasificar: «No es posible determinar la forma en que ha de hacerse esa inversión, porque no todos los socorros han de distribuirse en especie o en metálico; y la asistencia a los enfermos consiste en algo más que en el pago del médico». Los internados necesitaban alojamiento, medicamentos, apoyo in situ y manutención, y «dentro de las reglas taxativas de la comunicación de la Intendencia, se […] ha[ría] muy difícil proporcionarles [aquellos] auxilios». Precisamente en La Habana, de donde Bruzón era gobernador civil, la mayor parte de las mujeres y niños estaban alojados en viviendas de alquiler, y lo que se necesitaba era dinero para rentas, cuidados y transporte. Ahora bien, ¿en cuáles de las tres categorías de conceptos había que subsumir aquellos gastos? Bruzón argumentaba que, «a fin de obtener mayor eficacia en la distribución de los socorros», las normas de la Intendencia General de Hacienda debían flexibilizarse. En vista de la decepción sufrida el 7 de diciembre, el gobernador civil tenía razones para formular sus objeciones con particular dureza: aquel mismo día, Blanco concedió a la capital solamente 12 500 pesos para mejorar la situación de los internados de la provincia, en lugar de los 25 000 solicitados. Vistos en perspectiva histórica, aquellos conflictos burocráticos parecen poco menos que grotescos. Cada día de bloqueo del dinero por causa de las dudas sobre el reparto de responsabilidades costaba vidas humanas. La Administración colonial no tenía dudas de que era así, de modo que el 28 de diciembre, Blanco se vio obligado a autorizar que cada uno de los gobernadores civiles «distribu[yera] dichos recursos como le pare[ciera] más conveniente»[61].

Los telegramas enviados desde prácticamente todas las provincias informando sobre el estado de las cosas fueron seguidos de relaciones detalladas de los efectos de la reconcentración[62]. Ya las primeras comunicaciones dejaron entrever un problema fundamental. En la documentación —por ejemplo, aquella en la que podía apoyarse el gobernador civil de Pinar del Río— no se encontraban más que datos fragmentarios sobre la reubicación forzosa, los cuales solo estaban disponibles para 10 de las 25 jurisdicciones. De ahí que Freyre y Estrada señalara que la determinación del número de víctimas era una empresa especialmente difícil, dado que «no ha[bía] datos alguno ni manera de adquirirlos». Únicamente Armas pudo recurrir en Matanzas a los expedientes abiertos por Adolfo Porset, su controvertido predecesor[63]. Hasta aquel momento, el destino de los internados apenas había interesado a nadie, de manera que tampoco había estadísticas oficiales. Las autoridades civiles de Santiago de Cuba informaron por ejemplo:

Al disponer el abandono de las fincas y la traslación de sus pobladores a los recintos fortificados, ni se tuvo la precaución de llevar cuenta del número de aquellos, ni lo recomendó que se hiciese ninguna autoridad, y aún, en este caso, hubiera sido imposible conocer hoy las bajas ocurridas, porque adoptando cada cual las resoluciones que mejor convenían a su interés personal se marcharon unos del país, otros para las filas insurrectas y los leales para los centros de población[64].

Aquel escrito enviado desde Santiago de Cuba ilustra de modo ejemplar algunas de las más importantes problemáticas que deben ser tenidas en cuenta en los análisis cuantitativos del número de reconcentrados y la mortalidad en las ciudades: por un lado, los datos incompletos, en parte basados en estimaciones, y por otro, la emigración, que deja obsoleta la cuantificación de las víctimas de la guerra derivada de la simple suma y resta de los números de habitantes extrapolados para antes de 1895 y después de 1898. Tan solo en Santiago de Cuba se expidieron 2780 pasaportes entre enero y noviembre de 1897, cantidad que alcanzó los 2980 hasta fin de año, lo cual, según Enrique Capriles y Osuna, equivalía a una emigración de 10 000 personas, sin contar ni la que tuvo lugar a Puerto Rico ni los regresos a España[65]. Las deficiencias de los informes disponibles en el Archivo General Militar de Madrid son indiscutibles: en muchos aspectos, aquellas relaciones de datos recuerdan a las estadísticas de la época anterior a la estadística.

Es evidente que los expedientes guardados en Madrid, junto con documentos que se pueden encontrar en archivos provinciales cubanos, contribuyen a una mejor comprensión y un conocimiento más profundo de la reconcentración, pero en conjunto, las fuentes disponibles son insuficientes. En los archivos españoles y cubanos es inútil buscar informes e historiales médicos como los enviados regularmente por los responsables británicos de los campos de concentración en Sudáfrica. En el caso hispano-cubano son sobre todo los expedientes guardados en los archivos provinciales de la isla los que podrían servir como punto de partida para la reconstrucción de los casos individuales[66]. En este sentido son particularmente importantes las partidas de defunción pertenecientes a los fondos de distintos pueblos y aldeas, por ejemplo Mantua, Bahía Honda (Pinar del Río) o Güira de Melena (La Habana). Aunque en la mayor parte de los casos no identifican a los fallecidos explícitamente como reconcentrados, permiten una aproximación significativa al número de víctimas una vez vaciados y analizados[67] y proporcionan, en combinación con los informes de los gobernadores civiles, una imagen de la reconcentración nítida y diferenciada por provincias, que además tiene en cuenta la problemática social.

Con la excepción de La Habana, los informes permiten conocer de forma concisa el día a día en los puntos de reconcentración de las distintas provincias y proporcionan datos particularmente detallados sobre el periodo comprendido entre noviembre de 1897 y marzo de 1898. En realidad, las limitaciones a la aproximación cuantitativa al número de víctimas no son tan graves como pueden parecer a primera vista. Después de todo, se trata de comprensibles estimaciones internas, diferenciadas por regiones. Junto con las nuevas cifras calculadas por los gobiernos civiles en diciembre y enero, el cuidadoso análisis de estos fondos permite conocer la dimensión de la reubicación forzosa desde el punto de vista de la Administración. Ante el trasfondo de los memorandos y la correspondencia entre los gobernadores y el capitán general, esta perspectiva institucional permite arrojar nueva luz sobre la gestión de la crisis en la isla. Hay todo un conjunto de preguntas que, gracias a las fuentes casi completamente ignoradas por los investigadores, podrían obtener respuestas nuevas y dotadas de fundamentos más sólidos.

En cuanto a las cuestiones relativas a la historia de la vida cotidiana, los expedientes que se conservan contienen información sobre la existencia y supervivencia de los reconcentrados en el entorno urbano y ponen de manifiesto diferencias regionales. ¿En qué provincias y jurisdicciones parecía que la situación era peor? ¿A qué se debían las diferencias locales? Además, los aspectos histórico-institucionales ya mencionados revelan el funcionamiento de la Administración colonial. Por ejemplo, ¿cómo se desarrolló el cambio, de militar a civil, del suministro de alimentos tras la concesión del crédito especial? ¿Cómo y con qué criterios llevó a cabo el gobierno colonial el reparto de los subsidios? La perspectiva institucional permite, por otra parte, sacar conclusiones en el ámbito de la historia de las mentalidades. Así se perfilan sobre todo los mecanismos de exclusión y construcción de la alteridad. Esto vale tanto para la percepción del «otro», el enemigo en general, como para los contrastes culturales entre la parte occidental de la isla, económicamente «avanzada», y el este «atrasado». Finalmente, las nuevas fuentes disponibles permiten abordar cuestiones relativas a la dinámica de los movimientos migratorios, así como a la diversidad de los puntos de reconcentración. En efecto, la reubicación forzosa no fue un constructo rígido, inmutable a lo largo de los años, sino más bien un fenómeno en constante transformación, marcado por la interacción entre movimientos militares e iniciativas políticas y sociales, así como por las condiciones climáticas y epidémicas. En los seis siguientes estudios de caso se va a intentar tener en cuenta esta multiplicidad de perspectivas de este a oeste.

Santiago de Cuba y Oriente: crónica de un abandono

Santiago de Cuba y Oriente: crónica de un abandono

Las demandas de información del capitán general sobre la situación y el número de internados en la isla también se abrieron camino hasta Santiago de Cuba. Sin embargo, ninguno de los telegramas estaba explícitamente dirigido al gobernador civil Enrique Capriles y Osuna. Tampoco los funcionarios de la Intendencia General de Hacienda en la capital solicitaron datos sobre los importes necesarios para el abastecimiento de los internados en Santiago de Cuba. Aun así, las autoridades santiagueras enviaron un informe a La Habana a finales de noviembre de 1897. Como ya se ha insinuado, lo único que se podía hacer, a falta de información concreta de las jurisdicciones, era dar cuenta de la situación en el área de Santiago de Cuba. Los 4800 internados contabilizados se repartían entre el centro de la ciudad y los barrios —distritos electorales, tanto urbanos como rurales— de Palma Soriano, San Luis y Dos Caminos. No se encuentran datos concretos sobre el número de víctimas, aunque el escrito contiene una interesante exposición del incremento de la mortalidad durante los primeros semestres de los años 1894 a 1897, de la que se deduce un crecimiento sostenido de la mortalidad a medida que se prolongaba la guerra: de los 461 muertos en el primer semestre de 1894 a los 2222 en el primer semestre de 1897 (véase cuadro 1). No está claro, sin embargo, por qué la exposición no recoge los datos de los segundos semestres, que eran precisamente aquellos en los que solía producirse la mayor mortalidad. De todos modos, la tendencia es indiscutible[68].

Son probablemente las problemáticas y a menudo contradictorias fuentes disponibles las que han impedido hasta ahora que la investigación historiográfica haya podido ofrecer una imagen convincente de la reconcentración en el este de la isla. Mientras Raúl Izquierdo Canosa sitúa por ejemplo a Bayamo entre las «jurisdicciones más afectadas», Ludín Fonseca García cree que la ciudad era difícil de abastecer, por lo que allí se renunció casi por completo a implementar la reconcentración. En aplicación de los requisitos exigidos en una orden del 30 de enero de 1897, solo a comienzos de febrero hubo unas 113 personas que abandonaron Bayamo en dirección a Veguita y Manzanillo, ya que no tenían ni oficio ni casa construida. Discrepancias como estas se dan también respecto al número de víctimas. En el caso de Oriente, Fonseca García explica en su estudio que la reconcentración únicamente causó víctimas mortales en las jurisdicciones de Santiago de Cuba, Guantánamo y Manzanillo, mientras Izquierdo Canosa, de un modo un tanto simplista, extrapola el número de víctimas basándose en el censo estadounidense, y concluye que fueron por lo menos 21 500[69]. Francisco Pérez Guzmán, por su parte, ha estimado las siguientes mortalidades —que no atribuye exclusivamente a los efectos de la reconcentración— utilizando los datos de los anuarios estadísticos para la provincia de Santiago de Cuba: 3324 en 1894, 6523 en 1895, 9894 en 1896 y 9971 en 1897. Dado que no se conservan las estimaciones —hechas por el gobernador civil Capriles— de los números de víctimas, el camino hacia datos más exactos pasa por los archivos provinciales y el análisis de las partidas de defunción de las distintas ciudades y jurisdicciones. Sin embargo, en agosto de 1897, un informe interno cuantificó el número de necesitados de la provincia, situándose a la cabeza Santiago de Cuba con 1500 y Guantánamo con 1000, seguidas de Manzanillo con 312 y Holguín y Palma Soriano con 200. En el caso de Puerto Padre, el número era «exiguo»[70].

Es posible que los informes de Santiago de Cuba no sean muy útiles desde el punto de vista cuantitativo; conducen en cambio, a valiosas conclusiones cualitativas. Vistos a posteriori, los comienzos de la reconcentración en Oriente muestran, por ejemplo, cómo la pobreza fue afectando poco a poco a todos los estratos sociales. Mientras se prolongaba la guerra, el «carácter de clase» de la reconcentración prácticamente dejó de tener sentido, ya que la medida acabó «determinando un estado general de penuria que […] invadi[ó] todos los elementos de la riqueza pública». Según Capriles, la malaria tampoco respetó a los sectores acomodados de la población. Las autoridades determinaron que los problemas generales eran «la falta de trabajo» y «la falta de alimentos». La población rural, desarraigada y recluida en ciudades y pueblos, no podía asegurar su subsistencia, mientras las autoridades carecían de los medios para suministrar las raciones de comida que se necesitaban. Entre la debilitada población hubo numerosas víctimas de la viruela, el beriberi —una dolencia causada por la falta de tiamina debida a una alimentación insuficiente— y la malaria. Lo que las autoridades santiagueras retrataron como una situación de emergencia generalizada fue instrumentalizado más tarde por Weyler pro domo sua, achacando falta de higiene a la población rural. Según aquella lectura de los hechos, los campesinos eran, si no enteramente culpables, sí al menos corresponsables del desastre y las epidemias en los puntos de reconcentración[71]. En Santiago de Cuba, las cocinas económicas subvencionadas mediante impuestos especiales repartieron a los más pobres, ya desde marzo de 1897, hasta 1500 comidas diarias. Estas consideraciones sobre el impacto de la guerra y la reconcentración en la población civil de Santiago de Cuba confirman la constatación de los capítulos anteriores de que el bando de reconcentración del 16 de febrero de 1896 para Sancti Spíritus, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba no puede ser ignorado.

El 4 de diciembre de 1897 Capriles, el gobernador civil, recibió desde La Habana la noticia del intendente de que a la provincia no se le concedían ayudas económicas «por no haberse dispuesto oficialmente reconcentración en ella». No es por tanto casual —ni se debe a una conservación defectuosa de la documentación— que ninguno de los escritos de Blanco relativos al reparto del crédito especial tuviera a Capriles como destinatario. Pocos días después, sin embargo, el intendente le solicitó que le comunicara el número de internados, así como el importe mensual que necesitaba. Para poder repartir una comida diaria a los aproximadamente 600 reconcentrados necesitados de Santiago de Cuba, Capriles precisaba 1170 pesos mensuales, que Blanco le concedió el 7 de diciembre para el mes en curso. Resultó que la aprobación del capitán general no garantizó en absoluto la rápida tramitación de la solicitud del crédito, puesto que las autoridades de Santiago de Cuba no dispusieron del importe hasta comienzos de enero de 1898.

Es esencial abordar la cuestión de la importancia otorgada por las autoridades coloniales españolas a la reubicación forzosa ordenada por Weyler —nada menos que en dos ocasiones— para el este de la isla. Obviamente, las acciones militares en Oriente, que a menudo se limitaban a la escolta de convoyes y a pequeñas maniobras, no alcanzaban la intensidad de las llevadas a cabo en las provincias occidentales. De ahí que el internamiento no se implementara tan sistemáticamente como por ejemplo en Pinar del Río[72]. ¿Pero cómo se explica que la Administración colonial en La Habana dejara intencionadamente de lado las reubicaciones forzosas en el este de la isla, como si las órdenes de Weyler no fueran más que puro desvarío? Tampoco Capriles entendió los argumentos de la capital. A comienzos de enero de 1898, La Vanguardia informó de su partida, tras unas pocas semanas en el cargo de gobernador civil, asumiendo sus funciones de forma interina el jefe militar de Santiago Francisco Oliveros. Pero es significativo que la razón de la dimisión de Capriles no fuera la objeción moral al abandono de su provincia por parte de la central en La Habana, sino la negativa de Blanco a aceptar a su cuñado como alcalde de Guantánamo. Pocos días después del cese de Capriles, una delegación de Santiago de Cuba se desplazó a La Habana y presionó con éxito para lograr su vuelta, que tuvo lugar a mediados de enero. Los intereses personales, el clientelismo y la corrupción seguían prevaleciendo sobre el destino de los reconcentrados.

Con todo, Capriles envió a Blanco un escrito muy claro en el que le comunicó que era «indudable, que las exageradas restricciones impuestas por el bando de reconcentración dictado en 16 de Febrero de 1896, y hecho extensivo a [aquella] provincia en 16 del mismo mes del año siguiente, [habían] crea[do] una situación insostenible tanto para los moradores de los campos como para los habitantes de las poblaciones». Desde finales de diciembre de 1897, las autoridades civiles santiagueras intentaron repetidamente conseguir medios económicos y contingentes de víveres para la provincia. La correspondencia y los encarecidos ruegos muestran que la primera negativa por parte de la Administración no fue en absoluto producto del despiste. De hecho, la indiferencia hacia el este de la isla, «turbulento» y atrasado, encaja perfectamente en la imagen general que se han hecho los investigadores de la dominación colonial española en Cuba durante el siglo XIX. Mientras el boom azucarero transformaba socioeconómicamente la parte occidental de la isla desde finales del siglo XVIII, el este se aferró a las estructuras feudales y sufrió durante mucho tiempo los efectos de la Guerra de los Diez Años[73]. Además, la reducción del apoyo a su mínima expresión subraya el empeño del gobierno liberal de Madrid de hacer «mucho bien sin grandes sacrificios». Poco a poco, sin embargo, las informaciones provenientes de Santiago de Cuba fueron calando en las conciencias de los representantes del gobierno autónomo de La Habana.

Ya a finales de diciembre de 1897, Enrique Madrona informó de la difícil situación de Manzanillo, ciudad de la que era alcalde, aunque el escrito no llegó a manos de Blanco hasta mediados de enero de 1898. Como ya se ha visto, el comandante de división de Manzanillo había llevado adelante la reconcentración desde el primer momento, de modo que la ciudad se convirtió en el punto central al que debía dirigirse la población del interior. Además, en el otoño de 1897, la intensificación de los esfuerzos bélicos bajo el mando de Weyler había causado nuevas migraciones y huidas. En agosto estaban registrados tan solo 312 necesitados, pero a finales de año, Madrona informó: «[L]a reconcentración aumenta progresivamente considerándose hoy en dos mil los reconcentrados y necesitados que carecen de todo recurso». Aquellas personas eran abastecidas «con gran dificultad» gracias a las cocinas económicas financiadas con fondos privados, mientras escaseaban los medicamentos y el personal sanitario[74].

El 5 de enero, Oliveros informó desde la capital provincial de que las juntas protectoras estaban cumpliendo con su deber y las cocinas económicas abastecían a los internados gracias a los donativos y créditos privados. Mientras tanto, las autoridades habían puesto en marcha un padrón de reconcentrados de la jurisdicción. Los internados registrados en Santiago de Cuba eran 2080, 780 hombres, «la mayor parte niños y ancianos», y 1300 mujeres. La situación empeoró sensiblemente en cuestión de semanas. En un mes, el número de internados se disparó hasta los 2917, 1017 hombres y 1900 mujeres.

Hasta hoy, los investigadores apenas han tenido en cuenta la dinámica de los movimientos migratorios, que en los casos de Manzanillo y Santiago de Cuba se pueden reconstruir a pequeña escala. El apartado sobre Matanzas se ocupará con más detalle del desarrollo y cambio de las corrientes migratorias hacia los centros, así como del éxodo de las ciudades[75].

Según Capriles, la apertura de los poblados fortificados a mediados de noviembre de 1897 mejoró sensiblemente la vida de la población rural reubicada: «La de unos, los que tienen ocupación en los campos, porque contarán en breve con medios propios de subsistencia y la de otros, los que aún viven en las poblaciones, porque si no en gran abundancia, tienen el alimento diario, las medicinas que por orden de este Gobierno sufraga el Municipio y todos aquellos cuidados que permiten dispensarles los limitados recursos». Sin embargo, las arcas vacías limitaban enormemente los esfuerzos de las juntas protectoras. Fue sobre todo el traspaso del suministro de alimentos de las autoridades militares a las civiles, en diciembre de 1897, el que causó en Santiago de Cuba una sensible merma de las aportaciones. Un comité patriótico adelantó los recursos que faltaban. A comienzos de enero del año siguiente, Oliveros envió un telegrama: «Suplico Vuecencia envío urgente mil ciento setenta pesos concedidos siete Diciembre para concentrados pues se adeuda ya la mitad esa suma y cocina económica se niega a seguir facilitando raciones». Un mes más tarde, el 8 de febrero, llegó a la capital otra llamada de socorro desde Santiago de Cuba en la que Capriles se quejaba: «No he recibido [ayuda] alguna para auxilios a los reconcentrados»[76]. Aquellas graves dificultades en el abastecimiento de la población rural internada se debían al mal funcionamiento de la burocracia española, no al descontento de Blanco. El 15 de febrero fue el Consejo de Secretarios de Cuba el que concedió otro crédito especial para el abastecimiento de los reconcentrados, esta vez por un importe de más de 50 000 pesos. Por fin se ingresó en las arcas santiagueras una suma considerable, a saber, 12 500 pesos. Las autoridades pudieron disponer del dinero a comienzos de marzo[77].

Sobre «verdaderos» y «falsos» reconcentrados: Puerto Príncipe

Sobre «verdaderos» y «falsos» reconcentrados: Puerto Príncipe

Desde Puerto Príncipe, el gobernador civil Rafael Vasallo Rosado informó el 9 de diciembre de 1897 de que en la ciudad no había reconcentrados en sentido estricto: «No existen en esta ciudad reconcentrados por causa de las medidas de reconcentración dictadas, o por haber sido conducidos a la ciudad desde el campo enemigo por las fuerzas en operaciones»; sin embargo, la ciudad estaba repleta de familias que en tiempos de paz habían vivido de la ganadería y de la agricultura. Hasta aquel momento, ningún gobernador civil había hecho nada parecido a aquella distinción entre reconcentrados «verdaderos» y refugiados de guerra, la cual resulta interesante en la medida en que permite conocer la percepción que se tenía de las migraciones. En efecto, y según el relato de Vasallo, redactado en el mejor de los lenguajes administrativos, la situación de los inmigrantes, que habían llevado consigo a la ciudad muchas penas y privaciones, se podía calificar de «residencia forzosa» por causa de la guerra y colocaba a la ciudad en una «situación altamente desfavorable para el interés general y desde luego entorpecedora para el desarrollo de los propósitos de concordia y finalidad de paz que se persiguen». En vista de la mortandad en la ciudad, Vasallo no tardó mucho en abandonar su estilo y en constatar que tan solo en Puerto Príncipe había unas 2000 familias recluidas «cuyas necesidades [eran] imponderables» y que necesitaban ayuda con urgencia. A finales de año, el hambre en las ciudades y la flexibilización de la reconcentración provocaron un «éxodo al campo de familias». De vuelta en su entorno habitual —habiendo dejado atrás el desarraigo causado por la reubicación—, la población rural parecía estar en condiciones de poder cubrir sus necesidades básicas. Vasallo continuaba informando de que, en cumplimiento de las órdenes dictadas por Blanco, se había constituido la junta protectora, que había decidido solicitar un crédito especial por un importe de 15 000 pesos[78].

Durante la guerra, la destrucción de las pequeñas localidades como Cascorro, Sibanicú, San Jerónimo, San Miguel, Guáimaro o Las Yeguas provocó la llegada descontrolada de refugiados a Puerto Príncipe. Acto seguido, el alcalde y los sacerdotes empezaron a confeccionar «relaciones de las personas reconcentradas y vecinos pobres». Las autoridades civiles de Puerto Príncipe intentaban cumplir todos los requisitos exigidos por Blanco para poder gozar del crédito especial. En un telegrama de mediados de diciembre —cuyo asunto rezaba: «Reiterando el pedido de 15 000 pesos con destino a los reconcentrados»—, Vasallo volvió a señalar la difícil situación de los «residentes forzosos», explicando que se debía a «la escasez de recursos de mucha parte del vecindario de esta capital, la gran miseria que existe en las clases trabajadoras originada por las circunstancias en que se encuentra el país en general». El apoyo económico era tanto más urgente cuanto que el jefe militar de Puerto Príncipe, el coronel Ulpiano Sánchez Echevarría, ya había suspendido el suministro de víveres remitiéndose al crédito especial[79].

A mediados de diciembre, Vasallo recibió de La Habana una respuesta de Blanco que lo bajó de las nubes: «Habiéndose dictado el decreto fecha 23 de noviembre, con el único y exclusivo objeto de mejorar la condición de los reconcentrados, y no habiendo existido realmente concentración en esa Provincia de su digno gobierno, no es posible distraer parte alguna del crédito concedido con aquel especial propósito, al remedio de otras necesidades por urgentes que estas sean»[80]. La distinción entre reconcentrados «verdaderos» y «falsos» acabó provocando un grave fracaso de Vasallo en la lucha por los escasos recursos. La argumentación del capitán general recuerda mucho la actitud de las autoridades de Madrid que en 1896 habían rechazado la solicitud de Martínez Campos de un crédito especial para los civiles víctimas de la guerra. De hecho, la decisión desfavorable de Blanco confirma la impresión de que no era el remedio de la miseria general de la población civil la que estaba en el centro de sus esfuerzos. En realidad, de lo que se trataba era sobre todo de los reconcentrados demacrados de las provincias occidentales, cuyas imágenes mantenían a medio mundo en estado de conmoción.

¿Pero cómo distinguir entre migración «espontánea» y reubicación forzosa? Puerto Príncipe estaba entre las provincias para las que Weyler había ordenado la reconcentración al poco tiempo de llegar a la isla y de nuevo un año después, el 27 de mayo de 1897. Aun así, en la primera convocatoria de créditos, ni Vasallo ni Enrique Capriles y Osuna, el gobernador civil de Santiago de Cuba, recibieron ni un peso para el abastecimiento de los internados. En aquel contexto, las palabras de Blanco a Vasallo, que posiblemente fueran de ánimo, parecen ya casi cínicas: «A su reconocido celo encargo que trate de remediar en lo posible la situación que V. retrata en su oficio, mientras este Gobierno general no adopte alguna medida con ese objeto»[81]. Sin embargo, el celo no podía dar mucho de sí con las arcas vacías. El día antes, Vasallo había señalado que, dado «el estado general de necesidad del vecindario», no eran previsibles más donativos privados.

El 23 de diciembre de 1897, la Intendencia General de Hacienda de La Habana llevó a cabo el segundo reparto del crédito especial entre las distintas provincias. A Santa Clara le correspondieron de nuevo 15 000 pesos. La Habana y Matanzas también recibieron el mismo importe que a finales de noviembre, a saber, 12 500 y 10 000 pesos respectivamente. En cambio, Pinar del Río tuvo que conformarse con menos, es decir, con 11 330 pesos[82], ya que se habían puesto a disposición de Capriles, en Santiago de Cuba, exactamente 1170 pesos. De modo que a finales de diciembre se habían concedido 50 000 pesos, con lo que el crédito especial estaba repartido y agotado, al menos sobre el papel. Una vez más, Puerto Príncipe se fue de vacío. Pero Vasallo no cejó en su empeño de solicitar apoyo, de modo que el 4 de enero de 1898 volvió a informar de la situación de los internados en su provincia. Aunque seguía sin haber datos exactos sobre aquellos individuos, Vasallo no dudaba de que «se hac[ía]n necesarios los recursos para los mismos». En aquella ocasión argumentó sobre la base de «documentos oficiales que exist[ía]n en [aquel] gobierno». Le escribió a Blanco que era perfectamente consciente de que «no se ha[bía] establecido en [aquella] provincia la reconcentración en la forma severa con que se [había establecido] en las provincias occidentales», aunque existían «infinidad de personas» que, tras la destrucción de sus propiedades y de las pequeñas localidades, ya solo podían buscar refugio en lugares fortificados, donde «permanec[ía]n en la indigencia más evidente, porque ha[bía]n perdido sus intereses por completo y no p[odía]n por las circunstancias de la guerra, volver a ocuparse en sus antiguos trabajos». De modo que se podía decir, según Vasallo, que la mayor parte de la población rural, «tan abundosa en [aquella] provincia», se había quedado «encerrada en la ciudad»[83].

Vasallo intentó apuntalar sus argumentos con una serie de listas que como mucho, representaban una estimación muy inexacta del número de internados. Sin embargo, de las exposiciones provisionales se deducía claramente que la población dispersa por innumerables fincas se había dirigido, buscando protección o deportada, a los pocos centros urbanos que había. No es pues sorprendente que fuera precisamente en la jurisdicción de Morón, a lo largo de la línea fortificada hacia Júcaro, donde se registraran más de 1197 internados[84]. El Ejército Libertador controlaba las zonas rurales hasta el punto de que, en enero de 1898, seguía siendo prácticamente imposible que los internados pudieran regresar seguros a sus propiedades, además de que la comunicación con Morón, Ciego de Ávila, Santa Cruz del Sur y muy especialmente las localidades periféricas como Punta Alegre era extremadamente difícil. Respecto de estas últimas, Vasallo informó: «Viven casi aisladas de este Gobierno Civil, que solo con grandes esfuerzos consigue establecer una relativa normalización entre las relaciones que deben sostenerse para la buena marcha de los asuntos públicos»[85]. Aun así, que Vasallo aludiera a un «éxodo al campo de familias» muestra que muchos preferían la inseguridad de las zonas rurales a las epidemias y la hambruna en los centros; por otra parte, el escrito de Vasallo ofrece un indicio más de la dinámica, inherente a la reconcentración, de la migración interna: cuanto más intensos eran los enfrentamientos, más crecía el número de personas que huían a los centros. De hecho, con la disminución de las hostilidades se podía constatar el regreso a las zonas rurales.

Unas cuantas semanas después, Vasallo dejó constancia de que «[e]l solo anuncio de operaciones activas en [aquella] provincia, ha[bía] iniciado ya la presentación de gran [número] de mujeres y niños en [aquella] capital». De hecho, el gobernador civil contaba con que, en febrero de 1898, la intensificación de las acciones militares en la provincia obligaría a muchas familias —entre 8000 y 10 000— a huir a los centros fortificados. A Blanco le hizo saber: «Para evitar, mi General, que incurriéramos en los horrores de la reconcentración del Gral. Weyler, es de todo punto necesario que me remita V. gran [número] de raciones y algún dinero, que pondré a disposición de la Junta protectora de reconcentrados». Para Vasallo, la clave de una rápida pacificación era una combinación de medidas políticas y militares. Curiosamente, sus recomendaciones se parecían mucho a los métodos anteriormente empleados por Weyler en la lucha contra las guerrillas, aunque con una diferencia decisiva: Vasallo entendía que había que prever suficientes raciones de comida y medios económicos para el abastecimiento de los «refugiados de guerra». Es significativo que, una vez más, fuera un gobernador civil quien señalara la importancia central de la población en la guerra contrainsurreccional. La experiencia le había demostrado a Vasallo que un control militar efectivo era impensable sin el control de la población civil[86].

El memorando de Vasallo del 15 de febrero de 1898 estaba bien documentado. En el anexo del escrito adjuntó un cuadro con datos sobre el número de internados necesitados en las distintas jurisdicciones de la provincia, de los que se deduce que la mayor parte eran niños sin medios (ver cuadro 2). En la carta que acompañaba al memorando, Vasallo volvió a referirse al dilema de los «verdaderos reconcentrados», y buscando una salida expuso: «Los Bandos de reconcentración dictados no se han aplicado rigurosamente en los términos municipales de Puerto Príncipe y Nuevitas, por razones que no puede explicar este Gobierno Civil porque no le competía su aplicación»[87]. Sin embargo, y siempre según Vasallo, la reubicación forzosa se había aplicado de un modo extremadamente activo en Santa Cruz, Morón y Ciego de Ávila, y las zonas cercanas a la trocha, como Júcaro y San Fernando, habían sido «limpiadas» por los militares con especial intensidad: «Cabe presumir que se haya efectuado la reconcentración en la forma establecida por los Bandos que la decretaron». Con independencia de aquellas diferencias regionales, Vasallo entendía que los refugiados sin medios que llegaban a Puerto Príncipe provenientes de los pueblos arrasados por la guerra también debían ser considerados «verdaderos» reconcentrados: «Este número de personas constituyen real y efectivamente un contingente de verdaderos reconcentrados que son víctimas de las mismas miserias y dificultades que han sufrido los que se han reconcentrado por las disposiciones de los Bandos dictados para dicho objeto». Mientras las corrientes migratorias inducidas por la guerra se entreveraban de manera inseparable con la reubicación forzosa y la deportación, hasta el punto de que todos los caminos confluían en la misma situación de precariedad que se vivía en los centros, Vasallo peleaba ante la Administración en La Habana por una percepción matizada de la guerra y la reconcentración como fenómenos extremadamente complejos y polifacéticos.

Al contrario de lo que hacían los gobernadores de las demás provincias, Vasallo apenas se preocupaba por las enfermedades infecciosas y su rápida propagación. En relación a esto, a mediados de febrero de 1898 consideraba incluso que la situación de la provincia era positiva: «Por fortuna el estado general de higiene y salud de la población reconcentrada no es objeto de preocupación para este Gobierno Civil». De todos modos, no conocía con exactitud la tasa de mortalidad. Donde sí detectaba problemas era en la precaria situación alimentaria y la falta de ingresos de los reconcentrados: «Todos ellos exhiben el agotamiento físico pronunciado que revela el doloroso e irremediable testimonio de la miseria que debilita su organismo». Según el gobernador civil, era aquel estado el que explicaba la mortandad, la cual, «nunca e[ra] tanta gracias a las inmejorables condiciones [climáticas] de la región camagüeyana, como acaso [habría sido] en otras circunstancias». Para salir de aquel desastre humano se necesitaban, aparte del apoyo económico directo, una «zona de cultivo bastante extensa» con la que poder dar empleo a los numerosos jornaleros, así como obras públicas que abrieran nuevas perspectivas a la población. En cambio, Vasallo todavía no sabía muy bien qué hacer con el gran número de niños, que representaban prácticamente las dos terceras partes de la población civil internada, aunque sí dejó claro que había que «arrancarlos al vicio» para convertirlos en personas «dignas y útiles para la sociedad en que viv[ía]n»[88].

Era notorio que las arcas de los gobiernos civiles estaban vacías, y Puerto Príncipe no era más que un trágico ejemplo de ello. Poco podían hacer las juntas protectoras allí donde ni siquiera había medios para «las atenciones y servicios municipales». Además, a finales de 1897 y comienzos de 1898, la miseria social ya afectaba a las clases media y alta, con lo cual menguaron mucho las posibilidades de que los reconcentrados pudieran ser apoyados con donativos privados. Vasallo lo vio claramente: «La caridad del vecindario, ya muy agotada, es hoy absolutamente estéril». A mediados de febrero de 1898, sus críticas arreciaron al concluir que las órdenes dictadas por Blanco en noviembre de 1897 «con el fin humanitario y generoso» de mejorar la situación de los internados eran sencillamente imposibles de implementar. Para ello faltaban por una parte, los medios económicos y por otra, había «otras causas» que impedían lanzar las nuevas políticas que Vasallo no precisó. Seguramente, entre aquellas fatales «otras causas» se encontraban los conflictos entre los gobiernos militar y civil, así como la imagen distorsionada que de la reconcentración tenía el ejecutivo en La Habana, que destinaba el crédito especial únicamente a la parte occidental de la isla[89]. Las solicitudes de apoyo de Vasallo no tuvieron éxito hasta el 2 de marzo. Del crédito adicional de 50 000 pesos autorizado el 15 de febrero, 10 000 fueron adjudicados a Puerto Príncipe. Como ya se ha indicado, era la primera vez que Santiago de Cuba podía disponer de un importe relevante. La Habana, Matanzas y Santa Clara recibieron 7000 pesos cada una, mientras el gobierno provincial de Pinar del Río recibió 6500.

En la línea de fuego: Santa Clara

En la línea de fuego: Santa Clara

Tú has tenido una suerte gigantesca de no encontrarte en la Isla de Cuba, porque por mucho que se hable y se diga es muy poco eso de ver todos los días la mortandad y en 5 o 6 meses llenar el cementerio, el de adelante y el de atrás, siendo este último más grande, luego el viejo, donde está enterrado mi padre, hace 6 meses que se hizo otro de alambre y ya está por la mitad. En nueve meses se enterraron como 9 mil personas, hubo mes que todos los días eran 60 a 70 diarias, tres [cuartas] partes de ellas de hambre; de tifus y viruelas han muerto también muchas: todavía hoy no baja el número de defunciones de 20 a 25[90].

A comienzos de enero de 1898, Vicente P. Abreu se dirigió en estos términos a Marta Abreu, que se encontraba en el exilio. Le escribía desde Santa Clara, que durante la guerra fue «una de las ciudades más necesitadas»[91]. La cita, sacada de su correspondencia privada, ilustra la aplastante presencia de la muerte en la ciudad. Según los primeros datos de Marcos García Castro, el gobernador civil, unas 140 000 personas habían sido recluidas en la provincia como consecuencia de las órdenes de reubicación. Tan solo en 1897 murieron 52 997[92]. Al tomar posesión de su cargo, García, que entendía que su misión consistía en «salva[r] los reconcentrados del exterminio a que habían sido condenados», se quejó de que las autoridades locales se limitaran a recoger los restos mortales y no hicieran nada más para paliar la situación de emergencia, siendo así que los reconcentrados morían de hambre «en medio de la criminal indiferencia de autoridades locales»[93].

Recientemente, la provincia, situada en el centro de la isla —separando las partes oriental y occidental—, ha vuelto a suscitar la atención de los investigadores[94], que se fijan por una parte, en su creciente importancia económica a partir de la década de 1850, y por otra, en su relevancia estratégica durante la guerra, como trampolín hacia La Habana. El control de Santa Clara podía determinar el éxito o el fracaso de la revolución, por lo que no es sorprendente que la parte oriental de la provincia fuera, prácticamente desde el comienzo de la guerra, el escenario de hostilidades permanentes[95]. En el transcurso del conflicto —y sobre todo en 1897—, Santa Clara se convirtió en un frente en el que tuvieron lugar acciones militares de alta intensidad, con el oeste dominado de nuevo por las tropas españolas y el este —con excepción de las ciudades más grandes— por los revolucionarios. Se podría decir, en términos metafóricos, que Santa Clara se situaba entre los frentes, lo cual repercutió con especial dureza en la población rural de la provincia[96]. Las ciudades —como Santa Clara, Vueltas, San Diego o Sancti Spíritus— se vieron por completo desbordadas por la dimensión de las oleadas de refugiados y las corrientes migratorias en dirección a los centros urbanos (véase para el número de fallecidos el cuadro 3).[97]

Al comienzo de su mandato, García tuvo que hacer frente a crecientes dificultades organizativas[98], que por momentos provocaron importantes faltas de alimentos. Partió erróneamente de la suposición de que los internados necesitados estaban efectivamente siendo alimentados de acuerdo con las órdenes de Blanco —es decir, con víveres almacenados por el Ejército—, de manera que invirtió prácticamente los primeros 15 000 pesos del crédito especial «en auxilio de hospitales de la provincia», algo sin duda urgente, dado que todas las jurisdicciones enviaban a los enfermos a los hospitales de los centros y no se hacían cargo de su manutención[99]. Sin embargo, no quedaba dinero suficiente para el abastecimiento de los internados. A menudo eran también los obstáculos burocráticos puestos por la Intendencia General de Hacienda los que dificultaban su trabajo. A finales de diciembre de 1897, García solicitó entre 1000 y 2000 pesos para la construcción de bohíos y barracas destinados a los reconcentrados en la capital provincial, remitiéndose de forma inequívoca a la mortalidad prevista para enero de 1898. Como consecuencia, Blanco autorizó los desembolsos para las obras y, aquel mismo día, dio vía libre a García para disponer del crédito especial[100]. Para hacer más transparente la gestión, García publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Clara el baremo para el reparto de los fondos del crédito especial. Los datos dados a conocer son un ejemplo ilustrativo de lo pequeños que acababan siendo los importes asignados. Las localidades que recibieron las cantidades más elevadas, en función de los reconcentrados registrados, fueron Santa Clara (1440 pesos), Calabazar (1591 pesos), Santo Domingo (1215 pesos) y Sancti Spíritus (1125 pesos), mientras Abreus, por ejemplo, recibió poquísimo, solo 160 pesos[101]. Habrá que preguntarse qué servicios podían prestar las jurisdicciones y municipios con importes tan pequeños. ¿La concentración de las inversiones en las zonas más críticas habría mejorado la situación de forma más duradera?

Esta pregunta se impone porque, en muchas jurisdicciones, la tasa de mortalidad disminuyó considerablemente antes incluso de que el dinero del crédito especial llegara a la provincia. En Santo Domingo, por ejemplo, el retroceso de la mortalidad fue notable entre octubre (315 casos) y noviembre (179 casos) de 1897[102]. En cambio, en la capital provincial, Santa Clara, subió de forma continuada durante prácticamente todos los meses del año 1897, con excepción de diciembre, cuando se pudo observar una estabilización e incluso un ligero cambio de tendencia. En otras jurisdicciones sucedió algo parecido. Aunque los datos son tan incompletos que apenas permiten un análisis detallado, parece obvio que la flexibilización de la reconcentración en noviembre —y sobre todo la apertura de las ciudades— llevó a una cierta mejoría de la situación en los centros de la provincia, como se confirmó durante los meses siguientes, entre enero y abril de 1898. La mortalidad no volvió a aumentar de forma considerable hasta el bloqueo de la Marina de los Estados Unidos, que impactó negativamente en la situación del abastecimiento.

El retroceso constante de la mortalidad hasta el primer cuatrimestre del año 1898 no se debió únicamente al crédito especial. Lo que sucedió fue que el Gobierno Civil logró crear poco a poco un nuevo clima de solidaridad. Los esfuerzos de García por quebrar la indiferencia de las autoridades locales hacia los reconcentrados empezaron a dar sus frutos coincidiendo con el debilitamiento de las epidemias. Hasta finales de diciembre de 1897, el gobernador civil visitó prácticamente todas las jurisdicciones de la provincia, llevó a cabo una campaña de persuasión, sensibilizó a la población sobre la situación de emergencia en que se hallaban los internados y destituyó a alcaldes corruptos, que eran, en buena medida, cómplices de la represión. Fue así como consiguió sacar de su letargo la conciencia de jurisdicciones enteras[103].

De ahí que para los contemporáneos como Francisco de Paula Machado Alfonso, el mes de noviembre de 1897 marcara el comienzo de una nueva época. Según Machado, la sociedad civil, que hasta aquel momento se había mostrado apática ante las penas de los internados, se movilizó cuando las más altas autoridades apelaron a sus sentimientos. Aquella nueva disposición política reactivó los proyectos de ayuda humanitaria que ya existían. En mayo de 1897 se crearon las primeras juntas protectoras en Sagua la Grande por iniciativa del jefe militar Antonio Jaime y Ramírez, quien entre otras cosas, invitó a los ganaderos de la región a que abastecieran de leche a los niños enfermos de la localidad. El 6 de julio inició sus actividades una junta protectora que ya contaba con más apoyos. Sin embargo, de acuerdo con el relato de Machado, las medidas de ayuda no empezaron a cuajar hasta la toma de posesión de García y el traspaso de la alcaldía de Sagua la Grande de Emilio Noriega y Gómez a Carlos Alfert y Leiva[104].

A partir del 2 de diciembre, Machado trabajó como concejal bajo las órdenes de Alfert, tras cuya emigración, el 20 de enero de 1898, se hizo cargo de la alcaldía, primero de forma interina y después como titular. En sus memorias, Machado puso el acento en sus propios logros y los de los «primeros ángeles de la piedad», en referencia sobre todo a su mujer. Además, no consideró necesario informar de las instrucciones del capitán general o de los representantes de las juntas protectoras oficiales. La lectura de sus memorias sugiere, entre otras cosas, que las cocinas económicas, por ejemplo, se debieron únicamente a la iniciativa de las autoridades sagüeras. En cuanto a la financiación, Machado da a entender que se sostenía exclusivamente en las colectas de Alfert. Los 800 pesos del primer crédito oficial concedido a Santa Clara que se ingresaron en las arcas de Sagua la Grande ni se mencionan. Sin embargo, y pese a su tendenciosidad, el testimonio de Machado permite conocer la interesante coyuntura de ayudas y donativos a finales de 1897 y comienzos de 1898 en Sagua la Grande, que el 7 de enero, con la visita de Blanco, experimentó un impulso especial, incluido un pequeño donativo.

La solidaridad con los más débiles de la sociedad, que creció tímidamente tras el cese de Weyler, está documentada más allá de Sagua la Grande y la provincia de Santa Clara. Poco a poco, los internados sin medios dejaron de ser vistos simplemente como el «enemigo más o menos encubierto», tanto por parte de las autoridades civiles como por parte de los habitantes acomodados de las ciudades[105]. Aquel cambio se manifestó especialmente en que los donativos ya no se recogían solo para las Fuerzas Armadas españolas y las unidades de voluntarios. A finales de diciembre de 1897, Francisco de Armas y Céspedes pudo informar desde Matanzas de que una colecta había dado un excelente resultado «en el suministro de efectos y aun de dinero»[106]. Los representantes de las juntas protectoras también organizaron corridas patrióticas, habituales en la metrópoli, en apoyo a los internados. En otros lugares se montaron representaciones teatrales «a beneficio de los reconcentrados». Los propietarios de plantaciones empezaron a donar dinero mensualmente para los braceros internados en sus propiedades. Sin embargo, llama la atención que la mayor parte de las iniciativas nacieran en el entorno de alcaldes y gobernadores provinciales. En cambio, no se conservan testimonios de donativos significativos a favor de los reconcentrados realizados por la élite colonial, los poderosos clanes azucareros y comerciales, como los Samá o los López y López. Aun así, el 1 de enero de 1898, García pudo informar de que, a pesar de la desalentadora situación, la «caridad pública que parecía adormecida» se había recuperado. Pero también había voces críticas. En muchos lugares por ejemplo, se culpó a los reconcentrados de negarse a trabajar mientras se dejaban abastecer a costa del común de las gentes[107].

El 1 de enero de 1898 García pudo atender la petición de Blanco y enviarle a La Habana un memorando detallado sobre la situación de los internados. La minuciosa y exhaustiva documentación, que contiene datos precisos sobre la reconcentración y sus efectos, es un indicio de que las víctimas civiles de la guerra en Santa Clara ya eran registradas antes del mandato de García. Eso, al menos, es lo que se deduce de los detallados estadillos estadísticos que García envió al capitán general en el anexo de su escrito y en los que se recoge por extenso la mortalidad en las distintas jurisdicciones durante el año 1897 (véase cuadro 3). Se adjuntaban también datos de los años 1894 y 1896, con lo cual era posible realizar comparaciones con los tiempos de paz y entre los años inmediatamente anterior y posterior al bando de reconcentración para toda la provincia, dictado el 30 de enero de 1897. Si se reconstruye mes a mes la dinámica de la mortalidad durante el año 1897[108] se constata que el número de fallecidos es algo menor que en informaciones anteriores. Así, en un escrito del 28 de noviembre de 1897 se mencionan 52 997 víctimas, una cifra que recogen también los trabajos más recientes[109], mientras la relación del 1 de enero de 1898 arroja para todas las jurisdicciones un total de 48 098 muertes. Otras magnitudes que permiten realizar comparaciones se hallan en las memorias publicadas por García en 1899, cuyos datos para el año 1897 coinciden con los del cuadro 4, lo cual refuerza la verosimilitud de sus datos para 1898[110].

Las crisis alimentarias y la consiguiente hambruna afectaron prácticamente a todas las jurisdicciones de la provincia. Así, por ejemplo, la mortandad en la localidad de Santa Isabel de las Lajas, conocida por su clima sano y seco, se explica por el hecho de que, en diciembre de 1897, García tan solo dispuso de 60 000 raciones de comida diarias para los 140 000 reconcentrados de toda la provincia, con las que, según los datos del gobernador civil, debían ser abastecidos 39 237 viudas, huérfanos y hombres «completamente imposibilitados para trabajo». En el caso concreto de Lajas, las autoridades habrían necesitado unas 10 000 raciones semanales para los 1600 internados[111]. Si además se tiene en cuenta que la mitad de las 60 000 raciones no fue enviada a Santa Clara hasta la última semana del mes, la desesperada situación del aprovisionamiento en la provincia se hace más que evidente: «Aun racionando morirán por su estado el 50 por ciento de estos desgraciados, pero sin este socorro es seguro perecerán todos»[112]. Con las líneas ferroviarias interrumpidas, los convoyes de abastecimiento se veían forzados a desplazarse por caminos en mal estado, con lo cual tenían que realizar un gran esfuerzo para llegar a las cabeceras de las jurisdicciones. La superación de la situación de emergencia tuvo que hacerse con la segunda parte del crédito especial, que se libró el 23 de diciembre. Los 15 000 pesos se destinaron a cubrir los costes de las cocinas económicas, sin las cuales era imposible suministrar comidas diariamente y, según García, mejorar sustancialmente la situación. A finales de año, sin embargo, las arcas de las juntas protectoras locales quedaron de nuevo vacías y a expensas de los donativos privados.

El análisis de los datos de la gráfica 1 demuestra que la mortalidad en Santa Clara volvió a dispararse tras el cese de Weyler y a pesar de la flexibilización de la reconcentración decidida por Blanco. A lo largo del año 1897, cuando el grueso de las tropas españolas se desplazó en dirección este, hacia la línea Júcaro-Morón, fueron sobre todo los irregulares cubanos al servicio de los españoles los que, en la retaguardia, implementaron la reconcentración de forma inflexible. Tras el atentado contra Antonio Cánovas del Castillo, Weyler intensificó los esfuerzos bélicos en Santa Clara con el objetivo de «pacificar» a toda costa la isla antes de su cese. Además, el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta no consiguió formar gobierno en Madrid hasta octubre de 1897, de modo que Weyler dispuso de tiempo suficiente para organizar su marcha. Según John L. Tone, la destrucción de Santa Clara fue su «despedida de Cuba»[113].

García interpretó la chocante tasa de mortalidad de Santa Clara en el sentido de que, en el momento de la toma de posesión de Blanco, «era tal [el] estado de abatimiento» que reinaba entre los «infelices» internados, «[q]ue aun cuando hubieran sido más eficaces y oportunos los auxilios prestados […] tales progresos había hecho en ellos esa enfermedad del hambre que llaman [hidrohemia] que el 50 por ciento [estaría] condenado […] a una muerte segura». Incluso se atrevió a pronosticar que la isla no tardaría en despoblarse por completo si las provincias no recibían los considerables recursos que necesitaban. Tan solo para Santa Clara, García estimaba que serían imprescindibles 100 000 pesos durante los siguientes meses; en caso de no disponer del dinero, las consecuencias, según el gobernador civil, serían fatales: «Acaso estemos llamados a presenciar muy pronto la mortalidad más espantosa por el número —no por las circunstancias, que hasta horribles son las que presenciamos— de un pueblo digno de mejor suerte». Las explicaciones de García demuestran una vez más los efectos que sobre la población civil puede tener a medio plazo una estrategia militar llevada hasta sus últimas consecuencias; además, revelan la insuficiencia del crédito especial de 100 000 pesos previsto para toda la isla[114].

De lo que no informan las estadísticas confeccionadas por las autoridades civiles de Santa Clara es de las causas de los fallecimientos. Sin embargo, otras fuentes muestran que en la región de Sagua la Grande, por ejemplo, se registraron, en 1897 y 1898, numerosos casos de tifus y varias epidemias de viruela que desbordaron por completo la capacidad de los hospitales. En Sagua la Grande, las autoridades contabilizaron, entre el 1 de abril y el 30 de agosto de 1898, 634 casos de viruela. Al final, la epidemia, que duró hasta finales de julio, se cobró aproximadamente 213 víctimas. Unas 14 000 personas pudieron ser vacunadas con un suero. Aquella región ya había conocido epidemias de sarampión en 1896[115]. Con todo, los informes de García apenas contienen referencias a las epidemias, y las relativas a la situación sanitaria en los poblados fortificados son muy inconcretas; únicamente señalan que los enfermos de la ciudad están condenados a una «muerte segura». A veces, los problemas de higiene se debían a la negligencia de los militares, que apenas se esforzaban por eliminar correctamente —es decir, por enterrar— los restos de los animales sacrificados[116]. García señaló en varias ocasiones la necesidad de que los reconcentrados de la capital provincial contaran con nuevos bohíos y barracas construidos en las zonas de cultivo ampliadas, con el objeto de «alejarlos de [aquella] malsana atmósfera y de [aquellos] mal acondicionados lugares donde habita[ba]n». Los comentarios de García carecen de información más detallada sobre la precariedad de la vida y la falta de viviendas en la ciudad de Santa Clara.

Sin embargo, el hilo conductor de los memorandos y telegramas de García es precisamente el argumento del hambre. Para el gobernador civil, la combinación de guerra, destrucción y deportación era la que explicaba la falta de víveres y los problemas de abastecimiento que daban lugar a una alimentación incompleta, la cual, a su vez, causaba la debilidad y los síntomas carenciales que eran los que básicamente estaban detrás de la mortandad en Santa Clara. Esta constatación confirma el testimonio de Vicente P. Abreu citado al comienzo de este apartado, en el que se atribuye el 75 por ciento de las muertes al hambre y sus consecuencias. Esta conclusión se ve además reforzada por el hecho de que las autoridades militares solo podían o querían distribuir raciones de comida en cantidades insuficientes. Al final de su informe, García insistió en la veracidad de su relato: «Es la verdad aunque no tan desnuda como aparece ante los ojos de los que aquí vivimos»[117].

Hambre, extrapolaciones y corrientes migratorias: Matanzas

Hambre, extrapolaciones y corrientes migratorias: Matanzas

El aspecto de la otrora floreciente provincia de Matanzas, cuyos habitantes tenían un autoconcepto que no desmerecía del de los habaneros, cambió sustancialmente a partir de la «invasión» por parte del Ejército Libertador. Francisco de Armas y Céspedes, el gobernador civil, informó a Blanco de cómo la revolución «se arrojó sobre los fértiles campos de Matanzas […] llevándolo todo a sangre y fuego»[118]. En enero de 1898, el revolucionario y brigadier Fernando Freyre de Andrade describía en estos términos el estado de la región: «La provincia de Matanzas está exhausta y en ella la guerra ha devorado hombres y recursos más grandes que en todo el resto de la Isla»[119]. Los telegramas enviados por Armas a La Habana a finales de noviembre de 1897 ofrecen un testimonio expresivo de los efectos de la guerra. Así, una consulta fue contestada de esta guisa: «Estado reconcentrados horrible»; y al día siguiente, el gobernador civil comunicó las primeras cifras —todavía incompletas— relativas a la población recluida. Los reconcentrados de tan solo ocho de las 23 jurisdicciones llegaban a los casi 30 000 (véase cuadro 5). Partiendo de un memorando de Adolfo Porset, su predecesor en el cargo, Armas estimó que el número de personas internadas en toda la provincia ascendía a 88 083[120].

Armas utilizó los datos estadísticos del memorando de Porset —que no lo convencían, ya que, según él, habían sido reunidos «sin marcado carácter de autenticidad»— como referencia para las listas confeccionadas bajo su dirección. De hecho, también se sentía escéptico ante sus propias conclusiones, porque, en su opinión, había varios factores técnicos que ponían la credibilidad de la documentación en tela de juicio; concretamente, «el poco hábito de [aquellos] trabajos, la escasez de personal competente en las oficinas, y las consecuencias del cambio en las Administraciones Municipales no brinda[ba]n eficaces garantías para la adquisición de noticias fidedignas». A pesar de las mencionadas deficiencias de los datos cuantitativos es posible entrever interesantes tendencias. Según un memorando redactado aún durante el mandato de Porset, el total de los internados de la provincia ascendía, en «junio y julio» de 1897, a 87 544 personas; en aquellos dos meses fallecieron 2215 hombres y 1894 mujeres[121]. La borrosa alusión a los meses de «junio y julio» dificulta un manejo preciso de las cifras. Aun así, los datos permiten una interesante aproximación a la dinámica de las migraciones y al modo en que se implementó la reconcentración. Se puede deducir, por ejemplo, que durante los meses de lluvia hubo miles de civiles conducidos hasta las ciudades y pueblos fortificados de Matanzas, cuando no fueron ellos mismos los que acudieron allí empujados por la miseria. Como consecuencia, el número de internados creció hasta llegar, antes del 1 de noviembre de 1897, a las 99 312 personas. La comparación de estas cifras con algunos informes de finales del mismo mes de noviembre es reveladora. En efecto, en los informes se registraron, para toda la provincia, 61 746 reconcentrados —17 139 hombres, 20 398 mujeres y 24 209 niños—, aparte de 20 080 fallecimientos. Por tanto, a final de mes, el número de internados había bajado considerablemente. Además, las cifras demuestran, por una parte, que la mortandad fue exorbitante, llegando aproximadamente al 25 por ciento en un periodo de tan solo cuatro o cinco meses, y, por otra, que se produjeron corrientes migratorias significativas, como indica la diferencia de más de 17 000 internados. Si en septiembre el número de reubicados llegó hasta casi 100 000, entonces hay que suponer que con la flexibilización de la reconcentración hubo unas 20 000 personas que abandonaron los pueblos y ciudades de Matanzas[122]. El 22 de diciembre de 1897 se podía leer en La Vanguardia:

Según el último censo, la provincia de Matanzas tenía 250 000 habitantes. Los reconcentrados llegaron a 40 mil. Estos disminuyeron en 20 mil. La despoblación es muy de temer. Anteayer hubo en la capital 41 defunciones y no se registró ningún nacimiento. Este dato es significativo, pues causa el grado que alcanza la despoblación, que produce honda pena. La enfermedad del derivi [¿beriberi?] hace todavía bastantes víctimas y se presenta con gran insistencia en la cárcel, pues hasta ahora a pesar de los esfuerzos hechos no se ha logrado que decrezca en las necesarias proporciones para creer próxima la normalidad necesaria.

Hay otras dos referencias que ponen en relieve la dimensión de la dinámica —tantas veces ignorada por los investigadores— de las corrientes migratorias[123]. El 1 de noviembre de 1897 se registraron en toda la provincia de Matanzas un total de 81 266 internados. Para finales de aquel mismo mes se transmite la cifra de 61 746 personas. Por otra parte, el 31 de enero de 1898 se registraron 70 292 personas[124], de las cuales 37 339 tenían trabajo y 32 953 estaban desocupadas. Según los datos incompletos relativos a la mortalidad, los fallecidos fueron 5897. Por lo tanto, y en referencia al 1 de noviembre de 1897, tuvo que haber más de 5000 personas que, o bien se dirigieron a zonas rurales o a otras provincias, o bien «se ausentaron de la Isla»[125]. El éxodo de la capital provincial de Matanzas está documentado en numerosos escritos. La compañía ferroviaria por ejemplo, entregó miles de billetes gratuitos a quienes querían dedicarse a las «faenas agrícolas» fuera de los centros. Aquella oferta fue aprovechada por 3402 personas en los trayectos La Habana-Matanzas-Cárdenas y Cárdenas-Júcaro. A finales de enero de 1898, Armas señaló: «Ya muchos reconcentrados han salido de esta ciudad para consagrarse a sus antiguas faenas agrícolas; y creo que la mayor parte de los que se encuentran aptos para el trabajo seguirán el indicado ejemplo, si llegan a perder el temor (ciertamente infundado) de que se corren riesgos en las personas y en las propiedades, al traspasar los límites de los recintos fortificados»[126].

Las fuentes disponibles solo permiten determinar el volumen migratorio con cierta precisión en el caso de unas pocas jurisdicciones de Matanzas. El 1 de noviembre de 1897, las autoridades de Jovellanos contabilizaron a 2132 reconcentrados, número que bajó a 1800 hasta el 25 de noviembre y a 1680 el 31 de enero de 1898. Durante todo el periodo —del 1 de noviembre de 1897 al el 31 de enero de 1898— se registraron 120 fallecimientos de internados. Un informe policial de finales de diciembre sobre Jovellanos y Limonar confirma estos datos y, además, recoge que en la pequeña ciudad de Jovellanos «muy pocos [eran] los reconcentrados que queda[ban]n y estos con trabajo para poder librar la vida sin recurrir a limosna»; todos tenían un techo y «ninguno ha[bía] muerto de hambre»; de hecho, «en [aquellos] últimos días», unos 400 internados habían abandonado la localidad para trabajar en los ingenios de la región. En otro lugar se encuentra, para finales de enero de 1898, una nota sobre el estado de salud habitual de los internados: «El estado de salud que disfrutan es regular». Todos los indicios apuntan hacia una mejoría. La situación era distinta en la jurisdicción de Guamacaro, a la que pertenecía Limonar, donde las autoridades civiles registraron 4454 internados el 1 de noviembre de 1897. Sin embargo, en el informe policial arriba mencionado se habla de hasta 7000 reconcentrados solo en Limonar. En términos comparativos, la tasa de mortalidad de Limonar era baja, debido al buen abastecimiento: los muertos por enfermedades febriles fueron unos 200. Limonar disponía de un valle fértil con una zona de cultivo generosa, cuyos excedentes se llevaban incluso a Matanzas y La Habana. A finales de enero de 1898, las autoridades civiles de la jurisdicción todavía contabilizaron a 4304 internos, y durante el periodo de noviembre a enero registraron 150 fallecimientos, lo cual contradice el informe policial. Tampoco son consistentes los datos sobre el estado de salud de los internados de Guamacaro que, al parecer, era insatisfactorio debido a las fiebres, siendo los problemas más graves la mala alimentación y la falta de recursos. Ambos informes fueron elaborados con tres meses de diferencia. En el caso de otras localidades, como Santa Ana, los datos del 1 y 25 de noviembre de 1897 (3531 internados en ambas fechas) y del 31 de enero de 1898 (3229 internados; 302 fallecimientos desde el 1 de noviembre) no permiten deducir migraciones de cierta importancia[127].

El historiador Francisco Pérez Guzmán partió, para toda la isla, de dos corrientes migratorias de la población rural en dirección a los centros urbanos. La primera —una huida inducida por la guerra, «de poco impacto cuantitativo»— comprendió los doce primeros meses del conflicto, hasta el primer bando de reconcentración de Weyler. Por tanto, los grandes cambios demográficos en las ciudades no comenzaron hasta febrero de 1896, con la reconcentración realizada «de forma forzosa»[128]. Como se ha demostrado en este trabajo, esta imagen estática no se compadece con la dinámica de la reconcentración y las migraciones. Además, los análisis regionales demuestran que las migraciones no transcurrieron a lo largo de una «vía de sentido único» en dirección a las ciudades, si se tiene en cuenta que decenas de miles de personas intentaron escapar de la mortandad en los centros. La complejidad de las migraciones vuelve a subrayar el desafío metodológico que supone una aproximación general al número de víctimas. Es dudoso, como nos demuestra la sola observación de la migración interna de la provincia de Matanzas, que se pueda calcular el número de víctimas de la reconcentración sobre la base de un total de internados y una tasa media de mortalidad. ¿Qué cifras son las correctas para realizar la extrapolación? Sea cual sea el día del que se tomen los datos, no hay manera de evitar una considerable arbitrariedad.

En el caso de Matanzas se dispone, aparte de los memorandos de los gobernadores civiles, de informes detallados de la junta protectora local, con los que es posible conocer mejor la historia de la vida cotidiana urbana durante la guerra. En la ciudad de Matanzas era un comité ejecutivo dirigido por Braulio Orúa el que se ocupaba de la organización del abastecimiento de los internados e informaba regularmente sobre sus actividades a la Junta Protectora de Reconcentrados, a cuyo frente estaba Armas, el gobernador civil. A finales de noviembre de 1897, en su primer informe, el comité destacó sobre todo la gravedad de la situación e intentó expresar en palabras la dimensión de la tragedia: «Si la pluma de Zola (y solo él podría hacerlo) describiera los horrores que se palpan ahora mismo, su narración sería considerada como el producto de una imaginación enferma». En su informe, el comité describió minuciosamente la trágica realidad de los lugares del horror —las barracas del Palmar de Junco, las cuevas de Montserrat—, cuya desgracia hacía que todo esfuerzo pareciera pequeño. Según otro representante del comité, «el remedio llegaba tarde para los reconcentrados y […] casi había que ocuparse nada más que en abrirles su sepultura». El relato emocionado de la situación de emergencia de los internados no debería ser interpretado únicamente como expresión de la «lucha» por el limitado crédito especial; antes bien, debe ser ubicado en el contexto de la mortandad durante el punto álgido de la crisis de los reconcentrados en noviembre y diciembre de 1897 en Matanzas, al tiempo que debe considerarse un síntoma de una nueva sensibilidad hacia las familias internadas, por las que, todavía en el verano de 1897, apenas había autoridad alguna que se interesara[129].

Los representantes del comité no tardaron en darse cuenta de que el camino hacia la mejoría de la situación pasaba, en primer lugar, por el suministro constante de alimentos. Hasta aquel momento se habían repartido en la ciudad 1000 raciones diarias. La cantidad debía ser por lo menos duplicada, lo cual exigía que se librara de inmediato el crédito especial. La supervivencia de «muchos miles de reconcentrados de Matanzas» dependía en buena medida de los donativos. Aparte de mejorar la manutención, el comité pretendía también extender la atención médica mediante la construcción de nuevas enfermerías y orfanatos. Sin embargo, los obstáculos burocráticos también eran un gran problema en Matanzas. El racionamiento estatal o militar para los internados necesitados se veía imposibilitado «por las formalidades que las disposiciones vigentes exigen y a consecuencia de no tener el Ayuntamiento ni siquiera un padrón de los reconcentrados», que era uno de los requisitos centrales para el suministro de víveres almacenados por el Ejército. Únicamente la recomendación presentada directamente ante el general Luis Pando permitió que las 1000 raciones solicitadas fueran efectivamente entregadas. De ahí que en el primer lugar de la lista de prioridades del comité ejecutivo estuviera «formar un padrón de los reconcentrados y recoger en él los datos precisos para juzgar del estado de pobreza de cada uno y poder remediarlo según sean sus necesidades»[130]. Aunque ya con Porset se habían recogido los primeros datos globales sobre las corrientes migratorias en la provincia, seguía sin haber un registro sistemático del estado de salud de los internados. No fue hasta que Blanco empezó a realizar sus consultas cuando dio comienzo en Matanzas el proceso de contabilizar y por tanto, gestionar a los reconcentrados.

Sin embargo, también aquel camino era largo y pedregoso. Para empezar, la actitud y las iniciativas del comité ejecutivo no fueron bien acogidas por los alcaldes, que no le dieron su apoyo e hicieron así que los trabajos de confección del padrón apenas avanzaran. El comité ejecutivo constató con amargura que los alcaldes se negaban «a dar a los verdaderos reconcentrados los documentos que les pedían para acreditar su condición ante la Junta, y los expedían, en cambio, a personas que ni eran reconcentrados, ni tenían verdadera necesidad de socorro»[131].

Armas siempre transmitía a La Habana los informes de la Junta Protectora, intentando de paso, mediante la alusión a la sustancial mejoría debida a la ayuda del gobierno y a los donativos de los vecinos, relativizar un poco algunos aspectos del «cuadro espantoso de la miseria, penalidades y estragos» que aquellos informes pintaban. De todos modos, y según el gobernador civil, no eran solo los alcaldes, con su falta de cooperación, los que ponían trabas a la labor de auxilio, sino también los enemigos de la autonomía: «Cierto elemento, por fortuna hoy desacreditado, le opone pasiva resistencia». Aludía Armas sobre todo a los intransigentes simpatizantes de Weyler que se habían organizado en torno a Porset, el anterior gobernador civil, y, a comienzos de enero de 1898, seguían alimentando un considerable clima de inseguridad en La Habana protagonizando algaradas callejeras. A finales de noviembre de 1897, la solidaridad en Matanzas seguía siendo más bien escasa, y el llamamiento de los «partidarios de la política anterior» —la de Antonio Cánovas del Castillo y Weyler— a no hacer donativos a favor de los reconcentrados no contribuyó precisamente a aumentarla. Tras la oposición de Porset a los planes de la Junta Protectora y su comité ejecutivo había también razones personales. En su momento había asegurado al alcalde Ruperto Crespo que en su propiedad, incluyendo el Palmar de Junco, se erigirían barracas provisionales para algunas personas sin hogar durante el periodo de la reconcentración. Sin embargo, resultó que el comité decidió construir en aquel lugar una enfermería, lo cual no convenía al propietario, que advirtió que el edificio debía desaparecer antes del 1 de junio de 1898[132].

Los alcaldes de la provincia, nombrados aún durante el mandato de Weyler, torpedearon en todos los niveles los esfuerzos para la mejoría de la situación de los reconcentrados. Los certificados que daban derecho a obtener alimentos y prestaciones médicas solo llegaban a unos pocos beneficiarios; el resto se perdía en la ciénaga de la corrupción y el nepotismo. Como consecuencia, el suministro de alimentos se tuvo que realizar con un considerable incremento del esfuerzo institucional. Los delegados del comité, acompañados de fuerzas policiales, fueron puerta a puerta a controlar a aquellos «de los que se [decían] reconcentrados, anotando los que [vivían en las casas] y apreciando su estado de miseria y los antecedentes que pu[dier]an demostrar su verdadera condición»[133]. No cabe duda de que aquella actividad de control era necesaria, pero la búsqueda de «verdaderos» reconcentrados también tenía su lado oscuro. Así, era cada vez mayor la población rural necesitada y deportada que se beneficiaba de la ayuda material, quedando excluidos los habitantes sin medios de las ciudades[134]. Mientras en los expedientes de noviembre de 1897 se encuentran constantemente informes sobre resistencias, en los de finales de diciembre son mayoría las pruebas que apuntan hacia un sustancial acercamiento a los internados. También en Matanzas se empezó a abandonar la consigna de la «guerra a ultranza» y a aceptar el régimen de autonomía de Cuba. La nueva política de inclusión volvió a ofrecerles a los internados un lugar en la sociedad, como demostró, en última instancia, el éxito de las colectas[135].

El 29 de noviembre de 1897, el comité ejecutivo publicó un detallado informe con una nueva estimación del número de reconcentrados en Matanzas, que, dada su llamativa imprecisión, pone en entredicho la credibilidad de sus datos[136]. El número de reconcentrados se calculó en 1800 hombres, 4000 mujeres y 2600 niños. La situación de los internados se describe en los siguientes términos:

Se encuentran en la miseria más absoluta en su casi totalidad. Viven en su gran mayoría en pobres bohíos de guano, levantados en las afueras de la ciudad, y en una misma habitación se ven hacinados los buenos con enfermos, los hombres con las mujeres, los niños con los mayores. Con seguridad que más de tres mil necesitan asistencia facultativa o una alimentación especial reparadora para que puedan digerir y asimilar los alimentos.

Además, cientos de ellos vivían en las calles de Matanzas y por las noches buscaban refugio, por ejemplo, en los portales del edificio del Gobierno Civil. En las Alturas de Simpson, en las cuevas de Monserrat, había varias familias alojadas: «Se han venido albergando como si fueran fieras, hombres y mujeres cuyo estado hoy desgarra el corazón»[137].

El comité ejecutivo entendía que los datos, basados en encuestas, se quedaban cortos. Orúa y sus partidarios estaban convencidos de que la nueva y minuciosa recogida de información arrojaría cifras considerablemente más altas. En aquel momento todavía se sostenía que sobre la mortalidad entre los internados «no ha[bía] podido encontrarse un solo dato en ninguna parte […] que pu[diera] revelarla». Solo se pudieron determinar las tasas de mortalidad de los años anteriores a través de las inscripciones en el Registro Civil y en los libros del cementerio de San Carlos: en 1895 habían fallecido en la ciudad 1499 personas, en 1896 fueron 2545 y entre enero y el 29 de noviembre de 1897 llegaron a ser 5729. No había datos concretos para poder cuantificar específicamente a las víctimas de la reconcentración, por lo que los miembros del comité recurrieron a los métodos de la extrapolación, que un siglo más tarde serían utilizados también por los investigadores cubanos. Partiendo del total de la mortalidad de los años 1895 y 1896, calcularon una media de 168 personas al mes. En comparación con esta extrapolación, la tasa de mortalidad entre enero y noviembre de 1897 excedió la media. El comité ejecutivo atribuyó sin más la diferencia de 3881 fallecidos a las consecuencias de la reconcentración decretada el 5 de enero de 1897 para la provincia.

El comité de Orúa redujo a rígidas operaciones matemáticas los efectos sobre la mortalidad en Matanzas de una guerra sumamente compleja, así como las migraciones, que variaban según los acontecimientos en el frente y la estación del año. Sin embargo, aquellas efímeras medias de escaso valor cognitivo sirvieron de importante argumento en la lucha por los limitados medios económicos. De ahí que, a comienzos de diciembre, Armas le volviera a presentar al capitán general en La Habana unas extrapolaciones muy parecidas, «para que apreci[ara] en toda su intensidad los efectos de la reconcentración en [aquella] ciudad». Armas señaló repetidamente que sin una inmediata ayuda de emergencia «desaparec[ería] una gran parte de [aquella] población reconcentrada»[138]. Las explicaciones de Armas, dadas en un tono marcadamente emocional, remiten con claridad al modo en que las distintas provincias competían por los exiguos recursos. Al mismo tiempo, el conjunto de las fuentes hace posible una aproximación a la dimensión y a las consecuencias del internamiento forzoso en los niveles regional y local que hasta ahora eran desconocidas.

Orúa y Álvaro Lavastida Heredia, que aparecen como redactores del informe local, indicaron también que los factores epidémicos influían decisivamente en la tasa de mortalidad de Matanzas. En concreto, informaron de una epidemia de viruela en enero de 1897, que al parecer pudo ser contenida con rapidez gracias a la pronta vacunación de más de 50 000 personas. Según el informe, el número de fallecimientos debidos a las epidemias en 1897 era más o menos el mismo que había causado la fiebre amarilla en 1896, la cual había hecho «enormes estragos aún en los hijos del país». Y era precisamente aquella epidemia de fiebre amarilla la que, según el informe, explicaba el incremento de la tasa de mortalidad en 1896, que pasó de 1499 a 2545. Sin embargo, lo más preocupante era el aumento exponencial de la mortalidad desde octubre de 1897 (véase gráfica 2), que no hacía presagiar nada bueno para los meses siguientes. Orúa y Lavastida estaban convencidos de que, sin efectivos programas de ayuda, toda la población reubicada moriría: «Si no se acude con remedios eficaces y aplicados pronto y enérgicamente. Dentro de poco ha[brá] desaparecido en su totalidad esa población reconcentrada»[139]. Y apelando a su experiencia de los anteriores meses y años añadieron: «Es doloroso pensar de este modo, pero lo ocurrido nos dice lo que hemos de esperar sobre todo ahora en los fríos que se aproximan». Para el pico de la mortalidad de octubre y noviembre, el comité ejecutivo encontró la siguiente explicación:

Tiene natural explicación aquel aumento de mortalidad […]. Cuando llegaron los campesinos reconcentrados, trajeron algunos pequeños recursos que fueron agotando poco a poco hasta extinguirlos por completo; y su naturaleza robusta, con las privaciones, ha ido debilitándose hasta concluir por morir de hambre […]. El ayuntamiento de esta ciudad no les ha dado más recurso que un mal rancho para unas mil personas durante unos días; y después los limitó a emplear, dicen, que a cerca de mil individuos diarios, acaso durante un mes, dándoles por jornal unos cuantos centavos y concluyendo por negarles hasta las medicinas.

Parece ya casi macabro que los alcaldes emplearan a los reconcentrados de Matanzas —que eran sobre todo mujeres y niños, muchos de ellos enfermos— para tareas como «cegar con arena unos manglares de dominio particular». El trabajo en aquellos terrenos —en el «foco de las fiebres palúdicas»— solamente podía desembocar en una enfermedad. Los internados, cuyos organismos estaban muy debilitados, no resistían el esfuerzo, toda vez que no recibían manutención hasta última hora de la tarde; de ahí que «murier[an] después en el número que se ha dicho y que acusan los Registros Civiles»[140].

Otro motivo de preocupación era el creciente número de huérfanos. A José María Bruzón, el gobernador civil de La Habana, le inquietaba que se estuviera formando un vivero de elementos antisociales[141], mientras en Matanzas se temía la destrucción de los valores morales y familiares. Durante la reubicación forzosa, numerosas familias fueron separadas, hasta el punto de que, en no pocas de ellas, había miembros que «ni se ve[ía]n ni sab[ía]n unos de otros». La cohesión familiar acusaba además las dificultades de la vida en las ciudades de reconcentración. Los miembros del comité ejecutivo señalaron que, como consecuencia del hambre, se podía observar también un cierto embrutecimiento emocional; además, el hambre y la desesperación empujaban a mujeres y niñas hacia la prostitución: «¡La necesidad, el hambre! ha llevado a un número incalculable de mujeres a las puertas del vicio o las ha arrojado en él de una vez, las niñas mendigando han perdido el pudor que es la salvaguardia de la mujer honrada; y muchas, aun siendo ángeles, no pueden ya ceñirse la corona de azahares»[142]. No hay ningún otro informe que contenga afirmaciones tan claras sobre la dimensión de este fenómeno en las ciudades. La problemática de la prostitución forzada también se trata en el conmovedor informe literario Del cautiverio, del escritor español Manuel Ciges Aparicio, quien, siendo suboficial en Cuba, vivió muy de cerca los efectos de la reconcentración sobre la población civil de Mariel[143]. Aunque tras el cambio de gobierno se lograron muchos avances materiales, el comité ejecutivo constató que, la situación en «su parte moral, desgraciadamente, en nada ha[bía] mejorado». En sus consideraciones de marzo de 1898, el comité volvió a quejarse de la falta de consideración con la que se abusaba de las niñas, degradadas a «manjares que sacia[ba]n [los] carnales apetitos». En un escrito dirigido a Blanco, también el gobernador civil aludió a los «vicios más censurables»[144].

Con los informes de Matanzas y de las demás jurisdicciones de la provincia, Armas elaboraba una imagen global que era la que enviaba a La Habana. A finales de diciembre de 1897 disponía de noticias de todas las jurisdicciones salvo de Guanajayabo y Macagua. Aunque la miseria todavía era bien visible en las calles de las ciudades, el gobernador civil quería empezar a informar de una mejoría de la situación en función de una percepción a la que sin duda habían contribuido los 10 000 pesos del crédito especial y las entre 2500 y 3000 raciones diarias para los reconcentrados de Matanzas. A finales de noviembre también se había conseguido elevar de 1000 a 2000 el número de raciones consistentes en 125 gramos de arroz y 150 de cecina. Además, se enriqueció un poco el resto del suministro de alimentos, que pasó a consistir en 200 gramos de arroz, 100 de tocino, galletas, azúcar y café[145].

Mientras tanto, en la capital provincial se habían puesto en funcionamiento nuevas enfermerías, mientras otras habían visto ampliada su capacidad. Según Armas, «no falta[ba]n medicinas ni asistencia médica». Sin embargo, un informe médico redactado por Félix de Vera pocos días después relativizó algunos aspectos de aquella imagen positiva, al concluir que los internados debían disponer de más facultativos y camas en enfermerías y hospitales, además de que se necesitaban barracas para las personas sin hogar, así como una manutención adecuada. Llama la atención que Armas tendía a enviarle a Blanco un relato de la situación menos expresivo que los informes que le llegaban desde las distintas jurisdicciones[146].

Sin embargo, incluso Armas tenía que reconocer que la hambruna seguía causando víctimas, que atribuía a las «enfermedades contraídas por la destrucción absoluta de recursos», así como al «punible descuido de las Autoridades Municipales», que se remontaban a la época anterior al mandato de Blanco como capitán general. En aquel momento, por ejemplo —y siempre según Armas—, Palmillas disponía de una «magnífica zona de cultivo» que producía víveres para toda la jurisdicción e incluso para otros pueblos; en la jurisdicción de Roque, castigada por la malaria, los enfermos recibían atención médica tres veces por semana; y quien no estaba enfermo volvía a encontrar trabajo en la industria azucarera. Armas también transmitió las noticias positivas que recibió desde las ciudades de reconcentración más arruinadas, como Colón o Cárdenas, donde en noviembre de 1897 todavía estaban recluidas, respectivamente, 7697 y 6791 personas: «Los reconcentrados se han retirado en gran número a los ingenios y colonias donde encuentran trabajo, y solo quedan en los pueblos sus familias (aunque no de todos) los inválidos, enfermos y huérfanos a los cuales las Juntas Protectoras locales socorren con ropas y alimentos». Es probable que Armas volviera a valorar la situación en términos demasiado optimistas. Aunque el empleo de los braceros en la zafra contribuyó a la mejoría de la situación en los centros, en los expedientes de finales de enero 1898 se encuentra una nota sobre Colón en la que se lee que los reconcentrados «[e]n su mayoría se enc[ontrab]an en la mayor miseria padeciendo de enfermedades palúdicas, anemia y disentería»[147].

Contribuye igualmente a relativizar aquella imagen color de rosa un memorando del comité ejecutivo del 7 de enero de 1898. En este se indicó particularmente sobre la preocupante situación alimentaria inducida por la supresión del suministro de víveres almacenados por el Ejército. También empeoró las cosas la presencia del Ejército Libertador en la provincia, que hizo que muchas zonas de cultivo siguieran yermas. En algún momento, Orúa y el comité ejecutivo criticaron expresamente la flexibilización de la reconcentración, que tan buena acogida había tenido en La Habana, Madrid y Washington, ya que las autoridades matanceras enviaban a los internados al campo «sin facilitarles los medios indispensables para la subsistencia»; además faltaban aperos, bueyes y simientes. En muchos lugares, el lema parecía ser «ojos que no ven, corazón que no siente», que también era, en parte, expresión de una crítica implícita de la modernización, así como de una idealización romántica de la vida rural. La situación del reconcentrado, identificado, de forma simplificada, como guajiro, se comparaba con la del pájaro enjaulado, que aun teniendo suficiente alimento es presa de la nostalgia, ya que no está hecho para la vida en la ciudad[148].

El 10 de marzo, Armas envió su último y más extenso memorando a Blanco, en el que puso el acento en la mejoría general de la situación, aunque señalando nuevamente la dificultad de cuantificar «los efectos de la reconcentración» en los pueblos y ciudades de Matanzas. Explicó específicamente las dificultades que había en las localidades arruinadas por la viruela y la malaria y logró situar la suerte de los internados —en que básicamente se centraban los informes del comité ejecutivo— en el contexto de la guerra. Entre las causas de la miseria de los reconcentrados identificó por una parte, la destrucción causada por el Ejército Libertador y las bandas de merodeadores y por otra, la para él inexplicable política de tierra quemada de Weyler: «So pretexto de privar de recursos a la insurrección, las tropas leales, que con éxitos muy favorables combatían a los rebeldes, donde quiera que los encontrasen, se dedicaban también por su parte a la obra de destrucción general». Y añadía: «Mucho han sufrido sin duda los insurrectos con tales medidas, pero los leales estamos soportando mayores daños y quebrantos». Armas también explicó que los éxitos militares parciales no justificaban la mortandad en Matanzas; además, los bandos de reconcentración para las provincias occidentales habían contribuido a una aceleración de la espiral de violencia y por consiguiente, al agravamiento de la situación de emergencia en los centros: «Hay miseria en las clases menesterosas, y hasta en las que en otro tiempo fueron acomodadas».

Armas también era consciente del frágil y provisional equilibrio que explicaba en parte la estabilización de la provincia. En la primavera de 1898, coincidiendo con el previsible final de la zafra y los primeros pasos del proceso de elaboración del azúcar, se esperaba una nueva avalancha de jornaleros en los puntos de reconcentración de Matanzas. Aquella migración en dirección a los centros podía provocar, «en mayor o menor grado», la vuelta a los «horrores de la situación pasada». Además, en la capital provincial todavía no se había conseguido poner en marcha una zona de cultivo que funcionara[149]. Con ello, Armas presentó un informe notablemente equilibrado, cuya falta de precipitadas atribuciones de culpas y argumentos en blanco y negro lo hace preferible a más de un análisis histórico. En última instancia, sus consideraciones cuestionan la interpretación tradicional que se ha hecho del nuevo incremento de la mortalidad que tuvo lugar a partir de abril de 1898: al margen del bloqueo de la Marina de los Estados Unidos, debe ser tenido muy en cuenta el final de la zafra y el posterior regreso de los braceros a las ciudades de Matanzas.

Los recursos escasean: La Habana

Los recursos escasean: La Habana

De la provincia de La Habana se conserva un único informe del gobernador civil José María Bruzón: un extenso escrito con fecha de 14 de marzo de 1898. También en aquel caso, y según Bruzón, los datos cuantitativos debían ser entendidos como meramente aproximativos, «porque en la forma en que la concentración se efectuó y en la desorganización en que estaban todos los servicios municipales, no había estadística posible». Esta explicación de la «sala de control» de la Administración civil obliga a cuestionar críticamente las cifras de las investigaciones más recientes, que hablan de unos 150 000[150] internados en la provincia. En su momento, un artículo del Heraldo de Madrid sobre la reconcentración y la destrucción de las bases económicas de la provincia de La Habana estimó que en diciembre de 1897 había unos 60 000 internados. En su estudio sobre la historia de la vida cotidiana de Cuba, María Poumier partió de 70 000 reconcentrados en la región de la capital. Bruzón calculaba que el 75 por ciento de la población rural arrancada de su entorno natural y deportada cayó víctima del paludismo, la viruela y el hambre, que «hicieron víctimas a millares desde los primeros meses de la reconcentración». De modo que en la provincia de La Habana habrían sucumbido entre 45 000 y 112 500 personas. Estas cifras sobrepasan incluso los generosos cálculos de Raúl Izquierdo Canosa, para quien la guerra y la deportación en masa en la provincia se habrían cobrado la cantidad de 23 213 muertos. El cónsul general norteamericano en La Habana, Fitzhugh Lee, estimó el número de víctimas mortales habidas en la capital en unas 75 000[151]. Estas discrepancias en cuanto a la dimensión cuantitativa de la reubicación forzosa en la provincia indican claramente la necesidad de más estudios. En lo sucesivo, las fisuras existentes en las fuentes disponibles orientarán el análisis hacia la perspectiva cualitativa, la cual es por una parte abordable mediante los informes contemporáneos de terceros —que completan las informaciones de Bruzón— y por otra, los datos sobre la vida cotidiana en las ciudades que implícitamente proporcionan las fricciones entre las autoridades militares y civiles, dado que los desacuerdos repercutían directamente en la vida de los reconcentrados. Además, para la provincia de La Habana se dispone de dos estudios de caso de investigadores cubanos sobre los pueblos de Bejucal y Güira de Melena, que permiten conocer los modos de vida locales durante la reconcentración y muestran nuevos caminos para la compleja cuantificación de las víctimas.

Bruzón informó por extenso del carácter y las consecuencias de la reconcentración en La Habana, señalando que la reubicación forzosa se había implementado «con rigor extremo» hasta el nivel municipal. Uno de los problemas centrales era el alojamiento de los reconcentrados, ya que en muchas localidades la población se había más que triplicado en pocos meses. El hacinamiento y la falta de higiene habían creado las condiciones ideales para las enfermedades y las epidemias, y tras la reubicación, el hambre se convirtió en una fiel compañera de los internados. Las zonas de cultivo ordenadas por Weyler «solo habían podido establecerse en algunas muy contadas localidades», y las existentes eran muy pequeñas por razones de seguridad, de modo que apenas un 20 por ciento de los reconcentrados habían encontrado una ocupación[152]: «Además, solo era dable establecer esas zonas en las inmediaciones de los poblados, donde los terrenos eran precisamente menos fértiles, por más trabajados, y por consiguiente menor su rendimiento; debiendo tenerse en cuenta que su cultivo tenía que ser imperfecto, porque carecían los reconcentrados de bueyes y útiles de labranza». Hasta finales de noviembre de 1897, cuando Bruzón tomó posesión de su cargo, las autoridades civiles de muchas jurisdicciones ni siquiera habían intentado poner en marcha zonas de cultivo, fuera porque no había suficientes medios económicos para fortificar y defender las plantaciones, o por la aridez de las tierras circundantes: «No había medios ni modo de establecerlas en puntos distantes de [l]as cabeceras» de las jurisdicciones. A las insuficiencias organizativas y la falta de medios económicos vinieron a sumarse las condiciones climáticas adversas.

En Jaruco, a medio camino en tren entre La Habana y Matanzas, la situación era particularmente precaria. Clarissa Hartlowe Barton (más conocida como Clara Barton), la fundadora de la Cruz Roja Americana, describió la localidad como «uno de los grandes puntos de devastación». Circulaba el rumor de que el número de internados muertos durante la guerra superaba al de los habitantes del pueblo en tiempos de paz. El corresponsal de guerra del New York Journal, Richard Harding Davis, estimó que la población de aquella localidad que se hundía en la mugre era de unas 2000 personas y señaló que se registraban unas siete víctimas diarias entre los reconcentrados, debidas sobre todo a la viruela[153]. Normalmente, aquellos informes contemporáneos omiten cualquier referencia a los antecedentes, razón por la cual es inútil buscar datos relativos a la destrucción del pueblo por los revolucionarios durante la «invasión». En efecto, el 18 de febrero de 1896, las tropas revolucionarias de Antonio Maceo habían logrado dar un verdadero golpe de efecto al saquear aquel lugar —«uno de los focos de la reacción colonial»[154]— e incendiar 131 casas[155]. Con sus tres fortificaciones y su profundo foso protegido con alambre de espino, Jaruco era de hecho una ciudad modelo[156]. Unos días después del ataque, Weyler ordenó que Jaruco fuera abastecida «con toda urgencia» con 7500 raciones de comida. Durante dos semanas se suministraron diariamente 500 raciones a los necesitados; una cantidad insuficiente para asegurar la supervivencia a medio plazo. En noviembre de 1897, el jefe militar Emilio Guerra dispuso el suministro diario de alimentos —arroz, sal y carne seca— a las entonces aproximadamente 600 familias necesitadas en Jaruco. Sin embargo, Blanco, el capitán general, solo autorizó el racionamiento a través del Ejército hasta el 20 de diciembre de 1897; después, al contar con el crédito especial de 100 000 pesos, fueron los civiles quienes debieron hacerse cargo de la ayuda[157].

Mientras se traspasaba la gestión del suministro de alimentos de la organización militar a la civil se manifestó una problemática fundamental, de modo parecido a como sucedió en Santiago de Cuba o Puerto Príncipe: el cambio al abastecimiento civil de los internados condujo a sensibles mermas de las aportaciones, lo cual empeoró doblemente la situación. Por una parte, las raciones de comida almacenadas por el Ejército raramente habían alcanzado las cantidades esperadas, porque en muchos lugares —como en Güines o Santiago de Cuba, por ejemplo— faltaba carne y solo se podía suministrar arroz y sal, lo cual «resulta[ba] insuficiente para la alimentación». Por otra parte, Blanco rechazó la solicitud de Francisco de Armas y Céspedes de sustituir por tocino la carne seca que faltaba en la provincia de Matanzas: «No es posible dar mayor amplitud a la concesión otorgada para el suministro a los reconcentrados, con tanta más razón cuanto que para el socorro para los números se han destinado 100 000 pesos»[158]. La concesión de un crédito especial por parte de la Administración colonial para el abastecimiento de los necesitados sirvió repetidamente de contundente argumento para rechazar o suspender cualquier otro gasto. Se olvidó a menudo —o siguió pareciendo secundario— el hecho de que el dinero estuviera calculado de un modo extremadamente ajustado y de que hubiera provincias enteras dejadas de lado.

Mediante una circular, Blanco informó también a los gobernadores civiles de Pinar del Río, Matanzas y Santa Clara de que el 20 de diciembre de 1897 quedaría suspendido el suministro de alimentos almacenados por el Ejército: «Desde aquella fecha deberá procurar satisfacer las necesidades de los [reconcentrados] con los medios en metálico que se han remitido y se le remitirán y con los demás recursos que las Juntas protectoras reúnan». En un escrito aparte también informó a Bruzón. Sin embargo, Blanco ya había hecho saber a las autoridades militares de las provincias el 4 de diciembre que el día 8 debía finalizar el suministro a civiles de raciones de víveres almacenados por el Ejército. El jefe militar de Matanzas obedeció aquella orden al pie de la letra y cuando Armas, el gobernador civil, protestó, le contestó que «carec[ía] de órdenes para continuar facilit[ando las raciones] hasta día veinte según telegrama V. E.». En el reverso de la comunicación de Armas a La Habana se encuentra una nota de Blanco según la cual el jefe militar de Matanzas debía de inmediato «facilit[ar] a reconcentrados raciones necesarias». El 7 de diciembre, Blanco ordenó a los jefes militares que prolongaran el racionamiento hasta el día 20, y es dudoso que el responsable de Matanzas no recibiera el escrito del capitán general[159]. También la Administración militar de Puerto Príncipe suspendió el suministro de víveres a comienzos de diciembre; y aquel caso fue particularmente grave, ya que la provincia, como ya se ha expuesto, no había recibido ni un peso del crédito especial[160]. En Santa Clara, las autoridades militares locales dejaron de atender ya en noviembre sus obligaciones en cuanto al suministro de alimentos, y pusieron a disposición de los internados las raciones de comida almacenadas por el Ejército solamente durante tres días. En muchos pueblos de la provincia, la falta de existencias en los depósitos hizo del todo imposible el suministro de víveres, de modo que el racionamiento previsto por Blanco para el periodo del 13 de noviembre al 20 de diciembre solo existió sobre el papel. Eran frecuentes la falta de claridad en el reparto de competencias y las fricciones entre los organismos civiles y militares que, precisamente en el ámbito del apoyo a los internados, trabajaban cada vez más enfrentados y menos coordinados. En aquel contexto, lo único que lograron las confusas órdenes de Blanco fue empeorar las cosas[161]. Retrospectivamente ya solo cabe preguntarse si los problemas de abastecimiento se debieron a la obstrucción o a la falta de comunicación. Teóricamente, a los jefes militares se les comunicó a tiempo la prórroga del plazo, pero no es posible reconstruir de forma inequívoca el flujo de información tal y como realmente tuvo lugar. Lo que está claro es que la incompetencia organizativa y el fracaso burocrático en todos los niveles afectaron sensiblemente a la población civil que dependía del suministro de víveres.

En la provincia de La Habana, las localidades que sufrieron especialmente las consecuencias de la guerra fueron Guanabacoa, Santa Cruz del Norte y Jaruco[162]. Otros casos, como el de Bejucal y Güira de Melena, han sido recientemente objeto de interesantes estudios de investigadores cubanos. Es cierto que, tampoco en estos casos, las fuentes disponibles —partidas de defunción y registros de bautizos y parroquiales— permiten determinar de forma inequívoca cuántas víctimas lo fueron de la reconcentración, aunque sí posibilitan, por una parte, aproximarse a las causas de los fallecimientos durante la guerra y, por otra, ilustrar, en el nivel regional, los efectos sociales de la extensión de la guerra a las provincias occidentales. Finalmente, ambos estudios de caso ofrecen pistas sobre las consecuencias locales de la radicalización de las operaciones militares.

Los días 13 y 14 de enero de 1896 la «llama revolucionaria» alcanzó Bejucal, aunque el pueblo, con sus aproximadamente 5000 habitantes, no cayó y se convirtió en destino de los refugiados de guerra. Aquel año, la tasa de mortalidad estaba entre 260 y 300 personas; cuando, el 5 de enero de 1897, Weyler extendió la reconcentración a la provincia de La Habana, se situó entre 1200 y 1500; y en 1898 bajó y se colocó entre 1000 y 1300[163]. Casi el 60 por ciento de las personas caían víctimas de la tuberculosis, la disentería, la enteritis, el tifus, la fiebre amarilla y la malaria, es decir, enfermedades y epidemias que, dadas las deficientes condiciones higiénicas, se propagaban con rapidez. La tasa de mortalidad de los niños de menos de diez años era del 36 por ciento, es decir, extremadamente alta. La mayor mortandad se dio en noviembre de 1897. En Bejucal, la tasa de mortalidad durante los años de la guerra se situó alrededor del 9 por ciento. Los autores del estudio de caso concluyen que, en general, fue la guerra la que «provocó un desequilibrio en el ritmo normal del desarrollo demográfico de la región habanera, acrecentado por los efectos de la política de reconcentración»[164].

Al sudoeste de Bejucal está Güira de Melena, que entonces era una de las pequeñas localidades más prósperas de Cuba[165]. El estudio de caso sobre este pueblo, basado en fuentes consistentes, es de Francisco Pérez Guzmán. En un año «normal» como 1893, en tiempos de paz, murieron unas 286 personas; en el segundo semestre de 1896, en plena guerra, se registraron 182 muertos (17 más que en el segundo semestre del año anterior); y en 1897, el número —para todo el año— se disparó hasta las 1444 defunciones, un aumento que posiblemente no se debiera solo a la reubicación forzosa decretada en enero, sino también —aunque en menor medida— a las consecuencias a largo plazo del ataque y la destrucción de la localidad por parte del Ejército Libertador, el 4 de enero de 1896. En 1898 se registró un ligero retroceso de la mortalidad, que bajó hasta las 1380 personas. La cuidadosa investigación de las causas de los fallecimientos que realiza Pérez Guzmán muestra que la mayor parte de las personas murieron como consecuencia de enfermedades infecciosas, lo cual da una idea de lo deficiente que era en general la infraestructura sanitaria, cuyas carencias «se agudizar[on] durante la guerra». De ahí que Pérez Guzmán retrotraiga el incremento de los fallecimientos causados por el tifus, la disentería, la viruela y la tuberculosis a las precarias condiciones higiénicas y de espacio que padeció Güira de Melena durante el año 1897, agravadas sustancialmente por la inmigración, incluida la migración forzada desde la provincia vecina de Pinar del Río. En diciembre de 1897 la irritación de los internados y presentados se correspondía con una situación que hacía que muchos quisieran abandonar aquella trampa mortal e intentar suerte en el campo[166]. Aquel mismo año, los casos de malaria se habían más que duplicado, debido también a los fosos defensivos que rodeaban el pueblo, se llenaban de agua de lluvia y potenciaban el vector, es decir, la acción del mosquito anófeles. El caso de Güira de Melena también permite mostrar, más allá del final de la guerra, las consecuencias del bloqueo de la Marina de los Estados Unidos, que repercutió de un modo particularmente negativo en la situación del abastecimiento de La Habana. Los rendimientos de las zonas de cultivo no eran suficientes para equilibrar el déficit. Tras el alto el fuego, las autoridades españolas detuvieron por completo el suministro militar de alimentos, de modo que los miembros del ELC y los civiles empezaron a competir cada vez más por los escasos recursos. Tan solo en septiembre de 1898 murieron en Güira de Melena 222 personas. Desde este punto de vista no es sorprendente que en 1898, las enfermedades debidas a la malnutrición constituyeran en Güira de Melena la primera causa de muerte[167].

A causa de la guerra, muchos habían huido a la capital. Sin embargo, tampoco allí había suficientes alojamientos para los refugiados sin medios y los reconcentrados. Una parte de los necesitados murieron en las calles de la ciudad, y el gobernador civil Bruzón se vio obligado a ordenar la ampliación de los cementerios para poder dar sepultura a las personas muertas a causa del hambre o la fiebre y proteger así sus cuerpos inertes de los perros callejeros. En la capital, los internados se reunían sobre todo en Los Fosos que, según la historiadora María Poumier, no eran otra cosa que «las zanjas secas que circundaban las antiguas murallas». Clara Barton describió Los Fosos como «un edificio grande y largo lleno de reconcentrados» en el que, apiñadas y en condiciones higiénicas deplorables, vivían unas 400 personas, entre mujeres y niños. A comienzos de enero de 1898, tras visitar aquel campamento que se hallaba supuestamente bajo administración militar, a Barton incluso le parecieron «compasivas» las «masacres de Armenia» que tuvieron lugar entre 1894 y 1896[168]. También Bruzón se sentía molesto con aquel foco de epidemias, entre otras cosas porque el asentamiento de Los Fosos se había convertido en el símbolo de la «campaña militar incivilizada» de España. Según el gobernador civil, «toda la población ha[bía] podido contemplar allí amontonados los esqueletos, más que seres vivientes, que [les] arrojaba la Provincia». Docenas de mujeres, niños y hombres morían a diario en Los Fosos «al tomar los primeros alimentos», y «si [aquello] sucedía en ciudad que contaba aun con algunos recursos es de suponerse lo que ocurriría en los pueblos del interior, donde las cajas municipales estaban exhaustas». Abandonada por las instituciones públicas e insuficientemente abastecida por el sector privado, «la población de Cuba estaba amenazada de desaparecer casi por completo».

A mediados de marzo de 1898, Bruzón informó de que los reconcentrados de la ciudad estaban siendo abastecidos con víveres y disponían de ropa, además de que la mayoría tenían techo. También en las localidades periféricas como San José de las Lajas había más de 4000 internados que recibían «la caridad de los vecinos». En el caso de la capital, Bruzón mencionó la inauguración de tres nuevos hospicios que atendían diariamente a unas 800 personas, «en su mayor parte mujeres y niños huérfanos». En total los niños que recibían apoyo sin la colaboración del Estado eran unos 8000. La ayuda material de los Estados Unidos, que al principio solamente se repartía en la capital, fue llegando poco a poco a los pueblos de la provincia. Gracias al auxilio estadounidense, 12 000 personas recibían manutención diaria en La Habana. En los pueblos periféricos, las autoridades repartían raciones de comida semanalmente o por lo menos cada quince días. Lo peor parecía haber pasado. Las tasas de mortalidad incluso pudieron en parte reducirse hasta los niveles de antes de la guerra, y en las localidades más castigadas ya no sobrepasaron el 10 o 15 por ciento. Aun así, también Bruzón era consciente de que «el problema no est[aba] resuelto». El gobernador civil veía el desafío más grande en los huérfanos de padre y madre de la provincia, cuyo número se calculaba en 4000 a 5000, la mayor parte de los cuales vagabundeaban por las calles de La Habana. Bruzón temía que estuvieran «preparándose con [aquel] género de vida a ser en lo futuro elementos dañinos para [aquella] sociedad». La conclusión era obvia: «El problema, repito, es gravísimo»[169].

De modo parecido a lo que sucedió en las provincias ya analizadas, lo que en buena medida socavó la ayuda de emergencia para los reconcentrados en La Habana fueron las fricciones entre las autoridades civiles y militares y el colapso de las estructuras administrativas. Y las consecuencias fueron fatales. En muchas partes, la destrucción de las pequeñas localidades por parte del ELC contribuyó tempranamente a la precarización de la vida. En el caso de La Habana, y como demuestra el ejemplo de Los Fosos, hay varios informes que dan testimonio de que la miseria no pasaba desapercibida, tampoco internacionalmente. Aun así, el estado actual de la investigación sigue siendo insatisfactorio en lo que respecta precisamente a la capital. Es posible que, también en este caso, el camino hacia un mejor conocimiento del día a día de los refugiados de guerra y reconcentrados en La Habana pase por los fondos de los distintos municipios, el Registro Civil y los archivos parroquiales.

«La España chiquita»: Pinar del Río

«La España chiquita»: Pinar del Río

Los informes sobre la provincia de Pinar del Río del autonomista Fabio Freyre y Estrada son bastante más extensos que los de José María Bruzón sobre La Habana, pero ni de lejos tan rigurosos como los redactados sobre Matanzas o Santa Clara. Aun así, la correspondencia entre Freyre, el capitán general y el Consejo de Secretarios del Gobierno autónomo abre una interesante vía de aproximación a las salas de mando de las autoridades civiles. Concretamente, los informes de Freyre pueden ser entendidos como escritos de acusación contra las malas prácticas, la corrupción y la incompetencia de la Administración colonial española hasta el nivel de las jurisdicciones. Siguiendo el ejemplo de José Martí, Freyre proporcionó una interpretación general de la guerra según la cual la lucha no era contra la madre patria, sino contra la falta de representación política ante la metrópoli, así como contra los abusos sobre el terreno, es decir, «la inmoralidad que desde tiempo inmemorial se ha apoderado de toda la Administración pública, constituyendo una enfermedad crónica». Ya solo el hecho de que Freyre pudiera dirigirse con palabras tan claras al capitán general subraya la voluntad reformista de Segismundo Moret y Prendergast, el ministro de Ultramar, así como de todo el gabinete liberal de Práxedes Mateo Sagasta en Madrid[170].

Del informe se desprende además hasta qué punto la guerra había afectado a las estructuras administrativas. Desde el paso de las tropas invasoras en enero de 1896, muchas jurisdicciones carecían de comunicación directa con los centros. Así, las localidades de San Cristóbal, Guane y Arroyos de Mantua estuvieron aisladas durante meses, y la línea telegráfica que comunicaba Pinar del Río con la capital estuvo fuera de servicio durante siete meses. La aplastante presencia del Ejército Libertador incluso provocó la paralización temporal de toda actividad administrativa en la capital provincial. Las autoridades de la jurisdicción dejaron de atender los suministros básicos —el alumbrado público por ejemplo— «debido a las circunstancias anómalas por las que atrav[esaba] [aquella] provincia»[171]. Si se tienen en cuenta el desmoronamiento de las instituciones estatales durante la guerra, el alto grado de corrupción y las malas prácticas —y dejando a un lado el desinterés generalizado por la suerte de los reconcentrados—, es legítimo dudar de que la Administración colonial regional tuviera en algún momento la posibilidad real de hacer frente a una crisis como la de la reconcentración[172].

El «lamentable estado de abandono» de las administraciones en casi todas las jurisdicciones hizo que las cifras concretas sobre los internados que Freyre pudo transmitir a La Habana fueran muy pocas, teniendo por lo demás que recurrir a estimaciones. El número de habitantes de la provincia que, de acuerdo con la documentación de Freyre, ascendía a 226 693 personas, sufrió durante la guerra una caída de más del 50 por ciento, «a juzgar por las notas incompletas, imperfectas y deficientes que en [aquel] Gobierno h[abía] encontrado [Freyre] sin orden, concierto e interés debidos». A comienzos de 1897, tan solo en 10 de las 25 jurisdicciones había 40 423 reconcentrados; a finales de noviembre de aquel año eran 36 238 —11 035 hombres, 10 532 mujeres y 14 671 niños—, aunque no había datos de Cayajabos, Caimito del Guayabal, Mantua y Mangas, y los de Guane estaban incompletos. Freyre estimaba que el total de reconcentrados en toda la provincia ascendía a 47 000[173]. En una tabla actualizada en febrero de 1898 se hicieron constar 39 495 internados —12 329 hombres, 11 471 mujeres y 15 695 niños—, pero seguían faltando los datos de Bajar, Cayajabos, Mangas y Santa Cruz de los Pinos (véase cuadro 6). No fue posible averiguar con precisión cuántas víctimas hubo:

Es un hecho indiscutible que la gran mayoría de esa masa de individuos ha sucumbido, sin que pueda hoy recogerse ninguna noticia oficial sobre las defunciones ocurridas, porque en la generalidad de los casos no se observó ninguna formalidad para las inhumaciones que se verificaban a veces donde ocurrían las defunciones y tan crecido era el número de los que morían a diario como punible la indiferencia con que se veía desaparecer esa infeliz caterva, condenada a muerte por efecto del abandono y el desdén con que se miraba[174].

De ahí que el número exacto de fallecidos no pueda rastrearse ni en los libros parroquiales ni en el Registro Civil, lo que demuestra por una parte, hasta qué punto estaban desbordadas las instituciones y autoridades, y por otra, la indiferencia y el desprecio con que eran tratados los reconcentrados.

En noviembre de 1897, la situación —por lo menos en lo económico— mejoró un poco, tanto en la capital provincial como en las jurisdicciones de San Luis, Viñales y Guanajay. Fueron reconstruidas las localidades de San Juan y Martínez y Consolación del Sur, que habían sido destruidas por el ELC. Mariel, Candelaria, San Cristóbal y Artemisa «acusa[ba]n regular estado económico», según Freyre. Sin embargo, la reconstrucción de las zonas afectadas por las acciones militares solo avanzaba lentamente. En San Diego de Núñez, Santa Cruz de los Pinos, Cayajabos y Mangas por ejemplo, apenas había ya actividad económica. Esta lista —tan corta como incompleta— muestra que las autoridades locales no lograban alcanzar la normalización económica, a pesar de que Weyler había declarado en varias ocasiones que la provincia estaba «pacificada» y que desde la muerte de Antonio Maceo, en 1896, las tropas revolucionarias habían retrocedido y las hostilidades disminuido sustancialmente. De manera que el abastecimiento de los internados dependía en muchos lugares sobre todo de los donativos, del suministro de raciones almacenadas por el Ejército y de la benevolencia de los jefes militares locales, razón por la cual, y habida cuenta de que había que seguir trayendo desde La Habana ganado, arroz, tocino y garbanzos, Freyre aspiraba al autoabastecimiento de los reconcentrados[175].

Al igual que hicieron otros gobernadores civiles, Freyre apeló repetidamente a los «sentimientos humanitarios» del capitán general, como cuando, para socorrer a los reconcentrados en Artemisa, solicitó la prórroga, aunque solo fuera por unos días, del suministro de raciones de comida almacenadas por el Ejército, el objetivo era evidente: «Concederme tiempo para coordinar el modo con que habré de atenderlos y disputárselos a la muerte»[176]. Artemisa pertenecía —como se muestra en el cuadro 6 y se explicó en el quinto capítulo— al grupo de localidades de Pinar del Río que más refugiados de guerra y reconcentrados habían acogido. La jurisdicción contaba en 1895 con unos 9500 habitantes, mientras que el pueblo rondaba los 2000. A finales de noviembre de 1897, los internados registrados por las autoridades civiles eran 6374. En 1899, el censo de la jurisdicción contabilizó a unas 7000 personas[177]. En la primavera de 1898, Magdalena Peñarredonda Doley, delegada del PRC en Pinar del Río, visitó Artemisa y durante varias semanas informó a Tomás Estrada Palma de sus impresiones. Calculó que había unos 4000 internados, menos de lo que pensaban las autoridades provinciales. Según sus datos, eran unas 3500 las personas que habían perdido sus bienes por culpa de las «hordas» de Weyler. La miseria de aquellos reconcentrados demacrados, que se peleaban por las sobras de las raciones de las tropas españolas, solo podía ser «obra de un demonio demente», de la «manía homicida» de Weyler. Peñarredonda estimaba que, solamente para mejorar la situación en Artemisa, se necesitaban unos 10 000 pesos. Según sus informes, la miseria era parecida en Candelaria, San Cristóbal, Palacios y Pinar del Río[178].

El problema más grande en Pinar del Río era la insuficiencia de alimentos para mujeres y niños. Freyre señaló que, al contrario de lo que sucedía en el caso de los hombres, aquel segmento de la población «en su generalidad no p[odía] dedicarse a ningún trabajo que pudiera brindarle […] [medios] de subsistencia ni tampoco ha[bía] ocupación alguna que proporcionarle […]», por lo que era perentorio continuar con el suministro de raciones. De nuevo había que fijarse especialmente en los numerosos huérfanos, que necesitaban soluciones «para arrancarlos al vicio y hacerlos hombres útiles a la sociedad». De hecho, de los huérfanos ya se había ocupado la Administración de la jurisdicción de Pinar del Río en junio de 1897, rindiéndose de antemano —«agobiad[a] por los crecidos gastos que origina[ba] la guerra» y al borde del colapso económico— ante el desafío de ofrecerles a aquellos niños una educación apropiada, de modo que la tarea pasó a depender de las economías domésticas. En efecto, un decreto —un llamamiento al amor al prójimo realizado con retórica religiosa— instó a las familias de Pinar del Río a que acogieran a aquellos huérfanos internados, que no eran más que «víctimas de las convulsiones que tra[ía] consigo el demoledor estado creado por la insensata insurrección», y advirtió de que si la medida fracasaba, los niños a los que se les negara la protección «ser[ía]n en el porvenir un peligro para la misma sociedad»[179]. Los esfuerzos de las autoridades civiles por educar a los huérfanos para convertirlos en ciudadanos respetables no pueden considerarse una forma de ingeniería social más que en parte, porque no incluían ni medidas de formación —destinadas por ejemplo a las mujeres que se dedicaban al cuidado de los enfermos— ni tampoco la recogida de datos sobre los reconcentrados mediante métodos estadísticos modernos. En realidad eran una mera reacción ante las consecuencias negativas y no intencionadas de la reconcentración. Las autoridades —limitadas por la falta de medios económicos, lo que provocó un alto grado de improvisación— intentaron hacer frente a la emergencia humana hasta donde les fue posible; los esfuerzos por transformar a los huérfanos en honrados españoles nacieron de la situación de miseria, no de un propósito de realizar una intervención selectiva en la estructura social.

La escasez de medios económicos condicionó también la atención médica. No eran solamente los galenos más fatalistas los que veían en la mortandad una consecuencia inevitable de una política de reubicación decretada sin planificación alguna. De la falta de alojamiento, manutención y cuidados médicos, los internados, «hacinados como montón de carne humana en miserables barracas», solo podían esperar privaciones, enfermedades y una muerte segura. Porque, según Freyre, las epidemias aparecían «siempre que se aglomera[ba] muchedumbre de personas en malas condiciones higiénicas y sin recursos de alimentación». En concreto, las enfermedades que se abatieron en oleadas sobre la provincia fueron las «fiebres infecciosas y palúdicas, las viruelas y la disentería»[180].

A finales de noviembre de 1897, la Administración de la jurisdicción dispuso la entrega de material para la construcción, al lado del hospital militar de Pinar del Río, de una barraca destinada al aislamiento de los pacientes de viruela. Sin embargo, solo pocos días después, Freyre tuvo que informar de 37 casos de viruela en la ciudad. Si en San Juan y Candelaria la epidemia estaba remitiendo, Artemisa, en cambio, informó de 44 casos[181]. Algunos focos epidémicos perduraron y otros aparecieron allí donde no se eliminaban correctamente los desechos y restos animales. A pesar de las medidas de higiene adoptadas, las epidemias se cobraron, en diciembre de 1897 y enero de 1898, la vida de «cerca de cinco mil personas»[182].

Fueron sobre todo los jefes militares españoles los que subestimaron el potencial epidémico en Pinar del Río. En su informe, Cesáreo Fernández de Losada, inspector general de Sanidad Militar en Cuba, atribuyó aquel hecho a la falta de experiencia militar en la provincia: la Guerra de los Diez Años no había alcanzado nunca el extremo occidental de la isla, donde la lucha contra las enfermedades infecciosas constituía una novedad[183]. Como ya se ha visto, las consideraciones de Fernández de Losada se refieren particularmente a los numerosos militares españoles que enfermaron de malaria. Durante la intensa actividad militar en Pinar del Río, la actitud de Weyler y sus jefes militares respecto a las exigencias sanitarias e higiénicas mínimas relativas a las tropas fue criminalmente negligente[184]. Es sorprendente que se echara mano del desconocimiento del potencial epidémico como planteamiento explicativo del alto número de bajas entre las tropas españolas; sin embargo, como estrategia exculpatoria es plausible. Pero el argumento no resulta convincente en relación con la exorbitante mortandad entre la población civil. Las actas capitulares de Pinar del Río demuestran que el alto número de epidemias solo se dio a partir de la década de 1870[185]. Así, la viruela no era rara en las localidades de la provincia.

La malnutrición y el hacinamiento explican el alto número de víctimas que cobró la epidemia entre la población rural recluida en las ciudades. En cambio, la enfermedad causó pocas bajas entre las tropas españolas; concretamente, las estadísticas oficiales del año 1896 recogen un único fallecimiento en Pinar del Río. La guerra y la revolución llegaron hasta el último rincón de la provincia, mientras la reconcentración condujo hasta los centros a la población de las zonas más alejadas[186].

De ahí que las medidas para la contención del peligro de epidemia adoptadas por la comisión de sanidad y la junta local de Pinar del Río apuntaran en varias direcciones. Por una parte preveían el aislamiento de los focos de infección en el interior de los asentamientos, tarea en la que las autoridades civiles llevaban ventaja a las militares en muchos aspectos. Así, en octubre de 1897 se comunicó al director del hospital militar de Pinar del Río que en el nuevo cementerio se había dispuesto un depósito para «los cadáveres procedentes de fiebre amarilla, tifus, viruelas y otras enfermedades infecciosas». Por otra parte, la campaña estaba dirigida al exterior, de modo que la comisión de sanidad hizo construir puestos de desinfección en las entradas a la ciudad de Pinar del Río «para los individuos procedentes de los campos». La población rural solo recibía el permiso de entrada una vez «descontaminada»[187].

En marzo de 1898 la viruela volvió a propagarse por la provincia. De hecho, el médico municipal ya había notificado algún caso aislado en febrero. Luego, en marzo, toda una comisión médica se puso manos a la obra yendo a «los barrios y ciudades ocupados por las gentes pobres» a instruir a la población puerta a puerta. El objetivo del esfuerzo era poner a los infectados en cuarentena. De los escritos de los médicos se deduce que las víctimas de la viruela pertenecían sobre todo a los estratos más pobres de la población, aunque no se especifica si se trataba básicamente de internados. Solo en algún caso aislado se encuentran datos al respecto; así, en el historial de Virginia, la hija del internado Luis Riol, se puede leer: «El referido Riol es pobre, se halla reconcentrado y carece de [alimentos] para la asistencia de su hija». La mayor parte de las víctimas de las epidemias eran niños. Hubo bastantes casos en los que, de modo sorprendente, los médicos no diferenciaron claramente entre viruela y varicela. Cuando detectaban una infección solían ordenar, dadas las «pésimas condiciones higiénicas», el ingreso del enfermo en el «barracón de variolosos». Si los padres se negaban a entregar a sus hijos al cuidado de los médicos, era la policía la que se hacía cargo del traslado a las barracas[188].

En la primavera de 1898, los médicos no consiguieron contener las epidemias de forma permanente en Pinar del Río, así que la falta de confianza en ellos no era infundada. Entre el 28 de marzo y el 4 de abril se registraron —en la ciudad y zonas limítrofes[189]— 47 fallecimientos, 18 de los cuales debidos a la viruela; a la semana siguiente (del 4 al 10 de abril) murieron 40 personas, 15 de ellas a causa de la viruela. Tampoco en el periodo comprendido entre el 11 y el 17 de abril se constató mejoría alguna, ya que de los 32 muertos, casi la mitad —14 concretamente— habían enfermado de viruela. Una lista en la que figuran los fallecidos con indicación de nombre, sexo, edad, «raza» y enfermedad muestra que todos los grupos de edad se vieron afectados por el ya mencionado virus, ya que hubo víctimas entre niños, adolescentes, jóvenes y personas de más edad. Sin embargo, llama la atención que sea precisamente en el caso de las víctimas de la viruela donde frecuentemente no se consigna la edad. De hecho, en 23 de los 47 casos de viruela que terminaron con la muerte del paciente no consta este detalle. Los datos que complementan los informes médicos hacen suponer que se trataba sobre todo de niños de corta edad. Las víctimas masculinas de la viruela estaban claramente sobrerrepresentadas en la lista[190].

Dada la dimensión de la epidemia, el médico municipal recibió el apoyo de dos compañeros. Uno de ellos pudo concentrarse en las inspecciones diarias mientras el otro se dedicó a la «consulta y visita a los enfermos pobres». Tras unas pocas semanas de servicio, el nuevo inspector domiciliario, Adriano Navarro, dimitió de su puesto y fue sustituido el 11 de abril por José María Llopiz, quien dos semanas después también presentó su renuncia. Los escasos datos que contienen las actas capitulares no permiten conocer las razones de aquella cascada de dimisiones. ¿Acaso se rendían los médicos por no disponer de medios suficientes para combatir la epidemia[191]?

En realidad, los indicios señalan en otra dirección. No solo se conservan varias acusaciones contra «los señores médicos que no cumplen las disposiciones», sino que el 10 de agosto, una comisión investigó irregularidades detectadas en el hospital varioloso, tras lo cual, el día 24, el doctor Sixto Martínez Mora Rivera se hizo cargo, de forma interina, del puesto de médico municipal, que compartió con Llopiz a partir del 19 de octubre. En enero de 1899, el municipio fue informado de que los dos médicos casi nunca se encontraban en la ciudad y no cumplían con su deber. Aunque no es posible relacionar de modo concluyente las irregularidades detectadas en el hospital con los cambios de personal, esta aproximación a las estructuras locales del sistema sanitario muestra hasta qué punto era mala la situación de la atención médica en Pinar del Río[192].

Los informes de Freyre no permiten calcular sistemáticamente la mortalidad en la capital provincial, y los expedientes conservados en el Archivo Histórico Provincial de Pinar del Río solo facilitan una visión casuística y además limitada a un periodo de unas pocas semanas. Problemas parecidos surgen cuando se pretende conocer la mortalidad durante la guerra a nivel provincial. A finales de noviembre de 1897 Freyre envió un telegrama correspondiente a La Habana informando de que no disponía de datos precisos sobre la mortalidad entre los reconcentrados: «No puedo dar razón de los fallecidos porque no hay dato alguno ni [manera] de adquir[ir]lo». El gobernador civil fue muy claro al añadir que sus consideraciones no eran más que estimaciones. De acuerdo con los certificados de enterramiento, tan solo en los meses de diciembre de 1897 y enero de 1898 hubo 5000 defunciones. Según Freyre, la guerra y la reconcentración habrían causado un total de 23 495 víctimas civiles[193].

Al contrario de lo sucedido en Matanzas y Santa Clara, cuyas tasas de mortalidad alcanzaron los respectivos valores máximos a finales de 1897, la situación en Pinar del Río obedeció a un modelo regional propio, como se muestra en la gráfica 3 con el ejemplo de la pequeña localidad de Bahía Honda. Los datos semestrales que se conservan indican que la mortalidad ya se disparó en la segunda mitad del año 1896[194]. La explicación de aquella mortandad se encuentra en la cronología. El 10 de enero de 1896, las tropas del ejército invasor entraron a caballo en Bahía Honda, que ya había sido tomada, en nombre de la «República en Armas», por los bandidos a las órdenes de los jefes militares locales Carlos Socarrás Acosta y Modesto Gómez Rubio[195]. El 11 de enero los revolucionarios abandonaron la localidad dejando atrás 123 casas destruidas y quemadas. Según se desprende de un informe militar —un indignado retrato de la vida de la población redactado por el jefe de la guarnición española de Bahía Honda—, las ruinas calcinadas todavía seguían marcando la imagen de la ciudad a la altura del mes de abril. La fuerte presencia del Ejército Libertador paralizó todo comercio en la jurisdicción y no permitía más labores agrícolas que las que tenían lugar en el perímetro de las zonas fortificadas. No fueron solamente quienes residían en el poblado «antes de ocurrir los luctuosos sucesos» —que arruinaron a «innumerables familias»— quienes se vieron así «obligados a reconcentrarse» en la ciudad, «sino todos los de los poblados cercanos que ha[bía]n sido reducidos a cenizas». El jefe de la comandancia no dudaba de qué era lo primero que tenía que hacer para «resolver» aquel «verdadero problema»: «Mi deber y los sentimientos humanitarios me obligan a someter[lo] a la superioridad».

La problemática se parecía mucho a la de Mantua o Dimas, que hemos tratado en los capítulos segundo, cuarto y quinto. Los revolucionarios cortaron las vías de comunicación y avituallamiento de Bahía Honda y los habitantes pasaron a depender de las raciones de comida almacenadas por el Ejército. El militar expresó su preocupación en su solicitud de abastecimiento: «Entiende el Jefe que suscribe que es necesario arbitrar medios para evitar la miseria y con ella la desesperación de esta desgraciada gente que pudiera tal vez obligarles a ir a engrosar contra su voluntad las filas separatistas». De nuevo se observa que los jefes militares locales no ignoraban en absoluto lo mucho que la población civil podía contribuir al éxito de la lucha contra las guerrillas. Pero sin duda no era posible ganar «los corazones y las mentes» de las masas simplemente suministrando algunos paquetes de víveres; de hecho, lo único que se conseguía así era vincular medianamente a los refugiados de guerra sin medios —aquellos que ya lo habían perdido todo por causa de la «invasión»— a la potencia colonial. Es muy difícil saber si existía un riesgo real de deserción —una hipótesis que, a la vista de casos similares en Matanzas, no parecía descabellada— o si aquellos militares trataban más bien de conseguir una flexibilización del suministro de víveres, que se gestionaba de un modo restrictivo. En todo caso, Weyler concedió a los reconcentrados dos meses de raciones[196]. De un modo parecido a como había sucedido en Dimas, tras la reconstrucción de Bahía Honda hubo cada vez más familias que se refugiaron en la localidad fortificada por el Ejército, aunque más tarde serían deportadas[197]. En muy pocos días, el número de habitantes se multiplicó y el jefe militar adjudicó 120 parcelas en la zona de cultivo.

Las tropas del Ejército destacadas en Bahía Honda recibieron la orden de La Habana de juntar todas las reses de la jurisdicción para abastecer de carne a los reconcentrados y a la guarnición. Los bueyes no debían ser sacrificados, sino entregados a la factoría para la realización de labores de transporte. En marzo de 1897, el jefe militar volvió a solicitar apoyo, puesto que las epidemias mantenían parada la producción de azúcar en el ingenio situado cerca de la localidad y, como consecuencia, los jornaleros no encontraban trabajo. En aquella ocasión, Weyler ya solo autorizó raciones para diez días[198]. La cuestión que se plantea es, pues, si el hecho de que se disparara la tasa de mortalidad en Bahía Honda entre julio y diciembre de 1896 se debió a la política de tierra quemada de las tropas revolucionarias o bien a la insuficiencia del abastecimiento ordenado por el Estado Mayor español.

De lo que aquí se trata, en última instancia, no es de depurar responsabilidades, tal y como se ha intentado a menudo en los debates del pasado, incluidos los historiográficos[199]. Lo que se ha pretendido en este apartado es mostrar que la catástrofe social y demográfica que supuso la guerra no admite una interpretación monocausal. Por una parte, el conflicto no puede reducirse a un enfrentamiento de «ángeles contra demonios» —por emplear la fórmula de Francisco Pérez Guzmán—, y por otra, todo análisis ha de tener en cuenta un amplio y complejo abanico de causas[200].

7. Hacia la entrada en guerra de los Estados Unidos

7. HACIA LA ENTRADA EN GUERRA DE LOS ESTADOS UNIDOS

La reconstrucción de los primeros meses del mandato de Blanco en Cuba ofrece una imagen polifacética y, en muchos aspectos, contradictoria. Aunque no cabe duda de que es un error partir de la idea de que todo siguió igual a pesar de la autonomía concedida[1], la incapacidad de la Administración española de desactivar la crisis en un plazo razonable fue motivo suficiente para que en los Estados Unidos se lanzara una colecta destinada a paliar el sufrimiento de la población civil cubana. A finales de noviembre de 1897, el cónsul general norteamericano en La Habana, el general retirado Fitzhugh Lee, consultó a Blanco si la ayuda material estaba exenta de derechos de importación. El capitán general agradeció el ofrecimiento pero lo rechazó remitiéndose a «la sensible mejora que se experimenta[ba] en la situación de los pobres y las medidas que se ha[bía]n tomado recientemente». No obstante, consideró la posibilidad de que la ayuda material fuera entregada a la Iglesia católica «como asunto que e[ra] de beneficencia particular y perteneciendo como pertenec[ía]n los sacerdotes a las Juntas protectoras de socorro organizadas en la isla». Además indicó que las formalidades aduaneras eran competencia de Madrid. Sorprendentemente, El Imparcial dio a conocer, ya el 26 de diciembre de 1897, que Blanco, en el marco de sus gestiones a favor de los reconcentrados, también aceptaba donativos provenientes de los Estados Unidos[2]. Sin embargo, llegar hasta aquel punto supondría recorrer un camino pedregoso[3], ya que el capitán general desconfiaba mucho de la ayuda estadounidense, en la que básicamente veía una injerencia en los asuntos internos españoles. Lee aprovechó el resquicio abierto por Blanco: el 1 de diciembre, el embajador de España en Washington, Enrique Dupuy de Lôme, fue informado oficialmente de la colecta. Se suponía que la ayuda humanitaria —medicamentos, ropa y alimentos— entraría en Cuba sin satisfacer los derechos de importación[4]. Sin embargo, Blanco, a quien parecía sospechosa la vehemencia con la que Lee abordaba aquel asunto, puso en entredicho que los esfuerzos de los Estados Unidos tuvieran una motivación humanitaria; a este respecto señaló: «Siendo extraña esa insistencia que parece inspirada [en] fines políticos y que al cabo es siempre injerencia en nuestros asuntos por parte de una nación que [trata de] ayudar a nuestros enemigos». Ante el gobierno en Madrid, el capitán general expuso que disponía de ropa, medicamentos, médicos y víveres suficientes, y añadió: «Vigilo la distribución de socorros; y cuando se me han presentado quejas, las he atendido con preferente interés corrigiendo los abusos pronta y enérgicamente». Además, Blanco era consciente de que la autorización de la ayuda material estadounidense provocaría duras protestas, sobre todo de las unidades de voluntarios de La Habana, y observó: «¿No sería mejor que esos actos de caridad en vez de aceptarlos de nuestros enemigos viniesen de la Madre Patria?». Segismundo Moret y Prendergast le dio a entender que, dadas las circunstancias, el gobierno de Madrid no podía rechazar el ofrecimiento de Estados Unidos. Quizás para tranquilizar a Blanco, precisó en un telegrama: «Dudo sin embargo se hagan envíos». En España, una colecta a favor de los reconcentrados era «imposible», según Moret: «Opinión no está preparada; resultado sería escaso y efecto pésimo»[5].

Choques diplomáticos y ayuda humanitaria

Choques diplomáticos y ayuda humanitaria

A finales de 1897 y comienzos de 1898, la situación de la población civil cubana se había convertido en un asunto político de la máxima importancia, y la presión diplomática sobre el gobierno de Práxedes Mateo Sagasta se hizo muy intensa. En Madrid había una enorme tensión nerviosa, como muestra un incidente que tuvo lugar a mediados de diciembre, cuando el gobierno volvió a interesarse ante Blanco por las supuestas atrocidades. El hecho desencadenante no fue una nota diplomática, sino el tratamiento de la problemática de los reconcentrados en la prensa neoyorquina[6], a propósito de la cual, Moret hizo saber a Blanco: «La cuestión es de gran importancia dentro y fuera de España, recomiendo V. E. desarrolle su plan de auxilios hasta conseguir resultado completo restableciendo salud y condiciones de vida de esa desgraciada población». Aunque el capitán general tuvo que abandonar su oposición a la ayuda material estadounidense a comienzos de diciembre, no dejó de observar que, para muchos, la ayuda llegaría demasiado tarde. Sin embargo más adelante, mientras señalaba la mejoría de la situación de los reconcentrados, volvió a manifestarse claramente contrario a los envíos desde los Estados Unidos, para lo cual tenía poderosos motivos políticos:

No est[á] el sentimiento público, sobre todo el elemento intransigente, muy bien dispuesto para auxiliar a los reconcentrados, a quienes en cierto modo consideraban como insurgentes. Es lamentable decirlo, pero es verdad. Afortunadamente, repito, la situación ha mejorado, el espíritu de caridad ha revivido, y encuentro en los gobernadores celo y apoyo en esta benéfica obra, funcionando casi en todas partes Juntas particulares que nos auxilian poderosamente.

Era de esperar que el envío de la ayuda material de Estados Unidos fuera torpedeado en todos los niveles y no pudiera realizarse sin problemas. Así, el propósito inicial de dificultar todavía más el reparto de la carga transportándola hasta Regla, municipio separado de la capital por la bahía de La Habana, en vez de dejarla en los almacenes San José, no es probable que se debiera únicamente a los caprichosos mecanismos de la burocracia española. Las demás trabas puestas por el secretario de la Intendencia General de Hacienda, las cuales tenían como objetivo provocar el retraso del reparto de la ayuda, solo se despejaron tras la intervención escrita de Lee[7]. Blanco también se esperaba alguna que otra sorpresa negativa por parte de los donantes, «[d]ado el carácter del General Lee»[8]. También el nuevo gobierno autónomo presidido por José María Gálvez Alonso se ocupó del asunto en su reunión del 3 de enero de 1898, exigiendo «el mayor cuidado» en el reparto de la ayuda para evitar «que [aquella] pu[diera] por error o negligencia alcanzar a quienes no t[uvier]an derecho a los referidos auxilios por su situación, ni [fuer]an distraídos en favor de elementos nocivos o de malos antecedentes»[9]. Los temores del Consejo de Secretarios no eran infundados, como demostraría el hecho de que, en los meses siguientes, se hablara repetidamente de abusos en el reparto de la ayuda. También Clara Barton, la presidenta de la Cruz Roja Americana y responsable de los envíos de ayuda material, informó de corrupción y malversación y dio por supuesto que una parte importante de la ayuda jamás llegó hasta sus legítimos destinatarios[10].

Pronto quedó claro que los cónsules estadounidenses realmente hacían un uso político y propagandístico de la ayuda humanitaria. Así, los recibos que el cónsul en Sagua la Grande, Walter Barker, exigía de los propietarios de las tiendas por la compra y el suministro de víveres para la población rural recluida estaban redactados de un modo extremadamente creativo, en términos como por ejemplo los siguientes: «Recibí del Sr. Cónsul de los E. U. en esta plaza la cantidad de… Importe de… Que se le tomaron para socorrer a los reconcentrados abandonados por el Gobierno Español». En otros recibos se encuentran pasajes como este: «Para socorrer a los infelices cubanos destituidos por el Gobierno Español»[11]. Como consecuencia, la ayuda humanitaria fue tildada, y no solo por parte de Blanco, de «hipócrit[a] auxilio a los reconcentrados». En un escrito al ministro de la Guerra, el capitán general expuso que, «aprovechando el pretexto de los auxilios a reconcentrados», lo que en realidad se estaba haciendo era apoyar a los insurgentes, es decir: «Llevar a cabo una verdadera injerencia en nuestros asuntos, por demás irrita[nt]e, sin hablar del escandaloso contrabando que a su sombra vienen realizando, pues este perjuicio puramente económico no reviste carácter político y pudiera prescindirse de él, en [aras] de la paz». También la prensa española se hizo eco de la instrumentalización política de los envíos de ayuda material norteamericana. La Vanguardia, por ejemplo, señaló que en los Estados Unidos se había distorsionado la situación en los puntos de reconcentración: «La verdadera situación de los concentrados se ha exagerado […] no poco. La prueba es que entre ellos hay muchos que no quieren trabajar en la zafra, aunque se les ofrezcan buenos jornales»[12].

Moret informó a Blanco de que, por su parte, los informes estadounidenses ponían de vuelta y media la organización española de la ayuda de emergencia a los reconcentrados. A los jefes militares se les echaba en cara su ineficiencia, así como el hecho de que «comet[ía]n los mismos excesos que en tiempo de Weyler». Una vez más, Blanco se remitió, en su escrito de respuesta, a la sustancial mejoría que había experimentado la situación de los recluidos: «Poco a poco van saliendo de las ciudades donde estaban hacinados y desapareciendo por lo tanto el desconsolador espectáculo de esas grandes masas hambrientas y enfermas que era lo que más impresionaba»[13]. Este tipo de valoraciones fortalecen la impresión de que, a lo que esencialmente aspiraban Blanco y el gobierno español era a acabar, a corto plazo, con la miseria visible en las ciudades, aplazando así la solución del fondo del problema. En general, la correspondencia entre Moret, el ministro de Ultramar, y Blanco, el capitán general, confiere más nitidez a la imagen de unas autoridades españolas que solamente bajo presión del gobierno de los Estados Unidos reaccionan y contribuyen a mejorar la situación de la población civil internada. Sin aquella presión internacional, la Administración española no habría actuado del mismo modo, teniendo en cuenta que la mayor parte de las iniciativas surgieron de la sociedad civil cubana y a nivel regional. Es el miedo ante la amenaza de intervención de Estados Unidos —que, de todos modos, no evitó que siempre prevalecieran las soluciones menos costosas— el que fundamentalmente explica los esfuerzos a nivel estatal.

Así, fueron los alimentos y la ropa provenientes de los Estados Unidos los que ayudaron a muchas familias a salir de la miseria[14]. Rosa, una mujer de Santa Clara, informó a mediados de marzo de 1898 del suministro de víveres a la ciudad. La ayuda llegó a Santa Clara por mediación del cónsul estadounidense en Sagua la Grande. Primero se repartieron los alimentos y al día siguiente la ropa: «[A] la niña Sol le dieron para ella y su familia 6 [libras] de arroz[,] 3 de tocino y una de harina de maíz. Esta familia está en la miseria más espantosa[,] pues [a] la niña[,] que es la que podía trabajar por estar buena[,] le dio una disentería tan fuerte que todavía está bastante delicada[;] el padre y una hermana murieron hace poco de la misma enfermedad». Pero los envíos de ayuda desde los Estados Unidos tampoco eran ilimitados, de modo que al principio solo llegaron hasta las localidades occidentales más grandes —sobre todo La Habana—, así como hasta Santiago de Cuba, en la parte oriental de la isla. Es a partir del 18 de enero de 1898 cuando ya se puede hablar de un «puente de abastecimiento» regular entre Estados Unidos y Cuba. Desde Nueva York se dirigieron a la isla el Vigilancia y El Yucatán con miles de cajas de provisiones, ropa y medicamentos. El cónsul Lee, Clara Barton y el obispo de La Habana, Manuel Santander y Frutos, se hicieron cargo de las formalidades y la organización del reparto[15]. En aquella coyuntura, también el Consejo de Secretarios acudió a su escaso presupuesto para conceder algún que otro crédito, como, por ejemplo, uno de 5000 pesos para el hospicio de la capital[16].

Al acuerdo entre la Administración española y el gobierno estadounidense sobre el envío de la ayuda material se llegó pocos días antes de la toma de posesión del nuevo ejecutivo autónomo, el 1 de enero de 1898. Ambos acontecimientos supusieron una provocación para los intransigentes españoles de Cuba. Para evitar que la indignación se extendiera todavía más, las autoridades españolas insistieron en que de ningún modo se permitiría que el transporte de la ayuda a La Habana se realizara en barcos de guerra. Teniendo en cuenta la constitución del gobierno autónomo y los envíos desde los Estados Unidos, no es casual que fuera entre las tropas españolas —y sobre todo entre los regimientos de voluntarios— donde tuvieron lugar los más importantes actos de resistencia desde el comienzo de la guerra, que llegaron incluso hasta la sublevación. Ya el 3 de diciembre de 1897 el cónsul norteamericano en Matanzas, Alexander C. Brice, informó a Lee, el cónsul general en La Habana, de la existencia de planes de golpe contra Blanco. Según Brice, se había formado un amplio frente contra el capitán general integrado por nostálgicos de Weyler y militantes carlistas y dirigido por destacados conservadores —alcaldes, el coronel de la Guardia Civil, distintos oficiales del Ejército y miembros de las unidades de voluntarios—, a la cabeza de los cuales se hallaba Adolfo Porset, el antiguo gobernador civil de Matanzas. El objetivo de aquel movimiento de protesta, cuya fuerza se desconocía, era socavar el movimiento reformista y autonomista de Blanco recurriendo incluso a disturbios y motines. En cuanto a los militares, Brice se preguntaba: «¿Hasta dónde se atreverán a llegar?». En aquel momento, el cónsul norteamericano no esperaba desórdenes de importancia[17].

Pero cuando, a finales de diciembre de 1897, una serie de oficiales firmaron y pusieron en circulación unos «elogios al general Weyler», ya no cabía duda de que se estaba preparando un motín. El 12 de enero de 1898 fueron asaltadas en La Habana las redacciones de los diarios autonomistas El Reconcentrado y La Discusión. Algunos sectores de la historiografía española han buscado la causa de aquellas algaradas callejeras en las «provocaciones de la prensa habanera antiespañola», perspectiva que parece lógica en la medida en que Blanco reaccionó con la reintroducción de la censura previa[18]. Sin embargo, la asonada tuvo un carácter político más amplio, como demuestra la subsiguiente destrucción de los locales del órgano españolista Diario de la Marina. Una vez más, el populacho descargó su ira contra el gobierno liberal que había concedido la autonomía a Cuba[19]. Esta interpretación de los hechos se ve respaldada por el nuevo amotinamiento de miembros de las unidades de voluntarios y las escaramuzas con el Ejército regular que tuvieron lugar durante las siguientes noches. En Santa Clara, destacados exponentes de la autonomía fueron atacados por elementos reaccionarios. El 14 de enero Moret envió a Blanco un telegrama informándolo de los acuerdos adoptados en la metrópoli. Resultó que «sucesos ocurridos [en Cuba] se sabían en Madrid antes de que principiaran a realizarse, anunciándose se darían gritos carlistas y que voluntarios tomarían parte en motín». Los objetivos del levantamiento eran minar la autoridad de Blanco, impedir la elección de diputados cubanos a Cortes, derogar la autonomía de Cuba y propiciar la vuelta de Weyler a la isla. Moret le aseguró al capitán general su «incondicional apoyo» para «salvar los sagrados objetos amenazados». Las tropas españolas regulares y leales reprimieron el motín, que no se extinguió del todo hasta la noche del 19 de enero[20]. Aquella conspiración de inspiración carlista aún tuvo una motivación suplementaria. Un escrito del ministro español de la Guerra del 13 de enero sugiere que también la mala situación del abastecimiento de las tropas españolas contribuyó al «motín promovido por oficiales». Unos días después, el ministro propuso a Blanco enviar a los cabecillas de vuelta a España «para dominar [aquella] nueva rebelión iniciada y sostenida por traidores a la patria»[21].

Aunque las acciones nunca estuvieron directamente dirigidas contra ciudadanos de los Estados Unidos de América, el gobierno de William McKinley envió el acorazado Maine a la Habana[22]. Lee, el cónsul general, había insistido prácticamente desde el momento de su toma de posesión, en abril de 1896, en que debía haber por lo menos un acorazado operativo en los Cayos de Florida para «garantizar el orden y proteger las vidas y propiedades americanas». Según su opinión, solamente una tercera potencia podía poner fin a la guerra en Cuba, ya que ni España ni la «República en Armas» estaban en condiciones de hacerlo a medio plazo. Además, y siempre según Lee, las reformas y la autonomía estaban condenadas de antemano al fracaso, porque ni la «decadente» España era comparable con Gran Bretaña ni, menos aún, Cuba con Canadá. El cónsul general no ocultaba que consideraba inevitable una intervención de Estados Unidos[23].

En 1896, ni el presidente Grover Cleveland ni el secretario de Estado Richard B. Olney respondieron a aquella instigación a la guerra de su hombre en La Habana. De hecho, Cleveland temía que fueran precisamente las acciones irreflexivas de ciudadanos estadounidenses en Cuba —guiados por Lee, a quien consideraba un «cabecilla»— las que pudieran conducir a un conflicto con España. Al comienzo de su mandato, el sucesor de Cleveland, McKinley, dio continuidad a la política de moderación respecto a Cuba. A través de Edwin Farnsworth Atkins, financiero y barón del azúcar con numerosas plantaciones en la isla, los gobiernos de los Estados Unidos habían tenido acceso, durante años, a toda una red de informadores bien avisados. Atkins mantenía contactos con diplomáticos españoles como Enrique Dupuy de Lôme, pero también con exponentes de la «República en Armas», como, por ejemplo, el delegado del PRC en Washington Gonzalo de Quesada y Aróstegui. Atkins ejerció una fuerte presión en Washington para lograr tanto la autonomía de la isla caribeña bajo dominio español como una estricta política estadounidense de no injerencia. Aquel proceder parecía garantizar, en última instancia, la mejor protección de sus propiedades, que estaban entre las pocas en las que se seguía produciendo azúcar a pesar de la guerra.

En enero de 1898, cuando el Maine puso rumbo a La Habana, incluso Lee habría preferido esperar, ya que, teniendo en cuenta los conflictos internos españoles, temía que la presencia de un acorazado de los Estados Unidos en la bahía de la capital pudiera unir a las fuerzas coloniales como consecuencia de un acto reflejo nacionalista. En todo caso, y de enviar algo, mejor que fuera toda una flota que tuviera un efecto disuasorio. Finalmente, cuando el Maine arribó a La Habana, Lee no dejó de informar entusiasmado sobre la elegancia del buque y también de su efecto supuestamente tranquilizador sobre los ciudadanos estadounidenses en la isla. En aquella época, la influencia de Atkins en Washington declinaba y sus pronósticos no se cumplían. Los rebeldes no estaban dispuestos a deponer las armas, ni siquiera tras la entrada en vigor de la autonomía. Los nuevos informes sobre la situación en Cuba, como los del senador conservador Redfield Proctor, contribuyeron a que Atkins fuera percibido como lo que realmente era: un exitoso hombre de negocios con intereses personales en Cuba[24].

¿Una intervención humanitaria?

¿Una intervención humanitaria?

Por causas que hasta hoy no se han podido determinar, el Maine explotó la noche del 15 de febrero de 1898, causando más de 250 víctimas entre la marinería. Aquel acontecimiento, junto al escándalo provocado por una carta de Dupuy de Lôme[25], el embajador de España en Washington, deterioró las relaciones diplomáticas entre la metrópoli y Estados Unidos hasta un nivel nunca antes alcanzado. La presión del gobierno estadounidense de McKinley sobre España había ido en constante aumento, lo cual también tuvo su reflejo en las continuas demandas de información de los ministerios en Madrid en relación con el abastecimiento de los internados en Cuba. ¿Qué medios económicos se habían empleado hasta aquel momento para los reconcentrados? ¿Qué parte correspondía a la ayuda material estadounidense? ¿Qué más medidas había que adoptar y cómo había evolucionado la mortalidad desde 1897[26]? Solo un año antes, aquellas preguntas apenas habrían suscitado el interés de nadie. Blanco no dejó nunca de señalar la mejoría de las condiciones de vida de los internados en las ciudades, así como la provechosa actividad de los nuevos gobernadores civiles, los cuales —como ya ha quedado expuesto en el capítulo anterior— pusieron en marcha cocinas económicas, el suministro de leche a los huérfanos y otras iniciativas, y se comprometieron a mejorar los alojamientos y la atención médica, todo ello en colaboración con alcaldes, representantes de la Iglesia católica y juntas protectoras. El (difícil) camino hacia el descenso de la mortalidad en muchas jurisdicciones muestra que, a pesar de las muchas resistencias, a nivel municipal se hizo un trabajo notable[27]. No es acorde con los hechos descalificar los esfuerzos realizados durante la autonomía como meras «medidas cosméticas» propias de una «caricatura de poder político»[28].

En marzo de 1898 Blanco repasó por extenso la situación de los internados e hizo referencia a la «mejora muy grande» habida durante los cuatro o cinco meses anteriores. Es interesante que siguiera achacando la «miseria y desgracia» en las ciudades básicamente a la devastación y la quema de regiones enteras por parte de los revolucionarios: el asolamiento de los pueblos habría «oblig[ado] a sus desgraciados habitantes a buscar amparo en las ciudades para salvar la vida, única cosa salvada de [aquella] bárbara e innecesaria destrucción que los ha[bía] reducido a la más espantosa miseria». El consiguiente «exceso anormal de población» desbordó por completo a las autoridades municipales. Blanco no hizo referencia ni a la reubicación forzosa, ni a la deportación, ni tampoco a la política de tierra quemada implementada de forma sistemática por parte de las tropas españolas; su relato es una sucesión perfectamente enlazada de enfermedades, epidemias, recursos económicos insuficientes y sentimientos de desesperación[29]. Lo que no era de esperar era una reflexión autocrítica, y menos aún ante el trasfondo de las amenazas estadounidenses. Unas semanas más tarde, La Vanguardia informó de que, tras la explosión del Maine, la prensa norteamericana, en su constante búsqueda de motivos para la guerra, no dejaba de referirse a la problemática de los reconcentrados. Incluso se discutía si, en caso de invasión, los internados lucharían al lado de las tropas estadounidenses.

Se suponía que, gracias a las políticas liberales, y muy especialmente a la flexibilización de la reconcentración, muchos internados tenían la posibilidad de retomar sus actividades agrícolas: «De este modo se aliviaba a las ciudades de la enorme carga de una población excesiva y abrumadora, y [se] desterraba[n] las enfermedades que tal aglomeración necesariamente producía». Blanco y el gobierno autónomo apoyaron a las juntas protectoras creadas en las distintas provincias con dos créditos especiales de 100 000 y 50 000 pesos, respectivamente. Según Blanco, la contribución estatal «levantó el espíritu público» e infundió optimismo a la población. En Santa Clara, los internados erigieron bohíos en las zonas de cultivo «[p]ara evitar la aglomeración de ellos en las ciudades»; en Pinar del Río, la reconstrucción de muchos pueblos avanzaba a buen ritmo; en Santiago de Cuba, las zonas de cultivo de San Luis y Caney estaban, al parecer, en perfecto estado; en Matanzas, la compañía ferroviaria entregaba billetes gratuitos a los reconcentrados que deseaban regresar a sus propiedades. Blanco resumió la situación: «Poco a poco va disminuyendo la gravedad de la crisis». En este sentido, la ayuda material de los Estados Unidos era importante, y Blanco la analizó en un tono notablemente conciliador. Las autoridades españolas valoraron en unos 40 000 pesos la ropa, los alimentos y los medicamentos repartidos por Barton y la Cruz Roja en La Habana en febrero de 1898. Aun así, la crisis era, según Blanco, «tan profunda [que] no [podía] resolverse en poco tiempo»[30]. Al igual que en el caso de otras hambrunas, también en Cuba había muchas personas que ya no podían retornar a sus hogares y apenas tenían motivos para volver al campo, ya que lo habían perdido todo en la guerra o se veían obligadas a vender sus propiedades. Los braceros que tras el final de la guerra abandonaron los puntos de reconcentración para buscar sus anteriores lugares de trabajo se encontraron a menudo con que los propietarios ya habían adjudicado a otros sus antiguas parcelas[31].

Blanco atribuyó el descenso demográfico, que era fácilmente perceptible en la isla, básicamente a la emigración. En vista de la incuestionable mortandad, el capitán general explicó que las tasas de mortalidad más elevadas siempre se habían registrado «precisamente a los siguientes días» de llegar a los centros «nuevos contingentes de reconcentrados» provenientes «del campo», los cuales «sin atender a los consejos y vigilancia de los médicos, cons[eguía]n con sus ruegos que los soldados y otras personas llenas de irreflexiva caridad, les facilit[ara]n pan y rancho en abundancia, que en el estado de suma debilidad en que se enc[o]ntra[ba]n, les ocasiona[ban] la muerte». El argumento de Blanco ya lo había adelantado Weyler al señalar que la vida en las ciudades no era la causa de la alta tasa de mortalidad —cuya responsabilidad correspondía sobre todo a los insurgentes—, puesto que muchas familias obligadas por los rebeldes a huir a la manigua ya llegaban a los centros demacradas, enfermas y extenuadas. El punto álgido de la crisis parecía superado, pero también Blanco entendía que el problema estaba lejos de resolverse[32].

Al analizar lo sucedido en las distintas provincias se ha visto que tanto el engorroso procedimiento burocrático de las autoridades españolas como el colapso parcial de las estructuras administrativas regionales constituyen, a todos los niveles, elementos centrales para la comprensión de la crisis de los reconcentrados. Con las tropas de invasión, la anarquía empezó a extenderse hasta los lugares más recónditos del oeste de la isla, y con Weyler como capitán general irrumpió en el escenario bélico una radicalidad que resultaría decisiva para la generalización de la cultura de la violencia. En aquellas circunstancias, las autoridades españolas consideraron la mortandad entre los civiles como una triste pero inevitable consecuencia de la guerra.

Durante «el año horrible»[33], la situación en las ciudades y pueblos de la isla fue sumamente crítica para todos los estratos sociales. A nivel municipal, las administraciones se las tenían que ver con unas arcas que, como era notorio, estaban vacías[34]. Pero ni siquiera en aquella situación supo La Habana desburocratizar la prestación de la ayuda de emergencia. En el capítulo segundo se demostró que lo mismo había sucedido también en la metrópoli durante el primer año de la guerra, cuando las solicitudes de créditos especiales presentadas por Martínez Campos fueron aparcadas durante meses mientras las autoridades de Madrid intentaban determinar qué órgano era el competente en la materia. Es cierto que durante el mandato de Weyler se hicieron esfuerzos para garantizar el abastecimiento de las oleadas de refugiados, pero el ilusorio empeño en alcanzar el autoabastecimiento de los internados, los meandros de la Administración española y la quisquillosidad del comandante en jefe aumentaron considerablemente las penas de la guerra. Así por ejemplo, Weyler rechazó, por incompletas, solicitudes de suministro de raciones de comida a civiles, cuando hubo momentos en los que incluso las autoridades provinciales carecieron del papel necesario para confeccionar los impresos por triplicado. Cuando Blanco, por fin —y en buena medida como consecuencia de la presión exterior—, autorizó un crédito especial de 100 000 pesos para el abastecimiento de los reconcentrados, las trabas administrativas volvieron a ser tan numerosas que muchos necesitados nunca pudieron beneficiarse de la ayuda. Además, los créditos eran insuficientes, como demuestra el caso de Santa Clara, cuyo gobernador civil, Marcos García Castro, solicitó 100 000 pesos mensuales tan solo para su provincia.

A la incapacidad de la Administración colonial vinieron a sumarse las actividades del ELC, que por momentos —mediante asaltos a las zonas de cultivo y bloqueos de ciudades y pueblos— se dirigieron directamente contra los internados. El objetivo de aquellos ataques era impedir, en la medida de lo posible, que a los centros controlados por las tropas españolas no llegaran ni víveres, ni medicamentos, ni ropa, ni leña. En enero de 1898, el internado Nicolás Rodríguez intentó conducir ganado hasta Sancti Spíritus, pero fue capturado por un destacamento del ELC. Durante el interrogatorio negó haber pertenecido nunca a las unidades de voluntarios españoles o a la contraguerrilla, lo cual probablemente le salvó la vida. Había residido en Palma, pero se había mudado a Sancti Spíritus tras la publicación del primer bando de reconcentración. Desde hacía algún tiempo buscaba, en las inmediaciones de la ciudad, «recursos como hierba y un pedazo de carne» para la manutención de su familia. Los revolucionarios quisieron saber si Rodríguez conocía la prohibición de comerciar con el enemigo, a lo que el interrogado dio a entender que sí la conocía, aunque no por ello podía dejar de velar por su familia enferma. Aquel incidente muestra cómo el Ejército Libertador intentó, incluso en el punto álgido de la crisis de abastecimiento, implementar las órdenes que, bajo la amenaza de la pena de muerte, pretendían impedir todo comercio con el enemigo[35]. De acuerdo con una lógica brutal, el ELC entendía que, básicamente, todo reconcentrado servía a la causa de la revolución: cuanta más gente se refugiara en las ciudades, menores serían los recursos disponibles; y cuanto más agobiante fuera la situación en los centros, más fuerte sería la presión ejercida sobre el gobierno español[36].

Y de hecho, parecía que así era. El bando del 30 de marzo de 1898, por el que oficialmente se puso fin a la reconcentración en toda la isla, solo puede entenderse como una consecuencia de la presión política internacional. En el preámbulo, Blanco declaró completamente pacificadas las cuatro provincias occidentales, donde, como demostraba el hecho de que el cultivo y la fabricación de azúcar de caña y tabaco se estuvieran llevando a cabo sin problemas, la situación estaba bajo control: «Entiendo llegado el momento de restablecer por completo la normalidad de la vida en la población rural y de hacer desaparecer las causas del malestar que sufren los campesinos acogidos a los poblados y sus cercanías, dando por terminada la reconcentración de los mismos y disponiendo su completa libertad para regresar a los campos y dedicarse en ellos a las labores que estimen convenientes»[37]. Sin embargo, ni aquellos anuncios ni tampoco la visión de color de rosa de la guerra lograron disimular el hecho de que el «final» de la reconcentración no haría desaparecer sin más las penas de las calles de las ciudades. Seguía habiendo miles de huérfanos y viudas sin medios que era necesario abastecer, y la falta de simientes, aperos y ganado complicaba especialmente el autoabastecimiento de los internados y, en general, dificultaba el retorno al campo.

De ahí que Blanco, en los artículos 2 y 3 de su bando, instara por una parte a las autoridades militares y civiles a facilitar todo su apoyo a los que decidieran regresar a sus lugares de origen y por otra, requiriera a las juntas protectoras a abastecer a los que permanecieran en los puntos de reconcentración. También se pretendía crear puestos de trabajo mediante proyectos de inversión pública[38]. El Consejo de Secretarios del gobierno autónomo aspiraba a poner en marcha las llamadas colonias agrícolas, en las se suponía que los antiguos internados podrían ganarse la vida, al tiempo que debían asegurar el suministro de alimentos en caso de bloqueo de la Marina de los Estados Unidos[39]. Aquella política de plena normalización y vuelta a las actividades agrícolas tradicionales conllevó también un cambio de estrategia militar. Las tropas y los voluntarios españoles recibieron la orden de no seguir destruyendo casas y plantaciones, a no ser que pertenecieran sin ningún género de duda a una prefectura de los insurrectos.

En Madrid, el gobierno intentaba cumplir formalmente con todas las exigencias del ejecutivo de William McKinley y evitar así un conflicto bélico con la gran potencia emergente. Weyler fue cesado, la reconcentración flexibilizada, Cuba dotada de autonomía. El 10 de abril de 1898 Blanco anunció incluso un alto el fuego unilateral[40]. Sin embargo, el gobierno de Práxedes Mateo Sagasta descartó categóricamente la renuncia pacífica a la isla, las razones de cuya permanencia bajo control español tenían, también para los liberales, un fuerte componente emocional. Blanco criticó igualmente la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de España. Tan solo unos días antes del anuncio del alto el fuego unilateral condenó en términos muy duros el apoyo que los rebeldes recibían abiertamente desde los Estados Unidos, así como la difusión de informaciones falsas. Además, y en vista de la amenaza de intervención estadounidense, ordenó a sus oficiales que volvieran a exigir lo máximo de sus tropas. También se dirigió al ministro de la Guerra para transmitirle sin ambages su opinión acerca de los preparativos de guerra de McKinley y los debates sobre la situación en Cuba que tenían lugar en el Congreso de los Estados Unidos, que le parecían intolerables. Según Blanco, los Estados Unidos intensificaban «sus manejos de toda especie para dificultar la paz y alentar a los rebeldes»[41].

En aquellos días también se acabó la tranquilidad en el cuartel general de Máximo Gómez. Las noticias se sucedían creando confusión: ¿la guerra entre Estados Unidos y España era inminente o ya había estallado? Raúl Arango Solar escribió a su hermana: «En fin nos tienen locos, y no sabemos nada de cierto. Yo no creo nada». La reacción de los revolucionarios ante el alto el fuego de Blanco no pudo ser más clara: por orden de Máximo Gómez, ahorcaron al mediador que les notificó la decisión[42]. Las nuevas órdenes también fueron rechazadas por los oficiales españoles, que simplemente no las obedecieron[43]. Además, en vista de la guerra contra los Estados Unidos que se iba perfilando, más de un jefe militar se preguntó si el trato «privilegiado» que había que dispensar a los reconcentrados era el adecuado. El bando del 30 de marzo —es decir, la finalización de la reconcentración— seguía vigente, pero el alto el fuego unilateral fue revocado por Blanco a finales de abril de 1898[44].

La resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos del 19 de febrero de 1898 dio carta blanca al presidente McKinley para una intervención militar en Cuba. Dos días después, la Marina norteamericana puso en marcha el bloqueo de las más importantes ciudades portuarias de la isla. Se trataba de que España no pudiera ni reforzar ni avituallar a sus ejércitos en el Caribe. El bloqueo marítimo, que abarcó sobre todo el espacio entre Cárdenas y Bahía Honda (al norte) y Cienfuegos (al sur), nunca consiguió aislar la isla por completo. Las localidades de Nuevitas, Manzanillo y Caibarién, por ejemplo, estuvieron comunicadas hasta finales de junio de 1898. Con todo, el bloqueo afectó sensiblemente a la ya de por sí crítica situación del abastecimiento de la isla, como demuestra especialmente el caso, abordado más arriba, del área de La Habana. En sus memorias, Isidoro Corzo describió de un modo impresionante la miseria de los reconcentrados en la capital. Durante el bloqueo, las raciones de las tropas españolas allí estacionadas se volvieron cada vez más escasas. Los internados, que hasta aquel momento se habían alimentado de los restos de comida de los soldados, fueron los que más sufrieron las crecientes estrecheces. El recién constituido gobierno autónomo decidió asegurar el abastecimiento de las tropas españolas y la población civil «leal» ampliando las zonas de cultivo ya existentes y creando nuevas plantaciones en tierras baldías[45]. Enviado en misión especial a México y Jamaica, el general Luis Pando intentó fletar pequeños buques de transporte que, burlando el bloqueo sin ser vistos, pudieran llevar alimentos hasta las islas situadas ante las costas septentrional y meridional. Aquellas acciones resultaron poco efectivas. El resultado del racionamiento y la inflación galopante fue tremendo: «El pánico es tal, que hoy todo es desolación y terror». Desde Cienfuegos, los habitantes informaron de su «situación terrible». Quien podía, abandonaba la ciudad por mar. En efecto, en mayo de 1898, varios barcos de bandera británica transportaron a cientos de cubanos hasta Jamaica[46].

La «intervención humanitaria», que apelaba retóricamente a los horrores de la reconcentración y al resarcimiento de las víctimas del Maine, tuvo consecuencias fatales. El bloqueo paró en seco la lenta estabilización de la situación de la población civil en los puntos de reconcentración. En Santa Clara, la tasa de mortalidad, que había bajado a partir de diciembre de 1897, volvió a subir de forma sostenida entre mayo y septiembre de 1898, como muestra claramente el cuadro 5. Algo parecido sucedió en la capital de la isla, donde el número de fallecimientos volvió a crecer con fuerza entre junio y septiembre de 1898. Retrospectivamente, el médico estadounidense William F. Brunner dejó constancia de la precaria situación en La Habana, cuyas causas atribuyó sobre todo a dos factores: el bloqueo, que prácticamente mató de hambre a los estratos más pobres de la población, y la inestabilidad —que duró años— de la vida de los refugiados y reconcentrados empobrecidos, que acabaron tan debilitados que, todavía en octubre de 1898, eran particularmente propensos a caer víctimas de las epidemias[47].

Hubo dos elementos que, en vista de la amenaza exterior, contribuyeron a agravar todavía más la situación de los internados: el cierre de filas de la élite españolista y las tensiones sociales que siguieron a la nueva crisis de abastecimiento. Además, la despiadada especulación con los alimentos tuvo efectos fatales. Desde Cienfuegos se informó de que la libra de carne ya se vendía a 55 centavos y apenas se podía conseguir pollo, que podía llegar a costar hasta 2 pesos. En La Habana, la Comisión Interventora de Subsistencia consideró la posibilidad de confiscar todos los víveres para después proceder a su reparto ordenado. El 5 de julio de 1898, las autoridades de la capital fijaron el precio del pan, y entre mayo y junio también se tomaron medidas de limitación de los precios de los alimentos básicos en otros lugares, como Matanzas[48]. Para Francisco Pérez Guzmán es la desesperación en las ciudades de las provincias occidentales la que explica los numerosos suicidios que hubo desde La Habana a Santa Clara entre enero y julio. Sin embargo, los datos que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Pinar del Río ponen en entredicho esta tesis, puesto que no indican un incremento significativo de suicidios e intentos de suicidio durante los años de la guerra[49].

En muchos lugares, la situación del abastecimiento siguió siendo precaria incluso después del hundimiento de la flota española en Santiago de Cuba, el 3 de julio de 1898, la capitulación oficial de la división y de la ciudad, el 17 de julio, el alto el fuego y la firma, el 12 de agosto en Washington, del protocolo de paz. En agosto, las autoridades locales de Pinar del Río se ocuparon de proporcionar leche a los «niños reconcentrados», acción a la que hubo que poner término en diciembre tras recibirse informes sobre «ciertos abusos» en el suministro de alimentos y sobre todo en vista del, al parecer, «enorme gasto que origina[ba] [aquella] atención»[50]. En septiembre, Blanco incluso autorizó el sacrificio de vacas y animales de tiro, así como la requisa de reses en manos extranjeras. Aunque la ayuda material estadounidense empezaba poco a poco a llegar a la isla, se trataba, según informes elaborados en Sagua la Grande, de envíos poco sistemáticos. Además, el capitán general, a quien el peligro de que hubiera contrabando le parecía demasiado grande, se negó a abrir el puerto de La Habana a la importación libre de mercancías, aunque puso a disposición de la Cruz Roja Americana dirigida por Clara Barton los puertos de Matanzas, Caibarién y Bahía Honda, donde la miseria era mayor[51].

Las acciones del ELC contribuyeron al agravamiento de la crisis de abastecimiento. Desde Puerto Príncipe, Emilio March y García de Mesa informó de que seguía habiendo grupos que impedían el comercio con pueblos y ciudades, así como la importación de víveres y sobre todo de reses[52]. De hecho, los meses posteriores al final de la guerra también se convirtieron en un desafío decisivo para los revolucionarios. El cambio de la economía de guerra a la economía de paz resultó ser extremadamente complicado. Si hasta aquel momento los insurgentes habían asegurado su supervivencia asaltando convoyes y atacando zonas de cultivo, ahora acampaban, en unidades de 1000 a 2000 hombres, en los alrededores de los pueblos y ciudades que seguían ocupados por el Ejército español. Este autorizaba únicamente la entrada de rebeldes en pequeños grupos desarmados, pero no el transporte de víveres hasta las puertas de las localidades, donde esperaban las tropas víctimas de la hambruna. En muchos sitios —como en Cienfuegos en octubre de 1898— se crearon comités de apoyo a los miembros del ELC. Aun así, hacia finales de año ya se hablaba de revolucionarios muertos de inanición.

Durante las semanas previas a la invasión, la imagen del independentista cubano sufrió en el Congreso de los Estados Unidos una mutación radical. Los héroes del Ejército Libertador y de la «República en Armas», que hasta entonces habían merecido la consideración de admirables luchadores por la autodeterminación e independencia de la decadente potencia colonial, se convirtieron en una partida de salvajes desorganizados e incapaces de gobernarse a sí mismos, de modo que McKinley rechazó reconocer al ejecutivo de la «República en Armas». La impresión de que los cubanos eran unos incompetentes se vio reforzada por los informes de los generales americanos que, como William Rufus Shafter, colaboraban en Santiago de Cuba con los revolucionarios de Calixto García. De hecho, las tropas cubanas estaban versadas en la guerra de guerrillas y no resultaban efectivas en los combates regulares, lo cual, junto a un racismo profundamente arraigado, era motivo suficiente para presentar la «liberación» de Cuba como logro exclusivo de las tropas estadounidenses de intervención. Si el Estado Mayor de los Estados Unidos desconfiaba, y mucho, de los isleños, lo hacía todavía más del Ejército Libertador, tan marcado por los afrocubanos. El racismo y el miedo a los excesos tras tres años de guerra civil también explican que, después del alto el fuego de agosto de 1898, los Estados Unidos no entregaran los pueblos al ELC y prefirieran trabajar con las unidades españolas, a las que poco a poco fueron dando el relevo en las ciudades. Después de todo, las tropas españolas estaban integradas básicamente por «blancos». En la firma del Tratado de París, el 10 de diciembre de 1898, la delegación estadounidense renunció totalmente a la presencia de representantes cubanos[53].

Epílogo

Epílogo

La Guerra de Independencia de 1895-1898 condujo al borde del colapso social y económico tanto a España como a Cuba. Generaciones enteras se vieron marcadas por el hambre, las privaciones y la mortandad. En sus memorias, los contemporáneos se refirieron a aquellos años centrándose en la situación generalizada de emergencia y poniendo el acento en la inflexión que supusieron los bandos de reconcentración. Sin embargo, los efectos sociales a medio y largo plazo de la reubicación forzosa en Cuba no han sido objeto de una investigación exhaustiva. Aunque el conflicto dejó «heridas profundas» en la sociedad cubana, en los años de la posguerra apenas hubo aproximaciones analíticas de calado. En la década de 1940, el historiador cubano Emilio Roig de Leuchsenring atribuyó este defecto a las tempranas protestas y amenazas de boicot de la comunidad española en Cuba, las cuales habrían provocado que, incluso décadas después de la independencia de la isla, no se investigara ni se publicara nada aceptable sobre los métodos del «asesino y torturador» Weyler. También Francisco Pérez Guzmán afirmó, en una entrevista de 1998, que un pesado manto de silencio cayó sobre la reconcentración hasta muchos años después de la guerra. De hecho, la élite española en Cuba hizo uso de su dominio de los medios para intentar construir —también tras el cambio de siglo— una imagen condescendiente del pasado más cercano, utilizando para ello, como contramito del carnicero Weyler, la memoria del «noble» general español Joaquín Vara de Rey y Rubio, caído en 1898 mientras luchaba en El Caney contra las tropas de los Estados Unidos[1]. La comunidad española no escatimó en gastos a la hora de conformar la imagen histórica del «mártir» Vara de Rey que se pretendía venerar, y entre 1898 y 1931 invirtió más de 200 000 dólares americanos en monumentos y otros proyectos que debían contribuir, tanto en Cuba como en España, a la rectificación de la historia más reciente[2]. Hasta hoy, la historiografía apenas se ha ocupado de la recepción y representación de la reconcentración en Cuba.

Los efectos a largo plazo de la deportación de la población rural sobre la estructura social de Cuba son indudables. Tal y como se ha expuesto más arriba, muchas familias no pudieron regresar al campo tras la finalización del internamiento. A comienzos de octubre de 1898 seguía habiendo en La Habana, al parecer, unos 3000 reconcentrados sin medios. En su «Sanitary Report from Habana», William F. Brunner dejó constancia de que el estado de los reconcentrados era terrible y apuntó que una estimación conservadora llegaría a la conclusión de que la mitad de las personas padecía daños físicos graves e irreversibles. A comienzos de 1899, el reportero de guerra George Kennan informó desde Matanzas de que en la ciudad recibían diariamente raciones de comida unos 8000 necesitados, aproximadamente la mitad de los cuales habían sido reconcentrados, entre ellos numerosos huérfanos. La guerra y la migración forzada habían fracturado las estructuras familiares tradicionales y desencadenado un éxodo rural. Según el censo de 1899, más del 32 por ciento de la población de Cuba vivía en ciudades de más de 8000 habitantes. En Estados Unidos, solo los estados atlánticos septentrionales alcanzaban cifras similares. Si se toman como referencia las poblaciones con más de 1000 habitantes, la población urbana de Cuba incluso ascendía a más del 47 por ciento. Lamentablemente, no hay datos fiables sobre el grado de urbanización anterior a la guerra[3].

En la actividad económica cubana, el sector preponderante siguió siendo el agrícola, también tras la guerra. La superficie de tierra cultivada se redujo en un 10 por ciento entre 1895 y 1899, siendo el retroceso particularmente fuerte en las provincias de La Habana y Matanzas. Por el contrario, los terrenos agrícolas aumentaron ligeramente en Pinar del Río. No se dispone de datos comparativos para Puerto Príncipe[4]. Aun así, la industria agraria carecía de los braceros necesarios, sobre todo a causa de la acusada pérdida de población y el éxodo rural. Mientras los productores de azúcar necesitaban, tan solo para la zafra de 1899, la colaboración de 200 000 peones adicionales, en las plantaciones de tabaco de Pinar del Río faltaban, al parecer, unos 10 000 trabajadores para la cosecha de 1899-1900. Aquella demanda de braceros debe ser sometida a un cuestionamiento crítico, puesto que la llegada masiva de trabajadores permitió seguir bajando los salarios en el sector primario y favoreció, por supuesto, los intereses de los propietarios de plantaciones y productores de azúcar[5].

De todos modos, el estado actual de la investigación muestra que sí existía un déficit de mano de obra cuyo equilibrio se buscó en una creciente inmigración, preferentemente de «familias blancas» provenientes de la península o las Islas Canarias. Según los gobiernos regionales de Santiago de Cuba y Pinar del Río, aquellos inmigrantes se adaptarían bien al clima y además estarían dispuestos a formar colonias de emigrantes en todas las provincias. La entrada de numerosos ciudadanos españoles en Cuba —que se produjo ya a partir de 1899— se debió principalmente a causas económicas y no debe ser interpretada como un indicador de una rápida reconciliación tras más de tres años de guerra en la isla. Los canarios tenían fama de ser buenos trabajadores, al tiempo que cumplían el requisito «racial» de la inmigración «blanca» a la que se aspiraba[6]. Además, muchos de ellos habían luchado al lado de los patriotas durante la guerra. El propósito de lograr una colonización «blanca» de la isla se mantuvo también bajo el dominio de los Estados Unidos, aunque con poco éxito: la imagen de las plantaciones no tardaría en quedar marcada por los trabajadores caribeños, negros pero más baratos.

En un estudio comparado, Christian Gerlach ha analizado hace poco los efectos a largo plazo de las reubicaciones forzosas estratégicas en los conflictos asimétricos del siglo XX. En todas las sociedades tenidas en cuenta por Gerlach, el despliegue del potencial de violencia en la lucha contra las guerrillas, cuyos elementos constitutivos fueron los poblados fortificados estratégicos y las milicias irregulares levantadas in situ, ha conllevado evidentes consecuencias sociales a largo plazo. Como se ha mostrado en el presente libro, la guerra de guerrillas, la reubicación y las unidades locales de contraguerrilla también marcaron el contexto cubano. Aunque las guerras de Cuba se adelantaron en muchos aspectos a las guerras anticoloniales de liberación del siglo XX —el conflicto fue una de las primeras «guerras informativas»—,[7] lo cierto es que la contraguerrilla española apenas ofreció a la población civil lo que se conoce como un programa de desarrollo[8]. Varios teóricos franceses ya se fijaron en este aspecto a finales del siglo XIX[9]. Las «promesas de modernización» se pueden rastrear en Sudáfrica a partir de 1901, en el contexto de la lucha contra los boers, y en los análisis actuales se consideran un elemento esencial de la contrainsurgencia estadounidense en Filipinas[10]. Entre 1899 y 1913, los planteamientos de los tecnócratas norteamericanos, que pretendían, mediante la formación y las inversiones económicas, catapultar a los filipinos en poco tiempo desde la «Edad Media» hasta la modernidad, prácticamente predijeron las teorías de la modernización y democratización de la década de 1950[11]. En Cuba, los únicos que señalaron la importancia de «los corazones y las mentes» —es decir, de los estímulos como el alojamiento y la alimentación— para conseguir la lealtad de la población civil a la potencia colonial, fueron algunos oficiales de baja graduación y funcionarios civiles de las administraciones regionales. Los responsables de la toma de decisiones políticas y militares, en cambio, carecían de voluntad y recursos económicos para acoger aquellas iniciativas.

Teniendo en cuenta que en el siglo XX los recursos básicos de la contrainsurgencia arriba mencionados fueron utilizados, de distintas maneras, tanto por gobiernos democráticamente legitimados como por dictaduras, cabe preguntarse por los «procesos de aprendizaje» y las transferencias de conocimientos. En sus memorias y apologías publicadas a partir de 1900, Weyler y sus defensores no ocultaron su satisfacción al remitirse a los paralelismos entre la reconcentración en Cuba y los campos británicos en Sudáfrica, así como al empleo de métodos similares por parte de las fuerzas armadas estadounidenses en Filipinas. Weyler incluso llegó a afirmar que los oficiales británicos y norteamericanos copiaron «su» política de reubicación forzosa. Un vistazo a las luchas contra las guerrillas y los partisanos a partir de 1945 muestra que los militares elevaron las reubicaciones forzosas, los «pueblos modelo» y los campos de internamiento al rango de elementos constitutivos, de paradigmas de la contrainsurgencia. Y ello a pesar de los numerosos experimentos fracasados y de las conocidas consecuencias catastróficas para las respectivas sociedades. Alrededor del año 1900 podía parecer suficiente el argumento de que era el modo en que se implementaba la reconcentración el que supuestamente determinaba, en palabras de un comentarista del Boston Journal de 1902, si se trataba o no de un método duro. El 22 de junio de 1901, en vista de la mortandad en los Camps de las Guerras de los Boers, escribió también el Kölnische Zeitung de forma lapidaria que evidentemente «aquellos campos no p[odían] ser lugares de veraneo»[12]. Más tarde, los aldeamentos —la versión portuguesa, para Mozambique y Angola, de los poblados fortificados— tampoco pusieron en tela de juicio la utilidad básica de la reconcentración, ya que, pese a fracasar, fueron considerados simplemente como un ejemplo de implementación insuficiente de una «receta» correcta. Los expertos militares y sus consejeros antisubversivos, que se inspiraban en los conocimientos científicos del momento, no estaban dispuestos a renunciar a su estrategia de ultima ratio.

En la década de 1970, muchos oficiales europeos que se referían a las pérdidas civiles seguían argumentando de forma parecida a como lo había hecho Weyler en la época finisecular, al afirmar que las privaciones son inherentes a la guerra y que es injustificable comparar, como hacían los críticos, las duras condiciones en los poblados fortificados con la «normalidad». Después de todo, la guerra es la guerra. Esta línea argumentativa (militar) se prolonga hasta nuestros días. Así, no hace mucho que, en un análisis de la política de reubicación británica en Malasia (1948-1960) y Kenia (1952-1957), el experto estadounidense en cuestiones estratégicas Wade Markel consideró el empleo de este tipo de métodos como opción para la «liberación» de Iraq, siempre que sean adaptados a la realidad local y a las actuales convenciones humanitarias[13].

Los paralelismos que se acaban de esbozar parecen indicar que estaban dadas las condiciones para las transferencias de conocimientos. De hecho, basta con echar un vistazo a las revistas militares de la época finisecular para constatar que las distintas potencias coloniales conocían relativamente bien las guerras de sus competidoras. En la prensa diaria, periódicos como el proamericano The Manila Times informaron de la guerra de las tropas británicas en Sudáfrica incluso antes de que se iniciaran las hostilidades en el archipiélago. Además, en investigaciones recientes se demuestra detalladamente cómo los imperios establecieron redes en la periferia e intercambiaron información más allá del ámbito estrictamente militar (que en la práctica, obviamente, se caracterizaba por barreras y rivalidades). En la década de 1950, la cooperación entre británicos, franceses, portugueses y posteriormente estadounidenses también dio lugar a «estándares» de lucha contra las guerrillas, cuyo empleo no se limitó a las guerras de descolonización en África[14].

En este estudio solo se ha reconstruido la transferencia de conocimientos a corto y medio plazo entre un pequeño grupo de oficiales españoles, pero ha quedado claro que el «conocimiento sobre la represión» se transmitió sobre todo a través de redes informales hasta convertirse en una suerte de «caja de herramientas imperial». Con todo, a la hora de estudiar la génesis e implementación de la reconcentración, los rasgos biográficos de los actores deben ser tenidos en cuenta más allá de los debates internos españoles, como es el caso, por ejemplo, de las carreras de algunos oficiales estadounidenses, cuyo interés radica en sus diferentes etapas: Guerras Indias, Guerra de Secesión e intervenciones en Cuba y Filipinas.

Retrospectivamente parece muy evidente la conexión entre aquellos acontecimientos con vistas al desarrollo de una idea concentracionaria; pero lo cierto es que su causalidad sigue sin poder demostrarse de forma empírica. Es decir, la demostración concreta de cuáles fueron las vías y modos de difusión y transmisión del «conocimiento sobre la represión» en los conflictos asimétricos finiseculares sigue siendo un desiderátum de la investigación. Pese a las nuevas formas institucionalizadas de intercambio del siglo XX, en el caso de las reubicaciones estratégicas en el marco de la contrainsurgencia surge una y otra vez la pregunta acerca de la implementación y competencia decisoria de los hombres sobre el terreno. Recientemente, Gerlach ha expuesto de modo convincente que, «a partir de la década de 1940, la rueda» ha sido «repetidamente reinventada», a lo que no son ajenas ni las dificultades en la comunicación y en la infraestructura ni tampoco la dureza de las condiciones geográficas[15]. Esta conclusión nos devuelve a la tesis inicial de esta obra, a saber, que una aproximación a la reconcentración desde una perspectiva estructural —y en general, a las reubicaciones forzosas en los siglos XIX y XX— alberga un notable potencial explicativo.

La perspectiva del análisis estructural se abre si se entiende la política de reubicación, en cada caso, como un problema básico del trato dispensado a la población civil en las guerras irregulares. En tanto que fenómenos estructurales, la reubicación y los campos se oponen diametralmente al concepto de un siglo de los campos como denominación para una época cerrada. Ante este trasfondo se impone una observación comparativa diacrónica que, en un primer paso, se ocupe de la función y los efectos de los campos de reubicación imperiales y de los poblados fortificados y, en un segundo paso, amplíe la perspectiva más allá del escenario imperial. Esta lectura exige una comprensión flexible de las reubicaciones forzosas y su conexión con la evolución de las estrategias de contrainsurgencia, y permite liberarse de la aproximación miope a una era de los campos cuyo origen se hallaría supuestamente en Cuba, en la reconcentración. De este modo, la explicación de los Camps en las guerras imperiales contempla su característica estructural —es decir, la relación conflictiva entre rebeldes, ejércitos, unidades irregulares violentas y población civil—, pero la sitúa al lado de las espirales de violencia y procesos de radicalización propios de cada conflicto. Es desde esta perspectiva como se pueden cuestionar críticamente aquellos modelos interpretativos dominantes que establecen una conexión entre, por ejemplo, Windhuk y Auschwitz. Es preciso que, al margen de los debates sobre la contrainsurgencia marcados por los expertos en estrategia militar, se abra paso el análisis histórico-crítico de aquellas prácticas y de sus efectos sociales. En lo que se refiere a los estudios comparados en materia de campos, esto significa concretamente que los campos y los poblados fortificados en los bordes de los imperios no se deben analizar solamente como parte de los «orígenes» de los campos de concentración, sino como fenómenos específicos y también como elementos de un engranaje militar estratégico.

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Notas

[1] La mejor interpretación se halla en Tone, War and Genocide, 2006, pp. 210-215. <<

[2] Véase el prólogo de Weyler en Gómez, La insurrección, 1897, pp. VII-IX; y Girón Miranda, La guerra, 2005, p. 74. <<

[3] Bryant, «Pacification», 1985, p. 14; Calleja, «Political-Military Regulations», 2000, pp. 87-92; Fellman, «Nihilist Edge», 1997, pp. 523 y ss.; Garrison, «On the Trail of Tears», 2009, pp. 35-78. <<

[4] Payne, Politics, 1967, p. 67. <<

[5] Pérez Guzmán, Herida profunda, 1998, y Tone, War and Genocide, 2006, pp. 193-224. <<

[6] La sección Ultramar, Cuba (U/C) del Archivo General Militar de Madrid (AGMM) ha sido reordenada. Durante mis estancias de investigación, entre los años 2005 y 2009, los correspondientes fondos abarcaban las siguientes signaturas: 3.ª Sección de Ultramar Cuba (Ministerio de la Guerra): 2513-2829, así como 5347-5680; Subinspección General de Voluntarios de Cuba: 2830-3072; Gobiernos Militares de La Habana, Matanzas y Pinar del Río: 3073-3307; Capitanía General de Cuba: 3308-5127; Documentación de Cuba: 5681-5844. Dado el carácter correlativo de las signaturas se omite la indicación de las distintas secciones. <<

[7] Sobre los recursos archivísticos españoles y cubanos véanse, entre otros, Naranjo Orovio y García Mora, «Cuban Documentary», 2003; Valle Calzado, «El marco bibliográfico», 1998, pp. 61-74; y Pérez Jr., «Record Collections», 1984. <<

[8] El concepto se encuentra en Kotek y Rigoulot, Jahrhundert der Lager, 2001. Debe diferenciarse de la interpretación de Bauman, en «Jahrhundert der Lager?», 1998, que se refiere a la larga sombra proyectada sobre el siglo XX por el gulag y Auschwitz. <<

[9] Wippermann, Konzentrationslager, 1999, p. 23; Mühlhahn, «Concentration Camp», 2010, p. 545; y Hyslop, «Invention», 2011, p. 258. <<

[10] Kaminski, Konzentrationslager, 1982, pp. 20, 34 y 37; y Herbert, «Jahrhundert der Lager», 1999. <<

[11] Armanski, Maschinen des Terrors, 1993, p. 19; Kotek y Rigoulot, Jahrhundert der Lager, 2001, pp. 44-55; y Bianchi, «I primi campi», 2004. <<

[12] A la hora de buscar modelos o precedentes de los campos nacionalsocialistas, el autor solo admite la comparación con África del Sudoeste Alemana (Namibia). Véase Benz, «In aller Öffentlichkeit», 2008, pp. 801 y ss. <<

[13] Wippermann, Konzentrationslager, 1999, p. 23; Hull, Absolute Destruction, 2005, p. 73; y Rodrigo, Los campos, 2003, pp. 26 y ss. <<

[14] Roda Rivas, El general, 1905, p. 659; Davey, «The Reconcentrados», 1960, pp. 193 y 195; Spies, Methods, 2001, pp. 158 y ss. Sobre el estado de la investigación véase Heyningen, «Concentration Camps», 2009, pp. 22-43. <<

[15] Véase especialmente, entre otros, Izquierdo Canosa, La reconcentración, 1997, p. 11; y «La disculpa que nos deben», entrevista a Izquierdo Canosa del 1 de febrero de 1998, junto a otros artículos reunidos de la prensa estatal cubana, en la hemeroteca del Instituto de Historia de Cuba (IHC), «Reconcentración, 1896». <<

[16] Montero, «Guantánamo», 2008. Para la relación entre la reconcentración y Guantánamo en atención al espacio judicial, véase también Brumlik, «Das Jahrhundert», 2004, pp. 31 y ss. <<

[17] Todas las variantes se hallan en el discurso del 22 de mayo de 1902 del senador republicano por Massachusetts George Frisbie Hoar. Véase Congressional Record, 1902, t. 35, pp. 5792 y 5796 y ss.; y Funston, Memories [1911] 2009, p. 154. <<

[18] Para la situación en Quivicán y Batabano (La Habana), así como Manzanillo (Santiago), véase Guerra y Sánchez, Por las veredas, 1957, pp. 53 y ss. y 107; y Burguete, ¡La Guerra!, 1902, pp. 62 y ss. Se encuentran instrucciones españolas para la fortificación de ciudades y pueblos en las circulares del 29 de mayo de 1896 y del 27 de mayo de 1897, en AGMM, U/C 3394 y 3397, entre otras. <<

[19] Rosa a Marta Abreu, 4 de mayo de 1896, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (BNJM), Colección de Manuscritos (C. M.), Abreu 221; y Guerra y Sánchez, Por las veredas, 1957, pp. 53 y ss., 60, 68 y ss. y 97. Para Sancti Spíritus véase el acta del interrogatorio del ELC de Nicolás Rodríguez, 20 de enero de 1898 en AGMM, U/C 3445. <<

[20] «Relación numérica de los reconcentrados que existen en este término provincial el día de las fechas según los datos remitidos por los alcaldes municipales», 28 de noviembre de 1897 en AGMM, U/C 5809. <<

[21] Sofsky, Ordnung des Terrors, 1999, pp. 29-39; y Rousset, L’univers concentrationnaire, 1946. <<

[1] En palabras del economista británico Herman Merivale durante un discurso en la Universidad de Oxford, citadas en Paquette, Sugar, 1988, p. 29. <<

[2] Arsenio Martínez Campos a Tomás Castellano, 29 de junio de 1895, en Forcadell Álvarez, «El gabinete Cánovas», 1998, p. 162, nota 12. <<

[3] Ferrer, «Noticias», 2003; Childs, The 1812 Aponte Rebellion, 2006, pp. 177 y ss.; y Paquette, Sugar, 1988, pp. 209-232. <<

[4] Fradera, «Why were Spain’s Special Overseas Laws Never Enacted?», 1995. <<

[5] Espadas Burgos, «El factor ultramarino», 1988, p. 314. <<

[6] Scott, Slave Emancipation, 1985, pp. 46 y ss. No fue hasta el 25 de diciembre de 1870 cuando Céspedes, en nombre de la «República en Armas», anunció la abolición definitiva de la esclavitud (Íb., 48). La abolición definitiva por parte de las autoridades coloniales españolas tuvo lugar en 1886, tras la derogación de la Ley del Patronato de 1880 (Íb., 127-140). <<

[7] Ferrer, Insurgent Cuba, 1999, pp. 5-42. <<

[8] Pérez Jr., «Between Baseball and Bullfighting», 1994. <<

[9] Schmidt-Nowara, Conquest, 2006, pp. 89 y ss.; y Estrade, «El autonomismo criollo», 1999. <<

[10] Domingo Acebrón, «El tráfico de armas», 1990. <<

[11] Buznego et al., «Ascenso militar», 1996, pp. 74-76. <<

[12] Quiroz, «Loyalist Overkill», 1998. Dulce et al., Disposiciones relativas a bienes embargados, 1874, esp. pp. 4-15. <<

[13] Valmaseda a Capitán General, 7 de enero de 1870 en AGMM, U/C 5701.4. <<

[14] Rosal, Los Mambises, 1874, p. 27. <<

[15] Véase, p. ej., el parte de actividades de la columna Molins en Mataguá (28 a 30 de [octubre] de 1869), Buenaventura Carleo a Capitán General, 2 de enero de 1870, AGMM, U/C 5701.1. Acerca de la destrucción de platanales del ingenio «La Colmena» (Colon) como «instrumento de venganzas privadas» del 27 de julio de 1869, véase AHN, Ultramar 4373, 1.ª parte, exp. 10. <<

[16] Véase Kalyvas, The Logic, 2006. <<

[17] Buznego et al., «Ascenso militar», 1996, pp. 79-82. <<

[18] Jiménez Castellanos, Sistema, 1883, pp. 72 y ss; Pérez Guzmán y Serrano Rubio, La guerra, 1986, pp. 15 y ss. <<

[19] Acerca del carácter de la guerra, véase Barrios Carrión, Sobre la historia, 1888, pp. 39 y 44. <<

[20] Para las operaciones Buznego et al., «Cumbre y ocaso», 1996. <<

[21] Convenio del Zanjón, en Documentos para la historia de Cuba, 1977, t. 1, pp. 403 y ss. <<

[22] Navarro García, Las guerras, 1998, pp. 91-93 y 98-109. Una reconstrucción detallada de la guerra en Guerra y Sánchez, Guerra, 1972. <<

[23] Acerca de las bajas españolas, «L’Espagne», 1896, p. 128; Abreu Cardet, Al dorso, 2005, p. 74. Thomas, Cuba, 1998, p. 269. <<

[24] Véase Roldán, La Hacienda, 1990, pp. 221 y ss., 249 y 261 y ss. <<

[25] Beck, «Spain’s Last Chance», 1976; Palacio Atard, «España y Cuba», 2000. <<

[26] De los voluntarios reclutados en Cuba hay que diferenciar a los voluntarios de la península, que normalmente prestaron sus servicios en tropas regulares. Véase Moreno Fraginals y Moreno Maso, Guerra, 1993, pp. 97 y ss. Los hacendados y el comercio de Puerto Príncipe apoyaron con 5000 pesos mensuales a los voluntarios del lugar. Véase Pirala, Anales, 1895, t. 1, pp. 341 y ss. y 615 y ss. <<

[27] Thomas, Cuba, 1998, pp. 247-249; Pieltain, La isla de Cuba, 1879, p. 58. <<

[28] Guerra y Sánchez, «El frente cubano», 1952, pp. 42 y 46-50. <<

[29] [Betancourt], Las dos banderas, 1870, p. 79; Pirala, Anales, 1895, t. 1, p. 525. <<

[30] Peláez, Contestación, 1869. <<

[31] Véase la referencia a la «especial guerra que se sostiene en este privilegiado suelo» en Rosal, Los Mambises, 1874, dedicatoria y p. 36. <<

[32] Reglamento de Contra-Guerrillas, p. 1 (el reglamento de 1873 en AGMM, U/C 3137). <<

[33] Jiménez Castellanos, Sistema, 1883, pp. 175-183; Rosal, Los mambises, 1874, p. 36. <<

[34] Acosta y Alvear, Apreciaciones, 1872, p. 9. <<

[35] Navarro García, «Un reto difícil», 2000, p. 262. Parecido en Barrios Carrión, Sobre la historia, 1888, p. 54, y Reparaz, Estudio Militar, 1896, p. 84. <<

[36] Reparaz, «La guerra de Cuba no es especial», 1896, y su Estudio militar, 1896, pp. 83-85. <<

[37] El Imparcial, 28/X/1896, y 02/I/1897; La Vanguardia, 02/I/1897; El Heraldo de Madrid, 06/XI/1897. Sobre la suspensión del procedimiento La Vanguardia, 06/XII/1898, 5. <<

[38] Delgado, Spanish Army, 1980, pp. 32, 101, 105 y 112. <<

[39] Barrios Carrión, Sobre la historia, 1888, p. 204. Un resumen en Jensen, «The Spanish Army», 2007. <<

[40] Véase al respecto Beckett, Encyclopedia, 1999, p. XVI. <<

[41] Alonso Baquer («La derrota», 1997, p. 130) señala el pequeño grupo de expertos (entre ellos, Weyler) además de la incompetencia institucional. <<

[42] También Weyler (Mi mando, 1911, t. 5, p. 424) le atribuye los comienzos de la reconcentración en Cuba; Velasco, Guerra, 1872, p. 51; Armiñán, Weyler, 1946, pp. 88, 91 y 94. <<

[43] Guerra y Sánchez, «La guerra», 1952, pp. 145s; Abreu Cardet, «La defensa», 1994, p. 168. <<

[44] Navarro García, «Un reto difícil», 2000, p. 270; Marco Tobarra, «Protagonistas», 1998, p. 314. <<

[45] Navarro García, «Último Capitán General», 1999, pp. 309-323. <<

[46] Tous Meliá, «Presentación», 1998, p. 6; Cardona, «Weyler en Cuba», 1998, p. 339. <<

[47] Navarro García, «Cuba», 1997, p. 71; Cardona y Losada, Weyler, 1997, p. 50. <<

[48] Véase el parte de Weyler acerca de los combates del 7 de noviembre de 1863 en el Río Jaina (Santo Domingo), 12 de noviembre de 1863, en Archivo General Militar Segovia (AGMS), Personal Célebre (PC), caja 174, exp. 5, carpeta 2. <<

[49] Feyjoo y de Mendoza, Sobre los insurrectos, 1869, pp. 11 y ss.; Armiñán, Weyler, 1946, pp. 101 y ss. Las fechas varían según la fuente. <<

[50] Este procedimiento fue muy discutido en su momento. Véase acerca del cambio de opinión de Valmaseda Pirala, Anales, 1896, t. 2, p. 4 y, 1898, t. 3, pp. 68 y ss. También Ceballos se pronunció en contra de la persecución permanente del enemigo. Pirala, Anales, 1896, t. 2, p. 518; Echauz y Guinart, Lo que se ha hecho, 1873, pp. 18 y ss. <<

[51] Citado en Pirala, Anales, 1895, t. 1, p. 335; Weyler, Memorias, 2004, pp. 64 y ss. <<

[52] González Fiol, «Weyler», 1922. <<

[53] Weyler opinó además sobre la reorganización de las tropas y sobre equipamiento adecuado: «Copia del diario de operaciones desde el 14 de Noviembre de 1868 al 19 del mismo», AGMM U/C 5773.10. <<

[54] Véase el escrito de Weyler en AGMS PC, caja 174, exp. 5, carpeta 3. <<

[55] Reparaz, «Nuestros Grabados», 1896, p. 58; Pirala, Anales, 1895, t. 1, pp. 334-336. <<

[56] Pasqual y Rubio, Abhandlungen, 1858, pp. 3-25, cita en 25. <<

[57] Véase la carta de su editor Felipe González Rojas (7 de enero de 1911) y otras aclaraciones (2 de junio de 1911; 11 de diciembre de 1912) en AGMS PS, caja 174, exp. 5, carpeta 1. <<

[58] Véase «Memoria correspondiente al mando del Excelentísimo Sr. Teniente General D. Valeriano Weyler y Nicolau, en el Distrito de Filipinas», pp. 142-144, en AGMM, Ultramar/Filipinas, Documentación de Filipinas 5323.4. Weyler no veía la necesidad de la trocha, pero quería finalizar la obra de su predecesor. <<

[59] Moriano y Vivó, Apuntes, 1898, pp. 62 y ss.; «Memoria descriptiva», [30.] de agosto de 1896, AGMM, U/C 5757.3; «Memoria sobre los trabajos de fortificación llevados a cabo en Pinar del Río en la campaña del año 1895 al 98», AGMM, U/C 5815.2. <<

[60] Miró Argenter, Crónicas, 1970, t. 2, pp. 244 y ss.; Reparaz, Estudio militar, 1896, pp. 105-117; Loynaz del Castillo, Memorias, 1989, pp. 223 y ss. <<

[61] Maceo a [Luis H. Fernández] [junio de 1896], AGMM, U/C 3441; Diario Rosell y Malpica, (t. 1, 1949: En la guerra, p. 66); escrito del 1 de agosto de 1898, ANC, Gobierno de la Revolución de 1895, Secretaría del Interior, leg. 33, exp. N.º 4656. <<

[62] Coronel Joaquín [?] a Comandante Gral. de la línea Artemisa, 3 de diciembre de 1896, AGMM, U/C 3078; Foner, Maceo, 1977, pp. 241-251. <<

[63] Abreu Cardet, «La respuesta», 1993, pp. 39s. <<

[64] Acosta y Alvear, Apreciaciones, 1872, p. 10. <<

[65] «Instrucciones para las contraguerrillas de esta plaza», 18 de abril de 1870, AGMM, U/C 5741.38. <<

[66] La contraguerilla perdió la «libertad de acción» con la reglamentación, argumentó retrospectivamente Chacón, Guerras irregulares, 1883, t. 1, pp. 160 y ss. <<

[67] Delgado, Spanish Army, 1980, p. 242; Reglamento de Contra-Guerrillas, p. 1 (cita). <<

[68] Véase acerca de las atrocidades, Pirala, Anales, 1895, t. 1, p. 660; 1896, t. 2, p. 8; acerca de las deserciones, Chacón, Guerras irregulares, 1883, t. 1, p. 261. <<

[69] Acosta y Alvear, Apreciaciones, 1872, pp. 42-47 y 61; Delgado, Spanish Army, p. 274. <<

[70] Pieltain a Intendente, 3 de julio de 1873, en Pieltain, La Isla de Cuba, 1879, pp. 181 y ss. y 53. Acerca de las contribuciones importantes de la contraguerilla, véase Jiménez Castellanos, Sistema, 1883, p. 60. <<

[71] Véase los Diarios de Operaciones en AGMM, U/C 5682.1, 5682.27, 5701.1. <<

[72] Weyler a Valmaseda, 30 de enero de 1870; Weyler a [Valmaseda], 20 de septiembre de 1870, AGMM, U/C 5701.16 resp. 5707.4; Weyler a Capitán General, 3 de noviembre de 1870, AGMM, U/C 5708.14. <<

[73] Acosta y Alvear, Apreciaciones, 1872, p. 14; Quiroz, «Loyalist Overkill», 1998, pp. 290-292. <<

[74] Acerca de Huguet, véase AHN, Ultramar 4365, 2.ª parte, exp. 41. <<

[75] Torres-Cuevas, «Fundamentos e inicio», 1996, pp. 35. y 38. <<

[76] Para Manzanillo, véase la copia del Diario de operaciones de Weyler, 14 de noviembre de 1868, AGMM, U/C 5773.10. <<

[77] Véanse los fragmentos de la carta de Céspedes a Manuel Quesada y la proclamación de Calixto García (1 de junio 1870) en Pirala, Anales, 1895, t. 1, pp. 642 resp. 763 y 596. El manifiesto del Casino Español de La Habana, 23.3.1870, en Pirala, Anales, 1895, t. 1, p. 826. <<

[78] López de Letona, citado en Pirala, Anales, 1895, t. 1, pp. 570-572; véase también, 1896, t. 2, pp. 336 y ss. <<

[79] La posición de López de Letona se encuentra en Pirala, Anales, 1895, t. 1, p. 571. <<

[80] Acosta y Alvear, Apreciaciones, 1872, pp. 11-15, Pirala, Anales, 1895, t. 1, pp. 571, 596 y ss., 660-662 y 695. <<

[81] Escalera (Campaña, 1877, p. 140) informaba de «un bloqueo constante». Acerca del bloqueo de Puerto Príncipe en noviembre de 1868, véase Barrios Carrión, Sobre la historia, 1888, p. 29. <<

[82] Acerca de incidentes «conduciendo raciones para los pobres», véase la correspondencia del 18 de junio de 1870 en AGMM, U/C 5841.19. <<

[83] Véase el intercambio del coronel José Lara con el comandante militar de Cienfuegos de febrero de 1870 y la referencia al circular de 1869 en AGMM, U/C 5736.84. Para la reconcentración en Cienfuegos en mayo de 1869, véase Le Riverend, «Historia económica», 1952, pp. 162 y ss. <<

[84] Acosta y Alvear, Apreciaciones, 1872, pp. 53-62. Véase la correspondencia de Acosta y Al[v]ear con el Ayuntamiento y con el Gobernador Político de Sancti Spíritus, 15. y 29.4.1871, AHN, Ultramar 4349, 1.ª parte, exp. 26. Acerca de atrocidades imputadas a Alvear, véase Corvea Álvarez, Las guerras, p. 2002, p. 22. <<

[85] Velasco, Guerra, 1872, pp. 23; 50, 54,56. <<

[86] Pirala, Anales, 1896, t. 2, pp. 13 y 31. <<

[87] La carta del Coronel D. Francisco Méndez Benegasi, 16 de marzo de 1870, junto con una lista de presentados, incluyendo el nombre, el sexo, la edad y una diferenciación entre «blancos», «morenos libres» y «morenos esclavos» y sus dueños del 7 de marzo de 1870 en AGMM, U/C 5841.14. Listas de presentados en el «Cuartón de Las Minas», 2 de marzo de 1870, AGMM, U/C 5841.12. <<

[88] O’Kelly, La tierra, 1888, p. 47. <<

[89] «Comandancia de Armas del Lechuzo. Relación de los medicamentos de que carece la misma y que por ser de perentoria necesidad se hacen indispensables en ella», 11 de mayo de 1870 en AGMM, U/C 5736.84. <<

[90] «Instancia dirigida al Comandante General de Sancti Spíritus por varios vecinos del Cuarton de Jobosí solicitando se les permita trasladarse a sus respectivas fincas para erradicar el brote de la epidemia extendida con la reconcentración de familias», 6 de febrero de 1870 en AGMM, U/C 5841.40. <<

[91] «Expediente promovido por la Capitanía General pidiendo abono de las medicinas facilitadas a los que viven en el campamento de las Minas», 1869, AHN, Ultramar 4449, exp. 1. <<

[92] Bando de Caballero de Rodas, 25 de abril de 1870 en AGMM, U/C 5841.1 <<

[93] Pirala, Anales, 1895, t. 1, pp. 725 y 745 y 1896, t. 2, pp. 17 y ss. acerca de las contradicciones entre el mando civil y militar. <<

[94] Acerca del traslado de los habitantes de Ranchuelos a Morón, véase el escrito dirigido al Teniente Gobernador de Sancti Spíritus, 7 de septiembre de 1870 en AGMM, U/C 5841.70. <<

[95] Instrucciones para Ciego de Ávila del 3 de junio de 1870 en AGMM, U/C 5841.18; Pirala, Anales, 1896, t. 2, p. 34. <<

[96] Entre las 220 entradas en la lista del 10 de abril de 1870 se encuentran solo 78 con la referencia de que «[n]o tiene pariente cercano en la insurrección». «Padrón de los vecinos moradores en el poblado de este [partido] que tienen en la insurrección padres, o hijos, hermanos o cuñados a saber», AGMM, U/C 5841.27. <<

[97] Pirala, Anales, 1895, t. 1, p. 769 y 1896, t. 2, p. 136. Acerca de las raciones de etapa en los almacenes del ejército, véase AHN, Ultramar 4390, 1.ª parte, exp. 17. <<

[98] Velasco, Guerra, 1872, pp. 57s. <<

[99] Se presumía que los afrocubanos eran propensos a enfermarse de viruelas. Véase la instrucción del 3 de marzo de 1870, AGMM, U/C 5841.6. <<

[100] Escalera, Campaña, 1877, pp. 37-40. Acerca de brotes del cólera en Camagüey (1869 a 1871), véase Corvea Álvarez, Las guerras, 2002, p. 28; Navarro García, Las guerras, 1998, p. 48. <<

[101] Tone, «Mosquito (Man)», 2002, p. 285. <<

[102] Ya en 1881 el médico Carlos Finlay defendía en congresos internacionales la hipótesis de los mosquitos como transmisores, lo que le proporcionó el apodo de mosquito man. Véase Documentos para la historia de Cuba, 1976, t. 2, pp. 153-155; Tone, «Mosquito (Man)», 2002, pp. 291-298. <<

[103] Para Cienfuegos, véase la comunicación del Coronel Ramón Franch, 11 de mayo de 1870 en AGMM, U/C 5841.74. <<

[104] La nota del ministro de Ultramar en Pirala, Anales, 1896, t. 2, pp. 211 y ss. Buenaventura [Carlo] a Gobernador Superior Político, 31 de marzo de 1870 en AHN, Ultramar 4381, 1.ª parte, exp. 10. Según números oficiales, entre enero a marzo de 1871 fueron 15 371 personas que se entregaron a las autoridades españolas. Para todo el año se contabilizaban 36 398, la mayor parte en la Comandancia General Centro (21 929). Pirala, Anales, 1896, t. 2, pp. 130 y ss. y 349 y ss. El abuso con bienes embargados está documentado en AGMM, U/C 5841.19; Pirala, Anales, 1895, t. 1, pp. 488-502, 630 y 1896, t. 2, p. 392; Roldán, La Hacienda, 1990, pp. 69-84. <<

[105] Acosta y Alvear (Apreciaciones, 1872, p. 15) relacionaba los 7000 a 9000 «presentados útiles para las armas, sin contar esclavos y asiáticos» en Puerto Príncipe y los 25 000 a 30 000 en Tunas, Bayamo, Holguín, Manzanillo, Jiguaní y Nuevitas, Santa Cruz y Guantánamo con la expropiación y los embargos. <<

[106] Caballero de Rodas en Pirala, Anales, 1896, t. 2, p. 383. Acerca de Figuabo, véase la correspondencia de febrero de 1872 en AHN, Ultramar 4347, 2.ª parte, exp. 77. <<

[107] Echauz y Guinart, Lo que se ha hecho, 1873, pp. 5, 24 y ss. y 28-30. <<

[108] Acerca de incomodidades y referencias a la naturaleza como «enemigo», véase Valmaseda a Capitán General, 7 de enero de 1870 en AGMM, U/C 5701.4; Serra y Orts, Recuerdos, 1906, pp. 12 y ss. y 92. <<

[109] Copia del Diario de operaciones desde el 6 de Noviembre [1868] al 14 del mismo mes inclusive, en AGMM, U/C 5773.10; Preámbulo al bando (copia) de Caballero de Rodas, 20 de julio de 1870, AGMM, U/C 5841.78. <<

[110] Pirala, Anales, 1896, t. 2, p. 518. <<

[111] Pieltain, La Isla de Cuba, 1879, pp. 63 y ss. <<

[112] Acosta y Alvear, Apreciaciones, 1872, p. 20; Velasco, Guerra, 1872, p. 56. <<

[113] Pirala, Anales, 1895, t. 1, p. 769; Caballero de Rodas, Bando, 25 de abril de 1870 y 20 de julio de 1870, AGMM, U/C 5841.1 y 78. <<

[114] Martínez Campos a Cánovas del Castillo, 25 de julio de 1895, en Fernández Almagro, Cánovas, 1951, pp. 572-574. <<

[115] Pirala, Anales, 1895, t. 1, pp. 341 y 615. <<

[116] Llamamiento a hacer donaciones de un comité patriótico femenino para los jornaleros y voluntarios, trabajando en la fortificación de La Habana, de febrero de 1869 en AHN, Ultramar, 4390, 2.ª parte, exp. 44. Para otras donaciones en los primeros años de guerra, véase Roldán, La Hacienda, 1990, pp. 28s. <<

[117] Navarro García, Las guerras, 1998, p. 126. García de Polavieja, Relación, 1898. <<

[118] Molina Aparicio, «El vasco», 2010, pp. 301 y ss. «Dos Ideas Felices», El Eco de Navarra, 15 de marzo de 1876 (portada). <<

[119] Entre muchos: Pirala. Véase al respecto Rújula, «El historiador», 2004; Pirala, Anales, 1895-1898, t. 1-3. <<

[120] Molina Aparicio, La tierra, 2005, pp. 167-173 y 201-206. <<

[121] Gresac [Pseud.], El quid, 1873, pp. 3 y 13. <<

[122] Gresac, El quid, pp. 14, 17-20 y 23. <<

[123] Velasco, Guerra, 1872, p. 56; Valmaseda a [Ultramar], 31 de mayo de 1872, en Pirala, Anales, 1896, t. 2, pp. 447-452. <<

[124] Alfonso XII, citado en Molina Aparicio, La tierra, 2005, p. 173; Casas, La guerra, 1896, pp. 150-160. <<

[125] Chacón, Guerras irregulares, 1884, t. 2, pp. 133-138; Jiménez Castellanos, Sistema, 1888, pp. 44-48. <<

[126] El Heraldo de Madrid, 14 de febrero de 1896; El Imparcial, 14 y 17 de febrero de 1896; Weyler, Mi mando, 1910, t. 1, pp. 115 y ss. <<

[127] Weber a Blanco, 21 de marzo de 1898, AGMM, U/C 2535, carpeta 14.20.17. <<

[128] Véase el prólogo de Weyler con fecha 31 de octubre de 1897 en Gómez, La insurrección, 1897, pp. VII-IX; Weyler, Mi mando, 1911, t. 5, pp. 403 y ss., 1911, t. 4, pp. 399 y ss. <<

[129] Berenguer, La guerra, 1918, pp. 48-50. Acerca del desarrollo de la contraguerrilla española, véase Jensen, «Practice and Politics», 2008. <<

[130] Labanca, Italian Colonial Internment, 2005, pp. 28s.; Marx, «Kriegsgefangene», 1999, p. 259. <<

[131] Henriksen, «Lessons», 1978, p. 33. <<

[132] Morillo-Alicea, «Uncharted», 2005, pp. 29-31; Silbey, War of Frontier, 2007, p. 32. <<

[133] La memoria de Weyler en AGMM, Ultramar/Filipinas, Documentación de Filipinas 5323.4; Tone, War and Genocide, 2006, pp. 157 y 195. <<

[134] Le Cour Grandmaison, Coloniser, 2005, pp. 207-214. <<

[1] Pérez Jr., Cuba, 1988, pp. 134-138. <<

[2] Aunque el decreto real del 7 de octubre de 1886 fuese un hito jurídico, cambió poco en la vida cotidiana de los patrocinados. El patronato fue considerado como aprendizaje para acostumbrar a los esclavos al «trabajo libre», facilitando así el poder de disposición sobre estas personas más allá de la esclavitud formal. Balboa Navarro, Protesta rural, 2003, p. 45. <<

[3] En 1880 la producción mundial de azúcar de remolacha superó por primera vez la de caña. Véase para los años de 1820 a 1959 Moreno Fraginals, El Ingenio, 1978, t. 3, pp. 35-40, aquí 37. <<

[4] El número de ingenios varía según la fuente, pero la tendencia general es patente. Véase Iglesias García, «El desarrollo», 1996, p. 192; Moreno Fraginals, Cuba/España, 1998, p. 316. <<

[5] Hennessy, «The Origins», 199, pp. 93 y ss.; Thomas, Cuba, 1998, pp. 271-280. <<

[6] Pérez Jr., «Social Origins», 1985, p. 1113; Balboa Navarro, Protesta rural, 2003, pp. 109, 116. <<

[7] Balboa Navarro, Protesta rural, 2003, esp. pp. 63 y 86. <<

[8] Pérez Jr., Cuba, 1998, pp. 131 y ss. Véase acerca del movimiento obrero Casanovas, Bread, or Bullets, 1998, pp. 203-221. <<

[9] Casanovas, «Movimiento obrero», 1996, pp. 363-375. <<

[10] Una visión en conjunto en Armas y Rodríguez, «El pensamiento», 1996, p. 446. <<

[11] Estrade, «Cuba I», 1977. <<

[12] Estrade, «Cuba II», 1978. <<

[13] Roldán de Montaud, «Cuba», 1996; García Mora, «Tres perspectivas», 2004; Maura, Proyecto, 1893, p. 6. <<

[14] Villalobos, El sueño, 2004, pp. 23-27; Payne, Politics, 1967, pp. 61-65; Núñez Florencio, El Ejército, 1997, pp. 36-38. <<

[15] Diego, «Reformas», 1996. Tarragó («La guerra», 2009, pp. 216 y s) sobre la reforma Abarzuza. <<

[16] Ibarra, «La guerra», 2002. <<

[17] Jiménez Castellanos, Sistema, 1883, pp. 23 y 95; Velasco, Guerra, 1872, pp. 23 y 36. Véase Caballero de Rodas a Ultramar, 12 de octubre de 1870, en Pirala, Anales, 1896, t. 2, pp. 26-31, esp. 29. Acerca de problemas similares durante la Guerra de los Diez Años, véase Abreu Cardet, «La defensa», 1994, pp. 161 y ss. <<

[18] Bando de Alejandro Rodríguez Arias y Rodulfo el 28 de abril y del 8 de mayo de 1893, AGMM, U/C 3075. Véase también Elorza y Hernández, La Guerra, 1998, p. 132; Armas y Rodríguez, «Pensamiento», 1996, pp. 418 y ss. Lamentos sobre la falta de preparativos en Serra y Orts, Recuerdos, 57 y ss. <<

[19] Galbraith, «Turbulent Frontier», 1960. Para Cuba: McGillivray, Blazing Cane, 2009, p. 22. <<

[20] Francisco Arredondo y Miranda, Recuerdos de la guerra de Cuba de 1868-1898, en BNJM, C. M. Arredondo 12. Boza, Diario, 1974, t. 1, p. 139; Domingo Acebrón, «La Guerra», 1989. <<

[21] Barrios Carrión, Sobre la historia, 1888, pp. 208 y 215 y el mismo, Importancia, 1893, pp. 23 y ss. La demanda también se encuentra en Ordax Avecilla, Cuba, 1895, pp. 9 y 14 y ss. <<

[22] Scott, Slave Emancipation, 1985, p. 215; Balboa Navarro, Los brazos, 2000, pp. 94-103; Barcia Zequeira, «El reagrupamiento», 1996, pp. 211 y ss. <<

[23] Cortijo, Apuntes, 1899, p. 19. «¡Qué ceguedad y qué confianza la de Calleja!», escribió Martínez Campos a Tomás Castellano, 9 de junio de 1895. Véase la correspondencia con Ultramar (entre el 9 de junio de 1895 y el 17 de enero de 1896), en Forcadell Álvarez, «El lúcido pesimismo», 2000, p. 38. Véase además el prólogo de Domingo de Ibarra en Serra y Orts, Recuerdos, 1906, pp. VII-XI, aquí IX. <<

[24] Véase el informe del capitán Mauro García dirigido al General Gobernador Militar de la Provincia [Pinar del Río], 24 de octubre de 1895. Acerca de los abusos cometidos contra afrocubanos, véase el telegrama de Alberto Teruel Aguirre al Coronel Gobernador Militar, 27 de junio de 1895, todo en AGMM, U/C 3134. Véanse las entradas del 27 de marzo y del 16 de octubre 1895 en las Actas Capitulares (t. 8 y 9, 171 resp. 77, APPR, Gobierno Civil de la Colonia) acerca de inundaciones y temporales. <<

[25] El bando de Calleja en AGMM, U/C 3384; Elorza y Hernández, La guerra, 1998, pp. 185-188; Tone, War and Genocide, 2006, pp. 43 y ss., 47-49. <<

[26] Los números son de Alonso Baquer, «Las operaciones», 1998, p. 173. <<

[27] Foner, Spanish-Cuban-American War, p. 1972, pp. 2 y ss.; Quintana Rodríguez, «Emigración», pp. 1952, pp. 261-265. La correspondencia de Calleja con el ministro de Guerra en Paz Sánchez, «En vísperas», 1991, pp. 279 y ss. <<

[28] Véase el manifiesto del 25 de marzo de 1895, firmado por Martí y Gómez, en Documentos para la historia de Cuba, 1977, t. 1, pp. 483-491. <<

[29] Los bandos de Calleja, 4 de marzo de 1895, y de Martínez Campos, 17 de junio de 1895, en AGMM, U/C 3384 y 3382. <<

[30] Un análisis diferenciado en Guerra, Myth, 2005, pp. 1 y 62-82. <<

[31] Núñez Florencio, El Ejército, 1997, pp. 31 y 65 y ss. <<

[32] Díaz Martínez, «Algunas consideraciones», 1996, p. 158; Elorza y Hernández, La guerra, 1998, p. 205. Según Foner (Spanish-Cuban-American War, 1972, p. 50) la trocha absorbió a unos 16 000 hombres. Alonso Baquer, «El ejército», 1996, p. 306, señala que solo quedaron dos a tres batallones para operaciones y reconocimientos. <<

[33] Antonio Weber y [R]einado a Ramón Blanco y Erenas, 21 de marzo de 1898, AGMM, U/C 2535, carpeta 14.20.17. Una visión crítica en Moriano y Vivó (Apuntes, 1898, p. 59) y Reparaz (El Heraldo de Madrid, 10 de octubre de 1896). <<

[34] Martínez Campos a Cánovas, 25 de julio de 1895, en Pérez-Cisneros, En torno, 1997, pp. 135-137. <<

[35] El bando de Martínez Campos, 11 de agosto de 1895 en APPR, Audiencia de Pinar del Río, leg. 10, exp. 64. Martínez Campos a Tomás Castellano, 9 de junio de 1895, en Forcadell Álvarez, «Lúcido pesimismo», 2000, p. 37. <<

[36] «Guerra a la traición», 1 de julio de 1896, en Fiscan, A extrema vanguardia, 1897, p. 26. <<

[37] Para «noticias del enemigo» desde San Felipe y Guanabo, en el sur de la provincia de La Habana, y noticias erróneas desde Güines véanse los telegramas del 20. resp. 12 de marzo de 1896; Miguel Esteban desde San Felipe, 25 de marzo de 1896, todos en AGMM, U/C 3747. Sobre el tiroteo de las propias unidades, véase Miró Argenter, Crónicas, 1970, t. 2, p. 178 y Serra y Orts, Recuerdos, 1906, p. 48. <<

[38] Véase las quejas de la tropa en «Punto de Hierro» (Paso Real), Rafael Aragón a General Juan Arolas, 3 de junio de 1896, AGMM, U/C 3078. <<

[39] Véase el escrito dirigido al General Juan Arolas, 18 de agosto de 1896, AGMM, U/C 3078. Lo de la «gallina ciega» en Elorza y Hernández, Guerra de Cuba, 1998, pp. 198-217. La «Documentación incautada al enemigo» en AGMM, U/C 3441-3447; informes del occidente de la isla en 3747 y 3134. <<

[40] Souza, Ensayo, 1948, pp. 51-69; Navarro García, «Última campaña», 2002, pp. 177-179; Martínez Campos a Castellano, 28 de septiembre de 1895, en Forcadell Álvarez, «Lúcido pesimismo», 2000, p. 45. <<

[41] Moriano y Vivó, Apuntes, 33; Reparaz, «Nuestros Grabados», 59; Weyler, Mi mando, 1910, t. 1, pp. 9 y 1911, t. 4, pp. 398 y ss. <<

[42] Martínez Campos a Ultramar, 9.6.1895, en Forcadell Álvarez, «Lúcido pesimismo», 37; Forcadell Álvarez, «El gabinete», 1998, pp. 158 y ss., 162 y 164. <<

[43] Hennessy, «The Origins», 1999, p. 78; Elorza y Hernández, La guerra, 1998, p. 191; Tone, War and Genocide, pp. 113-121. <<

[44] Serrano, «Aspectos», 1996. <<

[45] «I[n]strucciones que deberán observarse en el territorio declarado en estado de guerra», 16 de mayo de 1895 en AGMM, U/C 3384. <<

[46] El decreto de Gómez, 1 de julio de 1895, en Boza, Diario, 1974, t. 1, pp. 25 y ss. y Armiñán, Weyler, 1946, pp. 82 y ss.; Navarro García, «La población», 1999, p. 71; Weyler, Mi mando, 1910, t. 1, pp. 30-32. El decreto de Roloff, 3 de agosto de 1895, en AGMM, U/C 3441. <<

[47] Máximo Gómez, 4 de octubre de 1895, en Boza, Diario, 1974, t. 1, p. 25. De forma similar también el circular, 1 de diciembre de 1895 en AGMM, U/C 3446. <<

[48] En agosto de 1895 los revolucionarios contaron con alrededor de 16 000 hombres de Oriente (en su mayoría afrocubanos), 2000 de Puerto Príncipe (muchos criollos) y 2500 de Santa Clara (afrocubanos). Helg, «Sentido», 1998, p. 48; Helg, Rightful Share, 1995, pp. 57 y ss. <<

[49] Las órdenes para Las Villas del 11 de febrero de 1896, «prohibiendo en lo absoluto la entrada en las poblaciones ocupadas por el enemigo de toda clase de productos», en ANC, Gobierno de la Revolución de 1895, Consejo de Gobierno, leg. 4, exp. N.º 327. A nivel de prefecturas: AGMM, U/C 3443. <<

[50] ANC, Gobierno de la Revolución de 1895, Secretaría del Interior, leg. 34, exp. N.º 4687. <<

[51] El presidente Cisneros Betancourt provocó confusión, relajando las normas temporalmente en 1 de enero de 1896 (p. 159). Diario de Operaciones, Brigada de Cárdenas, entradas del 30 de marzo al 1 de abril de 1896, AGMM, U/C 3445. Flint (Marching, 1898, p. 60) informaba de un José Lacret Morlot indulgente. <<

[52] Carlos María de Rojas a José Lacret Morlot, 28 de septiembre de 1896, AGMM, U/C 3446. La sanción de otras infracciones en Manicaragua y Mataguá, 12 de agosto de 1896 en AGMM, U/C 3446. Véase para Pinar el diario de operaciones incautado en AGMM, U/C 3078. <<

[53] Anónimo, s. l., s. f., AGMM, U/C 3445. <<

[54] Félix Osorio, 2 de noviembre de 1895; declaraciones de un subprefecto, 2 de diciembre de 1896, ambos en AGMM, U/C 3443 resp. 3445. <<

[55] Pedro Betancourt a Lacret Morlot, 21 de agosto de 1896 y 8 de septiembre de 1896, AGMM, U/C 3446. <<

[56] Pérez Guzmán, Radiografía, 2005, pp. 183-186, 197-201. <<

[57] Véase entre otros. Serra y Orts, Recuerdos, 1906, pp. 47 y ss. <<

[58] Temiendo demandas de reparación, Garrich reenvió la comunicación al Capitán General, AGMM, U/C 3473. Aclaraciones acerca de proyectos en la infraestructura en Martínez Campos a Ultramar, 16 de diciembre de 1895, AGMM, U/C 5763.4. <<

[59] Helg, Rightful Share, 1995, pp. 69-73; Tejera, Blancos y negros, 1900, pp. 30-34; Ferrer, «Raza», 2002; Foner, Spanish-Cuban-American War, 1972, pp. 85-88. <<

[60] Eugenio Sánchez Agramonte, Diario de la Guerra, p. 13, AIHC, Fondo «Eugenio Sánchez Agramonte» 21/1.1; Boza, Diario, 1974, t. 1, p. 50. <<

[61] Souza, Ensayo, 1948, pp. 143-155; Navarro García, «Última campaña», 2002, p. 183; Pérez Guzmán e Hidalgo, «Revolución», 1996, pp. 458-460; Tone, «The Machete», 1998, pp. 7-28; Boza, Diario, 1974, t. 1, pp. 58-61; Collazo, Cuba independiente, 2005, pp. 175-181; Loynaz del Castillo, Memorias, 1989, pp. 238-243; Miró Argenter, Guerra, 1896, pp. 6 y ss. Véase también el testimonio de Montejo en Barnet, Biografía, 1968, pp. 154-156. <<

[62] Miró Argenter, Guerra, 1896, pp. 8, 10 y 22 y ss.; véase también Espinosa y Ramos, Al trote, 1946. <<

[63] «L’Espagne et l’insurrection cubaine», 1896, p. 305. <<

[64] Díaz Martínez, «Dos ejércitos», 1994, p. 258. <<

[65] Bandos en AGMM, U/C 3382 y 3384. <<

[66] Luisa, una mujer de Sabanilla, a su madre, el 3 febrero de 1896 en AGMM, U/C 3443. Sobre la «guerra de razas» Hevia Lainer, «1895-1898», 1998, pp. 35-45; Helg, Rightful Share, 1995, pp. 79-83. Ferrer, Insurgent Cuba, 1999, pp. 150 y ss. y 160; Schwartz, Lawless Liberators, 1989, pp. 239 y ss. y 283 (nota 24). <<

[67] Antonio Maceo a Tomás Estrada Palma, 21 de marzo de 1896, en Papeles de Maceo, 1948, t. 2, p. 266. <<

[68] Sánchez Agramonte, Diario, p. 28. <<

[69] General Gobernador Militar de la Provincia [Santa Clara], Agustín Luque, 26 de diciembre de 1895, AGMM, U/C 3384. <<

[70] «[P]or donde quiera se ve la miseria», escribió Luisa a su madre, 3 de febrero de 1896, AGMM, U/C 3443. <<

[71] Véase Pérez Guzmán, «La guerra de independencia», 2002, p. 320. <<

[72] El término de Machado, ¡Piedad!, 1917, p. 17. Guerra y Sánchez (Por las veredas, 1957, pp. 49 y 51) describe la huida por la inseguridad de su familia durante la invasión a Quivicán. <<

[73] Los siguientes párrafos se basan en AHN, Ultramar, 4942, 2.ª parte, exp. 382. <<

[74] Porset a Martínez Campos, 26 de diciembre de 1895 y 2 de enero de 1896; Coronel jefe de E. M. G. interino a Gral. jefe de la 2.ª comandancia gral., 3 de febrero de 1896, AGMM, U/C 4921. <<

[75] Porset a Martínez Campos, 8 de enero de 1896. <<

[76] Luis de Pando a Martínez Campos, 5 de enero de 1896, AHN, Ultramar 4942, 2.ª parte, exp. 382. Fotografías de la época sugieren que refugiados y concentrados se vieron obligados a largos viajes para encontrar trabajo: «San Pedro de Murias, Embarco de reconcentrados para Santa Ana en busca de trabajo», en La Ilustración Española y Americana, 15 de octubre de 1897, p. 233. <<

[77] Balfour, End of Empire, 1997, p. 12; Quiroz, «Implicit Costs», 2003, pp. 495-505. <<

[78] Martínez Campos a Castellano, 28 de septiembre de 1895, en Forcadell Álvarez, «Lúcido pesimismo», 2000, p. 46. <<

[79] Martínez Campos a Ultramar, 10 de enero de 1896, AHN, Ultramar 4943. <<

[80] Weyler a Ultramar, 25 de julio de 1896, AGMM, U/C 5763.5; Martínez Campos a Ultramar, 10 de junio de 1895 y 10 de enero de 1896, Castellano a Martínez Campos, 11 de enero de 1896, en Forcadell Álvarez, «Lúcido pesimismo», 2000, pp. 40 y 56. <<

[81] La carrera de baquetas burocrática en AHN, Ultramar 4942, 2.ª parte, exp. 382. <<

[82] Asociaciones benéficas tenían en Cuba una larga tradición, véase, ANC, Gobierno General, leg. 344, N.º 16664. Las juntas de socorro o de protección remiten a la sociedad esclavista, en la que deberían de garantizar el «bienestar» de los esclavos. Scott, Slave Emancipation, pp. 1985, pp. 68 y 77 y ss. Sobre la fundación de los comités en Pinar del Río, véase Actas Capitulares, entrada del 21 de enero de 1896, t. 9, fol. 122. <<

[83] El decreto del 13 de enero de 1896 en AGMM, U/C 4921, véase también 3349; Martínez Campos a Ultramar, 13 enero de 1896, AHN, Ultramar 4943. <<

[84] Una lista con los pueblos destruidos en Pinar por el ELC en AGMM, U/C 5815.2; Rea, La verdad, 1898, p. 87; Burguete, ¡La Guerra!, 1902, pp. 155-157. Quesada y Davenport Northrope (The War, 1896, p. 156) señalan 59 pueblos destruidos en las cuatro provincias occidentales. Quesada fue delegado de la República en Armas en Washington. El decreto de Martínez Campos, 10 de octubre de 1895 en AGMM, U/C 3382. <<

[85] Martínez Campos a Ultramar, 12 de enero de 1896, AHN, Ultramar 4943. Acerca de la situación de los civiles, véase el preámbulo al circular del 13 de enero de 1896, AGMM, U/C 4921. <<

[86] Sánchez Agramonte, Diario, pp. 5 y 7; Boza, Diario, 1974, t. 1, p. 7. <<

[87] Martínez Campos a Castellano, 9 de junio de 1895, en Forcadell Álvarez, «Lúcido pesimismo», 2000, pp. 37 y 39; Martínez Campos a Cánovas, 25 de julio de 1895, en Pérez-Cisneros, En torno, 1997, p. 137; Weyler, Mi mando, 1910, t. 1, pp. 28-34. Martínez Campos a Ultramar, 7 de enero de 1896 en AHN, Ultramar 4943; Fernández Almagro, Cánovas, 1951, pp. 572-574 (cita: 580). <<

[88] Corral, ¡El desastre!, 1899, p. 70. <<

[89] Martínez Campos a Castellano, 15 y 19 de diciembre de 1895 en Forcadell Álvarez, «Lúcido pesimismo», 2000, pp. 53, 55. <<

[90] [Amante de la Nación,] Estudio, 1896, pp. 4s. Apezteguía citado en Forcadell Álvarez, «El gabinete», 1998, p. 158 (nota 4). <<

[91] Martínez Campos a Castellano, 4 y 7 de enero de 1896, AHN, Ultramar 4943; Delgado, Spanish Army, 1980, pp. 257 y ss. <<

[92] [Giberga,] Apuntes, 1897, pp. 103 y ss. y 108 y ss. <<

[93] Elorza, «Con la marcha», 1988, p. 353. Pich i Mitjana, «Pi y Margall», 2006, pp. 299-319. <<

[94] Luisa a su madre, 3 de febrero de 1896 en AGMM, U/C 3443. <<

[95] Collazo, Cuba independiente, 2005, p. 215; Miró Argenter, Crónicas, 1970, t. 2, p. 27. <<

[1] Martín, «La reconcentración», 1956, p. 38; la declaración de Weyler del 10 de febrero de 1896 en AGMM, U/C 3394. Acerca de su autopercepción: Weyler, Mi mando, 1911, t. 4, p. 200. <<

[2] Aguayo, España, 1897, p. 35; El Yara, 30 de agosto de 1896, BNJM, C. M. Borrero, N.º 20; Thomas, Cuba, 1998, p. 331. <<

[3] Acerca de abusos que se remontan a la guerra del 68, Roig, Weyler, 1947, pp. 25 y ss.; Souza, «Weyler», 1938, pp. 12-14. La fórmula de la Guerra de los Diez Años —«Weyler igual a violencia sexual»— fue hábilmente retomada por los Revolucionarios en 1896. Véase el texto dañado en AGMM, U/C 3446. Weyler, Mi mando, 1910, t. 1, pp. 102-105. Acerca de la imagen de Weyler en Estados Unidos, véase Pérez Jr., American Imagination, 2008, pp. 68-71. <<

[4] Ucelay-Da Cal, «Self-Fullfilling Prophecies», 1999, esp. pp. 208-210; Auxier, «Propaganda», 1939. <<

[5] Gómez, La insurrección, 1897, p. 258. <<

[6] Roig, Weyler, 1947, pp. 90, 105 y 107; Thomas, Cuba, 1998, p. 327; Weyler, Mi mando, 1910, t. 1, p. 115; Moriano y Vivó, Apuntes, 1898, p. 56. El lema «hasta el último hombre y la última peseta», en Fernández Almagro, Historia política, 1974, t. 2, p. 269. <<

[7] Weyler, Mi mando, 1910, t. 1, p. 10; El Heraldo, 14 de febrero de 1896; Gallego, «Planes», El Heraldo, 14 de febrero de 1896; El Imparcial, 11 a 14 de febrero de 1896. Weyler retomó este argumento: Weyler a Ministro Guerra [Miguel Correa], 30 de diciembre de 1897, AGMS, PC, caja 174, exp. 5, carpeta 8. Girón Miranda (La guerra de Cuba, 2005, p. 72) señala que el Manchester Guardian ya informó el 10 y el 15 de febrero de 1896 sobre la reconcentración que era de esperar bajo el mando de Weyler. <<

[8] Amer, Opinión pública, 1897, p. 10 (cita); Burguete, ¡La Guerra!, 1902, p. 153. Para la imagen de la mujer cubana, incitando la guerra, véase Ordax Avecilla, Cuba, 1895, pp. 24s. <<

[9] Carmen Paysol a Marta Abreu, 18 de febrero de 1896, BNJM, C. M. Abreu 323; Isabel Rodríguez a Abreu, 11 de junio de 1896, C. M. Abreu 383; Foner, Spanish-Cuban-American War, 1972, pp. 107 y ss. <<

[10] Tone, War a Genocide, 2006, p. 142; Weyler, Mi Mando, 1910, t. 1, p. 14. <<

[11] Guerra, Myth, 2005. Foner, Spanish-Cuban-American War, 1972, pp. 98, 104; Roig, La guerra, 1958, pp. 135-144. <<

[12] El Imparcial, 11 de febrero de 1896. A los voluntarios y bomberos, 10 de febrero de 1896, AGMS, PC, caja 174, exp. 5, carpeta 8; Arbelo, Recuerdos, 1918, p. 23. <<

[13] El Imparcial, 11 y 12 de febrero de 1896; Weyler, Mi mando, 1910, t. 1, pp. 115s. Los telegramas desde Pinar, 13 de febrero de 1896, y Lagunas, [10.] de febrero de 1896, en AGMS, PC, caja 174, exp. 5, carpeta 8 y la inscripción en las Actas Capitulares de Pinar del Río, 1896, t. 10, fol. 125. <<

[14] Antonio Maceo a Tomás Estrada Palma, 21 de marzo de 1896, en Papeles de Maceo, 1948, t. 2, p. 266. <<

[15] Weyler a Ultramar, 28 de abril de 1896 en AHN, Ultramar 4943; André, Explosiones, 1901; Miró Argenter, Crónicas, 1970, t. 2, pp. 285s. <<

[16] Guerrero, Crónica, 1896, t. 2, p. 162; Maceo es citado en un correo del 2 de junio de 1896 en AGMM, U/C 3442; «Reorganización de las guerrillas locales de Trinidad a consecuencia de las deserciones al campo enemigo», Matanzas, 9 de julio de 1898, AGMM, U/C 5791.8. Acerca de desertores con armas y municiones véase la entrada del 23 de febrero de 1896 en un diario de campaña incautado al enemigo en AGMM, U/C 3446. <<

[17] Rosa a Marta Abreu, 19 de abril, 4 y 15 de mayo de 1896 y 15 de mayo de 1896, BNJM, C. M. Abreu 221 resp. 45. <<

[18] Manuel Martínez a Adolfo L. Tijeiro, 3 de diciembre de 1896, BNJM, C. M. Lobo 47. Sánchez Agramonte, Diario, pp. 3, 9-11 y 16. Extractos del Diario de Operaciones de una unidad de Pinar, 13 de junio de 189[6] en AGMM, U/C 3078; Rosell y Malpica, Diario, 1950, t. 2, pp. 83 y 127 (entradas del 6 de julio y del 26 de octubre de 1896). Acerca de la justicia militar en Pinar (aquí la carta del coronel Boy, 13 de marzo de 1897) AGMM, U/C 3224. <<

[19] Pedro Betancourt a Lacret Morlot, 8 de septiembre de 1896, otras quejas, 4 de octubre de 1896 en AGMM, U/C 3446. La orden de Maceo del 7 de agosto de 1896 en AGMM, U/C 3441; las normas de Antonio López, Jefatura del Regimiento M. Gómez, s. f. [1896], y el circular, 12 de julio de 1896, AGMM, U/C 3445. Para Pinar del Río el escrito del 5 de octubre de 1896, AGMM, U/C 3078. Boza, Diario, 1974, p. 144 (entrada del 21 de enero de 1896). <<

[20] Corral, ¡El desastre!, 1899, pp. 66s. El escrito de Santiago, 17 de agosto de 1896, y aclaraciones acerca de las normas del 16 de abril de 1896 y del 14 de junio de 1897 en AGMM, U/C 3474. Crítico en cuanto a fortines defensivos, [Amante,] Estudio, 1896, p. 15. La problemática también en Tone, War and Genocide, 2006, pp. 160 y ss. <<

[21] «Relación nominal de los individuos que componen la fuerza armada para guarnecer los fortines del Central Limones y defensa de su batey», 27/4/1896; «Relación nominal de la fuerza del ingenio Central Limones», 25 de abril de 1897; junto con documentación adicional sobre los ingenios de Matanzas a Santa Clara en AGMM, U/C 3080. Véase para las normas General Luis Moncadas, 14 de junio de 1897, AGMM, U/C 3474. <<

[22] Weyler a Arolas el 21 de marzo de 1896 en AGMM, U/C 3747 <<

[23] Valentín Diez a Juan Arolas, 3 de abril de 1896; Arolas a Weyler, 4 de abril de 1896, AGMM, U/C 3747. <<

[24] Reclamaciones a indemnización de súbditos franceses en AGMM, U/C 3474, esp. el intercambio con el cónsul francés del 12 y del 21 de marzo de 1896, y del 20 de julio de 1897. <<

[25] Cónsul de China a Weyler, 5 de octubre de 1896; véase también las protestas del 28 de junio y del 11 de julio de 1897 y del 21 de mayo de 1898. Justificaciones en cuanto a Cándido Hernández de Velasco, 16 de julio de 1897. Weyler a cónsul, 7 de septiembre de 1897. Todo en AGMM, U/C 3474. Weyler a Arolas y Arolas a Weyler, 17 de marzo de 1896 en AGMM, U/C 3747. <<

[26] Adolfo T. Castellanos a Weyler, 21 de agosto de 1896, AHN, Archivos personales y familiares. Diversos títulos y familias, leg. 3172, N.º 14; Weyler a Ultramar, 25 de julio de 1896, AGMM, U/C 5763.5. <<

[27] Listas con cubanos deportados con nombre, «raza», vecindad, edad, estado civil y formación («sabe leer y escribir») en AGMM, U/C 2616, exp. 61.7-8 (la cita procede del exp. 61.8.2.4). Circular del 3 de marzo de 1896, AGMM, U/C 3394. <<

[28] Arbelo, Recuerdos, 1918, p. 147; [Giberga,] Apuntes, 1897, p. 166; Quesada y Northrope, War in Cuba, 1896, pp. 93 y ss.; Miró Argenter, Crónicas, 1970, t. 2, pp. 83 y 85. Para Poumier (Apuntes, 1975, p. 161) con la llegada de Weyler empieza «la guerra de exterminio». <<

[29] Weyler como monstruo y engendro infernal en Estrada Palma a Abreu, 15 de mayo de 1897, BNJM, C. M. Abreu 21. Weyler como elemento unificador en Luis López Marín a Gustavo, 28 de enero de 1898, AGMM, U/C 5791.30. Foner, Spanish Cuban American War, 1972, p. 74; Hernández, Política, 2000, p. 96. <<

[30] Azcárraga a Weyler, 24 de febrero de 1896, AGMS, PC, caja 174, exp. 5, carpeta 8. <<

[31] Véase el prólogo en Weyler, Mi mando, 1910, t. 1, pp. 9-15, aquí 15. <<

[32] Izquierdo Canosa, La reconcentración, 1997, p. 25 (cita); López Díaz, «La reconcentración», 1998, p. 73; Navarro García, «La población», 1999, p. 78. <<

[33] Pérez Guzmán, Herida profunda, 1998, pp. 41 y ss. y 47; Fonseca García, La política española, 2003, pp. 10, 13, 14 y 15. <<

[34] Fonseca García, La política española, 2003, p. 15. Cónsul general (Francia) a General en jefe en [?],1896; reglamentaciones especiales en Consulat Général de France a Weyler, 9 de septiembre de 1897, ambos en AGMM, U/C 3474. <<

[35] Tone, War and Genocide, pp. 205; Pérez Guzmán, Herida profunda, pp. 42 y ss. <<

[36] Weyler, Mi mando, 1911, t. 4, pp. 325-347, el decreto del 27 de mayo de 1897 también en AGMM, U/C 3383, 3397 y 5762.3. Véase acerca del crédito extraordinario el escrito del Intendente General de Hacienda del 4 de diciembre de 1897 en AGMM, U/C 5809. <<

[37] Elorza y Hernández, La guerra, 1998, p. 265; Pérez Guzmán, «Los efectos», 1998, p. 280; Tone, War and Genocide, 2006, p. 195; Fonseca García, La política española, 2003. <<

[38] Andrés González Muñoz, 11 de marzo de 1896, AGMM, U/C 3382; Burguete, ¡La Guerra!, 1902, p. 167; Informe de la guerrilla O’Ryan del 22 de marzo de 1897 en AGMM, U/C 4200. <<

[39] Martínez Alemán y Sánchez González, Weyler, 2000, p. 11. La correspondencia desde San Felipe, 11 de mayo de 1896, en AGMM, U/C 3382. <<

[40] Ochando a Weyler, [?] de mayo de 1896, citado en Marimón Riutort, «La guerra», 2002, pp. 554 y ss. Informes desde Ciego de Ávila en Gonzales, In Darkest Cuba, 1922, p. 222. <<

[41] Circular, el delegado del gobierno Santiago García Cañizares, el 24 y 29 de febrero de 1896, en AGMM, U/C 3442, el primero en Boza, Diario, 1974, t. 1, pp. 185 y ss.; Secretario de la prefectura de Banao Interior, 2[8] de febrero de 1896; Natán Pérez, Prefecto Banao Interior, 3 de marzo de 1896, ambos en AGMM, U/C 3443. <<

[42] Estrada Palma a Marta Abreu el 15 de mayo de 1897, BNJM, C. M. Abreu 21. <<

[43] Circular, Natán Pérez, 30 de junio de 189[6], AGMM, U/C 3443; 3441 y 3444 para pases. <<

[44] Paysol a Abreu el 18 de febrero de 1896, Luz Morales a Abreu el 5 de abril de 1896 en BNJM, C. M. Abreu 323 resp. 31. <<

[45] Foner (Spanish-Cuban-American War, 1972, pp. 81 y 106 y ss.) interpreta la destrucción como respuesta a la «guerra total» de Weyler. Similar: Boza, Diario, 1974, t. 1, p. 211. <<

[46] La memoria del Capitán de Ingenieros Alemán, 29 de agosto de 1898, AGMM, U/C 5815.2. Informes de Remates en José Martín, 31 de julio de 1896, AGMM, U/C 4921. También Weyler menciona la reconcentración de Maceo: Weyler, Mi mando, 1910, t. 1, p. 63. Una lista de prefecturas y prefectos de Pinar en AGMM, U/C 3444. <<

[47] Los documentos de los revolucionarios de Ceiba, 21 de febrero de 1896, y del brigadier Juan Ducasse, 8 de abril de 1897, en la documentación incautada en AGMM, U/C 3443. Directrices acerca del suministro de carne (Remates, 27 de marzo de 1896 y Banao Interior, 19 de julio de 1896), en AGMM, U/C 3445 resp. 3443. <<

[48] Martínez Campos citado en Guerrero, Crónica, 1896, t. 2, pp. 173 y ss.; Weyler, Mi mando, 1910, t. 2, p. 95. <<

[1] Véase el escrito de José Martín, 31 de julio de 1896, AGMM, U/C 4921, aquello de Francisco Bernales, [7] de agosto de 1896 en ANC, Gobierno General, leg. 69, N.º 2923. Otro informe, 7 de marzo de 189[6], en AGMM, U/C 4921. <<

[2] Gobernador provincial Pinar del Río a Capitán General, [6] de agosto de 1896, ANC, Gobierno General, leg. 69, N.º 2923. <<

[3] Menesterosos entre dos y catorce años: 250 g carne, 63 g arroz, 10 g sal. En caso de ausencia de carne fresca, la ración será substituida por 150 rep. 75 g de tasajo de las factorías militares. Véase el Circular, 29 de mayo de 1896. Acerca de problemas logísticos, véase el escrito destinado al Cabo de San Antonio desde Pinar del Río, 31 de agosto de 1897, ambos en AGMM, U/C 4921, ampliación del 4 de junio de 1896 en caja 3395. También en Weyler, Mi mando, 1910, t. 1, pp. 433-435. <<

[4] Gral. Prats a Gral. en jefe y Comte, en jefe 3.er Cuerpo, 22 de junio de 1896, AGMM, U/C 4920. Problemas: Comandante de Armas (Alquizar), Pedro Jordan, 20 de enero de 1898, AGMM, U/C 4921. <<

[5] «Expediente racionamiento forzoso», Weyler, 12 de enero de 1897; Francisco Tomás a Gobernador de la región central y de la provincia de Matanzas, 29 de enero de 1897, ambos en AGMM, U/C 4920. <<

[6] Francisco de Armas a Capitán General, 29 de noviembre de 1897, e indicios del suministro de raciones sin carne (Fabio Freire a Capitán General, 29 de noviembre de 1897) en AGMM, U/C 5741.2. <<

[7] Véase la orden circular de Weyler, 29 de mayo de 1896, AGMM/UC 4921 y ANC, Asuntos Políticos, leg. 98, N.º 6. <<

[8] La orden del 24 de marzo de 1896 fue acompañada por formularios para registrar a las familias y las raciones entregadas, véase «Alcaldía Municipal de Güines. Relación de familias que por su estado de pobreza se encuentran comprendidas en la disposición del Exmo. Sor. Capitán General de 24 de Marzo último, para ser socorridas con raciones de etapa», 26 de mayo de 1896 (citas); «Provincia de Matanzas, término municipal de Canasí, Relación de familias pobres de esta localidad […]», 9 de abril de 1896, todo en AGMM, U/C 4921. <<

[9] En las listas de Canasí se encuentran voluntarios de solo diecisiete años. La solicitud de Eduardo López (Artemisa), 4 de abril de 1896, y la aprobación por Weyler, 6.5.1896, en AGMM, U/C 4921 <<

[10] Sobre las primeras zonas de cultivo en Pinar del Río, Memoria [1898], AGMM, U/C 3223 y 5815.2. El problema de la inseguridad por Arroyos de Mantua, en José Martín, 1 de agosto de 1896. La problemática de la sequía para zonas de cultivo en La Fé, 9 de mayo de 1896, ambos en AGMM, U/C 4921. <<

[11] El desconcierto en Bahía Honda o Dimas, ver correspondencia del 19.7.1896 resp. 12.8.1896. El escrito del alcalde de Guamacaro lleva fecha de 26 de agosto de 1896. Aclaraciones de Weyler, 2[7] de agosto de 1896, todo en AGMM, U/C 4921. <<

[12] Los siguientes párrafos se basan en la documentación en AGMM, U/C 4921. <<

[13] Sobre Bolondrón, véase la carta del 17 de julio de 1896; la nota de Ochando del 7 de mayo de 1896 junto con las solicitudes en la carpeta «Relación de familias pobres sin recursos de Alfonso XII». <<

[14] La comunicación de Güira de Macurijes a General Melguizo, 7 de mayo de 1896; alcalde de Roque a Gobernador Militar (Matanzas), 14 y 17 de marzo de 1896. En abril de 1896, el alcalde municipal de Matanzas solicitaba ración de etapa. Adolfo Porset a General jefe del 3.er Cuerpo de ejército, 21 de abril de 1896. Acerca de Bolondrón y Cárdenas, ver El coronel jefe interino 3.ª división a Gral. en jefe y comdte en jefe 3.er Cuerpo, 17 de julio de 1896 resp. Coronel comte. militar a Comandante en jefe del Cuerpo de Ejército de Occidente, 20 de agosto de 1897. <<

[15] El 19 de febrero de 1896, Weyler ya había señalado restricciones en el suministro, limitándolo a adeptos a España, entre los reconcentrados del fortín de San Fernando (Carenero, Pinar del Río). <<

[16] Francisco Tomás a Gobierno región central y de la provincia de Matanzas, 29.1.1897; Melguizo a Jefe cuerpo de ejto. occidente, 8 de marzo de 1897. Véase también la comunicación del 3 y del 29 de marzo de 1897. Para Dimas la queja de Weyler del 14 de agosto de 1896. La problemática con ancianos y enfermos en una carta desde Los Palacios, Comte de Armas a Comte en jefe del 3.er Cuerpo de Ejército, 18 de noviembre de 1896. <<

[17] Comandante Militar (Güines) a Gral. jefe de la 2.ª comandancia gral., 15 de febrero de 1896; Weyler a Jefe 3.er Cuerpo de Ejército, 2 de marzo de 1896. La correspondencia del alcalde de Güira de Melena, 19 de febrero de 1896, se transmitió el 24 de febrero de 1896 a las autoridades militares de la provincia. <<

[18] Roig, Weyler, 1947, p. 94; López Díaz, «La reconcentración», 1998, p. 80. Las instrucciones de Ochando, 17 de marzo de 1896, AGMM, U/C 4920, señalan las continuidades en el suministro. <<

[19] Ilustrativo: «Expedientes de raciones a familias pobres (1896-1898)», AGMM, U/C 4921. <<

[20] Sherman a Dupuy de Lôme, 26 de junio y 6 de noviembre de 1897, en FRUS, 1897, pp. 507y ss. y 509 y ss.; Estrada Palma a Abreu, 15 de mayo de 1897, BNJM, C. M. Abreu 21; García, Carta folleto, 1899, p. 6; Rea, La verdad, 1898, pp. 86 y ss. <<

[21] Para Pinar del Río, ANC, Gobierno General, leg. 96, N.º 2923; Luz Morales a Marta Abreu, 5 de abril de 1896, BNJM, C. M. Abreu 31. <<

[22] Gobernador Pinar del Río, 3 de agosto de 1896, ANC, Gobierno General, leg. 69, N.º 2923; Alcalde corregidor (Artemisa) a Comte. gral. de la línea (Arolas), 24 de septiembre de 1896, AGMM, U/C 3078. Fiscan, Extrema, 1897, pp. 51 y ss. <<

[23] Marrero, «El calvario», 1963, pp. 112-114. <<

[24] Circular de Ahumada, 22 de septiembre de 1896, en AGMM, U/C 3395. En Oriente, se debían llevar pases o salvoconductos: Véase «Registro de Pases» en AGMM, U/C 5791.46. «Iniciativa propia» de guerrillas entre Habana y Matanzas: Conangla, Memorias, 1998, p. 100. <<

[25] Circular, 13 de mayo de 1896, en AGMM, U/C 3394. <<

[26] Weyler a Ministerio de la Guerra, 30 de diciembre de 1897, AGMS PC, caja 174, exp. 5, carpeta 8. <<

[27] Lino Galán, Memoria sobre la reforma de la Comandancia de Dimas, 27 de junio de 1897, AGMM, U/C 3223. El argumento de Weyler también en Martín Jiménez, Weyler, 1998, p. 174. <<

[28] General Jefe de E. M. G. a Comandante en Jefe del 3.er Cuerpo de Ej., 2 de junio de 1896, en AGMM, U/C 4921. <<

[29] El circular de Ahumada del 9 de septiembre de 1896 se basa en un comunicado de Weyler del 5 de septiembre de 1896, en AGMM, U/C 3395. Acerca del trato hacia los familiares de los patriotas véase las instrucciones, 26 de noviembre de 1896, en AGMM, U/C 4921. <<

[30] Listas desde Matanzas y Santiago: AGMM, U/C 4200. El bando de Ahumadas del 22 de junio de 1896 ya pedía el registro de los presentados (AGMM, U/C 3395). <<

[31] Pérez Guzmán, Herida profunda, 1998, p. 48; Víctor [Reo] a Arolas, 15 de agosto de 1896, AGMM, U/C 3078; Violeta a José Camejo, s. f.; Manuel Varela a Camejo, 22 de mayo de 1898, en AGMM, U/C 3444. <<

[32] Estrada Palma a Marta Abreu, 15 de mayo de 1897, BNJM, C. M. Abreu 21 (cita); Fabio Freyre a Secretario de Gracia y Justicia y Gobernación, 14 de febrero de 1898, en AGMM, U/C 5809. <<

[33] Tristemente célebre era su trato áspero y torpe con la prensa. Véase para las trabas que le ponía a Stephen Bonsal, corresponsal del New York Herald, con motivo de una visita a prisioneros en La Cabaña (Habana), la correspondencia del 12 y 13 de marzo de 1897 en AGMM, U/C 3474. Weyler como supuesta víctima de la prensa internacional, Moriano y Vivó, Apuntes, 1898, pp. 74-77. <<

[34] Azcárraga a Capitanía General, 25 de febrero y 25 de marzo de 1897. Véase al respecto la comunicación entre la Capitanía General con las regiones militares, del 27 de marzo al 30 de abril de 1897, en AGMM, U/C 3474 (incl. listas). <<

[35] El comunicado de Aurelio Betancourt, Gobierno Civil de la Provincia de la Habana, 30 de abril de 1896 y la circular, 6 de junio de 1896, en AGMM, U/C 344 resp. 3474 y 3442. General José M. Aguirre a Capitán Jesús Plana (San Antonio de los Baños), 26 de abril de 1896, AGMM, U/C 3443. Brigada Sagua, José Sánchez Jarra, 24 de mayo de 1896, AGMM, U/C 3444. <<

[36] José M. Aguirre a Aurelio Collazo, 2 de mayo de 1896, en AGMM, U/C 3441. <<

[37] Sobre el regimiento, resp. brigada Cárdenas 1896, véase los diarios de campaña en AGMM, U/C 3446; López Novegil et al., «La Brigada», 1992. La orden de Weyler acerca del control de los almacenes de maíz en occidente, 14 de mayo y 24 de noviembre de 1896, en AGMM, U/C 3382. <<

[38] Sobre Mariel-Majana, Comandante González, 30 de mayo de 1896, AGMM, U/C 3441; extractos del bando de Maceo en la carta del General José M. Aguirre, s. f.; sobre su realización: «Extractos de las operaciones» de la Brigade Cárdenas, AGMM, U/C 3443 resp. 3446. <<

[39] Circular, 28 de abril de 1896, AGMM, U/C 3394; véase también la correspondencia de Weyler del 8 y del 10 de agosto de 1897, AGMM, U/C 3134; Circular reservado (Ahumada), 25 de enero de 1897, en AGMM, U/C 3397; Pedro Díaz a José Miró Argenter, 3 de septiembre de 1897, AGMM, U/C 5791.55. <<

[40] Isabel Rodríguez a Marta Abreu, 11 de junio de 1896, en BNJM, C. M. Abreu 383. <<

[41] La Cruz Roja, 1899, p. 7; los números para Bahía Honda en APPR, Instituciones Judiciales Coloniales, leg. 156, exp. 718 y Larra y Cerezo, Datos, 1901, pp. 22, 39 y 42. <<

[42] «Expediente sobre la precaria situación de la Parroquia de Término y Vicaría Foránea de San Carlos de Matanzas», AGMM, U/C 3112. <<

[43] Comité Ejecutivo (Matanzas) a Junta de Reconcentrados, 29 de noviembre de 1897, AGMM, U/C 5809. <<

[44] Weyler a Ultramar, 19 de junio de 1896, en AHN, Ultramar 4943; Weyler, Mi mando, 1910, t. 2, p. 55. El 28 de agosto de 1896 el ministro de Ultramar dio fin de alarma al peligro de la epidemia, puesto que Weyler el 17 de agosto le tranquilizaba al respecto, AHN, Ultramar 4943. <<

[45] Eduardo García a José Lacret, 1 septiembre de 1896, en AGMM, U/C 3445; Manolo a sus familiares, 12 de septiembre de 1896, en AGMM, U/C 3442. La anécdota se atribuye normalmente a Máximo Gómez, Foner, Maceo, 1977, p. 174; Moreno Fraginals, Cuba/España, 1998, p. 333. Boza, Diario, 1974, t. 1, pp. 10 y 200 (general vómito). <<

[46] Pérez Guzmán, Radiografía, 2005, esp. pp. 9-12; Tone, War and Genocide, 2006, pp. 191 y ss.; Espinosa y Ramos (Al trote, 1946, pp. 132, 172, 178; sus propias enfermedades, pp. 194-203) informó sobre fiebres tropicales, infecciones intestinales y disentería en la tropa de Santa Clara. La descripción de Espinosa es corroborada por los documentos en AGMM, U/C 3443. <<

[47] La difícil asistencia médica en Sánchez Agramonte a Caridad Estevan, [1896], AIHC, Fondo «Eugenio Sánchez Agramonte», 21/3.1; para septiembre 1896 a enero 1897 también la documentación de la «Inspección de Hospitales», AGMM, U/C 3443. <<

[48] Eugenio Sánchez Agramonte a José Lacret Morlot, 14 de agosto de 1896, AGMM, U/C 3446. «Recorrido de Eugenio Sánchez como Jefe de Sanidad por toda la Isla», 21 de agosto de 1896, AIHC, Fondo «Eugenio Sánchez Agramonte», 21/15.1; una «nota de drogas», 11 de noviembre de 1896, en AGMM, U/C 3442. <<

[49] Sobre el estado de salud de la tropa Bacallao, ver entrada del 26 de agosto de 1896 en el diario. Sarampión y otras enfermedades en Las Villas: informe Sanidad Militar, 4.º Cuerpo, 2.ª División, 1.ª Brigada, 14 de agosto de 1896, todo en AGMM, U/C 3443, resp. el escrito de Pablo Rodríguez, 13 de septiembre de 1896, en 3445. Usatorres, Impresiones, 1899, p. 19; Calixto García citado en Foner, Spanish-Cuban-American War, 1972, pp. 20 y ss.; República de Cuba, Memoria, 1897, p. 6. <<

[50] Roloff, Índice 1901; Foner, Maceo, 1977, p. 174. Muertos en «acción de guerra» según cifras oficiales: 3996 hombres del ejército, heridos: 10 945. «Bajas de oficiales y tropa durante toda la campaña», 22 de octubre de 1898, AGMM, U/C 5791.2; Tone, War and Genocide, 2006, p. 97; Corral, ¡El desastre!, 1899, pp. 5-10. Bernardo Iglesias Delgado citado en Pérez Guzmán, «La Revolución», 1996, pp. 523, 545 (nota 44); y Pérez Guzmán, «La guerra», 2002, p. 319 (aquí con la cifra de 11 448 víctimas en el ELC). <<

[51] Larra y Cerezo, Datos, 1901, p. 5; «La sanidad del ejército de Cuba», en La Vanguardia, 7 de diciembre de 1897, pp. 4 y ss. Barcia Zequeira, «La sociedad», 1996, p. 288, y Formento, «Report», 1896, p. 156. <<

[52] 1708 hombres cayeron en el campo de batalla o más tarde a causa de las heridas. Larra y Cerezo, Datos, 1901, p. 5; Esteban Marfil, «Los hospitales», 2003. <<

[53] Indicaciones sobre diagnósticos erróneos en Sanitary Inspector D. M. Burgess (23 de julio y 16 de septiembre de 1895) en Abstract of Sanitary Reports, 2 de agosto de 1895 y 25 de septiembre de 1895, pp. 632 resp. 920; y Public Health Reports, 16 de julio de 1897, pp. 705 y ss. <<

[54] Quejas sobre falta de medios del inspector general, Cesáreo Fernández de Losada, se encuentran también en el British Medical Journal, 14 de noviembre de 1896 («Sickness in the Spanish Army in Cuba»). Infecciones con fiebre amarilla en los hospitales militares, W. F. Brunner en Public Health Reports, 16 de julio de 1897, p. 705. <<

[55] Larra y Cerezo, Datos, 1901, pp. 5-7, 22, 28 y ss., 39, 41 y ss.; Tone, «Mosquito (Man)», 2002, pp. 284-289 y 295; Tone, War and Genocide, 2006, pp. 98-100; Brunner, «Morbidity», p. 410; véase la retrospectiva «Military Hospitals», British Medical Journal 2/46 (1898), p. 188; Delgado García, «La salud», 1999, pp. 21, 24 y ss. De octubre 1896 a febrero 1897, según la Cruz Roja de España se había atendido a unos 300 000 enfermos en Cuba. La Cruz Roja, 1899, p. 8. <<

[56] Ramón y Cajal, Recuerdos, 1923, cap. XXIII. <<

[57] Larra y Cerezo, Datos, 1901, p. 41 (cita); Conangla, Memorias, 1998, pp. 131-137. <<

[58] Los números en Abreu Cardet, Introducción, 2005, 17; López de Letona citado en Pirala, Anales, 1895, t. 1, p. 572. <<

[59] «Memoria del Capitán General de Filipinas Valeriano Weyler y Nicolau», AGMM, U/C 5323.4, pp. 187 y ss.; Earle, «A Grave», 2000, pp. 286 y ss. <<

[60] Reparaz, «La guerra», 1896; Gasset, «Iniquidades», 1896. <<

[61] El Imparcial, 2 de enero de 1897, 1; Reparaz, «Triunfa», 1897. <<

[62] Pérez Ledesma, «La sociedad», 1998, pp. 112-119. Para sucesivas discusiones políticas, ver el discurso de Sol y Ortega (24 de febrero de 1898) en el congreso. Extractos en Núñez Florencio, El Ejército, 1997, pp. 69s. <<

[63] Subinspector de [Sanidad] a Jefe del Depósito de Embarque, 9 de junio de 1897, en AGMM, U/C 3466. <<

[64] Fernández Vargas, Sangre, 2004, pp. 23 y ss., 45, 78, 135 y 150-152; Hernández Sandoica y Mancebo, «Higiene», 1978, p. 370. <<

[65] Sánchez Abadía, «Olvidos», 2001. <<

[66] Betances, citado en Morillo-Alicea, «Uncharted», 2005, p. 46; la carta desde Nueva York, 26 de septiembre de 1896, en AGMM, U/C 3444; Rojas a Lacret Morlot, 22 de septiembre de 1896, AGMM, U/C 3446; J. [Ducasse] a Hugo, 21 de abril de 1897, en AGMM, U/C 3443. <<

[67] Aurora a Juanito, 28 de octubre de 1896, en AGMM, U/C 3441. <<

[68] «Relación de expediciones filibusteras organizadas en los Estados Unidos», AHN, Ultramar, 5007, 2.ª parte, exp. 831. Véase también la correspondencia diplomática (Kingston, Veracruz.) en AGMM, U/C 5757.8 y Weyler, Mi mando, 1910, t. 2, p. 56; Pérez Guzmán, «La Revolución», 1996, pp. 489, 523 y 545 (nota 45); Foner, Maceo, 1977, pp. 216, 238-240, 244. <<

[69] Usatorres Perdomo, Impresiones, 1899, pp. 14-17, 24-29; copia de la correspondencia con Gómez, 16 de julio de 1896, en «Libro N.º 2, Diario de Operaciones de la Brigada a cargo del Gral. José Lacret Morlot», AGMM, U/C 3447. <<

[70] Weiss Fagen, «Maceo», 1976; Elorza y Hernández, La guerra, 1998, p. ej. p. 53. Véase también Escalona Jiménez, «Maceo», 2002. <<

[71] Rosell y Malpica, Diario, 1950, t. 2, pp. 118, 125; Weyler, Mi mando, 1911, t. 3, p. 32; Tone, War and Genocide, 2006, pp. 181-183. <<

[72] Foner, Maceo, 1977, pp. 243-245, 252-270; Tone, War and Genocide, 2006, pp. 166-177, 186 y ss.; Weyler, Mi mando, 1910, t. 2, pp. 8, 70 y 171; José Martínez a José Lacret Morlot, 21 de octubre de 1896, en AGMM, U/C 3445. <<

[73] Pérez Guzmán, Guerra en La Habana, 1974, trata 47 versiones de la muerte de Maceo. Rosell y Malpica, Diario, 1950, t. 2, pp. 144-146; «The Rumor of Maceo’s Death», The New York Times, 24 de febrero de 1896; Boza, Diario, 1974, t. 1, p. 297; extractos del diario de campaña de una unidad cerca de «El Rosario», AGMM, U/C 3443. <<

[1] Navarro García, Las guerras, 1998, pp. 158, 163s., 167; Weyler, Mi mando, 1910, t. 2, p. 56. <<

[2] Pérez Guzmán, Herida profunda, 1998, pp. 49-51. <<

[3] Bando, 21 de octubre de 1896, AGMM, en U/C 3555; Weyler, Mi mando, 1910, t. 2, pp. 427s. <<

[4] Comandante Militar de Juan y Martínez a Comandante Gral. Pinar del Río, 22 de octubre de 1896. Melguizo, 30 de octubre de 1896, dirigía su telegrama a los comandantes militares de San Juan y Martínez, Cortés, La Fé, [Guane], «y demás Comtes. Armas de San Luis, Los Arroyos, Mantua» (ambos en AGMM, U/C 3140); Weyler, Mi mando, 1910, t. 3, p. 97. <<

[5] Weyler, Mi mando, 1910, t. 3, pp. 16s., 56-58, 295 y ss.; Pérez Guzmán, Herida profunda, 1998, p. 44. <<

[6] Los bandos en AGMM, U/C 3383, 5762.3; Weyler, Mi mando, 1910, t. 3, pp. 292-295 y 1911, t. 4, p. 225. El aspecto de «clase», Tone, War and Genocide, pp. 194s.; Weyler, Mi mando, 1911, t. 5, p. 374. <<

[7] La moratoria, 25 de enero de 1897, en AGMM, U/C 3383; Ministerio de Estado a Ultramar, 15 de febrero de 1897, y las aclaraciones de Castellanos, 24 de febrero de 1897, en AHN, Ultramar 4970, 1.ª parte, exp. [623]. Un decreto, 27 de mayo de 1897, permitía a los ingenios y fincas «con fuerzas propias para su defensa» alojar a los trabajadores y sus familias en el perímetro fortificado; aquellos sin «fuerza armada» solamente a los trabajadores, sin sus familias. Weyler, Mi mando, 1911, t. 4, pp. 316 y ss., 346 y ss. <<

[8] Véase la correspondencia del 2 y 11 de julio asimismo del 30 de agosto y del 1 de septiembre de 1897, en AGMM, U/C 3474. Pérez Guzmán (Radiografía, 2005, p. 183) identifica a los negociantes y hacendados franceses como usureros de la guerra. <<

[9] Sobre Dimas, la memoria de Lino Galán, 27 de junio de 1897, AGMM, U/C 3223; el informe del alcalde, 14 de [noviembre] de 1896, en AGMM, U/C 4921. <<

[10] Suministro de víveres según circular del 29 de mayo de 1896, Gral 2.º Cabo a Comandante en Jefe del 3.er Cuerpo de Ejército, 26 de noviembre de 1896, para Candelaria también Weyler a Melguizo, 18 de noviembre de 1896, y el informe desde Los Palacios, 18 de noviembre de 1896, AGMM, U/C 4921. <<

[11] Decreto, 1 de diciembre de 1896, en AGMM, U/C 3882 y ANC, Donativos y Remisiones, caja 551, N.º 11; «Las zonas de cultivo», 5 de septiembre de 1896, en Fiscan, Extrema, 1897, pp. 45-47, aquí 45. <<

[12] Sobre la sequía por Jovellanos la correspondencia de abril a junio 1897; sobre Mantua la carta del 3 de mayo de 1897; la correspondencia sobre Bramales, 10 de enero de 1897, y San Felipe, 7 de junio de 1897, todo en AGMM, U/C 4921. <<

[13] José Bruzón a Ramón Blanco, 14 de marzo de 1898, AGMM, U/C 5809; Magdalena Peñarredonda a Tomás Estrada Palma, 15 de mayo de 1898, en Santisteban Mesa y Rodríguez, «Cárdenas», 2001-2002, pp. 191-193, esp. 193; Aguayo, España, 1897, pp. 48 y ss. <<

[14] Miró Argenter, Crónicas, 1970, t. 3, p. 632. Otros ataques contra zonas de cultivo, véase Vicente P. Abreu a Marta Abreu, 18 de septiembre de 1898, en BNJM, C. M. Abreu 323; Espinosa y Ramos, Al trote, 1946, pp. 156s., 172; y Pérez Guzmán, Radiografía, 2005, pp. 173s; Marimón Riutort, El General, 1992, p. 27; Elorza y Hernández, La Guerra, 1998, p. 266; Moriano y Vivó, Apuntes, 1898, p. 66; Cardona y Losada, Weyler, 1997, p. 207. <<

[15] Orden de Weyler, 1 de diciembre 1896, ANC, Donativos y Remisiones, caja 551, N.º 11; Bandos de los alcaldes de barrio, 4 y 24 de noviembre de 1896, en AGMM, U/C 3382. <<

[16] Informe sobre visitas a domicilio Pinar del Río, 1 de febrero de 1897, APPR, Gobierno Civil de la Colonia, leg. 19, exp. 11 y leg. 72, exp. 520; la correspondencia sobre material de construcción de barracones, 16 y 17 de agosto de 1897. Sobre las «desinfecciones» en las afueras de la ciudad: Actas Capitulares, entradas del 27 de octubre de 1897, t. 10, fol. 54. <<

[17] Ahumada a Ministro Ultramar, 16 de noviembre de 1896, AHN, Ultramar, 4943, otras donaciones (Daniel de Maso, colaborador jubilado de Hacienda) en AHN, Ultramar 4944, 3.ª parte, exp. 424. Requisa de ganado en la orden de 14 de agosto de 1897, AGMM, U/C 3383. Sobre la inflación en Habana, Barcia Zequeira, Sociedad en crisis, 2000, pp. 108-110. <<

[18] Carta de Weyler, 30 de diciembre de 1897, AGMS, PC, caja 174, exp. 5, carpeta 8. Véase al respecto también sus memorias, 1911, t. 4, pp. 401 y ss. <<

[19] Bando, 30 de [octubre] de 1896, BNJM, C. M. Arango 1; instrucciones Regimiento Villaclara, 31 de octubre de 1896, AGMM, U/C 3443; la comunicación del Coronel Ricardo Sartorio, 12 y 23 de enero de 1897, en AGMM, U/C 3443; Mayor General J. M. Rodríguez a Comandante Higinio Piñeyro, febrero de 1897, en AGMM, U/C 3445; Brigadier en comisión José González a Higinio Díaz, 25 de noviembre de 1896, AGMM, U/C 3441. Instrucciones del 4.º Cuerpo del Ejército, 15 de abril de 1897, en AGMM, U/C 3445. <<

[20] Guerra y Sánchez, Por las veredas, 1957, p. 60; una circular del 1 de enero de 1897 limitó para Matanzas y Habana el comercio con ropa, utensilios de ferretería y cuero, víveres y medicina a pueblos con destacamento militar. Weyler, Mi mando, 1910, t. 3, pp. 78 y ss. <<

[21] Circular reservada, Weyler, 8 de enero de 1897, en AGMM, U/C 3384 y 3397; Elorza y Hernández, La guerra, 1998, p. 261; Weyler, Mi mando, 1910, t. 3, pp. 295s. <<

[22] Elorza y Hernández, La guerra, 1998, pp. 262 y 266. La vigilancia revolucionaria de ingenios y en caso de moler la orden de proceder a su destrucción: J. M. Rodríguez a Mayor General Francisco Carrillo, 4 de marzo de 1897, en AGMM, U/C 3441. <<

[23] Las operaciones de Aguilar en Weyler, Mi mando, 1910, t. 3, p. 454, para Pinar, 1911, t. 4, pp. 55, 60, 70-72, y AGMM, U/C 3140. Alfredo a Frank, 8 de abril de 1897; [Alfredo] a Francisco Almanza, 20 de abril de 1897, AGMM, U/C 3441, en esta caja también la carta del 25 de febrero de 1897 sobre Matanzas. La destrucción de Matanzas, esp. por tropas irregulares españolas, ver Arbelo, Recuerdos, 1918, pp. 86 y ss. <<

[24] Guerra y Sánchez, Por las veredas, 1957, p. 101; Andrés Díaz a Brigadier del regimiento Habana Rafael de Cárdenas, 19 de enero de 1897, AGMM, U/C 3446. <<

[25] El bando, 27 de mayo de 1897, con ligeras diferencias en el texto y la estructura, AGMM, U/C 5762.3 y 3383. La carta a Francisco Almanza, 20 de abril de 1897, en AGMM, U/C 3441. <<

[26] Telegrama, 2 de junio de 1897, en AHN, Archivos personales y familiares, diversos títulos y familias, leg. 3172, N.º 16; el informe de un cubano anónimo, s. f., ANC, Donativos y Remisiones, caja 102, N.º 15A. <<

[27] Luisa Rodríguez a su madre, 27 de abril de 1897, en AGMM, U/C 3441; el escrito de la Tenencia de Gobierno Trinidad, 1 de abril de 1897, en AGMM, U/C 3444; sobre la junta de Santa Clara véase la carta dirigida a Marta Abreu, 29 de abril de 1897, en BNJM, C. M. Abreu 323. <<

[28] Decretos, 22 y 27 de mayo de 1897, y Boletín Oficial de la Región Occidental y de la Provincia de La Habana, N.º 297, 11 de julio de 1897; «Instrucciones para la defensa de destacamentos y para la zona de cultivo de los poblados», 27 de mayo de 1897, todo en AGMM, U/C 3397. <<

[29] General Godoy a [Ahumada], 10 de mayo de 1897, AGMM, U/C 4921. <<

[30] Reglamentación de la venta de reses, 25 de abril de 1897, Weyler, Mi mando, 1911, t. 4, p. 211. Pinar del Río invirtió los ingresos de los cueros de las «reses beneficiadas» en el mantenimiento de las fortificaciones y en la «familias pobres reconcentradas». Actas Capitulares, entrada del 25 de noviembre de 1896, t. 9, fol. 221. <<

[31] La carta de San José [de las Lajas], s. f., en AGMM, U/C 3134. Acerca de los alimentos, Peñarredonda a Estrada Palma, 15 de mayo de 1898, en Santisteban Mesa y Rodríguez, «Cárdenas», 2001-2002, pp. 191-193, aquí 192, y el informe de Guerra y Sánchez, Por las veredas, 1957, pp. 68 y ss., 97 y ss., 101 (cita); Machado, ¡Piedad!, 1917, p. 56; Pérez Guzmán, Herida profunda, 1998, pp. 78-80. <<

[32] Ministro Guerra a General 2.º cabo, 2[5] de febrero de 1897, en AGMM, U/C 3474. General Melguizo creía que los redactores de The World estaban directamente involucrados en los «sucesos revolucionarios de esta Isla». Ahumada a Weyler, 19 de febrero de 1897, también en AGMM, U/C 3474. <<

[33] Telegramas de Weyler, 26 y 28 de febrero de 1897 y Ministro Guerra a Capitanía General, 27 de febrero de 1897, en AGMM, U/C 3474. <<

[34] El problema de la «mercantilización» de una guerra monótona sin «batallas ruidosas y fenomenales» en El Comercio (Havanna): Weyler, Mi mando, 1911, t. 5, p. 208. Para la crítica en la prensa española, Elorza, «Con la marcha», 1988, pp. 366-372, el lema de El Imparcial, 1 de febrero de 1896, p. 355; Fernández Almagro, Historia política, 1974, t. 2, p. 383. <<

[35] Rea, La verdad, 1898, pp. 10-12 (cita), 14.; Tone, War and Genocide, 2006, pp. 220 y ss. <<

[36] Donnell Rockwell a Clemencia Arango, 6, 17 y 27 de julio de 1897, en BNJM, C. M. Arango 57, 60 resp. 58. <<

[37] En Consolación del Norte se contaban 6197 reconcentrados a finales de noviembre de 1897: 2117 hombres; 1369 mujeres; 2711 niños. Véase el adjunto al escrito de Fabio Freyre, 28 de noviembre de 1897, AGMM, U/C 5809; Millis, Martial Spirit, 1931, p. 89. <<

[38] John Sherman a Enrique Dupuy de Lôme, 26 de junio de 1897, en FRUS, 1897, pp. 507 y ss. <<

[39] La clasificación en un escrito del Alcalde interino (Mantua), 7.8.1896, ANC, Gobierno General, leg. 69, N.º 2923 y [El abate bienvenido], La cuestión, 1896, p. 2. Los patriotas como asesinos y anarquistas en Fiscan, Extrema, 1897, p. 63. <<

[40] Quejas sobre la guerra irregular: Fondesviela a Capitán General, 30 de marzo de 1896, AGMM, U/C 3747. <<

[41] Diego, Weyler, 1998, pp. 237s. <<

[42] Weyler, Mi mando, 1911, t. 4, p. 146; para la retórica los artículos «Más bayonetas y menos reformas», 9 de julio de 1896 y «¡Viva España!», 14 de abril de 1897, en Fiscan, Extrema, 1897, pp. 29-31 y 93-95, cita: 94 y ss. Acusaciones contra la fuerza «brutal y exterminadora de las bayonetas» de Weyler en García, Carta folleto, 1899, p. 40. <<

[43] Varias veces Weyler informaba al ministro de Guerra sobre la «completa pacificación» de las provincias occidentales de Pinar, Habana, Matanzas y Santa Clara. Fernández Almagro, Historia política, 1974, t. 2, pp. 326 y 389. <<

[44] Cayuela Fernández y Esteban de Vega, «Elite», 2000, pp. 104 y 109 (nota 30); Piqueras, Cánovas, 2008, pp. 51-57, 64 y 67. Weyler, Mi mando, 1911, t. 4, p. 403; Weyler, Memorias, 2004, pp. 233-235; Pérez Guzmán, Herida profunda, 1998, p. 89. <<

[45] Véase Estrade, Solidaridad, 2001, pp. 145 y ss.; Piqueras, Cánovas, 2008, pp. 68 y ss.; Fernandez Almagro, Historia política, 1974, t. 2, pp. 297s.; Tone, War and Genocide, pp. 230-232. <<

[46] Sobre Calhoun, ver el telegrama, 2 de junio de 1897, en AHN, Archivos personales y familiares, diversos títulos y familias, leg. 3172, N.º 16. Sobre el informe Calhoun. Offner, «McKinley», 2004, p. 54; Foner, Spanish-Cuban-American War, 1972, pp. 112s. u 117; Wisan, Cuban Crisis, 1934, p. 292. <<

[47] Weyler a Cánovas, 12 de junio de 1897, en Weyler, Mi mando, 1911, t. 4, pp. 404s., 293 y 402 y ss.; Weyler, Memorias, 2004, p. 232. <<

[48] El ingreso del ganado debería de beneficiar las Juntas de socorro. Sobre los numerosos presentados en la época de lluvia el informe desde Las Villas, Sancti-Spíritus y Júcaro, 1 a 14 de julio de 1897, en Weyler, Mi mando, 1911, t. 4, pp. 563-566, y AGMM, U/C 3560-3561. <<

[49] Decreto de Weyler, 21 de junio de 1897, en AGMM, U/C 3397. <<

[50] La preocupación de Cánovas tampoco disminuyó en julio de 1897. En una nota desde Sancti Spíritus, 10 de julio de 1897, Weyler de nuevo intentó calmar la situación: «Puedo asegurar que no se emplean medidas de rigor», explicó, y que «la miseria [era] producida por guerra y por insurrectos», seguía con sus excusas. Weyler, Mi mando, 1911, t. 4, p. 511. Sobre la diplomacia de McKinley ver Offner, Unwanted War, 1992, pp. 37-53. <<

[51] En julio de 1897, la prensa se burló de Weyler por la «casi-pacificación». Elorza, «Con la marcha», 1988, p. 367; Weyler, Memorias, 2004, p. 236. Sobre el otoño del patriarca ver Piqueras, Cánovas, 2008, pp. 58-67. La crítica liberal de Segismundo Moret de que Weyler «hace una guerra de exterminio y desolación», expuesta en un discurso en Zaragoza en La Vanguardia, 20 de julio de 1897, p. 5 y Weyler, Memorias, 2004, p. 231; Weyler, Mi mando, 1911, t. 4, pp. 553 y ss. <<

[52] Un análisis excelente con más bibliografía en Piqueras, Cánovas, 2008, pp. 13-20 y 69-74; Estrade, Solidaridad, 2001, pp. 78 y 137 (nota 36). <<

[53] Diego, Weyler, 1998, p. 226; Pérez Guzmán, «La Revolución», 1996, pp. 511-513; Sáiz Cidoncha, Guerrillas, 1974, p. 87; Elorza y Hernández, La guerra, 1998, p. 280; Weyler, Mi mando, 1911, t. 5, pp. 130-140; Weyler, Memorias, 2004, p. 240. Sobre Las Tunas también la introducción al primer N.º de los Cuadernos Cubanos de Historia de 1998, pp  3-10, esp. 5. Para la información en España, ver p. ej. El Liberal, 10, 11 y 13 de septiembre de 1897. <<

[54] Pérez Guzmán, Radiografía, 2005, p. 235 (nota 60); Tone, «Machete», 1998, pp. 11 y 13; Roig, Weyler, 1947, p. 63. <<

[55] Santaner Marí, Weyler, 1985, p. 60; parcial: Martín Jiménez, Weyler, 1998, y Cardona y Losada, Weyler, 1997. Navarro García (Las guerras, 1998, p. 175,) para una visión española diferenciada. El problema de las fuentes se manifiesta en de Truffin al embajador ruso en España, 14 de octubre de 1896, en Bashkina, «A Page», 1964, pp. 122 y ss. <<

[56] Salvador Cisneros Betancourt, Manifiesto, 6 de enero de 1897, en AGMM, U/C 3441; Pérez Guzmán, Radiografía, 2005, pp. 27-46, cita: 27. <<

[57] Corral, ¡El desastre!, 1899, p. 73; Gómez, Insurrección, 1897, pp. 30 y ss.; Elorza y Hernández, La guerra, pp. 266 y ss. <<

[58] La memoria sobre Pinar y el escrito dirigido a Francisco Carrillo, 25 de marzo de 1897, en AGMM, U/C 3223 resp. 3442, acerca de la efectividad militar 5815.2; Enrique Junco a José M. Rodríguez, 25 de mayo de 1897, citado en Gómez, Insurrección, 1897, p. 10. <<

[59] Entre otros: Raoul Arango a Clemencia, 17 de junio de 1897; Roul Arango a Oscar Held, 15 de febrero de 1897, en BNJM, C. M. Arango 20 resp. 4; Rosendo García a Francisco Carrillo, 14 de enero de 1897, y el escrito a José Camejo, 8 de marzo de 1898, ambos en AGMM, U/C 3444 (junto con otros ejemplos de peleas dentro del ELC). <<

[60] El incidente en Pinar, 14 de abril de 1897, AGMM, U/C 3134 <<

[61] Espinosa y Ramos, Al trote, 1946, pp. 62, 65, 76 y 172; Rosell y Malpica, Diario, 1950, t. 2, p. 132; Francisco de Armas a Ramón Blanco y Erenas, 10 de marzo de 1898, en AGMM, U/C 5809. <<

[62] Gómez, Insurrección, 1897, pp. 34, 43 y 124; Moriano y Vivó, Apuntes, 1898, pp. 82; Martín Mínguez, Política, 1897; Pérez Guzmán, Radiografía, 2005, pp. 197 y ss. <<

[63] Miró Argenter, Crónicas, 1970, t. 3, pp. 631-633; «Ha bastado el nombre», La Aurora de Yumurí (Matanzas), 13 de noviembre de 1897, en BNJM, C. M. Morales T. 5, N.º 4; Estrada Palma a Abreu, 15 de mayo de 1897, en BNJM, C. M. Abreu N.º 21. <<

[64] García, Carta folleto, 1899, p. 9; Donnell Rockwell a Clemencia Arango, 27 de julio de 1897, en BNJM, C. M. Arango 58. <<

[65] Barcia Zequeira, Sociedad en crisis, 2000, p. 5; Martín, «La reconcentración», 1956, p. 32; Martínez Páez, Artemisa, 1998, p. 6. Véase el texto de presentación en Martínez Alemán y Sánchez González, Weyler, 2000. <<

[66] Roig, Weyler, 1947, pp. 207 y 211-216; Martínez y Gereda, «La reconcentración», 1942, s. p.; Izquierdo Canosa, La reconcentración, 1997, p. 11. Supuestas continuidades de la reconcentración a Hitler y el exterminio de los judíos en el artículo de Guillermo Cabrera (Granma, 27 de octubre de 1992, p. 3) en la colección «Reconcentración 1896» de la Hemeroteca del Instituto de Historia de Cuba. <<

[67] El patrón discursivo dominante en la literatura cubana desde los años 1950 acerca de la reconcentración también en Conangla, Memorias, 1998, p. 174 (cita), véase también pp. 71 y ss., 100 y ss., 111, 123, 134 y ss. y 178. <<

[68] Elorza y Hernández, La guerra, 1998, p. 269 (cita). Acerca de las fotos Pérez Guzmán, «El impacto», 1999, p. 106. <<

[69] Indicios sobre manipulaciones de las fotos en L’Illustration (Paris). Ver Barcia Zequeira, Sociedad en crisis, 2000, p. 25. Copias en BNJM, Colección de fotos, FC Guerra I, Sobre 1 (45). Acerca de fotos en la prensa estadounidense, ver Wisan, Cuban Crisis, 1934, pp. 268, 347. <<

[70] Véase la cita introductoria en Izquierdo Canosa, La reconcentración, 1997. <<

[71] Diego García, Weyler, 1998, p. 22; Navarro García, «La población», 1999, pp. 65-84; Tarragó, «Cuba and Cubans», 2002, pp. 343s.; Tone, «Mosquito (Man)», 2002, pp. 290 y ss. <<

[72] Según el censo de 1887 el 80 por ciento de la población de Bejucal fueron considerados como «blancos», en el censo de 1899 el 85 por ciento. Véase Perera Díaz y Rosquete Méndez, «La reconcentración», 2000, pp. 7 y ss., 21; Marimón Riutort, «La guerra», 2002, p. 555. La denominación para Weyler en Boza, Diario, 1974, t. 1, p. 197. Tone, War and Genocide, 2006, pp. 223 y ss. (cita: 223). <<

[73] Marimón Riutort, «La destitució», 1999, pp. 226 y ss.; Espadas Burgos, «El factor ultramarino», 1988, p. 323; Payne, Politics, 1967, p. 80; Abella, Weyler, 1970, p. 139; El Imparcial, 11 de noviembre de 1897; El Liberal, 18 y 24 de noviembre de 1897; El Heraldo de Madrid, 5 de noviembre de 1897. <<

[74] Seco Serrano, «Weyler», 2004, pp. 167-255. <<

[75] Fernández de Losada, «La sanidad», 1897, pp. 4 y ss. y Hernández Sandoica y Mancebo, «Higiene», 1978, pp. 367 y ss. <<

[1] Las instrucciones en Moret a Blanco, 17 de octubre de 1897, en AHN, Ultramar 5007, 1.ª parte, exp. 814. Véase también Elorza y Hernández, La guerra, 1998, pp. 388-395. <<

[2] Collazo, Cuba independiente, 2005, p. 114. Más moderado, Merchán, Justificación, 1961, pp. 170-181. Retrospectivamente Collazo también señaló la conveniencia de la autonomía y lamentó la falta de tiempo para implementarla. Collazo, Los americanos, 1905, p. 74. <<

[3] Roa, Aventuras, 1970, pp. 207 y ss. Autonomistas como colaboracionistas de Weyler en Roig, Weyler, 1947, pp. 103-115. <<

[4] Raoul Arango a Clemencia Arango, 12 de [diciembre] de 1897, en BNJM, C. M. Arango 86. <<

[5] José Braulio Alemán Urquía a Marta Abreu, 12 de diciembre de 1897, en BNJM, C. M. Abreu 7. <<

[6] José Miró Argenter a Tomás Beathe, 24 de febrero de 1898, AGMM, U/C 5791.57. <<

[7] Raimundo Cabrera a José Ignacio Rodríguez [s. f.], en AGMM, U/C 3444. <<

[8] Melchor Loret de Mola a Francisco de Arredondo, 31 de enero de 1898, BNJM, C. M. Arredondo 179. <<

[9] [Orencio Rubricado] a [Carmela Vinageras], 23 de febrero de 1898, AGMM, U/C 5791.58. <<

[10] Luis López Marín a Gustavo, 28 de enero de 1898, AGMM, U/C 5791.30. <<

[11] Pérez Guzmán, Radiografía, 2005, pp. 31-33, 46, 201. <<

[12] El escrito desde San Jorge dirigido al teniente coronel José Camejo, 8 de febrero de 1898, AGMM, en U/C 3444; Raoul Arango a Clemencia Arango, 29 de marzo de 1898, BNJM, C. M. Arango 26. <<

[13] Coronel José J. Sánchez a Ramón Poland, 24 de febrero de 1898, AGMM, U/C 3445. <<

[14] Comunicación de un Coronel desde San José de Hato de las Vegas del 21 de septiembre de 1897, en AGMM, U/C 3445. <<

[15] Véase al respecto la comunicación de Morales a Baldomero Acosta [s. f.] y T. [Barelos], 23 de febrero de 1898, en AGMM, U/C 3444. <<

[16] Peñarredonda a Estrada Palma, 15 de mayo de 1898, en Santistéban Mesa y Rodríguez, «Cárdenas», 2001-2002, p. 193. <<

[17] Bernabé Boza, 25 de agosto de 1897, en BNJM, C. M. Lufriú 33. <<

[18] López Marín a Gustavo, 28 de enero de 1898, AGMM, U/C 5791.30. Sobre López Marín también Boza, Diario, 1974, t. 1, pp. 40 y 81. Deserción de unidades enteras después de la autonomía en Tone, War and Genocide, 2006, pp. 237 y ss.; Barnet, Biografía, 1968, p. 163. <<

[19] El Heraldo de Madrid, 3 de noviembre de 1897. <<

[20] Blanco a Ministro de Ultramar, 11 de noviembre de 1897, en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 641. <<

[21] El Imparcial, 27 de octubre de 1897, p. 2. <<

[22] A continuación, todos los alcaldes eran autonomistas, con la excepción de Cienfuegos. García, Carta folleto, 1899, pp. 7, 56. <<

[23] Marcos García a los habitantes de Santa Clara, 12 de noviembre de 1897, en AHN, Ultramar 4963, 2.ª parte. <<

[24] La orden, 7 de noviembre de 1897, y otros indultos, 23 de enero de 1898 (el santo del rey), en AGMM, U/C 3383 y 5809; AHN, Ultramar 4963, 2.ª parte. <<

[25] Blanco a los generales de las div. de Cuba, Puerto Príncipe y Santa Clara, 23 de diciembre de 1897, en AGMM, U/C 3473. <<

[26] Circular del 7 de noviembre de 1897. Véase también el adjunto «Zonas de cultivo a que se refiere la precedente circular», AGMM, U/C 3397; ANC, Asuntos Políticos, leg. 98, N.º 6. <<

[27] Tone, War and Genocide, 2006, pp. 212, 217, 234; Diego García, Weyler, 1998, p. 240; Navarro García, «La población», 1999, p. 79. <<

[28] Lo ha señalado Pérez Guzmán, Herida profunda, 1998, p. 119. <<

[29] Órdenes del 13 de noviembre de 1897, en AGMM, U/C 5809 y 3383; ANC, Asuntos Políticos, leg. 98, N.º 6. Véase también El Heraldo de Madrid, 14 de noviembre de 1897. <<

[30] Telegramas acerca de la fundación de las juntas del 19 y 22 de noviembre de 1897. Para el nivel municipal la carta de F. de Castro, 25 de noviembre de 1897, todos en AGMM, U/C 5809. <<

[31] Obispo La Habana a Blanco, 18 de noviembre de 1897, en AGMM, U/C 5809. <<

[32] Maza Miquel, Between Ideology, 1987, pp. 177, 192, 217. La indiferencia del clero en White, Pictorial History, 1898, cap. XXVIII. Para los voluntarios de Sabanilla del Encomendador la iglesia sirvió de fortificación y depósito de municiones. Weyler mandó desocupar la iglesia ocupada en junio de 1897. Luisa a su madre, 3 de febrero de 1896 y la circular del [4 de junio] de 1897, en AGMM, U/C 3443 resp. 3397. Los dominicanos contribuyeron a financiar la guerra de Filipinas: AHN, Ultramar 4944, 3.ª parte, exp. 424. <<

[33] Casas publicó su libro «con licencia de la autoridad eclesiástica». <<

[34] Maza Miquel, Between Ideology, 1987, pp. 180-182, 217. <<

[35] Moret a Blanco, 14 de noviembre de 1897, en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 641. <<

[36] Blanco a Marcos García, 24 de noviembre de 1897, (cita); Freyre a Blanco, 28 de noviembre de 1898, ambos en AGMM, U/C 5809. <<

[37] [Blanco] a José Bruzón, Francisco de Armas, Marcos García, Fabio Freire, Rafael Vasallo y Gobernador de la Región Oriental y de la Provincia de Santiago de Cuba, 16 de noviembre de 18[97], en AGMM, U/C 5809. <<

[38] Este punto de vista se adjudicó a Pando, ver [Giberga], Apuntes, 1897, p. 257. La orden circular de Luis Molina, Matanzas 24 de noviembre de 1897, en AGMM, U/C 3397. <<

[39] La problemática en Santa Clara, Marcos García a Blanco, 19 de noviembre de 1897; en Caibarién: Antonio Ymaz, 17 de noviembre de 1897, ambos en ANC, Asuntos Políticos, leg. 98, N.º 6. <<

[40] Véase la correspondencia desde Güira de Melena a Comandante General División en Ingenio «Merceditas», 11 de diciembre de 1897, AGMM, U/C 4920. <<

[41] Circular de 26 de noviembre de 1897 y el recado a Coronel Antonio Jiménez; ver también la circular del prefecto de Tuinucú, noviembre de 1897, todo en AGMM, U/C 3445. <<

[42] Dupuy de Lôme a Blanco, 20 de noviembre de 1897, ahí también la correspondencia del 6 y 10 de noviembre de 1897 con Sherman, AGMM, U/C 5809. <<

[43] Maluquer de Motes, España, 1999, pp. 37-39; Informe sobre el Censo, 1900, p. 77; para discrepancias ver páginas 88 y 189. También Mitchell, «The Census», 1900, pp. 125-131, señala errores. <<

[44] Pérez de la Riva, «La población», 1975, pp. 197-199. <<

[45] Navarro García, «La población», 1999, pp. 66 y ss.; Maluquer de Motes, España, 1999, p. 41; Martínez Alemán y Sánchez González, Weyler, 2000, pp. 24 y ss. <<

[46] Iglesias García, «El costo demográfico», 1997, pp. 67-76; ver también Moreno Fraginals/Moreno Maso, Guerra, 1993, p. 136. Tone, War and Genocide, p. 223. <<

[47] Blanco a Moret, 11 de noviembre de 1897, en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 641. También Offner, Unwanted War, 1992, pp. 80 y ss. <<

[48] La correspondencia de Blanco con los gobernadores civiles de noviembre y diciembre de 1897 en AGMM, U/C 5741.2; ANC, Asuntos Políticos, leg. 98, N.º 6. Moret a Blanco, 8 de enero de 1898, en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 641. Informes consulares del 15 de septiembre de 1897 en FRUS, 1898, pp. 596-599. <<

[49] Moret a Blanco, 26 de noviembre de y 3 de diciembre de 1897; Blanco a Moret, 2 de diciembre de 1897, en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 641. <<

[50] Gaceta de La Habana, 24 de noviembre de 1897, p. 1003, en ANC, Asuntos Políticos, leg. 98, N.º 6; el manuscrito en AGMM, U/C 5809. <<

[51] Moret a Blanco, 3 de diciembre de 1897, en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 641. Una memoria sobre la posibilidad de procurar carnes en Chicago de José G. Acuña se había elaborado ya en noviembre de 1897, véase AHN, Ultramar 4963, 1.ª parte; Poumier, Apuntes, 1975, p. 142. <<

[52] Blanco a Ultramar, 29 de noviembre de 1897, en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 641. <<

[53] García a Blanco, 19 de noviembre de 1897, en AGMM, U/C 2535, exp. 14.22.1. <<

[54] Armas a Blanco, 26 de noviembre de 1897, en AGMM, U/C 5809; Armas a Blanco y Villegas a García, ambos el 29 de noviembre de 1897, en AGMM, U/C 5771.43 resp. 5741.2. Los números de Santa Clara en obispo Habana a Blanco, 17 de diciembre de 1897, también en 5741.2. <<

[55] La correspondencia en AHN, Ultramar 4942, 2.ª parte, exp. 382. <<

[56] Blanco a los Gobernadores de Pinar del Río, Matanzas, La Habana y Santa Clara, 27 y 28 de noviembre de 1897, en AGMM, U/C 5809. <<

[57] Telegramas en AGMM, U/C 5741.2. <<

[58] García a Blanco y Armas a Blanco, 27 resp. 29 de noviembre de 1897, en AGMM, U/C 5741.2. <<

[59] Telegramas a los gobernadores civiles Pinar del Río, Santa Clara y Matanzas, 29 de noviembre de y 2 de diciembre de 1897, en AGMM, U/C 5809. <<

[60] Intendencia General de Hacienda a Blanco, 25 de noviembre de 1897; véase § 3-5, AGMM, U/C 5809. <<

[61] Bruzón a Blanco, 2 y 7 de diciembre de 1897; Blanco a Bruzón, 7 de diciembre de 1897; Blanco a Gobernadores regionales y provinciales de la Isla, 28 de diciembre de 1897 y Blanco a García, 28 de diciembre de 1897, en AGMM, U/C 5809. <<

[62] Los siguientes párrafos se basan en AGMM, U/C 5809. <<

[63] Freyre a Blanco y Armas a Blanco, 29 resp. 28 de noviembre de 1897. <<

[64] Véase la correspondencia desde Santiago de Cuba a Blanco, 27 de noviembre de 1897. <<

[65] Los números en carta a Blanco, 27 de noviembre de 1897 y 17 de febrero de 1898. El 19 marzo de 1898, Blanco informó sobre 12 000 pases emitidos en Santiago (AGMM, U/C 5741.1). <<

[66] Véase, p. ej., las listas con los 240 internados en el «Central Limones» (Matanzas), en ANC, Academia de la Historia, caja. 67, N.º 89. <<

[67] «Juzgado Municipal de Mantua: Expediente sobre defunciones de varios vecinos del municipio, ocurridas por diversas enfermedades tales como anemia, consunción y calenturas (17-III-1897-31-XII-1897)», APPR, Instituciones Judiciales Coloniales, leg. 156, exp. 718. Para Güira de Melena: Pérez Guzmán, Herida profunda, 1998, pp. 201-213. <<

[68] Los siguientes párrafos se basan en AGMM, U/C 5809. Véase el escrito y anexos del 27 de noviembre de 1897 y Enrique Capriles a Gobernador General. La mortalidad en Santiago en Public Health Reports, 12 de febrero de 1897, pp. 166 y ss., incluyendo soldados españoles. 1895: 2184; 1896: 4066. El inspector H. Caminero estimó la población de la ciudad en unos 40 000 habitantes. <<

[69] Izquierdo Canosa, La reconcentración, 1997, p. 60; Fonseca García, La política española, 2003, pp. 20 y ss. <<

[70] Pérez Guzmán, Herida profunda, 1998, p. 97; Fonseca García, La política española, 2003, p. 21. <<

[71] Véanse los informes del 17 de febrero de 1898; Weyler, Mi mando, 1911, t. 4, p. 527; Díaz Martínez, La peligrosa, 2005, p. 117. <<

[72] Sobre las operaciones en Oriente: Fonseca García, La política española, 2003; Pérez Guzmán, «La Revolución», 1996, pp. 504-506. <<

[73] Capriles a Blanco, 17 de febrero de 1898. Elorza y Hernández, La guerra, 1998, p. 45; Pérez Guzmán, Radiografía, 2005, pp. 206-210; Balboa, Protesta rural, 2003, pp. 57, 60 y 224. <<

[74] Ministro de Ultramar a [Blanco], 27 de marzo de 1898, en ANC, Gobierno Autonómico, leg. 7, exp. 2; Fonseca García, La política española, 2003, p. 20. La correspondencia del Gobierno Regional Oriente, 12 de enero de 1898, con mención de la memoria de Manzanillo, 23 de diciembre de 1897, en AGMM, U/C 5809. La problemática en Cabaiguan, Tone, War and Genocide, 2006, pp. 202 y ss. <<

[75] Correspondencia del Gobierno Regional Oriental, 5 de enero de 1898, y Capriles a Gobernador General de la Isla, 17 de febrero de 1898. Para el canon historiográfico Pérez Guzmán, «La guerra», 2002. <<

[76] Véase Capriles a Gobernador General, 10 de diciembre de 1897, y el escrito desde Santiago a Blanco, 8 de febrero de 1898, en AGMM, U/C 2535, exp. 14.22.2. <<

[77] Acerca del crédito extraordinario AHN, Ultramar 4963, 1.ª parte; la distribución en la nota al Secretario del Despacho de Hacienda y en el escrito dirigido al Gobernador Regional de Santiago de Cuba, ambos del 2 de marzo de 1898, AGMM, U/C 5741.2. <<

[78] Vasallo a Blanco, 7 de diciembre de 1897. Para la composición de la junta, ver Vasallo a Secretario del Gobierno General de la Isla, 14 de diciembre de 1897, AGMM, U/C 5809. <<

[79] Vasallo a Blanco, 14 de diciembre de 1897, AGMM, U/C 5809. Quejas de Vasallo sobre los generales March y Castellanos en AGMM, U/C 2535, exp. 14.21.1. <<

[80] Blanco a Vasallo, 15 de diciembre de 1897. <<

[81] Blanco a Vasallo, 15 de diciembre de 1897, en AGMM, U/C 5809. <<

[82] Decreto de Blanco, 23 de diciembre de 1897, en AGMM, U/C 5809. <<

[83] Vasallo a Blanco, 4 de enero de 189[8]. Su correspondencia y la siguiente en AGMM, U/C 5809. <<

[84] Aparte de Morón, solamente señaló a los 67 internados en Las Minas, entre Puerto Príncipe y Nuevitas, y a las 36 familias de los barrios 1.º (San Ramón) y 2.º (San José) de Pto. Príncipe. Vasallo a Blanco, 4 de enero de 189[8]. <<

[85] Vasallo a Govín (Secretario de Gracia y Justicia y Gobernación de la Isla), 15 de febrero de 1898. <<

[86] Vasallo a Blanco, 23 de enero de 1898 y 2[8] de febrero de 1898, en AGMM, U/C 2535, exp. 14.21.1 (11-13). <<

[87] Véase también la «Relación de los individuos y familiares reconcentrados en esta provincia [Puerto Príncipe, A. S.] hasta el 22 de Enero último», anexo al escrito del 15 de febrero de 1898. <<

[88] Vasallo a Secretario de Gracia y Justicia y Gobernación de la Isla, 15 de febrero de 1898. <<

[89] Vasallo a Blanco, 4 de enero de 189[8]; Vasallo a Secretario de Gracia y Justicia y Gobernación de la Isla, 15 de febrero de 1898. <<

[90] Vicente P. Abreu a Marta Abreu, 18 de septiembre de 1898, en BNJM, C. M. Abreu 323. <<

[91] Según el obispo de Habana a Blanco, 17 de diciembre de 1897, AGMM, U/C 5741.2. <<

[92] Lo que sigue se basa en AGMM, U/C 5809. Villegas a Blanco, 28 de noviembre de 1897. <<

[93] García, Carta folleto, 1899, pp. 6 y 67. <<

[94] Véanse los estudios de McGillivray, Blazing Cane, 2009 y Tone, War and Genocide, 2006. <<

[95] Lo subraya el primer bando de reconcentración de febrero 1896 que se aplicaba en la jurisdicción de Sancti Spíritus. La intensidad de la guerra en Las Villas, Barnet, Biografía, 1968, p. 169. <<

[96] McGillivray, «Revolution», 2007, p. 52; García, Carta folleto, 1899, pp. 38 y ss. <<

[97] Para Sancti Spíritus Fernández Henríquez y Corvea Álvarez, Guerra y Muertes, 2005, p. 15. <<

[98] El problema de la solvencia del hospital de Remedios en García a Blanco, 27 de noviembre de 1897, en AGMM, U/C 5741.2. <<

[99] García a Blanco, 27 de noviembre de 1898, en AGMM, U/C 5741.2. <<

[100] García a Blanco y Blanco a García, 28 de diciembre de 1897. <<

[101] Boletín Oficial de la Provincia de Santa Clara, 29 de diciembre de 1898; García a Blanco, 29 de diciembre de 1898. Los importes se suman a 14 591 Pesos – faltan 409 Pesos. <<

[102] García señalaba que disponía el 11 de diciembre de 189[7] de los 15 000 Pesos. García, Carta folleto, 1899, p. 9. Desde La Habana también W. F. Brunner informó sobre la estabilización relativa en Public Health Reports, 4 de febrero de 1898, p. 106. <<

[103] García a Blanco, 1 de enero de 1898. Véase el escrito desde San Antonio de las Vegas, 16 de diciembre de 1897, en AGMM, U/C 4921. <<

[104] Este y el siguiente párrafo sobre Sagua se orienta en Machado, ¡Piedad!, 1917, pp. 18-21, 23 y ss., 28 y ss., 34, 40. <<

[105] Blanco a Ultramar, 9 de diciembre de 1897, en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 641; Blanco a Ultramar, 19 de marzo de 1898, en AGMM, U/C 5741.1. <<

[106] Armas a Blanco, 23 de diciembre de 1897. <<

[107] Para donaciones de pudientes ver ANC, Academia de la Historia, leg. 67, exp. 89; la cita de García a Blanco, 1 de enero de 1898. <<

[108] Las siguientes representaciones han sido confeccionadas partiendo de distintas versiones de tablas que bajo los siguientes títulos llegaron a La Habana: «Gobierno Civil de la Provincia de Santa Clara. Estado que comprende las defunciones ocurridas en cada uno de los meses del pasado año de 1897 en los Términos Municipales de esta Provincia». «Gobierno Civil de la Provincia de Santa Clara. Estado que comprende las defunciones ocurridas en esta Provincia en 1894 o sea un año antes de la guerra, en 1896 en que no se había hecho obligatoria la concentración, y en 1897 en que esta se llevó a cabo con carácter obligatorio en esta Provincia» (AGMM, U/C 5809). <<

[109] Tone, War and Genocide, 2006, p. 212. <<

[110] Véase García, Carta folleto, 1899, p. 11. Números (casi) idénticos se encuentran en Martínez Ortiz, Cuba, 1929, t. 1, p. 20. También Delgado García, «La salud», 1999, p. 23 está partiendo de una mortalidad similar para la provincia, pero sus indicaciones para Remedios pasan por encima de las del gobernador civil (véase tablas 3 y 4). <<

[111] Las indicaciones en el escrito del obispo de Habana, 17 de diciembre de 1897, en AGMM, U/C 5741.2. <<

[112] García a Blanco, 6 de diciembre de 1897. <<

[113] Tone, War and Genocide, 2006, pp. 215-217, la cita en p. 216. <<

[114] García a Blanco, 1 de enero de 1898. <<

[115] Machado, ¡Piedad!, 1917, pp. 19 y ss., 33, 36 y ss. Médicos estadounidenses calificaron las campañas de inoculación como poco sistemáticas. Public Health Reports, 12 de febrero de 1897, p. 164. <<

[116] García, Carta folleto, 1899, pp. 42 y ss.; sobre los bandos de higiene de Weyler, 1 de diciembre de 1896, ver AGMM, U/C 3382. <<

[117] García a Blanco, 1 de enero de 1898, AGMM, U/C 5809. En esta caja se encuentra también la correspondencia de los párrafos siguientes. Vicente P. Abreu a Marta Abreu, 18 de septiembre de 1898, BNJM, C. M. Abreu 323. <<

[118] Francisco de Armas informó sobre 16 960 fincas urbanas y rurales, incluyendo 473 «centrales de molienda e ingenios en estado de producir», tres cafetales, 526 potreros de crianza y 4124 sitios de viandas y estancias. Armas a Blanco, 10 de marzo de 1898. <<

[119] Fernando Freyre de Andrade a Marta Abreu, 26 de enero de 1898, en BNJM, C. M. Abreu 59. <<

[120] Armas a Blanco, 27 y 28 de noviembre de 1897, AGMM, U/C 5741.2. <<

[121] En algunos cuadros confeccionados para La Habana se encuentran números más elevados con respecto a la mortalidad en junio y julio de 1897: 3069 hombres y 2854 mujeres. La memoria llevaba fecha de 29 de septiembre de 1897, firmada por Adolfo Porset y el subsecretario José Flores. <<

[122] La prensa informó a finales de diciembre de 1897 de 40 000 reconcentrados y una mortalidad elevada (total: 20 000 personas), con hasta 41 muertos diarios solo en la ciudad de Matanzas; la natalidad se consideró como escasa. La Vanguardia, 22 de diciembre de 1897, p. 5. <<

[123] Pérez Guzmán («Los efectos», 1998, p. 291) señaló el significado de la migración interna y la necesidad de sondearla. <<

[124] Los cuadros con cifras compiladas por el Gobierno Civil de Matanzas (reconcentrados según jurisdicción y barrios incluyendo su estado general) incluyen errores o discrepancias. Según los datos fallecieron en Matanzas (ciudad) entre el 1 de noviembre de 1897 y el 31 de enero de 1898 unas 3881 personas. La mortalidad mensual de otro cuadro para el mismo periodo se suma a 3269. <<

[125] Armas a Blanco, 10 de marzo de 1898. <<

[126] Armas a Blanco, 23 de diciembre de 1897; Comité Ejecutivo de la Junta de Reconcentrados de Matanzas, 7 de enero de 1898. En Blanco a Ultramar, 19 de marzo de 1898, se informó sobre 10 000 billetes, AGMM, U/C 5741.1. <<

[127] Armas a Blanco, 28 de noviembre de 1897, AGMM, U/C 5741.2. La nota «sin determinar si todos son reconcentrados» explica por qué los 904 muertos no hayan sido considerados en estas explicaciones. Jefatura de Policía de Gobierno de la Provincia de Matanzas a Armas, 30 de diciembre de 1897; Armas a Blanco, 10 de marzo de 1898 («Estado general relativo a los actuales reconcentrados de esta Provincia»). <<

[128] Pérez Guzmán, «La guerra», 2002, p. 321. <<

[129] Véanse además del informe del comité también las explicaciones en Barton, The Red Cross, 1899, pp. 531-533. <<

[130] Publicado también en la Aurora de Yumurí, Matanzas, 2 de diciembre de 1897. Integrantes del comité: Damián Riera, Jorge Tomás del Puerto, Luis Tapia y Álvaro Lavastida. El manuscrito en AGMM, U/C 5809. <<

[131] Armas a Blanco, 23 de diciembre de 1897; Informe del Comité Ejecutivo a Junta de Reconcentrados de Matanzas, 29 de noviembre de 1897. Cuando cesó el racionamiento de los almacenes del ejército el 20 de diciembre de 1897, el comité suspendió los trabajos en el padrón y usó sus recursos en proyectos «de orden más preferente». Comité Ejecutivo de la Junta de Reconcentrados de Matanzas a Armas, 7 de enero de 1898. <<

[132] Armas a Blanco, 28 de noviembre de 1897; Aurora del Yumurí, Matanzas, 23 de noviembre de 1897. <<

[133] Informe del Comité Ejecutivo a Junta de Reconcentrados de Matanzas, 29 de noviembre de 1897. <<

[134] Informe médico de Matanzas, 4 de enero de 1898. <<

[135] Armas a Blanco, 23 de diciembre de 1897. <<

[136] El total de 8400 reconcentrados Matanzas no coincide con la suma de los diferentes barrios. En Versalles los delegados contaron 800, en «Matanzas propiamente dicha» 2500 y en Pueblo Nuevo 2000 concentrados. Para Cascorro y Arrabales anotaron 1500 respectivamente, para Naranjal 400 y 900 para «Simpson parte del asilo», que se suma a un total de 9600 concentrados. Sin embargo los informes se referían al total de 8400 concentrados. Bretos (Matanzas, 2010, p. 185) señaló en su libro un aumento de la población de Matanzas de 38 000 a 60 000. La documentación del comité y de la administración no afianza ese aumento. <<

[137] Véase el informe del Comité Ejecutivo de la Junta de Reconcentrados de Matanzas, 29 de noviembre de 1897, y las siguientes declaraciones en AGMM, U/C 5809. <<

[138] Armas a Blanco, 2 de diciembre de 1897. <<

[139] Comité Ejecutivo a Junta de Reconcentrados de Matanzas, 29 de noviembre de 1897. <<

[140] Comité Ejecutivo a Junta de Reconcentrados de Matanzas, 29 de noviembre de 1897. Los mismos argumentos en Armas a Blanco, 10 de marzo de 1898. <<

[141] Bruzón a Blanco, 14 de marzo de 1898. <<

[142] Comité Ejecutivo a Junta de Reconcentrados de Matanzas, 29 de noviembre de 1897. En 1899, el 84 por ciento de las prostitutas atendidas en hospitales cubanos eran huérfanas. Sobre el aumento de la prostitución durante la guerra, ver Poumier, Apuntes, 1975, p. 136. Para el aumento de la prostitución «blanca», Hepke, «El bienestar común», 2008. <<

[143] Ciges Aparicio, Del cautiverio, 1985, esp. pp. 129 y ss. Entre 1899 y 1900 se publicaron estas memorias bajo el título «Impresiones de la cabaña. Memorias de veintiocho meses» como folleto en El País. <<

[144] Comité Ejecutivo a Junta de Reconcentrados de Matanzas, [9] de marzo de 1898; Armas a Blanco, 10 de marzo de 1898. <<

[145] La segunda parte del crédito extraordinario se pagó el 23 de diciembre de 1897. Del primer importe, 3000 Pesos se usaron para la capital; del segundo 4000. Para la distribución total ver Armas a Blanco, 23 de diciembre de 1897. Del escrito no se aclara hasta que fecha se entregaron las 2000 raciones diarias. Queda claro que cesó el racionamiento antes del 9 de marzo de 1898. Más información en las memorias del comité del 7 de enero y del [9] de marzo de 1898. <<

[146] Informe médico de Matanzas, 4 de enero de 1898. Estado de la cuestión en la memoria del comité ejecutivo, 7 de enero de 1898. <<

[147] Adjunto a Armas a Blanco, 10 de marzo de 1898. <<

[148] Informe Comité Ejecutivo de la Junta de Reconcentrados, Matanzas, 7 de enero y [9] de marzo de 1898. <<

[149] Armas a Blanco, 10 de marzo de 1898. <<

[150] Véase García, «Urban Guajiros», 2011 pp. 219 y ss. <<

[151] El Heraldo de Madrid, 15 de diciembre de 1897. Poumier (Apuntes, 1975, p. 134) se basa en Reverter Delmás, La guerra de Cuba, 1899. Izquierdo Canosa, La reconcentración, 1997, p. 36; Elorza y Hernández, La guerra, 1998, p. 268. Más tarde Lee corrigió la cifra. Cálculos también en Tone, War and Genocide, 2006, pp. 210, 307, 213; Offner, Unwanted War, 1992, pp. 81 y ss. <<

[152] Informes de las diferentes jurisdicciones confirman las declaraciones de Bruzón. Sobre las zonas de cultivo el escrito desde San Antonio de las Vegas, 16 de diciembre de 1897, en AGMM, U/C 4921. <<

[153] Barton, The Red Cross, 1899, p. 528. Noticias aterradoras sobre Jaruco en White, Pictorial History, 1898, cap. XXVIII, y Davis, Cuba, 1897, esp. el cap. «The fate of the Pacíficos». En enero y febrero de 1897, de los 771 defunciones en Jaruco 700 se debieron a la viruela. Pérez Guzmán, Herida profunda, 1998, p. 95. <<

[154] Izquierdo Canosa, Días, 1994, p. 45. <<

[155] Tone, War and Genocide, 2006, p. 150; Pérez Guzmán, «La Revolución», 1996, p. 487; Miró Argenter, Crónicas, 1970, t. 2, p. 19; Boza, Diario, 1974, p. 171. <<

[156] Pérez Guzmán y Serrano Rubio, La guerra de liberación, pp. 1986, pp. 73 y ss.; Miró Argenter, Crónicas, 1970, t. 2, p. 94. <<

[157] En noviembre de 1897 se entregaron 1550 raciones enteras y 95 medianas. Capitán General a Intendente Militar, 21 de febrero de 1896; Emilio Guerra a Comandante Gral. de la División de La Habana, 22 de noviembre de 1897; Blanco el 16 de diciembre de 1897, AGMM, U/C 4921. <<

[158] Alcalde de Güines a Gobernador General, 2 de diciembre de 1897; Capriles a Blanco, 10 de diciembre de 1897, AGMM, U/C 5809; Armas a Blanco, 29 de noviembre de 1897 y Blanco a Armas, 2 diciembre de 1897, AGMM, U/C 5771.43. <<

[159] Blanco a Gobernadores Civiles, 7 de diciembre de 1897; Armas a Blanco, 8 de diciembre de 1898, AGMM, U/C 5809. Véase también la correspondencia en AGMM, U/C 4921. <<

[160] Véanse las quejas del gobernador civil de Puerto Príncipe, Rafael Vasallo, AGMM, U/C 2535, exp. 14.21.1. <<

[161] Villegas a Blanco, 29 de noviembre de 1897; García a Blanco, 1 de enero de 1898, AGMM, U/C 5809. Blanco a Gral. de la División de la Habana, 4 y 7 de diciembre de 1897, AGMM, U/C 4921. <<

[162] Perera Díaz y Rosquete Méndez, «La reconcentración», 2000, p. 21. <<

[163] La discrepancia se debe a la divergencia de fuentes civiles y parroquiales. <<

[164] Perera Díaz y Rosquete Méndez, «La reconcentración», 2000, p. 21. <<

[165] Pérez Guzmán, «La Revolución», 1996, p. 464. <<

[166] General [Masoto] desde Güira de Melena a Comandante gral. División en Ingenio «Merceditas», 11 de diciembre de 1897, AGMM, U/C 4920. <<

[167] Pérez Guzmán, «Los efectos», 1998, y Herida profunda, 1998, pp. 201-213. <<

[168] Poumier, Apuntes, 1975, p. 134. Barton, The Red Cross, 1899, p. 521. Descripciones similares en Corzo, El bloqueo, 1905, pp. 199-201; Smallman-Raynor y Cliff, «Epidemic Diseases», 1999, p. 336. <<

[169] Bruzón a Blanco, 14 de marzo de 1898, AGMM, U/C 5809. <<

[170] «Memoria en que el Gobernador Civil de Pinar del Río da cuenta al Exmo Sr. Gobernador General del estado en que se encuentra la Provincia, número de reconcentrados existentes en el día, y otros datos que sirven para conocer la situación del Término Provincial», 28 de noviembre de 1897. Este informe como la correspondencia de los siguientes párrafos en AGMM, U/C 5809. <<

[171] APPR, Gobierno Civil de la Colonia, Actas Capitulares, 1896, t. 9, fol. 121 y 125; APPR, Audiencia de Pinar del Río, leg. 8, exp. 50; Weyler, Mi Mando, 1910, t. 2, p. 173. <<

[172] Freyre a Blanco, 28 de noviembre de 1897. <<

[173] Freyre a Blanco, 29 de noviembre de 1897, en AGMM, U/C 5741.2; Freyre a Blanco, 28 de noviembre de 1897. Números similares en El Heraldo de Madrid, 3 de diciembre de 1897, y en La Vanguardia del 4 de diciembre de 1897: La población de unos 230 000 personas se redujo en la guerra a 120 000. Según El Herlaldo los 40 000 reconcentrados (números entre paréntesis de La Vanguardia, p. 5) contenían 12 000 hombres, 13 000 (14 000) mujeres y 15 000 (16 000) niños, todos en la mayor miseria. <<

[174] Comunicación y anexos de Freyre a Secretario de Gracia y Justicia y Gobernación, 14 de febrero de 1898. Las cifras sin fecha concreta. <<

[175] Freyre a Blanco, 28 de noviembre de 1897 y 27 de diciembre de 1897. Para Viñales, obispo Habana a Blanco, 17 de diciembre de 1897, AGMM, U/C 5741.2. <<

[176] Freyre a Blanco, 6 de diciembre de 1897. <<

[177] Freyre a Blanco, 28 de noviembre de 1897; Barton, The Red Cross, 1899, p. 541; Martínez Páez, Artemisa, 1998, p. 14. Basándose en las actas de defunciones, Martínez Páez ha señalado 3318 concentrados fallecidos entre el 1 de enero de 1897 y el 1 enero de 1898: resulta difícil entender los criterios de sus cálculos. Ibíd, p. 18. <<

[178] Peñarredonda a Estrada Palma, 21 y 25 de abril de 1897, y 15 de mayo de 1898, en Santisteban Mesa y Rodríguez, «Cárdenas», 2001-2002, pp. 187-193. Acerca de Peñarredonda, la delegada, ver Guerra, Myth, 2005, pp. 59s. <<

[179] Freyre a Blanco, 28 de noviembre de 1897; Comunicación del 21 de junio y del 29 de julio de 1897, en APPR, Gobierno Civil de la Colonia, leg. 80, exp. 553. La adopción como deber ciudadano en Pinar también en Barcia Zequeira, Sociedad en crisis, 2000, p. 17 y ss. <<

[180] Afectados de manera severa: Alonso Rojas, San Juan y Martínez, Candelaria, Artemisa, Paso Real y Palacios. La viruela ha golpeado casi toda la provincia de Pinar. <<

[181] APPR, Gobierno Civil de la Colonia, Actas Capitulares, entradas del 24 de noviembre 1897, t. 10, fol. 65; Freyre a Blanco, 29 de noviembre de 1897, AGMM, U/C 5741.2. <<

[182] Freyre a Secretario de Gracia y Justicia, 16 de febrero de 1898. <<

[183] Véanse los informes en El Heraldo de Madrid, 5 de diciembre de 1897, y Elorza y Hernández, La guerra, 1998, pp. 212 y ss. <<

[184] Marimón Riutort, «La guerra», 2002, p. 546; Elorza, «Con la marcha», 1988, p. 372. <<

[185] Hubo epidemias en los años 1877, 1887, 1888 y 1898, a pesar de las campañas de inoculación de 1895/97. Véase para el resto de la isla también las entradas en Weekly Abstract of Sanitary Reports de los años de 1887 a 1895. <<

[186] Soldados españoles han sido vacunados en la península o en la travesía, Public Health Reports, 23 de octubre de 1896, 996. Datos sobre fallecidos: Larra y Cerezo, Datos, 1901, pp. 24 y ss. <<

[187] APPR, Gobierno Civil de la Colonia, leg. 19, exp. 99; Actas Capitulares, esp. entradas del 6 y 27 de octubre de 1897, t. 10, fols. 42 y 54, para precauciones en las cárceles, fol. 68. <<

[188] APPR, Gobierno Civil de la Colonia, leg. 19, exp. 120; Actas Capitulares, entradas del 16 de marzo de 1897, t. 10, fol. 108. <<

[189] Término Municipal: según el «Padrón Vecinal» de mayo de 1897: 32 681 habitantes; 10 799 vecinos; 21 127 domiciliados; 358 viajeros y 397 extranjeros (Actas Capitulares, entrada del 26 de mayo de 1897, t. 9, fol. 261). <<

[190] APPR, Gobierno Civil de la Provincia, leg. 19, exp. 122 y exp. 120. <<

[191] El 13 de julio de 1898 se apuntó que el presupuesto no alcanzaba para combatir las epidemias, Actas Capitulares, 1898, t. 10, fol. 137. <<

[192] APPR, Gobierno Civil de la Colonia, Actas Capitulares, 1898, t. 10, fols. 105, 108 y ss., 113 y ss., 120 y ss., 137, 148, 151 y 191. <<

[193] Freyre a Secretario de Gracia y Justicia y Gobernación, 16 de febrero de 1898; Tone, War and Genocide, 2006, pp. 212 y ss. <<

[194] Freyre a Blanco, 29 de noviembre de 1897, en AGMM, U/C 5741.2; Freyre a Secretario de Gracia y Justicia, 16 de febrero de 1898. Véase para Bahía Honda la correspondencia del Fiscal Municipal entre el 14 de agosto de 1896 al 17 de marzo de 1899, APPR, Instituciones Judiciales Coloniales, leg. 156, exp. 718. <<

[195] Loynaz del Castillo, Memorias, 1989, pp. 272, 278. <<

[196] Francisco [Pavía] a Comandante en Jefe del 3.er Cuerpo de Ejército, 20 de abril de 1896, AGMM, U/C 4921. La solicitud fue urgente, puesto que los concentrados de La Fe fueron repartidos a los puntos con destacamento del ejército de Dimas, Los Arroyos, San Cayetano (Viñales), La Palma y Bahía Honda. Federico Ochando a Fernando Álvarez de Sotomayor, 24 de abril de 1896, en Weyler, Mi mando, 1910, t. 1, p. 333. <<

[197] Deportaciones del 24 de marzo de 1897 en Weyler a Ministro de la Guerra, en Weyler, Mi mando, 1911, t. 4, p. 70. En noviembre de 1897 se contaron 1742 en Bahía Honda (Freyre a Blanco, 27 de noviembre de 1897). <<

[198] Comandante Militar (Bahía Honda) a Jefe Cuerpo de Occidente, 12 de marzo de 1897. Además la correspondencia de Ahumada de 22 de enero y del 22 de febrero de 1897 y de Weyler, 16 de marzo de 1897, en AGMM, U/C 4921. <<

[199] Véase Millis, Martial Spirit, 1931, pp. 75-77 y 89. <<

[200] Pérez Guzmán, «Prólogo», 1989, p. V. <<

[1] García, Carta folleto, 1899, p. 12. Barcia Zequeira, Sociedad en crisis, 2000, pp. 35-46. El punto de vista de un español decepcionado, Cortijo, Apuntes, 1899, p. 10. <<

[2] Lee a Blanco, 24 de noviembre de 1897; Blanco a Lee, 26 de noviembre de 1897, AGMM, en U/C 5755.19; El Imparcial, 26 de noviembre de 1897. Con respecto a donaciones organizadas por el New York Herald, Blanco señaló que no toleraba injerencia alguna, véase El Liberal, 12 de noviembre de 1897. <<

[3] Los siguientes párrafos se basan en los telegramas en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 641 y AGMM, U/C 5741.2. <<

[4] William R. Day a Dupuy de Lôme, 1 de diciembre de 1897, en FRUS, 1897, p. 511; Offner, Unwanted War, pp. 81s. <<

[5] Véase la correspondencia en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 641 y los telegramas de Blanco, 4 de diciembre de 1897, en AGMM, U/C 5741.2. <<

[6] Preocupación surgió en Madrid en consecuencia de la información publicada por periódicos neoyorquinos, 13 de diciembre de 1897, y noticias apaciguadoras de Blanco, 14 de diciembre de 1897, en AGMM, U/C 5762.7. <<

[7] Lee a Blanco, 11 de enero de 1898; Rafael Mendoza (Hacienda) a Blanco, 13 y 20 de enero de 1898; [Blanco] a Lee, 15 de enero de 1898, en AGMM, U/C 5741. <<

[8] Blanco a Ultramar, 29 de diciembre de 1897; el 9 de enero de 1898 Blanco informó a Ultramar que hasta la fecha no hubo problemas con Lee. Ambos en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 641. <<

[9] Gálvez a Blanco, 4 de enero de 1898, en AGMM, U/C 5809. La discusión del Consejo de Secretarios de Cuba, en AHN, Ultramar 4963, 1.ª parte; la circular del 5 de enero de 1898 regulando el reparto, en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 641. <<

[10] Abusos en Batabano y las subsiguientes pesquisas (29 de marzo de 1898) en AHN, Ultramar 4970, 1.ª parte. Sobre Barton y malversaciones ver Pérez Guzmán, Herida profunda, 1996, pp. 127-129. <<

[11] El anexo al comunicado del Comandante General de la División de Santa Clara, 5 de marzo de 1898, en AGMM, U/C 5755.33, presentado a las autoridades de Madrid, 10 de marzo de 1898, en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 641. <<

[12] Blanco a Teniente Gral Jefe de EMS y Comandante en Jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente Sta. Cruz Sur, 27 de marzo de 1898, en AGMM, U/C 5791.48; Blanco a Ministro Guerra, 28 de marzo de 1898, AGMM, U/C 5798.5; La Vanguardia, 12 de enero de 1898, p. 5. <<

[13] Moret a Blanco, 8 de enero de 1898; Blanco a Moret, 9 de enero de 1898, en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 641. <<

[14] Capriles a Blanco, 11 de marzo de 1898, AGMM, U/C 5741.2. En febrero de 1898, en Habana se distribuyeron ayudas con el valor de 40 000 Pesos. Blanco a Ministro de Ultramar, 19 de marzo de 1898. <<

[15] Rosa a Marta Abreu, 11 de marzo de 1898, en BNJM, C. M. Abreu 221; Pérez Guzmán, Herida profunda, 1998, p. 125; Offner, Unwanted War, 1992, pp. 93 y ss. <<

[16] Decisión del 16 de marzo de 1898, otros 5000 pesos se concedieron el 3 de mayo de 1898, ANC, Gobierno Autonómico, leg. 6, N.º 20. <<

[17] Brice a Lee, 3 de diciembre de 1897, en AHN, Ultramar 4963, 1.ª parte. <<

[18] Navarro García, Las guerras, 1998, p. 201. El bando sobre la censura en AGMM, U/C 3383; AHN, Ultramar 4963, 2.ª parte. El punto de vista despectivo de Weyler con respecto al nuevo periódico El Reconcentrado: Weyler, Mi mando, 1911, t. 5, p. 375. <<

[19] Elorza y Hernández, La guerra, 1998, pp. 406, 408, 379 y ss. <<

[20] La correspondencia entre Moret y Blanco del 13 al 19 de enero de 1898 en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 693. <<

[21] Ministro Guerra a Blanco, 13 y 16 de enero de 1898, en AGMM, U/C 5791.2. <<

[22] Offner, Unwanted War, 1992, pp. 94-96. <<

[23] Eggert, «Our Man», 1967, p. 480. <<

[24] Offner, «McKinley», 2004, pp. 56s. Eggert, «Our Man», 1992, p. 476 (citas); Harris, «Atkins», 2005. Sobre los viajes de Proctor y las repercusiones de su discurso ver Offner, Unwanted War, 1992, pp. 130-135. <<

[25] La Cuban Junta había facilitado una carta comprometedora de Dupuy de Lôme a la prensa amarilla neoyorquina. <<

[26] Moret a Blanco, 8 de enero y 4 de marzo de 1898; Ministerio de Estado a Ultramar, 4 de marzo de 1898, todo en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 641. <<

[27] Armas a Blanco, 10 de marzo de 1898, en AGMM, U/C 5809; Blanco a Ultramar, 9 de diciembre de 1897, en AHN, Ultramar 4970, 2.ª parte, exp. 641. Pérez Guzmán, «Los efectos», 1998, p. 287. <<

[28] Así en López Díaz, «La reconcentración», 1998, p. 81 y Pérez Guzmán, «La Revolución», 1996, p. 519. <<

[29] Blanco a Moret, 17 de marzo de 1898, en AGMM, U/C 5741.1. <<

[30] Blanco a Moret, 17 de marzo de 1898, en AGMM, U/C 5741.1. <<

[31] Scott, «Reclaiming», 2001, pp. 207 y ss. <<

[32] Blanco a Moret, 17 de marzo de 1898, en AGMM, U/C 5741.1. <<

[33] Fé Iglesias, «El costo», 1997, p. 70. <<

[34] El informe desde Remedios: García a Blanco, 27 de noviembre de 1897, en AGMM, U/C 5741.2. <<

[35] El interrogatorio, 20 de enero de 1898, en AGMM, U/C 3445. La orden para Las Villas, en ANC, Gobierno de la Revolución de 1895, Consejo de Gobierno, leg. 4, exp. N.º 327. <<

[36] Tone, War and Genocide, 2006, p. 204. <<

[37] Bando de Blanco, 30 marzo de 1898, AGMM, U/C 3383 y 5741.2; AHN, Ultramar 4963, 2.ª parte; sobre la difusión ANC, Asuntos Políticos, leg. 234, N.º 7. <<

[38] Según art. 4: «Los gastos que ocasione el cumplimiento de lo dispuesto en el presente bando en cuanto superen a los recursos de que dispongan las Juntas protectoras, se abonarán con cargo al crédito extraordinario de guerra». El plan de inversiones de 27 de marzo de 1898 y las propuestas de Ultramar en ANC, Gobierno Autonómico, leg. 7, N.º 2. <<

[39] En la sesión del 16 de marzo de 1898 el Consejo de Secretarios autorizó y apoyó el establecimiento de colonias agrícolas, para Manuel Jacomino (San Julián de Güines) y Clemente Ramires (Sta. Isabel de las Lajas), AHN, Ultramar, 4963, 1.ª parte resp. ANC, Gobierno Autonómico, leg. 6, N.º 20. Preparativos con vistas al bloqueo en Pinar: APPR, Gobierno Civil de la Colonia, leg. 69, exp. 511 C. <<

[40] Sobre la tregua, 10 de abril de 1898, ver AGMM, U/C 3383; sobre el memorando a los diplomáticos estadounidenses AHN, Ultramar, 4963, 3.ª parte. La tregua nació por una iniciativa de las potencias europeas y del vaticano, véase Offner, «McKinley», 2004, p. 59; Torre del Río, «La diplomacia», 1998, pp. 56-59. <<

[41] Blanco a Teniente Gral Jefe de EMS y Comandante en Jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente Sta Cruz Sur, 27 de marzo de 1898; Blanco a Guerra, 28 de marzo de 1898, en AGMM, U/C 5791.48 resp. 5798.5. <<

[42] Raoul Arango a Clemencia Arango, 29 de marzo de 1898, en BNJM, C. M. Arango 26. <<

[43] Así en San Felipe, véase ANC, Asuntos Políticos, leg. 234, N.º 7. <<

[44] Gral. 2.ª Div (Matanzas) a Gral. en Jefe (Palacios), 27 de abril de 1898, AGMM, U/C 3384. La respuesta del general Molina: «Bando treinta marzo continúa en vigor». La orden de Blanco, 30 de abril de 1898, AGMM, U/C 3383. <<

[45] Corzo, El bloqueo, 1905, pp. 197-210; Conangla, Memorias, 1998, pp. 111, 205-207; Díaz Martínez, La peligrosa Habana, 2005, pp. 124-128. Sobre dificultades de abastecimiento, véase la correspondencia en AGMM, U/C 5798.8 y 19. Acortando raciones, ver la comunicación de 21 de junio de 1898, en AGMM, U/C 4920; proyectos de zonas de cultivo en el discurso de Laureano Rodríguez en el Consejo de Secretarios, 10 de mayo de 1898, en ANC, Gobierno Autonómico, leg. 4, N.º 45. <<

[46] «Misión Pando para la compra de víveres en Méjico y Kingston en 1898», AGMM, U/C 5798.19. <<

[47] Véase el informe de Brunner, 9 de diciembre de 1898, Public Health Reports, 23 de diciembre de 1898, pp. 1527 y ss. y de H. R. Carter (24 de julio de 1899), Public Health Reports, 4 de agosto de 1899. En otoño de 1898 se combatió en Habana, Cienfuegos y Santiago una forma de malaria agresiva. Public Health Reports, 11 de noviembre y 16 de diciembre de 1898, p. 1301 resp. pp. 1486 y ss. En Santiago, la mortalidad elevada provocó un éxodo de la ciudad a los pueblos circundantes. Public Health Reports, 2 de septiembre de 1898, pp. 962 y ss. <<

[48] Sobre los precios en Cienfuegos, véase la carta dirigida a Marta Abreu, 10 de octubre de 1898, en BNJM, C. M. Abreu 323. Sobre la Comisión interventora, ver la correspondencia del 30 de junio de 1896, en AGMM, U/C 3384. Sobre inflación y carestía en la carne en Pinar, ver Actas Capitulares, 1898, t. 10, entradas del 16 y del 30 de marzo de 1898, fols. 106 y 108. <<

[49] Pérez Guzmán, Herida profunda, 1998, pp. 158-181, esp. 180; Poumier, Apuntes, 1975, pp. 137-152. Suicidios/intentos de suicidios en Pinar: 1890: 25; 1891: 16; 1893: 18; 1894: 18; 1895 (incl. Intentos de suicidio): 23; 1896: 20/2; 1897: 14/3; 1898: 14/2; 1899: 21/8. APPR, Audiencia de Pinar del Río, leg. 8, exp. 50. Sobre suicidios en Habana: Díaz Martínez, La peligrosa Habana, 2005, p. 132. <<

[50] Véase Blanco, 12 de septiembre de 1898, y sobre reses confiscadas (Colón, 16 de septiembre de 1898), AGMM, U/C 3474. «Leche para niños reconcentrados», Actas Capitulares, entradas del 31 de agosto, del 5 de octubre, del 2 de noviembre y del 21 de diciembre de 1898, t. 10, fols. 153, 163, 189 y 181. <<

[51] Blanco a Ultramar, 10 de octubre de 1898, y demás correspondencia en AHN, Ultramar 5007, 1.ª parte, exp. 824. La situación en Sagua, Machado, ¡Piedad!, 109-111. <<

[52] Bando de Emilio March, 10 de septiembre de 1898, en AGMM, U/C 3384. <<

[53] Smith, «The American Image», 1992; Tone, War and Genocide, 2006, pp. 279-283; McGillivray, Blazing Cane, 2009, pp. 67-75. <<

[1] Roig, Weyler, 1947, pp. 13 y ss., 18; Klein, «Spaniards», 2002, pp. 30, 94 y ss., 100s., 141 y ss., 153 y ss. La entrevista con Pérez Guzmán, 16 de febrero de 1998, en Hemeroteca, IHC, «Reconcentración, 1896». <<

[2] Klein, «Moving», 2003, p. 2. Guerrilleros de antaño como Rafael Menéndez, tristemente célebre por los abusos cometidos en Guanajay, se vieron obligados a emigrar. Socorro Herrera, «Militares españoles», 2003, pp. 467 y ss. Conflictos cotidianos después de la guerra en Barnet, Biografía, 1968, pp. 181-183 y 189 y ss. Una visión crítica sobre el narrador real de Barnet en Zeuske, «The Cimarron», 1997. <<

[3] Pérez Guzmán, «La Guerra», 2002, pp. 328-231; Mitchell, «Census», 1900, p. 128; Gannett, «The Results», 1900, p. 283. La situación a partir de 1899 en Dyer, «Urbanism», 1957, pp. 224-233. <<

[4] Iglesias, «La tierra», 1991, pp. 129 y ss. <<

[5] Iglesias, «Costo demográfico», 1997, pp. 73 y ss.; Balboa, Protesta Rural, 2003, pp. 214 y ss. <<

[6] Actas Capitulares de Pinar, esp. la entrada del 9 de noviembre de 1901, t. 13 <<

[7] La «guerra de propaganda» resultó casi más importante que los hechos en la manigua. Diego, Weyler, 1998, pp. 237 y ss. <<

[8] Gerlach, «Sustainable Violence», 2009, p. 369. <<

[9] Porch, «Bugeaud», 1986. <<

[10] Heyningen, «Tool», 2010, pp. 7 y ss. <<

[11] Go, «Imperial Power», 2006, pp. 208 y ss. Sobre el fracaso de los proyectos, ver May, Battle, 1991, pp. 158-160. <<

[12] Citado en Welch Jr., «American Atrocities», 1974, p. 246; Bender, Burenkrieg, 2009, p. 110. <<

[13] Markel, «Draining the Swamp», 43 y 46. <<

[14] Klose, «Antisubversiver Krieg», 2011, pp. 495-500; Gerlach, Extremely, 2010, pp. 224-232. <<

[15] Gerlach, Extremely, 2010, p. 229. <<